PIERRE VILAR

CATALUÑA

EN LA ESPAÑA

MODERNA

VOL. I: EL MEDIO NATURAL

Y EL MEDIO HISTÓRICO. EL SIGLO XVIII:

LAS TRANSFORMACIONES INTERNAS

Traducción castellana de Joaquim Sempere

PRÓLOGO

Pierre Vilar, nacido en la villa occitana de Frontignan en 1906, era descendiente de pequeños viticultores e hijo de maestros («hijo de maestro y de maestra, sobrino de maestra», como dirá él mismo). Siguió los estudios secundarios en Montpellier e ingresó en l’École Normale Superieure de París, un centro educativo universitario de prestigio, destinado a la formación de profesorado de segunda enseñanza, donde permaneció de 1924 a 1929 y donde tuvo como compañeros de estudio, entre otros, a Jean Paul Sartre, Paul Nizan o Raymond Aron.*

En 1925 optó por especializarse en geografía, bajo la dirección de Albert Demangeon, y en 1927 hizo su primer viaje a Barcelona, estimulado por Max Sorre a estudiar la industria catalana, en un trabajo que dio lugar a su tesis de «maitrise», La vie industrielle dans la région de Barcelone, que se publicó en 1929.

Preparó entonces su agregación y en 1930 fue contratado por la École des Hautes Études Hispaniques, que tenía su sede en Madrid en la Casa de Velázquez, donde conoció a Gabrielle Berrogain, archivera e historiadora, originaria del País Vasco francés, que se convirtió más adelante en su esposa.

Pidió entonces que se le permitiese residir en Barcelona, donde llegó a tiempo para ver la proclamación de la república en abril de 1931, y volvió a encontrar allí a Gabrielle, a quien se había enviado a trabajar en el Archivo de la Corona de Aragón, y con quien contrajo matrimonio a fines de 1932.

Seguía por entonces investigando con una perspectiva geográfica, pero su interés por la historia iba en aumento, en una evolución que se vio interrumpida por el estallido de la guerra civil española en julio de 1936, en unos momentos en que el matrimonio Vilar estaba en Francia de vacaciones.

Fue movilizado en 1939 y al año siguiente, tras la derrota de Francia en la segunda guerra mundial, inició un período de más de cuatro años de cautividad en campos alemanes reservados a los oficiales.

Según el propio Vilar, han sido estas experiencias las que han cambiado el carácter de su trabajo. «Sin la guerra de España y los cuatro años de cautividad, me habría limitado a un estudio de historia económica coyuntural». El resultado hubiera sido «una tesis clásica de geografía regional».

Vilar volvió a su lugar de trabajo en el Instituto Francés de Barcelona en 1946, en momentos en que el descubrimiento de nueva documentación sobre el siglo XVIII en los archivos de la ciudad podía enriquecer sus investigaciones, pero se encontró en 1948 con que el gobierno francés le privaba de su cátedra en Barcelona y que, con ello, perdía el visado que le permitía residir en España. Nueve meses febriles de microfilmación y la colaboración de Gabrielle le permitieron salvar el problema en lo que se refiere a reunir la documentación.

De regreso a Francia fue nombrado en 1951 director de estudios de la sección sexta (Ciencias económicas y sociales) de la École Pratique des Hautes Études, donde mantuvo un seminario seguido por un gran número de futuros investigadores españoles, latinoamericanos y franceses.* Proseguía entre tanto en la elaboración de su tesis de estado, que presentó finalmente en 1962: La Catalogne dans l’Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales (París, SEVPEN, 1962), a la vez que la tesis complementaria sobre Le Manual de la Compañya Nova de Gibraltar, 1709-1723.

Fue entonces cuando accedió a una cátedra universitaria, primero en Clermont Ferrand, y en 1965 en París, en la Sorbona, donde sucedió a Ernest Labrousse en la cátedra de Historia económica y social.

Las clases de Vilar en la Sorbona atrajeron a un numeroso público de estudiantes, interesados por unos cursos que tenían poco que ver con la habitual retórica académica.

El curso de 1970-1971, por ejemplo, estaba dedicado a estudiar el Crecimiento comparado de las potencias económicas en el siglo XX.* Vilar proponía estudiar este tema desde una «perspectiva histórica», combatiendo el hábito de considerar el crecimiento como un hecho en sí mismo, «aislado del conjunto de las otras condiciones, lo cual conduce a ignorar, o cuando menos a menospreciar, los factores no económicos» y nos dificulta comprender los problemas históricos de los «crecimientos desiguales» que han determinado entre los grupos humanos las relaciones de fuerza, los desequilibrios y los conflictos, sin olvidar que en el interior de estos grupos «se plantean también otros problemas, no menos fundamentales, o tal vez aún más importantes: los del reparto desigual de los ingresos y del poder social, que determinan los conflictos de clase en las formas más diversas».

Vilar usaba las cifras existentes, pero no se contentaba con compararlas, sino que comenzaba discutiendo los planteamientos de la teoría económica convencional, cargados de prejuicios ideológicos inconfesados, y criticaba el uso simplista que se solía hacer de las series temporales, exigiendo al historiador que transportase «a sus reconstrucciones cifradas el escrúpulo que suele aplicar a la crítica de los hechos, de las fechas y de los textos». El objetivo final del curso era proporcionar a los estudiantes herramientas metodológicas para su trabajo y estimularles a pensar por su cuenta.

Fue en estos años cuando su obra alcanzó un prestigio internacional y cuando aparecieron una serie de volúmenes que compilaban sus trabajos, como Crecimiento y desarrollo (1964), Oro y moneda en la historia, 1450-1920 (1969), Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII (1973), Iniciación al análisis del vocabulario histórico (1980), Hidalgos, amotinados y guerrilleros (1982), Une histoire en construction. Approche marxiste et problématiques conjoncturelles (1982), Economía, derecho, historia (1983) y Sobre 1936 y otros escritos (1987).

De 1987 a 1990 escribió las introducciones para los volúmenes de una Història de Catalunya publicada por Edicions 62, y en 1995 apareció su último libro, Pensar històricament. Reflexions i records (Valencia, Tres i quatre, 1995, y en castellano, Barcelona, Crítica, 1997), en edición preparada y anotada por Rosa Congost, en momentos en que la pérdida de la visión le impedía seguir escribiendo.*

Gabrielle había fallecido de cáncer en 1976; Pierre murió en Saint-Palais (Donapaleu en euskera) en 2003.

UNA HISTORIA EN CONSTRUCCIÓN

Mi primer contacto con Pierre Vilar tuvo lugar en febrero de 1957. Mi maestro en la universidad de Barcelona, Jaume Vicens Vives, consideró que no era tal vez la persona más adecuada para dirigir el tema de tesis doctoral que yo había escogido y me recomendó que me pusiera en contacto con Vilar. Lo hice por carta desde Liverpool, en cuya universidad trabajaba, y el 12 de febrero de 1957 recibí de él una extensa carta que fue mi primera lección en metodología histórica «vilariana».

Sus primeras observaciones eran sobre el trabajo del historiador y su función: «Si yo no creyera que la ciencia histórica es capaz de explicación y de evocación ante la desdicha humana y ante la grandeza humana (teniendo, como perspectiva, la gran esperanza de aliviar la una y de ayudar a la otra), no pasaría mi vida en medio de cifras y mamotretos». A lo cual añadía una advertencia sobre la necesidad de rehuir el fácil camino de una retórica bienintencionada: «No es una ciencia fría lo que queremos, pero es una ciencia».

Tras lo cual me ofrecía una especie de curso de metodología de la investigación histórica de una admirable concisión: «Hay que saber separar, en el problema que nos planteamos, las constantes geográficas, de las que nacen algunas diferencias y algunos condicionamientos que sólo pueden superarse en el largo plazo. Es preciso saber plantear también los problemas de crecimiento, de estancamiento, de demografía, de inversiones, de estructuras sociales, y saberlos plantear teóricamente de manera sólida.

Hay también que ser paciente y quererse erudito, ir a las fuentes directas, dejar de lado las opiniones establecidas, los tópicos, y estudiar las cifras y las curvas.

De ningún modo conviene, sin embargo, quedarse aquí. Hay que buscar los documentos descriptivos y subjetivos, a condición de elegirlos bien, y lanzarse con resolución al estudio espiritual de las contradicciones, muy en especial de las contradicciones de clase y de los conflictos políticos, o religiosos, en cuanto traducen siempre lo social».

En Vilar confluían la herencia de los Annales de Lucien Febvre, Marc Bloch y Ernest Labrousse, con una opción explícita por el marxismo, en su doble papel de instrumento «para una práctica que se propone actuar sobre la realidad del mundo contemporáneo» y de teoría de la historia que debía utilizarse como método para el análisis, sin caer en el error de usar las palabras de Marx «como si pudieran por sí mismas reemplazar un análisis concreto».*

Rechazaba el economicismo de un cierto marxismo catequístico y proponía en su lugar un análisis amplio de la sociedad que debía tomar en consideración toda una serie de «hechos»:

1) Los hechos de masas: masa de los hombres (demografía), masa de los bienes (economía), masa de los pensamientos y de las creencias (fenómenos de «mentalidades», lentos y pesados; fenómenos de «opinión», más fugaces).

2) Los hechos institucionales, más superficiales pero más rígidos, que tienden a fijar las relaciones humanas dentro de los marcos existentes: derecho civil, constituciones políticas, tratados internacionales, etc.; hechos importantes pero no eternos, sometidos al desgaste y al ataque de las contradicciones sociales internas.

3) Los acontecimientos: aparición y desaparición de personajes, de grupos (económicos, políticos), que toman medidas, decisiones, desencadenan acciones, movimientos de opinión, que ocasionan «hechos» precisos: modificaciones de los gobiernos, la diplomacia, cambios pacíficos o violentos, profundos o superficiales.**

Una muestra de su utilización crítica de los conceptos del marxismo la tenemos en esta propuesta de definición de uno de los fundamentales:

«Por modo de producción hemos de entender un sistema coherente de sociedad, cuya coherencia se basa simultáneamente en la lógica propia de su funcionamiento económico [...], en el sistema de relaciones sociales que este funcionamiento implica y condiciona, en el conjunto institucional, jurídico y político que garantiza su funcionamiento y en el sistema de representaciones ideológicas y de actitudes mentales que las clases dominantes tienden a imponer a la sociedad entera con el objeto de mantener las relaciones fundamentales».*

Para Vilar la historia era un saber en construcción, destinado a proporcionarnos una mejor comprensión del mundo.

CATALUÑA EN LA ESPAÑA MODERNA

Cataluña en la España moderna. Investigaciones sobre los fundamentos económicos de las estructuras nacionales, que se ofrece aquí en lo que el autor designó como una «edición condensada», que mantiene la práctica totalidad del texto, sin prescindir más que del aparato de notas, constaba de tres volúmenes, reducidos en esta edición a dos.

El primero, Introducción. El medio natural y el medio histórico comienza con un prefacio en que Vilar explica la génesis de su obra y con una introducción «España y Cataluña. Examen retrospectivo de las relaciones entre los dos agrupamientos», que explora hacia atrás la evolución de las «relaciones entre clases dirigentes de Cataluña y personal político de Madrid, armazón del estado español», en unas etapas que están condicionadas en cada caso por «el desarrollo de las fuerzas materiales y espirituales», como muestra de un método de observación que aplicará más adelante a «los fundamentos más antiguos de la comunidad catalana».**

La parte fundamental del volumen la constituyen los apartados sobre el medio natural y el medio histórico, que nos ofrecen una extensa visión de la historia de Cataluña desde los orígenes hasta 1725. Una visión que Vilar construye en relación con la historia de Castilla con el propósito de señalar lo que consideraba un aspecto fundamental de la historia peninsular: el juego de los contrastes entre el desarrollo de las regiones centrales y el de las periféricas, que le lleva a sostener que «Cataluña pierde los elementos de su fuerza de la Edad Media en el mismo momento en que Castilla forja los instrumentos de su dominación mundial y, a la inversa, vuelve a tomar el camino del progreso demográfico y económico cuando España está en el punto más bajo de una espectacular decadencia».

La publicación en 1962 de este texto transformó la investigación histórica catalana. En el momento de la muerte de Vicens Vives, en 1960, la visión aceptada de la historia de Cataluña veía los siglos XVI y XVII como una época vacía, de decadencia, puntuada por la guerra de separación de 1640 y culminada a su fin por la de Sucesión. Vilar daba ahora nueva vida a estos doscientos años. Mostraba cómo, en el siglo XVI, el retroceso ante el avance imperial de Castilla resultaba compensado en Cataluña al ahorrarse la carga fiscal y la ruina social que contribuyeron al inicio de la decadencia castellana. Y en el siglo XVII, en contrapartida, cómo, tras la crisis que culminó en la guerra de separación de 1640, se iniciaba una vigorosa etapa de recuperación de la que iba a surgir el impulso que proseguiría en el crecimiento del siglo XVIII.

Estos planteamientos sirvieron de base para nuevas investigaciones de Eva Serra, Jaume Torras o Albert García Espuche, entre otros, que han renovado completamente la visión tradicional de la historia de Cataluña, mostrando cómo el crecimiento del siglo XVIII surge de la recuperación de la segunda mitad del siglo XVII y no del «despotismo ilustrado» del XVIII, incapaz de engendrar crecimiento en Castilla, como lo reconocía Jovellanos al contrastar el «ejemplo de Cataluña, cuya agricultura e industria han ido siempre a más, mientras en Castilla siempre a menos».

El segundo volumen, Las transformaciones agrarias, analizaba la forma en que el crecimiento demográfico y la expansión agraria han contribuido a transformar una sociedad en que el empuje de las fuerzas productivas ha conducido a la formación de una burguesía nueva. «Demografía, mercado, coyuntura, innovaciones técnicas, cambios psicológicos, reformas del estado: ninguno de los factores citados, tomados aisladamente, nos darían razón del “arranque” del siglo. Si las fuerzas productivas permanecieran estacionarias, los “modos” de producción y las relaciones sociales no se transformarían en absoluto».

El tercer volumen, «La formación del capital comercial», estudiaba el papel que a éste le había correspondido en el tránsito de una economía esencialmente agraria y dominada por rasgos feudales a la etapa de la industrialización capitalista. Para ello Vilar examina la coyuntura comercial del siglo y, posteriormente, su estructura, en un despliegue que parte de la «botiga» —de la tienda de comercio local—, pasa por la «barca» y culmina en la «compañía».

Por este camino Vilar nos deja en el punto del que va arrancar el desarrollo industrial del siglo XIX, en la forma en que lo plantea en uno de sus cursos de la Sorbona:

«El ejemplo catalán, tal como lo he estudiado, me lleva a creer en la posibilidad de un arranque protagonizado por una empresa “liliputiense”. Lo cual no se refiere al oficio artesanal. El capital viene de la tienda, de la barca, de la compañía y, más allá, de la esfera productiva agrícola, colonial. El capital global es importante. Cada empresa es modesta. Incluso la naciente industria mecanizada pide pocos capitales. El débil ahorro popular va a parar a la compañía mercantil.

Pero no confundamos desarrollo cuantitativo y mutación social. A partir de sus empresas “liliputienses”, Cataluña, en su parte más viva, cambia de modo de producción entre 1780 y 1810.

¿Quién invierte? Todo el mundo, poco o mucho. La “Compañía de Hilados”, órgano de los comerciantes-industriales importadores de algodón colonial, cuenta con multitud de creadores de pequeños obradores, movidos evidentemente por el afán de hacer empresa, pero que no nos atreveríamos a llamar empresarios. Pero hay éxitos de primer orden. Erasmo de Gònima, obrero, más adelante “fabricante” (esto es, director técnico de una fábrica), crea la suya propia, que contará con miles de trabajadores y con un utillaje avanzado. Es el tipo de empresario del siglo XIX».

Cataluña en la España moderna sigue siendo en la actualidad una introducción necesaria al conocimiento de la historia de Cataluña.

JOSEP FONTANA

Prefacio

LA COMPOSICIÓN DE LA OBRA: ETAPAS METODOLÓGICAS

Por el hecho de que «el historiador está dentro de la historia», conviene que toda obra de historiador sea colocada por su propio autor dentro de la proyección exacta que él personalmente atribuye tanto a su método de reflexión como a las circunstancias de su investigación.

Esta «advertencia» no es sólo lealtad hacia el lector, hacia el crítico. Es deber hacia un método histórico en continua creación, disputa una y otra vez repetida en que cada tentativa es testimonio.

Aunque el testimonio resultara negativo y la tentativa fracasara, seguiría siendo útil poder cotejar el resultado obtenido con el resultado esperado, buscado. No hay nada del todo infructuoso, a no ser la investigación sin objetivo, el esfuerzo sin método. El exceso de inquietud metodológica en la investigación será siempre preferible a la falta de inquietud.

La obra que aquí presento es el fruto de una meditación demasiado prolongada. No quisiera «justificarme» por ella, sino explicarme, en la medida, justamente, en que esto pueda favorecer una mejor comprensión del análisis que se brinda.

Pues bien, desde este punto de vista no creo superfluo indicar que me he sentido atraído, sucesivamente, por varios tipos de análisis, de los cuales me habría gustado elaborar la síntesis (sin atreverme demasiado a esperar conseguirlo). E indicar que cada una de mis etapas en este camino ha venido determinada por circunstancias a la vez muy generales y muy personales, exteriores a la obra emprendida, pero cuyos efectos sobre ella no han sido sólo materiales, sino también intelectuales, metodológicos.

Podría decir, en pocas palabras, que sin la guerra civil española esta obra habría sido probablemente una clásica tesis de «geografía regional». Sin la guerra mundial y cuatro años de cautiverio, se habría centrado en un estudio de historia económica coyuntural. Sin la medida que me hizo regresar de España, donde daba clases en el Instituto Francés de Barcelona, en 1948, se habría beneficiado más de prisa y más ampliamente de las encuestas que había vuelto a realizar. Pero se habría construido menos sistemáticamente en función del problema histórico de la «nación», del problema económico del «crecimiento» y del «despegue», que las enseñanzas impartidas por mí en la École Pratique des Hautes Études de París me permitieron volver a pensar y profundizar.

Quisiera explicar aquí, rápidamente, qué parte atribuyo en mi trabajo a cada una de esas orientaciones sucesivas.

1. EN LOS ORÍGENES: UNA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA

No ha sido seguramente fortuito que entre 1925 y 1930 el grupo más compacto de los jóvenes de mi generación que había optado por estudiar historia, se decidiera finalmente, a la hora de empezar trabajos personales, por la investigación geográfica.

Tal vez las cosas no habrían sido iguales si la influencia de Lucien Febvre, de Marc Bloch, de Georges Lefebvre, se hubiera ejercido plenamente en París antes de 1929 y los primeros números de los Annales d’Histoire Économique et Sociale.

Pero hay que reconocer que hasta entonces las grandes cuestiones que, según barruntábamos con mayor o menor confusión, iban a dominar nuestro siglo, sólo nos venían planteadas a través de las lecciones de nuestros maestros geógrafos: demografía, migraciones, colonizaciones, polos de desarrollo industriales y urbanos, transformaciones de los modos de producción agrícola, progresos de la energética y, más próximos aún de la historia viva que sentíamos palpitar, crisis del mundo británico, porvenir de los grandes espacios americanos, despertar de las masas asiáticas, nacimiento de los planes soviéticos. ¿Cómo no recordar aquí la impresión que me hizo, a mis veinte años, el librito de Albert Demangeon, Le déclin de l’Europe, modelo de simplicidad en la demostración estadística y de diagnóstico precoz?

Por añadidura, la enseñanza de Albert Demangeon no desdeñaba la búsqueda de la explicación de los fenómenos contemporáneos hasta sus orígenes mismos. Me enseñó a observar la «revolución industrial» inglesa a través de Mantoux, y, a través de Mantoux, me remonté hasta Marx. En cuanto una vocación de historiador no significa atracción del pasado sino voluntad de captar mejor el presente, percibe como exigencia primera un conocimiento descriptivo de este presente, esto es, una «geografía».

Fue con este estado de ánimo como acepté con gusto, en el curso de una de aquellas excursiones universitarias, fecundas también por los contactos establecidos entre discípulos y maestros, una sugerencia de Max. Sorre: al otro lado del mundo pirenaico que él había explorado, me indicaba el gran interés ofrecido por lo que hoy llamaríamos el «polo de desarrollo» catalán: la aglomeración industrial barcelonesa, con sus lazos tentaculares en un mundo de pequeñas cuencas agrícolas, de ricas vías de tránsito, de valles activos. El estudio me prometía conciliar mi nostalgia por el paisaje mediterráneo y mi curiosidad por los grandes complejos modernos. Dediqué mi trabajo de principiante a «la vida industrial en la región de Barcelona», y no tuve que lamentarlo.

El ensayo, naturalmente, no había podido ir más allá del estadio de las habituales clasificaciones descriptivas: viejas industrias, industrias modernizadas, creaciones recientes, vinculando cada tipo bien con los factores «naturales» —materias primas, fuerzas hidráulicas, producciones agrícolas—, con los factores «humanos» —mercados, disponibilidades de mano de obra—, o con rápidas indicaciones históricas: antiguo sistema colonial, proteccionismo del siglo XIX, guerra de 1914, intervenciones extranjeras en la financiación.

A propósito de cada punto sabía que era necesaria una prolongación, una profundización de las sugerencias aportadas. Acepté gustosamente la tarea, sin ocultarme a mí mismo los riesgos de esta multiplicidad de orientaciones, todas complementarias por hipótesis, pero cuya naturaleza técnica era verdaderamente bien diversa. El análisis geográfico podía, debía conducirme a las consideraciones más especializadas de morfología, de climatología, de pedología. El análisis histórico de cada actividad en sus orígenes me invitaba a zambullirme en el caos de la estadística española del siglo XIX, en el océano mal explorado de los archivos económicos, locales e internacionales.

Me enfrentaba ni más ni menos que con el problema de conciencia que ha debido (me imagino) de afectar a cada geógrafo dispuesto a construir una monografía regional. Todo límite impuesto a su investigación, ya sea por la elección de una subregión arbitrariamente delimitada, ya sea por una preferencia demasiado exclusiva hacia una de las formas del análisis, amenaza la solidaridad espontánea de los hechos, la personalidad concreta del grupo humano y, por esta vía, puede disolver el objeto mismo que conviene someter a estudio. Pero captar un objeto demasiado vasto como totalidad exige unos aprendizajes demasiado variados para que el manejo de cada herramienta particular de investigación no pierda en eficacia y precisión. Hay cierta contradicción, en toda aproximación científica, entre extensión y profundidad, entre variedad y solidez.

Por instinto me alineaba junto con el Lucien Febvre de La Franche-Comté y de La terre et l’évolution humaine para afirmar la realidad del Zusammenhang, de la interacción continua entre la tierra y el hombre, entre la geografía y la historia. Sin embargo, no dejaba de leer con ciertos escrúpulos las críticas de Simiand al método monográfico, su invocación a un análisis separado, más a fondo y más continuado, de las distintas categorías de la «morfología social», con objeto de esbozar «teorías experimentales» válidas bastante más allá de un horizonte regional. «Meteorología de jardincillo»: no podía olvidar lo certero de esta cruel fórmula.

Otro aspecto del método geográfico me atormentaba. Había renunciado sin vacilar (con el completo acuerdo de Albert Demangeon) a toda reconstitución paleogeográfica o morfológica demasiado obviamente ajena a los fenómenos humanos que me interesaban. Pero consideraba de primerísima necesidad la adquisición de un conocimiento —o por lo menos de un atento reconocimiento— de los fundamentos naturales ofrecidos a las fuerzas productivas desarrolladas por el hombre en cada una de las etapas atravesadas por la economía. Combinaciones entre suelos y climas, posibilidades de la irrigación, capacidades energéticas de los ríos me parecían ser los datos siempre presentes, las «constantes» de los problemas que yo estaría llamado a resolver. Me interesaba por el singular contraste entre el oeste y el este catalanes: por un lado, aridez excepcional (incluso pensando en términos ibéricos); por otro lado, abundancia excepcional de aguas entre los Pirineos y el mar. Decidí dedicar un esfuerzo particular a la fluviología del Ebro, a la vez que a la historia y a la economía de su utilización, trabajo que resultaba posible, por vez primera, gracias a la iniciativa entusiástica del gran ingeniero Lorenzo Pardo, gracias a la red de observaciones y de publicaciones de su «confederación», y luego de sus «planes» hidráulicos, en los que tomaba cuerpo el sueño de Joaquín Costa. Pero justamente al ver así precisada la distancia entre utilización práctica y conocimiento científico de la naturaleza, entre voluntad de crear y medios para llevar a cabo la creación, llegué al convencimiento cada vez más firme de que el enfoque geográfico, en todo problema de desarrollo, contenía un riesgo de equivocidad. Desde 1931, con ocasión de un Congreso Internacional de Geografía, fui llevado a mostrar cómo, contrariamente a lo que habían sugerido precipitadamente algunos geógrafos, los comienzos de la explotación hidroeléctrica de los ríos españoles aparecían casi como un desafío a lo que la naturaleza parece sugerir. No era el potencial hidroeléctrico pirenaico lo que había determinado, para el núcleo industrial catalán, el empuje del siglo XX: era la existencia del núcleo industrial catalán lo que había decidido —y casi en condiciones de improvisación, con motivo de la escasez energética de los años 1914-1917— la construcción de las grandes centrales; en la parte occidental de España, los desfiladeros mejor adaptados para grandes embalses, en ríos de régimen atlántico más regular que el de los torrentes mediterráneos catalanes, permanecían (algunos permanecen todavía) sin utilizar; en el campo de la irrigación, la crítica de Brunhes por Lautensach me llevaba a conclusiones parecidas; la Andalucía de los jalifas se me ofrecía en pleno siglo XX como la región menos avanzada en la utilización de sus aguas; no era ni una hidrología ni una técnica determinada lo que explicaba la geografía de los riegos de Lorca, en el Levante, o en el llano de Urgell, sino episodios muy sugestivos de la historia de la empresa capitalista: la reconstitución de la huerta de Lérida en el siglo XVIII ponía de manifiesto que hacia 1720 no empleaba más que una parte muy pequeña de los recursos hidráulicos puestos en obra en el siglo XIII. En una palabra, todo remitía a la historia. Las posibilidades geográficas no tenían interés (salvo por lo que respecta a ciertas limitaciones evidentes) más que en las perspectivas del futuro.

La geografía me iba pareciendo cada vez más (se trataba para ella de un papel perfectamente digno), por una parte, una técnica de información y, por otra, una técnica de la organización futura. Toda teoría económica del espacio, de Von Thünen a nuestros días, así como las recientes «teorías económicas de la región», serían objeto a la vez de la misma definición y de la misma crítica. El peligro estriba en atribuir a lo que existe un cierto tipo de racionalidad parcial, cuando de hecho la racionalidad de lo real humano es la de una totalidad de la cual sólo puede dar cuenta el análisis histórico. Me fui convenciendo de ello cada vez más, entre 1931 y 1936, sin dejar de seguir a la vez la observación geográfica y la investigación de archivos.

Fue la Historia —con H mayúscula, lo cual constituye una lección no pequeña— la que se encargó de decidir en aquel debate interior, en aquella vacilación metodológica. La explosión política y social de 1936 en España no sólo vino a interrumpir por un período largo mi investigación histórica cortándola de sus fuentes, sino que hizo estallar además, suprimió por así decir el objeto mismo de mi investigación. Porque resultaba evidente que, fuera cual fuera el desenlace del gran conflicto español, la Cataluña de la postguerra no sería ya, cualitativamente, la que yo había visto vivir. Aunque hubiera podido dar, desde 1936, la descripción monográfica regional que me había prometido a mí mismo, no habría presentado, en el momento de su aparición, más que el valor de un corte estructural en una fecha dada, ni más ni menos interesante, para la comprensión del país, que la que hubiera podido construir, sobre la base de documentos estadísticos o descriptivos, para 1898 o 1714. Entonces tuve la tentación de reaccionar, sin duda exageradamente, contra un método de aproximación que me había lanzado inútilmente a la vez en pos de estabilidades inhumanas y de una «actualidad» huidiza, contra una «razón geográfica» siempre demasiado evidente o demasiado débil, demasiado amplia o demasiado estrecha, demasiado propensa a deformar la constatación transformándola en explicación, y a cartografiar tautologías. No quería volver a determinar «permanencias» antes de haber fechado todas las apariciones, ni hablar de «la tierra» antes de haber medido todas las intervenciones del hombre. No reconocía el terreno de las ciencias sociales, y el auténtico ámbito de mi vocación, más que en el movimiento de la historia. Decidí que, si algún día tenía la suerte de poder reemprender mi trabajo, me consagraría a él simplemente como historiador.

Posteriormente he juzgado con mayor equidad el método geográfico. He dedicado una parte de la introducción de esta obra a un estudio del «medio» regional: disposición de los relieves, combinaciones de suelos y clima. Espero sobre todo no haber olvidado, en ningún momento del desarrollo histórico cuyo esbozo he querido delinear, recuperar el sentido de las prohibiciones, de las orientaciones, de las cristalizaciones procedentes del análisis geográfico. En una palabra, quisiera haber sido fiel al epígrafe escogido por Lucien Febvre para su obra La terre et l’évolution humaine: de una ciencia se toma un espíritu, no unos procedimientos. «Vean, lean, refleXIonen», decía a sus discípulos Vidal de la Blache. Pero leer y refleXIonar es lo común de todos los investigadores, mientras que ver es lo propio del geógrafo. Si no hubiera contemplado los sótanos de las viejas casas barcelonesas, medido las «barques de mitjana» sobre las playas de la Marina, seguido el itinerario de los carromateros que transportaban fardos de indianas, barriles de granza y monedas de oro, fotografiado las masías del Vallès y los molinos de papel de Carme y de Capellades, comparado el Urgell de regadío con el Urgell árido y con el desierto de los Monegros, pasado diez veces por el puerto de la Bonaigua y descubierto, en lo más recóndito de los Pirineos, los altos campanarios de Boí, ¿habría comprendido algo del informe del doctor Santpons sobre el hacinamiento humano en la Barcelona de 1780, de las cuentas de los patrones de barca de Canet y de Calella, de las facturas del comerciante-fabricante Alegre a sus transportistas, del viaje de Young, de las notas de Zamora, de la «Carta» de Caresmar e incluso, simplemente, de los hermosos libros que ayer nos brindó Ramon d’Abadal sobre la Cataluña carolingia o el abad Oliba?

Así, el proceder del geógrafo conduce al historiador al camino de lo concreto, coloca al observador en los límites de su campo de observación y toma para él la medida de éste. No da a priori las «constantes» de ningún problema. Pero permite reconocer, a partir de lo percibido hoy, unos elementos permanentes que sólo podrá juzgar la investigación histórica, retrospectiva. Así es como puede entenderse, pienso yo, el llamamiento de Fernand Braudel para proceder a una «geohistoria», a una investigación de las «largas duraciones».

Sin embargo, tengo otra deuda, más concreta, contraída hacia la geografía, que espero haber reconocido y pagado, con la sección cartográfica de esta obra, gracias al talento de Jacques Bertin y al trabajo de sus colaboradores.

Si la geografía es, efectivamente, una técnica de información, lo es mediante la cartografía. Pero lo que esta técnica ofrece para 1960 puede ofrecerlo igualmente para 1780, o para 1600. Por esta vía se convierte en técnica de información histórica. Esto se sabía desde hace tiempo, pero cada vez se entiende mejor, sin duda alguna. A los viejos atlas de «geografía histórica» —que al fin y al cabo no son ni tan numerosos ni tan seguros— conviene añadir hoy, presentándolos sobre fondos que indiquen claramente las realidades físicas, atlas demográficos, atlas económicos retrospectivos, que no habría que olvidar de poner en relación, si hiciera falta, con atlas lingüísticos.

Para esta obra cuento con la cartografía para expresar con mayor claridad la definición misma de su objeto: formación del estado medieval catalán a partir de los Pirineos, desplazamiento en los tiempos modernos del «Principado» en torno al polo de poblamiento y de actividad constituido por su capital, inestabilidad demográfica de las terrazas y de las montañas áridas que han sido receptáculo, en distintas ocasiones y durante largos siglos, del grupo humano catalán, protegiendo su originalidad lingüística y reforzando las solidaridades internas que lo distinguen. Yo diría que este problema del «grupo» ha acabado adquiriendo preeminencia, en el planteamiento de mi trabajo, sobre el problema parcial de la estructuración de una economía, tema de mi investigación en sus inicios.

Hacia 1936 la importancia de estos aspectos espaciales de la explicación histórica se me escapó, sin duda, por unos momentos. Aquello se debía a que acababa de revelárseme una historia nueva, cuya precisión en el tiempo, la preocupación de una estricta cronología, ponía en mi espíritu otras exigencias.

2. LA EXIGENCIA DE UNA HISTORIA COYUNTURAL

En 1932 aparecía la obra de Simiand Le salaire, l’évolution sociale et la monnaie. En 1933 la obra de Ernest Labrousse Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII siècle. En 1934 la de E. J. Hamilton American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1500-1650, seguida en 1936 por Money, Prices and Wages in Aragon, Valencia and Navarra, 1350-1500.

Estas cuatro obras me obligaban desde el principio a una revisión de mis resultados por el simple hecho de introducir el objeto de mi estudio, el ámbito de la economía catalana, en una red precisa de informaciones, de comparaciones posibles, tanto en el espacio como en el tiempo.

Pero esto no era nada comparado con la revisión metodológica que me impusieron, a la vez por su valor propio, por su aportación histórica, por el tipo de investigaciones cuya eficacia demostraban, por la corriente general de pensamiento en el que se insertaban: entre 1932 y 1936 se organizaba internacionalmente la observación histórica del movimiento general de los precios y, en la ciencia económica, bajo los efectos de la «Gran Depresión», pasaba a reinar la «coyuntura».

La obra de Simiand adquiría entonces, gracias a la publicación, junto con Le salaire, de sus cursos y de sus breves síntesis sobre las fluctuaciones, una fuerza que venía a justificar decisivamente las acusaciones de insuficiencia de rigor anteriormente lanzadas por el autor contra las monografías regionales de los geógrafos. No es éste el lugar para juzgar una obra de esta amplitud. Sólo quiero indicar, tras haber retenido, también en su caso, más bien su espíritu que sus procedimientos o conclusiones, por qué ya no era posible seguir considerando la «geografía» o la «historia» económicas a la manera de antes. Cuatro nuevas exigencias quedaban planteadas:

1) Por aparecer el tiempo histórico como creador, y creador según sus propios ritmos, era necesaria una reconstitución del movimiento cifrado de los índices económicos fundamentales, o por lo menos deseable de acuerdo con el máximo de las posibilidades estadísticas ofrecidas por cada época.

2) Para esta econometría retrospectiva, eran fijadas unas reglas, particularmente severas en lo que respecta a la homogeneidad y a la continuidad de las series.

3) Aunque no se aceptaran las conclusiones «monetaristas» de Simiand, había que admitir que el factor monetario, y en todo caso la observación monetaria, no podían seguir considerándose asuntos de especialistas o como elementos desdeñables del análisis histórico.

4) Por ser internacionales los ritmos económicos, todo estudio local o regional debía primeramente ser situado, por lo menos a efectos comparativos, en un marco coyuntural muy amplio.

En ninguno de estos puntos podía satisfacernos ya el método de notación descriptiva y discontinua de las monografías geográficas.

A estas lecciones vinieron a sumarse las de la obra de Ernest Labrousse. No me atrevo a insistir aquí en todo lo que les debo: pongo mi libro entero como testimonio de esta deuda. Pero la génesis de este libro quedaría pésimamente relatada si silenciara el cambio de orientación que determinó mi primer contacto con la Esquisse. A partir de este contacto supe que la historia de los precios, la historia coyuntural, no se limitaba a ser, como en Simiand, base de sustentación de generalizaciones psicológicas o sociológicas, sino que podía fundar la historia social más profunda, la de las clases en la dinámica de sus contradicciones, y finalmente arrojar luz, en sus orígenes y en su desarrollo, no sólo sobre movimientos económicos, sino también sobre ideas, doctrinas, instituciones, acontecimientos. La historia cuantitativa, una vez demostrado aquello de lo que era capaz, tendía hacia una historia total, mucho mejor que hacia una síntesis geográfica pertrechada de métodos demasiado imprecisos y fascinada por una actualidad ilusoria.

Además, la Esquisse había forjado los instrumentos de análisis precisamente para aquel siglo XVIII, cuya importancia decisiva para los orígenes de la Cataluña contemporánea percibí en seguida y sobre el que había reunido, a partir de 1934-1935, la parte más abundante —con mucho— de mi documentación, puesto que la riqueza de los archivos económicos de una época está siempre estrechamente ligada con su actividad creadora. Pero, ¿había hecho una buena elección de entre aquella abundancia de materiales?

Indudablemente disponía de los elementos de una descripción para cada una de las grandes ramas de la economía catalana del siglo XVIII. No me había equivocado (lo he verificado después muchas veces) al depositar mi confianza en las capacidades de análisis y de observación de los hombres de la época, de un Caresmar, de un Capmany, de un Zamora, que son tal vez los mejores cerebros, en lo que respecta al juicio sociológico, cuyos talentos haya utilizado jamás Cataluña, e incluso España entera. Los archivos, mutilados pero aún nutridos, de la Junta de Comercio barcelonesa, en sus libros de deliberaciones, sus fajos de correspondencia, sus encuestas, sus peticiones, sus informes sobre los inventos técnicos o las admisiones al «Cuerpo de Comercio», sus calas estadísticas ocasionales, me habían revelado qué problemas se habían planteado, qué medios se habían ofrecido a los mercaderes, a los armadores, a las corporaciones, a los creadores de industrias, y a veces qué nivel de actividad habían alcanzado. Aquí o allá, para tal o cual producción y en tal o cual fecha, habría podido establecerse un mapa, un cuadro, un «corte» a través del tiempo.

Pero ninguna de las fuentes consultadas me habían proporcionado todavía —porque uno no encuentra más que lo que busca— las series cifradas continuas que yo sabía, a partir de entonces, que eran no sólo útiles, sino también necesarias para todo estudio a la vez estructural y dinámico de una época.

Tenía, pues, que reconstituir, para todo el siglo XVIII, el movimiento de los precios catalanes. Tenía que seguir también, en la medida de lo posible, el movimiento de los principales tipos de ingresos: de la renta señorial o de la tierra a los salarios, pasando (lo cual era ya más difícil) por la renta de los arrendatarios, los negociantes y los fabricantes. Y naturalmente debía asegurarme, para que esas reconstituciones tuvieran un sentido, de la «visibilidad económica» en cada etapa del siglo, es decir, de la estabilidad, aunque sólo fuera relativa, de la moneda.

Sin duda eran posibles algunas previsiones groseras sobre estos diversos puntos. A partir de 1726 España, igual que Francia, ya no padece ninguna incoherencia monetaria importante y, en comparación con el episodio del papel moneda de la Revolución francesa, la inflación española de fines de siglo parece moderada. No era menos evidente que el alza europea de los precios —alza de larga duración—, observable casi en todas partes entre 1733 y 1817, iba a ser detectada también en Cataluña. Con todo, había que verificarlo, y situar el alza catalana entre fechas exactas y en su amplitud exacta, porque muchas veces el interés de las comparaciones interregionales e internacionales reside en la constatación de desacuerdos modestos, ya sea en la cronología, ya sea en las dimensiones mismas del movimiento.

Por otra parte, la Esquisse de Ernest Labrousse probaba de sobra que los fenómenos creadores, en los ritmos coyunturales, no eran sólo las tendencias de larga duración: las «puntas» del movimiento de los precios agrícolas, que se repiten periódicamente, no tenían menos importancia, en el ejemplo francés del siglo XVIII, que el alza general, tanto si se quiere estudiar la simple formación cuantitativa de los ingresos, como si se quiere estimar los efectos psicológicos y sociales de las contradicciones internas de esta formación, llevadas hasta su más alto grado de tensión con motivo de estas crestas periódicas.

No obstante, una objeción venía a la mente: la economía catalana, dominada por el empuje de un puerto-capital y renovada, en el último cuarto de siglo, por el comercio colonial, ¿podía ser asimilada a una «economía francesa» definida como conjunto global y liberada así de las influencias, sin duda brillantes, pero quizás engañosas, de sus varios grandes centros comerciales? Definida de la misma manera, «España» habría sin la menor duda merecido un análisis calcado sobre el modelo de la Esquisse. Pero ¿dependía la región centrada en torno a Barcelona tan claramente del movimiento de los precios agrícolas? ¿Venían sus «crisis» desencadenadas exclusivamente, o esencialmente, por la escasez de cereales? ¿Iban a descubrirse, por el contrario, causas más exógenas de las mismas? De todas maneras, éstas eran preguntas que debían ser formuladas. Y la hipótesis de una economía dominada por el comercio exterior no podía referirse más que al último cuarto de siglo, o a lo sumo a su segunda mitad. Para todo el período anterior al despegue comercial —sobre el que, por otra parte, la documentación descriptiva y oficial era mediocre— el movimiento de los precios agrícolas tenía todas las probabilidades de ser con mucho el mejor índice de la situación y del desarrollo de la economía. ¿Acaso no decían los historiadores catalanes, como si se tratara de una idea recibida, de una evidencia común, que entre dos períodos de gran empuje histórico y comercial, Cataluña conservaba su prosperidad gracias a la explotación agrícola tradicional, la masía patriarcal? Pura impresión, simple probabilidad. ¿Lo verificaría una observación precisa y cuantitativa?

Todo dependía de las fuentes accesibles. No podía creer que existieran «mercuriales» en el sentido francés del término a nivel local, puesto que nunca había encontrado ninguno tras muchos años de rastreos. Apenas aparecían listas regulares de precios, en los últimos años del siglo, para algunos mercados organizados, como el mercado de aguardientes de Reus. No era, pues, nada imaginable que la administración española, pese a la centralización borbónica y a algunos espectaculares ensayos estadísticos como el de La Ensenada, hubiera reunido en el siglo XVIII una pirámide de documentos sobre los precios nacionales comparables a los documentos franceses, cuya solidez se había demostrado hacía poco. Como que aceptaba enteramente los argumentos de E. Labrousse sobre el valor de los «mercuriales» como único fundamento de un estudio de los precios con valor estadístico, a la vez que sentía la necesidad de emprender un estudio coyuntural, abrigaba el temor de no encontrar medios para hacerlo.

La obra de E. J. Hamilton me aportaba sobre este punto a la vez estímulos y dudas.

En primer lugar, dudas, porque los dos grandes trabajos sobre los precios españoles publicados a partir de 1936 no proporcionaban, para el larguísimo período de 1300-1650, ningún dato catalán, y no ocultaban que esto se debía a la ausencia de unas fuentes de fácil acceso. Sabía que iba a ocurrir lo mismo con las investigaciones en curso sobre los años 1650-1800, es decir, aquellas cuyos resultados aparecieron en 1946 con el título de War and Prices. No obstante, E. J. Hamilton lanzaba un llamamiento a los investigadores locales invitándoles a llenar algún día este vacío de sus obras; pensaba que, por lo menos para el período más tardío, las fuentes de hospitales y conventos que había utilizado en Castilla, Andalucía o Valencia tenían sus homólogas en Cataluña. Yo también lo pensé, y me arrepentí de haber desdeñado, en los archivos de la Junta de Comercio, en la biblioteca del Institut d’Estudis Catalans, el fondo extensísimo de las cuentas del Hospital, con las cautelas del comprador, facturas diarias de su ecónomo.

Es cierto que este tipo de fuentes no ofrecía en modo alguno las mismas garantías, ni sobre todo el mismo alcance estadístico, que unos mercuriales. No me iban a dar los precios «catalanes» propiamente dichos, sino solamente los precios locales, «barceloneses», como los precios de Hamilton eran unos precios toledanos, madrileños. Me iban a proporcionar, sin duda alguna, unos «precios de mercado», pero intermedios entre «precios al menudeo» y «precios de producción», lo cual iba a eXIgir una crítica muy severa para cada condición de compra. Cualquier comparación con los precios «franceses», en todo caso, no podría emprenderse más que con muchas reservas. Pese a todo, como que las fuentes accesibles, en historia económica, difícilmente coinciden con las fuentes deseables, no me parecía inútil emprender la reconstitución del movimiento de los precios catalanes, aunque fuera sobre una base imperfecta. Fue justamente al comienzo de esta empresa cuando mi trabajo fue interrumpido por la guerra civil española.

Esta interrupción me dio ocasión para reflexionar más profundamente sobre la utilización histórica del análisis coyuntural. Me di cuenta de que las divergencias entre dos métodos de observación —preferencia por los mercuriales, preferencia por los libros de contabilidad— encubrían de hecho dos actitudes bastante diferentes respecto a los fines últimos de este análisis. La Esquisse de E. Labrousse buscaba un número limitado de series de precios, pero elegidas por su base estadística y su alcance social, porque la obra partía de la coyuntura para arrojar luz sobre la historia cuantitativa de los ingresos y de las clases. Era evidentemente lo que yo habría deseado hacer, y no estaba seguro de lograrlo con la ayuda de precios puramente locales. Las obras de E. J. Hamilton, por su parte, buscaban el mayor número posible de precios de todo tipo, porque aspiraban a explicar la coyuntura —el «movimiento general de los precios»— subrayando su significación esencialmente monetaria.

En cierto sentido, esto me interesaba menos. Pero a pesar de todo era bastante difícil, ante la obra de Simiand, y en la atmósfera de los grandes años de crisis, no interrogarse sobre el misterio de la moneda, lo cual exigía la adquisición de una cultura económica sólida. Y por otra parte, en presencia de las cifras de Hamilton, se trataba de volver a reflexionar, en función de los movimientos prolongados (y a veces de los acontecimientos bruscos) de orden monetario, sobre los episodios de la más grande historia moderna: descubrimiento, revolución de los precios, hegemonía de la monarquía del Escorial, decadencia y dramas del siglo XVII ibérico. El pasado español quedaba hasta tal punto esclarecido que sentí la necesidad de proyectar nueva luz sobre el destino catalán, que era el objeto de mi estudio.

Así pues, el avance internacional de la historia coyuntural, en lugar de empujarme, como pensé durante un tiempo, desde los amplios horizontes de la síntesis geográfica hacia una estricta especialización, me empujaba por el contrario hacia curiosidades cada vez más amplias y variadas: sociología de las clases, economía teórica, historia general, con interrogantes que iban mucho más allá del nacimiento del mundo contemporáneo.

3. EL CONTACTO CON LA TEORÍA Y EL REGRESO A LA HISTORIA

Probablemente, en condiciones normales, la vida práctica me habría obligado a elegir entre estas curiosidades. Por segunda vez, la Historia decidió que no fuera así. Después de diez meses de campaña, de Alsacia a la bolsa de Sedán, me impuso, de junio de 1940 a mayo de 1945, en una vida muy próxima en muchos aspectos a las reglas benedictinas, una explotación de mi acervo intelectual en torno a problemas generales más que en torno a mis estudios particulares, y algunos intercambios de ideas fructuosos, pero alejados de mi especialidad.

Tuve tiempo, por de pronto, de familiarizarme algo con el pensamiento económico llamado «moderno». No lo bastante como para tener un «conocimiento» —no tengo la menor pretensión a este propósito—, pero sí, así lo espero, para un cierto «reconocimiento» del terreno, es decir, para distinguir los límites entre los cuales este pensamiento puede ser útil a la reflexión del historiador.

Hasta entonces, lo confieso, mis maestros en economía habían sido antes que nada algunos clásicos del siglo XVIII, Marx y el Cours d’économie politique de Simiand, que Lucien Febvre había recomendado a los historiadores como «libro de cabecera». Hoy sé, mucho mejor que entonces, por qué no habría podido elegir mejores guías. No eran en absoluto los que la universidad, antes de 1940, ofrecía a los estudiantes de economía. Ahora bien, no me gusta despreciar lo que tengo consciencia de conocer insuficientemente. Y como que se me presentaba la ocasión, bien a pesar mío, de volver a ser estudiante, decidí aprovechar el hervidero de cursos y de manuales que animó nuestros campos de oficiales desde las primeras semanas del cautiverio. Quedé sorprendido del eclecticismo confuso, del dogmatismo ingenuo corrientemente administrados a aquel nivel elemental de la formación económica: los clásicos invocados como siguiendo un viejo rito, Marx refutado en una lección, los mecanismos económicos y monetarios prácticamente divorciados de la realidad histórica. Me instruí mucho más, naturalmente, cuando nos llegaron tratados de una mayor envergadura: pienso en los de François Perroux sobre el valor y el beneficio. Pero no pude captar realmente la medida de la ayuda dada al historiador por el pensamiento teórico hasta que no abordé, con la pluma en la mano (una pluma muy fina, por cierto, para ahorrar papel y burlar la censura), las grandes obras de Schumpeter y de Keynes. No obstante, para comprenderlos y para situar a sus discípulos, me sentí tan vigorosamente ayudado por las nociones bebidas en Marx, en Simiand, en los «primitivos» de la economía, que los signos de desdén exhibidos por los manuales me resultaron definitivamente irrisorios. Respecto a Marx, autor prohibido, tuve que recuperar el hilo de su pensamiento a partir de la obra de dos de sus adversarios, lo suficientemente honestos como para citarlo extensamente: el economista belga Cornelissen y el padre Etcheverry. De esta curiosa experiencia saqué el convencimiento de que el Marx economista y filósofo, aún peor comprendido que el Marx sociólogo e historiador, no se situaba por detrás, sino por delante de los análisis de Schumpeter y de Keynes.

No podía «prever», pero presentí desde entonces con nitidez que las ciencias humanas de la postguerra habrían de regresar, queriéndolo o no, a los cálculos globales, a los estudios de estructura, a la observación de las largas duraciones, a Marx, a la unidad de la realidad histórica. De 1945 a 1960 he visto cómo se ha ido confirmando sin cesar esta intuición.

De nuestros intercambios intelectuales entre prisioneros se desprendían otras lecciones respecto a la fragilidad de una cierta forma de teoría y a las estrechas relaciones entre esta fragilidad y el momento histórico. Sabios matemáticos que eran a la vez hombres de acción dedicados a los negocios o a la banca, nos contaban cómo se tambaleaba su educación walrasiana ante el neomercantilismo de entreguerras y ante los éxitos financieros de un Schacht. Recibíamos de Francia esbozos de teorización de un corporativismo efímero, y de un «comunitarismo» aún más efímero. Los alemanes llenaban nuestras bibliotecas con las obras de Ferdinand Fried y de Ernst Wagemann, cuya teoría de las «densidades críticas», en demografía, me habría seducido sin duda por su aire dialéctico, de no ser por su utilización, en el Das Reich de Goebbels, para las más pedestres reivindicaciones de «espacio vital». En fin, al poco tiempo de producirse el gran viraje de la guerra, algunos entusiastas del neoliberalismo trataron de encuadramos detrás de Von Mises, mientras que se despertaba una curiosidad enorme hacia Marx.

Se nos dirá que todo esto queda muy lejos de nuestro tema y de «la Cataluña moderna». Personalmente, no lo creo. Desde hace quince años, toda reflexión de historiador se halla incesantemente solicitada por la teoría, confrontada con la sociología, empujada a incorporarse al gran esfuerzo de elaboración de unas ciencias humanas realmente válidas. Sé que esta obra no sería la misma si durante el largo paréntesis de mi cautiverio no le hubiera tomado gusto a una teorización que ayudara realmente a descubrir la anatomía de las sociedades, y si no hubiera aprendido a sentir aversión por las teorizaciones apresuradas, por las construcciones «a la moda». Reaccioné fuertemente contra la desviación impuesta a la historia coyuntural por el keynesianismo, o contra el método antihistórico de los análisis de larga duración a lo Colin Clark. A menudo puse la demografía en el corazón mismo de mis trabajos, pero negándome a aceptar cualquier pandemografismo. Y sin duda en todo esto no he hecho más que recobrar la prudencia que se impone siempre al historiador. Pero, ¿no es mejor que esta prudencia sea refleXIVa y no instintiva? ¿No habría que dar a los jóvenes historiadores este mínimo de familiaridad con la economía, la demografía, la sociología, que diversificaría sus instrumentos de análisis y los preservaría contra entusiasmos demasiado súbitos?

Debo a mis compañeros de cautiverio una última experiencia importante. En economía era un solicitante. En historia, un solicitado. Como se sabía que era hispanista, tuve que hablar mucho de España. Pronto distinguí dos auditorios: los que gustaban del pasado como pasado y se satisfacían de la anécdota; y aquellos para quienes la historia de España debía dar respuesta a la cuestión candente: ¿por qué se produjeron el corte de 1936, la guerra civil atroz, la impotencia de un empuje intelectual admirable, el fracaso de la democracia, las secesiones regionales? Advertí que esas curiosidades eran más numerosas y más continuadas de lo que yo esperaba, y que no eran rechazadas cuando invocaba la cuestión agraria de 1780 junto a la de 1931, el fracaso de la revolución de 1812 junto al de las dos repúblicas, o incluso, remontándose más allá, la «decadencia» y la inflación del metal, y las particularidades de la Reconquista. Sentí que el presente de España era tanto Goya o Góngora como García Lorca o Picasso. «España, enigma histórico», «España como problema»: estas fórmulas de la angustia espiritual española de estos últimos años habrían podido figurar como título de muchas de mis lecciones.

Después de entonces he dedicado mi esfuerzo, con grados distintos de profundización, a esta problemática. Mi trabajo sobre Cataluña no es más que el ejemplo más meditado de este esfuerzo. He querido explicar por qué, tras ser interrumpido en su construcción, y en su investigación materiales, se vio transformado en sus fines y en su espíritu.

4. FUENTES NUEVAS Y PROBLEMÁTICA FINAL

En 1946 regresé a España, al Instituto Francés de Barcelona, que había dejado diez años antes. Pese a los numerosos cambios y a las obligaciones que me dejaban poco tiempo para la investigación erudita, volví a encontrar gustosamente los centros de estudio barceloneses: Archivo de la Corona de Aragón, Archivo de la Ciudad, Archivo de los Protocolos Notariales, la antigua «Biblioteca de Catalunya». En todas partes viejas amistades establecidas tiempo atrás se las ingeniaban para facilitar mi vuelta al trabajo de historiador, con tanta mayor afabilidad cuanto más dramatismo y tristeza se mezclaban en la evocación de recuerdos comunes.

Ciertas transferencias de fondos documentales, acaecidas después de 1936, resultaron ser para mí de extrema utilidad y comodidad, como la centralización en el Archivo de la Corona de Aragón de los fondos del Patrimonio Real y de la antigua Audiencia, y sobre todo la formación, en un anexo del Archivo Municipal barcelonés, de un «fondo de quiebras», separado de los expedientes de esa misma Audiencia, colección valiosísima de cuentas y de correspondencias privadas, salvadas gracias al sentido histórico y a la paciente abnegación del gran conservador de los tesoros de la capital catalana, A. Duran i Sanpere. La antigua biblioteca del Institut d’Estudis Catalans, llamada desde entonces «Biblioteca Central», que estaba instalada en las magníficas salas del viejo Hospital de la Santa Cruz, había clasificado junto a los archivos de la Junta de Comercio, que yo conocía bien, los archivos del propio Hospital y los de uno de sus protectores, el barón de Castellet, es decir, la colección íntegra de los libros de correspondencia y de cuentas de una de las empresas comerciales catalanas más importantes del siglo XVIII. Un pequeño fondo antiguo de documentos privados, entre ellos los de la familia Amat —que me habían de resultar particularmente útiles—, se había añadido también, mediante compra, a la excelente biblioteca de la Cámara de Comercio moderna. Por lo demás, en cuanto se supo que me interesaba por los documentos privados, algunos amigos me facilitaron el acceso a los archivos de casas nobles: los de los Dalmases, gracias a la amabilidad del señor marqués de Villalonga, los de los Guardia, gracias a la amabilidad del señor barón de Esponellà. Mi joven amigo H. Moreu me comunicó las correspondencias americanas de los marinos-comerciantes halladas en Calella. El admirable y excesivamente modesto erudito J. M. Madurell me ofreció sus expedientes notariales sobre molinos y papeleras.

Esta abundancia de papeles privados me orientó hacia un método de cuya eficacia este libro quisiera ser la prueba, y cuya utilización tal vez debería sistematizarse. Por un lado, el documento privado es el fundamento de una observación microeconómica, reveladora de los mecanismos de la ganancia y de la acumulación, y por consiguiente de las estructuras económicas de base. Por el otro, las estadísticas públicas, las encuestas periódicas u ocasionales, las largas series de precios, de ingresos, de índices de actividad, extraídas de documentos de organismos administrativos o de colectividades, de documentos fiscales sobre todo, son a la vez fundamento de una observación macroeconómica, mediante la cual se manifiesta la extensión, el nivel de actividad de cada tipo particular de empresas, y fundamento de una observación coyuntural —expansiones y contracciones— de la que ningún documento privado daría testimonio. Sólo la combinación razonada de estos dos tipos de fuentes permite completarlas unas con otras y controlar recíprocamente los diversos modos de observación: microobservación, macroobservación, observación en el tiempo, observación en el espacio.

En el mismo momento, la gran colección de los registros de la Badila, en el Archivo de la Corona de Aragón, llamaba mi atención sobre el valor coyuntural de otra categoría de fuentes: las adjudicaciones periódicas de arrendamientos de derechos. No aludo aquí a su uso para el conocimiento del movimiento de larga duración, uso clásico respecto al cual contaba con buenos ejemplos en que inspirarme; en lo que pienso es en la fisionomía de las subastas como signo del movimiento de corta duración, método del cual jamás he oído hablar. Sin embargo, no hay indicador más sensible de los booms y de las crisis que esas descripciones de subastas cuidadosamente registradas: peleas homéricas entre compañías arrendatarias, muchedumbres atiborrando las salas hasta la calle o, por el contrario, salas vacías, llamamientos vanos al público, sesiones aplazadas...

Una vez localizadas tales fuentes, a costa de cierta paciencia, iba a lograr reconstituciones coyunturales que me habían parecido en otros momentos imposibles: 1) la de los precios agrícolas desde 1674, según las cuentas del Hospital; 2) la de los precios industriales del textil según los inventarios de tiendas del fondo de quiebras y del fondo Amat; 3) la de los salarios de la construcción según las àpoques d’obres notariales; de los salarios de fábricas de indianas según las hojas de paga semanales de varias empresas (fondo de quiebras); de los salarios agrícolas según los libros de contabilidad (llibres de les torres) del Hospital; 4) la de las rentas señoriales, según las adjudicaciones periódicas de los derechos señoriales del rey y, secundariamente, según las de los derechos de los duques de Cardona (archivos notariales); 5) la de los ingresos de la tierra (arriendos y aparcerías corrientes) según los sondeos notariales y las cuentas de las fincas agrícolas del Hospital; 6) la de los índices de actividad comercial, según las adjudicaciones de tasas fiscales: consumos, peajes, impuestos urbanos, etc.; 7) la del movimiento demográfico en conjunto, según dos censos detallados por lo menos, verificables en base a documentación primaria en Barcelona o en Madrid.

Resultaba evidente que tenía que ceñir mi trabajo a un estudio del siglo XVIII, pero podía contar con una reconstitución bastante extensa del movimiento de la economía.

Es fácil comprender que me sentara bastante mal el hecho de que a primeros de enero de 1948, sin previo aviso, una decisión francesa me privara de mi cátedra en Barcelona, decisión que conllevaba una retirada del visado que podía hacer naufragar para siempre la tarea que acababa de reanudar. Sólo quiero acordarme aquí de los franceses y españoles que me permitieron salvarla: mi mujer, mis amigos, mis maestros más queridos, muchos otros también, menos próximos, eminentes o humildes, que supieron formar la cadena de la afabilidad y la abnegación. Gracias al Centre National de la Recherche Scientifique, pude trabajar libremente durante dieciocho meses, nueve de ellos en España, y tomar en microfilm lo esencial de la documentación que todavía no había podido examinar. Es cierto que mis estancias ulteriores, demasiado breves, no me han permitido proceder a todas las verificaciones, a todos los complementos de investigación que me habrían parecido útiles. No dejo constancia de ello aquí más que para subrayar la inmensidad de las fuentes que quedan sin explorar, incluso en Barcelona, y relativas al siglo XVIII.

La historia profunda, la historia de las masas, dispone en la Península Ibérica de una abundancia tal de documentos que se siente la tentación de decir: aún está por hacer. Pero quisiera añadir que esta abundancia da cuenta ya de las obras y de las corrientes de pensamiento sin las cuales mi propio trabajo no habría cobrado sentido. ¿Acaso hay quien crea que muchos países disponen de una «historia interna» elemental del valor de la de Altamira? ¿Acaso se piensa que muchos han rebuscado lo bastante en su Edad Media para alimentar una síntesis tan densa como la de Luis G. de Valdeavellano, cuya elaboración he visto yo hacerse, día tras día, en la más entrañable de mis casas amigas? Incluso las interpretaciones apasionadas que, desde los años 50, polemizan entre sí de una a otra orilla del Atlántico, y de Madrid a orillas del Mediterráneo, bajo los grandes nombres de Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Américo Castro, Ferran Soldevila, son como llamamientos a superar la historiografía clásica, y la superan ya. Parece como si los pueblos que son detenidos en su historia se cobraran su venganza escribiéndola. Mi obra se aprovechó de ello.

Hay, naturalmente, deudas más precisas hacia los especialistas de la historia catalana: mi bibliografía y mis referencias darán la medida de las mismas; pero los acreedores serían aquí demasiado numerosos y no quiero escoger. Haré dos excepciones, por motivos distintos, a propósito de dos esfuerzos de investigación efectuados paralelamente al mío sobre cuestiones, períodos y a veces fuentes comunes.

J. Carrera Pujal publicó, a partir de 1943, una Historia económica de España en cinco volúmenes, una Historia económica y política de Cataluña en cuatro volúmenes, que abarcan ambas los siglos XVI, XVII y XVIII; posteriormente su Historia política de Cataluña en el siglo XIX. De haber sido construida científicamente, esta obra habría convertido la mía en inútil o habría modificado su sustancia. De hecho no se trata más que de una recopilación de textos que los historiadores profesionales por lo general han desdeñado, a causa de la incertidumbre de sus transcripciones, de la incoherencia de sus elecciones y de la imprecisión de sus referencias. Yo no la juzgo con tanta severidad, porque he constatado que con algunas precauciones la obra puede prestar grandes servicios. Me ha prestado pocos en lo referente al siglo XVIII, porque conocía, a partir de 1936, aproximadamente todas sus fuentes (exclusivamente descriptivas y administrativas); por otra parte, no aconsejaría a ninguna obra de divulgación que recogiera las conclusiones, las escalas de valor ni las citas inciertas de J. Carrera Pujal. Pero en lo que respecta a los siglos XVI y XVII, en que yo no podía abordar una investigación sistemática de primera mano, la Historia económica y política de Cataluña (la de España es muy inferior) me ha permitido ir sin pérdida de tiempo a las fuentes esenciales, reconstituir ciertos episodios (sobre todo monetarios), situar de nuevo muchos hechos y textos en el marco de una historia más precisa ya esbozada por Hamilton, R. S. Smith, A. Payson Usher. Por sus excelentes índices y, en el interior de sus grandes capítulos, por la clasificación estrictamente cronológica de su recopilación, la obra de J. Carrera Pujal desempeña el papel de un buen repertorio, de una publicación de fuentes, por desgracia poco acorde con las reglas elementales de la erudición; hay que estar sobre el terreno y verificar. Dicho esto, toda la primera parte de mi trabajo, esbozo apresurado pero necesario de las particularidades de la economía catalana en el período del apogeo, y luego de la decadencia peninsulares, no habría podido edificarse de no haber dispuesto de la publicación precursora de J. Carrera Pujal. Quería, naturalmente, reconocerlo.

Otro esfuerzo precursor, de calidad y de naturaleza muy diferentes, ha sido emprendido desde hace tiempo, en el terreno de la historia económica, demográfica, social, de la Cataluña moderna, por el grupo que merece ya ser llamado «escuela de Barcelona». Bajo la vigorosa dirección de J. Vicens Vives, maestro de la historia catalana del siglo XV, cuya desaparición lloramos hoy, y bajo la influencia evidente, asimismo, de La Méditerranée de Fernand Braudel, este grupo, al que a menudo se han incorporado jóvenes historiadores franceses, ha organizado una aproximación cada vez más científica, cada vez más fundada en investigaciones cuantitativas, del conocimiento del pasado catalán. Nos ha proporcionado ya un instrumento bibliográfico de primer orden, el Índice histórico español, y una síntesis sugestiva: la Historia económica y social de España y América. Pero los trabajos de detalle, las obras muy recientes o aún inéditas nos prometen mucho más para un porvenir no lejano. El hecho de que este grupo haya establecido conmigo una colaboración y un intercambio continuos y que acepte considerarme como a uno de los suyos y no como un extranjero, forma también parte, como es fácil suponer, de la historia de este libro.

Mientras lo estaba redactando, la VI sección de la École Pratique des Hautes Études me hizo el honor de llamarme como director de estudios. Desde aquel momento, como es normal, ha habido una interacción continua entre las sugerencias de mi trabajo de investigación para mi enseñanza y las sugerencias de mi enseñanza para mi trabajo de investigación.

Mi enseñanza me ha dado a conocer, sobre todo, las curiosidades de los jóvenes. Los historiadores jóvenes saben perfectamente que las técnicas de investigación, descubrimiento de fuentes, hábitos paleográficos o métodos estadísticos son instrumentos necesarios pero que se adquieren al precio de un poco de paciencia y de voluntad. Se interrogan más bien sobre el sentido mismo de su disciplina. «¿Para qué los filósofos?», preguntaba un libro de reciente aparición. «¿Para qué los historiadores?», son muchos los que formulan la pregunta. Sin embargo, no se suele decir: « ¿Para qué los economistas?», por considerarse al economista como el probable ingeniero del futuro. Sin embargo, hoy son los propios economistas los que ponen en duda el sentido de todo cálculo «operativo», de toda proyección «prospectiva», si no se tiene en cuenta la realidad social, humana, a la que deberán aplicarse. En tal caso, la preocupación por el análisis histórico aparece como algo no menos urgente que la preocupación por el análisis económico «puro». Para saber cómo despega y se desarrolla el crecimiento económico, ¿no hace falta saber observar cómo han despegado y cómo se han desarrollado los crecimientos económicos históricamente cognoscibles? No se trata de que un «caso» pueda responder por todos. Pero toda aplicación no será asimismo más que un «caso».

Que el economista, pues, en su esfuerzo de abstracción, no olvide jamás la distancia entre el «modelo» económico y el «modelo» histórico. Que el historiador, en su manera de interrogar lo concreto, no olvide la ayuda que le proporcionará el juego de las categorías económicas fundamentales. He dicho en otra parte lo que pensaba de estas relaciones entre dos métodos complementarios, Esto me exime de insistir en el tema. Pero he querido precisar aquí que el programa general propuesto por mí para la problemática del crecimiento se vinculaba directamente a la elaboración de este libro, que no ha dejado de ponerme en guardia contra las simplificaciones de Hamilton, de Colin Clark, de J. Akerman, de W. W. Rostow, y remitiéndome cada vez con mayor vigor a Marx.

El «crecimiento» observado en la parte principal de esta obra es el del grupo humano catalán en el curso del siglo XVIII: número de habitantes, extensión e intensificación de los cultivos, recuperación de antiguos dispositivos de riego, instalación de otros nuevos, puesta en acción de una masa anteriormente inactiva, comercialización creciente de los productos, conquista de un mercado, nacional para unos, colonial para otros, acumulación de estos beneficios coloniales, crecimiento de varios tipos de ingresos, inversiones productivas, creaciones industriales, surgimiento de una nueva clase dirigente a partir de capas medias de campesinos, marinos, artesanos y comerciantes, aumento del peso de la región en el conjunto español. De todos estos elementos he querido dar sobre todo una descripción concreta, pero también destacar el juego recíproco, los efectos acumulativos, las mutaciones cualitativas. Las nociones marxistas de fuerzas productivas, acumulación primitiva del capital, modos y relaciones sociales de producción, modificación de las sobrestructuras psicológicas e institucionales, me han parecido desprenderse de los hechos en su simple definición, sin que fuera ni siquiera necesario avanzarlas como hipótesis. Las particularidades del «caso» en este «despegue» hacia el capitalismo y hacia la industria vendrán indicadas como conclusiones. El arranque es enérgico, el desarrollo breve y limitado. Es posible ver sus causas, y más aún sus consecuencias.

A partir de este análisis, que, pese a su valor ejemplar, no me parecía un fin en sí mismo, se me abrían dos perspectivas: o bien examinar, aunque sólo fuera rápidamente y con la esperanza de estudios futuros, las consecuencias de este florecimiento catalán para la historia del siglo XIX español, o plantearme, por el contrario, a través de un procedimiento retrospectivo, el porqué del relativo eclipse, del estancamiento, de la despoblación, que dan al crecimiento catalán del siglo XVIII, en más de un aspecto, la apariencia de un «renacimiento».

A decir verdad, la imagen podría aplicarse a España entera: después de la «decadencia» del siglo XVII, el XVIII es una renovación. Pero la lectura de los autores antiguos y las conclusiones implícitas de estudios recientes me obligaban a pensar que el declive catalán se remontaba en realidad mucho más allá de la «decadencia», e incluso del apogeo del poderío español. A la inversa, no podía olvidar que el destino de la Cataluña medieval había sido esplendoroso. Ni que la Cataluña del siglo XIX, con una proporción de 47 por ciento de obreros industriales en su población activa —contra 25 en España— ofrecía un contraste violento con una España interior aún ampliamente dominada por las estructuras precapitalistas y preindustriales.

¿Qué significaban tales desfases? Esto me retrotraía al problema de la personalidad regional. ¿Problema geográfico? ¿Problema histórico? Toda mi experiencia dictaminaba en seguida: problema también político, y ¡qué agudo y doloroso! El ritmo de crecimiento, la cronología de las decadencias, la originalidad de las estructuras, todo esto no podía ser estudiado más que a partir de una realidad de grupo, tanto como a partir de una unidad de territorio. ¿Cómo denominar esta realidad? ¿Iba a pronunciar el término «nación»?

Voy a exponer cómo la observación del país, entre 1927 y 1936, me había obligado a considerar como particularmente característicos los fenómenos de psicología colectiva, de reivindicaciones unánimes, que se extendían a todo el conjunto humano «catalán». Evidentemente no era posible tratar aparte, dejar de lado o considerar desdeñables tales fenómenos, que redondeaban los otros índices de originalidad regional y justificaban, por su existencia misma, el estudio emprendido. Pero la interpretación no era cómoda y la terminología de utilización delicada: existía un «nacionalismo» catalán que sus adversarios, y algunos de sus adeptos extremos, no vacilaban en calificar de «separatismo». Pero muchos se contentaban con un «autonomismo»; ampliamente satisfecho en 1931. Remontando algunas décadas atrás, no se encontraba más que un «regionalismo», y el término mismo de Renaixença, usado para designar la renovación lingüística, sentimental, literaria del siglo XIX, indicaba que aquellos signos de identidad habían pasado por un período de eclipse. Mi estudio del siglo XVIII lo confirmaba. No obstante, de 1640 a 1654 y de 1705 a 1714 Cataluña se había alzado en armas contra España. ¿No merecía un estudio una cierta correlación entre las grandes crisis económicas y políticas de España y el vigor de los particularismos provinciales? Era toda la estructura histórica de España la que estaba en juego en este interrogante. ¿«Nación» unitaria? ¿«Estado multinacional»? La «era de las nacionalidades», que había asistido a la realización de las unidades de Italia y Alemania, había conmovido, por el contrario, una solidaridad española cuya existencia parecía haberse hecho patente de modo espectacular con el episodio antinapoleónico de la guerra de la Independencia. ¿Qué luz podían arrojar sobre estas importantes cuestiones nuestros análisis económicos?

A partir de este ejemplo, intenté durante tres años en la École Pratique des Hautes Études mostrar cómo la observación de un fenómeno contemporáneo puede llevar, por un proceso retrospectivo, a pensar de nuevo un problema sociológico en su conjunto, y a rejuvenecerlo por la historia.

Si el término «problema de las nacionalidades» evoca, efectivamente, un tema escolar, el hecho «nación» sigue siendo vivo y creador en el corazón mismo del siglo XX: la evolución del mundo colonial lo prueba todos los días; y si, en un terreno más cercano al nuestro, están siendo fomentadas fórmulas «supranacionales», esto mismo nos empuja a penetrar mejor en el secreto de las consciencias de grupo, en el mecanismo de su génesis y a forjarnos para ello los instrumentos de un sólido análisis, lo que exige, naturalmente, primero una crítica de los instrumentos existentes y luego un serio esfuerzo en la dirección de la historia comparada.

5. HISTORIA Y SOCIOLOGÍA ANTE EL FENÓMENO «NACIÓN»

Algunas encuestas realizadas con la ayuda de mis alumnos me convencieron muy pronto de la inquietante vacilación del pensamiento histórico, y del sociológico, ante el fenómeno «nación».

Un estudio crítico del uso del vocabulario revela, en efecto, lo fácil que es poner en fichas un número impresionante de usos discutibles o claramente abusivos de las palabras «nación», «nacional», «nacionalismo», «patriotismo» o «patria». «Pueblo» no sirve apenas para nada más que para evitar repeticiones o para encubrir escrúpulos. «Estado» e «imperio» son términos mejor delimitados, pero raras veces se dice cómo viven y mueren los agrupamientos más espontáneos que recubren. Examinando desde las estructuras primitivas hasta los marcos romanos, desde la aportación de las «nacionalidades ambulantes» a los fundamentos de las divisiones feudales, desde éstas hasta las «nacionalidades provinciales», quién no ha rozado, sin verlos resueltos, aquellos problemas que Lucien Febvre —una vez más encontramos su pensamiento— había designado con los siguientes términos: «Si existiera verdaderamente una geografía histórica, el más alto problema que esta disciplina debería plantearse, sería sin duda el que plantean por su existencia misma las grandes naciones modernas».

Pues bien, la «voluntad de vivir juntos» de los franceses sigue originándose, según los autores (a veces en un mismo autor, y sin que se sepa exactamente en qué territorio), en las Federaciones, con Juana de Arco, en Bouvines, con el «patriotismo franco» o más lejos todavía: «No vacilo en pronunciar el término exacto de nación [...]», decía Camille Jullian a propósito de la Galia. No nos sorprendamos, pues, de que don Ramón Menéndez Pidal identifique la España del Siglo de Oro con la Hispania de san Isidoro, y don Américo Castro el «imperialismo francés» de Hugues de Cluny con el de Napoleón, en una página en que evoca el nacimiento de Portugal bajo el título insolente: ¡«A Portugal lo hacen independiente»! A la inversa, J. Calmette había hablado de «sentimiento nacional en la Marca Hispánica en el siglo IX», fórmula que sedujo primeramente a los historiadores catalanes, pero cuyo total anacronismo acaba de ser demostrado (si alguna falta hacía) por R. d’Abadal.

Los intentos para precisar este vocabulario no han logrado más que un éxito relativo. En 1927, el Centre de Synthèse, tras concebir el hermoso proyecto de unificar la terminología histórica, había puesto en su programa los términos «nacionalidad» y «nación». El informe de A. D. Toledano presentado en tal ocasión permite seguir «la vida del término», «la vida de la idea», pero sólo en el vocabulario culto. Las conclusiones históricas son vacilantes. «La nación», «solidaridad plenamente consciente», nos dicen, no puede aparecer «más que entre los pueblos más evolucionados». Pero, ¿qué quiere decir «evolucionado»?, y ¿qué es «pueblo»? Al afirmar A. D. Toledano, a propósito de la Europa occidental, que «fue hacia finales del siglo XV cuando estos pueblos adquirieron una consciencia algo clara de constituir una nación», ¿no parece admitir que constituían una nación antes de tener «plena consciencia» de ello? La noción de «naciones en estado virtual, bajo formas de organización social y política anteriores» (¿anteriores a qué?) nos remite a la cuestión de los fundamentos remotos de la «nacionalidad» y a las condiciones de estructura que implica la aparición de una «consciencia plena». La distinción es útil. Pero, ¿quién se ha preocupado de asumirla?

La discusión internacional en el Congreso de Oslo, en 1929, en torno al tema «La nacionalidad y la historia» puso sobre todo de manifiesto, según confesión de los propios partícipes, «una espesa trama de malentendidos» entre historiadores, M. Walek-Czernicki, encargado de estudiar los agrupamientos de la Antigüedad, señaló en los imperios orientales (Egipto, Babilonia) —en contra de la mayoría de las tesis admitidas— tipos perfectos de «nacionalidades cristalizadas en naciones-estados», negó el carácter nacional tanto a la Kulturnation como a la polis helénica, calificó el mundo romano de «antinacional», lo cual es obvio para el imperio, pero que no debiera hacernos olvidar el origen romano de toda ideología erudita de la patria.

Ante la misma asamblea, M. Handelsmann, encargado del informe sobre la Edad Media, planteó el problema en los siguientes términos: «Se trata de saber cuál era el papel de la consciencia nacional, del sentimiento nacional, de la solidaridad nacional, en el ámbito de una sociedad entera, en toda la extensión del estado futuro al que pertenecerá».

A juzgar por la expresión que hemos subrayado, su autor da la vuelta al problema, o lo considera resuelto. El proceder es típico de los historiadores «nacionalitarios». La encontraremos de nuevo en la historiografía catalana de la «Renaixença». Pero, en la medida en que nuestro trabajo es un estudio de agrupamiento, es justamente el sofisma lo que desearíamos evitar. Por añadidura, otra frase del informe bastaría para probar que esta encuesta internacional contribuyó más a poner de manifiesto la confusión terminológica que a liberarnos de ella: «Los estados o países, y por ende las naciones respectivas, no llevan más que los nombres de sus provincias principales».

Todo esto es muy viejo. Pero, ¿qué se ha hecho desde entonces? Quiero decir en el terreno de la sistematización, de la historia comparada. Porque no faltan historias particulares. Lo que falta es una problemática clara.

Después de haber centrado la reflexión sobre el problema de los «movimientos nacionales», hasta aproximadamente 1930, bajo la influencia del siglo XIX y del tratado de Versalles, los historiadores se han visto movidos a interesarse por el «nacionalismo»; en Chicago y en la Columbia University, en torno a C. Carlton Hayes y Ch.-E. Mirriam, funcionaron grupos in the making of citizens; después de la guerra, las obras Idea of Nationalism, de H. Kohn (1944), y Geschichte des Nationalismus in Europa, de E. Lemberg (1952), esbozaron unas síntesis. Pero en todos estos trabajos, «nación» y «nacionalismo» nos han parecido demasiado separados, mientras que ideología, sentimiento y «acción psicológica» se ven demasiado confundidos: H. Kohn, que se remonta muy atrás en la historia, se extiende ampliamente sobre el «no nacionalismo» de Dante y el «nacionalismo» de Maquiavelo, pero no dice nada de Florencia ni de Italia. Para épocas más cercanas, C. Carlton Hayes hace una descripción de la enseñanza chauvinista en la Francia de 1930 que en realidad corresponde a 1913, olvidando que el historiador tiene como tarea «fechar con precisión». Lemberg cita veinte veces a Maurras, pero deja ignorar los formidables cambios en las relaciones entre consciencia de clase y consciencia nacional acaecidos en Francia antes, durante y después de la última guerra. La imbricación entre conflictos internacionales y guerra civil universal le parece presagiar, es cierto, una «decadencia del nacionalismo»; pero no toma en consideración ni África ni Asia. A la inversa, Ernesto Sestan, en Stato e nazione nell’alto medioevo, tras haber planteado de manera notable el problema en toda su amplitud, se ve obligado a constatar que, para épocas lejanas como la alta Edad Media, alcanzamos a conocer nombres y estructuras políticas, pero excepcionalmente textos y prácticamente nunca psicologías. Ahora bien, el estudio del hecho «nación» es a la vez el estudio de una psicología y el de una estructura. En sus relaciones móviles, y remontando tan arriba como es posible reconstituir a partir de la documentación.

Por esta misma razón, la sociología no podría alcanzar el hecho «nación» más que a través de la historia. Si un manual de sociología política francesa, aparecido en 1950, pasa, en el estudio de la nación, entre la página 175 y la 176, del potlatch al discurso de Renan Qu’est-ce qu’une nation?, no es culpa del sociólogo. La culpa es de los historiadores, que no han llenado el vacío.

No obstante, si la sociología contemporánea se hubiera provisto de un método original de estudio en este terreno, el historiador no tendría derecho a desdeñarlo. Es posible que tal test, tal o cual procedimiento estadístico, tal o cual experiencia psicológica imaginados por el sociólogo, ofrezcan sugerencias útiles para el manejo de las fuentes, aunque la mayoría de estos procedimientos (encuestas orales, sociodramas) sean poco utilizables en el pasado, y aunque los «grupos» más rebeldes a su uso, en el terreno de la propia sociología, sean precisamente los «pueblos», las «nacionalidades», las «naciones». El análisis fenomenológico del «extranjero», el psicoanálisis del «patriota», tal vez no son inútiles para quien desea interrogar los textos, pero no pueden explicarnos por qué, en tal fecha o en tal lugar, la consciencia de grupo se desvanece o se exalta, se contenta con signos vagos de la comunidad o exige por el contrario su soberanía, su afirmación política, a veces con las armas en la mano. La capacidad de acción colectiva es, para el historiador, el mejor «test», el mejor «socio-drama». Y por su exigencia cronológica, la historia alcanza mejor que la sociología los criterios de origen, de formación.

Por eso la sociología moderna resulta aún más tímida y huidiza que la propia historia ante el hecho «nación».

G. Gurvitch, que proporciona de paso indicaciones de gran interés al distinguir los «nosotros», las «masas», las «comuniones», las «comunidades», los grupos «activos», los grupos «pasivos», se digna decir alguna cosa de las «minorías nacionales» (concebidas casi exclusivamente como minorías «lingüísticas»), pero en su clasificación de los grupos no figura la nación. Es verdad que por encima de los grupos rige una «sociedad global» aceptada por las «clases en el poder», mientras que las «clases sociales ascendentes» son reacias a su penetración, así como las clases «desplazadas del poder». Yo había pensado en 1950, al leer La vocation de la sociologie, que esta «sociedad global» era la nación, y que la dialéctica de las clases con respecto a la comunidad nacional, esbozada así por Georges Gurvitch, desembocaba en la teoría histórica de Halvdan Koht, e incluso tal vez en la teoría marxista de la nación. Pero en su Traité de sociologie, en 1959, G. Gurvitch traza el cuadro de las «sociedades globales»; y uno cae en la cuenta de que se trata, desde las «teocracias carismáticas» hasta la «sociedad planificada», de formas de estado. El rechazo de la sociedad global por tal o cual clase social sería pues un rechazo político, no un rechazo nacional. Y el hecho «nación» parece prácticamente olvidado en el conjunto de la clasificación sociológica.

Ocurría lo mismo, observémoslo, en otra sociología clasificadora, aún más desbordante de distinciones sutiles. En todo el System der allgemeinen Soziologie de Von Wiese, sólo el Volk merece un desarrollo bastante extenso; la «nación» no es mencionada más que dos veces, sin comentario, como «superación» (Übergang) del Volk. Equivale a reconocer a la vez la existencia de realidades lejanas, y un tanto vegetativas, y el hecho de que estas realidades puedan verse «superadas» en un estadio superior. Pero lo que constituye problema es, precisamente, por un lado esta geografía de las ascendencias lejanas, y por otro lado el porqué y la fecha de estas «superaciones».

La sociología de Von Gottl Ottlilienfeld, hacia la misma época (1933), inspiraba una obra que me interesó por su analogía con el propósito mismo de esta obra: Nationalitätfrage und Wirtschaftsleben; su autor, M. Weitzdörfer, explicitaba su intención de estudiar la influencia de las estructuras económicas sobre el problema de la minoría alemana de los sudetes; pero entre las consideraciones sociológicas abstractas de la introducción, las orientaciones políticas de la conclusión y la honesta exposición de «geografía económica y humana» del grueso del volumen, no hallé más que relaciones muy débiles. Ocurre que, en la realidad, las relaciones entre una estructura económica y un sentimiento de grupo no pueden captarse mediante una observación estática: su constitución ha sido histórica.

Podría decirse lo mismo de la noción sociológica llamada «personalidad de base», formulada por vez primera por Kardiner, que, sin embargo, proclamó su carácter histórico. Esta noción podía servir para el análisis del sentimiento del «nosotros» ante el extranjero, y de una determinada especificidad de carácter de los distintos grupos nacionales. Desgraciadamente, las «encuestas empíricas» realizadas o inspiradas por Kardiner tratan de los comanches, los habitantes de las islas Marquesas, los tanalas o los habitantes de una aldea del Middle West, o sobre el hombre «occidental». Y en la bibliografía elegida por Mikel Dufrenne sobre «la personalidad de base», no se encuentra, a propósito de las psicologías nacionales del mundo contemporáneo, más que un artículo de diez páginas sobre «El alemán antinazi»... La sociología huye ante los hechos históricamente determinantes. En cierto sentido, el aspecto nacional de la «personalidad de base» ha sido mejor definido por Américo Castro. Para él «ser español» es una vividura, una actitud vital. La hace remontar a una simbiosis original entre islamismo, judaísmo y cristianismo. La tesis es discutible y, aunque sostenida de modo brillante, está muy mal fundamentada. Pero por lo menos el problema está bien planteado: ¿por qué se es «español»?, ¿desde cuándo?, ¿qué significa serlo?

Nuestro grupo de estudios, decepcionado por las respuestas dadas habitualmente por la historia y la sociología a cuestiones de este orden, intentó abordar investigaciones más constructivas, orientadas en distintos sentidos:

a) Habría que reemprender la reunión de una serie abundante, estrictamente cronológica e internacional de textos que den testimonio del vocabulario de los agrupamientos (nombres propios y nombres comunes); apenas esbozada, una serie de esta especie reveló los acontecimientos y las coyunturas que dan origen a este vocabulario y lo modifican; pero para ampliarlo haría falta la ayuda de numerosos lingüistas.

b) La utilización comparativa de las monografías pone de manifiesto que los grandes textos literarios y políticos y la historia de las grandes naciones constituidas en estados, si bien han sido los que han llamado de modo preferente la atención de los historiadores del fenómeno «nación», en realidad son los casos de interpretación más difíciles. Tenemos más que aprender de los casos limitados, de los casos aberrantes, de los textos banales, pero reiterados, de las naciones muertas y de las que a duras penas han nacido, en suma, de las experiencias y contraexperiencias constituidas por las precocidades, las excepciones, los atrasos y las disipaciones, que de los logros monolíticos y de los pensadores originales. Episodios concretos como las rebeliones catalanas de 1640 o 1705, monografías provinciales como las de Lucien Febvre sobre el Franco-Condado o la de Lejeune sobre la región de Lieja (Naissance d’une patrie), investigaciones contemporáneas sobre Egipto, Marruecos, la India, China, Indonesia, Argelia, arrojan más luz sobre la génesis, la conservación, las extinciones y los renacimientos de las estructuras y de las psicologías nacionales que un «nacimiento de Francia» en la época oscura de las invasiones o una narración política más de «la unidad italiana».

c) En cambio, sobre las relaciones entre unidades económicas y unidades nacionales valía la pena volver a abordar ciertas cuestiones importantes. Impresionado por la identificación brutal que ciertos textos españoles del siglo XIX establecían entre «trabajo nacional» e «interés nacional», y, concretamente, entre «proteccionismo» y «patria», nos pusimos a buscar las equivalencias no sólo en los grandes textos, sino también en los ecos secundarios, en los «textosserie», proporcionados por la historia de la Zollverein; y las encontramos. Así, entre la negación de Renan y la caricatura de Fallersleben, hay lugar, en las antípodas del economicismo puro, para la muy flexible fórmula marxista: «el mercado es la primera escuela en la que la burguesía aprende el nacionalismo».

Pues bien, unas relaciones semejantes, tan complejas y no menos sólidas que éstas, arrojan luz sobre el episodio más remoto a partir del cual logran constituirse los tres grandes estados-nación de la historia europea moderna: España, Inglaterra, Francia. Me refiero al mercantilismo. Heckscher ha dejado España de lado, pese a ser el caso tal vez más significativo, tanto por el hundimiento final como por el arranque fulminante del siglo XV. Por esto Heckscher no se ha librado de la costumbre de definir el mercantilismo inglés y francés mediante los administradores y los políticos, lo cual permite remitirlo al simple interés del «príncipe»; pero basta con evocar las instancias corporativas, colectivas, las voces de los mercaderes, de los negociantes —a veces grandes economistas, como Cantillon—, y la perspectiva se modifica. Entonces se ve cómo se afirma no un personal administrativo, sino una clase dirigente y, precisamente en virtud de esto, se ve cómo se afirma tanto un «estado» como una «nación». Naturalmente, no es forzoso que las fórmulas más expresivas procedan de las experiencias más logradas. Los administradores y los teóricos hacen afirmaciones a veces tanto más violentas, y sueños tanto más grandiosos, cuanto menos son las fuerzas que sienten tener bajo sus pies. Von Hörnigk, mercantilista austríaco, es quien expresa, en el título de su tratado, la identificación más curiosa entre mercantilismo y nacionalismo: Österreich über alles, wann es nur will.

Del examen del mercantilismo se desprende otra verdad. La realidad monetaria es lo más fuerte entre los datos y los medios ofrecidos a los mercantilistas, ya sean hombres de acción, estadistas o teóricos. Más que la reglamentación o la protección, simboliza la unidad e interesa a la economía del grupo. La unificación monetaria francesa se termina más o menos en los tiempos de la ordenanza de Villers-Cotterets. La autonomía monetaria de los antiguos reinos aragoneses es la grieta más profunda en la unidad española: aísla a Castilla sometiéndola, prácticamente sola, a los efectos de la inflación del vellón; antes de 1640, Cataluña podrá esbozar un renacimiento y establecer por sus medios propios una estabilidad monetaria en el mismo momento en que España decae.

d) La definición y la clasificación de las fuentes, en materia de sociología histórica de la nación, nos ha parecido también objeto de meditación útil. Toda bibliografía sobre el tema distinguirá entre estudios histórico-sociológicos objetivos y publicaciones abiertamente inspiradas por alguna corriente ideológica o sentimental. Por un lado los «trabajos», por otro las «fuentes». Por un lado la confianza en el sabio; por el otro la crítica al partidista.

Pero, ¿es tan clara la distinción? Si clasificáramos cronológicamente «fuentes» y «trabajos», pronto nos apercibiríamos de que éstos igual que aquéllas, se agrupan en torno a ciertas fechas críticas. Son pocos los que están por encima de toda sospecha de haber sido «obras de circunstancia». Fustel, Renan, Jullian, Hauser, Aulard, Meillet, Marcel Mauss han hablado de «nación» en una Francia herida, en lucha, y luego vencedora. ¿Es esto indiferente? Lejeune ha reconstruido en cautividad la «patria de Lieja» (luego critica a su maestro Pirenne en nombre de Europa). Kohn no escapó a la atmósfera americana de 1943, ni Lemberg a la atmósfera alemana de 1950. Y si los trabajos de congresos se sustraen más al peso de los acontecimientos, hemos visto también cómo autores polacos, ante la Edad Media o la Antigüedad, ceden siempre a sus inclinaciones nacionalitarias.

La reflexión de una nación sobre sí misma, en todo caso, es señal de desgracia, de peligro, de opresión, de amenaza pendiente sobre el grupo. La pasión de meditación de España sobre sí misma después de 1600, de 1898, de 1939, marca la gran historia de una consciencia desgraciada. ¿Y qué sabríamos del pasado de los grupos sin las polémicas de esos conflictos, de esos «renacimientos» capaces, por supuesto, de falsear el pasado, pero también de sacudir muy fecundamente las versiones históricas oficiales? La historiografía avanza, como la historia, por negaciones y afirmaciones.

Concluyamos que, en el terreno que estamos tratando, no hay «tesis» erudita que no se funde en la crítica de las fuentes. Mientras que tal o cual rasgo histórico perfectamente «objetivo» puede proceder de una literatura eminentemente «subjetiva». Así pues, en lo que respecta a nuestro «hecho catalán», la honesta tesis de derecho de Lesaffre, orientada desde el comienzo en torno a temas maurrasianos y felibres, constata sin interpretar, mientras que el catalanista militante Prat de la Riba es un verdadero teórico del paso del regionalismo al nacionalismo. Pues bien, no hay bibliografía de los movimientos autonomistas que olvide a Lesaffre. Y en cambio, ¿cuántas obras sobre la «nación» se han ocupado de Prat de la Riba? La teoría más significativa es la que sale de la acción.

e) El estudio de los agrupamientos cronológicos significativos puede considerarse, pues, esencial en la historia de los hechos ideológicos. La historia ideológica de los hechos nacionales no puede ignorar las floraciones de temas emparentados que invaden bruscamente la literatura económica, política, filosófica, indicando inquietudes comunes.

Comprobaremos, por ejemplo, una veleidad de renacimiento entre 1680 y 1710 en Cataluña, que se expresa a la vez a través de los hechos, de los textos, de las iniciativas materiales, y toda una gama de matices en el patriotismo, muy instructiva para las relaciones entre grupo catalán y grupo español; y se trata precisamente de la época de la «crisis de la consciencia europea», en que pueden rastrearse en Inglaterra y en Francia, bajo aspectos muy diversos, crisis de estructura interna, descubrimientos intelectuales (en el dominio económico en particular), con meditaciones muy importantes sobre las relaciones entre el estado y los ciudadanos, el Príncipe y su pueblo, la noción misma de «patriotismo».

Otro ejemplo de estas cristalizaciones puede estudiarse en el curso de la vela de armas de 1904-1913: la teoría catalana de Prat de la Riba, a la que hemos aludido, corresponde a 1906; contiene, por otra parte, referencias precisas al imperialismo de Theodore Roosevelt y de Chamberlain. Pero debe ser colocada también de nuevo en un conjunto de obras y en una atmósfera intelectual en que el grupo «nación» —y a veces simplemente el «grupo» se ve sometido unas veces a la mixtificación, otras al análisis histórico. En Francia, Lemberg no ve entonces más que el «nacionalismo integral», Barrès y Maurras; olvida a Péguy, Jaurès, Durkheim, cuya sociedad divinizada toma contornos concretos en los hechos, puesto que es la época en que la escuela pública francesa inaugura un verdadero culto a la patria; una pequeña burguesía, desorientada por el vacío religioso percibido repentinamente, crea el tema difuso de la deificación del grupo; en 1907, La vie unanime de Jules Romains hace curiosamente eco a los «buscadores de Dios» rusos, Bogdanov y Lunacharski, cuya desviación será denunciada en 1909 por Lenin. En Alemania, en 1907, Meinecke formula de manera precisa los términos de Staatsnation y Kulturnation en su obra Weltbürgertum und Nationalstaat; en 1912 la Deutsche Gesellschaft für Soziologie dedica a la nación unas jornadas de estudio, en las que Weber y Tönnies formulan ocasionalmente indicaciones menos imprecisas que en sus primeras obras. Pero es también el momento en que la universidad alemana, que durante mucho tiempo había puesto mala cara a Tönnies, descubre las virtudes de la oposición Gemeinschaft-Gesellschaft. Casi en todas partes se deja sentir un deslizamiento desde el racionalismo burgués hacia el misticismo sociológico. Fácilmente podrían descubrirse en este proceso ciertos gérmenes de los futuros fascismos.

Ahora bien, en el curso de los mismos años, en Viena y en el mundo eslavo-balcánico, la controversia en torno al Bund judío divide a la socialdemocracia. Frente a Bauer, Stalin da en 1913 la conclusión de una elaboración teórica que había esbozado a partir de 1904, a los veinticinco años. Como que se trata del fundamento teórico de la edificación de la URSS y de los nacionalismos revolucionarios mundiales, es preciso situar en la década que precede inmediatamente a la primera guerra mundial el episodio central que debería aclarar todo estudio histórico-sociológico del concepto «nación» en el siglo XX.

f) La teoría marxista de la nación merece, por lo demás, ser examinada no sólo por su papel, enorme a partir de 1917, sino por sí misma, puesto que es una teoría histórica del hecho «nación», sin equivalente, como hemos visto. Ya no es posible, después de la tesis de S. Frank Bloom (Columbia, 1941), repetir, como a menudo se había hecho, que Marx y Engels habían «negado» la nación, manifestándose nacionalistas alemanes cuando les interesaba. Bloom destacó una serie de textos que expresan con exactitud, en Marx y Engels, lo esencial de las posiciones sistematizadas más tarde por Lenin y sobre todo Stalin: «La nación es una comunidad estable, históricamente constituida, de lengua, de territorio, de vida económica y de formación psíquica, que se traduce por una comunidad de cultura». «La nación es una categoría histórica, y es una categoría histórica de una época determinada, la del capitalismo ascendente». «La cuestión nacional, en las distintas épocas, sirve intereses distintos, toma matices distintos, en función de la clase que la plantea. y del momento en que la plantea.»

La dificultad, en la combinación de las tres fórmulas, estriba en vincular una «formidable estabilidad», que define la permanencia, en un territorio determinado, de solidaridades materiales, de hechos lingüísticos, de semejanzas psicológicas, con la noción de «categoría histórica» reciente, ligada tan sólo al ascenso del capitalismo.

Es la tercera fórmula la que muestra, en la estabilidad remota del grupo y en la consciencia de comunidad, más o menos clara, que supone, un marco y un instrumento utilizados sucesivamente por varias clases sociales para asentar una dominación política efectiva, o por lo menos para reivindicarla.

Pero, naturalmente, la teoría marxista de la nación se interroga sobre todo acerca del presente y del porvenir, acerca del relevo de la burguesía por el proletariado en la exigencia de dirección de los grupos.

Con mucha independencia de esta preocupación —pero no de esta línea de pensamiento, sin duda— el historiador noruego Halvdan Koht, entre 1910 y 1950, no ha dejado de sostener, a propósito de un pasado más lejano y con textos en la mano, apoyándose en particular en la historia de la Edad Media escandinava, que «la ascensión sucesiva de las clases sociales es uno de los factores más importantes en la formación de una sociedad nacional».

Bajo esta forma a la vez general, flexible y prudente, veremos que las hipótesis de trabajo más eficaces, en el curso de nuestro ensayo sobre las relaciones entre grupo catalán y grupo español, nos vendrán proporcionadas por esta noción: la relación dialéctica entre el relevo de unas clases sociales por otras en las aspiraciones políticas y, por otra parte, la formación de los grupos con fuerte consciencia de comunidad. Esta formación, siendo histórica, es a la vez progresiva y condicionada. El agrupamiento no es «eterno». Y en el acceso a las formas políticas modernas, puede tener éxito, fracasar, desaparecer o renacer. Depende de las condiciones internas y externas de su desarrollo. El problema de los agrupamientos no puede separarse del problema de los crecimientos.

g) En este análisis simultáneo, la única manera de plantear bien cronológicamente las condiciones de una investigación eficaz nos ha parecido ser un procedimiento retrospectivo. Consiste en ir de lo conocido a lo desconocido, del presente al pasado, del hoy al ayer y luego al anteayer, registrando las fechas de aparición de las palabras, de las nociones y de las actitudes.

He dado primero, en una exposición preparatoria, el ejemplo de un enfoque de esta clase.

Partiendo de hechos directamente observados —una consciencia de grupo políticamente traducida en exigencia de autonomía por lo menos, y de soberanía tal vez—, busqué, remontándome por los siglos XX y XIX, los cortes cronológicos donde existe tal exigencia, aquellos en que no existe o se expresa con menos fuerza, aquellos en que la consciencia de grupo se manifiesta de otra manera y aquellos en que esta consciencia misma parece desvanecida.

Cada etapa así reconstituida corresponde a un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas materiales y espirituales de la región, y este nivel implica a su vez un determinado tipo de relaciones entre clases dirigentes de Cataluña y personal político de Madrid, armazón del estado español.

Estos antecedentes relativamente próximos del «problema catalán» contemporáneo sugieren que se aplique este método de observación a los fundamentos más antiguos de la comunidad catalana, de las rebeliones del siglo XVII a la decadencia del siglo XVI y a los orígenes de la potencia política medieval.

De hito en hito, esta revisión retrospectiva establecerá las hipótesis fundamentales que la obra, replanteando el problema en un orden lógico y cronológico, se encargará de verificar.

Introducción

ESPAÑA Y CATALUÑA

Examen retrospectivo de las relaciones entre los dos agrupamientos

1. LA CONSCIENCIA DE GRUPO: UNA CONSTATACIÓN SOCIOLÓGICA

Que unos particularismos, latentes en la España del siglo XIX, hayan evolucionado poco a poco hacia unos «nacionalismos» que amenazan el viejo edificio fundado por Isabel y Fernando, es sin duda el hecho con más frecuencia mal interpretado en la historia de la España contemporánea. En España como consecuencia de inevitables pasiones. En Francia a causa de una actitud mental originada por una estructura nacional sólidamente cimentada desde la Revolución. Los franceses, propensos a tomar las naciones como hechos naturales confirmados por la presencia de estados, han considerado siempre la existencia de Portugal como algo ligado a la geografía de la Península, mientras que la idea de una «nación» catalana o vasca les sorprende con tanto mayor motivo cuanto que la presencia de vascos y de catalanes en territorio francés no ha parecido poner en entredicho hasta los años 1960 la unidad política de éste.

Sea o no acertada esta idea, y con independencia de lo que se pueda invocar a favor o en contra de su justificación, ha desempeñado un papel tal en la España del siglo XX que, sin ella, no se comprendería nada de los acontecimientos de 1906, 1909, 1917, 1923, 1934, 1936. Es verdad que los particularismos hispánicos no entraron más que tardíamente por el camino de la eficacia política. Pero un desfase cronológico, un fracaso tanto como un éxito, conllevan lecciones para el historiador. España, estado unificado, de estructura antigua y apariencia sólida, ha tendido, bajo la influencia de los «renacimientos» nacionales del siglo pasado, a disgregarse como los imperios incoherentes de la Europa central y oriental y a dejar revivir unos recuerdos políticos medievales, en el momento mismo en que los viejos reinos alemanes o las gloriosas ciudades italianas acababan de fundirse en estados modernos. Contraexperiencia curiosa.

Fue precisamente esta experiencia lo que me fue dado vivir, con ocasión de mi primera estancia en la región catalana, en 1927.

Añado, para resaltar la «ingenuidad» de mi testimonio, que no llevaba por anticipado ninguna idea preconcebida sobre el «catalanismo», y que éste no era, como ya he dicho, el objeto que me proponía estudiar.

Del particularismo catalán no conocía gran cosa más que el aspecto literario, emparentado al «felibrige» de nuestras tierras meridionales. Sabía que cierta autonomía administrativa, concedida a Cataluña en 1912, había sido suprimida por el Directorio del general Primo de Rivera, y que recientemente, en 1926, un grupo de conspiradores había cruzado la frontera en Prats de Molló para tratar de levantar Cataluña. Pero aquel complot de poetas y de jóvenes, en torno a una figura romántica de viejo militar, había parecido a los franceses un vestigio anacrónico de garibaldismo. Por añadidura, el año 1927 señalaba el apogeo del régimen del directorio español. Yo llegaba a un país con fama de próspero, donde reinaba por vez primera desde hacía tiempo, según decían, un «orden» perfecto. Pero las primeras ojeadas sobre el mundo barcelonés me revelaron en seguida, sin haberlo buscado, una realidad diferente a la que exponían orgullosamente los optimismos oficiales. Realidad de orden psicológico, pero muy chocante, que me obligó a considerar bajo una nueva luz lo que se denominaba «catalanismo» o «autonomismo» de los catalanes.

Fue en los medios intelectuales donde se me reveló este movimiento y donde revestía la forma más perceptible.

Yo vivía en una «residencia de estudiantes» modesta, no oficial, donde se alojaban muchos extranjeros, pero que constituía un buen centro de observación para ver cómo vivía y pensaba la intelligentsia del país, por ser vestigio de las realizaciones de la Mancomunitat de 1912. Escritores, poetas, universitarios, mezclados o no en la política, un Pompeu Fabra, renovador de la lengua catalana, un Nicolau d’Olwer, helenista, medievalista y jefe de partido, un Millàs Vallicrosa, historiador de la ciencia hebraica, frecuentaban aquella casa, cuyo director era Miguel Ferrà, mallorquín erudito y poeta encantador. Allí se iniciaba uno muy de prisa a la vida de algunos órganos esenciales de la Cataluña intelectual y descubría uno en seguida la importancia casi exclusiva de la idea catalana como motor espiritual de toda una colectividad.

Primer punto: en todos estos medios el castellano era relegado voluntariamente, pero espontáneamente, con naturalidad, al rango de lengua extranjera; en la residencia no se empleaba de buena gana más que con los huéspedes iberoamericanos. Con los demás extranjeros se prefería el francés o el inglés como lengua de relación común. Hecho más importante aún: la prensa era catalana. La Veu de Catalunya, La Publicitat, Revista de Catalunya, Dia de Mallorca eran la lectura de cada día. Se sabía que sus redactores dirimían contra la censura un combate sordo, y pese a las penas que caían sobre ellos, cuya benignidad hace hoy sonreír, esta prensa conservaba su influencia y aun la ampliaba.

En la conversación, igual que en esta prensa, se reservaba un lugar escogido a las artes, al folklore, a la historia. Yo descubría que una poesía catalana moderna, elegante, tomaba el relevo del renaixement romántico, preservando la literatura regional del envejecimiento sufrido por el «felibrige» ultrapirenaico. Admiraba la pasión del baile y el frescor de las canciones. Descubría —para vergüenza mía, pero ¿a cuántos franceses no les habría debido ocurrir lo mismo?— que unos hechos históricos para mí oscuros, el «compromiso de Caspe» de 1412, la revuelta de los «Segadors» de 1640, la toma de Barcelona por los soldados de Felipe V, podían ser para unos hombres vivos unas evocaciones dolorosas, que la conversación vinculaba sin cesar a los acontecimientos próximos: la represión del general Martínez Anido, el complot del coronel Macià. Mi procedencia de Montpellier me valían palabras de fraternidad, en memoria de Jaime el Conquistador. Fue este sentimiento vivo de la historia, al comienzo, lo que puso de manifiesto ante mis ojos una personalidad de grupo.

Pronto me apercibí de otros signos, más graves para la unidad española: el interés manifestado por mis huéspedes por todo movimiento de «minoría»; una joven irlandesa, esperada con impaciencia, decepcionó por su indiferencia ante el hecho político; sobre todo, comprobé el rechazo de todo españolismo en el arte y en las costumbres; tal o cual amigo, que se exaltaba con un fervor casi religioso ante cualquier sardana bailada en cualquier encrucijada, no admitía que un extranjero buscara en Barcelona la atmósfera de las corridas y de los «tablaos» andaluces, muy populares, sin embargo, en los barrios de inmigrados. Declarar el encanto sentido ante un espectáculo español, una recepción oficial o una simpatía castellana, provocaba siempre un clima de incomodidad en aquellos pequeños círculos tan liberales, tan abiertos en torno a todos los restantes temas. No se comprendía, como algunos me confesaban, la ausencia de exclusivismo hacia las letras parisienses o castellanas manifestada por los catalanizantes franceses Josep-Sebastià Pons o Joan Camp. Recuerdo la frialdad, la ironía entristecidas con que fue acogido en la residencia un célebre escritor, antaño amigo de la casa, pero cuya carrera intelectual, inaugurada en las letras catalanas, acababa de hallar su coronación, bajo Primo de Rivera, en la Academia de Madrid; «Xènius» ya no era más que don Eugenio d’Ors; durante cuatro días desplegó, ante un auditorio silencioso, brillantes paradojas sobre la Italia mussoliniana, de donde acababa de llegar; desde su partida se sugirió que a su abandono del catalanismo seguirían otros pecados contra el espíritu, ¡profecía que los acontecimientos de los años subsiguientes no me hicieron olvidar!

¿No debía tacharse de estrechez una susceptibilidad, una altivez tan recelosa? Su justificación residía menos en los talentos individuales (en Madrid tampoco faltaban) que en una obra colectiva cuyo impulso regional había sido visiblemente lo único que había permitido su edificación, a menudo contra el estado español.

El Institut d’Estudis Catalans, su biblioteca, sus secciones de arqueología y de historia, rivales aplastantes de la universidad estatal, la fundación «Bernat Metge» de edición de textos, que establecía con erudición y traducía al catalán todos los grandes clásicos, los archivos barceloneses, instalados con amor, las publicaciones folklóricas y geográficas del mecenas Patxot, las del Centre Excursionista, club alpino catalán, cuya acción sobre la opinión y sobre la juventud recordaba la de las instituciones deportivas de la Europa central, los esfuerzos científicos y cartográficos de la Mancomunitat de 1912, interrumpidos por su supresión, como había ocurrido con el despido colectivo del profesorado de su Escola del Treball y de su Institut d’Orientació Professional; por último, en el orden artístico, la obra de un Lluís Millet y de un Pau Casals, que culminaban en los inolvidables conciertos del Orfeó Català, donde la interpretación apasionada del canto popular se alternaba con la de Beethoven y la de Bach. ¡Cuántos nombres amigos, desde entonces, se vinculan para mí con cada uno de estos lugares de erudición, de arte y de cultura! Pues bien, la idea catalana, sin la menor duda, penetraba incesantemente estas manifestaciones y estas creaciones, como lo había hecho, en el siglo XIX, la idea «nacional» en tantos otros «renacimientos» europeos.

El fenómeno era tanto más impresionante cuanto que la atmósfera política desfavorable obligaba a que su exteriorización fuera más discreta. A veces, no obstante, se captaba alguna nota más vivaz. En las audiciones del Orfeó, El cant de la Senyera, el canto de la bandera con los colores catalanes, sucedáneo del himno Els Segadors prohibido, era escuchado de pie, con los ojos llenos de lágrimas, por un entero auditorio vibrante.

Con todo, se podían abrigar algunas dudas, y se podía sonreír a veces, ante el hecho de encontrar los mismos hombres en los mismos lugares, ante la limitación de espacio donde hervía aquella exaltación intelectual. Quedaba por verificar que la psicología de grupo así observada no se limitaba a una idea fija de capillita, sino que penetraba en otras capas, inspiraba a otros dirigentes, ponía en pie masas bastante profundas.

En particular, ¿compartían la psicología particularista los dirigentes de la economía, las clases poseedoras y empresariales? La investigación que como aprendiz de geógrafo había ido yo a realizar sobre la vida industrial de la región me permitía justamente hacer la prueba.

Pues bien, entre los rasgos sorprendentes, divertidos a veces, de los medios económicamente dirigentes, pronto me parecieron figurar los lazos continuamente perceptibles entre estos medios y el movimiento intelectual. Entre los que visité, industriales, comerciantes de cierta importancia, raros eran los que no fuesen poetas o folkloristas, escritores o pintores, o los que no frecuentasen el Ateneu. Y como que estaban muy predispuestos a colocar sus aficiones o su mecenazgo por encima de su actividad económica o de su técnica, sus temas de conversación pronto coincidían con los de mis amigos universitarios o historiadores. El secretario de la Unión Metalúrgica era el poeta Alexandre Plana; el de la Federación Textil, Carles Pi i Sunyer, futuro ministro de la República y futuro alcalde de Barcelona, escribía sus admirables ensayos sobre «las aptitudes económicas» de su país, cuyas notas eruditas eran para mí valiosísimas. En la Cámara de Comercio, Bartomeu Amengual entremezclaba citas románticas con sus pertinentes observaciones sobre el Puerto Franco. Y a la inversa, yo sabía que el filólogo Pompeu Fabra tenía título de ingeniero, que el arquitecto Puig i Cadafalch, arqueólogo de fama mundial, había presidido la Mancomunitat en nombre de un partido «regionalista» cuyos vínculos con la alta burguesía no se ocultaban, que el historiador del derecho Valls i Taberner, director del Archivo de la Corona de Aragón, político «regionalista» también, estaba ligado por vínculos familiares a la industria de las zonas montañosas de Cataluña, de la que no se daba de menos informarme. Así pues, el «catalanismo» intelectual no podía separarse de la opinión, de la acción de las clases materialmente influyentes. Alimentaba con argumentos históricos y sentimentales la consciencia de una oposición, cuya organización política ya se había puesto a prueba y de la cual no faltaban los agravios colectivos de interés, sentidos y proclamados de modo más o menos claro.

¿Se daban estos agravios en 1927? Para convencerse de ello bastaba con hojear revistas corporativas y boletines financieros, cuyos inspiradores no disimulaban en absoluto, y varios de los cuales subrayaban, con su redacción en catalán, el aspecto regional. Entonces, como tantas otras veces en el pasado, los que se calificaban orgullosamente de «fuerzas vivas» de la «producción nacional» —los industriales catalanes— consideraban de modo visible que sus intereses estaban postergados, e incluso tal vez amenazados, por la política efectuada desde Madrid.

Sin duda (volveremos sobre este punto) estas mismas «fuerzas vivas» habían deseado, y finalmente favorecido, el advenimiento de un dictador en 1923, en el curso de un combate social terrible. Pero he aquí que desde su llegada al poder el dictador, un militar andaluz, más sensible a los intereses agrarios que a las aspiraciones de los industriales, tomaba medidas sin consultar (o sin escuchar) a los portavoces de las clases dirigentes de Cataluña. Exigía un esfuerzo financiero, y la región más activa pagaba por las menos activas. Obligado a cierta demagogia, imponía leyes sociales, como la limitación del trabajo nocturno de las mujeres, que molestaban a las empresas marginales catalanas (fábricas de montaña, factorías mal equipadas). Anunciaba su intención de desconcentrar la actividad industrial española, o de favorecer a los puertos andaluces, en compensación de lo cual el ofrecimiento de devolver a Barcelona un papel importante en el tránsito internacional parecía justificadamente quimérico a los negociantes de la región, gente muy ligada a tradiciones ya probadas y muy realista. Es fácil comprender por qué las voces autorizadas de los intereses catalanes, con toda la prudencia exigida en una prensa semioficial, traducían un desacuerdo continuo entre el poder de Madrid y los deseos, precisos o confusos, de aquellas dinastías de industriales y de comerciantes, fundadas en el siglo pasado, que no habían alcanzado una gran envergadura, pero que se distinguían por su probidad, su resistencia y su capacidad de unir a la región entera, desde el corazón de Barcelona hasta lo más remoto de los Pirineos, en una red de voluntades resueltamente solidarias.

Añadamos que entre esa red y algunas grandes empresas modernas (Pirelli, Siemens, Hispano-Suiza), vinculadas casi todas al capital extranjero, no se intercalaba más que una fracción desdeñable de intereses ligados al centro español. Y si alguna personalidad financiera parecía dominar el edificio —y rebasar incluso el marco español por sus lazos sudamericanos— era la de Francesc Cambó, que, precisamente, había confundido durante mucho tiempo su destino con la historia misma del catalanismo, lo cual no dejaba de ser bastante sorprendente. Naturalmente, Cambó sentía ya la desconfianza de los catalanistas intransigentes y de la opinión popular por sus responsabilidades ministeriales de 1918 y sus compromisos de 1923. Pero el prestigio del hombre, que había vuelto a una posición independiente de Madrid, y casi de oposición, seguía siendo considerable. Las vertientes distintas del catalanismo, económica, política e intelectual, se agrupaban aún bajo su égida, en el gran edificio de la Vía Layetana. Los hombres de su grupo, Ventosa Calvell, Duran Ventosa, Vidal Guardiola, encarnaban intereses regionales precisos. Semanarios económicos, diarios políticos se redactaban bajo su inspiración solidaria. Un partido, el más viejo de los partidos catalanes, la Lliga Regionalista, aunque oficialmente inactivo, conservaba este estado mayor en torno al periódico La Veu. Este partido controlaba, más allá de la grande y media burguesía catalana, una parte de la opinión católica y de la masa campesina, gracias a las «ligas espirituales» y al clero. Era sabido que Cambó financiaba personalmente la fundación Bernat Metge de edición de textos y la cátedra de arte catalán instituida en la Sorbona. El movimiento político «regionalista», la intelligentsia catalana y las capas económicamente dirigentes estaban, pues, cogidos en una red de dependencias recíprocas, de las cuales convenía precisar los matices y poner a prueba la solidez.

¿Significaba esto, como querían sugerírmelo ciertas conversaciones —sobre todo las que se inspiraban en Castilla o entre los revolucionarios anarquizantes—, que el catalanismo representaba exclusivamente intereses burgueses? ¿Y que sus jefes, como había dicho ya Unamuno acusadoramente, estarían dispuestos a vender «su alma por un arancel»?

Pronto descubrí en las clases medias y populares los orígenes diversos de una actitud común.

Una verdad, por lo menos, se hacía evidente en las tiendas, en los trenes, en los juegos infantiles y los cantos de iglesia: el catalán era realmente la lengua del pueblo. ¡Qué contraste, para mí, con el sur de Francia, donde cada generación marca un encogimiento no sólo del uso, sino también del conocimiento de las lenguas de oc! No es que fuera imposible, en la Cataluña española, conversar en castellano, incluso en lo remoto de las zonas rurales: no se trataba, pues, de aislamiento, de evolución atrasada. Pero en todas partes la reacción de dos catalanes, fueran cuales fueran sus orígenes, su clase o su edad, era la de hablarse en catalán, y nunca en otra lengua. Más tarde pude evaluar hasta qué punto la prensa, el teatro, las ediciones populares habían servido para mantener, para unificar, para depurar esta lengua. Estuve más sorprendido, de buenas a primeras, de ver cómo los temas de historia caros al catalanismo circulaban mucho más allá de los círculos universitarios e intelectuales, y de escuchar cómo mi sastre me recordaba las glorias medievales de Montpellier en términos parecidos a los usados por mis compañeros de la residencia. Pronto me enteré del gusto apasionado por la instrucción y las lecturas serias que aseguraba la amplia audiencia de los periodistas y escritores.

La capital y sus alrededores, bien es verdad, estaban en parte poblados de trabajadores no catalanes. Pero las pequeñas ciudades industriales y las fábricas aisladas tenían una mano de obra más estable y más regional. En Reus, Vilafranca, Igualada, Manresa, Vic, Torelló, Manlleu, Palamós, Palafrugell, los límites entre campesinos, comerciantes, pequeños patronos y clase obrera se difuminaban, dando un tono a la vez variado y uniforme a las cooperativas vitícolas, a los «Ateneos obreros», a las «Bibliotecas populares» abundantes y con numeroso público, a los círculos de industriales modestos, curtidores, tejedores, fabricantes de papel, de conservas o de tapones, todos de psicología simple y popular, todos igualmente penetrados de la atmósfera «catalanista», entendiendo por ella un espíritu de oposición aquí violento y allá irónico, un hábito de reivindicación sentimental e histórica mezclado con los motivos prácticos de descontento más insignificantes y pasajeros. Entre los campesinos aislados de las masías y de las aldeas de montaña faltaban ocasiones para observar la vida colectiva; sin embargo, la conversación más breve descubría pronto, en las costumbres familiares y las reacciones individuales, la misma actitud.

En los orígenes de esta comunidad se intuían, según los medios considerados, tradiciones muy diversas.

Unas eran religiosas, como la veneración a la Virgen de Montserrat o a san Jorge, casi mensurable estadísticamente por la extensión de estos nombres de pila. El bajo clero, el clero intelectual e incluso, en el siglo XIX, el alto clero, habían fomentado sistemáticamente esa asociación de las tradiciones religiosas con el particularismo. Y sería curioso investigar, mediante una búsqueda ceñida, cuál de ambas sensibilidades fue invocada primero en ayuda de la otra. Lo que podía afirmarse poco antes de 1930 es que se había logrado un resultado: por una parte, que familias sin religión se emocionaran al escuchar cánticos; y por otra, que pronto la devoción patriótica iba a mover a viejas campesinas y a buenos sacerdotes a dar sus votos a un partido anticlerical pero más resueltamente catalán. Esta es la razón por la cual un día, a los ojos de los franceses, la oposición democrática catalana iba a poder simbolizarse, gracias al poema de Aragon, mediante la sardana La Santa Espina, y en la noche del 6 de octubre de 1934, el llamamiento a las armas lanzado a los campesinos por la Esquerra anticlerical iba a emitirse por radio en compañía del Virolai a la Moreneta, cántico a la Virgen de Montserrat.

A la inversa —y a veces de manera coincidente, como en 1848—, tradiciones liberal-revolucionarias sustentan el deseo de independencia del grupo, en el campo, entre los viticultores del llano, revoltosos como los del sur de Francia, y sobre todo entre las muchedumbres de las grandes ciudades. En un cine del centro de Barcelona sorprendí un día, durante la proyección del Napoleón de Abel Gance, la emoción espontánea producida por la aparición en la pantalla de la sesión de la Convención y, sobre todo, por las notas de La Marsellesa, que el público acompañó susurrando en catalán.

Supe que estas aspiraciones nacional-revolucionarias de las capas medias se sostenían en organizaciones poderosas: los empleados barceloneses, numerosos y muy explotados, tenían un sindicato en potencia llamado Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), con jefes que, como Jaume Compte, acababan de participar en las formas más audaces de oposición, con motivo del atentado de Garraf contra el rey. En los campos, la organización de los campesinos partidarios de la reforma de los contratos de rabassa (contrato vitícola tradicional), la Unió de Rabassaires i Altres Cultivadors del Camp, había nacido, en 1921, a la vez en virtud de una cuestión social y de una afirmación nacional.

Sin embargo, externamente, en aquellos últimos años de la Dictadura, estas modestas muchedumbres barcelonesas parecían compartir sobre todo el romanticismo folklórico de los intelectuales. Viéndolas cantar en orfeones o bailar sardanas, las percibía igual que lo había hecho en otro tiempo Jules Romains, en unos años agitados, contra lo que pudiera parecer, cosa que —por otra parte— invitaba a someter las apariencias a crítica:

Sur la place d’un faubourg poudreux,

Entre la gare et l’arrêt du tram,

Des employés de grands magasins,

Des ouvriers de grandes usines,

Dansaient, les bras liés en couronne [ ... ]

Ils avaient leurs vestons du dimanche,

De jolies cravates à système,

Des cols bleutés en celluloïd [ ... ]

Ciertamente, no había por qué desdeñarlos, puesto que formaban, como ya he dicho, desde los pueblos hasta los suburbios, la masa popular más compacta.

Pero, ¿podía confundírseles con la masa obrera propiamente dicha, con el proletariado industrial cuyo peso se adivinaba también?

¿Compartía o no ese proletariado el estado de ánimo general henchido de «catalanismo»? ¿Formaba parte del movimiento regional? ¿O había que excluirlo de él, oponerle a él quizás? No era nada fácil contestar a estos interrogantes mediante una investigación directa, en unos momentos en que el movimiento obrero no podía expresarse más que ilegalmente.

A priori dos hechos invitaban a imaginar una oposición entre mundo obrero barcelonés y actitud catalanista: por una parte, la presencia, alrededor de la ciudad y en sus barrios pobres, de unos 200.000 obreros no catalanes; por otra parte, la influencia sin duda dominante, incluso entre los trabajadores nacidos en Cataluña, de una ideología, y en todo caso de una tradición, anarquista y anarcosindicalista, internacionalista en sus principios y desconfiada, e incluso despreciativa, ante los intereses «gran-burgueses» de un Cambó, ante el «chauvinismo pequeño-burgués» de las clases medias.

Estas oposiciones llegarán, más adelante, a su pleno desenvolvimiento. En el futuro del movimiento obrero, bajo la República, las incidencias de la cuestión nacional habrán de determinar combates, alianzas, escisiones y acercamientos.

Pero la agudeza de las divergencias se había atenuado bajo la Dictadura. La unidad brotaba de modo natural a causa de las exigencias de oposición. Los intelectuales catalanes, prestos bajo la República a reprochar a los inmigrados «murcianos» los putschs anarquistas, considerados indignos del «buen sentido» —del seny, «típicamente catalán»—, sólo dirigían su encono, en 1927, contra los «sindicatos libres» (entiéndase, como de costumbre, gubernamentales y patronales) y a sus pistoleros, asesinos de militantes obreros. Los mismos enemigos y los mismos recuerdos alimentaban entonces los rencores tanto de los grupos obreros como de los grupos catalanistas. Guardia civil, policía, militar —casi siempre castellanos— encarnaban a la vez, en la Cataluña de 1928, una opresión nacional y una opresión social.

Por añadidura, incluso en la esfera doctrinal, el anarquismo heredaba tradiciones «federalistas», «cantonalistas»; en principio, la libertad de los grupos no era para él menos sagrada que la libertad de los individuos. Sobre todo, al ser bastante pobres las exigencias doctrinales de los militantes, el «apoliticismo» de los dirigentes, inoculado al movimiento sindical, sirvió finalmente al catalanismo. Desde el momento de la extinción de la Dictadura, los obreros, privados de candidatos propios, darán sus votos al nacionalismo de extrema izquierda de Francesc Macià, porque gozaba del prestigio de haberse atrevido a proceder a una «acción directa», y también porque su amigo Companys había defendido ante los tribunales, durante los años trágicos, a los dirigentes anarquistas y sindicales. En cuanto al comunismo, proclamará, cuando pueda expresarse, a la vez una doctrina de clase estricta y el respeto a las aspiraciones catalanas, la necesidad de usarlas revolucionariamente. Bien es verdad que pronto una posición sistemáticamente catalanista, en las disidencias de Nin y de Maurin, servirá como arma de guerra contra el partido español, que siguió siendo débil ante la tradición anarquista. Pero hacia 1930 las ediciones populares de las tesis de Lenin y Stalin sobre la cuestión nacional se multiplicaron en los kioscos y librerías de las Ramblas.

Así pues, a fines de la Dictadura, todas las clases, en Cataluña, unían sus agravios y se afirmaban como «minoría nacional». Ante esta conjunción, ¿cómo reaccionaban los otros españoles?

Un instintivo unitarismo español alentaba, con toda seguridad, por lo menos a las provincias de lengua castellana.

Y para empezar, los círculos de funcionarios puestos por la Dictadura a la cabeza de las administraciones provinciales de Cataluña —puertos, servicios hidráulicos, Universidad Industrial, por no citar más que las que fueron objeto de mi visita— fingían no ver en la secesión moral de las «cuatro provincias» más que un fenómeno «artificial». En estos lugares se exponía, a veces con vivacidad, los grandes proyectos económicos, viarios, hidráulicos, del Directorio, ensalzando las preocupaciones realistas de los ejecutores de la región. Pero, ¿podía contar este personal español, usando métodos casi militares, en unos marcos «provinciales» arbitrarios, con realizar vastos proyectos de futuro prescindiendo a la vez del apoyo de los cuadros catalanes y de la adhesión popular, de la que evidentemente tampoco gozaba? Entonces se producía la hostilidad y la amargura entre aquellos dirigentes llegados de Madrid, hacia aquel rincón de su país que estaban llamados a regir pero donde, de una manera tan espontánea, eran tratados como extranjeros. Más tarde, bajo la República, vi cómo surgía un resentimiento análogo en el seno de una juventud española, procedente de familias ricas, que venía a frecuentar las escuelas técnicas barcelonesas. Sin la menor duda, existía en España, y particularmente en Madrid, un medio —por no decir una clase— que se arrogaba por tradición un cierto derecho a dirigir el estado español, y para el cual la superioridad económica catalana, en lugar de integrarse en este estado, representaba una molestia. Esta lucha entre clases dirigentes de estructura y de localización distintas deberá sin duda retenerse como el elemento más característico de nuestro problema.

Sin embargo, en Castilla, como en Cataluña, las rivalidades de arriba van acompañadas por sentimientos más difusos. Un amigo me contaba que inició un día un amable idilio con una modistilla madrileña, pero fue abandonado de repente por ella en una esquina al enterarse de que era catalán. En la Exposición de 1929 oí cómo algunos castellanos manifestaban sorpresa por haber encontrado a la población catalana menos antipática «de lo que creían». Este desconocimiento respondía, justo es reconocerlo, al timbre de gloria de que se envanecen muchos barceloneses de frecuentar París, conocer Europa, y hasta América, sin haber estado nunca en Madrid. La rivalidad entre las dos capitales era el tema obsesivo de las conversaciones entre viajeros, desde la estación barcelonesa del Paseo de Gracia hasta la madrileña de Atocha. Pero la discusión se desplaza pronto de las vanidades de campanario a las comparaciones entre «pueblos». La nobleza, las inclinaciones místicas y aristocráticas de los castellanos se transforman, en boca de los catalanes, en orgullo, futilidad, pereza, falta de realismo y de inteligencia. El seny o buen sentido, la pasión por el trabajo y el ahorro, el gusto por un arte clásico y una ciencia seria, todos estos rasgos catalanes son denunciados más allá del Ebro como pesadez, aspereza, sed de ganancias, pedantería, estrechez de espíritu. Estas inversiones de valor no siempre son injustificadas. ¿Cuál es la nación que no tenga los defectos de sus cualidades, y que no se preste, en sus tipos más acusados, a la exaltación y a la caricatura? Lo que es significativo y grave es la explotación unilateral de la caricatura. Responde entonces a tendencias importantes que hace falta explicar, a la vez que configura, con el tiempo, y a través de la reiteración, las representaciones colectivas. Desgraciadamente para España, la querella Cataluña-Castilla, ante la mirada de un testigo francés, no evoca tanto las puyas inofensivas entre el norte y el sur de Francia como el diálogo de sordos de las desconfianzas internacionales.

Por muy dolorosa que sea la constatación —y lo es en cuanto hay no la aceptación serena de una pluralidad, sino la expresión de un conflicto—, es preciso reconocer que la consciencia de grupo de los catalanes, tan pronto como se afirma, choca con la opinión de la mayor parte de las restantes provincias. En la controversia económica del siglo XIX, en la controversia política del xx, la reacción castellana sobrepasa incluso las pretensiones regionalistas, moderadas durante mucho tiempo. A la resurrección de las glorias catalanas por los herederos de la Renaixença replicó el castellanismo exacerbado de los Azorín, de los Unamuno. En la teoría de la nación española elaborada por un Menéndez Pidal, el fundamento erudito encubre difícilmente el prejuicio pasional. La exaltación del grupo, en un país que no tiene problema exterior, se aplicó a la amenaza de secesión. Las violencias anticatalanas, frecuentes en el Parlamento, recogían los aplausos de una burguesía de pequeñas ciudades y de la masa campesina. No hay que ocultarse que el fracaso de la República de 1931, las posibilidades de un golpe de estado, la formación de una doctrina fascista, se han basado entre amplios sectores de opinión sobre el unitarismo anticatalán, erigido en finalidad nacional.

En el momento de apogeo de la Dictadura de Primo de Rivera difícilmente podía preverse todo esto. Los sostenedores del régimen preferían minimizar el problema, negarlo. Los oponentes castellanos, ante la importancia política del bloque catalán, ocultaban la desconfianza que les inspiraba. Pero yo advertía su aversión a hablar, a propósito de él, de «movimiento nacional». Para la inmensa mayoría de los españoles no había otra nación que la constituida por el estado histórico. Sin embargo, los que rechazaban más encarnizadamente el carácter de «nación» de Cataluña, luchaban contra su «nacionalismo». A la vez que afirmaban que éste no era más que una «invención» minoritaria, hacían responsable a cualquier catalán de la existencia de un «catalanismo». Esto equivalía a reconocer el grupo y, por esta misma razón, a reforzar en él la consciencia de grupo. Todos los adversarios de movimientos nacionales nacientes han caído en las mismas contradicciones.

De todas maneras, el grupo existía. Los votos del 12 de abril de 1931, la plétora de banderas en los balcones de Barcelona, el plebiscito del Estatut, todo me confirmó pronto, estadísticamente, que mis observaciones de 1927 no habían sido engañosas. En un estado que, durante largo tiempo, había podido considerarse a sí mismo como un «estado-nación», crisis contemporáneas de gravedad hacían resurgir, en los hechos y en las mentes, una vieja estructura multinacional.

No obstante, en el seno del grupo catalán mismo, ¿podían las contradicciones internas, las luchas de clases, quedar encubiertas durante largo tiempo por la unanimidad en la oposición? La impresión dada por la opinión catalana bajo la Dictadura corría el riesgo de ser, tras la imagen de cohesión que daba, bastante engañosa. Vejando las manifestaciones folklóricas, sosteniendo los intereses agrarios y aplastando el movimiento obrero, Primo de Rivera había unido todos los elementos de esta opinión: intelectuales, burgueses, populares. Desde el momento de su caída, las contradicciones entre estos elementos —contradicciones de clase— aparecieron. O mejor dicho, reaparecieron. Porque estas contradicciones, que habían sido perceptibles desde sus orígenes, en las disputas políticas y sociales de los años 1836-1840, se habían mostrado a plena luz a partir de 1917. La prueba la dan algunos episodios, que enmarcan cronológicamente las observaciones directas que hemos recogido:

1) En julio de 1917, la Lliga de Cambó había provocado en Barcelona una «asamblea de parlamentarios» ilegal, destinada a sustituir las Cortes españolas desfallecientes, y que había de ser un signo revolucionario para todo el país. Pero conviene leer en las memorias del militante obrero anarcosindicalista Manuel Buenacasa las alusiones despectivas a las «Cortes facciosas», que unas simples «palmaditas en el hombro» bastaron para dispersar. La decepción popular fue mayor aún cuando, tras una liquidación brutal de las huelgas, el episodio desembocó en un «gran ministerio» Maura-Cambó. No sólo el movimiento obrero, sino también la pequeña burguesía liberal catalana reaccionara violentamente. Durante los años siguientes aparecieron numerosos grupos catalanistas «de izquierda» —Acció Catalana, Unió Socialista de Catalunya—, futuros cuadros de las luchas políticas de 1931. Una profunda escisión amenazaba la unanimidad del grupo.

2) Sin embargo, en diciembre de 1918, Cambó, consciente de los efectos de su táctica, se había colocado de nuevo en la oposición con un discurso famoso, que trataba de oponer aquella unanimidad a las tomas de posición política particulares: «¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!». Pero entre 1919 y 1922, las «fuerzas vivas» burguesas —en una reacción muy natural dentro de un clima social dramáticamente agitado— habían sostenido los peores métodos policiales contra el movimiento obrero. Y el golpe de estado de 1923, aun después de haber demostrado sobradamente el dictador sus intenciones anticatalanas, fue aprobado por boca del presidente de la Mancomunitat, representante de la Lliga Regionalista. Barcelona habló de «pacto», de «traición». Sólo hacia 1926 el patronato catalán, formado detrás de la Lliga, olvidando sus terrores y amenazando en sus intereses, recobró, como hemos visto, una actitud —por no decir un programa— «catalanista».

3) No obstante, una especie de ley parecía arrastrar incesantemente las clases acomodadas, los medios económicamente dirigentes, a unos compromisos chocantes para el sentimiento de grupo. En 1930, al caer el general Berenguer y su semidictadura de transición, la Lliga aceptó participar en el gabinete de coalición encargado de salvar la monarquía española y que, involuntariamente, la liquidó mediante la convocatoria de elecciones municipales. La derrota del rey, en abril de 1931, pudo parecer, de este modo, también como una derrota del viejo partido catalán. El 12 de abril, la Lliga, electoralcoente, fue aplastada. Y el 14, durante todo el día, estuve escuchando cómo las muchedumbres barcelonesas coreaban incansablemente: «¡Mori Cambó! ¡Visca Macià! ». Así pues, el «nacionalismo», puro, aureolado con el recuerdo insurreccional de Prats de Molló y teñido con una confusa ideología de extrema izquierda, triunfaba, con el apoyo obrero, sobre el «regionalismo» conservador, acusado de «traicionar» a la «nación» catalana tras haberla invocado.

El «catalanismo», reforzando una hostilidad de clase, escapaba así de entre las manos de una burguesía dispuesta, con excesiva frecuencia, a abandonarlo, y se volvía contra ella.

4) De 1931 a 1934 salieron otras complicaciones. El «Estatut» de 1932, plebiscitado casi por unanimidad, otorgó una «Generalitat» catalana dotada de todos los poderes de un gobierno, salvo la diplomacia y el ejército. Fue elegido un Parlamento catalán, con mayoría de izquierda. Pero, a partir de 1933 —y en parte por rencor anticatalán—, la derecha se apoderó del Parlamento español. La contradicción era grave. Una de las primeras leyes catalanas, una ley agraria favorable a los rabassaires, campesinos viticultores, que constituían la base social más sólida del partido de Companys y de Macià, pudo ser denunciada ante el Tribunal de Garantías de Madrid como anticonstitucional por parte de la Lliga Regionalista en nombre de los terratenientes catalanes. ¡El espíritu de clase apelaba, pues, al estado español contra la primera realización de la autonomía!

5) Se preparaba una prueba de fuerza. ¿Disponía la Generalitat, frente a la coalición del poder central y de la oposición regional, del apoyo del movimiento obrero? De 1931 a 1934 nunca se había atrevido a dar la razón a éste. Había luchado contra la CNT anarcosindicalista y contra los comunistas. Su prensa había condenado los putschs obreros de 1933 como traiciones a Cataluña y a la República, sin examinar las causas profundas de la agitación. Más aún, un sector nacionalista catalán exaltado —«Nosaltres sols»—, sensible a las influencias fascistas, pretendía, con una juventud reclutada principalmente entre los empleados y organizada en grupos de choque, hacer frente al mismo tiempo a las fuerzas de Madrid, a la reacción regional y a las organizaciones anarcosindicalistas. Cuando el 6 de octubre de 1934, ante la incorporación al gabinete de Madrid de ministros abiertamente monárquicos, el presidente Companys proclamó «el estado catalán dentro de la República Federal», su ministro del Interior, Dencàs, sólo tomó precauciones contra la masa obrera. El sindicalismo adoptó entonces una actitud de neutralidad irónica. El 5 de octubre, cuando por toda Barcelona la consigna de huelga general fue transmitida por los grupos de juventud catalanistas, un conductor de tranvía me dijo: «Hoy los que van a la huelga son la gente que tiene miedo»; en boca de un anarcosindicalista barcelonés, no había peor condenación que ésta. En un ambiente así, el ejército liquidó en pocas horas la tentativa revolucionaria. Esta vez era el fracaso de un catalanismo de clases medias.

6) En febrero de 1936, sin embargo, tras una dura represión, el gobierno Companys fue restituido al poder, desde la cárcel, por una mayoría electoral de la que, nuevamente, formaba parte la clase obrera, contra la Lliga de Cambó, aliada otra vez a los peores anticatalanes. Finalmente, ya se sabe cómo, unos meses más tarde, ante el unitarismo violento de la sublevación militar y falangista, Cataluña se unió como un solo hombre, el 18 de julio de 1936, detrás de su capital, que había vencido al general Goded.

No hace falta proseguir el análisis de este juego alternado hasta llegar a los episodios oscuros de la guerra civil. Podemos concluir ya:

a) que es imposible separar el estudio de un «movimiento nacional», en sus orígenes y evolución, del estudio de los fenómenos de clase;

b) que no se pueden reducir tales movimientos, sin embargo, a unas creaciones ex nihilo, a puros instrumentos de intereses parciales y momentáneos.

Si bien el «catalanismo» ha podido parecernos, efectivamente, ligado a veces a las aspiraciones concretas de reducidos círculos dirigentes y, otras veces, lugar de convergencia de oposiciones, conjugadas pero de carácter distinto, queda en pie el hecho de que su influencia sobre muchos espíritus ha sido suficientemente intensa para que la masa de la población, aunque dividida en torno a otros temas, no halle mejor manera de increparse que la de intercambiar recíprocas acusaciones de «traición nacional». De hecho, sin un conjunto de datos estables, el arsenal intelectual de un «nacionalismo» permanecería vacío. El problema consiste en saber por qué, cómo y por quién, en tal o cual momento de la historia, dicho arsenal es eficazmente montado y utilizado.

2. LA CRISTALIZACIÓN DEL GRUPO: FASES HISTÓRICAS Y ESTRUCTURAS SOCIALES

Acabamos de percibir, entre 1917 y 1936, casi siempre por observación directa, un grupo que se afirma muy vigorosamente, que accede casi al estado —bajo la forma de una Generalitat dotada de amplios poderes, por no decir de una soberanía total—, que entrega entonces su dirección política a partidos de clases medias, gracias al apoyo intermitente del movimiento obrero, y a expensas de una burguesía regional de industriales y de propietarios, antaño en la primera línea del combate por la autonomía. Situación, por lo demás, inestable, que condujo en dos ocasiones, en 1923 y 1936, a sendas afirmaciones dictatoriales del centralismo español.

Ahora bien, si tratamos de remontar el curso de la historia, basta con que nos situemos antes de 1917 para descubrir, a través de los hechos y los textos, unas condiciones enteramente distintas.

El movimiento obrero, entre 1880 y 1917, estuvo constantemente apartado del movimiento político catalán. Las clases medias y campesinas, desorganizadas, juegan en él un papel político subordinado. La responsabilidad del «catalanismo» corresponde enteramente a la burguesía acomodada, en la que dominan las agrupaciones patronales, y encuadrada políticamente en torno a un partido, el de Cambó. Se trata, evidentemente, de una fase histórica completamente distinta. Ella misma se divide en períodos muy distintos los unos de los otros, períodos que es posible caracterizar, en una primera aproximación, mediante algunos textos sorprendentes por su claridad.

1885-1917

De 1885 a 1917, una clase aspira a disponer de un estado, y, al ver que se le niega la dirección del propio estado español, se repliega (sin que sea siempre posible distinguir, en sus dirigentes, lo que es maniobra y lo que es sueño) hacia la exigencia de una organización regional políticamente autónoma.

El 7 de junio de 1916 Cambó decía en las Cortes:

Somos los regionalistas catalanes un caso único en la flora política española, quizás en la flora política de Europa; nos pasamos la vida combatiendo a los gobiernos y haciendo oposición a los gobiernos; pero yo tengo que deciros, señores diputados, y permitidme que en este momento de sinceridad no tenga la hipocresía de la modestia, que nosotros somos un grupo de hombres de gobierno, que hemos nacido para gobernar, que nos hemos preparado para gobernar, que en la esfera de acción donde hemos gobernado hemos demostrado aptitudes para gobernar y, no obstante, señores diputados, estamos condenados a ser hombres constantemente de oposición.

No se puede definir mejor una burguesía frustrada.

Debería reproducirse todo el discurso, porque expone, con una sinceridad excepcional, efectivamente, en la literatura parlamentaria, por qué la Lliga Regionalista, impotente para conseguir de Madrid los puestos de mando esenciales, identificó sus decepciones con las de la Cataluña histórica y dio a sus reivindicaciones un carácter nacionalista:

Una de las manifestaciones, señores diputados, del problema catalán, del carácter nacionalista de este problema, es el apartamiento más que secular de Cataluña de toda acción de gobierno en España [...] Pedimos la soberanía [...].

Una España próspera, expansiva, en el sentido en que lo fueron las grandes naciones burguesas europeas en el siglo XIX, habría evitado este desafío. Diez años antes, el 18 de junio de 1907, el diputado catalán Salmerón había lanzado esta advertencia a las Cortes:

Si en el proceso de la Historia las naciones se funden, las naciones se forman, las naciones se deforman, mientras exista una propia unidad personal propiamente irreductible en la convivencia social, allí está el germen de una vida nacional, que si no sabéis incorporar en más amplio curso y dirigir por más amplio cauce, clamará por su existencia personal y perturbará la vida del conjunto al cual se la retenga unida. La Historia es esa; contra la Historia no valen argumentos; puede la Historia enderezarse, pero ¿sabéis cómo se endereza, señores diputados? No sólo con más altas ideas: con superiores obras.

Pensadlo bien; si en vez de nuestro desastre colonial España hubiera vencido, si su poder colonial hubiese arraigado, si hubiese hecho repercutir en la vida interna de la nación el más amplio desarrollo económico, si se hubiera sentido ufano y orgulloso el español de pertenecer a esta nación a este Estado, como queráis, ¿se habría determinado, sobre las bases que luego apuntaré, este movimiento de protesta en Cataluña, del cual ha nacido, en definitiva, Solidaridad Catalana? Tengo por cierto que no; allí se han juntado una serie de condiciones, y la eficiente es el sentimiento de su personalidad; pero ésa no habría bastado contra las otras [...].

[...] Si España prospera, si crea elementos de riqueza, si llega a abrir mercados en el mundo, si llega a hacer que su actividad se incorpore a la actividad mundial, no lo dudéis, el órgano que encuentre creado ése será el que utilizará, y no habrá nadie que, con olvido del apremiante consejo de su conveniencia económica, vaya a pretender ninguna restauración particularista cuando tiene un órgano de carácter universal que le sirve en el mercado del mundo.

Esa es la realidad de la vida; yo no hago argumentos teóricos, quiero apartarme en absoluto de ellos; digo lo que es, digo lo que se practica, digo lo que se hace.

Cataluña ha elegido, de 44 diputados, 40; de 14 senadores, 14 [...].

¿Podía plantearse más claramente el problema?

Pero entre este discurso y el de Cambó en 1916 España no se había recobrado de sus debilidades. Y diez años antes, en 1906, un libro doctrinal, La nacionalitat catalana de Prat de la Riba, cuyo autor iba a presidir pronto la Mancomunitat, primer organismo de autonomía, había analizado la marcha del movimiento catalán, considerada como característica de toda nacionalidad renaciente.

Primera fase: el despertar. Cataluña «despertó de su sueño»: «Su primer acto fue correr tras la riqueza [...] Industria no había en ningún otro lugar de España [...] Las leyes civiles de la familia catalana eran muy diferentes del Derecho común, del Derecho patrio [...]».

Así, se apela al desigual desarrollo económico, y a las diferencias de estructura social de origen muy lejano, acertadamente, como fuentes de diferenciaciones entre grupos nacionales. Pero como dice el autor, esto no crea al principio más que «provincianismos».

La segunda fase es «regionalista». Prat de la Riba le atribuye tres funciones: restaurar la lengua, mantener el derecho y conservar la riqueza.

La fase «nacionalista» va más lejos, puesto que funda el derecho «a la posesión de todos los elementos de un cuerpo nacional, incluido el estado propio para dirigirlos».

Y ya se dibuja una exigencia ulterior, la fase «imperialista»: «segunda función, de influencia exterior, de todos los nacionalismos». Las referencias son claras: Theodore Roosevelt, Joseph Chamberlain.

La teoría de la nación de Prat de la Riba surge, en los confines de los siglos XIX y XX, de una nostalgia expansionista de industriales atormentados por la estrechez de sus mercados.

De modo que volvemos a encontrar, como en el discurso de Salmerón en 1907, la derrota colonial, la fecha de 1898, en el punto crucial, si no en los orígenes lejanos, del pensamiento de Prat de la Riba. Fue Prat el que organizó la reacción catalana contra la debilidad, súbitamente manifestada, del Estado español, cuando se vio despojado, en 1898, de los últimos vestigios de su Imperio.

El mecanismo de esta crisis excluye la interpretación trivialmente «económica». Porque los intereses catalanes eran importantes en Cuba, y no obstante la opinión burguesa catalana era contraria a la guerra. Pero esto no significa que acepte de buen grado la pérdida de las colonias. Se limita a medir la vanidad de una resistencia contra la joven América, objeto de su admiración envidiosa. Concentra entonces todo su rencor contra el quijotismo de los políticos y los generales castellanos. El manifiesto que Prat de la Riba hizo firmar a más de cincuenta asociaciones, clubs, periódicos de inspiración catalanista es un documento de primer orden para mostrar cómo una clase defiende, mediante el «nacionalismo» y más tarde mediante el «imperialismo», no tanto unos intereses concretos e inmediatos como su derecho —o su aspiración— al instrumento supremo de sus capacidades, es decir, al estado:

Ahora verá el pueblo catalán, especialmente esa parte del pueblo catalán que cree haber cumplido su deber con sólo cuidar de sus negocios, ahora verá si es urgente y de absoluta necesidad que Cataluña tenga el gobierno de sus intereses interiores y que influya en la dirección de los exteriores a proporción de sus fuerzas. Ahora verá si nos asistía la razón cuando le llamábamos a abrigarse bajo nuestra bandera, diciendo que no era bastante el dominar en talleres y almacenes, mientras otros dominaban en asambleas, ministerios y oficinas [...] Ahora verá cuán peligroso es para su prosperidad el actual desequilibrio que existe entre nuestra fuerza económica y nuestra nulidad política dentro de España.

«Nosotros» teníamos razón. ¿De quién se trata? De Prat, primeramente, que en 1894 había redactado un «catecismo» catalanista, en el que los problemas estado-nación, Cataluña-España estaban ya ampliamente formulados desde el punto de vista del mercado. Pero se trata también de quienes habían puesto a concurso y premiado semejante catecismo: los promotores en 1892 de la Unió Catalanista, de las Bases de Manresa, y, en 1895, del «Memorial de greuges» al rey, en suma, de aquellos centenares de hombres, de aquellas decenas de grupos cuyo pensamiento colectivo interpreta Prat de la Riba, pensamiento a menudo más confuso, pero siempre (pese a la estrecha alianza con el movimiento intelectual) orientado por intereses económicos, muy particularmente industriales, no sólo conscientes sino claramente confesados.

De 1885 a 1916, una clase dirigente ha llegado al convencimiento de que si su «espíritu mercantil» obtiene éxitos, no es gracias al mercado español, sino pese a las «absurdas disposiciones» de la política económica española: «El mercado español es muy inferior al que había sabido conquistarse Cataluña en tiempos de su autonomía [...] Cataluña fue, cuando se gobernaba a sí misma, una de las primeras potencias mercantiles y marítimas de Europa».

Entre las muy materiales preocupaciones de actualidad se insinúa la nostalgia histórica. El fracaso de España en la era imperialista da nuevo brillo a la imagen del imperialismo medieval catalán. Una burguesía, por aspirar al estado, inspira a la región el sueño de reconvertirse en nación. La masa no sigue más que en la medida en que todas las clases tienen algún motivo de descontento. Pero la iniciativa y la dirección están bien caracterizadas. La fase de 1885 a 1916 merece plenamente el nombre de nacionalista-burguesa.

1820-1885

De 1820 a 1885 la etapa habría merecido simplemente el nombre de regionalista-proteccionista; era el tiempo en que los dirigentes de la industria catalana, tras haber conquistado el mediocre mercado nacional español, que difícilmente lograban proteger, aspiraban, sin conseguirlo, a ponerse a la cabeza no de un estado catalán, sino de la nación española.

Pues si el Compendi de Prat de la Riba, en 1894, decía en sustancia: «Cataluña es la Nación, España es el Estado», el romanticismo regionalista catalán, desde hacía más de medio siglo, sólo había dicho y repetido: «España es la nación, Cataluña es la patria». Esta diferencia de vocabulario presenta un interés teórico e histórico evidente. Dos fórmulas, dos períodos.

Antes de los años 1880-1885, cuando en Cataluña se emplean los términos «mercado nacional», «trabajo nacional», «producción nacional», «nacional» quiere decir siempre «español». En su conquista del mercado español, la burguesía industrial catalana no logró ni asegurarse el instrumento del estado, ni identificar, ante la opinión activa, sus intereses con los de toda España; es por esto por lo que Cataluña, pequeña «patria», llegó a ser finalmente el punto de apoyo «nacional», más eXIguo pero más seguro, de las eXIgencias de esta clase. Pero, tal vez se objete: ¿qué es, pues, una «clase»?, y ¿qué es una «burguesía»?

Una ojeada sobre el movimiento proteccionista basta para responder.

a) Proteccionismo catalán y unidad española: un conflicto de estructuras. ¿Una «burguesía»? Veo, de entrada, unos hombres, unos dirigentes.

Güell i Ferrer, que viene en 1840 a invertir en la industria barcelonesa unos capitales amasados en Cuba, y se lanza en seguida, a cuerpo descubierto, a la pelea proteccionista; Nicolau Tous, Sol i Padrís, presidentes del Instituto Industrial, «patronos de combate» tanto en el frente de la protección económica como en el frente de clase, en el cual el segundo caerá, víctima de una rebelión, en 1855. Veo, cerca de ellos, llevando la gestión de su prensa, de sus secretariados, una muchedumbre de colaboradores, juristas, economistas, doctrinarios: Orellana, Illas Vidal, Vidal Ferrer, Duran i Bas, Bosch Labrús. Más allá están los que, compartiendo plenamente los puntos de vista de los industriales —como atestigua una correspondencia abundante—, se introducen por ellos en la administración, asedian parlamento y subsecretarías con motivo de cada controversia fiscal o aduanera: altos empleados, gobernadores provinciales, estadísticos, diputados, ministros, de Aribau a Madoz, de Sayró a Víctor Balaguer.

Por debajo, la masa anónima pero alerta, estadísticamente mensurable a partir de 1841 y de 1846, mediante las listas de empresas textiles confeccionadas por Sayró, que pueden completarse con muchas otras de igual naturaleza: papeleras del Anoia, tenerías igualadinas, fábricas de tapones ampurdanesas, comercio, por último, al por mayor o de detallista, cuya suerte depende de esas industrias. Todo esto puede movilizar, para un mitin o una petición, a decenas de miles de manifestantes, pudiendo a la vez mantener activos, durante un siglo entero, organismos más estables. Porque se trata de una clase organizada. La genealogía Comisión de Fábricas, Asociación Defensora del Trabajo Nacional y Asociaciones Económicas (creadas en Castilla), Junta de Fábricas, Institutos Industriales, Fomento de la Producción Nacional, Fomento de la Producción Española, Fomento del Trabajo Nacional lleva, desde los primeros años del siglo hasta 1888, hacia la expresión suprema del capital industrial de aquel momento: a aquel Fomento cuya historia fue expuesta por Guillem Graell, uno de sus secretarios.

Pero la valoración del alcance de este desarrollo sería incompleta si no se añadiera a esta genealogía en línea directa los innumerables brotes locales de los grandes organismos y el nacimiento más espontáneo de los centros, «ateneus», «casals», de características diversas, y dedicados por lo tanto de distintas maneras a la campaña proteccionista, pero dispuestos todos ellos, de hecho, a contribuir a la misma, por estar todos igualmente sometidos al control, inmediato o no, de los mismos propagandistas del «trabajo nacional».

Cierto es que a escala «comarcal» —en los pueblos y zonas rurales— la Iglesia con sus ligas piadosas y los terratenientes con su Institut Agrícola Català de Sant Isidre no tuvieron una influencia menor que la de los industriales. Pero no hubo conflicto entre entidades diversas. La inexistencia de industria pesada por una parte, y de latifundio al estilo andaluz por otra, la dispersión de las fábricas textiles, implantadas hasta en los valles más elevados, los vínculos familiares entre fortunas industriales y propiedad de la tierra, aseguraron una extensión y una cohesión en la burguesía media que compensaron la visible mediocridad de las empresas a escala individual. El resultado de todo ello es que los boletines agrícolas, folklóricos e incluso piadosos no dejan de asumir y difundir los temas del Fomento barcelonés, integrándolos en una psicología colectiva. Una prensa que abarca desde la más insignificante de esas hojas hasta los diarios especializados publicados en Madrid, y hasta las memorias doctrinales, técnicas y económicas, tiende a organizar los argumentos prácticos y las preocupaciones circunstanciales en cuerpo de doctrina, a convertir el proteccionismo en denominador común de las aspiraciones políticas de todas las clases si es posible, de las clases dirigentes en todo caso, en el conjunto de la región catalana, donde finalmente el tema llegó a ser compartido tanto por los tradicionalistas, de Balmes a Torras i Bages, como por los «federalistas» de izquierda o extrema izquierda: Almirall, Víctor Balaguer o Pi i Margall.

La originalidad teórica de los dirigentes no destaca. Citan a Carey, que intercambia cartas muy largas con Güell, porque a Carey le gusta poner de manifiesto que España es víctima de la Inglaterra librecambista. Espontáneamente se admira a List, cuya influencia sobre el nacionalismo alemán, místico e «historicista» a la vez que industrialista, recuerda en tantos aspectos las relaciones que se establecen en Cataluña entre proteccionismo y movimiento intelectual.

En la obra de los Güell, de los Ferrer, de los Bosch Labrús, lo singular estriba más bien en la ingenuidad —que hemos encontrado incluso en sus sucesores Cambó o Prat de la Riba— con la que proclaman los vínculos entre la práctica y la teoría, entre la economía y la política, entre su interés particular y el interés «nacional». Son los Bastiat del proteccionismo. Rara vez ningún otro grupo habrá confesado sus aspiraciones con una consciencia mejor. De ahí el dinamismo que ha dejado nostálgicas añoranzas en las generaciones burguesas del siglo XX, más inquietas y más desgarradas.

Trabajo, solidaridad, ahorro, patriotismo son predicados por esos industriales con una elocuencia casi mística:

Dios dijo al hombre: vivirás del sudor de tu frente. La escuela radical se empeña, sin embargo, en que los españoles no hemos de someternos a este precepto divino: quiere que comamos el pan extranjero, que vistamos el género extranjero, que vengan capitales extranjeros, el oro extranjero: éstas son las grandes necesidades del país, ésta nuestra única tabla de salvación.

Sometidos de buen grado a esta ley suprema, y con economías, hemos levantado, desde la primera piedra, el edificio de nuestra modesta fortuna; no conocemos ningún particular que haya violado impunemente dicha ley. ¿Sucede otra cosa en las naciones? No; sucede lo mismo: los pueblos que fíen su suerte al trabajo dirigido con inteligencia, y a las economías, crean capitales y aumentan su prosperidad; los pueblos indolentes, holgazanes, que fían tan sólo en el producto del trabajo, en los capitales y en el oro de otras naciones, estos pueblos encuentran el justo castigo en su pobreza, decadencia y ruina.

La España no necesita ni pan extranjero, ni ropa extranjera, ni capitales extranjeros. Todo esto se crea con el trabajo.

Güell, que lanza este llamamiento en 1866, pone su esperanza, dice, «en la verdad histórica». Y precisa cuál es ésta. Le gusta rememorar a los mercantilistas españoles, defensores de la industria nacional (no era él persona que pudiera confundir, como se hizo más tarde, mercantilismo y crishedonismo). «El interés nacional», «la causa justa» se resumen en el proteccionismo. De buen grado Güell diría, con su colaborador castellano Morquecho: «el proteccionismo es la patria». Curiosa respuesta, con veinticinco años de antelación, a la famosa frase de Renan sobre la Zollverein.

Pero repitamos que se trata de la patria española. «Perezca Cataluña si ha de ser obstáculo para el progreso de la nacionalidad española [...]», no duda en escribir Güell cuando siente que se le tiene por sospechoso de particularismo o incluso de simple egoísmo regional.

Naturalmente, dice esto para rechazar el dilema. A sus ojos, prosperidad catalana y riqueza española no pueden separarse. Los proteccionistas no dejarán ni un momento —y a veces lo lograrán— de intentar aliarse con los cerealistas y ganaderos castellanos. Ni un momento dejarán de proclamar la inadecuación del calificativo de «cuestión catalana» aplicado a la cuestión aduanera. En 1836, en la atmósfera insurreccional que invade Barcelona, la Comisión de Fábricas, al ser pronunciadas las palabras de «república catalana», dirigió a los obreros una advertencia que podría figurar como modelo de documento unitarista español. He aquí su frase más característica:

Si no queréis llegar a este extremo [de miseria], despreciad y perseguid a esos viles agentes del extranjero y del carlismo que pretenden sembrar la discordia entre los españoles, denunciándolos a la autoridad, y cumpliendo los nobles pensamientos que tenéis hechos de ser fieles a nuestra inocente Reina, de defender su trono y la apetecida libertad, no haciendo jamás traición a vuestra Patria: soportad con valor todos los males pasajeros que todos sufrimos, y no tardará el día en que, destruida la facción, renacerá la paz, y con ella, volveréis a disfrutar de salarios ventajosos que os procurará el aumento del trabajo mediante el comercio que va a abrirse con las Américas, la persecución del contrabando, y la expedita comunicación con las demás provincias del reino.

La visión del mundo ahí expresada es clara: libertad política pero orden público; mercado nacional, unido y protegido; ampliación de los mercados lejanos; exhortaciones a la clase obrera para que respete «las libertades» —y para que, si es menester, las defienda con las armas en la mano contra la reacción absolutista y clerical—, y para que admita como algo evidente que sus necesidades vitales elementales están ligadas a la prosperidad de un patronato encargado de organizar los mercados.

Tales nociones habían sido condensadas a partir de 1820 por el diputado catalán en las Cortes constitucionales, Juan Batlle, del modo siguiente:

Si Cataluña no hubiese roto las cadenas de la segunda edad de hierro, desterrando los abusos del sistema feudal, acaso no podría llamarse industriosa ni envanecerse con el título que le hizo célebre en todos los ángulos del globo [...] Libertad interior de comercio, señores, es la que nos conviene, y la exterior que quieren algunos, sería un golpe mortal para nuestras fábricas [...] La pobreza de Cataluña arruinaría la España.

Cuatro años antes, el exsecretario de la gloriosa Junta de Comercio barcelonesa del siglo XVIII, Bonaventura Gassó, había publicado una obra titulada España con industria, rica y fuerte.

Sesenta años más tarde, en el curso de cinco mítines celebrados simultáneamente en Barcelona para la defensa del mercado español y colonial (26 de junio de 1881), era adoptada en medio del entusiasmo una moción de Bosch Labrús: «Pensemos en España, que ha de ser rica y fuerte [...] Todo por España. ¡Viva España!».

La continuidad es sorprendente. De Gassó a Bosch Labrús, una clase organizada, dirigente y bien dirigida, ha abrazado un pensamiento coherente: por y para la industria, construir la nación. Pero se trata de la nación española. Lo sorprendente es que, en definitiva, la nación española se haya visto deshecha.

La explicación de conjunto más satisfactoria de esta paradoja aparente parte de la excesiva localización geográfica de la industria española del siglo XIX, es decir del desarrollo desigual, en territorio español, de las estructuras capitalistas en el siglo de la revolución industrial.

La violencia de las oposiciones suscitadas por el proteccionismo catalán, efectivamente, no se comprende más que por la eXIstencia de una profunda oposición de estructuras.

Durante toda la primera mitad del siglo XIX, la industria española entonces «moderna» —la vieja industria artesanal, mejor repartida en el espacio, estaba en trance de morir de muerte natural— se resumía en el textil, y el textil en la industria algodonera. Pues bien, el 90 por ciento de los husos y de los telares de algodón se concentraron en Cataluña. El «trabajo nacional» fue, de hecho, trabajo catalán. Sólo después de 1880, formando parte del impulso generalizado de la siderurgia europea, se desarrolló un proteccionismo vasco. Tardíamente, éste convergerá con el movimiento catalán bajo la forma de una alianza entre dos particularismos. Mientras tanto, durante casi todo el siglo, los empresarios del algodón, pese a sus esfuerzos por salir del aislamiento, predicaron casi siempre en el desierto.

Esto sería ya por sí sólo una constatación importante para explicar las debilidades reales de una burguesía industrial dotada, gracias a su localización, de coherencia y de vigor aparentes, pero carente de extensión.

Pero aún hay más. La campaña proteccionista en pro del «trabajo nacional», en tales condiciones, no llevó a reforzar la solidaridad española, sino que hizo de Cataluña, a los ojos de una mayoría de españoles, el símbolo del egoísmo capitalista y de un pretendido peligro para la unidad del país.

El análisis de la prensa andaluza y castellana, desde este, punto de vista, es muy instructivo. Esbozado ya por Adolfo Blanch en su introducción a las Obras económicas de Güell, merecería ser continuado. En sus páginas la guerra carlista, los motines obreros, los conflictos presupuestarios y aduaneros, las crisis políticas ofrecen otras tantas ocasiones para violentas diatribas anticatalanas, en las que rivalizan revistas patrióticas y militares, órganos agrarios, clubs librecambistas, multiplicados éstos últimos después de 1846, año del triunfal viaje de Cobden.

Convendría, por supuesto, vincular el ritmo de estas campañas con el de las crisis periódicas, «comerciales» o cerealísticas, y tomarlas como barómetro de las alzas y los hundimientos del poder adquisitivo en el mercado español, por consiguiente de la suerte y la desgracia de la industria algodonera. De momento, lo que nos interesa es el tono de las polémicas entre dos prensas, geográfica y socialmente bien localizadas, que se reprochan sistemáticamente todas las amenazas, todas las miserias: «¡Mientes! Tal vez pueda convenirte retener a tu manera una ganancia ilícita. Pero al obrar así no ganas el pan con el sudor de tu frente, sino con el fruto de mi trabajo [...]». Así increpa José Echegaray a un hipotético proteccionista. «No temáis ya las hordas feroces de las selvas: de las ciudades brotan los bárbaros de la civilización, que intentan imponer al mundo entero el feudalismo industrial». Así se expresa Luis María Pastor, hablando a la Liga Madrileña del Librecambio. «Aves de rapiña de desenfrenada voracidad, lobos hambrientos que devoran la sustancia de todos los españoles, monopolistas, bárbaros de la civilización, beduinos, tiranos aborrecibles, verdugos del obrero, señores de horca y cuchillo, cuya cabeza hay que exponer en una picota en medio de la plaza pública [...]». Así suenan los epítetos en el florilegio de prensa reunido por Adolfo Blanch.

Puede argüirse que se aplican a categorías anónimas. Nada menos cierto. La misma prensa había sido la primera en proclamar que había que buscar en Cataluña, «dentro de los talleres», los gérmenes de toda guerra civil, y que «la cuestión catalana y la cuestión económica debían ser miradas como una sola cuestión».

¿Quién guía, quién financia tales campañas? Comerciantes de Cádiz, los que hacen el primer recibimiento triunfal de Cobden. La Cámara de Comercio de Madrid, igualmente dominada por los importadores de productos manufacturados, de productos de lujo. Algunos exportadores, también, de lanas, de minerales, de cereales incluso (en la primera mitad del siglo). Los vendedores de trigo verían con buenos ojos una forma propia de proteccionismo a favor suyo, pero en su conjunto los propietarios desconfían ante el auge de las fábricas, el precio creciente de los objetos, la atracción ejercida por los salarios urbanos sobre la mano de obra de los latifundios, dócil y barata en la medida en que es sobreabundante.

Añadamos que los conservadores sociales temen «los talleres» por otras razones —Barcelona tiene sus jornadas revolucionarias—, mientras que los liberales españoles —«la escuela radical»—, ya sean militares, periodistas o políticos, al denunciar a los montañeses carlistas catalanes, incluyen en sus ataques a la Cataluña industrial y moderna, al grito manchesteriano de: «Las industrias que no puedan vivir, que liquiden». Es fácil adivinar el espanto de los catalanes ante esta amenaza de un personal político a menudo en el umbral del poder y que, un día, en la crisis de hiperliberalismo de 1868, «liquidará», efectivamente, a bajo precio el patrimonio minero de España.

Recordemos tan sólo el diálogo parlamentario que reproduce, en su número del 19 de octubre de 1876, el Fomento de la Producción Nacional: «El puerto de Bilbao lo dais a una compañía inglesa; las minas de Almadén a una compañía extranjera y todos los valores que representan nuestro suelo y nuestro subsuelo los entregáis a un Banco extranjero: sólo nos faltaba entregar el aire que respiramos». «¡Pues qué! —responde Echegaray, ministro de Fomento—. ¿Esta comunicación entre unas y otras naciones, no constituye el gran principio moderno, el de la Humanidad como unidad suprema? ¿Dependemos del extranjero porque celebramos contratos con sociedades extranjeras, porque nos traigan sus capitales, porque nos presten su trabajo, porque nos den su crédito a cambio de los elementos de vida que nuestro suelo encierra? ¡Ah! Esto es una preocupación indigna de estos tiempos.»

No sería razonable reducir semejantes contrastes de pensamiento al simple resultado de la «intriga», ni siquiera a la intriga inglesa (sin negar la posible intervención de ésta). No se trata tampoco de puras oposiciones de «temperamento», puesto que hay intelectuales catalanes, un Figuerola o un Sanromà, por ejemplo, que están en primera fila del librecambismo, y castellanos, como Morquecho o Borrego, que son proteccionistas fervientes. Sería pueril deducir de estos casos aberrantes cualesquiera conclusiones.

Lo que importa es que la mística industrialista, proteccionista, productivista, del empresariado catalán no es compartida —ni puede serlo sin duda— por ningún grupo dotado de influencia sólida y continua. El estado español, la política española, siguen dominados por unas clases cuyos orígenes, cuya psicología y cuyos vínculos de interés corresponden a tiempos anteriores a la revolución industrial. Aristocracia terrateniente antigua o reciente, herederos de los hidalgos y de los letrados, al acecho de carreras militares, universitarias o parlamentarias, especuladores surgidos de un capitalismo aún puramente mercantil o bancario: he aquí los tipos sociales que alternan en el poder en Madrid, a través de dramas y comedias. Se trata a menudo de clases «medias», pero nunca de clases «burguesas» en el sentido decimonónico. En cuanto al público de las pequeñas ciudades y del campo del sur y centro de España, en la medida en que políticos y periodistas persiguen ante él popularidad, saben que es sensible, como todo medio precapitalista, a los argumentos que interesan al consumidor. Denunciar al tendero, al viajante de comercio catalanes como fautores de vida cara, tiene éxito asegurado porque la Península, efectivamente, está invadida desde hace tiempo por esos agentes comerciales de una producción industrial localizada, cuyos nombres —Valls, Puig, Prats, Soler—, cuyo acento, cuya solidaridad y vínculos sabidos con la pequeña patria les confieren una fisonomía característica. Así es como nace el «estereotipo» del catalán. Se le podrían hallar antecesores hasta en el antisemitismo del siglo XIV, a través de una larga estirpe de textos de las Cortes contra los comerciantes, los monopolistas, los acaparadores. En este medio, las expresiones de «trabajo nacional», «mercado nacional», tan populares en Cataluña, no hacen cristalizar una esperanza, sino un miedo al monopolio.

De ahí no debe inferirse que el capitalismo industrial catalán no tuvo en Madrid ninguna influencia, y que fue de fracaso en fracaso.

Por el contrario, su paciente organización, su acción continuada, la solidez de sus argumentos, la solidaridad que acabaron siempre sintiendo hacia él los políticos representantes de intereses precisos, le aseguraron regularmente, después de cada aventura, unas ventajas sustanciosas o la contención de los peligros mayores. De Narváez a Bravo Murillo, de Prim a Ruiz Zorrilla, de Serrano a Cánovas del Castillo, dirigentes de todos los partidos adoptaron un día u otro, en un momento u otro de su carrera, un proteccionismo de hecho, a veces verdadera «conversión» doctrinal. Pero esto mismo es significativo. En Castilla no se nace proteccionista. Se llega a serlo. De ahí la inestabilidad arancelaria. La historia de esta inestabilidad caracteriza, por su propia confusión, el manto de Penélope proteccionista: gestiones, intrigas, campañas, contraataques cientos de veces repetidos para evitar el acceso a uno u otro ministerio-clave de la economía de algún iluminado del liberalismo.

Al término de cada peripecia, todo el mundo está descontento. Los catalanes, por el esfuerzo sobrehumano desplegado para obtener un resultado ínfimo. Los adversarios castellanos de los «talleres», porque éstos parecen haber ganado la partida. La fuerza —incluso relativa— de la economía industrial catalana se impone, en el fondo, al estado. Pero su impopularidad en España aumenta con cada victoria. La expresión de esta impopularidad llega a veces a la paradoja. El proteccionismo, llamamiento perpetuo a la solidaridad, a la unidad nacionales, es presentado en la prensa adversa con una faz particularista, secesionista. Y cuando la extrema izquierda federalista, fuertemente sospechosa a los ojos del empresariado catalán por sus debilidades hacia la agitación revolucionaria, alcanza el poder en 1873, entre dos triunfos librecambistas, con la efímera república federalista de Pi i Margall, he aquí cómo es acogida por el Eco de España:

Con el advenimiento de la República, España ha pasado a ser patrimonio de Cataluña. El presidente del Poder ejecutivo, catalán. El ministro de la Gobernación, catalán. El ministro de Hacienda, catalán. De los cuarenta y nueve Gobiernos de provincia, treinta y dos están desempeñados por catalanes. Pues todavía no están contentos. Será necesario darles un ministerio homogéneo, todo él catalán, los diecisiete Gobiernos de provincia que les faltan, y que el resto de España les pague un crecido tributo, para que nos dispensen el obsequio de no declararse independientes ni piensen en mudar de nacionalidad. No tienen los catalanes la culpa, sino los castellanos, los aragoneses, valencianos, andaluces, extremeños, gallegos y demás españoles que lo sufren y lo consienten.

Así, el complejo de inferioridad económica, el sentimiento de explotación por otros se convierten en rasgos característicos permanentes entre los españoles no catalanes a lo largo de situaciones políticas diametralmente opuestas. Tienen un sentido de estructura.

El desarrollo del capitalismo reserva tales sorpresas. Es, por esencia, un desarrollo desigual. Ha implantado en España, entre el conjunto del país y sus regiones industrializadas, una especie de relación de país atrasado a país económicamente avanzado, de colonia a metrópoli. Con los rencores que esto implica.

Pero en este caso los colonizados son los más. Y tienen el estado en sus manos. Esa situación no puede durar. Es el origen de la ruptura.

b) Proteccionismo y «catalanismo»: el repliegue sobre la región. Un economicismo simplista no explicaría satisfactoriamente por qué ese empresariado catalán, pese a ver satisfechas cada una de sus reivindicaciones materiales, conserva su psicología inquieta, de oposición, y se encamina cada vez más, a medida que avanza el siglo, de la noción de solidaridad española a la noción de solidaridad catalana.

Lo que hemos dicho de la inestabilidad de sus victorias y de su impopularidad en España nos orienta ya sobre las razones profundas de este repliegue.

Una clase dirigente coherente, organizada, como la que hemos descrito, difícilmente se contenta con pequeñas satisfacciones inmediatas, en el dominio puramente material. No sólo quiere el Estado, sus medios, su continuidad, sus certezas, sino que además necesita sentirse, creerse la encarnación, la «fuerza viva» del grupo entero. Le gusta agrupar en torno a sí al pueblo entero, invocar los grandes intereses de la patria. Pues bien, el grupo industrial catalán fracasó en tal empeño en España, mientras que lo consigue en su provincia, tradicionalmente particularista en cuanto está descontenta.

Y, para empezar, este grupo industrial busca la audiencia de los que garantizan el «trabajo nacional» como asalariados suyos: la de sus propios obreros. Pese a las violencias de ciertos arrebatos coléricos, en 1835 contra las máquinas, en 1855 contra las personas, los obreros catalanes se dejan seducir a menudo por las argumentaciones patronales a favor de la «industria nacional». La más precoz de las asociaciones obreras, la de los tejedores, pide en 1842 a sus adherentes que igualen, en utillaje y en habilidad, a las industrias extranjeras, y dice de los patronos: «[...] les somos necesarios, en verdad; pero su ruina fuera también la nuestra».

Los mismos tejedores frecuentan la «Sociedad» republicana de Abdon Terrades, que agita la calle contra Espartero difundiendo el rumor de que está vendido a los ingleses y va a llevar la industria a la ruina.

Es fácil imaginar hasta qué punto conviene a los industriales semejante desvío contra Madrid o contra el extranjero de los descontentos obreros. Aquéllos harán de esta solidaridad (real o aparente) un argumento y un arma ante los gobiernos españoles: el Fomento se hace representar en los despachos ministeriales por un vocal patronal y un vocal obrero: las Cortes de 1869 tendrán sus «diputados obreros», Roca Galès, Alsina, al servicio del «trabajo nacional». El mitin del 21 de marzo de 1869, manifestación «unánime», «enorme», que reveló a Graell su vocación proteccionista, tuvo a su cabeza no sólo a Güell y Bosch Labrús, los fabricantes Sert y Puig Llagostera, sino también al tejedor Roca Galès y al presidente del Círculo de Empleados. Y he aquí un ejemplo de telegrama enviado por la ciudad lanera de Terrassa en un momento de crisis:

A la noticia del paso del señor Bosch y Labrús, para eso, Tarrasa en masa trasladóse a la estación para saludar al defensor del Trabajo Nacional, de nuestra amenazada industria, del pan que falta ya al obrero. Unos 5.000 de éstos quisieron asociarse al testimonio de agradecimiento que estos fabricantes han demostrado al señor Bosch, saludándole con entusiasmo [...] Presidente Instituto Industrial, Vancells.

Texto patronal, que exagera o finge la fusión de las clases. Pero queda el hecho de que la propaganda proteccionista ha desviado hacia Madrid una parte de la desconfianza de los obreros, ha situado la responsabilidad de las crisis fuera de la propia Cataluña. La burguesía catalana tiene una participación lo bastante menguada en el gobierno de Madrid para permitirse criticar sus incompetencias, sus rasgos reaccionarios, su servilidad hacia el extranjero. Durante mucho tiempo ha podido pasar —y no del todo falsamente— por patriota y progresista. Había aclamado (hemos visto el discurso del diputado Baile) la revolución de 1820. En 1835-1836, 1840-1842, 1854-1855, muchos industriales catalanes participaron en las agitaciones políticas, con la esperanza de canalizarlas adecuadamente. Valoraron, apoyaron y utilizaron el progresismo de Madoz y del joven Prim, que, siendo diputado por Tarragona y general de carabineros a los veintiséis años, escribía en 1841, ante el escaso apoyo del gobierno a su acción contra los contrabandistas andaluces: «le importa poco [al gobierno] que se arruinen nuestras industrias, perezcan nuestras fábricas y se vea Cataluña, por consiguiente, sumida en la miseria», oponiendo así, en el estilo mismo de los folletos habituales de propaganda, el interés de la Cataluña industrial a la estructura precapitalista, primitiva incluso, que mantenía en Andalucía un semibandolerismo latente.

Esta actitud, estas alianzas «progresistas» (tanto en sentido propio como en el sentido amplio del término), estos llamamientos a la solidaridad global de la industria, retrasaron mucho tiempo —más allá de 1860— la madurez y la independencia de las organizaciones obreras.

Ahora bien, cuando éstas se orientaron hacia las fórmulas de la Internacional, otra clientela había sido ya ganada lentamente para las consignas de la defensa de la región. El aislamiento de la montaña catalana había sido roto. La herencia del carlismo, tradicionalista por esencia, fue recogida por un tradicionalismo sentimental, apoyado por el clero, del cual la ideología ecléctica de J. Balmes (donde el proteccionismo ocupa un lugar no despreciable) da una idea aproximada.

A medida que se hace más conservadora y que en su seno los elementos provinciales equilibran más y más los elementos barceloneses, la burguesía industrial catalana deja de estar separada del campo. Se va esbozando un bloque regional, único ámbito en el que ella sea «clase dirigente», único en el que pueda aparecer, incluso a finales del siglo, como «aristocracia».

En el delicioso álbum que Carles Soldevila dedicó a la Barcelona «aristocrática» del siglo XIx, los condes de Güell, los marqueses de Bosch Labrús, se codean, en los bailes y en los hipódromos, con los nietos de los fabricantes de indianas y de los comerciantes de 1780, los Sagnier, los Gomis, los Imbert, y la rancia nobleza de los Sentmenat. Pero conocen la copla:

Vuestro don, señor hidalgo,

es el don del algodón,

pues para tener un don,

es preciso tener algo,

que remite siempre la clase dirigente catalana, a los ojos del hidalgo español, a sus orígenes burgueses.

Hemos insistido en este análisis para librar el «problema catalán» nacido en el siglo XIX de ciertas imágenes demasiado simples y demasiado difundidas.

Empecemos por las más brillantes: las de Unamuno. Su trama es conocida. El catalán, en la familia española, es el hermano más «capaz». El hermano más «capaz» no abandona la casa. ¿Se le quiere echar de ella? ¡Que se imponga! La imagen puede gustar. Pero las estructuras colectivas no se miden con patrones individuales. ¿No hemos mostrado antes los esfuerzos de los dirigentes catalanes para asegurarse la dirección de la «firme España»? Vano esfuerzo. Porque, contesta Unamuno, «han vendido su alma por un arancel». Pero, ¿no había ocurrido todo lo contrario? El «alma catalana», en los primeros años del siglo XIX, tenía vacilaciones. Poniendo algo de paradoja en el asunto, casi sería fácil pretender, de acuerdo con los textos que hemos reunido, que fue el «arancel» el que la rescató.

Hay otras mezclas de idealismo y materialismo ingenuos en formulaciones más vulgares. Escuchemos al catalán Estasén:

Comenzaron a levantar el espíritu catalán algunos poetas e historiadores, especialmente mi malogrado amigo don Antonio de Bofarull, y el insigne vate e historiador don Víctor Balaguer, y la lectura de las Crónicas de Muntaner, el espectáculo de los Juegos Florales, el recuerdo de las hazañas de nuestros antepasados, fueron formando una atmósfera que poco a poco se ha ido haciendo más densa con las quejas de los fabricantes y productores de todo linaje, cuyo enemigo capital ha sido siempre el fisco, y con el clamoreo de los contribuyentes que empiezan por temer al investigador, al cobrador de contribuciones y al comisionado de apremios, y acaban por odiar al centro político y administrativo de la nación que los nombra y los envía a provincias.

Lectura de Muntaner más odio al recaudador de impuestos igual a catalanismo. Señalemos que muchas historias de los «movimientos nacionales» se reducen a esquemas así, que ignoran los mecanismos esenciales: el papel del desarrollo desigual de las estructuras y el papel organizador de las clases.

En cuanto a la prioridad entre poetas y proteccionistas, conviene meditar acerca de la vida de Bonaventura Carles Aribau. A los veinticinco años, funda una revista titulada El Europeo, donde celebra, en versos castellanos, «la imprenta» y «la propaganda científica»; a los treinta y cinco años, en 1833, cuando era empleado de banca en Madrid y «para cantar de su patrón la gloria» —se trataba del banquero Remisa— compone la Oda a la Pàtria (y a la lengua) catalanas, acta de nacimiento reconocida de la Renaixença literaria. La Oda es acogida por el periódico barcelonés El Vapor: título elocuente, publicación «progresista», órgano bien considerado, sin embargo, por los gobiernos moderados. Un día, el autor de la Oda a la Pàtria, servidor con merecimientos del proteccionismo, será director de aduanas... de la Nación. ¿Es esto lo que chocaba a Unamuno? Su gesto era de incomprensión hacia la burguesía del siglo. Un romántico de la producción, al defender «la industria», no «vendía» su alma. Forjaba la del grupo.

Repitamos, no obstante, que fue el deseo frustrado de forjar el grupo español a imagen de la nación moderna, sobre la base de la industria y el mercado nacional, lo que lanzó a los doctrinarios y a los hombres de acción catalanes hacia los ensueños históricos de un estado de ellos y de una «nación catalana».

En 1883, en las Cortes de Madrid, Bosch Labrús reprocha al gobierno español su complacencia en oponer una región a otra, una economía a otra, «impidiendo la propagación del sentimiento de unidad colectiva, que es la base de las grandes nacionalidades, que es lo que constituye su vigor y su fuerza; el sentimiento de unidad colectiva, que hizo en otro tiempo de Cataluña un gran pueblo que dominaba en el Mediterráneo y que ejercía en los destinos del mundo mayor influencia que la que ejerce hoy la España entera».

En esta frase se contiene ya toda la doctrina de Prat de la Riba, y toda la evolución del regionalismo-proteccionismo al nacionalismo-imperialismo concentrado en un recuerdo histórico.

La Memoria de 1885, que es la señal de este viraje, plantea el problema de su cronología: «A fuerza de trabajos y privaciones sin cuento nuestros industriales han creado una industria española que en cuarenta años ha progresado y alcanzado altísimo nivel. Esta industria viene siendo atacada de raíz de algunos años a esta parte y lo ha sido y lo es».

¿De qué oposición se trata? ¿De una oposición coyuntural internacional, entre tiempo de facilidad y tiempo de repliegue? ¿De una crisis de corta duración atribuida —como ocurre tan a menudo— a las condiciones particulares y a las malas políticas gubernamentales? ¿O de una interpretación legítima del contraste entre dos momentos del siglo desde el punto de vista de la industria catalana: 1) la conquista del mercado, y 2) la insuficiencia del mismo?

Sólo podrá responderse a esto con el estudio estadístico y coyuntural del siglo XIX.

Naturalmente, los textos catalanes atribuyen siempre a los «ataques», a la «enemiga», lo que sin duda no es más que desarrollo desigual, oposición de estructuras. Pero hemos visto que estos contrastes materiales entre Cataluña y las provincias interiores hallan una traducción psicológica. La Memoria de 1885 establece el vínculo y subraya: «Influye, no nos lo queramos ocultar, la enemiga que se ha logrado despertar contra las pocas regiones cuya actividad industrial rompe la soñolienta monotonía de la generalidad del país, que satisface sus escasísimas necesidades por medio de una rudimentaria agricultura».

Hemos subrayado las palabras que expresan el gran reproche, el verdadero «agravio» catalán contra la España interior: es un mercado estancado. Contra Castilla, envidiosa de su relativa riqueza, Cataluña lanza el desprecio de la pobreza, indigna de una patria exultante. En 1876, en Barcelona, en una escena de ópera, una gitana se enorgullecía de sus andrajos; «¿se puede ser guerrero con una tal madre?», decía su hijo; el público vio en la escena una alusión política y aplaudió. Un cuarto de siglo más tarde, con la «generación del 98», Castilla elaborará, sobre la base del orgullo de la pobreza y del menosprecio de la técnica, un nacionalismo propio. Pero España, en tanto que «nación» en el sentido del siglo XIX, nación-mercado, nación agrupada en torno a una burguesía, habrá fracasado.

¿Y cómo no observar que el problema agudo de la conquista del mercado nacional, y luego el de su excesiva estrechez, se desarrolla entre dos crisis coloniales, la de 1810-1823 y la de 1885-1898?

El hecho de que la Cataluña de 1814, al salir de la noche de la ocupación, halle derrumbado el edificio imperial que había hecho su fortuna en el siglo XVIII, es causa de que se vuelva hacia la industria, hacia el mercado interior, hacia la obsesión aduanera, a la vez que proclama, entre la liberación y la revolución de 1820-1823, sus motivos de esperanza: elogios de la industria, de la «ciencia», evocaciones del viejo pasado catalán, con Gassó, Garay, Salat y el Periódico Universal de Ciencias, Literatura y Arte.

La línea del siglo XIX se explica mejor si se toma la medida del optimismo del siglo XVIII.

1720-1808

El impulso del siglo XVIII había sido la oportunidad para la unidad española. Entre los años treinta y los noventa del siglo XVIII el «exultante ascenso» de las curvas económicas se había afirmado en Cataluña con mayor nitidez que en todos los demás sitios, tal vez porque expresaba una repoblación más que un crecimiento, un renacer más que un impulso. Batiendo récords, barriendo las crisis, había logrado —gracias al aumento de la productividad agrícola, el pleno empleo alcanzado, la apertura de mercados y, por último, los beneficios coloniales— establecer una base para el auge del capital menos dependiente que en otras partes del aplastamiento del trabajo regional; si bien el salario real bajaba, como en todas partes, en cambio el salario nominal del obrero catalán deslumbraba al emigrante francés de 1780: la piastra era el dólar de la época.

Todo esto aún no nos interesa más que para comprobar cómo en los años correspondientes a la mediana de la «onda larga» —«la era de Carlos III»— los choques entre región y nación, entre Cataluña y España, entre estado y «fuerzas vivas» provinciales parecían amortiguados. No hay nada entonces que anuncie los inconvenientes futuros. No hay nada que recuerde las luchas pasadas. Los hermanos están reconciliados, como diría el aficionado a las imágenes, ante una mesa por una vez bien provista. Retengamos que precisamente entonces, en el vocabulario de los historiadores, de los economistas, de los administradores, «patria» y «nación», «nación» y «estado» no entran en pugna. El siglo invita a hablar de «patriotismo», de «república». Imposible descubrir, tras tales abstracciones, nada que no sea la España histórica y una, dueña de un gran imperio.

¿Quiere decir esto que los autores catalanes del siglo XVIII ya no se sentían orgullosos de Cataluña? Las obras de Capmany y de Caresmar construyeron a la gloria medieval del «Principado» un monumento que no iba a ser igualado por la Renaixença. Pero su zambullida en las fuentes antiguas no es erudición pura. Es obra viva. No contraponen el pasado al presente. Lo asocian a él. Frecuentan a Santpons, Salvà, Barba, Navarro, médicos, inventores, agrónomos de la joven Academia de Ciencias. La Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, que es al capital comercial del siglo XVIII lo que el Fomento del Trabajo Nacional será al capital industrial de 1880, encarga y edita las Memorias históricas de Capmany, y crea también la Escuela de Bellas Artes y la cátedra económica de Jaumandreu.

Contraste fundamental con el siglo XIX: esta intensa vida regional no está divorciada de la administración local; si Capmany trabaja para la Junta, Caresmar trabaja para el intendente; hay un intercambio de documentaciones tal que resulta difícil la atribución de los manuscritos; y el hombre que gusta más de la compañía de los sabios catalanes, el hombre que, al ir de viaje, llena sus libretas de elogios de la masía, de las costumbres, de las realizaciones catalanas, el que muestra con orgullo Barcelona al español Ponz, al inglés Townsend, es Zamora, «alcalde del crimen», funcionario castellano, informador del gran Jovellanos.

En Madrid, la Junta General de Comercio, Moneda y Minas, órgano estatal, contesta diariamente y detalladamente a la voluminosa correspondencia de la Junta Particular barcelonesa, en la que se expresan los altos comerciantes. El derecho de bolla es suprimido. América se abre. En esto no radican, como se dice a menudo, los «orígenes» de la fortuna catalana del siglo XVIII. No son más que inflexiones en un desarrollo iniciado desde hace tiempo, consecuencias tanto como causas de la potencia adquirida por el «Comercio». Barcelona sugiere, impone sus soluciones. Es en la base, en la práctica, y no en una ideología extranjera, donde el «despotismo ilustrado» ha formado sus opiniones.

Pero sobre todo, y éste es un contraste aún más vivo con el siglo XIx, la España interior, la España intelectual, no pone mala cara ante el impulso catalán. Nifo canta, en la Estafeta de Londres, a Cataluña, «pequeña Inglaterra»; Cadalso dice que si fuera rey de España «haría de los catalanes sus mayordomos», aunque no estime su temperamento; Jovellanos llega a citar: «¿No probará esto el ejemplo de Cataluña, cuya agricultura e industria han ido siempre a más mientras en Castilla siempre a menos?», cosa injusta para una España arrastrada en su totalidad hacia un proceso de transformación, y que, precisamente por esto, no se siente herida por tales exageraciones. Madrid, que se enriquece, aumenta sin protestar sus compras de indianas. Cádiz no lamenta el fin de su monopolio porque sigue prosperando después de haber ocurrido.

Por su parte, el catalán se siente en su casa hasta en la América remota. Aquel mercado favorito fascina las imaginaciones. Capmany afirma haberlo leído todo sobre América, desde «el inca Garcilaso hasta el moderno Humboldt». Capmany, historiador de las Memorias a la gloria de Barcelona, elogiador académico de la lengua castellana, panfletario de la Centinela contra franceses en 1810 —opúsculo patriótico atiborrado de alusiones económicas contra el bloqueo—, diputado «ilustrado» en las Cortes de 1812, expresa bien en su personalidad la síntesis que, de la pequeña «patria» al gran «imperio» español, define, en el espíritu del burgués catalán de 1808, la «reacción nacional» contra Napoleón. Salvo una excepción en Gerona y algunos casos de doble juego prudente, las clases dirigentes del Principado se negaron vigorosamente a «colaborar» con los franceses, incluso cuando Augereau, en 1809, jugó la carta del particularismo.

En el seno de la burguesía, por otra parte —y esto es un signo importante— el uso de la lengua catalana perdía terreno (se observa en las correspondencias y en los despachos de los notarios) a medida que los lazos con España y América se estrechaban.

¿Reacciona de otra manera el pueblo, más fiel a su lengua? Los actos hablan por sí mismos. Las dos guerras contra «el francés», en 1794 y en 1808, fueron populares. Entre 1760 y 1790 la prosperidad del siglo había reducido a poca cosa las «emociones» de la calle y las llamaradas de la revuelta rural, en contraste con el siglo XVII y los disturbios carlistas del XIX.

Esto lleva a pensar en Salmerón: «Si España prospera, si España crea elementos de riqueza, si llega a abrir mercados en el mundo, si llega a hacer que su actividad se incorpore a la actividad mundial [...]».

Fue así, en efecto, como había caminado hacia su unidad moderna, en el siglo XVIII, en un esbozo demasiado efímero de gran nación burguesa y colonial, fórmula que respondía a las necesidades de la época.

¿Permite la observación retrospectiva fechar el punto de partida de este proceso de unificación? La historiografía atribuye a Felipe V, a su venganza contra Barcelona, a la Nueva Planta que, en 1716, liquidó los organismos autónomos del Principado catalán, lo que la tradición ha denominado, con el libro de Sanpere i Miguel, «fin de la nación catalana». ¡Curioso vocabulario «nacionalista», que hace depender la existencia de una «nación» de la de un frágil aparato de estado! Pues bien, este aparato autónomo se había mostrado muy pasivo en el siglo XVI, y el «catalanismo» surgirá, en el siglo XIX, en una España más centralizadora que la monarquía de Felipe V.

De hecho, lo que incorpora orgánicamente Cataluña a España, en el curso del siglo XVIII, es la prosperidad burguesa, así como la aceptación por Madrid de las aspiraciones económicas de la periferia.

¿Hay que reducir, pues, la existencia de una nación a un asunto de política económica y de coyuntura? Ciertamente no. Pues el marco de la comunidad depende del pasado. Y la coyuntura no actúa más que a través de las clases sociales que la sienten. Pero estas clases, por su parte, miden sus solidaridades históricas con el metro de sus descontentos, de sus satisfacciones, de sus posibilidades de acción.

Cronología y coyuntura, estructura y psicología de las clases: éstos son los fundamentos necesarios de todo estudio de los agrupamientos humanos y de la forma «nación».

3. EL PASADO ANTIGUO, LA «LENGUA», LA «RAZA» Y LA «TIERRA»

Bien sabemos que en esta interpretación sociológica toparemos con una concepción más tradicional de la nación, que tiene su fuerza porque se funda igualmente en la historia, pero que prefiere colocar, en los orígenes del sentimiento de comunidad, por una parte una historia muy antigua, y por otra las «formidables estabilidades» que constituyen la «lengua», la «raza», la «tierra».

Y ¿cómo negar que existe una tierra catalana de perfume muy original, un temperamento humano muy identificable, una resistente comunidad lingüística, una larga historia que, del misterio de gloria de la Barcelona medieval al misterio de dolor del sitio de 1714, alimenta una iconografía simplificada —como todas las iconografías nacionales—, pero que recubre una realidad evidente de grupo?

Pero lo que nos interesa es precisamente comprobar que «la tierra» —el paisaje catalán en lo que tiene de opuesto tanto al paisaje francés como al español— no viene exactamente recubierta por el fenómeno de consciencia que acabamos de describir. Vidal de La Blache coloca en Leucata el contacto entre «dos naciones». Pero, ¿puede hablarse, en Perpiñán, en el siglo XIX o en el XX, de «movimiento nacional»?

La «raza», incluso si se la reduce al temperamento históricamente adquirido, no es más significativa que la «tierra». Basta recordar que para España el catalán es un «hombre del norte», encarnación del egoísmo mercantil, y que para un manual francés de geografía es «un campesino del sur, exuberante y pródigo».

Las realidades de la geografía y de la población, para la constitución de los grupos humanos con voluntad política fuerte, son fundamentos sin duda necesarios, pero en modo alguno suficientes.

La realidad lingüística merece una reflexión más profundizada.

No podemos ignorar que la lengua es probablemente el agente principal de una cristalización por donde progresa, como todo fenómeno afectivo, el complejo nacional que nace o renace. Cuando el lenguaje infantil, la enseña familiar, la toponimia popular contradicen la lengua escolar, el rótulo oficial, la geografía administrativa, las solidaridades y las oposiciones saltan, por así decir, a los oídos. Y entonces el poder central, llámese gobernador y guardia civil en 1920 o virrey y soldado de los tercios en 1640, aparece como doblemente molesto, por venir marcado por un signo extranjero. Añádase que en el siglo XX se ha visto aumentar, con la importancia práctica de la instrucción, los peligros de un bilingüismo provinciano. Cuando la lengua escrita enseñada en las escuelas no es la lengua aprendida en las rodillas maternas (y corre, por tanto, el riesgo de ser mal hablada), cuando la lengua familiar no se enseña (y corre, por tanto, el riesgo de ser mal escrita), un país siente rápidamente la necesidad de una opción. Lo significativo en el siglo XX es que Cataluña, colocada ante esta opción, no eligió la lengua de estado, en el sentido en que ésta ha sido elegida en Francia, es decir, apareciendo como la lengua nacional reconocida por todos, cualquiera que sea el apego conservado hacia las hablas locales.

