Esta obra magistral profundiza en la historia de Europa desde el final de la Guerra Fría hasta hoy. A medio camino entre el estudio de historia contemporánea y el análisis político, Perry Anderson examina la historia de la Unión Europea, la historia de los países continentales que conforman su punto de partida y su posterior expansión hacia el este. Inicia su ensayo con un brillante análisis sobre los orígenes y consecuencias de la integración europea desde la Segunda Guerra Mundial y sobre cómo esta se teoriza hoy desde diferentes disciplinas. Después se traslada a acontecimientos más detallados del desarrollo político y cultural de tres de los principales Estados del Mercado Común original: Francia, Alemania e Italia. La tercera parte explora las historias interrelacionadas de Chipre y Turquía, que plantean un desafío político de primer orden para la Unión. El libro finaliza con un agudo estudio de las ideas que han dado cuerpo a Europa desde la Ilustración hasta el presente y con un ensayo sobre el rumbo que el futuro depara a la Unión Europea. Crítico examen de la trayectoria del poder europeo posterior a la Guerra Fría y del progreso vacilante hacia la integración social y económica, en él Perry Anderson señala las conexiones entre la expansión hacia el este de la Unión Europea, la política exterior en gran medida subordinada a Estados Unidos y el rechazo popular de la Constitución Europea.

Perry Anderson

El nuevo viejo mundo

ePub r1.0

diegoan 22.04.2020

Título original: The New Old World

Perry Anderson, 2009

Traducción: Jaime Blasco Castiñeyra

Editor digital: diegoan

ePub base r2.1

Para Alan Milward

Agradecimientos

Las primeras versiones de los ensayos que forman este libro se publicaron en London Review of Books: «Orígenes», 4 de enero y 26 de enero de 1996; «Resultados», 20 de septiembre de 2007; «Francia (I)», 2 de septiembre y 23 de septiembre de 2004; «Alemania (I)», 7 de enero de 1999; «Italia (I)», 21 de marzo de 2002; «Italia (II)», 26 de febrero y 12 de marzo de 2009; «Chipre», 24 de abril de 2008; «Turquía», 11 de septiembre y 25 de septiembre de 2008. «Alemania (II)» se publicó en New Left Review 57, mayo-junio de 2009. Una primera versión de «Teorías» se convirtió en una Max Weber Lecture que dicté en el European University Institute en 2007.

Son muchas las personas que me han ayudado a escribir este libro. Me gustaría agradecer a mis editoras de la London Review of Books y la New Left Review, Mary-Kay Wilmers y Susan Watkins, sus críticas y consejos; y también a mis amigos Sebastian Budgen, Carlo Ginzburg, Serge Halimi, Çağlar Keyder, Peter Loizos, Franco Moretti, Gabriel Piterberg, Nicholas Spice, Alain Supiot, Cihan Tuğal; y en particular a Zeynep Turkyilmaz, pues sin su ayuda no podría haber escrito de forma adecuada sobre Turquía.

Como las circunstancias no me permitieron colaborar en un volumen en honor de Alan Milward, he querido dedicarle este libro a su memoria, aunque sea tan distinto de los suyos. Fue su obra, a la que he expresado mi admiración en estas páginas, la que me impulsó a escribir sobre Europa.

Prefacio

Cuanto más avanzado se encuentra el proceso de integración, más difícil resulta escribir sobre Europa. La Unión que hoy en día se extiende desde Limerick hasta Nicosia ha dotado al continente de un marco institucional famoso por su complejidad, común a todas las naciones que la componen, que distingue a esta parte del mundo de cualquier otra. Esta estructura es tan original y, en muchos sentidos, tan imponente, que el término «Europa», en su acepción actual, se suele emplear únicamente para aludir a la Unión Europea, como si ambas expresiones fueran intercambiables. Pero no lo son, por supuesto. La diferencia no tiene tanto que ver con aquellos rincones dispersos del continente que todavía no se han incorporado a la Unión, como con la inextricable soberanía y diversidad de los estados-nación que ya forman parte de ella. La tensión que existe entre los dos planos de Europa, el nacional y el supranacional, genera un peculiar dilema analítico que tiene que afrontar todo intento de reconstrucción de la historia reciente de la región. El motivo de esta tensión podría describirse de la siguiente manera. Por inaudito que parezca desde el punto de vista histórico, es indudable que la UE es un sistema político con efectos más o menos uniformes a lo largo de su jurisdicción. Sin embargo, en la vida de los estados integrados en este sistema la política sigue siendo en su inmensa medida interna. Mantener ambos planos dentro del alcance de un mismo enfoque es una tarea que de momento nadie ha logrado llevar a cabo con éxito. Europa, en ese sentido, parece un objeto imposible. No es de sorprender que la literatura que ha generado se suela dividir en tres categorías aisladas: los estudios especializados sobre el complejo de instituciones que forman la UE; las historias o estudios sociológicos generales del continente desde la Segunda Guerra Mundial, en las que, en el mejor de los casos, solo se habla de la Unión esporádicamente; y las monografías nacionales de diversa naturaleza, la categoría más extensa, con diferencia.

Sin duda, llegará un día en que se supere esta dificultad. Pero, de momento, parece ser que solo se puede llegar a un arreglo provisional. La solución que hemos adoptado es discontinua. El libro está compuesto por una sucesión de ensayos. En la primera parte se analiza el pasado y el presente de la Unión tal como la concibieron sus fundadores y la modificaron sus sucesores; cómo ha adquirido su estructura actual, y la conciencia pública y los modelos académicos —bastante característicos— a los que ha dado lugar. La integración europea se estudia como un proyecto cuyas metas y prácticas económicas —que constituyen la inmensa mayoría de sus actividades— siempre han ido encaminadas, en distintas direcciones, a la continuación de la política por otros medios. A pesar de que se ha desmentido en muchas ocasiones, esto es tan cierto hoy como lo era en la época del Plan Schuman.

La segunda parte del libro se centra en el plano nacional. Estudiaremos los tres países más importantes de los seis que firmaron el Tratado de Roma: Francia, Alemania e Italia. La población de estos países representaba el 75 por ciento del total de la Comunidad Económica Europea que surgió de este pacto. Históricamente, se puede considerar que forman el núcleo central del proceso de integración. Francia y Alemania fueron las potencias que impulsaron y supervisaron desde el principio este proceso, y lo han seguido haciendo hasta nuestros días. Italia desempeñó un papel menos importante que Bélgica o los Países Bajos en la creación y en los primeros años del Mercado Común, pero llegado el momento contribuiría de un modo decisivo en el rumbo que tomó la Comunidad ampliada. Además de ser las economías más importantes y los estados más populosos de la Europa continental, Francia, Alemania e Italia poseen, de común acuerdo, la historia intelectual y cultural más rica. La estructura que ha adoptado la política en estos países es inseparable de esa historia, y al analizar su evolución he intentado ofrecer un bosquejo del escenario cultural en el que se han desarrollado los acontecimientos en los últimos veinte años o más. De lo contrario, sería prácticamente imposible captar la textura de la vida nacional, que escapa al integumento burocrático de la Unión. En los últimos años, estos tres países han sido el escenario de importantes acontecimientos, diferenciados e independientes de la evolución de la UE. Alemania ha experimentado una metamorfosis después de la unificación. Italia ha asistido a la quiebra de una República y a la rápida involución de otra. Francia ha sufrido la primera crisis de confianza desde la reorganización nacional de De Gaulle. Tales cambios impiden un análisis uniforme y, por tanto, en los capítulos dedicados a cada país se utilizan enfoques distintos.

Aunque París, Berlín y Roma son los gobiernos que ocupan el lugar más prominente en las cumbres europeas —los únicos estados continentales que pertenecen al G-7—, no representan ni mucho menos, ni siquiera por poderes, a la Europa occidental de después de la Guerra Fría. No me arrepiento de haber dejado a Gran Bretaña fuera de este estudio. Desde el fin del mandato de Thatcher, su historia ha tenido poca trascendencia. Pero sí me habría gustado analizar el caso de España, cuya modernización, a pesar de su relativa placidez, ha sido uno de los rasgos más importantes del periodo. Tampoco habría estado de más repasar la situación de otros estados pequeños del territorio europeo, pues siempre he pensado que el tamaño no guarda relación alguna con el interés, y por eso lamento no haber incluido a Irlanda, uno de los países donde me crie. Si bien el espacio —y, hasta cierto punto, también el tiempo— han dictado estas limitaciones, el principal obstáculo que me ha impedido acometer un análisis exhaustivo del plano nacional ha sido, como es natural, el conocimiento. ¿Cómo aspirar a presentar un estudio aceptable de los 27 estados que forman la Unión? Este espinoso problema se agrava todavía más en el caso de los países de la Europa del Este, por la barrera lingüística y la mayor escasez de documentación, obstáculos a los que hay que añadir un rasgo característico de los estados de esta región: como forman un compacto grupo de naciones con una envergadura muy similar, una hipotética selección resultaría una decisión más arbitraria. Esto no se ha traducido, sin embargo, en una falta de atención. La liberación del comunismo ha generado, por el contrario, una ingente bibliografía, y lo mismo se puede decir de la incorporación de estos países a la UE, un proceso en marcha considerado, con razón, uno de los principales logros de la Unión.

Este campo está ya tan trillado que es mejor mirar todavía más hacia el Este, hasta llegar al confín más remoto de la Unión actual, y examinar la eventual ampliación hacia Asia. Por consiguiente, la tercera parte de este libro está dedicada a Chipre, que entró en la Unión en 2004, y a Turquía, cuya candidatura a la incorporación se aceptó dos años después. La diferencia de tamaño entre estos dos países es abismal: Chipre tiene menos de un millón de habitantes, y Turquía, con más de setenta millones, pronto desbancará a Alemania como Estado más populoso de la Unión. Aunque la relación entre estos dos estados es uno de los puntos más urgentes y conflictivos en la agenda de la ampliación de la UE, la candidatura de Turquía representa el mayor desafío que «Europa», definida como la Unión, tendrá que afrontar en el futuro. La magnitud de esta empresa es de un orden muy distinto al de la absorción de los países agrupados en torno al antiguo COMECON. Pero la naturaleza exacta del desafío se ha aireado mucho menos. La razón no es difícil de adivinar. La integración de los antiguos países comunistas no contradice ninguna de las ideas imperantes en la Europa occidental; de hecho, si tomamos en consideración todos los factores, la realidad parece confirmarlas en gran medida. Por el contrario, el destino de Chipre y el influjo de Turquía plantean a la buena conciencia de Europa una serie de incómodas preguntas, que la opinión establecida —la oficial y la de los medios de comunicación— ha reprimido. Más abajo veremos hasta qué punto resultan incómodas estas preguntas. Desde el punto de vista histórico, la luz que proyecta esta nueva Cuestión Oriental sobre la imagen que la Unión tiene de sí misma es similar a la que arrojaba la antigua Cuestión Oriental sobre el Concierto de Europa.

Para examinarla, he abarcado un intervalo temporal más amplio que en la segunda parte del libro, y me he centrado de un modo más exclusivo en la historia política de las dos sociedades afectadas. Los antecedentes generales de la historia más reciente del trío de potencias europeas occidentales se pueden dar por supuestos en gran medida, como sucede con tantos otros conocidos episodios del siglo XX. Esto no sucede en el caso de Chipre ni en el de Turquía, cuyo estudio exige una reconstrucción más amplia del modo en que ambos estados han evolucionado hasta llegar a la situación actual. Esta decisión no tiene nada de sorprendente y por eso no me detendré más en ella. Más discutible es la combinación de un intervalo temporal más restringido con un enfoque más amplio en el análisis de Francia, Alemania e Italia. La historia contemporánea nunca se puede considerar del todo verdadera, dada la ausencia de archivos y la falta de perspectiva. Todo intento de comprender la sociedad moderna a lo largo de dos décadas, a bocajarro, es inevitablemente precario. Los peligros de los coupes d’essence que condena la tradición francesa son evidentes, y soy consciente de haberlos corrido. Las simplificaciones y los errores derivados de este planteamiento, y también los de la ignorancia elemental y los juicios equivocados, serán corregidos por otros a su debido tiempo. Aunque he escrito estos ensayos a lo largo de una década, todos ellos vieron la luz en una coyuntura diferente, y llevan la impronta de la situación del momento. Los he corregido relativamente poco, pues he preferido presentarlos como testimonios y reflejos de su época. Al principio de cada ensayo figura la fecha en que fue concebido.

El elemento que confiere unidad al periodo de estudio y establece los parámetros del libro es el ascendiente del neoliberalismo. Históricamente, se puede considerar que hay dos grandes cambios de régimen que lo definen. El primero tuvo lugar a principios de los ochenta, con la llegada al poder de Thatcher y Reagan, la posterior liberalización de los mercados financieros y la privatización de industrias y servicios en Occidente. El segundo, a principios de los noventa, fue la caída del comunismo en el Bloque Soviético, que vino seguida de la ampliación del liberalismo hacia el Este. Este doble vórtice alteró la forma de la Unión Europea y todos los países integrados en ella tomaron nuevos rumbos. El modo en que estas presiones actuaron a escala nacional y supranacional, y las políticas exteriores e interiores que impulsaron, es uno de los motivos recurrentes de este libro. Hoy, el sistema neoliberal está en crisis. Ante la recesión mundial que comenzó en el último cuatrimestre de 2008, la opinión general, compartida incluso por aquellos que en otros tiempos se erigieron en paladines de este orden, es que le ha llegado su hora. Todavía está por ver hasta qué punto habrá que reformarlo cuando termine la crisis, si es que termina, o qué sistema le sustituirá. Salvo la segunda parte del capítulo sobre Francia, este libro fue escrito antes del derrumbe de los mercados financieros en los Estados Unidos. Aparte de dejar constancia del comienzo de la crisis, no he corregido ninguno de los ensayos para abarcar los efectos que ha tenido hasta el momento o sus consecuencias futuras, un tema que se analiza en las reflexiones finales junto con otras ideas más generales sobre la Europa del pasado y del presente.

De todos los países de la UE, Inglaterra ha sido desde el principio el país que más euroescépticos ha alumbrado. Aunque mantengo una postura crítica en relación con la Unión, no es una postura que yo comparta. En 1972, cuando yo era editor de la New Left Review, esta revista publicó un número especial con el extenso ensayo de Tom Nairn «The Left against Europe?»[1]. En aquel momento no solo el Partido Laborista británico, sino la inmensa mayoría de los socialistas situados a la izquierda de esta formación se oponían a la incorporación del Reino Unido a la CEE, que el gobierno conservador acababa de aprobar en el Parlamento. El ensayo de Nairn no solo quebró este abrumador consenso, sino que es todavía en la actualidad, más de veinticinco años después de publicarse, el argumento individual más poderoso que se puede esgrimir para justificar desde la izquierda la integración europea. Nada parecido ha surgido en las filas de los partidos oficiales —socialdemócratas, poscomunistas o verdes— que hoy en día se envuelven en la bandera azul con estrellas doradas. La Unión de principios del siglo XXI no es la Comunidad de los cincuenta o los sesenta, pero mi admiración por los arquitectos originales de este proyecto permanece intacta. Acometieron una empresa sin precedentes históricos y la grandeza de este plan todavía acecha a la UE actual.

La ideología europea que se ha desarrollado alrededor de una realidad distinta es otra cuestión. La presunción de las elites europeas y de sus publicistas ha llegado hasta tal extremo que la Unión se suele presentar ahora como un modelo para el resto del mundo, a pesar de que sus ciudadanos cada vez confían menos en ella y del desprecio manifiesto de la voluntad popular. No se puede decir hasta qué punto este nuevo rumbo es irreversible. Para detenerlo es necesario abandonar algunas ilusiones. Entre otras, la creencia —en la que se basa en gran medida la ideología actual— de que, en la ecúmene atlántica, Europa encarna una serie de valores más elevados que los de Estados Unidos y desempeña un papel más estimulante en el mundo. Esta doctrina se puede refutar, en beneficio de América, haciendo hincapié en las virtudes que comparten o, en detrimento de Europa, en sus conductas censurables. Los europeos necesitan la segunda crítica como el agua de mayo[2]. No solo las diferencias con América son menores de lo que imaginan, sino también la autonomía. Ningún otro campo ilustra mejor este extremo que el de los estudios especializados en la UE, al que he dedicado el tercer ensayo de este libro.

En general, este campo forma un universo cerrado de libros extremadamente técnicos, prácticamente desconectados de la esfera pública. En Europa este universo ha generado una ingente industria de ensayos especializados, artículos de investigación e informes de consultorías, muchos de ellos financiados por Bruselas, que, aunque no han alcanzado la cúspide en la jerarquía, ocupan una posición cada vez más amplia en los escalones inmediatamente inferiores. La densidad de los intercambios paneuropeos en esta esfera no tiene precedentes, y, unidos a otra serie de transacciones —seminarios, talleres, coloquios, conferencias sobre disciplinas adyacentes, desde la historia a la economía, pasando por el derecho o la sociología—, han creado un espacio que debería servir de base a una comunidad intelectual capaz de mantener animados debates internacionales. Sin embargo, en la práctica, los avances en esta dirección son muy escasos. Esto se debe en parte a las taras características del sistema académico, que ha desarrollado la costumbre de replegarse sobre sí mismo, en lugar de abrirse a una cultura más amplia. Pero el motivo fundamental es la ausencia de divergencias políticas estimulantes, característica de este ámbito —en principio— sumamente político, habitado sobre todo por politólogos. Hablar de una pensée unique sería injusto: se trata más bien de un pensée ouate, que cubre como un palio la mayoría de las expresiones de esta disciplina. Los medios de comunicación no sirven de contrapeso para contrarrestar esta situación. Los artículos y los editoriales se ciñen, en general, a la línea del euroconformismo de un modo todavía más acentuado que los catedráticos o los expertos.

Uno de los efectos de este unanimismo es que impide la aparición de una auténtica esfera pública en Europa. Si todo el mundo está de acuerdo de antemano en lo que es conveniente y lo que no —véanse los sucesivos referendos—, el impulso de la curiosidad por lo que sucede y por lo que se piensa en otras naciones no puede desarrollarse. ¿Por qué interesarse por lo que se dice o se escribe en otros lugares si, en esencia, es una repetición de lo que ya se ha expresado aquí? En este sentido, se podría pensar con razón que las cámaras de resonancia de la Unión actual son mucho menos europeas que la vida cultural del periodo de entreguerras o incluso que la de la época anterior a la Primera Guerra Mundial. Hoy en día no encontramos equivalente alguno a la correspondencia que mantenían Sorel y Croce, a la colaboración entre Larbaud y Joyce, al debate que mantuvieron Eliot, Curtius y Mannheim, y a las discusiones que entablaban Ortega y Husserl; y menos aún a las polémicas entre la Segunda y la Tercera Internacional. Antes los intelectuales formaban un grupo mucho más reducido, menos institucionalizado, con una cultura humanista común mucho más arraigada. La democratización ha dispersado a este grupo y una cantidad mucho más abundante de talentos ha saltado al ruedo. Sin embargo, sean cuales sean sus frutos —que, sin duda, son muchos—, hasta ahora no han dado pie a la aparición de una República de las Letras en la Unión Europea. Espero que este libro contribuya a ello.

PRIMERA PARTE

La Unión

I. Orígenes

(1995)

Matemáticamente, la Unión Europea es en la actualidad la mayor unidad individual de la economía mundial. El PNB nominal de la UE, unos seis trillones de dólares, supera a los cinco trillones de los Estados Unidos y a los tres de Japón. Su población total supera los 360 millones de habitantes y se acerca a la suma de la de Estados Unidos y Japón. Sin embargo, en términos políticos, la envergadura de Europa es todavía una realidad virtual. Al lado de Washington o Tokio, Bruselas no es más que una cifra. La Unión no se puede comparar con Estados Unidos ni con Japón, porque no es un Estado soberano. ¿Qué tipo de sistema es? La mayoría de los europeos son incapaces de responder a esta pregunta. La Unión es un misterio más o menos insondable para todos los que, desconcertados, se han convertido en sus ciudadanos, excepto para una minoría; una noción arcana para el votante común, que aparece envuelta en niebla incluso para los expertos.

I

La naturaleza de la Unión Europea debería guardar alguna relación con los orígenes de la Comunidad que en la actualidad subsume —pero que, en virtud de un alambicado giro jurídico, no ha desbancado—. Aclarar políticamente la génesis de su estructura sería un buen punto de partida para analizar su futuro. Con todo, se trata de un objeto de estudio bastante controvertido. Desde el principio, los estudios históricos han mostrado cierta tendencia a adoptar un sesgo insólitamente teórico, lo cual demuestra que son pocos los presupuestos convencionales que pueden darse por sentados. Los primeros estudiosos se aferraban a una tendencia dominante según la cual las fuerzas que habían impulsado la integración de la Europa occidental después de la guerra se basaban en el desarrollo objetivo de la interdependencia —no solo económica, sino también social y cultural— entre los estados agrupados inicialmente en torno a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y a sus secuelas. El tenor de esta primera corriente de interpretación era neofuncionalista, e insistía en la lógica aditiva del desarrollo institucional: es decir, que una serie de discretos cambios funcionales había tendido a favorecer ciertas alteraciones complementarias a lo largo de un creciente camino de integración a menudo involuntaria. La convergencia transnacional de transacciones económicas, intercambios sociales y prácticas culturales había servido de base para el avance gradual hacia un nuevo ideal político —una unión supranacional de estados—. Ernst Haas, que pensaba que los comienzos de este proceso habían sido relativamente contingentes, pero que el desarrollo posterior había seguido una trayectoria establecida, escribió a finales de los años cincuenta Uniting of Europe, una obra que quizá sea todavía la mejor formulación teórica de esta postura.

La segunda corriente interpretativa, por el contrario, subraya la capacidad de resistencia estructural del Estado-nación, y considera que la integración de la Europa occidental después de la guerra no fue una vía de transición hacia la soberanía supranacional, sino que, por el contrario, sirvió para fortalecer el poder efectivo de las naciones. Este motivo neorrealista aparece en distintas formulaciones, no todas concordantes. La más poderosa e inconfundible es, con diferencia, la obra de Alan Milward. Resulta bastante irónico que el país que menos ha contribuido a la integración europea haya alumbrado al historiador que mejor ha sabido explicarla. Ningún otro estudioso de la Unión ha logrado alcanzar esa combinación de maestría en la investigación de archivo y pasión intelectual que Milward ha sabido aplicar al estudio de los orígenes de la Comunidad.

El punto de partida de Milward era completamente distinto y más provechoso. ¿Por qué, se preguntaba, la recuperación económica de Europa después de la Segunda Guerra Mundial no siguió el modelo de la Primera —una aceleración inicial debida al reabastecimiento físico, seguida de una serie de erráticos vaivenes de crecimiento y recesión—? En The Reconstruction of Western Europe 1945-51 (1984), Milward deja a un lado las explicaciones convencionales —el advenimiento de las teorías keynesianas; la reparación de los desperfectos causados por la guerra; la ampliación del sector público; el aumento del presupuesto destinado a defensa; la innovación tecnológica— y afirma que este boom sin precedente alguno, que empezó en una fecha tan temprana como 1945 y que se prolongó al menos hasta 1967, se basó más bien en el incremento constante de los salarios populares en este periodo, en un momento en que la demanda llevaba mucho tiempo contenida e insatisfecha. Este modelo de crecimiento se apoyó, a su vez, en los nuevos acuerdos entre estados que, en su «búsqueda egoísta del interés propio»[3], favorecieron la liberalización del comercio y las primeras medidas limitadas de integración del Plan Schuman.

En su obra posterior, Milward se centraba precisamente en el modo en que estos acuerdos habían evolucionado hasta transformarse en la Comunidad Económica Europea. El estudio de Milward se apoyaba en un sinfín de hallazgos empíricos y en unas teorías todavía más audaces e incisivas. Tanto su obra fundamental, The European Rescue of the Nation-State, como la coda a este libro, The Frontiers of National Sovereignty, criticaban a fondo a los neofuncionalistas por conceder una importancia excesiva a las teorías federalistas de toda índole —una sarta de beaterías que Milward despachaba en un cáustico capítulo titulado «Vidas y enseñanzas de los santos europeos»—. El argumento central de Milward es que los orígenes de la Comunidad tienen poco o nada que ver con los imperativos técnicos de la interdependencia —menos importante, quizá, a mediados de siglo que a principios—, ni con las visiones etéreas de un puñado de respetables federalistas. La Comunidad nació más bien como resultado del desastre común de la Segunda Guerra Mundial, esa catástrofe que dejó a todos los estados-nación, desde los Pirineos al Mar del Norte, destrozados por la derrota y la ocupación.

Las antiguas instituciones se encontraban sumidas en las simas de la impotencia y el descrédito, y había que construir una estructura relativamente nueva una vez reanudada la paz. Según Milward, después de la guerra, por primera vez, los estados de la Europa occidental integraron plenamente en la nación política a los agricultores, obreros y pequeños burgueses con ayuda de una serie de medidas destinadas a favorecer el crecimiento, el empleo y el bienestar, y por eso contaban con una base social mucho más amplia que la de sus predecesores, limitada y precaria. El éxito inesperado de estas políticas favoreció un segundo tipo de ampliación: la cooperación interestatal. Moralmente rehabilitados dentro de sus propias fronteras, seis estados-nación del continente descubrieron que podían fortalecerse todavía más si compartían determinados elementos de soberanía que les beneficiaran a todos. Uno de los elementos centrales de este proceso fue el impulso magnético que el mercado alemán ejerció desde el principio, en el sector de la exportación, sobre las economías de los otros cinco países, a lo que se añadió el atractivo que para Alemania representaba un acceso más fácil al mercado francés y al italiano, y los beneficios eventuales que podía obtener de determinados intereses concretos, como el carbón belga o la agricultura holandesa. La Comunidad Económica Europea, a juicio de Milward, fue en esencia, el fruto de los cálculos autónomos de los distintos estados nacionales, que pensaban que la prosperidad en la que se basaba su legitimidad doméstica podía mejorar gracias a una unión de aduanas.

Otro factor que intervino fue la necesidad estratégica de contener a la potencia alemana. Pero Milward sostiene que fue en esencia un factor secundario, que se podía haber alcanzado por otros medios. Es cierto que la fuerza impulsora de la integración fue la garantía de seguridad, pero en los años cincuenta la seguridad que realmente importaba a los pueblos de la Europa occidental era de índole social y económica: la certeza de que el hambre, el desempleo y los trastornos de los años treinta se habían desterrado para siempre. En la era de Schuman, Adenauer y De Gasperi, el deseo de seguridad política —es decir, la defensa contra el militarismo alemán y el expansionismo soviético, e incluso el deseo de seguridad «espiritual» que ofrecía la solidaridad católica— era, por así decir, una prolongación de la misma búsqueda esencial. El fundamento de la CEE era «la similitud y la capacidad de reconciliación»[4] de los intereses socioeconómicos de los seis estados renacidos, garantizadas por el consenso político del orden democrático de la posguerra en cada país. A juicio de Milward, esta matriz original se ha mantenido intacta hasta el presente, ajena a la ampliación de la Comunidad y a la creciente complejidad de su maquinaria.

El único avance significativo en la integración europea, el Acta Única Europea de mediados de los ochenta, se inspira en el mismo modelo. En aquel entonces, ante las presiones de la crisis económica global y la creciente competitividad de Estados Unidos y Japón, el consenso político había cambiado. El electorado estaba resignado al regreso del desempleo y se había convertido a los principios de la estabilidad monetaria y del liberalismo social. Milward no oculta su malestar ante las «paparruchas administrativas y las conclusiones que el autoritarismo egoísta extrajo de los principios económicos abstractos»[5] que orquestaron este cambio de perspectiva. Pero fue el giro neoliberal general, sellado en 1983, mediante la renuncia de Mitterrand al programa keynesiano que había defendido en un principio, lo que hizo posible la convergencia de todos los estados miembros, incluido el Reino Unido (en pleno auge del gobierno de Thatcher), en la aprobación del mercado interno. Cada Estado calculaba por su cuenta, como en los cincuenta, los beneficios comerciales concretos que podía cosechar gracias a la nueva liberalización de la Comunidad. Una vez más, los estados-nación dirigieron el proceso, y cedieron algunas de sus prerrogativas jurídicas para obtener un mayor rendimiento material y satisfacer las expectativas de la ciudadanía a escala nacional.

El poder acumulativo de la explicación de la integración europea que ofrece Milward, remachada con un estudio de caso tras otro, presentados todos con un tremendo dinamismo —los detalles institucionales y la crítica teórica entablan una apremiante carrera a través del teclado, que se completa con una serie de sarcásticos retratos individuales—, no tiene parangón. Pero esta misma fuerza plantea una serie de preguntas. El edificio de Milward descansa sobre cuatro presupuestos que quizá pueden formularse, sin miedo a caer en una simplificación exagerada, de la siguiente manera.

El primero, y más explícito, es que los objetivos tradicionales de la diplomacia internacional —la competitiva lucha por el poder en un sistema interestatal: la «política mundial» tal como la entendía Max Weber— tuvieron siempre una importancia secundaria entre las opciones que condujeron a la integración europea después de la guerra. Milward sostiene que esta verdad es igual de válida ahora que antes. La decisión de los estados de la Comunidad de seguir adelante con la integración, afirma en la conclusión, «depende absolutamente de la naturaleza de las decisiones políticas domésticas» (la cursiva es añadida)[6]. En una inversión del clásico axioma prusiano, Milward postula un Primat der Innenpolitik prácticamente incondicional. La política exterior, tal como se concebía en otros tiempos, no se desprecia, pero se considera que desempeñaba un papel subsidiario respecto de las prioridades socioeconómicas del Estado-nación.

El segundo presupuesto —desde el punto de vista lógico, distinto del primero— es que siempre que las estimaciones políticas o militares exteriores intervinieron en el equilibrio de la toma de decisiones políticas, lo hicieron como prolongación del objetivo doméstico de la prosperidad del pueblo: la seguridad en un registro complementario. Los objetivos diplomáticos eran pertinentes, pero solo como continuación de la prioridad del consenso interior, no como conflicto. Este consenso, a su vez —y con esto llegamos al tercer presupuesto—, era un reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas. «La influencia preponderante en la formulación de la política nacional y del interés nacional fue siempre una respuesta a las exigencias del electorado», y «a través de sus votos… los ciudadanos seguirán ejerciendo una influencia preponderante en la definición del interés nacional»[7]. El consenso democrático, el vehículo que permitía por fin a obreros, funcionarios y agricultores expresarse adecuadamente, era tan similar en toda la Europa occidental que los estados-nación, inspirándose en los nuevos objetivos de la seguridad social, pudieron tomar las primeras medidas decisivas encaminadas a la integración. Y así llegamos a la última afirmación, menos prominente pero en todo caso discernible: en las cuestiones realmente importantes se produjo una simetría fundamental en la participación de los estados que fundaron la unión de aduanas y aprobaron el mercado interior.

Primacía de los objetivos domésticos y continuidad entre estos y los propósitos exteriores; democracia en las decisiones políticas y simetría de la opinión pública de cada país. Toda síntesis lleva aparejada un elemento de caricatura, y la obra de Milward es tan sutil y compleja que puede dar pie a varias contraindicaciones, algunas bastante sorprendentes. Pero, a grandes rasgos, estos cuatro presupuestos transmiten la verdadera fuerza de su obra. ¿Hasta qué punto se sostienen? Una forma de abordar esta pregunta es fijarse en el punto de partida de la teoría de Milward. El origen absoluto del movimiento hacia la integración europea se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Casi todo el mundo estaría de acuerdo con esta afirmación. Pero la propia experiencia de la guerra se enfoca de una manera bastante peculiar, como un cataclismo en el que la precariedad general de las estructuras políticas del periodo anterior —desprovistas de una base democrática amplia— se reveló de forma repentina, cuando un Estado-nación tras otro se fueron consumiendo en la caldera del conflicto.

Se trata de una interpretación legítima y productiva de la Segunda Guerra Mundial, que crea un marco perfecto para explicar la reconstrucción de la posguerra que condujo a la integración. Sin embargo, es evidente que la guerra no fue solo una experiencia traumática común que puso a prueba a unos estados europeos que no dieron la talla. Fue, además, una batalla a vida o muerte entre grandes potencias con resultados desiguales. Alemania, que desencadenó el conflicto, no llegó a derrumbarse como Estado-nación —sobre todo porque contó con un inmenso respaldo popular—: soldados y civiles resistieron impávidamente a los Aliados hasta el final.

Precisamente el recuerdo de esta experiencia inconmensurable de la guerra —el recuerdo de la magnitud de la supremacía militar alemana y de sus consecuencias— condicionó la integración europea en la misma medida que las conmensurables tareas de reconstrucción de los estados-nación sobre una base más próspera y democrática después de la guerra, el fenómeno en el que se centra Milward. Como es natural, el país más preocupado era Francia. No es casual que la contribución francesa a la construcción de las instituciones comunes europeas haya sido tremendamente desproporcionada en relación con la posición que ocupa esta nación en la economía general de la Europa occidental. La contención política y militar de Alemania fue una prioridad estratégica para Francia desde el comienzo, antes aún de que los Seis alcanzaran en París el consenso en relación con los beneficios comerciales de la integración. Después de que la posibilidad de someter a Alemania por la fuerza, la opción que defendía Clemenceau, quedara descartada ante la reticencia angloamericana, la única alternativa coherente era amarrar a los alemanes a la más íntima de las alianzas, una construcción más duradera que la protección temporal que ofrecía la diplomacia tradicional.

Por tanto, el proceso de integración europea siempre ha girado en torno a un pacto binacional entre dos de los estados más destacados del continente, Francia y Alemania. En realidad, el fin último de los sucesivos acuerdos, económicos en la forma, que ambas naciones han alcanzado era de naturaleza estratégica. París y Bonn han firmado cuatro tratados decisivos para la evolución de las instituciones europeas comunes. El primero fue, por supuesto, el Plan Schuman de 1950, que alumbró la Comunidad del Carbón y el Acero en 1951. Aunque los problemas locales de la siderurgia francesa, que dependía del carbón renano para su suministro de coque, fueron uno de los factores que intervinieron en la aprobación del Plan, la naturaleza del motivo fundamental era más general. Francia temía que Alemania pudiera utilizar su base industrial, mucho más amplia, para un rearme potencial. Alemania, por su parte, temía un control militar prolongado de la región del Ruhr. Compartir la soberanía de los recursos conjuntos era para Francia una garantía contra el riesgo de un posible renacimiento del militarismo alemán, que, además, liberaba a Alemania de la tutela económica de los Aliados.

El segundo hito fue el entendimiento entre Adenauer y Mollet, que hizo posible la firma del Tratado de Roma en 1957. Haciendo caso omiso de las reservas del Ministerio de Finanzas de Bonn y del de Asuntos Exteriores de París, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo que garantizaba el libre acceso de la industria comercial francesa al mercado alemán y viceversa. La prosperidad de ambos países ya dependía en gran medida de estos mercados. El tratado recogía, además, la promesa de un incremento de las importaciones de productos agrícolas franceses en la República Federal. El plácet que concedió Adenauer a este pacto a pesar de la feroz oposición liberal de Erhard —que temía que los elevados costes sociales de Francia se extendieran a Alemania—, era de inspiración inequívocamente política. La intención de Adenauer era que la unidad de la Europa occidental actuara como un baluarte contra el comunismo, y, además, quería tener la garantía de que, llegado el momento, Francia respetaría la reunificación alemana. En París, los asesores económicos no se decidieron a respaldar el proyecto de un Mercado Común hasta que Londres propuso la alternativa de una zona de comercio libre. Los franceses pensaron que Bonn encontraría más atractiva esta opción y que, de este modo, la primacía de la relación comercial francoalemana se vería amenazada. Pero no fue la valoración técnica de los hauts fonctionnaires la que decidió la cuestión[8], ni las preferencias personales del propio Mollet —que siempre se había mostrado partidario de la integración europea, pero que había sido incapazde arrastrar a su partido dos años antes, cuando los votos del SFIO impidieron que se aprobara el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Defensa—. El suceso que inclinó la balanza fue la conmoción política de la crisis de Suez.

Al gobierno de Mollet le preocupaba mucho más la reanudación de la Guerra de Argelia y los preparativos de un ataque a Egipto que los acuerdos comerciales de cualquier tipo. Anglófilo de formación, Mollet estaba empeñado en alcanzar un entendimiento con Gran Bretaña que le permitiera desarrollar operaciones conjuntas en el Mediterráneo oriental. El 1 de noviembre de 1956 se puso en marcha la expedición de Suez. Cinco días después, mientras los paracaidistas franceses se lanzaban sobre Ismailia, Adenauer llegó a París para una entrevista confidencial sobre el Mercado Común. Cuando estaba reunido con Mollet y Pineau, Eden telefoneó desde Londres para anunciar que Gran Bretaña había tomado la decisión unilateral de cancelar la expedición, ante las presiones de la Secretaría de Hacienda de los Estados Unidos. En medio del silencio y la estupefacción, Adenauer, con mucho tacto, apeló a la moral de sus anfitriones[9]. El gabinete francés aprendió la lección. América había invertido su postura desde Indochina. Gran Bretaña era un cartucho gastado. Para los últimos gobiernos de la Cuarta República, que mantenían el compromiso con la defensa del Imperio francés en África y planeaban la fabricación de la bomba atómica, la única forma de contrarrestar el poder de Washington era la unidad europea. Seis meses después, Pineau firmó el Tratado de Roma; en la Asamblea Nacional, el argumento que garantizó la ratificación del acuerdo fue el de la estrategia —la necesidad de una Europa independiente de América y de Rusia.

El tercer episodio decisivo vino de la mano del ascenso al poder de De Gaulle. Como es natural, el primer régimen francés realmente enérgico desde la guerra alteró las condiciones del pacto. A principios de 1962 De Gaulle afianzó una Política Agrícola Común que beneficiaba a los agricultores franceses, pero fracasó en su intento de crear un directorio intergubernamental de los Seis. En el otoño de ese mismo año, inició conversaciones para constituir un eje diplomático formal con Bonn. Francia era ahora una potencia nuclear. En enero de 1963 vetó la entrada británica en la Comunidad. En febrero, Adenauer firmó el tratado francogermano. Una vez sellada esta alianza diplomática, De Gaulle —cuya hostilidad hacia la Comisión dirigida por Hallstein en Bruselas era de dominio público— podía controlar todavía más la posterior integración de la CE mientras se mantuviera en el poder. La expresión institucional del nuevo equilibrio fue el Compromiso de Luxemburgo de 1966, que impidió la aprobación del voto por mayoría en el Consejo de Ministros y que estableció los parámetros legislativos que seguiría la Comunidad durante las dos décadas posteriores.

Por último, en 1978, en un periodo de relativa calma institucional, Giscard y Schmidt crearon juntos el Sistema Monetario Europeo para contrarrestar los efectos desestabilizadores del fracaso del Sistema Bretton Woods, cuando los tipos de cambio fijos se desintegraron en medio de la primera recesión profunda que tuvo lugar después de la guerra. Creado fuera del marco de la Comunidad, el SME fue una imposición de Francia y Alemania que contó con la oposición de la propia Comisión. Se intentó por primera vez controlar la volatilidad de los mercados financieros y se preparó el terreno para la implantación de una moneda única dentro del territorio de los Seis.

Durante las tres primeras décadas posteriores a la guerra, por tanto, se mantuvo un modelo bastante uniforme. Las dos potencias continentales más fuertes, vecinos y antiguos enemigos, dirigieron el desarrollo institucional europeo en su búsqueda de intereses específicos pero convergentes. Francia, que conservó la superioridad militar y diplomática en todo momento, estaba decidida a amarrar a Alemania a un orden económico común que garantizara su propia prosperidad y seguridad, y que permitiera a la Europa occidental evitar la sumisión a los Estados Unidos. Alemania, que ya gozaba de superioridad económica a mediados de los cincuenta, no solo necesitaba los amplios mercados de la Comunidad para sus industrias, sino que precisaba, además, el apoyo de Francia para regresar al Bloque Atlántico y culminar en un futuro el proceso de reunificación con la zona controlada por la Unión Soviética —que oficialmente todavía era Mitteldeutschland—. El socio dominante en esta época fue en todo momento Francia. Los funcionarios franceses concibieron la Comunidad del Carbón y del Acero original y diseñaron la maquinaria institucional del Mercado Común. El equilibrio entre París y Bonn se mantuvo hasta que el marco alemán se convirtió en el pilar de la zona monetaria europea.

La historia de la alta política del eje francoalemán es mucho más antigua que la de los votantes en busca de bienes de consumo y prestaciones sociales. Pero aunque no demuestra la primacía de los intereses domésticos ni, como es natural, la simetría de los electorados nacionales —los demás estados miembros no alcanzaron ni de lejos la importancia de estas dos potencias—, sí parece confirmar la inmensa importancia que Milward atribuye a las relaciones estrictamente intergubernamentales en la historia de la integración europea. Sin embargo, un somero análisis de las instituciones de la Comunidad que surgió de este proceso revela una deficiencia muy llamativa. Para imponer una unión de aduanas, aunque tenga un fondo agrícola, no se necesita una comisión supranacional con poderes de dirección ejecutiva, un alto tribunal con potestad de anular las leyes nacionales, un Parlamento con derechos nominales de enmienda y revocación. Los objetivos domésticos concretos que, según Milward, impulsaron la integración podrían haberse cumplido con ayuda de un marco más sencillo —una estructura que De Gaulle habría visto con mejores ojos si hubiera llegado al poder un año antes; algo similar a lo que se puede encontrar en la actualidad en las Américas, tanto en la del Norte como en la del Sur—. La maquinaria real de la Comunidad no se puede entender sin el concurso de otra fuerza.

Me refiero, por supuesto, a la visión federalista de una Europa supranacional que desarrollaron Monnet y su círculo, el pequeño grupo de tecnócratas que concibieron la CECA original y que anticiparon muchos de los detalles de la CEE. Pocos personajes políticos modernos son tan difíciles de estudiar como Monnet, como observa Milward en el par de páginas que le dedica de mala gana. Sin embargo, después de que Milward escribiera su obra, apareció la excelente biografía de François Duchêne, que aporta muchos datos nuevos sobre esta figura. En esta obra perspicaz y elegante, que no resta importancia a las anomalías de la carrera de Monnet, Duchêne perfila un fascinante retrato del «padre de Europa».

La reserva provinciana y la corrección que rodean a este personaje son bastante engañosas. Monnet es una figura más cercana al mundo de André Malraux que al de George Duhamel. Este atildado hombrecillo de Charente fue un aventurero internacional de primer orden que hizo malabarismos financieros y políticos a través de una serie de espectaculares apuestas, que comenzó con operaciones de aprovisionamiento durante la guerra y con fusiones de bancos, y terminó con los planes de unidad continental y los sueños de un directorio global. Monnet se hizo con los mercados del brandy canadiense y organizó el suministro de trigo de los Aliados; emitió bonos en Varsovia y Bucarest, y luchó con Giannini en San Francisco; liquidó el emporio de Kreuger en Suecia y consiguió créditos ferroviarios para T. V. Soong en Shanghai; fundó, en colaboración con Dulles, la empresa American Motors en Detroit y negoció con Flick para vender material químico en la Alemania nazi… Estos eran los círculos en los que se movía el hombre que después de la guerra se convertiría en el Commissariat au Plan, presidente de la Alta Autoridad, Compañero de Honor y primer Ciudadano de Europa.

Para hacerse una idea de cómo era la vida de Monnet durante el periodo de entreguerras, una vida que solo se puede vislumbrar de un modo parcial, lo mejor es analizar su matrimonio. En 1929, cuando Monnet se encontraba en Milán, arreglando una emisión de bonos a instancias de John McCloy, se enamoró de una mujer que acababa de casarse con uno de sus empleados italianos. En la Italia de Mussolini el divorcio estaba prohibido, y dos años después la pareja de recién casados tuvo un hijo. El marido —y padre— se oponía a anular el matrimonio y el Vaticano también. En 1934, Monnet había trasladado su base de operaciones a Shanghai. Desde allí, un buen día viajó hasta Moscú en el transiberiano para encontrarse con su amada, que había llegado a Rusia desde Suiza, dónde había obtenido la ciudadanía soviética de la noche a la mañana y había anulado su matrimonio. La pareja se casó con el consentimiento de las autoridades de la URSS. La novia, católica devota, prefirió esta transacción tan insólita —explicaba Monnet— a las degradantes oficinas matrimoniales de Reno. Monnet no entendía que el gobierno de Stalin se hubiera prestado a este arreglo. Eran tiempos de tensión, un mal momento para casarse: quince días después Kirov fue asesinado. Más tarde, cuando el exmarido italiano y repudiado intentó recuperar a su hija de cuatro años en Shanghai, Madame Monnet buscó refugio en el consulado soviético de esta ciudad, una oficina bastante famosa en la historia de la Comintern. A finales de 1935, Monnet se trasladó a Nueva York. Allí, su esposa, que todavía se encontraba en posesión de un pasaporte soviético, obtuvo la ciudadanía americana en un cupo turco. Esta historia parece sacada de El tren de Estambul o El expreso de Shanghai.

Cosmopolita como buen financiero internacional, Monnet se mantuvo, sin embargo, leal a su patria y, desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial hasta la finalización del conflicto, trabajó incansablemente en favor de la victoria de su país y de los Aliados en París, Londres, Washington y Argel. No es de extrañar que en 1945 De Gaulle pensara en él para dirigir la nueva comisión de planificación de Francia. Milward afirma con razón que el organizador del Plan de Modernización y Equipamiento fue «uno de los principales impulsores de la recuperación del Estado-nación francés»[10]. Pero no fue el único que contribuyó al desarrollo de esta empresa. Lo que diferenciaba a Monnet de los demás fue la rapidez y el descaro con que presentó su proyecto cuando surgió la ocasión. Su oportunidad llegó a finales de 1949, cuando Acheson le pidió a Schuman que trazara una política francesa coherente en relación con Alemania, un problema que el Ministerio de Exteriores no sabía cómo resolver. Fue la solución de Monnet —un fondo común supranacional de recursos siderúrgicos y mineros— la que puso en marcha el proceso de la integración europea. El modelo institucional de la CEE que se creó ocho años después era el descendiente directo de la CECA que había diseñado el equipo de Monnet en 1950.

Como observa Milward, es indudable que las iniciativas que Monnet puso en marcha en estos años le debían mucho al estímulo de los americanos. La ventaja decisiva de Monnet como operador político a través de las fronteras europeas era la íntima relación que mantenía con la elite política de los Estados Unidos —no solo con los hermanos Dulles, sino también con Acheson, Harriman, McCloy, Ball, Bruce y otros—, una relación fraguada durante sus años en Nueva York y Washington, época profusamente documentada por Duchêne. Sus conexiones con las más altas esferas del poder de la potencia hegemónica del momento eran únicas y, para muchos de sus compatriotas, un motivo de desconfianza, pues se preguntaban hasta qué punto el fervor europeísta de Monnet era una actitud dictada por sus patronos americanos, encuadrada en el marco estratégico del Plan Marshall, una pregunta que los historiadores se han repetido desde entonces en numerosas ocasiones.

Lo cierto es que la interconexión estructural era muy estrecha. Es posible que después de la guerra Monnet empezara a pensar en la integración a raíz de los debates que surgieron en los EEUU, y está claro que sus logros posteriores dependieron de forma crucial del apoyo norteamericano. Pero su inspiración política era de otra índole. La política americana estaba impulsada por el incansable afán de lograr los objetivos de la Guerra Fría. Se necesitaba una Europa occidental fuerte, que actuara como baluarte contra la agresión soviética en la vanguardia de la batalla mundial contra la subversión comunista, cuyos frentes periféricos se encontraban en Asia —desde Corea, en el norte, a Indochina y Malasia en el sur, donde Francia y Gran Bretaña mantenían a raya al enemigo.

Por extraño que parezca, Monnet permaneció impasible frente a estos problemas. En Francia, se llevaba bien con los líderes de la CGT después de la liberación. Consideraba que la guerra colonial de Indochina, financiada por Washington, era un conflicto «absurdo y peligroso»; temía que la Guerra de Corea desencadenara la presión de los americanos a favor de un incremento del rearme alemán hasta tal punto que la opinión pública francesa rechazara la soberanía compartida que contemplaba el Plan Schuman; pensaba que la obsesión occidental por la amenaza soviética era una distracción. Todavía en 1950, le confesaba al editor de The Economist que el propósito primigenio de la CECA había sido «la creación de un grupo neutralizado en Europa —si Francia no tenía necesidad de temer a Alemania, tampoco debía albergar otros temores, i. e., temer a Rusia—»[11]. La tarea más importante era construir una Europa moderna y unida, capaz de establecer a largo plazo una asociación independiente con Estados Unidos. «Transformaremos nuestras arcaicas condiciones sociales», escribió en 1952, «y nos reiremos del miedo que le tenemos ahora a Rusia»[12]. El poder americano establecía los límites de toda actuación política en Europa, y Monnet sabía trabajar con los americanos mejor que nadie. Pero tenía un proyecto propio divergente de las intenciones de EEUU.

¿De dónde había salido este proyecto? Monnet había sobrevivido a dos conflictos europeos devastadores y su objetivo primordial era impedir que surgiera otro. Pero esta preocupación, común a toda su generación, no dio lugar a un federalismo generalizado. En parte porque las pasiones de la Guerra Fría se impusieron rápidamente a las lecciones de la Guerra Mundial, que fueron desplazadas o comprimidas por un nuevo conjunto de prioridades para las elites políticas de la Europa occidental. Monnet albergaba otros sentimientos. A lo largo de su carrera había dirigido numerosos proyectos financieros y, como era un hombre sin raíces, independiente de cualquier fuerza social o frontera nacional estable, podía adoptar una perspectiva psicológica diferente de la opinión convencional que defendían los de su clase. Como señala Duchêne, la gente pensaba que Monnet «carecía de valores políticos», porque no se preocupaba demasiado por «las luchas por la igualdad económica derivadas de la Revolución francesa o la rusa»[13]. Esta relativa indiferencia —que no debe confundirse con la insensibilidad— le permitía actuar de forma imaginativa, más allá de los presupuestos del sistema interestatal en el que se lidiaban estas batallas.

Aunque se sentía orgulloso de su país, Monnet no se encontraba comprometido con el marco del Estado-nación. Se declaraba contrario a que Francia utilizara las armas nucleares como fuerza disuasoria e intentó persuadir a Adenauer de que firmara el Tratado francoalemán. Desde la fundación de la CECA, trabajó sistemáticamente en pos de objetivos supranacionales de alcance europeo. En un principio se mostró poco entusiasta ante la idea de crear la CEE, una iniciativa ajena, pues pensaba que un Mercado Común era un proyecto «poco concreto» —la doctrina del libre comercio tampoco le convencía demasiado—. Milward concede mucha importancia al hecho de que, paradójicamente, Monnet subestimara el valor potencial de la unión de aduanas para la integración, pero la pregunta que este planteó en 1955 —¿es posible un Mercado Común sin políticas sociales, monetarias y macroeconómicas federalistas?[14]— es todavía la cuestión fundamental a la que se enfrenta la Unión Europea cuarenta años después. El orden de las palabras en esta pregunta resulta muy elocuente. Aunque era banquero de profesión, Monnet no era partidario de las teorías económicas conservadoras. Siempre buscó el apoyo de los sindicatos para desarrollar sus planes y en sus últimos años expresó incluso sus simpatías por el movimiento estudiantil de 1968, cuya denuncia de la injusticia social representaba a «la causa de la humanidad»[15].

Por otra parte, Monnet era una figura ajena al proceso democrático en su acepción convencional. Nunca se dirigió a una multitud ni se presentó a unas elecciones. Evitaba cualquier contacto directo con el electorado y se limitaba a trabajar exclusivamente con las elites. A juicio de Milward, que está convencido de que la integración europea surgió del consenso popular en cada Estado-nación, expresado a través de las urnas, esto bastaría para condenar a Monnet, tan irrelevante, a su juicio, como el federalismo en general. Sin embargo, resulta mucho más verosímil extraer la lección opuesta: la carrera de Monnet es el símbolo más auténtico de la naturaleza dominante del proceso que ha conducido a la Unión actual, pues el pueblo no participó efectivamente en este proceso hasta el referendo británico de 1976.

Es cierto que se alcanzaron mayorías parlamentarias y se cuadraron los intereses colectivos: los grupos alarmistas pudieron presionar y los diputados recalcitrantes expresaron su opinión. Pero nunca se llegó a consultar al electorado. La idea de Europa apenas se mencionó en las elecciones que auparon al poder en Francia al Frente Republicano en enero de 1956 —el caballo de batalla en esa ocasión fue el conflicto argelino y el magnetismo de Poujade—. Pero el punto crucial que en última instancia cambió el destino de la CEE fueron los votos en la Asamblea Nacional de doce diputados del SFIO que se habían negado a aprobar el Tratado constitutivo de la CED en respuesta a la atmósfera imperante después del episodio de Suez. He aquí la tesis más débil de la teoría de Milward. El fundamento democrático que atribuye al proceso de integración es bastante teórico. No hubo oposición popular a los planes que se diseñaron y se debatieron en las altas esferas, solo un asentimiento pasivo. En su obra más reciente, el propio Milward está a punto de reconocerlo. Como afirma Duchêne: «No fue una situación revolucionaria y los votantes no fueron un motor ni un freno»[16].

Pero si esto fue así, ¿cómo pudieron Monnet y sus socios influir hasta tal punto en los pactos entre cancillerías? El resultado de la integración europea no fue tan descaradamente intergubernamental como implicaría una lógica neorrealista —no fue, en otras palabras, un marco como el que, pongamos por caso, Mendès-France o De Gaulle (o, después, Thatcher o Major) habrían aprobado— por dos motivos distintos. En primer lugar, las naciones más pequeñas de los Seis eran partidarias de una solución federalista. Los países de Benelux, cuya unión aduanera ya había sido aprobada en el exilio en 1943, solo podían aspirar a ejercer una influencia significativa en Europa en un marco supranacional. Fueron dos ministros de Exteriores de Benelux —el holandés Beyen y el belga Spaak— los que movieron las piezas clave que desembocaron en las negociaciones definitivas del Tratado de Roma. Beyen, que de hecho fue el primero que propuso la creación de un Mercado Común, no era un político electo, sino un antiguo ejecutivo de Philips y director de Unilever que había saltado directamente del FMI al gobierno holandés. Milward olvida por un momento sus críticas a Monnet y le reconoce su valía.

Con todo, existe un segundo factor importante que contribuyó a que la balanza se inclinara del lado federalista. Me refiero, por supuesto, a los Estados Unidos. El poder de Monnet como arquitecto de la integración no residía en su autoridad sobre los gobiernos europeos —aunque al final consiguió ganarse la confianza de Adenauer—, sino en su conexión directa con Washington. La presión americana en la época de Acheson y Dulles fue crucial en la materialización de una fuerza real —no una mera fuerza ideal— que hiciera realidad la noción de «la unión más grande de la historia» que consagraría el Tratado de Roma. En la medida en que Milward tiende a restar importancia al papel de los Estados Unidos, se le puede acusar de falta de realismo.

Por otra parte, la política norteamericana pone de relieve el último postulado de Milward. Pues el constante patrocinio americano, que en momentos cruciales se convirtió en presión, a favor de una integración europea de gran alcance no concordaba con los intereses o las exigencias del electorado de ningún país importante. Los votantes norteamericanos no intervinieron en ningún momento en las decisiones que se tomaron. Aún más significativo es que cuando la Secretaría de Hacienda, el Departamento de Agricultura y la Reserva Federal manifestaron su preocupación por el aumento del potencial de competitividad económica de una Europa occidental más unificada, equipada con una tarifa externa común, la Casa Blanca y el Departamento de Estado les ignoraron por completo. Los imperativos político-militares americanos en la batalla global contra el comunismo siempre tuvieron prioridad sobre los cálculos económicos. Eisenhower le comunicó a Pineau que la aprobación del Tratado de Roma sería «uno de los días más importantes de la historia del mundo libre, quizá más feliz todavía que el día de la victoria»[17]. Unas palabras cargadas de significado en boca del comandante supremo de las fuerzas aliadas.

Milward explica con claridad meridiana cuáles eran las prioridades de EEUU, y las define con su mordacidad habitual. Pero no es consciente de que plantean un problema teórico dentro de su marco interpretativo. En América, al menos, no existía una continuidad entre las prioridades nacionales y los objetivos internacionales. El conflicto entre estas dos dimensiones políticas era evidente. ¿Es el caso de América una excepción sin equivalente en Europa? El propio Milward demuestra que no, pues, después de todo, uno de los países más importantes de la Europa occidental se salió del camino de la integración.

¿Por qué motivo se empeñaba el Reino Unido, bajo gobiernos laboristas y conservadores, en rechazar la lógica de los Seis? Es indudable que el consenso doméstico que había favorecido el aumento del nivel de vida, basado en la garantía del pleno empleo y en el Estado del bienestar, era aún más pleno en Gran Bretaña que en Francia o Italia, donde todavía existían partidos comunistas de masas muy intransigentes, o que en Alemania, con sus esforzados paladines del liberalismo económico. En el tablero de las principales fuerzas políticas no había ningún equivalente inglés a Marty o Erhard; y en el vocabulario de la Europa continental tampoco existían expresiones como «Butskellism». Si el impulso de la integración hubiera sido la búsqueda popular de la seguridad socioeconómica, codificada a través de un enérgico consenso nacional, ¿no debería haber sido la Gran Bretaña de Attlee o de Macmillan uno de los elementos destacados en este proceso?

Aunque Milward enumera algunos rasgos de la configuración económica del Reino Unido que le diferenciaban en cierta medida de los Seis —la estructura de las subvenciones agrícolas, el papel de la libra esterlina, la importancia de los mercados de la Commonwealth—, no argumenta que, teniendo en cuenta estos factores, lo lógico era que Gran Bretaña permaneciera fuera de Europa. Por el contrario, considera que «la negativa a firmar los Tratados de Roma fue un grave error»[18]. Según Milward, este error se debió a que la clase política británica, arrogante y provinciana, se aferraba a la creencia de que el Reino Unido era «todavía, en cierto sentido, una gran potencia cuya política exterior tenía que reflejar esa posición». Parece ser que Harold Macmillan les confesó a sus amigos más cercanos que los culpables de las tendencias supranacionales de la Comisión Europea eran «los judíos, los planificadores y el viejo elemento cosmopolita», un comentario que destilaba una tremenda ignorancia del mundo que le rodeaba[19].

De la detallada explicación de Milward se desprende que durante los quince años posteriores a la guerra la política británica en relación con la integración europea estuvo en manos de unos gobernantes que anteponían la apreciación —correcta o incorrecta— del prestigio y el poder político a la estimación de los resultados económicos. El desajuste que existe entre este modelo y el marco general de The European Rescue of the Nation-State es demasiado evidente para que a Milward le pase inadvertido. En un tono más vacilante que el acostumbrado, Milward ofrece una ingeniosa explicación: como la crisis en el Estado británico fue durante la guerra y el periodo de entreguerras menos aguda que en el continente, «la búsqueda de un nuevo consenso después de 1945 fue más limitada», y —a pesar de las apariencias— el resultado fue «quizá más débil». Y prosigue de este modo: «La prosperidad que trajo también fue más limitada y al final el Reino Unido acabó criticando el consenso de la posguerra, que no le había beneficiado tanto como a los demás»[20].

Quizá aquí asome fugazmente la posibilidad de una revisión provocadora de Road to 1945, de Paul Addison. Sin embargo, el presupuesto que subyace a esta explicación sigue siendo que el grado de consenso social marcó el ritmo del crecimiento económico y el destino de la política europea. No obstante, el término «consenso» es bastante escurridizo, notorio por su cercanía al eufemismo, y, más que definir una voluntad democrática, la expresa. Su uso se limita a las elites; les encanta nombrarlo. En este sentido, es cierto que había un consenso en Gran Bretaña y —con permiso de Milward— un consenso singularmente fuerte: pero tenía poco o nada que ver con los votantes.

Si la argumentación de Milward cae en la exageración, es debido a un impulso político muy atractivo. El apego radical y humano por los logros del Estado del bienestar de la posguerra —los avances materiales en la vida de la gente corriente que trajo consigo— es un motivo subyacente de su obra. Si estos logros fueron el resultado de las opciones democráticas que se defendieron en el marco del Estado-nación, ¿no se podría atribuir a estas mismas presiones el mérito de haber impulsado nuevas formas de cooperación entre estados? Si uno cae en la tentación de realizar esta maniobra, el resultado es un socarrón híbrido heurístico, lo que podríamos llamar, forzando el oxímoron, un populismo diplomático. Pero aunque Milward cede a esta tentación debido a un rasgo de su temperamento radical, otra cualidad de su carácter —la inflexible intolerancia ante cualquier tipo de gazmoñería— le refrena una y otra vez.

Así, en su obra más reciente adopta un tono menos categórico. «Los votos y los votantes», reconoce, «son menos importantes de lo que pensábamos en nuestra hipótesis original»[21]. En lugar de apoyarse en la teoría del consenso, Milward propone ahora que la noción clave para entender la integración europea es la lealtad —«todos los elementos que inducen a los ciudadanos a depositar su confianza en las instituciones de gobierno»[22]—. La sustitución resulta muy saludable. Comparado con el consenso, una emulsión democrática, la lealtad es una medicina más tradicional y consistente. El molde feudal del nuevo término que recomienda Milward como solución capaz de integrar las distintas fuerzas implicadas en la aparición de la Comunidad es más apropiado. No alude a la participación cívica, sino a la adhesión tradicional: obediencia a cambio de beneficios; Hobbes en lugar de Rousseau. Un concepto más próximo a la realidad occidental.

«El único argumento en defensa del gobierno nacional desde 1945», señala Milward, «es que ha representado la voluntad popular mejor que en el pasado, aunque lo haya hecho de forma parcial e imperfecta. Esta es, a nuestro juicio, la razón histórica de su supervivencia» —una supervivencia que, sin embargo, juzga «afinada y equilibrada»[23]—. ¿Ha puesto a salvo la consolidación de la integración europea al Estado-nación? En modo alguno. Puede que el rescate no sea más que un indulto temporal. A pesar de la promesa del título del libro más importante de Milward, la obra concluye con una afirmación que parece una retractación: «La fuerza de la Comunidad Europea» reside, a fin de cuentas, «en la debilidad del Estado-nación»[24].

Si esta afirmación contraria no alcanza la armonía, pues la riqueza histórica de la obra de Milward excede su esquema teórico, es en parte porque en su obra posterior el autor lleva a cabo una selección temática, en lugar de la narración sistemática de sus obras anteriores. Como no sigue simultáneamente la trayectoria de las distintas fuerzas que en un principio reconoce que intervinieron en el proceso de integración, la contribución relativa de cada una no puede ser juzgada en los mismos términos. Una narración de esas características no se puede realizar hasta que se pueda acceder a los archivos con total libertad. A falta de documentación, ¿qué conclusiones provisionales podemos extraer?

Se puede considerar que al menos cuatro fuerzas primordiales impulsaron el proceso de integración. Aunque tenían algunos objetivos comunes, sus intereses fundamentales estaban bastante diferenciados. El principal propósito del círculo federalista agrupado alrededor de Monnet era crear un orden europeo inmune a las catastróficas guerras nacionalistas que habían devastado el continente en dos ocasiones, entre 1914 y 1917, y entre 1939 y 1945. El fin último de los Estados Unidos era crear un poderoso baluarte en la Europa occidental para contener a la Unión Soviética y salir victoriosos de la Guerra Fría. El objetivo clave de los franceses era maniatar a Alemania con ayuda de un pacto estratégico que convirtiera a París en el primus inter pares al oeste del Elba. La principal preocupación de Alemania era recuperar y consolidar la categoría de potencia y mantener abierta la perspectiva de la reunificación. El nexo de unión de estos cuatro programas era —y aquí Milward tiene, por supuesto, toda la razón— el interés común de todas las partes de garantizar la estabilidad económica y la prosperidad de la Europa occidental como condición para alcanzar el resto de los objetivos.

Esta constelación funcionó hasta finales de los sesenta. En el transcurso de la década siguiente se produjeron dos cambios significativos. El primero fue un intercambio de papeles en el mundo anglosajón. La tardía entrada del Reino Unido implicó la incorporación a la Comunidad de un nuevo Estado con un peso simbólico comparable al de Francia y Alemania occidental; mientras que, por otra parte, los EEUU se retiraron a una posición más vigilante cuando Nixon y Kissinger se dieron cuenta de que la Europa occidental podía llegar a convertirse en una gran potencia rival. El segundo cambio fue todavía más esencial. Las políticas económicas y sociales que en un principio habían unido a los Seis durante el boom de la posguerra se desintegraron con el inicio de la recesión económica. Como consecuencia de ello la actitud oficial en relación con la hacienda pública, los niveles de desempleo, la Seguridad Social y las reglas de la competencia dio un giro radical que fijó los criterios que se adoptarían en los ochenta.

Así, la última medida eficaz para la integración que se ha tomado hasta la fecha, el Acta Única Europea de 1986, sigue una pauta relativamente diferente de la de las anteriores, aunque mantiene la continuidad. La creación de un mercado interior fue una iniciativa de Delors, un federalista convencido que acababa de tomar posesión de la presidencia francesa de la Comisión. A escala gubernamental, el cambio decisivo fue, como recalca Milward con acierto, la conversión del régimen de Mitterrand a la disciplina liberal ortodoxa a instancias de Delors —una decisión tomada poco después de que Kohl diera el giro hacia la derecha que le aupó al poder en Alemania—. Esta vez, sin embargo, una tercera potencia desempeñó un papel de cierta importancia: Thatcher respaldó la liberalización de los mercados financieros, pues pensaba que las compañías aseguradoras y los bancos británicos podían alcanzar importantes beneficios con esta medida, y, en Bruselas, Cockfield perfeccionó la dimensión administrativa del proyecto.

La prominencia de los miembros de la Comisión que protagonizó este episodio reflejaba un cambio en el equilibrio de las fuerzas institucionales de la Comunidad, que la propia Acta alteró con la introducción —la restitución, mejor dicho— del voto por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros. Por otra parte, la impronta francesa en la maquinaria protofederal de Bruselas nunca fue tan marcada como en la época de la presidencia de Delors, aunque París y Bonn conservaron una hegemonía tradicional en la maraña de relaciones intergubernamentales. Después de treinta años, el resultado de este proceso de integración es el extraño conglomerado institucional de la Unión actual, formado por cuatro partes desconectadas.

La Comisión Europea de Bruselas, el organismo más visible para la opinión pública, hace las veces —por así decir— de «ejecutivo» de la Comunidad. La Comisión es un cuerpo formado por funcionarios designados por los gobiernos de los estados miembros, encabezado por un presidente que cobra un salario considerablemente más elevado que el del inquilino de la Casa Blanca, pero que, sin embargo, dirige un equipo burocrático más reducido que el de muchos municipios y controla un presupuesto ligeramente superior al 1 por ciento del PIB del territorio. Estos ingresos, además, no los recauda la Comisión, que carece de poder directo de tributación, sino los estados miembros. Existe una cláusula en el Tratado de Roma —el sueño de los conservadores norteamericanos— que prohíbe a la Comisión tener déficit. Los fondos de los que dispone este organismo se dedican sobre todo a la Política Agrícola Común, una política a la que se le profesa una devoción exagerada dentro y fuera de Europa —las subvenciones agrícolas en Estados Unidos y en Canadá no son mucho más bajas que las europeas, y las de Japón son mucho más altas—. También se destina cierta cantidad a los «Fondos estructurales» para ayudar a las regiones desfavorecidas y a las áreas urbanas con industrias en decadencia. La Comisión se dedica a administrar este presupuesto, a promulgar directivas reguladoras y nuevas leyes, al ser el único organismo que tiene derecho a poner en marcha la legislación europea. Las deliberaciones de la Comisión son confidenciales.

En segundo lugar se encuentra el Consejo de Ministros —un nombre totalmente equívoco para definir a una serie de reuniones intergubernamentales paralelas entre los ministros de cada Estado miembro, que abarcan diferentes áreas políticas (unas treinta en total)—. Las decisiones del Consejo equivaldrían a la función legislativa de la Comunidad: una cabeza de Hidra reunida en sesión casi permanente en Bruselas, que delibera en secreto y toma una serie de decisiones que en realidad se arreglan a escala burocrática a un nivel inferior del de los propios ministros reunidos, decisiones inapelables y vinculantes para los parlamentos nacionales. Desde 1974 esta estructura la encabeza el llamado Consejo Europeo, formado por los jefes de gobierno de los estados miembros, que se reúne como mínimo dos veces al año y establece la política general del Consejo de Ministros.

En tercer lugar, encontramos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, integrado por jueces nombrados por los estados miembros, que se pronuncian en relación con la legalidad o ilegalidad de las directivas de la Comisión, y en relación con los conflictos que puedan surgir entre la Unión y el derecho de cada nación. Con el paso del tiempo el Tribunal ha acabado utilizando el Tratado de Roma como una especie de Constitución europea. A diferencia del Tribunal Supremo de los EEUU, en el Tribunal Europeo no se registran las votaciones y nunca se producen discrepancias. Las opiniones de los distintos jueces son un misterio insondable.

Por último, está el Parlamento Europeo, formalmente el «elemento popular» de este complejo institucional, el único cuerpo electivo. Sin embargo, contraviniendo el Tratado de Roma, esta asamblea no posee un sistema electoral común: no tiene una sede permanente —deambula como un vagabundo entre Estrasburgo, Luxemburgo y Bruselas—; carece de competencias tributarias; no controla los fondos —se limita, sencillamente, a votar a favor o en contra del presupuesto general de la Comunidad—; no puede opinar acerca de los nombramientos de cada miembro del ejecutivo, solo amenazar in extremis con negarse a aprobar la Comisión en su conjunto; no tiene potestad para introducir leyes, solo la facultad de aprobarlas o vetarlas. En todos estos sentidos, actúa como un aparato de gobierno más ceremonial que legislativo, una fachada simbólica bastante similar a la de la monarquía británica, por ejemplo.

El resultado institucional de la integración europea es, por tanto, una unión aduanera con una estructura supranacional que no llega a ser ejecutiva, pues no dispone de la maquinaria necesaria para imponer las decisiones que toma; un consejo que no llega a ser una asamblea legislativa, que celebra sesiones ministeriales intergubernamentales, a salvo de cualquier descuido nacional, y que funciona como una especie de cámara alta; un tribunal que no llega a ser una corte suprema y que actúa como el guardián de una Constitución inexistente; una cámara baja pseudolegislativa con estructura de Parlamento, impotente en gran medida, que sin embargo es el único cuerpo electivo, responsable, en teoría, ante el pueblo europeo. Todo ello superpuesto a un conjunto de estados-nación que deciden sus políticas fiscales, sociales, militares y exteriores. Desde finales de los años ochenta esta suma de arreglos, nacida bajo el signo de la provisionalidad y la improvisación, fue adquiriendo la respetable aura de la inercia.

En los noventa, sin embargo, tres cambios trascendentales aparecieron en el panorama político en el que se enmarca este complejo. La desaparición del Bloque Soviético, la reunificación de Alemania y el Tratado de Maastricht han puesto en marcha una serie de procesos cuya magnitud solo puede compararse con el fin de la guerra. Todo parece indicar que la Unión Europea se convertirá en los próximos años en el escenario de una extraordinaria conjunción de procesos divergentes: la transición hacia una unión monetaria europea; la recuperación de la hegemonía continental por parte de Alemania; y la competencia entre los países excomunistas que quieren incorporarse a la Unión. ¿Se puede realizar alguna predicción acerca de los resultados de un proceso protagonizado por un metabolismo de esta envergadura?

En esta encrucijada histórica lo mejor es reconsiderar la labor de Monnet y su círculo. Históricamente, la construcción estatal ha seguido tres líneas principales. Una de ellas es el crecimiento gradual, sin planificar, orgánico de la autoridad gubernamental y del territorio, como ocurrió, por ejemplo, en la Francia tardomedieval o en la Austria moderna, cuyos arquitectos pensaban poco o nada en los objetivos a largo plazo. Un segundo camino es la imitación consciente de un modelo preexistente, como sucedió en la Europa del siglo XVIII, cuando prusianos y piamonteses decidieron emular el absolutismo francés. Una tercera vía, históricamente posterior, es la innovación revolucionaria deliberada, la creación de formas estatales completamente nuevas en un periodo de tiempo comprimido bajo la presión de levantamientos populares —como en el caso de la Revolución rusa y la americana— o del impulso de las elites, como sucedió en el Japón Meiji.

El proceso de construcción estatal que pusieron en marcha los «emprendedores» —este término, que tanto alarmaba a Burke, se puede considerar un homenaje a él— de la Europa federal no siguió ninguno de estos caminos. No existía ningún antecedente histórico. Aunque fue un proceso diseñado de forma totalmente consciente desde sus orígenes, los responsables no imitaron otro modelo ni fue un proyecto de alcance total; no perseguía unos objetivos inmediatos, sino muy lejanos. Fue una combinación totalmente novedosa: una construcción política de corte extremadamente voluntarista, muy poco sistemática desde el punto de vista práctico y, sin embargo, de muy largo alcance. Monnet confiaba en lo que definía como «un desequilibrio dinámico», y la estrategia que adoptó fue la de una totalización gradual, que condujera a un objetivo sin precedentes hasta aquel momento: una federación supranacional democrática. Monnet era consciente de las implicaciones de este proyecto: «Hemos iniciado un proceso de reforma continua que influirá en el mundo de mañana de forma más duradera que los principios de la revolución, tan extendidos fuera de Occidente»[25]. Uno de los grandes méritos de la biografía de Duchêne es que intenta calibrar de un modo muy inteligente la magnitud de esta innovación que no fue ni una conquista, ni un ajuste, ni un levantamiento, y la define como «el fenómeno más insólito de la historia, un cambio de régimen estudiado»[26]. Una formulación sorprendente que, sin embargo, exagera y subestima al mismo tiempo el hallazgo de Monnet. Los cambios fueron más improvisados que estudiados; pero estaba en juego algo más que un régimen.

Retrospectivamente, ¿quién puede negar la genialidad de esta concepción del avance político? Es como si las ambiciones de Napoleón se pudieran combinar con los métodos de Taaffe. Por otra parte, hubo que pagar un precio específico. Aunque todos los proyectos históricos están sujetos a la fatalidad de las consecuencias inesperadas, cuanto más deliberados son, más pronunciado suele hacerse el abismo. La «construcción de Europa» que pusieron en marcha Monnet y su círculo era una empresa de un alcance y una complejidad sin igual, que, sin embargo, casi siempre ha dependido de las deslucidas medidas institucionales y de un respaldo social limitado. Históricamente, estaba condenada a un destino inevitable: una pauta recurrente de consecuencias que frustraron y desbarataron las intenciones de sus arquitectos.

El desconcierto ha sido constante y se ha prolongado hasta nuestros días. En los años cincuenta, la Euratom de Monnet se convirtió en el Mercado Común; los esfuerzos para lograr una unión supranacional desembocaron en un consorcio intergubernamental liderado por el estadista que más se oponía a los principios de Monnet: De Gaulle. El general pensaba, a su vez, que la postura procedimental que había mantenido en los años sesenta sería un obstáculo infranqueable para las pretensiones burocráticas de la Comisión —que en realidad las abandonó por completo en los setenta—. En los ochenta, la señora Thatcher estaba convencida de que el Acta Única Europea contribuiría a la imitación y la ampliación de la liberalización del mercado interno que ella había defendido en el Reino Unido, pero se encontró, para su sorpresa, con la implantación de la moneda única, que tanto detestaba. Todavía mantenemos las esperanzas de Jacques Delors. ¿Hay alguna posibilidad de que su destino varíe en los noventa?

II

El día de Año Nuevo de 1994, Europa —por metonimia— cambió de nombre. Las doce naciones que integraban la Comunidad adoptaron el título de Unión, aunque, como sucede con los matrimonios españoles, el nuevo apellido no sustituyó al antiguo, sino que se sumó al anterior. ¿Se ha producido algún cambio sustancial? De momento, poco ha cambiado. El número de estados miembros ha ascendido hasta quince, con la incorporación de tres países que antes permanecían neutrales. Por lo demás, las cosas siguen como antes. La novedad, sin embargo, es que todo el mundo sabe que esto no va a durar. Por primera vez desde que terminara la guerra, Europa espera con ilusión una serie de cambios importantes, aunque todavía imponderables, que afectan a la parte que representa al todo. Los tres más importantes dominan el horizonte.

El primero, por supuesto, es el Tratado de Maastricht. Podemos dejar a un lado algunas cláusulas retóricas, la de la vaguedad de las votaciones relacionadas con la política exterior y la defensa, la protección ineficaz de los derechos sociales, e incluso ignorar las afables enmiendas a las relaciones institucionales dentro de la Comunidad. Lo más importante del Tratado es el compromiso de los estados miembros, con la excepción de Inglaterra y Dinamarca, de introducir una moneda única, bajo la autoridad de un único Banco Central, a partir de 1999. Esta medida implica un avance irreversible de la UE hacia una federación real. Los gobiernos nacionales perderán el derecho a emitir dinero o a alterar los tipos de cambio, y solo se les permitirá variar los tipos de interés y los préstamos públicos dentro de unos límites muy estrictos, bajo la amenaza de sanciones que impondrá la Comisión si vulneran las directivas del Banco Central. Cada uno de los estados miembros podrá fijar los impuestos según su criterio, pero se prevé que la movilidad del capital en el mercado único asegurará la aparición gradual de denominadores fiscales comunes. La unión monetaria europea representa el fin de los más importantes atributos de la soberanía económica nacional.

En segundo lugar, Alemania se ha reunificado. La creación del Mercado Común original se basaba en el equilibrio entre los dos países más grandes de los Seis, Francia y Alemania —este con un mayor peso económico y una población ligeramente inferior, y aquel con un mayor peso militar y diplomático—. Después, se incorporaron por los flancos Italia y Gran Bretaña, dos estados a grandes rasgos similares demográfica y económicamente. Este equilibrio empezó a quebrarse en los años ochenta, cuando el SME acabó pivotando en torno al marco, la única moneda que no había sufrido devaluación alguna. Una década después, la situación de Alemania ha experimentado una transformación cualitativa. Con una población de más de ochenta millones de habitantes, es ahora con diferencia el Estado más grande de la Unión, y no solo ejerce un dominio monetario cada vez mayor, sino que además desempeña un papel institucional y diplomático mucho más destacado. Por primera vez en su historia, el proceso de integración europea se enfrenta ahora a la aparición de una potencia hegemónica con una capacidad desproporcionada, que puede repercutir en el resto de estados miembros.

El tercer gran cambio se ha producido a raíz del fin del comunismo en los países antiguamente agrupados en torno al Pacto de Varsovia. La restauración del capitalismo al este del Elba ha transformado todavía más la posición de Alemania, pues le ha permitido recuperar su condición de Land der Mitte continental, un fenómeno anunciado reiteradamente por los teóricos conservadores, y ha restado importancia al armamento nuclear que Francia y Gran Bretaña poseían y que los alemanes no. Sin embargo, aún más importante es el deseo que en la actualidad han expresado prácticamente todos los países de la Europa del Este y algunos territorios exsoviéticos, de unirse a la UE. En la situación actual, la población total de los países candidatos ronda los 130 millones de habitantes. Su incorporación daría lugar a una Comunidad de más de medio billón de ciudadanos, casi el doble de la de Estados Unidos. Y, además, se duplicaría el número de estados miembros; de quince pasaríamos a treinta, lo cual tendría todavía consecuencias más importantes. Nos encontraríamos ante una configuración completamente nueva.

Históricamente, estos tres grandes cambios se encuentran interrelacionados. En orden inverso, fue la caída del comunismo la que permitió la reunificación alemana que, a su vez, precipitó el Tratado de Maastricht. La onda sísmica se fue extendiendo desde el este hasta llegar al centro, y desde allí avanzó hacia el oeste de Europa. Pero cada uno de estos fenómenos tiene unas causas y unas consecuencias específicas. Los resultados de estos procesos no obedecen a una misma lógica. Es más: en una medida mayor que en cualquier otra fase previa de la integración europea, el impacto de cada uno de ellos es bastante incierto. Nos enfrentamos a una serie de indeterminaciones ex ante que, adoptando la expresión kantiana, podríamos definir como las tres anfibologías de la política Post Maastricht, y plantean unos dilemas mucho más problemáticos de lo que se suele pensar.

El primer dilema lo plantea el propio Tratado. Sus orígenes se remontan al dinamismo de la presidencia de Delors al frente de la Comisión. Dos años después de garantizar la transición hacia el Acta Única Europea de 1986, Delors convenció al Consejo Europeo de la necesidad de fundar un comité integrado en su mayoría por los gobernadores de los Bancos Centrales, pero presidido por él mismo, para elaborar un informe sobre la posibilidad de instaurar una moneda única. El Consejo aceptó formalmente las recomendaciones de Delors en la primavera de 1989. Pero la repentina inestabilidad de la Alemania del Este incitó a Mitterrand a concertar un acuerdo con Kohl en la Cumbre de Estrasburgo en el otoño de ese mismo año, de modo que el proyecto recibió el respaldo decisivo del eje francoalemán. Thatcher, por supuesto, se negó de plano.

Pero la vencieron otros estrategas más hábiles que ella, sobre todo los del régimen de la Europa continental al que menos predilección tenía, el de Roma. La desbordante seguridad en sí misma que muestra Thatcher en Los años de Downing Street se tambalea de un modo abrumador cada vez que la protagonista aborda el tema de Europa. Los títulos de los capítulos de su biografía hablan por sí solos. El habitual tono triunfal de «Islas Falkland: La victoria», «Desarmar a la izquierda», «Triplete», «Más que un programa, un modo de vida», «Enderezar el mundo», se interrumpe fugazmente y cede el paso a un tono de aflicción. Nos adentramos en el terreno de los «Jeux Sans Frontières» y de «Babel Express», el de la «combinación antibritánica de la retórica altisonante y el amiguismo político», un ámbito en el que «los jefes de gobierno analizan cuestiones que dejarían pasmados a los contables más competentes de la City», y «la complejidad de la política de la Comunidad Europea pone a prueba la capacidad intelectual y la lucidez de una»[27].

Este atípico gesto de humildad tiene su explicación. El tono de aflicción y desconcierto que emplea Thatcher revela que en cierto modo se sentía perdida. He aquí el leitmotiv de su explicación: «Cuando miro hacia atrás, ahora entiendo algo que en aquella época era incapaz de ver»[28]. Son muchos los acontecimientos que le inspiran este sentimiento de vergüenza retrospectiva. Un buen ejemplo es el de la cumbre del Consejo Europeo que se celebró en Milán en 1985, en la que se aprobó el sistema de voto por mayoría cualificada para el Acta Única Europea. «El signor Craxi no pudo ser más amable y razonable». «Salí de la reunión pensando en lo fácil que había resultado exponer mis puntos de vista». Pero he aquí que al día siguiente, «para mi estupefacción y mi ira, el signor Craxi convocó repentinamente una votación y el Consejo resolvió por mayoría crear una Conferencia Intergubernamental»[29]. Cinco años después, el precedente de Milán tuvo unas consecuencias funestas en Roma. En la Cumbre europea de octubre de 1990 fue Andreotti el que tendió la emboscada en la que Thatcher cayó de cabeza. «Como pasa siempre con los italianos, había que esforzarse mucho para distinguir la confusión de la astucia», escribe, quejosa. «Pero ni siquiera yo fui capaz de prever el curso que tomarían los acontecimientos»[30]. Una vez más, se le informó en el último minuto de que iba a celebrarse una votación para aprobar la celebración de una Conferencia Intergubernamental en la que se decidiría el tema todavía más controvertido de la unión política. Su reacción desmesurada ante la trampa de seda que le había tendido Andreotti acabó con ella. En Londres, tuvo que enfrentarse a las críticas de Geoffrey Howe, y en poco más de un mes tuvo que abandonar la presidencia. Es indudable que odiaba a sus colegas italianos cordialmente. Hasta tal punto que en su biografía llega a declarar: «Hablando en plata, si yo fuera italiana también preferiría que me gobernaran directamente desde Bruselas»[31].

Thatcher respetaba a Delors («inteligencia manifiesta, aptitud e integridad»), tenía predilección por Mitterrand («siento debilidad por el encanto francés») y soportaba a Kohl («un estilo de diplomacia todavía más directo que el mío»). Pero a Andreotti le temía, y le detestó desde el principio. En la primera cumbre del G-7, pocos meses después de acceder al poder, descubrió que

parecía sentir una auténtica aversión por los principios; estaba convencido de que un hombre de principios estaba condenado a convertirse en una figura cómica. Concebía la política como las guerras del siglo XVIII: una extensa y compleja sucesión de maniobras en la plaza de armas. Los ejércitos nunca participaban realmente en los conflictos, sino que se proclamaban vencedores, se rendían o se comprometían al dictado de sus fuerzas aparentes, con el fin de contribuir al desarrollo del negocio verdaderamente importante: repartirse el botín. Puede que el sistema italiano tuviera una mayor necesidad de alcanzar acuerdos políticos que de acceder a la verdad política, y en la Comunidad se pensaba que eso era de rigueur; pero a mí me parecía de mal gusto practicar esta estrategia[32].

La opinión que tenía Andreotti de Thatcher era todavía más tajante. A la salida de una interminable sesión del Consejo Europeo dedicada al reembolso británico, el mandatario italiano comentó que Thatcher le recordaba a una casera que le reclamara el alquiler a su inquilino.

La creciente importancia de Italia como tercera fuerza decisiva en los asuntos de la Comunidad fue uno de los rasgos característicos de este periodo. El Informe sobre la Unión Económica y Monetaria de 1989 que sentó las bases del Tratado de Maastricht fue redactado por un italiano, Tommaso Padoa-Schioppa, el más incisivo defensor de la moneda única, y lo hizo por iniciativa de otro italiano —Andreotti, una vez más— que en el último minuto, para consternación de los británicos y del Bundesbank, añadió una cláusula que fijaba como fecha límite para la firma del Tratado el año 1999. No obstante, en esencia los que le dieron la forma definitiva al acuerdo alcanzado en Maastricht fueron los franceses y los alemanes. El objetivo fundamental del gobierno de París era levantar un edificio financiero capaz de sustituir el poder unilateral de facto del Bundesbank como regulador de las fortunas de sus vecinos por una autoridad central de iure, que controlara un espacio monetario europeo en el que los intereses alemanes no tuvieran ya privilegio alguno. A cambio, Bonn recibía el sistema de seguridad de los «criterios de convergencia» —unas condiciones draconianas para el abandono del marco alemán, que los teóricos italianos de la moneda única siempre habían rechazado—, además del equipamiento de la «unión política».

Una cosa son los orígenes diplomáticos del Tratado y otra sus efectos económicos una vez implantado. ¿Cuál es la lógica social de la unión monetaria programada, que entrará en vigor al final de la década? En un sistema como el que se acordó en Maastricht, las políticas macroeconómicas nacionales se convierten en un recuerdo del pasado: lo único que les queda a los estados miembros son las decisiones de distribución de los gastos —necesariamente reducidos— en el marco de un equilibrio presupuestario con unos niveles tributarios competitivos. El compromiso histórico de la democracia social y de la democracia cristiana con el pleno empleo y los servicios sociales del Estado del bienestar tradicional, que ya han sido reducidos o recortados, perderá el respaldo institucional. Se trata de una perspectiva revolucionaria. La única obligación del futuro Banco Central Europeo, una institución todavía más restrictiva que los estatutos de la Reserva Federal, es el mantenimiento de la estabilidad de los precios. La función protectora y reguladora que los estados nacionales ejercen en la actualidad será desmantelada, y el único mecanismo regulador será la estabilidad monetaria, de acuerdo con el modelo del liberalismo clásico prekeynesiano.

El nuevo elemento —a saber, el carácter supranacional de la autoridad monetaria del futuro— actuará como refuerzo de este proceso de involución histórica: al distanciarse aún más del electorado de cada nación que los modelos anteriores, este sistema será todavía más inmune —no solo por ley— a las presiones populares. En pocas palabras, esta Europa federal no será —como temen los conservadores británicos— un súper Estado, sino un infra Estado. Hayek tuvo la lucidez de profetizar esta situación. En su ensayo de 1939 «Las condiciones económicas del federalismo interestatal» expuso la lógica de la unión monetaria europea actual con una energía y una claridad tremendamente inspiradas. Después de argumentar que los estados integrados en esta unión debían abandonar las políticas monetarias independientes, Hayek señalaba que las intervenciones macroeconómicas siempre exigen un acuerdo común en relación con los valores y los objetivos, y después proseguía:

Está claro que tal acuerdo se encontrará limitado en proporción inversa a la homogeneidad y similitud de los puntos de vista y de las tradiciones que poseen los habitantes de una región determinada. Aunque en el Estado nacional la sumisión a la voluntad de la mayoría será favorecida por el mito de la nacionalidad, debe quedar claro que el pueblo se resistirá a acceder a cualquier interferencia en sus asuntos cotidianos cuando la mayoría que dirige el gobierno esté compuesta por personas de nacionalidades y tradiciones diferentes. A fin de cuentas, parece lógico que el gobierno central, en una federación compuesta por gente de diferentes nacionalidades, tenga que restringir su alcance con el fin de evitar el aumento de la resistencia de los distintos grupos que lo integran. Pero ¿qué puede interferir de forma más directa en la vida privada de la gente que la dirección central de la vida económica, con su inevitable discriminación entre grupos? Parece bastante claro que el alcance de la regulación de la vida económica será mucho más limitado para el gobierno central de una federación que para los estados nacionales. Y dado que, como hemos visto, el poder de los estados que forman la federación será más limitado, gran parte de la intromisión en la vida económica a la que nos hemos acostumbrado será totalmente impracticable en una organización federal[33].

Maastricht, según esta explicación, conduce a la obliteración de aquella parte del legado keynesiano que Hayek deploraba, y de la mayoría de los logros específicos del movimiento sindical de la Europa occidental que se suelen asociar con esta herencia. ¿No desencadenará, sin embargo, esta perspectiva tan extremista la lógica inversa? Ante las drásticas consecuencias del desmantelamiento de los actuales controles sociales para las transacciones económicas a escala nacional, ¿no surgirá pronto —o incluso antes de que se lleve a la práctica— una irrefrenable presión para que se restituyan estos controles a escala supranacional, con el fin de evitar una segura polarización territorial y de clases dentro de la Unión? Es decir, ¿no se creará una autoridad política europea que regule lo que la moneda única y el inquebrantable Banco Central había desregulado? ¿Era este el as en la manga que tenía guardado Jacques Delors, autor del Plan para la unión monetaria, pero comprometido a lo largo de toda su carrera política con una versión católica de los valores socialdemócratas, recelosa del liberalismo económico?

Según esta interpretación, el guión de Hayek bien podría invertirse y dar lugar a una situación inversa —la perspectiva que describe Wynne Godley, por ejemplo—. Cuando el Tratado estaba a punto de ratificarse, Godley declaró lo siguiente:

La increíble laguna del plan de Maastricht es que, si bien recoge un anteproyecto de creación y funcionamiento de un banco central independiente, no existe un anteproyecto análogo de un gobierno central comunitario. Sin embargo, sencillamente es necesario contar con un sistema de instituciones que desempeñe todas aquellas funciones a escala comunitaria que en el presente ejercen los gobiernos centrales de los países miembros[34].

Quizá por temor precisamente a este tipo de razonamientos, el propio Hayek cambió de opinión en los años setenta. Influido por los temores alemanes al aumento de la inflación derivado de una hipotética incorporación del marco a la unión monetaria (en aquel entonces vivía en Friburgo), decidió que la moneda única europea no solo era una receta utópica, sino peligrosa[35]. Lo cierto es que en aquel entonces era más necesario que nunca evitar que los gobiernos nacionales sometidos a presiones electorales controlaran el dinero. Pero el remedio, pensaba ahora Hayek, no era cederle el control a una autoridad pública supranacional superior, sino a los bancos privados que competían entre sí, e introducir en el mercado divisas rivales.

Incluso en los círculos más conservadores son pocos los que defienden esta solución —la cual Padoa-Schioppa, quizá con un poco de malicia, recomienda por ser la única alternativa a la que él propone[36]—. Pero los recelos en relación con las consecuencias que el tipo de moneda única previsto en el Tratado de Maastricht puede tener para la estabilidad socioeconómica están muy extendidos, incluso entre las autoridades de los Bancos Centrales. Con cerca de veinte millones de desempleados en la Unión actual, ¿qué sentido tiene prevenir la aparición de enormes bolsas de desempleo permanentes en las regiones desfavorecidas? El gobernador del Banco de Inglaterra advierte ahora que, una vez descartada la devaluación, los únicos mecanismos de ajuste posibles son el incremento de los recortes salariales o la emigración a gran escala; por su parte, el presidente del Instituto Monetario Europeo, el banquero (y destacado economista) belgahúngaro Alexandre Lamfalussy, responsable de los preparativos técnicos necesarios para la implantación de la moneda única, ha señalado en tono mordaz —en un apéndice al informe del Comité Delors, al que pertenece— que «si la única herramienta macroeconómica global disponible en el seno de la unión monetaria europea es la política monetaria común aplicada por el Banco Central Europeo», nos enfrentaríamos a «una perspectiva muy poco atractiva»[37]. Según Lamfalussy, para que funcione la unión monetaria es esencial una política fiscal común.

Pero dado que los presupuestos son todavía el principal caballo de batalla de las políticas nacionales, ¿cómo puede haber coordinación fiscal sin determinación electoral? El «sistema de instituciones», en cuya necesidad insiste Godley, solo se puede concebir bajo un supuesto: tiene que basarse en una auténtica democracia supranacional, de alcance comunitario, que incorpore por primera vez la soberanía popular real en un Parlamento Europeo realmente eficaz y responsable. Basta con explicar en detalle esta condición para ver lo poco preparados que están el discurso oficial y la opinión pública de los estados miembros para la magnitud de las alternativas que se les presentan.

En segundo lugar, ¿qué posición ocupará Alemania en la Europa que prevé Maastricht? El acelerador de la unión monetaria no solo lo han pisado las esperanzas y los temores de los banqueros y los economistas. En última instancia ha sido más determinante el deseo político del gobierno francés de encerrar al recién ampliado Estado alemán en una estructura europea más estrecha, en la que el Bundesbank deje de fijar en solitario los tipos de interés. En París, la creación de una moneda única bajo control supranacional fue concebida como una medida preventiva decisiva para impedir la reaparición de una nueva hegemonía nacional alemana en Europa. Por otra parte, algunos sectores de la clase política y de la opinión pública alemana, emulando a Odiseo atándose al mástil para no ceder a la tentación, mostraron cierta inclinación —o por lo menos así lo declararon— a compartir esta visión. Para ambas partes, el supuesto subyacente era que la autoridad monetaria europea implicaría una reducción del poder del Estado-nación más fuerte desde el punto de vista económico, a saber, la República Federal Alemana.

Sin embargo, nada más aprobarse el Tratado, empezó a tomar forma precisamente el pronóstico contrario, pues los tipos de interés alemanes alcanzaron niveles nunca vistos desde los años veinte y provocaron una profunda recesión en los países vecinos, y las iniciativas diplomáticas alemanas en relación con los Balcanes —que, una vez más, como en los primeros años del siglo, eclipsaron las maniobras austriacas— trajeron a la memoria algunos recuerdos incómodos. Empleando un tono extremadamente mordaz, Conor Cruise O’Brien ha expresado una visión alternativa. En su análisis de la crisis yugoslava, en la que Bonn declaraba actuar ateniéndose exclusivamente al principio de la autodeterminación nacional —no aplicable, por supuesto, a las etnias menores: chechenos, kurdos o macedonios—, escribió:

Alemania estaba a favor de reconocer a [Croacia y Eslovenia]. El resto de la Comunidad estaba en contra, y Estados Unidos se negaba de plano. Ante un «consenso occidental» tan sólido en apariencia en relación con un asunto de esa naturaleza, la vieja Bundesrepublik anterior a 1990 habría rectificado respetuosamente. Pero la nueva Alemania unificada simplemente ignoró a Estados Unidos y forzó un cambio de opinión en la Comunidad. Alemania reconoció la independencia de Croacia y de Eslovenia, y los demás países comunitarios hicieron lo mismo unos días después. El cambio de postura de la Comunidad resultó especialmente humillante para los franceses… Las dos nuevas repúblicas forman ahora parte de una amplísima esfera de influencia alemana que se amplía hacia el este… La hegemonía económica alemana en Europa es ahora una realidad; una realidad a la que el resto de los europeos debemos adaptarnos como podamos. En estas condiciones, seguir adelante con el proyecto de una unión federal no «refrenaría» el inmenso poder de la Alemania unificada. Nos sometería al resto a la hegemonía absoluta alemana[38].

Precisamente este temor fue el motivo principal de la campaña en contra de la ratificación del Tratado de Maastricht en el referendo que se celebró en Francia unos meses después. La cuestión de si la moneda única reduciría o aumentaría el poder del Estado-nación más poderoso del continente dividió al electorado francés en dos bandos. La mayoría de la elite política, liderada por Mitterrand y Giscard, sostenía que la única forma de neutralizar la supremacía alemana era poner en práctica la unión monetaria. Los detractores de esta medida, encabezados por Séguin y De Villiers, replicaban que era el modo más seguro de favorecer la preeminencia alemana. La contienda se desarrolló sobre el telón de fondo de la primera tempestad monetaria desencadenada por el aumento de la tasa de descuento alemana en junio, que provocó la expulsión de la lira y de la libra del Mecanismo de Tipos de Cambio europeo durante la última semana de la campaña. Un año después le llegó el turno al franco, que zozobró en la marea de la especulación elevada a la categoría de tormenta por la línea de actuación que había seguido el Bundesbank.

Hoy en día disponemos de una crónica realista de estos acontecimientos, narrada desde dentro por Bernard Connolly, The Rotten Heart of Europe. La ordinariez del título y de la portada del libro de Connollly es engañosa: no es más que un hábil encanaillement editorial deliberado, que no tiene nada que ver con la aptitud del autor. El libro adolece de una falta de gusto ocasional y de cierta predilección por el melodrama. Pero en su mayor parte es un estudio extremadamente erudito y profesional, bastante corrosivo. Connolly, un thatcherista camuflado en las más altas instancias del aparato financiero de Bruselas, se sitúa, sin embargo, en las antípodas del desconcierto de Thatcher en el ámbito de la política europea. Su libro muestra con una maestría inigualable el nexo que existe entre los intereses de la banca y las elecciones prácticamente en todos los estados miembros de la CE: no solo en Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, sino también en Bélgica, Dinamarca, Portugal e Irlanda. (La única ausencia significativa es la de los Países Bajos, cuya ambivalencia entre la economía liberal y la política federal se despacha en una exasperante nota a pie de página). Las convicciones chovinistas dieron lugar a un tour de force cosmopolita.

La postura de Connolly se basa en una hostilidad de fuertes principios no solo hacia una moneda única, sino hacia los tipos de cambio fijos entre distintas divisas —en su opinión, un intento vano y peligroso de dirigir el funcionamiento de los mercados financieros, que solo sirve para reprimir la libertad económica de la que depende la vitalidad de un sistema económico espontáneo—. «Un capitalismo occidental contenido es un capitalismo occidental destruido», sentencia Connolly[39]. En su relato de las trifulcas que tuvieron lugar en el seno del Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio entre 1992 y 1993, le dedica sus simpatías a los más fervientes detractores alemanes de las concesiones a la preocupación de sus vecinos en relación con los tipos de cambio, sobre todo a la arisca figura de Helmut Schlesinger, entonces presidente del Bundesbank. Pero la naturaleza de estas simpatías es estrictamente táctica: Connolly aplaude la intransigencia de Schlesinger porque la consecuencia directa de esta actitud fue el debilitamiento de cualquier perspectiva de estabilidad en el Mecanismo de Tipos de Cambio que anticipó la inviabilidad de la unión monetaria europea. Esta postura no implica idealización alguna del Bundesbank: Connolly hace añicos el mito de la «independencia» política de esta institución, y afirma que sus políticas coinciden con notable regularidad con las necesidades de la coalición CDU / CSU en el ruedo electoral.

En la actualidad la clase política alemana, cuyos instintos nacionalistas han salido de su letargo, muestra algunos recelos en relación con la unión monetaria, ya que la perspectiva de una moneda única también ha terminado por parecer ambigua en la otra orilla del Rin. ¿Podría darse el caso de que a Alemania le dieran gato por liebre con el Tratado de Maastricht? A coro, Waigel, en nombre de la coalición gobernante, y Tietmeyer, en nombre del Banco Central, han subido la apuesta inicial por la unión monetaria con la estentórea exigencia de una «estricto cumplimiento» de los criterios de convergencia añadidos al Tratado (deuda pública inferior al 60 por ciento y déficit público por debajo del 3 por ciento del PIB; inflación al 1,5 por ciento y tipos de interés al 2 por ciento de los tres de la Unión que hayan alcanzado mejores rendimientos) y un «pacto de estabilidad». Este clamor orquestado carece de base legal, ya que en el texto aprobado en Maastricht los criterios de convergencia no son objetivos incondicionales, sino «valores de referencia» a los que hay que tender; y decidir si ha habido progresos o no es el cometido exclusivo de la Comisión —no de la República Federal ni de ningún otro gobierno—. Estas disposiciones fueron concebidas por Philippe Maystadt, ministro de Exteriores de Bélgica, un país con buenas razones para insistir en la flexibilidad y con algunas experiencias que no puede olvidar. En su desprecio de los pormenores legales y de los vecinos modestos, el tono de la diplomacia alemana actual es cada vez más guillermino.

No obstante, resulta sorprendente que esta «diatriba teutónica», como Adorno la definió en cierta ocasión, no haya encontrado oposición alguna. París, lejos de reaccionar, se ha mostrado ansioso por adaptarse. Para Connolly, era de esperar. Bajo Mitterrand, la actitud de la elite francesa fue la sumisión estilo Vichy al poder económico alemán. En su búsqueda de un franc fort, que requería unos tipos de interés punitivos, que garantizaran la alineación con el marco alemán a costa de un desempleo a gran escala, la clase dirigente traicionó al pueblo francés. Connolly —que se define como un tory radical— señala el distanciamiento de la clase política que se refleja en todas las encuestas y espera con sombría satisfacción el estallido de una nueva Revolución francesa cuando la población tome conciencia del precio que está pagando por la unión monetaria y se levante para destruir a la oligarquía que ha pretendido imponérsela[40].

En Francia, este tipo de premoniciones ya no se consideran del todo desatinadas. De momento la perspectiva no es tan dramática, pero la situación es bastante difícil. El referendo de Maastricht ha revelado la profundidad de la división de la opinión francesa en relación con las probables consecuencias de una moneda única. La pregunta típica es: «¿Qué saldrá del Tratado, una Alemania europeizada o a una Europa germanizada?». La victoria de Jacques Chirac en las elecciones presidenciales que se celebraron a continuación garantiza que la tensión entre los cálculos antitéticos seguirá acechando al Elíseo. Pues ningún político francés ha cambiado tantas veces de postura ni refleja de un modo tan oportuno la división mental del propio electorado. Chirac ha trepado al poder apoyándose en un programa que desafiaba el consenso bipartidista de los años de Rocard-Balladur, la época del pensée unique que concedía la más alta prioridad a un franco fuerte, en detrimento de la creación de empleo, y, después de algunos comienzos en falso, ha retomado con frenesí la ortodoxia financiera. El gobierno de Juppé administra ahora dosis todavía más duras de recortes con el fin de rebajar a la fuerza el déficit hasta los niveles de Maastricht.

Sin embargo, el más férreo rigor presupuestario no garantiza un franc fort. Como subraya Connolly con razón, los «criterios de convergencia» no son nada realistas, porque incluyen el crecimiento económico y el empleo entre los índices de una economía sólida. Diseñados para tranquilizar a los mercados financieros, solo satisfacen al Banco Central. Los mercados no son fáciles de engañar, y tarde o temprano rebajan la puntuación de las divisas de los países con desempleo generalizado y tensión social, aunque los precios permanezcan estables y las cuentas públicas equilibradas —como descubrió el tesoro francés en el verano de 1993—. La política nacional actual del régimen de Chirac solo puede incrementar la presión que en las grandes ciudades está a punto de estallar a costa de su credibilidad electoral, de la que también dependen sus tipos de cambio. Puede que las multitudinarias protestas callejeras de finales de noviembre presagien conflictos todavía más graves. La caída en picado de la popularidad del régimen en las encuestas de opinión no tiene precedentes en la Quinta República. La imagen de una sumisión ciega a las directivas del Bundesbank conlleva altos riesgos políticos.

La reanudación del programa nuclear impulsada por Chirac se puede ver como un torpe intento de compensar la debilidad económica con el despliegue militar —un efusivo alarde de una de las ventajas estratégicas de la que los franceses todavía disponen y los alemanes no—. El único resultado ha sido que Francia ha atraído el oprobio internacional. Por parcial o hipócrita que haya sido esta reacción (¿cuántos pasquines se han escrito contra el plan nuclear israelí, por ejemplo?), estos experimentos carecen de sentido. Débiles a pesar de su vigor aparente, como el propio Chirac, apenas afectan al equilibrio político de Europa, en el que las armas nucleares ya no poseen la misma importancia que en el pasado. En lugar de aprovechar para buscar aliados que se opusieran al endurecimiento del Tratado de Maastricht, algo a lo que los vecinos inmediatos de Francia —Italia, Bélgica y España— estaban más que dispuestos, la diplomacia francesa ha incurrido de forma gratuita en la hostilidad y el aislamiento. A juzgar por su comportamiento actual, Chirac podría convertirse en el político francés más voluble y frívolo desde Boulanger.

No obstante, en contra de lo que pensaba la mayoría, al final será Francia, en lugar de Alemania, quien decida el destino de la unión monetaria. La seguridad en sí misma de la clase política de la República Federal de Alemania, por pujante que sea, todavía es relativamente precaria. El régimen francés, más duro y sereno, cuenta con un mayor arsenal de recuerdos históricos que puede aprovechar para acallar las bravuconerías alemanas sin esforzarse demasiado. Alemania no puede volverse atrás en su decisión de aprobar el Tratado de Maastricht, solo puede intentar encauzarlo. Francia sí puede. No habrá unión monetaria europea si París no hace un gran esfuerzo para recortar su déficit. El compromiso con la unión monetaria ha sido el resultado de los cálculos políticos de la elite, una decisión de Estado de corte clásico —medida de política exterior encaminada a mantener a los alemanes bajo control y a defender el poder nacional francés—. La población es la que ha corrido con los gastos socioeconómicos del franc fort. Nos encontramos ante un caso patente de conflicto entre objetivos exteriores y aspiraciones domésticas, el tipo de casos que Alan Milward desterraba de las primeras fases de la integración. ¿Hasta qué punto le importa al votante francés de a pie que Alemania recupere la hegemonía diplomática en el continente? ¿No son la creación de empleo y el incremento salarial problemas más cercanos? Todo parece indicar que en los próximos años Francia va a experimentar un proceso muy interesante cuando se ponga a prueba el peso relativo del consumo y la estrategia en el proceso de la integración europea.

Mientras tanto, las presiones de las bases, que han empezado a brotar en forma de huelgas y manifestaciones, solo conseguirán que se agudicen los dilemas de la clase dirigente. A primera vista la elite francesa se encuentra ahora menos dividida en relación con Maastricht que en la época del referendo. Pero nadie puede decir con seguridad si la unión monetaria tendrá las consecuencias esperadas. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Una Alemania maniatada o desatada? En el espacio de la nueva Europa la ambigüedad de la unión monetaria como proyecto económico se empareja con la indeterminación política de las rivalidades nacionales latentes en el continente.

Por último, ¿qué hay de la posibilidad de ampliar la Unión Europea hacia el este? Resulta sorprendente que no se hayan producido discrepancias entre los estados miembros en relación con esta cuestión. Se podría añadir que tampoco ha habido reflexiones previas. Por primera vez en la historia de la integración europea se ha fijado un rumbo decisivo y no lo han decidido los políticos ni los tecnócratas, sino la opinión pública. Los votantes no han expresado su voluntad; pero, antes de que se estudiaran detenidamente las consecuencias, los editorialistas y los columnistas de todo el espectro político dictaminaron de forma insólitamente unánime que cualquier otra decisión era impensable. El espíritu de la aprobación de la ampliación hacia el este es muy similar al que ha favorecido la independencia de las antiguas repúblicas yugoslavas. No se ha tenido en cuenta el obstinado cálculo de costes y beneficios que suelen poner de relieve los historiadores que han estudiado las primeras décadas de la integración europea: no ha sido más que una cuestión de buena voluntad ideológica —la necesidad esencial de recompensar a los que habían sufrido bajo el comunismo—. Básicamente, la marea del consenso mediático ha arrastrado a los gobiernos. La prensa ha establecido un principio; ahora les toca a los políticos decidir cómo debe aplicarse.

Los tres principales estados de la Europa occidental no han logrado ponerse de acuerdo en relación con este extremo. Desde el principio Alemania ha concedido prioridad a la rápida incorporación de Polonia, Hungría, la antigua Checoslovaquia y, en tiempos más recientes, Eslovenia. Dentro de este grupo, Polonia sigue siendo el objetivo primordial para los alemanes. La postura de Bonn es clara. Estos países, que ya forman un área de inversión privilegiada para la industria alemana, actuarían como un glacis, alrededor de Alemania y de Austria, de países católicos con regímenes sociales y políticos en armonía con las ideas de la CDU —siempre que llegaran al gobierno los partidos adecuados—. Francia, más cauta en relación con el ritmo de la ampliación, con la mente puesta en los antiguos lazos que le vinculaban a los países de la Pequeña Entente —Rumanía o Serbia—, se ha mostrado menos inclinada a declarar su predilección por una u otra región. En un principio su preferencia inicial, articulada por Mitterrand en Praga, era una asociación genérica entre la Europa occidental y la Oriental en su conjunto, fuera del marco de la Unión.

Gran Bretaña, por su parte, no solo ha presionado para que los países del grupo Visegrád se integren rápidamente en la UE, sino que se ha mostrado dispuesta a admitir a muchos más. Major ha sido el único líder occidental que ha previsto la incorporación eventual de Rusia. Los británicos no ocultan sus motivos para defender esta postura: cuanto más se amplíe la Unión, más superficial será —cuantos más estados nacionales incorpore, menos viable será el control de una autoridad supranacional—. Cuando se extienda hasta el río Bug y más allá, la Unión Europea evolucionará en la práctica, hasta convertirse en la inmensa área de librecambio que, a juicio de Londres, siempre debería haber sido. La ampliación se traducirá en la disolución institucional y en la liberalización social: la posibilidad de incorporar enormes ejércitos de mano de obra barata procedente del este, que a su vez ejercerá una presión que contribuirá a un descenso salarial en Occidente, es otra ventaja añadida de la perspectiva británica.

¿Cuál es el resultado más probable? De momento, el plan alemán es el que cuenta con más partidarios. La política que ha esbozado la UE, en la medida que ha expresado su opinión al respecto, sigue la línea que propone la CDU. Una de las razones de esta actitud es, por supuesto, la convergencia actual entre los cálculos de los alemanes y las aspiraciones de los polacos, los checos y los húngaros, una coincidencia no exenta de ironía histórica. Desde finales de los ochenta los publicistas y los políticos húngaros, checos y polacos y, en tiempos más recientes, los eslovenos y los croatas, se han impuesto la tarea de persuadir al mundo de que estos países forman parte de Europa Central; de que muestran una afinidad natural con Europa occidental, que les diferencia de la Europa del Este. A veces la ampliación geográfica implícita en estas definiciones es muy exagerada. Czesław Miłosz, por ejemplo, considera que Vilna es una ciudad centroeuropea[41]. Pero si Polonia —por no hablar de Lituania— se encuentra realmente en el centro de Europa, ¿qué es el este? Lógicamente, uno se imagina que la respuesta correcta a esta pregunta es: Rusia. Pero dado que muchos otros escritores —Milan Kundera, por ejemplo— siempre han negado que Rusia haya pertenecido en algún momento a la civilización europea[42], nos enfrentamos al enigma de un territorio que se proclama al mismo tiempo centro y frontera.

Consciente de estos problemas, una simpatizante americana, la editora extranjera del Spectator Anne Applebaum, ha puesto al día el estatus de Polonia y la ha elevado tácitamente a la categoría de nación plenamente occidental, otorgándole el derecho —flaco favor— a decidir si Lituania, Bielorrusia y Ucrania pertenecen a Oriente o a Occidente en su obra Beetween East and West[43]. Otra salida es la que ofrece Miklós Haraszti, que sostiene que aunque en la actualidad tiene poco sentido desde el punto de vista geográfico aplicar la noción de Europa Central, esta idea expresa la unidad política de los que lucharon contra el comunismo —polacos, checos, magiares— y los diferencia de los que no lo hicieron. Lo cierto es que el número de rumanos que perdieron la vida en 1989 supera con creces al de los que murieron en estos tres países juntos por oponerse al régimen durante los años del comunismo. Hoy, sin embargo, este concepto posee un valor más regulativo que retrospectivo: acuñado originalmente para negar cualquier conexión con la experiencia rusa durante la Guerra Fría, se emplea en la actualidad para diferenciar a los candidatos de primera categoría en la incorporación a la UE de los candidatos de segunda —i. e., los rumanos, los búlgaros, los albanos, etcétera. Pero es muy difícil que una noción geopolítica consiga librarse del todo de sus orígenes. La idea de Mitteleuropa fue una invención alemana, un concepto acuñado, como es sabido, por el amigo de Max Weber, Friedrich Naumann, durante la Primera Guerra Mundial. Por sorprendente que parezca, el concepto de Naumann conserva intacta su validez. La Europa Central que él imaginó debía organizarse alrededor de un núcleo germánico que combinara la eficiencia industrial prusiana con el glamour cultural austriaco y que atrajera a las naciones satélite para que se integraran en una enorme comunidad aduanera —Zollgemeinschaft— y militar que se extendería «desde el Vístula hasta los Vosgos»[44]. Según Naumann, esa Mitteleuropa unificada sería un Oberstaat, un «super-Estado» capaz de rivalizar con el imperio angloamericano y con el ruso. Naumann, pastor luterano, señalaba con pesar que sería un Estado predominantemente católico —un peaje necesario que había que pagar—, pero tolerante, en el que tendrían cabida los judíos y las nacionalidades minoritarias. No sería una unión federal —Naumann también fue uno de los primeros profetas de la doctrina de la subsidiariedad actual—. Los estados miembros conservarían todas las formas de soberanía excepto la económica y la militar, y mantendrían su identidad política específica. No habría una única capital universal, sino que diferentes ciudades —Hamburgo, Praga, Viena— serían las sedes de determinadas funciones ejecutivas, como Estrasburgo, Bruselas y Fráncfort en la actualidad[45]. Contra el telón de fondo de un anteproyecto como este, es fácil entender que la República Federal se preste a satisfacer la exigencia ideológica de los países del grupo Visegrád de una Europa Central.

Pero teniendo en cuenta que en la actualidad la ampliación hacia el este es una política oficial sagrada —aunque todavía poco definida— de la Unión, ¿hay alguna posibilidad de que el proceso pueda quedar restringido a un selecto puñado de antiguos estados comunistas? Las solicitudes de admisión se están multiplicando, y no existe un límite definido donde detenerlas. Europa, como señaló J. G. A. Pocock en cierta ocasión con rotundidad, no es un continente, sino un subcontinente sin delimitar, inscrito en una masa de tierra continua que se extiende hasta el estrecho de Bering. Su única frontera natural con Asia es una estrecha franja de agua, el Helesponto, que en tiempos recorrieron a nado Leander y Lord Byron. Hacia el norte, la llanura y la estepa se extienden sin interrupción hasta el Turquestán. Las fronteras culturales no están demarcadas con mayor claridad que las geográficas: la Albania y la Bosnia musulmanas se encuentran a 1600 kilómetros al oeste de la Georgia y la Armenia cristianas, el lugar donde los antiguos establecieron la línea divisoria entre Europa y Asia. El propio Heródoto, el primer historiador que analizó la cuestión, señalaba que «las fronteras de Europa son bastante desconocidas, y ningún hombre puede decir dónde terminan… pero lo que sí es cierto es que Europa [la bella joven que raptó Zeus] era asiática, y que nunca pisó la tierra de los griegos que en la actualidad llamamos Europa, pues se limitó a navegar [a lomos de un toro] desde Fenicia a Creta». Puede que todavía podamos aprender alguna lección de esta ironía que señalaba Heródoto. Si Eslovaquia es un candidato idóneo para entrar en la Unión, ¿por qué no Rumanía? Si Rumanía lo es, ¿por qué no Moldavia? Y si Moldavia tiene derecho, ¿por qué no Ucrania? Si Ucrania, ¿por qué no Turquía? En un par de años Estambul desbancará a París y se convertirá en la ciudad más grande de lo que —se defina como se defina— es indiscutiblemente Europa. Por lo que respecta a Moscú, han pasado más de dos siglos desde que Catalina la Grande decretara en un famoso ucase que «Rusia es una nación europea», y la historia de la cultura y la política europea desde la época de Pushkin y Suvorov en adelante no ha hecho sino corroborar esta afirmación. La visión de De Gaulle de una Europa que se extendiera «desde el Atlántico hasta los Urales» no desaparecerá sin más. Las únicas objeciones que han surgido en el debate actual sobre la ampliación de la UE son la comodidad de los países más cercanos a la Europa del Este y la falta de imaginación de los burócratas de Bruselas. No aguantarán la lógica de la ampliación.

En 1991 J. G. A. Pocock señalaba que

«Europa»… es de nuevo un imperio entendido como una zona civilizada y estable que debe decidir si ejerce o no ejerce su poder político sobre las violentas culturas que se extienden a lo largo de sus fronteras y que todavía no están dentro de su sistema: serbios y croatas en el caso de Austria, kurdos e iraquíes si se considera que Turquía forma parte de «Europa». Estas no son decisiones que deba tomar el mercado; son decisiones de Estado[46].

Pero dado que Europa no es un imperio en el sentido más conocido de la expresión —una autoridad imperial centralizada—, sino, en palabras de Pocock, un mero «complejo de estados» sin una visión compartida de cuáles son sus regiones fronterizas, no es de sorprender que sus límenes deban ser trazados por las distintas cancillerías. Con todo, desde que Pocock escribiera estas palabras, han sido muchos los expertos que han intentado llenar esta laguna.

Timothy Garton Ash, por ejemplo, uno de los primeros y más entusiastas partidarios de la vía rápida del PCH, ha cambiado recientemente de opinión. «Después de pasarme los últimos quince años intentando explicar a los lectores occidentales que Praga, Budapest y Varsovia pertenecen a la Europa Central y no a la Oriental, soy el último que necesita que le recuerden que existen diferencias enormes entre Polonia y Albania», escribe Garton Ash en el Times Literary Supplement. «Pero afirmar que existe una línea divisoria histórica absolutamente clara entre las democracias centroeuropeas del llamado grupo Visegrád y, pongamos por caso, los Estados Bálticos o Eslovenia, sería alimentar un nuevo mito»[47]. La línea divisoria debe fijarse más bien entre una Segunda Europa formada por unos veinte estados que Garton Ash describe como «en camino» hacia la UE, y una Tercera Europa que no comparte esta perspectiva, integrada por Rusia, Bielorrusia, Ucrania y —una sutileza cartográfica— Serbia.

No parece que esta dicotomía manifiestamente instrumental vaya a resultar más duradera que la distinción mítica a la que pretende sustituir. Al final de Orchestrating Europe, una exhaustiva y —por extraño que parezca— entusiasta guía para entender el laberinto institucional y las complicaciones informales de la Unión, Keith Middlemas considera un panorama algo más amplio. Europa, afirma, está rodeada por un arco de amenazas potenciales que se extiende desde Murmansk a Casablanca. Para mantenerlo a cierta distancia, la Unión necesita un cinturón de aislamiento que constaría de un «segundo círculo» de regiones susceptibles de integrarse en la Comunidad, una zona que le protegería de los peligros de un «tercer círculo» más lejano —es decir, Rusia, Oriente Medio y el África negra—. En esta visión las distintas zonas parachoques serían, lógicamente, la Europa del Este, Chipre y Turquía en el Mediterráneo oriental, así como el Magreb. Sin embargo, Middlemas explica que mientras que los dos primeros son en última instancia aceptables para la Unión, la integración del tercero resulta inconcebible, ya que «la barrera que forman los países del Magreb es irrelevante, pues la única amenaza que representa el África subsahariana es la de unas cifras insignificantes de inmigración ilegal». De hecho, «la amenaza real se encuentra en el norte de África»[48]. Aunque el enfoque de Middlemas es más ecuménico que el de Garton Ash, que excluye expresamente a Turquía de Europa, sigue la trayectoria común a todos estos tropos: el camino que desciende a la aporía. Hasta ahora, todos los intentos de delimitar las futuras fronteras de la Unión se han acabado deconstruyendo.

De momento, son seis los países que han firmado «acuerdos europeos», la antecámara oficial de la integración: Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria; y otros cuatro están a punto de hacerlo (Eslovenia y las Repúblicas Bálticas). Solo es cuestión de tiempo que Croacia, Serbia, Macedonia, Albania y lo que queda de Bosnia se pongan a la cola. ¿Significa esta situación —que podríamos definir como un efecto dominó inverso, en el que las piezas caen hacia dentro en lugar de caer hacia fuera— que se acabarán imponiendo las previsiones británicas? Harold Macmillan vaticinó en cierta ocasión, con ese tono coloquial tan característico de los británicos, que cuando la Comunidad quedara expuesta a las benéficas presiones de una enorme zona de librecambio se «desharía como un terrón de azúcar en una taza de té»[49]. Esa sigue siendo la visión predilecta de sus sucesores. Según los cálculos de los dirigentes británicos, cuantos más estados se incorporen a la Unión, menor será la soberanía que se podrá imponer y mayores las posibilidades de que los sueños federalistas fracasen. ¿Hasta qué punto es realista esta visión?

Es indudable que si la Unión se amplía hasta sumar unas dos docenas de estados su naturaleza esencial se verá alterada. Si los acuerdos vigentes se ampliaran sin más hacia el este, solo el coste de la incorporación del grupo Visegrád implicaría un incremento del 60 por ciento del presupuesto de la Unión. Es imposible que los estados miembros actuales acepten una carga semejante en un momento en que todas las naciones presionan a favor de la reducción tributaria. El aumento del presupuesto se traduciría bien en la reducción de las ayudas a las comunidades agrícolas y a las regiones desfavorecidas de Occidente, integradas por votantes con poder para oponerse, o bien en una moderación del acquis communautaire, que permitiera convertir a los nuevos socios en miembros de segunda clase que no se beneficiaran de las transferencias pactadas para los de primera clase.

Estos son los quebraderos de cabeza fiscales que acarrea toda expansión acelerada. Pero este proceso también tendría consecuencias materiales para las antiguas economías comunistas. Si tenemos en cuenta que el esfuerzo del cumplimiento de los criterios de convergencia de la unión monetaria ya ha forzado al límite a las prósperas sociedades occidentales, ¿podrán soportarlo las empobrecidas sociedades orientales? Hasta ahora ningún candidato, por precaria que fuera su situación inicial, ha tenido que escalar semejante precipicio macroeconómico. A la vista de los requisitos de la UME, no es de sorprender que los entusiastas de la expansión empiecen a mostrarse partidarios de descartar la idea de la moneda única. Según Garton Ash, las necesidades de Varsovia y de Praga se ajustan a la perfección a los sabios pronósticos de Londres. «En el momento actual, Europa debería recurrir, quizá, al pensamiento británico», escribe Garton Ash aludiendo a la unión monetaria, «entendiendo “británico” en el sentido profundo de nuestra tradición intelectual específica: escéptica, empírica y pragmática»[50]. Esta sospecha de la incompatibilidad de la UME con la ampliación hacia el este la comparten algunos de los que defienden el punto de vista contrario, como el extravagante Jacques Attali, que considera que la moneda única es una causa válida pero en la actualidad perdida, y que la ampliación es un proyecto alemán que supondrá un alejamiento de la Europa federal, perspectiva que desprecian la mayoría de las elites nacionales, hechizadas por la cultura americana. Después de la experiencia Mitterrand, L’Europe ne s’aime pas, señala taciturno[51].

El espíritu de Maastricht no va a desvanecerse como si tal cosa. Pero los riesgos de la ampliación no se limitan únicamente a los escollos económicos que los miembros nuevos y los antiguos deben sortear. Aunque se realizaran distintos tipos de ajustes —desde la adaptación de la Política Agrícola Común, hasta la de los Fondos Estructurales, pasando por la de la moneda única— para dar cabida a las otrora «naciones cautivas», todavía habría que superar una dificultad esencial de naturaleza estrictamente política. Doblar el número de miembros podría inutilizar las instituciones actuales de la Unión. El equilibrio original de los Seis o los Nueve ya se ha quebrado en el Consejo de Ministros. En la actualidad los cinco estados más grandes —Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y España— representan el 80 por ciento de la población de la Unión, pero tan solo disponen de un poco más de la mitad de los votos del Consejo. Si los diez candidatos excomunistas actuales fueran aceptados, la proporción de estos estados sería todavía menor, y los países pobres en la Unión —los que en la actualidad tienen derechos a ayudas sustanciosas— ya no serían cuatro de quince, sino que representarían una mayoría de catorce del total de los veinticinco.

El ajuste del peso de los votos podría suponer un retroceso del pays légal hacia el pays réel. Pero no resolvería el problema más espinoso de la ampliación hacia el este, que se basa en la lógica de las cifras. La antigua Europa satélite contiene casi tantos estados como la Europa capitalista tradicional (según el último recuento, dieciséis en el «este» contra los diecisiete del «oeste», si incluimos a Suiza), y representa un tercio de la población total. Una proliferación de socios de esta envergadura, por mucho que se suavicen las desigualdades, representa una amenaza de paralización institucional. Rebuc sic stantibus, el tamaño del Parlamento Europeo podría crecer hasta alcanzar los ochocientos diputados; el número de comisarios aumentaría hasta cuarenta; si cada ministro pronunciara un discurso inicial de diez minutos, tendríamos cinco horas de discursos antes de entrar en materia. La legendaria complejidad del sistema actual, con sus intrincadas rotaciones en el oficio comisarial, sus laboriosos pactos gubernamentales y los diversos vetos ministeriales y parlamentarios, se sobrecargaría hasta el límite de la parálisis.

En tales condiciones, ¿no implicaría la ampliación necesariamente un debilitamiento? Esta es la apuesta de Londres, expresada de forma más o menos explícita según el contexto, desde el Foreign Office hasta el Times Literary Supplement. A largo plazo, según esta línea oficial de pensamiento, la expansión conducirá a la desfederalización. Con todo, ¿es esta la única conclusión lógica que se puede extraer? Esta pregunta nos conduce a la última anfibología. Pues ¿no es precisamente la perspectiva del punto muerto institucional, impuesta como una necesidad funcional absoluta, la que exigiría la creación de una autoridad supranacional mucho más centralizada que la actual? La coordinación de doce o quince socios puede funcionar, aunque sea de manera lenta y aparatosa, sobre la base del consenso. Al multiplicarse hasta llegar a cerca de treinta, esta posibilidad queda anulada a efectos prácticos. Cuantos más estados se incorporen a la Unión, mayor tenderá a ser el desajuste entre la población y su representación en el Consejo de Ministros, en la medida en que los países grandes serán menos numerosos que los pequeños, y la capacidad de decisión general será más débil. Por paradójico que parezca, puede que se alcance un resultado opuesto al de las expectativas británicas —es decir, una concentración de poder federal a través de un nuevo acuerdo constitucional en el que el peso del voto de cada nación se redistribuya y las decisiones por mayoría se conviertan en un procedimiento normal—. Puede que, en otras palabras, el problema de la magnitud obligue a desenredar la maraña institucional, algo que los partidarios de una zona de libre comercio flexible intentan evitar. La ampliación podría traducirse en una detención o un retroceso de la intensidad. Pero también podría precipitarla.

Las tres cuestiones cruciales a las que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad —la moneda única, el papel de Alemania y la multiplicación de estados miembros— poseen, por tanto, un carácter profundamente indeterminado. En los tres casos, la estructura de la anfibología es la misma. Una serie de afirmaciones tan drásticas que podrían zozobrar y generar el efecto contrario, dando lugar a una peculiar incertidumbre. Estas son las arenas movedizas políticas sobre las que debe levantarse el edificio de Europa.

II. Resultados

(2007)

Europa ha tenido una revelación y ha quedado hechizada. Lejos de perder relevancia histórica, el Viejo Mundo está a punto de adquirir una importancia para la humanidad que ni en sus días pretéritos, de dudosa gloria, había poseído. Al final de Postguerra, una obra de más de ochocientas páginas que narra la historia del continente desde 1945 hasta nuestros días, el historiador Tony Judt prorrumpe en exclamaciones de admiración ante «la emergencia de Europa en los albores del siglo XXI como parangón de las virtudes internacionales: una comunidad de valores que tanto los europeos como los no europeos consideran un ejemplo». Esta reputación, asegura Judt con entusiasmo, es «bien merecida»[52]. La misma visión ha fascinado a los profetas del Nuevo Laborismo. Por qué Europa liderará el siglo XXI, declama el título del manifiesto escrito por Mark Leonard, la Wunderkind en política exterior del Partido. «Imaginad un mundo en el que reine la paz, la prosperidad y la democracia», exhorta al lector. «Os estoy pidiendo que imaginéis el “Nuevo siglo europeo”». ¿Qué tiene que suceder para que esta posibilidad se haga realidad? «Europa representa una síntesis entre la energía y la libertad del liberalismo y la estabilidad y el bienestar de la socialdemocracia. A medida que el mundo se enriquezca y se aproxime a la satisfacción de las necesidades básicas, como el hambre y la salud, el estilo de vida europeo será irresistible»[53]. ¿De veras? Desde luego. «Ahora que India, Brasil, Sudáfrica e incluso China se encuentran en pleno desarrollo económico y político, el modelo europeo representa un modo irresistiblemente atractivo de afinar su prosperidad y de proteger su seguridad al mismo tiempo. Se unirán a la UE para construir “un Nuevo siglo europeo”»[54].

Ni corto ni perezoso, el futurólogo Jeremy Rifkin —americano de nacimiento pero europeo honorario desde cualquier punto de vista: hasta el punto de haber trabajado como asesor personal de Romano Prodi en la época en que este presidía la Comisión Europea— ha escrito una guía, El sueño europeo. En su búsqueda de «la armonía en detrimento de la hegemonía», explica Rifkin, la UE «reúne todas las condiciones para reivindicar el derecho moral en el viaje hacia una tercera etapa de la conciencia humana. Los europeos han trazado un mapa de carreteras visionario que conduce a la nueva tierra prometida, un mapa que reafirma el instinto vital y la indivisibilidad de la Tierra»[55]. Después de un lírico estudio de esta ruta —y de sus típicas escalas: «El gobierno descentralizado», «El romance con la sociedad civil», «La segunda Ilustración»—, Rifkin nos previene contra el cinismo y concluye: «Vivimos tiempos tumultuosos. Gran parte del mundo está sumido en la oscuridad, y muchos seres humanos no saben qué camino tomar. El sueño europeo es el faro que nos sirve de guía en un mundo turbulento. Una luz que nos atrae hacia una nueva era de globalidad, diversidad, calidad de vida, intensidad, sostenibilidad, derechos humanos universales, derechos de la naturaleza y paz en la Tierra»[56].

Podría pensarse que este tipo de arrebatos solo se dan en el mundo anglosajón, pero en la Europa continental abundan otras propuestas similares, más prosaicas. Para el destacado filósofo alemán Jürgen Habermas, Europa ha «solucionado de un modo ejemplar» dos graves problemas de nuestro tiempo, «el gobierno más allá del Estado-nación» y los sistemas de bienestar social que «sirvan de modelo» al mundo. ¿Qué le impide solucionar un tercer problema? «Si Europa ha resuelto dos problemas de esta magnitud, ¿por qué no podría afrontar otro desafío más: defender y promover un orden cosmopolita sobre la base del derecho internacional?»[57] —o, como apunta su compatriota, el sociólogo Ulrich Beck—, «la europeización implica la creación de una nueva política. Participar de forma activa en el juego del metapoder, en la lucha por la articulación de las reglas de un nuevo orden global. El eslogan del futuro será: Hazte a un lado, América; Europa ha vuelto»[58]. En Francia, Marcel Gauchet, teórico de la democracia y editor de la revista de pensamiento más importante del país, Le Débat, explica que «podríamos pensar que la fórmula que han aplicado los europeos por primera vez está destinada en última instancia a servir de modelo a todas las naciones del mundo. Es una fórmula que se encuentra inscrita en su configuración genética»[59].

I

La autocomplacencia siempre ha sido un sentimiento bastante común en Europa. Pero el talante actual es diferente: un narcisismo que aparentemente no conoce límites, en el que la imagen que el observador ve reflejada en el agua es la del futuro del planeta. ¿Cómo se explica este grado de vanidad política? Es evidente que el paisaje del continente ha cambiado en los últimos años, y el papel que desempeña Europa en el mundo ha ganado importancia. Los cambios reales pueden dar lugar a sueños surreales que hay que calibrar adecuadamente para determinar cuáles son las conexiones que existen entre ambos, si es que existen. Hace diez años Europa se enfrentaba a tres grandes imponderables: el advenimiento de la unión monetaria tal como se concibió en Maastricht; la recuperación de la preponderancia regional de Alemania gracias a la reunificación; y la expansión de la UE hacia la Europa del Este. Los resultados de cada uno de ellos eran ex ante indeterminados. ¿Hasta qué punto se han clarificado desde entonces?

Por su propia naturaleza se puede considerar que la introducción de una moneda única, adoptada simultáneamente por once de los quince estados miembros de la UE el 1 de enero de 1999, ha sido la transformación más inmediata y sistemática de las tres. Lo más razonable era suponer que esta medida tendría una serie de efectos directos que se podrían percibir enseguida. Sin embargo, la única consecuencia visible hasta el momento es que el proceso de sustitución de las doce monedas (Grecia se sumó a la iniciativa en 2002) se ha desarrollado sin fallos técnicos ni contratiempos: un auténtico tour de force administrativo. Por lo demás, contrariamente a lo que casi todo el mundo esperaba, el resultado global de la unión monetaria que entró en vigor en la Eurozona hace ocho años no es del todo concluyente. El propósito declarado de la moneda única era rebajar los costes transaccionales e incrementar la previsibilidad del rendimiento para las empresas, dos efectos que desencadenarían un aumento de las inversiones y un crecimiento más rápido del rendimiento y de la producción.

Pero en la actualidad todavía no se han obtenido resultados en este sentido. Se ha demostrado que los efectos dinámicos de la SEA, el «acta del mercado único» de 1986, que según los economistas más ortodoxos sería una iniciativa mucho más importante que la UME, se habían alabado en exceso: el Informe Oficial Cecchini estimaba que el PIB de la Comunidad crecería entre un 4,3 por ciento y un 6,4 por ciento, pero en realidad se ha producido un incremento de poco más de un 1 por ciento. Hasta el momento, la recompensa de la UME ha sido todavía más decepcionante. Lejos de acelerarse, el crecimiento en la Eurozona experimentó una ralentización inicial y pasó de una media del 2,4 por ciento en los cinco años anteriores a la unión monetaria a una del 2,1 por ciento durante los cinco años posteriores. A pesar de la discreta aceleración que ha tenido lugar entre 2004 y 2007, el crecimiento sigue por debajo del nivel de los años ochenta. En la Cumbre de Lisboa de 2000, celebrada a renglón seguido de la implantación de la moneda única, se prometió crear en los diez años siguientes «la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo». Pero de momento la UE ha registrado una tasa de crecimiento bastante más baja que la de EEUU, muy retrasada en comparación con la de China. Atrapada entre el atractivo científico y tecnológico de América, donde dos quintas partes de los científicos —unos 400 000— han nacido en la UE, y la mano de obra barata de la República Popular de China, donde el salario medio es veinte veces inferior, Europa ha sido incapaz de demostrar la autenticidad de sus bravatas.

El rendimiento de los países integrados en la moneda única no solo ha sido inferior al americano, sino también al de los estados de la UE que se negaron a abandonar su moneda —tanto Suecia como Gran Bretaña o Dinamarca han registrado mayores tasas de crecimiento en el mismo periodo—, lo cual resulta todavía más significativo. Tanto Alemania como Francia, las dos economías más importantes de la Eurozona, han violado reiteradamente el Pacto de Estabilidad destinado a evitar que la indisciplina fiscal a escala nacional socavara el rigor monetario a nivel supranacional, una actitud que ensombrece más, si cabe, el legado de Maastricht. Si el impacto deflacionario de este Pacto no se hubiera vulnerado, como sucedió en el caso de Portugal, que no se encontraba en condiciones de negarse, el crecimiento general habría sido todavía más discreto.

Con todo, sería prematuro pensar que se puede dictar un veredicto definitivo sobre la unión monetaria. Sus defensores se escudan en el caso de Irlanda y en el de España, dos claros ejemplos del éxito de esta medida, y consideran que el repunte económico general liderado por Alemania indica que finalmente la UME se está haciendo valer. Ante todo, pueden alardear de la fortaleza del propio euro. Los tipos de interés a largo plazo en la Eurozona son más bajos que los de EEUU. Pero lo más sorprendente es que el euro ha desbancado al dólar como la principal moneda del mundo en el mercado de bonos internacional. Una de las consecuencias de este fenómeno ha sido el impulso de una oleada de fusiones y adquisiciones transnacionales dentro de la Eurozona, una prueba de la «profundización» de capital que previeron los arquitectos de la unión monetaria. Dada la notoria inestabilidad de la solvencia a escala regional y nacional en la economía mundial —el de Japón es el caso más espectacular de cambio de rumbo desde los ochenta, pero ha habido muchos más—, ¿no podría suceder que, después de poco más de siete años difíciles, se produjera un giro radical en la Eurozona?

Es evidente que todo depende en gran medida del grado de interconexión o de aislamiento de Europa con la economía estadounidense, la potencia que domina la demanda global. La mediocridad del rendimiento en la Eurozona desde 1999, atribuible, según los partidarios del liberalismo económico, a la inercia del control estatal y a la rigidez del mercado laboral, dos obstáculos que parecen superados después de mucho batallar, se ha producido en una coyuntura global muy favorable, impulsada sobre todo por el consumo americano —la media del crecimiento económico mundial ha llegado hasta el 4,5 por ciento, un porcentaje que no se alcanzaba desde los años sesenta—. En gran medida esta expansión se ha debido al ascenso vertiginoso de los precios de la vivienda, principalmente en EEUU, pero también en muchos países de la OCDE —sobre todo en las antiguas economías periféricas de España e Irlanda, donde la construcción ha sido el elemento central del crecimiento reciente—. En las economías más importantes de la Eurozona, donde las hipotecas nunca han desempeñado un papel tan decisivo en los mercados financieros, estos efectos han sido más controlados. La hora de la verdad de la UME llegará en el caso de que se produzca un debilitamiento repentino del mercado inmobiliario norteamericano. Relativamente inmune a las fiebres hipotecarias durante el periodo de expansión, ¿hasta qué punto se encuentra a salvo la Eurozona de una recesión trasatlántica?

El papel de Alemania en la nueva Europa sigue siendo igual de ambiguo. Después de absorber a la RDA el país ha recuperado la inmejorable posición estratégica que tenía a principios del siglo XX en el continente: la nación más populosa y la economía más importante. Pero las consecuencias a largo plazo de la reunificación todavía no se han revelado plenamente. Es indudable que, desde el punto de vista internacional, la República de Berlín se ha convertido en una entidad más enérgica, al despojarse de algunas de las inhibiciones de la posguerra. En la década pasada la Luftwaffe ha regresado a los Balcanes, las Einsatztruppen están luchando en el Asia Occidental y las patrullas de la Deutsche Marine en el Mediterráneo oriental. Pero Alemania participa en estas operaciones como una empresa subcontratada, en misiones de la OTAN o de la ONU dirigidas por los Estados Unidos, que no son iniciativas independientes. Las posturas diplomáticas han sido más importantes que las militares. Bajo el mandato de Schröder se establecieron vínculos estrechos con Rusia, en una entente que se convirtió en el rasgo más distintivo de la política exterior de su gobierno. Pero no fue ni mucho menos un segundo Pacto de Rapallo a expensas de los vecinos occidentales. Bajo Chirac y Berlusconi, Francia e Italia cortejaron a Putin más o menos del mismo modo, pero con menos triunfos económicos en la mano. Dentro de Europa, el gobierno de coalición formado por socialdemócratas y verdes en Berlín, a pesar de su tan cacareada ausencia de complejos generacionales, nunca ha llegado a crear tantos problemas como su predecesor de Bonn. Desde 1991, de hecho, no ha tomado ninguna decisión que pueda compararse con el reconocimiento unilateral de Eslovenia por parte de Kohl, el episodio que precipitó la desintegración de Yugoslavia. Merkel ha conseguido burlar la voluntad de los votantes franceses y holandeses, pero no se encuentra en condiciones de hacer lo mismo con su electorado. En la actualidad, la perspectiva de una hegemonía informal de Alemania en Europa, considerada en términos clásicos, parece muy remota.

Una de las razones de la imagen relativamente apagada de la nueva Alemania ha sido, por supuesto, el coste de la propia reunificación, que hasta la fecha ha supuesto una factura de más de un trillón de dólares, una cifra que ha sumido al país durante años en el estancamiento, un desempleo muy elevado y una deuda pública cada vez mayor. Durante este periodo Francia, que no se puede decir que haya sido precisamente un galgo, ha superado a Alemania sistemáticamente: entre 1994 y 2004 ha registrado tasas de crecimiento más elevadas, con un incremento de casi el doble del PIB en los cinco primeros años del nuevo siglo. En 2006, se ha producido por fin una recuperación alemana sustancial, y se han vuelto las tornas. En la actualidad Alemania es el principal exportador mundial, y da la sensación de que su economía pudiera alcanzar una hegemonía similar a la de los tiempos de Schmidt y la primera etapa de Kohl. En aquella época, gracias a las férreas políticas monetarias del Bundesbank, Alemania tenía sujetos a sus vecinos por el cuello. Con el euro, esa forma de presión es imposible. La amenaza la representa ahora la extraordinaria represión salarial que ha impulsado la recuperación alemana. Entre 1998 y 2006, el coste unitario de la mano de obra en Alemania ha caído literalmente —en una asombrosa hazaña, el salario nominal ha bajado durante siete años consecutivos—, mientras en Francia y en Gran Bretaña subía un 15 por ciento, y entre un 25 por ciento y un 35 por ciento en España, Italia, Portugal y Grecia. Con la prohibición de la devaluación, los países del Mediterráneo están sufriendo una drástica pérdida de competitividad que augura males para toda la franja sur de la UE. Alemania no solo ejerce su poder a través del alto mando o del Banco Central; dispone de otras medidas más duras que fluyen del mercado. Es demasiado pronto para descartar una Grossmacht regional.

Han pasado dieciséis años desde la reunificación alemana. La moneda única se puso en circulación hace ocho. La ampliación de la UE comenzó hace tan solo tres. Sería muy raro que sus consecuencias se pudieran percibir ya con claridad. A efectos prácticos, por supuesto, la expansión de la UE hacia el este se puso en marcha en 1993, y ha finalizado —de momento— en 2007, con la incorporación de Rumanía y Bulgaria. En cierto sentido, es evidente por qué es, quizá, el principal motivo de satisfacción para los entusiastas del europeísmo. Nueve antiguas «naciones cautivas» del Bloque Soviético se han integrado sin problemas en la Unión. Solo los territorios del antiguo comunismo independiente de la época de Tito y Hoxha esperan a la entrada del redil, con la excepción de Eslovenia, que ingresó en 2004. El capitalismo se ha restituido de forma suave y rápida, sin engorrosos retrasos ni contratiempos. De hecho, como ha observado recientemente el director general de la Comisión de Ampliación de la UE: «Hoy en día el nivel de privatización y de liberalización del mercado suele ser superior en los nuevos estados miembros que en los antiguos»[60]. En esta zona recién liberada el crecimiento ha sido considerablemente más acelerado que en las economías más grandes de Occidente.

No menos impresionante ha sido la implantación de sistemas políticos ajustados a las normas liberales —democracias representativas con sus correspondientes derechos civiles, parlamentos electos, separación de poderes y alternancia de gobiernos—, que no ha encontrado apenas resistencia. Bajo el ojo benévolo pero vigilante de la Comisión, que procura que los criterios establecidos en Copenhague en 1993 se cumplan adecuadamente, la Europa del Este se ha incorporado a la comunidad de naciones libres. No se ha producido ninguna recaída. En la mayoría de los casos las elites estaban más que dispuestas a complacer. Para la población de estos países, los pormenores constitucionales eran menos importantes que la mejora del nivel de vida, una vez liberados del yugo del comunismo tardío, aunque casi ningún ciudadano se mostró indiferente a la conquista de libertades más modestas, como la de expresión, la de ocupación o la de desplazamiento. Llegado el momento de la incorporación, hubo conformidad, pero no demasiado entusiasmo. Solo en dos de los diez países —en Lituania y en Eslovenia— la mayoría del electorado votó a favor de la entrada a través de referendos que la mayoría de la población de otros lugares ignoró, sin duda, en parte, porque consideraban que para los dirigentes de sus respectivos países ya eran fait accompli.