Es aquí donde percibimos el orden relativo existente entre hecho político y hecho lingüístico. Es sin duda porque hablaban catalán que los catalanes han conservado una consciencia de grupo. Pero ha sido sobre todo cuando han sentido con mayor fuerza esta consciencia de grupo cuando se han negado a olvidar el catalán. Dos pruebas lo corroboran: una en el espacio, otra en el tiempo. Geográficamente, el área del catalán no ha determinado exactamente el área del «catalanismo», y el rosellonés se deforma y se borra ante el francés. Históricamente, lo sorprendente es el carácter creciente de la diferenciación lingüística: no precede el avance de las reivindicaciones regionales, sino que las sigue. A finales del siglo XVIII nada indica que el catalán haya conservado, frente al español, una posición superior a la de las lenguas de oc ante el francés. Posición de lenguas populares aún sólidas, fundamentos de culturas artesanas y campesinas, pero que podían creerse definitivamente apartadas de la actividad científica y académica. Capmany no juzga necesario defender el castellano contra las hablas locales, consideradas fuera de combate, sino contra el francés mundano. Las Cortes de Cádiz no nos han dejado ningún documento comparable al informe de Grégoire sobre la unificación lingüística. Y la Oda a la Pàtria de Aribau fue escrita en 1833 en Madrid a raíz de una apuesta de salón. Su emoción inesperada le dio precisamente su valor de señal. El catalán estaba a punto de convertirse en habla dialectal.

No confundamos abusivamente, con todo, renovación literaria y renovación lingüística. El valor de una lengua, como hecho histórico, es su uso social. Pues bien, es en este terreno donde la historia del catalán, por oposición a la del provenzal, permite hacer las reflexiones más instructivas. Literariamente habría podido pensarse que el renacimiento del provenzal era tan brillante como el del catalán. Pero la personalidad excepcional de Mistral fracasó en su esfuerzo por unir a la masa a su movimiento, mientras que los intelectuales catalanes, carentes de una primera figura tan prestigiosa, resultaron suficientes en número y lograron forjar armas suficientemente eficaces para mantener o restituir el uso de su lengua en todos los medios y para imponer finalmente su uso público. Esto exige una explicación muy amplia, que englobe todo el complejo histórico de los siglos XIX francés y español.

En la Cataluña del siglo XX se ha podido asistir a un espectáculo nada banal: un pueblo entero, en sus más diversas capas sociales, que acepta espontáneamente, y en cierto modo con alegría, someter su lengua a las leyes del gramático Pompeu Fabra, especie de Vaugelas modesto e incluso tímido, lengua que la escuela no enseñaba y que la administración excluía.

Es cierto que existía un teatro, una prensa, cosa que el felibrige no había logrado poner en pie en el lado francés. Se trata de hechos sociales, cuyo destino no depende de puros factores intelectuales o individuales, sino sobre todo de estructuras psicológicas y económicas, por ejemplo de que la renovación de la lengua sea aceptada por clases capaces de financiar revistas y diarios, y a la vez de echar fuera de la «buena sociedad» la lengua de estado. El empleo del catalán como signo de oposición, de rechazo respecto a Madrid, no tenía posibilidad de triunfar, en una sociedad dividida en clases muy jerarquizadas, más que si la clase dirigente aún poderosa participaba en esa oposición y en ese rechazo.

Esta es la razón por la que resulta vano, por parte de los adversarios del catalanismo, ironizar sobre Pompeu Fabra, acusarle de haber «fabricado» un catalán moderno «artificial», o de haber «resucitado» una lengua muerta. Cuanto más artificio pudiera demostrarse en esta obra, tanto más significativo resultaría la constatación de su éxito. Sobre todo cuando este éxito corresponde no a una era de retroceso del castellano literario, sino a su florecimiento más admirable desde el Siglo de Oro.

Sin duda tiene razón don Ramón Menéndez Pidal cuando basa el triunfo histórico del castellano sobre sus superioridades «internas», sobre su fuerza de expansión al término de la Edad Media. Pero una tesis puramente lingüística no puede valer para explicar los movimientos históricos profundos. El renacer del catalán en los siglos XIX y XX ha correspondido a una psicología de grupo renovada, a una voluntad política. Cuando se habían eclipsado los usos cultos, políticos, mundanos de la lengua catalana, en el siglo XVI o en el XVIII, las etapas de este eclipsarse habían correspondido a las victorias materiales de la unidad española. Por el contrario, el florecimiento medieval del catalán corresponde al triunfo del Principado en el seno de la confederación aragonesa; la colección diplomática de los Archivos de la Corona de Aragón basta para calificar este florecimiento: es político, es social, es económico.

La lengua soporta las vicisitudes del grupo en la misma medida en que las dirige, siendo obvio que luego, como todo factor histórico, puede reaccionar e incluso arrastrar.

Lo mismo ocurre con los recuerdos históricos. El catalanismo contemporáneo gusta, como hemos dicho, de rememorar los condes independientes, el Rey conquistador, el imperio barcelonés, las gestas almogávares y los vestigios materiales de un pasado tan grande: el salón del Consell de Cent o Santa Maria del Mar. Ferran Soldevila, en su Historia de España, destaca la época en que Barcelona daba sus leyes a Atenas, en que el Partenón se llamaba «la Seu de Santa Maria» y en que había despachos catalanes instalados en el Erechteion.

Este sentimiento vivo de la historia, de una historia remota, es para Cataluña, a semejanza de lo que ocurre con la evocación del Siglo de Oro en el nacionalismo castellano, una nostalgia moderna. Pero lo que habría que explicar es por qué el niño de Prades o de Perpiñán, ciudades que hasta 1659 se mantuvieron fuera de la comunidad francesa, siente hoy como suya la historia de san Luis o de Juana de Arco, mientras que el niño de Vic o de Barcelona, ciudades españolas desde hace cinco siglos, está llamado a preferir la iconografía popular de los almogávares a la de Isabel o Cisneros.

Acaso se objetará que «la escuela hace la nación». Pero, ¿quién hace la escuela? ¿El estado? Pero, ¿quién hace el estado?

A cada instante la fuerza del grupo se ve sometida a presiones internas, o extranjeras.

Y no hay razón alguna para no someter al análisis de las coyunturas y de las estructuras, de las relaciones entre estado y clases, los reinos aragoneses del siglo XIII, igual que la España del XIX o las revoluciones catalanas de 1640 y 1705.

El historiador de los grupos humanos, si quiere captarlos como totalidades y como resultados de una historia global y acumulativa, se enfrenta pues ante una tarea ardua.

No tiene derecho a dejar de lado ninguna de las condiciones primeras, de las estabilidades geográficas, de las mezclas étnicas efectuadas a lo largo de períodos prolongados, de las permanencias lingüísticas, bajo su forma popular y en el uso social y político que se hace de la lengua; debe interesarse por los «hechos diferenciales», aun de los más lejanos, en caso de que tengan una realidad histórica bien establecida.

Pero a la vez debe someter a observación las aportaciones o los cambios de cada etapa, de cada siglo, partiendo de las investigaciones más concretas, de las más materiales, sobre el crecimiento y la vitalidad del grupo, en comparación con las de los grupos vecinos. No debe dudar en advertir los eclipses, las desapariciones, tanto como las afirmaciones positivas. Y debe considerar la psicología del grupo, cuando se manifiesta por los textos o por la acción, a la vez como dato, como signo, como resultante y como fuerza.

¿Es esta una tarea demasiado dura? Sin la menor duda. Es posible hacer preguntas y esbozar síntesis. Renovar los análisis obliga a elegir, a dar preferencia a tal o cual época, a tal o cual elemento.

Pero estoy tan convencido de que todo esfuerzo de investigación que aísle una época o un elemento falsea la realidad histórica y compromete su comprensión, que he asumido el riesgo de una exposición indudablemente poco habitual: he partido de una descripción del medio, del marco geográfico, justificando en la medida de lo posible los límites de este marco de observación; a continuación he analizado, en sus orígenes remotos, el medio humano, históricamente constituido pero no siempre históricamente observable, preparado por los largos milenios que precedieron a la cristalización del grupo, del cual la aparición del nombre de Cataluña es el testimonio más evidente; he tratado de estimar el peso relativo y la solidez propia de esa Cataluña medieval, uno de los esbozos más precoces de «estado-nación». No he pretendido, en esta parte introductoria, hacer obra original ni reescribir una «historia», sino simplemente registrar lo que me parece que, en este pasado, importa aún para la comprensión del presente.

Con el mismo propósito, sin esfuerzo de investigación directa pero sí de interpretación nueva, he tratado de identificar un aspecto, demasiado subestimado, a mi juicio, de la historia peninsular: los casos de contrastes, retrasos y relevos entre el desarrollo de las regiones centrales y el de las regiones periféricas. Cataluña pierde los elementos de su fuerza de la Edad Media en el mismo momento en que Castilla forja los instrumentos de su dominación mundial; y a la inversa, vuelve a tomar el camino del progreso demográfico y económico cuando España está en el punto más bajo de una espectacular decadencia.

Mi trabajo de investigación original comienza progresivamente cuando en la exposición de estos relevos y de estos contrastes, una hipótesis, una sugerencia tanto para el siglo XV como para el XVII exigen una verificación, una cita. Mi obra aportará ya sobre la guerra de Sucesión —así lo espero— puntos de vista inéditos.

Sin embargo, la reconstrucción sistemática del crecimiento que conduce a Cataluña hacia su destino moderno, no comienza, según documentos de primera mano, sino en 1714; termina en 1808: dos catástrofes enmarcan el impulso de todo un siglo. Para el siglo XIX, un rápido esbozo coyuntural nos servirá de conclusión, quedando como objeto de futuras encuestas.

Me he esforzado por esclarecer un punto: el despegue de una región hacia la estructura moderna, industrial, capitalista, burguesa. He querido plantear (no resolver) un problema en su integridad: las relaciones del hecho «nación» con la estructura de las sociedades y la coyuntura de los siglos.

PRIMERA PARTE

EL MEDIO NATURAL Y EL MEDIO HISTÓRICO

Las permanencias y el pasado lejano

I

DEFINICIÓN Y LIMITES DE LA REGIÓN ESTUDIADA

Importa precisar, en el inicio de un trabajo de historia, la extensión territorial del hecho que va a ser sometido a observación. La consulta de las fuentes sugiere siempre, y a veces eXIge, atenerse a las delimitaciones administrativas. Pero no hay que aceptar estas delimitaciones más que con la plena consciencia de lo que valen. Sin lo cual se comprometería, en el término del estudio, su propósito principal, consistente en definir mejor el objeto estudiado.

«Cataluña», objeto de este trabajo, no se define tan fácilmente.

Todo el mundo se da cuenta de que esta palabra recubre una realidad, y la noción parece familiar. No obstante, no existe ningún estado, ninguna circunscripción administrativa, en el momento de escribir estas líneas, que lleve tal nombre. Y para establecerla en un mapa hasta límites exactos, la historia y la geografía no se ponen fácilmente de acuerdo.

Por lo demás, esto deriva de la propia historia. La Cataluña política, en sus orígenes, es una marca y es un estado montañés.

La «Marca Hispánica» y los Pirineos

La palabra puede sorprender, al ser aplicada a un país que llevó también —durante más tiempo y más oficialmente— el nombre de un puerto marítimo. Pero el «condado de Barcelona» había nacido como «marca hispánica», es decir, como formación defensiva en las fronteras meridionales del imperio franco.

Esta marca durante mucho tiempo no logró seguridad, ante las múltiples correrías de los sarracenos, más que en el refugio montañoso donde se reconstituyó y siempre tuvo su base de apoyo, gracias al mantenimiento de una población estable, la fuerza de resistencia de los pobladores autóctonos frente a las sucesivas oleadas de la invasión musulmana. La futura Cataluña está, pues, a caballo, y sólidamente ensillada, sobre este obstáculo pirenaico que hoy nos parece una frontera tan «natural» entre dos estados, y que fue en realidad —el fenómeno es clásico— no una linde sino un lugar de cristalización humana, y luego de expansión, es decir, posibilidad de nación.

Las pequeñas unidades feudales nacidas de la Marca Hispánica (y la palabra «marca» no designa una noción administrativa rígida) fueron primero, fueron sobre todo, antes de que se impusiera la vigorosa soberanía de los condes de Barcelona, unas creaciones de altos valles, como el Pallars, o de depresiones en el corazón de la cordillera, como la Cerdaña. Cuando aún había de pasar mucho tiempo antes de que los pasos menos elevados quedaran libres de la amenaza, ya se contemplaban desde aquellas fortalezas-refugio las depresiones más amplias tan fuertemente vinculadas a su vida: el Urgell en el sudoeste, el Ampurdán al este, la llanura rosellonesa al nordeste. En esta extremidad oriental de los Pirineos, fragmentada, rebajada (por lo menos relativamente) y que domina el Portas, ese punto fundamental de paso, el desarrollo de esta aglomeración de estados montañeses surgidos de la Reconquista pudo ser, durante el conjunto de la Edad Media, un desarrollo irradiante.

Creación «patrimonial», había dicho Calmette. Visión feudal de las cosas, de la que, como por definición, desaparece la noción de estado y, por consiguiente, la «frontera» de los Pirineos. ¿Es realmente así? ¿No ocurre más bien lo contrario, es decir, que en la medida en que reaparece la noción de estado —pero de un estado pirenaico— se borra la pretendida «frontera»? La solidaridad montañesa se quiebra raramente, se hace más y más fuerte. Es a partir de los Pirineos y no a pesar suyo que se esboza una expansión, al norte como al sur. Los enlaces matrimoniales se multiplican con las grandes casas de la actual Francia meridional. En el siglo XIi parece que vaya a formarse una potencia catalano-lenguadociana, más tarde catalano-provenzal. En esta época, en el sur de la cordillera, hacia las estepas de Lérida, hacia el bajo Ebro y Valencia, en el mismo momento en que hace su aparición el nombre de «Cataluña» —expresando la necesidad de nombrar una solidaridad política definitivamente madurada—, el gran condado barcelonés, ligado al de Urgell, modifica sus fronteras al ritmo de sus victorias, hasta encontrarse en el camino las fuerzas de los otros reconquistadores, con los que se enfrentará o se aliará.

El marco a elegir: ¿historia, lengua o geografía?

Y henos aquí, por esta misma razón, ante la dificultad principal. ¿Dónde fijar, para un estudio de los tiempos modernos, cuando el nombre de «Cataluña» deja de designar una potencia política determinada, el límite de observación de hechos regionales cuya persistente solidaridad, aunque confusamente, percibimos?

En los contornos de la propia potencia histórica antigua; pero, ¿en qué fecha establecerla?

¿En el recuerdo que ha dejado en el trazado de circunscripciones administrativas actuales? Pero, ¿no es artificial este trazado?

En la extensión lingüística del catalán, considerado como característica del grupo humano; pero, ¿se tratará del catalán en el sentido estricto de la palabra, o también del valenciano, del mallorquín, del rosellonés, que son variantes suyas, lo cual nos obligaría a englobar Valencia, Palma, Perpiñán, en el marco de los fenómenos a observar?

¿Optaremos más bien por incluir el hecho regional en los límites que parecen ofrecer, cuando no imponer, unas divisiones orográficas o climáticas? Algunos geógrafos catalanes lo han intentado, pero en base a consideraciones bastante arbitrarias. Uno de ellos considera las «tierras que, por la geografía, la historia [el subrayado es nuestro] o las relaciones sociales y económicas, constituyen en cierta manera una unidad geográfica», añadiendo en seguida: «Hay que señalar que nuestros antepasados habían ya sentido esa unidad que el estudio científico nos muestra, puesto que a base de ella habían constituido una entidad estatal, el “Principado de Cataluña”, que iba del Cinca a Salses, del Pirineo al mar».

El sofisma es evidente. La historia se habría fundado en el presentimiento de una unidad que hoy pondría de manifiesto «el estudio científico», cuando en realidad éste se apoya sobre hechos surgidos de la historia: extensión de una lengua, relaciones económico-sociales, en suma, «historia» a secas.

Quisiéramos evitar tal tipo de confusiones, tanto al comienzo como al término de nuestro estudio. Porque en cuanto se quieren determinar limites, surgen en seguida dificultades. Saltan a la vista visibles divergencias entre las comprobaciones de la lingüística, las sugerencias de la naturaleza y los datos de la historia.

1. CATALUÑA Y PIRINEOS

Las divergencias son particularmente visibles en la frontera de los Pirineos.

El Valle de Arán, por haber dependido —en todo el tiempo del que tenemos información por documentos de archivo— de la dinastía de los condes de Barcelona, ha sido siempre considerado como catalán. Hoy es políticamente español. Pero lingüísticamente es gascón. Y geográficamente pertenece a Francia. Porque hay pocos contrastes tan manifiestos, en lo que respecta al clima y a la vegetación, como el que opone el mundo mediterráneo y el mundo atlántico en el umbral del Valle de Arán. A un lado, todo es luminosidad, todo sequedad. Al otro, todo brumas y verdor. Y no obstante, el puerto de la Bonaigua, donde se muestra este espectáculo, a más de 2.000 m de altura, no señala la frontera. No hay aquí ninguna correspondencia entre indicaciones naturales o lingüísticas y límites internacionales o hechos administrativos. La sola historia política, bajo la forma de viejas querellas de soberanía, ha determinado la actual división.

Pues bien, esta «anomalía geográfica» no es en modo alguno un caso aislado.

Al este del Valle de Arán, entre Pallars y Coserans, y a pesar de la relativa unidad de los modos de vida en la alta montaña, la frontera topográfica y política separa claramente, de un valle a otro, los tipos humanos, las costumbres y las lenguas.

Pero inmediatamente después —siempre siguiendo hacia el este— Andorra afirma su autonomía entre el estado español y el francés, obligando a la línea de demarcación internacional a desdoblarse.

Un arcaísmo, por supuesto. Simple supervivencia, puesta de relieve por el derecho, de una comunidad de pastores como tantas otras que pasan desapercibidas. Testimonio también, sin embargo —puesto que Andorra tiene como lengua oficial el catalán—, de que un grupo humano antiguo, de rasgos característicos, viene a insertarse, en este punto de los Pirineos, entre Francia y España. Andorra, caso notable por su estatuto político tan singular, podría formar un solo bloque, con muchos mejores títulos de legitimidad que el Valle de Arán, con una Cataluña que estuviera definida sólo por el complejo humano y por la comunidad de lengua.

Más al este, efectivamente, la frontera franco-española, desde los confines andorranos hasta el Mediterráneo, parte una unidad humana indiscutible.

La Cerdaña es el ejemplo más chocante.

Históricamente es una de las células iniciales de la potencia catalana medieval. Geográficamente, su unidad física está bien definida, puesto que es un hundimiento tectónico localizado, de fondo llano rellenado por aluviones recientes. Esta topografía de llanura interior ha hecho que se manifestara a plena luz la arbitrariedad de la noción de «montes Pirineos» invocada por los tratados de 1659 para fijar la división tradicional «de las Galias y de las Españas». Cuando parecía, pues, que triunfaba en estos tratados el gusto por las «fronteras naturales» —gusto tardío, y en realidad pretexto intelectual para la búsqueda de posiciones estratégicas—, la comisión nombrada para definirlo, de la que formaba parte un historiador famoso, Pedro de Marca, no llegó a entenderse. Y los plenipotenciarios finalmente partieron de por medio la pequeña llanura de la Cerdaña, no sin dejar espacio a las discusiones de detalle, como lo prueba el enclave de Llivia.

Por lo menos la convención de 1660 preveía libertades de circulación y de intercambio. Hoy la línea aduanera serpentea, en terreno llano, a lo largo de riachuelos insignificantes, al pie de puertos y montañas de gran altitud, separando pueblos perfectamente semejantes, hombres que hablan el mismo lenguaje, cuyas propiedades, a menudo, se reparten a uno y otro lado de la frontera, y cuyo destino individual a veces viene marcado por esta confusión.

Pues bien, la circulación por los pasos de altura, el contrabando practicado —gracias precisamente a las paradojas geográficas en los limites entre estados— tuvieron en la economía de otros tiempos un peso mayor que en la economía de la época de los ferrocarriles, en que dominaron rápidamente los intercambios periféricos.

Esto tiene que alertamos, respecto al pasado, ante ciertas indicaciones de nuestros documentos: en el curso del renacimiento industrial del siglo XVIII, veremos cómo las innovaciones técnicas de la industria textil inglesa llegan a Cataluña, primero, por los Pirineos.

2. CATALUÑA «ESPAÑOLA» Y CATALUÑA «FRANCESA»

Así pues, si existen unos «Pirineos mediterráneos» tan fuertemente caracterizados por su unidad humana que Max. Sorre, al estudiarlos, no dudaba en denominarlos a menudo «los Pirineos catalanes», ¿deberemos por esta razón incluirlos enteramente en nuestro campo de observación, junto con el Capcir y el Conflent, el Vallespir y el Rosellón? El problema es aquí algo más complejo.

El hecho de que una solidaridad política haya unido, desde una Edad Media muy remota hasta una fecha al fin y al cabo reciente como 1659, en la zona mediterránea hoy repartida entre España y Francia, los valles y las llanuras anexas a los Pirineos, es algo inequívoco. Igualmente inequívoco resulta a la mirada del observador, aunque lo ignore todo acerca de su historia, una continuidad en el tipo humano dominante, en los modos de vida y de explotación rural que imperan a uno y otro lado del Portús, pese a los montes Alberes y su áspera cornisa erguida ante el mar. Esta continuidad no se rompe al norte, por lo demás con una nitidez a primera vista sorprendente, más que en la línea de relieve separada de los Pirineos que va de la sierra de Corberes al cabo de Leucata.

Los geógrafos se han complacido en subrayar la importancia de esta línea, «límite biológico, límite histórico», «contacto entre dos naciones», según palabras de Max. Sorre. El desfiladero de Leucata, «esas Termópilas», como ha dicho Jules Sion después de Vidal de La Blache.

El corte, sin embargo, podría parecer menos chocante que la pendiente de los Alberes. Pero es cierto que pone de manifiesto una dirección general de los pliegues secundarios pirenaicos, señala el borde septentrional del hundimiento y del antiguo golfo ocupados por la rica llanura de Perpiñán y, por último, marca el límite entre algunos matices sensibles en el ámbito del clima y de la flora.

Corresponde a la vez a la separación, muy fuertemente sentida por la consciencia popular, entre catalanes y lenguadocianos, que son, ahí, los gabachos. Los lingüistas hacen notar que el límite de las lenguas coincide con el de una circunscripción eclesiástica muy antigua, el obispado de Elna, y que estas mismas circunscripciones se habían adaptado a una división del territorio entre tribus prerromanas, étnicamente significativa. La tribu de los sordones, el pagos ruscinonensis, el obispado de Elna han tenido todos igualmente sus límites en el «Pas de Salses».

Y ahí se detuvo también, durante varios siglos, el señorío de la Corona de Francia. Es obligado constatar, en estos confines, una particular docilidad de la historia para adaptarse a las indicaciones naturales y a las indicaciones étnicas más antiguas. Y tal vez la indicación natural más eficaz fuera, tanto y más que el «desfiladero» de Salses-Leucata, la zona desolada, desierta, que coloca entre Perpiñán y Narbona la yuxtaposición de agrestes matorrales y lóbregas marismas. Este desierto, que sorprendió a Young y que nos sorprende aún a nosotros, debió de desempeñar muy antiguamente un papel de zona fronteriza. Es ahí tan sólo donde debería acabarse toda cartografía del hecho catalán. Esto se impondría en «geografía humana». La actual frontera política parte de por medio, repitámoslo, una unidad lingüística y folklórica indiscutible. La antigua frontera política, la que separó, de 1258 a 1659, dos reinos, dos soberanías, correspondía, por el contrario, a una geografía muy arraigada de los grupos.

Pero, ¿es esto una razón, tratándose de un estudio económico-social de carácter histórico, para observar conjuntamente la Cataluña «francesa» y la Cataluña «española», después de que el tratado de los Pirineos haya separado sus destinos? Digamos en seguida que no lo creemos.

A parte de un inconveniente importante para la investigación (ya que las fuentes, al ser heterogéneas, harían resultar peligrosa toda comparación de datos cifrados), ¿cómo no percibir un factor decisivo de diferenciación, entre economías y entre evoluciones sociales, en una frontera inconmovible desde hace unos trescientos años, pues —dicho sea de paso— el episodio napoleónico no quebrantó en modo alguno las barreras aduaneras y monetarias?

De hecho, la misma nitidez de la delimitación lingüística, folklórica, «humana», popular, entre pueblos «catalanes» y pueblos «lenguadocianos», verificada a lo largo de las Corberes y hasta Leucata, se debe con toda probabilidad a la prolongada estabilidad de la frontera medieval. La lengua misma parece respetar exactamente los límites histórico-políticos. Los dialectos de transición, que existían al comienzo, han desaparecido.

Tal fue la fuerza de fijación, por no decir de creación, del «fenómeno frontera». En este sentido, la magnífica fortaleza de Salses, con un macizo volumen de piedras rosadas y grises, es un vigoroso símbolo. Dos épocas de historia se fijan con ella en la fisonomía del país: la Edad Media, en que el castillo defendía los límites de los señoríos feudales, y los primeros siglos de los tiempos modernos (que asistieron, bajo Carlos V, a su reconstrucción), en que los grandes estados afirmaron su existencia, sus rivalidades y, por ende, sus fronteras.

En la frontera contemporánea, el símbolo correspondiente vendría constituido más bien, en tanto que no ha llegado a su fin el pacífico siglo XIX, por los enormes recintos aduaneros de las dos estaciones gemelas, Cerbère y Portbou, a una y otra parte del túnel de los Alberes, y sus amplios andenes de descarga, impuestos por la diferencia de anchura de ambas vías férreas. Signos, por un lado, de un siglo de intercambios considerables y libres, pero por otro lado también de los temores, de las prudencias, de las desconfianzas que el nacionalismo económico inspiró a las potencias industriales de segunda categoría.

No obstante, si se nos pusiera de manifiesto, en la vieja solidaridad histórica de los catalanes (fondo étnico, estructuras sociales y psicológicas que se han mantenido comunes), el menor germen de fenómenos continuamente interdependientes de Tortosa y Barcelona a Salses y Leucata, no dudaríamos en abordar su estudio.

No parece que sea ésta la cuestión. En el curso de todos los períodos examinados, desde 1660, la separación internacional hace diverger de manera muy neta la evolución de los dos fragmentos de Cataluña cuyos lazos fueron rotos por el tratado de los Pirineos.

Ante nuestros ojos, en el último período de intercambios totalmente libres que nos haya sido dado observar, antes de la guerra civil española, Barcelona podía atraer de Francia y de Europa toda clase de mercancías —incluso pescado de Boulogne— sin que el Rosellón, por el hecho de ser catalán, desempeñara para ella un papel particular. A la inversa, la atracción de los mercados franceses podía ejercerse sobre la fruta temprana del Ampurdán y del Maresme; pero se trataba de los mercados de Lyon y de París, no de Perpiñán. El productor de cerezas del Vallespir se había acostumbrado a fijar su atención en las cotizaciones de las «Halles» parisienses. La horta rosellonesa disponía de una estación modelo para el envío de sus frutos tempranos lejos hacia el norte. En una etapa anterior, los viñedos catalanes se habían orientado hacia la producción en masa gracias a los primeros ferrocarriles. Pero Francia poseía ya 1.900 km de vía férrea cuando Barcelona, en 1848, inauguró la primera línea de ferrocarril española, hasta Mataró, cuya longitud era de unos 30 km. ¿Cómo no evocar, para un tiempo algo más lejano, el contraste advertido por Young en la frontera francoespañola: «De los pobres y miserables caminos de Cataluña, se pasa a anchurosas carreteras [...] en lugar de torrenteras hay puentes bien construidos, y procedentes de un país salvaje, desierto y pobre, nos vimos de pronto trasladados en plena agricultura e industria»?

Ya veremos que esta frase de Young es vulnerable a la crítica. El verdadero contraste no es el que se da entre dos estados, sino entre el desierto y el oasis, entre el aspre y la horta. Young, que era un viajero apresurado, interpretó muchas veces erradamente este clásico rasgo mediterráneo. Pero el mal estado de las carreteras catalanas, el cuidado mediocre de la gran vía debida a Carlos III, son, en efecto, unas tristes realidades.

Sin embargo, el agrónomo Young, tras visitar la misma Barcelona, había opinado que «después de París» no había visto ciudad alguna «que irradiara tanta vida». Vida industrial: «Las manufacturas de Barcelona son de consideración». Vida comercial: «Las transacciones suben a cifras muy elevadas». Sin anticiparnos a las conclusiones de nuestro trabajo, podemos indicar perfectamente aquí que la industrialización y sus relaciones con el comercio marítimo nos parecerán, efectivamente, el fenómeno central del renacer económico catalán de los tiempos modernos. En cambio, el Rosellón obtendrá, de sus contactos con el mercado francés, las posibilidades de un impulso sobre todo agrícola. Es fácil ver lo artificial que sería incluir un territorio francés desde trescientos años atrás en el examen de un fenómeno regional «catalán» dominado por la acción de su capital barcelonesa, acción que no irradia siempre hasta la frontera (esa es la lección del testimonio de Young) y que, en otros casos, es interrumpida por la barrera fronteriza.

Nuestro estudio podrá limitarse, pues, en la medida en que se base en documentos estadísticos y administrativos, a las actuales delimitaciones internacionales.

En la medida en que será «geográfico», uno de sus fines seguirá siendo no obstante, como es natural, el de trazar de paso, para cada período histórico, el radio de influencia del progreso económico barcelonés, o la extensión de los intereses en los que se funda.

En tales ocasiones, no nos negaremos a echar una ojeada sobre la «Cataluña norte». Incluso será particularmente significativo a título de comparación y de verificación, cuando los documentos lo harán posible o lo sugerirán, puesto que se tratará de comparaciones con un país de igual pasado, de igual fondo étnico, de igual estructura social agraria las más de las veces. Incluso son las condiciones de un «caso», de una «experiencia», utilizables para el estudio del problema histórico de las nacionalidades.

3. CATALUÑA MEDIEVAL Y ANTIGUOS REINOS IBÉRICOS MEDITERRÁNEOS: VALENCIA, MALLORCA

Descartada así la «Cataluña francesa», nos queda por elegir nuestro ámbito de observación en el marco de la España histórica y de la España actual.

En seguida se plantea una primera cuestión: ¿no ha reconstituido la economía moderna el sistema comercial mediterráneo que llevó, del siglo XIII al XV, el nombre de «catalán» en todas partes donde ejerció su actividad, pero que no tenía sólo Barcelona como gran centro, puesto que estaban también Valencia, Palma de Mallorca, sin contar Perpiñán y, durante un tiempo, Montpellier?; y en caso de que no sea así, ¿por qué no lo ha reconstituido? ¿Debemos observar, junto con Barcelona y a causa de este pasado común, por lo menos Valencia y Palma, que han seguido siendo buenos puertos, puertos españoles y, por añadidura, capitales de regiones que lingüísticamente no han dejado de ser catalanas?

Tampoco en este caso renunciaremos a proceder a útiles comparaciones, cada vez que sea posible y marginalmente. En cambio, nos parecía superfluo, igual que en el caso del Rosellón, convertir estas comparaciones en estudio sistemático.

Efectivamente, no hay nada en la economía moderna que se asemeje a lo que fue el comercio mediterráneo de la Península cuando la potencia catalana estaba en su apogeo. Barcelona, ya lo veremos, fracasó entre 1793 y 1800 en sus proyectos de reinstaurar un comercio con Levante, terreno en el que Marsella llevaba decididamente la delantera. Valencia y Palma no hicieron ninguna tentativa de esta clase, y seguramente no les habría salido mejor. La esperanza de volver a impulsar grandes corrientes comerciales, para la España del siglo XVIII, radicó en el comercio colonial americano. Puede comprobarse cómo Málaga o Alicante tuvieron, en esta cuestión, más suerte que Palma o Valencia; Palma hoy no es más que un puerto local. Valencia es un puerto regional de exportación agrícola. Barcelona tiene el valor de un órgano de importación para la región de España más industrializada.

Al fin y al cabo, si bien los tres puertos habían tenido antaño alguna semejanza, es ya más dudoso que hubieran vivido en una efectiva solidaridad económica. Valencia y Palma habían tenido cada una su destino propio en el mundo árabe medieval. Luego habían edificado, sobre la base de los privilegios que les habían concedido los reyes catalanes, su vida de pequeños grupos mercantiles, sus «consulados» y sus llotges (lonjas). Sus momentos de fortuna, sus momentos de miseria, vinieron determinados, en líneas generales, por los grandes fenómenos mediterráneos; en las cosas de detalle, a menudo no eran concordantes —lo cual prueba que el sistema no era coherente— con los momentos de miseria y de fortuna de Barcelona. Palma precedió a ésta en la decadencia. Valencia conservó por más tiempo su prosperidad.

Es cierto que un vínculo político unía las posesiones diversas de los reyes catalanes. Pero no hay que olvidar el carácter federativo de la Corona de Aragón, ni los largos años de independencia de las Baleares. Porque todo esto marca el futuro. Cada uno de los antiguos estados federados conservó, hasta bien entrado el siglo XVIII, su sistema monetario, su sistema fiscal, sus pesos, sus medidas, sus privilegios. En todos los períodos aquí examinados, habrá que estudiar separadamente sus economías, como también hay que estudiar cada una de ellas separadamente de la economía castellana, incluso después de la unión nominal de toda España con los Reyes Católicos. Los trabajos de E. J. Hamilton sobre el movimiento de precios españoles han respetado cuidadosamente esta división sugerida por la distinción constante de los hechos monetarios.

¿Dejó la unión política otros recuerdos? La lengua popular conserva innegablemente afinidades humanas entre Cataluña y los países ganados a los musulmanes por Jaime el Conquistador, su rey más glorioso.

Pero el carácter relativamente tardío de la Reconquista permitió el surgimiento de diferenciaciones mucho más marcadas entre las estructuras sociales básicas de Valencia o de las Baleares y las de Cataluña que las que existen, por ejemplo, entre la Cataluña del este y el Rosellón. El «fenómeno frontera» actuó en este caso, mucho tiempo atrás, pero durante siglos. Y entre dos mundos: Islam y Cristiandad. Además, en Valencia y en las islas, una sociedad reconquistadora se superpuso a una sociedad reconquistada. Ciertos fenómenos importantes —como los vestigios judíos en la sociedad mallorquina, o el drama de la expulsión de los moriscos en Valencia— son desconocidos en Cataluña, o no la han afectado más que muy parcialmente.

En una palabra, no hay nada que imponga, ni en la geografía, ni en la observación contemporánea, ni siquiera en la más vieja historia económico-social, la idea de un sistema «gran catalán» bastante coherente para obligar a estudiar a la vez Valencia, las Baleares y Cataluña.

4. BAJO EBRO Y ZONA FRONTERIZA EN EL SUR DE CATALUÑA

Más aún. Es en el sudoeste, hacia Valencia, y en torno a ese punto fronterizo común a los tres estados medievales federados —Aragón, Valencia y Principado—, marcado por la cumbre de los Ports de Beseit, donde Cataluña posee su zona límite natural mejor definida.

No se trata de detalles, de «línea ideal», como lo es, por ejemplo, esa línea del río Sénia finalmente adoptada para delimitar en otro tiempo el reino de Valencia y el principado catalán, y para delimitar hoy las «provincias» de Castellón y de Tarragona. Se trata de obstáculos más eficaces y más extensos.

Se trata, en primer lugar, en el Pla de la Galera y el litoral, inmediatamente al sur del delta del Ebro, de esos relieves aislados, elementos de la antigua cadena costera, fragmento de los «Catalánidas»: Montsià y Godall. Bajo la amenaza de esta doble prominencia pasan todos los caminos entre Cataluña y Valencia. Es comprensible que la Reconquista cristiana, tras la toma de Tortosa, tardara ochenta y cinco años en llegar a Valencia. En 1938, las tropas del general Franco, tras haber alcanzado el mar en la provincia de Castellón, no podrán tomar la ofensiva ni hacia Valencia ni hacia Barcelona.

La misma ciudad de Tortosa —que, en el curso de la Reconquista, fue el objetivo de los jefes cristianos desde 811, sin ser tomada hasta 1148— guarda una «frontera natural» más grandiosa que los desfiladeros litorales. Todo el curso inferior del Ebro es un juego de obstáculos.

Su carácter se ha modificado y su importancia también, a la vez en el espacio y en el tiempo, ya que las técnicas de la guerra, de la fortificación, del desecamiento de pantanos y del paso de montañas no se mantienen invariables con el paso de los siglos. No importa. El juego de obstáculos del Ebro inferior se ha impuesto a la historia desde los tiempos de Roma hasta la última guerra civil. Ahí han chocado las potencias hostiles. Ahí han montado la guardia durante un tiempo suficientemente prolongado para que los destinos de ambas regiones hayan quedado bien separados.

a) El delta. Debido a la desembocadura del Ebro en forma de delta, la estrecha franja costera del Levante español, tan accidentada, se extiende ampliamente —350 km² de aluviones en el momento actual— gracias al aporte de un río de labor potente, aunque irregular.

Sin embargo, este aporte de lodo, esta prolongación arenosa de las playas costeras, antes de estar bien cultivado como lo está hoy, constituyó para la circulación litoral una molestia sensible durante largo tiempo, un terreno pantanoso de cauces de agua irregulares, que ha sido preciso conquistar.

No ha habido ningún emplazamiento para un puerto digno del gran río que no se haya visto en peligro de cegamiento por los aportes aluviales del delta. Tarragona en la Antigüedad y Barcelona en la Edad Media tuvieron que vigilar de lejos, como Marsella el Ródano, este punto de salida de la Iberia interior.

b) El desfiladero. Además, el delta del Ebro sigue sin transición, en el cauce del río, al paso de un desfiladero profundo. Contrariamente a los grandes ríos franceses, cuyas cuencas (incluso en el caso del Ródano) se abren ampliamente sobre el litoral y aseguran, por otra parte, buenas relaciones circulares, el río español, de cuenca cerrada, tropieza, antes de llegar al Mediterráneo, con un sistema montañoso de altura escasa, pero extenso en dimensiones y complejo de estructura, y difícil, por consiguiente, de atravesar. Desde un avión, la perforación del macizo por el gran río, y por sus afluentes, que se reúnen con él en pleno desfiladero, da verdaderamente la impresión de una «brecha heroica».

Raras veces un río sustituye tan claramente su vocación natural de lazo vinculante por semejante función separadora.

Y el papel del desfiladero como frontera está bien establecido. En las cumbres, numerosas ruinas de castillos dan testimonio en todas partes de antiguos combates. En Mora se trata de ruinas más recientes: allí el ejército republicano atravesó el río al precio de un esfuerzo violento, allí se aferró y se desgastó, en 1938; no pudo, sin embargo, abrir brecha. En Flix, en Faió, la relativa celeridad de la corriente y la estrechez del valle fijaron el emplazamiento de una potente fábrica química y de un proyecto hidroeléctrico gigante. Pero allí estaban también, en los siglos XIV y XV, los señoríos y las fortalezas adquiridos por el rico consejo municipal barcelonés, el Consell de Cent. Se trataba de garantizar —vi vel gratia— a la capital catalana los trigos de Aragón que bajaban por el Ebro. Flix, Faió, Miravet, Mequinensa en el Ebro, Fraga en el Cinca: he aquí otros tantos puestos de vigilancia, puestos fronterizos, en los que se midieron primeramente moros y cristianos, donde el condado barcelonés, al topar con Aragón en el camino de la Reconquista, trató de cerrarle el camino de Valencia, y luego controló la salida de sus trigos, de sus lanas, de sus ganados.

En conjunto, el juego de obstáculos del Ebro inferior cayó, como era de esperar, en las manos más potentes, que eran manos catalanas: las del soberano, las de los comerciantes de la capital-puerto.

Pero el emplazamiento de la confluencia Ebro-Segre-Cinca, que de haber estado situado en la llanura hubiera podido convertirse en uno de esos puntos privilegiados, para la Iberia septentrional, donde afluyen los hombres con las aguas y donde se instalan las grandes ciudades, no ha sido durante siglos (y hasta las guerras civiles de los dos últimos) más que una llave estratégica en las puertas de una fortaleza.

5. CATALUÑA Y ARAGÓN

Al norte de este accidente, por el contrario, los límites occidentales de Cataluña, desde la confluencia del Segre y el Cinca al Valle de Arán plantean un problema histórico-geográfico de los más confusos. Aquí la naturaleza no impone nada, no sugiere nada. La historia parece favorable a una fusión desde el siglo XII. Cataluña y Aragón tuvieron el mismo soberano desde 1137. Y sus economías podían parecer complementarias.

¿Por qué los dos países no se identificaron entre sí? Si se piensa que durante los últimos cien años la diferencia entre las dos regiones —Aragón, Cataluña— se ha consolidado más que difuminado, se comprenderá que la noción de «frontera catalanoaragonesa» haya suscitado algunas controversias, a menudo eruditas, y casi siempre impregnadas de pasión.

¿Vamos a retener algo que nos ayude a delimitar exactamente nuestro campo de estudio? Bien hay que delimitarlo también al oeste. Ahora bien, si la cuenca del Ebro es, como hemos dicho, una cuenca «cerrada», constituye por esta misma razón una unidad natural.

Esta cuenca, que forma una «depresión» en el sentido geográfico del término, desde las llanuras de Tàrrega a las de Zaragoza, no presenta ninguna barrera para las vías de circulación. Por ser también una «depresión» en el sentido geológico del término, está repleta de sedimentos lo bastante homogéneos para que las condiciones de terreno creen poco contraste entre los modos posibles de explotación. Por último, de un extremo a otro la acentuación del clima continental árido es la norma.

Si se sale de la «depresión», de la llanura propiamente dicha, para penetrar, al norte, en la montaña pirenaica, hay que seguir valles todos perpendiculares a la dirección de la cordillera, y por consiguiente paralelos entre sí. Las barreras que se oponen a la circulación son en este caso múltiples. Pero ninguna de ellas queda privilegiada. ¿Por qué designar entonces tal valle como «catalán» y el siguiente como «aragonés»? En la montaña, como tampoco en el llano, la geografía no sugiere sobre este punto ninguna razón válida. Todo es cuestión de historia. Pero, ¿trátase de una historia que aún cuenta, o por lo menos que cuenta lo bastante para imponernos —o para permitirnos— detener nuestras observaciones en los límites tradicionales que ella ha trazado?

La Reconquista —siempre hay que volver a ella— se desarrolló hacia la depresión del Ebro ya fuese a partir de los reductos de altos valles o a partir de Gerona o de Barcelona. Es fácil concebir —sin poderlo juzgar siempre con toda la precisión deseable—que se hayan manifestado diferencias sensibles entre los reconquistadores de los Pirineos centrales y occidentales por una parte, y por otra parte los de los Pirineos orientales y mediterráneos. Los primeros, vinculados a las poblaciones vasco-navarras, fueron netamente hostiles a los francos, o estuvieron separados de ellos por montañas difícilmente franqueables. Los segundos, pasando una y otra vez el Portús o los pasos de la Cerdaña, han estado en relación constante —lo cual no quiere decir siempre amistosa— con los francos, y han mantenido siempre contacto con el Mediterráneo y Europa. La originalidad aragonesa, en los orígenes, es una originalidad de reducto, de aislamiento. La de Cataluña, en cambio, es una originalidad de intermediario.

No obstante, entre lo que fue —neta o confusamente— la «Marca Hispánica» y los núcleos pirenaicos de los que partieron iniciativas independientes de Reconquista, se presentaron situaciones de transición. El Urgell se inclinó sin vacilación del lado catalán: sus relaciones río arriba con la Cerdaña y río abajo con Barcelona no ofrecen dudas. El Pallars, valle del Noguera occidental, se hizo también catalán, tras haber vacilado algo más, en sus vínculos feudales, entre el norte de los Pirineos y el señorío condal. En cambio, la Ribagorça, abanico de los valles del Noguera occidental, del Isàbena y del Essera, cayó finalmente, tras la ofensiva sarracena de tiempos de Almanzor que la devastó, dentro del dominio de Aragón, pese a sus lazos primitivos con Toulouse y pese a la cultura netamente catalana que allí había introducido en el siglo X el centro eclesiástico e intelectual de Roda, cuyo papel recuerda el que tuvo Cuixà para el Rosellón y Ripoll para la Cataluña oriental.

Aquí las demarcaciones eclesiásticas, las demarcaciones comarcales y las demarcaciones feudales no coinciden, y la separación política de los dos «condados», que ha determinado la actual frontera administrativa, plantea un problema al historiador.

Ramon d’Abadal ha insistido en la confusión, en los orígenes, entre la noción de «condado» y la de pagus. Todo el problema de la frontera reside precisamente en esta serie de no concordancias. En esta cuestión el geógrafo sale en nuestra ayuda. Pierre Birot ha mostrado por qué razón, mientras que la «línea de división de las aguas» tiene una gran significación al este del Pallars, en cambio la separación natural entre las dos Nogueras queda indeterminada. Hechos estructurales de todas clases han preparado así la superioridad hidrográfica del Pallars y la «captura económica» por éste de la salida del Valle de Arán, de la región de Pont de Suert y de los valles de Boí. De la Edad Media a las rutas más modernas, éstas se orientan hacia Lérida, por Pont de Suert y por Tremp. Así, la elección del Noguera Ribagorçana y no de la línea de división de las aguas como límite de los dos condados se explica mejor, aunque el río sea indudablemente, en el interior de un valle de montaña —que constituye una unidad obvia—, la elección menos justificada como límite.

En la Edad Media fue, no obstante, una elección frecuente. Los textos dan fe de ello, y las repercusiones modernas no han faltado, ni las discusiones. Si uno se para a reflexionar, dudará de que condes y reyes hayan añadido a unas indicaciones simplemente cómodas el sentido absoluto que se les ha dado desde entonces. Cuando los ríos son sustituidos por ciudades, ¿cómo pensar que las fórmulas de los reyes implican la noción de cortes lineales de larga extensión? Así, una donación de Pedro I podría hacer creer que Aragón, por la parte del este, llegaba «hasta el Segre». No obstante, su sucesor Jaime I habla siempre de Cataluña «de Salses al Cinca». Pero Salses no es más que una fortaleza. Y «el Cinca» no puede significar más que el Cinca inferior; porque el alto Cinca nunca fue catalán; es la cuna de Sobrarbe. Así, los nombres retenidos por los textos antiguos nos parecen simplemente puntos de referencia.

Hay que confrontarlos, si es posible, con hechos sociológicamente más significativos: la lengua y el derecho.

Los tipos de derecho vigentes en las distintas comunidades serían un criterio útil. Fue con este criterio como Jaime II distinguió en 1300, en la llanura de Llitera, entre el Segre y el Cinca inferiores, los territorios catalanes de los territorios aragoneses. Estas divergencias jurídicas podían tener en efecto un origen lejano y válido, ya sea en lo que atañe al carácter primitivo de las poblaciones, ya sea en cuanto a la convergencia de dos reconquistas. De hecho, muchas de ellas se debían, sin embargo, a circunstancias fortuitas, ya que los reyes autores de reconquistas y de reorganizaciones mostraban una ausencia de espíritu de sistema.

Es sabido, por ejemplo, que Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, conquistó simultáneamente, por razones estratégicas, Mequinensa, plaza del Ebro, Fraga, plaza del Cinca, y Lérida, plaza del Segre. Desde hacía doce años, debido a su matrimonio, era soberano de hecho en Aragón. Pues bien, no impuso en modo alguno un sistema de reorganización uniforme a aquella triple reconquista: Lérida, repoblada por hombres del Pallars y el Urgell, se volvió catalana de hecho y de derecho; Fraga y Mequinensa recibieron el fuero de Huesca, de tipo aragonés puro. Más al sur, la intervención de los templarios catalanes determinó los rasgos de un repoblamiento en un primer momento francamente aragonés. En los Pirineos, el derecho local, basado en realidades propias de valles, tendió a plegarse más fácilmente ante las influencias cultas originarias de Cataluña.

En cuanto a la lengua, el tipo de repoblamiento, en las regiones más bajas, puede haber variado de un pueblo al siguiente. Así, en Llitera, se encuentran a la vez pueblos de habla catalana, otros de habla aragonesa, otros divididos entre ambas lenguas y otros, finalmente, que hablan un dialecto intermedio. Nada de frontera, sino que se trata de una zona. ¡Qué contraste con los límites del Rosellón!

Resulta evidente que «Aragón» y «Cataluña», en los siglos XII y XIII, dominios de un único soberano, no estuvieron separados en modo alguno por rígidos límites de estado. Entre lenguas, entre privilegios de diversas clases, nada vino a congelar una separación lineal.

Pero queda en pie una realidad. No hubo fusión total de tipos ni de lenguas, ni asimilación de un grupo por el otro. Catalanes y aragoneses mantuvieron sus distinciones. Hoy un francés que atraviese la frontera de los Pirineos no tendrá en absoluto la misma impresión si la atraviesa entre Cerbère y el Puymorens —en tal caso no verá cambiar ni la naturaleza ni los seres humanos— que si la atraviesa entre el puerto de Benasque y el Somport; en este caso se le ofrece la imagen de España con sus más marcadas originalidades: extensos desiertos de las sierras y mesetas, costumbres e indumentaria, lengua y psicologías, estructuras sociales a menudo arcaicas.

En este último punto, el contraste es particularmente nítido. En Cataluña, un fondo de población rural acomodada, cuando no opulenta, dispone de sólidas explotaciones, cuando no de propiedades; en cuanto terminan las montañas, aparece una agricultura de altos rendimientos en los valles y las depresiones: ricos policultivos, especialización vitícola. En Aragón, con la salvedad de las vegas estrechas junto a los ríos, se suceden inmensos espacios secos sin transición en los valles de pastoreo pobres de la montaña; la vida es dura para los campesinos sin tierras; en las puertas de las villas, grandes escudos recuerdan el peso numérico y la influencia de la pequeña nobleza de los infanzones; y no está tan lejos el tiempo en que señores de más alcurnia disponían —por lo menos en derecho— del campesino y de su vida misma. El contraste se acentúa debido a la infiltración, en una gran parte de la montaña catalana, de una vida industrial bastante animada, inexistente en Aragón hasta tiempos muy próximos.

Por último, algunas conversaciones, algunas lecturas, bastan para sugerir que el orgullo regional aragonés —que, sin embargo, se afirma— no ha confluido, pese al pasado medieval común, con el orgullo regional catalán. Al contrario, es en Aragón donde el «catalanismo» contemporáneo ha encontrado a sus adversarios más instintivos, a sus críticos más acerbos. La frontera catalanoaragonesa, pese a no haber sido, en sus orígenes, un límite bien definido, ha conservado, más que otras, una significación.

Ocurre que la división medieval —¿se ha subrayado suficientemente?— no se ha ido atenuando, como se hubiera podido esperar, sino acentuándose a lo largo de los siglos. Derecho, moneda, pesos y medidas, gobierno a través de virreyes, representación política de los distintos estamentos sociales: todo esto, en las primeras etapas de la vida común, estaba mucho menos diferenciado. La moneda jaquesa, aragonesa, circulaba en el siglo XIII por Tortosa, Lérida, incluso más allá del Segre. Pero, a partir del siglo XIv, las nociones legislativas, fiscales, monetarias parecen hacerse más nítidas. Probablemente eran más claras, en los espíritus, en el siglo XV que en el XIi; en el siglo XVIII lo eran tanto como bajo los Reyes Católicos. Una vez establecidos los reyes de España en Madrid, Aragón pudo sentir con más fuerza la atracción y el prestigio de Castilla, con quien la emparentaban la lengua y muchos rasgos comunes en la estructura social y psicológica. Si en Aragón surgió un particularismo, éste nunca se alió con los movimientos catalanes.

La oposición entre ambas economías y ambos tipos de sociedad había tenido, desde hacía ya mucho tiempo, sus repercusiones en las relaciones catalano-aragonesas. En el siglo XIV, una lucha violenta había opuesto a los nobles aragoneses con sus soberanos catalanes; en este conflicto, los reyes habían sido sostenidos por el «condado» mediterráneo, donde dominaban ya las ciudades de constitución oligárquica (pero no aristocrática), las «ciudades mercantiles». La nobleza aragonesa había esperado primeramente atribuirse los beneficios de la conquista de Valencia que hubiera dado al reino interior una salida al mar. Pero Valencia fue organizada como estado libre, y parcialmente catalanizada. Cataluña continuó siendo, pues, el intermediario obligado entre Aragón y el Mediterráneo; le compraba sus aceites, sus trigos; pero sabemos que no vacilaba en confiscar estos productos, en caso necesario, bloqueando, gracias a los castillos adquiridos por la municipalidad barcelonesa, el desfiladero del Ebro. A la inversa, los puertos catalanes aprovisionaban Aragón en telas, objetos fabricados, productos exóticos. Pero suele ocurrir que tales economías complementarias, en vez de aproximar dos países vecinos, los oponen, por poco que tenga uno de ellos la sensación de una dependencia excesiva.

De hecho, la ausencia de frontera «natural», lineal y bien indicada, no significaba necesariamente que la cuenca del Ebro fuera una simple prolongación de Cataluña.

Ya hemos señalado la importancia, como obstáculo, del laberinto del Ebro inferior. El ferrocarril no lo venció, dificultosamente, más que en 1895. Sobre todo, la depresión del Ebro en sí misma, durante siglos, tuvo aire de desierto. Lérida, el Segrià, eran oasis. Y para trasladarse de estos oasis al centro de Aragón aún hoy, pese al aumento de la superficie irrigada, hay que atravesar extensiones que la terminología popular ha denominado desiertos. La carretera Madrid-Barcelona serpentea durante decenas de kilómetros sin tropezar con pueblos ni cultivos.

El viejo Assó admite que el poblamiento, en la frontera catalano-aragonesa, se derrumbó durante las guerras del siglo XVII y la guerra de Sucesión. Cierto es que, inmediatamente después de ésta, la densidad media de las regiones catalanas occidentales era del orden de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado: lo demostraremos aquí mismo. Pero este despoblamiento no era todo de fecha reciente. Las guerras de mediados del siglo XVII tuvieron en él más responsabilidad, en todo caso, que la sola guerra de Sucesión. Se sabe con certeza, por ejemplo, en el caso de Almacelles. Y también en el de Binéfar, pueblo que, tras haber sido destruido en 1640, fue de nuevo colonizado (con mediocres resultados) en 1652, lo cual explica la anomalía de una población puramente aragonesa en puntos donde la toponimia es catalana. Estas destrucciones bélicas se entremezclaron entonces con terribles sequías, seguidas naturalmente de «pestes». Y la gran mortalidad de 1599-1600, que marca el gran viraje demográfico de Castilla, alcanzó la Cataluña occidental, pero dejó indemne Barcelona y el este catalán. Algunos años más tarde, con motivo de la expulsión de los moriscos, fue Aragón sobre todo la región afectada; pero también, en sus confines inmediatos, algunos pueblos catalanes —Flix, Ascó— quedaron vacíos.

Así pues, el período moderno separó mejor Cataluña de Aragón porque dispuso entre ellos verdaderos «desiertos», que la Edad Media tal vez no había conocido bajo formas tan caracterizadas, por lo menos antes de las pestes del siglo XIV.

Una tendencia geográfica hacia la aridez, perpetuando episodios históricos de despoblamiento, ha convertido una región mal diferenciada en una zona tan poco habitada que ha terminado desempeñando el papel de zona fronteriza.

Una separación administrativa es siempre incapaz de adaptarse con exactitud a realidades geográficas e históricas siempre complejas; convenía recordarlo. Pero puede observarse cómo el trazado de las «provincias» de 1833, si bien resulta totalmente artificial para la división interior de Cataluña, en cambio tuvo que respetar, en lo que atañe a sus límites exteriores, unas tradiciones más sólidamente fundadas.

Subrayemos —por su interés general— el rasgo que, en el conjunto de nuestras observaciones, nos parece más decisivo: la correlación entre despoblamientos y fronteras.

La idea no es nueva. Camille Jullian, Lucien Febvre, Roger Dion han señalado muchas veces su significación para Francia. El hecho catalán nos permitirá sólo añadir al dossier algunas observaciones útiles:

1) El fenómeno del «desierto-frontera» (se sobreentiende que el sentido del término es muy relativo) no es necesariamente un fenómeno lejano, protohistórico o medieval; entre Aragón y Cataluña, nuestros mapas de densidad lo traducen muy claramente para 1717-1718; y los mapas más recientes, trátese de simples densidades o de la tendencia al despoblamiento, muestran aún una Cataluña enteramente rodeada de cantones casi desérticos; la misma atracción de la región costera contribuye a vaciar las zonas periféricas poco favorables al poblamiento.

2) Cataluña, como lugar de asentamiento de población cercado de tierras abandonadas, reproduce así, a gran escala, una estructura mediterránea que vuelve a encontrarse en todos los niveles; así, el asentamiento rosellonés se sitúa entre las aspres de Salses y las de los Alberes, cuyo despoblamiento había sorprendido a Young. Esta estructura, que protege la originalidad de los grupos humanos, favorece asimismo, como puede verse, el desarraigo de los grupos periféricos y el desplazamiento de las fronteras.

3) La correlación entre despoblamiento y frontera no es unilateral. Si el desierto crea la frontera, ocurre que la frontera crea el desierto. Así fue a menudo en las guerras entre cristianos y moros. Y si bien es probable que el despoblamiento natural de los confines entre Lenguadoc y Rosellón preparó desde la prehistoria el reparto que hemos descrito «entre dos naciones», en cambio son unos conflictos recientes entre Francia y España en torno a Cataluña los que han acentuado —por no decir creado— los rasgos desérticos en los límites de ésta. A lo largo de los montes Alberes y en la llanura del Segre veremos cómo hubo que reconstruir enteramente, en el siglo XVIII, unos pueblos abandonados desde las incursiones francesas del siglo anterior: la lucha Francia-España había sido suficientemente larga para otorgar a los confines de la Cerdaña, del Rosellón y de las tierras de Lérida un carácter de «marca», de frontera, en plenos tiempos modernos.

4) Estas observaciones no significan forzosamente que la necesidad de limites precisos, lineales, entre regiones políticamente distintas, no sea antigua. Pero ya hemos visto cómo era menos vigorosa —y ejercía una menor influencia de fijación— en el interior de la confederación catalano-aragonesa medieval que en las fronteras entre ésta y Francia. Lo que nos importa aquí es que, en ambos casos, el fenómeno humano de la «frontera-desierto» reduce a un valor marginal la existencia de zonas de transición, y nos permite aceptar sin demasiados escrúpulos la apariencia artificial de los actuales límites administrativos.

De hecho, lo que habría que redescubrir, en el interior de este marco, es el valor creador del encuentro, en los últimos años del siglo XI, entre el desarrollo «radial» de las pequeñas células pirenaicas de reconquista y el desarrollo, igualmente «radial», de Barcelona, convertida en foco de vida marítima. A los ojos de los pisanos y genoveses, a quienes interesaban entonces Mallorca y Tortosa, el jefe de la potencia en gestación era comes pyraeneus. A los ojos de los feudales pirenaicos y francos, era «conde de Barcelona». La confluencia decisiva viene marcada por la búsqueda, en el siglo XI, de un nombre nuevo.

Resultaba urgente nombrar un conjunto más vasto que los «condados» primitivos. Y si el recuerdo del señorío franco tal vez hacía molesto adoptar el título de «reino», se acordó muy pronto —y por largos siglos— denominarlo «Principado».

Sobre todo, esta palabra recubre exactamente el territorio que hemos definido: «el Principado de Cataluña, Condados de Rosellón y Cerdaña, en una sola Provincia componen un Bello Mapa, pequeño mundo, y admiración del mundo».

Es así como el patriotismo catalán de 1680 expresaba a la vez, en una fórmula de ternura muy curiosa (y muy moderna) hacia la imagen geográfica de la comunidad, el pesar por los territorios perdidos en 1659 y la distinción neta entre los «condados», ya franceses, y «el Principado», al que se vinculaba más particularmente la denominación de «Cataluña».

Pues bien, es este Principado el que volvemos a encontrar hoy en los límites de las «cuatro provincias»: los Pirineos, con las anomalías de signo contrario de Cerdaña y el Valle de Arán, los Alberes, el mar, el Sénia, los Ports de Beseit, el Ebro, las fronteras fijadas desde el siglo XIv en Llitera y, por último, el Noguera Ribagorçana, hasta la cumbre de la Maladeta y el Port de la Picada.

Este ámbito ha sido política y administrativamente coherente entre 1659 y 1833, y apenas perturbado, desde esta fecha, por la división en «provincias» convencionales. De elegirlo como marco, no dejaremos fuera de nuestro radio de observación ningún hecho notable que forme parte de lo que no habrá más remedio que llamar, en aras de la simplificación, «la economía catalana», cuya solidaridad real —como ya tendremos ocasión de ver— reposa en gran parte sobre el vigor del centro barcelonés.

Por añadidura, ha sido en este marco administrativo moderno, y no en tal o cual marco histórico medieval resucitado, ni en tal o cual marco geográfico mal definido, donde se ha desarrollado el fenómeno reciente de una consciencia colectiva renovada: «habiéndose acentuado y determinado en estos últimos tiempos el carácter catalán en la demarcación del antiguo Principado de Cataluña, y desde el año 1833 en las cuatro provincias catalanas [...]» (Estasén, Cataluña, Barcelona, 1900, p. 5).

Hecho oficialmente reconocido, consagrado, por la Constitución, en 1912, de un organismo común de las «cuatro provincias», la «Mancomunitat» de Cataluña, y más tarde por la de la «Generalitat» —casi un estado— en 1931.

Tanto si dirigimos nuestra mirada, para culminar nuestro estudio, hacia el siglo XX, como si la dirigimos hacia finales del siglo XVII para poner las bases del mismo, siempre nos encontramos con el Principado que ofrece el espectáculo de un renacer humano y económico esbozado en el impulso europeo del siglo XVIII, garantía de la originalidad catalana del XIX.

Convenía apartar toda confusión sobre lo que podía designar, en lo geográfico y en lo histórico, el término de «Cataluña», y sobre lo que nosotros mismos entendíamos por él en el punto de partida del estudio. Ojalá se desprenda de éste una definición mejor.

II

EL MEDIO NATURAL*

1. EL DOBLE PAPEL DE LA ESTRUCTURA: LA CATALUÑA-PASO Y LA CATALUÑA-REFUGIO

La estructura geológica de Cataluña se orienta del sudoeste al nordeste.

1) Dos cordilleras prelitorales son paralelas a la costa y están separadas por un pasillo continuo de circulación. 2) Una depresión central no es «depresión» más que en el sentido geológico del término; al oeste es una llanura, parte de la cuenca del Ebro; pero los materiales acumulados alcanzan mayor altura hacia el este, formando mesetas, hasta una ondulación del relieve profundo que separa la «fosa ibérica» del Ampurdán, llanura oriental hundida. 3) La cordillera pirenaica va de oeste a este adelgazándose; al oeste, los «pre-Pirineos» dan a las montañas una anchura de 100 km; al este se reducen a la «zona axial» y finalmente a la estrecha línea de los Alberes. Así, en torno al anillo del golfo de Roses, los ejes geológicos incluyen en su abanico llanuras y mesetas.

La estructura topográfica se complica por el hecho de que los valles (afluentes del Ebro y ríos costeros) cortan transversalmente estas líneas geológicas recortando las mesetas, formando desfiladeros en los valles. De este cruce resulta el aspecto laberíntico del relieve: obstáculos de uno a otro río, obstáculos en cada río, depresiones internas, barreras costeras.

No obstante, este laberinto se ordena: 1) debido a la existencia de vías este-oeste entre España y Francia: un surco subpirenaico bastante continuo y un pasillo prelitoral que desemboca en el Portús, vía preferida de las migraciones y de las guerras; 2) por la convergencia de los valles centrales (Llobregat, Besòs y afluentes) y de sus penetraciones en dirección del emplazamiento de Barcelona.

Así pues, Cataluña, en el corazón mismo de los Pirineos, puede ser paso. Pero le es fácil ser refugio. De la prehistoria a las invasiones y a las «reconquistas», del empuje medieval «irradiante» a las resistencias montañesas contra los invasores o en las guerras civiles, se ha invertido a menudo el juego entre triunfos del tradicionalismo pirenaico y recuperaciones de las iniciativas venidas del mar, entre la flauta del «pastor» y el canto de la «sirena».

Los Pirineos

De la Maladeta al Puymorens, la existencia de altos espacios inhabitables hace que dos municipios, Sort y Tremp, con el 10 por ciento del espacio catalán, no tengan más que la centésima parte de su población. Pero los altos valles manifiestan una tal estabilidad demográfica a largo plazo, que no se puede pensar, por una parte, en fuertes «desplazamientos» desde las zonas montañosas en los tiempos de plétora, mientras que los refugios pirenaicos, en tiempos de despoblamiento, progresan en peso relativo. Incluso el «aislamiento» es una noción cambiante. El papel de los Pirineos, en los orígenes del grupo catalán, pudo ser considerable a partir de pequeñas unidades montañesas (Boí, Aneu, Cardós, Vall Ferrera, Andorra, Cerdaña), de los valles (Pallars, Urgell), de los monasterios Ovarra, Alao, Lavaix, Gerri, Tres Ponts), de los obispados (Roda, Urgell). Es la Cataluña de los frescos románicos. Más al este es la de Cuixà, de Ripoll, que, en torno al año 1000, atrae hombres como el dux Orseolo, el monje Gerberto. Madera, lana y hierro de los Pirineos podían tener entonces un papel económico no despreciable. Y veremos, antes de llegar al turismo y la electricidad, cómo una industria moderna pudo nacer, desde el siglo XVIII, en las capitales de los valles y en el surco subpirenaico, de Berga y Olot por La Pobla de Lillet, Bagà, Campdevànol, Camprodon. Los Pirineos no son sólo «refugio». A veces vuelven a serlo en medio de la aventura política contemporánea: «regencia apostólica» de Urgell en 1821, cantón anarquista de Puigcerdà en 1936.

La «depresión central»: el papel de las llanuras y las mesetas

a) Las llanuras occidentales dominadas por Lérida participan de la aridez ibérica continental. Todo, en ellas, depende de la domesticación del agua. Demografía y economía son en ellas inestables, frágiles. Estas llanuras, prósperas bajo los árabes, desarrolladas, incluso industrialmente, bajo el condado medieval, devastadas luego por pestes y guerras, vuelven a ser escenario en el siglo XVIII de una actividad agrícola, que se amplía en el siglo XIX gracias al canal de Urgell y que se ha intensificado recientemente. La Cataluña leridana, bastante autónoma en su crecimiento y orientada hacia el oeste, no por ello es menos profundamente catalana, manteniendo una estrecha relación con las mesetas y los Pirineos.

b) Las llanuras elevadas y las mesetas del centro empiezan al oeste con los taludes moderados de la Segarra, fiel a la cerealicultura tradicional, y cuya estructura monoclinal ha favorecido el papel de frontera entre la Cataluña «vieja» y la «nueva», reconquistada tardíamente: país de «guardias» y de «castillos». Ya la «alta Segarra» oriental es más montañosa (Pinós, Copons), y anuncia las mesetas elevadas del centro (Lluçanès, Moianès, 700-1.000 m) y los muy altos relieves de arenisca, y finalmente graníticos, aportados por la «oleada» anticlinal profunda (Collsacabra, Guilleries). En el siglo XIX en esta zona de las mesetas, la población, la actividad, la industria se emplazaron en los valles (Cardoner, Llobregat, Ter) y las depresiones (Bages, Plana de Vic), que cortan las altas superficies y aseguran la comunicación hacia los Pirineos. Pero las mesetas propiamente dichas, sus masías aisladas, sus pueblos (Castellterçol, Moià, poblaciones industriales desde la Edad Media), aseguraron, en los tiempos de relativo alejamiento respecto al litoral y de despoblamiento de las llanuras occidentales, un relevo importante en la historia del Principado. Esta «Cataluña media» desempeña un papel destacado en los «tiempos modernos».

c) El Ampurdán, en el nordeste, merece más propiamente que las mesetas el término de «depresión»; su hundimiento facilita la convergencia del surco subpirenaico (Olot) al norte y del pasillo denominado «prelitoral» al sur. Esta región de masías con policultivos, que en el siglo XX se halla en retirada en una economía industrial dominada por Barcelona, había sido durante mucho tiempo una de las regiones catalanas mejor pobladas. Y en los orígenes el «condado de Ampurias» había sido, antes que Barcelona, la primera «marca marítima» del núcleo histórico catalán. Abundan los recuerdos arquitectónicos de la época feudal.

El «macizo catalán» y sus lazos con el mar: obstáculos y pasos

El antiguo macizo de los «catalánidas», «coma» dibujada desde la punta de los Pirineos hasta el nudo del bajo Ebro, domina la costa del Principado, y orienta la penetración de las influencias marítimas mediante la articulación del relieve. Es sabido que el macizo está dividido longitudinalmente por un pasillo hundido. Pero las dos cadenas así trazadas no son estrictamente paralelas a la costa: la recortan, una al oeste de Barcelona (Garraf), la otra entre Tarragona y Tortosa. Además, el macizo tiene fallas, está recortado en horsts. El contacto del mar y de esta montaña de pocas ambiciones, variada, dispone unos hermosos parajes para la actividad humana.

a) Cabo de Creus, golfo de Roses y Costa Brava. Estos lugares, hoy invadidos, banalizados, parecían abandonados hace cincuenta años, pero llenos de originalidad humana y de recuerdos de historia. Las comunidades pesqueras del cabo de Creus (Cadaqués, El Port de la Selva) vivían de espaldas al monte de su minúscula península; la costa baja del hundimiento ampurdanés (golfo de Roses) conservaba las huellas de los puertos griegos, Rhode y Emporion, colonia masaliota donde desembarcó Escipión. Las fallas en el granito de las Gavarres han hecho posible el paraje de Palamós, puerto predilecto de Carlos V. Pero para la Cataluña interior, la Costa Brava, a lo largo de 25 kilómetros, es una barrera.

b) «Marina» y poblaciones duplicadas. Después del Tordera, cuyo desfiladero es vigilado por la ciudadela de Hostalric, varias playas corren a lo largo del pie de la cordillera. Ésta, sobre una anchura de 15 km, conserva la tradición rural, contrastando con una «marina» muy movida. La costa, amenazada o segura según los momentos, ha rechazado o ha atraído a la población. Los pueblos son dobles: «de munt» o «de mar», «de baix» o «de dalt». Ninguno ha desaparecido. Pero, a partir del siglo XVIII, la «costa de Levante» se ha ido transformando cada vez más en «ciudad continua». De Blanes a Badalona, pasando por Malgrat, Pineda, Calella, Sant Pol, Canet, Arenys, Mataró, Vilassar, Premià, una serie de pequeños puertos han vivido una vida intensa, marítima e industrial, en competición con Barcelona en construcción naval y armamento. Hoy parecen «satélites» de la capital. No son creaciones suyas. Hacia 1700 Mataró se consideraba casi en un plano de igualdad con Barcelona.

c) El emplazamiento de Barcelona, sin embargo, es digno de su destino. No el emplazamiento local: la colonia romana eligió una isla a flor de agua, pronto unida a la orilla, que podía enarenarse como Emporion. Su foro sigue siendo, no obstante, el corazón de la ciudad antigua, rodeada tres veces de murallas (siglos III, XIII y XIV), al pie de un Montjuïc (173 m) que ha seguido siendo vigía y cantera más que lugar habitable. Los primeros puertos no fueron más que «playas» dibujadas por la arena; no se construyó nada antes del siglo XV; el puerto actual es del XIX. Las verdaderas ventajas son de situación, por la desembocadura convergente de los dos valles (Llobregat, Besòs) cuya red opera el completo avenamiento de la Cataluña central. Pero entre los dos valles el anfiteatro del Tibidabo (525 m) fija un fértil cinturón de «hort i vinyet», de bosques, de fuentes, y por consiguiente de pueblos, después de torres, a continuación de barrios residenciales, mientras que las playas y los deltas ofrecen su espacio a los suburbios industriales, a las dársenas artificiales, hoy a los aeródromos y a las autopistas. Entre estos suburbios y la ciudad antigua, un sueño de urbanista, deformado por la especulación, tendió la red cuadrangular, colonial, de la ciudad del siglo XIX. De las murallas romanas de Barcelona a las extremidades de sus tentáculos, una aglomeración de dos millones y medio de habitantes despliega no sólo la lógica de un espacio urbano, sino también la de una historia.

De Gerona al Ebro: pasillo y cordilleras «prelitorales»

De hecho, si bien Barcelona forma una sola cosa con la Cataluña interior gracias a los valles, durante mucho tiempo ha estado comunicando con el litoral por vía marítima. La circulación terrestre, desde la Antigüedad, tomaba la vía natural existente entre las dos cordilleras. Este largo pasillo, que nunca se eleva más allá de los 250 m, tiene la suficiente variedad en el detalle del relieve y en la calidad de sus suelos para haber dado asiento a villas romanas y masías medievales, pueblos junto a puentes y encrucijadas. Yendo de Emporion a Tarragona, a lo largo de las vías romanas, se pasa de la «Selva» poblada de árboles al «Vallès» de cañamares y huertos, al «Penedès» de viñedos y, por último, al «Camp» de los almendros y algarrobos, campiña «de Tarragona» pero también de Valls, de Reus, ciudades prósperas desde la Edad Media, que vivieron épocas de más vitalidad (Reus fue durante un tiempo mercado internacional para los aguardientes). Cataluña es inconcebible sin la riqueza de estas comarcas, aisladas sin embargo, al norte y al oeste, por la «cordillera prelitoral» que alza, entre Tarragona y el Ebro, un macizo difícilmente franqueable durante mucho tiempo y, entre Reus y Lérida, el Montsant y la Sierra de Prades (1.200 m). Dentro de estos macizos, algunas pequeñas depresiones internas (Móra d’Ebre, Priorat), hoy prósperas, estuvieron a menudo despobladas. Las «cuencas» (de Barberà, de Odena) más próximas a los centros vitales, originales y activas, no son fáciles de atravesar; aún hoy la carretera Barcelona-Lérida presenta serias dificultades a partir de las cuestas de los Brucs, lugar de victoria antinapoleónica; los viajeros de antes temían mucho este camino clásico, a pesar de sus albergues y de sus capillas.

Dos montañas dominan estos accidentes del relieve. La de Montserrat, zócalo elevado con un remate de conglomerados fantásticos, desierto en pleno firmamento, ha constituido una tentación para la vida eremítica; y su monasterio, uno de los más ricos de la cristiandad, ha adquirido para los catalanes un valor de símbolo; es la imagen del monte sagrado, con resonancias polivalentes. Más al este, el Montseny, antiguo macizo realzado hasta una altura de más de 1.700 m introduce muy cerca del Mediterráneo un islote de frescor, de verdor, de oquedales; también él ha hecho soñar a los poetas. Verdaguer veía en el Montseny y en Montserrat las únicas «torres de vigilancia» dignas de Barcelona. Desde sus cumbres puede apreciarse cómo se ordena el laberinto catalán.

El largo pasillo prelitoral sugiere una primera vocación, que fue asumida: asegurar el paso entre la Galia e Iberia, incluso entre Europa y África.

Otra posible función: organizar la penetración en la Península de los hombres y de los bienes llegados del mar; Emporion, Tarragona, Tortosa, Barcelona lo han intentado con éxitos intermitentes; las mesetas de la España interior son difícilmente accesibles.

Con la alta Edad Media intervienen los Pirineos; la Cataluña-refugio se sobrepone durante un tiempo, para tomar después la ofensiva hacia el sur, por las mesetas y luego por los valles; así es como nace la «Cataluña vieja»; para ella el mar es frente de defensa; los pisanos llaman al conde de Barcelona comes (o dux) pyraeneus, pyraenee regionis rector...

La Cataluña medieval se volverá, pues, hacia el mar, a partir del abanico interior de los valles norte-sur, que convergen hacia el emplazamiento de Barcelona; la reconquista militar mira hacia el oeste, el sueño político al nordeste. Pero el núcleo «irradiante», entre mar y montaña, se fijó en el centro del litoral, en el puerto-capital cap i casal del país.

Las desgracias de fines de la Edad Media y de los tiempos modernos, que despoblaron al oeste las llanuras de Lérida y al este el Rosellón, dejaron mejor individualizada aún una Cataluña media orgullosa de su tradición agrícola y del recuerdo de sus riquezas urbanas.

Por último, el renacimiento marítimo del siglo XVIII y la revolución industrial del XIX, si bien vuelven a convertir a Cataluña en una de las fachadas más vivas de Iberia de cara al mar, conservan y aumentan a la vez el papel relativo de la capital y el de los valles y las depresiones centrales, que parece como si no formaran con ella más que un único «taller».

Así pues, unas grandes líneas geográficas han podido, a la vez, orientar unos ejes de relaciones y asegurar la coherencia de larga duración de un núcleo humano. La naturaleza, sin imponer nada, se ha propuesto al destino de un grupo.

2. EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS: NINGUNA RESERVA MASIVA, RIQUEZA EN EL DETALLE

Después de los problemas de posición, el problema de los recursos. Dejemos de lado las nociones engañosas de «riqueza» y «pobreza»: en cada etapa histórica, lo que decide acerca de la explotación de los bienes naturales es el juego, eficaz o antagónico, de las fuerzas de producción (hombres, técnica, organización) y de las relaciones de producción (estructura de la sociedad). Este juego puede dejar inmensos recursos sin explotar; a veces, en cambio, compensa las peores deficiencias de la naturaleza.

Una vez dicho esto, es obvio que cada unidad humana dispone de ciertas facilidades y carece de ciertos medios. Un inventario resulta útil. Pero su sentido cambia con los modos de producción. Jamás (tal vez por suerte) ningún grupo ha llegado a conocer y a agotar todos sus recursos. En Cataluña, la «montaña de sal» de Cardona caía en el olvido cuando se descubrió, en 1912, el yacimiento potásico de Súria, apenas explotado aún treinta años más tarde. Entre 1912 y 1917, las necesidades industriales catalanas empujaban a la construcción de las centrales hidroeléctricas pirenaicas, cuyos defectos no aparecieron sino más tarde. El llano de Urgell, famoso por el capricho de sus cosechas, no construyó su red de riego más que después de 1860, debido a la resistencia de toda una sociedad; pese a no ser rentable inmediatamente, transformó la comarca. No observemos, pues, las «condiciones naturales» si no es relacionándolas cuidadosamente con la historia.

En cuestión de minería, Cataluña, fuera de las potasas de Súria, no dispone de ninguna reserva masiva. Su variedad geológica sugiere, en cambio, repetidas prospecciones; esperanzas y decepciones se suceden a cada etapa de su crecimiento. En la economía antigua, la sal había desempeñado un papel, incluso en los intercambios con países lejanos. Y el hierro, como lo atestigua la toponimia, se encontraba un poco en todas partes. La conjunción de los bosques, el agua y el mineral ubicó sobre todo en los Pirineos el florecimiento de las «forjas catalanas», pero las minas propiamente dichas fueron cedidas a Francia en 1659. Sin embargo, una pequeña metalurgia (armas, cuchillos, clavos) ha sido siempre un factor de activación en la Cataluña media. ¿Hace falta decir que la metalurgia moderna importa su hierro? Pero la vieja «farga» ha sido origen de localizaciones industriales de toda clase. Han abundado también considerablemente las rocas industriales: piedra para la construcción, ruedas de molino, fábricas de cemento colosales han contado o cuentan aún en el balance de la producción, así como las fábricas de vidrio y de cerámica artesanales. Es verdad que esos tipos de explotación de los materiales del suelo son resultado, más que punto de partida, de los impulsos de la actividad humana.

La explotación forestal merece la misma observación tratándose de su utilización artesanal, o del recurso a la madera como combustible o como material de construcción. En el siglo XVIII, el nacimiento de la industria amenaza el bosque, y la coyuntura barcelonesa de la construcción decide la suerte del pino melis pirenaico. Pero un llamamiento más lejano, el de la marina del gran imperio español, había provocado desde el siglo XVI algunas talas inquietantes en el bosque catalán mediterráneo, no sin suscitar ásperas discusiones.

El problema del combustible se agravó a partir de 1780 debido al precio y escasez de la madera. Barcelona importó desde aquel momento la hulla de Newcastle e impulsó la prospección de las reservas de carbón. No se descubrieron más que minúsculos yacimientos de hullas, de lignitos mediocres. Los carbones asturianos, de mala calidad, llegarán a Barcelona a un precio más alto que el de la hulla inglesa. Esto no impedirá la industrialización (no hay nada escrito por adelantado), pero en «la era del carbón» fue una industrialización llena de inconvenientes.

La fuerza motriz tuvo que buscarse en otra parte, pues, como en los Vosges y las Cévennes. Era, por lo demás, una tradición. En cada fase de su desarrollo, Cataluña viene caracterizada por un uso cuasi exhaustivo de las fuerzas fluviales (que justifica un estudio de las condiciones hidrológicas):*

1) A partir de la Edad Media, los ríos costeros más pequeños (Besòs, Anoia, Francolí) y sus redes de derivación (rec cocotal de Barcelona) constituyen secuencias de molinos (recs molnars, camins moliners) con finalidades industriales múltiples: fábricas de harina, de curtidos, de papel, de pólvora, talleres de aprestos y acabados, etc.; sin embargo, se trata de ríos pobres, y a veces terribles; 2) en el siglo XIX, los pequeños ríos de origen pirenaico, un poco más abundantes y menos caprichosos, dieron lugar a la industria (principalmente textil) llamada «de la montaña media», donde la baratura del agua motriz y de la mano de obra compensa los gastos de transporte entre las fábricas y sus mercados; el abanico del Llobregat, de 52.000 CV potenciales, utilizaba «al filo del agua» 48.000. Esto reforzó el papel cohesionador ya indicado de esta red fluvial; 3) en el siglo XX, la cuenca alta del Segre y los Pirineos, hasta entonces excéntricos, son llamados a proporcionar una mayor cantidad de energía al centro industrial catalán; las escaseces de carbón (1914) impulsan a la creación apresurada de grandes centrales (Capdella, Tremp), lo cual restablece vínculos económicos entre el occidente, la alta montaña y la aglomeración barcelonesa, que utiliza el 90 por ciento de esta energía. Evidentemente, el espacio intermedio no resulta vitalizado por esta causa, y la irregularidad pluviométrica mediterránea hace siempre necesario el recurso a la electricidad térmica (por lo tanto, al carbón, y hoy al petróleo), así como a las centrales atlánticas. En cuestión energética, el grupo económico catalán sigue siendo deficitario.

Las condiciones climáticas, importantes en esta materia, dominan también, naturalmente, los problemas agrícolas, combinándose con la disposición y con las posibilidades de las distintas clases de suelos.

En esta cuestión se imponen dos conceptos: el de variedad y el de contrastes. Cataluña, situada al borde de una Iberia maciza, cuyo contacto con el mar desencadena una especie de «monzón en miniatura», se encuentra sucesivamente, según las estaciones (o los años), en áreas anticiclónicas o ciclónicas, y en las perturbaciones que las separan. Los tiempos son en ella muy variables, matizando las distinciones climáticas. No obstante, hay algunos contrastes permanentes, y a distancias bastante modestas: entre los fríos terribles del Cadí y la dulzura de las costas tarragonesas, entre la «dorsal pluviométrica» Pirineos-Montseny-Selva (1.200 mm de lluvia al año) y la aridez de Lérida (350 mm). Pero los límites no son rectilíneos: la aridez ibérica tiene algunas prolongaciones en los altiplanos, la humedad del Montseny tiene prolongaciones hacia las cordilleras «prelitorales». Tarragona y Tortosa cultivan el algodón y el naranjo; al otro extremo del «pasillo», el Ampurdán conoce brumas nórdicas y la fría «tramontana». Hay sin duda dos Cataluñas bien definidas: una árida, la otra montañosa (un tercio del país). Pero todo lo demás ofrece muchos matices. Y pocos son los países mediterráneos que tengan, a pocas leguas del mar, el frescor de los hayedos.

Relieves y suelos son tan complejos como el clima. Los suelos mediterráneos no serían malos «si hubiera un suelo». A menudo no hay más que roca desnuda. Sin embargo, el catalán tiene la fama (o mejor dicho, se la ha ganado) de sacar de las piedras pan: «el català, de les roques treu el pa»; veremos como esta frase traduce una tenacidad para construir un suelo, desmenuzando las rocas y disponiéndolas en terrazas. Ciertamente hay terruños (pequeños pero numerosos) donde un tal esfuerzo no es necesario; y el trabajo de las aguas resulta a veces positivo: disponen deltas fecundos (Ebro, Llobregat) y, más modestamente, aiguadeixos (aluviones fluviales) que son objeto de disputa. En conjunto, de 11-12 por ciento de suelo inutilizable, 55 por ciento de tierras sin cultivar (bosques, monte bajo y maleza); del tercio cultivado, la mitad se dedica a la viticultura y a la arboricultura; queda un 18 por ciento para las tierras de labranza (España 29 por ciento, Francia 33 por ciento). No hay, pues, ni fidelidad a los policultivos alimentarios tradicionales ni opción por el monocultivo comercial como en Lenguadoc. Veremos (tomo II) la lenta evolución llena de matices que se esboza a partir del siglo XVIII, bajo los efectos de la demanda comercial, entre la resistencia de las formas antiguas (pero no siempre atrasadas) de explotación («masías» de cultivos varios) y los comienzos de la especialización (viñas, árboles frutales, olivares, huertas).

Las llanuras cerealícolas existen, pero jamás han bastado. El conjunto Segrià-Urgell-Segarra (provincia de Lérida), que combina hoy las formas agrícolas más modernas, se había visto durante milenios abocado a la «desigualdad de cosechas»; el Ampurdán, climáticamente más favorable, tiene suelos menos homogéneos. Barcelona, a partir del siglo XIV, tuvo que importar trigo. Esto constituye una consecuencia, en el conjunto catalán, de la preponderancia de los espacios pobres: Pirineos demasiado altos, montañas mediterráneas de suelos descarnados, altiplanos con un clima demasiadas veces parecido al de los Pirineos y con suelos semejantes a los de las montañas mediterráneas. Es cierto que hay oportunas especializaciones de secano (olivares de las Garrigues), depresiones «mediterráneas» (Pla de Bages) o «europeas» (Plana de Vic) en la montaña central. Y, por último, hay algunos terruños realmente privilegiados: crudos vitícolas del Priorat y del Camp, «vegas antropógenas» de altos valles (Organyà, Oliana), huertas de fruta temprana del Maresme, oasis del Segrià, arrozales del Ebro: frente a las grandes insuficiencias (cereales, lana y carne, pese a la tradición transhumante), la riqueza del detalle.

3. CONCLUSIONES

A mediados del siglo XX (hagamos ahora abstracción de una evolución reciente mal estudiada y que modifica poco las proporciones), Cataluña representaba en España: 6,3 por ciento del territorio, 11,6 por ciento de los seres humanos y 30 por ciento de la renta. Su estructura constituía una excepción evidente. En el censo de 1950, los porcentajes eran:

España

Cataluña

Población activa / población total

38,5

45,8

Población activa agrícola / población activa

49

22

Población activa industrial / población activa

25

47

Tamaño contraste, mantenido durante tanto tiempo, merece alguna reflexión.

Acabamos de ver que geográficamente este progreso económico no surge a causa de un nivel determinado de riqueza. Se produce a pesar de las deficiencias, y no gracias a las facilidades. Pero no cantemos demasiado pronto la canción del desafío vencido, la comparación con Grecia (¡con la Grecia antigua!). Lo que es verdad es que: 1) a nivel regional, la división en pequeñas unidades (comarcas) exige intercambios internos; ninguna de ellas es autosuficiente, y todas tienen algo que ofrecer; 2) a nivel global, el déficit en cereales y la posibilidad de exportar vinos (por no citar más que productos simbólicos) exige el intercambio externo. Un precoz capitalismo comercial preparó el nacimiento del capitalismo industrial.

Cataluña, crisol de variedades y lugar de absorción de su propia emigración, a semejanza de Francia, es menos solemne y menos original que Castilla, y más rica en posibilidades. Este contraste ha engendrado seres humanos distintos, vocaciones diferentes. Por un lado, la grandeza y desmesura, con accesos de realismo en la autocrítica y la ironía, y por otro el buen sentido —el seny—, a veces mediocre, siempre eficaz, con una ingenuidad susceptible de impulsos colectivos súbitos y de brotes individuales de genialidad. De una parte la propensión al aislamiento, a la sobriedad arisca, la tentación de conquista; de otra la búsqueda de beneficios modestos, del bienestar familiar, de la iniciativa a corto plazo. En definitiva, las suficientes oposiciones para engendrar, tal vez, antipatías. Nada más. Esto no impidió jamás la unificación de los estados modernos a partir de las realidades provinciales. La misma Cataluña pudo juntarse con Aragón, poblar Valencia, ganar y perder un imperio, rebasar los Pirineos y abandonar el Rosellón, formarse precozmente como estado-nación y aceptar a veces no ser más que provincia. La naturaleza no le ha proporcionado nunca nada más que un marco, una predisposición, no una «predestinación». Sin embargo, antes de recorrer una historia, una ascensión económica y una renovación colectiva de las aspiraciones, convenía evocar dicho «marco».

III

EL MEDIO HISTÓRICO*

Cuando el país catalán, hacia el primer tercio del siglo XVIII, sale de un sueño aparente para crear formas modernas de economía, a un ritmo primero vacilante y más tarde bastante rápido, no dispone sólo de lo que siempre le habían propuesto su situación y sus vías de relación naturales, su subsuelo y su suelo, su clima, sus vocaciones vegetales. Dispone también de una herencia muy coherente de costumbres jurídicas y económicas, de instituciones sociales, de recuerdos políticos y espirituales, capaces de frenar o de acelerar, según los casos, los fenómenos nuevos, de desvanecerse a su contacto o, por el contrario, de consolidarse.

En nuestro caso particular, ¿podríamos olvidar que toda la tradición historiográfica del siglo XIX —la tradición del «Renacimiento»— colocó en la Edad Media, por razones evidentes, las premisas de los principales valores catalanes? Subestimar estas premisas equivaldría a exponer de entrada nuestro análisis de los tiempos modernos a la crítica de omitir lo esencial. Por otra parte, en cuanto se trata de las cohesiones y de las continuidades de los hechos humanos en un territorio, la investigación y la controversia se vuelven instintivamente hacia realidades mucho más remotas: Menéndez Pidal y Bosch i Gimpera fundan sus dos concepciones del grupo hispánico en el estudio de las estructuras romanas o prerromanas.

Nos vemos abocados, pues, a plantear por lo menos dos preguntas:

1) ¿Han dado la prehistoria, la protohistoria y la antigüedad un «sustrato» al hecho catalán?

2) ¿A qué entidad llamó el Medioevo «Cataluña»?

1. LA FORMACIÓN ÉTNICA Y EL PRIMER FLORECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

En los tiempos de los grandes movimientos de pueblos, como hemos dicho, Cataluña fue refugio y, a la vez, lugar de paso. Cuando la paz reina en el Mediterráneo se producen los florecimientos.

Los datos de la prehistoria y de la protohistoria

En el Paleolitico inferior, la Península Ibérica se caracteriza por un poblamiento en fuertes núcleos, rodeados de vacíos casi completos. El nordeste de España forma parte de estos espacios vacíos. No de manera absoluta, puesto que uno de los tres o cuatro hallazgos antropológicos de este período (hombre de Neanderthal) se hizo en los bancos de toba calcárea del lago de Banyoles. Pero se impone un contraste: en el mapa de las estaciones del Paleolítico inferior, el oeste atlántico y la Meseta son de suma riqueza, Cantabria no tiene más que un núcleo aislado, el Levante y el nordeste catalán son pobres. En cambio, en el mapa del Paleolítico superior, la parte occidental y la Meseta se han empobrecido, casi todos los hallazgos se sitúan en la periferia cantábrica, en el litoral oriental, en el «pasillo prelitoral» catalán. Retengamos este dato para combatir una imagen muchas veces ofrecida de la geografía humana peninsular, donde parece que la superioridad de las densidades demográficas en la periferia y el relativo vacío en la Meseta son fenómenos constantes, «naturales», cuando en realidad factores de fragilidad, de inestabilidad demográficas pueden jugar sucesivamente a favor de tal o cual región.

A partir del Paleolítico superior, por otra parte, se manifiesta la solidaridad del Levante español con el sur francés. La circulación a lo largo de la costa mediterránea, favorecida tal vez por la regresión marina, supone la intervención sucesiva de numerosos movimientos de pueblos, unas veces de norte a sur, otras de sur a norte.

No obstante, el mejor especialista en la arqueología prehistórica del Levante, Lluís Pericot, ha comprobado cómo a partir del Paleolítico se estableció entre Valencia y la Italia ligur una especie de unidad de cultura y probablemente de lengua, a un nivel de demografía, de economía y de complejidad lingüística comparable (para hacerse una idea) al de los actuales bosquimanos. Este sería «el substrato» más remoto y más sólido, y no está dicho en ninguna parte que las invasiones ulteriores, multiplicadas, hayan borrado todos sus rasgos.

Otro punto sólido es el papel de refugio que toman los Pirineos, que se afirma a partir del «Mesolítico». Una civilización tradicionalista, que conservará su aroma paleolítico a través de muchos cambios técnicos y culturales, se extiende desde Cantabria hasta el este catalán, por toda la región montañosa, y hasta el Ampurdán. Esta «etnia» pirenaica correspondería a la época del «aziliense» y al parecer no cambió de emplazamiento hasta el primer milenio antes de Cristo.

El período Neolítico asiste a la aparición de la agricultura en las llanuras litorales y prelitorales de todo el Levante. El agricultor labra con azada los aluviones blandos de los lechos fluviales. Los pueblos de pastores, en los bordes de la Meseta, en las montañas del nudo ibérico, en las pendientes pirenaicas o de los Cévennes, rodean estas zonas de cultura material más avanzada. Así empezó el juego entre «llano» y «montaña» mediterráneos, entre oasis irrigados y desiertos del saltus, entre cuencas abrigadas y altos valles húmedos. ¿Juego pacífico o juego guerrero? En todo caso, intercambio. No parece que hubiera coincidencia entre grupos étnicos y modos de vida. Se advierten ya la multiplicidad de los subgrupos, la originalidad de las comarcas. Tal vez éstas sean las realidades mejor establecidas.

La época de los metales trae consigo sus conmociones. En el sur almeriense, en el sur andaluz van a florecer sucesivamente varias civilizaciones de tipo minero y metalúrgico, esclavistas y coloniales, jerarquizadas, finalmente monárquicas.

El nordeste catalán no vivió transformaciones tan vigorosas ni conoció esplendores tan brillantes. Sin embargo, es probable que recibiera también el «impacto» del Mediterráneo oriental. Fue a partir del Rosellón y del Ampurdán como la inhumación colectiva, sustituyendo a la individual, se remontó hacia los Pirineos.

Durante aquellos tiempos, avanzan desde el sur los signos de una nueva cultura llamada de Almería, y luego los de una tercera llamada de las «cavernas». En la Península, dice Bosch i Gimpera, «la época primitiva esboza ya grandes núcleos: meridional, levantino, central, occidental, cántabro-pirenaico, con un entrecruzamiento de sus elementos diversos en Cataluña».

La Cataluña-encrucijada: este rasgo se afirmará varias veces aun en el curso de la segunda época de los metales: bronce del Argar y Edad del hierro.

El único hecho sorprendente para nuestro propósito es la importancia particular, en Cataluña, de las huellas dejadas por las oleadas precélticas o célticas más antiguas. Los Urnenfelder, hallados por decenas, cubren casi todo el territorio catalán actual, incluido el Rosellón, constituyendo, según Maluquer, una «estricta unidad cultural»; «incluso podría decirse —añade Pericot— que en los niveles superiores de todas las grutas catalanas se ha encontrado una cerámica de tipo hallstattiano».

Quedan los «iberos»: la controversia es más viva aún a propósito de la naturaleza y la cronología de sus orígenes. Lo cierto es que en las costas mediterráneas viven, del siglo VI al siglo III, poblaciones bastante caracterizadas, conocidas a la vez por los textos de los viajeros y de los geógrafos antiguos y por la arqueología. Cataluña forma parte, de manera innegable, del ámbito «ibero»: numerosas excavaciones han reconstituido los pueblos colgantes de la costa; y las bases «ciclópeas» de las murallas de Tarragona y Lérida (aunque tal vez de fecha tardía) prueban que los romanos instalaron sus fortalezas en emplazamientos usados desde mucho tiempo atrás, o que las construyeron con la técnica y la mano de obra indígenas.

El buen sentido parece imponer la evidencia de que la civilización ibérica no es tanto el resultado de una invasión determinada como el florecimiento de un poblamiento multisecular, que asimiló a la vez todos los elementos antiguos y aportaciones exteriores. Griegos y romanos, al llegar a Cataluña, hallaron ya una población densa y estructurada. Los nombres múltiples que recuerdan los viajeros y los antiguos geógrafos permiten afirmar la eXIstencia de una organización de tipo tribal, bastante fuerte para que sus jefes fueran asimilados a «reyes». Pero es difícil saber si estas tribus sentían una solidaridad de «pueblo».

En definitiva, las conclusiones de los prehistoriadores son confusas. Para Cataluña, esta misma confusión podría considerarse como la lección más instructiva. Claudio Sánchez Albornoz ha podido definir así, contemplándolo desde una panorámica llena de grandeza, el melting pot catalán:

Ninguno de los pueblos o culturas que llegaron a tierras hispanas en los días remotos de la prehistoria dejó de asomarse, detenerse, asentarse, influir, inundar o saturar el solar primitivo de la Cataluña de hoy. Ni uno solo faltó a la cita que les daba la fértil tierra catalana, situada en uno de los pasos —el más fácil— para entrar o salir de España. En Bañolas (Gerona) se ha hallado la mandíbula de un neandertalense, del mismo hombre del arqueolítico del que se ha encontrado un cráneo en Gibraltar. A Cataluña llegaron los cazadores auriñacenses de la civilización franco-cantábrica y los gravetienses ultrapirenaicos que se extendieron por toda la Península. La llamada cultura de las cuevas o hispano-mauritana subió hasta Pallars y la Cerdaña y cruzó los Pirineos. Si en el neolítico llegaron a España pastores caucásicos, tanto se extendieron por Vasconia y por el Pirineo como por Cataluña. Desde la meseta inferior, a través del macizo ibérico central, penetró en tierras catalanas la cultura campaniforme, y por mar y desde la vertiente pirenaica septentrional, la cultura dolménica, que se había propagado también por Andalucía, por las costas atlántica y cantábrica y aun por el interior de la Península. Los almerienses del Argar o protoiberos que avanzaron por Levante y subieron Ebro arriba hasta Vasconia y Cantabria, llegaron también a Cataluña, la ocuparon y, a lo que tengo por probable, penetraron luego en Francia. Por los pasos catalanes entraron en España las gentes de los «campos de urnas», ilirios o preceltas que habían de bajar al Ebro y de subir a la meseta. Por ellos se asomaron después los celtas históricos, portadores de la cultura del hierro de Hallstatt; los mismos que por los pasos occidentales del Pirineo inundaron España entera. Y los iberos históricos reconquistaron luego Cataluña, se adentraron en Francia, llegaron hasta el Ródano y volvieron a entrar en España empujados por los galos. Zonaras afirmó que en los Pirineos habitaban pueblos diversos y de lenguas distintas.

Con razón calificó de missegetes o mezclados Hecateo a los pueblos que habitaban Cataluña —los cráneos hallados en los sepulcros prehistóricos de la región atestiguan la realidad de tal aserto. En esos pueblos y en su cultura habían venido a confluir todas las etnias y todas las civilizaciones que habían un día llegado a la Península. Las raíces de Cataluña no se remontan por tanto a ninguna singularidad racial o espiritual de las misteriosas edades prehistóricas, como no se quiera ver una singularidad en ese resumir, mezclar y aunar las culturas y las razas todas de Hispana.

Estaríamos plenamente dispuestos a adoptar como conclusión esta brillante síntesis, con la salvedad de discutir el término «fértil» aplicado demasiado globalmente a la tierra catalana, que no lo merece ni más ni menos que la Península en su totalidad, pero tomándonos en serio lo que Claudio Sánchez Albornoz parece considerar una paradoja: la posición de encrucijada y la capacidad de asimilación de la región catalana pueden constituir perfectamente una «singularidad». Como nos lo enseñaba la geografía, desde el punto de vista de los paisajes y de las tendencias naturales, la originalidad catalana reside en la fusión de las variedades. La mayor parte de las otras regiones españolas tiene, por el contrario, caracteres más vigorosos y más uniformes, más capacidad de resistencia y de aislamiento. Lo que importa no es tanto la emigración como su absorción. En el siglo XVII se encuentran sorprendentes proporciones de inmigrados franceses en los pueblos de la costa catalana; el siglo XX asiste a una verdadera invasión murciana en la mano de obra industrial de la región barcelonesa. Pero ambos son períodos de afirmación «catalana». En ambos casos, la asimilación de los inmigrados predomina sobre su capacidad de resistencia o de afirmación. El hecho de que todos los elementos humanos que han pisado suelo hispánico hayan dejado sus huellas en Cataluña confirma, naturalmente, que no era un cuerpo extraño en España (pero, ¿quién lo pretendía?). Por otro lado, esto no significa que Cataluña se parezca a la vez a todas las otras regiones de España; es probable, por el contrario, que se parezca poco a aquellas cuyo paisaje y cuyo estilo humano conllevan más vigor y menos matices.

La síntesis de Claudio Sánchez Albornoz implica, de hecho, una «tesis» que es viva reacción contra toda teorización del «hecho diferencial» de la que pudiera valerse una u otra forma de «catalanismo». Abstenerse de opinar bajo pretexto de imparcialidad prudente o de desdén por la controversia sería una solución fácil. Se trata, al fin y al cabo, del último estudio dedicado a la unidad de España por uno de sus historiadores vivos más grandes. Y si la escuela histórica catalana hubiese puesto el acento, en su concepción de la continuidad del grupo, sobre el problema antropológico, tampoco podríamos fingir ignorancia. Bien es verdad que no es este el caso. Si el vasquismo contemporáneo —con razón o sin ella— viene impregnado de una consciencia de raza, el catalanismo romántico del siglo XIX y el catalanismo politico del XX, en cambio, han prodigado muy escasamente el argumento antropológico y siempre se han centrado en el argumento histórico, medieval. A lo sumo se habla de una «etnia», formación continua cuyos rasgos más importantes no habrían de ser necesariamente los más remotos. Incluso el teórico de la «nacionalidad catalana», Prat de la Riba, no ve en la «etnia ibera», prefiguración del área lingüística que va de Valencia al Ródano, más que una realidad protohistórica tardía, y en absoluto «racial». En este sentido, a propósito de los «substratos» más antiguos, es menos afirmativo que los exponentes más prudentes de la ciencia especializada más moderna.

Por nuestra parte, intentaremos reagrupar las indicaciones orientadoras. No para sostener una «tesis», sino por el escrúpulo de no dejar de lado ningún factor, por hipotético que sea, de los orígenes de la historia que nos proponemos comprender.

1) La primera certeza es justamente la que Sánchez Albornoz desveló. No ha habido, en el sentido antropológico del término, ni «raza» ni siquiera esbozo de «agrupamiento» catalán. Cierto es que esta evidencia se encuentra casi siempre cuando uno se remonta a los orígenes de un grupo histórico. Pero esto ocurre en diversos grados. Y si muchas veces se ha repetido que la originalidad de Francia, dentro de Europa, consiste en ser, por su posición y por su geografía interior, el grupo histórico donde hay más mestizaje, podría decirse que la originalidad catalana dentro de España es del mismo tipo.

2) Nos parece válida una segunda observación, implícita en las líneas de Sánchez Albornoz. Incluso en el terreno cultural o económico, ninguno de los fenómenos en los que Cataluña ha participado parece serle exclusivo.

Esta ausencia de unidad y de originalidad de la actual Cataluña en el seno de las áreas culturales antiguas es confirmada por el interesante ensayo de Caro Baroja sobre la fisonomía folklórica de las regiones españolas y de sus orígenes. Mientras que se manifiestan conjuntos bien caracterizados a partir de la protohistoria para lo que Caro Baroja llama, en la región cantábrica y vasca, «los pueblos del norte de la Península», mientras que la propia Andalucía, pese a las conmociones medievales, conserva rasgos folklóricos registrados por los antiguos e identificables desde la prehistoria, Cataluña, por el contrario, no aparece en la clasificación antigua de los agrupamientos, aunque, en cambio, constituya un capítulo muy denso del folklore moderno. La famosa «sardana», que el espíritu de grupo catalán ha adoptado como símbolo, sorprende por el hieratismo casi religioso de las posiciones de quienes la bailan. Pero su historia es difícil. El nombre parece establecer vínculos entre el litoral ampurdanés y el rosellonés, donde es típica, y la Cerdaña, que es la tierra de los «sordones»; sin embargo, una vasija de Liria representa con exactitud un grupo de personas bailando la «sardana»; y estas vasijas, en pleno Levante valenciano, ofrecen toda clase de caracteres del folklore «ibero», muchos de los cuales han desaparecido en Cataluña. ¿Origen íbero y conservación pirenaica? La hipótesis es tentadora. Pero el terreno no es seguro. Todo el resto del folklore catalán aparece transformado, por no decir creado, por una vida rural y unos hábitos urbanos, ricos y ordenados, mucho más recientes. Así, por ejemplo, la arquitectura de la masía, hermoso caserío rural aislado, es tal vez de origen romano, mientras que en el litoral valenciano (pero adoptada por los pobladores del delta del Ebro) la barraca es uno de los tipos más primitivos de hábitat humano. En cuanto a las tradiciones verbales más características, todas se relacionan con la Edad Media. El grupo folklórico catalán manifiesta una cohesión de origen histórico más que prehistórico.

3) Vamos a retener finalmente las comprobaciones sobre las que los especialistas parecen estar de acuerdo, aun cuando difieran en sus conclusiones.

a) La capacidad de supervivencia de los substratos más antiguos (paleolíticos, mesolíticos, neoeneolíticos), la compenetración de las culturas pirenaica y mediterránea, el carácter sintético (y no reciente u originario) de lo que los primeros geógrafos llamaron las tribus «iberas»: he aquí las comprobaciones comunes más importantes.

Es sin duda el problema lingüístico lo que buscará con mayor eficacia sus elementos de solución, apelando a estas realidades muy antiguas. La teoría de Menéndez Pidal sobre el carácter innovador y conquistador de la lengua castellana en el curso de la Reconquista, y lo que hemos dicho del carácter histórico de cortes lingüísticos lineales, como los del Lenguadoc-Rosellón, no impiden que quede planteada la pregunta de por qué la lengua derivada del latín es aquí más novadora y allá más arcaizante, por qué mantiene aquí tal forma ya desaparecida en tal otro lugar, por qué cede o resiste al avance conquistador de otra lengua. El propio Menéndez Pidal ha planteado muchas veces los problemas de los «substratos» y de su valor explicativo en la división lingüística. Lluís Pericot, respondiendo a un estudio filológico, sugirió que se tomara en consideración, para delimitar el área «arcaizante» del catalán, esa «lengua del pueblo que mantenía, desde el Paleolítico, la unidad cultural de la zona costera, desde Valencia hasta los límites de la Liguria italiana, por lo menos [...]».

Otra sugerencia nos viene de los antropólogos. El índice cefálico más débil ha sido registrado en Andorra, el islote pirenaico más protegido, con el 76,7. La barrera de los Pirineos centrales establece un contraste brutal entre departamentos franceses y provincias españolas: Bajos Pirineos 83 contra Guipúzcoa 78,7 y Pamplona 78,4; Altos Pirineos 84,9 contra Huesca 77; Alto Garona 83,5 y Arieja 82,2 contra Lérida 78,4; en cambio los Pirineos orientales se clasifican deliberadamente junto a Gerona y Barcelona: sus índices son respectivamente 78,5, 78,1 y 78,2. Así pues, incluso en el resultado antropológico del mestizaje, hay contrastes vigorosos, barreras que cuentan, solidaridades que se mantienen (o que se forjan).

La solidaridad catalana es una solidaridad ibérica, peninsular; es la influencia del sur la que, desde el Puymorens al Portús, pasa hacia el norte, y no a la inversa. El contraste entre catalanes y aquitanos es más nítido que entre bearneses y vascos. Igual que en lo geográfico, lo que define la región es la conjunción pirenaico-mediterránea.

b) La capacidad de orientación de los hechos geográficos, tomada cada vez más en consideración por los prehistoriadores, establece, en el seno mismo de la región, unas continuidades casi sorprendentes.

Las líneas de contacto entre la «Cataluña vieja» y la «Cataluña nueva» hallan una neta prefiguración en el frente prehistórico entre cultura «almeriense» y cultura «pirenaica» (subyacente al área megalítica). Y no carecen de relaciones con las oposiciones entre tipos de hábitat (disperso, agrupado) y entre dialectos catalanes (oriental, occidental).

Estas estabilidades se explican mejor si se comprueba que movimientos prehistóricos y movimientos medievales se orientaron según itinerarios semejantes: «camino de ronda» Conflent-Cerdaña-valle del Segre, barrera del Montsec, pasillo prelitoral, pasos privilegiados entre éste y la «depresión central». Cabe pensar, a la vista de estas estabilidades internas, que los limites exteriores de las particularidades catalanas (lengua, folklore) responden igualmente a presiones continuas o reiteradas del hecho natural. En particular, valdría la pena tener información sobre la permanencia de las zonas de demografía laxa o inestable, cuya importancia para las «fronteras» modernas ha sido puesta ya de relieve. El espacio humano en torno al Mediterráneo fue forzosamente, en el curso de la prehistoria, más discontinuo y más fragmentado que en las épocas históricas. Y no es poca cosa.

La importancia relativa de las regiones atractivas no podía por menos de resultar mayor. A juzgar por los estudios de Serra Ràfols, las densidades en el litoral catalán, en la época de los poblados ibéricos en emplazamientos elevados, antes de la ocupación romana, eran del orden de los 20 hab./km². Se trata de una cifra superior a la media catalana de principios del siglo XVIII.

Última observación: las influencias geográficas que han canalizado los movimientos migratorios han contribuido a perpetuar, en las comarcas, los caracteres adquiridos, en tal o cual momento, por tal o cual tribu. «Condados», pagi, divisiones tribales se suceden unos a otros sin solución de continuidad por no ser sólo divisiones políticas. Los ilercaones se centran en el Bajo Ebro, los ilergetas en la llanura de Lérida, los cosetanos en el Camp de Tarragona, los lacetanos en la Cataluña de los altiplanos hasta el Bages, los layetanos en la zona costera comprendida entre Garraf y el Tordera, los ausetanos en la Plana de Vic, los indigetas en el Ampurdán; los sordones han dejado huellas desde el Rosellón hasta el Segre medio, pasando por la Cerdaña, y se conocen hasta los nombres de las tribus de los valles: Andosini (andorranos), Airenosi (araneses); los altiplanos y las cuencas que rodean el Alto Llobregat son dominio de los bergistanos. La región sigue definiéndose, pues, por el número y la variedad de las comarcas.

No se da, pues, un «hecho diferencial», sino muchas conjunciones naturales. No se da una unidad establecida de una vez para siempre, sino una mezcla de variedades en circuitos repetidos. ¿Hace falta más cosas para preparar un marco para una historia de grupo? Fragmento de los Pirineos sometido a las penetraciones mediterráneas, fragmento del litoral mediterráneo sometido a las influencias climáticas y humanas de los Pirineos: ésta podría ser tal vez la mejor definición de este marco. La mezcla de los seres humanos, a lo largo de la costa, esboza una solidaridad algo más extensa, un grupo amplio, vinculado más fuertemente a la Península que al continente, hecho que la historia política aceptó hasta 1659. No es sorprendente que ésta haya podido apoyarse, durante varios siglos, en un núcleo pirenaico-mediterráneo dotado de una fuerte originalidad. Negarse a constatarlo supondría una concepción sumamente rígida de la unidad española. Ramón Menéndez Pidal aceptó asumir este riesgo con la fórmula: Quid est quod fuit? Ipsum quod futurum est. Este riesgo lo había denunciado Lucien Febvre hace tiempo.

Colonizaciones, romanización: ¿asimilación o «sobrestructura»? Florecimiento económico y realidades tribales

El territorio catalán fue objeto de escasa penetración, y muy desigual, por parte de los hombres y de los hábitos de las civilizaciones almeriense y, posteriormente, del Argar; la colonización fenicia no tuvo en él ningún punto de apoyo comparable a los del sur de la Península; y la ocupación púnica fue pasajera. Por otra parte, no participará más que poco tiempo, y sólo en su parte occidental —Tortosa, Lérida— al auge musulmán, lo cual lo opondrá una vez más a aquellas mismas regiones: Levante y Andalucía. La observación es sobre todo válida para la «Cataluña vieja», la menos «iberizada» desde los orígenes, el núcleo de la Cataluña histórica.

Admitiendo que uno de los problemas fundamentales de la historia de España sea la oposición entre un sur pletórico de opulentas tradiciones orientales y una Meseta pobre y de pastoreo, que acaba conquistándolo y absorbiéndolo, cabe observar que Cataluña, en cierto sentido, reproduce este fenómeno.

El problema de la romanización es más importante, puesto que se trata de siete siglos, tres de los cuales, por lo menos, en plena época de prosperidad.

La moderna crisis de la unidad española ha venido nuevamente a injertar sus insinuaciones en las mentes de los historiadores a propósito de la interpretación de este período tan dilatado. Castellanos y catalanes entremezclan con su visión de la Hispania romana sus instintivas inclinaciones unitaristas o particularistas. Pero, una vez más, la querella no es intrascendente.

Se trata de preguntarse si el apogeo material e intelectual favorecido por la Paz Romana supuso la eclosión de una comunidad española de carácter ya nacional por la solidaridad de sus intereses y por su homogeneidad espiritual, o si no hay que ver más bien en ella el estallido de una «sobrestructura» colonial artificial, en cuyo marco la clase dominante estaba constituida por grandes familias inmigradas y por una reducida capa indígena asimilada, mientras que las comunidades prerromanas, socialmente dominadas, se habrían mantenido masivamente fieles a sus viejas formas de civilización, a su particularismo.

Las dos tesis disponen de fuertes argumentos. Ramón Menéndez Pidal, partiendo de la tesis unitarista, tiene a su favor los textos, el análisis de los personajes de las obras literarias, de lo que él llama «el mapa intelectual» de Hispania, prefiguración estricta, según palabras suyas, de la del Siglo de Oro, donde triunfan Castilla, Andalucía, el Aragón de los altiplanos, en el esplendor de la vida espiritual. Pere Bosch i Gimpera cree ver, por el contrario, una penetración romana relativamente superficial, tanto geográficamente (es sobre todo litoral) como socialmente (bajo la autoridad de los dueños de las minas, de los grandes propietarios, de las colonias urbanas, de los municipios de estatutos diversos, persistiría, a su juicio, la sólida realidad tribal).

Menéndez Pidal hace valer la larga duración de la romanización. Bosch i Gimpera ve en ella una prueba de la fragilidad de las estructuras coloniales, puesto que las pequeñas unidades revelaron su vitalidad después de tantos siglos. Menéndez Pidal cree poder dejar de lado las masas oscuras porque la formación de las consciencias nacionales es siempre obra de «élites», de minorías ilustradas. Pero una minoría ilustrada no se transforma necesariamente en clase dirigente nacional. Hoy sabemos hasta qué punto una sociedad colonial puede llegar a oscurecer, debido a las fuentes deformadas y a los análisis superficiales que nos deja en legado, el conocimiento de las realidades populares siempre vivas.

La única conclusión posible es que hace falta llevar adelante el estudio. Por desgracia, en lugar de tener una geografía, una demografía, una cronología de las estructuras, no disponemos más que de «relatos» de una evolución política y jurídica (muchas veces exclusivamente urbana), y de «cuadros» económicos y sociales en el orden clásico: agricultura, industria, comercio, letras y artes, en los que a menudo están uno al lado de otro detalles cronológicamente distantes cuatro o cinco siglos.

Si fuera cierto que la Península, como dice Beloch, contaba bajo Augusto con 6 millones de habitantes, ¡sería casi la misma cantidad que hacia el 1700! Si pasa a los 9 millones en el siglo V (pero, ¿es esto verosímil?), la transformación sería comparable a la que tuvo lugar en el siglo XVIII. Pero, ¿qué significa un salto así en una economía colonial, orientada hacia una agricultura exportadora?

Para el actual territorio catalán, los eruditos del siglo XVIII, como Caresmar, ya habían visto qué cuestiones convenía esclarecer: reparto de las densidades de población, medida de la penetración interior de los procesos colonizadores, actividad económica, autoridad política. Caresmar, pese a su notable espíritu crítico, tal vez exageró su admiración sorprendida ante la Cataluña romana y la importancia de ciudades marginadas, que hoy han perdido completamente su antiguo esplendor: Guissona, Isona, Llívia. Pero hoy, igual que en su tiempo, el inventario de los testimonios obliga a clasificar la Tarraconense inmediatamente después de la Bética como centro de vida de la Península en la época de Augusto. Por otra parte, está fuera de duda que Roma gobernó una porción inmensa de España a partir de la Tarraconense, y de su capital en particular. Estrabón habla de Tarragona como de una ciudad de funcionarios y de comerciantes exportadores. Y este papel es anterior a los grandes desarrollos hético y celtibérico. Es posible que éstos hayan relegado a un segundo plano la Tarraconense, colonia de poblamiento más que de explotación, con menos esclavos y más propietarios.

Estas hipótesis de trabajo podrían apoyarse en las observaciones de los arqueólogos a propósito de los orígenes de la masía y los recientes estudios sobre esas villas de la costa, entre Cambrils y Salou, cuyas posesiones no parecen tener más de 25 o 30 hectáreas y que destacan sobre todo por sus instalaciones técnicas bastante avanzadas: depósitos para el aceite y el vino, fábricas de tejas y ladrillos adosadas a la villa, y en cambio lujo muy inferior al de las grandes mansiones señoriales de los dominios coloniales de Fraga, Clunia o Andalucía.

Globalmente, cuando se puede precisar la fisonomía regional para la producción y para los intercambios (pero la cronología sigue siendo siempre vaga, y esto es peligroso), se percibe claramente la semejanza con los dos grandes períodos de desarrollo catalán que se producirán más adelante: el de la Edad Media y el del siglo XVIII; se exportan un buen número de productos especializados, agrícolas o industriales: entre los productos del subsuelo, la sal; entre los del suelo, los buenos vinos del Camp y los vinos espesos del Penedès, el aceite de Cambrils, las legumbres y la fruta, el lino, el cáñamo y la anea, las maderas para la construcción de navíos; entre los productos animales, los jamones y los embutidos de Cerdaña; entre los productos industriales, la cerámica, los tejidos de lino, un tejido de lujo que algunos identifican con el algodón, entonces escaso. A la inversa, el trigo ha de venir de Italia, y las masías ricas importan muchos productos de lujo. Tarragona y Barcelona, además de relacionarse comercialmente con Roma, lo hacen también con el sur de la Galia, Egipto, Numidia, las islas mediterráneas, Grecia, el bajo Danubio. Puede decirse que todos los hechos económicos futuros —productos y mercados— figuran en esta lista (a excepción, por supuesto, del mercado americano, que tomará el relevo de los del Mediterráneo, en lo que respecta a la comparación con el siglo XVIII).

El período romano, que actuó sobre una sociedad indígena que había alcanzado cierto nivel de desarrollo y a la que hubo que someter primero por la fuerza, parece, pues, haber puesto al descubierto un conjunto vivaz donde pueden percibirse ya los rasgos dominantes de la región catalana en sus subsiguientes impulsos de prosperidad: vínculos regionales entre los Pirineos y la costa, asociación de una agricultura especializada en productos mediterráneos con un comercio de exportación y una industria predominantemente textil, importación de cereales, tendencia al predominio del comercio mediterráneo concentrado en un puerto-capital, densidades máximas de población en el Maresme y la costa tarraconense, fincas agrícolas medias y de técnicas avanzadas, núcleos urbanos donde confluyen comerciantes enriquecidos y artesanos productores: se trataba, en suma, de una sociedad menos brillante pero más equilibrada que la de la Bética. Confesemos que de esta sociedad, bastante bien identificable en ciertos puntos de la costa, no conocemos ni la estructura exacta en lo que respecta a la romanización de la sociedad indígena, ni la extensión exacta en el interior del país, ni la evolución cronológica exacta (establecimiento, apogeo, decadencia).

El período romano no parece poner en evidencia una personalidad regional definitivamente determinada, siguiendo la tónica marcada por la prehistoria; en cambio, pone al descubierto con extrema claridad las vocaciones y las capacidades económicas dominantes de la Cataluña del futuro.

2. EL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIEVAL Y CATALUÑA COMO POTENCIA HISTÓRICA

Cambios de equilibrio: agitaciones e invasiones; la época visigótica

Dos siglos de dominación visigótica en España desembocaron en una construcción política, religiosa e incluso nacional; en el sentido de que por primera vez Hispania estuvo al mismo tiempo unificada y fue independiente. Gracias al consciente orgullo de una clase, esta construcción ha dejado un recuerdo capaz de colorear el espíritu de la Reconquista.

Una vez dicho esto, no hay que ocultar que pronto el edificio puso de manifiesto su fragilidad. En esto es donde aparece la evidente exageración cometida habitualmente al hablar de «siete siglos» de paz romana. A partir del siglo II d.C., es decir de dos a cuatro siglos después de la pacificación según las provincias, aparecieron fenómenos como los agri deserti, la adscripción forzada de los campesinos a la gleba, las agitaciones de bandas armadas, que sugieren un brutal cambio de coyuntura en lo más hondo de la sociedad romana, en España como en todo el Imperio.

Sólo vamos a considerar algunos vigorosos contrastes entre el período visigótico y el período romano, como datos susceptibles de arrojar luz sobre nuestra aproximación al hecho catalán:

a) Barcelona se sobrepone a Tarragona. Tal vez se había subestimado, antes de los resultados de las últimas excavaciones, el lugar ocupado por Barcelona en la economía de la Tarraconense antigua. Pero fue la época de las invasiones la que invirtió el equilibrio en favor suyo.

Estas invasiones son precoces. A veces se olvida hablar de las primeras. En 256, unas bandas armadas, probablemente francas, asolaron Ampurias, se apoderaron de Ilerda (Lérida), de Tarragona, de Dianium (Dénia). No fueron definitivamente rechazadas antes de 268. No es en absoluto admisible que esto bastara para destruir de golpe la preeminencia de Tarragona. Barcelona, por otra parte, había sido también víctima de la incursión bárbara. Pero reaccionó mejor, construyendo sus murallas inmensas, convertidas hoy en uno de los adornos de la ciudad vieja. Pues bien, esto ocurría ciento cincuenta años antes de la llegada de los visigodos. Esta protección fue sin duda útil durante un intermedio tan prolongado, en particular contra las agitaciones agrarias. Los testimonios del siglo IV nos muestran una Barcelona activa, con apasionado afán de lucro, de negocio, de distracciones, de herejías. Esto no es contradictorio —muy al contrario, como lo probará el fin del siglo XIV— con una situación económicamente deteriorada y socialmente amenazadora en el hinterland. La prosperidad urbana, comercial, especulativa, aislada y con ciertos signos paroxísticos de desmoralización y de espíritu de lucro, puede perfectamente preludiar, en tales casos, las grandes caídas, las grandes decadencias.

Pero por vez primera los acontecimientos sacaban a la luz la capital del porvenir.

b) La frontera de los Pirineos se borra. Mientras que las divisiones administrativas romanas habían señalado con vigor en los Pirineos la línea divisoria entre «las Galias» y «las Españas» (fórmula que volverán a usar los diplomáticos del siglo XVII), los turbios tiempos de las invasiones, igual que antaño la prehistoria, pusieron de manifiesto el carácter de zona de paso, más que de frontera, que tienen los Pirineos orientales. Primeramente, el reino de Tolosa invadió la antigua Tarraconense. Más tarde el reino de Toledo invadió la Septimania. En las luchas y querellas a las que tuvo que hacer frente el reino visigodo de España, Barcelona manifestó entonces más solidaridad con Bizancio, o con Septimania, que con Toledo. Sería excesivo buscar en ello, una vez más, un «rasgo diferencial». Pero no es grano de anís comprobar cómo en la región hoy catalana, durante los períodos de inestabilidad política, «ya no existen los Pirineos». Esto es lo que, en cierto sentido, prefigura desde la época visigótica los fenómenos del tiempo de la Reconquista.

c) La revivificación de los grupos primitivos, sofocados durante mucho tiempo por la romanización, caracteriza también el período visigótico. Las viejas divisiones tribales se afirman en las divisiones episcopales. El movimiento campesino de los «bagaudas», movimiento social pero fiel también a las tradiciones del particularismo ibero, con asambleas deliberantes y elección de caudillos, llega a ser muy violento en la Tarraconense.

d) La economía rural adquiere predominio sobre la economía urbana. Pese a aquellos desgarramientos, en la evolución de la sociedad el campo acaba adquiriendo predominio sobre la ciudad. La zona montañosa de los Pirineos ha de replegarse sobre sí misma, como en los tiempos primitivos y como más tarde, en los siglos X o XI. Los nobles godos prefieren vivir en un predio rural; la economía de plantación deja paso a una economía de heredad. Por lo que respecta al comercio, la legislación habla también de los transmarini negociatores y de sus bolsas, de sus procesos, de sus empleados. Se trata, indudablemente, de orientales. Como a finales del siglo XIV en Cataluña o a finales del XVI en España, el comercio pasó a manos de extranjeros. El comercio es atraído aún por riquezas, pero ya no alimenta el país.

En suma, la decadencia no parece discutible. La invasión musulmana da el golpe de gracia —a Tarragona sobre todo—, pero, cuando tiene lugar, ¿a qué nivel habían llegado la economía, la población? Ahí es donde comienzan los enigmas más graves de la Edad Media.

Reconquista y repoblación: los problemas de la demografía catalana medieval

Es hoy bien sabido que «reconquista» y «repoblamiento» son las dos claves de la historia de la Edad Media española, en particular en el ámbito de las estructuras sociales.

En Cataluña puede considerarse que las últimas investigaciones, sobre todo las de Ramon d’Abadal, han hecho hacer progresos importantes a las nociones de «despoblamiento» y «repoblamiento», antes bastante vagas. Cuando se observa que los hombres progresan, que nacen nuevos pueblos, que las disposiciones legales y los documentos privados rebosan de indicaciones sobre la ocupación de nuevas tierras, se lleva ya una buena orientación sobre el sentido de los fenómenos de poblamiento. Más delicada es la interpretación de períodos como el siglo XII o el XIII, en que el movimiento demográfico no se tradujo ya en una extensión en el espacio. Ahora bien, se trata precisamente de los siglos en que se formó y se desarrolló una potencia política basada en la prosperidad catalana, cuyo apogeo se sitúa sin duda antes del primer esbozo de censo del cual disponemos. Este esbozo —un fogatge (fogaje) del siglo XIV, fechado durante mucho tiempo en 1359 pero que es más tardío, como acaba de descubrirse— nos muestra una población catalana de tan baja densidad que uno se resiste a admitir que no fuera mayor en el gran período de expansión.

Así queda planteado el primer problema: ¿cómo estimar si el período de las pestes del siglo XIV acarreó una disminución demográfica de larga duración, que dejara el país claramente más despoblado que en una primera fase de la Edad Media?

W. Abel ha vinculado su nombre a la noción de Wüstungen. Pero no ha utilizado prácticamente el ejemplo español, que sin embargo proporcionaría interminables listas de despoblados. En Cataluña, el método de Abel tuvo precursores. Nos interesan tanto más cuanto que sus preocupaciones históricas se relacionan estrechamente con un episodio demográfico esencial para nuestro propósito: el del siglo XVIII.

Los hombres de 1780, en Cataluña, instintivamente «poblacionistas» y obsesionados por el problema demográfico, estuvieron persuadidos de que el apogeo económico y político de la Edad Media catalana había exigido una densidad de población superior a la de los tiempos modernos.

Llamamos «hombres de 1780» a ese grupo de administradores, historiadores, economistas, hombres de negocios, que juntos se plantearon el problema del óptimo de población, a la vez en la historia y en la práctica.

Raras veces se han unido más armoniosamente que en estos espíritus las preocupaciones de actualidad con la curiosidad histórica. Mientras se estaba efectuando el gran censo de Floridablanca y el procurador Zamora recorría los pueblos en busca de cifras y lanzaba su encuesta de 147 puntos, el erudito Caresmar trabajaba para el intendente barón de la Linde, utilizaba las observaciones del negociante pionero y fundador de pueblos Melchor de Guardia, y el historiador Capmany preparaba, en sus Cuestiones críticas, la respuesta a las credulidades excesivas en materia de demografía antigua, de las que ni siquiera escapaban los mejores economistas, como Campomanes. Más o menos paralelamente, Ignacio de Assó llevaba a cabo una encuesta semejante para Aragón.

Precisamente, sin duda, por no tratarse de erudición vana, la Carta al barón de la Linde de Caresmar sobre las variaciones históricas de la población catalana aparece no como un modelo de estricto método científico, sino como una manifestación de justa curiosidad de espíritu, vinculada a las más recientes orientaciones de la geografía humana y de la historia agraria.

Caresmar utiliza los textos antiguos, y es por ellos, ciertamente, por los que se deja engañar con mayor facilidad. Pero también apela a la arqueología —número y cualidad de las inscripciones, monumentos, sepulcros—, que le proporciona en seguida resultados más precisos. Si viene al caso, una indicación filológica le permite afirmar, con plena justeza, el origen prerromano de la red de caminos y del hábitat. Ha visto y ha leído atentamente, a menudo copiándolos, un número impresionante de «instrumentos» medievales, consagraciones de iglesias y cartularios; el carácter de su obra hace que sus referencias, por desgracia, sean a veces imprecisas, pero la competencia del erudito viene atestiguada por el resto de su obra y por las conclusiones de las investigaciones actuales mejor orientadas.

A menudo podemos dejarnos convencer por la sutileza de sus argumentos. Si una sola fundación de iglesia en el siglo X, nos dice, conlleva la donación por parte de los parroquianos de varias viñas, de prados, campos o huertos, ¿no cabe pensar que los parroquianos que no tenían nada que dar eran aún más numerosos? Si el arzobispo de Tarragona, hacia 1780, era uno de los personajes con mayores rentas de España, ¿qué habría que decir de su predecesor de 1282, que podía armar y mantener doce galeras al servicio del rey? Si los dones de los judíos de Agramunt, en el siglo XIII, dan fe de su riqueza y de su número, ¿cómo no desconfiar de los fogatges fiscales que cuentan a los judíos aparte? Esto, por lo que respecta al sentido crítico.

Cierto es que las listas de lugares despoblados citados por Caresmar en torno a Tortosa o Lérida tienen los mismos defectos que en todos los demás sitios: se desconoce la importancia primera del lugar desaparecido y la fecha exacta de su desaparición. Pero es interesante que sea un técnico de la colonización agraria, Melchor de Guardia, quien haya proporcionado algunas de estas listas, porque había estudiado la verosimilitud de los poblamientos mencionados en los textos antiguos desde el punto de vista de las posibilidades agrícolas.

Por último, si bien Caresmar sostiene con cierta pasión la tesis de la superioridad del poblamiento antiguo y medieval, nunca lo hace proponiendo cifras excesivas. Prefiere incluso renunciar a toda evaluación global. Sobre todo, no escamotea ningún hecho. Aunque guste de subrayar la importancia del poblamiento pirenaico desde la más alta Edad Media, y aunque esté convencido de la escasa entidad de las destrucciones musulmanas en los valles montañosos, afirma, contra las conclusiones del P. Diago y de Marca, cuya tradición habría avalado su argumentación, que Ripoll, Camprodon, Sant Joan de les Abadesses fueron creadas in locis desertis, entre espesos bosques. Lo que ocurre es que vio las actas fundacionales. De modo análogo, cuando advierte la decadencia de Lérida, Montblanc, Moià, Ampurias, Llívia en los tiempos modernos, no vacila en mostrar, como contrapartida, la ascensión de Reus o Esparreguera.

Porque el padre Caresmar fue observador e investigador tanto como erudito. Conoce las cifras de las comunidades de sacerdotes de Llívia o Puigcerdà en 1780, las de los religiosos de casi todos los conventos en decadencia de Urgell, de Lérida, de Balaguer, para compararlas con las de sus documentos medievales. Es capaz de darse cuenta de que, en ciertos pueblos, se desconoce, en el vocabulario corriente del siglo XVIII, el sentido mismo de los nombres de oficios, de los términos técnicos, que se repiten veinte veces en los documentos medievales de la parroquia o de las parroquias vecinas. Más aún, se dedica a una verdadera «arqueología del terreno» que Roupnel no habría desautorizado. Busca —hasta en la misma Barcelona— ruinas de casas alrededor de los castillos, la antigua extensión de los pueblos, los restos de jardines y de canales de riego desaparecidos, las ánforas de aceite en las ruinas de lugares donde no se cultiva ya sino trigo, las iglesias, que fueron parroquiales en sus orígenes y que ya no son más que capillas o ya no se dedican al culto, las puertas que indican el emplazamiento de antiguas casas que se intercalaban, en el siglo XVIII, con simples jardines.

Caresmar creía en la existencia de una notable continuidad de los emplazamientos del hábitat, sobre todo en el caso del hábitat agrupado, desde los tiempos prerromanos. Creía, además, en un máximo demográfico muy acentuado durante la Edad de Oro romana. Creía que se había mantenido una densidad de población bastante alta en las regiones pirenaicas en los siglos VIII y IX, efecto probable del refugio ofrecido a los cristianos por estas regiones, no tan profundamente perturbadas por la invasión musulmana. Creía, finalmente, en la intensidad del repoblamiento exigido por las necesidades bélicas de la Reconquista, no sólo según los textos conocidos de las Capitulares francas sobre las tierras ofrecidas a los hispani, sino también según los diplomas medievales de carácter privado. Caresmar, que era monje de les Avellanes, en la región de Ager, conocía particularmente bien los archivos donde se conservan los testimonios sobre las empresas militares de tipo individual como la de Mir de Tost, que repoblaron Urgell.

En el curso de la enumeración hemos podido reconocer las conclusiones de los especialistas más modernos, tanto en torno a la prehistoria y la antigüedad como en torno a los tiempos de la Reconquista pirenaica.

Por el momento, Caresmar, tras comprobar la intensidad del repoblamiento, tiende a admitir que Cataluña «estuvo más poblada en tiempo de los condes que en tiempo de los reyes», es decir, más en los siglos X y XI que en el XIII. Prudentemente corrige luego esta afirmación, considerando que pudo haber «crecimiento natural», después de los repoblamientos. La actividad de los puertos catalanes, la importancia de ciudades como Lérida, los signos de desarrollo financiero e industrial en las grandes poblaciones del oeste, tan depauperadas aún en pleno siglo XVIII, y por último la potencia de las empresas remotas de los reyes de Aragón, fundadas en una fuerte emigración y un continuo reclutamiento militar y naval, llevan a Caresmar no a proponer cifras —renuncia a hacerlo y es mejor así— sino a situar en el siglo XIII y en la primera mitad del XIV el apogeo de la demografía catalana medieval. Sus argumentos son de peso.

Naturalmente, la consecuencia de sus razonamientos sobre la caída brutal del siglo XIV descansa en los textos relativos a las grandes pestes de 1348 y 1349, y sobre el hecho de que los primeros fogatges son posteriores a estas pestes.

Conocemos ahora la importancia no sólo de las pestes de mediados del siglo XIV, sino también de las series de carestías y epidemias que, a partir de 1333 —el mal any primer—, jalonaron los siglos XIV, XV y parte del XVI (cf. más adelante, pp. 251 ss).

El problema de los masos rònecs —explotaciones abandonadas— se nos aparecerá como fundamental. Pues bien, Caresmar había escrito, por su parte (y quizá nadie ha visto tantos documentos como él):

Los que han manejado instrumentos antiguos, tendrán observado que sobre el mayor número de pueblos que entonces había, estaba la tierra distribuida en copiosa y frequentísima multitud de casas rurales, y llamados Mansos o Bordas, de forma que lo que hoy es una heredad de un solo manso o casa de campo, estaba antes dividida en quatro o seis mansos donde vivían quatro o seis familias subordinadas al manso principal de la dicha heredad, cual llamaban Capmanso, y así donde ahora sólo vive una familia vivían antes muchas. Esto leemos en los instrumentos del siglo quince y dieciséis, que hablan de diversos mansos, quales dicen estar unidos a uno solo; pues entonces comenzó la decadencia de la población, y lo que antes estaba cuydadosamente cultivado por muchas manos y producía para la sustentación de muchos, después, no bastando una familia a cultivarlo todo, se contentaba con cultivar el terreno más pingüe y vecino, quedando abandonado lo demás.

Estas constataciones tienen una importancia fundamental no sólo para la explicación de las guerras sociales del siglo XV, sino también para la de la relativa prosperidad campesina de los siglos XVI y XVII, porque este abandono de las tierras marginales, en un medio mediterráneo, favorece seguramente la economía individual del mas ampliado.

Quizás haya que buscar en la tendencia opuesta —creciente parcelamiento de la tierra e instalación en parcelas de fertilidad decreciente— las razones de una sobrepoblación relativa conducente a crisis demográficas destructoras; la inversión se produjo entre 1333 y 1380-1390.

Caresmar había observado muy justamente que el fenómeno del mas, parcelado primero y después de nuevo concentrado, era algo regional: corresponde a la Cataluña «vieja», que es también la Cataluña «húmeda». En la Cataluña «nueva» —y «seca»—, centrada en el Urgell, la crisis afectó a las poblaciones agrupadas, y si se estima que desapareció uno de cada cuatro pueblos, no parece que la cifra sea exagerada; porque, como observa Caresmar, no se trata tanto de ver en la desaparición de los pueblos la confirmación de una mortalidad del 100 por ciento, como de un abandono de los pueblos más despoblados, en el curso de un proceso en que los dueños de las buenas tierras abandonadas atraían, para cultivarlas, a los supervivientes de los lugares menos favorecidos. Haría falta, naturalmente, reemprender sistemáticamente tales estudios.

Vicens Vives propuso finalmente admitir que la población española se duplicó entre 1240 y 1340 (revolución demográfica comparable a la del siglo XVIII) y, para Cataluña, un máximo de medio millón de habitantes, alcanzado desde mediados del siglo XIII, cifra que disminuyó después, pese al movimiento natural positivo, a causa de la emigración hacia las tierras reconquistadas y de la aventura mediterránea.

Más adelante, también se atribuirá a la emigración la responsabilidad de haber despoblado la Castilla imperial en el siglo XVI. En ambos casos, cabe preguntarse si se trata realmente del hecho decisivo y si lo que se produjo no fue, más bien, un fenómeno de sobrepoblación durante un tiempo y, después, por razones complejas que deberían ser precisadas, una vuelta atrás debida a catástrofes periódicas.

De todas maneras, parece bien establecido, en Cataluña, el contraste entre una Edad Media en rápida expansión demográfica y una Edad Media dominada por los fenómenos de despoblamiento. Por otra parte, aun si se redujera de 500.000 a 400.000 la estimación del máximo alcanzado en el siglo mil por la población catalana, esto no podría representar, para este mismo siglo, menos de 8 a 10 por ciento de la población española; en el siglo XVI esta proporción se reducirá al 4,4 por ciento.

La formación de las relaciones sociales en torno a la tierra

La importancia de este problema demográfico aumenta en la medida en que se vincula con los fenómenos de la sociedad agraria. Y, pese a los brillantes logros de la expansión marítima, comercial (y, hasta cierto punto, artesanal e industrial) del Principado catalán, éste siguió siendo ante todo un gran país agrícola.

Y el tradicionalismo social, jurídico, espiritual, del campo catalán (justamente famoso, y a veces exagerado) hace que muchos rasgos de la historia agraria medieval estén aún presentes en las estructuras contemporáneas. Así pues, vale la pena precisar que cierto número de ideas aceptadas como válidas durante mucho tiempo acerca de esta historia agraria exigirían ser revisadas.

Así, por ejemplo, se ha contrapuesto demasiadas veces —y se sigue contraponiendo cuando hace falta— una Cataluña «franca», país de «feudalismo» clásico, que debe estudiarse según los modelos franceses, y otra España, aislada de los reinos francos y dominada por la Reconquista, donde este «feudalismo» no se habría implantado bien. Así, también, un libro clásico como el de Hinojosa, que admite implícitamente la continuidad del hecho jurídico, no ha puesto en absoluto de relieve los contrastes en el espacio y en el tiempo, del siglo IX al XV y de una región a otra del Principado, que nos parecen constituir los rasgos más instructivos en la historia de esta sociedad agraria.

Naturalmente, no es inexacto decir que la comunidad de evolución ha sido mayor entre el Imperio franco y su marca-frontera pirenaica que entre este Imperio franco y los pequeños reinos reconquistadores aislados en el extremo oeste ibérico: Galicia, Asturias.

No obstante, en la medida misma en que la sociedad feudal nace a partir de fenómenos comunes en toda Europa, y en todo un período, sería difícil imaginar que alguna sociedad determinada pudiera escapar a la acción de estos fenómenos. Y a la inversa, en la medida en que la estructura particular de los reinos reconquistadores españoles se explica en virtud de los hechos de reconquista y repoblamiento, parece que los condados catalanes, partícipes de las mismas necesidades, deben presentar por fuerza ciertas analogías de estructura con el resto de España. En muchas cuestiones, la sociedad catalana medieval tiene más parecido con León o Castilla (e incluso, para otras fechas, con los confines germano-eslavos de colonización) que con la Isla de Francia o Champaña. Basta leer Alart o Brutails para persuadirse de ello; el Rosellón, en sus instituciones feudales o señoriales, no es más «francés» que el Ampurdán «español». Cada región, incluso en el interior de Cataluña, combina de manera muy peculiar las tendencias universales y las situaciones locales, siempre cambiantes.

Los progresos recientemente efectuados por la historia de los reinos occidentales, por la de los repoblamientos catalanes, por las nociones de historia comparada aplicadas a la revolución agraria catalana de los siglos XIV y XV, nos permiten hoy revisar, mientras esperamos una precisión monográfica que es muy de desear, algunas de las ideas sacadas, aun con demasiada frecuencia, de Hinojosa.

Éste se representaba más o menos así la evolución del campesinado catalán: un «régimen señorial», aplicado a las regiones reconquistadas por los condes y repobladas por ellos y por los grandes monasterios, habría surgido de la sociedad romano-gótica, a través de las instituciones francas y de acuerdo con un esquema común a todo el Occidente.

Este régimen señorial se habría caracterizado desde sus orígenes por la extensión de las cargas que gravitaban sobre el trabajador de la tierra, por la existencia de lo que más adelante se llamará «malos usos» y por la adscripción a la gleba de una parte importante del campesinado, los campesinos de remença, es decir obligados a pagar una redención (redimentia) si querían abandonar su predio.

Todo esto, sin embargo, se habría suavizado a partir del siglo XIX por el desarrollo de la institución municipal, el enriquecimiento general, la extensión de la economía monetaria, que conllevó el rescate con dinero de los derechos y las cargas en gran número de casos. Por último, en el siglo XV, la oposición entre la dura condición campesina y la riqueza de las ciudades habría desembocado en una crisis revolucionaria, en el curso de la cual habrían desaparecido definitivamente, por la sentencia de Guadalupe (1486), los «malos usos» y la remença o adscripción a la tierra.

Investigaciones recientes permiten sustituir este esquema —criticable de acuerdo con los propios datos de Hinojosa— por la visión siguiente:

1) Si bien hay parecidos entre la sociedad catalana medieval y la sociedad feudal-señorial francesa, esta semejanza no obliga a admitir, como características de la condición campesina en sus orígenes, una «servidumbre» y una «adscripción a la tierra».

2) La reconquista y el repoblamiento, de todas maneras, determinaron en Cataluña, en cada fase del avance cristiano, fenómenos comparables a los observados en los confines castellanos.

3) En cambio, los largos períodos de estancamiento y el prematuro final de la reconquista catalana hicieron posible muy pronto, en las regiones sucesivamente sustraídas a la atracción del frente de conquista, una agravación de la condición campesina; desde este punto de vista, se estableció un contraste marcado entre la «Cataluña vieja», reconquistada pronto, y la «Cataluña nueva», ocupada de nuevo después del 1100.

4) El período de prosperidad, de expansión exterior, de desarrollo comercial, que va del 1150 al 1350, favoreció en cierto sentido la suerte de los campesinos al facilitar el rescate de los derechos; pero el señor, al combatir la emigración interna y externa, eleva sus exigencias y refuerza la sujeción del siervo; fue entonces cuando la condición remença se extendió, desde el punto de vista jurídico, sin hacerse por ello económicamente aplastante.

5) A partir de 1348-1350 el conflicto madura; el campesino, arruinado por las catástrofes, puede, en compensación, luchar económicamente contra el señor gracias a la crisis de la mano de obra; pero éste, jurídicamente, instaura una reacción implacable. Es la «guerra de los Cien Años» del campo catalán, que desempeñó un importante papel en los orígenes de la Cataluña moderna, como trataremos de mostrar en un capítulo ulterior.

Vamos a aportar aquí algunas justificaciones sobre los primeros puntos.

Claudio Sánchez Albornoz ha dedicado una gran parte de su obra a una demostración formulada de modo muy brillante: Castilla debe su originalidad, en España y en Europa, al carácter tardío e imperfecto de su estructura feudal, y tal vez más aún de su estructura señorial; la reconquista y el repoblamiento hicieron de ella una sociedad con predominio, durante largo tiempo, de la propiedad libre, la iniciativa libre, las formas señoriales muy atenuadas, la libre elección del señorío, las clases medias ennoblecidas (caballeros villanos), los concejos con amplia autonomía, las categorías sociales fluidas y abiertas. En los confines leoneses, y luego en los castellanos, a medida que avanza la Reconquista, proliferan en los documentos actas relativas a hombres libres, a bienes de escasa extensión, en un momento en que el repoblamiento se hacía con hombres de condición no servil y de recursos modestos. Por otra parte, el clima de riesgo y de violencia en los confines repoblados empuja rápidamente a los campesinos o bien a acceder a las ciudades o a encomendarse personalmente a los señores. Pero el vínculo así establecido se mantiene bastante flojo, el campesino puede no sólo elegir a su señor, sino también cambiar de señor tantas veces como lo desee. Lo cual no impide, sin embargo, que los derechos del señor, a partir del siglo XII, graviten ya pesadamente sobre sus behetrías. En el siglo XIV, las ventajas de éstas habrán disminuido tanto que raras veces se las preferirá al señorío directo.

Sería exagerado decir que los fenómenos catalanes relativos al feudalismo, la reconquista, el repoblamiento y el señorío reproducen exactamente el esquema castellano. No lo sería menos decir que responden a una evolución en sentido opuesto, o aun muy distinta. El «hecho diferencial», que parece aceptado, en esta ocasión, por autores habitualmente en desacuerdo, no radica en la naturaleza de los fenómenos, sino en sus dimensiones y en su fecha.

Hinojosa ha admitido, en efecto, que la servidumbre catalana derivaba directamente «de la organización social del período hispano-gótico», de la que procedería la adscripción a la gleba, que habría sido «transferida por los colonizadores a los territorios reconquistados». Y lo ha hecho razonando por analogía con las teorías de su época sobre la servidumbre francesa.

Ahora bien, por una parte estas teorías se han modificado hoy. Todo el mundo admite divergencias locales. No hay, pues, un «caso francés», del cual Cataluña podría ser un apéndice. Explicar la condición del remença catalán del siglo XIII por analogía con la del «siervo» francés carolingio resulta imposible.

No hay razón para pensar que la vinculación de Cataluña a las instituciones francas haya impedido, en esta cuestión particular, que los fenómenos de reconquista y repoblamiento desempeñaran el mismo papel que en León o Castilla.

Ciertamente, la situación no es la misma desde el punto de vista jurídico ni, sobre todo, desde el punto de vista político. Las tierras abandonadas ante los sarracenos y susceptibles de repoblamiento son, en Cataluña, propiedad del «fisco» real franco. El «conde» representante del rey dispone, para sus necesidades, del tercio de los derechos fiscales. Las tierras son concedidas por los famosos «preceptos» de hispanis. Y mientras que las inmunidades y cesiones de derechos fiscales preparan una disgregación de los poderes típicamente «feudal», el sistema de la aprisio de las tierras abandonadas da origen, en el Rosellón y en el Ampurdán, a vastas propiedades y a patrimonios monásticos considerables.

No obstante, además de que más de una propiedad anterior a la invasión sobrevive y no entra en el ámbito del «fisco», muchas de las aprisiones son desde su origen «alodios», propiedades enteramente libres, o se convierten rápidamente en tales.

Más aún, el conjunto de los documentos de los siglos IX y X hoy conocidos (e incluso los consultados por Hinojosa) dejan una impresión muy parecida a la que se desprende de los documentos castellanos: libertad, herencia, exención de cargas caracterizan el conjunto de las propiedades recién puestas en cultivo. Y primero en las montañas y más adelante en las tierras ocupadas y repobladas por las gentes de montaña, se instaura el predominio de la pequeña y media propiedad, cuyos orígenes y cuyos límites constan en centenares de documentos que poseemos: compras, ventas, herencias, donaciones, aprisio directa, roturaciones (rupturae), herencias de los inmigrantes y de los roturadores directos, trueques, empeños y desempeños.

En el Pallars y la Ribagorça, minuciosamente estudiados por Ramon d’Abadal, «puede sostenerse que, por regla general, todas las tierras cultivadas, todos los campos, viñas, huertas, prados, dehesas, jardines, campos de cáñamo y de lino, son de propiedad privada, sin que esté descartado que haya habido propiedad privada de bosques e incluso de baldíos».

Se dan dos casos de esta propiedad privada. Puede ser «de tiempo inmemorial» en una familia. Puede derivar, ya sea directamente, ya por sucesión, de una aprisio reconocida oficialmente. Y este caso es lo bastante frecuente para que se pueda relacionar con el hecho del repoblamiento la vitalidad de esa forma «familiar, hereditaria, alodial en sentido estricto, es decir, patrimonial, plena y libre» de la posesión del suelo. Hereditas es lo que dicen los textos, y más a menudo allode. Tan sólo en el siglo XI aparecerá la palabra «feudo», en un sentido de derecho público, y el mismo término de «beneficio», aplicado sólo a algunas cesiones del fisco a monasterios, no tiene en modo alguno el sentido pleno de la institución carolingia.

Otra característica parece también clara. Los estudios de Ramon d’Abadal evocan las tesis de Caresmar. Si en una sola parroquia 34 cabezas de familia cuentan cada una con una parcela para ceder a la iglesia, ¿no cabe pensar que la población es aún más numerosa, ya que bien debe de haber hombres sin tierra? No sólo la expansión territorial, el «repoblamiento» son rápidos, sino que además la abundancia demográfica es evidente. Por esto se practican tanto las roturaciones espontáneas —las rupturae— como las aprisiones oficiales. Es una imagen que se hará habitual en el siglo XVIII. La comparación se impone y da que pensar. ¿Se trata de los inicios del período demográfico más dinámico de la Edad Media? ¿Se trata del «refugio pirenaico» momentáneamente sobrepoblado por fugitivos?

No hay duda de que el Pallars y la Ribagorça no son excepciones.

Los repoblamientos del conde Guifred o Wifredo, el gran fundador de la «dinastía catalana», son una empresa sistemática, pero no única. Pueden tomarse como tipo, como «modelo».

En numerosos casos, tenemos no sólo cifras, sino nombres, es decir, certezas sobre la población de los vilars o lugares habitados, de los que a priori cabía preguntarse si eran aldeas o simples masías. Pero parece corriente una media de cuarenta almas por vilar. La densidad que esto implica para ciertos valles es, según dice Ramon d’Abadal, «desconcertante». La irrupción de la montaña hacia el llano es muy natural. Los hombres parecen de origen diverso, «de diferentes lugares y naciones»; y si bien los condes trabajan para sí mismos y para los monasterios, existe también una plétora de tomas de posesión espontánea en virtud de una amplia permisividad general, o incluso del simple recuerdo de la legislación franca: «nostra aprisione, que nos traximus de heremo, primi homines, terra regia, sub dicione Franchorum [...]».

¿Hace falta añadir que tales condiciones no pueden ser las de una «sociedad de servidumbre»? «Por regla general los habitantes son hombres libres.» Existen siervos, pero su número es muy bajo en comparación con el número de los que, al comienzo de este período, parecen estar en pie de igualdad: los fideles del conde. Esta igualdad de todos los sujetos desaparecerá, sin duda, rápidamente, con la conversión en «nobles» de los únicos hombres afectados por alguna carga y llamados a jurar de modo efectivo fidelidad. Las tres clases que se distinguían en un pueblo eran las de «barones ilustres», majores y minores; pero el calificativo de «ilustres» parece referirse sobre todo a una función; y es posible que minores corresponda a los simples cultivadores sin propiedad.

Es cierto que los primeros preceptos carolingios daban a los grandes personajes y a los grandes monasterios autorización para ocupar y roturar tierras, pero a la vez para hacer venir inmigrantes, utilizar sus servicios y tener jurisdicción sobre ellos. Pero Hinojosa, que pone en evidencia este derecho, reconoce que en el siglo XI todavía la mayor parte de los campesinos disponía de sus bienes, cambiaba de tierra a voluntad, e incluso de señor (por lo que se refiere a los vínculos personales), que la expresión de stantes y de solidi, cuando aparece, expresa una obligación de residir contractual, civil, no permanente y hereditaria. Entre los diversos reinos de la Reconquista, las diferencias se establecen esencialmente según la posición respecto al frente de reconquista, y por la cronología de ésta, que modifica dicha posición.

La «Cataluña vieja», a este respecto, forma parte, evidentemente, de las regiones pronto reconquistadas, y cuando los fenómenos de repoblamiento dejan de producirse, los «lazos de dependencia» entre campesinos y señores se hacen cada vez más fuertes.

Sin embargo, entre 1100 y 1150 se producirá una segunda fase de la reconquista catalana, con la ocupación de la «Cataluña nueva», la del Camp de Tarragona, del Bajo Urgell, de Tortosa, de Lérida, y de nuevo la atracción del frente de reconquista dejará sentir sus efectos sobre la estructura interna de la sociedad catalana. En esta fase, hubo que organizar desplazamientos humanos, instalar fortalezas, conceder «cartas de poblamiento», como en la primera fase de la Reconquista. La «Cataluña vieja» del este, dotada de instituciones sociales afectadas ya por cierta rigidez, recibió el contragolpe de esta situación. Para evitar excesivas emigraciones, hubo que conceder a los grupos municipales privilegios bastante numerosos, a imagen de los de las «villas nuevas».

Los documentos publicados parecen indicar que el clima descrito por Ramon d’Abadal para los siglos IX y X se modificó a partir del XI. Una vez pasado el tiempo del repoblamiento y de la aprisio, los campesinos, demasiados en número, se vieron sometidos a la vez a la presión de los nobles de categorías diversas y a la atracción de los grandes monasterios. Fue entonces cuando se manifestó el contagio de las fórmulas feudales del norte de los Pirineos: disociación de los poderes del rey, confusión entre funciones delegadas y jurisdicción personal, triunfo de los vínculos de hombre a hombre. Políticamente, la sociedad catalana se convirtió en uno de los modelos más acabados de jerarquía «feudal». Pero, al mismo tiempo —y correlativamente—, los débiles, ya fuesen artesanos o pequeños propietarios, tuvieron que elegir a los protectores que les parecían menos amenazadores. Fue el alud de donaciones a monasterios e iglesias.

Al comienzo los vínculos de dependencia no parecían inquietantes: el compromiso personal era revocable sin indemnización o mediante una indemnización mínima; la donación de una propiedad a una institución religiosa preveía, la mayoría de las veces, una reserva de usufructo para el donante y para sus hijos; el peligro de ver discutido el goce del dominio recaía sobre la segunda o tercera generación; entretanto, el monasterio se contentaba con un par de capones para afirmar su derecho eminente.

Sin embargo, pronto se produjo la confusión entre excesivos estatutos individuales diversos, que podían ir desde la servidumbre, e incluso la esclavitud, originarias, hasta el simple vínculo simbólico, y el propietario «encomendado», que ha renunciado a la libertad total de su alodio, el arrendatario que no paga más que sus derechos contractuales, se convierten en los «hombres» del amo, como antaño los siervos. Después del término de solidi aparece el de affocati. Luego vendrá el de redimentia o remença: rescate necesario para quien quiera abandonar la tierra. Buscar diferencias demasiado sutiles entre hombre de remença y hombre de origen libre parece inútil. La evolución es insensible y como geográfica: un día, a los ojos del hombre de la ciudad, pagès y remença serán una y la misma cosa.

Pero el movimiento es lento. En 1068, cuando los «usos» de derecho público ya proclamados por iniciativa del conde de Barcelona se completaron con una especie de código de derecho privado —una de las fuentes escritas más detalladas sobre las relaciones sociales en el marco feudal—, se está lejos de descubrir en él claramente los rasgos que caracterizarán en el siglo XV a una sociedad en guerra social y violenta. La asociación de la remença —rescate oneroso de la adscripción a la tierra— con cinco «malos usos», por no hablar de las decenas de obligaciones de detalle del campesino para con el señor, no es todavía la regla.

De hecho, las obligaciones consuetudinarias del campesino hacia el señor —las «relaciones de producción» en sentido estricto— son realmente una acumulación de usurpaciones progresivas: la legislación sigue a los hechos y los sanciona.

Entre los «malos usos» propiamente dichos, dos están totalmente desvinculados de la condición servil: la intestia (derecho del señor al tercio de la herencia del vasallo intestado) y la exorquia (derecho del señor a la «legítima» del hijo en la herencia del vasallo que muere sin descendencia), se aplicaban, en sus orígenes, tanto a los vasallos nobles como a los villanos, de modo que no caracterizaban la condición de remença. La cugucia (derecho del señor sobre los bienes de la mujer adúltera) se aplicaba igualmente a campesinos de todas las clases; se trata de un derecho antiguo, pero raramente aplicado, y cuando se aplica, a semejanza del «homicidio», aparece como un derecho de justicia, no reservado tan sólo a los siervos. La arsina (indemnización al señor en caso de incendio de la hacienda) reconoce, por su naturaleza propia, la propiedad eminente del señor; pero es local y no entra en los Usatges. Por último, la firma de spoli (autorización onerosa de garantizar una dote sobre los bienes de la hacienda) no aparece en los textos antes del siglo XIII.

En particular, no se tiene la seguridad de que la propia remença esté presente en los Usatges. Hinojosa ha querido encontrarla en ellos «implícitamente». Pero si hubiera existido una clase numerosa y bien definida de siervos que se remontara al período hispano-gótico o aun carolingio, es poco probable que el minucioso texto de los Usatges no hubiera tratado de ella más que por alusiones. Cabe pensar, con Piskorski, que los Usatges habían de ser sólo «la base de una agravación futura de la condición del villano». Se trata del juego normal entre la presión de los hechos y su posterior traducción en el derecho.

Hemos observado cómo cada fase de expansión obliga, en el interior de Cataluña, a luchar contra la emigración mediante la oferta de franquicias, de privilegios colectivos. A las ventajas los señores añaden amenazas y coerciones sobre los campesinos de las haciendas aisladas.

A partir de entonces, como ocurrirá en los siglos XIv y XV, el soberano (conde de Barcelona, rey de Aragón) se ve emplazado por las clases dominantes —nobles, Iglesia, también los burgueses, pues los «ciudadanos» privilegiados de las ciudades comerciantes comparten pronto los intereses y la mentalidad de los señores rurales— a que consolide las garantías contra la emigración campesina. Las «constituciones» de las Cortes catalanas, las recopilaciones de «costumbres» y los contratos registran una y otra vez, a partir de esta época, casos de adscripción a la tierra del campesino y de su familia. Casi todos los textos citados para describir la condición remença son de los años 1150-1350, nunca anteriores. El derecho romano del bajo Imperio, resucitado por los juristas, contribuye con su aportación. Ciertas cláusulas de estilo —de gran cinismo— legalizan lo arbitrario, impiden toda discusión de legitimidad: «gratis vel vi, jure vel non jure, juste vel injuste, debitis vel indebitis, licitis vel inlicitis». La fórmula que da al señor derecho para «maltratar» (léase encarcelar a su capricho) a los hombres de su dominio es admitida por una «Constitución» de las Cortes de 1202. Las garantías dadas a los viajeros exceptúan siempre a los eventuales emigrantes que no están en regla con su señor.

¿Cómo conciliar estas constataciones con el hecho —generalmente admitido— de una «mejora» de la condición campesina en el curso de la gran prosperidad económico-política de los años 1150-1350? Aquí es donde importa particularmente distinguir entre largo plazo y corto plazo, campesino acomodado, campesino pobre y simple bracero, regiones sobrepobladas y regiones por poblar, clases en cuyo seno circula la moneda y clases sin ninguna disponibilidad monetaria. Los argumentos no faltan para ninguna de ambas tesis —la idílica y la dramática— sobre la suerte campesina, pero no se refieren ni a los mismos tiempos ni a los mismos hombres.

No puede ponerse razonablemente en duda una prosperidad económica de dos siglos por lo menos. La arqueología de la masía sitúa en los siglos XIII y XIV una primera fase de coquetería y casi de lujo. El papel de las exportaciones de productos agrícolas en el comercio barcelonés de la misma época es sorprendentemente parecido al del siglo XVIII o al del tiempo de los romanos. El desarrollo del mercado agrícola interno viene marcado por las disposiciones condales y reales. Los cuidados de que son objeto las redes de riego, en torno al Rec Comtal, al Rec Molnar, a las ciudades de Gerona o Manresa, dan sus frutos. La «Cataluña nueva» de Lérida es heredera directa de la huerta perfeccionada por los moros. Las poblaciones del Urgell, e incluso de la Noguera (Balaguer, Ager) pasan por su mejor momento de prosperidad, como bien lo había visto Caresmar. El repoblamiento del Camp de Tarragona, regado desde entonces por pozos, debió de modo visible su rapidez a la riqueza agrícola.

En estas condiciones, ¿cómo puede prepararse la futura revolución campesina? El dilema se plantea de nuevo: ¿revolución de la prosperidad o de la miseria?

Una constatación, cuando menos, se impone. La revolución campesina no estalló en el momento en que las pretensiones más desorbitantes de los señores adquirieron forma jurídica. Había, pues, elementos compensadores.

Cabe buscarlos en el juego complejo de la demografía y del alza de los precios, de la división de la explotación (que puede coincidir perfectamente con una concentración de la propiedad), de la emigración rural y de la fluidez monetaria.

Si es cierto, como se ha demostrado localmente, que la unidad de explotación del siglo XIII es de tres a cinco veces menor que en el siglo XVI, se debe probablemente a que el movimiento demográfico (y en el siglo XVIII volveremos a encontrarnos con el mismo fenómeno) había llevado a una proliferación de masías y había empujado a los campesinos sin tierra a nuevas roturaciones. Un sondeo en los archivos de una casa noble nos ha confirmado esta tendencia dominante del siglo XIII: la gente se «establece» en todos los terrenos. El sobrepoblamiento relativo y la explotación agrícola a niveles de mera subsistencia de cada familia pudieron así preparar las catástrofes humanas del siglo siguiente. He aquí lo que hay en lo que respecta al aspecto «miseria».

Como contrapartida, los señores, los burgueses de las ciudades y una minoría de campesinos enriquecidos, propietarios de las mejores masías, recaudadores de derechos, especuladores y exportadores, pudieron beneficiarse a la vez del auge económico y del sobrepoblamiento momentáneo.

Los señores, con toda seguridad, deseaban conservar en las tierras señoriales a la mayor cantidad posible de hombres; éstos eran fuente de ingresos, a través de los derechos personales, incluso sin tener en cuenta la influencia del número sobre el precio de la mano de obra. Así se explica la severidad de la legislación contra los fugitivos. Pero, ¿es verosímil que los campesinos cultivadores (muchas veces cuasi propietarios, pese a la existencia de los derechos) tuvieran tendencia a abandonar las ricas masías, en unos momentos en que se dedicaban a adornarlas, a embellecerlas? De hecho, la «reacción señorial» se ejerció contra la explotación «marginal». Tenía también, sin duda alguna, otro sentido: la desvalorización del dinero hacía desear un rendimiento máximo, en dinero, de todos los derechos; tal vez el empleo del término «rescate» para designar la adscripción a la tierra es particularmente significativo: la suma de dinero impuesta puede perfectamente ser el fin principal de la afirmación jurídica. Una observación pocas veces recordada puede confirmarlo: en los buenos estudios locales sobre el problema remença se citan, en los siglos XIII y XIV, a la vez que numerosos «rescates» que atenuaban las cargas personales y los malos usos, menos conflictos a propósito de abandonos de haciendas por sus cultivadores que a propósito de casamientos de las hijas y de la marcha de los primogénitos de aquéllos. Por otra parte, raras veces el señor se niega a autorizar la marcha. Se contenta con hacer pagar.

Así pues, en el período de prosperidad la tendencia al abandono del campo no significa ni que se despueble realmente ni que las mejores explotaciones corran el riesgo de ser abandonadas. La gente se disputa el derecho a explotar la tierra, aun al precio de la libertad. Pero el señor quiere impedir, por la fuerza, el éxodo clandestino de los pobres, y obliga a pagar el de los jóvenes (hijas casaderas y fadristerns) que las casas acomodadas pueden financiar. Es sumamente probable que esto provocara rencores y protestas. ¿Provocaba también una lucha violenta? Todavía no. Sólo los más desgraciados se veían empujados a arriesgarse a sufrir sanciones brutales de una legislación cada vez más severa. Pero el auge demográfico los coloca en situación de inferioridad. En el seno del campesinado, las categorías se iban separando cada vez más netamente.

¿Qué conviene retener, para los fines de este libro, de las sugerencias que este extenso período nos ha proporcionado en cuestión de historia agraria catalana?

a) Hay que retener el contraste social Cataluña-Castilla, tan importante en el curso de toda la historia de España, pero no bajo la forma, demasiado esquemática, de «feudalismo» por un lado y de monarquía más clases medias libres por el otro. En los orígenes, los fenómenos estructurales no son distintos: plétora de pequeños cultivadores libres y propietarios, nacimiento de ciudades y poblaciones con cartas de poblamiento, municipalidades hostiles a la nobleza, y multiplicación, incluso, de los pequeños nobles.

Tal vez sea en la evolución de la nobleza donde el contraste llegará a ser un día más notorio: el estamento de los «militares» catalanes, tras haber desempeñado un papel turbio en las agitaciones del siglo XV, se fundirá parcialmente con los «ciudadanos» privilegiados de las ciudades y perderá a sus últimos representantes aventureros en las luchas de bandos de los siglos XVI y XVII. Entre una alta aristocracia que, por sus alianzas, habrá dejado de ser catalana, y el «patriciado» de las ciudades o los «labradores» acomodados, no quedará entonces nada, o casi nada. A finales del siglo XVIII, en la diócesis de Burgos, uno de cada tres cabezas de familia será noble; en Cataluña, uno de cada cien. Pero Cataluña tampoco está repartida en grandes heredades, en «estados» privados de la grandeza española, como ciertas regiones de Andalucía. El triunfo, mediante compromiso, de la revolución agraria catalana del siglo XV, a beneficio de una masa importante de campesinos acomodados (no de todos los campesinos), constituyó un fuerte campesinado, uno de los más sólidos de Europa, un campesinado «cuasi propietario», aunque tributario aún de derechos feudales y respetuoso de las formas de las tradiciones feudales. En la constitución del mundo moderno, esta estructura catalana favorecerá más la adaptación que la estructura castellana, pese al carácter menos aristocrático, en sus orígenes, de ésta.

b) Si puede hablarse de «las Españas», puede hablarse también de «las Cataluñas». La masía de finas columnas góticas, de espaciosas galerías, de graneros repletos, es una imagen del siglo XIII. El montaraz combatiente remença o el bandoler, cuyas amenazas obligan al labrador a fortificarse dentro de una masada sólida y maciza, son, en cambio, imágenes de los siglos XV y XVII.

Pero los contrastes espaciales no son menos notables que los contrastes cronológicos. La Cataluña de las masías —y la de los remences, como lo han probado decisivamente los mapas de Vicens Vives— es sólo la «Cataluña vieja» del este del Llobregat. En cambio, el oeste catalán ofrece una estructura agraria muy distinta: pueblos, burgos y ciudades de repoblación tardía, ricos en la región litoral, constantemente amenazados en las llanuras áridas por las irregularidades climáticas, salvo en caso de riegos comunitarios.

Lo importante para el futuro es que estas regiones del oeste, menos afectadas por la revolución campesina en los siglos XIV y XV, no se beneficiarán en cambio de los resultados de dicha revolución, que darán a la masía aislada un nuevo período de gloria. El oeste se difuminará hasta el siglo XVIII en la evolución moderna del Principado.

c) Algunos rasgos permanentes, sólidos, en la sociedad agraria catalana se esbozan, no obstante, a partir de los siglos de la prosperidad medieval.

1) La instalación primitiva del hábitat y su reinstalación por la Reconquista están en los orígenes de una «estructura agraria», de un «modo de producción» (técnica y economía) donde las «relaciones de producción» (organización de los señoríos) dejaron huellas y plantearon problemas con motivo de la formación de la sociedad catalana moderna.

Las grandes discusiones suscitadas en España por la aparición del individualismo agrario del siglo XVIII, en un país donde pesaban sobre la propiedad tantos hábitos colectivistas y tantas servidumbres legales, han tenido en Cataluña características curiosas: en el momento en que estallaba la clásica querella, en el oeste de Cataluña, entre campesinos pobres y labradores acomodados, entre ganadería y agricultura, en torno al derecho de cercamiento, algunos juristas del país, conocedores de su derecho y de sus costumbres, afirmaban que el derecho de propiedad, en Cataluña, había sido siempre concebido, por así decir, a la romana, plenamente individual y sin restricción. La muy antigua existencia de la propiedad alodial, en los documentos de los siglos IX y X, parece reforzar su tesis. Pero estos documentos indican sin la menor duda la eXIstencia de una propiedad comunal. Por otra parte, las extensas tierras del «fisco», tierras condales después de haber sido reales, no fueron, seguramente, repartidas todas. Los textos relativos al repoblamiento y a la aprisio, en sus alusiones a terrenos comunales, los definen por último como pervivencia de costumbres muy antiguas, anteriores a la época musulmana.

Es difícil saber si nos hallamos aquí ante vestigios de la concepción germánica de los campos abiertos, o ante la simple distinción entre el alter apropiado y el saltus, a menudo común o público; la segunda hipótesis parece más probable. Lo cierto es que, de la Edad Media al siglo XVIII, las masías disponen de amplios bosques y eriales, complemento de la explotación privada, que los señores tienen extensos espacios donde «establecer» hombres, y que queda aún sitio para los terrenos comunales, abiertos ellos mismos a la roturación y a la apropiación (las emprius) en cuanto lo exige la demografía. Así de amplio era el ámbito mediterráneo del saltus.

Pese a todo, parece que la concepción que se impone es, muy pronto, individualista en toda la Cataluña del este. La unidad relativa del derecho catalán no pudo dejar de influir en la Cataluña del oeste, donde sin embargo el hábitat agrupado y los derechos de paso hacen que la «estructura agraria» se asemeje más al sistema de campos abiertos de Aragón. El avance hacia la propiedad individual sin obstáculo alguno, de todas maneras, fue más natural y más total en Cataluña que en el conjunto de España. Es un rasgo que no se puede ignorar en los orígenes del capitalismo regional.

2) ¿Cómo conciliar, no obstante, esta noción de propiedad enteramente libre con los vestigios innegablemente numerosos de los vínculos señoriales, que subsisten incluso después de Guadalupe? En esto el carácter enfitéutico de la tenencia campesina desempeñó el papel dominante.

Es cierto que el término de «enfiteusis» no aparece más que en el siglo XIII, por influencia del derecho romano. Pero el carácter hereditario de la tenencia es ya la regla. Y casi todas las cesiones en arriendo son a plazo muy largo. El arrendamiento temporal nunca será realmente característico, salvo en las comarcas occidentales. El «establecimiento» con censo perpetuo era, por el contrario, la forma clásica de posesión de la masía aislada, en toda la Cataluña vieja, y de todo terreno recién puesto en cultivo. El estrecho vínculo entre el campesino y la explotación se imponía sobre cualquier otra consideración. El campesino, cuando luche por su independencia jurídica, nunca querrá conseguirla renunciando a la masada. En pleno período de cristalización jurídica de la remença, puede verse a campesinos aceptar la dependencia para poder acceder a la tierra. En el siglo XVIII encontraremos un fenómeno del mismo tipo: para asegurarse un derecho sobre las aguas, las fuerzas motrices, las nuevas tierras a poner en cultivo, la gente se disputará la ventaja de pagar un «censo», y ante todo una «entrada», a veces importante. En el mismo orden de cosas, el contrato de roturación vitícola de larga duración (pero no perpetuo), llamado de rabassa morta, ha desempeñado un papel estabilizador. Pero no puede confundirse ni con el «complant» francés ni con el «establecimiento» perpetuo, verdadera «cuasi propiedad». La rabassa morta es tal vez medieval; pero su gran época se inaugura con el siglo XVIII. Acarreará crisis sociales hasta nuestros días.

3) En el análisis social de las regiones rurales, sobre todo pirenaicas, habrá que tener en cuenta la prolongada supervivencia de las comunidades familiares, probablemente nacidas de costumbres medievales (y no primitivas); se asemejan a las frérèches francesas; y tanto para la interpretación de los fogatges demográficos como para comprender la economía del mas, e incluso el aspecto patriarcal de las industrias modernas en sus orígenes, es imposible ignorar la existencia de este modo de vida, por desgracia poco estudiado.

4) El régimen familiar más corriente, más tradicional, del campo catalán es, sin embargo, la indivisibilidad de la hacienda (quizás el interés del señor, en los orígenes, procuró que se mantuviera). El padre de familia elige al hereu, el heredero único, que ha de sustituirle en la masía. Otras tradiciones de derecho civil, relativas al matrimonio y a los testamentos, son observadas religiosamente. Estas prendas de estabilidad de la sociedad campesina catalana serán válidas sobre todo después de la victoria de su revolución y del compromiso de Guadalupe. Pero, a partir del siglo XIII, las reglas estaban establecidas.

5) La institución del hereu único supone, lo hemos dicho ya, la marcha de los hijos menores —fadristerns, cabalers— provistos de un peculio proporcionado a los recursos de la hacienda, en busca de fortuna. En ellos reside la reserva de hombres y de energías de la que se alimentarán los períodos de creación comercial, industrial, colonial. En principio, se trata de un elemento móvil, pero no proletario (por mucho que a veces se diga), puesto que dispone de un capital modesto. Sin embargo, se dan las crisis, y hay masías pobres. Habrá que seguir muy de cerca este elemento móvil, que establece el lazo entre ciudades y campos, entre vida agrícola y otras actividades.

El papel del comercio y de la industria

Para el estudio del movimiento comercial e industrial, que llevó a su apogeo la potencia catalana medieval, los trabajos que pueden servir de guía son a la vez mucho más antiguos y mucho menos limitados (mejor concebidos también a veces) que los relativos a la economía rural. En cambio no parece apuntarse aún ninguna revisión moderna de los grandes problemas planteados antes del siglo XV.

El punto de partida, para quien no puede abordar las cuestiones en sus mismas fuentes, es naturalmente, la obra de Capmany. Nos interesa doblemente, igual que la de Caresmar: como instrumento para hacernos una idea de la economía antigua y como testimonio para representarnos cómo veía la burguesía catalana del siglo XVIII su pasado.

Uno de los problemas mal resueltos, y que no parece que vaya a esclarecerse pronto, es el de los orígenes del gran comercio. Capmany, que pensaba sobre todo en los grandes intercambios marítimos e internacionales, estimaba que Barcelona no participó en ellos prácticamente hasta finales del siglo XIi. Sayous, al comprobar que no hay indicaciones propiamente comerciales en los incontables documentos de los siglos VIII, ix, x y XI relativos al régimen de tierras, llegaba a la conclusión de que toda formación de capitales en Cataluña debe buscarse en los beneficios de la explotación agrícola hasta bien entrado el siglo XIII. Font i Rius, en su obra sobre los orígenes del régimen municipal catalán, admite que los «tres primeros siglos de reconquista» (viii-x) no pudieron favorecer, por su carácter de inseguridad y de agitación, el desarrollo pacífico de los intercambios internos y externos. Cataluña cuadraría bastante con la imagen que Pirenne se hacía de la Europa anterior al siglo XI, con el final del siglo IX como punto más bajo de la curva de actividad.

Estos puntos de vista encuentran algunas objeciones, en la medida en que sugieren una impresión demasiado negativa. El comercio local, el comercio interno no son ineXIstentes. Incluso en el corazón mismo de los Pirineos, Ramon d’Abadal halló huellas de un mercado, de intercambios regulares, de vida monetaria. La vida del alto Pallars era en el siglo X tan poco diferente de lo que era ayer, por no decir hoy todavía, que es perfectamente natural encontrar en ella un mínimo de intercambios comerciales. En el siglo IX, por otra parte, los reyes francos o los condes catalanes, en diversas donaciones a iglesias, tenían por costumbre conceder como privilegios todos los derechos sobre los mercados, o parte de ellos (telonea). ¿Era tal vez este hábito enteramente formal? ¿Es posible que todos los diplomas sean dudosos? Es sorprendente observar cómo los mercados puestos así en evidencia ocupan posiciones geográficamente significativas: Urgell, Gerri de la Sal, y que se indican los derechos sobre un comercio marítimo en unos puntos donde, precisamente, otros índices permiten pensar en una actividad aún notable de la navegación; por ejemplo, en el siglo IX, en el Ampurdán, siendo así que nos consta que en 813 el conde de Ampurias había podido armar una flota capaz de desafiar a los moros mar adentro en el Mediterráneo. Reproduciendo fenómenos antiguos, la vida comercial pudo reemprender a partir del Ampurdán.

En el caso de Barcelona, un diploma de 878 de Luis II el Tartamudo concedió a la iglesia catedral un tercio de los derechos aduaneros, incluidos los percibidos sobre el tráfico marítimo.

Todavía no se han reconstituido, como lo ha hecho Claudio Sánchez Albornoz en el caso de la ciudad de León en el siglo X, listas de compras de objetos y de tejidos preciosos, testigos de una vida económica más desarrollada que la de los mercados pueblerinos. Sin embargo, es seguro que objetos de esta clase, como los que se conservan en las colecciones de Gerona o Ripoll, fueron adquiridos en Cataluña, por lo menos por parte de los monasterios, en la misma época. El papel de Cataluña como intermediario cultural entre la Galia y el mundo musulmán, al que a menudo se hace alusión, implica un cierto desarrollo de intercambios económicos. No hay que olvidar una probable continuidad de vínculos con Italia. Y a finales del siglo IX, como al comienzo, los condes de Ampurias pusieron una vez más de manifiesto sus capacidades navales. Un siglo más tarde la invasión de Almanzor sorprendió al país en un período de desarrollo comercial, ya que las cartas de reconstrucción, como la de Cardona, no dejan de precisar el lugar donde habrá que ubicar el mercado. En Barcelona, cuatro años después del saqueo de la ciudad por Almanzor, se registra la venta de una casa «in foris muros civitate Barchinona, in ipso burgo ad prope ipso mercado», y antes de finales del siglo X hay aún mención del puerto y del faro. Se reafirma el papel comercial de la ciudad, y ésta sale más allá de sus muros.

Por último, en 1009, apenas iniciado el siglo XI, un testamento dotaba la catedral de Barcelona de una obra piadosa capaz de mantener por lo menos a cien pobres y de financiar la reforma de la comunidad de los canónigos. Se trata del testamento de un comerciante.

En el curso del siglo XI es más probable aún el avance relativo de Cataluña, desde el punto de vista económico, ciertamente no respecto a Italia, pero sí respecto al continente europeo en su conjunto. Cuando el Occidente ya casi no conoce más el oro como instrumento de cambio, las indicaciones de pagos efectivos en oro se multiplican en las actas de los cartularios catalanes. Se trata, antes que nada, de monedas musulmanas, en particular valencianas, de mancusos de Cepta, universalmente aceptadas por su ley, y también de mancusos de oro acuñados por Ramón Berenguer «el Viejo» —pronto fueron éstos los de mayor circulación—, que habían sido precedidos a partir de 1019 por imitaciones de monedas árabes por parte de acuñadores de moneda judíos barceloneses. Así pues, Barcelona, cuya solidaridad con la Galia y con Europa ha sido tan preciada, contrasta con ellas en el mapa monetario y precede a Castilla en más de un siglo en la acuñación oficial del oro. Porque los numerosos documentos que mencionan el mancus de Barchinona no dejan la menor duda: se trata de una moneda no clandestina, sino ampliamente conocida, ampliamente acuñada. ¿De dónde venía el oro? No es fácil imaginar un comercio activo a favor de Cataluña, pese a las repetidas menciones de talleres, de obradors barceloneses en el siglo XI. Pero el país podía servir de intermediario, particularmente en el comercio de esclavos. Vicens Vives percibe, a mediados del siglo XI, una Barcelona dotada de una situación de frontera excepcionalmente ventajosa: puerto y plaza terrestre de contrabando, con dos mercancías buscadas con avidez: oro y esclavos. Éstos (o éstas) son adquiridos no sólo por medio de la guerra y las incursiones condales en tierra de sarracenos, sino también por una actividad costera de pescadores semipiratas. Por lo que respecta al oro, las expediciones catalanas a Córdoba, a Barbastro, dieron como fruto unos tesoros fabulosos en relación con la época. Todo esto, antes o después, pasó a la circulación comercial. Y el intermediario judío, aunque está lejos de ser el único factor del comercio, es uno de sus elementos importantes, en número y en capacidades.

La transición del siglo XII

Muchas veces se ha señalado una alusión oficial a la navegación mercante poco después de mediado el siglo XI: los Usatges de Barcelona ofrecen la garantía condal —paz y tregua— a los buques que salen del puerto de Barcelona o que entran en él, y a los viajeros y mercaderes, por tierra y por mar, desde el cabo de Creus al cabo de Salou y hasta doce leguas mar adentro.

Esta preocupación por un código típicamente feudal para la navegación comercial ha sido justamente interpretada a la vez como signo de un previo desarrollo de ésta y como punto de partida de su prosperidad ulterior; indudablemente, no se puede deducir de ahí la existencia de un comercio marítimo lejano; una piratería enemiga impedía, no lo olvidemos, toda circulación normal en el Mediterráneo occidental durante toda la segunda mitad del siglo XI: la piratería balear. Ésta no iba a ser eliminada más que a comienzos del siglo siguiente.

Es significativo que la iniciativa viniera de Italia, y de una ciudad mercantil. Pisa había obtenido, en 1085, que Gregorio VII le otorgase las Baleares como feudo. En 1113 los pisanos partieron en cruzada contra las islas. Fueron a parar, por error, a Blanes, en la costa catalana del Maresme. Capmany infiere, con razón, que el camino no les era familiar. Pero los barones catalanes y provenzales se unieron a la cruzada. Y, bajo la dirección de Ramón Berenguer III, Mallorca e Ibiza fueron conquistadas y ocupadas durante un tiempo.

En la primera mitad del siglo XII, se mantendrá una solidaridad relativa contra los moros entre las diversas fuerzas del Mediterráneo occidental: el papa, a quien el conde de Barcelona promete tributo, Pisa, que sigue siendo aliada leal, y la propia Génova, la futura gran rival; y no debe olvidarse que Provenza y el condado de Barcelona estaban entonces unidos.

A juzgar por la aspereza de las futuras rivalidades —y que se adivinan, con Génova, a partir del siglo XII—, las dos ciudades italianas, en las fechas en que concluyeron con los condes estas alianzas militares, no tenían que temer aún la competición comercial de Barcelona. Las ambiciones de las casas catalanas, que tomaban posiciones en todos los rincones del Mediterráneo occidental —en Sicilia, en Cerdeña—, podían parecer aún puramente políticas y familiares. El atraso en los métodos comerciales catalanes en el siglo XIII, puesto de manifiesto por A. E. Sayous, muestra que los comerciantes catalanes no dominaban plenamente los grandes negocios marítimos en unos momentos en que los venecianos, los pisanos y los genoveses los manejaban ya con gran soltura.

El progreso fue bastante rápido. Ahí es donde puede percibirse la influencia de los capitales anteriormente amasados. Cuando Ramón Berenguer III, inmediatamente después de la cruzada de Mallorca, hizo una especie de periplo diplomático y militar, en Pisa, en Génova, en Provenza, navegó en galeras barcelonesas, es decir construidas en Barcelona, a expensas de la población barcelonesa, o sea que probablemente eran propiedad de ciertos personajes de la ciudad. Pero, ¿cuáles? ¿Eran personalidades o colectividades? El documento por el cual el conde, en 1118, al regreso de su viaje, eximió a sus «hombres de Barcelona» del derecho de quint recientemente establecido por él «sobre las galeras», es de difícil interpretación. ¿Se trata del derecho sobre las mercancías o de un derecho sobre las capturas, lo cual parece más verosímil puesto que el quint se aplicaba a los beneficios de las expediciones militares? Lo más probable es que la expedición a Mallorca se efectuara en galeras construidas, como ocurrirá tantas veces en el futuro, por los subsidios barceloneses. En cambio, es difícil saber, según esta acta de 1118 —como en un acta de 1100 que otorgaba a la iglesia de Barcelona la décima parte de las posesiones «tam terrenis quam marinis» sobre el territorio de la ciudad—, quién representa, en semejantes decisiones, a los «homines barchinonenses»: la organización municipal no había nacido aún. Pero el cuerpo privilegiado urbano existe, sin la menor duda; y los burgueses firmantes bien debían de tener una representación. Jurídicamente el problema es delicado. Históricamente es bastante claro: desde comienzos del siglo mi, la capital marítima estaba asociada de cerca a las empresas exteriores del conde, y dispuesta a apoyarlas, e incluso quizás a fomentarlas, económica y técnicamente. Pues bien, esto seguirá siendo una de las características fundamentales de la Edad Media catalana. No habrá «república mercantil» en Barcelona; pero muy pronto la política de los soberanos recordará las ambiciones de las potencias marítimas y empleará los medios de éstas: Barcelona dará su apoyo a la vez que su orientación. Hasta el siglo XV, no habrá divorcio entre ambos poderes.

Hacia 1150 estalla, en todo caso, la vitalidad de Barcelona. Estalla con la construcción de los «burgos» o viles noves más allá de las murallas, con la prosperidad agrícola de todo el «territorio» municipal, desde el anfiteatro montañoso hasta el mar, con la existencia ya de numerosos obradors o talleres de artesanos en la ciudad vieja, con la riqueza del call judío y la elevada cultura de sus habitantes, a quienes Benjamín de Tudela, a su paso, dedica un conocido elogio. Sin embargo, sería erróneo creer que los judíos monopolizan la actividad económica: ya se trate de acuñación monetaria, de casas de cambio, de transacciones inmobiliarias, no hay actividad económica en que aparezcan solos ni de la que estén firmemente excluidos. En cambio, no hay duda de que existen, desde mediados del siglo XII, grandes fortunas comerciales, burguesas: nueve «ciudadanos» cuyos nombres conocemos financiaron la campaña de Tortosa. La entrega más fuerte —1.500 sueldos— fue del mismo Bernat Marcús que más tarde había de fundar una capilla, un hospital, había de arbitrar grandes procesos, poseer bienes por todos los alrededores de la ciudad y organizar correos, cuyas salidas eran bendecidas, en el umbral de la capilla d’en Marcús, que aún sigue en pie en el centro mismo del barrio antiguo de Santa Maria del Mar.

No es sólo Barcelona la que da signos de pleno desarrollo hacia la misma época. En 1139 el comercio de paños era un capítulo importante de los mercados de Vic y de los alrededores. Tortosa, Lérida, Montblanc, Balaguer tenían sus botygas, sus tendes fijas, sus obradors.

La producción artesana, el auge demográfico, la prosperidad agrícola siguen rápidamente a la segunda fase de la Reconquista. ¿Hubo entre ellos interacción? Los contratos de aprendizaje con que contamos, para Barcelona y Vic, ponen de manifiesto en las masías una reserva de mano de obra, como en los episodios modernos. Se afirma la atracción de los mercados locales.

Pero, ¿y el mercado general? Pronto nace un comercio directo y más lejano. Hacia 1150, Benjamín de Tudela afirma la presencia en Barcelona de negociantes de Siria y Alejandría. Entre 1167 y 1179, a la inversa, otros viajeros judíos señalan la presencia de catalanes en este último puerto. En 1187 Tiro concede privilegios idénticos a las colonias mercantiles de Montpellier, Saint-Gilles, Marsella y Barcelona: Provenza, Lenguadoc, Cataluña se reabren a la vez las rutas de Oriente.

El impulso del siglo XIII

En este proceso histórico se produjo un momento de vacilación, en los confines de los siglos XII y XIII. Vinculándose al destino del condado de Toulouse, Pedro I, conde de Barcelona y rey de Aragón, sin abandonar enteramente las preocupaciones mediterráneas, dejaba traslucir la intención de crear un estado pirenaico y continental. Su fracaso sangriento en Muret decidió la unión definitiva del Lenguadoc a Francia. De ahí que la Confederación catalano-aragonesa, cuyo paso hacia el continente ibérico estaba también cerrado, en este caso por Castilla, se convirtiera, desde entonces sin vacilaciones, en una potencia vuelta hacia el mar.

Jaime I, el futuro «Conquistador», originario de Montpellier por parte de madre, se interesó desde muy joven por las aspiraciones de las ciudades comerciales. ¿Acaso era porque encontraba en ellas —y sólo en ellas— los medios materiales (barcos y dinero) para repetir la tentativa de las Baleares, muy oportuna para hacer soñar a un joven caudillo? ¿O bien, por el contrario, porque existían, en el seno de las ciudades comerciales, personajes capaces de entusiasmar al rey, de convencerle de todo el valor de la futura conquista?

Los años 1226-1229, que preludiaron la conquista de Mallorca, fueron decisivos. Raramente se han podido imbricar, mezclar más estrechamente consideraciones religiosas, políticas, feudales, económicas.

En 1226 el rey pasó seis meses en Barcelona, donde encontró una atmósfera bien distinta a la de las agitaciones nobiliarias aragonesas. En 1228 se reunirá en Barcelona una asamblea que merece el nombre de Cortes, ya que los tres estamentos —nobles, clérigos y ciudadanos de las villas reales de Cataluña— deciden en ella la participación respectiva que van a tener en la expedición a Mallorca.

Entretanto, en 1227, se había decidido la ruptura con los musulmanes mallorquines, porque sus corsarios interceptaban el tráfico entre Cataluña y Ceuta. El mismo año se encuentra mención de catalanes en Bugía. Y, sobre todo, es el año de una medida real de un sentido y de un alcance considerables: se prohíbe a todo barco extranjero cargar mercancías en Barcelona mientras los barcos catalanes puedan hacer frente a las necesidades; además, el comercio de los vinos, en toda la costa, se reserva a la marina barcelonesa. Es una verdadera «acta de navegación».

No vayamos a decir, sin embargo, que esta acta «crea» el movimiento comercial, o la «marina» del siglo XIII. Lo que hace es dar fe de su existencia previa, de su fuerza naciente. Barcelona se ofreció —a cambio, tal vez, de esta acta— a organizar ella misma la expedición a Mallorca, antes incluso de la reunión de las Cortes.

Esta expedición se efectuará en 1229, esta vez sin ningún concurso italiano. Con la cooperación, es verdad, de Montpellier y de Marsella. Pero Marsella casi no es una ciudad extranjera. Y Montpellier es el dominio del rey, su ciudad natal; la aventura la intentará a bordo de una nave de Montpellier.

Barcelona no deja de conservar, no obstante, el papel material prioritario. Y empezamos a distinguir en su seno a ciertos tipos de personajes que dirigen la política urbana ya antes de que se haya configurado ninguna constitución municipal. Un hombre es encargado del armamento y del suministro de la flota, cuyo mando tomará en sus manos: Ramon de Plegamans, ciudadano de Barcelona, que firmaba ya ante altos dignatarios reales el acta de 1221 sobre el reparto de las lleudas, que consolidaba el derecho de cops, que compraba a un Montcada sus derechos sobre toda una parte del pla de Barcelona, que en 1229, por último, según el cronista Desclot, pudo «emprender inmediatamente la construcción de un buen número de galeras y montar un número aún superior de transportes marítimos (táridas y lenys) para transportar caballos, máquinas y armas».

Sin embargo, en Cataluña, Barcelona no era, una vez más, la única en actuar, ni en poderlo hacer. Pere Martell, piloto de la flota y marino consumado, era de Tarragona. No debió de ser tampoco un personaje nimio. El manuscrito de la Crònica lo presenta recibiendo al rey en su casa y agasajándole en su mesa. La salida hacia Mallorca se efectuó desde Salou. Era la época de gran florecimiento de los pequeños puertos de la costa tarraconense, seguramente entonces menos enarenados que hoy.

Una vez realizada la conquista, los pactos serán respetados. Si la nobleza catalana recibió tierras —y este enriquecimiento debió de tener también sus incidencias económicas—, Marsella obtuvo todo un barrio de Palma y una sexta parte de Inca, y Barcelona se vio eximida de todo obstáculo y de todo impuesto en el comercio con Mallorca, etapa mediterránea.

Menos de diez años después siguió la conquista de Valencia. También ella fue vigorosamente estimulada, por no decir decidida, por una conjunción de intereses en la que, esta vez, la Orden del Hospital —una de las fuerzas económicas de la Edad Media catalana— desempeñó el papel más visible, pero en la que Barcelona proporcionó aún 3.000 hombres, 300 caballos y 11 galeras, sin contar con los pequeños barcos de carga y de suministro.

La vida económica se benefició, por etapas, de las conquistas políticas y militares. Pero la acumulación que se llevó a cabo pronto le dio fuerza y autonomía. La incorporación de Mallorca y Valencia, punto de partida de una era de prosperidad, de actividades vigorosas, era también ya un punto de llegada. La expansión del comercio mediterráneo parece en el siglo XIII cada vez más espontánea. Sin que quepa decir que marca la pauta, se puede afirmar que está cada vez menos subordinado.

Pero convendría poder analizar los elementos del tráfico y los de la producción.

No hay que subestimar demasiado la ayuda que para este análisis nos aportan los tres aranceles aduaneros reproducidos en las Memorias de Capmany. Cronológicamente, cubren bastante bien el período de las transformaciones decisivas: 1221, 1243, 1252. Geográficamente, enmarcan perfectamente la costa catalana: el primero es de Barcelona, el segundo de Tamarit, el tercero de Colliure. Incluso ciertos tráficos terrestres se esbozan, gracias a ellos, en torno al tráfico de los puertos.

Volvemos a encontrar ahí los elementos clásicos de la exportación antigua y de la actual: los vinos y los frutos secos, la sal marina y la sal de Cardona, los productos animales (cueros, grasa, pieles, embutidos); el coral, que hasta el siglo XVIII será la fortuna de Begur y de Cadaqués; la madera y las cuerdas o las telas de cáñamo y de esparto, materias primas esenciales para la construcción naval; por último, entre los productos manufacturados, el vidrio, las ruedas de molino —también una especialidad catalana— y finalmente los tejidos, sobre los cuales es desgraciadamente más difícil sacar conclusiones: las cotonies son seguramente de fabricación local, puesto que se importa algodón bruto e hilado de Levante y en las Ordenanzas de Barcelona constarán pronto cotoners o fustaners; pero ¿en qué sentido circulan los «paños» propiamente dichos, sobre todo los de calidad? Sólo los paños llamados «de Leyda» son catalanes con toda certidumbre (y esto indica una distribución industrial bastante distinta de la moderna). Los paños «de Francia», «de Aviñón», «de Génova», son extranjeros.

Ahora bien, los precios de los tejidos importados —tejidos hermosos, muchas veces de lujo— eran y siguieron siendo en la Edad Media mucho más altos que los de los paños locales, a veces en proporciones sorprendentes. Las otras importaciones —especias, algodón hilado, azúcar, papel, metales raros, sustancias y maderas colorantes— representaban, a igual peso, valores brutalmente superiores a todos los productos de exportación catalanes. Esto es seguramente lo que lleva a Charles Verlinden a decir que el comercio catalán, en el siglo XIII, fue un comercio «pasivo». Sin embargo, ¿qué sentido hay que dar a tal término? «Pasivo» quiere decir que las mercancías de lujo venidas de Oriente o de África, aunque existiera un flete de retorno en Cataluña hacia estos países, habían de exigir un saldo en moneda, y probablemente en oro. ¿Es posible que hubiera compradores y capitalistas capaces de adelantar los fondos de circulación necesarios para las adquisiciones en tierras lejanas de productos caros? Contentémonos con decir que una respuesta positiva no es inverosímil. Entre los siglos XI y XIII, la Reconquista catalana acumuló botines y tributos, incluidos esclavos, que entonces eran moneda de cambio corriente. El mercado de las especias y de los tejidos pudo desarrollarse pues. Un Marcús en el siglo XII, un Plegamans en el XIII, vinculados a los fiscos reales y señoriales, tenían tantas razones para disponer de monedas de oro musulmanas como un Etienne de Manduel en Marsella, entre 1200 y 1250. Sobre el equilibrio global de las operaciones barcelonesas anteriores a 1250, se sugiere otra línea de investigaciones, y es nuevamente Capmany quien lo hace. Capmany, tras haber observado una afluencia de extranjeros (confirmada por la investigación moderna) en la Barcelona de los años 1200, y justificadamente escéptico sobre la capacidad industrial catalana en esta fecha, escribe:

Esta concurrencia de traficantes estrangeros no podía haber subsistido largo tiempo si Cataluña no hubiese subministrado algunos renglones para la exportación; pues era imposible sostener un comercio puramente pasivo en unos siglos en que el numerario corría con escasez por la Europa. Así es de creer que la Provincia abundaba de sobrantes para facilitar los retornos; a menos de que Barcelona fuese entonces el depósito general de las mercadurías de Oriente para distribuirlas a las Provincias interiores de España. Es esto tanto más verosímil, quanto hasta después de mediados del siglo XIII en que quedaron conquistadas y pacíficamente reducidas al dominio christiano Valencia y Sevilla, ninguna Provincia tuvo actividad ni comercio propio.

¿No es más que una hipótesis? Sin duda. Pero una hipótesis que valdría la pena discutir. Tiene la ventaja de suponer para Barcelona un papel distribuidor hacia la Iberia interior que muchas veces (y aún ahora) ha tenido. Para las mercancías de lujo importadas por los italianos o los catalanes, sugiere un mercado necesariamente más amplio que el de la sola pequeña provincia pirenaica. Por último, no se contradice con el estado económico y monetario de las provincias interiores entre fines del siglo XI y el gran empuje reconquistador del XIII. En 1175, tomando el relevo de un taller de Murcia, Toledo empieza a acuñar oro.

Los caminos por los que Castilla accedía a las especias, a los productos de lujo de Oriente, a los tejidos mediterráneos de valor, están aún por investigar. Barcelona pudo ser uno de ellos; no faltan las referencias a los comerciantes aragoneses, navarros, catalanes, que circulaban a lo largo de la cuenca del Ebro. En todo caso, es sorprendente ver a los comerciantes catalanes ocupar un barrio en Sevilla, justo después de la reconquista de la ciudad, en activa competición con los genoveses.

Así pues, entre 1250 y 1350 se daban todas las condiciones para un florecimiento, en torno a Barcelona, Valencia y Palma, de las provincias mediterráneas: expansiones económica y política siempre combinadas, creación de todo un armazón institucional, equilibrio entre la producción y el cambio, estabilidad social dominante. Aquel momento histórico, del cual más tarde no habrá equivalente, reveló Cataluña a sí misma como potencia, y fijó el estilo de aquella potencia, lo cual no ha podido dejar de influir en el futuro, pese a las decadencias políticas por venir.

El período de apogeo: 1250-1350

La expedición a Murcia, en 1266, señala la última etapa de la Reconquista peninsular organizada por unos reyes catalanes. Políticamente se efectuó en provecho del rey de Castilla. Pero una indicación curiosa a este propósito de las crónicas castellanas confirma que donde hubo mayor capacidad de expansión humana, en esta fase de la Reconquista, fue en la España del este y no en la España central. Este es un jalón útil para la confrontación de las demografías.

Otra confirmación viene constituida por la visible facilidad con la que los reyes catalanes reclutan al personal para sus aventuras. No exclusivamente en Cataluña, ciertamente. Todos sus dominios ofrecen su concurso humano a la expansión: milicias aragonesas al servicio de los príncipes moros de África; «compañías» catalanas que pronto recorrerán Oriente; galeotes de las naves, que, según testimonio de documentos muy precisos, no se reclutaban por la fuerza; ballesteros de las flotas reales y municipales; finalmente, como jefes, los nombres más insignes a la vez de la gran nobleza catalana y de la burguesía mercantil barcelonesa, aventureros extranjeros también, ciertamente, como un Roger de Flor, pero al lado de funcionarios fieles, muy catalanes, como un Muntaner, o de misioneros iluminados, como Ramon Llull. Ofrecía ya la imagen, a escala mediterránea y medieval, de lo que había de ser la gran época de la expansión española. No estaban involucradas las mismas regiones de España. Pero el fenómeno es curiosamente parecido. Basta contemplar de qué manera Pedro III apaciguó las agitaciones interiores de la nobleza a comienzos de su reinado; había que canalizar aquel exceso de energías hacia la aventura exterior; esto constituiría más tarde todo el secreto, en Castilla, de una Isabel y de un Fernando. La Confederación catalano-aragonesa vivió esta explosión de vitalidad humana en el mismo momento en que la España interior, tras el reinado de san Fernando, por el contrario, se embarrancaba en el marasmo y en las dificultades dinásticas.

Para orientar esta tendencia expansiva, el Levante español tuvo, desde el siglo XIII, capitales en busca de inversión y una burguesía llegada a la edad de la experiencia comercial y partícipe de los intereses de la dinastía; que se ponía gustosamente bajo la dirección del soberano si éste entraba en conflicto con la gran nobleza o la pequeña; que podía expresarse en los debates de las Cortes; que contaba con el talento jurídico, con sólidas milicias urbanas, y que, por último, creía necesario, tanto como el rey, garantizar la paz interior, impulsando, si lo requería el caso, expediciones allí donde era más útil asegurar unas bases: el norte de África, las islas mediterráneas, la «Romania», el Levante musulmán.

a) Primera dirección: el África menor. Desde hacía tiempo, Castilla y Aragón habían considerado el África menor como prolongación normal de la Reconquista. A fines del siglo mil, unos tratados de reparto sumamente precisos fijarán sus zonas de influencia respectivas a uno y otro lado del Muluya. Los comerciantes catalanes, en puntos muy diversos de Berbería, habían precedido a los diplomáticos y a los soldados, pidiendo su protección y retrocediendo bastantes veces ante los riesgos de luchas armadas.

En 1260, al serle solicitado que interviniera en Túnez, Jaime I se excusó ante Alfonso el Sabio: tenía relaciones demasiado buenas con el emir de Túnez. Convenía treguas con él. Tenía, sobre todo, en aquel país «tantas gentes y tantos bienes» que consideraba más prudente la paz. Por lo que atañe a Marruecos, se plantearon las mismas cuestiones muy poco tiempo después. En 1274, el Conquistador, pese a su avanzada edad, firmó con el rey de Fez un verdadero tratado de alianza; se trataba de atacar Ceuta, nido de piratas; en caso de victoria, el Infiel se quedará con los inmuebles; el Cristiano los bienes muebles (es decir, el fruto del saqueo) y ulteriormente facilidades de comercio. No habían pasado aún veinte años cuando Pedro III, al considerar que había llegado el momento de atacar África del Norte, hizo prevenir secretamente a sus súbditos del sultanato de Abú Yacub de que debían ponerse a salvo, con sus mercancías y su dinero: esto prueba que la colonia catalano-aragonesa, en Marruecos y en Túnez, era bastante numerosa y rica para merecer la atención real.

Pedro III hará finalmente en África, antes de terminar el siglo XIii, una aparición que se hizo famosa. Los preparativos de la misma habían inquietado a toda Europa. Ciento cincuenta embarcaciones habían partido de Portfangós, en la desembocadura del Ebro; Barcelona, Valencia y Tortosa habían armado y abastecido esta flota. Una vez instalado el ejército en Alcoll (Collo), cerca de Bona, de veinte a treinta navíos salían cada día de Cataluña para llevar víveres, armas y bebidas, de tal manera que Alcoll se había convertido en «un mercado mayor que la ciudad mejor abastecida de Cataluña».

Es cierto que la expedición tunecina no era más que una maniobra de diversión; su objetivo real era Sicilia. No por ello dejaba de ser Túnez una de las claves del Mediterráneo occidental; los catalanes no dejarán de intervenir allí; ocuparán Djerba, «rica en aceite y dátiles», desde donde Muntaner, nombrado gobernador, negociará un tratado de comercio para catorce años. Con Constantina, Bugía y Tlemecén, pese a que hubo más de una ruptura, predominaron las relaciones pacíficas durante el siglo XIV.

Trigo a cambio de madera, cáñamo, pez para la construcción naval, he aquí cuál era la base del intercambio. En esto puede verse un signo de que el temor por la piratería musulmana fue por un tiempo secundario.

b) El Mediterráneo occidental. Esta paz relativa con el Islam africano es tanto más sorprendente cuanto que en el Mediterráneo occidental estallaban las rivalidades entre Cataluña, Provenza, Génova, Pisa, entre reyes de Aragón y reyes de Anjou. Es instructivo comprobar que esto no frenó en absoluto el impulso comercial. Lo que hizo fue dificultar la distinción entre flotas comerciales y flotas militares, entre buques mercantes y buques armados: saqueos, capturas, ejercicio del derecho de «marca» pasaron a ser riesgos corrientes entre las costas españolas y las italianas. El desarrollo de un comercio mediterráneo supuso a partir de aquel momento un cierto control de los pasos y una fuerza naval suficiente para hacer respetar la bandera, exigir indemnizaciones, ejercer represalias. Es fácil adivinar con qué interés los armadores y los mercaderes barceloneses, valencianos, mallorquines tuvieron que seguir y alentar las ambiciones de la casa de Aragón sobre las islas mediterráneas. En menos de cincuenta años, la alianza entre dinastía catalana y fuerzas de las ciudades marítimas hizo del Mediterráneo occidental un «lago catalán». Nos bastarán algunas fechas: en 1282, Pedro III de Aragón (II de Cataluña), asumiendo los intereses de los Hohenstaufen en Sicilia, se desvió de Túnez hacia la gran isla, donde reemplazó a la dinastía de los Anjou. Malta, que, según Muntaner, «cuadra a Sicilia como la piedra al anillo», cayó también en manos catalanas; las fuerzas francesas, lanzadas en defensa de los intereses de Anjou, fueron derrotadas tres veces en el Mediterráneo (en Nicotera, en Malta y en Sorrento), y dos batallas navales en el golfo de Roses obligaron al ejército de Felipe III el Valeroso a abandonar su «cruzada» en territorio catalán, que durante un breve espacio de tiempo había parecido victoriosa.

Sicilia, a la muerte de Pedro III, fue separada de las posesiones aragonesas, e incluso en dos ocasiones los reyes catalanes, para poner fin a la hostilidad francesa y pontificia, tuvieron que comprometerse a garantizar su devolución a la dinastía de Anjou. De hecho, los segundones de la familia real barcelonesa se establecieron en Sicilia, manteniendo a su servicio a nobles, soldados y marinos catalanes, y garantizando a los comerciantes de su país de origen un trato privilegiado; la solidaridad familiar y sobre todo la comunidad de intereses comerciales, de leyes marítimas, de raza y de lengua, motivaron que a los ojos extranjeros no hubiera engaño posible: soldados, marinos, comerciantes de todos los rincones del Mediterráneo, tanto si estaban al servicio de los reyes de Sicilia o de Mallorca como al de los reyes de Aragón, eran conocidos como «catalanes».

Ahora bien, Jaime II de Aragón, al renunciar a la dominación directa sobre Sicilia, había tenido la habilidad de pedir en compensación, en sus negociaciones con el Papado, la investidura de Córcega y Cerdeña. Claro está que hacía falta conquistarlas. La conquista tuvo lugar en los años 1323-1324 en el caso de Cerdeña, de donde hubo que expulsar a los pisanos. Para ello zarparon trescientos barcos, de los cuales setenta eran de guerra, desde Portfangós, y veinte desde Barcelona. La campaña fue dura, pero la victoria de Càller (Cagliari) sobre pisanos y genoveses fue decisiva; Génova, a decir verdad, había dejado gustosamente que fuera abatida su vecina y antigua rival. Pero una vez bien afirmada la potencia naval catalana, la lucha Génova-Barcelona se hizo mortal. Los años 1331-1336 estuvieron marcados por actos de violenta hostilidad. Costas devastadas, barcos perseguidos y capturados, tripulaciones ahorcadas. La guerra, entrecortada con treguas, prosiguió durante más de un siglo. En el siglo XV contribuyó a agotar la fuerza catalana en decadencia. En el XIV la lucha había sido más de igual a igual. Incluso durante breve tiempo, tras el combate indeciso del Bósforo en 1351 y la brillante victoria de Alguer en 1352, el fiel de la balanza pareció inclinarse en contra de Génova. Claro que Barcelona había contado con la alianza de Venecia. También había reanudado relaciones amistosas con una Pisa agonizante.

Si se intentara reconstituir, a través de unas indicaciones aún demasiado poco sistematizadas, el tipo de comercio que resultó favorecido por esta hegemonía aragonesa en el Mediterráneo y por esta preponderancia de Barcelona en la Corona de Aragón, habría que contemplar Sicilia antes que nada.

Entre 1282 y 1302, efectivamente, se observa cómo los consellers barceloneses, sacando provecho de su posición teóricamente al margen del gran conflicto político, utilizaban cada incidente diplomático o militar, cada inversión de la situación, para obtener, o para hacer confirmar (aunque fuera por Carlos de Anjou) algún privilegio para los catalanes en el mercado de Sicilia. Se trataba, ante todo, de obtener privilegios iguales a los de los genoveses y, de ser posible, superiores. Se instalaron cónsules en Palermo, en Messina. Se obtuvieron barrios comerciales especializados. Se llevó la prudencia hasta el extremo de hacer reservar el beneficio de los convenios obtenidos a los catalanes de nacimiento.

La proporción del comercio con Sicilia, desdeñable antes de 1250, adquirió entonces la mayor dimensión, y durante varios siglos. Cataluña, que a finales del siglo XII tenía excedente de trigo, estaba entonces a la espera, a veces angustiadamente, de los trigos sicilianos; con un cierto orgullo, llegó a compararse a sí misma con la antigua Roma. Una tal necesidad ya no suponía, en cambio, un desequilibrio en los valores intercambiados semejante al del comercio con Oriente. Entre los productos que el rey de Sicilia se reserva para comprar a precio de tasa a los comerciantes catalanes, figuran la sal, el hierro, la pez, el alquitrán, las grasas, así como la plata y el oro en barras. Más adelante, según los testimonios conservados, llegarán también a Sicilia procedentes de Cataluña el aceite, los frutos secos, la alfarería. Pero desde finales del siglo, son sobre todo los paños catalanes lo que se amontona en los establecimientos comerciales de Palermo, que tal vez no eran más, para ellos, que una etapa hacia otros mercados.

Porque hay otro punto importante: si en otro tiempo los pisanos y genoveses alquilaban sus barcos para el comercio de Barcelona, en el curso de las luchas del siglo XIV se produce el fenómeno inverso. Cuando Venecia cortó en varias ocasiones la navegación genovesa, hay menciones de coques catalanas muy cargadas de mercancías, pero por cuenta de comerciantes genoveses. Nuevamente fue Capmany quien adivinó y probó la fama adquirida por los catalanes de «carreteros de los mares», comparándola a la de los holandeses en tiempos modernos. Por otra parte, abundaban suficientemente los mercaderes (y banqueros) catalanes en las ferias del Lenguadoc, en 1324, para que Carlos IV, falto de dinero, recurriera contra ellos al préstamo forzoso, tomando como garantía sus personas. En Montpellier los agentes de los banqueros catalanes seguirán siendo los personajes más influyentes hasta mediados del siglo XV.

Este dominio de los reyes de Aragón sobre el Mediterráneo occidental afectó al destino económico de Occidente. En la historia de Cataluña inauguró unos hábitos de intercambio entre Italia, las islas, Provenza, y los puertos de Palma, Barcelona, Tortosa y Valencia, destinados a resistir mejor a las futuras decadencias que las vías comerciales más remotas de Oriente.

En la historia de España, por último, prepara un imperio dinástico mediterráneo que, tras perderse en 1713, se reconstituirá aún parcialmente en el siglo XVIII.

c) La «Romania» y las islas griegas. En el siglo XIV, no obstante, el occidente mediterráneo podía ofrecer al tráfico barcelonés ciertos elementos de equilibrio, pero no la riqueza. La fuente de ésta seguía siendo Oriente.

La etapa Sicilia-Malta y las relaciones amistosas con Venecia abrían las rutas de las costas adriáticas, de la península helénica, del Bósforo y de Anatolia: toda esta zona se denominaba entonces «Romana».

Una vez más, pero ahora de manera más inesperada, la expansión humana y política del dominio catalano-aragonés iba a servir a los intereses del comercio. Una gran «compañía» catalana de soldados —los «almogávares»— se había puesto al servicio del rey de Sicilia. La paz de 1302 la había dejado sin empleo. El emperador Andrónico II la solicitó para combatir a los turcos en Anatolia. Su éxito fue tan grande que el emperador cubrió a sus jefes de favores, hasta el día en que la hostilidad envidiosa de los griegos se tradujo en una matanza. En seguida, por la muerte de algunos caudillos, sobrevino la disociación entre las tropas. Pero pudieron sobreponerse y reanudar sus aventuras, esta vez por Grecia. Así cayeron en sus manos los ducados de Neopatria y de Atenas, cuyos títulos, finalmente, recayeron sobre la casa real de Cataluña. Barcelona tuvo la gloria de establecer sus Usatges en Tebas y en Atenas. Este ha sido uno de los episodios que más ha exaltado el orgullo patriótico de los catalanes durante la «Renaixença» del siglo XIX. Aún hoy gustan de recordar los tiempos en que el Partenón se llamaba la Seu de Santa Maria, y cuando el rey Pedro el Ceremonioso enviaba una guardia especial para vigilar «esta joya, la más hermosa del mundo».

En el siglo XVIII, Capmany, que escribía para una burguesía comerciante más positiva, de la aventura de los almogávares no retenía tanto los títulos cargados de grandes recuerdos como los puntos de apoyo prestados por aquellas efímeras conquistas a la expansión comercial.

Y en el Diplomatari de l’Orient català, fruto de tres cuartos de siglo de erudición puestos por Rubió i Lluch al servicio de la historia de los «catalanes en Grecia», se encuentra la siguiente cuenta de los beneficios que efectuó la escuadra de Santa Pau (la que luchó en 1351 ante Constantinopla contra los genoveses) con la venta en subasta, en varios mercados de la Romana y de las islas griegas, de las mercancías llevadas por la escuadra, todas o casi todas confiscadas a bordo de barcos genoveses: 5.392 ducados de oro para el rey, el capitán y su gente, al día siguiente de un combate en el que se habían perdido tantas galeras, y en que el propio almirante había perecido. La guerra, aun siendo desgraciada, daba para pagar la guerra.

El Diplomatari arroja luz sobre otros puntos: el rey de Aragón, el Consell barcelonés, sus cónsules, rivalizan en cuanto a celo para defender los intereses lesionados de todo comerciante; el espíritu pleiteados no descansa; por una reclamación a Venecia en torno a una nave indebidamente apresada, se escribía aún cuarenta y dos años más tarde. Pero a cambio de esta protección, el rey de Aragón podía apelar a todos los que, dispersos por la Romana —soldados detentadores de tierras o ciudadanos de colonias mercantiles—, podían considerarse catalanes por su origen o por su lengua. Los términos empleados, tanto si se dirigen a súbditos directos como a los del rey de Mallorca o del rey de Sicilia, se asemejan a los que podría dirigir una nación moderna a sus ciudadanos en el extranjero en caso de peligro:

innata fidelitatis constancia quam nostri naturales et subditi erga honorem nostri regii dyadegmatis inter alias orbis terne principum naciones ab experto genere comprobantur, propter absenciam nostre celsitudinis non minuitur sed augetur, nec propter locorum distanciam alicuius fluctuationis offendiculo leditur, sed pocius solide et indissolubilis instantes glutino multipliciter solidatur.

Antes que los mercados de la Romana, habían sido alcanzados los de las islas griegas. Desde mediados del siglo XIII, los barcos catalanes frecuentaban Candía. Los documentos sacados a luz por Sayous para el año 1299 se refieren a un cargamento destinado a Rodas y a Chipre. En esta última isla vivía una colonia donde se distinguía por su riqueza el barcelonés Fivaller. Pues bien, las riquezas que amasaba el comercio hacían soñar a los políticos. El rey Jaime II, tres meses después de haber perdido a su mujer Blanca de Anjou y de haber jurado que nunca volvería a casarse, era víctima del espejismo de Oriente y concluía una nueva unión con una princesa de Chipre. Pero la fuerte dote que esperaba tardaba en llegar. En esta ocasión pudo verse cómo los príncipes de Oriente tenían las mismas preocupaciones financieras que los de Occidente. El mensajero barcelonés, encargado de reclamar discretamente la dote, informaba de que había muy poco dinero en la corte, pero «mucho azúcar y algodón» en la isla. Palabra de comerciante.

En Rodas, durante los siglos XIII y XIV, varios maestres de la Orden de San Juan de Jerusalén fueron catalanes; Cataluña era, por lo demás, el bastión de la orden. Sus vínculos con Oriente salieron reforzados.

¿Qué llevaban los barcos catalanes hacia las islas griegas? Aceite y «tejidos de lana», hierro y mercurio, cera y miel, azafrán, tela de lino. De las islas llegaban, además del algodón y del azúcar, esclavos, sobre todo mujeres, cuyo comercio jamás cesó pese a las prohibiciones reales y pontificias, y que figuraban en casi todos los cargamentos.

d) «Ultramar»: Siria y Egipto. La búsqueda de «especias» y de «drogas» había convertido el Oriente en el primer objetivo de las ambiciones comerciales catalanas, puesto que eran las más remuneradoras. Ya hemos advertido desde el siglo XII y comienzos del XIII la presencia de barceloneses en Tiro y Alejandría y la de buques venidos de Oriente en las playas barcelonesas. Además, era la ruta de las cruzadas. En 1269, Jaime el Conquistador había querido ir, como san Luis, en auxilio de Tierra Santa. En aquella ocasión una de las mayores escuadras barcelonesas había sido aparejada por Ramon Marquet. El rey embarrancó en el Lenguadoc. Pero una parte de las galeras alcanzó San Juan de Acre. Hacia la misma época, el rey y la municipalidad habían dotado de cónsules catalanes todas las escalas del Levante, y el tráfico no cesó desde entonces.

Con Egipto, finalmente, el desarrollo del comercio barcelonés había correspondido al tratado firmado bajo Jaime I entre los barceloneses Ramon Ricart y Bernat Porter y el sultán. En este caso, como en el de Berbería, hubo que ignorar o esquivar las prohibiciones papales. Pero cuanto mayores eran las dificultades, más valor adquirían los productos.

e) Occidente: Champaña, Inglaterra y Flandes. ¿Qué camino tomaban a partir de Barcelona las lujosas mercancías de Oriente? La actividad de los catalanes en Sevilla, y su agitada historia, pueden ser indicio de la relativa permanencia de su papel peninsular. Pero las especias tomaban más valor en los mercados de la Europa del norte.

Está perfectamente probada la presencia de los españoles en las ferias de Champaña desde comienzos del siglo XIII. Pero, ¿había catalanes entre ellos? Lo más probable es que hubiera un tráfico terrestre a partir de Aigües Mortes. En 1269, Jaime I confirmaba que catalanes y valencianos se habían convertido en frecuentadores habituales de las ferias de Champaña; para Flandes, la primera mención segura es de 1267. Uno de los documentos más curiosos reproducidos por Capmany es el concerniente a Jaume de Vilaseca, que vivía en Dordrecht en 1299 y que se hacía pagar por comerciantes ingleses letras de cambio sobre Londres. Bien es verdad que se trata de un catalán instalado en un medio más evolucionado, sin duda, que el de su región. A finales del siglo XIV, como en el Mediterráneo, las coques catalanas en el norte de Europa serán a veces alquiladas por los genoveses para el transporte de sus mercancías.

Nivel y equilibrio de los intercambios y de la producción en el apogeo de la actividad económica catalana

Por ahora permanecemos, naturalmente, pese a tantas indicaciones no desdeñables, en el ámbito de la pura descripción, del «muestreo discontinuo». ¿Se puede pedir más para la Edad Media?

Recordemos que tan sólo queremos situar, en España, en Europa y en su propia historia, el «hecho catalán», en el momento en que su esplendor lo ha definido mejor ante las miradas extranjeras.

Primer problema: el del nivel alcanzado.

Los viejos autores y los autores regionales o locales se han dedicado a demostrar la importancia de la actividad económica catalana en la Edad Media, cosa que invita a adoptar hacia ellos una actitud crítica. Y a la inversa, el mejor conocimiento obtenido desde el siglo XIX sobre la industria, el comercio, los hombres de negocios en las ciudades italianas o las ciudades flamencas, pudo conducir a un olvido o a la subestimación del papel jugado por Cataluña.

Un término comparativo posible viene dado por las cifras de población de la ciudad-capital. Los censos de la segunda mitad del siglo XIV dan 7.651 y 7.645 «fuegos», es decir, aproximadamente 38.000 habitantes. Y la cifra disminuirá después hasta el siglo XVI. Ahora bien, Venecia tenía 150.000 habitantes en 1328, Florencia y Milán más de 70.000 más o menos por las fechas de los fogatges barceloneses. Barcelona, pues, en esa época no se situaría más que al nivel de Bolonia, Padua, Palermo, Nápoles, Londres, Praga o Bruselas. Payson Usher, esbozando tal tipo de comparaciones, admite que para una ciudad superar los 50.000 habitantes había de suponer entonces «una situación comercial excepcional». Este no habría sido el caso de Barcelona. Y efectivamente es probable.

No obstante, las propias equivalencias propuestas clasifican también a Barcelona entre las ciudades no desdeñables. Y aun es posible o bien que superara momentáneamente, a comienzos del siglo XIv, las cifras oficiales de después de las pestes, o que unas cifras del mismo orden, alcanzadas antes, tuvieran una significación relativa más importante.

Para nuestros fines, podemos situar el fenómeno medieval catalán entre los límites siguientes:

—por una parte, no es un fenómeno mediocre y de alcance puramente local; su valor internacional y su lugar en la evolución del capitalismo comercial medieval están suficientemente establecidos; es normal que haya dejado una huella en la historia del país catalán propiamente dicho y en la de toda la Península;

—por otra parte, no es cuestión de igualar Barcelona, como ciudad, con Venecia, Génova, Florencia o Brujas; seguramente habría adoptado, en uno u otro momento de su existencia, una envergadura urbana muy distinta de la que tuvo. Lo que queda de sus barrios medievales, a pesar de que contienen valores innegables, no evoca en ningún momento las riquezas privadas acumuladas en las ciudades-estado más características.

¿Son estas constataciones contradictorias? Sólo aparentemente si subrayamos (cosa que olvidamos con excesiva frecuencia) que Barcelona, pese a su importante papel de dirección, era el primer elemento de la economía catalana medieval, pero no el único.

Para empezar, había Valencia y Palma, así como Perpiñán. Si sumáramos el tráfico realizado en torno a estas cuatro lonjas, nos sorprendería menos encontrar en los mercados medievales tantos negociantes y tantos productos «catalanes», porque la suma podría llevarnos muy cerca del tráfico de Génova o de Venecia tomadas separadamente. Es bastante revelador que el voluminoso contrato de sociedad establecido en 1336, que Sayous destacó tanto, combinara capitales de Palma y de Barcelona.

Incluso en la Cataluña propiamente dicha todo no se cifra, ni de lejos, en Barcelona. Esta ciudad no gozó, ya lo hemos dicho, de un puerto marítimo de primer orden. Las dificultades de navegación en las proximidades de su playa, en plena Edad Media, dan que pensar. Las grandes flotas partían de Salou, de Portfangós. Los pequeños puertos de la Costa Brava, los de la costa tarraconense o tortosina, armaban naves ininterrumpidamente, aunque más modestamente, para las travesías y para el comercio mediterráneos. Y con tanto mayor motivo cuanto que los productos exportados por el país catalán —vinos y frutos, madera y metales, productos de esparto y de cáñamo, incluso telas, por último— provenían de todas partes, de Gerona, de Vic o de Lérida.

El fenómeno no radica en la ciudad, sino en el país.

Las relaciones entre producción regional e intercambios exteriores son difíciles de establecer en el actual estado de la investigación histórica.

En lo que respecta al campo, entre 1200 y 1350, hay que repetir que todo está por hacer. Las indicaciones jurídicas y sociales ya advertidas aquí determinan bastante, para este siglo y medio, un tiempo de prosperidad. La cantidad de préstamos concedidos por los eclesiásticos diezmeros, los trabajos emprendidos por las órdenes religiosas poseedoras de grandes propiedades, los talleres artesanos montados por miembros de familias campesinas, las forjas que venían a completar las actividades de las explotaciones agrícolas: he aquí otros tantos hechos cuyas mutuas relaciones son significativas.

Y cierto florecimiento industrial (haciendo todas las reservas necesarias sobre el alcance de esta palabra) anduvo seguramente parejo con el auge de la demografía y de la producción agrícola.

Florecimiento variopinto, sin lugar a dudas. Hemos visto que ciertas producciones tan vulgares como la alfarería habían llegado a ser en el siglo XIII lo que seguirán siendo hasta pleno siglo XVIII: objetos de exportación. La producción barcelonesa de armas y de equipo militares fue importante a partir del siglo XIII (la fabricación se hacía ya en la región de Ripoll). Su importancia viene vinculada al hecho de que sus salidas estaban aseguradas por los pedidos oficiales, por una parte, y, por otra, por compras clandestinas, y por consiguiente muy remuneradoras, en el extranjero. La demanda de hierro de estos talleres explica el desarrollo de las forjas.

Sin duda, la multiplicación de las corporaciones no es un signo seguro de actividad productiva. Pero el hecho de que, a partir de 1257, se atribuyan a los «artesanos» ochenta y cinco de los doscientos escaños del consejo municipal en vías de constitución en Barcelona, prueba que ésta, desde mediados del siglo XIII, estaba ampliamente poblada por esta clase de productores. Pero entonces no representaban más que 19 corporaciones; en el siglo XVI habrá 76. De las 50 estudiadas rápidamente por Capmany, 20 correspondían a la actividad textil, 9 a la metalurgia —de las cuales 7 a los metales ordinarios y 2 a los metales preciosos—, 6 a los trabajos del cuero y 15 a producciones varias.

Aparte los oficios de lujo, se encuentran las mismas corporaciones en todos los grandes pueblos catalanes, e incluso en ciertas poblaciones hoy en decadencia. Así pues, si bien puede observarse, al lado del «capital comercial», un naciente capital industrial, no puede decirse que haya en este fenómeno ningún principio de especialización (no lo habrá prácticamente jamás), ni concentración orgánica o geográfica de la producción: no había nada que recordara Florencia ni la pañería flamenca.

Se puede hablar, ciertamente, de una sorprendente preponderancia de la industria textil. Un arte de la lana y un arte de la seda dieron bastante pronto una importancia muy particular a sus corporaciones principales: la de los pelaires de un lado y la de los teixidors de vel de otro. Los pelaires —o mejor aún paraires— de lana eran con mucho la corporación más distinguida en la constitución municipal de 1257. Ellos adquirían la materia prima; no eran aún los capitalistas que repartían trabajo en el conjunto de la industria de la pañería, pero estaban destinados a serlo. Ahora bien, ¿cuáles eran sus relaciones con los comerciantes de paños, entre los cuales predominaban, sin ningún género de duda, los importadores de tejidos de lujo? ¿Quiénes eran de hecho los exportadores? En todas estas cuestiones la confusión es enorme.

Las mejores observaciones capaces de dar, a propósito del precoz papel económico de esta clase y de esta actividad de pañería, una orientación para la investigación, las hallamos aún (no, por desgracia, en nuestro siglo) en la obra de Caresmar. Para empezar, nos dice, la industria lanera medieval estuvo repartida en regiones catalanas en las que más tarde la tradición se perdió por completo, lo cual entraña el peligro de hacer subestimar la vieja industria. Mientras que se habla sin cesar de centros como Barcelona, Moià, Castellterçol, Terrassa, Sabadell, Lérida, Tortosa, se pueden encontrar para casi todos los pueblos del Urgell, en torno al Segre y al Noguera, documentos en los que son citados insistentemente paraires, teixidors de llana, tundidora y batanes. Pues bien, en estos pueblos, a finales del siglo XVIII, ya se había olvidado todo el vocabulario de la industria lanera. Hay pues ahí una tradición interrumpida y un mapa por rehacer. La concentración geográfica relativa en la industria de la lana, hoy notable, y ya perceptible cuando escribía Caresmar, no existía en el primer impulso productivo de la Edad Media.

Esto no significa que la producción de paños, y sobre todo su venta en tierras remotas, dejara de ser la base de sustanciosas fortunas locales. La exportación de los paños de Lérida viene confirmada, para el siglo XIII, por los aranceles de Colliure y de Tamarit. Pero Caresmar, comentando un documento que valdría la pena recuperar, nos invita a meditar sobre el destino de los comerciantes en paños del siglo XIII:

he tenido en mis manos varios papeles de cuentas de Nicolás Gralla cuando era tendero de paños en Lérida por los años de 1286 y siguientes: de tenderos pasaron a caballeros sus hijos, y con el tiempo hicieron un gran papel en el público en los cargos de maestro racional o intendente, embajador, etc., ni se desdeñó la gran casa de Moncada de casar con una hija de esta familia.

He aquí un detalle muy interesante sobre los orígenes de esa clase administrativa que rodeaba a los reyes de Aragón. Esto recuerda a personajes como Colbert, en torno a Luis XIV.

Otro ejemplo es el siguiente, invocado también por Caresmar, esta vez para Sabadell, que se refiere al siglo XV pero deja suponer una actividad muy anterior en la fabricación y el comercio de pañería.

Queda hoy en Sevadell la casa de Durán que era un fabricante muy rico, hoy un muy honrado labrador: no subió a mayores por haber quebrado un su corresponsal de Olanda, en cuya quiebra perdió más de 20.000 libras que por el siglo quince fue mayor pérdida que sería ahora la de 100.000 libras.

Caresmar manifiesta un placer evidente en concluir que cierto número de familias nobles que pretenden, en Cataluña, descender de los godos, descienden en realidad de pelaires venidos «a labradores y de labradores a caballeros». Haría falta más de un ejemplo para aceptar esta conclusión. Pero lo que puede saberse, en la ciudad-capital, de las relaciones entre la clase de los mercaders y la de los ciutadans honrats —éstos constituían una combinación, cuya naturaleza y cuyos pormenores habría que estudiar, entre condición burguesa y condición noble— confirmaría bastante una evolución de esta especie. Haría falta saber si no se trata del signo de una decadencia de esta burguesía como clase. Pero la fuerza del fenómeno obliga a buscar la imagen y la medida de lo que ésta había sido en su apogeo.

En suma, si la historia de la economía y de la sociedad catalanas todavía no ha sido escrita, en lo relativo a sus mecanismos internos, para el período ascendente de la Edad Media, la existencia, por lo menos, de este período ascendente no puede prestarse a controversia. Se dio una participación compacta de la región a un auge universal de la economía.

Es poco probable que se constituyeran fortunas excepcionales. Las miserias pudieron atenuarse gracias a la fuerte capacidad de empleo y a la expansión exterior. El auge del siglo XVIII nos volverá a mostrar fenómenos de la misma especie, en un momento en que la renovación colonial española desempeñó el papel jugado antaño por el imperio mediterráneo medieval.

Quedaría por plantear un último problema: el de una cronología exacta.

Los historiadores catalanes clásicos —¡primero la política!— han solido colocar la crisis decisiva de la grandeza catalana en los tiempos de la guerra civil contra Juan II (1462-1472), con causas lejanas en el divorcio entre el país (representado por sus organismos parlamentarios y municipales) y sus soberanos, debido a la extinción en 1410 de la dinastía catalana y al advenimiento, en 1412, de reyes castellanos.

Hoy se ve cada vez con mayor nitidez que la degradación interna de la prosperidad y, sobre todo, del equilibrio económico-social, relativamente (aunque no del todo) independientes de la dirección política pura, fue un hecho precoz.

Quien quiera observar la Cataluña medieval en su esplendor debe colocarse antes de 1350. Quien quiera observar el periodo activo de creación debería remontarse mucho más arriba, hasta los tiempos de Jaime I «el Conquistador», de Pedro «el Grande».

El esplendor de las instituciones

Fue efectivamente en el siglo XIII cuando se definieron jurídicamente, tras una larga elaboración interna, las instituciones características de la sociedad catalana medieval: Consulados del mar, con sus costumbres minuciosas y sus agentes en todas las plazas comerciales del mundo conocido; municipio barcelonés, con el magnífico Consell de Cent, y florecimiento de los municipios secundarios; Cortes catalanas, finalmente, instrumento de colaboración entre las clases dirigentes —ante todo las clases urbanas— y la monarquía.

No hay que dejarse engañar por las fechas en que estas varias instituciones aparecen en la publicidad de los textos. Porque la costumbre de precisar su funcionamiento, o de extenderlo a algún lugar nuevo, mediante la redacción oficial de un privilegio, podría hacer pensar en una formación tardía y en una aparición brusca del sistema institucional, mientras que su formación fue progresiva y viva, bajo el empuje de los sucesivos fenómenos de reconquista: repoblamiento, expansión exterior, impulso de las fuerzas económicas.

El Consolat de Mar. Uno de los motivos de orgullo de Cataluña —reivindicado tanto por Capmany en nombre de la burguesía mercantil del siglo XVIII como por los juristas regionalistas del siglo siguiente— consiste en haber redactado el código del mar conocido de más antiguo, y aplicado más universalmente en el Mediterráneo, y del cual habrían derivado, incluso para el Océano, las principales disposiciones del derecho marítimo.

Los textos de fines de la Edad Media que reconocen esta preponderancia del derecho barcelonés en materia de jurisdicción comercial son abundantes y claros. En cambio, las ediciones y traducciones que constatan la universalidad del valor del Consolat de Mar catalán son todas tardías.

Disponemos actualmente de estudios críticos de los que se desprende que puede descubrirse un cierto orden en una masa heterogénea de disposiciones. Por lo general llegan a la conclusión de que las más antiguas son del siglo XIII y que tuvieron muy probablemente un valor consuetudinario muy anterior.

Las ediciones del Llibre del Consolat, entre los siglos XVI y XVIII, incluían al final de las leyes sobre la navegación una serie de fechas capaces de dar nobleza a la institución. Las leyes marítimas del Consolat habrían sido juradas en Roma después de 1075, luego en las cruzadas, luego en Mallorca por los pisanos. De esta cronología, en que los errores factuales destacan muchísimo, no se podía deducir nada sobre el valor antiguo del Consolat, concluía Capmany. Sin embargo, añadía inmediatamente, un viejo texto italiano atribuye a los pisanos —lo cual es mucho más verosímil— la paternidad de esos textos, jurados en varias ocasiones por navegantes y mercaderes, y compilados en diversas lenguas. Esta hipótesis de Capmany fue después confirmada por Schaube. A partir del siglo XII, los pisanos tuvieron un «Consulado» que resolvía los conflictos marítimos y comerciales «siguiendo las costumbres». Los catalanes, en contacto con los pisanos desde los años 1115-1118, fueron seguramente sus discípulos.

Pero su tendencia a legislar por escrito, que es una de sus características más permanentes, se manifestó seguramente, a propósito de su propia circulación comercial, a partir del siglo XIII. Las Ordenanzas promulgadas por Jaime I en 1258 para la policía del puerto de Barcelona —«Ordinacions de la Ribera de Barcelona»— definían ya con mucha exactitud los deberes del capitán de navío, los derechos y obligaciones de todos los interesados en las operaciones de carga, descarga, incidentes de mar. Pues bien, dos parágrafos de estas disposiciones están reproducidos casi al pie de la letra por el Llibre del Consolat. La cristalización de las instituciones marítimas barcelonesas se sitúa, pues, a mediados del siglo XIII.

De las «Ordinacions de la Ribera» se desprende con no menos claridad que, para los asuntos de la mar, actúan de consejeros los probi homines, y que un personaje nombrado por el rey colabora con ellos. ¿Son los probi homines comerciantes todos ellos agrupados en esta entidad, o son más bien hombres de confianza designados por los marineros y comerciantes? Es difícil determinarlo. Sólo puede decirse que, en 1258, el Consulado-tribunal no había nacido aún como órgano de un cuerpo privilegiado, pero que la institución estaba en gestación. En 1279, el rey Pedro autorizó a «todos los comerciantes» barceloneses a elegir a dos jueces para sus asuntos propios, reservando los derechos de su jurisdicción propia; y en diciembre del mismo año, dos representantes del cuerpo de los comerciantes (cuya cohesión se consolida) —pero que parecen haber sido designados por el rey— nombraron a su vez a dos diputados habilitados para defender ante el rey una serie de cuestiones relativas al comercio.

Cuando en 1283 el mismo Pedro III dio en Valencia el privilegio de hacer elegir el día de Navidad a dos «cónsules» por los «probi homines maris», añadió: «como es costumbre hacerlo en Barcelona»; y las sentencias se dictarán «juxta consuetudinem manis». Formalmente, el nombre de «cónsul» fue aplicado, pues, por vez primera en Valencia en esa fecha. En los hechos, el consulado nace mediante la aportación de precisiones progresivas al funcionamiento práctico de reglas adoptadas entre comerciantes, y para las que obtienen jurisdicción. No es de extrañar que los «privilegios» formales se apliquen antes a las ciudades incorporadas más recientemente a los dominios de la Corona. Las más viejas venían ya rigiéndose por sus tradiciones. Socialmente no se ha estudiado apenas la naturaleza exacta de esa «matrícula de negociantes» elaborada por cooptación, bajo la vigilancia municipal. Las listas de cónsules permiten ver —pero tardíamente— cómo la autoridad se reparte entre mercaders propiamente dichos y ciutadans honrats, hombres de negocios ya elevados, por selección, a un estatuto urbano privilegiado. Más tarde, tras las reformas de Fernando el Católico, un cónsul de cada dos será cavaller, es decir, noble (o sea de origen no burgués, en principio, aunque no siempre de hecho). Esto nos parece traducir la decadencia del cuerpo de comerciantes.

La segunda mitad del siglo XIV fue ya, como veremos, un período en que el ascenso social de los comerciantes iba acompañado de signos inquietantes. Aquel fue, sin embargo, el momento en que, debido a que la conquista de las instituciones mercantiles autónomas estaba en su punto álgido, fueron precisados los límites de la jurisdicción consular: primero ésta abarcó todo lo que ocurría en la playa de Barcelona, en el puerto y en las aguas territoriales de la capital (1354); luego, en 1380, todas las causas marítimas y mercantiles. En 1394 se constituyó, junto al consulado, el Consejo de los Veinte. Y destaca el hecho de que la institución se viera dotada de autonomía financiera. El Consulado percibirá, a partir de aquel momento, un porcentaje muy pequeño sobre el valor de las mercancías que entran y salen, que variará con la coyuntura, pero que hace del organismo autónomo de los comerciantes una especie de Consejo del Puerto y de Cámara de Comercio. Este derecho de periatge se convertirá en un símbolo —a veces en una medida— de las capacidades propias del «Comercio» barcelonés.

Otro símbolo: durante esta misma segunda mitad del siglo XIV, en los tres grandes puertos catalanes, Barcelona, Valencia y Palma, así como en Perpiñán, se alzan los edificios de las Llotges (Lonjas). Las operaciones del mercado se centralizan. En Barcelona, el edificio pronto dará acogida a la banca pública, la Taula de Canvi, a la vez que al colegio de agentes de bolsa y al Consulado. El gran salón gótico de la Llotja del siglo XIV es todavía hoy, en Barcelona, bolsa de los valores, bolsa del comercio. Pero está engastado en un edificio clásico muy hermoso, obra del siglo XVIII, cuyo gusto supo respetar la marca dejada en la arquitectura por el gran empuje marítimo medieval. Sobreposición notable: en la articulación social de la Cataluña de Carlos III tendremos que reconocer también, bajo estilos muy distintos, el mismo «Cuerpo de Comercio», la misma elaboración progresiva de su representación, la misma participación en la vida pública, todo ello en respuesta a un nuevo momento de la expansión del país.

No hay que confundir, por lo demás, los cónsules de los que acabamos de hablar, representación interna del Cuerpo de Comercio, con los «cónsules» que, a partir del siglo XIII, representaron en puertos lejanos no sólo a este cuerpo, sino a Barcelona como ciudad, y no sólo a Barcelona sino a la «nación» catalana.

Entre 1260 y 1290 había ya cónsules catalanes instalados en Alejandría, Pisa, Sevilla, Bugía, Túnez. En todas partes donde Génova tenía sus organismos propios, Barcelona tendía a tener los suyos. A finales del siglo XIV, la lista de los cónsules asciende a 42. Se pueden mencionar 57 ciudades en las que Barcelona, en uno u otro momento de la Edad Media, tuvo cónsules destacados.

Se trataba, de hecho, de cargos y de personajes de suma importancia. Una especie de capitulaciones les aseguraban el derecho a juzgar a sus compatriotas no sólo en materia civil, sino incluso en materia criminal; negocian a menudo en nombre de la ciudad y, a “la vez, en nombre del monarca en lo relativo a los intereses del comercio; y es muy difícil imaginar que éstos no estuvieran mezclados con los intereses de orden general, dinásticos o políticos, cuya defensa les era confiada ocasionalmente. Recibían —como en el caso del periatge— un porcentaje pequeño, pero remunerador en coyunturas favorables, sobre las mercancías catalanas desembarcadas y embarcadas en su circunscripción. Esta función de cónsul en los grandes puertos extranjeros fue constantemente ambicionada, desde los primeros tiempos de su creación, por personajes de grandes familias barcelonesas, tanto ciutadans honrats como mercaders, y a veces nobles de la más alta alcurnia. Parece que su significación (o los beneficios que confería) fue considerada infinitamente más honorífica que la de cónsul del tribunal barcelonés. En épocas tardías, llegó a suceder que la representación catalana fuera confiada a un extranjero de alto rango: por ejemplo, en Pisa, a comienzos del siglo XV, a un Médicis.

La importancia de tales funciones hizo del nombramiento de los «cónsules» en el extranjero uno de los mayores privilegios del municipio barcelonés. A veces el rey, al serle solicitado, asumió la tarea de nombrar a un cónsul. En cada caso tuvo que ceder ante las representaciones indignadas de Barcelona. Uno de los signos más claros de la unidad de las posesiones de la Corona de Aragón, pese a las divisiones políticas y dinásticas, y de la preponderancia moral y material de Barcelona en el seno de esta «Corona» fue esta representación oficial de los «catalanes» por hombres nombrados por ella, en teoría sólo para servir a los intereses del comercio, pero de hecho para una finalidad más amplia.

El municipio barcelonés

La ciudad de Barcelona aparece pues —y desde el siglo XIII— como una potencia económica, política y diplomática, en el seno de la Corona de Aragón y de cara al extranjero.

Su estatuto municipal —por lo menos el que determina el funcionamiento de sus organismos— se remonta también al reinado de Jaime I.

No hace falta decir que la vida colectiva de la ciudad, como cuerpo (y cuerpo privilegiado), no comenzó con este estatuto. En 1025, Berenguer Ramón I y su mujer Sancha habían confirmado ya a los barceloneses «omnes franquitates aliaque vestra omnia quae hodie franca habetis»; estas franquicias eran seguramente tan viejas como la reconquista de la ciudad (881). Y suponían un mínimo de representación del cuerpo ciudadano.

Sin embargo, es imposible distinguir, para esta colectividad urbana, una autonomía precozmente esbozada, ya que el conde «de Barcelona» conservó siempre en la ciudad, como sucesor del antiguo «vizconde» que le representaba, por lo menos un veguer, dotado de autoridad, y jurisdicción, sobre todo un territorio dentro de las murallas y a su alrededor.

En contrapartida —y desde el tiempo de los Usatges (finales del siglo XI)—, la introducción junto a este funcionario de probi homines, especie de jurados o expertos, hacía prever un embrión de representación ciudadana. Es curioso ver hasta qué punto los hombres de la Edad Media guardaron consciencia de una continuidad entre estos probi homines y los futuros consellers. A decir verdad, la vida del mar debió de estar tan ligada a los problemas cotidianos de la ciudad de Barcelona en aquellos años de actividad comercial y guerrera creciente, que nunca se acaba de saber, a propósito de tal o cual incidente, si los probi homines encargados de resolver un litigio o de negociar un acuerdo son especialistas en asuntos marítimos —futuros «cónsules de mar»— o representantes de la colectividad ciudadana.

Pero cuando vemos aparecer, en 1219, a propósito de una cuestión aduanera controvertida, la fórmula siguiente: «congregata universitate proborum hominum barchinonae a minoribus usque ad maiores in solemni curia [...] », asistimos a una participación más marcada, más organizada, del conjunto de las clases de la población a la gestión de los asuntos municipales. Y, cosa curiosa, en este mismo asunto se alude a «cuatro cónsules» de los barceloneses, cuatro ciudadanos que actúan en torno a Ramon de Plegamans, futuro organizador de la expedición a Mallorca y veguer del rey. La terminología es vacilante, la institución está en plena evolución; el representante del rey y los representantes de la población pertenecen, por lo demás, a la misma clase (los minores no aparecen más que en la gran asamblea); ningún gran conflicto de intereses les separa visiblemente; su subsiguiente colaboración en la empresa de reconquista lo había de probar.

Por esto no es sorprendente que este período de reconquista acabe precisamente por la misma época en que se instauraba la organización definitiva del poder municipal barcelonés. En 1249, mediante dos disposiciones sucesivas, Jaime I nombró un consejo reducido de cuatro miembros, que podían recabar asistencia de ocho consejeros suplementarios y reunir una asamblea general de los ciudadanos por motivos de utilidad colectiva. La organización municipal, a través de tanteos hasta 1274, adoptará la forma definitiva siguiente: cinco consellers designan a cien ciudadanos representativos, de acuerdo con el veguer y con el batlle; inversamente, el Consell de Cent elige cada año, mediante un sistema bastante complicado, a los cinco consellers. El nacimiento de un Consell de Cent, que no fue ni simple reforma ni creación de la nada, suponía a la vez la creciente imposibilidad de las reuniones plenarias de la población y el advenimiento de una autoridad colectiva que poco a poco equilibrará la de los representantes del rey. En el siglo XIV, el juramento de fidelidad de los representantes del rey y el de los consellers se hace recíproco. Luego el veguer perdería sus funciones administrativas y conservaría tan sólo su prerrogativa judicial.

¿Basta todo esto para que pueda pronunciarse el nombre de «república de mercaderes»? Es cierto que una oligarquía de cintadans honrats —el grupo social más elevado socialmente de la ciudad— monopolizaba con prontitud los cargos de consellers, aunque todas las clases estuvieran representadas en el Consell de Cent: mercaders, artistes, es decir, los oficios considerados liberales, menestrals, esto es, el conjunto de los demás oficios.

La ciudad tenía sus flotas, cuyos almirantes eran consellers. Tenía sus milicias, cuyo coronel era el primer consejero. Percibía ella misma sus impuestos. Sus privilegios no eran, pues, puramente negativos, defensivos. Tenía instrumentos de potencia, que aumentaban muy particularmente en los momentos en que era fiel aliada de sus reyes. Y que más adelante le habrán de servir para alzarse contra la monarquía cuando los intereses políticos sean divergentes. Pero se trata de fenómenos tardíos, que no corresponden ya a la época de las creaciones y de los desarrollos.

Precisamente por esto, porque la monarquía existe, a la cabeza de una federación de la que forman parte otros reinos y otras ciudades casi tan poderosas como Barcelona, y también por ser la cabeza de un Principado estrechamente solidario de su capital pero no identificado totalmente con ella, Barcelona no representa una «república de mercaderes» de verdad, sino sólo el organismo más poderoso de un tipo de estado distinto.

Otros núcleos urbanos, constelaciones municipales

Económicamente, hemos advertido que Barcelona no tiene el monopolio de ninguna actividad productiva o comercial. El coral es cosa de la Costa Brava. El azafrán se cultiva tanto en Santa Coloma de Queralt como en los alrededores de la capital. La pañería de Sabadell o Terrassa es tal vez satélite de la de Barcelona, pero no ocurre lo mismo con la de Lérida u Olot. Por esto mismo, el fenómeno municipal, no sólo en sus orígenes (repoblamiento rural tras reconquista) sino también en su evolución posterior, puede ser infinitamente más amplio que el fenómeno barcelonés.

En muchos núcleos urbanos, incluso, los fundamentos jurídicos de un gobierno municipal fueron elaborados antes que en Barcelona. Esto no es prueba de superioridad, como ya hemos dicho, sino de relativo retraso en la incorporación a la comunidad política. Fueron, efectivamente, las ciudades tardíamente reconquistadas del oeste catalán las que, al dotarse de cartas del todo elaboradas en el momento de ser repobladas en el siglo XII, se vieron provistas de constituciones de entrada ya más minuciosas que los viejos privilegios consuetudinarios de la «Cataluña vieja» oriental. Esto no quita que esos textos «consuetudinarios», progresivamente perfeccionados a lo largo del tiempo, ayuden más a conocer (y en su momento probablemente ayudaron a consolidar) las estructuras más eficaces de la representación colectiva de las ciudades, y en particular el papel de sus «cónsules». No es pues de extrañar que los modelos de las «cartas» —como la de Agramunt— o de «usos» —como los de Lérida o Tortosa— fueran rápidamente adoptados por conjuntos de pueblos de la Cataluña nueva y más adelante, por un fenómeno de contragolpe, en la Cataluña vieja. Es este vaivén entre códigos antiguos, consuetudinarios y textos escritos lo que caracteriza el conjunto del hecho municipal catalán.

Porque el movimiento municipal, entonces universal, y en muchas regiones de Europa más precoz, más creador, más audaz, fue notable en Cataluña sobre todo por su densidad y por la espontaneidad pacífica de su creación (entendemos por «pacífico» un sistema surgido no de luchas internas, sino de procesos de adaptación y de imitación, así como de las necesidades del repoblamiento, en las regiones reconquistadas).

Con la misma espontaneidad, la solidaridad se apunta entre los organismos urbanos una vez instalados. La misma adopción de tal o cual fórmula «consuetudinaria» establece parentescos: Tortosa, Lérida, tenían sus satélites. A menudo se trata sólo de un esfuerzo para coordinar intereses, manifestado, sin aparato jurídico, por la correspondencia entre magistrados municipales. En cuanto que la conservación de los archivos permite seguir la correspondencia municipal barcelonesa, se descubren en ellos avisos, consejos, demandas de informaciones que parten hacia todos los puntos del Principado; fue mediante esta comunidad de preocupaciones, de intereses —y de lengua— como se afirmó la unidad del país, y como se reconoció el prestigio (más moral que jurídico) de la ciudad capital.

Tal vez la crisis de finales del siglo XIV, que ya precisaremos, dio un sentido bastante nuevo a estos vínculos de municipio a municipio, al esfuerzo de Barcelona para dar entonces a los burgos catalanes el título de «calles» de la ciudad-capital, con participación en sus privilegios, aplicación de su derecho privado, colaboración en sus empresas y en sus milicias. Pero la misma tendencia había existido antes, a una escala más modesta, en torno a Perpiñán, Cervera, Solsona, Lérida. Se puede hablar de una tendencia espontánea a la federación de los municipios, clásica en España, de la cual el carreratge barcelonés habría sido la culminación.

Mucho antes, la cooperación de las clases urbanas había adoptado otra forma: una representación de las ciudades consolidada en los consejos feudales del rey, junto a la representación noble y a la eclesiástica.

El sistema representativo: las «Corts» catalanas y la representación permanente

Pese al carácter particular de la sociedad catalana, muy marcado por la «feudalidad», el Principado catalán no se distinguiría en este punto de los otros reinos: los municipios propiamente dichos aún no se habían desarrollado jurídicamente, cuando ya las universitates o comunidades urbanas estaban llamadas a discutir, ante el rey, con los clérigos y los nobles que le debían «consejo», sobre los problemas de interés general.

A partir de 1214 parece que quince localidades catalanas enviaban ya diputados para jurar fidelidad al rey-niño Jaime I, inmediatamente después del desastre de Muret. En 1218, en todo caso, en una reunión de «paz y tregua», en Vilafranca, las ciudades estaban representadas. Desde entonces iban a estarlo regularmente, es fácil suponer en qué clase de circunstancias. Sin embargo, no todas las ciudades eran convocadas, ni siempre las mismas. Pero el papel de las ciudades más fuertes se afirmaba en los momentos de las grandes decisiones: ya hemos visto cómo Barcelona, en una reunión muy próxima ya a la fórmula de las Corts, estuvo en primera línea de las iniciativas que desembocaron en la expedición a Mallorca. Sus potencialidades navales le aseguraron a partir de entonces, de modo natural, una influencia por lo menos igual a la de los vasallos más poderosos del conde-rey.

A finales de siglo, la evolución casi había terminado. En 1283, mediante la constitución una vegada l’any, Pedro el Grande admitió la reunión no sólo periódica sino anual de las Corts catalanas. La ambición era algo excesiva. En 1301 la periodicidad iba a ser reconducida a los tres años. Pero quedaba como norma establecida la regularidad oficial de la consulta.

Añadamos que esta asamblea —como las consultadas también por el rey en Aragón, Valencia y Mallorca— tenía una tarea legislativa, puesto que las Constitucions y Actes de las Corts eran la resultante de una aprobación recíproca de las propuestas hechas respectivamente por el rey y por la Asamblea, y no tomaban fuerza de ley más que al final de este proceso. Por otra parte, si bien la Asamblea, pese a esto, conserva esencialmente el papel habitual del voto de los subsidios al rey, este servicio no era votado más que después de la presentación al rey de los greuges, de los agravios particulares o generales. El orden así fijado obligaba al rey a tener en cuenta los greuges (en Castilla el servicio era votado antes).

Debido a estos tres rasgos —periodicidad, función legislativa, condiciones impuestas a los votos fiscales—, las Corts, en la Corona de Aragón, estaban a finales del siglo XIII adelantadas con respecto a la evolución de los órganos representativos del mismo género surgidos en otros lugares de Europa o en la misma Península.

No hace falta decir que, a propósito de esto, se ha usado en exceso la palabra «democracia». La parte más numerosa de la población trabajadora —los campesinos sometidos al régimen señorial (incluidos los campesinos libres)— no tenía ninguna representación. Las ciudades que enviaban diputados a las Corts eran un número limitado. En particular, no estaban representadas en las asambleas más que las ciudades pertenecientes a los dominios del rey, razón por la cual el orden popular se llamaba el «brazo real»; las otras ciudades estaban representadas por su señor. Ahora bien, en Cataluña las ciudades y pueblos dependientes de un señor privado eran singularmente más numerosas que los que dependían del conde-rey. Por último, en el interior de las villas reales los minores nunca tenían tanta fuerza como la «mano mayor», es decir, las oligarquías, que gozaban prácticamente de plenas garantías para elegir ellas la diputación, o para formar parte de la misma. El rey consultaba, de hecho, a esa oligarquía. Todo reposaba sobre el «pacto» entre el soberano y una clase dirigente urbana muy limitada. Este «pactismo» constituyó una verdadera doctrina, de la que se impregnaron los juristas. Algunos buenos conocedores del Medioevo catalán la consideran como la creación política más característica de la burguesía medieval catalana.

Estamos hablando, naturalmente, del período ascendente y del apogeo del sistema político catalán —siglo XIII y primera mitad del XIV—, no de los tiempos en que se desencadenará la guerra social de los campesinos contra los señores: después de 1380-1390 burguesía y nobleza formarán un bloque, a menudo pese al monarca, contra el movimiento campesino.

Aparte de esto, es fácil seguir las preocupaciones de las clases urbanas ricas y emprendedoras en los debates de las Corts y de las «Constituciones» salidas de aquéllas: intervenciones monetarias, exigencias de una protección aduanera a la producción, organización corporativa, régimen de las poblaciones no cristianas, y, por último, régimen fiscal, única cuestión, en principio, sobre la cual las Corts habrían debido de tener derecho a la palabra. Una vez acabada la Reconquista, el hecho de que las fuertes cargas impuestas desde entonces al reino por la mediación de las Corts fueran aceptadas sin demasiadas recriminaciones hasta los años 1350-1380, en particular en el Principado, prueba que éste, en el tiempo de su apogeo, era más rico, en realidad, que su soberano. Lo político se apoya en lo económico. Y para ello, hacía falta que la burguesía urbana, y en particular la oligarquía barcelonesa, se sintiera, clara o confusamente, solidaria de la política exterior llevada a cabo en España y en el Mediterráneo. La ambición política no estaba entonces en contradicción, bien al contrario, con la búsqueda de mercados, o con la protección de éstos.

Además, la posición de superioridad económica del Principado le permitió pronto obtener una relativa autonomía en materia financiera. Paga, pero puede controlar. A partir de 1289, en cada uno de los dominios de la Corona real, las Corts designaron una especie de comisión permanente para el cobro de los «servicios» prometidos al rey. Es en Cataluña donde este sistema adquirirá una importancia política más señalada.

En 1359, en medio de las dificultades materiales en que se debatía Pedro el Ceremonioso, la «Diputació del General» o «Generalitat» de Cataluña esbozará sus líneas características. Se trataba de una comisión de tres diputados, más adelante asistidos por tres auditores de cuentas, que simbolizaban la continuidad de las Corts en los intervalos trienales entre una y otra sesión. Organismo sobre todo fiscal, pero que había de tomar, por la fuerza de las cosas, valor administrativo, representativo y finalmente político. Cada orden o estamento (noble, eclesiástico, «real», es decir, municipal) tenía su diputado. Un palacio de Barcelona iba a ser la sede de los servicios del «General», dotado de sus prerrogativas honoríficas, e incluso de sus medios militares: podrá, efectivamente, convocar al sometent, esto es, a la población en armas para la defensa de la seguridad interior y exterior del Principado, y a menudo, simplemente, la de sus privilegios.

Es fácil adivinar la importancia de un organismo que tiene jurisdicción sobre el conjunto del país (mientras que las fuerzas municipales, ni que fueran las de Barcelona, no habrían podido pretenderlo). Al término de la evolución institucional medieval, lo que apareció fue una especie de constitución política del Principado, tanto más importante cuanto que los reyes no podían residir ininterrumpidamente en la capital catalana, absentismo forzoso que había de ir en aumento con la conquista de Nápoles y más tarde con los reyes castellanos. Generalitat y Consell de Cent no representarán siempre las mismas fuerzas sociales, y su política podrá divergir. Pero tan pronto como surja algún motivo de lucha entre el rey y las clases dirigentes del Principado, éstas dispondrán en Barcelona de dos organismos dispuestos a aspirar a la dirección del combate o a coaligarse para garantizarlo.

Este aspecto negativo, revolucionario, de la representación catalana fue, sin embargo, un hecho tardío, visible sobre todo a partir de mediados del siglo XV. En sus orígenes —aunque las Corts de 1283 aprovecharan las circunstancias para imponer al rey la periodicidad anual de las consultas—, el sistema representativo, contrariamente a lo que pasó en Inglaterra con el Parlamento o en Francia con los Estados Generales (o por lo menos de manera mucho menos chocante), no nació a partir de agitaciones sucesivas y de circunstancias revolucionarias. Fue un «pactismo» nacido de la colaboración espontánea y del empuje común de los reyes y de su administración, por una parte, y de las ciudades, de la Iglesia e incluso de la nobleza catalana (pese a algunas evasivas de barones de alta cuna) por el otro. Una cohesión de esta especie entre dos clases dirigentes de naturaleza diferente aseguró del siglo XII al XV, en torno a la monarquía de raíz catalana, una estructura política de una particular solidez. Vale la pena reflexionar un instante sobre ello.

La cohesión catalana en torno a la dinastía

Sin duda no hay que olvidar, en esta cohesión, el elemento explicativo más simple: el origen de la dinastía es local, la continuidad es perfecta en las sucesiones desde el siglo IX, la lengua de los soberanos es la del pueblo, la casa condal obtiene a la vez el respeto feudal debido al señor y la adhesión sentimental debida al soberano «nacional».

Con todo, hay que estar alerta, porque hay un peligro evidente en usar unas palabras anacrónicas tal vez; la escuela histórica catalana proyectó —y fue objeto de severa reprensión por ello— las nociones patrióticas del siglo XIX sobre unos tiempos en que no podían eXIstir bajo la misma forma; hizo del «sentimiento nacional» un dato inmediato, primitivo, que «explicaba» el amor generalizado hacia la dinastía y la ayuda aportada a sus empresas. La crítica de esta posición es válida en la medida en que no niegue la constatación del hecho: durante varios siglos existió, por lo menos dentro de los límites del Principado catalán (mucho menos en los de la Corona de Aragón en su totalidad) un sentimiento vivaz de solidaridad de grupo, una atenuación de las rivalidades de clases, una adhesión al poder público en la persona del conde-rey. No faltan textos para comprobarlo. Los hechos hablan aún con mayor elocuencia. El verdadero problema consiste en saber si el sentimiento de grupo, en el que nada impide reconocer todas las premisas de un sentimiento «nacional», no nació entonces de coyunturas prolongadamente felices y de estructuras de solidez duradera; si no conviene, en una palabra, ver en él una consecuencia en vez de buscarle una explicación.

Resumamos rápidamente los episodios históricos más significativos.

La minoría de edad de Jaime I, huérfano de padre y madre a los cinco años en 1213, inmediatamente después de un desastre, fue para la dinastía una gran prueba. El pequeño rey fue educado por los templarios, cuyo maestre era catalán. En las ciudades recibió —sobre todo por parte de los humildes— una acogida conmovedora: «E a l’entrar que nos faem, los infants e la gent menuda hageren gran alegria de la nostra venuda [...]».

Por vez primera, en 1214, los delegados de los municipios se unieron a los nobles y al clero para jurar fidelidad al joven heredero del trono. En aquel tiempo era difícil evitar las agitaciones nobiliarias. Fueron más fuertes en Aragón que en Cataluña. El rey no lo olvidó. Cataluña le pareció siempre más segura que Aragón, y prefirió a los habitantes de las ciudades y a los clérigos: «gents que Déu ama mes que no fa los cavallers, car los cavallers se lleven pus tost contra senyoria que no els altres».

En este marco es como mandó preparar la expedición a Mallorca, en buena medida por y para Barcelona, como ya hemos visto. Por otra parte, la promesa de la aventura le hizo ganar en seguida la adhesión de la clase militar misma. La conquista de las Baleares fue y siguió siendo un hecho catalán. El papel de enlace entre el rey y la burguesía había sido desempeñado por estos altos personajes barceloneses, nobles pero siempre vinculados con los asuntos administrativos, fiscales y, por esto mismo, a los grandes negocios, interesados tanto por navegaciones fecundas como por expediciones militares gloriosas, de los que Ramon de Plegamans representa el caso más típico. A partir de entonces jamás faltó esta colaboración a los reyes catalanes.

El Principado, con los capitales y los navíos, dio también los hombres, no lo olvidemos. Mallorca fue repoblada con familias de las dos partes más opuestas de Cataluña: el Ampurdán y la región de Lérida. En Valencia, donde los aragoneses fueron admitidos en la empresa de reconquista (y en primera fila), la colonización se hizo no obstante a base de catalanes de Urgell y de Segrià. Un poco más tarde se repitió el mismo fenómeno en Murcia: reconquista política para Castilla, pero colonización catalana. Así pues, Jaime el Conquistador había encontrado en Cataluña sus principales recursos, tanto para la obra peninsular como para la obra mediterránea, incluida la cruzada de Oriente: el desarrollo del municipio barcelonés, del Consulado marítimo, de las Cortes catalanas, había correspondido a un intercambio de servicios con el poder real y no a un conflicto con este poder.

Pedro el Grande (II de Cataluña, III de Aragón) conservó de sus primeras experiencias en el poder la misma impresión que su padre. Tuvo que luchar primero contra los barones catalanes, Roger de Pallars, Àlvar d’Urgell, Ramon Folc de Cardona. Las ciudades se pronunciaron a su favor. Barcelona prestó sus milicias. Los burgueses de Balaguer le entregaron su plaza, donde los rebeldes se habían atrincherado. En las filas del ejército real seguía estando encuadrada, por lo demás, esa nobleza semiadministrativa y urbana, ejemplificada en un Romeu Marimon de Plegamans, futuro veguer de Barcelona y embajador, cuyo papel se distinguía así del de los grandes señores territoriales.

Sin embargo, éstos, en Cataluña, se unieron a su vez al rey Pedro. La razón era que les ofrecía una nueva ocasión de aventuras, con motivo de la cual arrastró a todos los barones y a 20.000 almogávares, soldados de oficio.

Una vez más, sin embargo, el entusiasmo levantó sólo a Cataluña. Los aragoneses vieron con malos ojos aquella empresa allende los mares. Cuando la cuestión siciliana acarreó un grave riesgo para el reino —la excomunión papal y el ataque directo del territorio por los franceses— la nobleza aragonesa achacó la responsabilidad al rey.

En Cataluña el rey se vio rodeado de un movimiento de ayuda activa; contra los franceses, pese a la excomunión, se organizó la resistencia sin desfallecimientos; ni la Iglesia, a pesar de ciertos clérigos fanáticos, ni las clases populares, pese a algunos intentos de predicaciones revolucionarias (y desearíamos conocer mejor estos indicios subyacentes de lucha de clases), abandonaron al rey. La batalla fue ganada en el mar por Ramon Marquet, almirante proveniente de la clase alta barcelonesa, y por Roger de Lauria, un siciliano cuya total asimilación al medio catalán es una de las pruebas de la eficaz atracción ejercida entonces por la sociedad barcelonesa y la corte real. Las crónicas cantan la victoria sobre los franceses en unos términos muy característicos de la colaboración entre nobles y mercaderes: a Cataluña se le promete la gloria; pero se dice también: aere frueris, gozarás de riquezas (¡y de riqueza en dinero!).

Pedro el Grande murió tras este triunfo. Pero, al decir de un historiador alemán, nunca fue tan fuerte la influencia catalana en la corte de los reyes de Aragón como bajo su sucesor Alfonso el Liberal. En todas partes había catalanes: en la Iglesia, en la diplomacia, en los consejos reales, en el ejército y la flota. Fue entonces cuando se esbozó, en 1289, el sistema de la representación permanente de las Cortes, origen de la autonomía financiera.

Jaime II, que vino de Sicilia a reinar en Aragón, no rompió con la política de sus predecesores. Su reinado (1291-1336) fue sin duda el momento de equilibrio más perfecto y de apogeo verdadero.

Aunque el rey tomara la precaución, en su curiosa vida errante, de mantenerse siempre al alcance de sus distintos reinos, era siempre la rica Cataluña la que le ofrecía asilo más a menudo y la que financiaba también los perpetuos viajes de sus diez hijos. La educación de estos hijos estuvo confiada (por lo menos la de aquellos que tenían más porvenir) a fieles catalanes. Entre estos educadores de príncipes, destaquemos a Ramon Muntaner, marino y soldado, gobernador colonial y cronista enjundioso, el hombre que tradujo mejor, ya en el ocaso de una vida iniciada en los días gloriosos del rey Conquistador, la mezcla de política razonable y de pasión aventurera, de amor por la gloria y de sentido de las ventajas materiales, de fidelidad personal a los soberanos y de concepciones ya nacionales, de consciencia catalana y de consciencia española, característicos de las clases dirigentes de su país. ¿Acaso no apelaba, a propósito de Montpellier, a la vez a «los señores, ricoshombres, caballeros, ciudadanos, consellers, mercaderes, patrones de navío, marinos, almogávares y soldados de infantería»?

Bajo Jaime II volvemos a encontrar, una vez más, a la familia de Marimon-Plegamans y su jefe Romeu, que había sido soldado primero y que recibió después hermosos caballos del rey y dio buenos mandobles, hasta morir finalmente en combate, seguramente delante de Murcia. Pero que fue también administrador, encargado de la veguería de Barcelona, de su batllia, y más adelante de la batllia general para el Principado.

Pues bien, fue Romeu de Marimon quien indicó al rey, en una carta notable —fechándolo de esta manera— el impulso excepcional que acababa de tomar en Barcelona la industria de paños, desde que el conflicto franco-aragonés había cerrado el país a los paños franceses. Y esta carta era un informe de política económica donde ni siquiera faltan —¡ya entonces!— las consideraciones sobre el valor de la salida castellana. En tales «compañías» de pañería a las que alude, ¿era totalmente desinteresado el veguer de Barcelona, propietario de todo un bloque de casas en el barrio de Barcelona más rico en talleres de pelaires?

Este oficial-administrador-negociante estuvo a la cabeza de las embajadas políticas (en las que tomaron parte comerciantes) cerca del sultán de Alejandría, y luego en Marruecos, en 1292 y 1297. Era pariente del almirante Bernat de Sarrià. Su hijo Bernat heredó el favor del rey y los cargos de su padre. Heredó también sus procesos, uno de los cuales tenía que ver con los trabajos del Rec Comtal, canal de riego en el que abundaban los batanes. Y si tuviéramos dudas sobre la vocación de negociante del personaje, el resto de su vida las disiparía: enviado a Chipre en misión oficial en el momento de la boda del rey, se quedó en la isla durante cuatro años para dirigir empresas comerciales, en buena parte ilícitas, como tantas otras, por haber sido establecidas con infieles sin esperar autorización papal, como era de rigor.

En la correspondencia de tales administradores hemos encontrado finalmente, en los primeros años del siglo XIV, la primera mención del gran cargo financiero instaurado junto a la monarquía, el de maestre racional, o gran tesorero. Recordemos, a propósito de esto, que Caresmar había descubierto el origen burgués —exactamente, del comercio y la pañería— de una determinada familia que ocupó el cargo, más tarde pero durante mucho tiempo. El personal administrativo del estado aragonés-catalán en los confines de los siglos XIII y XIV se formó, como el del estado francés bajo Felipe el Hermoso, a base de «legistas», de sabios juristas de cancillería. Pero se formó también (más que en la Francia de la época, sin duda) gracias al ascenso social de las clases mercantiles e industriales. Una tal influencia sobre el estado de una burguesía adinerada no podía dejar de aproximar, de unificar la política real y la política municipal barcelonesa. Ésta no pudo formar una verdadera «ciudad-estado» al existir fuertes tradiciones feudales y de la administración real. Pero el reino de Aragón, por el papel que en él desempeñaron las aspiraciones catalanas a la expansión económica, adquirió parcialmente las características de un estado-ciudad, ampliamente superados de la concepción feudal. La colaboración de las ciudades catalanas con la monarquía prosiguió bajo el reinado de Pedro el Ceremonioso (III de Cataluña y IV de Aragón). Pero, en contraste con los reinados relativamente tranquilos de Jaime II y de Alfonso el Benigno, los años centrales del siglo XIV serán dramáticos. Los catalanes no regatearán su ayuda al rey, pero será a lo largo de luchas agotadoras. Las milicias urbanas catalanas sirvieron al rey en Epila contra los nobles aragoneses y la ciudad de Valencia, asegurando el triunfo del monarca y una terrible venganza por su parte. Frente a la separación de Mallorca fue una junta de síndicos municipales catalanes la que aconsejó a Pedro que restableciera la unidad. Los catalanes de entonces, ironiza Sánchez Albornoz, no estaban a favor de las autonomías de las minorías. Esto prueba que tenían el poder del estado.

No obstante, en 1344 el rey se propuso consolidar su fuerza interior mediante un sistema más perfeccionado de administración central; fue una culminación; y fue también el comienzo de una sorda lucha entre funcionarios reales y corporaciones catalanas: nobleza, clero, municipios, comerciantes y consumidores. E inversamente, en 1359 la Diputación financiera de las Cortes, o Generalitat, al precisar su forma definitiva, erigió el futuro instrumento de la resistencia al rey. Además, éste se lamentaba de las instituciones; no ponía en duda la fidelidad de sus súbditos catalanes, ni su buena voluntad; pero el parlamentarismo era puesto en tela de juicio; hace perder mucho tiempo, acentúa la querella de categorías; se discute de primavera a otoño, «y, en torno a esta querella, nos perdemos y os perdéis». Puede considerarse que la crisis política, en la fecha de este texto (1363), había empezado ya: pero el siglo XIII y el XIV habían creado ya, en la costa española nordoriental, un estado y, en el marco mediterráneo, un imperio, que, en virtud de todo tipo de rasgos complementarios, merecían el calificativo de catalanes.

En una confederación convertida en una de las grandes potencias de la Edad Media, el núcleo inicial del condado conservó siempre, por el origen de sus soberanos pero sobre todo por su propio vigor interno, la consciencia de dirigir y de organizar.

Los condes-reyes, gracias a aquel apoyo, pudieron desplegar un gran juego peninsular, un gran juego mediterráneo, un gran juego europeo. En el condado, pobre en recursos naturales, la prosperidad económica tuvo un desarrollo sorprendente, cuyo motor era el tráfico marítimo, pero cuya garantía era la producción interior a todos los niveles. El equilibrio social bastó para evitar, pese a la evolución jurídica del régimen señorial hacia una mayor rigidez, rupturas internas demasiado sensibles. Una lengua se había ennoblecido debido al uso diplomático, administrativo y literario. Cultura y espiritualidad quedaron marcadas por ello. Jaime el Conquistador estuvo rodeado de una pléyade de santos: san Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced para la redención de cautivos, san Raimundo de Peñafort, maestro de derecho canónico, Ramon Llull, la más extraordinaria figura de poeta, novelista, pedagogo, lingüista, filósofo a la vez racionalista y místico, misionero y héroe de la evangelización pacífica. Más adelante, bajo Jaime II, Muntaner y Arnau de Vilanova mostrarán dos espíritus y dos escrituras opuestas, simbólicas de dos órdenes de valores de su siglo y de su país. En su tiempo, los mensajeros catalanes alcanzaban la Tartaria, Barcelona daba leyes a Atenas, Jaime II se proclamaba protector de los Santos Lugares; la cartografía catalana estaba en cabeza del movimiento marítimo científico. Un momento así no puede por menos de conservar un sentido en el destino de una colectividad. Ciertamente, puede olvidarlo. Pero ha existido. ¿Cuándo y por qué sentirá la necesidad de referirse a él, de declararse heredera suya? Este es ya un problema de los tiempos por venir.

3. EL PROBLEMA PLANTEADO: LA PERSISTENCIA DE LA PERSONALIDAD CATALANA

Entre 1250 y 1350, el Principado catalán fue tal vez el país de Europa a propósito del cual resultaría menos inexacto, menos peligroso, pronunciar unos términos en apariencia anacrónicos: imperialismo político-económico o «estado-nación».

¿Estado-nación tan pronto? En todo caso pueden encontrarse en la estructura de la Cataluña medieval bastantes rasgos sorprendentes propios del estado-nación.

En el centro, en vías de constitución pero ya sólido, un aparato administrativo: la Cancillería, el maestre racional, la jerarquía de las batllies. A la cabeza, una dinastía indiscutida, aceptada y ampliamente popular, acompañada además por la suerte, tanto en la vida y la muerte como en los matrimonios: símbolo posible de varios siglos de vida común.

Unas clases dirigentes que envuelven de respeto a esta monarquía y que practicaban hacia ella una colaboración consciente, traducida en las instituciones: municipios, Cortes periódicas y su representación permanente. Es casi un parlamentarismo: las preocupaciones expresadas, el trabajo en comisiones, la oratoria, son una prueba de ello; no faltaba siquiera a este «pactismo» una teoría, que fue concebida y elaborada por teólogos y juristas. A los grandes señores y a los más humildes aventureros, tras cada veleidad de sobresalto anárquico (en la Edad Media no podían faltar), se ofrecía el espejuelo de la expansión militar a tierras remotas. A la gente de dinero —capitalistas grandes y pequeños, cambistas y negociantes, laneros y tejedores de seda, fabricantes de armas y de navíos— se ofrecían los mercados, los de dentro ampliados, los de fuera ganados, controlados, defendidos y multiplicados.

¿Puede hacerse abstracción de las luchas de clases? Existieron, sin ninguna duda, y los indicios de ello son numerosos. Pero la posible rivalidad entre nobleza y burguesía quedaba amortiguada, en el período ascendente, por la expansión exterior y por la poderosa alianza entre el soberano y la oligarquía de las ciudades; fuera del Principado (en Aragón sobre todo) era donde tenía lugar la lucha. Tras los choques internos de mediados del siglo XIv, el equilibrio quedará modificado: la alta burguesía barcelonesa, a partir de entonces menos emprendedora que conservadora, formará un bloque con los señores contra el peligro campesino y, en ciertos períodos, contra el rey.

En cuanto a las clases populares, las conocemos mal y, para estudiarlas, todo estaría por hacer. De finales del siglo XIV a finales del XV, manifestarán su fuerza en la ciudad y en el campo (y también sus divisiones: no formaban un bloque). Del siglo XI al XIii, es posible que el territorio por conquistar, la prosperidad creciente, la emigración, ofrecieran por lo menos razones para la resignación a los trabajadores pobres; es la época en que se estrecha progresivamente la argolla jurídica en torno al campesino; éste no parece tener ni razones continuadas ni bastante fuerza para desencadenar una revuelta organizada. Por lo demás, es probable que la monarquía catalana, en su fase de simplicidad rústica, pudiera parecer a las clases populares un refugio, real o imaginario, frente a la desigualdad social y a los peligros exteriores.

Así era el núcleo catalán: el más coherente, el más próximo al rey de todos los dominios de la Corona; en la Confederación dinástica —esta expresión no es de la época, pero ¿cómo designar esa yuxtaposición de dominios en torno al rey?—, el «Principado», aunque este título tardío fuera un compromiso entre «condado» y «reino», gozaba de más autoridad y respeto que todos los demás. Si hacía falta, imponía la disciplina a los otros. Era más rico que Aragón. Valencia y Mallorca no eran más que tierras reconquistadas por él, ricas, activas, pero aún poco pobladas (por lo menos de cristianos: 30.000 familias tan sólo en la Valencia de 1270, de los cuales muchos catalanes). Aún era Barcelona la que vigilaba, con sus cónsules, los mercados de Flandes, de Andalucía, de Berbería, de Oriente. Una marina, mitad comercial y mitad guerrera, mantenía los lazos con los estados protegidos: Sicilia y Cerdeña. Era el orgullo de las ciudades marítimas, su obra técnica. Pero muchas veces era el Principado entero el que había colaborado en la construcción, en el armamento, en el financiamiento.

Y en el vocabulario político del siglo XIV, el sentido se fue deslizando desde el contenido feudal hacia el contenido moderno. Cuando Jaime II escribía a su hijo que siempre había podido contar con la fidelidad de sus súbditos (sotmesos) y con su naturalesa, puede entenderse con su lealtad de vasallos respecto de su señor «natural». Pero Pedro el Ceremonioso hablaba cada vez menos de súbditos y cada vez más de naturals nostres (parece casi como si se dijera «nacionales»). No obstante, distinguía aún entre éstos y la «nación» catalana, objeto de la hostilidad particular de la «nación» genovesa. Aquí el término parece estar tomado realmente en el sentido de «gens». Pero es para expresar un choque político, entre dos potencias políticas, lo cual introduce ya cierto matiz. Más adelante, cuando Zurita, aragonés, querrá relatar el amor de los reyes por Cataluña, llamará a ésta «naturalesa y antiquissima patria» de la dinastía.

Como puede verse, la terminología fue imprecisa durante largo tiempo, pero rica. Entre las nociones de uso corriente de los habitantes del Principado, del siglo XII al XIV, se ha observado la presencia de las ideas de «nación» y «patria» catalanas, la «naturalidad» y la fidelidad como vínculos con los reyes de Aragón y un cierto sentido de la unidad de destino con la España por reconquistar.

Pero es sorprendente un hecho que había sido raro en la Edad Media. El signo de identificación más neto es la lengua. Existe un «patriotismo lingüístico» del que Muntaner es el representante más alto; cuando quiere decir de una persona o de un país que forma parte de la comunidad catalana, dice que habla —o que en él se habla— el «pus bell catalanesc del món». Es particularmente significativo que a la noción de «hablar» se añada la de «bien hablar». Un estudio que está por hacer —aunque los lingüistas tengan desde hace tiempo consciencia de ello— es el de las relaciones entre la formación y la fijación lingüísticas del catalán y su papel político. Los miles de registros de la Cancillería llamada aragonesa escritos en catalán son un potente argumento contra la tesis que de la realidad histórica nacida entre los siglos XII y XIV no querría salvar más que el nombre de «reino de Aragón». Y más aún contra la tesis que niega a los catalanes, aun a los medievales, toda capacidad de creación política.

Incluso es verosímil que la Europa de aquellos siglos no pudiera mostrar, más que difícilmente, otros fenómenos económico-políticos tan próximos a realidades nacionales modernas como los que acabamos de citar. Francia dio sin duda lugar a una solidaridad popular y sentimental en torno a Felipe-Augusto y a san Luis, y a una solidaridad más política y organizada en torno a Felipe el Hermoso; pero sus problemas (los de los grandes feudos interiores y de la rivalidad inglesa) no tienen parangón con los del reino aragonés-catalán; faltaban dos fermentos importantes: la Reconquista al comienzo y luego una expansión comercial con bases lejanas. Inversamente, bajo la alta —pero imprecisa— autoridad de los emperadores y papas, las ciudades flamencas, alemanas e italianas (éstas precozmente divididas por la pasión de los partidos) tenían muchas veces más riqueza, más poderío y a veces más orgullo que las ciudades catalanas, pero les faltaban las bases territoriales y la vinculación dinástica para que pudieran constituir, sobre una base esencialmente corporativa, embriones de «naciones». En España, por último, la expansión reconquistadora hizo sin duda de Castilla, en la primera mitad del siglo XIII, el reino de los Concejos y de las Cortes, más parecido a las estructuras de Aragón. Pero, de 1250 a 1350, la solidaridad entre dinastía, nobleza y clases medias entró en plena crisis. Portugal había de ofrecer, con la casa de Avis, el ejemplo de una dinastía nacional y de una burguesía unidas en sus deseos de expansión. Pero Castilla y Portugal, futuras «naciones» y naciones «imperialistas», no llegarán a serlo sino más tarde, ya a finales del siglo XIV y luego a finales del XV, en unos momentos en que la creación política catalana se agotaba ya.

Esta creación sigue siendo, pues, notable, sobre todo por lo que tuvo de precoz. Lengua, territorio, vida económica, formación psíquica, comunidad de cultura: las condiciones fundamentales de la nación estaban ya perfectamente reunidas en ella desde el siglo XIII; y ni siquiera le faltaba la preocupación por el «mercado», «escuela en que la burguesía aprende el nacionalismo»; una docena de textos probarían que ésa era efectivamente la preocupación dominante, responsable de que la clase de los mercaderes catalanes quisiera su estado propio.

Precocidad en su constitución. Precocidad, también, en su desvanecimiento. Ya veremos cómo, a partir de 1412, va a desaparecer uno de los elementos fundamentales del fenómeno medieval: la dinastía catalana. Después de esto se fueron dislocando progresivamente todas las solidaridades: la política, la económica, la social, la mediterránea. De hecho, la crisis interna había empezado en el siglo XIV. Y numerosas creaciones o conquistas de la Cataluña medieval se transmitirán al patrimonio español moderno. Pero se explica que toda una escuela histórica haya podido ir a buscar muy lejos en la Edad Media las fórmulas de un patriotismo catalán expresado ya con tanto vigor, que haya podido confundir la crisis de la dinastía catalana con el punto de partida de la decadencia final, que haya debido buscar también a través de largos siglos de decadencia el hilo a veces tenue y discontinuo de ese patriotismo precoz, pero pronto alejado de la realidad política por la desaparición política del grupo que lo había suscitado.

«Patriotismo», «nación», «particularismos» o «localismos»: ¡cuántas lecciones sobre la definición de estos términos podría dar un estudio de esta desaparición imperfecta! Hasta el siglo XVIII, las clases dirigentes catalanas no dejarán en ningún momento de echar de menos la época de su preponderancia, aunque ya a partir del siglo XV parecen defender sólo los privilegios adquiridos y las «libertades»: «patrie leges et libertates, pro quarum obtentu superioribus Regibus et Comitibus Barchinone Cathalani immortalia impenderunt obsequia [...]».

Las clases populares tampoco abandonarán en nigún momento un sentido más vago, pero a veces más violento, del grupo; para ellas, todo el que no habla catalán es «extranjero». El grito de las rebeliones campesinas y populares, que muestra cómo la consciencia de grupo es a menudo cristalización de las oposiciones de otra especie, será: «Visca la terra, muira lo mal govern!».

No hay un solo viajero extranjero, en los siglos XVI y XVII, que no haya advertido como lección importante de su viaje el «orgullo» de grupo de los catalanes. No reconocen, nos dice un viajero francés de 1612, al rey de España más que como conde de Barcelona. Y su «generalidad» tiene más poderes que el propio virrey, representante, sin embargo, de un soberano absoluto.

Esta observación debe orientarnos hacia elementos más concretos que las simples tendencias sentimentales. ¡Han existido tantos otros particularismos que no han contado históricamente! En este caso quedaba una armazón surgida de la soberanía antigua, marco brindado a cualquier despertar de un espíritu de independencia y, a veces, factor de diferenciación material.

El «reino de España», como es sabido, ha abarcado, incluso bajo un único soberano, «varias Españas». La pasión unitarista de los castellanos, sea la de Quevedo o la de Ramón Menéndez Pidal, ha oscurecido muchas veces lo que parecía de una evidencia cegadora a cualquier francés del siglo XVI, que esperaba encontrarse con una «España» y debía pasar de control en control y de aduana en aduana, testimoniando con su sorpresa que la unificación francesa estaba ya entonces más avanzada de lo que a veces se piensa. Igual que la antigua Corona de Aragón, la España del Siglo de Oro, gran unidad ideal, no fue más que una federación de viejos reinos, de viejos principados, en torno a una dinastía. Esto se olvida, tanto dentro como fuera, por la rotundidad con que Castilla ha afirmado su preponderancia y su lengua. De modo semejante los catalanes habían afirmado su supremacía en la Corona de Aragón. Del mismo modo que se hablaba de «los catalanes» a orillas del Mediterráneo en los siglos XIII y XIV, se decía en el mundo entero «los españoles» en el siglo XVI. Pero en todo el territorio peninsular cada antiguo estado —y muy particularmente el «Condado» o «Principado» catalán— conservó sus organismos de autonomía: municipios, Cortes, «diputación» o «generalidad», tesorería del patrimonio «real». Antiguos organismos a menudo venidos a menos, anquilosados, que no representaban más que oligarquías atrasadas y tradicionales, no creadoras y simplemente aferradas a veces a puros privilegios de preeminencia. Pero, ¿era indiferente que esos viejos organismos conservaran en sus manos un sistema monetario autónomo y un sistema fiscal? Si se puede afirmar de entrada que Cataluña y Aragón, Valencia, Navarra y el País Vasco no obedecían a los mismos mecanismos fiscales y monetarios que Castilla, ¡qué problemas no se habían de plantear a lo largo de toda la historia de la España moderna, en que la violencia de los movimientos inflacionistas y deflacionistas, en que el peso de las cargas públicas dominan, desde la era imperial hasta la «decadencia», todas las condiciones materiales de la evolución!

Más aún: los viejos marcos municipales, administrativos, financieros, recubren y protegen una estructura social y jurídica particular. Nobles, burgueses y campesinos no representan necesariamente categorías comparables en Cataluña y en Castilla. En cierto sentido, Cataluña se conserva profundamente «feudal», o por lo menos «señorial»: en el siglo XVIII, igual que en el XIV, en el «censo» de 1787, igual que en el de 1378, el número de lugares y de fuegos dependientes de los señores laicos o eclesiásticos supera con mucho el de las dependencias de la Corona o de las ciudades libres. Y casi toda tierra, casi todo bien, estaba vinculado al juego de las capbrevacions, de las obligaciones y de los censos. Pero por otra parte, mientras que los nobles representaban en 1767, en el arzobispado de Burgos, el 31,5 por ciento de las personas censadas, en Cataluña la proporción era del 1 por ciento. Podría pensarse que se trataba de una aristocracia feudal tan poderosa como escasa en número: de hecho, el «establecimiento» y la «enfiteusis» crearon en Cataluña, sobre todo después de la victoria campesina de 1486, una cuasi-propiedad sólida y bien repartida, y el fenómeno «latifundista» en su conjunto ha resultado característico, sobre todo, de la España del sur.

¿En qué quedaron, por último, tras los siglos de la decadencia regional, aquellas clases urbanas medievales de Cataluña, cuyas fuentes de riqueza parecían agotadas en la medida en que el comercio con países lejanos dejó de practicarse en los pequeños puertos catalanes, e incluso en Barcelona? Es esta una cuestión que no ha sido dilucidada satisfactoriamente. Pero se comprueba que, todavía de vez en cuando, esos ciutadans honrats, esos mercaders, esos maestros de corporaciones, esos hombres de profesiones liberales, esos eclesiásticos (que muchas veces son sus hermanos o sus primos), acordándose en el Consell de Cent o la Generalitat de los tiempos en que sus antecesores llevaban adelante su gran política mediterránea, afirman aún su papel en la historia.

Tres sobresaltos revolucionarios jalonan efectivamente la época en que Cataluña, aun habiendo perdido su papel dirigente, conservaba no obstante su autonomía.

El primero, a partir del siglo XV, se produce contra un rey que todavía no era más que rey de Aragón pero que ya no era catalán: de 1462 a 1472, el Principado, en busca de un soberano por todas partes pero gobernándose en la práctica con sus organismos municipales y parlamentarios propios, pretendió alzarse por sus libertades. De hecho fue su oligarquía la que intentó detener el movimiento histórico (absolutismo, castellanización, revolución campesina) en cuyo curso va a naufragar su preponderancia.

La segunda vez, mucho más tarde, más allá del gran episodio imperial español (durante el cual Cataluña quedó empequeñecida), una rebelión espontánea del elemento popular, un motín del hambre, agravado por el odio contra la presencia odiosa de los tercios, castellanos y extranjeros, fue aceptado y utilizado —contrariamente a lo que suele ocurrir con estos motines— por una parte de la nobleza y del clero catalanes, exasperados por el centralismo de Olivares y más aún, tal vez, por el clima de decadencia política y económica en que se debatía España. Los «diputados del General» y el Consell de Cent recuperaron la iniciativa frente al soberano; por mediación suya, Cataluña se libró a Francia. La lección había de ser dura. La crisis duró doce años. Terminó con un retorno honorable al seno del estado español, con la conservación de todos los privilegios.

Por último, menos de medio siglo después de la paz de los Pirineos, que amputó a Cataluña del Rosellón y la Cerdaña, el Principado se alzó una vez más. Tras algunas vacilaciones, se pronunció contra el nieto de Luis XIV y, durante la guerra de Sucesión, tomó el partido del candidato austríaco. Esta nueva crisis duró unos diez años, durante los cuales la provincia vivió prácticamente bajo instituciones libres. Pero iba a ser el origen de una derrota total, de una represión centralizadora con voluntad de aniquilar todo recuerdo de la autonomía, pero incapaz, naturalmente, de afectar a las raíces más profundas de la originalidad social de Cataluña.

Fue en esa fecha de 1714 cuando se empezó a observar claramente los signos de una recuperación económica que habrá de alcanzar un esplendor notable desde finales del siglo. Es una buena ocasión para que los historiadores clásicos (y en particular los franceses) exclamen: ¡ahí pueden verse las ventajas del centralismo, la gran aportación del reinado de los Borbones! Pero la garantía no es bastante «española» para satisfacer plenamente al unitarismo castellanista, mientras que la escuela histórica catalana siente un malestar mayor aún de ver cómo renace la prosperidad, borrando a buen ritmo el patriotismo provincial, en el mismo momento en que desaparecían decisivamente «las libertades».

¿Es cosa de sonreír? Sería tanto como tomar una medida errónea de los problemas. Condenar las soluciones idealistas, inmovilistas, no basta. Hay que encontrar en la dialéctica interna de los diversos grupos, la respuesta a muchas cuestiones: ¿por qué se produjo el sobresalto del siglo XV en pleno marasmo económico? ¿y por qué el silencio del siglo XVI? ¿y por qué el regreso a los sueños independentistas en 1640, cuando Portugal también se sublevó? Los acontecimientos de 1705-1714 ¿tenían aún el mismo sentido? ¿Y cómo se produjo el vigoroso auge de después de 1714, con el que se generaron unas poderosas clases urbanas, muy comparables a las clases dirigentes medievales, pero que se enmarcarán tan fácilmente en un estado español autoritario y centralizado?

Hemos tratado de definir Cataluña como personalidad histórica, nacida en la Edad Media. Pero para estudiar el renacimiento material del siglo XVIII, creador de la Cataluña contemporánea, ¿habría bastado con subrayar con algunos trazos los cuatro siglos de oscurecimiento? Estos siglos, inscritos en los grandes ritmos económicos del mundo —y de España, que era entonces uno de sus principales motores—, tienen también mucho que decirnos sobre el porvenir.

SEGUNDA PARTE

DECADENCIA CATALANA Y DECADENCIA ESPAÑOLA

[...] la idea de la potencia más tremenda que encontrarse pueda en un país de igual extensión que España. Es, efectivamente, bajo este punto de vista como hay que considerar esta Monarquía en el momento mismo en que Carlos V reunió todas las coronas en su testa en 1516.

Esta gran prosperidad pasó como las aguas de un torrente; en menos de un siglo apenas se reconocían sus vestigios, y a partir del año 1619 empiezan a surgir escritores españoles con proyectos arbitristas para el restablecimiento político de su Imperio [...].

Cambios tan sorprendentes como aquellos han estimulado muchas veces las especulaciones políticas.

Así hablaba Forbonnais, en 1753, de las corrientes de pensamiento inspiradas por la «Decadencia» española. Por una parte «proyectos de restablecimiento político»: se trata de la obra de los «arbitristas», a menudo utópica y siempre instructiva, por provenir de hombres directamente afectados, en lo más vivo, por las desgracias españolas. Por otra parte, «especulaciones políticas»: se trata de los razonamientos de ciertos economistas y filósofos, extranjeros casi siempre, a veces más sabios, pero también más teóricos, menos próximos a los hechos, y ante cuyas afirmaciones conviene estar en guardia.

Tales corrientes no desaparecieron del todo. En España, la literatura «de 1898» no fue, en cierto sentido, sino una meditación más sobre «la decadencia». Y la ideología de nuestra época no ha dejado de buscarle una interpretación, vacilante por lo demás. Esto nos dice más cosas del presente que del pasado. En cuanto a éste, las escuelas históricas del siglo XIX se mantuvieron, por su parte, incluso fuera de España, fieles a los razonamientos de «las especulaciones políticas»: un Weiss, un Haebler o un Ehrenberg, al referirse a la evolución de la potencia material española, no escaparon en mayor medida que los filósofos a la tentación de juzgar, y por ende de prejuzgar.

Con Earl J. Hamilton se inauguró la era del análisis económico de la decadencia. Para Hamilton sólo la curva continua de índices cifrados, establecida fuera de toda estimación subjetiva, podía ser erigida en juez de las hipótesis clásicas. Si el movimiento de los precios agrícolas, si el de los salarios artesanos no sufren ninguna sacudida inmediatamente después de 1609, ¿quién convertirá la expulsión de los moriscos en el punto de partida decisivo de las catástrofes económicas? En 1598 murió Felipe II, pero a la vez en este mismo año sufrió una inflexión la curva de las llegadas de plata. El siglo XVII español fue el de los reyes degenerados y el de las batallas perdidas; pero fue también el siglo de la inflación desaforada del vellón: tras «la edad de oro», una «edad de bronce». Vamos entrando, en el ámbito económico, por la vía de las descripciones, de las explicaciones precisas. Y poseemos ya, gracias al propio Hamilton, los esquemas más útiles. Pueden ser objeto de discusión. Proporcionan las tramas indispensables. Pero no son más que esquemas, esquemas de conjunto.

Ahora bien, la España del siglo XVI o del XVII no es un bloque. Lo que ha sido observado en el caso de Andalucía o de Castilla, incluso en el de Valencia, ¿será válido para el pasado catalán, que deseamos caracterizar? Evocando tan sólo las diferencias geográficas y los vestigios administrativos, fiscales, monetarios, de las viejas independencias, es fácil imaginar que no, y conviene dejarlo bien establecido.

Sin entrar en una investigación original que nos obligaría a rehacer toda la historia de España, ¿no nos bastaría contemplar bajo un ángulo nuevo algunos viejos datos sabidos y ciertos resultados de estudios recientes para afirmar que la decadencia catalana, muy anterior a la de Andalucía o de Castilla, no tuvo casi nada en común con ésta ni en lo que respecta a los orígenes, ni al ritmo ni a las fechas? No es indiferente darse cuenta de ello antes de abordar el estudio de un siglo de renovación.

I

DECADENCIA CATALANA, EMPUJE CASTELLANO (1333-1492)

1. LOS HOMBRES Y LA TIERRA

Con razón se sitúa en la segunda mitad del siglo XV el hundimiento de Cataluña como potencia. Pero tales derrumbes siempre se preparan anticipadamente, durante largo tiempo, en las zonas secretas de la vida económica.

De entre los signos premonitorios, los acontecimientos demográficos son, sin duda alguna, los más notables.

Dos siglos de catástrofes demográficas

Pella i Forgas, guiándose por los Cronicons gerundenses y por el «monje desconocido» de Ullà, describió los redoblados golpes del destino sobre el campo ampurdanés en el segundo tercio del siglo XIV. Aun con toda clase de reservas por lo que respecta a la aceptación de semejantes fuentes, no dejan éstas de dar un eco evidente de la verdad.

1333, el mal any primer: esta expresión popular indica la consciencia bastante neta de un giro entre unos tiempos tenidos por felices y una serie de años dramáticos. Este primer acto fue no una epidemia sino el hambre. Todo el bajo pueblo de los campos murió, según el monje de Ullà. En Barcelona muchas casas quedaron íntegramente vaciadas, ascendiendo el número de muertos, al parecer, a unos 10.000. Para juzgar el episodio, nos parecen más seguros ciertos detalles que estas apreciaciones globales. No se ha podido inventar gratuitamente que el 25 de abril de 1333 una cuartera de trigo se vendiera a 42 libras, una cuartera de cebada a 24 y una de espelta a 13. Ni que el mal duró exactamente dos meses y ocho días, hasta la llegada a la capital de dos pequeñas naves cargadas de trigo procedentes de Tortosa y de cuatro grandes navíos procedentes de Sicilia, uno de ellos armado por la ciudad. Por otra parte, fue a partir de esa fecha cuando el municipio barcelonés se esforzó por garantizar a cualquier precio el suministro de cereales.

Luego vino, entre 1347 y 1351, la época de las grandes pestes. No retengamos las cifras de mortalidad propuestas por los viejos autores: nueve décimos, tres cuartos, dos tercios de la población. Tales proporciones, aunque posibles localmente, no pueden tener significación general. Son más sugerentes ciertas constataciones de hecho: en el Ampurdán faltarán notarios, durante años, para registrar las actas. En un convento —Santa Maria de Ribes— un monje se eligió prior a sí mismo al quedarse solo. En Barcelona varias tumbas de ricos mercaderes extranjeros llevan la fecha de las pestes. Murieron cuatro consellers de cada cinco, y casi todo el Consell de Cent. La extensión de la catástrofe está fuera de toda duda.

Pero una vez librada de las pestes —y ahí está lo importante—, Cataluña no llegó aún al término de sus desgracias.

En 1358, el día de San Jaime, una plaga de langostas se abate sobre las cosechas; en algunos lugares destruye hasta los arbustos. En 1362-1363 reaparece la peste en Barcelona, donde el papa autoriza a rezar no sólo por los muertos, sino también por todos los que morirán en las tres semanas siguientes a la oración. En 1371, nueva epidemia, que dura un año. En los campos los nombres conservados por estas desgracias muestran el lugar ocupado por ellas en la memoria popular. En 1363 es la «mortalidad de los niños», en 1373 la «mortalidad de los adultos» (dels mitjans). En las actas se emplea otro nombre para designarlas: fulano de tal murió «durante la primera» o «durante la segunda» mortalidad.

Los datos son menos precisos para 1375. Lo que en Barcelona viene indicado como enfermedad es calificado, en el Ampurdán, de carestía, con anotaciones de precios menos exorbitantes que las de Barcelona en 1333, pero altísimas para aquella fecha y para una zona rural.

En 1381 la epidemia viene indicada por las Crónicas gerundenses, no por las de la capital. En 1396, en cambio, el rey tiene que salir de la capital por temor al contagio. Luego, en 1397, la enfermedad iba a extenderse al campo.

Este ritmo de la calamidad, casi cíclico, se iba a mantener hasta mediados del siglo XV. La peste será identificada en Barcelona en 1410, 1429, 1439, 1448, 1465-1466, 1476, 1483, 1486, 1493-1494, 1497 (aunque los detalles conocidos sobre cada una de estas pestes sean muy desiguales). 1501, 1507 y 1521 serán, por último, años de pestes famosas.

A estos azotes se añadió la amenaza de terremotos. Los hubo en 1373, 1410, 1427, 1428, 1448. Los de 1427-1428 destruyeron Olot, en las montañas del este catalán particularmente afectadas por las epidemias.

El estancamiento demográfico persistente, a un nivel absoluto bajísimo, revelado por los fogatges clásicos, resulta así verosímil y justificado. En la paralización sobrevenida a la potencia catalana, fue un factor importante, tal vez el más importante de todos. Evitemos, naturalmente, decir que fue el único, o el primero. Siempre hay interacción de los factores en la dialéctica histórica. No hay nada que demuestre que las propias epidemias (o su gravedad) no derivaran de una incapacidad del sistema agrario, técnico y social, para alimentar a una población más numerosa.

Una de las consecuencias de este despoblamiento es bastante clara, y bastante exclusiva de la Cataluña posterior a 1350: se trata de la crisis que desencadenó en el sistema rural.

Del despoblamiento del campo a la crisis social agraria

El campo catalán se vio afectado, no menos que las ciudades, por los estragos de las pestes. Este punto está sólidamente demostrado por la aparición, en las regiones del oeste, de esos despoblados que aún en el siglo XVIII llamarán la atención de un Caresmar o un Cabarrús, y en las del este por la de los masos rònecs que constan en las actas notariales. En los lugares donde se ha intentado realizar estudios locales, se ha visto que las dimensiones de la actual explotación media, según las cartas precarias, son las del siglo XVI, pero que la explotación del siglo XVI representaba de dos a cinco veces la del XIII. Hasta muy tarde se mantuvo la costumbre de añadir en las enumeraciones, tras la lista de las masías en explotación, la de las masías abandonadas. En el siglo XV, se habla de casas deshabitadas «desde la peste», «desde la primera» o «desde la segunda» mortalidad. A veces son vendidas tras haberse reclamado inútilmente la comparecencia de posibles herederos durante años. Naturalmente, hay que tener en cuenta también las pestes y las guerras de finales del siglo XV, que, sin estar en la base del despoblamiento general ni de la difícil situación agraria, confirmaron y prolongaron sus consecuencias.

Pero, ¿cómo no esperar que estos abandonos de las explotaciones agrícolas acarrearan una grave crisis en el sistema rural catalán, cuando ya en las épocas prósperas el gran temor de los dueños del suelo era que un éxodo masivo de los cultivadores disminuyera la cantidad de los derechos personales percibidos y encareciera más y más la mano de obra?

Durante todo el siglo XIV, se observa cómo juristas y moralistas se lamentan ante el abandono de los campos. ¿Puede hablarse, después de las pestes, de «éxodo» propiamente dicho? Ciertos grupos de campesinos aislados, desorientados por la catástrofe, pudieron trasladarse a los Burgos y ciudades, cuya actividad se mantuvo más fuerte y donde los salarios dieron un salto adelante. Caresmar cree advertir una concentración de esta clase inmediatamente después de la epidemia en la Cataluña occidental. En 1432, la constitución commemorantes parece querer hacer frente a una tendencia a la emigración.

Lo que es seguro, en el este catalán, es que los llamamientos a la repoblación lanzados por la Iglesia y por ciertos señores carecieron, a pesar de las ventajas ofrecidas, de eficacia general. Tal vez fuera un rechazo consciente: los campesinos se beneficiaban más incrementando su explotación que dispersándose. En el siglo XVI su prosperidad será atribuida a su reducido número.

Sin embargo, es más probable que hubiera antes incapacidad. Basta con pensar en la periodicidad de las epidemias y en los colapsos en la disponibilidad de mano de obra que, a finales de siglo, debieron de producirse por los efectos diferidos de las mortalidades funestas para los niños, como la de 1363.

Pues fue justamente diecisiete años después de 1363, hacia 1380, cuando se exacerbó el conflicto en torno a la explotación del suelo y apareció entre los campesinos catalanes lo que Pella i Forgas designó con la feliz expresión de «la primera generación revolucionaria».

Económicamente el campesino sale ganando de este conflicto: vio aparecer ante él más tierras libres. El dueño, que necesitaba trabajadores, tuvo que pagar caro. Por esto no es paradójico que se haya podido presentar al campesino remença revolucionario del siglo XV, a veces no sin mala intención, como un cultivador sólido y acomodado, frente a la imagen tradicional, que lo presentaba en la miseria. Recordemos a este respecto que no son los sobresaltos de miseria los que hacen las verdaderas revoluciones, sino más bien la consciencia de que una determinada promoción de hecho debe encontrar su sanción en el derecho. Lo que ignoramos es la fecha en la que tales fórmulas, en el conflicto agrario catalán, empezaron a adquirir validez. Es probable que al salir de las mayores pestes hubiera duros períodos de adaptación. Lo que vemos, hacia 1380-1390, es una agitación campesina espontánea, aún inorgánica, de tipo violento, místico. No se trataba de la movilización del campo contra la ciudad, como ocurría en Mallorca por la misma época, pero el saqueo del barrio judío de Gerona, en 1391, fue en parte obra de los campesinos. Éstos obedecían de buena gana, como tantas veces había ocurrido en el pasado catalán, a los llamamientos de los monjes mendicantes, de una mística demagógica (estos monjes eran muchas veces de origen humilde, y exaltados por las catástrofes).

La ideología era elemental: Adán intestado, naturalmente. Pronto surgirán talentos más altos: Vicente Ferrer, a comienzos del siglo XV, encontró en el este catalán unos auditorios enardecidos. En 1409 tomó el Apocalipsis como tema de su sermón más célebre.

Pero la gente no se contenta con esperar el Apocalipsis. La reina María habla en 1402 de «nafres, morts, bandos e altres grans mals». No olvidemos que las formas tradicionales de la rebelión campesina tenían símbolos macabros: «senyals mort designants»; en el umbral de las masías se cavan fosas, se erigen cruces. El texto que lo describe menciona también casos de desobediencia a las decisiones de la justicia, incendios de casas de campo y de cosechas.

Había pues, desde aquellos momentos, un problema agrario. No era el simple estallido de una miseria endémica, como lo prueban los reyes de Aragón, a partir de 1388, ocupándose políticamente del asunto. Poco después, en 1395, Juan I se dispuso a discutir con los siervos (homes de remença) como grupo. «Los hombres de remença han decidido...» «Se acuerda con ellos...» En 1399, el rey Martín quiso recuperar la jurisdicción directa sobre los pueblos del Ampurdán, la Selva y la Montaña para mediar entre siervos y señores. En la comisión que propuso, los remences habían de estar representados: señal evidente de su promoción. No obstante, el método no parecía estar aún maduro en estas fechas. La comisión no se reuniría. La Iglesia, los señores, los burgueses habían de imponer aún durante mucho tiempo en las «Constituciones» (votadas en las Cortes) el punto de vista de los dueños de la tierra, en una querella mucho menos simple de lo que en otro tiempo se había pensado.

Vale la pena recordar aquí las posiciones respectivas de los dos últimos —y los dos mejores— historiadores de los remences. Oriol Anguera de Sojo, en su estudio profundizado sobre el Cabrerès, tiende a ver en esta cuestión una disputa en torno a los masos rònecs. ¿Qué destino esperaba a estas masías abandonadas? ¿Habían de ser repobladas en beneficio del señor, perceptor de derechos personales, o explotados familiarmente por el campesino superviviente, que no tenía interés en el repoblamiento sino que prefería una masía más extensa? La demostración es convincente para el caso del Cabrerès. Pero se trata de una comarca pequeña. J. Vicens Vives, en sus dos estudios magistrales sobre los remences, tras examinar una documentación menos minuciosa pero mucho más amplia, no creyó poder colocar decisivamente los masos rònecs en el corazón mismo del gran conflicto agrario catalán. Para él, el motivo verdadero de este conflicto estaba constituido por los «malos usos» y, ante todo, por la libertad personal.

En lo que a nosotros respecta, no nos parece que deba elegirse entre ambas tesis. Por el contrario, nos parecen confirmarse la una a la otra.

En las Constitucions de Cathalunya, un texto de 1413, «Com a molts entenents...», permite enumerar las formas de la rebelión campesina al prever sanciones contra ellas.

Hacia 1413 en los campos catalanes se erigen cruces y se cavan fosas. ¿Por qué estas destrucciones de «fruyts per provisió celestial als camps donats»? ¿Contra quién iban dirigidas aquellas amenazas «de fet o de paraula»? ¿Se trata en este caso de remença y de «malos usos»? No es imposible, puesto que podría ser así y estar disimulado por el texto de las Cortes. Pero lo que este texto no disimula, lo que dice muy claramente, es que se trata de una áspera disputa en torno a «cosas feudals o emphitheoticarias». ¿En qué casos? Cuando corresponden a los señores «per ley o dret de senyoria»; cuando pretenden cultivarlas directamente «per a llur propia cultura»; cuando quieren convertirlas en «nuevos establecimientos» («o a altres stabliran»); cuando, por último, deben enajenarlas por fuerza («a instancia de creedors requisant justicia»). Estos casos, expuestos por un texto adoptado en Cortes para toda Cataluña, son pues reveladores de una crisis de conjunto de la propiedad señorial. Los señores, para luchar contra la disminución de los ingresos, quieren volver a cultivar, volver a ocupar, volver a establecer o enajenar —por fuerza— probablemente a burgueses enriquecidos. ¿Es verosímil que para lograrlo tengan que expulsar de las tierras a los cultivadores instalados en ellas desde antiguo? No, puesto que a la vez luchaban contra el abandono de las masías. Así pues, lo que debía de ponerse en cuestión era la reutilización de los masos rònecs, de las tierras abandonadas. Cuando los cultivadores empezaron a redondear sus tierras, a instalarse en las mejores de ellas, a dar empleo a jornaleros extranjeros (es decir, gascones), los dueños quisieron afirmar sus derechos sobre unos dominios hechos nuevamente rentables, ya fuera cultivándolos ellos, ya arrendándolos, ya enajenándolos. El lapso de la reutilización espontánea explica el desfase entre la catástrofe demográfica y el estallido del conflicto agrario. Pero el «alguns sobre aço drets pretenents» del texto de 1413 no puede explicarse sino así: alguns son los campesinos que, a comienzos del siglo XV, sobreviven a las catástrofes; aço son las tierras no repobladas y que se empiezan a explotar de nuevo. Era sobre este suelo objeto de disputas donde se alzaban los signos de muerte: «senyals mort designants en los dits camps fer o posar assajan».

Tal vez se nos objetará que el conflicto es banal. Porque la Constitución «Com a molts...» definía muy exactamente el «mau-vais gré» de los campesinos, el «derecho de mercado», el «odio al censo» habituales entre los campesinos del norte de Francia hasta pleno siglo XIX contra toda expulsión del cultivador. Pero la mala voluntad no se generaliza, no provoca ninguna crisis aguda más que en los períodos en que se pone en tela de juicio el fundamento mismo del sistema social. Cataluña proporciona de este hecho una ilustración precoz. El payés catalán lucha a la vez contra los vínculos jurídicos señoriales y por el mantenimiento perpetuo en la explotación ampliada gracias a las pestes. ¿Implica una contradicción este lazo entre conflicto jurídico y conflicto económico? No. No es de extrañar que la agitación campesina girara primero en torno a la libertad personal y a los malos usos. ¿Acaso la presión personal sobre el campesino vinculado a la tierra y el uso (o la amenaza) de los viejos derechos, aun de los prescritos, no eran justamente el mejor instrumento de la reacción señorial? En 1370, se introdujo en las compilaciones jurídicas inspiradas por los señores y la Iglesia el «derecho a prender y maltratar», que ponía directamente la sanción de todo incidente en manos de los dueños de la tierra.

Más aún, se quería hacer de la condición de remença una casta. La Iglesia prohibió la entrada en las órdenes a las gentes de este origen. La descripción del campesino por Eiximenis, en que el payés grosero y repugnante es mostrado también como ambicioso, es una típica manifestación de odio de clase, inspirada por el ascenso de una categoría inferior.

Todo esto no constituye un problema pequeño. Según los cálculos de Vicens, había a finales del siglo XIV 20.000 hogares remences, esto es, casi un tercio de la población total del Principado, con un máximo de densidad al este, donde dominan el despoblamiento y el hábitat disperso y donde estallará finalmente el conflicto armado.

Naturalmente, no cabe imaginar todos esos 20.000 hogares en base al modelo de las ricas explotaciones que la anexión de los masos rònecs había permitido constituir. Había remences ricos y remences pobres. Como a propósito de la Francia de 1789, es útil preguntarse: ¿revolución de la prosperidad o de la miseria?, y hay que contestar: indudablemente, de ambas. Una parte de los remences aparecerá como demasiado poderosa, demasiado organizada, demasiado acomodada incluso en sus onerosas negociaciones con los señores y con el rey, para que pueda hablarse en su caso de una clase de miserables. Otra parte, la que combate, la que no puede pagar los talls, la que lucha por soluciones extremas —la total supresión de los derechos feudales—, libra tal vez una lucha desesperada. En ambos casos la exigencia de libertad jurídica se confunde lógicamente con la esperanza de una estabilización de las condiciones de vida o de su mejora. El acuerdo se hará, como es lógico, en beneficio de la capa acomodada, la que dispone de las grandes masías. Antes de llegar a este acuerdo (1486) el conflicto habrá durado un siglo.

2. LA INTERRUPCIÓN DEL DESARROLLO URBANO

No se percibió en seguida, después de 1350, la amenaza de interrupción que pesaba, debido a las pestes, sobre el desarrollo urbano continuo al que se estaba acostumbrado desde el siglo XI. Los primeros años fueron quizás engañosos, por ser consecuencia normal de las crisis una afluencia hacia las ciudades fuera de lo corriente. Unos veinte años después de las grandes pestes, Pedro el Ceremonioso incorporaba como elemento positivo en el balance de su reinado el crecimiento de los burgos y ciudades, a los que ya no bastaban, según decía, sus antiguas murallas.

Pero, ¿podía continuar mucho tiempo un crecimiento de esta clase sin una absorción continua por las ciudades de la población del campo?

Para Barcelona, cuyo crecimiento es el que mejor puede traducir las tendencias de la evolución de conjunto, el contraste entre las previsiones de los hombres del siglo XIV y las realizaciones del XV es particularmente nítido. El empuje urbano, a partir del reinado de Jaime I, debió de dejar una honda impresión; la muralla, construida hacia 1250, había sido no sólo rellenada, menos de un siglo después, por la edificación urbana, sino incluso rebasada. El vigoroso barrio mercantil de la Ribera se había desarrollado en dirección al mar, más allá de las ramblas fortificadas; a lo largo de los caminos de salida, se habían formado viles noves. Esos barrios exteriores eran ya protegidos localmente. Pedro el Ceremonioso, que no dudaba de la necesidad de un plan de conjunto, lo concibió con una gran amplitud. En 1359 mandó construir una muralla que bordeara el pie de la montaña de Montjuïc, llegando hasta el mar junto a los astilleros o Dressanes: esto equivalía a doblar casi la extensión de la ciudad vieja. Las Ramblas, que habían sido límite, pasaban a ser arteria central, conservando aún sus murallas. Pero no llegarán a tener realmente el papel de arteria central en la vida urbana antes del siglo XVIII. Y es que la cifra de la población barcelonesa de 1359 no iba a ser superada más que en 1553, es decir dos siglos más tarde. El arrabal, abarcado por las murallas de Pedro el Ceremonioso, no iba a alcanzar una relativa densidad de edificación antes del gran empuje industrial de 1780. Y la ciudad no iba a rebasar definitivamente su recinto del siglo XIV más que en 1859, exactamente cinco siglos después de la decisión real que la había determinado.

Esta distancia entre previsión y realidad, este traje demasiado ancho confeccionado para la capital, caracterizan y fechan bastante bien el tránsito de una coyuntura de desarrollo —para Barcelona y el Principado— a una coyuntura de repliegue.

No obstante, la mayoría de historiadores y los mejores conocedores de los archivos notariales barceloneses sitúan muy al final del siglo XIV e incluso a mediados del XV el apogeo del gran comercio y de la fortuna privada en la historia de la Cataluña medieval.

¿Hay en ello una verdadera contradicción?

3. MANTENIMIENTO Y APOGEO DEL GRAN COMERCIO, DE LA BANCA, DE LA RIQUEZA PRIVADA (1350-1435)

Sin duda que no. Porque fenómenos como el gran comercio mediterráneo y oriental, la banca privada o incluso la producción para la exportación —en ciertos ramos— no iban necesariamente vinculados en lo inmediato (aunque sí a largo plazo) a los contragolpes de la situación agraria y demográfica. Por el contrario, la gran hecatombe de hombres favoreció momentáneamente la concentración de fortunas. La masa monetaria en circulación siguió siendo la misma para una población y una producción que se vieron brutalmente amputadas. En los casos en que E. J. Hamilton ha podido reconstituir curvas de precios y salarios para los años 1350-1400, el alza de treinta años de todos los índices nos parece demasiado acentuada, en ausencia de fuertes anomalías monetarias, para no revelar un serio trastorno en las condiciones mismas de la producción. El salto dado por los precios en Cataluña estimuló seguramente las actividades de especulación, de lujo. Tuvo que pasar bastante tiempo para que resultara visible que el edificio económico en su conjunto ya no reposaba sobre los fundamentos sanos del siglo XIII.

El gran comercio marítimo catalán se mantuvo, por su parte, hasta bien entrado el siglo XV. El secreto de esta prosperidad privada reside en los archivos notariales. Una ojeada revela rápidamente la cantidad y la importancia de las «compañías» interesadas, aún hacia el 1400, en el comercio lejano. Y aún habría que calcular la parte de este flujo que no pasaba sino por manos extranjeras. Es el problema del papel creciente de los italianos.

Lo primero que debería hacerse es reconstituir el movimiento de los puertos catalanes. Pero sobre esto no tenemos más que informaciones fragmentarias. El registro barcelonés reproducido por Capmany va de septiembre de 1390 a septiembre de 1394. A primera vista el movimiento de buques parece débil. En cuatro años, 34 entradas, 44 salidas, de las cuales un tercio largo eran barcos de guerra. El registro probablemente hace constar sólo los buques que interesaban al municipio: importadores de cereales sicilianos y comercio de Ultramar. El cabotaje, los barcos extranjeros, quedan eliminados de él. Además, habría que situar el fragmento estadístico en la coyuntura: el período viene ya marcado por una crisis muy grave.

De todas maneras, el movimiento parcial así definido representa sin embargo entre siete y diez cargamentos importantes para Alejandría, y catorce de regreso. Los mayores nombres del comercio catalán antiguo —los Arnau, los Morey, los Fivaller, los Pujadas— se mezclan, en estas expediciones (en las que los propios barcos de guerra desempeñan un papel comercial), con los nombres de los nobles y ciutadans honrats que asumen el mando de las flotas catalanas: los Cabrera y los Marquet.

El armamento de buques, por otra parte, seguía siendo activo. Cada año varias naves eran armadas por particulares. Y las diez galeras construidas para la guerra de Sicilia salieron del arsenal, en 1393, a un ritmo sorprendente. Por último, no hay que olvidar qué valor considerable representaba cada cargamento cuando se trataba de «ultramar». El último del que se tiene noticia, tomado por los genoveses en 1393 en el archipiélago, constaba de 935 fardos de paños de color, de azafrán, de corales, de sederías, de 1.000 jarras de miel, de 100 botas de aceite. Unos años más tarde, en 1411, siete navíos catalanes estaban atracados simultáneamente en el puerto de Alejandría; un ataque de los genoveses hizo varar a dos de ellos; su cargamento se estimó en 80.000 florines de oro. En 1420, cinco grandes buques mercantes fueron destruidos por una tempestad en el puerto de Barcelona, mal protegido; conocemos los nombres de los propietarios.

En 1394, el rey había concedido al «Comercio» barcelonés, en la persona de sus cónsules, el derecho a percibir un impuesto sobre todo barco que atracara en puertos catalanes. Las variaciones de este periatge, de este impuesto ad valorem, pueden constituir, por ende, un buen barómetro de los intercambios marítimos del Principado. Por desgracia, no disponemos para el primer medio siglo, más que de dos cifras: las de 1432-1433 y las de 1433-1434. Pero estas cifras —que son de 3.835 y 5.435 libras catalanas respectivamente, según los datos recogidos por R. S. Smith— son más elevadas que todas las posteriores hasta llegar al siglo XVII, ¡aun después de sextuplicarse el impuesto y de haberse producido la revolución de los precios!

Otras indicaciones, desde finales del siglo XIV, ponían de manifiesto, en la economía catalana, el alto nivel de las fortunas privadas, o por lo menos la fuerte concentración en los asuntos bancarios. A. Payson Usher descubrió fragmentos de los libros de dos banqueros, Pere de Caus y Andreu d’Olivella, relativos a los años 1377-1382. La suma de sus préstamos al rey y a su hijo alcanzó, en un determinado momento, las 288.000 libras catalanas. Del 18 de julio al 14 de agosto de 1377, su institución bancaria efectuó 197 pagos que se elevaron a 11.301 libras, ingresó 44 cobros de un monto total de 5.996 libras y operó 72 transferencias de fondos de un total de 59.592 libras. Como agentes fiscales de la ciudad y, sobre todo, de la Generalitat, órgano financiero de las Cortes que se organizó bajo Pedro el Ceremonioso, los financieros privados se revelaron capaces de movilizar rápidamente muy fuertes sumas: 60.000 libras en seis semanas (cantidad equivalente a la mitad de las sumas que la Generalitat debía percibir, en 1364, a través de Berenguer Bertran). Algo más tarde, el mismo banquero avanzó 325.000 libras, la mitad del subsidio prometido al rey para un par de años. Otros empréstitos públicos nos revelan los nombres de Berenguer Bellmunt, Mateu de Camins, Bernat Figuera, Antoni Riera, de Tortosa, que dan en préstamo 10.000 libras, de Aimeric Dusay y Jacme de Gualbes, que prestan 36.000. Por los tiempos que corrían, se trata de cifras de «fermiers généraux».*

No hay que sorprenderse, pues, de que los grandes recuerdos de la riqueza medieval barcelonesa correspondan, pese a las pestes y al comienzo de los disturbios agrarios, a los años 1350-1420: salón del Consell de Cent, Dressanes o astilleros, Llotja o Bolsa de Comercio, iglesia de Santa Maria del Pi, rápida reconstrucción de Santa Maria del Mar tras un incendio. Es cierto que la mayoría de estos monumentos habían sido iniciados o proyectados en la primera mitad del siglo XIV. Sólo fue edificada en pleno siglo XV la elegante mansión de la Generalitat, órgano político-financiero tardío él también. Más característico del apogeo del comercio es el laberinto de las viejas callejuelas en torno a Santa Maria del Mar: no había ciertamente nada del sello individual de las obras arquitectónicas venecianas o florentinas; en cambio, había una densidad aún sensible, pese a las reformas urbanas, de casas mitad burguesas, mitad nobles, que eran almacén por la parte baja y palacio por la parte alta, cuya culminación —cuando no los cimientos—, corresponden a fines del siglo XIV o a comienzos del XV.

El desarrollo del lujo burgués fue paralelo, por lo demás, al del lujo real. Las costumbres modestas de la corte ambulante de los reyes de Aragón —sencillez a la que Muntaner atribuía la adhesión de sus súbditos— se perdieron con Pedro el Ceremonioso, aficionado a la etiqueta y gran constructor, y luego, sobre todo, con Juan I, cuya casa —con cerca de trescientas personas— anunciaba ya las cortes del Renacimiento. Feliz conjunción para la cultura: el naciente entusiasmo por la Antigüedad hizo de un secretario real, Bernat Metge, hijo de un comerciante enriquecido con el comercio internacional de cerámicas, uno de los anunciadores del humanismo español; la curiosidad por las investigaciones hizo de Juan I el protector de los cartógrafos mallorquines, y coleccionista de informaciones sobre la India, Tartaria, la tierra del Preste Juan. Y cabría preguntarse, en los confines de los siglos XIV y XV, si este impulso de un rey geógrafo y el de un comercio expansivo, no iban a dar a Cataluña, madre del derecho marítimo y de la cartografía, un papel decisivo en la era de los descubrimientos.

Ya sabemos que no era éste el destino que le esperaba. Que dicho destino había de corresponder al Portugal de la dinastía de Avis. Indicación por de pronto geográfica, ciertamente: a la era mediterránea había de suceder la oceánica. Indicación característica también, sin embargo, de la situación interna de ambos reinos. Portugal acababa de realizar, en 1383, una revolución que vinculó los intereses de su burguesía a los de una dinastía nueva; se encontraba en el punto de partida de su desarrollo. En Cataluña, por el contrario, la fecunda asociación entre la dinastía condal y la clase comerciante duraba ya desde hacía casi tres siglos. Estaba llegando al final de su trayectoria.

4. LOS SIGNOS DE DESEQUILIBRIO Y DE DEBILITAMIENTO

Primeros desórdenes urbanos: la destrucción de las comunidades judías

Fue efectivamente bajo Juan I, entre 1385 y 1395, cuando aparecieron —lo hemos dicho ya— las primeras repercusiones generales de la nueva situación demográfica y agraria. En Mallorca, igual que en Gerona, los disturbios populares contra las ciudades y contra los barrios judíos no dejaban de tener relaciones con el malestar campesino.

En la misma Barcelona, en la segunda fase del motín contra el call judío de 1391, los campesinos de las afueras fueron llamados como refuerzo por el poble menut de los marineros y pescadores, que avanzaba sobre el barrio central de la ciudad guardado por la milicia burguesa de los ciutadans y por el veguer del rey. Entre las filas de los amotinados se iba repitiendo que los «grandes» «quieren destruir a los pequeños». Y se pretendía incendiar las casas de los ricos. El saqueo del barrio judío parece, pues, un derivativo —clásico— para el movimiento social. La dureza de la represión ordenada por el rey muestra, por lo demás, el temor levantado por aquel incidente revolucionario.

Puede decirse que en 1391 los judíos catalanes —y en particular los del call barcelonés— habían perdido una gran parte de su papel económico de los siglos XII y XIII: muchos eran refugiados procedentes de Francia, recién llegados. Sin embargo, al ver la importancia añadida un siglo más tarde, cuando se estableció la Inquisición, a las persecuciones sufridas o temidas por los conversos, uno se sorprende de la escasa atención dedicada generalmente en la historia de la sociedad catalana a la liquidación de las comunidades hebraicas. Veinte años después de 1391 ya no quedaba prácticamente ninguna. En esta cuestión, hay que subrayar un desfase de cien años entre Cataluña y Castilla. Ahora bien, las comunidades judías autónomas organizadas en las principales poblaciones catalanas habían sido uno de los eslabones de la cadena económica en los buenos momentos de la prosperidad catalana. No puede resultar indiferente ver saltar este eslabón.

Primeros fracasos políticos. Inquietud en el Mediterráneo y fin de la dinastía catalana

1387-1412. Políticamente la primacía catalana en el este de la Península se vio gravemente afectada también entre 1387 y 1410 (reinados de Juan I y Martín I).

Después del reinado agotador, pero triunfante, de Pedro el Ceremonioso, Juan I mantuvo una paz útil, pero negligente. El amador de la gentilesa fue también el descurat, el rey «descuidado». Rechazó el matrimonio que le habría dado Sicilia. Perdió la soberanía sobre los ducados griegos. Renunció a someter Cerdeña, nuevamente presa de disturbios.

Además, la paz con Génova no era más que una guerra larvada. Una piratería recíproca obstaculizaba la navegación catalana en todo el Occidente mediterráneo, más amenazadora en lo inmediato que el peligro turco. La Cédula de 1394, que otorgó al «comercio» barcelonés el impuesto del periatge, dejaba entrever inquietud: «ut ars mercantilis, propter quam dicta civitas suscepit retroactis temporibus principaliter incrementum, dirigatur inibi facilius, et, vitatis periculis undecumque occurrentibus presentibus temporibus, de bono in melius si Deo placuerit prosperetur [...]».

A esta inseguridad exterior se añadió pronto una incertidumbre sobre el porvenir de la dinastía. La raza de los condes parecía agotarse. La desgracia se abatía sobre ella, aunque habría que decir más bien que era víctima de la mortalidad general correspondiente a la aguda crisis demográfica. Cuando Juan I murió a los cuarenta y seis años de edad, a causa de un accidente de caza, había perdido a once de sus trece hijos de temprana edad y no tenía heredero directo varón. Su hermano Martín tomó la corona. Pero el hijo de éste, Martín el Joven, ardiente luchador por el imperio mediterráneo, sucumbió antes que su padre, cuando la muerte se había llevado ya a dos de sus hermanos y a dos de sus hijos.

Es sabido que el viejo rey volvió a ser inútilmente unido en matrimonio. En el año 1410 la primera crisis sucesoria vivida por la dinastía catalana en cinco siglos le resultó fatal.

Pero los acontecimientos de 1410-1412, más que provocar un cambio ya muy sensible en el equilibrio de las fuerzas materiales peninsulares, lo que hacen es registrarlo.

Cambio de equilibrio en las fuerzas materiales del territorio hispánico

De 1250 a 1400 Castilla, debilitada y dividida, había visto a menudo como los reyes de Aragón intervenían en sus querellas internas. La riqueza mediterránea, el apoyo del Principado catalán se lo permitían. En 1410-1412 la situación pareció invertirse: un Trastámara, regente en Castilla, tras haber reemprendido la Reconquista meridional y amasado tesoros en esta cruzada —un signo más de la recuperación castellana—, se había convertido, de una manera al fin y al cabo inesperada, en el candidato más serio a la corona aragonesa. Utilizó su prestigio militar, la amenaza bélica, fue el candidato de la Iglesia, compró por 10.000 florines el apoyo del conde de Pallars y prometió 150.000 florines si se le daba preferencia frente al candidato de Francia. La subida al trono de Fernando de Antequera, desquite de la España interior sobre los estados marítimos, supuso un nuevo equilibrio en los medios. Otro desquite: en el interior de la Confederación, el de Aragón sobre Cataluña; en 1348 las Cortes catalanas y el Consejo barcelonés habían permitido al rey Pedro vencer a la «Unión» de los nobles aragoneses: en 1410-1412 fueron los altos personajes de Aragón —gobernador, justicia, arzobispo de Zaragoza, clan de los Aranda— los que, en la querella sucesoria, amenazaron, decidieron, designaron a los «compromisarios» de Caspe, quienes, en una palabra, «hicieron» la elección. También ahí la región interior, de estructura aristocrática y guerrera, se puso de nuevo al frente de la región marítima, cuya oligarquía parlamentaria, bajo pretexto de legalismo, había perdido en realidad el sentido de la acción. E incluso, seguramente, el sentido del interés colectivo del grupo catalán, sustituido por el interés de clase, o de categoría.

La división y la intriga habían paralizado el Parlamento catalán. Por dinero pudieron dejarse comprar miembros de la alta nobleza. La Iglesia vio la querella bajo el ángulo del cisma. Entre los burgueses barceloneses, los enemigos del conde de Urgell habían maniobrado desde antes de la muerte del rey Martín. Estos enemigos se llamaban Gualbes, Fivaller, Desplà, familias suficientemente poderosas para hacer fracasar, aunque fuera a expensas de la primacía catalana, la solución que no les gustara. ¿No influía en tales divisiones el problema social? Según Zurita, el conde de Urgell tenía a su lado a «la turba y a la clase baja que no tiene nada que perder». Así pues, la ruina de la nobleza, la división de la Iglesia, las inquietudes de la oligarquía barcelonesa, llevaron en 1410 al Parlamento catalán a renunciar a un arbitraje cuyo ejercicio todo el mundo le atribuía al principio. La pretendida «madurez» política no fue más que envejecimiento y la «prudencia» simple impotencia. Pero todo esto no era fortuito. El peso de cada «estado» en la querella sucesoria dependió de su verdadera fuerza interior.

Una comparación confirma esta impresión: Mallorca, en esta querella, no desempeñó ningún papel. Sus delegados ni siquiera fueron recibidos por los aragoneses en el Parlamento de Alcañiz. La razón de ello es que Mallorca no era más que la sombra de lo que había sido un siglo antes: de su flota de 360 naves, 140 se habían perdido en el curso de las guerras del siglo XIv; de 100 compañías comerciales, subsistían sólo cuatro a partir de 1362. En este caso, como en el de Cataluña, la decadencia interna precedió al eclipse político.

¿Alguna prueba en contra? Los valencianos, en Caspe, influyeron fuertemente. Pero Valencia, en 1412, no había llegado al agotamiento de su prosperidad. Su «siglo de oro» iba a ser el XV. Su riqueza agrícola, su producción de lujo —las sederías— se conservarán. Hacia 1430, en los libros del mercader veneciano Barbarigo, mientras que no se nombra a Barcelona, Valencia aparece como establecimiento favorito.

Ningún acontecimiento estrictamente político daría cuenta, evidentemente, de esta complejidad. No cabe contentarse tampoco con atribuir la crisis del Levante español, en los albores de los tiempos modernos, a un indeterminado «ocaso mediterráneo», cuyos efectos no se dejaron sentir simultáneamente en Pisa y Génova, Florencia y Venecia, como es bien sabido.

¿Trátase de condiciones generales? Sin duda. Pero también de condiciones particulares que modifican singularmente los ritmos de conjunto en cada pequeño grupo políticamente diferenciado.

El movimiento de los índices económicos: tendencias generales

¿Cuál era la marcha general del movimiento económico? Las curvas que se han establecido para Aragón, Valencia y Navarra nos proporcionarán información sobre ella. La relativa concordancia entre estas curvas consoló justamente a E. J. Hamilton de no haber podido disponer de series continuas referentes a Cataluña. «No hay razón alguna para dudar —escribió— de que los índices de los precios para Cataluña, en caso de que pudieran establecerse, fueran parecidos a los de Aragón y no difirieran mucho de los de Valencia.»

Pero, ¿qué nos ofrece esta certidumbre? La simple posibilidad de integrar Cataluña en el secular trend de los siglos XIV y XV (que fue internacional). Y no hay duda de que esto ya da cuenta de muchas cosas.

Si entre 1350 y 1380 hubo alza vigorosa y simultánea de los precios y los salarios, esto pudo velar por un tiempo los efectos, a la larga amenazadores para la economía, de la insuficiencia demográfica.

De 1380 a 1420, en Valencia, se produjo una fuerte baja de los precios a través de varias violentas sacudidas cíclicas; pues bien, era el momento en que Cataluña atravesaba dificultades económicas y en que la reacción de las clases propietarias se estaba exacerbando, con la agitación campesina como contrapartida. El ciclo de 1380, por lo demás, fue en todas partes revolucionario.

De 1420 a 1440, sin embargo una relativa estabilidad, con una ligera tendencia incluso al alza, correspondió a los mejores años del siglo: cifras comerciales elevadas, pulular de iniciativas económicas, choques sociales atenuados.

De 1440 a 1455, por el contrario, sobrevino la crisis: caída brutal de los precios en Valencia, más moderada pero también más prolongada en las regiones interiores; en la Corona de Aragón las devaluaciones monetarias tendieron a combatir los efectos de la crisis; pero Barcelona había de verse desgarrada políticamente en torno a esta cuestión. Era la época en que se venía gestando la guerra civil.

Toda la segunda mitad del siglo XV, por último —pese a sensibles diferencias entre unas y otras curvas regionales en aquella época—, puede catalogarse como época de deflación.

De esta manera, los ritmos económicos europeos del siglo XV, tal como vinieron determinados en el este de España, estuvieron subrayados en Cataluña por concomitancias político-sociales muy bien caracterizadas. Esto condena por lo menos a las explicaciones demasiado localizadas, demasiado simples, que a menudo se dan de la «crisis»: cambio de dinastía, luchas gratuitas entre partidos urbanos, mala voluntad de la corona, inquisición religiosa, corrupción del régimen municipal. Todo esto, por supuesto, eXIstía. Una «crisis general» viene justamente señalada por la multiplicidad histórica de tales aspectos. Pero los ritmos más generales de la economía no pueden hallar en esto su explicación completa.

Era del croat, era del florín

Para Valencia, E. J. Hamilton declaró, no sin cierto esquematismo, que el fundamento de la prosperidad del siglo XV fue la «sana moneda»: es decir, una moneda más estable que la mayoría de las europeas, una ecuación bimetálica bien entendida, una serie de devaluaciones ligeras, realizadas tan sólo para corregir parcialmente los efectos de la deflación internacional. Cierto es que en seguida, al constatar los progresos demográficos, agrícolas, comerciales, de aquel siglo XV valenciano, uno se ve obligado a preguntarse: la «sana moneda» de esa prosperidad, ¿fue verdaderamente causa o solamente signo? Seguramente ambas cosas, al fin y al cabo.

E igualmente, a la inversa, la «mala moneda» será puesta a menudo en tela de juicio en el siglo XV en la Cataluña propiamente dicha. Se producirán conflictos en torno a ella. Entre la Corona y los organismos representativos, entre los partidos políticos. Pero ¿por qué existirá esta «mala moneda»? ¿Por qué otra razón sino porque la relación entre la riqueza colectiva real del Principado y la amplitud de sus empresas habrá dejado de ser razonable? El croat de plata, garantizado por la ciudad de Barcelona desde 1257, confirmado en su estabilidad por Pedro el Grande en 1285, había sido el símbolo monetario de un período de constante expansión; en la primera mitad del siglo XIV había sido posible acuñar en croats 200.000 marcos de plata sin prohibir la exportación de este metal y sin desvalorizarlo ante el oro, que sin embargo fue corrientemente acuñado desde entonces por los estados vecinos y las ciudades competidoras.

Pero, tal como lo ha observado justamente el viejo numismático Salvat, esta solidez del croat no era casual. Correspondió a la época en que los catalanes fueron realmente los «carreteros de los mares». El apego de las poblaciones catalanas a su unidad monetaria de plata era el homenaje inconsciente del país a una era de prosperidad verdadera. En 1346, cuando Pedro el Ceremonioso, tras la recuperación de Mallorca y del Rosellón, creó el florín de oro de Aragón, materializó —igual que un poco más tarde al trazar la nueva muralla de Barcelona— una esperanza justificada por el glorioso pasado económico, aunque excesiva, y destinada a verse frustrada por los años venideros.

El florín creado de esta manera era, efectivamente, por lo menos equivalente, en sus orígenes, a su modelo florentino. Pero, para que moneda tan hermosa no se evadiera fuera de sus fronteras, ¿equilibraba suficientemente el reino de Pedro el Ceremonioso su balanza de pagos con el exterior? ¿Contaba con el equivalente de la pañería, de la exportación, de la banca internacional, que constituían la fuerza de la moneda florentina? ¿No tenía en contrapartida, por el contrario, demasiados gastos para asegurar el orden interior, para intervenir en las querellas peninsulares y mediterráneas? Los veinte años que siguieron a la creación del florín zanjaron la cuestión.

En 1349 la pieza perdió peso; en 1352, en 1363 disminuyó su ley. En 1365 quedó fijada, con 18 quilates, en una ley que representaba menos del 75 por ciento de su ley primera.

Es cierto que el florín, una vez alcanzado este bajo nivel, se mantuvo estable durante casi un siglo.

Pero éste no fue el caso general en la Corona de Aragón, en particular en un centro económico vital hasta entonces: el Principado catalán. Las crisis monetarias se repitieron sin cesar. Además, no se borraron fácilmente las impresiones dejadas en la opinión por las primeras desgracias del florín. Ausiàs March escribía en pleno siglo XV: «Com lo florí / que bona color ha / i no val res / coneguda sa llei».

No es exagerado decir que, para Cataluña, a los tiempos gloriosos del croat sucedió una «era del florín», entrecortada de retrocesos y de inquietudes económicas.

Problema y crisis monetarias en Cataluña: ecuación bimetálica y fuga de la moneda

Resulta, en efecto, que el equilibrio entre «moneda fuerte» y «moneda corriente» —mediante el cual pudo explicarse la prosperidad valenciana— no llegó a establecerse en el condado catalán.

La cotización del florín en valor nominal, tanto antes como después de sus alteraciones, siguió siendo, en Barcelona y en Valencia, de 11 sueldos. La libra catalana y la libra valenciana parecían afectadas, pues, de la misma manera. En la práctica, la situación era bien distinta en ambas capitales.

Lo que ocurría era que la moneda de plata valenciana, dado su tenor en metal, mantenía ante el florín de dieciocho quilates un valor más o menos normal, más bien tirando a alto, al estabilizarse en Valencia la relación oroplata en 9,06, es decir, por debajo de las tasas legales más corrientes en Europa, y de las tasas libres. En Barcelona, por el contrario, la plata estuvo considerablemente infravalorada respecto al oro, ¡que valía 13,1 veces más en la tarifa legal!

Esto duró de 1365 a 1407. ¡Es fácil imaginar cuánta especulación esto permitía! Es verdad que la sobrevaloración del florín favorecía las finanzas de la Corona. Pero la opinión protestó y las autoridades locales reclamaron una reevaluación de la plata con relación al oro. Habría que estudiar con mayor precisión que la usada hasta hoy el aspecto económico —y, mejor aún, el aspecto social —de las luchas monetarias que estallaron en diversas ocasiones. Bajo el reinado de Martín I (1396-1410) adquirieron suma agudeza.

En 1407-1408, unas variaciones brutales, unas decisiones contradictorias, tradujeron esta crisis y estas luchas. El croat que acuñaba la Corona seguía cotizándose a 12 dineros. En el mercado se tomaba por 18 dineros y medio. La ciudad de Barcelona logró una cotización oficial a 14, y más adelante, en 1408, acuñó un croat que era aceptado por 18 dineros. En menos de dos años la libra catalana —moneda de cuenta— tuvo cuatro equivalencias de plata: 62 gramos, 40,2, luego 53,1 y finalmente 41,33. ¿Fue esta vacilación monetaria causa o consecuencia de crisis económicas más amplias? Fue primero consecuencia suya, sin la menor duda.

Bajo el reinado de Martín el Humano, el propio florín de oro aragonés, pese a su baja ley, no podía ser retenido dentro de las fronteras. El croat de elevada ley de plata menos aún, por supuesto. Entre 1409 y 1416 esto constituyó una preocupación destacada de los consellers barceloneses.

Aparentemente el problema era técnico y, como siempre, los consejeros reales no veían más solución que una mejor vigilancia en las fronteras. Pero, utilizando términos modernos, una pérdida de tres sueldos por libra, al expresar el precio del mercado real del metal en «moneda corriente», sugería que iba a imponerse una nueva devaluación general del orden del 15 por ciento.

Una prueba de que la situación monetaria expresaba la crisis en vez de provocarla, la tenemos en el hecho de que las dificultades se desvanecieron por sí mismas, hacia 1420, en el momento en que las curvas de Hamilton indican, en las regiones vecinas, el final del marasmo. En 1425 el precio del croat en el mercado había vuelto espontáneamente a ser de 15 dineros. La ecuación bimetálica oficial, que en 1408 había caído de 13,1 a 8,7, resultó esta vez demasiado débil. La Corona aprovechó la ocasión para volver a poner el croat a 12 dineros. La ciudad, más prudentemente, la cotizó en 1426 a su valor de mercado: 15 dineros. La relación oro-plata barcelonesa pasó a ser entonces una proporción media en Europa: 10,5. El equilibrio había de durar veinte años, como el ciclo de relativa prosperidad. Fue destruido por la crisis de mediados de siglo, la cual, por su parte, iba a ser decisiva.

También es de notar que con motivo de cada una de tales crisis los fundamentos de la economía catalana se mostraban cada vez menos amplios y menos resistentes.

Gastos públicos y recursos colectivos

E. J. Hamilton reconoce tres causas de las primeras amputaciones del florín, de 1350 a 1365: los gastos de guerra de Pedro el Ceremonioso, la necesidad de acabar con la fuga del dinero en metálico y, por último, la disminución de los ingresos públicos a consecuencia de las pestes.

¿La fuga del dinero? Ya lo hemos visto, se trata de un fenómeno periódico derivado del desequilibrio de los pagos con el exterior.

El juego entre el mantenimiento de fuertes gastos de guerra (y, de manera más general, de fuertes gastos públicos) y el agotamiento del país por despoblamiento fue un fenómeno más disimulado y constante.

La monarquía aragonesa por un lado, la ciudad de Barcelona por otro, adquirieron entre 1250 y 1350 unas funciones de dirección, así como unos hábitos de grandeza, que habían de pesar muy gravosamente en el siglo siguiente sobre una economía regional menos expansiva. Recordemos que en 1382 Pedro el Ceremonioso y su hijo debían 288.000 libras a particulares. Tras acceder al trono, Juan I llevó una vida cortesana muy dispendiosa. Martín el Humano no renunció a la vida brillante, reemprendiendo a la vez las guerras imperiales. La crisis monetaria de 1407-1409 corresponde al gran esfuerzo contra la rebelión sarda, aceptado por los catalanes de buen grado pero no sin sacrificios. Apenas nombrado rey, Alfonso el Magnánimo reunió en Barcelona una flota de veinte galeras con fines de parada; en 1420 reunió ochenta naves en Portfangós para ir contra Córcega; a partir de 1422 su ambición constante será la de reinar en Nápoles; constantemente pedirá subsidios, con tanta mayor urgencia cuanto más duros serán los fracasos sufridos por él, como el de Ponza en 1435.

También se estableció una especie de imperialismo municipal, a finales del siglo XIV, en el consejo barcelonés. En menos de veinte años, la ciudad aceptó bajo su protección, como carrers, una treintena de Burgos catalanes; compró señoríos hasta en la ribera del Ebro. Esto tiene que ver con otro tipo de preocupaciones, casi febriles: el suministro de trigo, que, entremezclado seguramente con cierta corrupción en las finanzas municipales, había de hacer gastar a la ciudad sumas desproporcionadas con sus recursos.

Ahora bien, los recursos directos de las colectividades entraron muy pronto en crisis, por reducción de la materia imponible. Parece poco probable que los ingresos debidos a los impuestos barceloneses aumentaran más deprisa que los precios entre 1350 y 1380. Pasados estos años, se vieron afectados por una grave crisis. Y en el siglo XV disminuyeron mucho más deprisa que los precios. Tras haber sido del orden de las 20.000 libras en 1347, pasaron a ser del orden de las 30.000 en 1358-1361 y de las 39.000 en 1403; en 1434 disminuyeron de modo notable, bajando hasta las 26.000 o las 27.000 libras; en 1464 un semestre proporcionó 13.537 libras; en 1500, 12.000 libras. Sin embargo, las tasas habían subido.

Deuda consolidada y deuda flotante

Autorizada a tomar empréstitos a intereses fijos desde 1326 por el rey que le reclamaba ayuda, la ciudad de Barcelona vio prorrogarse varias veces este privilegio de doble filo, en particular por obra de Pedro III en 1359. Desde los primeros presupuestos conocidos, las creaciones de rentas representaron las dos quintas partes de los ingresos municipales; en 1360-1361 el 34 por ciento, mientras que el pago de los intereses representaba el 42 por ciento de los gastos. La media de las tasas era de 7,14 por ciento para las censals o rentas perpetuas; de 14,28 para las violaris o rentas vitalicias; pero en los años malos en que debe lucharse contra los corsarios, proceder a compras de grano, como en 1376-1377, a veces se tomaba prestado al 8,35 o al 9,1 por ciento. La deuda municipal subió así de 169.000 libras en 1360 a 277.459 en 1385, a 295.963 en 1386 y a 386.963 en 1396.

En 1401 la creación de la famosa Taula de Canvi, muchas veces presentada como culminación de un progreso en los métodos financieros catalanes, fue de hecho una garantía buscada por los barceloneses contra el crecimiento ilimitado de las cargas municipales y contra la inestabilidad de los bancos privados. Junto a la Taula funcionó una especie de caja de amortización. Ésta había de reducir, efectivamente, la deuda consolidada y de disminuir la tasa de interés a una media del 5,5 por ciento y a un mínimo del 4 por ciento. Algunas conversiones tuvieron éxito en unos momentos (1433-1434) en que parecían prosperar los negocios y en que, sin embargo, los ingresos por las tasas fiscales de consumo, como hemos visto, eran particularmente débiles. No por ello la ciudad dejará de endeudarse. A partir de entonces fue la banca la que le hizo préstamos a corto plazo.

El período 1420-1429 fue bueno para las finanzas —la deuda consolidada se redujo a 125.000 libras—, pero sabemos que también lo fue para la economía. Por el contrario, a partir de 1440 unas cuentas embrolladas cubren visiblemente muchas más deudas hacia la banca de las que autorizaban los reglamentos en vigor. Mientras que en 1452 no constaba oficialmente más que un adelanto de 4.978 libras, la conferencia de 1453 sobre el problema de los granos, cuyas compras arruinaron a la ciudad, descubrió una deuda de 204.000 libras con la Taula de Canvi. Ésta, durante la guerra civil de 1462-1472, tendrá que suspender sus pagos. A finales del siglo, bajo Fernando el Católico, habrá que plantear de nuevo, con Vicens Vives, la pregunta: ¿se trata de desbarajuste municipal o de lucha imposible contra la crisis? «Círculo vicioso», dice Vicens. Digamos que se trata de un caso de interacción entre la crisis general y la impotencia financiera.

Los «censals» y la economía: ¿de una sociedad de empresarios a una sociedad de rentistas?

La importancia adquirida por el endeudamiento entre 1350 y 1500 ha impresionado necesariamente a los historiadores. Pero esta circunstancia, conocida a través de los documentos oficiales, ha sido rememorada sobre todo apelando a las dificultades de la tesorería pública. Incluso podría verse en ella, en una coyuntura de desarrollo, una solución técnica feliz, un signo de expansión general; este aspecto ha sido a veces erigido en teoría.

De hecho, el endeudamiento público de los siglos XIV y XV catalanes no puede ser estudiado (ni más ni menos que cualquier otro) al margen de las circunstancias que lo han visto nacer y extenderse; vino ligado a un hundimiento de la población, de la producción; y no tuvo otra motivación que la de aguantar un sistema de gobierno y de relaciones demasiado amplias.

Sin embargo, tuvo otro aspecto, más estructural que coyuntural. La creación de un sistema de rentas demasiado extenso es índice, y a la vez estímulo, de una tendencia de las capas sociales poseedoras de bienes a emplearlos de una manera más segura que audaz, más parasitaria que productiva.

Del conjunto de los documentos privados conocidos se desprende que en los siglos XIV y XV, en el período de auge, el sistema de las «compañías» canalizaba la mayoría de los capitales catalanes, aun los modestos, hacia la aventura marítima o la empresa productiva. Después de 1350, junto a algunas fortunas especulativas, de las que más de una se hundirá en la crisis de los años noventa, junto a fortunas en tierras fuertemente afectadas por las dificultades agrarias, surge un amplio sector de capitales medios previamente formados en manos de viudas, de menores, de eclesiásticos, de hombres de las clases medias y liberales o de mercaderes retirados, en aquel estado medio noble medio burgués que era la ciutadania barcelonesa: censals y violaris públicos atrajeron cada vez más esta clase de capitales cuya importancia vendrá atestiguada por la clientela media de la Taula de Canvi; tres o cuatro familias de cada diez, en Barcelona, tenían en ella un depósito.

Así es cómo el rentista sucede al empresario, y cómo se pierde una burguesía. Empujada hacia la nobleza o la seminobleza de los ciutadans honrats, gustaba de sentirse más cerca del rey en sus cargos o de la condición noble por la propiedad de la tierra. Si triunfa, se sale de la burguesía por arriba; si fracasa, queda arruinada por la desvalorización de las rentas.

Así pues, el ocaso catalán, aun empezando en plena Edad Media, tuvo un aspecto muy moderno. Y es difícil dejar de considerar que Cataluña, estadonación excepcionalmente precoz, provista desde el siglo XIII de una solidaridad interna y de una consciencia de imperio única, sin duda, en tal fecha, entró por la vía de la decadencia al estilo de los estados modernos, y aun al estilo de los imperios contemporáneos: agotamiento demográfico de la metrópolis, desgaste de sus recursos productivos internos, pérdida del espíritu emprendedor en provecho del espíritu de rentista, desproporción entre lo que queda de posibilidades y la amplitud de los compromisos, o de los hábitos, crisis (a partir de entonces) de la moneda y de las finanzas públicas, ruptura del equilibrio de las clases, divorcio entre fuerzas económicas nuevas y realidades jurídicas, finalmente luchas sociales profundas entremezcladas con las querellas desorbitadas de los clanes dirigentes.

Fue hacia 1450 cuando la profundidad de la crisis general se manifestó del modo más categórico.

5. LA CRISIS DE MEDIADOS DEL SIGLO XV: DEBILIDADES ECONÓMICAS, CONTRADICCIONES SOCIALES

La caída del gran comercio

Lo primero que percibimos, hacia 1448-1449, es la caída del gran comercio. En el fragmento sobre el estado del movimiento marítimo —relativo sólo a ocho meses— citado por Capmany para 1448, el comercio con tierras lejanas no está representado más que por cuatro cargamentos: para Flandes, Berbería, Romana y Rodas. En valor, ¿no hay una caída sensible desde los tiempos en que el comercio de los productos preciosos era más activo?

Para oponerlas a las cifras enormes del tráfico puesto en evidencia por las cuentas del periatge para los años 1432-1433 (ver más arriba, p. 263), disponemos de nuevas indicaciones sobre la cobranza de este derecho.

Entre los años 1432-1433 y los comienzos de la segunda mitad del siglo, la caída fue del orden de 4 a 1 o de 5 a 1, según las cifras del periatge.

El imperialismo real se divorcia de la realidad barcelonesa

Pero en apariencia, en estos mismos años, la Corona de Aragón alcanzó de nuevo la plena gloria imperial mediterránea. Alfonso el Magnánimo, con tenacidad, reemprendió la vieja política de expansión: estricto control en Cerdeña, en Sicilia, en Córcega; tentativa sobre Túnez y Djerba; aspiración encarnizada y victoriosa (pese a Ponza, la derrota naval más terrible sufrida por los catalanes) del trono de Nápoles; voluntad de protectorado sobre los Balcanes contra los turcos, sobre Rodas y Chipre contra Egipto, inicio de relaciones con el Preste Juan, de la remota Abisinia.

Esta política era obviamente desmesurada y, unida al lujo exhibido en Nápoles, costaba caro a los estados del rey; además, no era una política de comerciantes, sino un asunto militar y dinástico, basado en el prestigio. En lugar de favorecerlas, cortó las relaciones con Ultramar. Convirtió la cuenca occidental del Mediterráneo en lugar de piratería donde el corsario catalán hacía estragos, pero tanto contra el comercio de sus compatriotas como contra los extranjeros. Fracasó, en definitiva, en su objetivo final: la lucha contra los turcos; no pudo impedir ni el segundo Kossovo ni la caída de Constantinopla. No se puede evitar recordar el imperialismo agotador que había de practicar más adelante un Felipe II. La Corona de Aragón conoció así, desde el siglo XV, el destino que había de tener más tarde el imperio español.

La consciencia de los riesgos corridos, de la crisis inminente, eXIstía ya. Los textos anuncian cifras por anticipado. «Además del deshonor —decía en 1440 la reina María a propósito de los éxitos de la piratería genovesa—, escasea la mercancía, fuente de riqueza de toda la tierra, disminuyen los ingresos del General, que sirve para la defensa del Principado». «Los catalanes podrán guardar su dinero», escribía desdeñosamente en 1446 Alfonso el Magnánimo ante la resistencia de las Cortes a votarle subsidios. Las dificultades financieras de Barcelona no eran una invención. En 1448 el municipio barcelonés, portavoz de los mercaderes, reclamaba la paz con el sultán, en términos que resulta gracioso recordar por la manera ingenua con que las preocupaciones prácticas se mezclan en ellos con el modo evangélico de expresarse:

Considerando que esta palabra paz es algo muy dulce, y más dulce aún el fruto que de ella se sigue; y no es maravilla, porque cuando el hijo de Dios descendió del seno de su Padre y se encarnó en el vientre virginal de la Virgen Imperial, por su Natividad Paz fue anunciada, y, una vez transmitido el mensaje, regresando hacia el Padre, la dejó en el mundo; y así por la mencionada Paz, Señor muy excelente, grandes ganancias serían aseguradas a vuestros súbditos y vasallos, que podrían entrar, para sus negocios, en las tierras del Sultán, y acrecentar allí sus bienes y sus mercancías. (Capmany, Memorias, II, doc. CLXXXII.)

Los mismos interlocutores precisarán en 1453 que lo que exige un buen entendimiento con Egipto es el comercio de Levante, «cabeza y principio de todo negocio», ya que «cuando se perturban las cuestiones del Levante, todo lo demás queda afectado».

Ya no hay, como puede verse, coincidencia entre los intereses de la clase comerciante barcelonesa y la gran política de los reyes. Las repercusiones sobre la situación interior no se hacen esperar.

La crisis barcelonesa: pérdidas materiales, divisiones políticas

El cronista Alonso de Palencia, visitante deslumbrado, declaraba en 1457 que «Barcelona resplandecía con increíble aparato, sobre las otras ciudades de España». Un barcelonés —un mercader— se encarga de desengañarle: Barcelona, le dice,

parece a los peregrinos nuevamente venidos que agora florezca más; a nosotros que vimos los tiempos pasados, parécenos desdichada y cercana a perdimiento [...] Poco a poco se ha deformado el gesto de la ciudad, decrecen las riquezas y disminúyese el trato; ya ningún amor han los cibdadanos a las cosas públicas, ya los hombres usan mal de sus propiedades. Así la cibdad solamente retiene una faz afitada, mas en lo al [sic], la enfermedad la amenaza de muerte.

Si se piensa que el diagnóstico —y el pronóstico— fueron confirmados por los hechos, puede decirse que los contemporáneos no habían esperado la guerra civil de 1462 para medir la profundidad de la crisis. El origen material de ésta viene claramente reconocido. Pero como ocurre siempre, naturalmente, se juntan en este caso la inquietud ante las cosas con la amargura frente a los hombres. En efecto, los choques políticos y sociales habían de dar una expresión bastante violenta al malestar reinante.

No pretendemos aquí resolver el problema del contenido social de las facciones políticas barcelonesas, de la Busca y la Biga enfrentadas entre sí; es decir de la «brizna» o la «viruta» contra la «biga» o la «rama maestra». El significado parece claro: «pequeños» contra «grandes». Es demasiado claro. No estamos aquí ante un conflicto de clases, en el sentido revelado por el conflicto agrario. Nos hallamos más bien ante dos categorías urbanas de potencia desigual, y que luchan por el poder porque sus intereses económicos son opuestos. La que gane tratará de hacer recaer sobre la otra el mayor peso de la crisis. Lo que sabemos de las luchas municipales parece sugerir más o menos lo siguiente:

La Busca, a pesar de su nombre, no era facción realmente popular. Si a veces arrastraba (cosa que está por demostrar) al poble menut de los pescadores y jornaleros, no los representaba como tales. No dirigía la lucha callejera, parecida a las emociones espontáneas de 1391. A veces los fadrins (oficiales de las corporaciones) se manifestaban, indudablemente, detrás de la Busca. Pero quienes les inspiraban eran los maestros, en particular los maestros paraires (dedicados a preparar la lana y al apresto de paños), cuya participación en las agitaciones urbanas está perfectamente demostrada. ¿Eran estos paraires grandes capitalistas de la industria lanera? No lo eran, a pesar de lo que se ha dicho a propósito de ellos; por lo menos, no lo eran todavía. Pero eran, en cambio, organizadores, seguramente, de la producción catalana más característica, y defensores de sus intereses medios. Tenían, pues, detrás suyo a las corporaciones de artesanos (menestrals) y a una buena parte de los artistas (corporaciones distinguidas, oficios liberales); incluso los mercaders podían seguirles y compartir (seguramente como exportadores) sus intereses.

Pero, ¿quién dominaba el municipio hacia 1450? Los ciutadans honrats y los «mercaderes» más ricos. Los primeros eran una aristocracia de los negocios, que se estaba ya cerrando sobre sí misma y que se orientaba hacia la fortuna basada en la propiedad de la tierra y la percepción de rentas. Los segundos, especuladores del gran comercio de cereales y de productos preciosos, eran importadores más que exportadores, más interesados, pues, por el comercio de Oriente y la política municipal cerealista que por la crisis de la industria nacional.

a) La cuestión monetaria. El punto más sensible del programa de la Busca era monetario. Hacia 1450, bajo los efectos de la crisis económica, el croat de plata y el florín valían más de hecho que de derecho. Había especuladores que los tomaban respectivamente por 18 dineros y 13 sueldos, cuando oficialmente habría habido que aceptarlos por 15 y 11. Por esto estas monedas iban escaseando y sólo circulaba un vellón rebajado.

En 1451 y 1452, asistimos a manifestaciones violentas de las corporaciones barcelonesas a favor de la devaluación. Pero cada vez que ésta parecía inminente, los imponentes de la Taula perdían la cabeza. Se arriesgaban a perder con relación al valor nominal de sus depósitos. Por esto, mientras que la ciudad estuvo dominada por la Biga, partido de los propietarios y de los rentistas, la estabilidad monetaria se mantuvo intangible. Y a la inversa, el rey, que siempre se enriquecía con las devaluaciones (sus tesoros se reevaluaban y sus deudas disminuían), escuchaba gustosamente a los delegados de la Busca.

No debe extrañar, pues, que el golpe de estado municipal de 1453, a través del cual llegó la Busca al poder, y que los debates de las Cortes de 1454-1458 tengan estrecha relación con el hecho monetario. S. Sobrequés ha aportado una contribución notable sobre este punto, subestimado durante demasiado tiempo.

La oposición sistemática de los organismos que siguieron sometidos a la Biga impidió durante mucho tiempo que las decisiones monetarias de 1453 se impusieran sin obstáculo. Tal vez nunca se haya planteado con mayor claridad que en estas discusiones el mecanismo de la oposición entre moneda forta y moneda corrent.

Salta, pues, a la vista la profunda oposición de los intereses entre ambas facciones. ¿Hay que admitir con Vicens Vives que la devaluación propugnada por la Busca podía salvar la economía, comprometida, por el contrario, por el inmovilismo egoísta de los propietarios y rentistas? E. J. Hamilton suscribiría seguramente esta implicación keynesiana, en la que se da confianza a los deudores dinámicos frente a los acreedores pasivos. Estamos lejos del tiempo en que Soldevila, en su hermosa Història de Catalunya, se contentaba con tratar el problema monetario en nota a pie de página y con concluir que, en la acción de la «clase baja», «la ignorancia era el principal peligro». Aceptación demasiado rápida de las acerbas páginas del Dietari que dejaban constancia de que los pelaires, tras la devaluación, se habían visto «tan pobres como al principio».

Nada nos obliga a hacer una elección entre estas dos tesis. Al comprobar que la devaluación de 1453-1458 readaptó los cursos oficiales a los cursos del mercado, estamos obligados a admitir a la vez que la exigencia de los productores era una esperanza de mejora, y no un signo de ignorancia, pero también que era un expediente contra la crisis y no una solución. Lo que importaba no era tanto la devaluación, medida final, como la desvalorización de la moneda corrent, signo evidente de debilidad de las condiciones productivas.

Si no hubiera debilitamiento, peligro de quiebras, los intereses categoriales no se opondrían tan violentamente.

b) La cuestión del proteccionismo. También se oponían en torno a la cuestión del proteccionismo, que a veces llegaba hasta el prohibicionismo. El febril recrudecimiento de la tendencia a mediados del siglo XV se cuenta entre los signos seguros de dificultad. Las corporaciones barcelonesas querían prohibir el uso de todo tejido venido de fuera. Querían prohibir el cargamento de productos nacionales en barcos extranjeros.

Un ejemplo muestra cuál era el mecanismo económico-político en juego. El papel creciente en el comercio de los alemanes y saboyanos, en la Corona de Aragón, culminó en 1443 con 46.140 libras de tráfico, frente a una media de 15.631 para los años 1425-1445; el grueso del tráfico lo constituía la importación de tejidos. Ante esta situación, los productores catalanes se inquietaron y obtuvieron, entre 1447 y 1453, repetidas intervenciones del Consell de Cent para el fomento de las salidas para la producción catalana, la mejora de su calidad, etc. Esta preocupación por el mercado pone de manifiesto las dificultades de la producción local ante la competencia extranjera, pero sólo el acceso al poder de la Busca coincidió con el hundimiento del comercio exterior: la media del comercio alemán cayó entonces a 3.000 libras. Cabe pensar entonces que uno de los fines de la Busca en su lucha por hacerse con aquel poder municipal, tan decisivo en materia económica, fue la esperanza de asegurar a la industria una defensa eficaz.

Pero habría que precisar las relaciones entre política proteccionista y marasmo comercial. Los grandes importadores y especuladores acusan probablemente a los industriales de este último. La Biga en el poder siempre fue sordamente hostil al proteccionismo. El ejemplo de la vecina Valencia arroja alguna luz sobre la tendencia política de los comerciantes puros. Contra el espíritu de las nuevas «actas de navegación», Valencia se pronunció siempre a favor de la libertad. Reconocía y aceptaba la influencia del armamento extranjero, de las importaciones de los capitales venidos de Italia y de Alemania.

En Cataluña ciertas categorías de negociantes eran aparentemente del mismo parecer. A partir de 1456, cuando los consellers representantes directos de las corporaciones de fabricantes de paños reiteraron la prohibición de importar, de trabajar, de comprar la tela extranjera, se toparon con las objeciones de la Biga, aún presente en la Generalitat. Las prohibiciones, decía ésta, acaban con las tasas sobre los textiles. Pero el argumento parece encubrir el interés de los ricos compradores de telas de lujo y de sus importadores. En 1459 el caso era claro. Decepcionados por los efectos de la devaluación, cuya influencia estimulante desapareció probablemente muy deprisa, los pelaires acababan de obtener una renovación de las prohibiciones. Pero un conseller comerciante de oficio —y vendedor de sederías— se las apañó para que no fuera publicada la pragmática íntegra. Más aún: los diputados de la Generalitat exigieron la abolición de la medida en su totalidad. Este fue un nuevo conflicto entre las dos autoridades —Ciudad y Generalitat—, entre la Busca y la Biga.

c) El problema municipal. Así pues, los historiadores tienen la sensación, cada vez con mayor claridad, de que el célebre juego triangular entre la Biga, la Busca y el rey no fue ni una simple querella de clanes ni una simple oposición psicológica entre la aristocracia y la masa.

Hay sin duda la famosa frase, a propósito de los consellers de 1453: «Fueron los primeros artistas y menestrals que hayan accedido jamás a la conselleria de Barcelona [...] y más habría valido poner machos cabríos que hombres de baja condición».

Aquí la reacción psicológica es patente y pone de manifiesto perfectamente un corte de clase entre los ciutadans y los artistes y menestrals.

Pero, sobre todo, era un indicio de que los primeros olvidaban sus orígenes, que eran también burgueses. Y los choques motivados por el puro interés no faltaban. Y, después de haberse calmado durante un tiempo, el conflicto agrario iba a reaparecer. La concomitancia no es fortuita.

Resurgimiento y nueva fisonomía del conflicto agrario

Entre los años 1409-1413 y los años 1447-1450 el conflicto agrario había hecho poco ruido. El vacío documental parece corresponder al período tranquilo del siglo, al alivio económico momentáneo. Y cuando la crisis se dejó sentir de nuevo, los actores del futuro drama social, según Vicens Vives, «fijan y delimitan sus actitudes, sus aversiones, sus vínculos».

En febrero de 1447 los remences del Ampurdán celebraron grandes reuniones. En mayo de 1448 cuatro de sus «síndicos» fueron a ofrecer a la reina María, lugarteniente del rey, en Vilafranca del Penedès, 64.000 florines para rescatar los malos usos. El rey, consultado en Nápoles, aceptó arbitrar aquel rescate, pero exigió 100.000 florines. En octubre de 1448 y hasta febrero de 1449 se celebraron en el este catalán unas reuniones que no debe vacilarse en llamar «sindicales», puesto que éste es un término de la época. En ellas se trató de los nombramientos colectivos de «delegados» —los «síndicos»— y del pago de la indemnización prevista: 3 florines por fuego; éste será el tall.

Así quedó organizado desde aquel momento el partido de la reforma agraria. Contaba con recursos. Estaba decidido a contar con el apoyo real. La fase primitiva y mística estaba superada. La fase de tranquilidad pareció haber reforzado las posibilidades campesinas. Lo que iba a manifestarse era más bien la debilidad y los temores del partido de los señores. En efecto, éstos perdieron de algún modo la cabeza, lo cual se tradujo en un cierto nerviosismo de sus reacciones. El obispo de Gerona trató de impedir las reuniones y, al entrar en conflicto con el representante de la reina, le excomulgó. El conde de Pallars hizo todo lo posible para que sus campesinos no pudieran pagar los talls de rescate. Incluso hubo oficiales reales, según cuenta la reina, que, colocando sus intereses de clase por delante de su deber de obediencia, saboteaban las órdenes y sembraban la confusión por el país.

Sobre todo, a comienzos de 1449, la Diputació de les Corts y el Consell de Cent (dominado aún, este último, por los privilegiados) se incorporaron al conflicto para denunciar a la reina las reuniones de campesinos como peligrosos focos revolucionarios, donde se habla de rechazar sin distinción todos los derechos feudales, de apoderarse de las Cortes y de ofrecer el condado de Barcelona nada menos que al rey de Francia. La Generalitat atribuyó a la percepción de los talls ser la causa de una disminución de 15.000 libras en el rendimiento del derecho de bolla sobre los tejidos. De modo que un hecho muy probablemente ligado a la crisis de las salidas, a la que ya se ha hecho alusión, el a utilizado en este caso como argumento social. Diputados y consellers amenazaban —o compraban, si la ocasión se prestaba a ello— a los juristas y a los empleados encargados de la percepción de los talls. En la ofensiva contra la reforma, el conde de Mòdica, jefe de los señores del Ampurdán invocó la solidaridad del Consell de Cent, «confiant en açò defendre serem tots una cosa, corn sia interès de tots».

Pocas veces puede el historiador disponer de llamamientos tan claros, tan conscientes, a la solidaridad de clase.

Ahora bien, a finales de 1449 formaban ya parte de la gran organización para el pago de los talls 18.000 hogares campesinos, y se preveía que pronto sería rebasada la cifra de 20.000. Ya hemos indicado qué proporción representaban estas cifras en la población total del Principado. Esta revolución adquirió un cariz muy jurídico: los delegados campesinos citaron a los señores para conciliación ante la justicia del rey, el cual, el día 21 de enero de 1450, dio a los señores un plazo de 26 días para contestar a su convocatoria: «Esto no marcha», escribió el conde de Mòdica.

En realidad, las cosas no iban tan mal. La forma jurídica adoptada por el conflicto, el carácter pacífico de la organización campesina, la influencia probable en su seno de los remences más acomodados, favorecieron a los privilegiados en una fase que hubiera podido serles fatal. Lograron que fuera aplazada por cinco años la sentencia definitiva, y lo lograron en el momento en que el rey imponía al Consejo municipal barcelonés la presencia y la autoridad de los no privilegiados, y en el momento mismo en que Mallorca estaba desgarrada por una sangrienta revolución rural.

Así pues, los acontecimientos de mediados del siglo XV representaron un episodio esencialmente político y jurídico de la crisis de conjunto de la sociedad. La guerra civil no sobrevino debido a una situación en sí misma insostenible, sino debido a la esperanza colectiva, alimentada por los dirigentes, de recobrar totalmente el dominio de los acontecimientos mediante la resurrección de antiguas fórmulas.

6. 1462-1472: GUERRA CIVIL Y PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS

La guerra surge de la crisis

Analizada superficialmente, la guerra civil contra Juan II —la Révolution catalane de J. Calmette— podría parecer una pura paradoja. ¿Tratábase de una lucha sentimental contra un tirano que había despojado a su hijo, el príncipe de Viana? La propia cronología no concuerda con esta interpretación romántica. ¿Era acaso el conflicto entre un rey que había emprendido ya el camino del absolutismo y los viejos privilegios feudales? No exactamente, puesto que el rey, una vez victorioso, iba a confirmar todos aquellos privilegios. ¿Era una reacción del sentimiento catalán contra un rey de formación extranjera? ¡No, puesto que se iba a nombrar sucesor suyo al rey de Castilla!

La totalidad de los trabajos de J. Vicens Vives y el análisis hecho por S. Sobrequés de las capas sociales en pugna no dejan la menor duda sobre los lazos entre el estallido del conflicto y las contradicciones profundas de la sociedad catalana. La guerra surgió de las crisis antes de llevarlas a su apogeo.

Entre 1455 y 1460 el conflicto agrario había evolucionado de nuevo de modo amenazante para los señores. El rey, en 1455, había suspendido la percepción de los «malos usos» en espera de la aceptación del arbitraje. No lo hizo sin vacilaciones, puesto que estaba sometido a presiones contradictorias. Pero confirmó su decisión en 1457. Y Juan II, que sucedió a su hermano en 1458, parecía aún más decidido a imponer la decisión arbitral. En 1460, en las Cortes de Lérida, cuando la cuestión iba a plantearse, se produjo la ruptura. Tenía otras razones, pero la coincidencia es sorprendente.

No tenemos por qué contar aquí los hechos. Pero la actitud de las clases privilegiadas —Iglesia, señores, ciutadans barceloneses—estuvo clara. De ellas emana la Generalitat, órgano dirigente de la rebelión. Estaban exasperadas por la disminución de sus rentas, que atribuían naturalmente a sus recientes fracasos políticos: fracaso en el asunto municipal, fracaso en la cuestión monetaria, fracaso en las negociaciones agrarias. No veían en estos fracasos más explicación que la actitud real. Querían recuperar la dirección del país para hacer recaer en la medida de lo posible el efecto de la crisis sobre las clases artesanas y campesinas, cuya organización en vías de progreso —«sindicato» urbano de la Busca, «sindicato» rural de los remences— no dejaba de asustarlas. ¿Era prudente, para el orden establecido, romper en tales condiciones la solidaridad con el rey legítimo? Los más sensatos —Folc de Cardona, Margarit— no lo creían. La mayoría de los responsables se mostraron menos clarividentes. Soñaban con la vieja armonía que imperaba antaño entre el soberano, las Cortes, el Consell de Cent, y buscaban a un rey capaz de restablecerla (el príncipe de Viana era quien representaba esta esperanza). No vieron que esta armonía no derivaba únicamente del «pacto» y de su respeto. La economía en expansión, debido a la coincidencia entre imperialismo comercial y ambiciones reales, era una condición más fundamental. En vano serán llamados sucesivamente seis reyes. Todo había de fracasar. ¿Acaso una «ciudad-estado» habría tal vez proclamado una república aristocrática, una tiranía? Pero Barcelona no era más que un elemento: en el conjunto del país no podía romperse la tradición de una monarquía feudal. Diez años de guerra civil no fueron, a la postre, más que una tentativa desesperada para resucitar las condiciones anteriores a 1350. Esfuerzo vano en el que el país acabó de agotarse.

En todo caso, está claro que la profunda división de la sociedad catalana siguió siendo característica en el curso de la guerra. Los documentos de la Generalitat hacen pensar —y han llegado a hacer creer— en la unanimidad de la opinión pública contra Juan II, en la desaparición del conflicto entre la Busca y la Biga. Pero el inicio de la guerra había sido precedido por un incidente brutal: acusados de haber querido entregar a la reina «las libertades barcelonesas», el conseller segundo, Pallarès, y sus amigos habían sido ejecutados. El golpe se abatió sobre la Busca y la obra de 1453, ya que a partir de aquel día el Consell de Cent amoldó su actitud en base a la de la Generalitat, y la Taula de Canvi se convirtió en el banco de la rebelión. Las viejas divisiones no desaparecieron, pues, más que por la violencia.

En lo que respecta al conflicto agrario, ni siquiera se había podido disimular. En 1462 la Generalitat, que sabía perfectamente que si la causa del rey y la de los remences confluían la rebelión no tendría ninguna posibilidad de triunfar, presentó un gran proyecto de «concordia agraria». Los campesinos vieron una maniobra en la manera en que fue presentado. Sabían, por otra parte, que se intentaba sobornar a los juristas para el arbitraje, así como a ciertos síndicos campesinos. La guerra, además, favorecía las esperanzas extremas en ambos campos. En nombre de un rey que ya no controlaba las cosas, ¿no podrían los campesinos abolir pronto todos los derechos señoriales y no sólo los malos usos? Muchos de ellos lo creían y lo decían. Y en el otro extremo, mientras que la Generalitat hablaba de concordia, una liga de nobles y de eclesiásticos, en Gerona, organizaba la percepción de las tasas atrasadas desde 1455. Y ocurría a veces que el rey, cuando confiaba en ganarse la adhesión de algún alto personaje, fomentaba esta clase de pretensiones. Lo que tenía que ocurrir ocurrió: los campesinos formaron bandas armadas. Y bajo pretexto de oponerse a ellas, la reina por un lado y la Generalitat por otro reclutaron tropas que finalmente llegaron a las manos. Quizá sin haberlo deseado, y por la lógica de los hechos, el rey, al tener enfrente suyo a las fuerzas sociales tradicionales del Principado (del conde de Pallars al abad de Montserrat y al Consell de Cent depurado, retrotraído a su naturaleza aristocrática) tuvo que contar, como su mejor baza, con las bandas de Verntallat, jefe de los remences.

La lucha política no oponía pues una «nación» a un soberano, sino unas clases que combatían por la solución de conflictos más viejos.

La guerra llevó la crisis a su apogeo

Diez años de guerra civil acentuaron, naturalmente, la ruina económica.

En Barcelona, el interés de los empréstitos tuvo que elevarse del 8 al 15 por ciento. En 1468, la Taula hizo suspensión de pagos. En 1467 se comprueba que los florines de oro eran aceptados oficialmente a 15 sueldos en vez de 13. En 1472 iban a valer 16 sueldos y 6 dineros. El rey, por su parte, emitió pacifichs de oro de 18 sueldos, rebajando el contenido en oro de la libra catalana de 4,02 gramos a 3,24. Este contenido disminuirá en el último año de la guerra hasta 3,17, luego pasará a 3,04 y finalmente a 2,915 gramos.

Los signos de ruina material, inmediatamente después de la guerra, son múltiples. No sólo en los textos, sino también en las cifras. Tenemos las del periatge para los años 1473-1474, 1474-1475, 1476-1477: corresponden a tráficos de 183.333 libras, 198.300 libras y 175.625 libras respectivamente. Teniendo en cuenta la devaluación de la moneda corrent, el tráfico medio de estos tres años no representa más que el 21 por ciento del tráfico de los tres años 1448-1451, el 6,1 por ciento del de 1432-1433 y el 4,5 por ciento del de 1433-1434.

En las mismas fechas encontramos (sin poder precisar su alcance) la indicación fiscal más débil que se conoce para la población de Barcelona: 4.000 fuegos, a lo sumo 20.000 habitantes.

Pero es poco probable que la economía y la demografía rurales estuvieran menos afectadas que la capital. El campo fue asolado; los árboles talados; soldados del rey y soldados de la Generalitat aterrorizaron el país. Los cambios de bando, las traiciones, dieron a los últimos años de la guerra un aire de anarquía y de bandolerismo. No en vano el período ha conservado el nombre de «período de las torbacions».

De ahí a ver en las torbacions la raíz misma de la gran decadencia catalana, no hay más que un paso. Muchos historiadores lo han dado. Los contemporáneos hacían juicios menos someros. El mercader Münzer, de Nuremberg, recogía en 1497 la misma impresión que Alonso de Palencia en 1457: la decadencia, le decían, corresponde a mediados de siglo; y si el viajero parece mal informado sobre el mecanismo institucional catalán, repite visiblemente los comentarios de un miembro de la alta burguesía barcelonesa, para quien todos los males venían necesariamente de los primeros éxitos de la Busca. Por nuestra parte, sabemos que estos éxitos mismos respondían a un malestar aún más remoto.

La crisis sobrevivió a la guerra

Durante mucho tiempo los historiadores catalanes atribuyeron a la política real la responsabilidad por todas aquellas desgracias: primero Juan II, después Fernando el Católico, habrían obstaculizado sistemáticamente el buen funcionamiento de las instituciones, y por ende la prosperidad. Pero ¿residía el verdadero problema en las relaciones entre soberano e instituciones?

¿Por qué, de haber sido así, habría Juan II obtenido tan pocos resultados tras su victoria?

Más de un año después de su entronización, Fernando, muy ocupado en Castilla, recibía cartas del municipio barcelonés que son verdaderos gritos de angustia y que muestran con énfasis que todos y cada uno de los peligros cuya aparición sucesiva hemos indicado seguían en pie, a menudo agravados.

La piratería en el Mediterráneo occidental (tanto genovesa, francesa o provenzal como africana) tenía asediada Barcelona.

La competencia extranjera triunfaba sobre los productos catalanes; apenas acababa de firmar una tregua con Francia, ya las mercancías francesas pululaban en el mercado barcelonés. Los mercados exteriores —las Islas e Italia— también estaban perdidos o en camino de estarlo. Las mercancías genovesas, e incluso vascas, los invadían. Es una cuestión, precisaba un documento, de precio de coste. La insolvencia de los deudores de toda especie reducía a los rentistas a la miseria. Los derechos señoriales se percibían con dificultad. El dinero no circulaba. No se compraba nada y la bolsa estaba inactiva. No había encargos para los artesanos, y éstos se iban con toda su familia: paro y emigración. No salía ni un solo barco si no era para este éxodo. La ciudad se iba vaciando más y más... Esta expresión se repetía, en las cartas, como un estribillo.

Tenemos precisiones documentales; las casas gravadas de hipotecas no sólo son abandonadas, sino incluso derribadas. Estos textos fijan probablemente las fechas del retroceso en el hábitat barcelonés, cuyos rastros fueron advertidos por los autores del siglo XVIII.

Este era el cuadro descrito en 1480 por los consellers. ¿Son sus tintas demasiado negras? Sin la menor duda. Es que se trataba de obtener del rey una solución rápida a las cuestiones pendientes. Sin embargo, el periatge que registra el conjunto del tráfico catalán, en una fecha aún más alejada del final de la guerra, en 1483-1484, había caído de tal manera que el tráfico registrado referido a los valores-oro de principios de siglo fue por vez primera inferior a las 100.000 libras.

Otros fenómenos no nos parecen menos graves: entre 1471 y 1480 la cotización del florín en el mercado libre volvió a subir verticalmente. Pero esta vez no vemos que se desencadene una campaña para la devaluación legal. ¿Acaso estaba desanimado el partido de los artesanos? ¿Estaba tal vez reducido al silencio? ¿O es que el propio artesanado estaba demasiado debilitado para hacerse oír? En todo caso, el marasmo de la producción era muy acentuado. Las empresas de una cierta importancia —la construcción de un barco, por ejemplo— no se decidían más que si la ciudad daba su garantía en forma de subvención.

La subvención pública, condición de la inversión productiva (en particular del armamento marítimo): he aquí otro fenómeno típico de las economías decadentes; y muy moderno, dicho sea de paso.

Lo que los consejeros no decían es que la propia Barcelona no era más que un caso agudo de una depresión generalizada. La negativa a pagar los réditos de los viejos empréstitos también se daba en Mallorca, en Aragón, en todo el tesoro real. Las bajas en los salarios de los funcionarios, típicas de los períodos de deflación, tenían lugar tanto en Valencia, relativamente próspera, como en Barcelona, ciudad arruinada. Y lo mismo vale para la caída de los precios de los materiales de construcción, lo que quita a la crisis barcelonesa, por lo menos comparativamente, su carácter local.

La crisis sobrevive a los primeros esfuerzos de recuperación: 1484-1487

¿No es por esto por lo que las medidas más deseadas, las mejor acogidas, tuvieron, al fin y al cabo, efectos tan decepcionantes, o por lo menos tan poco inmediatos? A las Cortes de 1480-1481 se presentó por fin el rey. En los puntos delicados arbitró la reina Isabel. Se dieron garantías para la restitución de los bienes, para los intereses de la deuda, para los privilegios del Principado. Se autorizó la recaudación de todos los derechos señoriales sobre los campesinos. Se formuló un verdadero programa proteccionista. Para los tejidos de calidad media, para el coral, y esto no sólo en territorio peninsular sino incluso en las Islas, mercado clásico. En la euforia así engendrada —que debería afectar a la vez a las clases privilegiadas y a los productores urbanos—, el primer conseller para 1482-1483, Pere de Conmines, especie de conservador ilustrado, trató de conseguir una «recuperación», un «levantamiento» de las finanzas municipales, naturalmente por una fuerte disminución de los sueldos de los funcionarios pequeños y medios. Confianza a los rentistas, proteccionismo, deflación: remedios clásicos. ¡Demasiado clásicos! Entre 1484 y 1487 una crisis violenta volvió a conmocionar la ciudad y el Principado.

Tras los textos de la época, que son formales, el historiador está tentado, naturalmente, de buscar las razones de estas nuevas desgracias en acontecimientos aparentemente exteriores, así como en la política real. Esta vez se acusa a la introducción de la Inquisición en Barcelona. Pero las célebres descripciones de la ruina pública, bajo la pluma de los consellers de 1485 a 1487 se parecen, palabra por palabra, a las de 1480. No se puede elegir más que entre dos explicaciones: o son clichés estereotipados o se trata de la misma crisis. Pero la realidad de los hechos no es discutible: emigración, parálisis de la industria, de la navegación, de la bolsa. Se trata, pues, de la crisis que sigue adelante.

No se trata de subestimar la importancia, ampliamente probada, de la introducción de la Inquisición. Política y moralmente. Pero, ¿también económicamente? Los consellers atribuían la parálisis de las transacciones, el cuasicierre de la Llotja y el hecho de que, nuevamente, la ciudad «se va vaciando... se va vaciando...», al terror esparcido anticipadamente sobre los conversos, y luego al temor, entre los otros mercaderes, de ser acusados de relaciones con sospechosos. «Se’n van la maior part dels qui eren restats [...].»

Se habla de 3.000 partidas; Vicens cree poder rectificar en base a documentos de primera mano, reduciéndolas a 600. Pero ¿era con o sin las familias? Tenemos 280 nombres y, en los juicios de la Inquisición, la proporción de los contumaces es elocuente. Es cierto que se trata de familias ricas: grandes mercaderes, grandes administradores. Los países vecinos les abrirán las puertas gustosamente. Añadamos que, durante los tres años de resistencia opuesta a la entrada de los inquisidores por parte de las autoridades catalanas, pudieron realizar y llevarse sus bienes. La «pérdida de sustancia» —hombres y bienes— fue muy seria, pues. Contribuyó sin duda a consagrar la ruina de Barcelona, a convertirla en los años, en los siglos siguientes, en una ciudad comercial de segundo orden.

No obstante, estos acontecimientos no «causaron» por sí mismos semejantes ruinas. Se insertaron en una corriente de despoblamiento y de empobrecimiento ya existentes, puesto que venían siendo descritos desde 1480.

Añadamos que estos acontecimientos coincidieron, en el tiempo, con otro trastorno social que, por su parte, afectaba al campo: el último episodio —y el más revolucionario— del movimiento campesino.

Aquí tampoco hay nada que sea nuevo. Se trata de la conclusión aguda de una crisis que duraba desde hacía un siglo. La ceguera de los privilegiados, las habilidades cínicas del rey, se limitaron a retrasar, una vez más, la ratificación jurídica de una revolución agraria impuesta por los hechos, después de tantas preparaciones jurídicas y victorias políticas. Este retraso provocó, sin embargo, nuevos desgarramientos, nuevas ruinas, contribuyendo a convertir los años 1483-1485 en una nueva época de torbacions.

En 1481 los tres estamentos privilegiados —nobleza, clero, alta burguesía— pudieron llegar a pensar que en la cuestión agraria habían ganado, que los efectos de la alianza monárquica con los remences estaban bien enterrados. En las Cortes de Barcelona, Fernando, que necesitaba a estas altas clases (y 300.000 libras), restableció los derechos señoriales ¡tal como existían antes de 1455! Los señores lanzaron a sus agentes en busca de los viejos impuestos. Es fácil imaginar la reacción. En marzo de 1482 uno de estos agentes cae atravesado por una flecha en el valle de Amer. Se cree que esta muerte fue obra de Pere Joan Sala, un antiguo jefe de banda remença, inspirador del ala revolucionaria del movimiento campesino. Pero el rey no había obedecido más que a preocupaciones momentáneas. El 24 de agosto de 1483 creyó oportuno volver a las tradiciones de la monarquía: autorizó a los remences a reunirse, a formular sus agravios, a reanudar la recaudación de los talls, aún para reunir los 100.000 florines para pagar el arbitraje. Pero las reuniones, celebradas en pleno período de reacción señorial, fueron agitadas. Los extremistas se impusieron.

Seguramente no se pueden tomar totalmente en serio las descripciones hechas al rey por los privilegiados de los excesos campesinos, de la desolación de los campos: «los pagesos roben e destrossen contínuament [...] no gosa ningú anar per la terra si no porta guia d’en Sala de Montornès, d’exos altres bandeiats [...]». Veinte veces repetida, esta clásica alegación contra las bandas es poco significativa. Sin embargo, la guerra social está al final de todo esto. Cuando el lugarteniente del rey, vinculado al clan aristocrático, mandó una tropa para restablecer el orden, fue vencida. Sala sublevó la montaña, la Selva, la Plana de Vic, amenazó el Ampurdán, Gerona, el Vallès, en las inmediaciones de Barcelona, donde en esta ocasión no parece haber seguridad (los tiempos son malos) frente al poble menut; «aquestes foranes comocions no fan be algú a la gent pobra, comuna, de la ciutat; car lo nom e crit que porta de no pagar met en revolta tota la terra [...]».

¿Hace falta decir que la solidaridad de los de arriba se expresa con igual rapidez? La iglesia de Gerona excomulga y el Consell de Cent moviliza. El rey suspende las garantías dadas, promete castigar a los rebeldes, insistiendo a la vez en el «compromiso». Pero está lejos, en Sevilla. Cuando llega su decisión, el choque ya ha tenido lugar. Pere Joan Sala ha sido derrotado en Llerona por las milicias barcelonesas, hecho prisionero y ejecutado (28 de marzo de 1485). ¿Representa esto el triunfo de la violencia? ¿Quiere esto decir que las esperanzas de los remences están comprometidas? La Cataluña del llano parece dominada, pero la montaña está alzada en armas. El rey comprende que sólo la «vía de la concordia» le permitirá acabar con la situación. Los campesinos desesperados y los señores envalentonados hacen oídos sordos a sus misiones. Cien años después de sus primeras manifestaciones, la lucha agraria desgarra aún un campo agotado.

7. LA REVOLUCIÓN ESTRUCTURAL AGRARIA Y EL VIRAJE DE LA COYUNTURA

No obstante, se imponen los moderados. El 21 de abril de 1486 se firma la «Sentencia de Guadalupe», una de las pocas conclusiones jurídicas de conjunto aportada a un conflicto agrario medieval.

¿Qué ganó el campesino? En primer lugar, la libertad. Se acabó la remença y se acabaron los «malos usos», así como el derecho «de prender y de maltratar». Esta era la verdadera garantía. No por esto el campesino se convirtió en «propietario». El derecho «señorial» y «enfitéutico» seguirá vigente hasta nuestros días en Cataluña. Pero el derecho a la estabilidad en el terruño ya no se paga con la libertad. Y los derechos señoriales no serán gravosos si la explotación marcha bien. Esto es lo que iba a ocurrir no para todos pero sí para un sector bastante importante de campesinos: los que habían constituido la fracción moderada, los que pagaban los talls, los que se aseguraban, por una disposición anexa, la garantía de los masos rònecs. El derecho, con toda probabilidad, se contentó con registrar el hecho. Pero la lucha en torno a la condición de las tierras se terminó para varios siglos.