Sin embargo, por muy tecnocrática o verticalista que haya sido la mecánica de la ampliación, la unificación formal de las dos mitades de Europa es un acontecimiento histórico de primer orden. Y no lo es por haber devuelto a los países del Este al antiguo hogar común del que un hado maligno —las garras totalitarias de Rusia— les había arrancado después de la Segunda Guerra Mundial, como sostienen los ideólogos de la Europa Central, con Kundera a la cabeza. Las raíces de la división del continente son más profundas y se remontan a una época mucho más lejana que la de la Conferencia de Yalta. En uno de sus libros más conocidos, el historiador americano Larry Wolff acusa a los viajeros y a los pensadores de la Ilustración de «la invención de la Europa del Este», un mito altanero acuñado en el siglo XVIII. Lo cierto es que, desde la época del Imperio romano, los territorios que en la actualidad ocupan los nuevos estados miembros de la Unión han sido casi siempre más pobres, menos cultos y menos urbanos que la mayoría de las regiones occidentales: presa de las invasiones nómadas procedentes de Asia; sometidos a una segunda servidumbre de la que ni siquiera se libraron las tierras alemanas situadas más allá del Elba, ni la relativamente avanzada Bohemia; anexionados por los Habsburgo, los Romanov, los Hohenzollern o los conquistadores otomanos. El destino que corrieron durante la Segunda Guerra Mundial y la época inmediatamente posterior no fue una lamentable excepción en su historia, sino —en términos de catástrofes— lo habitual.

La incorporación a la Unión ofrece por fin una oportunidad de dejar atrás este milenario historial de humillación y opresión reiterada. ¿Qué persona que posea cierto sentido histórico del continente puede evitar conmoverse ante la perspectiva del fin de las desigualdades en los destinos de las distintas naciones que lo componen? La idea original de la ampliación hacia el este fue el resultado de la conjunción de la estrategia alemana del gobierno de Kohl y de los intereses de las elites locales, secundada por un grupo de publicistas angloamericanos. El objetivo era integrar en la Unión por la vía rápida a Polonia, Hungría y la República Checa, los estados más amistosos de la región, los que se habían opuesto al comunismo con mayor firmeza y poseían unas clases políticas más occidentalizadas, y dejar plantadas a las sociedades menos favorecidas. Por fortuna, esta nueva e injusta división del este no llegó a prosperar. El mérito conjunto del fracaso de esta iniciativa debe atribuirse en primer lugar a Francia, que desde el principio defendió una aproximación estilo «regata», e insistió en la incorporación de Rumanía, una condición que hacía difícil excluir a Bulgaria; a Suecia, que defendió la candidatura de Estonia, con efectos similares sobre Letonia y Lituania; y a la Comisión Prodi, que finalmente se solidarizó y abogó por una ampliación completa, en detrimento de una de carácter selectivo. El resultado fue que se alcanzó un acuerdo mucho más generoso que el que se había previsto en un principio.

¿Qué hay de los efectos de la ampliación en el otro extremo, en el de los miembros más veteranos de la Unión? La partida de Fondos Estructurales asignada al este ha sido tan modesta que el coste financiero ha resultado significativamente menor que el que se había calculado en un principio, y la balanza comercial ha favorecido a las economías más poderosas de Occidente. Pero esto no es más que la calderilla de la ampliación. La recaudación —o la factura, según se mire— es otra. El capital europeo dispone ahora de una gran reserva de mano de obra, justo en la puerta de casa, que no solo favorecerá la reducción radical de los costes de producción en las fábricas del este, sino que además someterá a una enorme presión a los salarios y las condiciones laborales de Occidente. El caso arquetípico es el de Eslovaquia, un país donde los trabajadores de la industria automovilística cobran ocho veces menos que los de Alemania, y donde pronto se fabricarán más automóviles per cápita —sobre todo en las fábricas de Volkswagen y Peugeot— que en cualquier otro país del mundo. Intimidados por el miedo a que las empresas se trasladen, con el consiguiente cierre de fábricas en Alemania, muchos trabajadores alemanes se han visto obligados a aceptar la ampliación de sus horarios y la reducción de sus salarios. Las presiones de esta carrera hacia la máxima reducción de los límites normativos no se limitan a los salarios. Los antiguos estados comunistas han sido los primeros en reducir los impuestos con el fin de atraer las inversiones, y ahora compiten entre sí por ver quién los rebaja más: Estonia comenzó con un impuesto del 26 por ciento, Eslovaquia ofrece el 19 por ciento, Rumanía anuncia el 16 por ciento y en Polonia se ha propuesto rebajarlo hasta el 15 por ciento.

Puede que el nuevo este, en otras palabras, acabe desempeñado un papel similar en la UE al que ha venido realizando el nuevo sur en la economía americana desde los años setenta: una región donde la presión fiscal es muy escasa, los movimientos sindicales muy débiles o inexistentes, los salarios bajos y, en consecuencia, las inversiones son muy elevadas, y que, por tanto, registra un crecimiento más acelerado que el de las regiones del centro del continente, donde antiguamente se concentraba el capital. Lo más probable, al igual que con el sur norteamericano, es que esta región no alcance a cumplir los criterios de respetabilidad política que se dan por sentados en el resto de la Unión. De hecho, ahora que se encuentran a salvo dentro de la Unión y que ya no hay necesidad de demostrar un comportamiento ejemplar, parece ser que las elites de la región empiezan a sacar los pies del tiesto. En Polonia, los gemelos que gobiernan la nación contravienen todas las normas de corrección ideológica de Estrasburgo y de Bruselas. En Hungría, un país gobernado por un dirigente que alardea de su mendacidad, la policía antidisturbios siempre está preparada para entrar en acción. En la República Checa pasan los meses sin que el Parlamento se muestre capaz de formar un gobierno. En Rumanía, el presidente insulta al primer ministro por teléfono en un programa televisivo. Pero, al igual que en Kentucky o en Alabama, estas rarezas provincianas no desentonan con la gris escena de la metrópoli, sino que le añaden un toque folclórico.

Toda analogía tiene sus límites. La función específica del nuevo sur en la economía política de los EEUU siempre ha dependido en cierta medida de los inmigrantes que acudían atraídos por el clima de la región, un desplazamiento que ha provocado tasas de crecimiento demográfico muy superiores a la media nacional. Es mucho más probable que la Europa del Este, cuyo clima no se puede comparar con la calidez de la franja sur de los EEUU, experimente una migración en sentido inverso, como demuestran la reciente oleada de polacos que ha llegado a Gran Bretaña y las elevadas cifras de ciudadanos de los países bálticos y de otros lugares que han acogido Irlanda o Suecia. Pero la movilidad laboral, tome la dirección que tome, es —y, por razones culturales y lingüísticas evidentes, seguirá siendo— mucho más baja en la UE que en los EEUU. Los sistemas locales de bienestar social heredados del pasado comunista, aún vigentes en gran medida, representan otra restricción que puede limitar el desarrollo potencial del modelo norteamericano. Además, el este de Europa, cuya población representa menos de la cuarta parte de la población total de la UE, no tiene el mismo peso relativo que posee el sur en Estados Unidos, por no hablar de la influencia política que ejerce esta región a escala federal. De momento, los efectos de la ampliación se corresponden a grandes rasgos con la imagen que el Foreign Office y los grupos de presión empresarial de Bruselas siempre han esperado: un proceso de dilatación de la UE que ha transformado a Europa en una inmensa zona de librecambio, con una nueva región periférica que suministra mano de obra barata.

La integración del este en la Unión es el principal logro que los admiradores de la nueva Europa tienen derecho a reivindicar legítimamente. Por supuesto que, como sucede con el resto de las hazañas de la historia de la Unión que se suelen ponderar, existe cierto desajuste entre la ideología y la realidad. La Comunidad que después se transformó en Unión no es la responsable de los «cincuenta años de paz» que se le suelen atribuir, por mucho que se empeñen los devotos en asignarle a Bruselas un mérito que en sentido estricto le pertenece a Washington. Cuando la amenaza de una guerra real se cernía sobre Yugoslavia, por ejemplo, la Unión no hizo nada por impedirla, sino que contribuyó, más bien, a desencadenarla. Siguiendo una línea de argumentación no muy distinta, los publicistas de la UE suelen insinuar que sin la ampliación la Europa del Este no habría alcanzado jamás el puerto seguro de la democracia y habría naufragado en las costas de un nuevo totalitarismo o en las de la barbarie. Otro de los argumentos que respaldan esta teoría es que la UE ha supervisado el proceso de estabilización de los sistemas políticos de la región, con unas buenas dosis de interferencia directa. Pero en este caso también se suelen exagerar los peligros para satisfacer la vanidad. La UE no contribuyó en modo alguno al derrocamiento de los regímenes implantados por Stalin, y apenas existen indicios para afirmar que los antiguos países comunistas corrían el riesgo de caer en nuevas dictaduras de no ser por la mano salvadora de la Comisión. La ampliación ha sido un acontecimiento histórico muy importante y —hasta el momento— un éxito económico, pero no hay motivo alguno para afirmar que ha sido además, al contrario de lo que demuestran los hechos, una liberación política. Las exageraciones reiteradas no ayudan a magnificar las proezas, sino que les restan valor.

Queda pendiente la pregunta más importante. ¿Cuál ha sido el impacto que ha ejercido la ampliación hacia el este en el marco institucional de la propia UE? Ante esta pregunta, el panorama se nubla. Pues mientras que la ampliación ha sido el principal logro de los últimos años, la Constitución que se suponía que renovaría la Unión ha sido el fracaso más estrepitoso, y la interacción potencial entre esta y aquella es una cuestión que no está nada clara. En la Cumbre de Laeken de principios de 2002, se decidió crear una «Convención sobre el futuro de Europa» y a mediados de 2003 esta convención redactó un borrador de Constitución Europea que aprobó el Consejo Europeo en el verano de 2004. Los delegados de los países candidatos fueron incluidos simbólicamente en la Convención, pero dado que la propia convención no era más que un mero escaparate para mostrar los esfuerzos de su presidente, Giscard d’Estaing, y de su factótum británico, John Kerr —los verdaderos artífices del borrador—, su presencia no tuvo trascendencia alguna. La futura Constitución de Europa estaba destinada a la clase dirigente de Occidente —los gobiernos de los quince estados miembros que tenían que aprobarla—, y los países del este quedaron relegados a meros espectadores. En realidad, se invirtió la lógica de la voluntad constituyente: en lugar de utilizar la ampliación como base para establecer un nuevo marco, el marco se construyó antes de la ampliación.

Para las elites occidentales la debacle posterior fue como un relámpago fulminante. La Constitución —con una extensión de más de quinientas páginas, formada por 446 artículos y 36 protocolos suplementarios, una elefantiasis burocrática sin precedentes— ampliaba el poder de los cuatro estados más grandes de la Unión: Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia; reforzaba el sistema intergubernamental que permitía ejercer una mayor influencia a estas potencias, con una presidencia de cinco años designada al margen del Parlamento Europeo y, por supuesto, de la voluntad de los ciudadanos de la Unión; y establecía los imperativos de un mercado «sumamente competitivo», «libre de distorsiones», como principio fundacional del derecho político, fuera del alcance de la voluntad del pueblo. Los fundadores de la república americana se habrían restregado los ojos, incrédulos ante una Constitución tan complicada y precaria. Pero en la Europa continental el consenso de los medios de comunicación y de la clase política en el que se basaba era tan abrumador, que pocos dudaban de que fuera a entrar en vigor. Sin embargo, para asombro de sus gobernantes, los votantes la despacharon con rapidez. En Francia, donde el gobierno cometió la torpeza de repartir copias del documento entre los votantes —una decisión disparatada que recibió las críticas de Giscard—, la Constitución quedó hecha añicos después de una campaña electoral en la que una enérgica oposición popular, que no contaba con el apoyo de ningún partido, periódico ni revista, y menos aún de emisoras de radio o programas de televisión, derrotó a la clase dirigente que la apoyaba. Pocas veces, incluso en la historia reciente de Francia, un pensée tan unique ha sido noqueado de forma tan espectacular.

En los últimos días de la campaña, cuando las encuestas reflejaron un aumento de los votantes contrarios a la Constitución, el pánico se apoderó de los medios de comunicación franceses. Pero ninguno de los casos de histeria local, y hubo muchos, podía competir con los de Alemania, al otro lado de la frontera. «Europa reclama coraje», advertían Günter Grass, Jürgen Habermas y una cohorte de intelectuales alemanes con ideas afines, en una carta abierta enviada al diario Le Monde. Después de advertir a sus vecinos que «Francia se aislará mortalmente si vota “no”», añadían que «las consecuencias del rechazo serán catastróficas», «una invitación al suicidio», pues «sin coraje no puede haber supervivencia». Para los estados miembros nuevos y antiguos «la Constitución representa el cumplimiento de un sueño de siglos de antigüedad», y votar a favor no solo era un deber para con los vivos, sino también para con los muertos. «Se lo debemos a los millones y millones de víctimas de nuestras lunáticas guerras y criminales dictaduras», rezaba la carta[61]. Esto se afirmaba en un país donde ni siquiera se había corrido el riesgo de celebrar una consulta democrática, donde la ratificación puramente formal de la Constitución había sido escenificada en el Bundesrat para impresionar a los votantes franceses pocos días antes del referendo, con Giscard como invitado de honor en el podio. Por lo que respecta al aislamiento francés, tres días después los holandeses —a los que se les había advertido de forma todavía más directa de que, si no votaban a favor de la Constitución, lo que le esperaba a Europa era Auschwitz— rechazaron la Constitución con un margen todavía más amplio.

Esta doble repulsa de la Carta para una nueva Europa no salió de la nada. La Constitución no fue rechazada por su carácter excesivamente federalista, sino porque parecía poco más que un proyecto impenetrable, destinado a la redistribución del poder oligárquico, que encarnaba todo aquello que inspiraba más desconfianza del arrogante y opaco sistema en el que se había convertido la UE. Prácticamente en todas las ocasiones —no habían sido muchas— en que se había permitido a los votantes expresar su opinión en relación con el rumbo que estaba tomando la Unión, lo habían rechazado. Los noruegos se habían opuesto directamente a la CE; los daneses a Maastricht; los irlandeses al Tratado de Niza; los suecos al euro. La clase política siempre había retrasado las elecciones para poder corregir el error, o había esperado la ocasión para revocar el veredicto. La UE ha convertido en su lema el dictum brechtiano «en caso de sufrir un revés, el gobierno disolverá el pueblo y elegirá uno nuevo».

Como era de esperar, en plena celebración del quincuagésimo aniversario del Tratado de Roma, los jefes de Estado europeos se reunieron para debatir cómo enmendar una vez más la voluntad popular e imponer de nuevo la Constitución con algunos cambios cosméticos, sin exponerse esta vez a los riesgos de la decisión democrática. En la Cumbre de Bruselas de junio de 2007 se aprobó el ajuste necesario —rebautizado esta vez con el sencillo nombre de «tratado»—. Para evitar que Gran Bretaña convocara un referendo, se eximió a los británicos de suscribir la Carta de Derechos Fundamentales a la que el resto de estados miembros se habían adherido. Para no herir el orgullo de la opinión pública francesa, las referencias a la competencia sin trabas se desterraron del documento principal y se disimularon en un protocolo. Para tranquilizar la conciencia de los holandeses, la «promoción de los valores europeos» se convirtió en una prueba de acceso. Para quedar bien ante los dirigentes polacos, la degradación de Polonia a país de segunda categoría dentro del Consejo se aplazó diez años, con el fin de que la tarea de la asimilación de esta categoría recayera en los sucesores de los gobernantes del momento.

La principal novedad de este encuentro destinado a exhumar lo que franceses y holandeses habían enterrado fue la determinación de Alemania de consolidar su hegemonía dentro de la estructura electoral del Consejo. Desde el punto de vista técnico, las objeciones de los polacos a una fórmula que duplicaba el peso de Alemania y reducía drásticamente el de Polonia estaban plenamente justificadas, por motivos que la teoría electoral de las organizaciones internacionales ha demostrado con creces, como señalan los expertos en estos campos. Pero la cuestión de la igualdad era igual de relevante que la de la democracia. Después de bramar que las pérdidas demográficas de la Segunda Guerra Mundial le otorgaban a Polonia el derecho a una compensación proporcional en la estructura de la Unión, los gemelos Kaczynski se arrugaron con la misma rapidez que los coroneles polacos ante los bombardeos alemanes antes de la guerra. Olvidadas las bravatas, todo terminó con una llamada telefónica. En la región donde la población y el PIB de Polonia representan casi la mitad del total, este episodio ha sido toda una lección: en los estados a los que acaban de incorporarse impera una jerarquía tácita. El este es bienvenido, pero nada de ínfulas. A estos efectos, el adagio Deutschland über alles conserva todo su sentido.

Pero aunque ya se había repartido el pastel, había migajas para todos. Al igual que los dirigentes británicos, holandeses y franceses, los polacos recibieron el aplazamiento de su degradación a Estado de segunda categoría a cambio de que no sometieran la Constitución resucitada a la opinión de sus votantes. El único que exclamó, en un momento de regocijo y descuido, «¡El documento es el mismo en un noventa por ciento!», fue el primer ministro irlandés Ahern —que, como Blair, acababa de escapar de una nube de corrupción—. Incluso los comentaristas más leales tuvieron que esforzarse al máximo para reprimir la indignación ante el cinismo de este último ejercicio de «estrategia comunitaria». El contraste entre esa realidad y los letreros de reventa de la nueva Europa no podía ser más radical. La realidad es que el faro que guía al mundo, el modelo para toda la humanidad, ni siquiera cuenta con el consentimiento de sus ciudadanos.

II

Por tanto, ¿qué tipo de orden político está tomando forma en Europa, quince años después de Maastricht? Los pioneros de la integración europea —Monnet y otros espíritus afines— imaginaron la eventual creación de una unión federal que se convertiría un día en el equivalente supranacional de los estados-nación de los que había surgido, anclada en una soberanía popular ampliada, basada en el sufragio universal, con un ejecutivo responsable ante una asamblea legislativa electa, y con una economía sujeta a los requisitos de la responsabilidad social. En una palabra, una democracia ampliada a escala semicontinental (solo tenían en mente la Europa occidental). Pero siempre ha existido otra forma de ver la unificación europea, como un grupo de gobiernos que ponen en común su poder para alcanzar ciertos fines —principalmente económicos— sin menoscabo de la soberanía nacional entendida en el sentido tradicional. Según esta concepción, se trataría más bien de crear un nuevo marco institucional para llevar a cabo una variedad de transacciones específicas entre ellos. De Gaulle fue uno de los principales defensores de esta visión; y Thatcher también. Entre la concepción federalista de Europa y la intergubernamental siempre ha existido una tensión que se ha prolongado hasta el presente.

Sin embargo, la versión que ha surgido no se corresponde con ninguna de ellas. Desde el punto de vista constitucional, la UE es una caricatura de una federación democrática, ya que su Parlamento no tiene poder de iniciativa, no está integrado por partidos de alcance europeo y ni siquiera goza de un mínimo de credibilidad popular. El modesto incremento de derechos no ha servido para aumentar el interés público por este organismo, sino que ha venido acompañado de un desinterés cada vez mayor. La participación en las elecciones europeas ha decrecido de forma constante, hasta situarse por debajo del 50 por ciento, y los nuevos votantes son los que muestran una mayor indiferencia. En el este, la participación regional en los comicios de 2004 apenas alcanzó el 30 por ciento; en Eslovaquia, menos del 17 por ciento del electorado eligió a sus representantes en Estrasburgo. Este hastío no es en modo alguno irracional. El Parlamento Europeo es una asamblea merovingia. El amo del castillo es el Consejo de Ministros, donde se toman las verdaderas decisiones legislativas, encabezado por el Consejo Europeo de jefes de Estado, que se reúne cada tres meses. Sin embargo, este sistema tampoco respeta la lógica contraria a la del federalismo, la de una autoridad intergubernamental, ya que la Comisión —el ejecutivo no electo de la UE— es el único organismo que puede proponer las leyes sobre las cuales se delibera en el Consejo y, en teoría, en el Parlamento. La violación de la división de poderes constitucional por parte de esta autoridad dual —una burocracia que detenta el monopolio de la iniciativa legislativa— es flagrante. Al lado de este ejecutivo híbrido, además, se encuentra un poder judicial independiente, la Corte Europea, con potestad para fallar resoluciones que contravengan las leyes de los gobiernos nacionales.

En el centro de este laberinto hay una zona oscura donde se entrelazan las instancias legislativas rivales del Consejo y de la Comisión, el elemento más inescrutable de la Unión. Se trata del nexo de comités «Coreper» de Bruselas, donde los emisarios del Consejo se reúnen a puerta cerrada con los funcionarios de la Comisión. Este organismo genera una avalancha de directivas legalmente vinculantes, que constituyen la principal producción de la UE: cerca de 100 000 páginas hasta la fecha. Este es el punto donde se concentra todo aquello que se puede resumir con la expresión —más típica de una oficina de contabilidad que de un foro abierto— «déficit democrático», una etiqueta que los propios funcionarios de la UE condenan de forma ritual. De hecho, la trinidad integrada por el Consejo, el Coreper y la Comisión no se caracteriza únicamente por la ausencia de democracia —que la hay—, sino por la atenuación de cualquier tipo de política según la acepción convencional del término. El efecto de este eje es provocar cortocircuitos —sobre todo en el nivel crucial del Coreper— en las asambleas legislativas nacionales, que se enfrentan continuamente con un montón de decisiones que no han podido supervisar, y que no pueden compensar una explicación supranacional, dado que el Parlamento de Estrasburgo es un teatro de sombras. La farsa de las consultas populares que se ignoran con regularidad no es más que la expresión más radical de esta estructura oligárquica que resume el resto.

Además de la negación de los principios democráticos, este sistema presenta otros dos rasgos igual de destacados, pero menos conocidos. La inmensa mayoría de las decisiones que toman el Consejo, la Comisión y el Coreper están relacionadas con cuestiones nacionales que tradicionalmente se debatían en las asambleas de cada país. Pero, en los cónclaves de Bruselas, estas se han convertido en objeto de negociaciones diplomáticas —es decir, reciben el tipo de tratamiento que antiguamente se reservaba para la política exterior y los asuntos militares, cuestiones en relación con las cuales el control parlamentario suele ser débil o inexistente, y la discreción del ejecutivo más o menos limitada—. Desde el Renacimiento, el secreto ha sido siempre sinónimo de diplomacia. La labor efectiva de las estructuras centrales de la UE consiste en trasladar las prioridades declaradas de los parlamentos al mundo cerrado de las cancillerías. Pero aquí no acaba la cosa. A lo largo de la historia el éxito de la diplomacia se ha basado siempre en el sigilo y la sorpresa. Pero esto no quería decir que la discordia o la ruptura quedaran descartadas, sino que implicaba una contienda estratégica entre distintos bandos que podían romper y establecer alianzas; realizar cambios improvisados en el terreno de la negociación; alterar los medios y los fines: era, en una palabra, política entre estados, diferente de la política doméstica, pero política a fin de cuentas. En el aséptico universo de la UE todas estas prácticas han desaparecido casi por completo, pues la unanimidad se ha acabado convirtiendo en algo de rigor en todas las ocasiones importantes —se considera que cualquier desacuerdo público, por no hablar de la negativa a aceptar el consenso prefabricado, es una violación de las reglas de etiqueta inconcebible. El mortífero conformismo que reina en las cumbres de la UE, que celebran con suficiencia los teóricos de la «democracia consociativa» como si fuera algo distinto de un cártel de elites que se protegen mutuamente, ha sellado el ataúd de la democracia igualitaria y real, y lo ha cubierto con las coronas de flores de la gazmoñería burocrática. No queda nada que pueda despertar la voluntad popular, pues la participación democrática y la imaginación política se han extinguido.

Estas estructuras llevan bastante tiempo funcionando. Si no se reforman, lo único que puede suceder es que la ampliación refuerce su eficacia. La distancia entre gobernantes y gobernados, bastante amplia de por sí en una Comunidad de entre nueve y doce países, se agrandará, sin duda, en una Unión de veintisiete o más, un grupo en el que las circunstancias sociales y económicas son tan distinta que el coeficiente Gini en la UE es ahora más alto que el de los EEUU, la legendaria tierra de las desigualdades. Los adversarios del federalismo europeo, encabezados por los sucesivos gobiernos británicos, siempre han pensado que cuanto más se amplíe la Comunidad, habrá menos posibilidades de que las instituciones avancen en una dirección democrática, pues en una unión supranacional será más difícil llevar a la práctica cualquier sistema de soberanía popular. Sus pronósticos se han cumplido. Ampliada hasta un número de habitantes que roza los 500 millones, la UE actual no se encuentra en condiciones de invocar los sueños de Monnet.

¿Y qué? No escasean los apologistas dispuestos a explicar que no solo es un error quejarse de la falta de democracia, entendida en un sentido convencional, en la Unión, sino que en realidad esta es su mayor virtud. El razonamiento habitual, tal como aparece formulado en publicaciones como Prospect, es el siguiente. En esencia la UE se encarga de cuestiones técnicas y administrativas —la competencia de los mercados, las especificaciones de los productos, la protección al consumidor y otras cuestiones similares—, destinadas a cumplir el objetivo del Tratado de Roma de garantizar la libre circulación de bienes, personas y capital dentro de sus fronteras. Son asuntos por los que los votantes muestran poco interés, pues piensan con razón que lo mejor es dejarlos en manos de los expertos, fuera del alcance de la incompetencia de los parlamentarios. Con los burócratas de Bruselas sucede —tácitamente, en todo caso— lo mismo que con la policía, los bomberos o los funcionarios, que no se eligen, pero que gozan de la confianza unánime de la ciudadanía. El déficit democrático es un mito, porque las cuestiones que de verdad les preocupan a los votantes —sobre todo los impuestos y los servicios sociales, la verdadera esencia de la política— no dependen de la Unión, sino que se siguen decidiendo a escala nacional a través de los mecanismos electorales tradicionales. Mientras se siga respetando la división entre estos dos escenarios y sus respectivos métodos de decisión, y consigamos librarnos de los ejercicios de populismo demagógico —es decir, cuando se deje de consultar a las masas acerca de problemas no pueden entender y que no deberían someterse jamás a votación—, la democracia permanecerá intacta, mejorará incluso. Si se piensa fríamente, todo se hace con la mejor intención en la mejor de las Europas posibles.

A primera vista, podría parecer que esta explicación se basa en la experiencia inmediata de la Unión, que comparten todos sus ciudadanos. Si se les pregunta en qué modo ha afectado la UE a su vida personal, la mayoría de ellos —al menos los que viven en la Eurozona y en los países del cinturón Schengen— no citarán las directivas técnicas de la Unión; lo más probable es que contesten que viajar resulta ahora más sencillo gracias a la desaparición de los controles fronterizos y de las antiguas divisas. Más allá de estas comodidades, un reducido estrato de profesionales y ejecutivos, y un flujo algo mayor de obreros y trabajadores migrantes, se han beneficiado de la movilidad ocupacional transfronteriza, aunque se trate de una movilidad todavía bastante limitada, pues el número de ciudadanos que vive fuera de su país de origen representa menos de un 2 por ciento de la población total. En cierto sentido, puede que resulten más significativos los programas de intercambio, que cada vez permiten a un mayor número de alumnos estudiar en otras sociedades de la UE. Viajes, estudios, algunos trabajos aquí y allá: cambios agradables todos ellos, pero ninguno vital. Es este ligero aumento de las comodidades el que sin duda explica la pasividad de los votantes respecto de los gobernantes que ignoran sus opiniones. Ya que igual de llamativa y de reiterada que el rechazo popular de los planes oficiales de la Unión es la falta de reacción ante su posterior incumplimiento. Las elites no convencen a las masas; pero todo parece indicar que no tienen demasiados motivos para temerlas.

¿Por qué, entonces, se desconfía de forma tan persistente de Bruselas, si las decisiones que allí se toman apenas afectan a la vida cotidiana y, cuando afectan, lo hacen de forma tan placentera? Desde un punto de vista subjetivo, la respuesta es evidente. Hay pocos ciudadanos que no se encuentren alienados del modo en que les gobiernan en su propio país —prácticamente todas las encuestas muestran que creen demasiado en lo que dicen sus dirigentes y que se sienten impotentes ante las decisiones que toman—. Con todo, se trata de sociedades en las que se celebran elecciones con regularidad, y en las que los gobiernos que se ganan la aversión del electorado pueden ser expulsados. Nadie cuestiona que la democracia, en este sentido mínimo, prevalece. A nivel europeo, sin embargo, ni siquiera este vestigio de responsabilidad resulta evidente: los motivos de la alienación se elevan al cubo. Está claro que si la Unión Europea realmente no afectara en modo alguno a las cuestiones que realmente preocupan a los votantes, se podría considerar que la desconfianza que sienten no es más que un prejuicio abstracto. Pero lo cierto es que esta intuición subyacente está justificada. Desde que se firmó el Tratado de Maastricht, no se puede decir que la Unión se haya dedicado exclusivamente a cuestiones regulativas que tengan escaso interés para el pueblo y que no afectan su vida. Se ha creado un Banco Central que, a diferencia de la Reserva Federal, ni siquiera se encuentra comprometido con el sostenimiento del empleo ni mantiene informado al Congreso. El Banco Central fija los tipos de interés para toda la Eurozona, apoyándose en un Pacto de Estabilidad que obliga a los gobiernos nacionales a cumplir unos duros objetivos presupuestarios. En otras palabras, las cuestiones de política macroeconómica de más alto nivel ya no se deciden en las capitales de cada nación, sino en Fráncfort y en Bruselas. Esto significa que las cuestiones que más preocupan a los votantes —el empleo, los impuestos y los servicios sociales— dependen de la guillotina del Banco y de la Comisión. La historia de los últimos diez años ha demostrado que esta no es una cuestión meramente académica. Las presiones de Bruselas a favor del recorte del gasto público obligaron al gobierno de Juppé a introducir el paquete de medidas fiscales que desencadenó la gran oleada de huelgas que tuvo lugar en Francia en el invierno de 1995 y que acabó con este régimen. El corsé del Pacto de Estabilidad obligó a Portugal —un país pequeño, incapaz de ignorarlo— a reducir drásticamente las ventajas sociales y dejó a la nación sumida en la dura recesión de 2003. El gobierno de Lisboa también sucumbió. La idea de que la UE actual solo se dedica a promulgar un conjunto de leyes técnicas e inocuas, con un valor tan neutral como el de los semáforos, es totalmente infundada.

Históricamente, desde el principio ha existido una tercera visión de lo que debería significar la integración europea, una concepción distinta de la federalista y de la intergubernamental. El teórico que la formuló fue el clarividente Hayek. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Hayek concibió una estructura constitucional situada muy por encima de las naciones que la integraban, para excluir el peligro de la posible influencia de la soberanía popular de los estratos inferiores. Los electorados de los estados-nación se encontraban perennemente expuestos a la tentación del dirigismo y de la redistribución, que vulneraban los derechos de propiedad en nombre de la democracia. Pero una vez que estas heterogéneas poblaciones se agruparan en una federación interestatal, como Hayek la definía, no se podría recrear la voluntad común propensa al ruinoso intervencionismo. Bajo una autoridad imparcial, fuera del alcance de la ignorancia o de la envidia política, el orden espontáneo de la economía de mercado podría por fin desplegarse sin interferencias.

En 1950, cuando Monnet concibió el Plan Schuman, el propio Hayek se encontraba en América, y apenas intervino en el debate de la integración. Más tarde rechazó la idea de la moneda única por considerar que era una política demasiado intervencionista —Hayek era más partidario de favorecer la competencia privada—, y llegó a la conclusión de que la propia Comunidad seguía siendo demasiado dirigista. Pero en Alemania había surgido una escuela de teóricos que concebían las posibilidades de la unidad de Europa en los mismos términos, los ordoliberales de Friburgo, encabezados por Walter Eucken, Wilhelm Röpke y Alfred Müller-Armack. Desprovistos del radicalismo intransigente de Hayek, estos pensadores se encontraban más cercanos a Ludwig Erhard, el renombrado arquitecto del milagro alemán de la posguerra, y, por tanto, ejercieron una influencia más real en los primeros tiempos del Mercado Común. Pero, durante treinta años, este fue un gen recesivo en el proceso de construcción de la Comunidad, una tendencia que se mantuvo latente, pero que no determinó su desarrollo.

Con el brusco deterioro del clima económico global en los años setenta y el giro neoliberal que se produjo a continuación, en los ochenta, la doctrina de Hayek fue redescubierta en Occidente. Con la llegada de Thatcher y de Reagan, la vanguardia del cambio se situó en el Reino Unido y en EEUU. En la Europa continental no llegaron a prosperar regímenes tan radicales, pero la atmósfera ideológica fue cambiando a un ritmo constante en esa misma dirección. La caída del Bloque Soviético selló la transformación de estos presupuestos provisionales. En los años noventa la Comisión estaba manifiestamente comprometida con la privatización como principio, y se la impuso sin complejos a los países candidatos junto con otros pormenores democráticos. El Directorio de Competencia se había convertido en el brazo fuerte de la Comisión, y arremetió contra los monopolios del sector público tanto en la Europa occidental como en la Oriental. En Fráncfort, el Banco Central se ajustó a la perfección a las prescripciones hayekanas de antes de la guerra. Esta tendencia, que en un principio había sido la menos prominente en la maraña de la integración europea, se había convertido en el modelo dominante. Del bloqueo del federalismo y el desgaste del intergubernamentalismo no surgió un proyecto de democracia europea en manos de la ciudadanía, ni un directorio europeo controlado por las distintas potencias europeas, sino una inmensa zona de intercambio comercial cada vez más libre, muy similar a la «catalaxia» europea que había imaginado Hayek.

La mutación no ha terminado todavía. El Parlamento Europeo sigue ahí, como un recordatorio de las esperanzas federalistas aparcadas. Las subvenciones agrícolas y regionales, herencia de un pasado cameralista, siguen absorbiendo la mayor parte del presupuesto de la UE. Pero de la «Europa social», en el sentido en que la entendían tanto Monnet como Delors, queda tan poco como de la Europa democrática. Por supuesto que, a escala nacional, todavía persisten los regímenes de bienestar social que diferencian al Viejo Mundo del Nuevo. Con la excepción de Irlanda, la proporción del PIB destinada a gasto público sigue siendo mayor en la Europa occidental que en los Estados Unidos, y existe toda una industria académica —«la literatura especializada en las distintas variedades de capitalismo»— dedicada a demostrar que nuestra variedad —sobre todo la nórdica— es mucho más humana que la suya. Es una reivindicación legítima; la autocomplacencia no lo es tanto. Pues aunque el número de desempleados de larga duración y pensionistas aumenta, existe una tendencia a alejarse de las antiguas normas de provisión. En la actualidad, el propio término «reforma» significa casi siempre lo contrario que hace cincuenta años: no alude a la creación, sino a la contracción del sistema de bienestar social que en otros tiempos tanto apreciaban sus destinatarios. Históricamente, los dos principales avances estructurales de la socialdemocracia alcanzados después de la guerra —el plan de fondos de pensiones Meidner, en Suecia, y la jornada laboral de 35 horas en Francia— se han atenuado. La marea avanza en la dirección opuesta.

En muchos sentidos podría considerarse que la UE actual, con su apretado presupuesto (ligeramente superior al 1 por ciento del PIB de la Unión), su minúscula burocracia (unos 16 000 funcionarios, sin contar a los traductores), su ausencia de sistema tributario independiente y su falta de medios administrativos, es el ne plus ultra del Estado mínimo, el sueño del liberalismo clásico más radical: un Estado más ligero que el sueño de un vigilante nocturno. Su estructura no solo excluye la posibilidad de una transferencia de funciones sociales desde la escala nacional a la supranacional, el modelo que imaginó Delors para contrarrestar la tensión que tenían que soportar debido a las elevadas tasas de desempleo y al creciente número de pensionistas. La función de la UE es presionar cada vez más a los sistemas nacionales de provisión social, uno de los muchos obstáculos que impiden el libre movimiento de los factores productivos. Como explica uno de los pensadores más versados en la estructura de la Unión, «la tendencia al neoliberalismo de la UE, si es que existe, encuentra su justificación en la tendencia al bienestar social de las políticas nacionales actuales». «Ningún analista responsable cree que se pueda mantener esta tendencia […] la política social europea no es más que un sueño de los socialistas descontentos». La realidad es que «el cometido esencial de la UE es la promoción del libre mercado. El principal grupo de interés de la Unión lo forman las multinacionales, norteamericanas en gran medida». En una palabra: la UE no se rige por la democracia ni por el bienestar, sino por el capital. «Básicamente, la UE se dedica a hacer negocios»[62].

III

Puede que sea cierto, replicarán los entusiastas, pero ¿por qué debería esto restarle mérito al bien mayor que representa la UE en el mundo, la única comunidad política que respeta los derechos humanos y el derecho internacional, que ayuda a los pobres de la Tierra y protege el medio ambiente? ¿No podría decirse que la Unión es la realización de la visión ilustrada de las virtudes de le doux commerce, que «cura casi todos los prejuicios destructivos», como señalaba Montesquieu, y pacifica las relaciones entre estados conforme al espíritu del beneficio muto y el imperio de la ley?

En el repertorio actual de tributos a Europa esta reivindicación —el papel único y el prestigio de la UE en la palestra mundial— ocupa el lugar de honor. La idea subyacente es, por supuesto, el contraste con los Estados Unidos. América se presenta como una nación cada vez más siniestra, violenta; el antagonista fanfarrón del continente humanitario de la paz y el progreso —una sociedad que se rige por sus propias leyes, a diferencia de Europa, que se esfuerza por conseguir un orden legal vinculante para todos—. Según explican Habermas y otros pensadores afines, estas dos sociedades defienden valores divergentes: la cultura de las armas, las desigualdades económicas radicales, el fundamentalismo religioso y el azote del capital, por no hablar de la bravuconería nacional, alejan a los EEUU de la UE. Los americanos promueven una concepción de las relaciones internacionales más regresiva. Invirtiendo el dictum de Goethe, nosotros estamos mejor.

La invasión de Irak supuso la cristalización de esta visión. Las manifestaciones masivas contra la guerra que tuvieron lugar el 15 de febrero de 2003, según Habermas, podrían pasar a la historia como «el acontecimiento que señaló el nacimiento de un público europeo»[63]. Incluso un personaje tan insólito como Dominique Strauss-Kahn, recién nombrado presidente del FMI, anunció que las manifestaciones habían señalado el nacimiento de una nación europea. Pero aquello era una declaración de independencia: ¿era «nación» el término más apropiado para lo que acababa de nacer? Aunque las divergencias con América en relación con Oriente Medio ofrecían una definición negativa de la emergente Europa, había, además, una dimensión positiva que apuntaba en otra dirección conceptual. La ampliación era la última gran hazaña de la Unión. ¿Cómo se podía teorizar? A finales de 1991, pocos meses después de la caída de la Unión Soviética, unos días antes de la Cumbre de Maastricht, J. G. A. Pocock publicó un ensayo profético. En esta crítica mordaz a la UE, que a su juicio había renunciado a la soberanía y a la identidad —y, por tanto, a las condiciones de la democracia— en favor del mercado, Pocock observaba que Europa se enfrentaba al problema de la definición de sus fronteras «ahora que vuelve a ser un imperio, en el sentido de una zona estable y civilizada que debe decidir si ejerce o no ejerce su poder político sobre las violentas e inestables culturas situadas a lo largo de sus fronteras»[64].

En esa época, la retórica europea oficial no recibió de buena gana esta fórmula. Diez años después, aunque ahora se suele emplear en sentido irónico, se ha convertido en la moneda común de la autocomplacencia. Mientras la cuenta atrás de Irak avanzaba, el diplomático británico Robert Cooper, asesor especial en seguridad de Blair y más tarde de Prodi en su época de presidente de la Comisión, explicaba las ventajas del sistema imperial a los lectores de Prospect. «Un sistema en el que los fuertes protegen a los débiles, los países eficientes bien gobernados exportan estabilidad y libertad; un imperio en el que el mundo está abierto a la inversión y al crecimiento… objetivos sumamente deseables». Por supuesto que «en un mundo de derechos humanos y valores burgueses, este nuevo imperialismo tendrá que ser… muy diferente del de antaño». Sería un «imperialismo voluntario», parecido al admirable imperialismo que desplegaron los EEUU en los Balcanes. Con la perspectiva de la ampliación, concluía Cooper, la Unión había puesto rumbo hacia el «noble sueño» de un «imperio cooperativo»[65].

Con la ampliación en el bote, el teórico polaco Jan Zielonka se regocija desde Oxford, en su libro Europe as Empire, de que el «diseño de la Unión [sea] verdaderamente imperialista… política del poder en su forma más refinada, aunque el término “poder” no se mencione jamás en el discurso oficial de la ampliación», pues se trata de un «imperio benigno en acción»[66].

Con un estilo menos sentimental, el estratega alemán Herfried Münkler, catedrático de Teoría Política de la Universidad Humboldt de Berlín, ha explicado la lógica de los imperios en la historia del mundo —una lógica que confiere estabilidad al vacío de poder o al caos de las zonas fronterizas, y acorrala a los bárbaros o a los terroristas— en un ambicioso estudio comparativo, Imperien, cuyas ideas se expusieron por primera vez en forma de memorando en una conferencia de embajadores convocada por la Aussenamt. Aunque, como es natural, se muestra leal a Occidente, Münkler reniega de las consideraciones normativas. El mesianismo de los derechos humanos es un lujo moral que ni siquiera el imperio americano se puede permitir. Europa, por su parte, debe calibrar su nuevo papel de sistema subimperial, adaptar sus capacidades a las tareas que se le exigen y tratar de contener la euforia en la medida de lo posible.

Huelga decir que el prefijo es el meollo de la nueva identidad que se ha apropiado Europa. ¿Hasta qué punto es independiente Europa de los Estados Unidos? La respuesta es cruel. Basta con echar una ojeada a la historia reciente. En muchos sentidos, quizá nunca haya sido menos independiente que ahora, desde los años cincuenta. La historia de la ampliación, el principal logro de la Unión —la ampliación de las fronteras de la libertad, el ascenso a la categoría de imperio, o la suma de ambas hazañas—, es un buen ejemplo. La expansión hacia el este ha sido un proceso dirigido por Washington: todos los antiguos satélites soviéticos que han ingresado en la Unión se habían incorporado antes a la OTAN, bajo el mando de EEUU. Polonia, Hungría y la República Checa se unieron a la Alianza en 1999, cinco años antes de entrar en la Unión; Bulgaria y Rumanía en 2004, tres años antes; incluso Eslovaquia, Eslovenia y las Repúblicas Bálticas ingresaron en la OTAN un mes antes —¿solo para subrayar el carácter simbólico de esta decisión?— (el plan de incorporación de las Repúblicas Bálticas se trazó en 1998). Croacia, Macedonia y Albania serán los próximos países que seguirán este mismo ciclo.

La ampliación de la OTAN hasta las antiguas fronteras soviéticas, traicionando las garantías ofrecidas a Gorvachev al final de la Guerra Fría, fue un logro de la administración Clinton. Doce días antes de que Polonia, Hungría y la República Checa se unieran a la Alianza, estalló la Guerra de los Balcanes —la primera ofensiva militar a gran escala en la historia de la OTAN—. La exitosa guerra relámpago fue una operación americana, con el apoyo simbólico de tropas auxiliares europeas y con el consentimiento prácticamente unánime de la opinión pública. Eran tiempos de armonía en las relaciones euroamericanas. La competición entre la UE y la OTAN en el este todavía no había comenzado: Bruselas acataba las prioridades de Washington, que a su vez estimulaba e impulsaba los progresos de Bruselas. Esta simbiosis asimétrica se ha convertido en algo tan natural en la actualidad que los Estados Unidos se encuentran en posición de manifestar abiertamente qué países deben entrar en la Unión, según sus criterios. Cuando Bush comunicó a los líderes europeos, en una reunión de la OTAN, que Turquía tenía que ser admitida en la UE, se dice que Chirac se quejó y afirmó que a EEUU no le gustaría que los europeos le ordenaran admitir a México en su federación; pero cuando el Consejo Europeo se reunió para decidir si se iniciaban las negociaciones para el acceso de Turquía, Condoleezza Rice llamó por teléfono a los dirigentes allí reunidos para asegurarse de que tomaban la decisión correcta, y no escuchó ninguna queja inapropiada en relación con su soberanía. A este nivel, los roces entre Europa y América siguen siendo mínimos.

¿Por qué predomina, entonces, una sensación general de crisis en las relaciones trasatlánticas, que ha generado un aparato bibliográfico de tal envergadura? En la UE, la opinión pública y los medios de comunicación consideran unánimemente que esta sensación se debe, en esencia, a la conducta de la administración republicana en relación con otras cuestiones que no tienen nada que ver con la OTAN. Al menospreciar el Protocolo de Kioto y el papel de la Corte Penal Internacional; al marginar a la ONU, al pisotear la Convención de Ginebra y al precipitarse sobre Oriente Medio, el gobierno de Bush ha dejado al descubierto el lado oscuro de los Estados Unidos, una actitud que en Europa ha sido recibida con una antipatía casi unánime, aunque las normas elementales de etiqueta han evitado que este sentimiento se exprese a escala diplomática. Por encima de todo, la reacción ante la guerra de Irak, más que cualquier otro episodio desde 1945, ha generado la fisura a la que alude el título de la última obra de Habermas, El Occidente escindido.

En esta visión, existe un profundo contraste entre la presidencia de Clinton y la de Bush. La quiebra de la continuidad de la política exterior americana —al prescindir del liderazgo consensuado en aras de un arrogante unilateralismo— ha distanciado a los europeos. La agudeza de esta percepción es indudable. Pero, en la orquestación de la Weltpolitik americana, el estilo se confunde fácilmente con la sustancia. Los bruscos modales de la administración Bush, su impaciencia en relación con los eufemismos de la «comunidad internacional», y el terminante rechazo del Protocolo de Kioto y de la ICC han ofendido la sensibilidad europea desde el principio. Los gestos de Clinton eran más suaves y discretos, aunque de hecho el resultado fue prácticamente idéntico —mientras Clinton se mantuvo en el poder no se respetaron ni por asomo ni el Protocolo de Kioto ni la ICC—. Pero lo más importante es que existe una continuidad política entre la Guerra de los Balcanes y la de Mesopotamia. En ambos casos los americanos se inventaron un casus belli —el genocidio inminente en el primer caso y las armas nucleares en el segundo—, se ignoró al Consejo de Seguridad, se prescindió del derecho internacional y se desencadenó la agresión.

Europa se mantuvo unida durante la Guerra de Yugoslavia, pero el conflicto de Irak, una guerra en la que los riesgos estratégicos eran mayores, dividió al continente. En cierta medida la oposición europea a la invasión de Bagdad fue una ilusión. En las calles de Italia, España, Alemania y Gran Bretaña, un gran número de personas se manifestó en contra de la guerra. Las encuestas mostraban que en todos los países la mayoría de la población era contraria a este tipo de intervención. Pero una vez comenzada la campaña, las protestas en contra de la ocupación fueron mucho más discretas, y el apoyo a la resistencia fue insignificante. La mayoría de los gobiernos europeos —Gran Bretaña, España, Italia, Países Bajos, Dinamarca y Portugal en Occidente, y todos al unísono en la Europa del Este—, respaldaron la invasión y enviaron tropas para que se sumaran a las fuerzas estadounidenses y contribuyeran a mantener el país bajo control. De los quince estados miembros que integraban la UE en 2003, solo tres —Francia, Alemania y Bélgica— se declararon contrarios a la perspectiva de una guerra antes de que estallara. Ninguno condenó el ataque cuando se desencadenó. Pero el gobierno francés y el alemán se opusieron explícitamente a los planes de Washington y Londres, y el sentimiento europeo se concentró en París y en Berlín, de tal modo que se confirmó y se amplificó la sensación de distanciamiento del poder y de la opinión pública norteamericana. Aquí fue donde nació la idea de una incipiente Declaración de Independencia del Viejo Mundo.

La realidad era bastante distinta. Chirac y Schröder se opusieron a la invasión por intereses domésticos. Ambos líderes conocían perfectamente a su electorado, y su postura les reportó beneficios considerables —Schröder se aseguró la reelección—. Pero, por otra parte, sabían que la voluntad de los americanos no es algo que uno se pueda tomar a la ligera. Por eso compensaron sus palabras con hechos y, aunque se opusieron a la guerra en público, se confabularon con los americanos subrosa. A puerta cerrada en Washington, el embajador francés Jean-David Levitte —el actual asesor diplomático de Sarkozy— dio luz verde a la Casa Blanca para que iniciara la guerra a condición de que se respetara la primera resolución genérica 1441 de la ONU, como recomendaba Cheney. De este modo, no era necesario consultar al Consejo de Seguridad para obtener una segunda autorización, que era lo que quería Blair para que Francia tuviera que vetarla. Por su parte, los servicios de inteligencia alemanes comunicaron en clave al Pentágono las coordenadas que el ejército estadounidense utilizó para lanzar sus misiles sobre la ciudad, un despiadado bombardeo basado en la doctrina militar denominada «conmoción y pavor». Una vez comenzada la guerra por tierra, Francia prestó su espacio aéreo a los aviones de las Fuerzas Aéreas de los EEUU con destino a Irak (un espacio que Chirac había negado a Reagan durante los bombardeos de Libia), y Alemania actuó como el otro extremo del eje de transporte que se puso en funcionamiento durante la campaña. Ambos países votaron a favor de la resolución de la ONU que ratificaba la ocupación de Irak por parte de los EEUU, y ni siquiera se molestaron en reconocer al régimen títere improvisado por Washington.

Por lo que respecta a la UE, la figura que se eligió como presidente de la Comisión en 2004 no podía ser más simbólica: el dirigente portugués que actuó como anfitrión de Bush, Blair y Aznar en la Cumbre de las Azores del 16 de marzo de 2003. Barroso está bien acompañado. El actual ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, ni siquiera tuvo tiempo para la modesta ambigüedad de su país en relación con la guerra de América, y la recibió de buen grado, como un ejemplo más del droit d’ingérence que siempre había defendido. Suecia, un país que en otros tiempos se distanció de la Guerra de Vietnam aún más que el propio De Gaulle, tiene ahora un nuevo ministro de Asuntos Exteriores a la altura de su homólogo francés: Carl Bildt, miembro fundador del Comité para la Liberación de Irak junto con Richard Perle, William Kristol, Newt Gingrich y otros. En el Reino Unido, el jefe del Foreign Office ha reafirmado con orgullo su apoyo a la guerra, aunque en este país para obtener un ascenso no basta con saltarse los principios: es necesario pasar por encima de algunos cadáveres. Puede que los españoles y los italianos hayan retirado sus tropas de Irak, pero ningún gobierno europeo ha propuesto una política para reconstruir una sociedad destruida por América, distinta de la que defiende Washington.

Por lo demás, Europa sigue metida hasta el cuello en la guerra de Afganistán, donde una versión actual de las fuerzas expedicionarias que se enviaron para aplastar la Rebelión de los Bóxer ha asesinado a más civiles este año que a miembros de las guerrillas que pretendía exterminar. El Pentágono no precisó los servicios de la OTAN para el derrocamiento relámpago de los talibanes, aunque los aviones británicos y franceses se dejaron ver de vez en cuando de forma simbólica. La ocupación de un país con una población mucho mayor y un terreno mucho más inhóspito que los de Irak era otra cuestión, y se reunió un ejército de la OTAN formado por 5000 soldados para mantener el control en Kabul mientras las fuerzas estadounidenses liquidaban al Mullah Omar y a Bin Laden. Cinco años después, Omar y Osama siguen sueltos; el líder títere de Occidente, Karzai, solo puede moverse por su país escoltado por un escuadrón de mercenarios de DynCorp International; la producción de opio se ha multiplicado por diez; la resistencia afgana es cada vez más eficaz; y las fuerzas lideradas por la OTAN —en la actualidad integradas por contingentes de treinta y siete naciones, desde Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Turquía y Polonia hasta otros pececillos como Islandia— han aumentado hasta alcanzar los 35 000 soldados, que acompañan a los 25 000 americanos. Los bombardeos indiscriminados, los tiroteos caprichosos y la «violación de los derechos humanos», como se dice de manera cortés, son el pan nuestro de cada día de los contrainsurgentes.

En el resto de Oriente Medio, la situación es la misma. Europa se ha aliado sin pensar con los EEUU siempre que el legado del control imperial o del celo conquistador entran en juego. Gran Bretaña y Francia, proveedores originales de agua pesada y uranio para el gran arsenal nuclear israelí, aunque actúan como si no existiera, exigen, junto a los norteamericanos, que Irán abandone unos programas nucleares aprobados incluso por el Tratado de No Proliferación Nuclear, bajo la amenaza de sanciones y de la intervención militar. En el Líbano, la UE y los EEUU respaldan a un gobierno que no duraría un solo día si se convocaran unas elecciones, mientras las tropas alemanas, francesas e italianas prestan guardias fronterizos para que vigilen Israel desde el interior. Por lo que respecta a Palestina, la UE no ha vacilado más que los EEUU en sumir a la población en la miseria, quitándoles todas las ayudas cuando los votantes elegían el gobierno equivocado con el pretexto de que en primer lugar debía reconocer al Estado israelí, como si Israel hubiera reconocido alguna vez al Estado palestino, y renunciar al terrorismo (léase, a cualquier tipo de resistencia a la ocupación militar que lleva practicándose durante cuarenta años sin que Europa mueva un dedo en su contra). Los fondos fluyen ahora de nuevo para proteger a un ayudante que se ha quedado en la Ribera Occidental.

Puede que algunos de estos antecedentes sean cuestionables, replicarán los partidarios de Europa. Pero se trata de asuntos de política exterior que no se puede decir que afecten en modo alguno al modelo que representa Europa para el mundo en lo que concierne al respeto de los derechos humanos y al imperio de la ley dentro de sus propias fronteras. Puede que la actuación de la UE o de sus estados miembros en Oriente Medio no sea irreprochable, pero ¿no es el liderazgo moral de sus valores dentro del continente lo que cuenta, en realidad, internacionalmente? Pero tener la conciencia tranquila no es tan sencillo, pues la Guerra contra el Terror no conoce fronteras. Los crímenes cometidos en su nombre se han extendido por todo el continente con el conocimiento de sus dirigentes. La «subcontratación de la tortura» —la «rendition», o entrega de una víctima a la policía secreta de un país cliente para que esta le dispense sus atenciones— es uno de los muchos inventos de la administración Clinton, que introdujo esta práctica a mediados de los años noventa. Diez años después, cuando le preguntaron sobre este tema al oficial al cargo del programa, Michael Scheuer, simplemente contestó: «Dejo mis escrúpulos morales en la puerta»[67]. Como era de prever, uno de los primeros países que realizó las primeras entregas fue Gran Bretaña, en compañía de Croacia y Albania.

Con la llegada de la administración Bush el programa se amplió. Tres semanas después del 11-S, la OTAN declaró que el Artículo V de los estatutos de la Alianza, que autorizaba la defensa colectiva en caso de que uno de los miembros fuera atacado, quedaba activado. Para entonces, hacía tiempo que los americanos habían decidido atacar Afganistán, pero todavía no se contemplaba la participación de Europa en la Operación «Libertad Duradera» —después de una campaña conjunta en la Guerra de los Balcanes—, el Estado Mayor norteamericano estaba escarmentado, pues consideraba que las negociaciones previas habían sido muy engorrosas, y no quería que se repitiera la experiencia. En lugar de ello, en una reunión celebrada en Bruselas el 4 de octubre de 2001, se pidió a los aliados que prestaran otros servicios. Actualmente los detalles de esa reunión siguen siendo un secreto, pero, como demuestra el segundo informe que el valiente investigador suizo Dick Marty envió al Consejo de Europa, publicado en junio de 2007, una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de poner en marcha un intenso programa de entregas. Una vez tomado Afganistán, la base aérea de Bagram, en las afueras de Kabul, se convirtió en centro de interrogatorios de la CIA y en área de carga para transportar prisioneros a Guantánamo. El tráfico no tardó en fluir en ambas direcciones, utilizando a Europa como pivote. Se trasladaba a algunos prisioneros desde los calabozos afganos o paquistaníes a Europa, bien para permanecer allí, en cárceles secretas de la CIA, bien para ser enviados a Cuba. Y otros partían de lugares secretos de Europa para recibir en Afganistán el tratamiento que necesitaban.

Aunque fue la OTAN quien puso en marcha este sistema, los secuestros no se limitaron a los países de la Alianza. Europa estaba deseosa de ayudar a América, incluso en el caso de que la letra pequeña no le obligara a hacerlo. Países de todas las latitudes del continente ofrecieron sus servicios. No resulta nada sorprendente que el Nuevo Laborismo se prestara a colaborar: con un total de 650 000 civiles muertos en su haber como consecuencia de la invasión angloamericana de Irak, habría sido absurdo que a los Straw, los Beckett o los Miliband les quitara el sueño la tortura de los vivos. Más sorprendente resulta el papel que desempeñaron los países neutrales. Bajo el gobierno de Ahern, Irlanda le prestó a la CIA el aeropuerto de Shannon, y se transportó a tantos prisioneros hacia el oeste que la gente del lugar lo conocía por el nombre de Guantánamo Express. La Suecia socialdemócrata, con el corpulento Göran Persson —que en la actualidad trabaja en un lobby empresarial— al frente del gobierno, entregó a la CIA a dos egipcios que buscaban asilo, y la agencia norteamericana los envió directamente a unos torturadores de El Cairo. La Italia de Berlusconi ayudó a un destacado equipo de la CIA a secuestrar a otro egipcio en Milán, que fue trasladado a El Cairo desde la base aérea estadounidense de Aviano, vía Ramstein, en Alemania, para que le aplicaran el mismo tratamiento que al anterior. El gobierno, formado por católicos y excomunistas, y liderado por Prodi, ha intentado frustrar la investigación judicial del secuestro, al tiempo que supervisan la ampliación de la base de Aviano. Suiza prestó su espacio aéreo al avión que llevó a la víctima hasta Ramstein y protegió al jefe del equipo de la CIA que le había arrestado de las autoridades judiciales italianas. En la actualidad se tuesta bajo el sol de Florida.

Más hacia el este, Polonia no tuvo que trasladar a los presos a Oriente Medio, sino que los encarceló y les aplicó el tratamiento adecuado in situ, en las cámaras de tortura construidas para los «presos de alto valor» por la CIA en la base de inteligencia Stare Kiejkuty, la Bagram de Europa —ni en la época de la ley marcial de Jaruzselski había centros de este tipo—. En Rumanía, una base militar situada al norte de Constanza prestó los mismos servicios, bajo la supervisión del actual presidente del país, el leal partidario de Occidente Traian Băsescu. En Bosnia, seis argelinos fueron arrestados de forma ilegal a petición de los americanos y enviados desde Tuzla —con paliza en el avión que les trasladó incluida— a la base estadounidense de Incirlik, en Turquía, y de allí a Guantánamo, donde siguen en cuclillas en sus celdas. En Macedonia, el escenario de los conmovedores encuentros entre Blair y algunos refugiados kosovares, se produjo una combinación de ambos procedimientos. Un alemán de origen libanés fue secuestrado en la frontera; más tarde le drogaron y le enviaron a Kabul para un tratamiento más prolongado. Cuando al final se averiguó, después de que el detenido se declarara en huelga de hambre, que le habían confundido con otra persona, le trasladaron con los ojos vendados a una base aérea reformada por la OTAN en Albania, y después lo devolvieron a Alemania.

Allí, el gobierno de coalición de los socialdemócratas y los verdes sabía de sobra lo que le había sucedido, ya que uno de sus agentes le había interrogado en una mazmorra de Kabul —Otto Schily, el ministro del Interior de los verdes, se encontraba en la capital afgana en aquel momento— y le había acompañado de vuelta a Albania. Pero el gobierno mostró la misma preocupación por esta víctima que por otro residente alemán de origen turco, arrestado por la CIA en Paquistán y enviado al gulag de Guantánamo, donde también fue interrogado por agentes alemanes. Ambas operaciones fueron coordinadas por el actual ministro de Exteriores socialdemócrata, Frank-Walter Steinmeier, al mando en aquel entonces de los servicios secretos. Steinmeier no solo ocultó que la víctima había sido torturada en Cuba, sino que llegó incluso a rechazar una oferta de liberación que le hicieron los americanos. En una carta dirigida a la madre del preso, Joschka Fischer, el ministro de Exteriores de los verdes en aquella época, explicaba que el gobierno no podía hacer nada por él. En «esta tierra tan buena», como la describe uno de sus principales admiradores[68], Fischer y Steinmeier son todavía los políticos más populares. El nuevo ministro de Interior, Wolfgang Schäuble, se muestra todavía más enérgico, y les ha pedido a los ciudadanos alemanes que antes de rendirse a los mortíferos enemigos del Estado les asesinen, siguiendo el ejemplo de los israelíes.

Este es el historial que presenta Marty en los dos exhaustivos informes que ha enviado al Consejo de Europa (un organismo que no tiene nada que ver con la UE), dos ejemplos de concienzuda labor detectivesca y pasión moral. Si este fiscal suizo de Ticino fuera un representante del continente en lugar de una voz en el desierto, habría razones para estar orgullosos de Europa. Al final del segundo informe, Marty expresa su esperanza de que su obra contribuya a hacer ver «el cenagal moral y legal en el que nos encontramos sumidos como consecuencia de la “guerra contra el terror” instigada por los americanos. Casi seis años después, no parece que estemos más cerca de salir de este cenagal»[69]. Desde luego. Ni un solo gobierno europeo ha reconocido culpa alguna, mientras que todos ellos siguen hablando largo y tendido, imperturbables, de los derechos humanos. Nos encontramos en un universo de Ibsen —el del cónsul Bernick, el juez Brack y otros personajes similares—, adaptado a los posmodernos: los pilares de la sociedad son los proxenetas de la tortura.

Aquí no solo se «entregan» cuerpos encapuchados o encadenados, sino que es la propia Europa la que se «entrega» a los Estados Unidos. Este es el auténtico tabú, el único que no se puede mencionar. Poder y debilidad, de Robert Kagan, nos ofrece la mejor aproximación general a este fenómeno. Esta obra es todavía en muchos sentidos la mejor crónica de la relación que existe entre ambos continentes. Kagan la compara, con desdén y benevolencia, con la que mantienen Marte y Venus —el Viejo Mundo, relevado de sus obligaciones militares por el Nuevo, se dedica a cultivar las artes y los placeres de una paz prestada—, una analogía que, como era de esperar, ha sacado de sus casillas a los europeos. Pero incluso el propio Kagan se muestra demasiado generoso con ellos, como si los europeos actuaran conforme a los preceptos de Kant, mientras que los americanos se ven obligados a cumplir los de Hobbes. Si sentimos la necesidad de recurrir a una cita filosófica para describir esta relación, lo mejor es mencionar el Discours de la servitude volontaire de La Boétie, un título que podría ser el lema de la Unión. En cualquier caso, todas estas obras son arcanas. El texto contemporáneo que mejor recoge la esencia de esta relación trasatlántica es, como no podía ser de otra manera, una sátira: el alegato de Régis Debray en favor de unos Estados Unidos de Occidente, un imperio americano que absorba por completo a Europa[70].

¿Era inevitable que todo terminara así? Por paradójico que parezca, cuando Europa estaba menos unida era en muchos sentidos más independiente. Los líderes que gobernaban Europa en las primeras etapas de la integración se habían educado en un mundo anterior al de la hegemonía de los Estados Unidos, una época en que los principales estados europeos eran potencias imperiales con políticas exteriores autónomas. Habían vivido la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, pero no se habían dejado doblegar por esta experiencia. Esto no solo se puede decir de De Gaulle, sino de otras figuras, como Adenauer y Mollet, Eden y Heath, personajes dispuestos a ignorar o a desafiar a América si sus ambiciones lo exigían. Monnet, que no aceptaba los presupuestos nacionales europeos y que nunca se enfrentó a los EEUU, compartía, sin embargo, con estos dirigentes políticos la imagen de un futuro en el que los europeos decidirían sus propios asuntos, aunque su visión fuera distinta. En los setenta Giscard y Schmidt todavía conservaban algún vestigio de este espíritu, como descubrió Carter. Pero, con el giro neoliberal de los ochenta y el ascenso al poder de la generación de la posguerra en los noventa, se extinguió definitivamente. Las nuevas doctrinas económicas ponían en cuestión el protagonismo político del Estado, y el único mundo que conocían los nuevos líderes era el de la Pax Americana. Los clásicos arrebatos de autonomía desaparecieron de Europa.

Para entonces, la Comunidad había duplicado su tamaño, era un sistema aceptado a escala internacional y podía alardear de un PIB superior al de los propios Estados Unidos. Estadísticamente, se daban las condiciones óptimas para una Europa independiente. Pero, desde el punto de vista político, la situación se había invertido. Con la decadencia del federalismo y el desgaste del intergubernamentalismo, la soberanía interior de la Unión se debilitó, sin que se creara una soberanía supranacional alternativa, de forma que los dirigentes europeos quedaron a la deriva, en un limbo indeterminado entre ambas formas. Con el eclipse de las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha, han desaparecido otros motivos independentistas anteriores. En el almíbar de la pensée unique, apenas existen diferencias entre la sabiduría neoliberal de una orilla del Atlántico y la del otro, aunque, como sucede con todos los sucedáneos, la receta europea es más insípida que la de América, donde las diferencias políticas no han desaparecido del todo. En tales condiciones el mejor elogio que un ferviente entusiasta le puede dedicar a la Unión es compararla con «una de las empresas que mejor han funcionado en la historia global». ¿A qué empresa me refiero? Pues a la de las tarjetas que todos llevamos en la cartera. «La UE se parece más a la tarjeta Visa que a un Estado»[71], afirma el niño prodigio del Nuevo Laborismo. Europa elevada a la categoría de tarjeta de crédito.

Según Marx, no sería el capital, sino los obreros los que acometerían la tarea de la superación del Estado-nación. Un siglo después, con la llegada de la Guerra Fría, Kojève afirmaría que el bando que lograra trascender el Estado-nación sería el que saldría victorioso del conflicto. La fundación de la Comunidad Europea era la solución al problema para él. Occidente ganaría, y su triunfo supondría el fin de la historia entendida como la realización de la libertad humana. La predicción de Kojève fue muy certera. Su extrapolación y su ironía conservan todo su valor. No se puede decir que hayan sido refutadas: Kojève habría sonreído ante la comparación de Europa con un trozo de plástico. Puede considerarse que la emergencia de la Unión es el último logro de la burguesía en la historia universal, una hazaña que demuestra que su capacidad creativa no se ha agotado después del fratricidio de dos guerras mundiales; y lo que le ha pasado a la Unión puede interpretarse como una extraña declinación de lo que se esperaba de ella. Sin embargo, el resultado a largo plazo de la integración sigue siendo impredecible para todas las partes implicadas. Aun cuando avanza sin contratiempos, sigue una trayectoria muy tortuosa. Quién sabe qué mutaciones se pueden producir si se presenta algún imprevisto.

III. Teorías

(2007)

Con una extensión superior a la del Imperio romano de hace dos mil años, y una estructura más ininteligible que la del bizantino, la Unión Europea continúa desconcertando a propios y extraños. Ni siquiera sus protagonistas y analistas más prominentes han sabido cómo definirla. De Gaulle la llamaba con cierto desdén ce machin. Para Jacques Delors, cuyas simpatías eran totalmente contrarias, no dejaba de ser una especie de platillo volante, un «objeto político no identificado». Para la principal autoridad constitucional de la UE es un golem. Esta perplejidad no atiende a meros caprichos terminológicos. Se corresponde con una dolorosa realidad, el enorme abismo estructural que existe entre las instituciones europeas y sus ciudadanos, un sentimiento que reflejan todas las encuestas y que se traduce en un descenso constante de la participación en las elecciones de la Unión y en una menor comprensión popular de los procesos decisorios. Este distanciamiento también se pone de manifiesto en la literatura especializada en la UE. Estas obras se pueden dividir en dos categorías bien diferenciadas, que solo coinciden de forma ocasional. Existe una literatura popular destinada al público en general, producida por publicistas —o, con menor frecuencia, por políticos—, que invade la mediasfera y pasa a formar parte del éter intelectual. Los cambios de registro dentro de esta categoría deben ser estudiados de forma independiente.

La literatura profesional sobre la UE posee una envergadura muy superior, y en la actualidad se ha convertido en una auténtica industria, una cadena de montaje en perpetua expansión, que produce revistas, monografías, artículos, conferencias, proyectos de investigación, recopilaciones, comentarios y demás. Existen en la actualidad más de 300 cátedras Jean Monnet de estudios europeos, que adornan las universidades e institutos de la Unión. Son muy pocas las obras pertenecientes a este vasto aparato que llegan a calar en la conciencia pública y la gran mayoría de ellas son tan técnicas como las propias reglas y directivas que se promulgan en Bruselas, a veces más. Pero aunque esto se debe en parte al tema de estudio, es, además, un rasgo que comparte con la disciplina que domina el debate académico sobre la UE, la ciencia política. La definición que acuñó Alfred Cobban hace cincuenta años de esta rama del conocimiento —un artefacto que sirve «para evitar el peligroso tema de la política sin alcanzar la ciencia»—, no ha perdido vigencia.

Esta disciplina, inventada de forma casi simultánea por franceses y americanos —la ciencia política actual se fundó en 1872, inmediatamente después de la derrota de Francia en la guerra contra Prusia; la Guerra Civil fue el hito que marcó su nacimiento en EEUU—, cristalizó en el siglo XX como proyecto decididamente americano. Puede que esto tenga algo que ver con lo que podríamos considerar el rasgo más sorprendente de la literatura académica actual. Son muy escasas las aportaciones significativas a esta ciencia escritas por europeos. Prácticamente todas las obras originales sobre la Unión que han aparecido en los últimos años proceden, de un modo u otro, de América. De hecho, existe un buen motivo para afirmar que este campo de estudio es en gran medida una invención americana. Históricamente, pocos pueden objetar que la primera teorización seria sobre la integración europea la produjo un estudioso americano, Ernst Haas, cuyo estudio sobre la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, The Uniting Europe, apareció en 1958, un año después de que se ratificara el Tratado de Roma. Este libro se convirtió en un paradigma para el análisis del Mercado Común y se mantuvo vigente durante un cuarto de siglo. El punto de vista de Haas era, como es bien sabido, neofuncionalista: es decir, que se centraba en el modo en que la CECA, nacida de la convergencia de determinados grupos de interés —empresas, partidos, sindicatos— de los Seis, había desencadenado un proceso dinámico de integración. En ese proceso, explicaba Haas, la interdependencia de los sectores económicos había conducido, gracias a la lenta formación de excedentes, a una acumulación de soberanía cada vez mayor en las instituciones supranacionales.

Aunque el marco intelectual de su obra se inspiraba fielmente en la ciencia política americana de la época, Haas se había decidido a escribirla por motivos personales. Nacido en el seno de una familia alemana de origen judío que había emigrado desde Fráncfort a Chicago a finales de los años treinta, ya en su adolescencia se había iniciado en el estudio de la unidad europea, impulsado por la experiencia de los costes del nacionalismo que había vivido en su infancia. Con la reaparición de De Gaulle como actor decisivo en la escena europea de los años sesenta, y las posteriores turbulencias económicas de principios de los setenta, Haas llegó a la conclusión de que, al subestimar la fuerza continuada de los sentimientos nacionales, había sobrestimado la naturaleza automática y técnica de la integración en Europa[72]. Haas dedicó la última etapa de su vida a la confección de un descomunal estudio comparativo en dos volúmenes sobre el nacionalismo en el mundo. Pero el paradigma neofuncionalista que adoptó, aunque recibió algunas críticas —Stanley Hoffmann fue uno de los primeros que lo atacó—, inauguró una tradición que ha producido obras como las de Leon Lindberg y otros, y que se ha convertido en un punto de referencia fundamental en este campo[73].

En los ochenta, Alan Milward criticaría con dureza el legado de Haas. En su European Rescue of the Nation-Estate, Milward sostenía, como es bien sabido, que la Comunidad Europea, lejos de ser un proyecto supranacional que debilitaba la soberanía tradicional, era el producto de un impulso continental destinado a fortalecerla, derivado de la búsqueda de seguridad —seguridad social y nacional; bienestar social y defensa nacional— después de la guerra, y no tenía nada que ver con los excedentes funcionales de las industrias interdependientes[74]. Esta obra marcó un hito intelectual en todos los sentidos: nada volvió a ser igual después de su aparición. Pero ya en estos años la producción de estudios especializados de los estados fundadores del Tratado de Roma no se podía comparar con la contribución procedente de Gran Bretaña, un país que en esta época ni siquiera pertenecía todavía a la Comunidad Económica Europea. Más tarde, cuando Milward cambió de planteamiento y se dedicó al estudio de su propio país, tampoco apareció ninguna obra similar en la Europa continental. En Francia, no se encontró ningún especialista autóctono para ocupar la primera cátedra de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas: hubo que importar al belga Renaud Dehousse. En Alemania, un país con una larga tradición de Rechtslehre a sus espaldas, algunos distinguidos teóricos constitucionales, como Dieter Grimm, han contribuido con alguna que otra obra de renombre, entablando en algunos casos debates con filósofos normativos de la talla de Habermas. Pero no han aparecido síntesis como las que escribieron Kelsen o Schmitt. En Italia, aunque son muchas las eminencias que han desfilado por el Instituto de la Universidad Europea de Florencia, se puede decir que este enclave no funciona como centro de producción autóctono, sino extraterritorial. Durante la pasada década, la brújula ha vuelto a apuntar a los Estados Unidos aún de forma más decisiva que antes.

Es indudable que los europeos no han desaparecido del panorama académico. Pero no ocupan una posición dominante, sino una parcela que se ha convertido en una provincia de la gran América —es decir, la de los pensadores nacidos, asentados o formados en los Estados Unidos—. De los cinco o seis teóricos actuales importantes de la integración europea, solo hay uno que haya nacido o desarrollado su carrera en esta orilla del Atlántico. No se trata, simplemente, del resultado de la hegemonía americana en ciencia política. En historia, economía, sociología, filosofía, jurisprudencia… donde quiera que miremos, la pauta es la misma.

Cualquier intento de entender la UE actual o su futuro debe prestar atención a este bloque diferenciado de obras especializadas. Las obras de divulgación popular no son más que briznas que se llevará el viento de la política. La opinión de los intelectuales más capacitados que estudian la Unión tiene más peso. Sus reflexiones se pueden dividir en dos amplios bloques argumentativos que analizan la cuestión de la naturaleza de la UE. El primero aborda este problema desde un punto de vista histórico, el segundo desde una perspectiva política. A grandes rasgos: ¿qué tipo de fenómeno histórico es la Unión? O bien: ¿Qué tipo de futuro podemos —o debemos— esperar? Obviamente, los dos programas se superponen, ya que lo más razonable es pensar que el pasado de la UE ha influido en las distintas concepciones de su futuro posible o deseable, y son pocos los autores que se limitan a analizar el problema desde un único enfoque. Pero se trata de una distinción bastante clara. Podemos comenzar por la historia.

I

La obra que durante un tiempo ha marcado la pauta ha sido The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht (1998), de Andrew Moravcsik, aclamada por muchos como la mejor síntesis que se ha escrito desde Milward. Director del Programa para la Unión Europea en Princeton, donde su esposa, Anne-Marie Slaughter, ha escrito a su vez su propia visión del tema, A New World Order, Moravcsik es en la actualidad la mayor autoridad en este campo, comentarista incansable de las cuestiones relacionadas con la UE como columnista de Newsweek y Prospect. El antecedente teórico de su obra es la noción, desarrollada entre otros por Robert Keohane en Harvard —donde Moravcsik trabajó en su juventud como profesor asociado—, de «régimen internacional» entendido como un conjunto de principios, reglas y procedimientos informales que determinan un horizonte de expectativas común en las relaciones interestatales y que, por tanto, las canalizan. El problema concreto que abordó Keohane en su obra más importante, After Hegemony (1984), era cómo podían mantenerse los elevados niveles de cooperación en los estados capitalistas avanzados, una vez desaparecida la hegemonía de los EEUU, el país responsable de la creación de las instituciones comunes después de la guerra —Bretton Woods, el FMI, el GATT, la OTAN—, lo que, a su juicio, había sucedido a principios de los setenta.

El blanco de las críticas de esta concepción era la dominante escuela realista de relaciones internacionales norteamericana, fundada por Hans Morgenthau, que insistía en la naturaleza necesariamente conflictiva de las relaciones entre estados soberanos en la palestra política. Keohane consideraba que, según este punto de vista era imposible explicar el grado de armonía pragmática que existía entre los principales estados de la OCDE después de la quiebra de Bretton Woods. Y lo mismo sucedía con la teoría alternativa neofuncionalista: el énfasis en los ideales y vínculos económicos comunes era, en palabras de Keohane, una concepción «ingenua del poder y el conflicto»[75]. Como alternativa Keohane proponía una síntesis del realismo y el neofuncionalismo que trascendiera ambas escuelas, modelando, por así decir, la visión sensible del fenómeno de la cooperación internacional con la dureza de las herramientas del racionalismo y la teoría de juegos.

Una década después, Moravcsik aplicó esta línea de pensamiento a la Comunidad Europea. Este era un campo, sin embargo, en el que el equilibrio de las fuerzas intelectuales —aunque la balanza se inclinaba del lado norteamericano— era el opuesto al de la época de Keohane. La teoría que gozaba de mayor influencia era el neofuncionalismo desarrollado por Haas y sus discípulos, un enfoque que insistía en la especificidad de la integración europea como proceso basado en las interdependencias económicas funcionales, pero impulsado por los ideales del federalismo político. Para los neofuncionalistas, esta combinación estaba creando de forma gradual una estructura sui generis de carácter supranacional, que implicaba un recorte de la soberanía nacional distinto, en cierto sentido, de los sistemas interestatales de la posguerra.

El manifiesto que redactó Moravcsik en 1993, «Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach», arremetía directamente contra esta teoría[76]. El punto de partida adecuado para entender el proceso de integración, según Moravcsik, no consistía en analizar aquello que era específico de la UE, sino lo que era habitual. La Comunidad debía ser interpretada como una variante más de una pauta común de cooperación internacional y los únicos instrumentos analíticos necesarios para entenderla eran los de la teoría de los regímenes. Para analizarla, lo primordial no era concentrarse en la Comisión Europea de Bruselas ni en el Tribunal de Luxemburgo, y menos aún, el Parlamento de estrasburgo, sino más bien la historia de las negociaciones entre los gobiernos de los Estados miembros, cuyos acuerdos clave habían fijado los términos —y los límites— de la cooperación europea. Para aplicar la teoría de los regímenes clásica solo era necesario un ajuste fundamental y sencillo: incluir en la teoría la política nacional de cada Estado. «Los gobiernos», explicaba Moravcsik, «evalúan líneas de acción alternativas sobre la base de una función de utilidad», que se modelan «en respuesta a los cambios de presión de los grupos sociales domésticos, cuyas preferencias se agregan por medio de las instituciones políticas».

Para valorar la integración europea de un modo adecuado había que considerarla por tanto, como un ejemplo de «intergubernamentalismo liberal» —liberal en el sentido de que presupone que los individuos particulares y las asociaciones voluntarias son los actores básicos en la política, y que el incremento en la circulación de bienes y servicios a través de las fronteras favorecerá «la liberalización del mercado y la recíproca coordinación política»[77]—. El principio rector de este enfoque era la teoría de la elección racional —en esencia, una extrapolación de los procedimientos de la economía neoclásica a otros ámbitos de la vida—, que equiparaba la conducta de los estados con la de las empresas. «La esencia de la CE, como órgano destinado a la toma de decisiones importantes, es la función de reducir el coste de las transacciones», sostenía Moravcsik[78]. La Comunidad era un régimen internacional inusual, que involucraba a los gobiernos en la puesta en común y en la delegación de elementos de la soberanía. Pero los gobiernos se prestaban a ello «después de calcular los costes y los beneficios del futuro caudal de decisiones importantes que se derivaría de los diseños institucionales alternativos»[79], lo que les llevaba a elegir que la mejora de la eficiencia se consiguiera mediante acuerdos específicos de la CE. Dado que los estados siempre toman decisiones racionales, es muy raro que se equivoquen. Los gobiernos que negocian entre sí para obtener ventajas mantienen un firme control de los resultados. En el peor de los casos «las consecuencias no deseadas y los errores de cálculo», según Moravcsik, «han desempeñado un papel marginal, como lo hacen en la vida social»[80].

En The Choice for Europe Moravcsik intenta ilustrar esta visión analizando la historia de la integración europea como si fuera una secuencia de cinco «grandes negociaciones» entre gobiernos, que se estudian con todo detalle: el Tratado de Roma en los años cincuenta; la creación de la Política Agrícola Común y el Compromiso de Luxemburgo en los sesenta; el Sistema Monetario Europeo en los setenta; el Acta Única Europea en los ochenta; y el Tratado de Maastricht en los noventa. Moravcsik defiende su tesis con firmeza. La integración europea, afirma, no ha sido impulsada en ningún momento por cálculos geopolíticos —la necesidad de Francia de contener a Alemania; la necesidad de Alemania de recuperar su respetabilidad— ni por el ideal federalista —los sueños supranacionales de Monnet o el bienestar social—, como sostenía Milward, demostrando que no había sabido captar en toda su magnitud la ciencia social americana[81]. A lo largo de todo el proceso, la única motivación fundamental para la construcción de la Unión actual ha sido el interés comercial de los socios. De los cálculos racionales de los distintos estados miembros ha surgido «el régimen internacional más eficaz de la posguerra».

Esta conclusión se apoya en una gran cantidad de documentos, vinculados en su mayoría a las relaciones francoalemanas, con alguna que otra mirada de admiración a Gran Bretaña. De Gaulle queda reducido a la categoría de cabildero hipócrita, interesado únicamente en beneficiar a los agricultores franceses. Macmillan, sin embargo, aparece retratado como un clarividente estadista cuyo intento (fracasado) de incorporar al Reino Unido a la Comunidad fue «un extraordinario acto de liderazgo»[82]. De hecho, desde que surgieron los primeros debates en torno a la creación de un mercado común en Messina, «la diplomacia británica actuó con clarividencia, eficiencia y sabiduría —siguiendo el ideal del actor racional—»[83]. Pero de la explicación de Moravcsik se deduce que, en el balance general de las sucesivas negociaciones, el país que más ha influido en el proceso de integración ha sido Alemania. Desde Roma a Maastricht, el gobierno de Bonn ha sido en general más constructivo que el de París. El papel de Italia en esta trama ni siquiera se menciona. En esta historia nunca se ha dado un paso en falso. Los gobiernos, asegura Moravcsik, no solo supieron anticipar las consecuencias inmediatas de sus decisiones, sino que, además, «casi siempre percibieron de forma acertada la dirección que tomarían los cambios futuros»[84].

La envergadura y la firmeza de The Choice for Europe han convertido a esta obra, a pesar de las numerosas objeciones que han planteado los historiadores, en la referencia fundamental de un campo dominado por los científicos políticos que defienden puntos de vista similares. Sin embargo, es evidente que esta obra no logra cumplir el objetivo que se propone, ya que la teoría de Moravcsik es incapaz de explicar ab initio por qué los objetivos de la cooperación interestatal entre países capitalistas, tal como se formula en el marco de la teoría de los regímenes, no se podían haber alcanzado en la Europa occidental, después de la guerra, con ayuda de acuerdos de libre cambio convencionales, sin crear instituciones complejas o supranacionales y sin menoscabo de la soberanía nacional de los distintos estados. ¿Por qué no podía construirse la CE según el modelo de la NAFTA? Desde el punto de vista del «intergubernamentalismo liberal», la Comisión Europea, el Parlamento y el Tribunal de Justicia que se contemplaban en el Tratado de Roma son instituciones gratuitas: quebraderos de cabeza superfluos en el camino por el que avanzaban, con prudencia y sobriedad, los gobiernos de estos seis países a mediados de los años cincuenta.

Lo que la teoría de Moravcsik ignora, por supuesto, es el hecho crucial de que los orígenes institucionales de la Comunidad Europea se formularon deliberadamente en términos dinámicos e indefinidos —es decir, a diferencia de otras formas de acuerdo internacional, se declaró que eran peldaños para alcanzar un objetivo definitivo, cuya forma exacta no se especificaba—. Al principio del Tratado de Roma se recogía el deseo de «una unión todavía más íntima entre los pueblos de Europa», la fórmula que desde entonces ha obsesionado a los euroescépticos. Esta aspiración teleológica diferencia categóricamente a la integración europea de otros procesos que tienen lugar en el mundo convencional de los tratados internacionales. El objetivo de la primera Comunidad del Carbón y el Acero, o del posterior Mercado Común, no era el equilibrio estable. Por el contrario, pusieron en marcha un proceso inestable con un fin a largo plazo. Esta estructura no se podía concebir sin el papel determinante de la visión federalista —contraria al intergubernamentalismo— de Jean Monnet y sus contemporáneos. La historia de la CE no se puede entender si no se tiene en cuenta la tendencia a la inestabilidad, insertada en su configuración genética desde el principio.

¿Dónde encaja, por tanto, la racionalidad del proceso posterior? La retórica de la elección racional suele ser hueca, ya que cualquier decisión —por muy aberrante que parezca: pongamos por caso, llevando nuestro razonamiento hasta un extremo, el caso de Jonestown— se puede interpretar a partir de un presunto sistema de preferencias. En The Choice of Europe, los parámetros de elección relevantes son bastante concretos: los beneficios económicos. La cuestión es determinar si el modelo que presuponen se corresponde con la realidad. Los tics nerviosos del propio texto nos proporcionan la respuesta. Ya que el contrapunto de la incansable insistencia en que todo acuerdo importante en la historia de la Comunidad estuvo condicionado por encima de todo por los intereses económicos —en su mayoría sectoriales— son las constantes cláusulas de excepción que demuestran lo contrario y que lo mejor es despachar entre bastidores, como el resto de los residuos.

A lo largo de las páginas del libro de Moravcsik los ejemplos se repiten como un estribillo recurrente. Aparecen en cada coyuntura: en el Tratado de Roma, en el SME, en la incorporación de Gran Bretaña, en el Acta Única, en el Tratado de Maastricht. Cuando Moravcsik analiza el Tratado de Roma afirma que «las ideas geopolíticas y los factores externos también tuvieron cierta importancia». Cuando aborda la tentativa de Macmillan sostiene que «no podemos excluir del todo la motivación del prestigio geopolítico». Cuando repasa la reacción alemana al veto de De Gaulle, observa: «No descarto del todo las motivaciones geopolíticas». En la creación del SME: «No deberíamos despreciar del todo el simbolismo europeo y los razonamientos». En la aprobación del Acta Única Europea: «No deberíamos excluir por completo las consideraciones ideológicas». En el apoyo de los alemanes a la unión monetaria: «Las divisiones y las deliberaciones de índole doméstica nos impiden descartar por completo la ideología federalista». La búsqueda francesa de Maastricht: «No podemos rechazar sin más la motivación ideológica». Los cuarenta años de integración: «No deberíamos pasar por alto los intereses y las ideas geopolíticas». Las relaciones entre naciones industriales de la CE: «Aunque podemos rechazar las circunstancias geopolíticas objetivas como fuente de preferencias, debemos tener en cuenta el papel que desempeñaron las ideas. Sin embargo, hasta que estas no se calibren con exactitud y no se teoricen con mayor precisión, solo se puede reivindicar la importancia de la ideología de un modo especulativo»[85]. En ningún momento se ofrece una explicación exhaustiva de estas afirmaciones superficiales, ni se reflexiona en profundidad sobre ellas. Moravcsik se limita a reconocer momentáneamente la importancia de los factores geopolíticos o ideológicos y luego los suprime de un plumazo. Esta reiteración indica, sencillamente, que estos datos no se pueden explicar en mayor profundidad para que encajen en el marco teórico. En cuanto se tira de la manta, aparecen los agujeros y los desgarrones.

Lo que más llama la atención es el análisis que ofrece Moravcsik del papel de De Gaulle en los asuntos de la Comunidad. El motivo de que el general se opusiera al ingreso de Gran Bretaña en la CE en los años sesenta «no fue la grandeur, sino el grano» —su decisión no se basó en el deseo de cerrar las puertas al caballo de Troya de Washington: su única ambición era reforzar el precio del trigo francés—. Los historiadores han criticado duramente a Moravcsik por el uso selectivo de la documentación, por la imprecisión de las citas y por la manipulación de las pruebas para obtener los resultados que más le convienen[86]. Sin embargo, aunque manipular los archivos para hacer que las intenciones de uno de los más irreductibles protagonistas de la historia de la integración se plieguen a un esquema preconcebido es bastante grave, todavía más censurable es la premisa general en la que se basa The Choice for Europe: la creencia en que los errores de cálculo políticos y las consecuencias involuntarias suelen quedar confinados —en palabras de Moravcsik— a «los márgenes de la vida social».

Una visión mucho menos excéntrica sería interpretar la historia como una maraña de efectos no intencionados. Los dos acontecimientos que definieron el siglo pasado, las guerras mundiales, son, probablemente, los episodios más espectaculares de la historia. Al contrario de lo que defiende Moravcsik, uno de los objetivos fundamentales de la construcción de la Comunidad Europea fue evitar que se volvieran a repetir en el Viejo Mundo. Pero se levantó un edificio sin precedentes, los arquitectos nunca llegaron a ponerse de acuerdo, la estructura tenía un diseño muy complejo y el proceso de construcción se prolongó más allá de la duración de cualquier gobierno. ¿Cómo no iba a ser el proceso de integración un campo minado de errores de cálculo?

Uno de los errores de cálculo más recientes es el de las esperanzas que Thatcher y Delors depositaron en el Acta Única —cada uno esperaba unas consecuencias distintas, pero ambos se equivocaron—. Thatcher montó en cólera porque este tratado preparó el terreno para la moneda única, y Delors se sintió humillado cuando comprobó que había supuesto el fin de su esperanza de un mercado más social. Kohl y Mitterrand se equivocaron al pronosticar que la unión monetaria aceleraría el crecimiento y aliviaría las tensiones entre Alemania y Francia. En su análisis del Tratado de Maastricht, hasta el propio Moravcsik se deja llevar hasta el punto de afirmar que «no está claro que al final los beneficios económicos superaran al coste que tuvo para todos los países, ni que las expectativas de los distintos gobiernos fueran plenamente compatibles»[87]. Esto por lo que respecta a la inagotable racionalidad y capacidad de previsión de las partes implicadas. En lo que concierne al Pacto de Estabilidad impuesto por Alemania para disciplinar a los vecinos más laxos, rebotó tan rápido contra la República Federal que el gobierno de Berlín fue uno de los primeros que lo infringió. Estos ejemplos de contrafinalidad han salpicado el proceso de integración desde que en 1950 se anunció el Plan Schuman.

La ceguera ante esta realidad no solo se debe al dogmatismo de la teoría de la elección racional, sino al curioso tono apolítico de The Choice for Europe, una obra que se puede interpretar en gran medida como un exagerado asidero teórico del discurso tecnocrático de los comités y los funcionarios de Bruselas. No quiero decir con esto, por supuesto, que el propio Moravcsik sea apolítico en uno u otro sentido —sería difícil imaginar un pensador más comprometido con la corriente dominante de los Nuevos Demócratas—. La aversión manifiesta que le profesa a De Gaulle no se debe únicamente a que esta figura se resista con uñas y dientes a ceñirse a los postulados de la teoría de Moravcsik, sino a que fue un dirigente cuya «incoherente» política exterior, que perseguía la independencia de Francia desafiando la solidaridad atlántica, estaba condenada al fracaso, por fortuna. Pero esta antipatía típicamente americana por una figura que representa una amenaza contra Washington no le sirve de estímulo a Moravcsik para acometer un análisis serio del equilibrio de las distintas fuerzas en Francia ni en cualquier otro país en aquella época. Desde su punto de vista, los intereses domésticos que determinan las políticas gubernamentales quedan reducidos a poco más que un conjunto de grupos de presión, y no existe prácticamente ningún intento de reconstruir, o por lo menos describir en detalle, cómo era el sistema de partidos y el paisaje político de la época. Uno de los muchos ejemplos del tono apolítico de la obra es el retrato del régimen de Thatcher que ofrece Moravcsik, un gobierno que describe como una «coalición de centro»[88], expresión que la propia Thatcher habría considerado calumniosa y sus detractores risible.

El mejor antídoto para este tipo de deshidratación es el que ofrece otro estudioso americano más joven, Craig Parsons, de la Universidad de Oregón. En un brillante estudio del papel de Francia en la historia de la integración, A Certain Idea of Europe, Parsons muestra lo lejos que se encuentra la realidad política del papel francés en la construcción de Europa de las funciones de utilidad de los distintos grupos de interés económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, según Parsons, las elites francesas tenían tres opciones para evitar repetir los errores que habían cometido después de la Primera: la diplomacia realista tradicional, la cooperación interestatal pragmática, liderada por Francia y Gran Bretaña, y la integración directa de Francia y Alemania en una comunidad supranacional. Cada una de estas soluciones se articulaba en torno a un conjunto específico de ideas comunes a todas las fuerzas políticas del espectro no comunista, que marcaron la pauta de las decisiones. Esas aproximaciones «comunitarias» que prevalecieron sobre las líneas de acción confederadas o tradicionales no se debieron nunca a la influencia de los grupos de presión industriales o agrícolas de cada nación. Indeterminadas desde el punto de vista económico, fueron el resultado de una «guerra de ideas histórica»[89].

Pero aunque una serie de líderes —Schuman, Mollet, Giscard y finalmente Mitterrand— gozaron de la libertad de acción suficiente —casi siempre temporal— para impulsar la integración sin una demanda articulada, no se beneficiaron de ella. Aupados al poder por razones distintas, también lo abandonaron por motivos diferentes, disputas domésticas que no guardaban relación alguna con las cuestiones europeas. De hecho, todos los partidos responsables de algún avance importante hacia la unidad europea fueron castigados por los votantes, pero no por ese motivo, sino a continuación: el MRP después de que se fundara la Comunidad del Carbón y del Acero (1951); el SFIO después del Tratado de Roma; el UDF después de la aprobación del Sistema Monetario Europeo (1981); el PS después del Acta Única (1986) y de nuevo después de Maastricht (1992). Sin embargo, cada vez que se daba un paso hacia adelante, este se convertía en una restricción institucional para los líderes posteriores que en un principio se habían opuesto a él —De Gaulle en 1958, Mitterrand en 1983, Chirac en 1986, Balladur en 1993, y de nuevo Chirac en 1995. El «mecanismo de defensa» era el hecho consumado, así como los costes de intentar revocarlo: no un excedente, sino un efecto escalada.

Aunque recupera de forma inquebrantable el papel impulsor de las ideas políticas en la integración europea, Parsons se guarda de sobrevalorar la eficacia del federalismo como acelerador. Sin el compromiso comunitario de los sucesivos líderes franceses, observa, «la Europa actual sería prácticamente idéntica al resto de los sistemas políticos internacionales modernos». Pero tampoco los representa a todos, pues aunque las directrices federalistas prevalecieron en algunas etapas decisivas, esta doctrina ha tenido que enfrentarse siempre con otros proyectos alternativos —confederados o tradicionales— que la han frenado o acorralado, y que han convertido a la Unión que ha surgido, en última instancia, en el resultado de la oscilación de estas tres tendencias[90]. En A Certain Idea of Europe, Parsons rechaza tranquilamente la teoría de Moravcsik —le acusa de «enmarcar un razonamiento muy pobre en una teoría no del todo contrastada»—, renuncia a cualquier expresión comparable de orgullo desmesurado, y muestra que puede existir una ciencia política lúcida e inmune a la fiebre de la elección racional.

De inspiración radicalmente opuesta, European Integration 1950-2003, de John Gillingham, un historiador de San Luis, es la primera narración auténtica del proceso de unificación desde la época de Schuman a la de Schröder. El brillante estilo de Gillingham alumbra los plomizos cielos de este campo de estudio como si fuera una aurora boreal. Decidido a «hacer a un lado el lenguaje oficial» —que define como el Volapük de Bruselas— «siempre que sea posible y a utilizar términos convencionales y medidas comunes para desmitificar las ideas, los sucesos y los personajes»[91], Gillingham ha escrito una crónica siempre vívida y concisa —a veces, incluso, como él mismo reconoce, demasiado impetuosa— de la compleja historia de la unificación europea a gran escala. Los registros que utiliza abarcan una amplia gama que va desde el análisis teórico de los procesos económicos subyacentes a la dinámica de las maniobras políticas y a las sorpresas de los acuerdos diplomáticos, hasta los mordaces retratos de los personajes implicados, sin abandonar en ningún momento la curiosidad entusiasta por las ideas —tanto por aquellas que impulsaron a los principales actores históricos, como por las que se desarrollaron después para situarlos—. La obra no se limita al análisis de los estados más importantes, sino que emplea una perspectiva prácticamente continental.

Las convicciones intelectuales que dominan la narración son las de Hayek, aunque también se puede detectar cierta influencia de la Escuela ordoliberal de Friburgo, de Walter Eucken y Wilhelm Röpke, los mentores de Ludwig Erhard. Desde el punto de vista político, se trata de una tradición intransigente, situada en la derecha del espectro político, y Gillingham no oculta en ningún momento estas influencias, que adorna con expresiones de hostilidad subidas de tono dedicadas a cualquier postura situada a la izquierda de la suya. Pero, como paradigma para explicar la historia de la Comunidad, la economía austriaca posee ventajas obvias en comparación con la variante neoclásica en la que se basa la teoría de la elección racional, pues, como señala Gillingham, los sistemas de mercado son intrínsecamente inestables —procesos de descubrimiento dinámicos, en los que la información nunca es perfecta— no un conjunto de funciones de utilidad que tienden al equilibrio. Necesariamente, los resultados irónicos o imprevistos no son ajenos a estos procesos.

¿Cuál es, entonces, el rendimiento histórico de una versión hayekiana de la unidad europea? Desde el principio han coexistido dos modelos antitéticos de integración. La integración negativa, es decir, la supresión de todas las barreras que impiden el movimiento libre de los factores de producción dentro de la Comunidad, y que confía la unificación de la vida económica al funcionamiento natural del mercado, concebido, según Hayek, como un orden espontáneo. Y la integración positiva, el intento de organizar un conjunto de prácticas uniformes gracias a la intervención del Estado. Durante el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, se impuso en casi todos los países de Occidente un sistema social a escala nacional que combinaba el control del capital, los tipos de cambio fijos y los amplios sistemas de bienestar social, un «liberalismo arraigado»[92]. Trasladado a escala europea, el efecto fue una precaria amalgama de integración negativa y positiva, en la que en un principio los defensores de la última llevaban ventaja —aunque nunca tuvieron carta blanca—. Desde que Monnet proyectó la Comunidad del Carbón y del Acero en 1950 hasta los primeros años de Hallstein como presidente de la Comisión a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, los emprendedores de una Europa social, creada a imagen de la planificación indicativa de Francia y del legalismo burocrático alemán, llevaron la voz cantante, hasta que Hallstein fue demasiado lejos en 1965, De Gaulle sacó a Francia del Consejo y la posibilidad de desarrollar otros proyectos supranacionales quedó anulada temporalmente.

Pero si la crisis de la «Silla Vacía» puso fin al «monnetismo» milenarista en la CE, un cambio mucho más importante favoreció que el equilibrio de fuerzas se alejara de la integración positiva en favor de la negativa: el «cambio de régimen» que tuvo lugar en el mundo capitalista avanzado después de la quiebra del sistema Bretton Woods a principios de los setenta. Este término —que no es en modo alguno un eufemismo del derrocamiento de gobiernos extranjeros, según explica Gillingham, sino una noción tomada de la obra de Douglas Forsyth y Ton Notermans, un historiador americano de la Italia moderna y un politólogo holandés asentado en Noruega[93]— alude a un conjunto de restricciones políticas de carácter sistémico que afectaron a todos los gobiernos, independientemente de su complexión. Del mismo modo que la gran deflación de los años de la depresión acabó imponiendo con el paso del tiempo un nuevo régimen dominado por la meta del pleno empleo, la inflación que se desató en los setenta crearía un nuevo modelo basado en los imperativos de la estabilidad monetaria.

Esto implicó el fracaso del liberalismo arraigado y la recuperación de los principios del liberalismo clásico. En este nuevo régimen los mercados se libraron de la intervención del Estado y se recuperó la movilidad internacional del capital. El gasto social sufrió recortes, los sindicatos se debilitaron y se abandonaron las prácticas corporativistas. Este gran cambio no sucedió de forma repentina —la de los años setenta fue una época de intentos frustrados de reparar el sistema corporativista— ni automática. Se precisaron ideas convincentes y voluntad política para alumbrar un nuevo consenso internacional. El mérito de estos resultados debe atribuirse al régimen de Thatcher en Inglaterra, basado en las lecciones de Hayek y otros críticos del orden anterior. A mediados de los ochenta se daban las condiciones propicias para que la integración europea tomara la dirección adecuada, con la abolición tanto tiempo retrasada de los obstáculos que impedían la creación de un mercado único en el seno de la Comunidad. El paquete desregulativo radical del Acta Única, elaborado por un emisario de Londres, era «en el fondo… el vástago de Mrs. Thatcher»[94]. La integración negativa, la única posible, se había instalado por fin en el poder.

Con todo, fue un éxito relativo. Al frente de la Comisión, Delors trabajó sin descanso para combatir la liberalización y, aunque en apariencia se entregó a este sistema, incorporó los Fondos Estructurales —es decir, los inútiles subsidios regionales— al Acta Única y recurrió a algunas estratagemas para lograr la unión monetaria. Uno de los rasgos característicos de los retratos individuales de Gillingham es su ambigüedad, pues si bien afirma que Delors era un «constructivista» consumado, incapaz de comprender las virtudes de un orden espontáneo, cuyo legado fue pernicioso, cuando no inútil, reconoce tranquilamente que «no se puede negar que fue una figura muy importante», con «una energía excepcional, un talento político y un compromiso ideológico» que le convertían en un personaje tan excepcional como Monnet[95]. Al final, a base de presionar a los líderes europeos para que siguieran el camino que llevaba del Acta Única a Maastricht, Delors desencadenó la frenética oposición de Thatcher, que la condujo al descalabro doméstico. Pero los sueños de una Europa social que albergaba Delors corrieron la misma suerte que los sueños de una Europa liberal de Thatcher. «Los planes económicos de Delors se echaron a perder. Lo mismo sucedió con la fe thatcheriana en que las reformas del mercado eliminaran los detritos del socialismo y el corporativismo. Al final, ambos líderes abandonaron la escena indignados, convencidos de que el otro se había salido con la suya»[96].

Así, aunque el cambio de régimen fue irreversible y no solo le devolvió la vida a la integración europea, sino que además lo hizo de un modo real, en absoluto artificial, la de los noventa fue una época de planes desacertados y energías frustradas. A escala nacional la privatización supuso un progreso bien recibido en casi todos los países. El sector público se redujo casi a la mitad en toda la OCDE y la intervención del Estado en la economía se contrajo bruscamente. Hincarle el diente a los sistemas de bienestar social no fue tan sencillo, pero Gillingham se las arregla para encontrar avances significativos en la mayoría de los países y algunos casos sorprendentes, como el de Finlandia, el de España o el de Estonia. Pero a escala europea no existían motivos económicos convincentes para introducir una moneda única —Hayek, a fin de cuentas, defendía la libre competencia entre bancos emisores de moneda—, una medida que no ha favorecido la creación de un mercado bursátil a escala comunitaria, institución que, en cualquier caso, solo habría adquirido profundidad a través de la privatización general de los fondos de pensiones. La Política Agrícola Común no ha sido desmantelada, e incluso la hazaña histórica de la ampliación se ha echado a perder por culpa de las estipulaciones miserables que han garantizado que los nuevos miembros «tendrán que pagar el precio completo de la entrada para ver solo la mitad de la función»[97]. El combate ha terminado en tablas. La integración positiva y la negativa siguen enfrentadas, como la cobra y la mangosta.

¿Cómo se explica este resultado tan poco satisfactorio? La oposición retrógrada a la liberalización por parte de los sindicatos, los empleados públicos y la izquierda es algo natural. Pero por muy recalcitrantes que sean, se trata de grupos desprovistos de ideas, sin futuro. Los gobiernos son los principales responsables, pues no se han enfrentado a ellos. Casi todos han abogado por el neoliberalismo, como les critican sus enemigos. Pero el neoliberalismo es un término sobrevalorado. No se trata tanto de una convicción basada en principios, como de un reclamo pragmático destinado a provocar el cambio de régimen, y los que lo practican son en su mayoría socialistas declarados —la única excepción es la del gobierno de Thatcher, que proclamaba abiertamente las virtudes del capitalismo—. Desde el punto de vista ideológico, por tanto, en la medida en que adopta políticas en defensa del mercado con más sigilo que franqueza y escaso fervor, «el neoliberalismo es un arma ineficaz», incapaz de asestar el golpe de gracia a la funesta alianza de los sindicatos y los beneficiarios de subvenciones, que obstaculizan el cambio en la vieja Unión[98]. Lo más doloroso es que desde, que Thatcher abandonó, «no existe un electorado serio, políticamente organizado, que defienda el liberalismo clásico en ningún país de la Europa actual, ni siquiera en el bando de la derecha conservadora»[99]. Si no se retoma esta postura, concluye Gillingham, la Unión se encuentra amenazada por la discordia y la decadencia.

Enmarcado en una potente teoría económica, el libro de Gillingham es, sin embargo, en esencia, en su forma de abordar su objeto de estudio, una historia política de la integración europea. Para un análisis de la economía europea propiamente dicha, el estudio más importante es The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond (2007), escrito por Barry Eichengreen, de la Universidad de Berkeley. En muchos aspectos, esta obra discurre en paralelo a la de Gillingham. En otros, sigue un curso inverso. Además de estudiar la Europa occidental, el libro de Eichengreen abarca la del Este, pero la periodización es idéntica. Eichengreen divide la historia económica del continente en dos fases opuestas, separadas por una línea divisoria situada a principios de los años setenta. En la primera fase, la de «crecimiento extensivo», se corrigió la destrucción de capital de la guerra y la desviación de la mano de obra, y después se recurrió a la reserva de avances tecnológicos (principalmente americanos) y a la abundante mano de obra rural para recuperar el tiempo perdido y converger con los niveles de productividad e ingresos de EEUU. En la segunda fase, se precisaba un «crecimiento intensivo» que exigía inversiones más arriesgadas y una aceleración de la innovación tecnológica. El libro de Eichengreen narra la historia de la prosperidad de Europa durante la primera fase y la de los tropiezos de la segunda.

El éxito de la fase extensiva fue posible gracias a una serie de disposiciones institucionales basadas en la colaboración de los sindicatos, la responsabilidad de las asociaciones de empresarios, los créditos a largo plazo que se concedieron a la industria y por último, pero no por ello menos importante, los gobiernos que se hicieron cargo activamente de las necesidades del crecimiento, aplicando en algunos casos modelos de planificación indicativa. Desde el punto de vista histórico, este «capitalismo coordinado» fue muy admirado en su época. Pero una vez alcanzados los límites del crecimiento extensivo, se convirtió en una traba para la adaptación de Europa a los imperativos del crecimiento intensivo. Las nuevas condiciones exigían impuestos más bajos, menor protección laboral, mayor disparidad de ingresos, niveles más elevados de educación general e I + D y —¿lo más importante?— más capital de riesgo para poner en marcha proyectos innovadores, procedente de mercados financieros dispuestos a arriesgar, no de bancos rutinarios y poco aventureros. Apegada al pasado, Europa opuso resistencia a estos cambios y tuvo que pagar un precio muy alto por ello. Entre 1945 y 1973, y entre 1973 y 2000, el crecimiento del PIB per cápita se redujo más de la mitad.

Por lo que respecta al comienzo de la crisis que acabó con la fase de crecimiento extensivo, aunque el fin de la puesta al día de la industria y el agotamiento de la provisión de mano de obra rural también influyeron, Eichengreen insiste sobre todo en la crisis del control de la mano de obra en Europa a finales de los sesenta y principios de los setenta, cuando una nueva generación de trabajadores que no habían vivido el desempleo masivo desencadenó una explosión salarial que desembocó en una década de inflación. Pero esto no explica la desaceleración del crecimiento, ya que en América, donde no existía una militancia sindical comparable, tuvo lugar una ralentización similar. En otros lugares, el cambio de época se suele atribuir al impacto discontinuo de la innovación tecnológica y a la globalización financiera. Pero se trata de afirmaciones sin fundamento causal, meras descripciones que no explican las causas históricas y que recuerdan bastante a los cambios de régimen de la explicación de Gillingham[100].

Desde el punto de vista político, por supuesto, el estudio de Eichengreen es en general mucho más generoso con Europa. Intelectualmente no simpatiza con Hayek, sino con Polanyi, como se percibe con mayor claridad, si cabe, en La globalización del capital (1996). El pensador húngaro era en casi todos los sentidos la antítesis del austriaco, y la diferencia tácita se refleja con claridad en The European Economy since 1945. El liberalismo arraigado de la posguerra, que Gillingham considera en el mejor de los casos un expediente provisional en el que ya se podían percibir los vicios del futuro, se convierte en la obra de Eichengreen en un orden particularmente eficaz e imaginativo —no espontáneo—, un capitalismo coordinado que merece todos sus elogios. El respeto por lo que representaba este sistema se mantiene hasta el final. Puede que la productividad europea de los últimos tiempos no sea mucho peor que la de EEUU; que los americanos ganen más no quiere decir necesariamente que los europeos vivan peor, ya que estos disponen de más tiempo libre y más seguridad, y no viven rodeados de tanta pobreza y tanto crimen como aquellos. La UE necesita adaptarse al crecimiento intensivo, es cierto, pero ¿no lo es menos que algunas regiones ya muestran cuál es el camino que se ha de seguir? Los holandeses y los irlandeses, observa Eichengreen, están actuando correctamente, con modelos neocorporativistas que combinan la disciplina fiscal, la moderación salarial y la inversión en tecnología punta. A fin de cuentas, puede que el capitalismo europeo no tenga que renunciar a sus hábitos de coordinación, sino cambiar unas costumbres por otras.

Esta propuesta, sin embargo, es poco entusiasta —una mirada melancólica, más que una visión cargada de confianza en el futuro—. No es solo que en los pequeños países, como Holanda o Irlanda, la vulnerabilidad exterior haya favorecido una solidaridad corporativa que no se puede alcanzar fácilmente en otros lugares. Igual de significativo resulta que Eichengreen insista en que la clave del éxito en estos países es, en esencia, la contención salarial. Las instrucciones generales que, a su juicio, debe seguir Europa para subirse al tren del crecimiento intensivo son las mismas. Los sindicatos deben conformarse con unos ingresos más bajos, más dispersos, y con una menor estabilidad laboral[101]. En otras palabras, una fórmula neoliberal en el sentido irónico y peyorativo en el que Gillingham emplea el término.

Al final de The European Economy since 1945, Eichengreen se pregunta si la UE podría adoptar unos mercados financieros de corte anglosajón —que es lo que está haciendo en la actualidad— sin que esta medida afectara al mercado productivo y al laboral. Eso dependerá, afirma Eichengreen, del desarrollo de la innovación tecnológica en las próximas décadas. Si evoluciona de forma gradual, el modelo europeo podría estar abierto a la reinvención; si el desarrollo se dispara, lo más probable es que la competencia internacional obligue a una americanización exhaustiva. Desde el punto de vista formal, el razonamiento de Eichengreen se detiene aquí. Pero está claro cuál es, en el fondo, la posibilidad implícita en la lógica de la argumentación. Eichengreen ha dejado claro con anterioridad que el modelo europeo precisa una reforma «integral», y ha explicado en detalle que, gracias a la ampliación, la UE cuenta ahora con una reserva de empleados sin afiliación sindical en la Europa del Este, un modelo parecido al del sur de los EEUU —obviamente, con un efecto dinámico potencial mucho mayor, que no tiene que respetar la mentalidad pueblerina del Acuerdo de Wassenaar o del Convenio de Dublín—. Por tanto, admite que lo más probable es que la innovación tecnológica implique cambios radicales y discontinuos, no suaves y graduales[102]. Aunque no se afirma de forma explícita, se supone que solo hay un resultado posible: que, en última instancia, es presumible que el Viejo Mundo se comprima y adopte la forma del Nuevo.

En la literatura especializada en la Unión Europea solo hay que dar unos cuantos pasos para transitar de la economía a la sociología —los que se necesitan para atravesar el hall de Berkeley que separa el despacho de Eichengreen del de Neil Fligstein, el autor del más ambicioso estudio sobre los fundamentos sociales de la integración europea, una obra que lleva el engañoso título de Euroclash[103]—. Fligstein acusa a la mayoría de los estudios sobre la UE de centrarse demasiado en el Estado, y dedica sus esfuerzos a analizar una realidad mucho más amplia, «la creación de una sociedad europea». No se trata del mismo objeto de estudio que han examinado otros especialistas, como Göran Therborn o Hartmut Kaelble, que han seguido la trayectoria de los cambios sociales en todos los ámbitos de la vida europea después de la guerra[104]. La meta de Fligstein es demostrar, con ayuda de un sinfín de datos estadísticos reunidos con el máximo cuidado, la emergencia de una realidad más específica: la esfera de las interacciones sociales creada por la integración europea y vinculadas a ella. ¿Qué forma adoptan estas interacciones? Ante todo, se encuentra el mercado: las transacciones cotidianas del emergente comercio intraeuropeo y el creciente número de fusiones y adquisiciones intraeuropeas autorizadas —pero también reguladas— por los directivos de Bruselas, el lugar donde los grupos empresariales se reúnen para presionar a favor de unos intereses y unas preocupaciones que también son cada vez mayores. «Estas cifras revelan una historia fascinante», escribe Fligstein, la del desarrollo «del comercio, el litigio, la legislación y la presión» —los «indicadores clave de la integración europea»— a lo largo del tiempo[105]. Los desplazamientos interiores por Europa han aumentado de forma constante, hasta tal punto que en 1997 una cuarta parte de la población de la UE anterior a la ampliación había salido de su país natal al menos en una ocasión en el transcurso del año anterior. Las asociaciones cívicas —organizaciones profesionales, científicas y no gubernamentales— de alcance europeo también se han multiplicado. Culturalmente, dos de cada tres europeos occidentales conocen una segunda lengua; más de un millón de estudiantes han realizado cursos fuera de su patria; los títulos universitarios se están normalizando de forma gradual.

Pero si es cierto que ha cristalizado una sociedad realmente europea, distinta de las comunidades nacionales particulares que componen la UE, no todos los habitantes de la Unión la comparten por igual. Los que más se han beneficiado materialmente de la integración, los que interactúan socialmente con mayor frecuencia a través de las fronteras nacionales y poseen una sensación más profunda de identidad europea colectiva forman una minoría de clase alta integrada por empresarios, gobernantes, profesionales con elevados ingresos e intelectuales. Existe una clase media mucho más amplia, que solo establece contactos intermitentes más allá de las fronteras locales, mientras que el contacto de las clases bajas es muy escaso o nulo. Dado que estos estratos son los que más sufren los costes —por temporales que sean— de la integración económica, son los más proclives a manifestarse en contra de ella. Es innegable que este proceso ha sido hasta ahora —por lo menos desde la perspectiva social y cultural— un «proyecto de clase». Por tanto, en condiciones de crisis económica este proyecto podría dar lugar a un choque de intereses que desencadenara un conflicto[106].

Pero aunque la noción de choque ondea como un estandarte en el título, se trata de un concepto puramente virtual, que no aparece en ningún momento a lo largo de la obra. Esto se debe en parte a que las clases bajas, en la medida en que carecen de conciencia de identidad supranacional, sencillamente no pertenecen a la sociedad europea que estudia Fligstein y, por tanto, quedan excluidas de su marco de análisis. Pero el motivo fundamental de esta llamativa ausencia es que en el seno de esta sociedad interviene una fuerza que excluye la posibilidad de cualquier conflicto de intereses. Pues las clases altas europeas no están integradas únicamente por los ricos, adscritos por el interés egoísta de que prospere su propia fortuna, sino también por otro grupo menos egoísta, motivado por ideales: los intelectuales. Estos, a juicio de Fligstein, son «el auténtico motor moral de la UE». Ya que «una de las razones fundamentales de que la gente culta defienda este proyecto es que los valores europeos que ellos propugnan son idénticos a los de la Ilustración, el punto de referencia de la gente instruida durante más de doscientos años. De hecho, Europa se caracteriza ante todo por culminar el proyecto de la democracia ilustrada, por respetar la ley, las diferencias de los demás y los principios del discurso racional y científico»[107]. Con unas directrices éticas tan atractivas, ¿por qué debería la Unión temer a las disensiones derivadas de cuestiones tan mundanas como los beneficios relativos? Cuando aumente el número de personas que accedan a la educación superior, se incrementará también el número de jóvenes que estudien en el extranjero, y «los mejores nuevos trabajos», en una economía cambiante, serán los dedicados «al sector servicios: bancos, inmobiliarias y seguros», y a la programación informática, trabajos que requieren una mayor especialización y que serán remunerados con mejores salarios. Es de esperar que los cambios sociológicos creen por sí solos una Europa más unificada, imbuida uniformemente de los valores de la Ilustración.

Fligstein rebosa tal entusiasmo ante los futuros logros de la Unión que su obra bien podría titularse Eurodash [Eurosprint]. Una y otra vez, se declara «asombrado» por «la naturaleza sobrenatural de lo que ha sucedido». Página tras página, el epíteto «extraordinario» resuena como un estribillo obsesivo[108]. Pero el triunfalismo del vocabulario no se corresponde con la coherencia del razonamiento. Por una parte tan solo «un número muy pequeño de personas mantiene relaciones intensas con otros europeos diariamente», «solo una minúscula parte de la población se encuentra directamente involucrada», mientras que «la inmensa mayoría de los europeos sigue firmemente vinculada a su nación». Por otra parte, los que «han establecido profundos vínculos económicos y sociales con otros ciudadanos europeos que se dedican a las mismas actividades» representan entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de los habitantes de la Unión, es decir: entre 38 y 56 millones de personas, más de la población total de Gran Bretaña o Italia, un poco menos que la de Francia. Por lo que respecta a los que son «parcialmente europeos», la proporción se encuentra entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de la población —unos 200 millones de ciudadanos[109]—. La naturaleza fantástica de estas cifras se debe a una variación en las definiciones. Mientras que la emergente «sociedad europea» se computa en virtud de la intensidad de las interacciones sociales reales, medida de forma objetiva, estos exagerados porcentajes han sido tomados, sin más, de encuestas realizadas sin tener en cuenta si el entrevistado se siente europeo o no. Huelga decir que el abismo que separa a estas dos fuentes es enorme. La realidad se corresponde con la primera descripción de Fligstein, no con la segunda. Los ciudadanos que mantienen una relación intensa y diaria con personas de otras naciones forman una minoría muy pequeña en la UE, una minoría que se ha reducido más todavía desde la ampliación. No se puede considerar que representen una «sociedad» real, como si formaran un todo interconectado; esto solo es posible metafóricamente.

La propia publicación de Euroclash revela que ni siquiera esta minoría posee una conciencia definida de su propia existencia. El dominio americano en este campo de estudio no podría expresarse de manera más gráfica. En una bibliografía en la que se citan unas 260 obras, solo aparece un libro en francés y otro en alemán. Aunque es cierto que la mayoría de los europeos escriben en inglés —sobre todo en las culturas más cercanas a los Estados Unidos: Alemania, Escandinavia y los Países Bajos—, solo una séptima parte de autores incluidos en esta bibliografía procede del exterior de la esfera anglosajona. Todas las citas importantes que se recogen en el texto pertenecen a especialistas americanos. Sería equivocado atribuir esta circunstancia a la actitud provinciana del autor. Fligstein ha utilizado todos los hallazgos de la Europa continental relevantes para su investigación. Pero en este caso, como en tantos otros, los europeos son los peones que trabajan en la sombra, y su obra se utiliza para realizar una síntesis que la trasciende.

II

Estos son los pronósticos económicos y sociales que gozan de mayor crédito en la actualidad, pero ¿cómo explican las teorías históricas rivales de la integración como proceso político el reciente rechazo de la Constitución Europea? Moravcsik, como era de esperar, no está dispuesto a permitir que las dudas nublen un panorama tan soleado. Acaba de terminar la década más exitosa de la historia de la Unión. La ampliación hacia el este ha tenido un coste muy bajo y no ha precisado una modificación significativa de unas instituciones que ya funcionaban de manera satisfactoria. Moravcsik explica, satisfecho, a los lectores de Prospect que estas instituciones siguen diseñando políticas que son «en casi todos los casos limpias, transparentes, efectivas y adaptadas a las exigencias de los ciudadanos europeos»[110]. ¿Qué sucede entonces, con la Constitución? Para Moravcsik viene a ser poco más que un ejercicio innecesario de relaciones públicas, cuya desaparición, lejos de representar un fracaso, sería una prueba de la estabilidad y del éxito de la UE.

Pero ¿acaso no existe un déficit democrático en la Unión? Pues no. La propia pregunta es el resultado de una confusión. La UE se ocupa de cuestiones que es mejor dejar en manos de expertos, asuntos que no interesan directamente a los votantes: barreras comerciales, reglas de competencia, regulaciones de los productos, adjudicaciones legales, ayuda a países extranjeros. Aislar tales áreas de la voluntad del pueblo no solo es posible, sino deseable. Los ciudadanos lo entienden: guardan poco respeto a los partidos políticos y a los parlamentos de sus países, pero tienen un concepto muy elevado de la justicia y de la policía. Los asuntos políticos que importan a la gente, porque les afectan directamente —fundamentalmente los impuestos y los servicios sociales—, se deciden a escala nacional, como debe ser, un dominio en el que la Unión, que carece de base fiscal independiente y capacidad de gestión de la administración civil, no se inmiscuye. Dentro de su propia esfera de actuación, sin embargo, la UE necesita protegerse de la intromisión demagógica de los referendos y de otras formas de democracia directa que se intentan llevar a la práctica en vano. «Lo más probable es que forzar la participación sea contraproducente, ya que la respuesta popular es necesariamente ignorante, irrelevante e ideológica»[111]. Sea como fuere, el deseo de democratizar la Unión está condenado al fracaso, porque «contraviene nuestra comprensión sociológica consensuada de cómo funcionan en realidad las democracias avanzadas»[112] (la cursiva aparece en el original). Ya que no debemos olvidar nunca que «el conocimiento político, la movilización y la deliberación tienen un tremendo coste para los ciudadanos racionales»[113]. Por fortuna, las masas son conscientes de ello y se niegan a pagar el elevado precio, en términos de tiempo y de atención, que requiere el interés en los asuntos de la UE. La mayoría de los ciudadanos no está dispuesta a realizar los esfuerzos que exigiría una mayor implicación: los planes de democratización no supondrían un incremento de la legitimidad de la UE, sino que se traducirían en una mera pérdida de popularidad. Aquellos rasgos de la difunta Constitución que tenían alguna utilidad se pueden infiltrar sigilosamente a través de los parlamentos nacionales sin necesidad de llamar la atención pública, ya que «la mayor ventaja táctica de la UE es, en una palabra, lo aburrida que es»[114].

Como casuística para sedar con cloroformo cualquier vestigio residual de voluntad popular, esta confesión posee la virtud de la sinceridad. Pero si la legitimidad de la Unión no reside en cierto tipo de democracia inapropiada, ¿cuál es su razón de ser? La respuesta de Moravcsik —como hemos visto antes— posee el mérito de la claridad: «La finalidad última de la UE es la promoción de los mercados libres. Los principales grupos de interés que la respaldan son las multinacionales, entre ellas las norteamericanas»[115]. O, dicho de forma más directa, «básicamente, la finalidad de la UE es hacer negocios»[116]. Y esto no debe cambiar. La tendencia neoliberal de la Unión está «justificada», ya que ningún analista en sus cabales considera que los sistemas de asistencia social europeos sean sostenibles[117]. No se pueden ni se deben articular a escala europea. «La Europa social es una quimera». Con su racionalidad perfecta, la Europa actual, sin embargo, es el mejor de los regímenes internacionales posibles.

La perspectiva panglosiana de Moravcsik no tiene nada que ver con la de Gillingham. Lejos de triunfalismos, el diagnóstico del estado actual de la Unión que ofrece en su Design for a New Europe (2006) tiende al alarmismo extremo. El rechazo de la Constitución en las urnas revela la existencia de una crisis de legitimidad en la UE, una crisis más que justificada. Desde la era Delors, la corrupción burocrática, los prejuicios y la intromisión se han convertido en el sello de la Comisión de Bruselas, una institución que no es responsable ante los ciudadanos, en la que solo han permanecido intactas la cartera de competencia y la de mercados internos. El Parlamento de Estrasburgo sigue siendo una asamblea impotente, donde se habla mucho y no se hace nada. Durante la mayor parte del tiempo, el Consejo se ha dedicado exclusivamente a llevar a cabo una serie de proyectos franceses tan absurdos como la creación de un sistema de posicionamiento global en el espacio exterior que compita con el americano, por no hablar de los acuerdos corruptos destinados a prolongar la vida de una moribunda Política Agrícola Común. ¿Qué credibilidad puede mantener un aparato tan retrógrado y venal? Las tareas esenciales y sencillas de la integración negativa se han pervertido y han generado una maquinaria de tal complejidad y opacidad que pocos ciudadanos son capaces de encontrarle pies y cabeza.

Y lo peor es que, en su resistencia a los avances científicos en agricultura, la UE ha quedado sumida en el oscurantismo absoluto. El bloqueo de Bruselas a los alimentos transgénicos —Monsanto, el principal productor de este tipo de alimentos, se encuentra en St. Louis— representa el ne plus ultra de la ignorancia y la incompetencia de la intervención estatal. Esta misma actitud, que recuerda a la del rey Canuto, amenaza con incapacitar a la UE para enfrentarse con los dos mayores desafíos que se le plantean en la actualidad: por una parte, los trascendentales cambios en curso que han situado a la nueva revolución científica de la infotecnología, la nanotecnología y la biotecnología en la vanguardia de la innovación industrial; y, por otra, la incorporación de enormes reservas de mano de obra barata al mercado mundial, que permite la producción a gran escala de artículos tradicionales a precios mucho más competitivos que en el pasado. Europa, que se encuentra por detrás de EEUU en el primer ámbito, tiene que soportar en el segundo las presiones de China, y puede que en el futuro las de la India o las de Brasil.

Aunque ha tenido una repercusión pública menor, el desafío crucial es el primero. Frente a unos cambios tecnológicos comparables a los de la Revolución Industrial, que han contribuido a que se difumine «la propia distinción entre plantas y animales, entre lo animado y lo inanimado e incluso entre la vida y la muerte», la UE ha sido incapaz de desencadenar el dinamismo de mercado necesario para competir en este ámbito[118]. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gillingham ofrece unos remedios draconianos. Está claro que la abolición de la Política Agrícola Común y la liberalización de los servicios son esenciales. Pero más allá de estas medidas, cuya necesidad se ha rumoreado a menudo, sin consecuencias prácticas, se precisan cambios todavía más radicales: nada menos que una auténtica «hoguera de necedades» que liquide los fondos regionales, se deshaga del euro, recorte la plantilla de la Comisión, ponga en venta muchos de los edificios de Bruselas y convierta el Parlamento en un cuerpo consultivo insignificante e inofensivo. La Europa capaz de crear una zona de librecambio que se extienda desde Irlanda hasta Ucrania sin otra carga legal o burocrática que la de la AELC de antaño será una Europa que reivindicará y difundirá la democracia como la auténtica meta final de la integración.

El tono exasperante de estas propuestas —no exentas de cierto matiz burlesco— refleja el espíritu de los pasajes más intransigentes de la obra de Hayek. Pero en otro sentido se aleja de su legado de forma bastante marcada. La visión hayekiana del «federalismo interestatal», como él lo definía, había sido concebida expresamente para proteger al libremercado de la democracia —un régimen contra el que se mantenía siempre en guardia, abogando más bien por una «demarquía» que prescindiera del fetichismo del sufragio universal[119]—. Hayek sostenía que cuanto más se distanciara la regulación del mercado de la soberanía nacional, más aislada estaría de las presiones electorales de las bases a favor de la intervención estatal o de la redistribución, justamente lo que ha acabado sucediendo en el Banco Central Europeo. Su discípulo invierte este razonamiento caprichosamente y afirma que el objetivo de la integración, bien entendida, no es protegernos de la democracia, sino promoverla. Pero, aparte de la continuación de la ampliación —Gillingham muestra una simpatía especial por Ucrania, que no es precisamente el candidato más idóneo para Bruselas—, sigue siendo un gesto sin especificación institucional.

En Design for a New Europe, Gillingham se abstiene de plantear esquemas que puedan ser acusados de constructivismo. Lo que ofrece es, en efecto, un plan de demolición radical —en el que la integración negativa sería la gelignita que se colocaría debajo de la Comisión, del Parlamento, de los Fondos Estructurales y de la Unión Monetaria, para que saltaran por los aires—. El extremismo de estas propuestas se refleja en el tono de desconcierto con el que Gillingham concluye su extensa historia de la integración europea. Pues su narrativa no logra explicar por qué las fuerzas liberadas por el cambio de régimen deben desvanecerse súbitamente al final de la historia —los genuinos liberales se esfuman, y dejan a sus espaldas gobiernos sin convicciones, estancados en una lucha contra una oposición sin futuro—. El equilibrio de fuerzas sociales que late bajo la superficie de los acontecimientos políticos ha desaparecido.

En sus pronósticos, la explicación de Moravcsik y la de Gillingham se encuentran en polos opuestos. Aquel lo dejaría todo como está. Este lo arrasaría casi todo. Detrás de tales divergencias hay dos perspectivas opuestas, ambas leales al mercado, pero totalmente discrepantes en su concepción de la vida pública. La primera concibe la política como si fuera poco más que una rama de la economía, sujeta al mismo cálculo de utilidades y a la previsibilidad de resultados. La segunda, por el contrario, intenta aislar cuanto sea posible de la política a la economía, un sistema cuyo funcionamiento espontáneo solo puede quedar dañado, hasta el extremo de la destrucción, por la intervención estatal. Las consecuencias importantes son siempre involuntarias: los efectos benignos sobre el mercado, los efectos irónicos o malignos, en su mayoría, sobre el Estado. En uno de sus más imponentes ensayos, el más extenso que ha escrito, J. G. A. Pocock ofrece una reconstrucción histórica de las distintas «variedades de whiggismo». El liberalismo ha dado lugar a un número igual de abundante de variedades. Curiosamente, Europa parece ser el objeto de estudio virtual predilecto de la galaxia de las versiones actuales. Entre ellas, el «intergubernamentalismo liberal» y «el liberalismo clásico» no son en modo alguno las únicas.

III

Desde el punto de vista psicológico, quizá incluso más que desde el material, América representa una enorme carga para Europa. En la actualidad los ciudadanos de la UE tienen que recurrir a EEUU para entender la comunidad a la que pertenecen, pero este no es el único ámbito en el que el pasado y el presente de Europa se escriben desde la posición estratégica del otro lado del Atlántico. El pensador más riguroso que ha reflexionado sobre las paradojas de la integración es un italiano, Giandomenico Majone, retirado en la actualidad a la EUI de Florencia. Formado en Pittsburgh, escribió su tesis doctoral en la Universidad de Berkeley y ha dado clases en Harvard y Yale. Pero su relación con los EEUU no se limita al desarrollo de su carrera. Tanto el campo que lidera como las fuentes en las que se basa su teoría sobre Europa son típicamente americanos, como se refleja en el propio título del primer libro que ha escrito sobre el tema, Regulating Europe.

En Europa, el término «regulación» se ha asociado durante mucho tiempo —las raras veces en que ha gozado de cierta aceptación— con una escuela de economistas de corte marxista originaria de Francia, interesados en el modo en que la producción, el crédito y el consumo se entrelazaban para transformarse en «formas estructurales» específicas, o reglas de reproducción del sistema, en las sucesivas fases del desarrollo capitalista. En años recientes, la palabra ha adquirido un significado más conocido en el vocabulario de la burocracia, una popularidad que no ha tenido demasiado eco en la conciencia pública, y menos aún en la sabiduría popular. Incluso en Inglaterra, donde los cuerpos reguladores empezaron a proliferar mucho antes que en el resto de Europa, son pocas las personas que puedan presumir de tener una noción, por vaga que sea, de la función —y menos aún del personal— que se oculta detrás de los grises acrónimos que dan nombre a estos organismos. El mundo de Oftel, Ofgem, Ofwat, Ofreg sigue siendo un enigma para la mayoría de los ciudadanos.

En EEUU, sin embargo, la regulación ha sido un elemento fundamental del panorama político durante más de un siglo, desde que el Acta de Comercio Interestatal de 1887 creara una comisión federal para regular los ferrocarriles. En su debido momento, se fueron creando agencias reguladoras en todas las industrias, la mayoría en la época progresista y en la era del New Deal. La consecuencia de ello ha sido, en palabras de Majone, que «como sabe cualquier alumno que se dedique a estudiar esta materia, en América la regulación es un modelo característico de organización política, que ha engendrado una literatura teórica y empírica específica»[120]. La tarea de Majone ha consistido en trasladar este corpus literario al otro lado del Atlántico, con unos efectos intelectuales impresionantes.

Majone comienza observando que la nacionalización ha sido durante mucho tiempo el equivalente funcional de la regulación en América. ¿Dónde reside, entonces, la diferencia entre ambos modelos? La respuesta la encontramos de nuevo en «las diferencias significativas entre la concepción europea del control político de los procesos del mercado y la americana. En Estados Unidos existe una larga tradición reguladora que expresa la creencia generalizada en que el mercado funciona de forma adecuada bajo circunstancias normales y que solo se debe intervenir en él en casos concretos de “fallos del mercado”, como el poder de un monopolio, las externalidades o la falta de información. En Europa la aceptación popular de la ideología del mercado es un fenómeno más reciente»[121]. Sería erróneo, sin embargo, considerar que este contraste es una mera cuestión de creencia colectiva. Existe una diferencia objetiva, prosigue Majone, entra la nacionalización y la regulación, que hace que esta última sea intrínsecamente superior como solución a los fracasos del mercado. Se supone que la propiedad estatal tiene varios propósitos: el desarrollo industrial, el pleno empleo, la igualdad social, la seguridad nacional. Tales metas no solo suelen ser incompatibles, sino que su propia diversidad afecta de forma negativa al cumplimiento eficaz de estos objetivos, y al final la propia idea de la nacionalización cae en el descrédito. La regulación, por el contrario, solo tiene una «justificación normativa» —la eficiencia— y, por tanto, evita las tensiones redistributivas y las confusiones generadas por la nacionalización. Mientras que la redistribución es un juego en el que un grupo pierde y otro gana, «se puede considerar que con la eficiencia gana todo el mundo, siempre que se descubra la solución correcta. De ahí que tales cuestiones se pueden decidir en principio por unanimidad»[122].

Sin embargo, dado que «la unanimidad es prácticamente imposible en un sistema político de cierta envergadura», lo mejor es confiar la tarea de mejorar la eficiencia del mercado a agencias reguladoras expertas. El rasgo clave de estas agencias, tal como han evolucionado en Estados Unidos, ha acabado siendo la delegación: es decir, la renuncia del Estado a dirigir la labor de las agencias que ha creado para regular el mercado, dejando esta tarea al criterio de las personas que ha nombrado con ese fin. Este avance culminó con las reformas de la administración Reagan, que fue todavía más allá y delegó la mayoría de los gastos federales a distintos agentes independientes de la sociedad civil. Así concebida, la lógica de la regulación implica una ruptura cada vez mayor entre la autoridad experta y la voluntad popular. Majone utiliza una expresión de la escuela económica conservadora de California para expresar este extremo. La regulación representa «una partición de los derechos de propiedad política»[123], que transfiere los poderes públicos desde las veleidosas asambleas que dependen de mayorías de partidos que pueden cambiar cada cinco años, a unas autoridades independientes hasta capaces de cumplir compromisos plausibles a largo plazo sin la intromisión de los votantes.

En Europa se ha tardado mucho tiempo en comprender las ventajas de este sistema. Allí, las primeras «nacionalizaciones coincidieron con la primera depresión de alcance mundial de la economía capitalista (1873-1896), que frustró durante casi un siglo el apoyo de las elites y del pueblo al mercado»[124]. Sin embargo, a finales de los años ochenta esto cambió por fin. Fue Gran Bretaña quien mostró el camino, con las privatizaciones que se llevaron a cabo durante el mandato de Thatcher. El desarrollo de la regulación en el Reino Unido, y posteriormente en la Europa continental, ha sido en realidad un complemento del avance de la privatización —es decir, una serie de agencias cuya tarea es asegurar que las empresas no abusen del poder del monopolio, como en tiempos hizo el Estado, y que no generen un exceso de externalidades—. A medida que este modelo se extiende, el equilibrio de las funciones del Estado moderno se altera, y se aleja de la provisión del bienestar o de la estabilidad del ciclo económico, para adoptar un papel regulador más indirecto. No hay ninguna razón para escandalizarse por este cambio, que concuerda con los antiguos principios del Rechtsstaat moderno. «Dentro del modelo de democracia no mayoritaria —otra forma de llamar a la democracia constitucional», escribe Majone, «depender de cualidades como la experiencia, la credibilidad, la imparcialidad o la independencia se ha considerado siempre más importante que confiar en la responsabilidad política directa», aunque solo se deleguen «algunas funciones determinadas»[125]. La principal tarea que deben desempeñar las agencias reguladoras es la de rectificar los fracasos del mercado. Puede que sus acciones tengan consecuencia redistributivas, pero estas instituciones no deben perseguir fines redistributivos, los cuales requieren decisiones políticas más inmediatas, que deben tomar las asambleas electas. El Estado-nación, aunque haya visto alterado el equilibrio de sus actividades, sigue estipulando la asistencia social, la estabilidad y la defensa, así como los mecanismos de regulación. Sigue siendo una entidad polifacética.

Sin embargo, es evidente que la Unión Europea es en esencia —este es el golpe maestro de la teoría de Majone— únicamente una autoridad reguladora: es decir, una forma de Estado desprovista de función redistributiva y coercitiva, diseñada para realizar exclusivamente tareas de mantenimiento del mercado. En la práctica, de hecho, se le han añadido a la UE programas ad hoc destinados a la redistribución sectorial o regional —la lamentable Política Agraria Común y otras medidas similares—. Pero se puede considerar que se trata de adiciones adventicias, que no alteran su carácter general, una naturaleza sin precedentes. La Unión es un «sistema político regulador». Esta conclusión parece anticipar de manera más o menos fiel la reciente descripción de la UE que ofrece Moravcsik, un autor claramente influido por Majone, que empezó a escribir antes y de forma más incisiva. Pero la teoría de la Unión de Majone es bastante diferente. La UE no puede quedar reducida a la categoría de régimen intergubernamental, y el intento de Moravcsik de ajustarla para que parezca el resultado de acuerdos de mínimo común denominador es poco más que una burda aplicación de la teoría ricardiana de la renta económica, que ni siquiera es capaz de explicar episodios que aparentemente favorecieron el proceso de integración, menos aún innovaciones más complejas, como el Acta Única Europea, en la que el papel de la Comisión como actor político fue crucial[126].

Pues si la UE ha destilado un concentrado singular a partir de una transformación más general y difusa del Estado moderno, es precisamente porque, como no posee autoridad tributaria independiente, y tiene que conformarse con una minúscula fracción de las rentas públicas de los estados miembros —un presupuesto que representa menos del 1,3 por ciento del PIB de la Unión, donde el gasto público supone casi el 50 por ciento de los ingresos nacionales—, la Comisión ha reaccionado de un modo casi instintivo y ha intentado ampliar su autoridad por la vía alternativa de la regulación[127]. La razón fundamental de la multiplicación de directivas técnicas de Bruselas es, en este sentido, aplastante. Pues lo bueno que tiene la regulación es que requiere una financiación mínima —únicamente los salarios de un grupo de expertos—, ya que quien corre con los gastos no es la autoridad reguladora, sino las empresas o individuos sometidos a sus reglas. Así, los partidarios de la UE actual pueden aducir en su defensa, como de hecho lo hacen con regularidad —Moravcsik nunca se cansa de hacerlo—, que la Unión cuenta tan solo con 18 000 funcionarios, menos que los de una capital de provincia, a pesar de que cuenta con una población de más de 400 millones de personas. Este pequeño cuerpo administrativo genera, sin embargo, una inmensa red de regulaciones que superan de largo a las leyes aprobadas por las propias asambleas nacionales. En 1991, el número de directivas y regulaciones promulgadas por Bruselas ya excedía al de las leyes aprobadas en París. Puede que el vaticinio de Delors, que sostenía que a finales de siglo la Comunidad generaría el 80 por ciento de la legislación económica y social de los estados de la Unión, fuera «políticamente imprudente», pero «no carecía de una sólida base empírica»[128]. La UE no es una mera fachada.

Pero si la función esencial de la UE es la regulación, ¿cuál es, entonces, la estructura característica de la Unión? En este punto Majone abandona las herramientas americanas en favor de las europeas y demuestra un interés por la historia del pensamiento político y una claridad conceptual típicamente italianos, que recuerdan en cierto modo a Norberto Bobbio o a Giovanni Sartori. En Dilemmas of European Integration (2005) defiende que la Unión no es ni será nunca una federación, porque carece de un demos capaz de crear o apoyar este tipo de sistema. Pero tampoco es un mero régimen intergubernamental. Más bien, es una confederación en el sentido en que Montesquieu entendía este concepto, una acepción clásica del término, que se debería emplear con mayor frecuencia. ¿Qué significa esto? Que la estructura subyacente de la Unión es la de una «constitución mixta» de tipo premoderno, un concepto acuñado en la Antigüedad por Aristóteles y Polibio, que se llevó a la práctica en los reinos medievales y preabsolutistas. Se trata de un sistema político compuesto «no solo por ciudadanos individuales, sino también por corporaciones enfrentadas entre sí, gobernados por acuerdo mutuo, no por la soberanía política»[129]. El carácter confederal de la UE se basa en la proyección de este diseño a escala interestatal. Al no haber separación de poderes —la Comisión tiene derecho ejecutivo y legislativo— ni división entre gobierno y oposición, ni una polaridad significativa entre izquierda y derecha, el «principal móvil del proceso político interno» en la UE es, más bien, el forcejeo entre instituciones autónomas —la Comisión, el Parlamento, el Consejo, el Tribunal— que intentan conservar con artimañas sus respectivas prerrogativas. «La política surge como epifenómeno de esta contienda; no surge del enfrentamiento entre distintas posiciones ideológicas»[130].

En un sistema de estas características carece de sentido hablar de una soberanía popular que solo puede operar a escala nacional, que es donde el electorado quiere que se mantenga —tan es así que, cuantos más poderes adquiere el Parlamento Europeo, menor es el número de personas que se preocupa de votar a los candidatos que se presentan a él—. «Por tanto, paradójicamente, el “déficit democrático” europeo se justifica democráticamente»[131]. ¿Cuáles son, por tanto, los beneficios de la confederación? Para Majone, aunque el Tratado de Roma mostraba algunos vestigios de dirigismo, inevitables en esa época, el principio rector del acuerdo era la máxima elemental del liberalismo económico: la separación entre dominium e imperium —la propiedad del gobierno, el mercado del Estado—. Majone defiende esta tesis con un radicalismo cercano al de Gillingham, y exige que se le arrebaten a la Comisión, un organismo intervencionista y residual, las funciones reguladoras de la Unión y se dejen en manos de la sabiduría de las asociaciones empresariales y profesionales —las saludables reformas que llevó a cabo Reagan al otro lado del Océano deberían ser un estimulante ejemplo—. América, la fuente de inspiración de la teoría reguladora de Majone desde el principio de su obra, reaparece al final de la misma en forma de advertencia: «Sería poco aconsejable olvidar que la competencia internacional no solo se da entre productores de bienes y servicios, sino, cada vez más, entre regímenes reguladores»[132].

Esta descarada reducción de la UE a la categoría de confederación tiene un propósito intelectual fundamental. La elegancia de la argumentación de Majone reside en que relaciona una tesis general sobre la política occidental con un razonamiento sobre la evolución del Estado moderno, basada en una deconstrucción teórica de sus funciones, que le permite presentar a la Unión como un vértice eficaz de un proceso de transformación universal en marcha. La clave de su explicación es la noción de «democracia no mayoritaria», que, según asegura Majone, no es solo la base constitucional secreta de la UE, sino el modelo predilecto de casi todos los países avanzados, salvo algunas díscolas excepciones, como Gran Bretaña. Por tanto, no existe discrepancia, sino más bien una armonía natural entre las nuevas instituciones nacionales y las comunitarias. Esta uniformidad garantiza la legitimidad del principio de regulación —en detrimento del de redistribución— como tendencia futura a escala nacional y comunitaria, aunque la teoría constitucional tenga todavía que ponerse al día. A medida que vaya disminuyendo el apego excesivo al Estado del bienestar, «los organismos reguladores independientes y otras agencias especializadas se encontrarán en mejor posición que los departamentos del gobierno para satisfacer las exigencias del electorado»[133]. Como sistema político regulador, la UE, lejos de debilitar la democracia, la refuerza positivamente, pues protege a los ciudadanos judicialmente y como consumidores de sus propios gobiernos, gracias a las leyes que promulga el Tribunal o a las directivas de la Comisión, preceptos que los ministros no pueden recurrir[134].

Pero ¿qué significa en realidad la expresión magistralmente evasiva «no mayoritaria»? Majone explica que las «instituciones no mayoritarias» son «instituciones públicas que, en virtud de su propia configuración, no son directamente responsables ante los votantes ni ante los cargos electos»[135]. Por tanto, según esta definición, ¿cómo es posible una democracia no mayoritaria? Esta noción parece contradictoria. La finalidad de esta supresión ilegítima, la sustitución de un sistema político por agencias reguladoras, es dotar de capacidad de persuasión a la idea de que la regulación en un Estado moderno ya no es un conjunto de actividades subsidiario o sectorial, sino que se convierte en su función central, una función que sintetiza simbólicamente la vida pública en su conjunto. Cuando se ve obligado a explicar el significado del concepto de «democracia no mayoritaria», Majone recurre a Madison: es esa forma de democracia cuyo objetivo primordial es proteger a las minorías de la «tiranía de la mayoría» y evitar «los enfrentamientos entre distintas facciones». Pero ¿dónde se encuentran en la actualidad las mayorías tiránicas o las facciones intestinas? En la descripción que ofrece Majone de las tendencias políticas de Europa, una región donde, por el contrario, los votantes parecen en general satisfechos con el funcionamiento general de las cosas y las divisiones ideológicas han alcanzado mínimos históricos, no encontramos nada que se corresponda con esta imagen. Majone ha secuestrado a Madison y ha puesto su pensamiento al servicio de fines que le son totalmente ajenos. El efecto que ha logrado es la extrapolación de los «fracasos del mercado» como una versión contemporánea del amenazante populacho que los padres de la Constitución tenían en mente. El desajuste entre los temores políticos de Madison y la «cuestión de la eficiencia» que domina el esquema de Majone es manifiesto.

La eficiencia, por supuesto, tampoco se puede separar de la redistribución, pues los expertos pueden mediar para solucionar ambos problemas de forma unánime. Consciente de esta dificultad, Majone intenta resolverla añadiendo la condición de que se establezca una división clara entre ambos problemas, siempre que las decisiones relacionadas con la eficiencia no tengan «efectos sobre el bienestar» —es decir, que incluyan compensaciones para aquellos que, de lo contrario, sufrirían sus consecuencias económicas—. Majone pone como ejemplo el modo en que la unión monetaria, una iniciativa que favoreció la eficiencia, vino acompañada de la creación de un «Fondo de cohesión» redistributivo. Pero en este ejemplo se anula la distinción. Los fondos de cohesión tuvieron que ser añadidos a la unión monetaria en el Tratado de Maastricht precisamente porque no todo el mundo pensaba de forma unánime que esta medida beneficiaría a todos por igual —en palabras de Majone, «los estados miembros más ricos estaban particularmente interesados» en seguir adelante con la integración, y por eso tuvieron que realizar pagos subsidiarios a los miembros más pobres, que tenían razones para dudar de que fueran a salir beneficiados con este sistema[136]. Tampoco había demasiadas pruebas que demostraran que se fuera a producir un equilibrio real entre países ricos y pobres, un equilibrio que permitiera un efecto redistributivo neto neutral. De hecho, el propio Majone señala a continuación que los fondos regionales de la UE no son particularmente eficaces a la hora de redistribuir los ingresos entre los individuos en las zonas más desfavorecidas de la Unión, aunque no añade que lo mismo se puede decir de la redistribución regional: véase el caso del Mezzogiorno italiano. En los asuntos políticos importantes, el deseo de separar la eficiencia de la redistribución, como si no guardaran relación, es un sueño ideológico. En esencia, solo contribuye a aislar el statu quo. La UE crea reglas; no cambia la situación de los actores. Eso es lo que se le da mejor.

Sin embargo, aunque aprueba la estructura general de la Unión, Majone se muestra mucho menos complaciente que Moravcsik. El fracaso de la Constitución Europea no fue una bagatela, y menos aún una señal de triunfo. El borrador del Tratado incluía por lo menos un rasgo significativo que podía haber favorecido la cristalización del auténtico carácter de confederación de la UE, a saber, el derecho de secesión; lo mismo se puede decir de la estipulación de acuerdos comunes en materia de defensa y política exterior, tareas propias de una confederación. La defenestración de la Constitución fue la expresión de la creciente desconfianza del electorado de la Unión, una comunidad que no solo carece de legitimidad política —no existe un deseo popular de democratización—, sino que no presenta unos buenos resultados económicos. Dado que el objetivo fundamental de la UE es de naturaleza económica, la mediocridad de la tasa de empleo y del crecimiento de la productividad durante el ciclo económico completo que se extiende entre 1995 y 2005 no puede sino socavar su legitimidad.

Los resultados de los dos importantes cambios institucionales que ha experimentado la Unión en este periodo tampoco son un motivo de vanagloria. Tanto la moneda única como la ampliación se abrieron paso gracias a una combinación de precisión meticulosa en los requisitos técnicos y vaguedad deliberada en relación con sus implicaciones —económicas y políticas— generales. En ambos casos, «se ha tenido la precaución de ocultar las incertidumbres y ambigüedades para que no las pueda percibir el público en general», y hasta ahora el resultado ha sido poco convincente o contraproducente. El advenimiento del euro, según reconocen europeístas tan devotos como Mario Monti, eterno comisario, de Mercado Interior en su primera época, y después de Competencia, todavía no ha dado los resultados esperados. Aún más grave es que las decisiones del Banco Central Europeo —restrictivas en muchas ocasiones— ejercen un impacto evidente en el bienestar económico de los ciudadanos. «Por primera vez, los resultados de una política europea afectan directa y visiblemente al público en general, en lugar de afectar a intereses especiales o a pequeños grupos de expertos. Por eso, ahora, mucho más que en el pasado, los malos rendimientos económicos amenazan la credibilidad de las instituciones europeas, y erosionan la estrecha base de legitimidad sobre la que descansa en su totalidad el edificio de la integración europea»[137].

¿Qué hay de la ampliación? La inclusión de países tan pobres como Rumanía y Bulgaria ha convertido a la UE en una zona con un coeficiente Gini de desigualdad de ingresos todavía más elevado que el de los EEUU, el paraíso del capitalismo. No se trata de un mero efecto estadístico, sino de un condicionante político del destino de la reforma que necesita la Unión. Pues el miedo al dumping social del este ha impedido la formación del mercado único en el sector servicios, algo que no habría sido en modo alguno controvertido cuando la Unión estaba integrada únicamente por quince estados occidentales. Dado que en la actualidad los servicios representan el 70 por ciento del PIB de la Unión y más del 50 por ciento del empleo, se trata de una limitación muy grave del proceso general de integración, un fenómeno del que no se habla demasiado. Al contrario de lo que casi todo el mundo cree, la UE se encuentra todavía muy lejos de ser un auténtico mercado común. Esta es una de las razones de que crezca de forma tan pausada.

Sin embargo, las incertidumbres actuales son todavía más profundas. Hunden sus raíces en la naturaleza de la propia integración europea, que siempre ha sido un proyecto elitista que solo cuenta con el consentimiento pasivo de la población. En la actualidad esa licencia está a punto de expirar, como demuestra con claridad el inmenso abismo que existe entre los votantes y el Parlamento incluso en un país con una actitud tan liberal como los Países Bajos —como es natural, Majone se muestra mucho más sorprendido por el resultado del referendo holandés que por el del francés—. «La mayoría de las ideas clave de la historia moderna, desde la soberanía popular hasta el concepto de nación y el principio de nacionalidad, fueron en su origen propuestas de las elites intelectuales y políticas», observa Majone. «Pero la vitalidad de estas ideas residía en su capacidad para movilizar al pueblo y empujarle a la acción política. Este no ha sido el caso de la integración europea». Durante más de medio siglo se ha producido «cierta europeización de las elites intelectuales, económicas y políticas», pero «no ha tenido lugar una “europeización de las masas” que se pueda comparar, aun remotamente, con la “nacionalización de las masas”… que se produjo en todos los países de la Europa occidental al final de las guerras napoleónicas»[138].

El abismo que separa a los de arriba de los de abajo sigue siendo insalvable. Viene dictado por el diseño original de la unificación y por su desarrollo posterior. «Para realizar una valoración realista de la UE… hay que tener presente siempre la naturaleza elitista de este proyecto», ya que «el enfoque funcionalista (de Monnet) de la integración europea que se adoptó en la década de 1950 implica una solución de compromiso entre la integración y la democracia. La lógica de este enfoque es tal, que siempre que hay que elegir entre la integración y la democracia, la decisión es y tiene que ser siempre a favor de la integración». Para entender esta circunstancia, uno solo tiene que observar el monopolio de la iniciativa legislativa que detenta la Comisión, una «flagrante violación tanto del principio constitucional de la separación de poderes como de la propia idea de democracia parlamentaria»[139]. Mientras exista un saldo material suficiente, que permita cubrir este vacío de normas constitucionales convencionales, las masas lo aceptarán. Pero si las elites no consiguen alcanzar los niveles adecuados de empleo y seguridad laboral, o adquieren un mayor poder, la Unión puede empezar a derrumbarse.

Con este diagnóstico la tensión, ya presente en la obra de Gillingham, entre una apología de la oligarquía y una idea tardía de democracia se acentúa y se radicaliza. Por una parte, se admite que la UE es un sistema de poder confederado con un ilustre linaje intelectual, protegido con razón de las decisiones del electorado popular, en el que «la creciente importancia de las instituciones no mayoritarias» demuestra que «la confianza en cualidades como la experiencia, la discreción profesional, la coherencia política, la justicia o la independencia de juicio se considera más importante que la confianza una en responsabilidad democrática directa»[140]. Por otra, la Unión es, por desgracia, un proyecto jerárquico, cuyo diseño antidemocrático es el resultado de una elección deliberada —de la que hay que responsabilizar a Monnet— en virtud de la cual la ciudadanía pasiva se distancia en cuanto el PIB se tambalea.

Pero, en primer lugar, ¿es realmente la UE una confederación? No en el sentido en que Montesquieu emplea el término en L’esprit des lois. La république fédérative de Montesquieu era una unión de ciudades-Estado, provincias o cantones —entidades necesariamente pequeñas— para la mutua defensa de las agresiones de las monarquías, de mayor envergadura. No empleaba la palabra «confederación», y su descripción de una república federada es incompatible con el significado que el término ha adquirido con el paso del tiempo o con el sentido en que lo emplea Majone, ya que no solo afirma que la intervención armada es necesaria para sofocar cualquier levantamiento popular en cada unidad constituyente, sino que además especifica que tales unidades deben renunciar al derecho a firmar tratados con otras potencias, ya que «se entregan incondicionalmente, sin tener que renunciar a nada más», a esa unión una vez formada[141]; es decir, como si las autoridades de Bruselas tuvieran derecho a sofocar los disturbios en Budapest y al Reino Unido se le prohibiera la entrada en la OTAN. Además, de todos los pensadores, Montesquieu no es precisamente el mejor ejemplo de paladín del gobierno mixto, un sistema que no contempla la separación de poderes. Aunque presentaba un retrato idealizado de Inglaterra, «la única nación cuya Constitución tiene como fin último la libertad política», que reproduce la fórmula local convencional de la monarquía mixta —la trinidad formada por el rey, los lores y los comunes—, la innovación de Montesquieu consistía en recubrir esta noción con una teoría de la independencia del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que no se daba en ninguna nación de la época, ni siquiera en Inglaterra, y que transformó las expectativas del mundo.

Si lo que quería Majone eran credenciales en favor de un gobierno mixto entendido como un batiburrillo de corporaciones superpuestas, lo mejor habría sido que, del mismo modo que había invocado el modelo medieval absolutista y preabsolutista, retrocediera 150 años hasta Althusius, un predecesor mucho más apropiado. Para comprender las conclusiones que se pueden extraer de las ideas de Althusius hay que analizar la obra de Jan Zielonka que hemos citado con anterioridad[142]. En su libro Europe as Empire (2006), Zielonka ensalza la Unión como versión posmoderna del Sacro Imperio Romano, un sistema en el que las teorías políticas que defienden el control estatal son sustituidas por una compleja forma de gobierno en la que la burda soberanía mayoritaria se convierte en un recuerdo del pasado. La ampliación, para Majone una sombra que ha amenazado —al menos hasta ahora— el desarrollo de la aplicación del mercado único, es saludada por Zielonka, con entusiasmo anglopolaco como el coup de grâce que ha puesto fin a los delirios de un super-Estado europeo.

La UE actual, que se extiende hasta el Dniéper y el Bug, es, según Zielonka, un irrevocable laberinto neomedieval de jurisdicciones variopintas, cuya unidad no descansa en directivas burocráticas, sino en los ajustes espontáneos del mercado. Es cierto que la Edad Media fue una época de conductas depredadoras, pero no lo es menos que este periodo alumbró los primeros sistemas de bienestar social y la valiosa doctrina de la guerra justa. Aún queda mucho que aprender. ¿La democracia? «Que el sistema de gobierno europeo en desarrollo se pueda llamar todavía “democrático” es bastante discutible»[143]. En cualquier caso, lo que está claro es que nos estamos alejando de la noción tradicional de soberanía popular. Las elecciones son un procedimiento muy burdo para controlar a los gobernantes. Son más eficaces las «redes políticas» que presionan en favor de decisiones específicas. Los ciudadanos individuales deben poder impugnarlas, pero es de esperar que no lo hagan por medio de referendos populistas ni de manifestaciones indisciplinadas. Es mejor entablar litigios privados y recurrir al defensor del pueblo.

Aunque se puede considerar que la exuberante imagen de un imperio neomedieval que defiende Zielonka es una comparación bastante exagerada, las conclusiones que extrae son muy instructivas: en lugar de elegir a los representantes políticos antes, la norma política del futuro consistirá en protestar después. Se trata, de hecho, de una nueva versión de las súplicas que se presentaban ante los príncipes. Majone es más realista. La negación de la democracia en la Unión no se puede evitar ni estabilizar. La integración no ha dejado apenas espacio para las decisiones que se toman desde abajo. Pero una vez que se arrebata la legitimidad a la voluntad de los votantes y se deja en manos de la suerte de los mercados, queda a merced de sus caprichos. El crecimiento continuo es una promesa más difícil de cumplir que la de un gobierno representativo. ¿No será que, a fin de cuentas, burlar la voluntad del pueblo no es tan sencillo como parece? Al responsabilizar a Monnet del «sacrificio de la democracia en el altar de la integración», Majone insinúa que existía otra alternativa. Pero no una alternativa que se pudiera deducir de sus premisas. Monnet y sus colegas no tenían que haber actuado con sigilo, explica en Dilemmas of European Integration, sino someter la idea de Estado federal que tenían en mente al electorado europeo. Sin embargo, este reproche es un farol, ya que para Majone los votantes nunca han aceptado esa perspectiva. No obstante, el proceso de integración que se ha desarrollado hasta el momento —aunque todavía no haya recibido su auténtico nombre— se ajusta a la visión de Majone: es una confederación exenta de las exigencias de la soberanía popular.

La crítica a Monnet es un motivo de malestar. Pues lo que ha sucedido históricamente es que se han vuelto las tornas. La teoría federalista de Monnet preveía justo lo que el confederalismo de Majone descarta, a saber, la creación de unos Estados Unidos de Europa responsables ante su población y elegidos a través de una votación. Por eso se crearon estructuras parlamentarias en el seno de la CECA y de la CEE, y por esta misma razón Monnet concedía tanta importancia a la Comunidad de Defensa Europea, un organismo que, como recalca Parsons con razón, desempeñó un papel muy importante en la historia de la integración. Que la CDE fracasara y el Parlamento Europeo haya resultado ser ineficaz no son logros, sino fracasos de la visión de Monnet, una visión que ni siquiera ahora ha desaparecido del todo de la escena, como indica la oscilación de las críticas de que es objeto. En 2005 Majone ensalzaba la arquitectura de la UE, «el exitoso prototipo de la confederación posmoderna», al principio de su obra Dilemmas of European Integration[144]. Dos años después, contemplando las ruinas de la Constitución, se ha convertido en un edificio precario que se tambalea, apoyado en unos cimientos demasiado estrechos.

La posición que ocupan en el espectro ideológico las cuatro teorías que hemos estudiado hasta ahora es evidente. A pesar de las importantes diferencias que existen entre las ideas de Moravcsik, Gillingham, Eichengreen y Majone, comparten una serie de elementos coincidentes: la hostilidad hacia todo aquello que huela a federalismo; la reducción del peso de las normas democráticas clásicas; la predilección por la integración negativa sobre la positiva; la preferencia por la regulación voluntaria en detrimento de la obligatoria; el rechazo de las barreras sociales que obstaculizan el dinamismo del mercado. En los análisis y prescripciones que ofrecen estos autores, estas cuestiones no aparecen en la misma medida, pero existe un parecido de familia entre todas ellas. En un sentido convencional, estos pensadores representan a una falange de la opinión neoliberal, más o menos acentuada o matizada en cada caso. La divergencia fundamental radica en los pronósticos. Aunque en esencia todos están de acuerdo en el modelo al que debería aspirar la Unión, no parecen coincidir en si es probable que se haga realidad. Moravcsik muestra un optimismo eupéptico à toute épreuve; Majone, un pesimismo inesperado; Eichengreen, un escepticismo prudentemente disimulado; Gillingham, un alarmismo inquietante. ¿Son estas discrepancias extremas un reflejo de sus intereses comunes o, simplemente, de la opacidad del futuro?

IV

En otras posiciones del espectro político no se da esta concentración de autoridad. Las concepciones que rompen con las premisas del consenso neoliberal son más dispersas y aisladas, aunque no son en modo alguno más débiles desde el punto intelectual. En este caso, los americanos siguen llevando la voz cantante. Las obras más importantes proceden del ámbito de la filosofía, la jurisprudencia y la política comparada. Una de las más destacadas es La democracia en Europa (2000), de Larry Siedentop, una visión distinta y personal —es decir, anticuada e independiente— de los peligros que acechan a la Unión y de las posibles soluciones. La indignación de la réplica de Moravcsik, que apenas ha podido reprimir su incredulidad ante la falta de atención de Siedentop «a la principal corriente de análisis contemporáneos», nos da una idea de lo alejada que se encuentra esta obra de la corriente dominante de nuestra época[145]. De hecho, lo que diferencia a Siedentop de esta tendencia es la distancia que existe entre el liberalismo político clásico basado en Tocqueville —el título de la obra se inspira en La democracia en América— y el neoliberalismo actual. El liberalismo clásico solo parece discordante cuando se compara con la variedad actual.

Los años que Siedentop pasó en Oxford han dejado huella en su pensamiento —Isaiah Berlin, de quien ha recibido algunas críticas interesantes, es una referencia fundamental para él—, pero el punto de partida de su teoría no podía ser más americano. El federalismo es un invento americano, recogido en la Constitución de 1787. ¿Puede Europa albergar la esperanza de emularlo alguna vez? Montesquieu pensaba que la libertad no podía darse en un Estado moderno de gran envergadura, de ahí que se mostrara partidario de una monarquía desprovista de aristocracia que reprimiera el poder del rey. Al concebir una Constitución que preservara la libertad en una gran república, Madison demostró que Montesquieu estaba equivocado: una federación inscrita en una sociedad comercial podría desempeñar la función que los cuerpos intermediarios cumplían en la sociedad feudal, sin beneficiar a la nobleza. Tocqueville fue el primero que comprendió esto, y también se dio cuenta de que el éxito del federalismo americano se basaba en una configuración específica: una lengua común; hábitos de autogobierno local comunes; una clase política abierta, compuesta sobre todo por abogados; y unas creencias morales compartidas, de origen protestante. Es más, el elemento que mantenía unida la nueva estructura era —aunque no se reconociera de forma explícita— el fantasma del Estado imperial británico. Los colonos estaban acostumbrados a depender de una potencia soberana individual, transfigurada ahora en una federación con autoridad tributaria y capacidad de coacción.

Europa, por el contrario, sigue dividida por una multiplicidad de lenguas y soberanías; estados antiguos con culturas específicas y nula experiencia de un gobierno común. Tampoco cuenta con elementos equivalentes al estrato social o a la unidad de credo que sacaron a flote la joven república liberal en América. Por el contario, todavía se le notan las cicatrices de un anticlericalismo destructivo y de una conciencia de clase capaz de causar divisiones, elementos desconocidos al otro lado del Atlántico —el calamitoso legado de los siglos XVIII y XIX, por fortuna ahora atenuado, aunque no del todo suprimido—. En cierto sentido, si tenemos en cuenta la carga del pasado, los pasos que han dado los europeos hacia la unificación desde 1950 son todavía más sorprendentes. Pero el motivo fundamental de los resultados parciales y desafortunados de la integración es la sequía ideológica actual. Pues si Tocqueville levantara cabeza, contemplaría con melancolía la evolución que ha sufrido el liberalismo desde sus días. La rica visión liberal del desarrollo humano ha quedado reducida a las estrechas alternativas del utilitarismo de los deseos o del contractualismo de los derechos. En esta reducción, cualquier concepción activa de la ciudadanía se evapora. Solo nos queda desempeñar el papel de meros consumidores o litigantes.

El resultado de este deterioro es una concepción de la integración europea dominada por un árido economicismo, como si la Unión no fuera más que una cuestión de eficiencia económica. Como es natural, estos cálculos tan estrechos de miras no han logrado atraer la imaginación popular, y ha quedado un vacío que solo pueden llenar los proyectos gubernamentales rivales. En este sentido, solo uno de los contendientes ha presentado una visión coherente. Gran Bretaña, una nación que todavía carece de Constitución escrita, paralizada por una cultura política que sigue confiando en las costumbres más que en las ideas, no se encuentra en posición de proponer un futuro atractivo para la Unión. Alemania, a pesar de que posee un marco federal que en principio podría servir de modelo para el desarrollo de una federación europea, sigue inhabilitada en virtud de un pasado todavía demasiado reciente. Francia es la única que cuenta con el aparato institucional y la voluntad política necesarios para imponer un diseño determinado a la UE, una comunidad cuya formación coincidió con la propia recuperación francesa después de la guerra. El resultado es una Unión en gran medida creada a su propia imagen étatiste —una estructura administrativa centralizada—, en la que los mandamases de Bruselas toman las decisiones a puerta cerrada.

En la propia Francia este famoso modelo de gobierno elitista y racionalista, que inauguró Luis XIV y que heredaron la Revolución y Napoleón, ha dado pie en un sinfín de ocasiones a su antítesis: la rebelión anárquica en las calles, la insurgencia popular contra el Estado. El gran peligro al que se enfrenta la Unión Europea, en cuanto versión todavía más remota de este mismo estilo burocrático de gobierno, es que un día pueda provocar un rechazo de las masas semejante —el desorden civil a escala continental—. La combinación actual de economicismo y étatisme es una fórmula tóxica para el malestar futuro. Se necesita un debate a gran escala destinado a evitar que los europeos sientan que la UE no es más que la resultante de «las inexorables fuerzas del mercado o de las maquinaciones de unas elites que han conseguido escapar al control democrático»[146]. La Unión necesita unos nuevos cimientos.

¿Cómo deberían ser? Para responder a esta pregunta, Siedentop regresa de nuevo a América. Para ser una auténtica federación, compuesta por gobiernos nacionales autónomos y activos y no por un sistema de directivas burocráticas, Europa necesita una clase política transparente, que se comunique con un lenguaje normal, y un conjunto de creencias compartidas, que den forma a una identidad moral. En el primer caso, Siedentop recomienda la creación de un Senado europeo pequeño y poderoso, compuesto por las principales figuras parlamentarias de cada país, elegidas por el electorado de cada nación y que, por tanto, actúen también como representantes en las asambleas de sus respectivas naciones. La lengua inglesa, que ya se ha extendido como si fuera el latín informal del continente, debe adoptarse como lengua oficial de la Unión, y los senadores deben emplearla para conocerse de un modo tan íntimo como sus homólogos del Congreso de los EEUU. Mientras tanto, a través de una selección menos exclusiva de la abogacía —un ámbito en el que Gran Bretaña es uno de los peores infractores—, irá suministrando de forma gradual el material humano de una nueva clase política, en un sistema europeo que en cualquier caso ya está profundamente juridificado.

Queda pendiente el problema más complicado de todos. ¿De dónde surgirá el equivalente europeo a la religión civil americana, los «hábitos del corazón» de los que hablaba Tocqueville? Fiel al ejemplo norteamericano una vez más, Siedentop responde que una Constitución liberal para Europa sería en sí misma la solución que aportaría un marco moral que permitiría a los individuos tomar conciencia de su igualdad como ciudadanos y que, por tanto, funcionaría a modo de religión subrogada, como «una fuente de identidad y conducta adecuada»[147]. Pero ¿basta con un mero sucedáneo? ¿No confían también los americanos, a fin de cuentas, en el producto original? Aunque Moravcsik se escandaliza, Siedentop sigue desarrollando este razonamiento sin inmutarse. El constitucionalismo liberal es, de hecho, la última frontera del cristianismo, la religión mundial que a lo largo de la historia siempre ha combinado universalismo e individualismo. La igualdad moral de todas las almas ante Dios conduce en última instancia a una libertad similar de los ciudadanos ante el Estado.

Para que la democracia europea adquiera cohesión y estabilidad sin sacrificar el individualismo hay que recuperar este vínculo. El multiculturalismo mentecato —al que ni siquiera una lumbrera liberal de la talla de Berlin es inmune, quizá por su origen judío— debe ser rechazado como sustituto. La Unión debe asumir de forma tolerante, pero sin complejos, su identidad cristiana subyacente. Para ello se necesita tiempo. Siedentop termina con una cita de san Agustín. Europa necesita una versión propia del federalismo complejo que se articuló en América, pero todavía no ha llegado el momento. Intentar acelerar el ritmo para alcanzar este objetivo en las condiciones actuales, cuando la Unión todavía no está preparada, solo produciría una caricatura de la federación, dominada por una elite que no siente una simpatía genuina por el federalismo ni lo entiende en toda su dimensión.

A diferencia de otras obras importantes de este campo, La democracia en Europa ha tenido una acogida muy buena en el Viejo Mundo y se ha traducido a la mayoría de las lenguas de la Comunidad original. Esta reacción se debe a que posee ciertos rasgos atractivos que la diferencian de la gran masa de obras técnicas que se han escrito sobre la integración: un razonamiento directo y una prosa agradable, a la que cualquiera puede acceder. La percepción del contraste que existe entre las culturas políticas de los principales estados de la Europa occidental y la crítica a la pobreza intelectual de las apologías convencionales de la Unión convierten a esta obra en una rareza en el campo de la literatura especializada en la UE, un ámbito en el que la reflexión filosófica de cualquier índole suele brillar por su ausencia. Dicho esto, lo único que el autor consigue con este calco de las virtudes americanas para usuarios europeos es reproducir el vacío constitucional que critica —como si se pudiera o se quisiera implantar la fe evangélica y a los congresistas americanos en el sistema político del Viejo Mundo—. En última instancia no se plantea ninguna propuesta original para Europa, y el autor cae en la vaguedad en un punto en el que se precisa la mayor claridad posible: en el análisis del significado prácticamente opuesto del federalismo en ambos continentes, un concepto que en América se interpreta como una fuerza centrípeta que crea una nueva soberanía y en Europa como una fuerza centrífuga que descentraliza unas soberanías más antiguas.

Pues aunque Siedentop invoca a Tocqueville, demuestra que no recuerda su obra con precisión. El logro histórico del federalismo americano, a juicio de Tocqueville, era que había trascendido la debilidad de las confederaciones europeas —la holandesa, la suiza y la alemana— que Montesquieu había ensalzado, a través de la creación de una autoridad central con sus propios impuestos, su propio ejército y el poder de promulgar leyes con efectos directos sobre sus ciudadanos. En Europa las confederaciones no tenían medios independientes para imponer su voluntad sobre los estados que las formaban. La democracia en América es un texto mucho más centralista que La democracia en Europa. De hecho, el principal recelo que albergaba Tocqueville en relación con la república de los EEUU era que el gobierno federal todavía carecía de la autoridad suficiente para controlar la oposición potencial de los estados. Los fundadores «aportaron dinero y soldados a la Unión, pero el apego y los prejuicios de los pueblos todavía estaban presentes», y habían favorecido la «doctrina absurda y destructiva» que había permitido a Connecticut y Massachusetts negarse a que sus milicias participaran en la guerra contra Inglaterra en 1812[148].

Pero el veredicto general de Tocqueville era claro. En América, explicaba, «el poder central actúa sobre la ciudadanía sin intermediarios; la gobierna y la juzga igual que los gobiernos nacionales, pero solo actúa de esta manera en una esfera restringida. Evidentemente, ya no es un gobierno federal, sino un gobierno nacional parcial. De modo que nos encontramos ante una forma de gobierno que no es exactamente nacional ni federal; aquí, debemos detenernos, porque la palabra que define esta nueva forma de gobierno todavía no existe»[149]. Esta visión tan sólida sería muy mal vista en Bruselas, donde siempre que se habla de un gobierno nacional parcial lo único que se consigue es que los funcionarios de la Unión enseñen los dientes. En comparación, los remedios de Siedentop son una medicina muy poco eficaz.

Las aproximaciones filosóficas a la UE son necesariamente muy diferentes de las jurídicas, pero se puede pasar de las mejores obras de uno de estos ámbitos a las del otro sin salir de América. De origen israelí —se describe a sí mismo como «el judío errante por antonomasia»—, el jurista Joseph Weiler, que ha sido profesor en Michigan y en Harvard, ocupa en la actualidad una cátedra en la Universidad de Nueva York. Dado que el derecho en estado casi puro, desprovisto de sus acostumbrados atavíos administrativos o ejecutivos, es el medio que define a la Unión, los juristas desempeñan un importante papel tanto en el funcionamiento de la UE como en el sentido que se le atribuye. Así que no es del todo sorprendente que incluso un pensador legal heterodoxo pueda ejercer una influencia en sus asuntos mucho mayor que las eminencias ortodoxas de otras disciplinas. Weiler ha colaborado con la Unión en la redacción del borrador de la Declaración de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y como consejero de la Comisión en relación con el Tratado de Ámsterdam.

Pero, a pesar de los servicios prestados a la Unión, las intervenciones intelectuales de Weiler suelen ser bastante contundentes. La iconografía de las portadas de los libros especializados en la UE suele ser tan aburrida como la materia que se expone en el interior: lo más habitual es que aparezca el triste símbolo de la Unión, que recuerda a una etiqueta del supermercado —ni siquiera el libro de Gillingham ha conseguido librarse de él—, u otro tipo de clichés igual de edificantes. En la del libro de Moravcsik, por ejemplo, un barco surca los mares con las banderas de los estados miembros en las velas. Al contemplar la grotesca y salvaje obra maestra de Ensor, La entrada de Cristo en Bruselas en 1889, que nos mira lasciva desde la portada de The Constitution of Europe, de Weiler, comprendemos que nos vamos a adentrar en un mundo diferente.

El título del capítulo más importante del libro, «La Europa fin-de-siècle: ¿Existe un emperador que pueda vestir el traje nuevo?», fija el tono general de la obra. ¿Qué tipo de sistema político es la UE? Weiler se deshace del paradigma intergubernamental y del confederal sin más ceremonias, y afirma que la Comunidad es un conjunto de «ilusiones ideológicas» que no solo «enmascaran los graves problemas del control social y la responsabilidad», sino que además inducen «a la autocomplacencia en relación con el asalto a la democracia que la Unión representa tan a menudo»[150]. Si ninguno de estos dos modelos sirve para explicar qué es la UE es porque este sistema, si bien ha fortalecido a lo largo de la historia a los estados que la integran, en la actualidad no se puede reducir a un esquema en el que ellos sean los amos, aunque esta fuera la pretensión original. En muchos aspectos, «la Comunidad se ha convertido, más bien, en un golem que ha tendido una trampa a sus creadores»[151]. El Tribunal de Justicia Europeo es un buen ejemplo de este embrujo involuntario. Weiler ofrece un deslumbrante análisis de las vicisitudes y los cambios de funciones que ha experimentado el Tribunal. Este organismo tomó la iniciativa de crear una jurisdicción supranacional que se fuera ampliando de un modo constante, una idea que pilló desprevenidos a los gobiernos, que reaccionaron reforzando el papel del Consejo de Ministros y sus secuaces diplomáticos en Bruselas, a expensas de la Comisión. En el marco de esta dialéctica, el plano legal y el plano político avanzaron en direcciones opuestas, y en ambos casos se distanciaron del Tratado de Roma.

Aunque Weiler admira la labor del Tribunal, advierte que no se debe elogiar en exceso. Ahora que la opinión pública ha empezado a prestarle atención y atiende un mayor número de casos, se ha vuelto mucho más prudente, y ya no desempeña un papel tan dinámico en la Unión. Por otra parte, está claro que el Consejo de Ministros y su Comité de Representantes Permanentes (Coreper) —el hermético eje de organismos donde se toma la mayoría de las decisiones y se cierran los acuerdos— todavía no le han hincado el diente. Para Weiler, el Consejo no solo deforma la distribución adecuada de poderes a nivel de la Unión, al ejercer un control ejecutivo sobre la actividad legislativa, sino que además limita la autoridad parlamentaria a nivel nacional por el volumen, la complejidad y la duración de las decisiones que en teoría debe aprobar. El Parlamento Europeo, con su enorme electorado y su escaso poder, no es el mejor contrapeso. Es más, dentro del propio Consejo las divisiones ideológicas se neutralizan por regla general, ya que los gobiernos poseen siempre diferentes complexiones, y evitan los conflictos o los debates políticos normales en aras del consenso tecnocrático —un estilo de gobierno «consociativo», la fórmula de un cártel de elites.

El panorama que ha generado esta deriva institucional es bastante lúgubre. Al principio, la Comunidad defendía ideales que tenían una importancia real en la Europa de la posguerra: la paz, la prosperidad y el supranacionalismo. Hoy, las dos primeras son nimiedades y el segundo ha quedado reducido a billetes. «La Europa de Maastricht ya no es, a diferencia de sus antepasados de París y Roma, un vehículo para el desarrollo de los valores fundacionales originales»[152]. Con el Acta Única Europea no solo se puso en marcha un programa tecnocrático para el libre movimiento de factores de producción, sino también «una opción muy politizada de ética, ideología y política cultural», que elevó al mercado a la categoría de criterio de medida del valor social[153]. En esta Europa en que la política es un artículo de consumo, los individuos tienen poder, pero no como ciudadanos, sino como consumidores. Y la ampliación tampoco ha contribuido a mejorar la situación, pues, según la expresión de moda, «cuando una compañía emite nuevas acciones de votación, el valor individual de cada acción se devalúa»[154]. La vida pública corre el riesgo de quedar sumida en una rutina de pan y circo, sin dignidad ni legitimidad.

¿Cuál es la solución? Más influido por Paine que por Friedman, Weiler no se declara enemigo de los mercados, sino que considera que son formas de sociabilidad y de intercambio, escenarios donde «ampliar los horizontes, aprender de los demás y respetarlos, a ellos y a sus costumbres». Son, por tanto, un tipo de comunidad[155]. La ciudadanía, sin embargo, es un vínculo político, y el problema que se plantea desde Maastricht es cómo se puede ejercer de manera eficaz a nivel nacional y supranacional. Con un guiño a Marcuse, Weiler afirma que este problema se reduce a aunar Eros y civilización: la nación como centro perdurable, existencial, del apego sentimental; la Unión como marco moderno de una razón ilustrada, las dos igual de necesarias para una Europa democrática.

The Constitution of Europe termina con cuatro propuestas concretas para lograr este propósito. Si recogen un número suficiente de firmas, los ciudadanos deberían poder plantear iniciativas legislativas, en áreas sujetas al derecho comunitario, a los votantes que van a participar en las elecciones al Parlamento Europeo, propuestas que, de aprobarse, serían vinculantes para la Unión y para todos los estados miembros. Como complemento a esta Votación Legislativa, se podría crear un «Foro Público Europeo» en el que todas las decisiones que se toman en la Comunidad —en particular, las cuestiones que se deciden en los ahora impenetrables recesos de los comités de Bruselas— se colgarían en internet para que los ciudadanos, sobre todo las generaciones más jóvenes, que utilizan la web como los libros de antaño, pudieran examinarlas. Un Consejo Constitucional resolvería, a su vez, cuestiones de competencia jurídica, la sempiterna manzana de la discordia, en el seno de la Unión. Por último, la UE debería poder recaudar un pequeño impuesto sobre la renta directamente a sus ciudadanos, para que se estableciera un vínculo entre ambos a través de uno de los elementos clásicos de la representación democrática.

Las ideas de Weiler son desiguales. Considera que su plan de internet —que define como «Lexcalibur»— es la propuesta más importante, la de mayor alcance, pero para los escépticos parece la más descabellada: como si en el futuro los adolescentes fueran a examinar con avidez las 97 000 páginas de las directivas de la Comunidad o a tragarse las ininteligibles actas de Coreper como si de cafeína política se tratara. La propuesta de crear un Consejo Constitucional a imagen de la dócil versión francesa no es una recomendación demasiado afortunada. Pero la idea de una Votación Legislativa es una solución muy imaginativa y perfectamente viable, que sembraría el pánico entre la clase dirigente europea. El plan de establecer un vínculo fiscal directo entre la Unión y sus ciudadanos no es tan original, pero no por ello resulta menos relevante y radical. Lo más importante es que, con propuestas como estas, nos adentramos en un terreno discursivo distinto. Hemos abandonado el consenso institucional que afirma que el orden constitucional europeo vive en el mejor de los mundos posibles, a saber, el segundo mejor, ya que cualquier otro es imposible.

En este terreno alternativo, un intelectual destacado ha imaginado una reconstrucción de la Unión todavía más radical. Philippe Schmitter, discípulo de Haas en Berkeley, enseñó después en Chicago y en Stanford, y se hizo famoso como especialista en América Latina antes de convertirse en uno de los defensores más imaginativos y eruditos del método comparativo. Bajo este enfoque, ha escrito muchas obras sobre el corporativismo, la integración regional y, en particular, sobre los problemas de la transición de los regímenes autoritarios a los democráticos en América del Sur y en la Europa meridional. A finales del siglo pasado se estableció en el European University Institute de Florencia, y en 2000 escribió la que sigue siendo en muchos sentidos la reflexión más extraordinaria que se ha escrito hasta la fecha sobre la UE, How to Democratize the European Union… and Why Bother? Como suele ser habitual, aunque se ha publicado en italiano un borrador anterior y más breve, esta fascinante obra no ha sido traducida a ninguna lengua de la Unión, una prueba más de la indiferencia provinciana que la UE ha demostrado al dejar de reflexionar sobre sí misma. Este texto es un conjunto sistemático de propuestas para un cambio político visionario en su alcance y en el detalle, y parece escrito en otra época, como si Schmitter fuera un Condorcet de nuestros días. Normalmente un ejercicio de esta índole se puede encuadrar en la categoría del pensamiento utópico indiferente a las restricciones de la realidad. Pero es difícil encontrar un temperamento más mundano, en todos los sentidos, que el de este autor. La segunda parte del título expresa el espíritu de la otra dimensión de su inteligencia, una imparcialidad digna de un descendiente de Talleyrand. El resultado de la intersección de estas dos tendencias antitéticas es una obra única en la literatura especializada en la Unión.

Para empezar, Schmitter señala que la UE no es ni un Estado ni una nación. Aunque se ha sobrepasado irrevocablemente el umbral de cualquier sistema meramente intergubernamental, no existe la coincidencia de autoridad territorial y funcional que define un Estado, ni la identidad colectiva que caracteriza a una nación. Pocos de los que se encuentran bajo su jurisdicción la entienden, y no es raro. «La UE es ya el sistema político más complejo jamás concebido por los humanos»[156]. Está claro que no se parece ni por asomo a un modelo representativo bajo control popular. ¿Qué habría que hacer para democratizarla? Nada menos que redefinir las tres instituciones clave de la democracia moderna: la ciudadanía, la representación y la toma de decisiones. Schmitter especifica con tranquilidad un plan para la transformación de cada una de ellas. De las dieciséis «modestas propuestas» que el autor enumera sardónicamente, basta con destacar las siguientes.

¿Ciudadanía? Para promover una libertad más activa en la Unión: convocar referendos directos que coincidirán con las elecciones al Parlamento Europeo, y que deberán celebrarse a través de procedimientos electrónicos en el transcurso de una semana. Los votantes tendrán derecho a decidir la duración del mandato del cargo al que aspiran sus candidatos favoritos. Para hacer real por primera vez el sufragio universal, los adultos con niños a su cargo dispondrán de un voto múltiple. Para fomentar la solidaridad social: derechos de residencia para los inmigrantes; convertir todo el dinero que se destina en la actualidad a la PAC y a los Fondos Estructurales en un «Euroestipendio» que se debe pagar a todos los ciudadanos de la Unión con ingresos inferiores a un tercio de la media europea.

¿Representación? Para crear una asamblea más efectiva: restringir el tamaño del Parlamento Europeo, de modo que los diputados sean proporcionales al logaritmo de la población de cada Estado miembro, y asignar el resto de las tareas simbólicas de la asamblea a comisiones, como se hace en Italia. Fomentar organizaciones de alcance más europeo: la mitad de los fondos electorales de la UE destinados en la actualidad a partidos nacionales en los estados miembros debe ser transferida a las formaciones del PE, con derecho de nominar a la mitad de los candidatos en sus respectivas listas nacionales.

¿Toma de decisiones? Para gestionar equitativamente las complejidades de una Europa con tantos estados miembros, de dimensiones tan variables: dividir la Unión en tres «colegios» de estados según el número ascendente de ciudadanos, en los que el valor de los votos dependerá en cada uno de ellos del valor registrado. Tres presidencias simultáneas del Consejo Europeo, una por cada colegio, que nombrarán a un presidente de la Comisión que deberá contar con el respaldo de la mayoría en cada colegio, y a otro para el PE; las decisiones del Consejo de Ministros requerirán asimismo una mayoría concurrente de los votos ponderados de los tres colegios.

Schmitter, como Weiler, no es necesariamente el mejor candidato para valorar la relevancia de sus propuestas. En su opinión, las nuevas reglas para la toma de decisiones que plantea son las que presentan un mayor potencial democratizador —los cambios en la eurociudadanía y en la eurorrepresentación tendrían recompensas menos inmediatas—. Esto parece poco plausible, ya que el sistema «colegiado» que propone se encuentra alejado de la experiencia tangible del votante de a pie. Esta estructura—, además de resultar bastante alambicada desde el punto de vista técnico, desde la perspectiva operativa se sitúa en la cima más inalcanzable del poder europeo. Los ajustes elementales en la ciudadanía pueden generar cambios potenciales más rápidos y explosivos.

Schmitter insiste con razón en la importancia de la «novedad simbólica» de sus propuestas de cambio, diseñadas para que ejerzan un benigno efecto de choque que ayude a recuperar el valor añadido que puede tener para los ciudadanos de las distintas naciones ser europeo. De hecho, para atraer a la gente la política tiene que ser más divertida. Al igual que los Padres Fundadores de América, que pensaban que era imposible contrarrestar las causas de la aparición de facciones —en la época se consideraba que representaban el peor de los males que pueden afectar a una república— y diseñaron instituciones para controlar los efectos de la división, si no hay esperanza de acabar con el equivalente actual —la trivialización de la política en los medios de comunicación—, uno de los antídotos puede ser hacer la política más entretenida[157]. El contraste entre estas prescripciones y las de Moravscik, partidario de sedar al pueblo —cuanto más aburrida sea la política, mejor—, no podía ser más radical. Entre otras cosas, Schmitter plantea la creación de una lotería de votantes para financiar causas justas, la votación electrónica y la participación en la aprobación de los presupuestos generales. Pero estas propuestas no son más que florituras. La idea más atrevida y sustancial del arsenal de Schmitter es, sin duda, la creación de un «euroestipendio» financiado gracias a la supresión de los fondos comunes para agricultura y para las regiones desfavorecidas. Como han señalado oportunamente los críticos bienpensantes, esta medida desencadenaría inevitablemente luchas redistributivas en la Unión —la atroz perspectiva, en otras palabras, de los conflictos sociales que podrían despertar las pasiones y los intereses de los ciudadanos—. En una palabra, el peor de todos los peligros, la intromisión de la política en los asépticos asuntos de la Unión.

¿Cómo ve el propio Schmitter el contexto social en el que habría que introducir sus reformas? No lo analiza con la lente del philosophe, sino con los impertinentes del Congreso de Viena. Las bases no exigen la democratización de la Unión, ni presionan de forma espontánea para que se cumpla este objetivo. Y tampoco parece que vayan a hacerlo en el futuro. De modo que ¿para qué molestarse en diseñar planes destinados a transformarla en un sistema más representativo? El único motivo sería la existencia de una serie de tendencias estructurales subyacentes, que podrían finalmente erosionar la legitimidad del conjunto del proyecto europeo. En los propios sistemas políticos nacionales se pueden detectar algunos «síntomas de morbosidad» —una expresión acuñada por Gramsci: la falta de confianza en los políticos, la reducción del número de afiliados a los partidos, el aumento de la abstención, la creencia generalizada en la corrupción, el incremento de la evasión de impuestos—. Otra tendencia es el declive del permisivo consenso que en otros tiempos impulsó el proceso de integración, pues los europeos se muestran cada vez más aturdidos y preocupados por las decisiones secretas que se toman en Bruselas y que afectan cada vez a más aspectos de su existencia. Los dirigentes nacionales pierden credibilidad cuando las decisiones políticas importantes son el resultado de transacciones burocráticas en Bruselas, sin que las instituciones de la Unión adquieran una mayor transparencia o autoridad. Tales tendencias degenerativas corren ahora el riesgo de exacerbarse por causa de la unión monetaria, que arrebatará a los estados miembros el control de los instrumentos macroeconómicos, y de la ampliación, que concederá poder de veto a una cuarta parte de la población total de la UE, un porcentaje muy bajo. La democratización todavía se puede retrasar. Pero no indefinidamente.

Sin embargo, tampoco se puede llevar a cabo de manera súbita ni completa. Poco antes de que se celebrara la funesta Convención Europea, Schmitter ya había descartado la posibilidad de que tal procedimiento pudiera resultar eficaz. Las constituciones suelen nacer de las revoluciones, los golpes de Estado, las guerras y las crisis económicas, no de las rutinarias condiciones de los tiempos de paz. El sistema político europeo solo podría constitucionalizarse —democráticamente— a través de una Asamblea Constituyente con un mandato aprobado mediante un referendo previo, en el que participaran todos los europeos. Entretanto, lo que hay que hacer es regresar al método de Monnet, pero, en lugar de confiar el proceso de integración a los excedentes económicos, debe basarse en incrementos políticos de democracia que transformen de un modo similar la integración, gradualmente, en cascada —petits pas que, una vez más, den lugar a los grands effets finales.

Parece lógico que el encargado de formular un programa convincente para la democratización de la UE sea un heredero del neofuncionalismo: la acusación de que el método de Monnet impidió la democratización no se puede refutar de forma más directa. Pero los antecedentes intelectuales de Schmitter no se limitan a Haas. Al final de sus reflexiones, Schmitter realiza un giro bastante decepcionante. ¿Dónde reside la fuerza capaz de llevar a cabo este programa? Según Schmitter, es indudable que la UE ha fortalecido a un sujeto histórico: «A la burguesía europea». ¿Estará a la altura de las circunstancias? Por desgracia, se encuentra tan instalada en el poder que no tiene necesidad alguna de alterar su situación. «Desde el punto de vista ideológico, la postura “liberal” de la burguesía nunca había sido tan dominante; en la práctica, su rival “natural”, la clase obrera organizada, se ha debilitado». Si la integración se viera amenazada desde abajo, es mucho más probable que la burguesía «intentara atrincherarse detrás de una falange de tecnócratas en lugar de arriesgarse a poner en marcha un proceso que conduciría a la incertidumbre de la transparencia, a la participación popular, a la rivalidad entre partidos de masas, a la responsabilidad ciudadana y a las exigencias redistributivas»[158]. Es cierto. En este pasaje resuena el eco de la decepción que sentía Weber en relación con la burguesía alemana de su época. Pero en la UE la búsqueda de un líder carismático —la solución que proponía Weber— es inútil. Quizá al final la democratización del sistema político europeo, como ya sucedió con la liberalización de la economía, tendrá que llegar sigilosamente, como un ladrón en plena noche, y sorprender desprevenidos a todos los agentes —tanto a las elites como a las masas, aunque en distinta medida— antes de que tomen plena conciencia de lo que está sucediendo.

Por tanto, la teoría de Schmitter refuta y confirma al mismo tiempo la crítica al «método Monnet» de Majone. La iconoclasia radical de los fines democráticos se combina, a falta de un aliado mejor, con la recuperación del método tradicional del sigilo. Sin embargo, en estas reflexiones se cruza una frontera común a todas las teorías que se han analizado hasta el momento. El lenguaje de clase es ajeno al discurso sobre Europa. La libertad con que Schmitter lo emplea es un reflejo de sus anteriores trabajos sobre América Latina, donde el vocabulario del poder siempre ha sido más enérgico, y también de una cultura personal que se extiende bastante más allá de los trillados dogmas anglosajones, y llega a puertos tan exóticos como el corporativismo anterior a la guerra o el socialismo de la posguerra. Schmitter escribió en tiempos un artículo en el que afirmaba que la CE era «una dominación política en forma novelada»[159]. Tales insinuaciones revelan una carencia. La literatura especializada en Europa actual abarca muchas disciplinas: la política, la economía, la sociología, la historia, la filosofía y el derecho. Sin embargo, falta una auténtica economía política de la integración, del estilo de la que Milward ofreció en los años en los que se fundó la Comunidad. Para encontrarla, uno tiene que traspasar las fronteras del discurso liberal sobre Europa.

Como era de esperar, las mejores obras que se han escrito en este terreno —tan concreto que resulta inquietante— de las fuerzas de clase y los antagonismos sociales, las metamorfosis del capital y las fisuras del trabajo, las alteraciones contractuales y las innovaciones en la renta, son las de los estudiosos marxistas. Los que marcan la pauta son los autores agrupados en torno a la llamada Escuela de Ámsterdam, un grupo de estudiosos holandeses que siguen el ejemplo de Kees van der Pijl, uno de los primeros que estudió la formación de clases transnacionales. El resultado no solo ha sido una gran cantidad de investigaciones empíricas sobre el metabolismo económico de la integración, sino también un examen del amplio conjunto de fuerzas que han impulsado el giro que dio la UE a partir de los años ochenta. Haciendo un uso ingenioso del legado de Gramsci, esta línea de interpretación distingue entre las formas de hegemonía liberal «disciplinarias» y las «compensatorias» (para entendernos: la de Thatcher y la del Nuevo Laborismo) en el seno de la Unión, y, partiendo de una hipótesis formulada por Milward, busca la base social de estas formas pendulares en un nuevo bloque de inversores con un desmesurado interés por la moneda extranjera, cuyas complejas ramificaciones se extienden hoy hasta los estratos más acomodados de la propia clase trabajadora del sector privado. Paralelamente a esta labor, también se ha puesto en marcha una enérgica revisión de los orígenes ideológicos y de los resultados económicos de la integración que contraviene la opinión aceptada; que, en lugar de inspirarse en Ricardo o en Polanyi, se basa en las ideas de Marx. Hay que decir que incluso en este campo tan heterodoxo la presencia norteamericana ocupa un lugar destacado. La principal recopilación de la Escuela de Ámsterdam, A Ruined Fortress? (2003), ha sido orquestada por un catedrático del norte del estado de Nueva York, Alan Cafruny; el editor y principal colaborador de las revisiones Monetary Union in Crisis, Bernard Moss, es un americano asentado en Londres[160].

¿Cuál es el motivo de la extraña pauta de expatriación —sería equivocado hablar de expropiación— que siguen los estudios europeos, entendidos como la investigación del pasado y del futuro de la Unión? No cabe duda de que la hegemonía americana en este campo se debe en parte a la mayor riqueza de recursos materiales e intelectuales del sistema universitario estadounidense, que ha permitido a los estudiosos americanos liderar muchas otras áreas. Además, la ciencia política, el campo en el que el estudio de la integración europea ha dado sus mejores frutos, posee una tradición más arraigada y goza de una mayor prominencia en EEUU. En términos más generales, también es cierto que una cultura imperial tiene la obligación de seguir la marcha de los acontecimientos más importantes que tienen lugar en el mundo: por lo que respecta al volumen de estudios, se podría decir que lo mismo que ocurre con Europa sucede también con China o Latinoamérica. Con todo, dada la mayor densidad de la investigación universitaria en la Unión actual, por no hablar de su alcurnia, cabría esperar resultados similares.

No obstante, es difícil ocultar la sensación de que existe un factor más específico en juego. Estados Unidos sigue siendo el más inmutable de todos los órdenes políticos, con una constitución que parece petrificada para siempre en su estructura dieciochesca. Recientemente ha aparecido un estudio cuyo título define a EEUU como «la República congelada». Europa, sin embargo, se ha convertido en el escenario de un experimento político sin precedentes, y sus fines todavía están por definir medio siglo después de su creación. La naturaleza novedosa e inquieta de este proceso parece actuar como un imán que atrae a las mentes formadas en una cultura a un tiempo constitucionalmente saturada y paralizada, y ayuda a liberar y a canalizar la energía intelectual que en América se encuentra contenida. Esta es, al menos, una de las lecturas de la situación. Podríamos añadir, además, las ventajas intelectuales que a lo largo de la historia siempre ha ofrecido la distancia. En el siglo XIX ningún pensador —con la posible excepción de Bryce— pudo igualar a Tocqueville en su análisis de América. ¿Por qué no iba América a devolverle el cumplido a Europa hoy?

Pero está claro que hay un último hilo en la maraña de razones que explican por qué los americanos se han apoderado de las narrativas sobre Europa. El giro que ha dado la Unión confirma las predicciones norteamericanas. El resultado es algo así como una nueva afinidad ideológica entre sujeto y objeto. En otras palabras, Europa se ha convertido hasta extremos insospechados en el banco de pruebas teórico del liberalismo contemporáneo. En ningún otro lugar se han desplegado de forma tan gráfica las distintas variedades de liberalismo como en las deliberaciones de la Unión. Dentro del campo de las interpretaciones liberales, se perciben contrastes notables. Moravcsik ofrece una versión tecnocrática, Gillingham una versión económica clásica, Eichengreen una postsocial, Majone una no mayoritaria. Aparte, se encuentran las versiones alternativas de Siedentop —política clásica—, Weiler —comunitaria— y Schmitter —radical-democrática—. En un extremo, la democracia entendida en el sentido liberal tradicional, casi extinguida; en el otro, casi transfigurada. Entre los variopintos pensadores que han influido en este conjunto de versiones se encuentran Keohane, Hayek, Polanyi, Montesquieu, Tocqueville o Paine. ¿Se agotan aquí todas las posibilidades de descripción de la Unión? Las palabras de Tocqueville resuenan una vez más: «Aquí, debemos detenernos, porque la palabra que define esta nueva forma de gobierno todavía no existe».

SEGUNDA PARTE

El núcleo

IV. Francia

(I - 2004)

Para cualquier extranjero es mucho más difícil escribir sobre Francia que sobre el resto de países europeos. La dificultad reside, en primera instancia, en el ingente número de obras que los propios franceses escriben sobre su sociedad, una producción inimaginable en ningún otro país. Se han publicado 70 libros dedicados exclusivamente a la campaña electoral de la primavera de 2002. 200 sobre Mitterrand. 3000 sobre De Gaulle. Por supuesto que hay una gran cantidad de escoria. Pero no se trata de mera logomaquia. Las mejores obras sobre Francia de producción nacional se distinguen por el extremado nivel de rigor estadístico, la inteligencia analítica y la elegancia literaria, en cantidades con las cuales ningún país vecino puede rivalizar.

Ante esta enorme concentración bibliográfica, ¿qué puede aportar una perspectiva extranjera? La ventaja del distanciamiento —la regard éloigné de Lévi-Strauss— sería la respuesta de un antropólogo. Pero en Inglaterra carecemos de la disciplina de la distancia real. Francia es engañosamente familiar: el «Otro» reiteradamente caracterizado por nuestra historia y nuestra imaginación popular; el francés es la lengua que más se estudia, las películas que más se proyectan son francesas, y lo mismo sucede con los clásicos más traducidos; Francia es el destino turístico más próximo, un país elegante, ideal para comprarse una segunda residencia. Desde Londres se tarda menos en llegar a París en tren que a Edimburgo; los británicos viajan a Francia unos 15 millones de veces al año, mucho más que a cualquier otro país. La vecindad adormece. Y los ingleses no pueden evitar caer en la trampa contra la que siempre se previene a cualquier escolar que lucha por aprender la lengua francesa. La propia Francia es para nosotros una especie de faux ami.

Los eruditos británicos no son demasiado dados a corregir este error. Resulta sorprendente que los dos estudiosos ingleses de la historia de Francia más conocidos del momento, Richard Cobb y Theodore Zeldin, hayan llevado hasta el extremo la predilección nacional por la fantasía y la excentricidad, como si su objeto de estudio les hubiera vencido y se vieran obligados a batirse en retirada y a refugiarse, para compensar, en la presentación paródica de las imágenes francesas de la anglicidad, como un vulgar Mayor Thompson[161] de la historiografía. Las contribuciones menos enérgicas —las de la ciencia política, los estudios culturales, el periodismo de altura— apenas sirven de antídoto. El sentimiento que domina la mayoría de los reportajes periodísticos es el de la vergüenza: pocos artículos son tan sosos como los que se escriben desde París, el lecho de muerte de la imaginación del corresponsal. Una deslumbrante oscuridad se cierne sobre el país y oculta los escollos que debe salvar el observador que se aproxime a este objeto de estudio desde la otra orilla del Canal de la Mancha. Lo más probable es que mi aportación se quede encallada en alguno de estos escollos.

I

La escena actual es un punto de partida tan bueno como cualquier otro, pues ejemplifica con elocuencia la ilusión de la familiaridad. En los periódicos, las revistas y las librerías la decadencia de Francia se debate hasta la saciedad. Le déclinisme ha ido saliendo a la superficie de forma gradual durante los últimos años, pero no ha alcanzado su auge hasta el invierno pasado, cuando apareció Francia en declive, una enérgica denuncia del declive nacional de Francia —«la siniestra continuidad entre los catorce años de François Mitterrand y los doce de Jacques Chirac, cuyo hilo conductor común es el talento de ambos dirigentes para ganar elecciones y gobernar Francia»— escrita por Nicolas Baverez, economista e historiador de centro-derecha[162]. Esta obra ha dado pie a todo tipo de refutaciones, justificaciones y réplicas. A primera vista, Baverez parece la versión francesa de un thatcheriano, un neoliberal más o menos radical, y la controversia en general una reedición de los eternos debates sobre el declive de Gran Bretaña. Pero las apariencias engañan. El problema no es el mismo.

La decadencia que ha experimentado Gran Bretaña después de la guerra es un proceso interminable. Pero está claro cuál fue el punto de partida: a las ilusiones que engendró la victoria de 1945 en un país gobernado por un dirigente de la cosecha de 1914 les sucedió, casi sin interrupción, la realidad de la dependencia económica de Washington, la austeridad nacional y el declive internacional del Imperio. Durante la década posterior, cuando el consumismo trajo la prosperidad, el país ya se encontraba rezagado respecto del crecimiento de las economías de otras naciones de la Europa continental, y en el transcurso de unos pocos años más Gran Bretaña se vio excluida de una Comunidad Europea cuya construcción había rechazado. En su debido momento, la noción de Estado del bienestar —que había marcado un hito cuando se creó— fue superada en otros lugares. En lugar de reconciliarse con el pasado, Inglaterra se fue introduciendo poco a poco en un marco de estabilidad política total.

En el extranjero la descolonización se coordinó con firmeza, con costes insignificantes para la metrópoli, pero fue en gran medida cuestión de suerte. La India era demasiado grande para dar pelea. La guerra en Malasia, a diferencia de Indochina, se pudo ganar porque el movimiento comunista se basaba en una minoría étnica. Rodesia, a diferencia de Argelia, estaba fuera de alcance desde el punto de vista logístico. Para los países colonizados, el proceso tuvo un enorme coste, el saldo de una sangrienta maraña de particiones: Irlanda, Palestina, Paquistán, Chipre. Pero la sociedad británica salió ilesa. Sin embargo, como ya había sucedido con el Estado del bienestar, el otro logro de la posguerra con el que se le solía emparejar, el fin del imperialismo también acabó perdiendo lustre cuando los abscesos del Ulster volvieron a abrirse. El acontecimiento decisivo fue, sin embargo, que, a raíz de la expedición de Suez, el Estado británico abandonó cualquier pretensión de independencia respecto de los EEUU. Desde entonces la sumisión a la potencia global más importante —interiorizada como un imperativo político por ambos partidos, más todavía por los laboristas que por los conservadores— ha amortiguado la pérdida de reputación en el imaginario popular, y se alardea de ella de cara al resto del mundo. En la vida intelectual ha ocurrido algo parecido. Después de la guerra, la vitalidad procede en gran medida de fuentes externas, emigrados de la Europa Central y del Este; las eminencias locales son escasas. En este ámbito, el declive tampoco ha generado demasiadas tensiones.

Para las elites británicas, la sensación de declive solo se agudizó en los años setenta, cuando se desencadenó una serie de encarnizadas luchas distributivas derivadas de la estanflación. El resultado fue un profundo desplazamiento del centro de gravedad en el sistema político, y el mandato de Thatcher para remediar la caída en desgracia del país. La medicina neoliberal, recetada también por los nuevos laboristas, reanimó el espíritu del capital y rediseñó el panorama social —Gran Bretaña, que en otros tiempos había sido la nación pionera del Estado del bienestar y la nacionalización, se convirtió en la precursora de los planes de privatización y desregulación internacional—. Se escenificó una discreta recuperación económica con unas infraestructuras todavía en decadencia y se agudizó la polarización social. Con la reciente ralentización económica en Europa, la reivindicación de un renacimiento nacional se ha convertido en moneda común, aunque cuenta con muchos escépticos.

En el extranjero la victoria más famosa de Thatcher fue la recuperación de la enclenque colonia antártica de las Malvinas; la de Blair, embarcar al país en la invasión americana de Irak. El orgullo o la vergüenza derivados de estas aventuras rara vez afectan al resto del mundo. El icono internacional de la cultura británica es un jugador de fútbol. El sistema político apenas ha sufrido alteraciones; crecimiento moderado pero todavía baja productividad; universidades arruinadas y ferrocarriles que se caen a pedazos; la impasible autoridad del Tesoro, el Banco de Inglaterra y la City; una diplomacia subalterna. Este historial no tiene demasiada relevancia. Se puede considerar que el estilo británico de decadencia es bastante mediocre.

La de Francia es una historia distinta. La derrota y la ocupación dejaron al país, después de la liberación, en un punto de partida muy inferior al de Gran Bretaña. La Resistencia había salvado su honor, y Potsdam las apariencias, pero era una superviviente, no una potencia victoriosa. Económicamente, Francia era todavía una sociedad predominantemente rural, cuya renta per cápita representaba las dos terceras partes de la media británica. Desde el punto de vista social, la clase más grande era con mucho el campesinado: el 45 por ciento de la población. Políticamente, la Cuarta República había quedado atrapada en las arenas movedizas de la inestabilidad gubernamental y el desastre colonial. Después de la liberación, en poco más de una década el ejército se sublevó en Argelia y el país estuvo a punto de caer en una guerra civil. En su conjunto, la experiencia de la posguerra había sido un fracaso espectacular.

En realidad la Cuarta República fue en cierto sentido un periodo de extraordinaria vitalidad. En esos años se puso a punto la estructura administrativa del Estado francés y empezó a tomar forma la elite tecnocrática que controla los negocios y la política del país. Mientras los gobiernos se sucedían, los funcionarios garantizaban la continuidad de las políticas dirigistas que modernizaron la economía francesa hasta casi doblar la tasa de crecimiento de Gran Bretaña. Los arquitectos franceses —Monnet y Schuman— pusieron los cimientos de la integración europea y fueron los políticos franceses quienes afianzaron el Tratado de Roma: el nacimiento de la Comunidad Europea, que tuvo lugar justo antes de que expirara la Cuarta República, le debía más a Francia que a cualquier otro país. La literatura francesa en los días de Sartre, Camus y Simone de Beauvoir tuvo un número de lectores internacionales sin parangón en el mundo de la posguerra, mucho mayor que el del periodo de entreguerras.

De modo que cuando De Gaulle llegó al poder como consecuencia de la revuelta militar de Argelia, heredó un Estado aparentemente ruinoso, que en realidad ofrecía una base sólida para la recuperación nacional. Por supuesto que él prometió mucho más que eso. Como es sabido, anunció que Francia era inconcebible sin grandeur. En su vocabulario, esta palabra poseía connotaciones que exceden las vulgares reivindicaciones que se suelen asociar con la «Greatness» británica; se trataba de un ideal más arcaico y abstracto, que incluso para muchos de sus compatriotas desentonaba con la época. Sin embargo, es difícil restarle méritos a De Gaulle y a la reconstrucción que presidió. Se le suele comparar con Churchill por el lugar que ocupan las estatuas de ambos políticos en el panteón de sus respectivas naciones. Pero, más allá de la leyenda romántica, existe cierta discrepancia entre ambos personajes. Los logros históricos de De Gaulle fueron mucho más importantes. Por su naturaleza pintoresca, el papel de Churchill en la Gran Bretaña del siglo XX resultó en comparación bastante limitado: el inspirador liderazgo de su país, crucial durante un año, en una guerra que ganaron las tropas soviéticas con dinero americano, y un breve epílogo de gobierno anodino en tiempos de paz. La imagen que ha dejado es imponente, su impronta modesta. Salvo las ilusiones imperiales, en la Gran Bretaña de la posguerra poco se le puede atribuir a él.

Desde su posición en el exilio, el liderazgo de De Gaulle en tiempos de guerra era más puro y simbólico, y su adaptación a la paz, a la que contribuyó de forma mucho más enérgica que Churchill, mucho más eficaz. Pero pertenecía a una generación posterior, y tenía un temperamento mucho más reflexivo y original. Cuando regresó al poder una década después, dominaba con maestría el arte de la política, y demostró una actitud tremendamente original en el arte de gobernar moderno. En Occidente ningún otro dirigente de la posguerra obtuvo los mismos resultados que él. El mayor conflicto colonial del siglo —en su momento álgido, el ejército francés en Argelia contaba con 400 000 soldados y, probablemente, una cantidad equivalente de argelinos perdió la vida en una guerra que desarraigó a casi dos millones de personas— fue reprimido con habilidad, y la resistencia a la colonización de los mismos que le habían aupado al poder, doblegada. Se fundó una República nueva, con instituciones concebidas para dotar al país de una firme estabilidad política —la más importante, la del poderoso ejecutivo presidencial—. La modernización de la economía con ayuda de la alta tecnología se desarrolló con premura, y se pusieron en marcha importantes programas de infraestructuras. El nivel de vida se fue incrementando rápidamente en las ciudades, mientras se aceleraba el crecimiento. Se protegió a la agricultura con ayuda de la PAC, un inventó francés, la población empezó a abandonar el ámbito rural y el capital recuperó su prístino esplendor.

Más sorprendente, por supuesto, fue la transformación de la posición del Estado francés en el mundo. En el transcurso de la Guerra Fría, De Gaulle convirtió a Francia en la única potencia verdaderamente independiente de Europa. Sin romper con los Estados Unidos, construyó una fuerza nuclear disuasiva que no le debía nada a América y la afianzó à tous azimuts. Con la retirada de las tropas francesas del mando de la OTAN, con el boicot a las operaciones estadounidenses bajo el disfraz de la ONU en el Congo y la acumulación de oro para debilitar al dólar, condenó la guerra de Vietnam y la arrogancia israelí en Oriente Medio, y vetó la incorporación de Gran Bretaña al Mercado Común: acciones impensables en el apocado mundo actual, y también para los dirigentes británicos de la época. Ningún país en este periodo estuvo tan claramente apartado de la noción de declive. Equipada con una pujante economía, un Estado excepcionalmente fuerte y una intrépida política exterior, Francia desplegó un ímpetu mucho mayor que en cualquier otra época desde la Belle Epoque.

El país también resplandecía culturalmente. La llegada de la Quinta República coincidió con el pleno florecimiento de las energías intelectuales que distinguieron a Francia después de la guerra durante dos generaciones. Retrospectivamente, la variedad de obras e ideas francesas de alcance internacional es asombrosa. Se podría afirmar que no había sucedido nada parecido desde hacía un siglo. Tradicionalmente, la literatura siempre había ocupado la cima en las pendientes del prestigio de la cultura europea. Inmediatamente después se encontraba la filosofía, rodeada por su nimbo propio, y ambas disciplinas siempre habían avanzado de la mano, desde los tiempos de Rousseau y Voltaire, a los de Proust y Bergson. En los niveles inferiores se encontraban, dispersas, las sciences humaines. En este ámbito, la historia ocupaba un lugar prominente, ligeramente por debajo de la geografía y la etnología, y en la parte más baja se situaba la economía. Bajo la Quinta República esta jerarquía consagrada sufrió algunos cambios significativos. Sartre rechazó el premio Nobel en 1964, pero después de él ningún otro escritor francés ha logrado el mismo tipo de autoridad pública, ni en el ámbito nacional ni en el extranjero. La nouveau roman fue un fenómeno mucho más restringido, con un atractivo limitado incluso dentro de la propia Francia, y más aún en el extranjero. Las letras en su acepción clásica perdieron su posición dominante en el ámbito de la cultura en general. Su lugar en el altar de la literatura lo ocupó el exótico matrimonio entre el pensamiento social y el filosófico. Fueron los frutos de esta unión los que dieron a la vida intelectual de la década del reinado de De Gaulle su peculiar brillantez e intensidad. En estos años Lévi-Strauss se convirtió en el antropólogo más celebrado del mundo; Braudel se consolidó como el historiador más influyente; Barthes como el crítico literario más inconfundible; Lacan comenzó a labrarse una reputación como mago del psicoanálisis; Foucault inventó su arqueología del conocimiento; Derrida se convirtió en el filósofo antinómico de la época; Bourdieu desarrolló los conceptos que le harían famoso como sociólogo. La concentración explosiva de ideas es asombrosa. En solo dos años —entre 1966 y 1967— aparecieron a la vez La miel y las abejas, Las palabras y las cosas, Civilización material y capitalismo, El sistema de la moda, Écrits, Leer El Capital y De la gramatología, y también La sociedad del espectáculo, una obra procedente de otra latitud. Cualquiera que sea la relación que existe entre estas obras, no es de sorprender que una fiebre revolucionaria se apoderara de la sociedad un año después.

La acogida de esta efervescencia en el extranjero fue desigual, pero ninguna de las principales culturas occidentales se libró de una influencia que se extendió hasta Japón. Por supuesto que esto se debió en parte al prestigio que tradicionalmente se atribuía a todo lo que procedía de París, con idénticas connotaciones en la moda y en el pensamiento. Pero es indudable que también fue una consecuencia de la novedosa elisión de géneros que caracterizaba a muchas de estas obras. Pues aunque la literatura había perdido su posición en el vértice de la cultura francesa, la consecuencia no fue la desaparición de esta disciplina, sino su desplazamiento. Si comparamos estas obras entre sí, encontramos un sorprendente rasgo, común a las que pertenecen al género de las ciencias humanas y a las filosóficas: en ambos casos se trata de virtuosos ejercicios de estilo que emplean los recursos y licencias de las formas artísticas, en detrimento de las académicas. La sintaxis de los Écrits de Lacan, más próxima a Mallarmé que a Freud, o el entrelazamiento a doble columna de Genet y Hegel que incluye Derrida en Glas, representan las formas extremas de esta estrategia. Pero los gestos proféticos de Foucault, que recuerdan a Artaud y a Bossuet, y las construcciones wagnerianas de Lévi-Strauss o el eclecticismo coqueto de Barthes pertenecen al mismo registro.

Para entender este fenómeno uno debe recordar el papel formativo que ejerció la retórica, que se filtraba en la disertación, en los niveles más altos del sistema educativo francés en el que todos estos pensadores —khâgneux y normaliens sin excepción— fueron educados. La retórica era un guión que unía potencialmente literatura y filosofía. Ni siquiera Bourdieu, cuya obra toma como uno de sus principales objetos precisamente esta tradición retórica, pudo evitar ofrecer una versión personal de sus cadencias; y qué decir de Althusser, que clamaba contra la oscuridad de la retórica. Los costes potenciales de una concepción literaria de las disciplinas intelectuales son bastante obvios: razonamientos desprovistos de lógica, proposiciones sin demostrar. Los historiadores eran menos propensos a esta tendencia a la literatura, pero ni siquiera Braudel era inmune a perder el control y caer en una elocuencia demasiado extravagante. Este rasgo de la cultura francesa ha polarizado con frecuencia las reacciones extranjeras ante la misma, que suelen oscilar entre la adulación y la sospecha. El fin último de la retórica es cautivar, y los que caen en el hechizo tienden a rendirle culto con facilidad. Pero también puede repeler, y ser acusada de falsedad e impostura. En este caso hacer un juicio equilibrado no resulta sencillo. Lo que está claro es que muchas de estas obras le deben en gran medida su originalidad y su carácter radical a la fusión hiperbólica de formas imaginativas y discursivas de escritura, con sus correspondientes vicios.

Pero la vitalidad de la cultura francesa bajo De Gaulle no dependía únicamente de la labor de estas eminencias. Otro síntoma de vitalidad era la existencia de uno de los mejores periódicos del mundo en aquella época, Le Monde. Bajo la austera dirección de Hubert Beuve-Méry, París disfrutaba de un diario único en su género, de alcance internacional, con una independencia política y una categoría intelectual sin parangón en la prensa occidental de la época. Comparados con él, el New York Times, el Times o el Frankfurter Allgemeine no eran más que periodicuchos provincianos. En el mundo académico, aparecieron en esta época los Annales, una publicación relativamente discreta en tiempos de la Cuarta República que se acabó convirtiendo en la fuerza dominante de la historiografía francesa, al situar a la disciplina en el centro de la cultura pública —un puesto que ya había ocupado en el pasado—. Esta publicación especializada ejerció una tremenda influencia en el extranjero. A la cabeza de la sixième section de la École Practique des Hautes Études, Braudel logró rejuvenecer las ciencias sociales, y puso los cimientos de lo que sería la fortaleza de la institución autónoma Maison des Sciences de l’Homme, una concentración de disciplinas y talentos digna de la época del Consulado. Por último, pero no por ello menos importante, también estaba el cine. En este caso, como en tantos otros, la espectacular explosión de creatividad tuvo su origen en las subculturas de la Cuarta República. Uno de los rasgos característicos de estos movimientos había sido la cantidad y la variedad de revistas teóricas que proliferaron —un fenómeno que se prolongaría hasta los años sesenta— y que ejercieron una influencia en la vida intelectual mucho mayor que en cualquier otro lugar de Occidente. Los Temps modernes de Sartre, la Critique de Bataille o el Esprit de Mounier son solo algunos de los ejemplos más destacados. Este ambiente propició la aparición de los Cahiers du cinéma de Bazin, el crisol donde se fraguaron las pasiones y las ideas de los futuros directores de la Nouvelle Vague.

El debut en la pantalla de estos directores coincidió con la llegada de De Gaulle al poder. Les quatre cents coups y Les cousins se estrenaron en 1959, À bout de souffle en 1960. Después de la guerra, París había perdido su fama como capital de la pintura moderna, una posición que había detentado durante un siglo. Pero Francia compensó este declive con su hegemonía en la esfera de las imágenes en movimiento. Desde otra perspectiva, si consideramos que el cine sustituyó a la novela como forma narrativa dominante, una afirmación igual de plausible, se podría interpretar que Godard era el equivalente a los grandes escritores franceses del pasado, capaz de lograr una proeza tras otra: películas como Le mépris [El desprecio], Bande à part, Une femme mariée [Una mujer casada], Pierrot le fou [Pierrot el loco], Deux ou trois choses [Dos o tres cosas que yo sé de ella], La Chinoise, Week End tuvieron la misma importancia en su época que los últimos volúmenes de Balzac o de Proust. Ningún otro país, ni siquiera Italia, se acercó al fulgor del cine francés de estos años.

Hoy, todo esto ha acabado. Existe un sentimiento generalizado de que la Quinta República, a medida que se acerca a su medio siglo de vida, presenta un paisaje desolador. La economía, después de avanzar lentamente hasta alcanzar un crecimiento del 1,3 por ciento al año en los noventa, se encuentra sumida en la actualidad en una nueva depresión, con un déficit y una deuda pública cada vez mayores y elevados niveles de desempleo. Bastante más del 9 por ciento de la población activa, ya mermada por la alta tasa de jubilación anticipada, se encuentra en paro. Una cuarta parte de los jóvenes franceses carecen de empleo; las dos quintas partes, entre las familias de inmigrantes. La educación secundaria, en tiempos una de las mejores de Europa, se ha ido deteriorando de forma constante; una gran cantidad de estudiantes terminan sus estudios con unos conocimientos muy escasos. Aunque Francia sigue invirtiendo más dinero por alumno en los liceos (por primera vez superados, excepto en los niveles más altos, por los colegios privados) que por alumno universitario, es uno de los países de la OCDE donde menos se lee. La investigación científica, a juzgar por las inversiones y por los hallazgos, ha caído en picado: la emigración, prácticamente nula en el pasado, está dejando vacíos los laboratorios del país.

El prestigio del sistema político, infectado por la corrupción, es cada vez menor. Casi una tercera parte del electorado —una proporción muy superior a la de los votantes que han apoyado a cualquiera de los candidatos— se abstuvo en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2002. En estos comicios el presidente electo obtuvo menos de una quinta parte de los votos; en las elecciones legislativas la abstención alcanzó el 40 por ciento. La Asamblea Nacional es el parlamento más débil del mundo occidental, y comparte bastantes similitudes con las cámaras de resonancia del Primer Imperio. El actual gobernante del país debería estar en el banquillo de los acusados por malversación, de no ser porque el Tribunal Constitucional se apresuró a concederle inmunidad, un pisotón a la igualdad ante la ley que ni siquiera su homólogo italiano, en una cultura política que se suele considerar todavía más cínica, ha sido capaz de conseguir. La política exterior es una parodia abigarrada del gaullismo: después de oponerse ruidosamente al pretexto aducido por los EEUU para iniciar la guerra en Oriente Medio, en la práctica el gobierno francés ofreció su espacio aéreo al ejército norteamericano y a continuación expresó sus deseos de victoria, una vez que el conflicto estaba en marcha; acto seguido, los franceses rectificaron diligentemente e intentaron compensar su actitud desleal participando en un golpe de Estado conjunto destinado a derrocar a otro insatisfactorio gobernante caribeño y dieron su consentimiento para instalar a un régimen títere de Bagdad. Por lo que respecta a la política interior, el prestigio de las obras públicas, que en los noventa todavía era la piedra de toque del orgullo nacional, agoniza en la morgue de polvo y escombros de Roissy.

Se podría argumentar que la tensión económica y la corrosión política no tendrían por qué afectar a los valores esenciales de Francia, tanto para los propios franceses como para el resto del mundo, pues a fin de cuentas ninguna otra nación ha basado su identidad de forma tan manifiesta en la cultura entendida en el sentido más amplio de la expresión. Pero en este ámbito, igual —en cierto modo, quizá incluso más— que en el de la industria o el Estado, el panorama general es deprimente: para muchos, una auténtica dégringolade. Los días de Malraux hace mucho que pasaron. No hay nada que simbolice mejor la situación actual que la suerte que ha corrido el desventurado sucesor de Malraux como filósofo de la corte, el salonnier Luc Ferry, ministro de Educación bajo Chirac —apedreado por los profesores cuando intentó visitar algunas escuelas para convencerles de las bondades de las últimas reformas, marcadas por los recortes, y, después, despedido sumariamente por su jefe, que le consideraba una molestia.

En términos más generales, hay una sensación dominante de degradación y embrutecimiento intelectual, de interrelación entre la corrupción financiera o política y la intelectual. La prensa y la televisión, entregadas desde hace mucho tiempo a la práctica incestuosa de renvoyer l’ascenseur —¿existe en otras lenguas una frase hecha equivalente tan expresiva?—, han perdido sus antiguos escrúpulos, no solo cuando se ocupan de las ideas, sino también de la economía y del poder. El declive de Le Monde resulta emblemático. Hoy, el diario es una parodia del periódico que fundó Beuve-Méry: estridente, conformista y provinciano —cada vez imita más a su edición digital—, que asalta al visitante con más pop-ups necios y más anuncios estúpidos que cualquier tabloide norteamericano. El asco que sienten gran parte de los lectores, atrapados por la ausencia de una alternativa, ante el rumbo que ha tomado esta publicación se puso de manifiesto a raíz del polémico escrito contra el trío que dirige el periódico —Alain Minc, Edwy Plenel y Jean-Marie Colombani—, La face cachée du Monde, un libro que ha vendido más de 200 000 copias a pesar de las amenazas legales de que han sido objeto sus autores, acusaciones que más tarde fueron retiradas para evitar la incomodidad del triunvirato director ante los tribunales.

El libro, un mamotreto de seiscientas páginas que mezcla documentos muy comprometedores con no pocas inconsistencias e irrelevancias, descubre una trama de maniobras de depredación económica, adulación y vendettas políticas, notorio compadreo cultural y —por último, pero no por ello menos importante— un ávido enriquecimiento personal censurable desde cualquier punto de vista. «Desde su fundación», observaba Beuve-Méry después de retirarse— «el dinero ha estado esperando abajo, al pie de la escalera, para entrar en el despacho del editor. Siempre espera ahí, paciente, convencido de que al final dirá la última palabra»[163]. El conglomerado informativo erigido por Colombani y sus socios demuestra que el dinero se ha instalado en el despacho del editor. Pero, por muy poderoso que sea el motivo del enriquecimiento personal, el tipo de periodismo que representan está tan extendido que no se puede explicar solo en virtud de la codicia. Un análisis más profundo podemos encontrarlo en Los nuevos perros guardianes, un libro en el que Serge Halimi denuncia el entramado de complicidades —que abarca a todo el espectro político— de todos los comentarios de la clase dirigente sobre asuntos públicos[164]. Este sardónico estudio de la adulación mutua y las poses de cara al exterior entre los bustos parlantes y las lumbreras editoriales de la sociedad parisina destapa la existencia de un sistema de connivencia en el que las inversiones ideológicas en el mercado son igual o más importantes que las materiales.

El mundo de las ideas no se encuentra en mejor forma. La muerte se ha llevado prácticamente a todos los grandes nombres: Barthes (1980); Lacan (1981); Aron (1983); Foucault (1984); Braudel (1985); Debord (1994); Deleuze (1995); Lyotard (1998); Bourdieu (2002); Derrida (2004). Solo sobrevive Lévi-Strauss, a punto de cumplir cien años. Ningún otro intelectual francés ha alcanzado reputación internacional desde entonces. Esta falta de prestigio, por supuesto, no es necesariamente una vara de medida de su valía. Pero aunque siguen escribiendo algunas obras concretas que poseen un valor inconfundible, un buen indicador de la situación general de la vida intelectual es la extravagante prominencia que ha adquirido Bernard-Henri Lévy, con diferencia el «pensador» francés menor de sesenta años más conocido. Sería difícil imaginar una inversión más extraordinaria de los criterios nacionales del gusto y la inteligencia que la atención que se le concede en la esfera pública francesa a este bobalicón, a pesar de que ha demostrado en innumerables ocasiones que es incapaz de exponer una idea o un hecho correctamente. ¿Podría una figura tan grotesca prosperar en cualquier otra cultura occidental importante?

Si esto sucede en el campo de la filosofía, el de la literatura le sigue de cerca. El principal novelista actual, Michel Houellebecq —el «Baudelaire del supermercado», según sus admiradores—, ocupa una posición no muy distinta de la que detenta Martin Amis en las letras inglesas, la del escritor cuyos lectores buscan la conmoción. Aunque ambos utilizan los lugares comunes del sexo y la violencia, sus formas de épater son asimétricas: el estilo vistoso y la bienséance de sentimientos en el caso de Amis; la provocación de ideas y la banalidad de la prosa en el de Houellebecq. La versión francesa, al provenir de la ciencia ficción, es menos convencional en su actitud intelectual —capaz de algún que otro apotegma desasosegante, en ningún caso demasiado profundo—, pero, como cabría esperar, habida cuenta de sus orígenes, con una imaginación literaria mucho más pobre. Se supone que este zumbido constante de frases planas, descuidadas, es una reproducción del mundo sin moral que describe, no un reflejo de los límites de su talento como escritor. Pero una rápida mirada a las coplas de ciego que ha escrito Houellebecq revela que, por desgracia, la coincidencia es natural. Que una literatura de esta calidad se haya ganado las alabanzas oficiales indica que la cultura francesa se encuentra de nuevo en una situación de declive, y que esta vez va para largo. Sorprendentemente, la crítica apenas tiene un lugar en esta cultura. La idea convencional de una reseña literaria —por ejemplo, las de La Quinzaine littéraire, Le Nouvel observateur, Le Monde des livres, Libération, prácticamente todas ellas— es lo que en cualquier otro lugar se consideraría un encomio. Esta regla tiene sus excepciones, por supuesto, pero estas tienden a la mera inversión, la injuria como ritual alternativo. No existe nada equivalente al Times Literary Supplement o a la London Review of Books; a L’Indice, a la sección literaria de The New Republic; ni siquiera algo parecido a las aburridas críticas de Die Zeit: encontrar un verdadero análisis sostenido y exigente de una obra de ficción, de filosofía o de historia se ha convertido en algo inusual.

No siempre fue así. La cultura de la Cuarta República y de los primeros años de la Quinta, cuando las divisiones políticas eran más fuertes y los conflictos entre periódicos más intensos, llevaba aparejados razonamientos y críticas mucho más genuinos que los que podemos encontrar en la actualidad. Cahiers du cinéma es uno de los ejemplos que mejor ilustran esta situación. ¿En qué se ha convertido? En otra revista comercial del grupo Colombani, que se podría confundir fácilmente en los quioscos con la revista Elle. Si el propio cine francés no ha caído tan bajo se debe en gran medida al flujo continuo de obras que siguen produciendo los pioneros originales: Godard, Rohmer y Chabrol siguen desplegando la misma actividad que cuando empezaron. Por lo que respecta a la producción de sus contemporáneos, el único filme que Francia ha exportado con éxito en los últimos años, Amélie, es tan enfermizamente kitsch que incluso en Hollywood se morirían de vergüenza.

II

Por supuesto que la escena francesa actual no se puede reducir a sus expresiones menos atractivas. Un mero inventario de fracasos no puede captar la desigual realidad de una sociedad en movimiento; es necesario tomar en consideración otros rasgos y otras fuerzas. También es cierto que todas las comparaciones entre épocas suelen caer en la distorsión y en la ilustración selectiva. En el caso de Francia, una nación todavía obsesionada con la serena regencia del general, esto sucede todavía de forma más exagerada. Pero el malestar actual no es una quimera, y tiene que ser explicado. ¿Qué se oculta detrás del aparente hundimiento de las instituciones, las ideas, las formas y los criterios? Obviamente, la primera hipótesis sería afirmar que la vida de lo que en otros tiempos fue la «excepción francesa» —es decir, los distintos modos en que esta sociedad y su cultura escapaban a las mediocres rutinas de la ecúmene atlántica que las rodeaba— ha ido desapareciendo gradualmente del país, presionada por dos fuerzas irresistibles: el avance mundial del neoliberalismo y el ascenso del inglés como lengua universal. Es cierto que estas dos fuerzas han dañado los fundamentos de las concepciones tradicionales de Francia. Históricamente, ni la derecha ni la izquierda, por muy vehementes que fueran sus diferencias en otros sentidos, confiaron nunca en el mercado como principio organizador del orden social: aunque laissez-faire es una expresión francesa, siempre se ha considerado extranjera en el entorno francés. Aún hoy este término es tan sospechoso que Francia es el único país en el que la expresión «neoliberal», con todas sus connotaciones negativas, se utiliza muy poco, como si se considerara redundante: para un amplio abanico de opiniones, la palabra «liberal» a secas es suficiente para expresar el odio. Por eso la Gleichschaltung de los sistemas económicos occidentales que comenzó en la época de Thatcher y de Reagan fue una carga muy dolorosa para la tradición nacional de intervención económica y protección social común a la Cuarta y a la Quinta República.

Coincidiendo con la presión económica de la liberalización de los mercados financieros, considerada a menudo como una mera dimensión cultural de este proceso, se produjo la victoria de la lengua inglesa, que se impuso como el imparable vehículo de comunicación global en los negocios, la ciencia y el intercambio cultural. Para los países más pequeños del norte de Europa —los países de Benelux y Escandinavia— este acontecimiento venía a confirmar, sencillamente, un bilingüismo que en cualquier caso se encontraba ya muy extendido. Las elites intelectuales y políticas de la República Federal habían estado siempre tan esclavizadas a los Estados Unidos, el país que les había salvado de un pasado deshonroso, que las aspiraciones de la lengua alemana después de la guerra eran escasas. Los italianos nunca imaginaron que su lengua tuviera importancia para los extranjeros. Pero la situación de Francia era completamente distinta. En otros tiempos, el francés había sido la lengua común de la Ilustración, la que hablaban las clases altas de todo el continente, hasta tal punto que en algunos países —en Prusia, en Rusia— se había impuesto sobre la propia lengua autóctona. En el siglo XIX era la lengua estándar de la diplomacia. Hasta los años noventa del siglo pasado, fue el principal vehículo de comunicación de la burocracia europea. Identificada desde hacía mucho tiempo con la idea francesa de civilización —algo más que una mera cultura—, era una lengua con conciencia universal.

Los fuegos de artificio intelectual de los trente glorieuses, que llegaron muy lejos y explotaron mucho más allá de las fronteras de Francia, confirmaban esta idea. Pero las condiciones que los habían favorecido dependían de la educación de una elite tremendamente segura de sí misma desde el punto de vista espiritual —a menudo también desde el punto de vista práctico— y monolingüe, formada en algunos liceos clave de París y en la École Normale, semilleros que instruyeron a una generación tras otra de talentos. En la École Nationale d’Administration, que no se fundó hasta 1945 y que se convertiría en un criadero de ambiciosos políticos y empresarios —Pompidou fue el último normalien que gobernó el país—, ya se tendía a dejar a un lado la educación elitista en aras de una formación de corte más tecnocrático. A partir de 1968, las reformas en los colegios y en la universidad siguieron el modelo de otros lugares: ampliación del acceso a la educación sin los recursos necesarios, para mantener los niveles de un sistema más exclusivo.

La democratización sin inversión socavó inevitablemente la moral y la cohesión de una institución nacional que había sido el orgullo de la Tercera República. El prestigio del instituteur cayó en picado; los programas educativos sufrieron constantes reajustes y degradaciones, de modo que el lycéen medio lo único que aprendía eran unas horribles nociones de clásicos franceses; los colegios privados se propagaron para llenar el hueco. Se trata de una historia muy familiar, que se podría aplicar prácticamente a todas las sociedades occidentales. Pero en Francia hay que añadir el condicionante de las brutales bofetadas que asestó a la autoestima cultural la invasión del inglés a través del canal de los negocios, el entretenimiento y el periodismo. En las dos décadas pasadas la proporción de películas francesas que se estrenaba cada año en las salas francesas ha pasado de la mitad a una tercera parte: en la actualidad, el 60 por ciento de las películas son americanas. Los fines de semana Le Monde distribuye The New York Times —una cuidada selección—. El diario, uno de los puntales más importantes de la identidad nacional, se encuentra bajo presión. En estas condiciones, es natural que se produzca cierto grado de desintegración en el rendimiento intelectual.

Pero aunque las presiones económicas y culturales de la anglosfera han impuesto cada vez más restricciones a una amplia variedad de tradiciones e instituciones francesas, los cambios políticos en el seno de la sociedad francesa también han contribuido de forma decisiva a la situación de bajamar actual. Hay una coincidencia evidente que llama la atención. De Gaulle presidió el país durante el apogeo de la recuperación francesa después de la guerra. Su mandato culminó con la explosión de mayo-junio de 1968. Un año después, había abandonado el poder. Pero para entonces las energías sociales liberadas en aquella crisis, que se aceleró hasta el límite del levantamiento, habían sido derrotadas. No ha vuelto a surgir una energía comparable. Desde entonces, según esta lectura, Francia ha quedado sumida en la larga depresión posparto de una revolución que nació muerta —una revolución llamada a convertirse en el punto de inflexión de la historia moderna francesa, que fracasó—, como la de 1848.

Por muy seductora que parezca esta conjetura, la secuencia real de los acontecimientos fue más compleja. Aunque el impulso revolucionario inmediato de 1968 se quebró, las energías subyacentes se extinguieron de la noche a la mañana. Políticamente hablando, durante un tiempo la mayoría de ellas desembocaron en canales de izquierdas más convencionales. A principios de los años setenta se produjo un acusado incremento de la afiliación al Partido Comunista, se reunificó el Partido Socialista y, en 1972, se acordó un Programa Común que parecía enterrar las diferencias que habían surgido en la Guerra Fría. Aunque Giscard ganó por poco las elecciones a la presidencia en 1974, las encuestas parecían indicar que las elecciones legislativas que iban a celebrarse en el otoño de 1978 le darían una victoria clara a la izquierda, de la cual resultaría el primer gobierno de coalición entre socialistas y comunistas desde la guerra, una plataforma que rechazaba el capitalismo y defendía la nacionalización exhaustiva de bancos e industrias.

Esta perspectiva, que desencadenó una reacción cercana al pánico en la derecha, precipitó la quiebra real en la historia política e intelectual de la Francia de la posguerra. La movilización destinada a impedir que el espectro del marxismo hiciera su entrada en el Hôtel Matignon fue rápida, radical y exhaustiva. Los tiros más sonoros de la campaña los dispararon los antiguos intelectuales gauchiste, bautizados por los medios de comunicación como los Nouveux Philosophes entre 1975 y 1977, que prevenían contra los horrores del totalitarismo soviético y su descendencia teórica. Dado que se podía trazar una línea directa entre Engels y Yezhov, ¿iban los franceses a cometer la locura de permitir que Marchais y Mitterrand introdujeran el marxismo en sus propios hogares? Con títulos escabrosos —La cuisinière et le mangeur d’hommes, La barbarie à visage humain— y el patrocinio del Elíseo, el mensaje fue oportunamente reforzado con la aparición de la traducción al francés de Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, en 1974. Desprovista de una tradición académica en sovietología, Francia se encontraba desde hacía tiempo rezagada con respecto a EEUU, Reino Unido o Alemania en lo concerniente a la conciencia pública de los detalles del régimen de Stalin: lo que era del dominio público en otros lugares durante la Guerra Fría, fue una revelación para le tout Paris durante esta campaña.

Por un breve periodo de tiempo Solzhenitsyn pudo así ejercer, como dijo uno de sus admiradores franceses, el «magisterio moral» que los franceses solían atribuir a sus propios escritores[165] —un papel que, por supuesto, prescribió cuando salieron a la luz las opiniones poco serviciales del escritor ruso en relación con Occidente y otras inconveniencias—. Pero, mientras duró, el efecto fue considerable, y contribuyó a poner en órbita a BHL y a otros pensadores de esa laya. En medio del creciente terror al comunismo, el propio PCF ofreció un suspiro de alivio a sus detractores al abandonar su alianza con el PS por miedo a convertirse en un socio subalterno en esta coalición, destruyendo así cualquier posibilidad de que la izquierda obtuviera una mayoría en la Asamblea Nacional. En 1981, cuando Mitterrand ganó por fin las elecciones presidenciales, el Programa Común había pasado a la historia y el partido había perdido mucha fuerza. La izquierda se ganó las charreteras del rango después de perder la batalla de las ideas.

Pues las incertidumbres de finales de los setenta habían sacado de su abstracción un frente «antitotalitario» que dominaría la vida intelectual durante las dos décadas posteriores[166]. El sabio ruso y los Nouveaux Philosophes eran solo la avanzadilla de unas fuerzas mucho más enérgicas y duraderas, que se pusieron en marcha en esos años. En 1977, Raymond Aron —que se había unido a L’Express para poder intervenir de forma más activa en política— estaba preparando una nueva revista, Commentaire, para defender a la Quinta República de lo que parecía la amenaza mortal del régimen socialista-comunista que iba a llegar al poder con un programa casi revolucionario. Cuando apareció el primer número de la revista, en vísperas de las elecciones de marzo de 1978, se había producido la «divina sorpresa» de la ruptura entre el PCF y el PS. No obstante, como explicaba Aron en el formidable ensayo que abría la publicación, «Incertitudes françaises», había buenas razones para mantener los temores y reforzar la vigilancia. Los factores que habían transformado a Francia en una nación tan inestable y proclive a los levantamientos violentos en el siglo XIX —la falta de un principio de legitimidad generalmente aceptado; la aceptación campesina de cualquier régimen que respetara los logros de 1789 en agricultura; la naturaleza de polvorín de París— habían desaparecido con la democracia próspera e industrial de Pompidou y Giscard. Pero los franceses subestimaban la profundidad y la previsible duración de la crisis económica que había comenzado a principios de los setenta con la recesión mundial, y, por otra parte el socialismo francés todavía no había dicho adiós a las tentaciones maximalistas —ni siquiera después de la reciente y afortunada división de la izquierda—. Si el PS lograba conquistar a los votantes del PCF y los comunistas llegaban al gobierno, «Francia viviría años de confusión quizá revolucionaria, quizá despótica»[167].

Commentaire se acabó convirtiendo en el pilar de la derecha liberal, y no solo se caracterizaba por su peso intelectual, sino por sus horizontes internacionales —una función que debía en parte a sus relaciones, bajo la dirección del chef de cabinet de Raymond, Barre, con funcionarios, políticos y empresarios, así como con el mundo académico—. Dos años después se le unió un socio del centro liberal que enseguida la dejaría atrás. Le Débat, editada en un formato más pulcro por Pierre Nora bajo los auspicios de Gallimard, era un proyecto más ambicioso. Nora inauguró la revista con un programa de reforma intelectual. En el pasado, la cultura francesa, impregnada de tradición humanista, había estado dominada por el ideal de la retórica, que había favorecido la transición desde el papel del instituteur al culto al gran escritor, y había permitido todo tipo de extravagancias ideológicas. Ahora, sin embargo, la legitimidad del intelectual descansaba en el conocimiento positivo certificado por las instituciones competentes —en esencia, la universidad—. A pesar de este cambio, la cultura francesa no había conseguido deshacerse de las tensiones antagónicas inherentes a la vida intelectual, pero había obligado a los intelectuales a afrontar una serie de tareas nuevas: no solo tenían la obligación de promover la democracia en la sociedad en general, sino que además tenían que practicarla en el seno de la esfera del pensamiento, como si vivieran en una «República de las Letras». El objetivo de la nueva revista era, por tanto, favorecer algo que todavía era una rareza en Francia, un debate genuino. El terreno para ello estaba preparado gracias a la defunción de los tres esquemas históricos más importantes, en vigor desde el siglo XVIII. La ideología de la Restauración, la del Progreso y la de la Revolución habían fallecido, y habían abierto al fin el camino a las ciencias sociales modernas. Le Débat representaría «la información, la calidad, el pluralismo y la verdad», y lucharía contra todo tipo de irresponsabilidad y extremismo[168].

Aunque este manifiesto abordaba la eterna pregunta francesa, «Que peuvent les intellectuels?», no tocaba directamente la política, sino que se limitaba a indicar que la «democracia plena» se encontraba en los Estados Unidos, no en Francia. Un año después, cuando Mitterrand llegó a la presidencia, Nora adoptó un tono cauto y subrayó el carácter personal de su victoria. Aunque no era sospechoso de tenerle cariño al totalitarismo, ¿extraería este antiguo aliado de los comunistas las conclusiones necesarias del «gran cambio de mentalidad de los cuatro años anteriores, que ha puesto patas arriba el régimen soviético», y adoptaría la política exterior necesaria para enfrentarse al principal enemigo?[169]. Esprit, una revista que en tiempos había sido la voz de la izquierda católica anticolonialista y neutral, pero que, al retirarse en 1976 Jean-Marie Domenach, editor en jefe durante la posguerra, se había reposicionado en la vanguardia de la lucha contra el totalitarismo, compartía las mismas inquietudes. En estos años, como observaría después Nora, Commentaire, Le Débat y Esprit formaban un eje común de lo que en otro lugar se podría haber llamado «liberalismo de la Guerra Fría», aunque cada revista conservaba su propia inflexión y sus propios lectores.

De los tres, Le Débat era la creación más importante. No era simplemente la revista de la editorial de Gallimard, con más recursos que cualquiera de sus rivales, sino que además representaba una auténtica modernización de estilos y motivos en la vida intelectual francesa. Extremadamente bien editada —con el tiempo Nora acabó dejando el día a día de la dirección en manos de Marcel Gauchet, un trásfuga del ala Socialisme ou barbarie de la extrema izquierda—, el diario dedicaba sus páginas a la exploración, en general moderada, de tres áreas de interés fundamentales: la historia, la política y la sociedad, con frecuentes números especiales dedicados a una amplia variedad de temas contemporáneos: las ciencias biológicas, las artes visuales, la seguridad social, las instituciones hereditarias, el posmodernismo y muchos más. Si bien su horizonte era menos internacional de lo que en un principio se había propuesto, rara vez caía en el provincianismo. Nunca fue, por descontado, un foro imparcial para los debates objetivos, como se recogía en su declaración de intenciones, pero de serlo habría resultado mucho más aburrida. Era, por el contrario, una machine de guerre urbana.

Detrás de este proyecto político había una figura destacada. El cuñado de Nora era el historiador François Furet, cuyo Penser la Révolution française —publicado precisamente en la encrucijada política de 1978— le había convertido automáticamente en el intérprete francés más influyente de la Revolución francesa. Procedente de una acomodada familia de banqueros, Furet se había educado en las filas del Partido Comunista durante la posguerra, en el punto álgido de la Guerra Fría, cuando militaba en el Partido un grupo de futuros historiadores —entre ellos Emmanuel Le Roy Ladurie, Maurice Agulhon, Jacques Ozouf— que rivalizaban con sus colegas británicos. En Francia, esta camada de talentos también se dispersó a raíz del XX Congreso del Partido en Moscú y de la Revuelta de Hungría. Furet abandonó el Partido en algún momento después de 1958 y, mientras se dedicaba a la investigación histórica —en un principio estudios bastante convencionales—, se convirtió en colaborador habitual de France-Observateur, semanario independiente de izquierdas y principal órgano de la oposición a la Guerra de Argelia y al gobierno de De Gaulle en la Quinta República. En 1965 escribió en colaboración con otro de sus cuñados una historia ilustrada de la Revolución francesa destinada al lector no especializado, en la que sostenía que en 1792 habían tenido lugar una serie de trágicos accidentes que habían «desviado» (dérapée) a la Revolución del objetivo original de un orden liberal al que en un principio aspiraba, y habían dado paso, en su lugar, a la dictadura jacobina y al terror[170].

Trece años después, Furet escribió Pensar la Revolución Francesa, una obra en la que defendía una teoría más potente —un asalto total, que invocaba a Solzhenitsyn y a la situación política del momento, al catecismo de las interpretaciones marxistas de la Revolución—. Furet sostenía que las teorías de dos pensadores católicos liberal-conservadores, la del Tocqueville de mediados del siglo XIX y la del Cochin de principios del XX, ofrecían la clave para entender realmente el «núcleo conceptual» de la Revolución: no había sido la interacción de clases sociales, sino la dinámica de un discurso político la que en esencia había provocado la transición de las abstracciones de la voluntad popular a las del poder absolutista, y al hacerlo había generado la fuerza aterradora de un nuevo tipo de sociabilidad en los clubes revolucionarios de la época. Presentado de forma tremendamente enérgica y polémica, este diagnóstico implicaba, lógicamente, un distanciamiento directo de la escuela de los Annales —la superficial noción de mentalités que defendían estos pensadores era «en general el sustituto galo del marxismo y el psicoanálisis»—, incapaz de dar cuenta de la rebelión de 1789 y de los acontecimientos posteriores. El enfoque necesario era el de una «historia intelectualista que construyera explícitamente los datos a partir de cuestiones planteadas conceptualmente»[171].

La principal aplicación del credo de Furet apareció en 1988, una voluminosa historia política de Francia desde Turgot a Gambetta, concebida como la aplicación durante más de un siglo de la explosiva dialéctica de los principios que había liberado la crítica al Antiguo Régimen[172]. Si bien en sus obras anteriores Furet había afirmado que «la Revolución había terminado» con el golpe de Estado de Napoleón de 1798, en esta obra ampliaba su periodo de vida hasta la extinción final del monarquismo como fuerza activa bajo la Tercera República, en 1879. Solo entonces se había producido la reconciliación entre república y nación, y los objetivos originales de 1789 se habían llevado a cabo en un orden parlamentario estable. El tormentoso trayecto desde el punto de partida hasta el punto final, que se había abierto paso a través de las conmociones de 1815, 1830, 1848, 1851 y 1871, debía interpretarse como la resolución de las tensiones y las contradicciones del primer experimento histórico de creación de una democracia.

El motor esencial de la historia de Furet es una genealogía de ideas. Pero no era un historiador de las ideas en el sentido que Pocock o Skinner le atribuyen a esta expresión. Aunque era capaz de presentar interpretaciones muy agudas de pensadores que le interesaban, apenas se pueden encontrar en su obra exámenes detallados de un conjunto determinado de escritos, y no presta atención a los lenguajes del discurso en la línea de la tradición de Cambridge. En lugar de ello, las ideas se tratan como fuerzas estilizadas encarnadas en individuos particulares, alrededor de los cuales se teje la narración de conflictos políticos de altura. Furet estaba fascinado, además, por los ceremoniales como símbolos públicos de las ideas, y La France révolutionnaire 1770-1880 está salpicada de descripciones ensayadas de todo tipo de rituales, desde la coronación de Napoleón al funeral de Thiers. En el polo opuesto de su imaginación se encuentran los personajes, y en esta parcela hace gala de un extraordinario don para la caracterización mordaz. A partir de este trío de elementos —ideas, rituales y personas—, crea una narración siempre elegante, incisiva, del surgimiento de la Francia moderna, en gran medida depurada de su dimensión social o económica, y prácticamente aislada de su historial imperial en el extranjero. De esta crónica extrae algunas conclusiones políticas que aplica a la situación contemporánea. Furet no fue un gran historiador, de la talla de Bloch o Braudel. Pero sí una fuerza excepcional que influyó profundamente en la vida pública francesa en un sentido en el que aquellos no lo hicieron.

Pues sus obras históricas formaban parte de un proyecto de mayor escala. Ningún historiador moderno ha sido tan intensamente político. Había una unidad casi perfecta entre sus obras sobre el pasado y sus intervenciones en el presente, a través de las cuales demostró ser un organizador institucional e ideológico sin igual. Su personalidad, una mezcla de elegancia y reserva, le fue de gran ayuda. Su encanto taciturno tenía un aire —según observó en cierta ocasión un colega extranjero— a Jean Gabin. Ya en 1964, orquestó la fusión de un France Observateur en declive con los periodistas de derechas del L’Express, una publicación más estable, y seleccionó a un editor que garantizara que el periódico que surgiera de la fusión tuviera la política adecuada. Como recordaba Jean Daniel —que después de cuatro décadas sigue prestando su voz infatigable a la defensa de los cánones sociales del centro-izquierda desde la dirección de Le Nouvel Observateur— veinticinco años después: «Nunca podré olvidar el pacto que sellamos; me decanté a favor de sus controvertidas tesis sobre la Revolución y sobre el marxismo que me propuso; [ni olvidaré] la sorpresa en su rostro cuando se dio cuenta de que me comprometía a ser un cómplice resuelto a permanecer a su lado. Me gustaría dejar constancia de la deuda que tengo con él, y con su familia intelectual, por la auténtica seguridad intelectual que me transmitieron»[173]. Esta apabullante confesión de uno de los periodistas más poderosos del país —Daniel llega a afirmar, con toda su inocencia: «Un día, sin darnos cuenta, nos encontramos corriendo detrás de Augustin Cochin solo porque Furet nos empujaba desde atrás»— podrían haberla hecho muchas otras figuras influyentes del sistema parisino en los años posteriores. En la prensa, a la red de relaciones y emplazamientos de Furet se la conocía simplemente como «la galaxia».

Si Le Nouvel Observateur se convirtió en la sede central de Furet en la esfera de los medios de comunicación, el control que ejerció sobre la École des Hautes Études en Sciences Sociales, que contribuyó a fundar a partir de la antigua sixième section de Braudel y cuya dirección ocupó en 1977, le puso al mando de la institución más estratégica del mundo académico, reuniendo a una elite de investigadores de todas las disciplinas en el edificio fundado por Rockefeller en el Boulevard Raspail, liberados de las cargas de la docencia y de las tareas administrativas de la universidad francesa —«como ir al cine sin pagar la entrada», como observaba Furet en tono jovial—. El lanzamiento de Commentaire y Le Débat, dos publicaciones con las que colaboró de forma activa desde el principio, le defendieron por los flancos en el mundo de los periódicos. Después del ascenso de Mitterrand al poder, ayudó a crear en 1982 la Fondation Saint-Simon, una alianza de intelectuales e industriales adiestrados para oponerse a cualquier tentación socialista en el nuevo régimen, y guiarlo hacia una interpretación del mercado y del Estado más actualizada. Financiado por las grandes empresas —el jefe del conglomerado Saint-Gobain era el espíritu motor junto con Furet, que ocupaba una silla en la junta de una de sus compañías—, la Fondation actuaba como un centro de estudios políticos, y establecía vínculos entre académicos, funcionarios, políticos; organizaba seminarios; publicaba artículos sobre política; y, por último, pero no por ello menos importante, invitaba a cenar todos los meses a Schmidt, Barre, Giscard, Chirac, Rocard, Fabius y otros hombres de Estado con ideas afines, cenas en las que se criticaban a fondo las ideas comunes mientras se disfrutaba de una buena comida.

Dos años después Furet fundó —con ayuda de una subvención— el Instituto Raymond Aron, un puesto avanzado del pensamiento antitotalitario. Furet se acabaría convirtiendo en presidente de este organismo que a su debido tiempo entró en el redil de la propia EHESS. Después, en 1985, amplió su influencia gracias a una conexión trasatlántica, ocupando un puesto temporal en el Comité de Pensamiento Social de la Universidad de Chicago, donde consiguió el respaldo económico de la Fundación Olin para realizar un estudio sobre la Revolución francesa y la americana. Se avecinaba el bicentenario de 1789, y Furet expresó sus temores de que este acontecimiento se convirtiera en un pretexto para que el régimen de Mitterrand, que todavía contaba con algunos ministros comunistas, organizara una consagración oficial de la mitología del jacobinismo y del año II de la República. En colaboración con su colega Mona Ozouf, se puso manos a la obra para garantizar que esto no sucediera.

En vísperas de esta fecha potencialmente peligrosa, Furet publicó un descomunal —mil doscientas páginas— Dictionnaire critique de la Révolution française, que abarcaba acontecimientos, actores, instituciones e ideas. Con su centenar de entradas, escritas por unos veinte colaboradores cuidadosamente elegidos, la obra proporcionaba una refutación exhaustiva de las leyendas izquierdistas y de las ideas equivocadas tradicionales del episodio fundador de la democracia moderna[174]. La abrumadora influencia que ejerció este compendio de erudición moderada, admirablemente concebido y ejecutado, disipó cualquier posible riesgo de festividad neojacobina en 1989. La caída del comunismo en el este aportaba nuevas y concluyentes pruebas que demostraban cuál había sido el impulso original de la Revolución, y lo diferenciaba de las subsiguientes perversiones. Cuando llegó la hora del bicentenario, Furet se erigió en indiscutible maestro de ceremonias intelectual, y se encargó de que Francia rindiera homenaje a los principios inspiradores —debidamente aclarados— de 1789, y diera la espalda al fin a las atrocidades de 1793-1794[175].

Despachar el pasado equivocado y recuperar el verdadero era una condición indispensable para que el país llegara con retraso al seguro puerto de la democracia moderna. El mismo año que publicó el Dictionnaire critique, Furet escribió otra obra en colaboración, La République du centre, para la Fondation Saint-Simon, cuyo subtítulo rezaba: «El fin de la excepción francesa». Después de las absurdas nacionalizaciones de la primera época, el régimen de Mitterrand puso fin al socialismo y abrazó el mercado y su disciplina financiera en 1983, y a continuación enterró el anticlericalismo, al ceder a las manifestaciones a favor de las escuelas católicas en 1984. Al actuar así, convirtió por fin al país en una sociedad democrática normal, depurada de doctrinas radicales y conflictos teatrales. Francia había encontrado su equilibrio en la sobriedad del centro[176]. El triunfo liberal parecía tan completo que en 1990, en el décimo aniversario de su revista, Nora podía anunciar con satisfacción hegeliana —feliz porque la «capa de plomo del galocomunismo se había desprendido de la nación»— que «el espíritu de Débat se había convertido en el espíritu de la época»[177].

En Gran Bretaña los primeros años noventa fueron testigos de la caída de Thatcher y del paso a un programa neoliberal menos estridente, bajo el átono gobierno de Major. Francia seguía la tendencia opuesta: el predominio de un consenso preocupado por el mercado alcanzó su cima en los primeros años de la segunda presidencia de Mitterrand. El triunfo del frente de opinión articulado por François Furet y sus amigos era manifiesto. Francia se había librado de sus tentaciones totalitarias. Los fantasmas de la Revolución habían sido enterrados. La República se había habituado al terreno seguro del centro. Solo había que depurar a conciencia una herencia del pasado: la nación. Esta tarea recayó sobre Pierre Nora. En el editorial que escribió en el décimo aniversario de Le Débat, en 1990, Nora había elogiado «el nuevo panorama cultural» del país, y un par de años después terminó de escribir su propia contribución a este panorama, una obra descomunal. Originado en un seminario de la EHESS que se había celebrado entre 1978 y 1980 —la misma coyuntura de la que había surgido la propia Le Débat—, el primer volumen de Les lieux de la mémoire apareció bajo la dirección de Nora en 1984. Cuando en 1992 se publicó la última serie, el proyecto ya había alcanzado los siete volúmenes, constaba de unas 5600 páginas y había reunido a un número de colaboradores seis veces mayor que el del Dictionnaire critique de la Révolution française, habiendo elaborado una obra de alcance aún más universal. El objetivo de esta empresa, declaró Nora en la presentación inicial, era llevar a cabo un inventario de todos aquellos ámbitos del recuerdo en los que se podía decir que la identidad francesa había cristalizado simbólicamente.

Este amplio encabezamiento englobaba 127 ensayos —la mayoría de gran calidad— que estudiaban un popurrí de temas, desde elementos tan evidentes como la Tricolor, la Marsellesa y el Panteón, hasta los bosques, las generaciones y las firmas, pasando por la conversación, la era industrial y los linajes medievales, sin olvidar, por supuesto, a la gastronomía, al vino y a Descartes. Lo que unía a todos estos motivos, explicaba Nora, era que reunían unas condiciones que se prestaban a sus propósitos: «A diferencia de los objetos de la historia, los lugares de la memoria no tienen referente real», son «signos puros, que solo hacen referencia a ellos mismos»[178]. Esta floritura posmoderna no debe tomarse demasiado en serio. Pues en realidad estos signos aluden, según cada caso, a la República, a la nación o simplemente a lo francés en general. Pero en la medida en que estas nociones también eran simbólicas, el análisis que Les lieux de la mémoire ofrecía era una historia de Francia «de segundo grado», una historia que no abordaba las causas, ni las acciones, ni los acontecimientos, sino los efectos y los rastros.

Pero no por ello era menos ambiciosa que sus predecesoras. La escuela de los Annales había intentado hacer una historia total en respuesta a la estrechez de las narrativas políticas tradicionales. Pero dado que los símbolos unían hechos materiales y culturales, y la verdad última de la política bien podía localizarse en su dimensión simbólica, el estudio de los lugares de la memoria convertía la política en el registro de una historia paradójicamente más totalizadora que la de los Annales, una escuela a la que se podía considerar que había desbancado[179]. Esto había sido posible gracias al abandono de las visiones de futuro como horizonte regulador de las interpretaciones del pasado, en favor de un respaldo consensual de las instituciones del presente. Ahora que los franceses ya no estaban dispuestos a morir por su patria, mostraban «un interés unánime por descubrir el afecto que le profesaban» en toda la diversidad de sus múltiples expresiones. Era como si «Francia dejara de ser la historia que nos divide y se transformara en la cultura que nos une, en la propiedad cuyo título compartido se considera una herencia familiar»[180]. Escapar de las formas tradicionales de nacionalismo, tales como la lamentable pareja del gaullismo y el jacobinismo, lejos de debilitar los sentimientos de pertenencia a la nación, los había reforzado, al permitir a los franceses adentrarse en los dominios sanadores del recuerdo común[181].

Les lieux de la mémoire tuvo un enorme éxito de crítica y de público, y con el tiempo se convirtió en un modelo muy imitado en el extranjero. Pero siempre estuvo claro que se trataba de uno de los programas más descaradamente ideológicos de la historiografía mundial de la posguerra. A fin de cuentas, fue Renan quien, como es sabido, afirmaba que una nación no solo se define por lo que tiene que recordar, sino en igual medida por lo que tiene que olvidar —los ejemplos que Renan sacaba a colación eran la matanza de protestantes del siglo XVI y la de los cátaros en el siglo XIII: una advertencia muy difícil de ignorar un siglo después. Sin embargo, Nora presentaba su proyecto alegremente, con estas palabras:

Aunque han sido seleccionados a conciencia —en consonancia con la tipología requerida, el estado del conocimiento científico, y nuestra capacidad actual para analizarlos—, la elección de los temas contiene un elemento de arbitrariedad. Aceptémoslo. Es innegable que tal complacencia con nuestros imaginarios favoritos implica un riesgo de regresión intelectual y un retorno a ese galocentrismo que la historiografía contemporánea, por fortuna, procura trascender. Debemos ser conscientes de esto y permanecer en guardia contra ello. Pero, de momento, olvidémoslo [sic]. Y permítannos proponerles una primera lectura inocente de este puñado de ensayos frescos y alegres, a los que pronto les seguirán muchos más[182].

Estos protocolos prácticos, como observaron no pocos historiadores anglófonos[183], no solo reprimían los recuerdos de las divisiones sociales, sino incluso, en términos más generales, símbolos tan ineludibles del pasado político como Napoleón y su sobrino, cuyas estatuas cabalgan literalmente por la capital de la nación: figuras que ya no eran relevantes en la Francia «moderna, descentralizada», relajada y tranquila, integrada en la Europa «pacífica, plural» que celebraba Nora. En términos todavía más generales, la totalidad de la historia imperial del país, desde las conquistas napoleónicas hasta la toma de Indochina durante el Segundo Imperio y el enorme botín africano de la Tercera República, pasando por el saqueo de Argelia bajo la Monarquía de Julio, se convertía en un non-lieu a la luz de estos insulsos recuerdos. Tanto Nora como Furet habían criticado con valentía la Guerra de Argelia en su juventud[184]. Pero cuando emprendieron la tarea de embalsamar a la nación treinta años después, ambos suprimieron de sus consideraciones del pasado prácticamente cualquier alusión a la historia internacional. Si uno lee la historia de la Francia del xix de Furet, da la sensación de que nunca hubiera existido un imperio colonial francés, y no se menciona en ningún momento que Jules Ferry, su héroe personal, fue el Rhodes de la Tercera República. En los volúmenes de Nora todas estas fatídicas empresas quedan reducidas a una exhibición de chismes tropicales en Vincennes. ¿Cómo no incluir la batalla de Dien Bien Phu entre los lieux de la mémoire?

Cuando concluyó su proyecto ocho años después, Nora asumió todas las críticas, y procuró desviarlas. Aunque habían sido concebidos como una «anticonmemoración», se lamentaba Nora, los siete volúmenes de su obra habían pasado a formar parte de una autoindulgente cultura de la herencia. Pese a que Nora siempre había sido consciente de los vicios de esta cultura, sabía que Francia no se libraría de ella hasta que encontrara un asidero firme en el mundo que la sustituyera[185]. En realidad esta ingeniosa sofistería no era capaz de ocultar, después de lo sucedido, que el proyecto general de Les lieux de la mémoire era elegíaco hasta la médula: la antítesis de las conclusiones que Roland Barthes, igual de fascinado por los iconos, pero más preocupado por elaborar una teoría crítica, había presentado en sus Mythologies, una deconstrucción irónica y mordaz de los emblemas de la francité —un término que el propio Nora tomó prestado, desprovisto del espíritu barthesiano—, muy alejada de esta erudición del apaciguamiento patriótico con agradecimientos al ministro de Cultura y Comunicación[186]. Estaba claro que el objetivo subyacente del proyecto, un propósito al que Nora se mantuvo fiel en todo momento, era la creación de una union sucrée en la que las divisiones y las discordias de la sociedad francesa se derritieran en los complacientes rituales de la rememoración posmoderna.

Una cosa son las limitaciones intelectuales de un proyecto y otra muy distinta su eficacia política. Se puede decir que el programa orquestal que Nora y Furet dirigieron en estos años logró la entronización del liberalismo como paradigma omniabarcante de la vida pública francesa. Para llevar a cabo este plan contemporáneo tenían a su disposición el legado de los grandes pensadores liberales de la Francia de principios del siglo XIX: sobre todo el de Constant, Guizot y Tocqueville, tres teóricos a la espera de que sus obras se redescubrieran y se reactivaran[187]. Esta fue una de las tareas más importantes del frente antitotalitario de la época, y una de sus consecuencias fue la aparición de algunas obras especializadas de calidad, destinadas a proporcionar a este movimiento un pedigrí perfectamente legítimo. Con todo, se podía establecer un irónico contraste entre los ancestros y sus descendientes. Bajo la Restauración y la Monarquía de Julio, Francia había producido un corpus de pensamiento político liberal substancialmente más rico que el de la Inglaterra de la época, por no hablar del americano. Pero, como fuerza política, el liberalismo en Francia había sido incomparablemente más débil. Los contratiempos que habían sufrido los pensadores más importantes de esta corriente —el reiterado contraste entre las ideas nobles y las acciones viles— reflejaban esa discrepancia. Constant, el chaquetero de los Cien Días, Tocqueville, el verdugo de la República Romana, dos paladines de la libertad que hicieron la vista gorda con las tiranías napoleónicas; Guizot, el glacial mecánico de la exclusión y la represión, que al final tuvo que refugiarse en el campo ante la reprobación universal. El descrédito profesional de estos personajes era uno de los motivos del olvido en el que había caído su obra después de su muerte. Pero en realidad ni siquiera su propia época había llegado a acaparar el interés popular. El liberalismo francés clásico era una delicada florecilla plantada en un terreno ingrato. Ciento cincuenta años después, la situación había cambiado de forma radical. La rehabilitación exhaustiva de los motivos y las actitudes liberales que comenzó a mediados de los setenta no engendró pensadores políticos que tuvieran siquiera la talla de Aron. Pero la falta de ideas originales se compensó con los logros organizativos. La expresión la pensée unique, acuñada veinte años después —aunque, como todos estos conceptos, llevaba implícito un elemento de exageración—, no era en modo alguno inexacta como indicador de la hegemonía general de esta corriente.

La coyuntura internacional, por supuesto, ofrecía un entorno extremadamente favorable para que se diera este giro: el ascendiente global del neoliberalismo angloamericano era un formidable telón de fondo para la escena francesa. Pero ningún otro país occidental asistió a una victoria intelectual tan decisiva. El logro tuvo alcance nacional, fruto de una campaña coordinada con destreza y determinación por Furet, Nora y sus aliados a lo largo de dos décadas consecutivas. La presencia institucional se combinó con la construcción ideológica en un mismo proyecto dirigido a decidir qué acepciones del pasado del país eran aceptables y a fijar los límites permitidos en el presente. En la Francia de la época, la historia y la política se entrelazaron en una visión integrada de la nación, proyectada a través de la extensión del espacio público. En este sentido, los historiadores adscritos al Partido Comunista en Gran Bretaña, aunque desarrollaron una actividad política igual de intensa y crearon un innovador corpus histórico mucho más abundante, eran un grupo de principiantes comparados con sus contemporáneos franceses. Es muy difícil encontrar ejemplos tan claros de lo que Gramsci denominaba «hegemonía». Al filósofo italiano le habría fascinado cada rincón y cada grieta de Les lieux de la mémoire, desde las entradas dedicadas a nombres de calles, uno de sus temas favoritos, hasta el artículo sobre los notarios locales; y habría admirado la energía y la imaginación con la que se había liquidado el legado de sus héroes jacobinos —elementos de una «revolución pasiva» más eficaz que las propias restauraciones originales del siglo XIX, un tema fundamental en la articulación de la teoría que desarrolló en sus Cuadernos de la cárcel—. De hecho, el último artículo que escribió Furet no podía ser más oportuno: el obituario del comunismo que redactó cuando se restauró en Rusia el imperio del capital, cerrando el «paréntesis socialista» del siglo.

En comparación con el resto de la obra de Furet, El pasado de una ilusión —un libro en el que coquetea con las ideas de Ernst Nolte y su teoría de la relación entre el bolchevismo y el nazismo, tema que había analizado de un modo muy superficial con anterioridad— fue una obra menor, escrita deprisa y sin cuidado. Publicada en 1995, enumeraba tantos temas de la Guerra Fría, mucho después de que esta hubiera terminado, que algunos lectores avezados señalaron que era el equivalente intelectual de una demanda de reembolso del préstamo ruso[188]. Pero esto no impidió que en Francia cosechara un enorme éxito. Aclamada como una obra maestra por los medios de comunicación, se convirtió de inmediato en un éxito de ventas, y la fama de Furet alcanzó su cima. Después de colocar esta sensacional albardilla en el lugar adecuado, el arco del triunfo antitotalitario parecía completo.

III

Nueve meses después, la mayor oleada de huelgas y manifestaciones desde 1968 sacudió Francia. El gobierno de Juppé, ante las presiones de Bruselas, había intentado promover una reestructuración neoliberal del sistema de Seguridad Social y había provocado tal indignación popular que gran parte del país se había paralizado. La crisis política resultante duró seis semanas y dividió a la clase intelectual en dos bandos. Prácticamente todos los miembros de la coalición antitotalitaria respaldaron los planes de Juppé, pues consideraban que se trataba de una iniciativa necesaria para modernizar un sistema de privilegios sociales arcaico. Alineados en contra de estas medidas, por primera vez se materializó el espectro de una postura alternativa coherente. Liderado por Bourdieu y otros, este movimiento defendía a los huelguistas y se declaraba contrario al gobierno.

Políticamente hablando, el enfrentamiento entre el palacio y la calle se saldó con la derrota total del régimen. Juppé se vio obligado a abandonar sus reformas. Chirac se deshizo de Juppé. Los electores castigaron a Chirac otorgándole la mayoría a Jospin. Intelectualmente, el clima nunca volvió a ser el mismo. Unas semanas después Furet cayó muerto en la pista mientras jugaba al tenis en su casa de campo. Acababa de ingresar en la Académie française, pero todavía no había tenido tiempo de vestir de verde y oro, de empuñar su espada y de entrar en el reino de los inmortales.

Pero bastante antes de morir ya había empezado a expresar algunas dudas. Desde luego que el gaullismo y el comunismo se habían extinguido a efectos prácticos. El Partido Socialista había abandonado su absurdo programa de nacionalizaciones, y la intelectualidad había renunciado a sus delirios marxistas. La República del centro que él anhelaba se había hecho realidad. Pero el arquitecto político de esta transformación había sido François Mitterrand, una figura cuyo gobierno había coincidido con la victoria ideológica del liberalismo moderado y en parte había dependido de ella. Furet era muy severo con él. Genio de gran valía, desprovisto de fines, Mitterrand había destruido, de hecho, el PCF y obligado al PS a aceptar la lógica de la empresa y del mercado. Pero también había abusado del espíritu de la Constitución al instalar un simulacro de corte real en el Elíseo; había presidido un régimen con «un encefalograma intelectual absolutamente plano»; y había sufrido un notable fracaso al no estar a la altura de la ocasión histórico-mundial cuando había caído el comunismo soviético[189]. Era imposible sentir simpatía por una presidencia tan cínica y desprovista de ideas. Barre o Rocard, admirados por la Fondation Saint-Simon, lo habrían hecho mucho mejor.

Sin embargo, este descontento ocultaba una duda más profunda, relacionada con el rumbo que la vida pública estaba tomando. A finales de los ochenta, Furet ya había expresado sus reservas en relación con el discurso de los derechos humanos, que había cobrado una prominencia creciente tanto en Francia como en otros lugares. Por impecablemente liberal que pareciera —a fin de cuentas, había sido la pièce de résistance en el banquete ideológico del Bicentenario—, la ideología de los derechos humanos no era una política. Este sucedáneo contemporáneo de los antiguos ideales del socialismo socavaba la coherencia de la nación como ser colectivo, y había dado pie a exigencias inherentemente contradictorias: el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia, proclamados a renglón seguido. Los entusiastas de los derechos humanos harían bien en releer lo que Marx opinaba de ellos[190]. El creciente culto a los derechos humanos acortaba la diferencia entre la vida política francesa y la americana.

El contacto personal de Furet con EEUU no había contribuido a disipar sus preocupaciones, sino que las había acrecentado. Aunque se declaraba leal partidario de esta gran potencia, el eterno bastión del Mundo Libre, desde su observatorio de Chicago el panorama de la América de Clinton le parecía en gran medida desalentador, inquietante incluso. Paradójicamente, la integración racial había acabado con las antiguas comunidades negras, y los guetos se encontraban sumidos en una siniestra miseria sin parangón en Europa. La igualdad de género estaba avanzando en América (al igual que en Europa, aunque, afortunadamente, con menos absurdidades), y acabaría transformando las sociedades democráticas. Pero no alteraría su naturaleza ni produciría un nuevo hombre o una nueva mujer. La corrección política era una especie de remedo académico de la lucha de clases. Mezclada con los excesos de un feminismo arribista, había dejado muchos departamentos universitarios en unas condiciones que solo un Aristófanes o un Molière podrían describir con justicia. El multiculturalismo, la mitad de las veces combinado con lo que debería ser su contrario, la juridificación de todas las cuestiones, había desembocado inevitablemente en un relativismo perezoso. En el desierto de las ideas políticas, bajo otro presidente astuto pero poco inteligente, la singular variedad liberal de utopía que representaba se estaba extendiendo[191].

Las reflexiones finales de Furet eran todavía más pesimistas. Su último texto, terminado justo antes de morir, era un análisis de la Francia posterior a las elecciones convocadas por Chirac, que inesperadamente le habían concedido la mayoría legislativa al PS —en su opinión, una metedura de pata casi increíble de un político que en tiempos había considerado que había gobernado correctamente—. Pero la oferta de Jospin era prácticamente idéntica a la de Juppé. La izquierda y la derecha se habían unido para evitar las cuestiones reales a las que tenía que enfrentarse el país: la construcción de Europa; las tensiones generadas por la inmigración; la persistencia del desempleo, que solo se podía reducir recortando el gasto social. Bajo Mitterrand, la vida pública francesa se había convertido en «un espectáculo deprimente», en medio de una descomposición general de partidos e ideas. Ahora, la mentira y la impostura eran la norma política, mientras los votantes reclamaban dosis nuevas de demagogia sin creer en ellas, en un país que «ignoraba [tozudamente] las leyes del fin de siglo»[192].

¿Cuáles eran esas leyes? Históricamente, la izquierda había intentado diferenciar el capitalismo de la democracia, pero ambos conceptos compartían una historia común. La democracia había triunfado desde 1989, y con ella el capital. Pero su victoria estaba ahora teñida de malestar, porque al mismo tiempo la ciudadanía se había distanciado más, si cabe, de la vida pública. Era imposible contemplar esa retirada sin cierta melancolía. Una vez fracasado el comunismo, la ausencia de un ideal alternativo de sociedad había drenado de pasión la política, sin que a cambio se reforzara la legitimidad del statu quo. El capitalismo era ahora el único horizonte de la humanidad, pero, cuanto mayor era su hegemonía, más se le detestaba. «Esta situación es tan austera y tan contraria al espíritu de las sociedades modernas que no puede durar», concluía Furet. Al final, en la línea de Tocqueville, se resignaba con lucidez a que acabara sucediendo lo que siempre había intentado evitar. «Puede que un día sea necesario», reconocía, «ir más allá del horizonte del capitalismo, ir más allá del universo de los ricos y los pobres». Pues, por muy difícil que fuera concebir una sociedad distinta de la nuestra, «la democracia, en virtud de su propia existencia, crea la necesidad de un mundo más allá de la burguesía y del capital»[193].

Sin darse cuenta, por tanto, el fin de una ilusión se había convertido en una fuente de desilusión. Aunque el capitalismo real hubiera salido victorioso de la Guerra Fría, era un aburrimiento. Resultaba comprensible que el sueño utópico de una vida sin capitalismo no se hubiera desvanecido. En su último ensayo histórico, Furet se dejaba llevar hasta tal punto que hablaba de nuevo de la «burguesía revolucionaria» que había liberado a Francia del Antiguo Régimen, como si de pronto tomara conciencia de los méritos del catecismo que había denunciado durante tanto tiempo[194]. Dos siglos después, el desenlace que había anhelado se había producido, pero le había dejado demasiada escoria en las manos. El Midas de los liberales se había quedado mirando lo que había anhelado.

A título póstumo, si bien la zozobra de Furet en sus últimos tiempos tenía dos causas, el capitalismo y la situación de su propio país, fue la última la que dispersó a sus seguidores. Siempre ha existido cierta tensión en el seno del liberalismo francés entre la lealtad política a América y la vinculación emocional con Francia. El proyecto liberal había previsto una unión ideal de los principios de las repúblicas hermanas de la Ilustración. Pero e pluribus unum y «una e indivisible» son lemas opuestos. Para los liberales ¿qué contaba más? ¿Un individualismo atomista sin escalas lógicas, que rompiera la nación en un sinfín de microculturas rivales, cuya unificación sería todavía más formal y frágil? ¿O una identidad colectiva anclada en las obligaciones comunes y en instituciones estrictas, que mantuviera firmemente unida a la nación, aunque de forma, quizá, demasiado opresiva?

Este fue el dilema que hizo fracasar al frente antitotalitario. La primera escaramuza tuvo lugar a principios de los ochenta, cuando Bernard-Henri Lévy anunció que existía una «ideología francesa» genérica, que se extendía de izquierda a derecha a lo largo del siglo XX y que había saturado la nación de antisemitismo y criptofascismo. Esto era demasiado para Le Débat, que echó por tierra los graves errores de Lévy con dos devastadores réplicas, un artículo de Le Roy Ladurie y otro de Nora («un idéologue bien chez nous»), rechazando los intentos de desacreditar a la República en nombre de la cuestión judía[195]. La siguiente disputa surgió, como era de prever, de la cuestión musulmana, con el primer caso de foulards que se produjo a finales de los ochenta. ¿Se podía permitir llevar pañuelo en los colegios sin dañar los principios de la educación laica común que había establecido la Tercera República? Esta vez la escisión fue más grave, y enfrentó a los defensores de un multiculturalismo tolerante, de corte americano, contra los partidarios de las normas republicanas clásicas de una nación ciudadana.

Al final, los rencores que fermentaron de estas cuestiones saltaron a la palestra. En 2002, Daniel Lindenberg, un historiador próximo a Esprit, lanzó una violenta andanada contra el integrismo de las autoridades, la hostilidad a los derechos humanos y el desprecio al multiculturalismo de muchos de los que habían luchado en favor del liberalismo francés —entre los cuales destacaban las principales lumbreras de Le Débat y Commentaire—. Estas tendencias representaban una rappel à l’ordre, el eterno eslogan de la reacción. El panfleto de Lindenberg, aunque era una obra muy rudimentaria, que cometía la temeridad de meter en un mismo saco a todos los que criticaba, no solo recibió una cálida acogida por parte de Le Monde y Libération, sino que además se incluyó deliberadamente en una recopilación editada por Pierre Rosanvallon, colega de Furet y uno de los arquitectos de la Fondation Saint-Simon, además de coautor de La République du centre, que acababa de ingresar en el Collège de France ante la perplejidad de muchos. Esta fue la señal, desencadenó la guerra civil en las filas del bando liberal, con la habitual ráfaga parisina de cartas abiertas y manifiestos que aparecieron cuando Gauchet y sus amigos respondieron desde L’Express y otras publicaciones afines. La desintegración de la comunidad de finales de los setenta era total[196].

Para entonces, sin embargo, había tenido lugar un cambio de posiciones mucho más importante. Las dudas de Furet en relación con el resultado de la modernización eran un murmullo en un ambiente de sonidos más amenazantes, procedentes de las profundidades del país. Entre las masas, el neoliberalismo à la française no había cuajado. Desde 1983, cuando Mitterrand dio el giro decisivo hacia la lógica de los mercados financieros, el electorado francés había rechazado siempre a todos los gobiernos que habían intentado administrarle esta medicina. La pauta era siempre la misma. Bajo una presidencia de izquierdas, Fabius —el primer presidente socialista que aclamó la nueva «cultura de la empresa»— fue expulsado en 1986; Chirac, que lanzó la primera oleada de privatizaciones desde la derecha, fue depuesto en 1988; Bérégovoy, el pilar socialista del franc fort, en 1992; Balladur, la personificación de la moderación orleanista en busca de la libertad económica, perdió las elecciones de 1995. Bajo la presidencia de la derecha, Juppé —el más atrevido de estos tecnócratas, que atacó las provisiones sociales de forma directa— asistió en un primer momento a la paralización de las huelgas y después fue obligado a abandonar el cargo en 1997; Jospin —que realizó más privatizaciones que todos sus predecesores juntos— pensó que después de cinco años de gobierno autocomplaciente había roto la regla, pero fue derrotado en las elecciones de 2002. En la actualidad, Raffarin, después de dos años de tenaces intentos de continuar la tarea que Juppé dejó a medias, ha perdido el control de todas las administraciones regionales del país, salvo la de Alsacia, y ha descendido en las encuestas de opinión, hasta convertirse en el peor valorado de todos los primeros ministros de la Quinta República. Siete gobiernos en veinte años, con una duración media de tres años. Todos entregados, con mínimas variaciones, a políticas similares. Ninguno ha sido reelegido.

Ningún otro país en Occidente ha sido testigo de semejante nivel de descontento con la clase política. En parte, este fenómeno se puede atribuir a la estructura constitucional de la Quinta República, cuya presidencia cuasiregia, con sus (hasta ayer) siete años de mandato, ha fomentado y al mismo tiempo ha neutralizado constantes expresiones de descontento electoral dentro de un marco de poder que de lo contrario sería demasiado estable. Mientras que en la Cuarta República la inestabilidad de los gabinetes se combinaba con la rigidez de los bloques electorales, en la Quinta se ha invertido la pauta, de modo que las políticas aparentemente inamovibles se combinan con un electorado congénitamente intranquilo[197]. Esta intranquilidad no es solo un derivado de la sobreprotección institucional. A medida que pasan los años, cada vez se percibe con mayor claridad que se trata de un reflejo de la incredulidad en relación con las recetas de la reforma neoliberal que todos los gobiernos, de izquierdas o derechas, proponen invariablemente a sus ciudadanos.

Estas medidas no son papel mojado, sino que han tenido consecuencias prácticas. En veinte años, la liberalización ha cambiado el rostro de Francia. Antes que nada, se han liberalizado los mercados financieros. El valor capital del mercado bursátil se ha triplicado en proporción al PNB. El número de accionistas entre la ciudadanía se ha multiplicado por cuatro. Dos terceras partes de las compañías francesas más importantes son ahora negocios total o parcialmente privatizados. La propiedad extranjera de las acciones de empresas francesas ha aumentado del 10 por ciento a mediados de los ochenta hasta casi el 44 por ciento actual —una cifra que supera incluso a la del propio Reino Unido[198]—. El arrollador impacto de estas transformaciones se sentirá en los años venideros. Si aún no han venido acompañadas de una reducción significativa de los sistemas de provisión social franceses no ha sido por falta de convicción de los gobernantes, sino por prudencia, ya que son conscientes de los riesgos que acarrea desatar la ira del electorado, y prefieren intercambiar compensaciones como la semana laboral de 35 horas por prioridades como la privatización. Según los criterios angloamericanos, Francia sigue siendo un país mimado y demasiado regulado. The Economist y Financial Times se lo recuerdan incansablemente a sus lectores. Pero, según los criterios franceses, los avances del país hacia unas normas internacionales más aceptables son admirables.

Este progreso, sin embargo, no ha servido para apaciguar al pueblo, hostil a las sospechosas ideas que los anglosajones albergan sobre Francia. Los años noventa fueron testigos del éxito arrollador de la literatura crítica respecto al advenimiento de un nuevo capitalismo desenfrenado, con la aparición de un éxito de ventas tras otro: la monumental condena de sus consecuencias sociales que presentó Pierre Bourdieu en La miseria del mundo (1993); el apasionado panfleto de la novelista Viviane Forrester, El horror económico (1996); La Ilusión económica (1998), de Emmanuel Todd, un violento ataque contra el laissez-faire escrito por un intelectual que en tiempos había defendido ardientemente el mundo libre. A mediados de los noventa, la creciente marea de indignación con las doctrinas neoliberales era tan evidente entre los votantes que el propio Chirac, cara a las elecciones de 1995, convirtió la denuncia de la pensée unique y de la sociedad fracturada que había creado en la atracción principal de su campaña. Cuando —al igual que todos sus predecesores— lo adoptó desde el cargo, el resultado fue que, casi de la noche a la mañana, los temblores industriales hicieron caer a Juppé. Contemplando los escombros, un cronista de Le Débat concluía con tristeza: «El injerto liberal no ha arraigado»[199].

Pero en el divorcio entre las políticas oficiales y el sentimiento popular había otro elemento, más social que político. Desde De Gaulle, los dirigentes de la Quinta República formaban la casta gobernante más hermética de Occidente. El grado de poder social concentrado en una única y diminuta institución, que generaba una elite política, administrativa y económica integrada, no tiene quizá parangón en el resto del mundo. La ENA solo acepta entre 100 y 120 alumnos al año —en torno a 5000 en total desde su fundación, de una población de más de 50 millones de habitantes—. Pero estos individuos no solo dominan los peldaños más altos de la burocracia y la administración de las principales compañías, sino que integran el núcleo de la propia clase política. Giscard, Fabius, Chirac, Rocard, Balladur, Juppé y Jospin fueron énarques; y también once de los diecisiete ministros del último gobierno socialista; y los candidatos rivales para la sucesión de Jospin, Strauss-Kahn y Hollande; por no hablar del delfín de Chirac en la derecha, Dominique de Villepin, hasta hace poco ministro de Exteriores y en la actualidad de Interior.

Inevitablemente, la endogamia de esta oligarquía ha engendrado una corrupción generalizada. Por una parte, la práctica del pantouflage —altos funcionarios que se deslizan sigilosamente desde la administración hasta los negocios o la política, o a la inversa— concede a muchos la oportunidad de desviar fondos públicos o privados con fines partidistas. Por otra, dado que los principales partidos políticos carecen de una base significativa de afiliados, dependen desde hace mucho tiempo de exprimir los presupuestos y del tráfico de favores para financiar sus operaciones. El resultado ha sido un cenagal de chanchullos y enchufes que ha salido a la luz, sin duda de forma parcial, en los últimos años, del cual el mandato de Chirac como alcalde de París ha sido el ejemplo más flagrante de los que han llegado hasta los juges d’instruction.

Pero a pesar de las abrumadoras pruebas que se han encontrado, la judicatura no ha sido capaz hasta ahora de poner entre barrotes a ningún político importante. Chirac consiguió la inmunidad ante la ley gracias a la docilidad del Tribunal Constitucional, y ahora protege a Juppé; el ministro de Exteriores de Mitterrand, Roland Dumas —que, además, había pertenecido al Tribunal—, ha sido absuelto después del juicio, y Strauss-Kahn ni siquiera ha llegado a sentarse en el banquillo. La mayoría de los ciudadanos franceses están seguros de que todos estos personajes, y muchos más, han violado la ley para obtener ventajas políticas, o —al estilo de los diamantes de Giscard— personales. Pero dado que la izquierda y la derecha están igual de implicadas y cierran filas ante cualquier castigo justo, la venalidad de la clase política está a prueba de consecuencias dentro del sistema. Hay menos presión moral en la cultura francesa ante la corrupción que en Italia, por no hablar de la indignación pública. Pero esto no solo se traduce en mera indiferencia. Ha alimentado un profundo distanciamiento en relación con la elite que dirige el país, y el desprecio por la casta que se reparte el poder.