Esta lucha dejó rencores. La sentencia condenó a muerte a setenta rebeldes. En 1492, durante la estancia de los reyes en Barcelona —cuando recibieron a Colón—, no había seguridad, el primer día, acerca de la lealtad del bajo pueblo. Y el rey, en la escalinata de su palacio, recibió una puñalada. ¿Era de un loco? Esta fue la versión oficial, no discutida. ¡Pero no contamos con periódicos de la oposición! Este loco, Joan de Canyamàs, era un pobre remença. No importa. La liquidación de aquella «guerra de los Cien Años» agraria está hoy perfectamente clarificada. Diez años después de la Sentencia, impera incontestablemente un nuevo equilibrio.

Y a partir de 1492, ante la gloria de los reyes, toda oposición parecería inoportuna. La propia crisis iba a menguar. Sin demasiada artificialidad puede fijarse en el año más glorioso de la historia de España la inflexión de la curva por la cual la decadencia catalana llega por fin a término.

Estructuras nuevas. Viraje secular. Cataluña, sobre unas bases sociales renovadas, iba a vivir tiempos más tranquilos, más prósperos, pero en una larga pasividad. Ninguna crisis de circunstancia, ninguna mala voluntad soberana podría explicar este eclipse. Un siglo —tal vez siglo y medio— de ineluctables contradicciones internas iban a dar de ello una justificación brillante.

Para situar el «viraje», la fecha de 1492, naturalmente, no es más que indicativa. A falta de índices económicos continuos, hay que contentarse con aproximaciones. Vicens vincula los primeros índices de remisión al redreç municipal de 1493, y sobre todo al de 1498. Soldevila, en su Història de Catalunya, relacionaba el alivio catalán con la muerte, en 1504, de la reina Isabel. Digamos que el cambio de coyuntura se sitúa en los confines de ambos siglos: ahora bien, se trataba de un hecho internacional.

8. EL SIGLO XV CASTELLANO Y LAS BASES DE LA FUTURA POTENCIA ESPAÑOLA

¿Qué se había hecho, entretanto, de la potencia de Castilla? Para ella —y el contraste en seguida se pone de manifiesto—1492 fue un punto de partida, el de la era colonial e imperial; pero era también la plataforma de llegada de otro impulso anterior; no fue, en cambio, hito de ninguna decadencia.

La conjunción de grandes acontecimientos, todos ellos favorables a Castilla, que marca los confines de los siglos XV y XVI, no puede explicarse por una cláusula matrimonial: Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. «Tanto e incluso más», dice Henri Hauser sonriéndose. Esto no es del todo exacto. En derecho, la igualdad era completa. En los hechos, la superioridad era enorme. Y esto es lo que se ha tratado denodadamente de justificar por la política, por la legislación, por las preferencias reales e incluso por el «monta tanto», al que sólo el siglo XIX ha dado aquel significado. Sin poner casi nunca en un primer plano lo que acabamos de ver: que entre 1350 y 1500 la Corona de Aragón, en su parte vital —Cataluña—, no dejó de perder su vigor, gota a gota o por bruscas hemorragias; y mientras tanto, Castilla, bajo el caos aparente de las querellas dinásticas y nobiliarias, hacía gala de una energía creciente y descubría la vocación que la hacía ingresar, por primera vez en su historia, en la gran economía internacional.

Puede objetarse que esto ocurría en pleno marasmo del siglo XV. Pero ¿es esto realmente una objeción? En ninguna parte dos economías reaccionan de igual manera ante las condiciones generales. Brujas se arruinó en el momento en que Amberes hacía fortuna. Cada sociedad tiene su dialéctica interna; y la Edad Media yuxtapuso muchas pequeñas sociedades cerradas. Sólo las más desgastadas en lo más íntimo de sí mismas sucumben en los recodos de la coyuntura. Las otras hallan una ocasión para renovarse.

Entendámonos. No se trata de subestimar aquí el papel histórico personal de los Reyes Católicos; su voluntad de hierro, la nitidez de su visión, sus genios políticos complementarios les colocan entre los grandes creadores del mundo moderno. Pero su eficacia depende de cada campo de acción. Los reyes sólo detuvieron la caída de Barcelona cuando el engranaje de la economía se puso a girar por su propio impulso. Por las mismas fechas ya habían logrado hacer de Castilla una potencia muy grande —una vez terminada la Reconquista e iniciada la conquista—, y fue en plena escasez del metal fino (y no sin relación con esta escasez) cuando se encontraron bajo la égida de Granada los guerreros que soñaban con los tesoros de África y el trigo del Mogreb y los financieros que apostaron por Colón.

Expansión y demografía castellanas en los siglos XIV y XV

La Conquista colonial española representó un relevo inmediato para la Reconquista ya terminada. Se ha convertido en algo banal el subrayar la unidad fundamental de ambas empresas. Hay que suponer, pues, que Castilla tuvo una vigorosa capacidad de expansión a partir de los años 1480.

Esta capacidad no se había manifestado continuamente desde los grandes movimientos del siglo XIII. De 1270 aproximadamente hasta finales del siglo XIV Castilla se defendió, no atacó; los africanos la hostigaron; los aragoneses intervinieron en su territorio; los portugueses le infligieron en Aljubarrota, en 1385, una severa lección.

A falta de todo dato sólido sobre la demografía, las migraciones y las transformaciones sociales, no es nada fácil relacionar esa impotencia momentánea de Castilla con algo que no sean las dificultades dinásticas o las querellas de clanes. Pero esto no satisface. La historia, que ha dado tanta importancia a la expulsión de los moriscos en 1609, no se ha preguntado qué métodos y cuánto tiempo habían sido necesarios para reconstituir el repoblamiento y la economía de Andalucía tras los grandes avances cristianos de 1240-1270, que provocaron la huida de 300.000 o 400.000 moros. En la primera mitad del siglo XIV puede adivinarse la existencia de una lucha sorda en torno a la explotación entre señores y campesinos, individualmente o por comunidades. Y si el vacío relativo de las ricas tierras meridionales determinó, como es probable, alguna atracción, en Castilla la Vieja se advierte, como en 1325, un fuerte despoblamiento.

En 1348, la Gran Peste alcanzó seguramente Castilla. Klein niega que este despoblamiento esté en los orígenes de la extensión de la transhumancia, y que la Mesta de los pastores fuera «hija de la pestilencia», como se ha dicho; pero, ¿de dónde puede provenir, si no, esta vieja expresión? En todo caso, en 1350 el alza de los salarios asusta a los poderes, lo cual confirma los serios efectos de la epidemia.

En cambio, a partir de ahí, nada en Castilla parece indicar una repetición de las catástrofes ni un estancamiento del número de hombres análoga a la que hemos advertido en Levante, sobre todo en Cataluña.

A finales del siglo XIV y comienzos del XV Castilla vuelve a tomar la iniciativa en materia militar; derrota a Portugal en 1397, toma Tetuán en 1400, se proclama soberana de las Canarias en 1402, proyecta una expedición contra Granada en 1406; en 1410 el infante Fernando, regente del reino, toma Antequera; en 1412 se asegura, como ya sabemos, el trono aragonés-catalán.

Bajo Juan II de Castilla (1412-1454), el valido Álvaro de Luna fue el verdadero soberano; era un gran hombre de acción, y también atacó Granada; y si luego se pasó la vida luchando contra los clanes nobiliarios, fue siempre contando con poderosas tropas, cuyos contingentes eran proporcionados por las milicias de las ciudades; a sus adversarios tampoco les faltaban hombres; lo mismo ocurrió bajo el reinado agitado de Enrique IV (1454-1474) y durante la guerra de sucesión (1474-1479); hay un vivo contraste con los efectivos militares puestos en acción en el mismo momento en Cataluña a causa de la guerra entre el rey de Aragón y la Generalitat.

Los Reyes Católicos, pues, tuvieron que poner orden cuando accedieron al trono, pero en una sociedad desbordante de vitalidad, rica en hombres y en energías. No por esto aceptaremos con los ojos cerrados el único censo citado para su reinado, conocido como «Censo de Quintanilla», y sus ¡7.500.000 habitantes! Pero pensemos que habría que reducir esta cifra a menos de cuatro millones para atribuir a la Castilla de finales del siglo XV una densidad tan débil como la de Cataluña en el mismo momento (y a un poco más de dos millones si hubiera que respetar la actual relación de densidades). Sin lugar a dudas, el equilibrio que había de triunfar en el siglo XVI ya estaba establecido o a punto de establecerse: densidades relativamente fuertes en el interior de España, densidades débiles en la costa mediterránea. En el corazón de Andalucía la plétora humana era indudable: sabemos que, en 1472, Isabel expulsó a 4.000 personas de Sevilla para restablecer el orden perturbado en esta ciudad.

Esta demografía no es un elemento desdeñable. Después de muchos tanteos y reflexiones, en el momento más glorioso de su reinado, Fernando e Isabel expulsaron a los judíos de sus dominios castellanos y obligaron a los moros a elegir entre el exilio y la conversión. Y esas medidas fueron populares. Naturalmente, se trataba de una cuestión religiosa, de una exaltación colectiva. Pero también desde hacía tiempo, artesanos y campesinos cristianos viejos envidiaban a los inmigrantes venidos en períodos de paz de una Granada sobrepoblada, que constituían una mano de obra cuyos trabajos a menudo eran preferidos por los grandes señores. ¿No habían de exacerbarse esas rivalidades en torno al trabajo, en torno a la tierra, con motivo de cualquier crecimiento de la población? Efectivamente, ¿dónde provocaron objeciones y resistencias, entre los cristianos, las expulsiones masivas? En Levante y en Aragón, regiones donde se notaba más la falta de hombres. Barcelona formuló, a partir de 1484, contra una emigración de conversos bastante limitada, las lamentaciones y advertencias que los autores castellanos repetirán algún día, retrospectivamente, a propósito de las expulsiones de judíos y de moros, pero sólo en el siglo XVII, cuando Castilla, a su vez, se sentirá despoblada.

La otra forma de la adaptación castellana a un auge demográfico (siempre embarazoso en este país árido y seco) fue la presión —esta vez plenamente victoriosa— sobre la frontera y más allá de las fronteras: guerra de Granada, formación de las coronelias del Gran Capitán, guerras de Italia, expediciones de África, éxito, por último, de la propaganda (a veces de formas tan modernas) para la aventura de Indias. Durante todo el último tercio del siglo XV, la historia de Castilla sugirió sin cesar el uso de una misma palabra: la palabra expansión.

Los factores de una transformación económica en el interior de la Península en el siglo XV

Hubiera sido muy sorprendente, en tales condiciones, que la economía del país se mantuviera estacionaria.

Para empezar, los grandes señores andaluces, gracias a la explotación de unas tierras feraces y de una mano de obra seguramente barata, ganaron fortunas considerables, acrecentadas aun por sus pequeñas expediciones fronterizas, por sus botines de guerra, puesto que poseen sus ejércitos, sus flotas, sus castillos; la guerra organizada en África no sería más que la continuación de sus iniciativas privadas del siglo XV; el duque de Medinasidonia, el marqués de Cádiz, el marqués de Aguilar, el conde de Cabra, duramente tratados por Isabel en 1477-1478, se sometieron de bastante buen grado y ofrecieron a la reina una hospitalidad suntuosa. En 1480 los reyes procedieron contra la nobleza a una severa revisión de los privilegios indebidos, de las deudas reales, de los impuestos no pagados, resultado del desorden de los reinados anteriores; obtuvieron sin dificultad sumas considerables —1.400.000 maravedís de un Albuquerque— y esto no parecía dejar en la ruina a los interesados. Por otra parte, en seguida se les ofrecía una posibilidad de compensación: la guerra de Granada, como la antigua Reconquista, aseguró el reparto de nuevos tesoros. El «tesoro» mobiliario, fruto de una operación militar, ha podido ser considerado como característico, en la Edad Media, del «sentimiento de la riqueza en Castilla»; un segundón sin recursos esperaba de ahí la fortuna, como será el caso del «Gran Capitán»; Hernando del Pulgar, «el de las hazañas», se hizo conceder por anticipado los derechos sobre los molinos del norte de África por conquistar, curiosa concomitancia entre una concepción muy feudal del privilegio y un conocimiento de los recursos económicos por explotar: ya entonces el África del Norte proveía en trigo, cuando era menester, a la España deficitaria.

Ahora bien, esa acumulación de riquezas, de aspecto tan medieval aún, iba a encontrar en la Andalucía de finales del siglo XV un medio capaz de explotarla más sutilmente y de mezclar los cálculos de mercaderes y financieros con los grandes proyectos de aventuras. Los judíos —que aseguraron aún los suministros durante toda la guerra de Granada— y los conversos sevillanos, particularmente ricos y activos, habrían actuado en este sentido. Pero tan pronto acabada la guerra, se procedió a expulsar y a despojar; la Inquisición se puso a confiscar en provecho de los reyes; los que huían no tenían tiempo, como en Barcelona, de llevarse sus bienes. ¿A dónde fueron a parar aquellas riquezas? ¿Qué cambios de patrimonio, qué corrientes de intercambio alimentaron? ¿Será posible estudiarlo algún día? Pero en toda catástrofe sobrenadan los más hábiles. Bajo los muros de Granada encontramos a algunos conversos que supieron ponerse a salvo a tiempo (lo más cerca posible del rey), a italianos, incluso a catalanes que ya no confiaban en el futuro de sus ciudades mediterráneas; todos ellos olfateaban e intrigaban. Sabían que los españoles no habían ignorado los éxitos recientes de los portugueses en la costa occidental de África; genoveses y catalanes habían participado en las primeras operaciones hacia las Canarias, Mogador, Río de Oro; algunos, celosos de los éXItos ibéricos, habían preferido ayudar a los moros contra los cristianos en Arcila y en Honein; otros se habían introducido discretamente en la corte de los reyes o de los grandes nobles andaluces para sugerirles una política; un veneciano, Vianello, había de inspirar las expediciones africanas de Fernando, cuyos resultados materiales no fueron nada desdeñables, aunque las fuentes del oro sudanés fueran captadas definitivamente por los portugueses; un banquero florentino presentó Cristóbal Colón a los duques de Medinaceli y de Medinasidonia, quienes comprometieron sus capitales en la aventura; Isabel, en este asunto, pensó antes que nada en términos políticos y de monopolio castellano; pero dejó que la financiación se hiciera de manera oficiosa y privada, que recayera en los allegados «aragoneses» del rey, entre los cuales Luis de Santangel era valenciano y converso, Pinelo italiano, Coloma valenciano-catalán. El campamento de Santa Fe, última etapa de la Reconquista ibérica, fue el lugar de confluencia entre los mediterráneos decepcionados o inquietos y los hombres venidos de Castilla, dispuestos para la aventura guerrera.

En Palos, con el primer viaje de Indias, tuvo lugar otro encuentro. El italiano Colón, formado por la cartografía mallorquina y tal vez también por la navegación catalana, encontró en este puerto andaluz hasta veinte marinos cántabros, bajo un maestro de la navegación vasca, Juan de la Cosa, y dos familias de armadores locales, los Pinzones y los Niños, que no vacilaron en lanzarse a la aventura con personas y bienes. Castilla ofrecía pues a los mediterráneos ansiosos de oro y especias la cooperación de sus dos regiones marítimas, que tan sólo empezaban a familiarizarse con la gran navegación pero lo hacían ya con brillantez. Sevilla tenía sus grandes arsenales, sus corporaciones de marinos desde finales del siglo XIII; la marina vasca y cántabra desafiaba a los ingleses hasta en el mar del Norte desde mediados del siglo XIV; en 1343, en los combates contra los ingleses, se citan los puertos de Fuenterrabía, San Sebastián, Guetaria, Motrico, Lequeitio, Bermeo, Portugalete, Castro-Urdiales, Laredo, Santander, San Vicente de la Barquera, Avilés, Ribadeo, Vivero, La Coruña, Puentedeume y Bayona de Galicia. Es cierto que durante mucho tiempo estos puertos tuvieron sobre todo una vida individual, una independencia muy amplia; y su libre federación —«hermandad»— estuvo casi del todo fuera del control de Castilla. Ésta, sin embargo, estrechó los lazos entre ella y el País Vasco a finales del siglo XIV; y la federación «de las marismas» había de aceptar la autoridad real bajo los Reyes Católicos. La unidad del reino castellano hacía de esta manera progresos, y a la vez el viaje en torno a la península se hacía más frecuente. Entre 1460 y 1470 se fundó en Cádiz el famoso colegio de los pilotos vascos, destinado a tener un papel de primera línea en la expansión naval de Castilla. Laredo se convirtió, con los Reyes Católicos, en el punto de concentración de las flotas, incluso para las expediciones proyectadas contra los turcos.

Viñas Mey puso brevemente de manifiesto —aunque haría falta un libro entero— la importancia fundamental para el futuro papel de Castilla de tener dos fachadas atlánticas, en el momento en que el Océano y el mar del Norte iban a convertirse en las grandes rutas del comercio internacional; la interacción entre este hecho y al auge progresivo de la demografía y de los capitales domina, entre 1350 y 1480, una historia que aún estaba por hacer en muchos puntos.

Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales quedó aclarado entre las dos fechas citadas: el bloque de las mesetas ibéricas, esa barrera continental que los caminos atraviesan con tanta dificultad, esa antítesis del istmo de la Galia, vio cómo se establecía, por vez primera desde la época romana, una red coherente de circulación, y de circulación norte-sur; la progresiva extensión de las rutas de transhumancia permitió que las lanas merinas llegaran, desde Extremadura o los campos de Calatrava, hasta los puertos del norte para ser embarcadas y servir a la gran industria flamenca. En esto radica el punto fundamental que permitió a la Castilla del interior participar en la economía internacional. Cabe decir que se trataba de una especialización; y de una especialización de país pobre, poco favorable a la agricultura, e incluso a la industria, puesto que se trataba de una exportación de materia prima. Esto no obsta para que favoreciera vigorosamente la circulación de bienes y la acumulación de capitales. Y esto desde antes del reinado de los Reyes Católicos.

La famosa corporación de ganaderos transhumantes —la Mesta— debió mucho, efectivamente, a Isabel y a Fernando; pero habrá que reconocer que no se lo debe todo al comprobar que el número de ovejas, en 1477, era ya de 2.694.000, y que esta cifra no había de ser superada, en el siglo XVI, más que por tres medias quinquenales (1516-1520: 2.955.000; 1526-1530: 2.892.000; 1546-1550: 2.712.000); el apogeo de la Mesta se produjo bajo Carlos V; pero la constitución de su potencia corresponde a mediados del siglo XV.

Había recibido sus principales privilegios bajo Alfonso XI, en 1347; y en esta fecha la exportación de lana hacia Inglaterra y Flandes se había iniciado desde hacía ya medio siglo. La progresión era pues lenta y segura desde hacía tiempo, y los privilegios recibidos eran tanto consecuencias como causas de los éxitos económicos de la especialización castellana. Incluso se estableció en Castilla una cierta industria de transformación gracias a la lana merina, puesto que las Cortes de los siglos XIv y XV dictaron una serie de medidas de protección, la última de las cuales, que preveía una limitación de la exportación a dos tercios de la lana en bruto, es de 1462.

Además, el comercio general se instaló también en el corazón mismo de la meseta, paralelamente al gran comercio de las lanas. La mejor descripción que tenemos de las ferias de Medina del Campo se funda en las Ordenanzas de 1421, confirmadas en 1439. Por último, sabemos también que los desplazamientos periódicos de los pastores a lo largo de las cañadas iban acompañados de transacciones comerciales de detalle que constituían un vínculo interregional de una cierta importancia, en una época de intercambios muy localizados y sometidos a reglamentos estrictos.

Pero si bien los favores de los Reyes Católicos tendían a privilegiar a la Mesta como corporación de ganaderos, también se concentraban en la función de intercambio que cumplía el organismo. Se autorizaba durante el desplazamiento la venta libre de ganado, así como los intercambios de toda clase de mercancías, aún contrarios a los reglamentos locales; este tráfico, en 1495, fue eximido de alcabalas; se suprimieron para él los puertos secos, o percepción de derechos de aduanas en las fronteras de los viejos reinos; los pesos y las medidas para las lanas fueron unificados. ¿Acaso fue seducido el espíritu político de los reyes por la idea de un mercado nacional único? Es muy dudoso, por lo menos de manera sistemática; pero la influencia del Honrado Concejo de la Mesta de Pastores iba creciendo sin cesar y coincidía con el deseo de organización real.

Para el comercio exterior, se tiene la misma impresión: aunque la Mesta, simple asociación, no tuviera en principio ningún papel comercial, hacía valer ante el rey el interés que tenía para todo el país la exportación de las lanas merinas, los ingresos de moneda que aseguraba y el crédito que proporcionaba a Castilla en Inglaterra y Flandes. Isabel accedió ante el argumento: dio privilegios a los mercaderes que comerciaban con La Rochelle, Londres, Florencia; hizo vigilar el estado de estos grandes mercados.

Los años gloriosos que precedieron y siguieron a la toma de Granada fueron fecundos en iniciativas para la organización del gran comercio: en 1483, reorganización de las ferias de Medina del Campo, y, a partir de 1488, primeros ensayos de otros centros comerciales para hacerles la competencia en la propia Castilla: Valladolid, Villalón, Medina del Rioseco; en 1493, creación del consulado castellano de Nantes, y sabemos que en esta época, en Saint-Malo, donde triunfan ya los ibéricos, se contaba en henriques y en reales; en 1494, fundación del Consulado de Burgos, intento de centralización del comercio lanero, cuyos beneficios los vascos iban a lograr compartir el año siguiente, gracias a sus protestas; en 1495 todavía el armamento castellano fue estimulado con subvenciones muy fuertes por encima de las 600 toneladas (1.000 maravedís por 100 toneladas), ya que eran preferidos los barcos pesados por razones militares; en 1497, aparición de la cabaña real de carreteros, destinada a crear, en los siglos siguientes, los grandes circuitos de transportes; en 1500, especie de acta de navegación de los Reyes Católicos que obligaba a cargar la mercancía castellana en naves castellanas, aunque las excepciones previstas prueban que la marina nacional no bastaba aún para toda la exportación de las lanas; en 1511 el Consulado de Bilbao doblará en la costa al de Burgos.

Este sistema de los consulados organizó, bajo la vigilancia real, el tráfico —la contratación— de la lana. Se formaron flotas (pronto dominadas por barcos castellanos) en los puertos cántabros y vascos; Burgos se anticipa entonces a los negociantes ingleses, franceses, flamencos, italianos, y al mismo tiempo a aquellas lonjas en que se amontonaban los alijos de lana merina, y de las que la de Segovia siguió siendo la más importante. Las transferencias se hacían en la feria de Medina del Campo, bajo la vigilancia de un comité en el cual el Consulado estaba representado, junto a los mercaderes y los ganaderos. En este sistema de control estrecho, de centralización de las operaciones de intercambio y de navegación mediante flotas organizadas, es importante reconocer el tipo de inspiración del que habían de originarse, por los mismos años, el monopolio sevillano, la Casa de la Contratación y el tráfico por convoyes, principios y fundamentos de todo el comercio de Indias.

Esta rápida floración, esta potencia creadora, que se manifestaron bajo el reinado de los Reyes Católicos, han hecho que a menudo se tomara como punto de partida del desarrollo de la potencia castellana la actividad legislativa de los años 1490-1500. Basta con remitirse a la cronología de la actividad naval de los puertos cántabros y vascos, a la historia de la Mesta en el siglo XV, a las fechas en que los castellanos se ganaron el primer puesto en las plazas flamencas a expensas de catalanes y aragoneses, para comprender que los favores de los Reyes Católicos (es una ley general) se orientaron hacia unas fuerzas ya creadas y no hicieron más que confirmar sus posibilidades futuras. Y análogamente, si se pretendiera hacer de la política económica de los reyes un «sistema» dirigista, monopolista, centralizador (¿qué no se habrá dicho a este respecto?), ¿no habría que confrontar en Amberes las formas comerciales de la actividad castellana, en las que dominaba una vigorosa iniciativa privada, con el comercio de los portugueses, fundado en el monopolio?

Es difícil poner en tela de juicio que en los confines de los siglos XV y XVI los éxitos castellanos, en todos los ámbitos, ponen de manifiesto un impulso espontáneo y de orígenes lejanos, gracias al cual una monarquía que tenía ambiciosos proyectos pudo encontrar en la Castilla árida y pobre, por lo menos durante algún tiempo, el fundamento material siempre necesario para un gran estado.

Pero, naturalmente, entre la construcción política de los Reyes Católicos y el conjunto de los fenómenos económicos, se interpone todo un complejo social, por desgracia bastante mal estudiado. Aquí no podemos hacer otra cosa que enumerar sus rasgos más característicos, y solamente, repitámoslo una vez más, para subrayar el contraste, en los albores de la época moderna, entre el momento histórico de Castilla y el momento histórico del Principado catalán.

El impulso de Castilla, en el siglo XV, no se reducía sólo al auge de una economía. Era también, y sobre todo, la transformación de un equilibrio social interno, que los Reyes Católicos vinieron a consagrar políticamente.

De los años 1270 a los años 1460, los infantes reales, los jefes de grandes familias, los prelados guerreros, los maestres de las Órdenes, todos ellos de elevada alcurnia, dominaron los destinos de Castilla. Pero el desarrollo demográfico y económico dio a las clases medias, y aun a las populares, una aspiración creciente a vivir y a mandar. Clases medias eran aquellos hidalgos y segundones sin fortuna que pasaron del bandolerismo y de la ociosidad miserable a los tercios del ejército castellano y a la aventura transoceánica. Clases medias eran aquellos clérigos entre los que Isabel eligió sus consejeros, sus confesores, Torquemada, Hernando de Talavera, Cisneros; y aquellos evangelizadores de las Indias como Las Casas; y aquellos estudiantes de Salamanca, y luego de Alcalá, y aquellos funcionarios de la incipiente Inquisición, todos tan distintos del medio de los Carrillo y de los Mendoza, prelados de cortes suntuosas, de intrigas dinásticas, de estocadas. Clases medias eran, por último, aquellas burguesías de ciudades aún modestas, no de Sevilla y su hervidero de negocios dudosos, sino de Valladolid, Segovia, Medina, Burgos, Toledo; las Cortes, políticamente menos libres, pero socialmente más democráticas en Castilla que en Aragón-Cataluña, se hacían eco de las aspiraciones de esas comunidades urbanas contra los escándalos de la corte, los gastos excesivos, los desórdenes de las carreteras, las exacciones de los agentes fiscales, los peligros corridos por la unidad religiosa (estos últimos agravios encubrían a menudo la envidia del comerciante y del artesano contra el judío y el moro); las milicias defendían el orden monárquico contra los grandes; la Hermandad de las ciudades era la forma originaria de la policía de los caminos. La propia Mesta, en definitiva, era cosa de las clases medias. Klein lo demostró con suma claridad. Dentro de la Mesta los únicos grandes propietarios eran las órdenes, sobre todo la de Calatrava. Cuando Fernando hubo afirmado su dominio sobre sus maestrazgos resultó aliado natural de los pequeños y medios ganaderos: puso todo el aparato del estado al servicio de los intereses de la Mesta, que a su vez se dejó controlar por el Consejo de Castilla; las medidas a favor del Honrado Concejo fueron resultado de una defensa muy coherente de sus aspiraciones colectivas. Incluso la expulsión de los judíos y de los moros de Andalucía puede situarse en la historia del largo conflicto entre ganaderos y recaudadores de impuestos locales, así como entre ganaderos y cultivadores de tierras cercadas. Puede apreciarse así hasta qué punto hay una confluencia de intereses y de sentimientos tanto en la invocación de Isabel y de Cisneros al orgullo cristiano-viejo, como en los grandes objetivos exteriores —Granada, Italia, África, las Indias— y la serie concreta de los privilegios económicos. Las clases aplastadas por la explotación —el campesino castellano y, sobre todo, el morisco andaluz— no tenían la palabra. Pero el estado castellano, en su fase de creación, tenía unas bases muy amplias. ¿Eran además duraderas? Esta es otra cuestión. Pero para juzgar los tiempos de prosperidad económica y de influencia política vividos por las clases medias castellanas, no hay que situar sus comienzos en el siglo XVI. Hay que remontarse a comienzos del siglo XV, e incluso al XIV.

El ejemplo catalán es casi exactamente el inverso; fue a comienzos del siglo XIV cuando se produjo una estrecha alianza de la monarquía y de la burguesía de las ciudades, de cara a un imperialismo a la vez político y económico, que tenía la otra ventaja de canalizar el espíritu de aventura y el sobrante de población: basta pensar en los almogávares. Pero el sistema, afectado por el despoblamiento irregular del campo, estaba enfermo desde 1380. A lo largo de todo el siglo se libró una misma lucha contra la crisis, sometida en sus pausas y en sus relanzamientos al ritmo marcado por unos ciclos e interciclos económicos más generales: la lucha de los privilegiados, sustentados jurídica y políticamente por sus privilegios.

La alianza de los señores de la tierra, del clero (que era el mayor de ellos), de los ciutadans barceloneses (ellos también detentadores en gran medida de la propiedad de la tierra), topó con el movimiento campesino a favor de la liberación de las personas y de la explotación libre de las fincas despobladas. Castilla, salvo quizás en la Galicia de los irmandiños, careció de conflicto equivalente, y ésta es una diferencia fundamental.

En la ciudad el choque tuvo lugar entre los ciutadans enriquecidos con los negocios, los rentistas, los comerciantes internacionales, y, por otra parte, los «artistas» y menestrales, campeones de la producción local: dos partidos que no concebían de igual manera ni la política monetaria, ni la política aduanera, ni la política municipal. Por breves momentos, en 1453, el rey garantizó a los no privilegiados el poder municipal. Pero las viejas clases dirigentes conservaron la Generalitat, representación del Principado, emanación de los tres estamentos. El organismo, en 1462, se consideró a la vez bastante amenazado y bastante fuerte para desencadenar la guerra civil. La monarquía, distanciada desde 1412 del ambiente regional, quiso ser árbitro y no supo hacer otra cosa que contemporizar. Las cuestiones, así, iban a resolverse por agotamiento: en 1486 el compromiso jurídico preparó en el campo la estabilización social; en 1491 y 1498 la reforma municipal aseguró el poder a una oligarquía inmovilista. ¿Qué importa? El tráfico catalán no era ya más que una veinteava parte de lo que había sido a principios de siglo; paro y emigración habían disminuido la producción a un volumen sin valor internacional. Cataluña retornaba a la economía local en el momento mismo en que Castilla se lanzaba a la vez sobre las rutas de Flandes, de Italia, de África y del Nuevo Mundo.

II

EL SIGLO XVI: 1492-1598.

CATALUÑA EN EL IMPULSO IMPERIAL

La historia del siglo XVI español —primera experiencia de ascenso de una potencia europea a dimensiones mundiales— es una historia aún incierta.

Exige primero atravesar la red de las reminiscencias. Demasiados autores antiguos enlazaron dos temas contradictorios en torno a este siglo: el de la maldición del oro y una laudatio temporis acti según la cual España alimentaba a 70 millones de habitantes, Sevilla hacía trabajar a 130.000 obreros sólo en la seda y las campesinas de Castilla la Vieja no hilaban nunca suficiente lana para Segovia.

El espíritu crítico reaccionó. No es casual que los dos historiadores capaces de denunciar, a partir del siglo XVIII, las ilusiones españolas sobre el pasado fueran los dos mejores conocedores de los archivos económicos peninsulares, Larruga y Capmany.

Hoy se recupera el hilo de sus objeciones. Larraz encuentra en la Castilla de 1500 los rastros imborrables del «raquitismo» económico medieval, Perpiñà Grau considera geográficas —dice «infraestructurales»— las debilidades materiales del centro ibérico. Henri Hauser, en una exposición sumaria del estado del mundo en los albores de la era española, afirma que la economía castellana se vio «dislocada», mucho antes del flujo de metales. Por contra, en lo que respecta al siglo XVII, Carrera Pujal (basándose en ejemplos regionales, pero bastante significativos) se ha negado a entonar el clásico estribillo de la miseria absoluta.

Admitamos que sería imprudente aferrarse a las viejas imágenes. Pero otras demasiado nuevas tendrían también sus riesgos.

No obstante, en este caso, las curvas de Hamilton están construidas con solidez. Desde la reforma de 1497 a la muerte de Felipe II en 1598, la solidez monetaria castellana no disminuyó ni un instante; y el alza de los precios, paralela a las llegadas del metal, fue de una regularidad impresionante. Casi año por año, el siglo XVI fue sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico, el «siglo de oro», o por lo menos el siglo de plata.

En teoría, pues, es más que probable que hubiera un florecer de la producción, de los intercambios, de la población, cuyo recuerdo llena los viejos textos. Pero ignoramos el nivel alcanzado y la fecha del apogeo. Sin embargo, nadie ha podido sostener que el florecimiento durara un siglo. ¿Cuándo y de qué manera la inflación de la moneda y el alza de los precios, primero estimulantes, pasaron a ser un elemento debilitador? El problema radica en esto.

Los lamentos de las Cortes permiten rápidamente percibir la inquietud. Al comienzo, eran lamentos de consumidores, expresados con bastante ingenuidad; siguió una cierta alarma; luego la descripción de una crisis cierta; de hecho, la opinión ilustrada española percibió las verdaderas causas del malestar en mayor medida de lo que Hamilton ha dicho, aun sospechando que fue así: el mecanismo teórico de la inflación, con Tomás de Mercado y Martín de Azpilcueta; y los peligros prácticos a los que se expuso la producción: el Memorial de Luis Ortiz en 1558 anunciaba la decadencia de la agricultura y la amenaza que pesaba sobre la industria.

Algunos hechos de envergadura resultan claros, otros simplemente probables. Los de menor importancia están entonces vinculados al desarrollo de los dos mundos, a la historia más general. ¿Desapareció del todo la pequeña Cataluña en este gran juego? Suponiendo que hubiera sido así, seguiría siendo aleccionador decir por qué.

Variaciones demográficas

La explicación del retroceso catalán podría perfectamente ser demográfica en primer lugar. Por desgracia, las bases para la investigación, en este terreno, no son seguras. ¿No era la inestabilidad el rasgo más característico de aquellas demografías antiguas, siempre amenazadas por la epidemia y el hambre? Bruscos cortes brutales; natalidad que contribuye rápidamente a compensarlo, pero de manera efímera; por último, movimientos entre ciudad y campo, tal vez masivos pero bilaterales; una ciudad puede vaciarse con ocasión de una crisis, de una peste, y tener poco después una población más numerosa que antes, debido a la atracción ejercida sobre las gentes errabundas y los hombres del campo inmediatamente después de las plagas; el caso de Barcelona, del siglo XV al XVIII, deja esta impresión. No hay que ser del todo escéptico cuando los textos indican plétoras y despoblamientos sucesivos. En cambio las cifras aisladas sólo deben utilizarse en las comparaciones con muchas reservas.

Una vez dicho esto, hay hechos demasiado ingentes para ser negados. Por ejemplo, el orden de magnitud de la población castellana en el siglo XVI, y el hecho de que creció por lo menos hasta 1570-1580, y tal vez más tarde. Tras las rectificaciones de Ramón Carande, se puede atribuir a los dominios castellanos una población del orden de los 6.300.000 para 1541, y de 6.700.000 para 1591. Como que en esas fechas los textos indican ya un «despoblamiento», no es exagerado creer que se alcanzó un máximo cercano a los 7 millones entre los dos censos.

Para Cataluña poseemos un censo detallado correspondiente a 1553 y comparable al de 1515 y al de 1497. Josep Iglésies ha publicado los principales resultados de su crítica de las cifras. Se pueden aceptar sus datos, por lo menos tan seguros como los de los censos castellanos. En cambio, ¿debe ser el coeficiente habitante-fuego el mismo que el coeficiente «habitante-vecino»? Esto es ya más discutible. Pero es seguro que 5 supone un cálculo por exceso más que por defecto. Ahora bien, para la Cataluña «estricta» (excluyendo el Rosellón, el Conflent y la Cerdaña), el fogatge de 1553 no da más que una orden de magnitud de 331.000 habitantes, usando el coeficiente 5, que representa un pequeño progreso respecto a 1515 y 1497, un retroceso respecto a las cifras del siglo XIV y un poco más de la veinteava parte de la cifra de Castilla y la veinticuatroava parte del conjunto de España. Pensemos que la Cataluña actual reúne la novena parte de la población española. Ruiz Almansa no se ha equivocado al subrayar la importancia del contraste entre el equilibrio de hoy y el del siglo XVI. Con 26 hab./km², la meseta de Castilla la Vieja era entonces no sólo el centro de gravedad político, sino también el centro de gravedad humano de la Península. Sería sorprendente que los dos hechos no estuvieran ligados. A comienzos del siglo XVI, el testimonio de Guicciardini sobre la debilidad del poblamiento catalán tiene más valor que para Castilla, porque la vía seguida por el viajero es justamente la que, un siglo más tarde, hará que Cataluña sea calificada de «pueblo continuo». Pero Guicciardini, en 1512, recorrió leguas enteras sin ver una sola casa. Sin embargo, creía (lo cual no carece de interés) que ese poblamiento poco denso explicaba la riqueza individual de los campesinos. Comoquiera que sea, nos las habernos con un país que aún no se ha recuperado —en cantidad e incluso tal vez en calidad— de las crisis de los siglos XIV y XV.

Por añadidura, si bien no disponemos de registros parroquiales que permitan estudiar detalladamente las crisis demográficas, no ignoramos totalmente lo que fueron en Cataluña en la primera mitad del siglo XVI, así como en la crisis aislada de 1589-1590. Recordemos que en 1501 una peste de siete meses produjo, sólo en la capital, 2.619 víctimas; en 1507 la escasez de alimentos acompañada por una peste hizo 86 muertos en febrero, 635 en marzo, 736 en abril, 1.595 en mayo, 396 en junio, con ligera recuperación en noviembre; en 1515 y 1519 la epidemia fue más leve (992 muertos en total para el año 1515); en 1520, de mayo a septiembre, las muertes se elevaron a 1.519, y en 1521 reapareció el mal; se le atribuyen más de 6.000 víctimas, con un máximo de 160 por día, con exclusión de los hospitales; no se cuenta con detalles sobre la cresta de mortalidad de 1525, en cambio para la de 1530 hay cifras: 6.174 víctimas en Barcelona.

Sigue una cierta pausa, que nos permite considerar el año del fogatge de 1553 como probablemente favorable. Hay que esperar a 1557 para volver a encontrar una crisis de la misma especie, cuyos estragos vienen computados en Barcelona por el Dietari de 1558: 4.114 defunciones. En cambio, las epidemias de 1560 y 1564 no revistieron el carácter de gravedad que a veces se les ha atribuido. Y la de 1580, aun cuando obligó a unos 20.000 barceloneses a guardar cama, no fue más que una gripe. Pero el récord trágico del siglo se alcanzó entre el 1.° de julio de 1589 y el 7 de enero de 1590. En Barcelona, 11.723 muertos. Las consecuencias, como veremos, fueron considerables.

El poblamiento de la capital plantea, a pesar de todo, problemas bastante particulares: menos de 5.000 fuegos en 1480, 5.847 en 1497, 6.432 en 1515, 6.392 en 1553; estas son las cifras de los censos admitidas por J. Iglésies. Pero la última es dudosa. Y sabemos que las otras pueden encubrir —como en 1507— fuertes pérdidas momentáneas; por otra parte, hubo una política de atracción hacia la ciudad mediante la disminución de las cargas fiscales de sus habitantes; en 1510 se formuló el deseo de ver disminuir también la fiscalidad general, porque «la tierra» —entiéndase, el campo— había perdido también muchos habitantes. La vitalidad propia de la capital era notable: tras el golpe sufrido en 1521, «se repobló», según se nos dice, en 1524. En 1542, para ahorrar hombres, Carlos V ordenó perfeccionar la fortificación de Barcelona y, en caso de peligro, abrir las puertas de este refugio a todos los habitantes de las zonas vecinas del Principado: en total estaban censados 25.298 «fuegos»; de ellos, 9.300 representaban la ciudad en sí misma; pero parece que en seguida la movilización impuesta para el trabajo en las murallas dispersó la población, lo cual suponía mucha inestabilidad. En 1551, contra una escuadra enemiga aparecida súbitamente ante la ciudad, acudieron a la playa 12.000 hombres armados, lo cual supone una población de por lo menos 50.000 habitantes. En 1552, los síndicos declararon a las Cortes que Barcelona estaba «más poblada que nunca»; no obstante, un año más tarde, ante la carestía de víveres, mucha gente del pueblo se marchó.

Pues bien, la segunda parte del siglo pareció, para la demografía barcelonesa, si no menos favorable por lo menos aún más agitada. El año 1558 inaugura una serie de 12 años de pestes, la primera de las cuales vació la ciudad: se vació en sus dos tercios, precisan los consellers (se trata, naturalmente, no de los muertos, sino de los huidos); después de 1560 se apela a la valentía de los habitantes, se les ruega que se queden; pero al miedo a la enfermedad se añadió el miedo a los turcos. Las medidas sanitarias llegaron entonces a ser tan severas que entorpecían el comercio hasta el punto de detenerlo sucesivamente, entre 1580 y 1584, con Marsella, con Génova, con Portugal, con Andalucía, con el norte, con Berbería. A pesar de esto —¿o tal vez a causa precisamente de esta vigilancia?— Barcelona era descrita como una ciudad brillante hasta el año 1589.

En este último año citado, no se libró de la plaga. La peste se abatió sobre la ciudad. Cuando estaba acabándose, en octubre, los consellers contaron las víctimas: 10.935; además, 6.000 fugitivos estaban a las puertas, pidiendo que se les dejara volver a entrar, porque habían agotado sus recursos; se les dejó entrar, a riesgo de una nueva catástrofe, que, afortunadamente, no se produjo; los muertos eran todos de clase baja; la gente acomodada había regresado lo más tarde posible; la desgracia comprometió varios grandes proyectos municipales, entre ellos el canal de Urgell. Estos proyectos estaban ligados a la fase de prosperidad inmediatamente anterior. La peste fue, pues, un factor que no debe subestimarse.

Las precauciones de las autoridades barcelonesas, sin embargo, lograron, en este terreno, una hermosa victoria a fines del siglo: la terrible peste de 1599-1600, que amenazaba el Principado simultáneamente desde Aragón, desde las costas de Levante y desde el mar (a través de los barcos procedentes de Andalucía) no estalló o se mantuvo benigna. No obstante, inauguró la crisis demográfica en el sur y el interior de la Península. ¿Fue acaso el comienzo de una inversión de las tendencias? Esto no quitaría nada a una constatación fundamental: en el curso del siglo XVI la densidad de la población catalana (sea cual sea el margen de error que pueda suponerse) no alcanzó la mitad de la densidad humana en los dominios de Castilla. Admitamos que, para explicar el eclipse catalán en las empresas imperiales, este contraste demográfico contó por lo menos tanto como una exclusión jurídica que tantos países extranjeros violaron tan pronto.

Cataluña en el imperio

En el plano del derecho, nada había cambiado desde el siglo XIII. A la muerte de Isabel, Fernando no fue más que rey de Aragón, como sus antecesores. ¿Aspiraba siquiera, en los últimos años de su vida, a la yuxtaposición de las coronas, objetivo de tantas combinaciones matrimoniales? Al casarse con Germana de Foix, trató de dar un heredero a Aragón, que no habría podido tener ninguna pretensión sobre Castilla. De 1504 a 1516 Cataluña no tenía realmente razón alguna para sentirse transformada en provincia.

Tras el advenimiento de Carlos V, la unión definitiva entre las coronas no afectó en mayores proporciones la autonomía catalana. Al contrario, ¡porque había tantas coronas...! Fue Castilla la que, en aquella ocasión, se mostró hostil e inquieta. El flamenco, recién llegado, se sentía más a gusto en Barcelona que en Valladolid durante los primeros años; halagaba a sus súbditos mediterráneos; la capital catalana, en 1519, fue punto de mira del mundo cuando Carlos, a la muerte de Maximiliano, se convierte en candidato al Imperio.

En el orden interior, los organismos políticos del Principado continuaban funcionando. El emperador, simple conde de Barcelona ante los ojos de los catalanes, con aparente satisfacción por su parte, reunía las Cortes para toda cuestión dinástica, para toda recaudación de dinero. La Diputació del General, salida de las Cortes, conservó su papel de representación política y de percepción fiscal. El Consell de Cent sentía tener las mismas responsabilidades que en la Edad Media y enviaba al rey sus embajadores directos. Los extranjeros eran sensibles a aquel particularismo ostentoso: decían que los catalanes eran «dos veces más libres» que los castellanos, y dispuestos a defender con energía esta libertad.

Así aparecía el derecho y el aspecto exterior de las cosas. En la práctica, ¿estuvo Cataluña alguna vez más sometida a sus soberanos que en el siglo XVI? No es que estuviera tranquila; había los bandoleros y todo lo que representaban. Pero estaba sin vigor políticamente. En dos ocasiones su actitud pudo molestar al poder: al comienzo del reinado de Carlos V, cuando la rebelión castellana de los comuneros y el movimiento social valenciano y mallorquín de las germanías; y a finales de siglo, cuando Aragón opuso resistencia a Felipe II con motivo del asunto de Antonio Pérez. Pues bien, en ambos casos la posición de los organismos representativos catalanes fue más que prudente: la carta de los procuradores de Valladolid al Consell barcelonés, en demanda de apoyo para las comunidades castellanas, fue prudentemente entregada al rey; y si el mensajero no fue detenido, fue para no poner en peligro las personas y los bienes de los mercaderes catalanes que comerciaban en Castilla. En 1591, con motivo del asunto de Antonio Pérez, aunque se tratara entonces de la defensa de los fueros, los catalanes dejaron que la represión se abatiera sobre Zaragoza, vertiendo «muy cálidas lágrimas». ¿Cómo interpretarlo: como sumisión de gente satisfecha o de gente demasiado débil?

Entre 1516 y 1530 es posible que la opinión catalana —la que podía expresarse, es decir, la de los grupos organizados— esperara mucho de la potencia de Carlos V. Se esbozó una colaboración. El Consell no cesaba de pedir la presencia del príncipe, o de virreyes enérgicos, capaces de poner orden en los caminos y de defender la costa contra los piratas. Pero el emperador, demasiado ocupado, hará recaer sobre el Principado la carga de aquella defensa. Desde entonces, las Cortes, con motivo de cada petición de subsidio, regatearon ásperamente su aportación; en las de Monzón, en 1533, las relaciones llegaron a ponerse muy tensas. Los soberanos tenían consciencia de que pedían poco a sus dominios no castellanos; pero éstos tenían la costumbre de considerar sus ayudas financieras como algo aplicable a sus propias necesidades. Bajo Felipe II se afianzó definitivamente la desconfianza entre poderes regionales y poder real: la monarquía centralizada del Escorial dejó intactas, por supuesto, las autonomías clásicas; pero no por ello el Consejo real, el Consejo de Aragón (compuesto al gusto del rey), los virreyes dejaron de tomar decisiones sobre las grandes cuestiones, y su hostilidad contra las pretensiones de las representaciones regionales era espontánea: se produjeron muchas querellas de preeminencia y, además, algunos serios conflictos de principios, de temperamentos, de intereses incluso.

Así, cuando los asuntos de Nápoles y Sicilia fueron separados de los de la Corona aragonesa, de hecho lo que se castellanizaba era el viejo edificio mediterráneo catalán: las Cortes de 1564 protestaron. Fue en vano. En las Cortes de 1585, cuando el rey puso término bruscamente a las sesiones, unos embajadores de la ciudad se lanzaron en pos de él, de ciudad en ciudad, sin llegar a obtener audiencia. El asunto Antonio Pérez siguió a esta humillación. La sumisión manifestada en esa ocasión por los catalanes fue, pues, el reconocimiento de una debilidad, no la de una fidelidad satisfecha.

Fernando, pese a los choques, consideró siempre el Principado como el corazón de sus dominios; Carlos V, antes de haber medido la importancia del Océano, hablaba aún a veces de la preeminencia de Aragón; con la burocracia de Felipe II, los asuntos de Cataluña cayeron decididamente en la indiferencia administrativa. La represión del bandolerismo, la seguridad en las costas —es decir, el tipo de cosas que tanto importaba a los hombres de orden del Principado—, se resolvían mediante algunas instrucciones a un virrey, aplicadas unas veces brutalmente, otras descuidadamente; en cuanto a los medios, se dejaba a la voluntad de los propios catalanes el ponerlos. Pero ellos no ponían los necesarios, dando así testimonio de su debilidad. La «unión» de las ciudades contra el bandolerismo fue un proyecto perpetuo; la organización de una flotilla, aún modesta, contra el corso parecía superar sus posibilidades. ¡Qué lejos estamos del tiempo en que consellers y diputados eran almirantes en sus propias flotas! A su servicio podían encontrarse en las Drassanes una o dos galeras envejecidas...

Pero vayamos con cuidado. Esta impotencia interna del Principado no significaba que ya no contara. En la medida en que el Mediterráneo seguía siendo una frontera —sumamente múltiple y viva— del joven imperio español, Barcelona (así como Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Palamós) formaba parte de las preocupaciones permanentes de los hombres encargados de la política naval. En particular, las Drassanes barcelonesas estaban directamente (a pesar de algunos recuerdos protocolarios de antiguas costumbres) en manos de oficiales del rey. Y he aquí que la actividad del barrio marítimo de Barcelona, el poblamiento mismo de la ciudad, el acarreo por las carreteras de la cadena costera y el que seguía por los valles hacia los Pirineos, todo esto y mucho más dependía de proyectos y necesidades que no nacían ya entre Santa Maria del Mar y el Palau Major, sino en Bruselas o Innsbruck, en Londres o El Escorial. La actividad desplegada no por ello es menos importante: en 1527 la flota de Carlos V para Italia fue construida en Barcelona; entre 1528 y 1535 se preparó la gran expedición de Túnez; se empezó a la vez la construcción de hasta cincuenta galeras; las atarazanas eran del siglo XIV y no podían construir más de diez a la vez; otras quince fueron montadas directamente en la playa; otras veinticinco en el resto del litoral catalán; si se hacía venir a especialistas de Génova, de Valencia y de Vizcaya era más por falta de personal que por olvido de las tradiciones (Barcelona había construido aún las galeras del rey en 1506); en 1542, 1545, 1547, la actividad de Barcelona, según testimonio de algunos textos, se había orientado en gran parte hacia la fabricación del material naval; hasta 1552 se alzaron voces lamentando los peligros de la deforestación provocada por los responsables del armamento marítimo. Entre 1562 y 1564, Felipe II confió a su vez a Barcelona la construcción de las galeras destinadas a la expedición de Orán. En 1585, cuando visitó el arsenal, éste estaba en plena actividad, y acababa de dar salida, por vez primera, a dos buques destinados a la «navegación a las Indias». No hubo, pues, «decadencia marítima» de Barcelona en el siglo XVI. Pero la actividad se había vuelto esencialmente militar y dependiente del rey. ¿Se interrumpieron los pedidos reales? El hecho es que apareció el paro, con reflujo de los obreros. La administración real no era, efectivamente, de una fidelidad permanente: ¡Cartagena tenía tan buen puerto! ¡Y la Costa Brava tenía unos refugios tanto más seguros! Por último había los peligros de la peste. Los consellers suplicaron al rey que reanudara la construcción naval. Pero éste no siempre escuchaba las súplicas. Y, sobre todo, las concepciones de sus oficiales no eran las de los ciudadanos y mercaderes. Estos deseaban perfeccionar el puerto ante su propio barrio, el barrio comerciante, entre la tasca o banco de arena exterior, y la playa de Santa María. Los militares querrían el puerto en la marisma de San Beltrán, delante de las atarazanas; este conflicto, que hizo que los trabajos se prolongaran, es muy simbólico.

Barcelona ya no era la capital organizadora. Sus arsenales eran el instrumento de un poder lejano. Soldados y dirigentes eran ajenos a los intereses regionales. Se les acusaba de haber talado en el Principado (¡y de haber vendido!) una cantidad de árboles algo mayor de lo que habría sido necesario.

Por último, ¿qué habían de rendir económicamente aquellas expediciones? ¿Acaso la esperanza, tantas veces frustrada, de alguna tregua en la ruinosa actividad, entre Túnez y Lepanto, de los corsarios berberiscos o turcos? Pero, en lugar de victorias dudosas y de una guerra agotadora, ¿no valdría más, como en la Edad Media, el compromiso? La alianza del turco con el francés fue la verdadera causa de la ruptura entre Barcelona y sus mercados de Oriente. En tiempos de Alfonso el Magnánimo había quien se atrevía a decírselo al rey; pero ¿quién se habría atrevido a decírselo a Felipe II?

Exclusiones jurídicas y actividad práctica

Con el paso cerrado hacia Oriente y políticamente anulada, ¿no podía la actividad de los catalanes volverse, económicamente, hacia otros ámbitos? Es habitual decir a este propósito, pensando en las Indias, que esta salida les fue vetada jurídicamente. Hay que examinar este punto. Porque implica un corolario importante en los albores del período contemporáneo. En la renovación española del siglo XVIII, los puertos catalanes no habrían recuperado su plena actividad más que a partir del día en que los castellanos —en 1778— rompieron definitivamente las batretas erigidas en el siglo XVI para el comercio con América. Ya se comprende que la historia no es tan simple; y que la ruina o la fortuna de una región no depende unilateralmente de una cláusula de tratado o de una decisión burocrática. Ya veremos de qué manera en el siglo XVIII una eclosión espontánea de fuerzas, en Cataluña y en otras partes, iba a sortear lentamente, y a hacer saltar en definitiva, aquella barrera del monopolio. Como la habían sorteado ya, desde la época de Carlos V, para abrevarse en las fuentes mismas del oro, los flamencos, los alemanes, los genoveses, los ingleses, los franceses, unos a través de la aventura, otros a través del corso, otros mediante la banca y otros, por último, mediante el simple comercio. Entre una situación de hecho y otra de derecho eXIsten muchos matices posibles: el famoso monopolio castellano sobre las Indias estuvo lejos de ser, incluso jurídicamente, un absoluto. E inversamente, los privilegios catalanes sobre las plazas de África del Norte, solemnemente proclamados, confirmados, renovados, no les ahorraron, en el siglo XVI, ni vejaciones ni trampas. Y los favores que dieron en la práctica los soberanos españoles a sus banqueros y a sus marinos genoveses perjudicaron tal vez más a lo que subsistía de la actividad catalana mediterránea de lo que la habría perjudicado una exclusión teórica. Los catalanes protestaron. ¿Acaso no habían seguido siendo marinos, acaso no se habían convertido en banqueros?

Para gentes audaces, el monopolio castellano no habría presentado, en efecto, un bloque sin fisuras. Era ya demasiado medieval en su concepción misma para no resultar atacable como privilegio particular. Había, además, dos monopolios muy distintos: el de la inmigración y el del comercio.

El monopolio de la inmigración deriva de la soberanía política sobre los nuevos territorios. Castilla y Portugal, bajo el arbitraje pontificio, se repartieron el mundo del Océano. La ausencia de los aragoneses en el tratado constataba simplemente una ausencia real; los tratados de reparto medievales habían también dispuesto de África sin tener en cuenta a los portugueses. Naturalmente, el temperamento castellano es espontáneamente bastante exclusivista, nacionalista avant la lettre; la Conquista fue expresada en forma de proverbio: «A Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón». E Isabel, en 1496 y más tarde en su testamento, reservó expresamente el poblamiento de las Indias a sus súbditos de Castilla. Pero, de 1493 a 1496, años en que la emigración alcanzó sus cotas más altas de libertad y espontaneidad, todos los españoles hubieran podido abrirse un camino. Después de la muerte de Isabel, Fernando habla y actúa como si la mitad de las Indias perteneciera a Aragón. Carlos V, como es sabido, dio mediante privilegios particulares el derecho de colonizar en las Indias a flamencos, alemanes y genoveses. ¿Se lo habría negado a los catalanes, sobre todo en el período idílico de sus relaciones con Barcelona (1516-1530)? De hecho, en la Recopilación de Leyes de Indias, algunos textos estipulan inequívocamente la igualdad de derechos, con respecto a la inmigración a las Indias, de los súbditos de Castilla y de Aragón. No hubo pues monopolio estricto del paso a las Indias. Si en las listas de pasajeros la España mediterránea estuvo poco representada, pensemos en su debilidad demográfica: en parte fue el derecho, pero no sólo el derecho, lo que la eliminó de la competición.

Otra cosa es el monopolio comercial. Este no deriva ya de una soberanía política, sino de una concepción —muy medieval— de un tráfico privilegiado, concentrado para asegurar su control. Como la contratación de las lanas en Burgos. Y, en Sevilla, la contratación del comercio colonial. No había nada extraordinario en ello; y si los demás puertos —castellanos, aragoneses o extranjeros— podían tener algún día el deseo de comerciar ellos mismos directamente, la única vía abierta iba a ser la solicitud de un privilegio del mismo tipo. A decir verdad, pasó mucho tiempo antes de que tal tendencia se manifestara. No se percibieron inmediatamente, ni de lejos, las posibilidades del mercado de las Indias. Sólo después de 1520 afluyeron de todas partes las demandas de comercio directo. Barcelona formuló la suya en 1522. No fue aceptada. Pero no fue la única. En 1529 Carlos V hizo un gesto descentralizador, a favor de los ocho puertos castellanos, dos de ellos mediterráneos; de hecho el privilegio otorgado no tenía que ver más que con la salida directa de los barcos, y no con su retorno de las Indias; lo que interesaba a la monarquía era el control de las llegadas del metal; y como que las concesiones de 1529 abrían la puerta al fraude, fueron revocadas casi en seguida. Porque para un control (aun imperfecto) de las llegadas, el monopolio sevillano era aún la mejor de las soluciones. En cuanto al complejo comercial que mandaba la contrapartida en bienes al flujo metálico, la «Universidad de mercaderes» de Sevilla gozaba de mucha mayor libertad para organizarlo. Pronto los hombres de negocios de toda Europa supieron que no hacía falta ir hasta las Américas para captar sus tesoros; los aventureros podían intentar si querían la caza al galeón y el contrabando; la verdad es que instalar buenos agentes en Medina del Campo o un buen establecimiento en Sevilla, a la larga, daba casi el mismo rendimiento. Así fue como Sevilla, que era un extremo del mundo, se convirtió en su centro, dice Tomás de Mercado, en una descripción que conviene releer a menudo.

Sin embargo, este extremo del mundo había sido muy conocido por los catalanes de la Edad Media. ¿No podían lograr en él una buena situación, igual que los franceses o los alemanes? No dejaron de acudir, y los encontramos en Cádiz, en Sevilla, así como en la ruta norte-sur, en Medina del Campo, en Medina del Rioseco, en Villalón, en Valladolid. El desvío sevillano no impedía a un mercader barcelonés entenderse con un fabricante de sombreros de la ciudad para enviar a América medias y todos los productos de calcetería, de manera que el hijo del artesano iba a tomar directamente en la colonia la representación de la compañía. Este precioso contrato, sacado de los archivos notariales de Barcelona, no era una excepción en el siglo XVI, como ha demostrado M. Otte. Pero los muy grandes beneficiarios del tesoro de Indias fueron los que dieron anticipos a los reyes sobre la base de esta garantía inmensa; y los barceloneses habían olvidado desde fines del siglo XIV este papel de banqueros de sus soberanos; y de esta manera habían perdido no sólo ocasiones de obtener ganancias, sino también medios de influencia.

Esto no era menos importante. Porque si bien hemos querido condenar una fórmula simplista —«el comercio de Indias prohibido a los catalanes»— no es para subestimar los obstáculos materiales opuestos por el sistema del monopolio a las empresas barcelonesas. Ni los caminos ni la navegación costera, entre Barcelona y Andalucía, eran demasiado recomendables en el siglo XVI. Y sobre todo la burocracia sevillana era un verdadero embrollo para los mercaderes sin influencia, pequeños y medios. El funcionario castellano no manifestaba, con toda seguridad, ninguna simpatía espontánea por el catalán, más extranjero a sus ojos que otros extranjeros, dotados de un crédito más poderoso. Cádiz y Sevilla rechazaron la instalación de un cónsul que representara los intereses colectivos del comercio barcelonés, pese a unas tradiciones no obstante seculares. Lo que habría que poner en tela de juicio era, más que un sistema jurídico, una aplicación del mismo. Esto puede verse con claridad a través del ejemplo vecino que ofrece el África del Norte.

África había interesado a comienzos de siglo al Consell y al Consulado barcelonés más que las Indias; seguramente también le había ocurrido lo mismo al rey Fernando. En las Cortes de Monzón, en 1510, al conocerse en plena sesión los éxitos de Argel, de Tlemecén y de Trípoli, los diputados habían votado, llevados por el entusiasmo, un subsidio al rey de 500.000 libras, y se había hablado de subyugar al turco, de anexionar a la Corona de Aragón Jerusalén y Constantinopla: último resplandecer del sueño medieval. Los beneficios inmediatos no eran nulos para los mercaderes de las plazas de la Corona: el rey les daba autorización para comerciar con los puertos de África del Norte, tanto los conquistados como los que seguían siendo infieles. Pero a partir de 1511-1512 los funcionarios españoles pretendieron recaudar sobre los catalanes el derecho del 50 por ciento aplicado a las lanas extranjeras. En 1515, el Consell barcelonés tuvo que reclamar por segunda vez la aplicación de las franquicias prometidas en 1510. En 1517, un barco catalán quedó bloqueado en Cartagena, bajo pretexto de que el comercio de Berbería había sido puesto en asiento en manos de un tal Alonso Sánchez (estos «asientos» de monopolios comerciales eran la ambición perpetua en el entorno de los soberanos); en 1524, un negociante catalán, Cornet, y un patrón mallorquín vieron cómo sus barcos eran tratados como enemigos y sus tripulaciones apresadas, en Argel, por la guarnición española. Los castellanos, en una Berbería hostil, consideraban que el comercio con el Infiel —y en particular con Barbarroja— era condenable. Sin embargo, ateniéndose al privilegio, varias veces confirmado, de que gozaban los mercaderes catalanes, el emperador les dio la razón. Pero, ¿cuántas protestas no llegó a costar?

Más aún: la vieja querella Génova-Barcelona para los mercados de Nápoles y Sicilia se resolvió en el siglo XVI a favor de Génova, y ocurrió así por voluntad de los reyes de España, a quienes los Doria ofrecieron su flota y los banqueros fuertes anticipos en dinero. Lo que conocemos de este episodio se refiere, sobre todo, como de costumbre, al aspecto aduanero, sobre el que se ajustan las reclamaciones oficiales; en 1531 la mercancía que iba de Castilla a Génova fue liberada, para su embarque en Barcelona, del 6 por ciento fijado por Fernando; en 1536 el emperador eximió los paños exportados por Génova del derecho del 20 por ciento en Sicilia y en Nápoles; en 1537 las Cortes hicieron condenar este privilegio; Carlos V hizo oídos sordos; en 1547 los catalanes se lo reprocharon con amargura. ¿Era el problema sólo aduanero? En Aragón mismo, Génova procedió a un verdadero acaparamiento de la lana. Por su baronía de Flix, en el Ebro, Barcelona trató de controlar esta corriente comercial. En 1591 tuvo una expresión significativa de enojo: la flota de los Doria no hizo los saludos reglamentarios ante el puerto; la artillería disparó; y el Consell hizo expulsar de Barcelona a todos los genoveses. Solución radical pero sin continuidad. ¿En virtud de qué derecho han actuado los barceloneses?, preguntó Felipe II. Pronto fue instalada de nuevo la colonia genovesa. La influencia de Génova —marina, banca, gran comercio lanero— se sobrepuso a un interés español convertido, a los ojos de los reyes, en puramente local.

Renunciemos, pues, a la imagen de una Cataluña ahogada por el centralismo castellano y por la exclusiva colonial. Su actividad no se vio debilitada por causas jurídicas. Pero para sortear las prohibiciones, para aprovechar las ventajas, para romper las rivalidades y para captar los favores, le faltaron los capitales y las fuerzas que tanto abundaban en Castilla, Flandes, Alemania, Génova. En el siglo XIV el Principado dirigía su destino. En el siglo XV se debatió contra él. En el XVI, al no tener ya ninguna baza para apostar fuerte en el gran juego de la economía, tuvo que aceptar una postergación como factor político.

La participación catalana en las corrientes comerciales del siglo XVI

«Barcelona depone su cetro», decían los viejos historiadores. Y el siglo XVI desaparecía en su obra; esto era tratar demasiado a la ligera la continuidad de la historia. Barcelona nunca ha sido una ciudad muerta. No sólo gracias a la actividad, perceptible, de la construcción naval, externa a sus iniciativas propias, sino también por el comercio propiamente dicho, que nunca se extingue del todo. En lo que respecta a la producción, por lo menos para la trilogía continuamente citada en los textos —draperia, cuyram, ferro obrat—, el Principado participa entero en estas actividades, con mayor o menor vigor según los momentos; Gerona y Perpiñán se beneficiaron ampliamente, durante la crisis barcelonesa, de su moneda depreciada y de la proximidad de la frontera francesa; ambas ciudades (sobre todo Perpiñán) llegaron a ser fuertes núcleos de industria de paños; en la Cataluña central, hasta niveles muy elevados en zona montañosa, trabajaban pelaires y tejedores; el hierro catalán adquirió una importancia seguramente relacionada con el desarrollo de las necesidades militares.

Ha bastado pues asomarse a los textos para demostrar que no hubo eclipse total del Principado en el siglo XVI en el terreno de la economía. Recuperación a partir de la década 1490-1500, afirmó Vicens Vives; importante participación en el gran comercio de Castilla y de Andalucía, añadió Carrera Pujal. Pero, ¿a qué nivel?, ¿y en qué fechas?

Si reconstruimos, según los registros del periatge, la evolución del tráfico marítimo catalán entre 1500 y 1600, en moneda de cuenta, algunos hechos notorios se desprenden inmediatamente:

1) Hasta 1525 el tráfico catalán por mar se mantuvo al nivel, o por debajo del nivel, de las cifras peores del siglo anterior (si se tiene en cuenta el tenor de la libra o con relación al ducado de 1493: 2,29 g). Además, esta secuencia de los valores (única que permite ver el periatge, percibido ad valorem) no mide en realidad el movimiento de los intercambios más que si se confronta con el movimiento general de los precios, los cuales, de 1502 a 1525, subieron de manera moderada pero ya sensible. De ahí resulta que el estancamiento de las cifras del periatge representa en realidad una disminución de tráfico.

2) En 1525-1526 un salto vigoroso de las cifras indica un año fecundo. Corresponde en la documentación municipal a una serie de menciones con las que se marca el renacer de las iniciativas: si bien la solicitud de tráfico directo con América, en 1522, no fue aprobada, encontramos en cambio, en 1526, barcos catalanes en el circuito de Cádiz, donde iban a buscar las pieles llegadas de las Indias para la industria barcelonesa del cuero; el mismo año fueron nombrados titulares para varios consulados: los de Venecia, Palermo, Siracusa, y por último Málaga, uno de esos puertos castellanos mediterráneos que se estaban enriqueciendo primero por el tráfico con África y después con la exportación de lanas castellanas y trigos andaluces.

No obstante, el nivel de los intercambios no era todavía muy elevado. A partir de 1525-1530, en que alcanzó el nivel de los precios, no ascendió, hasta 1577-1578, más que paralelamente a este último. Esto quiere decir que el volumen de los productos intercambiados casi no creció.

3) El año 1579-1580 inauguró por fin una fase de verdadero auge. El índice del tráfico superó bruscamente el índice de los precios; y estamos en presencia, sin duda, de un fenómeno nuevo, favorable a una reanudación del desarrollo. El Principado vuelve a ocupar una primera fila en el gran comercio internacional. Es una lástima que nos falten cifras correspondientes a los últimos años del siglo, para tener la seguridad de que el salto hacia adelante fue duradero, tal vez decisivo. La cifra aislada de 1605-1606 puede hacerlo pensar. Pero puede hacerlo pensar aún más la disminución de la tasa de periatge, que pasó, entre 1580 y 1605, sucesivamente de 1 a 0,8 y a 0,6. Esto es una prueba indudable de que su rendimiento aumentaba sin cesar.

El tráfico barcelonés en el siglo XVI

Años

Tráfico

(libras catalanas)

Índice

(base 1572-82: 100)

Índice precios españoles

(base 1571-80)

1502-1503

133.500

39,3

35

1521-1522

140.000

41,3

43,3

1522-1523

136.500

40,3

50,1

1523-1524

135.000

39,7

48,3

1524-1525

143.000

42,1

48,5

1525-1526

193.000

53,9

50

1526-1527

199.000

58,6

49

1529-1530

192.500

53,8

53,3

1530-1531

138.500

40,8

55

1548-1549

281.000

82,9

66,6

1549-1550

277.000

81,6

70

1551-1552

171.000

50,5

69,5

1553-1554

240.500

70,5

71

1557-1558

130.000

38,4

79

1559-1560

257.000

75,7

79

1572-1573

385.000

113,7

98,5

1573-1574

302.000

88,9

99,6

1575-1576

294.000

86,6

103

1576-1577

304.000

89,2

96

1577-1578

319.500

94,1

95

1579-1580

391.500

115,3

108

1581-1582

380.000

110,6

103,5

1582-1583

642.500

183,2

106,6

1583-1584

645.000

190,0

108

1585-1586

539.375

158,8

110,1

(1605-1606)

645.800

190,1

145

(1605-1606)

645.800

190,1

145

Esta división del siglo, desde el punto de vista del tráfico marítimo, en tres fases —depresión, estabilización sin pena ni gloria y reactivación vigorosa— ¿corresponde a unos fenómenos generales que podamos precisar?

a) Hasta 1529-1530 hay que intentar conciliar dos constataciones aparentemente contradictorias: por una parte, la crisis del comercio mediterráneo; por otra parte, una impresión de relativa prosperidad, registrada desde los años 1493-1500 y más aún en una primera parte del reinado de Carlos V. Algunas menciones yuxtapuestas de nombres catalanes en Alejandría, en Berbería, en Nápoles, en Sicilia, no pueden disimular que el comercio mediterráneo del Principado no se reconstituyó y desempeñó en la vida de Barcelona un papel «cada vez más limitado». ¿Por dónde penetró, pues, la relativa prosperidad?

Un hecho, a primera vista paradójico, abre el camino a una posible explicación: Sicilia y Cerdeña, en los siglos XIV y XV, eran clientes estupendos para los productos catalanes elaborados, en particular para la pañería; ofrecían en contrapartida, y como flete de retorno, los trigos para el aprovisionamiento de la capital. Pero he aquí que, en los últimos años del siglo XV, Barcelona buscó en otra parte su aprovisionamiento de trigo: en el interior de la Península. Vicens primero se sorprende, porque no ha encontrado —según dice— más mención que la del coral como producto para los intercambios con el interior. Pero los documentos municipales no registraban necesariamente todas las corrientes comerciales. El hecho de que vayan hacia Aragón o Medina del Campo paños, cordellats y curtidos catalanes ni siquiera necesita ser subrayado.

Por lo demás, si tuviéramos alguna duda, dos gestiones de la municipalidad catalana nos mostrarían el interés manifestado por los productores y los mercaderes catalanes por la feria de Medina: en un caso, a partir de 1481, se trata de la solicitud de exenciones de derechos; en el otro caso, en 1492, se trata de solicitar a la reina Isabel que admita catalanes como si fueran sus súbditos directos; ambos casos no dejan la menor duda sobre la corriente de mercancías Cataluña-Castilla. En cuanto a la corriente Castilla-Cataluña, supone no sólo cereales, sino también lanas, que los genoveses empezaban a exportar y que Barcelona quería retener. La compra de trigo en las dos grandes islas mediterráneas debió dejar de ser económicamente remunerador, puesto que en 1511 hay testimonios de que los mercados siciliano y sardo eran indigentes en el flete de retorno: se pide autorización para traer de allí, tras la venta de las mercancías, el oro y la plata en barras o en moneda. Las facilidades de transferencia en la feria de Medina del Campo debieron de jugar también su papel en este cambio. El eclipse catalán en el Mediterráneo tuvo no sólo su compensación, sino sin duda también una de sus causas en la atracción del oeste.

b) Entre 1526 y 1575 el fenómeno adquirió precisión, pero siguió siendo inestable.

Está claro que el foco de la «negociación y contratación» barcelonesa, entre 1530 y 1560, no estaba ya en el Mediterráneo, sino en las ferias de Castilla: esto se dice sin tapujos en las representaciones a las Cortes de 1534, en las Cortes de 1537; en 1550 una carta de los consellers describía al emperador los intereses catalanes involucrados en aquellas ferias «donde residen habitualmente muchos nativos de esta Villa, para recibir y vender los paños y otras mercancías que proporcionan estos reinos de vuestra Corona de Aragón, y también para depositar las monedas cambiadas de aquí en estas ferias, pues es éste el comercio más seguro que pueda ofrecerse en los tiempos actuales [...]».

En 1553, en las Cortes de la Corona de Aragón, Barcelona se pronunció contra una expresión de nerviosismo que tuvieron en 1552 las Cortes de Castilla: prohibición de las exportaciones y reexportaciones de tejidos, con la esperanza de detener la inquietante alza. Pero si el Principado no podía admitir tal medida era porque

del presente Principado y de los condados del Rosellón y de la Cerdaña acostumbran a salir cada año gran cantidad de paños hacia el dicho reino de Castilla, la mayor parte de los cuales son adquiridos allí por los portugueses y otras personas para llevarlos a Portugal y a las Indias, tanto a las de Vuestra Majestad como a las de Portugal, Islas Canarias y otros lugares. Y la parte de los mencionados paños que se exporta así fuera del reino de Castilla es tan grande que, de cada cuatro piezas de paños que van de nuestro país a aquél, tres toman luego ese camino; solamente el sobrante se vende en Castilla [...].

Así queda caracterizada la importancia que adquirió, hasta más allá de mediado el siglo, el mercado de las Indias para la producción catalana, y ésa fue la vía por la que se alcanzó este mercado. Las súplicas de Barcelona para obtener un cónsul en Cádiz y Sevilla demuestran que la vía marítima no era ignorada: y había vías mixtas, por Almería y Málaga, donde existían consulados catalanes.

Así pues, Castilla, en su apogeo, desempeñó para Cataluña el mismo papel que para los otros países extranjeros.

Sin embargo, aparece una fuerte diferencia entre esta primera fase moderna de la economía catalana y la fase medieval: sólo la industria parece revivir (o resistir) con algún esplendor; el gran comercio, la finanza, el armamento marítimo habían perdido su preeminencia.

En efecto, si hubo un terreno en el que el siglo XVI catalán pareció creador fue el de las corporaciones artesanales: nuevos gremios artesanos, nuevas cofradías nacieron, ya sea de actividades nuevas, ya sea de la renovación o del desdoblamiento de algunas viejas: gremios de los sombrerers (fabricantes de sombreros, que iban a desempeñar, sobre todo en la exportación, un papel no desdeñable), gremio de los cutxillers, de los velluters, de los teixidors de vels, de los galoners, de los guadamacilers, de los cordoners, de los torners; otros se reorganizaron, se dotaron de ordenanzas, en particular los pelaires, los teixidors, los abaixadors de Terrassa y de Sabadell; otros se construyeron en la capital hermosas mansiones. Los textos de la época repiten a menudo que si el comercio sobrevivió en el Principado fue gracias al negoci de panyeria. Pero no había sólo la pañería: forjas y molinos se multiplicaron en el siglo XVI a lo largo de los ríos y torrentes de montaña. El hierro catalán se exportaba muy lejos; la armería de Ripoll prosperó bajo Carlos V. Las pieles trabajadas llegaban hasta las Indias; y el jabón —del cual se pretendía, a comienzos de siglo, que sólo se fabricaba en Génova— era producido en 1537 por los catalanes, que lo destinaban a Portugal, donde se intercambiaba con el producto colorante llamado «brasil»; por último, se multiplicaron los hornos de vidrio, y la mayor parte de los hermosos productos de vidrio del arte popular catalán que hoy se conservan son del siglo XVI.

Por esto, a partir de aquel momento la industria era la que llevaba la voz cantante en la defensa de la economía: contra las barreras aduaneras con las que rodeaba, mediante los «puertos secos», el mercado castellano; en defensa de las que Barcelona había erigido alrededor de Sicilia y Cerdeña; ya no se advertía, en la política económica de la ciudad y del Principado, la interferencia de los intereses puramente comerciales y especulativos; en el propio municipio barcelonés se dibujó una tendencia favorable al artesanado, cuyo reforzamiento en el alto Consell fue solicitado.

Hay algunas reservas que hacer, sin embargo, al optimismo de este panorama.

Por una parte, sería abusivo hablar de gran industria; más aún de grandes industriales, aunque se designara con esta expresión a comerciantes o capitalistas que controlaran una parte importante de la producción; el único caso que tenemos descrito viene denunciado por los propios catalanes como abusivo: se trata del caso del habitante de Perpiñán, Fabra, cuya compañía había integrado las producciones de los pelaires roselloneses para asumir luego el arrendamiento de los «puertos secos» de Castilla, donde trataba de reservar a sus mercancías el paso, elevando simultáneamente los derechos ordinarios del 3,5 al 10 por ciento; a menudo tenían lugar también casos de «acaparamiento» por parte de genoveses (aunque se trataba sobre todo de acaparamientos comerciales y especulativos de lanas); si los catalanes «acapararan» todos, encontraríamos seguramente huellas del fenómeno en las respuestas a sus protestas, o en las Cortes de Castilla. Lo que destaca es su escasa habilidad para defenderse. En Medina, en Cádiz y Sevilla, en los puertos secos y en las plazas marítimas castellanas, parecían siempre no tener razón. Contra los genoveses también, como ya hemos visto. Si se veían postergados, no era como catalanes: el caso de Fabra lo indica. No hay duda de que carecían de fuerza, tanto colectiva como particular. Aquellos productores sin envergadura ya no tenían los medios de acción de los mercaderes y de los banqueros de antaño.

La ausencia de una finanza y de un gran comercio se explica bastante bien. Las ferias de Castilla no eran el Oriente. ¿Cuántas mulas albardadas, cuántos carros hacían falta para acarrear el peso y el valor enormes que dos siglos antes eran transportados por los flancos de una sola coca?

Ahora bien, en el mar dominaba la inquietud. Los corsarios eran dueños hasta de las costas; y el «Comercio» barcelonés no tenía nunca bastantes recursos para armar contra ellos; esperaba en vano las iniciativas reales. Curiosamente (prescindimos de toda explicación), las cifras del periatge se hundieron con las malas cosechas, que se repitieron, a mediados del siglo, siguiendo un ritmo decenal bastante regular. Capmany fechaba en 1535-1538 la decadencia marítima definitiva de Barcelona: esta impresión, poco fundada, debía de corresponder a algunas observaciones. La más importante es la siguiente: en 1535 llegó a Barcelona el primer barco inglés; ningún navío catalán, a partir de entonces, fue más allá de Cádiz.

¿En qué medida las primeras dificultades aparecidas en el mercado castellano y sevillano, su saturación por productos extranjeros, la disminución final de la actividad de las ferias, en Villalón, en las dos Medinas, pudieron tener repercusiones sobre la prosperidad catalana? Habría que reexaminar comparativamente toda la serie de las causas económicas de esta decadencia. En Cataluña, como en Castilla, la prosperidad industrial debió de llegar a su apogeo cuando los textos oficiales no hacían mención de ella. Porque cuando nos la describen, ya después de 1535 y sobre todo después de 1550, lo hacen siempre con una especie de nostalgia, una inquietud, una sed de protección, en que se pone de manifiesto el tránsito, lento y progresivo, de una era de facilidad a una era de dificultades, de amenazas. Con la crisis decisiva de las ferias de Medina, que puede situarse en 1564-1574, ¿iba pues Cataluña, entorpecida en su segundo mercado, a hundirse más que nunca?

c) De 1570 a 1590 se produjo todo lo contrario. En la década 1570-1580 tuvo lugar una recuperación, y en el año 1582 un verdadero salto, en aquellas cifras del periatge que medían, por lo menos aproximadamente, el tráfico catalán por mar. El Principado tuvo suerte: se produjo un relevo, como el que había tenido lugar en sentido inverso a comienzos de siglo; relevo del oeste interior, esta vez, por el este marítimo. El comercio mediterráneo recuperó el primer puesto en la actividad económica barcelonesa.

Aún hace poco tiempo este restablecimiento podía parecer misterioso, mal explicado por lo menos.

Todo se aclara a la luz del magistral capítulo en que Fernand Braudel, describiendo el mundo mediterráneo en la segunda mitad del siglo XVI, ha reconstituido un cambio de orientación fundamental bajo muchos conceptos: entre 1566 y 1580 la corriente de los metales preciosos establecida, por obra de España, entre las Indias y Europa, abandonó el eje Laredo-Amberes como camino de salida de la Península, reconstituyéndolo, casi inmediatamente, entre Barcelona y Génova. Esto no es más que el esquema, naturalmente. El fenómeno tenía mayor amplitud, mayor complejidad.

En los dos primeros tercios del siglo XVI, los tesoros metálicos derramados por los galeones y las flotas en las arcas de la Casa de Contratación no se quedaban, como es sabido, ni en Sevilla ni en la Península. Tanto para cubrir las operaciones comerciales de los extranjeros como para cubrir las deudas de los soberanos españoles, se encaminaban (pasando, las más de las veces, por las ferias de Castilla la Vieja) hasta los puertos cántabros y vascos, desde donde alcanzaban Amberes, el gran centro redistribuidos.

Pero en 1566 estalló la rebelión de Flandes. En 1568 los corsarios ingleses se lanzaron a una persecución sistemática de las zabras vizcaínas que transportaban la plata de España. En 1574, por vez primera, una flota se pudrió en los puertos cántabros antes de haber podido hacerse a la mar. Si Europa seguía aspirando a acceder ampliamente a las ubres del flujo metalífero, y si los reyes de España querían pagar sus deudas (no podían estar siempre en quiebra), había que buscar otra vía distinta al Océano. La vía terrestre, por Francia, era larga, y pasaba por un país poco seguro, dividido, pronto enemigo. A partir de 1570, en cambio, la gran guerra contra los turcos permitió abordar —o en todo caso ampliar— la experiencia de una vía mediterránea para la moneda. En esta nueva vía, ¿quién había de desempeñar el papel de Amberes?

Los genoveses no habían dejado, desde comienzos de siglo, de ser banqueros, prestamistas. Lo habían sido en Sevilla y en la propia Amberes: fue su colonia en esta ciudad la que sintió y advirtió con mayor claridad el sentido de la ruptura de las vías oceánicas. ¿No podía ofrecerse Génova como nueva plaza de redistribución? En todo caso, hacia ella iban a dirigirse pronto los barcos cargados de ducados, de escudos, de reales, sobre todo de reales, ya que la década 1575-1585 marca la fase más pródiga en metal blanco, un verdadero «diluvio».

A partir de entonces será, pues, en Génova donde se financiarán las operaciones de Flandes, donde se pagarán las deudas para con los Fugger, donde se reunirán los tesoros que el castillo de Milán guardará en reserva; a través de Génova un raudal de plata se desparramará hacia Besançon, hacia Francfort, hacia Italia sobre todo, más desbordante de dinero, más «floreciente» que nunca, hacía aquella Italia cuya decisión de haber aceptado la hegemonía española a cambio de tal prosperidad merecía la aprobación de algunos.

Pero ¿dónde quedaba Barcelona en todo esto? Fernand Braudel ha unido su nombre al de Génova en el símbolo del «eje» económico nuevo. Ya no se puede dudar, después de su demostración, de que pasó un raudal de dinero, en el último tercio del siglo XVI, por el litoral que entonces servía de puerto a la ciudad catalana (una playa batida por los vientos, que tal vez en su precariedad hallaba feliz protección frente a los corsarios). Desde 1566 fueron a embarcarse a esta playa hacia Italia dieciocho cargamentos de dinero; en 1577, cuando Juan Andrés Doria fue allí a cargar de moneda una galera entera, anunciaba tiempos verdaderamente nuevos; entre 1584 y 1586 nuestra documentación se hace abundante: en enero de 1584 dos galeras llenas de dinero parten de Barcelona para Génova; en junio es una flota la que zarpa, con un millón en oro, otro en plata y un tercero en letras de cambio; en abril de 1585 se embarcaron para Italia 400.000 escudos; en mayo, 1.200.000 en más de cuarenta galeras italianas y españolas; «además de esto», en el mismo momento, setenta y seis cargamentos de plata llegan de Zaragoza. Y el movimiento no se detenía...

Con todo, una cuestión queda pendiente en torno a lo que estamos tratando: ¿en qué medida Barcelona, y el Principado, se beneficiaron de aquella posición de tránsito? Transporte oficial por tierra, galeras al servicio del rey: ¿podía esto aportar más que las ganancias de una simple etapa, derivadas de la estancia de carreteros, marinos y soldados? ¿Había en el movimiento dinerario Castilla-Italia algún elemento capaz de reconstituir los marcos de una gran plaza comercial?

Las cifras del periatge responden ya a estas cuestiones. Este derecho no se aplicaba a los fondos del soberano transportados por las galeras a su servicio, y pensemos que si se hubiera aplicado, el movimiento registrado sería de varios millones. Ya es bueno que este derecho, aplicado pues sólo al comercio privado, se doblara, y más aún, en el curso de una década. Esto confirma que las galeras de Doria cargaban también para gentes particulares. Éstos, también, tras la ruptura de las vías atlánticas, habían tenido que resolver los mismos problemas que el tesoro real. Navíos de comercio grandes y pequeños se llevaban también el dinero castellano de Cataluña a Liguria, al mismo tiempo que las mercancías clásicas (azafrán, coral, hierro y paños): una tartana catalana destinada a Marsella y Génova, que naufragó en 1588 en las costas del Lenguadoc, llevaba, de un cargamento estimado en 30.000 escudos, además de azafrán y diversas mercaderies, 15.000 libras en monedas castellanas de a ocho y de a cuatro. Sería sorprendente que estos transportes de metal, reiterados y multiplicados, no hubieran dejado algunos restos a su paso.

Por esto, tras estas constataciones, vacilamos menos en aceptar el elogio hecho a Barcelona por Philippe de Caverel, de estilo convencional, pero tal vez sincero, escrito en 1582, en plena reanudación de la actividad. Las Excelencias de Barcelona, de Dionís Jorba, fechadas en 1589, formuladas con tanta ingenuidad que los patriotas más ardorosos apenas se han atrevido a apoyarse en ellas, recobran así algún valor. Cuando Jorba recuerda la descripción de Marino Siculo, de comienzos de siglo, y añade: «y si entonces se dixo con verdad, quanto aora que tiene tantas riquezas [...]», aporta una interesante indicación de cronología económica. Cuando precisa que la ciudad no tiene ni un vagabundo, ¿se habría atrevido a hacerlo en época de depresión, de paro? Cuando cita productos de lujo, más que de masa —cuchillos finos, mantas ligeras de lana, guadamacils de cuero labrado, coral, cristal comparable al de Venecia—, coincide con un texto oficial de fecha apenas anterior, por el cual nos enteramos de que la actividad textil ya no se limitaba a los paños: terciopelos, piezas de raso, adamascados se producían desde entonces tanto en Barcelona como en Valencia. Por último, cuando Jorba habla de la armonía entre ciudadanos, no nos sonriamos: 1585 es el año en que la oligarquía municipal aceptó junto a sí una representación mayor de los artesanos; la prosperidad apaciguaba viejas rencillas.

Una memoria de 1620 había de admitir que en el curso de medio siglo (desde 1570, pues) 60 casas de comercio barcelonesas habían hecho fortuna. Y añadía:

Muchas personas que hoy aún viven han visto, hace algo más de cuarenta años, cuando navegaban las naves raguseas, Juliana, Fogasota, Severona y otras, a los mercaderes catalanes cargar una de ellas dos veces al año, una vez en mayo y otra en septiembre, enviándolas a Palermo cargadas con mucho hierro y paños; se ha llegado a ver la nave Fogasota cargada con 7.000 quintales de hierro y 1.200 balas de paño y otras mercancías, y el cargamento valía 260.000 escudos; todo el dinero era de gente del país; no había entonces dinero extranjero ni perteneciente a extranjeros [...].

En 1585, el Consulado barcelonés presentaba a las Cortes un informe que pudo parecer contradictorio: el pesimismo habitual entre aquellos contribuyentes desconfiados se matiza con el tiempo de los verbos y los adverbios precautorios: producción y comercio están «casi» perdidos, pero «cesarán» (el extenso párrafo está en futuro) si no se combate a los corsarios; por el contrario, el fragmento que describe la actividad pañera y la construcción naval está en presente, y no en pasado, como solía ocurrir antes. Otra cosa: ya no se hace alusión, esta vez, al comercio de Medina y de Castilla; Sicilia es de nuevo el principal mercado. En 1591 otra memoria empezaba así: «Siendo nuestra ciudad el paso de Castilla hacia Italia [...] ». Y no a la inversa. El cambio de eje está tanto en los textos como en las cifras.

En 1589, el Consell de Cent tomó la iniciativa de grandes proyectos: construcción y mantenimiento de seis galeras municipales, creación de un banco, construcción de un puerto artificial y del canal de Urgell ( ¡sueño catalán que no llegará a hacerse realidad hasta 1860!). Llegó la terrible peste y todo esto se quedó en el papel. ¿Era sólida y definitiva la innegable resurrección catalana de los años 1570-1590?

Los límites de la recuperación catalana en el siglo XVI

No debería sobrestimarse.

El término cómodo «eje Barcelona-Génova» no ha de hacer creer que las dos antiguas rivales habían llegado a alcanzar un papel equivalente. Si Génova reconstituyó en el Mediterráneo la función redistribuidora de Amberes, Barcelona en cambio no tenía en España ni las ventajas de Sevilla, ni siquiera las de Burgos o Bilbao, basados, desde hacía mucho tiempo, en el comercio privilegiado de la lana en bruto. Barcelona se benefició de su papel de escala, sin que nada se le reservara: ni favores, ni especialización. Cartagena, Málaga, Valencia, por su parte, pudieron captar —y captaron— una parte de la corriente, oficial o privada, seguida por el dinero de España.

Por último, y sobre todo, no era indiferente, para un centro comercial, hallarse en la vía que seguía el dinero de las Indias, a la salida o a la llegada, en España o fuera de ella. En la medida en que participaban en el fenómeno español, Barcelona y Cataluña afrontaron los peligros de una inflación debilitadora después de haber sido estimulante; en la medida en que escapaban al fenómeno español, evitaron la dislocación completa de su economía.

Pero, ¿cómo precisar «en qué medida» tenía o no lugar aquella participación?

Problemas comunes de Cataluña y Castilla

a) El alza de los precios de coste. El alza de los precios del siglo XVI afectó a España antes que a Europa y, en España, antes a Andalucía, luego a Castilla la Nueva y en último lugar a las regiones costeras mediterráneas.

En el curso del alza de los precios se estableció un margen enorme, en Europa —como sucedió en Francia e Inglaterra, por ejemplo—, entre salarios y precios. Este margen en España fue más pequeño.

La explicación global dada a este fenómeno, confesémoslo, necesita algunas puntualizaciones más. El verdadero esfuerzo de investigación debería orientarse hacia la demografía y la ocupación de los hombres: no hay duda de que la emigración a las Indias, la atracción de la Iglesia y, sobre todo, la del ejército, privaron a la actividad empresarial de los hombres más activos; ¿cuál fue el valor final (no me atrevo a decir marginal, por miedo a sembrar ilusiones sobre el grado de precisión accesible) de la mano de obra puesta a disposición de la producción? El rendimiento debió de ser bajo. La empresa española, por el estado de inferioridad al que se vio sometida, no pudo mantener entonces —habría que precisar a partir de cuándo— el impulso que inicialmente se le había imprimido: fue expulsada del mercado interior, así como del mercado colonial, por la competición extranjera.

Situar a Cataluña respecto a estos fenómenos es algo sumamente delicado. Están por hacer todos los estudios sobre precios y salarios, y es previsible que la falta de documentación impida conocer muchas cosas. Pero Valencia —cuya situación geográfica y jurídica es próxima a la de Barcelona— sugiere algunas probabilidades. En Valencia el alza de los precios fue menos rápida que en Andalucía y Castilla antes de 1550, más rápida después de 1550, y muy particularmente después de 1578. Este contraste debe de ser por lo menos igual de acentuado, y seguramente más, que en el Principado catalán, donde ya hemos visto la importancia que tuvo el viraje de 1570-1580.

En lo relativo a los salarios, apenas subieron en Valencia durante la primera mitad del siglo. Pero dieron dos saltos considerables, entre 1550 y 1560 y entre 1570 y 1580. Al comprobar que el precio del tejido, en 1580-1600, llegaba al índice 238, tomando el precio de 1501-1530 = 100, uno se da cuenta de que en la España mediterránea los precios de coste industriales habían llegado a ser onerosos, a finales del siglo XVI, frente a los precios extranjeros.

La debilidad demográfica podía hacerlo prever. Y muy particularmente en Cataluña: si Barcelona, en 1589, «no tiene vagabundos», si el campo catalán contrata a jornaleros franceses, es poco probable que estén, en lo que respecta a sus precios de coste, en una posición favorable frente a la competición extranjera.

El impulso de la producción catalana, en la primera mitad del siglo, pudo ser modesto pero sólido mientras el país se mantuvo, frente a la demanda castellana y americana, en una posición de país «extranjero», escasamente afectado por el alza de los precios de coste. En cambio, en el último cuarto de siglo, vivió el salto más brusco causado por la inflación del dinero. Pero es dudoso que pudiera beneficiarse de ello en el mercado internacional de modo duradero, a falta de una mano de obra barata, de la que, en cambio, dispusieron otros países de Europa.

b) Exportación de artículos alimenticios y precios agrícolas. Hay un aspecto del problema económico español del siglo XVI que suele pasar desapercibido. Entre los factores alcistas que suelen citarse a propósito de la revolución de los precios en el ámbito hispánico, se habla relativamente pocas veces de la exportación. Sin embargo, en lo que atañe a los productos agrícolas —sobre todo cuando se trata del vino y del aceite, pero también, hasta cierto punto, en lo que se refiere a la harina de trigo—, influyó fuertemente la atracción del mercado de Indias, donde los precios eran muy altos.

Más sorprendentes son las compras en España de productos alimenticios y particularmente de trigo por parte de países europeos, por ejemplo mediterráneos. Fernand Braudel ha insistido en la sed de cereal del Mediterráneo occidental en la segunda mitad del siglo XVI, y sobre el papel de España como proveedora. Papel que para nosotros es paradójico, pero que no lo habría parecido en el siglo de los Antoninos. ¿Acaso Andalucía y Castilla están destinadas a convertirse en graneros en cada «edad de oro»? El trigo parece haber sido, junto con la lana merina, un elemento del comercio exterior con balance favorable en la Castilla de los Reyes Católicos y de Carlos V. Fue en aquella época cuando Barcelona dejó a su proveedor siciliano, como hemos visto, para dirigirse al interior de la Península.

La paradoja aparece con el alza de los precios españoles. ¿Por qué razón esta alza no acabó con las exportaciones de trigo? Porque el juego de las competiciones estaba falseado por otros factores: tarificación de los precios interiores, necesidades de los ejércitos, especulaciones de los proveedores y de los banqueros de la Corona, disparidades monetarias.

Estas consideraciones son lo que nos sugieren las discusiones entre los virreyes de Felipe II y Barcelona a propósito de la exportación de cereales.

Barcelona, que se arruinaba para asegurar a su población suministro de pan a precios baratos, no podía comprender que se exportara trigo de España. Pero el trigo salía incluso de Cataluña, donde, sin embargo, cada vez había de plantearse más seriamente la cuestión del aprovisionamiento: el puesto que llegó a ocupar el Urgell en las preocupaciones barcelonesas muestra hasta qué punto el suministro interior cobraba importancia; y el llamamiento a los trigos del norte exigirá un tiempo de adaptación; en los años de mala cosecha 1590-1591, Barcelona no logrará hacerse con cuatro barcos cargados de trigo procedentes de Hamburgo más que por la fuerza y la astucia: iban destinados a los Estados pontificios. Se comprende que tratara de aplicar por lo menos a los cereales catalanes su viejo privilegio vi vel gratia, que era la requisa.

Y no se trataba exclusivamente de las necesidades excepcionales de los tiempos de hambre. El conjunto de los productos alimenticios era objeto de exportación.

Las condiciones reales del comercio interior darían sin duda la clave del enigma. En las ciudades españolas la reglamentación de los precios era tradición; y las administraciones no se resignaban al alza. De esta manera llegó a ser muy desventajoso para los campesinos y para los que podían acaparar parte de las cosechas vender los cereales, el aceite y el vino en los mercados habituales. Por esto se producían las maniobras de los «revendedores», denunciadas con energía tanto por la documentación barcelonesa como por la de las Cortes castellanas.

Para el trigo —que constituía un comercio de masa— los especuladores se situaban más arriba, y más lejos. Los más importantes estaban naturalmente involucrados en el suministro de las flotas y de los ejércitos, así como en la adjudicación del «bizcocho» de las galeras. Por último, había una buena razón para que se perpetuara la situación: si la exportación de los productos de primera necesidad estaba prohibida en principio, los virreyes podían conceder licencias. La expresión «licencias de exportación» no nos extraña hoy en día. Virreyes y funcionarios se llevaban buenas tajadas. Y he aquí el tono en que se expresaban los consellers de Barcelona en las correspondencias extranjeras, con motivo de la crisis alimenticia de 1590:

La ciudad ha oído decir que los genoveses, bajo el pretexto de fabricar el bizcocho para el suministro de las galeras, cargan trigo para Génova; y se oye decir que el genovés Spinola, que se encarga de la fabricación del bizcocho, habría tomado domicilio en el puerto de la mencionada ciudad de Tarragona, lo cual da motivos para sospechar y creer que lo que se dice es bien cierto; carga mucho trigo para Génova; y según parece, con el acuerdo de algunos de la mencionada ciudad, ha hecho provisión de grandes cantidades de trigo que ellos le ayudarán a cargar.

Pero tiene autorización para ello, dice el gobernador. ¿Para qué cantidad?, pregunta Barcelona. ¿No la habrá rebasado?

Los arrieros se burlan, diciendo que saben ya lo que puede hacer la ciudad en virtud de sus provisiones; no quieren cargar para ella, puesto que muchos particulares les ofrecen un precio más alto; y por miedo a que hagamos requisar los trigos, los mandan cerca de Tarragona; en connivencia con los patrones que cargan de noche, hacen llevar el grano al puerto y embarcar; al día siguiente zarpa el barco; y es sin duda lamentable ver cómo el precio del trigo sube cada día [...].

Así pues, la responsabilidad del movimiento de larga duración se debe a la venida de la plata. Pero entre la voluntad de resistencia y de reglamentación manifestada por las ciudades y las exigencias de los suministros militares y de los mercados mediterráneos, quedaba un amplio margen para los especuladores. En este sentido, las Cortes de España no eran siempre tan ingenuas como a veces se dice. El «acaparador» de los viejos textos, como el trust de hoy, se inserta en un proceso económico natural: esto no quiere decir que sea un mito.

A largo plazo, si comparamos los precios del trigo (referidos a su tenor en plata) de Castilla la Nueva y de Valencia en el curso de los cuatro cuartos del siglo XVI, obtenemos el siguiente cuadro:

Períodos

Índice de Castilla la Nueva

Índice de Valencia

1501-1525

100

100

1526-1550

149

130

1551-1575

212

199

1576-1600

327

344

La distancia entre los precios interiores y los precios mediterráneos del trigo, pues, parece reducirse a mediados del siglo y crecer a finales. Esto concordaría con la nueva orientación del flujo monetario y con las dificultades crecientes del suministro en el Mediterráneo.

El alza de los precios del trigo en Barcelona fue a la vez menos clara y menos contrastada que en el centro de la Península. Estas divergencias iban a reaparecer en el siglo XVIII.

Ahora bien, un alza secular menos acentuada y unos ciclos menos brutales sugieren la eXIstencia de condiciones favorables para la agricultura. El aceite, el vino y las vituallas de todas clases, atraídos por los mercados exteriores y por las compras de los ejércitos, pudieron rendir mucho.

En contrapartida, cabe preguntarse si no se vio afectada la industria. Y si no se aprovechó el extranjero de la situación. He aquí la segunda cuestión que convendría resolver.

c) El papel de los extranjeros. Barcelona ante los genoveses. El papel de los extranjeros fue espectacular en Sevilla.

El rey y sus prestadores deducían una parte importante de la masa de plata llegada de Indias; pero una parte aún mayor iba a parar al comercio. El comercio, es decir, el trueque de esta plata por mercancías en el cual los extranjeros jugaban con ventaja, puesto que sus mercancías habían sido producidas en países menos afectados (o afectados menos rápidamente) que España por la subida de los precios. Sin embargo, no era verosímil que el comercio exterior pudiera limitarse a la venta: tenía que buscar fletes de retorno, cubrir necesidades, disimular las salidas de plata, siempre restringidas por la ley. Acabamos de ver de qué manera adquiría trigo. El hierro vasco y catalán, la lana castellana y aragonesa fueron también objeto de compras masivas, a unos precios que no se atrevían a ofrecer los tímidos productores españoles. En los dos sectores tradicionalmente barceloneses —la construcción naval y la pañería— observamos la posición de inferioridad de la producción catalana ante la rivalidad genovesa.

Durante mucho tiempo, en el siglo XVI, Barcelona no tuvo dinero para construir sus propias galeras. Pero si el rey se hubiera comprometido a alquilarle una flota, como hizo con los genoveses, la ciudad se habría lanzado de nuevo a trabajar en la construcción naval; en 1585, en un momento de optimismo, hizo cálculos: quince galeras alquiladas por el rey a 6.500 escudos anuales aportarían al presupuesto municipal 25.000 escudos; pero los genoveses debieron de haber preparado una atmósfera poco favorable a la demanda barcelonesa:

Se burlan de nosotros aquí, escriben los síndicos, porque reclamamos galeras sin tener dinero con que pagarlas; pero lo que nos maravilla es la actitud de los que ponen así en duda nuestras capacidades, porque para tomar galeras en arriendo, como hacen los genoveses, no hace falta demasiado dinero [...].

Durante los años inquietos de 1590-1591, cuando Barcelona dirige sus ataques contra los exportadores de trigo, también se ve empujada a denunciar las especulaciones —nuevamente las especulaciones genovesas— sobre las lanas aragonesas. Los que encabezaron el ataque fueron los pelaires, los teixidors de llana, los tundidors, los velers, los passamaners catalanes. Ellos serían también los que habían de provocar, con un pretexto fútil, la expulsión de los genoveses de la capital. El acaparamiento y la especulación estaban vinculados al hecho monetario.

d) Buena y mala moneda. Pese a algunas crisis momentáneas y a periódicas jeremiadas, la situación monetaria en Barcelona en el curso del siglo XVI no fue mala. La ciudad mantuvo, en este dominio, una celosa autonomía. A menudo se dice que Carlos V acuñó allí, en 1535, los primeros «escudos» destinados a tener una carrera brillante. Esto es falso, en la medida en que aquella masa de oro sirvió exclusivamente para la expedición a Túnez. Barcelona prestó su Seca, pero se negó a admitir las monedas, a la vez por su tenor inferior al del ducado y por prurito de afirmación de su privilegio local. De hecho, igual que en el siglo XV, la ciudad desconfiaba del oro real y se aferraba a la estabilidad de su sistema autónomo: plata y vellón. En este ámbito obtuvo, entre 1513 y 1553, un resultado notable: emitió en once veces una masa de vellón —cobre con fuerte aleación de plata— de 44.500 marcos, considerable habida cuenta de la escasa población del Principado, y sin que esta moneda se devaluara: era la época en que la producción catalana encontraba salida hacia Cádiz, Sevilla y Medina del Campo. El vellón alimentaba los fondos de circulación, el pago de los obreros, de los artesanos, de las provisiones diarias. Los beneficios, en buena moneda, iban a acumularse a la Taula de Canvi, entonces muy próspera, y de la que sabemos que, a finales de siglo, detentaba una importante reserva en viejas monedas de oro: pacifichs y «ducados» (razón de más para situar antes de 1535 el buen momento de la atracción castellana).

La primera crisis monetaria fue ligeramente posterior a la mitad del siglo. En 1553 banqueros y cambistas privados empezaron a ofrecer primas para los pagos en oro y plata. La ciudad condenó esta práctica; ordenó que fueran respetadas las tarifas legales: 24 sueldos para el ducado, 21 para el escudo, 24 dineros para el real castellano, aragonés o catalán. Pero desde entonces la fabricación o importación de vellón falsificado o de plata rebajada adquirieron tal envergadura que las medidas oficiales resultaron ineficaces. En 1556, al intentar una retirada brusca de moneda para su refundición, la ciudad y el virrey tuvieron que enfrentarse a un motín popular. Sin embargo, la tranquilidad se restableció demasiado de prisa para que quepa pensar en un trastorno profundo.

El hecho es que Payson Usher ha fechado en 1577 la verdadera crisis monetaria barcelonesa, sin tomar en consideración los precedentes. Para ese año el Ceremonial de Bruniquer registra cuatro protestas municipales contra la circulación de moneda mala. Pues bien, ¿no fue 1577 precisamente el año en que se perfiló ya claramente el desvío de la plata española hacia el Mediterráneo, con Barcelona como etapa principal? La relación es sorprendente. Allí donde abunda la plata castellana atrae la especulación monetaria. Este era el reverso, para Barcelona, de las ventajas de su nueva situación.

Desde entonces no dejó de hablarse en todo momento de moneda «trasquilada», «cercenada», «atesorada» o «tesoriscada» (cortada «a la tijera»), feta ab falsos encunyes, boscatera, curta, o simplemente extranjera y de escasa ley. La riqueza del vocabulario es característica de la amplitud y de la diversidad del fenómeno.

Barcelona se negó durante mucho tiempo a confirmar con medidas de derecho esta devaluación de hecho.

Sólo en el último año del siglo XVI hubo una devaluación oficial: al evaluar el trenti de oro a 60 sueldos, se rebajó el tenor-oro de la libra catalana de 2,94 a 2,32 gramos. En 1600 Barcelona acuñó cobre puro. Cataluña entró, como Castilla, por la vía de la inestabilidad monetaria. ¿La seguirá también hasta el fin en la de la inflación?

e) Fracaso de Barcelona como plaza de cambio. Mientras tanto, y sin abandonar aún el siglo XVI, advirtamos un último obstáculo en la vía del renacimiento comercial de Barcelona: la mala organización de los cambios.

A partir de 1572 se multiplican los textos relativos a este problema: consultas, memorias del Consulado, decisiones del municipio, demandas de privilegios al rey y al papa. En principio, se trata de encontrar una fórmula de adaptación al motu proprio de Pío V sobre el ejercicio de los cambios, del cual sabemos que carecía de la suficiente claridad en las distinciones. ¿Tratábase de escrúpulos de conciencia y de temores hacia una Inquisición siempre temida por parte del comercio barcelonés? Esto seguramente desempeñó algún papel.

No obstante, es dudoso, incluso ateniéndose a la lectura de los textos mismos del Consulado, que el obstáculo fundamental viniera de la prohibición religiosa. Porque si las dificultades empezaron, en 1572, con la aplicación del motu proprio pontificio, la fecha corresponde también al cambio de orientación que sustituyó las principales transacciones catalanas de Castilla por las de Italia. Pero el Consulado era tajante: «con los cambios que antiguamente eran usuales para Valencia y para Castilla se negociaba con una comodidad mucho mayor que después con los cambios de Lyon [...]».

En tiempos de las ferias de Medina del Campo, casi nunca había dificultades ni quiebras; el intercambio de las materias primas por productos manufacturados entre Valencia, Zaragoza, Barcelona y Castilla se compensaba en Medina del Campo, o, al margen de las ferias, mediante letras a ocho días vista en cada plaza. ¿Eran tal vez negocios mediocres? Pero, en todo caso, con pocos riesgos.

Hacia 1570 Castilla perdió el primer puesto en los asuntos catalanes; en 1575, las ordenanzas sobre los cambios proyectados por Barcelona decían claramente:

considerando que la mayor parte de la pañería que se fabrica en la presente ciudad y en el Principado se exporta por mar hacia la isla de Sicilia y otros lugares de Ultramar, pañería con la que se visten y se mantienen los habitantes de la mencionada isla de Sicilia y otros lugares de Ultramar, de tal manera que si esta pañería no se exportara estos países se verían muy afectados, al carecer de la abundancia de lanas y de la pericia en el trabajo y la elaboración de los paños que poseen la presente ciudad y el Principado; y considerando también que la mayor parte del producto de esta pañería que se exporta hacia los citados países de ultramar es remitida por vía de cambios a las ferias de la ciudad de Lyon, en Francia, de donde los negociantes no pueden retirar el mencionado producto más que tomándolo a cambio para las mismas ferias [...].

Ahora bien, dichas ferias de Lyon eran mucho menos seguras que las de Medina. Por añadidura, pasar por Lyon para comerciar con Valencia o Zaragoza es paradójico: se hizo la solicitud de que se organizara el mercado a plazos (seis meses en lugar de ocho días) con estas dos ciudades. Finalmente, con las agitaciones de Francia, Lyon iba a resultar inaccesible entre 1575 y 1590.

Barcelona concibió entonces la ambición de poseer su propia feria de cambio. Lo solicitó a partir de 1577, en combinación con Zaragoza y Valencia. Pero no se hizo nada. En 1590 pareció que se había obtenido el privilegio; pero el Consulado reiteró las mismas demandas que en 1572 y 1575: el asunto no había adelantado. De 1591 a 1594 prosiguieron las negociaciones e intrigas: el privilegio real no era aplicado. Barcelona no recuperó en ningún momento, en el siglo XVI, pese a sus esfuerzos, un papel dirigente internacional, ni siquiera interregional. Durante treinta años había estado reclamando uno, lo cual es una prueba de que sentía renacer sus fuerzas. Pero había fracasado (siempre con la sombra de Génova encima): esto expresa los límites de su renovación.

Divergencias entre la evolución catalana y la evolución castellana

Estos desfases tienen su importancia. Porque hay que distinguir bien, en la historia de una sociedad, entre el apogeo aparente y la solidez de las fuerzas internas, entre las crisis que estallan y sus fases de lenta preparación. Hemos visto, entre 1350 y 1450, un gran comercio, una banca potente, una industria exportadora, un imperialismo pretencioso, alimentados todos por una Cataluña demográficamente herida y socialmente desgarrada: de ahí la aparente brutalidad de las caídas, poco después.

En el siglo XVI fue Castilla la que vivió un momento semejante de contradicciones. La llegada de los metales preciosos de Indias confirió todo su esplendor al edificio involuntariamente desmesurado erigido por los Reyes Católicos; quien decía España pensaba, desde aquel momento, en Flandes e Italia, el Océano y el Mediterráneo, África y el Nuevo Mundo. Pero la Castilla de Isabel, que se mantenía en su puesto de dirección y de responsabilidad, ¿conservaba también lo que hacía su fuerza? ¿Conservaba acaso un impulso demográfico capaz de alimentar tanto el combate como la producción, un orden que contentara a las clases medias ofreciendo a la vez una solución de vida a los distintos estratos de la nobleza, un triunfo de los privilegios de la transhumancia sin excesivos perjuicios para la agricultura, una exportación de lana en bruto que dejara, sin embargo, la parte que correspondía al artesano castellano, una reconquista y una reorganización interiores aún compatibles con la existencia de los moros y moriscos? Se trataba de un equilibrio sumamente delicado. Habían de sobrevenir desgastes y rupturas.

Y los historiadores dudarán: ¿apogeo bajo Isabel?, ¿bajo Carlos V?, ¿bajo Felipe II? ¿Decadencia a partir de 1500, de 1550, en 1580, no antes de 1600 o incluso de 1630? En la controversia todo el mundo puede tener razón: no hay más que definir los términos.

Poco a poco, a lo largo del siglo XVI, el equilibrio castellano se rompió, las solidaridades se deshicieron. Esa evolución desfavorable se debió bajo muchos aspectos a la misma abundancia de los signos de riqueza. Hemos mencionado el alza de los precios industriales de costo, la de los precios agrícolas con sus variaciones brutales, el papel de las competiciones y de las especulaciones extranjeras, la amenaza final sobre la moneda, la desaparición en el último cuarto del siglo de las ferias de cambio. Hemos mencionado todo esto —que es relativamente conocido— porque Cataluña lo padeció como Castilla, con matices de fechas y de grados. Pero hay otros elementos —menos estrictamente económicos, más vinculados a la estructura de la sociedad y mucho más ignorados— de los que Cataluña no era solidaria, por ser su formación social diferente. ¿Podía pues revivir lo que había ya vivido en el siglo XV por su propia cuenta, a saber, una crisis en la que, bajo el esplendor de las fortunas acumuladas, del imperialismo exterior, de los refinamientos del espíritu y de la cultura, aparecían progresivamente la insuficiencia numérica de los seres humanos, la miseria, las luchas de clases y de categorías, la crisis de la producción, la pérdida del espíritu de empresa, la ruina causada por la ambición política desmesurada?

¿Insuficiencia numérica de los seres humanos? Los dominios castellanos, hasta finales del siglo XVI, conservaban una superioridad demográfica acentuada. Pero la superioridad no resaltaba más que en comparación con la España mediterránea y aragonesa; y la progresión era mediocre, según lo que puede juzgarse: 15 por ciento entre 1530 y 1591; comparándola con el crecimiento de la población siciliana o napolitana de la misma época, o con el crecimiento español del siglo XVIII, la cifra parece muy baja.

Pero además esta población castellana se concentraba en las ciudades, cuyo número de habitantes ascendió en un 50 por ciento. La mayoría de los emigrantes soldados eran reclutados en la población campesina. No hay que subestimar la emigración a Indias: era masculina en el 90 por ciento, y de calidad. Por último, parece que hubo una pérdida lenta pero ininterrumpida de emigrantes moriscos, lo cual obligaría a hacer extensivo al conjunto del siglo la sangría de 1609, cuya violencia y cuyas consecuencias fueron exageradas por los viejos autores. Bastará la catástrofe de 1600 para que el «despoblamiento» se haga patente a todo el mundo.

¿No era perceptible desde el siglo XVI una crisis rural de Castilla? Nos debatimos a este propósito entre contradicciones (por lo menos aparentes): se importa y se exporta; se roturan nuevas tierras y falta grano; los precios suben verticalmente y el campesino se queja. En Castilla el problema parecía ser una insuficiencia generalizada de medios en manos del cultivador: tenía que vender su trigo en la era, a bajo precio; las deudas eran su gran preocupación; casi siempre sus instrumentos de trabajo, sus animales, estaban empeñados; ¿podía así beneficiarse de las alzas de precios? Por el contrario, los máximos cíclicos, de una violencia extrema a finales de siglo, podían serle fatales; en los años malos, el pequeño propietario vendía sus tierras. Si quería roturar, la Mesta se lo prohibía en muchísimos terrenos; y en caso de hacerlo, era a expensas de tierras cada vez de menos calidad. Una región, sin embargo, se benefició ampliamente de los nuevos mercados, de las alzas de precios: la región andaluza. ¿Y cómo no iba a dedicarse entonces inmediatamente a cultivos especializados? De 1511 a 1559 el precio del trigo pasó del índice 100 al índice 209; pero el aceite pasó a 297, ¡y el vino a 755! Entonces se constituyeron los grandes olivares, los grandes viñedos; pero, ¿fue en provecho del simple campesino? ¿Podemos plantearnos la cuestión sin pensar inmediatamente en la mano de obra morisca? Esa masa semicolonial, protegida unas veces, sobreexplotada otras, envidiada en todas partes por los cristianos viejos, maltratada por el clero y la administración, pasaba alternativamente de la sumisión a la revuelta, pero no dejó de verse diezmada y dispersada, antes de ser víctima de la expulsión de 1609. Repitámoslo: poco importa que la expulsión no dejara rastro ni en la curva de los, precios ni en la de los salarios, si en realidad tales curvas no dejaron ni un momento de verse afectadas insensiblemente por el problema morisco durante todo el siglo.

Uno apenas se atreve a suscitar estas cuestiones, demasiado olvidadas por la investigación. Pero un siglo que se inaugura con la terrible explosión social de las germanías en el este valenciano, con la guerra civil de los comuneros en el corazón mismo de Castilla, y que se cierra con las medidas desesperadas contra los moriscos, no fue un siglo de prosperidad bien repartida.

Las clases medias castellanas, esa primera base de apoyo de los Reyes Católicos, rompieron a partir de 1520 su alianza con la monarquía, erigiendo sus privilegios frente al joven rey Carlos, como lo habían hecho los privilegiados catalanes frente a Juan II sesenta años antes. En ambos casos se ha hablado de «democracia contra absolutismo» —era la interpretación del siglo XIX—, y, más adelante, de «particularismo estrecho contra un estado moderno y progresivo». De todas maneras, hubo conflicto: y esta sola constatación no carece de valor. Ya no hubo más solidaridad, a partir de 1520, entre clases urbanas y monarquía castellana. Y desde entonces todo fueron en las Cortes perpetuas lamentaciones y constante impotencia.

Las grandes fortunas, bien es verdad, se hacían en Sevilla, y eran bancarias, comerciales, o llegaban hechas de América, a nombre de los conquistadores y de los emigrantes.

¿A dónde van a parar? ¿Cómo se distribuyen? En el comercio la participación de extranjeros era grande y creció con el siglo. En la banca también, naturalmente. No faltan nombres españoles: los Espinosa, los Iñíguez, los Lizarraza, los Loardo, los Negrón, los Morga. Sin embargo, en cuanto se ha querido esbozar su historia, ésta se ha convertido, desde la primera mitad del siglo, en la historia de sus quiebras.

«Que un banquero —escribe fray Tomás de Mercado— abarca en esta república un mundo y abraza más que el Océano, aunque a las veces aprieta tan poco que da con él todo al traste.» El texto es posterior a 1560. Pero si el período de creación de los bancos sevillanos es el de los años 1536-1540 —momento en que se aceleró decisivamente el flujo del metal— el primer período de las quiebras multiplicadas fue el de 1552-1555, aquellos años en que Gresham halló Sevilla tan escasa de capitales. De hecho, con el dinero de Indias, no iba a reunirse en manos de un español ninguna fortuna del tipo de las de las grandes casas augsburguesas, genovesas o florentinas. En Sevilla, la fortuna especulativa apenas se detiene, y nunca se fija.

Pero, ¿qué se hizo de los tesoros de los conquistadores y de las ganancias de los comerciantes medios y pequeños, de los primeros vendedores de vinos y de aceites y de los fabricantes de tejidos de lana y de seda? Hubo una cierta formación de capitales. ¿No se puede seguir su evolución? Puede seguirse mal en su mecanismo inicial, pero bastante bien en su destino: lo que no va a parar a bienes de lujo, a tierras o a casas, va a parar a los censos y a los juros, es decir a las rentas, y particularmente a los empréstitos del estado. A menudo se trata de empréstitos forzosos, impuestos reglamentariamente a los prestamistas extranjeros, quienes luego colocan el papel como pueden. Las bancarrotas zanjan esta deuda; el capital disminuye debido al alza de los precios, de la pérdida en valor del dinero. Se trata de hechos bien conocidos: pero ¿no nos recuerdan acaso, por centuplicado, la transformación catalana de los años 1350-1450, es decir, la transformación de una sociedad de empresarios en una sociedad de rentistas? En este sentido, la idea de que el español ha confiado en un ingreso ajeno al trabajo, en «el oro del Perú», no es falsa. Pero es una idea que no viene bien reflejada en la expresión rápida y desdeñosa de Bodino, sino en la descripción de Cellorigo, concreta y matizada incluso en sus invectivas.

Ahí se recoge todo: el mecanismo de la inflación y de los intercambios mediante el cual España se convirtió para Europa en lo mismo que las Indias eran para ella; los efectos sociales de aquella «peste de los censos», por la cual se metía «la propia riqueza en el dinero y en el interés del dinero», sin preguntarse «de dónde sale lo que hace falta para sostener semejante manera de vivir»; la irregularidad del pago de los intereses («no suelen venir tan puntuales»); los interminables procesos contra los deudores, si bien «los alimentos no admiten dilación»; las migraciones de rentistas arruinados, con la vergüenza para los mejores de ellos de dar entre los suyos su ruina como espectáculo, y con el envilecimiento de los peores, convertidos en granujas o vagabundos; la creencia generalizada —y el detalle corresponde a los días inmediatamente posteriores a los acontecimientos— de que la gran peste de los últimos años del siglo iba a enriquecer el país dando origen a muchos herederos felices; el abandono de la producción por el servicio doméstico, fomentado por el tren de vida, por lo demás frágil, de los nuevos ricos; la desaparición, entre enriquecimientos y ruinas repentinos, de toda dase media; la existencia de un millón de agentes ejecutorios de los censos, de dudosas consciencias, como parte de aquella pirámide en la que «uno que labra, ha de sustentar a sí, y al señor de la heredad y al señor de la renta, y al cogedor del diezmo, y al recaudador del censo, y a los demás que piden; y de ahí arriba se puede hacer cuenta que de la poca gente que trabaja a la que huelga, sale a razón de uno por treinta».

Cellorigo aconseja encontrar trabajadores a cualquier precio: hacer prisioneros moros, tomar esclavos, conservar los moriscos; y esta advertencia, escrita en 1600, no podía derivar de la ilusión histórica (en caso de haberla) sobre la importancia de la expulsión final. Como tampoco podía derivar del Quijote, en 1600, esta sorprendente frase: «No parece sino que se han querido reducir estos reynos a una república de hombres encantados que vivan fuera del orden natural».

La fecha del Memorial de Cellorigo prueba, pues, que desde el siglo XVI la desproporción entre la masa de dinero y la producción españolas tuvo todos los efectos sociales de una inflación espontánea, que la inflación artificial del siglo XVII no hará más que llevar al extremo.

Una última observación: la voluntad de conservar la hegemonía exterior y la excesiva fiscalidad, de que se hablará más tarde como factores de decadencia, no fueron citadas por Cellorigo más que con significativas reservas. Es la prudencia de quien habla al rey. Sin embargo, el autor admitía también que, en el punto en que se había llegado, la última posibilidad que le quedaba a España era la de conservar todavía su autoridad política. Criticaba, pues, un sistema de percepción fiscal que, para los seis millones necesarios, exigía diez millones. Pero aceptaba la necesidad de impuestos muy fuertes. Su posición era la misma que la de las Cortes de Castilla del siglo XVI, gimientes pero resignadas a financiar la gran política de los reyes. Recordemos que ésta era también la posición de las Cortes catalanas entre 1350 y 1435: hacer sacrificios al imperialismo político con la esperanza de que reactivara la economía interior, o con el temor de que el hundimiento exterior acabase de matarla; es una psicología que siempre sobrevive a las condiciones materiales que han fundado los imperios.

Cataluña escapa al aplastamiento fiscal

Este punto nos remite de nuevo a nuestra comparación: en el curso del siglo XVI el Principado catalán —y toda la Corona aragonesa—, aun formando parte del gran Imperio español, apenas compartieron el sentimiento de solidaridad. Fueron fieles y sumisos, como hemos visto, pero estuvieron poco dispuestos a financiar la gran empresa.

Sin embargo, se han simplificado demasiadas veces las confrontaciones entre cargas castellanas y cargas «aragonesas». Si se comparan las cifras de los servicios, hay que ponerlas en relación con las del poblamiento. Pues bien, Valencia, Aragón y Cataluña, que alimentaban respectivamente entre 300.000 y 400.000 habitantes, no debían cada una, en buen reparto, más que entre una veinteava y una quinceava parte de lo que debía Castilla; que, por añadidura, era más rica que ellas en el siglo XVI: Sevilla, por sí sola, valía diez Aragones y cinco o seis Barcelonas.

En cuanto a la progresión, el «servicio» votado por los catalanes en 1599 fue de 1.100.000 libras, de las que 300.000 al contado, 100.000 a pagar al cabo de un año, 700.000 a repartir en 5 años: hay que admitir que la media de 40.000 libras anuales ofrecidas a Carlos V en sus quince primeros años de reinado había quedado bien atrás. El aumento era mucho mayor que el de los precios españoles.

Por lo demás, ¿acaso el verdadero problema residía en estas comparaciones brutas, sumamente discutibles, de «servicios», ordinarios o extraordinarios, acordados por las asambleas? Cataluña escapaba a la multiplicación, a la diversificación y a los cambios de tasas de las rentas ordinarias percibidas en Castilla. Y escapaba también a su sistema de percepción, lo cual es tal vez lo esencial. Porque las exacciones del arrendamiento y las injusticias del encabezamiento aplastaron igualmente al castellano pobre, como pechero y como consumidor.

En Cataluña, los derechos percibidos por el batlle general en nombre del rey no eran más que sus derechos señoriales, y sólo en el ámbito de su dominio: laudemios, y ventas, censos, diezmos señoriales y tascas. El rey «establecía», ciertamente, el uso de todas las aguas, molinos, hospederías, hornos; pero los derechos fijos percibidos con tal ocasión sólo subían a unos pocos sueldos anuales. Solamente los derechos indirectos de lezda, de «cops» y de «peso del rey» podían, en Barcelona, tener alguna incidencia seria sobre los intercambios al sumarse a las tasas municipales; pero su aplicación fue estrechamente puesta en tela de juicio por las autoridades catalanas. En el curso del siglo no aumentaron ni el número ni la tasa de estos derechos, contrariamente al almojarifazgo o a la alcabala.

Por último había las percepciones de la Generalitat, es decir, la suma total de impuesto real propiamente dicho, percibido en nombre de las Cortes y por su «diputación». Consistían en una tasa indirecta sobre los tejidos, sobre ciertas exportaciones clásicas (como el azafrán), sobre la circulación de monedas. A decir verdad, se trataba de tasas gravosas: la Bolla era del 15 por ciento sobre todas las transacciones con un tejido; constituía la herencia de los hábitos medievales. Pero justamente, en el siglo XVI, pese al aumento de los servicios, la tasa de las «generalidades» no aumentó; he aquí una diferencia notable con respecto a Castilla, puesto que la estática de un impuesto importa menos que su dinámica.

Así la Cataluña oficial resistió a la fiebre del alza fiscal. Aprovechándose de sus derechos, trató también de controlar el movimiento de las monedas: los viajeros mostraban su sorpresa ante la severidad de sus controles.

Es sin duda sorprendente en España el que, pese a estar todas sus provincias unidas bajo un mismo príncipe, no se pueda transportar oro, plata, ni ciertas mercancías, como si los reinos y provincias tuvieran aún su rey y su príncipe particular, de modo que quien no conoce bien la situación, particularmente el extranjero, acostumbrado a una libertad muy otra, pierde en seguida paciencia cuando, al entrar en Barcelona, se ve en la necesidad de declarar qué dinero lleva, y luego, cuando no se lo puede llevar sin pasaporte, dejar muchas plumas. (Ph. de Caverel.)

El propio «Comercio» barcelonés no se deja tentar por su autonomía financiera, ni siquiera en período de suerte: mientras que la avería, percibida por el Consulado de Sevilla para la organización de las flotas de Indias, pasó de 1 al 11 por ciento en el curso del siglo XVI, el periatge catalán, equivalente a la avería, se mantuvo alrededor del 1 por ciento, para caer al 0,8 y 0,6 en cuanto aumentó el tráfico.

Esta actitud prudente y refleXIVa tenía su contrapartida. No permitía ninguna iniciativa. En plena política española de grandeza, el Principado practicó, por su parte, el «recogimiento».

Cataluña escapa a las ruinas sociales del siglo XVI español

Por este mismo exceso de prudencia, Barcelona y la Generalitat evitaron la política de empréstitos. Mientras que registrábamos en el siglo XIV unas cifras de empréstitos públicos —municipales o regionales— próximas a las 400.000 libras catalanas, las cifras más altas que puedan ser pronunciadas en el siglo XVI son del orden de las 500.000 libras, pese a la devaluación y al alza de los precios. También en esto la autonomía financiera del Principado supone un gran contraste con Castilla. Tras haber llevado mucho adelanto para su tiempo en cuestión de empréstitos, entre 1370 y 1450, se vio, entre 1520 y 1580, en un estado de atraso respecto al movimiento financiero internacional, y no cedió a la moda de los «grandes partidos».

Sus capitales disponibles se emplearon pues para la producción local: la creación de las fargues, la multiplicación de los molinos —de pañería y ya de papel— nos ofrecen algunos ejemplos de este empleo. Para otros ejemplos, habría que buscarlos en la producción artesana dentro de los marcos clásicos.

La parte que parece estar más en retirada en la sociedad barcelonesa del siglo XVI —sobre todo cuando se evoca un pasado lejano— es el estament mercader. En el municipio, después de las reformas de Fernando, estaba representado el estament militar: se trataba a la vez de aquella vieja nobleza urbana de los cavallers, del tipo de los Marimon, que había desempeñado un destacado papel administrativo y político en el tiempo de los reyes-condes, y de una clase bastante numerosa de hidalgos rurales que habían refluido hacia la ciudad en los tiempos de los desórdenes rurales; por otra parte los ciutadans honrats de origen burgués y rico, pero de estatuto privilegiado, estuvieron cada vez más vinculados al movimiento de los negocios en cuanto éstos dejaron de tener mucha envergadura. Pero pese a ello los consulados catalanes en los puertos y plazas comerciales del extranjero recaían sobre los ciutadans y los cavallers: consultando las listas dadas por Capmany, se tiene la impresión de que los mercaderes activos que, hasta aproximadamente 1500 y 1510, ocupaban aún efectivamente los consulados importantes, habían cedido por lo menos los primeros puestos; y es de suponer que la gloriosa institución cubrió a partir de entonces, más que funciones reales, un título, tal vez un beneficio; al puesto mismo se delegaba a un personaje de segundo plano. La presencia de grandes nombres como Fivaller, Dusay, Gualbes, Marimon, Marquet, Pujadas, no significaba, pues, en tales listas consulares, que la representación catalana en el mundo conservara el esplendor de antaño.

En compensación, aquella aristocracia se había replegado sobre la ciudad. Fingía proteger allí los intereses de los artesanos. Era la que daba el tono. Marchaba en cabeza de las corporaciones en las ceremonias, en las que, por otra parte, introdujo una jerarquía severa y un gusto por la etiqueta y por la disputa de preeminencia. Los consellers, como los grandes de España, se cubrían delante del rey. Pero la fase era más de ennoblecimiento que de decadencia; el tono era discreto, cortés, el lujo se exhibía menos que en el siglo XIV; la cultura ganó en seriedad lo que perdió en amplitud de curiosidad. Boscán, que estableció un puente entre cultura italiana y poesía española, era barcelonés, y ciutadà honrat. Su hospitalidad encantó a Garcilaso y a Hurtado de Mendoza. La Universidad, tan pocas veces en primer plano de la vida barcelonesa cuando prevalece el comercio, pasó en el siglo XVI, con el colegio literario de Cordelles, por uno de sus buenos momentos. Es conveniente a veces colocar en su sitio la perspectiva histórica de otro período, perturbada ante nosotros por el estado de cosas contemporáneo: en la obra de Cervantes era Barcelona la ciudad noble, «escuela de caballería», «archivo de cortesía», al lado de la cual Sevilla y Madrid, hormigueros llenos de vida, aparecían como nuevos ricos. Sólo con el siglo XVIII se invertirán los papeles.

No obstante, para que una aristocracia urbana mantenga así su rango, es preciso que no esté arruinada. No está excluido que participara en la eclosión industrial de las largues y de los molinos. Pero sobre todo, sin la menor duda, vivía «noblemente» de las rentas que le aportaban sus tierras. El secreto de su discreta prosperidad se hallaba en los campos.

La Cataluña agraria en el siglo XVI: ¿estabilización y prosperidad, o persistencia de la crisis?

Nos topamos aquí con una tesis clásica. De la Sentencia de Guadalupe, tras 1486, habría salido una inmediata prosperidad rural. La constitución de un campesinado libre y acomodado (aunque no propietario) habría venido a consolidar la sociedad catalana en el momento mismo en que la civilización urbana medieval entraba en un letargo. Idea fundamental, y probablemente sólida, a condición, sin embargo, de haber quitado de en medio algunas objeciones.

Las dudas podrían aclararse. La Sentencia de Guadalupe preveía la capbrevació —digamos la declaración y registro— de los derechos recíprocos de los campesinos y de los señores en el nuevo orden. Estos capbreus se han conservado en parte. Y hay buenos archivos notariales y judiciales.

Mientras tanto, los textos oficiales y el conjunto de la literatura nos ofrecen un contraste bastante significativo entre este siglo y el anterior: tras haberlo dominado todo, implícita o explícitamente —economía y política, relaciones del Principado con el rey, discusiones de las Cortes, de las asambleas municipales y de los Concilios, obras de los juristas y de los moralistas—, la querella agraria, hacia el año 1500, desapareció de las preocupaciones colectivas, dejando de ocupar siquiera un segundo plano. Se acabaron las reuniones, los «síndicos», las controversias, la ocupación de castillos, el encarcelamiento de campesinos. Los dos partidos —puesto que había habido «partidos»— parecieron haberse disuelto espontáneamente. Para que aceptaran, pese a sus fracciones extremistas y tras siglo y medio de encarnizamiento, la Sentencia de Guadalupe, era preciso que ésta fuera algo más que otro simple texto dentro de una lista de textos bastante larga: era la consagración real de un equilibrio nuevo.

No es de temer una ilusión de los textos sobre el alcance del arreglo jurídico: no nos describen en absoluto un apaciguamiento automático e inmediato. El llamamiento de los extremistas «condenados» tuvo aún ecos en 1487, en 1489. Pero los gritos de «Muiren, muiren gentilshòmens!» iban siendo cada vez más aislados y débiles. Ya no quedaba casi nada de ello después de 1490. Los últimos talls fueron liquidados en 1501. El gran conflicto quedó bien zanjado con el siglo XV.

El campesino, a partir de entonces, dispuso en su explotación de todos los bienes muebles; sólo la tierra y el «cubo mayor y principal del mas o casa» no podían venderse ni cederse; y si se abandonaban, el señor recuperaba la posesión de los mismos. El campesino no se convirtió, pues, en «propietario». A cambio, si quería conservar la explotación, nadie podía quitársela. La transmitía hereditariamente. Y dejó de pagar esta garantía al precio de su libertad.

Queda el caso de los masos rònecs, las explotaciones abandonadas por despoblamiento, cuya importancia hemos destacado en los orígenes de la querella. Una disposición complementaria de la Sentencia establecía su suerte. Si el señor no había formalmente renunciado a sus derechos sobre el mas rònec de carácter servil, el campesino debía pagar por aquel mas el tall de rescate. Primero protestó contra esta obligación, mostrando hasta qué punto creía en sus derechos sobre la heredad tal como la trabajaba. Pero el rey, al obligarle a pagar el tall, hacía irreversible la incorporación de hecho de los masos rònecs a las explotaciones que los habían anexionado.

Así se explican los resultados de los sondeos en los capbreus del Cabrerès y las observaciones de Caresmar: el mas del siglo XVI ocupaba de tres a cinco o seis veces, en extensión, el mas del siglo XIII. Simple confirmación. Pero el retorno de la paz dejó estampada la victoria del campesino en la arquitectura y en la ornamentación. La Sentencia de Guadalupe selló sin duda la partida de nacimiento de aquella amplia masía patriarcal que Francisco de Zamora, informador y consejero de Jovellanos, había de ofrecer como modelo, en el siglo XVIII, a la sociedad castellana.

Pero el señor no lo perdió todo en aquella revolución. En primer lugar, conservó el dominio eminente. La Sentencia precisa bien que la regulación de las relaciones entre señores y cultivadores respecto al mas no suprime en absoluto el juego de las jurisdicciones feudales. El mundo rural catalán, muy penetrado por tales jurisdicciones desde los orígenes, siguió caracterizado por el respeto de los vínculos personales.

Homenajes, reconocimientos reiterados del dominio eminente, capbreus periódicos, «censos» convertidos casi en simbólicos, pero pagados religiosamente, «establecimientos» y «precarios» casi gratuitos, pero que reservan la propiedad: todo esto ha sido tan permanente desde el siglo X hasta el XIx (y a veces el XX), tan fuertemente incorporado a las costumbres del Principado, que resulta sorprendente el siglo y medio de combates violentos intercalados en su historia. Lo que sin duda ocurrió fue que el equilibrio económico, más que el hecho jurídico, había sido puesto en entredicho. Una vez libre, y asegurado hereditariamente en una explotación ampliada, el payés se preocupó muy poco de la propiedad teórica. Tenía muy pocas intenciones de abandonar el mas.

Con todo, la Sentencia de Guadalupe, económicamente, perpetuaba otras cargas. No sólo los «censos» y tasques, prácticamente desvalorizados, sino también los laudemis o llziismes en las mutaciones, los delmes, primícies, quints, quarts, en cada cosecha, variables pero indudablemente onerosos.

Pero los «síndicos» de los campesinos prefirieron la firma de la Sentencia a la continuación de la lucha; y sus mandantes lo aceptaron, con el pago de los talls. La supresión total de los derechos —programa máximo de los campesinos revolucionarios— fue abandonada. Prueba de que el policultivo de las ricas masías permitía satisfacer aquellos pagos, por poco que la situación económica fuera aceptable. Y los años 1495-1505 fueron precisamente los del cambio favorable de la coyuntura. La muy feudal sociedad catalana iba a sufrir menos, en el curso del período moderno, que la sociedad rural castellana, de orígenes más democráticos pero donde la pequeña propiedad no podía entrar más que con medios reducidos en la competición, en el mercado único y agitado de los cereales.

Los rentistas del suelo catalanes no habrían tenido razones para quejarse. En el momento mismo en que comenzaba la ascensión de los precios, conservaban derechos en especie, proporcionales —sus propios nombres lo indican— a los valores de las tierras y de las cosechas.

La misma tradición inspiró contratos nuevos y particulares. Las condiciones que nos veremos llevados a trazar para el siglo XVIII quedaron fijadas precisamente en el siglo XVI, y en una coyuntura bastante parecida: ascenso demográfico y alza de precios.

Una decena de grandes casas nobiliarias —encabezadas por el rey y por el duque de Cardona, otro verdadero rey, con los 2.000 «fuegos» de sus dominios, agrupados en batllies— arrendaron el cobro de sus derechos señoriales. Estos cobros masivos en especie podían dar ocasión a fuertes especulaciones. Pero se hacían por circunscripciones de poca extensión, y recaían sobre «compañías» en las que los capitales invertidos eran muy modestos.

Por debajo, la gran masa de los propietarios —nobles rurales y burgueses de las ciudades entremezclados— recibían sus ingresos de derechos en especie. Desde el punto de vista de la venta, es posible que tuvieran ventajas acentuadas sobre sus aparceros; pero no tenían ninguna sobre los cultivadores de las importantes masías rurales, muy favorecidas por la variedad de sus cultivos e incluso por su aislamiento, que les permitía almacenar sin inconvenientes fiscales.

El siglo XVI, por último, abrió de nuevo a la explotación una última posibilidad, ligada a la necesidad de roturar y de repoblar tras la crisis demográfica y agraria. El poderoso señor terrateniente, y más de una vez incluso el propio cultivador de una gran masía, ofrecían al campesino pobre el «establecimiento» a un censo fijo y mínimo para roturar. Este movimiento, que había caracterizado ya al siglo XIII, había dejado de producirse durante mucho tiempo. En los archivos privados de la Casa Dalmases, el cuaderno relativo a las posesiones próximas a Barcelona da las cifras siguientes: diecinueve establecimientos anteriores a 1600; en cambio, nueve entre 1250 y 1338, otros nueve entre 1491 y 1596, uno solo entre 1338 y la Sentencia de Guadalupe.

Difícilmente podría definirse mejor el «vacío» de los siglos XIV y XV en el desarrollo agrario del Principado, ni, por contraste, la renovación del siglo XVI, cuya eXIstencia, si bien ha sido a menudo afirmada sin pruebas, no puede ponerse seriamente en duda.

¿Hay que hacer extensiva, sin embargo, esta impresión a todos los sectores del campo catalán? En este propósito, nos veríamos detenidos por una imagen, un recuerdo.

Bandidaje y situación agraria

Las magníficas masías del siglo XVI —con sus paredes cuadradas, sus arcos monumentales en las puertas, sus tejados impresionantes— desprendían aún un aspecto de fortaleza, con sus atalayas y sus ventanas estrechas. Y si bien las casas campesinas de la marina se llaman torres —torres de vigilancia y de defensa frente a los corsarios—, ¿contra quiénes alzan sus defensas las masías del Vallès o del Lluçanès, alejadas de las costas y de las fronteras? ¿Acaso no reina la paz en los campos de Cataluña?

Nada de eso. En un mundo y en un siglo en que el irregular no era sorpresa, el bandoler catalán se ganó una reputación. Lo mismo en 1582 que en 1511 o en 1520, los caminos no eran más seguros que el mar para quien quería ir de Perpiñán a Barcelona, y no es decir mucho. Entre Barcelona y Zaragoza no se podía avanzar más que con escolta e infinitas precauciones. En el puerto de Balaguer, en dirección a Valencia, la amenaza provenía de los moriscos disidentes. Hacia el condado de Foix, el camino del valle de Querol estaba periódicamente cortado. Pero no se trata sólo de montañeses que cortan las carreteras: los bandolers estaban en el llano de Lérida, en los bosques en torno a Igualada, en las primeras pendientes del Montseny, hacia la baronía de Montbui, en las puertas de Barcelona. Virreyes, diputación, municipios lamentan tan a menudo el desorden que se adivina su impotencia para dominarlo.

¿Se dan períodos de crisis agudas en este mal crónico del Principado, en los que podría revelarse más claramente su naturaleza? ¿Tal vez entre 1518 y 1526, esos años de agitación social universal? ¿Y más tarde entre 1565 y 1590? ¿Y por último entre 1605 y 1615, en que se alcanza el paroxismo? Pero ¿era el recrudecimiento de los lamentos una expresión fiel del ritmo del mal? De todas maneras, el mal jamás dejó de producirse. Fue entre 1539 y 1541 cuando el virrey de Cataluña, aquel Borja, marqués de Lombai, que había de llegar a ser san Francisco, se libró a la «caza» de los bandoleros que le daba tan íntima satisfacción porque se sentía sostenido por la justicia divina; pero si esperaba evitar, según declaró, mil muertes de inocentes ordenando cien ejecuciones, su cálculo no valía para mucho. Con la misma ineficacia el arzobispo de Zaragoza, a comienzos del reinado de Carlos V, había restablecido el orden con el terror, ejecutando en Barcelona, a modo de escarmiento, a muchos bandidos capturados hasta en el condado de Foix, en tan gran número que los depósitos de cadáveres «causaban horror». Un siglo más tarde, el duques de Albuquerque hablaba de «poner en galeras todo el Principado», y mandó celebrar un jubileo por la extinción de las bandositats, después de una represión violenta: los efectos habían de durar sólo dos años. Bajo racimos de bandidos muertos, ahorcados de veinte en veinte y de treinta en treinta, don Quijote encuentra a «más de cuarenta bandoleros vivos», «por donde me doy a entender —dice— que debo estar cerca de Barcelona». Bello símbolo de la continua inutilidad de la represión.

Esto obliga a buscar causas profundas al bandidaje catalán. Para ayudarnos en la tarea, por desgracia, las monografías carecen de horizontes, las interpretaciones de conjunto carecen de pruebas.

Altamira no vacila en clasificar el fenómeno del bandidaje entre las «guerras sociales» que enfrentaban a pagesos y señores, prolongación directa de las luchas de la Edad Media. Pero no aporta para una tesis tan ambiciosa más que el apoyo de un ejemplo particular y tardío: el de La Bisbal, que, enfrentada en 1620 contra su obispo, demostraría que las contradicciones del régimen señorial habían conservado toda su fuerza. ¿Puede esto equilibrar el vivo contraste entre el silencio de los textos del siglo XVI sobre la querella agrosocial y la pasión de los del siglo XV? Las monografías no permiten apenas dar ningún significado social preciso al reclutamiento de los bandolers, en los casos en que es conocido. Había señores (aunque no grandes señores) que se unían al bandolerismo o lo protegían. Pero unos realizaban así simples aventuras individuales; otros eran una especie de jefes de partidos, con zonas de influencia muy extensas. Entre los bandolers había campesinos de buen linaje. Pero la masa, compuesta de pobres gentes, contaba tanto con individuos desarraigados venidos de las ciudades, soldados sin jefe y refugiados extranjeros, como con rebeldes de las zonas rurales; no se parecían en nada a las tropas socialmente homogéneas de Pere Joan Sala o de Verntallat.

Pese a estas objeciones, no excluyamos toda explicación social agraria al fenómeno del bandolerismo. La Sentencia de Guadalupe no sólo produjo satisfechos y resignados. El poderío de los señores jurisdiccionales sobre sus dominios aún era grande. En 1520 el duque de Cardona desató el terror durante un breve tiempo por el Camp de Tarragona y el pueblo de Cambrils.

Los grandes señores, sin embargo —y los duques de Cardona están en este caso—, iban a encontrar en la era moderna amplias compensaciones a su derrota agraria de 1486: cargos políticos y enlaces matrimoniales castellanos les tendrán pronto alejados de las cuestiones propias de sus solos dominios en Cataluña. La clase señorial más afectada, la más descontenta después de Guadalupe, fue la de los pequeños nobles rurales que no se trasladaron a las ciudades, ni vincularon su fortuna a las fuentes de los ingresos urbanos, y cuyas tierras, explotadas indirectamente, eran de dimensiones reducidas. Son gente pobre y ociosa, tentados por las aventuras inconfesables, como lo exponen claramente el Consell de Cent en 1590 o Francisco de Gilabert en 1616. La llamada de la Corte, de Indias, del ejército, tenía escasos efectos en Cataluña, donde, sin embargo, hubiera podido tener eco: cuando los virreyes admitían un arreglo con los bandoleros, los nobles y los jefes aceptaban alistarse para Flandes. Pero el caso es excepcional: los virreyes, en la represión de los bàndols, se dedicaban la mayoría de las veces a destruir, pura y simplemente, los castillos inaccesibles «qui serviraient bien d’hermitage aux gentilshommes, qui ne désirent compagnie», como decía Caverel. Pero ¿hasta qué punto, después de Guadalupe, podía abatirse sobre los campesinos el mal humor de aquellos gentiles hombres?

La masía, liberada jurídicamente, era bastante fuerte para defenderse. Si el bandolerismo era una forma de lucha entre masía y castillo —cosa que está por demostrar—, esto no podía, en cualquier caso, poner en peligro los resultados de la gran revolución agraria. El porvenir lo demostrará: la pequeña nobleza rural se irá apagando; Cataluña, a finales del antiguo régimen, contará con un noble por cada 300 habitantes (Castilla la Vieja, uno por cada 3); la masía campesina subsistirá, más próspera que nunca, en los siglos XVIII y XIX.

Esto no significa que el país no tuviera ya campesinos pobres. La masía no albergaba más que a una aristocracia. Cabe recordar que a mediados del siglo XV se contaban 20.000 hogares remences. Sólo 9.000 de ellos participaron en el pago de los talls de 1486 a 1505. No es abusivo encontrar en estas cifras la proporción entre los verdaderos beneficiarios de la victoria campesina y el número de hogares anteriormente sublevados. Se sabe, efectivamente, que muchos de éstos fueron eximidos del tall, a veces por pueblos enteros, por exceso de pobreza. Los que pagaron fueron los cultivadores de las poderosas masadas aisladas, ampliadas con la incorporación de los masos rònecs, los organizadores de la lucha —y de las intrigas— en el curso del siglo XV, los inspiradores de la política real y de los «compromisos», los dirigentes del partido campesino moderado, los «síndicos» bien vistos en la Corte.

Por debajo de ellos quedaban cantidad de masovers, de pequeños cultivadores, de jornaleros, así como de segundones sin tierra, puesto que las masías se transmiten, como es sabido, al hereu único, sistema que se codificó justamente en el siglo XVI, entrando en las Constitucions.

Existía, pues, toda una capa de campesinos para los que un mal año, una disputa sobre el salario, un exceso de hijos en la familia, eran ocasiones de dificultades insuperables, y de dispersión. En estos medios el reclutamiento de irregulares se veía sin duda facilitado. Cuando se habla de gascones entre los bandoleros, siempre se piensa en los refugiados de las guerras de Francia. Pero también las masías buscaban a sus mozos entre los gascones. Seguramente estaban mejor pagados que en su país, ya que se expatriaban. Pero así competían con la mano de obra catalana, que tuvo que luchar o perder los empleos.

El silencio de los textos sobre la situación agraria no significa pues necesariamente que todo iba a pedir de boca en el campo catalán después de Guadalupe. Significa, no obstante, que quedaron resueltos los viejos problemas. Dejó de haber un partido campesino organizado. Los descontentos eran demasiado humildes para defenderse mediante la reivindicación jurídica y política. ¿Recogía la simpatía popular hacia el bandolero algo de la tradición revolucionaria? Es posible. El bandido Serrallonga, cuyas hazañas fueron ensalzadas en el siglo XVII por el cançoner catalán, era un campesino del Montseny llamado Joan Sala, como el mártir remença. Cabría pensar en una persistencia folklórica del recuerdo. Es poca cosa, y muy incierta, para vincular el bandolerismo sólo a los problemas agrarios.

Por otra parte, los desgraciados, los desclasados, los sin-trabajo no procedían sólo del campo. Las ciudades y los pueblos proporcionaban también los suyos. En la lista de unos cincuenta bandoleros puestos fuera de la ley en Igualada en 1566, los artesanos constituían un número no desdeñable. De hecho el bandolerismo surge de cualquier forma de miseria, de cualquier desequilibrio de los tiempos de inflación.

Cuando los negocios, la especulación sobre las monedas, la afluencia precipitada de dinero edifican fortunas rápidas, a menudo inestables, cuando la miseria alcanza, por el contrario, a todos los que no se benefician directamente de las alzas de precios, la época es favorable al aventurero. La masa de dinero que circula deslumbra por sus cifras no habituales. El bandoler del siglo XVI actuaba como el actual gangster: en 1547 ya no se daban guías ni albarans a los viajeros portadores de monedas para no atraer sobre ellos los ataques de los bandoleros; éstos tenían pues su servicio de información en las administraciones y los bancos. No paraban a los mercaderes más que para exigir un rescate. También codiciaban los reales de a ocho del rey. Éstos estaban mejor guardados. Y si les ocurría una desgracia, el rey se enojaba tanto que el Consell de Cent adoptaba medidas excepcionales. El Consell deploraba también, por el renombre del país, que fueran atacados extranjeros de alto rango; éstas eran posiciones oficiales: cabe preguntarse si la simpatía popular hacia los bandidos disminuía cuando éstos se hacían con las cajas de dinero del rey o con las de los comerciantes genoveses. Por lo que respecta a los grandes personajes, consideraron por lo general prudente tener su propio gang, con lo cual aumentó el desorden.

El bandolerismo catalán era pues, a finales del siglo XVI, un fenómeno de la época, surgido de las circunstancias económicas generales más que de un malestar agrario particular. No contradice la hipótesis de la prosperidad agrícola en las masías, de una renta de la tierra creciente, de una clase media consolidada a la vez en las ciudades y en el campo. Más bien es síntoma de la contradicción, tal vez momentánea, entre la estructura social recién establecida en Guadalupe y una plétora ya existente de hombres y de energías.

Estructura agraria y ascenso demográfico

La prosperidad económica de la masía descansa, efectivamente, como ya sabemos, sobre su extensión, y sobre la variedad de su explotación, que viene rodeada de bosques y tierras de pastoreo. La conservación de esta estructura implica una cierta dispersión del hábitat y una cierta debilidad del poblamiento. Guicciardini lo había observado a partir de 1511: «è poco abitata e questa è la cagione che, benché del paese sia lavorato poco, pure vi è abundanzia». La lucha en torno a los masos rònecs había sido indudablemente una lucha por el bienestar campesino individual a expensas de la densidad de población.

La gente de los siglos XVI y XVII, con todo, captó la relación entre poblamiento escaso y bandolerismo. Pero por regla general no percibía más que las facilidades de ataque y refugio ofrecidas a los bandolers por esta particularidad. Sin embargo, la relación es seguramente más profunda. El sistema agrícola, en que domina la masía, absorbe con dificultad todo crecimiento de la población.

Así pues, no puede esquematizarse el bandolerismo catalán asimilándolo a todo el bandolerismo mediterráneo, como si se tratara de un alud de población montañesa pobre y agresiva contra los llanos ricos. Este es tal vez uno de sus aspectos. Pero la emisión de emigrantes y la agitación se manifestaban en todas partes en que el paisaje era dominado por la masía aislada y extensa. Los bandoleros se reclutaban tanto en el Ampurdán como en la Cerdaña; tan amenazadas estaban las masías del alto Lluçanès como las del Pla de Barcelona; el eje de circulación de los bandidos era tanto la depresión Lérida-Perpiñán a través del Vallès y el Penedès, como de los valles del Pirineo al llano. De hecho, la contradicción perceptible entre la prosperidad rural de las regiones de las grandes masías (Ampurdán, Vallès, Selva, Pla de Bages, así como los pre-Pirineos) y un poblamiento denso del Principado no se resolverá más que por la industrialización intensa, en el curso de la época contemporánea.

En el siglo XVI, la industrialización, iniciada con las fargues y la actividad textil rural, no pudo compensar el creciente desequilibrio demográfico. La atracción de Barcelona, en particular, seguramente fue muy irregular. En varias ocasiones el Consell de Cent hizo observar que la instalación permanente de astilleros para la construcción de galeras y el empleo de numerosos galeotes serían la solución para el problema del bandolerismo. Pero la actividad de las atarazanas dependía de la voluntad del rey, y la vida marítima regional difícilmente podía renacer. Por otra parte, había las pestes. De 1558 a 1570, después de 1580 y sobre todo en 1589, el reflujo de la población urbana hacia el campo representó varios miles, quizá varias decenas de miles, de fugitivos, muchos de ellos errantes y sin bienes.

El problema de la población flotante parece sin embargo bastante distinto en Cataluña y en Castilla en el siglo XVI. Se ha comparado al bandido catalán con el pícaro; se trataría de dos formas de un mismo fenómeno de decadencia. Pero los dos tipos sociales del bandolero y del pícaro difieren fundamentalmente. El pícaro (a menudo de origen rural) era atraído por los bajos fondos de las grandes ciudades castellanas y andaluzas, donde se acumulaban, a finales del siglo XVI, los desempleados en busca de expedientes. En cambio, el bandolero catalán, a menudo de origen urbano (o persona que ha vivido provisionalmente en la ciudad), busca la aventura en los campos, por los caminos de su país. El pícaro es atormentado pero socarrón. El bandoler está descontento de su suerte —así lo representa el cançoner— y combativo. Este último rasgo no debe limitarse al noble turbulento y al desclasado agresivo: caracteriza también a la clase media. Melo, en el siglo XVII, presentó al «bandolero de honor» como a un tipo del catalán. Caverel, en 1582, advertía, en el campo catalán: «Il n’y a quasi si petit qui, allant par les champs, ne porte les armes plutót offensives que défensives». La estadística confirma la observación: cuando se investiga sobre los poseedores de fusiles-trabucos cortos —los famosos pedrenyals—, resulta una estimación de unos 70.000, es decir, casi un pedrenyal por hogar. En años anteriores del mismo siglo se encuentran ejemplos de «treguas» firmadas por algunos meses, bajo la autoridad de sus señores naturales, por campesinos, pelaires, tejedores y sastres de la región de Igualada, que se encontraban, pues, entre sí en estado de guerra privada. Así pues, la Cataluña del siglo XVI se parece más a la Castilla de antes de los Reyes Católicos que a la de los pícaros. Su desorden sugiere la presencia de una reserva de energías.

Resumamos. El siglo XVI llevó la potencia española a su apogeo gracias a las fuerzas acumuladas en la Castilla de los Reyes Católicos. El hecho humano de la emigración y de las guerras, el hecho económico de la inflación desgastaron notablemente estas fuerzas a partir de la segunda mitad del siglo XVI. El impulso demográfico se estaba agotando; la catástrofe de 1600 anunció el comienzo del despoblamiento. El exceso de dinero, que favorecía al extranjero y al especulador, ahogó la actividad productiva. El espíritu de iniciativa capitalista, poco familiar para los castellanos, se perdió definitivamente por la invasión de los censos y los juros. La ganadería y la agricultura —enemigas una de otra— sufrían a la vez. Para mantener el presupuesto al nivel exigido por el Imperio, había que agobiar al pueblo con impuestos, e inaugurar pronto la inflación del vellón, esta vez puramente artificial.

Cataluña, en todo esto, no participó más que de lejos. Por su administración, por sus aduanas, por su sistema fiscal, era «extranjera». Autónoma, pero marginada de toda política grande. Modesta porque su declinar del siglo XV y su debilidad demográfica la obligaban a serlo. Capaz, sin embargo, de beneficiarse en una segunda fila de las dos fases de prosperidad por aflujo de dinero: la de las ferias de Castilla y la de la atracción italiana (después de 1570). Esto le permitió conservar, gracias a flexibles cambios de orientación, una vida comercial honorable y una producción industrial aún vivificada por la exportación. Más aún: la economía catalana ha reconstituido sus bases agrarias; tras siglo y medio de luchas quedó restablecido el equilibrio entre una clase numerosa de rentistas de la tierra y una clase de cultivadores acomodados: la formación de capitales a partir de la tierra quedó asegurada. En cambio, nobles rurales arruinados y campesinos pobres se agitaban, incapaces de integrarse políticamente; su energía reclamaba un punto de aplicación; pero no hubo, ni para la demografía ni para la economía, pérdida de sustancia. La Cataluña del siglo XVII podía escapar a las razones más graves de la decadencia española: en dos ocasiones iba a protestar contra esa decadencia mediante la rebelión.

III

EL SIGLO XVII: 1598-1714.

ETAPAS DE LA DECADENCIA ESPAÑOLA, REBELIONES DEL PRINCIPADO CATALÁN

El siglo XVII, duro en toda Europa, fue para España el siglo de las catástrofes. No simplifiquemos: para las distintas actividades, para las diversas regiones, el ritmo de la caída no fue el mismo.

Una primera etapa fue demográfica y económica. Las ciudades se vaciaron. La plata de Indias llegaba más cara. El sistema monetario se fue haciendo más y más artificial. Sus terribles conmociones —1626, 1635-1637, 1640— agotaron definitivamente la producción, el espíritu de iniciativa. En la esfera política y militar los fracasos decisivos sobrevinieron algo más tarde: Rocroy tuvo lugar en 1643, Lens en 1648. Más allá, el «siglo de oro» intelectual iba a prolongarse aún: Velázquez murió en 1660, Calderón en 1681.

Bien es verdad que por estas fechas parecía ya agotada toda capacidad de creación. La «real anarquía» de Carlos II preparó la crisis dinástica y la dislocación de la potencia española. El advenimiento de Felipe V iba a pagarse, en Europa, con esta dislocación.

No obstante, así como las condiciones de la Decadencia habían nacido en el corazón mismo de la sociedad española en los mejores momentos de la hegemonía, de igual manera las condiciones de la renovación fueron gestadas en los peores instantes de la decadencia. Antes de finales del siglo XVII, el movimiento demográfico había cambiado de sentido; y la dura operación monetaria de 1680 logró estabilizar la moneda por vez primera desde la muerte de Felipe II. El siglo XVIII iba a poder creer, no sin verosimilitud, en las bendiciones económicas de la guerra de Sucesión. Esto se ignoraba en el extranjero. Pero los españoles lo intuían. La corriente «arbitrista», nacida en 1558 con el Memorial de Luis Ortiz, se truncó precisamente hacia 1680, de manera espontánea.

España iba, pues, a despertar. Pero la que iba a despertarse —«la España de los Borbones», como se dice de modo bastante torpe— ¿conservaría su fisonomía del siglo XVI? No cabe ninguna duda de que la dinastía no fue lo único que cambió.

Cádiz había de sustituir a Sevilla como puerto del monopolio de Indias. Aparentemente, esto era un simple detalle. Pero este puerto marítimo (y no fluvial) internacional (y no regional) no iba a tener con el interior los mismos lazos que Sevilla. La Península, de entonces en adelante, iba a vivir por su periferia. Cantabria y Galicia, Vizcaya y Levante habían recuperado su retraso demográfico ante Castilla. Los antiguos reinos mediterráneos, gracias a la autonomía de su fisco y de su moneda, evitaron los grandes trastornos financieros de la Decadencia. Basta comparar, en las curvas de Hamilton, la sosegada deflación valenciana del siglo XVII con los sobresaltos caóticos de los precios castellanos.

En este juego diferenciado de las decadencias y reconstituciones, Cataluña, más que cualquier otra región, seguía su ritmo propio. La recuperación demográfica, el renacimiento agrícola, característicos ya del siglo XVI, no se interrumpieron; sólo pareció comprometida la renovación comercial e industrial iniciada hacia 1570. El Principado, demasiado vigoroso para no reaccionar contra la decadencia pero demasiado débil para imponer sus soluciones, conoció dos fases de desarrollo —1600-1640 y 1655-1705— culminadas (e interrumpidas) por dos revoluciones desgraciadas. En ellas pereció políticamente. Pero adquirió, en el terreno de la economía, las garantías de su futura revancha.

1. 1598-1640: CRISIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL. AUGE DE LAS FUERZAS RURALES

Entre 1598 y 1640 Cataluña presentó signos de crisis comunes a toda la economía española, evidenciados por el encogimiento de la masa monetaria en metal fino y el triunfo de la competencia extranjera. No obstante, si bien el comercio y la industria cayeron en el marasmo, no se observa ni disminución sensible del número de seres humanos ni oscilaciones destructivas de la moneda. Y sobre todo la prosperidad agrícola, la propia agitación en los campos, anuncian el papel vital asumido en la estructura social del Principado por la masa activa de los campesinos.

El movimiento comercial

Para definir el movimiento comercial catalán en la primera mitad del siglo XVII topamos con una seria dificultad: entre 1586 y 1644 las cifras del periatge nos son desconocidas, salvo para un año aislado. Tenemos que fiarnos, pues, de índices parciales, de impresiones siempre discutibles de las gentes. Bastan para determinar que el impulso comercial se debilitó a partir de la primera década del siglo XVII.

Sabemos, por ejemplo, que en 1603 Barcelona preveía una disminución del tráfico: el arriendo del derecho de anclatge no halló adjudicatario más que por 500 libras, cuando había proporcionado 600 en los dos años anteriores y 700 anteriormente.

Otro índice confirma esta tendencia: el derecho de aduanas establecido en 1592 sobre los productos intercambiados con el extranjero: en 1594-1595, 41.000 libras; en 1596-1597, 47.000; en 1598-1599, 53.000; pero a partir de entonces no dejó de bajar; en junio de 1609, el último extracto de la cuenta era sólo de 16.200 libras.

Más allá de 1609 carecemos de cifras, pero no de textos. En torno a 1620, en Cataluña como en Castilla abundan las Memorias sobre el problema de los extranjeros. No todos están de acuerdo sobre las soluciones. Sobre los hechos las impresiones no divergen apenas: se atribuye a los años 1570-1600 el último florecimiento comercial de Barcelona; luego hay que llorar la decadencia.

En las Cortes de 1599 —cuya generosidad hacia el rey era índice de prosperidad— las exportaciones catalanas registradas eran de una diversidad notable: frutos, cereales, aceites, vinos, pescado fresco y salazones, sombreros, objetos de vidrio, hierro, ruedas de molino, cerámicas, objetos y estuches de cuero trabajado, objetos de madera, muebles, herramientas, corcho labrado, mulas de tiro, paños.

Dieciséis años más tarde, en 1615, el Consejo Real —que no tenía ningún interés fiscal en mostrarse pesimista— no citaba más que tres artículos entre las exportaciones: los frutos secos, el hierro y los paños; los dos primeros, de escasa importancia; y el tercero en franca disminución: los extranjeros, dice el informe, se llevan en bruto casi toda la lana aragonesa y catalana. Saltemos otros quince años y situémonos en 1630: en Barcelona las personas de edad afirman, según Damians, que las exportaciones hacia Italia no son ni la mitad de lo que eran en su juventud, y los negociantes afirman que en cuatro años no llegan a la cifra de negocios a la que llegaban en un solo año en los tiempos en que el dinero circulaba abundantemente (entiéndase a finales del siglo XVI).

¿Era excesivo este pesimismo? No enteramente, ya que los consulados y las colonias de los catalanes en el extranjero, órganos vivos del comercio de exportación, estaban perdiendo en el mismo momento su importancia y su prestigio. En Génova, en Sicilia, en Cerdeña, sus privilegios y preeminencias eran ignorados o abiertamente escarnecidos. Así, en 1620 Narciso de Peralta creía saber que la colonia catalana del puerto de Palermo, que había contado con 30 casas de comercio y 350 compatriotas, se había reducido a sólo 7 casas. Pues bien, Palermo era para el comercio de exportación catalán, con mucho, la primera plaza.

Los catalanes, sin embargo, aún se expatriaban. En 1609, al ser expulsados de Lyon ciertos extranjeros, algunos mercaderes catalanes fueron alcanzados por la medida, y un guadamaciler que había hecho fortuna dejó Lyon para trasladarse a Amberes. En 1629, un catalán de Génova resultó ser suficientemente rico para ofrecer a los pobres de Barcelona, en tiempo de penuria, 400 cuarteras de trigo. La crisis no afectaba, pues, a las actividades individuales; afectaba a los órganos colectivos, a los mercados, a las casas de comisión.

Esas dificultades desafiaban incluso a la buena voluntad oficial. Es difícil reprochar a Olivares, pese a su violencia anticatalana que había de dar motivo a la rebelión del Principado, haber ignorado o subestimado los problemas económicos de Barcelona. Con ocasión de las Cortes de 1626, reunió, en la celda del P. Salazar, a representantes de los grupos económicos regionales, con un cónsul a su cabeza, y a un conseller. Les fue sometido el proyecto de una «compañía» destinada a reactivar el comercio mediterráneo —con Italia y Levante— y a luchar, para lograrlo, contra el intermediario marsellés, que había llegado a ser necesario pero que era ruinoso. Dos representantes del «Comercio» barcelonés fueron enviados como mandatarios a Madrid para estudiar este proyecto de compañía «a la holandesa». En 1629 aún permanecían allí, con lo que se ponía de manifiesto que la organización prácticamente no progresaba. 1629 fue un mal año. El periatge no había rendido nada. El Consulado hizo regresar a sus representantes. Uno de ellos volvió. Pero el otro prefirió quedarse en Madrid. Sólo regresó en 1632, provisto de certificados de leales servicios por parte de la administración real. El Consulado se negó a pagar sus gastos de misión; el malhumor es comprensible: ¡seis años de espera en antecámara por un proyecto quimérico! Madrid estaba dominada por la burocracia. El mandatario catalán tuvo que ganarse allí muchos apoyos, ya que el rey le hizo asignar, mediante una orden firme, un subsidio de 4.000 libras que tuvo que pagar la Llotja barcelonesa. Ésta se vio obligada, para cumplirlo, a aumentar la tasa del derecho de periatge. El rendimiento de éste debía de ser bajo. El malestar del Comercio no era fingido.

Una vez dicho esto, no habría que creer que se produjo una paralización total de las exportaciones ni del comercio en su conjunto. En 1606 comprobamos aún —además de una cifra aislada del periatge bastante elevada— que era posible requisar cuarenta barcos en la costa catalana para la expedición de las Molucas. Los mercaderes protestaron diciendo que esto comprometería la exportación tradicional de las lanas: ésta era, pues, de envergadura, y se hacía con barcos catalanes.

Entre 1606 y 1630 tampoco nos faltan referencias a viajes aislados, con cargamentos preciosos: las disputas entre cónsules catalanes y virreyes de Cerdeña sobre las naves naufragadas en 1607 y luego en 1620 en las inmediaciones de Alguer permiten adivinar los intereses en pugna. Otra nave, hundida en 1617 por Carlos Doria en Oristán, transportaba 80.000 libras de mercancías. Y todo este cargamento iba a Palermo, a pesar de lo que sabemos de la decadencia del Consulado en este puerto.

Por último, la corriente monetaria España-Italia no había cesado. En 1625, al mandar apresar en Provenza tres faluchos genoveses que traían de Barcelona 48.000 reales de a ocho, el duque de Guisa desencadenaba un serio incidente que nos coloca, en realidad, en presencia del hecho más sorprendente del período: la fuga de la moneda, tanto en Cataluña como en España, es decir, la crisis no tanto del comercio como de la balanza comercial.

En Barcelona, efectivamente, no se advierte que se hunda el número de los comerciantes y de los intermediarios. En 1625 el número de mercaderes «matriculados» (se trata del gran comercio) era de 154, frente a 146 en 1552. En 1618 había aumentado el número de los corredores-cambistas, llamados corredors d’orella, porque las mercancías «llegan en mayor abundancia» que antaño. Estos corredors mantuvieron negocios con Flandes, Florencia, Inglaterra y Lyon más que con Italia, a partir de aquel entonces. Puede tenerse la seguridad de que a través de su vía el Principado importaba más que exportaba.

Esto es lo que subrayó justamente en 1615 el Consejo Real, oponiendo la debilidad y la monotonía de las exportaciones a la diversidad de las necesidades de productos foráneos: drogas, especias, azúcar, tintes, cobre, plomo, estaño, latón, libros, telas, sedas y toda clase de tejidos para vestidos ligeros, cera (Cataluña consumía más que todo el resto de España), salazones de pescado, y por último carne (por lo menos para el consumo de la capital).

El Principado no se libró, pues, de aquella invasión de extranjeros y de productos que, hacia 1620, preocupaba tanto a España, le hizo adoptar tantas medidas brutales (y poco eficaces) y, sobre todo, hizo correr ríos de tinta. En los campos, las tiendas de los pueblos habían sido eliminadas por los vendedores ambulantes franceses que iban de masía en masía. En Barcelona la Cofradía de San Julián —tenderos dedicados al comercio de tejidos— se defendió bien. Los franceses, a diferencia de lo que ocurrió en Valencia, no monopolizaron la venta al detall. Pero la comisión era libre para las compras al mayor en el exterior, y era en este terreno donde triunfaban los extranjeros.

La verdadera amenaza era para la exportación y la producción.

Pero como subrayaban con clarividencia todas las memorias de 1620 sobre el comercio exterior, Barcelona nunca había sido una plaza financiera, como Sevilla, Liorna o Amsterdam; el escrúpulo religioso, añadían algunos, le impediría, por lo demás, asumir este papel. Necesitaría reconquistar mercados de productos acabados para recobrar su prosperidad.

La crisis en la industria

En una palabra, le haría falta salvar la industria.

El Memorial de Damians, de 1630, evaluaba en los dos tercios la disminución, en el transcurso de unos treinta años, del número de telares catalanes de tejer lana. Las ciudades se vieron particularmente afectadas. Perpiñán pasó de 300 telares a 30, Gerona de 500 a 100. No se precisan las cantidades referentes a Barcelona, pero entre 1600 y 1630 su actividad textil fue disminuyendo, en parte en beneficio de las zonas rurales, pero no sin merma.

La crisis no venía de muy atrás. En 1614 las fábricas de estameñas, destinadas a la exportación hacia Italia, eran consideradas aún como muy prósperas en Reus —que, gracias a ellas, alcanzó los 5.000 habitantes— y, en la misma región, en Alcover y en Valls. En 1619 era erigida la cofradía de los torcedors de seda de Barcelona, porque el oficio ganaba en extensión.

No obstante, esta misma cofradía, en 1630, a la vez que elogiaba la actividad catalana en la industria de la seda y los progresos de la producción de seda en bruto hacia Tortosa y el Segrià, confesaba que en Barcelona el número de maestros torcedores había caído de 70 a 20, y que muchos obreros emigraban.

La crisis había alcanzado antes las corporaciones pañeras de la capital. En 1620 éstas parecían desorientadas en cuanto a los medios de salvación. Deseaban medidas proteccionistas. Pero los pelaires no aprobaban el derecho del 10 por ciento sobre el comercio extranjero: ¿estarían sus posibilidades de exportar aseguradas por las casas de comisión extranjeras? ¿O temían acaso las reciprocidades?

Asimismo, a veces atribuían a la mala calidad de los productos locales la crisis sobre los antiguos mercados. Pedían el refuerzo del control corporativo. Es cierto que los tejidos de calidad especial, como los «grises» de Perpiñán, las estameñas de Reus, resistían a la competencia mejor que los tejidos corrientes; lo mismo ocurría en toda España, donde los paños finos de Segovia conservaban su clientela pese a sus elevados precios. Sin embargo, llegaron del extranjero telas mediocres que, con sus bajos precios y su hermosa apariencia, invadieron las tiendas catalanas; y sus introductores inauguraron unos métodos, como la venta a plazos, que sorprendieron a sus competidores locales.

Sigue siendo difícil hacer un balance de las pérdidas de la industria, fecha por fecha. Tal o cual informe pesimista transmite involuntariamente pruebas de actividad. Y a la inversa, ¿es posible que haya bastado el derecho del 10 por ciento impuesto a los extranjeros para que, en el espacio de unos días, 800 balas de paños catalanes fueran embarcadas para la exportación, representando un valor de 200.000 ducados? La controversia de 1620, debido a tales divergencias, nos informa insuficientemente sobre el nivel exacto de la producción.

De todas maneras, no puede pensarse que la crisis de xenofobia manifestada entre 1619 y 1630 por todas las regiones españolas fuera un signo de salud. Sus resultados fueron paradójicos para Cataluña: no hay que olvidar que para ella el «extranjero» era tanto Valencia, Castilla o Aragón como Italia o Francia. Ni que las medidas económicas comunes en el Principado se tomaban en las reuniones de las Cortes. Pues bien, en 1626, las Cortes reunidas en Barcelona fueron interrumpidas tras discusiones interminables, de manera que los capítulos proteccionistas que habían sido adoptados en ellas nunca se pusieron en vigor. Inversamente, en sus asambleas particulares, Valencia y Aragón habían podido decidir protegerse frente a los productos extranjeros, incluidos los productos catalanes. De tales barreras en un único sentido procedían sin duda, en parte, las dificultades descritas por Damians en 1630. Las exportaciones de materias primas —cuero, trapos para pasta de papel, hierro, lanas— no se detuvieron; los productos manufacturados se vendían cada vez menos.

Evolución en la estructura de la industria: de la corporación artesanal a la distribución capitalista del trabajo

Aquí se plantea un interrogante cuya solución definitiva reclamaría un estudio profundo: ¿no corresponde la incoherencia de la política económica del Principado, entre 1600 y 1640, a importantes cambios en la organización de la producción? La vieja estructura de los gremios, que agrupaba los intereses industriales y les daba una influencia eficaz, fue siendo desplazada por la distribución capitalista del trabajo por los compradores de la materia prima, entre los que se iba imponiendo el interés comercial y, de ahí, una tendencia aún no totalmente cristalizada al liberalismo. Los propios pelaires, que habían sido en otros tiempos pioneros del artesanado, se vieron desgarrados, en su política corporativa, por la lucha entre los que habían seguido siendo artesanos y los que pasaban a ser negociantes. Los primeros se mantuvieron fieles al viejo proteccionismo urbano. Los segundos, bajo la influencia del gran comercio, trataron de reducir sus precios de costo apelando a la mano de obra asalariada rural.

A partir de 1600 se produjo un choque significativo, sobre este punto, entre los pelaires, preparadores de la lana en bruto, y los tejedores —teixidors—, a los que aquéllos distribuían la materia prima. Los tejedores, mediante una ordenanza corporativa (que rebasaba, por lo demás, sus atribuciones) impusieron un tributo que debían pagar los distribuidores sobre cada pieza de paño tejida. Se trataba, en suma, de la exigencia, expresada colectivamente, de una retribución más alta. Los pelaires se negaron a satisfacer el impuesto, y el Consell de Cent les dio la razón. Los tejedores dejaron de trabajar. Los pelaires pidieron entonces —y lo obtuvieron— la autorización para hacer tejer, bajo el propio techo si hacía falta, a obreros no inscritos en la corporación de los tejedores. Una mano de obra directamente asalariada estaba así dispuesta a competir con el oficial de corporación. Para el gremio de los tejedores fue el inicio de la decadencia. La pura operación manual se hizo más estrechamente dependiente del capital.

Ahora bien, entre los pelaires, algunos —los más emprendedores o los más ricos— no se contentaron con imponer sus condiciones a los tejedores. Para la preparación de las lanas, que les pertenecía, dejaron de dirigirse a las lavadoras, cardadoras, hilanderas de la capital —mujeres pobres y pensionarias de diversos hospitales— para apelar a la mano de obra rural. Ésta debía de resultar más barata, como consecuencia de una sobrepoblación relativa del campo. En 1614, sin embargo, estos métodos no eran admitidos por el conjunto de los pelaires; eran contrarios a los intereses de la ciudad, consideró también el Consell de Cent.

En cambio expresaban la adaptación a las condiciones económicas del momento. El informe del Consejo Real en 1615, tan pesimista sobre la balanza comercial del Principado, nos revela otros indicios de lo mismo. Los extranjeros, dice, se apoderan de la fabricación de paños, adelantando dinero a obreros miserables, lo cual les permite luego pagarles el mínimo y guardar el control sobre ellos.

Esta acusación contra los extranjeros, que se unía a la del acaparamiento de las materias primas, reaparece en 1620 en las Memorias de Dalmau y de Peralta: se refiere también a la industria pañera, pero asimismo al trabajo del cuero, donde se comprueba que la materia está en manos de un reducido número de negociantes extranjeros que la distribuyen a artesanos pobres, transportándolos a veces hasta Aragón para hacerles trabajar a cubierto de los impuestos, mientras que los zapateros jurados de Barcelona se veían obligados a vender caros sus productos (a seis reales, nos dicen, el par de zapatos corrientes asusta al comprador).

Girando una vez más en torno al problema de precios y salarios ( ¿corporaciones o régimen salarial directo?), nos topamos en 1626 con el conflicto entre pelaires y tejedores. El paro que amenazaba y la penuria de moneda de plata permitían a los pelaires, por un sistema de compensaciones y de trueques, hacer trabajar a muchos tejedores por debajo de las tarifas oficiales de las corporaciones. El gremio intentó aplicar una medida de autoridad: los paños tejidos no habrían de entregarse directamente a sus propietarios pelaires, sino al tesorero de la corporación de los tejedores; éste exigiría al pelaire un pago en dinero efectivo, a la tarifa legal, y transferiría, también en dinero efectivo, la remuneración debida. Al negarse los pelaires a aceptarlo, los tejedores, «coaligados y concertados», fueron a la huelga. En sus reuniones declaraban unánimemente que sus condiciones de vida eran insostenibles. Pero la medida que reclamaban no preveía el aumento de las tarifas vigentes. Lo que ocurría era que, en la práctica, aquellas tarifas no eran respetadas. La huelga tenía como finalidad el control corporativo de los contratos individuales con los pelaires. Se trataba de resistir al juego de la deflación, que tendía a reducir los salarios y a concentrar la potencia del capital.

El Consell barcelonés, una vez más, condenó el movimiento como irrespetuoso, desobediente y —naturalmente— responsable del paro de las pobres hilanderas y de los otros trabajadores de la lana. Los dirigentes de la corporación fueron encarcelados. El virrey trató de arbitrar en el conflicto, y quiso por lo menos imponer a los pelaires el pago de la tejedura en moneda efectiva y la prohibición de hacer trabajar la lana en el campo. Desde 1614 los problemas, pues, no habían cambiado.

Esto se ve al cabo de menos de dos años, en 1628. El problema del paro o de los bajos salarios, para la mano de obra lanera barcelonesa, se vio agravado por una época de penuria. Las mujeres —cardadoras e hilanderas— se manifestaron violentamente a los gritos de «Via fora fam» («Basta de hambre»). Cuarenta penetraron en el Consell de Cent. Éste mandó detener a las manifestantes y más tarde protestó enérgicamente cuando el virrey las liberó.

El incidente había venido precedido de explicaciones muy claras sobre la situación: en la corporación de los pelaires no había unidad. Los pelaires pobres quedaban vinculados a los privilegios corporativos en la ciudad, y no sufrían menos que los tejedores, las cardadoras y las hilanderas a causa de la competición de los pelaires ricos, que podían hacer trabajar la lana fuera, en cantidades bastante grandes. Estos distribuidores pretendían, ante el Consell de Cent, que la mano de obra urbana no les bastaba ya: pero esto resulta extraño en período de crisis de ventas, y, sobre todo, ¿habrían remunerado con salarios tan bajos una mano de obra demasiado escasa? De hecho lo que buscaban era una mano de obra más barata.

Estamos pues autorizados a admitir —bajo reserva de investigaciones ulteriores— que de 1600 a 1640 la principal industria tradicional emigró de la ciudad al campo y cambió su forma medieval corporativa por otra capitalista de la distribución del trabajo. La disminución del número de telares urbanos, si pudiéramos cifrarla, no nos daría, pues, el movimiento de la producción. Pero lo cierto es que el papel social urbano de las corporaciones, tan brillantes en el siglo XVI, entró en crisis.

El Consell de Cent fue mucho más receptivo, en el siglo XVII, a los intereses de los comerciantes que a los de los artesanos industriales: en 1611 se negó a frenar el libre comercio de las pieles, como se lo pedían los curtidores; en 1614 prohibió en Barcelona la venta de objetos de cerámica y de barro cocido de Pisa, pero lo autorizó fuera de las murallas, asegurando así el mantenimiento de la importación; en 1616 fomentó, en las Ordenanzas de la corporación de los calafatea, la intervención de los maestros extranjeros en la construcción naval; en 1627 impuso a la corporación de los vidrieros la instalación de una empresa importante que aquélla se negaba a admitir. Esta tendencia liberal pone de manifiesto una decadencia ya clara en la influencia de las corporaciones.

En las reflexiones teóricas de Gilabert, en 1616, hallamos otra prueba de que el interés del comerciante y del propietario terrateniente se sobrepone de nuevo, en los organismos del Principado a los del consumidor y del artesano. Este diputado de la Generalitat —uno de los tres personajes que representaban políticamente al Principado— fue uno de los escasos españoles que se atreviera a pronunciarse con franqueza a favor del alza de los precios: «para nadie es cara la mercaduría que el propio coge, pues el mucho precio recae en su provecho; y assí con vender nuestra mercaduría bien, traheremos a nuestra patria el dinero, que es su segunda sangre [...]». La afirmación no tiene en cuenta la competición, que impide la exportación de los productos demasiado caros. Pero Gilabert no era productor de objetos fabricados; era gran propietario de la región de Lérida, satisfecho cuando el trigo y el aceite se vendían bien y descontento si tendían a bajar. No captaba bien las dificultades del fabricante. Sus Discursos dan el punto de vista del agricultor, que iba adquiriendo en Cataluña cada vez mayor importancia.

La prosperidad agrícola en la primera mitad del siglo XVII

La agricultura, en efecto, no dio entre 1598 y 1640 los mismos signos de debilitamiento o de crisis que dieron el comercio o la industria.

Mientras que las masías del este tenían garantizada su prosperidad por su extensión y la variedad de sus cultivos, las alusiones de los textos a la riqueza agrícola del Camp de Tarragona y a la fertilidad del Urgell se hicieron más numerosas.

La atracción de los mercados exteriores sobre los productos agrícolas, característica de los años 1580-1600, se mantuvo. Aseguró precios remuneradores en los años de abundancia, y en tiempos de penuria grandes beneficios a los vendedores más hábiles. En las Cortes de 1599 la exportación de los cereales, de los frutos, de los aceites y vinos era considerada como un hecho habitual; se contentaban con tasarla. Barcelona, protestando una vez más contra los derechos reales que gravaban sus suministros (el derecho de cops), hace notar que los agricultores evitan el mercado de la capital con objeto de vender más caro en otras partes, en el extranjero si hace falta. Los consellers creían que el Principado, sin esta exportación, bastaría para aprovisionar de sobras la ciudad.

Sin embargo, en 1604-1606 el hambre se abate sobre el país. Hubo incidentes graves. Los barceloneses amenazaron al quinto conseller, el boticario Hernández, acusado de especulación. Pero el municipio, estimando que en 1605 sus necesidades de trigo habían sido de 300.000 cuarteras, sostenía que el mismo año 200.000 cuarteras habían sido exportadas por Tarragona, Salou, Tamarit, sin contar los fraudes de los particulares. La atracción exterior era la misma en el este: en la bahía de Llançà, barcas extranjeras ofrecían, para llevarse el trigo, una prima de 3 sueldos por cuartera. Mientras tanto, Barcelona compraba trigo inglés.

Gilabert no vacilaba en escribir, en 1616, bajo una forma primero irónica y finalmente brutal, que la importación de trigos extranjeros era a partir de entonces un negocio solamente útil a los consellers; si tales beneficios no existieran, consideraba este autor, los cargos municipales no serían objeto de rivalidades tan agudas. Es fácil adivinar por qué este propietario de tierras cerealícolas criticaba la política de importación y la demagogia del pan a bajo precio. Si la producción estuviera mejor remunerada, creía, se lograría la abundancia. Porque describía una Cataluña fértil, productora de cosechas aceptables incluso los años malos, salvo en Urgell, donde a menudo las cosechas se perdían, pero donde una buena cosecha valía por tres años. Gilabert no negaba, por lo demás, que la exportación fuera ampliamente practicada, y que hiciera subir los precios aun en años de abundancia. Propugnaba, para el sostén de los pobres, una política de obras públicas.

Es interesante observar que por las mismas fechas los productores de trigo de Urgell lanzaban una vez más la idea del gran proyecto de canal. Dos memorias fueron dirigidas al Consell de Cent por Pere Ripoll, síndico de una confederación de los municipios interesados. El Urgell, dice, cuando está bien regado da magníficas cosechas; pero esto no ocurre más que una vez cada diez años; en tales ocasiones puede proporcionar a Barcelona trigo a 25 o 30 sueldos, mientras que el trigo siciliano más barato llega a 3 libras 10. Con el canal se tendría cada año el precio de la abundancia; el Urgell irrigado contaría con una cosecha anual de 900.000 ducados, puesto que el proyecto proponía una amortización de los gastos a razón de 30.000 ducados por año, mediante el pago de una treintava parte de la cosecha.

Sin embargo, la Memoria prometió en vano a los comerciantes barceloneses la fortuna de los de Sevilla y, con el tiempo, la de los de Génova (lo cual pone de manifiesto qué jerarquía establecían los espíritus de la época entre las ciudades de gran comercio): el Consell barcelonés se negó a financiar el canal. Sus objeciones, contrastadas con la experiencia contemporánea, parecen menos sólidas, desde el punto de vista técnico, que las previsiones de las comunidades del Urgell. Económicamente, dejan entrever las preocupaciones particulares de los consellers, y tal vez las de los señores y grandes terratenientes. Para los primeros, lo esencial era proteger los intercambios con Sicilia: paños a cambio de trigo. No tenían interés en suprimir las importaciones. Para los segundos, los precios elevados, así como los máximos cíclicos, debían ser provechosos. Los propietarios de tierras secas no deseaban en modo alguno la competición con tierras irrigadas, ni la abundancia perpetua. De esta manera, la oposición concertada de los rentistas de la tierra, al acecho de alzas de precios, y de los comerciantes del puerto barcelonés, importadores de cereales, obstaculizó el proyecto de los agricultores del Urgell. Pero ni el proyecto ni las objeciones hacen pensar que la economía rural catalana estuviera en crisis: por el contrario. En 1620, en 1623, aún se registraban «acaparamientos», exportaciones de productos de la tierra.

De la sequía de 1627 a la cosecha de 1631, bien es verdad que todo el Principado pasó hambre. Tanto en el Camp de Tarragona como en la Ribera del Ebro fue la misma penuria, con una fuerte mortalidad. En Barcelona, pese a la feliz arribada de varios navíos, el trigo subió hasta seis libras la cuartera. Puede verse cómo los accidentes de esta especie no estaban excluidos. Afectaban duramente al consumidor. Para el productor acomodado, pudieron ser fuentes de beneficios.

Para el conjunto del Principado, no fueron más que accidentes. Porque Damians, en plena crisis, en 1630, sostenía que Cataluña se autoabastecía en trigo. Y la misma afirmación, poco después de la penuria, vuelve a encontrarse en la famosa Descripción de Corbera. Del optimismo, algo sospechoso, de Corbera, podemos retener los puntos nuevos, bastante precisos para no parecer viejos clisés: en el Ampurdán se producía más arroz que el consumido localmente; en la costa abundaban los naranjos y limoneros, cuyos frutos eran exportados a Francia; finalmente, el cultivo de la morera y la cría de gusanos de seda eran descritos con los mismos elogios que en la Memoria de los torcedors de seda: eran la riqueza de Tortosa y de las riberas del Segre y del Ebro. Los cultivos especializados de la región valenciana tendían, pues, en el siglo XVII, a subir hacia el norte, en pleno país catalán.

Naturalmente, para medir el alcance de estas observaciones, haría falta el estudio cuantitativo. La curva de los precios valencianos, que constituye una referencia útil, viene afectada por las mismas crisis que el Principado: de 1606 a 1607, de 1627 a 1630. Su tendencia general es a la baja, ligeramente, de 1602 a 1616, acentuadamente al alza de 1617 a 1638. No se puede juzgar, sin embargo, sobre el sentido de estas curvas más que tomando en consideración hechos monetarios.

El contraste monetario entre Castilla y los antiguos reinos mediterráneos

Hamilton reveló el papel fundamental, en los fenómenos de «decadencia» del siglo XVII español, del juego de las inflaciones monetarias artificiales y de las deflaciones masivas. A la vez, llamó la atención, en este ámbito de lo monetario, sobre las fuertes diferencias que se establecen entre Valencia, por una parte, y Castilla por la otra.

En Castilla las emisiones fuertes de vellón fueron las de 1599-1606, 1617-1619, 1621-1626; luego se produjo, en 1628, la deflación legal brusca, antes de que tuvieran lugar, entre 1636 y 1642, unas sacudidas más brutales aún; prácticamente ni el oro ni la plata circulaban ya; los precios obedecían a la confianza, escasa y variable, que el público confería al vellón y que podía medirse mediante la prima de la plata sobre él: en líneas generales, de 5 a 50 por ciento entre 1620 y 1626, de 15 a 35 por ciento entre 1629 y 1638; en Valencia, la fisonomía monetaria es distinta; hubo una fuerte emisión de vellón, pero entre 1606 y 1615; mantuvo los precios valencianos al borde del hundimiento, pero después de 1615 la emisión de moneda de vellón fue insignificante; en cambio, Valencia acuñó entre 1616 y 1630 una considerable masa de plata; si hubo «inflación» y alza de los precios, fue sobre la base de una moneda metálica entonces muy apreciada, y cuyo aflujo y conservación debían corresponder a una vigorosa salud económica.

Cataluña nos ofrece un tercer caso.

De 1598 a 1617, el desorden monetario advertido a finales del siglo XVI no fue dominado.

En cuanto se convirtió en un punto de tránsito frecuentado por los portadores de dinero castellano, Cataluña pasó a ser un gran foco de especulación. La gente iba a buscar a Cataluña el real de plata, altamente apreciado en toda Europa. Se deja todo lo que se puede: monedas extranjeras de baja ley, monedas de oro y de plata desgastadas, vellón mezclado con plata o cobre puros, que tiende a transformarse, a medida que la plata y el oro huyen o se tesaurizan, en una especie de moneda fiduciaria aceptada en todas partes, pero sin ninguna relación fija con el metal.

Acuñando un tal vellón, el rey, en Castilla, ganaba el 100, y a veces el 250 por ciento. En Cataluña, la villa más pequeña capaz de exhibir cualquier viejo privilegio imitaba este eximio ejemplo: Gerona se libró a una emisión desmesurada, que, tras haberle reportado muchas ganancias, había de costarle caro. En Lérida era un simple herrero el que acuñaba moneda en nombre de la ciudad. Había, por último, la moneda pura y simplemente falsa: monedas de oro imitadas encubiertas por los banqueros más honorables, y calderilla boscatera, «hecha en los bosques», en las chozas de los carboneros, lo cual permite vincular dos fenómenos que culminaban en el mismo momento, entre 1605 y 1615: el bandidaje y la mala moneda.

Este aflujo de moneda débil dio lugar en Cataluña a una seria inflación. Los contemporáneos percibieron su influencia en el alza del precio de los artículos. Pero no se puede determinar cuantitativamente una inflación de este tipo. Un simple índice de la proporción adquirida por el mal: en 1616 un depósito de 69.561 libras y 12 sueldos, en el Banc de la Ciutat, no valía, al peso del metal, más que el 65 por ciento de su valor nominal: 45.719 libras, 10 sueldos y 11 dineros. Y aún no era el momento de mayor desorden.

El Principado, fuera de Barcelona y sin contar el falso vellón, emitió en dieciocho años un mínimo de 350.000 libras en moneda divisionaria. Si Barcelona, órgano oficial de la emisión monetaria, se hubiera dejado ganar a semejante fiebre, la inflación catalana habría superado pronto la de Valencia —unas 500.000 libras— y no habría estado demasiado lejos, habida cuenta de las cifras de la población, de la inflación castellana. Pero la realidad fue muy distinta: Barcelona, en lugar de estimular el movimiento, hizo todo lo posible para moderarlo.

Las emisiones barcelonesas de vellón decididas por el Consell, efectivamente, fueron muy prudentes pese a las ganancias de la operación. La Seca barcelonesa, autorizada en 1598 a emitir a discreción monedas de cobre, acuñó primero monedas por un valor de 50.000 ducados; en 1602 mandó acuñar 16.000 marcos de cobre; en 1605, 10.000; en 1610 le fue autorizado emitir 10.000 libras en menuts, 10.000 en ardits. En total, la emisión barcelonesa de vellón no alcanzó siquiera a la de Gerona; y casi siempre se mantuvo en el vellón la tradicional aleación de plata. El resultado fue, naturalmente, que los menuts de Banyoles y Gerona desplazaron al vellón barcelonés, que fue atesorado. Pero en varias ocasiones la ciudad de Barcelona asumió la tarea de refundir la masa de cobre provincial desvalorizada.

Por último, las emisiones de oro y plata de tipo tradicional no dejaron de producirse. En 1601, Barcelona compró al conservador de la Religión de San Juan de Jerusalén, con una prima del 1,5 por ciento, 34.000 libras en reales castellanos de a ocho y de a cuatro, para refundirlos en reales catalanes, cuya ley era, sin embargo, ligeramente superior. En 1603, anunció que la vuelta a la circulación de las viejas monedas de oro de la Taula de Canvi había terminado: 1.194 marcos de oro habían sido nuevamente acuñados; esto representaba, al cambio del momento, 203.637 libras. En 1605 y 1606 algunos particulares fueron autorizados a entregar a la Seca, para amonedar, una cantidad de metal con el que hacer primero 30.000 y luego otros 30.000 escudos de oro. En 1607 un capitán catalán que regresaba de Indias trajo una tal cantidad de dinero castellano que ofreció a la ciudad, mediante la constitución de un censal moderado, 20.000 libras para refundir; el mismo año Barcelona tomó prestadas 37.000 libras a personas particulares para asegurar sus emisiones monetarias. Pero además mantuvo el tenor y el peso del real catalán, heredero del viejo croat. Lo mismo ocurrió en 1610, en que fueron acuñadas 50.000 libras de plata. En 1611 Barcelona aseguró, pese a las dificultades técnicas, la sustitución de toda la moneda retirada de la circulación, y comprada al peso, a 17 sueldos la onza de plata. El día de la retirada, Lérida pidió a Barcelona que le proporcionara 12.000 libras en monedas de plata, Tarragona 10.000, Vic y Tortosa 6.000, Flix 1.000. En 1612 se considera que 100.000 libras de buena moneda fueron lanzadas así al mercado. En 1614, según se decía, fue el equivalente de 300.000 ducados.

En tales condiciones, no habría habido desorden monetario si estas buenas piezas de oro y de plata no hubieran desaparecido, exportadas o atesoradas, tan pronto como aparecían. Las monedas «cortas» y el vellón de cobre (verdadero o falso) las eliminaban rápidamente. La inflación no procedía, pues, aquí, de las voluntades o de las necesidades de la autoridad emisora. Procedía de la incapacidad económica del Principado para conservar la buena moneda. No para adquirirla, puesto que los reales afluían de Castilla. Castilla, Cataluña, países extranjeros: países que estaban en niveles distintos de una jerarquía trazada por una Memoria de 1626: «En Francia por un real se puede comprar 60 cosas, en Roma 50, en Rosellón y Cerdaña 40, en Cataluña, Aragón y Valencia 24 y en Castilla sólo 17». Precisiones ingenuas sobre la disparidad de las capacidades adquisitivas, pero que resumen las impresiones de la época y explican la dirección, y las etapas, del flujo monetario.