La abstención electoral, que ha alcanzado niveles muy superiores a los de la media de la UE, ha sido uno de los síntomas de este desencanto, aunque es cierto que recientemente Gran Bretaña, bajo el gobierno laborista, ha superado a todos. Pero hay otro síntoma típicamente francés, uno de los más famosos, para gracia o desgracia de los franceses. Desde mediados de los años ochenta, el Frente Nacional ha conseguido atraer como mínimo a un 10 por ciento del electorado, alcanzando casi el 15 por ciento cuando Le Pen se presentó a las elecciones presidenciales a finales de la década. En aquel momento, la proporción de votantes que se decantaron por un partido declaradamente xenófobo, dirigido por veteranos de la extrema derecha, distinguía a Francia de cualquier otro país europeo. Considerado fascista por muchos, el FN parecía una mancha en el prestigio nacional, una amenaza potencial para la democracia francesa. ¿Cómo se puede explicar esta reincidencia tan extraordinaria? En realidad, las condiciones iniciales del éxito del FN eran locales y perfectamente comprensibles. Ninguna otra sociedad europea había tenido que acoger a una comunidad tan grande de colonos procedentes de su imperio colonial: un millón de pieds-noirs expulsados del Magreb, que habían traído consigo toda la amargura de los exiliados; y ninguna otra sociedad europea había recibido un flujo tan elevado de inmigrantes procedentes de todas las regiones en tiempos colonizadas: dos millones y medio de maghrébins. Potencialmente, no es de extrañar que esta combinación liberara una toxina política.

Además de contar con una base original en las comunidades pied-noir, el Frente contaba también con el respaldo de algunas bolsas de nostálgicos del régimen de Vichy —los que habían votado a Tixier-Vignacour en los cincuenta, un grupo cada vez menor— y de leales a la liturgia del cardenal Lefèbvre. Pero las causas reales del despegue de esta formación política eran otras. El avance electoral de Le Pen tuvo lugar en 1984, un año después de que Mitterrand se deshiciera abruptamente de la visión social del Programa Común y abrazara el monetarismo ortodoxo. A pesar del giro neoliberal de 1983, el Partido Comunista, que todavía conservaba dos carteras poco importantes en el gabinete, no rompió con el gobierno. Al contrario, como volvería a suceder bajo el mandato de Jospin, se aferraron a las migajas de poder que les habían dejado sin reparar en el coste político que esta decisión podía acarrear, por no hablar de los principios. La recompensa que obtuvieron por sumar a las locuras del Tercer Periodo las propias del Frente Popular —primero el sectarismo ciego de 1977-1978, y después el lánguido oportunismo— fue la autodestrucción, pues un número creciente de votantes de clase obrera abandonaron el Partido. El espacio que dejó la compresión resultante del espectro político le brindó una oportunidad al FN, que se dedicó a captar a un número cada vez mayor de votantes indignados procedentes de los decadentes suburbios proletarios y de los pueblos. Para muchos, el sistema de la pensée unique solo dejaba esta acre alternativa.

La arrogancia y el ensimismamiento de la clase política hicieron el resto. Al eliminar la representación proporcional para impedir la presencia del Frente en la Asamblea Nacional, y al protegerse para no tener que saldar cuentas por la corrupción, la clase política simplemente confirmó las denuncias de Le Pen, que les acusaba de conspirar para conservar los privilegios con una elegancia oratoria que ninguno de sus trajes podía igualar. Cuanto más se unían la izquierda y la derecha para tratar al Frente como a un paria, más crecía su atractivo como fuerza alternativa al sistema. El racismo declarado contra los inmigrantes árabes y un antisemitismo algo más sutil formaban el repertorio del partido, que se completaba con un populismo generalizado y estridente. Las dos fuerzas que en última instancia habían fracturado la hegemonía liberal, la tensión entre el multiculturalismo y el republicanismo, y el rechazo de las virtudes del mercado por parte de la opinión pública, fueron precisamente el terreno en el que el Frente pudo florecer, en la intersección más sensible entre ambas.

Los límites del Frente como fenómeno político también estuvieron claros desde el principio. Esta formación rechazada por la derecha, después de algunos furtivos gestos iniciales de apertura por parte de Chirac, y excesivamente dependiente de la personalidad de Le Pen, no contaba con un equipo cualificado y nunca llegó a adquirir experiencia administrativa, vegetando en las sucesivas elecciones en una subcultura del resentimiento. El estilo pendenciero de las campañas electorales alarmaba y atraía en igual medida. A fin de cuentas, su principal tarjeta de visita —la cuestión de la inmigración— era intrínsecamente restrictiva. El atractivo del fascismo en el periodo de entreguerras se basaba en una tremenda dislocación social y en la amenaza del espectro de un movimiento sindical revolucionario, una situación que no tenía nada que ver con el pulcro panorama de la Quinta República. La inmigración es un fenómeno minoritario, prácticamente por definición, mientras que la guerra de clases no lo era. En consecuencia, las respuestas xenófobas a la inmigración, por desagradables que sean, tienen poco poder de reproducción política. Aron, que había sido testigo del ascenso del nazismo en Alemania y sabía de lo que hablaba, lo supo entender desde el principio, y criticaba a los que, presa del pánico, sobrevaloraban al Frente. En efecto, desde mediados de los ochenta en adelante los resultados electorales de la formación oscilaron ligeramente dentro de unos límites fijos y, aunque nunca bajaron del 10 por ciento de la media nacional, tampoco llegaron a sobrepasar el 15 por ciento.

En 2000, el sistema político sufrió el cambio más importante desde los tiempos de De Gaulle. Chirac y Jospin, en una maniobra destinada a sacarle mayor partido a las elecciones de 2002, se confabularon para alterar la duración del mandato de la presidencia y reducirla de siete a cinco años. Giscard actuó como intermediario entre ellos. Aparentemente, el objetivo del cambio era reducir la probabilidad de «cohabitación» —que el Elíseo y Matignon cayeran en manos de partidos rivales, algo cada vez más frecuente desde 1986— y dotar así de mayor unidad y eficiencia al gobierno, demasiado a menudo comprometido por las tensiones entre el presidente y el primer ministro. En realidad, esta reforma suponía un espectacular incremento del poder de la presidencia, y prometía una personalización concienzuda del sistema político inspirada en el modelo americano, pues estaba claro que si las elecciones ejecutivas y las legislativas se celebraban el mismo año, en la extremadamente centralizada sociedad francesa, un presidente victorioso siempre estaría en condiciones, de manera casi automática, de crear una dócil mayoría que le respaldara en la Asamblea Nacional inmediatamente después de haber sido elegido —como había sucedido invariablemente desde 1958—. El resultado inevitable sería el debilitamiento de una asamblea ya de por sí bastante fainéant, y el acentuamiento del exceso de poder ejecutivo que Furet había definido como una patología nacional. Se celebró un referendo para ratificar esta reducción del mecanismo del equilibrio de poderes en la Constitución. Solo el 25 por ciento del electorado participó, del cual cuatro quintas partes votaron a favor de un cambio que la clase política había anunciado a bombo y platillo como un gran avance en la democracia francesa, que pondría en sintonía al país con el resto de las naciones desarrolladas.

Pero todavía había un fallo técnico potencial. El calendario electoral vigente exigía que se celebraran elecciones a la Asamblea a finales de marzo de 2002, y las elecciones presidenciales entre mayo y abril, lo cual implicaba un cambio de planes radical, ya que existía el riesgo de que el voto de las legislativas condicionara el de las ejecutivas, justo al revés de lo que se había planeado. Jospin, convencido de que el electorado depositaría en él su confianza, impuso una prolongación de tres meses de la vida de la Asamblea que le despejara el camino para conquistar el Elíseo. Pocas manipulaciones constitucionales egoístas han fracasado de forma tan estrepitosa.

En la primavera de 2002, Chirac y Jospin se presentaron como las estrellas de la campaña de las elecciones a la presidencia, con unos programas políticos cuya retórica era prácticamente idéntica. Cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta, la dispersión del voto de la gauche plurielle —socialistas, comunistas, verdes e izquierdistas radicales— entre las distintas candidaturas, todas simbólicas excepto la del propio premier, dejaron a Jospin fuera de la contienda con un humillante 16,18 por ciento de los votos, de modo que Le Pen, con 195 000 votos más, pasó a la segunda vuelta para competir con Chirac, que tan solo había obtenido un miserable 19,88 por ciento, el resultado más bajo para un candidato a la reelección. Si se hubieran celebrado antes las elecciones legislativas, la coalición de Jospin habría ganado casi con total seguridad —el voto combinado de la izquierda con el que habría contado, según indicaban los resultados de abril, representaba un 10 por ciento más que el de la derecha— e inmediatamente después se habría apoderado del Elíseo.

El rasgo más alarmante de las elecciones presidenciales, sin embargo, no fue el error de cálculo del PS, ni el hecho de que Le Pen hubiera superado a Jospin. En realidad, en comparación con 1995, no se había producido un incremento neto del voto combinado de la derecha[200]. El aspecto más notable era la profundidad de la antipatía que el pueblo sentía por la clase política en general. Mucho mayor que el voto obtenido por cualquiera de los contendientes era el número de abstenciones y de votos en blanco o nulos —casi el 31 por ciento—. El 10,4 por ciento del electorado había votado a los candidatos rivales trotskistas de la extrema izquierda; el 4,2 por ciento, a una formación que defendía la causa de los cazadores y los pescadores. En total, casi dos terceras partes de los votantes franceses habían rechazado el rancio menú del consenso que les habían ofrecido.

La reacción de la clase política fue unánime. Lo único importante era un acontecimiento que se les antojaba apocalíptico. Como rezaba una de las declaraciones emblemáticas: «El 21 de abril, a las ocho en punto, una Francia mortificada y un mundo estupefacto asistieron a un cataclismo: Jean-Marie Le Pen superó a Lionel Jospin»[201]. En todas partes la gente se retorcía las manos de desesperación ante semejante vergüenza nacional. Los medios de comunicación rebosaban de editoriales, artículos, programas, llamamientos que explicaban a los franceses que se enfrentaban a un tremendo peligro y que debían mantenerse unidos como una piña en torno a Chirac para combatirlo y salvar a la República. Los jóvenes tomaron la calle, la izquierda oficial cerró filas rápidamente en torno a su presidente, incluso una parte importante de la extrema izquierda decidió que había llegado la hora del «no pasarán», y que su obligación era respaldar al candidato de la derecha. Chirac —temeroso de perder en un debate con Le Pen, quien sin duda le incomodaría, recordándole las transacciones secretas que ambos habían realizado en el pasado—, declinó cualquier invitación a celebrar debates televisivos, y, a sabiendas de que el resultado era inevitable, apenas se molestó en hacer campaña.

Como era de esperar, Chirac ganó la segunda vuelta con una mayoría del 82 por ciento, un resultado digno de un presidente mexicano en los mejores tiempos del PRI. En la orilla izquierda, su voto alcanzó proporciones casi albanesas. En tan solo quince días, los medios de comunicación pasaron de la histeria al éxtasis. Francia había recuperado su honor. Después de una demostración incomparable de responsabilidad cívica, el presidente podía ahora ponerse a trabajar con un nuevo propósito moral, y el país podía salir de nuevo al mundo con la cabeza bien alta. Los comentaristas más prestigiosos afirmaban que Francia vivía su mejor momento desde 1914, cuando la nación había cerrado filas en una unión sagrada para defenderse de otro enemigo mortífero.

En realidad, el espíritu de la unanimidad de 2002 se encontraba más próximo al consenso de Burdeos en 1940, cuando la Asamblea Nacional de la Tercera República votó por una mayoría aplastante a favor de entregar el poder a Pétain, convencida de que se trataba de una necesidad patriótica para prevenir la catástrofe. Esta vez, por supuesto, la tragedia se repitió en forma de farsa, ya que no había ni un solo indicio de una emergencia que pudiera impedir la consagración de Chirac. En la primera ronda de las elecciones, el voto combinado de la derecha era ya tres veces mayor que el del FN y su escisión —una diferencia de más de cuatro millones de votos—; y, además, dada la ausencia de contraste en las ideas y las políticas de Chirac y Jospin, estaba claro que muchos que habían votado a este podían cambiar su voto tranquilamente en la segunda vuelta y respaldar a aquel. Le Pen nunca tuvo la más mínima oportunidad de llegar a la presidencia. Los frenéticos llamamientos de la izquierda a respaldar a Chirac eran totalmente superfluos —solo contribuyeron a que la izquierda fuera aplastada en las elecciones legislativas de junio, en las que, como recompensa por su autodegradación, la derecha se apoderó de la Asamblea Nacional con la mayoría más amplia en la historia de la Quinta República, y Chirac adquirió una plenitud de poder de la que nunca antes había gozado—. Fue une journée des dupes para recordar.

IV

La brusca oscilación del voto en este carrusel ideológico —que permitió que el Chirac de la inutilidad y la corrupción, en el que solo confiaba una séptima parte del electorado, se transformara por arte de magia en un icono de la autoridad y la responsabilidad nacional en un abrir y cerrar de ojos— puede interpretarse, sin embargo, como un síntoma de una pauta subyacente en la cultura política del país. Bajo la Quinta República, los franceses cada vez se resisten más a la organización colectiva. Hoy, menos del 2 por ciento de los votantes están afiliados a un partido político, con mucho la cifra más baja de la UE. Más sorprendente todavía resulta la extraordinariamente reducida tasa de sindicalización. Solo entre el 7 por ciento y el 8 por ciento de la población activa pertenece a algún sindicato, por debajo incluso de los Estados Unidos, donde la afiliación es del 11 por ciento (y en descenso); y más lejos todavía de Dinamarca o Suecia, donde los sindicatos aún representan entre dos tercios y tres cuartos de la población activa. El insignificante tamaño de las organizaciones industriales y políticas expresa, sin duda, el arraigado individualismo de la cultura y la sociedad francesa, tan familiar para propios y extraños: más robusto en muchos sentidos que el de los americanos, menos sometido a las presiones de la conformidad moral.

Pero la aversión que sienten los franceses por las formas convencionales de asociación cívica no se traduce necesariamente en una mayor privatización. Por el contrario, la paradoja de esta cultura política es que estos índices tan bajos de organización permanente coexisten con una excepcional propensión a la combustión espontánea. Una y otra vez, de forma bastante repentina, formidables movilizaciones populares se materializan como si surgieran de la nada. La gran revuelta que tuvo lugar entre mayo y junio de 1968, de momento, y con diferencia, la más importante y admirable manifestación colectiva de la historia europea de la posguerra, es un ejemplo moderno y emblemático, que todos los gobernantes de Francia tienen presente.

Las calles han desafiado y han puesto en jaque a los gobiernos repetidas veces desde entonces. En 1984, Mauroy tuvo que abandonar el cargo después de que su intento de poner freno a la educación privada desencadenara una descomunal movilización confesional en defensa de los colegios religiosos —medio millón de personas se concentraron en Versalles, un millón inundó los bulevares de París—. En 1986, las protestas de los cientos de miles de estudiantes de las universidades y los liceos que se enfrentaron a la policía antidisturbios en una serie de choques que se saldaron con la muerte de un joven manifestante obligaron a Chirac a abandonar sus planes de «modernización» de la educación superior. Su gobierno nunca se recuperó. En 1995, el proyecto de recortar y reorganizar la Seguridad Social de Juppé se tropezó con seis semanas de huelga que afectaron a todos los servicios públicos, y con una agitación a escala nacional que terminó con la victoria total del movimiento. En poco más de un año, Juppé abandonó el poder. En 1998 les llegó el turno a los camioneros, a los pensionistas y a los desempleados, que amenazaron al régimen de Jospin. Consciente de que tales tornados sociales se forman de repente, aunque el cielo esté despejado, los gobiernos han aprendido a ser más cautos.

Las señales de esta peculiar dualidad, la coexistencia de la atomización civil y la irritabilidad popular, se pueden encontrar en grandes dosis en las estructuras profundas del pensamiento francés. Constituyen uno de los antecedentes de la teorización que ofrecía Sartre en su Crítica de la razón dialéctica, sobre el contraste entre la dispersión de las «series» y la cohesión del «grupo juramentado», y los intercambios caprichosos que se producen entre ambas. Pero el efecto más característico del problema es que ha dado lugar a una línea de pensamiento cuyos defensores consideran que, básicamente, el vínculo social no se crea a través de la razón o de la voluntad, sino de la fe. Los orígenes de esta teoría se remontan a la insistencia de Rousseau en que la estabilidad de una república solo podía construirse sobre una religión civil, una noción que discrepa de modo manifiesto con su propia interpretación voluntarista de la voluntad general. El escarnio del que fue objeto el culto al Ser Supremo después de la derrota de los jacobinos no restó crédito a este motivo, que sufrió una serie de metamorfosis conservadoras en el siglo XIX. Tocqueville estaba convencido de que las creencias dogmáticas eran el fundamento indispensable de cualquier orden social, sobre todo en democracias como la americana, donde la religión era omnipresente de un modo en que nunca lo fue en Europa. Comte pensaba que la misión del positivismo era la fundación de una Religión de la Humanidad que templara las divisiones sociales que estaban desgarrando al mundo en la época de la Revolución Industrial. Cournot sostenía que no se podía formular una teoría racional de la soberanía, y que los sistemas políticos siempre descansaban, en última instancia, en la fe o la fuerza. En algunos aspectos, el más radical de todos estos pensadores fue Durkheim, que invirtió los términos de la ecuación con su famosa noción de que la religión era la sociedad proyectada hacia las estrellas.

Todos estos pensadores rechazaban la idea de que la sociedad pueda llegar a ser el resultado de un agregado racional de intereses de actores individuales. La rama de la Ilustración que dio lugar a la tradición del utilitarismo inglés se marchitó en la Francia posrevolucionaria. Nunca se llegó a desarrollar una concepción comparable de la vida política. A Constant, cuyas teorías estaban muy próximas a esta corriente, se le consideraba en Francia prácticamente extranjero y cayó en el olvido. En el siglo XX, esta visión subyacente de la sociedad volvió a salir a la superficie en el periodo de entreguerras con un tinte medio surrealista, en las teorías de lo sagrado que defendían Roger Caillois y Georges Bataille desde el Collège de Sociologie. A finales del siglo XX, esta línea intelectual ha tenido nuevos avatares en la obra de dos de los pensadores más originales de la izquierda, reñidos con la ortodoxia que les rodea. A principios de los ochenta, Régis Debray ya había adelantado una teoría política que afirmaba que toda colectividad humana tiene una necesidad constitutiva —que sin embargo es incapaz de desarrollar— de abastecerse de una continuidad y una identidad internas, y, en consecuencia, depende de un apéndice de autoridad —religiosa por definición, entendida en el sentido más amplio de la expresión— externo a ella como condición de su integración vertical.

En esta versión, recogida en su Crítica de la razón política (1981), Debray trata de explicar por qué el nacionalismo, con sus cultos característicos a la eternidad de la nación y a la inmortalidad de sus mártires, ha sido una fuerza histórica más poderosa que el socialismo por el que el autor luchó en América Latina. En Dios, un itinerario (2001), su teoría ya se había transformado en una crónica comparativa de los cambios ecológicos, de las infraestructuras y de la ortodoxia del monoteísmo occidental, desde el año 4000 a. C. hasta la actualidad, y la religión se presentaba como una constante antropológica de todas las épocas: por proteicas que fueran las formas históricas, la religión siempre ha sido el horizonte perdurable de cualquier cohesión social. Lejos de favorecer una reconciliación con el sistema, las especulaciones de Debray vienen desde hace mucho tiempo acompañadas de intervenciones políticas escandalosas para el consenso parisino —entre ellas los mordaces comentarios sobre la guerra de la OTAN en Yugoslavia, que continúa siendo la piedra de toque de la sensibilidad bien-pensant tanto en París como en Londres—. Quizá para alcanzar la absolución, Debray decidió comprometerse y preparó el terreno para el golpe de Estado francoamericano de Haití. Pero el sistema casi nunca puede contar con él.

Un caso comparable es el del jurista francés más incisivo, Alain Supiot. Inspirándose en la obra del inconformista filósofo del derecho Pierre Legendre, Supiot ha renovado la idea de que todos los sistemas de creencias importantes requieren un fundamento dogmático y ha afirmado, para turbación de sus devotos, que en realidad se apoyan en los dos cultos más apreciados de nuestra época: el culto al libre mercado y el culto a los derechos humanos[202]. En su exposición, la lógica del argumento, brillantemente desarrollada en cada caso, también es ambigua: al mismo tiempo que desmitifica los dos credos, sostiene que cada uno de ellos es el ejemplo más reciente de una norma universal, una necesidad de la propia coexistencia humana que sobrepasa a la razón. En este razonamiento interviene un modo de pensar típicamente francés. Sin embargo, el hecho de que la genealogía de estas tesis sea tan específicamente nacional no las invalida: toda verdad general debe tener un punto de origen local. Pero el dilema que revelan es arquetípicamente francés. Si los agentes individuales no se asocian libremente para moldear o alterar su situación, ¿cuál es el pneuma capaz de transformarlos de la noche a la mañana en una fuerza colectiva que pueda sacudir la sociedad hasta sus raíces?

Para los guardianes del statu quo, estas son reflexiones que surgen a altas horas de la madrugada, pero que se disipan rápidamente con las primeras luces de un amanecer excepcional de la historia francesa. «Nunca antes había tenido este país tanto poder económico, nunca había sido tan rico», recitaba, extasiado, Jean-Marie Colombani en 2000. «Nunca el dinamismo de un país le había equipado tan bien para convertirse en la locomotora económica de Europa». Y aún mejor: «Nunca ha habido en Francia una “alegría de vivir” tan palpable como la que se percibe en el umbral del siglo XXI»[203]. Este tipo de bravatas suelen tener un trasfondo de nerviosismo. El libro de Colombani que termina con esta perorata está dedicado en gran medida a prevenir a sus lectores contra el daño que algunos críticos como Debray o Bourdieu han causado a la saludable imagen que los franceses tienen de sí mismos. En realidad, al editor de Le Monde le habría bastado con buscar con un poco más detenimiento en su propia casa. El reflujo de la marea liberal en Francia ha dejado en la playa una variedad de objetos perturbadores.

Uno de ellos es el extraordinario éxito de la publicación mensual que, a pesar de ser la antítesis de Le Monde, comparte nombre con el famoso diario. Le Monde diplomatique se parece al periódico de Colombani lo mismo que, en el extremo opuesto, el Komsomolskaya Pravda actual al original. Bajo la dirección editorial de Ignacio Ramonet y Bernard Cassen se ha convertido en el enérgico martillo capaz de aplastar todas las máximas del repertorio neoliberal y neoimperial, una publicación que ofrece una cobertura crítica de la política mundial radicalmente opuesta al perímetro de atención decreciente de Le Monde. Con un número de lectores que ronda el cuarto de millón en Francia, Le Monde diplomatique se ha convertido en una institución internacional, que cuenta con veinte ediciones impresas en todo el mundo, desde Italia a América Latina, el mundo árabe o Corea, y con otras veinte ediciones digitales, de las cuales destacan la rusa, la japonesa o la china: en total, un millón y medio de lectores. Ningún otro medio francés actual tiene un alcance tan global.

Además, esta publicación no solo ha actuado como un antídoto contra la opinión imperante, sino que ha demostrado poseer una extraordinaria capacidad de organización. A raíz de la crisis económica asiática de 1997, se fundó ATTAC, una «asociación para la educación popular» que en la actualidad cuenta con filiales por toda la UE, y que se dedica a favorecer debates y propuestas que incomodan al FMI y a la Comisión Europea. Para cualquier publicación, desarrollar una función organizativa exige un precio —por lo general, la reticencia a asustar a sus lectores, un coste que la revista ha tenido que pagar—. Sin embargo, el papel vivificador que ha desempeñado ha sido impresionante. En 2001, Le Monde diplomatique y ATTAC contribuyeron de manera decisiva a fundar el Foro Social Mundial de Porto Alegre, creando el movimiento «altermundialista» que se convertiría en el principal punto de convergencia de los que se oponen al sistema neoliberal desde las diferentes latitudes. Con este acontecimiento, en una escala transnacional poco familiar, Francia recuperó en cierta medida su posición histórica como nación en la vanguardia de la izquierda, que actúa como propulsora de ideas y fuerzas radicales más allá de sus fronteras.

Este mismo entrelazamiento de efectos nacionales y globales también se puede encontrar en otros ejemplos de la gauche de la gauche que han surgido en la década pasada. La imagen bigotuda de José Bové simboliza otra dimensión de esta tendencia. ¿Hay algo más francés que este artesano del Roquefort de Larzac, enemigo de GM y de McDonalds? Si el altermundialismo cuenta con héroes internacionales, este carismático campesino, que ha fundado en su país la Confederación Campesina y que ha contribuido a crear Vía Campesina, una organización que se extiende desde el Macizo Central hasta Rio Grande do Sul, pasando por Palestina, es sin duda uno de ellos. En general, los medios de comunicación franceses le toleraron mientras pudieron tratarle como a una inofensiva muestra de folclore. La cosa cambió cuando tuvo la temeridad de criticar a Israel. De la noche a la mañana Bové se convirtió en una bête noire, un demagogo de mala fama que había mancillado el prestigio internacional de Francia.

El papel que ha desempeñado Pierre Bourdieu en estos años se puede encuadrar dentro de esta misma constelación. Hijo de un cartero de un remoto pueblo de Bearne, en la frontera con España, su trayectoria guarda muchas similitudes con la de Raymond Williams, hijo de un ferroviario de las Marcas Galesas y consciente del parentesco que le unía a Bourdieu. Los dos habían recorrido un empinado trayecto desde sus modestos orígenes hasta las posiciones más altas del mundo académico, y compartían un profundo sentimiento de distanciamiento dentro del frío ambiente de los cumulard y de la «mesa de honor» en el que se movían, un sentimiento que les hizo radicalizarse cada vez más, después de labrarse una sólida reputación. Incluso las objeciones típicas a su prosa —que los críticos, con una visión aguzada por la hostilidad política, cuestionaban por su pesadez fatigosa y reiterativa— eran similares. Para ambos, la experiencia fundamental que había marcado las prioridades de su obra vital era la desigualdad. Justo antes de morir, Bourdieu escribió las mejores páginas de Ensayo para un autoanálisis, los recuerdos de la magullada desolación de sus días de escuela en el liceo de Pau[204].

Después de iniciarse en la sociología en Argelia —resulta sorprendente la cantidad de intelectuales franceses que quedaron, de un modo u otro, marcados por el tiempo que pasaron en la colonia: Braudel, Camus, Althusser, Derrida, Nora—, Bourdieu desarrolló su trabajo en torno a dos líneas principales, el estudio de los mecanismos de la desigualdad en la educación y la estratificación de la cultura. Estos fueron los estudios —Homo academicus, La distinción, Las reglas del arte— que le hicieron famoso. Pero en la última década de su vida, consternado por lo que habían hecho los gobiernos neoliberales con los pobres y los vulnerables, se centró en el destino de los perdedores en Francia, y en el estudio de los sistemas políticos e ideológicos que les impedían mejorar. La miseria del mundo, que apareció dos años antes de la explosión social de finales de 1995, se puede leer como un documento que ya anticipaba este fenómeno. Llegado el momento, Bourdieu asumió el liderazgo en la movilización de apoyo que los intelectuales prestaron a los huelguistas, en contra del gobierno y sus perros guardianes, de los medios de comunicación y del mundo académico. Pronto se situaría en la vanguardia de la lucha en defensa de la inmigración ilegal, de los sans-papiers, y se convertiría en la voz más autorizada de la opinión indomada en Francia. Raisons d’Agir, la guerrilla intelectual que creó para acosar al consenso, se especializó en atacar a la prensa y a la televisión: Los nuevos perros guardianes, de Halimi, y Sobre la televisión, del propio Bourdieu, son solo algunas de las granadas que lanzaron contra los medios de comunicación. Cuando murió, tenía pensado crear unos Estados Generales de movimientos sociales en Europa. Su amigo Jacques Bouveresse, el filósofo semianalítico más importante de Francia, un pensador atractivo pero muy diferente, le ha rendido quizá el mejor tributo, no solo escribiendo sobre él, sino a través de Schmock (2001) —una serie de mordaces reflexiones sobre Karl Kraus y el periodismo moderno—, su aportación personal a esta empresa común.

Bourdieu adoptó una postura intransigente y se negó a someterse desde la perspectiva de las ciencias sociales. Pero una sensibilidad similar se puede percibir en el mejor cine francés de los últimos años: películas como El empleo del tiempo, de Laurent Cantet, o La vida secreta de los ángeles, de Eric Zoncka, denuncian las crueldades y los deshechos del vivre heureux de Colombani. Además, Francia ha asistido, quizá, al intento más ambicioso hasta el momento de explicar la forma global de las mutaciones del capitalismo de finales del siglo XX, una obra cuyo título recuerda deliberadamente al clásico de Weber en el que se inspira. El nuevo espíritu del capitalismo (1999), de Luc Boltanski y Eve Chiapello, aúna la sociología industrial, la economía política y la indagación filosófica para ofrecer un panorama general de los modos en que las relaciones entre el capital y el trabajo se han reconfigurado para absorber la revolución cultural de los sesenta y engendrar nuevas dinámicas de beneficio, explotación y emancipación de todos los sedimentos de la ética que preocupaban a Weber. Hasta el momento no se ha escrito una síntesis crítica de estas características en el mundo anglófono. Pero, al igual que la obra de Bourdieu, también revela la existencia de una extraña asimetría en el seno de la cultura francesa de las décadas pasadas. Pues aunque su objeto teórico es general, todos los datos empíricos y prácticamente todas las referencias intelectuales a los que alude son nacionales. Esta introversión no se limita a la sociología. La involución de la tradición de los Annales después de Bloch y Braudel ofrece otro sorprendente ejemplo. Mientras que los historiadores británicos de los últimos treinta o cuarenta años se han distinguido por el alcance geográfico de su obra, hasta tal punto que no existe prácticamente ningún país europeo que no haya dado lugar a una importante contribución que les haya ayudado a comprender su propio pasado, por no hablar de los países de fuera de Europa[205], los historiadores franceses modernos más reputados se han concentrado predominantemente en su país. Le Roy Ladurie, Goubert, Roche, Furet, Chartier, Agulhon, Ariès: la lista se puede ampliar indefinidamente. Los días de Halévy llegaron a su fin.

En términos más generales, si uno se asoma a las ciencias sociales, al pensamiento político y, en ciertos aspectos, a la filosofía, la impresión que obtiene es que durante largos periodos de tiempo ha habido un grado notable de clausura, y que se han ignorado los avances intelectuales que han acontecido fuera del país. Los ejemplos del retraso resultante son múltiples: el descubrimiento muy tardío e incompleto de la filosofía analítica y del neoestructuralismo anglosajones; de la Escuela de Fráncfort o del legado de Gramsci; de la estilística alemana y del nuevo criticismo americano; de la sociología histórica británica y de la ciencia política italiana. Un país en el que apenas se ha traducido a Fredric Jameson o a Peter Wollen, y en el que Eric Hobsbawm no ha encontrado editor para su Age of Extremes, bien puede definirse como la retaguardia del intercambio de ideas internacional.

Sin embargo, si nos acercamos a las artes y las letras, encontramos la imagen opuesta. Puede que la literatura francesa haya bajado de categoría. Pero la recepción de la literatura mundial en Francia es un caso singular. En este campo, la cultura francesa se ha demostrado excepcionalmente abierta al mundo exterior, con un interés por la producción extranjera que no se puede comparar con el de ninguna otra sociedad urbana. Basta con echar una mirada a cualquier pequeña librería de París para percibir la diferencia. Las estanterías rebosan de traducciones de obras asiáticas, de Oriente Medio, africanas, latinoamericanas y del este de Europa de ficción y de poesía hasta extremos inimaginables en Londres, Nueva York, Roma o Berlín. Esta diferencia tiene consecuencias estructurales. La gran mayoría de los escritores que escriben en una lengua que no pertenece al núcleo atlántico se han labrado su reputación internacional a través de traducciones al francés, no al inglés: desde Borges, Mishima y Gombrowicz hasta el novelista actual Gao Xinjiang, pasando por Carpentier, Mahfouz, Krleža o Cortázar.

El sistema de relaciones que ha dado lugar a esta pauta de consagración parisina es el tema de la innovadora obra de Pascale Casanova La República mundial de las letras, otro de los ejemplos sobresalientes de síntesis imaginativa con fuerte intención crítica que han visto la luz recientemente. En esta obra se lleva a cabo una ruptura decisiva de las fronteras nacionales de Bourdieu para poner sus nociones de capital simbólico y de campo cultural al servicio de la construcción de un modelo de desigualdades y poder globales entre diferentes literaturas nacionales, que deja al descubierto toda la gama de estrategias que los escritores que escriben en lenguas periféricas despliegan para intentar ganarse un lugar en el centro. Nunca antes se había intentado hacer algo parecido. El alcance geográfico del material que utiliza Casanova procede de países tan alejados como Madagascar, Rumanía, Brasil, Suiza, Croacia o Argelia; la claridad y la mordacidad del mapa de relaciones desiguales que presenta y, todavía más importante, la generosidad con que estudia los ardides y los dilemas de los desfavorecidos emparenta esta obra con el ímpetu francés que impulsó el Foro Social Mundial. Podría decirse que este libro es un Porto Alegre literario, lo cual significa que se trata de un punto de partida que dará lugar a encarnizados debates y discusiones en el futuro. Pero, sea cual fuera el resultado de tales críticas y objeciones, lo más probable es que La República mundial de las letras —más parecida a un imperio que a una república, como demuestra Casanova— ejerza el mismo impacto liberador que el Orientalismo de Said, una obra con la que se puede equiparar.

Pero el dilema general continúa siendo el mismo: ¿cómo explicar el extraño contraste que existe en Francia entre el singular cosmopolitismo literario y el provincianismo intelectual, tan extendido? Resulta tentador preguntarse si la respuesta reside en la relativa autocomplacencia de estos dos sectores, es decir, si la continuada vitalidad de la historia y la teoría en Francia induce a la indiferencia hacia la producción extranjera, mientras que el declive del prestigio de las letras francesas invita a buscar una compensación en un dragomán universal. Puede que haya algo de esto, pero también intervienen otros factores. Pues la función de París como capital mundial de la literatura moderna —la cima de un orden internacional de consagración simbólica— es muy anterior al ocaso de la reputación de los autores franceses, ya que se remonta al menos a los tiempos de Strindberg y de Joyce, como demuestra Casanova.

Es más, existe un arte paralelo que contradice completamente esta explicación. Los franceses acogen con idéntica hospitalidad el cine procedente de los rincones más remotos de la Tierra. En París se proyectan cinco veces más películas extranjeras, antiguas o actuales, que en cualquier otra ciudad del planeta. Gran parte de lo que hoy en día se denomina «cine periférico» —el iraní, el taiwanés, el senegalés— le debe su visibilidad a la consagración y financiación francesas. Si directores como Kiarostami, Hou Hsiao-Hsien o Sembène dependieran de la acogida que les ha dispensado el mundo angloamericano, prácticamente nadie les conocería fuera de sus países de origen. Sin embargo, esta actitud receptiva hacia el cine extranjero no es nueva. El brío de la Nouvelle Vague nació del entusiasmo por los musicales y por el cine negro de Hollywood; por el neorrealismo italiano y el expresionismo alemán, movimientos de los que adoptaron gran parte del vocabulario que emplearon para reinventar el cine francés. La energía nacional y la sensibilidad internacional fueron inseparables desde el principio.

Estos contrastes nos recuerdan que ninguna sociedad, sea cual sea su envergadura, avanza de manera constante en una dirección uniforme. Siempre hay corrientes y enclaves opuestos, desvíos y retrocesos respecto de lo que parece ser el camino principal. En la cultura, como en la política, la contradicción y la incoherencia marcan la pauta. No invalidan los juicios generales, pero los complican. Tiene sentido hablar de un declive francés que comenzó a mediados de los setenta. Pero hay que evitar la acepción actual del término déclinisme, acuñado por Nicolas Baverez entre otros. Se trata de una expresión muy limitada, que solo se puede aplicar al rendimiento económico y social, entendido como una evaluación de competitividad. La historia de la posguerra ha demostrado que estas posiciones relativas pueden cambiar con suma facilidad. Los veredictos basados en ellas suelen ser superficiales.

El declive, en el sentido que nos interesa resaltar, es un fenómeno de otra índole. Aproximadamente veinte años después del fin de los trente glorieuses, el ánimo de las elites francesas era muy similar a una versión democrática de la actitud de los años cuarenta: el sentimiento generalizado de que el país había sido infectado por las doctrinas subversivas y que había que depurarlo; había que reivindicar las actitudes más saludables del pasado de la nación y, ante todo, era indispensable tomar conciencia de que las formas de esta modernidad necesaria eran las de la gran potencia del momento, y que era urgente adoptarlas o adaptarse a ellas para reconstruir la nación. El modelo americano, más benévolo que el alemán, duró más. Pero al final incluso a algunos de sus adeptos les asaltaban las dudas. ¿No se encontraría al final de este camino la absoluta banalización de Francia? A mediados de los noventa empezó a percibirse una reacción a este fenómeno.

Es pronto para juzgar la profundidad y los resultados de esta reacción. El dinamismo del intento de afianzar la economía y la sociedad con una camisa de fuerza neoliberal convencional se ha ralentizado, pero no ha amainado —Maastricht se encarga de garantizar que esto no ocurra—. Puede que lo que no se ha logrado de forma frontal se alcance de un modo más gradual, erosionando las protecciones sociales en lugar de tomarlas al asalto, el camino más habitual en cualquier caso. Una normalización progresiva, como la que persigue el discreto gobierno de Raffarin en la actualidad, es menos arriesgada que una normalización galopante, como la que proponen los admiradores de Nicolas Sarkozy, el último D’Artagnan de la derecha, y puede que, dadas las condiciones francesas, resulte más eficaz. No será el Partido Socialista —que ha permanecido en el poder dieciséis de los últimos veinte años— el que lo impida. Sus monumentos culturales, las chapuzas y las monstruosidades de los grands travaux de Mitterrand y la vulgaridad de las funciones estelares de Jack Lang, detestadas con razón por la opinión conservadora, fueron el epítome del avance de la banalización.

En el extranjero, las actitudes de francofilia apasionada, relativamente frecuentes en el periodo de entreguerras, han desaparecido casi por completo. Como la mayoría de sus vecinos, o quizá más, Francia provoca en la actualidad sentimientos encontrados. La admiración y la irritación se suelen expresar en la misma medida. Pero si el país se convirtiera en otro morador más de la jaula de las conformidades atlánticas, dejaría un inmenso hueco en el mundo. La desaparición de todo lo que Francia ha representado cultural y políticamente, en su diferencia pirotécnica, representaría una pérdida de una magnitud todavía difícil de comprender. Es difícil determinar lo cerca que se encuentra esa perspectiva. Me viene a la mente lo que le contestó con sequedad Smith a Sinclair: hay una gran cantidad de ruinas en una nación. La estratificación oculta y los entresijos del país, la turbulencia periódica bajo la pacífica superficie de la sociedad de consumo, los impulsos esporádicos —¿crecientes o residuales?— que se inclinan temerariamente hacia la izquierda de la izquierda y la intolerancia del pasado hacia el aburrimiento democrático, son algunas de las razones que invitan a pensar que el juego no ha terminado todavía. Después de enumerar todas las razones por las cuales Francia ya no estaba sujeta a las líneas de falla revolucionarias de los siglos XIX y principios del XX, y había por fin alcanzado un orden político que gozaba de estabilidad y legitimidad, Raymond Aron terminaba, sin embargo, su gran artículo editorial de 1978 con una advertencia: «Ce peuple, apparemment tranquille, est encore dangereux». Esperemos que así sea.

(II - 2009)

«Estoy de acuerdo», escribió Pierre Nora en respuesta al estudio anterior, «con el diagnóstico general de languidez y anemia creativa en la Francia de los últimos años, pero yo sufro lo que él llama dégringolade francesa de un modo más doloroso que irónico, y en lugar de emplear la palabra “desastre”, que es la primera que se me viene a la mente, utilizo el término “metamorfosis”, más presentable»[206]. Sin embargo, proseguía Nora, describir a grandes rasgos un proceso de decadencia no es lo mismo que explicarlo. En este punto, su desacuerdo era total. Por dos razones: por el método, pues limitarse a la parábola política y cultural era un enfoque demasiado estrecho, por no decir idealista; y por el marco, pues los acontecimientos que han tenido lugar en el hexágono no se pueden entender si no se relacionan con otras transformaciones generales que han afectado a Europa y al mundo en general. Según Nora, no se podía negar que en su patria se había producido «una homogeneización misteriosa y brutal de la producción cultural»[207]. Pero, en esencia, la situación no era mejor en otros lugares. En Francia la decadencia solo era más visible, debido a una serie de razones históricas específicas.

Según Nora, había cuatro motivos fundamentales. En primer lugar, el Estado centralizado mantenía una relación inusualmente íntima con las instituciones lingüísticas, educativas y culturales del país, un vínculo en virtud del cual las humanidades eran desde hacía mucho tiempo la piedra de toque de la educación de políticos, escritores, intelectuales y científicos. El abandono gradual de esta parcela del conocimiento había asestado un golpe mortal a estos cuatro sectores de actividad. En segundo lugar, al final de la era totalitaria se habían fracturado el mito de la revolución y el de la nación, que en otros tiempos se nutrían del comunismo y del gaullismo. En tercer lugar, los mecanismos de modernización que habían devuelto su vigor a Francia después de la guerra habían cambiado por completo y se habían transformado en frenos del desarrollo posterior: bastaba con observar la crisis del Estado del bienestar, las fricciones en su estructura, los conflictos entre las instituciones culturales —universidades, editores, teatro, cine—. Por último, se había producido una mutación en la propia forma del Estado-nación que afectaba prácticamente a todos los países y que había desestabilizado su identidad, una mutación que Francia había acusado especialmente por ser el Estado-nación más antiguo del continente, con unas formas tradicionales de identidad —el centralismo, la intervención estatal, el imperialismo, el ejército, el campesinado, el cristianismo, el laicismo y el universalismo— que habían durado más tiempo y habían sido alcanzadas de forma simultánea[208].

A grandes rasgos Nora tenía razón. La peculiar intimidad de los vínculos que existen entre el Estado y la cultura, y el papel central que desempeña la retórica clásica en esta relación, ya se contemplaban en el razonamiento que hemos desarrollado arriba. El trastorno general de las identidades nacionales, y el caso de Francia como ilustración de este fenómeno, ha sido analizado en otro lugar[209], y por eso en esta ocasión hemos querido cargar las tintas en las presiones derivadas del cambio de régimen macroeconómico en el mundo atlántico desde los años ochenta, y en el ascenso del inglés como lengua franca planetaria en el mismo periodo. Dicho esto, la objeción general de Nora está perfectamente justificada: ningún análisis que se limite, en esencia, a los acontecimientos políticos y culturales puede pretender ser plenamente satisfactorio —al entrar en detalle se echa en falta la dimensión social—. Pero si queremos explicar por qué la escena actual es tan diferente de la de finales de los cincuenta y los sesenta, debemos analizar precisamente este nivel. En este caso, la propuesta de Nora es totalmente aceptable si invertimos sus términos. Probablemente habría que prestar atención, en primer lugar, al modo en que la modernización gaullista destruyó las bases sociales de la propia excepcionalidad que expresó de un modo tan extraordinario (pero contradictorio). Este proceso entrañó una serie de cambios más profundos —la desaparición del campesinado, la reconfiguración de la clase obrera, la multiplicación de las clases medias urbanas, la aparición de nuevos tipos de capital—, que fueron los que posibilitaron el triunfo ideológico del nuevo liberalismo francés a finales de los setenta.

Esta presuposición es, por supuesto, meramente algebraica. La maraña de interrelaciones reales entre las transformaciones de la estructura social y los cambios en la vida cultural o política no ha sido desenredada todavía y puede que cuando se estudien resulten ser más complicadas e impredecibles de lo que se suponía en un principio. Los destinos del comunismo y del gaullismo, que invoca Nora, son un buen ejemplo. En la década que transcurrió entre la rebelión de mayo y la ruptura de la Unión de la izquierda, el descenso del PCF hasta los abismos de la demencia senil fue, sin duda, una de las circunstancias que favorecieron el giro neoliberal de Mitterrand que se saldó con la extinción virtual del partido. Pero hoy en día el carácter específico del comunismo francés sigue siendo una especie de misterio sin resolver. ¿Cuál es el motivo de esta peculiar insensibilidad majadera? Históricamente, la clase obrera francesa, a diferencia de su equivalente inglés a partir del siglo XIX, nunca estuvo radicalmente distanciada del mundo de la cultura y las ideas; y, al menos desde los tiempos de la Tercera República, tampoco veía la educación con desconfianza, como un símbolo del privilegio. ¿Por qué, entonces, el partido que representaba a los obreros después de la guerra resultó ser un desastre ideológico? El corsé del estalinismo no ofrece una respuesta satisfactoria, como queda meridianamente claro después de echar un vistazo a la diferencia de actitud cultural del PCI. A veces se olvida que el comunismo francés tuvo muchas más oportunidades que el italiano, pues no estuvo aislado de la política en los años setenta ni excluido del poder en los ochenta. Sin embargo, la única voz social que escuchaba era la de su propia cabeza hueca. En la izquierda el resultado era totalmente previsible: un comunismo sordo que generó un anticomunismo ciego, ambos igual de vacíos. La lógica social subyacente a esta situación no ha sido desenmarañada todavía.

Quizá el del gaullismo sea un caso más claro, ya que en principio su vida no tenía por qué prolongarse más allá de la del héroe que lo encarnó. Pero la suerte que ha corrido también plantea preguntas que ni su mortalidad ni el declive general del Estado-nación pueden contestar. A fin de cuentas, ¿qué ventajas ha obtenido la clase política francesa a cambio de abandonar el legado de independencia diplomática y estratégica que dejó el general y de regresar al redil atlántico? A escala nacional, la constitución de la Quinta República fue, desde luego, un instrumento diseñado a su medida, un sistema que se podría considerar contraproducente una vez fallecido De Gaulle, como sugiere acertadamente Nora que sucedió en realidad. Pero, lejos de atenuar el presidencialismo, la misma clase dirigente se ha confabulado para fortalecerlo todavía más —y, en lugar de frenar las diversas disfunciones de la República, las han acelerado—. La asistencia social y la educación, dos de estas disfunciones, han corrido una suerte diferente: sistemas en otros tiempos coherentes, que han quedado lisiados al ampliarse para abarcar a un número de ciudadanos muy superior al que pueden atender sin reformar su estructura original. Se han acabado convirtiendo en mecanismos de exclusión o de inclusión fingida, por carecer de los recursos que su aparente democratización exigía en un país con una de las distribuciones de la renta más desiguales de Europa. Es evidente que durante los últimos treinta y cinco años se han producido en Francia profundos cambios socioeconómicos que han favorecido la aparición de una serie de patologías. Pero, incluso cuando los valoremos en su justa medida, el hecho inalterable continúa siendo la completa incapacidad de reacción de la clase gobernante. Las reflexiones de Nora se centran sobre todo en el plano cultural, pero es el plano político el que plantea las preguntas más acuciantes.

I

En este campo, la segunda presidencia de Chirac se criticó con la misma unanimidad una vez finalizada que había sido aclamada al comenzar, otra de las violentas oscilaciones del sentimiento popular que han caracterizado los últimos tiempos de la Quinta República. Una vez más, la docilidad electoral no consiguió acallar el descontento popular. En la primavera de 2005 la clase política tuvo que afrontar el desaire más amargo de los últimos treinta años, cuando intentó sacar adelante un borrador elitista para una Constitución Europea y tropezó con el rechazo abrumador en el referendo que Chirac, en otro de sus errores tácticos, había convocado para ratificarlo. El movimiento de oposición que logró la victoria, denunciando en internet la propaganda oficial, procedía de las bases, con ATTAC a la cabeza. La furia y la incredulidad de los medios de comunicación dominantes y de la intelectualidad domesticada, que habían planteado una campaña sin precedentes en defensa de la Constitución, no conocía límites: lo único que podía explicar el resultado del referendo era la xenofobia. Pero lo que demostró en realidad esta defenestración de la Constitución fue que las pretensiones de los dos partidos mayoritarios que la respaldaban —los gaullistas que ya no tenían demasiado que ver con el gaullismo, los socialistas que aún tenían menos que ver con el socialismo— eran muy vulnerables a la novedad del debate democrático que había surgido al margen del control de los medios de comunicación. La debacle fue tal que Raffarin tuvo que abandonar. Para sustituirle, Chirac eligió a un viejo amigo como primer ministro, el diplomático de carrera De Villepin.

Cinco meses después, dos jóvenes inmigrantes —de quince y diecisiete años de edad, de origen mauritano y tunecino— se electrocutaron mientras huían del acoso policial en las afueras de París. En las banlieues de muchas ciudades del país se desencadenaron disturbios. Las banlieues son barrios de enormes torres de pisos donde se concentra la población de origen magrebí y africano, zonas desoladas y abandonadas, de represión racial, en las que el desempleo juvenil —que no solo afecta a los inmigrantes— duplica la media nacional. Los insurgentes atacaron los símbolos más visibles de la sociedad de consumo de la que habían sido excluidos, y noche tras noche se dedicaron a incendiar coches en una hoguera de indignación social, en medio de violentos enfrentamientos con la policía. Tres semanas después, cuando el levantamiento ya estaba bajo control, unos 9000 vehículos habían sido presa de las llamas. Había sido el rechazo más espectacular del orden institucional desde Mayo del 68. Cuando todavía estaban retirando de la calle los últimos vehículos calcinados, los estudiantes de las universidades y los liceos del país iniciaron una masiva oleada de protestas por las medidas que había tomado el gobierno para facilitar a los empresarios que contrataran y despidieran a los jóvenes con contratos temporales, los llamados contrat première embauche. Esta avalancha de huelgas, manifestaciones, ocupaciones, que esta vez contó con el respaldo de los sindicatos, duró más de dos meses y se convirtió en un movimiento de tal envergadura, que Chirac se vio obligado a retirar su plan y a sellar el destino de De Villepin, el hombre en el que había pensado como su posible sucesor.

En el pasado, este tipo de levantamientos siempre habían anunciado un cambio de guardia en el Elíseo, y por eso el Partido Socialista estaba seguro de que vencería en las elecciones del año siguiente. Para ello solo tendría que realizar algunos cambios simbólicos de política. Así habría sucedido, de no ser por la inestabilidad que el declive de Chirac había desencadenado en las filas de la derecha, donde había surgido una alternativa que proponía un cambio de política mucho más radical que cualquiera que pudiera plantear el PS. Sarkozy, en otros tiempos uno de los protegidos de Chirac, le había traicionado por Balladur en 1996 y había sido readmitido a regañadientes para ocupar la cartera de Interior en 2002. Al frente de este ministerio, Sarkozy se labró rápidamente una reputación de implacable luchador contra el crimen y la inmigración, pues endureció las leyes de residencia en Francia y prometió limpiar de chusma juvenil las banlieues. Animado por la popularidad que había alcanzado en las encuestas, en 2004 tomó el control de la maquinaria del partido gobernante y se convirtió en su nuevo presidente, una poderosa base que le permitía reafirmar su independencia respecto del Elíseo y desligarse del descrédito en el que había caído la presidencia de Chirac. El desastre definitivo del contrat première embauche, del que había tomado la precaución de distanciarse, le confirmó como candidato indiscutible del centro-derecha en 2007.

Su rival, la candidata del PS Ségolène Royal, hasta entonces una figura de segunda fila, compañera del secretario general del Partido, fue elegida por los afiliados por ser la candidata menos deteriorada que podían presentar. Sin peso ni experiencia, pronto quedó claro que apenas contaba con la confianza de sus colegas y no podía competir con Sarkozy. Intentar demostrar en vano que era una luchadora implacable contra el crimen y que estaba orgullosa de su patria solo sirvió para poner de relieve que carecía de un programa independiente; elegir a Bernard-Henri Lévy como confidente, para subrayar su falta de juicio[210]. Después de una campaña insípida y caótica, fue aplastada en las urnas, y Sarkozy obtuvo un margen de más de dos millones de votos. Sin embargo, el factor clave de este resultado —a fin de cuentas, menos desastroso para el PS que la debacle que había sufrido Jospin cinco años antes— no fue la debilidad de Royal como candidata ni la palidez tradicional de la alternativa socialista, sino la reconfiguración que llevó a cabo Sarkozy de los votantes de la derecha.

Gracias a su trayectoria como ministro del Interior, sumada a los desvergonzados llamamientos durante la campaña electoral a la necesidad de un incremento de la seguridad nacional, en las calles y en las fronteras, Sarkozy consiguió quitarle muchos votos a Le Pen. En la primera vuelta de las elecciones le arrebató casi un millón de votos al Frente Nacional, los de la pequeña burguesía, no los de la clase obrera: los votos de Le Pen entre los pequeños tenderos, artesanos y empleados quedaron reducidos a más de la mitad, mientras que Sarkozy prácticamente duplicó el resultado que había obtenido Chirac en 2002. A este estrato social, se sumó el éxito arrollador entre los pensionistas. En la segunda vuelta obtuvo casi dos terceras partes del voto de los ancianos[211]. El miedo —a los inmigrantes, a la rebeldía juvenil— fue el cemento que hizo fraguar este bloque. Pero no fue ni mucho menos el único sentimiento al que Sarkozy le debió su victoria. En 2007, la sensación de decadencia nacional progresiva, un motivo que no era ninguna novedad, se había extendido, a la vista de la desintegración del régimen de Chirac. Sarkozy, que siempre había sido una molesta espina en el costado del Elíseo, se encontraba en una posición mucho más ventajosa para capitalizar esta sensación que Royal, que nunca se había distanciado de Mitterrand ni de Jospin. Sarkozy le sacó el máximo rendimiento a esta circunstancia. Prometió a sus votantes la ruptura radical con las inercias acumuladas y que Francia resucitaría gracias a las reformas basadas en los valores del trabajo duro, el mérito y la competencia honesta —la liberalización de los mercados, la reducción de los impuestos de sucesión, la concesión de autonomía a las universidades, o la promoción de la identidad nacional—. Con este programa, sedujo a la gran mayoría de los jóvenes entre veinticinco y treinta y cuatro años, que le votaron atraídos por la esperanza de una carrera más libre y próspera, no por los miedos.

Con esta combinación de llamamientos a la seguridad y a la identidad, por una parte, y a la movilidad y a la oportunidad, por otra, Sarkozy obtuvo una victoria convincente, pero también se convirtió en objeto de odio y motivo de alarma para el bando rival. Empezaron a circular libremente todo tipo de descripciones escabrosas, y se llegó a decir que era el vástago del matrimonio entre Le Pen y Thatcher, o incluso se le tachaba de criptofascista. Tales imágenes tuvieron sus efectos, y no solo levantaron el ánimo de la cohorte formada por los votantes más jóvenes de Royal, sino también de los de extrema izquierda. En un primer momento muchos de ellos habían decidido apoyarla, y después todos los candidatos de estos partidos se colgaron de sus faldas. Una falange de intelectuales declaró que «nunca un candidato de derechas había simbolizado hasta tal punto la regresión social», mientras que otra advertía que la derrota de Royal representaría nada más y nada menos que «una grave amenaza a las libertades fundamentales»[212]. Estos lamentos de crispación, muy similares a la histeria que se había desencadenado en 2002 ante la amenaza imaginaria de que Le Pen llegara a la presidencia, solo sirvieron para desarmar a la oposición antes de que se revelara el verdadero carácter del régimen al que se tendría que enfrentar cuando Sarkozy comenzara a gobernar.

Pues lo primero que hizo Sarkozy no fue lanzarse a los brazos de la derecha, sino acoger en su administración a todas las lumbreras del centro-izquierda que pudo, empezando por el paladín socialista de los derechos humanos Bernard Kouchner, al que nombró ministro de Exteriores inmediatamente; al antiguo director adjunto del gabinete de Jospin, Jean-Pierre Jouyet, le nombró encargado de Asuntos Europeos; a Éric Besson, asesor económico de Royal, secretario de Estado en el Matignon. No era de extrañar que tomara estas decisiones: durante la campaña electoral, Sarkozy no había vacilado en recordar a Jaurès y a Blum como fuentes de inspiración de los franceses, y también al joven héroe de la resistencia comunista Guy Môquet, un modelo en su juventud. Estas aperturas ecuménicas no se limitaban a cuestiones ideológicas. El género y la raza recibieron una acogida igual de liberal. La mitad de los ministros que integraban el nuevo gabinete eran mujeres, y había tres de origen magrebí o africano, uno de los cuales era partidario incondicional de SOS Racismo.

Aunque era bastante evidente que estos nombramientos habían sido ideados para desmoralizar al PS y como coartada para desarrollar una política agresiva, su condición de posibilidad había sido el proyecto real en el que el gobierno se había embarcado. Pues, como se demostró enseguida, tanto las esperanzas —las visiones eufóricas de la prensa económica— como los miedos —de la inquieta imaginación de la izquierda— que la nueva presidencia había suscitado eran exagerados. Sarkozy no olvidó sus compromisos electorales, pero estos nunca fueron tan radicales como sus más fervientes admiradores suponían y como se derivaba de su propia retórica. El más conflictivo, el regalo a los ricos de recortes fiscales y la abolición del impuesto de sucesión, fue aprobado disimuladamente, aprovechando el fulgor inmediato de la victoria electoral. Desde ese momento, el gobierno tuvo la prudencia de evitar las confrontaciones más previsibles, y todas las medidas se introdujeron después de un proceso de negociación aparente —y a menudo real—. Después de sucesivas reuniones, el régimen de Sarkozy engatusó a los sindicatos, ya de por sí bastante débiles, para que aceptaran la limitación de las huelgas en los servicios públicos y la abolición de pensiones especiales en los ferrocarriles a cambio de un salario neto más elevado, así como para que renunciaran voluntariamente a la jornada semanal de treinta y cinco horas. A las universidades se les ha concedido autonomía, y se les ha autorizado a buscar fuentes de financiación privadas y a competir para atraer a los talentos, pero la selección de alumnos todavía no ha sido introducida y el incremento de los fondos públicos destinados a la educación superior no es más que una promesa. Se ha liberalizado el sector de venta al por menor, sin que ello haya supuesto una gran amenaza para los pequeños comerciantes. Las leyes de inmigración se han endurecido, pero, como en el resto de Europa, con efectos simbólicos.

Como receta para el fortalecimiento de la sociedad francesa, la dosis de neoliberalismo ha sido hasta ahora bastante modesta. Por encima de todo, no se ha sometido al Estado a una dieta demasiado severa. Después de prometer a los votantes que su poder adquisitivo aumentaría, Sarkozy no tenía autoridad para endurecer la disciplina fiscal. Un año después de llegar al poder, el crecimiento se ha ralentizado, la deuda ha aumentado y la inflación se ha duplicado. El fracaso de la iniciativa de subir los impuestos y recortar el gasto público ha sido, a juicio de los comentaristas anglosajones —por lo demás, partidarios de Sarkozy—, bastante perjudicial. Y lo peor es que Sarkozy no respeta los principios del libre mercado cuando no le conviene por razones políticas. El presidente no ha tenido escrúpulos a la hora de denunciar a las empresas que subcontratan a trabajadores, ha promovido la creación de «campeones nacionales» en la industria, ha actuado como intermediario en las fusiones dirigidas por el Estado en el sector de la energía y en el del armamento, desafiando los consejos de Bruselas, y ha atacado reiteradamente al Banco Central Europeo por impedir el crecimiento con la restricción del suministro de capital. De hecho, poco después de su investidura, llegó incluso a arremeter contra la pensée unique, para consternación de los editores de Le Monde, que pensaban que esta odiosa expresión ya estaba superada.

En resumidas cuentas, en la actualidad se puede decir que Sarkozy tiene una idea de lo que significa sanear un país, según la definición del liberalismo moderno, más cercana —no en estilo, pero sí en esencia— a la de Raffarin que a la de Thatcher, aunque como gobernante tiene mucho más poder que aquel, o incluso que esta. Las reformas de Sarkozy han sido relativamente coherentes, pero no radicales[213]. ¿Cuáles son los motivos de esta aparente paradoja? Uno de ellos es la personalización del poder que ha inaugurado la presidencia de Sarkozy. Por primera vez en la historia de la Quinta República, el poder ejecutivo se encuentra absolutamente concentrado en un gobernante omnipresente —Sarkozy no solo actúa como jefe de Estado, a cierta distancia de la administración cotidiana, tal como se contempla en la Constitución y como siempre han respetado sus predecesores, sino que dirige de manera visible cada detalle del gobierno—. La malhadada manipulación de los calendarios y los mandatos electorales de Jospin favoreció esta quiebra de la separación entre la autoridad y la responsabilidad partidista. Pero se requería la energía desbordante de Sarkozy para convertirla en una realidad cotidiana. Desde el principio, los riesgos de semejante activismo se pusieron de manifiesto: el Elíseo ya no será un lugar donde refugiarse cuando las cosas vayan mal.

A este cambio político se le ha añadido ahora un giro cultural. A principios del nuevo siglo, en Francia empezaron a derribarse las barreras tradicionales que existían entre la vida pública y la privada, con la expansión del periodismo sensacionalista estilo anglosajón. Sarkozy, encantado con esta nueva cultura de la celebridad, hizo un esfuerzo especial, antes y después de ganar las elecciones, para convertirse en la súperestrella del mundo Vanity Fair, proclamando un matrimonio glamuroso y luciendo hasta el último accesorio de moda ante fotógrafos y reporteros. Cuando, después de un romance anunciado a los cuatro vientos, su mujer le abandonó en medio de un pandemonio mediático, sin perder un momento se buscó una sucesora todavía más dudosa: modelo que posa desnuda, cantante mediocre, amante cursi. Esto era pasarse de la raya. Gran parte de los votantes conservadores de Sarkozy se sintieron ofendidos por semejante «pipolisation», y su nivel de popularidad cayó a en picado, del 70 por ciento al 37 por ciento, más rápido que cualquier otro dirigente desde finales de los años cincuenta. La velocidad de esta pérdida de popularidad tenía que enfriar a la fuerza el celo reformista del presidente.

Sin embargo, más allá de estos reveses circunstanciales, existen razones de naturaleza más estructural que explican por qué los amplios poderes de Sarkozy no han provocado una transformación comparable del panorama social. Aunque, comparado con el pasado gaullista, el declive francés es bastante real, desde el punto de vista económico era de orden distinto que el declive británico que se encontró Thatcher cuando llegó al poder —la productividad era mayor, la rentabilidad también, la moneda más estable, los servicios públicos mejores—. Desde el punto de vista de las elites, a males menores, remedios más suaves. Desde el punto de vista popular, las soluciones más drásticas corrían el riesgo de desencadenar reacciones explosivas. Aunque su magnitud fue más limitada que las huelgas de 1995, los disturbios que tuvieron lugar entre 2006 y 2007 no dejaban de ser un aviso. En ningún momento se barajó la posibilidad de aplicar un liberalismo manchesteriano puro y duro. En Francia, ningún régimen puede abandonar del todo un paternalismo fingido. El sello del régimen de Sarkozy ha sido un eclecticismo práctico e ideológico que vira rápidamente en la dirección que señale el mantenimiento de su proyecto de liberalización parcial. Allí donde, desde el punto de vista sociológico, no existe una masa crítica para la oposición, la aplicación del liberalismo puede llegar a ser muy radical, como en el caso del programa nacional de investigación científica. Pero cuando se da el riesgo de que la resistencia se contagie —caso de las manifestaciones de alcance nacional en protesta por la reducción de los ingresos domésticos—, se tiende al apaciguamiento. La crispación que han sufrido los últimos gobiernos está todavía muy reciente en la memoria. Observando los disturbios que tuvieron lugar en Grecia a finales de 2008, Sarkozy le confesaba a un diputado de su partido: «A los franceses les encanta verme pasear con Carla en un carruaje, pero no hay que olvidar que también han guillotinado a un rey. Este es un país de regicidios. Pueden poner el país patas arriba por culpa de una medida simbólica. Mira lo que ha pasado en Grecia»[214]. Deslumbrado por los fuegos de Atenas, la inminente reforma de los liceos fue rápidamente suspendida.

En la política exterior, sin embargo, estas restricciones domésticas no se mantienen. En la Cuarta República la política estuvo marcada por los profundos conflictos derivados de la política exterior de los gobiernos de la época, con el comienzo de la Guerra Fría, la multiplicación de las insurgencias coloniales y la puesta en marcha de la integración europea. Eran los tiempos de Indochina, las manifestaciones en contra de Ridgeway, la Comunidad Europea de Defensa, Argelia —cuestiones capaces de dividir a los votantes, de disolver parlamentos y de derrocar gobiernos—. Con la Quinta República, todo esto terminó. El éxito se debió a que De Gaulle consiguió que Francia se retirara del norte de África, que dominara la dirección de la Comunidad Europea y desafiara, si era necesario, la voluntad de los Estados Unidos. Estos logros mantenían unidos prácticamente a todos los franceses, fueran de derechas o de izquierdas. Sin embargo, resulta sorprendente lo poco que les ha costado a los sucesores de De Gaulle abandonar su legado, sin que ello haya tenido repercusiones electorales significativas ni reacción popular. Pompidou admitió rápidamente a Gran Bretaña en la Comunidad; Giscard presionó para que se instaurara la unión monetaria; Chirac apoyó la guerra de los Balcanes. En ningún momento se ha rechazado abiertamente el gaullismo, y cada vez que llegaba un nuevo presidente, este podía reivindicar algún elemento de continuidad con el primero: el mantenimiento del eje francoalemán, las relaciones relativamente cordiales con la Unión Soviética, la defensa de la candidatura de Rumanía, la oposición al ataque de Irak. La tendencia a distanciarse de la política exterior de tradición independiente, tal como la concebía De Gaulle, ha sido siempre gradual, dejando márgenes para la rectificación y la reinflexión local.

La ruptura de Sarkozy con la tradición diplomática que en tiempos defendieron Couve o Jobert ha sido más clara. Después de proclamar que profesa una admiración ilimitada a Estados Unidos, ha prometido la integración militar plena de Francia en la OTAN, bajo mando americano, y se ha alineado con Washington en todas las cuestiones políticas importantes de la Guerra contra el Terror. Francia ha sido la única nación europea que ha incrementado el contingente de tropas en Afganistán. Mientras que su predecesor aceptó la perspectiva de un aumento del potencial nuclear de Irán sin una preocupación excesiva, Sarkozy no ha vacilado en amenazar a esta nación con un ataque aéreo occidental si persiste en su actitud temeraria. A los pocos días de que Sarkozy se reuniera con Bush en Camp David, el ministro de Exteriores francés viajó apresuradamente hasta Bagdad para expresar sus mejores deseos para la tarea de liberación de Irak. En la obsequiosa visita de Sarkozy a Israel, cargada de alusiones a los derechos bíblicos, no se dijo una sola palabra sobre los palestinos, y la UE ha sido presionada por primera vez para que acepte formalmente a Tel Aviv como socio de privilegio en las consultas mutuas con Bruselas.

El nuevo atlantismo francés no solo expresa la sumisión pasiva a la voluntad de los Estados Unidos. En el seno de la Comunidad Europea, por el contrario, Sarkozy se ha mostrado activo en la búsqueda de un objetivo claro: reforzar su papel como aliado más poderoso y sólido de América. Naturalmente, esto no implica federalismo alguno. La meta es lograr que un grupo selecto, integrado por los principales Estados europeos —lo ideal sería que lo coordinara Francia—, ejerza una dirección intergubernamental más estricta de la UE. Con este fin, Sarkozy trabajó con Merkel para encontrar un modo de burlar el rechazo de la Constitución Europea por parte de los votantes franceses. El Tratado de Lisboa, que reproducía todos los rasgos clave de la Constitución, fue debidamente aprobado en el Parlamento sin los inconvenientes de un referendo popular. Aunque el Tratado se firmó durante la presidencia alemana, fue el gobierno francés quien lo impulsó, pues Francia había sido el único país importante en el que la Constitución había dado un traspié. Por eso, cuando los votantes irlandeses rechazaron el Tratado, el Aussenamt montó en cólera, pero fue Sarkozy quien lideró la campaña destinada a presionar a Dublín para que realizara una segunda votación antes de que el Nuevo Laborismo abandonara el poder, pues con un gobierno conservador en Londres el proyecto corría el riesgo de recibir el golpe de gracia definitivo.

Si prospera, que es lo más probable, seguramente la destreza desplegada en este juego de manos político de ingeniería institucional dejará una marca en Europa más duradera que los meros gestos teatrales de la presidencia francesa de la Unión en 2008 —la creación de la enésima organización panmediterránea; la mediación en el conflicto de Osetia del Sur, que habría tenido más o menos el mismo desenlace sin la intervención de la UE; el compromiso de rebajar los niveles de polución y coordinar de un modo más eficaz el trato a los inmigrantes—. Detrás de esta fachada, sin embargo, se oculta un propósito coherente: no se trata simplemente de guiar a los dispares estados de la Unión para que se habitúen a las aventuras en común, verbales o materiales según pinte la ocasión, sino de convencerles de que necesitan el liderazgo firme de los estados poderosos de Europa. Las tensiones potenciales de este concepto de Europa residen, obviamente, en las futuras relaciones con Berlín. Los reiterados ataques de Sarkozy al restrictivo régimen monetario del Banco Central Europeo han perdido intensidad, porque las circunstancias han obligado al BCE a suavizarlo, y se ha aplacado lo que de otro modo se habría convertido en un motivo de fricción entre los dos países. Pero, al cortejar a Gran Bretaña —el aliado militar natural de Francia— de manera tan persistente, Sarkozy no ha podido evitar debilitar el eje francoalemán del pasado. Todavía está por ver si la presión económica común de la recesión favorecerá la reconciliación de los tres países o si dejará al descubierto las líneas de falla que los separan. Pero, de momento, el complemento del brusco rumbo americano que ha tomado Sarkozy ha sido el enérgico papel de guía de una Europa concebida como segundo de a bordo en la escena global. En este caso, como en el de la política interior, las sensibilidades francesas que se han sentido heridas por una faceta de su gobierno han encontrado consuelo en otra, ya que el prestigio de la nación parece aumentar, junto con el de su líder, en la Unión.

II

La nueva administración, aunque solo dure cinco años en lugar de diez —algo más que probable, tal como están las cosas—, no puede sino reconfigurar el mundo intelectual francés, aunque todavía es muy pronto para predecir cómo lo hará. Lo más probable es que las conexiones entre poder y pensamiento, tradicionalmente más íntimas que en ningún otro país occidental, se queden como están[215]. De hecho, estas relaciones son el hilo conductor de las consideraciones más sustanciales del «futuro de los intelectuales franceses», el subtítulo de Les fils maudits de la République, de Gérard Noiriel, que no solo es una de las autoridades francesas más importantes en inmigración, sino un historiador social con un amplio horizonte. Desde la era del caso Dreyfus, argumenta Noiriel, los intelectuales franceses se pueden dividir en tres tipos, definidos por la relación entre el conocimiento y la política que cada uno de ellos representa. Los intelectuales «revolucionarios», desde Péguy a Nizan o Sartre, pretenden encarnar de nuevo la figura del philosophe de la Ilustración, y son pensadores «completos», que siguen combinando el papel del político, el erudito y el publicista mucho después de que la división moderna entre el trabajo intelectual y el trabajo social proscribiera esta fusión. Con la caída del marxismo y la ausencia de perspectivas de revolución después de Mayo del 68, este espécimen no universitario se extinguió por completo, dejando tan solo unos cuantos intelectuales «radicales» dispersos aquí y allá —filósofos, como sus predecesores, pero instalados cómodamente en el mundo académico—, con ambiciones mucho más modestas y un estatus marginal.

El intelectual «gubernamental», por el contrario, es por lo general un historiador que ocupa un puesto académico clave y mantiene relaciones íntimas con la burocracia. Esta es la línea que une a Seignobos con Furet, asesores del poder, conservadores o reformistas moderados con capacidad de persuasión. Estos intelectuales destacan en el tejido de las redes de influencia, e intentan —y con frecuencia lo consiguen— alcanzar una hegemonía general de corte conformista. El intelectual «específico», por su parte, se encuentra sobre todo en el campo de la sociología, y en esta categoría se puede incluir a Durkheim, a Simiand o a Bourdieu. Este intelectual sabe que la ciencia requiere especialización, y renuncia a la subversión política y al magisterio moral del Estado. Sin embargo, el compromiso con las tareas más serias de la investigación empírica y la precisión erudita no significa que se tenga que recluir en una torre de marfil. Los intelectuales específicos intentan, por el contrario, poner sus conocimientos al servicio de los ciudadanos, y comparten los frutos de su trabajo, con la sociedad en general, con espíritu democrático, como exigía Durkheim[216].

El núcleo del libro de Noiriel, publicado en 2005, lo forma una minuciosa disección del nexo antitotalitario agrupado en torno a Le Débat, el mejor ejemplo contemporáneo de historiadores moderados en acción hegemónica. De hecho, el análisis del intelectual gubernamental ocupa casi el doble de espacio que el de los otros dos, que flanquean la atracción principal. El retrato, extremadamente crítico, que presenta Noiriel de este tipo de intelectual termina con la caída en el descrédito en 1995. Dado que el intelectual revolucionario es en la actualidad una figura del pasado, el intelectual específico, a juicio de Noiriel, es el único digno de elogio. Esta taxonomía, con sus distintos ejemplos locales de interés, se desarrolla con claridad y dignidad. Pero es un corsé demasiado estrecho para una realidad excesivamente caótica. El intelectual contrarrevolucionario, una figura excepcional en el pasado, ha desaparecido del mapa; ni siquiera sus epígonos actuales, rara vez vinculados a la universidad, pero con una influencia en la esfera pública nada despreciable, tienen cabida en el esquema de Noiriel. Y el tipo del intelectual gubernamental tampoco describe con precisión la postura de todos los que caen bajo esta categoría; aunque resulta pertinente para Lavisse o Seignobos, no lo es tanto para Furet, que se comportó de forma más despectiva que respetuosa con los sucesivos dirigentes del país, y cuya capacidad hegemónica dependía tanto de su posición marginal, o de superioridad, como del lugar que ocupaba en los concilios de la época.

El punto más débil del inventario de Noiriel es, sin embargo, que cae en la idealización de la figura que recomienda. Fue Foucault, como señala el autor, el que inventó la expresión «intelectual específico», un modelo que presentaba como una saludable alternativa al papel que Sartre había desempeñado en el pasado, con quien Foucault quería saldar cuentas. Pero no se puede imaginar nada más alejado del estudio empírico riguroso que la perspectiva nietzscheana de Las palabras y las cosas o la exagerada defensa de los Nouveaux Philosophes, por no hablar de su panúrgica metafísica del poder. De hecho, Noiriel siente una aversión especial por la propia carrera de Foucault, en la cresta de la ola de la publicidad impulsada por los medios de comunicación —el universo emergente de las modas y las corrupciones periodísticas que tanto poder adquirió a lo largo de los años setenta—, y por eso insiste en afirmar que es la antítesis de la investigación científica[217]. Si el propio inventor del término encarnaba tan a menudo su antítesis como publicista genérico, hay bastantes motivos para dudar de su validez.

Bourdieu tampoco se adapta a la definición de intelectual específico, pues aunque tenía un temperamento opuesto al de Foucault —rehuía la luz de los focos, en lugar de perseguirla—, también criticaba las pretensiones de los intelectuales filosóficos o literarios, en su caso en nombre del rigor moderno de las ciencias sociales. Noiriel reconoce que en sus últimos años acabó ocupando una posición en la vida francesa bastante similar a la de Sartre. Durkheim, el santo patrón de esta línea, no es mucho mejor como emblema del intelectual específico, pues explicaba abiertamente que su «ciencia de la moralidad» —a diferencia de las «teorías subversivas o revolucionarias», que no eran científicas— enseñaba un «punto de vista sabio y conservador»: una teoría dedicada desde el principio a combatir el marxismo, que al final culminó en el más banal de los chovinismos[218]. En términos más generales, identificar a los intelectuales específicos con las ciencias sociales, y no con la filosofía y la historia, es una innecesaria apologia pro domo sua que ellos contradicen. Al final, parece que Noiriel se da cuenta de que esta categoría carece de fundamento, pues en las últimas páginas de Les fils maudits de la République cambia repentinamente de tono, y afirma que todos los intelectuales, sea cual sea su estilo, son en esencia progresistas, y hace un llamamiento a que se unan contra la discriminación en todo el mundo. En cierta ocasión, Bourdieu también habló, con una capacidad de convicción similar, emulando a Benda, de un «corporativismo de lo universal» intelectual. No se puede deducir una ética unanimista a partir de un análisis de la división[219].

Otro modo de ver el inventario de Noiriel es considerar hasta qué punto podemos encontrar ejemplos elocuentes de esta clasificación en la escena actual. En este caso parece obvio comenzar por el tipo gubernamental cuyo perfil, en el periodo que se extiende entre mediados de los setenta y mediados de los noventa, describe de una manera tan gráfica. Pues si bien se puede considerar que la marea alta del liberalismo tardío de la Guerra Fría ya había retrocedido a finales de siglo, lo cierto es que todavía se pueden encontrar secuelas y mutaciones que ocupan una parte importante del panorama. Sean cuales sean los golpes que ha recibido con el cambio de coyuntura, un paradigma tan poderoso y generalizado como la visión que articuló Furet no puede desaparecer de la noche a la mañana. La trayectoria más significativa en este sentido ha sido la del pensador que se puede considerar su principal heredero, Pierre Rosanvallon. Rosanvallon comenzó su carrera trabajando para la federación de sindicatos católicos, la CFDT, redactando para su líder, Edmond Maire, los discursos en los que se articulaba su ideología de la autogestión y de la «Segunda izquierda», y a principios de los ochenta ya era una estrella naciente en la constelación de Furet, al convertirse en secretario de la Fondation Saint-Simon. Su primera obra como historiador se puede encuadrar dentro del movimiento de recuperación del liberalismo posrevolucionario que tanto éxito tuvo en esa época. En Le moment Guizot (1985) la intención de Rosanvallon era rehabilitar la reputación intelectual, e incluso política, del estadista más destacado de la Monarquía de Julio, como estímulo fundamental para reflexionar sobre la democracia actual. Tres años después escribió, en colaboración con Furet y Jacques Julliard, el triunfal balance general de La République du centre, que celebraba el fin de la excepción francesa, si bien —esta fue la aportación de Rosanvallon— no estaba completamente de acuerdo con el sistema político, que necesitaba una conexión más creativa con la sociedad en general[220]. Todavía era difícil distinguir a Rosanvallon del resto de jóvenes lumbreras de la galaxia.

Sin embargo, en los noventa, se embarcó en un proyecto a gran escala destinado a desenterrar los orígenes y las tensiones del sufragio universal, en un primer momento (Le sacre du citoyen, 1992), después de la representación democrática (Le peuple introuvable, 1998) y, por último, de la soberanía popular (La démocratie inachevée, 2000) desde la Revolución. Con ayuda de este amplio marco, modificó el legado de Furet en dos sentidos. Las tradiciones profundamente arraigadas que había legado el voluntarismo jacobino de la Primera República no habían sido el único azote de la historia de la Francia moderna, sino también las heredadas del racionalismo elitista de la Restauración y de la Monarquía de Julio. Como consecuencia de ello, Francia había quedado condenada a la alternancia entre la democracia no liberal y el liberalismo no democrático. Este punto muerto no fue superado con el advenimiento de la verticalista Tercera República, como creía Furet, sino gracias al desarrollo desde abajo de una serie de instituciones surgidas de un nuevo pluralismo social —sindicatos, asociaciones profesionales, partidos políticos—, junto con un pensamiento jurídico y social de nuevo cuño. El acontecimiento que había conducido a Francia hasta la terra firma de la genuina democracia liberal había sido la revolución silenciosa de la década de 1890, amplificada y estabilizada por la de 1920[221].

Por supuesto que todavía acechaban algunos peligros —las tentaciones generales del totalitarismo o el corporativismo en el siglo XX, por no hablar de la desgracia de un persistente monismo revolucionario—. Ni siquiera en la situación actual las cosas iban bien del todo. En la época en que Rosanvallon escribió el segundo volumen de su proyecto, el gobierno de Juppé había sido derrotado en las calles después de una batalla en la que había intentado defender una serie de reformas neoliberales —una derrota que describiría cinco años después, en un amargo artículo retrospectivo para Le Débat, como el triunfo de la huera oposición a la modernidad, el moderno opio del pueblo[222]—. De ahí que su trilogía no pudiera terminar con el mismo tono de La République du centre. Lejos de haber alcanzado por fin una estabilidad política madura —aunque todavía imperfecta—, en los ochenta, explicaba Rosanvallon, la «democracia equilibrada» había comenzado a desmoronarse, y había dado lugar a un desorden hasta entonces desconocido, que, lejos de consolar por la caída del comunismo, era incluso en parte atribuible a este acontecimiento, en la medida en que el enérgico contraste que existía entre los sistemas democráticos y los totalitarios se había atenuado. Para muchos la voluntad popular parecía cada vez más evanescente, y cada vez influía menos en el gobierno. Sin embargo, no había que renunciar a la idea de un pueblo soberano. Había que redefinirla de un modo más realista, despojarla de la metafísica que desde hacía tanto tiempo la acompañaba, para que los franceses pudieran adentrarse en «la era ordinaria de la política»[223].

Con este grandilocuente proyecto, Rosanvallon ingresó en el Collège de France. En esta institución intentó emular las tácticas de Furet y creó una amplia red de influencias que afectara al mismo tiempo a la clase intelectual y a la política. Desde el punto de vista organizativo, sus años de experiencia en la trastienda de la burocracia sindical y su posterior experiencia como senescal de la Fondation Saint-Simon le fueron de gran ayuda. Gracias a las estrechas relaciones que había establecido con algunas empresas importantes desde su cargo en la Fondation, obtuvo en muy poco tiempo la financiación necesaria para fundar un nuevo «taller intelectual» que la sucediera, la República de las Ideas, y llegó a un acuerdo con un importante editor para que publicara una serie de libros con el mismo título, seguida, a su debido tiempo, de una página web para la divulgación de nociones afines. Nada más comenzar la serie, se lanzó una señal de aviso que indicaba que el director del proyecto se desligaba de sus socios de los tiempos recientes. Pisando los talones a otras aportaciones más previsibles —el antecedente inmediato había sido Kaboul-Sarajevo, de Michael Ignatieff—, apareció la filípica de Daniel Lindenberg contra los recelos hacia el multiculturalismo de la nueva camada de reaccionarios que tan a menudo expresaban sus ideas en las páginas de Le Débat. A raíz de la publicación de este artículo, Rosanvallon, que llevaba tanto tiempo tocando el segundo violín en la orquesta del liberalismo que se estaba empezando a impacientar, anunció que en lo sucesivo compondría la música para ese conjunto.

Su siguiente proyecto fue otro tríptico, de la misma envergadura que el primero, dedicado al estudio de las transformaciones de la soberanía popular en el nuevo siglo, pero concebido con un espíritu decididamente más constructivo. No se podía negar que Rawls y Habermas, explicaba Rosanvallon, habían contribuido enormemente a renovar el pensamiento político. Sin embargo, sus aproximaciones a esta disciplina eran demasiado normativas e ignoraban la complejidad de la experiencia democrática actual tal como había evolucionado a lo largo del tiempo, un proceso que no había sido ni mucho menos lineal. Lo que se necesitaba ahora era más bien una historia filosófica de la política, cercana en inspiración a la de Foucault, pero centrada en los problemas de la democracia, no en el poder[224]. Uno de estos problemas era el desajuste que existía entre la legitimidad procedimental, que concedían las elecciones, y la confianza política fundamental, que cada vez se les negaba más a los gobiernos aunque hubieran alcanzado el poder a través de una votación legítima. La tensión entre estos dos fenómenos, sin embargo, no era un fenómeno reciente, sino que tenía una larga historia, y había dado lugar a un conjunto de formas institucionales destinadas a contrarrestar al gobierno electoral. En el primer volumen de su nueva trilogía, La contre-démocratie (2006), Rosanvallon ofrecía un inventario de «sistemas de desconfianza organizada», que complementaban, en lugar de anular, el veredicto de las urnas: mecanismos de supervisión (personas dedicadas a descubrir escándalos, internet), de veto (desde éforos a las huelgas) y de juicio (la extinción de los derechos civiles de los individuos y los jurados). En el segundo, La légitimité démocratique (2008), se centra en el modo en que la legitimidad en sí ya no se concede a través de la mayoría obtenida en las urnas, y explica que ha experimentado una «revolución» gracias al desarrollo de instituciones basadas en otros principios: la imparcialidad (ONG, bancos centrales), la reflexividad (los tribunales constitucionales, las ciencias sociales), la proximidad (bains de foule, televisión). En el tercer volumen, todavía inédito, presentará una reinvención más compleja de la nación como forma de comunidad política, en esta misma línea.

La democracia contemporánea propiamente dicha es, por tanto, un tema muy complejo, que no se puede explicar con los estrechos modelos propuestos por Schumpeter o Popper, que la definían como la elección entre distintas elites rivales que compiten por un cargo. No debe concebirse conforme al espíritu del minimalismo, sino según un realismo optimista. Como es natural, no es un sistema perfecto, y es vulnerable a una perversión en particular: la patología del populismo, en la que ciertas formas de «contrademocracia» amenazan con engullir a la propia democracia[225]. Pero aunque es necesario mantenerse alerta para controlar este peligro, el balance general de la historia reciente es mucho menos negativo de lo que se deduce de las expresiones convencionales de desencanto en relación con la evolución del gobierno representativo. El auténtico «fenómeno sorprendente» de la época no es el declive de la participación política, ni el incremento de la inestabilidad de los mercados desregulados, sino el desarrollo de una sociedad civil autónoma, que ha ampliado la «democracia indirecta» alrededor de los sistemas electorales y por encima de ellos[226]. Hay que reconocer que este triunfo ha venido acompañado de una pérdida de popularidad de la esfera política entendida en un sentido más restringido. Pero aquí es donde deben entrar en juego las ciencias sociales, para contribuir a repolitizar la democracia dotándola de una explicación más sofisticada de su propio destino. Al hacerlo, se creará una «historia filosófica de la política» que combinará conocimiento y acción en un mismo proyecto. Aron y Sartre habían encarnado, con su grandeza intelectual respectiva, las dos tentaciones contrarias de su generación: la razón glacial y el compromiso ciego, dos posturas igual de inútiles. «Quien escribe estas líneas», concluye Rosanvallon, «ha intentado escapar de ese punto muerto formulando una teoría de la democracia que no se encuentre divorciada de la acción, y que pueda, por tanto, aplicarse a la realidad»[227].

Este gesto simultáneo de sucesión y superación revela el lugar que Rosanvallon aspira a ocupar en la cultura de la nación; más allá de ese puesto, las citas a Rawls y a Habermas le confieren el estatus internacional adecuado. De estos dos gestos, el segundo se basa en un proyecto al menos comparable en intención al de Rawls y al de Habermas. No cabe duda de que la teoría de la democracia pasada y presente que ofrece Rosanvallon es mucho más rica desde el punto de vista empírico que la de la posición original o la de la razón comunicativa. Pero las ventajas son más limitadas de lo que podría parecer, y tienen un coste. Pues, conforme a sus ideas, en la historia filosófica de la política hay más filosofía que historia. La forma característica de las versiones foucaultianas del pasado, como observó en cierta ocasión Vincent Descombes, es el «érase una vez»[228]; son parábolas para aprender del presente, no verdaderos estudios de la res gestae, y reúnen pruebas para ilustrar filosofemas concebidos de forma independiente. Las trilogías de Rosanvallon poseen la misma naturaleza. Demuestran una diligencia y una erudición impresionantes, pero rara vez arrojan una verdadera narrativa; en lugar de ello, despliegan un catálogo ecléctico de frases y datos al servicio de un propósito intelectual propio.

De forma más evidente que en las teorías de Rawls o Habermas, este propósito es apologético. En lugar de esbozar un orden normativo en principio inscrito en las instituciones y en las teorías actuales de la sociedad occidental, un orden que en la práctica tanto Rawls como Habermas, por desgracia, suelen distorsionar, Rosanvallon avanza en la dirección contraria e intenta demostrar que es un error suponer que la democracia actual no está a la altura de los valores de la soberanía popular, pues los cumple de un modo más rico y sutil de lo que se suele imaginar. La función del razonamiento es la compensación ideológica. En lugar de lamentar la decadencia de los sistemas electorales como vehículos de la voluntad democrática, deberíamos celebrar la emergencia de formas no electorales de representación y del bien común. La desconcertante brigada de sucedáneos que Rosanvallon enumera a veces raya lo cómico: no solo los tribunales constitucionales, las manifestaciones callejeras o las comisiones auditoras, sino los bancos centrales, las agencias de calificación de riesgos y las «conversaciones políticas» de las que, según se nos asegura solemnemente, se producen al día quince millones en Gran Bretaña[229]. Todos estos mecanismos son gajes de la salud democrática, aunque deberíamos preguntarnos si, después de sus recientes actuaciones, Moody’s o la SEC se incluirán en la siguiente edición. Pero el objetivo de este ejercicio está claro: en palabras de Rosanvallon, «cierta desacralización de la vida electoral» y la «multiplicación de autoridades funcionales» son esenciales para esa compleja soberanía en la que, por primera vez, «la democracia puede ser total y absolutamente liberal»[230].

El núcleo de esta versión ampliada de la teoría de «la importancia de no ser elegido» es, por supuesto, una variante de los modelos anglosajones del Estado regulador desarrollada con ejemplar claridad por Giandomenico Majone. Pero mientras que Majone y otros han centrado su atención en la Unión Europea como ejemplo más puro de sistema político regulador sin innecesarias pretensiones electorales, Rosanvallon —que de momento no ha hecho referencia alguna a la obra de estos teóricos— ha trasladado esta misma construcción al Estado-nación, que para todos estos teóricos es todavía el dominio de la democracia mayoritaria tradicional, basada en el veredicto de las urnas. Este cambio, sin embargo, da cuenta del envoltorio deliberativo, por momentos demostrativo, que envuelve el núcleo regulado del modelo de Rosanvallon. Para los liberales que comparten las ideas de Majone, el mercado —competentemente supervisado por agencias neutrales— es en última instancia la sede de los juicios imparciales que los votantes no pueden confiar en emitir. Pero Rosanvallon no es un defensor del liberalismo económico en el sentido estricto de la expresión, sino que es más partidario del liberalismo social. De modo que las formas de veto populares —las manifestaciones, las huelgas y las protestas— encuentran su lugar en el repertorio de la soberanía compleja, que de lo contrario parecería demasiado fría y tecnocrática. Pero que estas formas desempeñan en el mejor de los casos un papel subsidiario lo demuestran los riesgos que se les atribuyen. En la contrademocracia que surge desde abajo se encuentra implícito el peligro perpetuo del populismo: nunca se ha detectado ningún riesgo comparable en la autoridad que regula desde arriba. Aquel es el principio de una nueva voluntad general; este, el supplément d’âme de la enajenación de la antigua.

¿Se puede repetir el logro de Furet? Rosanvallon no es un sucesor despreciable. Como su mentor, presenta una visión del pasado nacional tremendamente didáctica, que completa con algunas penetrantes conclusiones acerca del presente; combina posiciones de poder en el mundo académico, la prominencia en los medios de comunicación y el mecenazgo editorial; mantiene una relación estrecha con el mundo de los negocios y el de la política; ha reunido a su alrededor a una leva de jóvenes colegas y discípulos, un grupo al que ahora hay que añadir los que pueda captar a través de internet. Todavía tiene pendiente la ascensión a América, aunque no cabe duda de que ese será el paso siguiente. En este sentido, la asiduidad con que cita en las notas a pie de página de sus últimas obras hasta el último resquicio de la ciencia social americana se puede interpretar como una captatio benevolentiae ampliada. Pero aunque en todos estos aspectos el perfil público de ambos historiadores como organizadores y pensadores es muy similar, el impacto que ha ejercido Rosanvallon hasta el momento es mucho más limitado. Esto se debe, en parte, a las diferencias de estilo y de personalidad que existen entre los dos. Furet poseía un carisma esquivo que su imperturbable sucesor ni siquiera alcanza a imitar. Su forma de escribir tenía un brío y una mordacidad ausente en la prosa bien formada, algo sacerdotal —un contraste atribuible en parte a su experiencia—, pues formarse en el PCF ofrece una tranchant más considerable que la educación en la CFDT.

Pero este descenso de influencia debe atribuirse sobre todo a la coyuntura actual y a la relación de los proyectos de ambos pensadores con su época. Furet desarrolló su obra en el momento culminante de la restauración de finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando el neoliberalismo arrasaba con todo, y podía dedicar su talento como polemista a demoler los mitos de la Revolución, jacobina o bolchevique. Rosanvallon se ha encontrado con una situación mucho menos favorable. Se podría decir que el liberalismo que representan los dos atraviesa un mal momento en Francia, pero es que, además, en estos tiempos tan duros a Rosanvallon le ha tocado desempeñar una tarea mucho más delicada: en lugar de criticar lo antiguo, tiene que embellecer lo nuevo, ofreciendo una interpretación constructiva de los cambios que han sobrevenido, un trabajo en progreso que debe generar un futuro liberal todavía más «completo y acabado». El resultado es un incómodo coeficiente inhibidor de eufemismos que confiere a su obra un aire general de insipidez que limita su atractivo. La dimensión social de este liberalismo —el espacio a la izquierda de los compromisos republicanos de Le Débat que reivindica Rosanvallon— no compensa esta desventaja[231]. Como mucho, le ha dejado expuesto a las desgracias del socialismo francés en general, lo que le reduce a la categoría de un Giddens local, y le aleja de los altivos modelos internacionales a los que aspira. El resultado de sus sucesivas inmersiones en las aguas de la política ha sido una sucesión de déboires: la humillación con Juppé en 1995, la debacle de la Constitución Europea en 2006 —esta victoria del populismo le sacó de sus casillas— y los desaires de Royal en 2007. La République des Idées sigue en activo, aunque uno de los miembros más destacados de su red ha desertado y se ha unido a Sarkozy, mientras Rosanvallon sigue a la espera de que un futuro príncipe le nombre consejero en caso de que el PS se recupere. Pero, al menos por el momento, lo que sorprende es el desajuste que existe entre la intención y el efecto.

III

¿Qué decir del propio socialismo francés? La peculiaridad del PS en relación con el resto de partidos socialistas de la Europa occidental reside desde hace mucho tiempo en una doble determinación externa que lo diferencia incluso de sus equivalentes mediterráneos más cercanos. Al igual que la formación socialista española, portuguesa e italiana de los años ochenta, sus líderes proceden de las filas de la tecnocracia y la administración estatal más sofisticada; sus cuadros y el núcleo de su electorado lo forman empleados del sector público; su financiación proviene de empresas afines; y los medios de comunicación que les apoyan son periódicos y revistas bon ton; carece de base sindical y su origen proletario es prácticamente nulo[232]. Como el resto de estos partidos, es una versión reciente que ha producido una forma política con escasa continuidad con el pasado. Pero su génesis ha sido diferente, ya que no se trata de la transformación de una organización existente, sino de la creación de una nueva a partir de una fusión de varias organizaciones antiguas —una empresa muy difícil—, que requería la participación de un federador externo. Sin Mitterrand, el arquitecto del PS, el partido no se habría creado ni habría llegado al poder, por supuesto. Pero Mitterrand no pertenecía a ninguna tradición socialista. Una vez alcanzada la presidencia de la República, controlaba el Partido desde la distancia, enfrentando a sus distintos componentes entre sí, pero nunca llegó a identificarse plenamente con él. Como consecuencia, después de su partida el socialismo francés mantuvo una estructura de facciones que en la actualidad se encuentra profundamente arraigada, pero sin maestro de obras. El contraste con las organizaciones disciplinarias de González, Craxi o Soares es muy marcado. El PS siempre ha sido una estructura mucho menos unitaria.

La segunda diferencia se encuentra en el campo ideológico que rodea al Partido. Aunque en un principio Marchais le superaba en afiliados y en votantes, Mitterrand, como es sabido, venció tácticamente al PCF y lo dejó reducido en un principio a la impotencia y finalmente a una situación cercana a la extinción. Pero para hacerlo tuvo que evitar acercarse de forma demasiado descarada al universo del discurso político más capitalista. Pues aunque el comunismo francés estaba retrocediendo visiblemente, hacia el final de su primer mandato todavía tenía peso en el campo de fuerzas de la memoria y la ideología nacionales. Incluso después de 1989, como enseguida demostrarían los acontecimientos, las insurgencias populares inspiradas en la tradición revolucionaria del país no se podían descartar del todo. De modo que, por muy neoliberales que fueran las medidas que adoptó su régimen, Mitterrand tuvo mucho cuidado de no cruzar la línea del decoro político que exigía al PS ser algo más —o algo diferente— que una mera versión local de la socialdemocracia. Sus sucesores, que siempre han poseído menos autoridad en el Partido y más pruebas de que contaban con la confianza del electorado radical, no se han decidido desde entonces a salir del armario ideológico, aunque se han ido desplazando cada vez más hacia la derecha.

Como consecuencia de ello, se ha acentuado la acritud de las rivalidades personales sin diferencias políticas, en una estructura paralizada por la incapacidad de salvar el abismo que existe entre las pretensiones y las prácticas. Esta situación de estancamiento ha generado un pozo de corrupción cada vez más profundo, cuando distintas figuras del partido —Dumas, Strauss-Kahn, Dray, Kouchner, y otros casos que todavía no se han destapado— han sido sorprendidas con las manos en la masa, aunque, como es natural, han logrado escapar a la ley. Por fin, con el ascenso al poder de Sarkozy, han llegado las deserciones y con ellas la desmoralización. En la actualidad, desgarrado entre dos líderes mediocres y deslustrados, Aubry y Royal, con otros depredadores esperando entre bastidores, el PS carece de principios estables y ha perdido su identidad[233]. Después de años de mirar con melancolía al blairismo británico, los socialistas han perdido un tren que en su propio país de origen ha terminado en el desguace. Como los antiguos comunistas italianos, muchos de los líderes del PS están esperando ahora a pasarse la inhóspita parada de la socialdemocracia, rechazada desde hace mucho tiempo, para apearse directamente en la del liberalismo social. El público no parece demasiado impresionado. Está claro que el partido vaga a la deriva, y que depende de su estatus heredado de alternativa por defecto al gobierno de centro-derecha; cuando este falle, sans plus.

Pero dada la posibilidad de que esto no sea suficiente, aun en el caso de que Sarkozy pierda bruscamente el apoyo del electorado, cada vez parece más real. A la izquierda del PS, a las fuerzas que lideraron la oposición popular que venció a la Constitución Europea en 2005 no les ha ido demasiado bien después. Lejos de capitalizar este espectacular triunfo, se dispersaron y perdieron ímpetu, incapaces de ponerse de acuerdo para crear un programa de acción o unas listas electorales comunes. ATTAC, un movimiento crucial en la organización de la batalla contra el borrador de la UE, se dividió en facciones antagónicas poco después, y entró en declive. Le Monde diplomatique, debilitado por el fracaso de la larga huelga de profesores de 2003, que desmoralizó a un sector de sus lectores tradicionales, y por las tensiones que ha generado la perenne manzana de la discordia republicana, el problema del velo, ha perdido una tercera parte de su tirada. En abril de 2007, la suma total de los votos de todos los candidatos de izquierdas bajó un 40 por ciento respecto a 2002, mientras que la participación general se incrementó en un 10 por ciento. La prensa apenas podía contener su satisfacción. Desde las páginas de Le Monde, Colombani felicitó a sus conciudadanos por acudir en tropel a las urnas y por tener la sensatez de repartir sus votos entre los candidatos principales, cada uno admirables, a su manera, en un despliegue ejemplar de responsabilidad cívica.

El idilio no duró mucho. Un mes después, los periodistas de Le Monde, que perdía cada vez más dinero, despidieron a Colombani sin demasiadas ceremonias, y a continuación le llegó el turno a Minc, expulsado todavía con menos dignidad —Sarkozy los reclutó inmediatamente como asesores—. A Plenel le habían echado por la borda bastante antes. Este caos, un reflejo de la crisis económica en la prensa dominante, no indicaba un abandono del conformismo general del periódico, sino la desorientación que con el advenimiento de Sarkozy se había apoderado de un diario que en otros tiempos había sido el enérgico órgano del centro-izquierda. El estado de ánimo del pueblo tampoco parecía demasiado estable. El descenso del nivel de popularidad del propio Sarkozy, bastante abrupto, era un fenómeno habitual en el Elíseo desde los años noventa. La novedad no residía únicamente en la ausencia de un incremento correspondiente en la popularidad del PS, sino en el resurgir de un ave fénix revolucionario, situado todavía más a la izquierda. De todos los candidatos trotskistas que se presentaron a las elecciones de 2007, solo uno había logrado conservar los votos obtenidos en las elecciones anteriores, el joven cartero Olivier Besancenot, representante de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Pero solo representaban un 4 por ciento del total, tres veces más que el PCF, pero un resultado todavía insignificante y en absoluto preocupante.

En el otoño de 2008, sin embargo, la indignación con el PS era tan generalizada que Besancenot, un rostro fresco y atractivo para los medios de comunicación, superó repentinamente a todos los posibles líderes socialistas en las encuestas, y se convirtió en la principal alternativa a Sarkozy para la opinión pública. Aprovechando el impulso de esta popularidad —personal y, por supuesto, todavía por confirmar—, la Liga decidió disolverse y crear un Nuevo Partido Anticapitalista, más amplio y menos sectario. Todavía está por ver la suerte que correrá esta formación. Solo han pasado dos años desde que Sarkozy llegara a la presidencia, y el entorno social e intelectual todavía no parece demasiado adverso al gobierno. Francia es el único país europeo importante donde los estudiantes de enseñanza media y los universitarios se han movilizado en masa, año tras año, contra los sucesivos gobiernos, creando una subcultura del impulso libertario y solidario que lo más probable es que marque a toda una generación. Es entre estos jóvenes donde las ideas del sector más radical de la intelectualidad, una vez más procedentes de la filosofía, han ido ganando terreno, como atestigua el prestigio de Alain Badiou o de Jacques Rancière. Puede que el nuevo partido se acabe convirtiendo en una formación marginal o efímera. Fiarlo todo a una estrella fugaz es un riesgo evidente. Y tampoco hay que despreciar el obstáculo que representa el sistema electoral de la Quinta República, que, al abolir la representación proporcional, fue diseñado desde el principio para paralizar al PCF, y sigue arrinconando a cualquier formación que represente una amenaza potencial para el sistema, pues favorece la adhesión a cualquier alternativa nominal de centro-derecha que supere la primera vuelta —como se demostró, de hecho, en 2002, cuando Besancenot pidió a los votantes que apoyaran al centro-derecha de Chirac como último recurso, um schlechteres zu vermeiden—. Dado que el Nuevo Partido Anticapitalista ha declarado que rechaza por principio cualquier alianza con el PS, como la que supuso el fin del PCF, solo podrá librarse de la lógica del mal menor si vence a los socialistas en la primera vuelta.

En teoría, esto no es del todo imposible. En febrero de 2009, los franceses pensaban que Besancenot era el mejor rival de Sarkozy, muy por delante del resto de candidatos potenciales, por encima de Aubry y Royal juntos. Los niveles de popularidad vienen y van. Lo que parece claro es que el voltaje dual de la arraigada cultura política francesa, con sus cambios repentinos del conformismo a la insurgencia y vuelta, todavía puede dar sorpresas. Lo que no está tan claro es cuál de estos dos polos se impondrá si se agudiza la crisis económica, o si esta crisis acabará por fin con esta alternancia, como le gustaría a la gente bienpensante.

V. Alemania

(I - 1998)

En una ideal noche de otoño, Helmut Kohl cerró su campaña electoral en la plaza de la catedral de Mainz, la capital de Renania-Palatinado, donde había comenzado su carrera. Mientras caía la noche, las torres de la enorme iglesia de arenisca proyectaban su luz de color rojo violáceo sobre la plaza del mercado, iluminada y abarrotada de partidarios y curiosos. El «canciller de la unidad» se abrió paso hasta el frente de este pintoresco escenario y pronunció un discurso lleno de seguridad a esa muchedumbre de leales demócratas cristianos, ignorando los abucheos de los grupos de jóvenes izquierdistas agrupados en los extremos de la plaza. No había demasiadas medidas de seguridad. En la pantalla situada a espaldas del podio la enorme cara con forma de pera del estadista, con su quijada afable y pesada, y su mirada de lince salvaje, se proyectaba hacia la oscuridad. La gente de los cafés cercanos contemplaba la escena con la discreta curiosidad del que asiste a una posible despedida.

Cuarenta y ocho horas después, el helicóptero de Kohl aterrizó en los jardines de su residencia de Bonn, una imagen muy familiar, pues el aparato llegaba a menudo cruzando el Rin, sobrevolando las cabezas de los paseantes y los ciclistas que recorrían el curso del río —era imposible imaginar una tarde de domingo más apacible—. Aunque los colegios electorales todavía estaban abiertos, seguramente Kohl ya sabía que había perdido las elecciones. Una hora después, los primeros pronósticos en la televisión —en Alemania, con un sistema de representación proporcional casi perfecto, suelen ser muy fiables— fueron recibidos con alivio y alegría en la sede de los socialdemócratas. Pero sería difícil hablar de euforia. Los obreros afiliados al partido todavía albergaban un sentimiento proletario que había desaparecido en gran medida en Gran Bretaña —la victoria no solo se celebró con cerveza y salchichas, sino también con cestos rebosantes de paquetes de cigarrillos; era de esperar cierta impasibilidad—. Pero esta extraña atmósfera apagada era el reflejo de la reacción nacional general. No se desató un júbilo comparable al que acompañó a la llegada de Blair a Downing Street, por muy forzado que fuera.

Uno de los motivos de esta falta de entusiasmo había sido la propia campaña electoral. Evitando los desafíos bruscos y los compromisos radicales, Gerhard Schröder tan solo había prometido una serie de reformas mínimas, bajo el eslogan, «No queremos cambiarlo todo, solo mejorar muchas cosas». En realidad, el programa del SPD implicaba una revocación de las medidas tributarias de Kohl mucho más radical que la rectificación de la política económica de Major que quería llevar a cabo el Nuevo Laborismo. Pero el tono general del mensaje que quería comunicar a sus votantes —con un respeto ceremonioso por la estatura de Kohl como estadista europeo— era bastante menos combativo que el de la campaña que había organizado Millbank en 1996. En la mente de los dirigentes del partido siempre estuvo presente la posibilidad de una Gran Coalición con la CDU, una perspectiva que marcaba los límites de cualquier retórica capaz de causar divisiones. A la espera de ese resultado —un desenlace deseado, según muchas encuestas—, se había decidido no agitar a los votantes.

Pero en la perceptible discreción de las reacciones a este resultado electoral también se podía percibir un estado de ánimo más generalizado. Yo llevaba un año viviendo en este país y me sorprendía la resistencia de muchos alemanes a tomar conciencia de la magnitud de los cambios que se avecinaban en su país. Desde el punto de vista político, todas las encuestas de opinión habían dejado claro desde hacía mucho tiempo que, independientemente del resultado de las elecciones, el próximo canciller sería socialdemócrata —un cambio de gobierno que tendría lugar después de un periodo de dominio conservador mucho más prolongado que en cualquier otra sociedad de la Europa occidental—. Desde el punto de vista geográfico, Berlín estaba a punto de recuperar la capitalidad del país —un acontecimiento mucho más importante, sin parangón en el pasado reciente de cualquier otro país europeo—. Desde el punto de vista económico, estaba proyectado que la divisa nacional desapareciera con la llegada de la unión monetaria europea: una transformación muy especial en Alemania, donde el marco alemán siempre había sido un sucedáneo de otras formas más tradicionales de identidad nacional. La repentina interacción de tres reformas tan esenciales era una empresa formidable para cualquier sociedad. Sin embargo, el estado de ánimo predominante se podía describir como un estado de negación de la realidad.

En este contexto, el desajuste entre la recepción y el resultado de las elecciones de septiembre resulta más fácil de entender. Pero, si se analiza de forma objetiva, resulta bastante asombroso. Recordando el entusiasmo popular que había suscitado la victoria de Willy Brandt en 1972, un resultado que permitió mantenerse en el poder al SPD durante diez años consecutivos, muchos observadores señalaban, sorprendidos, la ausencia de una emoción similar en la atmósfera. Lo paradójico era que el acontecimiento electoral de 1998 había sido mucho más importante. Hay dos formas de interpretar este fenómeno. Una consiste en comparar los resultados relativos de los dos partidos más importantes. Entre 1949 y 1994, la suma de los votos de la CDU y de la Unión Social Cristiana de Baviera superaba al SPD en una media general del 7 por ciento —una superioridad estructural absoluta de la derecha, muy superior a la de Gran Bretaña, por no hablar de Francia—. Ni siquiera en 1972, en la cima de su éxito, el SPD consiguió obtener un margen superior al 0,9 por ciento en relación con la CDU / CSU. En 1998, por primera vez en la historia, el SPD superó a su rival con creces —obteniendo un 5,7 por ciento más de votos que la CDU / CSU, un cambio de rumbo histórico.

Pero hay otra forma de medir la magnitud del cambio, más reveladora, que consiste en realizar un análisis proporcional. En 1972 el SPD obtuvo el 45,8 por ciento de los votos. En 1998, solo consiguió el 40,9 por ciento —muy por debajo, incluso, de los resultados de 1980—. No solo se había producido un triunfo de la socialdemocracia, nueva o antigua. La realidad general era otra. El resultado total de la izquierda eclipsaba al del SPD. Al obtener los verdes un 6,7 por ciento de los votos y el Partido del Socialismo Democrático (PDS) poscomunista el 5,1 por ciento, por primera vez en la historia de Alemania la izquierda había obtenido una clara mayoría absoluta en el país —el 52,7 por ciento, una cifra que no ha alcanzado jamás en Gran Bretaña.

¿Qué pauta había seguido esta victoria? En la Alemania occidental, una vez terminada la guerra, la religión había sido siempre el mejor indicador del poder regional de la izquierda y de la derecha. La democracia cristiana era interconfesional, pero su predominio en el sur católico —Baviera, Baden-Württemberg, Renania-Palatinado— era invariable; mientras que la socialdemocracia siempre había obtenido mejores resultados en el norte y en el centro protestantes —la Baja Sajonia, el Ruhr, Hesse—. Las excepciones eran Schleswig-Holstein, uno de los estados más septentrionales, donde la gran población de refugiados procedentes del este inclinaban la balanza del lado de la CDU, y el Sarre, uno de los más meridionales, una región dedicada a la siderurgia y a la minería, el más obrero de todos los Länder, que con el tiempo se había pasado al SPD. La correlación era siempre en cierto modo asimétrica, ya que la mayoría de los protestantes practicantes —al contrario que los no practicantes— votaban a los demócratas cristianos, de modo que el dominio del SPD en la Alemania luterana no fue nunca tan seguro como el de la CDU en la católica, y con el paso del tiempo el vínculo entre la religión y el partidismo se ha ido debilitando.

Pero en 1998 el gradiente de religión del electorado de la Alemania occidental fue más asombroso que nunca. El SPD obtuvo sus mejores resultados en los tres Länder más septentrionales (aún mejores en los bastiones tradicionales de las ciudades-Estado de Hamburgo y Bremen) —en todas estas regiones por encima del 45 por ciento; seguidos de cerca por el cinturón central de Hesse y Renania-Palatinado, con un 41 por ciento de los votos; y, por último, con el 35 por ciento de las regiones más sureñas, Baviera y Baden-Württemberg, los dos baluartes más firmes de la democracia cristiana—. El Sarre fue de nuevo una excepción, ya que allí el SPD obtuvo los mejores resultados del país, con más del 52 por ciento del total. A escala nacional, la CDU / CSU se llevó el 46 por ciento de los votos católicos y el 36 por ciento de los protestantes —el SPD, por el contrario, obtuvo el 46 por ciento de los protestantes y el 32 por ciento de los católicos—. Entre los no creyentes el SPD logró un margen decisivo en comparación con su rival —el 41 por ciento contra el 21 por ciento de la CDU / CSU[234].

La clase social, por supuesto, fue el otro gran factor que determinó la pauta de votación en Alemania. En el oeste, la democracia cristiana perdió en esta ocasión más votos obreros que los que ganaron los socialdemócratas —el SPD solo incrementó su proporción de votos en un punto—. El mensaje de Schröder, dirigido principalmente al «Nuevo centro», caló sobre todo entre los administrativos, un sector del que obtuvo un 6 por ciento más de votos en toda la nación, y se acercó a una cifra significativa entre los trabajadores autónomos, algunos de ellos antiguos votantes de los verdes. Por lo que respecta al género, la diferencia fue poco relevante, con la excepción de la franja de mujeres menores de veinticuatro años, que defendieron al SPD de forma mucho más enérgica que los hombres de esa misma edad.

El cambio realmente drástico, sin embargo, se produjo en el este. Tradicionalmente, era un territorio protestante en general, con una gran concentración de población obrera en Berlín, Leipzig, Chemnitz, Dresde, Merseburgo —que había aumentado más todavía a raíz de la industrialización de la RDA después de la guerra—. Desde hacía mucho tiempo se consideraba que después de la reunificación se convertiría en un territorio del SPD. Pero el dominio absoluto de la Anchluss de 1990 que ejerció la CDU produjo el efecto contrario. Al prometer un «paisaje floreciente» a los compatriotas del este que había liberado de la esclavitud, Kohl obtuvo la mayoría en los antiguos Länder comunistas en 1990 y un margen decisivo que le aseguró la victoria en las elecciones nacionales de 1994, mucho más reñidas. Cuatro años después, la desilusión era total, y la ira popular ante el aumento del desempleo en la Alemania del este segó el voto de la CDU, que cayó por debajo del 25 por ciento del total —perdió el doble de votos que en la Alemania occidental—. Por primera vez el SPD se convirtió en el partido hegemónico de la región, aunque obtuvo un resultado muy inferior al de la Alemania occidental (35,6 por ciento en comparación con el 42,4 por ciento occidental). El éxito de los poscomunistas marcó la diferencia. El PDS obtuvo el 20 por ciento en el este: más de dos millones de votos.

En la geografía electoral de Alemania, puede que estos resultados hayan marcado un hito. En el este el equilibrio de fuerzas sufrió un cambio mucho mayor que en el oeste, y lo más probable es que las cosas sigan así. El contraste entre las dos naciones se reflejó en el voto de la izquierda en conjunto (SPD, verdes y PDS): 60,3 por ciento en el este y 50,6 por ciento en la Alemania occidental. Este es el pivote sobre el que giraba la precisa aritmética parlamentaria del gobierno de Schröder. Los doce escaños «extra» —por encima de la cuota proporcional que le correspondía— que el SPD consiguió en la Alemania oriental le dieron al bloque formado por la izquierda y los verdes la mayoría en el Bundestag. Si la CDU hubiera mantenido sus pérdidas en el Este al mismo nivel que en el oeste, habría tenido que gobernar una Gran Coalición.

Por tanto, existen indicios para afirmar que puede surgir en Alemania una mayoría sociológica de la izquierda de largo recorrido, en la medida en que el este ha hecho regresar al país a lo que podríamos llamar una «posición por defecto», en la que el SPD y el PDS dominan con regularidad. Puede que el panorama religioso sea crucial en este caso. El único legado duradero de la RDA es jacobino: en el transcurso de dos generaciones, se logró la asombrosa descristianización de la población. Hoy en día el 80 por ciento de los jóvenes de la Alemania del este declaran no tener afiliación confesional alguna —en la Alemania occidental, esta cifra representa tan solo el 10 por ciento— y solo el 7 por ciento de los alemanes orientales son practicantes[235]. El luteranismo ha cedido paso a una irreligiosidad todavía más hostil a la hegemonía de la derecha Demócrata Cristiana que la Iglesia Evangélica.

I

¿Qué tipo de gobierno ha resultado de esta drástica reorganización? Se suele comparar a Schröder con Blair. Uno de sus rasgos comunes es que ambos fueron elegidos como candidatos por los medios de comunicación antes de que lo hicieran sus propios partidos —en el caso de Schröder, la comparación con Blair formó parte del propio proceso de designación—. Existen otras similitudes de las que se suele echar mano: la telegenia, la retórica de la modernización, la búsqueda del nuevo centro, la edificante invocación al «momento del cambio». Pero estas comparaciones resultan engañosas en cierto sentido, en parte porque se trata de figuras políticas distintas, y en mayor medida por los partidos a los que pertenecen. Mientras que Blair —educado en un colegio privado, estudió en «Oxbridge» y se lucró con el ejercicio de la abogacía— es el típico producto de un ambiente de clase media, Schröder —cuyo padre perdió la vida en el frente ruso— surgió de los escombros de la sociedad alemana de la posguerra. Su madre trabajaba como asistenta; su primer trabajo, detrás del mostrador de una ferretería; consiguió graduarse en la escuela nocturna. Se convirtió en el líder de los Jusos, la organización juvenil del SPD, a principios de los setenta, cuando esta formación todavía se encontraba muy a la izquierda del partido, y participó de forma activa en las manifestaciones masivas de la época. En los ochenta, aunque no se puede decir que fuera un agitador, contribuyó a derrocar a Helmut Schmidt, y todavía en 1994 la vieja guardia del partido se negó a apoyar su candidatura a la cancillería porque consideraban que no era de fiar. El aura de pragmatismo moderado que luce ahora es bastante reciente. Pero lo que no le falta es encanto: aspecto de hombre duro, voz pastosa y atractiva, sonrisa pícara.

La principal diferencia, sin embargo, es de carácter institucional. El SPD no es esclavo de su canciller. El partido sigue siendo un animal muy distinto del Nuevo Laborismo. El doble de grande, con 700 000 miembros afiliados, posee una subcultura sociológica visiblemente más obrera. El ambiente de una concentración del SPD en cualquier gran ciudad industrial se encuentra más próximo al de los mítines del laborismo en los sesenta o en los setenta que a cualquier manifestación a la que se pueda asistir en la Gran Bretaña actual. El contraste no radica en el retraso en la modernización del SPD —el programa que acordó el partido en Bad Godesberg les acercó a la clase media mucho antes que el laborismo—, sino en la mayor firmeza de la industria alemana, cuyo rendimiento de primera categoría ha protegido a los trabajadores en Occidente de los excesos de la desindustrialización que han hecho añicos en gran medida la identidad tradicional de la clase obrera británica. Los sindicatos han sobrevivido a los años ochenta en mejores condiciones y mantienen una relación más sólida con el partido.

Pero una diferencia todavía más importante entre las dos organizaciones estriba en la distribución regional del poder en el SPD. La estructura federal de Alemania implica que, antes que nada, los políticos tienen que labrarse una carrera en los Länder: los dirigentes de estos estados forman el repertorio de posibles candidatos a la cancillería. Al ganar cuatro elecciones federales sucesivas, Kohl logró una concentración de poder extraordinaria en la CDU, pero ni siquiera él pudo evitar que sus implacables enemigos dentro del partido se convirtieran en importantes figuras a escala nacional, como sucedió con Biedenkopf («Rey Kurt») en Sajonia. El SPD nunca ha permitido una acumulación similar de autoridad en un único líder. Las veces que ha llegado al poder, ha seguido el modelo de una diarquía —Brandt y Wehner, o Schmidt y Brandt— con un canciller escoltado por un presidente del partido que ejerce un importante poder independiente, por no hablar de los primeros ministros regionales del SPD.

Schröder, catapultado en solo seis meses desde la victoria de las elecciones provinciales en Hanover al liderazgo del país, tiene derecho a que su partido le agradezca la victoria. Pero no cuenta con el apoyo incondicional del SPD; de hecho, eran muchos los que desconfiaban de él, y la actitud del partido recuerda a la sucinta máxima de un personaje de Claud Cockburn: «La simpatía y la fiabilidad rara vez coinciden». El favorito de los afiliados y del aparato sigue siendo Oskar Lafontaine, cuya aptitud, carisma y disciplina impulsaron la maquinaria del SPD en los años del declive de Kohl. Lafontaine es otro huérfano de la posguerra, de extracción humilde, que estudió con los jesuitas en el Sarre. Se convirtió en uno de los más brillantes «nietos de Brandt», la generación que alcanzó prominencia en los ochenta. Presidente del SPD y ministro de Economía, es el primer político occidental que ha defendido un agresivo punto de vista keynesiano en los últimos veinticinco años.

La dirección del gobierno, por supuesto, no la marcan únicamente los líderes del SPD. Las reglas de cualquier coalición alemana le otorgan un papel muy influyente al socio minoritario. A los verdes no les fue demasiado bien en las elecciones de septiembre, y perdieron cerca de 100 000 votos después de una campaña deslustrada, caracterizada sobre todo por los ataques sectarios al PDS. El partido, que siempre ha seguido una trayectoria bastante desigual, ha perdido el rumbo en los últimos años, y han tenido que pagar un elevado peaje por culpa de sus rasgos menos atractivos —lo que podría llamarse la versión bohemia del engreimiento Spiessbürger de la República de Bonn, que se manifiesta sobre todo en la actitud hacia la Alemania del este, donde el partido prácticamente no existe—. En algunos asuntos fiscales y sociales la base exclusivamente de clase media del partido, sensible a los motivos neoliberales, puede hacer que la formación se desplace hacia la derecha del SPD. No obstante, teniendo en cuenta todos los factores, el peso de los verdes debería favorecer que el gobierno se inclinara en direcciones menos convencionales que las que seguirían los socialdemócratas si tuvieran que arreglárselas solos.

La figura de Joschka Fischer, el nuevo ministro de Exteriores, demuestra por qué esto debería ser así. Hijo de otra víctima de la guerra, un jornalero expulsado de Bohemia en 1946, es uno de los más expresivos supervivientes del radicalismo estudiantil de finales de los sesenta. En aquellos años, lideró uno de los más osados grupos «espontaneístas» de Fráncfort, Lucha Revolucionaria, compañero espiritual de otro grupo italiano más conocido, Lotta Continua. En compañía de algunos camaradas, entró a trabajar en una cadena de montaje de la firma Opel para animar a la revolución a la clase obrera. Cuando la GM los desenmascaró, Fischer trabó relación con el movimiento okupa de Fráncfort, y organizó una fuerza de asalto itinerante —el Putzgruppe— dedicada a obstaculizar las acciones policiales contra la ocupación de viviendas, respondiendo a la violencia con más violencia si era necesario. Al final, en una manifestación en protesta por la muerte de Ulrike Meinhof el asunto se les fue de las manos y estuvieron a punto de matar a un policía. Fischer fue arrestado como sospechoso, pero fue liberado por falta de pruebas[236].

Fischer cambió de opinión en relación con la legitimidad de la violencia civil después de trabajar como taxista y de mostrar un interés superficial por la filosofía durante algunos años. Se unió a los verdes y consiguió llegar rápidamente hasta la cúspide del partido como su líder más flexible y elocuente. Libre del peso de la doctrina, no tardó en convertirse en ministro de Medio ambiente en una coalición de izquierdas en Hesse, donde se ganó la admiración de la prensa por su obstinada ambición y su realismo político, aunque la cartera propiamente dicha le aburría. Como diputado del Bundestag, se especializó en las expresiones de desprecio más ácidas, abriéndose camino a través de la grandilocuencia oficial. Su nuevo cargo como jefe de la diplomacia alemana tiene cierto interés —las hipocresías diplomáticas de «la comunidad internacional» no son su lengua materna—. Pero tiene mucho que aprender. Bajo la dirección de Fischer, los verdes han dado su consentimiento a la ampliación de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, inmunes a las críticas de los partidos situados a la izquierda del SPD.

Esta carrera se puede interpretar como una actuación especial dentro de una parábola más amplia. Fischer es el primer político prominente de la Europa occidental que es un producto de 1968 en estado puro. La rebelión que tuvo lugar ese año dejó rastros más profundos y duraderos en la sociedad alemana que en cualquier otro lugar. Los movimientos de masas fueron más espectaculares en Francia y en Italia, pero no tuvieron el mismo arraigo cultural. Tres rasgos diferencian al levantamiento alemán de los demás. Moralmente, fue el único lugar donde el despertar del 68 fue, además, el primer intento de saldar cuentas con el pasado nacional, cuando una generación descubrió la historia de sus padres en los años del nazismo y se enfrentó a ella, en lo que se convertiría en uno de los momentos decisivos de la historia del país. Intelectualmente, la revuelta se inspiró en un conjunto de ideas autóctonas mucho más rico que el de cualquier otro lugar. Los estudiantes que desencadenaron este movimiento no solo leían a Marx con la misma facilidad y cercanía con la que nosotros leemos a Smith o a Mill —estudiar a cualquier clásico en la lengua materna es una experiencia muy distinta a la de escudriñar textos célebres escritos en una lengua ajena—, sino que además se encontraban en una atmósfera en la que el legado de Benjamin, igual de cercano que la presencia de Horkheimer y Adorno, las intervenciones de Marcuse y el debut de Habermas. En Alemania, a diferencia de otros lugares, no tuvo lugar un redescubrimiento de tradiciones y textos largo tiempo olvidados, sino que se produjo una continuidad. La Escuela de Fráncfort ocupaba una posición única dentro de la cultura, en general conservadora, de la República Federal —paradójicamente, no existía ningún otro corpus colectivo de obras sociales o filosóficas capaz de rivalizar, siquiera remotamente, en poder o influencia con este movimiento—. Como es natural, una vez terminadas las batallas en las calles, el regusto conceptual de la Escuela persistió.

Por último, existía una tendencia peculiar en la cultura nacional en general que recogió la trascendencia de este movimiento de finales de los sesenta y principios de los setenta y se la transmitió al movimiento de los verdes una década después. Estoy hablando, por supuesto, de la larga y tornasolada tradición del Romanticismo alemán —una tradición que abarca, en sentido amplio, desde Werther a Wenders, y que es la corriente que más ha perdurado en la sensibilidad de la intelectualidad del país—. La combinación de energía imaginativa pura y de ambición teórica que caracterizó al Frühromantik —el ambiente de los Schlegel, Novalis, Jean Paul, Tieck, Schleiermacher y, entre bastidores, Hölderlin y Kleist— lo convirtió en una fuerza explosiva, con un alcance mucho mayor que el sentimentalismo de los Poetas de los Lagos o que los vaticinios de Hugo: una explosión de color irrepetible e inolvidable, cuya trascendencia se fue abriendo paso a través de sucesivas generaciones. Dentro de la gran variedad de registros diferentes de este linaje, hay dos motivos inmutables: la profunda conciencia de la condición misteriosa del mundo natural y del poderoso atractivo de la juventud. Como es natural, esta tradición engendró una política dimorfa. Su aportación a los movimientos de derechas —figuras como Friedrich Schlegel o Adam Müller fueron, a fin de cuentas, extremistas en su época— es bien conocida. Pero su influencia en la izquierda también ha sido decisiva. Benjamin, que formuló en Sentido único los primeros destellos de advertencia ecológica siguiendo la tradición marxista, surgió de la Jugendbewegung de finales de siglo. Cuando Adorno se enzarzó con él en su famosa disputa, no es casualidad que citara inter alia dos exquisitos pasajes de Jean Paul[237].

Los verdes son los herederos populistas de esta tradición. El fermento revolucionario del 68, por utópico que fuera, alcanzó tal magnitud que dejó tras de sí en la Alemania occidental un denso terreno pantanoso de enclaves contraculturales —aunque han perdido parte de su intensidad—, todavía se pueden encontrar estos simpáticos entornos, con sus librerías y cafés característicos, en los escenarios más inverosímiles. Son el hábitat natural de las preocupaciones medioambientales de los ochenta. La ecología ha sido desde el principio el leitmotiv de la política de los verdes y, en principio, todavía lo es[238]. Pero los verdes también han atraído a un sector más amplio de la opinión intelectual, no necesariamente entusiasta de sus programas positivos, que aceptan su propuesta como la alternativa menos negativa a la estrechez de miras de los socialdemócratas. Es imposible anticipar cómo afectará el poder a este movimiento. Pero lo que está claro es que Alemania es el único país donde se va a poner a prueba directamente el legado de la experiencia del 68.

La agenda inmediata de este gobierno de coalición, aunque ha suscitado las protestas de los grupos de presión empresariales y de los periodistas oficialistas, es bastante inofensiva. La oferta es más radical que la del Nuevo Laborismo, pero no parece demasiado decisiva. La política fiscal que se pondrá en práctica será algo más redistributiva; la reducción del gasto en servicios sociales se financiará con un nuevo impuesto energético; se prevé la aplicación de medidas corporativistas destinadas a la creación de empleo, una especie de «Alianza para el trabajo» que se supone que unirá a todas las fuerzas sociales. Una reforma mucho más significativa es la de las leyes de ciudadanía alemana, basada en el principio del ius sanguinis, para facilitar la nacionalización de los cuatro millones de inmigrantes que residen en el país. Se trata de un inequívoco acto de emancipación, con consecuencias humanas directas. Muy distinto de las tortuosas maniobras constitucionales de los laboristas. Pero si el programa de Schröder parece menos conservador que el de Blair, se debe en parte al contexto. Kohl era distinto de Thatcher: el centro de gravedad político nunca se ha desplazado tanto hacia la derecha en Alemania.

II

El traslado de la capital a Berlín es un cambio mucho más espectacular que cualquier otra medida que pueda tomar la coalición. Ningún otro rasgo de la República Federal de la posguerra la definía mejor que la ubicación del gobierno en Bonn. Con el tiempo, la población fue desarrollando un profundo cariño por este orden. Pero siempre tuvo dos facetas. Por una parte, la ausencia de una capital política definida evitaba cualquier posible concentración de poder económico o político, y permitía a la República Federal recuperar el que había sido el orden natural de Alemania durante siglos —la coexistencia de un gran número de centros regionales de un tamaño más o menos similar, el modelo de la Ilustración—. Las agradables consecuencias de este reparto de vitalidad e influencia entre Múnich, Fráncfort, Hamburgo, Stuttgart, Colonia y otras ciudades saltan a la vista para cualquier ciudadano de las sociedades en exceso centralizadas, como Inglaterra o Francia, que visite Alemania, y los propios alemanes las valoran mucho.

Por otra parte, era necesario elegir una ciudad como capital, y en este caso la elección de Bonn fue peculiarmente deslucida. Adenauer quería impedir a toda costa que Fráncfort —la opción más evidente, por motivos geográficos e históricos— se convirtiera en la capital provisional del país después de la guerra, porque temía que en ella se acabaría imponiendo una mayoría socialista y, en cualquier caso, la chusma acabaría tomando las calles. Bonn fue elegida porque era una ciudad insignificante, con una pequeña universidad católica donde el populacho no podría rebelarse, a un tiro de piedra de la base de Adenauer en Colonia[239]. La intención era aislar la política en una cápsula burocrática de la influencia de la vida popular. Fue todo un éxito. Las virtudes reales de la República Federal se acabaron identificando con su artificial capital. Una confusión muy habitual. La variedad y la autonomía regional no requerían la esterilización del debate público. El federalismo no dependía de este aparcamiento parlamentario que solo servía para rebajarlo.

Al principio, ni siquiera el propio Adenauer se atrevía a insinuar que la ubicación de Bonn no fuera provisional. La Constitución de 1949 establecía que, en cuanto tuviera lugar la reunificación de Alemania, Berlín se convertiría de nuevo en la capital de la nación. Pero dado que la unificación parecía una perspectiva remota, poco a poco se fueron creando cada vez más intereses personales para que las cosas se quedaran como estaban. Cuando el muro cayó por fin, Bonn se transformó en el teatro de un espectáculo asombroso. En lugar de respetar automáticamente la Constitución, se montó una campaña masiva en Occidente para que se respetara la capitalidad de Bonn en el país unificado. Mientras los parlamentarios reunidos se preparaban para tomar una decisión, la ciudad se convirtió por primera vez en una caricatura de lo que siempre había intentado evitar: una caldera de pasiones egoístas en la que los comerciantes, los camareros y los taxistas, por no hablar de los fornidos policías locales, se negaban a atender, e insultaban y amenazaban, a cualquier diputado que se hubiera declarado partidario de Berlín. Cuando se conocieron los resultados de la votación, se observó la magnitud del egoísmo de la clase política occidental. Kohl y Schäuble, los arquitectos de la absorción de la Alemania del este, intercedieron a favor de Berlín. Brandt, en el discurso más atrevido de su carrera, comparaba la perspectiva de seguir en Bonn con la imagen de un gobierno francés que hubiera decidido aferrarse a Vichy en 1945[240]. Pero la mayoría de los diputados estaba dispuesta a romper descaradamente la promesa de la Constitución. De hecho el SPD votó a favor de Bonn por el margen más amplio (126 a favor, 110 en contra); la CDU / CSU, 164 a favor y 154 en contra. La hostilidad del sur católico a trasladar la capital al norte protestante era bastante previsible. Pero, sorprendentemente, todavía más codicioso en su negativa al traslado se mostró el importante estado de Renania del Norte-Westfalia, que se aferraba a Bonn como si de una melera de prebendas locales se tratara. El honor quedó a salvo gracias a la intervención de los liberales y del PDS, cuya decisiva mayoría a favor (70 contra 27) favoreció el estrecho margen (338-320) por el que se votó a favor de la capitalidad de Berlín.

Fue un momento decisivo que, retrospectivamente, ayuda a comprender cómo era la República de Bonn. Si se les hubiera dejado a su aire, los diputados occidentales nunca se habrían trasladado a Berlín —votaron en contra por una aplastante mayoría a favor de quedarse en Bonn (291 a favor y 214 en contra)—. La perspectiva que habría tenido que afrontar la Alemania del este habría sido el equivalente moderno al gobierno victoriano de Londres en Irlanda. Pero si bien se ha conseguido evitar ese gobierno colonial a distancia, todavía está por ver qué sucederá en la nueva capital. A ninguna otra capital europea se le atribuyen tantas leyendas engañosas como a Berlín. Rechazarlas es más fácil, sin embargo, que captar la escurridiza realidad que está tomando forma detrás de ellas. La mayoría de la gente —no solo los extranjeros, sino los propios alemanes— asocian Berlín con la tradición militar prusiana, la autocracia de Bismarck y la violencia y la megalomanía nazis. De hecho, Federico II prefería vivir en Potsdam. Era tal la aversión que Bismarck sentía por Berlín que, después de la unificación, su intención era convertir a Kassel —la versión protestante de Bonn— en la capital del país. Ni un solo líder nazi prominente procedía de Berlín. Hitler adoraba Múnich y le gustaba relajarse en el extremo opuesto del país, en Berchtesgaden. Berlín nunca ha sido el escenario natural de la reacción. En 1848, fue testigo de una lucha en las barricadas más violenta que la de cualquier otra ciudad alemana. A finales de siglo, era la capital más industrializada de Europa, con una clase obrera igual de importante. En 1918 lideró la Revolución de Noviembre y en 1919 fue el escenario del levantamiento espartaquista. En la época de Weimar, se convirtió en el baluarte del comunismo y la socialdemocracia.

El Tercer Reich y la Guerra Fría pusieron freno a esta tradición. Después de la caída de Hitler, la ocupación y la división de Berlín relegaron al olvido la pregunta por las continuidades subyacentes que habían sobrevivido, si es que había sobrevivido alguna. Pero las elecciones de 1998 han ofrecido una respuesta alarmante a esta pregunta. La izquierda ha ganado en todos los barrios. El mapa de la ciudad solo tiene un color, con dos tonalidades: la socialdemocracia de color rojo fuerte en occidente y en el sudeste, y el poscomunismo rojo intenso en el centro y en el nordeste. Nada que ver con París, eterno feudo de la derecha; Roma, donde los exfascistas de Fini constituyen el partido mayoritario; o incluso Londres, donde Ken Livingstone nunca conseguirá arrasar en Finchley o en Kensington. La pesadilla de Bismarck se ha hecho realidad. Berlín se va a convertir en la capital europea más izquierdista.

El perfil electoral de una ciudad es, por supuesto, tan solo uno de los indicadores de su carácter. ¿En qué tipo de metrópolis se transformará el Berlín del futuro en otros aspectos? Una auténtica Haupstadt debe desempeñar tres funciones: ser el centro de la vida política del país, en cuanto sede del gobierno; el centro de las actividades económicas de mayor alcance; y un imán de las formas de cultura emergentes. La cuestión fundamental es determinar si en Berlín se produce una intersección real de estos tres elementos[241]. La ciudad sigue siendo la más grande de Alemania, con una población que supera en más del doble a su rival más cercana: 3,4 millones de habitantes dispersos a lo largo de 885 kilómetros cuadrados, una cuarta parte de los cuales son parques y lagos. Durante la Guerra Fría, ambos sectores recibieron un tratamiento preferente como escaparates de sus respectivos regímenes. Por supuesto que las subvenciones eran mucho más elevadas en la zona occidental, donde todo, desde las fábricas a las exposiciones de arte, estaba suntuosamente financiado por la batalla contra el comunismo; pero el Berlín oriental recibía más inversiones que cualquier otro lugar de la RDA.

En los noventa, todo el mundo esperaba que la perspectiva de que Berlín se convirtiera de nuevo en la capital de una Alemania unida desencadenara un boom anticipado, ya que los contratos para construir ministerios y sedes empresariales se multiplicaron, los precios inmobiliarios subieron, el empleo se disparó y los inmigrantes llegaron en tropel. Irónicamente, sin embargo, Berlín ha sufrido un brusco declive económico desde la unificación. Una vez tomada la decisión formal de abandonar Bonn, la reticencia retrasó el traslado casi diez años. Entretanto, después de que Berlín se convirtiera en una Land «normal» con el fin de la Guerra Fría, los contribuyentes de la zona occidental no veían motivo alguno para que conservara sus privilegios y, una vez que las subvenciones se recortaron, la industria abandonó la ciudad —mientras en el este la unificación desencadenó un colapso industrial general, que afectó a Berlín tanto como a cualquier otro lugar.

Los resultados son bastante severos. Desde 1989 la población ha disminuido debido al éxodo hacia las zonas rurales circundantes; se han destruido 200 000 puestos de trabajo en la industria; el crecimiento actual es negativo; las bancarrotas duplican la media nacional; y el desempleo alcanza casi el 20 por ciento. Algunas compañías internacionales han trasladado sus sedes a Berlín, pero prácticamente ninguna corporación alemana importante ha tomado la misma decisión. Por increíble que parezca, cuando falta menos de un año para que llegue toda la parafernalia del gobierno a la ciudad, los precios de la vivienda están bajando. En comparación con la impecable opulencia de Múnich, Hamburgo o Fráncfort, la futura capital seguirá siendo el pariente pobre.

En este escenario, ¿qué impacto ejercerá el gigantesco dirigible del poder político federal que va a invadir el centro de la ciudad? Ninguna otra cuestión ha suscitado tanta polémica en Berlín como el diseño del nuevo Regierungsviertel —el complejo de edificios gubernamentales destinado a convertirse en el emblema de la capital en el imaginario colectivo—. Todos los meses tienen lugar debates públicos sobre los distintos aspectos de la reconstrucción de la ciudad en el edificio del Consejo de Estado donde en otros tiempos Honecker presidió la RDA. Participar en uno de estos debates es una experiencia memorable: expertos y entendidos se enzarzan, el público discute de forma acalorada y —con una desinhibición colérica e incomparable— el maestro de obras de la ciudad, el planificador urbanístico Hans Stimmann, con su blanca melena y su tez de ladrillo, grita a voz en cuello, en un estilo que casi nadie atribuiría a una autoridad municipal, y mucho menos a una autoridad alemana[242]. Pero es que hay mucho en juego. Pues no solo se trata de decidir cómo será el futuro, sino también el lugar que debe ocupar el pasado; no solo se debaten las relaciones que deben existir entre lo público y lo privado, sino las tensiones entre el este y el oeste.

En un principio, el plan era construir un barrio gubernamental totalmente nuevo en el centro del Berlín unificado, en un estilo arquitectónico contemporáneo, que conservara el ímpetu de Schinkel y que integrara las dos mitades desgarradas de la ciudad. Esta visión se descartó enseguida, aparentemente por su elevado coste económico. En realidad, el proyecto se abandonó por una mezcla de sentimientos enfrentados: el resentimiento continuado ante la perspectiva del traslado desde Bonn a la Länder occidental, la indiferencia en relación con el destino de la zona este de la ciudad en el propio Berlín occidental (que, con una población el doble de grande, lleva la voz cantante en el gobierno local) y el rechazo de cualquier gesto de magnificencia en la capital alemana. La consecuencia ha sido doble. El nuevo «eje» gubernamental —después de que su línea se truncara en el mismo punto en que debía haberse ampliado hacia el este— ha quedado ahora restringido al oeste[243]. La florida cúpula guillermina del Reichstag ha sido sustituida por una descomunal cúpula de cristal transparente y un interior de alta tecnología diseñados por Foster —invirtiendo el gesto de la estrecha fachada barroca desnuda del perímetro del khruscheviano Staatsratgebäude, al otro lado de la frontera.

Según la gazmoñería oficial, el Reichstag ha sido restaurado para honrar su valiente defensa de los valores democráticos en el pasado. En realidad, por supuesto, fue aquí donde la democracia alemana aupó dócilmente con sus votos a Hitler al poder, al elegirle canciller de su propia voluntad parlamentaria. La razón real de la resurrección de este edificio es que sus ruinas eran un símbolo propiedad de la zona oeste, más que de la este, durante la Guerra Fría. Habría sido mejor comenzar desde cero. La nueva sede del ejecutivo diseñada por Axel Schultes, la residencia que Schröder ocupará el año que viene —una estructura liviana y elegante—, es un buen ejemplo de lo que se debería haber hecho. Entre ambas edificaciones se construirá una serie de dependencias parlamentarias, edificios bajos bastante agradables, pero desprovistos de la explanada abierta donde en un principio se había pensado que los ciudadanos alternaran y discutieran, paseando por las galerías del poder. Al norte, nada más cruzar el Spree, se encuentra la grácil curva de la estación ferroviaria de Lehrte —quizá el más hermoso de todos estos nuevos edificios públicos—. Al sur, en la zona comercial dominada por los edificios de Daimler-Benz y Sony, situados en el lugar que ocupaba la antigua Potsdamer Platz, se desperdicia el talento de Piano, Isozaki, Rogers, Jahn y Moneo, pues lo más probable es que este conjunto se acabe convirtiendo en un hortera centro comercial —aislado de los barrios circundantes, como si se encontrara en un suburbio—, un nuevo sepulcro de la alegría y el buen humor.

En el este, por otra parte, no se prevén importantes proyectos federales. La peor reliquia de la RDA, la ridícula y bulbosa Torre de la televisión, sigue en su lugar, al final de un paseo Unter den Linden todavía desarticulado. Los aledaños de la Friedrichstrasse se han desarrollado gracias a la iniciativa privada, y se han construido oficinas, tiendas y restaurantes —con edificios de Nouvel, Johnson o Rossi— que ofrecen algo más de vida, aunque sigue siendo una zona bastante tranquila. La principal contribución del Estado será la llamativa restauración de dos emblemas del nazismo, el Reichsbank de Schacht y el Ministerio de Aviación de Goering, que se convertirán en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Ministerio de Economía de la República de Berlín. Después de desestimar cualquier plan para construir nuevos edificios —perfectamente viables con el presupuesto del que disponen las autoridades—, Fischer y Lafontaine pueden despachar ahora sus asuntos en los mismos lugares donde Hitler pasaba revista. Dejando de lado las excusas económicas, que puede que tuvieran algún sentido en tiempos de la RDA, pero que en la actualidad lo han perdido, el motivo oficial de la reocupación de estos horribles edificios es que este acto es una especie de expiación, ya que recuerdan diariamente las enormidades del pasado, y sería un error demolerlos. Según esta retórica tan extendida —el mismo argumento se ha utilizado para los peores adefesios que dejó el Segundo Reich en la RDA—, estos edificios son «documentos históricos» sobre los que el pueblo alemán debe aprender a reflexionar.

De este modo, se ha desaprovechado la espléndida oportunidad de crear una capital política unificada en Berlín y, en lugar de ello, se ha construido un reducido recinto en la zona occidental y se ha reformado un siniestro mausoleo en la oriental. Esta opción burocrática se defiende por dos motivos. En primer lugar, se afirma que cualquier intento de construir un barrio gubernamental integrado podría interpretarse en Europa como un gesto de orgullo desmesurado, peligroso y exagerado, por parte de la nación alemana; el segundo motivo es que los alemanes necesitan tener presente en todo momento el recuerdo de su oscuro pasado. Es evidente que existe una voluntad ideológica de fijar los recuerdos cívicos con imágenes marcadas por la culpa o la nostalgia —el componente de culpa procede sobre todo del oeste y el de nostalgia (nostalgia del Palacio de la República, etc.) del este—. El resultado de todo esto es una especie de masoquismo anticuario que consiste en aferrarse a la fealdad estética por su fealdad política y moral en nombre de la veracidad de la historia.

Esta mortificación oculta una profunda confusión intelectual. Pues los edificios públicos no son documentos, sino monumentos. Un documento histórico es un texto que se puede estudiar, en un archivo o biblioteca, cuando un investigador necesita consultarlo —y que no se impone a nadie—. Un monumento urbano, por el contrario, es una visión cotidiana inevitable, que se impone a todos los transeúntes o usuarios. No se puede guardar un edificio público en un archivo. De modo que estas estructuras deben ser juzgadas ante todo bajo criterios estéticos. La función política o ideológica que hayan podido desempeñar, o no, puede cambiar con el paso del tiempo, pero nunca determina la realidad política, que dispone de un espacio y una dinámica propios, una dinámica que no se construye con ladrillos, sino con relaciones sociales. El fascismo italiano fue capaz en su día de construir edificios agradables u originales que se han seguido utilizando, y que de hecho se disfrutan: a nadie se le ha ocurrido jamás volar la estación de ferrocarril de Florencia. Los edificios nazis, como el Reichsbank o el cuartel general de la Luftwaffe, deberían haber sido demolidos hace tiempo, pero no por lo que evocan, sino porque son espantosos e inhóspitos desde el punto de vista arquitectónico.

La idea de que los alemanes tienen que soportar esos edificios como si fueran eternos cilicios para ganarse la confianza de sus vecinos no es solo un error. Pues los europeos no temen en absoluto a los fantasmas de Bismarck, Hitler o Honecker: ni el imperialismo guillermino, ni el nazismo, ni el estalinismo representan hoy en día amenazas graves. La preocupación constante por estas cuestiones puede convertirse con facilidad en una pantalla que oculta otros problemas más acuciantes, como, en términos freudianos, sucede con la obsesión por los peligros imaginarios, que suele actuar como un mecanismo de sublimación —es decir, una represión— de otros problemas reales. O sea, que Europa tiene alguna razón para dudar de la Alemania reunificada. Pero los miedos reales están relacionados con las instituciones actuales: no con el legado de Ludendorff o de Speer, sino con la influencia desmesurada que ejerce el Bundesbank, la institución más poderosa del país, sobre las vidas y los trabajos de millones de europeos —una hegemonía atrincherada ahora en el diseño y el personal del Banco Central Europeo—. Es del culto fanático a la estabilidad monetaria, de la insistencia en los criterios de convergencia arbitrarios y antisociales del Tratado de Maastricht, de la incesante presión para un «Pacto de estabilidad» después de la firma del Tratado, de lo que debería preocuparse un público alemán autocrítico. Pero, salvo algunas excepciones —la de Helmut Schmidt es la más elocuente—, en este aspecto la complacencia nacional prácticamente no tiene límites. Hans Tietmeyer y Otmar Issing han ejercido su enorme poder, de alcance continental, desde los edificios más modestos y poco llamativos de Fráncfort. ¿Hay un mejor símbolo de la buena conciencia de los alemanes?

Una mejor relación entre la estética y la política podría invertir estos términos tan malsanos. No debería haber inhibición alguna en Berlín a la hora de levantar los mejores edificios —los más delicados y espléndidos— que un arquitecto contemporáneo pueda diseñar: cuanto más hermosos y más integrados, mejor. Esto no solo contribuiría al fortalecimiento efectivo de la ciudad, sino que sería, además, un regalo a la unidad europea. Cuando visitamos París, Roma o Barcelona —ciudades construidas con un sentido generoso del esplendor— no pensamos que son propiedad exclusiva de Francia, de Italia o de Cataluña. Son fuentes de deleite común. El resto de Europa espera que Berlín se reconstruya conforme a este espíritu que nace de la confianza y la seguridad, un espíritu según el cual la belleza sensual —no la mera funcionalidad y menos aún la memoria que se autoflagela— es el valor urbano más elevado.

Por lo que respecta a los «documentos históricos», hay una solución perfecta para los que quieran consultarlos. Debajo de Berlín, justo al sur de Unter den Linden —oculto como un archivo, que solo los interesados acuden a consultar—, se encuentran el búnker de Hitler y la guarida subterránea destinada a los dirigentes nazis, todavía más amplia, que los rusos no pudieron destruir porque no disponían de la tecnología necesaria. Oficialmente, las autoridades todavía no han reconocido la existencia de estos poderosos restos del Tercer Reich. ¿Por qué no restaurarlos para la contemplación reflexiva? La pregunta incomoda a los leales funcionarios del Denkmalschutz, que, extraoficialmente, replican: sería tan equivocado hacerlo desaparecer como restaurarlo —lo mejor es que permanezca oculto, abandonado a los procesos naturales del tiempo—. En la superficie, mientras tanto, los paseantes pueden seguir sufriendo el Ministerio del Aire. Entre semejante confusión, destaca la única solución auténtica a los problemas de la memoria histórica, en su sentido más solemne: el fulgurante museo de historia judía de Daniel Libeskind —casi literalmente—, una obra maestra revestida de zinc, en la que el pasado está representado con una intensidad impresionante en el lugar adecuado.

Si las perspectivas económicas de Berlín siguen siendo precarias, y lo único que garantiza su función política es que los diputados y los funcionarios residirán allí, ¿qué hay del papel cultural de la ciudad? En muchos sentidos, esta es la pregunta decisiva para su futuro, ya que la existencia de un tejido cultural real, que envuelva la vida política, no solo la vivifica, sino que además lo más probable es que el nivel de actividad económica dependa de manera decisiva del peso específico de la industria de las comunicaciones en la capital. Todo el mundo recuerda la extraordinaria vitalidad cultural de Berlín en los días de Weimar. ¿Es posible que esta energía regrese en alguna medida? Durante la Guerra Fría, ambas zonas de la ciudad mantuvieron en funcionamiento, con ayuda de una sólida financiación por razones de prestigio, complejos culturales muy distinguidos en el mundo de la música y del teatro. Los escritores de la RDA tendían a concentrarse en el Berlín oriental, y no tenían demasiados rivales al otro lado del muro. Una considerable bohemia —la «escena alternativa»: el término Szene se utiliza de forma más libre e indiscriminada en alemán que en inglés— floreció en la zona occidental, donde no era obligatorio cumplir el servicio militar, y en los últimos tiempos surgió, incluso, un modesto equivalente a esta escena en la zona oriental. El fin de la Guerra Fría asestó un duro golpe a este ambiente. La práctica quiebra del Berliner Ensemble no es más que un ejemplo de la tendencia general. La música sobrevivió mucho mejor que el teatro; Berlín ofrece todavía quizá la mejor oferta de todas las grandes ciudades europeas. No cabe duda de que el teatro se recuperará. Los años noventa han sido una época extraña, en la que Berlín se ha mantenido en una especie de limbo, pues ha dejado de ser el niño mimado de la rivalidad entre ambos bloques, pero todavía no se ha transformado en la capital de un país reunificado. El problema real, sin embargo, es si la llegada del gobierno atraerá finalmente a los elementos de la cultura metropolitana de los que la ciudad carecía incluso en sus mejores tiempos, cuando Berlín era la vanguardia de la Guerra Fría.

En la República de Bonn, Colonia y Düsseldorf se convirtieron en el centro del mundo artístico; Múnich acaparaba la industria cinematográfica; la televisión tenía su base en Mainz y Colonia; los periódicos y las editoriales más influyentes se concentraban en Fráncfort; los de Hamburgo eran los semanarios más destacados; los dos emporios de medios de comunicación más importantes —Holtzbrinck y Bertelsmann— tenían su sede en Stuttgart y en la minúscula ciudad de la compañía, Gütersloh. En la época de Weimar, por el contrario, la mayoría de estas actividades se concentraban en Berlín, sede de las galerías de arte de Cassirer, de los estudios cinematográficos de la UFA, en Babelsberg, de los emporios editoriales de Ullstein y Mosse[244]. Hoy, existen indicios que parecen señalar que los artistas jóvenes están regresando a la ciudad, pero Renania sigue controlando el mercado del arte, impertérrita. La modernización del tradicional complejo de Babelsberg —técnicamente en Potsdam—, donde la DEFA se labró una reputación bajo el régimen de la RDA, probablemente consiga que el cine se convierta de nuevo en una industria importante. La perspectiva de que la ciudad de Berlín se convierta de nuevo en la capital literaria de la nación tampoco parece muy remota: el novelista alemán actual más admirado en el extranjero, Bernhard Schlink, imparte clases de Derecho constitucional en la Universidad Libre; el crítico literario con más talento de la joven generación, Michael Maar, acaba de mudarse a la ciudad; el diario intelectual más destacado del país, Merkur, se ha trasladado a Berlín, aunque el iconoclasta que le infunde vida, el esteta Karl-Heinz Bohrer, lo edita a larga distancia desde París, un hermoso detalle europeo.

Pero faltan las pièces de resistance de la industria de la cultura actual: televisión, prensa y editoriales. Ni una sola cadena de televisión emite de momento desde Berlín. Las casas editoriales más importantes de la Alemania occidental —muchas de ellas fundadas en Berlín— no se han movido de Fráncfort, Hamburgo o Múnich; en el mejor de los casos, han abierto sucursales en la ciudad. Bertelsmann y Holtzbrinck han comprado los dos periódicos más importantes, Taggespiegel y Berliner Zeitung, los diarios que se leían, respectivamente, en la zona occidental y en la oriental, y se han embarcado en una contienda, respaldada por importantes inversores, por ver quién alcanza la mayor tirada. Pero ninguna de estas publicaciones tiene el peso nacional del Frankfurter Allgemeine o del Süddeutsche Zeitung, ni se acerca a ellos en recursos o calidad. Si las cosas siguen así, la perspectiva paradójica es la de una capital sin un periódico de autoridad. El monopolio de los tabloides que ejerce el Bild-Zeitung de Springer se encuentra —dadas las circunstancias, quizá por fortuna— en Hamburgo. Es difícil imaginar esta constelación una vez que el gobierno federal y el cuerpo diplomático hayan regresado efectivamente al centro de Berlín. Pero, de momento, los indicios no son demasiado prometedores.

Así se ve la ciudad desde arriba, desde el lugar donde el dinero condiciona a la cultura. ¿Qué sucede con el impulso de base? En el siglo XX, la creatividad de una metrópolis siempre se ha asociado con su capacidad de atracción de inmigrantes. En este caso Berlín debería gozar, en principio, de una posición privilegiada. Mucha gente piensa, sobre todo los propios alemanes, que la ciudad da refugio a la concentración de extranjeros más elevada de la República Federal. Pero se trata de una ilusión. En realidad, la proporción es más baja que en cualquier otra ciudad importante del oeste de Alemania: en Berlín hay un 12 por ciento de inmigrantes, mientras que Múnich cuenta con un 21 por ciento, Stuttgart con un 24 por ciento y Fráncfort con un 28 por ciento —datos que reflejan la relatividad de las oportunidades laborales[245]—. Por supuesto que la comunidad de inmigrantes más grande es, con diferencia, la turca. Su falta de integración política o cultural en la sociedad alemana, una conducta diferente de la que mantienen en Gran Bretaña o en Francia, se suele atribuir —no sin razón— a las inicuas leyes de ciudadanía de la República Federal, basadas, en esencia, en la línea de sangre. Pero también es cierto que la ausencia de un pasado colonial en Alemania tampoco ha facilitado las cosas: no existía un imperio capaz de equipar a los nuevos concurrentes con los elementos de una lengua común, que, desde luego, habría facilitado la integración de los inmigrantes procedentes del Caribe o del Magreb. Si acaso, se ha dado la vuelta a la tortilla del pasado imperial —la extensión del Imperio otomano era muy superior a la del de los Hohenzollern—. En Francia, los inmigrantes turcos forman la comunidad de inmigrantes más compacta, con tasas más bajas de exogamia —el mecanismo de integración más eficaz— que ningún otro. Como era de prever, su contribución a la diversificación de la cultura alemana en cualquier ámbito, desde las letras al deporte, de momento ha sido muy limitada. Puede que la reforma de las leyes y el cambio de clima oficial que ha prometido el nuevo gobierno empiece a cambiar esto.

Pero, aparte de los enclaves turcos, lo que Berlín, en particular, puede esperar son importantes oleadas de inmigración procedente de Polonia, Rusia y de los países del Báltico —las zonas naturales de abastecimiento—. En la actualidad, la mayoría de los trabajadores de la industria de la construcción son polacos. La comunidad rusa —artistas, gánsteres, estudiantes, comerciantes, individuos que reivindican su origen judío— aumenta diariamente: un espectáculo impresionante de mezcla social, que se puede ver en cualquier misa ortodoxa. Es muy común oír a gente hablar en ruso en toda Alemania, pero este inesperado cambio se debe al éxodo de Volksdeutsche de Kazajistán. El contingente berlinés procede en gran medida de otros cauces más clásicos. Con estas premisas, es probable que surja una metrópolis cosmopolita, en un sentido mucho más fuerte que cualquier otra ciudad alemana lo ha sido hasta ahora.

Lógicamente, la izquierda contracultural ha intentado sacar el máximo partido a los recién llegados, como queda claro después de echar un vistazo a las páginas del Tageszeitung, el equivalente berlinés del Libération parisino o de Il Manifesto romano. El taz es el más minoritario de estos tres diarios que descienden de Mayo del 68, pero gracias al valor del edificio que posee, es el más seguro de todos desde el punto de vista económico[246]. En teoría debería beneficiarse de la gran población estudiantil de Berlín —la ciudad tiene tres universidades importantes—, que mostró su valía el invierno pasado, en unas prolongadas manifestaciones contra el deterioro de las condiciones de estudio, en el transcurso de las cuales los estudiantes bloquearon la Puerta de Brandemburgo durante días enteros—. En la práctica, el sistema universitario alemán se encuentra tan anegado desde el punto de vista institucional que es incapaz de impulsar una cultura más amplia. En este caso el legado de Mayo del 68 ha sido, en el mejor de los casos, equívoco, pues no ha logrado abolir el carácter arcaico de muchos rasgos de la vida académica alemana y ha incorporado otros de dudoso carácter populista. El resultado ha sido un estancamiento intelectual, que se identifica con algunos rasgos que han desencadenado poderosas reacciones en otros lugares.

En los ochenta, el talento ya se había desplazado hacia la derecha —por regla general, había abandonado la universidad y se había trasladado al mundo de la literatura y del periodismo crítico—. Bohrer fue uno de los precursores de este cambio de rumbo, desde su cargo de editor de la sección literaria del FAZ. En esta publicación, los espíritus más jóvenes podían permitirse alguna otra elegante escapada del liberalismo social establecido, poner a prueba ideas poco convencionales y perder la inhibición. En la actualidad, los publicistas más bulliciosos todavía se pueden encontrar en esta atmósfera en cierta medida disoluta —según los criterios alemanes—, más que en las indigestas páginas de Die Zeit. Lo mismo sucede, en general, con las nuevas generaciones. El enorme prestigio internacional de Habermas es engañoso. A los treintañeros, aun a los que mantienen un punto de vista impecablemente progresista, se les puede escuchar expresar una mayor admiración por la vivacidad de Jünger o de Schmitt. La socialdemocracia ha llegado al poder sin calar demasiado y sin el apoyo directo de los intelectuales. En este ámbito, la tendencia se ha invertido: en los sesenta se produjo la radicalización de la izquierda y en los últimos años se ha producido el giro opuesto. En los últimos años de su mandato, Kohl contaba con pocos simpatizantes, pero no se puede decir que se haya producido un clamor popular ante la llegada de Schröder.

III

En Berlín, los ingredientes de toda capital moderna clásica se encuentran dispersos o incompletos. Quizá nunca lleguen a convertirse en un todo coherente, como los que conocemos o recordamos en otros lugares, y la ciudad solo consiga ofrecer la imagen de una dislexia posmoderna. Esto es lo que esperan muchos alemanes. Sin embargo, el nuevo gobierno se juega muchas más cosas que el destino de la ciudad. Lo que se pretendía en realidad con el traslado a Berlín era que la Alemania del este recuperara su posición en el centro de la vida nacional, en pie de igualdad con el resto del país. Potencialmente, el traslado del poder político supremo al corazón de la antigua RDA debería haber tenido otros efectos de mayor alcance, compensatorios —psicológica y prácticamente— para la población de la ciudad. Pero el desmesurado retraso que ha afectado a esta maniobra, sumado a los prejuicios occidentales que han determinado su puesta en práctica, han debilitado las expectativas. En muchos sentidos, a pesar de la cuantiosa inversión federal, el abismo que separa a las dos alemanias sigue siendo tan profundo como antes. La generosidad y el desprecio occidental han avanzado de la mano. En 1990 no se intentó en ningún momento redactar una Constitución conjunta, como se contemplaba en la Grundgesetz. La RDA se anexionó sin más y los códigos occidentales se impusieron hasta en los detalles más insignificantes. A cambio, se prometía la felicidad y la prosperidad para todos. Casi diez años después, según las autoridades, el paro se acerca al 18 por ciento, pero los economistas más realistas calculan que la tasa real se encuentra próxima al 40 por ciento. Según las encuestas, las dos terceras partes de la población oriental no se sienten ciudadanos plenos en su propio país.

Idealmente, lo que la «nueva Bundesländer» necesitaba después de la unificación era un movimiento político autóctono, capaz de articular la experiencia común de un pueblo humillado y de forjar una poderosa identidad regional a partir de estas vivencias —una especie de contrapartida oriental del CSU, el tremendamente exitoso partido que ha gobernado Baviera de forma ininterrumpida desde los años cincuenta, y que ha desempeñado al mismo tiempo un importante papel en la política federal—. En la Alemania del este, por supuesto, la disposición sociológica de la región habría situado a un partido regional de esas características en el extremo izquierdo del espectro político. Pero nunca se contempló esta posibilidad, debido a las divisiones existentes dentro de la propia sociedad oriental. Algunas eran de índole interprovincial. Los sajones, los turingios, los brandemburgueses y los pomeranos tenían sus propias historias precomunistas, y no le guardaban ninguna simpatía al Berlín oriental, cuyos privilegios bajo la RDA habían resultado igual de ofensivos que los del Berlín occidental en la República Federal.

Pero, en un sentido más profundo, la población oriental se encontraba dividida por la propia experiencia comunista en dos categorías: los que habían sufrido y los que habían subsistido. Según los criterios de Yezhov o Ceauşescu, o incluso los de Gottwald, la RDA era un régimen moderado —se ejecutó a muy pocas personas y no se construyeron campos de trabajo—. Pero también ejercía un control increíble sobre el individuo, con ayuda de unos sistemas de vigilancia y delación capaces de rastrear la sociedad hasta unos extremos nunca alcanzados en la Rusia de los años treinta, aunque fuera por motivos tecnológicos[247]. Los niveles de represión y de terror bastaron para crear una gran minoría de la población perennemente resentida, y para dejar recuerdos desdichados en muchos más. Al mismo tiempo, el régimen garantizaba una existencia segura y ordenada a los que no se pasaban de la raya; se podía vivir de forma decente sin meterse en política; había muy poca miseria material; llegó a existir un idealismo residual de cierto alcance. Las actitudes poscomunistas se encuentran, por tanto, profundamente polarizadas. Por una parte, existe una minoría que exige venganza y, por otra, una mayoría que se enfrenta a su experiencia de ambos sistemas con sentimientos encontrados. Además, una minoría de los ciudadanos orientales se aferra en gran medida a sus recuerdos del orden anterior y mantiene una actitud hostil en relación con lo que se ha encontrado en el nuevo.

Solo esta última minoría ha encontrado una forma de expresión política estable. El PDS, como organización sucesora del SED que lideró la Alemania oriental, solía ser ignorado en los primeros años posteriores a la unificación, pues se consideraba que no era más que el partido de la «Ostalgie» —un salto atrás a los viejos tiempos de la RDA, dependiente de los anticuados funcionarios y cómplices de aquel Estado policial—. En realidad, más que cualquier otro partido poscomunista de la Europa del este, el PDS se ha convertido en un enérgico movimiento radical de izquierdas. El mérito de su transformación debe atribuirse en gran medida a su líder, Gregor Gysi, el único político judío de renombre —no es casualidad que proceda del este— de la Alemania actual. Gysi es un político rápido e ingenioso, con una imaginación instintiva y un sentido del humor irreverente capaz de dar la vuelta a cualquier estereotipo, hasta el punto de hacer que la mayoría de los parlamentarios occidentales parezcan pesados apparatchiks. Junto con un puñado de colegas —el presidente Lothar Bisky, un antiguo científico, es el más importante—, ha rejuvenecido las filas del partido y ampliado el número de votantes. Limitado en un principio al norte de la antigua RDA, y muy dependiente de los veteranos del SED, el partido ha obtenido este año más del 20 por ciento de los votos de toda la Alemania oriental. La mayoría de sus votantes son mujeres jóvenes y cultas, las mismas jóvenes bien parecidas que suelen representar al partido en las instituciones de los Länder. El mensaje del PDS ha calado incluso en una generación todavía más joven: la noche de las elecciones la sede del partido estaba atestada de entusiastas partidarios adolescentes. Numéricamente, con más de 90 000 afiliados es, con diferencia, el partido más importante de la Alemania oriental. El peso burocrático del pasado todavía se refleja en la estructura interna del PDS, sobre todo cada vez que intenta adentrarse en los terrenos desconocidos de la izquierda alemana occidental, pero cada vez pasa más desapercibido.

El SPD, en comparación, no solo gobernará el país en su conjunto desde la nueva capital, sino que además, con el 35 por ciento de los votos en el este, es ahora la principal fuerza electoral de todos los nuevos Länder. Sin embargo, desde el punto de vista organizativo, con tan solo 27 000 afiliados en la zona, todavía no es más que una sombra del PDS. Durante los años posteriores a la guerra, el SPD, presidido entonces por Kurt Schumacher, se opuso firmemente a la división de Alemania, con un sentimiento de unidad nacional mucho más intenso que el de la CDU. Pero durante las largas décadas de la Guerra Fría se adaptó en exceso a la República de Bonn, hasta tal punto que entre 1989 y 1990 los líderes del partido —Lafontaine era en aquel entonces el candidato a la cancillería— calcularon de forma totalmente errónea la dinámica de la unificación, y no fueron capaces de recibir ni de canalizar institucionalmente este acontecimiento. Daba la sensación de que el SPD se mostraba en esencia reticente a aceptar la unidad nacional, y Kohl aprovechó esa percepción para ganar las elecciones. Fueron pocas las voces críticas que se alzaron para criticar la estupidez de esta actitud, cuyos orígenes más profundos han sido blanco de las críticas del librepensador del partido Tilman Fischer[248].

Ahora el SPD tiene una oportunidad histórica para hacer borrón y cuenta nueva. Rompiendo los tabúes de la Guerra Fría, Lafontaine no ha perdido un instante después de las elecciones y ha autorizado la formación de la primera coalición de gobierno integrada por el SPD y el PDS en Mecklenburg-Vorpommern —una alianza entre la izquierda moderada y la izquierda radical que representaría una mayoría potencial en casi todas las regiones del norte—. Ambos partidos tienen mucho que ganar de esta cooperación: el PDS podría alcanzar el estatus de un socio político normal y el SPD conectar con las realidades locales de las que ha estado aislado. Los socialdemócratas necesitarían un contacto mucho más estrecho con los modos de vida y los sentimientos de la Alemania del este si quieren evitar desengaños populares que, de lo contrario, podrían resultar explosivos. La eminente estudiosa de la historia oral Lutz Niethammer, en la actualidad establecida en Jena, cree que bajo la tranquila superficie de las primeras generaciones de estudiantes poscomunistas se oculta una ira reprimida en relación con el modo en que la versión oficial del pasado desprecia el universo de su infancia, con el que asocian sus recuerdos más íntimos. Entretanto, el desempleo juvenil generalizado y el desarraigo urbano pueden llegar a prender la mecha en las calles.

He aquí, en una versión inquietante y comprimida, el problema del que depende el destino del nuevo gobierno. Alemania cuenta ahora con más de cuatro millones de parados registrados. La alemana no es una sociedad como la británica, donde el gobierno de la derecha radical ha acostumbrado a la opinión pública a un desempleo crónico de grandes proporciones. Todas las partes consideran que un desempleo de tal magnitud es un escándalo. Lo más probable es que el éxito o el fracaso del SPD dependan de que cumpla la promesa de acometer este problema. ¿Cómo piensa enfrentarse a esta cuestión? El gobierno ha adoptado una doble postura. La respuesta de Schröder es la imprecisa «Alianza para el trabajo» —una entente neocorporativista entre el gobierno, las empresas y los sindicatos, destinada a mejorar las condiciones de la economía de la oferta para favorecer la inversión, combinando el recorte del impuesto sobre la nómina con la contención salarial y la flexibilización del mercado laboral—. La Federación de Industrias Alemanas, liderada por el inflexible Hans-Olaf Henkel, ya ha expresado su oposición al incremento de los impuestos energéticos, el precio que hay que pagar para llevar a la práctica este programa. Lafontaine, por otra parte, se muestra más partidario de medidas que afecten a la demanda: reducir el impuesto de la renta y bajar los tipos de interés. En este caso, el contraste con Gran Bretaña no podía ser más marcado. Lo primero que hizo Brown fue transferir el control de la política monetaria al Banco de Inglaterra; el movimiento de salida de Lafontaine ha sido atacar públicamente al Bundesbank por empeñarse en seguir con una actitud deflacionaria que contradice los objetivos del gobierno. Esta ruptura con el convenio alemán ha suscitado una protesta previsible.

Pero el éxito o el fracaso del descenso del paro no dependen solo de Alemania. La llegada de la moneda única europea cambiará todos los parámetros. Este último cambio, el más importante de todos los que se están produciendo en Alemania, ha creado una división tácita en el seno del gobierno. Antes de ser nominado como candidato del SPD a la cancillería, Schröder no se esforzaba demasiado por ocultar sus reservas y su escepticismo en relación con cualquier sacrificio del marco alemán en nombre del euro. Cuando su partido empezó a defender esta medida, Schröder cambió el tono de su discurso; sus ideas quizá no cambiaron tanto. En la primavera de 1998, tuvo lugar en la Willy Brandt Haus, la nueva y esbelta sede del SPD en Berlín, un debate entre Schröder y Habermas[249]. Aunque en muchos sentidos fue un suceso admirable, también resultó desconcertante. Habermas habló con elocuencia de la necesidad de establecer políticas socioeconómicas comunes en la Unión Europea, pues las limitaciones de cualquier marco nacional eran cada vez más evidentes, y concluyó su intervención con un desafío directo al SPD: «¿Han pensado ustedes en alguna estrategia ofensiva para Europa en general?». En respuesta, Schröder habló largo y tendido de la Bundnis für Arbeit, de la compatibilidad entre la competitividad y la justicia social, la importancia de una cultura moderna, pero no dijo una sola palabra sobre Europa. Unos pocos meses antes, cuando le preguntaron qué pensaba sobre la introducción de la medida de la jornada laboral de treinta y cinco horas en Francia e Italia para crear empleo, había contestado, sencillamente: «Buenas noticias. Las empresas alemanas ganarán a las suyas con más facilidad».

Lafontaine siempre ha utilizado un tono distinto, y mucho antes de las elecciones ya explicaba a sus electores que las respuestas efectivas al desempleo y a la desigualdad requerirían inevitablemente una acción europea coordinada, más allá de los límites de Maastricht. A los pocos días de tomar posesión de su cargo, ha criticado al Banco Central Europeo por mantener los tipos de interés altos, ha propuesto una zona de objetivos del euro contra el dólar y ha realizado un llamamiento a favor de la creación de un contrapeso político al BCE para los asuntos macroeconómicos de la Unión. Tales ideas representan una inversión en relación con el papel que Alemania ha desempeñado históricamente en la UE. Fue el gobierno alemán el que insistió en que se concediera poder absoluto al BCE —sin rastro de representatividad popular— para que determinara el suministro de dinero, y por tanto las tasas de crecimiento y de empleo, en Europa; en que esos criterios de convergencia draconianos fueran la condición previa para la incorporación a la moneda única; en que se impusiera a los presupuestos nacionales, incluso después de la admisión, un Pacto de Estabilidad deflacionario. Este era el orden al que estaba acostumbrada Europa, el orden que ha acabado aceptando.

Por tanto, no es probable que la entrada de Alemania en la unión monetaria sea tranquila, ni para ella ni para Europa. El nuevo gobierno ya está siendo atacado por los medios de comunicación, irritados con Schröder por haber frustrado hasta el momento las expectativas económicas. La magnitud de la victoria electoral de este gobierno no le garantiza una vida segura. El más estable de todos los órdenes políticos de la Europa de la posguerra ha entrado en un periodo de turbulencias imprevisibles, como un enorme y apacible río que poco a poco empezara a revolverse y a fluir con fuerza hacia los rápidos. Solo podemos estar seguros de una cosa. Alemania no se va a convertir en un lugar aburrido. En los próximos años, «ese país grande y ambiguo», como lo definió Eric Hobsbawm en cierta ocasión, va a ocupar el centro del escenario[250]. Nadie sabe qué le deparará el futuro, ni siquiera los propios alemanes. Se me viene a la mente una forma interrogativa que caracteriza a la cultura alemana. Todas las lenguas europeas tienen expresiones coloquiales que se añaden a una pregunta después de una afirmación: isn’t it; n’estce pas; ¿no es así? El alemán, aunque posee una locución equivalente, nicht wahr?, va más allá. En este país, los adolescentes rematan las frases con una sola palabra, radicalmente indeterminada, seductora e inquietante. Oder?

(II - 2009)

Una década después de que Helmut Kohl abandonara el poder —dos años después de la caída del Muro de Berlín—, ¿qué curso ha seguido el río alemán después de ampliar su cauce? ¿Ha fluido con rapidez o con lentitud? El país ha sufrido enormes cambios estructurales desde la caída del muro. La política, la economía, la cultura y la sociedad se han visto sometidas a presiones muy fuertes, a veces contradictorias. Apenas han pasado diez años desde que la capital se desplazara unos quinientos kilómetros hacia el este; y menos aún desde que el marco pasara a la historia y Alemania adoptara una postura dominante en la eurozona. Políticamente, hubo que esperar a las elecciones de 1998 para que apareciera el nuevo panorama posterior a la unificación. El desgaste del reinado de dieciséis años de Kohl, el incumplimiento de las promesas que el régimen había hecho a los ciudadanos del este y, ante todo, el lento crecimiento y la elevada tasa de desempleo, propiciaron el ascenso al poder de una coalición de izquierdas formada por socialdemócratas y verdes. Es imposible trazar la trayectoria de la Alemania actual sin tener en cuenta estos cambios fundamentales.

En 1998, el principal compromiso de Gerhard Schröder fue reducir a la mitad el número de parados en el transcurso de su mandato. ¿Cómo pensaba hacerlo? Oskar Lafontaine, recién nombrado ministro de Economía, lo tenía muy claro: para reactivar la economía alemana había que descartar el Pacto de Estabilidad deflacionario que Bonn había impuesto como precio que había que pagar a cambio de la unión monetaria, y estimular el consumo doméstico con ayuda de políticas anticíclicas de corte keynesiano. Después de unos meses de fracaso, Lafontaine abandonó[251]. Schröder, aliviado por haberse librado de un rival, optó por la ortodoxia: lo primero era nivelar el presupuesto. El nombre del sucesor de Lafontaine, Hans Eichel, se convirtió en sinónimo de dedicación obstinada, aunque en modo alguno exitosa, a la consolidación de las finanzas públicas. Cuando se decidió a aplicar recortes tributarios, los impuestos que bajaron no fueron los del trabajo, sino los del capital, y se apostó por ayudar a los bancos y a las empresas, en lugar de asistir a los consumidores. El crecimiento no se reactivó. En 2002, el gobierno de coalición SPD-verdes se volvió a enfrentar a los votantes con un historial económico realmente desastroso. Schröder se había jactado de poder reducir el paro al 5 por ciento. Pero cuando la coalición se presentó a las elecciones había aumentado hasta el 10 por ciento. Unas cuantas reformas sociales aquí y allá, la más importante de las cuales fue la liberalización de las leyes de nacionalización, medida que llegaba con retraso, no fueron suficientes para compensar este fracaso.

En el ámbito de la política exterior, sin embargo, la coalición tuvo la oportunidad de actuar en un campo de operaciones menos rígido. Un año después de llegar al poder, el gobierno metió a Alemania en la Guerra de los Balcanes, y lanzó una vez más a la Luftwaffe sobre Yugoslavia. La participación alemana en la Operación Fuerza Aliada se presentó como una misión humanitaria vital, cuya finalidad era evitar un nuevo Holocausto en suelo europeo, y fue recibida con la aprobación casi unánime de la nación: los partidos de centro-derecha afirmaban que esta actuación demostraba con claridad que el país había recuperado la confianza en sí mismo como potencia militar; los de centro-izquierda, que había sido un ejemplo perfecto de conciencia y filantropía universales. En los medios de comunicación, la crucial conversión militar de los verdes era motivo de especial satisfacción. Dos años después, la Bundeswehr salió de Europa para participar en la ocupación de Afganistán; las partes interesadas se reunieron en Bonn para decidir el gobierno idóneo para este país, y un general alemán tomó el mando de las fuerzas aliadas en Kabul. Esta expedición también contó con el consentimiento general, aunque, al ser una aventura más remota, los votantes no la recibieron con un entusiasmo tan activo. Alemania se estaba convirtiendo en defensora del bien, igual de responsable que el resto de potencias democráticas occidentales.

Esta transformación benefició en gran medida a la reputación pública de la coalición gobernante. En virtud de su condición de portavoz, Fischer se convirtió en una presencia constante, el político más popular del país. Pero los ministros de Exteriores de la Bundesrepublik, que por lo general representaban a partidos pequeños, gozaban desde hacía tiempo de esta posición como pastores de la conciencia de la nación —no solo el eterno Hans-Dietrich Genscher, sino incluso el imperceptible Klaus Kinkel habían disfrutado del mismo aprecio en su época—. Y, además, la lealtad a la OTAN no era un rasgo que distinguiera al gobierno de la oposición. El prestigio de los triunfos en política exterior rara vez funciona como sustituto de la prosperidad doméstica. Que se lo digan a Bush padre o a Gorvachev. Justo antes de las elecciones de 2002, la coalición SPD-Verde se encontraba muy por detrás de la CDU / CSU en las encuestas. Los demócratas cristianos se habían visto gravemente afectados por la recién descubierta corrupción de Kohl —el partido tuvo la gran fortuna de que este escándalo se destapó cuando Kohl ya había abandonado el poder[252]—. Pero la solidaridad de la clase política, que no se caracteriza precisamente por su transparencia, garantizó que, como ha sucedido tantas veces en Occidente, los incriminados no fueran procesados, y menos aún castigados; las aguas cubrieron rápidamente el episodio y los socialdemócratas apenas le sacaron partido. Con la economía todavía luchando para mantenerse a flote, la oposición parecía lista para la victoria.

En el verano de 2002, sin embargo, la cuenta atrás de la invasión de Irak, anunciada desde hacía mucho tiempo, alteró la atmósfera. El cambio de régimen en Bagdad, aunque parecía una buena perspectiva, implicaba riesgos mayores que los de Belgrado o Kabul, y la opinión pública alemana parecía mucho más susceptible. Consciente de estos temores y fortalecido por los recelos de Francia, Schröder anunció que Berlín no participaría en un ataque a Irak, aunque —esto escandalizó a Habermas— la ONU lo autorizara. Fischer, devoto de la administración americana anterior, se limitó a asentir entre bastidores, mientras que los demócratas cristianos se quedaron totalmente descolocados —no podían apoyar a Washington abiertamente y tampoco manifestar que estaban de acuerdo con el canciller—. La ventaja de Schröder era total: esta vez, el orgullo alemán podía lucir los colores de paz en vez de los de guerra y, además, la oposición quedaba excluida. Después de una intervención bíblica de una inundación en el este, causada por una crecida del Oder, la cual permitió mostrar un despliegue de energía y compasión prácticas convenientemente televisado, las encuestas encumbraron al canciller. En octubre, cuando se realizó el recuento de votos, el SPD había vencido a la CDU / CSU por un margen de 6000 votos, y la coalición estaba de nuevo en el poder, con una mayoría de tres escaños en el Bundestag[253].

Después de las elecciones, la oposición pública al ataque sobre Bagdad se desvaneció y, disimuladamente, se pudo ampliar el apoyo a la guerra americana: agentes alemanes facilitaron la situación de algunos objetivos secretos para que los americanos pudieran bombardearlos. En Europa, la ocupación —ya no se consideraba invasión— de Irak fue aceptada enseguida como un hecho consumado, y perdió relevancia política. Pero Schröder tuvo la precaución de no romper la alianza con Chirac establecida durante el periodo previo a la guerra, y recompensó al Elíseo económica y políticamente, consintiendo una ampliación de la Política Agrícola Común y manteniendo la paridad tradicional entre Francia y Alemania en el Tratado de Niza. Por supuesto que la alineación con Francia era una política tradicional de Alemania desde los días de Adenauer. Schröder, sin embargo, la utilizó como tapadera para su acercamiento a Rusia, imposible en tiempos de la URSS, que de lo contrario habría levantado sospechas de ser un segundo Tratado de Rapallo. Arropada por las empresas alemanas, que habían establecido lucrativos contactos con Rusia, la amistad de Schröder con Putin —«un demócrata intachable», en palabras del canciller— fue recibida con frialdad por los medios de comunicación. Desde el punto de vista geopolítico, el desarrollo de las relaciones entre Berlín y Moscú fue la novedad más importante del mandato de Schröder. Pero, políticamente, en casa sirvió de poco.

En el ámbito doméstico, al inicio de su segundo mandato, los problemas económicos que en un principio le habían aupado al poder seguían aparentemente intactos. Consciente de lo poco que le había faltado para ser castigado por ser incapaz de solucionarlos, aguijoneado por las críticas de la prensa, Schröder decidió entonces enfrentarse al toro del neoliberalismo, como le pedían desde hacía tiempo los expertos[254]. En el otoño de 2003, la coalición SPD-Verde aprobó un paquete de medidas, la denominada «Agenda 2010», destinado a acabar con el tan denostado Reformstau —el atasco de reformas necesarias— en la República Federal. Los ingredientes del programa eran las recetas típicas de la época: recortar los subsidios de desempleo, retrasar la edad de jubilación, privatizar la sanidad, reducir las ayudas, abolir los requisitos para la especialización y ampliar los horarios comerciales. Los socialdemócratas alemanes habían cobrado por fin ánimos para llevar a cabo los recortes sociales y la liberalización del mercado que los demócratas cristianos no se habían atrevido a poner en marcha en los largos años de su permanencia en el poder. Los editorialistas y los ejecutivos, aunque habrían querido un plan todavía más severo, se deshicieron en elogios.

En realidad, el SPD había aprobado una tanda de regulaciones neoliberales más compacta y exhaustiva que la que el Nuevo Laborismo, un modelo citado hasta la saciedad, estaba dispuesta a aceptar. Pero también es cierto que el paisaje político de la Agenda 2010 no era el de la Gran Bretaña de Blair. Por una parte, en Alemania la socialdemocracia no había heredado el legado del thatcherismo —el gobierno tuvo que iniciar un proceso de desarrollo capitalista, en lugar de limitarse a proseguir en la misma dirección—. Por otra, la clase obrera alemana y sus organizaciones todavía eran considerablemente más poderosas que en Gran Bretaña. Aunque la densidad de sindicatos era comparable —menos de una tercera parte de la población activa en ambos casos, con una tendencia a la baja más acentuada en Gran Bretaña—, la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) tenía más poder de negociación, a través de instituciones corporativas tradicionales o de pactos y convenios salariales, que la TUC; mientras que el propio SPD, con más del doble de afiliados que el Nuevo Laborismo, era un partido mucho más compacto. En consecuencia, se produjo un doble resultado: el empuje neoliberal de la Agenda 2010, al no provenir de la derecha radical, sino del centro acomplejado, fue, inevitablemente, mucho más débil que el del régimen de Thatcher, mientras que la resistencia a estas medidas que opuso un movimiento sindical que todavía no había sido castrado —del todo— fue mucho más dura que la de los seguidores de Blair.

Como era de esperar, el giro neoliberal, dirigido sin ganas y recibido sin entusiasmo, se encasquilló. A pesar del bombo que se le dio en los medios de comunicación, los efectos de la Agenda 2010 sobre la economía fueron insignificantes: ni siquiera las valoraciones más benévolas le atribuyen más de un 0,2 por ciento de crecimiento adicional del PIB[255]. Pero sus consecuencias políticas fueron otro cantar. La última dosis del paquete, el plan «Hartz IV» —llamado así en honor del hombre que lo concibió, el jefe de recursos humanos de Volkswagen, amigo íntimo de Schröder desde los tiempos de la Baja Sajonia—, que contemplaba el recorte de los subsidios de desempleo, era una píldora demasiado amarga para que los sindicatos se la tragaran de buena gana. En las bases del SPD el malestar era cada vez mayor y muchos militantes del Ruhr y de otras regiones occidentales abandonaron el partido. En los Länder, la formación perdía una elección tras otra. Como prueba de la caída de popularidad del partido, el malestar en relación con Schröder aumentó. Por fin, en la primavera de 2005, el SPD fue derrotado incluso en uno de sus baluartes tradicionales, Renania del Norte-Westphalia, el estado más populoso de la federación, que había aupado al líder del partido hasta el gabinete que ahora había puesto en marcha la Agenda 2010. Ante el temor de que le sucediera lo mismo que a Helmut Schmidt en 1981, repudiado por su propio partido por desplazarse demasiado hacia la derecha, Schröder decidió lanzar un ataque preventivo y adelantó las elecciones un año, antes de que se cuestionara su autoridad.

Para hacerlo tuvo que burlar la Constitución, que prohibía disolver el Parlamento por voluntad del canciller, y escenificó un fraudulento voto de confianza en el que se aleccionó a los diputados del SPD para que se abstuvieran y garantizar así su propia derrota. Esta manifiesta violación de la Grundgesetz contó con el consentimiento del más alto tribunal del país, un buen ejemplo de los límites de las leyes en la Alemania de la posguerra: como los líderes del SPD y de la CDU querían transgredir la ley, por distintos motivos, los jueces se lo permitieron. Merkel, la nueva candidata de la CDU / CSU, estaba deseando rentabilizar su ventaja —de 20 puntos— en las encuestas de opinión; Schröder sabía que la única opción que tenía el SPD era apoyarle. La contienda posterior fue la más encarnizada desde el intento de derrocar a Brandt en 1972. A estas alturas los medios de comunicación, con el Frankfurter Allgemeine, Die Welt y Der Spiegel al frente, perseguían a gritos a Schröder, le acusaban de oportunismo hueco y pedían a voces una ruptura radical con el corporativismo paralítico del pasado. Incitada por la prensa, donde se la aclamaba como la nueva Thatcher que necesitaba el país, Merkel organizó una campaña descaradamente neoliberal, prometiendo una sociedad basada en el esfuerzo individual y en la fiscalidad de tipo único, sin sensiblerías. Schröder se dio cuenta de que tenía una oportunidad y contraatacó con fuerza. Ridiculizó las medidas fiscales de Merkel y denunció que la CDU representaba una amenaza para la solidaridad social[256]. Su ataque fue tan eficaz que el día de las elecciones la enorme ventaja inicial que tenía Merkel se había esfumado. Cuando se realizó el recuento de votos, la CDU / CSU tan solo aventajaba al SPD en un 1 por ciento, con cuatro escaños más en el Bundestag, y sin mayoría parlamentaria aunque se aliara con el FDP. Schröder tuvo que abandonar, pero, para gobernar, Merkel necesitaba formar una gran coalición.

I

Pocos recibieron este resultado con esperanza. En el mejor de los casos, se pensaba, si los dos partidos mayoritarios tienen que compartir la responsabilidad de unas medidas impopulares pero necesarias, en lugar de culparse mutuamente por haberlas tomado, las reformas liberales tendrán en cierto modo más posibilidades de ser incluidas en el código de leyes. En el peor de los casos, los conflictos entre estas dos fuerzas podrían causar un inmovilismo todavía más funesto. En realidad, sin embargo, bajo la superficie política de las encuestas y los partidos, se habían producido una serie de cambios estructurales más profundos, que habían alterado los parámetros de gobierno. La unificación de Alemania había transformado al país de dos formas igualmente paradójicas. El largo estancamiento de la economía alemana, el acontecimiento social más destacado desde 1989, se suele atribuir en gran medida —y hasta cierto punto con razón— al enorme coste de la absorción de la antigua RDA —en torno a 1,3 trillones de dólares, según las últimas estimaciones—, que ha exigido una exención de impuestos a gran escala, la desviación de las inversiones dedicadas a la innovación productiva a la reconstrucción de las infraestructuras y el entorno, y la escalada vertiginosa de la deuda pública. Como es sabido, Alemania cayó en desgracia de forma tan drástica que el país que en un principio hizo un esfuerzo especial para afianzar el Pacto de Estabilidad que prohibía al resto de países un déficit superior al 3 por ciento del PIB, un instrumento de tortura fiscal de la unión monetaria europea, se ha convertido en el país más reincidente, pues ha violado las provisiones del pacto seis veces, desafiando a la Comisión.

Pero, esta pesada carga para el capital alemán también radican, sin embargo, las condiciones de su nuevo fortalecimiento. Pues la unificación ha debilitado la mano de obra de manera decisiva. Cuando los sindicatos de la Alemania oriental intentaron extender sus redes hacia el este y defender un salario base nacional a la altura del de las regiones occidentales, se encontraron con una industria tan perjudicada y unos trabajadores tan afectados por el desempleo circundante, que tomaron conciencia de que su iniciativa estaba condenada al fracaso. Pero una vez demostrado que el este no se podía integrar en el sistema corporativista tradicional de la Modell Deutschland, este modelo se vio inevitablemente sometido a una presión cada vez mayor en la propia Alemania occidental. La mano de obra más barata de la antigua RDA pronto fue desbancada por los salarios aún inferiores de la Europa del Este, pues la perspectiva, y después la realidad, de la ampliación de la UE atrajo un volumen creciente de inversiones de origen alemán hacia Eslovaquia, Hungría, la República Checa, Polonia y otros lugares. Y después se subcontrataron fábricas en Asia, América Latina y Oriente Medio, con lo cual la brecha original de la unificación se abrió todavía más y afectó a la economía nacional, favoreciendo la flexibilización del mercado laboral.

El resultado fue un brusco declive, no solo en el número de afiliados a los sindicatos alemanes —el DGB pasó de 11 millones de militantes en 1991 a 7 700 000 en 2003—, sino en su capacidad de resistencia ante las despiadadas presiones del capital alemán. El salario real cayó durante siete años consecutivos, dotando a las empresas alemanas de una posición de ventaja con respecto a la competencia en los mercados internacionales de alta calidad. En 2004, Alemania se convirtió de nuevo —como en los años setenta— en el principal exportador mundial de productos manufacturados. Este éxito no se cimentaba en una productividad excepcional —EEUU obtuvo unas ganancias considerablemente mayores durante el mismo periodo—, sino en la represión salarial, ya que los trabajadores se veían obligados a aceptar jornadas más largas a cambio de salarios más bajos, ante la amenaza de subcontratar a otros que cobraran menos, sin un incremento paralelo del consumo doméstico. Pero, con este hinchado superávit en las exportaciones, las inversiones aumentaron; y una vez que el ciclo económico se puso en marcha, el crecimiento se aceleró por fin en 2006, coincidiendo con el ascenso de Merkel a la cancillería. A principios de 2008, el desempleo se había reducido en casi dos millones. El suero de la liberalización, inyectado desde el este, parecía funcionar por fin.

Sin embargo, de acuerdo con una segunda paradoja inversa, la unificación que había transformado la estructura económica del país, y había liberado un capitalismo menos inhibido, más despiadado, ha cambiado el paisaje político en la dirección opuesta. Pues las grandes sumas invertidas en el este, aunque han servido para modernizar los enseres fijos de la sociedad —comunicaciones, edificios, servicios, comodidades—, no han logrado crear una prosperidad industrial correspondiente o un sentido de dignidad e igualdad colectivas en la República Federal. La RDA era andrajosa, autoritaria, arcaica, según los criterios de Bonn. Pero a la sombra del Estado todos tenían trabajo y eran relativamente iguales. Con la anexión que ha llevado a cabo Occidente y la rápida demolición de la mayor parte del parque industrial autóctono han llegado los oportunistas y los puestos de trabajo han desaparecido. En el resto de países pertenecientes al antiguo Imperio soviético, las secuelas inmediatas del comunismo fueron en general más duras, pues las naciones que ya eran pobres siguieron pautas específicas de recesión y dislocación. Pero, como no fueron introducidos a presión en la cámara de vacío de la competitividad, tuvieron más espacio para respirar y poder adaptarse y reconvertirse; al poco tiempo, la tasa de crecimiento se incrementó y la de desempleo era menor que la de la neue Bundesländer. Este rendimiento más favorable no solo tenía raíces económicas, sino también sociológicas. En Polonia, Eslovaquia y Hungría, la restauración del capitalismo la dirigieron las elites políticas locales, una mezcla de exdisidentes y antiguos funcionarios del partido que intentaban sacar tajada y asegurar que los frutos de este cambio revirtieran directamente sobre ellos. Su popularidad podía variar a lo largo del ciclo electoral, pero eran una parte integrante de la sociedad local.

En la Alemania del este no surgió un estrato comparable. Allí, los puestos más elevados en la política, en la economía y en la cultura de las nuevas Länder fueron rápidamente ocupados —de hecho, a menudo prácticamente monopolizados— por la afluencia de occidentales. De este modo, aunque la unificación supuso una mejora del nivel de vida, ya que incluso los desempleados recibían subsidios, como en Occidente, casi todo el mundo experimentó el capitalismo como una colonización, no como un avance propio, y menos aún como una emancipación. Incluso allí donde trajo consigo beneficios materiales, no se llegó a experimentar como una dinámica autóctona, sino que se veía como algo impuesto, una fuerza sustancialmente ajena[257]. Si todas las barcas hubieran subido con la misma marea, como había prometido Kohl, este efecto habría sido, sin duda, menor. Pero la dolorosa sensación de un pasado abolido —un universo vital irreparablemente devaluado— no era una reacción subjetiva a las consecuencias de la unificación. Se reflejó de manera objetiva en el desastre demográfico que pilló desprevenido al este en estos años: los viejos se quedaron, los jóvenes se fueron y a los de mediana edad les dieron carpetazo. Una población que en 1989 había alcanzado los 16 millones de personas, se quedó reducida a 12,5 millones en 2008, y está previsto que descienda más todavía —quizá mucho más— con el éxodo de las mujeres jóvenes hacia el oeste. Entre 1993 y 2008, más de las dos terceras partes de los jóvenes entre dieciocho y veintinueve años nacidos en la Alemania del este abandonaron esta región[258]. En la RDA, como ha señalado uno de sus escritores más conocidos, los edificios se caían a pedazos, pero vivía gente dentro, gente con trabajo; ahora los edificios han sido restaurados y están resplandecientes, pero la gente se ha muerto o se ha ido. La cuarta parte del total de las viviendas están desocupadas, y un gran número de pequeños centros residenciales, sobre todo en el norte, corren el riesgo de convertirse en pueblos fantasma.

En estas condiciones, es muy difícil que un partido que defienda cierta noción de memoria y que exprese la identidad nacional no consiga medrar. Cuando Kohl abandonó el poder, el PDS contaba con el respaldo de una quinta parte del electorado de la Alemania del este. Cuando Schröder perdió las elecciones, ya contaba con la cuarta parte, y era la segunda fuerza política más importante de la región, ligeramente por delante de la CDU y no demasiado lejos del SPD. No ha sido un incremento ininterrumpido, y ha sufrido algunos contratiempos: un descenso del número de votos en 2002, la pérdida del poder en Mecklenburg-Vorpommern, un importante desaire por aceptar los recortes sociales en Berlín en 2006. La evolución del partido tampoco ha seguido una progresión lineal. Sus dos líderes más prominentes, Gysi y Bisky, se retiraron durante una temporada, incapaces de aceptar que las tropas alemanas tienen que prestarse a participar en las misiones militares que decida el Consejo de Seguridad. Los militantes del partido siguen siendo bastante entrados en años: las tres cuartas partes son pensionistas, y más de la mitad de los afiliados tiene más de setenta años. En cierto sentido, teniendo en cuenta estas limitaciones tan severas, la resistencia del PDS resulta todavía más singular.

El fenómeno que ha transformado a esta fuerza regional en un partido de alcance nacional ha sido el giro neoliberal del gobierno de Schröder. Cuando se aprobó la medida Hartz IV, se organizaron manifestaciones en todo el país, pero las más importantes fueron las que convocó el PDS en sus bastiones orientales, a las que asistieron cientos de miles de ciudadanos. En el oeste, los sindicatos que se habían escindido del SPD se agruparon y se presentaron en una lista conjunta, sin demasiado éxito, a las posteriores elecciones del Land. Después surgió un cauteloso debate sobre la posibilidad de cierto tipo de colaboración con el PDS. Fue Schröder, con su decisión de convocar unas elecciones repentinas en 2005, quien impulsó un proceso que de lo contrario se habría prolongado y no habría llegado a definirse. Con el sencillo nombre de Die Linke —«La izquierda»—, esta plataforma se llevó el 8,7 por ciento de los votos de toda la nación, por delante de los verdes y pisándole los pies al FDP, con 44 escaños en el Bundestag[259]. El catalizador del éxito de este partido fue Oskar Lafontaine, que regresó a la escena política como líder del ala occidental de Die Linke. Odiado por abandonar el gobierno de Schröder antes incluso de que este diera el famoso giro hacia la derecha, y temido por su habilidad táctica y retórica, Lafontaine se convirtió en la bête noire del SPD —un traidor que todavía contaba con un inmerecido reconocimiento nacional y que podía robarle parte de sus votos. Eso fue lo que sucedió—. En todas aquellas Länder occidentales donde el PDS no había conseguido establecerse hasta entonces, Die Linke le despejó el camino hacia la Asamblea —en Bremen, Hamburgo, la Baja Sajonia, Hesse— con un variado conjunto de candidatos locales. Y lo más inquietante es que las encuestas de opinión nacionales dan a Die Linke entre el 10 por ciento y el 13 por ciento de los votos, lo cual les convertiría en el tercer partido más importante de Alemania.

Detrás del ascenso de Die Linke también se encuentra la situación de declive que desde hace tiempo atraviesan los dos partidos dominantes de la República de Bonn. A mediados de los setenta la CDU / CSU y el SPD contaban con el 90 por ciento del electorado. En 2005, el porcentaje había descendido hasta el 70 por ciento. Implacablemente, la secularización y la aparición de otras fuerzas políticas han reducido lo que en otros tiempos fue el núcleo electoral de ambas formaciones. Los católicos practicantes, el 46 por ciento de los votantes de la CDU / CSU en 1969, han caído en picado, y en 2005 solo representaban el 12 por ciento; los obreros manuales sindicados, el 25 por ciento de los votantes del SPD, solo alcanzan ahora el 9 por ciento. El número de militantes también ha sufrido una brusca caída: el SPD ha pasado de 940 000 afiliados en 1990 a poco menos de 530 000 en 2008; la CDU, de unos 750 000 a casi 530 000 —la primera vez que supera a su rival—; el CSU, que ha aguantado mejor, ha pasado de 186 000 a 166 000[260]. Después de la guerra, con un sistema electoral que reparte los escaños del Bundestag en proporción a los votos que haya obtenido cualquier partido que alcance al menos un 5 por ciento del total, casi todos los partidos han tenido que contar con el FDP para formar gobierno, la formación política que mantenía el equilibrio entre los dos bloques mayoritarios. Con la aparición de los verdes en los años setenta, el sistema tripartito se fue convirtiendo gradualmente en una contienda entre cuatro, lo cual favoreció que en 1998, por primera vez, se pudiera formar gobierno sin tener que recurrir al FDP, la coalición entre el SPD y los verdes.

La consolidación de Die Linke, si se llega a producir, transformará este cálculo político, y será matemáticamente más difícil que una combinación de dos partidos alcance la mayoría necesaria en el Parlamento. La única salida posible es la Gran Coalición entre la democracia cristiana y la socialdemocracia del estilo de la actual. Esta ha sido desde hace mucho tiempo la fórmula convencional en Austria, y puede que al final se acabe imponiendo, faute de mieux, en Alemania. Pero las tradiciones políticas de ambos países no son iguales. El reparto institucionalizado de escaños en el Estado y en la economía entre católicos y socialistas del sistema Proporz, un mecanismo de defensa que surgió de la experiencia de la guerra civil en la Austria de los años treinta, nunca ha tenido equivalente en la República Federal. Allí, ambos partidos siempre han considerado que las grandes coaliciones, en cualquier caso propensas a la desestabilización provocada por el ciclo de elecciones competitivas en los Länder, son arreglos provisionales que favorecen el extremismo en los flancos y que deben ser liquidados lo antes posible. En los años sesenta, fue la CDU la que perdió terreno en la Gran Coalición, en favor del SPD. En la actualidad se han vuelto las tornas, Merkel y sus colegas se benefician de una socialdemocracia que parece no tener timón, ya que la partida de Schröder ha dejado un partido dividido, que se aleja torpemente del centro para hacer frente al ascenso de Die Linke, ante la cólera del ala neoliberal, sin que su postura se vea recompensada en las urnas. Con el apoyo de la cuarta parte del electorado, el porcentaje más bajo de la posguerra, el SPD se enfrenta a la perspectiva de una crisis estructural. Porque en realidad la unificación ha traído consigo un nuevo sistema político.

En la República de Berlín, las fuerzas combinadas del SPD, los verdes y la izquierda han contado hasta la fecha con una mayoría sociológica de la que nunca llegó a gozar la socialdemocracia durante los años de Bonn: en torno al 53 por ciento en 1998, el 51 por ciento en 2002 y 2005, en comparación con el 41 por ciento de 1998, el 46 por ciento de 2002 y el 45 por ciento de la suma de los votos de la CDU, el CSU y el FDP. Pero esta alteración estructural del equilibrio de fuerzas subyacente en el país hasta el momento sigue sin encontrar expresión ideológica a escala federal. Siempre se ha considerado que el PDS y ahora Die Linke no son socios respetables para formar un gobierno nacional, formaciones contaminadas por descender del comunismo. En 1998 y 2002, el SPD y los verdes no necesitaron al PDS para alcanzar la mayoría en el Bundestag. Pero, en 2005, el único motivo de que Schröder abandonara la cancillería fue su convicción de que formar un gobierno con el respaldo de la izquierda era tabú. Si el SPD y los verdes hubieran estado dispuestos a ello, los tres partidos habrían gozado de una sólida mayoría parlamentaria de cuarenta. Como esta combinación no era viable, el SPD se vio obligado a echarse a los brazos de la CDU / CSU como socio minoritario, como es natural, en detrimento propio.

La historia de la Gran Coalición es la insulsa crónica de las riñas por las reformas socialliberales de baja intensidad enmarcadas en la notable mejoría de la economía que se produjo entre 2006 y 2007, que redujo el paro y contribuyó a que el incremento de los ingresos tributarios absorbiera el déficit, antes de que el país quedara sumido en una profunda recesión a finales de 2008. Merkel ha dirigido una recuperación que le ha debido poco a su mandato y una depresión que también ha escapado a su control, y ha sacado provecho de ambas, pues ha alcanzado una popularidad que supera con creces a la de cualquier candidato potencial del SPD que aspire a ocupar su puesto en 2009. Pero la popularidad de Merkel, probablemente igual de pasajera que cualquier otra, se la debe sobre todo a sus cuidados modales de Sachlichkeit femenina sin pretensiones, a la escenificación de la política exterior —G-8, cumbres europeas— y al actual temor a la inestabilidad, no a una reputación de eficacia en los asuntos domésticos. Cuando estaba en la oposición, Merkel se situaba más a la derecha en el espectro político: defendió la invasión de Irak y criticaba la dependencia del bienestar social. Cuando accedió al poder, aunque adoptó una postura más anticomunista que la de Schröder y se mostró más fría con Rusia, se desplazó hacia el centro, y su mandato apenas se distingue del de su predecesor. El lema tácito sigue siendo Fortwursteln[261].

Atrapado en una coalición que le debilita, con un electorado cada vez más reducido, tal como están las cosas el SPD corre el riesgo de sufrir una derrota aplastante en 2009. Los intentos de frenar el avance de Die Linke con ayuda de un puñado de gestos sociales —la propuesta de un salario mínimo federal, la recuperación de los subsidios de transporte— no han impresionado demasiado al electorado. Desesperado, el desventurado presidente del partido, Kurt Beck —el cuarto en cinco años—, propuso corregir el Hartz IV, la rémora más pesada del partido, antes de que el ala derecha del SPD, todavía muy influyente, le hiciera renunciar al cargo para nominar al eterno factótum de Schröder, Frank-Walter Steinmeier, el actual ministro de Exteriores, como candidato a la cancillería. Al margen de todos estos pataleos, los jóvenes del partido que ocupan algún cargo público han empezado a pensar lo impensable, alcanzar un acuerdo con la izquierda. La lógica estadística de una coalición formada por el SPD, los verdes y el PDS, la más evidente desde hace mucho tiempo en teoría, amenaza con convertirse en la práctica en un tormento para los socialdemócratas alemanes. Klaus Wowereit ha gobernado la ciudad de Berlín durante siete años en representación del SPD gracias a un pacto con el PDS-Linke, sin necesitar el apoyo de los verdes. Pero, a efectos políticos, Berlín forma parte del este, y, en cualquier caso, su perfil de gran ciudad la diferencia del resto del país —Wowereit ejemplifica a la perfección el fenómeno del alegre alcalde de la típica metrópolis, cuyo fuerte son los espectáculos y las fiestas, en detrimento de los presupuestos y los servicios públicos, comparable con Livingstone en Londres, Delanoë en París o Veltroni en Roma—. La aritmética electoral de Berlín es demasiado atípica para que sirva de modelo. Más significativa ha sido la debacle del SPD en Hesse, donde la dirigente local del partido, Andrea Ypsilanti, después de prometer una y otra vez que no pactaría con la izquierda, ha intentado formar un gobierno de coalición con los verdes que depende del apoyo de Die Linke para obtener una mayoría mínima. Con esta decisión, se ha dado un paso cuyas implicaciones saltan a la vista. Una vez roto el tabú en una Land occidental, se puede realizar una reproducción exacta a escala federal.

Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho. Esto se debe, en parte, a que para beber el trago de la borrachera de la coalición alternativa —un trago bastante amargo para el aparato del partido— también se necesita la colaboración de los verdes. En cualquier caso, para esta formación, los días de insurgencia contracultural terminaron hace mucho. Una vez instalados cómodamente en la administración de la República de Berlín, se han desplazado hacia la derecha más todavía que el SPD con Schröder, y han abrazado el liberalismo y las políticas en favor de la OTAN, decisiones que en los años setenta se habrían considerado anatema. El partido se ha transformado en un dócil puntal del sistema, y en sus filas militan yuppies políticamente correctos, que compiten con el FPD en ofrecer una versión suavizada del liberalismo alemán. La evolución del propio Fischer, de delincuente juvenil y militante de Putz, la facción para la lucha revolucionaria de Fráncfort, a niño bonito de Madeleine Albright, es una caricatura de este proceso de transición. Pero, con su prominencia como talismán de los verdes en las campañas electorales y los halagos de los medios de comunicación, podía haber conducido al partido hasta un atlantismo Kaisertreu inconcebible sin su presencia[262]. Después de la partida de Fischer, los verdes han hecho algún que otro gesto para intentar poner fin a la aventura occidental en Afganistán, aunque solo haya sido por aprovechar la creciente impopularidad de esta empresa militar. Estructuralmente, sin embargo, el partido ha cambiado tanto que ahora puede aspirar a una alianza potencial en el poder con la CDU. Este tipo de coalición ya funciona en Hamburgo y, salvo en algunos detalles de política energética, la mayoría de los miembros del partido se encuentran ahora más próximos a Merkel que a Lafontaine. Lo que no está tan claro es hasta qué punto sus votantes estarían dispuestos a aceptar un connubio con el centro-derecha, el principal impedimento para que se haga realidad.

Aunque a los verdes no les gusta hablar de un «bloque de izquierdas», en el SPD hay opiniones para todos los gustos, y algunos militantes jóvenes, como la diputada Andrea Nahles, acarician esa perspectiva para el futuro. Pero a la vieja guardia, por no hablar de los ansiosos modernizadores neoliberales, anticomunistas hasta la médula, les horroriza la idea, y cuentan con un amplio respaldo intelectual. Pues a algunos historiadores de la izquierda liberal, como Hans-Ulrich Wehler y Heinrich August Winkler, la simple idea de imaginar al SPD compartiendo mesa con el estalinista Gysi y el renegado Lafontaine les recuerda la pesadilla de Weimar, cuando el partido no fue capaz de percibir la necesidad de abandonar las ilusiones marxistas y forjar una firme alianza con el centro católico y los liberales moderados para combatir los peligros del extremismo revolucionario[263]. La prensa, como es natural, utiliza su influencia en este sentido. En Hesse, el ala derecha del partido no ha vacilado en torpedear la posibilidad de que el SPD llegue al gobierno y ha preferido entregar de nuevo el poder a la coalición formada por la CDU y el FDP —que obtuvieron una victoria aplastante después de que Ypsalanti fuera sustituida por su segundo— antes de permitir que el comunismo les contamine. Muchos militantes del SPD consideran que si el partido cediera a la tentación de pactar con los parias de la extrema izquierda perdería los preciosos votos de los votantes de centro. Este tipo de razonamientos pueden paralizar la lógica sociológica del realineamiento durante mucho tiempo.

Por último, ¿qué futuro le espera a Die Linke? Como cualquier formación híbrida, se enfrenta a la tarea de unificar las distintas facciones que la componen en una fuerza política con una identidad común. Antes de la fusión, el PDS había sufrido un desgaste todavía más pronunciado de sus bases —condicionado biológicamente— que los partidos mayoritarios, aunque, por otra, había incrementado su electorado. La capacidad de atraer a las generaciones más jóvenes será crucial para el futuro del partido. Por lo que respecta al programa político, la resistencia a una mayor liberalización de los mercados y a la erosión de la protección social sitúa al partido en una posición extremadamente negativa. Aunque su programa incluye propuestas económicas positivas, no se encuentra en una posición mucho más favorable que cualquier otro grupo de la izquierda europea. En principio —incluso en la práctica, como demuestra la experiencia berlinesa—, su postura en relación con los asuntos nacionales no es tan radical como para descartar una posible colaboración con el SPD. El punto de fricción se encuentra en otro lugar, en la negativa de Die Linke a respaldar las operaciones militares alemanas en el extranjero en representación de los intereses de Occidente. Esta es la verdadera línea divisoria que separa a esta formación de la clase política europea. Ninguna fuerza que se niegue a aceptar los requisitos del imperio atlántico —como sí han hecho los verdes con efusión, el PCF en Francia y Rifondazione Comunista en Italia, a regañadientes, para conservar las secretarías de Estado que les habían concedido— puede considerarse salonfähig. Aceptar las misiones de la OTAN, cuenten o no con el respaldo de la ONU, es lo que da derecho a un partido a convertirse en un socio responsable en el gobierno. Es en este punto —el conflicto con Gysi en el PDS se puede considerar un pródromo— donde el sistema ejercerá una presión más implacable sobre Die Linke.

II

Mientras que el efecto a largo plazo de la unificación ha sido el desencadenamiento de un doble movimiento antitético en el seno de Alemania, que ha desplazado la economía con eficacia hacia la derecha y la política potencialmente hacia la izquierda, la interacción entre estos dos movimientos tiene que contar con la mediación de la evolución de la sociedad en la que se encuentra inscrito este fenómeno. En este ámbito los cambios no han sido menos pronunciados, pues el panorama de la República de Berlín se ha ido polarizando a un ritmo constante. En lo más alto de la escala social, el viento se ha llevado la moderación tradicional en la acumulación y la ostentación de la riqueza, cuando los mercados se han liberalizado y las empresas alemanas han adoptado las reglas angloamericanas que rigen los sueldos de los directivos. Schröder, al rebajar los tributos a las empresas y a los trabajadores con niveles de ingresos elevados, y rechazar cualquier tipo de impuesto sobre el patrimonio, dio su personal bendición enrichissez-vous al proceso. Desde el punto de vista estructural, aún más importante fue la abolición del Impuesto sobre el Valor Añadido en la venta de participaciones cruzadas, que favoreció la disolución de las inversiones a largo plazo que los bancos realizaban en las compañías y viceversa, un elemento fundamental del corporativismo alemán —o, según la expresión consagrada, el modelo capitalista «renano»—. En lugar de ello, se fue liberalizando gradualmente el valor de las aportaciones de los accionistas. La primera OPA hostil importante, una operación hasta entonces desconocida en Alemania, tuvo lugar un año después de la llegada de Schröder al poder, cuando Vodafone se apoderó de Mannesmann. Los fondos de inversión libre y las empresas de capital de riesgo empezaron enseguida a invertir en el país, y los bancos y las compañías se deshicieron de sus participaciones cruzadas. En 2006, los inversores extranjeros ya se habían apoderado de una media de más del 50 por ciento del stock de acciones libres de las compañías de primera categoría —las treinta más importantes, según el índice Dax[264]—. En la dirección contraria, el capital alemán subió en el extranjero, a medida que cada vez más fábricas abandonaban el país en busca de otras alternativas más baratas. Casi la mitad del total del valor añadido de las exportaciones alemanas se genera en la actualidad fuera del país[265]. La prensa económica tiene motivos de sobra para estar satisfecha con el Kapitalentflechtung, la desarticulación de una Modell Deutschland más antigua y restrictiva.

En estos años, una de las expresiones más visibles del cambio ha sido la aparición de una nueva raza de ejecutivos de estilo americano que apenas tienen tiempo para sentimentalismos como el de pensar que los sindicatos puedan convertirse en socios o los empleados en accionistas —y que apuestan por el recorte de personal a las duras y a las maduras, maximizan sin escrúpulos el valor de las acciones sin complejos corporativistas y obtienen beneficios personales que hasta ahora no se veían con buenos ojos—. La figura emblemática de esta transformación es Josef Ackermann, que ha llegado de Suiza para dirigir el Deutsche Bank, la institución financiera más grande del país y en la actualidad una de las ejecutoras de hipotecas más importantes de los EEUU. Aunque se ha visto enredado en un juicio por su participación en la venta de Mannesmann, ha tenido un éxito notable en el incremento de los beneficios y en los recortes de plantilla, y cobra un salario doce veces mayor que el de su famoso precursor Alfred Herrhausen, el amigo íntimo de Kohl asesinado en 1989. Su sueldo de 14 millones de euros al año no es más que una pequeña fracción de las ganancias de los ejecutivos norteamericanos mejor pagados, pero representa una alteración de la escala que basta para atraer la atención de la opinión pública[266]. Los jóvenes directivos de Siemens, Daimler y Allianz, cortados por el mismo patrón, aspiran a niveles de remuneración similares. En el estrato más bajo de la sociedad, el crecimiento del desempleo juvenil —a menudo inmigrante— y de larga duración ha generado una clase inferior formada por los que se encuentran por debajo del umbral oficial de la pobreza, que se calcula que representan una quinta parte de la población. Este fenómeno también ha suscitado bastantes debates públicos, pues se considera que se trata de una úlcera creciente —que quizá raya con el peligro— desconocida en la República de Bonn. Avaricia en lo más alto, abandono en lo más bajo: nada que ver con la imagen de la democracia social, moralmente cohesionada, consagrada por el consenso de la posguerra.

Hasta ahora, esta desigualdad creciente es todavía bastante moderada, según los criterios angloamericanos. Las urbanizaciones cerradas con servicio de vigilancia son todavía una excepción. Están empezando a surgir barriadas donde se concentra la mayoría de los inmigrantes —que en la actualidad representan una quinta parte de la población urbana—. Pero todavía no se han desencadenado disturbios en los guetos. En comparación, el capitalismo alemán todavía no se encuentra tan claramente polarizado como el de muchos de sus rivales. Pero la tendencia, como en otros lugares, es bastante clara —entre 2003 y 2007, los beneficios corporativos han crecido un 37 por ciento, los salarios un 4 por ciento; en el grupo de los trabajadores peor pagados, el salario real ha bajado un 14 por ciento desde 1995[267]—. La percepción popular de estos cambios se encuentra menos generalizada. La República de Bonn tenía fama de americanista, en la actitud de las autoridades y en la vida cultural, y la clase política y la intelectualidad eran las más leales a Washington de toda Europa, firmes en su «orientación incondicional hacia Occidente», según la entusiasta expresión de Habermas. Esta actitud era en gran medida el reflejo de la sumisión de los derrotados, igual de estratégica y de provisional —consciente o inconscientemente— que en otros casos parecidos. Pero siempre hubo un rasgo de la Alemania occidental de la posguerra que la acercaba a los Estados Unidos más que cualquier otra sociedad europea. Y no era un parecido imaginario, sino real. Se trata de la relativa ausencia de una jerarquía tradicional de clases. Por supuesto que los modelos de ambos países eran distintos; y la ausencia no era absoluta. Pero en ciertos aspectos compartían un parecido de familia en virtud del cual aparentaban ser iguales.

El motivo es que, al caer el Tercer Reich, se había llevado consigo a una gran proporción de las elites que se habían confabulado con Hitler. La pérdida de la Prusia oriental y de Silesia, y la creación de la RDA, acabaron con la mayoría de la clase aristocrática que había conservado su hegemonía, sobre todo a través del dominio de las fuerzas armadas, en la República de Weimar. Las dinastías industriales del Ruhr fueron decapitadas, y los Krupp, los Thyssen y los Stinnes nunca recuperaron su antigua posición. Los pocos supervivientes —Dönhoff o Lambsdorff; Porsche o Mohn— reanudaron sus carreras y reconstruyeron sus negocios después de la guerra. Pero la identidad colectiva y el poder se debilitaron de forma decisiva. La Alemania occidental, bastante burguesa desde cualquier punto de vista, se sentía relativamente desclasada al haber perdido su elite. Aún hoy, si uno compara las elites alemanas con las británicas, las francesas o las italianas, que salieron más o menos ilesas de la guerra, el mecanismo de reclutamiento es mucho menos evidente: no hay colegios públicos, ni grandes écoles, ni promoción en la Iglesia. En este sentido, de hecho, la Bundesrepublik parece más acéfala desde el punto de vista social que los propios Estados Unidos, donde los Ivy League colleges han sido siempre la vía rápida para llegar a Washington o a Wall Street, y el coeficiente Gini es, en cualquier caso, mucho más elevado. Pero aunque la República de Bonn carecía de un estrato superior privilegiado bien definido, sí contaba en los estratos inferiores con una masa obrera con una conciencia histórica superior y una posición en la sociedad más importante que su equivalente americana. El proletariado alemán, cuya irrupción en la historia fue más tardía que la del británico, nunca llegó a desarrollar la misma densidad cultural, pues era un mundo aislado del resto de la sociedad. Pero aunque su identidad colectiva era, por esa misma razón, algo más débil, su conciencia colectiva como actor político potencial fue casi siempre superior. Aunque hoy en día ambas se han reducido enormemente, la clase obrera alemana —menos dañada por la desindustrialización, en una economía en la que las manufacturas todavía tienen mucho peso; menos desmoralizada por las derrotas frontales de los años ochenta— sigue ejerciendo una influencia práctica y moral en el sistema político que los obreros británicos han perdido.

En esta configuración, en la que la ausencia de una elite tradicional que cuente con el respeto general se combina con la presencia de un movimiento obrero —en modo alguno agresivo, pero imposible de ignorar—, el impacto de las desigualdades y de la aparición de un nuevo estrato de ejecutivos y de otros nouveaux riches ha sido significativamente más explosivo que en otros lugares. Prácticamente en todo el mundo las encuestas de opinión muestran que hay una creencia muy extendida en que la desigualdad se ha incrementado en las últimas décadas, y que debería reducirse. También demuestran que son muy pocos los que piensan que esto vaya a suceder. El resentimiento pasivo es la tónica, no la protesta activa. La redistribución no tiene demasiado tirón electoral, cuando se menciona. Pero parece que Alemania es una excepción. En este país, el sentir público ha variado de forma radical y se muestra contrario al proceso de polarización de los ingresos y de las oportunidades de mejorar. Merkel ha tenido que hacer algunas pequeñas concesiones sociales, presionada por el CSU y por el elemento obrero de su propio partido, y el SPD se ha lanzado como una langosta sobre los fondos de inversión libre y se ha retractado de la Agenda 2010, antes incluso de que se produjera la crisis de los mercados financieros en 2008[268]. Este ha sido, ante todo, el contexto que ha favorecido que Die Linke haya ganado terreno de forma generalizada, al ser el partido más igualitario de toda la oferta. La fuerza residual de las organizaciones sindicales de la Alemania occidental ha aportado un terreno favorable. Pero, además, el partido también se ha beneficiado de ser la formación más arraigada en el este, donde puede que los sindicatos sean débiles, pero las desigualdades no se aceptan como si fueran el orden natural de las cosas. El ascenso de Die Linke resulta todavía más asombroso si tenemos en cuenta que defiende unas ideas radicalmente opuestas a la corriente dominante de esta época. Pero si en Alemania, antes que en cualquier otro país europeo, ha surgido una nueva fuerza a la izquierda del orden establecido, ha sido también porque el motivo de la «injusticia social» se ha convertido, al menos de momento, en el argumento nacional.

III

Por su propia naturaleza, este discurso es divisivo: algunos disfrutan de ciertas ventajas y otros no, y no hay ninguna razón que permita justificar racionalmente su fortuna y nuestra necesidad. Puede que estas reflexiones sean elementales, pero son novedosas en el sistema político de la República Federal. En este sistema es leitmotiv y ha sido siempre, el consenso —la unidad de todos los ciudadanos sensibles en torno a una economía próspera y un Estado en paz, sin conflictos sociales ni contradicciones estructurales—. Ningún otro sistema político de la Europa de la posguerra ha sido tan asustadizo ideológicamente, reacio a cualquier expresión verbal dura y a las opiniones irreconciliables, devoto de la banalidad y la insulsez. La búsqueda de la respetabilidad a partir de 1945, el mecanismo federal de equilibrio de poderes, los buenos modales de las coaliciones… todo ello ha contribuido a crear un estilo de política específicamente alemán, un inconfundible código de conformismo magnánimo, sentencioso. No se trata únicamente, por supuesto, de un mero manierismo ideológico. Es un reflejo de la realidad de la convergencia bipartidista —la democracia cristiana y la socialdemocracia—, basada en un modelo de desarrollo corporativista cuya finalidad es cuadrar los intereses de todos: naturalmente, cada uno según su posición, como dictan las reglas de la Mitbestimmung, los estatutos de la armonía social.

Este consenso se encuentra ahora, por primera vez desde finales de los años sesenta, sometido a una fuerte presión. Desde una dirección, la demanda de justicia social corre el riesgo de desintegrar la falsa unidad que se ha cultivado. El nombre que ha recibido este peligro, detestable para todo experto o político que se respete a sí mismo, es el de «populismo» —encarnado en el demagogo Lafontaine—. Amenaza al legado de Bonn desde la izquierda. Pero este mismo consenso también se encuentra sometido a otra presión que procede de la dirección contraria, los que lo critican en nombre del liberalismo y exigen un nuevo paradigma político a la altura del traslado a Berlín. Para estos críticos del statu quo, el espíritu vital que nunca ha estado presente en la Alemania de la posguerra es el que poseen las sociedades angloamericanas desde hace mucho tiempo: el sentido de la libertad individual, la sospecha del Estado, la fe en el mercado, la voluntad de asumir riesgos —la tradición de Locke, Smith, Jefferson, Ricardo, Mill y sus sucesores[269]—. Políticamente, la marginalidad del FDP refleja la debilidad de esta actitud en la República Federal. Incluso el equivalente alemán más próximo a este punto de vista desde 1945, la Escuela Ordoliberal de Friburgo —Eucken, Müller-Armack, Röpke—, tenía, a pesar de la enorme influencia positiva que ejerció en Ludwig Erhard, una visión demasiado estrecha de los requisitos de una sociedad libre, como demuestra el hecho de que el corporativismo pegajoso de los últimos años se haya apropiado de la expresión «economía de mercado social», originalmente dirigida contra el Estado. En realidad se necesitaría una ruptura más radical con los inveterados reflejos nacionales, más cercana al temperamento intransigente de Hayek o de Popper.

Esta línea de argumentación, un ataque al sistema alemán de la posguerra desde un ángulo poco familiar, es la que han desarrollado los intelectuales, una voz distante de cualquier temperamento manifiestamente popular, pero que resuena con fuerza en los medios de comunicación. ¿Qué repercusiones políticas puede tener? La tradición alemana, como es sabido, siempre ha tendido a separar el mundo de la cultura de la esfera del poder, como si aquella fuera una recompensa o un ámbito superior a la política. En su reciente estudio La seducción de la cultura en la historia alemana, Wolf Lepenies sostiene que esta tendencia es en gran medida la culpable de la rendición del país al autoritarismo del Segundo y del Tercer Reich, que achaca en particular, a la incapacidad de tantos pensadores y escritores alemanes importantes de defender la democracia de Weimar, hasta el extremo de que algunos llegaron incluso a manifestar una aversión o un desprecio sinceros por este régimen. Después de la guerra, explica Lepenies, estas actitudes se fueron desvaneciendo de forma gradual. «Al final la vía específica alemana desembocó en la corriente principal de la democracia parlamentaria, el mercado y el imperio de la ley. Ya no tenía sentido enfrentar cultura y civilización. Y tampoco pensar que la cultura pudiera convertirse en un sustituto de la política». En 1949, Leo Strauss se quejaba de que el pensamiento alemán no se pudiera ya distinguir del pensamiento occidental en general. En realidad, observa Lepenies, esa asimilación fue «uno de los mayores éxitos políticos del siglo XX»[270]. La tentación y el delirio de pensar que Alemania era una Kulturnation fueron al final desterrados en favor de un firme ajuste al mundo cotidiano de la política contemporánea en Bonn.

Desde este punto de vista, en torno a 1968 se produjo un interludio problemático, cuando los estudiantes rechazaron la nueva normalidad bajo la influencia de unas tradiciones atemporales, no necesariamente de la misma cuerda que las que habían dominado el periodo de entreguerras, pero en su estilo igual de desdeñosas con los mercados y los parlamentos. Sin embargo, estas fiebres revolucionarias se disiparon enseguida, y tan solo dejaron a sus espaldas un Schwärmerei contracultural bastante moderado, que se acabaría transformando en el inofensivo movimiento verde. Desde entonces, el clima intelectual en la República Federal ha reflejado en general la estabilidad del sistema político. Ninguna cultura está formada por una sola pieza, y las contracorrientes persisten. Pero si el largo mandato de Kohl, a diferencia del sistema anterior, no tuvo muchos admiradores, la nota cultural «dominante» de este periodo se podría describir como la versión teórica de las prácticas del gobierno, en un registro más liberal y de izquierdas. De hecho, se puede decir que los dos pensadores emblemáticos de estos años demuestran, cada uno en su estilo, la validez del diagnóstico de Lepenies, en la medida que expresan la reconciliación de la cultura y el poder en una pacífica democracia alemana. Ambos pensadores comparten, muy apropiadamente, un punto de partida americano común, el Sistema social de Talcott Parsons, una obra que en ningún otro lugar de Europa ha tenido una acogida similar.

En su imponente Teoría de la acción comunicativa, que apareció en 1981, Habermas presentaba una versión positiva de la teoría de Parsons. A partir de la insistencia idealista de Parsons en la integración de los valores como base de cualquier orden social moderno, Habermas planteaba una teoría todavía más grandilocuente del consenso, que no era solo el sello de una democracia política, sino además la piedra de toque de la verdad filosófica. Luhmann desarrolló una versión saturnina de esta tesis, y proponía una radicalización de la explicación parsonsiana de los subsistemas diferenciados dentro de la sociedad —economía, política, familia, etc.—, que derivaba en una teoría de la autonomía plena de estos órdenes que se reproducían y se ajustaban por sí solos, sin la intervención de agentes externos, sin interrelaciones estructurales, simplemente operando con el fin de reducir la complejidad del entorno exterior a ellos. Aunque la de Luhman era una teoría más difícil de digerir para la opinión establecida, la descripción tácita de la República de Bonn como un complejo práctico formado por numerosos mecanismos de rutina tecnocrática desautorizaba cualquier crítica. Mientras que Habermas explicaba a sus lectores que las cosas podían llegar a ser como debían ser —y que, bajo la protección de la Grundgesetz, lo eran en su mayoría—, el mensaje de Luhmann era más seco, pero igual de tranquilizador: las cosas eran como tenían que ser.

En las alturas de la teoría social, dominaban estos dos sistemas de pensamiento. En el ámbito de la historia, la otra disciplina con mayor proyección pública, la escena era mucho más variada, con importantes escuelas e historiadores conservadores que desplegaban una actividad constante. Pero, en este terreno, la vanguardia de la investigación y la intervención también la integraba una corriente liberal de izquierdas —la historia de la sociedad o historia «societal» asociada con Bielefeld—, que criticaba el Segundo Reich como antecámara del Tercer Reich, y describía la trayectoria de una Sonderweg reaccionaria que, al separar a Alemania de Occidente, había conducido a la catástrofe. En este caso, el énfasis político radicaba en el contraste entre el calamitoso pasado y un presente transfigurado: la República de Bonn tenía todo aquello de lo que carecía la de Weimar: estabilidad, consenso, fe en la comunidad internacional. Tan prolífico como Habermas —son amigos íntimos desde el colegio—, Hans-Ulrich Wehler es una presencia igual de activa en la esfera pública, y defiende los valores del orden alemán posterior a la guerra con una tranchant muy personal. Todavía más instructiva para entender el presente es la obra de Heinrich Winkler sobre el movimiento sindical alemán en el periodo de entreguerras, que aborda la ceguera del SPD, incapaz de comprender que el compromiso con los partidos del centro burgués era lo único que podía salvar a la democracia alemana, un compromiso que, por fortuna, se ha mantenido desde que terminó la guerra.

La hegemonía de la cultura liberal de izquierdas, en esencia en sintonía con el carácter del sistema político —aunque siempre guarda cierta distancia crítica con los dirigentes de turno— nunca fue exclusiva. Un buen número de obras impactantes, escritas con anterioridad, en el periodo de entreguerras, siguieron circulando y ejercieron una influencia distinta, menos respetuosa con el statu quo. La Escuela de Fráncfort, por ejemplo, desempeñó un papel crucial en el estallido de la rebelión de finales de los años sesenta. El consenso no era uno de los valores predilectos de este movimiento. Pero una vez que el cariz activista radical de la revuelta desapareció, o fue aplastado, y el legado de Adorno y Horkheimer pasó a través del tamiz de la filosofía de la comunicación de Habermas, apenas quedaron recuerdos de la teoría crítica que ambos pensadores habían defendido. Ahora los que aportaban la nota discordante eran los pensadores de derechas, cada vez más influyentes. Heidegger, Schmitt, Jünger y Gehlen, leyendas intelectuales por derecho propio comprometidas con el Tercer Reich, todavía se mantenían en activo. De estos pensadores, Heidegger, el más conocido en el extranjero, fue quizá el menos influyente, ya que después de la guerra su obra tuvo una repercusión mayor en Francia que en la propia Alemania, donde, bajo la influencia americana, la filosofía analítica se había introducido con anterioridad, y la ontología rúnica de Heidegger apenas caló en la política y la sociedad de la época, pues se consideraba una de las muchas visiones desoladoras de la modernidad tecnológica.

Los otros tres, maestros de una prosa tersa e intensa —a diferencia de Heidegger—, tuvieron mayor importancia: Schmitt, la mente más despiadada, brillante e inestable de su generación, por su habilidad caleidoscópica para hacer temblar la soberanía, el derecho, la guerra, la política, hasta descubrir nuevas e inquietantes pautas; Gehlen, por su misteriosa percepción de la clausura de las formas ideológicas y artísticas en las «cristalizaciones» de una post-histoire, y de la probabilidad de que surgieran rebeliones estudiantiles y guerrilleras en respuesta; Jünger, por la llamativa amplitud de una trayectoria que comenzó como poeta de la civilización mecanizada y terminó como arúspice de la catástrofe ecológica. La cronología y las áreas de su influencia no coinciden, en parte debido a la situación personal de cada uno de ellos. Schmitt, el más condenado al ostracismo institucional, era el más consultado, y, desde el principio, los especialistas en derecho constitucional acudían en tropel a estudiar sus ideas[271]. A Gehlen, el primero que se malogró, se le solía considerar el contrapeso de Adorno. Jünger, el más longevo, alcanzó pleno droit de cité, y fue condecorado con todos los honores por el propio Mitterrand. Pero, aunque el mundo intelectual que encarnaban estos pensadores no era del todo «residual», en el sentido que le atribuye Raymond Williams a la expresión, no podía competir con el consenso de la posguerra como doctrina pública. Era una alternativa al discurso dominante, ineludible pero periférica, incapaz de desplazarlo. La hegemonía era de la izquierda liberal.

A mediados de los ochenta, aproximadamente, empezó a presentirse un cambio. La última gran obra que escribió Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, apareció en 1985. Intelectualmente, ya era una obra defensiva —una noble operación de rescate destinada a salvar la idea de modernidad de los descendientes de Nietzsche, desde Bataille a Foucault y Derrida, que estaban ensombreciéndola una vez más, hasta transformarla en un antinomismo extático—. Aunque las amenazas que Habermas había detectado procedían sobre todo de Francia, las subvariedades alemanas no tardaron demasiado tiempo en materializarse. La Crítica de la razón cínica de Peter Sloterdijk, acogida con respeto por el propio Habermas, había puesto en marcha este movimiento dos años antes: un éxito de ventas nacido de una estancia con el gurú Bhagwan Rajneesh en Poona. Durante los veinte años siguientes, ha ido brotando un torrente de secuelas que zigzaguean a través de todos los ámbitos posibles, desde el escalofrío a la moda, desde la psicoterapia a la capa de ozono, desde la religión a la ingeniería genética, que han catapultado a Sloterdijk a la categoría de invitado de las tertulias y personaje famoso —una versión teutona, más erudita y osuna, de Bernard-Henri Lévy—. Es difícil que la influencia de la razón comunicativa pueda sobrevivir a este triunfo de las relaciones públicas. Los discípulos de Habermas, Albrecht Wellmer y Axel Honneth, han seguido creando obras honradas, a veces de un tenor más radical que las de su mentor, últimamente cada vez más preocupado por la religión. Pero los puntales filosóficos de la paz de Bonn han desaparecido.

En el ámbito de la historia ha sucedido algo distinto. A mediados de los ochenta se produjo un ataque más directo a la cumbre de la izquierda liberal, que fue repelido con éxito, pero que, en cualquier caso, supuso un cambio en las opiniones aceptables. La Historikerstreit fue iniciada en 1986 por Ernst Nolte, que sostenía que las atrocidades nazis habían surgido en respuesta a los crímenes que los bolcheviques habían cometido con anterioridad, y que no debía considerarse que fueran un episodio singular o una definición absoluta del pasado alemán. Enseguida se vio implicado un grupo más amplio de historiadores conservadores que defendían posturas menos radicales, pero que, a juicio de sus detractores —Wehler y Habermas entre otros—, no solo mitigaban los crímenes del Tercer Reich, sino que además cuestionaban la centralidad necesaria del judeocidio en la identidad de la Alemania de la posguerra, como recuerdo y responsabilidad[272]. Este no era el camino de la rehabilitación nacional. Es indudable quién ganó esta disputa. Sin embargo, poco después, las tornas se volvieron cuando, en su celo por impedir cualquier posible recuperación del sentimiento nacional, las principales lumbreras del liberalismo de izquierdas —Winkler, Wehler, Habermas— expresaron sus reservas o su reticencia en relación con la reunificación del país, cuando ya era más que evidente que iba a convertirse en una realidad. Por muy justificadas que estuvieran las objeciones que planteaban a la forma en que debía llevarse a cabo, no se podía ocultar que nunca habían imaginado o deseado esta transformación de Alemania, a diferencia de sus antagonistas. En esta ocasión, habían perdido la influencia de nuevo[273].

IV

En el cambio gradual de atmósfera intelectual destacaba un elemento catalizador. Desde la guerra, la principal revista de pensamiento de Alemania ha sido Merkur, una publicación que puede reivindicar un historial intachable y coherente, sin parangón en el resto de Europa. Su fundador y primer editor, el admirable Hans Paeschke, le confirió un enfoque interdisciplinar —abarcaba desde las artes a las ciencias puras, pasando por la filosofía y la sociología— de una amplitud excepcional, apoyado en una elegancia y concisión de calidad constante. Pero la singularidad de esta revista residía en el credo de su editor. Inspirándose en el enciclopedismo de Wieland, Paeschke le dio al enfoque ecuménico de su modelo ilustrado un giro agonal, combinando la capacidad de Gegenwirkung que Goethe había elogiado en Wieland —capaz de publicar tanto a Burke como a Wollstonecraft— con una Polarisierung de cosecha propia, los dos lemas gemelos de la publicación. Estos dos rasgos eran la constante del liberalismo cambiante de Merkur —liberalismo conservador al principio, después nacional y por fin de izquierdas, según las fases que más tarde describiría el propio Paeschke: una práctica editorial que consistía en atraer a pensadores opuestos y hacerlos interactuar entre sí. «Cuanto más liberales, más tensiones»[274]. En distintos momentos de la historia de la revista, Broch, Arendt, Curtius, Adorno, Heidegger, Brecht, Gehlen, Löwith, Weizsäcker, Voegelin, Borkenau, Bloch, Schmitt, Habermas, Weinrich o Benn desfilaron por sus páginas. Poco interesado en la Wirtschaftswunder y hostil a la Guerra Fría, Paeschke, que pensaba que la Alemania de Adenauer era una «pseudomorfosis», mantuvo buenas relaciones con los escritores del este y, cuando el escenario político cambió en los años sesenta, expresó sus simpatías hacia la revuelta estudiantil y hacia el giro hacia una Ostpolitik. Contrario a cualquier tipo de Syntheselei, defendía una concepción socrática de la revista, que veía como una empresa dialéctica en sintonía con el dictum Der Geist ist ein Wühler[275]. El espíritu no reconcilia, sino que busca problemas.

Paeschke se retiró en los años setenta, y en 1984 Karl-Heinz Bohrer, debidamente equipado para desempeñar el papel de Wühler, recogió el testigo. Estudioso del Romanticismo alemán y de las primeras obras de Jünger, Bohrer había debutado en Merkur en 1968, con una defensa de la revuelta estudiantil contra los ataques de la prensa dominante, y elogiaba este movimiento porque, a su juicio, era la expresión más refinada del anarquismo ecléctico[276]. Esta rebelión contra el detestable juste milieu del sistema de Bonn no se había inspirado en la Escuela de Fráncfort, sino en el surrealismo francés que tanto admiraba Benjamin y abominaba Adorno[277]. Estos eran los criterios de un escritor que pronto se labraría una reputación como editor de la sección literaria del periódico conservador más importante, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, antes de reñir con sus superiores y ser condenado al ostracismo de una corresponsalía en Londres. Diez años después volvió a la carga desde las páginas de Merkur con un brillante estudio sobre las consecuencias políticas y contraculturales de los movimientos de 1968 —comparándolos con los de 1848 y 1870-1871—, un ensayo que abarcaba la política, el teatro, el cine, el arte, el pensamiento y la música, y que señalaba el año 1974 como el fin de una época revolucionaria, en la que el tigre de Blake se había paseado, acechante, por las calles. Ya no era posible una mera restitución de «la antigua piedad cultural burguesa», pero la nueva cultura había perdido su magnetismo: solo un artista como Beuys conservaba una anárquica energía de subversión[278]. El propio Bohrer declaraba que le profesaba una lealtad incondicional a la «espontaneidad», el momento más peligroso, sin pasado ni futuro, en el que la experiencia estética auténtica podía romper la continuidad de la existencia y en potencia, por tanto, el tejido social. La espontaneidad que había cautivado a Nietzsche, a Kierkegaard, a Hofmannsthal y a Jünger —y a su manera también a Woolf y a Joyce— había encontrado su expresión política en el decisionismo de Schmitt[279]. La figura central de este panteón, el que mejor había combinado la estética con la política —la epifanía con el acto—, seguía siendo Jünger, el protagonista de la Ästhetik des Schreckens de Bohrer, la obra que le hizo merecedor de una cátedra de Historia de la literatura moderna alemana en la Universidad de Bielefeld.

Poco después, cuando tomó las riendas de Merkur, Bohrer inauguró su cargo de editor en jefe de una forma espectacular, con una despiadada sátira del filisteísmo pequeñoburgués, el provincianismo y el consumismo de la política y la cultura de Bonn, con su correspondiente ruinosa semblanza de Kohl, la personificación de la glotonería irreflexiva[280]. Era un Estado totalmente desprovisto de forma estética, que solo podía describirse con el espíritu del primer Brecht, o con el lenguaje que había empleado Baudelaire para retratar a Bélgica. A este ensayo le siguió un pasquín en tres entregas sobre la clase política alemana, en el que Bohrer describía tanto a la recién fundada coalición entre la CDU y el FDP como a la oposición del SPD con una ironía devastadora[281]. El tiempo no consiguió suavizar sus opiniones. A finales de los noventa, Bohrer soltó otra violenta andanada contra el provincianismo alemán, en una serie de seis ensayos que analizaban el gobierno, la literatura, la televisión, la publicidad, la prensa, las canciones, las estrellas, las películas, los paisajes urbanos y que culminaba con un escarnio dedicado, en particular, a la delirante pasión que sus compatriotas sentían por Europa, la expresión turística de ese mismo provincianismo alemán. Ni el «aburrimiento bucólico» de Die Zeit y del FAZ, ni el «escrupuloso sentimentalismo» de Grass o de Walser, pasando por el aspecto grotesco de Kohl, el «Gigante del Cáucaso», y de Genscher, su inseparable Sancho Panza, consiguieron escapar al incisivo informe de Bohrer. Por lo menos, el Fráncfort de los años sesenta no había sido tan triste como Düsseldorf o Múnich, y Fassbinder era lo único que se podía rescatar[282].

El espíritu polemista de estas andanadas no era exclusivamente destructivo. Desde el principio, Bohrer siempre tuvo un ideal normativo en mente. Alemania necesitaba una estética creativa del Estado. Era la ausencia de esta estética la que había dado lugar al sombrío paisaje que escudriñaba en su primer editorial y en sus numerosas secuelas. A los que le acusaban de defender la «estetización de la política», que Benjamin había identificado como un rasgo peculiar del fascismo, les replicaba que en realidad todo Estado democrático que se preciara de serlo tenía una estética propia que se expresaba a través de su capital, sus edificios públicos, sus ceremonias, sus espacios y sus formas de gobierno y de retórica —la América contemporánea, Inglaterra, Francia o Italia lo demostraban, y a estos países Bohrer les dedicó un número especial de Merkur[283]—. Era allí donde la identidad de la nación adquiría una legitimidad tangible, y una forma: un Estado sin formas simbólicas específicas, en el que la política se reducía a la mera asistencia social, no merecía llamarse así. Había llegado el momento de que Alemania superara la época de desintegración parcial y atrofia de la República de Bonn.

Cuando cayó el Muro de Berlín cinco años después, pero la reunificación todavía parecía bastante incierta y contaba con la oposición de la izquierda liberal de la Alemania occidental, Bohrer se encontró en una posición inmejorable para publicar en el Frankfurter Allgemeine el que quizá sea el ensayo más potente a favor de la unidad de Alemania, «Por qué no somos una nación, y por qué deberíamos convertirnos en una»[284]. Su principal adversario era Habermas, y Bohrer le trataba con el respeto que siempre le había demostrado. De hecho, el artículo que publicaba el Merkur inmediatamente después de su famoso «Estética del Estado» había sido un ensayo de Habermas sobre las manifestaciones pacifistas contra el emplazamiento de misiles Pershing y, dos años después, cuando se produjo el Historikerstreit, Bohrer no había dudado en ponerse del lado de Habermas. Pero la reticencia a la unificación de Habermas, consecuente con su teoría de que un patriotismo constitucional incorpóreo era como un ideal abstracto, era un delirio. Detrás de esta postura había un «milenarismo negativo» según el cual el judeocidio era un acontecimiento incondicional del pasado alemán que hacía imposible que el país recuperara su identidad nacional tradicional, con sus correspondientes formas físicas y culturales. «¿Es necesario que nuestra tradición romántica, específicamente “irracional”, sea destruida por los bulldozers de una nueva sociología?», preguntaba Bohrer sin rodeos.

Con la reunificación y el traslado de la capital a Berlín se presentó la posibilidad de crear una Alemania diferente, que Bohrer no veía clara, ya que implicaba la desaparición del nimbo intelectual del orden anterior. Pero si bien la llegada de la República de Berlín marcó el paso hacia una nueva situación, Bohrer no la recibió con un espíritu de justificación complaciente. Cuando el Merkur valoró la situación del país a finales de 2006 en un voluminoso número especial, «Sobre la fisonomía de la República de Berlín», bajo la rúbrica Ein neues Deutschland? —Una composición de virtuoso, con un enfoque amplísimo, que contenía ensayos sobre todos los temas, desde la ideología a la política, desde el periodismo a la arquitectura, desde los suburbios a los ejecutivos, desde los patriotas a los catedráticos, desde la legitimidad a la diplomacia—, el título del editorial de Bohrer, «Una revisión estética del Estado», dejaba claro que no había cedido un ápice[285]. Alemania era de nuevo una nación soberana; tenía una capital; y la globalización descartaba cualquier retirada al humillante nicho del pasado. Estos cambios eran positivos. Pero, en muchos sentidos, la encapotada herencia de la era de Bonn prevalecía. En el propio Berlín, el nuevo distrito del gobierno era en su mayoría un desierto desolador, diseñado para atraer al turismo de masas, que solo se salvaba por la restauración del Reichstag —a pesar de la banalización de las chucherías de moda y la corrección política, por no hablar de los monótonos discursos que se pronunciaban en su interior[286]—. Solitario en su dignidad se encontraba el conjunto de edificios del clasicismo prusiano, finalmente recuperados, que se extendía hacia el este desde la Puerta de Brandemburgo hasta el Gendarmenmarkt. La recuperación de la posición de capital nacional de Berlín tampoco había tenido efectos transformadores en otras ciudades alemanas; ni siquiera había conseguido despertar el interés por ellas: si acaso, se habían convertido en urbes más regionales, y el país en una nación más centrífuga que nunca. El patriotismo feliz del Mundial de 2006, un mar de caras jóvenes con banderas ondeantes, tan insípido como vulgar, era el anverso de la falta de un gobierno serio al timón de la República, de la cual Merkel no era más que la última encarnación desalentadora y condicionada por las instituciones. En este sistema no había ni rastro de la voluntad de estilo. El tradicional déficit expresivo de la República de Bonn no había sido superado.

La auténtica independencia intelectual, observaría Bohrer en otro artículo posterior, era la de aquellos pensadores —Montaigne, Schlegel, Nietzsche— que habían remplazado las Sinnfragen por las Formfragen[287], una sustitución que podía considerarse el lema de su propia obra. Pero diferenciar entre el Sinn y la Form no es una tarea sencilla. La crítica de Bohrer a las deficiencias del Estado alemán, tanto antes como después del traslado de la capital a Berlín, no podía conservar para siempre, en virtud de su propia lógica, una naturaleza puramente formal, únicamente preocupada por la estética. Desde el principio, sus intervenciones editoriales en Merkur habían tenido una limitación fundamental. Un Estado que se respetaba a sí mismo lo suficiente para desarrollar una forma simbólica era un Estado que sabía hacerse valer, cuando era necesario, en el campo de las relaciones interestatales. En su época de corresponsal en Londres, Bohrer había asistido con admiración al modo en que los británicos habían resuelto la Guerra de las Malvinas, y desde entonces se había declarado partidario de las intervenciones militares, en los Balcanes y en Oriente Medio. El déficit del Estado alemán no era, por tanto, un déficit de edificios o discursos, sino también de armas. Bohrer había criticado ferozmente la decisión de Kohl de no participar en la Operación Tormenta del Desierto; había defendido el envío de tropas alemanas a Yugoslavia; y había afirmado que Schröder era un cobarde por mantenerse apartado de Irak. Esta actitud beligerante implicaba un cambio de referencia cultural. Paeschke le añadió a Merkur el subtítulo de «Revista alemana de pensamiento europeo», y mantuvo su palabra —Gide, Eliot, Montale, Ortega o Russell aparecieron en las páginas de la revista junto a otras eminencias nacionales—. Pocos intelectuales de su generación estaban tan bien preparados para continuar esta tradición como Bohrer, cuyo desprecio del provincianismo de Bonn y de todo lo que este representaba se basaba en su experiencia personal. Impregnado de cultura anglofrancesa, después de trabajar en Londres ha vivido mucho tiempo en París.

Pero a finales de siglo se ha producido un cambio en la revista que dirige. La presencia de Europa se ha debilitado. Los colaboradores, los temas y los argumentos son ahora cada vez más insistentemente americanos. Bohrer nunca había sido un entusiasta de la UE, con una visión más próxima al escepticismo británico —le gusta citar al Spectator— que siempre ha admirado. Sin embargo, las fuentes intelectuales estadounidenses son un fenómeno nuevo. La combinación de una Aussenpolitik de línea dura y la proliferación de artículos firmados por autores de la Heritage Foundation o del Cato Institute dan la impresión de que una versión alemana del neoconservadurismo de corte norteamericano ha tomado forma en los últimos tiempos en Merkur. Bohrer niega esa clasificación. Si tuviera que elegir una etiqueta, sería la de «neoliberal», pero no en la línea del FMI, sino en la de Richard Rorty, patriota e ironista al mismo tiempo. Si no se le puede alinear con ningún liberalismo de importación trasatlántica no es solo porque Bohrer se haya definido a sí mismo como «un liberal subjetivista y antiautoritario», sino por el marco en el que ha formulado esta definición, un ensayo escrito con motivo del cuadragésimo aniversario de la revuelta estudiantil en Alemania.

«Ocho escenas del 68» —recuerdos entrecortados de aquel año: muchos flashes estroboscópicos de Dutchske y Krahl, de Enzensberger y Adorno, de Habermas y Meinhof— resulta cáustico a ratos, pero la mayor parte del ensayo es una descripción desvergonzadamente lírica del despertar sensual e intelectual de aquel año: «Parafraseando a Talleyrand, quien no haya vivido esos días y esas noches de mascarada psicológica y literal, y de cambio de identidad, ignora lo que la vida tiene de excitante»[288]. En Zweite Heimat, Reitz ofrece una inolvidable recreación de estos días. Lo peor que se puede decir de los jóvenes de Mayo del 68 es que destruyeron lo que quedaba de forma simbólica en Alemania. Lo mejor, que nunca fueron Spiesser. Aunque dejaron un residuo de fanatismo, quizá hoy resulta más visible debido a que muchos de los que participaron han renegado completamente de este movimiento. Bohrer no tiene tiempo para estos renegados. No es Daniel Bell: las antinomias no le dan miedo.

V

Repasando la trayectoria de Paeschke a cargo del Merkur, Bohrer observó en cierta ocasión que si bien el Athenaeum de Schlegel era una revista mucho más original que el Teutsche Merkur de Wieland, había sido esta última —mucho más longeva— la que más había influido en su época; la regularidad y la coherencia exigían un control de la excentricidad si se quería alcanzar la autoridad. Paeschke había aprendido esta lección. Él, sin embargo, procedía de la tradición romántica, no de la ilustrada, y había tardado bastante tiempo en darse cuenta, antes de poder conjugar ambas[289]. A medida que el mandato de Bohrer se aproximaba a su fin convenido, los resultados de ese esfuerzo empezaron a hacerse visibles. En intención, al menos, la autoridad se ha ido materializando gradualmente, en forma de colaboradores procedentes de los mismos órganos de opinión que en otros tiempos Bohrer censuraba por considerar que eran las voces de un hastío beato: editores y columnistas de Die Zeit, Die Welt y del FAZ se suceden con rapidez en las páginas de la revista. Un auténtico frente neoliberal vilipendia los débiles compromisos de la época Schröder-Merkel, e intenta, con ayuda de los medios más agresivos, sustituir rápidamente un «paradigma» por otro. Escoltando a esta cohorte neoliberal, con un sesgo ligeramente distinto, el experto en geopolítica de la revista, Herfried Münkler, autor de un ambicioso conjunto de obras sobre la guerra y el imperio[290], escribe ensayos en el Merkur en los que ofrece las recetas que Alemania debe seguir sistemáticamente si quiere regresar al teatro de la Weltpolitik en el nuevo siglo.

Quizá el ejemplo que mejor ilustra la lógica del sistema interestatal actual, señala Münkler, es una fábula ateniense recogida por Aristóteles. En una asamblea de animales, las liebres exigen igualdad de derechos para todos los animales. Los leones replican: ¿dónde están vuestras garras y vuestros dientes? La propuesta es rechazada, y las liebres se retiran de nuevo a las filas de atrás. Moraleja: para obtener igualdad de derechos, tiene que haber una razonable igualdad de poder. En su reacción ante el ataque a Irak del león americano, países como Francia y Alemania protestaron como las liebres, y lo único que obtuvieron fue el desprecio leonino. Por muy unida que esté, Europa no se puede convertir en un león de la noche a la mañana, y debe ser consciente de ello. Pero lo que puede y debe hacer es transformarse en un zorro continental aliado con el león, complementando —según la fórmula de Maquiavelo— la fuerza de este con la astucia de aquel; o, empleando la jerga americana actual, América será el hard power y Europa el soft power. La lealtad del zorro al león debe ser incondicional, y ambos deben superar los resentimientos que se profesan mutuamente en la actualidad —el león tiene que olvidar la traición y el zorro la humillación derivadas de los acontecimientos que han tenido lugar en Oriente Medio—. Pero, una vez reanudadas las buenas relaciones, el zorro debe desempeñar un papel especial en la cooperación mutua, y debe estar más pendiente que el león de otra especie del reino animal: las ratas, que se multiplican y propagan la plaga del Terror. Estos roedores no forman parte de la dieta de los leones; pero los zorros, que tienen sus propios dientes y garras —todavía más pequeños, pero, en cualquier caso, afilados—, pueden comérselas y evitar que proliferen. Para cumplir con este deber zoológico, sin embargo, Europa tendrá que desarrollar una voluntad que le permita diseñar una política mundial propia —eine eigener weltpolitische Gestaltungswille—. La necesaria autoafirmación de Europa no precisa nada más[291].

¿Qué sucede con Alemania? Al contrario que el Segundo Reich y la República de Weimar, regímenes profundamente inseguros, y que el rabioso intento de compensar esa inseguridad en exceso con el Tercer Reich, la República de Berlín muestra una confianza en sí misma renovada y justificada. Durante la posguerra, Alemania intentó comprar su respetabilidad internacional a golpe de talonario. La pretensión de Kohl de sufragar los gastos de la Guerra del Golfo sin participar en ella fue el último episodio de este ignominioso proceso. Desde que abandonó el gobierno, la República Federal ha asumido por fin sus responsabilidades como «potencia mediana» de la Unión Europea que confía en sí misma: envía a su ejército a los Balcanes, a Afganistán y al Congo, y no lo hace para satisfacer sus intereses egoístas, sino por el bien común, para proteger los de otros. Ese es el papel que debe desempeñar una potencia mediana, la cual debe confiar más en el prestigio y en la reputación que en la represión para alcanzar la posición mundial que se merece, y que, como es natural, aspira a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad como recompensa a su contribución en las operaciones de la ONU[292].

Sin embargo, el papel de Estado soberano en el mundo de Alemania, políticamente integrada en la UE y militarmente en la OTAN, todavía depende demasiado de su peso económico. Necesita diversificar su cartera de poder, recuperando ante todo el atractivo ideológico y cultural que poseía en otros tiempos, convirtiéndose de nuevo en la Kulturnation und Wissenschaftslandschaft de antaño. El atractivo del nuevo Berlín como ciudad internacional, con un esplendor comparable al de los tiempos de Weimar, será muy útil. Pero el soft power a secas no basta. Europa en su conjunto, y Alemania como parte de ella, se enfrenta a la resistencia al orden mundial capitalista actual, una oposición que no tiene su origen en China ni en la India, centros secundarios de Europa, sino en la periferia del sistema. Allí, el terrorismo es todavía el principal desafío que tienen que afrontar las sociedades occidentales postheroicas, un tipo de orden que Alemania ejemplifica a la perfección. Sería ingenuo pensar que se puede vencer al terrorismo por medio de ayudas económicas o de la exhortación moral[293].

Propuestas como estas, una adaptación del modelo de pensamiento prusiano a las condiciones de la política contemporánea, aspiran a convertirse en la pauta política. Las ideas de Münkler, un pensador que no es sospechoso de simpatizar con la derecha, sino que se encuentra más próximo al SPD, son las que se escuchan en la actualidad en la Wilhelmstrasse, donde se organizan cónclaves de embajadores para debatirlas. Los diplomáticos alemanes, escribe Münkler con satisfacción, se encuentran mucho más dispuestos a pulsar las teclas del poder que él recomienda que, hasta el momento, los políticos. Esta es, quizá, la conexión más estrecha entre la revista y el Estado que se puede encontrar en Merkur. La influencia de una revista de pensamiento no es fácil de medir. Es cierto que el proyecto de Bohrer ha desempeñado un papel crucial en el destronamiento del amable pensamiento liberal de izquierdas de la intelectualidad de la posguerra. Pero su capacidad de destrucción es superior —al menos de momento— a su habilidad para construir un nuevo consenso comparable. El tipo de hegemonía que una revista como Le Débat alcanzó durante un tiempo en Francia era muy superior. Se trata en cierta medida de una cuestión de forma: los ensayos que publica Merkur, más próximos todavía a la vigorosa tradición germana de las belles lettres, siguen siendo menos «modernos» que los de la revista francesa, más empíricos y mejor documentados. Pero también se debe al modo característico en que Bohrer ha ejercido su cargo. En la tensión entre Schlegel y Wieland, aunque Bohrer haya respetado la meta de la autoridad, su valor más elevado siempre ha sido la idiosincrasia —es decir, la originalidad que ejemplifica a la perfección el extraño cóctel de temas y posturas que ha desarrollado en sus textos a partir de la tradición romántica y surrealista—. Los editoriales de Merkur, incluso en su última etapa neoliberal, siempre han expresado opiniones contrarias, según el espíritu de la Gegenwirkung de Paeschke. Pero el impulso subyacente era la polarización, no en el sentido de Paeschke, sino en el de la vanguardia inaugurada por Athenaeum. El mérito de Bohrer es que la autoridad en sentido convencional se perdió con esta polarización.

En este caso, sin embargo, se puede considerar que la distancia entre la mordacidad y la influencia es un indicador de una desconexión más general, la que existe entre la vida política y la vida cultural en general en la República de Berlín. Bajo la administración de Bonn, independientemente de los evidentes contrastes que existían entre ellas, predominaba una concordancia esencial entre ambas. En ese sentido, Lepenies está en lo cierto cuando afirma que en la Alemania de la posguerra la cultura en general dejó de estar reñida con la política, pues ambas se democratizaron oficialmente. La idea de un «patriotismo constitucional» característico de la República Federal, que defiende Habermas, se puede interpretar como una celebración tácita de esa armonía. Desde 1990, sin embargo, la vida cultural y la vida política se han ido alejando poco a poco. A mediados de los ochenta, cuando Claus Leggewie publicó su polémico Der Geist steht rechts, se adelantó a su época. Veinte años después está claro que se ha producido ese cambio. La energía intelectual se había desplazado hacia la derecha, que ya no era una simple fronde, sino un consenso significativo en los medios de comunicación —un clima de opinión—. La clase política, sin embargo, seguía amarrada a su hábitat específico. Ni la coalición entre el SPD y los verdes ni la de la CSU y el SPD han alterado el juste milieu heredado de Bonn. El equilibrio del antiguo sistema de la Alemania occidental, sin embargo, se ha roto. Una serie de giros ha retorcido sus componentes. La esfera económica se ha desplazado hacia la derecha. La política todavía no se ha alejado demasiado del centro. La social se ha movido subrepticiamente hacia la izquierda. La intelectual gravita en la dirección opuesta.

El resultado final de estos distintos movimientos tectónicos sobrepasa cualquier predicción. El descalabro de la economía global, que ha arruinado las exportaciones alemanas, ha obligado al país a entrar en una espiral descendente cuando la coalición de Berlín afronta el último año de su mandato, en medio de una tensión creciente entre las distintas formaciones que la integran. Si la CDU conserva su gran ventaja actual sobre el SPD en las encuestas de opinión, y el FDP aguanta lo suficiente, podría surgir un gobierno de coalición CDU-FDP que, hasta ayer, habría tenido una mayor libertad para liberalizar la economía social de mercado de forma más radical, de acuerdo con las recetas neoliberales. Con la crisis económica, tendrán que esperar. Pero dado que la identidad del FDP depende de un antiestatismo enérgico, un regreso a formas más antiguas de corporativismo, más allá de las medidas de emergencia, no será fácil. Si, por otra parte, el malestar electoral generado por el aumento de las desigualdades y la falta de seguridad social se combina con el miedo generalizado a cualquier tipo de inestabilidad, el voto podría inclinarse otra vez hacia el punto muerto de una nueva Gran Coalición. Los cambios en el clima intelectual afectarán a la aplicación de cualquiera de estas fórmulas, aunque el alcance de su incidencia está por ver. Hace unos años, cuando se celebró el mundial de fútbol, se colocaron por todo el país unas pancartas que proclamaban «Alemania, la patria de las ideas». El deporte y el infantilismo suelen ser inseparables. Por fortuna, la tradición intelectual del país todavía no ha caído hasta el extremo de quedar sumida en la reductio ad abiectum de un eslogan publicitario de un mundial de fútbol. Pero es innegable que ha perdido peso específico en la sociedad.

De hecho, si se analiza comparativamente, la cultura alemana en el último tercio del pasado siglo no se ha caracterizado tanto por alumbrar ideas como por generar imágenes. En ese sentido, se podría decir que ha intercambiado los papeles con Francia, pues la filosofía ha emigrado al otro lado del Rin, mientras que la pintura, la fotografía o el cine se han desplazado hacia el este. La cultura alemana se ha mostrado especialmente productiva en el terreno de las artes visuales, y ha alcanzado lo sublime en algunos casos. Cada uno en su estilo, Beuys, Richter, Trockel, Kiefer; los Becher, Struth, Gursky, Ruff, Fassbinder, Syberberg, Reitz… ninguna otra sociedad europea de la época dispone de una paleta tan variada. Además, la mayoría de los artistas se han inspirado en la historia de Alemania y en las transformaciones que ha experimentado mucho más y de manera más explosiva que los de cualquier otro lugar. El cine, como cabía esperar, es el campo en el que este fenómeno se percibe de forma más directa. En El matrimonio de María Braun, de Fassbinder, la protagonista se inmola mientras el bramido de la final del Mundial de 1954 alcanza el crescendo, y la película termina con la pálida imagen, invertida, de Helmut Schmidt, que llena la pantalla como si fuera la calavera del Wirtschaftswunder. La trilogía Heimat, de Reitz, cuya primera parte se estrenó en 1984, justo cuando Kohl estaba consolidando su poder, termina en la Alemania próspera y unida del nuevo siglo, cuando los buitres financieros destruyen la empresa familiar de uno de los hermanos, el avión de otro se estrella contra un acantilado al norte del Rin, un huérfano yugoslavo se suicida abajo, en un río, y un terremoto entierra un legendario tesoro pictórico: escenarios y vaticinios de un moderno Ciclo del anillo. Al final de la película, la superviviente más joven busca a tientas en la oscuridad, y sus rasgos se parecen cada vez más, a medida que la cámara se acerca, a la máscara de un animal acosado. El arte tiene sus premoniciones, aunque no siempre acierte.

VI. Italia

(I - 2002)

Italia ha ocupado durante mucho tiempo una posición peculiar en el concierto de Europa. Por riqueza y población es, junto con Francia, Gran Bretaña y Alemania, uno de los estados más importantes de la Unión. Pero nunca ha desempeñado un papel comparable en los asuntos del continente, y rara vez se ha considerado que sea un socio o un rival diplomático importante. La imagen de Italia no se suele asociar con el poder. Históricamente, este ha sido, sin duda, uno de los motivos que han convertido al país en el lugar predilecto de los extranjeros. Alemanes, franceses e ingleses han expresado en repetidas ocasiones una simpatía y un cariño por esta nación que rara vez han sentido por otras, aunque es cierto que el objeto de admiración varía en cada caso. Casi todos los comentarios presentan algún matiz contemporáneo. Goethe, que marchó a Roma huyendo de los remilgos de Weimar, consideraba que era «moralmente saludable mezclarse con este pueblo sensual»[294]. Byron decidió que en Italia «en general, no hay ni ley ni gobierno; y es maravilloso ver lo bien que funciona todo sin ellos»[295]. Stendhal, que conocía el país más a fondo, sentía a veces que Italia «es el único lugar donde la música está realmente viva, y lo único que se puede hacer en esta hermosa tierra es amar; los demás placeres del alma quedan anulados; uno muere envenenado de melancolía como ciudadano». Sin embargo, paradójicamente, se consideraba que los italianos eran, además, maestros en un arte muy distinto: «Fuera de Italia es imposible encontrar el arte llamado política (el arte de convencer a los demás para que hagan lo que a nosotros nos conviene sin hacer uso de la fuerza ni del dinero). No se puede llamar político al que carece de paciencia y no sabe dominar su ira. Napoleón era verdaderamente limitado en este aspecto; corría suficiente sangre italiana por sus venas para que actuara con sutileza, pero fue incapaz de usarla»[296]. La lista de encomios podría prolongarse hasta el infinito.

El tono característico de los comentarios autóctonos sobre Italia es diametralmente opuesto. La mayoría de las lenguas tienen alguna locución para expresar la autocrítica, por lo general un juego de palabras o un neologismo. Los alemanes siempre pueden echar mano de la desdeñosa expresión que acuñó Hegel para describir la identidad política local: Deutschdumm; los franceses deploran la jactancia de la franchouillardise; los peruanos dicen que algo que está hecho un desastre es «una peruanada»; los brasileños se suelen burlar de la brasileirice. Al parecer, en Inglaterra no existen este tipo de expresiones: la «Englishry» o anglicidad, un regalo del escocés Tom Nairn, no se emplea nunca en Gran Bretaña. Italia, sin embargo, se encuentra en el polo opuesto. Ninguna otra nación cuenta con un vocabulario tan rico para reírse de sí misma ni lo emplea con tanta frecuencia. Italietta alude a la frívola ligereza del país; italico —una palabra favorecida en otros tiempos por la ampulosidad fascista— es en la actualidad sinónimo de la pose inútil y el cinismo solapado; italiota, la más dura de todas, es la insignia del cretinismo inquebrantable. Es cierto que todos estos términos se emplean en el discurso oficial, no en lenguaje coloquial. Pero la falta de autoestima que expresan está muy extendida. Para los propios italianos, la buena opinión que tienen los demás de ellos continúa siendo un sentimiento extranjero.

En los últimos años, este sentimiento tradicional se ha transformado en una reiterada muletilla política. A finales de los ochenta se empezó a propagar un clamor que alcanzó su crescendo a finales de los noventa: Italia tenía que convertirse de una vez en «un país normal». Así se titulaba el manifiesto que redactó en 1995 el líder del antiguo Partido Comunista de Italia[297]. Pero la expresión era un leitmotiv que aparecía en los discursos y los artículos de todas las formaciones del espectro político, y todavía es un estribillo repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación. El mensaje es que Italia debe convertirse en un país occidental más. En este caso la normalidad es, como siempre, un criterio superior a lo que se considera típico. Lo que no es típico puede ser excepcional y, por tanto, mejor; pero lo que no es normal es infaliblemente peor que lo típico —anormal o subnormal—. La exigencia de que Italia se convierta en un país normal es la expresión del deseo de parecerse a otros que se considera superiores.

La lista completa de las anomalías que diferencian a Italia de los demás varía según las explicaciones, pero en todas ellas se ponen de relieve tres rasgos. Durante cuarenta años de hegemonía democristiana ininterrumpida no hubo alternancia en el gobierno. Bajo este régimen, la corrupción política alcanzó unas proporciones colosales. Entrelazado con ella, el crimen organizado se convirtió en una fuerza muy importante en el país, a medida que las operaciones de la Mafia se extendían desde Sicilia hasta Roma y el norte. También se suelen destacar otros defectos nacionales: la ineficiencia administrativa, la falta de respeto hacia la ley, la ausencia de patriotismo. Pero, en la creencia generalizada en que la condición de Italia es anormal, el inmovilismo gubernamental, la corrupción dominante y el crimen militarizado ocupan el puesto de honor. El relato más meticuloso e imparcial de esta situación es, sin duda, Italy and Its Discontents, de Paul Ginsborg, un historiador inglés afincado en Florencia. Publicada originalmente en italiano, esta obra es el último monumento de admiración crítica hacia el país escrito por un estudioso extranjero[298].

Que un partido se mantenga en el poder durante un intervalo de tiempo muy prolongado no es un fenómeno exclusivo de Italia. Los socialdemócratas suecos lo monopolizaron durante más de cuarenta años; la coalición rojinegra ha gobernado Austria durante el mismo tiempo; en Suiza, el gobierno es prácticamente inalterable. Lejos de sufrir grandes males, se suele considerar que estas sociedades son las mejor administradas de Europa. La corrupción política en Japón supera con creces a la de Italia; y los franceses y los alemanes le andan a la zaga. Es cierto que en Sicilia la Mafia es verdaderamente sui generis, pero en un sentido menos etnográfico tiene equivalentes en la mayoría de los países de la Europa del Este, y el de Rusia es un caso muy famoso. Irlanda del Norte, el País Vasco y Córcega nos recuerdan que en la propia Europa existe más de una periferia regional acosada por la violencia endémica. Habría que hacer muchas distinciones, en cada aspecto, para ofrecer un análisis comparativo real. Pero, en cualquier caso, se puede decir que no ha sido tanto la influencia singular de uno de estos males como la combinación letal de todos ellos, sin parangón en otros lugares, la que ha favorecido que se juzgue que Italia es una nación anormal.

Sea como fuere, si una idée fixe arraiga en una sociedad es poco probable que haya surgido de la nada. En Italia, la fascinación por los modelos extranjeros —el deseo de emular a un mundo más avanzado— se ha alimentado desde sus orígenes del retraso de la unificación del país y de la posterior debilidad del Estado nacional. La lealtad piamontesa al sistema de prefecturas francés, impuesto al resto de la península sin reparar en las identidades nacionales, es uno de los primeros ejemplos; otro, ligeramente posterior, la admiración que Crispi le profesaba a Alemania como potencia imperial. En ese sentido, la impaciente búsqueda de instituciones a las que imitar en el extranjero, tan acentuada en los últimos años, tiene profundas raíces históricas: es la reaparición de un motivo recurrente. Las versiones contemporáneas, además, se ven reforzadas por la desagradable experiencia del periodo en que Italia no siguió ningún modelo externo y alumbró el fascismo, convirtiéndose en la nación precursora de una importante innovación política que se extendió a otros estados. Para muchos, desde entonces los inventos autóctonos parecen condenados: mejor regresar a la seguridad de la imitación. La imagen que acuñaron en los años ochenta los rivales de la democracia cristiana se encontraba muy próxima al desastroso modelo alternativo de la singularidad nacional. Les llamaban la Balena bianca, una monstruosa mutación de la naturaleza similar al asesino morador de los mares de Melville[299]. Según la leyenda, el arponazo letal que recibió esta bestia anunció el nacimiento de la Segunda República.

I

Pues este es el nombre que los italianos emplean para definir el orden político actual. Según esta versión, la Primera República, que surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial, falleció, entre dramáticas convulsiones, a principios de los noventa. A raíz de esta defunción surgió una configuración más moderna, todavía incompleta, pero que representa una mejora decisiva en relación con el sistema anterior. La consumación total de la Segunda República, un logro todavía lejano, convertirá por fin a Italia en un país normal. Esta es la interpretación oficial, ampliamente compartida por todas las partes, de la década pasada. Por supuesto que el antecedente de esta teoría es un paradigma extranjero. El paso de la Primera a la Segunda República es una analogía de la transición de la Cuarta a la Quinta república que experimentó Francia. Existe, a fin de cuentas, un parecido asombroso entre los regímenes creados después de 1945 en ambos países: la aceleración del crecimiento económico, la acentuada polarización ideológica, los grandes partidos de masas, los cambios constantes en el gobierno sin alteraciones perceptibles en la dirección política, el creciente descrédito de la clase gobernante, o la incapacidad de controlar las violentas crisis de la periferia mediterránea.

En ambos casos, el contexto internacional influyó en la caída de la República anterior: en el de Francia el fin del colonialismo europeo y en el de Italia el fin de la Guerra Fría. Incluso la Lega Lombarda de Umberto Bossi, que se fusionó en 1991 con otros partidos para alumbrar la Lega Nord, el ariete que debilitó los puntales del sistema de partidos tradicional, también tenía su precursor pequeñoburgués en el movimiento de Pierre Poujade, cuya aparición precipitó la crisis definitiva de la Cuarta República. En todos estos aspectos, la referencia a Francia podría parecer plena de sentido en la Italia de principios de los años noventa, pues legitimaría las esperanzas de una purga catártica de todos los males acumulados en el antiguo orden y la reconstrucción del Estado sobre una base más sólida. La siguiente tarea era emular el histórico logro de De Gaulle: la fundación de una Quinta República estable, como la del norte. Pero ¿quién era la figura italiana equivalente a De Gaulle en este escenario duplicado?

En abril de 1992, la coalición gobernante —dirigida desde los años ochenta por Giulio Andreotti, el eterno Belzebú de la democracia cristiana, y Bettino Craxi, el taurino jefe de los socialistas— volvió a ganar las elecciones. El movimiento de Bossi, recién llegado al sistema de partidos, había avanzado bastante en el norte, pero no lo suficiente para que este incremento electoral tuviera repercusiones a escala nacional[300]. Parecía que todo iba a seguir igual. Pero un mes después los magistrados de Milán comunicaron oficialmente por vez primera a los dirigentes más destacados de los dos partidos dominantes que se les estaba investigando por corrupción. Prácticamente al mismo tiempo, la comitiva de coches en la que viajaba el juez Giovanni Falcone, el símbolo de la determinación de erradicar a la Mafia de Sicilia, sufrió una emboscada en las afueras de Palermo y perdió la vida. Fulminado por estos dos relámpagos, el viejo orden se desintegró de forma repentina. Durante los meses siguientes, los magistrados milaneses desataron una avalancha de nuevas investigaciones contra la clase política y sus socios financieros, una sociedad bautizada por la prensa como Tangentopoli —Villasoborno—. En poco menos de un año, Craxi había escapado a Túnez y Andreotti estaba acusado por su complicidad con la Mafia. En el otoño de 1993, más de la mitad de los miembros del Senado y de la Cámara de los Diputados habían recibido avisos que les comunicaban que se encontraban bajo sospecha por corrupción —sospechas que para la opinión pública equivalían a veredictos de culpabilidad— y el sistema de representación proporcional en virtud del cual habían sido elegidos fue abolido por medio de un referendo. Este torbellino se llevó por delante a los dirigentes tradicionales de Italia. En la primavera de 1994 la democracia cristiana y los partidos socialistas habían desaparecido. Sus aliados menores se consumieron con ellos.

Solo un partido importante salió ileso de los escombros. Los candidatos lógicos para dirigir la renovación parecían los descendientes del comunismo italiano, recientemente remodelado y rebautizado como el Partido de la Izquierda Democrática (PDS). Al igual que el gaullismo en Francia, el comunismo italiano había sido excluido del proceso de estabilización posterior a 1945, y formaba una oposición que esperaba pacientemente, con un nutrido número de seguidores, no desacreditada por la degeneración del sistema. Como De Gaulle en 1958, el PDS de 1992-1993 no había sido responsable de la quiebra del antiguo orden y, del mismo modo que el general había aprovechado la revuelta de los coroneles en Argelia, aunque no la había instigado, para subir al poder en París, el PDS esperaba que el asalto de los magistrados a Tangentopoli, un episodio en el que ellos no estaban implicados, le abriera las puertas de la presidencia en Roma, algo que no conseguía desde 1947. Para construir la Quinta República, De Gaulle había atraído a un grupo heteróclito de aliados —Antoine Pinay, Guy Mollet y otros extravagantes compañeros de cama formaron parte de su primera coalición y le ayudaron a sacar adelante la nueva Constitución antes de que se deshiciera de ellos—. El PDS también formó equipo con un grupo variopinto de independientes y oportunistas —el prepotente Segni, de la democracia Cristiana; el disidente radical Pannella; el todavía líder fascista Fini— para sacar adelante el referendo de 1993, que atacaba los cimientos del sistema electoral proporcional en el que se apoyaba la Primera República[301].

En este punto, sin embargo, termina la analogía. Una vez instalado en París, De Gaulle llevó a cabo una enérgica reorganización del sistema político francés. Controlaba todas las iniciativas. Se ocupó de los advenedizos y se deshizo de los que no le resultaban útiles, mientras emprendía la reconstrucción del Estado. El PDS, sin embargo, se subió al carro de un referendo confeccionado a su medida, propuesto por Segni, y consiguió movilizar a las masas, pero no aportó liderazgo político. Este contraste revela una diferencia más importante. Más allá de los rasgos comunes, los herederos del comunismo italiano se encontraban en una posición mucho más débil que De Gaulle. Perennemente excluido del gobierno de Roma durante el mismo tiempo, aproximadamente, que el general había pasado retirado en Colombey-les-Deux-Églises, el PCI nunca llegó a distanciarse tanto —ni de un modo tan intransigente— como De Gaulle respecto del sistema político de la Primera República. En los ochenta, el PCI ya se encontraba prácticamente integrado en el sistema regional italiano y participaba en distintas coaliciones provinciales, pero a escala nacional, donde la mayoría de las leyes se aprobaban sin su consentimiento, era el socio tácito de la democracia cristiana[302]. De modo que en cierta medida había estado involucrado en las prácticas habituales de sottogoverno —comisiones sobre los contratos de obras públicas, subsidios a las organizaciones afiliadas, viviendas para los notables del partido— que habían caracterizado al orden anterior. Cuando estalló la crisis, era demasiado arriesgado para el PDS postularse de un modo demasiado agresivo como paladín de la transparencia.

Otra dificultad mayor era la evolución general que había experimentado el PCI desde la guerra. El partido había heredado el gran legado intelectual de Antonio Gramsci, cuyos Cuadernos de la prisión se habían publicado por vez primera en 1948. A partir de esta herencia, el PCI había creado una cultura política de masas sin parangón en el ámbito de la izquierda europea. En Italia ningún otro partido disponía de un patrimonio comparable —la originalidad de las ideas de Gramsci no solo había sido aceptada de forma unánime en Italia, sino que desde los años sesenta cada vez gozaba de un mayor reconocimiento internacional—. Contaban, por tanto, con una tradición auténticamente italiana, indiscutiblemente vital e independiente. Pero el PCI de la época de Togliatti no era solo un brote que se desarrollara de forma aislada. Estaba integrado en un movimiento internacional sometido a la férrea disciplina de la URSS. Después de la guerra había adoptado una coherente estrategia de moderación, por motivos propios —aunque en línea con Moscú, en cualquier caso—, y con el paso del tiempo el partido se había ido distanciando de los planes de la diplomacia soviética. Pero en su estructura interna era todavía una organización estalinista, externamente vinculada a Rusia. Perjudicados por el recrudecimiento de los movimientos obreros y estudiantiles de finales de los sesenta, totalmente contrarios a su posición parlamentaria, habían reaccionado con la depuración de los disidentes más activos de sus filas —el talentoso grupo Manifesto— y habían depositado sus esperanzas en un pacto con la democracia cristiana que les permitiera dirigir conjuntamente el país.

Pero la conexión soviética no se había interrumpido. Como suele ocurrir, el líder más moderado del PCI, el formidable Giorgio Amendola, que animaba abiertamente a su partido a convertirse en una versión italiana del laborismo británico, era, sin embargo, el más vinculado al mundo soviético, y solía pasar sus vacaciones en Bulgaria. Cuando los demócratas cristianos rechazaron el «compromiso histórico» que les proponían los comunistas y eligieron a los socialistas porque les parecían unos socios más flexibles, los dirigentes del PCI se distanciaron de forma más abierta de Moscú. Pero en los ochenta ya era demasiado tarde, y después de años de cautela, no se les ocurrió otra idea que pasarse al polo opuesto, al de Washington —el último líder real del partido, Enrico Berlinguer, llegaría a declarar que su formación se sentía más segura bajo la protección de la OTAN—. Desde los medios de comunicación, los admiradores del PCI aplaudieron calurosamente este giro, pero su credibilidad electoral no aumentó. En 1989, cuando cayó el Muro de Berlín, la nueva dirección se deshizo del nombre del partido y se apresuró a renegar casi por completo de su pasado. Dirigida sin demasiada inteligencia ni dignidad, esta maniobra apenas les benefició[303]. De Gaulle, el más destacado imperialista francés en los años cuarenta, salió ileso de la caída del imperio colonial de Francia en los sesenta, negociando diestramente la independencia de Argelia para sacar el mejor partido para su país. El rebautizado PDS, al abandonar su herencia a cambio de un tibio potaje ideológico, no parecía representar ninguna tradición italiana, y los electores no respetaron su sacrificio. En las elecciones de 1992, en vísperas de una crisis nacional, obtuvieron el peor resultado de su historia —el 16,5 por ciento, menos de la mitad de los votos alcanzados quince años antes. Con todo, a finales de 1993, el paisaje político estaba tan despejado de rivales u oponentes que el partido parecía estar a punto de hacerse con el poder, aunque fuera por eliminación. Una coalición formada en torno al PDS acababa de elegir a los alcaldes de Roma, Nápoles, Venecia, Trieste y Palermo. Se acababan de aprobar las nuevas reglas electorales, en virtud de las cuales la mayoría de los escaños del Parlamento se elegían a través de un sistema de mayoría relativa. La izquierda parecía serena ante su primera victoria desde la guerra. Pero al amparo de la noche se coló un ladrón. En la última semana de enero de 1994, Silvio Berlusconi, propietario del mayor emporio de medios de comunicación de Italia, anunció que iba a liderar un Polo de la Libertad para salvar al país de las garras de una coalición liderada por el PDS. A los pocos días, había fundado un movimiento político cuyo nombre se inspiraba en el cántico de los hinchas futbolísticos italianos —«Forza Italia!»—, concebido por los ejecutivos de la compañía Fininvest[304], integrada en un holding de su propiedad, y había forjado alianzas con la Lega de Bossi en el norte y con la Alleanza Nazionale de Fini en el sur para formar un frente común contra la amenaza de un gobierno rojo. Dos meses después, el Polo de la Libertad arrasó en las elecciones y subió al poder con una mayoría clara. La izquierda italiana había sido burlada fulminantemente por una coalición de derechas en la contienda por convertirse en el portaestandarte de la Segunda República.

En medio de la retórica de la necesidad de un nuevo cambio que manejaban todos los bandos, este resultado encerraba cierta lógica irónica. Los tres componentes del triunvirato vencedor, Berlusconi, Bossi y Fini, eran figuras recién llegadas a la escena política italiana, mientras que el PDS y sus socios, en su mayoría elementos fijos de la Primera República, no lo eran. Económicamente, Berlusconi le debía su fortuna a los favores recibidos del orden anterior. Genealógicamente, Fini procedía de la tradición fascista leal a la República de Salò. Pero su futura actuación política era una incógnita y podían proyectar un aura de novedad con mayor facilidad. Por lo que respecta a Bossi, era el auténtico, el gran intruso de finales de los ochenta y principios de los noventa. La hazaña que había logrado Berlusconi al juntar a fuerzas tan dispares de la noche a la mañana había sido extraordinaria. La Lega de Bossi, basada en los pequeños fabricantes y comerciantes de las pequeñas ciudades del norte, sentía una aversión estridente por la burocracia romana y el clientelismo del sur —los baluartes electorales de la Alleanza de Fini—. Bossi defendía la delegación y la liberalización radical; Fini, la protección social y la centralización estatal. Los dos se detestaban mutuamente.

Forza Italia, el primer partido de la historia mundial organizado como si fuera una empresa, no habría sido posible sin la fortuna personal y el control de las cadenas de televisión de Berlusconi. Pero la clave de su éxito político residió en su habilidad para actuar como intermediario entre estos dos enemigos naturales y convertirlos en aliados, en extremos opuestos de la península donde no podían rivalizar entre sí. La izquierda perdió porque no supo demostrar una capacidad comparable de cohesión. La coalición de la derecha se hizo con el 43 por ciento de los votos; la izquierda, con el 34 por ciento; los vestigios del Centro Católico —con una postura más próxima a la izquierda que a la derecha— con el 16 por ciento[305]. Con un sistema de representación proporcional, se podría haber formado un gobierno de centro-izquierda. Pero, con un sistema de mayoría relativa, tan solo atenuado por la presencia residual del PR, la falta de un bloque electoral formado por la izquierda y el centro favoreció la derrota de ambos. Al PDS, el tiro del apoyo al referendo de Segni le salió por la culata.

II

Después de que le robaran la victoria en el último minuto, la izquierda se tomó mal la derrota. ¿Cómo podía haber votado el pueblo italiano a un personaje tan sospechoso como Berlusconi? La consternación no solo se apoderó del PDS y su periferia. Amplios sectores del sistema italiano compartían este sentimiento: los industriales Agnelli, presidente de Fiat, y De Benedetti, de Olivetti —ambos con una influyente representación en la prensa, La Stampa y La Repubblica—; Scalfaro, el presidente de la República; tecnócratas del Banco Central; muchos magistrados y la mayoría de los intelectuales; la opinión católica culta. En el extranjero, el Financial Times y el Economist declararon desde el primer momento su disconformidad, y lo han seguido haciendo hasta hoy. Por tanto, la izquierda contaba con una amplia caja de resonancia cuando, después de la conmoción inicial que había supuesto el revés de marzo de 1994, empezaron a lanzar duros ataques contra el primer ministro italiano. Le acusaban de dos cargos fundamentales e interrelacionados. El control de la mayor parte de las cadenas de televisión privadas que ejercía Berlusconi, por no hablar de la prensa y del mercado editorial, era incompatible con el ejercicio de un alto cargo público —una circunstancia que no solo desencadenaría evidentes conflictos de intereses económicos, sino que además violaba la separación de poderes políticos esencial en cualquier democracia. Además, había buenas razones para sospechar que Berlusconi había amasado la extraordinaria fortuna que le había permitido levantar su emporio de comunicación con ayuda de todo tipo de corrupciones. Al contrario de lo que declaraba su propaganda política, el nuevo gobernante del país encarnaba lo peor del orden anterior: una combinación de indecencia e ilegalidad que representaría una amenaza permanente para cualquier sociedad libre. A grandes rasgos, esto es lo que se sigue pensando en el extranjero de Berlusconi.

La validez objetiva de estas afirmaciones no se puede cuestionar. Hijo de un modesto empleado de banca, Berlusconi hizo su primera fortuna como constructor en las afueras de Milán, antes de pasarse a la televisión comercial a mediados de los setenta. Milán era la base política de Craxi, el hombre fuerte del PSI, una formación decidida a acabar con la prioridad de acceso de la democracia cristiana al poder y a las prebendas en las esferas más elevadas del Estado italiano. La DC dependía desde hacía tiempo de una corrupción considerable para financiar su maquinaria, pero su fuerza política se apoyaba en una enorme base como partido católico vinculado a la Iglesia. El PSI, que carecía de un arraigo social comparable, se veía obligado a recurrir a la extorsión de forma más exhaustiva para compensar su déficit de apoyo popular —y, al aumentar la rivalidad por el botín, la corrupción experimentó un incremento vertiginoso—. Bajo Craxi, una generación de políticos callejeros se había abierto paso hasta alzarse con el control del partido, y habían desbancado a los antiguos líderes y tradiciones —al contrario que los dirigentes del PCI, que habían medrado gracias a la obediencia y al conformismo, en un sistema burocrático que premiaba la cautela, la evasiva y el anonimato—. Adepto a las maniobras diestras y los rápidos giros tácticos, el PSI solía mostrar una capacidad de iniciativa política muy superior a la del PCI, defensivo y sin convicción. Pero era una maquinaria que había que engrasar constantemente con dinero. Cuando Craxi alcanzó su objetivo de convertirse en premier, el boom especulativo de mediados de los años ochenta favorecía un clima de consumo ostentoso y la moderación que la clase política había mostrado hasta entonces empezó a desaparecer. El PSI llevaba la voz cantante en el gobierno y la DC le seguía. En 1987 los dos partidos gobernantes se repartieron un «súper soborno» de 100 millones de dólares solo por la creación del complejo petroquímico Enimont[306].

La carrera de Berlusconi siguió el curso de este cambio estructural de las últimas décadas de la Primera República. Sus primeros negocios inmobiliarios pudo hacerlos gracias a los permisos de obra que le concedió el Ayuntamiento de Milán, gobernado por el PSI. Cuando empezó a invertir en televisión, ya había entablado una estrecha amistad con Craxi, que se acabaría convirtiendo en el padrino de uno de sus hijos y en testigo de su segunda boda. A medida que la coalición entre el PSI y la DC se afianzaba en el sistema político, el emporio televisivo de Berlusconi crecía. Cuando Craxi fue elegido primer ministro en 1983, Berlusconi ya controlaba —desafiando al Tribunal Constitucional— dos canales nacionales. Ante la provocación de la adquisición de una tercera cadena, los magistrados ordenaron suspender la emisión de los tres canales una noche de octubre de 1984. Craxi promulgó un decreto con carácter inmediato que les permitía reanudar las emisiones, y cuando el Parlamento lo declaró inconstitucional, sacó adelante una ley que lo confirmaba temporalmente. Seis años después, Andreotti, presionado por el PSI, forzó en el Parlamento la votación de una legislación confeccionada a la medida de Berlusconi, que le permitía controlar el 80 por ciento de la televisión comercial del país —la llamada Legge Mammi—. A Andreotti esta decisión le costó una moción de confianza que dividió a su propio partido[307]. Obviamente, sería muy extraño que se le concedieran una serie de favores tan extraordinarios a un solo empresario sin recibir nada a cambio.