Es tanto más interesante preguntarse cómo evolucionaron estas disparidades, qué proyectos y qué remedios fueron propuestos para los problemas de la moneda catalana, y de qué manera surgió la solución.

Las medidas coercitivas fueron numerosas, y sin eficacia. En 1599, en las Cortes, habían sido limitados los poderes de los diputados de la Generalitat en materia de licencia de exportación de monedas. Muy particularmente cuando estas licencias eran solicitadas por franceses o por marineros: esto indica cuáles eran las vías favoritas de salida de las monedas. Periódicamente se repetían las amenazas contra los falsificadores, que a veces eran terribles. Las recompensas a los denunciantes acabaron por costar demasiado caro a la municipalidad barcelonesa, que tuvo que disminuir su cuantía. Una tienda o un banco podían ser clausurados si se descubrían en casa de un comerciante o de un cambista más de tres libras de mala moneda. En 1605, para limitar el papel del vellón al de simple apoyo, ¡se prohibió librar como pago más de 11 dineros de vellón de una sola vez! Las monedas buenas eran marcadas con una letra para distinguirlas de las malas; casi inmediatamente la letra era imitada. Añadamos que la técnica de la amonedación no facilitaba en absoluto la lucha; Barcelona gastó mucho dinero, poniendo grandes esperanzas en el asunto, para sustituir la acuñación con martillo por la de torniquete, que había sido introducida en Castilla por tiroleses y flamencos; pronto se vio que si bien la forma de las monedas era más difícil de imitar y de cercenar con el nuevo sistema, en cambio las monedas obtenidas eran de peso muy desigual; esto dio origen a una nueva especulación.

La refundición general de la moneda, con compra de la plata al precio de mercado, intentada en 1611, no dio resultados mejores, aunque la ciudad de Barcelona asumió los gastos de la operación: 167.000 libras. Justo es decir que la operación estuvo bien llevada y que no respondió a las inquietudes que había suscitado al ser anunciada; «parecía advertirse la mano de la madre de Dios Nuestro Señor», dijo el Consell, y el pueblo estuvo completamente tranquilo, aunque no se reintegró al contado más que una pequeña parte de las monedas presentadas; en 1613 los que habían hecho aportaciones mayores aún no habían logrado la liquidación. Y no obstante, en esta fecha, la mala moneda volvía a circular casi sola, en cantidades excesivas.

La lucha contra las especulaciones de los banqueros privados fue otra de las preocupaciones de la municipalidad barcelonesa. Plantea un problema político-social curioso y mal esclarecido: ¿por qué los intereses agrupados en torno al Consell —ciutadans rentistas y mercaders interesados en el sistema de aprovisionamiento de la ciudad— se comportaron con tal encarnizamiento contra los manipuladores de moneda? El preámbulo justificativo de la creación del Banc de la Ciutat es una denuncia sin piedad del juego de los banqueros privados en el acaparamiento de la buena moneda y de las mercancías. Ponían en peligro la Taula de Canvi aceptando cualquier moneda y exigiendo una fuerte prima para reembolsar en plata, mientras que la Taula tenía que mantener, para inspirar confianza, la ficción de la equivalencia entre valores efectivos y nominales.

El Banc de la Ciutat, fundado en 1609, puso término a esa competición ilegal entre la Banca de Depósito pública y los bancos privados. Durante unos breves momentos se pudo creer que se había hallado la solución; en algunos meses, tras la creación del Banc, se difundieron las monedas de plata; y la ciudad pudo rescatar sucesivamente primero 50.000 y luego 100.000 libras de censales, con fuertes intereses. Pero aquella euforia no duró demasiado; a partir de 1611 la mala moneda anegaba las cajas públicas; el Banc de la Ciutat debía imponer de nuevo reglas, mientras que los banqueros privados jugaban con todos los desequilibrios, intercambiando el vellón gerundense por el barcelonés, las monedas «cortas» por las buenas, la plata por el oro legalmente sobrevaluado. Especulaciones inevitables, que los bancos se contentaban con centralizar. Lo que perseguía el municipio era la supresión pura y simple de aquellos bancos, el monopolio bancario para los dos organismos municipales, el Banc y la Taula.

En 1614 se presentó la ocasión para una ofensiva: un asunto de falsos trentins en el que se vieron implicados varios financieros, Pere Muntada, Negroto, los hermanos Serinyana. Esta gente no carecía de apoyos. Los Serinyana eran los banqueros del marqués de Almazán, el peor de los virreyes del siglo XVII: «tememos —escribieron los consellers— que la justicia brille por su ausencia en este asunto, como en tantos otros». Los acusados habían encontrado asilo en conventos. ¡Y eran íntimos de fray Rafael Franch, que, precisamente en las mismas fechas, llevaba en Madrid, en nombre del Consell, las negociaciones monetarias!

Cabe preguntarse, de paso, cómo este curioso personaje eclesiástico conseguía a la vez estar vinculado a los banqueros privados más conocidos —de lo cual no se ocultaba en lo más mínimo— y representar al municipio que había jurado perderlos. ¿Era acaso el único técnico en cuestiones monetarias utilizable? ¿O tal vez su elección había significado la victoria de una fracción municipal más favorable a los banqueros, fracción que el asunto de los falsos trentins permitió relegar a un segundo plano? Fray Franch negó que tuviera parcialidad alguna, pero tenía enemigos, hecho del que se enorgullecía, y fue llamado finalmente en 1615 para que regresara de Madrid.

El año 1615 asistió precisamente a la derrota de los bancos privados. En abril quebró el banco Moxó. En diciembre quebraron dos más, de los tres que quedaban en pie. Cuando el Consell obtuvo la supresión legal de una actividad que tanto había combatido, ésta se había ido extinguiendo, por así decir, por sí misma, en provecho del Banc de la Ciutat, que en 1617 y 1618 estaba agobiado de trabajo.

Esta victoria corresponde a la mejora general de las condiciones monetarias. ¿Causa o efecto? Es difícil contestar a esta pregunta sin tener en cuenta otra política desarrollada al mismo tiempo por Barcelona: la política de devaluación.

Efectivamente, la devaluación monetaria estuvo a la orden del día en el curso de los años 1614-1617, no menos que la lucha contra los bancos. La devaluación, preconizada, combatida, parcialmente aplicada, reclamada de Madrid con súplicas y aplazada cuando por fin recibió autorización, fue objeto de debates suficientemente vivos para arrojar luz sobre las ideas de la gente y sobre la situación del momento con respecto al problema monetario.

Durante mucho tiempo el Consell barcelonés, o por lo menos la mayoría del mismo, se negó a admitir la devaluación. En 1604, a propósito de la emisión de los menuts, en 1607 a propósito de las monedas de plata, la doctrina de la estabilidad monetaria fue netamente formulada por los informantes de las comisiones municipales interesadas. Contra los falsificadores, decía un informe de 1604, el único remedio consistía en dar a todas las monedas un valor intrínseco correspondiente a su valor nominal; sin embargo, no se tardó en reconocer que la doctrina ya no era aplicable a la moneda de vellón: habrían hecho falta monedas de tamaño enorme. En cuanto a la plata, era inútil, se decía también en el Consell, querer rebajar la ley catalana a la castellana, ligeramente inferior; esto no bastaría para evitar la exportación, puesto que la propia moneda castellana huía ya; más valía pues, para no poner en tela de juicio los privilegios municipales, conservar la estabilidad, y con ella el prestigio, de la moneda catalana tal como la habían definido las Constituciones.

¿Iba esta posición a resistir durante mucho tiempo la presión de los hechos?

La idea de devaluación fue abriéndose camino. Con motivo de los gastos de refundición de la moneda, asumidos por las finanzas municipales, se elevaron algunas voces en el Consell para que fueran compensados no por tasas nuevas, sino por la emisión de monedas de plata de ley y peso bastante rebajados: ley castellana —930 en vez de 958 ‰— y 80 monedas por marco en vez de 72. A partir de entonces y durante varios años, los partidarios de esta operación monetaria iban a proponer estas cifras como nivel deseable de devaluación. No obstante, aunque la primera sugerencia en este sentido se hizo en julio de 1611, las negociaciones no se reemprendieron en Madrid hasta fines de 1613: la tesis de la estabilidad no se dejaba, pues, doblegar fácilmente.

Sólo el 5 de enero de 1614 propusieron los consellers una devaluación general: en espera de la autorización para acuñar monedas de menos peso y menos ley, se iba a asignar a todas las monedas de oro y de plata un nuevo valor nominal, calculado sobre la base de 19 sueldos la onza de plata. Pero para aplicar esta decisión era necesaria, por lo menos, la aprobación local del virrey.

Pues bien, éste se limitó a fijar en 70 sueldos en lugar de 60 el valor nominal oficial del trena, la mayor de las monedas de oro, con la correspondiente alineación de las otras monedas del mismo metal. Para la plata, ordenó esperar las decisiones de Madrid. Esto fue punto de partida de un episodio singular. Las decisiones de Madrid tardaron tres años. Durante este tiempo el oro en Cataluña permaneció sobrevaluado, al ser la razón del oro a la plata superior a 16. El metal amarillo afluyó de todas partes: el Principado se convirtió en un país de circulación de oro en el mismo momento en que Valencia se convertía en un país de circulación de plata, mientras que Castilla no veía circular más que vellón. He aquí un elemento más para incorporar al dossier histórico de «la unidad» española.

Sin embargo, aun comprobando que, desde mediados del año 1614, «todo es oro» en el Principado, esto no significaba el final de todos los malestares. El oro, cuando está sobrevaluado, es tan mala moneda como cualquier otra. Además, el trentí —moneda que contiene más de 7 gramos de oro fino— es incómodo para las transacciones medianas, y la acuñación de monedas de oro más pequeñas sólo puede hacerse con cierta lentitud. La plata, más manejable y más escasa, conservaba pues una fuerte prima.

Y la municipalidad barcelonesa buscaba apoyos por todas partes —cerca del virrey, de la Generalitat, de los cónsules de la Llotja, del cabildo catedralicio y del obispo de Barcelona— para lograr de Madrid el permiso para alinear también su moneda de plata.

Fue entonces cuando se hizo llegar a la corte la voz, a través de fray Rafael Franch, excelente teórico —sin la menor duda— en materia de operaciones monetarias y, al parecer, hombre práctico de no menor eficacia en estos asuntos. Sus memorias, sus «respuestas» a las objeciones que llueven de todas partes, merecen ser incorporadas con un rango muy honorable en el cuerpo de doctrina económica español. Algunas de sus afirmaciones, agrupadas en torno a las ideas centrales de su pensamiento, ayudan a situar al Principado catalán ante los problemas planteados al mundo español.

Fray Rafael Franch tuvo como primera tarea en Madrid tranquilizar a la autoridad castellana sobre una operación de la que podía justificadamente desconfiar. ¿Qué es lo que pedía, efectivamente, Cataluña, si no hacer, con la aprobación de Madrid, lo que hacían todos los países extranjeros: importar los famosos reales de a ocho y de a cuatro —dejando así a Castilla sin su moneda de plata— para refundirlos en monedas de menor peso, comprar con ellas una mayor masa de mercancías y, en última instancia, producir más barato que en territorio castellano? Franch se afanó en demostrar que esto no tenía importancia. Castilla es la única, decía, que, al ser productora de plata, puede considerar a ésta como simple mercancía intercambiable; por esto tiene a la vez el deber y el interés de mantener sin cambio la tasa de su real de plata, que establece la norma internacional. En cambio Cataluña, país no productor, no puede evitar hacer lo que han hecho varias veces Génova y Francia en los veinte últimos años: devaluar la moneda local con objeto de conservarla. Estas observaciones ponen de manifiesto hasta qué punto el Principado catalán, desde el punto de vista económico y monetario, se sentía poco solidario del sistema español; su representante hablaba como un extranjero, y no como copartícipe de la brillante y peligrosa propiedad de las minas de Indias.

Mediante la devaluación, sigue diciendo Franch, Cataluña tendrá interés en comprar plata en Castilla, con prima de 6 a 8 por ciento, para fabricar moneda. ¿Cómo la pagará? Mediante una compensación triangular, sugiere: los créditos de los exportadores catalanes sobre Italia serán transferidos a las ferias de Castilla por los negociantes italianos, que en estas ferias son acreedores. Otro medio: Castilla gasta bastante dinero en Cataluña para las construcciones navales y la soldada de las tropas mantenidas en las fronteras; que lo deposite en la Taula de Canvi y se hará con él nueva moneda.

Ahí vemos dos de las vías por las que el dinero huye de Castilla: por el déficit de la balanza comercial con Italia, y por los gastos de guerra fuera del territorio. Vemos también que, en ambos puntos, la posición catalana es diferente: el saldo es activo con respecto a Italia; y el dinero castellano dedicado a la lucha contra Francia se gasta en parte en territorio catalán. Esto basta no tal vez para hacer del Principado un país económicamente boyante, pero sí por lo menos para distinguir su suerte de la de Castilla.

Franch, consciente de lo que tienen de irritante estas constataciones para Castilla, usa otros argumentos, en realidad más desalentadores pero que parecen más desinteresados: la devaluación monetaria no depende de las voluntades; brota de los mismos mecanismos económicos; se hace realidad sin esperar autorizaciones.

Por ejemplo, antes de la refundición de 1611, el público catalán aceptaba muy bien, por un valor nominal de 24 dineros, reales que al peso no contenían más de 12 o 18. Igualmente, en Zaragoza, en Valencia, en fecha de 1614, el nombre de las monedas no correspondía ya a su contenido. Por último, desde que el «molinillo» fabricaba en Barcelona monedas involuntariamente (?) muy irregulares en peso, se constataba que las monedas de plata de un sueldo, que habrían debido contener 12 dineros, desaparecían si contenían más de 11 y circulaban perfectamente si contenían por lo menos 9. Entre los 9 y los 11 dineros había, pues, un punto de equilibrio natural que bastaba sancionar oficialmente, y fuera del cual toda medida para conservar la moneda sería quimérica.

Firme en estas posiciones, Franch responde con bastante desdén a los escrúpulos, a los prejuicios, a las objeciones a veces pueriles de los «doctores» de la Audiencia o Real Consejo de Barcelona. Se nota que estaba en el meollo mismo de los problemas prácticos. En Madrid unos genoveses le solicitaron para transferir considerables créditos de Castilla a Barcelona. Sabe que allí donde abunda la moneda el interés del dinero es bajo. Sabe que la devaluación oficial favorecerá las exportaciones.

No se siente incómodo más que en ciertos puntos, en los que su doctrina misma contradice la necesidad de devaluar que le han encargado defender: por ejemplo, cuando un papel de Madrid hace notar que, al fin y al cabo, la conservación del dinero en el Principado no depende tanto de la tasa a la que se fijará su moneda como de su balanza general de pagos; el autor de este papel, seguramente el napolitano Gaspar de Pons, había captado perfectamente la situación de Cataluña, intermediaria entre la de Castilla y la del extranjero.

Hay también el problema de las alzas de precios. Ya han tenido lugar, estima Franch, porque ha habido desvalorización práctica de la moneda antes de toda devaluación reconocida. Esta no afectaría más que a los precios de importación y no a los precios interiores. Pero, ¿responde esto suficientemente al gran temor que al parecer se encubre tras la oposición del Real Consejo a la devaluación, a saber, el miedo a una disminución de los ingresos fijos? Los «doctores» de la Audiencia hablan en nombre de los letrados, de los rentistas, de los propietarios de «censos», en unos momentos en que los partidarios de la estabilidad monetaria habían sido finalmente desplazados de la política municipal.

Estas luchas y estas controversias recuerdan las del siglo XV. La atmósfera, en cambio, es muy distinta. Esta vez ya no hay conflictos en la plaza pública, ya no hay injurias entre ciutadans y menestrals, ya no hay «partidos». En suma, ya no hay democracia ciudadana. Lo que hay son extensas memorias de técnicos, intrigas de hombres de negocios, parsimonias de abogados para maniobrar entre unos funcionarios a la vez autoritarios y desconfiados, los virreyes y unos «Consejos» burocráticos, tanto en Barcelona como en Madrid.

Pero ¿es tan angustiosa la situación como podía serlo en el siglo XV, cuando se anunciaba el derrumbe de la potencia catalana medieval? No lo parece. Cataluña, sin duda, se ve arrastrada a la situación de dificultad española del siglo XVII, pero incluso en el terreno de la moneda hay límites al desorden y ciertas capacidades de recuperación.

Efectivamente, se pueden precisar los límites de la desvalorización de la moneda catalana.

En 1601 la compra de los reales castellanos se hizo con una prima del 1,5 por ciento: este fue el punto de partida.

En 1603, el escudo de oro que, de acuerdo con la tarifa establecida en 1599, habría debido valer a lo sumo 22 sueldos y un dinero, valía ya más. Sin embargo, cuando Barcelona quiso estimarlo en 25 sueldos, chocó con las condiciones del mercado. El público, en esta fecha, aceptó el escudo sólo por 24 sueldos, dato que mide el punto de desvalorización real, ante el oro, de la libra catalana de cuenta. Bien es verdad que en 1606-1607, cuando los valores del escudo fueron establecidos con vistas a las ferias de Plasencia, vemos cómo en pocos meses pasan a 25 sueldos, luego a 26 y luego a 27, lo cual parece anunciar una rápida modificación desfavorable del cambio. No se trata, sin embargo, ni de una caída brutal ni de un movimiento en un solo sentido: en octubre de 1607 el escudo de oro volvió al valor de 25 sueldos y medio. La pérdida, desde 1603, sigue siendo débil.

Los años 1609-1613 señalan en cambio una crisis importante de la libra catalana, ya que en los primeros días de 1614 la tasa oficial del escudo de oro ascendió a casi 31 sueldos. Los reales de plata castellana, a partir de 1609, se pagaron con un premio de entre el 6 y el 10 por ciento. En 1611 la plata para la refundición monetaria se pagaba a 17 sueldos la onza. En 1614, en el mes de enero, se estimaba, tal vez con un cierto exceso, que este precio de la onza de plata ascendía a 19 sueldos. Unos meses más tarde, la plata, al escasear ante el oro sobrevaluado e incómodo, iba a venderse por parte de los especuladores con beneficios del 12 y del 16 por ciento, cifras juzgadas escandalosas por los textos que dan testimonio de ellas.

Pero estas cifras —y en esto reside lo importante— no serán sobrepasadas. Pese a la amenaza de devaluación oficial que pesa sobre la moneda catalana, unos genoveses ofrecen a fray Rafael Franch, en el mismo año 1614, la venta de una suma elevada de plata castellana, pidiéndole sólo un 9 por ciento de premio. Franch, sin embargo, rechazó la oferta. Creía que pronto podría tratar sobre las bases del 6 o del 7 por ciento, y más adelante incluso del 4 y 5.

Efectivamente, se está comprobando, mediante la experiencia del oro, que las tasas previstas para la devaluación superan las realidades del mercado. Con el trentí a 70 sueldos de enero de 1614, el oro es de nuevo ofrecido en el mercado e invade incluso en exceso la circulación catalana; por esto mismo, su valor, en manos de los especuladores, desciende muy pronto por debajo de la tarifa legal; pronto se plantea la cuestión de volver a cotizar el trentí a 64 sueldos, lo cual llevaría el escudo al nivel de 28 sueldos y 3 dineros; la caída, comparada con los 25,6 del año 1607 y los 27 del año 1606, recupera de nuevo proporciones modestas.

A raíz de ello, ya no se defiende tan estrictamente la tasa de devaluación para la moneda de plata catalana, reclamada en Madrid por Franch. Como se recordará, se quería acuñar 80 reales catalanes por marco en vez de 72. Madrid ofrece la cifra de 76. Franch aconseja eXIgir 78, abandonando 80. Fue acuñando de 76 a 78 reales por marco como Cataluña iba a dotarse, a finales de 1614, de una moneda de plata en equilibrio con las monedas extranjeras.

Naturalmente, acentuar la tasa de devaluación sería favorable a la vez a las finanzas barcelonesas y a las exportaciones catalanas. Por otra parte, Franch —esta vez equivocadamente— no confía en el futuro; recomienda a la Taula de Canvi almacenar el oro, en caso de poder obtenerlo a buen precio, porque su valor va a subir. Por todas estas razones se jura a sí mismo obtener la autorización de acuñar 78 reales por marco, no 76. Pero Madrid se reafirma en su cifra. Los «medios» de persuasión proporcionados desde Barcelona a fray Rafael Franch sin duda no resultan suficientes. Cuando se va de Madrid, a finales de 1615, las cosas siguen sin resolverse; seguirán así hasta 1617.

En esta fecha el asunto de la moneda barcelonesa desemboca en una tragicomedia. El nuevo enviado de Barcelona, J. F. Rosell, se echa a los pies del duque de Lerma exclamando: «Barcelona se pierde, Cataluña se acaba»; y añade: «derramé una lágrima, a lo que me ayudó considerablemente mi catarro y mi fuerte dolor de cabeza». En julio, el Consell, para obtener la gracia de devaluar, hace salir en procesión el Santo Sacramento; en septiembre envía cerca del rey al primer conseller, en solemne embajada, provisto de un viático de 50.000 libras y acompañado de teólogos, para tranquilizar las conciencias.

Pero entretanto se han dado instrucciones para aceptar la acuñación de 76. Ya ha dejado de ser desventajosa. La equivalencia de la moneda catalana, pues, ha tendido a mejorar desde 1615.

Mejor aún: el privilegio de 1617 no iba a aplicarse, aunque se haya creído lo contrario. Desde el mes de diciembre puede preverse su aplazamiento. La primera acuñación posterior de plata es de agosto de 1619: se hace a 72 reales el marco; lo mismo en 1626 y en 1630. Esto tiene una explicación: en 1625 se puede comprar a los particulares los reales castellanos con sólo 3,5 por ciento de premio. Se ha regresado, pues, a las condiciones de comienzos de siglo. La crisis de los años 1609-1615 ha sido pasajera. La situación monetaria del Principado, entre 1617 y 1640, es más favorable no sólo que la situación castellana, sino también que la valenciana.

El sentido de la recuperación monetaria de los años 1617-1640 nos viene dado por las protestas alzadas, en 1617, por la política de los devaluadores. Esta política —dice la Audiencia, apoyada por la ciudad de Gerona e informada por los obispos y los vegueres— no interesa ya más que a las finanzas barcelonesas. En el conjunto del Principado el problema monetario se ha visto resuelto por la abundancia del oro para los pagos de importancia y de menuts para los pequeños; si la plata escaseaba en el Principado en relación con el oro, no ocurría lo mismo internacionalmente, y la Taula podría comprar de nuevo la plata a buen precio en caso de que quisiera, un buen día, restablecer la circulación-plata, cosa que, por lo demás, no era urgente.

Barcelona replica que la abundancia de oro no favorece sino a los ricos, puesto que los pobres, que han de pagar en menuts, pierden cada vez con el cambio. No es éste el problema esencial. Lo importante es que el oro almacenado —que debía de ser abundante, sobre todo en el campo— se ha puesto en circulación; y se ha puesto en circulación tan profusamente que en el mercado libre, fuera de Barcelona, el trentí ya no está a 70 sueldos, sino a 60, como en 1599. En Barcelona, donde la tarifa oficial influye más debido a la presencia de la Taula de Canvi, el mercado libre cotiza el trentí entre 62 y 64.

Por desgracia no podemos confrontar estas observaciones monetarias con la curva de los precios. Las observaciones de los contemporáneos sugieren que la inflación acarreó un alza entre 1605 y 1611, que la refundición de 1611 —intento de deflación— no hizo bajar los precios, como tampoco los hizo bajar el retorno del trentí de 70 sueldos a 66. Alza antes de 1617 y a continuación estabilidad: ¡qué contraste con las sacudidas sufridas en Castilla!

¿Cabe atribuir esta resistencia y este saneamiento a la pericia monetaria del órgano catalán emisor, la ciudad de Barcelona? Difícilmente. Porque las notables opiniones, teóricas y prácticas, del gran técnico municipal fray Rafael Franch se vieron constantemente superadas, o rebasadas, por los hechos. A lo sumo cabe saludar, en 1618, la flexibilidad de las decisiones ante las constataciones de la experiencia.

La recuperación monetaria, después de 1617, es claramente, no causa, sino consecuencia de la solidez económica del Principado. Si la sobrevaluación del trentí creó en Cataluña la abundancia del oro, fue porque existían ya reservas de este metal. ¿Acaso es ocioso señalar que la recuperación monetaria se anunció primeramente en el campo, y que las tesis, pueriles en teoría, inspiradas por los intereses agrarios se sobrepusieron finalmente a los sabios cálculos del Consell y de Franch?

La nueva clase acomodada de las grandes masías, los recaudadores de diezmos y otros derechos señoriales, los beneficiarios de las exportaciones de frutos, de vinos, de aceites y de trigos eran los elementos capaces de sostener la moneda, de dar a la libra catalana un contenido que los técnicos barceloneses no se atrevían a esperar para ella. Incluso en la industria sabemos que las iniciativas sufren un reflujo desde la capital hacia la provincia, donde la mano de obra se ofrece a más bajo precio. Por esto no es imprudente suponer que la prosperidad rural tiene una base demográfica.

La recuperación demográfica relativa del Principado catalán

A mediados del siglo XVI, la inferioridad del poblamiento catalán respecto a la España interior no ofrece ninguna duda. La relación de las densidades era entonces del orden de 10 o 12 a 24 o 26. Pero es posible que esta relación se modificara desde antes de 1600. En todo caso, cambió entre 1600 y 1640.

Entonces tuvo lugar un retroceso de la población castellana. Aquí no invocamos tan sólo los gritos de alarma de los «arbitristas». Los censos llamados de Tomás González indican con precisión una caída de la población urbana. Y el alza brutal de salarios cuantificada por Hamilton señala la brusca rarefacción de la mano de obra. Hamilton ha observado la relación de este fenómeno con la peste de 1600, relación más neta que con la expulsión de los moriscos de 1609, que a veces se invoca. Pero esta expulsión tuvo que ser también un factor de despoblamiento, por lo menos a escala regional (Valencia perdió el tercio de su población).

Cataluña parece escapar a estas catástrofes, a las que la España interior se sobrepuso más difícilmente que a las sangrías precedentes. O mejor dicho, la Cataluña del este —de masías aisladas y fuertes— presenta a este respecto un contraste notable con el Rosellón por un lado y con la Cataluña occidental por el otro (estas dos regiones siguen el destino de la España interior; el siglo XVII acentuó en ellas el despoblamiento).

En el curso del siglo XVI, aunque sin duda el proceso haya comenzado antes, la Cataluña occidental (Lérida, Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues) se despuebla hasta el punto de no representar en 1717 más que el 11 por ciento de la población del Principado, en vez del 22 en 1535. La población del Rosellón, en particular la de Perpiñán, se hundió con las pestes de 1629-1630. El aumento final —apreciable— de un siglo y medio de evolución demográfica ha de ser atribuido por entero, en definitiva, a la Cataluña «del siglo XI», la «Cataluña Vieja» centrada en Barcelona.

En cuanto a la distribución de estos aumentos y estas pérdidas, es más difícil de precisar. Pero las curvas parroquiales estudiadas (todas ellas situadas, por desgracia, en las regiones favorecidas) dan los excedentes naturales de población más acentuados entre 1576 y 1630, y más particularmente en los períodos 1596-1600, 1601-1605, 1616-1620. Esto no significa que estos períodos desconozcan las crisis de alimentos y de población: 1589-1591, 1606 fueron años de mortalidades brutales. Pero en cada ocasión el dinamismo de la población se sobrepone.

Observemos que la peste de 1599-1600, decisiva en Castilla, no alcanza a Barcelona y no debe de afectar más que a las regiones occidentales. Ahora bien, éstas fueron asimismo las afectadas por la expulsión de los moriscos. Éstos representaban, para cuatro localidades de orillas del Segre y trece de orillas del Ebro, respectivamente el 25 y el 27 por ciento de la población. Se puede cifrar tal vez en diez mil el número de los expulsados. Pero las exenciones y los regresos parecen haber sido menos raros en Cataluña que en el resto de España. Pese a todo, pueblos como Ascó quedaron vacíos; y Flix deseaba un repoblamiento aún en 1613.

Las precauciones tomadas en Barcelona contra la peste en 1604, 1605, 1614, 1619, 1621, 1623, 1625, 1628-1629, 1630-1632 fueron relativamente eficaces, al menos para la capital. El estudio de Jordi Nadal señala modificaciones desfavorables entre 1620 y 1630. Y la gran hambre de 1629-1630 parece indicar claramente un viraje.

Lo que nos importa de momento es el balance de los primeros decenios del siglo. Despoblando el Rosellón y las regiones catalanas occidentales, contribuyeron a concentrar alrededor de Barcelona y de la Cataluña subpirenaica, del Cardoner al Fluvià, las fuerzas y las consciencia de la región. Es el momento culminante de la inmigración francesa; según la lista de 1637 la proporción de los franceses inmigrados, en los pueblos de la costa, nunca era inferior al 10 por ciento de la población, alcanzando a menudo el 15 por ciento.

Ahora bien, pocos inmigrantes llegan del oeste catalán, del Rosellón o de la Península; la atracción es de larga distancia; se ejerce sobre la Francia pirenaica y hasta la altura de Auvernia. Pero el núcleo catalán queda rodeado de regiones cada vez más desérticas.

Esta es una razón de más para que ofrezca un aspecto de país próspero y poblado. A partir de 1605 encontramos por vez primera, en la Descripción geográfica del padre Diago, una expresión que hizo fortuna: Cataluña parece «una sola ciudad», una «aglomeración continua». Corbera lo repetirá en 1632, Marcillo en 1685. Naturalmente, se trata de un estereotipo que se transmite. Pero la manera como nace es interesante. Los autores precisan su impresión, que es aún la que tenemos hoy en el Vallès o en el Maresme. No hay caserío, no hay aldea desde donde no se perciban ya otras aldeas y otros caseríos, pese a los accidentes del relieve y a la densidad de los bosques. Mientras que el hábitat disperso era descrito en el siglo XVI como signo de escasa población, en el siglo XVII se convierte en índice de riqueza demográfica.

Tal riqueza se vio en seguida exagerada por las imaginaciones. Es curioso seguir el juego entre la realidad demográfica dinámica y la imagen subjetiva que ha provocado. Damians, en su memoria de 1630, dice haber escuchado de boca de personajes serios, autores de encuestas para las Cortes de 1626, que el Principado contaba con 250.000 fuegos, es decir un millón de almas. Aun incluyendo en esta cifra el Rosellón, resulta inadmisible. Pero era admitida a la vez por los pesimistas como Damians, por los arbitristas que aconsejaban a los ministros, por las propias autoridades del Principado, que se enorgullecían de ella. Pues bien, observemos que del siglo XIV al XVI todos los textos insistían en el despoblamiento catalán; a partir de 1600 fueron los comentaristas de la decadencia castellana los que destacaron la caída demográfica, mientras que el Principado, a sus ojos, adquiría una población legendariamente elevada.

La noción de una Cataluña rica en hombres está implicada en dos documentos de alta significación política: por una parte el llamamiento (última advertencia antes de la ofensiva centralizadora de Olivares) de Felipe IV al Principado, con motivo de las Cortes de 1626; por otra parte, la Proclamación católica, a través de la cual el Consell barcelonés se esforzará, en nombre del país entero, en justificar la rebelión de 1640. El llamamiento del rey se dirige a las energías no empleadas (o subversivas) de los catalanes a favor de las tareas militares comunes. La Proclamación hace constar que Cataluña tiene bastantes hombres para defenderse; que no tiene, pues, necesidad de soldados «extranjeros».

En ambos casos, la alusión al número de hombres viene acompañada por una alusión a un fenómeno ligado a su vez al sobrepoblamiento rural: el fenómeno del bandolerismo.

La evolución del bandolerismo catalán: de las luchas de facciones a la rebelión catalana

Las condiciones que explicaban los progresos del bandolerismo catalán en el siglo XVI subsistían en el XVII: sobrepoblación rural, miserias del desempleo, tentaciones ofrecidas por la circulación de dinero e inflación de mala moneda. Más delicada es la interpretación de los aspectos políticos del bandolerismo —¿a quién sirven los bandoleros?— y más instructiva la evolución final de este aspecto.

Los grupos de bandidos catalanes, en los confines de los siglos XVI y XVII, se dividen en clanes que se combaten y se retan unos a otros. Esto, naturalmente, no era en absoluto original, ni en el espacio ni en el tiempo. Lo sorprendente es encontrar las facciones reducidas a dos tendencias, entre las que se reparten las bandas de irregulares, así como las simpatías de la opinión: en Cataluña, entre 1580 y 1630, se es nyerro o cadell.

Si estos nombres provinieran simplemente de los de Tomàs Banyuls, señor de Nyer, en el Rosellón, y de mossèn Joan Cadell, señor dueño de castillos en diversos lugares del Alto Urgell y de la Cerdaña, que fueron jefes de estas facciones a finales del siglo XVI, habría que preguntarse ya cómo estos personajes lejanos y poco consistentes pudieron despertar el interés de todo el Principado y llenarlo de partidarios suyos. Pero la división les sobrevivió, rebasando pues a sus personas; si se añade que los nombres de nyerros y de cadells se pronunciaban ya en el siglo XIII, se verá que lo que debe restablecerse es una continuidad folklórica de cuatrocientos años; nada indica que haya representado siempre la misma realidad.

Nyerros contra cadells: ¿era una vez más una lucha de señores contra campesinos, o la de una nueva clase acomodada instalada en las masías contra campesinos que siguieron siendo pobres? Para admitirlo habría que demostrar que uno de los clanes se componía de mercenarios, y el otro de verdaderos rebeldes, y saber a quién atacaba preferentemente cada uno; si la distinción hubiera sido clara en los hechos, lo sería más en los documentos.

El autor de una buena monografía sobre Rocaguinarda —el Roque Guinart de Cervantes— ha querido convertir a los nyerros en defensores del derecho de los señores y a los cadells en los del derecho de las ciudades. No nos convence en absoluto. Las ciudades estaban ellas mismas divididas. ¿Y por qué habrían elegido como campeón de su causa a un hidalgo de Cerdaña? ¿Por qué el obispo de Vic, en tiempos de Rocaguinarda, era cadell, mientras que sus canónigos eran nyerros? Es posible que los señores tuvieran sus hombres de armas, las comunidades los suyos propios. No se sabe que se hayan opuesto unos a otros. Y no se percibe por qué motivos habría ocurrido. Un gran conflicto entre las ciudades y los señores se traduciría en discusiones en las Cortes: en cambio, no tenemos noticia de ellas; los municipios estaban en manos de burgueses muy ligados a los intereses señoriales; el Consell de Cent, que daba el tono, no tenía una política sistemática contra la nobleza. Es cierto que en 1606 la «unión contra los bandidos», formada por las ciudades, había de provocar la protesta del brazo de los nobles, afectados en sus privilegios por algunas detenciones. Pero esta «Unión» tardó cuarenta años en constituirse y no duró más de seis. Nunca adoptó la forma de aquellas hermandades castellanas que habían ayudado a los Reyes Católicos contra los aventureros; nunca llegó, tampoco, a tener su fuerza.

La presencia de extranjeros (sobre todo franceses), de moriscos, de herejes, en que insisten los textos contemporáneos cuando describen a los bandoleros, tampoco permite en mayor medida dar a la división de estos bandoleros un sentido político. Soler i Terol creyó distinguir entre los nyerros un matiz de francofilia. Pero este matiz no era característico: los grupos de cadells contaban entre los suyos a no menos franceses y gascones que los grupos nyerros; los jefes nyerros eran los que suscitaban mayor admiración en la literatura castellana y suelen culminar su carrera en el ejército del rey. Finalmente, cuando la gente de orden del Principado acusaba a los bandoleros de ser disidentes religiosos o agentes del extranjero, tales acusaciones no apuntaban en mayor medida a un bàndol que al otro. Y ¿cuál era el alcance exacto de estas acusaciones? Conocemos hoy la cantilena: el «maquis» es siempre el extranjero, el hereje.

¿Podía ser, finalmente, el bandolerismo —también se ha sugerido esto— una sorda reacción del sentimiento catalán contra el autoritarismo centralizador, un jalón en la vía histórica del particularismo? La resistencia de los bandoleros a las tropas del virrey, la simpatía popular por esta resistencia, ciertos gritos habituales de las bandas —«Visca la terra»— pueden justificar tal impresión. Pero para explicar la división de la opinión catalana entre los nyerros y los cadells, habría que suponer entonces que, al ser uno de los campos favorable a los organismos autónomos del Principado, el otro era favorable a la autoridad real. Sin embargo, no hay señales de nada parecido. Ocurre a veces que bandas opuestas se reconcilian cuando se trata de resistir a una operación de policía. Y la operación de policía, si bien por lo general es montada por el virrey; a veces lo es también por la diputación o por la «unión de las ciudades contra los bandidos». El Consell de Cent, en 1616, felicitó al virrey Albuquerque por los resultados de su represión, pese a su manifiesto desprecio por el Principado.

En suma, mientras no tengamos información más amplia, el juego de las simpatías entre la opinión, las autoridades y los dos clanes de bandoleros, y por ende el aspecto político del bandolerismo, quedan aún bastante oscuros. No parece que ningún choque violento de intereses oponga a nyerros y cadells. Lo más probable es que se trate de un complejo de tradiciones y de sentimientos, en que los nyerros recogen la herencia de la indisciplina de los nobles, aventurera, altiva, pero generosa, y los cadells la herencia del particularismo de los fueros (mossèn Cadell, con ocasión del asunto de Antonio Pérez, arrastró a sus bandas a la defensa de Zaragoza). Los dos clanes oponen tradiciones familiares, sociales, y matices de temperamentos, unos más aristocráticos, los otros más populares. Pero los dos clanes se benefician por igual de un impulso de descontento que mueve a simpatía hacia la indisciplina violenta, tanto si reta la autoridad de Madrid interpretada por el virrey, como la de los organismos catalanes, muy sometidos, pese a sus pretensiones de independencia. En plena querella entre nyerros y cadells, el poeta Vicenç Garcia, rector de Vallfogona, nyerro puesto que admiraba fervientemente a Rocaguinarda, llora a causa de la vanidad de una división que hacía malgastar la combatividad catalana: «Mas ja aquella gallardia / tota se’n va avui en dia / en ser nyerro o ser cadell».

Si hubiera habido razones profundas para una y otra opción entre ambos clanes, no hallaríamos esta nostalgia de unanimidad. Contrariamente a lo que pasó en el siglo XV, esta vez no va a ser el poder real el que se aproveche de una división entre catalanes; es la división entre catalanes la que se borrará para dar entrada a un desprecio y a una oposición generalizada contra la autoridad castellana.

La impotencia y las torpezas de los responsables del orden público influyeron mucho en ello. En los problemas de la policía interior, así como en los de la policía marítima, la dualidad de poderes debilitaba a éstos; durante todo el siglo XVI, poder central y poder regional se habían devuelto la pelota. El virrey tiene el poder militar: a él le corresponde restablecer el orden, pensaban los catalanes; la Generalitat y las ciudades tiene sus finanzas y el derecho de recluta militar del sometent: a ellas les corresponde intervenir contra los bandoleros, daban a entender los virreyes, que recibían de Madrid pocas tropas y poco dinero. Con este juego nunca hubo más que una represión discontinua; los virreyes, cuando actuaron, pretendieron siempre acabar de golpe, como buenos militares; el sometent más prolongado que convocó las autoridades catalanas duró diecisiete días. Así, la represión del bandolerismo tendió a reducirse a expediciones punitivas infrecuentes y brutales, que hirieron privilegios, intereses y sentimientos: arrancar puertas y ventanas de las masías, arrasar casas —de sospechosos que a veces no eran culpables—, acarrear cadáveres «a carretadas», eran cosas que no podían por menos de sublevar a la opinión pública. En los campos se llegó a temer más a los soldados que a los bandidos. Éstos hallaron protectores entre los campesinos más simples y entre los personajes de más alta alcurnia.

A medida que avanzó el siglo XVII, estas complacencias menudearon más y más. El sometent popular no permitía mantener el secreto de las operaciones, según se comprobaba: los bandoleros encontraban siempre informadores. Entre 1612 y 1615 la opinión ubicaba en el palacio del propio virrey Almazán las responsabilidades por un recrudecimiento del desorden: se decía que dejaba gobernar a su mujer y a su hija, y a subordinados corrompidos, y que luego tenía accesos de autoritarismo, al no querer —según decía— pasar «por un palo». Esta vez las debilidades del aparato de estado se combinaban con las primeras manifestaciones de la corrupción.

A partir de entonces, el irregular de todo tipo pareció justificado en virtud del desprecio por el estado. ¿Jugó un papel de oposición? Pronto fue popular. Ante la sangrienta represión de Albuquerque, las autoridades municipales se inclinaron sin ninguna grandeza, pero se exiliaron hombres conocidos; el pueblo se manifestó, obligando a liberar a algunos prisioneros.

Esta reacción espontánea adquirió en definitiva mayor importancia que las viejas querellas entre bandositats, o que los conflictos de preeminencia y de privilegios en que se complacían los poderes tradicionales. Las oposiciones convergieron en el sentimiento de que «la tierra» —Cataluña— estaba oprimida por un «mal gobierno» lejano, extranjero, corrompido. Así también, a finales del siglo XIX, carlismo y federalismo —tan distintos en contenido— convergirán en el catalanismo; así también, en 1919, unos apacibles burgueses intelectuales llegarán a sentirse solidarios, frente a las sangrientas represiones ordenadas desde Madrid, del terrorismo anarquista. «Visca la terra, Muira lo mal govern, Muiran los traïdors», gritaban cada vez más a menudo los bandoleros, después de 1618. Ya no se trata del grito de unos simples aventureros; es un grito de oponentes, y de oponentes políticos. Durante este período tardío —entre 1620 y 1630— vivieron los grandes jefes de banda más populares, como Serrallonga.

En 1640, en la rebelión contra las tropas de Olivares, ya no se distinguirá más a nyerros de cadells. Pero los «hombres de los bosques y de las cuevas», como lo había predicho la Proclamación católica, participaron en la sublevación, iniciada en los campos.

La rebelión de 1640, reacción política de una región en auge contra las repercusiones de la decadencia

Pese a la estricta conservación de la autonomía política medieval, Cataluña, mal poblada, mal curada de su gran crisis interna, notaba su escasa influencia en el Imperio de Carlos V o de Felipe II.

El hecho de que osara rebelarse en 1640 (al mismo tiempo que Portugal, la otra nación gloriosa de la periferia ibérica), de que se atreviera a desligar su destino del amenazante naufragio imperial, es el signo más dramático del debilitamiento español. Desde el punto de vista catalán, podría haber sido un signo de desesperanza: muchos historiadores lo han admitido, obsesionados por el lugar común de la decadencia general del siglo XVII. El progreso agrícola y demográfico, la recuperación monetaria, no sugieren, en realidad, una situación desesperada en el Principado. Su rebelión nos parece, por el contrario, una manifestación de vitalidad, una negativa instintiva a dejarse arrastrar por la decadencia.

A pesar del estancamiento comercial y de las crisis de transformación del artesanado, a pesar de las carestías de 1614-1616 y de 1628-1631, el balance de los años 1600-1640 es, en efecto, un balance positivo para Cataluña. La recuperación monetaria es la prueba más objetiva de ello: los contemporáneos tuvieron consciencia de esto, particularmente los españoles no catalanes, lo cual supone, en el meollo de la decadencia peninsular, un elemento de contraste.

Desde los años 1600 y hasta la rebelión de 1640, Cataluña aparece como favorecida entre las provincias; Barcelona es conocida entre los cronistas, en Lope de Vega y en el Romancero —que constituye un testimonio más significativo— con el epíteto de «Barcelona la rica».

¿Trátase de viejos recuerdos? No sólo de eso. En 1599 la prodigalidad catalana, en las Cortes, para con el rey tal vez impresionó. Pero los años de crisis y de desórdenes monetarios, entre 1603 y 1618, no hicieron peligrar el esplendor de la ciudad. En 1617 la embajada del primer conseller a Madrid, que logró el privilegio monetario de devaluación, no fue más brillante que la de Josep de Bellafilla en Valladolid en 1602. La recepción de Felipe IV en Barcelona en 1626 estuvo a la altura de la de Felipe III en 1599: la crisis de las corporaciones no parece afectar a su pompa exterior. En 1630 —año en que se expresa el pesimismo comercial e industrial de Damians— la descripción de la vida municipal hecha por el síndico Esteban Gilabert Bruniquer contiene, tras los tradicionales elogios, ciertas precisiones sorprendentes: sobre la actividad del Banc de la Ciutat, sobre las reservas de la Taula de Canvi, sobre las sumas dedicadas al puerto artificial (300.000 ducados, siendo la tercera reconstrucción), sobre los gastos de beneficencia y de cultura que se permite hacer la ciudad, pese a las críticas: de 4.000 a 5.000 libras anuales para proporcionar gratuitamente la carne de cordero al Hospital general, 4.000 libras para los emolumentos de los profesores del estudi general, o enseñanza universitaria.

Ahora bien, sabemos que la capital, en el siglo XVI, ya no resumía la vida económica del Principado. Cuando ella gime, nunca faltan informadores benévolos dispuestos a advertir al rey y al Consejo de Aragón que el estado de los campos y de los pueblos catalanes no justifica en nada las lamentaciones de Barcelona.

De esta prosperidad, excepcional en la España del siglo XVII, sabida —y exagerada— en Madrid, surgirá justamente el conflicto, preludio de la rebelión: el gobierno central, en pleno descalabro financiero, tiene el ojo puesto en los recursos catalanes, que los órganos locales defienden ardorosamente frente a las exacciones. Además, cuando se trata de leva militar y alojamiento de tropas, la protesta popular, violenta, viene a reforzar el malestar, más tímido, de los organismos oficiales.

El reinado de Felipe III, en la historia de esta lucha, no fue demasiado amenazador. Las peticiones al Principado iban acompañadas de favores y halagos. Los subsidios catalanes de 1599 revertieron en gran parte, bajo forma de subvenciones y de privilegios, sobre la nobleza y las ciudades catalanas. En 1602 la embajada de Bellafilla se vio rodeada de toda clase de honores. El duque de Lerma tiene vínculos con Cataluña. Un miembro de la gran familia barcelonesa de los Albanell es preceptor del príncipe heredero. Esto podía bastar, en aquella época de omnipotencia de los validos, para resolver muchos conflictos, para retrasar muchas exigencias.

No bastaba, en cambio, para evitar todos los incidentes, ni sobre todo las desconfianzas y antipatías manifestadas, entre políticos castellanos y catalanes, ya sea en Madrid ya en Barcelona. De 1615 a 1617 la correspondencia de fray Rafael Franch y de J. F. Rosell, bajo los dos virreinatos —el primero negligente, el segundo brutal— de un Almazán y de un Albuquerque, permite captar la psicología del conflicto latente.

Fray Rafael Franch escribe desde Madrid «que nuestro país esté infestado de bandidos, y sobre todo que tengan sus bases en las cercanías de Barcelona, nos es imputado a mal aquí, y se nos trata como a negros [...] se me mira con tales ojos que prefiero no hablar de ello; [...] nuestro asunto está en manos de gentes que no nos quieren; y no comprenden nada [...]».

El enviado de Barcelona paga la desconfianza de los medios políticos madrileños con la misma moneda. Hay que pasar por los confesores, los confidentes oficiosos, atrapar al rey en una partida de caza: «aquí todo el mundo se divierte en las fiestas; se caza y se juega; y que ardan el mundo y los negocios [...]».

La burocracia no es menos de temer: «se ha llegado a trabajar a golpe de memorias y de informes hasta lo indecible; sólo Dios sabe lo que esto me habrá costado [...]. Y de entre diez personas consultadas, no hay una sola que sepa de qué se trata».

Entretanto, en Barcelona, los diputados entregaban al Consell su opinión sobre el virrey Almazán: «el propio lugarteniente de Su Majestad [...] buscando contactos indirectos con los prisioneros y cautivos de las cárceles reales [...] vendiendo todos los oficios y otros favores a las gentes que dan dinero para obtenerlos [...], admitiendo casas de vicio y de juegos en la presente ciudad [...], haciendo presión sobre los doctores del Real Consejo al ir a ejercer su voto, que debe ser libre [...]».

Pero el sucesor de Almazán, el duque de Albuquerque, obligado a llegar por mar a Barcelona para escapar de los bandoleros —triste situación para un virrey—, se anunciaba con dos frases que se han hecho famosas: «En llegando a Barcelona acabaré de poner en galeras todo el Principado», escribía al rey. Y a los diputados: «Guardaré las Constituciones que me pareciese y las demás no».

Es lógico que Albuquerque sintiera cierta inquietud, a finales de 1616, viendo salir hacia Madrid a un enviado del Consell de Cent, J. F. Rosell, pues era clásico contrarrestar la política de los virreyes mediante un llamamiento directo a la Corte. Rosell, sin embargo, se ocupó exclusivamente del problema de la moneda; pero sus juicios, en mayor medida que los de Franch, se elevan a una visión general de los males del Imperio:

El rey y sus ministros van tan despacio en todo que es el mayor perjuicio del mundo. Están importunando todos los embajadores del papa, del rey de Francia, de los venecianos, del emperador y de otros más para apaciguar el conflicto de Italia; pero no llegan nunca a tomar una decisión; al final bien habrá que tomar alguna, y menos honrosamente [...]. Hace ya dos años que los enemigos han empezado a molestar a las Filipinas. Algunos embajadores vinieron de allí para suplicar a S. M. que les enviara como un favor a mil y quinientos hombres —los cuales tenía y tenía aún más a proximidad—, ofreciéndose a pagarlos y mantenerlos sin que S. M. tuviera que gastar ni un real. No se tomó ninguna resolución, y nos enteramos ahora de que el enemigo se ha apoderado completamente de las Islas y ha matado a numerosos soldados que allí estaban de guarnición. De tal manera que nuestro buen rey es un santo; pero nunca termina, con sus escrúpulos, de tomar una decisión. Sus ministros prefieren jugar toda la noche y levantarse a mediodía que preocuparse de la guerra. Ahora mismo, por ejemplo, no se habla más que de las fiestas de Lerma. Y que se queje el que le duela.

A partir de entonces, el Consell de Cent no designó a los ministros españoles más que con la peyorativa expresión de «estos señores». La consciencia de una decadencia política irremediable en el sistema de estado central explica, entre los dirigentes catalanes, sus endurecidas posturas frente a las exigencias fiscales.

Estas exigencias se precisan en 1620, cuando reaparece el proyecto de «quinto»: recaudación directa por el rey de una quinta parte de los derechos recaudados en el Principado. La fórmula no era nueva. Pero nunca se habían atrevido a aplicarla. Pues bien: ¡se trataba de exigir su cobro retroactivamente desde 1599! Consell y Diputación replicaron en unos términos muy enérgicos por diversas memorias. En ellas pueden hallarse todos los principios que iban a invocar los rebeldes de 1640 y 1705, la doctrina clásica no sólo de las «libertades», sino también de la «nación» catalana: la independencia pirenaica del Principado en sus orígenes (se la compara con la de los vascos), el «pacto» con Carlomagno, que excluye la noción de monarquía de derecho divino, el carácter no menos contractual de la unificación española a través de matrimonios. Así se perfila la doctrina política detrás del problema fiscal. En la misma época, Francisco de Gilabert, en sus Discursos sobre el gobierno del Principado, muy medidos en sus términos, definía asimismo la monarquía contractual. La fórmula jurídica del particularismo es elaborada en el momento mismo en que Olivares, al acceder al poder, iba a buscar en un absolutismo centralizador un recurso desesperado contra el hundimiento del Imperio.

Las controversias, penosas desde el advenimiento de Felipe IV, se amplificaron en las Cortes de 1626, determinando su fracaso.

Las demandas del rey, los subsidios votados por la propia asamblea, ponen de manifiesto la posición últimamente ocupada por el Principado entre los estados de la monarquía. De un ejército permanente de 100.000 hombres previsto para el conjunto de estos estados, Cataluña debe proporcionar 16.000: esto equivale a atribuirle —demográfica o económicamente, según que se trate de una leva directa o de mercenarios— el 16 por ciento de los recursos españoles; en el siglo XVI a nadie se le habría ocurrido; pero se pasó de un extremo a otro.

Votando por 15 años un servicio anual de 220.000 libras (cinco veces y media más que bajo Carlos V) las Cortes catalanas creían quedar libres de obligaciones con respecto a la Corona. Cualquier otra recaudación había de suscitar su protesta. La nobleza, incluida la gran nobleza castellanizada, estuvo en cabeza de la oposición. El almirante de Castilla —un Cabrera— fue encarcelado por ofensa al rey en plena sesión. El duque de Cardona y el conde de Santa Coloma se pelearon con la espada en la mano. La atmósfera era suficientemente tensa como para que se diera crédito, aunque sólo fuera por breve tiempo, al rumor de que el embajador del rey de Francia, indiscretamente, proponía su apoyo a los catalanes contra el rey. Era falso y la indignación fue considerable. No era, al fin y al cabo, más que una significativa premonición.

La partida brusca del rey comprometió en particular las medidas de protección económica del Principado. Barcelona trató de reparar el fallo mandando en pos del soberano a un embajador con 50.000 libras de don gratuito. Era tal vez tentar al diablo. En los años siguientes, los llamamientos del rey a las finanzas barcelonesas fueron intensos.

En 1628 pidió 100.000 ducados, que debían tomarse de los fondos de la Taula de Canvi; la ciudad contestó que no podía disponer de depósitos privados. En 1629 el rey hizo ver mejor el tenor de sus necesidades: la flota no había llegado de Indias, se proponía a los catalanes movilizar sus créditos en las plazas italianas. Era una nueva forma de empréstito. Barcelona rechazó los favores ofrecidos, pidiendo garantías.

Puede verse como las querellas de ceremonial en las que tanto se ha insistido manifiestan el aspecto exterior de un conflicto profundo; de 1635 a 1640 la impaciencia, la falta de confianza —y tal vez en Olivares la voluntad de provocación— llevaron a los representantes del poder real a herir cada vez más gravemente los privilegios del Principado.

Entre estos privilegios, algunos interesaban a los elementos populares en mayor medida que los problemas fiscales o políticos: los referentes a la vida militar. Los catalanes no podían ser reclutados para el ejército del rey; sólo los órganos regionales podían reclutar un ejército en las formas tradicionales; y si el rey o sus lugartenientes hacían penetrar tropas en Cataluña, las reglas del alojamiento eran estrictas y bastante favorables al campesino. La violación de dichas reglas entrañaba el riesgo de una agitación popular. La población catalana mostraba siempre desconfianza y aversión hacía las costumbres de los soldados en campaña, generalmente poco recomendables. Los incidentes entre los barceloneses y los soldados de las galeras eran famosos; Cervantes hizo de uno de ellos el nudo de una de sus novelas; en 1619 se quemaban los tablados sobre los que los marinos y los soldados de paso organizaban sus juegos de azar; en 1629, como en las luchas de bandoleros, había tenido lugar una batalla campal al grito de «Visca la terra».

La presencia de los soldados afectaba aún más a los campesinos. Muchas veces, después de 1626, les fue impuesta, antes de las amenazas de guerra. Se convirtió en algo habitual después de 1634. Ocasionalmente se intentó también reclutar a lo largo de los caminos: en junio de 1636, con motivo de la tradicional migración de los segadores, algunos grupos fueron enrolados por la fuerza, pero liberados por la muchedumbre y las autoridades catalanas. Unos 10.000 soldados de los tercios —valones, italianos y alemanes en igual número que españoles— circulaban, en 1640, de pueblo en pueblo y de masía en masía, en una actitud (autorizada por sus jefes) muy parecida a la de un ocupante: ya se sabe lo que esto significó durante la guerra de los Treinta Años. Una documentación abundante sobre los incidentes de los pueblos confiere una vitalidad sorprendente al lamento de Els Segadors, donde cada estrofa expone un agravio, que constituye uno de los cantos más fuertes que haya inspirado jamás una rebelión campesina.

Pero en esta ocasión es todo un país —unánime por unos momentos— el que se alza; y el problema del alojamiento de las tropas, fundamental en lo inmediato, pronto es superado por los propios campesinos, que van derechos a las soluciones políticas: el 22 de mayo de 1640, 500 campesinos entran en Barcelona, con la intención de liberar a uno de los tres diputados de la Generalitat, encarcelado por haberse negado a entregar las finanzas regionales al virrey; el 6 de junio, día del Corpus, en que tiene lugar la tradicional llegada a Barcelona de los segadors, convergen el movimiento campesino y el movimiento urbano: al grito de «Visca la terra, Muira lo mal govern, Muiran los traïdors», son expulsados y muertos el virrey Santa Coloma y los funcionarios catalanes demasiado serviles. Olivares no se inclinaba por la conciliación. Generalitat y Consell de Cent asumieron la dirección política del movimiento, y emprendieron las negociaciones que desembocaron pronto en la proclamación del rey de Francia como conde de Barcelona.

En los orígenes de la secesión —que recuerda el primer episodio para el imperio español, la revolución de los gueux o pordioseros— encontramos el sentimiento de que peligraba la prosperidad alcanzada: «Catalunya comtat gran / qui t’ha vist tan rica i plena» son los primeros versos del canto de Els Segadors. Esto atestigua un bienestar cuyo recuerdo aún se conserva fresco: el que describe el Consell de Cent en la Proclamación católica a Felipe IV: población numerosa, rentas en auge, recursos en explotación, capacidades militares. En conclusión: que la monarquía española despida a sus médicos privados demasiado numerosos, que el gobierno «mude de aires», «porque las Monarquías quejosas son como cuerpos enfermos que mudando de aires convalecen». Es el lenguaje, no sin insolencia, de los que tienen buena salud.

2. 1640-1659: GUERRA DE SECESIÓN, INFLACIÓN, PESTE, PÉRDIDAS DE TERRITORIOS

Pero la guerra iba a atraer sobre el Principado los peores males que sufrían, desde 1600, los dominios de Castilla: gastos públicos desmesurados, inflación monetaria, parálisis de la producción, despoblamiento por una terrible epidemia y, finalmente, como conclusión de la lucha internacional, pérdida de una parte del territorio catalán.

1640-1654: la inflación monetaria y la deuda

Basta con hacer la tabla de los valores de mercado tomados por la moneda de oro, expresado en sueldos catalanes, en el curso de los trece años de secesión catalana, para medir la amplitud de la inflación monetaria a la que se entregaron los pueblos del Principado y la propia Barcelona, esta vez en competición recíproca:

Años

Valor nominal del escudo doble

de oro (en sueldos)

Contenido-oro de la libra

(en gramos)

1641

56

2,22

1643

64

1,94

1644

88

1,37

1645

92

1,33

1646

100

1,225

1647

108

1,135

1649

148

0,83

1650

180

0,68

1651

240

0,51

1652

320

0,383

1653-1654

320

0,383

La caída parece algo menos grave en relación con la plata, que, según la ley barcelonesa, valía 17 sueldos la onza en junio de 1640 y 19 sueldos en diciembre del mismo año, 23 y 24 en julio de 1643, 25 en febrero de 1644, 26 y 27,5 en mayo, 32 y luego 34 en 1648, 40 en 1651. Pero, en 1653, un real mexicano de a ocho se pagaba a 4 libras.

La ciudad de Barcelona había tenido la responsabilidad de tal inflación, emitiendo una masa tal de vellón que, con motivo de la liquidación monetaria de 1653, hizo falta reunir las monedas por barcas y por carretadas enteras. Pero también había asumido todos los gastos de la guerra, procediendo constantemente la Generalitat por medio de empréstitos directos a la Taula y al Banc municipal. Cuando se hizo el balance, el 1 de noviembre de 1653, se advirtió que la ciudad estaba cargada con una deuda de 5.753.223 libras. Y muchos acreedores, apoyándose en teólogos, pretendían cobrar el reintegro en función del valor del dinero en las fechas del préstamo. A título indicativo, añadamos que los ingresos de la ciudad se estimaban, para 1653, en 155.000 libras, cifra que se esperaba elevar, añadiendo algunos impuestos, hasta 202.000. Pero la guerra continuaba, y el rey de España, tras haber vuelto a tomar posesión del Principado, volvía a mostrarse exigente.

Las pestes de 1650-1653

Las pérdidas, en los últimos años de la Secesión, no habían sido sólo económicas. La guerra, una vez más, había asolado sobre todo el Rosellón por una parte, el oeste por otra (en torno a Tortosa y Lérida). Pero en 1650 había tendido a acercarse a Barcelona por las regiones agrícolas más productivas. Ahora bien, este mismo año fue excepcionalmente seco: sobrevino la carestía, esta vez seguida de epidemia, repetida y prolongada. Los cronistas cifran en 36.000 las víctimas sólo para la capital; otros admiten que perdió la mitad de sus habitantes. Es imposible una estimación de conjunto de las consecuencias demográficas de esta peste. Pudo interrumpir, por lo menos momentáneamente, la tendencia anteriormente consolidada del movimiento demográfico. La amenaza de peste se repitió en 1656 y la disciplina fue menor que en anteriores ocasiones ante el peligro. En 1661 una mala cosecha volvió a provocar la carestía. Los años centrales del siglo, en una palabra, parecen menos favorables a la población catalana que sus cuarenta primeros años.

La crisis de 1640-1659 y la producción catalana

La producción debió de verse igualmente afectada. Pese a los acuerdos firmados con motivo de la aceptación de la soberanía francesa, los mercados del vecino país no se abrieron fácilmente, mientras que, por el contrario, «drogas» y textiles franceses invadían más que nunca las tiendas catalanas; pese al alza de los precios nominales, pese a las prohibiciones de 1644 (apenas aplicadas, por lo demás, hasta 1650), los artesanos barceloneses podían quejarse de ser progresivamente eliminados por una competencia extranjera que beneficiaba sólo a algunos comerciantes. Cosa curiosa: los consellers, en 1650, atribuían la evasión de oro y plata, el alza de los precios y la miseria, no a la inflación, sino a la importación creciente de productos extranjeros. En esto se basó muy particularmente la propaganda de los catalanes que se mantuvieron fieles al rey de España: la unión con Francia había sido un error económico; cabe pensar que el argumento hacía mella.

La reforma monetaria. Lentitud del restablecimiento del equilibrio

La anomalía de las condiciones económicas se prolongó mucho más allá del tiempo de guerra civil propiamente dicha.

El Consell se había preocupado, desde el retorno de las tropas reales, de restablecer el orden en la circulación de las monedas. El 18 de octubre de 1652 proyectaba retirar todas las monedas de plata acuñadas desde 1640, contando el doblón de oro a 16 libras y el real de a ocho a 4. No se hizo nada hasta el 28 de marzo de 1653, en que se pretendió bruscamente rebajar el valor de las monedas en circulación al cuarto, y hasta al sexto, de su valor nominal; el sisen (seis dineros) de vellón no habría valido más que un dinero; el doblón de oro se contaba en veinte libras. Como puede verse, de octubre a marzo la depreciación de la libra ante el oro habla proseguido. Pero tal vez el Consell exageraba en este sentido, puesto que hubo fuertes protestas, y el 6 de abril, cuando se publicaron los bandos oficiales, se impusieron los cambios corrientes en el momento de entrar las tropas reales: 16 libras el doblón de oro, 4 el real de a ocho, que eran fijados respectivamente, en la nueva moneda, a 3 libras con 4 y a 16 sueldos; el sisen de vellón era aceptado por el valor no de un dinero, sino de un dinero y medio. Sin embargo, no se tenía bastante moneda nueva para sustituir las carretadas de sisen recuperadas; y fue la ruina:

Quedó Cataluña pobríssima para muchos años porque la gente ordinaria, como no manexava otra moneda que sisenes y esos los havia de depositar sin llevarse en recompensa moneda alguna, por entonces era materia de gran sentimiento pues perdían la esperança de adelantar sus cabales y aziendas y sacavan sólo el fruto de no tener que comer.

La bancarrota de la ciudad, en el mismo momento, amputaba en sus tres cuartas partes los bienes de los rentistas y depositantes de la Taula.

Un prolongado silencio de los textos hace pensar que la estabilización se impuso progresivamente, entre 1654 y 1660. En esta fecha, sin embargo, un eco de las reivindicaciones de los macips de ribera (hoy diríamos los portuarios) es indicio de que no se considera el desorden monetario como algo definitivamente liquidado: se les concede un aumento temporal de salarios hasta el retorno a una situación normal; pero el tráfico no aseguraba trabajo a todos; trabajaban por turnos. La crisis abierta en 1640 había durado más de veinte años.

La pérdida del Rosellón y la Cerdaña en 1659

Al término de este balance, desearíamos poder valorar la pérdida que representó, para el porvenir catalán, la separación definitiva del Rosellón y de la Cerdaña.

Es notable que no estallara ninguna explosión de reproches ni de desesperación contra la diplomacia española, resignada al parecer desde 1646 a sacrificar los condados norpirenaicos. El mantenimiento de los privilegios del Principado y la amnistía a los separatistas consolaron, en 1659, de la amputación territorial; Barcelona acogió la paz con alegría. El patriotismo de 1640 no era ni el sentimentalismo actual ni el sentido imperial del siglo XIII. Los dirigentes se habían batido por privilegios de derecho y de honores (en lo cual Perpiñán competía con la capital); el campesino se había batido contra las exacciones del estado. En la segunda parte del siglo, cuando los roselloneses se alcen contra las gabelas francesas, los ampurdaneses tratarán, una vez más, de unirse a la causa francesa por odio hacia el soldado español.

Esta incoherencia muestra por lo menos que la unión con los condados no representaba para el Principado una necesidad material fundamental. En su desarrollo posterior, Barcelona sólo pudo echar de menos el hierro de los Pirineos y el ganado de Cerdaña. Esto no quita que la comunidad catalana perdiera una buena quinta parte de su población y de su territorio tradicionales; la esperanza de recuperarlos había de estimular tal vez, en parte, la segunda rebelión de los catalanes, que tuvo lugar a la vez contra Madrid y contra Francia.

3. 1660-1705: SEGUNDA RECUPERACIÓN CATALANA. RESURGIMIENTO DEL ESPÍRITU DE INICIATIVA

Avance logrado por Cataluña en la recuperación monetaria

Entre 1660 y 1686 tuvo lugar en Castilla el peor episodio del desorden monetario por inflación del vellón. El premio de la plata rebasó el 150 por ciento en 1664. Rebajado al 50 por ciento por una de las últimas medidas tomadas por Felipe IV, remontó a 150 a partir de 1666 y había de alcanzar progresivamente el máximo del 275 por ciento en febrero de 1680. En esta fecha tuvo lugar la deflación oficial. En 1686 la devaluación del real de plata —la primera desde Isabel— aseguró por fin el mantenimiento de esta moneda en el interior de las fronteras. Entretanto, la autonomía monetaria permitió a Valencia adaptarse, con una regularidad notable, a la deflación internacional del siglo XVII.

Una vez más, en este episodio, el Principado catalán no siguió exactamente ni uno ni otro de estos caminos. Inmediatamente después del tratado de los Pirineos, la libra catalana tiende a tomar un valor en oro y plata que no se modificará ya hasta el estallido del nuevo conflicto con España, provocado por la guerra de Sucesión. Toda la política de Barcelona consiste desde este momento en emitir nuevas monedas de plata que respondan, justamente, en ley y en peso, a la realidad del mercado monetario. Esto equivale a decir que las condiciones realizadas en Castilla por la deflación de 1680 y la devaluación de 1686 se habían producido en Cataluña con un adelanto de unos veinte años.

Precisemos. Tras la retirada de los sisens, en 1653, no hubo ya en Cataluña ningún exceso de vellón. Por el contrario, los ardits, subevaluados, se hicieron escasos, y se carecía de monedas divisionarias. El Consell de Cent tuvo que plantearse la emisión de pequeñas monedas de plata del tipo del «real» y del «sueldo» catalanes antiguos. Gracias a las deliberaciones de 1673 y 1674, en que se discutió la cuestión, podemos precisar cuál era la coyuntura monetaria veinte años después de las reformas de 1653-1654.

Ciertamente, el contenido en metal de la libra catalana de cuenta no era ya el que había sido antes de la crisis: un real catalán efectivo, de plata, del tipo de 1630, valía a partir de aquel momento, no ya 24, sino 42 dineros de cuenta; un sueldo de plata valía no ya 12 dineros de cuenta, sino 21. En cambio, la situación desde 1654 se había modificado apenas, y sólo en el sentido de una ligera revalorización. El real de a ocho castellano, que valía 32 sueldos barceloneses en el mercado en 1654, ya no valía más que 28, según dicen los consellers de 1673; y si en 1674 lo pagaban hasta a 30 sueldos y 11 dineros, esta suma sigue siendo, de todas maneras, inferior al precio pagado veinte años antes; de hecho, la relación iba a estabilizarse en torno a 28 hasta los últimos años del siglo.

Barcelona, dueña aún de las emisiones, comprendió a partir de 1674 las ventajas de un sistema que Castilla había de aplicar también a su vez, pero mucho más tarde: la coexistencia de una moneda de elevada composición metálica para los intercambios internacionales, y de una moneda de plata de uso interno más modesta, que facilitaba las transacciones cotidianas, no tentaba a los especuladores, sin por ello fomentar la inflación como había ocurrido con la moneda de cobre. Este fue, efectivamente, el papel atribuido a aquellos realets, creados en 1674, pequeños reales de plata que contenían de 18,5 a 19 dineros de plata y tasados a 3 sueldos catalanes de cuenta, es decir a la tarifa de mercado, poco más o menos, que aseguraba los beneficios del emisor y garantizaba el realet contra la exportación. De estas monedas, Barcelona obtuvo autorización para acuñar hasta 400.000 libras; acuñó 100.000 entre 1674 y 1675, otras 100.000 en 1677; en 1692, 4.500 marcos de plata en barras, extraídos de su tesoro o comprados al público; en 1698 la Seca refundió en realets (de tenor aún más bajo) la moneda introducida durante la ocupación francesa. En cambio, de 1677 a 1705, la ciudad se negó en varias ocasiones a amonedar las masas de plata castellana que el virrey pretendía venderle. El recuerdo de la inflación de 1640 fue claramente invocado contra estas invitaciones a una acuñación excesiva.

El movimiento de los precios: 1675-1705

El movimiento de los precios catalanes a partir de 1675 puede estudiarse con garantías suficientes, aunque no sea con toda la precisión deseable.

En los cuadros y en las curvas que reproducimos, se imponen ya a nosotros varias observaciones instructivas.

1) La acentuada cresta del precio del trigo —y de los cereales en general— en 1678, debida a una mala cosecha particularmente sensible en Andalucía, es un fenómeno de conjunto. Asimismo, para los demás artículos la cresta de 1678 fue en todas partes mucho menos acentuada. Esto significa que las causas deben buscarse no tanto en la inflación y la guerra como en un alza de tipo cíclico, más violenta, como era habitual, en las tierras del interior que en las regiones litorales, y en particular que en los puertos mediterráneos.

2) En cambio, en la década posterior a 1678 la caída de los precios afectó a la vez a todos los productos, a todas las regiones, por encima de todo fenómeno cíclico. Pero la caída inicial en los años 1679-1682 estuvo ligada en Castilla a una deflación voluntaria, brutal, que, si bien abrió camino a una feliz estabilización, acarreó en los primeros momentos las peores miserias.

Valencia y Cataluña pudieron evitar esta catástrofe, como habían evitado ya el aumento excesivo de los años 1660. Cataluña, en esta ocasión, se pareció más a Valencia que a Castilla; la caída de los precios fue sensible en Cataluña, pero progresiva y sin sacudidas, bastante parecida para todos los productos; el punto mínimo fue alcanzado a la vez por todos, o casi, en 1688.

Índices de los precios de los artículos corrientes en Barcelona: 1675-1705

(Base: 1675-1684 = 100)

3) Pese a la reforma monetaria Castilla conoció aún, en el caso de los cereales, algunas crestas cíclicas graves: en 1684, 1692, 1698-1699; el precio del trigo pasó en Cataluña por cotas máximas en las mismas fechas, dato que nos tranquiliza respecto al valor de las comparaciones; pero, sobre todo en 1684 y 1698, la amplitud de la variación en ambas regiones es muy distinta; en el último caso, apenas se dejó sentir en el mercado de los trigos barceloneses.

Tanto en el curso del asedio de 1697 como en los años de escasa cosecha —1698 y 1699— el trigo catalán conservó precios moderados. Las mismas medidas monetarias del duque de Vendôme, en 1697, afectaron menos al precio del trigo que al de los otros artículos. La intervención de los trigos franceses en el mercado catalán puede haber sido la causa de este fenómeno. Sobre todo después de 1700 y del advenimiento de Felipe V, se multiplican las pruebas de que los trigos del Rosellón y de Narbona vinieron a competir con éxito con los del país. Al hospital pronto le resultó más provechoso dirigirse a un negociante de Narbona, Fabre, que a sus proveedores habituales. La disparidad monetaria debió de favorecer esta competencia.

4) Para los restantes productos que no eran el trigo, la subida de los precios entre 1688 y 1699 fue, por el contrario, más acentuada en Cataluña que en las otras regiones de España. La razón fundamental debe buscarse en la afluencia de plata que hemos registrado, debida a los gastos de guerra de la monarquía española en territorio catalán.

Sin duda, la curva del movimiento de los precios está excesivamente deformada por el episodio de 1697 (sitio y toma de Barcelona). Este episodio, en realidad, fue breve.

Las medidas monetarias del duque de Vendôme explican la cresta de los precios catalanes; pero la subida habría tenido lugar sin esta medida; el vino alcanzó su precio máximo desde 1696, el aceite alcanzó el suyo en 1699.

El movimiento comercial y su reactivación a fines de siglo

Aunque las cifras del periatge entre 1654 y 1700 sean discontinuas, de dudosa interpretación y difíciles de confrontar con el movimiento general de los precios, se comprueba que el tráfico marítimo catalán, estancado y tal vez en crisis entre 1664 y 1674, y luego en 1685-1687, hacía por el contrario serios progresos hacia 1680 y, a fines del siglo XVII, rebasaba ampliamente el nivel alcanzado en sus primeros años.

Años

Periatge

(en libras catalanas)

Porcentaje

Tráfico

(en libras catalanas)

(1605-1606)

3.875

0,6

645.800

1664-1674 (por año)

4.000

»

666.000

1679-1680

5.871

»

976.500

1680-1681

5.957

»

992.700

1681-1682

6.000

»

1.000.000

1686-1687 (por año)

3.300

»

550.000

1693-1694

6.825

0,8

853.100

1694-1695

6.260

»

778.500

1695-1696

7.080

»

876.000

1696-1697

9.905

»

1.113.000

1697-1698

6.805

»

850.000

1698-1699

9.785

»

1.223.000

Algunas indicaciones aisladas sobre el derecho de ancratge confirman esta impresión. En 1691, el arrendatario de este derecho propuso renovar su adjudicación por 1.000 libras; la ciudad exigió 1.500 y acabó aceptando 1.300. En 1703 el derecho fue adjudicado por 1.800 libras; a mediados de siglo, y anteriormente, nunca había rebasado las 700.

Las guerras, durante este período, entorpecieron el comercio. Conviene saber que no lo detuvieron. Ni siquiera con el enemigo. El rey se contentaba con percibir un derecho suplementario del 10 por ciento sobre los intercambios notoriamente ilícitos. A decir verdad, las exigencias fiscales multiplicadas se convirtieron en un verdadero peligro para el Cuerpo de Comercio barcelonés, que gemía pero que supo defenderse. Se defendió tan eficazmente que algunas tasas locales, como la lezda de Mediona, desaparecieron en los primeros años del siglo XVIII, tras haber durado 800 años.

A partir de entonces quedó iniciada la reconquista del tráfico occidental; en Lisboa, según testimonio de una reclamación dirigida a las Cortes de 1701, las embarcaciones catalanas servían no sólo al comercio del Principado, sino a toda España; la exageración es probable, pero no se justificaría sin algún fundamento real. Con ocasión de las mismas Cortes, nos enteramos de que «desde hace algunos años» el vino catalán, cuyos excedentes eran cada vez mayores, se exportaba hacia todos los puertos españoles, y en particular hacia Andalucía; lo que de hecho interesaba a sus exportadores era la plaza de Cádiz, donde se podía encontrar a la clientela colonial. Así se nos anuncian ya los fenómenos del siglo XVIII. Y a la vez esto nos muestra los fundamentos agrícolas de la renovación comercial.

No nos sorprendamos, pues, de que durante el último cuarto del siglo XVII el barrio comerciante de Barcelona recupere todo su vigor. En 1674 las casas de la Platería y del Born —centros del tráfico— se alquilaban a un precio tres veces mayor que las de los barrios de Sant Pere y Santa Anna, ocupados por artesanos.

¿Acaso decaía el artesanado? Sabemos que las corporaciones atravesaban grandes dificultades en la primera mitad del siglo. En la segunda no desaparecieron. En 1668 el número de maestros en el gremio de los torcedors de seda, que había llegado a ser mayor de 60, cayó a 10; el de los maestros curtidores pasó, entre 1655 y 1675, de 60 a 33; la miseria reinaba entre los fabricantes de mantas de lana; en los dos últimos años del siglo dominaba el paro en el ramo de la pañería.

¿Estamos ante una decadencia industrial generalizada? Es poco probable. En Barcelona fuera de los gremios para las producciones nuevas, y fuera de Barcelona para los tipos clásicos de producción (textil, metalurgia de armas, construcción naval), la actividad de los fabricantes reemprende al mismo ritmo que el comercio. Dos rasgos merecen sobre este punto una cierta atención: la recuperación surge del campo y no de la capital; por otra parte, el fracaso de grandiosos proyectos no significa que hayan sido puras quimeras.

La recuperación económica surge del campo y no de Barcelona

Desde las Cortes de 1599 se había podido saber que los pequeños puertos del Maresme, como Mataró, empezaban a competir con Barcelona, al elegirlos los negociantes (sobre todo franceses) para evitar los impuestos barceloneses. Esta era, por lo menos, la interpretación de la época. ¿No se trataba, en realidad, de una tendencia más espontánea, y más general, a la descentralización económica del Principado?

Los pequeños puertos de la región tarraconense proporcionan otro ejemplo. En marzo de 1690 la «Comuna» de 73 pueblos y villas del Camp expuso, frente a una pretensión del puerto de Tarragona, las ventajas ofrecidas a los exportadores por Salou, Cambrils, Tamarit, Torredembarra. Contra Tarragona, igual que contra Barcelona, se afirmaba la vitalidad propia, la autonomía relativa de la economía rural.

En el Levante no sólo Mataró se desarrolló: en el siglo XVII se asiste al nacimiento de las «marinas», que doblan los pueblos situados a una cierta altura cerca de la costa, desde Masnou, Teià y Vilassar hasta l’Escala y l’Estartit: y todas estas playas empiezan a funcionar como astilleros, modestos pero muy activos, para la construcción naval.

Los descargadores del puerto de Barcelona subrayan, en una memoria gremial, que las pequeñas ciudades del Principado «se acrecen con numerosas casas y, en algunos casos, con calles enteras, gracias al comercio».

Los cónsules de la Llotja expresan una opinión semejante:

Muchos obreros, al no poder satisfacer sus más estrictas necesidades, abandonan casas y oficios, deben entrar en servicio, otros exilarse voluntariamente en distintas plazas marítimas o ciudades del Principado, o, gracias a un tráfico más intenso, viven más cómodamente; y los pueblos marítimos no sólo crecen, sino que se enriquecen, en detrimento de Sus Señorías.

Además, en la memoria de los cónsules al Consell de Cent, la descentralización indicada era a la vez la del comercio y la de la industria. Las corporaciones pañeras lo sabían muy bien. La cofradía de los pelaires de Barcelona,

que antaño era la única con crédito, no sólo en Barcelona sino incluso en numerosos reinos extranjeros, se encuentra hoy pobre, miserable, incapaz de acrecentar su producción y de darle salida con beneficio, por haberse retirado la fabricación de paños hacia diversas pequeñas ciudades y localidades del Principado, de tal manera que quienes comerciaban antes con los pelaires de la ciudad comercian hoy con los de los pueblos y villas [...].

Así hablaban, en 1683, los propios pelaires barceloneses. En 1689 los «jóvenes pelaires» —cofradía particular de los oficiales en el gremio de la pañería—, a la vez que se lamentan de la política de los maestros ricos, que habían quitado el trabajo a los artesanos de la capital para ofrecerlo en los pueblos del Principado, reconocen que esta evolución está demasiado adelantada para poder ser detenida por coacciones legales.

Pues bien, todos los gremios se encuentran en situación semejante a la de la pañería. En 1683, los daguers o cuchilleros exponen que la fabricación de cuchillos de calidad destinados al mercado de Indias, antaño exclusivamente barcelonesa, contaba entonces con catorce molinos en Mataró; se trata de molinos para el afilado de las hojas.

En 1676, los cordeleros habían protestado contra la libertad de fabricación de sacos, que había permitido a los trabajadores del cáñamo de Vilafranca, Igualada, Cervera, Tàrrega, Agramunt, Balaguer, inundar el mercado barcelonés con sus productos.

En la misma fecha los curtidores de la capital reprochaban a los zapateros que compraran las pieles curtidas en Gerona, Solsona, Manresa, Igualada, Vilafranca y Olot, así como en muchos otros lugares, de donde llegaban vendedores ofreciendo su mercancía de tienda en tienda, y capaces a veces de instalar almacenes permanentes.

En 1691, el Consell de Cent declaró extinguida la corporación de los claveters (fabricantes de clavos) de la ciudad de Barcelona; los almacenes de clavos de la ciudad, y todo un importante comercio de clavos, destinados a las otras ciudades de España y sobre todo de Indias, eran ampliamente proveídas, en efecto, por las fábricas de Manresa, Olot y Ripoll.

En suma, el propio gran comercio dependió de esta renovada vitalidad del campo catalán y de los pueblos industriales. Las Cortes de 1702 y 1706 lo demuestran aún. En 1702, Mataró ofreció al rey 3.500 doblones para ser reconocida como «ciudad» (¡Barcelona se opuso encarnizadamente, y con éxito, a esta demanda!). Mataró tuvo también la audacia de presentarse como licitadora, frente a Barcelona, para la tabacalera provincial. En 1706, cuando se abordó un programa de construcciones navales, todas las playas marítimas fueron consideradas igualmente aptas para tomar parte en él. Y en cuanto al armamento militar, para las armas blancas, la artillería, la pólvora, se cita tanto Ripoll, Manresa, Solsona, Sallent, Martorell, Montcada y Gerona como Barcelona.

Se puede mostrar cierto escepticismo cuando los textos de la época, que nos revelan con tanta insistencia y coherencia el fenómeno de descentralización económica del Principado, nos dan, como única explicación, la excesiva fiscalidad municipal barcelonesa. Ésta era sin duda molesta, ya que ciertos contratos marítimos mediterráneos establecían, entre los obstáculos a la navegación, los ganxets del control fiscal barcelonés. Pero hacer derivar de este factor negativo la actividad industrial de Solsona, de Olot o la prosperidad de las ferias de Verdú sería una puerilidad.

El auge demográfico y la baratura de la mano de obra rural, la acumulación de los beneficios agrícolas en las masías del este y los viñedos del Penedès y el Camp, fenómenos que perduraban desde el siglo XVI, nos parecen los únicos capaces de dar cuenta de una tendencia tan general y tan marcada hacia la descentralización de las iniciativas económicas. Para los últimos decenios del siglo XVI, las curvas de los precios agrícolas descubren las numerosas ocasiones para el crecimiento de las ganancias rurales, y otro tanto ocurre con todos los sondeos anuales relativos a los arriendos del Hospital general: multiplicación de los establecimientos de tierras por las grandes casas señoriales, atracción que ejerce la exportación sobre los vinos, los aguardientes, los frutos de la costa, beneficios de los arrendatarios de grandes fincas gracias al suministro de las tropas en tiempo de guerra.

La renovación catalana se originará más en Reus y Salou, Canet y Blanes, Manresa y Berga, Olot y Ribes, que en la capital. Como en la Edad Media, nuestro análisis deberá examinar todo un país y no una simple ciudad.

La floración de los proyectos económicos

La segunda mitad del siglo XVII presenta en Cataluña otra característica: es la época de los grandes proyectos económicos, la del Fénix de Cataluña, cuyo contenido se revela en el solo título: el sueño de una resurrección.

Dejemos fuera de nuestro estudio ciertos proyectos venidos de Madrid en los peores momentos del desorden financiero castellano: así, por ejemplo, la proposición de una Compañía Española de Comercio Armado, presentada en 1669 por la reina al Consell de Cent. Esta fórmula, que recuerda las veleidades de Olivares en 1626 —modelo holandés— fue acogida con frialdad. En aquella fecha no respondía a ninguna posibilidad concreta.

Diez años más tarde no habría sido exactamente lo mismo. Hacia el año 1680, efectivamente, una serie de memorias surgidas directamente del país expresan reacciones muy precisas ante los problemas planteados. Varias de ellas fueron redactadas por candidatos al arriendo de los impuestos municipales barceloneses: se trata pues de gentes —o de compañías— capaces de garantizar sobre sus propios bienes sumas oscilantes entre las 140.000 y las 170.000 libras. El estado de ánimo de los hombres de negocios barceloneses oscila visiblemente entre fuertes preocupaciones y grandes esperanzas, que se explican bastante por las variaciones sobrevenidas entre 1684 y 1700 en la tendencia de los precios, por un lado, y en el tráfico comercial catalán, por el otro. De esto pueden desprenderse algunas convicciones comunes.

La multiplicidad de los impuestos —tanto y quizá más que su volumen— obstaculizaba el comercio barcelonés. Se los quiso reducir a una tasa común, por ejemplo a una tasa de consumo sobre los vinos y licores, con objeto de atraer «el comercio libre» y hacer de Barcelona una especie de «feria permanente».

Esta esperanza, puesta en una tasa de puro consumo, prueba que el pesimismo de la capital era muy relativo. Lo que se esperaba, lo que se preconizaba era un renacimiento comercial, basado en el modelo de las grandes plazas de intercambio mediterráneas. Nació ya entonces la idea de un «puerto franco», de una función de tránsito, incluido el tránsito de las mercancías coloniales venidas de Cádiz, de Lisboa y, si fuera posible, directamente de las Indias, en espera de un resurgir, soñado por algunos, del gran comercio con Levante.

Además —y esto hace pensar en la existencia, detrás de estos escritos, de intereses ya agrupados o a punto de asociarse—, la forma considerada como preferible para la iniciativa comercial es la «compañía». La gran compañía real, al estilo holandés, conserva su prestigio. Sin embargo, ateniéndonos a las comparaciones esbozadas —por ejemplo, con los beneficios de los barcos bacaladeros ingleses aislados—, se adivina que la forma de asociación considerada como la más segura es la modesta «compañía» de tradición inmemorial en Cataluña, donde algunos particulares reúnen capitales muy pequeños, tanto para tomar en arriendo un derecho señorial como para equipar un molino o construir un navío: fórmula cuya fecundidad será verificada en el siglo siguiente.

Estamos, pues, lejos de toda utopía. Y los autores de memorias no carecen de medios para hacerse entender: menos de veinte años más tarde, el «Cuerpo de Comercio» habrá llevado a la práctica ya una parte de su programa fiscal y llevado a las Cortes la idea del «puerto franco». Así pues, desde 1680 existe una corriente de pensamiento, solidariamente vinculado a intereses prácticos. Esta corriente acompaña discretamente la obra más brillante —y la más ruidosa— de un personaje a menudo elevado, con razón, a la altura de símbolo de aquel momento histórico del Principado, pero que ha sido aislado en exceso, sin que su misterio haya sido enteramente desvelado: Narciso Feliu de la Penya, historiador y hombre de acción.

La obra de Feliu de la Penya, historiador y hombre de acción

Es muy decepcionante que un personaje como éste no haya inspirado ninguna monografía. Se le cita desde hace doscientos cincuenta años. Nadie se ha preocupado de situarle en la sociedad de su tiempo, cosa que sería necesaria para comprenderlo. Sabemos lo que ha tenido a bien decirnos de sí mismo (bien poca cosa); lo que pensaba de él —oficialmente— la Junta General de Comercio de Madrid, y que Larruga nos ha transmitido: un abogado, un literato apreciado. ¿Fue esta su verdadera fisonomía?

Fue sin duda uno de estos hombres de las profesiones liberales, de las clases medias, que desempeñan en la sociedad barcelonesa un papel importante, papel que algunas personas de tierra adentro como Gilabert habían incluso considerado excesivo, como en Castilla el de los letrados. Pero este abogado de los gremios pertenecía a una vieja familia barcelonesa, a una familia en cuyo seno se compartían funciones administrativas, cargos comerciales, beneficios religiosos, y una de cuyas partes tenía su campo de actividad —una vez más— en Mataró. Se podría, pues, precisar los orígenes de este capital, del que Feliu nos dice que lo prodigó para el bien público. No hemos tenido ocasión de hacer la investigación, que habría que orientar hacia los documentos privados. La familia merecería esta investigación por su papel entre 1687 y 1714. El hombre también. Pese a la pesadez de su estilo y de su pensamiento, pese a sus fracasos prácticos, interesa en sumo grado a la historia de su país porque encarnó durante un tiempo su voluntad de revivir.

De su país fue primero el historiador, con los tres grandes volúmenes de sus Anales. Es verdad que uno siente la tentación de decir en seguida: es un historiador mediocre, más bien analista, monótono, ampuloso, ingenuo en la adopción de sus fuentes y en su erudición mal digerida, hijo de un siglo en el cual el espíritu histórico se aleja, por desgracia, de la elegante precisión de Zurita sin anunciar todavía las construcciones de un Capmany.

No es tampoco nada excitante para el espíritu el hecho de que Feliu, por otra parte, estrechamente sometido a los hábitos de escritura y de pensamiento de su tiempo, haya escrito paralelamente a sus relatos cronológicos dos opúsculos económicos donde propone renovar la prosperidad pasada. ¡Han sido tantos los españoles que lo han hecho, sin que Feliu llegue a sobrepasarlos en lo más mínimo!

Si llegamos, sin embargo, a perforar la costra de las citas redundantes y de los pensamientos plagiados, nuestro interés se aviva cuando Feliu —ya sea en sus opúsculos económicos o en los Anales— nos dice súbitamente: «He visto» o «He hecho». Porque el historiador pasa a ser testigo: y esto concierne, hasta el año 1709, a una treintena de años de los Anales. El economista vuelve a encontrarse con la realidad práctica, hacia la cual expresa, por lo demás, un respeto muy tranquilizador. Lector, dice al término de su prefacio al Fénix de Cataluña: «quanto contiene este papel es especulación: aguarda lo práctico en la execución que es quien califica, y aprueba las obras, Dios te guarde».

La ejecución práctica no estuvo tal vez a la altura de las ambiciones de Feliu. De creer en sus palabras, gastó más de lo que ganó en sus empresas industriales. Y su gran Compañía Provincial de Comercio jamás llegó a existir. De ahí a considerarlo como una especie de filántropo que comprometía su fortuna por la patria, mal pagado por sus contemporáneos y las circunstancias, y más quimérico que práctico, no había más que un paso. Y es la impresión que se recogería entre la mayoría de los historiadores que juzgaran a Feliu de la Penya.

Esta impresión no está justificada. Todo nos dice, por el contrario, que Feliu fue un hombre emprendedor y práctico, vinculado a grupos de intereses bien organizados de los que fue portavoz, y de los que es difícil decir si eran ellos quienes le dictaban sus soluciones, o él quien les sugería ideas. Supo, en todo caso, atraerse muy bien los favores oficiosos u oficiales. Seguramente tuvo mucha influencia cerca del Consell de Cent. En torno a él iba a agruparse un primer esbozo de junta Particular de Comercio de Cataluña, es decir, del tipo de organismo que triunfará en el siglo XVIII.

Feliu no había de realizar todos estos proyectos. Algunos eran demasiado ambiciosos, con toda seguridad. Pero es poco probable que se arruinara decisivamente con ellos. Su familia en 1709 conservaba buenos capitales y no había perdido su espíritu de empresa. Combatido por intereses adversos, había tenido que adaptarse, simplemente, a formas de financiamiento menos ambiciosas de lo que hubiera deseado.

Feliu y sus inspiradores: los grandes programas económicos

Cuando publicó en 1681 el Político discurso y, en 1683, el Fénix de Cataluña, Feliu de la Penya no era, según sabemos, un reformador aislado.

El Político discurso nos advierte, en efecto, de que ha sido escrito «por encargo» de las cuatro corporaciones textiles más influyentes de Barcelona: los pelaires, los velluters, los velers y los sombrerera.

El Fénix, dos años más tarde, no obedece ya a inspiraciones tan simples. Se refiere ocasionalmente al Político discurso y no lo contradice. Pero su programa es incomparablemente más vasto. Y Feliu —a la vez que introduce su nombre en la última página—no se atribuye su paternidad. Hace firmar su obra por «Martín Piles, mercader de lienços». No se trata de un pseudónimo. El personaje existió; en 1683 no era un principiante ni un soñador; era un hombre de negocios, con experiencia.

Se ha encontrado su nombre, efectivamente, a partir de 1669, entre los agentes de cambio, los corredors d’orella. En 1672, en 1684, se incorpora como comerciante de tejidos en la lucha violenta contra el exceso de cargas fiscales. El propio Fénix nos brinda algunos aspectos de su personalidad. Vive en Barcelona, pero es oriundo de Vic, y en las iniciativas que se descubren en torno a él, sus vínculos con Vic parecen desempeñar un cierto papel: ¡una y otra vez encontramos la aportación de las comarcas en este renacer de actividad! Según Feliu, Martín Piles es el verdadero experto —inteligente— en todos tipos de asuntos; también, en mayor medida que Feliu, tiene «mayor introducción con los hombres de negocio». Por último, en el frontispicio del Fénix, pone tras su cualidad de «mercader de lienços» la indicación «de la Congregación de Sant Iulián». Esta, según el prefacio, dio a la edición de la obra su «continua solicitud y vigilante zelo». Se trataba de esos julianes, o mercaderes de tejidos al por menor, que, en la primera parte del siglo y casi solos en toda España, supieron resistir a la invasión progresiva de los tenderos franceses: de modo que podemos creer a Feliu cuando nos dice, modestamente, que las ideas sobre la renovación económica del Principado son de Martín Piles y sus amigos «hombres de negocios». El mismo seguramente no proporcionó a la obra más que su estilo y su erudición histórica (su castellano también), condiciones del éxito de un libro que iba destinado a la propaganda, puesto que fue difundido por toda España, en primer lugar a la corte. Estamos lejos de la obra de un erudito imaginativo o de un patriota desinteresado; el Fénix expresa los intereses de un grupo, arrastrado por un comerciante de visión muy amplia.

En parte, los julianes habían heredado el espíritu de los artesanos, pero se alineaban también tras los proyectos que otros comerciantes habían esbozado: el puerto franco, por ejemplo, o las ferias frecuentes en Barcelona.

Finalmente, van a parar al proyecto de una «Compañía», y es aquí donde el programa se hace ambicioso, más teórico que práctico, aunque no en absoluto irrealizable. Los detalles del funcionamiento de la Compañía están suficientemente estudiados para que se reconozca la mano de un técnico. Y el ejemplo holandés o inglés se ve adaptado a las realidades catalanas mucho más modestas, así como a las instituciones existentes.

El aspecto más interesante es el proyecto de financiación de la Compañía. El capital inicial propuesto puede parecer débil: 12.000 doblones, esto es, 126.000 libras catalanas. Pero no es otra cosa que las partes iguales aportadas por sesenta fundadores-directores, con una función más social que económica. La masa del capital había de ser aportada por accionistas, hasta llegar a los 60.000 doblones —330.000 libras—, con suscripción limitada. Sin embargo, la Compañía podrá recibir un capital ilimitado bajo forma de obligaciones al interés fijo del 3 por ciento, reintegrables, a petición del prestador, con preaviso de un año. Último elemento de la financiación: una especie de depósito para seguro dotal: en los dos días siguientes al nacimiento de un niño, puede depositarse a su intención una suma en las cajas de la Compañía, que librará una suma seis veces superior el día de la boda del interesado, de su entrada «en estado» o en religión (a los 24 años, en todo caso, «para los inútiles»). Observemos que todos los depósitos reintegrables se hacen con garantía de cambio: la experiencia de 1654 inquietaba aún.

Y he aquí, por lo demás, los fines de la Compañía: a todo eventual constructor de buques, le prestaría la mitad del capital necesario; prestaría igualmente, a «cambio marítimo», a todo capitán o patrón deseoso de hacerse a la mar; adelantaría dinero a los tenderos, a los fabricantes, a los negociantes, siempre a cambio de una parte sobre sus beneficios. Finalmente, si el rey tuviera a bien autorizarle, la Compañía armaría cada año dos buques para la carrera de Indias. Se preveía por último, pero en capítulo aparte y no sin reservas, que un anexo de la Compañía podría prestar sobre prendas, a interés simple, para evitar a los comerciantes los excesos de los «cambios».

Ahí es donde se deslizaba el riesgo de la utopía. Esta Compañía de la Santa Cruz habría invadido la entera vida económica del Principado. Porque al proyecto se añaden otras previsiones: manufacturas de caridad en los talleres del Hospital, educación técnica (y, para una élite, educación científica) de los huérfanos y pobres, establecimiento de un puerto franco, de un lazareto, de cuatro ferias al año. En esto, sin duda, Feliu de la Penya, abogado, historiador, patriota y hombre público, puso de su parte: porque el programa de la Compañía privada roza el programa de estado, donde no falta, naturalmente, la indicación de la reforma fiscal. Al mismo tiempo aparece la influencia de las costumbres tradicionales de la ciudad: los depósitos serán confiados a la Compañía por mediación de un grupo del Banc de la Ciutat. Y los sesenta directores-fundadores, como otro Consell de Cent, deben representar simbólicamente a la sociedad catalana; también están representadas entre ellos cuatro clases, y los órganos dirigentes son sorteados respetando esta igualdad; observemos tan sólo que los ciutadans, confundidos aquí con los militares y nobles, no tienen más que el cuarto de la representación, estando los tres otros cuartos en manos, respectivamente, de los mercaders, de los artistas, de los menestrals: desquite de los estaments económicamente activos sobre una municipalidad de aristocracia envejecida. De haber realizado un tal proyecto, el Principado habría podido crear un curioso equilibrio entre las fuerzas económicas y la tradición política.

Pero no podía encarnar más que el deseo de una minoría. El sistema gustó más en Madrid (donde las grandes construcciones de estado no asustaban) que en Barcelona. Feliu fue nombrado en 1684 representante catalán en la Junta General de Comercio; en 1692 fue encargado de organizar, con el gobernador Manuel de Llupià, una filial regional de esta junta general. Según su testimonio, fue un fracaso. Y la Compañía, bajo la forma preconizada, no llegó a constituirse. El gran programa no había sido más que un sueño. No por esto habría que ignorar las realidades que pudo traducir.

Las realizaciones: estructura del capital catalán e iniciativas industriales

En efecto, más que el proyecto de Compañía en sí mismo, ciertos detalles concretos aportados por el Fénix son reveladores de los rasgos de la sociedad catalana en las últimas décadas del siglo XVII.

El Fénix nos ha advertido de que su inquietud procede de la falta de capitales grandes o medianos, capaces de fomentar las empresas marítimas de cierta envergadura. Pero ha recordado inmediatamente las costumbres ancestrales de los catalanes, que sabían unirse «para constituir un capital mediano», tanto en materia de construcción naval y navegación como en materia de empresa comercial o industrial. Se trata del préstamo marítimo sobre buch, para ayudar a la construcción de un barco, a su lanzamiento, al mantenimiento de su tripulación, muy diferente del «cambio marítimo» sobre mercancía, aunque éste, susceptible de rendir el 25 y el 30 por ciento, pueda practicarse también mediante capitales mínimos. Estos dos contratos convenían particularmente a la estructura del capital catalán, y a aquella vida medio agrícola medio marinera de las pequeñas playas del Maresme, del Ampurdán o del Camp, donde las reservas de los campesinos vendrán a probar fortuna.

Lo mismo ocurrió en la esfera de la industria. Asociaciones de particulares, a falta de un gran sistema de crédito, equiparon desde mucho antes del Fénix muchas pequeñas empresas industriales; siguiendo su ejemplo, la Compañía de Feliu de la Penya y Martín Piles se limitó a participar en una renovación que fue espontánea.

Sin insistir en las novedades diversas, y de importancia desigual, de las que la documentación municipal ha conservado huellas —fabricación de agujas para el cabello, de jabón líquido, de telares mecánicos para hacer medias, perfeccionamientos de la imprenta o aprestos de la industria sombrerera—, conviene detenerse algo más en la profunda readaptación de la industria textil catalana en su conjunto que una amenaza decisiva hacía necesaria; cada vez más, los viejos tejidos catalanes, paños y estameñas, eran desplazados del mercado —internacional y local— por especialidades extranjeras más ligeras, más variadas, más elegantes que compensaban con creces la solidez controlada de la que se enorgullecía aún la producción regional. ¿Tendría lugar la readaptación?

En 1665, un tal Pedro Llena propuso fabricar bayetas y «escarlatas» a la manera de Holanda, y, si se le negó la exclusividad a lo que pretendía, fue porque, según los pelaires de Barcelona, esta imitación por otros era ya corriente. En 1667 un debate entre tejedores de paños y velers —que eran los tejedores de sederías ligeras— nos informa de cómo progresaban, en el textil catalán, las combinaciones, anteriormente desconocidas, entre hilos de naturaleza distinta: estameña y seda, lino y seda, lino y algodón, estameña y lino; la importación extranjera había orientado ya la producción regional en este sentido.

El extranjero había inundado también el país de telas de lana ligeras de denominaciones varias, cuya imitación se iniciará poco a poco a partir de 1675. En 1682 Antonio Burgada, tejedor de lino, anunció que volvía de Francia y de Flandes poseyendo la técnica de los escots, telas, barraganes, buratas y xamelotes, nombres que cualquier inventario de tienda de comercio, entre 1650 y finales del siglo XVIII, convertirá en familiares; eran los tipos de tejidos que el mercado reclamaba en prioridad. Burgada recibió el aplauso tanto de las cofradías textiles de todas las categorías como del Consell de Cent. La Comisión designada por éste para seguir el asunto hizo una evaluación del número de «dobles» de oro que salían cada año para la compra de los escots y de otras telas semejantes: tal vez unos 40.000. Si las cofradías, en esta ocasión, felicitaron al innovador, fue porque ni pañeros ni velers sabían fabricar los géneros que introducía Burgada, ni esperaban resistir a la competición con sus propios tejidos. Burgada se comprometió, pues, a enseñar las nuevas técnicas.

Resulta un poco sorprendente que después de todo este ruido la ayuda ofrecida a Burgada fuera de 50 doblones: 275 libras catalanas. Esto nos indica que el equipo de una pequeña industria textil, incluso nueva, era bastante poco costoso al comienzo. Además, se ofrecía a Burgada un amplio alojamiento en el Hospicio de la Misericordia, donde podía enseñar; el módico alquiler fue de 20 libras al año.

Por desgracia, no podemos seguir con tanta precisión el desarrollo de esta iniciativa individual, convertida en cuestión de interés público. Influyó, sin duda alguna, sobre el Fénix, donde se plantea la transformación en manufactura del Hospital de la Misericordia, y donde los julianes introdujeron su experiencia del mercado catalán para los tejidos: se enumeran las producciones catalanas, las de antaño, las que se han perdido, las que conservan sus cualidades, las recientemente introducidas, por último, «escarlatinas, erbajes, xamellotes, anascotes, bocatas, groguetes, con toda circunstancia y mayor calidad que en Flandes, y por sobrado bueno se desprecia, digno es de remedio [...]».

El autor del Fénix cree que no faltarían obreros, en la propia Barcelona, para emprender, proporcionándoles los medios, la fabricación de las telas, y que el blanqueo de éstas se vería favorecido por el clima del país; asimismo, sería bueno renovar el arte de teñir, en decadencia en el Principado; y la región de Tortosa, rica en aceite y en hierbas propias para fabricar potasa, proporcionaría un jabón excelente.

Pero no había nada menos quimérico que estas esperanzas: en el siglo XVIII vamos a encontrar la utilización de la potasa del delta del Ebro; los prados de las afueras de Barcelona van a cubrirse de telas para blanquear; y un Canals va a renovar el arte de teñir. No creamos, sin embargo, que el autor del Fénix, se contentó con profetizar.

En 1688, cinco años después del Fénix, una propuesta de dos franceses, especializados en el rastrillaje del cáñamo, y un texto del gremio de los velers nos dan a entender claramente que la fabricación de la «telería» —se trata de las telas de Holanda más solicitadas— eXIstía ya a partir de entonces en el Principado. ¿Fue por una floración espontánea de iniciativas? ¿O en una fábrica única montada por Feliu de la Penya o Martín Piles? No se puede afirmar, para esta fecha, de una manera absoluta.

Pero no se puede poner en duda que Feliu, que se vanagloria de ello en sus Anales de Cataluña, fuera el gran iniciador de la introducción de las telas a la flamenca, después de 1690. La técnica nueva fue enseñada a la vez por un tal José Prats, que fabricaba un tipo nuevo de tejido, de estameña y cáñamo, y por el francés Julián, tránsfuga de la industria francesa, que fue ejecutado cuando regresó a su país ( ¿era tal vez un protestante eXIliado?). A su lado, ¿qué papel exacto desempeñaron Feliu y Piles? Muy probablemente el de capitalistas. La Compañía de la Santa Cruz, anunciada por el Fénix, fue efectivamente fundada en 1690 (la coyuntura había vuelto a ser favorable): olvidando la ambiciosa forma anunciada, se contentaba con lanzar la fabricación de sargas y de telas. Según los informes de Feliu a la Junta General de Comercio, la compañía obtuvo pronto resultados; exportó hasta 160.000 varas de tela, lo que supone una producción considerable. En lo que respecta al tinte, Feliu hacía publicar por un técnico, «Phesio Mayo», en 1691, una puesta a punto de los viejos secretos catalanes. En 1693 la Compañía obtenía cinco mojadas de prado en el barrio de la Llacuna, media para el taller y cuatro y media para extender las telas para blanquear: el autor del Fénix aplicaba decididamente sus fórmulas.

No obstante, «Phesio Mayo», al hablar de quienes habían estimulado su tratado de tintorería, no menciona a Feliu sino a «varios particulares». Sería sin duda un error tomar todas esas iniciativas por una obra de tipo individual. La Compañía era un asunto importante. A su cabeza había un noble, Bernardo Aymerich, y un ciutadà, Pedro Llinàs. Martín Piles, finalmente, era el fiel asociado de Feliu, quien, por su parte, le servía recomendando en Madrid sus empresas de equipamiento de molinos, que sin duda eran sus preferidas. La presencia en los talleres de varios flamencos no quitaba tampoco a la nueva «telería» su carácter de éxito local. José Prats sigue siendo, efectivamente, pese a los rumores desfavorables lanzados contra él por la cofradía de los velers, un creador notable; y formó técnicos. Entre ellos, el llamado José Puiguriguer tiene un apellido que va a ser uno de los más respetados en la industria y el comercio catalanes del siglo XVIII. ¿Puede concluirse realmente, en tales condiciones, que la época de la que Feliu se hizo portavoz desembocó en un simple fracaso?

Una larga controversia entre julianes y comerciantes de tejidos al por mayor terminó, en 1703, con las conclusiones siguientes:

si los fabricantes y obreros no hubieran empleado su talento y habilidad en trabajar en sus operaciones propias, obteniendo la mayor perfección posible en éstas, si hubiesen preferido comerciar con las producciones extranjeras y no fabricar por sí mismos, no se habría logrado el beneficio del que goza hoy el público por la extensión de las artes, que permite no tener que ir a buscar fuera objetos fabricados, cosa que hace marchar el dinero y empobrece la provincia, mientras que por la vía opuesta hemos logrado conveniencia y acrecentamiento.

Este juicio, que se apoya en ejemplos precisos en materia de tejidos diversos, de sederías, de galones de oro y de plata, de cuchillos y herramientas de hierro, da constancia de una reconquista del mercado regional por la industria catalana. Y ya se sueña con una nueva expansión.

Marina, comercio y colonias; las observaciones de José Aparici, geógrafo, administrador y comerciante

Feliu de la Penya no dejó de indicar, en sus Anales, los primeros signos de un renacer de la marina propiamente catalana, armada contra los corsarios: se construían galeras en Sitges en 1685, en Vilanova en 1687, en Barcelona —donde desde hacía tiempo las Drassanes sólo se utilizaban como cuarteles— en 1692, en Mataró en 1696.

He conocido Mataró siendo una villa muy ordinaria y reducida: suprimió los derechos; según recuerdo, diéronse todos a negociar por la mar, hasta las mujeres arriesgaban sus labores de puntas y sedas encomendándolas a los patronos que eran parientes suyos, y éstos las trocaban con otras mercancías, gracias a lo cual reunían algunos caudales para sus casas y familias; las gentes se han enriquecido en cuarenta años, han hecho muchas casas opulentas, mientras el común ha sido siempre pobre en razón de los escasos impuestos recaudados, pues siempre se ha tenido la mirada puesta en la utilidad y el beneficio del comercio. Ya se ha convertido en ciudad y está en vías de doblar la población que tenía, que son gente acomodada. Los negociantes acaudalados han ayudado y amparado a los oficiales de sus ramos haciéndoles trabajar en sus oficios y comprándoles las mercancías que enviaban fuera del Reino; cuando el común necesitaba dinero, los hombres de negocio lo anticipaban [...] El pobre estaba asistido, pues encontraba pan y trabajo. El tráfico catalán que antes iba a Barcelona se había mudado e iba todo a Mataró, donde encontraban para comprar y vender todo lo que hubiesen menester, ganando además la cuantía de las tasas barcelonesas, que allí no se cobraban. Ya los mercaderes de Barcelona lo habían comprendido, por esto cada uno tenía un agente en Mataró [...] digo esto para que vean los de Barcelona como se gobiernan los otros, que para el provecho público todo es una sola cosa, que el comercio esté en Mataró o que esté en otra parte o en todas partes [...].

Esta página procede de la Descripción, escrita en 1708 por José Aparici, autor de un «Mapa» que iba a difundirse mucho en el siglo XVIII, pero aisladamente de la Descripción, que quedó manuscrita. Ahora bien, ésta, sobre todo en su versión catalana —un borrador tal vez, incorrecto, pero más familiar, casi polémico—, es un testimonio psicológico cuya comparación con los textos ya citados resulta muy útil.

El ataque contra los derechos, contra la intromisión de los poderes públicos en la economía, contra el monopolio del tabaco —que ahogó el comercio de este producto—, podría ser obra de un liberal del siglo XIX. Y el ejemplo de Holanda está ahí, presente en los espíritus:

es el negocio la alma de la República, es el negocio el que ha echo la República de Olanda en cien años [...] un rincón de tierra que más de la mitad es agua de ríos, canales, y pantanos, y tiene menos distrito que Cataluña, pues en todas las siete Provincias no tienen mil leguas quadradas de tierra guando Cataluña tiene más de 1.750 [...]. ¿Que negocio trahe a Liorna la libertad de negociar y la franquesa de gavelas?

Los modelos son visibles. Por mucho que Aparici sea «geógrafo» del rey, repartidor de impuestos, administrador de origen modesto, traduce las aspiraciones de los comerciantes catalanes, y no es sorprendente encontrarle ligado a una familia de comerciantes, interesada más adelante, hacia 1730, en establecer contactos entre los medios económicos catalanes y la administración de Madrid.

Mientras tanto, hacia 1708, Aparici concibe para Cataluña unas singulares ambiciones coloniales. Los dos buques acordados por las Cortes anualmente, asegura, han de bastar para convertir el Principado en un país rico, y este solo dato nos da la medida del rendimiento del tráfico con las Indias. Pero habría que evitar las regiones demasiado frecuentadas, demasiado explotadas ya: Aparici aconseja volverse hacia el Amazonas; y propone sin vacilar una exploración, una conquista armada, seguidas de una colonización. La propuesta es ingenua, pero su valor reside precisamente en su ingenuidad.

Todo esto, además, se escribía en plena guerra de Sucesión, en los mismos momentos en que Cataluña estaba luchando, en el campo anglo-austríaco, contra la Castilla fiel a Felipe V, es decir, fiel esta vez a la alianza francesa. ¿Hay alguna relación perceptible entre esta posición política tan diferente y a la vez tan próxima de la de 1640 y, por otra parte, el renacimiento económico esbozado en el Principado, la nueva floración de iniciativas, las aspiraciones al comercio libre y al comercio colonial? La cuestión merece, por lo menos, ser examinada.

4. 1705-1714: CATALUÑA Y LA GUERRA DE SUCESIÓN. FIN DEL ESTADO CATALÁN Y CAÍDA DE BARCELONA

Contrariamente a lo que había ocurrido en 1640, no se produjo, en la ruptura de Castilla y Cataluña de 1705, una «secesión» provocada por un movimiento popular contra una tiranía gubernamental. En el seno de la efímera monarquía del archiduque Carlos de Austria, Cataluña se sintió más española, quizás, que nunca. En 1705 no se apartó de la comunidad, desinteresándose de la suerte de España; trató de intervenir, como observó agudamente Ferran Soldevila. Cabe añadir que en esta ocasión no hay que entender tanto, por «Cataluña», tal o cual capa del pueblo, como un grupo dirigente. Y no nos consideramos excesivamente audaces al situar este grupo dirigente entre los amigos de Feliu de la Penya, cuando uno de los jóvenes promotores de la alianza inglesa es un Aymerich y el partido del archiduque tiene su centro más activo en la Plana de Vic, patria de Martín Piles. Los Anales tampoco ocultan su posición de partido. ¿Por qué vías se había llegado hasta ahí?

Cataluña y España bajo Carlos II

Una revisión de las nociones corrientes sobre el reinado de Carlos II sería sin duda muy necesaria. En cuanto se abandona el punto de vista fundamentalmente político de la mayor parte de historiadores, la cronología admitida de la Decadencia española se modifica. El mínimo demográfico en Castilla se sitúa a mediados y no a fines del siglo XVII; entre 1646 y 1694, Burgos pasa de 600 a 1.881 vecinos, Valladolid de 3.000 a 3.637, Medina del Campo de 1.100 a 1.330, Gijón de 1.529 a 1.810, Ciudad Real de 789 a 1.111, Murcia de 3.960 a 5.154, Cádiz, por último (preludiando su próximo triunfo), de 1.892 a 5.191. Tales índices no deben subestimarse. Algunas veleidades de reorganización económica, como la creación de la Junta General de Comercio en 1682, y el llamamiento hecho por esta Junta a un Feliu de la Penya indican finalmente una cierta preocupación, bastante nueva en Madrid, por tener en cuenta la renovación ya sensible de la periferia. Es difícil descubrir en los textos del período 1680-1705 aquel clima de desprecio hacia la corte que los catalanes Franch y Rosell transmitían, entre 1615 y 1630, al Consell de Cent.

Políticamente, Carlos II y sus allegados pusieron asimismo cuidado en evitar fricciones con el particularismo catalán y, por el contrario, en halagarlo.

El resultado es la paradoja de que un rey, considerado por lo general como el símbolo más sombrío de la Decadencia española, era a los ojos de un Feliu de la Penya «el mejor Rey que ha tenido España». El comentario podría no ser más que un reconocimiento por la atención dedicada, desde las alturas, al Fénix. Pero las manifestaciones de afecto expresadas desde Barcelona a Carlos II son colectivas y van más allá, en varias ocasiones, de las formas convencionales.

Incluso parece que, por encima de la realidad dinástica, la comunidad española sacó provecho de la decepcionante experiencia hecha por los catalanes, en 1640-1653, de la secesión y de la soberanía francesa. En 1674, al pretender un cónsul flamenco, en Cádiz, representar a todas las naciones, incluidos los catalanes, éstos, que en el siglo XVI habían reclamado tanto la representación consular, exclamaron: «tener Cónsul en una parte y tierra es por las naciones que son propiamente naciones, pero no por aquellos que son inmediatos vasallos de una Corona, como lo son los Cathalanes de la Real Corona de S. M. (q. D. g.), los quales como a propios vasallos son y se nombran Españoles, siendo como es indubitado que Cathaluña es España [...]», y más adelante: «no ha sido ni es de quitar a los Cathalanes el ser tenidos por Españoles, como lo son, y no por naciones».

Pero en esta España los catalanes se sentían cada vez con más derecho —y con más fuerza— para intervenir. Barcelona iba a volverse de nuevo, en 1705, contra la España interior.

Pero ya no se trataba en este caso de un movimiento espontáneo, violento, popular y defensivo, como en 1640. Era un movimiento político de partidos dirigentes, consciente y, en cierto sentido, ofensivo. Pues se ofreció a los «aliados» anglo-austríacos para proceder a la reconquista de la Península asociada a Francia. Felipe V había previsto, de 1700 a 1705, una posibilidad como ésta, y no la había desafiado en absoluto. Luis XIV, en sus instrucciones, no la subestimaba. El Principado había recuperado en España lo que había perdido desde hacía tanto tiempo: un lugar económico y militar de primer orden. Por esto, en 1701-1702 Felipe V ofreció a las Cortes catalanas —a cambio, ciertamente, de fuertes subsidios de dinero— todo lo que quisieron: confirmación de los privilegios, puerto franco, compañía náutica, reforma fiscal, buques para las Indias, de tal manera que estas constituciones «fueron las más favorables que avía conseguido la Provincia», reconoció Feliu de la Penya, que no tenía motivo de queja, ya que el programa del Fénix iba por buen camino.

Pero Feliu añade inmediatamente: «pauta y modelo para quando llegase el que deseavan». La frase es muy significativa. Entre ambos pretendientes, un grupo de dirigentes de la opinión catalana se aprovechaba de la querella dinástica para afianzar al máXImo los intereses cuyas condiciones generales había definido desde hacía tiempo. Además de las simpatías difusas hacia la persona del austríaco, podía esperar que un pretendiente lejano, desembarcando en su tierra, fijaría en Barcelona su capital, tendría su mejor baza española en el Principado y lucharía espontáneamente contra las competencias francesas; así llevaría a la práctica, mejor que un Borbón, las ambiciones económico-políticas elaboradas desde hacía tiempo entre ellos. Aparici, hablando de colonización en el Amazonas, admite implícitamente que el campo imperial está abierto para los catalanes, y cuando cita como ejemplo la penetración inglesa hacia Oriente, a través de las vías danubianas, puede pensar a la vez en las tradiciones barcelonesas medievales en la Romana y en las alianzas que, en 1708, unen el destino catalán con la corona austríaca. En 1709, Salvador Feliu de la Penya, asociado con otro ciutadà honrat de Barcelona, Grasses y Gralla, que vive en Reus, con un comerciante barcelonés y con un campesino viticultor de Vilassar, pueblo del Maresme, funda la Compañía Nova de Gibraltar, que con barcos unas veces ingleses y otras catalanes, establece un contacto comercial con el Peñón recientemente conquistado y la rada ocupada por la flota inglesa, donde se intenta reconstituir un nuevo Cádiz para las relaciones con el mundo oceánico. En suma, la guerra de 1705 fue cosa de esa burguesía mercantil catalana que soñó con convertirse, mediante el «comercio libre», en otra Holanda. Nueva reacción contra la Decadencia, esta vez más consciente de sus propósitos.

La guerra de Sucesión: balance político

a) De las grandes esperanzas a la derrota de los catalanes. Políticamente, la tentativa pareció orientarse primero hacia el éxito.

En 1705 los representantes catalanes firman un acuerdo en que el Principado trata con Inglaterra de igual a igual. En 1706 Barcelona resiste sin grandes esfuerzos al bloqueo que le impone Felipe V. Más aún: a partir de entonces fue la Corona de Aragón entera —con Valencia, Aragón y las Baleares— la que se puso detrás del candidato austríaco. ¿Acabará imponiendo a España el rey de su elección? En junio de 1706 «Carlos III» —se trata del archiduque Carlos de Austria— fue proclamado en Madrid, donde acampaban sus guardias: fusileros y «miquelets» catalanes. Singular humillación política para Castilla, que reaccionó vivamente contra esta amenaza a su primacía.

Este episodio ofensivo fue breve. El 25 de abril de 1707 «los aliados» sucumbieron en Almansa frente al duque de Berwick y su ejército francocastellano. La que resultó aplastada fue, por esta vez, Valencia. Pero su suerte no dejó ninguna ilusión sobre el sentido que el porvenir había de dar a la victoria de los Borbones: la ciudad de Xàtiva, como escarmiento, fue reducida a cenizas; Macanaz, unitarista y regalista apasionado, recibió el encargo de abolir no sólo los furs, sino también el derecho privado del antiguo reino. Aragón, a su vez, perdió sus fueros. Y en sus confines, donde se combatía duramente, cayeron también importantes ciudades catalanas: Lérida el 14 de noviembre de 1707, Tortosa el 19 de julio de 1708.

En esta fecha, sin embargo, Cataluña tenía aún ante sí seis largos años de resistencia e independencia. Todos los adversarios del rey francés fueron a refugiarse allí. Y mientras los «aliados» se mantuvieron hostiles a la presencia de un Borbón en el trono de España, el Principado no creyó tener aún perdida su causa.

Con razón: el año 1709 colocó a Luis XIV al borde de la capitulación; en 1710 se volvió a ver al archiduque Carlos, en septiembre, en Madrid. No hay que subestimar, pues, las esperanzas, las satisfacciones —tal vez los beneficios materiales— que la guerra de Sucesión aportó a Barcelona. Hizo de ella, durante varios años, la sede de la corte, la capital de las Españas a los ojos de la mayor parte de Europa.

El giro amenazador no tuvo lugar hasta 1711. Sin duda, Isabel de Brunswick —archiduquesa, reina y emperatriz— mantuvo hasta el último momento en Barcelona su corte simbólica. Pero Cataluña se fue sintiendo progresivamente abandonada por sus aliados. En el desarrollo de las negociaciones de Utrecht y Rastadt, el «caso de los catalanes» desempeñó sin duda un papel sensible: pero fue más como tema polémico parlamentario entre los whigs y los tories ingleses, o como último recurso de chantaje contra los Borbones que como drama interno español. De hecho, desde finales de 1712, los pactos preveían la evacuación militar del Principado por los aliados. Y en julio de 1713 quedó entendido que Barcelona debía ser devuelta a Felipe V, a cambio de unos compromisos de clemencia bastante equívocos.

Estas condiciones fueron rechazadas por los «Tres Brazos», es decir, por la más alta representación de la sociedad catalana. Incluso después de Rastadt, Barcelona se negó a creer que el emperador hubiese abandonado su causa. El embajador catalán en Londres, marqués de Dalmases, no perdió todas sus esperanzas de conmover a la opinión inglesa: en marzo de 1714, la Cámara de los Lores trató aún extensamente del «infortunio», de los «justos y antiguos privilegios» de aquellos a quienes lord Bolingbroke, en cambio, llamaba «un pueblo turbulento». El 11 de septiembre se dio el asalto final contra la capital. El 15 se rindieron armas e insignias. El 16 Berwick asumió todos los poderes militares, Patiño todos los poderes civiles en el Principado.

¿Dictadura provisional? En enero de 1716, el decreto de reorganización definitiva —«de Nueva Planta»— no hizo renacer ninguna representación, ningún recuerdo de la vida política tradicional. Corts, Generalitat, Consell de Cent, sistema fiscal, autonomía monetaria desaparecieron. El estado catalán dejó de existir.

b) El sentido de la derrota de 1714: ¿«fin de la nación catalana» o nuevo equilibrio en el sistema español? ¿Cabe usar una expresión tan fuerte, siguiendo un título famoso, a propósito de la «nación catalana»? El siglo XIX, al usar este viejo vocabulario, llegó a oscurecerlo. La caída del viejo marco politico, ¿bastaba para quebrar la consciencia, aún tan viva en 1714, de una comunidad histórica? ¿O hay que apelar, para seguir el destino ulterior de esta comunidad, a nociones menos restringidas? El contraste entre los siglos XVII y XVIII catalanes, desde este punto de vista, es instructivo; pero sólo lo es en su complejidad.

Está claro, sin que sea necesario enumerar aquí en seguida los numerosos índices, que el siglo XVIII —en sentido amplio, entre 1714 y 1820— iba a ser, para el espíritu de grupo de los catalanes, el más estéril.

No sería imposible descubrir, en el detalle histórico, supervivencias latentes o manifestaciones aisladas. En particular, el signo más sólido de la comunidad —la lengua— no fue abandonado por la masa.

Pero es obvio que durante unos cien años no habían de observarse ya esas formas de oposición popular que habían sido, en el siglo XVII, el bandolerismo y las revueltas rurales y que iban a volver a ser, en el XIX, las guerras carlistas y los motines urbanos. Es obvio también que en ningún otro momento, durante los mismos cien años, pese a que las circunstancias fueron a menudo favorables y a que hubo más de un estímulo desde el exterior, las clases dirigentes de Cataluña —nobleza, clero, burguesía mercantil o letrada— no apelaron al sentimiento particularista de las masas para tratar de reconstruir el gobierno regional, instrumento político de su antigua dominación.

No es posible atribuir a estos hechos, como única causa, la desaparición misma, en 1714, de las antiguas instituciones. Efectivamente, la voluntad de autonomía, la combatividad de las clases dirigentes catalanas, en el seno de España, se manifestó en 1462-1472, en 1640-1652, en 1705-1714, por medio de las asambleas y de las tradiciones políticas medievales; pero el mantenimiento de éstas no impidió la muy humilde sumisión de Barcelona, de 1474 a 1598, ante Fernando el Católico, Carlos V y Felipe II; y a la inversa, la centralización española del siglo XIX no iba a impedir, sino al contrario a provocar, el particularismo contemporáneo. La expresión política del sentimiento de grupo de los catalanes no depende, pues, exclusivamente de la existencia o del recuerdo de instituciones autónomas. Depende en mayor medida, creemos, en cada fase del desarrollo regional, del punto de equilibrio entre las capacidades, las necesidades, las ambiciones de los grupos sociales catalanes capaces de expresarse, y por otra parte de las decepciones, los temores o las esperanzas que les inspira la política española.

El ejemplo de la guerra de Sucesión es quizás el más significativo desde este punto de vista.

El sentimiento catalán nunca había tenido tanta fuerza y combatividad como en vísperas de la derrota trágica de 1714. Hubo sin duda vacilantes, tibios, razonables y, en las regiones ya ocupadas, botiflers, o «colaboracionistas». Pero eran infamados y, si lo expresaban, podían correr riesgos. De hecho, más que en 1472 y que en 1652, cuando Barcelona cayó, cayó como república ejemplar, cuyo heroísmo sorprendió por mucho tiempo a Europa. Los nobles hicieron revivir antiguas virtudes militares; los ricos ofrecieron grandes sumas para empréstitos de destinos inciertos y equiparon tropas; los gremios, la Universidad, combatieron en sus formaciones propias, en el seno de la Coronela, donde no se conoció la deserción, ni siquiera en vísperas de la inevitable caída; el primer conseller, rechazando en persona el choque del último asalto, cayó herido entre los pliegues del estandarte de santa Eulalia.

Los historiadores no han precisado con exactitud la geografía social y los matices de este patriotismo. Voltaire, que comparaba la Barcelona de 1714 a Sagunto, evocaba un fanatismo español de fondo religioso. Y sin duda, durante el sitio, se creyó mucho en el milagro. Pero el clero, en 1713, había evitado pronunciarse a favor de la continuación de la lucha y no había ayudado de muy buen grado a la política financiera de la ciudad. La nobleza, por su parte, se había dividido: la pequeña nobleza catalana de antiguo linaje contraponía instintivamente su patriotismo a las muy grandes familias castellanizadas desde tiempo atrás por los enlaces matrimoniales, muchas de las cuales combatían con Felipe V.

Fue el «brazo real» o «brazo popular», es decir, la representación de la burguesía urbana, la que, siguiendo a los síndicos de Barcelona, Solsona, Manresa, Sabadell, hizo decidir, por 78 votos contra 43, la lucha a ultranza contra los Borbones. Y parece que esta «clase media» —comerciantes, «artistas» y artesanos— fue durante el sitio el alma de la resistencia: el más ingenuamente exaltado de los dirigentes municipales de 1714 fue Salvador Feliu de la Penya, primo del historiador, agente de cambio, fundador de la Compañía Nova de Gibraltar y conseller segon de la ciudad.

¿Siguió el «pueblo» propiamente dicho, los artesanos pobres, obreros, pescadores, hilanderas y cardadoras de Barcelona? Seguramente tomó parte en la lucha; pero, ¿cómo interpretar esta respuesta de las mujeres barcelonesas a los jefes que, en los últimos días del asedio, llamaban a las armas: «¡Dadnos pan e iremos todas!»? ¿Es un grito de patriotismo o de miseria? La resistencia campesina, por su parte, no fue, como en el episodio de 1640, un elemento decisivo: muchos pueblos del oeste, y de las montañas, se sometieron ante el avance de los ejércitos de Felipe V, aunque a veces volvieran a sublevarse de nuevo, esporádicamente, contra las exacciones fiscales del nuevo príncipe; pero no hay movimiento de conjunto, y entre los dueños de las masías se contaban filipistas convencidos.

¿Carece de sentido constatar que, en esta ocasión, en la Cataluña rural, fue la Marina, entre Barcelona y Blanes, la que hizo prueba de una combatividad más firme? Era la Marina que, con Barcelona —y aun superando a la propia Barcelona—, había participado, como hemos visto, en la renovación económica y mercantil de los años 1690-1705. Mallorca también, políticamente olvidada durante tanto tiempo, restableció la vieja solidaridad con Barcelona y defendió vigorosamente su independencia bajo la autoridad de un noble catalán.

Así pues, a diferencia del movimiento de 1640, campesino, defensivo, separatista y exclusivamente catalán, el movimiento de 1705-1714 hizo revivir los recuerdos de la Corona de Aragón y se fundó en las esperanzas y los temores de una clase media en vías de reconstitución en la España mediterránea, menos separatista, por lo demás, respecto a España, que ansiosa por intervenir en el destino español.

Hay que imaginarse, efectivamente, qué severa derrota supuso la sumisión a Felipe V para los que, desde 1700, tras los Martín Piles, los Feliu de la Penya, apostaban por una España y un Imperio español ligados a las tradiciones federalistas y a los intereses mediterráneos de la dinastía austríaca.

Lo que en 1714 se hundió para esta burguesía y esta pequeña nobleza catalanas fue, en primer lugar, naturalmente, una libertad política y una representación gubernamental caras al amor propio y a la sed de honores de los individuos; fue también la posibilidad de defender colectivamente sus intereses más materiales en los ámbitos económico, fiscal, aduanero, monetario, donde tantas veces les hemos visto llevar la gestión de sus asuntos propios, temiendo ante todo verse asociadas al destino poco envidiable de la Castilla en decadencia.

Pero esta asociación, al término de la guerra de Sucesión, pareció inevitable, y en las condiciones menos favorables.

Ya no hay que contar, pensaron con razón los catalanes, en las ventajas logradas en las Cortes de 1702 y 1706. Hay que prever, por el contrario, una sumisión más estricta al monopolio Cádiz-Sevilla.

Menorca y Gibraltar se habían perdido; algunos panfletos que incitaban a los catalanes a la resistencia, hacían figurar incluso a Mallorca entre los territorios cedidos en Utrecht.

Utrecht fue también la renuncia a todas las posesiones españolas en Italia, es decir, el corte definitivo entre Barcelona y aquel viejo imperio mediterráneo, con el que la ciudad acababa de intentar restablecer, en 1706 y gracias a la casa de Austria, un mejor contacto.

Por último, ¿no había que temer la doble competición colonial de los franceses —favorecidos hasta aquel momento por Felipe V, el cual, según se creía, iba a favorecerles aún por más tiempo— y de los ingleses, cuya alianza buscó el Principado, pero cuyo egoísmo se había hecho patente desde que el tratado con los Borbones les había asegurado Menorca, Gibraltar, el navío de permiso y el asiento de los negros? ¿Cómo no denunciar, pues, tantos sacrificios, consentidos en favor del solo triunfo de la dinastía?

«Bien dignos de piedad son los pueblos engañados de Castilla, y toda España [...]», dice Ferrer i Ciges, en su Discurso de 1713 a la nobleza catalana. «Combatimos por nosotros y por toda la nación española», afirma Villarroel en una de sus supremas arengas. En los discursos y los libelos catalanes de los últimos meses de la lucha se repitió como un estribillo la vinculación del punto de vista fundamental particularista —privilegis o mort— con una concepción más amplía de la estructura y del interés hispánicos. La estructura descentralizada era «la libertad de toda España», y a veces se invocaban los Comuneros. Felipe V y el centralismo eran, por el contrario, la sumisión a Francia, la pérdida de Italia, de los Países Bajos, de las Baleares, de Gibraltar, del monopolio colonial.

El patriotismo desesperado de 1714 no era sólo catalán, sino español; expresaba la profundidad de una decepción, la intensidad de un temor.

Los efectos de la guerra de Sucesión en Cataluña

a) Balance demográfico. El recuerdo de los despoblamientos, de las pérdidas humanas causadas en Cataluña por la guerra de Sucesión, iba a mantenerse con particular viveza: a finales del siglo, aún no se había borrado. Pero tal vez ciertos acontecimientos espectaculares habían exagerado las impresiones de los contemporáneos a este respecto.

Entre estos acontecimientos, hay que incluir la caída de Barcelona.

No nos faltan precisiones sobre esta catástrofe: 3.835 víctimas el día del asalto, 5.962 muertos durante todo el sitio. Luego, la represión y la emigración. La población activa fue la más afectada, naturalmente.

Para construir la Ciudadela, destinada a vigilar de cerca la ciudad rebelde, se arrasó todo un barrio, entre 1715 y 1718. Se derribaron 800 casas, 4.000 personas fueron desplazadas. Pero nada permite adivinar, en 1717 y 1718, en plena demolición, la menor alza de los alquileres o de los valores de la construcción (salarios, materiales), que pudieran corresponder ya sea a un mayor hacinamiento de la población o a un esfuerzo en la construcción.

Así pues, cuando los censos de 1717-1718 atribuyen a Barcelona 7.404 cabezas de familia (privilegiados y pobres incluidos), 5.481 casas, 34.005, habitantes, no hay que suponerles inverosimilitud, aunque de acuerdo con ellos la ciudad se vea retrotraída a las cifras más mediocres de su historia desde las pestes del siglo XV. Naturalmente, se trata de la población intra muros; pero los alrededores no habían sufrido menos que la ciudad; durante el asedio, varios pueblos de altura, según se dijo, desaparecieron completamente.

Se podría sentir, pues, la tentación de relacionar con los acontecimientos de 1714 este retorno de Barcelona a la categoría de pequeña ciudad, incluso en la escala cronológica. Su auge entre 1730 y 1780 aún resaltará más.

¿Ocurría lo mismo en el conjunto del Principado?

Aquí y allí, la guerra y la represión habían hecho violentos estragos. Lérida, en 1707, quedó destruida. Cinco barrios desaparecieron. Apenas 300 habitantes permanecieron en el lugar. Toda industria quedó inhabilitada. En la Marina, Blanes fue saqueada. En el interior, varios pueblos fueron incendiados, como Sant Quintí de Mediona. Casi todos fueron sometidos al pago de tributos por parte de las tropas. Todo esto durante unos años duros en cuestión de alimentación. El invierno de 1709, ciertamente, no fue en absoluto comparable con el de Francia. Pero hubo carestía. Y lo mismo ocurrió en 1712.

Una vez dicho esto, no es en absoluto cierto que el episodio de la guerra de Sucesión afectara profundamente la demografía. Dos censos detallados, uno en vísperas de los acontecimientos, otro inmediatamente después, no parecen indicar pérdidas demasiado graves.

El primero, colocado en anexo por Aparici en su Descripción inédita, no está exento de incertidumbres ni de lagunas; tiene, además, los defectos de todos los fogatges; por tratarse de un censo fiscal, probablemente está deformado por el fraude. No obstante, Aparici fue personalmente el responsable de la investigación fiscal; contó, verificó, anotó el nombre de los propietarios, comparó con los censos anteriores sus propios resultados; sus preocupaciones, expresadas con sencillez, prueban que no repitió las cifras tradicionales. Merece más que la simple desconfianza.

Asimismo, el esfuerzo de los intendentes tampoco fue vano. Sus tablas de 1717 son precisas, distinguen edades, sexos, categorías sociales. Los encuestadores saben apreciar sus márgenes de error. La administración, totalmente renovada, seguramente no copió los antiguos modelos.

Ahora bien, su estimación grosera —100.000 casas— coincide con la de Aparici. De hecho, la cifra precisa es de 101.986, frente a 92.776: diferencia que las pequeñas lagunas de Aparici invitan a disminuir y no a eliminar.

En Barcelona, un aumento de 326 casas de 1702 a 1718 sólo sería sorprendente si el segundo censo hubiera tenido lugar tras la demolición efectiva de la Ribera, cosa que no es segura. En otras partes muchas casas fueron reparadas a partir de 1716. En Lérida a partir de 1714. Por añadidura, no se trata tanto de «casas» como de «hogares».

De todas maneras, después de la guerra de Sucesión la población del Principado era del orden de los 400.000 habitantes. La diferencia de densidad comprobada en el siglo XVI entre la España mediterránea y la España interior se atenúa. Pero el adelanto recobrado, hacia 1640, por la población catalana (y valenciana) se vio nuevamente comprometido por algún tiempo.

¿Correspondieron a estas pérdidas humanas de la España mediterránea una importante destrucción de bienes, un debilitamiento económico sensible? No habría que exagerarlos ni sobrestimarlos. Una tradición de origen mercantilista pretende que la guerra de Sucesión enriqueció España, contrariamente a las guerras del siglo XVII; éstas habrían obligado a gastar el dinero español fuera del territorio, mientras que la guerra de Sucesión habría atraído a España dinero extranjero.

Cabe pensar, leyendo a Jovellanos, que se trata de una explicación a posteriori de la rápida recuperación constatada en la Península entre 1700 y 1750. Campomanes, por su parte, alude explícitamente al desarrollo industrial catalán, que sin embargo adquirió entidad sobre todo en la segunda mitad del siglo. ¿Cómo la guerra devastadora de 1705-1714 pudo ser considerada así base de éxitos económicos, éxitos además tan posteriores en el tiempo?

Lo interesante es descubrir el punto de partida de estas interpretaciones tardías inmediatamente después de los acontecimientos, en momentos en que tenían muchas más posibilidades de ser sugeridas por ellos, o por algunos de ellos. Pues he aquí lo que nos dice Castellví, cronista barcelonés de los años 1713-1715, a propósito de la introducción del «catastro», tras la derrota del Principado:

Este exceso de tan insoportable contribución se originó del concepto que el nuevo gobierno había formado de que Cataluña estaba muy rica por tantas considerables sumas como habían entrado en el Principado durante la guerra de los aliados para el pagamiento de las tropas y concurso de tantas naciones, en lo que padecieron grande equivocación porque, aunque era verdad que habían entrado en Cataluña copiosísimas sumas, se debía tener presente que los aliados sólo poseyeron la Cataluña por entero desde octubre de 1705 hasta 25 de mayo de 1707 y que desde entonces carecieron de lo más abundante y fértil [...].

Estas «nuevas autoridades» que pensaban encontrar en Cataluña amplios recursos, eran Orry, Patino, Zábala, todos los partidarios de la idea de «catastro», de quienes Forbonnais había de hacer más tarde un elogio tan encendido, y de los cuales muchos estuvieron convencidos de que el escaso rendimiento del nuevo impuesto fue resultado de la mala fe de las poblaciones y no de la pobreza del país.

Semejante convicción no podía ser del todo gratuita. Hombres como Patino estaban muy bien informados, y habían conocido el Principado antes de regresar a él como vencedores. La imagen que habían conservado de los últimos años del siglo XVII y de las Cortes de 1702 era la de la provincia española más rica y activa, donde había afluido el dinero, donde se habían manifestado con vigor el espíritu de empresa y la necesidad de expansión, donde habían sido ya acogidos técnicos extranjeros: todo esto a pesar de las guerras que se habían desarrollado en el país desde 1674 (algunos mercantilistas sentían la tentación de decir: a causa de ellas). La estancia del archiduque y de los aliados, las nuevas relaciones con Italia, ¿acaso no habían confirmado esta tendencia al progreso económico del Principado? Los comerciantes catalanes así lo habían esperado. Los administradores castellanos podían creerlo. Castellví, observador directo, no negó la afluencia momentánea de dinero.

Pero ¿y la guerra de Sucesión propiamente dicha? Fue tan evidentemente, tan «físicamente» destructora, que E. J. Hamilton ha visto una paradoja «increíble» en la hipótesis de un Campomanes, recogida por un Townsend. Por su parte, la tradición catalana admite como una verdad establecida que el hundimiento político del Principado acarreó su hundimiento económico; habría tardado «medio siglo en recuperarse».

No es fácil basarse en un estudio completo para elegir entre las tesis contradictorias.

En Barcelona es posible captar algunos aspectos de la evolución económica en su conjunto, en sus relaciones con el hecho político y sus modificaciones. Destrucciones del tesoro público, crisis monetaria, exacciones a través de empréstitos de las fortunas privadas, multiplicación de los impuestos, alza del coste de la vida, y finalmente destrucciones materiales, nos dan una medida de los sacrificios de la población, su agotamiento final. Sin embargo, para justificar el asombroso optimismo de los administradores de 1715 y de los economistas del siglo XVIII en lo que respecta a los efectos de la guerra, bastará quizás establecer algunas distinciones cronológicas en lugar de juzgar el fenómeno globalmente, no confundir gratuitamente crisis de las finanzas públicas y crisis de la economía general, guiarse por último por los signos concretos, objetivos y, a poder ser, mensurables de los fenómenos, y no por los solos textos oficiales.

Las finanzas del archiduque-rey en España no fueron nada brillantes. El Principado era su único recurso. Sus exigencias hacia él se hicieron, pues, agudas desde el principio.

Pero a pesar de estos aumentos de los gravámenes fiscales, jamás los ingresos llegaron a cubrir los gastos públicos derivados de la guerra. Los empréstitos se sucedieron, erosionando la confianza pública. Se recurrió a las reservas de la Taula de Canvi, que perdió también esta confianza y se vio obligada, en varias ocasiones, a cerrar.

Es comprensible que la mayoría de los historiadores, impresionados por estas dificultades financieras fácilmente perceptibles, les atribuyeran una influencia, decisiva a los ojos de algunos, sobre los acontecimientos. La victoria de la dinastía borbónica sobre la austríaca iba a ser una victoria de la plata de Indias. Este esquema peca por exceso de simplicidad. El archiduque, sin duda, fue pobre. Sus aliados no lo eran. Y Barcelona, lugar de su encuentro, les debió primero un recrudecimiento de actividad.

b) Moneda y economía: la fase ascendente: 1705 a 1711. Se desprende de un estudio, incluso rápido, de la moneda en Cataluña en el curso de la guerra.

1) En 1705 y 1706, la ciudad de Barcelona, aún responsable de la moneda catalana, acuñó, para satisfacer las exigencias financieras del archiduque, 300.000 libras en moneda de plata. Se trataba de moneda propiamente catalana, no reals o croats antiguos, sino realets del tipo imaginado en 1674 para la circulación interior; los tratos exteriores se hacían con dobles de oro, o en «monedas de a ocho» de plata de Indias. El rey, por su cuenta, obtuvo la acuñación en la Seca municipal de monedas del mismo tipo, así como la de otras monedas, seguramente al producirse la ocupación de Valencia. Pero cuando rebasó las cantidades previstas, la ciudad protestó: se oponía sistemáticamente a toda inflación. Su prisa en acuñar las 300.000 libras de realets en 1705 no contradice esta política; porque ya antes de la entrada del archiduque, se preveía una acuñación por estar la plata barata. La abundancia de metal blanco en Barcelona en 1705-1706 nos parece bien establecida: primero la ciudad, más tarde el archiduque, amonedaron lingotes que les eran cedidos por particulares, a precios razonables. La afluencia de monedas recortadas y falsas no invalida en absoluto este hecho: por el contrario, es un fenómeno que se produce cada vez que una plaza es rica en plata: lo hemos comprobado para los últimos años del siglo XVI.

2) En 1707, en cambio, el archiduque pareció constreñido a medidas más excepcionales: fundición de objetos de plata, refundición de monedas recortadas de título más bajo. J. Carrera Pujal creyó poder afirmar, según la documentación municipal, que el Consell no discutió ni admitió, este año, la acuñación de las monedas de plata «de siete sueldos» de las que habló Castellví, testigo directo de los acontecimientos. Según Castellví, efectivamente, el 28 de julio de 1707 se procedió a una compra al peso de las monedas insuficientes, gracias a lo cual el rey habría acuñado, con su efigie, 340.000 pesos en pequeñas monedas de plata, tasadas a 7 sueldos catalanes. Castellví es quien tiene razón. Los documentos de Dorda, abad de Poblet y consejero financiero del archiduque, no dejan la menor duda al respecto. Fue indudablemente en julio de 1707 cuando empezó la gran acuñación de las monedas reales, y es a esta acuñación a la que se refiere el gran Memorial monetario municipal del 1 de septiembre.

Importaba disipar esta confusión porque la moneda así acuñada por el archiduque tiene una significación histórica considerable. Numismáticamente, no habría que identificarla con el realet barcelonés: éste es una moneda catalana, procedente del croat medieval; la moneda del archiduque es un real de a dos castellano, del tipo segoviano. Políticamente, su emisión por sí misma establece la pretensión del archiduque sobre el conjunto de los estados españoles; le convierte en el heredero de la tradición monetaria castellana. Económicamente, significa la extensión a toda España del sistema adoptado en Cataluña desde 1674: una doble moneda, una interior de escaso tenor metálico, la otra exterior, constituida por las monedas coloniales tradicionales (Cataluña, por lo demás, no estaba satisfecha de esta generalización de su sistema particular).

Lo más interesante es comprobar que, aproximadamente por las mismas fechas, Felipe V hizo la misma operación con la moneda castellana. Es el nacimiento de la moneda «provincial» junto a la moneda «nacional», dualidad que se estabilizó en 1727 y llegó a ser característica del siglo XVIII. ¿Se inspiraron los consejeros de Felipe V, en 1706-1707, como el archiduque, en el realet catalán? ¿O fue el archiduque el que trató de aproximarse a las intenciones castellanas? No importa: el contenido en plata de la unidad monetaria corriente adoptada en ambos campos era prácticamente el mismo. Esto sugiere que la opción fue orientada por condiciones comunes. Y esto preparó la cercana unificación.

Digamos también que el real de a dos, creado de esta manera por el archiduque, fue llamado desde entonces, en el lenguaje familiar catalán, pesseta, mucho antes de que este término se aplicara corrientemente a la moneda castellana correspondiente. La «peseta» moderna nació, pues, en Barcelona, a causa de la guerra de Sucesión y bajo un rey «intruso». Y como moneda efectiva, tendrá una vida duradera: pese a las prohibiciones de que iba a ser objeto inmediatamente después de la derrota catalana, circularían todavía ejemplares suyos un siglo más tarde, en 1818, según el testimonio del numismático Salat, y su valor nominal había variado poco. La pesseta —la moneda real española más próxima al futuro «franco»— sólo había de ser consagrada mucho más tarde como unidad monetaria (1868); pero nació muy pronto, y simboliza bastante bien la relativa estabilidad monetaria en virtud de la cual el siglo XVIII contrasta tan claramente con el siglo anterior.

Por otra parte, las emisiones del archiduque habían sido abundantes (unos 148.000 marcos de plata, esto es, más de 2.300.000 libras).

¿De dónde podía salir tanto dinero? Al comienzo (en julio de 1707, como hemos visto) de una refundición de las monedas débiles. Pero también, a nuestro juicio, de una afluencia de lingotes y de monedas aleadas: primero inglesas (el rey estableció su curso tan pronto llegó); luego portuguesas (parece que fueron las más abundantes hasta los primeros meses de 1708); italianas por último (llamadas genuinas), por lo menos hasta principios de 1711.

La abundancia del metal cubre la inflación interior y da impulso al auge económico del Principado, por lo menos en Barcelona y en la Marina.

3) Una objeción: a las emisiones de monedas de plata, ¿no se añadió una acuñación desordenada de vellón catalán, por parte a la vez de la ciudad y del rey, capaz de convertir cualquier ganancia en una quimera? Esto se ha dicho, o se ha dejado suponer. Pero los datos que tenemos, a este respecto, no son decisivos. Cuando la ciudad, en 1707, pretendió retirar de circulación, reacuñar y reevaluar al doble de su tasa anterior el vellón que estaba en circulación, la operación resultó fragmentaria, o por lo menos ésta es la impresión que conservamos de ella; y en 1712 fue compensada por la operación inversa. Por otra parte, ¿cómo evaluar el papel, en la inflación, de los pallofins, monedas falsas o recortadas? En una palabra, hay que renunciar a cifrar el aumento global de la masa monetaria provocada por la guerra. No obstante, si pudiéramos estimar la relación que se establece entre monedas de oro, monedas de plata y valores nominales expresados en vellón, podríamos decir si la crisis monetaria fue moderada o catastrófica.

Pensamos que fue moderada, por lo menos hasta 1714, sólo viendo como Barcelona resistió a las intenciones reales de devaluar. Pues el soberano, desde su llegada, se sintió tentado por los beneficios de un cambio en los valores legales de las monedas fuertes: pesos y doblones. Lo dio a entender, desde 1705, aumentando la cotización de las monedas peruanas y fijando en un precio alto la de las monedas inglesas: pero la Taula de Canvi decidió no aceptar éstas más que a su precio de plata. En 1706 el rey propuso a las Cortes aumentar a 15 reales catalanes (30 sueldos) en vez de 14 la cotización del real de a ocho, y a 60 reales (120 sueldos) en vez de 55 la del doblón de oro; pero las autoridades regionales se negaron categóricamente. A lo sumo, a comienzos de 1707, aceptaron subir a 56 reales en lugar de 55 los doblones de peso perfectamente regular, dejando en 55 aquellos a los que faltaban dos granos de oro fino; pero era una tolerancia admitida: la medida equivalía, pues, a no reevaluar el oro corriente. En julio de 1707 el rey, bastante tímidamente, propuso una vez más aumentar el valor nominal del real de plata efectivo, bajo pretexto de adoptar medidas contra las monedas recortadas: Consell de Cent y Diputación, e incluso «brazo militar», firmaron juntos, en esta ocasión, un manifiesto contra la devaluación, de interés doctrinal: «Señor, el alma de la moneda es el precio de lo que se vende y nunca se ha podido separar una cosa de la otra [...]».

De hecho, el Consell de Cent, por muy doctrinario que quisiera parecer, era realista.

No se negaba a los reajustes monetarios necesarios y juiciosos. En 1708 aceptó aplicar la tarifa de 56 reales en vez de 55 a los doblones corrientes (a los que faltaban dos granos de oro), en base a las consideraciones siguientes: «siendo de las partes de Italia de donde por lo actual, más frequentemente y con crecida abundancia pudiera venir moneda de oro [...]», pero en Italia «passan por quatro pessos excudo de plata, los que aquí valen sinquenta y cinco reales de ardites».

Esta vez la cotización legal del doblón se estableció definitivamente a 112 sueldos en lugar de 110. Pero el equilibrio dependía, como se ve, de muy poca cosa; y no se tocaba la plata.

Y si la prima efectiva de las buenas monedas sobre la moneda corriente hubiera adquirido envergadura en el mercado, ¿se habría podido resistir así a la devaluación legal? De hecho, las cuentas privadas nos confirman una relativa estabilidad de las cotizaciones.

En ninguna de las cuentas del Hospital, durante la guerra, las compras de «drogas» en el extranjero revelan que la dobla de oro se contara por encima de la tarifa legal. En 28 de diciembre de 1709, la Compañía Nova de Gibraltar, para obtener 300 reales de a ocho o doblones de oro «de buen peso», no pagó más que 15 libras «de interés», es decir, un sueldo por moneda. Esto pone el precio de mercado de las buenas monedas de plata a 29 sueldos en lugar de a 28, prima verdaderamente bastante débil y que nos permite catalogar el alza de los precios de 1709 más como un alza cíclica —sabemos que fue internacional— que como un alza de guerra y de inflación regional. El 30 de noviembre del mismo año, la moneda portuguesa de oro se pagaba a 9 libras en Barcelona, 8 libras 18 sueldos y 6 dineros en Gibraltar, donde todas las monedas debían de abundar: la diferencia —0,83 por ciento— es pequeña. Dos años más tarde, en unas ventas a plazo bastante importantes a unos «drogueros» de Mataró, el interés que se solia retener por una venta a seis meses vista fue sustituido por el pacto siguiente: pago de los dos tercios en plata, un tercio en ardits, lo cual establece en un 6 por ciento la prima de la plata sobe el vellón previsible para abril de 1712.

No hubo nada, en resolución, en los años 1705-1712, que recuerde la caída de la moneda de los años 1640-1653, ni ninguno de los desplomes castellanos del siglo XVII.

La experiencia particular de la Compañía Nova de Gibraltar nos permite concretar: los pequeños barcos catalanes de la Marina que iban a Túnez o a Italia recibían reales y doblones de los pequeños y medianos capitalistas de la Compañía. Y cuando éstos querían comprar trigos de Liorna o de Esmirna, azúcares de Lisboa, aceite de Mallorca, curtidos de las Indias en Gibraltar, encontraban buenos prestamistas no sólo entre la rica burguesía de los ciutadans honrats y de los corredors d’orella —un Gralles, un Dalmau, un Mata i Margarit, un Soldevila—, sino también entre los agricultores de la Marina enriquecidos por el alza de los precios del vino, como un Verivol, los tenderos, los artesanos: Francesc Buigas, todavía joven empleado, Josep Buigas, botiguer de teles, Mariano Pujol, adroguer, Darrer, passamaner, Teresa Salla, viuda de un comerciante. De esta modesta fuente salían reales y doblones «de peso», lanzados por la Compañía en los negocios, no siempre buenos pero que aseguraban a esos obligacionistas de ocasión un sólido interés del 8 por ciento, pagado regularmente.

No todo era, pues, imaginación en la noción optimista que se habían hecho los administradores de 1715 sobre la reciente prosperidad del Principado. Si las importantes importaciones de tejidos de lujo efectuadas con motivo de la boda del archiduque pudieron inquietar a ciertos gremios, no dejaron de ser provechosas para todo el comercio. Cuando se ve que los transportistas de trigo de los ejércitos y los proveedores de «nieve» de Barcelona, más ocupados que nunca por la estancia de la corte, rivalizaban por el servicio de los muleros de Vic, se concibe que no faltaran de 1705 a 1712 ocasiones de hacer negocio para los productores y los intermediarios. La exportación de los vinos y los aguardientes parece haber sido particularmente remuneradora para los campesinos y los negociantes.

En 1712, ante circunstancias cada vez más amenazadoras, la ciudad de Barcelona tuvo alguna dificultad para arrendar la totalidad de sus derechos: no obstante, aún había hombres, en esta crisis, capaces de garantizar, sobre sus propios bienes (hablaban sin duda, bien es verdad, en nombre de «compañías»), 230.000 o 240.000 libras, lo que les permitía ganar muchísimo en las subastas: entre ellos se contaban sastres, artesanos y un cierto Pere Pau Canals, maestro tejedor en sederías, cuyos descendientes habían de desempeñar un papel de primera línea en el futuro desarrollo textil.

Nos queda por examinar, para juzgar los efectos económicos de la guerra de Sucesión en Cataluña, el movimiento del alza de los precios.

El alza fue considerable, pero no desmesurada. Sin duda, parecía gravosa para el consumidor. No obstante, contentarse con los «se dice» («la vida ha doblado») sería un signo de pereza, puesto que podemos cuantificar —por lo menos aproximadamente y con las habituales reservas— las fases del movimiento y los niveles alcanzados por los precios, sobre la base anteriormente adoptada.

Índices de los precios de ocho productos: 1705-1715

(Base: 1675-1684 = 100)

Si recordamos que el índice medio de los años 1701-1705 había sido de 100,4, llegaremos a la conclusión de que los precios altos se instalaron en los tres primeros años de guerra, lo cual se explica fácilmente por la acción conjugada de las fuertes emisiones monetarias (realets municipales, reales del soberano, ardits), de la instalación de la corte y los gastos de guerra, del incremento de los impuestos, todo ello redondeado por la brutal alza universal de 1709.

Más allá, hasta 1714 exclusivamente, el trigo, cuyo precio se vio afectado simultáneamente por la influencia de la baja cíclicay de activas importaciones, bajó sensiblemente. El aceite y el vino tuvieron una importante alza. Pero la curva de los precios, en su conjunto, se mantuvo horizontal. En 1713 incluso, a causa del efecto de la retirada y reevaluación del vellón, que el municipio intentó realizar con éxito a fines de 1712, la baja se dejó sentir en todos los precios a la vez.

Sabemos, por otra parte, que de 1708 a 1713 el valor legal en moneda de cuenta de las monedas de plata y de oro no cambió, y que era, para la plata, el mismo que en la década tomada como base (1675-1684), y para el oro sólo ligeramente inferior (1,8 por ciento).

El movimiento de los precios confirma, pues, la hipótesis de que el período del archiduque, duro para las finanzas públicas, para los trabajadores, para los consumidores, pudo ser para los importadores de trigo, los productores de vinos y aguardientes, los negociantes, los patronos de barca, una época de acumulación de beneficios, como los mercantilistas habían sugerido.

c) Moneda y economía: la fase descendente. De hecho, la coyuntura cambió, lo más tarde en 1711.

No podemos considerar como prueba de este cambio el brusco descenso de los beneficios de una empresa única. Pero la dificultad que experimenta la Compañía Nova de Gibraltar para colocar, a partir de 1711 y sobre todo en 1712, las mercancías que recibe a precios remuneradores, es bastante sorprendente. Las pérdidas sufridas contrastan con los beneficios del primer año de explotación. El estancamiento de los precios en 1711-1712, su caída en 1713, dan un sentido general a estas dificultades de la Compañía.

El archiduque marchó de Barcelona en septiembre de 1711. En diciembre, el abad Francesc Dorda, consultado por el marqués de Rialp sobre la política monetaria a seguir —las emisiones se habían detenido desde fines de febrero y los ingleses se ponían cada vez más exigentes—, responde con un informe de todo lo ocurrido anteriormente:

Dinero effectivo de Inglaterra bien sabe V.S. que nunca hemos visto, sí sólo géneros y mercaderías o letras y estas raras, conque el dinero ha salido de Portugal y partes de Italia, y de los hombres de negocio de Barcelona con letras, estando ya consumido el comercio por la falta de despacho de los géneros de mercadurías.

Es imposible describir mejor las dos fases opuestas del movimiento de los negocios.

El marasmo de los precios provocado por el enrarecimiento del dinero fue interrumpido, ciertamente, por la brutal alza de 1714. Pero esta vez el fenómeno, aunque acentuado por una acuñación desordenada de vellón, fue ante todo extraeconómico: fue un fenómeno derivado del sitio; sólo damos nuestras cifras, para este año, bajo las mayores reservas; para el vino, en particular, las cotizaciones del último trimestre, posteriores a la toma de la ciudad, son numerosas, y muy moderadas; en cambio, durante los tres primeros trimestres, durante el sitio, las cotizaciones, que habían llegado a ser excepcionales, se sitúan en 18 y 19 libras por carga de vino, pero con la precisión de que se trataba de adquisiciones reducidas, «para el remedio de los pobres enfermos»; ni por la calidad ni por el modo de adquisición, tales precios deberían entrar en nuestras listas si queremos que sean homogéneas. Omitirlos sería, sin embargo, silenciar las condiciones económicas del sitio. Hemos dado, pues, las medias entre paréntesis, a título indicativo. La concordancia de tres índices importantes (trigo, aceite, leña) nos permite situar entre 175 y 180 el índice probablemente característico del alza de 1714. En 1715 todo volvió al orden, y el índice general (135,7) se situó de nuevo dentro de la tendencia, iniciada desde 1713, a una ligera baja. Pero en esta ocasión la sacudida pudo afectar gravemente a la economía privada en igual medida que a la economía pública.

Una vez caída Barcelona, hay que buscar los índices de la verdadera situación a través de un profundo desorden en los espíritus, en la práctica monetaria, en la legislación. La voluntad unitaria, expresada por la orden de admitir sin discusión toda moneda española, choca con la imposibilidad práctica de eliminar la vieja moneda catalana, o incluso, por muy «indecentes» que fueran, las monedas del archiduque; sólo para éstas últimas, habría hecho falta una masa de sustitución de un millón de pesos.

La incertidumbre sobre el próximo futuro de las monedas corrientes, la invasión de monedas heterogéneas y mal conocidas, la dificultad de establecer entre monedas catalana y castellana equivalencias exactas, parecen los fenómenos dominantes de este período de adaptación.

¿Lo eran en realidad? Hay que estar atentos para distinguir lo esencial de lo episódico. La baja de los precios, la deflación de derecho y de hecho, convierten a los años 1715-1720 en un período económico que contrasta vigorosamente con la década 1705-1714: el consumidor recobra aliento; pero ha pasado ya la época del aumento de los beneficios; y el fisco castellano se va a ver muy decepcionado por el débil rendimiento de los primeros «catastros». En esto radica sin duda el signo más característico del debilitamiento económico catalán.

El exceso de vellón, inmediatamente después de la guerra, no deriva, efectivamente, de las emisiones del período del archiduque. Hasta comienzos de 1716, o sea quince meses después de la caída de Barcelona, no se advirtió por primera vez, en la circulación monetaria catalana, una inundación de pequeñas monedas de cobre: se trata de los dinerillos de cruz, originarios de Aragón. Estas monedas, poco conocidas por el público, fueron inmediatamente imitadas. La moneda falsa bajó una vez más de los bosques y las montañas de Prades, de Mora y de los Pirineos. Castellví no vacila en señalar en este fenómeno una reacción popular contra el aplastamiento fiscal de 1715. ¿Es grave la amenaza?

El episodio nos parece poco importante. Las cantidades perdidas por el Hospital, con motivo de la retirada de los dinerillos, fueron relativamente bajas. Ni la caída de los precios ni la de los salarios fueron detenidas, en 1716-1717, en el momento más característico de la pretendida sobreabundancia de una mala moneda. Y la reducción de los dos tercios, primitivamente fijada para el vellón catalán, era seguramente excesiva, ya que el precio del cobre en el mercado fomentó la tesaurización de las monedas amenazadas.

Todo esto nos confirma que la inflación de moneda pequeña, después de la guerra de Sucesión, tuvo un alcance limitado. No hubo nada que recordara las «carretadas» de sisens reingresadas en 1653 en las arcas municipales barcelonesas. Tal vez un estudio de los precios al por menor, si fuera posible, revelaría más sacudidas que en los precios al mayor. Fue entre detallistas y pequeños compradores donde se manifestaron, en 1718, las dificultades, múltiples, irritantes, pero al fin y al cabo pasajeras: el verdadero problema fue el de un súbito enrarecimiento del dinero.

Desde los últimos meses de 1715, la exportación de oro y plata, en monedas, en barras y en objetos de orfebrería, era práctica corriente, pese a las prohibiciones. La Audiencia atribuía el fenómeno a maniobras especulativas sobre la moneda más que al exceso de importaciones; los extranjeros, de acuerdo con plateros y con agentes de cambio, venían a buscar a Cataluña la buena moneda castellana, dándole un fuerte premio sobre las especies corrientes: vellón y peseta.

A decir verdad, este premio no nos parece excesivo aun a mediados del año 1716: el doblón de oro se compraba entonces a 120 en lugar de a 112. El 16 de abril del mismo año, el premio de la plata sobre el vellón, en un pago de Barcelona a Mataró, era solamente del 4 por ciento. Sin embargo, el tráfico en las inmediaciones de la frontera francesa no deja lugar a dudas; y como que Cataluña ya no podía cerrarse por el lado español, es obligado pensar que la exportación de monedas se hacía también a través de Valencia y de Castilla. El buen dinero, de todas maneras, escasea más en Barcelona que en Madrid, ya que el cambio de la primera plaza respecto a la segunda se hace con una pérdida del 3 por ciento a fines de 1715, del 4 por ciento dos años más tarde.

Si la situación así definida hubiera respondido tan sólo al exceso de monedas divisionarias, al escaso valor de las pessetes del archiduque o a las amenazas que pesaban sobre estas monedas, los precios nominales habrían debido subir, o mantenerse. Pero según los datos que poseemos, bajaron, por lo menos hasta 1718, en todas las categorías observables.

Índices de los precios de nueve productos: 1675-1684

(Base: 1675-1684 = 100)

Sería a la vez difícil, y peligroso, pretender evaluar la baja de los preciosplata: legalmente, se confunde con la de los precios nominales, ya que no hubo ninguna mutación monetaria en el curso de estos cuatro años; prácticamente, sabemos demasiado poco del volumen de los asuntos concluidos fuera del curso legal, el papel relativo de las letras de cambio en las relaciones con el extranjero, el movimiento mismo del porcentaje de premio de las buenas monedas, para efectuar una corrección válida. Sabemos sólo que la expresión de los precios en plata, en esta ocasión, acentuaría agudamente, entre 1715 y 1718, el ritmo ya rápido de la baja.

Es pues obligado reconocer que esta baja tuvo causas económicas bastante profundas. En 1714 y 1715 la Junta Superior de Gobierno, órgano provisional de gobierno del Principado, había reconocido la parálisis de los intercambios y de la producción, y la necesidad, para alimentar a la provincia, su capital y los ejércitos que aun estaban allí destacados, de importaciones costosas y, por consiguiente, de salidas de oro y plata. Numerosas autorizaciones, de las que quedan huellas, prueban en efecto que tuvieron lugar tales salidas, ya sea para las necesidades del suministro general, ya sea para las necesidades militares. Por lo que a éstas respecta, hay que distinguir entre la estancia de las tropas, que en esta ocasión no fueron clientes, sino huéspedes forzosos de la población, y, por otra parte, las dos expediciones marítimas —la de 1717 contra Cerdeña y la de 1718 contra Sicilia— cuya preparación podía, por el contrario, favorecer un relanzamiento de actividad. Las intenciones de Patiño, al escoger Barcelona como punto de reunión y de partida de las escuadras, pueden interpretarse contradictoriamente: ¿quiso intimidar a la provincia o ganársela? Quizá creyó simplemente encontrar en ella, en esta ocasión como con motivo del catastro, más recursos de los que conservaba en realidad.

No parece, efectivamente, que el país fuera capaz de participar, por lo menos de manera muy amplia, en este nuevo esfuerzo de guerra. Las materias, los técnicos que fueron utilizados para el armamento marítimo, tuvieron que venir de fuera. El conjunto de la producción catalana seguía en 1717 extremadamente debilitado. En los alrededores de Barcelona, las casas de campo estaban abandonadas, la explotación había de reanudarse a partir de cero.

Nada de esto debe sorprender, si se piensa en las pérdidas de 1714. Pérdidas en hombres, de las que ya hemos dicho unas palabras, y a las que hay que añadir los encarcelamientos, los exilios. Pérdidas en bienes, por las confiscaciones y los secuestros, la inseguridad sobre el valor de las adquisiciones y de los privilegios correspondientes al período del archiduque, por los compromisos sobre el pago de las deudas públicas: la administración real se avino a pagar las antiguas deudas del Consell y de la «Generalitat», pero no las deudas «de raíz infecta», es decir, las de 1640-1653 y de 1705-1714.

Por último —y quizás esto sea lo más destacado—, el período inmediatamente posterior a la derrota estuvo señalado por una brutal exacción sobre la fortuna privada, así como por un súbito aumento de las cargas fiscales.

Dejando de lado el alojamiento de los soldados, gravoso para el campesino, se impuso un subsidio excepcional —de acuerdo con el plan de Orry— en los últimos días de 1714. Ningún comerciante se libró con menos de 25 doblones. Al clero se aplicó un impuesto colectivo, pero muy duro. En enero de 1715, 80.000 doblones habían pasado así a las arcas de Felipe V. Y se había tenido que pagar en metal. Las obreras catalanas, según Castellví, habían tenido que sacrificar las únicas joyas que poseían, los clásicos clavers y agullers. Y los gremis barceloneses fundieron los pasos de procesión de plata maciza, los más hermosos de Europa. Tras lo cual el viejo sistema fiscal catalán autónomo se derrumbó.

Es sabido que este sistema se caracterizaba por el predominio de los impuestos indirectos, municipales y provinciales, heterogéneos y a veces severos, pero no agobiantes, y que excluían en principio todo impuesto directo permanente.

Estos impuestos no fueron suprimidos. Asumidos por la administración real, fueron dejados en arriendo, en 1715, por 380.000 libras. Pero se les añadió otros impuestos indirectos. El papel timbrado, por ejemplo, y sobre todo la gabela sobre la sal, inspirada por la gabela francesa, con consumo forzado: 3 monedas de a ocho por año y por hogar.

Por último, el 1.° de enero de 1716 se aplicó el «catastro». Sus teóricos hablaron de él como si se tratara de un «equivalente», universal, justo y bien repartido, de las «rentas» de Castilla. Asimilación bastante errónea. Porque este impuesto directo —universal como impuesto sobre la tierra, pero exclusivamente plebeyo como impuesto personal— se sobreañadía a los impuestos indirectos regionales ya existentes, sin sustituirlos. De una situación fiscal privilegiada, Cataluña pasaba a una situación fiscal particularmente onerosa. En el curso del siglo XVIII fue capaz de aligerar de nuevo su carga. Al comienzo cundió la inquietud, sobre todo en el campo, y casi el pánico. Algunos sostienen que muchos campesinos, por miedo a denuncias y represalias, declararon al catastro más bienes de los que tenían. Otros —como es más frecuente— mucho menos. Precisamente por esta razón, aunque algún día se encontrara la documentación detallada de las encuestas sobre el catastro, es poco probable que nos proporcionara un punto de partida exacto para un estudio económico del siglo XVIII. Si las estimaciones de Uztáriz son ciertas, el comercio y la propiedad construida resultaron singularmente dispensados en los primeros repartos, mientras que la parte exigida a los jornaleros y artesanos fue enorme. La información más curiosa, en esta tentativa de inventario de la fortuna catalana entre 1716 y 1720, es seguramente el abanico de los coeficientes atribuidos a las tierras según su posición geográfica. Donde Barcelona y el Vallès pagan 37 y 34 reales de ardit (moneda catalana de cuenta) por una unidad de superficie, Gerona, Besalú, Camprodon, Ribes, pagan de 30 a 20, Moià, Manresa, el Lluçanès, Berga y Puigcerdà pagan de 20 a 10; Balaguer, Lérida, Tarragona y Vilafranca no pagan más que de 5 a 2,5. He aquí el agudo contraste, bien subrayado, entre la fama de riqueza del este catalán, país de policultivo de las grandes masías, y la de la Cataluña seca del Segre y del Ebro, a menudo aún mal roturada o devuelta a una explotación muy extensiva bajo la influencia de las guerras, como lo constataban ciertos viajeros desde los años 1698-1700. Los coeficientes del Camp y del Penedès son, pese a todo, sorprendentes, e invitan a más de una reserva sobre el alcance de la clasificación. Pero veremos que la historia agrícola del siglo XVIII será la de un restablecimiento del equilibrio entre la explotación del este y la del oeste, poniendo los jalones de la actual fisonomía del país.

Una última indicación se desprende todavía del episodio, demasiado mal conocido, de las discusiones en torno al catastro.

En 1716 la administración real confió en obtener del catastro catalán 1.500.000 pesos. Ciertamente no lo logró. En 1717 fijó la estimación general en 1.200.000 pesos, sin obtener mejor resultado. Un intento de investigación directa cerca de los interesados por parte del intendente José de Pedrajas, sucesor de Patiño, habría rebajado la masa de la contribución a 741.404 pesos. Rodrigo Caballero, nombrado intendente en 1718, hombre serio y benevolente, no recibió a las delegaciones locales, pero no se atrevió, por su cuenta, a pedir a la provincia más de 900.000 pesos. Este minusvalor del 40 por ciento sobre las previsiones primeras se explica a la vez por las numerosas faltas de pago y por las sucesivas disminuciones que hubo que consentir ante la momentánea debilidad de las explotaciones, así como ante la baja de los precios. No debe concluirse de esto que el impuesto fue realmente proporcional a los ingresos, a pesar de los principios. Pero ocurre a veces que se puede observar, junto al retroceso de las cifras globales, el del catastro relativo a tal o cual tierra particular, entre 1715 y 1720. El fisco tuvo que renunciar asimismo —lo cual no es menos importante— a exigir el impuesto en buena moneda. En 1715 había exigido metal fino. En 1718 admitió que la entrega del mal vellón pudiera servir de medio para satisfacer el «catastro». El clero, que no pagaba el impuesto personal, se quejó incluso de verse privado de esta comodidad.

No obstante, la primera cifra realmente recogida cuya indicación se haya conservado, relativa al rendimiento global del catastro catalán, rebasa —en 1.016.602 pesos— la previsión administrativa de 900.000 pesos, mantenida en vigor después de 1718. Es verdad que se trata de la cantidad cobrada en 1726. Como que ulteriormente los ingresos aún mejorarán más, es posible establecer pues entre 1720 y 1726 el momento en que se borran, en Cataluña, los efectos económicos de la guerra y de la derrota. Para el estudio del siglo XVIII, este período puede servirnos de punto de partida.

5. 1720-1726: NUEVO EQUILIBRIO POLÍTICO Y ECONÓMICO PENINSULAR

Otras razones justifican esta elección. La estabilización de los años 1720-1726 no fue sólo la de un estado interior de la región catalana. Fue España entera la que se asentó sobre un equilibrio nuevo, a la vez en cuanto a las relaciones entre el estado y sus provincias y en cuanto a sus relaciones con el extranjero. Por su parte, la coyuntura económica más general, tras un deslizamiento inquietante en el que el año 1720, más o menos en todas partes, marca el mínimo de la curva, se recupera, se estabiliza y permite, en 1726, inaugurar una política de reajustes monetarios muy medidos, que iba a ponerse a prueba a lo largo del siglo.

a) Paz exterior y paz interior. Políticamente, en efecto, la sacudida de la guerra de Sucesión, en que las regiones más vivas de España se habían alzado contra la dinastía, no podía apaciguarse de golpe.

Cataluña, la última en caer, fue mantenida bajo una estricta vigilancia. Se limitaron, por razones políticas, algunas de sus producciones, como la de las armas, que, como sabemos, no era la menor. Se le negaron sus medios de defensa propios, incluso contra el peligro de la piratería berberisca, de la que no debe pensarse que hubiera desaparecido.

El otro peligro —el del bandidaje interior—, tantas veces atizado, en otras épocas, por los rencores políticos y las exacciones fiscales, podía también renacer, y, en efecto, renació. Sin duda, no hay nada excepcional en ello, ya que el bandidaje iba a seguir siendo un fenómeno frecuente en la Europa del siglo XVIII. Pero dejará de ser algo característico del Principado, como lo había sido anteriormente. Veremos como la tranquilidad de los caminos, la seguridad de los transportes, próximos o lejanos, serán unos rasgos bastante consolidados de la recuperación material catalana, hasta las agitaciones de la guerra de la Independencia. ¿Cuándo se logró esta tranquilidad? Sin duda, no a partir de 1714, pese a la prohibición de todo armamento privado. En 1717 y 1718, en 1720 y 1721, los facinerosos, las partidas formadas ante la más ligera esperanza de que volviera a estallar la guerra, vuelven a ser tema corriente en los informes administrativos. ¡Como un siglo antes, los militares llegaron a proponer, pura y simplemente, la destrucción de las masías! Finalmente, y por iniciativa de Pere Anton Veciana, el batlle de Valls, se organizó la policía local de los mossos d’esquadra, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Lo importante es que este esfuerzo —bastante ligero— fue pronto considerado suficiente, e incluso superfluo, a la vez por los representantes del poder central, por las autoridades locales y por la propia población. Desde 1728-1729 hay textos que nos aseguran que «el bienestar de la paz», que «la tranquilidad pública» imperan, desde ya hace tiempo.

En 1725 un tratado, diferido durante largo tiempo, puso efectivamente fin a la querella dinástica entre Felipe V y Carlos de Austria. Sólo entonces dejó éste de ser Pretendiente. El acuerdo no supuso, para la Cataluña rebelde, ninguna ventaja colectiva de orden político. Pero trajo consigo la amnistía y la restitución de numerosos bienes particulares. Esto pudo fomentar las adhesiones, las resignaciones.

Por añadidura, el episodio de Alberoni, pese a su fin desgraciado, el esfuerzo marítimo de Patiño, que, en 1720, levantó el sitio de Ceuta e intimidó por mucho tiempo a los moros, las propias ambiciones de la casa real sobre Italia, no habían sido inútiles para el prestigio de la casa reinante a los ojos de los catalanes, siempre atentos a los intereses marítimos y mediterráneos. Pronto había de verse por la popularidad en Barcelona del infante Carlos —el futuro Carlos III— cuando fue a reinar a Nápoles.

Las tentativas del gobierno de Madrid para corregir los efectos de los tratados de Utrecht, la sensata concentración de los esfuerzos del poder sobre la recuperación interior, sobre la defensa marítima y colonial, sobre el objetivo diplomático italiano, todo esto pareció a la opinión catalana menos ajeno, menos quimérico que antaño la política europea de la casa de Austria, heredada de un pasado excesivamente gravoso.

Los viejos temas de la oposición particularista, pues, se desvanecieron, tras haber desaparecido los mismos organismos de la autonomía. Debe añadirse que, entre los responsables de la nueva política, varios son de la raza de los grandes administradores, desconocidos hasta entonces por España. Rodrigo Caballero, y sobre todo Patiño, anuncian el personal «ilustrado» que había de triunfar a mediados de siglo. Y fueron justamente personajes de éstos los que asumieron, entre 1714 y 1720, la tarea de la reorganización en el Principado. Su acción afortunadamente atenuó, en la esfera civil, el ciego espíritu de represión que encarnaba —en lo militar— un Castel-Rodrigo.

Pero el propio Castel-Rodrigo, en 1725, como consecuencia de los acontecimientos internacionales, cedió su lugar en Cataluña al marqués de Risbourg, cuyo «desinterés, rectitud y afabilidad» reconocían los exiliados catalanes. Con el segundo cuarto de siglo, paz interior y paz exterior se restablecen, pues, simultáneamente.

b) Fin de las dificultades circunstanciales y mejor protección de la economía. Al mismo tiempo terminan las condiciones económicas desfavorables mantenidas, de 1715 a 1725, por la inestabilidad política y por diversas circunstancias, ligadas o no a esta inestabilidad: la guerra contra el emperador cortaba incesantemente la vía marítima de Italia; los moros venían a hacer incursiones a escasas leguas de Barcelona, en una Marina mal defendida; Portugal se entregaba contra España a escaramuzas aduaneras que, durante más de dos años, al prohibir los aguardientes españoles, suprimieron la partida más importante (tal vez la única en aquellas fechas) de la exportación catalana; como represalia, España prohibió las importaciones de azúcares de Lisboa, que daban tantas ganancias a los corredors d’orella de Barcelona, a los adroguers de Mataró. Por último, en dos ocasiones, en 1715 y sobre todo después de 1720, la peste, en varios puertos, impuso una dislocación total de la vida comercial mediterránea.

En contrapartida, una vez recobradas las condiciones normales de navegación y de intercambios, la economía catalana (como la economía peninsular en su conjunto) experimentó los efectos de una innegable mejora en la protección de los intereses nacionales frente a los extranjeros. Una tradición que procede del siglo XVIII atribuye precisamente a las pestes de 1720 los hábitos de vigilancia usados después por la política proteccionista: fondeo o registro de los buques atracados en la bahía de Cádiz, prohibición de introducir en España cotonadas.

Hay aquí una evidente confusión. Si bien la lucha contra la epidemia pudo favorecer momentáneamente la aplicación de tales medidas, no las provocó en absoluto. Los ministros de Felipe V, de manera muy sistemática y a partir de 1717-1718, habían declarado la guerra al contrabando, y habían puesto en vigor, sobre todo en materia textil, un amplio sistema de prohibiciones en el que no sólo se incluían las cotonadas orientales. Este era uno de los primeros puntos de la política, directamente inspirada en el colbertismo, cuyas restantes manifestaciones fueron el llamamiento a los técnicos extranjeros, la fundación de las grandes manufacturas reales privilegiadas; a 1718 se remonta la famosa fábrica de paños de Guadalajara.

No nos corresponde aquí examinar la historia de esta política y de su semifracaso. No creemos tampoco que estas primeras medidas proteccionistas del tiempo de los Borbones tuvieran el papel primordial que a veces se les ha atribuido en los orígenes de la industrialización catalana del siglo XVIII. Las fechas no autorizan a creerlo. ¿Cómo se explicaría, por medidas generales de 1717-1718 el desarrollo particular de las indianas catalanas después de 1740? En cambio, no es ocioso subrayar que, según el recuerdo de los contemporáneos, los años 1720-1725, después de las pestes mediterráneas, señalan el momento en que España apareció más inaccesible y mejor protegida.

Para nuestra investigación se plantea una última cuestión: dentro del sistema hispánico, así mejor organizado y mejor protegido, ¿hasta qué punto el Principado catalán se siente integrado, tras haber perdido su autonomía? Hacia 1720 las autoridades españolas hacen esfuerzos para esta integración económica. Desde finales de 1716 las aduanas interiores, sobre el papel, han sido suprimidas. En 1720, el intendente Rodrigo Caballero se ofrece como intermediario para intensificar las relaciones comerciales de Barcelona con Cádiz, es decir, indirectamente, con el mundo colonial. En 1721 se planteó durante breve tiempo la posibilidad de prohibir la importación en Barcelona de trigos extranjeros, en provecho de los trigos andaluces, es decir, de desviar hacia la Península la corriente más clásica de intercambios catalanes: trigos contra tejidos, o trigos contra vinos y aguardientes.

Esto no eran más que simples indicaciones. Las aduanas interiores iban a seguir en pie durante mucho tiempo. La esperanza de comunicación directa entre Cataluña y las Indias, surgida en 1702 y 1706, no iba a revivir más que a mediados de siglo. Y el enlace con el mercado de los trigos andaluces, en 1721, no fue más que una defensa episódica frente a una caída excepcional de los precios. De hecho, fue poco a poco, mediante la reconstitución de sus fuerzas internas y mediante sus propias iniciativas, como el productor catalán amplió y reforzó sus relaciones peninsulares y coloniales, destinadas a sustituir los mercados extranjeros perdidos para siempre.

Lo seguro es que hacia 1725, cuando se borraron las últimas perturbaciones consecutivas a la guerra de Sucesión y a la derrota, el marco económico brindado a la actividad catalana era singularmente distinto de lo que había sido antaño, de la Edad Media al siglo XVII. Se había terminado la autonomía regional monetaria, fiscal, aduanera. Se había terminado el «Principado», actuando, en sus relaciones con el exterior, como pequeña comunidad cerrada. Se había terminado el mercado mediterráneo para las pañerías. En cambio, con la economía peninsular y colonial, mejor defendida políticamente a partir de entonces, los lazos tendían a hacerse más fuertes. ¿Iba a sacarse provecho de ello? Ahí está el problema. Domina los cambios de orientación del comercio y la industria: las miradas pasan del Levante a Occidente, del extranjero al sistema nacional e imperial, de la lana hacia el algodón, de la calidad hacia la cantidad. Pero semejantes cambios no pueden producirse de golpe. Si para el Principado catalán, políticamente, «el siglo XVIII», «la historia contemporánea» comenzaron sin duda el día de la derrota de 1714, o del Decreto de Nueva Planta, en 1716, económicamente la nueva etapa no se esbozó realmente más que después de 1720, o incluso de 1725, cuando se borraron las últimas secuelas del conflicto interior y exterior, y de las pestes mediterráneas.

c) El cambio de coyuntura. ¿Se trata sólo de una liquidación y de una coyuntura locales?

Hay la costumbre de fechar en los años 1733-1734 el comienzo del movimiento de larga duración que imprime sobre la mayor parte del siglo XVIII la influencia estimulante del alza de los precios, comprobada internacionalmente. Sin embargo, para España, el punto más bajo alcanzado por la curva de los precios, entre 1650 y 1800, se sitúa en 1720, tanto para los principales productos como para el índice de conjunto: ninguno de los mínimos cíclicos ulteriores llegó tan abajo; y un cálculo de las medias móviles, basado en las cifras de E. J. Hamilton, sitúa en 1723 para el trigo, en 1724 para el conjunto de los precios agrícolas, el giro de la curva hacia el alza de larga duración. Incluso internacionalmente el mínimo del precio del trigo en 1720 o 1721 es algo muy destacable. Hay, pues, razones para considerar los años 1720-1725 como un buen punto de partida para observar el impulso económico del siglo XVIII. Aunque no se admitiera esta observación a escala internacional, habría que constatar de todas maneras la sorprendente estabilidad de los precios españoles lograda entre 1720 y 1725.

d) La estabilización monetaria. ¿Fue debida esta estabilidad a las operaciones monetarias de 1726-1728, que aumentaron ligeramente, en valor nominal, la tasa de las monedas de oro y de plata? ¿O fueron más bien estas operaciones una adaptación legal de la moneda a un valor previamente comprobado, en los hechos, a partir de 1725? Es una cuestión a discutir.

Habrá que retener, de todas maneras, que las medidas de 1726-1728 definen el sistema monetario español hasta la crisis de 1808. La constancia de las relaciones entre el contenido metálico de las monedas y su valor nominal no será tan perfecta como en Francia después de 1726; pero la baja del tenor en plata del maravedí no rebasó el 10 por ciento en tres cuartos de siglo; esto permite hablar de estabilidad.

En Cataluña, las disposiciones monetarias del gobierno central fueron válidas a partir de entonces; y pueden encontrarse, en efecto, las de 1726-1728 en la colección legislativa de la Audiencia barcelonesa. Una dificultad en la aplicación: ¿había que desmonetizar las «pesetas» del archiduque, que constituían aún el fondo de la circulación catalana, o no había que hacerlo? En definitiva, las pesetas fueron mantenidas sin que causaran perturbaciones. Era normal: pues la ligera amputación de 1728 aproximaba aún la moneda castellana del «doble real» de escaso tenor que sobrevivía al episodio del archiduque. Fue el último paso hacia la unificación monetaria.

Así convergieron, hacia 1725, Cataluña y Castilla, después de siglos de historia en que tan pocas veces habían seguido los mismos impulsos y ritmos. En el umbral de un impulso económico universal, internacional, ¿iba a bastar su unidad política, adquirida recientemente y de modo trabajoso, para asegurarles posibilidades iguales? ¿O bien su estructura natural, su herencia social, tan profundamente distintas, iban todavía a hacer diverger sus caminos? Este iba a ser el problema del siglo XVIII, que había de resolverse en el sentido de la unidad española, mientras que los fracasos del siglo siguiente volverían a crear las premisas de un estallido.

TERCERA PARTE

LA CATALUNYA DEL SIGLO XVIII

Las fuerzas productivas. Los hombres en cifras

Hoy en día es cada vez más aceptada la idea de que la potencia creadora del siglo XVIII —que afianzó el triunfo definitivo de la sociedad capitalista sobre la sociedad feudal— no se manifestó sólo en la Inglaterra de la «revolución industrial» y en la Francia de la revolución política, sino en el conjunto de Europa y sus colonias americanas.

Un inmenso campo en el que, al menos a partir de los años 1732-1734 y en especial después de 1760, una serie de constantes interacciones entre el crecimiento de las fuerzas productivas y el aumento demográfico, unido a la disponibilidad de mano de obra por un lado, entre la incesante expansión de la actividad comercial y la mayor seguridad en la explotación de las colonias por otro, así como entre el alza generalizada de los precios, la extracción cada vez más rentable de plata y la multiplicación de nuevos signos monetarios por otra parte y, finalmente, el sistema mismo de ciclos e interciclos de crisis agrícolas, todo ello favoreció la concentración de beneficios en manos de unas clases privilegiadas pero emprendedoras, que propiciaron las iniciativas económicas, los inventos, las aplicaciones técnicas, impulsando así un cambio en las relaciones sociales profundas y, por ende, las fecundas luchas sociales, las novedades políticas y las audacias del ingenio; en esencia, todo lo que hizo del siglo XVIII un siglo revolucionario por excelencia, una época en la que se aceleró el ritmo de la historia.

Ahora bien, la explicación más bien general que requiere un fenómeno tan extendido no implica que todas las zonas en donde se manifestó fuesen sensibles por igual a la dinámica del siglo. A grupos con estructura y pasado diferentes, corresponden diferentes capacidades de recepción, de adaptación y de transformaciones internas. Bajo este prisma, en la Europa del siglo XVIII resulta especialmente relevante el caso de España.

Su situación entre dos mares y su ancestral participación en la aventura colonial y en las explotaciones mineras hicieron que España no quedara totalmente al margen del impulso experimentado por la economía, ni del rejuvenecimiento de la sociedad. Pero a la vez, podemos pensar que quizás se vieran muy menguadas sus posibilidades debido al desgaste de sus recursos materiales, a las formas a menudo obsoletas de su psicología social y religiosa y al adelanto ya adquirido por otras naciones. Así se entabla una lucha entre las fuerzas renovadoras y el conjunto de carencias materiales y atavismos, que perduraría durante todo el siglo XVIII español hasta el drama final de 1808.

Es innegable el legado de este siglo. Eso le permitió a Rafael Altamira afirmar, seguramente exagerando algo, que en vísperas de la guerra de la Independencia la riqueza española era superior a la de Francia, y «mejor repartida». Aún menos discutible, no obstante, es el fracaso final. A mediados del siglo XIX España será un verdadero anacronismo dentro de Europa. Ahí radicará su prestigio para los románticos. Pero ya sabemos cuán caro lo pagará.

Una vez más, lo esencial y previo a cualquier interpretación es fechar con precisión las etapas de progreso, estancamiento y retroceso en la vida material y espiritual de la nación. E igualmente situar, desde un punto de vista regional, los éxitos y fracasos de las reformas y realizaciones acometidas desde arriba, así como de las iniciativas que florecieron espontáneamente, ya que, según su costumbre, España no reacciona uniformemente al estímulo de la historia. No consiguieron los más fervorosos renovadores ministeriales el renacimiento de una gran agricultura andaluza ni de una industria castellana. Pese a ello, Cádiz, puente entre España y Ultramar, se convierte en la ciudad símbolo del liberalismo reformista. Y pese a ello, el País Vasco crea la más poderosa de las compañías coloniales, a la vez que la más típica de aquellas academias de las nuevas ideas: las llamadas «Sociedades Económicas de Amigos del País». Y pese a ello también, Cataluña, resucitando con fórmulas innovadoras su tradición textil, pone los cimientos de una industria que será, en el siglo XIX, el foco preponderante y prácticamente único del «trabajo nacional»: es decir, de toda la industria española de transformación.

Examinemos este último caso. Es cierto que responde a nuestros objetivos, pero es también por ser el más característico. Su valor no fue sólo reconocido a posteriori. No lo pasaron por alto los contemporáneos. Muchos escritores castellanos pusieron, desde el siglo XVIII, a Cataluña como ejemplo para las otras regiones españolas, por su capacidad de renovación. Éstas son las palabras de Cadalso:

Si yo fuera señor de toda España, haría a los catalanes mis mayordomos ... Por un par de provincias semejantes pudiera el rey de los cristianos trocar sus dos Américas. Más provecho redunda a su corona de la industria de estos pueblos que de la pobreza de tantos millones de indios ... Los catalanes son los pueblos más industriosos de España. Manufacturas, pesca, navegación, comercio y asientos, son cosas apenas conocidas de los demás pueblos de la península, respecto de los de Cataluña ... Los campos se cultivan, su población se aumenta, los caudales crecen y, en suma, parece esta nación a mil leguas de la gallega, andaluza y castellana. Pero sus genios son poco tratables, únicamente dedicados a su propia ganancia e interés. Algunos los llaman los holandeses de España.

Se estableció esta comparación desde principios de siglo. Finalmente, se populariza otra comparación que demuestra una admiración, no por el comercio, sino por la industria. F. M. Nifo, en el Correo General de España, ve Cataluña como «una pequeña Inglaterra en el corazón de España»: «Esto nadie lo duda —añade— pero todos se niegan a su imitación, que sería muy útil para España».

Antonio Ponz compara a su vez el florecer de lujosas residencias en las afueras de Barcelona con lo que ha visto en los alrededores de París y Londres, ciudades avanzadas. Y concluye diciendo:

Es, pues, Barcelona, la ciudad de España que más desmiente las imputaciones de algunos escritores extranjeros, empeñados en divulgar nuestra desdicha, abandono, pereza, falta de industria y otras gracias con que nos favorecen; y lo mismo puede decirse de la mayor parte del Principado.

Para estas afirmaciones, Ponz se basaba principalmente en las concienzudas visitas que había realizado a Cataluña su amigo e informador, el auditor Zamora, a fin de comprobar en qué aspectos estaba más «adelantada» que el resto del territorio español.

Y esta fama, corregida y aumentada, traspasaba las fronteras. Eso explica que Young, tras cruzar el Principat en diez días, y lo que es más desconcertante, por sus zonas más baldías, se sintiera decepcionado ya que esperaba, por lo que había leído, encontrarse con «un vergel».

Jovellanos aconsejó varias veces a sus paisanos asturianos entrar en «pacífica competencia» con los catalanes en el comercio y la pesca. Dirá un día, en la Ley agraria: «el ejemplo de Cataluña, cuya agricultura e industria han ido siempre a más mientras en Castilla siempre a menos».

La exageración misma de este planteamiento (no olvidemos la larga decadencia catalana, mientras que Castilla conocía en el siglo XVIII un sensible progreso) nos advierte que los contemporáneos captaron diferencias de ritmo entre el renacimiento catalán y el de la España del interior.

Atribuyeron, según la costumbre, a las cualidades específicas de los catalanes lo que sólo podía explicar un amplio contexto histórico y social. Intentaremos aquí analizar este contexto, a la vez que vamos reconstruyendo los hechos.

En una sociedad poco afectada aún por la industrialización, los elementos por los que se miden las fuerzas de producción dominantes son: el número de hombres, la superficie de tierra cultivada y el grado de tecnificación de dicho cultivo.

El orden por el que aquí vamos a estudiar cada una de estas fuerzas no implica que, al analizar su movimiento progresivo, demos de antemano la primacía a alguna de ellas. Sabemos perfectamente que el único factor decisivo e irreversible en el crecimiento de un grupo humano es la productividad del trabajo, o sea, el dominio técnico del hombre sobre la naturaleza. Es imposible imaginar un aumento demográfico constante en un sistema de producción estático o una producción constantemente en alza sin progreso técnico. Asimismo, resulta muy difícil pensar que una demografía estancada pueda garantizar un esfuerzo productivo duradero, en un régimen económico en el que la máquina interviniera muy poco.

En realidad, nos limitaremos en primer lugar a comprobar hechos. Hechos estrechamente interdependientes. Empezaremos por el fenómeno demográfico, fácil de apreciar en su conjunto, y de indudable importancia como factor de evolución.

Que quede claro que no lo consideramos de antemano la «causa primera». El impulso de la población explica, en parte, el impulso de la producción; y a su vez lo implica. No podemos consignar uno de estos aspectos sin consignar automáticamente el otro.

Nivel del aumento demográfico catalán

Al iniciar este trabajo sería deseable poder contar con un conocimiento preciso del movimiento continuo de la población catalana, pero es algo utópico. Debido a la ausencia en los archivos españoles (como en tantos otros) de censos periódicos y encuestas reiteradas, seguimos condenados, también para el siglo XVIII, a servirnos de aproximaciones.

Sin embargo, el estudio del problema histórico de la demografía catalana está muy bien encarrilado. Los trabajos de Iglésies, Llobet, Giralt, Nadal y Moreu, constituyeron un marco sólido y cronológicamente bastante amplio para mis propias investigaciones. A pesar de permanecer inéditos mucho tiempo, pude tener acceso a ellos gracias a los excelentes contactos personales que mantuve con sus autores. Los resultados obtenidos tienen sus limitaciones, aunque pueden propiciar una futura e importante aproximación a lo concreto histórico. El problema más espinoso lo siguen planteando las fuentes.