Al final, el emporio de Berlusconi fue creciendo. Ya no solo lo integraban cadenas de televisión y una agencia de publicidad tremendamente lucrativa, sino algunas de las editoriales más prestigiosas del país, la cadena de hipermercados más popular y el equipo de fútbol más exitoso. Pero desde el comienzo Berlusconi dejó ver otra cara, una imagen que recordaba más a Reagan que a Murdoch. De joven, había trabajado como cantante melódico a bordo de cruceros que surcaban el Adriático, gorjeando al micrófono en compañía de Fedele Confalonieri —que más tarde se convertiría en el despiadado director general de Fininvest—, que hacía tintinear un piano blanco a la vera de Berlusconi. No solo quería acumular empresas y dominar los mercados, sino cautivar e impresionar al público. De naturaleza presumida —su aspecto de sinvergüenza, con ese aspecto lustroso y la sonrisa exagerada, tiene un punto ingenuo—, Berlusconi siempre ha buscado el glamur y la popularidad, atributos más típicos de la escena que de la sala de juntas. La seña de identidad de su conversación es la barzelletta —el mismo tipo de chiste que Reagan contaba hasta la saciedad, aunque algo más subido de tono—. Esta chabacanería es uno de los motivos por los cuales muchos italianos le detestan. Pero, es a la vez, la cultura que impera en sus cadenas de televisión, que mantienen unos índices de audiencia altísimos, y no le ha impedido saltar al ruedo de la política. Puede que la gente culta apretara los dientes cuando se convirtió en premier, pero una gran cantidad de votantes estaban acostumbrados a este estilo.

En el gobierno, sin embargo, su falta de experiencia política se puso de manifiesto enseguida. Curiosamente, en lugar de mostrar un decidido impulso autocrático, parecía vacilante e indeciso, y dio marcha atrás cuando sus primeras iniciativas —un intento de conceder una amnistía a los delitos de Tangentopoli, el recorte de las pensiones— encontraron una fuerte resistencia. Pero, en cualquier caso, su mandato fue muy breve. En los meses previos a las elecciones, los magistrados de Milán habían comenzado a investigar públicamente a una serie de importantes empresarios italianos —los directores de Fiat, Olivetti y Ferruzzi, entre otros—, unas pesquisas que todavía no habían alcanzado a Berlusconi. Sin embargo, en cuanto este subió al poder, metieron la directa. La mesa de los magistrados milaneses, el grupo de Mani Pulite («Manos limpias») que había destapado el escándalo de Tangentopoli, no era una fuerza neutral ni apolítica. Los fiscales y jueces italianos —una de las peculiaridades del sistema es que no se consideran carreras diferentes— forman un cuerpo muy politizado, en el que la militancia tácita y la existencia declarada de facciones profesionales se dan por supuestas. La mesa de Milán no era una excepción. No era en modo alguno homogénea desde el punto de vista ideológico (uno de sus miembros más prominentes se encontraba próximo al PDS, y otro a la AN de Fini[308]), pero todos sus integrantes compartían la misma aversión hacia la venalidad de la Primera República. Una cosa era la consternación que sentía la izquierda por el modo en que Berlusconi había usurpado la promesa de una democracia más transparente. Pero la ira de los magistrados de Milán era un asunto bastante más grave. A finales de noviembre, Scalfaro, el presidente de la República, recibió una llamada telefónica del jefe de los magistrados a través de la cual le comunicaba que estaban a punto de promulgar un avviso di garanzia contra el primer ministro por presunta corrupción. Berlusconi estaba a punto de viajar a Nápoles, donde debía presidir la Conferencia Ministerial Mundial sobre Crimen Organizado Transnacional. Al día siguiente, le comunicaron la humillante noticia cuando se encontraba en plena sesión en Nápoles.

En medio del alboroto posterior, saltó una segunda trampa. Desde su derrota primaveral, el PDS contaba con un nuevo líder. A sus cuarenta y pocos años, Massimo D’Alema tenía un carácter más cercano al de la joven guardia del PSI de Craxi, diestro en el arte de la emboscada y el giro político, que al de los torpes políticos que le habían precedido en el PCI. Entre bastidores, se había dedicado a calentarle la cabeza a Bossi, alimentando los celos que sentía por Berlusconi, que le había arrebatado el protagonismo en su rebelión contra el orden anterior, y también los prejuicios de clase que sentía por el magnate, que, a fin de cuentas, no era más que un matón. En diciembre, D’Alema consiguió su objetivo. La Lega, que disponía de una tercera parte de los escaños de la coalición dirigente, anunció de repente que abandonaba el gobierno. Berlusconi perdía así la mayoría que había obtenido y se vio obligado a dimitir. El primer gobierno de la Segunda República había durado tan solo nueve meses —menos incluso de lo que duraban de media los de la Primera.

Según la doctrina en la que ahora todos los grandes partidos creían a pies juntillas, la transparencia política exigía la convocatoria de nuevas elecciones. Desde 1992 ningún otro vicio de la Primera República había sido tan censurado de forma tan unánime como la práctica de alterar constantemente las alianzas con el fin de formar nuevos gobiernos en el Parlamento sin consultar a los votantes. En la Segunda República, conforme a esta doctrina, los votantes que entregaban su voto a una determinada lista política tenían la garantía de que sus intenciones estaban a salvo de los cambios de lealtad oportunistas en la Cámara de los Diputados. Bossi debía la mayor parte de su representación parlamentaria a los votantes que habían apoyado al Polo de la Libertad, no a la Lega, en aquellas circunscripciones en las que Forza Italia se había retirado en favor de su partido. Cuando Bossi cambió de bando repentinamente, Berlusconi tenía motivos para sentirse traicionado y para exigir la convocatoria de unas nuevas elecciones que determinaran a quién prefería el pueblo. La disolución de la cámara era prerrogativa del presidente, cuyo papel constitucional se suponía que detentaba una posición supra partes. Sin embargo, Scalfaro, temiendo que Berlusconi volviera a ser elegido si permitía que los votantes expresaran sus sentimientos demasiado pronto, se sacó de la manga un nuevo gabinete dirigido por el banquero Lamberto Dini. Su más que voluntarioso colaborador sería D’Alema, quien —en la línea de la Primera República y contraviniendo de plano los principios de la Segunda— se las arregló para que el centro-izquierda apoyara al gobierno y poder ganar así algo de tiempo para preparar las condiciones necesarias para un resultado electoral posterior más favorable. El truculento y xenófobo partido de Bossi, explicaba el líder del PDS, era en realidad «una costilla de la izquierda»[309]. Posteriormente el propio Dini —otro desertor del equipo de Berlusconi— se transformó en uno de los puntales de la coalición de centro-izquierda.

El paradójico resultado de la primera prueba del nuevo orden encierra una pista que indica cuál es el código genético de la cultura política italiana. Una noción crucial para entenderlo, que no existe en ninguna otra lengua europea, es la que expresa la palabra spregiudicato. Literalmente, significa simplemente «imparcial» —en Italia, como en el resto del mundo, es un término elogioso—. Ese era el significado original que tenía la palabra en el siglo XVIII, cuando adquirió las profundas connotaciones ilustradas que ha conservado hasta el día de hoy. La primera acepción que se puede leer cuando se consulta un diccionario italiano es, por tanto, «Independencia de mente, libertad de parcialidad o de ideas preconcebidas». A lo largo del siglo XIX, sin embargo, la palabra fue adquiriendo un significado adicional, que en el mismo diccionario aparece como «falta de escrúpulos, ausencia de moderación, descaro». En la actualidad —y esta es la idea crucial— los dos significados prácticamente se han fundido. En otros países europeos «imparcial» y «falto de escrúpulos» son antónimos morales. Pero, para los italianos, la spregiudicatezza designa a la vez la admirable apertura mental y la lamentable falta de prejuicios. En teoría, el contexto suele indicar cuál de las dos acepciones debe emplearse. En la práctica, el uso común ha erosionado la distinción entre ellas. La palabra spregiudicato posee en la actualidad connotaciones en esencia laudatorias, incluso en aquellos casos en que se emplea la segunda acepción. La moraleja tácita y cotidiana es la siguiente: «¿No son en realidad los escrúpulos meros prejuicios?». La literatura libertina de la Francia prerrevolucionaria, con sus personajes sans préjugés, que se caracterizaban por la desinhibición sexual, nos ofrece un ejemplo similar. En la Italia contemporánea, sin embargo, la elisión es sistemática y el ámbito en el que se emplea con mayor frecuencia es el del poder.

Entendida en este sentido, la spregiudicatezza es un denominador común que comparten los personajes y las fuerzas más variopintos de la escena italiana. No es que anule las diferencias políticas que existen entre ellos, sino que más bien los sumerge en un mismo éter general en el que los coloridos contrastes de la batalla moral, tal como se perciben en otros lugares, dan lugar a un espectro de medias tintas centelleantes —superficies de muaré que se alteran constantemente según el ángulo desde el que se contemplan—. Los ejemplos se podrían multiplicar hasta el infinito: el eminente teórico de la democracia, respetado universalmente en cuanto personificación de los principios éticos, que, sin embargo, defiende sin dudarlo que los tanques bombardeen el Parlamento ruso; el juez incorruptible, azote de la subversión, que dialoga amablemente con las bandas juveniles de la República de Salò cuando su partido lo necesita; el político en alza que, en un momento dado, declara que Mussolini es el mayor estadista del siglo XX, sin que ello impida que un veterano de la Resistencia le confíe la custodia de la Constitución; el fiscal temerario, el mayor enemigo de los sobornos, que deja que sus amigos empresarios le regalen una limusina y le concedan préstamos sin intereses. El predominio de la doble moral no significa que la moral sea siempre la misma; los contrastes políticos e ideológicos son tan reales y acentuados como en cualquier otro lugar. Y el pragmatismo ubicuo no impide la aparición de auténticos arranques de moralismo. Ninguna cultura nacional es plenamente coherente, y sería un error hacer caso omiso de la intensidad de la indignación ciudadana que generó el escándalo de Tangentopoli, el excepcional telón de fondo de estos años. Pero, con la repulsa de la venalidad oficial por parte del pueblo, coexiste la tradicional falta de prejuicios del público italiano en general, una posición subyacente por defecto: ¿qué mejor ejemplo que la indiferencia de los votantes, desde el principio, ante la flagrante reputación de Berlusconi?

El gobierno de Dini ilustraba de manera todavía más gráfica esta misma sensibilidad. La mayoría de los miembros del gabinete fueron elegidos a dedo por Scalfaro, cuya intervención en la crisis fue ensalzada por la izquierda como un ejemplo de responsabilidad e integridad para la Segunda República. En realidad Scalfaro era el típico demócrata cristiano, un símbolo del orden anterior que había formado parte de algunos de los gobiernos más detestados por los defensores del cambio de sistema. En aquellos días Scalfaro protagonizó un incidente que tuvo cierta repercusión, cuando se levantó de su mesa en un restaurante y abofeteó a una desconocida que, a su juicio, llevaba un vestido demasiado decolleté. Durante cuatro años, sin embargo, había trabajado en la sombra como ministro del Interior del gobierno de Craxi. En medio del torrente de escándalos que desató con fuerza en los años 1992-1993, los funcionarios del SISDE —los servicios secretos italianos, el equivalente al MI5— informaron de que habían recibido la orden de entregar un sobre con 100 millones de liras, sin hacer preguntas, a los sucesivos jefes del ministerio. Mencionaron los nombres de cuatro ministros. Los jueces romanos investigaron a dos de ellos, Antonio Gava y Vincenzo Scotti, cuyas carreras políticas estaban terminadas, y exculparon a un tercero, Nicola Mancino, que casualmente ocupaba el cargo en ese momento.

El cuarto era Scalfaro, el actual presidente. Los jueces no solo se negaron a valorar las pruebas en su contra, sino que además acusaron a los testigos de «subversión» por sus declaraciones —en la memorable fórmula, el fiscal en jefe Vittorio Mele declaraba que eran culpables «independientemente de la verdad o la falsedad de sus afirmaciones». La izquierda ni se inmutó. Al cabo de un tiempo, una comisión de investigación presidida por un juez siciliano declaró inocente a Scalfaro. Cuando se formó el gobierno de Dini, este mismo juez —Filippo Mancuso— fue espléndidamente recompensado con la cartera de Justicia. Sin embargo, el trato que les dispensó a los magistrados de Milán, que muchos juzgaron irritante, pronto provocó tiranteces. La conducta de Scalfaro incomodó a muchos y el centro-izquierda promovió una moción de censura en el Parlamento. Cuando llegó el día de la moción —el debate se emitió por televisión—, la voz ronca de Mancuso anunció desde el estrado a una nación anonadada que había alterado su informe sobre los fondos para sobornos del SISDE a instancias de Scalfaro, por mediación de Gifuni, el portavoz de su familia. Un tremendo alboroto se apoderó de la cámara. El centro-izquierda, fuera de sí de indignación ante semejante calumnia, destituyó a Mancuso y le condenó al ostracismo[310]. El presidente que le había ahorrado al país una terrible experiencia al retrasar las elecciones se encontraba ahora bajo sospecha: solo una opinión parcial podía relacionarle con la malversación.

A corto plazo, estas acrobacias dieron sus frutos. Las tácticas dilatorias de Scalfaro le habían dado un respiro al centro-izquierda, y D’Alema le sacó el máximo partido. Cuando se celebraron las elecciones en la primavera de 1996, el PDS había encontrado un candidato plausible para competir con Berlusconi en la persona de Romano Prodi —un economista de origen católico muy respetado por su actuación al frente de la compañía estatal IRI— y había creado una amplia coalición para respaldarle, Ulivo (el Olivo). Berlusconi, por su parte, no había conseguido reparar su alianza con la Lega, que se presentó a las elecciones por su cuenta. El recuento total de votos indicaba un aumento real del centro-derecha, pero dado que ahora estaba dividido, al contrario que el centro-izquierda, el resultado fue una ajustada mayoría parlamentaria para el gobierno del Olivo[311]. Prodi fue nombrado primer ministro, con un vicepremier del PDS. La promesa de la coalición ganadora era la modernización consecuente de la vida pública italiana, la eliminación de las anomalías y la adaptación plena del país a los criterios occidentales. Ahora, sin duda, había llegado la hora de la Segunda República.

III

Los vencedores tuvieron que enfrentarse a una agenda muy compleja. La corrupción y la criminalidad habían impulsado el fracaso de la Primera República. Pero, detrás de estos dos eternos males, dos presiones habían desempeñado un papel decisivo. La primera era la que había ejercido el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, que establecía ciertos «criterios de convergencia» necesarios para entrar en la unión monetaria europea. Estos criterios exigían una reducción drástica de la deuda pública y del déficit presupuestario de Italia, dos indicadores que durante años se habían situado por debajo de los de otras economías importantes de la UE. En el extranjero casi todo el mundo ponía en duda que Italia fuera capaz de ajustarse el cinturón lo suficiente. El otro problema que debía abordarse con la máxima urgencia era el del regionalismo del norte. La rebelión de la Lega amenazaba con socavar la unidad del país si no se ofrecía una solución federalista. Además de estas áreas en las que se pretendía forzar cambios a escala supra y subnacional, había que terminar la tarea que la crisis nacional de 1992-1993 había dejado a medias. A mediados de la década, el giro militarista que había dado la Mafia en Sicilia había sido reprimido y se había puesto freno a los excesos de la corrupción política. Pero no se había establecido un orden legal estable: la justicia era todavía una palabra, no un sistema. Las deficiencias tributarias, administrativas y educativas eran de sobra conocidas. Y por último, pero no por ello menos importante, el nuevo sistema electoral no resultaba satisfactorio para casi nadie. Ni chicha ni limonada. En lugar de reducir el número de partidos en el Parlamento, lo había multiplicado. Para fortalecer el ejecutivo, a juicio de muchos, era necesario reformar la Constitución.

En este bosque de tareas, Prodi tenía muy claro cuáles eran las prioritarias. Por formación y por temperamento, su principal preocupación era la economía. Como primer ministro, su objetivo fundamental era garantizar que Italia cumpliera los criterios de Maastricht para incorporarse a la moneda única en 1998. La normalidad, según esta versión, era la integración plena —sin las desviaciones y los incumplimientos subrepticios del pasado— en una economía europea liberalizada. Eso implicaba una férrea disciplina presupuestaria para controlar la inflación, la reducción del déficit y la moderación del volumen de la deuda pública. En una palabra, un marco macroeconómico ortodoxo, atenuado allí donde fuera posible —Prodi se había comprometido a ello— con las preocupaciones sociales tradicionales.

En el cumplimiento de su objetivo el gobierno de centro-izquierda se mostró coherente y eficaz. Para sorpresa e inquietud de los banqueros alemanes, las metas de Maastricht se cumplieron según lo previsto, Italia entró en la unión monetaria y desde entonces su deuda pública ha reducido sus intereses. Este arduo esfuerzo no vino acompañado de una amplia reforma tributaria —en Italia los obreros todavía pagan más impuestos en proporción que los restauradores o los abogados—, pero sí de un sistema de recaudación fiscal más efectivo y en cierto modo más equitativo. El coste de la convergencia fue excesivo: el crecimiento más bajo de una sociedad industrial importante en los noventa y una tasa de desempleo juvenil y regional prácticamente inalterada —más del 20 por ciento en el sur—. Con todo, no cabe duda de que entrar en la unión monetaria europea fue uno de los principales logros de la experiencia Olivo. Pero fue también el más continuista con las directivas del pasado. El Tratado de Maastricht se firmó y en parte se articuló gracias a Andreotti, y recortes fiscales más drásticos para implementar el Tratado fueron los que impulsó Giuliano Amato, el lugarteniente de Craxi en los últimos días de la Primera República. En este sentido, Prodi actuó como un ejecutor competente del legado recibido de la DC y del PSI de antaño, en el que las elites financieras e industriales habían permanecido siempre unidas.

Pero es evidente que la integración monetaria no era el punto principal de la modernización que prometía el eslogan de la Segunda República. Se necesitaba una reforma constitucional, electoral y administrativa, que dotara a Italia de un gobierno tan honesto y eficiente como los de sus vecinos. En la vanguardia de esta reivindicación se situaron desde el principio D’Alema y el PDS, no Prodi. A principios de 1997, D’Alema consiguió que se aprobara la creación de una comisión bicameral presidida por él mismo, destinada a revisar la Constitución. Dado que para reformar la Constitución se precisaba el consentimiento de las dos terceras partes del parlamento, y, por tanto, había que pactar con la oposición, el efecto que D’Alema perseguía con ayuda de la Bicamerale era obtener un ruedo público en el que poder negociar con Berlusconi y Fini, como es natural, a expensas de Prodi como jefe de gobierno. Al frente de la comisión, D’Alema, con el fin de convencerles para que firmaran un pacto que marginara a los partidos más pequeños del sistema político, bajo un ejecutivo más fuerte —aunque semipresidencial si era necesario—, hizo un esfuerzo especial para expresar su respeto por ambos líderes, hasta entonces objeto de las más despiadadas injurias de la izquierda. Los tres no tardaron en deshacerse en elogios mutuos, como futuros socios en la tarea de traer al país la responsabilidad y la claridad de gobierno que necesitaba Italia. Lo que se pretendía era conceder a Berlusconi cierto grado de legitimación política.

Ante semejante perspectiva, muchos de los miembros ordinarios del propio PDS, por no hablar de los que militaban en otros partidos integrados en la coalición gubernamental Olivo, tuvieron que tragar saliva. En comparación con Tangentopoli, los cargos que se habían esgrimido tres años antes para echar a Berlusconi del gobierno eran poca cosa: sobornos a la Guardia di Finanza, un cuerpo que se encontraba bajo sospecha por sus propias estafas. Pero ahora Berlusconi había sido condenado en los tribunales inferiores por este cargo y por el de falsificar las cuentas de su compañía. Además, la mesa de magistrados de Milán estaba rastreando el laberinto empresarial del magnate. Para el ciudadano de a pie, las distintas causas que Berlusconi tenía pendientes todavía eran bastante técnicas. Pero, a principios de 1996, los micrófonos ocultos bajo los ceniceros de un bar permitieron arrestar a uno de los jueces romanos más destacados, Renato Squillante —squillante significa «cantarín»—, y a dos de sus colegas, acusados de emitir un veredicto favorable de alrededor de 678 billones de liras, en un pleito de quiebra entablado por la familia Rovelli a cambio de sobornos que superaban los 60 billones de liras[312].

La pista que había conducido hasta ellos había sido la anticuaria milanesa Stefania Ariosto, una mujer rubia y hermosa, próxima al entorno de Berlusconi. Cuando Berlusconi inició su carrera política, se trajo consigo a sus dos asesores legales más prominentes, Vittorio Dotti y Cesare Previti. Uno era de Milán y el otro de Roma, y se odiaban cordialmente. Ariosto había sido amante de Dotti y quizá también de Previti. Interrogada por los magistrados de Milán, Ariosto declaró que había visto a Previti entregar grandes sumas de dinero al contado a Squillante en una fiesta a bordo de un barco que recorría el Tíber, así como en otras ocasiones. Más tarde, unas cuentas en bancos suizos confirmaron la existencia de un flujo de transferencias entre Previti, dos colegas y los jueces romanos, cuyo montante total coincidía exactamente con el del soborno por el cual les habían acusado. Nuevas investigaciones demostraron que el propio Berlusconi había pagado cerca de medio millón de dólares a Squillante, por mediación de Previti, para que emitiera un veredicto favorable en la causa por adquisición del conglomerado alimentario SME. La naturaleza de estas imputaciones —el soborno sistemático de jueces superiores en la propia capital— excedía a la de cualquiera de los escándalos que se habían destapado durante el declive de la Primera República, relacionados en su mayoría con la corrupción del ejecutivo, no con la del núcleo central del sistema judicial.

Estos eran los antecedentes que se suponía que tenían olvidar los italianos que leían en los periódicos acerca de los cordiales debates de la Bicamerale. A cambio de un pacto constitucional, Berlusconi quería que se pusiera freno a las actuaciones de los magistrados, y D’Alema se mostraba dispuesto a considerar esta oferta. Pero al final las complicadas maniobras del PDS en la Bicamerale se fueron a pique debido a la hostilidad de la Lega —que se veía excluida del pacto— y a los cálculos de los más astutos asesores de Berlusconi, satisfechos con el grado de absolución que había obtenido hasta el momento y poco dispuestos a que D’Alema se llevara todo el mérito como arquitecto de un nuevo pacto constitucional. En el verano de 1998, después de interminables intercambios de borradores, la oposición anunció de pronto que no había acuerdo.

Aunque fue un duro golpe para el PDS, a los pocos meses D’Alema se recuperó. Desde el principio, el gobierno había dependido del apoyo en el Parlamento de una fuerza que no pertenecía a la coalición, la fracción del PCI que había rechazado las condiciones de su mutación en 1989 y que después había arraigado a la izquierda del PDS con el nombre de Rifondazione Comunista (RC). Ese otoño, D’Alema aprovechó la oportunidad de que los presupuestos de Prodi no hacían demasiadas concesiones a Rifondazione Comunista para derrocarle. Fue una maniobra de guante blanco —D’Alema tentó a Rifondazione con la oferta de un gobierno más de izquierdas, presidido por él mismo, mientras permanecía apartado de la escena en Sudamérica, y a su regreso se las apañó para que algunos diputados de la coalición no estuvieran presentes en la moción de confianza—. Prodi perdió por un voto y no daba crédito. D’Alema había demostrado ser un maestro del arte que Stendhal consideraba con razón típicamente italiano: el arte de la política como ejercicio virtuoso de voluntad e inteligencia subjetiva, desprovisto del correspondiente sentido de Estado como estructura objetiva de poder y obligación, el resultado de la larga ausencia de unidad nacional. Esta combinación ya se encontraba presente en el pensamiento de Maquiavelo, la antítesis de la cultura imperial de España que puso fin a sus sueños. Unos días después, pasado un tiempo prudencial, la identidad del nuevo primer ministro no sorprendió a nadie.

Esta elegante operación tuvo su precio. Ante la amenaza del resentimiento de Prodi, se le neutralizó con destreza, enviándole a Bruselas como presidente de la Comisión de la UE, donde no tardó en perder pie. Pero la opinión pública había asistido a un espectáculo de intrigas y divisiones que había dañado la credibilidad de la coalición Olivo como fuerza renovadora. Con todo, el PDS consideraba que el golpe parlamentario había sido un paso necesario para alcanzar la normalidad de Italia en un sentido, a su juicio, más importante. Los herederos del PCI eran la pieza central de la coalición —en realidad, el único partido sustancial de la alianza—, «el principal accionista» del gobierno. Sin embargo, explicaban, un prejuicio anacrónico todavía no les permitía convertirse en una fuerza simbólica, como habría ocurrido en cualquier otro país europeo. D’Alema se había instalado en el Palazzo Chigi decidido a romper este tabú.

¿Cuál era el fruto de haber cerrado la brecha entre el pays réel y el pays légal en el centro-izquierda? La principal prioridad del PDS siempre había sido la reforma del sistema electoral. Más que un fin en sí misma, la reforma de la Constitución, que había dado pie a muchos más rumores, había sido un medio para lograr aquella —una moneda de cambio en las negociaciones con la derecha, que en un principio defendía un sistema presidencial sólido—. Pero los antiguos comunistas no eran los únicos que tenían la sensación de que una reforma electoral drástica, que aboliera el odiado «Mattarellum» —el sistema híbrido confeccionado en plena crisis cinco años antes—, fuera la clave para la fundación de una Segunda República estable[313]. Prácticamente toda la prensa la pedía a gritos, mientras que Segni y Pannella —los autores del referendo original que había derogado la representación proporcional— hacían campaña a favor de un segundo plebiscito para terminar la tarea. Los partidos interesados propusieron diferentes modelos extranjeros, la mayoría de ellos de inspiración angloamericana. La intervención más mordaz y lúcida en este debate fue la de Giovanni Sartori, la principal autoridad mundial en sistemas electorales comparados, catedrático en la Universidad de Columbia y colaborador del Corriere della Sera. A través de una serie de chispeantes escritos polémicos, abogaba por un modelo francés de elección directa de la presidencia y sistema de votación por mayoría, con dos vueltas[314].

Al PDS no le entusiasmaba una presidencia de corte francés, pues temía que Berlusconi y Fini pudieran sacar partido de semejante personalización del poder. Pero exigía con urgencia la aplicación de la double tour. De hecho, esta había sido su mayor prioridad estratégica desde el principio. La razón era sencilla. Con el modelo vigente, el partido se había atascado en el 20 por ciento del electorado —el partido con un porcentaje más elevado del mosaico del centro-izquierda, una cifra que, sin embargo, era más bien modesta según los criterios europeos—. Incapaz de avanzar más en la competición electoral directa, el PDS necesitaba una restricción de la variedad de opciones de voto para eliminar a sus rivales de la izquierda y, potencialmente, a algunos de la derecha. Ante todo, querían despejar el terreno de la amenaza de Rifondazione, una fuerza capaz de atraer a los votantes desafectos de su propia formación, y librar al gobierno de centro-izquierda de las indeseadas presiones exteriores. Este objetivo, sin embargo, no se podía expresar abiertamente. Sartori, más franco y coherente, sostenía que la double tour era vital para aniquilar tanto a la Lega como a Rifondazione, las dos fuerzas gemelas que amenazaban el desarrollo de un orden estable, no ideológico, en el que todas las políticas convergieran hacia el centro liberal.

D’Alema y su partido invirtieron una gran cantidad de energía en intentar sacar adelante este cambio por uno u otro medio, con la esperanza de que a Berlusconi también le resultara ventajoso. Pero, aunque se sintió tentado un tiempo, Berlusconi se dio cuenta enseguida de que renovar su alianza con Bossi, implacablemente hostil a la double tour, era un camino mucho más rápido y seguro para regresar al poder. Para el PDS, el resultado final de cinco años de esfuerzos continuos y cada vez más desesperados por cambiar las reglas del juego político distaba poco de la farsa. Después de exigir enérgica e incansablemente la double tour, cuando D’Alema abandonó el poder en la primavera de 2000, un año antes de que se celebraran las elecciones, el PDS decidió apoyar el referendo Segni-Pannella en favor de un sistema de mayoría relativa (algo que había rechazado hasta entonces) y, cuando este fracasó, el partido defendió sin éxito un sistema proporcional absoluto de estilo alemán (un anatema durante diez años), simplemente para evitar la derrota en las próximas elecciones que se cernía sobre la formación. Es difícil imaginar una peregrinación más inútil, ignominiosa y oportunista. Por lo que respecta al libro de cuentas de la reforma constitucional, todavía sigue en blanco.

Mucho más acuciante, en realidad, era la necesidad de reformar la justicia italiana, basada en un código legal derivado del fascismo, con unas leyes de emergencia arbitrarias y unas instituciones procesales y penitenciarias caóticas. En este ámbito, de hecho, existe desde hace mucho tiempo un panorama sin parangón en el resto de la Europa occidental. En Italia no hay habeas corpus, y cualquiera puede ser encerrado en prisión sin cargos durante más de tres años, bajo el sistema llamado de custodia cautelare —«detención preventiva»—, responsable de la detención de más de la mitad de la población de reclusos en Italia. A los testigos no solo se les garantiza la inmunidad procesal, sino que además, bajo la regulación del pentitismo, el Estado puede pagarles a cambio de un testimonio apropiado sin que se tengan que presentar ante el tribunal y sin que quede constancia de la suma que han recibido a cambio de las pruebas que han aportado —un dinero que procede, quizá, de los sobres manila que, según los agentes del SISDE, se metían en el bolsillo todos los meses Scalfaro y sus pares—. En la magistratura, como ya hemos visto, no existe división entre la carrera de fiscal y la de juez, y tampoco entre la mayoría de las funciones que desempeñan: en la lengua italiana los que se limitan a acusar y los que se supone que se encargan de valorar las pruebas se denominan, indistintamente, giudici. En las prisiones, unos 50 000 reclusos se agolpan en celdas habilitadas para albergar a la mitad de esa población. El sistema judicial tiene tres fases que duran una media de diez años y la cifra de casos atrasados supera los tres millones[315]. En esta jungla, la ineficiencia mitiga la brutalidad, pero también la agrava.

En estas condiciones se encontraba el sistema que de pronto los magistrados pusieron en marcha para lanzar una campaña contra la corrupción política en el norte y contra la Mafia en el sur. El coraje y la energía personal que las mesas de Milán y Palermo invirtieron en la lucha contra estos males no tenían precedente en la historia reciente de la administración italiana. En Sicilia los investigadores se jugaban la vida a diario. Pero también formaban parte de una cultura sin escrúpulos. La custodia cautelare se empleaba como instrumento de intimidación. Las filtraciones ilegales de inminentes avisos de investigación se utilizaban con regularidad para que ciertas personas abandonaran los cargos que los magistrados se habían fijado como objetivos. Las pruebas falsas se aceptaban sin escrúpulos —en la causa contra Andreotti, un testigo clave de la acusación era un matón que inoportunamente cometió otro asesinato mientras se encontraba en la nómina del Estado para declarar—. Cualquier propuesta de separar la carrera de fiscal de la de juez recibía las críticas más airadas. La justificación de esta práctica siempre era la misma. Italia se encontraba en estado de emergencia; la justicia no se podía permitir actuar de forma melindrosa en relación con los derechos individuales. Por supuesto que no eran únicamente reacciones ante una situación de emergencia, sino mecanismos destinados a perpetuarla. El desprecio generalizado de la ley no se cura rectificando sus principios. «Vamos a darle la vuelta a Italia como si fuera un calcetín»[316], se dice que afirmó Piercamillo Davigo, la mente más lúcida de la mesa de magistrados milaneses, como si el país fuera una prenda de ropa sucia de la cesta de la colada.

En el momento de mayor prestigio de Mani Pulite, en la primera mitad de la década de los noventa, cuando el juez estrella Antonio Di Pietro encabezaba todas las encuestas de popularidad, ningún político de izquierdas cuestionaba en público la labor de los magistrados. Ni siquiera el propio D’Alema. Pero, en este caso, una vez más, las previsiones tácticas a corto plazo se impusieron sobre cualquier conjunto coherente de principios. La mayor parte del tiempo, conscientes de la popularidad de los magistrados, los dirigentes del PDS intentaron capitalizar su función. D’Alema acabó reclutando a Di Pietro para que ocupara un tranquilo escaño del PDS en el Senado en 1997, aunque tuvo que ratificar las credenciales de Berlusconi como líder nacional a pesar de los cargos legales que existían contra él. Independientemente de las dudas personales que albergaran algunas de las figuras más poderosas del partido, nunca se criticaron en público los peores rasgos de la justicia italiana —la detención preventiva, el testimonio mercenario, la fusión entre jueces y fiscales—. Se despejó así el terreno para que la derecha presentara argumentos egoístas en favor de otras alternativas más razonables, con un cinismo que solo podía desacreditarles. En este campo de fuerzas, ninguna reforma estructural importante era posible[317]. Después de cinco años de gobierno del Olivo, los magistrados se habían excedido acusando a Andreotti de cargos demasiado rebuscados, de los que fue absuelto, y, sin embargo, no habían conseguido afianzar otros cargos mucho más plausibles contra Berlusconi. Mientras tanto, Italia tenía que contemplar el triste espectáculo de los aplausos del jefe de la mesa de Milán ante el encarcelamiento de Adriano Sofri, acusado por un pentito, un testimonio que la izquierda que le defendía no tuvo el valor suficiente de desautorizar[318]. Las condiciones del sistema penitenciario seguían siendo tan desastrosas como siempre.

En otros aspectos la actuación del centro-izquierda fue más decente, aunque en ningún caso demasiado impresionante. Las regulaciones administrativas se simplificaron hasta cierto punto —un resultado en modo alguno insignificante para los ciudadanos en un país en el que hay 50 000 leyes vigentes, en comparación con las 5000 de Alemania— y las regiones recuperaron las competencias fiscales. Se llevó a cabo una reforma parcial de un sistema universitario en el que las tres cuartas partes de los estudiantes nunca llegaban a graduarse; pero, sin un incremento de los recursos, parece poco probable que se produzca un progreso sustancial. Por otra parte, se desperdició la oportunidad de mejorar la calidad de los medios de comunicación italianos. El PDS, en su afán por llegar a un acuerdo con la dirección de Mediaset en la Bicamerale, decidió rechazar las restricciones de duración impuestas de forma independiente por el Tribunal Constitucional a la concesión televisiva de Berlusconi. En el ámbito de la política exterior, D’Alema convirtió el país en la pista de despegue de los bombarderos de la OTAN que atacaron Yugoslavia, plegándose a la voluntad de los Estados Unidos todavía más que la democracia cristiana. En general, el centro-izquierda demostró ser menos independiente de Washington —tanto en Oriente Medio como en los Balcanes— que los regímenes anteriores de Andreotti o Craxi.

En esta hoja de servicios fueron escasas las medidas concebidas para despertar el entusiasmo de los votantes de la colación del Ulivo, y menos aún las del resto del electorado. En la primavera de 2000 el centro-izquierda sufrió una aplastante derrota en las elecciones regionales. A tan solo un año de los comicios generales, D’Alema tomó conciencia de la que se le avecinaba y dimitió rápidamente para evitar que le salpicara la inminente derrota. D’Alema, que era el político italiano más astuto de su cohorte, había observado lacónicamente, después de conocer a Blair: «Manca di spessore», «le falta sustancia». Pero aunque era capaz de ver la paja en el ojo ajeno —esa sonrisa alelada de pinchadiscos—, no era consciente de sus propios defectos. Tenía una base cultural algo más sólida, pero no era suficiente. Exceso de astucia táctica, escasez de reflexión racional: el resultado final fue la reducción autodestructiva de las aspiraciones nominales del PDS a los clichés neoliberales convencionales de las ruinas de la «socialdemocracia europea». Al partido le habría ido mejor si se hubiera mantenido leal a Prodi, un personaje respetado por el público, y hubiera acatado las reglas en virtud de las cuales había sido elegido. Los votantes buscaban en el Ulivo un gobierno estable, pero las ambiciones de D’Alema habían socavado los cimientos de la coalición. Al final, el círculo de la experiencia del centro-izquierda se cerró cuando Amato, el antiguo consejero de Craxi, fue nombrado primer ministro[319]. Como es natural, no se molestó en presentarse como candidato a las elecciones un año después.

IV

En estas condiciones, la victoria que obtuvo Berlusconi en mayo de 2001 —con Bossi y Fini cubriéndole los flancos en el norte y en el sur— era un resultado inevitable. La oscilación real de los votos, como en las elecciones anteriores, fue moderada. El centro-derecha, que ya contaba con la mayoría de los votos en 1996, obtuvo esta vez una victoria arrolladora en el Parlamento. Berlusconi había conservado su mayoría entre las amas de casa, los católicos conservadores, los pequeños empresarios, los ancianos y los treintañeros. Pero, además, en esta ocasión el partido, rebautizado con el nombre de «Casa de las Libertades», obtuvo más votos que el centro-izquierda entre los empleados del sector privado. La clave de la magnitud de esta victoria fue el veredicto condenatorio que el electorado había emitido en contra de la actuación del gobierno de centro-izquierda —incluso entre los propios votantes del Ulivo había muchos que confesaban que confiaban más en la capacidad del centro-derecha para solucionar los problemas a los que se enfrentaba el país[320]—. En los dos epicentros de la crisis de la Primera República, Lombardía y Sicilia, Berlusconi arrasó como en ninguna otra región.

Retrospectivamente, el centro-izquierda se encuentra ahora en la tesitura de tener que pagar la factura por las maniobras que realizó en 1994 para acabar con la administración Berlusconi. En aquel entonces el magnate gozaba de una mayoría parlamentaria más precaria; su experiencia política era menor; su emporio financiero más débil; su legitimidad más frágil. Aunque los dirigentes del centro-izquierda pensaban que si mantenían a Berlusconi apartado del poder ganarían un tiempo precioso, en realidad lo que consiguieron fue que se preparara mejor para gobernar. Ahora goza de una posición mucho más sólida. Forza Italia ya no es una cáscara vacía, sino un partido eficaz, capaz de desempeñar un papel similar al de la democracia cristiana de antaño. Fininvest ha superado sus problemas. Parece poco probable que sus aliados le traicionen. Sus rivales reconocen su categoría de líder nacional. En estas condiciones, circula el rumor de que la democracia italiana se encontrará en peligro si Berlusconi y sus indeseables escoltas se consolidan como gobernantes del país. ¿Se enfrenta Italia a la perspectiva de un autoritarismo progresivo, articulado, una vez más, alrededor de un líder carismático, pero basado esta vez en un control sin precedentes de los medios de comunicación —tanto de la televisión pública como de la privada—, no en los squadristas y en el aceite de ricino?

Dos realidades estructurales contradicen esta idea. El fascismo llegó al poder en respuesta a la amenaza de insurgencia masiva de las bases en contra del orden establecido —el peligro de «la revolución contra el capital» rusa, aclamada por Gramsci, podía extenderse por Italia—. Hoy en día, no existe tal fermento en los bajos fondos. La clase obrera se encuentra atomizada; los consejos fabriles han desaparecido, lo mismo que el PCI y los impulsos radicales entre los estudiantes y los jóvenes. El capitalismo en Italia, como en tantos otros lugares, nunca ha estado más a salvo. Históricamente, la segunda condición del éxito del fascismo fue la afirmación del nacionalismo, la promesa de un Estado expansionista capaz de atacar a sus vecinos y de conquistar territorios con ayuda de la fuerza militar. Eso también ha pasado a la historia. Los días del Estado autárquico terminaron. Italia se encuentra enredada en la maraña de la Unión Europea, y la economía, la defensa y la diplomacia de la nación están sometidas a una serie de controles supranacionales que dejan poca libertad de acción para practicar cualquier tipo de política independiente. El marco legal e ideológico de la UE descarta cualquier posibilidad de ruptura con un tipo de régimen liberal-democrático estándar. No hay necesidad —ni posibilidad— de que Berlusconi se convierta en una versión actual de Mussolini.

De hecho, en la campaña electoral del año pasado los programas del centro-derecha no eran muy distintos de los del centro-izquierda. Las conocidas medidas que adoptan los gobiernos de los países del mundo atlántico —privatización de los bienes estatales, desregulación del mercado laboral, recorte de pensiones públicas, reducción de las tasas impositivas— forman parte del repertorio de ambas formaciones. Está por ver hasta qué punto la Casa de las Libertades supera a sus predecesores. Se dará más libertad a la educación y a la sanidad privada. Berlusconi ha prometido, además, endurecer las medidas contra los inmigrantes, cuyo destino sin duda empeorará —este es el terreno en el que la derecha con puño de hierro ha conquistado una parcela más importante en Europa—. Pero la prensa económica, recelosa de sus promesas de lanzar un programa de obras públicas e inversiones dirigidas con el fin de crear un millón y medio de puestos de trabajo, ya sospecha que en términos generales el rumbo socioeconómico que tomará el régimen de Berlusconi, lejos de representar una forma de reacción radical, será demasiado moderado —es decir, insuficientemente comprometido con el mercado—. En la UE, el nuevo gobierno ha mostrado una sumisión menos automática al orden establecido, una conducta ante la cual muchos en Bruselas han fruncido el ceño y que en Roma ha provocado las quejas de la oposición, que acusa al gobierno de poner en peligro la reputación de Italia en el extranjero. Pero esta afirmación de la identidad ha sido hasta ahora en esencia gestual, pues se ha limitado a la retirada de la Organización Mundial del Comercio del gris funcionario que había impuesto como ministro de Exteriores, y a discutir acerca de la ubicación de la sede de la sucursal de la administración alimentaria de la UE. En los asuntos realmente importantes, es improbable que el gobierno se aleje del consenso oficial que en la actualidad impera en Europa.

Todo esto parece indicar que el resultado del gobierno de Berlusconi puede ser igual de convencional que el de su aliado más cercano en Europa, la España de centro-derecha. El partido de Aznar, a fin de cuentas, es el descendiente directo de un régimen fascista que duró el doble que el italiano y que acabó con la vida de un número muy superior de ciudadanos; sin embargo, hoy es un verdadero modelo de corrección política, de hecho, uno de los interlocutores favoritos de los emisarios de la Tercera Vía de Londres. ¿Qué le impide a Forza Italia emular al Partido Popular y convertirse en otro miembro respetable, indistinguible en la comunidad de partidos democráticos? Parece que no existen demasiados impedimentos. Hay un único inconveniente. Desde que llegó al poder, Berlusconi solo se ha mostrado verdaderamente enérgico en el cumplimiento de un objetivo: cambiar las leyes que le pueden llevar ante los tribunales. La rapidez y la determinación que ha desplegado su gobierno en este ámbito —ha sacado adelante medidas destinadas a impedir que la judicatura italiana acceda a las pruebas inculpatorias que se han descubierto en Suiza, y ha obstaculizado el desarrollo del caso Ariosto con la esperanza de que el veredicto se pronuncie después de que se apruebe el estatuto de las limitaciones— revela el temor de Berlusconi a que los magistrados le asesten un golpe mortal. Puede que manipular cuentas corrientes y evadir impuestos no esté tan mal visto en Italia. Pero es más difícil restarle importancia a una condena por sobornar a jueces a gran escala. Teniendo en cuenta la trayectoria que ha seguido la justicia italiana hasta el momento, es difícil apostar por que esto se llegue a producir. Pero siempre puede darse la sorpresa.

De ser así, se pondría a prueba lo que le ha sucedido a la cultura política del país en la década pasada. Uno de los frutos de la etapa de gobierno de centro-izquierda ha sido la desmovilización ideológica que los defensores de una Italia «normal» exigían con tanta pasión. Cerca de una cuarta parte del electorado ha decidido abstenerse de expresar sus preferencias en las elecciones. Pero si tomamos a los Estados Unidos como modelo de normalidad, solo debería votar la mitad de la población —el indicador más fiable de que el pueblo se encuentra satisfecho con la sociedad—. Gramsci pensaba que Italia era la patria de la «revolución pasiva». Puede que, a fin de cuentas, este sea el oxímoron adecuado para definir el nacimiento de la Segunda República. La llegada del nuevo orden no ha venido acompañada de una nueva Constitución; el sistema de partidos no se ha racionalizado; la justicia no se ha modernizado; ni se ha producido un replanteamiento del sistema burocrático a la altura de las expectativas de los que defendían el nuevo sistema. Pero también se puede decir que la corrupción se encuentra por debajo de las intolerables cotas que alcanzó en los años ochenta y que ha regresado a los aceptables niveles de los cincuenta y los sesenta; la Mafia se ha replegado, después de la derrota en el campo de batalla, y ahora opera de un modo más discreto y tradicional; al menos el Parlamento se encuentra dividido ahora conforme al esquema convencional de gobierno y oposición; no existen desacuerdos profundos en la política de los principales partidos; la vida pública se encuentra cada vez más desprovista de pasión. ¿No es esta la renovación pasiva que el país necesita?

De acuerdo con estos criterios, la Primera República, a pesar de la podredumbre que se apoderó de ella al final, no parece tan mala. En su momento cumbre, el pluralismo genuino de la opinión y la expresión política, la animada participación en las organizaciones de masas y en la vida cívica, un intrincado sistema de negociaciones informales, una sólida alta cultura y un impresionante conjunto de movimientos sociales, sin parangón en ningún otro país europeo de la época, fueron sus señas de identidad[321]. El conflicto intelectual y la tensión moral generaron líderes de otra estatura. En este y en otros sentidos se ha producido una miniaturización. Italia necesitaba una administración honrada, servicios públicos decentes y un gobierno responsable, por no hablar de los puestos de trabajo que el orden anterior no consiguió crear. Pero para cubrir estas necesidades no era necesario destruir los logros del régimen anterior.

Hoy en día todavía quedan rastros de este pasado mejor. Los impulsos de rebelión contra los peores aspectos del nuevo orden persisten. En el otoño de 1994, el movimiento sindical todavía fue capaz de convocar la mayor movilización en la historia del país después de la guerra. Un millón de ciudadanos tomó las calles de Roma con el fin de impedir el primer intento de reforma de las pensiones de Berlusconi. En mayo de 2001, los vacuos rituales del G-7 tuvieron que interrumpirse cuando una multitud de jóvenes manifestantes tomó las calles de Génova. 300 000 personas marcharon desde Perugia a Assisi para protestar contra la Guerra de Afganistán. Los comunistas franceses y los verdes alemanes se han incorporado dócilmente al sistema para cubrir sus vergüenzas, pero Rifondazione se ha resistido a la clausura y a la absorción sectaria. De los tres periódicos europeos nacidos de los movimientos radicales de Mayo del 68, Libération en París y Tageszeitung en Berlín son parodias desmoralizadas de su propósito original; el espíritu de Il Manifesto, escoltado por su revista mensual, permanece intacto. Actualmente las dos únicas alternativas de izquierdas a la visión de la globalización proceden de Italia: Imperio y Caos y orden en el sistema-mundo moderno, de Antonio Negri y Giovanni Arrighi, respectivamente[322].

La esperanza de la Segunda República era acabar de raíz con todo esto. Pero, cuando se intenta normalizar una sociedad a expensas de su pasado, se corre el riesgo de utilizar la violencia en vano. A fin de cuentas, ¿cuál es el origen del concepto de «normalización»? El término fue acuñado por Brezhnev cuando los países del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia en 1968 para obligar a esta nación a regresar a la disciplina del Bloque Soviético. Ya sabemos en qué terminó aquello. Los esfuerzos contemporáneos de normalización de Italia pretendían remodelar el país a imagen de los Estados Unidos o de la Europa que avanza en esa misma dirección. Las presiones que impulsan este proceso son incomparablemente mayores. Pero puede que sus resultados no sean los que sus partidarios tenían en mente. En lugar de ir a la zaga, puede que Italia esté liderando la marcha hacia un futuro común. En el mundo de Enron y Elf, Mandelson y Strauss-Kahn, Hinduja y Gates, ¿hay algo más lógico que Berlusconi? Quizá, como en tantas ocasiones, los que viajan hacia la normalidad la hayan alcanzado sin darse cuenta.

(II - 2008)

Hoy en día la Segunda República, que es como se la conoce ahora, ha cumplido quince años, un intervalo de tiempo equivalente al que transcurrió en la Primera República entre la Liberación y la llegada del centro-izquierda. Una era ha terminado. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Para sus patrocinadores, que a principios de los noventa contaban con el consenso unánime de los medios de comunicación y de la opinión pública, Italia necesitaba una reconstrucción política exhaustiva, que dotara al país de un gobierno digno de una sociedad occidental. Probidad, estabilidad, bipolaridad era la consigna. La vida pública debía ser depurada de la corrupción del régimen anterior. Los gobiernos no podían durar tan solo unos meses. La alternancia entre dos partidos moderados —o, en el peor de los casos, entre dos coaliciones—, uno de sesgo izquierdista y otro derechista, sería la norma. Una vez que se pusiera a punto el sistema político conforme a esta línea de actuación, se podrían por fin llevar a cabo las reformas necesarias para modernizar la sociedad italiana según los criterios que en el resto de la comunidad atlántica se daban por supuestos.

A finales de siglo, el balance de la nueva República era, a juicio de sus paladines, desigual —frustrante en muchos sentidos, pero no del todo decepcionante—. En el lado positivo, el paisaje político había sufrido una transformación, con la extinción de todos los partidos que habían poblado la Primera República y la división de sus sucesores en dos bloques rivales que alternaban en el poder. Un gran cambio económico había tenido lugar después de la incorporación de Italia a la eurozona. En lo sucesivo el país se apartaría del caminito de rosas de la devaluación, la inflación y el incremento de la deuda pública que había seguido hasta entonces. En el lado negativo, se habían producido dos acontecimientos inquietantes. El primero de ellos, criticado en general por la gente de bien, había sido el fracaso de la reforma electoral de 1993, destinada a depurar el sistema político de aquellos partidos menores, de ideología más radical, situados a ambos flancos de las coaliciones rivales que ahora contendían entre sí, capaces de obtener concesiones a cambio de su apoyo. La obra de la nueva República no estaría terminada hasta que se eliminara ese chantaje —el término que se empleaba invariablemente.

El segundo motivo de preocupación era, desde el punto de vista lógico, una exigencia menos universal. La prominencia de Berlusconi, el espécimen más espectacular de todos los recién llegados a la escena política, no inquietaba solo a los que más le odiaban. No solo estaba involucrado a fondo en la corrupción de la última etapa de la Primera República, sino que además, como magnate de los medios de comunicación transformado en político, encarnaba un conflicto de intereses que en otras democracias se consideraba intolerable, ya que controlaba al mismo tiempo un emporio privado y un poder público que se prestaban servicios mutuos. El temor a la posibilidad de que apareciera un nuevo sistema de gobierno autoritario, distinto de la experiencia previa de poder plebiscitario que había vivido la nación, pero emparentado genéticamente con ella, se expresaba de forma reiterada. Sin embargo, en los primeros años de la Segunda República, este era un miedo más teórico que real, ya que entre 1994 y 2001 Berlusconi solo había gobernado durante siete meses.

En la primavera de 2001, cuando por fin dispuso de la oportunidad de gobernar durante una legislatura completa, desde la izquierda muchos advirtieron de que el país no solo se encontraba amenazado por el desarrollo de un sistema semidictatorial, sino también por la aparición de un severo régimen reaccionario partidario de los recortes sociales, una versión italiana de la derecha radical. La realidad, sin embargo, resultó ser distinta. El comportamiento social y económico del gobierno de Berlusconi fue bastante anodino. No se produjo un ataque significativo contra el Estado del bienestar. No hubo recortes en los gastos sociales, subieron las pensiones y el desempleo disminuyó[323]. Las medidas destinadas a liberalizar el mercado laboral y a retrasar la edad de jubilación fueron moderadas, y los recortes tributarios menos significativos que los de la socialdemocracia en Alemania. Las privatizaciones, tan frecuentes bajo la coalición de centro-izquierda que había gobernado entre 1996 y 2001, cuando Italia alcanzó el récord de venta de bienes públicos, fueron mínimas. La principal ventaja que obtuvieron del régimen los ricos fue la amnistía concedida a los que habían acumulado capital en el extranjero o habían burlado las regulaciones nacionales en relación con la construcción. Se aprobaron unas leyes de inmigración visiblemente más duras, pero con escasos efectos prácticos. En el ámbito de la política exterior, Berlusconi se unió a Blair y a Aznar en el envío de tropas a Irak, una contribución a la ocupación americana a la que el centro-izquierda no se opuso. Un paquete de reformas constitucionales que concedía una estructura más federal al Estado, con importantes competencias regionales —la principal prioridad de la Liga Norte de Bossi—, se sacó adelante en el Parlamento, pero no superó el posterior referendo. Berlusconi no puso un empeño ni un ímpetu especial en la aplicación de estas medidas.

Su gobierno dedicó la mayor parte de sus energías a otra tarea. La preocupación primordial de Berlusconi era protegerse para evitar ser juzgado por alguna de las causas por corrupción que tenía pendientes, una impenetrable maraña de casos. A una velocidad de vértigo, consiguió sacar adelante en el Parlamento tres leyes consecutivas: una que prohibía utilizar las pruebas de transacciones ilegales en el extranjero, otra que despenalizaba la falsificación de cuentas corrientes y una tercera que permitía a los acusados cambiar de juez, trasladando la causa a otra jurisdicción. Cuando los tribunales anularon la primera y la tercera por considerarlas inconstitucionales, Berlusconi reaccionó con una cuarta mucho más drástica, concebida para evitar cualquier posibilidad de que se presentaran cargos contra él, pues le concedía inmunidad como primer ministro. Para disimular, la ley también afectaba al presidente, a los portavoces de las dos cámaras y al presidente del Tribunal Constitucional. En medio de un clamor generalizado, esta ley también fue recusada por los magistrados de Milán, donde las causas más importantes en las que Berlusconi estaba implicado ya se encontraban muy adelantadas, y seis meses después fue declarada inconstitucional. Pero el aluvión de leyes ad personam, a todas luces el objetivo más urgente del gobierno, tuvo un efecto inmediato, aunque no definitivo. Nada más llegar al poder, un tribunal de apelación le absolvió de sobornar a algunos jueces para hacerse con el conglomerado editorial Mondadori —no por falta de pruebas, sino por «circunstancias atenuantes», definidas, en una memorable síntesis del carácter de la justicia italiana, como «la prominencia de la posición social e individual actual del acusado, que este tribunal considera decisiva»[324]—. Antes de que la ley de inmunidad formal fuera derogada sirvió para anular otra causa importante contra Berlusconi y, cuando esta se reabrió, un nuevo tribunal le absolvió.

Después de proteger a su persona, lo más importante era proteger su emporio. Según la ley, Mediaset estaba obligado a renunciar a uno de sus canales de televisión en 2003. Pero se promulgó a toda prisa una ley que no solo le permitía conservar ese canal, sino que además le concedía una cuantiosa subvención indirecta para adaptarse a la televisión digital. Dado que Berlusconi no solo dirigía sus propios canales privados, sino que además controlaba la televisión pública, su dominio del medio visual se encontraba próximo a la saturación. Pero no era suficiente para influir de forma permanente en la opinión pública. En 2005, cuando se vio obligado a remodelar su gabinete, la popularidad del gobierno había caído en picado. En parte se debía al indecoroso espectáculo de las leyes ad personam, denunciado no solo en las calles, sino desde la mayoría de los periódicos. Pero, en esencia, había sido una reacción al estancamiento económico del país, pues la renta per cápita solo había crecido un 1 por ciento al año desde 2001, la cifra más baja de cualquier país de la UE.

Ante la caída vertiginosa de su popularidad en las encuestas, la coalición de gobierno alteró repentinamente el sistema electoral, y abandonó el elemento de mayoría relativa predominante a cambio de un regreso a la representación proporcional, pero con una, prima tremendamente desproporcionada —55 por ciento de los escaños en la Cámara de los Diputados— para la coalición que obtuviera más votos, y un umbral del 4 por ciento que debía superar cualquier partido que se presentara de forma independiente. Concebidas para debilitar a la oposición, dividida en un mayor número de partidos que el bloque gobernante, las nuevas leyes determinaron el resultado de las elecciones generales que se celebraron en abril de 2006[325]. Contradiciendo todas las expectativas, el centro-izquierda ganó por los pelos —obtuvo un margen de 25 000 votos de un total de 38 millones en el Parlamento, y en el Senado fue superado por el centro-derecha—. Con una diferencia inferior al 0,1 por ciento del voto popular, la prima le dio una mayoría de tan solo 67 escaños en el Parlamento, pero en el Senado contaba con una precaria mayoría de dos, y solo gracias a la recién introducida anomalía del voto de los electores inmigrantes. El centro-izquierda, que esperaba una victoria cómoda, entró en estado de shock al conocer el resultado, una auténtica derrota psicológica. Prodi, ya de vuelta de Bruselas, volvía a ocupar el cargo de primer ministro. Pero esta vez presidía un gobierno matemática y moralmente mucho más débil que el anterior.

Además de pender de un hilo, el gobierno del centro-izquierda carecía ahora de un propósito rector. En los noventa, el objetivo fundamental de Prodi había sido integrar a Italia en la unión monetaria europea, y esta finalidad se había convertido en el planteamiento político de su mandato. La nueva administración de Prodi —que, a diferencia de la anterior, incluía a Rifondazione Comunista, una formación que muchos consideraban de extrema izquierda, como parte integrante de su coalición, no como un apoyo exterior— no tenía la misma coherencia. Al frente del Ministerio de Economía, Tommaso Padoa-Schioppa, uno de los arquitectos de la moneda única europea, concedió prioridad a la reducción de la deuda pública, que había disminuido sigilosamente bajo Berlusconi, y a las medidas enérgicas para combatir hasta cierto punto (aunque oficialmente se exagerara) la evasión fiscal. Un puñado de medidas insignificantes de liberalización, concebidas para facilitarles la vida a los consumidores de productos farmacéuticos, y a los usuarios de taxis y de otros servicios por el estilo, se disipó enseguida. Algunos gestos parecían indicar cierto interés por reducir la semana laboral a 35 horas, pero no era más que un placebo para mantener callados a los militantes de Rifondazione mientras el centro-izquierda aplicaba una firme política exterior atlantista. El gobierno de Prodi reforzó el contingente italiano en Afganistán; retiró a las tropas de Irak de forma muy gradual, según el plan trazado por Berlusconi; aprobó una ampliación de la base aérea norteamericana de Vicenza, la pista de despegue de los aviones que habían intervenido en la Guerra de los Balcanes; envió fuerzas al Líbano como glacis para Israel; y ocultó con carácter retroactivo los secuestros y las «entregas» de la CIA que habían tenido lugar en suelo italiano.

Ninguna de estas medidas contribuyó a aumentar la popularidad de Prodi ni la de sus ministros. El incremento de la presión fiscal desató la ira de los votantes de derechas, acostumbrados a evadir impuestos. La ausencia de reformas sociales significativas decepcionó al electorado de izquierdas. Y lo más desastroso de todo fue que ni siquiera se intervino en el conflicto de intereses de Berlusconi ni se mejoró el nivel de la justicia. En lugar de ello, se decretó una amnistía indiscriminada —en teoría para despejar las prisiones, totalmente congestionadas, aunque en la práctica no solo se liberó a los delincuentes comunes, sino a todos los personajes notables condenados por corrupción—. Este indulto, proclamado por el notorio Clemente Mastella (el político más dudoso de la coalición, un antiguo demócrata cristiano de Campania nombrado ministro de Justicia a cambio del apoyo de su diminuto partido), provocó un escándalo generalizado. En 2007, cuando la popularidad del propio Prodi caía en picado, la cúpula de los DS —los «demócratas de izquierdas», una formación que agrupaba ahora a la mayoría de los antiguos comunistas— decidió que, al haberse transformado lisa y llanamente en Partido Democrático, haber roto sus lazos con la izquierda y haber absorbido a algunos políticos católicos y antiguos radicales reunidos en el llamado partido de la «Margarita», podía escapar del deterioro de la reputación del gobierno y apartar a codazos a Prodi en público. La imagen de Massimo D’Alema, ministro de Exteriores de este gobierno, también estaba muy deteriorada por su participación en la debacle final de la anterior administración Prodi y, por tanto, no era el candidato más idóneo para encabezar la nueva formación, cuyo liderazgo recayó al final en su eterno rival, Walter Veltroni, el alcalde de Roma perteneciente a los DS, una opción más novedosa. En privado, ambos políticos se despreciaban mutuamente —D’Alema pensaba que Veltroni era idiota y Veltroni que D’Alema era un bellaco—. Pero en apariencia unieron sus fuerzas y se aliaron con una pandilla de lo más variopinto, formada por tránsfugas y adeptos, para alumbrar un nuevo partido de centro depurado de cualquier conexión con su comprometido pasado. En otoño de 2007, Veltroni se presentó de forma más o menos subrepticia como alternativa a Prodi, a quien, en teoría, todavía le quedaban tres años de mandato —una repetición de la maniobra que D’Alema había orquestado contra Prodi a finales de 1998.

Esta vez, sin embargo, la ambición superaba al talento. El objetivo de Veltroni no era sustituir a Prodi como jefe de la coalición existente, sino conseguir que se celebraran elecciones anticipadas para acceder al poder como líder de un partido que pudiera rivalizar en novedad, amplitud y respaldo popular con el de Berlusconi. Pero las limitaciones de Veltroni saltaban a la vista. Con una apariencia física que recuerda vagamente a la de Woody Allen, aunque más gordinflón y con los ojos saltones, Veltroni —un entusiasta del cine basura y del fútbol, que había prestado encantado su voz a un personaje de Disney; autor de opúsculos con títulos como «Treinta y ocho declaraciones de amor al juego más bello del mundo»— tenía la ventaja de ofrecer una imagen más sincera que la de D’Alema, y un conformismo más espontáneo, pero carecía de la perspicacia de aquel[326]. En noviembre de 2007, cuando el bloque de centro-derecha estaba a punto de desmoronarse, Berlusconi —frustrado ante el fracaso de sus intentos de derrocar al gobierno de Prodi en el Parlamento— transformó de pronto Forza Italia en una nueva organización, Popolo della Libertà, y exigió a todos sus aliados, con la excepción de la Lega, que se incorporaran a esta nueva formación, el único partido nacional que defendía la libertad. Tanto Gianfranco Fini como Pier Ferdinando Casini, líderes del antiguo partido fascista AN y de la formación católica UDC, respectivamente, se rebelaron. En lugar de capitalizar su descontento para crear divisiones en el seno del centro-derecha, Veltroni se ofreció a Berlusconi, ilusionado, como socio responsable en la tarea de simplificar la política italiana y dejar la escena reducida a dos grandes partidos de tendencia moderada[327]. Todo el mundo era consciente de lo que esto implicaba: una vez más, como a mediados de los noventa, se intentaba llegar a un acuerdo para crear un nuevo sistema electoral que excluyera a los partidos pequeños, dominado únicamente por el recién formado PD y por PdL como fuerzas exclusivas del campo político. En las filas de la oposición, este peligro hizo entrar en razón a Fini inmediatamente, que declaró de nuevo su lealtad a Berlusconi y renovó el pacto del centro-derecha. En la coalición gobernante, el efecto bumerán fue todavía más letal.

Mientras transcurrían las negociaciones entre Veltroni y Berlusconi en Roma, en el sur estaba a punto de estallar una crisis que llevaba mucho tiempo fraguándose. A finales de diciembre de 2007, los basureros de la ciudad de Nápoles y alrededores se declararon en huelga. Los vertederos estaban llenos a rebosar, y enormes montones de basura empezaron a acumularse en el centro y en los vecindarios de la ciudad. La eliminación de residuos en esta región era desde hacía mucho tiempo un negocio muy lucrativo controlado por la camorra, que trasladaba los desperdicios tóxicos del norte industrial a vertederos ilegales en Campania. Tanto la región como la ciudad de Nápoles eran desde hacía más de una década feudos del centro-izquierda —el gobernador (y antiguo alcalde) era del PCI, y la alcaldesa había militado en la DC—. Durante el mandato de esta pareja, Antonio Bassolino y Rosa Russo Jervolino —el primero, el más importante con diferencia—, se había ensalzado hasta la saciedad la extraordinaria labor de restauración que se había acometido en Nápoles, una ciudad que había recuperado su belleza original, además de la transparencia y el carácter progresista de la administración que gobernaba la región de Campania. En realidad, a pesar del embellecimiento de la ciudad, la corrupción y el gansterismo habían prosperado de un modo desenfrenado, a espaldas del gobierno de Prodi, ajeno a lo que estaba sucediendo en su jurisdicción[328]. En enero, los ciudadanos de Nápoles se levantaron en una clamorosa protesta contra las montoneras de putrefacción que les invadían. Los daños que sufrió el gobierno de centro-izquierda fueron incalculables.

Dos meses después, los resultados de la ceguera táctica y moral de la coalición se combinaron en su caída con un acontecimiento local que no podía ser menos oportuno. A los pocos días del estallido de la crisis de la basura en Nápoles, la mujer del ministro de Justicia, Sandra Mastella, presidenta de la Asamblea Regional de Campania en representación del centro-izquierda, fue condenada a arresto domiciliario, acusada de intentar sobornar a una fundación hospitalaria local para beneficiar a su propio partido, el UDEUR. Su marido abandonó el ministerio en protesta, y Prodi rechazó su dimisión con prontitud. Pero con la lealtad ya debilitada por no haber respetado la omertà de sus colegas en Nápoles, Mastella sabía que, en cualquier caso, su partido tenía los días contados si el pacto entre Veltroni y Berlusconi prosperaba. Para impedirlo, se cambió de bando, y al perder el apoyo de los dos escaños del partido de Mastella en el Senado, el gobierno cayó. En una escena divertidísima, se produjo un estallido de júbilo entre los diputados del centro-derecha, que descorcharon algunas botellas y el champán salpicó los asientos de terciopelo rojo del hemiciclo del Palazzo Madama.

Veltroni tuvo entonces que pagar la factura de sus errores de cálculo y preparar una campaña con poca antelación, sin haber tenido tiempo de presentarse —ni a él ni a su partido— como bastión del diálogo civilizado en una sociedad dominada por demasiadas facciones, como tenía previsto. El PD rechazó cualquier acuerdo con los tres partidos más pequeños situados a su izquierda y se presentó en solitario, para subrayar así su decisión de asumir la misión de dar a Italia un gobierno moderno, independiente de aliados extremistas —aunque, a última hora, hizo una excepción y se alió con la Italia de los Valores, el pequeño partido leal al más pugnaz de los magistrados de Manos Limpias, Antonio Di Pietro—. Berlusconi, por su parte, después de haber unido sus fuerzas con Fini para crear un nuevo partido, no tuvo escrúpulos a la hora de iniciar la contienda en compañía de otros aliados —ante todo, la Lega del norte, pero también el partido regionalista Movimiento para la Autonomía del Sur, menos importante—. La campaña electoral fue la más aburrida de la Segunda República, ya que el centro-izquierda y el centro-derecha presentaron programas socioeconómicos prácticamente idénticos, hasta que, en el último minuto, Berlusconi se descolgó con la promesa de bajar el impuesto sobre el patrimonio. Por lo demás, la única diferencia entre ambos bandos era que uno utilizaba la retórica de la moralidad (la defensa de la familia) y el otro la de la seguridad (la erradicación de la delincuencia)[329]. Veltroni se esforzó hasta tal punto por rehuir las calumnias a Berlusconi que ni siquiera mencionaba su nombre, y se refería a él respetuosamente como «mi adversario». Pero su público no parecía demasiado conmovido.

La magnitud del desastre que se produjo superó todas las expectativas. El centro-derecha aplastó al centro-izquierda por un margen del 9,3 por ciento, unos 3,5 millones de votos, obteniendo una mayoría total de casi cien escaños en la Cámara y cuarenta en el Senado. Pero la ventaja del bloque victorioso no se debía únicamente al recién bautizado PdL (la fusión entre Forza Italia y AN), que en realidad habían obtenido 100 000 votos menos que en 2006. El principal ganador fue la Lega, que alcanzó el millón y medio de votos, una cifra que representaba prácticamente el incremento total de los resultados del centro-derecha. El PD, que se había presentado como un partido progresista de centro, capaz representar a todos los italianos de bien, fracasó estrepitosamente. Obtuvo tan solo el 33 por ciento de los votos, reuniendo apenas un puñado de votos más —según un recuento, incluso menos— que los que habían alcanzado sus componentes por separado en 2006. De hecho, este resultado solo fue posible gracias al voto utile de una quinta parte de los antiguos votantes de los partidos de izquierdas propiamente dichos, que esta vez se habían unido en una coalición multicolor y que habían sido barridos por encontrarse por debajo del umbral del 4 por ciento, con una pérdida neta de 2,5 millones de votos. En general, el valor añadido del Partido Democrático, creado para remodelar en su totalidad el panorama político y atraer a los votantes de centro-derecha, resultó ser nulo[330].

I

La conmoción de las elecciones de 2008 se ha comparado con la de 1948, cuando los demócratas cristianos —todavía no existían las encuestas de opinión, de modo que no hubo aviso previo— vencieron de un modo tan decisivo a los comunistas y a los socialistas que dominaron el poder de forma ininterrumpida durante cuarenta y cuatro años. Aunque no parece probable que el centro-derecha actual vaya a gozar de una hegemonía tan duradera, el centro-izquierda y, en realidad, la izquierda italiana en general se encuentra en muchos aspectos —en el moral, en el organizativo, en el intelectual y en el del respaldo de las masas— en una situación mucho más difícil que la del PCI o el PSI hace sesenta años: lo más apropiado sería afirmar que se ha producido un Caporetto de la izquierda. Uno de los motivos centrales de la debacle es que la izquierda ha sido desplazada en el norte por la Lega entre los votantes de clase obrera. La capacidad de los partidos de derechas para ganarse a los obreros tradicionalmente leales a la izquierda se ha convertido en una pauta general, aunque hay excepciones. La primera que lo logró fue Thatcher en Gran Bretaña, después Reagan y Bush en América y, últimamente, Sarkozy en Francia. La alemana es una de las pocas sociedades occidentales que hasta el momento se ha resistido. Desde este punto de vista se podría considerar que la Lega es simplemente la instancia italiana de una tendencia general. Pero existen una serie de rasgos que convierten a esta formación política en un caso más sorprendente y singular.

El primero y más importante es que no se trata de un partido asimilado por el sistema, sino de un movimiento insurgente. La Lega, cuya razón de ser no es el orden, sino la rebelión, no es en modo alguno una formación conservadora. Su fuerte es la protesta estridente, el alboroto. En general, los movimientos de protesta tienen una existencia efímera —aparecen y desaparecen—. La Lega, sin embargo, no solo se ha convertido en un elemento permanente del paisaje nacional, sino que además es el partido político más antiguo de Italia, el único que puede presumir de llevar treinta años en activo. La longevidad del partido no es un accidente derivado del azaroso proceso que puso fin a la Primera República. Es un reflejo de la segunda peculiaridad de la Lega, su dinamismo como organización de masas, con cuadros y militantes que hacen de ella, en palabras de Roberto Maroni, quizá el colega más íntimo de Bossi, «el último partido leninista de Italia»[331]. En la mayor parte del norte de Italia, la Lega funciona en la actualidad de un modo similar al antiguo PCI, como suelen observar los melancólicos veteranos comunistas, y obtiene cada vez más votos en los antiguos baluartes industriales del comunismo: la fábrica de Fiat en Mirafiori, las grandes plantas petroquímicas de Porto Marghera, el famoso suburbio proletario de Sesto San Giovanni, en las afueras de Milán, escenario en los años cincuenta de la película de Visconti Rocco y sus hermanos. Esto no quiere decir que se haya transformado en un partido basado en la clase trabajadora. Aunque ha captado el voto de este estrato social en todo el norte, el poder de la Lega reside fundamentalmente, desde siempre, en los pequeños industriales, los comerciantes y los trabajadores autónomos de las otrora fortalezas de la democracia cristiana —las provincias católicas del noreste, cada vez más secularizadas, en las que el odio a los impuestos y a las intromisiones del Estado central poseen una fuerza especial—. En esta región, el resentimiento generado por las transferencias fiscales hacia el sur, a juicio de muchos una ciénaga de parásitos inútiles, impulsó el despegue de la Lega a finales de los ochenta. La inmigración procedente de los Balcanes, África y Asia, que se ha cuadruplicado en la última década, es ahora la fobia más aguda, aderezada con racismo y prejuicios contra el islam. El cambio de prioridades ha sido, como es natural, un factor que ha contribuido a la difusión de la influencia de la Lega entre los miembros de las clases obreras del norte, más expuestos a la competencia en el mercado laboral que a los impuestos sobre las ventas.

La agresividad del tono que emplea la Lega ha sido quizá un motivo aún más importante de su éxito popular. Su terca resistencia a emplear el preciosismo enfermizo del discurso político convencional, típico de Roma, es una prueba más de la identidad independiente del sistema de la Lega, más próxima al lenguaje franco de la gente corriente. A los líderes del partido les encanta romper tabúes en todos los sentidos. Su incorrección política no se limita a la xenofobia. En materia de política exterior suelen burlarse sistemáticamente del consenso oficial —se han declarado contrarios a la Guerra del Golfo, a la de los Balcanes y al Tratado de Lisboa, y defienden con descaro la creación de aranceles con el fin de bloquear las importaciones de productos baratos procedentes de China[332]—. Pero una cosa es romper platos de palabra y otra muy distinta tomar decisiones políticas. Desde que estuvo condenada al ostracismo entre 1996 y 2001, la Lega no se ha rebelado ni una sola vez contra las decisiones ortodoxas de los gobiernos de centro-derecha en los que ha figurado, y sus salidas de tono retóricas actúan en general como una compensación simbólica del consentimiento práctico. Con todo, no se puede decir que esta formación política sea una de las posesiones de Berlusconi. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla —sin la Lega, Berlusconi nunca habría podido ganar unas elecciones, sobre todo las de 2008—. No es ninguna casualidad que el mediador en la alianza entre ambos partidos, Giulio Tremonti, el actual ministro de Finanzas, haya escrito una crítica a la globalización sin trabas, mucho más ácida que cualquier declaración que los demócratas de Veltroni se hayan atrevido nunca a aventurar, y que sea, después de Berlusconi, la figura más poderosa del gobierno actual[333].

Aunque la Lega ha sido el principal azote de esos dirigentes —la mayoría— del PCI que abandonaron el comunismo en favor del liberalismo social sin pasar por la socialdemocracia, los responsables de la suerte que ha corrido la minoría que intentó refundar un comunismo democrático han sido en gran medida ellos mismos. En lugar de mantenerse apartada de la coalición de Prodi en las elecciones de 2006, como había hecho diez años antes con buenos resultados —cuando un pacto de mutuo disenso le permitió entrar en el Parlamento como fuerza independiente, con una representación que más o menos guardaba proporción con su poder electoral, y prestar un apoyo externo, pero no incondicional, al posterior gobierno de centro-izquierda—, Rifondazione Comunista se integró en esta alianza de gobierno como miembro de pleno derecho. El líder del partido, Fausto Bertinotti, fue recompensado con el cargo de portavoz de la Cámara, en teoría la tercera autoridad del Estado italiano, con numerosos emolumentos de toda índole y acceso automático a los medios de comunicación. Este vano honor, como era de esperar, se le subió a la cabeza, de forma que RC se convirtió en un dócil apéndice de la coalición gobernante, incapaz de extraerle ninguna concesión importante. Además, como es natural, tuvo que compartir el desprestigio en el que quedó sumido el gobierno. De acuerdo con esta línea de actuación, el partido votó a favor de los créditos de guerra para Afganistán poco después de que Bertinotti explicara que el gran error de la izquierda en el siglo XX había sido creer que la violencia podía ser un instrumento que favorecía el cambio progresivo —la única decisión política aceptable después de esto era el compromiso de un «pacifismo absoluto»—. Como era de prever, la combinación de cooptación y renuncia era un suicidio. En el último momento Rifondazione decidió presentarse a las elecciones en coalición con los verdes y con aquellos miembros del PDS que no podían soportar que el PD ni siquiera hiciera referencia a la izquierda en el ámbito teórico, y la alianza fue aniquilada. Millones de votantes le retiraron el voto a un partido que había echado por tierra su propia identidad.

Gracias a la magnitud de esta victoria Berlusconi ha conseguido la libertad de acción necesaria para poner en práctica un plan socioeconómico más duro que el anterior, el tipo de proyecto que los críticos y comentaristas de la corriente dominante le llevaban exigiendo desde hace mucho tiempo dentro y fuera de Italia. Cuando se trata de medidas que afectan al electorado de la oposición, la coalición se muestra dispuesta a actuar: los recortes draconianos en la educación superior y la reducción del número de profesores, leyes promulgadas con prontitud, atacan a un blanco relativamente fácil, apoyado por el centro-izquierda, en el que todo el mundo reconoce la existencia de vicios institucionales. Por lo que respecta a su propia base electoral, es poco probable que Berlusconi actúe con mayor rigor que en el pasado. En cualquier caso, la recesión mundial no parece el momento más oportuno para aplicar el neoliberalismo más intrépido, aunque no se descarte esta posibilidad. El gobierno se ha concentrado fundamentalmente en otro objetivo. De vuelta en el poder, Berlusconi se encuentra de nuevo en condiciones de reanudar la tarea inconclusa de situarse por encima de la ley. A los cien días del inicio de su mandato, el Parlamento ya había sacado adelante otra ley que le concedía inmunidad procesal, rescrita por sus abogados con el fin de esquivar los motivos por los cuales el Tribunal Constitucional había invalidado la ley anterior. Esta nueva ley ya ha sido recusada en los tribunales; además, se ha lanzado una campaña para que sea derogada a través de un referendo. La vida política del país gira en torno a la fortuna personal, en todos los sentidos, de su billonario gobernante.

Hoy en día, Berlusconi es el icono incontestable de la Segunda República. Su hegemonía simboliza todo lo que este sistema ha acabado representando. Se sabe casi todo del modo en que ha amasado su fortuna y cómo la ha utilizado para llegar al poder y aferrarse a él[334]. La pregunta más general es cómo ha sido posible sociológicamente que Berlusconi haya desarrollado esta carrera. Una respuesta obvia sería señalar la falta de ruptura con la influencia que ejerció la democracia cristiana en la Primera República y considerar que Berlusconi es, en esencia, el heredero directo de esta tradición. El elemento de verdad que contiene esta lectura se percibe con claridad si se analiza el balance electoral subyacente en la Segunda República. Proporcionalmente, en las cinco elecciones que se han celebrado desde 1994, el total de votos obtenidos por el centro-derecha, sin contar los de la Lega, ha superado al total de los del centro-izquierda, sin contar los de Rifondazione Comunista, por un margen que oscila entre el 5 y el 10 por ciento[335]. En otras palabras, Italia ha sido siempre y es en el fondo un país extremadamente conservador. Se suele argumentar que las razones son fáciles de adivinar. En comparación con el resto de sociedades occidentales, los italianos se desplazan menos de su región natal, los jóvenes viven en casa de sus padres hasta una edad muy avanzada, la mayoría de las empresas son pequeñas y el número de trabajadores autónomos es mucho mayor. Estas son las células conservadoras que forman un cuerpo político congénitamente hostil al riesgo o al cambio. La influencia de la Iglesia, la única institución al mismo tiempo nacional y universal, y el miedo a la propagación del comunismo de cosecha propia afianzaron la hegemonía de la democracia cristiana en este cuerpo político y, aunque es cierto que todos estos factores han disminuido, subsisten de un modo residual entre los seguidores de Berlusconi.

Sin embargo, esta conclusión es demasiado lineal. Es cierto que Berlusconi nunca ha escatimado elogios a los valores de la familia y el cristianismo, y nunca desperdicia una oportunidad para prevenir a sus electores contra la persistente amenaza del comunismo. Además, Forza Italia es la heredera directa de los bastiones del clientelismo de la DC en el sur —Sicilia es el más notorio—. Pero la filigrana de la continuidad católica en el éxito de Berlusconi es bastante difícil de percibir. No solo porque las zonas del noreste dominadas tradicionalmente por la democracia cristiana se encuentren ahora en manos de la Lega, sino porque además los católicos practicantes —la cuarta parte de la población que en la actualidad acude a misa con cierta asiduidad— forman el segmento más voluble del electorado, pues muchos de ellos no solo apoyaron a la Lega en los primeros años de la Segunda República, sino también al PDS[336]. Tampoco es cierto que exista una conexión clara entre los pequeños empresarios y los trabajadores autónomos y el conservadurismo. En el cinturón rojo de la Italia central —Toscana, Umbría, Emilia-Romagna y las Marcas—, donde el PCI siempre había sido la fuerza mayoritaria, una región que todavía conserva el PD, abundan estos dos regímenes laborales: empresas familiares, prósperas microempresas, artesanos independientes y comerciantes, y también las cooperativas —un mundo de pequeños propietarios, no de grandes fábricas y cadenas de montaje.

El linaje real de Berlusconi es más directo. En esencia, no es el heredero de la DC, sino de Craxi y de la mutación que este representó en la política italiana de los ochenta[337]. La ascendencia es literal, no solo metafórica. Los dos personajes son dos productos milaneses prácticamente coetáneos, y sus carreras se han entrelazado desde el principio. Craxi se convirtió en líder del Partido Socialista en 1976 y Berlusconi fundó su primera cadena de televisión dos años después, financiada con un generoso préstamo concedido por bancos controlados por el PSI. La relación no podría ser más íntima, tanto a escala práctica como personal. Craxi fue el responsable de los favoritismos estatales que permitieron a Berlusconi construir su emporio de medios de comunicación: Berlusconi financió la maquinaria de Craxi con los beneficios obtenidos, y promocionó su imagen en sus noticiarios. Invitado asiduo en la villa palaciega de Berlusconi en Árcore, donde se le obsequia generosamente con jovencitas y exquisitos banquetes, Craxi fue el padrino del primer hijo que Berlusconi tuvo con la actriz Veronica Lario en 1984, antes de casarse con ella, y fue testigo en la boda cuando se celebró el enlace en 1990. En 1983, cuando se convirtió en primer ministro, evitó que se cerrara la red nacional de canales televisivos de Berlusconi, que emitían desafiando una ley del Tribunal Supremo, y en 1990 promulgó una ley que le permitió conservar el control de esta red. A cambio de ese favor, Craxi recibió un ingreso de 12 millones de dólares en una cuenta de un banco extranjero. En la cima de su poder, la figura de Craxi era una novedad en la escena italiana de la posguerra —el político duro, decidido, dueño y señor de su partido; el negociador implacable que sabía cómo utilizar la publicidad.

Tres años después, cuando se destapó el escándalo de Tangentopoli y salió a la luz la magnitud de su corrupción, Craxi se había convertido en el personaje público más detestado del país. Pero no estaba acabado. Cuando su carrera estaba arruinada, le entregó directamente a Berlusconi su visión de la política, y le pidió que diera el salto a la misma en una reunión que tuvo lugar en Milán en 1993. Según un testigo que se encontraba presente,

Craxi se paseaba por la habitación como un animal acorralado mientras hablaba. «Tenemos que encontrar una etiqueta, un nuevo nombre, un símbolo capaz de unir a los votantes que antes apoyaban a la coalición de cinco partidos», le dijo Craxi a Berlusconi. «Tienes gente por toda la península italiana, puedes llegar a ese sector del electorado que quizá se encuentre desorientado, confuso, pero también decidido a evitar que gobiernen los comunistas y salvar lo que se pueda». Entonces, Craxi se sentó y empezó a dibujar una serie de círculos concéntricos en una hoja de papel. «Esto es un colegio electoral. Cada uno tiene unas 110 000 personas, entre 80 000 y 85 000 votan a la derecha. De estos, solo entre 60 000 y 65 000 acudirán a las urnas. Con el arma de tus canales de televisión, machacando a la gente con propaganda a favor de este o aquel candidato, todo lo que se necesita es reunir entre 25 000 y 30 000 personas para tener una alta probabilidad de darle la vuelta a las previsiones. Sucederá, porque contamos con el factor sorpresa, con la televisión y porque hay muchos votantes anticomunistas que no desean que gobiernen los comunistas». Craxi se levantó y se marchó. Cuando salió, Berlusconi dijo: «Bien, ya sé lo que tengo que hacer»[338].

Aunque al final de su época la DC había descendido, presionada por la competencia, hasta alcanzar los niveles de venalidad del PSI, históricamente siempre existió una diferencia significativa entre el modelo de Craxi y la democracia cristiana. La DC no solo contaba con el aura que le brindaba una fe consagrada, sino con una base social profundamente arraigada, que la quebradiza maquinaria de Craxi nunca llegó a adquirir; y siempre había conseguido sobrevivir al personalismo, pues había conservado una intrincada y equilibrada red de facciones, inmune al culto a un único líder. En la recta final, por muchos billones de liras que les sacaran los extorsionadores en nombre del partido a los contratistas y a los empresarios, los dirigentes de la formación no se llegaron a enriquecer personalmente tanto como Craxi y sus colegas, ni llevaban un estilo de vida tan ostentoso. Tan solo uno de los líderes de la DC era de origen lombardo. Culturalmente, pertenecían a un universo distinto.

Por tanto, Berlusconi, catapultado a la escena política cuando Craxi huyó al exilio, encarna quizá la ironía más profunda de la historia de cualquier sociedad occidental de la posguerra. La Primera República fracasó en medio de la indignación pública cuando quedó al descubierto el nivel estratosférico que había alcanzado la corrupción política, y su derrumbe solo sirvió para dar paso a una Segunda República dominada por un monumento a la ilegalidad y la corrupción todavía más vistoso que los que había generado el sistema anterior —las fechorías de Craxi son una minucia en comparación con las de Berlusconi—. Además, la nueva venalidad no se limita al gobernante y a su entorno. Por debajo de ellos, la corrupción ha seguido floreciendo sin parar. Unos meses después de que el gobernador de centro-izquierda de Campania —Antonio Bassolino, antiguo miembro del PCI— fuera condenado por fraude y malversación, el gobernador de Abruzzo, otro incondicional del centro-izquierda —Ottavio del Turco, antiguo dirigente del PSI—, fue arrestado después de que un magnate de la sanidad privada confesara que le había pagado seis millones de euros al contado a cambio de protección. Berlusconi es la primera piedra de un sistema que se extiende mucho más allá. Pero, como actor político, hay que atribuirle el mérito de haber invertido el esquema previsto, según el cual la Segunda República curaría todos los males de la Primera. No hay una tradición más italiana que la del transformismo —la transformación de una fuerza política en su contrario por ósmosis, una costumbre que ya practicaba Depretis a finales del siglo XIX, cuando la derecha quedó absorbida por la izquierda oficial, y Giolitti a principios del XX, cooptando el reformismo laborista en beneficio del liberalismo—. El caso de la Segunda República ha sido un trasformismo a una escala mayor: no ha sido un partido ni una clase, sino un orden entero el que ha quedado convertido en aquello que pretendía evitar.

La sociedad ha seguido los pasos del Estado. Los años que han transcurrido desde 1993 han sido, en todas las áreas, los más desastrosos desde la caída del fascismo. Se han generado, quizá, los más hirvientes inventarios de avaricia, injusticia, negligencia y fracaso de cualquier país europeo desde el fin de la guerra. Los libros que ha publicado la pareja de combativos periodistas del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella y Sergio Rizzo, La Casta (2007) y La Deriva (2008), se han convertido en éxitos de ventas —el primero tuvo veintitrés ediciones en seis meses—, con toda la razón del mundo. ¿Qué revelan estas obras? En primer lugar, muestran la codicia de la clase política que dirige el país. En la Asamblea, los diputados se han subido el sueldo, hasta cobrar prácticamente seis veces más en términos reales que en 1948, y el resultado es que un diputado italiano del Parlamento Europeo gana 150 000 euros al año, cerca del doble de lo que percibe un miembro alemán o británico, y cuatro veces más de lo que gana un español. En Roma, la Cámara de los Diputados, el Senado y la sede del primer ministro ocupan en total cuarenta y seis edificios[339].

El Quirinale, la residencia del presidente de la República —cargo que en la actualidad desempeña Giorgio Napolitano, hasta ayer mismo un prominente comunista tan insensible como sus predecesores—, tiene a su disposición, según el último recuento, más de 900 asistentes que desempeñan distintas funciones. ¿Cuál es el coste de la sede presidencial, que se ha triplicado desde 1986? El doble que el del Elíseo, cuatro veces más que el del Palacio de Buckingham, ocho que el de la presidencia alemana. ¿Cuánto ganan los que trabajan allí? En 1993, Gaetano Gifuni, el secretario general de la Presidencia, al cargo de las operaciones para proteger de la justicia al entonces presidente Scalfaro, cobraba por sus servicios 557 000 euros según los valores actuales —bastante más que el presidente de los Estados Unidos[340]—. ¿Qué hay del transporte? En 2007, había en Italia nada menos que 574 215 autos blus —limusinas oficiales— para una clase gobernante de 180 000 representantes electos; Francia cuenta tan solo con 65 000. ¿Y la seguridad? Berlusconi predica con el ejemplo: 81 guardaespaldas pagados con el erario público. Según algunas estimaciones, los gastos de representación política en Italia, dietas y alojamiento incluidos, representan una cantidad equivalente a la suma de los de Francia, Alemania, Gran Bretaña y España[341].

Bajo esta capa de privilegios, uno de cada cuatro italianos vive en la pobreza. Los gastos en educación, que desde 1990 cada vez representan un porcentaje menor del presupuesto general, ascienden tan solo al 4,6 por ciento del PIB (en Dinamarca, al 8,4 por ciento). Solo la mitad de la población ha seguido estudiando después de terminar la enseñanza obligatoria, un porcentaje que se encuentra veinte puntos por debajo de la media europea. Apenas una quinta parte de la población cursa educación superior, y tres quintas partes de los que se matriculan acaban abandonando antes de terminar. El número de camas de hospital por habitante ha disminuido una tercera parte con la nueva República y en la actualidad representa la mitad que en Francia o Alemania. En el ámbito jurídico, la justicia criminal tarda una media de cuatro años en emitir un veredicto definitivo, un intervalo de tiempo que se tiene en cuenta en la prescripción de la acción penal y que anula una quinta parte de los casos. En los pleitos civiles, la media de duración total de una vista por bancarrota es de ocho años y ocho meses. A finales de 2007, a dos pensionistas septuagenarios que querían denunciar al Instituto de la Seguridad Social les explicaron que el juicio no se celebraría hasta 2020. Por lo que respecta a la igualdad ante la ley, un inmigrante albanés acusado de intentar robar una vaca en su patria pasó más días en una prisión italiana que uno de los megaladrones de la industria alimentaria, Sergio Cragnotti, condenado por gastarse los ahorros de miles de conciudadanos. Los políticos reciben un trato todavía más benévolo que los magnates: la mano derecha de Berlusconi, Cesare Previti, condenado a seis años de prisión por sobornar a los jueces después de un pleito que duró nueve años, tan solo pasó cinco días en la cárcel antes de ser liberado para realizar trabajos en beneficio de la comunidad[342].

Las infraestructuras materiales del país no se encuentran en mejor estado que las instituciones públicas. Puertos: los siete más importantes de Italia, en conjunto, controlan un tráfico de contenedores menor que el de Róterdam. Autopistas: la mitad de kilómetros de autovía que en España. Trenes de alta velocidad: menos de una tercera parte de vía que en Francia. Red ferroviaria general: tan solo trece kilómetros más que en 1920. Líneas aéreas: Alitalia cuenta con 23 aviones de pasajeros de larga distancia, en comparación con los 134 de Lufthansa. Todos estos datos han contribuido al sombrío historial económico de la última década, en el que el ritmo de crecimiento del PIB ha sido el más lento de todos los países de la UE y la productividad laboral apenas ha mejorado: solo un 1 por ciento entre 2001 y 2006. La renta per cápita —que ya presentaba un crecimiento muy modesto al año, de un 2 por ciento entre 1980 y 1995— se encuentra prácticamente estancada desde 2000. El abismo que existe entre el nivel de vida del norte y el del sur se ha ampliado. Las organizaciones criminales operan en más de 400 comunas del Mezzogiorno, una región donde viven unos 13 millones de italianos y donde uno de cada tres empresarios locales afirma que los chanchullos están a la orden del día. La participación laboral es la más baja de toda la Europa occidental, y la de la mujer se encuentra por los suelos: 30 puntos por debajo de Dinamarca, 20 por debajo de Estados Unidos, 10 de la República Checa. La exclusión de la producción no se traduce en un elevado nivel de reproducción, un ámbito en el que la tasa neta es negativa —0,6 o 1,3 niños por mujer, una cifra que hace prever que la población descienda de 58 a 47 millones a mediados de siglo—. En la actualidad, los mayores de sesenta ya superan a los jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro en una proporción de tres a uno. La edad media de los votantes es de cuarenta y siete años[343].

A efectos prácticos, el único punto positivo en este desolador paisaje es la creación de empleo. La tasa de desempleo, que a mediados de los noventa representaba el 12 por ciento, ha descendido en la actualidad hasta el 6 por ciento. Pero la mayoría de los puestos de trabajo que se han creado —la mitad de ellos en 2006— son con contratos temporales, y muchos de ellos son trabajos precarios de la economía informal[344]. Este descenso del paro no se ha traducido en un mayor dinamismo que contrarreste la calidad de los contratos. Según la fórmula del sociólogo napolitano Enrico Pugliese, Italia ha pasado del crecimiento sin empleo de los últimos años de la Primera República al empleo sin crecimiento de la Segunda, que ha bloqueado los beneficios de la productividad. El predominio de la pequeña y mediana empresa —uno 4,5 millones, una cuarta parte del total de la UE anterior a la ampliación— ha limitado los gastos en investigación, ha frenado las exportaciones en las industrias tradicionalmente fuertes de las prendas de vestir, zapatos y otros artículos por el estilo, en las que la competencia con los productores asiáticos, que fabrican artículos mucho más baratos, es ahora más intensa. Las exportaciones de productos de alta tecnología representan la mitad de la media europea, y, como es bien sabido, las inversiones extranjeras son bajísimas, por miedo a la extorsión y a la mala gestión, pero también por la protección exhaustiva de las grandes empresas italianas, cuyos grupos empresariales y bancos suelen estar controlados mediante pactos establecidos entre un puñado de accionistas nacionales poderosos[345].

En el pasado, este modelo prosperó gracias a unos tipos de cambio flexibles, y se ajustó a los retos extranjeros con devoluciones competitivas, tolerando unas tasas de inflación y de finanzas deficitarias relativamente elevadas. Con la incorporación de Italia a la unión monetaria europea, la Segunda República puso fin a esto. Los presupuestos tuvieron que reducirse para converger con los criterios de Maastricht, se frenó la inflación y la opción de devaluar la moneda dejó de ser viable. Pero no se materializó un modelo alternativo. El régimen macroeconómico había cambiado, pero la estructura de la producción no. El resultado fue un empeoramiento de las condiciones para la recuperación. El crecimiento no se liberó, sino que quedó asfixiado. Las exportaciones cayeron y la deuda pública, la tercera más grande del mundo, sigue representando obstinadamente cerca del 100 por ciento del PIB, burlando las provisiones de Maastricht. Cuando comenzó la Segunda República, Italia todavía tenía el segundo PIB per cápita más elevado de los estados de la UE en términos de paridad de poder adquisitivo, después de Alemania —un nivel de vida real superior al de Francia o Gran Bretaña—. Hoy ha caído en picado y se encuentra por debajo de la media de la UE, que ahora tiene que soportar el peso de la pobreza relativa de los estados de la Europa del Este, y está a punto de ser superada por Grecia[346].

II

Dentro de este panorama de decadencia nacional, una de las áreas en ruinas posee un patetismo especial. La izquierda italiana fue en otros tiempos el movimiento popular a favor del cambio social más admirable de la Europa occidental. Integrada por dos partidos de masas, cada uno con una historia y una cultura específicas, dedicados a buscar una forma de vencer al capitalismo, no de mejorarlo, la alianza formada por el PSI y el PCI después de la guerra no sobrevivió al boom de los cincuenta. En 1963, Nenni llevó a los socialistas al gobierno por primera vez como socios menores de la democracia cristiana, un camino que con el tiempo conduciría a Craxi, y a partir de 1948 los comunistas quedaron relegados al liderazgo indiscutible de la oposición al gobierno de la DC. El PCI siempre había sido más fuerte desde el punto de vista organizativo e ideológico, y contaba con una base más amplia —más de dos millones de militantes a mediados de los cincuenta, de la más diversa extracción, desde campesinos del sur hasta obreros industriales del norte, pasando por artesanos y profesores del centro—. Además, poseía una herencia intelectual más rica, los recién publicados Cuadernos de la prisión de Gramsci, una obra cuya relevancia fue reconocida inmediatamente más allá de las filas del partido. En su momento cumbre, el PCI contaba con una extraordinaria variedad de energías sociales y morales, combinando el profundo arraigo popular con una influencia intelectual más amplia que la de cualquier otra fuerza del país.

Condenado por la Guerra Fría a cuarenta años en la oposición nacional, el partido se atrincheró en las administraciones locales y regionales, y en las comisiones parlamentarias encargadas de aprobar las leyes italianas, entrelazándose con el sistema gobernante en distintos niveles secundarios. Pero su estrategia esencial apenas varió durante todo este tiempo. En 1948 se repartió el botín de la liberación. A la DC le tocó el poder; y al PCI la cultura. La democracia cristiana controlaba los resortes del Estado, el comunismo atraía a los talentos de la sociedad civil. La aptitud del PCI para paralizar hacia su entorno cercano la vida intelectual italiana, y atraer no solo a un amplio abanico de eruditos, escritores, pensadores, artistas —basta con recordar que, entre otros, Pavese, Calvino, Pasolini, Visconti, Pontecorvo, Nono simpatizaron con el partido en algún momento de su vida—, sino a la opinión progresista en general, no tenía parangón en el resto de Europa. Debido en parte al origen sociológico de sus dirigentes, que, a diferencia de los de los partidos comunistas de Francia, Alemania, Gran Bretaña o España, eran en su mayoría personas extremadamente cultas, y en parte al modo relativamente tolerante y flexible en que habían manejado la «batalla de las ideas», su dominio en esta esfera era el rasgo distintivo del comunismo italiano. Pero para obtener esta ventaja había que pagar un doble precio, y el partido no tardó mucho tiempo en comprenderlo.

Pues el alcance de la influencia del PCI en el mundo del arte y del pensamiento era también una característica que demostraba hasta qué punto el partido había asimilado y reproducía la tendencia que había dominado la cultura italiana en el pasado[347]. Este movimiento era un tipo de idealismo cuya principal encarnación, aunque ni mucho menos la única, era la filosofía de Benedetto Croce, una figura que con el paso de los años había adquirido una posición en la vida intelectual del país casi comparable a la de Goethe en Alemania. El sistema historicista de Croce, respaldado por la atención que le prestó Gramsci mientras estaba en prisión, se convirtió de manera natural en el éter circundante de gran parte de la cultura italiana después de la guerra, una cultura presidida de forma directa o indirecta por el PCI[348]. Pero detrás de este sistema se ocultaba una tradición mucho más antigua, que concedía preeminencia al reino de las ideas, concebido como voluntad o entendimiento, en la política. Entre la caída del Imperio romano y la culminación del Renacimiento, Italia nunca dependió de un Estado o una aristocracia de alcance peninsular, sino que estuvo sometida por una serie de potencias extranjeras enfrentadas. Como consecuencia de esta situación, las elites cultas estaban profundamente convencidas de que existía un abismo entre el glorioso pasado y el miserable presente. En Italia se desarrolló una tradición de intelectuales, inaugurada por Dante, que se sentían llamados a recuperar y transmitir la elevada cultura de la Antigüedad clásica, convencidos de que lo único que había que hacer para arreglar el país era proyectar las antiguas ideas vivificantes sobre la abyecta realidad[349]. La cultura no era una esfera diferente del poder: era el pasaporte para llegar a él.

En buena medida, el comunismo italiano heredó esta manera de pensar. La nueva forma que se le dio a esta predisposición nacional se inspiró en Gramsci de manera bastante libre. Según esta versión, la «hegemonía» era un ascendiente cultural y moral que había que ganar de forma consensuada en el seno de la sociedad civil, el fundamento real de la existencia social, y que aseguraría finalmente la posesión pacífica del Estado, una expresión más externa y superficial de la vida colectiva. Esto no era lo que pensaba Gramsci, que —aunque concedía importancia a la necesidad de alcanzar el mayor consenso popular para derrocar al orden gobernante— era un revolucionario de la Tercera Internacional convencido de que la única forma de acabar con el capital era con la fuerza de las armas. Pero se adaptaba como un guante al temperamento idealista de la cultura italiana. Además, dentro de la propia esfera intelectual, el PCI reproducía la tendencia humanista de las elites profesionales, que consideraban que la filosofía y la historia habían sido siempre las únicas opciones. Otras disciplinas más modernas, como la economía y la sociología, no tenían cabida en este esquema, y lo mismo sucedía con los métodos que habían tomado prestados de las ciencias naturales. En las alturas santificadas de la jerarquía cultural estas posturas tenían un aspecto imponente, pero en los estratos inferiores era más difícil defenderlas, y, posteriormente, esto tendría graves consecuencias.

Pues cuando los dos grandes cambios que alteraron la ecología del PCI en la Italia de la posguerra alcanzaron al partido, este no estaba del todo preparado para reaccionar. El primero fue la llegada de una cultura de masas comercial, inimaginable en el mundo de Togliatti, menos aún en el de Gramsci. Incluso en su momento de máximo auge, la influencia del PCI, y de la izquierda en general, en la escena cultural tenía ciertos límites evidentes, ya que la Iglesia ocupaba un enorme espacio en el imaginario y las creencias populares. Por debajo del nivel de las universidades, las editoriales, los estudios cinematográficos y los periódicos, en los que la mouvance del partido estaba tan extendida, siempre había existido una fértil maleza de revistas y programas conformistas, bastante diferenciada de los baluartes de la burguesía liberal, confeccionados a medida de los gustos, poco o nada refinados, de los votantes de la DC. Desde la atalaya de la elite cultural, el PCI contemplaba este universo con una condescendencia tolerante y consideraba que se trataba de expresiones del legado poco ilustrado aunque destacado, del pasado clerical, cuya importancia ya había subrayado Gramsci mucho tiempo atrás. No representaba una amenaza para el partido.

La avalancha de una cultura de masas americanizada, totalmente laica, era otra cuestión. Desprevenido, el aparato del partido —y la intelectualidad próxima a él— quedó fuera de juego. Aunque el análisis crítico de la cultura popular no era algo nuevo en Italia —Umberto Eco había sido uno de los pioneros[350]—, el PCI no supo conectar. No se materializó una dialéctica creativa, capaz de resistir las embestidas de la novedad mediante la transformación de las relaciones entre la alta y la baja cultura. El caso del cine, un ámbito en el que Italia había destacado después de la guerra, es un ejemplo emblemático. El relevo de la generación de grandes directores —Rossellini, Visconti, Antonioni— que habían debutado en los cuarenta y principios de los cincuenta, y habían dirigido sus obras más importantes a principios de los sesenta, no llegó a producirse: no hubo un intercambio de energía entre la vanguardia y las formas populares, comparable al del cine de Godard en Francia o al de Fassbinder en Alemania; un poco más tarde, aparecería la endeble variedad del cine de Nanni Moretti[351]. El resultado fue un desajuste tan grande entre la sensibilidad culta y la popular que el país quedó más o menos a merced de la contrarrevolución cultural del emporio televisivo de Berlusconi, que saturó el imaginario popular con un maremoto de idioteces y fantasías groseras —una basura tan inmunda que incluso este apelativo es demasiado generoso—. Incapaz de afrontar o de rectificar el cambio, el PCI intentó resistirse a él durante toda una década. El último líder real del partido, Berlinguer, era la encarnación del austero desprecio de los excesos y el infantilismo del nuevo universo del consumo cultural y material; a su partida, la distancia que separaba el rechazo inflexible de la efusiva capitulación era mínima —Veltroni se ha acabado pareciendo a uno de los cromos de los álbumes infantiles que regalaba el diario Unità, cuando él era editor, el cargo que le dio a conocer.

Si el idealismo del PCI no le permitió entender el empuje material del mercado y de los medios de comunicación que transformó el ocio en Italia, esta misma falta de instinto económico y sociológico le impidió percibir otros cambios no menos decisivos que tuvieron lugar en el ámbito laboral. A finales de los años sesenta el PCI ya prestaba menos atención a esta realidad que el grupo de jóvenes radicales que crearían el fenómeno típicamente italiano del operaismo, una de las aventuras intelectuales más explosivas y extrañas acometidas por la izquierda europea de la época. A diferencia del PCI, después de la guerra el PSI contaba al menos con una figura importante, Rodolfo Morandi, que defendía un marxismo de carácter menos idealista, centrado en las estructuras de la industria italiana, un ámbito que convirtió en objeto de un famoso estudio. En la generación siguiente, Raniero Panzieri recogió el testigo de Morandi. Panzieri era un militante del PSI que se trasladó a Turín para investigar la situación de los obreros fabriles de las plantas de Fiat, una tarea en la que colaboró un grupo de intelectuales más jóvenes, muchos de los cuales (Antonio Negri era uno de ellos) procedían de organizaciones juveniles socialistas[352]. Durante la década posterior, el operaismo se articuló como una fuerza proteica y lanzó una serie de revistas que ejercieron una gran influencia a pesar de su efímera existencia —Quaderni rossi, Classe operaia, Gatto selvaggio, Contropiano—, dedicadas al estudio de las metamorfosis de la mano de obra y del capital industrial en la Italia de la época. En el PCI no sucedió nada similar. El partido apenas prestaba atención a la ebullición de este movimiento, a pesar de que, en esta fase, el más influyente de los nuevos teóricos era un joven romano que militaba en sus filas, Mario Tronti. La cultura de este entorno era, en esencia, ajena al partido. De hecho, se criticaba abiertamente a Gramsci, pues se le acusaba de espiritualismo y populismo.

El impacto del operaismo no se debió únicamente a las investigaciones y a las ideas de sus pensadores, sino a su conexión con los nuevos contingentes de obreros integrados por jóvenes inmigrantes del sur, que se rebelaban contra los ínfimos salarios que cobraban y las opresivas condiciones de las fábricas del norte —y también contra los sindicatos dirigidos por los comunistas, desconcertados ante los estallidos espontáneos de militancia y las nuevas formas de lucha—. La capacidad de anticipación de estas turbulencias dio un poderoso impulso intelectual al operaismo. Pero también contribuyó a que estos pensadores concedieran una importancia obsesiva a su nueva percepción, y a que desarrollaran una concepción romántica de la rebelión proletaria, que entendían, a grandes rasgos, como un caudal continuo de lava que manaba del suelo de las fábricas. A mediados de los setenta, conscientes de que la industria italiana estaba cambiando de nuevo y la militancia fabril se encontraba en declive, Negri y otros retomaron la idea de que el impulsor de la revolución inmanente debía ser la «fuerza de trabajo social» —cualquier trabajador empleado o desempleado por el capital—. La abstracción de esta noción era un signo de desesperación, y la política apocalíptica que la acompañaba condujo finalmente al operaismo al punto muerto de la autonomía de finales de los setenta. Sin embargo, al PCI no le sirvió de escarmiento perderse la mutación de los sesenta y fue incapaz de presentar una alternativa mejor, basada en la sociología industrial. Su capacidad de reacción era tan escasa que los decisivos cambios económicos de los ochenta, el auge de las pequeñas empresas exportadoras y la economía sumergida —el «segundo milagro italiano», como se le llamaba en la época— también le pillaron desprevenido. Esta vez el golpe que recibió su reputación como representante político del colectivo obrero resultó letal. Veinte años después, del mismo modo que el triunfo de Forza Italia había magnificado su incapacidad de reaccionar a tiempo e intervenir para impedir la masificación de la cultura popular, las victorias de la Lega dejarían al descubierto la ineptitud del PCI a la hora de ofrecer una respuesta a la fragmentación posmoderna del trabajo.

Estas carencias de mentalité tenían unas raíces más profundas que el marxismo del partido. Se basaban en una concepción clásica de los valores intelectuales que, si bien tenía muchas limitaciones, era, a su manera, honrada, admirable incluso. Este idealismo poseía, sin embargo, otra faceta más perjudicial, específica del comunismo italiano, y este movimiento era políticamente responsable y consciente de ella. Era un instinto estratégico que en realidad había permanecido inalterable desde el momento de la Liberación, una actitud cuyos efectos secundarios todavía se pueden percibir en la actualidad. Cuando Togliatti regresó a Salerno procedente de Moscú en la primavera de 1944, dejó claro a su partido que era imposible emprender una revolución socialista en Italia después de la inminente expulsión de la Wehrmacht. La Resistencia del norte, un movimiento en el que el PCI desempeñaba un papel destacado, podía colaborar con el ejército angloamericano del sur en la tarea de expulsar a los alemanes del país, pero nunca podría sustituirlo y, una vez restaurada la paz, era el Estado Mayor Aliado quien debía llevar la voz cantante. Después de veinte años de represión y exilio, la tarea que le correspondía al PCI era la de construir un partido de masas y desempeñar un papel central en una Asamblea electa con el fin de guiar a Italia hacia el camino de la democracia.

Era una lectura realista del equilibrio de fuerzas vigente en la península, y de la determinación de Londres y Washington, decididos a impedir cualquier ataque al capital después de la derrota alemana. La insurrección no figuraba en el orden del día. Togliatti, sin embargo, iba todavía más allá. En Italia, la monarquía, que había contribuido a instalar al fascismo en el poder y que había convivido cómodamente con él, había expulsado a Mussolini en el verano de 1943 para evitar naufragar con él una vez que los Aliados desembarcaran en Sicilia. Después de un breve intervalo, el rey huyó en compañía de Badoglio, el conquistador de Etiopía, al sur, donde los Aliados le situaron al frente de una administración regional, mientras en el norte los alemanes nombraban a Mussolini presidente del régimen títere de Salò. Por tanto, al terminar la guerra, Italia no había recibido el mismo trato de potencia derrotada que Alemania, sino el de país «cobeligerante». Una vez que las tropas aliadas salieron de Italia, la coalición de gobierno formada por el Partito d’Azione —de izquierda liberal—, los socialistas, los comunistas y los demócratas cristianos se tuvo que enfrentar con el problema del legado del fascismo y de la monarquía que había colaborado con ese régimen. Los demócratas cristianos, conscientes de que su electorado potencial todavía era fiel a la monarquía, y de que los pilares naturales del aparato estatal habían sido los instrumentos habituales del fascismo, estaban decididos a evitar cualquier proceso similar a la depuración nazi de la sociedad alemana. Pero estaban en minoría en el gabinete, donde la izquierda laica ocupaba más cargos.

En esta coyuntura, el PCI, en lugar de acorralar a la DC y presionar para que se comprometiera a una depuración incondicional del Estado —que diera cuenta de todos los altos cargos de la administración, del sistema judicial, del ejército y de la policía que habían colaborado con el fascismo—, invitó a sus dirigentes a liderar el gobierno, y ni siquiera movió un dedo para desmantelar el aparato tradicional del régimen de Mussolini. Lejos de aislar a la democracia cristiana, Togliatti maquinó que De Gasperi se situara al frente del gobierno, y después se alió con la DC —ante la indignación de los socialistas— para confirmar el Pacto de Letrán que Mussolini había firmado con el Vaticano. Los prefectos, jueces y policías que habían servido al Duce salieron prácticamente ilesos. Todavía en 1960, 62 de los 64 prefectos de Italia y la totalidad de los 135 comisarios de policía habían sido secuaces del fascismo. Por lo que respecta a los jueces y los funcionarios, los mismos tribunales de antaño absolvieron a los torturadores y condenaron a los partisanos que les habían combatido, declarando, retrospectivamente, combatientes legítimos a los que habían luchado en el bando de la República Fascista de Salò e ilegítimos a los militantes de la Resistencia —y, por tanto, responsables de las ejecuciones sumarias posteriores a 1943, mientras que los fascistas se libraron de las sanciones penales por crímenes cometidos después de 1945[353]—. Estos despropósitos fueron la consecuencia directa de la actuación del PCI. El propio Togliatti, en calidad de ministro de Justicia, promulgó en junio de 1946 la amnistía que propició esta situación. Un año después, en recompensa, De Gasperi expulsó bruscamente de la coalición de gobierno al Partido Comunista, cuando ya no necesitaba sus servicios.

La historia de Italia después de la guerra fue, por tanto, totalmente distinta de la de Alemania. Allí nunca existió una resistencia popular, y la extrema magnitud de la derrota militar y la posterior ocupación de los Aliados acabaron con el nazismo. En la República Federal el fascismo jamás volvió a levantar cabeza. En Italia, por el contrario, la Resistencia dejó un legado ideológico antifascista —y patriótico—, cuya ubicua retórica oficial, liderada por el PCI, ocultó la continuidad real del fascismo como aparato legal y burocrático heredado y como credo y movimiento proclamado abiertamente. Reconstruido con el nombre de MSI, el partido fascista no tardó en sentarse de nuevo en el Parlamento y, finalmente, se incorporó al sistema bajo el liderazgo de Giorgio Almirante. Este personaje, defensor de las leyes antisemitas de Mussolini, había explicado a sus compatriotas en 1938 que «el racismo es la mayor y más valerosa afirmación de la identidad italiana jamás acometida», y en 1944, después de que Mussolini se trasladara hacia el norte a bordo de un avión alemán, les comunicó que si no se alistaban para luchar a favor de la República de Salò, acabarían contra el paredón. Cuando Almirante murió, la viuda de Togliatti acudió al funeral. Hoy, Fini, el sucesor designado por el propio Almirante, es portavoz en la Cámara de los Diputados y el probable sucesor de Berlusconi como primer ministro.

Más allá de los evidentes reproches que se le pueden hacer a esta trayectoria, lo que no se puede negar es el papel inútil y autodestructor del PCI en este proceso. Cuando tuvo la oportunidad de debilitar a la democracia cristiana hundiéndole en el costado la espada de un antifascismo intransigente, y arrebatarle el electorado reaccionario que había apoyado el régimen de Mussolini, hizo justo lo contrario. Al limpiar con una esponja lenitiva los actos de colaboración con el régimen anterior y contribuir así a la consolidación de la DC como fuerza dominante del país, lo único que consiguió fue que se afianzara el bloque conservador bajo control clerical que mantendría al PCI alejado del poder hasta el momento de su desaparición. En esta debacle, no había excusas internacionales que justificaran la conducta del partido. Aunque la revolución era una opción descartada en la Italia de la posguerra, en 1946 los Aliados ya habían abandonado prácticamente el país y no se encontraban en posición de impedir una depuración del fascismo. La ingenuidad de Togliatti al permitir que De Gasperi le superara tácticamente de una forma tan descarada no tuvo nada que ver con las influencias extranjeras. Tenía su origen en una idea de la estrategia inspirada en el pensamiento de Gramsci, interpretado a través del tamiz de Croce y sus precursores. Según Gramsci, la conquista del poder político requería una doble estrategia, basada en la teoría militar de la guerra de posiciones y la guerra de movimientos —la guerra de trincheras o el asedio versus el asalto dinámico—. La Revolución rusa era un buen ejemplo de la segunda instancia; para llevar a cabo una revolución en Occidente habría que aplicar durante un periodo de tiempo considerable la primera antes de poder pasar finalmente a la segunda[354]. Del mismo modo que la noción gramsciana de hegemonía había quedado reducida sencillamente a su importancia consensual, fijada en esencia a la sociedad civil, bajo Togliatti, el PCI redujo el concepto de estrategia política a la idea de guerra de posiciones, la lenta adquisición de influencia en la sociedad civil, como si la guerra de movimientos —la emboscada, el cambio súbito, el fulminante ataque sorpresa a los enemigos de clase o al Estado— ya no fuera necesaria en Occidente. Entre 1946 y 1947, De Gasperi y sus colegas no cometieron el mismo error.

En 1948 el ímpetu popular de la Liberación había remitido por completo. Después de una derrota electoral que coincidió con el comienzo de la Guerra Fría, tuvieron que pasar veinte años para que una nueva oleada de insurgencia política alcanzara su cota más alta en Italia. Cuando esto sucedió, la rebelión generacional de finales de los sesenta, abrazada por estudiantes y trabajadores jóvenes, fue mucho más intensa y duradera que en cualquier otro lugar de Europa. Bajo la dirección de Longo, el sucesor de Togliatti, algo más combativo y menos diplomático que su antecesor, el PCI no reaccionó de un modo tan negativo a la revuelta juvenil como el PCF en Francia. Pero tampoco ofreció una respuesta creativa, y no consiguió conectar con la cultura de la calle, en la que las expresiones más elevadas y las más populares —el marxismo y el bolchevismo del pasado, por un lado, y los grafitis del presente, por otro— entablaron durante un tiempo una interacción dinámica, ni de renovar su repertorio de conceptos estratégicos, cada vez más estancado. Cuando surgió entre las filas del partido una oposición crítica a esta inercia, encarnada en el grupo Manifesto, integrado por las mentes más lúcidas de la militancia de la posguerra, los dirigentes del PCI los expulsaron sin perder un momento.

La excomunión tuvo lugar después de la invasión soviética de Checoslovaquia, que el grupo Manifesto condenó sin reservas. En este episodio se refleja la segunda razón que, sumada al idealismo característico de la formación, explica la continuada parálisis estratégica del comunismo italiano. Por muy flexible que se mostrara en otros aspectos, el PCI seguía siendo estalinista tanto en su estructura interna como en sus lazos externos con el Estado soviético. Desesperados ante el gobierno unipartidista de la aletargada democracia cristiana, los simpatizantes liberales del PCI —que llegarían a ser muchos con el paso de los años— expresaban una y otra vez su admiración ante la actitud moderada del partido en el ámbito de la política nacional, pero les exasperaba que pusieran en peligro su impecable historial por empeñarse en mantener sus vínculos con la URSS y con las normas organizativas derivadas de esta conexión. En realidad, ambos fenómenos mantenían una relación estructural. Desde los tiempos de Salerno, la moderación del partido era una compensación por sus relaciones con Moscú, no una contradicción. Precisamente porque siempre se le podía acusar de guardar un parentesco sospechoso con la tierra de la Revolución de Octubre, el PCI tenía que probar su inocencia una y otra vez, demostrar que no pretendía emular ese modelo de cambio tan famoso. El peso de una culpabilidad imputada y la búsqueda de una respetabilidad que les exonerara iban de la mano.

Incapaz de asumir el control de las rebeliones de finales de los sesenta y principios de los setenta, o al menos de explotarlas, el PCI buscó consuelo una vez más en los demócratas cristianos, con la triste esperanza de que hubieran cambiado de parecer y estuvieran ahora dispuestos a colaborar con ellos en el gobierno del país —el catolicismo y el comunismo aliados en un «compromiso histórico» para defender la democracia italiana de los peligros de la subversión y la tentación del consumismo—. En 1973, poco después de convertirse en el líder del partido, Berlinguer propuso este pacto invocando el ejemplo de Chile, donde Allende acababa de ser derrocado, que, a su juicio, demostraba que si la izquierda —comunistas y socialistas— intentaba alguna vez gobernar el país sobre la base de una mera mayoría aritmética de los votos, estallaría una guerra civil. Pocos razonamientos podían ser más engañosos. No existía la más mínima posibilidad de una guerra civil en Italia, un país en el que, incluso cuando se habían producido semejantes arranques de violencia —la bomba que los terroristas de ultraderecha habían colocado en la Piazza Fontana de Milán—, habían tenido escasa incidencia en la vida política del país en su conjunto. Sin embargo, una vez que el PCI realizó la maniobra de adherirse a la DC, los grupos revolucionarios situados a la izquierda de los comunistas surgidos de las revueltas juveniles previeron la emergencia de una clase política parlamentaria monolítica y de un gobierno sin oposición y pasaron a la acción directa para evitarlo. Los primeros ataques mortales de las Brigadas Rojas comenzaron un año después.

Pero el sistema político no se encontraba en peligro. Las elecciones de 1976, en las que el PCI salió bien parado, se desarrollaron con total normalidad. Inmediatamente después, la DC aceptó gentilmente el apoyo comunista para formar los llamados gobiernos de «solidaridad nacional» bajo Andreotti, sin alterar su política ni conceder ministerio alguno al PCI. Se aprobaron una serie de leyes represivas que recortaban de forma gratuita las libertades civiles. Dos años después, las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro en Roma. A cambio de su liberación exigían que soltaran a sus camaradas prisioneros. Durante los cincuenta y cinco días de su cautiverio, temiendo que su propio partido le abandonara, Moro escribía cartas cada vez más duras dirigidas a sus colegas, lo cual demostraba que, de haber sido liberado, habría representado una clara amenaza para Andreotti. En esta crisis, el PCI volvió a demostrar su habitual falta de humanidad y de sentido común, y denunciaron las negociaciones que habrían asegurado la liberación de Moro con más vehemencia que la propia cúpula de la DC, que, como es comprensible, estaba dividida.

Como estaba previsto, Moro fue abandonado a su suerte. Si se le hubiera permitido vivir, su regreso había dividido en dos la democracia cristiana y lo más probable es que hubiera supuesto el fin de la carrera de Andreotti. El precio que pedían por su rescate era insignificante —las Brigadas Rojas, un grupo diminuto que desde un punto de vista objetivo nunca representó una amenaza importante a la democracia italiana, no se habrían fortalecido si el gobierno hubiera decidido liberar a un puñado de sus miembros, a los que se podría haber sometido a una estricta vigilancia nada más salir de la cárcel—. La idea de que el prestigio del Estado habría caído en picado de haberse prestado a semejante chantaje, o que habrían surgido miles de terroristas nuevos como consecuencia de esta claudicación, era algo más que una histeria interesada. Los socialistas eran conscientes de ello, y se declararon partidarios de la negociación. Plus royalistes que le roi, los comunistas, en su afán por demostrar que eran el más firme baluarte del Estado, sacrificaron una vida y salvaron a su enemigo en vano. La DC no demostró agradecimiento alguno. Después de usarlos, Andreotti —un maestro de la oportunidad todavía más hábil que el propio De Gasperi— los degradó. Cuando se celebraron las elecciones en 1979, el PCI perdió un millón y medio de votos, y volvió a ocupar una posición marginal. Lo único que le había reportado el compromiso histórico había sido el desencanto de sus votantes y el debilitamiento de sus bases. Un año después, cuando Berlinguer hizo un llamamiento a la solidaridad con los obreros de Fiat, amenazados por los despidos en masa, nadie le prestó atención. La última acción industrial importante en la que participó el partido fue aplastada inmediatamente.

Hace cuatro años, en una amarga reflexión sobre la política de su país, Giovanni Sartori observaba que la distinción gramsciana entre guerra de posiciones y guerra de movimientos era muy acertada. Todos los grandes líderes —como Churchill o De Gaulle— le debían su grandeza al instinto para la guerra de movimientos. En Italia, los políticos solo conocían la guerra de posiciones. Según Sartori, el título del famoso libro de Ortega, España invertebrada, era más apropiado para Italia, un país donde la Contrarreforma había creado un hábito de conformismo muy arraigado, y las continuas invasiones y conquistas habían transformado a los italianos en especialistas en someterse para sobrevivir. Desprovista de elites capaces de probar su valía, Italia era una nación sin estructura ósea[355]. Sartori era perfectamente consciente de lo que decía. Sus palabras iban dirigidas contra la clase política. En ese momento, el PCI había desaparecido, Berlusconi estaba en el poder y sus objetivos primordiales estaban muy claros: protegerse a sí mismo y a su emporio de la ley. Las medidas ad personam que Berlusconi había conseguido sacar adelante en el Parlamento se encontraban ahora sobre la mesa del presidente de la República. En Italia, la presidencia no es un cargo honorífico. Al Quirinale no solo le corresponde la tarea de proponer al primer ministro, que debe ser ratificado en el Parlamento, sino que puede además vetar a los ministros y rechazar leyes. En 2003, el cargo lo ocupaba el antiguo gobernador del Banco Central Carlo Azeglio Ciampi, un objeto decorativo del centro-izquierda que había encabezado el último gobierno de la Primera República, había ocupado la cartera de Economía con Prodi y en la actualidad es senador por el Partido Democrático.

Imperturbable, Ciampi sancionó esta legislación excepcional que no solo permitía a Berlusconi conservar el control de la televisión, sino que además le concedía inmunidad permanente —una inmunidad de la que el propio Ciampi, como presidente de la República, también se beneficiaba—. En el exterior del Quirinale, se organizó una concentración de ciudadanos que suplicaban al presidente, con velas encendidas, que no estampara su firma en ese documento. Pero los herederos del comunismo no opusieron objeción alguna. De hecho, el primer borrador de la ley de inmunidad había sido redactado desde las filas del centro-izquierda. En la prensa, muchas voces expresaron su preocupación por la aprobación de esta ley, pero nadie cuestionó la autoridad del presidente, que, desde el punto de vista constitucional, se suponía que ocupaba una posición super partes y que fue tratado con el debido respeto. Solo una importante figura nacional alzó su voz contra Ciampi, y no lo hizo de forma lastimera, sino con absoluta mordacidad: la del conservador liberal Sartori, que cuestionó su autoridad y afirmó con desprecio que había actuado con la cobardía de un conejo.

En la actualidad es un antiguo comunista quien se sienta en el Quirinale, Giorgio Napolitano, que lideró la facción más reaccionaria del PCI después de Amendola. El Tribunal Constitucional ha echado por tierra la primera ley de inmunidad. Pero se le ha colocado un nuevo envoltorio —algo parecido a lo que sucedió con el Tratado de Lisboa, se podría decir— y, gracias a la mayoría de la que dispone, Berlusconi ha conseguido aprobar en el Parlamento una ley básicamente idéntica. El líder de la delegación poscomunista en el Senado, lejos de oponerse, ha explicado que el Partido Democrático no tiene objeciones en principio, aunque quizá habría que esperar a la siguiente legislatura para que la ley entrara en vigor. Napolitano no tenía tiempo para semejantes points d’honneur, y firmó la ley el mismo día que la recibió. Una vez más, las únicas voces que denunciaron esta ignominia proceden del bando liberal o del apolítico, Sartori y un puñado de librepensadores —al punto reprobados por faltarle al respeto al jefe de Estado, no solo por la prensa, que debe obediencia al Partido Democrático, sino también por las publicaciones leales a Rifondazione—. He aquí la sinistra invertebrata de la Italia actual, a la que aludía Sartori.

Poderosas fuerzas históricas —el fin de la experiencia soviética; la contracción, o desintegración, de la clase obrera tradicional; el debilitamiento del Estado del bienestar; la expansión de la videosfera; el declive de los partidos— han apretado las clavijas a la izquierda en toda Europa. En este sentido, el declive del comunismo italiano es una instancia particular de un fenómeno más general, del que no se puede culpar a la izquierda. Sin embargo, en ningún otro lugar se ha desperdiciado de un modo semejante un legado tan imponente. El PCI fue burlado por De Gasperi y Andreotti, y no supo aprovechar la oportunidad que le brindó la depuración del fascismo y la división del clericalismo para imponerse a la DC, pero, a pesar de su ingenuidad estratégica, era un partido de masas con una vitalidad extraordinaria. Sus descendientes se han confabulado con Berlusconi, sin un atisbo de excusa: plenamente conscientes de quién era Berlusconi y de sus actos. Se han escrito muchos libros que denuncian los abusos de Berlusconi, tanto en Italia como en el extranjero, y se han publicado al menos tres estudios de primera categoría en lengua inglesa. Pero resulta sorprendente la superficialidad con la que se aborda en la mayoría de estas obras el papel que ha desempeñado el centro-izquierda a la hora de hacer borrón y cuenta nueva y de consolidar su poder. La complicidad de los presidentes de centro-izquierda en los sucesivos intentos de situar a Berlusconi —y a ellos mismos— por encima de la ley no es una anomalía, sino una pauta coherente, según la cual los herederos del comunismo italiano le han permitido conservar el control de su emporio mediático y ampliarlo, desafiando la ley; no han movido un dedo para intervenir en sus conflictos de intereses; han ayudado a eludir la cárcel a su mano derecha y a muchos otros delincuentes millonarios; y han intentado reiteradamente firmar con él acuerdos electorales, a expensas de cualquier principio democrático, en su propio beneficio. Y, al final, la consecuencia de esta conducta es que, además de acabar con las manos tan vacías como sus predecesores, su mente y su conciencia han quedado aún más vacías, en fase terminal.

III

¿Qué ha sucedido en Italia con la gran catedral de la cultura de izquierdas? Los cimientos de este edificio empezaron a tambalearse mucho antes, a la vez que los de la antigua ciudadela del propio partido de masas. Al igual que en Alemania, el giro hacia la derecha se produjo primero en el campo de la historia, con la revaluación de la dictadura del país del periodo de entreguerras. El primer volumen de la biografía de Mussolini que escribió Renzo de Felice, que abarcaba el periodo que se extiende desde el nacimiento del dictador al inicio de la Primera Guerra Mundial, apareció en 1965. Pero este descomunal proyecto no ejerció un gran impacto en la esfera pública hasta 1974, cuando se publicó el segundo volumen, que abarcaba el periodo que transcurrió desde la Gran Depresión hasta la invasión de Etiopía. Un año después, el neoconservador americano Michael Ledeen, que posteriormente desempeñaría un papel decisivo en el asunto de la Contra iraní, realizó a De Felice una entrevista que más tarde se publicó en formato de libro. Fue entonces cuando la biografía de De Felice recibió un aluvión de críticas por parte de la izquierda, que le acusaban de rehabilitar el fascismo[356]. A principios de los ochenta, cuando apareció el quinto volumen de la obra, De Felice ya era toda una autoridad: tenía acceso a los medios de comunicación —aparecía muy a menudo en televisión— y las críticas a su obra a escala nacional eran cada vez más escasas. Al poco tiempo, De Felice empezó a postular el fin del antifascismo como ideología oficial en Italia, y a mediados de los noventa afirmaba que había que desmitificar el papel de la Resistencia, pues lo que había tenido lugar en realidad en el norte en aquella época había sido una guerra civil en la que se había subestimado la lealtad a la República de Salò[357]. El octavo y último volumen de la biografía del Duce, incompleto en el momento de su muerte, apareció en 1997. En total, De Felice dedicó 6500 páginas a la vida de Mussolini, tres veces más de las que Ian Kershaw escribió sobre Hitler, una obra más extensa en proporción que la biografía autorizada de Churchill escrita por Martil Gilbert: el monumento individual más grande en honor de un líder del siglo XX.

La magnitud de la obra, mal escrita y a veces construida de forma arbitraria, no se correspondía con su calidad. Su energía se basaba en la infatigable investigación de archivo de De Felice y en su insistencia en unas cuantas verdades incuestionables. De Felice insistía sobre todo en que los militantes del movimiento fascista procedían en su mayoría de la clase media-baja, que el fascismo como sistema había contado con el apoyo de empresarios, burócratas y en general las clases altas, y que en su momento álgido el régimen había contado con un amplio consenso popular. Estos hallazgos, ninguno especialmente original, se combinaban de forma en modo alguno armoniosa con otras afirmaciones incoherentes, como que el fascismo descendía directamente de la Ilustración, que no tenía nada que ver con el nazismo, que su fracaso había significado la muerte de la nación y, sobre todo, con un retrato exagerado y totalmente indulgente del propio Mussolini, que, a juicio de su biógrafo había sido, a pesar de sus equivocaciones, un estadista muy realista. Desde el punto de vista intelectual, De Felice carecía del bagaje conceptual y de la amplitud de intereses de Ernst Nolte, que había publicado su primer libro antes que él. Pero el impacto que ejerció fue mucho mayor, y no solo se debió a la erudición de la obra, ni siquiera al hecho —fundamental, por obvio que parezca— de que en Alemania el fascismo había sido refutado de una forma mucho más radical que en Italia, sino porque al final de su carrera la cultura oficial de la posguerra, a la que se había propuesto criticar, estaba muy deteriorada. Resulta significativo que fuera el inglés Mack Smith, no un historiador italiano, quien esgrimió las críticas más demoledoras a las tesis de De Felice[358].

Pero aunque no se ha producido un equivalente real a la Historikerstreit en Italia, donde De Felice podía sentirse satisfecho por haber alcanzado la mayoría de sus objetivos, el giro general hacia la derecha de las energías intelectuales tampoco ha sido tan claro como en Alemania. El principal sucesor de De Felice, Emilio Gentile, se ha consagrado a desarrollar el conocido motivo de que las políticas de masas del siglo XX han sido versiones secularizadas de la fe sobrenatural, que se pueden dividir en dos categorías, las malignas —el comunismo, el nazismo y el nacionalismo—, que representan religiones «políticas» fanáticas, y las formas más aceptables —en particular el patriotismo americano—, que constituyen religiones «civiles»: totalitarismo versus democracia con un atavío sagrado. Esta teoría cuenta con un mayor número de seguidores en la anglosfera que en la propia Italia. Lo mismo puede decirse, por paradójico que parezca, de los últimos frutos del operaismo en la izquierda. En este ámbito, el sobrio espíritu de la enquête ouvrière feneció a raíz de la prematura desaparición de Panzieri a mediados de los sesenta y, bajo el impulso de Tronti y del joven —y, por tanto, igual de incendiario— crítico literario Asor Rosa, su punto de vista sufrió dos giros drásticos.

La aportación de Tronti consiste en la convicción de que la clase obrera, lejos de tener que soportar las sucesivas transformaciones económicas a manos del capital, ha sido su demiurgo, y que, por tanto, ha impuesto a los empresarios y al Estado los cambios estructurales de cada etapa de acumulación. El secreto del desarrollo no reside en los impersonales requisitos económicos de la rentabilidad, dictados desde arriba, sino en la presión impulsora de las luchas de clases que surge desde abajo. Asor Rosa, por su parte, sostenía que la «literatura comprometida» era un delirio populista, pues la clase obrera nunca podría contar con beneficiarse de las artes o de las letras en un mundo moderno en el que la cultura propiamente dicha era, por definición, irremediablemente burguesa. Ni el burdo filisteísmo ni el ingenuo tolstoísmo eran posibles. En lugar de ello, lo único que tenía valor literario era el refinado modernismo de Mann o de Proust, de Kafka o de Svevo, y la vanguardia radical hasta Brecht, pero no después. Y el valor literario de estas obras, como el de tantos otros testimonios que demostraban una incomparable imaginación formal, no residía en su utilidad para el mundo del trabajo, sino en su capacidad para mostrar las contradicciones internas de la existencia burguesa. Ni siquiera las intenciones revolucionarias de Maiakovski podían salvar el abismo existente entre estas dos clases sociales: era un rasgo esencial.

A la hora de hacer buena literatura, el socialismo no ha desempeñado un papel esencial. Para hacer la revolución, los escritores no son esenciales. La lucha de clases sigue un camino diferente. Tiene otras voces para expresarse, para hacerse entender. Y la poesía no puede estar detrás de ella. Pues la poesía, cuando es grandiosa, habla en una lengua en la que las cosas —las cosas puras y duras de la lucha y la existencia diaria— ya han asumido el valor exclusivo de símbolo, de metáfora gigantesca del mundo: y el precio, a menudo trágico, de su grandiosidad es que lo que dice escapa a la práctica para no regresar jamás[359].

Cuando Asor Rosa escribió estas palabras, su blanco era la línea oficial del PCI y la teoría de Gramsci en la que esta descansaba. Gramsci pensaba que el movimiento comunista era el heredero legítimo de la más refinada cultura europea, desde el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración en adelante, y que uno de los problemas que esta cultura necesitaba resolver en Italia era la ausencia de una literatura nacional-popular. Pero a medida que la agitación política de finales de los sesenta se extendía, Tronti y después Asor Rosa decidieron que tenía más sentido trabajar dentro del PCI, que era, a fin de cuentas, donde se podía encontrar a la clase obrera organizada, que fuera de esta formación. Al dar este paso, Tronti trasladó su visión de la primacía de las luchas fabriles a las actividades del partido en la sociedad, obteniendo así una teoría más radical de la autonomía de la política en cuanto tal, respecto de la producción. Más joven que Asor Rosa y que Tronti, y más ambicioso que ellos desde el punto de vista intelectual, Massimo Cacciari completó la tarea que habían comenzado y, en lugar de limitarse a separar la cultura y la economía de la política revolucionaria, propuso una disociación sistemática de todas las esferas modernas de la vida y del pensamiento en tantos otros dominios técnicos intraducibles entre sí. Lo único que tenían en común era la crisis que les afectaba, igualmente perceptible en la física, en la economía neoclásica, en la epistemología canónica y en la política liberal de finales de siglo, y más todavía en la división del trabajo, en las operaciones del mercado y en la organización del Estado. Solo el «pensamiento negativo» —Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger[360]— podía dar cuenta de la profundidad de esta crisis. Estos pensadores rechazaban la propuesta de Hegel: cualquier tipo de síntesis dialéctica.

Además de antihumanista, el operaismo siempre había sido antihistoricista. En Krisis (1976), de Cacciari, este movimiento encontró una nueva inspiración en una línea de pensadores nihilistas, de los cuales Nietzsche fue en un principio el más importante por su explicación de la voluntad de poder, cuya encarnación contemporánea solo podía ser el PCI. Pero no se trataba de una defensa del irracionalismo. La nueva «cultura de la crisis» exigía nuevos órdenes y formas de racionalidad, específicos para cada práctica. Por tanto, para conducir al partido hacia sus objetivos, los consejeros más indicados eran Weber y Schmitt —no Gramsci—, especialistas en la política entendida como una técnica fría y lúcida. Desde el punto de vista intelectual, era difícil imaginar un rechazo más concienzudo del marxismo consagrado por el PCI, imbuido de un espíritu de síntesis hegeliano. Pero, desde el punto de vista político, el giro nietzscheano del operaismo resultaba perfectamente compatible con la línea oficial que seguía el partido a principios de los setenta. Pues ¿cuál era en esa época la voluntad de poder en Italia? Para Tronti estaba claro que se trataba de la vocación de gobernar el país del PCI, como arquitecto de una alianza entre los obreros organizados y el gran capital, un pacto para la modernización de la economía y la sociedad no muy distinto de su admirado New Deal norteamericano —un pacto de salarios y beneficios que combatiera el parasitismo de las rentas.

El PCI, por su parte, que siempre se había mostrado tolerante con las diferencias teóricas siempre y cuando no representaran una amenaza de disturbios políticos, acogió a los defensores del pensamiento negativo sin dificultad —en esta época, en cualquier caso, ya no se encontraba en condiciones de entablar una batalla crítica con los partidarios de unas nuevas teorías tan exóticas—. Consciente del prestigio que estaban adquiriendo, en su debido momento les garantizó honores en la esfera política cuya autonomía habían defendido. Cacciari se convirtió en diputado del PCI, antes de iniciar su carrera como alcalde de Venecia, oficio que ejerce en la actualidad; Tronti y Asor Rosa se acabaron convirtiendo en senadores. Como es natural, el precio de su incorporación a un partido que había fracasado de forma tan visible en el terreno del poder que ellos mismos le habían señalado fue el debilitamiento del operaismo como paradigma coherente. Veinte años después, cuando el PCI no era más que un recuerdo, Asor Rosa compondría un balance melancólico de la izquierda italiana a la que él y Tronti, cada uno a su manera, seguían siendo fieles, mientras que Cacciari es en la actualidad una figura decorativa de la facción más moderada del Partido Democrático, y combina el tecnicismo con el misticismo —una actitud muy oportuna para un admirador de Wittgenstein— en una política que, por lo demás, es muy parecida a la del Nuevo Laborismo[361]. Para los que llegaron después, el legado intelectual del pensamiento negativo fue poco más que un árido culto de especialización y de despolitización concomitante.

En la encrucijada de finales de los sesenta, Negri avanzó en la dirección opuesta, y, en lugar de pronosticar una modernidad en la que se produciría una síntesis entre el capital y los trabajadores organizados bajo la égida del PCI, previó una escalada de conflictos entre los trabajadores no organizados —o desempleados— y el Estado, que desembocaría en la lucha armada y la guerra civil. Después de la refutación de la autonomia que había postulado y de ser arrestado por un magistrado comunista que se inventó que había planeado la muerte de Moro, Negri se exilió en Francia, donde comenzó a escribir un caudal constante de obras, de las cuales la más notable es un estudio sobre Spinoza. Allí preparó la metamorfosis de la figura del trabajador no fabril de la autonomia operaia de finales del siglo XX en la noción de «multitud» que exponía en Imperio, una obra escrita en colaboración con Michael Hardt que apareció en Estados Unidos mucho antes que en Italia. Desde que triunfara con este libro, la fama internacional de Negri ha superado con creces a la influencia que ejerce en su país, aunque lo cierto es que cuenta con algunos seguidores más jóvenes. Lo mismo se puede decir de Giorgio Agamben, una de las últimas figuras que han aparecido en la constelación. Agamben comparte muchos puntos de referencia con Cacciari —Heidegger, Benjamin, Schmitt—, pero su inflexión política se encuentra en las antípodas.

Si se comparan retrospectivamente, las similitudes que existen entre el operaismo y ciertos aspectos del gauchisme que floreció en Francia entre mediados de los sesenta y mediados de los setenta son sorprendentes —más todavía si se tiene en cuenta que nunca existió un contacto directo entre ambos movimientos—. Parece ser que lo que impulsó a los pensadores agrupados en torno a Socialisme ou barbarie a seguir una trayectoria en gran medida similar a los de Contrapiano, desde el operaísmo radical a un subjetivismo antifundacional, fue una concordancia objetiva —aunque en el último Negri o en Agamben, influidos directamente por Deleuze o Foucault, la corriente italiana y la francesa fluyen directamente entre sí—. El resultado opuesto de las dos experiencias se debe en gran medida a las diferencias en la situación nacional. En Francia, el PCF no ofrecía tentación alguna, y la rebelión de Mayo-junio del 68 fue tan espectacular como breve. En Italia, donde la revuelta popular duró mucho más, el comunismo era menos cerrado y los pensadores eran bastante más jóvenes, el operaismo tuvo una vida posterior mucho más prolongada, aunque quedara confinada a los márgenes.

Recuperación del fascismo a la derecha, eclipse del operaísmo a la izquierda, ambos fenómenos han reubicado el espacio del centro en el que la versión laica y la clerical del juste milieu han coexistido tradicionalmente. Allí, paradójicamente, la disolución de la democracia cristiana, que puso fin al gobierno de un partido político abiertamente católico, en vez de reducir el papel de la religión en la vida pública, lo ha redistribuido de forma más amplia a lo largo del espectro político, pues los votantes de DC no solo se solían repartir equitativamente entre el centro-derecha y el centro-izquierda, sino que además constituyen el sector más voluble del electorado, una circunstancia que los convierte en el «factor de cambio» más codiciado por los dos bloques rivales. Para conseguir su voto, los antiguos dirigentes del PCI, por no hablar de los exradicales, se desviven por explicar la sensibilidad religiosa que cultivan en privado, confiesan que asisten a misa desde una edad muy temprana, que tienen una vocación espiritual oculta y otros requisitos de la política postsecular. En realidad, lo que la Iglesia ha perdido con la desaparición de un partido de masas de estricta obediencia lo ha ganado con la difusión de una influencia más general, aunque más tibia, en el conjunto de la sociedad. Con esto se ha producido un descenso a niveles de superstición que no se habían visto en muchos años, fruto del papado de Wojtyla, un periodo en el que se declararon más beatificaciones (798) y canonizaciones (280) que en los cinco siglos anteriores de la historia de la Iglesia[362]. El número de milagros necesarios para la santificación se redujo a la mitad y el grotesco culto al padre Pío —un capuchino que recibió sus primeros estigmas en 1918, autor de numerosas hazañas sobrenaturales— alcanzó tal éxito que en la prensa mayoritaria se debatía totalmente en serio la veracidad de sus victorias sobre las leyes de la ciencia.

Es poco probable que una cultura laica capaz de este grado de condescendencia con la fe se muestre más combativa en relación con el poder. Bajo la Segunda República, la opinión de los principales órganos de la cultura impresa italiana rara vez se ha apartado de la doxa convencional del periodo. La mayor parte de la producción de estos periódicos era imposible de distinguir de la que se podía leer en los neotabloides de España, Francia, Alemania, Inglaterra u otros lugares —todo articulista que se precie de serlo exige reformas para curar los males de la sociedad, para lo cual el remedio siempre es la necesidad de una mayor competencia en los servicios y en la educación, una mayor liberalización del mercado que favorezca la producción y el consumo, y un Estado más disciplinado y racional, mensajes que solo varían en los edulcorantes que hay que ofrecer a los principales perjudicados a cambio de estos ajustes imprescindibles—. Este tipo de conformidad se ha convertido en algo tan universal que sería una locura esperar que los columnistas y los periodistas italianos mostraran una mayor independencia intelectual. La actitud de la prensa hacia la ley es otra cuestión. En la vanguardia de las protestas contra la clase política de la Primera República —después de que los magistrados lanzaran su ataque contra la corrupción del sistema—, se ha mostrado, sin embargo, increíblemente sumisa desde que Berlusconi se estableciera como pieza central del nuevo orden, y se ha limitado la mayor parte del tiempo a esgrimir críticas convencionales, sin la menor señal de la guerre à l’outrance que le habría perjudicado u obligado a abandonar la escena.