Como bien sabemos, el verdadero material demográfico primario parece hallarse en los registros parroquiales, los únicos documentos capaces de establecer el movimiento continuo de nacimientos, defunciones y matrimonios. Pero su estudio sistemático no está al alcance de un trabajo de investigación individual. Mientras espero y deseo que este estudio sea organizado algún día —tanto en Cataluña como fuera de ella— en forma de trabajo en equipo, tengo interés en explicar cómo podríamos superar una primera etapa del estudio demográfico del siglo XVIII sin recurrir a los registros.

En una investigación como la nuestra, los hechos de población económica e históricamente importantes serían los siguientes: el aumento global de la población a lo largo del período analizado, la distribución geográfica (probablemente muy desigual) de este aumento y, por último, el ritmo del movimiento, ya que en un período demasiado largo un balance muy positivo puede fácilmente ocultar estancamientos y a veces retrocesos, cuya cronología no debe despreciarse a priori.

En cuanto a los dos primeros factores —aumento global y distribución geográfica—, los registros de las parroquias catalanas nunca nos darán la solución al problema. Una gran mayoría fueron destruidos durante las guerras de los siglos XIX y XX. Entre los restantes, muchos se hallan en mal estado, o aparecen tardíamente. Y tampoco es idéntica su aportación. Algunos no incluyen la muerte de los niños de corta edad, y en la mayoría no consta la fecha de los fallecimientos.

Por último, los registros parroquiales no hablan para nada de las migraciones. Esto basta para desvirtuar cualquier cálculo hecho a partir de ellos; a largo plazo es incuestionable, y a corto plazo también, si tenemos en cuenta que las pestes y el hambre, generadoras de súbitas migraciones, perturban con frecuencia la demografía. Ya mucho antes de la aparición del artículo de L. Henry, los resultados que voy a exponer me habían puesto en guardia contra la tentación de aplicar a ejemplos locales tasas demográficas generalizadas (incluso en el apartado de nupcialidad), y contra la generalización de las tasas efectivas deducidas de tales ejemplos. Cuando vemos que la población de un pueblo se sextuplica en ochenta años, debido lógicamente a la inmigración y sin duda en forma de notorias oleadas, mientras que otro pueblo, otra comarca ve la suya decrecer o permanecer estable, ¿qué conclusiones podemos sacar del número de nacimientos y defunciones en los registros parroquiales, ante la falta de censos fiables y frecuentes? Añadiremos que, incluso si se pudieran establecer de forma válida unas tasas, las diferencias existentes en la estructura por edades debidas a las migraciones harían imposible cualquier generalización a largo plazo. Por ello, de un buen registro aislado o de una genealogía completa, el demógrafo podrá sacar algún dato biodemográfico que le resulte interesante; sin embargo, para el historiador, la continuidad en el tiempo de los documentos parroquiales no puede llegar a compensar su discontinuidad en el espacio, a menos que se trate de colecciones exhaustivas. Así, lo único que podrá extraer de los sondeos parroquiales serán hipótesis sobre el ritmo del movimiento global que está investigando: momentos de alta mortalidad absoluta, períodos en los que parezca continuo el saldo excedentario de nacimientos, períodos en los que éste sea dudoso.

Para estos diversos puntos, nos han servido de ayuda algunas curvas parroquiales cronológicamente amplias. A veces nos ha sido útil investigar en las estadísticas diocesanas, siempre parciales, aunque con un valor representativo mayor gracias a su extensión en el espacio. Estos fragmentos de fuentes heterogéneas, complementados mediante textos y comparados con otros hechos de la economía, aun proporcionando un análisis imperfecto del movimiento de la población, permiten sin embargo distinguir su ritmo. De esta forma obtuvimos algunas inflexiones de la curva demográfica, por lo general despreciables.

Sólo queda por señalar que los dos hechos más significativos —el que se duplicara la población catalana en menos de tres cuartos de siglo y la muy desigual distribución de las ganancias de población en el territorio (las del oeste del Principat aparecen como una verdadera «repoblación»)— nos han sido proporcionados por dos censos oficiales, cuya versión pormenorizada es además inédita y cuyos datos concretísimos parecen resistir una hipercrítica muy generalizada, aunque con poco fundamento. Vamos a examinar primero estas fuentes esenciales.

I

LAS FUENTES

a) Aparici

Mencionaré como mero recordatorio el Cuadro inédito de Josep Aparici, elaborado a partir de su encuesta de 1702, destinada a renovar la base tributaria de los fogatges. Ya hablé de sus cualidades y defectos. Dicha encuesta, anterior a la guerra de Sucesión, más que señalar el inicio del estudio del siglo XVIII, se limita a concretar los resultados de la antigua demografía. Aun teniendo en cuenta las pérdidas humanas provocadas por los sucesos de 1705-1714, compensadas con toda probabilidad por el movimiento natural de la población, resulta más prudente, tanto en el tema demográfico como en cualquier otro, situar «el siglo XVIII», no entre 1700 y 1800, sino entre 1714 y 1808. Así pues, nos basaremos en los censos de 1717-1718, anteriormente citados, ampliando algo más sus características.

b) Los censos de 1717-1718

El 28 de julio de 1717 fue cursada, por el marqués de Campoflorido, la orden de realizar un censo general en toda España. Sus resultados quedaron consignados en el manuscrito 2.274 de la Biblioteca Nacional de Madrid, con el título de Vezindario general. Los referidos a Cataluña informan detalladamente hasta de la más remota aldea, y los firma José de Pedrajas, el 31 de agosto de 1717, lo que representa una encuesta peligrosamente corta.

Pero esta objeción carece de peso, ya que los intendentes habían llevado a cabo, desde 1716, importantes trabajos para establecer el famoso «catastro». Aunque no disponemos de este catastro completo, obran en nuestro poder suficientes fragmentos locales como para saber que consigna fielmente, bajo juramento de las nuevas autoridades locales, en presencia del «rector» y ante notario, la lista de casas, habitantes, bienes y ganado de cada pueblo. José de Pedrajas no tuvo que partir de cero cuando le fue encomendada la evaluación de la población catalana.

De lo dicho anteriormente se infiere que el Vezindario está configurado como un documento fiscal, con los defectos que esto implica. En primer lugar, lo único que nos presenta es una lista de contribuyentes cabezas de familia, complementada, eso sí, en cada localidad, por las listas de cavalleros exentos y por la de los pobres asistidos. Cualquier documento de este tipo supone un equilibrio entre el deseo, por parte de la administración, de gravar al máximo a la población, y los esfuerzos de ésta por librarse de los impuestos, cosa que puede dar lugar a una evaluación por defecto o por exceso. Para el Vezindario en su conjunto es aceptada casi siempre la primera hipótesis, a partir de la interpretación de Uztáriz que fue la primera divulgada. Para compensar las ocultaciones, no dudó en aumentar en un 20 por 100 las cifras oficiales, y como sus cálculos estaban justificados por medio de algunos sondeos, la mayoría de autores se han inclinado ante su espíritu crítico.

Por otra parte, Uztáriz convirtió las cifras del Vezindario para el total de la población mediante la aplicación uniforme del coeficiente 5. Y en este punto volvemos a topar con la eterna discusión sobre la cifra de habitantes por «fuego», «casa» o «vecino». Todos los cálculos posibles en torno a la encuesta de 1717 recomiendan no fijarla por encima del coeficiente 4. Al escoger el 5, estaba valorando Uztáriz muy por exceso el número de habitantes, lo que hace más difícilmente aceptable el otro añadido suplementario del 20 por 100. Pero entonces ¿por qué Ganga Arguelles, basándose en Uztáriz, rechaza este 20 por 100 sin cuestionar el coeficiente 5? ¿Por qué Girard, más próximo a nosotros, adopta la actitud opuesta al criticar el coeficiente 5 y aceptar la rectificación arbitraria? ¿Y por qué hacen suyo Altamira y Desdevises, para el conjunto de la población española, el total de Cangas —5.700.000— mientras Ballesteros recoge el de Uztáriz —7.500.000— y Girard el término medio de 6.100.000? Misterios insondables.

Aun cuestionando cifras de conjunto muy dudosas, hubiera resultado evidentemente más provechoso encontrar en el Vezindario original, o mejor aún en los archivos locales, las relaciones pormenorizadas de las cifras que las distintas provincias presentaron al marqués de Campoflorido. Hubiéramos podido distinguir así con facilidad las que efectuaron en realidad los censos prescritos de aquellas que aprovecharon antiguas estadísticas. Se juzgan los métodos de encuesta y la verosimilitud de los números por la relación local pormenorizada. Siguiendo este procedimiento, Ruiz Almansa obtuvo interesantes resultados para Galicia. Pero la mayoría de historiadores se basaron en el común convencimiento de que, hasta 1768, no había existido otro método de recuento que no fuese el cálculo fiscal de los vecinos. Veremos cómo, respecto a Cataluña, a partir de 1717-1718, no es descabellado pensar en términos de habitantes.

Por lo demás, en lo que al cálculo por «vecinos» se refiere, no podemos afirmar si Pedrajas hizo o no necesariamente una evaluación por defecto. Veamos el caso de un pueblo, Esplugues, del que tenemos una descripción catastral, casa por casa, de marzo de 1716. Situado cerca de Barcelona, cuenta con 22 casas y unas cuantas chozas. Pero de entre las casas de propiedad, mientras algunas albergan a 11 moradores (los dueños, 5 hijos y 4 criados), otras, pertenecientes a importantes personalidades, son ocupadas sólo por colonos prácticamente sin familia y otras por familias campesinas de tipo medio; por último, está la casa parroquial y 3 viviendas deshabitadas. Contando al cura, el pueblo tiene 110 habitantes. El Vezindario de 1717 menciona a 24 vecinos, sin pobre ni noble. Luego, calculando 5 habitantes por «vecino», se sobrevaloraría la población. Pedrajas cita más dueños de casas que casas hay consideradas dignas de figurar en el catastro, aunque ninguna de ellas alberga a varias «familias» en el sentido fiscal. En algunos casos, debió de contar a padre e hijo, a dueño y criado. Ya se ve que no estamos ante una evaluación por defecto del Vezindario.

Más lejos ha ido Josep Iglésies, al examinar detenidamente los resultados de 1717. Ve un carácter «punitivo» en el «censo» de Pedrajas. Tras observar que las localidades «felipistas» (en especial Cervera) acusan un retroceso en el «censo» de Aparici, mientras que los pueblos rebeldes a Felipe V tienen más vecinos de los que cabría esperar, dadas las estimaciones más aproximadas y las calamidades de 1713-1714, J. Iglésies admite que las cifras del Vezindario miden el esfuerzo fiscal esperado de cada comunidad, siguiendo un criterio de venganza o de recompensa. Si fuese exacta esta tesis, le restaría todo valor demográfico al documento de 1717. Sólo queda por señalar que el hecho de que la «penalización» afectara a la mayoría de los pueblos, impidió que el Vezindario pecara por defecto.

A decir verdad, posee cierto interés esta valoración, ya sea como punto de referencia para una comparación, como ayuda en las identificaciones de lugares, o bien por el hecho de basarse, incluso en sus tasaciones arbitrarias, en un riguroso conocimiento de la población y de sus riquezas. Aun disponiendo de las cifras del manuscrito, no vemos la utilidad de publicarlas aquí, ni de iniciar una larga controversia sobre este tema, como ha hecho J. Iglésies en un trabajo reciente. Si estas cifras siguen teniendo, en cierta medida, algún significado, se debe a que no son cifras sueltas.

En efecto, en el mismo manuscrito que el Vezindario se halla un excelente resumen de la situación demográfica catalana, enviado por el intendente en 1718, resumen que, además de confirmar en conjunto el censo tal vez «penalizados» y seguramente apresurado de julio-agosto de 1717, lo corrige y completa en los pormenores.

Esta Relación general da, veguería por veguería, el número de responsables de un hogar fiscal, pero haciendo distinción entre: cabezas de familia independientes, jornaleros, marineros, pescadores, ancianos mayores de 70 años e inútiles. Hay otras columnas reservadas a la población sin obligaciones fiscales: niños y «manzebos» (menores de 14 años, mayores de 14 años, niños y niñas), mujeres casadas y viudas, «cavalleros», pobres de solemnidad, estudiantes y, por último, el clero, dividido en clérigos, frailes y monjas.

Consideramos que dicho cuadro presenta suficiente interés, desde el punto de vista demográfico y social —e incluso económico, debido a su anexo sobre la riqueza pecuaria—, para merecer ser reproducido íntegramente.* Queda por ver su relación con el Vezindario de 1717.

J. Iglésies ha admitido que ambos documentos tenían exactamente la misma base. Argumenta que el número de habitantes citados como «vecinos» es aproximadamente el mismo tanto en uno como en otro. Sin embargo, podemos observar que no son idénticas las dos cifras y que, de todas formas, difícilmente podían dar resultados excesivamente divergentes dos encuestas de la Intendencia, con sólo un año de diferencia. Resulta evidente que tanto la Relación general como la lista pormenorizada de 1717, proceden de la encuesta catastral de 1716. Pero recordemos la historia del catastro, que hemos esbozado en los aspectos económico y fiscal. Entre 1716 y 1718, los intendentes, José de Pedrajas primero y más tarde Rodrigo Caballero, tuvieron que hacer frente a la incapacidad de pago de la masa catalana, y no dejaron de revisar su tabla fiscal. Ahora bien, dicha tabla, basada en una contribución personal (y no real), tiene que incluir tanto a los jornaleros como a los labradores por cuenta propia. Así se explica el incremento aparente del «censo» de Pedrajas frente a la lista de Aparici, que es una lista de «casas». Y se rehabilita en parte el «censo» de Pedrajas; aunque tampoco esto nos permitiría establecer con mayor razón un coeficiente para pasar del Vezindario al número de habitantes. Por suerte, la encuesta catastral se había preocupado también por averiguar este número. Y la Relación general nos lo da, incluso con distinción de sexos y de determinadas categorías de edades y profesiones. De ahí su importancia demográfica.

Por último, me parece que esta Relación rectifica algunos de los datos de Pedrajas. Se completa y modifica el grupo de los «cavalleros». El número de pobres sufre una leve disminución. Esto corresponde perfectamente a la estabilización de los años 1716-1718, tras la dispersión de la nobleza catalana y a las calamidades del asedio.

Podemos aceptar pues este compendio como una buena puesta al día, para 1718, de los últimos datos de la encuesta catastral. Por lo que a la demografía se refiere, poco importa la clasificación fiscal más o menos arbitraria de los intendentes, siempre que se lleve a cabo esta clasificación dentro de un total de población rigurosamente censado. El autor de la estadística de 1718 (se trataba de Rodrigo Caballero, cuya inteligencia administrativa es de sobras conocida) da muestras de un espíritu crítico muy tranquilizador. No se engaña sobre el valor absoluto de las cifras. Para la de las casas, propone un orden de magnitud: 100.000. En cuanto a las personas, no ignora que puede haber eXIstido «alguna ocultación». Piensa que las 389.960 «almas» censadas pueden representar, con cierto margen de error, un total de 400.000. Es éste un razonamiento sensato. ¿Con qué derecho podemos permitirnos otras rectificaciones masivas, a ojo de buen cubero, como Uztáriz?

El fallo más importante de la Relación general está en el hecho de no presentarnos más que los resultados globales de cada «veguería» y «subveguería». Marcos muy poco amplios para permitirnos una primera apreciación de la distribución geográfica de las densidades y que, al no mantenerse en censos posteriores, dificultan la comparación con el resto del siglo. Tal vez podamos hallar nuevos vestigios de ello en un censo de habitantes que se hizo hacia 1717-1718, localidad por localidad.

En efecto, existe —en copias de reproducción diversa, que debieron de utilizarse durante mucho tiempo en las administraciones de Madrid y de Cataluña— una Descripción del Principat, no por «veguerías» sino por «corregimientos»; descripción que se limita a indicaciones topográficas —por lo demás muy valiosas— de jurisdicciones administrativas y señoriales, y que va acompañada, no obstante, de una lista de municipios y lugares, indicando el número de casas y habitantes de cada uno de ellos.

Serio inconveniente el de estos manuscritos: en ninguno de ellos se señala la fecha de la encuesta presentada. A simple vista, la clasificación por corregimientos no impulsaba a relacionar esta encuesta con las de 1716-1718, fechas en que aún no estaba en vigor esta división administrativa. Por ello, los primeros en utilizar este documento, al faltarles un conocimiento de conjunto del mismo, lo confundieron con los censos tardíos de los años 1780. Y por la misma razón, al tomarlo J. Iglésies como base de sus investigaciones demográficas, se creyó en la obligación de hacer una larga disquisición para dejar sentado que en realidad se trataba de un documento de la primera mitad del siglo, de 1735 como muy tarde, y con mayor probabilidad de 1725. A decir verdad, añade de paso un excelente motivo para escoger como tope esta última fecha: en 1725 se restituyen los bienes señoriales incautados por Felipe V; pero en el documento aparecen aún embargados por el rey. Dado que la orden que establece definitivamente los límites de los 12 corregimientos era del 2 de enero de 1719, podemos decir que la Descripción manuscrita fue redactada entre 1719 y 1725.

Por mi parte y antes de tener conocimiento de los trabajos de J. Iglésies, al copiar los manuscritos de Barcelona y Madrid, esperaba que me proporcionaran ante todo, si es que conseguía fijar la fecha de los mismos, un eslabón intermedio entre las cifras de población de principios de siglo y las cifras de Aranda y Floridablanca, posteriores a 1765. De hecho, pronto me di cuenta de que había que remitir las Descripciones a 1725, y de que además se podían vincular sin vacilaciones al conjunto de documentos catastrales de 1716-1718, de los que podían considerarse sin duda como una tercera versión, nuevamente revisada. Llegué a este convencimiento por una larga serie de razones:

1.º Sería extraño que un censo pormenorizado (que da el número de habitantes de las alejadas «cuadras»), si era original, no fuese ni fechado, ni conocido, ni citado por los hombres del siglo XVIII que se refirieron en cambio tan a menudo a las encuestas de 1717-1718.

2.º Tanto las alusiones directas al Decreto de Nueva Planta de 1716, como los límites de los corregimientos, conformes a la disposición del 2 de enero de 1719, así como las referencias al embargo de los bienes «rebeldes», confirman que las Descripciones son un memorándum administrativo dedicado a situar, en el nuevo marco de los corregimientos, los datos recogidos para el catastro, en el marco de las veguerías, por los intendentes.

3.º En cuanto a las cifras, si sumamos los datos locales transcritos en las Descripciones, se obtiene un total muy parecido, si no a los resultados oficiales de la Relación general de 1718, sí a los 400.000 habitantes que daba como aproximación más aceptable el redactor de la Relación.

4.º En el caso de Barcelona, la cifra de 34.005 habitantes nos impide situar las Descripciones mucho más allá de la fecha mínima de 1715. Esta cifra corresponde a una rectificación del censo pormenorizado de 1716, lo mismo que la Relación general corresponde a una rectificación del Vezindario catastral.

Aquí se impone una observación. Incluso cuando tenemos entre manos dos versiones indiscutibles de una misma encuesta, no es frecuente descubrir en nuestras fuentes cifras idénticas o que se ratifiquen con toda exactitud. Es una comprobación, en cierto sentido, decepcionante; demuestra que no podemos contar con una información irreprochable; nuestros bocetos estadísticos se ven manchados a veces con los más burdos y tontos errores; en este punto, Cataluña no se puede considerar más favorecida que el Languedoc. No obstante, estas divergencias presentan algunas veces aspectos más tranquilizadores. Los informadores no siempre se copian unos a otros; se corrigen. Se da el caso de que se completen o modifiquen sus cuadros, debido a nuevas informaciones recibidas. De ahí que, si de 1716 a 1718, la suma global de la población catalana parece pasar de 390.000 aproximadamente a unos 407.000 (incluido Vall d’Aran), esta diferencia puede deberse tanto a un aumento de la población como al resultado de una mejor información.

5.º Tenemos efectivamente otros cuadros o copias de cuadros que pueden servirnos de comprobación. En el manuscrito 2.527 de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid se halla, entre los numerosos papeles recogidos sobre la Cataluña de fines del siglo XVIII, un Estado de Población de Cataluña a principios de este siglo que da, por corregimientos, el número de casas y habitantes del Principat. Y las cifras, sin ser idénticas a las de las Descripciones, presentan sólo diferencias insignificantes, excepto en un caso: el del corregimiento de Vic. Pero es un caso muy significativo: se ha redondeado en 10.000 el número de casas, y el total de habitantes es el de la antigua «veguería»; el cuadro copiado debió de elaborarse antes de que llegaran los resultados de la encuesta por corregimientos en Vic; así que se completó por aproximación. Basta con restituir la cifra de Vic para volver a encontrarnos, con un margen aproximado de 0,4 por 100, con las cifras de las Descripciones. Éstas se consideraban pues como censo de «principios de siglo», a pesar de que se hable de «corregimientos». Por lo tanto, para los administradores de 1780, el «inicio del siglo» coincidía con la instauración del régimen borbónico, de la Nueva Planta y del catastro fiscal: años 1714, 1716 y 1718, respectivamente.

6.º El valioso Diccionario geográfico de Madoz, obra estadística fundamental del siglo XIX, cita precisamente entre los antiguos censos catalanes, «un trabajo correspondiente a principios del siglo XVIII relativo sólo a Cataluña», que propondría para 1718 la cifra de 407.132 habitantes. Por desgracia, Madoz no nos proporciona más detalles sobre esta consulta, pero afirma haber tenido este censo «entre las manos» («tenemos ... a la vista»). Nos encontramos una vez más ante una valoración algo distinta a la de las Descripciones, aunque la diferencia sea mínima: 847 habitantes en total, y siempre para la misma fecha, 1718.

7.º No obstante, el argumento decisivo para fechar nuestro recuento pormenorizado me lo ofreció el registro «Corregimientos» de la serie «Audiencia», en el Archivo de la Corona de Aragón. Este registro recoge los nombramientos oficiales de los municipios designados en virtud de la Nueva Planta, dentro del nuevo marco administrativo. Los primeros nombramientos son de 1718; y en muchos de ellos se justifica el número de magistrados designados por el número de «casas» atribuido a la localidad. Pero basta un leve sondeo para darse cuenta de que este número de casas sigue siendo el que aparece —e idéntico esta vez— también en las Descripciones. Podemos considerarlas, por lo tanto, como una recopilación oficial de datos administrativos, fijada y admitida a partir de 1718.

Resuelto ya el problema de la fecha, me parece que podemos hallar el mejor punto de partida, con ventaja, para el estudio de la demografía catalana del siglo XVIII en el manuscrito del Archivo Histórico Municipal de Barcelona y de la Academia de la Historia.

Sirva de aclaración lo siguiente: no tiene un significado absoluto el hecho de haber escogido, entre el dato mínimo de 389.960 habitantes y el dato máximo de 407.132 —sacado de Madoz—, el valor intermedio extraído de las Descripciones, de 406.285, incluyendo el Vall d’Aran; no es que estemos valorando de un modo especial que sea el punto medio. Significa tan sólo que las Descripciones presentan una enorme ventaja: la de basarse en una justificación pormenorizada del número de habitantes, y ser por ello las únicas que pueden permitirnos una comparación profunda con el otro censo pormenorizado del siglo, el de 1787, llamado «censo de Floridablanca».

Resulta especialmente interesante —y satisfactorio— comprobar cómo ambas evaluaciones les plantearon a los contemporáneos idénticos problemas. En ambos casos, los administradores se extrañaron de que los resultados obtenidos no fueran más elevados, y en ambos casos buscaron explicaciones, o bien en los hechos demográficos más destacados de los años anteriores más inmediatos, o bien admitiendo «alguna ocultación». Y sin embargo, en ambos casos, se habían elaborado las listas locales con solemnes garantías: visitas casa por casa, presencia de las autoridades municipales, firma del «rector» y a veces del notario. Entonces ¿por qué desconfiar más de las cifras así obtenidas que de los escrúpulos de sus comentadores? También resulta curioso observar que, tanto en 1787 como en 1718, la suma de los datos locales rebasa sensiblemente las primeras valoraciones oficialmente proporcionadas por los administradores, debido con toda certeza a que, tanto los resultados como las rectificaciones, tardaban mucho en llegar al centro. Todas estas razones nos aconsejan, por consiguiente, inclinarnos por el «censo» pormenorizado. Se trata además de la valoración alta. De todos modos, la formulación de objeciones similares respecto a las encuestas de 1718 y 1787 indica que sus eventuales errores debían de ser de igual orden y de igual sentido. Como sucede casi siempre en estadística histórica, se establece mejor el movimiento de las cifras que su nivel efectivo.

Una última observación en favor de la comparación de los dos censos —el de las Descripciones y el de Floridablanca. Si Madoz alude con reticencias a la cifra de 1718, que conocía, es porque ésta supone, frente a la cifra de 1787 considerada como segura, una duplicación de la población catalana en 69 años, lo cual le parece imposible al autor del Diccionario geográfico. Hoy en día, estamos familiarizados con «revoluciones demográficas» de mayor envergadura. Además, una infravaloración global de la población de principios de siglo sólo podría deberse a uno de estos tres tipos de errores: o a un método de encuesta con un error generalizado, o a un error propio de algunas circunscripciones administrativas, o bien a descuidos locales distribuidos al azar. Pero el mapa de los incrementos de población entre 1718 y 1787 —trazado por municipios— señala que la distribución del fenómeno no es ni uniforme, ni calcada en divisiones administrativas, ni repartida al azar; frente a crecimientos del 300, 400 o 500 por 100 en las comarcas catalanas occidentales, en la costa y en determinados valles pirenaicos en los que se concentra la actividad, hay que señalar tasas del 70 y 80 por 100, características de los viejos núcleos de población rural dotados de densidades ya bastante elevadas a principios de siglo, a la vez que tienden a despoblarse montañas y altiplanicies. Esta distribución geográfica de los resultados pone de manifiesto la perfecta gratuidad de la hipótesis hipercrítica de Madoz, acerca de una subestimación global de principio.

En resumen, una vez aclarado que las cifras del siglo XVIII no tienen valor estadístico en el sentido moderno de la palabra, lo que sí nos parece perfectamente válido es el esfuerzo de evaluación llevado a cabo entre 1716 y 1718, para especificar, con el objeto de comparar, la primera etapa demográfica de nuestro trabajo.

c) Valoraciones de mediados de siglo y censo de Aranda (1768)

Es una verdadera lástima que tengamos que esperar hasta 1787 para contar con los datos de la etapa siguiente. Entre tanto, sólo disponemos de valoraciones dudosas o incompletas y más tarde del censo, que efectivamente se efectuó, en 1768, por orden del conde de Aranda, del que conservó el nombre, pero en el que por desgracia no pude encontrar ninguna especificación pormenorizada referente a Cataluña (si es que existe alguna). Ahora bien, un censo sin especificación pormenorizada, y que escapa por tanto a la crítica de sus métodos de base, debe considerarse sospechoso a priori. De todas formas, vamos a estudiar más detenidamente el caso del censo de Aranda.

Obran en nuestro poder dos análisis sucintos de sus resultados. Uno de ellos se encuentra en el manuscrito 2.527 de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Hace distinción, por arzobispados, entre solteros (divididos en muchachos y muchachas), personas casadas (hombres y mujeres) y clero. A la derecha de las sumas totales, una columna recoge el número de privilegiados. Si exceptuamos esta última observación, que posee el interés de contraponer las zonas casi desprovistas de nobleza a las de «hidalguía», dicha clasificación carece de precisión demográfica y, por lo tanto, de interés para nosotros.

En el volumen en el que Floridablanca deja constancia de los resultados de su propio censo de 1787, se encarga de recordar los que había obtenido, diecinueve años antes, el conde de Aranda. Los cuadros que nos presenta, relativos al conjunto de España, parecen demostrar que la encuesta de 1768 se habría basado en los individuos, debido a la distribución muy pormenorizada de las «almas» por grupos de edades. Otros cuadros se limitan a diferenciar entre solteros y casados, sin distinción de edad, y añaden una relación muy concreta de los privilegiados de la nobleza y del clero (ahí debía de radicar la preocupación primordial de Aranda). Pero la presentación por diócesis, circunscripciones de poca extensión, tiene el interés de trazar mejor la distribución. Queda por saber si las propias cifras —fijadas, según veremos, por las autoridades eclesiásticas— son dignas de crédito.

La opinión generalizada es que son excesivamente bajas, porque se temía un reclutamiento impopular, y la gente hizo cuanto pudo para ocultar datos. Pero si admitimos esta crítica, se nos plantea un problema. En efecto, basta con suponer un error por defecto del 12 por 100 en el censo de 1768 para volver a encontrar, al rectificarlo, las cifras de 1787, que son las más aceptadas. Creer en una infravaloración en 1768 implica creer en la hipótesis de un estancamiento demográfico de veinte años, precisamente en una de las épocas más dinámicas de la centuria. En el caso particular de Cataluña, veremos que incluso cabría imaginar un retroceso. ¿Podemos pensar en algo así? Y si existe una posibilidad de error, ¿dónde situar su origen?

Sigue siendo difícil el cálculo exacto. No metamos la pata como el inglés Townsend, que sufrió una confusión entre arzobispado de Tarragona y Principat catalán. El arzobispado incluye, fuera de los límites del Principat, una parte muy poblada del litoral valenciano y una parte de Aragón, prácticamente despoblada. Según el censo de 1768, el arzobispado de Tarragona cuenta con 1.030.444 habitantes. En 1787, se valora en 814.412 la población del Principat. Resulta difícil de creer que, ya a partir de 1768, los territorios no catalanes del arzobispado contasen con unas 216.000 almas como mínimo. Pero si contaban con menos, significa que entre ambas fechas debió de tender a disminuir la población del Principat. Armados de paciencia, hemos intentado delimitar la comparación, recogiendo los datos parroquiales de los censos de 1718 y 1787 de dos obispados enteramente catalanes.

Lo hemos hecho, en primer lugar, en el más pequeño de estos obispados, el de Solsona, montañés, pobre, y donde no sería descabellado suponer una tendencia a la despoblación. Según nuestros cálculos, dicho obispado debía de contar con 26.963 habitantes en 1718, con 51.550 en 1768 —o sea, una ganancia del 91 por 100 en cincuenta años— y con 49.093 habitantes en 1787, o sea, una pérdida del 5 por 100 en diecinueve años. Resulta extraña esta repentina inversión de la tendencia.

Si queremos ver otro ejemplo muy distinto tomemos el obispado de Barcelona, litoral, urbano, destinado seguramente a un crecimiento demográfico rápido. De 1718 a 1768, debió triplicar el número de su población, ritmo que nos sorprende, pero de 1768 a 1787, debió de perder un 5 por 100, igual que el obispado montañés, hecho que nos resulta aún más inverosímil. En efecto, según fuentes fidedignas, sabemos que la ciudad de Barcelona, que representa en población cerca de la mitad de su diócesis, se vio aumentada con 23.000 habitantes en el período intermedio entre 1770 y 1786. Todo ello arroja serias dudas acerca de la legitimidad de las comparaciones entre los censos de 1718, 1768 y 1787. Hemos expuesto anteriormente los motivos que nos permiten concederle un margen de confianza al primero. Con toda la razón, los historiadores prefieren el último. Queda el censo de Aranda, que efectivamente parece erróneo, erróneo por exceso, en contra de la opinión generalizada. Ratifica esta crítica un documento que se conserva en Madrid, entre los papeles de Caresmar. Esta Noticia de los pueblos y parroquias del obispado de Barcelona con noticia de su población según el número de almas de comunión, lo que resulta de la última visita, le sirvió a Caresmar, paciente demógrafo, para esbozar una comparación con el censo de Floridablanca, cuyos resultados apuntó como referencia al lado de algunas localidades. Ahora bien, la cifra global que nos propone este papel para la diócesis se acerca a la del censo de Aranda. Cierto es que no basta con eso para dejar sentado que se trata de una copia local de este último; pero el caso nos sirve para valorar los métodos de censo eclesiásticos: de 231 cifras, 111 se redondean hasta la decena, 71 hasta la centena y 6 hasta el millar. Se deduce la población del total de las almas de comunión, según un cálculo del que nada nos asegura que sea el mismo para todos los pueblos. Sospechamos por otros textos que dicho cálculo tendía a la evaluación por exceso. Según algunos, hasta se llegaba a duplicar la cifra. Debido a estos vicios, comunes a todos los censos eclesiásticos, preferimos rechazar pura y simplemente las cifras de Aranda, y aceptar sólo con cierta reserva la hipótesis de una repentina y radical inversión de la tendencia demográfica durante el período de 1768-1787.

d) 1787. El censo de Floridablanca

De hecho, fue el comentador del censo de Floridablanca quien sugirió esta hipótesis. En la medida en que él mismo la formuló basándose en los resultados de Aranda, cuyas deficiencias y valoración por exceso no supo descubrir, y por sus propios resultados globales que, como veremos, son discutibles, indujo a error, con su opinión, a los historiadores, para quienes constituía la fuente más cómoda. Al insistir, por una parte, en las posibles ocultaciones, dicha opinión fomentó la hipercrítica. Por otra parte, pareció que situaba con precisión una importante crisis demográfica al señalar que:

... la presente numeración se ha hecho después de tres años de una epidemia casi general de tercianas y fiebres pútridas especialmente en las dos Castillas, Reyno de Aragón y Principado de Cataluña, de que ha resultado una considerable disminución de habitantes.

No se trata ciertamente de negar aquí un hecho afirmado con tanta claridad, y del que tenemos tristísimas confirmaciones, referidas a la región de La Mancha, por ejemplo. En Cataluña, sin embargo, mientras son patentes en nuestras fuentes los comentarios sobre las crisis de 1753 en el Urgell, y de 1789 o 1799 en Barcelona, no hemos encontrado prácticamente nada acerca de las mortandades de 1785-1787. Nos resulta difícil imaginar que éstas pudieran contrarrestar las ganancias demográficas de quince años. Pero así fue como lo interpretaron muchos historiadores, a partir del «Prefacio» al censo de Floridablanca.

No obstante, hay que preguntarse por qué motivo intentaba justificar este prefacio el nivel aparentemente bajo de población censada. Nos explica, con tranquilizadora ingenuidad, por qué lo habrían preferido más alto; esta vez, no por razones fiscales o militares, sino porque al rey le hubiera gustado:

... calcular la fuerza interior del Estado, conocer los aumentos que ha recibido con el fomento dado a la Agricultura, Artes y Oficios, y a los diferentes ramos de comercio que se han abierto, ya para aumentarlos en cada pueblo o provincia, conforme a la necesidad o disminución que tengan, y repartirlos con igualdad entre todas las clases de sus vecinos, y ya para que vean los estrangeros que no está el Reyno tan desierto como creen ellos y sus escritores ...

Estas palabras, en las que se deja traslucir una doble preocupación de economía dirigida y de propaganda, tienen un estilo completamente moderno. Orgullosa de su obra, la administración de Carlos III quiere valorar los resultados y darlos a conocer. Tiene por principio que a una era de prosperidad debe corresponderle un aumento de población. Le parece reducido el avance global para España de 1.108.151 almas, entre 1768 y 1787; le molesta la disminución en determinadas regiones. De ahí la importancia concedida a las más recientes epidemias.

Es de observar, en cambio, que el margen de error atribuido a eventuales ocultaciones es casi el mismo que el que suponían los intendentes de 1718 en su propia encuesta (un 3,7 por 100). En ambos casos se habían tomado idénticas precauciones. Nada de visitas pastorales ni de «almas de comunión»: el paso por cada casa de las autoridades municipales, en presencia del cura o de un notable que supiera escribir. Además, esta vez, para no alarmar a los censados, no se anotan los nombres. Se hace hincapié, en cambio, en el número de hijos. Recomiendan que no se olviden de los exentos de impuestos que, siguiendo la costumbre, hubieran podido pretender verse libres de la encuesta. No es un censo fiscal. Por desgracia, no se exigió precisión en las edades. Piden que sea «poco más o menos»; ¡mala suerte para los demógrafos! Está claro que los aspectos más positivos de estas instrucciones no serían en sí mismos una garantía, si no tuviéramos la certeza de que, salvo excepciones, se cumplieron a rajatabla.

Pero —y ése es el punto clave— tenemos en nuestro poder la relación pormenorizada del censo de 1787 en Cataluña, en una serie de hermosos manuscritos que se conservan en el Palacio Real de Madrid. Se trata de las hojas de censo originales de cada pueblo, con cuadros preparados de antemano y refrendados como mínimo por dos autoridades locales. Cada hoja está fechada, y en otro registro del Palacio Real encontré notas rectificatorias que dan muestra de escrúpulos muy tranquilizadores por parte de encuestadores y encuestador.

Más pruebas a favor: Francisco de Zamora, auditor de la Audiencia, alcalde del crimen de Barcelona, gran observador y estadista, consejero de los ministros ilustrados de fines de siglo, tomó parte personalmente en la investigación y crítica de las cifras de población de la capital. No pudo pasarle del todo desapercibida la forma como se llevó a cabo el recuento en otros sitios. Al año siguiente, empezaría y completaría con varios viajes la más amplia encuesta de geografía económica, histórica y humana jamás concebida en el Principat. La verdad es que no todos los resultados, desiguales, llegaron hasta nosotros. Pero los que tenemos bastan para corroborar, en cada caso, que los resultados locales del censo de Floridablanca son los más exactos y concretos de que podamos disponer.

Cierto es que la comparación de este riguroso material primario, con los resultados globales del censo publicado, nos depara alguna que otra sorpresa: se cometieron sin duda graves errores en la suma o en la transmisión de los datos de base.

En efecto, un «estado» del 10 de noviembre de 1787, con la firma del intendente, barón de la Linde (el mismo al que Caresmar había dirigido su famoso informe de historia demográfica), da un total de 821.791 habitantes para el Principat, total superior ya a la cifra siempre citada según el censo publicado de Floridablanca de 814.412 habitantes. Pero este «estado» recapitulativo enviado a Madrid por el barón de la Linde omite, pura y simplemente, el corregimiento de Montblanc, que figura, con todo detalle, entre los manuscritos del Palacio Real, con el número 2.486 y bajo el título de «corregimiento de Tarragona, 2da. parte». Como es de suponer, debieron de darse cuenta en Madrid de la omisión hecha en el estado del 10 de noviembre de 1787, ya que el manuscrito 2.522 de la misma serie nos da un «Índice de los resúmenes globales de los 13 corregimientos del Principat de Cataluña», que recoge, con diferencias mínimas, los resultados del barón de la Linde, pero añadiendo los 46.935 habitantes del corregimiento de Montblanc, lo cual sitúa en 869.034 habitantes, en lugar de los 814.412 oficialmente publicados, la población catalana de 1787.

Y esto no es todo. Al volver a sumar, por simple precaución, los datos locales, observamos, aparte de alguna divergencia de detalle sin mayor importancia, dos equivocaciones en los grandes corregimientos de Gerona y Lérida, cuyo origen no sabemos si atribuirlo a un burdo error o a una reagrupación distinta de diversos datos (de hecho, les falta poco para compensarse).

Según este análisis, resultaría pues bastante peligroso utilizar el censo de Floridablanca, si no dispusiéramos precisamente del material primario, que nos permite cuestionar los resultados globales. Y este material primario, pese a ser también objeto de nuestra crítica, presenta dos grandes garantías de rigor.

En primer lugar, es completo. Con tiempo y paciencia, y resolviendo reiteradas veces delicados problemas de identificación, se consigue que la más pequeña aldea, la más pequeña «cuadra» citada en el registro del Palacio Real, se corresponda, por una parte, con los datos de los censos de 1717-1718 y, por otra, con las indicaciones de los diccionarios toponímicos y nomenclátores modernos. Si observamos al azar las desapariciones o novedades, tienen todas su explicación en despoblaciones o repoblaciones conocidas e históricamente situadas. Eso es lo que nos ha permitido obtener una cartografía pormenorizada de las ganancias demográficas de 1718-1787. Siempre que se pueda disponer de la relación local pormenorizada, se evitan sorpresas por descuido u omisión.

La segunda garantía radica en que el cuadro de las localidades distribuye la población por edades y profesiones. Ya daremos más adelante nuestra opinión sobre este tipo de clasificación. Pero resulta evidente que obligaba a los encargados del censo del pueblo más pequeño a no conformarse con una respuesta aproximada y a recomponer un ajuste de cifras aceptable. En todo caso, las escasas inverosimilitudes saltan a la vista. En los centros de bastante importancia, parece que las autoridades dispusieron de buenos datos y comprendieron bien los términos del cuestionario; algunas veces, especifican sus escrúpulos o añaden algún complemento. En cambio, en los pueblos pequeños, no entienden nada bien el cuestionario; pero el dato más familiar es, sin duda alguna, el número global de población. La estructura dispersa del poblamiento en la Cataluña oriental y pirenaica asegura una distribución (y una compensación) de eventuales errores entre centenares de aldeas de menos de cien habitantes.

Por desgracia, se interrumpe en tres ocasiones la serie de los manuscritos del Palacio Real. No pudimos encontrar los registros pormenorizados del censo de Floridablanca correspondientes al Vall d’Aran, ni los de los corregimientos de Barcelona y de Tortosa. Respecto al Vall d’Aran, no es una pérdida muy importante; se trata de un valle cerrado, con escasa población, organizada en comunidad; la cifra global propuesta por el compendio del manuscrito 2.522 no puede alejarse mucho de la verdad. Lamentamos mucho más haber tenido que aceptar este número recapitulativo, sin comprobación de detalle, para el corregimiento de Tortosa, cifra que supone, en 1787, una población del orden de los 48.000 habitantes y que, aceptando la cifra global, parece haberse triplicado desde 1718. Gracias al Viaje de Zamora y a otros textos, disponemos, por suerte, de confirmaciones clarísimas respecto a este ritmo especialmente rápido de crecimiento; en concreto, la ciudad de Tortosa, de 16.000 habitantes, ha visto triplicar su población a partir de 1718 y, tanto en 1787 como en aquella fecha, representa una tercera parte de su corregimiento. Por lo tanto, parece que la cifra recapitulativa propuesta para éste entra dentro de las sumas correctas. Lo único lamentable es que no puedan distribuirse estas ganancias de población entre los 39 pueblos de una zona, en la que tal vez se hallan enfrentados la nueva vida bulliciosa del litoral y las muy distintas condiciones de desarrollo de las tierras secas del interior que limitan con Aragón. Pero ésta no es más que una observación marginal.

Nos queda el problema del corregimiento de Barcelona. Aparece casi confundido con el del desarrollo urbano de la capital. Si no tuviéramos una documentación clara sobre la ciudad, sería muy de lamentó la pérdida del censo de Floridablanca. Pero estamos en poder del censo municipal pormenorizado de 1787, publicado recientemente por S. Llobet y ratificado y completado por la encuesta de Zamora, cuyos resultados, difundidos aquel mismo año en hojas volantes, fueron a menudo citados por los viajeros. De todas formas, la ausencia del corregimiento de Barcelona en el registro del censo de Floridablanca plantea un problema espinoso: no sabemos si éste le atribuyó a la ciudad la cifra municipal de habitantes «de derecho» de los cinco grandes barrios —92.340— o la cifra de Zamora, 111.410 habitantes «de hecho» incluyendo conventos, cárceles, guarniciones de tropas y personas de paso en barcos y hostales.

En la lista que aparece en el compendio del manuscrito 2.522, la cifra que se atribuye al corregimiento de Barcelona es tan sólo de 124.323 habitantes. Admitiendo que, de éstos, 111.410 corresponden a la capital, resulta que para las 39 localidades de la periferia, más próxima o más alejada, incluidas en el corregimiento, no nos queda más que un margen del orden de los 13.000 pobladores. Esto representaría, para un cinturón como éste en pleno desarrollo, uno de los índices de crecimiento más bajos de Cataluña. En cambio, suponiendo que el censo de Floridablanca delimitara el vecindario de Barcelona a los habitantes «de derecho» —92.340—, quedarían unos 32.000 habitantes para el corregimiento. Y precisamente se halla en nuestro poder un «estado» publicado en 1787, del que se conserva un legajo en el Archivo Municipal de Barcelona, y que da para los 39 pueblos un total de 31.443 habitantes.

Dicho estado, hecho por los justicias de cada localidad, no tiene en modo alguno el valor de la encuesta directa de Floridablanca. No clasifica a los habitantes por edades y profesiones, y omite —según declaración expresa— a los menores de siete años. De todos modos, nos permite descartar, por el momento, la hipótesis de un estancamiento demográfico en la periferia barcelonesa. Por el contrario, basándonos en este documento, hallamos, respecto a cada localidad, o bien datos que se ven confirmados en otros textos, o bien índices de crecimiento muy parecidos a los de localidades vecinas, desarrolladas igualmente bajo influencia barcelonesa, aunque pertenecientes a otro corregimiento, y de las que tenemos noticia, en 1787, a través del censo de Floridablanca.

Así pues, por medio de datos locales, hemos podido reconstruir la parte de censo de que carecíamos, referente a los alrededores de la capital. En cuanto a ésta, nos hemos tomado la libertad de escoger, frente a la cifra municipal oficial, la cifra de Zamora que tiene en cuenta el hecho más concreto de la atracción que ejerce la gran urbe en los campos administrativo, religioso, militar y comercial, y en la mano de obra flotante (factores todos ellos que Zamora, como «alcalde del crimen», había deseado y podido calibrar).

Naturalmente, el empleo de cifras elevadas lleva a engrosar, hasta casi los 900.000 habitantes, una población catalana valorada, por lo general, para 1787, en 814.000, según el censo publicado de Floridablanca. Pero ya vimos que esta última cifra no correspondía en modo alguno a la suma exacta de los datos locales. Podemos atribuirla sólo a una incompleta valoración provisional o a un cálculo erróneo. Habida cuenta de que ya esta cifra tan baja era considerada con escepticismo por viajeros como Townsend y había incomodado claramente al mismísimo prologuista del censo, nos sentimos satisfechos de haber podido demostrar, partiendo de datos de base, que el origen de la infravaloración hay que buscarlo más en la recopilación de los resultados que en el propio método del censo.

También otros puntos del censo de Floridablanca merecen especial atención, no exenta de crítica. En las hojas que se rellenaban se exigían datos bastante detallados. En una cara de la hoja había que clasificar a los habitantes según su estado civil (solteros, casados, viudos, con distinción de sexos), y distribuirlos por edades: menores de 7 años, de 7 a 16 años, de 16 a 25, de 25 a 40, de 40 a 50, y mayores de 50. En la otra cara debían constar, claramente enumerados, las dignidades eclesiásticas (obispos, dignatarios, canónigos, curas, beneficiados, vicarios, sacristanes, acólitos, ordenados a título de patrimonio, ordenados de menores), los nobles (hidalgos), las profesiones liberales (abogados, escribanos o notarios, estudiantes), los labradores, los jornaleros, las profesiones comerciales e industriales (con la distinción entre «artesanos» y «fabricantes»), los músicos, los criados, los empleados y «dependientes» (del rey, del ejército, de la Inquisición, de las Órdenes, de la Cruzada, de las comunidades y casas de reclusión) y, por último, los «indiferentes», incluyendo entre éstos a todos aquellos habitantes que viven a cargo del cabeza de familia, así como a todos los rentistas. Con esto se aprecia el excelente análisis demográfico y social que ofrecería al historiador el censo de Floridablanca, si pudiésemos estar plenamente seguros de la exactitud absoluta de todos estos datos.

Debemos añadir, acto seguido, que, tras un análisis pormenorizado, esta exactitud se tambalea en muchos puntos, excepto en determinados núcleos reducidos en los que, según hemos indicado anteriormente, los encuestadores son gente ilustrada, que parecen haber captado claramente el sentido y el interés de cada término del cuestionario. De todos modos, nos interesa poner de relieve las interesantes posibilidades de sondeo que esto supone.

Por desgracia, la mayoría de las veces, y sobre todo en los pueblos muy pequeños, se advierten con facilidad graves contrasentidos en la interpretación de las palabras, con lo cual queda seguramente falseada la clasificación por categorías, aunque se mantenga la cifra global de población.

Lo menos aprovechable del censo es la parte de la distribución por edades. Ya hemos dicho que se pedía la edad aproximada —«poco más o menos»— de los vecinos. Pero ¿quiénes sabían entonces su edad con exactitud? En una aplastante mayoría de casos, los encuestadores atribuían automáticamente la misma edad a los dos cónyuges, ya que en la distribución por edades referente a gente casada se anotan cifras idénticas para ambos sexos. En estas condiciones, resulta obviamente imposible elaborar pirámide alguna de edades, por simples que éstas sean; lo cual no impide, como ya veremos, extraer importantes conclusiones —en el tema de las migraciones, por ejemplo— a partir de determinadas clasificaciones locales por grupos de edades. Por regla general, una clasificación diferenciada de la gente casada suele ser prueba de rigor en la encuesta.

Hay que guardar las mismas precauciones ante ciertos datos de tipo social, más importantes a los ojos de los historiadores, que son citados a menudo sin el menor esbozo de crítica. Por las distinciones eXIgidas, queda claro que la encuesta pretendía —con loable intención— valorar el equilibrio entre «indiferentes», cuyo mantenimiento corría a cargo de la sociedad (incluyendo a indigentes y rentistas), y otras clases sociales también mantenidas por ella (privilegiados, clérigos y empleados) y por último la «población activa», entendiendo ésta no en el sentido fisiocrático de la palabra sino en el sentido moderno (artesanos, fabricantes, comerciantes, junto con los labradores y jornaleros, contándose entre estos últimos tanto el jornalero industrial como el agrícola).

Respecto a determinadas categorías, como las de los privilegiados, los empleados y las profesiones jurídicas, parece muy satisfactoria la precisión en los resultados. En cuanto a los «estudiantes», existe ya un equívoco: unos 7.000 estudiantes sobre una población censada del orden de los 800.000 sería un número considerable, tratándose de jóvenes que cursan estudios superiores; pequeñas, ciudades universitarias especializadas, como Vic y Cervera, en donde conocen el verdadero sentido de la palabra «estudiante», presentan una proporción sólo algo mayor, cosa que no parece normal. En efecto, la denominación de «estudiantes» en algunos pueblecitos y las explicaciones dadas por los encuestadores en Balaguer, nos demuestran que determinados escolares, incluso alumnos de escuelas primarias —«de primeras letras»—, fueron calificados como «estudiantes» por las autoridades locales, que creían estar escribiendo una crónica sobre escolaridad. ¡Afortunada confusión, si hubiese sido general!

En general, el concepto de «indiferentes», cuando no fue mal interpretado, casi nunca fue tenido en cuenta. Me imagino que, en la mayoría de los casos, después de anotar las profesiones eXIgidas, sobrentendieron que los «indiferentes» abarcaban todo lo demás. Esto no habría planteado mayor problema si esta interpretación hubiese sido general (a pesar de la desafortunada confusión entre rentistas, indigentes y familias mantenidas). Pero otros pueblos entendieron mucho peor este concepto. Partiendo de que toda su actividad era agrícola, concluyeron que no había «indiferentes» y repitieron la cifra global de población, unas veces bajo el título de «labradores» y otras bajo el de «jornaleros». Es un caso poco frecuente que afecta sólo a pequeños municipios, por lo cual siguen teniendo cierta validez las cifras globales de población activa. Pero vemos que no se pueden aceptar como absolutamente exactas.

Resulta más grave el hecho de que no estuviesen del todo claras en la mente de los encuestadores locales las distinciones entre labradores, jornaleros y criados, ya que en ellas se fundaron muchas de las conclusiones acerca de las estructuras sociales del siglo XVIII español. Por regla general, se incluye a aparceros y colonos en la categoría «labradores», aunque también algunas veces en la de «jornaleros», entendiendo que ésta engloba a cualquier trabajador agrícola no propietario. Entre los mozos de labranza había que distinguir seguramente entre las dos categorías, denominadas «jornaleros» y «criados». En cambio, la ausencia de criados en localidades en las que residen familias nobles y ricas nos hace suponer que a veces los empleados domésticos propiamente dichos fueron contados como jornaleros o, más probablemente, como «indiferentes» mantenidos por el dueño. Este último debía de ser el caso de las mujeres criadas.

Finalmente, por muy interesante que resulte el haber diferenciado entre artesanos y fabricantes —una nueva categoría— todo parece indicar que en algunos pueblos de notoria industrialización esta distinción fue mal entendida a nivel de base. Asimismo, son demasiado pocos los comerciantes en el censo global, y faltan demasiado a menudo en pueblos lo suficientemente grandes como para que los botiguers (tenderos) —elemento social muy creador en el Principat— pudiesen figurar en él (e incluso falta una importante categoría intermedia, la de los campesinos-comerciantes). No obstante, resultaría sin duda aventurado aceptar la cifra de comerciantes como la de los únicos «grandes negociantes».

En resumen, la gran inteligencia de los organizadores de la encuesta de 1787 se vio traicionada a menudo por una comprensión defectuosa a nivel de base. Fue éste un fallo frecuente. No creemos que disminuya en nada —dentro de los límites ya señalados— el valor de las cifras de población. Nos obliga, en cambio, a estudiar las clasificaciones demográficas y sociales partiendo mucho más de una selección de sondeos locales que de resultados de conjunto, desvirtuados a la vez por recapitulaciones erróneas y por un exceso de respuestas mediocres. Esto nos da la medida de lo insuficientes que resultan las utilizaciones hechas hasta hoy del censo de Floridablanca en las historias generales, ya que no tenemos noticia de que ninguna de ellas se haya remontado hasta la relación pormenorizada manuscrita.

e) Después de 1787. Fuentes diversas y parciales

Sabemos que la encuesta de 1787 debía ser el preludio de una serie de encuestas decenales. Se cumplió el compromiso en 1797, aunque esta vez la calidad del censo fuese inferior. Por lo menos ésta es la opinión general, según las críticas de una publicación algo posterior —de 1803— que se dedicó a reflejar, yendo más allá de la pura demografía, la riqueza nacional.

No obstante, está demasiado claro el propósito fiscal de este Censo de frutos y manufacturas de 1803, como para no sospechar que se engrosaron las cifras; lo cual no invalida necesariamente su crítica del censo de 1797. Seguimos creyendo plausible que se diera en este último una infravaloración de la población, puesto que un aumento decenal del 2,4 por 100 para toda España y en estas fechas es realmente muy bajo. Cuando el comentador de 1803 asegura que, en muchas regiones, se limitaron a repetir las cifras de 1787, parece basarse en un estudio personal de las hojas de censo, o al menos de listas regionales bastante pormenorizadas.

Pero la falta precisamente de dicha relación pormenorizada es la que nos impide zanjar el debate. Ni de España ni de Cataluña hemos visto la justificación de las cifras de 1797. A simple vista, con un aumento decenal de un 6 por 100, Cataluña se ve más favorecida que el resto del territorio. Pero si le atribuimos 878.000 habitantes, en realidad el censo de 1797 no supera demasiado la cifra de las recapitulaciones manuscritas de la encuesta de Floridablanca. Tal vez fuese éste uno de los ejemplos que hicieron sospechar una pura y simple repetición, por parte de los encuestadores de 1797, de los resultados de sus predecesores.

En todo caso, ya los mismos contemporáneos nos aconsejaron prudencia, puesto que, incluso después de 1797, siempre prefirieron citar las cifras del censo de Floridablanca. Esto nos hace albergar dudas respecto a las cifras del censo siguiente, a si fueron mantenidas o incluso fijadas de una forma rigurosa. Podemos observar, efectivamente, que en 1812, cuando los prefectos napoleónicos intentan evaluar la población de sus respectivas circunscripciones, se remitirán puntualmente a los datos de 1787 o a otras evaluaciones más imprecisas. Se demuestra así que no disponían de documentos claros más recientes.

Nos apresuramos a señalar que dichos prefectos napoleónicos atestiguaron caídas demográficas pronunciadas y a veces tremendas en la población de 1787. Una explicación lógica a esta comprobación la hallamos sin duda en la terrible guerra, las emigraciones, los reclutamientos y las ocultaciones voluntarias. Sin embargo, se tendría que localizar con anterioridad —pero ¿en qué fecha situarla?— una inversión de la tendencia menos circunstancial.

Para resolver este importante problema, carecemos de una documentación que sea a la vez precisa y exhaustiva. Un curioso cambio en el estado de ánimo —seguramente no es fortuito y tiene una explicación— opone las postrimerías del siglo XVIII y los primeros años del XIX al período de 1770-1787. Habiendo demostrado, hasta los meses que siguieron al censo de Floridablanca, verdadera pasión por los problemas demográficos, poco a poco la opinión y la administración catalanas se van desinteresando de ellos. Las publicaciones periódicas ya no dan —o las dan de forma muy irregular— las estadísticas demográficas de Barcelona, fielmente publicadas poco tiempo antes desde las primeras semanas del mes de enero. Este mismo material de estadísticas urbanas, antiguas y recientes, bien pudo perderse desde entonces, ya que no hallamos ni rastro de ellas en los archivos. Las preocupaciones de Francisco de Zamora que, hasta 1789-1790, habían sido esencialmente demográficas y económicas, pasan a ser fundamentalmente políticas. La revolución está en puertas. Pronto estallará la guerra. Hay inflación. Desaparece Caresmar, y habrá que esperar hasta 1805 para que Capmany reemprenda, con las Cuestiones críticas, sus reflexiones demográficas sobre el pasado español, modélicas como crítica histórica, pero sin gran precisión constructiva.

Así, a partir de 1787, tenemos que conformarnos con una documentación que hay que reconstruir con paciencia y aceptar con cautela; nunca satisface del todo. Los sondeos parroquiales y episcopales nos ofrecen documentos precisos, aunque escasos y demasiado aislados en el espacio o en el tiempo. De alcance más general, aunque más imprecisas y de discutible interpretación, son las informaciones descriptivas e indirectas, como testimonios, viajes, informes consulares, estudio de la inmigración francesa, del movimiento de los salarios.

No es de extrañar, por lo tanto, que nuestro trabajo se apoye, en esencia, en los sólidos pilares de los dos censos pormenorizados de 1717-1718 y de 1787, en torno a los cuales hallamos múltiples encuestas y reflexiones. Además, el período de creación de la revolución regional que vamos a estudiar seguidamente se inserta con bastante exactitud en el marco de estas dos fechas. En 1717, se aprecian los resultados de una importante crisis en todos los campos, crisis de la que, al remontarnos atrás, encontraríamos clarísimas condiciones político-administrativas y, por lo tanto, de observación. En 1787 han sido colocados ya con creces los fundamentos de una economía y tal vez de una sociedad nuevas. Entre estos fundamentos, destaca por su importancia el hecho demográfico, en sus vertientes de reforzamiento y redistribución de la población regional.

II

EL MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO

1. UNA POBLACIÓN QUE SE DUPLICA EN MENOS DE SETENTA AÑOS

Para empezar, adoptaremos criterios amplios. Ya vimos cómo la evaluación más alta de la población catalana, basada en fuentes contemporáneas comprobadas, era del orden de los 407.000 pobladores, en 1718. Al atribuirle a Cataluña 814.000 habitantes, en números redondos, el censo publicado de Floridablanca está sugiriendo una fórmula simplificada —la población catalana se duplica en setenta años—, fórmula que, como hemos visto, tachó Madoz de inverosímil. Pero ahora sabemos, tras las pertinentes comprobaciones, que hay que aumentar, en un 10 por 100 como mínimo, los resultados publicados por Floridablanca. Debemos reconocer que la población estudiada, a lo largo de setenta años, sobrepasó la duplicación, o si se quiere, se duplicó en menos de setenta años. Si pensamos en lo incierto de las cifras durante todo el período preestadístico, llegamos a creer que quizás esta forma burda de verdad sea la más acertada. Queda por demostrar que ni es inverosímil en teoría, ni está en radical oposición con fenómenos cercanos o contemporáneos. Una vez tomada esta precaución, estaremos en mejores condiciones para considerar las cifras exactas de los censos y analizar sus concomitancias.

Una población de 407.000 habitantes en 1718, que hubiese aumentado de forma natural en un 1 por 100 a partir de esta fecha, se habría duplicado precisamente en 1788; por lo tanto, bastaría con suponer una leve mejora en las condiciones demográficas o una inmigración apreciable —o ambas a la vez— para obtener las condiciones de crecimiento observado. Ahora bien, para que pudiera darse un aumento natural del 1 por 100, habría que admitir, de entrada, una diferencia del 10 por 1.000 entre mortalidad y natalidad. Los estudios realizados hasta la fecha no entran en modo alguno en contradicción con dicha hipótesis. Según las curvas parroquiales estudiadas por E. Giralt y J. Nadal, debía de ser característico de los años 1713-1717 una natalidad comprendida entre el 40 y el 50 y una mortalidad entre el 30 y el 35 por 1.000. Ya veremos como, en 1787, estos márgenes seguían existiendo en muchos puntos de Cataluña. Claro está que, incluso durante los primeros años del siglo XIX, las tremendas «mortandades» pudieron disminuir la diferencia entre las dos tasas; la propia natalidad se vería afectada por violentas variaciones. Hay que añadir que el campo catalán del siglo XVIII se caracteriza por una altísima natalidad media. Bastaban pues unos cuantos años sin accidentes sanitarios para afianzar un increíble impulso de la población.

En cuanto a las comparaciones, tampoco éstas ponen objeciones a la verosimilitud del ritmo demográfico observado entre 1718 y 1787.

Está el caso del reino de Francia que, entre 1715 y 1791, de tan sólo 20 millones de habitantes, pasa a tener del orden de los 26 millones de los que, incluso dentro de unos límites más amplios (1700-1803), resulta difícil valorar el crecimiento relativo por encima del 50 o 55 por 100. Y esto convierte el país, a fines del siglo XVIII, en un «hervidero humano» cuya fuerza de expansión no nos es desconocida. Podemos imaginar entonces lo que va a ser de países cuya población superó la duplicación en menos de tres cuartos de siglo.

Existen estos países; el primero de ellos es Inglaterra. Señalaremos asimismo que Francia fue un caso muy especial: incluso tras las crisis del reinado de Luis XIV, siguió manteniendo —y eso desde el siglo XVI— una densidad relativamente alta, sin duda la más alta compatible con las técnicas de la época. Pero se trata del conjunto de Francia. Nos resulta chocante —con todas las reservas sobre el valor de las cifras demográficas anteriores a 1770— ver cómo la Generalitat del Rosselló (incluyendo la región de Foix), pariente cercana de nuestra Cataluña española, pasa de los 80.369 habitantes en 1700, según las encuestas de los intendentes, a tener 188.900 en 1783, según las evaluaciones de Necker, o sea, un ritmo de crecimiento superior al que estamos estudiando. Por muy mal que se midiera este fenómeno, corresponde sin duda a una realidad común a las dos Cataluñas: un persistente retroceso demográfico, casi una despoblación, que se instaura a fines de la Edad Media, se acentúa o mantiene debido a las pestes de mediados del siglo XVII y que sólo el siglo XVIII verá concluir.

Esta observación se puede hacer extensiva, hasta cierto punto, a toda España, ya que ésta, que presentaba un bajo nivel de población desde por lo menos 1600, tendió también a recobrarse en el siglo XVIII, mediante un crecimiento demográfico ciertamente más rápido que el de Francia. Lo que ya hemos dicho acerca de los resultados globales de los dos censos efectuados (1717-1723 y 1787) nos hace manifestar serias reservas sobre la medición de este incremento. Está comprendido entre un mínimo del 40 y un máximo del 92 por 100, entre ambas fechas. De todas formas, vemos que es menor —o mucho más lento— que el crecimiento regional que hemos atribuido a Cataluña.

No obstante, no es éste un caso aislado. No sólo lo iguala, sino que lo supera con creces el aumento demográfico de una región vecina: la de Valencia. Capmany, enemigo acérrimo de cualquier tipo de exageración, no dudaba en afirmar, en 1805, «al correr de la pluma», que «es notorio el aumento que ha recibido el reyno de Valencia de 50 años acá, pues debemos suponer triplicado ...». Lo concretaba luego de la forma siguiente: en 1510, contaba el reino con 54.555 familias; con 62.000, en 1718, y con 200.000, en 1805. Laborde ratificaba poco más o menos las mismas cifras a partir, según decía, de los recuentos oficiales: 318.000 habitantes en 1718 y 932.000 en 1795. Claro está que dichos «informes oficiales» corresponden a nuestras propias fuentes y se ven sujetos a las mismas críticas. Pero observamos cómo estas fuentes, tanto fuera como dentro de Cataluña, ponen de manifiesto unas continuidades y unas diferenciaciones con respecto a la distribución de las ganancias de población que no pueden deberse ni al azar ni a una deformación común de base. A lo largo de la costa española de Levante, cuanto más hacia el sur avanzamos se hace cada vez más patente la recuperación demográfica del siglo XVIII: de Barcelona a Tarragona, a Tortosa, a Castellón, a Valencia, está perfectamente marcada la progresión.

Y, dicho sea de paso, esto no debe inducirnos a relacionar con demasiada facilidad la modesta «revolución demográfica» catalana con la no menos modesta «revolución industrial», de la que más adelante daremos cuenta. La prueba es que Valencia demuestra que un crecimiento aún mayor de la población regional es compatible con un desarrollo puramente agrícola.

Pero Valencia tiene la huerta. Es uno de los rincones del Mediterráneo que, en condiciones favorables, alcanza en seguida récords de densidad de población. No tiene nada que ver con Cataluña, en la que predomina la montaña, escasean y son estrechas las tierras fértiles, el clima es duro, en donde la riqueza de las masías, en el norte y en el este, se debe a su extensión y no a su fecundidad, y por último, en donde, durante el Medioevo, la vida se vio intensificada sólo gracias al comercio, a la industria y a la expansión imperialista.

Estos dos casos vecinos y distintos sugieren lo que nos viene ratificado por el ejemplo de Aragón y del Rosselló: que, en lo que se refiere a este conjunto de tierras antaño agrupadas bajo la Corona de Aragón, nos hallamos sobre todo frente a la rápida compensación de un retroceso demográfico de origen antiguo. No ignoramos que hay que remontarse muy atrás, hasta la decadencia económico-política del poderío catalano-aragonés en el siglo XV, para situar este retroceso. Hay que añadir también que tanto las guerras del siglo XVII como la propia guerra de Sucesión tuvieron efectos persistentes de despoblación en estos territorios, por lo menos a nivel local.

Así pues, el nordeste de España cuenta con espacio sobrado para absorber su potente recuperación demográfica. En especial en Cataluña son bajísimas las densidades de principios del siglo XVIII: S. Llobet había calculado 15 habitantes por kilómetro cuadrado, según Aparici. Un censo más preciso nos da sólo 12,6 para 1718. En zonas relativamente favorecidas, como el Vallès, la densidad media no supera los 18 (véase Apéndice, figs. 1 y 2).

Ni siquiera al duplicar su población, consigue Cataluña llenar los huecos dejados por la historia. Aún en 1780, Caresmar, asombrado, se inspira para su meditación acerca de las capacidades demostradas por la Cataluña antigua y medieval en la contemplación de verdaderos desiertos. Al igual que Caresmar, Young observará, pese a la brevedad de su viaje, las huellas de antiguos cultivos abandonados que la repoblación rural, aunque ya adelantada en 1789, no logró reanudar. Cabarrús cita, como una afrenta que hay que lavar, centenares de «despoblados» presentes en Cataluña aún a fines de siglo, a pesar de que tiene la fama de ser la provincia más avanzada del reino.

Además, en los censos de 1787 y 1797, Cataluña dista mucho de ocupar el primer puesto entre las provincias españolas, en densidad de población. Sólo la superan, no obstante, el País Vasco, Galicia, Valencia y las Baleares. Y este triunfo reciente de las provincias periféricas, tan distinto al equilibrio del siglo XVI, supone un hito fundamental en la historia de la península.

Otra observación esencial: hablar de densidad de población en Cataluña constituye una abstracción mientras sigan existiendo tantas zonas, no sólo deshabitadas sino inhabitables, o que requieran un poblamiento disperso. Hoy en día, de las cuatro divisiones administrativas del territorio catalán denominadas provincias, una, la provincia de Barcelona, tiene una densidad de 284 habitantes por kilómetro cuadrado, otras dos, una densidad de 56 y la cuarta, Lérida, sólo tiene 27. Nada podemos saber de la repoblación catalana si no reconstituimos su distribución interna. Eso es lo que nos ha llevado a estudiar, tanto geográfica como cronológicamente, las modificaciones demográficas que revelan nuestros documentos. Este análisis, a la vez que corrobora algunas verdades conocidas ya desde el siglo XVIII, aclara otras que han permanecido prácticamente ignoradas.

2. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS

A fines del siglo XVIII, Capmany nos dice que:

... faltándole el Rosellón, contaba duplicada población, sin incluir su capital, que había subido a triple vecindario en menos de medio siglo. En los pueblos de la costa o próximos a ella, ha triplicado en muchos, y en otros cuadruplicado y quintuplicado en algunos, sin poderse sospechar que este incremento se haya fomentado con la decadencia de otras poblaciones, pues todas en general, y hasta las más interiores del Principado, han recibido aumentos considerables.

Estas palabras demuestran que el riguroso espíritu crítico de Capmany captó perfectamente el fenómeno demográfico que se desarrollaba ante sus ojos. No obstante, parece haberse basado sobre todo en los hechos más aparentes, como el desarrollo de la capital y de la «marina», y en una determinada lógica del desarrollo espontáneo unido a la atracción que ejercen las ciudades y el litoral. La cartografía de los índices de crecimiento de cada municipio, según los censos de 1718 y 1787, atestigua que ninguno de los fenómenos señalados por Capmany es inexacto, a pesar de que uno de los cambios esenciales —una verdadera repoblación del oeste de Cataluña— escapara a su sagacidad. De todas formas sus palabras proponen una especie de esquema de análisis.

En un principio, Capmany, igual que hemos hecho nosotros, acepta, para una primera aproximación global del movimiento de la población, la fórmula simplificada de la «duplicación» —muy amplia, ya que excluye el crecimiento de la capital, que considera fuera de lo común— y añade incluso «faltándole el Rosellón», referencia que demuestra que Capmany, historiador y medievalista, conserva la costumbre (corriente seguramente entre muchos de sus paisanos) de imaginar su país dentro de los límites de la Cataluña histórica.

Esta última, en el punto álgido de su desarrollo demográfico, durante la Edad Media debió de aproximarse, o todo lo más sobrepasar en poco, la cifra de los 400.000 habitantes. Pese a la pérdida del Rosselló, se había convertido en una provincia de unos 800.000 pobladores, coronada por una capital de unos 100.000. Eso era lo que recordaba Capmany, de forma bastante correcta. Nuestras cifras, lo más ajustadas posible a partir de los censos pormenorizados, nos dan 406.285 habitantes para 1718 y 899.281 para 1787, o sea, un incremento del 121,3 por 100, que habría que reducir a 112,2 si se excluyera Barcelona de dicho cálculo. En cuanto a la pérdida del Rosselló, aunque la fecha correspondiera, poco más o menos, a la de las grandes pestes del siglo XVII, quedó demográficamente compensada desde los primeros años del siglo XVIII, tal como lo había señalado ya Aparici.

Pero Capmany, que tuvo una visión de conjunto del fenómeno bastante acertada, comprendió asimismo perfectamente bien las desigualdades en el espacio y en el tiempo. Según él, Barcelona, por ejemplo, debió haber «triplicado en menos de medio siglo».

a) Demografía barcelonesa

Este desarrollo de Barcelona requeriría por sí solo un extenso análisis; deberemos aludir a él repetidas veces, ya que todas las facetas de la actividad económica se hallan vinculadas al problema del crecimiento demográfico, el único que nos interesa por ahora.

En el caso de Barcelona, quizá más aún que para el conjunto del Principat, el punto de partida de 1718 resulta anormalmente bajo. Tras el terrible descalabro de 1714, la población barcelonesa recuperó su nivel de población medieval —entre los 30.000 y 35.000 habitantes— que tal vez había superado (no se sabe a ciencia cierta) hacia mediados del siglo anterior.

Esta cifra de 35.000 pobladores les pareció baja a muchos comentadores. La confirma sin embargo la encuesta pormenorizada, especificada casa por casa, llevada a cabo para establecer el catastro de 1716, del que ahora se está haciendo un detenido análisis. Dividida en diez barrios, Barcelona tiene, en 1716, tan sólo 7.717 vecinos y 32.791 habitantes, ya que el número de habitantes por vecino varía, según los barrios, de 3 a 5.

Las Descripciones, base de nuestro cálculo general para 1718, atribuyen a la ciudad, junto con 5.481 casas, 34.005 habitantes, lo que puede ser explicado tanto por una modificación del catastro inicial como por un crecimiento natural moderado, o por una vuelta de emigrados durante la pacificación política. Pero ya señalamos anteriormente que las destrucciones provocadas por el asedio y la demolición del barrio de la Ribera para levantar la Ciutadella, no tuvieron ninguna repercusión apreciable, entre 1714 y 1720, en el mercado de alquileres o de mano de obra de la construcción. La edificación prevista de un barrio sustitutivo no se lleva a cabo en seguida. Éstas son las razones que mejor nos permiten aceptar, en el punto de partida de nuestro trabajo sobre el siglo XVIII, la imagen de una Barcelona que vuelve a ser una ciudad pequeña en la que no se manifiesta aún ningún impulso notable de población.

Por desgracia, carecemos de documentación que nos permita señalar el inicio de este impulso, situado seguramente entre 1725 y 1750. Hasta 1756 no aparece, en la Gaseta de Barcelona, el primer informe anual del movimiento de población que, durante algunos años aún, seguirá siendo incompleto e irregular, sin incluir además ninguna evaluación global de la población de la ciudad. Hay que situar en 1759, año del regreso a España del rey Carlos III, la fecha del primer censo urbano después del de 1716; y de todas formas, lo único que tenemos son resultados globales, transmitidos íntegramente de segunda mano. Hay que esperar a los años que van de 1770 a 1787 para disponer a la vez de cómputos precisos y de movimientos anuales. Se ha perdido la documentación referida a fines de siglo y principios del XIx, conservándose sólo la de algunos años sueltos.

La cifra global de 1759 ha sido añadida, para establecer comparaciones, en un anexo del censo publicado de Francisco de Zamora. Como las otras cifras retrospectivas también citadas en esta ocasión son francamente malas, es difícil saber qué grado de confianza otorgarle al único dato que poseemos para mediados del siglo XVIII. No obstante, el número de «familias» —13.917— parece haber sido sacado de un informe concreto. Pero, como siempre, existen amplias divergencias entre los autores acerca del número de habitantes que corresponde a este «vezindario». El mismo Zamora se limita a decir que esta cifra demuestra que Barcelona ganó 32.000 pobladores en 28 años, de 1759 a 1787; pero queda por saber si hay que restar estos 32.000 del total de habitantes de hecho —111.410— o del «vezindario» habitual, 94.880. Acogiéndose seguramente a la primera interpretación, Capmany atribuyó a Barcelona 80.000 habitantes desde 1759; en cambio, Ponz, sobre el que se basa Bourgoing, señalaba tan sólo 53.000, mientras Townsend, haciendo un cálculo propio de 5 habitantes por «familia», proponía la cifra de 69.585.

De hecho, nos consta que el cálculo de 5 habitantes por familia suele ser siempre demasiado alto; tomando 4,5, cifra más aproximada según comprobaciones efectivas, habría que fijar en unos 62.000 el número de habitantes de Barcelona en 1759, lo cual tendría la ventaja de coincidir con lo indicado por Zamora, ya que una ganancia de 32.000 habitantes, sumados a los 62.000, nos da los 94.000 pobladores del «vezindario» de derecho censados en 1787. Cierto es que queda pendiente saber, para el año 1759, cuántos habitantes de hecho (hospitales, guarniciones y personas de paso) habría que añadir a los 62.000 del «vezindario». Sin duda menos que en 1787, pero seguramente por encima de 8.000, de forma que en 1759 Barcelona cuenta con al menos 70.000 habitantes de hecho. Se ha duplicado desde 1718. Ya no es aquella pequeña capital de provincias, de unos treinta o cuarenta mil habitantes. Se ha iniciado el despegue.

En una nota del informe demográfico de 1757, en la Gaseta de Barcelona del 7 de enero de 1758, se puede observar el rápido desarrollo de la construcción, que responde, como es lógico, a una necesidad. Nos referimos en especial al nuevo barrio, cuya edificación, prevista ya desde 1717, había sufrido prolongados aplazamientos:

En el nuevo pueblo de Barceloneta, en que se puso la primera piedra el 3 de febrero de 1753, havía en principio de 1757, 244 casas concluidas y empezadas; oy [enero de 1758] se cuentan 266 concluidas, 21 empezadas ... y las habitan 300 vecinos.

Al año siguiente, la Gaseta da cuenta del avance de las obras. La Barceloneta tiene 329 casas, 1.050 «personas de comunión» y 1570 «almas». En 1786-1787 se hablará ya de 13.000. Podemos ver en ello un símbolo, a la vez que encontramos importantes datos cronológicos que nos permiten comprender la fuerza del desarrollo barcelonés en algunas de sus etapas. El hecho de que administradores y viajeros de los años 1780 pongan, como primer término de comparación, el año 1759, fecha de la llegada del rey ilustrado al trono, se debe seguramente a una costumbre de la época, unida a una actitud de halago para con el monarca. Pero vemos cómo los progresos de la ciudad, reflejo de los de la economía y del asentamiento de la población en el conjunto del Principat, no habían esperado el reinado de Carlos III para ponerse de manifiesto. Desde 1753, la decisión de construir por fin la Barceloneta respondía al espontáneo hervidero de población flotante que abarrotaba las playas con sus pobres barracas.

A partir de 1755 y, de forma más firme y continuada, entre 1761 y 1779, disponemos de los datos fundamentales del movimiento demográfico barcelonés: en primer lugar, del conjunto de las parroquias, número de nacimientos (con distinción de sexos), número de fallecimientos (diferenciando entre adultos y niños —aunque mal definidos estos últimos— y, dentro de cada categoría, distinción de sexos), y también el número de matrimonios; en segundo término, en cuanto a los hospitales de la ciudad, el movimiento anual de ingresos y salidas nos permite concretar el número de niños nacidos o abandonados en el hospital, el de los enfermos y niños que allí murieron y las bodas de pupilos que allí se celebraron.

Cabe preguntarnos si la utilización de dichas tablas no comporta un excesivo riesgo de errores. Esta pregunta se plantea siempre para toda la demografía antigua de las grandes ciudades. Si incluimos los hospitales dentro del balance anual, éste resulta casi siempre —y a veces seriamente— deficitario. Pero, ¿los muertos del hospital no forman parte en realidad de la población urbana? Todos seguro que no, pero una parte de ellos con toda probabilidad. En cuanto a los niños abandonados, aunque la inmensa mayoría deberá sumarse a los recién nacidos, hay que tener en cuenta, de todas formas, que algunos pudieron ser bautizados antes y contabilizados por lo tanto en alguna parroquia. De todo lo cual se infiere que las cifras globales que incluyen los datos de los hospitales son menos exactas que las de las parroquias, pero éstas, por sí solas, pueden presentar el inconveniente de ser algo incompletas en lo relativo a nacimientos y defunciones. De todos modos, no reflejan el conjunto de fenómenos urbanos, de los que son signos muy característicos el abandono de los niños y la mortalidad en los hospitales.

Demografía de la ciudad de Barcelona

Nota: Este cuadro está elaborado, para 1755 a 1778, con las cifras de la Gaseta, con las reservas indicadas, y faltan los años 1756, 1759, 1760 y 1775. A partir de 1780, las cifras se citan según los papeles del doctor Salvà (Academia de Medicina de Barcelona), que me han sido comunicadas amablemente por J. Nadal; la serie acaba en 1803, y sólo está completa para las defunciones. 1805, 1814, 1820, según las Guías de forasteros de los años correspondientes. Salvà distingue por parroquias sólo en las defunciones y no para todos los años. Pero sólo la cifra global es interesante. En efecto, la catedral apenas celebra matrimonios y bautiza dos veces más niños que niñas. Este hecho queda compensado en las parroquias vecinas. Es un rasgo de costumbres, pero constituye una objeción a toda utilización de registros parroquiales urbanos.

Dicho esto, las cifras que presentan las parroquias parecen utilizables, por lo menos a partir de 1761, siempre que se las considere globalmente, ya que la distribución por parroquias, que se da a partir de 1765, no responde realmente a la distribución de la población, obedeciendo, para los bautismos, bodas y entierros, a diversas normas que sin duda nada tienen que ver con la demografía. Para la ciudad en su conjunto, la tasa de masculinidad de los recién nacidos, siempre que ha sido posible calcularla a partir de 1761, parece, salvo en un caso, mantenerse dentro de los niveles habituales. Más difícil resulta valorar la proporción de defunciones entre hombres y mujeres, niños (albats) y adultos, ya que el término albats no especifica si se refiere a niños o a niñas. A pesar de que la proporción de fallecimientos infantiles sea considerable, sigue estando dentro de los límites de lo verosímil; aún parece más normal si añadimos las defunciones de niños y adultos en los hospitales. Lo mismo ocurre con la relación entre nacimientos y matrimonios.

En cambio, una tasa de masculinidad anormalmente elevada y una proporción de defunciones masculinas inverosímil entre las defunciones de adultos arrojan serias dudas acerca de la validez de las primeras estadísticas publicadas en la Gaseta, respecto a 1757 y 1758. En estas condiciones, dudamos en aceptar la idea, que proporcionarían dichas estadísticas, de una población barcelonesa tan elevada a partir de los años 1757-1758 como en 1777-1778, en que son aproximadamente iguales las cifras de nacimientos y matrimonios. Y, por otra parte, la hipótesis de un estancamiento de la población entre estas dos fechas no se correspondería mucho con todo lo que sabemos acerca del desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, damos estas primeras cifras a mero título indicativo. Referidas a una población de derecho del orden de los 62.000 habitantes —evaluación que hemos aceptado para 1759— supondrían unas tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad fuera de lo normal. De hecho, más vale pensar que sólo a partir de 1761 podemos contar con una rigurosa documentación.

El movimiento de matrimonios, cuya relación con el movimiento general de población se considera como relativamente estable, no da la impresión de un desarrollo muy rápido entre 1761 y 1778; no obstante, la media de matrimonios de los años 1785-1787, de los que poseemos información, es un 30 por 100 más alta que durante los años 1761-1770; en 1797, año desgraciadamente aislado, la ganancia es de un 48 por 100. Algo más claro es el incremento del número de nacimientos. El de fallecimientos, como ya sabemos, es tan variable que resulta difícil llegar a una conclusión, a pesar de una mayor continuidad en las cifras.

Pero podemos basarnos en otro tipo de documento: en 1770, de conformidad con las disposiciones tomadas en Madrid a raíz de los desórdenes de 1766, Barcelona fue dividida en cinco «quarteles», a cargo de «alcaldes de quartel», dividiéndose cada «quartel» en ocho barrios, a cargo de «alcaldes de barrio». Apenas fueron nombrados, estos funcionarios tuvieron que efectuar un estado, manzana por manzana y casa por casa, de todos los habitantes de la ciudad, indicando la profesión del cabeza de familia, la lista de los miembros de su familia, la de sus ayudantes, sus criados e hijos. Debían hacerse constar cada año las modificaciones ocurridas, seguramente mediante una declaración o encuesta. En 1770, se recogieron los datos así obtenidos y fueron enviados, por último, en 1773, al conde de Ricla, quien los mandó a Madrid. En 1778, un alcalde de barrio se encargó de reunir de nuevo los informes de sus colegas de todos los barrios; los resultados obtenidos nos han llegado por dos vías distintas. En 1786, por fin, paralelamente a una encuesta municipal que debió de servir de base para el censo de Floridablanca, Francisco de Zamora, alcalde del crimen, tan a menudo citado, reemprendió la tarea de efectuar un recuento, completándolo con una «exacta indagación» sobre las comunidades, guarniciones, hospitales y población flotante.

Dudaríamos, una vez más, en conceder especial valor a estados de este tipo si no poseyéramos una muestra de sus fundamentos primarios. Pero una de estas muestras se halla en el Archivo de la Audiencia, en una colección de ocho volúmenes que, por desgracia, sólo cubre uno de los barrios, el de Sant Jaume, aunque es suficiente para demostrar que, en 1770, el trabajo de los alcaldes se hizo bien y que se realizó una puesta al día anual. Claro está que esto no nos garantiza que todas las declaraciones fuesen serias y exactas. Y el barrio —Sant Jaume— es además uno de los más estancados, desde el punto de vista demográfico, y uno de los menos característicos desde el punto de vista social (está poblado por nobles, eclesiásticos, viudas, hombres de ley, etcétera). Pese a esto, vemos que los alcaldes llevaban una minuciosa cuenta de sus administrados. Hay que añadir que Zamora, si confiamos en sus palabras, efectuó una comprobación personal. Nos tranquiliza la recopilación intermedia de 1778, aunque sepamos pocos detalles de ella, por el cuidado con que señala los límites topográficos del recuento e intenta completarlo.

Dicho esto, los tres estados de población, de los que presentamos aquí un cuadro pormenorizado,* atribuyen a Barcelona —sin contar a los habitantes eventuales o a los agrupados en comunidades— para las tres fechas de 1770, 1778 y 1786, respectivamente, 10.059, 10.183 y 10.267 casas; 15.928, 16.608 y 20.128 familias, y 71.783, 84.870 y 94.880 habitantes. Es un crecimiento rápido que parece haber sido medido con cuidado. Pero se trata en estos casos de una especie de población de derecho. Aparte, hay que contabilizar las comunidades religiosas y la guarnición, que escapan al control policial de los alcaldes, y los huéspedes de posadas y embarcaciones, y las casas de reclusión y asistencia que, en cambio, debían de ser objeto de especial interés para dicho control. En sentido amplio, sabemos que Zamora atribuye a Barcelona 111.410 habitantes en 1786-1787; dentro de los mismos límites, el censo de 1778 nos daría 106.100. Para 1770 no existe una evaluación amplia.

Veamos ahora lo que obtenemos al comparar estas cifras absolutas de población con el movimiento anual de nacimientos, defunciones y matrimonios. Naturalmente, hay que escoger términos de comparación lo más exactos posibles. Las estadísticas demográficas de las parroquias deben corresponder más o menos a la población oficial de los cinco barrios. Pero sólo de forma aproximada. Las comunidades religiosas, la guarnición y los habitantes de paso tienen un peso relativo en la estadística de nacimientos y matrimonios; en cambio, deben de incidir (exceptuando quizás algunos conventos) en la cifra de mortalidad. Aunque no sea ésta una solución perfecta, sentimos la tentación de comparar las cifras de las parroquias con las del «vezindario» oficial, y las cifras globales (incluyendo los hospitales) con la evaluación amplia de la población. Para los años de censo, tendríamos los datos del cuadro de la página siguiente.

Las dos series de cifras pueden tener un significado propio, ya que las primeras representan la población urbana asentada, de estructura familiar normal, mientras las segundas caracterizan la masa de una capital en la que se concentran a la vez importantes formaciones militares, hospitalarias, religiosas y una población flotante, lo cual tiende a disminuir la natalidad e incrementar la mortalidad. Lógicamente, es una pena no disponer de evaluaciones anuales de población, ya que las tasas anteriormente citadas, al ser calculadas sobre años sueltos, carecen de valor representativo; ya sabemos el perfil en dientes de sierra que adquiere la curva de nacimientos, y más aún la de defunciones. No obstante, ninguno de los años del censo coincidió con una «punta» especialmente aguda de mortalidad, de las que todavía existen en el siglo XVIII. Las tasas no se alejan mucho de los valores medios.

La corta extensión que abarcan nuestras fuentes barcelonesas, su discontinuidad, lo impreciso —tanto en las listas de defunciones como en los estados de población— de la distinción entre niños y adultos, y alguna que otra confusión en los estados primarios respecto a la clasificación de los niños, sin duda hace que esta documentación presente poco interés para la demografía pura. Sin una distribución concreta por edades, existen pocas probabilidades de calcular las fecundidades o las esperanzas de vida. Claro está que siempre nos queda la posibilidad de aventurar hipótesis; si aplicamos la tabla de supervivencia francesa de Duvillard, elaborada para un período que se corresponde con el nuestro, a los nacimientos de los años 1765-1778 en las parroquias de Barcelona, nos encontramos con que los «niños», tal como los define Zamora (niñas menores de 13 años, niños menores de 15), debían de estar, en 1778, con muy poca diferencia, al nivel de la cifra que nos ofrece el estado de población. Pero no por ello vamos a afirmar que el estado es exacto y la tabla de Duvillard aplicable. Consideraremos esta concordancia como un simple test de verosimilitud. Para que esta comparación tuviese un valor absoluto, habría que suponer una población cerrada, y no es éste el caso de la población barcelonesa, antes al contrario. Si bien es cierto que, entre 1770 y 1778, dicha población sufrió un incremento de 13.000 habitantes, no obstante, en el marco de los cinco barrios —o de las siete parroquias— el aumento «natural» sobre esta cifra no puede representar más de 5.000 habitantes; si se incluyeran los hospitales, habría incluso un ligero déficit. Por lo tanto, para que las cifras de niños supervivientes de 1778 se correspondieran con exactitud a la de los que habían sido bautizados en las siete parroquias, habría que admitir que ningún inmigrante tenía consigo a niños pequeños. Y esto no puede ser cierto de un modo absoluto, aunque efectivamente los inmigrantes sean a menudo personas sin familia. Recurriendo a la tabla de Duvillard, tenemos la sensación de que las condiciones demográficas de Barcelona ciudad, que no son en modo alguno las de la provincia catalana en su conjunto, no debían de hallarse muy alejadas de las condiciones demográficas francesas.

Además, en calidad de historiadores, ¿acaso no nos basta con comprobar que nuestras fuentes numéricas ratifican y precisan la cronología de un desarrollo urbano conocido a través de otros testimonios y otros signos?

Comparemos nuestro movimiento demográfico con la curva de los salarios en la construcción. Hay que situar en 1771-1775 la fiebre edificadora que da lugar a un decisivo aumento de estos sueldos en Barcelona y les hace superar, en 1774, el nivel de los salarios madrileños, hasta entonces más dinámicos y elevados; se mantiene titubeante en 1776, se recobra hasta 1779-1781, en 1781-1783 sufre un debilitamiento que parece ligado a una más amplia coyuntura (ya que también se da en Madrid), para luego, entre 1783 y 1786, elevar súbitamente el índice de salarios barceloneses de 115,3 a 151,9, salto que, a simple vista, sorprende por su amplitud y nos infunde sospechas acerca de la validez de la curva. Pero si recurrimos a un testimonio conocido, el de Ponz, tomado en realidad del propio Francisco de Zamora, vemos que en 1784-1785 se iniciaron las obras para la construcción de 120 casas de renta en Barcelona, cuyo valor global se estimaba en 11.500.000 reales; de ellas, 47 son de tres pisos, 74 de dos y sólo 4 de una planta, eso sin contar todas las que edificaron dos o más plantas por encima de su altura primitiva. Estos hechos, confirmados por las àpoques d’obres (facturas de obras) de los notarios, responden al rápido desarrollo de la población consignado por los alcaldes de barrio. Se puede objetar que parece menor el incremento de 1778-1786 respecto al de 1770-1778 (10.000 habitantes frente a 13.000, en el mismo lapso de tiempo). Pero considerando que la decisión de edificar es siempre algo posterior a la situación de hacinamiento de la gente en la ciudad, hay que observar que los años en que esta decisión se cumple —1784 y 1785— coinciden con un repentino impulso de la mortalidad —la epidemia de tercianas que se menciona en el censo de Floridablanca.

La mortalidad de 1784 no es anómala. Pero la de 1785 supera en un 26 por 100 la media de los años 1780-1784, hecho que frena súbitamente el aumento de población al final del período y hace que escasee la mano de obra, en el momento en que la actividad constructora se halla en su punto álgido. Así queda perfectamente justificada la inusitada subida de la curva de salarios.

Por desgracia, nuestras cifras demográficas presentan excesiva discontinuidad como para permitir un análisis tan minucioso, con posterioridad a 1787.

Persiste indudablemente la situación de hacinamiento. Tenemos el impresionante testimonio del doctor Santpons de la Academia de Ciencias de Barcelona:

Este ahorro de lugar es digno del mayor aprecio en toda ciudad numerosa como es esta capital; V. E. sabe muy bien quánto se va limitando la capacidad de las habitaciones de los artesanos en la nueva construcción de casas; como la policía según parece dexa plena libertad a los dueños en edificar insiguiendo su capricho, éstos no llevando otra mira que el propio interés en las casas que se hazen para alquilar y olvidando la comodidad del público, aprovechan tanto el terreno y las subdividen de tal modo que apenas resultan habitables, y así estamos viendo todos los días que aquellas tiendas que antes apenas bastaban para que un artesano trabajase en ellas con alguna comodidad, en el día sin añadir lugar se destinan para albergar toda una familia, sirviendo de cocina lo que puede llamarse un triste subterráneo, y de aposentos para dormir el espacio que media entre éste y el techo de la misma tienda.

Más adelante, nos referiremos a la continuación de este informe, dedicado a las consecuencias sanitarias de este estado de cosas.

La ininterrumpida subida del salario de los albañiles, antes incluso de que se iniciara la más leve inflación monetaria, nos induce a pensar que, pasado 1787, no disminuyó el movimiento de concentración urbana o, si lo hizo, pronto se recuperó. Tras grandes mortandades, el movimiento demográfico de 1797 presenta, para el período 1785-1787, una ganancia de un 14 por 100 en cuanto a matrimonios, de un 20 por 100 en cuanto a defunciones y de un 22 por 100 en cuanto a nacimientos, en el marco único de las siete parroquias. No obstante, ya vimos cómo, en la etapa anterior, debido a la inmigración, el crecimiento de población aparece por lo general más elevado de lo que hacen pensar estas estadísticas parroquiales. Además, aunque todas las cifras posteriores a 1786, que se conservan entre los papeles del doctor Salvà, no permitan mucho una comparación estricta, ya que incluyen los hospitales, señalan a partir de 1791-1792 una población equivalente como mínimo a 110.000 habitantes de derecho, 125.000 o 130.000 de hecho, cifras reseñadas por viajeros como Laborde y Bourgoing.

En cambio, parece excesiva la cifra de 150.000 que nos ofrece el Censo de frutos de 1803, así como todas las cifras de esta fuente. No aporta ninguna justificación y sitúa la cifra en una fecha en que, según todas las probabilidades, se habría iniciado un retroceso en la población barcelonesa.

Lo que ignoramos es cuándo se originó dicho retroceso, si fue a raíz de las terribles mortandades de 1793-1794, consignadas en las estadísticas de Salvà, si fue con la tremenda crisis económica y alimentaria de 1799 o con las mortandades de 1800 y 1801, aunque éstas afectaran más al campo que a la ciudad de Barcelona. Sea como fuere, cuando en 1805 volvemos a hallar la triple serie, matrimonios-nacimientos-defunciones, las cifras presentan, con relación a 1797-1798 e incluso a 1791-1792, cuando menos un estancamiento y seguramente un retroceso. El descalabro se dará en 1814. No volveremos a encontrar ya la cifra de 100.000 habitantes, considerada en el estricto marco de las parroquias y sobrepasada probablemente a partir de los años 1790, hasta 1826, en el mismo marco.

Detenida en los inicios del siglo XIX, la expansión barcelonesa del XVIII resulta aún más impresionante por su rapidez. Aunque la afirmación de Capmany —«población triplicada en menos de medio siglo»— fuese una clara exageración, lo cierto es que la cifra de 1718 (32.000 habitantes) se duplicó en 1758, se triplicó en 1788 y le faltó poco para cuadruplicarse (por lo menos en lo que a la población extensiva se refiere) antes de la inversión de la tendencia, situada entre 1794 y 1801. Sin embargo, no existe ninguna razón extraeconómica que pueda explicar semejante impulso: ni una hegemonía administrativa o política como en Madrid, ni un monopolio comercial como antaño en Sevilla o durante mucho tiempo en Cádiz. Se trata de una singular transformación, tanto por su espontaneidad como por su amplitud. Buscándole un parentesco, hallaríamos evidentemente el de Marsella.

b) La aglomeración barcelonesa

Encerrada entre sus murallas, la Barcelona del siglo XVIII tuvo natural tendencia a desarrollarse en altura, por hacinamiento, modificando las manzanas de casas, multiplicando el número de plantas e invadiendo los más pequeños huecos y los más recónditos rincones del casco antiguo y del Born, a la vez que se planteaban problemas bastante actuales de aumento del precio de los alquileres, de especulación de terrenos y de especialización de los barrios industriales. Y, pese a ello, la subida no menos rápida del precio de las hortalizas permitía, aún en 1788, a los hortelans de la ciudad el mantenimiento de 108 huertos dentro del recinto del Raval, amurallado por Pere el Cerimoniós.

Pero otro de los signos más inequívocos de la amplitud del fenómeno barcelonés es que también manifiesta una potencia expansiva, que da lugar, a una distancia relativamente alejada de las antiguas murallas, a esta nueva forma moderna de solidaridad que son las aglomeraciones.

Recordemos, por ejemplo, que en el espacio comprendido entre los dos ríos, el Besòs y el Llobregat, por una parte, y entre el mar y las montañas del litoral, por otra, en el transcurso de los años que estamos analizando, se manifiesta la suficiente cohesión en la economía como para que las bandas de salarios que hemos fijado presenten aquí prácticamente las mismas características del salario urbano, en lugar de asemejarse a las del campo o de la provincia. Esto es así durante todo el período para el sueldo base del bracero; y para las categorías superiores, se hace realidad, después de 1770, durante el gran movimiento de edificación en la ciudad y de expansión de la economía. De ahí que la periferia suministre determinadas categorías de mano de obra, por fortuna especializada: los mejores fadrins —aprendices de albañil— proceden de Sant Boi; los minaires, técnicos en canalización de aguas, de Sarrià. La influencia de la urbe se extiende más allá del Besòs, hasta Badalona, Montgat, Premià y las primeras playas de la Marina. Y en el interior, hasta las cuencas de Montcada y Martorell. Ya en Martorell —a más de cuatro leguas de Barcelona— Young presiente, por la actividad comercial, «la cercanía de una gran ciudad». Recordemos que antaño, para Cervantes, Barcelona venía anunciada sólo por el número de ahorcados en las ramas de los bosques.

Así pues, en las afueras se incrementa la densidad de población de modo más rápido incluso que en la ciudad. Salvando las proporciones, este crecimiento recuerda lo que llegará a ser, en estos mismos lugares, el desarrollo del siglo XX. Así como, entre 1900 y 1930, hemos podido ver sextuplicada la población de ciudades satélite como Hospitalet, también en el siglo XVIII encontramos crecimientos análogos, si no por la masa, sí por el ritmo. Para un índice de población igual a 100 en 1718, en 1787 es de 963 para Sant Martí de Provençals, de 824 para Esplugues, de 698 para Sant Andreu del Palomar, de 600 para Sant Feliu de Llobregat, de 573 para Badalona, de 507 para Santa Coloma de Gramanet, de 427 para Hospitalet (incluyendo el actual barrio de Sants) y de 423 para Sarrià. El conjunto de la periferia que se considera hoy íntimamente dependiente de la capital o ligado a ella pasa, entre 1718 y 1787, de 2.483 a 17.095 pobladores; su número casi se ha multiplicado por siete. En este territorio, de 157 kilómetros cuadrados contando Barcelona, la densidad ha pasado de 238 a 816 habitantes por km² en menos de tres cuartos de siglo. Hacia 1800, seguramente rebasó ya los 1.000.

Si a esto añadimos que buena parte del territorio sigue siendo montañoso y boscoso, mientras en el siglo XVIII lagos de considerable extensión cubrían aún la llanura baja, es fácil adivinar que el terreno habitable tomó pronto un carácter semi-urbano. A partir del decenio 1780-1789, tanto si sale uno de Barcelona en dirección a Francia por Montcada, como si sale por Sants en dirección a Valencia, o sube por las cuestas de Collserola (el actual Tibidabo), se encuentra con que todas las carreteras parecen cruzar «ya casi una población seguida».

Una parte de esta población se instala entre las murallas de Barcelona y el límite con los municipios autónomos vecinos, en «territorio» barcelonés que aún se halla bajo la custodia de los alcaldes urbanos. De ahí que los censos casa por casa de 1770 y 1778 den precisiones acerca del número de familias y habitantes allí asentados: crecieron en más del doble en el transcurso de estos ocho años, pasando de 2.140 almas a 4.670. Los alcaldes hablan de «casas de campo» y de «casas de recreo». Pero también debían existir zonas suburbiales pobres para inmigrantes, con su clásico hacinamiento: uno de estos nuevos barrios se llama les Barraquetes. Otros núcleos parecen estar más urbanizados; algunos se agrupan en torno a los antiguos y ricos conventos que se levantan en los alrededores más próximos a la ciudad. Existen cinco, en los que viven unos 300 monjes. Dos de ellos se hallan en el camino que constituye, hoy en día, el eje principal de la circulación urbana barcelonesa: el de Gràcia, junto al que crece el barrio del mismo nombre, cuyo desarrollo será sobre todo obra del siglo XIX; y el de Jesús, situado tan sólo a unos centenares de metros de las puertas de la ciudad antigua y que, sin embargo, se había utilizado, todavía en 1653, como cementerio para los innumerables apestados; de 1775 a 1795 se multiplican a su alrededor las nuevas construcciones; prueba de las necesidades de sus moradores son las concesiones de carnicerías y panaderías.

Más lejos, el crecimiento de los municipios autónomos depende de su situación topográfica y de su tipo de poblamiento. Resulta muy curioso que se registren los índices más elevados de crecimiento en la llanura y a lo largo de las carreteras, ya que eso indica que se trata de una inmigración de trabajadores al servicio ya de actividades comerciales e industriales, como postas de arrieros, fábricas de ladrillos, «prados» y fábricas de indianas y molinos. Está comprobado que en Badalona, a pesar de los avances de la agricultura costera, no es eso sino la industria lo que atrae a los inmigrantes. Impresionado Zamora, y con razón, por el hervidero humano de la carretera de Sant Andreu del Palomar, intentó fechar sus inicios; así comprueba que, todavía en 1730, el Clot quería decir el clot de la mel (la huerta de la miel) y estaba lleno de colmenas, pero en 1789 se ha convertido ya en una hilera de casas «que cada día crece» (en la actualidad es uno de los barrios industriales más característicos). Del otro lado de la ciudad, por la cuenca del Llobregat, cuyo aprovechamiento emprendió Carlos III, la carretera de Madrid a Francia incorpora también «la afluencia de nuevos habitantes», según consta en la respuesta del pueblo de Pallejà a la encuesta de 1788. En esta carretera se hallan Esplugues y Sant Feliu que, desde 1718, multiplicaron por más de 8 o de 6 su población. También tiene notable influencia la carretera vieja —Hospitalet, Cornellà, Sant Boi— que obliga a cruzar el río en barca, aunque es menor la proporción del incremento de población: los pueblos tan sólo cuadruplicaron el número de habitantes.

Los que no llegaron a triplicarse (excepto Sarrià) son, por lo general, los pueblos situados en las faldas de la montaña, pueblos de características muy distintas, ya que en ellos predominan tierras dedicadas a arboricultura o viticultura y las casas de recreo, de las que muchas son además casas de labranza. Es lo que la Barcelona de la Edad Media denominaba el hort i vinyet (huerto y viña). Ya es mucho que en este tipo de poblamiento disperso se haya multiplicado por 2,5 el número de habitantes, aunque el censo de 1718 mencionara destrucciones a veces totales, a raíz del sitio de 1714. De todas formas, las realizaciones del siglo XVII son más importantes por su riqueza que por su número, y tenemos que reconocer el papel ejercido por los grandes comerciantes, los primeros industriales de indianas. No obstante, sacamos la impresión de una gran densidad humana: «no es posible dar un paso por los alrededores de Barcelona sin encontrar casas de campo ... que el viajero asombrado toma por poblaciones importantes», decía Laborde.

Y, en efecto, no hallamos viajero alguno que no haya expresado su admiración.

Nos gustaría poder observar en este medio suburbial, en el que la inmigración ocupa un lugar tan importante, las condiciones, aunque se nos mostraran de un modo simplista, del movimiento demográfico propio, del «crecimiento natural». Conocemos para esta zona las respuestas al cuestionario de Zamora, redactadas en 1789. En principio, todas debían incluir las estadísticas parroquiales del número de matrimonios, de nacimientos y de defunciones «en un año medio». De hecho, por más que la mayoría procure satisfacer la petición de Zamora, no podemos decir que muchas resistan un análisis demográfico riguroso. Las únicas que ofrecen algunas garantías son las que presentan una relación precisa que abarca un período de cinco años, afirmando que se han basado en los registros del cura y que entre las defunciones se incluyen las de los niños. Así son, por ejemplo, las respuestas de Cervelló y de Badalona, aunque en estos casos no se concreta el número de población total año por año, viéndonos obligados a calcular tasas a partir de nuestra cifra de 1787.

Basándonos en esto, la natalidad de los años 1784-1788 debió ser de 36,8 por 1.000 en Badalona y de 36,4 en Cervelló. Por esas fechas en Barcelona era de 36,5. Estas concomitancias nos producen cierta tranquilidad y nos permiten ofrecer una cifra aceptable para el conjunto de esta extensa zona, muy densamente poblada. Cuando los pueblos citan un solo año —1788—, tras rigurosa consulta del registro parroquial, no suelen alejarse mucho de este valor: en Sant Boi la tasa es del 36,3 y en Prats del 37,9.

Bien es verdad que en Hospitalet-Sants es del 40 y que alcanza 42,6 en Torrelles como promedio de los cinco años 1784-1788, con una estadística que parece fiable y una nupcialidad (8,2) perfectamente verosímil. Todas las demás cifras —excepto dos, claramente arbitrarias— dan tasas mucho más altas, alcanzando y superando con mucho el 50 por 1.000. Nos preguntamos si es éste un dato a tener en cuenta. Puede significar simplemente que en esta zona de inmigración muy rápida, el hecho de relacionar los nacimientos de 1788 con la población de 1787 constituye de por sí una operación arbitraria, y que el censo de 1787 puede muy bien ser una infravaloración. Eso resulta ser cierto, por lo menos cuando las tres tasas (natalidad, mortalidad, nupcialidad) sufren deformaciones en el mismo sentido. No siempre sucede así, y puede darse el caso de un año con fecundidad excepcional, ya que, en las pocas series que poseemos, de un año para otro la variación del número de nacimientos es a menudo muy elevada; en Torrelles, la cifra puede ir de 9 a 17. A pesar de todo, la existencia de cifras altas y la absoluta falta de cifras inferiores a la tasa barcelonesa del 36,5 por 1.000 hacen pensar que ésta es un mínimo, más que una media indicativa para el conjunto de la provincia. Responde seguramente a las condiciones urbanas y suburbanas. Ya veremos que en las zonas rurales son frecuentes las natalidades por encima del 40.

En cuanto a la mortalidad, la tasa de Cervelló sigue ratificando la cifra de Barcelona: 27,7 por 1.000 frente a 27,9 para el conjunto de años de 1785 a 1787. La cifra de Badalona es claramente inferior: tan sólo el 24,5 por 1.000. Pero ya sabemos que las mortandades del tipo de las de 1784-1785, que repercuten en la mortalidad media barcelonesa, inciden de forma muy desigual en las localidades. Hay que pensar también que más de un pobre enfermo de Badalona iba a morir al hospital barcelonés. Eso es lo que explica ciertas tasas muy inferiores de mortalidad, aunque válidas sólo para un año: el 21 en Hospitalet-Sants, e incluso el 16,9 en Prat de Llobregat, en donde la natalidad es normal, por lo cual quien redactó allí la respuesta, al añadir la precisión «niños incluidos» tuvo real interés en confirmar la cifra aparentemente baja.

No obstante, también existen casos de elevada mortalidad que, al no responder a una natalidad o nupcialidad desmesuradamente altas, parece que tengan que ser aceptadas, por lo menos para el año 1788; un ejemplo de ello es la del 33,8 en Sant Boi. Podríamos rechazar la tasa del 39 en Castelldefels, frente a una natalidad del 34 aproximadamente, ya que las cifras absolutas que se dan son aquí una simple valoración. Pero resulta que la superioridad en el número de muertos respecto al de recién nacidos constituye una peculiaridad de este pueblo. Así se mantiene en el extracto del registro parroquial de 1800: 38 entierros frente a 20 bautizos. Además, es harto conocida la insalubridad de las lagunas de Castelldefels. Lo raro es que, pese a ello, se triplicara la población en tres cuartos de siglo.

Podemos obtener una última información sobre esta zona suburbana barcelonesa a partir de los extractos de los registros parroquiales de los años 1800-1802, que se conservan en los archivos diocesanos. Al carecer de datos pormenorizados sobre la población efectiva de cada pueblo en las mismas fechas, nada podemos deducir acerca de una eventual evolución de las tasas de natalidad y mortalidad. Pero cada vez que se hace posible la comparación con los años 1784-1788, resulta sorprendente la extraordinaria estabilidad del número de nacimientos entre ambas fechas.

Número de nacimientos

1788 (o media

1784-1788)

1800

1801

1802

El Prat de Llobregat

40

36

51

46

Torrelles de Llobregat

13,4

14

Viladecans

40

36

25

29

Sant Boi

92

96

118

98

Sant Joan Despí

15

17

Martorell

125

124 (1797)

96

122

Sant Andreu de la Barca

31,8

30

29

26

Castellví de Rosanes

«5 a 6»

8

4

8

Sant Esteve Sesrovires

«10 a 12»

12

12

11

Castelldefels

20¹

20¹

Sant Andreu del Palomar

156

158

Badalona

156

180

Nota: 1. Esta cifra puede parecer aproximada, y lo es, en efecto, para 1788 («19 o 20»); sin embargo, no lo es para 1800, donde la justificación se da por sexos y distinguiendo en cuanto a las defunciones entre niños y adultos.

Exceptuando Badalona, que acusa un notable incremento, confirmado por análogo crecimiento de la mortalidad, tenemos la impresión de un estancamiento. Al ser poco probable que la natalidad disminuyera al ritmo del aumento de población, parece que dicho aumento haya sido, a fines de siglo, menos notorio que antes de 1785-1788.

Pero lo que sí observamos en estos mismos años 1800-1802 es un incremento de la mortalidad. Véanse algunos ejemplos en los que aparecen los tres años, en el cuadro adjunto.

1800

1801

1802

Naci-

mientos

Defun-

ciones

Naci-

mientos

Defun-

ciones

Naci-

mientos

Defun-

ciones

Abrera

11

13

14

16

14

18

Castellví de Rosanes

8

4

4

3

8

12

Esparreguera

94

84

102

104

109

119

Martorell

124

90

96

172

122

92

El Prat de Llobregat

36

19

51

35

46

30

Sant Boi

96

88

118

83

98

72

Sant Andreu de la Barca

30

26

29

28

26

22

Sant Esteve Sesrovires

12

7

12

9

11

19

Sant Feliu de Llobregat

69

39

67

58

59

34

Viladecans

36

51

25

38

29

58

516

421

518

546

522

476

Entre las parroquias que han citado sólo el año 1800, el saldo no siempre es favorable: Castelldefels, 38 defunciones frente a 20 nacimientos; Sant Climent de Llobregat, 49 defunciones frente a 31 nacimientos; Sant Vicenç dels Horts, 64 frente a 67. Vemos que, a veces, el año malo es 1800, otras 1801 y otras 1802, aunque el peor sea 1801. Como es lógico, nada tiene que ver con las pestes de antaño. Pero son tres años prácticamente perdidos en cuanto al crecimiento natural de la población.

Así pues, tanto en Barcelona como en las afueras, el intenso movimiento de concentración humana, cuyo auge parece haberse dado entre 1770 y 1797, pierde empuje en las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX, incluso antes de que la invasión napoleónica acarree importantes destrucciones que afectarán a varias localidades suburbanas.

Pero desde 1787 la masa humana agrupada en torno a Barcelona y en la desembocadura del Llobregat era ya tres veces más densa que en los primeros decenios de la centuria. Dentro de las dos comarques del Barcelonès y del Baix Llobregat, los únicos pueblos que no duplicaron su población eran los que, por su peculiar emplazamiento o por su alejamiento, habían escapado al poder de atracción de la capital, como Vallvidrera, refugiada entre colinas, y Abrera o Sant Esteve Sesrovires, a las que ya no podemos considerar periferia barcelonesa.

c) El poblamiento del litoral

1) La Marina, de Barcelona a Blanes. A fines del siglo XVIII, la actividad marítima y la riqueza de los regadíos litorales daban tal lustre de prosperidad a los pueblos de la costa catalana llamada «de Levante», que producía en los contemporáneos tan viva impresión como los progresos de la aglomeración barcelonesa. Es el segundo punto de Capmany. Según él, la población de los pueblos de la marina se habría triplicado y a veces quintuplicado, al igual que en las zonas próximas a Barcelona.

Aquí, sólo en raras excepciones las cifras apoyan a los textos. En nuestra comparación numérica de 1718-1787, únicamente el pueblo de Premià llega a alcanzar un índice de crecimiento que nos permite equipararlo al de los alrededores de Barcelona. Y dicho índice del 710 aparece tan aislado que nos hace temer una equivocación, o quizás alguna modificación dentro de los límites municipales que hubiera pasado desapercibida y que obligaría a atribuir este incremento a una superficie más extensa. Inmediatamente después hallamos índices —notables aún— del 343 y 342 en Calella y Arenys de Mar. Pero siguiendo la distribución moderna que hemos adoptado, de los 22 municipios de la comarca litoral llamada el Maresme sólo 10 sobrepasan el índice de crecimiento medio del conjunto de Cataluña. Entre 1718 y 1787 se duplica prácticamente la población global de la comarca, pero sólo eso. ¿Habrá que admitir, pues, que fueron falsas las impresiones de los contemporáneos y que esta franja litoral, hoy tan viva y tan densamente poblada (260 h/ km²), no conoció en el siglo XVIII un crecimiento demográfico especialmente intenso?

En realidad, para tener elementos de juicio, son imprescindibles dos observaciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, pese a la reducida extensión de esta pequeña zona, se compone, como los alrededores más próximos a Barcelona, de dos tipos de terrenos claramente opuestos: las playas, las tierras de aluvión y las fértiles terrazas en donde puede concentrarse la población, y, por otra parte, los montes de esquisto, de pobre vegetación natural. Algunos pueblos, alejados del mar y en los que predominan el monte bajo y los bosques de pinos, se encuentran casi en las mismas condiciones que los pueblos de montaña. Los incrementos de población que se escalonan entre un 20 y un 66 por 100 —los de Dosrius, Orsavinyà, Argentona y Tordera— recuerdan los de la alta Cataluña interior, en los que el crecimiento natural se ve compensado por una fuerte tendencia a la emigración. Tendencia que, como es lógico, se acentúa aún más cuando el atractivo litoral se halla cerca. En la comarca del Maresme, sucede a pequeña escala lo que ocurrió, a gran escala, en el Principat, e incluso en España entera: una redistribución del poblamiento favorable a las áreas periféricas. De hecho, esta tendencia se da a veces en distancias más reducidas en el interior mismo de territorios municipales algo extensos, en los que la población ha bajado de las zonas altas a las playas, hecho que no queda reflejado por nuestras cifras, fijadas por municipios. La sensación de hervidero humano, de rápida multiplicación de hombres, que impresionó a los contemporáneos, les viene, en realidad, de la simple contemplación de las playas y de los pueblos de la costa, que sufrieron un engrosamiento más vigoroso (véase Apéndice, fig. 3).

También se explica por el número relativamente importante de hombres allí concentrados. En 1718, el Maresme era, con mucho, la comarca catalana con mayor densidad de población. Para ésta, el duplicar la población supone una ganancia de unos 20.000 habitantes, y el pasar de una densidad de 50,5 h/ km² a una densidad de 100,4, es decir, de una densidad ya alta a otra fuera de lo común para aquella época, con una distribución interior muy desigual; de hecho, alcanzaron un número muy superior a 20.000 los nuevos pobladores que vinieron a instalarse, durante tres cuartos de siglo, a lo largo de la ruta litoral más frecuentada, en una franja de tierra no más ancha de 2 km y, a menudo, más estrecha. No existe, pues, contradicción alguna entre nuestras cifras y las impresiones de los contemporáneos, recogidas en el transcurso de viajes (que solían ceñirse por lo general a la costa). Por otra parte, esta sensación se asemeja a la nuestra actual, ante este «pueblo continuo» que se extiende hoy de Barcelona a Blanes. Pero la concentración de población en el litoral, que tal vez empezara a esbozarse ya en tiempos de la Paz Romana, les parecía a los hombres del siglo XVIII una realización de su época. En sus «excursiones» de 1786, 1787 y 1790, Francisco de Zamora señala, e intenta a veces fechar, el desdoblamiento de los antiguos pueblos de la parte alta interior y el nacimiento de sus barrios marítimos:

Se pasa por los términos de Tiana, Avellatayá (Alella, Teià), Premiá, Villara (Vilassar), Cabrera, cuyos pueblos distan media legua de la Marina, algunos de los quales tienen su vezindario a la orilla del mar tan crezido como los mismos pueblos. El vezindario de Tiana se llama las Casas de Montgat, el de Atella (Alella) las Casas de Mar, el de Tayá Masnou, el de Premiá el vezindario de Mar y el de Villasar tiene su solicitud de eregirse en pueblo separado de la matriz baxo el nombre de San Juan de Villasar de Mar. Estos mismos vezindarios todos son de esta zenturia o por mejor dezir desde el año de 30 ...

Y, según concluye Zamora, es de esperar la formación de «marinas» del mismo tipo en lugares donde no se perfila aún ni el esbozo inicial.

Según los datos recogidos en 1787, en el transcurso de una segunda excursión, el ritmo del movimiento se había acelerado, en especial a partir de 1750; desde «como mucho hace treinta años» y «sobre todo desde hace veinte» años tan sólo entre Barcelona y Mataró se debieron de construir 2.000 casas.

El viaje de enero de 1790 encamina de nuevo a nuestro administrador hacia la costa. Esta vez nos ofrece una versión más concreta. Aunque sólo nos dé el número —y muy aproximado— de las casas de cada pueblo, resulta fácil reconocer las mismas proporciones de crecimiento de nuestro censo. Pero obtenemos, de paso, valiosas informaciones acerca de la dinámica de los últimos años y sobre el empleo de los habitantes, lazo de unión entre demografía y economía. Caldetes (Caldes d’Estrac) tiene 100 vecinos y «crece extraordinariamente»; un centenar de mujeres se dedican allí a trabajos de género de punto. Arenys tiene 1.000 casas en su barrio marinero; 1.500 mujeres hacen allí labores de puntilla, y los marinos matriculados son en número de 740; en diez años se construyeron 200 casas, y además el pueblo es casi todo de nueva creación; según nos dice Zamora, sólo queda un reducidísimo núcleo de casas antiguas, fácilmente reconocible; de hecho, el verdadero núcleo primitivo es Arenys de Munt, el pueblo de la parte alta, que cuenta también con 1.000 casas. En este punto, Zamora se equivoca al exagerar la importancia del casco antiguo y la novedad del barrio marinero, pero nos proporciona la observación directa del viajero. Canet, también junto al mar, tiene una población algo inferior a Arenys de Mar: 800 casas, unas mil trabajadoras textiles y 500 marinos matriculados; trasladaron al cura de la parroquia de Vilalba, pueblo del interior, para atender las necesidades de Canet, debido a los recientes incrementos de población. Más modesto es Sant Pol, con sus 200 casas, pero muy activo, contando con 150 marinos y 300 obreras. Calella aparece como la villa de crecimiento más ordenado, cosa no muy frecuente, según Zamora. Tiene 550 casas; según nos cuentan, el marinero solía casarse tras su primer viaje a las Indias y levantar su casa tras el segundo. Pineda vivía más de espaldas al mar; sobre 350 casas, sólo cuenta con 100 marinos matriculados; los hombres trabajan como agricultores, mientras que 750 mujeres son encajeras. Malgrat —que, según otro viajero, está peor construida que los pueblos vecinos— es no obstante una «villa nueva», siendo su primer nombre Vilanova de Palafolls, ya que era Palafolls, situado en la parte alta, el pueblo de origen; desarrollado para asegurar la salida de los granos, vinos, maderas y carbones que producían las colinas circundantes, Malgrat cuenta, en 1790, con 300 casas y 200 marinos matriculados. Llegamos por fin a Blanes, en la desembocadura del valle del Tordera y del corredor de la Selva, pequeño puerto de pesca y playa de construcción de aparejo naval, cuyo origen se remonta a muy antiguo, aunque se viera maltratada por las guerras del siglo XVII; Zamora le asigna 900 vecinos; según nuestros censos, entre 1718 y 1787 pasó de 1.829 a 3.783 habitantes.

En esta enumeración hemos dejado al margen Mataró, capital y principal puerto de la comarca. Al atribuirle Ponz, en su Viaje, 9.000 habitantes, se quedó ligeramente por debajo de la verdad. Pero en 1718, Mataró contaba con unos 6.000 pobladores. El crecimiento, relativamente bajo aquí, se explica por el punto de partida, mucho más alto de lo común. Ya hicimos hincapié en los tiempos de gran prosperidad que, entre 1685 y 1710, vivió Mataró, llegando a ensombrecer a la propia Barcelona. Tras la guerra de Sucesión, que afectó gravemente a destacadas personalidades de su economía, Mataró padeció, según parece, una etapa bastante larga de estancamiento, convertida en refugio de un rencoroso grupo de oposición. Su ulterior desarrollo no fue comparable al de Barcelona, ni siquiera al de playas como Arenys o Blanes, en cuanto que no conservó la relativa superioridad adquirida a principios de siglo. Entre 1718 y 1787 pasa a ocupar el quinto puesto, en lugar del segundo, entre las ciudades de Cataluña. No obstante, alberga a unos 4.000 habitantes más; sus coquetonas casas nuevas llaman la atención de todos los viajeros a fines del siglo XVIII.

El caso del Maresme, cuyo índice de crecimiento es inferior a la media del Principat y que, sin embargo, da a los contemporáneos la impresión del mayor movimiento de concentración humana después de Barcelona, nos induce a buscar una expresión cartográfica que no sea sólo la de los índices de crecimiento (en donde se ponen de relieve sobre todo las repoblaciones), ni simplemente la de las densidades (en la que las dos visiones —1718 y 1787— guardan paralelismos fundamentales), sino la del número de habitantes ganados por km², perfilándose así la atracción que ejercen las distintas zonas, así como las necesidades, tanto de empleo como de hábitat, que implica el crecimiento demográfico. En un mapa de este tipo, con una ganancia de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, el Maresme recupera de nuevo el segundo puesto detrás de Barcelona, tal como ya se lo habían atribuido espontáneamente los observadores de la época.

En efecto, otras áreas que partieron de densidades inferiores, a pesar de haber triplicado o cuadruplicado su población, no ganaron tantos moradores. Pero se mire donde se mire, tanto de Blanes a la frontera francesa como de Castelldefels a los límites de Valencia, existe por doquier una clara ventaja de las zonas litorales y de los pequeños puertos.

2) De la Costa Brava al Baix Empordà y al cabo de Creus. Las características del litoral catalán ya no son las mismas de la desembocadura del Tordera y de Blanes a la frontera francesa, que en las playas del Maresme. Las calas de la Costa Brava y del cabo de Creus pueden resultar excelentes para la ubicación de pequeños puertos, pero la vida marítima —y la vida humana, a secas— pueden darse sólo de una forma aislada y discontinua. Una montaña dura, de granito o de esquisto, se eleva directamente sobre el mar. Únicamente en la costa del Baix Empordà, en la bahía del golfo de Roses, aparece una larga franja arenosa y una zona pantanosa. Resulta difícil de aceptar la idea de la herencia del viejo puerto de Empúries enarenado.

Al norte del Tordera desaparece pues el fenómeno del desdoblamiento de pueblos. Desarrollados sobre sí mismos, con exiguas tierras municipales, los pequeños puertos de la Costa Brava crecieron, en el transcurso del siglo XVIII, relativamente más aprisa que los del Maresme. Entre 1718 y 1787, Lloret pasa de 819 habitantes a 2.573; Tossa, de 564 a 1.303; Sant Feliu de Guíxols, de 1543 a 5.090; Sant Joan de Palamós, de 249 a 762; Palamós, de 667 a 1.635; Begur, de 902 a 1.911, y Palafrugell, junto con sus anexos marítimos de Calella y Llofriu, de 821 a 2.609: en siete pequeñas ciudades costeras, la ganancia supera los 10.000 habitantes.

En el plano de lo concreto, observamos el mismo impulso demográfico en las anotaciones de Zamora y en las concesiones de terrenos urbanos consignados en la Bailía real. Según Zamora, Lloret debió tener un crecimiento tardío, «después de la guerra de Saboya»; si ocurrió así, su población debió de triplicarse en unos sesenta años. Tossa, con unas 500 casas existentes en 1790 —lo cual ratifica nuestro censo— debía tener 80 de casco antiguo; en el mismo año, en Sant Feliu de Guíxols, «es increíble el número de casas en construcción», junto a las 1.200 ya existentes, que albergan a 1.500 marinos matriculados. Respecto a Sant Feliu, Zamora añade un dato que ha obtenido del cura y que citamos aquí con todas las reservas, ya que no hemos conseguido ningún otro dato de este tipo en dicha zona. En 1789 parece que se dieron en la parroquia de Sant Feliu 170 nacimientos, es decir, una natalidad del 33 al 34 por 1.000, y tan sólo 90 defunciones, cifra mucho más inverosímil. Seguramente se refiere sólo a los muertos adultos. Pero entonces deberíamos doblar la cifra, lo que no sería nada raro en un año de carestía como aquél. Es lástima no disponer más que de esta información, poco segura, ya que nos hubiera gustado poder discernir lo que esta zona costera debe a la inmigración y lo que debe a su fecundidad natural.

Podemos comprobar por doquier los efectos concretos de la expansión, como por ejemplo la construcción, en Palamós, en 1790, de un nuevo barrio en la playa, origen del actual Sant Antoni. A pesar de su situación interior y elevada, Palafrugell debe, como veremos, los éxitos de su naciente especialización industrial a sus contactos marítimos; la ciudad se salió de las antiguas murallas a partir de 1731; en 1790, cuenta con 600 casas; en 1797, siguen apiñándose las edificaciones interiores.

También se despertó definitivamente, tras largos siglos de sopor, la llanura litoral ampurdanesa. Si bien en 1790, L’Estartit, puerto de Torroella de Montgrí, cuenta sólo con 80 casas, todas ellas fueron construidas en el siglo XVIII. L’Escala es una realización del siglo XVII. Pero cuando, en 1682, trasladaron allí el Santo Sacramento del pueblo abandonado de Sant Martí d’Empúries, L’Escala tenía sólo 18 casas; un siglo más tarde, cuenta ya con 500; el censo habla de 1.383 habitantes, y ya no se para de construir. Mientras Sant Pere Pescador tan sólo duplica su población, Castelló d’Empúries la multiplica por 2,3, y Roses, por la influencia del cabo de Creus, primer puerto que se ve libre de la amenaza del enarenamiento, multiplica la suya por 5: 377 habitantes en 1718 y 1.952 en 1787.

La península del cabo de Creus, escasamente poblada hacia 1718, parece haber superado, a fines del siglo XVIII, la cifra de población que mantiene hoy en día. A partir de 1787, Cadaqués consigue llegar a los 1.600 habitantes. Por las mismas fechas, el barrio marinero de la Selva, cuyo asentamiento principal se halla a una media hora hacia las tierras del interior, se ha convertido en un pequeño puerto de 187 vecinos, que se vale de su desarrollo ininterrumpido para reclamar el privilegio de «villazgo», logrando por cierto obtenerlo. Nos encontramos de nuevo con el fenómeno del desdoblamiento, que plantea aquí alguna que otra dificultad; en efecto, los del pueblo del interior, celosos, mandaron derruir la iglesia edificada en «Port de la Selva», a pesar de que, según Zamora, el pueblo del interior había pasado, en unos pocos decenios, a tener 130 casas en lugar de 4 o 5 masies.

En la zona del cabo de Creus y en las proximidades de la frontera francesa, nada hace pensar que el crecimiento de las localidades del litoral se haya realizado en detrimento de las del interior. Así como existen, en la costa, auténticas realizaciones, existen también, algo más adentro, a lo largo de la carretera de Francia, en dirección a Pertus, casos de «repoblación», de sistemática colonización agrícola. Como ejemplo de realización litoral, junto a Port de la Selva, hay que citar Portbou. La fundación de este pueblo fronterizo, en 1800, se debe a la combinación conjunta de un factor espontáneo y de un estímulo oficial: pescadores y calafates de Begur y de Sant Feliu utilizaron primero la pequeña playa para sus trabajos, instalando viviendas provisionales y roturando trozos de tierra; en 1801, el abad de Besalú, señor de estas montañas solitarias hasta hace poco, pide la autorización para cederlas oficialmente en enfiteusis a sus ocupantes; a cambio de toda clase de ventajas, unas familias contraerán la obligación de roturar y edificar. La Audiencia aprueba la creación de este pueblo fronterizo, como útil defensa para evitar el contrabando.

Pero no es éste el único caso provocado tan sólo por el fenómeno de la frontera. Unos treinta años antes, mucho más allá de Portbou y no lejos de una playita, había nacido, esta vez con una finalidad esencialmente agrícola, otra pequeña aglomeración gracias a la iniciativa directa de un «labrador» de Garriguella: 11 casas construidas en 1770, y más tarde 24; el labrador se vio recompensado con un privilegio de nobleza. En 1790, el nuevo pueblo de Sant Miquel de Colera contaba con 40 casas. Observaremos, de todas formas, que faltaba mucho para los cuatrocientos o quinientos vecinos previstos en 1770, en el programa inicial, a fin de que roturaran el terreno desaprovechado. No obstante, algunos habitantes de Roses, ciudad cuya ampliación se hacía difícil debido a la necesidad militar de mantener las murallas (ya sabemos que la población se había quintuplicado), tenían el proyecto de fundar a su vez otro pueblo, en las proximidades de Sant Miquel, el que más tarde sería Sant Quirze de Colera.

En Vilamaniscle, no lejos de Garriguella, se da otro hecho de colonización: el pueblo pasa de tener 18 moradores en 1718 a 240 en 1787. No olvidemos que en esta zona limítrofe entre la Albera y la llanura del Empordà, el señuelo de las minas —de hierro, plomo y carbón— podía atraer a la población. Pero incluso en las tierras fértiles y llanas reinaba la impresión de haber sufrido una despoblación —debida en parte a las recientes guerras— que era preciso tratar de vencer. A pesar de haber duplicado su población en 70 años, Perelada, con sus 500 vecinos (1.439 habitantes), consideraba que le harían falta 700 para la explotación completa de sus tierras. Así se explican, en el mapa de los índices de crecimiento demográfico de 1718-1787, las características propias de la comarca fronteriza del Alt Empordà: del lado de España y la frontera pirenaica se agrupan los municipios con bajo índice de crecimiento, mientras que en las proximidades del mar y a lo largo de las carreteras que llevan a Francia, los pueblos, antigua o recientemente despoblados, debido a los piratas y a las invasiones, ven duplicado, triplicado, quintuplicado y a veces enteramente creado de nuevo su poblamiento. Las vías que antaño seguían las fuerzas destructivas son ahora —hasta la invasión napoleónica— usadas por los intercambios vivificadores.

También aquí hay que completar el mapa de los índices de crecimiento con el de las densidades y el del número de habitantes ganados por km². Así aparece el contraste entre Alt Empordà y Baix Empordà: en 1718, el primero tiene un bajo índice de densidad, 15,3 h/km². A pesar de haberse duplicado en 1787 y de que casi todos los pueblos han ganado por lo menos un 25 por 100 de un censo a otro, esto supone tan sólo una ganancia de 16,7 h/km². Por el contrario, en el Baix Empordà, en 1718 la densidad rondaba los 25 h/km², siendo por lo tanto bastante alta para la época. En 1787, recién duplicada, sobrepasa los 48 h/km², lo que la acerca claramente a la densidad moderna, a la que se sigue registrando en la zona, lo cual representa una ganancia de 23,5 h/km², una de las más importantes de Cataluña. Debido a que los municipios del interior, inmersos en un monte bajo cubierto de alcornoques, aumentaron muy poco y a veces perdieron, encontramos aquí de nuevo las mismas condiciones que en el Maresme: una impresionante concentración humana en el litoral. En determinados puntos, algo más adentro, a la atracción de los puertos de mar se unió el fenómeno de los arrozales, de consecuencias demográficas contradictorias, con despoblación de granjas y aldeas junto a una concentración de mano de obra en las lindes de los bosques. Volveremos sobre este tema.

3) Del delta del Llobregat al delta del Ebro. Al sudoeste de Barcelona, el litoral cumple el mismo relevante papel en el crecimiento y redistribución de la población catalana. Salvando dos o tres excepciones, en la «costa de Poniente», entre el delta del Llobregat y el del Ebro, todas las localidades costeras presentan índices de crecimiento superiores al índice medio catalán, sobrepasando a menudo el de 300.

No obstante, a partir del Camp de Tarragona, esta observación no resulta tan clara como para la costa de Levante, que acabamos de describir. En efecto, el aumento de la población del litoral se inserta aquí dentro de un fenómeno más amplio: una verdadera repoblación de la parte occidental del Principat. Ello explica que, entre 1718 y 1787, la zona del interior de las comarcas de Tarragona, Reus o Tortosa, sufra un aumento de población más rápido que el litoral. Pero una vez más, este ritmo rápido no significa en absoluto que a mayor efecto de concentración humana le corresponda mayor índice de crecimiento. A fines del siglo XVIII, sigue siendo en el litoral donde se dan, con relación a la época, densidades impresionantes, relativamente próximas a las densidades actuales. La pequeña comarca de Garraf, con una ganancia de 31,7 h/km², alcanza 52,5; la de Reus (Baix Camp), con una ganancia de 38,2, alcanza 56,5, y la de Tarragona, con una ganancia de 45,2, llega a 79,3.

No disponemos para esta zona de las confirmaciones de visu que nos proporcionaba Zamora para la zona de la que hemos hablado anteriormente. De todas formas, no nos cabe la menor duda de que si existieran testimonios e índices concretos, sólo servirían para ratificar nuestras cifras. El crecimiento de las pequeñas capitales del Penedès vitícola, aunque muy desigual de una a otra, había llamado la atención de los contemporáneos: Vilafranca, capital del interior, tiene un índice de 200; Vilanova, capital marítima, un índice de 348, y el Vendrell, sede del mercado de vinos y aguardientes, muy cercana al mar, tiene un índice de 408. A pesar de que las playas de Poniente no se parezcan en nada a las de Levante en cuanto a la construcción de pequeñas embarcaciones, Sitges, Cambrils y Tarragona van ampliando su barrio marinero y sus tiendas, según lo acreditan las concesiones de terrenos del Patrimonio Real.

Se nos podrá objetar que algunos puertos como el de Salou, tan célebres en la Edad Media como la propia capital y en pleno servicio todavía hacia 1700, ven aminorar su relativa importancia, debido a la insalubridad de sus playas, convertidas en simple fondeadero, y a la falta de un canal o de una buena carretera para sus relaciones con el gran mercado interior de Reus; hacia 1780, Salou se suma a la lista de parajes «despoblados». Pero si observamos que Vilaseca, municipio del que depende Salou, vio casi quintuplicada su población entre 1718 y 1787, deberemos admitir que las insuficiencias del puerto de Salou no fueron obstáculo para desarrollar su actividad de crecimiento y de foco de atracción de hombres; impidieron simplemente que se instalaran en la misma playa. Aunque al igual que Mataró Tarragona crezca con menos rapidez que los demás puertos, pasando a ocupar el sexto puesto en lugar del cuarto entre las ciudades de Cataluña, el impulso de pueblos vecinos, como Mas Ricart y La Canonja, pone de manifiesto la existencia de un auténtico cinturón suburbial.

Por último, más allá de las costas del Camp, en la zona de Tortosa, carecemos tanto del censo pormenorizado de 1787 como de testimonios descriptivos de algún valor. Pero existen signos localizados no sólo de un crecimiento de la población, sino de realizaciones, de repoblaciones, de colonizaciones privadas u oficiales, fundadas además casi siempre en el precedente de alguna actividad espontánea. Este hecho va ligado aquí a la formación de los deltas: a medida que se van depositando y desecando los aluviones, atraen, en período de impulso demográfico, a los hombres que buscan tierras cultivables. Y de vez en cuando, se presenta un colonizador para organizar la conquista. Un ejemplo lo teníamos en el mismo delta del Llobregat, cerca de Gavà.

Tenemos otros más importantes en la desembocadura del Ebro. A partir de 1740, cerca de Alcanar, asistiremos a la creación, total y completa, de un pueblo costero, del que se nos dice que será útil para la seguridad de la navegación marítima. Pero como también hay que poner remedio a los desastres de la guerra, y al ser «labrador» el pionero y campesinos los recién asentados, pensamos que en esta repoblación el impulso demográfico natural y el afán de tierras desempeñan un papel más importante que la preocupación por la navegación. Nos lo confirma el interés ininterrumpido que se suscita en torno a las islas del Ebro formadas por aluvión continuo, en las que se instalan por propia iniciativa los jornaleros agrícolas, y en las que es frecuente la discusión de concesiones, a menudo revisadas; pero ya estudiaremos este apartado al hablar de la extensión de los cultivos. Un tercer hecho del mismo tipo se da con la creación —real esta vez— del puerto de Sant Carles de la Ràpita, en 1780. La intención del rey es la de mantener un puerto militar y comercial en la desembocadura del gran río, en aquella bahía de los Alfaques en donde se concentraba antaño la flota de los reyes de Aragón. Trece años después de las cartas de fundación, cuando Bourgoing pasó por allí, habían sido construidos dos bellos edificios y una hilera de casas todas parecidas; habían sido distribuidos 2.000 «jornales» de tierra; pero en esta empresa no fue el puerto lo que tuvo éxito, y habrá que esperar más tiempo para que el Ebro sea navegable. La que creció fue Amposta, de la que se cultivan las tierras concedidas. Aún en 1803, sigue siendo todo igual.

Por su parte, Tortosa, capital regional, se desarrolla sin que pueda atribuirse su crecimiento a una hegemonía comercial o industrial especialmente destacada. El hábitat disperso, casi rural, de su extenso territorio municipal es el que absorbe a la mayoría de sus nuevos habitantes. Hay gran número de labradores incluso en la ciudad vieja. Entre tanto, esta ciudad agrícola se ha convertido, en 1787, con sus 16.000 habitantes (por lo menos 10.000 más que en 1718) en la segunda ciudad de Cataluña. Cifras sorprendentes, aunque confirmadas por los registros del Patrimonio Real, en donde quedan reflejados algunos fenómenos de desarrollo urbano. En 1780 se están edificando simultáneamente varios barrios. En 1781, en el de los Capuchinos, se abre una panadería, ya que su población «crece cada día». La concesión está subordinada al «plan de extensión» regulado por el municipio. En 1799, otro barrio, el de Sant Vicenç, está ya más poblado de lo previsto por sus constructores y hace falta otra panadería. El mismo año, un «labrador» reparte un extenso huerto por parcelas en las que se construyen 12 casas nuevas que, según sus palabras, suponen el nacimiento de un nuevo barrio. Este desarrollo prosigue, por lo menos, hasta el último año del siglo.

En conclusión: de 1718 a 1787 la población de los 66 municipios catalanes de la costa, entre la Albera y el río Sénia, pasa de los 90.000 al orden de los 270.000 habitantes, de un 22 a un 30 por 100 aproximadamente de la población total del Principat. Incluso sin contar Barcelona en estos cálculos, siguen siendo unos 100.000 habitantes los que se agolpan en estas terrazas, playas y deltas de unos pocos kilómetros de amplitud, en los que se alzan unos cerros secos y boscosos, y que hasta hace poco estaban cubiertos de zonas pantanosas. Al litoral le corresponde sin duda la parte más importante del progreso demográfico del siglo XVIII. Así queda estructurado uno de los rasgos más impresionantes de la Cataluña moderna.

d) El poblamiento del interior: despoblaciones y repoblaciones

No obstante, esta concentración en el litoral no tiene suficiente vigor como para asimilar (incluso suponiendo que todos los inmigrantes hubiesen sido catalanes) las ganancias naturales de población del interior del Principat. Como hemos visto, Capmany no creía que esta concentración se hubiese alimentado de «la decadencia de otras poblaciones, pues todas en general, incluso las más interiores del Principado, han recibido aumentos considerables».

Pero ésta es la opinión de un hombre refleXIVo y bien informado. Mucho más extendida era la común creencia de que las tierras altas de Cataluña se despoblaban. Quienes recelaban de los inmigrantes míseros se complacían en reprocharles el que estuviesen convirtiendo en un desierto su lugar de origen.

Gracias a los mapas que hemos trazado, podemos dilucidar la verdad entre estas afirmaciones de los contemporáneos. A escala de los corregimientos del siglo XVIII, e incluso a la de circunscripciones más pequeñas, como los «partidos» actuales o las «comarcas» de 1936, no se observaba despoblación. En nuestro mapa por comarcas, la menos favorecida (que resulta ser la de Sort, de la zona más montañosa) gozó, entre 1718 y 1787, de un aumento de población de un 20 por 100, con lo que parece que Capmany estaba en lo cierto.

De todas formas, una ojeada al mapa por municipios nos lleva a matizar su opinión. A partir de las características de este siglo, hemos considerado estancamientos todo aumento inferior al 25 por 100, a la vez que toda disminución inferior al 10 por 100, para dejar cierto margen de duda. Si una localidad se encuentra por debajo del índice 90 (100, para 1718), podemos decir que ha empezado a dar serias muestras de decadencia demográfica. Y no es despreciable el número de poblaciones de estas características: un 5,7 por 100. Pero lo interesante es que se hallan agrupadas entre sí, y con los municipios en vías de estancamiento (índices de 90 a 124), de tal manera que no es posible verlo como fruto del azar. De las nueve «regiones» de la clasificación de 1936, que es la que hemos seguido, seis —las de Gerona, Barcelona, Tarragona, Reus, Tortosa y Lérida, que cuentan con 727 municipios— sólo cuentan en conjunto con diecinueve índices inferiores a 90. Y de entre ellos siete se hallan en un grupo compacto de municipios en vías de estancamiento, en los límites del Vallès oriental, en torno al Montseny, mientras otros tres, en las mismas condiciones, se encuentran en los límites de la Segarra. No existen prácticamente casos anormales. En cambio, en las otras tres regiones, las de las altiplanicies del interior y de los Pirineos, más del 12 por 100 de los pueblos se hallan en franca decadencia, formando significativos agrupamientos. Por lo tanto, en pleno impulso demográfico del siglo XVIII, se inician ya hechos de despoblación a escala local.

Pero encuentran su compensación (y éste es el rasgo que mejor pone de manifiesto nuestro mapa) en un fenómeno masivo de repoblación que no tiene ya valor local, sino regional; trazando una línea recta que iría aproximadamente desde el Vendrell, en la costa, hasta Camarasa y Ager, al pie del Montsec, separaríamos de forma curiosa dos zonas totalmente opuestas, desde el punto de vista demográfico: en el noroeste, una cadena de municipios con bajo crecimiento de población, con índices por debajo de 175 y muy a menudo de 125, mientras que en el sudoeste son excepcionales los índices por debajo de la media; la mayoría se halla por encima de 300, hay unos treinta municipios cuya población ha rebasado el quíntuple y cuatro casos de total recolonización. Si añadimos a esto que, fuera de esta zona, incluso a veces en pleno Pirineo, podemos localizar algunos agrupamientos de alto crecimiento, deberemos admitir que el problema de la redistribución regional de las ganancias de población no queda en modo alguno resuelto con la atracción por el litoral. Se da igualmente esta redistribución en pequeñas áreas claramente diferenciadas, en el seno de la Cataluña interior.

1) Las zonas de repoblación del sudoeste y del oeste. En el sudoeste, la zona misma de repoblación se compone de «comarcas» bastante distintas: 1) las tierras bajas de Amposta y de Tortosa, que ya hemos tratado al hablar del litoral, a la vez que aclarábamos que el crecimiento demográfico parecía estar aquí más relacionado con un aprovechamiento de nuevas tierras que con esta situación de ventaja; 2) los corredores y cuencas de la zona montañosa prelitoral: L’Alt Camp en torno a Valls, la Conca de Barberà en torno a Montblanc, el Priorat alrededor de Falset, la Ribera d’Ebre alrededor de Mora, tierras accidentadas, aunque variadas, con bellos fondos de valle, con terrazas especializadas actualmente en ricos cultivos arborícolas y vitícolas, y 3) el oeste propiamente dicho, que se centra en el gran valle del Segre, en realidad una extensa llanura seca y calcinada, fecunda si se la riega, pero de una producción irregular o nula si se la deja en su estado natural.

a) La zona prelitoral: L’Alt Camp, la Conca de Barbera, el Priorat. No disponemos de descripciones o de testimonios concretos que ratifiquen el impulso demográfico de estas comarques; al no hallarse especialmente despobladas a principios de siglo, ni superpobladas a finales, no despertaron la curiosidad de sus contemporáneos, teniendo en cuenta además que se encontraban algo alejadas de las vías de comunicación. Esto hace aún más sorprendente su impulso, cuya homogeneidad casi no permite pensar en la hipótesis de un posible error en la información. Por otra parte, la sorpresa ante algunas cifras, como el caso de La Riba, que entre 1718 y 1787 pasó a tener 552 habitantes en lugar de 84, se explica casi siempre por algún hecho conocido: aquí concretamente por la rápida floración de la industria del papel. Queda por señalar que l’Alt Camp es la única comarca no litoral que, partiendo en 1718 de una densidad superior a la media, alcanza un índice de crecimiento global superior a 250. Gana unos 30 habitantes poco más o menos por km², aproximándose de forma singular, a partir de 1787, a las densidades actuales: 47 h/ km², frente a 55,7 en 1936. Dentro del islote perfectamente delimitado que engloba los municipios vecinos de Bràfim, Alió, Masllorenç, Puigpelat y Vilabella, la población llegó a incrementarse en más del cuádruple.

Menos directamente influenciadas por el litoral, las comarcas de la Conca de Barberà (Montblanc) y del Priorat (Falset) se hallaban en 1718 mucho menos pobladas que l’Alt Camp: 11,6 h/km² en la zona de Montblanc y 7 en la de Falset. La población de la primera se multiplica por 2,5 y la de la segunda por 3,5, lo cual supone una ganancia más o menos similar por km² (18,1 y 19 h/km², respectivamente) y dos densidades del mismo orden, en 1787 (29,7 y 26). Debemos señalar que se trata de zonas reducidas y que estos aumentos se efectúan sobre cifras iniciales muy bajas. Si aceptamos la hipótesis —que hemos apoyado— de que la población se duplicó por movimiento natural fijaremos en unos 4.000 el número de inmigrantes en la Conca de Barberà y en 6.000 el de los inmigrantes en el Priorat, o sea, de 1718 a 1787, 57 por año en el primer caso, 85 en el segundo —y en realidad mucho menos, ya que los inmigrantes, conforme llegaban, iban participando en el movimiento demográfico natural. Para explicar esta inmigración, basta con suponer la existencia de un factor de atracción y de oportunidades de empleo. Y, por lo menos en el Priorat, existen estas oportunidades, ya que la actividad agrícola se ve fomentada por la calidad del viñedo, productor de los vinos más generosos, exigidos en cantidades cada vez mayores por el gran comercio de Reus; resulta igualmente claro que, a principios de siglo, con una densidad de 7h/ km², las tierras no podían ser cultivadas en su totalidad. Debió de producirse —como efectivamente se produjo— su concesión a rabassa morta, lo cual explica el crecimiento de estos pueblos que pasan a tener 233 habitantes en lugar de 51, 174 en lugar de 38, 1.005 en lugar de 237, 1.982 en lugar de 410, etcétera. Se puede hablar de una especie de recolonización vitícola, de la que ya habíamos visto algunos casos aislados en el Empordà, no lejos de la frontera francesa.

Lo importante es señalar que en el conjunto de una zona, que se extiende desde el litoral tarraconense hasta la Ribera d’Ebre, el período que va de 1718 a 1787 sienta prácticamente las bases del poblamiento actual, con el que queda asegurada una excelente explotación agrícola, con densidades no mucho más elevadas. También en este caso, una simple ojeada al importante campo de la demografía sirve para demostrarnos que los fundamentos de la Cataluña moderna son obra del siglo XVIII.

b) La llanura del Segre: Garrigues, Urgell, Segrià, Noguera. No sucede exactamente lo mismo en la vertiente norte de la cordillera prelitoral, la llamada «montaña de Prades», situada en el centro de la depresión central catalano-ibérica y orientada hacia el Segre y el Ebro, con unas condiciones climatológicas que anuncian ya la estepa del interior. Aquí, los siglos XIx y XX fueron portadores de profundas transformaciones, conseguidas mediante la apertura del «canal de Urgell», viejo sueño que se hizo realidad tardíamente, y la extensión del regadío leridano a todos los límites occidentales. De ahí que, en la Noguera y el Segrià (Balaguer y Lérida), las densidades actuales de población sean unas tres veces más elevadas que en 1787, y en las Garrigues y el Urgell, seguramente más del doble. Así pues, el siglo XVIII no había llevado aún a estas regiones al umbral de sus modernas condiciones de explotación.

De todas formas, durante aquella centuria atravesaron una etapa fundamental. Además, estas extensas tierras, casi esteparias, en las que el hábitat se agrupa en pueblos grandes y en donde a menudo todo depende del regadío, parecen estar predestinadas a evolucionar a saltos; durante largos decenios se dejan sentir allí las consecuencias de una destrucción, de una importante crisis demográfica; la reordenación del aparato hidráulico y una recolonización de los lugares despoblados pueden dar lugar, en algunos años, a una nueva fase de explotación.

Ahora bien, al despuntar el siglo XVIII, las llanuras occidentales de Cataluña estaban atravesando un período de despoblación, en el sentido más literal de la palabra. A lo largo de las guerras franco-españolas del siglo XVII, habían servido como barrera defensiva para España; Balaguer y Lérida habían tenido que soportar largos asedios; los alrededores de estas ciudades, ricos en obras hidráulicas, se vieron asolados y algunos pueblos desaparecieron por completo. Pero la despoblación venía de antes. Cuando Caresmar comparaba el poblamiento, las cosechas y la industria de la Cataluña de la Edad Media a los de la Cataluña del siglo XVIII, no se olvidaba de su condición de fraile de un priorato situado al oeste, para quien las comarcas más familiares eran las de la Noguera, del Segrià y del Urgell, y en ellas, ¡cuántos lugares todavía despoblados, cuántas tierras baldías y cuántos oficios olvidados seguían quedando, aun en 1780! Resulta muy interesante ver cómo, en este caso, se aúnan el trabajo histórico-demográfico y la preocupación práctica, ya que la Carta de Caresmar va dirigida a la administración económica del Principat, y el mejor trabajo sobre los «despoblados» —lugares antaño habitados y hoy abandonados— entre Tortosa y las dos Nogueres, se debe a Melcior de Guàrdia, quien, con privilegio real, emprende la colonización agrícola de uno de ellos, Almacelles, del cual volveremos a hablar.

Echemos ahora una ojeada a la comparación demográfica de 1718-1787 en esa zona de Lérida que comprende a la vez las comarcas de las Garrigues, el Segrià, la Noguera, el Urgell y la Segarra (esta última está, como ya veremos, fuera de los límites de las zonas de repoblación). Al mismo tiempo, vayamos siguiendo los hechos en nuestros mapas.

La recuperación demográfica aparece muy claramente centrada en torno a la zona de regadío de Lérida, en la que encontramos cuatro casos de municipios enteramente repoblados y un bloque continuo de índices de crecimiento superiores a 500. El Segrià, comarca cuya capital es Lérida, cuenta con 42 municipios. En 1718, 30 de estos municipios tienen menos de 100 habitantes; en 1782, sólo uno queda por debajo de esta cifra y sólo 7 por debajo de 200, o sea, que se ha dado un crecimiento multiplicado por 9, por 10 y por 12; incluso pueblos grandes, como Aitona, Almenar o Serós, han visto triplicada o cuadruplicada su población. La ciudad de Lérida pasó a tener 10.714 moradores en lugar de 2.353. El índice global de crecimiento es de 447,9 (ganando en más de 100 puntos al índice de Barcelona). La densidad, que era de 4,5 h/ km² en 1718, es de 20,1 en 1787.

El fenómeno de la repoblación pierde intensidad a medida que nos vamos alejando de Lérida. En el sur, el Segrià cuenta con dos municipios con un crecimiento tan sólo medio y con dos más, en el extremo oriental, que están por debajo de la media. Pero hacia el sudeste, las Garrigues —zona de Borges Blanques— forman un puente con índices altos entre el Segrià y el Priorat. Mientras en este último la especialización vitícola es la que explica el impulso de esta zona, en las Garrigues lo hace la típica especialización oleícola de la actualidad que, como veremos, había tenido sus inicios a finales del siglo XVIII. Entre 1718 y 1787, las Garrigues vieron incrementarse su población aproximadamente al mismo ritmo que la del Priorat, aunque habían partido de una densidad más baja, de 4,5 h/km², densidad común en 1718 al conjunto de la zona oeste de Cataluña. En 1787, dicha densidad se elevó, en las Garrigues, hasta 15,2, lo cual constituye, para la recuperación de esta zona, una importante etapa inicial.

Al norte del Segrià, en la Noguera, y al este, en el Urgell, el fenómeno de la repoblación es menos homogéneo.

La Noguera se halla partida en dos por una línea divisoria clara, entre los altos índices de crecimiento y los bajos. El sur de la comarca se ve beneficiado por el fenómeno de repoblación intensiva. Pero a medida que subimos hacia el noroeste, la zona montañosa de Tragó y de Àger se halla mucho menos favorecida, aunque manteniendo todavía índices próximos a 225. Y en el noroeste de esta pequeña zona nos encontramos ya con un conjunto continuo de municipios con población estancada e incluso en leve decadencia.

Se produce este mismo encuentro, tan tremendo, entre áreas de alto y bajo crecimiento, en el extremo norte del Urgell; pero es realmente impresionante el contraste entre las comarcas vecinas del Urgell y la Segarra: el índice global de crecimiento es de 265 en el Urgell, mientras es de 164 en la Segarra. Pero dentro de la misma comarca del Urgell, cuanto más de oeste a este vayamos, menos marcada se presenta la repoblación —aquí se hace más gradual la transición.

De hecho, ya sabemos que el mapa de los índices de crecimiento sirve para poner de relieve el aspecto diferenciado de los fenómenos. Muy a menudo, los índices elevados señalan, ante todo, cuáles son las zonas de despoblación casi total en el punto de partida. Pero a principios del siglo XVIII, la Segarra no sufría una especial despoblación. Su densidad, de 13,1, no era inferior a la media del Principat. Asimismo, la densidad del Urgell —10,8— debía de ser el resultado de la combinación de una densidad media en la parte central y oriental de la comarca, mejor regada y cultivada, y de una densidad mucho más baja por el oeste, en donde existían condiciones parecidas a las del Segrià, las Garrigues y la Noguera. Aquí, el período de 1718-1787 sirve sobre todo para restablecer el equilibrio. El Urgell, con una densidad de 28,6 consigue un poblamiento más homogéneo y más denso que el de la Segarra (21,8 h/km²); el Segrià se coloca casi al mismo nivel que la Segarra (con 20,1). Nos vamos acercando al equilibrio actual, en que las amplias llanuras occidentales, cada vez mejor regadas, ofrecen posibilidades de explotación muy superiores a las de las mesetas o montañas que las rodean. No se puede decir que a partir del siglo XVIII hayan dado entera prueba de esta superioridad. Pero fue el momento —y tenemos que reconocer que muy importante— en que dejaron de estar semidesérticas. ¿Habría que hablar tal vez de un «renacer» más que de un «nacimiento»? Seguramente, ya que por la zona de Lérida, los útiles de riego no tuvieron que ser creados, sino reutilizados. De todas formas, desde un punto de vista histórico, no hay gran diferencia entre un sopor económico de varias centurias y la muerte.

Parece difícil creer que unos cambios tan grandes puedan haber pasado desapercibidos a los contemporáneos. Si así fuese, podríamos sentir algunos escrúpulos críticos ante nuestro análisis en cifras. Por lo tanto, nos puede resultar útil buscar apoyo en algunos textos. Aunque Capmany, poco dado a viajes, no comprendió bien todo lo referente a estos fenómenos rurales bastante alejados de la capital, y Caresmar prefirió, para mantener su tesis de una aplastante superioridad demográfica medieval, hacer hincapié en el nivel, bajo aún, del poblamiento al oeste, a pesar de ello y para ratificar nuestras cifras e infundirles vida, disponemos de varias memorias municipales sobre la población de la ciudad de Lérida, las concesiones de terrenos urbanos y los territorios para repoblar y, por último, junto a mediocres impresiones de viaje, otros comentarios de Zamora, agudo observador.

Un poco antes de 1780, el municipio de Lérida hace las siguientes observaciones: la ciudad fue saqueada en 1707 y, por un corto espacio de tiempo, su población se vio reducida a 300 almas. Cierto es que Aparici había indicado ya que este accidente fue remediado al cabo de pocos años. No obstante, cinco de sus barrios permanecieron deshabitados durante largo tiempo (nos recuerda esto el persistente estancamiento de Barcelona después de 1714), y muchos edificios se convirtieron en ruinas antes de que nadie pensara en ocuparlos de nuevo. Por desgracia, el texto municipal no indica la fecha en que podría situarse la inflexión de la tendencia. Se limita a señalar que la repoblación se llevó a cabo, y quiere explicar la causa. No se trata de un renacer de la industria; está ya muy olvidada la antigua preponderancia como capital regional e intelectual. Sólo se cita un hecho: la necesidad de mano de obra para las 10.000 fanegas de tierra regable, de las que dispone la ciudad desde tiempos inmemoriales, y cuya total utilización parece estar, aún en 1780, muy lejana. Y sin embargo se antoja enorme la afluencia de gentes. Es probable incluso que resulte engañosa. El municipio habla de 14.000 «almas de comunión», lo que daría unos 20.000 habitantes. Difícilmente podernos dar crédito a esta cifra. En 1787, Ponz la reduce a 18.000. E incluso así, supera la cifra alcanzada por Lérida a fines del siglo XIX. Supondría una cifra siete veces mayor que la de 1718, y el doble de la cifra más alta alcanzada durante las etapas de prosperidad en las que Lérida hacía una explotación intensiva de su huerta. Por lo tanto, nos parece más sensato admitir la cifra de 10.714 habitantes, del censo pormenorizado de 1787, cifra cuidadosamente especificada por parroquias y distribución por edades. Es cuatro veces y media más alta que la de 1718, pero aun así es muy posible que no llegara a cubrir las necesidades del extenso territorio municipal, en caso de riego intensivo. Como es lógico, tanto aquí como en Barcelona —igual que en todos los casos de inmigración masiva y rápida— es posible que se tenga que añadir a la población de derecho, de la que existe un recuento bastante fiel en los barrios y parroquias, una población de hecho flotante y mal conocida por las autoridades. Es muy poco probable que fuese del orden de los 7.000 u 8.000, pero existía. Lo dice el municipio, alegrándose en cierto sentido —ya que nadie dudaba entonces de que una población elevada fuese signo y condición de prosperidad— aunque mostrando acto seguido ciertas reservas:

... bien que (esta población esté) compuesta de personas de uno y otro sexo advenedizas, y algunas de ellas mal entretenidas, sin oficio, y casi todos sin más exercicio que el de jornaleros en que no se contentan con un estipendio moderado, por que faltándoles el que les dicta su capricho, se entregan, con la escusa de recoger yervas y caracoles, a robar los fructos que devían servir para premio de la aplicación y cultura.

Más adelante hablaremos de nuevo de esta coincidencia entre afluencia demográfica y salario mínimo. Pero debemos observar que no se refiere a vagabundos y errantes propiamente dichos, ya que el municipio incluye en seguida el precio de los alquileres dentro de los determinantes del coste de la vida que justifican, en cierto sentido, las exigencias de los jornaleros. Éstos viven hacinados en casas demasiado pequeñas, con tres o cuatro familias por vivienda:

...pagan alquileres tan subidos que no pueden sostener con su jornal, y ocasionando daños a la salud y aun a las costumbres. Así lo tiene representado ya este Ayuntamiento a la superioridad solicitando que se concedan sitios para edificar en los parages más oportunos con condiciones que prometen lucros ...

En efecto, las concesiones del Patrimonio Real nos muestran varios ejemplos de colectividades o de particulares que procuran, desde hace tiempo ya, hacer frente a las nuevas necesidades: se aplica un plan sistemático de construcción al terreno llamado Pla dels Gramàtics, que depende de la antigua Universidad; el cabildo de canónigos toma parte en esta actividad de edificación; con la iniciativa privada se asegura la nueva ocupación de los espacios urbanos que quedaron vacíos a raíz de los desastres de principios de siglo. Se nos confirman así los hechos esenciales que ya habíamos deducido: una prolongada despoblación, seguida de una rápida afluencia de población. La primera concesión es de 1752 —esto nos recuerda nuevamente el crecimiento de Barcelona, ya que nos pareció que por las mismas fechas se desarrolló allí una etapa fundamental.

Pero las características del movimiento demográfico así concretadas para la capital regional no son de ningún modo exclusivas de ella. Las volvemos a hallar, en primer lugar, en Balaguer, pueblo que, aunque más modesto, se parece realmente a Lérida: tiene el mismo pasado glorioso y activo, las mismas recientes devastaciones, la misma huerta que reactivar y la misma falta de actividad industrial durante su recuperación. En 1788, cuando Zamora visita Balaguer, la pequeña ciudad, con sus 800 viviendas habitadas, está seguramente más poblada de lo que nunca estuvo; no obstante:

En Balaguer hay mucha gente advenediza que haze de mal carácter su población ... Las mugeres beben mucho aguardiente, trabajan poco y en lo general ban puercas. De 4 o 5 años a esta parte empiezan a mejorarse aquí muchas cosas.

A través de los escritos de Zamora, recogemos aquí quejas similares a las expuestas por los magistrados de Lérida ocho años antes: hosca desconfianza de parte de los antiguos ocupantes, propietarios y burgueses, frente a unos inmigrantes en busca de trabajo, que se hallan entre tanto en situación de miseria, y a quienes pronto encuentran demasiado exigentes. Es síntoma de una súbita afluencia demográfica en un país empobrecido. Pero ya empieza a vislumbrarse la adaptación y un nuevo equilibrio.

Incluso respecto a Àger, pueblo de montaña, del que vimos que, tan sólo entre 1718 y 1787, se había incrementado en un 125 por 100, Zamora escribe: «Hay más gente que la que coge en ellas, pues hay falta de edificios»; a las nueve de la mañana, 43 hombres desocupados charlan en la plaza mayor; el administrador se empieza a preocupar; si «tubo mal éxito» la fábrica de hilados de algodón, es porque a las mujeres «no les gusta trabajar»; aunque admite en seguida que la vida está cara; se paga a 2 reales la carga de madera. Los salarios que se les ofrecían a estos emigrantes no podían impedir que, en la etapa inicial de su viaje, buscaran, llanura abajo, una remuneración mejor o la esperanza de una tierra libre. ¿Acaso no había intentado el rey, ya desde mediados de siglo, combatir la miseria de los años 1751-1754 mediante un reparto de bienes municipales, en tierras de Lérida? De ahí que sea en la llanura, y sin diferir mucho de nuestros censos, en donde halla el encuestador los pueblos más recientemente engrosados con nuevos habitantes: Camarasa, con 260 casas; Alguaire con las mismas dimensiones —y casi todos sus edificios construidos en los últimos sesenta años—; Castelló de Farfanya, 300 casas; Almenar, 360; Agramunt, 500, o sea, 2.000 habitantes (1.947 en realidad); Bellpuig, 300 vecinos; Tàrrega, 600. Observaremos que gran parte de estas cifras —simples valoraciones a ojo, o basadas en el testimonio de las autoridades— son, en oposición a la cifra de Lérida y respecto a las del censo de 1787, más moderadas que excesivas. Y no todas serán superadas en los censos de mediados del siglo siguiente: para observar un nuevo salto demográfico de igual amplitud, habrá que esperar a la construcción del canal de Urgell y a la expansión de los regadíos del Segre. A una incipiente revolución agrícola —que bien pudo haber sido tan sólo una reconquista— debió sin duda de responder este impulso demográfico, del que Zamora recuerda los signos concretos, aun cuando no cite cifras: casas en construcción, nuevas calles, planes de extensión, a veces sistemáticos, tanto en Àger como en Corbins, en Golmés, en Arbeca y Mollerussa.

Otra característica de la repoblación, cuyos resultados se suman a la extensión de los pueblos agrupados captada por Zamora, la constituye el hecho de que, tan pronto se reorganiza el regadío, se dispersa el nuevo hábitat. Así, desde lo alto de la catedral vieja de Lérida, la huerta reactivada se nos presenta plantada de árboles y sembrada de casas formando pequeños grupos, como las del Tossar de Montmaneu, «lo que hará unos 10 años empezaron a fabricarse», precisa el viajero. Esta dispersión está relacionada a la vez con la afluencia demográfica y con la transformación del viñedo en huerta, etapa de intensificación agrícola.

Por último, en determinados casos, se produce una organización voluntaria, privada o pública, de la repoblación, a la vez que la nueva explotación de las tierras abandonadas. En el oeste de Cataluña, para esta operación, no se tuvo que recurrir para nada, como sucedió en cambio en Sierra Morena, a extranjeros o inmigrantes de lejos. Lo que hemos comentado acerca de la mano de obra en Lérida, Balaguer o Àger, demuestra que podían disponer fácilmente de candidatos a colonos en la propia zona.

El cabildo de Lérida pronto dio ejemplo, a poco de empezar el siglo, en 1730, repoblando Torreserona, lugar «despoblado»; en 1772, hizo reedificar Vallfogona, tratándose en ambos casos de tierras que se hallaban bajo su jurisdicción señorial propia. Asimismo, unos particulares emprendieron in situ la colonización, por ejemplo, en la Torre de Sant Joan, también cerca de Lérida, en donde se estaba poniendo en marcha la operación en 1788. Citaremos otros casos referentes a la extensión de los cultivos, cuando las concesiones concreten tan sólo este aspecto; pero ¿cómo imaginar una reactivación de las tierras sin asentamiento de nuevos labradores?

El intento más interesante de repoblación sistemática lo constituye el de Almacelles, más por la intención con que fue llevado a cabo que por la importancia de los resultados. Tenemos la fortuna de conocerlo íntegramente, no sólo a través del texto de los privilegios oficiales y los comentarios de los contemporáneos, sino gracias a los papeles familiares conservados por los descendientes de la familia Guàrdia. El 26 de noviembre de 1748, el fiscal de la Intendencia barcelonesa declaró que el despoblat de Almacelles carecía de señor legítimo. De 1752 a 1756, el Patrimonio Real otorgó la primera concesión, con toda seguridad dentro del marco de medidas agrarias tomadas por el rey para combatir la miseria atroz de aquellos años. Resulta interesante señalar que la obtuvo Bernardo Gloria, promotor barcelonés de la industria de indianas. Pero no era más que una opción, y la empresa fracasó. Josep Gloria, hijo de Bernardo, traspasó sus derechos a Melcior de Guàrdia quien, el 26 de septiembre de 1768, presentó una nueva memoria para obtener la adjudicación de la «repoblación». Se abrió un verdadero concurso. Entre el 26 de septiembre de 1768 y el 5 de septiembre de 1771, le fueron presentadas al rey cinco proposiciones, por parte de ricos barceloneses, como Grau Cebrià, Bordas i Font, Felipe Puig, Josep Folguera y Josep Borràs; se entabló una dura pugna entre Cebrià y Guàrdia, cuyos proyectos habían sido tenidos en consideración. Tal afán nos hace pensar que las condiciones económicas debían de haber cambiado de forma extraordinaria desde el fracaso de 1756. Melcior de Guàrdia estaba dispuesto a participar con 176.273 lliures, 11 sous y 8 diners, moneda catalana; la empresa de «repoblar» eXIgía más capitales que la inmensa mayoría de las otras empresas individuales del siglo. El 3 de junio de 1773, Guàrdia obtenía la concesión, tomaba posesión el 27 y el 21 de marzo de 1774 recibía el privilegio de nobleza.

El despoblat de Almacelles tenía 9.186 «jornales» (de 1.800 canas cuadradas) de superficie. Había la promesa de construir allí 40 casas, abrir un pozo y poner un horno, una panadería y una taberna. En 1783, según los libros del propio Melcior de Guàrdia, se cultivaban 3.300 jornales de trigo, 94 de viñas, 134 de olivares y 1,5 de huerto; quedaban todavía sin cultivar 5.345 jornales. En 1787, el censo de Floridablanca le atribuye al nuevo pueblo 192 habitantes. En 1788, Zamora ve allí 38 casas, «simétricas» y todas de dos pisos, un nuevo aljibe y un molino de aceite; pero en una carta del barón de La Linde a Floridablanca, aquél afirma que se están construyendo 16 casas más en otro punto, también a cargo de Melcior de Guàrdia. Todo esto tiene mucho más mérito, añade el intendente, si tenemos en cuenta que el antiguo despoblado estaba rodeado por un inmenso desierto: se podía andar nueve horas sin hallar vivienda alguna. Se había requerido, en efecto, cierta audacia para realizar esta empresa, pero la tierra era buena y no le faltaba agua, ya que la destrucción del pueblo se remontaba tan sólo a 1640. Aunque admiraba a Guardia, Caresmar observaba con amargura que el esfuerzo de aquél a duras penas le devolvía a Almacelles la población que había tenido tras las pestes del siglo XIV. Lo interesante era que este hombre de negocios, amante de la nobleza y los honores, hubiera emprendido esta repoblación con un sentido positivo, no sólo de los beneficios previstos, sino de las condiciones históricas de la despoblación —sobre este punto ya hemos citado su memoria— y de las condiciones agronómicas del aprovechamiento de las tierras. Miembro fundador de la Academia de Ciencias de Barcelona y notable ponente de su Junta de Comercio, se nos presenta como uno de los hombres más destacados de la burguesía ilustrada de su siglo. Seguramente comprendió muy bien las relaciones existentes —y que volveremos a encontrar— entre la repoblación de las zonas occidentales del Principat y su rendimiento eh rentas señoriales, pues eran precisamente éstas las que reservaba para sí. Además, no fue el único «colonizador» de aquel siglo, y no todos los casos de repoblación se hallan en los parajes de Lérida.

2) Las zonas de repoblación: focos aislados. Surco prepirenaico. Ciñéndonos a los testimonios dispersos de tipo descriptivo, llegaríamos casi a afirmar que por doquier fue considerable la repoblación. Resultaría pesado ir repitiendo las palabras de Zamora, respecto a cada uno de los pueblos que visitó: que es difícil alojar a la población, que ha crecido hace poco, que hay calles enteramente nuevas. No sería un cuadro exhaustivo y presentaría algunas excepciones, lo que nos da la ventaja de descartar la hipótesis de una notación estereotipada; pero no quedaría prácticamente ninguna zona sin indicio concreto de progreso demográfico señalado en el paisaje.

Vamos a dejar para el tema de la extensión de los cultivos un fenómeno bastante generalizado que no se explicaría tampoco sin un progreso semejante: la diseminación de pequeñas explotaciones con casitas nuevas en torno a las grandes masies de rancio abolengo. Otro fenómeno muy claro es el asentamiento espontáneo de jornaleros pobres en pequeñas chozas a lo largo de las carreteras, formando nuevos barrios en las proximidades de antiguos pueblos. A veces, y aunque no podamos hablar de una verdadera colonización, dichos asentamientos fueron organizados y regulados en una especie de repartición por parcelas, por algún señor o hacendado.

Queda por señalar que estos datos se nos presentan de forma discontinua. Sin las cifras de nuestros censos y su distribución en el mapa, resultaría imposible distinguir las zonas en las que la cristalización de hábitats nuevos es debida a una atracción especial sobre los inmigrantes, de las zonas en las que crece la población sólo por movimiento natural; como tampoco podríamos afirmar que la falta de testimonios signifique estancamiento o despoblación. Hemos trazado en nuestros mapas, a escala municipal, de un lado las pérdidas y ganancias relativas, y de otro, las pérdidas y ganancias absolutas, reflejando ellas mismas muy bien, en una escala así, la distribución superficial del aumento de población.

Lo que ciertamente destaca también en ambos mapas es el contraste fundamental, primero, entre las zonas que acabamos de analizar —concentración o repoblación— y luego, entre las zonas del interior o pirenaicas. No obstante, por lo que a éstas se refiere, el mapa de ganancias absolutas pone mejor de relieve el carácter discontinuo y localizado de las ganancias demográficas, en estrecha relación con la geografía. Por el este, la llanura ampurdanesa manifiesta, al igual que las llanuras repobladas del oeste, una relativa homogeneidad en la distribución de estas ganancias; cada pueblo se beneficia de ellas de una forma bastante amplia. Pero frente a las áreas de dispersión formadas por las regiones altas, toda la Cataluña montañosa —las tres quintas partes del territorio— opone la fuerza de atracción de sus valles, «corredores», «cuencas» y pequeñas cubetas de depresión en el interior de las montañas. El mapa de las ganancias de población permitiría, casi sin remitirnos al esquema físico, dibujar los principales valles —Fluvià, Ter-Congost, Llobregat, Nogueres y Segre—, pero pronto observamos que estos valles no admiten en sí mismos la posibilidad de núcleos continuos de vida, sino una retahíla de pequeñas unidades humanas, tanto más atractivas cuanto más estrechas. Incluso en un gran corredor de circulación como el Vallès, los pueblos con un crecimiento apreciable se encuentran formando una simple franja, rodeada al sur y al norte por una zona rayana en la despoblación, tan pronto como nos aproximamos a la ladera de una montaña. Lo mismo sucede, en dirección sur-norte, en los pueblos alineados en la Plana de Vic. Sólo el Pla de Bages, en torno a Manresa, es algo más extenso, creciendo algunos pueblos tan o más a prisa que la capital.

En las comarcas en las que predominan, de modo más claro aún, la montaña o la altiplanicie, la localización de las ganancias de población resulta de lo más impresionante. La de Berga gana 5.845 habitantes; de éstos, más del 30 por 100 los gana la capital, y un 40 por 100 el grupo de Gisclareny, Bagà, La Pobla de Lillet y Castellar de N’Hug, del cual volveremos a hablar; añadiendo Borredà, observamos que más de las tres cuartas partes de las ganancias de población están situadas en 6 municipios de los 32. En el Solsonès, la mitad de los 3.521 habitantes ganados de 1718 a 1787 se integraron en las localidades de Solsona y Sant Llorenç dels Morunys, centro de una industria tradicional de lana. De los 38 municipios del Alt Urgell, casi todo el aumento demográfico (por otra parte muy reducido) fue acaparado por los cinco municipios de L’Urgellet, pequeña cubeta de depresión que ensancha el valle alto del Segre; una explotación minera hace crecer de 88 a 426 el número de habitantes del pueblo de Pla de Sant Tirs. Son menos espectaculares los progresos que se deben a la agricultura; de todas formas, el diminuto «ojal» de Oliana, algo más abajo en el Segre, pasa en 70 años de 329 a 569 habitantes. En el Baix Pallars, la población nueva se concentra a lo largo del Noguera, entre Salàs y Cellers, y a lo largo de la carretera Isona-Tremp, trazando así los dos ejes de la Conca de Tremp, uno de los ejemplos más típicos de cuencas formadas en plena región subpirenaica. Pero no es éste el único caso de cuenca en la que se multiplica la población: ya hemos citado, cerca de Valls, la Conca de Barberà; más cerca aún de Barcelona, alrededor de Igualada, se perfila la Conca d’Odena. Pero el pueblo de Igualada y, muy cerca de él, el centro papelero de Capellades acaparan entre ellos dos más de la mitad de las ganancias de población de la comarca llamada L’Anoia, y si añadimos los demás pueblos de la papelera (La Pobla y La Torre de Claramunt, Carme), las tres cuartas partes. Así pues, el fenómeno de concentración relativa, ya observado en el litoral, se complementa aquí con una serie de movimientos locales análogos, en todo el interior de Cataluña. Veremos cómo determinados aspectos de la industrialización del siglo XVIII están relacionados con estos movimientos interiores.

Por lo inesperada que resulta, merece un momento de atención por lo menos una de estas concentraciones locales, evidenciada únicamente por la cartografía. Desde las laderas meridionales de la sierra del Cadí hasta los límites de la zona de Gerona se extiende un cordón de municipios contiguos, con fuerte incremento demográfico, rompiendo la monotonía de los estancamientos pirenaicos: vale la pena citarlos, dando primero su índice de crecimiento y en segundo lugar su ganancia absoluta: Gisclareny (361, 361 hab.), Bagà (199, 595 hab.), La Pobla de Lillet (206, 682 hab.), Castellar de N’Hug (362, 462 hab.), Gombrèn (285, 707 hab.), Campdevànol (349, 859 hab.), Ripoll (y la parroquia de Ripoll) (359, 3.484 hab.), Vallfogona de Ripollès (249, 747 hab.), Ridaura (186, 453 hab.), La Pinya (242, 232 hab.), Olot (348, 6.519 hab.), Santa Pau (282, 1.155 hab.), Mieres (330, 825 hab.); 17.081 habitantes en total, una ganancia perfectamente comparable a la de la Marina, entre Alella y Blanes, a pesar de que nos hallemos ahora en plena montaña, a una altitud que puede oscilar de los 500 a los 1.000 metros, y de que, para pasar de un municipio a otro, tengamos que cruzar varios puertos. El «surco prepirenaico» demuestra tener aquí especial valor, otorgándole a la parte septentrional del Berguedà, al Ripollès y a la Garrotxa un puesto de honor en la evolución demográfica del Principat, en contraste con los sectores pirenaicos desheredados del oeste; y ha desempeñado un papel nada despreciable en el nacimiento de determinadas industrias. Junto a esta atracción subpirenaica, podríamos citar el caso de Banyoles, lindando con los Pirineos y el Empordà, con un índice de crecimiento de 415 y una ganancia de 2.200 habitantes en 70 años, absorbida en gran medida por la industria.

Tampoco está de más añadir aquí, al testimonio que nos dan las cifras, el testimonio de visu: «De 20 años a esta parte —escribe Francisco de Zamora en enero de 1790, cuando visita Banyoles—, ha crecido tanto que se han formado calles enteras, a favor de las fábricas e industria reunida con la agricultura». Se abrieron grandes canteras para hacer frente a estas necesidades de edificación.

Cuatro años antes, Zamora había regresado de la Plana de Vic por Sant Esteve d’en Bas; luego, desde Olot, fue siguiendo el «surco prepirenaico»; por lo tanto, debía de ser un itinerario utilizado, pese a los obstáculos. Zamora había notado, a partir de Les Preses, la coincidencia entre aumento demográfico e instalación de fábricas. En Olot, dedica muchas páginas a la nueva actividad textil, gran parte de la cual se sitúa durante el decenio 1780; era de todos conocido el progreso de la ciudad. En Ripoll y Campdevànol, predominaban las herrerías y la metalurgia, con una tendencia a la concentración de estas manufacturas, antaño propias de las zonas montañosas. Tras un desvío de nuestro viajero-encuestador por la Cerdanya —en donde se hacían menos visibles las ganancias demográficas, por ser más dispersas— emprendió de nuevo el camino del «surco prepirenaico» en La Pobla de Lillet: habiéndose abierto aquí las mejores fábricas de estameñas y de lanas rizadas, hacia 1763 —«hace 24 años»— «todas (las calles) se han hecho de 20 años a esta parte y serán cerca de una mitad del pueblo».

Notamos pues, aquí, en radical contraste con las observaciones hechas en el Urgell y el Segrià, una relación entre demografía y economía en la que la industria parece más claramente implicada que la agricultura. Es un contraste lógico: el «surco prepirenaico» es una formación montañosa que, a lo largo de sus mejores vías de comunicación, está luchando contra una tendencia a la despoblación; no una llanura que se va repoblando mediante la renovación de sus útiles de explotación agrícola. De momento, deberemos conformarnos, sin dar mayores interpretaciones, con observar la concordancia entre textos y cifras, entre el mapa del movimiento de población y las estructuras geográficas. Debemos señalar cuán tremendamente simplista —e incluso inexacto— resultaría oponer a la rápida repoblación del litoral y de la llanura, una despoblación de las zonas montañosas. ¡Intervienen tantos matices! Existe incluso un matiz fronterizo: desde La Jonquera y Maçanet de Cabrenys hasta Molió, desde la Cerdanya hasta Tavascan y el Vall d’Aran, en la mayoría de los pueblos fronterizos se mantiene o incrementa la población; la atracción ejercida por el comercio —legal o no— retuvo siempre a los hombres en estos pueblos.

3. COMO CONTRAPARTIDA: ZONAS DE DESPOBLACIÓN O DE CRECIMIENTO MÍNIMO

¿Hasta qué punto podemos atrevemos a señalar, en diversos sitios, una verdadera despoblación? Hemos visto que en las regiones pirenaicas menos favorecidas el número de municipios que efectivamente perdían, entre 1718 y 1787, un sector de su población, no sobrepasaba el 12 por 100. Es una proporción que, sin ser importante, tampoco es despreciable. Pero si nos referimos a las cifras absolutas de pérdida, al tratarse por lo común de municipios pequeños, llegamos a unos resultados globales bajísimos. Ni un solo municipio de los que hemos señalado pierde más de 200 habitantes. En el caso excepcional de Llobera, que pierde un 61 por 100 de su población, supone tan sólo 124 habitantes; en cuanto a Callús, que pierde un 56 por 100, el déficit es de 101. En total, los pueblos que se van despoblando —y no hallamos entre ellos ninguna villa, ni siquiera pequeña— sólo pierden, entre 1718 y 1787, 4.721 habitantes. La parte más afectada es la zona del Alt Urgell y el Pallars, frente al Vall d’Aran que experimenta un notable incremento: 28 pueblos pierden, en total, 1.595 habitantes; le sigue luego la zona de Berga y Solsona, en donde 19 pueblos en vías de disminución pierden 1.167 habitantes.

Existe una única zona de despoblación propiamente dicha, claramente delimitada y con una superficie bastante extensa: son las dos vertientes de la cordillera central pirenaica, entre el Flamicell y el Segre, en torno, por el oeste, a Capdella, Viu de Llevata y Malpàs, y por el este, en torno a Espot, Jou y Son. A quien conozca estos «rincones perdidos» no le extrañará esta tendencia, a pesar de observar que varios de estos pueblos se hallan hoy más cerca de su población de 1718 que de la de 1787. El aislamiento pirenaico, recientemente interrumpido, parece haberles afectado en especial durante los siglos XVIII y xix; en cambio, en tiempos de catástrofes —invasión musulmana, pestes de la Edad Medía, guerras modernas— debió de serles beneficioso, con toda probabilidad, dicho aislamiento.

Otras despoblaciones, bastante brutales, están más localizadas: la Ribera de Cardós pierde la mitad de su población en 70 años; el Vall de Castellbò se ve afectado de forma desigual; las aldeas más pequeñas se libran de la despoblación, mientras que los tres pueblos principales se hallan en plena crisis, y Castellbò, la capital, pierde 179 habitantes sobre 353. Zamora, que llegó hasta allí en su viaje de 1788, nos lo presenta como un lugar asolado, de casas vacías, en el que se ha apagado la industria.

Nuestro observador se muestra muy sensible ante esta excepción, ya que se había impuesto, conscientemente, la tarea de evaluar la despoblación de las zonas montañosas, creyendo que sería mayor al observar el traslado de los inmigrantes a las llanuras. Pero se ve obligado a aceptar los hechos: lo que ha visto en la Cerdanya, en el Alt Urgell y en torno a Berga, son como mucho signos de estancamiento.

Hay un solo punto en el que nos parece que Zamora está en contradicción con las cifras de nuestros censos: en su visita a las comarcas occidentales de Cataluña, bajando de los altos valles pirenaicos, no podía sino impresionarle fuertemente la repoblación de la baja Noguera, del Segrià y del Urgell, y así lo hemos comprobado; entonces, ¿cuándo pudo encontrar, en su camino de regreso, signos de estancamiento o de decadencia? Sólo nos habla de uno, Torà, en la Segarra, «el único pueblo que vimos ya en decadencia», según sus precisiones. Pero el número de casas que cita en este pueblo no encaja bien con el número de habitantes del censo; y también se encuentra Zamora en contradicción con otros testimonios. Es posible que en este caso haya sufrido una confusión, puesto que es cierto que varios pueblos agrícolas de la Segarra se hallaban en franca decadencia. La impresión que se desprende del mapa por municipios es la de un simple estancamiento, ya que las pérdidas sufridas por cada territorio municipal actual no son considerables. Al consultar las listas por aldeas, se observan numerosos casos de caídas de población. El éxito de determinadas transformaciones agrícolas, muchas de ellas basadas en el regadío, parece haber concentrado la población en provecho de algunos pueblos grandes, como Sanaüja, Torroja de Segarra y Granyena de Segarra. Por otra parte, no hay que descartar la posibilidad de que la repoblación de las llanuras occidentales se haya hecho, en parte, en detrimento de las zonas más pobres que se encontraban en su entorno inmediato. Tanto el mapa de ganancias absolutas como el de ganancias relativas ponen de relieve, de forma sorprendente, una aureola de crecimiento mínimo en torno a las zonas de repoblación: las del Baix Penedès, Alt Camp y Conca de Barberà se encuentran pues divididas en dos partes perfectamente contrastadas, una con muy apreciables ganancias de población, y otra en pleno estancamiento, cuando no ya de retroceso. Por la misma razón, la Segarra en su conjunto se opone a la zona del Urgell, y la parte septentrional de la Noguera a la meridional.

Similar fenómeno puede observarse a lo largo de la línea de crecimiento máximo del litoral; va acompañada por una línea continua de municipios con muy bajo índice de crecimiento. Asimismo, por ambos lados de los corredores en donde la población tiende claramente a concentrarse (el Vallès, la Plana de Vic, el surco prepirenaico), en círculo alrededor de cada foco local de atracción (el Bages, la Conca de Tremp o la Conca d’Òdena), se perfilan las zonas con depresión demográfica. Mejor dicho, más que una despoblación pirenaica en provecho de las zonas del litoral y occidental, esto nos lleva a suponer una serie de desplazamientos a corta distancia, que además afectan —salvo en casos excepcionales— a los excedentes de población adquiridos, debido a las mejoras demográficas del siglo, sin dejar despoblado ningún espacio importante con respecto a las cifras iniciales de 1717-1718. Por lo tanto, no podemos hablar de despoblaciones y repoblaciones, sino de un aumento general de la población, y de una nueva distribución de las ganancias.

4. NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LAS DENSIDADES Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN REGIONAL

Con semejantes trastornos en el equilibrio interno de la población catalana, sería de agradecer una reconstrucción cronológica precisa de cada uno de los fenómenos que éstos implicaron: debilitamiento de las grandes plagas epidémicas de las que el siglo XVII había dado, hasta 1693-1694, ejemplos terroríficos; incremento natural de la población hasta desencadenar notables migraciones internas; compaginación, en el interior de las distintas zonas, del crecimiento natural y del avance —o retroceso— de los emigrantes que se trasladan. Ni siquiera amplísimas series de registros parroquiales debidamente criticadas serían capaces de ofrecernos una información completa sobre estos puntos.

Lo que está claro es que la estructura de la población, a partir de los años 1780, es singularmente distinta en las zonas de inmigración de aquellas de las que proceden los inmigrantes. Es algo que ya se podía suponer a priori. Pero ¿había posibilidad de comprobarlo? Ya expresamos nuestras reservas acerca de la validez de la clasificación por distribución de edades en el censo de 1787. De todas formas, nos pareció que, siendo tan grandes los contrastes entre zonas repobladas y zonas estancadas, no podían disimularlos ni las propias imperfecciones del censo por edades. Y, efectivamente, la comprobación es reveladora. Cogimos un grupo de municipios, en torno a Lérida, que suman unos 10.000 habitantes aproximadamente, de entre los que habían experimentado, entre 1718 y 1787, un más fuerte incremento —todos vieron su población quintuplicada, como mínimo—; y, por otra parte, de la zona de estancamiento del Vallès, cogimos un número igual de municipios reuniendo más o menos la misma población y no habiendo superado ninguno de estos municipios el índice de crecimiento de 120. Veamos ahora cuál es la estructura de la población de estos dos grupos.

Edades

Segrià: índice por encima

de 500 (en ‰)

Vallès: índice por debajo

de 120 (en ‰)

0-7 años

215

206

7-16 años

193

137

16-25 años

170

109

25-40 años

216

194

40-50 años

112

166

Mayores de 50 años

93

188

Así pues, la proporción de personas mayores de 50 años (que en el siglo XVIII se consideraban ya ancianos) es dos veces menor en los municipios repoblados de la zona de Lérida que en los municipios de población vieja del Vallès, que ya consiguieron «llenarse» hace tiempo, y sobre los que se ejerce la atracción del litoral y de Barcelona.

Vamos a aplicar este procedimiento a otro grupo característico de localidades, vecino geográficamente del segundo e intermedio, desde el punto de vista demográfico, ya que los índices de crecimiento oscilan entre 150 y 400: se trata de los municipios del Maresme entre Alella y Mataró. Presentan la estructura siguiente:

0-7 años

204 por 1.000

7-16 años

163 por 1.000

16-25 años

149 por 1.000

25-40 años

188 por 1.000

40-50 años

110 por 1.000

Mayores de 50 años

185 por 1.000

Aquí, la proporción de ancianos se acerca mucho a la que hemos encontrado en los municipios en vías de estancamiento. No resulta extraño. Por una parte, la ciudad de Mataró, que incluye más de la mitad de los habitantes del grupo, es una ciudad residencial de la que ya comentamos su carácter inmovilista: y, por otra parte, nuestros municipios comprenden, entre los «pueblos-dobles» del Maresme, algunos de los pueblos de la zona alta que sufrieron la dispersión de sus moradores; incluso a nivel local, se comprueban estructuras opuestas: en los pueblos de este tipo, los «mayores de cincuenta años» son mucho más numerosos que en las «marinas» de nueva creación; en Vilassar de Mar, son 150 sobre un total de 1.015 habitantes, en Vilassar de Dalt (Sant Genís) son 427 sobre 1.435, en Sant Vicens de Llavaneres, 98 sobre 641, y en Sant Andreu, 204 sobre 960. Por lo tanto, no es del todo despreciable la distribución por edades en el censo, ya que de ese modo refleja la corriente migratoria.

Si hacemos ahora grupos de edades más simplificados, dividiéndolos en jóvenes menores de 16 años, hombres de 16 a 40, en la plenitud de sus fuerzas, y hombres mayores de 40 años, ya viejos, según se entendía en el siglo XVIII, se hace aún más clara la diferencia de estructura de los tres tipos de zonas:

Edades

Zona

de repoblación

(Segrià)

(en ‰)

Zona

de reagrupación

(Maresme)

(en ‰)

Zona

de emigración

(Vallès oriental)

(en ‰)

0-16 años

409

367

343

16-40 años

386

337

303

Mayores de 40 años

205

296

354

Podemos afirmar que, a partir de los años 1780, tales diferencias de estructura implican, para cada uno de estos tipos de zonas, condiciones de evolución muy distintas, tanto en lo que se refiere a la economía —necesidades de consumo, disponibilidad de mano de obra— como en lo referente a la demografía —tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad. Podemos ver, pues, que la utilización de la distribución por edades del censo de 1787, para Cataluña en conjunto, no sería del todo inaceptable, pese a las deficiencias de la operación, ya que permite comprobar hechos por otra parte rigurosamente demostrados, ni mucho menos sería del todo significativo, puesto que la distribución media de las edades se deriva de contrastes regionales tremendamente relevantes. Por tanto, tras observar que la población catalana, considerada en su totalidad, se asemeja en algunos rasgos estructurales a la población francesa de los mismos años, es decir, a un tipo de población estable, debemos añadir también que esta semejanza desaparece radicalmente cuando nos situamos, o bien en el repoblado oeste, extraordinariamente rejuvenecido, o bien en las extensas zonas de montaña, que no llegan a estar despobladas pero sí abandonadas por las jóvenes generaciones, debido a una importante corriente migratoria. En un caso y en otro, la situación, cara al porvenir, es distinta.

Así pues, cuando a partir de los años 1799-1808, como ya hemos indicado, nos den datos acerca de una disminución o de una crisis del movimiento demográfico catalán, tengamos en cuenta que no es prudente generalizarlos sin que los veamos ratificados en zonas de todo tipo. Asimismo, la utilización de cualquier curva parroquial de bautismos y entierros (por más que la hayamos analizado) sólo nos permitiría extraer conclusiones acerca de las tasas demográficas esenciales en la medida en que tuviésemos conocimiento, en fechas debidamente próximas, de las cifras y la estructura por edades de la población, en la parroquia objeto de estudio; y aun en este caso, por desgracia, la ley de los grandes números no excluiría un eventual error de información. No obstante, serían necesarias dichas curvas para conseguir una cronología precisa de los fenómenos y sus concomitancias.

Todo esto nos llevaría —en vistas a lograr un análisis demográfico totalmente eficaz— a abogar por un tipo de investigación que, además de ser lo bastante localizada para evidenciar las diferenciaciones y tenerlas en cuenta (aun así, corremos el riesgo de que se nos escapen los hechos más importantes), fuese también lo suficientemente amplia para evitar que una observación de tipo microscópico nos condujera a una generalización injustificada. Por desgracia, es muy difícil que un esfuerzo individual pueda cubrir todo el campo de una investigación de este tipo. Para que puedan confirmarse y compararse las curvas parroquiales, tan sólo para Cataluña necesitaríamos recoger varias decenas de ellas, que además fuesen fiables. No hemos podido llevar a tal extremo nuestra información.

Pero además, nos interesa en especial señalar otra diferenciación: la que distingue las condiciones del desarrollo catalán de las del desarrollo característico de España en su conjunto. Por lo tanto, la encuesta demográfica pormenorizada debería de extenderse a España entera. Mientras esperamos estos trabajos colectivos que nos permitan concebir tales cotejos, nos queda la posibilidad de extraer algunos datos generales de las cifras globales existentes, cuyas imperfecciones, como acabamos de ver, no anulan enteramente su valor de signo.

Ya hemos podido comprobar a menudo cuán diferenciados eran los ritmos de la economía y de la demografía —o por lo menos desfasados unos respecto a otros— según nos situáramos en las antiguas zonas pertenecientes a la corona de Aragón, y en especial en Cataluña, o bien en el conjunto del territorio español, y en especial en el centro de Castilla. En Castilla y en Cataluña nunca tuvieron igual fecha ni igual extensión tanto las despoblaciones y repoblaciones (de las grandes pestes de mediados del siglo XVI) como las nuevas despoblaciones y la nueva recuperación demográfica (de los años 1600 a los años 1730, aproximadamente). No olvidemos que en el transcurso de este largo período, que se extiende desde el final de las guerras agrarias (1486-1492) hasta la repoblación de las llanuras occidentales que acabamos de describir, la idea de «Cataluña» viene dada sobre todo por las comarcas del centro y del este, zona de poblamiento disperso y muy débil, con grandes y prósperas masies debido a su aislamiento y extensión, y con unas condiciones de vida totalmente distintas a las del interior de España, zona de cereales y tremendamente expuesta, en sus pueblos compactos, a catástrofes meteorológicas y alimentarias. En medios tan opuestos, la recuperación demográfica del siglo XVIII no podía tener en modo alguno los mismos antecedentes ni las mismas bases. De ahí que la estructura de la población, según el censo de 1787, fuese notablemente distinta en el conjunto de Cataluña y en el conjunto de España (aunque, como ya sabemos, representen ambas la compaginación de estructuras parciales muy opuestas).

Edades

España (en ‰)

Cataluña (en ‰)

0-7 años

182

201

7-16 años

177

175

16-25 años

159

145

25-40 años

218

197

40-50 años

119

132

Más de 50 años

145

150

Así pues, proporcionalmente, la Cataluña de 1787 debía de tener todavía más hombres mayores y más niños de corta edad que los que tenía España; en cambio, debía de poseer una proporción mucho menor de hombres de 16 a 40 años: un 342 por 1.000 frente a un 377.

Con respecto al pasado, la proporción más elevada de hombres mayores en Cataluña (un 282 por 1.000 frente a un 264 de hombres mayores de 40 años) puede significar tanto que la recuperación demográfica tuvo aquí un origen anterior, como que, desde hacía más tiempo, se había asentado una población de tipo estable. La proporción más elevada de los menores de 7 años se puede interpretar como un impulso reciente de la natalidad o como una notable disminución (respecto a las condiciones españolas) de la mortalidad infantil. Es ahora cuando nos harían falta comprobaciones pormenorizadas y seguras.

Pero en el campo de las concomitancias económicas del fenómeno, no pueden sino sorprendernos las justificaciones que aporta esta estructura a las principales particularidades de orden económico, que plantearemos en el momento oportuno, dentro de nuestro análisis del siglo XVIII catalán: aumento de las necesidades y, por ende, de los precios; escasez de la mano de obra masculina y, por ende, excepcional subida de los salarios; recurso a la mano de obra femenina y amplia aceptación de la fórmula «coged a los niños»; éxito relativamente rápido del maquinismo, y, por último, inicio —débil aún— de la inmigración venida de España y de Francia.

Durante este tiempo, España, en una observación de conjunto, sigue planteando el problema de sus vagabundos, desocupados y mendigos, lo que hizo afirmar a J. Hamilton que había permanecido alejada de una situación de «pleno empleo» hasta el último año del siglo, límite del trabajo de este autor. Y, en efecto, aumentan muy poco los salarios españoles, lo que tampoco significa, como dicen algunas afirmaciones demasiado escuetas, que en España existiesen condiciones especialmente favorables para el desarrollo del capitalismo.

En Cataluña aún no estamos en situación de poder formular en cifras las concomitancias entre demografía y economía. Nos conformamos con haber colocado los jalones necesarios para poderlas captar de manera simplificada. Queda perfectamente fijado el aumento demográfico. En cuanto a su nueva distribución en el espacio, se reduce a lo que hemos podido ir viendo con bastante aproximación, deduciendo de todo ello que no se debe generalizar sin cautela un hecho o un testimonio. Nos falta, en cambio, el ritmo de esta distribución en el tiempo que, de momento, deberemos reconstruir, indirectamente, en grandes etapas, mediante el cotejo de ciertos textos y de algún otro elemento económico que garantice una mayor continuidad en las cifras, como son el movimiento de los precios y salarios.

5. ETAPAS DEMOGRÁFICAS. ETAPAS ECONÓMICAS

A priori, no nos atreveríamos a conceder mayor importancia a las afirmaciones superficiales que nos ofrece Zamora acerca de las principales etapas del crecimiento de los pueblos catalanes. Estos crecen «desde hace sesenta años» o «desde hace treinta años», según dice constantemente, tras una encuesta entre los vecinos, cuyas respuestas son evidentemente imprecisas e inseguras. No obstante, su repetición regular invita a la reflexión.

Puede ser de algún interés aquí la comparación con las pocas curvas demográficas locales que poseemos.

Observaremos el movimiento de los nacimientos y de las defunciones en la parroquia de Sant Andreu de Llavaneres, pueblo del Maresme, bastante cercano a Barcelona, pero algo apartado hacia el interior. Esta curva presenta varias ventajas. En primer lugar, fue confeccionada y comprobada en fecha reciente; tenemos la certeza de que, por lo menos a partir del año 1675, consigna todos los fallecimientos, tanto de niños como de adultos. Por último, por una curiosa casualidad, se refiere a un pueblo cuya población permaneció prácticamente estable entre 1718 y 1787: 952 habitantes en la primera fecha y 960 en la segunda. Teniendo en cuenta las imperfecciones de los censos, podemos considerar que las cifras de nacimientos y defunciones de la parroquia de Sant Andreu casi pueden proporcionarnos tasas por 1.000 habitantes, en orden de magnitud.

Como es lógico, nada nos asegura que la estabilidad puesta de manifiesto en los dos censos no encubra fuertes variaciones intermedias. Y además, como ésta sólo puede explicarse por una emigración, tiene que haberse modificado, al final del período, la estructura de las edades. Hay que tener presente todo esto para interpretar con prudencia la comparación de las dos curvas, de nacimientos y defunciones, entre 1701 y 1810.

La curva de defunciones muestra con toda claridad que no se han erradicado, ni siquiera en el último cuarto del siglo, las violentas mortandades periódicas; las puntas de 1706, 1725, 1739, 1758 y en especial 1761 y 1777, representan enormes desviaciones de la media variable (142 por 100 en 1777). Incluso eliminando la mortalidad de 1810, que puede tener su explicación en las circunstancias de guerra (pero también en un mal año), existen, en el transcurso de 110 años, 17 casos de déficit anual del saldo natural de población.

Sin embargo, pese a la elevada mortalidad de 1725, este saldo natural resulta extraordinariamente favorable entre los años 1714 y 1738: en 25 años se aprecia una ganancia de más de 500 sobre una población inicial inferior a 1.000. La curva pone de manifiesto una especie de gran ciclo de la cifra de nacimientos entre los años 1708 y 1741, una lenta subida que hace pasar esta cifra del mínimo de 25 al máximo de 60 en 1733, y luego un descenso más brusco, bastante regular, que vuelve a dejarla en el mínimo de 24. Al tratarse de cifras absolutas y no de tasas, sentimos la tentación de atribuir estos movimientos a la variación de la propia población; pero las cifras de defunciones no lo permiten mucho, ya que varían en sentido opuesto a las de nacimientos; la punta de 1725 parece accidental, pero antes de esta punta, ya desde 1712, la cifra tendía a bajar; luego se recupera, de forma irregular pero clara. Esta contradicción entre las dos curvas explica el gran excedente del período: en los años centrales, se sitúan entre 30 y 40 los excedentes anuales de nacimientos.

Claro está que una sola curva parroquial no puede ser representativa de toda la nación.

Cierto es que tenemos otra, de una parroquia muy próxima. Pero, por desgracia, no ofrece las mismas garantías. Cuando menos, hasta 1758 las defunciones consignadas son las de los adultos. Por otra parte, se trata de una parroquia a orillas del mar, Arenys de Mar y, por tanto, de un pueblo en pleno crecimiento, atractivo para la inmigración: 1.245 habitantes en 1718 y 4.253 en 1787.

Ahora bien, lo que nos interesa, pese a estas diferencias e incertidumbres, es que el fenómeno que señalábamos en Llavaneres, entre 1708 y 1741, se percibe igualmente en Arenys de Mar. Alza de los nacimientos hasta 1733 (aquí la punta aparece en 1734), seguida de un súbito descenso hasta 1741-1744; en cuanto a los fallecimientos —tomando como signo muy imperfecto las defunciones de adultos de la estadística— presentan un movimiento inverso, con un mínimo que se corresponde aproximadamente a la época más intensa de nacimientos. El excedente global de los veinticinco años, por movimiento natural, fue sin duda alguna tan fuerte en Arenys como en Llavaneres. Las diferencias mismas son explicables: en Arenys, el alza es más rápida y el mínimo final menos bajo, porque la población global tiende a aumentar, mientras que el pueblo de Llavaneres se ve libre, debido a la emigración, de un crecimiento demográfico de larga duración. Además, aparentemente, Arenys se libra de la punta de mortalidad de 1725; de hecho, las estadísticas de Arenys son las de las defunciones de adultos, y puede que esta mortalidad fuese exclusivamente infantil, probablemente a causa de las viruelas. En Barcelona, durante la segunda mitad del siglo, volvemos a encontrar oposiciones de este tipo entre mortalidad de adultos y mortalidad infantil.

Hechas estas precisiones, el parentesco evidente entre ambas curvas parroquiales hace que se validen una a otra, en cuanto se refiere a las tendencias capitales del movimiento natural de población. Y podemos concluir diciendo que, para el Maresme, entre los años 1708-1714, y los años 1741-1744, han sido masivas las ganancias de este movimiento natural.

Posible comprobación: los hombres nacidos durante este período tendrán más de cincuenta años en 1787. Recordemos que en el censo de Floridablanca aparece precisamente este sector superior de edades especialmente incrementado en el caso de los pueblos del Maresme. Desde este punto de vista, las diferencias entre los pueblos se deben tan sólo a fenómenos migratorios a corta distancia.

Por último, no puede pasarnos desapercibido que la expresión «sesenta años», empleada por los interlocutores de Francisco de Zamora para fechar la oleada inicial de repoblación, conduzca precisamente a los años 1721-1730, a un momento crucial que ya hemos entrevisto y que volveremos a encontrar, entre una penosa posguerra y una reanudación general de la actividad, cuyo origen habrá que establecer en el interior de las zonas rurales. Al fijar el movimiento de los precios agrícolas veremos que en los años que rodean 1721 se perfila una ligerísima oscilación en torno a un mínimo secular, mientras que, por el contrario, el vino, recurso comercializable de los pueblos del Penedès y del Maresme, se halla al máximo de su ventaja relativa.

La época se nos presenta, pues, especialmente favorable a las condiciones de vida campesina. En los inicios, la economía justifica un ciclo demográfico propicio.

Observaremos, en cambio, que siguen aún sin desaparecer las repentinas hecatombes entre los niños. Pero se hace muy evidente su carácter epidémico, no alimentario. En el transcurso del ciclo estudiado, sólo encontramos una, muy grave, aunque rebaje en poco el excedente global de población, registrado durante veinticinco años por movimiento natural.

En los ejemplos locales de Llavaneres y Arenys, ningún otro período del siglo dará resultados globales tan favorables. En Llavaneres, el excedente del cuarto de siglo que va de 1715 a 1738 es de 527; el del cuarto de siglo siguiente —1739-1763— es tan sólo de 232. Para el período de 1764-1788, el excedente es de 296; para el de 1789-1813, es de 241. Dentro de un período corto, existen a veces sorprendentes contrastes: en los ocho años que van de 1725 a 1733, el pueblo de Llavaneres gana 240 habitantes, mientras que en los ocho años que van de 1739 a 1746, gana únicamente 46, debiéndose esto más a una súbita caída de la natalidad que a una mortalidad fuera de lo común.

Pero respecto a este punto, se observa un fenómeno paralelo en Arenys de Mar. Tal vez debamos de atribuirlo a la movilización de los marinos durante la guerra contra Inglaterra. Ya veremos cómo las guerras navales mantenían a los marineros alejados durante largo tiempo de sus hogares. Y los huecos en las curvas de natalidad, más aún en Arenys que en Llavaneres, corresponden precisamente a períodos de conflictos (1739-1741, 1766-1768, 1779-1781, 1796-1801). No tiene nada de extraño en pueblos en los que varios cientos de hombres son marinos matriculados.

Dentro de un período largo, se pudo producir el mismo hecho: dada la duración de las campañas comerciales en las Indias, a medida que se desarrolla, a partir de los años 60, la costumbre de estas campañas, debe de ser cada vez mayor el número de ausentes en los pueblos marineros.

En cuanto a Llavaneres, pueblo situado en un cerro (hablamos de Sant Andreu, no de Sant Vicens), el probable descenso de la natalidad, a largo plazo, durante la segunda mitad del siglo, tiene que ver más bien con la estructura de las edades, ya que nos hallamos en un pueblo de emigración.

A partir de 1761, podemos comparar nuestras curvas de los pueblos con las curvas de Barcelona. En la gran ciudad —y a escala logarítmica— parecen haberse debilitado los bruscos movimientos de natalidad y mortalidad. Y en especial en la mortalidad hay que distinguir entre el número total de defunciones, incluyendo los hospitales, y el número de defunciones consignado en las parroquias, que es mucho menor. El primero dejaría un déficit natural casi constante de población, el segundo todo lo contrario. El problema es cómo diferenciar, entre los fallecimientos en los hospitales, los de los barceloneses de los de la gente venida de fuera. La tasa de supervivencia urbana debe de ser intermedia.

Lo que parece claro es que, entre 1761 y 1777, la mortalidad, y en especial la mortalidad en los hospitales, presenta una decidida tendencia al descenso, ya que, en una ciudad en pleno crecimiento, disminuye o se mantiene estancado el número absoluto de muertos. La propia punta de mortalidad de 1777, que las cifras de Barcelona permiten que consideremos como el resultado de una epidemia infantil (en el total de defunciones bate el récord, con un 72 por 100, la proporción de muertes de niños), es mucho menos elevada en la capital que en los dos pueblos vecinos.

En cambio, a partir de 1780, tal vez a consecuencia del creciente hacinamiento en la ciudad, cuyos peligros señaló el doctor Santpons, la mortalidad barcelonesa va de nuevo en aumento, con mayor rapidez que la natalidad. Y, de 1792 a 1797, tiene lugar un ciclo especialmente duro para la demografía de la capital. A partir de 1793, y seguramente en relación con la repentina subida de los precios del grano, se manifiesta a través de la mortalidad barcelonesa la aparición de una epidemia o de un período de carestía. No afecta de modo especial a los niños. Y Barcelona es la primera en padecerla, ya que en Arenys no se alcanza la cota máxima de mortalidad hasta 1795, y afecta a Llavaneres sólo de forma moderada. En la gran ciudad, la cifra absoluta de fallecimientos rebasa los 6.650 durante dos años (1793-1794), descendiendo luego lentamente. No son cifras de grandes pestes, pero no les falta mucho para llegar a duplicar las tasas probables de mortalidad de los años 1778 y 1786. Barcelona no parece verse muy afectada por la crisis de 1799, que tiene sin embargo un eco mucho más amplio en documentos y textos. La repercusión de las crisis de 1800 a 1802 (seguramente epidemias infantiles) se da de forma desigual en los pueblos; ya lo habíamos señalado, y el contraste entre Llavaneres y Arenys viene a demostrarlo.

De todos modos, las postrimerías del siglo XVIII y los primeros años del XIX no representan el momento álgido de la demografía catalana, que debemos situar en cambio entre los años 1714-1738. Las guerras napoleónicas acabarán acentuando el retroceso demográfico ya iniciado. A pesar de los ejemplos paralelos de Marsella y Burdeos, no nos atrevemos a generalizar, ni en Cataluña ni fuera de ella. Según J. Nadal, la regresión de la mortalidad en los jóvenes, que se inició a partir de 1770-1780, sigue manifestándose al acabar el siglo. Los fenómenos profundos pueden ser mejores que las apariencias.

Ahora, y pese a todo, están más clarificadas las aproximaciones de Zamora —los treinta y sesenta años. Resulta aleccionador cotejar lo que ya sabemos con las curvas de salarios ya reconstruidas.

Según nos informan éstas, entre 1720 y 1730, se produce una sorprendente estabilidad en el salario de los braceros.

Una estabilidad impresionante por su carácter absoluto, y por su carácter generalizado. Impresionante, porque es única y no caracteriza los demás índices. En efecto, en la misma época suben los precios y oscilan periódicamente los salarios de los obreros cualificados. Impresionante también porque el nivel del salario del bracero, del salario base, siendo inferior al alcanzado durante y antes de la guerra de Sucesión (en especial durante los años 1690-1705), está también más lejos de los demás salarios de lo que nunca había estado hasta 1720, y de lo que volverá a estarlo después de 1760. Mejor dicho, a partir de 1720, se produce el hundimiento de la remuneración del trabajo no cualificado, situación que se mantendrá hasta 1760. ¿No será éste el síntoma de que eXIste un exceso de oferta para este trabajo por parte de los recién llegados, cada vez más numerosos, y de que la presión demográfica reduce al mínimo el precio de la fuerza de trabajo no cualificado?

Ahora bien, a partir de 1761 el salario del bracero —y sólo éste, durante cierto tiempo aún— inicia un primer movimiento de alza, debido tal vez a una disminución de la presión demográfica; aunque es poco probable que fuera de un modo absoluto, ya que es precisamente el momento en que parece que los pueblos reanudan su crecimiento espectacular. Pero si consultamos nuestra distribución por edades en 1787, podemos pensar que fue alrededor de 1760 cuando se dejó sentir de manera más fuerte el peso de las jóvenes generaciones, más numerosas dentro del conjunto de la población; en las zonas del centro y del este, es bastante apreciable el peso de los «ancianos»; el afán de los jóvenes por emigrar hacia las tierras libres del oeste, en vías de nueva explotación, acentúa estas tendencias. Pero hasta esta fecha, nuestras curvas de salarios son curvas urbanas; 1761-1762 señala el momento en que empieza ya a disminuir la superabundancia de mano de obra en el mercado central.

Pero junto a esta causa del aumento de los salarios hay que añadir otra: a partir del decenio de 1760, los precios suben tan aprisa que el salario mínimo admitido hasta entonces puede demostrarse incapaz de hacer frente a las necesidades vitales. Esto se manifiesta primero en la ciudad, pero poco a poco llega a manifestarse igualmente en el seno de la economía agrícola. Los textos del municipio de Lérida, a los que ya hemos hecho alusión, recogen admirablemente el momento en que el inmigrante asalariado intenta conseguir mediante el recurso extremo de la recolección o el nomadismo, rayano en la mendicidad y el robo, el equivalente a lo que le ofrecería un salario. Estos textos menudean, y no son sino ejemplos de una práctica común. Son comprobaciones históricas de algunas de las proposiciones teóricas de A. Sauvy.

Pero ante eso, se nos podría plantear la objeción de que en Cataluña existe, al igual que en España, y sin que por consiguiente puedan diferenciarse en este punto, un problema de errantes, vagabundos y mendigos. Sí eXIste este problema, pero en determinados territorios y hasta determinadas fechas, mientras que en otras tierras y a partir de fechas diferentes se van concretando condiciones de absorción.

De 1763 a 1774, en vísperas seguramente de un período de reactivación fundamentalmente agrícola y de un período en que se hará necesaria la industrialización, va tomando forma el inicio de una crisis de superpoblación aparente.

Durante el invierno de 1763-1764, una muchedumbre de campesinos hambrientos acude a la capital, en donde se pide a todos los cuerpos constituidos la participación en la «olla pública», contando entre los organizadores de primera fila de la «caridad» a ciertos maestros del gremio textil, que pronto se convertirán en industriales de las indianas. Se trata seguramente de la típica crisis alimentaria, de origen meteorológico, con sus secuelas de subida de precios y calamidades de todo tipo. Pero las consecuencias son importantes: en Barcelona, donde desde hace tres años los salarios iban en aumento, aprovechan sin duda la oportunidad para contratar a gente, ya que en 1765 el alza se interrumpe provisionalmente, coincidiendo con la fecha de fundación de varias fábricas de indianas. No obstante, si pensamos que fueron 8.219 pobres los que habían sido socorridos, es imposible suponer que todos pudieran ser absorbidos; y, efectivamente, a partir del mes de junio, les hacen volver a sus campos.

Pero resulta que, en estos campos, la crisis cíclica parece haberse convertido en una inestabilidad latente. Vuelven a estar al orden del día, y por espacio de una decena de años, los problemas del vagabundeo y la sorda amenaza del bandidismo, problemas ya olvidados desde el siglo XVII. Hay que reorganizar las «escuadras», creadas, como se recordará, para luchar contra los bandidos. En 1767, al acceder el conde de Ricla a la capitanía general, propone unas primeras medidas contra los vagabundos. En el informe que le dirige la Audiencia a este respecto, especifica ciertamente que en Barcelona no ha habido, como en Madrid en 1766, crisis de miseria urbana. El problema es rural. Si hay desocupados, éstos se encuentran en los lugares más poblados y opulentos, en los que se concentra de forma espontánea la gente mísera del campo.

Todavía en 1774, un amplio informe del fiscal Sisternes profundiza más en el análisis del fenómeno: sigue existiendo, según dice, una importante forma de vagabundeo en el Principat; tal como él la ve, se encuentra rozando el bandidismo; los murris se mueven en cuadrillas con sus mujeres e hijos. Algunos detalles nos hacen pensar que el magistrado tal vez describa simplemente el nomadismo de los gitanos, cuya permanencia en España es, en efecto, de todos conocida. Si así fuese, el texto perdería sentido, ya que los murris no serían producto del excedente y de la miseria de los campesinos, y el lugar que ocupan en el informe demostraría en cambio que no existía un problema mayor que éste a tratar. Hay, sin embargo, otros detalles que no pueden atribuirse tan sólo a los gitanos, como el de acusar a los grandes conventos de fomentar este vagabundeo con obras de caridad, o el de especificar que las masies acogen a los errantes por temor a las represalias (incendios de granjas y cosechas). Tampoco aparecerían tan claramente, concluyendo el informe, las causas ni las soluciones clásicas: en cuanto a las soluciones, son el hospicio, la casa de trabajo y el reclutamiento forzoso; en cuanto a las causas, la precariedad de la situación de los campesinos, sin duda alguna. Sisternes dice en efecto:

Un sujeto que la mayor parte de los días está sin tener en qué trabajar, que aun cuando trabaja apenas le da el jornal con qué poder dar un mendrugo de pan a su familia; el otro a quien la muerte del buey, de la mula, del ganado o una larga enfermedad le ha imposibilitado el trabajar y le ha hecho vender la poca ropa con que cubría sus carnes y la única cama en que dormía. Todos éstos están expuestos a abandonar sus hogares y a echarse al robo o al contrabando, persuadidos de que no de otra suerte pueden subsistir.

Existe pues un proletariado rural, compuesto sobre todo por jornaleros, pero también por colonos, aparceros, tal vez pequeños propietarios, a los que la más pequeña catástrofe individual o una periódica estrechez pueden hundir en la desesperación y lanzar a los caminos de la mendicidad. Es este mismo proletariado el que hallamos, ya mucho después de 1774, en Lérida, Balaguer, Àger o Tortosa; un proletariado al que se le ofrecen, como si fuesen demasiado altos, los «míseros salarios» de los que habla Sisternes. Como es lógico, el fenómeno persistirá mucho más en las zonas pobres, montañas y tierras secas; tendremos noticia de las actividades de los contrabandistas pirenaicos, que viven fuera de la ley, hasta las postrimerias del siglo.

No obstante, la encuesta de 1788, e incluso los viajes de Zamora, dan la clara impresión de una disminución de esta lacra. En el apartado de «vagabundeo», la respuesta más generalizada de los pueblos es la de «no hay desocupados». Las zonas de mala fama se hallan ya pacificadas cuando las visita Zamora, quien, en Balaguer, observa incluso un cambio de actitud en la adaptación de los inmigrantes a la vida del pueblo. La respuesta del obispo de Solsona a su cuestionario da una visión general del obispado, confirmando la inestabilidad de una población superabundante, pero sin darle tintes demasiado catastróficos:

Su población, así unida como rural, se computa en once mil doscientas casas, habitadas por unas sesenta mil almas; pero es de notar que bazo el nombre de casas se comprehende toda choza, cabana o barraca, de cuya clase hay crecido número en muchas partes de la montaña, en las que al abrigo de las casas maestras de labradores, suelen domiciliarse gentes pobres jornaleras, que con facilidad transmigran a otras partes si se les proporciona mejor suerte, según el aspecto de los años y de las cosechas; por cuya causa el vecindario no tiene estado fixo; y recibe notables alteraciones.

Esto por lo que se refiere a la zona típica de emigrantes. La doble respuesta de Vilafranca del Penedès —con un texto ingenuo y otro culto— nos ofrece la opinión que es posible recoger —aún en 1788-1789— en un pueblo grande, invadido por los inmigrantes, en donde todavía no se ha conseguido un equilibrio entre la afluencia de hombres y el trabajo a organizar: «En este corregimiento ay hombres, mugeres y niños ociosos que en Cathaluña sería muy conforme el recojerlos pues ha título de mendigar hazen muchas atrocidades y los niños van creciendo en picardías».

Y, sin embargo, en el gran pueblo que es Vilafranca (unos 4.000 habitantes), no se hacen constar más que 20 pobres oficialmente asistidos. De hecho, según se nos dice en otro párrafo, en el que se denuncia sin rodeos el exceso de natalidad, la miseria nace en las zonas rurales:

En la estación presente, los hombres y mugeres casan jóvenes y muy niños, abundan los yjos que de esto nace que muchos se aborrecen por la mucha familia que tienen y van como desesperados por los campos y caminos haziendo muchas travesuras.

También se debe a que el campo no puede proporcionar trabajo a todo el mundo:

En este corregimiento las mugeres y niños no se aplican en trabajar en las operaciones del campo, pero en los lugares que hay fábricas de lana se aplican en hilar con tornos o cardar; también las mugeres y niños se aplican en acarrear leña en los mercados para vender pero no en asser encajes ni vetas y todo esso es por falta de fabricantes que den que trabajar.

El doctor Barba, uno de los autores de esta respuesta, comprendió perfectamente el partido que se podía sacar de esta situación para poder contarse entre los iniciadores de la hilandería del algodón.

De hecho, en 1788-1789, en la mayoría de las ciudades catalanas estaba resuelto el problema de los excedentes de población.

En Barcelona, éste se había solucionado a los pocos días de la crisis de 1763-1764, de la que ya hemos hablado. A partir de 1766, los comerciantesfabricantes de indianas se habían felicitado unos a otros, en su correspondencia privada, por haber contribuido, mediante buenos empleos ofrecidos a la mano de obra, a evitar disturbios —provocados por la miseria— como los que habían agitado Madrid. Ya hemos dicho de qué forma la propia Audiencia criticó, en aquella ocasión, el centralismo ingenuo que, midiendo por el mismo rasero las provincias y la capital, había decretado medidas policíacas para España entera. Asimismo, le hizo ver al conde Ricla, en 1767, que el paro no era un problema barcelonés, ya que el número de pobres de todos los sexos y edades censados en Barcelona se elevaba tan sólo a 406. Ésta seguirá siendo, siete años más tarde, la postura de Sisternes.

Ahora bien, lo que podamos decir acerca de Barcelona se podrá aplicar pronto —aunque sin duda algo más tarde— a las demás pequeñas ciudades marítimas e industriales: los testimonios son unánimes en lo que se refiere al trabajo de la totalidad de la población —incluidas las mujeres— en los pueblos de la «marina». En Sabadell, durante las dos horas en las que Zamora recorre todas las calles de la ciudad, no encuentra un solo mendigo; y se pregunta si podría decirse lo mismo de muchas ciudades de su majestad. En Terrassa, considera incluso que, si el desarrollo industrial se va manteniendo de momento sin avanzar, será porque habrá sido insuficiente la afluencia de mano de obra. En otros lugares, en Igualada, en Esparraguera, en los alrededores de Barcelona, no hay desocupados. En un caso como el de Tortosa, ciudad eminentemente agrícola, si aún quedan hombres desocupados es porque se les ofrecen salarios demasiado exiguos, según afirma el Discurso inédito de 1780, y están esperando la oportunidad de trasladarse a otro sitio en el que paguen mejor. Por último, en las mismas fechas, son significativas las conclusiones de la Carta de Caresmar al barón de La Linde:

Ahora no sólo en Barcelona pero casi por toda Cataluña se encuentran con dificultad trabajadores de la tierra y de otros oficios, aun con salarios muy subidos. Igual dificultad hay en hallar criados, dicen ser por ocasión de las muchas fábricas, pero no es esto sino por la falta de gente.

Debemos entender que la mano de obra resulta insuficiente, debido a las actividades recién creadas. Estas ingenuas palabras podrían hacernos dudar del espíritu crítico de Caresmar si la Carta entera no atestiguara, en tantos puntos, su sentido histórico. Además, no es el suyo el único testimonio: «La mano de obra para el cultivo de las tierras es impracticable (sic) por sus habitantes solos, porque numerosas fábricas de indianas y tejidos estampados han atraído a la ciudad a los habitantes del campo». Esto es lo que afirma, en 1786, el cónsul de Francia en Barcelona. Pero la idea de que el nivel de los salarios —y en especial de los salarios agrícolas— era fuente de crisis y comprometía el porvenir, era un lugar común en aquellas fechas. Pero ahora disponemos de series de salarios, incluso rurales, de fines de siglo, bastante extensas. Nos demuestran que el aumento inaugurado en 1761 con el salario de los peones albañiles tuvo amplia repercusión, llegando a generalizarse; es especialmente característica el alza general y súbita de 1773-1774; la de 1785-1786, que quedó explicada en Barcelona por peculiares circunstancias, resultó casi tan importante como aquélla en las series agrícolas. Podemos pensar, lógicamente, que una de las causas del éxito de las industrializaciones pirenaicas (Berga, Bagà, Ripoll, Olot) fue la posibilidad de ahorro que ofrecían frente a los elevados salarios barceloneses: en el siglo XX se seguía dando el mismo fenómeno.

Por lo tanto, en 1780, Caresmar no resultó ser ni mal observador ni mal profeta. Además, ¿qué otra razón podía haber impulsado al intendente, barón de La Linde, a pedirle al erudito, en esta fecha de 1780, una retrospectiva demográfica, de no ser el desconcierto que le producían los fenómenos de Cataluña? En España, por doquier, según palabras de Campomanes, se planteaba el problema del vagabundeo, del paro y de la necesaria industrialización, que no acababa de cuajar. En Cataluña, llegaban a ser preocupantes la insuficiencia de mano de obra y su consiguiente encarecimiento. Señalaremos, de paso, el carácter no necesario de la relación entre excedente de población e industrialización; ésta, que triunfa en Cataluña de forma espontánea, mediante la floración de iniciativas privadas, sigue siendo limitada en Castilla, pese a la mayor disponibilidad de hombres y a la protección del Estado. De ahí que nuestro trabajo no pueda ni deba ser únicamente, ni tan sólo primordialmente, demográfico.

Así pues, tras haber mostrado la amplitud del crecimiento de la población y la nueva distribución geográfica de las ganancias, podía ser útil trazar por lo menos un esquema de las principales etapas de transformación del mercado de la mano de obra. Durante el período 1730-1760 parece haberse afianzado sobre todo una repoblación, que a su vez puso las bases para una renovación fundamentalmente agrícola. En cambio, si la economía hubiese permanecido inactiva, Cataluña habría padecido una superpoblación poco después de 1760. Resulta interesante observar que, gracias a una estructura de población en la que el número de hombres de mediana edad se ve de momento limitado, unido a rápidas realizaciones económicas, en lugar de sentirse la región preocupada, a partir de 1780, por el exceso de mano de obra, lo está, por el contrario, por la insuficiencia de ésta.

6. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN

El hecho de que se recurra, de ahora en adelante y de forma acelerada, a la mano de obra femenina y, más aún, infantil, y por esa misma razón, muy pronto, al maquinismo naciente, es un tema sobre l que volveremos sin duda alguna, y nos parece por lo tanto innecesario seguir tratándolo aquí ampliamente. Queda otro punto por analizar, sin el cual resultaría incompleto este esbozo demográfico; se trata de saber si durante este siglo XVIII tan dinámico, existió intercambio de hombres entre Cataluña y el exterior, si hubo a través de las fronteras regionales una inmigración o emigración capaces de modificar los datos demográficos internos o corroborar sus características ya enunciadas.

Por el contraste de sus resultados, dos convocatorias a la emigración vienen a apoyar nuestro esquema sobre los dos momentos opuestos de la situación demográfica catalana: inmediatamente después de 1760 —momento de disturbios y superpoblación— y durante los últimos años del siglo, características que anuncian el pleno empleo.

En 1766 se convoca a la colonización agrícola de Sierra Morena, la más célebre empresa española de «repoblación». Lo que más se recuerda es que se consolidó gracias a los alemanes; pero, de hecho, no faltaron españoles de las provincias periféricas en vías de superpoblación. Y de entre los colonos que más éXIto tuvieron (según dicen algunos, los únicos que lo tuvieron), ocupan el primer puesto los catalanes. Por lo tanto, por estas fechas de 1766 eran muchos aún los que se hallaban sin trabajo en su región.

Ahora bien, en 1793 una cédula real prometió interesantes condiciones para eventuales colonos en Extremadura. Los catalanes no respondieron a esta convocatoria, a pesar de estar viviendo tiempos de graves crisis cíclicas o accidentales que caracterizaron el final del siglo XVIII y los primeros años de la centuria siguiente. En 1805, un catalán, funcionario de las contribuciones indirectas en Murcia, extrañado ante esta abstención, emprendió por propia iniciativa una especie de publicidad oficial sobre las ventajas que se concedían, en especial a los fadrins externs, hijos menores de antiguas familias campesinas a quienes el sistema de heredero único dejaba sin tierras, convirtiéndolos en candidatos naturales a la emigración, próxima o lejana. En Extremadura les ofrecían las tierras, la nobleza y la exención de impuestos durante quince años, siempre que aportaran ellos un tiro de caballos y un pequeño capital: veinte pesos, como cifra mínima. El autor del proyecto confiaba en tener éxito entre jóvenes generalmente portadores de un peculio, pero abocados, según decía, a la mediocridad y a la soltería, si no abandonaban su región.

Pero tras una encuesta, las respuestas de los corregimientos catalanes son unánimes al respecto: los jóvenes de la región no van a salir de su tierra para una empresa agrícola de este tipo. Resulta especialmente explícita la respuesta de Manresa: no hay suficientes hombres en los campos; en los pueblos queda de inmediato absorbida la población excedente por necesidades de las fábricas; los jóvenes que están en posesión de un mínimo capital (como el que se les exige) lo emplean en el Principat. La respuesta es sustancialmente igual en todos los corregimientos afectados por la industrialización. Y tampoco es muy distinta la postura de las áreas más pobres y apartadas, como Talarn o Puigcerdà. Reconocen aquí que serían pocos los jóvenes sin empleo fijo que pudieran reunir el peculio exigido a los eventuales colonos, añadiendo acto seguido que, de todas maneras, allí mismo no solía faltar trabajo, ya sea en las nuevas roturaciones, ya sea en las fábricas.

No obstante, no podemos deducir de esto en modo alguno que, en la Cataluña del siglo XVIII, la tendencia a la emigración se manifestara sólo en el episodio de Sierra Morena, quedando luego totalmente borrada. La frecuencia de nombres catalanes en todas las vías del comercio español —plazas del interior, plazas coloniales, navíos— es mucho mayor de lo que justificaría la simple proporción de habitantes de lengua catalana en el país. Cuando el comerciante barcelonés o el patrón de barca de Mataró hacen negocios fuera del Principat, hay siempre algún catalán emigrado que sirve de intermediario. Unos se fueron para un tiempo; otros se establecieron fuera de Cataluña como agentes de alguna firma y, más tarde, por cuenta propia; otros, que eran marinos, arrieros o buhoneros, se convirtieron en mercaderes o fabricantes en Cádiz, Montevideo o, sin ir más lejos, en Valladolid. Ya desde el siglo XVIII se puede observar la ubicuidad del mercader catalán, que inspirará tantas sátiras castellanas del siglo XIX.

En determinados pueblos, la emigración se ha convertido en una costumbre, en una tradición (señalemos aquí un verdadero parentesco entre Cataluña y el País Vasco, debido al común sistema de sucesión). En Copons, Prats de Rei y Anglesola, Zamora nos presenta las excepcionales comodidades de las casas nuevas (balcones y piedra de sillería) como una consecuencia de la emigración: los beneficios de los emigrantes han vuelto a su lugar de origen. En la propia ciudad de Barcelona, en el censo de 1787, se hace constar, junto a la desordenada afluencia de comerciantes extranjeros, de marineros y de mano de obra a la espera de algún trabajo, el número importante de ciudadanos debidamente registrados en los barrios que realizan viajes «siguiendo su comercio», y de los que no se sabe a ciencia cierta si regresarán, y si conviene seguir contándolos como «vecinos».

Pero por eso mismo, vemos cuán difícil sería evaluar mediante estadísticas y situar cronológicamente este tipo de emigración. La emigración relativamente masiva de pueblos como Anglesola, Prats o Copons —comprobada por su bajo índice de crecimiento en 1787— pudo muy bien ser anterior a los años 1770-1774, y agotarse o debilitarse durante el período de pleno empleo. Seguramente no sucede lo mismo con aquella emigración individual, de calidad, no de masas, que representa, en especial en los puertos, una corriente más económica que demográfica. Aunque muy importante para la ulterior prosperidad del Principat, esta corriente no debe de poseer un valor numérico considerable. Se compagina, a finales de siglo, con un movimiento humano opuesto, que viene a llenar los huecos dejados por los que se fueron: un movimiento de inmigración extranjera en el que predominan, en número, los desposeídos, los criados y los obreros.

El fenómeno más característico de la economía barcelonesa de los siglos XIX y XX lo constituirá la masiva inmigración de obreros españoles no catalanes, a los que se denominará «murcianos» por su origen más común. Inundaron la ciudad. Los trabajos de nuestro amigo E. Moreu demuestran además que, mientras en el siglo XVIII seguía siendo muy importante la inmigración francesa a Cataluña, era prácticamente desdeñable la inmigración de españoles no catalanes; es la época de déficit demográfico generalizado en toda la península.

En cuanto al siglo XVIII, que es el que nos ocupa, queda de manifiesto que se invierte la proporción entre inmigrantes franceses e inmigrantes españoles después de la guerra de Sucesión, aunque el número de llegadas sea entonces muy bajo. Por desgracia, ya no se puede aplicar a la segunda mitad del siglo XVIII el método de sondeo utilizado por E. Moreu (basado en los documentos de matrimonio extradiocesanos, que se conservan en el archivo episcopal), ya que se deja de indicar con regularidad el origen de los casados inmigrados. Cierto es que los nombres pueden servir de guía. Por mi parte, en las listas nominativas de cartillas semanales de pago de las fábricas de indianas, fuente bastante amplia, no encontré más que un número insignificante de nombres españoles no catalanes. En el estado actual de la investigación, no se puede trazar ningún esbozo estadístico. Tan sólo decir que hubo inmigración masiva venida del otro lado del Ebro.

Estamos mejor informados acerca de la inmigración extranjera, término que podemos sustituir tranquilamente por el de inmigración francesa. No es raro encontrar nombres franceses entre nuestros obreros de indianas, en especial entre los grabadores cualificados, sin que esto llegue a ser determinante. Es herencia de una larga tradición en la que, según nuestra opinión, algunos casos anecdóticos célebres de aportaciones francesas a la técnica textil tienen, sin embargo, una importancia mucho menor que la enorme masa de franceses de todas las categorías que se desparrama por Cataluña durante el período de déficit demográfico, o sea, del siglo XV a los años 1640. A partir de entonces, poseemos una excelente información sobre este tema.

Como consecuencia de recientes trabajos, también ha quedado claro que, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, cesó prácticamente la corriente de inmigración francesa, aunque resulte difícil evaluar el número todavía importante de roselloneses que siguieron considerando Barcelona como su capital intelectual y económica. Sería de sumo interés para nosotros saber si la reanudación de una corriente de valor económico-demográfico más evidente coincide precisamente con el momento crucial que suponen los años 1770-1774 y que el movimiento de los salarios pone de manifiesto. Desgraciadamente, no nos basta el archivo del consulado barcelonés para seguir con precisión cronológica la historia de una colonia en la que, por otra parte, aparecen más las altas personalidades de marchandise que los trabajadores inmigrantes. Pero a partir de 1785 ya tenemos textos: el cónsul de Francia escribe que el número de franceses inmigrados a Cataluña no deja de crecer desde hace dos años. Atribuye el hecho a las medidas proteccionistas que, al obligar a los españoles a fabricarse ellos mismos los tejidos, les inducen también a atraerse una mano de obra cualificada de Carcasona y Nimes. Acaba adelantando una cifra: 6.000 franceses debían de residir en Cataluña como negociantes, criados u obreros. A fines de 1786, prosigue el movimiento: por la zona de Montlouis, el paso de trabajadores franceses por la frontera es incesante. Volvemos a encontrar, por lo tanto, indicios del movimiento del que se quejaba la Cámara de Comercio de Rouen, en una famosa memoria reproducida por Young. Lo lógico es buscar una explicación, más que en tal o cual tratado de comercio, en el aumento de los salarios barceloneses, especialmente elevado en 1783-1786, y tal vez único en Europa. Pero el propio aumento no se explicaría sin una demanda de mano de obra muy superior a la oferta regional, y relacionada con una industrialización a su vez anterior a los tratados, e incluso al libre comercio de 1778. No obstante, ante la crisis, en 1789 y en 1799, la reacción no se hace esperar; se quiere expulsar de Barcelona a los extranjeros sin trabajo fijo; el cónsul de Francia se alegra por su país, pero pronto se reanudará la inmigración.

Estos datos son suficientes para definir una inmigración extranjera que no es una simple entrada clandestina de técnicos y que, pese a lo que se ha dicho a veces, parece más determinada por ellos que «determinante» para los avances textiles catalanes. Responde ante todo a la atracción de los salarios. Tiene su momento álgido antes de la afluencia de los refugiados de 1789 y la retirada de los roselloneses, cuando la guerra del 94. De hecho, de 1775 a 1808, aunque de modo discontinuo, entre Francia y Cataluña la atracción demográfica y económica se ejerce desde el lado catalán.

Así pues, dentro del movimiento demográfico catalán del siglo XVIII observamos matizaciones, pero sobre todo un gran vigor. Con repoblaciones en campos y pueblos, duplicando la población en menos de tres cuartos de siglo, mantiene, de 1730 a 1760, el salario base a un nivel mínimo. Incluso durante un tiempo, la amenaza de la superpoblación que se cierne, con sus desórdenes, fomenta la tendencia a emigrar lejos. Pero áreas enteras se hallan en vías de reactivación, y hacia ellas se dirigen, en primer lugar, los emigrantes de las zonas montañosas pobres. En cambio, por el este, en el centro y en los alrededores de Barcelona, a partir de 1780, será la insuficiencia de hombres en edad de trabajar lo que va a llamar la atención. Los salarios experimentan un brusco aumento. Se recurre cada vez más a las mujeres, a los niños, a los extranjeros, mientras va dejando de ser masiva la emigración lejana. Puede que el balance de los intercambios con el exterior presente un excedente, pero es reducido y tardío. La economía catalana ha absorbido y dado trabajo a una población que se ha más que duplicado de una forma natural. Sin duda, gracias a la industrialización. Pero ¿cómo nace ésta? Antes de que se vinculasen a los problemas industriales, los hechos demográficos ejercieron una presión en el mundo rural, y se pudo alimentar a la masa humana en pleno crecimiento tan sólo gracias a necesarias transformaciones en la agricultura. Hay que iniciar por tanto un análisis agrícola si queremos plantear en términos correctos los demás problemas de economía social.

CUARTA PARTE

LA CATALUNYA DEL SIGLO XVIII

Las fuerzas productivas. Extensión e intensificación de la producción agrícola

Ya hemos visto cómo unas condiciones agrícolas favorables —abundancia de cereales, alza de los precios vitícolas— están sin lugar a dudas en el origen, al menos en el litoral y hacia 1720, de los primeros ciclos demográficos excedentarios en Cataluña. Existe una continua interacción entre demografía y producción agrícola.

A continuación, intentaremos responder a la pregunta de cómo logró la agricultura catalana hacer frente, incluso durante los ya no tan prósperos últimos años del siglo, a las necesidades de una masa humana en continuo crecimiento.

Por una parte, la agricultura podía extenderse. Solución esta siempre peligrosa en el medio agrícola mediterráneo, ya que la roturación destruye pastos y bosques y, a menudo, el propio suelo. Y, sobre todo para el cereal, se cumple en seguida la ley de los rendimientos decrecientes.

Pero en un principio, y en especial por el oeste, la región se hallaba despoblada. Antes de recurrir a roturaciones abusivas, había que abordar toda una reconquista del suelo sobre la base de rendimientos, si no crecientes, al menos aceptables.

No obstante, el incremento de las fuerzas productivas no puede realmente definirse más que por la intensificación del cultivo del suelo y por los avances técnicos. Además, era posible una reconquista, por ejemplo, a partir de los antiguos regadíos, largo tiempo abandonados, de Manresa o Lérida. Esto podía ir seguido de realizaciones tales como nuevos regadíos, cambios de cultivo, rotaciones más intensivas a lo largo del año o combinaciones nuevas de agricultura y ganadería. En todos estos campos, serán posibles comprobaciones reales, cuando no medidas, que no nos hagan albergar ninguna duda sobre el fuerte aumento de la producción.

Sin embargo, en cuanto a la producción de cereales y de artículos de consumo de primera necesidad, es otra cosa. Se nota en seguida que una de las características más evidentes del crecimiento agrícola de la zona mediterránea es la especialización: viticultura, oleicultura, cultivos industriales e incluso explotaciones forestales como el corcho y madera de construcción naval y tonelería, todo lo cual no es demasiado favorable al crecimiento de la producción cerealística.

Como consecuencia, hay que importar grano. Es ésta una antigua costumbre barcelonesa. El carácter comercial de la economía catalana se manifiesta en el seno mismo de la actividad agrícola, e incluso fuera de ella. Todo se convierte en mercancía, y a pesar de las costumbres patriarcales de la masía y del mantenimiento —cuando no endurecimiento— de los derechos y controles señoriales, las relaciones capitalistas se extienden ampliamente.

Es útil el ser consciente, de buen principio, de estos fenómenos de base. Calibrarlos será, desgraciadamente, más difícil.

El movimiento de los precios agrícolas permite conocer sus relaciones y su exacta cronología. Vincula la elección de los agricultores con las atracciones coyunturales. La importación debilita las puntas cíclicas de los precios del grano; la exportación vitícola determina bruscos aumentos de la prosperidad, seguidos de dramáticas «mal-ventas»; el movimiento, más regular éste, de los precios de los productos de gran consumo regional (aceite, huevos, carne de cordero) pone de relieve, en la segunda mitad del siglo, un desarrollo regional más vigoroso que el francés o castellano.

El movimiento de las rentas agrícolas combina los efectos del alza demográfica con el alza de los precios y el aumento de la producción. La dinámica de este movimiento durante la primera mitad del siglo, introduce cierta prioridad en provecho de la combinación producción agrícola-demografía. No será sino posteriormente cuando llegará el impulso del gran comercio. Pero existe una interacción continua entre la inversión agrícola y la comercial, y más tarde la industrial. Se puede esbozar un análisis social de las clases beneficiadas por la acumulación de rentas agrícolas.

En líneas generales, éste será el orden que seguiremos en el análisis de este primer apartado.

I

LA EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS

Tras las devastaciones de los años 1705-1714, y ante la despoblación de las zonas occidentales del Principat, se abría en Cataluña un vasto campo a la extensión de los cultivos. La repoblación podía ir ligada, en principio, a una especie de reconquista del suelo, de recolonización. ¿Fue realmente esto lo que ocurrió? A buen seguro podemos responder que sí; y, además, muy ampliamente.

Otra cosa es cifrar, fechar y cartografiar esta extensión. Al igual que en la demografía, ninguna documentación centralizada nos permite, en lo que a superficies cultivadas se refiere, medir y seguir en cifras y de un modo continuado una evolución de conjunto. La encuesta local, efectuada entre los notarios de los más importantes centros comarcales agrícolas o entre los capbreus de los patrimonios señoriales, eXIgiría una labor de equipo cuyos resultados yuxtapuestos sólo conseguirían cubrir una parte de la región, y a título de simple sondeo.

La diferencia entre lo que podemos decir aquí y lo que haría falta saber, en Cataluña y en España, sobre los problemas agrarios concretos del siglo XVIII, nos hace desear que muchos jóvenes historiadores se orienten hacia estas investigaciones agrícolas localizadas. Pero recordemos que lo único que nos interesa aquí, de momento, es abordar las complejas cuestiones de economía rural, sólo en la medida en que sirvan para aclarar un tema más amplio como es el de la originalidad social de una región; originalidad adquirida, conservada, debilitada o, por el contrario, fortalecida durante las principales fluctuaciones del poderío español y de la economía internacional.

Por todo ello, en el siglo XVIII catalán nos hubiera interesado más la extensión de los cultivos en conjunto que una relación pormenorizada.

Bajo este punto de vista, había un tipo de fuentes que, por su mismo nombre, parecía prometer mucho. Cataluña, que hasta hace muy pocos años no ha contado con un catastro moderno, tuvo ya en el siglo XVIII su «catastro».

Sin embargo, ésta es una suerte sólo aparente, ya que es poco probable que se haya conservado. Los papeles de la Intendencia, en la medida en que su clasificación actual permite una afirmación, no incluyen los documentos del famoso impuesto de 1716, tan polémico en sus orígenes. El «Archivo de Hacienda» provincial, que ha conservado (por casualidad) algunos fragmentos de documentación antigua, no contiene ningún indicio del viejo catastro ni de su base tributaria anual. Cierto es que la «nueva planta» administrativa de la provincia supone la centralización en Madrid de los documentos fiscales; sin embargo, tampoco encontré nada en Simancas. Es posible que el incendio de Alcalá, en 1940, sea el responsable de esta laguna archivística, al quedar definitivamente perdidos una gran cantidad de documentos administrativos.

Algunos pueblos han conservado, entre sus documentos municipales, el catastro de 1716. Muchos han sido utilizados, a pesar de ser datos eminentemente locales y muy fragmentarios. Además, lo que realmente nos interesaría encontrar sería el catastro «en movimiento», ya que en teoría (e incluso en la práctica, en determinados puntos) los impuestos se modificaban según las rentas.

No obstante, tal vez resultase una fuente decepcionante. Aunque cualquier petición hecha al rey en favor de una extensión o mejora agrícola ponga de manifiesto una plusvalía que el catastro no dejaría de consignar, lo cual nos permitiría buscar el movimiento de la renta agrícola por medio del catastro, sabemos no obstante que los ministros ilustrados consideraron el mantenimiento de éste en una tasa módica como el mejor estímulo para dichas extensiones y mejoras:

Las tierras peores, que en algún tiempo se creieron incapazes de cultura, retribuien en muchas partes tanto como las de primera suerte, de las tres en que las divide el cathastro porque los labradores han puesto maior empeño en lograr utilidades en aquellas en que se consiguen menos gravámenes del tributo; y la justa equidad de los intendentes y del ministerio de Hacienda se desentienden de estos aumentos para no desalentarlos con el recargo de contribuciones.

¡Valiente cosa para consolarnos por la falta del catastro entre nuestros instrumentos de medición!

Además, el texto citado quizá no sea más que una interpretación benevolente de la rutina fiscal. Ya que, según parece, el catastro permaneció invariable a lo largo de todo el siglo, resultando que el impuesto que en 1716 parecía tan gravoso, setenta y cinco años más tarde era bastante suave; cuando las circunstancias exigían unos ingresos de Estado superiores, se limitaban a añadir un porcentaje fijo a las tarifas tradicionales referentes a personas y tierras. Al menos esto es lo que nos indican las pocas variaciones del catastro que hemos hallado en las cuentas agrícolas de varias granjas.

Una vez descartado el catastro, tal vez podríamos recurrir a algunas encuestas oficiales. Tanto en España como en Francia, el rey se preocupó, en ciertas ocasiones, de comprobar «el estado de las roturaciones» y los resultados de las medidas adoptadas para fomentarlas. Estas encuestas fueron efectuadas en Cataluña, ya que encontramos en los archivos de la Audiencia los documentos en los que está ordenado. Tampoco aquí pudimos descubrir sus resultados, probablemente centralizados en Madrid. Seguidamente valoraremos la importancia de dicha pérdida con respecto a la del catastro.

La primera encuesta data de 1737; es una fecha temprana, por lo que no responde exactamente a lo que buscamos. Sólo podría informarnos por deducción. Se trata de la inclusión en su «Patrimonio», por parte del rey, de tierras que, en principio, no tengan dueño y que hayan sido cultivadas, sin autorización especial, por particulares o comunidades. La encuesta no incluye todas las roturaciones. Y entre las que contempla pueden figurar operaciones que se remonten mucho más allá del siglo XVIII. Ahora bien, tenemos pocos detalles y sólo sabemos que el fisco se muestra minucioso, que las investigaciones duran diez años, que acarrean vivas protestas y que el asunto se zanjó definitivamente en 1747 con la confirmación de todos los particulares en las tierras vacantes que habían cultivado. En principio, deberíamos encontrar indicios de estos reconocimientos en los libros del Patrimonio Real, que sí se conservan. Pero mientras hemos observado en estos libros la insistencia del fisco real por ratificar sus derechos sobre aguas, molinos, posadas, sobre la construcción de puentes o la explotación de chalanas y barcas, no sucede lo mismo con los resultados referentes a la tierra, durante los años abarcados por la encuesta; la agrupación cronológica de las concesiones de tierras vírgenes parece ser independiente de la investigación de 1737. O bien ésta fue un episodio aparte, con registros especiales, o no tuvo ninguna eficacia.

En 1749 aparece una medida más característica. El rey obtuvo del papa una cesión de la plusvalía de los diezmos sobre toda tierra roturada o mejorada. Se sirvió de ello para fomentar la progresión de los cultivos. Además, para la rigurosa aplicación de este favor, una orden en catalán prevé la declaración pormenorizada de las tierras recién cultivadas y regadas, ya sea por particulares en sus propias tierras o bien por la concesión especial de tierras reales o comunales. Poseer las respuestas periódicas a este cuestionario sería fundamental para nuestros propósitos. Pero ¿hubo respuesta? ¿Y hasta qué fecha? Los registros del Patrimonio Real señalan, es cierto, un apreciable incremento de las roturaciones a partir de 1749, pero ya veremos que su testimonio es indiscutiblemente incompleto. En cuanto al aumento de las rentas de este Patrimonio entre 1750 y fines de siglo, depende de otras muchas cosas, además de la plusvalía del diezmo incluido en la concesión pontificia. Para calibrar, en esta subida, el alza de los precios y de los perfeccionamientos de la explotación, deberíamos disponer de todos los justificantes exigibles de los adjudicatarios de cada arrendamiento, y no sólo de la cifra global de cada adjudicación. Estos papeles son de difícil utilización y exigirían una severa crítica; a priori, su sinceridad es dudosa.

Ante estas dificultades nos conformaremos con los testimonios de los textos a propósito de la extensión de los cultivos y del carácter general y espontáneo de dicho fenómeno. Como ejemplos concretos tenemos los pormenores de las roturaciones sistemáticas sancionadas por privilegios reales y las concesiones del Patrimonio Real para la explotación de tierras recién formadas (aunque habría que preguntarse si por concesión se ha de entender explotación efectiva). Algunos sondeos en archivos notariales y privados nos confirmarán determinadas características de la reconquista del suelo, ya destacadas por los observadores contemporáneos. Y la insistencia de éstos sobre las causas y las consecuencias de la roturación nos demostrarán que, de todos modos, fue uno de los rasgos más señalados del siglo XVIII.

Esto nos hace lamentar más aún si cabe el no haber podido medir y cartografiar la extensión agrícola. En este punto deseamos a los demás (o tal vez, un día, a nosotros mismos) más tiempo y mejor suerte.

1. TESTIMONIOS GENERALES

Resulta chocante la concordancia de los testimonios a propósito del fenómeno de la roturación y su alcance.

En 1766, el rector de Sant Pere de Vilamajor, en el Vallès, con motivo de solicitar al rey, sin duda en nombre de un grupo de ganaderos, medidas proteccionistas para la ganadería catalana, señalaba el incesante aumento del cultivo de los cereales en detrimento de los pastos. Fue éste el momento de tres informes oficiales, cuyas observaciones son recogidas por la Audiencia en 1770. Aun sin ponerse de acuerdo sobre las preocupaciones de los ganaderos y las medidas a adoptar, tanto el intendente, el fiscal del rey —Sisternes i Feliu— como la Real Conferencia de Física y Agricultura —la futura Academia de las Ciencias— reconocían la importancia del «rompimiento de montes» (entendiéndose aquí carrascales y monte bajo).

La Academia adelantaba una fecha para situar el fenómeno: desde 1720, decía, y gracias a los nuevos mercados, tanto interiores como exteriores, abiertos a la producción agrícola, la proporción de tierras cultivadas no había dejado de crecer. La Audiencia —el más decidido apoyo de la agricultura— no dudaba en añadir «hasta llegar al estado feliz actual». Sorprende este optimismo ya que, al decir de la misma Audiencia y posteriormente de Young, aún quedaba mucho por hacer. La frase contrasta incluso con las habituales lamentaciones de la literatura económica española, aún muy frecuentes por estas fechas. El período de progreso agrícola en Cataluña ha sido lo suficientemente impresionante como para que exista una conciencia clara de ello en la región.

El Discurso inédito de 1780 recogerá los mismos datos acerca del contraste entre principios y mediados de siglo:

Concluidas las turbaciones y guerras del siglo pasado y las que continuaron en el principio del corriente, dexaron a esta Provincia reducida a la maior miseria; pero la industria y porfiada fatiga de sus naturales, se dedicó con un esfuerzo increíble al cultivo de sus tierras desmontando las fragosas y beneficiando las yermas, con tanta felicidad que a pocos años se mirava a Cataluña con mui diferente aspecto, ya poblada, amena y deliciosa.

Además, el Discurso titulaba así una de sus exposiciones: «Discurso en que se aumentan algunas reflexiones sobre la importancia de la Agricultura y en que se expresan los motivos de las ventaxas que actualmente experimenta Cataluña respecto al estado en que se hallava a principios de este siglo y del que tuvo antes de los tres anteriores».

Quizá fueron éstas unas frases de economistas de Academia o de agrónomos aficionados, pero ya hemos visto que los administradores —intendente o fiscal— eran también de parecida opinión. Al mismo Sisternes i Feliu le gustaba recordar en todos sus informes los resultados agrícolas ya conseguidos, incluso cuando quería evidenciar algunos aspectos aún preocupantes, como la falta de trabajo o el vagabundeo:

Los catalanes —escribía en 1774— son de suyo laboriosos e inclinados a toda suerte de trabajos, y llevados de esta inclinación adelantan incesantemente la agricultura abriendo los terrenos que parecen más eriales y hasta los montes más escabrosos.

Este administrador podía apoyarse en las opiniones de las autoridades locales de la provincia; en el este, era el consejo municipal de La Bisbal quien escribía: El Principat tiene como preocupación prioritaria «la abundancia de trigo y vino para el natural sustento del hombre, rompiendo por esto tantos montes y haciendo con su don y arte que produzcan trigo las peñas».

En el oeste, llegaba de Lérida una comprobación análoga, subrayando el contraste entre las ricas llanuras de regadío, donde nunca se contaba con suficientes brazos para asegurar el cultivo, y esas partes desheredadas de Cataluña donde la «sola circunstancia de la muchedumbre de gente hace experimentar falta de terreno para los que quieren aplicarse a labrarle, viéndose obligados los industriosos y aplicados a romper hasta los más duros peñascos y a entresacar jugo de los más secos arenales».

El mismo Young, quien a primera vista ha captado mal el carácter geográfico e ineluctable de la alternancia mediterránea entre vergeles y desiertos, reconoce bastante a menudo la minuciosidad de la ocupación del suelo. Y todos los demás viajeros —españoles o extranjeros— notan, al ver los cultivos en terraza o la invasión de la roca viva por las viñas, hasta qué punto es manifiesto el nuevo afán de tierras de los catalanes.

Ponz nos dice: «Da mucho gusto ver crecer las plantas en lo vivo de las peñas, tal es el genio de los catalanes». Y Laborde:

Diríase que el terreno parcelado y cortado de esta provincia debe de ser estéril, y en cambio, es todo lo contrario; por lo demás, el genio y la actividad de los catalanes saben vencer todos los obstáculos; a los lugares más escarpados han llevado los cultivos; en medio de los peñascos uno descubre campos, vides, huertos y pueblos; la llanura y los pies de las colinas, fértiles por sí mismos, lo son aún más gracias a una ciencia de riego muy perfeccionada.

Quizá resulte más útil aún considerar las reflexiones de los observadores referentes a las conquistas de los cultivos, bajo otras formas que las de observaciones generales, ya que son de temer en éstas buena parte de repeticiones mecánicas. Además, sucede que nuestros autores citan las roturaciones a propósito de otros fenómenos, como si se tratara de algo admitido y perfectamente conocido.

Caresmar, queriendo demostrar que la Cataluña del siglo XIV estaba más poblada y cultivada que la del siglo XVIII, se ve obligado a describir —subrayando que las ha visto con sus propios ojos— las terrazas de cultivo abandonadas y los enterrados troncos de los viejos olivos. Pero si ha visto todo esto, también ha visto al hombre ascender, una vez más, a la conquista de este difícil terreno. No dudamos en citar por segunda vez estas palabras llenas de sentido:

I así en estos tiempos en que se ha multiplicado la gente y van buscando tierra para el cultivo, experimentan que no hay terreno por estéril y áspero que sea, y que parece a primera vista que jamás ha sido reducido a cultura o que no es cultivable, en que no se hallen indicios y pruebas ciertas de que lo fué; de forma que en un empinado y resbaladizo monte se halla que a grande costa se fueron poniendo y arrimando grandes peñas como gradas, y entre grada y grada y márgenes se iban aprovechando y cultivando aquellas estrechas faxas, se plantaban viñas y olivos, y de éstos duran aún hoy los troncos después de muchos siglos que no se ha cultivado aquello, como lo tengo observado y visto en varios territorios de lo más quebrado de Cataluña.

Capmany cree incluso poder relacionar un fenómeno físico como es el creciente enarenamiento del puerto de Barcelona con el reciente aumento de las roturaciones:

... al progreso que experimenta la agricultura en el Principado de algunos años a esta parte; pues en habiéndose sumovido para plantíos infinita tierra nueva de los montes y collados antes incultos, se ha acarreado con el ímpetu de las lluvias nuevo caudal de arenas a los ríos.

La noción del deterioro de las tierras mediterráneas a causa de las roturaciones nos es familiar en la actualidad. Pero que a Capmany se le ocurriera semejante idea prueba que la amplitud de las recientes roturaciones constituía para sus contemporáneos uno de los acontecimientos naturales más importantes.

2. TESTIMONIOS LOCALIZADOS: NINGUNA ZONA SIN CASOS DE ROTURACIONES

Todas estas afirmaciones de orden general, por su mismo énfasis e imprecisión, deberían de resultarnos sospechosas. Más valiosos nos serán los testimonios localizados, por su valor más concreto y porque su yuxtaposición confirmará la extensión y la espontaneidad de las tendencias a la roturación. Con excepción quizá de la Cerdanya, no existe comarca del Principat sobre la que algún texto del siglo XVIII no nos indique un progreso más o menos relevante de la superficie cultivada.

No nos extrañemos al comprobar estos progresos en las inmediaciones de la capital, mientras ésta se puebla y enriquece. A lo largo de todo el siglo, se observa alrededor de Barcelona una paciente y minuciosa conquista de las buenas tierras cultivables, los aluviones de los deltas, las rojas arcillas de las colinas hasta los 120 metros de altitud e incluso los esquistos del Tibidabo, donde retroceden el monte bajo y los pinos. La viña alcanza algunas veces las cimas de la cadena del anfiteatro o sigue dicha cadena «de Montcada a Viladecans». Ya se trate de las torres del hospital, en Cornellà o Badalona, o bien del ciutadà honrat que amplía su finca de Santa Creu d’Olorda, o del comerciante o el industrial que invierten su capital, la primera tarea encomendada al aparcero, al pagès que allí establecen es la de plantar la viña, tras haber artigado la parte boscosa de los terrenos adquiridos. Más cerca del mar, cuando los «prados de indianas», reservados al blanqueo de los tejidos, alejen los cultivos de bastantes espacios abiertos, la viña se tomará la revancha conquistando nuevas tierras, ya sea en la arena de las playas o a costa de lagunas desecadas, mientras que l’horta, a su vez expulsada del perímetro urbano, invade el delta.

Bien es cierto que se dan aquí condiciones muy especiales, bajo la influencia de un mercado cada vez más ávido de productos alimenticios y fortunas de cualquier procedencia que buscan colocarse. Por lo demás, como ya veremos, la intensificación de los cultivos es sin duda más interesante que su extensión en superficie. Y por último, en muchos puntos —como en los alrededores del convento de Gràcia o en Sant Gervasi— no se trata tanto de ocupación sino de nueva ocupación del terreno, de una revancha contra las devastaciones militares, a menudo recientes. No importa; no por eso es menos interesante el vínculo entre el impulso económico general y el progreso de los cultivos. Sobre todo, el caso del Pla de Barcelona no es el único.

Alejémonos de la capital. Dejemos atrás Badalona. En el último cuarto de siglo, todos los viajeros —incluido el difícil e hipercrítico Young— se extrañan al ver cómo las viñas coronan incluso las mismas cimas de las colinas, y cómo son vallados y cultivados los más pequeños rincones de playa. Los nuevos pueblos de la Marina no nacieron sólo de las necesidades del comercio, la industria o la pesca; la población fue bajando a la vez que la explotación agrícola, que lo abarca todo en media milla o una milla inglesa a partir de la costa. En Alella «se crían naranjos de que se haze gran comercio para fuera del Reyno»; pero no sólo se ha conquistado el suelo para estos cultivos especializados; «antes no cogía trigo, en el día pasa de 700 quarteras ...».

Sin embargo, en cuanto dejamos atrás los aluviones y arcillas rojas del pie de los cerros, el suelo es realmente pobre. ¡Mala suerte! De todas formas, esto no es óbice para que se haya emprendido ya la conquista incluso de los granits de la Costa Brava. «Vi plantar viñas ...», dice Zamora al pasar por Lloret. En Tossa añade: «... el terreno es muy estéril y montuoso pero con el dinero que les proporciona el comercio han plantado algunos olivares y viñas ...».

Al estudiar el desdoblamiento de La Selva y la creación de Portbou, ya habíamos visto que, desde el aislamiento del cabo de Creus hasta la frontera francesa, iban a la par, a fines de siglo, la repoblación y el aprovechamiento de las playas y las estribaciones pirenaicas del litoral.

Del gran corredor interior, eje de la circulación terrestre catalana que une el Empordà, abierto al mar, y los alrededores de Gerona, con el Camp de Tarragona y la zona de Reus y Valls, tenemos menos testimonios acerca de la repoblación, más difícil de especificar aquí que en la costa.

Por el contrario, esta «depresión prelitoral», eminentemente agrícola, deja entrever los signos más característicos de una extensión de los cultivos.

Es en el Baix Empordà, y apenas comenzado el siglo, donde estudiamos con detalle la desecación de los pantanos. Se trata de la instalación de la viña en la arena, al abrigo de dunas fijadas por plantaciones, más de cien años antes de que se intentase en el Languedoc. Hacia Torroella, se sigue un viñedo de estas características «durante una media hora». Este descenso de la viña a terrenos poco favorables para la calidad del producto provocó críticas ya desde 1739; había resultado, pues, precoz.

A buen seguro, en el último cuarto del siglo el impulso demográfico exigía una nueva distribución de las tierras a utilizar. Un poco antes de 1788, en Sant Pere Pescador, se procedía a «repartimientos de tierras». La creación de Sant Miquel de Colera fue una colonización típicamente agrícola. En Casavells, cerca de La Bisbal, fueron establecidas por un propietario cinco casas «con roturaciones y concesiones de tierras de sus propiedades».

Young, quien no evita las observaciones críticas acerca del sistema de explotación agrícola del Gironès y del Empordà, destaca la densidad de la ocupación del suelo, entre Malgrat y Gerona, y después, entre Gerona y Figueres.

El Vallès oriental, tierra de bosques, pastos y cereales, no parece haber merecido una especial atención por parte de los observadores. Pero la zona central del Vallès, encrucijada donde confluyen el valle del Llobregat, la depresión prelitoral y las dos gargantas que unen ésta con el Pla de Barcelona, es el lugar de encuentro de trabajadores agrícolas emprendedores, aunque sin recursos. Entre 1785 y 1790, Zamora señala, en seis lugares, roturaciones espontáneas, establecidas legalmente o no, por los jornaleros, y convertidas en el origen de agrupamientos humanos permanentes y cultivos estables. Desde el fondo de la depresión, la viña, también aquí, se encarama por las laderas y se instala en terrazas, en terrenos tan abruptos que cada escalón permite una única hilera de cepas. Y los bosques retroceden a causa de «la prodigiosa abundancia de viñas que se han plantado».

Desde esta parte del Vallès, se asciende fácilmente por el valle medio del Llobregat hacia el Pla del Bages, zona de Manresa. En las planicies que lo rodean reinan las grandes masies cuyos dominios se reparten tradicionalmente entre cultivos, pastos y bosques. Sin embargo, sabemos por diferentes fuentes que hacia 1780 estas masies tienden a repartir, en forma de «establecimientos», las partes no cultivadas que dependen de ellas. En los valles que rodean Manresa, y hasta Cardona, la roturación —el desmonte— es notoria por doquier. Es una opinión comúnmente generalizada que «la escasez de ganado proviene del aumento de los plantíos que producen más y cuestan menos».

En realidad, se trata de aquellos cultivos cuyas salidas comerciales han sido, al menos durante cierto tiempo, sorprendentemente rentables. Éste es el caso de los viñedos de Vacarisses.

Este último caso citado es el mismo que el de zonas enteras de la parte oeste de la depresión central, tales como el Penedès, el Camp de Tarragona y los alrededores de Reus y Valls, donde la industria del aguardiente ha creado, en poco más de veinte años, una nueva viticultura. Aquí, el fenómeno es lo bastante manifiesto como para que sea comentado por todos los autores: desde el del Discurso hasta el del Diario, tanto Bourgoing como Ponz, Townsend como Laborde. Tendremos que volver sobre este aspecto particular de la conquista agrícola que constituye la tendencia al monocultivo de la viña, por influencia directa del mercado americano, iniciada más tempranamente que en el Mediodía francés. Tan sólo observamos que al Penedès, la comarca vitícola más característica de la actualidad, parece habérsele despertado relativamente tarde su vocación; una gran parte de sus roturaciones datan del siglo XIX; en el siglo XVIII, es en el Camp —y también en la Conca d’Òdena, en la zona de Igualada— donde son citados como más notables el desarrollo y la especialización agrícolas.

Más allá, hacia el sudoeste, debemos cruzar los desiertos del Coll de Balaguer, que se han mantenido incólumes pese a los progresos del siglo. Pero apenas alcanzamos la desembocadura del Ebro, volvemos a encontrar la vigorosa tendencia a la extensión de los cultivos en el territorio. Al hablar de Tortosa, no podemos dejar de referirnos a la importancia de los «modernos rompimientos», tanto si queremos explicar cierta decadencia en la ganadería, como el enarenamiento de la desembocadura del Ebro debido a la ocupación agrícola, cada vez más codiciada, de las «islas», uno de los casos de extensión que mejor conocemos. Por último, sabemos que esta zona fue objeto de una colonización sistemática, privada, como en Alcanar, o real y oficial, como en Sant Carles. Recordemos que el crecimiento urbano de la propia Tortosa poco debe a la industria, y no mucho tampoco al comercio: la mayoría de habitantes de los nuevos arrabales son campesinos.

En las llanuras occidentales del Segre y del Ebro se volvía a explotar la huerta de regadío, parcialmente abandonada quizás ya desde la Edad Media y sin duda a partir de los desastres del siglo XVII, por falta del necesario poblamiento. Se establecía un fuerte contraste con la esterilidad de las llanuras, que seguían siendo de secano, y con la pobreza de los montes. La miseria de los jornaleros provocaba conflictos; a la vez que se sucedían años buenos y años malos, se iban alternando las mayores esperanzas con los peores momentos de crisis. En 1758, a raíz de una crisis de este tipo, el rey ordenó el reparto de las tierras municipales de Lérida entre los labradores que se hallaban sin ellas. Pero se les prohibió el poder asentarse allí mismo —signo de total propiedad—, y además se trataba de tierras de secano, lejos de los lugares habitados. Tenemos razones para pensar que este modo de entender el reparto no solucionó nada. En 1763, la Academia de Agricultura de Lérida quería que ofreciesen a su presidente, el barón de Mayals, extensas tierras municipales para experiencias agrícolas. Y se planteó precisamente la objeción de que las tierras municipales seguían pendientes del proyecto de reparto previsto por el rey. Pero según decía la Academia, el barón de Mayals había conseguido transformar selváticos bosques, guarida habitual de lobos y zorros, en espléndidos olivares y viñedos. Hay que limitar el alcance de tales afirmaciones, sin duda interesadas, sin por ello dejar de reconocer que en esta zona asolada se va reconstruyendo la agricultura, empezando por su extensión. «La grande extensión que ha tomado el cultivo, pues se labra toda la que puede romper el arado, mejorándose continuamente hasta las sierras más encumbradas, con ormigueros o insinerizaciones.»

Coexisten pues, por una parte, una tendencia espontánea, desordenada, a menudo ilegal, a la extensión de los cultivos y, por otra, intentos de fomentar la ocupación legal de las nuevas tierras, ya sea con medidas como las de 1758, o por recompensas ofrecidas por la nueva explotación del territorio, como el de Almacelles, por ejemplo, en donde la repoblación va acompañada por siembras y plantaciones.

En otros lugares vecinos, las encuestas de Zamora dan precisiones acerca del tipo de innovaciones agrícolas: olivares en Ager y Bell-lloc, hortalizas en Lérida y Talladell, moreras en Corbins, sustitución de los pastos por cultivos en Arbeca, Almenar y Alguaire.

Esta última tendencia es general, haciéndose muy apreciable en la zona de Urgell: «... los havitadores del llano de Urgel y sus cercanías ... [han] reducido a cultura los términos rónegos y yermos comunales», donde antes pasaba el invierno el ganado.

Veremos corroborada esta observación por los conflictos, habituales en estos censos, entre los derechos adquiridos de los trashumantes y los avances agrícolas de los sedentarios.

Creemos que ya no hace falta proseguir la enumeración; simplemente señalar que ninguna zona de cierta importancia dentro del complejo económico catalán quedó al margen de esta renovación agrícola del siglo XVIII; ni la Segarra, de la que ya hemos señalado que consigue, a partir de entonces, su equilibrio agrícola y demográfico; ni la región montañosa de Solsona, en la que se observan buen número de amplias iniciativas privadas de roturación; ni las áreas intermedias de Biosca o Torà, en donde Young observa recientes plantaciones de olivares y en especial de viñedos, caso corriente en los valles del Llobregós o en la Ribera de Sió, en torno a Pons y a Calaf respectivamente.

Interesa especificar que la montaña, con las mesetas y llanuras medias, no es una excepción: cerca de Guissona progresan el lino y la huerta; en Isona, los jornaleros roturan sin permiso; en Tremp se multiplican los «rompimientos de pastos»; en Gerri se plantan moreras; en Oliana, la expansión de la huerta por la pequeña cuenca cerrada mata la industria de la lana; todos los hombres se hacen labradores.

Citamos Castellbò como uno de los raros casos de despoblación de un pueblo durante el siglo XVIII; de hecho, la que se vio afectada fue su antigua industria; todas las aldeas circundantes se destacan por una notable actividad de roturación por «artiga». Tampoco la zona más alta del Pallars se halla en retroceso o estancamiento; en torno a Rialp y a Esterri d’Àneu, Young señala: «cada pedazo de pendiente está cultivado ... se cultivan todos los lugares que pueden cultivarse». Y el Vall d’Aran está igualmente «realmente cultivado y sin nada de barbecho».

En cambio, no existe ningún indicio que nos permita saber si la Cerdanya tomó parte o no en el movimiento de extensión del cultivo del suelo; todo el mundo se pone de acuerdo para destacar la pobreza de la zona, en donde realmente parece que la emigración campesina supone, durante mucho tiempo, un abandono definitivo de las tierras. Pero en el mismo valle del Segre, en la batllia de Bellver, muy cercana, aparecen ante el viajero cañamares, campos de hortalizas, que ocupan el fondo del valle, mientras en las laderas de las montañas se sigue criando un ganado cuyos productos se venden en todas las ferias de Cataluña; y, no obstante, «si los labradores no abriesen más tierras que aquellas que pueden bien cultivar», sería menor la inquietud por la suerte próxima de esta ganadería. Dicha preocupación, la sensación de que se están abriendo con el arado tierras que no son lo bastante productivas, evidencian aquí, una vez más, la tendencia espontánea a la roturación.

La cuenca alta del Llobregat permite análogas observaciones. En la larguísima enumeración de aldeas que nos proporciona el Discurso sobre la agricultura de 1780, en la zona del alto Berguedà y en la montaña en torno a Cardona, reconocemos no sólo el tipo de poblamiento que ha perdurado hasta hoy, sino también una ocupación del territorio tan densa como en el mapa actual; en la parte meridional van progresando el viñedo y el olivar; en la parte septentrional, según el Discurso, se da una especial abundancia de toda clase de ganado: «aunque los pastos han disminuido en toda la montaña por cultivar las tierras para sembrar, por serles más útiles que la leña y el carbón de ella».

Al darnos el mismo texto algunos detalles acerca de la caza en esta zona, nos permite conocer el momento en que se hallan en vías de extinción los osos y los lobos de estos desiertos forestales.

En las proximidades de los núcleos de aglomeración del valle, en torno a Berga y a Sallent, se nos ofrecen precisiones acerca de los sistemas de progresión de la agricultura: los emprius, derechos de uso concedidos a los pobres sobre las tierras municipales, tienden a convertirse en asentamientos permanentes; otras veces, se llevan a cabo roturaciones espontáneas, las llamadas artigues.

Para completar este panorama de la montaña catalana, nos quedan por ver los altos valles del este, las tierras altas entre Olot y Vic. También aquí avanzan los cultivos: más arriba de Camprodon, en la sierra de Cavallera, unos jornaleros talaron árboles y sembraron, de tal modo que se les acusó de dejar el valle sin buenos aluviones arables; en el Cabrerès se introducen los árboles frutales; en el valle de Ribes también se observan roturaciones en las laderas, imprudentes para el mantenimiento de la tierra arable.

Tal vez las áreas rurales catalanas en las que hallamos menos indicios que nos permitan dar cuenta del avance en superficie del cultivo sean las de Olot y Vic. En cambio, podemos llevarnos una sorpresa cuando, al estudiar la intensificación de los cultivos y, más tarde, la industrialización de los pueblos y pequeñas ciudades, veamos citadas a la cabeza estas dos pequeñas comarcas. No se trata pues aquí de un caso de impotencia y pobreza, como en la Cerdanya. Por el contrario, estos lugares, característicos por sus ricas masías, socialmente estables desde la Sentencia de Guadalupe y lo bastante aislados como para verse libres de devastaciones, tenían sin duda pocas conquistas, o reconquistas, que llevar a cabo en su suelo; los excedentes de hombres y dinero pudieron dedicarlos a otros menesteres que el de escarbar tierras demasiado áridas; los fadrins externs no carecían de espíritu de iniciativa ni de pequeños capitales.

Así pues, una serie de datos bastante localizados, suficientemente variados y bastante bien adaptados a lo que cabía esperar de la geografía física o de la geografía social de cada zona, han servido para confirmarnos que las impresiones generales, incluso enfáticas, de los observadores del siglo XVIII, acerca de los avances de la roturación, respondían a casos concretos y a multitud de ejemplos. De todas formas, medimos y fechamos mal estos avances. Sin embargo, existen algunos puntos sobre los que se puede especificar más, distinguiendo con más claridad el afán de tierras y el afán de lucro que provocaron una más tupida ocupación del suelo.

3. ESPECIFICACIONES ACERCA DE ALGUNOS TIPOS DE ROTURACIÓN

En principio, cualquier asentamiento en unas tierras dependientes del rey —del rey como señor (sucedía lo mismo con los otros señores en sus respectivas tierras)— estaba sujeto a un reconocimiento legal y fiscal —«la entrada»— que le permitía luego al señor recaudar los distintos impuestos: periódicos, como el «censo» anual, u ocasionales, como los «laudemios» en las transmisiones de herencias. Por lo tanto, teóricamente, en los registros y los capbreus del Patrimonio Real y, como consecuencia de ello, en los registros de las distintas casas feudales, debía quedar constancia de cualquier tierra recién cultivada.

De hecho, el ejemplo del Patrimonio Real nos hace pensar que la inmensa mayoría de roturaciones escaparon a este control. Recordemos que el mayor problema zanjado por la Sentencia de Guadalupe es el de los masos rònecs. Cultivadas o no, las tierras catalanas habían sido repartidas, capbrevades, desde hacía mucho tiempo entre los campesinos por medio de los censos tradicionales; eran poquísimas las tierras en las que el señor pudiese todavía «establecer» directamente a alguien. Por lo tanto, cuando un campesino, por sus propios medios, ampliaba el cultivo en las tierras de su masía, o establecía a su vez a algún jornalero en dichas tierras, esto aparecía reflejado solamente en las cuentas privadas del campesino, de difícil acceso, y no en las del señor o del rey, que seguían percibiendo el mismo censo anual. En resumen, del mismo modo en que se había aplicado la regulación del catastro, se aplicó el derecho feudal en este tema; ya comentamos, la poca huella que dejó la encuesta retrospectiva de 1737-1747.

Sin embargo, quedaban reservadas para el rey determinadas tierras, en las que era difícil recurrir a derechos ancestrales, tanto si se era señor como campesino; eran éstas las tierras de nueva creación, marismas desecadas, formaciones aluviales de las playas, orillas e islas de los ríos, siendo estas últimas especialmente extensas en el delta del Ebro.

a) La conquista de las «islas» y de los aluviones fluviales del Ebro: el delta

Gracias a esta peculiaridad, hemos podido seguir, en el transcurso de la centuria, la conquista del delta del Ebro por la explotación humana, cuando no por la agricultura propiamente dicha, aunque no siempre sea la única en intervenir.

Ya la propia agrupación cronológica de las concesiones de tierras para roturaciones, en esta parte del delta, presenta unas características peculiares que pueden ser de interés.

De 1719 a 1726 contamos con nuevas concesiones. Sigue luego un lapso de veintitrés años durante los cuales se otorga una única concesión, aislada y pobre, en 1739. En 1749, se inicia un período de máxima actividad: dieciocho concesiones en ocho años; luego, de nuevo el silencio. De 1765 a 1777 aparecen de forma espaciada cinco documentos, referentes tan sólo a pequeñas explotaciones, con lo cual hay que esperar hasta 1797 para ver como, durante unos diez años, vuelve a suscitar un renovado interés la obtención de las «islas del Ebro».

Nos preguntamos acto seguido a qué pueden ser debidos estos períodos de signo opuesto: ¿tal vez al ritmo de formación geográfica de las islas? ¿A simples medidas fiscales y legislativas o a iniciativas de Estado? ¿O acaso a corrientes de tipo económico, que infundían a los labradores y empresarios el deseo de ocupar con provecho nuevas tierras, sugiriéndoles el mejor momento para hacerlo? Tan sólo un detenido análisis de las concesiones, siempre que sean lo suficientemente explícitas, podrá ayudarnos a responder a las preguntas que nos formulamos.

De 1719 a 1726 nos hallamos en una fase de reorganización de la economía y de la propiedad, después de las graves crisis de la guerra de Sucesión. Determinados «establecimientos» reales pueden afectar tierras abandonadas, aunque no totalmente vírgenes, como es el caso de las veinte fanegas (jornals) «erms, que havien estat conreats» (eriales, que habían sido cultivados) concedidos en 1721 a Pau Simó, maestro cantero de Tortosa.

Otros pueden ser simples confirmaciones de títulos antiguos, perdidos durante los disturbios, como es el caso del «precario» obtenido en 1726 por Alexandri, un campesino de Aldover.

No obstante, no todos los casos se pueden explicar del mismo modo. El 19 de marzo de 1719 el rey decide conceder la explotación de cuatro islas del delta que son además de desigual valor— a petición de Josep Avinyó, mercader de Tortosa. Josep Avinyó le ha ofrecido a la administración del Patrimonio Real un doblón como «entrada» y el servicio anual de la «veinteava parte de los frutos» recolectados. Pero la administración real pondrá la concesión a subasta y para cada una de las cuatro islas por separado. Parece que se acepta sin discusión el servicio de «la veinteava parte de los frutos». En cambio, «la entrada» provoca. una subasta muy movida. Para la primera isla interviene un tal Josep Larrard, apellido poco frecuente en el que reconocemos el de la futura gran casa comercial de Barcelona. Larrard ofrece una entrada de 6 doblones y medio y luego sube a 8; le superan Francesc Jordà y Jerònima Ponz, que consiguen la concesión con 10 doblones como entrada. La segunda isla, adjudicada el 13 de abril, le toca a Antoni Figueras; el alquiler anual sigue siendo una veinteava parte de los frutos; la entrada ha pasado a ser de 20 pesos en lugar de 6, a lo largo de la subasta. Josep Avinyó tiene que conformarse, en mayo, con la tercera isla, más modesta, que no ha sobrepasado el único peso de entrada. Lo mismo sucede con la cuarta isla, otorgada a Custòdia Querol. Quedaría por comprobar si se hizo inmediatamente efectiva la explotación. Pero lo cierto es que la iniciativa partió de labradores en busca de tierras y que se las disputaron en una subasta.

Otro caso en el que se trata realmente de una tierra virgen, de cierta importancia, es el de las 15 mujadas concedidas en 1726 a Jacint Figueras, por 42 libias de entrada y un censo anual fijo de 4 libras y 18 sueldos.

Por último, dos casos, en los que se trata de una simple reactivación de las tierras, ejemplifican la lucha encarnizada que mantienen algunos propietarios, disputándole a la naturaleza un suelo rebelde: las veinte fanegas de Pau Simó, cultivadas, posteriormente abandonadas, y que él quiere volver a trabajar, corren el riesgo permanente de verse arrastradas por las aguas; por una tierra que valora en 50 pesos (70 libras barcelonesas), teme tener que gastar 100 doblones para su aprovechamiento; puede que exagere seguramente los gastos y los riesgos para obtener un censo y una entrada módicos (25 sueldos y un doblón respectivamente). No obstante, a su muerte, la tierra se volverá a convertir en un erial. Y existía realmente el riesgo de pérdida del dinero invertido, como lo demuestra el hecho de que en 1722, el doctor Francisco Hernández, de Tortosa, recobre sus derechos sobre una isla de arena, en el Mas de Montornès, que las aguas del Ebro habían vuelto a cubrir durante un tiempo.

Así pues, desde el primer cuarto de siglo, y una vez restablecido el equilibrio destruido por la guerra, se puso de manifiesto un minucioso interés por las tierras en formación.

¿Por qué, de 1749 a 1757, tras veinte años de aparente indiferencia, vuelve a presentarse, en los registros del Patrimonio Real, la conquista de las tierras del Ebro como una de las actividades más características?

Cabe la posibilidad de que, al aumentar el control del fisco a raíz de la medida pontificia y las reales órdenes de 1749, algunos labradores de facto de las islas del Ebro se vieran obligados a regularizar su situación ante el Patrimonio Real y los propietarios de Tortosa se sintieran animados a reservarse los derechos futuros sobre tierras en formación lindantes con sus antiguas posesiones. De ahí que resultaría imprudente otorgar excesiva importancia a la agrupación de concesiones entre 1749 y 1757: en efecto, el aprovechamiento real de las tierras puede haber sido en algunos casos anterior y en otros posterior al acta fiscal. Pese a ello, los hechos consignados son lo bastante significativos como para que nos hagamos una idea de los progresos del delta, de su explotación y de la codicia que suscita a mediados de siglo.

El suelo en formación es ciertamente arenoso, pobre, y se halla bajo la constante amenaza de la inundación; no siempre es enteramente cultivable en el momento de la concesión; hay que dejar a veces un margen de diez o doce años hasta obtener un rendimiento propicio; y por último, las nuevas islas se forman a cinco o seis horas de camino (o de navegación) de los lugares habitados, en especial de Tortosa, donde residen por lo general los concesionarios.

Pero en las peticiones al rey, es sistemático este empeño por rebajar el valor económico de las «islas»; se hace para obtener módicas condiciones. Precisamente porque se señalan claros defectos en las tierras a ocupar, resulta aún más curioso observar el afán puesto en asegurarse el futuro de las mismas.

El hijo de Pau Simó, emigrado a Madrid, dejó que se convirtieran en eriales las tierras concedidas a su padre en 1721, pero no quiere perder el beneficio de las mismas y promete volver a cultivarlas. El reverendo Francesc Cortès se reserva, más abajo de Amposta, la islita llamada La Gola dels Llops: 40 jornales de tierra, que no valen más de 20 libras de plata (valencianas), ya que son constantes las inundaciones; de todas formas, si el Ebro sigue depositando aluviones, dentro de tres o cuatro años se podrán sembrar dos jornales, que producirán cada uno 41 libras de la misma moneda; siendo 12 libras la entrada y 6 sueldos el censo, la inversión, seguramente evaluada por defecto, no resulta mala. Vicenç Castanyet consigue una isla de 8 jornales; Josepa Antònia Faguet, viuda del boticario de Tortosa, todas las tierras en formación contiguas a sus propiedades. Campesinos, comerciantes y artesanos compiten en la carrera hacia las concesiones: Josep Oliver, que quiere iniciar el cultivo de la isla que se va formando en la Punta Grossa, es negociante en Tortosa; Francesc Puell, que logra de antemano, él también, la concesión de una isla situada entre sus tierras y las del obispo, tiene una tintorería; los «labradores» —Eulàlia Cortès, Pere Benet, Francesc Royo, Francesc Valldeperes— especifican a veces cuándo y cómo piensan cultivar pequeñas extensiones (2, 3, 5 o 6 jornales). No obstante, este aspecto rústico y mediocre de la conquista del suelo se complementa aquí con una empresa de otro tipo, y de mayor envergadura. Nos la revelan, al legalizarla, una serie de concesiones, todas de 1757.

En esta fecha, Josep Domingo Oliver da razón histórica de sus derechos sobre 150 jornales en los aluviones del Ebro; estas tierras, ya viejas, fueron ocupadas en 1693, cambiando después varias veces de manos; pero en un momento dado la gente del lugar le discuten al último comprador el derecho de recoger la barrilla (hierba sosa) en zona tan extensa; para dejar bien sentado que el único que puede hacerlo es él, Oliver paga una nueva «entrada» al Patrimonio Real. Al mismo tiempo, Miquel Valls, de Gandesa, «establecido» desde 1750 en un territorio de 800 jornales con el pago de tan sólo 4 sueldos de censo, temiendo a todas luces la expropiación, se ofrece espontáneamente a seguir la norma más general, la del pago de la veinteava parte de las rentas.

El caso de Antoni Queralt nos permite adivinar a cuánto podían ascender estas rentas. En 1751, dicho personaje consigue atribuirse cuatro «trozos» de las islas del Ebro: una concesión bastante imprecisa y bastante ventajosa (20 libras de entrada, 4 sueldos de censo). En 1752, el intendente revocó esta concesión y hubo un pleito. Esta vez, Queralt hace establecer un minucioso catastro de la concesión; confiesa haber contado con 20.000 jornales y con una recolección de 16.000 quintales de barrilla, al precio medio de 10 reales valencianos el quintal; demuestra que sus cálculos eran muy optimistas y que dispone tan sólo de 16.000 jornales y 6.000 quintales de barrilla. Con un censo de 4 sueldos, hubiese seguido siendo un buen negocio. El fisco exige la veinteava parte del producto de la barrilla «y cualquier otro fruto». A aquellos que no se centraban tan sólo en mejorar sus pequeñas propiedades con nuevos cultivos, el delta les ofrecía el interés de una recolección industrial: la hierba barrilla es una importante materia prima.

El problema que se planteaba era el de hacer respetar antiguos «establecimientos», a menudo olvidados, cuando sus beneficiarios se despreocupaban de ellos, en unos tiempos en que todo impulsaba a una explotación más intensa. Así es como en 1797, don Antonio Riu y Morales afirma tener un derecho secular sobre la isla del Pantà, frente a la salina de Portfangós, y pretende que se le atribuya toda la isla, con sus explotaciones agrícolas o industriales; gana el pleito. Pero ha tenido en contra suya a la corporación agrícola de Tortosa, el «gremio de labradores». En efecto, cuando los concesionarios se despreocupaban de sus tierras, dicho gremio proporcionaba substitutos espontáneos. Junto a las concesiones oficiales, debía de existir un cuadro completo de la progresión de los cultivos en donde figuraran los labradores sin título, de quienes por desgracia rara vez queda constancia.

Cierto es que a fines de siglo, el rey exige cada vez más que las concesiones se hagan efectivas. Cuando no se utilizan, no duda en expulsar al titular. Añade en el acta fiscal un plazo —de dos o tres años— para el aprovechamiento de las tierras. Prohíbe a unos labradores de Amposta recoger la barrilla sin permiso. Resulta interesante señalar lo que estos labradores alegan en su defensa: dicen que han roturado tierras comunales, pero que, a su entender, era costumbre que la roturación de tierras comunales equivaliese a su apropiación. Por último, a partir de 1795, la administración real tiende a aplicar a la progresión de los cultivos en el delta las normas pensadas para la colonización oficial del puerto de Sant Carles.

En conclusión: entre 1719 y 1808 los documentos del Patrimonio Real atañen a unos 18.000 jornales —o sea, más de 8.000 hectáreas— sin contar las concesiones en las que no se especifican cifras (como las de 1719, que no son las de menor importancia), ni las nuevas explotaciones sin título legal. Pese a su poco valor, no fue mirada con indiferencia ni una sola pulgada de las tierras en formación.

No olvidemos que el delta era menos extenso de lo que es hoy en día; en su conjunto no era más que un grupo de islas informes. Puede considerarse la tentativa de Queralt como la pretensión de conseguir el monopolio de la «hierba sosa». De todas formas, no era menor la atracción que ejercían las simples parcelas a cultivar, disputándoselas los labradores, los roturadores de tierras comunales y la burguesía administrativa, mercantil y clerical de Tortosa.

Puede que el Estado fomentara este avance en la explotación. Parece sobre todo haber querido sacar provecho de él cuando, hacia 1750, volvió a ocuparse de, la aplicación de sus derechos, que la roturación espontánea había puesto en peligro. No hace falta decir que se le atribuyó a ésta la responsabilidad de todos los hechos:

Experimenta también esta navegación [del Ebro] mucho perxuicio y retardo por las rayas que se forman en el Ebro, y que a título de Islas se conceden en emphiteusis por el real Fisco, procurando después los que las adquieren dilatarlas por medio de empalizadas y otras obras, con que desvían el curso natural y dividen las aguas en dos o más brazos, dejando el cauze principal sin la necesaria para la navegación y desmoronando las tierras inmediatas a las riveras opuestas; deverían negarse semejantes establecimientos, sin que por eso se perxudicase a la real Hacienda, porque desmoronándose y inutilizándose las tierras de buena calidad que están en cultivo, se pierde su tributo de Catastro que no puede tener equivalente en las tierras arenosas de las Islas.

Esta interpretación no tiene en cuenta la potencia natural de formación de aluviones que tiene el Ebro, aunque cabe la posibilidad de que, con la ocupación humana, dicha potencia se orientara hacia la formación acelerada de las islas; a finales del período, aparecen en las concesiones encuestas destinadas a proteger las condiciones de navegación. De todas formas, el estímulo ofrecido por el Estado es más un requerimiento que una iniciativa propia. Y el texto que critica su política nos corrobora el afán de tierras de los particulares, sus prisas por llevar a cabo la explotación y su voluntad de ensanchar, artificialmente si fuere necesario, su campo de cultivo.

b) Los aiguadeixos o depósitos fluviales

Asimismo, el fenómeno no es local y fiscal, sino general y económico. Ya sea consecuencia del impulso demográfico o de beneficios agrícolas cada vez más tentadores, se observa por doquier una auténtica riada hacia el mínimo pedazo de tierra sin cultivar.

Tan pronto como un río forma una playa, una isla, un banco de arena aislados, o bien cambia su curso abandonando su lecho de limo, queda de inmediato ocupada y establecida la tierra, mediante una concesión real que viene o a preparar o a ratificar esta utilización del «aguadejo» («aguadejo» o «agualejo», aiguadeix o aigualeix), es decir, «lo que el agua deja», «los dejos».

Encontramos seis concesiones de este tipo en un solo punto del Ebro, en Flix, en los años de 1721, 1724, 1732, 1750, 1753 y 1771; otra, de poca envergadura, en 1724 en la Pobla de Segur, en la Noguera Pallaresa, entre la ciudad y Sossís. Hallamos otra todavía, aunque de mucha mayor importancia, en 1767 en el Segre, frente a Lérida. En las zonas del interior o en la costa montañosa, al ser los ríos bastante rápidos, dejan menos aluviones depositados; sin embargo, a veces, como en Premià de Mar, en 1745, el cauce seco de un torrente se considera tierra no apropiada y concedida por el Patrimonio. Sucede lo mismo en Vilafranca del Penedès, en 1749. En 1757, un gran trastorno en el cauce de la Gaverresa obliga a una masía a legalizar el nuevo aprovechamiento de sus tierras de cultivo. Pero la zona más propicia para los aiguadeixos se halla en el este, en la Cataluña húmeda, y en especial en el Gironès y el Empordà: hay doce de ellos repartidos a lo largo del Ter, en el transcurso de un solo decenio, de 1750 a 1761; doce también junto al Fluvià, en fechas que se presentan menos claramente agrupadas: 1727, 1745, 1746, 1751, 1752, 1753, 1759, 1778. En toda la parte de Gerona, en Juià, Celrà, Sant Jordi Desvalls, junto al Onyar, en la riera d’Alguema, en la de Llémena, entre La Bisbal y el mar, en Calonge, en Palafrugell, en el Vall d’Aró, en Cruïlles, se conceden y ocupan los aluviones fluviales. Y podemos incluir dentro de esta clasificación —mejor que dentro de los desecamientos sistemáticos— las tierras dejadas por algunas lagunas sin intervención humana, como en Ullastret o en l’Estanyet de Torroella, tierras parceladas en 1729 y 1746, y en 1746 y 1752 respectivamente.

Durante un siglo, unas sesenta concesiones, entre las cuales abundan las tierras de un jornal, de medio jornal, de una fracción de vessana, supone sin duda muy poca cosa en cuanto a superficie. Además, exceptuando algunos casos, no suele tratarse de muy buena tierra. Pero tenemos que pensar que son las únicas sobre las que el Patrimonio Real puede exigir derecho indiscutible, es decir, las únicas de las que poseemos un catálogo completo. El entusiasmo con que se reservan, utilizan e incluso se llegan a disputar estas tierras debe servirnos, por tanto, de orientación general; cuanto más pequeñas y pobres, más significativo de la actividad de la centuria nos parece el interés que despiertan.

Además, las concesiones de aiguadeixos, aparte de ofrecernos una descripción natural de determinados fenómenos geográficos mediterráneos —como la violencia de los torrentes, las destrucciones que originan a su paso, los rápidos enarenamientos al llegar a la llanura, las desviaciones del cauce de los ríos—, nos permiten también comprender las características y la variedad del tipo de iniciativas responsables de la conquista del suelo.

Aquí triunfa el individualismo agrario; sólo en dos casos, el «Consejo» o «la Universidad» de un pueblo se hacen atribuir una tierra recién desecada.

Los grandes señores —los Cruïlles, los Sarriera, los Esponellà, los Ciutadilla— procuran evitar que el rey «establezca», gracias a su derecho sobre las tierras de nueva formación, extraños en sus tierras; pero por eso mismo sabemos que no han desatendido su explotación; en 1754, el marqués de Ciutadilla acepta reconocer, con el pago de una «entrada», los derechos del Patrimonio Real sobre los aguadejos del Fluvià, aunque hace observar que ha iniciado el cultivo de 67 vesanas de las 78 del arenal, tierra arenosa entre Arenys d’Empordà y el Bosc de la Barca, y que piensa completar la explotación. Los Cruïlles han plantado o quieren plantar árboles y apacientan sus rebaños en esta especie de prados salados ampurdaneses que son los Salats.

Apellidos ilustres de la antigua burguesía barcelonesa —los Bosch, los Paguera— participan de este interés por los aguadejos; y también la nueva burguesía mercantil del siglo, con Bonaventura de Milans. Tampoco faltan los notarios rurales ni los negociantes de ciudades pequeñas.

No obstante, la gran mayoría de peticiones proceden de los labradors, y de los más modestos, igual que en el delta del Ebro. En conjunto, la progresión agrícola catalana del siglo XVIII se debe mucho más a un enjambre de minúsculas ambiciones campesinas que a iniciativas de Estado o de grandes señores. Si una empresa exige recursos algo superiores a los de un campesino medio, lo remediará la asociación —la «compañía»—, como en el caso de la isla del Segre, de 200 jornales, que quieren reservarse los labradores y un arquitecto de Lérida.

Incluso para el desecamiento de las lagunas, que requiere por lo general importantes capitales, prácticamente la única que interviene es la iniciativa privada, consiguiendo notables éxitos.

c) El desecamiento de las lagunas

A decir verdad, no se trata de grandes superficies y no tenemos un conocimiento pormenorizado de las obras.

No obstante, sabemos que el permiso para sanear, desecar y cultivar la laguna de Bellcaire, en la batllia de Verges, en el Empordà, le fue concedida en marzo de 1721 a Francisco Antonio Sotelo, comerciante de Barcelona, mediante el pago de una «entrada» meramente formal de 20 sueldos, pero con un censo importante —25 libras por año— y la deducción de una décima parte de las rentas por el fisco real, según fuera avanzando la explotación. Al año siguiente, se procedería a una delimitación precisa de las superficies afectadas.

Por desgracia, ignoramos la suerte que corre esta concesión durante los primeros años. Pero en 1742, a raíz de la decisión del Patrimonio Real de juntar los ingresos de la laguna desecada con los de los demás derechos (diezmos y partes de diezmos) recogidos en sus dominios en torno a Bellcaire, nos enteramos de que las tierras recién conquistadas estaban ya cultivadas. Tal vez a modo de estímulo, el rey debió de rebajar sin duda la deducción prevista, ya que tan sólo se hace referencia a la «tercera parte del diezmo recién percibida en el territorio de las lagunas». Pero aun con esta apreciable reducción, el fisco real evalúa estos nuevos ingresos por término medio en 108 libras y 16 sueldos por año entre 1737 y 1742; y en especial a partir de esta fecha, el «arrendamiento de Bellcaire», subastado cada tres años y luego cada cinco, no hace más que subir; de 287 libras por año en 1742, pasa a 1.366 en 1794; es uno de los aumentos más considerables que podemos observar tratándose de rentas agrícolas; se debe en gran parte al desecamiento voluntario de un terreno pantanoso de poca envergadura, pero con un suelo excelente.

Las explotaciones próximas a la antigua laguna también ganaron en superficie y valor; por ejemplo, la granja de don Francesc d’Alòs, regidor perpetuo de la ciudad de Barcelona, que en 1755 toma posesión de los caminos de acceso al lago, antaño reservados. En 1757, una lista de propietarios interesados en la reciente reactivación de estos suelos —don Antoni de Meca, marqués de Ciutadilla, don Ramón Sans y de Sala, doña Marianna Sans i de Barutell, el brigadier don Philippe Wits de Bouchardie y doña Francesca Wits i de València— nos lleva a pensar que, en un determinado momento, la empresa ideada en 1721 por un comerciante barcelonés debió pasar a manos de un consorcio de grandes propietarios de los alrededores de Bellcaire, que dejaron tal vez la parte técnica a uno de estos oficiales extranjeros de la guarnición barcelonesa que desempeñaron una función nada despreciable en la consolidación de la infraestructura técnica de la Cataluña del siglo XVIII.

El desecamiento de la pequeña laguna de Tamarit nos ofrece otro ejemplo de éstos. Pero aquí el caso es opuesto. El 2 de junio de 1778, don Josep de Vallgornera, teniente coronel de la guardia española de Barcelona, solicitó proceder al desecamiento y posterior aprovechamiento de esta laguna, cuya huella se percibe aún perfectamente en la geografía actual. Quería sin duda impedir la finalización de otra empresa en curso, con el objeto de añadir la nueva explotación a sus propias tierras, ya que en 1782, Josep García Alegret, un comerciante de Altafulla, hace constar que efectuó todas las obras de desecamiento, de mutuo acuerdo con el cura de Tamarit, creyéndole señor legítimo del lugar. A la vez que afirma abiertamente su derecho exclusivo sobre cualquier tierra nueva, el rey admite la buena fe de Alegret, y Vallgornera renuncia a sus pretensiones. Iniciativas espontáneas, discusiones en torno al más pequeño pedazo de tierra, son las características que presenta siempre la conquista agrícola.

Parece ser que algunas obras importantes de desecamiento escaparon al control del Patrimonio Real, si nos atenemos a lo que nos dice Zamora, que lo menciona de paso en su encuesta. Una de ellas debió de ser el desecamiento de la laguna de Sils, emprendido en 1768. Sin embargo, la laguna de Sils, que provocaba la insalubridad de una parte de La Selva, no desaparece totalmente antes de 1840. La empresa del siglo XVIII sólo debió de triunfar a medias. Según Zamora, era obra del duque de Medinaceli. En cambio, el Diario cita, junto a la laguna de Bellcaire, otras tierras recién drenadas en la llanura litoral ampurdanesa gracias a iniciativas mucho más modestas: la de Babi y Gualba, unos barceloneses, para la laguna de Vilaculim de Bal (Vilacolum de Dalt), y la de un tal Pau Plana para la laguna de Pals.

Alrededor de Barcelona se presentan, a partir de 1739 y 1742, algunas peticiones de asentamiento en las zonas pantanosas a desecar o en vías de desecamiento. Lo mismo que por todo el Principat, se multiplican pasado mediados de siglo en Sant Martí de Provençals, en Sant Andreu del Palomar, en Sant Adrià del Besòs, en Hospitalet, en Sants. En 1780, aún no se halla definitivamente desecado el célebre Estany del Port, al oeste de Montjuïc, recuerdo del antiguo puerto medieval, en el que a veces se concentraba la flota de Aragón. Pero está parcelado y, gracias a un sistema de circulación de aguas corrientes, se utilizan algunas de sus partes para enriar el cáñamo. De hecho, su nivel es ante todo intermitente; se llena con las crecidas del Llobregat. Pero los propietarios de los alrededores ponen todo su empeño en reducir cada vez más los sectores inundables. El avance de los cultivos se va efectuando siempre paso a paso, por parte de cinco, seis u ocho mujades.

A las lagunas desecadas hay que añadir los recientes aluviones del Besòs, las playas de arena en formación. Apenas las invadía la vegetación, era tradición reservarlas como lugar de pastoreo para los rebaños de la ciudad; tradición que se vio atacada, pese a la resistencia ofrecida, por la difundida novedad de los «prados de indianas», de los que tendremos que hablar largo y tendido, y por la extensión de los cultivos de huerta, especialmente apreciable entre 1800 y 1808. En resumen, y tal como era de esperar en las proximidades de la capital, los deltas del Besòs y del Llobregat no tienen nada que envidiar a los del Ebro, el Ter y el Fluvià en cuanto al esfuerzo de utilización del suelo característico del siglo XVIII.

d) De la roturación elemental a los «establecimientos» de plantadores de viñas

Dado el empeño existente por aprovechar el más pequeño arenal, el mínimo aiguadeix, nos costaría creer que se hubiese desatendido, en aquellos momentos, la roturación propiamente dicha, en detrimento de carrascales, monte bajo o bosques. Pero ahí es donde topamos con dificultades para medir y recurrir a un análisis pormenorizado.

Toda el área mediterránea se caracteriza por el empleo renovado de la roturación elemental, mediante la artiga, uso relacionado con el impulso demográfico del siglo XVIII. Pero por lo general, si nos atenemos a los textos contemporáneos, se suele considerar un fenómeno desordenado, sin hondas repercusiones en el futuro económico e incluso perjudicial para el deseable equilibrio de la vegetación forestal, de los pastos y de los cultivos.

En Cataluña encontramos idénticas observaciones e idénticas críticas. Rozas y quemas por doquier, llevadas a cabo por montañeses pobres y por pastores; apresuradas artigas en tierras comunales usurpadas o repartidas a jornaleros sin recursos, en donde se siembra y se cosecha «durante tres o cuatro años», hasta que el suelo se agota: una pérdida de árboles realmente poco útil.

Pero no es necesario detenernos en estas observaciones para evaluar el interés económico de realizaciones de este tipo. De todas formas, responden a una necesidad surgida espontáneamente; sobre este punto resulta provechosa la lectura del Diario de Zamora; al iniciar sus excursiones, el autor tiene en mente todas las teorías de los economistas de su época favorables a la propiedad establecida y preocupadas por la tala de árboles; recoge testimonios en este sentido, como los de los labradores del Vallès, hostiles a la presencia numerosa de campesinos sin recursos y a las iniciativas de roturación de los jornaleros; así vemos como en Llinàs, junto a las veinte casas de labradores, acaban de levantarse quince de campesinos propietarios. En Matadepera, el pueblo:

... consistía hasta pocos años haze en algunas casas de labradores dispersas; pero en el día se ha formado un barrio sobre el camino que va a Manresa compuesto de jornaleros i gentes de la montaña, de los quales por no poseher vienes algunos, se quejan los labradores propietarios que les talan los montes y hazen daño en los frutos, al mismo tiempo que abandonan sus hogares de la montaña disminuyendo allí la población. Por lo mismo combiene que apuremos esta especie interesante en nuestros subcesivos viajes.

Eso explica los numerosos datos que aparecen en lo sucesivo en el Diario, acerca del problema del poblamiento y de las roturaciones espontáneas: rozas, quemas, talas y boigas.

La excursión de 1789, cuatro años después de la anterior, permite observar que no ha variado la tendencia ni la postura de los antiguos ocupantes del suelo:

... Se han hecho subdivisiones de terrenos, casas y varrios en el Vallés, de lo qual se quejan los labradores, porque viviendo en estas casas gentes pobres, les roban la leña y frutos y se despobla la montaña de donde son havitantes.

No obstante, Zamora debió de comprobar, durante este intervalo o algo más tarde, en el transcurso de sus excursiones por la montaña, que ésta no sufría despoblación alguna y que se apreciaba allí, igual que en el llano, la tendencia a dividir la tierra y a asentar en ella al jornalero sin recursos. También recoge seguramente Zamora, en la montaña, la opinión desfavorable de los propietarios acomodados, que desaprueban la inestabilidad de los recién establecidos en la explotación, denunciando las empresas rurales, incapaces de permitir mantener a la familia junto al individuo. Pero acto seguido Zamora nos hace saber, en cambio, que .los roturadores son a menudo «mancebos» —entendiendo por esto a los solteros, los hijos menores privados de herencia— que se hacen así con un primer capital, punto de partida inicial en la vida económica. Añade todavía que en las tierras desbrozadas (rozas) o boigas ganadas a los carrascales o al bosque, el primitivo cultivo por artiga se ve pronto sustituido por el cultivo por «hormigueros». Estos hormigueros consisten en sarmientos y ramajes hacinados en montones que, al ir pudriéndose en el suelo, servirán como abono; es ésta una tradición no menos antigua ni menos primitiva que la artiga, aunque con la diferencia de anunciar el cultivo permanente, y no temporal. En la Plana de Vic, incluso se está roturando ya para crear prados artificiales.

Así pues, con pequeños retoques, Zamora va modificando su impresión inicial sobre la roturación espontánea: sigue siendo peligrosa, y no sólo destructiva.

Por otra parte, el hecho de que los propietarios «labradores» se asusten, en el siglo XVIII, ante el enjambre de pobres recién llegados, no significa que condenen toda roturación. Ellos mismos toman parte, a buen seguro, en el rompimiento de bosques y en el de pastos, atraídos por los crecientes beneficios de los cultivos. Ya hemos comentado que tanto el hospital como los antiguos burgueses de la capital o los mercaderes e industriales no dejaban de plantar en sus propiedades vecinas a Barcelona. Entre las concesiones reales de uso de las aguas, que nos informan sobre todo de la intensificación del cultivo de regadío, notamos a veces también algunos avances en superficie: en 1784, Jaume Abril de Bonanat, labrador de Cabrils (parroquia de Sant Genís de Vilassar), pide autorización para regar los 11 o 12 jornals de viñedo que ha añadido con su trabajo, según nos dice, al único jornal que su padre dedicaba en 1741 al cultivo. No es un caso aislado. Y se trata, no obstante, de casos en que el propietario ha ampliado su esfuerzo en sus propias tierras, sin que nadie pudiese obligarle a dejar constancia escrita de ello si, como realmente parece ser, las Órdenes de 1749 se quedaron en papel mojado. En este punto, debían de ser incompletos los propios minutarios notariales.

Hacen constar, en cambio, las siembras y nuevas plantaciones, siempre que el propietario, que no puede cultivar —o con más frecuencia, roturar— por sus propios medios, «establece» para hacerlo a un nuevo colono. Pero precisamente el siglo XVIII es, junto con el gran período de prosperidad medieval (1250-1330), la época por excelencia del «establecimiento» por contrato enfitéutico puro y simple, o por una forma especial de dicho contrato aplicado a la roturación vitícola: la rabassa morta o «a primera cepa».

No es algo que nos revelen sólo las afirmaciones de los teóricos acerca de los beneficios sociales de esta tradición jurídica, sino los que la aplicaron en la práctica, y cualquier ojeada a los archivos notariales, o a los de las grandes familias señoriales.

En su relevante Tratado de la Capbrevación, Tos, imbuido por su experiencia del derecho civil regional, escribe:

Patrociné cierta causa en la Real Audiencia de este Principado y Sala en que preside el noble Señor Don Antonio de Villalba ... entre partes de Baltazar Escaig y Jayme Vilaplana y otros ... Este último compró en el año 1738 en público subhasto y por el precio de 200 libras, una grande pieza de tierra cabida unas sesenta mojadas, sita en el término de Cervelló, casi toda yerma, que antiguamente era propia de Pablo Escaig. Intentando los succesores de esta la vindicación de ella, en el año 1778, se halló que dicho Vilaplana la había establecido en más de dos terceras partes, con distintas porciones de dos o tres mojadas cada una: casi toda se vio plantada de viña, de valor de algunos millares, y repartida en más de veinte poseedores o familias, que domiciliados en aquel lugar y vecindario, competían en su mejor cultivo y producción.

Sobre el siglo XVIII, las observaciones de Tos producen la misma impresión que el archivo del marqués de Villalonga, en el que hemos descubierto ya reiteradas veces, gracias a la agrupación cronológica de los «establecimientos», las tendencias fundamentales de la economía agraria.

De los 284 «establecimientos» otorgados en censo perpetuo o indefinido por la casa Dalmases desde 1251, más de la tercera parte corresponden al siglo XVIII; dentro de los dominios de la misma casa —la que mejor hemos analizado— el ritmo de los «establecimientos», que se aceleró en cada período de prosperidad, alcanzó, a partir de 1750, una progresión nunca igualada hasta entonces: 23 «establecimientos» en 50 años, cuando la cifra más alta alcanzada en uno de los diez medios siglos anteriores había sido tan sólo de 8.

En la Conca d’Òdena, la mayor parte de estos contratos que se realizaron durante el siglo XVIII eran de roturación vitícola «a primera cepa», o sea, a rabassa morta.

Junto a este ejemplo de antiguo estilo señorial, recordemos que las roturaciones sistemáticas realizadas por hombres nuevos para conseguir la nobleza, llevan aparejadas casi siempre también el asentamiento de pequeños colonos.

Por último, y como característica más interesante por ser la más generalizada, «el establecimiento» no lo practican sólo, a gran escala, los que disponen de extensas tierras, sino también cada masía, en las zonas más alejadas y menos fértiles de sus dominios. A raíz del impulso demográfico, se produce aquí un movimiento opuesto al que habíamos observado del siglo XIV al siglo XVI. Se fragmenta la gran unidad de explotación, sin duda porque supone alguna ventaja, ya que se dedican las mejores partes del suelo a un cultivo intensificado, mientras que se ceden a los roturadores los bosques limítrofes, reservados hasta entonces al pastoreo intermitente. Veamos ahora las observaciones de Zamora, quien dedicó una entusiasta atención a la estructura de la masía: a la estructura jurídica y a la estructura técnica, y, lo que es fundamental, siempre en base a ejemplos concretos.

Muchas de estas casas —observa durante su estancia en una rica masía de Matadepera— no tienen Señor directo, y otras aunque lo tengan, tienen la misma libertad que si no lo tubiesen; puesto que aunque ellas tengan establecidas sus haziendas pueden benderlas, mejorarlas, establezerlas a otros y hazer lo mismo que los dueños que no conozen señorío.

En efecto, esta libertad empieza a ponerse en práctica; pues muchas de estas casas, que posehían terrenos estendidos, han establecido algunos pedazos a otras familias con la condición de hazer casa en medio de ellos, habitarlas de continuo y pagar tal zenso o tales pactos de frutos según la calidad y pactos del establecimiento, prácticas verdaderamente dignas de establezerse en el resto del Reyno, pues produciría el efecto de poblar los grandes desiertos que ahora se hallan en Aragón, Castilla ...

La distribución actual de las masías, grandes y pequeñas, entre Llissà de Valls y Monistrol de Montserrat, el itinerario preferido de Zamora, se relaciona directamente, sin duda alguna, con el fenómeno del siglo XVIII que él ha descrito.

En Ullastrell, las casas principales, en torno a la iglesia, siguen siendo escasas y pobres, como en aquel último día de mayo de 1789, en que Zamora conversaba con el rector de la parroquia. Pero según le contaba el rector a su huésped, esta parroquia acababa de pasar de tener 6 casas a tener 30, gracias a los «establecimientos» concedidos por los propios labradores, y para plantar. Así podemos fechar este sembrado de torres, masías y lugares conocidos con el nombre de sus ocupantes, Can Font, Can Cintet, Can Rudó, y tantos otros. Con la auténtica propagación del sistema de la masía en el siglo XVIII, se sigue manteniendo su estructura individualista, aunque se limite su extensión y su carácter de policultivo.

Tal vez sean, como ya hemos dicho, las comarcas de Olot, Vic, del Cabrerès y de las Guilleries las que mejor conservaron sus amplias explotaciones, configuradas ya en el siglo XVI. Sin embargo, en Sant Martí Sasserres, zona aún caracterizada por las pagesies, Zamora visita una de ellas:

... famosa en estos territorios por su riqueza, y el dueño es tan enemigo de las ciudades que por evitar que sus subzesores se bayan a ella acaba de obrar mucho en ella y de hazer a su vista otras casillas en que poner masoberos ...

Este caso —cuyo posible valor representativo habría que comprobar mediante encuesta notarial— parece indicar también que determinadas masías del siglo XVIII se parcelaron en provecho de los propios hijos menores del ocupante, manteniéndose no obstante la subordinación de los nuevos labradores al hereu, responsable de la antigua unidad agraria familiar. De todas formas, también en este caso se produce una diseminación a partir de la antigua masía, y una extensión del cultivo en la misma tierra.

e) Viticultura y roturación

De los distintos datos que acabamos de dar, se deduce que esta extensión agrícola —innegablemente amplia— no puede estar relacionada con un único fenómeno especial. En efecto, la fomentan y van manteniendo los medios sociales más diversos: el medio urbano y el medio rural, el capital procedente del comercio y el capital procedente de la tierra, tanto los grandes pueblos atractivos para un proletariado rural en formación como el hábitat disperso de las grandes masías. Y toman parte en ello todas las áreas geográficas, de modo que tampoco se trata de explicarlo todo por la invasión de tal o cual cultivo que haya llegado a ser especialmente rentable. No pueden en modo alguno orientarse hacia la misma especialización agrícola zonas tan distintas como las islas del Ebro, los aiguadeixos del Ter, los juncars desecados del bajo Llobregat, los grandes secanos del Urgell, la horta por reconquistar en torno a Lérida, los prados del Vall d’Aran o los cerros secos del Priorat o de la Costa Brava.

Y, no obstante, una vez establecida la generalización de este fenómeno, debemos llamar la atención acerca de una nota dominante, poco discutible: a los ojos de los contemporáneos, la vid es realmente el cultivo que caracteriza y simboliza el impulso del siglo.

Fue la vid la que fomentó la roturación propiamente dicha: la del monte bajo, de los carrascales y de los bosques, cuyo suelo puede serle apropiado, a pesar de su pobreza. A los viñedos se debe el que no veamos, en el Camp de Tarragona, ni un solo palmo cuadrado de terreno inutilizado —«el haverse exaltado tanto la agricultura». A las viñas —y a las viñas recién plantadas— se debe que el corregimiento de Montblanc aumentara en dos tercios su capital en unos cincuenta años.

Y cierto es que hemos tenido que citar la vid encabezando todos los ejemplos locales de extensión de cultivos; así como todos los ejemplos sociales, en el sentido en que la gran mayoría de iniciativas de roturación que hemos encontrado —las de los jornaleros sin recursos, las de los colonizadores de despoblados, las de los grandes señores o de los labradores propietarios que «establecen» o que alquilan sus tierras— son iniciativas vitícolas.

En este punto, es significativa la existencia de un contrato especial de roturación vitícola. Dicho contrato existió en tiempos de la gran prosperidad regional de la Edad Media. Se volvió a emplear en el siglo XVII, precisamente en las etapas en que encontraron salidas rentables el vino y también ya el aguardiente. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, pasa a ser una de las instituciones agrarias fundamentales de la región catalana. Existe en uno, de nuestros documentos del Patrimonio Real una definición, concisa y acertada, de este contrato de rabassa morta: «venta ... de la facultad de plantar de viña», con la cual vemos que van íntimamente unidos problema vitícola y roturaciones.

Pero tampoco podemos atribuir a la roturación todo el éxito del progreso vitícola. Este progreso se realiza en detrimento de otros cultivos ya existentes, como los del trigo o del olivo. Se produce, pues, una «intensificación» (por lo menos económicamente), más que (o tanto como) una «extensión» agrícola. Incluso se tiende al monocultivo, del que Ponz, al describir el Camp de Tarragona, nos ofrece un cuadro y una aguda crítica.

Lo que Ponz advierte, en aquellos momentos, es la crisis de los años 1780, de la que volveremos a hablar, y que representa la primera de estas «ventas inferiores» que también nuestras áreas vitícolas tendrán que soportar a menudo. La «Memoria» de Barba a la Academia acerca del cultivo de la vid sitúa y define la misma depresión. Por el contrario, tras una época de retroceso y gracias a una crisis de escasez acompañada de elevados precios, el cultivo del olivo se impone de nuevo, a partir de 1772, en extensas zonas de montaña y pequeños retazos de llanura.

Por lo tanto, el problema de la extensión de los cultivos mediterráneos está relacionado con el conjunto de fenómenos económicos y, en especial, con la dinámica de precios. Al analizar esta última, volveremos sobre él. Pero antes de acabar con el tema de las roturaciones, no está de más señalar algunas ideas de los contemporáneos sobre las probables causas y sobre las eventuales repercusiones de una conquista del suelo, juzgada de muy distinto modo según los observadores.

4. OPINIONES DE LOS CONTEMPORÁNEOS ACERCA DE LA EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS: CAUSAS, DEFICIENCIAS Y PELIGROS

Comparar, en especial, la opinión que manifiestan los extranjeros con la de los españoles que conocen bien el país es una tarea provechosa. Nos permite distinguir, en la formación de ciertas tesis que todavía permanecen vigentes hoy en día, la parte de testimonios basados en realidades locales o en las tradiciones y la parte de los que se fundamentan en observaciones superficiales o en una ideología dominante.

Por ejemplo, un primer contraste es éste: los extranjeros que llegan a Cataluña no dudan en insistir en la reducida proporción de suelo cultivado, porque están comparando, en cuanto a espacio, con Inglaterra o Francia. En cambio, los autores de la región insisten en la extensión de los cultivos (llegando incluso a preocuparles, en más de una ocasión), porque ellos están comparando, sobre todo en cuanto a tiempo, y relativamente en cuanto a costumbres.

Como es lógico, Young se halla a la cabeza de los testimonios consagrados por los manuales. A veces, y partiendo de un razonamiento a fortiori, que equivocadamente fue el primero en usar, les sirve incluso para juzgar toda la agricultura española, tras una simple ojeada al panorama catalán.

Pero el propio Young nos advirtió con toda honradez del valor limitado de su testimonio, ante «las escenas más extraordinarias para los ojos de alguien procedente del Norte» que constituye el erial mediterráneo. Sólo resultan interesantes —contando con que materialmente las entendiera, cosa no siempre segura— las respuestas concretas a sus cuestionarios de técnico eficaz.

De todas formas, observó, en varios cientos de millas, una proporción de tierras cultivadas que evalúa en «un acre sobre ciento cincuenta» y, a veces, en «uno sobre doscientos». La vida rural le pareció, por lo menos en la montaña (aunque casi todo es montaña), realmente mísera; y el número global de rebaños, ridículamente bajo, comparado con el inmenso territorio que se les deja recorrer. Por último, en doscientas millas, sólo encontró a dos gentlemen. A partir de entonces, para él, el problema se va a centrar en explicar, por medio de factores sociales, la reducida ocupación y la reducida utilización del suelo catalán.

Otro extranjero, Bourgoing, observador menos avezado, y sobre todo cronista menos escrupuloso, presenta pese a ello una disposición de ánimo similar en muchos puntos. Ante todo, le extraña e impresiona el desierto mediterráneo, tal como extrañó e impresionó a Young: «Dudo de que en medio de la Siberia, alrededor del golfo de Botnia, un viajero se vea más desprovisto de recursos, y se crea más abandonado por el universo ...», escribe Bourgoing en los parajes del Perelló, al pasar el Coll de Balaguer, hallándose no obstante en uno de los ejes más frecuentados de la circulación comercial española.

Y como, en general, ha seguido servilmente las descripciones elogiosas de Ponz en su itinerario catalán, para equilibrar, le interesa mostrar sus reservas. Según cree, haría falta «vivificar el interior de Cataluña, que uno juzga demasiado favorablemente cuando no ha visto más que las costas».

En esto, claro está, tiene razón. Pero cuando añade, al visitar Montserrat, que de buen grado vendería el famoso tesoro para llevar a cabo esta activación de la economía, se nos presenta como un buen precursor de los prefectos napoleónicos, para quienes la amortización de bienes en manos de eclesiásticos servía, con bastante frecuencia, de explicación para todo: para la despoblación, para la pobreza, para el carácter extensivo de la explotación agrícola. No tenían en cuenta el aspecto geográfico. En realidad, los ideólogos del siglo XVIII iban buscando la España de sus lecturas, en la que el desierto cultural y el desierto humano debían hallar su justificación en la «pereza» o la «opresión».

Pero Young, testigo de buena fe, no encontró pereza. Por doquier, tanto en el asolado interior como en las exuberantes costas, vio al catalán volcado, incluso consagrado intensamente al trabajo. Por lo tanto, debió de inclinarse más por la «opresión»: opresión del Estado, opresión de la Iglesia.

Sin embargo, un domingo, en Calaf, le esperaba una sorpresa. Por la mañana, asistió a misa y quedó sorprendido ante el fervor de los arrieros y de los campesinos, al verlos: «... golpearse el pecho con violencia en algunas de las respuestas del oficio. ¿Hasta qué punto esta insólita atención a la religión tiene que ver con la desolación de la provincia? Dejaré que otros den respuesta a esta pregunta», añade el viajero, confesando así tanto sus lecturas como sus escrúpulos, ya que el domingo por la tarde encuentra a los campesinos trabajando, bajo la tranquila mirada de su párroco. Young no sale de su asombro cuando piensa que esto sucede en un país que tiene fama de arruinarse por las fiestas feriadas. Se plantea la duda de que tal vez el clero se cobre el permiso de las fiestas. Se mantiene pues su desconfianza.

A pesar de todo, se van abandonando progresivamente las explicaciones demasiado simplistas ante la riqueza del Pla de Barcelona y del litoral, así como la impresión más favorable recogida en el Gironès y el Empordà. Se ha visto el papel que ejerce Barcelona y la irradiación de riqueza en torno a la capital. Pero la Cataluña de la montaña y del interior sigue siendo un misterio: el del desierto y la miseria, unidos a una intensa dedicación al trabajo.

A partir de ahí, Young va a fabricarse una teoría —aun a sabiendas de que es frágil y provisional— que nos interesa tanto por sus lagunas y errores como por otros rasgos de penetrante observación.

Según Young, sólo la pequeña propiedad incita al hombre a la actividad. Si las parroquias catalanas pusieran en venta sus tierras comunales, encontrarían compradores. Probablemente no lo hacen. En cuanto a los landlords, viven en Madrid o en Barcelona, y sólo venden sus tierras cuando se ven obligados a ello, o sea, todas a la vez. Pero no existen en Cataluña capitales capaces de garantizar una gran circulación de la propiedad:

Los únicos capitales que pueden encontrarse en Cataluña para este fin son las manos de hombres deseosos de trabajar, quizá con la ayuda de algunos ahorrillos, que tienen su origen en la contemplación de los terrenos baldíos que deben comprarse. Es claro que todo lo que se ha hecho, y en algunos distritos es mucho, tiene este origen.

Es ésta una opinión matizada y muy alejada del pesimismo que, tan a menudo, se desprende de las observaciones de Young. No niega las roturaciones; reconoce sus avances localizados, aunque considerables. Señala —con cuánto acierto— el carácter individual, modesto e incluso mediocre de la empresa que amplió el área de cultivos. Ahora bien, en cuanto ha sido posible un análisis pormenorizado, todo esto se ha visto confirmado.

Y no obstante, Young subestima con toda probabilidad los resultados obtenidos en la conquista del suelo catalán, a lo largo de los cincuenta o sesenta años anteriores a su viaje. En primer lugar, porque la primera impresión que le produjo el paisaje mediterráneo fue de sorpresa, y no logró acostumbrarse a él. Luego, porque desconocía la larga despoblación del Principat entre el siglo XIV y el siglo XVII; así que debió de confundir antiquísimos signos de retroceso del cultivo con una reciente regresión y no pudo valorar la rapidez de los pocos progresos que observó. Y por último, y sobre todo, la absurda brevedad de su viaje y la elección de un itinerario excesivamente contrastado le impidieron apreciar todos los matices del paisaje agrícola entre los desiertos montañosos continentales y los jardines de la costa, y no conoció determinadas instituciones sociales fundamentales del Principat.

¿Acaso habla, por ejemplo, de la venta de tierras comunales? Si hubiese llevado a cabo una encuesta pormenorizada, como la que estaba haciendo Zamora por las mismas fechas, habría comprobado que muchos pueblos no disponían de tierra alguna para repartir; y que si otros disponían de ellas, las ponían de inmediato, y siempre con éxito, en venta o en enfiteusis, o hacían la vista gorda cuando eran ocupadas por los pequeños campesinos; y, por último, que los pueblos que mantenían inalterables los antiguos usos comunales —de paso Zamora no deja de condenarlos— se hallaban en franca minoría.

Y, por otra parte, ¿cómo podía Young disertar acerca de la gran y pequeña propiedad, en relación con la ocupación del suelo catalán, sin hacer mención alguna de los dos modos fundamentales que presentaba dicha ocupación: la masía, unidad de explotación a menudo secular, y el contrato de «establecimiento», instrumento de roturación y de plantación?

Por su extensión, su independencia y su equilibrio experimental entre la ganadería y la agricultura, e incluso entre las diversas producciones agrícolas, la masía podía haber entusiasmado a Young, como entusiasmó a Zamora. Pero ni siquiera llegó a sospechar su existencia. En Folquer, en las vertientes de la sierra de Comiols, pasó la noche, por pura casualidad, en una masía. Su anfitrión, un considerable farmer, es uno de los dos gentlemen que dice haber encontrado en un área de doscientas millas. Pero en esta zona de montañas occidentales, en la que además no se apartó de las carreteras, pudo muy bien considerarlo una excepción. Si hubiese realizado un viaje en zigzag por el este de Cataluña, habría podido comprobar la existencia de un prototipo. Y como es lógico, Young desconoció aún más la diseminación marginal de las grandes unidades agrícolas establecidas de antiguo: supeditado, al igual que muchos extranjeros, a los ejes de circulación más habituales, no pudo valorar este esfuerzo desparramado de reconquista del suelo que observamos en torno a Berga y a Cardona, en la Segarra o en el Vallès; toda una Cataluña media que no se ajusta a la definición de desierto montañoso, ni a la de vergel litoral, las dos fórmulas que luchan en la mente de Young cuando quiere caracterizar la agricultura del Principat, y cuya contradicción le molesta.

También le pasó desapercibida la amplitud de las roturaciones vitícolas, porque no cruzó las comarcas típicas: el Penedès y el Camp; y también porque recogió rumores de crisis, como lo demuestra el que hable de un consumo insuficiente de vino y aguardiente. Pero la crisis no invalida —sino más bien pone de manifiesto— el vigor, tal vez excesivo, del impulso económico, inmediatamente anterior, favorable a la producción vitícola, impulso capaz de transformar, en menos de veinticinco años, el aspecto de una comarca entera.

Queda por ver el problema de los capitales. Aquí la observación de Young ha dado directamente con el rasgo más importante: las posibilidades del desarrollo catalán, en el siglo XVIII, las constituyen —por lo menos en su origen— la fuerza de trabajo de los hombres, con la ayuda minoritaria de un reducidísimo ahorro. Existen pocas transferencias masivas de propiedad. Y no debía de haber suficientes capitales privados para ambiciosas empresas de reactivación de cultivos, sobre todo si tenían que ir acompañadas, como por ejemplo en el Urgell, de grandes obras hidráulicas o grandes obras en las carreteras.

Todo esto es cierto; pero la afirmación de Young es demasiado incompleta y tajante para ser exacta. Hemos mencionado casos de grandes roturaciones privadas: Melcior de Guàrdia no emprendió la repoblación de Almacelles sin dinero y los desecamientos de marismas en el Empordà suponen algo más que obras para un huertecillo.

Existe además la asociación, cuyo papel fundamental observaremos en algunas iniciativas capitalistas del siglo XVIII. No vemos por qué no pudo aplicarse al aprovechamiento de nuevas tierras, siempre y cuando existiera la perspectiva de obtener buenos beneficios. Y, por otra parte, tampoco sabemos si eran necesarios capitales tan considerables, o incluso importantes, para acometer trabajos en las tierras baldías. La utilización de las islas del Ebro fue concedida por unas decenas de libras; y vimos cómo una tierra, por la que se habían pagado doscientas libras, se dividía a lo largo de treinta años en veinte pequeñas y productivas explotaciones.

Cabe pensar, pues, que si la roturación en Cataluña —en montaña y cultivo de secano, por lo menos— no sobrepasó ciertos límites, se debió más a la falta de unas perspectivas lo suficientemente rápidas de rendimiento que a la falta de capitales. Si en algún momento se producía en el comercio (o en la propia agricultura) un volumen tan importante de beneficios como para poder invertir, el país ofrecía unas alternativas más tentadoras que la de dedicarlos a la roturación de un suelo poco fructífero, como eran el comercio colonial, el armamento naval, industrias diversas y la intensificación de los cultivos mediterráneos cuyos productos se destinaban a la exportación.

Tenemos razones para creer —e insistiremos en ello— que el movimiento de capitales se estableció más de la tierra hacia el comercio y la industria, que del comercio y la industria hacia la tierra. Pero incluso cuando se dio este último movimiento, los burgueses enriquecidos se arriesgaron muy poco —como es natural— en grandes empresas de innovación agrícola en tierras vírgenes, buscando ante todo la inversión segura y honorable en propiedades ya experimentadas, o en múltiples compras de pequeñas tierras: granjas en regadiu, plantaciones de árboles frutales, «establecimiento» de viñas a rabassa morta, explotaciones medianas de policultivo confiadas a un colono. Nos proporcionará un vivo ejemplo de todo ello la formación de la fortuna terrateniente de los Guarro, famosos industriales papeleros.

Existe pues un error en la conclusión de Young, según la cual se habría visto limitada la roturación catalana por hallarse la agricultura del Principat exclusivamente en manos de las clases pobres. Por el contrario, lo que mantuvo alejada de esta aventura a la iniciativa capitalista fueron, en la mayoría de los casos, las flacas ganancias que se podían esperar de una lucha masiva contra los eriales mediterráneos. La única justificación, para la observación de Young, está en el enjambre de jornaleros sin recursos que, prácticamente en todas partes, escarbaron en un lado y en otro, por necesidad, un suelo nuevo, se repartieron, con o sin derecho, un carrascal comunal, o se asentaron a lo largo de la carretera, bajando del monte a la llanura.

Hallamos la misma actitud condescendiente o desconfiada ante este tipo de roturadores, tanto en el agrónomo inglés, amigo del orden y de la explotación racional (y, en el fondo, de la gran propiedad), como entre los labradores catalanes, a cuyas quejas ha aludido Zamora. No debe extrañarnos esta similitud; es una similitud de clase.

Pero lo que Young censura a estos roturadores míseros es que sean incapaces de roturar mucho. Lo que les echan en cara los labradores, los ganaderos (y junto a ellos, a menudo, los agrónomos y los economistas) de Cataluña, es que roturan demasiado. No es idéntica la experiencia agronómica.

Naturalmente, la polémica catalana en torno a las roturaciones no es sino un caso particular dentro del gran conflicto español —y mediterráneo— entre el afán de tierras del pequeño campesino, cada vez que se produce un apreciable impulso demográfico, y los intereses creados en torno a la utilización tradicional de los bosques y pastos. En cierto sentido, este conflicto es incluso universal. Pero lo que le confiere originalidad en el mundo mediterráneo, son los argumentos de que disponen, pese a defender sus intereses de clase, los adversarios de la roturación, argumentos nada despreciables desde un punto de vista técnico y económico: contra la tala de árboles y sus consecuencias, contra el descarnamiento de tierras con fuerte pendiente, contra el desequilibrio cultivo-ganadería, contra la inutilidad (o el daño) de cultivos con rendimiento excesivamente bajo.

No es desconocido en España el individualismo agrario del siglo XVIII. Surge incluso, de un modo muy espontáneo, del deseo, por parte del pequeño y mediano campesino —más que por parte del gran señor—, de roturar y poner cercas. Pasado mediados de siglo, se acepta como línea dominante de la legislación real, viéndose sistematizado —aunque tardíamente— por la ideología de los economistas.

Pero la tendencia opuesta —que nace de la resistencia al cercado guiada por el interés de los ganaderos, en especial trashumantes— coincide con una honda tradición agraria colectivista, muy apreciada, como es lógico, por el campesino más mísero, aunque muy enraizada, en determinadas zonas, en la población entera; y apoyada, por último, por algunas personalidades del despotismo ilustrado, como Aranda o Floridablanca. Para concluir, la desconfianza ante roturaciones y cercados es fruto de una experiencia secular, a veces rutinaria, otras veces justa, del equilibrio agrícola mediterráneo, según la cual los extensos eriales, junto a los cultivos intensivos y especializados, se consideran un elemento natural, útil y tal vez necesario, de economía rural.

¿Cómo reaccionaron, en este conflicto y ante la legislación a que dio lugar, las mentalidades inspiradas en las realidades catalanas? Esta actitud puede dar lugar a una nueva línea de investigación de estas realidades.

5. ROTURACIÓN Y DESPOBLACIÓN FORESTAL

En España, si se da el caso, todo el mundo se lamenta de la tala de árboles. ¿Qué podemos deducir de esta actitud? ¿Tal vez que el avance de los cultivos, en el siglo XVIII, puso realmente en peligro los recursos del bosque ibérico? Y si así fue, ¿quizá se encontraba Cataluña entre las regiones especialmente amenazadas?

E. J. Hamilton ha hecho notar que, en este punto, parecían infundadas las lamentaciones españolas, ya que los precios de los productos forestales (carbones y leña) eran de los que menos aumentaban en la España del siglo XVIII. Hay en todas partes una ligera caída entre 1701 y 1750; una subida normal en Castilla, entre 1751 y 1800, y, en Valencia, un apreciable retroceso respecto a todos los demás productos. En Francia, en cambio, la leña y el carbón batieron el récord de alza del siglo.

Pero en este aspecto, Cataluña se presenta poco española. Pese a algunas dificultades de cálculo, podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos demasiado, que la leña y los carbones se encuentran a la cabeza del movimiento de alza de precios, no sólo igual que en Francia, sino con mucha diferencia. Se trata de un aumento de cerca del 300 por 100, entre los años 1740-1749 y los últimos años del siglo.

Y, sin embargo, en las obras referentes a la tala de árboles se cita a menudo Cataluña como una excepción, como un caso afortunado dentro de la península. ¿Qué explicación hallar a esta paradoja?

Lo más probable es que la preocupación de los agrónomos, de los economistas y de los administradores españoles no surgiera de una especial observación del siglo XVIII, sino del estado, deplorable desde los últimos siglos de la Edad Media, de la vegetación forestal en la España interior y en las zonas limítrofes con Andalucía. En cada período de impulso, cuando España quiere renovar su economía, se plantea, no el problema de la «despoblación forestal», sino el de la «repoblación forestal». La legislación de Carlos III tiende más a hacer replantar que a proteger. Y la «fiesta del árbol» honra a quien planta.

Añadiremos que, respecto a la salvación del bosque, existe una desconfianza ante el pastor trashumante y el campesino pobre, roturador si se tercia, y saqueador de bosques comunales. A ellos se atribuye, no sin razón aparente, la desnudez de las grandes mesetas de Castilla y la decadencia del bosque, cuando no ha desaparecido por completo.

Sin duda por eso Ponz declara que se puede poner a Cataluña «de ejemplo para las otras provincias del reino, donde se ha descuidado y tal vez aborrecido la plantación».

Es en el Principat «donde se conoce mejor que en otras provincias la importancia de este ramo de la agricultura».

Los términos empleados por Ponz demuestran que para él —y con certeza en todo el vocabulario de la época— por «plantación» se entiende tanto repoblación forestal como arboricultura.

En efecto, felicita a Cataluña por haber multiplicado los árboles frutales, los agrios, los algarrobos, las higueras, los almendros y también los olivos. Para hacer recapacitar a los indiferentes, cita un bonito detalle dentro de las costumbres catalanas: en una masía del Empordà, cuando rezan cada noche el rosario la familia y los criados reunidos, añaden un padrenuestro «por uno de los abuelos que plantó la noguera».

Nos inclinamos a creer que la persona digna de crédito, el observador que contó la anécdota y redactó para Ponz esta disertación de once párrafos fielmente incluida en el Viaje, fue una vez más Francisco de Zamora. Se trata, cuando menos, de un hombre bien informado, ya que nos parece que no hay una sola idea ni un solo detalle de esta larga disertación que nos dejó acerca de los bosques catalanes que no se vean recordados y asegurados, por mínimas que puedan ser nuestras dudas ante su testimonio, en diez documentos concretos.

En todas las cuentas de granjas que el azar ha hecho llegar hasta nosotros hemos encontrado consignada la plantación de árboles tan fielmente como la plantación de viñas. Buena muestra de la importancia que adquiere el algarrobo en la zona limítrofe catalano-valenciana la tenemos en el tráfico de cabotaje barcelonés de fines de siglo. En cuanto al almendro y al avellano, sus frutos son los primeros en todos los cargamentos que parten para las Indias. Respecto al aceite, además de los ejemplos de nuevos olivares ya citados, la multiplicación de molinos de aceite en la zona de Lérida es una de las características más sorprendentes de la centuria en la Cataluña occidental.

También se nos especifica en la nota del Viaje de Ponz la explotación más propiamente forestal que se manifiesta a la vez en otros signos. Todo cuanto sabemos, por ejemplo, del nacimiento de una industria ampurdanesa del corcho —del carrac con más exactitud, producto semitrabajado que es objeto de una ya importante exportación— supone una extensión del bosque de alcornoques seguramente mucho más considerable que hoy en día. La densidad del bosque de alcornoques en su conjunto —robles, encinas y alcornoques— es tan grande en los montes de Requesens que su señor, el conde de Perelada, está a punto, hacia 1782, de ordenar una tala de 70.000 árboles, según información directa de su intendente. Pero los amigos del bosque no se lo critican, porque se trata no de atacar, sino de despejar bosques excesivamente tupidos. Reconocemos en esto el tipo de encuesta que, en distintos pasajes de su Diario, Zamora dice haber llevado a cabo entre guardas forestales competentes, de quienes no carece Cataluña.

Cabe preguntarnos ahora en qué estado se halla, en esta misma época, el bosque de monte alto, utilizable para la construcción y la navegación; y aquellos hermosos pinos de la costa de Levante y de Tarragona que con tanta profusión mandaba cortar Carlos V, así como aquellos abetos y robles de los Pirineos que proporcionan los resistentes maderos necesarios para la edificación urbana.

El pino melis pirenaico ocupa ahora un puesto de honor. No hay documento notarial referente a la construcción barcelonesa —àpoca d’obres— en el que no se mencionen piezas de madera llegadas de los altos valles —con precios desgraciadamente difíciles de comparar y analizar, debido a las dimensiones variables de las piezas. Pero respecto a eso, la nota de Ponz nos da precisiones acerca del fenómeno económico que el informador cree percibir:

De pino melis dan bastante madera para edificios de Barcelona y otras partes, aunque no con tanta abundancia como algún día, por hallarse algo cansados los montes de Tortosa, de donde es la mejor que conocemos y mucho más la que baja por los ríos Segre, los dos Nogueras y Ter, de otros abundantes bosques de las faldas de nuestros Pirineos, siendo ahora más difícil y costoso el acopio y acarreo, pues se ha de ir a buscar a sitios más distantes de la mar; pero se recompensa este perjuicio con el menor valor con que se logra en dichos lugares.

Esta observación parece tener riguroso fundamento. El Discurso inédito de 1780, de la Biblioteca de Cataluña, nos proporciona confirmación, a la vez que explicación, de uno de los hechos citados: en la zona de Tortosa, los bosques de los Ports de Beseit, de difícil acceso aunque de espléndida abundancia, no debieron de permanecer intactos, sino ser explotados con moderación hasta 1714; al convertirse en esta fecha en propiedades reales, los adjudicatarios reales de la explotación debieron de destrozarlos en, poco más o menos, unos cuarenta años.

El Discurso nos ofrece también, con inhabitual precisión, un cálculo de las disponibilidades anuales de madera en las distintas comarcas catalanas, cálculo cuyo valor exacto no podemos garantizar.

Nos parece económicamente más interesante un cuadro adjunto: el de los precios de coste de la madera y el carbón de leña en los distintos valles entre Tarragona y el Coll de Balaguer; analizando propiedad por propiedad, este cuadro quiere demostrar que se establece un equilibrio entre gastos de transporte y precios de la madera cortada en el bosque, de modo que las tarifas sean aproximadamente iguales en las distintas playitas a donde vienen a cargar las embarcaciones.

También queda reflejado, en las cuentas del Hospital general, que la leña y el carbón de leña llegan a Barcelona de puntos cada vez más alejados, a medida que avanza el siglo. Pero la navegación costera está lo bastante desarrollada como para permitir que el flete no grave los precios tanto como sería de temer. Y, realmente, tal como han señalado Ponz y el Discurso, los productos forestales son vendidos a más bajo precio cuanto más nos alejamos de los grandes núcleos y del mar.

Pese a eso, estos precios así equilibrados son los que suben a un ritmo especialmente rápido durante toda la segunda mitad del siglo. Tienen que haber disminuido por lo tanto los recursos forestales, por lo menos respecto a las necesidades.

En efecto, en determinados puntos se acusa un agotamiento. Ya hemos hablado de Tortosa. Podemos añadir las Garrigues y el Montsec: siempre es el oeste el más desheredado en cuanto a condiciones naturales y más parecido a las mesetas castellanas o aragonesas (son las zonas en donde la sequía impide el restablecimiento espontáneo de todo tipo de bosque, una vez destruido).

Pero los alrededores de Barcelona y la costa de Levante, explotados seguramente durante demasiado tiempo, han sufrido también pérdidas irreparables. Las construcciones navales privadas, tan activas en toda la Marina y en la propia Costa Brava, tienen que proveerse a menudo de las grandes piezas de madera en regiones lejanas del interior, o en el extranjero.

¿Habrá que culpar acaso a la roturación agrícola por su parte de responsabilidad en todo ello? No lo creen así los contemporáneos, por lo menos no del todo. Denuncian más bien —en especial cuando se trata de los agrónomos de fines de siglo, influenciados por la ideología liberal— la explotación irracional del bosque por los ingenieros de la marina real, y los atentados a la propiedad privada que suponen los derechos de dicha marina. El reglamento que con más fuerza se ataca es el de uno de los grandes restauradores del poderío naval español, don Julián de Arriaga, puesto en vigor el 16 de marzo de 1754: el rey no se quedaba con el monopolio de las talas, pero los proveedores de los astilleros reales podían hacer marcar, en los bosques de propiedad privada, los troncos que reservaban para la compra y tala de las necesidades públicas. El sistema fue muy discutido; según decían, desalentaba a los propietarios que, con tal de no vender sus árboles más hermosos a precios impuestos, cortaban los troncos jóvenes, que dedicaban por ejemplo a la tonelería, cuando hubieran podido servir para madera de construcción. Los árbitros nombrados para zanjar eventuales conflictos eran jueces de pueblo, mal preparados la mayor parte de las veces para una tarea de defensores del bosque. No obstante, tampoco estaban satisfechos los agrónomos liberales si el rey adoptaba medidas conservadoras directas, como por ejemplo, prohibiendo las talas: si se hubiesen aplicado tales prohibiciones, decían, ¿qué habría sucedido con la roturación, o sea, con el progreso de la agricultura?

A través de esta reflexión del académico Barba, vemos como, junto a la explotación abusiva de los bosques en nombre de la marina real —explotación fuertemente criticada—, se consideraba la roturación como un factor más de despoblación forestal, aunque de menor importancia y cuando menos necesario. A decir verdad, parece que el sistema catalán de propiedad y de explotación era, desde el siglo XVIII, lo bastante individualista para que la evolución de la explotación forestal y la de la explotación agrícola se hayan visto regidas simplemente por las leyes de la rentabilidad. En el fondo, eso es lo que expresa, con una admirable preocupación por el matiz, la Nota del Viaje de Ponz, cuyo valor como fuente ya hemos comentado y cuyas ideas de conjunto merecen ser íntegramente reproducidas:

Aunque han disminuido reparablemente los montes, leñas y maderas de Cataluña de unos cuarenta años a esta parte con las muchas cortas de árboles que se hicieron en el reinado del señor don Fernando VI, por cuenta de su real Hacienda y por la de sus empresarios i asentistas, con todo se puede afirmar que tiene este Principado competente leña, carbón y maderas para su consumo y para los edificios, y la que pueda necesitar para la construcción de sus buques y arboladura, no obstante introducirse maderas extranjeras como de Rusia, Holanda, Inglaterra, Italia y otros parajes de Europa, que ocasionan el descuido de beneficiar la que ofrecen nuestros bosques, por presentar el comercio en las mismas playas estos materiales extranjeros ...

Ha consistido también esta disminución en el aumento de la labranza, multiplicación de viñas, nuevos edificios que se han construido, buques marítimos que se han hecho y fábricas que se han establecido a causa del notable incremento que la población y el comercio han tomado en tan pocos años.

En la cordillera de las montañas que cercan a Barcelona y, sin embargo de haberse plantado de viñas buena porción de sus vertientes y casi todas las que tienen su exposición de Oriente a Mediodía, han quedado todavía bastantes bosques (y sin temor de que se acaben, porque se cortan de cinco en cinco años) de madroños, murtas u otros arbustos para el gran consumo de sus hornos de cocer pan, los de sus alfareros y los de ladrillería y tejería que se encuentran corrientes en su llano.

A más de los muchos pinos, robles y carrascas que se hallan esparcidas por multiplicados parajes de Cataluña ... los hay en abundancia para abastecer de leña y carbón a Barcelona y sus fábricas de indianas, y a todos los pueblos y villas grandes de sus inmediaciones, pues desde dichos progresos de las fábricas, por el valor que han dado a las maderas que necesitan para tanto edificio y máquinas de prensas, moldes, etc. ..., y por las leñas que consumen (no obstante el aumento de la agricultura que ha dado por el pie tantos bosques) se cuidan otros de los que antes no se hacía caso.

Así pues, en lo que respecta a la madera de construcción, debió de establecerse un equilibrio entre la explotación autoritaria y tarifada de la marina real, la explotación privada, que asciende del litoral a los Pirineos, y, por último, la importación de maderas septentrionales. Esta última pudo frenar el alza de precios de la madera de construcción (alza que conocemos mal), protegiendo de este modo, relativamente, el bosque de monte alto.

En cuanto al monte bajo, que proporciona la madera industrial más menuda y los productos de calefacción, mantuvo su posición, pese al aumento de precios, en los sitios en donde no resultara claramente rentable la roturación, como por ejemplo en las laderas mal orientadas de las sierras costeras. Por el contrario, la roturación de los lugares más favorecidos se vio compensada por una explotación del bosque, monte bajo y carrascal antaño improductivos, lo cual redundó en provecho de la economía.

En el mecanismo de estas transformaciones influyó con toda probabilidad el tipo de propiedad. Hemos sabido por el Discurso que, por la zona del Cardoner medio, eran escasas las tierras comunales, dividida la propiedad y especialmente reducido el rendimiento del monte bajo, debido a la venta de maderas y carbones. Allí hubo roturación.

En cambio, una propiedad muy grande, próxima al mar, puede considerar rentable, gracias al alza de precios de productos forestales, la explotación del monte. Así, en 1775, un particular se hizo «establecer» la «montaña de Sant Grau»: 15.000 jornales de bosque y monte talar, entre los territorios de Tossa, Llagostera, Sant Feliu, Solius y el mar. El enfiteuta quiere aprovechar las «hierbas y madera» y «cultivar si puede». Pero al ser puesta en venta en 1794 esta misma montaña, el anuncio del Diario de Barcelona nos hace saber que contiene «15 mil jornales de tierra, a saber: 8 mil propios para carbón, y 7 mil de bosque de roble surero; de lo que se puede sacar 100 mil cargas de carbón de rabasó y 100 mil cargas de leña para hornos».

Aquí, la roturación se considera abiertamente menos rentable que la explotación forestal. Y, no obstante, esta última tendrá que aceptar de ahora en adelante, por lo que al carbón de leña y a la madera de construcción se refiere, la competencia de las importaciones marítimas; en las postrimerías del siglo, más de una fábrica de indianas de Barcelona funciona con carbón de piedra de Novi Castri, es decir, de Newcastle.

Así pues, al término de esta confrontación entre progreso agrícola y regresión forestal no existe ninguna razón para lamentarse, como lo hace Young, por la excesiva lentitud de la roturación, ni para anunciar, como vaticinan tantos profetas, la muerte del bosque. Por el contrario, tanto en el ataque a bosques, montes bajos y carrascales, como en su utilización, Cataluña se muestra muy sensible a los factores de rentabilidad, de entre los cuales algunos (por la facilidad de las importaciones marítimas) son factores mundiales. Desde el siglo XVIII, Cataluña se halla, mucho más de lo que generalmente se ha dicho, en plena economía moderna de competencia.

6. PASTOREO Y CERCADO

El debate entre pastoreo y cercado parece más tradicional y más estrechamente ligado a intereses locales. También más concreto, ya que los defensores del bosque son por lo general teóricos, mientras que los defensores de la ganadería son los propios interesados. No obstante, no se puede decir que los conflictos entre ganaderos y agricultores hayan sido especialmente amplios, duros o numerosos en el Principat catalán. Y la impresión que sacamos es bastante parecida a la que hemos recogido con respecto a los bosques: en un tema y en otro, tanto en la teoría como en la práctica, lleva ventaja la causa de la propiedad privada; si la ganadería pierde terreno y si el equilibrio conseguido no es el más favorable en todo, nada tiene que ver eso con la legislación, la falta de iniciativa o la insuficiencia de capital; resulta simplemente que en Cataluña la empresa se siente cada vez menos tentada por la ganadería: no es obligado complemento de los cultivos mediterráneos más favorecidos; en la industria, el algodón está desterrando la lana y, por último, existen poderosos intereses relacionados con el abastecimiento a Barcelona de carne de importación.

A partir de la primera mitad del siglo se pone de manifiesto —aunque raras veces y de forma imprecisa— la preocupación ante el avance de la agricultura, en detrimento de las tierras de pastoreo. En 1739, el corregidor de Gerona se queja de que los ganaderos de la provincia, al carecer ésta de tierras de pastoreo, se ven obligados a enviar los animales al otro lado de la frontera francesa. Hay que confesar que es una queja imprecisa. Ni siquiera logramos saber si se trata de las tierras de trashumancia de verano o, por el contrario, de las de invierno, ni si afecta a todos los rebaños incluyendo los no trashumantes. Tras la protesta de Gerona, se oculta sin duda alguna una realidad: la creciente usurpación por los cultivos de los recorridos tradicionales del ganado. Pero también pesan en ella fórmulas convencionales; encontramos acumuladas todas las quejas contra las roturaciones, en especial contra las roturaciones vitícolas. En este caso, no se está defendiendo únicamente a la ganadería.

Asimismo —y ya casi veinte años más tarde— cuando los diez meros de Talladell, cerca de Tàrrega, protestan por los daños que les han infligido los ganaderos, más que un conflicto entre ganaderos y agricultores parece un conflicto entre propietarios acomodados y campesinos pobres. Los depredadores son «cinco o seis vecinos», con sus vacas y sus cabras (y no importantes rebaños de corderos). Los diez meros se quejan directamente ante la Audiencia, porque, según dicen, saben que no obtendrían justicia del concejo municipal. Esta actitud refleja claramente la típica lucha entre la propiedad agrícola individual y el rebaño municipal.

Lo interesante es que no se trata de un caso aislado. Aparte de Talladell, este conflicto aparece, bajo la misma forma, en buen número de otros pueblos. Se alza en protestas en especial el Urgell, en donde ya hemos mencionado el rápido retroceso de las tierras comunales ante los cultivos.

Pero la Audiencia no duda en dar la razón a los propietarios de viñedos y olivares, sancionando a cualquier persona que penetrase o hiciese penetrar a sus animales en plantaciones de este tipo: «no sólo en el tiempo en que están pendientes los frutos, sino también en todo lo restante del año».

Con esto, queda de manifiesto que la legislación —o la jurisprudencia por lo menos— estaba fijada en este punto, desde 1758, en contra de las costumbres recién aceptadas, mientras se suele situar tan sólo a partir de 1779 la intervención real en el cercado de viñas y olivares. Resulta significativo que haya tenido que ser ratificada en varias ocasiones esta posición jurídica de las autoridades oficiales: el reglamento real en torno al tema del cercado se estableció relativamente pronto, pero tuvo que enfrentarse con la fuerte resistencia de las costumbres populares. Existen muchas probabilidades de que los ladrones de cosechas de quienes se quejaron durante toda la centuria los regidors de Lérida, fuesen de hecho jornaleros pobres que aplicaban antiguas fórmulas comunitarias de espigueo, de rebusca y uso de las hierbas y barbechos.

Más objetiva parece, a simple vista, la «Memoria» dirigida en 1766 por el rector de Sant Pere de Vilamajor a la Audiencia de Barcelona: pretende denunciar, no ya a una clase social, sino un peligro de tipo general. Según se dice en el documento, el ganado, sometido a la competencia de una importación masiva, no le supone ya beneficio alguno al campesino; con el retroceso del bosque, se hace cada vez más difícil alimentar a los cerdos; es el triunfo de la agricultura independiente; pero cuando falte por completo el abono, no habrá servido de nada crear tantos campos nuevos ya que serán estériles.

No era utópico el peligro de un grave retroceso de la ganadería. Al referirse a los derechos de recorrido en las tierras comunales de Alguaire y de Almenar, en la zona limítrofe con Aragón, un informe de la Audiencia, de 1770, nos proporciona las siguientes precisiones: desde 1756, Almenar había repartido tierras comunales, utilizadas hasta entonces como paso de ganado, a cambio del 4 por 100 de la renta de sus eventuales cultivos. Pero a partir de 1764, ante la avalancha espontánea e incontrolada de roturaciones, el municipio había dejado ocupar todas las tierras, sin hacer distinciones en la categoría social de los beneficiarios y prácticamente en régimen de plena propiedad. Se corría el peligro de que los nuevos ocupantes fuesen incapaces de afrontar todas sus obligaciones en conjunto; así, hubo quien abandonó tierras y otros que las intercambiaron. De las 1.700 libras anuales producidas por el arrendamiento de las tierras comunales transformadas en pastos alrededor de 1750, bajaron las rentas del municipio a 600 o 700, y el número de cabezas de ganado de 8.000 a 2.000. En Alguaire, en donde los cultivos habían ocupado sólo los dos tercios de la zona de pastoreo comunal, la caída del ganado había sido, no obstante, de 5.000 a 3.000 cabezas.

Las que se quejaban ahora eran las poderosas asociaciones de ganaderos: el batlle de Broto y los pastores de Aragón y Cataluña, el Cos de ramaders pirinencs del Regne d’Aragó i del Principat de Catalunya. Con ellos, asistimos a la lucha de los trashumantes contra los agricultores. Pero aunque en el último tercio del siglo XVIII la Mesta castellana está a punto de perder prestigios y privilegios, aún más debilitados parecen los pastores aragoneses. Sólo pueden tratar con las autoridades gracias a la mediación de capitalistas catalanes, de poca envergadura pero formando una fuerte asociación, a quienes se les conceden en arrendamiento los pastos públicos.

Además, las tierras disponibles para el paso del ganado se van limitando cada vez más. A raíz de la real orden de 1766, los municipios que arrendaban como pastos sus «bienes propios», dejan de permitir el uso, antaño incluido en dicho arrendamiento, de sus «bienes comunes». Esta distinción entre propios (plenas posesiones de un consejo municipal) y comunes (bienes a la disposición de la comunidad de vecinos) había existido siempre, aunque sin mucha repercusión en la práctica. Con los avances del cultivo y de la propiedad privada, y con el aumento de las ganancias rurales, se van concretando dos tendencias simultáneas: una, la explotación capitalista de los propios; otra, la división de los comunes, con lo cual el ager compascuus se ve amenazado de desaparición.

Ahora bien, incluso olvidando las dificultades de la trashumancia de larga duración, queda claro que el retroceso de las tierras comunales provoca, en cada territorio municipal, el retroceso de la ganadería. En el caso de dos ejemplos concretos en la Cerdanya y en la zona de Cardona, el Discurso de 1780 no duda en establecer una estrecha correlación entre dos hechos: hay poco ganado, y la causa es que los propietarios cercan ferozmente sus tierras, o sus prados llegado el caso, no dejando nada para el pastoreo comunal. Sin embargo, el autor del Discurso, favorable por lo general a la propiedad individual y libre, no parece querer admitir que se haya acrecentado, en cambio, el rebaño privado de los hacendados. Tampoco Zamora, gran enemigo de los antiguos usos comunitarios, se atreve a decir que las recientes ventajas de la propiedad privada han favorecido a la ganadería. Sólo Young se pronuncia en este sentido, aunque como pura petición de principio.

Hay que admitir sin duda que las roturaciones catalanas establecieron sobre todo cultivos arbustivos mediterráneos, que no exigen, como sucede con otros cultivos, el complemento de la ganadería. De todas formas, los cultivos de huerta son de los que requieren mucho abono. Ya veremos cómo se planteó —y resolvió— el problema en la Plana de Vic y en el Pla de Barcelona. Lérida, en cambio, se sintió preocupada en este aspecto por la desaparición de los rebaños del Urgell, sus proveedores de abono; se dice incluso que éste es el origen de la oposición de Lérida a los proyectos del canal del Urgell.

En otros sitios se lamentan por la desaparición de los grandes rebaños laneros de los límites catalano-aragoneses y por el hecho de que el agricultor catalán, cada vez más especializado, dependa de ahora en adelante de mercados irregulares y muy costosos, si quiere obtener carne para su alimentación. Éste es el problema que plantean, por ejemplo, los habitantes de Tortosa, en una memoria utilizada por el Discurso de 1780: según dice este texto, desde hace cincuenta años, en los parajes de Tortosa no ha cesado la disminución del ganado:

A esta disminución de ganado no solamente ha contribuido el maior consumo de carnes que se experimenta, sino generalmente para toda especie de ellos, los rompimientos modernos en virtud de la universal livertad concedida por el real Consexo, y de otras providencias anteriores que dexaron sin livertad al ganado, cuios rebaños neccesitan ahora de más pastores, para no tropezar con los sembrados y plantados, y esta circunstancia aumenta el gasto con los maiores salarios ...

En efecto, en el nuevo equilibrio de precios de coste, éste es un factor en el que generalmente no se piensa:

La nueva real Cédula de 13 de Abril del corriente año —sigue dicendo el texto— que prohive la entrada de ganados en viñas y olivares aún después de recogido el fructo, los priva de mucho pasto, y será otro nuevo motivo para la disminución de los ganados.

Deberíamos, pues, admitir que, pese a la jurisprudencia de la Audiencia, se había seguido practicando el pastoreo en las viñas después de la cosecha.

Por último, los habitantes de Tortosa deseaban que se prohibieran:

los rompimientos de aquellos terrenos, que en cada pueblo se necesitasen a lo menos para la cría y manutención de estos ganados que ayen de consumir en su abasto y también la de aquellos terrenos que se vea que, puestos en cultivo, no pueden rendir a sus dueños los beneficios que resultarían a los ganados ...

Pedían también, sin vacilaciones, la aplicación retroactiva de estas medidas, la prohibición de la matanza de animales jóvenes y la devolución al ganado de las viejas pistas desbaratadas por las roturaciones. Si, por el contrario, unos particulares deseaban criar en gran escala ganado lanar, se sugería que se les concediera el cercado de extensos pastos en la montaña. Decían, por último, que la prohibición de pacer en los viñedos y olivares después de las cosechas debería mantenerse sólo para las vacas y las cabras, pero no para los corderos.

No es difícil adivinar que tras estos «habitantes de Tortosa», se encuentran los propietarios de grandes rebaños de corderos, de los que, según una «Memoria» académica de 1770, existía en estos parajes una «prodigiosa multitud». Las zonas en las que se abastecía aún abundantemente en carne la ciudad de Barcelona, durante la primera mitad del siglo, eran la parte de los Ports y sus prolongaciones del Maestrazgo. Y, remontándonos a tiempo atrás, era allí también donde la industria lanar del Principat había ido a buscar sus vellones.

Pero cuando hacia 1780 los ganaderos de Tortosa, viéndose al borde de la ruina, lo atribuyeron a las roturaciones y a la legislación, ¿tenían o no razón? Hasta cierto punto sí, seguramente, ya que, a medida que iban creciendo la población, la circulación y la reactivación de los cultivos en el Principat, habían ido desapareciendo para ellos los antiguos privilegios, las antiguas libertades de paso del ganado, así como la baratura de la vigilancia y de la mano de obra. Pero quizá todavía lo que más les había afectado había sido el decisivo retroceso de la industria lanar frente al algodón y la seda, al estar cada vez menos vinculadas al mercado local de la materia prima las pocas buenas fábricas de paños, concentradas en el Vallès y la Cataluña oriental.

En cuanto a las necesidades de carne de matadero del Principat —y en especial de su capital— sufrieron un aumento excepcionalmente rápido entre 1760 y 1790. Incluso hubo años, como 1788, en que, pese a los esfuerzos realizados, no se pudo impedir una crisis del mercado, con precios muy elevados y calidades ínfimas. No obstante, aun entonces, redundó más en beneficio del gran comercio de importación que de los ganaderos catalanes.

Queda pendiente de un estudio monográfico la ingente documentación que se conserva en los archivos de Barcelona acerca de la adjudicación del abastecimiento municipal de carne. Según creemos, ésta nos permite afirmar que sobre este abastecimiento, a partir de la primera mitad del siglo XVIII, se edificaron sólidas fortunas; y que, durante la segunda mitad, sus arrendatarios fueron hombres de negocios medio catalanes, medio franceses, que tuvieron las más fecundas iniciativas sobre el comercio de ganado por la frontera pirenaica.

Así pues, el agrónomo Navarro Mas, uno de los propagandistas del prado artificial en la Academia de Ciencias, no se equivocaba al subrayar, en 1788, la excepcional importancia económica de las compras de ganado a Francia. Para la suma anual de estas compras proponía y justificaba la cifra de seis a siete millones de reales. Es fácil imaginar la presión que ejercía sobre los precios semejante importación, disminuyendo las ganancias de los ganaderos catalanes, y así lo había comprendido, ya en 1766, el rector de Sant Pere de Vilamajor. Aquí también, por lo que se refiere a trigo, madera y carbón, hay que considerar los contactos internacionales de Barcelona uno de los factores primordiales de evolución económica del Principat.

Como es lógico, esto no significa que la ganadería regional no sacara ningún provecho de la prosperidad general. En respuesta a las lamentaciones de los ganaderos, en 1770 la Audiencia, rigurosamente informada, les dice que de todos modos son ellos quienes suministran la gran mayoría de animales consumidos, y que los rebaños catalanes seguían siendo tan numerosos como a principios de siglo. Sin ser optimista, el cuadro agrícola presentado por Barba a la Academia no describe una ganadería en franca decadencia. Aquí, quien se muestra rígido es Young: según dice, Cataluña no alimenta ni una veinteava parte de los corderos que su territorio podría alimentar. Pero este cálculo a ojo no tiene en cuenta, una vez más, las condiciones económicas de conjunto.

Los rebaños comunales siempre habían sido bastante reducidos. Los de las masías, destinados en principio sólo a las necesidades de las granjas, podían crecer mucho más en calidad que en cantidad. A los viticultores y arboricultores no les interesaba el ganado. Para que fuese aprovechada la inmensidad de pastos de la montaña media —los más incómodos— hubieran tenido que existir ganancias realmente considerables que atrajeran a hombres o asociaciones de hombres bastante ricos.

Pero no se ejerció esta atracción. De ello tenemos un significativo indicio en el debate promovido en 1766 ante la Audiencia barcelonesa: la corporación pirenaica de ganaderos aragoneses y catalanes se queja de verse sometida a las condiciones de los pequeños capitalistas catalanes, bastante despreciados, y arrendatarios de los pastos públicos; critica la adjudicación en subasta, considerándola una verdadera estafa. Pero la Audiencia contesta que basta con que en cualquier momento, incluso entre dos adjudicaciones, ofrezcan una sexta parte más del contrato en curso para que el contrato sea suyo; y pregunta la Audiencia por qué no lo hacen los ganaderos. Efectivamente, es característica esta incapacidad económica: la renta de los «pasajes y herbajes» de Lérida, que experimenta una vigorosa subida durante el siglo XVIII, siempre es arrendada por artesanos, tenderos y revendedores, o bien de la propia Lérida, o bien de Barcelona, y a veces por campesinos. Nunca se presenta como arrendador ningún ganadero, ni ninguna asociación de ganaderos. En estas condiciones, ¿quién habría podido llenar las secas extensiones atravesadas por Young con el gran rebaño que él veía en su imaginación? La ganadería mediterránea tradicional, extensiva, se encuentra en estado de inferioridad frente a las demás empresas económicas posibles.

De ahí que el problema del cercado se plantee, en Cataluña, más entre ganaderos y plantadores de viñas, olivares y huertas de regadío que entre agricultores y ganaderos. Influenciados por la ideología del siglo, algunos pensadores preconizan la generalización de una gran propiedad cercada; es así, y sólo así, como concibe Barba, por ejemplo, las ventajas del cercado; para conseguirlo, proponía incluso efectuar una concentración parcelaria y que, tanto el rey como los señores, renunciaran con este objetivo a exigir el laudemio.

Pero un hombre más avezado a la práctica del derecho civil catalán que a la de las Memorias agronómicas, Sisternes i Feliu, valenciano de origen y durante largo tiempo fiscal de la Audiencia barcelonesa, no sueña con tales revoluciones. Cuando publica, en 1786, nueve años antes que Jovellanos, su Idea de la ley agraria española, se expresa así:

Yo, como he estado siempre en los países más agricultores de España (Valencia y Cataluña) y he visto que los labradores cierran sus heredades como pueden cerrar las puertas y ventanas para que nadie entre a robar lo que hay en ellas, confieso que me causó la mayor admiración el ver que había quien ponía en duda esta facultad del dueño.

¿Sería el Principat la tierra representativa de la propiedad absoluta? Sin embargo, Sisternes era el hombre mejor situado para valorar la resistencia ante el individualismo agrario, la fuerza de las viejas servidumbres y la vitalidad del derecho feudal en la Cataluña del siglo XVIII: durante años, no hubo litigio acerca de la distribución de la tierra que no pasara por sus manos. No obstante, le había quedado la impresión dominante de la libertad del propietario en su parcela de huerta, en su viña o en su masía. ¡Tanta era, en la economía catalana, la importancia relativa de este tipo de explotación!

Asimismo, en otros textos oficiales (en Capmany, Caresmar o Zamora) encontramos ejemplos de clara subestimación de la propiedad comunal: se mencionan pueblos indicando que no disponen de ningún bien común, mientras las estadísticas del siglo XIX les atribuirán considerables bienes explotables: bosques regularmente talados, pastos accesibles en la estación buena, tierras en torno a los ríos, vías de comunicación, pueblos. ¿Qué interés podía tener lo demás? Lo que decidió la nueva extensión de los cultivos, de los pastos y del bosque fue la rentabilidad. Pero en muchos casos, intensificar el cultivo prometía más ventajas inmediatas que dedicarse a extenderlo; éste es otro aspecto creativo del siglo XVIII catalán.

II

LA INTENSIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS

A decir verdad, a veces resulta difícil distinguir en los documentos de la época lo que es intensificación de lo que es extensión de la agricultura. Así, cuando se habla de plantar viñas y olivos, no sabemos a ciencia cierta si sustituyen anteriores cultivos permanentes, cultivos temporales o verdaderas roturaciones; si se trata de solicitar un permiso de riego, ignoramos si es con objeto de ampliar o de transformar una explotación, o, finalmente, si en numerosos lugares se produce un aprovechamiento completo y continuo de la tierra, no sabemos si hay que considerarlo reciente o remontarlo a una época muy anterior en la historia.

De todas formas, pocas veces queda lugar para la duda. La vinculación, bastante evidente, de la intensificación agrícola a las condiciones económicas y demográficas del siglo XVIII hace posible y útil aquí el esbozo de un cuadro.

1. EL RIEGO

El esfuerzo hecho para conseguir el riego es con mucho uno de los temas más accesibles a nuestra investigación, por haber acaparado la atención de los contemporáneos y estar sometido al permanente control de las autorizaciones reales.

Todo cambia ahora de aspecto —dice Young al llegar por vez primera ante lo que él llama—: una escena extraordinaria de cultivos regados, y que debe de haberle dado a la provincia su reputación general.

Veo lo suficiente del país —añade más adelante— para comprobar que el agua lo es todo. —Y sigue diciendo—: En este clima el suelo es lo de menos; el sol y el agua lo hacen todo.

El agrónomo-investigador tomará, pues, numerosos apuntes sobre el cultivo de regadío. Y si éstos no son muy abundantes en el Diario de Zamora es porque éste redactó una colección aparte —Colección de los Riegos de Cataluña—, prueba de la importancia concedida al riego artificial que por desgracia no hemos podido encontrar.

No obstante, disponemos de una fuente aún más valiosa. Al igual que sucede con las tierras recién formadas, el Patrimonio Real tiene dominio eminente sobre todas las aguas. En principio, ni «un dedo de agua», ni una acequia junto a una carretera pueden ser utilizadas sin que el usuario de las mismas haya sido «establecido» por el rey, mediante el pago de un «censo» anual y la habitual «entrada». Esto ha permitido que, de 1723 a 1808, los registros del Patrimonio pudieran conservar hasta la actualidad 2.175 documentos, tan sólo referidos a concesiones de aguas destinadas a uso agrícola. Con ello tenemos sobrado material para juzgar el papel económico desempeñado por el riego.

No vamos a intentar ocultar las lagunas e inexactitudes de esta fuente, aparentemente exhaustiva. En primer lugar, gran número de concesiones son simplemente «nuevos establecimientos», «precarios», o sea, confirmaciones de derechos a veces muy antiguos; hay que distinguirlos de las verdaderas creaciones, cosa que resulta relativamente fácil a fines de siglo, por las clasificaciones de los propios registros, y mucho más difícil en la primera mitad. A la inversa, estas concesiones retroactivas son prueba de que bastantes riegos se libraban de las obligaciones fiscales, a veces durante muchísimo tiempo.

También podía ocurrir que en los dominios señoriales (no menos extensos en Cataluña que el dominio real) se creyera el señor con derecho a «establecer» por sí mismo, o que se le comprara globalmente al rey el derecho de «volver a establecer», constituyendo éste otro de los casos en que las concesiones de aguas escapaban a la contabilidad real.

Además, los «establecimientos» no siempre especifican la superficie que se piensa regar y, mucho menos, como es lógico, el riego efectivo. Y tampoco podemos, sólo con el número de los «establecimientos», trazar a la perfección la semblanza de la utilización hidráulica en el tiempo ni su distribución en el espacio, ya que la concesión de un canal de desagüe en el huerto de un cura no puede ponerse al mismo nivel que la de un gran canal o un gran embalse. Además, este último tipo de obras no siempre está sujeto al régimen normal de concesiones hidráulicas.

Por último, existen miles de explotaciones de regadío que, al no sufrir modificaciones técnicas y pagar regularmente lo debido, no quedan consignadas en los registros de las concesiones. La costumbre de pagar el uso del agua a la vez que se adquiere la propiedad de la tierra —costumbre que se deduce de todos los capbreus y actas de transmisión de herencia— hace que muchas utilizaciones hidráulicas se inserten en el marco de antiquísimos derechos, pagados sin distinción. Por ello no es completa la documentación del Patrimonio.

En cambio, sí es concreta y llena de vida e incluye para cada concesión una breve descripción de lo que se ha concedido y, en cuanto se trata de algún caso importante o controvertido, añade un informe del funcionario local especializado, el batlle d’aigües; en el caso de Barcelona y para grandes obras, el informador fue, durante treinta años, ya a fines de siglo, el famoso arquitecto real Soler i Faneca; antes de 1764 lo había sido el mestre d’obres Josep Martí; en otros lugares, al experto en riego se le llama «zelador» y no batlle d’aigües, lo cual implica otro matiz; por último, a menudo, y sobre todo a principios de siglo, se trata de simples campesinos a quienes se cita para dar su opinión o su testimonio, resultando así los textos más pintorescos y más próximos a la realidad.

De este modo aparecen ante nosotros las necesidades de agua de cada nuevo cultivo, la búsqueda paciente de este agua por el campesino y la situación de cada tierra ante las posibilidades hidráulicas, unido a la codicia y desconfianza que despiertan. Resultan interesantes por sí solas muchas simples ratificaciones de antiguos derechos: además de especificar siempre hechos existentes, en la mayoría de los casos se deben bien a una dura polémica en torno a derechos y obligaciones, a alguna modificación técnica que haya llamado la atención del fisco o a la intención de ampliar la utilización del agua de modo que requiera una consolidación jurídica de los derechos de uso. En todo ello se perfilan los modestos progresos del masover en sus tierras, el embellecimiento de las propiedades burguesas de las afueras y el renacer o la creación de las típicas hortes.

Dejando al margen los documentos del Patrimonio Real de los que nos consta que no aportan nada realmente nuevo, siguen que dando aún más de 1.500 en los que aparece una voluntad de extender el riego o de intensificarlo. Con ayuda de estos documentos, y teniendo en cuenta las reservas anteriormente indicadas acerca de sus deficiencias, hemos trazado el mapa de las concesiones otorgadas, como primera aproximación respecto a la distribución geográfica de los progresos agrícolas debidos al regadío (véase Apéndice, fig. 4).

Distribución geográfica de los progresos del riego

a) Barcelona, la Marina, el Vallès. Del mapa se deduce un hecho evidente: la zona en la que triunfa el riego, encabezando cualquier transformación de la agricultura, es la periferia barcelonesa —deltas y montañas— y la parte indirectamente influenciada por la capital, es decir, la Marina de Levante hasta la desembocadura del Tordera, con un completo aprovechamiento de las aguas de la Serralada, por un lado, y, por otro, el Vallès, desde el Tordera hasta el valle del Llobregat, que constituye, cuando se llega del interior, una especie de antecámara de Barcelona.

En este marco regional perfectamente delimitado, que no representa ni el 8 por 100 de la superficie del Principat, se hallan agrupadas 940 concesiones de un total de 1.554 consideradas, o sea, más del 60 por 100.

El Pla de Barcelona y los pueblos d’hort i vinyet, en el anfiteatro de Collserola, que empieza ya a denominarse «el Tibidabo», ocupan el primer lugar en cuanto al número de concesiones: tenemos primero Barcelona; en torno a Montjuïc, en las hortes de Sant Bertran, hacia Valdonzella o La Llacuna, se cuentan 54 concesiones; el más rico, con diferencia, es el delta del Besòs, en donde se extiende la red del viejo Rec Comtal; Sant Martí de Provençals, con 62 concesiones; Sant Andreu del Palomar, 43; Badalona, 31; Sant Adrià del Besòs, 10, y Santa Coloma de Gramanet, 7. Al lado de estas cifras, puede parecer pobre el valle del Llobregat: 13 concesiones en Sants, 7 en Hospitalet, 4 en Sant Boi de Llobregat, 2 en Sant Feliu, 2 en Sant Climent, 2 en Corbera y 4 en Sant Andreu de la Barca; pero aquí la red es más dispersa, distribuyéndose en la línea de fuentes del pie de las montañas: en Les Corts, en Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Papiol, Santa Creu d’Olorda, en la margen izquierda del valle, y en Cervelló, Vallirana, Viladecans, Torrelles, en la margen derecha. No obstante, es en los barrancos y pendientes que dominan la ciudad donde se concentra la actividad de los minaires, buscadores de aguas subterráneas y constructores de canales: 39 concesiones en Sarrià, 22 en Horta, 6 en Gràcia y 5 en Sant Genís dels Agudells. Existe una relación evidente entre esta actividad y el florecimiento de grandes casas de recreo, junto a las necesidades de productos de huerta de la creciente aglomeración.

Pese a ello, no se trata de un fenómeno local: en toda la costa, desde Montgat hasta Blanes, ya no es Barcelona la que rige el desarrollo económico general; la Marina progresa por sus propios medios; la aparición de un rosario de ciudades y pueblos, creados, desdoblados o ampliados —Alella, Teià, Tiana, Caldetes, Argentona, Llavaneres, Mataró— va seguida de una línea continua de concesiones hidráulicas: de 25 a 30 concesiones para cada uno de los lugares anteriormente citados, a las que hay que añadir las de los pueblos interiores de la Serralada litoral y de sus masías aisladas, tan empeñadas en la obtención de agua como las explotaciones de las aglomeraciones costeras.

Por último, destaca en la creación de nuevos riegos —tal vez por ser un hecho más imprevisto— la firme participación del Vallès central, en torno a Granollers, Terrassa y Sabadell (aunque esta última, de modo menos decidido). Como es lógico, se trata tan sólo de la reanudación de una tradición, la del rec molnar de los monjes de Sant Llorenç de Munt que, según algunos, se remonta al siglo X; alrededor de Ripollet y de Montcada i Reixac, el regadío estuvo permanentemente asociado a la utilización de todo tipo de molinos: molinos de paño, de papel y harineros; asimismo, en Terrassa, industria y agricultura impulsaron siempre conjuntamente la utilización del agua. Sin embargo, en torno a Granollers, Cardedeu, Martorelles, La Moguda, Caldes de Montbui y Sant Feliu de Codines, parece darse un desarrollo autónomo de la agricultura en sí misma, vinculada de todas formas a las fortunas hechas en la capital, aunque sin relación local directa con una industrialización. Desde el punto de vista de la intensificación agrícola propiamente dicha, este caso resulta quizá más significativo que el de las torres de los alrededores de Barcelona, cuyo carácter artificial podría constituir una objeción, o que otros casos, dominados de forma demasiado clara por fenómenos no agrícolas, como son el comercio lejano en la Marina o el éXIto de la industria papelera en el Anoia. El Vallès agrícola nos ofrece el ejemplo de masías aisladas y pueblos dispersos —en la actualidad algunos han dejado de ser municipios— para quienes la intensificación del riego es el signo característico y único de los avances del siglo.

De todos modos, será en la agrupación Vallès-Marina-Barcelona en donde tendremos que buscar algunas descripciones típicas de lo que fue en el siglo XVIII el cultivo intensivo de regadío; en este sentido, nuestro mapa viene a ratificar las localizaciones observadas por los viajeros, señalando el fuerte contraste entre la Cataluña del interior y las zonas del litoral y del sublitoral bien comunicadas con la capital.

Esto no significa que las demás comarcas de Cataluña fuesen absolutamente pasivas, no intentando nada en cuanto al regadío. En el mapa se observan solicitudes de concesiones prácticamente en toda la superficie del territorio, y sabemos que aquél es incompleto. Hay que señalar el contraste entre un fenómeno masivo y un fenómeno disperso. Al margen de la agrupación litoral, el número máXImo de concesiones otorgadas a una sola localidad es de 15 —en Vic— y en ningún otro sitio alcanza las 10. En cambio, resulta bastante sorprendente la abundancia de concesiones aisladas, localizadas por el nombre de un pueblo, una aldea, una «cuadra» o una simple masía, poniéndose así de manifiesto el carácter individualista del esfuerzo del siglo XVIII en cuanto a perfeccionamientos agrícolas.

Queda claro, en especial, que la búsqueda de agua corresponde más a la capacidad de empresa manifestada por los agricultores de cada zona que a obligaciones impuestas por las necesidades del clima.

b) Gerona, el Empordà, Olot. En efecto, inmediatamente detrás del área más importante viene a situarse, en cuanto a la actividad hidráulica consignada por las concesiones, la zona de Gerona, el Empordà y Olot, con 213 concesiones, notoriamente dispersas. Pero ya sabemos que nos encontramos aquí en la Cataluña húmeda, que no tiene —ni mucho menos— un interés tan grande en el riego continuo como la Cataluña central u occidental. En este aspecto, el Empordà se opone incluso al Rosselló, siendo más favorable al policultivo que a la huerta, y creemos, discrepando en este punto con M. Sorre, que en esto influye mucho el régimen pluviométrico: Aquí, regar un huerto, derivar un río mediante sus recientes aiguadeixos o asegurar el cultivo por medio de sèquies más que necesidades generales son tentaciones localizadas en el caso de explotaciones menores o, a veces, para propietarios más importantes, suponen verdaderas especulaciones acerca del rendimiento económico de un determinado cultivo; eso es lo que sucede cuando el Baix Empordà diversifica la red de sus antiguas sèquies, para las que el conde de Perelada y otros importantes personajes nobles o burgueses sacrifican grandes sumas; o también cuando se perfila en el mapa de las nuevas utilizaciones, bajo la influencia de muy humildes campesinos, la línea de fuentes en la ladera de las Gavarres: Monells, Cruïlles, La Bisbal, Fonteta, Torrent y Regencós. No se trata de una profunda revolución agrícola mediante el agua en una zona en la que los cultivos tradicionales no requieren el riego, sino que tanto en lo que se refiere a éste como al desecamiento, la centuria se muestra favorable a las iniciativas y progresos espontáneos; mucho más, según parece, de lo que sucedió en el Rosselló, en donde la horta no llegará a presentar su actual fisonomía hasta bien entrado el siglo XIX, tal vez, según podemos creer, bajo la influencia —atenuada— de la prosperidad barcelonesa y comercial.

c) Cuencas del interior. Otros grupos de concesiones trazan con toda claridad los planes interiores de la Cataluña media; llanuras secas, continentales, agrícolas, muy interesadas en el desarrollo del riego. En el Pla de Bages, en donde es clásico desde la Edad Media el regadío manresano, hay pocas innovaciones. Pero la Plana de Vic es rica en iniciativas; la utilización agrícola del Ter, hacia Manlleu y Torelló, acompaña —o parece más bien anticipar— su utilización industrial.

Al oeste de Barcelona se recurre al Anoia, al Riudebitlles, la riera de Carme e incluso a las pobres fuentes de sus cuencas, mientras se las disputan o reparten campesinos e industriales papeleros. En cambio, el Penedès y, más aún, el Camp de Tarragona son de una gran pobreza, ya que la viña y la arboricultura, que predominan allí en el siglo XVIII, por regla general, no necesitan riego.

d) Las secas llanuras occidentales. Se nos plantea ahora la aparente paradoja que deja casi huérfana de concesiones hidráulicas la Cataluña seca, la Segarra y las Garrigues, las llanuras del Urgell y de Lérida, los montes de Tortosa y el delta del Ebro, zonas que el riego, por sí solo, podría perfectamente transformar haciéndolas productivas.

Naturalmente, no se le puede pedir al mapa más de lo que es capaz de señalar: en él no aparece nombrada Lérida, pero sabemos que la horta de Lérida recuperó, por lo menos en parte, su riqueza medieval en el transcurso del siglo XVIII; a Tortosa, Amposta y Alcanar se las nombra sólo una vez; pero según nos dice Ponz, el Pla de la Galera se parece a la horta de Castellón: posee mil pozos, y eXIsten seiscientas norias para regar la llanura del Ebro, entre Tortosa y el mar.

No obstante, nada parece eximir las zonas de Tortosa o de Lérida de su dependencia del Patrimonio Real en cuanto a mejoras hidráulicas, ya que le ponen al corriente de las ocupaciones de tierras, urbanas o rurales, de las construcciones de molinos y las iniciativas mineras. Tal vez haya, pues, que admitir que el desarrollo hidráulico observado en estos dos puntos, a partir de 1780, no superaba en nada el de principios de siglo. En el caso de Lérida, se plantean pocas dificultades: la pertenencia municipal del canal desde tiempos inmemoriales debió de garantizar una total autonomía a la nueva puesta en vigor de las antiguas concesiones. En cuanto a Tortosa, el caso es más extraño; en torno a Barcelona, la menor prospección de aguas subterráneas, la más pequeña balsa o safareig eran objeto de una concesión real; tampoco las norias se libraban de esta servidumbre, ya que las hallamos mencionadas en otros puntos de nuestros documentos. Así pues, esta técnica no falta en nuestro mapa. Difícilmente podía pasar desapercibido en los registros de la «Bailía» un importante avance del riego en la zona de Tortosa.

Una vez más, el oeste de Cataluña, y en especial la parte oeste del interior, se nos muestra muy desfavorecido ante los progresos de la economía. Cierto es que no permanece totalmente al margen de ellos, llegando a recuperar en parte su atraso, pero ya hemos visto que Lérida, Balaguer, Agramunt, Àger o Tortosa siguen manteniendo una masa rural proletaria incapaz de iniciativas, por poco costosas que sean. A eso se debe sin duda el hecho de que, en lugar del enjambre de solicitudes característico de la Cataluña oriental, los registros ofrezcan aquí un limitado número de empresas hidráulicas de mediana envergadura, algunas iniciativas colectivas —como las del cabildo de Solsona— y, por encima de todo, la esperanza en el gran proyecto que, en tres ocasiones a lo largo del siglo XVIII, vuelve a la actualidad: el canal del Urgell, de cuya desgraciada suerte daremos un resumen más adelante. Para el regadío de esta zona harían falta importantes realizaciones y, por lo tanto, grandes capitales. En este punto, Young estuvo acertado: el único que podría actuar con eficacia es el rey ya que, aun siendo los capitales privados tal vez más numerosos de lo que Young creía, se van a otras zonas atraídos por beneficios más seguros e inmediatos. Como de costumbre, el oeste de Cataluña recuerda los problemas de la España del interior, con su pobreza natural, sólo superable mediante grandes obras colectivas. El este de Cataluña, con sus riquezas localizadas y parceladas, es la tierra soñada para la experiencia individualista del siglo XVIII.

Estas conclusiones, extraídas del mapa, quedan confirmadas por el análisis de los documentos.

Intensa búsqueda del agua

El carácter individual y localizado de la búsqueda del agua se hace patente en la escrupulosidad demostrada por los interesados en dicha búsqueda. A veces, nos hace sonreír la escasa importancia de las concesiones solicitadas, a decir verdad tal vez exagerada a propósito, tal como ya lo habíamos advertido en el caso de las nuevas tierras. Los solicitantes no tienen ningún interés en pagar cara la concesión. Cuando Joan Pau Ramon, labrador de Cabrera, pide permiso para canalizar el agua del torrente Aguilar e indemnizar a los propietarios cuyas tierras se vean afectadas por las obras a realizar, aduce que es para obtener un caudal de agua «que será cosa de un dedo de agua poco más o menos». Si hubiera que tomar la expresión al pie de la letra, quizá no valiera la pena emprender este trabajo; no obstante, para quien conozca la pobreza, los caprichos hidráulicos de los torrentes litorales y la utilidad que el más pequeño depósito tiene para el jardín o el huerto encaramados en terrazas, el «dedo de agua» parece menos ridículo; tiene un valor y se le sacará el máximo rendimiento.

Por la misma razón, tampoco debe sorprendernos el empeño en utilizar las aguas de lluvia, que corren por los tejados o al lado de los caminos; un tal Antoni de Magarola i Sentmenat se reserva el uso de las que recogen las cunetas del camino real entre sus propiedades; los canónigos de Solsona se plantean exactamente el mismo problema: tradicionalmente, las aguas de lluvia de las cunetas reales llenan (hay que contar con las tempestades) la balsa o peixera mediante la que riegan sus tierras, pero unos terceros intentaban desviar dicha agua. Ocurre lo mismo en Igualada, en 1748. Y también en Vic, en donde, en 1781, un tal Francesc Lluciá obtiene, junto con una concesión de bastante importancia para regar 6 cuarteras de terreno, el permiso de utilizar las aguas pluviales de las cunetas que bordean su propiedad, costándole esto 30 reales de «entrada», casi la mitad de lo que vale la otra concesión, la que se coge cerca del río.

Se hacen perforaciones al pie de las murallas de las viejas ciudades, a fin de recoger el agua de las precipitaciones como hacen, por ejemplo, doña Raimunda de Gomar en Cervera o el doctor Albert en Gerona, bajo la Puerta Nueva. El párroco de Llavaneres quiere regar su huerto. En Sant Martí Vell, Joan Sala logra la concesión de una «fuentecilla» para llenar una cisterna y regar un jornal de tierra dedicado lógicamente a la horticultura; éste es también el caso de un labrador, escogido al azar entre otros cien ejemplos; lo divertido es ver en la misma situación, y por la utilización de una fonteta, a don Gaietà de Copons y d’Oms, marqués de Moià, quien no descuida este detalle en sus propiedades de Llorenç, en el Penedès.

La mayoría de estos casos han sido sacados de la primera mitad de siglo. Pero en sus postrimerías sigue existiendo el mismo interés por reservarse el menor chorrillo de agua fecundante: en 1793, un campesino de Mujal, cerca de Manresa, solicita el agua excedente de una fuentecilla. Aquel mismo año, en Olot, en donde sin embargo no escasea el agua, Josep Florensa, de una importante familia de comerciantes de la Cataluña norte, obtiene la concesión de las aguas de lluvia que caen de los tejados de una callejuela. En 1797, Joaquim Roca i Batlle, eminente personalidad del comercio barcelonés, aumenta en un medio jornal la superficie de regadío de un pequeño terreno, comprado en 1746 a su vecino I. Parrot, pudiendo usar —aunque tan sólo para un «jornal»— la fonteta próxima.

Disputas acerca del agua; derecho hidráulico individualista

Tal escrupulosidad permite imaginar las codicias, disputas y complicaciones jurídicas promovidas por las recientes utilizaciones o las nuevas esperanzas.

En 1716, un barcelonés, Esteve Matas, obtuvo la concesión de una «fuentecilla» en Argentona. Según él, esta fuente es el afloramiento de un torrente cercano, del que debe de poder sacar agua en virtud de la propia concesión, aunque los propietarios de los alrededores no lo entiendan así. En 1724, Matas se ve obligado a especificar —pagando derechos superiores— que puede establecer todas las minas, pozos y sondeos de prueba para alimentar su fuente, ya que parece claro que los vecinos habían querido secarla. Éste es tan sólo un ejemplo, aunque muy significativo. Son decenas los conflictos de este tipo que los batlles y los «zeladores» de aguas tienen que dirimir.

Por lo tanto, el agua no puede ser omitida en los contratos de matrimonio o testamentos, como lo prueban las precauciones tomadas por los tutores; si no se especificaran los derechos de uso, los vecinos se apresurarían a desviar la mina, secando la capa subterránea.

En otros casos, lo que induce a garantizar los derechos de riego es la transformación de las tierras bajas del litoral. Con ocasión de una transacción en los primeros años del siglo, fueron vendidas nueve mujades lindantes con la llanura y las colinas barcelonesas, de las que sólo cuatro debían ser regadas, ya que las otras cinco eran «habitualmente húmedas», o sea, pantanosas. Pero cuando, en 1744, la viuda del comerciante Miguel Alegre, Maria Alegre i Guix, hereda de su padre estas nueve mujades, el terreno se ha modificado; toda la propiedad es de regadío; tal vez la estén regando ya; en 1745, paga a tal efecto los derechos necesarios.

En el transcurso del siglo, todo el sistema hidrográfico de la sierra litoral —fuentes, torrentes, aguas superficiales y aguas profundas— está sujeto a verdaderos tratados de reparto. Se requiere el arbitraje de los expertos públicos ya que, en su origen, muchas concesiones son bastante imprecisas. Se autoriza la búsqueda de aguas subterráneas «a una hora», «a un cuarto de hora», «a medio cuarto de hora» de distancia de tal punto o de tal cauce de torrente. Y cuando todo el mundo efectúa la búsqueda en torno a Barcelona, como sucede, por ejemplo, entre 1730 y 1808, se producen enfrentamientos. Gracias a ello se nos proporciona la descripción detallada de los torrentes, barrancos y de sus recursos en agua, desde Sant Pere Mártir hasta el Vall d’Hebron y Horta, y desde Pedralbes hasta el Besòs. Por las mismas razones, nos es descrita, en 1745, la horta de Mataró por el batlle d’aigües.