Para ello, no solo tendrían que haber dirigido sus dardos contra el propio Berlusconi, sino también contra los jueces que le absuelven con regularidad, contra el estatuto de limitaciones que invalida los cargos en su contra, contra los presidentes de la República que han garantizado su inmunidad, y contra los partidos de centro-izquierda que se prestan a dialogar con él o que incluso le aprecian como interlocutor. Nada más lejos del tono general que ha adoptado en estos años la prensa: cuando se han denunciado las negligencias se ha hecho con miedo y servilismo. La tibieza de estas acciones se pone de manifiesto cuando se las compara con las contadas excepciones que han tenido lugar. Cabe destacar, en este sentido, la obra del reportero Marco Travaglio, que no solo ha condenado de forma implacable los crímenes de Berlusconi o de Previti, sino también el sistema general de complicidades que los ha protegido, dentro del cual destaca la actitud de la propia prensa. La labor de Travaglio apenas tiene parangón en el manso universo del periodismo europeo y ha vendido cientos de miles de libros. Como es natural, este periodista procede de la derecha liberal, que expresa sus ideas con una ferocidad y un tono prácticamente desconocidos en el ámbito de la izquierda[363].

En Europa, por lo general —en América sucede algo distinto—, los medios de comunicación no influyen en la situación de la cultura, sino que la reflejan. La calidad de la cultura viene determinada en última instancia por el estado de las universidades. En Italia, como es sabido, la universidad sigue siendo una institución arcaica e infradotada, y muchos de sus departamentos no son más que sumideros de intrigas burocráticas y enchufismo. Como resultado de ello, el país ha ido dejando escapar de forma gradual a sus intelectuales más valiosos, que han emigrado al extranjero. Prácticamente todas las disciplinas se han visto afectadas, como demuestra la lista de personalidades que se han establecido en Estados Unidos o que pasan allí largas temporadas: Luca Cavalli-Sforza en el campo de la genética, Giovanni Sartori en el de la ciencia política, Franco Modigliani en el de la economía, Carlo Ginzburg en el de la historia, Giovanni Arrighi en el de la sociología, Franco Moretti en el de la literatura. A esta lista se le podrían añadir los nombres de otros estudiosos más jóvenes. Aunque no se trata de una diáspora en el sentido literal de la expresión, pues casi todos ellos han mantenido los vínculos con Italia y siguen participando de una u otra manera en la vida intelectual del país, es evidente que su ausencia ha debilitado la cultura que los produjo.

Está por ver si surge un grupo de figuras comparable de las circunstancias de los años recientes. A la vista de la situación actual, las posibilidades parecen escasas. Pero sería un error subestimar la profundidad de las reservas con las que cuenta el país. Una mirada a España, un país cuya modernización suelen poner como ejemplo de lo que se han perdido los italianos autocríticos[364], es suficiente como advertencia. Aunque el crecimiento económico ha sido mayor, los medios de transporte son más rápidos, las instituciones políticas más funcionales, el crimen organizado está menos extendido y el desarrollo regional es más equitativo —en todos estos aspectos España supera a Italia—, la cultura española sigue siendo más provinciana que la italiana, con una vida intelectual más escasa y poco original. El moderno entorno de avances que rodea a la cultura española solo sirve para subrayar este retraso. A pesar del deterioro del país, la contribución italiana a las letras contemporáneas pertenece a otro orden. De hecho, ningún otro país europeo ha producido un monumento de erudición global que pueda competir con los cinco volúmenes de la historia y la morfología internacional de la novela escrita por Moretti y publicada por la editorial Einaudi —una empresa de una magnificencia típicamente italiana, cuyo alcance el lector anglófono solo puede vislumbrar en la versión traducida, parsimoniosa en simpatía y espíritu, publicada por Princeton—. Tampoco es difícil encontrar ejemplos de la eterna habilidad italiana para hacer temblar los paradigmas extranjeros consolidados. El manifiesto «Clues», de Carlo Ginzburg, por no hablar de su ensayo de reconstrucción de Dumézil, una empresa que ningún historiador francés se había atrevido a acometer, es un buen ejemplo; otro es el del último libro sobre la democracia que ha escrito el distinguido clasicista Luciano Canfora, censurado por su ultrajado editor alemán; un tercero lo ofrece la demolición de la «justicia internacional» que ha llevado a cabo el politólogo Danilo Zolo, que ha tenido una acogida muy positiva en Gran Bretaña y en los Países Bajos. Este tipo de tradiciones no mueren con facilidad.

IV

Más allá del orden del sistema de partidos dominantes, ¿qué ha sido de la oposición política? Desde mediados de los sesenta el comunismo italiano cuenta con una variedad alternativa a la corriente oficial y al operaismo, que ha resultado ser más genuinamente gramsciana que cualquier alternativa que puedan ofrecer o, en última instancia tolerar, los líderes del partido. En 1969, cuando fueron expulsados del partido, los miembros del grupo Manifesto Lucio Magri, Rosana Rossanda y Luciana Castellina decidieron lanzar un periódico homónimo que todavía se sigue publicando, el único diario genuinamente radical que se edita en Europa. Con el paso de los años, esta corriente generó el análisis estratégico más coherente e incisivo con diferencia de los problemas que tenía que afrontar la izquierda y el país en general —la influencia de Hegel, como era de esperar, era un bagaje mejor para afrontar esta tarea que la fascinación por Heidegger—. Hoy en día el legado de esta publicación pende de un hilo, y los tres protagonistas de este movimiento han escrito obras en las que narran su experiencia, ninguna de ellas exenta de interés. La primera en aparecer, la sucinta y elegante Ragazza del secolo scorso, se ha convertido en un éxito de ventas a escala nacional. Pero en 2005 la revista tuvo que cerrar y el diario corre ahora el riesgo de desaparecer por falta de financiación. MicroMega, la gruesa revista bimensual editada por el filósofo Paolo Flores d’Arcais, no corre ese peligro, ya que forma parte del emporio editorial que cuenta joyas de la talla del diario romano La repubblica y del semanario informativo L’espresso. Bajo la Segunda República, la revista de Flores ha coordinado el frente hostil a Berlusconi más independiente y eficaz de Italia, y ha desempeñado un papel político único en la UE para una revista de ideas de este tipo. Un año después de la victoria del centro-derecha en 2001, fue en las páginas de esta revista donde surgió una admirable oleada de protestas masivas contra Berlusconi, al margen y en contra de la pasividad del centro-izquierda.

En estas protestas, otros dos personajes han desempeñado un papel fundamental. Uno ha sido Nanni Moretti, el actor / director de cine más popular del país, dedicado durante más de una década a ofrecer a través de sus películas un análisis crítico, aunque a menudo agradable, de la disolución del PCI y de sus consecuencias. El otro es el historiador Paul Ginsborg, autor de las dos historias más importantes de la Italia de la posguerra, un inglés que imparte clases en Florencia y que no solo destaca como estudioso, sino también como ciudadano de su país de adopción. En la segunda de estas historias, que abarca el periodo que se extiende entre 1980 y 1998, publicada en lengua inglesa con el título Italy and Its Discontents (en la edición inglesa el intervalo de análisis se prolonga hasta 2001), Ginsborg propone la hipótesis de que, a pesar de las numerosas pruebas de egoísmo y avaricia de la clase yuppy —los ceti rampanti que prosperaron bajo Craxi—, también existía junto a este grupo en la clase media un sector de profesionales y empleados públicos más cívicos y considerados —ceti medi riflessivi—, capaz de realizar actos altruistas, una fuente potencial de renovación de la democracia italiana. Esta teoría fue acogida con escepticismo cuando Ginsborg la planteó por primera vez[365]. Pero en 2002 se demostró que tenía razón. Pues fueron precisamente los ciudadanos inscritos en el estrato que él había identificado los que integraron el grueso de las manifestaciones contra Berlusconi que se celebraron ese año.

Sin embargo, en las protestas radicaba precisamente su limitación. Pues la forma característica que adoptaron —manifestaciones en las que los participantes se agarraban de la mano y rodeaban edificios públicos con el fin de simbolizar el espíritu pacífico, defensivo del movimiento— fue inmediatamente bautizada por la prensa con el nombre de girotondi, o «corro de la patata». El movimiento no tardó en adquirir cierto aire de juego infantil. Los partidos de centro-izquierda, que no solo odiaban que les lanzaran reproches, sino que además temían que este movimiento pudiera convertirse en un rival político, apenas se molestaron en ocultar su antipatía. Los girotondini no les pagaron con la misma moneda. Resueltos a evitar cualquier acción tempestuosa similar a las que había tenido que afrontar el G-7 en Génova y con la vana esperanza de una alianza con los líderes sindicales endeudados con el centro-izquierda, los miembros de este movimiento se abstuvieron de preparar una ofensiva más despiadada contra el gobierno, y menos aún contra sus cómplices de la oposición, de modo que, al final, la imagen de bon enfant que tenían de sí mismos les llevó a la ruina.

El verano pasado, ante la ira de Veltroni, MicroMega tuvo el coraje de convocar una nueva manifestación multitudinaria en Piazza Navona en protesta por el regreso de Berlusconi al poder, y las contradicciones subyacentes de los girotondini salieron a la luz. Moretti y la mitad de los líderes de la plataforma se desligaron de los oradores más radicales, que en esta ocasión arremetieron también contra Napolitano, contra el PD y contra Rifondazione. Del mismo modo que los impenetrables circunloquios de los últimos días de la Primera República habían generado las ordinarieces deliberadas de la Lega, en esta ocasión los remilgos de la retórica de los girotondi, más dados al ruego que al ataque salvaje, desencadenaron la reacción contraria, la extravagante grosería verbal y visual —los alardes sexuales de Berlusconi invitaban a ello— de algunos humoristas famosos por detestar a la clase política, que avergonzó profundamente a los manifestantes más comedidos congregados en la plaza —pero no, a juzgar por las encuestas de opinión, a la mayoría de los votantes del centro-izquierda—. Desde el punto de vista político, el episodio podría interpretarse como una versión en miniatura de la polarización de los años setenta, cuando la clase dirigente había desatado desde arriba la ira de las bases.

En otoño, estas tensiones se disolvieron en el torrente de la protesta estudiantil contra los recortes en educación y la compresión de la escolarización aprobada por el centro-derecha, así como en la movilización sindical —más limitada— en protesta por la reacción del gobierno a la recesión global. Las concesiones obtenidas tienen menos relevancia que la magnitud de los propios movimientos. Pero la pauta de retiradas tácticas de Berlusconi y oleadas temporales de insurgencia popular contra él no es nueva. Está por ver cómo variará este modelo a medida que las condiciones económicas empeoren. Después de guardarse las peligrosas herramientas del carpintero y el campesino, la izquierda italiana ha ido adoptando un sinfín de símbolos del reino vegetal, o emblemas sacados de la nada —la rosa, el roble, el olivo, la margarita, el arco iris—. Sin un destello de metalurgia, parece poco probable que consiga hacer carrera.

TERCERA PARTE

La cuestión oriental

VII. Chipre

(2007)

La ampliación, considerada por muchos el mayor logro individual de la Unión Europea desde el fin de la Guerra Fría, un motivo de autofelicitación más o menos incondicional, ha dejado, sin embargo, clavada en la mano de Bruselas una espina que pasó desapercibida entre los numerosos ramos de flores. La más lejana y oriental de las nuevas adquisiciones de la UE, aunque es el país más próspero y democrático, ha sido un motivo de congoja para la clase dirigente europea, pues no encaja en el edificador esquema de liberación de naciones cautivas del comunismo ni sirve a los objetivos estratégicos de la diplomacia de la Unión, sino que más bien los obstaculiza. Chipre es, en verdad, una anomalía en la nueva Europa. Pero no por motivos que preocupen a Bruselas, sino porque se trata de un Estado miembro de la UE que lleva mucho tiempo ocupado por un ejército extranjero. Detrás de los tanques y la artillería, se ha asentado una población de colonos relativamente más numerosa que la de Cisjordania, sin un atisbo de queja por parte del Consejo o de la Comisión. Por otra parte, dentro del territorio de Chipre hay varios enclaves militares sustraídos —no arrendados, sino en régimen de dominio eminente—, que controla otro Estado miembro de la UE, el Reino Unido.

I

Para encontrar el origen de esta situación hay que retroceder más de un siglo, hasta la época álgida del imperialismo victoriano. En 1878, el Imperio otomano le entregó la isla a Gran Bretaña, junto con otros territorios, en recompensa por haber conseguido, gracias a la intercesión de Disraeli en la Conferencia de Berlín, que Rusia les cediera tres provincias armenias. Codiciada por la potencia inglesa por su valor estratégico como plataforma naval en Oriente Medio, la nueva colonia era desde la Antigüedad griega en cultura y población, y, desde que los otomanos la conquistaran en el siglo XVI, contaba también con una minoría de habitantes turcos. Pero en el siglo XIX, aunque se encontraba a poco más de 600 kilómetros de Grecia, permaneció relativamente inmune a los levantamientos nacionales que provocaron en un primer momento la independencia de la propia Grecia, y después a una serie de sublevaciones contra el dominio otomano en Creta, que se saldaron con la incorporación de esta isla a Grecia antes de la Primera Guerra Mundial. En Chipre, el malestar no se materializó hasta medio siglo después. Finalmente, en 1931, el desbordante deseo de una Enosis equivalente dio lugar a una rebelión espontánea contra el dominio británico que se propagó por toda la isla y terminó con la sede del gobierno en llamas. Bomberos, barcos y la infantería de marina acudieron a sofocar el incendio[366]. La reacción británica a esta efusión de sentimientos fue única en los anales del imperio: un régimen colonial que gobernó por decreto hasta el día en que se arrió oficialmente la bandera en Nicosia.

Habría que esperar al fin de la Segunda Guerra Mundial para que cristalizara realmente un movimiento nacional organizado en la isla, con una extraña combinación temporal: apareció tarde, pero adoptó una forma antigua. El panhelenismo era en muchos sentidos, como señaló Tom Nairn hace mucho tiempo, «el modelo europeo original de movilización nacionalista victoriosa», pues la Guerra de Independencia griega había sido el primer movimiento de liberación nacional que había triunfado después del Congreso de Viena. Sin embargo, proseguía Nairn, «la propia prioridad del nacionalismo griego… implicaba la imposición de cierto castigo peculiar», que consistía en que aportaba a la ideología panhelénica elementos cada vez más «anacrónicos y anticuados» para el siglo XX. Aun así, todavía poseía la fuerza suficiente para actuar como vehículo de expresión de la rebelión popular en la isla después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el despertar político, la población en masa «se encontró con el sueño hipnótico y plenamente articulado del nacionalismo griego. Era inevitable que atendieran la llamada de los herederos de Bizancio en lugar de intentar cultivar un patriotismo propio»[367]. La unión, no la independencia, era la meta natural de esta autodeterminación.

Este helenismo no era, sin embargo, una importación arcaica, fuera de temporada, en una sociedad cuya situación original había evolucionado. La llamada del helenismo era irresistible porque, además, encontró una caja de resonancia muy poderosa en una institución autóctona mucho más antigua que el nacionalismo romántico del siglo XIX. La Iglesia ortodoxa de Chipre no tenía equivalente en ninguna otra isla griega. Autónoma desde el siglo V, su arzobispo tenía el mismo rango que el de los patriarcas de Constantinopla, Alejandría o Antioquía, y los otomanos siempre habían considerado que era la cabecera de la comunidad griega. Dado que los británicos no habían intentado implantar un sistema educativo propio en la isla —hasta el fin de su dominio se aseguraron de que Chipre no contara con una universidad propia—, el control de la educación siguió bajo control eclesiástico. Por tanto, el liderazgo clerical del movimiento nacional, con su inevitable carga de conservadurismo religioso en la vida moral y política, estaba prácticamente garantizado con antelación.

No es que la hegemonía de la Iglesia fuera total. En los años veinte había empezado a desarrollarse un importante movimiento comunista local que para Londres era mucho más peligroso. Conscientes de las aspiraciones de la inmensa mayoría, AKEL —que era como se llamaba el Partido Comunista Chipriota— también hizo campaña a favor de la unión con Grecia al terminar la guerra[368]. En 1945 le sobraban los motivos para hacerlo, pues la resistencia comunista había sido, con diferencia, la principal fuerza en la lucha contra la ocupación nazi y gozaba de una posición ventajosa para hacerse con el poder una vez expulsados los alemanes. Para prevenir este riesgo, el ejército británico intervino —una intervención de una magnitud muy superior a la de las posteriores acciones soviéticas en Hungría— e instaló un régimen conservador, liderado por un representante de la desprestigiada monarquía griega. El resultado fue una encarnizada guerra civil. Gran Bretaña y Estados Unidos desempeñaron un papel similar al de Italia y Alemania en la Guerra Civil de España e intervinieron en el conflicto para asegurar la victoria de la derecha.

Mientras el conflicto griego no se resolviera, AKEL se encontraba en posición de defender la Enosis sin demasiado esfuerzo, al menos exteriormente. De hecho, en noviembre de 1949 —un mes después de la derrota final del Ejército Democrático en el continente— se produjo el acontecimiento que con el tiempo se consideraría el disparo de salida de la liberación nacional de Chipre, cuando AKEL recurrió a las Naciones Unidas para que convocaran un referendo en relación con «el derecho de autodeterminación, es decir, la unión de Chipre con Grecia». Pero este sería su último movimiento importante en la vanguardia de la liberación. En enero de 1950, la etnarquía realizó una rápida maniobra para adelantarse a esta iniciativa y convocó otro plebiscito alternativo que se celebró en todas las iglesias de la isla. AKEL lo secundó. A juzgar por el resultado, estaba claro cuál era el sentimiento popular: el 96 por ciento de los chipriotas griegos —es decir, el 80 por ciento de la población de la isla— votaron a favor de la Enosis.

El gobierno laborista de Londres, como es natural, ignoró esta expresión de la voluntad democrática, y los funcionarios locales despacharon el resultado afirmando que «no significaba nada». Pero, para el pastor que había organizado el referendo, había superado todas las expectativas. Cinco meses después, Michael Mouskos fue elegido líder de la Iglesia, a la edad de treinta y siete años, y se convirtió en el arzobispo Makarios III. Hijo de un cabrero, había abandonado su seminario de Chipre para estudiar en la Universidad de Atenas y estaba cursando estudios de posgrado en Boston cuando fue reclamado por el sínodo de Citia y se puso al mando del eje político de la etnarquía, donde no tardó en demostrar su capacidad retórica y táctica. El referendo había sido la expresión de la voluntad general. Durante los cuatro años siguientes, Makarios se dedicó a organizar esta voluntad. Las asociaciones conservadoras de campesinos, los sindicatos de derechas y las organizaciones juveniles se transformaron en una poderosa base para la lucha nacional, bajo la égida directa de la Iglesia. Las movilizaciones a escala nacional vinieron acompañadas de las presiones en la comunidad internacional. Ante todo se presionó a Atenas para que presentara la cuestión de la autodeterminación de Chipre ante la ONU, pero además —distanciándose de las prácticas tradicionales de la Iglesia— se buscó el apoyo de los países árabes de la región.

Ninguna de estas acciones impresionó a Londres. Para Gran Bretaña, Chipre era un baluarte en el Mediterráneo al que no tenía la más mínima intención de renunciar. De hecho, en 1953, cuando el gobierno consideró que las guarniciones británicas del Canal de Suez no eran lo bastante seguras, trasladó a la isla el Alto Mando en Oriente Medio para poner al día su función estratégica. Un año después, el secretario colonial —del nuevo gobierno del partido conservador— explicó ante la Cámara de los Comunes que los dominios británicos como el de Chipre nunca podrían aspirar a la autodeterminación. Y tampoco al gobierno autónomo, pues Londres se negaba a permitir la creación de una asamblea legislativa en la que cuatro quintas partes de la población a favor de la Enosis tuvieran la mayoría. El punto de vista de Whitehall no había cambiado: nos quedamos con lo nuestro. Si había que justificar públicamente esta actitud, ahí estaba Eden para explicarlo: «Si perdemos Chipre, nos quedamos sin un punto estratégico que nos permite proteger nuestro suministro de petróleo. Sin petróleo, el desempleo y el hambre se incrementarán en Gran Bretaña. Es así de sencillo»[369]. Para justificar la posesión de la isla no era necesario emplear las sofisterías habituales: no era discutible, era una estricta cuestión de force majeure.

Ante la afirmación expresa de un dominio colonial indefinido que ni siquiera se disimulaba con un sistema constitucional, la causa nacional chipriota se vio forzada a tomar las armas. Y solo había una fuente que se prestara a suministrárselas: el continente. En Atenas se había instalado en el poder un gobierno autoritario de derechas, un régimen vengativo entregado a la persecución y a la discriminación, que se mantendría treinta años en el poder. Cuando la Iglesia acudió a Grecia en busca de apoyo, el auxilio que le brindaron solo podía tener una complexión política[370]. Después de cuatro años de infructuosos intentos de convencer a la comunidad internacional para que presionara a Gran Bretaña, a principios de 1954 Makarios se reunió en secreto con un coronel retirado del ejército griego, George Grivas, para planear una campaña de guerrilla destinada a la liberación de la isla.

Incluso para la derecha griega, que no tenía demasiados escrúpulos en la elección de hombres y medios, Grivas era un nervi del ala más extremista de la contrarrevolución. Veterano de la desastrosa ofensiva griega en Anatolia después de la Primera Guerra Mundial, había soportado la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y después, con ayuda de la Wehrmacht saliente, había organizado unos escuadrones de la muerte para combatir a la izquierda antes de que aterrizaran los británicos. Pero aunque llevaba algunas décadas sin pisar la isla, era de origen chipriota y estaba comprometido con el panhelenismo en su versión más radical. Oficiosamente, estaba en contacto con el Estado Mayor griego. El gobierno de Papagos, recién admitido en la OTAN, tuvo la precaución de no distanciarse de él, pero hizo la vista gorda cuando adquirió armas y logística para entrar en Chipre, adonde llegó a finales de 1954.

El 1 de abril de 1955, Grivas accionó los primeros explosivos en la isla. Durante los cuatro años siguientes, su «Organización Nacional de Combatientes Chipriotas» —EOKA— planteó una guerra de guerrillas de una eficacia letal, que Londres no consiguió sofocar. Al final, Grivas había logrado arrinconar a un ejército de 28 000 soldados con un grupo formado por apenas 200: una hazaña que solo fue posible —sus dotes militares eran bastante limitadas— gracias a la amplitud del apoyo que la población le brindó a la causa nacional. Si se analiza comparativamente, en términos estrictamente militares, la del EOKA ha sido, quizá, la más exitosa de todas las campañas de resistencia anticolonial de la posguerra.

Políticamente tuvo un impacto mucho más ambiguo. El virulento anticomunismo de Grivas negó a AKEL la participación en una lucha armada en la que EOKA abatió reiteradamente a los militantes de este partido, a pesar de que los británicos habían ilegalizado esta organización y habían enviado a sus líderes a campos de detención. En la clandestinidad, AKEL quedó desplazado a una posición marginal de la lucha anticolonial, y solo encontró cierto refugio político en la extensión de su apoyo a Makarios, que lo ignoró. La principal fuerza de la izquierda chipriota, que en circunstancias normales habría sido un elemento fundamental del movimiento de liberación nacional, quedó, así, efectivamente excluida. Y no solo estaba en juego el destino inmediato del comunismo chipriota. Con sus organizaciones sindicales, AKEL era la única organización de masas del país arraigada tanto en la comunidad griega como en la turca e integraba a activistas de ambas etnias.

Con la exclusión de esta formación se esfumó cualquier oportunidad de solidaridad intercomunal para combatir al gobierno. Chipre había alumbrado una rebelión contra Gran Bretaña singularmente poderosa, que combinaba la guerra de guerrillas en las montañas con las manifestaciones en las calles. Dirigida por un pistolero y un prelado, esta mezcolanza de clericalismo y militarismo recordaba en cierta medida al nacionalismo irlandés, con la diferencia de que en ese caso el Imperio no había ejercido su control sobre un pueblo asiático, sino europeo. El linaje del helenismo era más antiguo que el del fenianismo, y perseguía un objetivo diferente: la unión, no la segregación. Pero eran épocas distintas y, en esencia, la constelación de fuerzas de Chipre era más moderna. A Makarios, el indiscutible líder político de la lucha por la autodeterminación, le tocó vivir en la época de la Conferencia de Bandung, donde se codeó con personajes como Nehru, U Thant, Ho Chi Minh, más que con De Valera o el Concordato. En el caso de Chipre se invirtieron las relaciones entre los combatientes y los eclesiásticos en Irlanda, y la Iglesia de Makarios fue el factor menos regresivo de la coalición contraria a los ingleses —una diferencia que con el tiempo se ampliaría—. Por su parte, por implacable y eficaz que fuera como organización clandestina, EOKA no podía competir con AKEL en el ámbito público. La existencia de una organización izquierdista de masas imposible de desbancar es otro de los elementos que diferencian a la experiencia chipriota de la irlandesa.

Para meter a la isla en cintura, Londres envió nada más y nada menos que al jefe del Estado Mayor Imperial, el mariscal de campo Sir John Harding. Un mes después de su llegada, le comunicó al gabinete, con una sinceridad descarnada, que si querían acabar con el movimiento de autodeterminación había que «establecer un régimen militar y dirigir el país como un Estado policial con carácter indefinido»[371]. Y cumplió su palabra. Se aplicó el repertorio habitual de la represión. Se prohibieron las manifestaciones, se cerraron los colegios, los sindicatos se declararon ilegales. Los comunistas acabaron en la cárcel y a los sospechosos de pertenecer a EOKA se les ajustició en la horca. El toque de queda, las redadas, las palizas, las ejecuciones eran el telón de fondo sobre el que, un año después, Chipre sirvió de plataforma de despegue de la expedición de Suez. Mientras la resistencia nacional chipriota se encontraba acorralada en sótanos y montañas, las fuerzas aéreas británicas y francesas combatían a otra resistencia, enviando un avión por minuto a Egipto, donde las aeronaves lanzaban bombas y paracaidistas[372]. El fracaso de la reconquista del Canal no ejerció un impacto inmediato en la determinación de Londres de mantener el control sobre Chipre. Pero, con la salida de Eden, las políticas británicas adoptaron una forma más definida.

Desde el principio, el régimen colonial había utilizado a la minoría turca como ligero contrapeso de la mayoría griega, sin concederle ninguna ventaja en particular ni prestarle demasiada atención. Pero cuando las exigencias de Enosis no pudieron ser ignoradas durante más tiempo, Londres fijó su atención en el partido que podía sacarle a esta comunidad. No era muy grande, representaba menos de una quinta parte de la población, pero tampoco era insignificante. Más pobres y menos instruidos que los griegos, eran, además, menos activos. Pero Turquía se encontraba a tan solo 65 kilómetros y, además de ser un país mucho más grande que Grecia, era tan conservador que ni siquiera había una oposición de izquierdas, ni en la cárcel ni en el exilio. Nada más convocarse el referendo de 1950 sobre la Enosis —justo cuando comenzaron los problemas en Chipre—, el embajador británico en Ankara le trasladó al régimen laborista de Londres la siguiente recomendación: «La de Turquía es una carta difícil de jugar, pero muy útil en la situación en la que nos encontramos»[373]. Esa carta se jugaría cada vez con menos escrúpulos o limitaciones, hasta el final.

En un principio, Ankara respondió con lentitud a los requerimientos británicos, que exigían la intervención de Turquía en el futuro de Chipre. «Cuando los británicos se decidieron a dar en la tecla del asunto chipriota ante los turcos, el efecto no fue la reacción instantánea que esperaban: las expresiones “sorprendente indecisión” y “sorprendente ambigüedad” revelaban el desconcierto que se sentía en Londres ante este resultado», señala el más destacado especialista en estos temas, Robert Holland: «Es… de notar que fueron los británicos quienes… tuvieron que armarse de valor e invitar a los turcos a que mostraran un poco de entusiasmo por Chipre, y no a la inversa»[374]. Cuando se consiguió despertar el entusiasmo necesario, no se puede decir que Londres se estremeciera ante las distintas formas que adoptó. Un mes después de la aparición de EOKA en Chipre, Eden ya había levantado acta de que cualquier oferta que se hiciera para apisonar los disturbios locales debía contar con la aprobación previa de Turquía, un país que —según consignaba el Colonial Office— «se merecía una oportunidad para poder demostrar su valía»[375].

Cuando se presentó esta oportunidad, la aprovecharon al máximo. «Algún disturbio aislado en Ankara nos vendría muy bien», había señalado un oficial del Foreign Office[376]. En septiembre de 1955, mientras se debatía en Londres la cuestión chipriota en una conferencia entre las tres potencias, la policía secreta turca puso una bomba en la casa de Salónica donde había nacido Kemal. Ante semejante «provocación griega», un enjambre de turcos salió en masa por las calles de Estambul y saqueó los comercios griegos, quemó las iglesias ortodoxas y atacó a los residentes griegos. Aunque en los círculos oficiales de Londres todo el mundo sabía que este pogromo era obra del gobierno de Menderes, Macmillan —que actuaba como moderador en la conferencia— no lo condenó intencionadamente.

Los sucesos internos contribuyeron a acelerar este proceso externo. Grivas siempre estaba dispuesto a matar comunistas, pero había dado a EOKA instrucciones precisas de no atacar a los turcos, a los que no quería contrariar en modo alguno. Por otra parte, había ordenado perseguir a los griegos que colaboraran con los británicos, sobre todo a los policías. Ante la presión de EOKA, el número de agentes se redujo rápidamente. Para sustituirlos, Harding reclutó a turcos, creó una Reserva Policial Móvil, echó mano para ello del elemento lumpen de la comunidad turca y les dio libertad para recurrir a la violencia cuando la ocasión lo requiriera. Con el tiempo, como señala Holland, la maquinaria de seguridad acabó dependiendo por completo de auxiliares turcos que se dedicaban nada menos que a llevar a cabo importantes redadas militares. El resultado fue la creación de un abismo entre ambas comunidades que nunca antes había existido. Este distanciamiento se amplió más todavía cuando Ankara, entregada ahora por completo al control remoto de la minoría turca de Chipre, respondió a EOKA creando su propia organización armada en la isla, la TNT —que pronto comenzaría a asesinar a izquierdistas de su propio bando—, mientras los británicos hacían la vista gorda.

Después de la experiencia de Suez, Londres comenzó a considerar en secreto la posibilidad de jugar de un modo distinto la carta que había elegido. Se empezó a insinuar de forma indirecta que la mejor solución fuera quizá cierto tipo de partición de Chipre. Menderes, el primer ministro turco, que había recibido la promesa de que su país podría estacionar sus ejércitos en la isla si Gran Bretaña se veía obligada a conceder la autodeterminación a los chipriotas, no quiso dejar pasar esta indirecta. «Ya hemos hecho este tipo de cosas con anterioridad. No es una solución tan mala como parece»[377], le explicó Menderes al secretario colonial, unas palabras que harían temblar a cualquiera que recordara lo que había sucedido en Grecia entre 1922 y 1923. A Harding no le seducía la idea, pues consideraba que era poco limpia, e incluso en el seno del propio Foreign Office cundió el temor de que una decisión de esta índole acabara evocando «el desdichado recuerdo de los Sudetes». Las autoridades estadounidenses tampoco se mostraron entusiasmadas cuando se les dio a entender que el plan era dividir la isla, y en Washington se condenó la idea, pues se consideraba que era una «vivisección forzosa» del territorio. El objetivo de Londres era conservar el control de Chipre dividiendo la isla en dos bajo protectorado británico, pero los americanos temían que esta decisión desatara tal grado de ira en Grecia que el régimen leal que gobernaba el país fuera derrocado y el poder acabara en manos de las fuerzas subversivas que seguían al acecho en el país. En Gran Bretaña, este tipo de problemas no preocupaban tanto. Nuestro hombre en Ankara, que insistía en la necesidad de «cortar el nudo gordiano y alcanzar una decisión en relación con la partición», tenía un peso mayor[378].

Al final, fue Turquía quien tomó las primeras medidas prácticas. En junio de 1958, en una nueva versión de la operación de Salónica, los agentes turcos de los servicios de inteligencia provocaron una explosión en la oficina de información turca de Nicosia. Una vez más, una indignación inventada —en realidad no hubo ninguna víctima mortal— fue la señal para que se desatara la violencia organizada del populacho contra los griegos. Las fuerzas de seguridad se mantuvieron al margen mientras una multitud enfurecida prendía fuego a viviendas y asesinaba a algunos griegos, en el primer choque comunal importante desde que se declarara el Estado de emergencia. El resultado, claramente planeado con antelación, fue la expulsión de los griegos de las áreas turcas de Nicosia y de otras ciudades, y la apropiación de instalaciones municipales para crear en ellas enclaves turcos independientes: una partición parcial, sobre el terreno[379]. Los organizadores podían estar seguros de contar con la complacencia de los británicos. El día antes del alboroto el nuevo gobernador, la promesa laborista Lord Caradon —Harding no intervino en esta ocasión—, había asegurado a los líderes de la comunidad turca que con el nuevo régimen británico gozarían de «un Estado especialmente favorecido y protegido». Pocos meses después, el secretario colonial se refería en público a Chipre como «una isla turca cercana al litoral»[380].

Al ver hacia dónde soplaban los vientos, temiendo que Grecia se diera por vencida ante la presión británica, Makarios —todavía en el exilio— se reunió con el primer ministro Karamanlis en Atenas. Bloquear el plan que los turcos y los ingleses habían ideado para Chipre, explicaba Makarios, era muy sencillo. Bastaba con que Grecia amenazara con abandonar la OTAN si se llevaba a cabo. Karamanlis, cuya raison d’etre durante la Guerra Fría era permanecer en guardia —Z, la película de Costa Gavras, da una idea del tipo de atmósfera que imperaba bajo su régimen— ni siquiera llegó a plantearse tal posibilidad[381]. El helenismo era una idea para consumo público, para mantener callada a la opinión pública a escala nacional: lo que en realidad le preocupaba al régimen era el anticomunismo, y en el momento en que se produjera un conflicto entre ambas ideas, la Enosis sería desechada sin el más mínimo reparo. Era todo lo que Makarios necesitaba oír. Tres días después, sin avisar al régimen griego, que no se esperaba tal reacción, el arzobispo reivindicó en público la independencia de Chipre.

Para los británicos este había sido siempre el peor escenario de todos. A Grivas, un enemigo de extrema derecha, un buen candidato, en el futuro, a dictador de Grecia —al menos eso pensaba Julian Amery—, podían llegar a respetarle. Pero Makarios, el origen de todos sus problemas, era anatema para Londres. Entregarle la isla sería la derrota definitiva. Los americanos, por su parte, todavía preocupados por el posible impacto que una división de Chipre demasiado flagrante podía ejercer sobre la escena política griega, donde los ánimos en relación con esta cuestión estaban muy exaltados, durante un tiempo habían pensado que la independencia era una vía para solucionar un conflicto potencialmente peligroso entre aliados. Pero, en cualquier caso, había que someterla a un control férreo. Cuando la ONU se reunió para analizar el problema de Chipre tres meses después, los Estados Unidos se aseguraron una vez más de que no prosperara la resolución griega que reivindicaba el derecho de autodeterminación de la isla —esta vez, gracias a otra resolución presentada por la dictadura de Irán a petición de los americanos— y propusieron que lo mejor era que los representantes de Turquía y de Grecia se sentaran a conversar para intentar sacar adelante un acuerdo. Al poco tiempo, Karamanlis y Menderes alcanzaron un pacto en un hotel de Zúrich.

II

El resultado era previsible. Turquía no solo era más importante como potencia militar y mantenía una relación más cercana con el propietario colonial de la isla. Lo más importante era que, independientemente de lo que se pudiera decir del Estado turco —y, desde luego, había mucho que decir—, lo cierto es que era una creación del kemalismo totalmente independiente, un movimiento nacionalista que no le debía nada a ninguna potencia extranjera. El Estado griego de la posguerra, por el contrario, había sido en sus inicios un protectorado británico, para convertirse después en una posesión americana, cultural y políticamente incapaz de contrariar la voluntad de sus progenitores. Los chipriotas griegos solían acusar a los políticos de su país de traidores, pero en realidad la debilidad de estos ministros y diplomáticos era estructural: no existía un núcleo interno de autonomía al que pudieran traicionar. Menderes no encontró dificultad alguna para imponer sus términos a un interlocutor que se retiró a su habitación cuando todavía se estaban ultimando los detalles del acuerdo.

Para evitar la Enosis, se concedería a Chipre una independencia neutralizada: una Constitución que contemplaba el estacionamiento de tropas de Ankara y de Atenas dentro del territorio chipriota, un presidente del Tribunal Supremo extranjero, un vicepresidente turco con poder de veto sobre cualquier ley, división entre el electorado griego y el turco en un Parlamento de Representantes y en la administración municipal. El 30 por ciento de los funcionarios del Estado y el 40 por ciento de los miembros de las fuerzas armadas debían ser turcos, y, además, todos los impuestos tenían que ser aprobados tanto por los turcos como por los griegos[382]. Para redondear este paquete, se añadió un anexo secreto en forma de «pacto entre caballeros» —en este punto la presencia de los supervisores norteamericanos que se paseaban por allí se hizo notar—, en virtud del cual la futura República de Chipre se comprometía por anticipado a entrar en la OTAN y a declarar ilegal la formación AKEL. Y por último, pero no por ello menos importante, se firmó un Tratado de Garantías entre Gran Bretaña, Turquía y Grecia, que permitía a cualquiera de estas tres potencias intervenir en la isla si se sospechaba que se había vulnerado el acuerdo —una variante de la enmienda Platt, que autorizaba a los Estados Unidos desde 1901 a intervenir en Cuba cuando quisiera.

Solo quedaba que los ingleses, los propietarios ausentes en Zúrich, pusieran un precio para que se cerrara la transacción de forma satisfactoria. Londres exigía mantener enclaves militares soberanos en Chipre —pequeños «Gibraltares», en palabras de Macmillan—. Sobre el terreno no había tantos eufemismos. «Tenemos que quedarnos todo lo que podamos», escribió el oficial clave en Nicosia[383]. El territorio que conservó Gran Bretaña era cuarenta veces mayor que Gibraltar y en la versión definitiva del Tratado de Garantías, que definía al nuevo Estado, se dedicaban más páginas a las bases británicas en chipre que al conjunto de las demás provisiones, un caso jurídico único.

Al encontrarse con una imposición que, según Karamanlis, no era negociable, Makarios tuvo que ceder, y en 1960 tomó posesión como presidente de la nueva República. A Chipre se le había concedido la independencia, pero, como señala Holland, «en Chipre no se había alcanzado la “libertad” en el sentido en que la mayoría de la gente la entiende; la autodeterminación no se había aplicado, ni siquiera en un sentido parcial»[384]. Lejos de poner fin a las penas de Chipre bajo el régimen colonial, el Tratado garantizaba un mayor sufrimiento futuro. Enseguida se demostró que la Constitución de Zúrich, concebida para atender imperativos diplomáticos en lugar de necesidades prácticas, por no hablar de principios de igualdad, no era viable. La división de administraciones municipales planteaba la candente cuestión de su demarcación, un tema que ni siquiera los británicos se habían atrevido a abordar. Ante el estancamiento del proceso de delimitación de fronteras, los turcos vetaron el presupuesto, lo cual parecía anunciar una parálisis todavía más general. No se logró alcanzar un acuerdo para formar un ejército intercomunal, y las dos partes siguieron desempeñando por separado la tarea del adiestramiento de soldados irregulares.

A finales de 1963 los autores del Tratado habían abandonado la escena. Dos años antes Menderes había sido ajusticiado en la horca, entre otras cosas por instigar el pogromo de 1955. Ese mismo verano Karamanlis cayó, en medio del alboroto generado por el asesinato del diputado de izquierdas Lambrakis a manos de la policía. Makarios, que había aceptado los acuerdos bajo presión y que nunca había considerado que tuvieran carácter permanente, procedió a revisarlos. A finales de noviembre envió una serie de propuestas al vicepresidente turco Kutchuk, destinadas a crear una democracia más convencional en Chipre, con una administración unificada y un gobierno mayoritario. Tres semanas después, en medio de fuertes tensiones, se desató en Nicosia un enfrentamiento entre comunidades. Esta vez no lo había planeado ninguno de los dos bandos, aunque, después de varios incidentes fortuitos iniciales, los griegos causaron más víctimas que los turcos, antes de que se declarara una tregua. Todos los representantes del Estado turco abandonaron sus cargos y los habitantes de esta comunidad se fueron reagrupando en enclaves consolidados, fuertemente defendidos. Las tropas británicas vigilaban la tregua en Nicosia, pero los enfrentamientos se prolongaron hasta febrero, y el equilibrio de agresiones se inclinó del lado griego. En marzo, un ejército de la ONU llegó a la isla para garantizar la seguridad de ambas comunidades ante posibles estallidos de violencia.

Makarios no llegó a escribir sus memorias, y es imposible adivinar, a partir de los documentos que se conservan, qué pensaba en esta o en otras fases posteriores de su carrera. Lo que está claro es que, después de la imposición de Zúrich, se le planteaban dos vías de acción. Podía eludirla y seguir persiguiendo el objetivo por el cual habían luchado la mayoría de sus compatriotas, la unión con Grecia; o podía construir un Estado chipriota genuinamente independiente, que no tuviera obligaciones con las potencias garantes ni quedara paralizado por los impedimentos que le habían legado. Una vez convertido en presidente, Makarios dejó ambas vías abiertas. Chipre no se unió a la OTAN, como estipulaba el pacto entre caballeros, ni declaró ilegal a AKEL —provisiones que se habrían cumplido automáticamente si Chipre se hubiera unido a Grecia, pero que él pudo evitar desde el poder—. Su primer viaje al extranjero como jefe de Estado fue una visita a Nasser en Egipto, y después asistió a la Conferencia de Países No Alineados convocada por Tito y se entrevistó con Nehru en la India. En este papel, su perfil era el de un dirigente del Tercer Mundo, en las antípodas de los ebrios políticos de la Grecia de la Restauración durante la Guerra Fría.

Sin embargo, diseñó un gabinete compuesto por incondicionales de EOK, y dejó bien claro a su electorado —había obtenido una mayoría de dos terceras partes de los votos de la comunidad griega— que Chipre no había renunciado al derecho de autodeterminación, el derecho a unirse con la madre patria, que se le había negado de manera tan flagrante. Puede que la Enosis se hubiera aplazado, pero no se había suspendido. Makarios era un líder carismático de una gran dignidad y sutileza, y a menudo hacía gala de una elocuencia cautivadora. Pero no podía ignorar los sentimientos de los ciudadanos de los que dependía su autoridad, que sabían que habían sido engañados y que no entendían por qué debían renunciar a sus deseos y seguir instrucciones del extranjero. Al revisar la falsa Constitución, la intención de Makarios era acatar la voluntad de sus electores. Pero, al hacerlo, no supo calcular la reacción de los turcos, un error muy frecuente en el seno de la comunidad griega. Perfectamente conscientes de que Gran Bretaña había manipulado los miedos turcos y había solicitado la intervención de Ankara, los griegos eran incapaces de comprender la espinosa realidad de una comunidad que, a pesar de su origen artificial, sentía que tenía derecho a una participación desproporcionada en el gobierno de la isla y vivía en un estado de nervios constante, como si se encontrara amenazada por un asedio inminente.

Para Makarios, lo más prudente habría sido esforzarse al máximo para ganarse a la opinión turca una vez obtenida la independencia, con ayuda de generosas medidas económicas y culturales en favor de esta comunidad[385]. Sin embargo, lo más probable es que estas medidas no hubieran servido de nada. La cruda realidad es que el Tratado de Zúrich había concedido a los turcos una posición mucho más ventajosa en el Estado de la que una minoría de ese tamaño podía reivindicar en circunstancias normales. Por muchos incentivos que les pudiera ofrecer Makarios, cualquier alteración de la Constitución obligaba, prácticamente por definición, a reducir sus privilegios y, mientras la comunidad turca contara con el respaldo de Ankara, no había ninguna posibilidad de que aceptara esos recortes. La tensión generada por estos cambios estaba, en cualquier caso, excesivamente condicionada por otros dos rasgos de la situación de los cuales Makarios era en parte responsable.

Mientras la población griega aspirara al objetivo de la Enosis y el propio Makarios mantuviera su compromiso en mayor o menor medida, los turcos no tendrían demasiados incentivos para considerar la independencia de Chipre como base de una lealtad positiva a un Estado común, no como un mero escudo negativo que les protegiera de algo peor. Por otra parte, la incapacidad de llegar a un acuerdo para crear un reducido ejército chipriota, tal como había previsto técnicamente el Tratado de Zúrich —los turcos insistían en una división étnica, los griegos en que integrara a las dos comunidades—, dejaba a Makarios, como jefe de Estado, a merced de una fuerza militar que no podía controlar. Grivas había regresado a Grecia, obligado por las condiciones del acuerdo de 1960. Pero a EOKA, que había contribuido a la expulsión de los ingleses, no se le había podido negar una posición en el gobierno, y los lugartenientes de Grivas, al mando de algunos ministerios, podían amparar o dirigir a los soldados formados a su imagen y semejanza. El propio Grivas, que lo último que deseaba era crearse nuevos enemigos en la lucha por la independencia, había prohibido atacar a los turcos. Pero como los británicos dependían cada vez más de los auxiliares turcos para continuar con la represión, al estilo de los Black and Tans irlandeses, no había podido evitar que acabaran en la línea de fuego. Después de que se marcharan los ingleses, EOKA no había seguido respetando ese cálculo de moderación. El obstáculo eran ahora los soldados del otro lado, las milicias turcas enviadas desde Ankara. Este material combustible había provocado los enfrentamientos de diciembre de 1963, en los que habían predominado las agresiones griegas. Makarios había sido incapaz de evitarlas y después no había sabido castigarlas.

Aparentemente, la ruptura de los acuerdos de Zúrich habría reforzado la posición de Makarios. Las fuerzas de la ONU habían traído una paz precaria. Cuando Turquía amenazó con invadir Chipre, Johnson acabó con sus esperanzas con una brusca llamada telefónica. El plan americano de una «Enosis doble», que dividiría la isla en porciones que se asignarían a Grecia y a Turquía, no llegó a prosperar[386]. A finales de 1965, la Asamblea General de la ONU pidió formalmente a todos los Estados que «respetaran la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Chipre» —el punto culminante de los esfuerzos de Makarios para afianzar la posición internacional de la República, libre de intromisiones de potencias extranjeras—. Ante el aprieto de tener que votar abiertamente en contra de la resolución, un indicio demasiado descarado de sus intenciones, Gran Bretaña y Estados Unidos dejaron constancia de su disconformidad y se abstuvieron junto a otros muchos de sus clientes. Si se considera su valor nominal —formalmente, la resolución sigue vigente en la actualidad—, fue un triunfo diplomático para Makarios.

Pero no todos los sucesos fueron tan propicios. A principios de 1964, cuando los enfrentamientos étnicos empezaban a amainar, los ingleses sabotearon la reinserción de los refugiados turcos en pueblos mixtos para promover la concentración de la población turca en enclaves fortificados. Tomando el relevo de los británicos, los americanos se dedicaron en lo sucesivo a entrometerse a conciencia en los asuntos de la isla. Ya durante el régimen colonial Estados Unidos había conseguido que Gran Bretaña le cediera una serie de instalaciones para poder vigilar desde allí la región de Oriente Medio —estaciones de seguimiento y otras dependencias por el estilo—, que no se mencionaban en el Tratado de Garantías. A principios de los años sesenta, los laboristas estaban de nuevo al frente del gobierno en Londres, y las bases y puestos de escucha británicos seguían, a efectos prácticos, a disposición de la metrópoli, igual que en la actualidad. El valor estratégico de Chipre, similar al de «un portaaviones imposible de hundir», según una de las primeras expresiones, o al de un U-2 polivalente, se disparó cuando Washington emplazó en Turquía sus misiles Júpiter y Moscú contraatacó trasladando a Cuba sus R-12, y se desató la Crisis de los Misiles.

En este marco, era vital contar con un locum de confianza en Chipre. Durante una visita de Makarios a Washington, Kennedy le explicó que debería formar su propio partido de derechas para frenar el alarmante aumento de popularidad de AKEL, y desistir de mantener unas relaciones innecesariamente corteses con la URSS. El arzobispo declinó cortésmente su invitación, aduciendo que no quería dividir a su rebaño, y se convirtió en un hombre marcado. Políticamente, en realidad, su capacidad de maniobra era muy limitada. En Chipre, necesitaba el respaldo tácito de los comunistas para contrarrestar a los fanáticos panhelenistas; en el exterior, el apoyo diplomático del Bloque Soviético en la ONU para hacer frente a los planes de partición que querían imponer de nuevo los angloamericanos con el consentimiento de Turquía. Johnson había impedido un intento de invasión de Turquía, pero Makarios no se hacía ilusiones de que lo hubiera hecho por compasión hacia Chipre: lo que le preocupaba a Washington era todavía el impacto que una acción de estas características podía ejercer sobre Grecia, pues lo último que quería era que se desencadenara un conflicto entre dos aliados de la OTAN. Por lo que respecta al propio Makarios, para los americanos era poco más que un «Castro con sotana». En un momento dado, el procónsul George Ball, destinado en Chipre para poner en orden la situación, observó: «Lo primero que hay que hacer para que suceda algo en Chipre es acabar con este hijo de puta»[387].

En el verano de 1964, el Departamento de Estado le comunicó a Atenas en términos en modo alguno equívocos que debía ocuparse de Makarios. Por aquel entonces el primer ministro griego era Georgios Papandreu, patriarca de la dinastía que el país sigue padeciendo en la actualidad. En 1944, había lanzado al ejército británico contra sus propios compatriotas. Papandreu estuvo de acuerdo enseguida en que había que poner a Chipre bajo el control de la OTAN para que no se «transformara en una nueva Cuba», y envió a Grivas de vuelta a Chipre con el beneplácito de Washington y de Londres, pues parecía el mejor candidato para sustituir a Makarios[388]. A su llegada, Grivas se hizo cargo de la Guardia Nacional que se había creado en la primavera de ese mismo año, la amplió con efectivos traídos del continente y anunció abiertamente: «Solo hay un ejército en Chipre: el ejército griego»[389]. Relativamente dispuesto a aceptar la doble Enosis, siempre y cuando la porción que se le entregara a Turquía fuera modesta, su objetivo inmediato era crear una fuerza leal a su persona, capaz de dominar la parte más grande de la que tomaría posesión Grecia, con el fin de socavar la autoridad de Makarios.

En abril de 1967, el débil gobierno que había sucedido a Papandreu fue derrocado por una junta militar que instauró en Grecia una dictadura de derechas con todas sus letras. AKEL, anticipando la que se le venía encima, se preparó para pasar a la clandestinidad. Grivas, envalentonado como era de prever, lanzó un ataque total sobre dos pueblos turcos estratégicamente situados. En respuesta, Turquía se movilizó para invadir Chipre, donde un ejército griego de 10 000 soldados ya se encontraba posicionado. Ante la inminencia de una guerra entre dos aliados de la OTAN, los Estados Unidos convencieron a la junta de que lo mejor era dar marcha atrás y acceder a retirar la totalidad de las tropas griegas de la isla. Una vez que se marcharon, y Grivas con ellos, las tensiones entre las dos comunidades se apaciguaron y Makarios se encontró en posición de reafirmar su autoridad. Reelegido presidente por una mayoría aplastante, levantó barricadas alrededor de los enclaves turcos e inició una serie de entrevistas intercomunales con vistas a alcanzar un acuerdo nacional. Se produjo un ligero despegue de la economía.

Con esta nueva situación, la ambigüedad de la identidad política de Makarios —paladín de la unión o símbolo de la independencia— se tuvo que resolver necesariamente. Asociarse con la Grecia de la junta era impensable. De modo que se abandonó tácitamente la Enosis y se reforzaron los vínculos con el Tercer y el Segundo Mundo. Pero la popularidad doméstica y el prestigio exterior no podían contrarrestar la creciente precariedad de su posición. Si hubiera sido posible abjurar de la Enosis una vez finalizado el régimen colonial y proponer una auténtica independencia como objetivo incondicional de ambas comunidades, quizá la opinión pública turca habría cambiado. Pero ahora la animosidad se había endurecido: la comunidad turca vivía atrincherada en enclaves defensivos, bajo un control policial de Ankara más férreo que nunca. Mientras que esta independencia llegaba demasiado tarde para los turcos, para una poderosa minoría de la comunidad griega, que acusaba a Makarios de haber traicionado la Enosis y que contaba ahora con el respaldo incondicional de Atenas, era todavía demasiado pronto. Los coroneles pensaban que Makarios había traicionado al helenismo y que era, además, un señuelo para el comunismo. En Turquía siempre le habían tenido aversión. Con los coroneles en el poder la amenaza más letal era la griega[390].

En marzo de 1970, cuando el helicóptero presidencial despegó de la sede del arzobispado para trasladar a Makarios a un monasterio de las montañas donde estaba previsto que oficiara una misa, fue ametrallado desde la azotea del cercano Gymnasium Panchipriota, la escuela donde había estudiado el arzobispo. La ametralladora acribilló a balazos el helicóptero y, aunque Makarios salió ileso, el fuego alcanzó al piloto, que consiguió aterrizar el aparato milagrosamente sin estrellarse[391]. Al fracaso de este primer atentado contra Makarios le siguió una amplia variedad de operaciones contra él. Un año después, Grivas regresó en secreto a Chipre. Inmediatamente, los tres obispos metropolitanos le pidieron a Makarios que dimitiera. En 1973, el EOKA-B —la nueva organización de Grivas— comenzó a colocar bombas por toda la isla, lanzó ataques contra comisarías de policía y adiestró a francotiradores para que acabaran con Makarios que, en otoño, fue víctima de otro atentado: colocaron una bomba para que estallara a su paso. El helenismo, históricamente incapaz de seguir una trayectoria más natural, empezaba a destruirse a sí mismo.

Esta fue la última campaña de Grivas. En enero de 1974 murió en el lugar donde se ocultaba, y el mando de las acciones contra Makarios pasó directamente a la junta de Atenas, que ahora contaba con un dirigente todavía más violento. El paroxismo no se hizo esperar. A principios de julio Makarios envió una carta pública al presidente nominal de la junta, en la que enumeraba detalladamente todas las conjuras que se habían organizado en su contra. En esta misiva acusaba al régimen de Atenas de fomentar la guerra civil en Chipre y exigía la retirada de los oficiales griegos de la Guardia Nacional, pues representaban una amenaza para el gobierno electo. Dos semanas después, tanques de la Guardia Nacional atacaron el palacio presidencial, donde —la escena no podía ilustrar mejor el abismo que existía entre las fuerzas en contienda— Makarios daba la bienvenida a unos escolares griegos que acababan de llegar de El Cairo. El bombardeo comenzó mientras una niña recitaba un discurso en su honor. Los guardias reprimieron el ataque el tiempo suficiente para que Makarios escapara por un barranco situado detrás del edificio, antes de que este se incendiara. Después consiguió llegar hasta un contingente de la ONU en Pafos y desde allí fue trasladado en avión a la base británica de Acrotiri y posteriormente abandonó el país, rumbo a Malta.

La resistencia al golpe fue aplastada en unos pocos días. El ataque estaba controlado hasta tal punto desde Atenas que la junta ni siquiera contaba con un colaborador local que lo liderara. Después de buscar candidatos en vano, recurrieron a Nikos Sampson, un arrogante pistolero de EOKA-B con una reputación de hombre temerario y brutal que se remontaba al periodo colonial. Organizado precipitadamente, el régimen de Sampson se concentró en acorralar a los izquierdistas y a los griegos leales a Makarios, y dejó tranquilos a los turcos, que tenían motivos de sobra para temerle. Pero era indudable que este golpe de Estado había abierto una brecha en el Tratado de Garantías, y en tan solo cuarenta y ocho horas el primer ministro turco Ecevit estaba en la puerta de Downing Street, escoltado por ministros y generales, para exigir a Gran Bretaña que se uniera a Turquía para tomar medidas inmediatas y solucionar el problema.

En la reunión posterior se decidió el destino de la isla. Fue una conversación entre socialdemócratas, Wilson, Callaghan y Ecevit, compañeros de la Internacional Socialista. Aunque Gran Bretaña no solo contaba con un núcleo de tropas bien equipadas, sino también con una poderosa fuerza aérea en la isla —cazabombarderos capaces de hacer añicos ejércitos mucho más poderosos que el de Sampson y sus guardaespaldas—, Wilson y Callaghan se negaron a mover un dedo. Al día siguiente, Turquía preparó un desembarco naval. Gran Bretaña podría haber echado a Sampson sin dificultad, con ayuda o en solitario, pues contaba con buques de guerra en la costa. Tampoco le habría costado impedir una invasión turca unilateral. Pero, una vez más, Londres no hizo nada.

III

El resultado fue la catástrofe que ha determinado a Chipre hasta el día de hoy. Apoyándose en el dominio absoluto del espacio aéreo, el ejército turco estableció una cabeza de puente en Kyrenia y lanzó paracaidistas tierra adentro. Al cabo de tres días, la junta había caído en Grecia y Sampson renunció a su cargo. Pasadas unas semanas de tregua, durante las cuales Turquía dejó claro que no tenía ningún interés en respetar el Tratado cuya violación había justificado técnicamente la invasión, sino que su intención era realizar de inmediato una partición de la isla, los generales turcos lanzaron una guerra relámpago total —con tanques, reactores, artillería y buques de guerra— contra el recién restituido gobierno legítimo de Chipre. En menos de setenta y dos horas, Turquía se había apoderado de dos quintas partes de la isla, incluida la región más fértil, estableciendo una «Línea Atila» que iba desde la bahía de Morfou hasta Famagusta. La ocupación vino acompañada de una campaña de limpieza étnica. Unos 180 000 chipriotas —una tercera parte de la comunidad griega— fueron obligados a abandonar sus hogares y a cruzar la Línea en dirección sur. Unos 4000 perdieron la vida, otros 12 000 resultaron heridos: el equivalente a más de 300 000 muertos y un millón de heridos en Gran Bretaña. En proporción, un número equivalente de chipriotas turcos perdió la vida debido a las represalias. A su debido tiempo, unos 50 000 recorrieron el mismo camino en dirección opuesta, en parte por miedo, pero sobre todo por las presiones del régimen turco instalado en el norte, que necesitaba un refuerzo demográfico y quería la separación completa de las dos comunidades. Nicosia se convirtió en un Berlín del Mediterráneo, dividido por alambradas y barricadas mientras duró la guerra.

La brutalidad del ataque turco sobre Chipre no sorprendió a nadie. Ankara ya había expresado sus intenciones con anterioridad. La responsabilidad política del desastre se debe atribuir a los que, pudiendo evitarlo, lo consintieron o incluso lo alentaron. Se suele considerar que el principal culpable fue Estados Unidos. En el verano de 1974 Nixon estaba tan paralizado por el Waterwate —abandonó la presidencia entre el primer ataque turco y el segundo— que Kissinger tenía que dirigir en solitario la política americana. Desde entonces, han corrido ríos de tinta sobre este episodio. Se ha especulado con la posibilidad de que la CIA estuviera detrás del golpe de Estado de Nicosia, y también se ha llegado a afirmar que el Departamento de Estado norteamericano sabía de antemano que iba a tener lugar. Lo que sí se sabe es lo que pensaba Kissinger de Makarios, un dirigente que había realizado una visita demasiado prolongada a Moscú en 1971, que había comprado armas a Checoslovaquia para combatir a EOKA-B y que gobernaba uno de los cuatro países no comunistas que habían hecho negocios con Vietnam del Norte. Kissinger quería librarse de él y, cuando Sampson se alzó con el poder en Nicosia, se las arregló para que el Consejo de Seguridad no condenara el golpe de Estado. Después de que Ankara diera el ultimátum a Londres, se confabuló con los turcos para que invadieran Chipre, y coordinó el avance en estrecha colaboración con el gobierno turco.

Pero aunque el papel que desempeñó Estados Unidos en el desmembramiento de Chipre está bien claro, el principal responsable de este acontecimiento fue Gran Bretaña. Wilson y Callaghan, como tantas otras veces, intentarían después echarle la culpa a Kissinger, aduciendo que el Reino Unido no podía hacer nada sin la ayuda de EEUU. Arrastrarse ante el gobierno de Washington ha sido siempre un reflejo instintivo del laborismo —con Heath todavía como primer ministro, esa excusa habría sido poco probable—. La realidad es que Gran Bretaña disponía de los medios para detener el ataque turco sobre Chipre y que tenía la obligación de hacerlo. En primer lugar, había alimentado la hostilidad que los turcos sentían por la mayoría griega, y después había impuesto el Tratado de Garantías a la isla, privándola de una independencia auténtica en beneficio propio: para poder conservar extensos enclaves militares a disposición de su soberanía. Después, cuando se le pidió que acatara el Tratado, se cruzó de brazos y dio vía libre al Atila moderno, aduciendo que Gran Bretaña —una potencia nuclear— no estaba capacitada para hacer otra cosa.

Dos años después, un Comité de Investigación de la Cámara de los Comunes pronunció el siguiente dictamen: «Gran Bretaña tenía el derecho legal de intervenir, la obligación moral de intervenir y la capacidad militar para intervenir. No lo hizo por una serie de razones que el gobierno se niega a explicar»[392]. Incluso los que critican esta negativa han culpado desde entonces a los americanos. En un sentido inmediato y subjetivo, las pistas conducen directamente a EEUU. Recordando esta época, Callaghan declararía, por ejemplo, que Kissinger tenía «un encanto y una simpatía a los que yo era incapaz de resistirme»[393]. Pero existen otros elementos de continuidad más objetivos y perdurables, que poseen una mayor relevancia. El laborismo, responsable los primeros desastres de Chipre al negarse a la descolonización en 1945, terminó la faena dejando la isla a merced de la masacre. En 1915, Londres se encontraba en condiciones de entregar Chipre a los griegos a cambio de que estos se aliaran con ellos para participar juntos en la guerra. De haberlo hecho, se habría evitado todo el sufrimiento posterior. Basta con comparar el destino de Chipre con el de Rodas, una isla todavía más cercana a Turquía y con una minoría turca equivalente, que en 1945 fue recuperada pacíficamente por Grecia porque no era una colonia británica, sino italiana. En la historia moderna del Imperio, la peculiar malignidad de la actuación británica en relación con Chipre ocupa un lugar destacado.

Por lo que respecta a Grecia, la actuación de sus gobernantes, desde la reunión del hotel de Zúrich a los escombros de Nicosia, fue imperdonable. Y no varió con la desaparición de la junta. Los generales que acabaron con el gobierno de la junta recurrieron, como era de prever, a Karamanlis para que restaurara el orden anterior, al que todos ellos le tenían tanto apego. Cuando recuperó el poder, lo primero que hizo Karamanlis fue dejar a Chipre de nuevo en la estacada, al negarse a prestarle ayuda para defenderse de la guerra relámpago turca. Como en 1959, en 1974 habría bastado con que los griegos amenazaran con cerrar las bases americanas y con salirse de la OTAN si EEUU no llamaba por teléfono a Ankara, como ya había hecho Johnson en otra ocasión, con resultados inmediatos. Como es natural, Karamanlis no hizo nada parecido. Y, en los ochenta, su sucesor, el segundo Papandreu, no tuvo una actuación mucho mejor, si acaso resultó ser más fanfarrón.

Después de Sampson, la tarea de gobernar al remanente de griegos que quedaba en Chipre recayó sobre Glafkos Clerides, presidente del Parlamento y segundo de Makarios en la línea sucesoria. Clerides, un político de derechas, intentó concentrar el poder en su propia persona y avanzó en la dirección que deseaban Kissinger y Karamanlis —utilizó todo tipo de estratagemas para mantener a Makarios alejado de Chipre y abandonó el principio de una república unitaria para intentar llegar a un acuerdo con su despiadado homólogo turco, Rauf Denktash, basado en la federación geográfica—. Pero los esfuerzos de Washington y Atenas por apoyarle no lograron contener la apasionada lealtad que los chipriotas griegos le profesaban a Makarios, que regresó a finales de año con un impresionante recibimiento popular. Cuando se celebraron las elecciones, Clerides —su partido había integrado en sus filas a las figuras más retrógradas de EOKA-B— fue aplastado por una alianza de izquierdistas y partidarios de Makarios.

Pero aunque el poder de Makarios era más sólido que nunca, su capacidad de maniobra era muy limitada. Cansado y desanimado, ante las implacables presiones exteriores, en 1977 aceptó la idea de una república federal bicomunal —con un gobierno central fuerte que gozara del consentimiento de la mayoría—, con la esperanza de que la administración Carter convenciera a Turquía de la necesidad de ceder parte de los territorios que había conquistado. A los pocos meses, Makarios falleció. Carter, lejos de intentar extraer concesiones a los turcos, se esforzó al máximo por levantar el embargo de armamento que el congreso había impuesto a Turquía, ignorando la ira de la opinión pública —en Gran Bretaña no sucedió nada parecido— ante la invasión de Chipre. Orgulloso de su triunfo, Carter afirmaría después que este había sido uno de los mayores logros en política exterior de una presidencia consagrada a la defensa de los derechos humanos.

IV

Así estaban las cosas cuando murió el único líder europeo que había asistido a la Conferencia de Bandung, el último y anómalo superviviente de la era de Sukarno y Zhou Enlai. Treinta años después, ¿qué ha cambiado? Chipre sigue dividido en dos partes, seccionado por la Línea Atila. En ese aspecto, todo sigue igual. En otros, muchos cambios han tenido lugar. En el territorio que les asignaron —el 58 por ciento de la isla—, los chipriotas griegos han levantado, con el valor y la energía característicos de los que sobreviven a las catástrofes, una economía próspera y avanzada. Esta sociedad, todavía en los años sesenta mayoritariamente campesina, ha sufrido una gran transformación. Los servicios modernos representan más del 70 por ciento del PIB, una proporción mucho más elevada que la de cualquier otro país europeo. La renta per cápita de este Chipre —la república reconocida oficialmente por la ONU gracias a los esfuerzos de Makarios— es similar a la de Grecia y se sitúa muy por encima de la de Portugal, aunque no se beneficie de las limosnas de la UE. La tasa de desempleo de larga duración es la más baja de toda Europa, con excepción de la de Suecia. La enseñanza superior está más extendida que en Alemania, y la corrupción es menor que la de España o la de Italia. La afiliación sindical de los trabajadores supera a la de Finlandia o Dinamarca y las desigualdades son menores que en Irlanda[394]. Existe alternancia en el gobierno, los partidos están bien representados y las elecciones se desarrollan con normalidad. Según los criterios de prosperidad, igualdad y democracia de la OCDE, el desarrollo de esta república ha sido un éxito rotundo.

El otro 37 por ciento de la isla sigue ocupado por el ejército turco[395]. En este territorio Ankara fundó en 1983 la República de Chipre del Norte: en apariencia, un Estado independiente; en la práctica, una ramificación del continente. Los partidos y los políticos locales compiten por la presidencia, y sus intereses e identidades no siempre coinciden con los que puedan predominar en Turquía en ese momento. Pero esta autonomía se encuentra seriamente limitada, pues el Estado local, que suministra la mayoría del empleo, depende totalmente de los subsidios procedentes de Ankara para cubrir costes, y la policía está controlada directamente por el ejército turco. El desarrollo se ha apoyado en gran medida en la construcción, en el suministro de títulos baratos por parte de las universidades no oficiales y en el turismo, que se alimenta fundamentalmente de clientes del continente. El salario medio es menos de la mitad que el de los griegos del otro lado de la isla. La pobreza y el crimen se encuentran todavía muy extendidos.

No todos estos problemas son autóctonos. Al disponer de las dos quintas partes del territorio de la isla, habitado —después de la invasión y la reagrupación— por menos de una quinta parte de la población, Turquía contaba con una enorme reserva de casas y granjas desocupadas tras expulsar a sus antiguos dueños. Para habitarlas, enviaron a colonos procedentes del continente. En la actualidad se discute qué proporción de la población actual representan estos colonos. Es difícil de calcular, en parte porque después llegaron numerosos trabajadores, muchos de ellos temporales, y estudiantes procedentes del continente. Según las cifras oficiales turcas, los colonos representan entre el 25 y el 30 por ciento de un total de 260 000 habitantes; los griegos calculan que la proporción —en 1974 la población turca no superaba los 120 000 habitantes— supera el 50 por ciento, teniendo en cuenta que además se ha producido un movimiento de emigración considerable. Solo el examen exhaustivo de los certificados de nacimiento puede resolver este enigma. Lo que está fuera de toda duda es que el ejército turco cuenta con 35 000 efectivos en la zona desde que Chipre fuera ocupado en 1974, una proporción de soldados mucho más elevada, en relación con el territorio, que la que Israel ha desplegado nunca para defender a sus colonos en Cisjordania.

Aunque la división militar de la isla no ha variado a lo largo de treinta años, el marco diplomático sí ha sufrido transformaciones. En 1990, Chipre presentó su candidatura para ingresar en la Comunidad Europea. Aunque su candidatura fue aceptada en principio tres años después, en la práctica no se tomó ninguna medida al respecto. En Bruselas, el interés primordial era la ampliación hacia la Europa del Este, y todas las energías se centraron en el cumplimiento de este objetivo. Chipre era en el mejor de los casos una distracción, y en el peor una carga fastidiosa. Turquía, que había solicitado la integración en 1987, y cuya petición estaba en suspenso, montaría en cólera, con toda seguridad, si Chipre se incorporaba antes a la UE. Para el Consejo y para la Comisión, Chipre no era el candidato más deseado. Las buenas relaciones con Ankara eran mucho más importantes.

Así se quedaron las cosas hasta que Grecia se decidió por fin a dejar de perjudicar a sus compatriotas y, a finales de 1994, bloqueó la unión aduanera que Bruselas le ofreció a Turquía para mantenerla contenta mientras su incorporación a la UE seguía en suspenso. El segundo Papandreu ocupaba de nuevo simbólicamente la presidencia, pero su situación personal y política era muy precaria. En el brevísimo intervalo de tiempo que transcurrió entre su fallecimiento y el monótono salto atrás al sistema de gobierno dinástico en Atenas —donde en la actualidad los descendientes de ambas familias gobernantes alternan de nuevo y rivalizan en conformismo— dio tiempo a que Grecia realizara un momentáneo ejercicio de independencia en los concilios europeos. El ministro de Exteriores del momento, Theodoros Pangalos, muy odiado en Bruselas por su negativa a someterse servilmente, dejó claro que Grecia no levantaría el veto hasta que se fijara una fecha para el comienzo de las negociaciones para la admisión de Chipre. En marzo de 1995, la reticente Francia, que presidía la cumbre europea en Cannes, negoció el acuerdo necesario: se aseguró a Chipre que el proceso de acceso comenzaría en 1998 y se le concedió a Turquía la unión de aduanas[396].

En medio de la fanfarria de la ampliación hacia la Europa del Este, estos acontecimientos pasaron desapercibidos. Pero su inconveniencia potencial no pasó inadvertida en una capital europea. En cuanto el embajador británico ante las Naciones Unidas dejó su cargo a finales de año, el Foreign Office le pidió que se convirtiera en representante especial del Reino Unido en Chipre. Sir David —hoy Lord— Hannay, que había comenzado su carrera en Irán y Afganistán, era el diplomático británico más destacado, con treinta años de experiencia en asuntos relacionados con la UE a sus espaldas. Jeremy Greenstock, que pronto se haría famoso por los servicios prestados a Blair como embajador ante la ONU y representante especial en Irak, fue quien requirió sus servicios. Este nombramiento dejaba clara la importancia de su misión. «La ampliación de la Unión Europea», escribe Hannay en sus memorias (Cyprus: The Search for a Solution, donde explica cuáles fueron las instrucciones que recibió), «era un objetivo muy importante para la política exterior británica y no debía ser retrasado o perjudicado en modo alguno por los sucesos de Chipre», sobre todo en la medida en que Gran Bretaña era «el país europeo más partidario de las aspiraciones europeas de Turquía»[397].

Todavía más partidario era Estados Unidos. Desde principios de la década de los noventa la UE había estado mirando de reojo a Washington, que había dejado claro que, una vez que la incorporación de la Europa del Este fuera cosa segura, la prioridad estratégica era Turquía. Cuando la fecha tope para la incorporación de Chipre estaba a la vuelta de la esquina, la administración Clinton entró en acción y comenzó a presionar a los gobiernos europeos para que admitieran a Turquía en la Unión, de un modo que a Hannay le pareció «demasiado agresivo». Modales aparte, Gran Bretaña y Estados Unidos estaban completamente de acuerdo en que Chipre no podía entrar en la UE si no se llegaba antes a un acuerdo en relación con la isla que agradara a Turquía, para prevenir cualquier complicación en relación con la propia candidatura de Ankara. La solución más simple habría sido retrasar la incorporación de Chipre hasta que Turquía hubiera recibido una satisfacción, pero esta opción quedó descartada cuando Grecia amenazó con vetar la ampliación hacia el este en general si no se admitía a Chipre. Solo quedaba una vía de actuación abierta: arreglar la situación de Chipre. En el verano de 1999, el Reino Unido y Estados Unidos alcanzaron una resolución a través del G-8 que ignoraba sin rodeos al gobierno legítimo de la República de Chipre, y hacía un llamamiento a la ONU para que supervisara el diálogo entre los griegos y los turcos de la isla con vistas a un acuerdo.

Esta resolución fue aprobada maquinalmente por el Consejo de Seguridad, que nombró oficialmente a Kofi Annan supervisor del proceso. Como es natural, Annan, que le debía su puesto a Washington, era, según Hannay, «consciente de la necesidad de que la ONU cooperara de la manera más estrecha posible con EEUU y el Reino Unido en las negociaciones posteriores»[398]. En la práctica, por supuesto, esto significaba que Annan desempeñaría su papel habitual de marioneta de los ventrílocuos angloamericanos. Recordando este episodio, Hannay ni siquiera se molesta en explicar qué derecho se habían abrogado los ingleses y los americanos para adoptar la posición de árbitros del destino de Chipre; caía por su propio peso. Se eligió a un representante especial de la ONU, encarnado en la figura de un gris funcionario peruano, para dirigir la operación, pero en realidad fueron Hannay y Tom Weston, coordinador especial del Departamento de Estado para Chipre, los que llevaban la voz cantante. El trío colaboró de manera tan estrecha que Hannay se jactaba de que sus posiciones eran tan cercanas que no cabía entre ellas ni un papel de fumar. Al mando estaba, como es natural, el propio Hannay, el más veterano, experto y seguro de sí mismo de los tres. Los sucesivos «Planes Annan» para Chipre, que se materializaron durante los cuatro años siguientes, fueron en esencia obra de Hannay. Un oscuro amanuense sacado de los rincones más remotos de la diplomacia suiza, Didier Pfirter, se encargó de pulir los detalles.

El primer plan vio la luz puntualmente pocos días antes de que se celebrara la cumbre de la UE en Copenhague en diciembre de 2002, en la que estaba previsto estudiar el resultado de las negociaciones con Chipre. Se mantuvo la vana ficción del secretario general, pero la verdad es que se podía haber quedado en Nueva York tranquilamente —después de que Annan «explicara cuál era el objetivo que había que alcanzar prácticamente en los mismos términos que había utilizado yo en la entrevista que le había concedido a la CNN turca»[399]—, pues el auténtico autor del plan se encontraba allí mismo, en consulta con Blair, en la capital danesa, donde se habían reunido los distintos jefes de Estado. La campaña angloamericana a favor de la incorporación de Turquía a la UE había adquirido un carácter más urgente con la victoria de AKP en las elecciones de noviembre, el primer gobierno con el que Washington y Londres se sentían cómodos por primera vez desde hacía tiempo. Los líderes de este gobierno, Tayyip Erdoğan y Abdullah Gül, se desplazaron hasta Copenhague para presionar a favor de su candidatura. El plan de la ONU —«Annan I»— fue modificado en el último minuto para que les resultara plenamente satisfactorio, y se le presentó al presidente de Chipre, Clerides, con el nombre de «Annan II». Era vital, a juicio de sus artífices, que tanto los chipriotas griegos como los turcos dieran su consentimiento al plan antes de que el Consejo tomara una decisión en relación con la incorporación de Chipre a la UE. Clerides dio a entender, sin pensárselo demasiado, que estaba dispuesto a firmar. Pero, para consternación de Hannay, Denktash —que controlaba a la delegación turco-chipriota a distancia— dijo que no quería saber nada de ese plan. En medio del caos posterior, los líderes de la UE tuvieron que sacarle el mejor partido a lo que tenían. Chipre ingresaría oficialmente en la Unión en la primavera de 2004, y a Turquía se le prometió que las negociaciones en relación con su candidatura comenzarían en el invierno de 2004, a condición de que respetara las normas de la UE en relación con los derechos humanos.

Los dirigentes del AKP proclamaron que este compromiso era un acontecimiento histórico para Turquía, y en parte tenían razón. El éxito en la obtención de una fecha para el comienzo de las negociaciones previas al acceso, gracias, en buena medida, a las fuertes presiones de la administración Bush, fortaleció la posición interior del gobierno. Pero eran nuevos en el poder, y al no saber meter en cintura a Denktash a tiempo, habían dejado escapar la oportunidad de firmar un acuerdo muy conveniente antes de que Chipre se incorporara a la UE. Y lo peor de todo era que, una vez que Chipre ingresara en la Unión, tendría derecho a vetar la entrada de Turquía.

Con todo, lo cierto era que el gobierno turco había acudido a Copenhague para solicitar, una vez más, que se aceptara una candidatura rechazada durante mucho tiempo. Dejando de lado la experiencia política, lo cierto es que la posición de Erdoğan era bastante precaria. Llegados a este punto, lo más oportuno es preguntarse por qué las potencias europeas, que habían decidido solidarizarse con la causa americana a favor de la incorporación de Turquía, permitieron una inversión tan arriesgada del calendario y admitieron primero la candidatura de Chipre —y, por tanto, dieron luz verde a su incorporación antes de que se alcanzara el acuerdo que se suponía que era una condición previa—. La respuesta es que los líderes de la UE pensaron, con razón, que como el gobierno turco había presentado su propia candidatura, no le resultaría difícil convencer a los chipriotas turcos de que acataran su decisión. Una vez conseguido ese objetivo, suponían que se podría contar con la conformidad de los griegos, que ya habían manifestado su consentimiento en Copenhague. Todavía quedaban quince meses para que Chipre se integrara en la Unión, tiempo suficiente para amarrar el acuerdo que en esa ocasión habían dejado escapar.

Sin embargo, en estas previsiones se daba por supuesto que el interlocutor griego sería el mismo. La clase dirigente occidental se había acostumbrado a la presencia de Clerides, que llevaba diez años ocupando la presidencia de Chipre, un elemento fijo de la derecha que no tenía intención alguna de contravenir las aspiraciones geopolíticas de la Alianza Atlántica. Desgraciadamente, dos meses después de su elegante actuación en Copenhague se celebraron elecciones en Chipre. En febrero de 2003, cuando Clerides se presentó para renovar la presidencia a sus ochenta y tres años, fue derrotado por Tassos Papadopoulos, el ministro más joven de Makarios durante la independencia y su colega más cercano en los últimos años del arzobispo. Papadopoulos contaba con el apoyo de AKEL y de la izquierda chipriota. No parecía un presidente tan flexible como Clerides.

Sin inmutarse, Hannay y sus colaboradores siguieron con su plan. Después de reunirse con Annan, Weston y De Soto en Nueva York, un encuentro en el que «como era de esperar, dado que todos nosotros habíamos trabajado codo con codo durante tres años, estábamos totalmente de acuerdo en relación con nuestro análisis de la situación y con las recetas que había que seguir»[400], el propio Annan en persona fue enviado a Nicosia con una tercera versión del Plan que debía ser sometida a referendo en las dos partes de la isla. Además, Annan emplazó a Papadopoulos y a Denktash a que se reunieran una semana después en La Haya. Pero ahora estaban en marzo de 2003. El gobierno de AKP no solo se encontraba inmerso en una discusión relacionada con la inminente Guerra de Irak —el 1 de marzo el Parlamento turco había desafiado a Erdoğan y a Gül al rechazar las peticiones de EEUU, que quería que sus tropas iniciaran la invasión de Irak desde Turquía—, sino que además Erdoğan, que hasta entonces no había podido convertirse en diputado por motivos técnicos, estaba a punto de ser admitido en el Parlamento y de tomar posesión del cargo de primer ministro. Entretenido en estas distracciones, el gobierno de Ankara fue incapaz, por segunda vez, de controlar a Denktash, que bloqueó el plan una vez más. Decepcionado, Hannay se llevó las manos a la cabeza y abandonó. La ONU cerró su delegación en Chipre.

Pero una vez que el régimen de AKP consolidó su dominio en Ankara y llegó a un entendimiento con el ejército —en octubre consiguió que los militares turcos aprobaran un plan de colaboración con EEUU en la ocupación de Irak—, se encontraba en condiciones de imponer su voluntad en el norte de Chipre, donde en cualquier caso el gobierno autocrático de Denktash se había ganado muchas enemistades. Las expresiones de malestar del gobierno de Ankara bastaron para que las elecciones se decidieran en su contra en diciembre de 2003, y el principal partido de la oposición se hizo con el poder. La incorporación de Turquía a la UE era ahora la prioridad fundamental de AKP y, después de poner en orden la situación en Chipre, no perdieron un minuto. En enero, el gobierno consiguió alcanzar un acuerdo en relación con Chipre con los militares turcos del Consejo de Seguridad Nacional. Al día siguiente Erdoğan viajó a Davos para informar a Annan y después voló a Washington para reunirse con Bush. El efecto de esta conversación fue inmediato. Annan fue llamado a la Casa Blanca y, veinticuatro horas después, se había preparado una invitación para que los representantes de los dos sectores de Chipre y los de las Potencias Garantes se reunieran con él para iniciar unas conversaciones en Nueva York.

Allí, Erdoğan explicó que para evitar los problemas anteriores, si una vez más no se lograba llegar a un acuerdo, habría que someter el plan de la ONU directamente a los votantes de cada comunidad, sin contar con la opinión de las autoridades de ambos sectores. Esta vez, el borrador del secretario general había sido redactado en América, y los diplomáticos estadounidenses presionaron todo lo que pudieron a Papadopoulos y a Denktash para obligarles a aceptar la posibilidad de esa imposición. Un mes después, las conversaciones entraron en su fase final en otro hotel suizo, Bürgestock, en Entrelagos, donde la delegación griega estuvo al mando del joven Karamanlis —sobrino del político que había negociado en Zúrich—, el cual acababa de ser investido primer ministro en Atenas. La cuarta versión del plan de la ONU fue corregida para adaptarse a las exigencias turcas, y una última versión no negociable —«Annan V»— se anunció el último día de marzo. Un exultante Erdoğan le explicó a su pueblo que aquella era la mayor victoria de la diplomacia turca desde el Tratado de Lausana de 1923, que había sellado el triunfo militar de Kemal sobre Grecia.

Quedaba poco tiempo. Faltaba solo un mes para que llegara el fatídico día en que Chipre se convertiría en miembro de la UE. El referendo obtenido a la fuerza en Nueva York fue convocado para el 24 de abril, una semana antes. Se prepararon apresuradamente copias del plan Annan V —un mamotreto de más de 9000 páginas—, y se le dieron los últimos retoques cuarenta y ocho horas antes de la votación. El voto favorable de los chipriotas turcos se daba por sentado: no iban a rechazar un segundo Tratado de Lausana. Pero el 7 de abril, en un lúgubre discurso televisivo, Papadopoulos recomendó a los chipriotas griegos que votaran en contra del plan[401]. Dado que el partido de Clerides se había declarado a favor, parecía que los que se oponían eran los dirigentes de AKEL. Washington, Londres y Bruselas unieron sus fuerzas para presionar al partido y al electorado griego para que aceptara el plan. Desde el Departamento de Estado, el propio Powell telefoneó al líder de AKEL, Dimitris Christofias, para afianzar una respuesta favorable. En Nueva York, dos días antes de que se celebrara el referendo, EEUU y el Reino Unido propusieron una resolución ante el Consejo de Seguridad que respaldaba el Plan, para que los votantes tuvieran claro que no debían jugar con la voluntad de la comunidad internacional. Para asombro de muchos (o indignación, pues a Hannay le pareció escandaloso), Rusia utilizó su derecho de veto por primera vez desde el fin de la Guerra Fría. Veinticuatro horas después, AKEL se declaró contrario al Plan. Cuando se procedió al recuento de votos, el resultado hablaba por sí solo: el 65 por ciento de los chipriotas turcos votaron a favor y el 73 por ciento de los griegos lo rechazaron. ¿Qué politólogo podía dudar de a quién favorecía el Plan, aunque no lo conociera en detalle?

V

Hannay tenía razón cuando observaba —quién mejor que él para hacerlo— que, a pesar del laberinto de modificaciones técnicas de las cinco versiones sucesivas, en esencia el Plan «Annan» seguía siendo el mismo. Contenía tres elementos fundamentales. En primer lugar, el Plan establecía el tipo de Estado que se crearía en caso de que se aprobara. La República de Chipre, que contaba con el reconocimiento internacional desde hacía cuarenta años —un reconocimiento reiterado por la propia ONU—, sería abolida, y con ella desaparecería su bandera, su himno y su nombre. En su lugar se crearía una entidad totalmente nueva, con un nombre distinto, formada por dos estados constituyentes, uno griego y otro turco, ambos investidos de todos los poderes dentro de los límites de su territorio, salvo aquellos de índole federal, sobre todo los relacionados con los asuntos exteriores y la economía común. El Senado quedaría dividido al 50 por ciento entre griegos y turcos, y se elegiría un Parlamento de los Diputados mediante un sistema proporcional en virtud del cual los turcos tenían garantizado el 25 por ciento de los escaños. No habría presidente, pero sí un consejo ejecutivo integrado por cuatro representantes griegos y dos turcos, elegidos por una «mayoría especial»: dos quintas partes de cada mitad del Senado debían aprobar la lista. En caso de llegar a un punto muerto, un Tribunal Supremo compuesto por tres griegos, tres turcos y tres extranjeros asumiría la función ejecutiva y la legislativa. El Banco Central también tendría igual número de gobernadores griegos y turcos, y se reservaría un voto de calidad para un representante extranjero.

El segundo punto del Plan abordaba las cuestiones territoriales, de propiedad y de residencia. El Estado griego ocuparía el 70 por ciento de la superficie terrestre de Chipre, y el turco solo el 30 por ciento; los griegos se quedarían con un poco menos del 50 por ciento del litoral, y los turcos con un poco más. La restitución de las propiedades arrebatadas quedaría limitada a un máximo de una tercera parte del territorio o de su valor, el que fuera menor, y el resto se indemnizaría con bonos a largo plazo emitidos por el gobierno federal, a costa del contribuyente, sin derecho de devolución. Solo un número limitado —menos de una quinta parte de la población de cada zona— de los que habían sido expulsados de sus hogares podrían recuperar su residencia en el transcurso de un periodo de unos veinte años, y algo menos de 100 000 colonos e inmigrantes turcos se convertirían en residentes permanentes y ciudadanos en el norte.

En tercer lugar, el plan contemplaba un modelo militar y de derecho internacional. El Tratado de Garantías, que concedía a tres potencias europeas el derecho a intervenir en Chipre, seguiría en vigor —«sin alteraciones y con carácter indefinido», como constata Hannay, satisfecho— después de la abolición del Estado que se suponía que debía garantizar. El nuevo Estado no contaría con fuerzas armadas, pero Turquía mantendría un contingente de 6000 efectivos en la isla durante ocho años más y, pasado un tiempo, podría disponer del ejército acordado en Zúrich con carácter permanente. Las bases británicas, algo reducidas en tamaño, quedarían intactas, como territorios soberanos del Reino Unido. El futuro Estado chipriota retiraría todas las quejas que había presentado ante la Corte Europea de Derechos Humanos[402], y por último, pero no por ello menos importante, se comprometería por adelantado a votar a favor de la incorporación de Turquía a la UE.

La gravedad de este plan para «solucionar la cuestión de Chipre de una vez por todas», en palabras de Annan, era evidente. En esencia representaba una ratificación de la limpieza étnica de tal magnitud y rigor que se convirtió en la envidia de los políticos colonizadores de Israel. De hecho, Avigdor Lieberman —líder del partido de extrema derecha israelí Yisrael Beiteinu— pidió públicamente una «solución chipriota» para Cisjordania, una exigencia tan radical que sus compañeros de coalición renegaron de ella. Este plan no solo eximía a Turquía de cualquier tipo de reparación después de décadas de ocupación y pillaje, sino que, además, el coste de esta actuación se le imponía a los que la habían padecido. Además, violaba la Convención de Ginebra, que prohíbe a cualquier potencia invasora introducir colonos en territorio conquistado. Lejos de obligarles a retirarse, el Plan justificaba su presencia: «Nadie será obligado a marcharse», en palabras de Pfirter[403]. Se prestó tan poca atención a las normas legales en la elaboración del Plan, que se puso la máxima atención en dejar todas sus disposiciones fuera de la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia Europeo.

Siguiendo esta línea de desprecio de los principios de cualquier democracia existente, el Plan otorgaba a una minoría que representaba entre el 18 y el 25 por ciento de la población el 50 por ciento del poder de adopción de decisiones políticas del Estado. Para comprobar lo grotesca que era esta propuesta, basta con imaginar cómo reaccionarían los turcos si se les explicara que tienen que cederle a la minoría kurda —que también representa en torno al 18 por ciento de la población— la mitad de los escaños de la Gran Asamblea Nacional, con derecho a bloquear las acciones del ejecutivo y con jurisdicción exclusiva sobre cerca del 30 por ciento del territorio turco. ¿Qué emisario de la ONU o de la UE se decidiría a viajar a Ankara con semejante proyecto en la cartera? ¿Acaso se atreverían los que defienden el plan Hannay ante las multitudes en los medios de comunicación occidentales? Las minorías étnicas necesitan protección —los kurdos, en cualquier caso, más aún que los chipriotas turcos—, pero convertir esta necesidad en una flagrante desproporción fomenta la hostilidad en lugar de contenerla.

Pero el problema no radicaba únicamente en las divisiones oficiales del poder étnico. En la tundra de desigualdades del Plan, se imponía la presencia extranjera en algunas posiciones estratégicas —el Tribunal Supremo, el Banco Central, la Junta de Propiedad— en un país que se suponía que era independiente. Para colmo, el control militar se encontraba en manos de potencias extranjeras: el ejército turco que permanecía en el mismo sitio, las bases británicas que servían de trampolín para atacar Irak. Ningún otro miembro de la Unión Europea se parece lo más mínimo a esta envoltura agrietada y empequeñecida de lo que debe ser un Estado democrático. Los chipriotas griegos no rechazaron de plano este modelo porque Papadoupolos les informara mal, o porque siguieran las directrices de Christofias —las encuestas de opinión mostraban que la oposición de los griegos al Plan ya era enorme antes de que estos dos líderes expresaran su opinión—. Lo hicieron porque con este plan tenían poquísimo que ganar —un pedazo de tierra y las migajas de una dudosa restitución de sus propiedades— y mucho que perder: un Estado razonablemente integrado, bien considerado, sin divisiones exageradas ni puntos muertos, del que estaban comprensiblemente orgullosos. ¿Por qué renunciar a ello a cambio de un galimatías constitucional, cuya función era, en esencia, readmitir a la «República Turca del Norte de Chipre», que había sido declarada ilegal incluso por la propia ONU, en una estructura chapucera, concebida para acomodarla? Diseñada a medida de las especificaciones extranjeras, la Constitución de Zúrich había resultado ser inviable y no había generado más que conflictos comunales antes de fracasar. La Constitución de Bürgenstock, mucho más complicada y aún menos equitativa, era una receta que daría lugar a un rencor y a una parálisis mayores.

Sin embargo, tenía una razón de ser. La justificación de este programa, al igual que la de su antecesor de 1960, había que buscarla fuera de Chipre. Los intereses de las comunidades chipriotas siempre fueron cuestiones subsidiarias en este proyecto. El impulso fundamental del plan, en todas sus versiones, era el temor a que Chipre entraba en la UE sin ser antes desmontado y modernizado y a que vetara la incorporación de Turquía a la Unión hasta que los turcos renunciaran al control —militar y colonial— que ejercían sobre la isla. Por tanto, en las cábalas de Hannay, el mínimo aceptable siempre había sido que Ankara lo aceptara, y que Chipre entrara en la UE sin irritar a la opinión pública ni al «Estado profundo» de Turquía. El gobierno de AKP, considerado con razón el compañero ideal para Occidente, podía señalar la existencia de cierta resistencia popular que ponía en peligro el gran objetivo común de la entrada en Europa, cada vez que quería obtener una concesión en la atracción secundaria de Chipre, y sus interlocutores se pelearían por complacerles.

Como en 1960 y en 1974, no tiene sentido responsabilizar a Turquía de la sucesión de acontecimientos que condujo a lo sucedido en 2004, que, en cualquier caso, fue una victoria menor. El gobierno turco actuó en todo momento de acuerdo con los preceptos clásicos de la razón de Estado, sin excesiva mojigatería, atendiendo a las invitaciones que recibía. Los culpables del último atentado contra Chipre son otros. A pesar de la anodina prosa oficial de las memorias de Hannay, esta obra posee el mérito involuntario de dejar claro que al final de esta historia, igual que al principio, el gobierno británico era el primer interesado en impedir que Chipre remontara el vuelo. En ese sentido, se puede considerar que Hannay es el sucesor directo de Harding, Caradon y Callaghan en la cruel indiferencia ante el destino de la sociedad chipriota. Por supuesto que Gran Bretaña no actuó en solitario. Históricamente, en las tres crisis en las que el futuro de la isla estaba en juego, el Reino Unido contó con la complicidad de Estados Unidos, aunque los americanos no desempeñaron el papel protagonista hasta el último momento.

Sin embargo, en el último episodio un nuevo actor entró en escena, la Unión Europea. Aunque los británicos fueron los principales patrocinadores de un nuevo Tratado de Zúrich en 1996 y los americanos les siguieron en 1997, a finales de 2002, coincidiendo con el ascenso al poder de AKP, la clase dirigente de la UE se sumó a la iniciativa angloamericana y se declaró partidaria de que Turquía fuera admitida en la Unión cuanto antes por motivos económicos, ideológicos y estratégicos. Aunque algunos tardaron en convencerse del todo, en 2003 Bruselas ya estaba totalmente de acuerdo con Londres y Washington, como expresaron Romano Prodi en calidad de presidente de la Comisión y Günter Verheugen, comisario para la Ampliación. Hannay, que conocía mejor que nadie los entresijos de la Comisión, tuvo la precaución de cuadrar a Verheugen mucho antes de que esto sucediera, y consiguió que le garantizara que el acquis communautaire de la UE —el conjunto de reglas que los países candidatos deben acatar, incluida la libertad de residencia y de inversión, puntos de fricción potenciales al norte de la Línea Atila— no sería un obstáculo para un acuerdo que no respetara estos principios en Chipre.

Verheugen fue fácil de convencer. En todas las ocasiones posteriores —en Ankara, con Erdoğan, en la víspera de que este se reuniera con Annan y Bush en Washington a principios de 2004; en la fase final de Bürgenstock dos meses después— intentó por todos los medios explicar que el acquis convencional no se aplicaría. Y lo hizo a pesar de que, como señala Hannay agradecido, «no pudo aclarar con antelación a los países miembros cuál sería su línea de actuación»: es decir, que ignoró su autoridad sin consultarles[404]. Voluminoso y prepotente, una especie de Widmerpool alemán —en la actualidad totalmente ridiculizado por sus compatriotas, después de que se divulgaran unas fotografías en las que se le podía ver haciendo cabriolas con su secretaria en una playa de Lituania—, Verheugen intentó intervenir directamente en el referendo chipriota con la emisión de una extensa entrevista en la que defendía el Plan. Furioso ante la negativa de todos los canales de televisión, estuvo al borde del infarto cuando el plan fue rechazado. Esa fue, de hecho, la reacción general en Bruselas ante la negativa de los votantes griegos a aceptar su voluntad: una furia incrédula que se manifestó prácticamente en toda la esfera pública europea, encabezada por el Financial Times y el Economist, y que apenas ha amainado en la actualidad[405]. La actitud de la Unión ante la cuestión de Chipre es el mejor ejemplo hasta la fecha de la conducta que adopta este organismo siempre que tiene que dar una lección de respeto del derecho internacional y de los derechos humanos.

VI

La historia no terminó ahí, por supuesto. Después de escapar de la trampa que le habían tendido en Suiza, Chipre entró en la UE, políticamente intacto, una semana después del referendo, el 1 de mayo de 2004. En estos años, la escena en la isla ha experimentado un importante cambio a mejor. La división física se ha atenuado desde que Denktash abriera en 2003 algunos puestos de control que permiten cruzar la Línea Verde que separa al norte del sur. El efecto inmediato de esta medida ha sido una enorme oleada de visitas —más de dos millones en tan solo dos años— de los griegos hacia el norte, que suelen cruzar la frontera para visitar sus antiguos hogares, y un flujo de trabajadores turcos en dirección sur, donde representan una décima parte de mano de obra que trabaja en la industria de la construcción. El resultado más duradero ha sido la concesión de una gran cantidad de documentos oficiales chipriotas a los turcos con derechos legítimos en la isla —en la primavera de 2005 se habían expedido unos 63 000 certificados de nacimiento, 57 000 carnés de identidad y 32 000 pasaportes—, un reflejo de la capacidad de atracción de la pertenencia a la UE, y un crecimiento económico bastante superior al de la media de la Unión[406]. En 2008, Chipre se convirtió en el segundo Estado miembro —después de Eslovenia— que se incorporaba a la Eurozona.

Desde el punto de vista político, el paisaje cambió cuando AKEL abandonó la coalición de gobierno en 2007 después de decidir que presentaría a su propio candidato a la presidencia por primera vez en la historia de la República. Aunque AKEL ha sido siempre el partido más importante de Chipre con diferencia —de hecho, es el único partido real—, no había podido aspirar a gobernar el país debido al panhelenismo y a la Guerra Fría. Pero la solidez de su anclaje en el movimiento sindical y cooperativo, y la prudencia de sus dirigentes después de la caída del Bloque Soviético —parece ser que extrajeron sus propias conclusiones de la débandade del comunismo italiano—, han dotado al partido de una sorprendente capacidad de resistencia ante los vientos contrarios de la actualidad. A cambio de brindar su apoyo a Papadopoulos en 2003, AKEL situó por primera vez a miembros de su partido al frente de algunos ministerios clave y, en 2008, la formación se encontraba en condiciones de presentarse a la presidencia en solitario. En la primera vuelta de votaciones, celebrada en febrero, el candidato Christofias noqueó a Papadopoulos; en la segunda, con el apoyo de Papadopoulos y de su partido, arrasó al candidato de Clerides y se convirtió en el primer jefe de Estado comunista de un país de la UE.

Christofias es un personaje fornido y paternal, que nació en un pueblo del norte cercano a Kyrenia y se unió a la liga juvenil de AKEL cuando todavía era un adolescente. Después estudió en Moscú, donde se doctoró en 1974, y regresó a Chipre tras la invasión turca. En 1988, a la edad relativamente joven de 42 años, ya se había convertido en el líder del partido. Hablando de un modo fluido y tranquilo, Christofias insiste en que AKEL siempre ha criticado el chovinismo de los griegos y de los turcos por igual, y que se ha comprometido a mejorar las relaciones entre ambas comunidades, minimizando y equiparando el sufrimiento de ambas —un sufrimiento que ha padecido su propia familia: en una visita al norte en 2003, «mis hermanas se quedaron horrorizadas al ver lo que le había sucedido a nuestro pueblo»—. El Plan de la ONU, explica, contenía demasiadas concesiones a Ankara para ser aceptable, de modo que, a pesar de «las innumerables reuniones que mantuve con Hannay y con mi buen amigo Tom Weston», cuando le dijeron que, no había tiempo para reconsiderarlo, se vio en la obligación de recomendarle a su partido que no lo aceptara, y ya no había vuelta atrás. Pero AKEL se mantuvo en conexión con el Partido Republicano Turco (CTP), que gobierna ahora en el norte en los años en que Denktash tenía prohibido cualquier contacto entre ambas comunidades, y se reunió varias veces en secreto en el extranjero con los líderes de esta formación. Después del referendo, los dos partidos, junto con sus sindicatos y organizaciones juveniles, se han entrevistado con regularidad para promover el objetivo de «un movimiento popular de acercamiento» que ha fijado AKEL.

Cuando llegó a la presidencia, lo primero que hizo Christofias fue reunirse con su homólogo del norte, Mehmet Talat, para acordar que se reabriera la que en otros tiempos había sido la calle comercial más importante de Nicosia, situada a lo largo de la Línea Verde. La llegada de estos dos personajes al gobierno de sus respectivas comunidades representa una insólita convergencia en la historia de la isla. Pues en su origen el CTP es, como le gusta explicar a Christofias, un «partido gemelo» de AKEL —las dos formaciones son ramas derivadas de un comunismo que en otra época tuvo un alcance internacional—. El CTP fue impulsado en los años ochenta por estudiantes marxistas radicales que militaban en la izquierda insurgente turca. En la Turquía continental estos rebeldes acabaron en su mayoría —decenas de miles— en las cárceles de los mismos generales responsables de la invasión de Chipre. En los años noventa, el partido hizo las paces con el ejército de ocupación y en la actualidad se parece mucho al resto de partidos excomunistas de la Europa del Este, organizaciones tremendamente oportunistas —en este sentido, Talat se encuentra más próximo a Gyurcsány o a Kwaśniewski que a su interlocutor, que es perfectamente consciente de esta diferencia.

Con todo, el hecho de que ambas comunidades compartan una historia común es una novedad en las conversaciones sobre la frontera étnica chipriota. Está por ver hasta qué punto Talat es capaz de actuar sin atender los dictados de Ankara. La clase política turco-chipriota siente mucho apego por sus privilegios locales, derechos que perdería en el caso de que Turquía absorbiera al norte, y le gustaría disfrutar de las ventajas de pertenecer de verdad a la UE, en lugar de permanecer en una especie de limbo. La población local no se lleva demasiado bien con los miserables migrantes estacionales —localizados en su mayoría en los alrededores de Iskanderun, el puerto más cercano al continente—, que realizan la mayor parte de los trabajos manuales que la gente del lugar rechaza en favor de empleos públicos más lucrativos.

Pues lo cierto es que la economía sigue dependiendo en gran medida de las astronómicas subvenciones de Ankara, que paga a los funcionarios salarios mucho más elevados que en Turquía. Un policía jubilado chipriota cobra más que un profesor universitario del continente; y la empresa privada está representada por al menos seis universidades «supermercado», que reparten títulos a los estudiantes negados procedentes del continente o de regiones cercanas de Oriente Medio o Asia Central. Aunque la integración en la UE presenta muchas ventajas potenciales, hay que tener en cuenta que el acquis comunitario puede revelar potencialmente el carácter artificial de esta economía. Cabe la posibilidad de que la convergencia sea tan dolorosa como en la Alemania del este.

Por tanto, la reunificación no solo precisaría una mayor protección para la minoría turca, sino la aplicación de algunos mecanismos de transición económica, una medida que un presidente de AKEL puede comprender mejor que ningún otro. Si se quiere alcanzar un acuerdo real para la isla, este tiene que surgir a escala nacional, en lugar de ser impuesto desde fuera, como se ha hecho invariablemente hasta la fecha. La desmilitarización de Chipre que AKEL reivindica desde hace tiempo, la salida de todas las tropas extranjeras y la desaparición de las bases militares —no solo la retirada del ejército turco, sino la clausura de los anacrónicos enclaves británicos— es la condición necesaria de cualquier resolución auténtica. Una Constitución que incluya toda clase de salvaguardas contra cualquier tipo de discriminación y recompensas verdaderamente equitativas, capaces de reparar las pérdidas de ambos bandos, sería una garantía del bienestar de una minoría mucho más eficaz que el provocador exceso de representación en los organismos electos, una medida que solo puede conducir al Estado a un punto muerto y que no se puede sostener durante mucho tiempo. Se podría diseñar perfectamente un sistema político que cumpla estos objetivos sin contradecir los principios del pensamiento constitucional contemporáneo.

En el pasado, teniendo en cuenta el control militar turco, ni siquiera se podía plantear esta alternativa. Sin embargo, en la actualidad, el elemento que condicionó el diseño del plan de la «ONU» ya no existe. Chipre tiene derecho a vetar la entrada de Turquía en la UE, y se encuentra en posición de obligar a los turcos a retirar sus tropas, so pena de exclusión. Este enorme cambio potencial es el interés que se oculta detrás del frenesí diplomático del pasado reciente. Es cierto que, si los franceses se negaran a admitir a Turquía en la UE, o si los turcos sufrieran un proceso de decatexis nacionalista que les alejara de la Unión, Chipre perdería esta baza. Pero Occidente tiene tanto interés en la incorporación de Turquía como los turcos en alcanzar el estatus occidental —un interés de índole económica, sobre todo—, y lo más probable es que no suceda ninguna de estas dos cosas. Eso no significa que Chipre vaya a dejar de ejercer el poder que tiene ahora. La sociedad chipriota es muy reducida, y las presiones que recibirá para que no lo ejerza serán inmensas. Por desgracia, para la UE los referendos no son más que papel mojado. A veces los países pequeños desafían a las grandes potencias, pero esto sucede cada vez con menos frecuencia. Lo más probable es que se acabe imponiendo, en cualquiera de sus versiones, la misma sentencia que se pronunció en otra isla griega: «Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles lo que deben».

VIII. Turquía

(2008)

«La verdad individual más importante que ha salido a la luz después de 1989», escribió J. G. A. Pocock dos años después, «es que las fronteras orientales de “Europa” son abiertas e indeterminadas. Se ha demostrado que “Europa” no es un continente —el sueño de los geógrafos de la Antigüedad—, sino un subcontinente: la península de una masa de tierra eurasiática, habitada, como la India, por un conjunto específico de culturas en interacción. Sin embargo, a diferencia de la India, “Europa” carece de una frontera geofísica definida, como Afganistán o la cordillera del Himalaya. Es más bien una amplísima llanura donde la “Europa” convencional se confunde con la “Asia” convencional. Son pocos los que reconocerían los montes Urales si alguna vez lograran llegar hasta allí»[407]. Pero, proseguía Pocock, los imperios —y la Unión Europea lo era a su manera— siempre habían necesitado definir el espacio en el que ejercían su poder y fijar las fronteras del miedo o de la atracción a su alrededor.

Quince años después, esta idea ha adoptado una forma más tangible. Después de la absorción de todos los estados integrados en COMECON, solo resta incorporar a la UE al caótico batiburrillo de países que pertenecían a los antiguos regímenes comunistas independientes de Yugoslavia y Albania —los siete pequeños estados de los «Balcanes occidentales»—. Estas naciones, que ocupan un rincón todavía pendiente de ordenar dentro de unas fronteras que ya se extienden hasta el Mar Negro, serán admitidas —nadie lo duda— en su debido momento. El gran problema al que se enfrenta la Unión se encuentra más hacia el este, en un lugar donde ninguna inmensa estepa confunde la vista. Allí, según una tradición muy arraigada, una estrecha franja de agua separa dos mundos opuestos. El Bósforo es imposible de ignorar. «Cualquier colegial sabe que Asia Menor no forma parte de Europa», explicaba Sarkozy a sus votantes camino del Elíseo, y les prometió que las cosas seguirían así —una promesa igual de frágil a la del reencuentro conyugal del que se habló en esa misma campaña—. Turquía no recibirá el mismo trato. En el seno de la UE se ha impuesto desde hace algún tiempo el abrumador consenso oficial de que debe convertirse en un Estado miembro de pleno derecho. Esto no significa que algunos gobiernos no tengan ciertas dudas —Alemania, Francia y Austria han expresado sus reservas en alguna ocasión—, pero la formidable barrera de la unanimidad de los medios de comunicación, más favorable a la incorporación de Turquía y comprometida que el propio Consejo o la Comisión, impide que este tipo de recelos se materialicen. También hay que tener en cuenta, por obvio que parezca, que sería la primera vez que un país cuya candidatura al acceso a la UE ha sido aceptada, es rechazado una vez comenzadas las negociaciones.

La ampliación de la UE hacia los territorios del Pacto de Varsovia no requería demasiadas justificaciones ni ejemplos políticos. Todos los países afectados eran indiscutiblemente europeos, en todas las acepciones del término, y, por desgracia, todo el mundo conocía los sufrimientos que habían padecido bajo el comunismo. Con la incorporación a la Unión no solo se reparaba la eterna división del continente, y se anclaba a estas naciones a un capitalismo liberal y democrático común, sino que además se compensaba a la Europa del Este por las desgracias que había padecido desde 1945, y Occidente se libraba así de la mala conciencia que tenía por los destinos diferentes que habían corrido. Huelga decir que la ampliación servía, además, de glacis estratégico contra una hipotética resurrección de Rusia, y ofrecía una reserva cercana de mano de obra barata, aunque públicamente no se insistiera tanto en estos dos motivos. La lógica indiscutida de esta ampliación no se puede aplicar sin más a Turquía. Este país se rige desde hace mucho tiempo por una economía de mercado, celebra elecciones parlamentarias, es uno de los pilares de la OTAN y en la actualidad se encuentra más alejado de Rusia que nunca. Da la sensación de que solo interviene el último de los factores, el económico —un factor en absoluto despreciable, desde luego—, pero que no justifica por sí solo la urgencia de la admisión de Turquía en la UE para Bruselas.

Con todo, en las principales razones que se aducen en defensa de la admisión de Turquía en las capitales europeas se puede apreciar cierta simetría con las de la Europa del Este. Aunque la amenaza del comunismo ha desaparecido con la caída de la Unión Soviética, este peligro ha sido sustituido —así lo cree mucha gente— por la amenaza islamista, muy extendida en las sociedades autoritarias de Oriente Medio. Los tentáculos del islamismo amenazan con extenderse a las comunidades de inmigrantes de la propia Europa occidental. ¿Qué mejor profiláctico para combatirlo que aceptar a una leal democracia musulmana en la UE, para que actúe a la vez como almenara del orden liberal en una región que necesita desesperadamente un modelo político más progresista, y como centinela que controle cualquier tipo de terrorismo y de extremismo? Esta línea de pensamiento se originó en EEUU, un país con un espectro de responsabilidad más amplio que el de la UE, y sigue siendo el principio en el que se basan las presiones americanas para que Turquía entre en la Unión. Del mismo modo que Washington le marcó a Bruselas el ritmo de la ampliación hacia la Europa del Este, colocando previamente las balizas de la OTAN para que la UE pudiera aterrizar después, también se erigió en paladín de la causa de Turquía mucho antes de que el Consejo o la Comisión se dejaran convencer.

Pero aunque el argumento estratégico —el valor de Turquía como baluarte geopolítico contra el islamismo de la peor variedad— aparece ahora con asiduidad en las columnas y los editoriales de la prensa europea, no ocupa la misma posición que en América. Esto se debe, en parte, a que la perspectiva de compartir frontera con Irak e Irán no acaba de convencer a muchos de los estados de la UE, por muy alerta que esté el ejército turco. A los americanos, que se encuentran mucho más alejados, les resulta mucho más fácil contemplar el panorama general. Pero si este razonamiento, a pesar de su importancia, no domina el debate en la UE de un modo tan absoluto como en EEUU no se debe únicamente a estos recelos. Hay otro factor más íntimo que posee un peso mayor. Según la ideología europea actual, la Unión representa el orden moral e institucional más elevado del mundo. En Europa se combinan la prosperidad económica —con sus inevitables imperfecciones—, la libertad política y la solidaridad social en una fórmula que no tiene rival. Pero el propio éxito de esta creación única ¿no entraña cierto riesgo de aislamiento cultural? A pesar de todos sus logros, ¿no se arriesga Europa a caer en el «eurocentrismo» —la propia expresión es un reproche—, es decir, una identidad demasiado homogénea y encerrada en sí misma, cuando la vanguardia de la vida civilizada es necesariamente más multicultural que nunca?

La incorporación de Turquía a la UE, según este razonamiento, enterraría estos miedos. Para las generaciones actuales la concepción excesivamente tradicional de una Europa que se identifica con el cristianismo supone una pesada carga individual. Si hay una religión que cuestione esta herencia es el islam. ¿Qué mejor demostración de multiculturalismo moderno que la interrelación pacífica de estas dos religiones a escala estatal y en el seno de la sociedad civil, en un sistema supereuropeo que se extienda, como el antiguo Imperio romano, hasta el Éufrates? El hecho de que el gobierno de Turquía sea por primera vez declaradamente musulmán no es una limitación para la incorporación, sino una carta de recomendación, una promesa de transvaloración hacia la forma de vida multicultural que la Unión necesita para la próxima etapa de su progreso constitucional. Por su parte, como ya ha sucedido con las democracias —nuevas o restauradas— de la Europa del Este poscomunista, que se han beneficiado en su viaje a la normalidad de la estabilidad que confiere la Comisión, la democracia turca se verá protegida y fortalecida dentro de la Unión. Si la ampliación hacia el este ha saldado una deuda moral con los que sobrevivieron al comunismo, la incorporación de Turquía puede compensar el daño moral provocado por un provincianismo complaciente —o arrogante—. Con esta doble expiación, Europa podrá convertirse en un lugar mejor.

Este ejercicio de autocrítica suele apoyarse en un contraste histórico. La Europa cristiana ha sido desfigurada durante siglos por la salvaje intolerancia religiosa —las persecuciones, la Inquisición, la expulsión, los pogromos: intentos por acabar con otras comunidades de fe, judías o musulmanas, e incluso con los herejes de la misma religión—. El Imperio otomano, sin embargo, toleró a los cristianos y a los judíos, sin represión ni conversiones forzosas, y permitió a los miembros de distintas comunidades vivir en paz bajo el dominio musulmán, en una armonía cultural premoderna. Este orden islámico no solo era más progresista que el cristiano, sino que, lejos de constituir una mera Otra Europa externa, fue durante siglos parte integral del propio sistema de potencias europeo. En este sentido, Turquía no es una recién llegada. Su integración en Europa restituirá, más bien, una continuidad de mezclas y contactos de la que todavía tenemos mucho que aprender.

I

Este es, a grandes rasgos, el discurso sobre la entrada de Turquía en la UE que se puede escuchar en las cancillerías, en las salas de reuniones, en las revistas especializadas, en las tribunas y en los programas de entrevistas de toda Europa. Uno de sus puntos fuertes es que de momento no se ha formulado una alternativa no xenófoba. Su debilidad reside en las imágenes de Épinal a partir de las cuales ha sido en gran medida confeccionado, imágenes que ocultan los auténticos intereses que se esconden detrás de la solicitud de entrada en la Unión de Turquía. Lo que está claro es que para analizar esta cuestión hay que remontarse a la época del Imperio otomano. Pues la primera y más fundamental diferencia entre la candidatura turca y las de los países de la Europa del Este es que en el primer caso la Unión tiene que lidiar con un país que desciende de un Estado imperial, una potencia que durante mucho tiempo fue mucho más importante que cualquier Estado occidental. Para entender esta ascendencia lo primero que hay que hacer es ofrecer una explicación realista de la forma original de ese imperio.

El Sultanato Osmanlí que se extendió por Europa entre los siglos XIV y XVI era en realidad más tolerante —por anacrónica que resulte esta expresión— que cualquier reino cristiano de la época. Basta comparar la suerte que corrieron los musulmanes en la España católica con la de los ortodoxos en los Balcanes bajo dominio otomano. El sultanato no obligaba a los cristianos ni a los judíos a convertirse a su religión, ni les expulsaba, sino que les permitía profesar la fe que quisieran en la Casa del islam. Esto no era tolerancia en el sentido moderno de la expresión, y tampoco era una costumbre específicamente otomana, sino un sistema tradicional de dominio islámico que se remonta al califato Omeya del siglo VIII[408]. Los infieles eran pueblos sometidos, inferiores desde el punto de vista legal al pueblo gobernante. Semiótica y prácticamente, eran comunidades separadas. Los infieles pagaban impuestos más elevados, no podían llevar armas, celebrar procesiones, vestir determinadas prendas de ropa ni ser propietarios de casas de una altura determinada. Los musulmanes podían tomar esposas infieles; los infieles no podían casarse con mujeres musulmanas.

El Estado otomano que heredó este sistema surgió en la Anatolia del siglo XIV como uno de los muchos cacicazgos túrquicos que rivalizaban entre sí, y se expandió hacia el este y hacia el sur a expensas de sus rivales musulmanes locales, y hacia el oeste y el norte después de someter a los restos de la potencia bizantina. Durante doscientos años, mientras sus ejércitos conquistaban la mayor parte de la Europa oriental, el Oriente Medio y el norte de África, el imperio que construyeron los otomanos conservó esta bidireccionalidad. Pero siempre estuvo claro dónde se encontraba su centro de gravedad estratégico y cuál era su punto fuerte. Desde el principio, los dirigentes osmanlíes basaron su legitimidad en la guerra santa —gaza— en las fronteras de la cristiandad. Las regiones sometidas de Europa eran los territorios más ricos, populosos y preciados del Imperio, y el escenario de la abrumadora mayoría de sus campañas militares, pues los sucesivos sultanes estaban decididos a ampliar la Casa del islam utilizando la Casa de la Guerra. El Estado otomano se basaba, como explica Caroline Finkel, una de las estudiosas más eminentes de este periodo, en «el ideal de la guerra continua»[409]. No reconocía a iguales ni respetaba las beaterías de la coexistencia pacífica: su único fin era la batalla, sin territorios fijos ni definición.

Pero los otomanos también eran pragmáticos. Desde los comienzos, conjugaron la guerra ideológica contra los infieles con la utilización instrumental de estos pueblos sometidos para el ejercicio de la propia guerra. Desde la perspectiva de las monarquías absolutistas que surgieron en la Europa occidental algo después, que reivindicaban su autoridad dinástica y que impusieron la conformidad religiosa dentro de sus reinos, la peculiaridad del imperio de Mehmed II y de sus sucesores residía en la combinación de objetivos y medios. Por una parte, los otomanos entablaron una lucha sin límites contra la cristiandad. Por otra, en el siglo XV el Estado contaba con una leva de jóvenes cristianos —los devshirme—, seleccionados entre la población sometida de los Balcanes, que no estaban obligados a convertirse al islamismo y que constituían la elite militar y administrativa: los kapi kullari o «esclavos del sultán»[410].

Durante más de doscientos años, el dinamismo de esta formidable maquinaria de conquistas, que acabó extendiéndose desde Adén a Belgrado y desde Crimea al Rif, mantuvo sobrecogida a Europa. Pero a finales del siglo XVII, después del último sitio de Viena, su ímpetu se extinguió. La «institución gobernante» del imperio ya no se basaba en el reclutamiento de los vástagos de los infieles, sino que volvió a estar integrada por musulmanes nativos, y el equilibrio de batallas poco a poco se fue volviendo en su contra[411]. Desde finales del siglo XVIII en adelante, cuando Rusia les infligió una serie de derrotas aplastantes al norte del Mar Negro, y la Francia revolucionaria tomó Egipto en un abrir y cerrar de ojos, el Estado otomano no volvió a ganar una sola guerra importante. En el siglo XIX su supervivencia dependía de los celos mutuos de las potencias depredadoras de Europa, más que de su fuerza interior: una y otra vez, se fue librando de una amputación o destrucción mayor gracias a la intervención de algunas capitales extranjeras rivales —Londres, París, Viena e incluso San Petersburgo, en una de las crisis más memorables— en detrimento de otras.

Pero aunque las presiones externas, potencialmente aún más amenazadoras a medida que se ampliaba el desajuste tecnológico entre el Imperio otomano y los imperios europeos, podrían en principio haber seguido neutralizándose entre sí el tiempo suficiente para que el Estado y la sociedad progresaran hasta alcanzar a Occidente —el ejemplo del sátrapa Mehmet Alí, que se rebeló contra la Sublime Puerta en Egipto, demuestra que era posible—, el ascenso del nacionalismo entre los pueblos cristianos sometidos de los Balcanes socavó cualquier tipo de equilibro político. La independencia griega, secundada a regañadientes por Gran Bretaña y Francia para impedir que Rusia se convirtiera en el único patrón de Grecia, fue una conmoción que animó al sultanato a acometer por primera vez una reforma interna. Durante el periodo de la Tanzimat (1839-1876), se llevó a cabo una modernización más sistemática. La democracia marginó al palacio. La administración se centralizó; se proclamó la igualdad de todos los súbditos y la seguridad de la propiedad; se promovieron la educación y la ciencia; se importaron de Occidente ideas y costumbres. Bajo los sucesivos visires probritánicos, el orden otomano pasó a formar parte del sistema estatal europeo.

Pero los reformadores de la época, a pesar de su laicismo, no lograron transformar los cimientos religiosos que sustentaban el régimen otomano. Existían tres desigualdades elevadas a la categoría de leyes por la tradición: la de los creyentes y no creyentes, la de los amos y los esclavos, y la de los hombres y las mujeres. Las relaciones de género apenas sufrieron alteraciones, si bien a finales de siglo la preferencia por los jovencitos ya no era tan común entre las elites, y la esclavitud fue desapareciendo de forma muy gradual. Políticamente, la relación crucial era la primera. Aparentemente, la discriminación hacia los infieles había sido abolida por las reformas. Pero aunque en principio se repudiaba en público, todavía existía a efectos prácticos, pues los no creyentes seguían pagando impuestos específicos bajo la guisa de retribuciones destinadas a evitar el servicio militar, una contribución de la que los musulmanes estaban exentos[412]. El ejército era todavía una institución reservada a los creyentes, y todos los cargos civiles importantes del Estado eran un monopolio de los fieles. Tal protección de la supremacía del islam era, sin embargo, insuficiente para apaciguar la hostilidad popular hacia las reformas, que se veían como un sometimiento a las presiones y costumbres europeas, incompatible con la piedad y con la posición adecuada de los creyentes en el Imperio[413]. Aunque en las ciudades las indecorosas muestras de europeísmo eran frecuentes, en el ámbito rural los musulmanes estaban sujetos a impuestos muy impopulares, mientras que los comerciantes cristianos, por no hablar de los intereses extranjeros, prosperaban bajo el régimen de libre cambio que los reformadores habían concedido a las potencias occidentales.

A medio camino entre la modernidad y la tradición, los regímenes del periodo Tanzimat fracasaron desde el punto de vista fiscal. El impuesto sobre la agricultura, del que oficialmente se renegaba, se seguía cobrando; en lugar de incrementarse, las rentas públicas eran cada vez menores. Las capitulaciones —privilegios extraterritoriales que se concedían a los extranjeros— seguían vigentes. Los préstamos concedidos por extranjeros se fueron inflando hasta que el Estado se declaró en quiebra en 1875. Dos años después, Rusia aniquiló de nuevo al ejército otomano, y en 1878 —después de un breve episodio constitucional que no llegó a prosperar— se obligó al Imperio a aceptar la independencia de Serbia, Montenegro y Rumanía, y la autonomía de la mayor parte del territorio de Bulgaria. Durante los treinta años siguientes, el poder se inclinó de nuevo del lado del Palacio en detrimento de la burocracia, con el reinado del sultán Abdel Hamid II, que combinó la modernización tecnológica y administrativa —ferrocarriles, oficinas de correos, buques de guerra— con la restauración religiosa y la represión policial. Después de la pérdida de la mayor parte de los territorios de los Balcanes, el 70 por ciento de la población del Imperio era musulmana. Para consolidar la lealtad a su régimen, el sultán reinstauró el título de califa, abandonado desde hacía mucho tiempo, realizó varios llamamientos al panislamismo, y situó a ciudadanos árabes en los puestos más elevados de la administración. Pero, a pesar de estas bravatas ideológicas y de una invención de la tradición al más puro estilo victoriano, el sultán no logró acabar con la dependencia de una Administración de Deuda Pública dirigida por extranjeros, ni con un equilibrio de poder europeo incapaz de apaciguar los ánimos del nacionalismo en los Balcanes.

En esta región los otomanos todavía dominaban una amplia franja que se extendía hasta el Adriático, donde varios grupos insurgentes —el más famoso era la organización secreta IMRO, que operaba en Macedonia— se habían hecho fuertes en los montes, y la flor y la nata del ejército se encontraba estacionada en plazas fuertes para controlar lo que quedaba de Rumelia, la rica región que en otros tiempos había sido el corazón del Imperio, la parte «romana». Allí, la oposición al régimen reaccionario hamidiano había calado muy hondo a finales de siglo entre los jóvenes de todos los grupos étnicos, incluido el de los turcos. En 1908 los rumores de un inminente reparto de la región entre rusos y británicos desencadenaron un alzamiento militar en Monastir y Salónica. La revuelta se propagó rápidamente y en un par de semanas ya era imparable. Abdel Hamid se vio obligado a convocar elecciones. En estos comicios la organización responsable de la revuelta, que se presentó al mundo con el nombre de Comité de la Unión y el Progreso, alcanzó una rotunda mayoría en todo el Imperio. Los Jóvenes Turcos habían llegado al poder.

II

La Revolución de 1908 fue un episodio extraño y ambiguo. En muchos sentidos anticipó la agitación política que se apoderaría de Persia y de China tres años después, pero poseía algunos rasgos específicos que lo diferenciaban de los alzamientos posteriores del siglo XX. Por una parte, era un movimiento auténticamente constitucional, que despertó el entusiasmo popular en todas las nacionalidades que formaban el Imperio y que eligió un Parlamento asombrosamente interétnico, basado en un amplio sufragio: la auténtica expresión del aún liberal Zeitgeist de la época. Por otra, fue un golpe de Estado militar orquestado por una organización secreta de suboficiales y conspiradores que podían reivindicar con toda justicia el papel de precursores de la larga línea de episodios de estas características que se producirían posteriormente en el Tercer Mundo. Ambos rasgos estaban relacionados, pues los arquitectos del golpe de Estado, un pequeño grupo de conspiradores, obtuvieron el respaldo de todo el Imperio, en nombre de un gobierno constitucional, prácticamente de la noche a la mañana —un año después de su fundación, el partido contaba ya con cientos de miles de afiliados[414]—. Los objetivos que perseguían los golpistas y los defensores de la democracia tampoco eran muy diferentes: en el lenguaje de la época, la «libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia» que proclamaban estos eran para aquellos las condiciones necesarias para afianzar la integridad del Imperio que perseguían, en una ciudadanía común a todos los pueblos.

Pero esta síntesis no era estable —no podía serlo—. El principal promotor de la revolución había sido el compacto grupo de oficiales del CUP. Su objetivo primordial era mantener el Imperio a cualquier precio. El constitucionalismo y otras sutilezas no eran más que medios funcionales o vanos, según la ocasión: no eran fines en sí mismos. Pero, aunque no eran liberales, tampoco eran anticolonialistas, como los posteriores patriotas militares del Tercer Mundo que, a pesar de su autoritarismo, eran enemigos acérrimos del imperialismo occidental —los oficiales libres de Egipto, las logias de Argentina o los Treinta Camaradas de Birmania—. La amenaza a la que se enfrentaba el Imperio otomano —desde hacía mucho tiempo— era la de las potencias europeas y sus aliados regionales, pero los Jóvenes Turcos no rechazaban la cultura ni la política occidental: en lugar de ello, su deseo era entrar en el círculo de la Machtpolitik de Occidente en condiciones de igualdad, como un contendiente más. Para ello, se precisaba una transformación del Estado otomano; un cambio que le dotara de la misma base moderna que se había convertido en el punto fuerte de sus rivales.

Pero en este punto se enfrentaban a un profundo dilema. ¿Qué atractivo ideológico podría mantener unida a la variopinta población —dividida por la lengua, la religión y el origen étnico— del Imperio otomano? Un patriotismo unificador era esencial, pero no disponían de los típicos ingredientes necesarios. El orden más parecido al del Imperio otomano era el cercano Imperio de los Habsburgo, pero incluso este era considerablemente más compacto, pues se basaba en una única religión y en el respeto a un dirigente tradicional. Los Jóvenes Turcos, que gobernaban un amplio territorio que se extendía desde el Yemen al Danubio, integrado por pueblos que llevaban mucho tiempo segregados y estratificados en una jerarquía de religiones incompatibles, no contaban con esas ventajas. ¿Qué otra cosa podía significar ser ciudadano de este Estado, sino el ser un simple súbdito contingente de una dinastía a la que los propios Jóvenes Turcos trataban con escasa reverencia, pues habían expulsado bruscamente a Abdel Hamid un año después de llegar al poder? La falta de legitimidad subyacente del nuevo régimen era difícil de solucionar. La conciencia de la fragilidad de su posición ideológica se percibió desde el principio: los Jóvenes Turcos mantuvieron en el poder a la misma dinastía contra la cual se habían rebelado, e instalaron al enclenque primo de Abdel Hamid como sucesor ornamental del sultán, e incluso desfilaron detrás del ataúd del propio Abdel Hamid, en absurda y piadosa procesión, cuando el viejo animal, un Rey Bomba del Bósforo, falleció por fin.

Con estos descoloridos jirones de continuidad no se podía vestir al nuevo emperador colectivo. El CUP necesitaba el traje completo del nacionalismo moderno. Pero ¿cómo definirlo? Se necesitaba una solución doble. Para el consumo público, se proclamó un nacionalismo «cívico», abierto a cualquier ciudadano del Estado, independientemente de su credo o ascendencia —una doctrina con un amplio atractivo, que al principio fue recibida con una explosión de esperanza y energía entre los grupos hasta entonces más desafectos al Imperio, incluidos los armenios—. Por otra parte, en un cónclave secreto, los dirigentes del CUP confeccionaron un nacionalismo de corte más étnico o confesional, restringido a los musulmanes o a los turcos[415]. Esta dualidad reflejaba a su manera la peculiar estructura de la propia formación. Como partido, obtuvo una gran mayoría parlamentaria en las primeras elecciones libres celebradas en el Imperio y dirigió la política del Estado —un gobierno únicamente interrumpido por un breve paréntesis entre 1912 y 1913—. Pero sus líderes rehuían la parte central del escenario, y no ocuparon cargos en el gabinete ni en la cúpula del ejército, sino que los dejaron en manos de la generación anterior de militares y burócratas. Sin embargo, detrás de esta fachada de decoro constitucional y respeto a los mayores, quien manejaba los hilos era el Comité Central, un grupo formado por cincuenta fanáticos que controlaban la organización política desde el principio a imagen de los movimientos clandestinos armenio y macedonio. La expresión «Jóvenes Turcos» no era un nombre inapropiado. Cuando llegaron al poder, los líderes clave del CUP rondaban la treintena. La mayoría eran capitanes y mayores del ejército, pero también había civiles en la cúspide de la jerarquía. Los tres personajes que al final llevarían la voz cantante serían los oficiales militares Enver y Cemal, y el exfuncionario de correos Talat. En la sombra, con menor visibilidad pública, pero manipulando en secreto la organización, había dos médicos militares, Selânki Nazim y Bahaettin Şakir. Estos cinco máximos dirigentes procedían del sector «europeo» del Imperio: el petimetre Enver, de una familia acomodada de Estambul; el mastín Talat y el frío Şakir, de la Bulgaria actual; Nazim de Salónica y Cemal, algo más mayor de Mitilene.

El CUP tuvo que demostrar enseguida que era capaz de defender al Imperio que se había propuesto renovar. En 1911 Italia se apoderó de Libia, la última provincia otomana en el norte de África, y Enver intentó, en vano, organizar un movimiento de resistencia en el desierto. Un año después, Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria se aliaron para lanzar un ataque conjunto contra los ejércitos otomanos de los Balcanes, que en cuestión de semanas prácticamente fueron barridos de Europa. El CUP, que fue desplazado durante un breve periodo en 1912, se libró del rencor que generó esta tremenda derrota, y cuando sus enemigos se pelearon entre sí, se las arregló para recuperar al menos la provincia de Edirne. Pero la magnitud de la catástrofe imperial resultó enormemente traumática. Rumelia era desde hacía mucho tiempo la región más avanzada del Imperio, el principal campo de reclutamiento de las elites otomanas desde los tiempos del devshirme a los de los propios Jóvenes Turcos, que mantuvieron la sede del Comité Central en Salónica, no en Estambul, hasta 1912. La pérdida de esta región, que ni siquiera había sido conquistada por una gran potencia, que dejó reducidos los dominios otomanos en Europa a un mero punto de apoyo y que se tradujo en la expulsión de más de 400 000 turcos de sus hogares, fue la mayor catástrofe y humillación en la historia del Imperio.

Este episodio tuvo un doble efecto sobre el CUP. El Imperio era ahora musulmán en un 85 por ciento, con lo cual ya no había tantos alicientes para atraer políticamente al porcentaje restante de infieles y se podía jugar tranquilamente la baza del islamismo para legitimar al régimen. Pero aunque los líderes del Comité, decididos a mantener el control de las provincias árabes, emplearon esta estrategia de forma reiterada, no podían olvidar la amarga lección que les habían enseñado los albaneses, que se habían independizado aprovechado la oportunidad de las guerras balcánicas —la deserción de este pueblo musulmán indicaba que quizá una religión común no fuera suficiente para evitar una mayor desintegración del Estado que habían heredado—. Por tanto, el eje ideológico del CUP, sobre todo en su cúspide, fue tomando una inclinación más étnica —turca en lugar de musulmana—. Este cambio no afectó a la actitud general del Comité: los Jóvenes Turcos eran, prácticamente sin excepción, positivistas, con una visión de las cuestiones sagradas totalmente instrumental[416].

Los dirigentes del CUP tampoco estaban dispuestos a permitir que el Imperio perdiera su categoría. La expulsión de Rumelia no les movió a adoptar una postura defensiva, sino que les inspiró un deseo activo de vengar las derrotas que habían sufrido en los Balcanes y de recuperar los territorios perdidos. «Nuestra ira es cada vez mayor: venganza, venganza, venganza; no existe otra palabra», le escribió Enver a su esposa[417]. La lección que extrajo el CUP de los sucesos de 1912 era que la potencia otomana solo se podía sostener a través de una alianza con una gran potencia europea que se hubiera mantenido al margen de esta guerra. Los Jóvenes Turcos no tenían ninguna preferencia en particular, e intentaron aliarse sucesivamente con Gran Bretaña, Austria, Rusia y Francia, y tuvieron que soportar los correspondientes desaires hasta que, por fin, sellaron una alianza con Alemania el 2 de agosto de 1914, dos días antes de que estallara la Primera Guerra Mundial[418]. A estas alturas, el CUP había pasado a ocupar el primer plano: Enver era ministro de Guerra, Talat de Interior, y Cemal de Marina. El tratado propiamente dicho no obligaba al Imperio a declarar la guerra a la Entente, y los Jóvenes Turcos pensaron que podían beneficiarse de ello sin arriesgar demasiado. Contaron con que Alemania derrotaría enseguida a Francia, y los ejércitos otomanos podrían unirse tranquilamente a las principales potencias para deshacerse de Rusia y recoger los frutos de la victoria —recuperarían la estratégica franja de Tracia, las islas del Egeo, Chipre, Libia, toda Arabia, los territorios cedidos a Rusia en el Cáucaso y los que se extendían hasta Azerbaiyán y más allá hasta Turquestán.

Pero cuando vieron que Francia no caía en Occidente y, sin embargo, Alemania presionaba a los otomanos para que entraran en la guerra con el fin de debilitar a Rusia en el este, el miedo se apoderó de la mayoría de los miembros del gabinete, arrepentidos de la decisión que habían tomado. Después de semanas de desacuerdo e indecisión, a finales de octubre de 1914, Enver, el integrante más belicoso de la junta que controlaba ahora el Imperio, ordenó un bombardeo naval no provocado contra las posiciones costeras de Rusia en el Mar Negro[419]. Sin embargo, los buques de la armada otomana, aunque contaban con una tripulación de marineros alemanes, no se encontraban en condiciones de desembarcar en las costas de Ucrania. ¿Cómo podían, por tanto, demostrar su valía los Jóvenes Turcos? Se enviaron algunos destacamentos simbólicos hacia el norte para apoyar al frente austrogermano de Galicia y, por indicación de Berlín, se organizó sin demasiado entusiasmo una expedición que debía luchar contra las fuerzas británicas en Egipto. Pero se trataba de actuaciones secundarias. Los ejércitos mejor preparados, al mando de Enver en persona, se lanzaron contra la frontera rusa en el Cáucaso. Allí, a la espera de la reconquista, se encontraban las provincias de Batum, Ardahan y Kars, arrebatadas al Imperio en la Conferencia de Berlín de 1878. En pleno invierno de 1915, el ejército quedó bloqueado por la nieve, y fueron pocos los que regresaron. El ataque otomano fue la ofensiva más desastrosa de la Gran Guerra —apenas sobrevivió una séptima parte de los soldados—. Al retirarse desordenadamente, congelados y desmoralizados, dejaron la retaguardia desprotegida.

En Estambul, el CUP reaccionó con rapidez. No se trataba de una retirada normal hacia la retaguardia, que permitiera entablar una segunda Batalla del Marne. Los territorios que se extendían a ambos lados de la frontera eran la patria de los armenios. ¿Qué lugar ocupaba este pueblo en el conflicto que se acababa de desencadenar? Históricamente habían sido los primeros pobladores de la región —en realidad, de Anatolia en general—, y eran cristianos que podían reivindicar con justicia que su Iglesia, fundada en el siglo III, era todavía más antigua que la de Roma. Pero en el siglo XIX los armenios, a diferencia de los serbios, los búlgaros, los griegos o los albaneses, no formaban una mayoría nacional compacta en ninguno de los territorios que habitaban. En 1914, alrededor de una cuarta parte de los armenios eran súbditos de Rusia y las otras tres cuartas partes habitaban el Imperio otomano. Bajo los zares, no gozaban de derechos políticos, pero como correligionarios cristianos no se les perseguía por motivos religiosos, y se les permitía hacer carrera en la administración imperial. Bajo los sultanes, habían sido excluidos del devshirme desde el principio, pero podían dedicarse al comercio y adquirir tierras, aunque debían mantenerse apartados de cualquier cargo de la administración. En el transcurso del siglo XIX habían generado un estrato intelectual muy significativo —las primeras novelas otomanas eran obras de escritores armenios.

Como es natural, al igual que sus equivalentes balcánicos e inspirándose en ellos, estos intelectuales habían desarrollado un movimiento nacionalista. Pero se diferenciaba de aquel en dos sentidos: se encontraba disperso a lo largo de una extensión territorial amplia y discontinua, y repartido entre dos imperios rivales, uno que pasaba por ser su protector y otro que hacía las veces de perseguidor. La mayoría de los armenios —alrededor del 75 por ciento— eran campesinos que vivían en las tres provincias otomanas más orientales, donde representaban quizá una cuarta parte de la población. Pero también había concentraciones importantes en Cilicia, en la frontera de la Siria actual, y activas comunidades en Estambul y otras grandes ciudades. En Anatolia, las sospechas del Estado, que consideraba que una minoría de armenios mantenía contactos con el otro lado de la frontera, la hostilidad popular latente de los infieles y las envidias de algunos comerciantes por su situación económica desahogada habían creado a su alrededor una atmósfera combustible. El odio personal que les profesaba Abdel Hamid les aseguró el sufrimiento durante su sultanato, una época en la que se sucedieron los pogromos. Entre 1894 y 1896, entre 80 000 y 200 000 armenios murieron a manos de regimientos especiales de kurdos creados por el sultán para llevar a cabo tareas de represión étnica en las regiones orientales[420]. La posterior protesta internacional, que condujo finalmente al nombramiento teórico —sin consecuencias prácticas— de inspectores extranjeros que garantizaran la seguridad de los armenios en las zonas más afectadas, confirmaba la creencia en la deslealtad de esta comunidad.

El temor más inmediato del CUP ante la derrota de sus tropas en el Cáucaso era que la población armenia local se uniera al enemigo. El 25 de febrero, el Comité dio la orden de desarmar a todos los reclutas armenios del ejército. Los telegramas se enviaron el mismo día que las fuerzas anglofrancesas empezaron a bombardear los Dardanelos, un ataque que amenazaba al propio Estambul. Hacia finales de marzo, en medio de la gran tensión que se había apoderado de la capital, el Comité Central votó a favor de expulsar a la población armenia de Anatolia a los desiertos de Siria con el fin de defender la retaguardia otomana —Talat fue el principal promotor de este plan—. La operación la llevaría a cabo la Teşkilât Mahsusa, la «Organización especial» que el partido había creado en 1913 para desarrollar misiones secretas y que en ese momento contaba con 30 000 agentes bajo el mando de Bahaettin Şakir[421].

La limpieza étnica a gran escala no era una novedad en la región. La expulsión de comunidades enteras de sus hogares, por lo general refugiados a manos de un ejército invasor, era la suerte que habían corrido cientos de miles de turcos y circasianos en la década de 1860, cuando Rusia consolidó su poder en el norte del Cáucaso, y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando las naciones balcánicas se independizaron del dominio otomano[422]. Anatolia estaba atestada de estos mujahir que conservaban el amargo recuerdo del trato que habían recibido de parte de los cristianos. Las matanzas generalizadas tampoco eran episodios infrecuentes: la masacre armenia de la década de 1890 tenía muchos precedentes en distintos escenarios en la historia de la «Cuestión oriental», y también en otros lugares. Y la decisión de realizar traslados forzosos por motivos de seguridad se tomó en todos los bandos en contienda durante la Primera Guerra Mundial: en Rusia, el régimen zarista reunió y deportó al menos a medio millón de judíos desde Polonia y la Zona de Asentamiento del Imperio[423].

La empresa en la que el CUP se embarcó en la primavera de 1915 era en cierto sentido novedosa. Pues la aparente deportación, ya brutal de por sí, se convertiría en una tapadera del exterminio, sistemático y organizado por el Estado, de toda una comunidad. Los asesinatos comenzaron en marzo, todavía de forma poco sistemática, cuando las tropas rusas penetraron en Anatolia. El 20 de abril, en medio de un creciente clima de terror, los armenios se sublevaron en la ciudad de Van. Cinco días después, el ejército anglofrancés organizó una serie de desembarcos a gran escala en los Dardanelos, y se trazaron planes para trasladar el gobierno al interior si la capital caía en manos de la Entente. En este estado de emergencia, el CUP reaccionó con prontitud. A principios de junio, la destrucción coordinada y dirigida por el gobierno ya estaba en su apogeo. Como señala Michael Mann, una de las mayores autoridades en limpieza étnica moderna comparada, «la escalada desde los primeros incidentes al genocidio se produjo en tres meses, un proceso mucho más rápido que el posterior ataque de Hitler sobre los judíos»[424]. Şakir —el fundador del CUP, probablemente— visitó las zonas para supervisar la matanza en persona. Sin aducir siquiera el pretexto de la seguridad, los armenios de la Anatolia occidental fueron aniquilados a cientos de kilómetros del frente, lo cual confirma que se trataba de un plan de erradicación sistemática.

No se sabe a ciencia cierta cuántos murieron ni el modo en que lo hicieron —fusilados o acuchillados, en su lugar de origen o en campos de exterminio—. Mann, que baraja la razonable cifra de entre 1 200 000 y 1 400 000 armenios, calcula que «quizá murieron dos tercios del total de la población armenia», lo que convierte a este episodio en «la limpieza étnica más eficaz del siglo XX», de una magnitud aún superior a la de la Shoah[425]. Una catástrofe de estas proporciones no se podía ocultar. Los alemanes, que ocupaban distintos cargos en Anatolia —cónsules, militares, clérigos y otros— en calidad de aliados de los otomanos, fueron testigos de esta tragedia y la mayoría de ellos se la describieron, angustiados y horrorizados, a sus compatriotas. Cuando el embajador americano le pidió explicaciones, Talat ni siquiera se molestó en negar la existencia de esta matanza. La Entente, por su parte, a diferencia de los Aliados, que no profirieron una sola palabra de condena en relación con el judeocidio de la Segunda Guerra Mundial, denunció el exterminio inmediatamente, y redactó una solemne declaración el 24 de mayo de 1915, en la que prometía castigar a los criminales responsables.

La victoria en los Dardanelos fue la salvación para el régimen del CUP. Pero este fue el único triunfo que obtuvo en toda la campaña, un éxito defensivo. En otros lugares, en Arabia, Palestina, Irak o el Mar Negro, los ejércitos de una sociedad aún en esencia agrícola fueron derrotados por sus adversarios más industrializados, y las derrotas acarrearon grandes sufrimientos a los civiles, así como una gran cantidad de bajas en el ejército, una proporción de la población solo superada por Serbia. Con la caída de Bulgaria, la cuerda de salvamento entre el Imperio otomano y las principales potencias, el CUP tomó conciencia de que sus días estaban contados. Talat, que se detuvo en Sofía al regreso de un viaje a Berlín, se dio cuenta de que el juego había terminado y quince días después dimitió como gran visir. Dos semanas más tarde se formó un nuevo gabinete dirigido por líderes aparentemente menos comprometidos, y el 31 de octubre la Sublime Puerta firmó un armisticio con la Entente, cuatro días antes de que lo hiciera Austria y dos semanas antes que Alemania. Las fichas caían una tras de otra, desde las más débiles a las más fuertes.