Resulta manifiesto el carácter individualista del derecho hidráulico consignado por las concesiones: sin duda, el concesionario no es más que un enfiteuta, pudiendo el rey, si los derechos no son regularmente pagados, prohibir el uso del agua; por otra parte, los expertos se esfuerzan, en cada concesión, por proteger los derechos de las concesiones anteriores, pero aparte de esto, el beneficiario dispone por entero del agua concedida; se discute el derecho de vender el uso del agua y el de la propiedad de la tierra por separado, pero constantemente se da el caso de que un terreno no puede ser regado porque todos los recursos hidráulicos de la vecindad han sido concedidos anteriormente. En este aspecto, las múltiples empresas hidráulicas del siglo XVIII difieren sensiblemente de las concesiones de aguas en las antiguas sèquies públicas, concesiones limitadas siempre por los derechos de otros usuarios. A veces se alzan quejas contra la utilización anárquica de algún río, hecho resultante de este sistema de concesiones puramente individuales; pero siguen triunfando éstas innegablemente.

Técnicas individualistas

En la inmensa mayoría de nuevos regadíos la propia técnica procede de la iniciativa y financiación privadas e individuales.

El problema de casi todas las explotaciones hortícolas de la Marina consiste en llenar convenientemente la balsa, el safareig, cisternas de aguas claras bajo el cielo azul, que constituyen, aún hoy, uno de los elementos más pintorescos del paisaje. No basta el agua de lluvia para alimentarlas de modo continuo, según el uso agrícola que se quiera hacer de ellas. De ahí la realización de un trabajo de prospección detallada, la apertura de numerosos pozos y la instalación de acueductos y minas. En la actualidad, la bomba eléctrica ha resuelto el problema de la extracción de las aguas profundas. En el siglo XVIII, hay que buscar el agua bastante arriba para asegurar que fluya hacia las terrazas inferiores, excavar conductos subterráneos —los tubos proceden de las fábricas de ladrillo del delta— o canales superficiales, «de cal y canto», siendo el trabajo de estos especialistas —poceros y constructores de minas de Sarrià, solicitados desde lugares apartados— tan bien pagado como el de los especialistas de la construcción urbana. Todo esto resultaba caro y no debía de estar al alcance de los campesinos realmente pobres, aunque seguía siendo asequible, tras los años propicios, a propietarios y colonos modestos, siempre que el regadío de las tierras augurase un beneficio seguro. Además, buscando una confirmación de orden muy general, parece claro que cada época de prosperidad agrícola acarreó una extensión espontánea de este tipo de riego, y cada época de depresión, un retroceso o un precario mantenimiento de las obras existentes; en efecto, en las solicitudes del siglo XVIII, aparecen mencionados a menudo «vestigios», más o menos antiguos, de riego, canalizaciones derruidas o interrumpidas, como prueba de antiguos derechos o ratificaciones de posibilidades discutidas.

Así pues, el progreso hidráulico depende de la paciencia, constancia y medios de cada cual: es una expresión usual «buscar agua en un torrente seco». No faltan las decepciones, pero si se trata de un propietario acomodado, rara vez se da por vencido; hace ampliar el área de su concesión o la orienta de otro modo. A menudo alarga, varias veces consecutivas, las antiguas canalizaciones en 100, 200 o 400 canes.

Las norias para sacar el agua directamente del río o de las sèquies y, en la llanura, los sencillos pozos con elevación a tracción animal, son otros tantos medios técnicos asequibles a las más modestas explotaciones. Cierto es que, según los registros del Patrimonio, las tradicionales zonas de pozos y norias —el Camp de Tarragona y la zona de Tortosa— no parecen hallarse entre las comarcas más creativas del siglo XVIII. Según creemos, a los cultivos de secano del Penedès y del Camp les tentaron más los beneficios vitícolas que la costosa conversión en regadío. Pero a mediados de siglo el regadío existente entre Vilafranca y Tarragona llamaba la atención de los viajeros:

El país que vimos al día siguiente es aun más bello y mejor cultivado que aquél donde habíamos pasado la noche. Frecuentemente se encuentran en él pueblos grandes cuyos habitantes parecen laboriosos, pues sus viñas están en su mayor parte rodeadas de muros y sus campos lo están de pequeños canales tapiados y elevados por encima del suelo, los cuales sirven para regar las tierras con las aguas que sacan de pozos perforados de trecho en trecho. En este bello país es donde se halla situada Tarragona.

Prácticamente en todas partes la técnica dominante, así como el derecho, responde a la estructura individualista de la economía agraria del Principat, muy favorecida, ciertamente, en determinados puntos, por la propia geografía. Entre Granollers y Centelles, Zamora advierte «el aprovechamiento de las aguas por medio de represas y zequias, obra aquí fácil a los particulares».

El riego y los molinos

Sin salirnos del marco de la economía individual, un caso frecuente es la asociación del riego agrícola con el uso industrial de las aguas.

Casi nunca se emprenden los gastos de una desviación fluvial para un molino de harina, de arroz, de aceite, de papel o batán, sin prever, en las horas muertas, el riego del huerto, de los frutales e incluso de campos más extensos si se tercia, en torno al molino. Además éste —en especial cuando se trata de molinos harineros— es por lo general de origen campesino. Y por los términos de una concesión, no siempre resulta fácil comprender si, a los ojos del interesado, el proyecto fundamental es el molino o el riego de las tierras.

De todas formas, cuando en una explotación se quiere compaginar un proyecto de molino con una intención agrícola, desde el punto de vista técnico y financiero es una empresa algo más compleja y costosa que el simple acondicionamiento de un pozo o un safareig. Resulta interesante comprobar cómo, en el siglo XVIII, cientos de pagesos catalanes se ven capaces de emprender tales obras: el rosario de molinos harineros —construidos o reconstruidos (caso frecuente)— en las orillas de los ríos, entre 1720 y 1808, constituye una de las muestras del renacer espontáneo y multiforme de la riqueza agrícola y de una intensificación de la actividad rural.

Son más complejas las relaciones entre el uso propiamente industrial del agua y el riego. Según los registros del Patrimonio, es difícil reducirlas a una regla fija o dominante, ya que existen casos extremadamente variados. Por ejemplo, en la zona papelera del Anoia, encontramos el caso de un campesino que, a pesar de seguir siendo estrictamente pagès, sabe valerse tan bien de las necesidades en agua y tierras de sus vecinos industriales que participa de su fortuna. En otros lugares, como en el Ripollès, parecen oponerse los intereses de los agricultores y de los pañeros: acusan a los primeros de malgastar un agua de la que tienen cada vez más necesidad los segundos; pero eso no impide la multiplicación de las fábricas. No obstante, los casos más notables son los de aquellos comerciantes e industriales que, alrededor de su primera instalación hidráulica, se esfuerzan en impulsar paralelamente la producción de fuerza y el riego, como hacen la mayoría de los fabricantes papeleros, y en Terrassa los fabricantes de paños Busquets y Gall.

De estos últimos ejemplos, más frecuentes y característicos, se deduce que, a fines de siglo, el desarrollo industrial hizo más por el riego de lo que el riego había hecho para afianzar las iniciativas industriales. No se desconoce el proceso, riego agrícola-molino harinero-molino industrial-fábrica propiamente dicha, pero debió de caracterizar períodos bastante anteriores. En el siglo XVIII, la financiación de las empresas industriales viene generalmente de más lejos.

Superficies regadas y tipo de capitales para el regadío: diversidad social de la pequeña empresa

Por desgracia, resulta imposible calcular la superficie media regada por las nuevas concesiones del siglo XVIII. Ciertamente predominan las superficies pequeñas: una, dos o tres mujades bastante a menudo, de seis a doce con mayor frecuencia; un jornal o un jornal y medio, si se trata de viñas o huertas; de cinco a diez «cuarteras de simiente», si se trata de campos; éstas son las cifras que aparecen reiteradamente en los «establecimientos» de uso del agua. No tiene nada de extraño, teniendo en cuenta lo que hemos dicho acerca del derecho y de la técnica, y dado que en la mayoría de los casos se trata de horticultura, de frágiles plantaciones arbustivas, de anexos agrícolas a una casa de recreo o a un molino, y con mucha menos frecuencia, de cereales, viñas u olivos.

En este profuso desarrollo del riego a pequeña escala participan todas las clases sociales y todo tipo de capitales; en especial, en torno a Barcelona, aparecen en el catastro del cultivo de regadío, totalmente entrelazadas, las categorías sociales y las empresas más diversas.

Entre los beneficiarios del Rec Comtal, en Sant Martí de Provençals o Sant Adrià, lo mismo hallamos a simples labradores (aunque sus títulos se remonten a veces al siglo XIII), como a muy grandes señores, a muy importantes comerciantes y también a artesanos: bataneros, albañiles, canteros, carpinteros; a excepción de la rica comunidad de sacerdotes de Santa Maria del Mar, ninguno de ellos posee tierras muy extensas ni tiene excesivo dominio sobre los vecinos; a fines de siglo, y sin duda a base de sobrepujas en las subastas, los fabricantes de indianas se van apropiando, pedazo a pedazo, de buena parte del terreno para su industria.

En el anfiteatro del hort i vinyet barcelonés, resulta igualmente pintoresco el encuentro de las antiquísimas familias nobles o administrativas con los nuevos ricos del comercio y la industria, interesados todos ellos en adquirir sus elegantes dominios en las proximidades de la ciudad, junto también con los pagesos firmemente asentados en Sarrià, Horta o Sant Gervasi; cuántos apellidos, hoy familiares a la toponimia de los barrios altos de la ciudad —Anglí, Modolell, Lledó, Galvany— desempeñan, en el siglo XVIII, un constante papel en el reparto de aguas corrientes o subterráneas, antes de desempeñar otro no menos importante, durante el siglo XIX, en la parcelación y urbanización de tierras: son los de aquellas sólidas masías instaladas en las laderas de Sarrià, cuyos propietarios supieron, a lo largo de dos siglos, aprovechar el avance de la ciudad sobre los arrabales de la parte alta de la misma.

No obstante, se produce idéntica variedad en todo el Principat. No existe una transformación agrícola masiva bajo la influencia de algún personaje, alguna colectividad o un cierto tipo de capitales, sino, por el contrario, iniciativas a pequeña escala, en las que la fuentecilla, la fonteta y el «vaso de agua» interesan de igual modo a la más alta personalidad de la corte que al molinero o al marino.

En efecto, entre los regantes —o candidatos a regantes— encontramos casi todos los grandes nombres de la nobleza catalana (a veces española) del siglo: desde Catarina de Montcada i Aragó, duquesa de Montalto, heredera de los Zúñiga, hasta los Cardona, pasando por los Copons, Centelles, Vallcabra, Sentmenat, Descatllar y Desbach, Sebastida, Foixà, Cruïlles, Sarriera, Castellarnau, Desvalls, Sucre, Rocabertí, Marimon, Aranda, Santa Coloma, Eroles, Llupià, Villalonga, Ciutadilla, y otros, menores o más recientes. Junto a éstos, algunos funcionarios castellanos del rey —un tal Ortiz de Velasco, un tal Gil de Palacio— y sus oficiales, muy emprendedores: Vallgornera, Blondel de Drouhot, Dublaisel, White y Wagüe. Luego, las dinastías propiamente barcelonesas o catalanas, procedentes del antiguo comercio o de la antigua administración y aún vinculadas a veces con el mundo de los negocios en el gobierno regional: los Sanromà, los Ros i Julià, los Padellàs, los Alòs i Rius, los Prats i Matas, los Minguella, Dou, Catà, Cebrià, Grassot, Milans y la compleja familia de los Duran.

De más antiguo asentamiento que todos ellos, la Iglesia participa de modo activo (quizá más activamente que ellos) en este movimiento de mejora agrícola; los grandes monasterios en torno a Barcelona, Hebron o la Murtra, la Catedral y Santa Maria del Mar, los conventos dispersos, desde el más célebre, de Poblet, hasta los más desconocidos, con la orden de los capuchinos y los colegios de jesuitas a la cabeza y, por último, numerosos curas, por su parroquia o por cuenta propia, se inscriben en los registros de los «establecimientos» hidráulicos.

Dentro de la burguesía más modesta —que se va enriqueciendo paulatinamente— podemos observar, a mediados de siglo, un relevo entre dos categorías: a principios de siglo, abundan las iniciativas de hombres de oficios liberales —médicos, doctores en derecho, boticarios, notarios— y también los maestros del antiguo gremio de comercio, como los confiteros (entiéndase comerciantes de azúcar y tabaco, productos valiosos), los cereros y los mercaderes de paños y telas. Durante la segunda mitad del siglo, sin que por ello desaparezcan estas categorías (los notarios siguen manteniendo su papel hegemónico), quedan ahogadas en el mar creciente de nombres de grandes comerciantes y nuevos industriales; en todos los personajes de cierta importancia que hallaremos en el desarrollo de la rejuvenecida economía del siglo, se manifiesta la preocupación por buscar y utilizar, en la propiedad que adquieren, hasta la última gota de agua; así tenemos, entre los comerciantes, a los Nadal, los Darrer, los Augirot, Bassols, Gispert, Gibert, Alegre, Roig Vives, Gener, Vidal i Mir, Guàrdia; entre los agentes de cambio y bolsa a los Carabassa, Valldejulí, Tramulles; entre los creadores industriales, a los Canals, Canaleta, Glòria, Magarola, Seguí, Busquets, Gall, Guarro y Romaní. La lista podría ser mucho más larga; no obstante, escapan a nuestra clasificación algunos fabricantes muy modestos y tenderos de pueblo, ya que no siempre se especifica la profesión de los enfiteutas del agua. Entre los candidatos a regantes, son relativamente pocos los artesanos propiamente dichos, a excepción de los paraires, que guardan el recuerdo de sus antiguas riquezas; de todos modos, encontraremos algunos carpinteros, algunos sastres, tintoreros, caldereros y albañiles.

Salvo alguna rarísima excepción, que habría que situar dentro de estas últimas categorías, queda claro que los personajes que acabamos de enumerar solicitan el uso del agua en calidad de propietarios y no de cultivadores, aunque también lo hagan, la mayoría de las veces, para determinada tierra, a menudo muy pequeña, y no para el conjunto de sus propiedades. De ahí que los «establecimientos» hidráulicos tracen más la estructura de la explotación que la de las propiedades. Resulta pues interesante señalar que, entre los beneficiarios de los «establecimientos», el número de cultivadores directos y propietarios (o casi propietarios a censo fijo) compensa ampliamente el de los propietarios no explotadores. Tanto los hortelans de la periferia barcelonesa, dueños de algunas mujades, como los labradors de las grandes masías del este, demuestran que el agricultor, al igual que el rentista del suelo o el comerciante, tuvo la posibilidad de perfeccionar el cultivo intensificando el riego, directamente, por sus propios medios.

Podemos preguntarnos, sin embargo, si la aplastante preponderancia en número del riego a pequeña escala significa la ausencia total de intentos de mayor envergadura.

Empresas de riego privado de mediana o gran envergadura

a) Ausencia de grandes señores. Observaremos que estos intentos no fueron realizados por los grandes señores. Cuando éstos aparecen nombrados, en los registros del Patrimonio, se plantean dos casos:

– o bien se trata simplemente de un «establecimiento» corriente, pequeño o mediano, solicitado por sugerencia de un arrendatario o de un intendente, cuya iniciativa hay que legalizar, reduciéndose así al tipo más general de «establecimientos»,

– o bien el gran señor manifiesta una intención más amplia, que abarca el conjunto de sus dominios, aunque no se trate entonces de obras hidráulicas propiamente dichas, ya que el solicitante pretende simplemente obtener la libertad de disponer de las aguas, o la ratificación de antiguos derechos, en especial el derecho de «volver a establecer», con objeto de controlar, en el señorío, tanto las aguas como las tierras. De todas formas, son demasiado poco frecuentes los casos de este tipo para que se sintiera verdaderamente menoscabado el control real. Y no hallamos ningún ejemplo en el que, tras obtener el gran señor la disposición de las aguas, lo haya aprovechado para emprender una obra personal de tipo hidráulico agrícola.

En 1723, Catarina de Montcada i Aragó, como heredera de los derechos de Juan de Zúñiga sobre las baronías de Martorell y Molins de Rei, recuerda que sólo ella puede establecer molinos, embalses (rescloses) y canalizaciones en el Llobregat, desde Martorell hasta el mar. Para obtener la confirmación de este privilegio, caído sin duda en el olvido, el abogado de la duquesa de Montalto hace presentar un elaborado cuadro de las necesidades del delta, de las posibilidades de cultivo de regadío —hortalizas, frutas, forraje, cáñamo—, de las cualidades de la tierra y del interés que habría en desecar la capa insalubre del estany del Port y en reforzar las orillas del Llobregat. Es un informe interesante, sobre todo por la fecha en que se redactó; pero que nosotros sepamos, la concesión del privilegio no tuvo consecuencias importantes. El rey siguió «estableciendo» en las márgenes del Llobregat. El proyecto de una gran sèquia para dominar el delta procede de la Junta de Comercio, y no de los herederos de la duquesa. Si fracasa y los aluviones del Llobregat son menos regados que los del Besòs, tampoco se puede responsabilizar de ello al privilegio de 1723; los agrónomos dan otras razones. Y, como ya sabemos, del desecamiento del estany del Port se hacen cargo unos particulares, con autorización real. El beneficio de la casa de Montcada se habrá limitado a percibir los derechos por cualquier molino nuevo en el Llobregat, siendo ésta tal vez, desde 1723, la única ambición real, oculta tras las consideraciones de utilidad general.

Asimismo, en 1732, el marqués de Rupit paga 50 libras al rey para disponer de las aguas de su baronía de Orcau; en realidad, lo hace para poder arrendarlas o cederlas en enfiteusis. Ignoramos si efectivamente lo fueron, ya que los libros del Patrimonio no pueden darnos información sobre esto. Pero en 1789 Young encuentra los alrededores de Orcau sin regar, más asolados, secos y menos trabajados que cualquier otra zona próxima.

A fines de siglo, un caso curioso muestra cómo los herederos de los viejos dominios señoriales se valían —no sin doblez— de las imbricaciones entre derecho feudal y «regalía» hidráulica. Busquets, el fabricante de paños de Terrassa, se indignó al darse cuenta de que, desde hacía tiempo, el marqués de Ciutadilla, en calidad de barón de Castellar, recaudaba de él unos impuestos por las sucesivas mejoras realizadas alrededor de sus fábricas y en sus propiedades, mientras por el uso de las mismas aguas el marqués pagaba al rey unos derechos mucho menores.

Lo que preocupa a los grandes señores —o, mejor dicho, a los arrendatarios de sus ingresos, cuyo papel fundamental describiremos más adelante— es la búsqueda, fácil, de explotación de los impuestos en sus posesiones. Esto no favorece el progreso del riego. Los contemporáneos, como Young, Zamora y el autor del Discurso, creen incluso que los más serios obstáculos para dicho progreso los constituyen la inhibición de los grandes propietarios y el arrendamiento a corto plazo de las rentas. La observación está probablemente justificada en las tierras difícilmente regables del oeste, pobres de salida. En las zonas en donde los beneficios prometidos superan con amplitud los gastos, los manejos de los señores no son capaces de detener el impulso del regadío. No lo favorecen. Como sucedía con las roturaciones, son poquísimos y dudosos los casos de grandes señores agrónomos; nos preguntamos si el barón de Maials, alabado por la Academia de Agricultura de Lérida, fue uno de éstos. Encontramos en su territorio un gran proyecto de canalización, pero para un molino; y el regadío no llegó a instaurarse (o por lo menos no de un modo definitivo). En el otro extremo del país, en el Empordà, algunos nobles, como los Cruïlles y los Perelada, toman parte en las obras hidráulicas. Participan, pero no organizan.

b) Algunas iniciativas del clero. No se puede decir exactamente lo mismo del clero. Respecto a éste, no hay que referirse sólo a aquellos numerosos curas rurales que, al regar su huerto o sus pequeñas tierras, personales o parroquiales, se limitan a ser campesinos, dando además excelente ejemplo al pueblo. También debemos complementar las informaciones que nos ofrecen las concesiones reales mediante algunas comprobaciones acerca de sus resultados.

Por ejemplo, para poner un caso concreto: viendo cómo el obispo, el cabildo y los conventos de Solsona exigen la confirmación o el uso de ciertos derechos sobre las aguas, podríamos pensar que sólo les movían determinados fines, puramente egoístas. No obstante, cuando Zamora visita Solsona en 1789, menciona la existencia de un hermoso canal que, desde ya hace años, servía para regar el palacio episcopal, pasando luego por los conventos y llegando, por último, mediante una hábil instalación de depósitos, hasta los huertos de los particulares. Por lo tanto, volviendo a repasar las concesiones, nos damos cuenta de que podían llevar ocultas intenciones prácticas, e incluso de alcance general.

Vemos, asimismo, por los registros del Patrimonio, que los capuchinos se aseguraban legalmente el uso de las aguas en cualquier parte en donde se instalaran. Lo primero que se nos ocurre pensar es que se trata de una simple preocupación de monje hortelano, pero también en esto, Zamora nos obliga a ampliar el sentido de este hecho. «Esta religión —nos dice— es muy útil y laboriosa en Cataluña, ya que tiene por doquier huertos de regadío modélicos, y los monjes son verdaderos expertos en el trabajo de las minas.»

En Sant Cugat, durante los años ochenta, un abad ilustrado, hermano del diplomático Azara, transforma la economía del convento y la del pueblo. Entre sus realizaciones podemos señalar la mejora de la mina que regaba los huertos.

En Tarragona, dos arzobispos consecutivos, y sobre todo el canónigo Amat, vinculado al movimiento ilustrado del Principat, intentan volver a poner en funcionamiento el acueducto romano. A pesar de tratarse de una obra urbana, se esfuerzan por respetar los intereses de los regantes, y en especial la mina perteneciente a los regulares de Santes Creus, que cruza el recorrido del acueducto.

En Banyoles, las aguas del lago pertenecían, desde tiempos inmemoriales, a un convento; pero, a partir de 1685, éste las «establecía» al municipio. «Aguas aún no utilizadas», escribía en 1911 M. Sorre, refiriéndose al lago de Banyoles. Ignoramos si eso sería cierto para el siglo XVIII, ya que el municipio pagaba 100 libras al año por dicha utilización. Zamora atribuía el excepcional crecimiento de Banyoles tanto a la agricultura como a la industria. Es éste un caso en el que el «establecimiento» colectivo tuvo favorables efectos.

Las comunidades seculares, como la de Santa Maria del Mar, parecen actuar más como simples propietarios, aunque también se muestren muy activas en lo referente al riego. También lo son los colegios de jesuitas. Añadiremos que durante la segunda mitad del siglo, debido a la expulsión de la orden y a la desamortización de algunos bienes eclesiásticos, la obra iniciada por el clero en sus tierras recae a veces en la gente adinerada de la centuria, en buena situación para proseguirla.

c) Grandes realizaciones de propietarios privados. En Cataluña, dejando de lado a la antigua nobleza y al clero, pasamos a referirnos a clases cuyas propiedades pueden ser extensas, y considerables sus riquezas mobiliarias, pero entre las cuales difícilmente encontraríamos individuos capaces de emprender, por sí solos, obras de interés público. Altos funcionarios y oficiales, ciutadans honrats, administradores, notarios, grandes comerciantes y labradors muy acomodados de las masías, todos ellos podrían acometer la construcción de embalses y grandes canales únicamente mediante la asociación, a pesar de que, llegado el caso, sus empresas hidráulicas individuales superen el nivel medio de las instalaciones consignadas por el Patrimonio Real.

Desde el momento en que un «establecimiento» incluye la indicación de «para regar la masía» (en el caso de un labrador) o la heredad (en el caso de un propietario no residente), podemos pensar entonces que no se trata tan sólo de algunas mujades ni de cultivo especializado, sino de una mejora general efectuada sobre amplios y variados dominios: campos, viñedos y bosques, según se especifica algunas veces. Debido al interés que demuestra Zamora por el policultivo de la masía, casi siempre advierte que cuenta con una parte de regadío; y si las obras son recientes, las denomina, como en Sant Pau de Segúries: «obra insigne de un labrador para regar su heredad».

Naturalmente, en los registros del Patrimonio no faltan ejemplos de obras importantes o medianas. Se trata a veces de proyectos, pero en los que se pone de manifiesto el espíritu de empresa: así, cuando el notario Xammar prevé la roturación de cincuenta jornals en los límites del Urgell y la Segarra, la prevé en combinación con el riego. Un boticario de Balaguer es quien solicita, en 1781, el derecho de regar 200 jornals de tierra cultivable, entre Castelló de Farfanya y Menàrguens. En las zonas más próXImas a la capital, en donde la tierra tiene más valor y los esfuerzos están más repartidos, encontramos no obstante algunas notables ambiciones: en 1753, en Martorelles, un simple labrador piensa regar a la vez 35 «cuarteras de simiente»; debemos tener en cuenta que son importantes las obras previstas por tratarse de una empresa individual. En Mataró, Esmandia, un ciutadà honrat, que labró su fortuna con el comercio del azúcar, solicita varios «establecimientos» en la parte alta de Argentona, comprendiendo uno de ellos 100 jornales «de cavadura de hombre», siendo un viñedo bastante extenso en comparación con las dimensiones medias de las propiedades vecinas. Otras veces, aunque no se indique ni se pueda apreciar a partir del texto la superficie de los cultivos a regar, sorprende la amplitud del territorio —una colina o una sierra enteras— en el que está autorizada la búsqueda de aguas.

Así pues, no debe extrañarnos que viajeros como Ponz, Zamora o el autor del Discurso, mencionen relevantes obras hidráulicas, debidas sin embargo a la iniciativa individual. En Montmeló, pueblo pobre «hace pocos años», el reciente enriquecimiento se debe a una mina y una sèquia; en Parets, «hay una mina de consideración hecha por un particular»; un solo personaje, Salvador Caraman, prepara todo el bajo Fluvià para las tierras arroceras; los Dou i Bassols intervienen en la gran sèquia de los molinos de Verges y Bellcaire; en Santa Eugènia, cerca de Gerona, Zamora vio obras de 1760, tales como extracción de agua, conductos de mampostería, sistema para limpiar de arena la entrada de la presa; están en marcha otros trabajos para regularizar el cauce del río. Éste es el resultado de los numerosos «establecimientos» concedidos en las proximidades de Santa Eugènia, hacia 1750.

En Juncadella y Torroella, entre Manresa y Cardona, en donde ya señalamos los progresos de la roturación, Zamora menciona también la importancia de las balses o depósitos, característicos de una zona de hábitat disperso, de masías aisladas. Pero aquí no se trata de cisternas de horticultor. Una de ellas, en construcción, cuesta 1.000 doblones, y otra, hecha por un solo labrador, no es de menor importancia.

En la Cataluña seca, en el oeste, las obras son más costosas y difíciles. Tenemos noticias de una, que es sin duda el ejemplo más brillante de esfuerzo individual, en el aspecto hidráulico: el pantano circular, de 55 pasos de largo, con 15 escalones de 2 palmos de ancho, que desvía hacia un molino las aguas del Llobregós, entre Pons y Sanaüja. La obra, acabada en 1767, parece haber pasado desapercibida a Young, a pesar de hallarse en su itinerario. Sin embargo, en un viaje menos apresurado, Young se habría alegrado al enterarse de que el origen de esta iniciativa, a la vez industrial y agrícola, que Zamora calificaba de obra «digna de los romanos», había partido de un gentleman barcelonés, don Antoni de Duran i de Bastero, quien procedía de antigua ciutadania honrada y se vanagloriaba de ser un simple hacendado, pese a que había estado inscrito en la Junta de Comercio hasta 1781, por tener grandes intereses en casas bien conocidas; el riego de sus tierras —tanto en Pons como en Barcelona, en la torre grand d’en Duran en Pedralbes— le parecía, tanto a él como a toda su familia, una inversión más digna de su nobleza.

Utilización de los antiguos medios de riego

Podemos preguntarnos si a partir del siglo XVIII, el florecimiento de las empresas privadas llegó a contrarrestar la importancia de las sèquies medievales, haciendo superfluos el esfuerzo colectivo o el esfuerzo oficial por parte del Estado.

Tenemos poca información acerca de la utilización de determinados canales muy antiguos, vinculados a la estructura municipal o social de la Edad Media, como el de Gerona, que básicamente sirve para poner en comunicación los tres molinos de la ciudad, o el de Tarragona, que está en manos del gremi de labradora. Pero lo que sabemos de las otras tres sèquies históricas —Barcelona, Manresa y Lérida— revela complejas y variables condiciones de desarrollo.

Tal como su nombre indica, el Rec Comtal barcelonés es anterior al siglo XII. Desde Montcada hasta el mar, en la propia ciudad o en sus puertas, pone en comunicación molinos, tintorerías, lavajes de lana y huertas. Aparece en los textos oficiales con el nombre de «Acequia real», por ser propiedad del soberano, en calidad de conde de Barcelona. El Patrimonio nos ofrece, pues, amplia información acerca de su uso. Mediante las concesiones otorgadas, confirmadas, ampliadas, las concesiones industriales y las agrícolas, podemos reconstruir sobradamente, por no decir con todos sus pormenores, el sistema de usos del agua: por fibles (o caudal de agua que circula por cada subcanalización), por días de la semana u horas del día. Todo conforme a las tradiciones; a veces los títulos invocados son de los siglos XIII, XIV o XV. El arquitecto del rey legisla y juzga como batlle d’aigües.

Pero lo que puede sorprender, durante toda la centuria, y en especial a partir de 1750, es el ritmo y la variedad de las solicitudes de concesiones, la diferencia notoria entre las exigencias de agua de Barcelona y sus alrededores hacia 1715 y esas mismas exigencias hacia 1780. La pregunta que se nos plantea es cómo pudieron las antiguas fibles, no tan abundantemente abastecidas por el Besòs, hacer frente a esta progresión. Una hipótesis muy aceptable es la de que la utilización de 1715 se hallaba muy por debajo de las posibilidades, tal vez muy por debajo de la actividad alcanzada por el Rec Comtal en las mejores épocas de la Edad Media. En resumen, la aparente creación del siglo XVIII es ante todo un renacer.

Sin duda fue así. Pero en el estado en que se encontraban los antiguos medios de riego, ¿no habría de llegar algún día la saturación? A partir de 1760, cabe preguntarse si no serán nuevas ciertas fibles citadas en los documentos. En 1780, el autor del Discurso dice esto acerca del Rec:

La Acequia real y condal que hasta ahora se ha surtido de los ríos de Besós y Ripollet, y que por el actual intendente se ha proyectado y puesto en práctica el extraer y asegurar las aguas suficientes por medio de minas.

En 1787, Zamora admira la obra terminada: «la famosa mina que últimamente se ha hecho para sacar las aguas subterráneas del Besós y introducirlas en la Azequia condal».

Ahí tenemos pues una ampliación de los antiguos medios que explica el renacer de la actividad a fines de siglo. No eXIsten dudas acerca de la fecha. El mérito puede atribuirsele a los poderes públicos y en especial al barón de la Linde, aunque no del todo; una concesión, seguramente la primera sobre las aguas recién captadas, aporta las siguientes precisiones:

En el actual aumento tan considerable que de pocos días a esta parte [estamos a 16 de marzo de 1780] se ha hecho en las aguas de la referida Azequia, mediante las excavaciones y minas trabajadas en el término de Montcada a expensa de S. M. y de varios particulares, entre los quales se halla también el exponente ...

El solicitante no es otro que Grassot, fiscal del Tribunal de la Intendencia y propietario de diez mujades en Sant Martí de Provençals. Así pues, el hombre que hacia 1780 firma, ante el intendente, todos los informes (administrativos, no técnicos) referentes al uso de las aguas, es el primero en aprovechar la iniciativa de la Intendencia. De todas formas, no es seguro que trabajara exclusivamente para sí. Detrás suyo están otros regantes, en especial la influyente comunidad de sacerdotes de Santa Maria del Mar. Si, a juzgar por el propio Grassot, fueron colocados junto a los de su majestad capitales privados, nos hallamos ante un ejemplo de empresa mixta, con intermediación interesada de un alto funcionario. El predominio de los intereses privados en la iniciativa es tan claro aquí como en la sierra de Collserola en la que, en seis años como mucho y tal vez en cuatro, fueron perforadas o restauradas, sin intervención alguna de los poderes públicos, cuarenta y cuatro minas de aguas corrientes; y eso, justo en el mismo período en que la construcción barcelonesa bate los récords de actividad y en que los salarios registran un excepcional aumento. El movimiento de los negocios prevalece en todo.

También en Badalona se codean, sin mezclarse tan claramente, iniciativas privadas y desarrollo de una sèquia pública, municipal. Se cuentan entre las primeras todas las obras para utilizar las aguas, antaño perdidas en la arena, del torrente del Pomar, hasta el monumental molino construido a fines de siglo por el marqués de Barberà, construcción en la que participa con 8.000 libras la comunidad de Santa Maria. Pero, paralelamente, el municipio no deja de garantizar, y luego de ampliar, la sèquia común: en 1725, 1744, 1767, 1770, 1777, 1784 y, por último con importantes obras, en 1807. El medio económico activo creado por la proximidad de la capital favorece, si se da el caso, tanto obras públicas como privadas.

Veamos si sucede exactamente lo mismo en las tierras del interior, a lo largo de las otras sèquies históricas del Principat, más alejadas de los principales centros de actividad marítima.

La de Manresa llena de admiración a los hombres del siglo XVIII, a causa de su venerable edad —se remonta al reinado de Pere el Cerimoniós—, de su longitud, de su caudal, sus recorridos subterráneos y los favores que siempre prestó a la agricultura. Pero lo que resulta más difícil de dilucidar es si sufrió, al igual que el Rec Comtal o el canal municipal de Badalona, perfeccionamientos, ampliaciones o mejoras en la utilización, en el transcurso del período de intenso desarrollo que estamos analizando.

Entre 1720 y 1788, el gremio de labradors manresanos pasó de 410 a 720 miembros. Aun requeriendo alguna reserva la interpretación de estas precisiones, revelan un innegable crecimiento de la actividad agrícola, que debió de repercutir en el sistema de riego. Y, en efecto, en los pueblos cercanos a Manresa o en los cursos de agua, al margen de la sèquia, hallamos numerosos ejemplos de realizaciones hidráulicas, debidas a la iniciativa privada; por otra parte, la pertenencia del viejo canal al municipio nos impide seguir el juego eventual de las concesiones de sus aguas en nuestra fuente habitual del Patrimonio; tenemos, pues, poca información acerca de la utilización final de dicho medio de riego. Técnicamente, estuvo cuidado: en 1787, en sus viajes, Zamora encuentra la sèquia en reparación; en cambio, no se mejoró el caudal, ni se amplió la red. Y es más, cuando a partir de 1800 Manresa encabece las innovaciones mecánicas dentro de la industria textil y unos fabricantes obtengan del rey, directamente, pese al municipio y a los regantes, concesiones forzosas que afecten la sèquia, los expertos esgrimirán como argumento que la agricultura no la utilizaba íntegramente. Ésta era también la opinión de los observadores del decenio 1780-1790, quienes reprochaban a Manresa el que negara a los pueblos vecinos el uso de un agua que ella no aprovechaba por completo. Esta disputa, pública y notoria, entre comunidades limítrofes, acarreó violencias en 1793. En aquella ocasión, un testimonio confirma que el agua del canal le «basta y sobra» a Manresa. Por lo tanto, la demanda en agua del territorio municipal regado desde la Edad Media por la sèquia no superó, antes de 1800, la antigua capacidad de ésta.

Y, ciertamente, la vega regada de este modo se mantiene más rica que cualquier otra zona de cultivo de secano o que los montes próximos. Y, caso no muy frecuente, se van alternando en ella sin ningún barbecho el trigo, el maíz, las legumbres y el cáñamo. Pese a todo, no es comparable a la intensidad de cultivo conseguida cerca de Barcelona, gracias al Rec Comtal; si existe en Manresa la horta propiamente dicha, es en reducidísimas parcelas. Según Zamora, la causa está en la falta de abono, pero también en las imperfectas relaciones entre propiedad y explotación: los arrendamientos por dinero, a plazo excesivamente corto, disuadían de la intensificación de los cultivos, llegando incluso a hacer descuidar muchos de ellos. Añadiremos que el municipio se quejaba de la pesada carga que suponía el mantenimiento del canal, mientras que los regantes encontraban insuficiente este mantenimiento en proporción con el impuesto en especies que abonaban, y sobre el que fundaban su egoísta exclusivismo.

Ahora bien, ya a principios de siglo, Aparici había advertido contradicciones semejantes. Por una parte, relacionaba el poblamiento de Manresa (una de las cifras más altas de Cataluña) con la existencia del riego, pero por otra le parecía que la villa, sin comercio ni industria en aquella época, se hallaba entre las más pobres. Poseer un medio de riego no es condición suficiente para la prosperidad generalizada.

Vemos esto confirmado en Lérida. A primera vista, el oasis formado en los desiertos del oeste por los canales de Pinyana y Fontanet produce siempre mucho entusiasmo. Es innegable el resurgir de la horta, e impresionante el crecimiento del producto regional.

Pero examinando con mayor detenimiento este auge, vemos sus limitaciones. Los recursos que ofrece la red de riego —pese a su muy avanzada edad— no son, en absoluto, aprovechados al máximo a fines de siglo. Y bajo el enriquecimiento global existente, pero mal repartido o demasiado lento aún ante el crecimiento del número de hombres, está latente una lucha de clases que entorpece sin duda alguna la expansión técnica.

Los sucesivos informes del municipio de Lérida —1756, 1778, 1790, 1807— ya citados anteriormente por sus aportaciones en el campo demográfico, nos ayudan a entender los complejos problemas planteados por la explotación de la horta. Fuente unilateral ésta, que debería ser ampliada por una monografía, pero cuyas revelaciones, aunque parciales y contradictorias o tal vez por eso mismo, adquieren un extraordinario sentido, a poco que las comprobemos mediante cotejo con otros indicios o que las comparemos con el caso de Manresa.

La nueva presentación al rey, en 1790, la más característica, admite que la horta de Lérida, con sus cereales de todas clases, vinos, cáñamo, lino, moreras y, en especial, su aceite y frutas de alta calidad, es una tierra de primera categoría; y, no obstante:

Estos vecinos, poseedores de unas heredades en sí tan preciosas, no adelantan en caudales, antes bien es muy raro entre ellos el que con su trabajo anual alcance a mantener a su familia, de suerte que podemos asegurar a V. M. con toda verdad no haber en esta ciudad ningún labrador, de los que no tienen más que la mera labranza, que se pueda reputar ni aun en la clase de los inmediatamente acomodados de otros países.

Cierto es que dicha afirmación (hecha el mismo año en que el rendimiento fiscal de los derechos reales sobre Lérida pasa por un momento álgido) puede muy bien ser una de esas lamentaciones sin mayor alcance, comunes entre las autoridades locales en busca de ayuda oficial. De todos modos, otros indicios nos inducen a no rechazarla tan rápidamente:

1.º Según dice el Ayuntamiento, una mitad larga de las tierras que podrían ser regadas no lo son, y es éste un hecho corroborado por otros testigos. Significa pues que el pequeño capital agrícola, tan afanosamente dedicado a la intensificación de los cultivos mediante el riego en otras partes del Principat, encuentra aquí condiciones menos favorables a su formación o a su empleo.

2.º Y, en efecto, existe en la vega de Lérida un reñidísimo conflicto de intereses entre las diversas formas de propiedad, y entre trabajadores y propietarios. El ayuntamiento parece erigirse en portavoz de los antiguos señores del suelo, entre los cuales se hallan el marqués de Aitona (es decir, la casa de Cardona) y el cabildo de la catedral. Pero su informe ataca —¡y con qué violencia!— a la mano de obra agrícola de los jornaleros por una parte, y por otra al gremio de labradores, cuya composición lamentamos no conocer a fondo, pero cuya actitud contempla los intereses de los campesinos sin fortuna.

En contra de los jornaleros, el municipio alega siempre las mismas cosas:

Estos aventureros ... se fijan acá con el pretexto de ser braceros y jornaleros, se presentan muchos días al año a la plaza para alquilarse y salir a ganar el jornal, pero sucede que si no se les da muy alto se quedan en ella y salen después a merodear al campo.

Ahora bien, ninguna operación policial consigue acabar con este merodeo, que dura ya cerca de cincuenta años. Por lo tanto, no se trata de una anomalía, sino de un hecho social profundo y duradero, como es la relación entre salario y demografía. Pese al fuerte aumento de la población de la zona y a la afluencia de jornaleros al mercado de trabajo, el municipio opina todavía que no es lo bastante alta la competencia entre trabajadores; además, sabemos que se mostró hostil al canal de Urgell, precisamente porque podía hacer desistir a los campesinos sin recursos de su retirada hacia la zona ya regada. En el mismo informe denuncia con acritud tanto a los merodeadores como a aquellos inmigrantes que se dedican a la roturación de las tierras comunales de cultivo de secano. También eso contribuyó a reducir la mano de obra barata para la horta, acarreando así la «decadencia de la agricultura». Intuimos con ello que sí algunos trabajadores agrícolas preferían buscar fortuna en el secano, sería porque los propietarios del regadío les ofrecían salarios, o bien arrendamientos, poco remuneradores. Cuando perdían mano de obra, lo atribuían «al espíritu de libertad y anarquía bien conocido entre estas gentes».

Pero parecía compartir este espíritu una organización entera, la del gremio de labradores.

Mientras subsista la cofradía de labradores —escribía el municipio— reinará la discordia en este vecindario, siendo este cuerpo el instrumento de que se valdrán siempre los hombres díscolos y cavilosos para suscitar los pleitos y discusiones con que se aniquilan los labradores y, por consiguiente, se atrasa la agricultura y buen cultivo de este término.

¿Cuál era pues la actividad de los labradores organizados en gremio para ser merecedores de tales acusaciones? Incitaban a «la plebe» a sustraerse a «la debida subordinación». Favorecían la ocupación anárquica de las tierras comunales y la utilización clandestina de la sèquia, incluso fuera del territorio municipal; discutían jurídicamente al cabildo de la catedral el fundamento legal de sus diezmos, encontrando gravoso el derecho de «sequiaje» —otro diezmo percibido por el riego. Desde la crisis alimentaria de 1756-1758 (que había provocado la primera distribución de comunales y que parece suponer un cambio crucial dentro de estas disputas agrarias), el municipio estaba despojado de su antigua autoridad sobre el riego, en favor de una «junta» heterogénea —según decía el informe—, con lo que debemos entender seguramente que en ella se notaba la influencia de los labradores. De ahí que se acuse a dicha «junta» de gastos innecesarios e indiscriminados por una parte, y de descuido en el mantenimiento habitual de las sèquies, por otra. Ignoramos si se hallaba realmente en peligro el antiguo medio de riego. Francesc Pinós, informador de Ponz, parece mostrarse menos severo; pero el hecho de que se le hubiese encargado, en 1787, una reforma de las ordenanzas prueba que no todo iba a pedir de boca o, por lo menos, que se discutía acaloradamente.

De todas formas, la misma parcialidad del informe municipal revela una crisis y un hondo descontento. Tanto aquí como en Manresa, la existencia de un antiguo medio de riego, regido por un derecho tradicional, no favoreció el impulso agrícola tanto como se hubiese podido esperar, ya que permaneció parcialmente inutilizado. La culpa de ello recae sin duda en la oposición de intereses entre los privilegios de los antiguos regantes y los intereses de los recién llegados, cada vez más numerosos, Tal vez haya que añadir a esto razones técnicas: de nuevo, igual que en Manresa, se menciona en la vega de Lérida la insuficiencia de abono, elemento necesario para la utilización íntegra de la horta.

Sin embargo, el impulso general de la economía tal vez hubiese podido superar las contradicciones, salvar las dificultades y hacer olvidar las disputas, tal y como sucedió en torno a Barcelona. En esto se agudiza el contraste entre las condiciones del riego litoral y las del riego del interior.

En el primer caso, afluyen los capitales, se hallan cerca los mercados para los productos de la horta, abunda la iniciativa privada, y los antiguos medios públicos de riego son utilizados al máximo, y más tarde desarrollados, favorecidos además por un sistema de concesiones enfitéuticas muy poco costosas para el usuario.

En el segundo caso, son más escasos los capitales, más costosas las obras y más lejanas las salidas comerciales; los roturadores pobres se hallan sin recursos para regar sus tierras y los ricos agricultores han de arriesgar mucho dinero para acometer el secano, con lo cual los intentos son dispersos. En cuanto a las viejas sèquies, distan mucho de ser utilizadas íntegramente a fines de siglo, notándose las deficiencias de su organización (cuyo coste recae en el cultivador) de modo más intenso en cuanto que la afluencia de hombres hacia los oasis de regadío provoca una más fuerte oposición entre propietarios, arrendatarios y jornaleros.

Todo esto basta para explicarnos los contrastes observados desde el primer momento en nuestro mapa de concesiones; nos explica a la vez —mejor de como pueden hacerlo la impotencia burocrática o las disputas secundarias, a mentido mencionadas en este caso— el fracaso de los grandes proyectos de riego del interior. El más impresionante, a la vez que el mejor conocido, es el fracaso del proyecto del canal de Urgell. Pasaremos a relatar brevemente los hechos, expuestos más de una vez en otras obras, pero analizando su sentido.

Fracaso de los grandes proyectos de obras públicas: el canal de Urgell; riego y navegación

La idea de dotar las llanuras de Urgell con un canal de riego, que sea a la vez si es posible una vía para la exportación agrícola, no es nueva. Es un lugar común en la literatura económica catalana de los tiempos modernos, e incluso a veces en el «arbitrismo» español. Le fueron presentados proyectos a Carlos V, concretados luego bajo el reinado de Felipe II. Hemos analizado algunos del siglo XVII. Los de 1616 tenían como particularidad la de emanar directamente de las comunidades rurales interesadas, suscitando la oposición —o cuando menos, las objeciones y la resistencia pasiva— de los propietarios de secano no beneficiarios del canal y de los mercaderes barceloneses importadores de cereales.

En el siglo XVIII, las posturas son menos claras. Los campesinos del Urgell ya no participan espontáneamente en los proyectos del canal, e incluso, a juzgar por ciertos indicios, podría pensarse que están en contra. En cambio, son de origen muy variado las sugerencias a favor de la gran obra.

En 1726, es un particular, el ampurdanés Marià Serra, quien envía una memoria sobre el canal a Felipe V. Con este motivo, en 1727, el capitán general de Cataluña nombra una comisión de técnicos topógrafos. En 1735, Jaume de Duran, el más emprendedor de los negociantes barceloneses, a la vez que intenta la restauración del antiguo Consulado, promueve una amplia suscripción para financiar la apertura del canal de Urgell. En 1739, la administración real hace buscar —en balde— los antiguos planos levantados en 1727 por los ingenieros militares. En 1749, el marqués de Portonuevo, regente de la Audiencia, consigue de Madrid, en donde es ministro entonces La Ensenada, una atención más constante, multiplicándose los planos y especificándose las investigaciones hasta 1753. No obstante, en 1765, cuando la Junta de Comercio barcelonesa, recién formada y con un enorme interés por la renovación económica del Principat, nombra una comisión del canal de Urgell, pese a tantos antecedentes, se ve obligada a reanudar el proyecto desde la base. De nuevo se suceden años de estudios, propuestas y contrapropuestas. En 1779, la Sociedad Económica de Amigos del País de Tàrrega interviene de modo activo, tratando directamente con Floridablanca quien, en 1786, se dirige a la Junta de Comercio, ofreciéndole ayuda y pidiéndole información. En esta misma fecha y desde hace ya algún tiempo, el arquitecto Soler i Faneca realiza estudios sobre el terreno; de 1786 a 1789, dirigirá campañas topográficas. En principio, nunca se abandonará el proyecto, y serán los mismos hombres o sus inmediatos sucesores quienes seguirán con él después de la guerra de la Independencia. De hecho, el agitado período de 1790 a 1808 entorpecerá cualquier realización importante. Entre tanto, naturalmente, no faltarán las propuestas individuales ni las memorias a favor o en contra del canal.

¡Y todo esto sin iniciar el trabajo práctico! Tal vez se construyera en 1727 un principio de canalización; a fines de siglo, se hablaba del canal «en construcción». De hecho, no se edificó nada que valga la pena señalar, ni como realización utilizable en aquel momento, ni como prueba de posterior realización. Y no será éste el último fracaso.

Los técnicos no habían faltado. Habían cooperado en la elaboración de los proyectos todos los especialistas regionales y nacionales: desde De Verboom —ingeniero militar, autor del primer plano de la Barceloneta— hasta Soler i Faneca, experto indiscutible en lo referente a riego de tipo barcelonés, pasando por Francesc Pinós, hidráulico de Lérida.

Acaso fueran demasiados. Con sus afirmaciones contradictorias originaron muchas vacilaciones acerca del trazado y del mejor emplazamiento para la presa. Fue, sin lugar a dudas, una equivocación el querer construir un canal válido no sólo para el riego, sino también para la navegación. El caudal de agua, el trazado y el coste de una vía navegable presentan singulares diferencias con los de una simple sèquia. Entre los ingenieros reales de caminos, canales y puertos y el arquitecto Soler i Faneca, debían de existir muchas diferencias tanto en las concepciones como en las competencias. De todas formas, hay que reconocer que si se quería convertir el Urgell en una gran zona de especialización agrícola, el estado de los caminos, del cual tendremos que volver a hablar, justificaba perfectamente que se le proporcionara una vía de exportación cómoda y barata. Pero esto complicaba la economía del proyecto.

Ahora bien, si no se llegó nunca a aclarar del todo el aspecto técnico de los problemas, aún menos el aspecto financiero. Únicamente un hombre de negocios como Jaume de Duran concibió claramente el canal de Urgell como una empresa capitalista corriente, propuesta a una importante compañía de comerciantes, con la esperanza de obtener buenos beneficios. Su valoración, muy moderada (tal vez demasiado), del coste de las obras, hace suponer que tenía en mente tan sólo una sèquia agrícola, de limitada extensión. No sabemos si los 360.000 pesos que pedía podían ser fácilmente reunidos por los negociantes barceloneses de 1735. Aunque la fecha no sea muy favorable, tampoco se trata de una suma demasiado elevada.

No obstante, la convocatoria no tuvo éxito; y menos éxito tendría aún a fines de siglo, cuando el presupuesto hubo pasado de 360.000 pesos a 1.600.000 en 1751 y a 2.500.000 en 1790. En efecto, este nivel tal vez superase la capacidad de movilización del capital catalán, como creía Young.

Pero, ante todo, este capital exigía inversiones más seguras y rendimientos más inmediatos. En 1790, la Junta de Comercio confesaba que sólo seis años después de la puesta en funcionamiento del canal se podría pagar algún interés a los acreedores. Se mostraba muy optimista: en la realidad, ¡habrá que esperar de 1860 a 1890, aproximadamente! Los hombres de negocios barceloneses —de gran sentido práctico— sospechaban las dificultades que podían presentarse, y el propio período —de gran impulso financiero con bruscos cambios— les aconsejaba prudencia en los momentos de crisis y, en los años propicios, inversiones con grandes rendimientos rápidos, comerciales e industriales, de las que no solían faltar. Podemos añadir que quizá no hubiese desaparecido del todo el espíritu de 1616: si las importaciones de trigo seguían desempeñando un importante papel en la plaza de Barcelona, ¿por qué construir un canal que las haría innecesarias?

En resumen, el proyecto de Urgell tenía pocas posibilidades de hallar su solución financiera entre los hombres de negocios catalanes. La Junta de Comercio, que por su situación lo sabía, no se hacía ilusiones; tenía que buscar otros recursos.

Según la Junta, lo más lógico era encontrarlos entre los propios interesados, en los aproximadamente doscientos treinta municipios que regaría el canal. Hacía falta un rediezmo sobre las rentas de la zona regable; pero también en eso era reducida la esperanza en los resultados. «La moral imposibilidad de conseguir la reunión de tantos individuos y de que se acuerden y convengan en ello y aun el modo de repartirlo y manejarlo, le hace mirar a la Junta igualmente difícil este medio.» Sabiendo la oposición que provocó el sequiaje —en el Empordà en 1769 y durante todo el siglo en Lérida— para la utilización de canales en pleno rendimiento, nos preguntamos si se podía gravar con un impuesto al pobre campesino del Urgell —de cosechas tan desiguales— en vistas a un beneficio futuro. Cuando Soler i Faneca hallaba destruidos, en pleno campo, sus instrumentos de topografía, podemos dudar de que se tratara de una simple manifestación de ignorancia.

Y los grandes propietarios —la mayoría de los cuales no podían esperar regar todas sus posesiones— parecían volver a adoptar la actitud de los de 1616, prefiriendo los elevados beneficios de unos pocos años buenos a una abundancia demasiado seguida. En Gerp, cerca de Balaguer, Zamora visitó, en uno de sus viajes, las obras iniciales para una gran presa de agua, debida, según nos dice, a un tal Berenguer. Es el nombre de uno de los ingenieros de 1727, y la prueba, por lo tanto, del principio de realización de aquel proyecto. ¿Por qué quedó interrumpido el trabajo? «Quien lo sabe es Senallosa, el de Barcelona», añade Zamora familiarmente, tal vez cabría decir irónicamente, ya que la familia de los Senallosa poseía el «señorío jurisdiccional» sobre el primer terruño por donde debía pasar el canal.

Por otra parte, al enterarnos de que los arrendatarios de los derechos reales y señoriales ( ¡siempre los mismos!) fijaban el precio de los cereales en los mercados de Tremp, excepto cuando la cosecha era buena en el Urgell o en Aragón, estamos descubriendo otra categoría social, muy influyente además, que no debió de alentar en absoluto la construcción del canal. Recordemos que Lérida se mostraba hostil desde hacía tiempo, por temor a encontrarse sin abono ni mano de obra inmigrante. Es decir, exceptuando la postura de la Sociedad Económica de Tàrrega, más presuntuosa que realmente eficaz, no observamos ningún entusiasmo espontáneo de origen local en favor del canal. No se movilizan los intereses. Los ricos están a la espera de otros beneficios, más inmediatos, mientras los pobres, únicos beneficiarios eventuales, no tienen nada que ofrecer. En las zonas desheredadas, y sobre todo en período de auge, ésta es una de las leyes del capitalismo ante las grandes obras de interés público.

El único que podría hacer algo es el rey. Tiene gracia ver cómo lo anuncian los liberales de la época. Pero incluso el rey y sus ministros viven inmersos en la atmósfera del siglo; les resulta difícil imaginar que una empresa de riego —que algún día deberá producir dinero— pueda no recurrir a capitales privados. Ellos, que no dudan en gastar dinero, mucho dinero, en las fortalezas de Montjuïc y de Figueres y, en último término, en un puente o una carretera, tan sólo proponen para el canal de Urgell una ayuda muy imprecisa y siempre supeditada a la formación de una compañía.

Lógicamente, la fórmula no es impensable. En 1753 se aplica al canal de Castilla, tal vez, además, en aquel momento, en detrimento del canal de Urgell. Se aplicará a la construcción del canal de Aragón un sistema de «vales» reales, que no será muy acertado. En Cataluña, quizá porque se empleaba el dinero con mayor facilidad, todo fracasó.

Repasando el expediente del canal de Urgell, en el Archivo de la Junta de Comercio de Barcelona, le queda a uno la impresión de un gran proyecto teórico, perseguido con afán, como si de un deber se tratase, por una corporación ilustrada, pero sin el impulso activo de los grupos interesados y sin verdadera ayuda del rey, contando por el contrario con sordas oposiciones que obstaculizaron cualquier eventual puesta en marcha.

El caso del canal de Urgell no es único. En el orden hidráulico (riego, navegación o medidas contra las amenazadoras crecidas), muchos otros proyectos de obras públicas fracasaron, pese a condiciones técnicas y financieras más asequibles. Así pues, no son la amplitud y dificultad de las obras las únicas responsables del fracaso de los regadíos del Urgell. De todas formas, tampoco resulta fácil descubrir, en los otros casos, una única causa.

El canal del Bajo Ebro debía asegurar la fortuna del puerto de Sant Carles. No se llegó a poner en funcionamiento, aunque Carlos III hubiese gastado mucho en esta obra que le interesaba enormemente, y los particulares parecieran haberse mostrado dispuestos a sostenerla.

El canal de navegación de Reus a Salou, que hubiese permitido a una de las ciudades catalanas más favorecidas por el impulso del siglo el ahorro de grandes dificultades y elevados gastos de transporte, fue proyectado con entusiasmo por los comerciantes locales, y generosamente cubierta su suscripción; en este caso, fracasó la técnica y más tarde sobrevino la guerra.

Por el contrario, cuando llegó el momento de canalizar las aguas del Ter y del Daró, cuyos desplazamientos constituían un peligro público en todas las crecidas, la administración real intervino mediante órdenes e imposición de contribuciones, pero finalmente tuvo que ceder ante la firme resistencia de los ribereños al pago de cualquier impuesto suplementario, y en especial ante su negativa a dejar modificar el orden existente de las propiedades.

En el delta del Besòs, en donde todo el mundo reconocía el peligro de las crecidas, los enarenamientos y la extensión de las tierras perdidas debido al cultivo, ni siquiera se intentó nada. La Junta de Comercio (cuyos recursos permiten la ayuda en los estudios técnicos, pero no en su realización) tiene tan poco éxito en su proyecto del bajo Llobregat como en el del Urgell. La idea de un canal de navegación Banyoles-Sant Feliu de Guíxols parece haberse quedado siempre en un mero sueño.

Por último, cuando vemos que el gran informe pesimista de Lérida, de 1790, al cual nos hemos referido ampliamente, concluye con la propuesta de construcción de un nuevo canal, o también que en 1798 nace un plan de prolongación de la sèquia de Manresa, pensamos que aquí el fracaso no tiene nada de extraño, puesto que, en ambos casos, aún no se utilizaban íntegramente los medios de riego ya existentes. Es muy posible incluso que, para más de uno con espíritu práctico, el ejemplo de Manresa y Lérida le hiciera resultar sospechoso el proyecto de Urgell.

Llegamos a la conclusión de que el siglo XVIII catalán no fue el siglo de las grandes realizaciones. Pero es difícil hacer recaer todas las acusaciones o en la insuficiencia y mala orientación del capital privado, o bien únicamente en la incapacidad del Estado. Lo más probable es que el florecimiento de proyectos se deba, simplemente, al espíritu de la época, inspirado por los ejemplos del extranjero, y en especial de Inglaterra, mientras que los fracasos se deben, en todos los casos o en casi todos, a las reducidas posibilidades de rendimiento económico rápido.

En efecto, las únicas obras que tuvieron éxito fueron aquellas que daban poco que hablar y que resolvían en realidad problemas de interés inmediato, tales como la mina de Montcada, la sèquia municipal de Badalona, la canalización del Segre frente a Lérida por el gobernador de la plaza, Drouhot de Blondel, o la reparación (relativamente cara) de la sèquia de Flix, dentro del presupuesto ordinario del Patrimonio. Obras pequeñas o medianas que un solo administrador activo, o algunos particulares firmemente unidos por un objetivo práctico, podían llevar a buen término sin necesidad de movilizar todo un aparato fiscal y financiero. En una palabra, obras a la medida del capital catalán, en una época en que dicho capital, sumamente dividido, buscaba con éxito rendimientos a corto plazo. Valdrá la pena recordar este ejemplo al referirnos a los problemas generales de financiación.

Entre tanto y siguiendo con los del riego, intentaremos ver si se puede afirmar que la empresa catalana, pese a su división, limitaciones e incapacidad de visión de conjunto, llegó a conseguir no obstante apreciables transformaciones en el orden agrícola.

Resultados generales de la empresa individual: ejemplos de riego intensivo

El siglo XVIII no habrá podido presenciar, sin duda, una transformación del paisaje agrícola catalán en decenas de miles de hectáreas como sucederá un día (tan sólo hacia 1900) con el canal de Urgell. Hacia 1800 todavía todo el oeste y el sur de Cataluña siguen acusando el contraste entre inmensos eriales, áridos campos de cultivo de secano y algunos oasis fecundos, aunque limitados. Sin embargo, prácticamente en todas partes, y en especial en los lugares caracterizados en nuestro mapa de concesiones por la multiplicidad de iniciativas particulares, son tan patentes los ejemplos de intensificación agrícola por el riego que tienen un alcance económico no sólo local, sino general.

Examinemos, por ejemplo, un informe de experto sobre la utilización agrícola del riachuelo de Rubí, en 1799. Sería difícil de imaginar un esfuerzo mayor para asegurarles a los campos el beneficio del riego:

Ha encontrado el declarante que la longitud de la riera de Rubí, desde el molino nombrado den Jardí o dels Barons hasta encontrar la heredad del conde don Manuel Dublaisel, contiene cosa de tres quartos de hora su distancia y que en dicha distancia o espacio se hallan tres presas que recogen las aguas superficiales que discurren de la expresada riera de Rubí y por medio de diferentes azequias las conducen para servirse de ellas en varios usos.

La primera y más superior de dichas presas toma las aguas de la riera y las conduce a un molino harinero nombrado den Galofre, propio de un Francisco Berart, que a más de servir las aguas para el curso del molino, se riegan muchas tierras y según tiene entendido el declarante, en el año de mil setecientos cinquenta y uno, se concedió precario a don Raymundo Antonio de Berart con la facultad de continuar el curso del molino, de usar y valerse de las aguas que nacen en la riera de Rubí al saltar del molino dels Barons y privativamente en el distrito de un quarto de hora, para el curso del molino harinero y riego de tierras que poseía en el término de Rubí, Papiol y Canar Rojat [Canals Roges].

La segunda de las antedichas presas está situada a la parte inferior del molino dicho den Galofre, y es construida por Josef Pi Vilaroch, labrador del término de Rubí y por medio de la citada presa y una azequia toma y conduce las aguas de la riera, sirviendo éstas para el riego de una grande extensión de tierras y muchos árboles frutales, bien que ignora el declarante las facultades que tiene el mencionado Josef Pi Vilaroch.

Un poco más abajo de la antedicha presa de Pi, se encuentra en la misma riera, a la parte del término de Papiol, otra presa que toma las aguas de la riera a la distancia de un poco más de medio quarto de hora de la parte superior de la heredad de Dublaisel, y por medio de una azequia propia de don Luis Druot y de Blondel, conduce las aguas a unas balsas grandes de amarar cáñamo, y al mismo tiempo, sirven dichas aguas para regar muchas tierras de la heredad de Blondel y en seguida se riegan también con ellas un prado y otras tierras propias de Josef Tintoré, labrador del término de Papiol, y las sobrantes aguas, al salir de las antedichas balsas de amarar cáñamo, se desguasan en la mencionada riera de Rubí.

Y entonces, se toman de la riera con una pequeña presa y se conducen a una mina que tiene abierta el conde don Manuel Dublaisel en su propia heredad del término de Castellbisbal, y por medio de la dicha mina y una azequia se encaminan las citadas aguas para regar muchos huertos propios del mismo Dublaisel y de varios dueños de casitas que se hallan fabricadas en la misma heredad del mencionado Dublaisel ... Y juzga dicho arquitecto que no devería tener lugar la pretensión del conde don Manuel Dublaisel, de la facultad de buscar aguas subterráneas en la riera de Rubí, en todo el distrito que media donde la presa antedicha de don Luis Druot y Blondel, hasta el molino den Jardí o dels Barons, por el motivo de que haciéndose minas en la dicha riera de Rubí, en este distrito precisamente, havrían de filtrarse y llevarse las aguas superficiales que discurren de la misma riera, y esto sería en perjuicio de los que en el día se valen de las dichas aguas como son las que sirven para el curso del molino den Galofre o de Berart, y riego de sus tierras ...

Podríamos dar otros ejemplos de un escalonamiento tan apretado de presas y canalizaciones en el Ripoll, en torno a Terrassa, en la riera de Parets, en el Anoia y en el Francolí.

Ahora bien, asegurar el riego equivale a intensificar el cultivo, y a ver el valor de la tierra duplicado como mínimo, y a veces quintuplicado. Por desgracia, resulta difícil ser más concretos en esta importante comparación entre valores del secà y del regadiu. No hemos podido encontrar ejemplos satisfactorios que permitan cifrar para un mismo terreno el aumento de precio tras un trabajo concreto de riego. Nos referimos al aumento en un plazo inmediato de tiempo, ya que, en un intervalo demasiado largo, convendría eliminar el movimiento general del precio de las tierras, que tampoco hemos podido establecer. Por otra parte, dedicarse, como hizo constantemente Young a lo largo de su viaje, a comparar los precios del secà y del regadiu respecto a tierras distintas, aunque fuesen contiguas, puede entrañar peligro de error; las cualidades del suelo y la orientación pueden tener una notable influencia (teniendo en cuenta además que Young, que se informaba de un modo apresurado, y por lo tanto aproximado, no se halla exento de errores acerca de las medidas y monedas). Hasta la fecha, ninguna estadística puede dar idea de las plusvalías medias aportadas por el riego, debido a la diversidad de los casos: de salida, el valor de un terreno puede ser prácticamente nulo, si se trata de una roturación en plena estepa; al final, el resultado es muy distinto si se trata de un riego temporal de cereales o de legumbres o si se trata del riego, efectuado varias veces por semana o por día, de una huerta.

Tampoco resulta fácil la comparación de los rendimientos, pues ya sabemos cuán escasos y discutibles son en este punto nuestros datos históricos; nos limitaremos a observar que la cifra más constante que aparece para el cultivo de secano del trigo, en Cataluña en el siglo XVIII, es la de 4 por 1. Si ha llovido bastante, se puede alcanzar la de 10 por 1, y en regadío llega hasta la de 15. Teniendo en cuenta los demás avances técnicos, las proporciones siguen siendo hoy del mismo orden.

Pero lo que hace el riego es transformar por completo el sistema de las rotaciones, suprimiendo siempre el barbecho. E, incluso al margen de las huertas propiamente dichas, permite introducir entre las cosechas de cereales o legumbres habituales, cultivos ricos como el cáñamo o cultivos forrajeros de siegas múltiples, como la alfalfa.

Entonces es cuando se produce, en torno a Barcelona, el espectáculo que deslumbra a los viajeros ingleses:

Nos encontramos de pronto ante el extraordinario panorama del cultivo de regadío, al que se debe seguramente la fama universal de esta provincia. Sin lugar a dudas, nada puede haber más bello. Se suceden las cosechas sin discontinuidad. Es grande el cuidado que se da a los cultivos. No existe ni la menor intención de utilizar el barbecho. En cuanto se recoge una cosecha, se efectúa otra siembra. Hay una gran cantidad de alfalfa, segada cuatro, cinco, seis e incluso siete veces durante el año; sembrada toda ella al voleo, crece excepcionalmente tupida y hermosa, alcanzando de dos y medio a tres pies en el momento de la siega. La riegan cada ocho días. Nos encontramos con numerosas mulas cargadas con dicha alfalfa que se dirigían a la ciudad, transportando cada una 450 libras, o sea, cuatro quintales y medio, que son vendidos a 4 pesetas, unos 4 chelines ingleses. Pongamos 4 chelines por 500 libras y no resultará difícil calcular el producto por acre. Todo lo que vi debía de dar diez toneladas de forraje verde por acre, incluso bastante más en numerosos casos. Supongamos que hay cinco siegas, son 50 toneladas por acre; a 16 chelines la tonelada, serán 40 libras esterlinas por acre. Pero no olvidemos que lo que hemos visto era la tercera o tal vez la cuarta siega, y que, según todas las probabilidades, la primera y la segunda crecidas son aún más considerables. Por lo tanto, no puede considerarse una exageración el cálculo a partir de cinco cosechas iguales a la que hemos visto. Claro está que de ningún modo puedo afirmar que la alfalfa produce siempre, o generalmente, este mismo rendimiento; me limito a hablar de lo que he podido comprobar. De todas formas, albergo pocas dudas, aunque se trata de una estimación sobre la cantidad de alfalfa segada; vendida en Barcelona, tal vez haya que descontar la tercera parte, y seguramente la cuarta, para gastos de transporte. Este es el punto más difícil de calcular, ya que depende del número de viajes hechos por la mula en un día, lo cual depende a su vez de las facilidades de transacción y otras circunstancias. De todas maneras, el beneficio es asombrosamente alto. En mi opinión, toda la alfalfa que haya podido ver en otros lugares se reduce a nada en comparación con las masas de lujuriante verdor que ofrecen estas tierras de regadío. Las mejores cosechas que conocí en Inglaterra fueron sembradas en surcos; pero en un campo sembrado de esta forma, se produce una perspectiva engañosa respecto a las distancias observadas entre las hileras, pareciendo la hierba tupida cuando en realidad no lo es; en cambio, en una siembra al voleo, no hay que temer ningún engaño ante una mirada satisfecha; aquellas masas enormes, entre las que se mueve con dificultad la guadaña, producen más en una sola siega de lo que produce en tres siegas un campo sembrado en surcos distantes de dos pies, además con la ventaja de una hierba mejor y más tierna. Cierto es que un herbazal en Inglaterra y otro en Cataluña son dos cosas muy distintas. Y además, en Inglaterra, debería experimentarse la siembra de la alfalfa mejor de lo que hasta ahora ha sido, pues allí he visto, en especial en casa de Rocque en un suelo de huerto muy rico, pero también en casa de Tanner, en un suelo de «arcilla de nabos» muy ordinario, alfalfas sembradas al voleo que, aun no teniendo punto de comparación con las de España, eran realmente prometedoras.

En estas zonas de regadío, el cáñamo es la cosecha más importante. Tiene una altura de siete pies y es realmente fino. En este momento se está recogiendo ya una parte. Me asombra el ver que la parte regada de este valle no sobrepasa una milla de anchura.

Cada granja, cada huerto tiene un depósito cubierto para el agua, que se llena por medio de una noria hidráulica con unos cangilones en su circunferencia. Se riegan del mismo modo las tierras entre Barcelona y el fuerte, mediante bancales, tal como he explicado anteriormente, de magnífico aspecto, en los que se apiñan las plantas. Más cerca del casco antiguo de la ciudad y en su interior, les dan sombra unas moreras. En cambio, en el valle al cual me refiero, entre el cáñamo y la alfalfa no aparecen ni viñas, ni olivos ni moreras. Las tierras de regadío, pertenecientes en su mayoría a habitantes de Barcelona, son arrendadas al precio de 30 a 40 libras españolas por jornal.

Para apreciar la rapidez de sucesión de los cultivos, pensemos tan sólo en que, estando aún las gavillas de trigo junto a los campos, éstos son de nuevo labrados y sembrados de mijo, alcanzando ya éste la altura de nueve pulgadas.

Por las mismas fechas, Townsend nos había presentado el cuadro más común de las rotaciones en 1a zona de regadío próxima a Barcelona: el trigo, recogido en junio, era sustituido de inmediato por maíz, mijo o cáñamo, o bien por hortalizas, tales como coles, judías o lechugas; al año siguiente, la sucesión era exactamente igual, y al tercer año, se sustituía el trigo por cebada, habas o vicias, seguidas de cáñamo u hortalizas, determinándose esta última elección según las demandas del mercado urbano. De todas formas, viñas, moreras y árboles frutales constituían una parte importante del horizonte agrícola de Barcelona, siendo la variedad de los productos el rasgo de conjunto más sorprendente: la zona «tiene abundancia de vides, higos, aceitunas, naranjas, seda, lino, cáñamo, algarrobas, trigo, cebada, avena, centeno, judías, guisantes, arvejas, maíz, mijo, con toda clase de lechugas, coles, coliflores y otras verduras para la cocina».

Queda por saber si semejante abundancia caracteriza una extensión bastante amplia. Young insiste a menudo en lo estrecho de las franjas de terreno dedicadas al regadío, o por lo menos al cultivo más intensivo. Pero en su itinerario de la Marina, ignora que tras las colinas que le cierran siempre el horizonte, se encuentra el Vallès de la riera de Rubí, del Ripoll y del conjunto de ríos formando el Besòs, en donde se multiplica también la alternancia entre cultivos tradicionales de trigo, cereales menores y cáñamo e innovaciones de cultivo forrajero. Si hubiese subido al Tibidabo, habría atribuido sin duda alguna, como Townsend y Zamora, a la abundancia de las aguas el aspecto que ofrecía la gran depresión cultivada, fuertemente poblada, sembrada de numerosas masías aisladas, muchas de ellas de reciente construcción.

Sin embargo, constituiría, por sí sola, una pequeña revolución económica nada despreciable la transformación agrícola de la Marina gracias al intenso riego, cuyos avances quedan especificados en el mapa de concesiones. Las viñas abandonan los fondos del valle para ocupar el lugar del bosque en los cerros. De Badalona hasta Mataró, el cáñamo bate récords de rendimiento. Los cultivos en bancales de cuatro o cinco pies de ancho, en los que se distribuye racionalmente, cada noche, el agua de la balsa o del safareig, se extienden sin interrupción de Barcelona a Malgrat, en donde parece acabarse de modo claro el predominio del cultivo de regadío intensivo. Es en Mataró, Calella o Canet donde los viajeros parecen demostrar el máximo entusiasmo, siendo allí además donde recogen, de boca de los campesinos, los datos más impresionantes sobre las diferencias de valor entre tierras de regadío y de secano.

Del otro lado de Barcelona, en el oeste, pese a no existir de modo tan continuo el cultivo de regadío, se sigue produciendo el «hechizo» apenas nos alejamos de los núcleos de población de las afueras. Cerca del puente del Llobregat, en Molins de Rei, el cuidado que prestan los campesinos a las rotaciones de cosechas no es menor que en la propia Barcelona; y si no hay una diferencia tan marcada entre valor del regadiu y valor del secà, consignado por los precios corrientes de la tierra, se debe a los buenos rendimientos obtenidos del suelo, incluso en cultivo de secano. En Martorell, en los límites de la garganta del Llobregat, se nota más que en cualquier otra parte el contraste entre el sistema agrícola predominante en el interior de Cataluña —la simple rotación bienal en el cultivo de secano— y la abundancia del valle de regadío, que se encuentra ya bajo la influencia del mercado alimentario barcelonés; observamos aquí la misma apresurada sucesión de cosechas que al pie de Montjuïc, aunque presentando algún signo de rendimientos menores; las judías tienen siete pies de altura; las cebollas, coles y lechugas se siembran rápidamente después de la recogida del trigo o del cáñamo, pero éste no crece mucho, y la alfalfa, de excelente calidad, no parece ser segada más de cuatro veces al año. Debe de tratarse, con toda seguridad, de un problema de abono.

¿Será éste razón para considerar la intensidad del cultivo de regadío estrechamente condicionada por la influencia económica de Barcelona? Casi nadie duda de que el Camp de Tarragona, en sus mejores zonas, presenta también, gracias al riego, «encantadores» aspectos. No seguiremos insistiendo en ello, dado que ignoramos cuál es la participación concreta del siglo XVIII en la formación de este paisaje agrícola, en el que los avances de la viña —con independencia del riego— son los únicos claramente relevantes dentro del momento que estamos analizando.

Asimismo, para señalar la prosperidad de la horta de Lérida, cuyas limitaciones hemos tenido que comentar de modo amplio, nos conformaremos con remitir al lector a las famosas descripciones de Ponz.

En cambio, nos parece que algunos oasis del interior, más pequeños, cuya expansión podemos situar mejor en estrecha relación con nuestro trabajo, merecen ser más conocidos; así, tras cien millas de viaje por áridos montes, Pons le pareció a Young «encantador», utilizando un vocabulario cuya repetición compensa la trivialidad:

Se ha allanado el terreno como si se tratara del césped del campo de juego de una mansión, siendo éste el único gasto que corre a cargo de los propietarios, sin contar el mantenimiento de las canalizaciones de agua, que es común para todos. Una vez nivelado el suelo, lo dividen en bancales de 6 a 8 pies, por medio de pequeños terraplenes de tierra fina hechos con el rastrillo después de cada siembra, para impedir que el agua ocupe de golpe excesivo espacio; si no se hiciera así, no se podría regar todo por igual, ya que por donde entra el agua la corriente sería demasiado fuerte, cosa de poca importancia si se trata de prados, pero muy perjudicial para el suelo arable. Cuando el cultivador cree conveniente regar alguna parte, se abren pequeñas regueras que salen de los canales de traída y que desembocan en el extremo de los bancales. Se riega inmediatamente después de la siembra, y luego a intervalos regulares hasta que las plantas empiezan a crecer; el riego es moderado cuando son jóvenes, para acabar siendo diario, e incluso dos veces al día, cuando se hallan en pleno crecimiento. Los efectos del riego son asombrosos, superando los del mejor abono. Se produce una vegetación tan rápida que pocas veces necesita el verano entero para completar su ciclo, exceptuando el caso del cáñamo; actualmente este cultivo tiene una altura de 5 a 7 pies y aparece tan tupido que no puede imaginarse nada más hermoso. Las judías están creciendo ya en el terreno antes ocupado por el centeno; las van regando; al cáñamo le sigue, como siempre, el trigo. El maíz regado alcanza de 7 a 9 pies.

Los últimos datos se recogieron en la carretera que une Pons y Calaf, hacia Sanaüja, tal vez en las tierras regadas por el pantano de don Antoni de Duran (aunque haya otros, desde luego). Aquí, en los huertos de regadío, se observa una especial exuberancia de melocotoneros, manzanos, perales, granados, planteles de cebollas y lechugas. Un jornal de estos huertos vale 1.300 libras, el precio más alto anotado por el viajero.

Además, éste, feliz por hallarse en un paisaje más acogedor, se atrevió incluso a calumniar la montaña de donde acababa de llegar, calificándola brutalmente de «montaña árida», cuando él mismo había admirado el cuidado que prodigaban los campesinos de Montesquiu a sus pequeños depósitos y la belleza de sus hortalizas, de sus plantaciones de judías, y también, claro está, la de su cáñamo; había alabado la eficaz sencillez de los medios de riego en La Pobla de Segur. Por último y sin subir hasta el Vall d’Aran, en donde el riego no puede ser más que un complemento del clima en el desarrollo de las praderas, ¿acaso no pueden considerarse como un elogio estas líneas sobre Esterri d’Àneu, capital del Alt Pallars?

Descender al valle —higueras, prados regados—; predomina el ballico; gran cantidad de trébol común, trébol blanco, trifolio, arvejas, etc. Un canal de riego cruza el valle; los prados no están segados y, por término medio, tienen dos toneladas y media por acre inglés; el trigo por doquier tres cuartos por acre.

Si no se trata de una valoración totalmente errónea, nos hallamos ante unos rendimientos excepcionales dado el tiempo y la altitud. Todavía algo más hacia el norte se observa la rotación trigo-cáñamo-judías y la presencia de alfalfa. Así pues, la montaña, al igual que el llano, se cuida mucho de desperdiciar un agua a la que debe sus únicos cultivos de alto rendimiento.

Los demás valles, altos o medianos, de la Cataluña interior, ofrecerían ejemplos análogos a los del Pallaresa. En la Plana de Vic, hay lagos artificiales que sirven tanto para la piscicultura como para el riego. En Berga, los huertos de regadío, con moreras e incluso naranjos, hacen olvidar los abruptos montes circundantes. En la Seu d’Urgell existen hortes modélicas. Por último, el caso de Oliana recuerda especializaciones completamente modernas: por un lado, el cáñamo, hilado en parte allí mismo, pero también en gran parte exportado hacia Barcelona, y, por otro, frutas de todas clases —a veces los manzanos dan doce cargas de fruta al año— que abastecen los mercados regionales de Solsona, Cervera y Tàrrega, aunque también en este caso se despachen hacia Barcelona; y se inicia una especie de industria de frutos secos. Pero en cambio, la industria propiamente dicha —la de la lana, próspera en la Edad Media y contando aún con cien paraires a fines del siglo XVII en Oliana— parece haber desaparecido, precisamente por «haverse regado el término ... [los habitantes] se dedicaron a la labranza».

Se trata de un caso sin duda excepcional, pero que nos permite calibrar la eventual influencia de los grandes rendimientos económicos debidos al riego.

En sentido inverso, vemos como la industrialización de ciertas villas o el desarrollo marítimo y comercial de algunos pequeños puertos crearon, en torno a cada uno de ellos, una pequeña zona de huerta de regadío: no sólo en Manresa o Mataró, casos ya conocidos, sino en Esparraguera, Caldetes, Port de la Selva y en el cabo de Creus, donde fueron los marinos quienes crearon l’horta.

El arroz: un cultivo de regadío objeto de especulación

El cultivo del arroz merece ser considerado aparte. No por las monótonas controversias a las que dio lugar este cultivo a partir del siglo XX, sin que hubiesen cesado aún en el XX, sino porque dichas controversias nos permiten comprender, o cuando menos adivinar, un tipo de especulación agrícola bastante excepcional en el momento en que, al no existir todavía los arrozales del Ebro, tuvieron su apogeo los del Empordà, prácticamente insignificantes hoy en día.

El cultivo del arroz, que había existido desde la Edad Media, tuvo cierta importancia en Cataluña entre 1700 y 1730, como prueban las regulaciones de 1704 y 1721 y las obras efectuadas entonces por los propietarios de los molinos de arroz.

Tres zonas de regadío —el Segrià, el Camp de Tarragona y el Empordà— poseían seguramente arrozales antes de 1750, aunque resulte imposible concretar su extensión exacta. Pero puede especificarse el nombre de los pueblos en los que se practicaba el cultivo del arroz, representando a veces el principal, por no decir el único recurso. En el Segrià se sembraba sólo ocasionalmente, y en una reducida extensión en Lérida y en los municipios limítrofes. Pero en el Camp de Tarragona, Riudoms, Vinyols, Cambrils, Escornalbou, Arbocet, Les Borges del Camp, la Canonja, Altafulla, Vilaseca y Montroig dedicaban a este cultivo sus tierras inundables. Y en el Empordà aún era más larga la lista: Palau-sator, Fontclara, Boada y Sant Feliu de Boada, Fontanilles, Torroella de Montgrí, Pals, Gualta, Verges y Canet de Verges, La Tallada, Bellcaire, Ullà, Albons, Saldet, Peracalç, Montiró, Viladamat, Tor y Marenyà. Como es lógico, estas listas no son exhaustivas. Se trata tan sólo de los pueblos que aparecen, antes de 1750, en las controversias y la legislación sobre el arroz; en las villas grandes, el arroz ocupa sólo una parte del territorio, pero en determinadas aldeas está siendo ya casi un monocultivo.

Son conocidas las críticas violentas y continuas que se alzan contra la inundación prolongada de las tierras arroceras, a la que se atribuyen periódicas epidemias y a la que se acusa, de modo más general, de mantener deficientes condiciones de higiene. Ésta es la opinión de numerosísimos habitantes de los territorios afectados, opinión discutida, claro está, por los poseedores de arrozales; la postura (a veces cambiante) de los municipios depende precisamente de la influencia que ejerzan o no en ellos dichos propietarios. A cada recrudecimiento de las enfermedades le siguen protestas, todas respaldadas por certificados médicos. Casi siempre, los médicos expertos nombrados por los poderes públicos se ponen de parte de los denunciantes, con lo cual la autoridad administrativa se ve obligada, al final de la investigación, a dictar la prohibición, o por lo menos una rígida reglamentación, del cultivo del arroz.

No obstante, tanto en estas decisiones de la autoridad como en los argumentos de la controversia, se observan dudas e incertidumbres. Nunca se tuvo el pleno convencimiento de que el mal estado sanitario de las tierras bajas dependiera exclusivamente de una práctica agrícola; los partidarios de los arrozales podían citar casos en los que no resultaban perjudiciales, y otros en los que su ausencia no garantizaba la salud. Las opiniones variaban tanto, según el lugar y el momento, que era fácil verlas relacionadas con intereses inmediatos. «De modo —se decía en la respuesta a un informe municipal de Palau-sator que solicitaba la prohibición de arrozales en dos municipios vecinos— que los arroces son contra la salud cuando ellos no los pueden sembrar, pero no si los siembran ...»

Y los propios administradores manifiestan a menudo preocupaciones más doctrinales que puramente sanitarias. Éste es el caso del corregidor de Gerona, que ataca tanto el cultivo de arroz como el de la viña, por el clásico temor, entre los tradicionalistas tímidos, de ver carecer de trigo a la población y de paja al ejército; mientras que, por el contrario, Sisternes i Feliu, valenciano de origen y liberal de opinión, concluye, al término de una investigación personal, que no hay motivo para limitar la libertad de cultivo en el Empordà. Esta división de opiniones explica por qué se da raras veces de hecho una prohibición absoluta, pese a la reiterada afirmación de que el interés de la salud pública debe prevalecer por encima del interés económico particular. Se limita el cultivo del arroz a determinadas tierras, manteniéndolo a cierta distancia de las aglomeraciones. Se exige que en los arrozales el agua sea corriente y no estancada. Se desea que el arroz no ocupe más de la cuarta parte de la superficie sembrada. No obstante, nunca se obliga al cultivador a sacrificar una cosecha en mitad de temporada. Pero al coincidir las protestas y denuncias con la llegada del calor, eran posteriores a la siembra y, en este caso, las medidas tomadas sólo podían ser aplicables con efecto retardado. Por otra parte, las quejas reiteradas, una vez dictadas las prohibiciones, dan prueba de que se eludían las órdenes o de que existían numerosas exenciones.

En cuanto a la economía general, nos queda la impresión de que el cultivo del arroz proporcionaba beneficios lo bastante cuantiosos a quienes lo practicaban, como para que se empeñaran en seguir con él.

Son siempre «algunos cultivadores», «una minoría», «la ambición de unos pocos», las «sórdidas ganancias» de otros, a quienes se considera responsables de los perjuicios sanitarios atribuidos al cultivo del arroz. Lógicamente, estos testimonios imprecisos podrían resultar sospechosos si no se viera corroborado su alcance por otros signos.

En efecto, tanto las costosas obras emprendidas como los gastos de un cultivo que requería mucha mano de obra, así como los riesgos aceptados por infringir —llegado el caso— las prohibiciones, las influencias puestas en obra para prevenirlas o anularlas, y los compromisos adquiridos para salvar las cosechas durante la temporada, todo ello nos obliga a pensar que los defensores del arroz disponían de suficientes capitales y esperaban de su empresa sustanciosos ingresos.

Además, tenemos sobre este tema testimonios y datos más concretos. La tasa del catastro era especialmente elevada para las tierras arroceras, y lo más significativo era que los interesados reconocieran que un rendimiento superior justificaba dicho incremento fiscal. Una memoria agronómica de fines de siglo, publicada por el Diario de Barcelona en el marco de una controversia, admite que sembrar arroz una sola vez produce tantos beneficios como sembrar dos veces trigo, de modo que, según el autor de la memoria, la extensión de los arrozales sería perjudicial para el público a largo plazo, pero muy favorable para el cultivador a corto plazo. Al visitar Zamora los molinos de arroz del Empordà, menciona cinco subproductos de dichos molinos, cada cual con un uso determinado, que complementaban los ingresos de la venta de arroz blanco.

Por último, ciertos textos sugieren que a los propietarios de los arrozales les convenía bastante mantenerlos, por cuanto estaban instalados en tierras pantanosas donde no era posible, por lo menos en breve plazo, ningún otro cultivo.

No en todas partes era así. En Lérida sembraban el arroz en las tierras de huerta ordinaria; pero hay que reconocer que, en este caso, los arrozales desaparecieron relativamente pronto. De los del Segrià, no se vuelve a oír hablar a partir de 1739-1740; al igual que los de Aragón, parece que cedieron ante las prohibiciones de mediados de siglo.

En el Camp de Tarragona, en donde eran más numerosos los pueblos afectados, el ejemplo es menos claro: allí también se abandonó, a partir de 1750, el cultivo del arroz que, según Ponz, no había sido más que una moda pasajera, al igual que los intentos de caña de azúcar, volviendo en 1786 a los tradicionales cañamares. Sin embargo, cabe la posibilidad de plantearse que dicha evolución corresponda a un desecamiento progresivo de las tierras del Camp, en donde el caso de Altafulla, el estado sanitario del puerto de Salou y otros indicios toponímicos, permiten adivinar la existencia, en períodos aún recientes, de ciénagas a lo largo de la costa.

Así pues, se podría aceptar la idea de que, en el Baix Empordà, se defendió y mantuvo más tiempo el cultivo del arroz por la simple razón de que, hasta los siglos XIx y XX, no se consiguió vencer por completo la humedad del suelo. No obstante, dicha permanencia parece tener razones distintas a las geográficas. En efecto, en el siglo XVIII, los arrozales ampurdaneses no se extendieron tan sólo en las tierras inundadas o inundables de modo natural, sino que también se inundaron tierras artificialmente. Y fue, con toda certeza, el buen rendimiento económico del arrozal lo que le llevó, pese a las prohibiciones, hasta el pie de las murallas de Torroella de Montgrí y a ocupar todo el territorio de determinados pueblos.

¿A qué se debe, pues, la diferencia entre el caso del Empordà y el del Camp de Tarragona o del Segrià? Entre las razones que hemos llegado a conocer, podemos citar la calidad del producto. El arroz ampurdanés es de excepcional calidad. Entre otras afirmaciones, conviene recordar la del negociante Lipp, buen conocedor del mercado de cereales:

Siendo la llanura del Ampurdán una región pantanosa y baja, sobre todo en los alrededores de Tozuella de Mongris (sic), de la Escala, etc., produce un arroz excelente, con más grano, más blanco, y de mejor sabor que el de la Lombardía, de Cullera en el reino de Valencia o de la Carolina, por eso vale siempre algo más que las otras calidades.

Este «algo más» en el precio es bastante apreciable. El año en que aparece la obra de Lipp, las cotizaciones del Diario de Barcelona dan, para este mercado, una media de 14 lliures, 7 sous, 4 diners el quintal catalán de arroz ampurdanés, frente a las 10 lliures, 11 sous el quintal de arroz importado (de Lombardía, de la Carolina o de Cullera o Valencia).

Lipp —que está muy bien informado, según comprobamos— añade otro dato: en los años de buena cosecha, la producción ampurdanesa debía de ser de 30.000 quintales catalanes. Cierto es que representa menos de la quinceava parte de la producción española de fines de siglo, pero supone más de la sexta parte de su consumo. Tal vez incluso se exportase este arroz catalán, debido siempre a su calidad. De todas formas, se trataba de una producción cuyo valor sobrepasaba las 400.000 libras. El Empordà del siglo XVIII merece realmente ser citado junto a Valencia por el notable desarrollo de la economía del arroz.

Nada habían podido los prohibicionistas frente a este éxito. En ello influyó sin duda un hecho social: en oposición al conjunto de la agricultura catalana (incluida la agricultura de regadío que hemos descrito hasta ahora), el cultivo del arroz no se encuentra en manos de pequeños propietarios, aparceros residentes o colonos con censo fijo; en el Empordà, el agua y la tierra pertenecen a un reducido número de grandes señores, para cuyos intendentes y grandes arrendatarios trabajan jornaleros contratados según las necesidades de cada temporada. Sobre esto existen numerosos y diversos testimonios; pero resulta difícil distinguir el juego concreto de relaciones de causa a efecto entre particularidades técnicas y condiciones sociales.

Desde principios de siglo, la existencia de los arrozales ampurdaneses parece vinculada a la estructura feudal de la propiedad. Los molinos de los que depende la distribución del agua —Verges, Bellcaire, Pals, Torroella y Gualta— forman parte de los antiguos señoríos de Maria Teresa de Tamarit, de Joan de Cruïlles (en calidad de barón del castillo de Arenys), de don Antoni de Meca i de Cardona, marqués de Ciutadilla (como señor de Vilaür y de Sant Mori), de Segimon de Milans (en calidad de señor de Calabuig) y del conde de Perelada. Estas personalidades son ante todo «señores de las aguas»; de ahí que, haciendo subir el nivel de sus presas de agua, puedan modificar las condiciones de inundación del llano; llegado el caso, ejercen presiones sobre todos los cultivadores de regadío; perciben un elevado derecho de sequiaje consistente en 1 de 9 cuarteras de la cosecha de cereales, una vez deducidos los diezmos y derechos ordinarios; pero, claro está, ellos mismos son terratenientes, a quienes pertenecieron los primeros arrozales, tendiendo pronto a ampliarlos. Estuvieron a menudo enfrentados con los municipios, que mediante el pago de la autorización para sembrar el arroz, pretendían aprovecharse del entusiasmo de los propietarios por este cultivo. También fueron estas «personas distinguidas y poderosas» las que obstaculizaron los proyectos oficiales de canalización del Ter-Daró, considerándolos poco propicios para sus intereses, a la vez que acallaron la voz de los adversarios del cultivo inundado, compuesta por todos los aldeanos que no participaban de los beneficios del arrozal.

Todo ello produce, en el Baix Empordà, una situación agraria especial. En 1764, la Audiencia, abrumada por peticiones contradictorias, envía un investigador a la zona de Verges. En la aldea de Canet, dicho investigador debe admitir la veracidad de uno de los argumentos esgrimidos por los adversarios del arroz; desde que la aldea se dedica enteramente a este cultivo, tan sólo queda una granja cuyo arrendatario haya nacido en la comarca; buena prueba del exceso de mortalidad, según decían los demandantes, mientras que el investigador respondía que no se trataba de eso, sino que era, en cambio, fruto del tipo de explotación: de las siete granjas eXIstentes, seis de sus propietarios cultivadores han abandonado la tierra, dejando el trabajo en manos de inmigrados. El documento no nos aclara si estos inmigrados eran arrendatarios o jornaleros. Pero en 1767 otras discusiones ante la Audiencia nos permiten concretar el carácter particular de la aparcería en los arrozales del Empordà: habiendo prohibido la Audiencia aquellos contratos en los que el propietario recibía más del tercio de la cosecha, unos cultivadores de Empúries y de L’Escala arguyen que dichos contratos no atañen a los aparceros de tipo común; se trataba de «gente de caudal» —podríamos traducirlo por capitalistas— que, al organizar la explotación de los arrozales a bastante amplia escala, seguían teniendo interés, según se comentaba, en pagar a los dueños del suelo hasta dos tercios de los cereales cosechados. En 1789, Zamora nos da cuenta de otro fracaso de la pequeña explotación en el cultivo del arroz: para combatir la miseria, el municipio de Torroella dividió sus tierras comunales inundables en pequeñas parcelas; pero algunos años más tarde, cinco o seis grandes arrendatarios habían concentrado ya la explotación. En 1790, las quejas de los municipios de Tor y La Tallada contra la extensión de los arrozales del marqués de Ciutadilla nos señalan a los dos responsables de esta extensión, que son el apoderado del marqués y su único adjudicatario. Ya sabemos que fuera del delta del Ter, en el del Fluvià, los mejores arrozales, los de Armentera, estaban también en manos de una única persona: don Salvador de Caraman.

Así comprendemos mejor algunas de las críticas que le dedican los autores de memorias al cultivo del arroz: parece originar un empobrecimiento general, tan sólo favorable a algunos particulares. En efecto, tan pronto como se inicia, parece tender a invadirlo todo, campos, prados, huertos e incluso las casas, que hay que abandonar a causa de la inundación, a consecuencia de lo cual parece producirse una auténtica despoblación. Los censos vienen a corroborar estas afirmaciones, o cuando menos, revelan un estancamiento en las cifras de las aldeas y del hábitat disperso. Por ello, resulta difícil explicar el repentino impulso de la población aglomerada; así, entre mediados de siglo y 1787, Torroella de Montgrí quintuplica el número de habitantes, y si tuviéramos en cuenta ciertos accidentes demográficos consignados por Zamora (como los 400 muertos de una epidemia), el crecimiento sería aún más asombroso. Esto nos lleva a pensar que en torno a los arrozales se concentró una densa población de jornaleros, al acecho de elevados salarios temporales o accidentales, como los que podemos observar después del accidente de la sèquia de Gualta. Pese a ello, estallan fuertes luchas a fines de siglo, tanto entre jornaleros y grandes arrendatarios como entre plantadores de arroz y pequeños campesinos arruinados; se trata de verdaderas «conmociones populares», «escandalosas y criminales», «ruidosas refriegas» cuyos cabecillas hay que conseguir doblegar, según dice la Audiencia. La agricultura de especulación ha engendrado la lucha de clases.

Limitaciones y peligros del cultivo de regadío

Aunque excepcional y localizado, el ejemplo del cultivo de arroz manifiesta de modo patente determinadas tendencias del siglo XVIII, como son el impulso de la producción y la tentación por el monocultivo especulativo. No había que limitarlo únicamente a los aspectos médico y legislativo, que son sin duda aspectos importantes (ya que, apenas cesa la expansión de los grandes beneficios, la opinión pública consigue la sentencia de muerte de los arrozales), pero no aspectos fundamentales (por no ser, en realidad, propios del cultivo de arroz).

En efecto, en el siglo XVIII cualquier zona mal drenada era «pestilente». Las ciudades lo eran: Gerona dará bastantes preocupaciones a los prefectos napoleónicos. El enriamiento del cáñamo extendió la fiebre ante las puertas de Manresa y Barcelona. En medio de la Cataluña interior, algunos lugares gozaban de mala fama, como el Bages y la horta de Lérida. A partir de 1764, todo el oeste padeció epidemias de fiebres intermitentes, siendo los primeros afectados los fondos de valles de regadío.

Por lo tanto, no sólo el caso extremo del arrozal da pie a la desconfianza, sino cualquier riego en terreno llano. Los más fervientes partidarios del cultivo intensivo manifiestan reservas y se muestran en desacuerdo con los proyectos del Baix Llobregat, el desorden hidráulico en el Empordà y cualquier expansión intempestiva del arrozal. Un siglo más tarde, el canal de Urgell les dará sobrada razón, al sumir durante treinta años el territorio en las calamidades del paludismo. Tal vez se encuentre en ello una de las explicaciones del fracaso de los grandes proyectos y la preferencia por el inofensivo riego individual. Por último, la importancia del progreso agrícola gracias al riego no debe hacernos olvidar las demás múltiples formas de dicho progreso.

2. TÉCNICA, ROTACIONES Y POLICULTIVO

En efecto, la antítesis —tan apreciada por los viajeros— entre huertas de regadío y eriales aromáticos, no es más que una imagen pintoresca, pero simplista, del campo catalán. Todavía hoy, pese a las transformaciones de las dos últimas centurias, nos asombra este contraste externo que, desde el siglo XVIII, debió de ocultar bastantes matices de la evolución agrícola. Entre 1780 y 1800, y no tan sólo en la huerta regada artificialmente, pueden observarse los signos de una explotación intensificada del suelo. Se nos menciona también como nuevos cultivos los árboles frutales, olivares y viñedos, siendo éstas en realidad especialidades más rentables que están sustituyendo al antiguo sistema de producción. En espacios limitados, aunque muy variados, desde la Marina hasta el Vall d’Àneu y de la Selva hasta las mesetas de la Segarra y del Solsonès, sin pretender en ningún momento alcanzar la intensidad productiva del regadío, el cultivo de secano elimina el barbecho, complicando la rotación. Así, puede ocurrir (aunque sean todavía, sin duda, casos excepcionales) que ciertas villas rurales, pese a no tener regadío ni industria, disfruten de una situación boyante, incluso durante los años de crisis cíclica. Nos seguimos encontrando con la habitual dificultad de calibrar y fechar dichos progresos agrícolas.

El antiguo sistema agrícola y su ámbito

Cuando en 1787, el doctor Barba i Roca expone, en la Academia de Ciencias de Barcelona, sus Observaciones sobre el estado de la agricultura en Cataluña, nos describe, como sistema que sigue caracterizando la provincia, el más clásico de agricultura mediterránea de tipo antiguo. Se cultiva «un poco de todo» y tantos cereales como sea posible. El trigo —digamos de paso que la palabra catalana blat tiene la misma acepción amplia de la antigua palabra francesa— se cultiva en rotación bienal. Al carecer de estiércol el país, los métodos a los que se recurre para mantener el suelo siempre abonado, siguen presentando una apariencia muy primitiva: son los «hormigueros», que Young trató de definir en varias ocasiones, en los que sarmientos y hojarasca, podridos o quemados allí mismo, se mezclan con los terrones recién levantados por el arado.

Desde hace tiempo ya no sentimos, por este sistema extensivo, el absoluto desprecio que manifestaban ante él algunos pedantes de la «nueva agricultura». Barba —de cuyas ideas económicas no puede decirse que pequen de falta de audacia— estima que, en agricultura, si la tradición no tiene siempre razón, tiene por lo menos razones. No le parecen caducas las costumbres catalanas, ni el método llamado «de Tull», alabado por las academias y tan superior a los antiguos métodos; pero no confía en su rendimiento. En cuanto a los abonos, hace notar que el enmargado no es ninguna novedad, ya que Plinio lo conocía perfectamente, y que en las tierras meridionales debería extenderse con precauciones. Basta, pues, con repasar atentamente los pormenores que Barba nos ofrece acerca del barbecho catalán y de los hormigueros, para darnos cuenta de las cualidades concretas que encierra la aparente simplicidad de la tradición. Raras veces se convierte el año de descanso en un «barbecho muerto». Se utiliza sobre todo para cuatro o cinco labranzas, iniciadas a partir de febrero, que permitan almacenar la humedad primaveral: estamos pues ante el «dry-farming ibérico» de tiempos inmemoriales, cuyo empirismo ha sido, desde entonces, justificado a menudo por los agrónomos. Por su parte, el hormiguero vegetal se ve complementado por un intenso aprovechamiento de los más dispares abonos: basura, barro de los caminos, restos de curtiduría y pellejos de conejo desechados por los sombrereros. Recordemos que tan vulgares elementos constituyeron el fundamento del primer cultivo intensivo en Flandes. Son característicos de países poblados e industriosos. En Cataluña, pueden remontarse al período activo de la Edad Media, explicando así su prosperidad rural, que se extendía incluso a las tierras pobres, como observó Caresmar.

Así pues, nos abstendremos de atribuir a la potencia creadora del siglo XVIII el mérito de cualquier intensidad relativa observada en la explotación agrícola del Principat. Pero ha existido la decadencia, que no en todas partes ha sido superada, y de la que se deriva una impresionante desigualdad en las condiciones de la agricultura, fácil de descubrir de una comarca a otra, en espacios reducidos. A partir de Igualada, los arados le parecen a Townsend «los hijos degenerados» de los que había admirado cerca de Barcelona; desde el Llobregat medio, los hormigueros son mucho más rudimentarios que en el Vallès; y a partir de Esparreguera, pese a la industria y a la proximidad de la capital, se descubren núcleos muy atrasados en agricultura.

Por último, quedan extensas superficies —que constituyen precisamente, junto con las mesetas castellanas, el verdadero ámbito del «dry-farming ibérico»— en donde lo único que consiguieron las propias roturaciones del siglo XVIII fue poner en peligro la selección de las tierras y la abundancia de estiércol; nos referimos al Urgell, en donde se sabe ya desde siempre que pueden ser nulas varias cosechas consecutivas, pero en el siglo XVIII, más que nunca, se producen largos y continuos períodos negros, con una miseria hasta hace poco periódica, que tiende tristemente a hacerse permanente.

Buena parte del cultivo de secano de cereales, en especial en la Cataluña occidental, sigue, pues, sometida a las conocidas condiciones de inseguridad de las cosechas, reducidas proporciones del terreno cultivado cada año y flojos rendimientos unitarios —el del trigo oscila entre 4 y 5 por 1.

Cierto es que rara vez es exclusivo el cultivo del trigo. En gran número de territorios municipales reina la «trilogía mediterránea» del trigo, viña y olivo. A juzgar por el Cálculo prudencial propuesto por el Discurso de 1780, dicho cultivo no debía de proporcionar a la comunidad campesina más que una subsistencia incierta y desde luego escasa. Una economía meramente agrícola, de cultivo de secano, difícilmente hubiese soportado el fuerte incremento de la población.

Mejoras del sistema agrícola y de sus técnicas

Una vez dicho esto, no cabe la menor duda de que, a fines de siglo, la rotación bienal pura y simple había sido superada en muchos puntos.

Incluso en las zonas consideradas más atrasadas en todos los aspectos, como la Cerdanya, se menciona la aparición y avance de las leguminosas. En Folquer, Young advierte, en el sistema crop and fallow, la intercalación de una planta forrajera como la vicia; en Esterri, Zamora observa la del nabo. En ambos casos, la asociación depende del empleo de un trigo de primavera, el «rubio»; a veces se intenta en cultivo de secano la sucesión sin discontinuidad —más común en regadío— de «trigos» de varias calidades, sembrando el trigo sarraceno y el mijo después del trigo candeal y del centeno.

Por norma general, se puede afirmar que se imponen las siembras de otoño, después de la cosecha principal: entre 1786 y 1789, aparece como un estribillo en las notas de viaje de Zamora acerca de las diversas producciones agrícolas el término de tardanías, término impreciso en lo que se refiere al tipo de siembras (muy diversas), pero concreto en cuanto al lugar que ocupan en la rotación.

No nos es posible calibrar la extensión de estos perfeccionamientos. Sin embargo, el barbecho absoluto, efectuado un año de cada dos, parece haberse convertido en una excepción, entre 1780 y 1790. A veces se sustituyó por una especie de rotación trienal. Prácticamente en todas partes existe «cultivo furtivo». Por último, no es extraño que el barbecho haya desaparecido por completo, incluso en las comarcas dedicadas únicamente a los cereales, como la Segarra o la Plana de Vic, en las que el olivo tenía muy poca importancia y se había ido perdiendo la viña.

Estos progresos suponían buenas labranzas y unos abonos mínimos.

A fines del siglo XVIII, en cuanto a aperos de labranza, Cataluña parecía estar menos atrasada que las regiones mediterráneas en general. El arado de la Cerdanya es mencionado como utensilio primitivo y excepcional. Townsend, que dedicó muy especial atención a las formas del arado, no duda en comparar el de los alrededores de Gerona con los mejores de la Picardía. Dibuja y reproduce los de Barcelona y Hospitalet. En el Penedès, ve abrir surcos tan hondos como nunca los había visto. De todas formas, no cree que se pueda generalizar esta impresión favorable, aunque Barba i Roca nos describa como tipo corriente el arado de vertedera que había observado Townsend.

Por otra parte, los ingleses quedaron sorprendidos por el uso de aquella especie de azada primitiva —la «laya»— a la que creemos demasiado a menudo propia sólo del País Vasco, pero que la Cataluña del siglo XVIII utilizaba con mucha frecuencia. Más de una «Academia» española del siglo XVIII denunció el uso de la misma, por considerarla una técnica atrasada. Pero Barba afirma que nada puede sustituirla si se quiere obtener un rendimiento continuo de la tierra; de hecho, la prueba es que la laya se ha mantenido.

Podríamos preguntarnos, ciertamente, sí el duro trabajo con la laya no puede considerarse como una modalidad de la horticultura, más propia del regadío que del gran cultivo. Tal vez fuese así en la Marina, pero no en Vic, en donde Barba lleva a cabo sus observaciones.

Asimismo, los extraordinarios detalles que nos da Ponz acerca de la utilización de abonos en la agricultura barcelonesa —que llega incluso a importar a elevados precios guano de Buenos Aires— revelan un moderno cultivo intensivo, aunque quizá limitado a las tierras de regadío próximas a la capital. Lo mismo puede decirse de las observaciones recogidas en Vilassar, Mataró y Calella.

No obstante, los contratos existentes entre el hospital y sus arrendatarios nos permiten comprender también la importancia otorgada al reparto del estiércol, y vemos que no siempre se trata de explotaciones de regadío. Por otra parte, en Vic tenemos información acerca de la conservación y esparcimiento del estiércol humano, no utilizado en huertas o viñas, sino en campos de cultivo de secano. Así se explica cómo, en 1787, en una zona en la que «no hay regadíos, no se coge vino, ni aceite y muy pocas frutas», en donde el suelo arable tiene tan sólo «quatro dedos de tierra»

... la tierra nunca queda vacía, pues en las más sacan dos cosechas cada año, porque en segando el trigo siembran mijo y en cogiendo las abas, hazen las judías, y el mismo año buelven después hazer trigo ...

Ejemplos de rotaciones complejas a fines de siglo

No nos atrevemos a generalizar el ejemplo de Vic, aunque no se trate de un caso aislado dentro del Principat.

Entre Solsona y Tàrrega, la abundancia de cereales supone sucesiones calculadas durante varios años, de las que forman parte, de un lado, todas las variedades de trigo (incluido el «rubio» o trigo de primavera) y el maíz, y de otro, el nabo y las legumbres —«más sabrosas que las de las tierras bajas» (es decir, las tierras de regadío)— y, por último, también la patata, a la que no es difícil reconocer en las titubeantes descripciones que demuestran su novedad a los ojos del público.

Bastante lejos de la Segarra y mucho más arriba de la Plana de Vic, en las mesetas orientales del Cabrerès, sigue siendo igualmente variado el horizonte agrícola y continuo el cultivo. Al trigo le suceden los cereales de otoño; los nabos y los tubérculos entran en la rotación, y también aquí encontramos, como en las tierras bajas, el cáñamo. No hace falta riego, ya que la altiplanicie está muy regada. El abono ha de proporcionarlo un ganado bastante abundante, alimentado en los prados naturales.

Si desde estas tierras altas volvemos a bajar hacia la depresión prelitoral, más poblada y con mayor facilidad de acceso a las innovaciones, nos sorprenderá el descubrir que está peor explotada. En Llinàs, Centelles y Caldes de Montbui, se sigue alternando el cultivo del trigo con el del sarraceno o de las legumbres en los suelos menos fértiles; en los mejores, el maíz y el cáñamo aseguran una cosecha más rentable.

Gracias al itinerario de Young, tenemos más datos concretos acerca de las rotaciones practicadas al este de la depresión, en el Gironès y el interior del Empordà:

En la entrada a la Selva, en Malgrat, se siembra el maíz grano a grano —seguramente tras una bina con la laya— y sucediéndole al trigo. Cerca de Gerona, las coles crecen entre el maíz, y le extraña a Young que se reserve su consumo a los hombres y no al ganado. Algo más lejos, observa la sucesión trigo, mijo, guisantes o altramuces y, por último, cáñamo, especificando que se trata de cultivo de secano. No obstante, tras una observación más detenida, descubre una rotación aún más compleja y que él cree bastante generalizada a juzgar por las extensiones ocupadas por el trébol y las alubias: 1. Maíz; 2. Trigo; 3. Trébol y alubias; 4. Cáñamo y alubias; 5. Trigo y mijo.

Algo más simple es la rotación que predomina entre Gerona y Figueres: 1. Cebada, que se da como forraje al ganado; 2. Trigo, seguido de mijo o de alubias; 3. Avena o cebada, seguidas de maíz, para los animales. No se da ni barbecho, ni trébol, según se añade en el texto. Las combinaciones que se practican en la actualidad son muy semejantes.

Rico policultivo regional

Resultaría difícil —por lo menos en las comarcas de las que nos han llegado precisiones de este tipo— considerar el policultivo catalán del siglo XVIII como una simple rutina de campesinos deseosos de cultivar de todo por temor al hambre. Por el contrario, es en la parte central del Urgell en la que se cierne constantemente la amenaza del hambre, donde se da la agricultura más monótona, que recuerda la de las grandes mesetas de trigo castellanas. En otros lugares, cuando sale rentable la especialización agrícola, no se duda ante el monocultivo, tal como lo vimos ya para el arroz y lo veremos para la vid. Por lo tanto, el hecho de que se diversifique la producción, no es necesariamente signo de una economía cerrada y prudente; prueba de ello es el mantenimiento actual, en plena economía de desarrollo de intercambios, de aquellas mismas yuxtaposiciones o sucesiones de cultivos que inducían a los antiguos viajeros a comentar a veces, no sin ingenuidad, que los catalanes obtenían varias producciones «a la vez» de una misma tierra.

Debió de producirles esta impresión la costumbre, extendida aún hoy en día —por ejemplo en la Segarra—, de los cultivos intercalados. En 1787, hacia Solsona, la vid se cultiva sujeta a altos tutores, para mejorar su exposición al sol; entre las hileras, aparecen plantas forrajeras, coles y sobre todo trigo o mijo. Igual alternancia aparece en Santpedor, Torà y en el Empordà. Aquí la vid trepa incluso en los álamos que sirven para delimitar los campos y fijar el cauce de los ríos. En los viñedos existe un frecuente cultivo intercalado, vinculado a una demanda tradicional de la industria, la del «cordón», o cardo para cardar la lana, que sólo desaparecerá en los últimos años del siglo, sustituido por la invención de la carda de metal.

Semejantes asociaciones pueden explicar cómo, en tierras en las que la superficie cultivable distaba mucho de ser indefinidamente extensible, puede observarse una orientación conjunta hacia cultivos de especulación comercial —vid para aguardiente, agrios, plantas textiles, moreras— y un crecimiento notable de la producción de cereales. Así ocurre en Vacarisses, Alella, Sallent y cerca de Guissona, sólo por citar unos cuantos ejemplos.

Sin embargo, la introducción de árboles en medio de los campos no obedece siempre a fórmulas sistemáticas. El olivo se halla a menudo dispersado al azar; lo mismo que la morera en las zonas en donde gana terreno, como son la Conca de Tremp y las riberas del Ebro y del Segre, zonas que añaden la seda a las listas de su policultivo, en las que se encuentran ya el cáñamo, el lino, el aceite, el trigo y los cereales menores.

Aún con más facilidad podrían confundirse la higuera y el algarrobo con una vegetación casi espontánea, crecida sin cuidado en la linde de viñas y huertos, si no fuese porque los arrendamientos y cuentas de granjas conservados hasta hoy nos señalan el notable papel que desempeñan en las rentas de las explotaciones. Éste es el caso de una explotación agrícola de Sitges, aunque este ejemplo podría aplicarse a todo el sudoeste de Cataluña, hasta el río Sènia. En las costas de Tarragona, la algarroba, elemento azucarado utilísimo en la alimentación del ganado, es objeto de un gran comercio de cabotaje. Por último, tampoco deben olvidarse las maderas mediterráneas, dentro del balance económico de cada explotación rural.

A escala de un pueblo, un ejemplo concreto puede permitirnos calibrar la riqueza que representan estas múltiples combinaciones de cultivos, el incremento de población que permiten soportar y la actividad comercial que suponen. Santa Coloma de Farners, villa poco desarrollada durante la primera parte del siglo, pasa de 154 casas y 703 habitantes hacia 1750, a 600 casas y 2.260 habitantes en 1787. Se explica esto por la cosecha conjunta que se hace allí de alubias, habas, trigo, cereales menores, manzanas, peras, cerezas, ciruelas, un poco de vino y aceite, sin olvidar la explotación de productos forestales, como piñones y madera de tonelería. La madera de tonelería se vende en el Principat, y a elevado precio; los piñones se venden mucho más lejos: van a Mahón, Valencia, Cartagena y Cádiz. Los cereales se usan en la alimentación de una buena cantidad de aves de corral para el mercado local (que es importante), pero también para Barcelona. Y a la inversa, dos fábricas de lienzo de Santa Coloma traen el cáñamo del Baix Llobregat. Se realizaba un intercambio de especialidades, pese a que el pueblo no se encuentra a las puertas de la capital. Con todo ello, vemos que la actividad multiforme de la agricultura está alentada por demandas bastante alejadas.

Ahora bien, volvemos a hallar la misma asociación de campos, árboles frutales y productos forestales en toda la economía rural entre el Ter y el Montseny, desde la Cellera de Ter hasta Osor. Pero aquí, en lugar de estar asociado el policultivo a la vida de un gran pueblo, se encuentra vinculado más bien a una forma de hábitat, de explotación, de sociedad: a la existencia de la masía.

El policultivo de la masía

La masía como unidad de explotación rural compleja aparece, de modo claro y concreto, en las notas de viaje de Zamora, que no nos ofrecen de ella una descripción abstracta, sino individualizada y nominativa. A través de estas notas, la masía podría parecernos, en lo social, un mundo pequeño y cerrado, intentando producir fundamentalmente para el pagès, su familia y su servidumbre. En cambio, en lo económico, resulta bastante distinto, ya que la masía participa, con toda evidencia, en la producción para el mercado, para un mercado lejano a veces, tan pronto como puede explotar alguna especialidad.

En la masía del Vallès, en la que Zamora gusta detenerse y en la que hay que situar su primera descripción entusiástica, se halla sembrada la mayor parte de la explotación; pero lo que impresiona al visitante es la riqueza de la horta y del campo de árboles frutales, y la importancia otorgada a los bosques y pastos. Estos últimos alimentan un copioso ganado, mientras que aquéllos permiten utilizar «los terrenos que ya no pueden llevar otro fruto». Y no sólo porque se venda o utilice la madera de la propiedad como leña o para la construcción, sino porque se planta de modo sistemático el pino piñonero, por su fruto y su corteza y en sustitución de bosque talar o viñedos ya viejos.

En la Plana de Vic, las ricas rotaciones que hemos mencionado antes son practicadas, no por los aldeanos, sino por los dueños de las grandes masías. En Savassona, cada gran masía tiene «su montezito de enzinas o robles», sus árboles frutales, sus campos labrados, su huerto de regadío, su cañamar de cultivo de secano, sus cosechas ordinarias y «tardías», y también su rebaño —yeguas, vacas, asnas y mulas—, su corral —cerdos y aves— y su palomar.

El mismo aspecto presentan Camprodon y Sant Pau de Segúries, en donde hay que señalar el esfuerzo particular que se lleva a cabo para el riego. Entre la Pobla de Lillet y Bagà, tanto la casa Marimon como la casa Rius manifiestan que su principal preocupación es «la conservación de bosques y pastos»; la explotación de pinos y encinas y la fabricación de quesos forman parte de su economía. En Solsona, Zamora insiste en la habilidad especial que tienen los pagesos de las grandes masías para equilibrar en torno a su casa huertos, prados, tierras de labranza y bosques. Para conseguirlo, ni siquiera hace falta que la explotación sea muy extensa: en Breda sólo hay masías relativamente pequeñas y de todos modos «se cogen de todos frutos». Si nos trasladamos a las laderas del Montseny, el horizonte queda cerrado por los castaños, que suministran buena parte de la alimentación. Aunque pensemos que se trata de un recurso pobre, hace ya trescientos años que viven allí las familias y han ido amasando dinero; ahora las herederas son ricas. También en Joanet todos los campesinos son «labradores acomodados», gracias a la asociación cultivo-bosque. En Osor, el Mas Sobiró hace su fortuna con la venta de madera para tonelería. En Caçà de la Selva, las ventas lejanas y rentables se deben a la cría de ganado de calidad: desde allí se manda cada día el queso del rey y tiernos corderos para las mesas aristocráticas de la corte.

Otro indicio de la técnica avanzada de las masías lo constituye el valor del material de transformación y conservación de los productos. En cuanto a molinos y prensas de aceite y de vino, tenemos títulos de concesiones, cuentas de construcción, e incluso algunos ejemplares del siglo XVIII. En Caldes de Malavella, un rico pagès se hizo construir bodegas-depósitos de loza para el vino, extendiéndose este sistema para combatir sin duda el encarecimiento creciente de la madera de tonelería.

El ganado en la masía y el prado artificial

Si comparamos estas tendencias de la masía con el ideal de los agrónomos del siglo XVIII, llama la atención la asombrosa convergencia existente. Resulta extraño que Young no la advirtiera, mientras que el mérito de Zamora es el de haberla demostrado. El relativo equilibrio que hemos señalado, pese a las roturaciones, entre los avances de la agricultura y la conservación del bosque, se produce sobre todo en las zonas en donde predomina el hábitat disperso, la masía. Asimismo, si bien salieron perjudicadas las formas tradicionales de la ganadería, debido al retroceso de la trashumancia y de los rebaños comunales ante las exigencias del cultivo, fue en particular en la Cataluña occidental de Tortosa, Lérida y del Urgell donde no quedó compensado este retroceso. En cambio, en el este —Vallès, Plana de Vic, Cabrerès, Empordà o la Selva— la fórmula del ganado en la granja, apoyada por los teóricos de la nueva agricultura, halló en la masía el marco apropiado, originándose con ello, según parece, una mejora de calidad del rebaño, así como de masa.

En casos excepcionales, dicha mejora pudo deberse a una iniciativa sistemática, ilustrada, de la propaganda agronómica. Esto es lo que ocurre en Sant Cugat del Vallès, bajo el impulso del abad del monasterio, pero no es un caso frecuente. En 1770, la Audiencia, informada por la Academia, había observado la resistencia de la rutina campesina ante la introducción de nuevas plantas forrajeras. En 1780 y 1787, los agrónomos están convencidos de que esta introducción sigue siendo lenta e insuficiente.

Barba, que expresa esta opinión, nos presenta sin embargo como algo bastante común una utilización de los barbechos muy alejada del simple pasto libre y que supone la alimentación del ganado en el establo. Lo que hemos dicho acerca del policultivo de las grandes masías demuestra también que, sin la menor idea teórica, los campesinos acomodados dan lugar preferente a la ganadería. Si Zamora se hubiese limitado, en este punto, a describir las masías más brillantes, podríamos pensar que se trataba de excepciones; pero respecto a pequeñas zonas, recogió a veces impresiones sobre los resultados de conjunto. Tal y como era de prever, los éxitos consignados se deben en especial a la atracción de los mercados. Éste es el caso del Vallès que, debido a la influencia de Barcelona, se ha convertido ya en una comarca de cría intensiva: entre Matadepera y Terrassa, se observan «pequeños prados anuales que siembran ... de la yerva er y sirve para engordar los carneros con cuyo ganado comercian ...».

Al pasar de Alella a Granollers y admirar los animales alimentados en las masías, el encuestador comenta la superioridad de este rebaño sobre el de las cabañas tradicionales:

Estoy persuadido que en el terreno que coge el Vallès no se acomodarían en la mejor dehesa de Estremadura tantas cabezas como hay aquí, y al mismo tiempo una multitud de pueblos y cultivos.

En Cardedeu, el ganado es especialmente hermoso, gracias a los forrajes, a las nabas, a los «nabos de buey», triturados como pienso para los bueyes y cerdos, vendidos en el mercado de Granollers, para Barcelona.

No obstante, la proximidad de la capital no es condición definitiva de progreso. La Plana de Vic, las mesetas del Ter medio, algo alejadas ya, son las primeras en introducir la trepadella, un forraje de secano. Se hacen roturaciones para sembrarla. Desde Manlleu a Torelló, el prado artificial domina el paisaje. En Savassona, sirve para alimentar el gran ganado de las masías, cuya riqueza aquí es determinante para el progreso rural. Por desgracia, los resultados de conjunto no pueden apreciarse partiendo de esta cifra suelta proporcionada por Zamora. Pero éste opone, de nuevo en esta zona de Vic, la antigua cabaña de Extremadura a la cría en Cataluña, practicada en la masía y a menudo —hay que decirlo— sin ayuda del prado artificial: paja, follaje, algarrobas sobre todo, componen la alimentación de unos animales de buen aspecto, cuya presencia sorprende en estas tierras sin hierba.

En resumidas cuentas, recordemos que, junto a las roturaciones y al riego, no hay que olvidar otro aspecto del impulso rural, el de la explotación intensificada. En este campo, aún nos queda por valorar el papel de algunas producciones favorecidas con vistas al comercio, que a menudo modificaron, llegando a transformar a veces por completo, la antigua distribución de los cultivos en el suelo.

Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de las páginas siguientes.

De todas formas, nos gustaría concluir este tema de la intensificación de los cultivos catalanes en el siglo XVIII con unas frases que demuestran cuán estrechamente relacionaban los hombres de la época los conceptos de extensión e intensificación, y cómo esta última no debe verse exclusivamente como consecuencia de atracciones exteriores y comerciales. Incluso en tierras pobres y tan sólo mediante la multiplicación de esfuerzos humanos, la conquista del suelo podía ser a la vez extensión y construcción, creación, podríamos decir, del suelo arable.

La respuesta del pueblo de Moià al cuestionario de Zamora, en 1789, redactada por un hombre de mentalidad ilustrada, muy al corriente de las exigencias de la técnica, matiza el balance de los resultados y posibilidades agrícolas en el territorio comunal; no se trata aquí de viñedos, ni de cultivo de regadío, sino de la típica combinación de tierras labradas-pastos-bosques, en una meseta fría y bastante asolada, tanto por su altitud como por la pobreza del suelo:

El estado actual de la agricultura en este Pahís, sin embargo de hallarse muy mejorado de 24 a 30 años a esta parte, de suerte que no sólo se hacen cosechas, singularmente en las tierras de la cultura de los vinariegos, al doble mayores que antes en unas mismas tierras, si que también las tierras de culturas se han multiplicado universalmente casi por mitad ... [El campesino] sabe convertir las rocas en tierra y traherla de donde sobra a los lugares donde falta. El arte de convertir las rocas en tierra es esta: abren el campo donde hay rocas que le hacían estéril y si aquellas son de color roxo o que inclinan a él, las arrancan con mucho trabajo y hierramenta a este propósito, y expuestas a los soles y yelos por un par de años, con el cuydado de mencarlas y rebolverlas de guando en guando, quedan luego convertidas en tierra fértil y al cabo de algunos años después de las estercolaciones, de tan buena miga como las demás ...

Resulta impresionante este esfuerzo universal.

III

INTERCAMBIOS COMERCIALES Y ESPECIALIZACIÓN AGRÍCOLA

La intensidad de la producción agrícola se halla vinculada, y en continua interacción, a la intensidad de los intercambios.

El movimiento se inicia a partir del despertar económico de los años 1680-1708. La remuneradora venta del vino, así como la exportación del aguardiente, habían provocado el éxito del viñedo en todas las colinas del litoral. Sin embargo, tras la guerra de Sucesión, se produjo una moderación bastante prolongada de estas tendencias a la especialización, a causa del relativo estancamiento demográfico y de la pobreza del comercio. En cambio, hacia 1780, la economía catalana parece ya dominada por un activo sistema de intercambios internos a cortas distancias y por la influencia de algunas exportaciones importantes. En efecto, por estas fechas, el Discurso insiste, al hablar de la agricultura, el comercio y la producción de las diversas áreas catalanas, en las necesidades alimentarias y el grado de especialización de cada una de ellas; en conjunto, subraya la recíproca dependencia entre las comarcas, que no son autosuficientes por estar ya algunas de ellas especializadas; el progreso de la industria y del comercio lejano conlleva una importante circulación de los productos agrícolas regionales.

Intercambios internos

Al dedicarse el conjunto del corregimiento de Tarragona, a partir de entonces, a los cultivos mediterráneos de exportación —vino, aguardiente y frutos secos— tiene que importar casi todos los cereales. El partido de Espluga de Francolí podría autoabastecerse de hortalizas, pero sigue siendo ante todo vitícola; poblado e industrial, se ve obligado a comprar sus cereales en Aragón y en el Urgell. El trigo aragonés afluye sin cesar hacia Tortosa, donde a veces es convertido en harina antes de salir por mar, ya sea hacia Barcelona o hacia otras partes de España.

A los trigos propiamente aragoneses se les unen los de las zonas limítrofes catalanas de la Llitera, el Segrià y las «riberas» de los afluentes del Segre. En el corregimiento de Lérida, sólo la montaña del Montsec carece de trigo y cubre sus necesidades en el mercado de Balaguer, gracias a las cosechas del Urgell; pero los excedentes de trigo de toda la zona occidental se concentran en Lérida y Tàrrega, siendo desde allí vendidos a Barcelona o bien redistribuidos por los mercados secundarios de Cornudella, Montblanc y Valls: «siendo continuo para estos lugares el acarreo y también para embarcarlo en Torredembarra y otros pueblos de la marina».

La circunscripción de Lérida podría autoabastecerse de cereales menores y hortalizas, pero el rápido crecimiento de la población parece provocar una crisis. Hacia 1780 se planteaba la duda de hasta cuándo permitiría la población, que se alimentaba de trigos inferiores, que se dejaran para la exportación tan importantes excedentes de trigos de buena calidad.

Pero en esta zona de Lérida existían otros productos que podían enriquecer al campesino propietario: el aceite era excedentario en la horta, las Garrigues, el Montsec y el Urgell occidental. El cáñamo, muy abundante en Lérida, Balaguer y en todas las «riberas», era enviado a todo el Principat: a Vic, Cardona, Cervera y Vilafranca del Penedès; la semilla del cáñamo, de reconocida calidad, llegaba hasta las villas más alejadas y al mismo reino de Valencia. Los pueblos especializados en esta valiosa producción eran Castelló de Farfanya, la Ribera de Sió, Bellpuig, Sant Martí y Preixana.

Las altiplanicies existentes entre Solsona y Cardona, de población escasa y dispersa, y cuya tierra está en manos de «labradores hacendados con casas y términos propios y redondos», producen sobre todo para alimentar a estos pequeños núcleos familiares y, al parecer, lo cumplen con creces, contando con la ayuda de unos gallineros particularmente prósperos. Sin embargo, no estamos ante una economía realmente cerrada ya que, como hemos visto, los sembrados avanzan hacia los bosques a causa de la demanda exterior de cereales. Ahora bien, el clima de la zona es demasiado duro para el olivo y la viña y, si bien se consume probablemente poco vino, de lo que no se puede prescindir es del aceite, con lo que existen intercambios constantes con los valles. El Discurso especifica los nombres de los pueblos, aldeas y «quadras» que, en toda esta montaña media catalana, responden a las condiciones así definidas; esto garantiza una información bastante concreta y directa; otros detalles nos indican el número de ocasiones de venta exterior aprovechadas: por ejemplo, es vendido en Barcelona el producto de la abundante caza de esta zona.

Acerquémonos a Cardona, situada en una de las laderas más soleadas del valle inferior del Cardoner. Una nueva lista pormenorizada nos señala la expansión de otro tipo de economía. Exactamente la inversa. Aquí predominan la viña y el olivo; sólo hay cereales para seis meses de consumo; esta compra se compensa con la venta de vino. El mismo término municipal de Cardona, casi por entero cultivado en terrazas, con olivos, viñas y huertos, no puede abastecer de cereales a la ciudad por más de tres meses, y no tiene ni prados ni ganado; su abastecimiento depende del Urgell, para los cereales, y de la Cerdanya, para la carne.

El territorio municipal de Súria no es mucho más rico que el anterior en productos agrícolas de primera necesidad. Pero tiene excedentes de vino y fabrica aguardiente. De esta forma se compensan los «seis meses de cereales» que faltan. Tanto en Súria como en Cardona, los habitantes que no son labradores son carreteros, ya que, al exportarse lejos la sal de Cardona, se necesitan fletes de retorno. No hay nada menos cerrado que la economía de estas dos pequeñas ciudades.

Es análogo el caso de Berga. Tiene una población numerosa, y también allí eXIsten muchos carreteros. Localmente, la ciudad dispone de bellas hortes, buenos huertos de árboles frutales e incluso fértiles campos. Pero el terreno es abrupto y limitado. Como sólo se alcanza a cubrir la mitad de las necesidades de trigo y al resultar imposible, dada la altitud, producir mucho vino o aceite, se trabaja el cáñamo. A pesar del mal estado de las carreteras, se intenta incrementar la exportación de la madera. En realidad, la solución estribará en la actividad artesanal y, más tarde, en la industrial.

Todo el conjunto del corregimiento de Manresa, aun contando con los regadíos que rodean su capital y las buenas tierras del Pla de Bages, participa de las condiciones descritas para Cardona, Súria o Berga. Aquí deben importarse los dos tercios del consumo de cereales de otras comarcas catalanas. Algunas de ellas son vecinas, como el Lluçanès, una llanura pobre que se limita a consumir cereales inferiores, producir más comuña que trigo y exportar el trigo de buena calidad. Pero hay que venderlo más lejos: en el Urgell o la Segarra, lo cual rebasa ya el intercambio de ámbito puramente local.

Por el contrario, en la Plana de Vic se produce trigo en abundancia. En cambio, es necesario ir hasta el Urgell a buscar la avena. Quizá por esta razón se desarrollaron, en la Plana, a finales de siglo, los prados artificiales. De todas formas, se observa un cambio crucial en la evolución agrícola: las masías organizan su economía sobre la triple producción trigo-ganado-cáñamo, en la que dos de dichos elementos son excedentarios. La viña, en cambio, desaparece. Es el principio de los sucesivos retrocesos de la viña hacia el sur y el llano. Se señala, en el siglo XVIII, que a causa de la intensificación de las relaciones con la Marina, ésta, que recibe el trigo de Vic, exporta allí su vino.

Tal vez sea en la Cataluña oriental, húmeda y de hábitat disperso, donde la vida agrícola esté menos claramente abierta a los intercambios comarcales. El campo es autosuficiente en productos alimenticios, siendo lo más corriente que queden excedentes para la venta. Ya dimos ejemplos de este tipo al hablar del policultivo en las masías. Globalmente, el Empordà surte a Barcelona de madera, maíz, arroz, hortalizas y carne de calidad. Además, exporta sus vinos más generosos al extranjero. Por último, existen entre el Empordà y la montaña pirenaica unas formas de asociación pastoral más modernas y productivas que la simple trashumancia temporal de los corderos. Un ejemplo de ello es la división del trabajo en la cría de los animales jóvenes, por una parte, y el engorde de los ejemplares de matadero, por otra, tal y como podemos encontrarlo hoy en torno al Macizo Central francés.

La ganadería es el recurso fundamental en la montaña y en los valles altos, como el de Ribes; aquí el ganado se cambia por vino y trigo.

Por último, las comarques que tienen un contacto más directo con Barcelona o el mar son las más accesibles a las influencias de las actividades de intercambio. A pesar de la afluencia de población a que dieron lugar sus realizaciones industriales, la Conca d’Òdena se abastece de cereales y exporta vino, buenas cantidades de aguardiente, corderos y caballos. La Marina de Levante, de Barcelona o Blanes, pese al auge de sus cultivos de regadío, no puede alimentar a la población, ya demasiado numerosa. Afluye el trigo, por tierra, del interior del Principat (del Empordà y de Vic), y en mayor proporción por mar, desde el Urgell, Aragón o Levante, a través de los puertos de Tortosa y Torredembarra. También llega del extranjero, «del norte», hacia donde salen, en compensación, el vino, las naranjas y el aguardiente. Aquí el comercio exterior aventaja en influencia al comercio regional.

Lógicamente, esta situación se puede hacer extensiva tanto a Barcelona como a sus alrededores más inmediatos. Bien es cierto que el papel de foco de atracción de la producción agrícola del Principat que posee Barcelona sigue siendo importante: la procesión de carretas que se plantan incesantemente ante las puertas de la ciudad, los miles de barcos de cabotaje que, desde los navíos de gran tonelaje, depositan en las playas los productos alimenticios que serán rápidamente recogidos por los revendedores y sujetos a las dietas y a los derechos de cops, así como el crecimiento del producto de dichos derechos y la ampliación del área de mercado barcelonés, que se aprecia en las cuentas del hospital, son factores que nos dan la medida del grado de estímulo económico debido al impulso de la capital, siendo éste uno de los fenómenos mejor recogidos por los contemporáneos. A pesar de su avanzada tecnología agrícola, el partido de Barcelona sólo podía abastecer a la ciudad de cereales y forraje durante dos meses. Pero vende el cáñamo en el exterior. El comercio intrarregional pocas veces es unilateral, y se infiltra por todas partes.

Intercambios exteriores y producción agrícola

En cuanto a los intercambios exteriores, cuyo estudio de conjunto abordaremos más adelante, basta indicar aquí la dimensión de su desarrollo en lo que se refiere a ciertos productos agrícolas.

A principios de siglo, antes de la guerra de Sucesión, está ya en marcha la exportación de algunas especialidades, sobre todo el aguardiente. Pero el Principat, poco poblado, casi se autoabastece, un año por otro, de trigo; sus importaciones alimentarias más importantes son las de pescado salado. Casi no varía la situación hasta mediados de siglo, disminuyendo incluso las necesidades durante algún tiempo, debido a la guerra de Sucesión.

En 1770, el informe elaborado por Sisternes para la Audiencia avanza algunas cifras, sobre los cálculos de la Intendencia, de los cinco últimos años. El Principat debía de importar una media de 100.000 cuarteras al año, por un valor de 250.000 pesos; si a esto le añadimos las importaciones de carne, el déficit alimentario debía ascender a 325.000 pesos. Sisternes añade, aunque sin dar cifras, las compras de pescado salado, que siguen siendo importantes. Opina que este déficit queda ampliamente compensado cada año sólo con las exportaciones de vino y aguardiente.

Si nos situamos ahora en el decenio 1785-1795, los niveles han cambiado por completo. No hay año en el que el Principat no importe, al menos, 350.000 cuarteras de trigo; las compras de carne alcanzan desde 1787 un mínimo de 200.000 pesos; las exportaciones de vino son del orden de 50.000 pipas y las de aguardiente de 40.000, lo que representa, a los precios más bajos obtenidos en el decenio, unos 3.200.000 pesos. Cataluña está decididamente situada dentro del gran tráfico comercial internacional.

No hay que reducir las líneas de este comercio exterior al simple equilibrio entre vino y aguardiente, por un lado, y trigo y carne, por otro. Ni tampoco la abrumadora superioridad de la vía marítima (en la que el cabotaje equilibra el gran comercio) debe hacernos olvidar la importancia del acarreo hacia Aragón y Castilla, ni en los Pirineos el transporte y la circulación pastoril.

La vía pirenaica es usada, en especial, por los rebaños comprados en Francia (uno de los mayores negocios de aquel tiempo), aunque también pueda darse la circulación de ganado en ambos sentidos. La posición del Principat provoca que ciertas zonas fronterizas tengan interés en vender a Francia sus productos agrícolas y forestales, a poco que éstos les sean solicitados. De forma que, no sólo el Vall d’Aran, especializado, a causa de su clima, en productos procedentes de bosques y prados, se vuelve, económicamente hablando, hacia Francia, sino también el Vall d’Àneu, en la vertiente mediterránea, envía su madera de construcción hacia el Garona y Burdeos y no hacia Barcelona, que, sin embargo, importa madera del norte. Se trata de un simple problema de gastos de circulación. En este caso ha sido la atracción francesa la que ha salvado ciertas zonas montañosas del aislamiento y les ha permitido participar en el impulso del siglo.

La explotación forestal de la Albera y las Gavarres respondió a dos estímulos simultáneos: la expansión de la industria local del tapón y la demanda extranjera de corcho en bruto; y aunque los poderes públicos intentaran proteger la primera frente a la segunda, la exportación del corcho en tablas por Le Pertus o por el mar no cesó de crecer. En el otro extremo del litoral catalán, creemos que fue también (por lo menos al principio) la demanda de las jabonerías marsellesas, antes que la de las jabonerías catalanas, la que fomentó la explotación de la hierba barrilla en la desembocadura del Ebro.

Cultivos y cosechas industriales

Con el corcho y la barrilla entramos en el problema de las demandas industriales como factor de la actividad rural.

Existen casos, como el de la sericultura, en que uno lamenta no poseer mejor información. Son bien conocidos los progresos de la industria catalana de la seda, así como los de la valenciana. Por lo tanto, no nos resulta extraño ver extenderse la morera por los límites catalano-aragoneses y catalano-valencianos. Desearíamos poder fijar las etapas y precisar las relaciones entre sericultura e hilatura, así como sus vías de intercambio, pero no poseemos prácticamente nada. Sólo conocemos algo de finales de siglo, cuando Barcelona y Manresa, para sus actividades de sedería, compran sus hilados en Italia y en Valencia. En este campo, Valencia es el centro de atracción más importante.

En cambio, en el caso del cáñamo estamos mejor informados sobre su cultivo que sobre su transformación industrial. Se trata de un triunfo muy catalán. No se abordó bajo la forma de un monocultivo localizado, sino en la de una multiplicación general de los cañamares; no había explotación agrícola, por grande o pequeña que fuese, que no tuviera el suyo. Y en las masías, a pesar de la superficie ocupada, la pequeña cantidad de cáñamo cosechada valía tanto como los cereales y, a veces, como el vino. El aparcero debe prodigarle intensos cuidados, ya que el propietario se guarda, no la mitad o un tercio, sino tan sólo la quinta parte del cáñamo. También en el caso del cáñamo, como en el del arroz, hay que desafiar ciertos peligros sanitarios. Pero salvo excepciones, se obtiene un producto muy sano y de excelente calidad, tanto en la montaña, en Casserres o Rialb, como en l’horta de Balaguer, a donde llevó la riqueza, o en los campos de regadío del Vallès y del Pla de Barcelona.

Cabe preguntarse a qué transformación estaba destinada una producción tan intensiva, habitualmente considerada como una de las más ventajosas de todo el Principat. No existe una exportación masiva, salvo para las semillas de calidad. Y no se observa tampoco la formación de ninguna gran industria textil a base de cáñamo. Entonces quizá nos veamos obligados a admitir que, como en el pasado, el cáñamo era consumido en el propio campo, ya sea para ropa basta, elaborada en telares rurales, o usado por los artesanos tradicionales: el soguer (cordelero), que ciertamente llega a veces a enriquecerse, y los fabricantes de espardenyes, el calzado catalán por excelencia. Convendría no subestimar estas salidas, que se van ampliando a medida que crece la población. Pero el cultivo del cáñamo parece estar favorecido por una influencia aún más vigorosa: las demandas de la marina. La adjudicación del suministro de cordajes y velámenes para la marina real le compete a Cataluña, encargándose de ello compañías de comerciantes barceloneses. La construcción naval regional está en pleno auge. Ahora bien, ya hemos visto como, desde principios de siglo, se prefería el cáñamo catalán al escandinavo para el equipamiento de veleros; por último, también se prefieren las semillas locales a las de Finlandia y los países bálticos. Unidas, la calidad y la tradición artesanal han mantenido una industria y un cultivo, asentados de antiguo, pero vivificados por unas condiciones nuevas.

Las demás industrias textiles no han tenido la misma repercusión sobre la agricultura. En algunos sitios hace su aparición el lino en las explotaciones catalanas; sólo en Guissona, y por corto tiempo, su introducción responde a la esperanza de ampliar mercados; pese a la considerable importación de lienzo en crudo destinado a la industria de la estampación, no observamos ningún desarrollo relevante en la fabricación de lienzo ni en el cultivo de lino. Tampoco la ganadería catalana tuvo que enfrentarse a una demanda especialmente crecida de lana en bruto: las fábricas de paño, concentradas en determinadas villas especializadas, buscaban antes la calidad que la cantidad en las materias primas. El algodón, aun siendo el gran éxito del siglo, era raro.

No obstante, ciertas materias auxiliares de las industrias en expansión proporcionaron buenos complementos a la economía rural: ya hemos visto el caso de los cardos; la resina de los pinos fue muy buscada; el roldor, o zumaque, para las curtidurías, era recogido en los bosques que había entre Collserola y Sant Cugat, por la parte de Vallvidrera y Valldoreix; desde la Edad Media, pagaba un canon especial de entrada en la capital; el rendimiento de este canon en el siglo XVIII no nos permite afirmar que se originara un brusco aumento de la utilización; pero los verdaderos centros de la curtiduría estaban en Vic y en Igualada; casi en todos sitios, el roldor formaba parte de los pequeños pero apreciables recursos que ofrecían los bosques.

Por último, cuando el movimiento industrial se ve impulsado por las fábricas de indianas, sedas y telas estampadas, las plantas tintóreas parecen estar destinadas a tentar cada vez más al cultivador. Esto ocurre, aunque muy localmente, con la gualda que, vendida por todo el Principat e incluso exportada, invade los campos de Palamós, Palafrugell, Calonge, Sant Joan de Palamós, Sant Cebrià dels Alls y Vall-llobrega; sembrada a finales de marzo y recolectada a fines de mayo, sólo ocupa el terreno cuarenta días.

El fracaso del cultivo de la granza en Cataluña: coyuntura y compensaciones comerciales

La tintura más usada es naturalmente la granza. Es la única de la que encontramos siempre importantes existencias en los inventarios de los fabricantes de indianas, junto a ciertas cantidades, siempre limitadas, de costosas tinturas exóticas o no vegetales.

Como planta mediterránea que es, la granza crece en estado salvaje junto a los setos catalanes. Tal vez estemos asistiendo a un nuevo cultivo regional como respuesta a las apresuradas exigencias de la industria, tal y como sucedió en Francia pasado el año 1750, para alegría de los agrónomos. El éxito se propaga por España. En cinco años, de 1763 a 1768, los fabricantes barceloneses de indianas dejan de dirigir sus demandas a Holanda, al ver éstas cubiertas por la producción española, llegando ésta incluso a ser pronto exportada. Pero —aparente paradoja— en lugar de desarrollarse en las proximidades de la joven industria de indianas y telas estampadas, el cultivo que la sustenta se concentra en una zona limitada, especializada, no lejos de Valladolid, a unas doscientas leguas de camino de Barcelona.

Habiendo evaluado, como acabamos de hacer, la capacidad de iniciativa y rápida adaptación del campesino catalán, dudamos en responsabilizar tan sólo a su rutina del fracaso regional de un nuevo cultivo. Y, sin embargo, es la explicación que hasta la fecha se ha dado. Se trataba pues de un caso conocido, aunque sólo a través de documentación oficial o semioficial. La afortunada conservación de una correspondencia comercial entre los años decisivos de 1763 y 1768, nos ha permitido establecer un perfil más concreto y esperamos también que más exacto.

En efecto, lo que sabíamos anteriormente acerca de este problema se debía a unos sucintos datos económicos y agrícolas diseminados por don Joan Pau Canals i Martí, en medio de una obra habitualmente técnica. Suponía cierta garantía el hecho de que este hombre fuese hijo de uno de los precursores (según él, el único precursor) de la industria de las indianas barcelonesas; él mismo también era fabricante y hombre de negocios, técnico eminente en el campo de la tintura, grato al personal ilustrado de los ministerios y, por último, un burgués de amplia cultura. Volveremos a hablar de él por todos estos conceptos; también gracias a ellos será el más serio informador sobre la economía de la principal planta tintorera.

Un informador tal vez demasiado enterado. Quizás el propagandista, el consejero técnico de las autoridades, el filántropo, haya querido aparentar mayor indiferencia de la real respecto a un tema en el que, como hombre de negocios, se había visto muy inmiscuido. Veamos seguidamente el esquema de los hechos según Canals y los documentos oficiales incluidos en su obra.

En 1742-1743, la Junta General de Comercio, Moneda y Minas (la «Junta» económica central, de Madrid) había fomentado el cultivo de la granza en algunos pueblos de los alrededores de Mojados, ciudad de la provincia de Valladolid. En 1760, una crisis se abatió sobre este cultivo. Los labradores de Mojados, recurriendo al organismo público que les había apoyado, solicitaron una nueva ayuda. La Junta se dirigió a Joan Pau Canals, por entonces residente en Madrid, defendiendo las indianas de Cataluña. Se trataba de saber si la granza de Mojados, antes destinada a los paños castellanos, serviría para el tratamiento de las cotonadas barcelonesas. Canals hizo unas pruebas, sufrió algunas contrariedades a causa del transporte y llegó a la conclusión de que, con algunas mejoras y tomando ciertas precauciones, la granza española podía sustituir perfectamente a la del norte, en la ciudad de Barcelona, con una mejora del 25 al 30 por 100 en los precios de fábrica. Creyó además que la mejor forma de complementar estos consejos sería el traducir los trabajos de Duhamel du Monceau, añadiéndoles algunas notas de adaptación. Esta traducción apareció en Madrid en los últimos días de 1763, coincidiendo con las cédulas reales del 30 de octubre y 10 de noviembre que, basadas en el informe de la Junta general del 3 de agosto, concedían diversas exenciones fiscales al transporte interior de la granza española y a su eventual exportación.

Las Cédulas y las Memorias de propaganda señalaban la intención oficial de extender a todo el reino la producción de la valiosa semilla. Sin embargo, el hecho de que, tanto las exenciones sobre los derechos de circulación como los consejos técnicos, un tanto eruditos, estuvieran impresos en castellano, hizo que la Junta Particular de Comercio de Barcelona (la «Junta» regional) no se hiciera ilusiones sobre el alcance práctico de las iniciativas de 1763 entre los cultivadores del Principat. La Junta obtuvo de Canals una traducción catalana de su Memoria. Y Canals, quizás algo irónicamente, ya que la Junta había apreciado en poco su erudición, les propuso también el reeditar las fórmulas de Phesio Mayo, de una antigüedad de un siglo, si no de dos.

Pero estamos en 1766. Hace tres años ya que los cultivadores castellanos se aprovechan de la conversión de los industriales a la granza española. En 1768, la Junta de Barcelona y Canals reconocieron juntos el fracaso total de su propaganda sobre el cultivo de la granza en la agricultura del Principat. Al reunir, en 1779, sus principales trabajos en una Colección, Canals atribuirá a las iniciativas del gobernador y del Cabildo de Valladolid, la fortuna de los labradores de Mojados a quienes, por estas fechas, el cultivo de la granza proporcionaba unos cinco millones de reales, la mitad de los cuales eran pagados por la industria catalana. Los aragoneses recogían la semilla en estado salvaje y cultivaban poco. En Cataluña nada, o casi nada. Y todo esto en las mismas puertas de las fábricas de indianas. ¡Una rutina extraña la de los campesinos!

Abordemos ahora el caso de la granza a partir de la correspondencia de una casa comercial barcelonesa que, cediendo al entusiasmo general, se desdobla en 1761 en una fábrica de indianas.

El 19 de marzo de 1763, la fábrica Alegre i Gibert está experimentando, en pequeñas cantidades, con la granza llegada de Castilla. Los resultados son buenos. Pero la fábrica tiene existencias de granza holandesa. Lo que le interesa son los precios; si éstos supusieran el gran ahorro previsto, los Alegre adquirirían de buen grado una cierta cantidad para volver a venderla luego, ya que el consumo de granza es grande en la ciudad de Barcelona. Según sabemos, a principios de abril ninguna de las fábricas de la ciudad se ha atrevido a superar, en relación a la granza castellana, el período de pruebas. Pero hay que esperar el éxito, intentar la aventura comercial («seguir la suerte»).

Desde mediados de este mismo mes de abril vemos ya perfilarse claramente las líneas de lo que será la circulación comercial de la granza con Castilla la Vieja. Se forma en Madrid una compañía para presidirla. De esta compañía «de hombres de comercio» se da cuenta en la Cédula del 30 de octubre. Siguiendo una inveterada costumbre, se podría caer en la tentación de atribuir a la iniciativa oficial la formación de dicho organismo comercial. Con sólo mirar las fechas, nos veríamos en la necesidad de rectificar. Es la compañía la que da lugar a la Cédula, y no a la inversa. Y la compañía es Joan Pau Canals. Cierto es que los fabricantes barceloneses se aprovecharon de los márgenes iniciales existentes entre los precios de la granza castellana y la del norte. Pero no se engañaban en absoluto: este negocio se había organizado a fin de enriquecer a «essos señores», los comerciantes asociados, que subirían los precios tan pronto como les fuese posible. Y como «essos señores», o al menos Canals, son también industriales competidores, vemos que la ambición de los Alegre es la de repartirse las ganancias o bien evitar su control. Para ello se apresuran a encargar, lo más rápidamente posible, la granza a Castilla con la esperanza de actuar como intermediarios en la propia Barcelona entre la compañía y los compradores, a la vez que se esforzaban en dar, en Madrid, la imagen de una industria potente y llena de confianza.

Entonces falta saber quién ofrece y envía esta granza a los Alegre. No lo hace la compañía directamente, sino un hombre que quizá sea miembro o agente de la compañía, pero a los ojos de los Alegre es, sobre todo, su representante comercial, el vendedor de sus mercancías.

Se trata de Valls, uno de aquellos comerciantes catalanes que empezaron a menudear por toda España y que serían los próximos conquistadores del mercado interior del país para los industriales de su patria chica. Estos hombres tienen un evidente interés en orientar la granza producida en Valladolid hacia las fábricas catalanas. En lo sucesivo, podrán pagar en granza las indianas que compran para revender. Se convierte en un doble comercio. Las cuentas se compensan directamente, evitando así los desplazamientos de especies y las complicaciones de las letras de cambio. Existe otra ventaja a la que nunca concedemos la debida importancia: el transporte de indianas consigue con la granza un flete de retorno. El 27 de abril de 1763, el «carromatero» Feliu Utasa, transportista habitual de indianas de la fábrica Alegre, vuelve de Castilla con un cargamento de granza: esto repercute en los gastos de porte.

De esta manera, se asientan las bases para el establecimiento de un provechoso comercio entre Cataluña y Castilla la Vieja. En estas circunstancias, nadie tenía el menor interés en promover en Cataluña competidores a los productores de Mojados. Y Joan Pau Canals menos que nadie. Desde Madrid, Valls impulsa las compras de granza castellana y se apresura a despacharla hacia Barcelona. Los Alegre deberán refrenar este entusiasmo. La granza holandesa, aseguran ellos, no ha perdido aún todas sus bazas; si llegara en abundancia, el margen de beneficios asegurado sobre los envíos de Valls disminuiría rápidamente; no obstante, aceptan entregas moderadas.

Tras este característico principio, la operación va a proseguir su andadura, sin cambios, durante un año y medio; la correspondencia apenas habla de ello. Pero noviembre de 1764 supone un giro crucial en este asunto. En este intervalo, los demás industriales catalanes se han dado cuenta de las ventajas que representa el intercambio indianas-granza. Son bien pocos los que no se abastecen en Castilla directamente. Esto significa que los numerosos agentes del tipo Valls (cada fábrica tenía el suyo) hicieron (y bien, por cierto) el trabajo de prospección de la «compañía». Paralelamente, los precios de la granza castellana han subido de 23 libras el quintal a 30, por lo que el beneficio del 25 por 100 que existía sobre la granza holandesa debe de haber quedado reducido a bien poca cosa. En unos veinte meses, el giro comercial ha sido completo. Puede alcanzar los dos millares de quintales catalanes. Los Alegre seguían siendo clientes de Mojados, como industriales, a razón de 12 o 13 barriles al año, de 25 o 26 arrobas cada uno. En cambio, dan por terminada su actuación como intermediarios, a medias con Valls, en la ciudad de Barcelona.

Sin embargo, bien sea porque las necesidades catalanas hubieran aumentado, o porque la cosecha castellana fuese mala, lo cierto es que Barcelona padece, por estas fechas, una escasez de granza que durará más o menos un año. Esto no habría ocurrido si la granza holandesa hubiese estado disponible para ofrecerse de nuevo en los muelles, a precios razonables; a buen seguro, el desarrollo de las industrias textiles del norte de Europa había enrarecido también el comercio de la granza. Tanto es así, que los fabricantes —los Alegre, Miarons, Canaleta, Magarola— pasan un año lleno de preocupaciones, amontonando los lienzos blanqueados sin poderlos tintar y, aunque a veces se ayuden, lo más corriente es que especulen sobre las falsas noticias y las dificultades del vecino, espiándose o jugándose malas pasadas. Los precios suben de 29 y 30 libras a 35 libras el quintal; se producen transacciones a 40 libras. «Amigo, hemos quedado ya sin una libra de granza», escribe Alegre a Valls. ¿Acaso habrá que echar a los obreros a la calle, o pagarles por no hacer nada? No se escatiman los reproches a «estos Señores interessados de la granza ...» (la compañía .de J. P. Canals) cuyas imprevisiones y disputas, unidas a la escasez de medios de transporte, debieron de provocar la crisis, además de haber subido, por su parte, los precios.

Es entonces, y sólo entonces, cuando se echa de menos una granza producida en Cataluña. EXIste, pero es granza salvaje; se hacen pruebas con desconfianza. La que llega desde Aragón es de muy mala calidad. En estos momentos, los envíos del propio Valls ya. no son ni enteramente castellanos ni de una calidad homogénea.

Es ahora cuando la Junta Particular de Comercio de Barcelona lanza el llamamiento a Canals, a fin de editar sus opúsculos en un lenguaje accesible al campesino catalán. De 1763 a 1765 no había existido esta necesidad. Y Canals, así requerido, no se apresura demasiado. Pero el cultivo de la granza no se improvisa. Si se la siembra por primera vez, hay que esperar cinco años para una cosecha. Por desqueje se puede obtener una cosecha cada dos años. Pero hace falta poseer campos de granza ya antiguos, situados junto a otros en donde trasplantarla. Lo que había sido posible en Mojados, gracias a la existencia ya tradicional del cultivo, no lo era, a corto plazo, en Cataluña. Mientras que la gualda podía insertarse perfectamente en una rotación de policultivo, la granza, por el contrario, exigía una prolongada ocupación del terreno. Tenemos la impresión de que, en Mojados, la granza fue un monocultivo especulativo, promovido por los grandes propietarios y dotado de grandes medios. Para que un sistema parecido se implantara en otros sitios, habría sido necesario que la presión de la demanda se prolongara. No obstante, a principios de 1766 la escasez de granza había terminado.

En efecto, en diciembre de 1765 surge de entre los comerciantes de la compañía una persona que parece haber superado las dificultades antes señaladas. Se trata de otro catalán, de un vendedor de indianas que actúa más cerca que los demás de la zona especializada: se ha instalado en Valladolid.

Este Vidal, que así se llamaba, parece querer monopolizar el mercado barcelonés de granza. Si triunfa, dicen los Alegre, existirá un único almacén donde todos deberán aprovisionarse. También fue el primero que se atrevió, pese a los riesgos de deterioro, a enviar la granza en sacos y no en barriles. Los Alegre, que en un principio acusaron a este afortunado competidor de poco escrupuloso con la calidad del producto que entregaba, se apresuran a imitarlo. Encargan a Valls el envío de granza en grandes cantidades, y en sacos; «si el público desconfía, piensan ellos, la metemos en barriles en Barcelona, en la fábrica, y parecerá que nunca haya estado expuesta a la humedad del viaje». Ambas partes de acuerdo en esta pequeña superchería, Valls envía cargamento tras cargamento. Se vende a 32 libras el quintal, lo que representaba entonces un precio muy bueno. Pero desde el mes de abril existe una abundancia casi excesiva:

Si el año pasado tubimos la granza de España tan escassa, parece que en este año han dado en sacarla de baxo tierra con tal abundancia, que todos estos almacenes están llenos de ella, no tan sólo de la de essas Castillas si también de la de Aragón, pero no obstante estamos observando para no perder la menor ocasión de venta ...

Empieza a cernirse la amenaza de la caída de los precios. Pronto ya no se encontrarán compradores a 31 lliures, 10 sous el quintal. Sabemos que el 23 de mayo, el siempre inquieto Vidal vende a 29 libras, mientras que en Madrid, Valls desearía mantener el principio de vender a precios elevados: de 32 a 35 libras.

Los Alegre, decididamente muy flexibles, apuestan a la vez por las dos nuevas vías.

Por una parte, siguen con interés los primeros intentos de exportación. Miarons acaba de conseguir abrir una vía hacia Inglaterra, descongestionando con ello el mercado. Alegre hace alimentar esperanzas a Valls de que, debido a esto, se mantendrán los precios altos. Se supone al mercado inglés ávido y dispuesto a pagar muy bien. Se prevé una demanda de 8.000 arrobas de granza, lo que equivale al reciente volumen de todo el mercado catalán. Esta esperanza tardará algún tiempo en confirmarse. Pero pudo servir para animar a la compañía y, tras ella, a los cultivadores de Mojados.

No obstante, a la vez que se ofrecen a Valls como intermediarios para eventuales exportaciones, los Alegre intentan, a sus espaldas primero, aunque no sin miramientos hacia él, otro negocio. Habiendo encontrado ellos en Valladolid un cliente (esta vez castellano) para sus indianas, reciben de éste ofertas por una granza recolectada directamente en Mojados, a precios un 25 por 100 inferiores a los de Valls. Ésta es una prueba de que la compañía madrileña ha tenido hasta ahora sustanciosos beneficios, a la vez que augura que pronto se verá desbordada. En efecto, mientras Ibáñez ofrece a los Alegre una granza que obtiene directamente de un campesino llamado Díaz, les informa de que: «está rodeando por estas fábricas un catalán llamado Ravella, que vive por las sercanías de Valladolid, solicitando vender una porción bastante cresida que ha trahído ...».

De esta manera, las iniciativas individuales hacen bajar los precios que los comerciantes asociados de Madrid hubieran deseado mantener; el quintal de granza ya no cuesta, a finales de 1767, más que 28 o 29 libras en la ciudad de Barcelona.

Durante un tiempo, los precios oscilan entre tarifas bastante elevadas que aún pagan algunos fabricantes, como los Gall, industriales pañeros de Terrassa, preocupados sobre todo por la calidad, y otras, extremadamente bajas, pagadas por fabricantes menos escrupulosos a vendedores aislados, muchos de ellos aragoneses.

Pero, poco a poco, la oferta irá prevaleciendo. Los campesinos de Valladolid aceptan precios cada vez más bajos: en el mes de abril de 1767 (abril parece ser el mes de abundancia de la temporada):

... continúa a llegar granza con tal abundancia que a no estarlo viendo, tendríamos por impossible que essos campos produciessen este género con tal copiocidad ...

A partir de entonces, fabricantes serios como Glòria ofrecen una buena granza por 28 libras, con seis meses de plazo; para las calidades inferiores, las transacciones más corrientes se hacen al contado y por debajo de las 23 libras.

A mediados de 1767 esta tendencia se reafirma. Las exportaciones a Londres suponen más de 30 libras por quintal. Valls, tras algunas dudas, se vuelca en este mercado. Los Alegre, por su parte, tratan de introducir la granza española entre sus proveedores de drogues del puerto de Marsella. Ibáñez, de Valladolid, se vuelve un poco más exigente en cuanto a los adelantos y comisiones que le otorgan los Alegre.

Esto no dura mucho. En el mes de julio, cuando Valls pide aún 28 libras en sus ventas a Barcelona, se le responde que en la ciudad se están ofreciendo 300 quintales de granza a 21 libras cada uno. Intenta recuperarse entonces, quitándoles a los Alegre su proveedor, Ibáñez, que ofrece la arroba castellana de granza de Valladolid a 45 reales en lugar de 60. A finales de 1767, sabemos que la granza aragonesa, ya de una calidad semejante a la castellana, impone a los cultivadores de Valladolid un nivel de precios inferior a los 50 reales por arroba. En Barcelona, vendida en las fábricas, no supera las 26 libras; en Londres sólo se obtienen 27. Los precios más comunes, confirmados por los inventarios de final de año de las fábricas de indianas, están muy cerca de las 21 libras. La cota más baja de la temporada, fechada en marzo-abril de 1768, sitúa el precio del quintal de buena calidad a 26 libras en Londres y a 20 en la ciudad de Barcelona. A finales de año, la recuperación ha sido apreciable, pero no exagerada; el inventario de Alegre coloca el precio del quintal de granza en 23 lliures, 11 sous, es decir, poco más o menos a la altura de los primeros precios fijados en 1763, en el momento de la introducción de la granza castellana.

Así pues, el éxito de la especialización en una pequeña y lejana zona había bastado para saturar el mercado catalán, exigir la exportación y llevar, de forma imparable, pese a las oscilaciones circunstanciales o de temporada, los precios a la baja. Si a todo esto le añadimos la comodidad que les suponía a los hombres de negocios barceloneses, casi todos ellos comerciantes e industriales a la vez, los intercambios bilaterales indianas-granza, debido a las compensaciones financieras y los fletes de retorno, nos explicamos perfectamente que el cultivo local de la granza no fuera ni fomentado, ni espontáneamente impulsado por ellos.

Esto no implica que no se intentase nada a este respecto. En determinados inventarios de los años en que los precios eran altos, aparece mencionada una granza de la tierra, evidentemente catalana. A finales de siglo, entre los años 1790 y 1803, una serie continua de inventarios de la fábrica Sivilla revela el uso exclusivo de esta granza regional, a precios elevados, entre 30 y 33 libras el quintal. Podría ser éste un signo de la adaptación definitiva de la agricultura catalana a esta demanda, si bien no poseemos más pruebas que lo confirmen. Al menos hasta 1790, la granza castellana no había perdido su preponderancia; el mercado había estado muy a menudo saturado; y los precios, en pleno período de alza generalizada, se habían mantenido bajos: entre 24 y 25 libras por quintal, desde 1786 a 1790. Una vez más, como en el caso de los bosques, de la ganadería o del arroz, y esta vez como contraprueba negativa, podemos observar que la evolución agrícola depende más de la coyuntura que de propagandas teóricas o prejuicios campesinos.

Contraprueba positiva: exportación y especialización

Hemos insistido voluntariamente en los orígenes comerciales de un fracaso agrícola atribuido comúnmente a la rutina del mundo rural, para demostrar que cuando el reclamo comercial y los movimientos de precios tuvieron una influencia positiva sobre la innovación, el progreso y la transformación de la agricultura, los contemporáneos lo percibieron de forma muy clara.

Al hablar de las roturaciones, nos referimos a la parte que, en las nuevas plantaciones de olivos y viñas, correspondía a las demandas del mercado: del mercado interior, en cuanto al olivo, y del exterior, en cuanto al viñedo. Pero no se trata sólo de las roturaciones. En muchos lugares, el éxito de los cultivos arbustivos mediterráneos se afianzaba en detrimento de cultivos practicados desde muy antiguo y, en especial, en detrimento de los cereales. Los reducidos rendimientos de éstos en secano y la dura carga de la semilla, para la cual había que reservar una cuarta parte de la cosecha anual, hicieron pronto preferible la producción de aceite y vino, en cuanto fueron posibles tanto el aprovisionamiento de cereales, por compras al exterior, como la salida de una producción especializada. Los cronistas del siglo XVIII no se equivocaron al enjuiciar el proceso de esta transformación.

Cultivo de árboles frutales: almendros y avellanos

Desde principios de siglo nadie ignoraba —y se repitió mucho durante el último cuarto de la centuria— que los campos de almendros y avellanos se multiplicaban con mayor o menor rapidez en el Camp, en torno a Tarragona y Reus, según la demanda, en el puerto de Salou, de sacos de almendras y avellanas hecha por los fabricantes españoles de turrón de Jijona, Alicante y Cartagena, o bien por los navíos del norte que, antes de las Navidades, se llevaban también una buena parte de la cosecha. Ya hemos visto que también el pino piñonero se convertía en un cultivo sistemático, a resultas de estas demandas. Así se iniciaban unas especializaciones agrícolas que aún perduran hoy, a mayor escala, soportando todavía las mismas crisis que entonces.

Tendencias al monocultivo vitícola

La invasión de ciertas comarques del Principat por el cultivo casi exclusivo de la viña fue también atribuido por los propios contemporáneos al desarrollo del comercio exterior. Las características y los ocasionales peligros que conlleva semejante especialización están tan claramente descritos por Ponz, al referirse a la zona de Tarragona en el Viaje, que no podemos considerar exagerado el término «monocultivo».

El campo de Tarragona, celebrado en todos los tiempos, es una llanura hacia los montes, cuya extensión es de cuatro o cinco leguas. Su cultivo, especialmente de viñas, es exorbitante. Esteban Corbera, en su Cataluña ilustrada, dice, para ponderar la abundancia de vinos, que se cogían más de cincuenta mil cargas, que ahora se puede asegurar que las dan los términos solos de Tarragona y Constantí, inmediato. Del trigo, añade ser en tanta abundancia, que no había que envidiar a La Pulla ni a Sicilia; pero de tal modo se ha variado el cultivo, que sólo el que hace papel es el de las viñas, habiéndose reducido a poco el de los trigos y aceite, y aun el beneficio de las lanas y abundancia de carnes ...

Hoy ya no se encuentran las fábricas que nombra el expresado Esteban Corbera en Alcover y Reus, villas considerables de este campo. Todo está reducido al comercio de vinos y aguardientes; de modo que Alcover, muy rico en el siglo pasado sin este género, y sólo con la industria de sus telares, es hoy miserable con una sola desdichada fábrica de estameñas. Otra sola dicen que hay en Reus, donde todo se reduce también a vinos, aguardientes y a muchas tiendas de géneros extranjeros ...

El descuido en el cultivo de granos, la errada máxima del de olivos y la predilección a las viñas trae muchos inconvenientes, y son que una larga guerra u otras razones pueden hacer que caigan, como se ha visto en la última, las extracciones de aguardientes y vinos, y siendo éstos la causa de que apenas se coja trigo para la tercera parte del año, y lo mismo aceite, puede verse toda la tierra en una suma necesidad; debiéndose añadir las contingencias de heladas y granizadas a que están más expuestas las viñas. Hubiera el aceite y granos necesarios para cada pueblo, y lo demás que fueran viñas, muy enhorabuena; pero no que lo sean todos los campos y las mejores tierras.

La sustitución de los cultivos tradicionales por la viña comenzó en el litoral durante los primeros años del siglo. Demostraremos que fue más acusada sobre todo entre 1725 y 1750. Y es hacia 1750 cuando los contemporáneos situan algunas etapas decisivas: el Discurso de 1780 fecha en una treintena de años atrás los cambios que especializaron los alrededores de Sarral y liquidaron, en beneficio de las actividades vitícolas, las fábricas de paño de Montblanc. El Penedès, menos evolucionado que el Camp, contaba, sin embargo, ya desde estos años de 1780, con aldeas bastante importantes, como Vilafranca y Vilanova, que vivían exclusivamente del vino. En Vilanova, los toneleros llegaban a fabricar hasta cien barricas diarias, debido a las necesidades de la exportación.

Resulta interesante señalar que, durante el siglo XVIII, la incómoda mediocridad de los medios de transporte terrestres no impidió que ciertas zonas del interior sintieran en su sistema agrícola los estimulantes efectos de la exportación. En los últimos decenios del siglo, pese a la multiplicación de sus recursos, la Conca d’Òdena será esencialmente vitícola, y ello se debe a que exporta su aguardiente. La cuenca de Manresa dedica a la destilación la mayoría de su cosecha, lo que le permite exportar 6.000 cargas de aguardiente al año. Zamora cita Vacarisses, en 1787, como un ejemplo de evolución muy rápida: en este municipio del valle del Llobregat, patrimonio del virrey Amat, fue introducida la «rama de los aguardientes» en 1767 por Josep Gibert y Pere Alavedra; veinte años más tarde, se cosechan ya 5.000 cargas de vino, que son casi enteramente transformadas en aguardiente para la exportación; en adelante, la vida de los campesinos dependerá por entero de la suerte de este comercio.

El triunfo de la viña es tanto más acentuado y rápido, cuanto la demanda exterior fomenta una producción masiva y no una producción limitada y de calidad. Algunos observadores catalanes, obsesionados por los peligros del monocultivo pero a la vez poco deseosos de condenar el mayor recurso de la exportación catalana, recomendaban una política de calidad, citando el ejemplo de los vinos de Jerez y de Málaga que, a menores cantidades, representaban unos beneficios más elevados. Cataluña sería capaz, decían, de producir unos muy buenos vinos de esta clase; su comercio tenía que haber apostado por ello. Cierto es que el ejemplo de la malvasía de Sitges era alentador, pues mientras el vino corriente, el clarete ordinario o el vi negre del Penedès, se pagaba a unas 5 libras la carga, los precios de la malvasía alcanzaban fácilmente las 30 o 40 libras, el doble que el aguardiente ordinario, y sin necesidad de preparación ni cuidados muy especiales. En los períodos de precios altos, alcanzará las 50 e incluso las 75 libras la carga. Los propietarios y arrendatarios de los alrededores de Sitges ven asegurarse un buen margen de beneficios. Pero un vino semejante es un don muy limitado de la naturaleza; pese a los precios y a la demanda, no es posible ampliar la producción fuera de su privilegiado territorio. Durante los últimos años del siglo, la exportación de malvasía representa, según Lipp, 200 pipas sobre un total de 53.600 de vino, siendo, por otra parte, 41.800 la cantidad de pipas de aguardiente exportadas.

Ahora bien, aparte de la malvasía no hay ningún otro vino catalán cuya exportación se rija por la calidad. Existen algunos vinos blancos y garnachas que salen hacia Flandes, el Báltico y Rusia, aunque son de mediana calidad y de sabor discutible. Nada impedía que se pudiese impulsar a voluntad su producción. De todos modos, no habrían podido competir con los burdeos en los mercados europeos.

A pesar de no ser unos «grandes vinos», los vinos catalanes se exportan. Son los resultados del monopolio colonial. Una de las reacciones más características de los colonos franceses de Luisiana, anexionada al imperio español tras el tratado de París, era su temor a que les fuera impuesto, en lugar de los vinos de Burdeos, «ese veneno de vino catalán». La expresión es dura y sólo parcialmente cierta, ya que el vino corriente que se vendía a las colonias españolas no siempre era malo. Más que de la protesta de unos consumidores refinados, parece tratarse de la propaganda de los comerciantes importadores que distribuían el burdeos en América septentrional y, si podían, de contrabando en la América española. Los «diputados de comercio de Burdeos» no parecen ajenos al desarrollo de esta oposición, pues una antigua actividad francesa estaba amenazada por la expansión del monopolio español, y ya vemos en favor de quién se ejercía dicho monopolio.

Es también la clientela de las Américas, en particular la de Nueva España, la que asegura la aceptación de los aguardientes catalanes. No es que hagan mal papel en los mercados de Londres y Amsterdam; incluso se pueden conseguir de los crudos del Priorat, fuertemente alcohólicos, unos espirituosos de calidad superior. Esto no impide que la producción corriente, a precios módicos, fluya hacia América. Se ven claramente las razones que llevaron a la viticultura del Principat hacia la producción en masa, más que hacia una especialización reducida al viñedo de calidad.

Creemos que no estaría de más incluir aquí los datos principales de Lipp acerca de la localización de los cultivos y las cantidades de vinos y aguardientes exportados en un año medio. Cierto es que se trata únicamente de estimaciones, y aun de estimaciones estáticas, válidas sólo en líneas muy generales para los últimos años del siglo, aunque con un interés geográfico nada despreciable, pues nos permiten establecer las relaciones entre el éxito de la viticultura y el comercio exterior.

El grupo de los vinos de exportación del Empordà se divide en dos categorías y varias calidades. Los vinos del Cap de Creus son «oscuros, de buen sabor, y tienen cuerpo»; en el apartado de la calidad (sabor y cuerpo), Lipp coloca los vinos de Cadaqués por encima de los de Llançà, y éstos antes que los de La Selva. Estos vinos tintos se exportan hacia Génova, Niza y Livorno, a razón, en un año normal, de 2.500 pipas de cuatro cargas para La Selva, 3.500 para Llançà y 2.500 para Cadaqués, que además produce una pequeña cantidad de garnatxa blanca. Las exportaciones del Cap de Creus serían, por tanto, del orden de 25.000 hectólitros, cifra que no volverá a conseguir en los siglos XIX ni XX.

Los demás vinos ampurdaneses vienen de Roses y Begur. Pero los viñedos de Roses están en el llano y los de Begur en la arena, por lo que su producción, del mismo tipo que la del Cap de Creus y de un sabor análogo, no tiene ni el mismo color ni el mismo grado. A pesar de todo, Roses exporta 2.500 pipas y Begur 800. Además, se fabrica algo de aguardiente en ambas localidades. En un año normal, Roses lo produce por sí sola regularmente y exporta unas 300 pipas.

A todo lo largo de la costa de Levante sabemos que la viña ha experimentado un progreso, tanto en la arena de las playas como en las colinas más rocosas. En Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret, Blanes, Malgrat, Calella, Pineda, Sant Pol, Canet, Arenys de Mar y Caldetes, se produce «una variable cantidad de vinos claretes de bastante buen sabor y de mediocre graduación, cuya exportación no es muy considerable». Además, las colinas existentes entre Mataró y Barcelona dan un vino de poco grado, pero de buen sabor. Estas cantidades son perfectamente absorbidas por la capital, pues su término municipal y el conjunto de su partido sólo alcanzan a cubrir una pequeña parte de sus necesidades. Sin embargo, en los alrededores de Mataró y, sobre todo, de Llavaneres, la calidad de los vinos es netamente superior; son «exquisitos, ni demasiado dulces ni demasiado secos, con color, sin ser demasiado oscuros, los más adecuados para la mesa de la gente acomodada y, en consecuencia, muy buscados». Aunque también sea posible la exportación de estos vinos, ésta sólo es importante en época de abundancia, pudiendo alcanzar las 3.000 pipas. Barcelona consume el resto. En Mataró se fabrica también algo de aguardiente, pero sólo se exportan entre 200 y 300 pipas.

La conclusión que resulta de esta primera parte de la descripción de Lipp es que la Cataluña oriental, es decir, de Barcelona a la frontera, produce, en especial, vino de mesa de mediana calidad, aunque no despreciable, que este vino se consume casi exclusivamente en el mercado interior y que la fabricación de aguardiente es escasa. La misma ciudad de Barcelona destila poco; su gran puerto sólo exporta unas 2.000 pipas de aguardiente allende los mares, lo que no es una cifra a su altura. Lo que sorprende es el predominio de los puertos locales en la exportación y también la hegemonía vitícola del oeste, cosa que vamos a analizar seguidamente.

En efecto, en la costa de Poniente, salida natural del Penedès y del Camp, entramos en una zona ya plenamente especializada.

Sitges exporta ella misma sus 200 pipas de malvasia, a las que se le añaden 1.000 pipas de vino tinto corriente y 100 de unos vinos blancos llamados xarello y macabeo, que gozan de cierta reputación.

Vilanova comunica con el Penedès: aquí se cosechan también el xarello y el macabeo. Son éstos unos vinos que llegan a venderse hasta en Rusia y el Báltico, pese a los defectos que señala Lipp. Las colinas de Ribes dan el mejor vino de la comarca: «oscuro en color, de un sabor limpio y exquisito, y con los grados justos»; por sus características de conservación, es el producto de exportación por excelencia hacia Rusia y América del Norte. Los crudos del llano, de Cubelles y los alrededores de Vilanova, son menos exquisitos y menos fuertes. La venta al extranjero de vino tinto, desde Vilanova, representa un total de 8.000 a 9.000 pipas al año, a las que hay que añadir las 300 pipas de macabeo y xarello. Pero aquí las exportaciones de aguardiente alcanzan una cifra casi tan elevada como las de vino: de 6.500 a 7.000 pipas.

Existe otra playa que sirve de salida al Penedès vitícola: la de Sant Salvador, que es el puerto del Vendrell; aquí el vino es «clarete en color, seco en sabor y de graduación moderada», y según estimaciones de Cádiz, es decir, en el comercio colonial, dan entre 4.500 y 5.000 pipas a la exportación (más de 1.500 de aguardiente).

Por el contrario, los pequeños puertos de Torredembarra y Altafulla, en los confines del Penedès y del Camp, embarcan más aguardiente que vino: de 400 a 500 de éste, parecido al del Vendrell, y 2.000 pipas de aguardiente.

Resumiendo, el volumen de producción que el Penedès envía fuera de España asciende a 58.000 cargas de vinos diversos y 40.000 de aguardiente.

Las exportaciones del Camp de Tarragona son cuando menos el doble, con predominio de los aguardientes. De éstos, se embarcan 2.600 pipas de cuatro cargas en la propia Tarragona, y de 20.000 a 25.000 en el puerto de Salou. Salou comunica con Reus, que debe únicamente a la viticultura su importancia como capital comercial.

A su mercado del lunes, que fija hasta los precios de América, «acuden los fabricantes de aguardiente de todos los pueblos de alrededor a vender sus licores, que son los más apreciados de toda Cataluña». Y con ellos, los negociantes barceloneses y extranjeros. Importantes empresas de exportación se establecen allí de forma permanente.

Pese a este carácter comercial, unido al carácter industrial que le confiere la existencia en cada pueblo de verdaderas «fábricas», la economía del aguardiente sigue siendo un hecho rural, campesino. Qué duda cabe de que el viticultor se ve obligado a dejar una parte importante de los beneficios augurados por su cosecha en manos de los poderosos intermediarios y fabricantes, sus clientes directos; pero este sistema es ya algo habitual para él. Le da para vivir. Desde mercados tan lejanos y desconocidos como Veracruz o Cartagena de Indias, se regula el ritmo de afluencia de los pedidos; pero el viticultor tiene fijos los ojos en Reus. Es allí donde se ventilan tanto sus esperanzas como sus desgracias. Es imposible afirmar aquí, como hemos hecho en el caso de Francia y como quizás ocurra en la Cataluña oriental, que para el campesino, el destilar aguardiente en su propia granja es sólo un recurso, algo que le permite salir del paso cuando el vino no se despacha a tiempo. En efecto, existen pueblos enteros, como es el caso del llano que rodea La Canonja y Vilaseca, donde todo el vino que se cosecha, ligero de color y sin grado, se transforma en aguardiente, con la sola excepción del destinado al reducido consumo local.

Bastante más lejos de la llanura litoral, en las primeras colinas, se cosechan unos muy buenos vinos, destinados —aunque no totalmente, sí la mitad de ellos— a la fabricación de aguardiente. Si bien es verdad que este aguardiente es de una calidad superior. Son los límites de lo que hoy se denomina «el Priorat», con los vinos de Riudecols, Riudecanyes y Gratallops, densos, generosos, dulces, de excelente sabor y un grado alcohólico excepcional. De 20.000 a 25.000 pipas de estos vinos, especialmente generosos, salen hacia Italia, Rusia («el norte») y América, como vinos de mesa o de mezcla. A ello se le añaden algunos centenares de pipas de garnatxes y vinos blancos de Valls, de bastante renombre. Se han creado muchos vínculos entre el futuro económico del campesino y los éxitos lejanos del «comercio» de Reus.

Si consideramos que, en 1799, España exporta el 60 por 100 de los aguardientes que produce y que, sobre las 1.462.306 arrobas exportadas, el aguardiente catalán representa prácticamente un millón, y si a esto le añadimos que en el caso del vino, pese a la presencia y renombre de los vinos castellanos y andaluces, sólo las exportaciones catalanas al extranjero, sin contar sus mercados tradicionales de la América española, alcanzan el 30 por 100 del conjunto de las exportaciones nacionales, y si tenemos en cuenta, por último, el aplastante dominio, en el interior mismo del Principat, del Penedès y el Camp en el terreno de la viticultura de exportación, podemos deducir entonces que estas dos pequeñas comarcas, sobre todo la segunda, han alcanzado ya, próximo el año 1800, un tipo de especialización comercial cercana al monocultivo. Igual que en el caso del policultivo intensificado por regadío, estamos ante un claro ejemplo de modernización dentro de la agricultura catalana del siglo XVIII.

El olivo y la demanda interior

El olivo no presenta un caso tan evidente de especialización. No es que fuera impensable un cuasi monocultivo del olivo, por influencia de un brusco crecimiento de la demanda exterior y una rápida alza de los precios. Éste sería, dentro de la propia España, el origen de los olivares de Jaén, en el siglo XVI. También en las Baleares, las grandes extensiones de olivares son una parte característica del paisaje.

Sin embargo, no encontramos nada parecido en Cataluña a lo largo del siglo XVIII. El aceite ya no es un producto que se exporte lejos con unos beneficios suficientes. Por el contrario, es el Principat, y en especial Barcelona, quien se reserva gran parte del aceite producido en Mallorca. La capital consume mucho y vive en el temor de la falta de aceite. Además, Cataluña dista mucho de pertenecer por entero al área geográfica del olivo, y ya hemos visto el importante papel que desempeñan en las relaciones interregionales las necesidades de aceite. Por otro lado, el árbol tiene sus lugares preferidos; no nos atrevemos a hablar de «crudos», pues no sabemos qué parte hay que atribuirle, por ejemplo, en la probada superioridad del aceite de Olesa, al pie de Montserrat, a la calidad del terreno y cuál a la tradición de un buen refinado. De todos modos, el curso medio del Llobregat, entre Manresa y Esparreguera, es un lugar favorecido. Las demás áreas tradicionales del olivo (de menor calidad, pero esta vez de producción abundante) están en los dos extremos del Principat: el Empordà y las riberes del Ebro y del Segre. A menudo se cita el «aceite de Tortosa» ya que, en efecto, es en los alrededores de Tortosa donde el olivo domina con más amplitud el horizonte. Pero no existe monopolio. Conviene no olvidar «los muchos millares de olivos, distribuidos en pequeñas partidas, que se hallan en todos los pueblos en donde prueba un árbol».

Cabe preguntarse si el poderoso impulso del consumo interior, probablemente acentuado a lo largo del siglo XVIII por el crecimiento de la población, se limitó sin embargo a multiplicar los árboles así dispersos y a confirmar las posiciones ya adquiridas del Empordà, Olesa y Tortosa, o bien, si en el siglo XVIII se progresa en el sentido de las vocaciones ya apuntadas del Urgell, en la Edad Media, o de las Garrigues, hoy, que se revelaron capaces de hacer del olivo un elemento esencial de su economía agrícola.

La respuesta es ciertamente positiva. Poseemos a estos efectos un dato concreto: la lista de los «establecimientos» reales referidos a los molinos de aceite, los cuales, escasos durante la primera mitad del siglo, frecuentes a partir de 1764, se multiplican en la última década del siglo localizándose, casi exclusivamente, en las comarcas de las Garrigues, la Segarra, el Urgell y Lérida.

Hay signos de estancamiento en la primera mitad del siglo: en Sarral hasta 1731 no son construidos los molinos de aceite públicos proyectados en 1718. No existe ninguna concesión de molinos de aceite hasta los años 1750 y 1752. Pero en 1764 se edifican tres: en Cervera, en Lérida y en Sant Pere dels Arquells, un pueblo de la Segarra; en 1767, uno en La Canonja, en el Camp, otro lejos, en la montaña, en Erill la Vall, pero un tercero de nuevo en la Segarra, en la Figuerosa; en 1768, un gran molino de cuatro prensas en Lérida, y otro en Tàrrega; en 1769, en Agramunt; en 1773, en Balaguer, en la Pobleta de la Granadella y otra vez en Lérida; en 1774, dos en Guissona; en 1775, uno en Cardona; en 1776, uno en Falset. Las aldeas aisladas también construyen sus molinos de aceite: en 1779, Castellvell d’Olius, en el Solsonès; en Torrada, aldea de Farfanya, en 1780. A veces, las grandes villas del centro de Cataluña se unen al movimiento: Sant Feliu de Codines, en 1783, a la vez que Alcarràs; Manresa, en 1784, al mismo tiempo que Puiggròs, en el Urgell. Pero es sobre todo Lérida la que multiplica las prensas de aceite: en 1784, 1788 y 1790, a la vez que se entabla una larga discusión entre concesionarios privados de molinos públicos, molinos municipales y propietarios que ofrecen sus prensas particulares a los demás cosecheros. En 1791, y todavía en Lérida, se solicitan tres nuevas concesiones públicas que son denegadas, en principio, por el intendente, alegando que le parece excesiva esta abundancia de instalaciones. Pero esta abundancia debe de estar justificada porque él mismo concede, en 1792, seis «establecimientos» sólo para la ciudad de Lérida, dos a Alcoletge, varios a Les Borges Blanques y uno a Pira. Esto va seguido por un molino de dos cubas en Les Borges y otro en Mas de Bondia. En Juneda, en 1796, una compañía formada por cuatro propietarios monta un molino público de reconocida utilidad, pese al número de prensas ya existentes. En Sarroca, este mismo año, un rico propietario solicita permiso para poner su molino al servicio del pueblo, cuya cosecha de aceituna crece sin cesar. En 1797, es el propio concejo municipal el que pide autorización para construir uno. Las últimas concesiones del siglo se sitúan en Privà, Sunyer, Artesa y La Granadella. En los documentos referentes a Artesa se insiste en la conveniencia de seguir construyendo pese al elevado número de molinos privados que ya están en funcionamiento.

También los registros del Patrimonio corroboran concretamente las impresiones de los viajeros, a propósito del florecimiento y localización de una verdadera industria rural del aceite; según Zamora, el número de prensas de aceite en Lérida habría pasado de 7 en 1750 a 65 en 1789; en Arbeca, los dos molinos poseen, respectivamente, 14 y 6 prensas.

Pero hay que subrayar que estos grandes molinos públicos, los únicos cuya edificación está consignada en los archivos del Patrimonio, sólo tratan una pequeña parte de las aceitunas que produce la zona. Las mismas concesiones lo señalan mediante las reiteradas alusiones a la multiplicación de los lagares de aceite estrictamente privados. En particular, para las comarques en las que domina la masía, el progreso de la producción de aceite no consta en los documentos públicos. En el conjunto del Principat, dicho progreso se presenta bajo dos formas diferentes: como un elemento del policultivo de las grandes masías, en el este, y como una ya muy notoria especialización en los pueblos importantes situados entre la Segarra y el Segre.

El crecimiento final de la producción es un hecho que no deja lugar a dudas. Pero queda la cuestión de si fue un movimiento regular, uniforme o, por el contrario, fue irregular, sufriendo repentinos avances y retrocesos. Algunos ejemplos nos muestran que los contemporáneos parecen especialmente sensibles ante el interés del oleicultor por la coyuntura.

Justo a principios de siglo, durante el gran impulso de prosperidad que precede a la guerra de Sucesión, Aparici señala el creciente interés de los grandes propietarios del Vallès por la producción de aceite.

Por el contrario, hacia 1725-1730, cuando los precios se han estabilizado, el campesino catalán se conforma con la cosecha que le aseguran los viejos olivos; sólo algunos comerciantes están interesados en el doble tráfico, aunque muy limitado, que consiste en importar el aceite mediocre de las Baleares y exportar los aceites catalanes de calidad.

Con 1760, llega la época de las grandes alzas de precios y se advierten dos consecuencias opuestas de estas subidas: se multiplican los molinos de aceite en la Segarra y el Segrià, mientras que en el Penedès, pero sobre todo en el Camp, los beneficios que dan los vinos y aguardientes hacen peligrar incluso la existencia misma del olivar. Townsend y Ponz, informados in situ y, según todos los indicios, por diferentes fuentes, están de acuerdo en admitir que, cuando el gran auge de los aguardientes, los propietarios de olivos quemaron sus viejos árboles para ofrecérselos como leña a los destiladores de vino.

Cierto es que ambos autores discrepan sobre lo sucedido a continuación. Townsend opina que estos olivos no fueron reemplazados, pese a la crisis vitícola de los años 1780-1789. Ponz parece estar mejor informado. Señala primero la influencia, para él decisiva y que seguramente es importante, de la escasez de aceite sufrida en 1772 por todo el Principat. Tras esta escasez, afirma, los olivos dispersos han aumentado de número casi en todos sitios. Por nuestra parte y a partir de esta fecha, hemos comprobado también la existencia de un compacto agrupamiento de concesiones de molinos. Conclusión: al presentarse la crisis de la viticultura, el olivo debía de haber reconquistado ya sus posiciones en el Penedès y el Camp. Esta afirmación de Ponz nos provoca, en principio, cierta desconfianza, ya que no es presumible creer que el propietario, al plantar o replantar el olivo, abrigue la esperanza de una inmediata primera cosecha, y de no ser así, esta solución no sería válida ante una crisis súbita y momentánea. Ahora bien, Ponz especifica que:

Si bien replantado [el olivo] a proporción [de los árboles arrancados], parece que no han tenido otra mira que la de lograr fruto temprano, y es el que dan los olivos llamados aquí arbequins, que a los veinte años ya dejan de darlo; sin embargo, los han preferido a los antiguos y propios de la tierra, sólo porque tardan más en producir y sin considerar a su larguísima duración.

En la época de la encuesta de Zamora, los nuevos planteles de la Cataluña occidental son también de «arbequinos»; la prisa por producir parece ser algo característico en todas partes.

En 1792 nos encontramos con una última fecha crítica. En noviembre de este año, el Diario de Barcelona publica una controversia muy instructiva y del estilo que, por lo demás, será habitual en la publicación. Un partidario de las innovaciones agronómicas, teórico y lector de revistas extranjeras, afirma que la escasez y el alto precio del aceite de oliva es una consecuencia de la rutina y de la ignorancia. Un escribano, quien para no ser menos erudito cita a su vez a los agrónomos franceses, le responde devolviendo la controversia al terreno de los hechos. Se aconsejaba extraer aceite de las pepitas de uva, sin valorar antes el rendimiento de la operación, a partir de los precios de la mano de obra rural catalana, pueblo por pueblo. Existía también un desconocimiento del uso reservado a los residuos de la vinificación, que generalmente se empleaban como abono. Se acusaba al agricultor catalán de incapacidad, tanto técnica como de iniciativas, sin haber visitado antes los molinos de Arbeca, que funcionaban desde el invierno hasta mitad de junio. Nuestro polemista podía haber añadido, como ya sabemos, que, sólo en el año 1792 —un año récord—, entre las ciudades de Lérida y Les Borges sumaban diez demandas de apertura de nuevos molinos de aceite.

Por lo tanto, seguía diciendo el autor del artículo, no era que la producción no avanzara, sino que el consumo exigía realmente cambios demasiado rápidos. La iluminación de Barcelona representaba, por sí sola, 195 cargas de aceite al año. Por su parte, los artesanos de la capital, al acabar su trabajo muy entrada la noche, consumían cantidades cada vez mayores de combustible; también influían en la demanda las fábricas de paño y las de jabón para América. Así, con razón, la atención se centraba en las nuevas necesidades de aceites de quemar, de calidad inferior, pero con el que había que hacerse, no obstante, mientras que el aceite de mesa era reclamado por una población creciente.

Pero el artículo se negaba a entrar en otro aspecto de la controversia: el de qué producción era mejor impulsar para el agricultor —desde un punto de vista económico—, si la de vino o la de aceite. El tono mismo de la negativa a hablar de este tema indica que se trataba de un problema constantemente planteado y discutido, y no por teóricos economistas, sino por los cultivadores, los propietarios.

Nos vemos obligados, una vez más, a reconocer hasta qué punto evoluciona y se adapta ante las condiciones del mercado la economía agrícola catalana del siglo XVIII. Sus contactos con el gran comercio y con la naciente industria le confieren algunos rasgos extraordinariamente modernos. Dicha observación sugiere, a la vez, que tan sólo con un análisis del movimiento de los precios agrícolas —si es que resulta posible emprenderlo— se verán esclarecidos numerosos puntos que han quedado oscuros dentro del panorama de la actividad rural que hemos intentado ofrecer.

Apéndice

MAPAS Y FIGURAS

Los originales franceses de estos mapas han sido realizados en el Laboratorio de Cartografía (E.P.H.E. VI), bajo la dirección de M. C. Lapeyre, por M. T. Gambin, M. Lorant, M. J. Récurat i M. Vogel.

Notas

* La mejor fuente biográfica sobre Vilar, hasta 1945, son sus recuerdos, dictados a Rosa Congost, en Pierre Vilar, Pensar históricamente. Reflexiones y recuerdos, Barcelona, Crítica, 1997. Complementariamente, el libro que Rosa Congost ha construido a partir de las cartas familiares de Vilar, Les lliçons d’història. El jove Pierre Vilar, 1924-1939, Barcelona, L’Avenç, 2016.

* Bernard Vincent, «Le séminaire parisien de Pierre Vilar», en Benoit Pellistrand, ed., La historiografia francesa del siglo XX y su acogida en España, Madrid, Casa de Valázquez, 2002, pp. 217-222.

* Pierre Vilar, Croissance comparée des puissances économiques au XXe siècle, cours 1970-1971, texto policopiados.

* La más completa compilación de la bibliografía de Vilar es la elaborada por Rosa Congost y Núria Sales, que se publicó en la revista Recerques, nº 23 (1990), pp. 203-219.

* Pierre Vilar, «Marxisme et histoire dans le developpement des sciences humanines», en Studi Storici, I (1960), nº 5, pp. 1008-1043.

** Vilar, Iniciación al análisis del vocabulario histórico, Barcelona, Crítica, 1980, p. 43.

* Pierre Vilar, «Demografía y modo de producción», texto policopiado de una intervención en el «Seminario “Modos de producción y dinámica de la población”», Cuernavaca, México, 24-28 de abril de 1978.

** Vilar recurre con mucha frecuencia a la utilización de la historia comparada. En una ocasión me explicaba que Lucien Febvre le decía: «¿Conoce algún tipo de historia que no sea en realidad historia comparada?».

* Ver los mapas, pp. 688-693.

* Cf. versión íntegra, t. I, cuadros de las pp. 302-303, 307-308 y Atlas pl. 29-31.

* Ver los mapas, pp. 682-687.

* Financieros que, en la Francia del Antiguo Régimen, tomaban en arriendo la percepción de los impuestos del reino. (N. del t.)

* Reproducido en la edición original francesa (S.E.V.P.N., París, 1962) y en la traducción catalana (Edicions 62, Barcelona, 1964-1968). (N. del e.)

* Reproducido en la edición original francesa (S.E.V.P.N., París, 1962) y en la traducción catalana (Edicions 62, Barcelona, 1964-1968). (N. del e.)

Cataluña en la España moderna. Vol. 1

Pierre Vilar

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La edición original íntegra fue publicada por la VI Sección de la École Pratique des Hautes Études, S.E.V.P.E.N., París, 1962, con el título La Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales.

© 1977, Pierre Vilar, París

© de la traducción, Joaquim Sempere y Laura Roca, 1978

© del diseño de la portada, Planeta Arte & Diseño

© de la imagen de la portada, Andreu Gual- Getty Images

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