III

La impresión era engañosa. En Viena, la monarquía de los Habsburgo se había desintegrado de la noche a la mañana. En Berlín, se habían formado repentinamente consejos de soldados y obreros después de que el último Hohenzollern huyera al exilio. En Sofía, el Partido Campesino de Stamboliski, que había organizado una rebelión antes incluso de que terminara la guerra, llegó al poder. En todos estos casos la derrota era indiscutible y el antiguo régimen había caído por completo en el descrédito. Pero en Estambul el panorama era distinto. La entrada en la guerra del Imperio otomano había sido una decisión gratuita, adoptada por motivos diferentes a los de cualquier otra potencia, y su salida también fue distinta, ya que los dirigentes del CUP no aceptaron la derrota. Entregaron el poder como una maniobra de reculer pour mieux sauter. En los quince días que transcurrieron entre su renuncia al gobierno y la firma del armisticio, se dedicaron a organizar la resistencia para luchar contra la inminente ocupación y prolongar así la campaña destinada a consolidar el poder turco. Enver invocó el desastre de los Balcanes de 1912-1913, que les había servido para lograr la redención gracias a la recuperación de Edirne, como ejemplo para el futuro[426]. Talat organizó un grupo paramilitar clandestino, Karakol, dirigido por colegas de su círculo más próximo —entre otros, el tío del propio Enver— y equipado con arsenales de armas y fondos procedentes de la Organización Especial, que se había disuelto apresuradamente y había cambiado su nombre por el de Partido Unionista. Los archivos se ocultaron y los documentos incriminatorios se destruyeron de forma metódica[427].

Después de firmar la rendición en la isla de Lemnos el 31 de octubre, pero antes de que las fuerzas aliadas se adentraran en el estrecho, los líderes del CUP realizaron una última maniobra. Todo estaba arreglado y no había motivos para dejarse llevar por el pánico. En la noche del 1 al 2 de noviembre, los ocho dirigentes más importantes del régimen embarcaron en secreto en un torpedero alemán, el antiguo Schastlivyi arrebatado a los rusos, que les llevó hasta Sebastopol a toda velocidad[428]. Desde allí Alemania, todavía en guerra con la Entente, controlaba Ucrania. La expedición la integraban, entre otros, Enver, Talat, Şakir, Nazim y Cemal[429]. Desde Crimea, Enver viajó hasta el Cáucaso, mientras que los demás componentes del grupo fueron trasladados por etapas y en secreto hasta Berlín, donde llegaron en 1919. Ebert, el nuevo presidente socialdemócrata de la República, les ofreció protección. Es cierto que el unionismo no se puede comparar con el nazismo, pero, para hacernos una idea, fue como si en 1945 Hitler, Himmler, Kaltenbrunner, Goebbels y Goering, después de ultimar los preparativos del plan Werwolf en Alemania, hubieran huido tranquilamente a Finlandia para seguir luchando.

Diez días después, los Aliados entraron en Estambul. Al final de la guerra, el Imperio de los Habsburgo se había desintegrado espontáneamente; el régimen de los Hohenzollern había dado paso a una república que tuvo que entregar Alsacia y Lorena y padecer la ocupación de Renania, pero estas cesiones no supusieron una pérdida de integridad territorial real para Alemania. La del Imperio otomano fue otra historia, pues su destino quedó a merced de los vencedores. A finales de 1918, cuatro potencias —Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia— se repartieron el botín. Las dos primeras se quedaron con las provincias árabes, y las dos segundas compitieron por los territorios del sudeste de Anatolia. Tendrían que pasar dos años más para que estos países alcanzaran un acuerdo formal en relación con el desmembramiento definitivo del Imperio. Entretanto, ejercieron conjuntamente el control desde Estambul, en un principio con relativa flexibilidad, de un gobierno aparentemente acomodadizo, dirigido por un nuevo sultán famoso por su aversión al CUP.

Sin embargo, aunque la miseria que padeció después de la guerra por su condición de sociedad derrotada fue mucho mayor que la de Alemania o Austria, el Imperio otomano tenía más recursos para resistirse a una potencial paz cartaginesa. Desde la capital, Karakol empezó enseguida a canalizar el tráfico de armas y de agentes hacia el interior, donde ya se tenía previsto desplazar el centro del poder durante la guerra y la vigilancia extranjera era mínima. La Revolución de Octubre fue un acontecimiento decisivo. Al abandonar Rusia las filas de los Aliados, la Anatolia oriental quedó a salvo de la ocupación. Pero, además, el Noveno Ejército Otomano, que Enver había enviado al Cáucaso para apoderarse de la región una vez que el Tratado de Brest-Litovsk le despejara el camino para avanzar hasta Bakú, quedó intacto bajo el mando de un comandante unionista.

En la primavera de 1919, otro oficial unionista entró en escena. Kemal, también oriundo de Rumelia, pertenecía al CUP desde los comienzos y había ganado prominencia gracias a la defensa de los Dardanelos antes de pasar el resto de la guerra en Siria, en compañía de Cemal. Las malas relaciones con Enver le habían mantenido alejado del núcleo central del partido, al margen de la Organización Especial. Regresó de Damasco en busca de un ministerio en el gobierno de la posguerra, pero en lugar de ello le ofrecieron un cargo de inspector militar en Oriente. Lo más probable es que esta propuesta surgiera a raíz de las conversaciones que había mantenido con Karakol, la organización con la que había contactado para regresar. Una vez en la costa del Mar Negro, Kemal se desplazó hacia el interior y comenzó de inmediato a coordinar la resistencia política y militar —en un principio de forma encubierta y después abiertamente— para combatir a las potencias aliadas que controlaban Turquía. En esta campaña, que con el tiempo se acabaría convirtiendo en la Guerra de la Independencia, cuatro factores intervinieron a favor de Kemal.

El primero era, sencillamente, el grado de organización para la resistencia que habían dejado a sus espaldas los líderes del CUP. Los turcos no solo contaban con enormes arsenales de armas y una buena reserva de agentes secretos, sino también con una amplia red nacional de Sociedades para los Derechos de Defensa Nacional, que prácticamente equivalía a contar con el respaldo de un partido político público; además, tenían a su disposición —no tanto por su capacidad de previsión, como por azar— un ejército regular totalmente equipado, fuera del alcance de los Aliados. El segundo factor era la ayuda de Rusia. El régimen de Lenin, que tenía que combatir las numerosas intervenciones de la Entente —empeñada en derrocarle en la guerra civil—, colaboró con armas y dinero con la resistencia turca para combatir al enemigo común. El tercero eran las divisiones internas en el seno de la propia Entente. Gran Bretaña era la potencia más influyente en Estambul. Pero no estaba dispuesta a aportar una fuerza militar proporcional a su poder político, y prefería delegar esta función en Grecia. No obstante, para los vencedores jugar la baza griega —y este es el cuarto factor esencial que intervino en la situación—, particularmente débil, no fue una decisión acertada.

Italia estaba molesta con Grecia, pues consideraba que era un rival inferior, y los británicos sospechaban que los griegos eran peones de Francia. Pero, además, para los turcos Grecia era un chacal que se alimentaba de la carroña que le dejaban las grandes potencias, las dignas adversarias del Imperio. Aunque prácticamente no habían contribuido a la derrota del ejército otomano, habían recibido en recompensa los territorios ocupados más extensos, regiones donde la Organización Especial había expulsado a un importante número de griegos antes de la guerra y donde los ánimos de las comunidades étnicas estaban muy exaltados. Pero, ante todo, Grecia era un país pequeño, dividido, despreciable como potencia militar. Era imposible imaginar un mejor blanco para lanzar contra él una campaña de liberación nacional. Cuatro días antes de que Kemal llegara al Mar Negro, las tropas griegas desembarcaron en Esmirna y se apoderaron de la región, prendiendo la llama de la ira en todo el país y creando las condiciones perfectas para acometer una empresa que muchos turcos todavía consideraban arriesgada.

Un año después, Kemal había fundado una Asamblea Nacional en Ankara, desafiando abiertamente al gobierno de Estambul, y había reunido un ejército capaz de contener los avances griegos, que cada vez se extendían más hacia el interior de Anatolia. En el otoño de 1921 una nueva ofensiva griega fue bloqueada después de un triunfo inicial, y un año después los agresores, todavía posicionados en las mismas líneas, sufrieron una derrota aplastante. Diez días después, el ejército de Kemal entró en Esmirna y arrasó la ciudad. Después condujo a la población griega hasta el mar, una de las mayores salvajadas cometidas por ambos bandos[430]. En Gran Bretaña, la debacle de su protegido puso fin al mandato de Lloyd George. Filoheleno hasta el final, cuando amenazó con llevar al país a la guerra, después de las victorias turcas en octubre de 1922, tuvo que abandonar el gobierno tras una rebelión en el Carlton Club.

El verano siguiente Curzon descartó el plan original de partición de Anatolia que había propuesto la Entente, reconoció las fronteras de la Turquía moderna y, por último, el fin de los derechos de extraterritorialidad de los países extranjeros, firmando con sus homólogos francés, italiano y griego el Tratado de Lausana, que ponía fin oficialmente a las hostilidades con el Estado otomano. Desde el punto de vista jurídico, la principal novedad del Tratado era la limpieza étnica mutua propuesta por el filántropo noruego Fridtjof Nansen, que fue recompensado con el premio Nobel de la Paz por esta idea luminosa[431], iniciando una larga tradición de galardonados por ocurrencias semejantes. El «intercambio de población» entre Turquía y Grecia reflejaba las posiciones relativas del vencedor y del vencido: 900 000 griegos y 400 000 turcos habían abandonado sus hogares para viajar en direcciones opuestas.

Aclamado como libertador de su país, Kemal era ahora el amo de la escena política. Había llegado al poder en gran medida gracias al Estado paralelo que el unionismo había dejado a sus espaldas cuando el Schastlivyi soltó amarras, y durante un tiempo se le consideró un primus inter pares de los supervivientes del CUP, más que un líder indiscutible. Todavía en el verano de 1921, Enver merodeaba por la frontera de la costa del Mar Negro, a la espera de reanudar el combate y arrebatarle el liderazgo a Kemal, si este no lograba detener el avance griego. La victoria militar dejó a Kemal inmune ante tal amenaza que, desde Berlín, el propio Talat consideraba imprudente, pues había aconsejado a sus seguidores que permanecieran al lado del nuevo líder. Pero el CUP también representaba una amenaza de otra índole, pues siempre podía resurgir de sus cenizas y reivindicar la legitimidad de su gobierno, ya que, durante la ocupación aliada, el gobierno de Estambul había juzgado a los oficiales responsables del genocidio armenio y había condenado a muerte in absentia a los ocho líderes que habían huido a Sebastopol.

El régimen de Weimar, ante el temor de que Alemania se viera involucrada si los extraditaba, les ofreció su protección. En Berlín, habían desarrollado algunos planes ambiciosos para la recuperación del poder en Turquía, y habían recorrido Europa y parte de Asia —Talat estuvo en Holanda, Suecia e Italia; Cemal en Suiza y Georgia; Şakir y Enver en Rusia; otros se desplazaron hasta Persia y Afganistán— para exponer sus distintos planes de respuesta[432]. Podrían haberse convertido en un estorbo para el régimen de Kemal, pues tenían todo el derecho a recordarle sus orígenes y a obligarle a adoptar una posición pública que él quería evitar a toda costa. Pero una ironía del destino quiso que el Comité Central del Partido Armenio Revolucionario, los Dashnaks, le solucionara la papeleta. En una reunión celebrada en Erevan, este comité decidió tomarse la justicia por su mano y envió a algunos agentes al extranjero para que se cumplieran los veredictos de los juicios de Estambul. En marzo de 1921, Talat fue abatido con un revólver a escasos metros de su casa de la Uhlandstrasse, justo al lado de la Kurfürstendamm, en el centro de Berlín; en abril de 1922, Şakir y Cemal Azmi fueron asesinados a tiros a unas pocas manzanas, en la misma calle; en julio, acabaron con la vida de Cemal en Tiflis; al margen de la campaña de venganza de Dashnak, en agosto un chekista armenio —su identidad no se llegó a confirmar— localizó a Enver y acabó con su vida mientras luchaba contra los bolcheviques en Tayikistán[433]. Esta purga no podía ser más oportuna para el nuevo gobierno de Ankara. Con los jefes del CUP fuera de juego, Kemal podía proceder a construir una Turquía a su gusto, sin preocuparse por los incómodos recuerdos del pasado.

IV

Tres meses después del entierro de Enver, los otomanos siguieron por fin el ejemplo de los Habsburgo, los Romanov y los Hohenzollern, y abolieron el sultanato que el CUP había conservado con tanto cuidado. Un año después, tras unas elecciones sometidas a un estrecho control, Kemal se proclamó presidente de una República turca. La ruptura simbólica con siglos del aura dinástica a la que el unionismo se había aferrado fue bastante radical, pero no sorprendió a nadie. Lo que no era en modo alguno previsible fueron los sucesos posteriores. En la primavera de 1924, Kemal eliminó el califato, una institución religiosa aún reverenciada en todo el mundo musulmán —se desencadenó una oleada de protestas que llegó a lugares tan lejanos como la India— e inmediatamente comenzó a cerrar santuarios y a suprimir derviches, prohibió el fez, modificó el calendario, sustituyó la sharia por la ley civil y la grafía árabe por la latina. La magnitud y la rapidez de este asalto a la tradición religiosa y a las costumbres familiares, que afectó a la fe, al tiempo, a la vestimenta, a la familia y a la lengua, sigue siendo única en la Umma actualmente. Semejante radicalismo era imposible de predecir con antelación, y solo se podría comparar acaso, con el rigor anticlerical que desplegó Plutarco Calles en México en esos mismos años. El esplendor visionario de Kemal no se puede comparar con el de ninguno de sus predecesores.

Pero, a pesar de su carácter sistemático, la transformación que se apoderó de Turquía era bastante singular: una revolución cultural sin su correspondiente revolución social, un acontecimiento que rara vez se produce en la historia y que, de hecho, parece imposible a priori[434]. La estructura de la sociedad, las reglas de propiedad, el modelo de relaciones de clases no sufrieron alteración alguna. El CUP había reprimido cualquier tentativa de huelga o de organización sindical desde el principio. Kemal siguió este ejemplo: los comunistas fueron asesinados o encarcelados, a pesar de las buenas relaciones diplomáticas que Turquía mantenía con Moscú. El kemalismo no solo carecía de impulso anticapitalista, sino también de una dimensión antifeudal significativa. El régimen otomano, centrado en un Estado burocrático, nunca había necesitado ni permitido el desarrollo de una poderosa clase terrateniente en el ámbito rural, menos aún en Anatolia, donde las tierras pertenecían por tradición a los propios campesinos —la única excepción era la de las regiones del sudeste kurdo, controladas por jefes tribales—. Por tanto, las posibilidades de llevar a cabo una reforma agraria eran mucho más limitadas que en Rusia, o incluso que en algunas zonas de los Balcanes, y ni siquiera se llegó a intentar.

Sin embargo, en un sentido crucial, el panorama social al que afectó la revolución cultural era al mismo tiempo lo contrario de un orden tradicional estable. Aunque la dinámica del kemalismo no se basaba en la lucha de clases, una serie de trastornos étnicos de proporciones gigantescas habían reorganizado la sociedad anatolia. La afluencia de turcos y circasianos, refugiados procedentes de Rusia o de la Guerra de los Balcanes, la aniquilación de los armenios y la expulsión de los griegos habían generado un tremendo brassage de población y propiedades en una economía agrícola todavía atrasada. En esta precaria escena se podía imponer desde arriba una revolución cultural sin que se produjera en respuesta una reacción violenta de las bases. Después de las guerras que habían tenido lugar casi sin interrupción —durante más de una década, el doble de tiempo que en el resto de Europa—, el tremendo grado de desarraigo moral y material permitió una Kulturkampf que en otra situación habría desencadenado una explosión inimaginable. Pero, por este mismo motivo, la revolución no adquirió un impulso popular activo: el kemalismo siempre sería un movimiento vertical.

Aunque supuso una ruptura repentina y radical con la cultura otomana en un aspecto fundamental —al abolir la escritura cortó de golpe todo vínculo escrito entre las nuevas generaciones y el pasado—, en su distanciamiento de las masas el kemalismo no solo heredó una tradición otomana, sino que la perfeccionó. A lo largo de la historia, todos los grupos dirigentes premodernos han utilizado una lengua que se diferenciaba de uno u otro modo, aunque solo fuera en el acento o en el vocabulario, de la que hablaban sus súbditos. Pero la elite otomana, formada durante mucho tiempo por individuos que ni siquiera eran turcos, se encontraba especialmente distante del pueblo, en la medida en que se trataba de un cuerpo de funcionarios vinculado por obligación a una lengua sofisticada, en la que se mezclaban el persa, el árabe y el turco, con muchas palabras prestadas de otras lenguas, y era incomprensible para el pueblo. Aunque el otomano que hablaba la administración era menos complicado que la variedad literaria, y el turco había quedado relegado al ámbito familiar, existía un amplio abismo entre la alta cultura y la cultura popular del imperio, un desajuste que se reflejaba en el lenguaje[435].

El kemalismo se propuso acabar con esto, creando para ello una lengua turca moderna, distinta del despreciado dialecto de los tiempos otomanos; una lengua que hablaran por igual todos los ciudadanos de la nueva república. Pero aunque la intención era cerrar el abismo que existía entre gobernantes y gobernados allí donde la distancia había sido más amplia en el pasado, se creó un nuevo desajuste que nunca antes había existido, al menos no en esa medida, de forma que la distancia total que los separaba acabó siendo mayor que nunca. La reforma lingüística podía unificar; pero la reforma religiosa tenía que dividir a la fuerza. La fe de las elites otomanas tenía muy poco en común con las formas populares de piedad —un conjunto variopinto de cultos y supersticiones menospreciado por la gente culta—. Pero por lo menos compartían la entrega al islam. Kemal rompió este lazo. Al colocar en el punto de mira a los santuarios y a las hermandades, a los predicadores y a las reuniones de oraciones, el Estado atacaba objetos de culto y apego tradicionales, y las masas se opusieron. En este aspecto, la revolución cultural fracasó. Rechazado por los ciudadanos que vivían en el ámbito rural y en las pequeñas ciudades, la mayoría de la población del país, los modernos descendientes de la elite otomana —burócratas, oficiales, profesionales— adoptaron, sin embargo, en las ciudades el laicismo kemalista con un fervor agresivo. En este estrato urbano, el laicismo se convirtió con el paso del tiempo, como en la actualidad, en una especie de sucedáneo, intenso y estrecho de miras, de la religión. Pero la rigidez de este laicismo era particularmente quebradiza. No por su debilidad intelectual, o por su divorcio del sentir popular, sino, en un sentido más profundo, por la mala fe estructural que siempre le había acompañado.

No existe razón alguna para presuponer que el propio Kemal no fuera un ateo recalcitrante, al más puro estilo de la Tercera República Francesa, durante toda su vida. En este sentido, debería pasar a la historia como un Émile Combes moderno, el azote de la mistificación y la superstición frailuna. Pero cuando ascendió al poder, al igual que Talat o Enver antes que él, no pudo deshacerse sin más del islam. «La ayuda y la protección de Dios están de nuestro lado en esta lucha sagrada que hemos emprendido en nombre de nuestra patria», declaró en 1920[436]. La lucha por la independencia era una guerra santa que él lideraba en calidad de Gazi, el guerrero de la fe de la expansión otomana primigenia, un título que siguió utilizando hasta mediados de los años treinta. «¡Dios es uno y grande en su gloria!», anunció sin ruborizarse en un sermón pronunciado ante los fieles congregados en una mezquita en 1923[437]. Un año después, cuando se elaboró la Constitución de la República de Turquía, se declaró que el islam era la religión oficial. En estos años Kemal utilizó la piedad musulmana con el mismo espíritu con el que Napoleón se había coronado emperador con la bendición del papa. Pero estos dos ejercicios de cinismo seguían direcciones distintas: Napoleón se alzó con el poder como un revolucionario y manipuló la religión para dotar de estabilidad a su régimen; Kemal la manipuló para hacer la revolución y, cuando su poder se había estabilizado, se abalanzó sobre ella. A partir de 1926 apenas volvió a mencionar a la deidad.

V

El nuevo régimen solo utilizó el islam con carácter transitorio, con fines tácticos, y, cuando ya no necesitaba apoyarse en la religión, prescindió de ella. Sin embargo, en un sentido más profundo, el kemalismo mantenía una relación mucho más íntima con la religión que aparentemente se dedicaba a mortificar. Pues incluso cuando alcanzaba el paroxismo, el laicismo turco nunca fue genuinamente laico. Esto se debe en parte, como se suele observar, a que el régimen de Kemal no se propuso tanto separar la religión del Estado, cuanto subordinarla a él, creando «directorios» que actuaban como propietarios de las mezquitas, nombraban a los imanes y administraban las fundaciones religiosas. En realidad, la religión se acabó transformando en una rama de la burocracia. Sin embargo, hay otra razón mucho más profunda. La religión nunca llegó a separarse de la nación, sino que se convirtió, más bien, en una definición tácita de ella. Esto fue, no obstante, lo que le permitió al kemalismo llegar a ser algo más que un culto de las elites y dejar una huella duradera en las masas. Pues si a escala rural el laicismo no consiguió cuajar, el nacionalismo tenía unas raíces populares muy profundas. Es posible —tal es la teoría que desarrolla Carter Findlay en su obra Turks in World History— que este fenómeno se inspirara en una antigua tradición cultural turca, originaria de Asia Central y anterior a la conversión al islam, basada en la sacralización del Estado, que le confería al significante moderno —devlet— un aura de una intensidad inusitada. Sea como fuere, la ambigüedad del kemalismo radicaba en haber construido un código ideológico con dos registros: uno laico, destinado a la elite, y otro criptorreligioso y accesible a las masas. Ambos registros compartían el valor político supremo de la integridad de la nación.

Los griegos y los armenios, al igual que los cristianos, fueron excluidos desde el principio. En las primeras elecciones a la Asamblea nacional de 1919, solo los musulmanes tenían derecho a votar, y cuando se produjeron los «intercambios» de población en 1923, incluso las comunidades griegas de Cilicia, tan integradas que hasta hablaban en turco, fueron expulsadas por infieles —la etnia no se definía en términos culturales, sino religiosos—. Los motivos de estas amputaciones del cuerpo de la nación eran tan evidentes que ni siquiera es necesario explicarlos en detalle. Pero en Turquía había otra comunidad importante, cuyos miembros en general no hablaban turco, que no podía ser despachada de esa manera porque era musulmana. En la Anatolia de la limpieza étnica, los kurdos representaban una cuarta parte de la población total. Habían desempeñado un papel fundamental en el genocidio armenio, pues los destacamentos kurdos habían actuado como fuerzas de choque dedicadas al exterminio, y habían luchado codo con codo con los turcos en la Guerra de la Independencia. ¿Qué lugar ocupaban en el nuevo Estado?

Cuando la lucha por la independencia pendía de un hilo, Kemal les había prometido respetar su identidad y su autonomía en las regiones en las que constituían la población mayoritaria. «Hay turcos y kurdos», declaró Kemal en 1919, «la nación no está formada por un solo elemento. Hay varios elementos musulmanes unidos. Todos los elementos musulmanes que forman esta entidad son ciudadanos»[438]. Pero cuando se vio que la victoria era segura, los territorios kurdos se llenaron de oficiales turcos, los topónimos kurdos fueron reemplazados y se prohibió la lengua kurda en los tribunales y en las escuelas. Después, con la abolición del califato en 1924, Kemal se deshizo del símbolo común del islam al que él mismo había apelado cinco años antes, al jurar que «los turcos y los kurdos seguirán viviendo como hermanos alrededor de la institución del khilafa»[439]. Esta decisión desencadenó una importante rebelión kurda a principios de 1925, dirigida por el líder tribal Sheikh Sait. La mitad del ejército turco, unos 50 000 soldados, fue movilizada para sofocar la revuelta. Según algunos cálculos, hubo más bajas que en la Guerra de la Independencia[440].

En el sudeste, después de la represión vinieron las deportaciones, las ejecuciones y la turquificación sistemática. En el resto del país, la rebelión fue la excusa para la imposición de una dictadura y de una Ley para el Mantenimiento del Orden que acarreó la supresión de la prensa y de los partidos contrarios al régimen durante el resto de la década. En 1937, a raíz de un plan de turquificación todavía más drástico, los kurdos alevíes se levantaron en la región de Dersim y fueron aplastados de un modo aún más despiadado, con armas de destrucción más modernas —bombarderos, gas, artillería pesada—. Oficialmente, a estas alturas los kurdos habían dejado de existir. Desde 1925, Kemal no volvería a pronunciar jamás la palabra «kurdo» en público. La nación estaba formada por un pueblo homogéneo y único: los turcos. Esta ficción se mantendría durante las tres generaciones siguientes.

Pero si lo que diferenciaba a los kurdos de los turcos no era la lengua, las costumbres ni la conciencia de la identidad, ¿en qué se distinguían? Tácitamente, solo podía tratarse de un elemento que el kemalismo no podía admitir, pero del cual tampoco podía prescindir: la religión. Todavía existían minúsculas comunidades cristianas y judías en el país, concentradas en esencia en Estambul y sus alrededores, y, en su debido momento, recibirían un trato que demostraría a las claras la importancia que se le concedía a la división entre creyentes e infieles en el Estado kemalista. Pero si los límites de la nación los establecía el islam, lo hacía de un modo puramente negativo —era la identidad encubierta que había quedado después de que toda determinación positiva hubiera sido sustraída en nombre de la homogeneidad—. Por consiguiente, el laicismo turco siempre dependió precisamente de lo que reprimía.

La represión, por supuesto, exigía una compensación. Como la religión ya no podía actuar como denominador común público de la nación, el Estado necesitaba un sustituto que le sirviera de aglutinante. Kemal intentó solucionar el problema inventándose una esencia legendaria, racial y cultural, compartida por todos los miembros de la República Turca. Los materiales que tenía a mano para levantar este edificio planteaban algunas dificultades intrínsecas. Las primeras tribus turcas habían llegado a Anatolia en el siglo XI, y, en comparación con los griegos o los armenios, por no hablar de los kurdos, eran unos recién llegados, a los que se les solía identificar con los medos de la Antigüedad. Pero una mirada superficial a los fenotipos de la Turquía actual basta para comprobar que, a la llegada de los turcos a la península, le sucedieron muchos siglos de mezcla genética. El concepto de cultura turca pura era igual de dudoso. La elite otomana había creado una riqueza literaria y visual de la que cualquier sociedad podía estar orgullosa, pero se trataba de una cultura cosmopolita, que no solo se distinguía de cualquier estilo específicamente turco, sino que además lo despreciaba —de hecho, hasta bien entrado el siglo XIX, la propia expresión «turco» quería decir «patán» o «paleto»—. En cualquier caso, la reforma de la escritura impedía el acceso a este legado.

Sin dejarse desanimar por estas limitaciones, el kemalismo inventó la mitología más extravagante de todos los nacionalismos del periodo de entreguerras. A mediados de los años treinta, el Estado ya había comenzado a propagar una ideología según la cual los turcos, el tronco común del que descendían los fenicios y los hititas en el Mediterráneo, habían llevado la civilización desde Asia Central al resto del mundo, hasta China o el remoto Brasil; y, como impulsores de la historia universal, hablaban una lengua que había dado lugar a todas las demás, derivada de la lengua sun de los turcos primitivos[441]. Esta megalomanía étnica reflejaba el alcance de la inseguridad y la artificialidad de esta empresa oficial: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Como testigo directo de las políticas culturales de Kemal entre 1936 y 1937, Erich Auerbach le escribió desde Estambul a Walter Benjamin: «El proceso se desarrolla con una rapidez fantástica e inquietante: apenas queda nadie que sepa árabe o persa, e incluso los textos turcos del siglo pasado pronto serán incomprensibles». Al combinar «la renuncia a la tradición cultural islámica existente, la aceptación de la fantasía de una “proto-Turquía”, la modernización técnica en el sentido europeo con el fin de responder a la odiada y envidiada Europa con sus propias armas», el kemalismo ofrecía a la vez «un nacionalismo superlativo y la destrucción del carácter nacional histórico»[442].

Setenta años después, un intelectual turco analizaba la lógica profunda de este proceso. En su ensayo sobre el poder no superado, uno de los textos más importantes que se han escrito sobre el nacionalismo, el sociólogo Çağlar Keyder sostiene que poblar Anatolia retrospectivamente, a la desesperada, de proto-turcos bajo la guisa de hititas y troyanos fue un mecanismo destinado a compensar la limpieza étnica que había caracterizado al régimen en sus comienzos. La represión de este recuerdo creó un pacto de silencio entre gobernantes y gobernados, no el vínculo popular que podría haber surgido de una auténtica lucha antiimperialista —la Guerra de la Independencia fue un episodio de una magnitud muy discreta, comparada con la experiencia traumática y desproporcionada de la Primera Guerra Mundial—. Abstracta en su imaginación del espacio, hipomaníaca en su proyección temporal, la ideología oficial adoptó un peculiar carácter «preceptoril», con todo lo que esta palabra implica. «La elección de un mito fundacional particular, que relacionaba la herencia nacional con una historia a todas luces inventada, la desterritorialización de la “madre patria” y la evitación y la represión estudiada de la experiencia reciente compartida hicieron que el nacionalismo turco resultara excepcionalmente árido»[443].

Aunque este concepto de nacionalismo era nuevo, la experiencia que había reprimido lo vinculaba íntimamente con la semilla a partir de la cual se había desarrollado. La continuidad que existía entre el kemalismo y el unionismo, bastante evidente en el tratamiento dispensado a los kurdos bajo la República, era todavía más exagerada en otros aspectos. Pues el exterminio de los armenios no cesó en 1916. Decidido a evitar la creación de un Estado armenio en el territorio con el que Wilson había premiado a esta comunidad en 1920 —sin coste, sobre el papel—, el gobierno de Kemal en Ankara ordenó lanzar un ataque contra la República Armenia que se había fundado en el lado ruso de la frontera del Cáucaso, el territorio al que habían huido la mayoría de los supervivientes de las matanzas de 1915 y 1916. En un telegrama secreto, el ministro de Exteriores turco ordenaba a Kazim Karabekir, el oficial al mando de la invasión, que «engañara a los armenios y a los europeos» y cumpliera inmediatamente la siguiente orden: «Es indispensable que Armenia sea política y físicamente aniquilada»[444]. Los historiadores soviéticos calculan que unos 200 000 armenios fueron asesinados en un intervalo de cinco meses, hasta que el Ejército Rojo tomó cartas en el asunto.

Esto sucedió, por así decir, en tiempos de guerra. ¿Qué actitud adoptó la República Turca, cuando llegó la paz, ante el genocidio original? Cuando algún extranjero se interesaba por el tema, Kemal solía censurar, casi siempre de forma oficiosa, la matanza, una acción que atribuía a un grupo aislado de canallas. Pero, ante sus compatriotas, el régimen hizo todo lo que pudo por honrar a los responsables, tanto a los muertos como a los vivos. La asamblea de Kemal proclamó «mártires nacionales» a dos de los asesinos más prominentes, ajusticiados en la horca en 1920, acusados de todo tipo de atrocidades por los tribunales de Estambul, y en 1926 se les concedieron pensiones a las familias de Talat, Enver, Şakir y Cemal, además de tierras y propiedades arrebatadas a los armenios, en reconocimiento por los servicios que estos personajes habían prestado al país. Estas decisiones no fueron meros gestos sentimentales. El régimen de Kemal estaba atestado de individuos que habían participado en las carnicerías de 1915-1916, desde la cúpula hasta los puestos más bajos. El Ministerio del Interior, el de Economía, el de Educación, el de Defensa y el de Obras Públicas estuvieron dirigidos en algún momento por veteranos del genocidio. Y el abogado que había defendido a estos criminales en los juicios de Estambul también ocupó el cargo de ministro de Justicia[445]. Era como si los jefes más conocidos de las SS y de la Sicherheitsdienst hubieran formado parte de los gobiernos de Adenauer.

¿Qué se puede decir del propio Kemal? Después de permanecer en Gallipoli hasta 1915, fue enviado a Diyarbakir, una ciudad del sudeste, en la primavera de 1916, cuando esta región ya había sido purgada de armenios. No cabe duda de que conocía la existencia del genocidio —cualquier persona en su situación tenía que estar al tanto—, pero no participó en él. Es imposible adivinar cómo habría actuado si hubiera llegado a esta zona en el apogeo de la masacre. Kemal consideraba que el genocidio era un hecho consumado, que se había convertido en una de las condiciones para la creación de una nueva Turquía. En esto estaba de acuerdo con la mayoría de sus compatriotas, pues la aniquilación de los armenios en Anatolia, que representaban al menos una décima parte de la población total, a diferencia de la de los judíos en Alemania, donde apenas alcanzaban el 1 por ciento, tuvo beneficios materiales para una gran cantidad de ciudadanos, que pudieron así adquirir las tierras y las riquezas de aquellos que habían sido exterminados, y también las de los griegos expulsados, que representaban otra décima parte del total. El propio Kemal sacó partido de esta enorme generosidad, pues se quedó con las villas que habían abandonado sus propietarios griegos en Bursa y Trabzon sin pagar nada a cambio, y la mansión situada en lo alto de la colina de Çankaya, su residencia oficial como jefe del Estado en Ankara, había pertenecido antes a una familia armenia, y también formaba parte del botín del genocidio. Hoy en día es el Palacio Presidencial de la República.

Con todo, no es lo mismo beneficiarse de un crimen que participar en él. Kemal es uno de los casos más sorprendentes de «suerte moral», ese oxímoron filosófico que Bernard Williams convirtió en una bendición délfica. Por gracia de los nombramientos militares, sus manos quedaron limpias de las mayores atrocidades que se cometieron en su época, lo que le convirtió en el candidato ideal para liderar el movimiento nacional después de la guerra. Como persona, era valiente, inteligente y clarividente. Cosechó numerosos éxitos militares y fue un dirigente político formidable. Atrevido o prudente según lo exigiera la ocasión, demostró un realismo inquebrantable en la adquisición y en el ejercicio del poder. Sin embargo, también perseguía los ideales auténticos de una mejor vida para su pueblo, que entendía como la incorporación a la modernidad civilizada según el modelo de las sociedades más avanzadas del momento. Independientemente de la suerte que corrieran estos ideales en la práctica, nunca los abandonó.

Una cosa eran los fines y otra los medios. El régimen de Kemal era una dictadura unipartidista centrada en un culto a la personalidad de dimensiones colosales. En 1926 ya se habían levantado las primeras estatuas ecuestres de Kemal, mucho antes de que se erigieran los primeros monumentos en honor de Stalin en Rusia. Comparados con el discurso que pronunció Kemal en 1927, en el que formuló el credo oficial de la nación, los de Khruschev o los de Castro parecen mucho más livianos. Esta enumeración elogiosa de todos sus logros duró treinta y seis horas, repartidas a lo largo de seis días. La transcripción del discurso ocupó un tomo de 600 páginas, todo un récord en los anales de la autocracia. Curtido en mil batallas, Kemal despreciaba la vida y no vacilaba en imponer la muerte a los que se cruzaban en su camino. Mató a decenas de miles de kurdos; aunque, una vez elevados a la categoría de turcos, dejó de eliminarlos. Los comunistas eran asesinados o encarcelados. Nâzim Hikmet, el poeta más importante del país, pasó la mayor parte de su vida en prisión o en el exilio. Kemal era capaz de perdonar a sus antiguos colegas. Pero los unionistas que se le oponían fueron ejecutados, los juicios amañados y la prensa amordazada. No era un régimen que invadiera la intimidad de sus ciudadanos, si nos atenemos a los criterios modernos, pero la represión era habitual.

Se suele comparar el régimen de Kemal con otras dictaduras mediterráneas de la época, y hacerlo parece razonable. Bajo esta tenue luz, los méritos relativos del kemalismo parecen evidentes. Por otra parte, a diferencia de Salazar, Franco o Metaxas, Kemal no era un conservador tradicional, que impusiera códigos morales en connivencia con la Iglesia, ni un enemigo del progreso tal como se entendía en la época. Fue un modernizador decidido, que no había llegado al poder para defender a los terratenientes ni a los banqueros. Para él, el Estado lo era todo, y la familia y la religión no tenían ningún valor, no eran más que barreras que había que eliminar. Sin embargo, a diferencia de Mussolini, que también fue un modernizador —Kemal tomó del Duce el código penal que todavía padece Turquía—, no era un expansionista que albergara la esperanza de construir un nuevo imperio en la región. Recuperar muchos más territorios de los que parecía posible en 1918 era un logro suficiente, aunque las fronteras turcas fueran todavía mejorables: una de las últimas decisiones que adoptó fue la de maquinar la anexión de Alejandreta, con la connivencia del débil gobierno parisino del momento. Pero las bravatas imperiales de una Nueva Roma no tenían cabida en el régimen de Kemal: era un soldado veterano, no un aventurero, y la suerte que había corrido Enver estaba grabada a fuego en su memoria. Tampoco era dado a organizar concentraciones masivas, a bombardear a la nación con discursos radiofónicos, ni a organizar espectaculares procesiones o desfiles. No se intentó en ningún momento movilizar al pueblo. En este sentido, Turquía se parecía más a Portugal o a Grecia que a Italia. No era necesario porque apenas había conflictos de clase que contener o reprimir.

Pero precisamente porque su régimen no necesitaba apoyarse en una gran base, Kemal logró llevar a cabo algunas reformas que Mussolini ni siquiera podía plantearse. En 1934, se aprobó en Turquía el sufragio femenino, un avance que no llegaría a Italia y a Francia hasta 1945; a Grecia hasta mediados de los cincuenta y a Portugal hasta mediados de los setenta. Sin embargo, en este mismo aspecto también se ponían de manifiesto los límites de su revolución cultural: a la muerte de Kemal, el 90 por ciento de las mujeres eran analfabetas. El país no se había transformado en la sociedad moderna que él había soñado. Seguía siendo pobre, agrícola, más reprimido que emancipado, bajo el control del «Padre de los turcos», que era como le gustaba que le llamaran en sus últimos años.

Lo más probable es que al final Kemal fuera en cierto sentido consciente de que había fracasado. Es difícil adivinar cómo fueron sus últimos años, pues una gran parte de su vida es todavía hoy un secreto de Estado celosamente guardado. Solo se puede conjeturar. Lo que está claro es que nunca le gustaron las rutinas de la administración, pues a finales de los años veinte delegó los asuntos cotidianos del gobierno en su mediocre subordinado, Ismet, más tarde conocido como Inönü, que se ocupaba de estas cuestiones en calidad de primer ministro para que Kemal pudiera dedicarse a sus planes, placeres y caprichos en los salones de Çankaya, en los cabarés de Ankara o en los hoteles Pera Palace. Allí reunía a sus colegas y amigotes para celebrar sesiones de juego que se prolongaban durante toda la noche y que le alejaban cada vez más de la realidad de la luz del día. Kemal compartía esta predilección por los cónclaves a media luz con Stalin y con Mao. Los tres se convirtieron en sus últimos años en gobernantes nocturnos, como si los tiranos necesitaran el misterio de la oscuridad y la inversión de los horarios para que sus regímenes funcionen. Pero las similitudes no se agotan aquí. Si en el distanciamiento del gobierno Kemal recuerda a Mao —en este caso, esta indiferencia no le impedía, sin embargo, seguir muy de cerca las operaciones políticas importantes: la matanza de Dersim o la Anschluss de Alejandreta—, las fantásticas teorías relacionadas con el lenguaje que ocupaban su mente guardaban cierta relación con las declaraciones lingüísticas que realizó Stalin en su ocaso. Los tres, al refugiarse en la noche, acabaron sospechando de los que vivían de día.

Pero en la taxonomía de los dictadores hay un aspecto en el que Kemal fue una figura única. Cuando los miembros del Politburó se reunían en la villa de Stalin, el alcohol corría durante toda la noche; pero el secretario general tenía la precaución de controlarse en el consumo, para mantener la lucidez y obligar a los que le rodeaban a beber más e irse de la lengua. Las sesiones de Kemal eran auténticas parrandas. Siempre había sido un gran bebedor, y aguantaba muy bien la bebida, con la elegancia característica de los oficiales. Pero, en sus últimos años, el consumo excesivo de raki le pasó factura. Normalmente, el poder absoluto es un estupefaciente tan fuerte que en estos casos el alcohol, cuando no se rechaza del todo, algo muy frecuente, tiene efectos muy leves. Pero Kemal, quizá debido a cierto escepticismo intrínseco —en el fondo le aburría gobernar—, no era un adicto total al poder. Sin embargo, el hábito de beber constantemente se acabó convirtiendo en alcoholismo.

Una vez que los placeres de la voluntad dieron paso a los placeres de la carne, las mujeres se convirtieron en otro de sus consuelos más evidentes, y Kemal no se privó de él. Pero no le protegían de su soledad; solo se sentía a gusto rodeado de hombres. Aunque sus costumbres eran las de un soldado educado en los barracones, a Kemal le habría gustado moverse con soltura en la sociedad del sexo opuesto, un símbolo de la cortesía occidental desde la época de las Cartas persas, pero era demasiado ordinario para hacerlo. Su breve matrimonio con la hija de un acaudalado comerciante, educada en Occidente, duró poco más de un año. A partir de entonces, solo se le conocieron relaciones e incidentes casuales, algunos de ellos protagonizados por extranjeras. Cada vez era más imprudente. Las hijas adoptivas, custodiadas —este era su rasgo menos moderno— por un eunuco negro, se multiplicaron. En las últimas fotografías de Kemal que se conservan, aparece con la mirada vidriosa de un libertino agotado: un general inapropiadamente reducido a la categoría de vividor marchito, con una palidez terminal. Aquejado de cirrosis, murió a finales de 1938, a los cincuenta y siete años.

Un gobernante que se dio a la bebida ante la desesperación de la esterilidad final de su gobierno: en todo caso, no es más que una conjetura, la teoría que manejan los espíritus críticos en la Turquía actual. Otra alternativa, no necesariamente contradictoria con la anterior, podría acercarse a la descripción que ofrece Hegel de los autócratas de Roma:

En la persona del emperador la subjetividad aislada ha alcanzado su realización perfecta e ilimitada. El espíritu ha renunciado a la naturaleza que le es propia, puesto que la limitación del ser y de la volición ha constituido una existencia absoluta ilimitada… La subjetividad individual, emancipada así completamente del control, no tiene vida interior, ni emociones prospectivas o retrospectivas, ni arrepentimiento, ni esperanza, ni miedo —ni siquiera pensamiento; ya que todas estas emociones implican unas condiciones y unos objetivos fijos, mientras que en este caso toda condición es meramente contingente—. Las fuentes de la acción son el deseo, la lujuria, el antojo… en una palabra, el capricho sin traba alguna. Encuentra tan pocas limitaciones en la voluntad de los demás, que se podría decir que la relación entre ambas voluntades es la que mantiene la soberanía absoluta con la esclavitud absoluta[446].

Este retrato es extremadamente parcial, y no encaja con ningún gobernante moderno, aunque solo sea porque, por lo general, la tiranía suele ser inseparable de la ideología, mientras que, en la época clásica, en todos los casos la legitimidad era suficiente. Pero, como retrato de la acedía del poder, da una idea de cómo pudo ser, según otra lectura, el crepúsculo interior de la dictadura de Kemal.

VI

Su sucesor, un personaje del que Kemal quiso deshacerse al final, tenía un carácter completamente distinto. Inönü, otro oficial del CUP, había servido a las órdenes de Kemal en 1916, había colaborado con Karakol desde el Ministerio de Guerra entre 1919 y 1920, y había sido uno de los altos mandos en la lucha por la independencia. Era un hombre arisco, beato y conservador. En apariencia y en ideas, parecía una versión menos gordita de Franco. En 1938, con la guerra europea en el horizonte, el régimen de Inönü intentó sellar un acuerdo con Alemania, pero tuvo que sufrir los desaires del gobierno de Berlín, que en ese momento intentaba conseguir el favor de los estados árabes, temerosos del revanchismo turco. Con el fin de protegerse del expansionismo italiano y de las consecuencias potenciales que podía tener para Turquía un pacto nazi-soviético, el gobierno de Ankara firmó un tratado de defensa con Gran Bretaña y Francia en el Mediterráneo poco después del estallido de la guerra. Cuando Italia atacó Francia en 1940, sin embargo, el régimen de Inönü no cumplió con sus obligaciones, y un año después firmó un pacto de no agresión con Alemania. Tres días más tarde, cuando Hitler invadió Rusia, los dirigentes turcos «se dejaron llevar por la alegría»[447].

Nuri, el hermano de Enver, que todavía vivía, fue enviado inmediatamente a Berlín para analizar la posibilidad de que los pueblos de origen turco de la URSS se unieran a los nazis, y, al poco tiempo, un par de generales turcos, Emir Hüsnü Erkilet y Ali Fuad Erden, se desplazaron hasta el frente de la Wehrmacht en Rusia. Después de recibir los informes de Von Rundstedt en el campo de batalla, volaron hasta Rastenberg para entrevistarse con el Führer en persona. Rebosante de entusiasmo, el general Erkilet escribió un informe en el que afirmaba que:

Hitler nos recibió con una modestia y una sencillez indescriptibles en el cuartel general desde donde dirigía las operaciones militares y redactaba informes. Es una sala enorme. La larga mesa central y las paredes estaban cubiertas de mapas que mostraban las diferentes posiciones en las zonas de batalla. A pesar de ello, no ocultaron ni cubrieron esos mapas, un claro gesto de confianza y de respeto hacia nosotros. Expresé mi gratitud por la invitación. Entonces se giró para contemplar el mapa. Pero mientras lo hacía nos miraba a los ojos, como si buscara algo. Sus ojos oscuros y su cabello eran más dulces, vivaces y atractivos que en las fotografías. Su acento sureño, su alemán formal, perfecto; su característica y potente voz, su porte robusto estaban llenos de carácter.

Después de explicarles que eran los primeros extranjeros, aparte de los aliados, que entraban en la Wolfsschanze, y de prometerles la total destrucción de Rusia, «el Führer también insistió en que “esta guerra es una continuación de la anterior, y aquellos que sufrieron pérdidas al final de la última guerra serán recompensados en esta”»[448]. Erkilet y Fuad le agradecieron efusivamente estas palabras, y acto seguido regresaron a toda prisa a su país para comunicarle el mensaje al jefe nacional, que era como le gustaba a Inönü que le llamaran.

En Moscú no se tomaron esta misión a la ligera. Una semana después, Stalin emitió un comunicado en el que denunciaba personalmente la reunión de Erkilet con Hitler, y acto seguido se embarcó en una operación de alto riesgo destinada a intentar evitar la compensación conjunta por los daños de 1918. Resuelto a impedir que el ejército turco se aliara con la Wehrmacht en el Cáucaso, envió a Ankara al mejor agente del NKVD, Leonid Eitingon —responsable del asesinato de Trotsky dos años antes—, para que acabara con la vida del embajador alemán Von Papen, con la esperanza de que Hitler castigara a Turquía con un ataque en venganza[449]. Fue un intento fallido, y no tardó en descubrirse quién estaba detrás. Pero los recelos de Moscú eran totalmente fundados. En agosto de 1942, el primer ministro turco, Saraçoğlu, le comunicó a Von Papen que, como turco, «anhelaba de forma vehemente la aniquilación de Rusia». De hecho, a su juicio, «el único modo de que Alemania solucionara el problema de Rusia era acabar al menos con la mitad de los rusos que vivían en Rusia»[450]. Todavía en el verano de 1943, una nueva misión militar turca recorrió la frontera oriental y, además, se desplazó hasta el muro occidental que la defensa nazi había levantado en Francia, antes de volar de nuevo hasta la Wolfsschanze para una nueva audiencia. La guerra había reactivado las ambiciones unionistas: en distintos momentos, los turcos planearon la recuperación de la Tracia occidental, el archipiélago del Dodecaneso, Siria y la región de Mosul y también la conversión de Albania en un protectorado que dependiera de ellos.

La alineación con el nuevo orden no se limitaba a la política exterior. En junio de 1941, todos los hombres no musulmanes en edad militar —judíos, griegos y los armenios que se habían librado del exterminio— fueron enviados a campos de trabajo en el interior. En noviembre de 1942, cuando la Batalla de Stalingrado estaba en sus momentos más duros, se impuso un «impuesto sobre el patrimonio» a judíos y cristianos, que de este modo tenían que pagar una contribución diez veces superior a la de los musulmanes, en medio de un aluvión de ataques antisemitas y críticas a los infieles en la prensa —se empezaron a investigar los orígenes judíos de los propios oficiales turcos—. Aquellos que no pudieron o no quisieron cumplir con las exigencias de las juntas locales fueron deportados a campos de castigo en las montañas. La consecuencia de estas medidas fue la destrucción de la mayor parte de los negocios no musulmanes de Estambul.

Esta operación, descaradamente dirigida contra las minorías etnorreligiosas, era una continuación directa de la tradición, heredada del unionismo por el kemalismo, del nacionalismo integral. «Solo la nación turca tiene derecho a reivindicar los derechos étnicos y nacionales en este país. Ningún otro elemento posee esos derechos», había declarado Inönü diez años antes. Su ministro de Justicia ofreció una versión corregida de esta proclama: «El turco será el único señor en este país. Los que carezcan de un origen turco puro solo poseen un derecho en este país: el derecho a la servidumbre y a la esclavitud»[451]. La única novedad en la campaña de 1942-1943 era el alcance del antisemitismo y el hecho de que el régimen de Inönü, a pesar de la extrema presión económica derivada de los costes de un presupuesto militar cada vez más elevado, eximió a los musulmanes de cualquier contribución para sacar a flote el país. Los judíos que se habían convertido al islam no se contaban entre los fieles a estos efectos. Este era el clima que reinaba en Turquía cuando Hitler decidió devolver el cumplido a los turcos y envió los restos mortales de Talat de regreso a su hogar en un tren ceremonial adornado con esvásticas, para que fuera enterrado con todos los honores en Estambul, junto al Monumento a los Mártires de la Colina de la Libertad, el lugar donde se sigue enterrando a los patriotas en la actualidad[452].

Sin embargo, cuando la marea comenzó a cambiar en Rusia y parecía que Alemania iba a ser derrotada, Ankara reajustó su postura. Aunque siguió suministrando al Tercer Reich la cromita de la que dependía la maquinaria de guerra nazi, Turquía recibió propuestas de Gran Bretaña y América. Pero, al resistirse a las presiones angloamericanas para pasarse al bando aliado, Inönü dejó claro, una vez más, que su norte seguía siendo la lucha contra el comunismo. La URSS era el principal enemigo, y Turquía se oponía expresamente a cualquier plan estratégico británico o americano que pudiera poner en peligro la posición de Alemania como bastión antirruso. Su esperanza era que Londres y Washington acordaran por separado la paz con Berlín, y poder así emprender acciones conjuntas contra Moscú. Consternado ante la perspectiva de una rendición incondicional, Inönü se limitó a emitir un comunicado simbólico en el que declaraba la guerra a Alemania, la condición que le habían impuesto los Aliados a Turquía para conseguir un asiento en la ONU, una semana antes de que terminara el plazo para hacerlo, a finales de febrero de 1945. Los turcos no dispararon un solo tiro en la lucha contra el fascismo.

La paz dejó al régimen en una situación precaria. A escala doméstica, la mayoría de la población, que había sufrido una reducción drástica del nivel de vida debido al aumento de los precios, de los impuestos y a los trabajos forzosos que habían tenido que prestar para incrementar el presupuesto militar, lo detestaba. La inflación había afectado a todas las clases, incluso a la burocracia, y el impuesto sobre el patrimonio había puesto nerviosas incluso a las clases pudientes. En el exterior, el régimen había comprometido su reputación con su romance con el nazismo —una relación que la diplomacia soviética no tardó en denunciar después de la guerra— y por su negativa a contribuir a la victoria de los Aliados incluso cuando ya era segura.

Consciente de su falta de popularidad, a principios de 1945 Inönü intentó repararla aprobando una redistribución de las tierras que llegaba con retraso, pero lo único que consiguió fue desatar una rebelión en las filas del partido gobernante, sin que aumentara su credibilidad en las áreas rurales. Se necesitaba algo más. Seis meses después, Inönü anunció que se celebrarían elecciones libres. Después de veinte años de dictadura, Turquía se convertiría en una democracia. Con esta maniobra, Inönü quería matar dos pájaros de un tiro. En el extranjero, el régimen recuperaría su legitimidad y se convertiría en un socio respetable de las potencias occidentales, ocupando el lugar que le correspondía en la comunidad de naciones libres liderada por los Estados Unidos, y disfrutando de las ventajas correspondientes a esa categoría. En casa, le serviría para neutralizar el malestar, al ofrecer un cauce a la oposición sin poner en peligro la estabilidad de su gobierno. Pues estaba claro que no estaba dispuesto a permitir una contienda limpia.

En 1946, unas elecciones flagrantemente amañadas le devolvieron el poder al Partido Popular Republicano, tras vencer por una aplastante mayoría al Partido Democrático, dirigido por los tránsfugas que habían roto con aquel a raíz de la ley agraria. El fraude electoral había sido tan escandaloso que en el ámbito doméstico, lejos de recuperarse, la reputación del régimen quedó todavía más perjudicada. Sin embargo, en la esfera internacional el truco funcionó. Como estaba previsto, se proclamó que Turquía era un pilar de Occidente y, de acuerdo con la Doctrina Truman, se seleccionó a esta nación para brindarle ayuda económica y militar para resistir a la amenaza soviética, y afluyeron las subvenciones del Plan Marshall. La recuperación económica fue muy rápida, y durante los cuatro años posteriores Turquía alcanzó tasas de crecimiento muy elevadas.

Estos éxitos no apaciguaron al pueblo turco. Inönü, después de nombrar primer ministro al político más partidario del fascismo de su partido —responsable de la más cruel represión bajo Kemal—, les arrebató a los demócratas sus galas más liberales e hizo algunas concesiones al mercado y a la religión. No sirvió de nada. Cuando se celebraron las elecciones de 1950 Inönü ya no se encontraba en condiciones de amañarlas como las primeras y, además, pensaba que no era necesario: la combinación de su prestigio personal con la liberación de los rigores de la guerra bastaría para que el RPP ganara. Inönü se quedó pasmado cuando comprobó que los votantes habían rechazado su régimen por un amplio margen y auparon al poder a los demócratas con una mayoría parlamentaria, ganada limpiamente, tan aplastante como la de las elecciones que él había amañado cuatro años antes. La dictadura de Kemal llegaba a su fin.

VII

En uno de sus famosos ensayos, una de las reflexiones autocríticas más agudas que surgieron de las revueltas juveniles de los años sesenta, Murat Belge —un autor que supo comprender como ningún otro la sensibilidad política de su generación— les explicaba a sus contemporáneos de la izquierda turca, en un momento en que una nueva intervención militar caía como una losa, aplastando diez años de ardientes esperanzas, que no habían sabido entender a su propio país en un sentido fundamental. La izquierda creía que la turca era una sociedad tercermundista más y que la guerrilla debía liberarla por medio de sublevaciones en las ciudades y en las montañas. La paradoja que no habían logrado captar es que, aunque en realidad la Turquía de la época era «un país relativamente atrasado desde el punto de vista económico… y social» —con una renta per cápita similar a la de Argelia o a la de México y un analfabetismo adulto del 60 por ciento—, era «relativamente avanzado desde el punto de vista político», pues sabía lo que era vivir en «un sistema bipartidista en el que se ha producido la alternancia en varias ocasiones con el consentimiento del pueblo, algo que no ha sucedido nunca en Japón, por ejemplo»[453]. En una palabra, Turquía era un caso insólito, pues era una sociedad pobre y analfabeta en la que seguía vigente una democracia en el sentido amplio del término, a pesar de algunos violentos paréntesis —Belge escribió su ensayo inmediatamente después del golpe de Estado militar de 1980.

Un cuarto de siglo después, su diagnóstico sigue conservando su validez. Desde que en 1950 el régimen kemalista stricto sensu llegara a su fin, Turquía es un país en el que se celebran elecciones con regularidad. En ellas participan partidos rivales, se producen resultados imprevistos y hay alternancia de poder. Se trata de un historial muy amplio, del que ni siquiera España, Portugal o Grecia pueden presumir —tampoco Italia—, por lo que respecta a la alternancia: ¿cómo se explica este fenómeno? Los historiadores suelen atribuirlo a los primeros episodios de debate constitucional o de contienda parlamentaria, que ya tuvieron lugar entre el final de la época otomana y el principio del kemalismo. Pero, aunque se trata de momentos dignos de respeto, que no se deben olvidar, fueron demasiado frágiles y fugaces para servir de base a la estabilidad de una democracia turca moderna que en la actualidad se aproxima a sus setenta años de antigüedad. Otros estudiosos proponen una teoría más coyuntural, e insisten en los motivos tácticos que impulsaron a Inönü a realizar su finta democrática en 1946, así como en el posterior error de cálculo de 1950. Pero esta teoría no explica por qué desde entonces la democracia se ha consolidado hasta tal punto que se ha convertido en una norma política que ni siquiera las sucesivas intervenciones militares han logrado rectificar. Se necesita una explicación más estructural.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Inönü gobernó el país de un modo muy similar al régimen de Franco en España, y atenuó la afinidad pasiva y la colaboración con el régimen nazi con un prudente attentisme que le permitió establecer una buena relación con Occidente cuando parecía que la derrota de Alemania era inminente. Pero después de la guerra, a pesar del anticomunismo común, la situación de las dos dictaduras varió. España se encontraba en el extremo opuesto de Europa a la URSS, mientras que, desde el punto de vista geopolítico, Turquía era un Estado fronterizo en plena Guerra Fría, con un interminable historial de hostilidades con Rusia, por si fuera poco. De modo que Washington tenía un interés mucho mayor en mantener una relación estrecha con Turquía —una relación que para Ankara era una necesidad acuciante— que con Madrid. De ahí que la alineación ideológica e institucional de Turquía con Occidente fuera mejor.

Sin embargo, para traer la democracia a Turquía se necesitaba algo más. Durante la Guerra Fría los americanos toleraron reiteradamente, e incluso vieron con buenos ojos, la aparición de regímenes autoritarios en el Mundo Libre, siempre y cuando fueran leales defensores políticos y militares del gobierno de Washington. Diez años después de llegar al poder, Franco dio permiso a los americanos para que establecieran bases militares dentro de las fronteras españolas. La diferencia entre Turquía y España era más profunda. La dictadura española era el resultado de una encarnizada guerra civil que enfrentó a una clase contra otra; una revolución social contra la contrarrevolución que la cruzada nacional solo pudo vencer con ayuda de los alemanes y los italianos. En 1945 todavía quedaban algunas guerrillas en las montañas que combatían al régimen. Al término de la guerra, la democratización era una opción impensable para Franco: era arriesgarse a que el volcán político volviera a entrar en erupción. El caudillo no habría podido garantizar la seguridad del ejército, ni la de la Iglesia, ni la de la propiedad.

Treinta años después, el régimen había cumplido su tarea histórica. El desarrollo económico había transformado la sociedad española, las bases políticas radicales habían desaparecido y la democracia ya no representaba una amenaza para el capital. La dictadura había hecho su trabajo tan a conciencia que el ineficaz socialismo borbónico no pudo siquiera restaurar la república que Franco había derrocado. En este banco de pruebas español se preparó la fórmula general que se utilizaría en el futuro, un ejemplo que los dictadores latinoamericanos de los años setenta —el de Pinochet es un caso paradigmático— repetirían, arquitectos de un orden político en el que se tenía la garantía de que los electores, agradecidos por las libertades civiles que por fin habían recuperado, no tratarían de cambiar el orden social. Hoy, el modelo español se ha convertido en la fórmula general de la libertad: ya no se trata de crear un mundo seguro para la democracia, sino de crear una democracia segura para este mundo.

Turquía se pudo convertir en una democracia mucho antes que España, una sociedad más avanzada —por no hablar de otros países igual de atrasados económica y socialmente que ella en 1950—, porque no existía un conflicto de clases tan explosivo que contener, ni políticos radicales a los que aplastar. La mayoría de los campesinos tenían sus propias tierras; los intelectuales eran marginales; la izquierda prácticamente no existía. Las líneas de fisura de la sociedad, que en esa etapa ya se habían definido, eran étnicas, no de clase. En estas condiciones, el riesgo de que las bases se rebelaran era insignificante. Las elites pudieron saldar cuentas entre ellas sin miedo a desencadenar fuerzas que no pudieran controlar. Este grado de seguridad no duraría. En su debido momento, se producirían conflictos sociales y étnicos, cuando el malestar popular empezó a hacerse sentir; cuando esto sucedió, el Estado reaccionó de forma violenta.

Pero, desde el punto de vista sociológico, los parámetros básicos que establecieron las primeras elecciones de 1950 han permanecido intactos hasta nuestros días. La democracia turca ha experimentado pausas cada cierto tiempo, pero nunca han sido demasiado duraderas, porque es un sistema basado en una mayoría de centro-derecha que ha permanecido intacto de un modo u otro. A lo largo de cuatro ciclos históricos bien definidos, la vida política turca se ha distinguido por una estabilidad subyacente. Entre 1950 y 1960 el gobierno del país estuvo en manos del primer ministro Adnan Menderes, líder del Partido Democrático, que llegó a contar con un 58 por ciento de los votos del electorado, una mayoría que nunca bajó del 47 por ciento, y que al final de su vida todavía contaba con cuatro quintas partes de los escaños de la Asamblea Nacional y con el control de la presidencia.

El nacimiento de esta formación marcó el momento en que la elite turca se escindió, debido a la aparición de una burguesía que ya no dependía del Estado tanto como antes de la guerra y que ya no estaba dispuesta a admitir que la burocracia decidiera la dirección de la economía, ansiosa por participar en el reparto del botín del poder político. Todos los dirigentes del partido habían ocupado puestos destacados en el régimen de Kemal y, por lo general, tenían intereses en el sector privado: Menderes era un acaudalado algodonero, Bayar —presidente desde 1950— un importante banquero. Pero casi todo su electorado lo integraban las masas campesinas que constituían la mayoría de la nación. La receta de su gobierno era una paradoja muy poco común en el Tercer Mundo: un populismo liberal que combinaba en igual medida el compromiso con el mercado con la reivindicación de la tradición[454]. En su aplicación de estos recursos la retórica sobrepasaba a la realidad, pero sin perder el contacto con ella. A su llegada al poder, la primera maniobra clave que realizó Menderes sin siquiera consultar al Parlamento fue enviar tropas a Corea, con lo cual se ganó el aprecio de Washington, la recompensa de la entrada en la OTAN y un aluvión de dólares a cambio de los servicios prestados. El régimen de Menderes aprovechó las ayudas americanas para ofrecer créditos baratos y permitir que los agricultores mantuvieran los precios elevados; construyó carreteras para poder ampliar los cultivos, importó maquinaria para modernizar la producción de cultivos competitivos y aflojó los controles sobre la industria. Siguiendo la estela del boom que vivió Occidente después de la guerra, el crecimiento se aceleró y la renta per cápita se disparó en el ámbito rural.

Esto le habría bastado al gobierno demócrata para blindar su popularidad. Pero Menderes no solo se ganó a su electorado rural apelando al bolsillo, sino también a su sensibilidad. Consciente de su aislamiento después de la guerra, Inönü ya había empezado a distanciarse poco a poco de la política religiosa de Kemal. Los demócratas se reprimieron aún menos: la construcción de mezquitas se disparó, los colegios religiosos se multiplicaron, la enseñanza del islam se hizo oficial en la educación estatal, comenzaron a escucharse de nuevo llamadas a la oración en árabe, se legalizaron las hermandades y se denunciaba la infidelidad de los rivales políticos. La identificación de la identidad turca con la musulmana, el sustrato tácito del kemalismo durante tanto tiempo, adquirió una expresión más marcada. Con ello, el gobierno se ganó la enemistad de algunos sectores de la elite, comprometidos con la versión oficial del laicismo, pero no supuso ruptura alguna con el legado de la etapa final del Estado otomano ni con los comienzos del periodo republicano. De hecho, Menderes fue todavía más allá que Inönü en la consagración de la figura de Kemal como símbolo intocable de la nación: le construyó un mausoleo en Ankara y declaró que cualquier insulto a su memoria era un crimen penado con distintas sanciones legales.

Más solemne fue el nuevo impulso que recibió el nacionalismo integral del periodo de entreguerras cuando Menderes —a petición de Gran Bretaña— apoyó la causa de la minoría turca de Chipre y reclamó el derecho de intervención en la isla al que había renunciado en Lausana. En 1955, mientras se celebraba en Londres una conferencia entre tres potencias para decidir el futuro de Chipre, el régimen de Menderes desencadenó un salvaje pogromo contra la comunidad griega de Estambul. Formalmente exenta de las transferencias de población de 1923, esta comunidad había disminuido rápidamente bajo la presión del Estado en los años posteriores, pero a mediados de los años treinta todavía contaba con una población de más de 100 000 habitantes, y aún ocupaba uno de los barrios más prósperos y animados de la ciudad. En una sola noche, bandas organizadas por el gobierno destrozaron y quemaron las iglesias, escuelas, tiendas, negocios y hospitales griegos, golpeando a los hombres y violando a las mujeres que se cruzaban en su camino. Menderes y Bayar, escondidos en Florya, un barrio de las afueras, tomaron un tren hacia Ankara mientras las llamas iluminaban el cielo nocturno[455]. Fue la Kristallnacht turca. La continuidad con el pasado no era solo ideológica, sino personal. En 1913, el propio Bayar, uno de los miembros de la Organización Especial del CUP, había sido responsable de la limpieza étnica de los griegos que vivían en la región de Esmirna, antes incluso de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Unos años después, la comunidad griega de Estambul había quedado reducida a un puñado de individuos.

Esta vez, sin embargo, los métodos de Menderes conmocionaron a la prensa y a la opinión pública en general e incluso provocaron el malestar de algunos miembros de las altas esferas. En 1957 ganó con facilidad sus terceras elecciones, pero con una deuda exterior, un déficit público y una inflación cada vez más elevados, su actuación económica había perdido lustre. Para mantener su posición, empezó a tomar medidas represivas cada vez más despiadadas contra la prensa y la oposición parlamentaria. Demasiado seguro de sí mismo, brutal y no demasiado brillante, acabó creando un comité para investigar a sus rivales políticos e impuso la censura en sus reuniones. Menderes había llevado a Turquía a la Guerra de Corea para consolidar su poder. Diez años después, inspirándose en la actitud de los estudiantes coreanos, que acababan de derrocar a Syngman Rhee en Corea, los estudiantes turcos tomaron las calles de Ankara para protestar contra el giro dictatorial que había adoptado el gobierno. Menderes ordenó cerrar las universidades en Ankara y en Estambul, pero esta medida no sirvió de nada, y los disturbios se prolongaron durante varias noches. Después de un mes de disturbios, algunos destacamentos del ejército decidieron intervenir por fin[456]. Un día, al amanecer, Menderes, los miembros de su gobierno y los diputados de su partido fueron arrestados, y un comité formado por cuarenta oficiales tomó las riendas del gobierno.

El golpe de Estado de 1960 no lo decidió el alto mando turco, sino que fue una conspiración de oficiales de rango inferior que llevaban algún tiempo planeando derrocar a Menderes. Algunos tenían ideas sociales bastante radicales, otros eran nacionalistas autoritarios. Pero eran pocos los que tenían un programa claro, más allá de la disolución del Partido Democrático y del castigo de sus líderes, que fueron juzgados por distintos delitos, entre otros por el pogromo de 1955, por el cual Menderes fue ejecutado, aunque Bayar se libró. Dentro del propio ejército se llevó a cabo una importante depuración de oficiales conservadores, pero el alto mando no tardó en reafirmar su autoridad y aplastó cualquier intento de llevar las cosas más allá. En una situación temporal de flexibilidad debida a la falta de unión de los militares, se autorizó a los juristas universitarios a crear una Constitución que fue ratificada a través de un referendo. Concebida para evitar los abusos de poder que habían marcado el gobierno de Menderes, contemplaba la creación de un Tribunal Constitucional y de una segunda cámara, la introducción de la representación proporcional, el fortalecimiento de la judicatura, la garantía de las libertades civiles y la libertad académica y de prensa. No obstante, se creó además un Consejo de Seguridad Nacional dominado por militares que adquirió diversos poderes.

La creación de estas instituciones señaló el comienzo del segundo ciclo de la política turca de la posguerra. En las primeras elecciones que se celebraron se vio con claridad que el bloque electoral creado por los demócratas, aunque al principio se encontraba dividido en varias formaciones sucesoras, todavía contaba con una cómoda mayoría en el país. En 1965, esta mayoría se consolidó con la aparición del Partido de la Justicia, dirigido por Süleyman Demirel, que obtuvo el 53 por ciento de los votos. Treinta años después, Demirel seguía ocupando el palacio presidencial. Este ingeniero hidráulico bien relacionado con los americanos —beca del Programa Eisenhower; asesor de Morrison-Knudsen—, elegido por Menderes para desempeñar tareas administrativas, no tenía un carácter ni unos principios mejores que los de su antiguo jefe. Pero, consciente de la suerte que había corrido su predecesor, actuó con mayor cautela. Además, la Constitución de 1961 —que intentó manipular en varias ocasiones— limitaba su capacidad para reproducir un estilo de gobierno similar al anterior.

Como el de Menderes, el gobierno de Demirel se benefició del rápido crecimiento de la economía, repartió favores en el ámbito rural, realizó una serie de sonoros llamamientos en favor de la piedad aldeana, y fomentó un anticomunismo radical. Pero este régimen tenía dos características que le diferenciaban del anterior. El populismo del Partido de la Justicia ya no era de corte liberal. Los sesenta fueron los años de la economía del desarrollo en gran parte del mundo, y los golpistas de 1960, vagamente influidos por el nasserismo, no fueron una excepción a esta regla general, de modo que abogaban por un Estado fuerte e intervencionista. Demirel heredó la tendencia a sustituir las importaciones por la industrialización y la aprovechó al máximo con fines electorales. El segundo cambio que le diferenciaba de Menderes era más importante. Por ardiente que fuera el resentimiento que profesaban los miembros de su partido a los militares que habían destronado a los demócratas; por exagerado que fuera el ejército en su desprecio de la religión, a la más mínima señal de desorden Demirel siempre recurrió a los militares.

Pero la colaboración del ejército no le bastaba para dominar una escena política que por lo demás, era similar a la de la época de Menderes. El Partido Republicano del Pueblo, derrotado de forma aplastante tres veces en los años cincuenta, apenas representaba una amenaza. Cuando Inönü abandonó a rastras la escena política a principios de los años setenta, Bülent Ecevit asumió el mando del partido e intentó fugazmente presentar una alternativa de centro-izquierda antes de echarse en brazos de los militares como mascarón de proa de la invasión turca de Chipre en 1974. Ecevit terminó convirtiéndose en un fósil del chovinismo quejumbroso. El mecanismo de creación de coaliciones en un Parlamento en el que ya no se alcanzaban las mayorías aplastantes del antiguo sistema de mayoría relativa le sirvió para convertirse en primer ministro en tres ocasiones, pero el bloque kemalista que heredó no consiguió jamás obtener la mayoría de los votos del electorado[457], y, cuando Ecevit abandonó por fin la escena, dejó un partido incapaz de obtener un porcentaje superior al 20 por ciento de los votos.

El peligro que acechaba a Demirel era otro. La nueva Constitución había permitido al recién creado Partido Obrero presentarse a las elecciones por primera vez. Nunca habían alcanzado más de un 5 por ciento de los votos, y no representaban una auténtica amenaza a la estabilidad del sistema. Pero mientras que la clase obrera turca era todavía demasiado insignificante y temerosa para desarrollar una política electoral de masas, las universidades turcas se habían convertido rápidamente en semilleros del radicalismo. Situados en un lugar único, en la intersección entre el Primer, el Segundo y el Tercer Mundo —Europa al oeste, la URSS al norte, el Máshreq al este y al sur—, los estudiantes turcos se movían impulsados por las ideas y las influencias de estos tres mundos: las rebeliones universitarias, la tradición comunista, el imaginario de la guerrilla. Todo ello relacionado con la preocupación por las injusticias y la crueldad de la sociedad que les rodeaba, una sociedad con una población mayoritariamente rural y un analfabetismo que rondaba el 50 por ciento. De esta mezcla embriagadora surgió el caleidoscopio de grupos revolucionarios cuyo obituario escribiría Belge una década después. A finales de los sesenta, Demirel sometió a la opinión pública de izquierdas a un acoso tal, que algunos de estos grupos tomaron las armas y perpetraron algunos actos violentos aislados.

Estas acciones no fueron más que pequeñas molestias que no hicieron mella en el poder político del Partido de la Justicia. Pero prestaron energía y legitimidad a otros movimientos de una índole mucho más peligrosa, situados en el extremo opuesto. En 1969, Alparslan Türkes, un coronel que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no era más que un joven oficial, se había declarado ardiente partidario de los nazis y que después había sido un actor clave en el golpe de Estado de 1960, fundó la formación ultranacionalista Partido de Acción Nacionalista (MHP). El partido adoptó la táctica fascista de los escuadrones paramilitares —los Lobos Grises—, reunió a un número de militantes mucho mayor que los de cualquier grupo de izquierdas y se jactaba de contar con un electorado que doblaba en número a sus afiliados. Y esto no era todo. Como Demirel recurría a los militares con tanta asiduidad y el sistema político se volvió más flexible, surgió un islamismo menos complaciente, que pretendía desbancarle. En 1970, Necmettin Erbakan fundó el Partido del Orden. Erbakan también era ingeniero, pero de un nivel superior —había ocupado una cátedra universitaria— y sus reivindicaciones religiosas eran más genuinas, pues pertenecía a la orden sufí Naqshbandi. Con un programa político que planteaba un islamismo mucho más radical que el del Partido de la Justicia y que atacaba la sumisión al capital norteamericano, la formación de Erbakan —rebautizada con el nombre de Partido de la Salvación Nacional— obtuvo el 12 por ciento de los votos en su primer encuentro con el electorado.

Las turbulencias desatadas por estos intrusos rebeldes eran demasiado para la clase dirigente del kemalismo, y en 1971 el ejército volvió a intervenir. En esta ocasión —y en las intervenciones futuras— el golpe estuvo dirigido por el alto mando. Demirel recibió un ultimátum exigiéndole que abandonara el poder por no haber sabido mantener el orden, y los militares impusieron un gobierno tecnocrático de derechas. Bajo la ley marcial, sindicalistas, intelectuales y diputados de izquierdas fueron arrestados y torturados, y se cancelaron las disposiciones liberales de la Constitución[458]. Dos años después, consideraron que la escena política ya estaba suficientemente depurada de subversión para volver a celebrar elecciones, y durante el resto de la década de los setenta Demirel y Ecevit se alternaron en el poder en distintos gobiernos de coalición con Türkes, Erbakan o con ambos, alianzas en las que estos partidos minoritarios condicionaban las votaciones e instalaban a representantes de sus partidos en algunos ministerios.

En esa época, de todas las nuevas formaciones que habían surgido en el sistema, la más temible era la de los Lobos Grises, que se situaron rápidamente en puestos clave de la policía y del aparato de inteligencia del Estado, posiciones que les permitían orquestar el terror con ayuda de grupos paramilitares externos. Hay pocos términos de los que se haya abusado más que el de «fascismo», pero es indudable que el MHP de esta época era una organización fascista. Precisamente ahí residía su principal limitación. En la tradición clásica —la de Alemania, Italia o España—, el fascismo siempre ha surgido como respuesta a la amenaza de un movimiento revolucionario de masas que las clases pudientes temían no poder contener dentro del marco del orden constitucional establecido. Allí donde no existen este tipo de movimientos, aunque los clubes y los escuadrones pueden resultar útiles para la intimidación a escala local, confiar el poder supremo a un movimiento de derechas, con una amplia base, que actúa al margen de la ley siempre ha sido demasiado arriesgado para los gobernantes tradicionales. En Turquía había surgido una fuerza revolucionaria proteica, que no solo atraía a los instigadores de las universidades, sino a los militantes de las minorías étnicas y religiosas, a los grupos obreros e incluso a algunos simpatizantes de las clases medias cultas. Pero aunque había logrado ejercer cierta ascendencia en algunos vecindarios o municipios, nunca llegó a ser un fenómeno de masas. El movimiento estudiantil, a pesar de la entrega de sus militantes, no podía competir con un Estado armado hasta los dientes, y menos aún con una mayoría electoral conservadora.

Entretanto, gran parte del tejido de la sociedad turca se estaba descomponiendo, pues la migración procedente del campo había dado lugar a la aparición desordenada de asentamientos ilegales en las ciudades. Los habitantes de estos poblados todavía vivían de un modo muy similar al del campo —la ruralización de las ciudades excedía la urbanización de recién llegados, según la famosa fórmula de Şerif Mardin, el decano de los sociólogos turcos[459]—, pero, sin embargo, no conservaban los vínculos comunales característicos del ámbito rural. Aunque a principios de los años setenta el boom de la posguerra ya había terminado, la estrategia de sustituir la importación por la industrialización se prolongó de forma artificial gracias a los pagos de los trabajadores turcos que vivían en el extranjero y al desbocamiento de la deuda extranjera. A finales de la década este modelo estaba agotado: el populismo que había planteado Demirel se saldó con un enorme déficit, una inflación muy elevada, un desarrollo de la economía sumergida y un crecimiento mucho más lento que el de la época de Menderes. El deterioro de las condiciones económicas se agravó por el incremento de la violencia civil, cuando la extrema derecha redobló su campaña contra la izquierda y algunos grupos de izquierdas devolvieron el golpe. Los más afectados fueron los alevíes —comunidades sospechosas de una heterodoxia todavía peor que la chií—, que se convirtieron en las víctimas del último pogromo contra una minoría, una acción en la que los Lobos Grises desempeñaron el papel que en otros tiempos había ejercido la Organización Especial.

El punto de inflexión, sin embargo, tuvo un origen distinto. En septiembre de 1980, durante una concentración islamista en Konya en la que se hicieron llamamientos en favor de la restitución de la sharia, los allí congregados se negaron a entonar el himno nacional, desafiando abiertamente las prescripciones del kemalismo. En el transcurso de una semana, el ejército se levantó, cerró las fronteras del país y se hizo con el poder al amparo de la madrugada. Un Consejo de Seguridad Nacional dirigido por el jefe del Estado Mayor disolvió las Cortes y puso entre rejas a los políticos más destacados; los partidos políticos se ilegalizaron y los diputados, los alcaldes y los concejales fueron destituidos. Un año después, se declaró la ley marcial en Polonia ante las protestas de todos los países occidentales —un aluvión de denuncias en editoriales, artículos, libros, reuniones y manifestaciones—. El golpe de Estado de Turquía apenas tuvo repercusión en los medios. Sin embargo, el régimen de Jaruzelski fue muy suave en comparación con el de Kenan Evren, el comandante al mando del golpe de mano turco. Al menos 178 000 personas fueron arrestadas, 64 000 encarceladas, a 30 000 les retiraron la ciudadanía, 450 murieron bajo tortura, 50 fueron ejecutadas, otras desaparecieron[460]. La conciencia europea se tomó las cosas con calma.

La represión en masa no condujo a la dictadura en Turquía. Se produjo una catarsis democrática similar a las que luego serían tan frecuentes en América Latina. Evren y sus colegas no tenían escrúpulos a la hora de torturar, pero al mismo tiempo entendían que las constituciones son muy importantes. Se redactaron unos nuevos estatutos. El poder quedó concentrado en el ejecutivo, se estableció un umbral mínimo del 10 por ciento para tener representación en una legislatura y se eliminaron las libertades civiles que se consideraban excesivas, sobre todo aquellas que habían permitido las huelgas irresponsables y las calumnias en la prensa. Esta Constitución se ratificó debidamente por medio de un referendo en el que cualquier discusión estaba prohibida, y se nombró presidente a Evren. En 1983 se celebraron elecciones con estas nuevas reglas mejoradas, y se restauró el gobierno parlamentario. Se había allanado el camino para el comienzo de un tercer ciclo de política de centro-derecha.

El nuevo primer ministro se llamaba Turgut Özal y, al igual que Demirel —a quien debía su ascenso al poder—, era un ingeniero provincial formado en EEUU. Se había acercado por primera vez a los puestos burocráticos y de gestión desde las filas del Partido de Salvación Nacional —su hermano era una de las figuras más destacadas de esta formación—. Un año antes del golpe de Estado, Demirel le había puesto al frente del plan de estabilización en el que el FMI insistía como condición para sacar a Turquía de la crisis financiera que atravesaba —un paquete estándar de medidas deflacionarias que había topado con la firme oposición de los sindicatos—. Cuando los militares llegaron al poder, siguieron confiando en él, y una vez que la resistencia popular fue suprimida, Özal tuvo libertad de movimientos. Ahora podía aplicar tranquilamente la reducción del gasto público, la subida de los tipos de interés, el abandono del control de los precios y los recortes en los salarios netos, medidas necesarias para despertar la confianza internacional. A raíz de un escándalo financiero en su equipo, Özal se vio obligado a dimitir en 1982, y esto le permitió desvincularse de la Junta cuando se celebraron elecciones un año después. Özal creó una nueva formación, el Partido de la Madre Patria, con el apoyo tácito de las tres formaciones proscritas de la antigua derecha —los populistas, los fascistas y los islamistas—, y se llevó así una cómoda victoria tras obtener el 45 por ciento de los votos, que le garantizaba la mayoría absoluta en el Parlamento.

Rechoncho y de aspecto poco atractivo, grosero en sus modales, Özal siempre ha tenido cierto aire de Mr. Toad, el célebre personaje de la literatura infantil. Con todo, era una figura de mayor entidad que Demirel o Menderes, y tenía una mente rápida y aguda, y una visión coherente del futuro del país. Llegó al poder a principios de los ochenta, en la época de Thatcher y Reagan, y se puede decir que fue una versión local de estos dos personajes en su talante decididamente neoliberal. El modelo de sustitución de las importaciones por la industrialización, con una red de precios fijados por los fabricantes, unos tipos de cambio sobrevalorados, licencias burocráticas y un sector público subvencionado —el plan que el estadismo kemalista había pensado desarrollar a lo largo de los años— se comenzó a desmantelar para poder dar rienda suelta a las fuerzas del mercado. Esta medida tenía sus límites: se habló mucho de la privatización de las empresas estatales, pero no se llegó a aplicar. En general, la liberalización económica se sacó adelante con resultados muy satisfactorios para el capital turco. El valor de las exportaciones se triplicó. Surgieron nuevas empresas, los beneficios aumentaron y los salarios bajaron. En medio de la aceleración del crecimiento y de un clima general de enrichissez-vous, el consumismo contemporáneo alcanzó por fin a la clase media[461].

Al mismo tiempo, Özal aprovechó la religión para consolidar su posición de forma más abierta que cualquiera de sus predecesores. Pudo hacerlo porque la propia junta había abandonado las tradiciones militares del laicismo, interesada en combatir la subversión. «Laicismo no significa ateísmo», le explicó Evren a la nación[462]. En 1982, la enseñanza de la religión se declaró obligatoria en las escuelas públicas, y a partir de entonces el sentimiento tácito en la ideología oficial, la identificación de la nación con la religión, se hizo explícito, con la difusión de la «síntesis turcoislámica» como libro de texto doctrinal. Özal, a pesar de su extremo pragmatismo, pertenecía a la orden mística Naqshbandi —una secta que le gustaba comparar con la de los mormones, pues ambas encarnaban la afinidad entre la piedad y el dinero— y utilizó el control estatal de la religión para promoverla como nunca antes. Bajo su mandato, el presupuesto del directorio de Asuntos Religiosos se multiplicó por seis: se imprimieron cinco millones de copias del Corán a costa del Estado, medio millón de ciudadanos pudieron peregrinar hasta La Meca, 70 000 mezquitas se mantuvieron abiertas para los fieles[463]. Tanto los devotos, como los emprendedores o los epicúreos tenían razones para estarle agradecidos.

En la primavera de 1987, Özal culminó su proyecto de modernización del país presentando la candidatura de Turquía para su admisión en la Comunidad Europea. Veinte años después todavía no ha sido aceptada. En el otoño fue reelegido primer ministro y en 1989 pasó a ocupar la presidencia cuando Evren se retiró. Una vez alcanzada la cima, el descenso fue imparable. Económicamente, el déficit comercial y la moneda sobrevalorada se combinaron con el gasto público impulsado electoralmente, que trajo una inflación que retrocedió hasta los niveles anteriores al golpe de Estado. La corrupción imperante durante el boom económico acabó salpicando a la propia familia presidencial. Desde el punto de vista político, después de confiar en que podría mantener fuera de juego a los políticos de la vieja guardia a través de un referendo que les prohibía regresar al ruedo político —un plebiscito que perdió—, Özal tuvo que enfrentarse al rencor de un resucitado Demirel. Con un estilo cada vez más brusco y autocrático, convirtió a Turquía en una pista de despegue para los aviones americanos que bombardearon Irak en la Guerra del Golfo, desafiando a la opinión pública y desoyendo los consejos del Estado Mayor, y no obtuvo ninguna recompensa económica o estratégica a cambio. En lugar de ello, Turquía tuvo que hacer frente a la creación de una región autónoma kurda en la frontera sudeste del país protegida por los americanos.

En el transcurso de los tres ciclos de gobierno del centro-derecha uno de los pilares del kemalismo como estructura histórica se había ido debilitando cada vez más: el de la reducción de la religión a identidad por defecto, cuya expresión quedaba limitada a la esfera privada. Ahora no se trataba ya únicamente del abandono del laicismo oficial, sino también de la erosión del estatismo como actitud económica. Özal había avanzado mucho en ambas direcciones, en la religiosa y en la liberal. Pero los cimientos más profundos del orden kemalista habían quedado intactos. El nacionalismo integral, con su inevitable peaje de víctimas, ha sido la actitud de rigueur de todos los gobiernos desde 1945. En los cincuenta, el blanco de las purgas nacionalistas fueron los griegos y en los setenta los alevíes. Ahora les tocaba de nuevo a los kurdos. La radicalización de finales de los sesenta les había influido, pero mientras existiera un Partido Obrero legal, o un enérgico grupo de movimientos clandestinos en las universidades, los kurdos podían encauzar sus propias aspiraciones en esa corriente de activismo más general. Después de que el golpe de Estado de 1980 decapitara a estos movimientos de izquierdas, la nueva generación de kurdos tuvo que buscar formas propias de emancipación para despertar a la política.

Nada más tomar el poder, la Junta de Evren había impuesto la ley marcial en el sudeste y había declarado que el uso de la lengua kurda —incluso en privado— era un delito penal. La negación absoluta de cualquier expresión cultural o política de la identidad colectiva kurda abarcaba al país entero, pero en el sudeste, además, las relaciones sociales y económicas eran muy conflictivas: la proporción de campesinos sin tierras era muy elevada[464], y los grandes terratenientes, cómplices del Estado desde hacía mucho tiempo, habían acaparado mucho poder. En este escenario, uno de los grupos kurdos formados en Ankara justo antes del golpe militar encontró las condiciones perfectas para iniciar una guerra de guerrillas. El PKK, una formación que, a pesar de lucir al principio los colores del marxismo-leninismo, demostraría con el tiempo un profundo pragmatismo, desplegó sus primeras operaciones al otro lado de la frontera siria e iraquí, en la primavera de 1984.

Esta vez el Estado turco, al enfrentarse a un enemigo mucho más moderno y disciplinado, no pudo aplastar el movimiento en tan solo unos meses, como había hecho en 1925 y en 1937. Se inició una larga guerra en la que el PKK respondía al terror militar con la misma intensidad y falta de piedad. Tuvieron que transcurrir quince años antes de que el ejército y la aviación consiguieran por fin acabar con la insurgencia kurda en 1999. Para entonces, Ankara había movilizado a más de 250 000 soldados y policías —el doble de efectivos que los del ejército de ocupación americano en Irak—, con un coste anual de seis billones de dólares. Según las cifras oficiales, murieron al menos 30 000 personas y 380 000 fueron expulsadas de sus hogares. Pero las víctimas reales fueron mucho más numerosas. Según una de las principales autoridades en esta materia, «fuentes no oficiales calculan que el número de refugiados interiores alcanzó los tres millones»[465]. El procedimiento de las deportaciones era muy antiguo, pero en esta ocasión se eligió un nuevo destino, pues el ejército se dedicó a quemar y asolar pueblos para concentrar a la población bajo su control en una versión de las aldeas estratégicas vietnamitas —poblados vigilados en las ciudades de la región.

Esta era la otra cara del régimen de Özal. En sus últimos años, le dio por hablar de sus orígenes medio kurdos —había nacido en la región oriental de Malatya—, y aflojó las leyes draconianas a las que se encontraba sometida la lengua kurda. Pero en 1993 murió repentinamente, Demirel se apoderó de la presidencia y la tortura y la represión se intensificaron. Durante el resto de la década de los noventa, las coaliciones débiles y corruptas se sucedieron en el poder, una réplica de la trayectoria de los años setenta, y favorecieron la desintegración del sistema político y del modelo económico de la década anterior, como si la hegemonía del centro-derecha estuviera condenada a repetir la misma parábola en cada generación. Una vez más, la deuda pública creció vertiginosamente, la inflación despegó y los tipos de interés se dispararon. Esta vez la debacle se completó con una profunda recesión y una tasa de desempleo muy elevada.

El último año del siglo, un moribundo Ecevit regresó al poder, alardeando de haber capturado al líder del PKK, Abdullah Öcalan —un personaje sacado de una novela de Dostoievski, detenido por el Mossad y la CIA en África, y enviado atado a Ankara, donde no tardó en expresar el profundo amor que le profesaba a Turquía—. A estas alturas, el Estado se encontraba en la ruina, el precio de los artículos de primera necesidad estaba fuera de control. La crisis económica final se desencadenó por culpa de una indecorosa disputa entre el presidente, un antiguo juez, y el primer ministro, furioso por tener que cargar con las acusaciones de corrupción de sus ministros. La indignación de la cúpula del Estado desató el pánico en la bolsa y la moneda nacional se desplomó[466]. El cataclismo se evitó al final gracias a un préstamo de emergencia del FMI, similar al que se le concedió por los mismos motivos a la Rusia de Yeltsin —los americanos tenían demasiados intereses en estos países para correr el riesgo de que se fueran a pique y se produjera un levantamiento nacional—. La caída del gobierno unos meses después puso fin a las secuelas del régimen de Özal.

VIII

En las elecciones del otoño de 2002 se produjo una transformación total de la escena política. Un partido que dieciocho meses antes ni siquiera existía arrasó. El AKP —Partido para la Justicia y el Desarrollo— se presentó a las elecciones con un programa musulmán moderado y obtuvo las dos terceras partes de los escaños de la Asamblea Nacional, lo que le permitió formar gobierno con la mayoría más amplia desde los tiempos de Menderes. Esta victoria fue aclamada, tanto en Turquía como en el extranjero, como el amanecer de una nueva era para el país. Después de años de conflictivos gobiernos de coalición, la nación contaba ahora con la garantía de un gabinete estable. Además —y esto era todavía más decisivo—, todo parecía indicar que se iba a producir la reconciliación, tanto tiempo anhelada, entre religión y democracia en Turquía. Pues el punto central de la campaña electoral de AKP había sido la promesa de cumplir los eternos criterios de convergencia impuestos por la UE, sobre todo la condición política sine qua non del imperio de la ley y el respeto por los derechos humanos, para que Turquía se incorporara en la Unión Europea. Un mes después de su victoria, los dirigentes de AKP consiguieron un triunfo diplomático en la cumbre de Copenhague, al fijar una fecha para el inicio de las negociaciones previas al acceso, condicionado a que el gobierno realizara en los dos años posteriores las reformas políticas necesarias. En el ámbito nacional, se produjo un cambio espectacular en el estado de ánimo y se pasó de la desesperación a la euforia. Desde 1950 no se experimentaba una sensación de esperanza semejante. Todo parecía indicar que Turquía podía hacer borrón y cuenta nueva.

El carácter novedoso del régimen de AKP, aclamado en general en el mundo occidental, no es una ilusión. Pero entre la imagen convencional de los editoriales, los artículos de opinión y los reportajes europeos bien-pensant, por no hablar de los americanos —y menos aún de las declaraciones oficiales de Bruselas—, y la novedad real de esta formación política hay una distancia considerable. La fortuna de este partido no es inventada, sino heredada. En 1987, cuando se levantó la prohibición sobre los políticos anteriores a 1980, el panorama de finales de los setenta salió de nuevo a flote. Özal y Demirel se disputaron los votos del centro-derecha, una corriente tradicionalmente hegemónica, que en los setenta se había debilitado debido a la aparición del partido islamista y del partido fascista. Todas estas formaciones aparecieron de nuevo, como estaba previsto, pero con una diferencia. Türkes se había librado en gran medida de su antiguo bagaje ideológico, y su partido pregonaba ahora una síntesis de religión y nacionalismo más cercano al chovinismo turco genérico, una postura que con el paso del tiempo le permitió obtener un mayor éxito electoral —aunque todavía bastante limitado.

Erbakan, por su parte, se convirtió en una fuerza importante. El islamismo contaba con un electorado mucho mayor, y Erbakan demostró saber moldearlo con maestría. En 1994 ya había creado una organización de base mucho mejor, con diferencia, que la de cualquier otro partido, basada en las redes religiosas locales, impulsada con ayuda de un moderno sistema de comunicaciones y transmisión de datos. Ese mismo año, su partido, rebautizado con el nombre de Partido del Bienestar, demostró su valía al ganar las elecciones municipales en Estambul, en Ankara y en algunas otras ciudades importantes[467]. Hasta entonces los ayuntamientos nunca habían tenido demasiada importancia, pero los nuevos alcaldes y concejales del bienestar, al ofrecer servicios y obras benéficas a unas comunidades que no habían conocido nunca antes ese tipo de atenciones, los convirtieron en baluartes del islamismo popular.

Este éxito se debió, en parte, a algunos cambios sociales que se habían puesto en marcha mucho tiempo atrás. Al margen del sistema educativo estatal, los colegios religiosos habían empezado a multiplicarse en los años cincuenta. En el mercado, los medios de comunicación eran cada vez menos refinados, y la prensa sensacionalista y la televisión comercial difundían, como en el resto del mundo, una cultura de masas sensacionalista y consumista, aunque con un estilo inconfundiblemente local. Al eliminar las distinciones en las que se basaba la comprensión kemalista del islam, la diferenciación entre la vida privada —y la fantasía— y los ideales y las aspiraciones que se podían reconocer en público, los medios de comunicación favorecieron la infiltración de la religión en la esfera política. Las elites postotomanas se podían permitir contemplar desde arriba, con desprecio, una cultura popular saturada de folclore religioso, siempre y cuando el sistema político excluyera a las masas de cualquier tipo de participación real en el gobierno de la nación. Pero, a medida que la sociedad turca se fue democratizando, sus creencias y su sensibilidad tenían obligatoriamente que acabar encontrando su expresión en la escena electoral. El voto musulmán existía desde hacía casi cincuenta años. A mediados de los noventa, estos votantes habían perdido muchos de sus complejos.

Inmediatamente después de sus triunfos municipales, el Partido del Bienestar obtuvo una quinta parte de los votos en las elecciones generales de 1995, convirtiéndose en el partido mayoritario en una Asamblea fragmentada, y poco después Erbakan fue investido primer ministro de un precario gobierno de coalición. Incapaz de aplicar el programa del partido en el ámbito doméstico, intentó encontrar una línea más independiente en el exterior, adoptó el discurso de la solidaridad entre musulmanes, y visitó Irán y Libia, pero las altas esferas de la política exterior le llamaron al orden y un año después fue expulsado, presionado por los militares. Seis meses después, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el Partido del Bienestar por violar el laicismo. Antes de que la prohibición entrara en vigor, Erbakan formó el Partido de la Virtud, la reencarnación de su antigua formación. En el verano de 2001, este partido también fue vetado, con lo cual Erbakan —sobrado de inspiración en lo que a nombres se refiere— fundó el Partido de la Felicidad.

Esta vez, sin embargo, sus tropas no le siguieron. La nueva generación de activistas había llegado a la conclusión de que el estilo de liderazgo errático de Erbakan —que pasaba caprichosamente del extremo de la agitación radical al del oportunismo indecoroso— era un lastre para la causa que ellos defendían. Pero además, y esto era aún más importante, las reiteradas campañas contra el tipo de islamismo que Erbakan representaba les habían hecho convencerse de que para alcanzar el poder era esencial librarse de esa retórica anticapitalista y antioccidental, y mostrar al electorado una cara más moderada, no tan explícitamente religiosa; una actitud que no ofendiera al kemalismo de un modo tan descarado. Estos militantes ya habían intentado arrebatarle a Erbakan el control del Partido de la Virtud, y en 2001 estaban preparados para separarse por completo de él. Tres semanas después de la fundación del Partido de la Felicidad, se presentó el AKP bajo el liderazgo de Tayyip Erdoğan. Alcalde de Estambul entre 1994 y 1998, Erdoğan había pasado una breve temporada entre rejas por unos versos incendiarios, y debido a esa condena todavía no podía presentarse como candidato a diputado en el Parlamento, pero pocos dudaban de la viabilidad de sus ambiciones. Su destreza como orador y organizador le garantizaban el liderazgo del nuevo partido.

La espectacular magnitud de la victoria que catapultó al poder a AKP en 2002 fue un efecto del sistema electoral, no del abrumador respaldo de las urnas. El partido no obtuvo más del 34 por ciento de los votos, muy por debajo de los mejores resultados alcanzados por Menderes, Demirel u Özal. Este porcentaje de votos se transformó en una representación en la Asamblea de 67 escaños, pues muchos partidos no consiguieron superar la barrera del 10 por ciento —solo el todavía existente RPP kemalista lo logró, con un porcentaje del 19 por ciento—. El resultado no fue tanto un torrencial voto de confianza a favor de AKP, como la expresión de un veredicto en relación con el tipo de democracia instaurada en Turquía por la Constitución de 1980: en total, más de la mitad del electorado quedó privada de su derecho al voto en virtud del umbral de representación parlamentaria.

Con todo, el desproporcionado control de la legislatura que obtuvo el partido también se correspondía con una nueva realidad. A diferencia de cualquiera de sus predecesores, el AKP no tuvo que enfrentarse a una oposición digna de crédito. Todos los partidos vinculados a la debacle de finales de los noventa habían desaparecido del mapa, salvo el apresuradamente resucitado RPP, que no tenía un programa constructivo ni una identidad definida, y que había logrado sobrevivir porque se alimentaba del temor a que el neoislamismo se apoderara del país. Un nuevo ciclo de dominio del centro-derecha había comenzado, y no representaba una ruptura con el pasado, sino una modificación en un aspecto crucial. Desde el principio, aunque contaba con un respaldo numérico menor que el de sus precursores en una etapa equivalente del ciclo, el AKP poseía una hegemonía ideológica en el conjunto de la escena política de la que ninguno de ellos había gozado. Por un proceso de eliminación, gobernaba la escena en solitario.

Este cambio estructural vino acompañado de una alteración en el carácter del propio partido gobernante. Dado que es evidente que esta formación hunde sus raíces en el islamismo que surgió al margen del orden establecido a partir de 1980, y que el giro que dio hacia una postura más moderada para llegar al poder también ha sido obvio, los admiradores occidentales del AKP suelen establecer una comparación optimista entre este partido y la democracia cristiana. Aunque en Europa esto es todo un elogio, el AKP no ha recibido el cumplido con demasiada alegría, y prefiere la etiqueta de «democracia conservadora», un término menos dado a despertar los peores instintos del kemalismo[468]. Pero, en cualquier, caso la comparación es bastante engañosa. No existe Iglesia alguna en la que se pueda apoyar el AKP, ni un sistema del bienestar que presidir, ni cuenta con organizaciones sindicales a sus espaldas. El partido tampoco ha dado ninguna muestra de democracia interna ni existen facciones rivales en su seno, rasgos que siempre caracterizaron a la democracia cristiana alemana o italiana de la posguerra.

Con todo, hay dos aspectos en los que se podría decir que el AKP se corresponde mutatis mutandis con estos partidos. Aunque la base electoral del AKP incluye al campesinado, que todavía representa el 30 por ciento de la población turca, el partido se apoya con mayor firmeza en una prolífica clase popular de ciudadanos urbanos que habitan en los barrios más desfavorecidos, un estrato que apenas existía en la Europa de la posguerra. Pero el núcleo dinámico del partido procede de una clase de empresarios anatolios y nuevos ricos, completamente modernos en su planteamiento de la dirección de un negocio lucrativo, y profundamente tradicionales en su apego a las creencias y hábitos religiosos. Este estrato, que se diferencia de los grandes grupos empresariales de Estambul del mismo modo que los notables del Véneto o los Mittelstand de Suabia se distinguen de Fiat y del Deutsche Bank, es el nuevo elemento del bloque de centro-derecha que dirige AKP. Sus similitudes con los emprendedores provinciales de la CDU o de la DC son inconfundibles.

También lo es el papel fundamental que desempeña Europa —en el pasado la Comunidad y ahora la Unión— como aglutinante ideológico del partido. Desde el punto de vista político, este factor ha sido mucho más importante para Erdoğan y sus colegas en Turquía de lo que lo fue para Adenauer o De Gasperi en Alemania o Italia. La entrada en Europa ha sido hasta la fecha la fórmula mágica de la hegemonía de AKP. Para la inmensa mayoría de los turcos, muchos de los cuales cuentan con parientes entre los dos millones de turcos que residen en Alemania, una Europa por la que puedan viajar con libertad representa la esperanza de un trabajo mejor pagado que los que pueden encontrar en casa, en el caso de que lo encuentren. Para las grandes empresas, pertenecer a la UE permite acceder a mercados de capital más amplios; para los medianos empresarios, tipos de interés más bajos; para ambos, un entorno macroeconómico más estable. Para las clases profesionales, el compromiso con Europa es una garantía de que el AKP no cederá a la tentación del islamismo. Para la intelectualidad liberal, la UE impedirá el regreso a un régimen militar. Para los militares, será la realización del antiguo sueño kemalista de unirse a Occidente con plenos derechos. En una palabra, Europa es la tierra prometida a la que miran fijamente las fuerzas más antagónicas de Turquía, por los motivos más variopintos. Al hacer suya esta causa, los dirigentes de AKP han acabado dominando el tablero político de un modo mucho más absoluto que cualquier otra formación desde los tiempos del kemalismo de la primera república.

Para cumplir su promesa de integrar a Turquía en Europa, el AKP tomó una serie de medidas en los dos primeros años de su mandato con el fin de adaptarse a las normas que profesa la Unión. La reducción del poder del Consejo de Seguridad Nacional, un proceso que ya se había puesto en marcha cuando el partido llegó al poder, y la del papel de los militares que formaban parte de esta institución, fueron medidas que beneficiaron al partido y a la población en general. Aún más importante para el ciudadano de a pie fue la clausura del Tribunal de Seguridad Estatal, uno de los principales instrumentos de represión. El estado de emergencia en el sudeste, en vigor desde 1987, se levantó, y se abolió la pena de muerte. En 2004, los diputados kurdos encarcelados por emplear su lengua en el Parlamento fueron liberados por fin. Aplaudido calurosamente por los medios de comunicación, este paquete de reformas le garantizó al AKP su legitimidad en Europa.

La popularidad del nuevo gobierno se debió sobre todo, sin embargo, a la rápida recuperación económica que presidió. El AKP heredó un plan de estabilización del FMI como garantía del cuantioso préstamo que Turquía había recibido del Fondo a finales de 2001 y que le sirvió para establecer los parámetros de su plan de administración de la economía. La ideología del Partido del Bienestar del que había surgido el AKP no solo era antioccidental, sino que en ocasiones se valía de una retórica anticapitalista. El giro europeísta que dio el AKP depuró la formación de cualquier residuo de antioccidentalismo. Y, después, de un modo todavía más efusivo, desterró todo aquello que recordara a socialismo, abrazando el neoliberalismo con el fervor de un converso. La expresión «disciplina fiscal» se convirtió en el lema oficial, y la privatización en el Santo Grial. El Financial Times no tardó en elogiar «la pasión por la venta de bienes del Estado» del AKP[469]. Con un superávit presupuestario del 6 por ciento, unos tipos de interés reales al 15 por ciento y la inflación por debajo del 10 por ciento, las empresas recuperaron la confianza, las inversiones se reanudaron y el crecimiento se aceleró. Entre 2002 y 2007 la economía turca creció a razón de un 7 por ciento al año. Atraído por el boom, el capital extranjero entró en el país, y se apoderó del 70 por ciento del mercado bursátil de Estambul.

Como en otros lugares, el descenso de la inflación alivió la situación de los pobres, pues los precios de los artículos de primera necesidad se estabilizaron. Además, el boom creó muchos puestos de trabajo, aunque estos no se reflejen en las estadísticas oficiales, según las cuales la tasa de desempleo —superior al 10 por ciento— no varió. Pero el crecimiento económico sin creación de empleo en la economía formal vino acompañado de un incremento de la ocupación en el sector de la economía informal, sobre todo en forma, trabajos eventuales de la industria de la construcción. Objetivamente, estas ganancias materiales siguen siendo modestas: los salarios reales han permanecido fijos y —teniendo en cuenta el crecimiento demográfico— el número de pobres se ha incrementado en realidad. Sin embargo, desde el punto de vista ideológico, han sido suficientes, pues, según señala uno de los más agudos observadores turcos, los pobres consideran que el AKP se ha entregado por primera vez al neoliberalismo porque era lo más sensato[470].

Pero ¿hasta qué punto está el pueblo convencido de que el mercado siempre tiene razón? La disciplina fiscal se ha traducido en recortes del gasto social en servicios y subvenciones, lo que ha dificultado al AKP repetir a escala nacional la filantropía municipal que dio alas a los líderes del partido en los noventa, cuando el Partido del Bienestar podía repartir beneficios públicos de distinta índole entre su electorado. La recaudación tributaria del Estado turco solo representa un 18 por ciento del PIB —un auténtico tributo al egoísmo de los ricos, aunque se mida según los criterios actuales—, de modo que el gobierno dispone de muy poco dinero para repartir después de pagar a los titulares de bonos[471]. Para tener contenta a la masa de votantes urbanos, el AKP necesitaría ofrecerles algo más que el pan del neoliberalismo —por mucho que este pan sea todavía fácil de roer—. La falta de redistribución social requiere compensaciones culturales o políticas. También hay que tener en cuenta a los militantes del partido: una dieta a base de prescripciones del FMI tiene que dejarles hambrientos a la fuerza.

Los riesgos de una adhesión excesivamente complaciente a las directivas impuestas desde el extranjero se pusieron de manifiesto muy pronto, en marzo de 2003, cuando los dirigentes de AKP intentaron sacar adelante en el Parlamento una votación para permitir a las tropas americanas atacar Irak desde Turquía. La tercera parte de los diputados del partido se rebelaron y la moción fue rechazada, para gran regocijo del pueblo. En esta etapa, Erdoğan todavía no había conseguido sentarse en el Parlamento, incapaz de burlar la exclusión que pesaba sobre él. Puede que Abdullah Gül, el segundo de a bordo de Erdoğan, se dejara llevar por cierta rivalidad residual y, en calidad de primer ministro, no retirara en nombre de Erdoğan todas las barreras que obstaculizaban la conformidad con EEUU[472]. Dos meses después, Erdoğan llegó al Parlamento y se hizo cargo de la situación. Una vez investido como primer ministro, sacó adelante una moción para enviar tropas turcas a Irak y que participaran en la ocupación. Pero ya era demasiado tarde, y el Estado satélite de Bagdad, temiendo la reacción de los kurdos, rechazó la oferta. En cualquier caso, la destreza de Erdoğan para imponer este rumbo revela la posición que ocupa en el firmamento del AKP.

De hecho, para la inmensa mayoría de los votantes del partido, la personalidad de Erdoğan es en gran medida el premio simbólico que les compensa por los apuros materiales que tienen que padecer. La cultura política posmoderna, cada vez más vinculada al entretenimiento, ha engendrado una serie de líderes procedentes de la industria del espectáculo. En este sentido, se puede comparar a Erdoğan con Reagan y con Berlusconi: después de un actor y un cantante melódico, ¿existe una figura más popular que un futbolista? Nacido en una familia de clase obrera, educado en un colegio religioso de Estambul, Erdoğan comenzó una carrera de futbolista profesional antes de ingresar en las filas del Partido del Bienestar para convertirse en alcalde de la ciudad a los cuarenta años. En el camino, tuvo tiempo de bruñir sus credenciales en el mundo del sector privado, amasando una buena fortuna como empresario local. Ni los orígenes humildes ni el estatus de nuevo rico son rasgos nuevos para los líderes de centro-derecha en Turquía. Lo que distingue a Erdoğan de sus predecesores es que, a diferencia de Menderes, Demirel u Özal, no ha llegado al poder desde las alturas de un cargo burocrático, sino desde abajo, desde las bases del partido. Por primera vez, Turquía está gobernada por un político profesional en el sentido literal de la expresión.

En el estrado, Erdoğan es una figura cargada de carisma autóctono. Este hombre alto y fornido, con mirada de matón y un largo labio superior acentuado por un poblado bigote, encarna tres de los valores más preciados en la cultura popular turca: la beatería —según la leyenda, siempre rezaba antes de saltar al terreno de juego—; la hombría —tiene fama de ser muy duro, tanto de palabra como de hecho, con sus subordinados y enemigos—; y la facilidad de trato con la gente corriente —tanto sus modales como su vocabulario son más propios de los puestos callejeros que de los salones—. Aunque el AKP ya no es ni por asomo una formación democrática —en los congresos del partido los militantes rivalizan en vítores con los de la Rusia unificada—, esto no tiene por qué ser un rasgo negativo en una tradición que respeta el autoritarismo como signo de fuerza. La debilidad de la imagen pública de Erdoğan se encuentra en otro lugar. Colérico y proclive a ofenderse, es muy dado a que la prensa le ridiculice, y demanda a los periodistas, por docenas, por informar de modo desfavorable sobre su persona o su familia, que, por cierto, ha prosperado bastante durante los años que lleva en el poder AKP. El banquete de boda de uno de los hijos de Erdoğan, honrado con la presencia de Berlusconi, y el enlace de su hija, al que asistió Musharraf, bastaron para que se ordenara cerrar la mitad de la ciudad de Estambul. A la empresa de su yerno se le ha cedido el control del segundo grupo empresarial de medios de comunicación más importante del país. Al principio, el AKP tenía reputación de partido íntegro. Ahora su líder corre el riesgo de adquirir los rasgos de los famosos que aparecen en la prensa amarilla, con sus correspondientes ambigüedades. Pero el culto a la personalidad de Erdoğan, igual de vano y autocrático que el culto a Menderes, sigue siendo la mejor baza del partido. Lo único que ha cambiado es que el público se ha trasladado del campo a la ciudad.

IX

En 2007, cuando se volvieron a celebrar las elecciones, el AKP había depurado sus filas de todos aquellos militantes que se habían rebelado contra la Guerra de Irak, reliquias de un pasado superado. Transformado en un partido homogéneo y disciplinado, tras cinco años de crecimiento y con un líder carismático al frente, la formación obtuvo el 47 por ciento de los votos. Fue una victoria mucho más decisiva que la de 2002, repartida uniformemente por todo el país, y en Occidente se consideró que era una consagración sin precedentes. En cierto sentido, sin embargo, fue menor de lo que se esperaba. El resultado alcanzado por AKP se encontraba cinco puntos por debajo del que había obtenido Demirel en 1965; once puntos menos que Menderes en los comicios de 1955. Por otra parte, la exformación fascista MHP, que también ostentaba los colores de la religiosidad encubierta, había conseguido el 14 por ciento de los votos, lo que significaba que en total la derecha contaba con el 61 por ciento de los votos, un resultado histórico. De hecho, aunque el AKP —debido a los caprichos del umbral electoral— contaba con menos escaños que en la legislatura anterior, a pesar de haber obtenido un tercio más de votos que en las elecciones anteriores, gracias al éxito del MHP ambos partidos se repartían las tres cuartas partes de la Asamblea Nacional: una mayoría más que suficiente para reformar la Constitución.

En su segundo mandato el AKP cambió de rumbo. En 2007 la incorporación a la UE era todavía uno de los objetivos estratégicos del gobierno, pero había dejado de ser una palabra mágica para los militantes del partido. Pues después del fracaso del plan angloamericano para acabar con la República de Chipre en 2004, el gobierno tuvo que afrontar la incómoda posibilidad del fin de la presencia militar turca en la isla a cambio de la integración en la UE —un precio que la clase dirigente de Ankara siempre se había mostrado reacia a pagar—. De modo que, después del estallido inicial de reformas liberales, el partido bajó el ritmo, y, además, no aplicó nuevas medidas realmente significativas, destinadas a proteger los derechos civiles o a desmantelar los mecanismos de represión, una conducta que puso a prueba la paciencia de la propia Bruselas, a pesar de que en los círculos oficiales europeos hacía mucho tiempo que se había decidido mirar solo el lado positivo de las cosas. En algunos pasajes del informe anual que elaboró la Comisión sobre Turquía en 2006, una retahíla de eufemismos burocráticos en los años anteriores, se podía percibir un ligero tono de arrepentimiento.

Poco después, a principios de 2007, Hrant Dink, un periodista de origen armenio procesado infinitas veces por el delito de «denigrar la turqueidad» —había mencionado el genocidio armenio—, fue asesinado en Estambul, y se organizaron manifestaciones multitudinarias en protesta por este crimen. Un año después, en respuesta a estas protestas, el AKP se limitó a modificar en el Código Penal el cargo que se le había imputado a Dink: en lugar de acusarle de «denigrar la turqueidad», se le imputaba un delito de «denigración de la nación turca». Veinticuatro horas después de que se tomara esta decisión, el 1 de mayo de 2008, la policía lanzó un ataque total contra los obreros que se habían reunido para conmemorar los asesinatos de sindicalistas que habían tenido lugar en la Plaza Taksim en 1977, una concentración prohibida por el AKP. La policía se empleó a fondo, con porras, gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma, y el enfrentamiento se saldó con 38 heridos. Más de 500 personas fueron detenidas. «Cuando los pies intentan gobernar la cabeza, ha llegado el día del Juicio Final», explicaba Erdoğan.

Cuando Europa retrasó su plan de admitir a Turquía en la UE, el AKP se deshizo del lastre del liberalismo, y al hacerlo se mostró condescendiente con las fobias nacionales. En su primer mandato, el AKP realizó varias concesiones a la cultura y al sentir kurdo —permitió que las televisiones regionales emitieran algunos programas en kurdo y se autorizó la enseñanza de esta lengua en los colegios privados—. Estas medidas no supusieron ningún cambio estructural en la situación de la población kurda, pero, al combinarse con el apoyo estatal a los municipios kurdos y con una retórica más ecuménica, el número de votos obtenidos por el partido se triplicó en el sudeste en 2007, en relación con la media nacional. Desde entonces, sin embargo, el gobierno ha dado un brusco giro y ha adoptado el planteamiento militarista tradicional para solucionar los problemas de esta región. En el verano de 2004, poco después de que sus planes para imponer en Chipre el plan que más le interesaba fracasaran, el gobierno tuvo que enfrentarse con el rebrote de las acciones guerrilleras de PKK. Aunque en esta ocasión se trataba de un movimiento de proporciones mucho más modestas que en el pasado y Öcalan no había reconocido del todo su legitimidad[473], los rebeldes contaban con un refugio interior más seguro, gracias a la autonomía de facto del Kurdistán iraquí, obtenida después de que los americanos atacaran Bagdad.

El alto mando turco reaccionó como tantas otras veces a lo largo de la historia y redobló la represión, enviando más tanques y gendarmes al sudeste, además de exigir a las autoridades iraquíes que actuaran al otro lado de la frontera, al norte de Irak. La movilización de fuerzas estatales y paraestatales vino acompañada de un huracán de histeria nacionalista en la sociedad civil, un sentimiento alimentado por el temor a que se repitiera en Turquía lo que ya había sucedido en Irak con la autonomía kurda, por el resentimiento suscitado porque el país tenía que dar explicaciones a Europa de su comportamiento por primera vez en lo que iba de siglo, y por la miseria que tenía que sufrir en las provincias la juventud azotada por el desempleo, uno de los terrenos de reclutamiento más fértiles del MHP. En este clima tormentoso, Erdoğan y sus colegas siguieron el mismo rumbo que Demirel: complacieron los deseos de los militares —los aviones y los ejércitos turcos no tardaron en cruzar la frontera de Irak para seguir atacando a los kurdos— y adoptaron la retórica chovinista. En el invierno de 2007, las ciudades turcas ya estaban cubiertas de un extremo a otro de banderas nacionales en ventanas y balcones; los jóvenes utilizaban un crespón rojo en Facebook en lugar de sus fotos; noche tras noche, los noticiarios se limitaban a mostrar imágenes solemnes de Erdoğan y de Gül a la cabeza de una falange del ejército turco, o en el funeral de los soldados que habían perdido la vida luchando en el sudeste, en compañía de las madres que sollozaban junto a los ataúdes de sus hijos así como intercaladas con las de los ejércitos que desfilaban por las calles de Diyarbakir mientras entonaban la estentórea consigna «una bandera, una nación, una lengua, un Estado». Semejante fervor nacionalista no se veía en Europa desde los años treinta.

Que el AKP haya adoptado este patrioterismo no significa que haya renunciado al cumplimiento de sus propios objetivos. Mientras la nación supere a la religión en el discurso social sin contradecirla, el partido tiene mucho que ganar y poco que perder. Desde el punto de vista táctico, este ajuste tiene una justificación lógica evidente. El panorama económico es cada vez más desfavorable. El déficit comercial es enorme, los fondos extranjeros que lo cubren son, en su mayoría, dinero caliente que puede desaparecer al primer indicio de problemas; la inflación supera de nuevo el 10 por ciento. Si el boom se evapora del todo, está demostrado que las exhibiciones de fuerza defensiva son una alternativa que suele funcionar muy bien desde el punto de vista electoral. Estratégicamente, según estos cálculos, concederle al ejército todos sus deseos en la batalla contra el terrorismo permitiría al partido acercarse a sus objetivos en otro terreno. En realidad, se trata de un propósito doble: someter a la sociedad a un marco de observancia general, y apoderarse de las ramas del Estado que se han opuesto a ello. La prioridad que el gobierno ha concedido a estos dos objetivos subyacentes, a costa de las reformas liberales, se refleja en la determinación del AKP de controlar la presidencia instalando a Gül en el cargo. Esta maniobra ha levantado ampollas tanto en el ejército como en la burocracia, sofocadas gracias a la cómoda victoria electoral de 2007. La relevancia política de esta maniobra radica en la negativa del partido a proponer un candidato independiente con credenciales democráticas, que habría producido beneficios políticos de otra índole, réditos que al AKP no le interesan. El intento de colocar a un beato incompetente al frente del Banco Central ha fracasado, pero indica la línea de acción general —colonizar el Estado con secuaces leales, un procedimiento que se ha seguido aplicando de forma apresurada en los niveles inferiores—. Paralelamente, el movimiento liderado por el mistagogo exiliado Fethulla Gülen —que predica un islamismo impecable, liberal, moderno y proamericano— ha creado un imperio similar al del Opus Dei, que no solo controla periódicos, cadenas de televisión y cientos de colegios, sino que además se encuentra presente en todos los estratos de la jerarquía policial[474].

Los intentos de someter a la sociedad civil a la voluntad del partido gobernante han seguido una pauta similar. En lugar de realizar el más mínimo esfuerzo por privar a las masas de todos los artículos punitivos de un Código Penal inspirado en el modelo del fascismo italiano, Erdoğan intentó aprobar una ley que consideraba que el adulterio era un delito —tres años de prisión por apartarse del lecho conyugal— y solo desistió cuando se vio con claridad que era una ley demasiado estricta incluso para sus más fieles admiradores europeos. El frente de batalla se ha trasladado ahora a la cuestión del tocado de las mujeres. Después de intentar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprobara una resolución que dictara que la prohibición turca de llevar pañuelos en edificios públicos, incluidas las universidades, violaba los derechos básicos, el bloque AKP-MHP ha aprobado en febrero dos enmiendas constitucionales que revocan esta prohibición. El Tribunal Constitucional ha intentado paralizar estas enmiendas, y el partido gobernante se enfrenta ahora a la acusación formal de intentar subvertir la base laica del Estado. Si se confirman, estos cargos acarrearían su suspensión y Erdoğan, Gül y otros líderes quedarían inhabilitados para practicar la política durante cinco años.

La cuestión de los pañuelos, bastante trivial de por sí, ilustra a la perfección la perversa relación que mantienen el Estado y la religión en la Turquía que legó Kemal. Prohibir a las mujeres jóvenes que se vistan como quieran en la universidad es una discriminación evidente hacia las creyentes, pues de esta manera quedan excluidas de la educación superior. Autorizar el pañuelo, como sabe cualquier chica laica de un entorno provinciano, promueve el miedo a lo contrario: brutales presiones sociales para llevarlo, bajo pena de la condena al ostracismo, como mínimo. El AKP no se encuentra en posición de disipar esos miedos, dada su trayectoria en el poder y el estilo de sus líderes, siempre arrogante e intimidatorio. El kemalismo contemporáneo tampoco se encuentra en condiciones de reivindicar que el Estado debe permanecer a salvo de cualquier expresión religiosa, pues mantiene a costa del erario público un enorme directorio que solo propaga una religión, el islam, y restringe las actividades de las demás. Las sucesivas oleadas de beatería política que han surgido desde los años cincuenta, un fenómeno del cual el AKP no es más que la última instancia, son la venganza lógica de esta duplicidad. Un laicismo auténtico habría cortado por lo sano el vínculo que mantiene unidos al Estado y a la religión, y habría creado un espacio para el rechazo cotidiano de todas las creencias sobrenaturales. Hasta qué punto no ha logrado hacerlo se deduce del veredicto que ofrece uno de los analistas más generosos con la religión y la sociedad turca, aún más benévolo en su juicio de las dotes de estadista del propio Erdoğan: «No cabe la menor duda de que en la actualidad es peligroso que un hombre o una mujer afirmen abiertamente que no creen en Dios»[475]. El propio ejército, presunto bastión del laicismo, suele definir a los soldados que pierden la vida en las operaciones destinadas a combatir la insurgencia como «mártires». La nación y la religión mantienen la misma interdependencia estructural en el kemalismo moderno que en la época en la que el Gazi fundó el Estado turco.

Pero, como esta interdependencia no se puede admitir públicamente, se ha creado una tensión en el seno del sistema político turco entre una elite que reivindica su laicismo y unos movimientos que reivindican su religiosidad. Ambos bandos se acusan de falta de tolerancia. Esta tensión tendría que remitir. El AKP no ha superado este punto muerto, sino que lo ha reproducido. Antes de llegar al poder, como es bien sabido, Erdoğan les explicó a sus seguidores que la democracia era como un tranvía: lo tomaremos para llegar a nuestro destino y luego nos apearemos[476]. Algunos interpretan que este comentario revela las intenciones ocultas del AKP, cuyo objetivo sería utilizar la mayoría parlamentaria para imponer una tiranía fundamentalista. Pero esta observación también se presta a una lectura más banal. Lo que importa es el poder, no los principios. Erdoğan es, sin duda, un individuo tan devoto como Blair o Bush, mandatarios con los que se lleva bastante bien, pero existen pocos motivos para pensar que sea más capaz que ellos de arriesgar los frutos que ha obtenido gracias a su gobierno por defender su extremismo religioso. Una cosa es mantener una actitud instrumental hacia la democracia, y otra odiarla o comprometerse con ella. Las elecciones han sido una gran ayuda para el AKP: ¿por qué abandonarlas? El integrismo religioso podría impedir la entrada de Turquía en Europa: ¿por qué arriesgarse?

Las tentaciones y las dificultades que tiene que superar el partido son otras. Por una parte, el AKP está sometido a la presión de su electorado —sobre todo a la de sus militantes más fervientes, los que forman el núcleo del partido—, que exige avances en la eterna lucha de los creyentes por alcanzar un mayor reconocimiento público de su fe y de los símbolos exteriores. La credibilidad de los dirigentes depende de ello. Por otra, la debilidad sin precedentes de cualquier oposición dentro del sistema político ha transmitido a sus líderes una sensación embriagadora de libertad de maniobra. Está claro que el ejército y la burocracia todavía representan una amenaza potencial, pero ¿se atreverían los militares a dar un nuevo golpe de Estado, ahora que Turquía está a punto de entrar en la Unión y que toda Europa vigila sus movimientos? El resultado de la crisis actual, que ha enfrentado al Tribunal y a la Asamblea, demostrará hasta qué punto el AKP ha sabido entender el nuevo equilibrio de fuerzas que impera en Turquía. Una posibilidad es que se haga un llamamiento triunfal a los electores para borrar del mapa la Constitución de 1980. Otra, que el orgullo desmesurado que acabó con Menderes se apodere de los gobernantes del AKP. Lo que está claro es que el último ciclo de gobierno del centro-derecha en Turquía se acerca a un momento crítico, una situación que sus precursores no fueron capaces de superar.

X

Sea cual sea el resultado inmediato del conflicto entre las últimas versiones del islamismo y del kemalismo, lo cierto es que proceden del mismo momento fundacional que sus predecesoras, aunque ambas pretendan sublimarse a través de Europa. Lo mismo se puede decir de los principales obstáculos potenciales que tiene que superar Turquía para entrar en la UE. En Turquía se suele considerar que los escollos fundamentales son el racismo y la islamofobia europeos, o la perspectiva del peso que en un futuro tendría el país en el Consejo Europeo como miembro más grande. Quizá igual de importante, aunque menos mencionado, sea el presupuesto de que, si se admite a Turquía, será difícil negarle la entrada a Ucrania —un país menos grande, pero más democrático y con una renta per cápita más elevada—; una nación que Romano Prodi dijo en cierta ocasión que tenía las mismas posibilidades de entrar en la Unión que Nueva Zelanda. No debe restarse importancia a estos obstáculos. Pero los problemas más espinosos residen dentro del propio país. Tres, en concreto, destacan sobre los demás. Tienen su origen común en el nacionalismo integral que surgió, sin ruptura ni remordimientos, en los últimos años de un imperio basado en la conquista.

El primer obstáculo, y en teoría el más directo, es que desde hace mucho tiempo Turquía mantiene bajo ocupación militar y bajo dominio político a Chipre. Negarse a reconocer la soberanía de un Estado miembro de la Unión y solicitar a la vez la admisión en esta organización exige una sangre fría diplomática que solo una antigua potencia imperial se puede permitir. A pesar del entusiasmo que muestra Bruselas por aceptar a Turquía, el monstrum legal de la posición turca en Chipre se interpone todavía entre este sentimiento y el acceso a la Unión. El segundo escollo para la incorporación inmediata a Europa es la situación doméstica de las minorías nacionales. No se trata de comunidades insignificantes. La población kurda alcanza una cifra que oscila entre los 9 y los 13 millones de personas, los alevíes entre 10 y 12 millones, de los cuales quizá dos o tres millones sean kurdos. En otras palabras, más de un tercio de la población sufre la discriminación sistemática por motivos étnicos o religiosos. Todo el mundo conoce la crueldad que ha desplegado el Estado en su afán por castigar a los kurdos, pero la posición social que ocupan los alevíes —con frecuencia tachados de ateos por la mayoría suní— es todavía más precaria. Ninguno de los dos grupos forma una masa compacta, sujeta a un maltrato uniforme. En la actualidad viven más kurdos en las grandes ciudades que en las regiones del sudeste. Muchos de ellos han abandonado su lengua materna o se han casado con turcos[477]. Los alevíes, por su parte, solo se concentran en un único enclave montañoso, y el resto se encuentra disperso por todo el territorio. Lo que es evidente es que en estos dos casos las autoridades no cumplen ni por asomo la igualdad de derechos simbólica que exigen los criterios de Copenhague de la UE.

Por último, no podemos olvidar el obstáculo que representa el genocidio armenio. Por todo el país se pueden encontrar calles y colegios que llevan los nombres de los asesinos y que honran su memoria. Talat cuenta con un bulevar en Ankara, cuatro avenidas en Estambul, una autopista en Edirne, tres distritos municipales, cuatro escuelas de enseñanza primaria. Enver, con tres avenidas en Estambul, dos en Esmirna, tres en el Chipre ocupado, además de colegios en Esmirna, Mugla y Elazig. Cemal Azmi, responsable de la muerte de miles de personas en Trabzon, tiene un colegio con su nombre en esa misma ciudad. Mehmet Kemal, ejecutado en la horca por sus atrocidades, autopistas públicas en Estambul y Esmirna, estatuas en Adana y Esmirna, y una lápida memorial de héroe nacional en Estambul. Es como si en Alemania hubiera plazas, calles y guarderías que llevaran los nombres de Himmler, Heydrich o Eichmann y nadie se inmutara. En la actualidad se publican más que nunca libros que ensalzan las virtudes de Talat, de Enver y de Şakir[478]. Y este fenómeno no es solo el legado del pasado kemalista. Los islamistas heredaron esta tradición y la han seguido cultivando hasta nuestros días. Aunque fue Inönü quien trajo en un tren blindado prestado por el Tercer Reich el ataúd de Talat para enterrarle con todos los honores en 1943, fue Demirel quien ordenó trasladar los de Enver desde Tajikistán en 1996 y los inhumó en persona en una ceremonia de Estado celebrada en Estambul. A su lado, presenciando el entierro, se encontraba el musulmán moderado favorito de Occidente: Abdullah Gül, el actual presidente de Turquía del AKP.

Un nacionalismo integral que nunca se ha estremecido ante el exterminio de los armenios, la expulsión de los griegos, la deportación de los kurdos y la tortura de los disidentes turcos, y que todavía cuenta con un amplio respaldo electoral, no es una fuerza que deba tomarse a la ligera. La izquierda turca, una de sus víctimas más asiduas, ha mostrado una gran valentía al enfrentarse a este nacionalismo. Desde el punto de vista político, la «generación del 78» fue aniquilada por el golpe de Estado de 1980 —años de prisión, exilio o muerte acabaron con cualquier posibilidad de recuperación de un atractivo popular o un activismo de la misma magnitud—. Pero, cuando la intensidad de esta represión remitió, este grupo alumbró una cultura crítica sin parangón en ningún otro país europeo de la época: monografías, novelas, películas, revistas y editoriales que crearon en Estambul un ambiente radical en muchos aspectos más animado que el de Londres, París o Berlín. Esta es la atmósfera que dio origen a Orhan Pamuk —un autor que, sin embargo, suele criticarla con cariño— y otros importantes escritores turcos.

Si hay un ángulo muerto en esta visión de la izquierda intelectual es el de Chipre, una cuestión de la que se sabe poco y se dice menos, actitud no muy distinta de la que muestran los intelectuales británicos en relación con Irlanda del Norte. Pero en las otras dos cuestiones explosivas del momento su actuación no ha podido ser más ejemplar. La defensa de los kurdos ha ocupado durante décadas el centro de su imaginación, y ha dado lugar a innumerables escritores y directores de cine —a menudo de origen kurdo—, desde Yaşar Kemal, Mehmed Uzun o Yilmaz Güney (Yol), hasta las recientes películas prohibidas de Handan Ipekçi —Big Man, Little Love (2001)— y de Yeşim Ustaoğlu —Journey to the Sun (2001)—. Por lo que respecta al destino de los armenios, ha sido objeto de una conferencia de historia organizada en Estambul —cancelada por las presiones políticas en dos universidades, tuvo que celebrarse en una tercera—, una biografía que ha sido un éxito de ventas (recién publicada en inglés, My Grandmother, de Fethiye Çetin), una novela (The Bastard of Istambul, de Elif Shafak), un reportaje iconoclasta (Deep Mountain, de Ece Temelkuran) y muchos artículos en la prensa (como los que ha escrito Murat Belge para Radikal).

Pero, por encima de todas estas obras, destacan los extraordinarios estudios del historiador Taner Akçam, que ha situado en el mapa de la historia moderna la realidad del genocidio armenio y del profundo poso que ha dejado en el Estado turco. Su estudio más innovador, el que más tabúes ha roto, se publicó en Turquía en 1999[479]. Se ha traducido al inglés una recopilación de ensayos titulada From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide, que apareció en 2004, y su primer libro, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, que vio la luz en 2006. El propio Akçam ha estado en la cárcel y en el exilio como víctima de la represión militar de 1980, y ha sido reiteradamente acosado y amenazado incluso en el extranjero, donde las autoridades canadienses y estadounidenses han colaborado con las turcas en la tarea de hacerle la vida imposible. En Turquía, abordar la cuestión del genocidio sigue siendo peligroso, como demuestran a las claras las acusaciones contra Pamuk y el asesinato de Dink —episodios que han tenido lugar bajo el gobierno de AKP.

Fuera de Turquía existe desde hace mucho tiempo una escuela de historiadores, liderada por el difunto Stanford Shaw, dedicada a reproducir la mitología oficial del Estado turco, que niega la existencia de cualquier tipo de genocidio en suelo otomano. Este revisionismo directo ya no goza de crédito en el mundo académico. Las últimas versiones se decantan más bien por restarle importancia o relativizar este suceso histórico, en sintonía con el enfoque que defiende la intelectualidad turca oficial, en lugar de negar por completo el destino que corrieron los armenios. Desde el punto de vista intelectual se puede considerar que este tipo de obras han quedado relegadas a la posición marginal que ocupan dentro de la literatura especializada las teorías refutadas. Pero el hecho de que este discurso se pueda encontrar todavía en la obra de algunos de los mejores historiadores que escriben sobre la Turquía moderna desde Occidente ofrece un contraste bochornoso con el coraje que muestran los críticos turcos. Para algunos de los especialistas más importantes, la evasiva y el eufemismo son todavía la norma. En los dos únicos párrafos que Caroline Finkel le dedica a esta cuestión en su grueso volumen de 550 páginas sobre el Imperio otomano, afirma que «tuvieron lugar terribles masacres en ambos bandos». Por lo que respecta al genocidio, sostiene que la propia palabra es una elección tremendamente desafortunada, pues no solo «arruina el desarrollo de una comprensión más general de la historia del destino de los armenios otomanos» —y más todavía las «relaciones exteriores de los turcos en todo el mundo»—, sino que además «condena a la Armenia que comparte frontera con Turquía… a una existencia desgraciada (sic)»[480].

Si analizamos la límpida Brief History of the Late Ottoman Empire, de Sükrü Hanioğlu, recién publicada, solo encontramos un párrafo en el que el autor explica que «uno de los sucesos más trágicos de la guerra fue la deportación de una gran parte de la población armenia de Anatolia», un episodio en el que, en la práctica, por desgracia, se pasaron por alto los «detalles más sutiles» de la orden gubernamental de impedir que los «rebeldes armenios» le prestaran una «ayuda crucial» a las tropas rusas, lo cual tuvo la consecuencia imprevista de «una enorme pérdida de vidas»[481]. La aclamada biografía de Andrew Mango, Atatürk, es todavía más lacónica. Mango afirma que la «Anatolia oriental es un lugar inhóspito casi siempre», y si los armenios que vivían allí fueron «deportados» fue porque, arrastrados por los rusos, se habían levantado contra el régimen otomano. No cabe duda de que «la depuración de armenios» fue «una acción brutal de limpieza étnica», pero los dirigentes del CUP lo justificaban con «una explicación muy sencilla: “O ellos, o nosotros”»[482]. ¿Algún comentario más? Tan solo una frase. «Las deportaciones colapsaron el sistema de comunicaciones otomano, y privaron a Anatolia de casi todos sus artesanos». El tráfico ferroviario alemán también se colapsó en la época del Tercer Reich.

El propio Eric-Jan Zürcher, el historiador holandés que ha contribuido más que ningún otro a sacar a la luz los vínculos entre la clandestinidad del CUP y Kemal a partir de 1918, solo se permite reconocer con prudencia, en su obra clásica Turkey: A Modern History, que aunque «quizá sea difícil, si no imposible», demostrarlo más allá de toda duda, «al menos este autor es de la opinión de que existió una política de exterminio centralizada, instigada por el CUP». Eso lo escribió en 1993. Diez años después, en la edición revisada de 2004, en lugar de esa frase, aparece esta otra: «Ya no se puede negar que el CUP instigó una política de exterminio centralizada»[483]. Esta alteración, aunque todavía no ha acabado de cuajar del todo —se siguen escuchando voces que la desmienten, tanto en el ámbito académico como en la prensa—, es un testimonio del impacto que ha ejercido la obra de Akçam, un autor al que Zürcher rinde un generoso tributo bibliográfico, y revela que se ha producido un cambio de opinión, en la dirección correcta, por parte de uno de los estudiosos más importantes de la historia de Turquía. Pero sería poco prudente sobrevalorar este cambio. El motivo de esta pauta de evasivas y circunloquios que encontramos en gran parte de la literatura especializada occidental, por lo demás de una calidad extraordinaria, es el miedo, muy extendido entre los investigadores extranjeros —o expatriados—, a que, en una sociedad en que la verdad no se valora en absoluto, abrir una brecha en los tabúes nacionales comprometa el acceso, los contactos, las amistades e incluso favorezca el aislamiento total del país.

Cuando, además, hay premios o asesorías de por medio, los motivos para actuar con prudencia son todavía mayores. En la última edición de la obra de Zürcher hay un avance con respecto a la versión anterior en relación con los armenios. Pero, cuando se trata de analizar la cuestión kurda, el autor se mueve en la dirección opuesta, y las afirmaciones directas de la edición de 1993 —«Turquía debería convertirse en un Estado binacional, y el kurdo en la segunda lengua en los medios de comunicación, en la educación y en la administración. Habría que concederle al sudeste algún tipo de autonomía de gran alcance que permitiera a los kurdos gobernar y mantener el orden público»— han desaparecido en la versión de 2004[484]. En el ínterin, Zürcher ha sido premiado con la Medalla de la Alta Distinción por el Ministerio de Asuntos Exteriores turco, y se ha convertido en asesor de la Comisión Europea. Lo más probable es que su obra como investigador no se beneficie de estos dos honores. Los intermediarios políticos nunca se han caracterizado precisamente por la valentía de su discurso. Sería un error condenar, sin más, la transigencia de los historiadores occidentales que se dedican al estudio de Turquía, incluso los de un espíritu tan independiente como Zürcher. Las coacciones a las que se enfrentan son reales. Pero las presiones a las que se encuentran sometidos los turcos son mucho mayores. Al gozar de una mayor seguridad, el escapismo debería ser menor.

Hay una única y notable excepción en este campo, que confirma la regla. El libro de Donald Bloxham Great Game of Genocide, que apareció en 2005, no es la obra de un especialista en el Estado otomano, sino la de un intelectual dedicado al estudio de la historia comparada del exterminio, sin vínculos profesionales con Turquía. El título poco afortunado de la obra no hace justicia a la claridad y a la intensidad de este estudio, una sucinta obra maestra sobre la matanza de los armenios, que arroja luz tanto sobre el contexto nacional en el que se desarrolló, como sobre sus consecuencias internacionales. Bloxham analiza los estudios que han escrito algunos acreditados historiadores europeos sobre el genocidio del CUP, pero se centra sobre todo en la actitud de los estados ante este episodio de la historia turca. De todos ellos, como demuestra Bloxham, Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo el más importante, pues, aunque era una potencia de la Entente, nunca llegó a declararle la guerra al Imperio otomano entre 1916 y 1918. Además, el alto comisionado norteamericano en Turquía entre 1919 y 1927, el almirante Bristol, defendería después una limpieza étnica más exhaustiva. Dado que EEUU contaba con una comunidad griega y otra armenia que debían ser silenciadas, fue allí donde se desarrolló por primera vez el sofisma del negacionismo en los años de entreguerras, antes de difundirse por Europa. En los años treinta ya se había prohibido en Hollywood una película basada en una novela de Franz Werfel sobre la resistencia armenia durante las masacres de Cilicia, ante las amenazas de la embajada turca, que declaró que aquello era una calumnia.

A partir de 1945, por supuesto, Turquía adquirió una importancia mucho mayor para EEUU como aliado estratégico, primero en la Guerra Fría y ahora en la Guerra del Terror. En los últimos veinte años, el incremento de las presiones de la comunidad armenia, mucho más importante ahora que en los años veinte, y la aparición de una escuela armenia pionera en los estudios modernos sobre los exterminios de 1915-1916 en Occidente, han dificultado en gran medida las tareas de censura. Después de algunos intentos fracasados de sacar adelante resoluciones sobre esta cuestión en el Congreso, en 2000 el Comité de Relaciones Internacionales votó y aprobó una resolución más o menos neutral, que condenaba el genocidio armenio, pero se tomó la precaución de eximir a la República de Turquía de cualquier responsabilidad. Ankara respondió amenazando con represalias comerciales, con la retirada de las bases militares en Turquía y con acciones violentas sobre los americanos que residían en Turquía —el Departamento de Estado llegó incluso a emitir una nota oficial en la que desaconsejaba a los ciudadanos americanos que viajaran a este país— si se votaba a favor de esta resolución en el Congreso. En su línea habitual, el propio Clinton intervino en persona y evitó incluso que la resolución se llegara a plantear. En Ankara, Ecevit anunció, triunfal, que la reacción estadounidense era una demostración del poder de Turquía.

En 2007 se repitió la misma situación. Esta vez, la portavoz de la Cámara, Nancy Pelosi —otra defensora demócrata de los derechos humanos—, se pronunció personalmente a favor de una resolución que contaba con el respaldo de 191 votos. Pero bastó que un grupo de figuras destacadas del partido, encabezado por Madeleine Albright, se interpusiera, para que Pelosi obedeciera al Departamento de Estado y al de Defensa y quedara anulada la posibilidad de una votación. En la sombra, las amenazas de los turcos se combinaron en esta ocasión con una escalada vertiginosa de sobornos destinados a impedir que la resolución saliera adelante. Ankara gastó unos 3,2 millones de dólares en una campaña de presión orquestada por Richard Gephardt, antiguo líder de la mayoría demócrata de la Cámara, que había apoyado la resolución en 2000, cuando todavía no estaba en la nómina del gobierno turco[485]. Entretanto, las principales organizaciones judías —AIPAC, ADL y otras—, en vez de expresar su solidaridad con las víctimas de otro genocidio, se reunieron a puerta cerrada con Gül en Washington para decidir cómo negar este acontecimiento histórico[486]. En este caso influyó la ideología: la patente moral de la singularidad de la destrucción nazi de los judíos no se puede usurpar. Pero tampoco hay que olvidar la buena relación militar y diplomática que mantienen Israel y Turquía —los cazas IDF se entrenan en el espacio aéreo turco—, una relación que ha llevado a Tel Aviv a realizar, en palabras de un observador parcial, «un esfuerzo coordinado por educar a los judíos americanos en la importancia estratégica que posee Turquía»[487]. No todas las conciencias son tan fáciles de acallar. Algunas voces judías han protestado contra semejante conspiración, pero de momento no ha servido de nada.

En Europa, la candidatura de Turquía a la UE plantea un conjunto de cuestiones mucho más amplio que en Washington. Aquí, lo que preocupa es la situación de los propios turcos, en principio la de los kurdos y por extensión la de los chipriotas, no la suerte que corrieron los armenios. En la práctica, la prioridad de la Comisión ha sido admitir a Turquía en la Unión al menor precio posible —es decir, causándole el menor número de problemas al gobierno del AKP, que se presenta como el portador de la antorcha del progreso, incapaz de cumplir en su totalidad las normas de la UE por culpa de un sistema judicial y militar retrógrado—. Invariablemente, los informes anuales sobre los progresos que ha realizado el país para entrar en la Unión hacen un mayor hincapié en los requisitos económicos que en los políticos, y se consignan los avances en el ámbito de las privatizaciones y en el de la tortura con el mismo lenguaje imperturbable: «Se han producido avances significativos, pero todavía quedan algunos puntos pendientes en el orden del día»; «el marco legal turco incluye un exhaustivo conjunto de medidas preventivas contra la tortura y los malos tratos. Sin embargo, todavía se dan algunos casos». Quedan algunos defectos por limar, pero el camino todavía conduce a la cúspide[488].

Como es natural, en estos anodinos informes no se refleja ninguno de los puntos de fricción. ¿Chipre? Bajo la rúbrica «Asuntos regionales y obligaciones internacionales» ni siquiera se menciona la negativa de Turquía a reconocer la soberanía de un Estado miembro de la Unión Europea, en la que aspira a entrar. El comisario europeo Olli Rehn, un Streber finlandés con aspecto juvenil y la mirada puesta en la presidencia de su país, no oculta su indiferencia hacia la limpieza étnica que tuvo lugar en la isla, y explica a los chipriotas que «deberían dejar de lamentar las injusticias pasadas y ponerse a trabajar en las soluciones para el futuro con una actitud pragmática» —como es natural, una actitud que acepte la ocupación de Ankara en interés de Bruselas—. A fin de cuentas, como informa la Comisión con satisfacción, entre otros méritos, «Turquía se ha ofrecido a adiestrar a las fuerzas de seguridad iraquíes» y ha demostrado «su alineación con los intereses de la UE en cuestiones de política extranjera y de seguridad»[489].

¿Los kurdos? Siempre que sea posible, hay que evitar mencionarlos. Según se explica en uno de los estudios más autorizados, escrito por dos famosos juristas, sobre la actuación del AKP desde que llegó al poder y sobre el modo en que la UE lo ha apoyado, la Unión tiende a emplear «el término “situación del sudeste” como eufemismo de la cuestión kurda». Los dirigentes de la UE no solo «han sido totalmente incapaces de emitir un comunicado oficial» sobre la cuestión kurda, o de «presentar un programa político o un discurso coherente sobre el tema», sino que, además, «la lustrosa imagen de una dinámica general hacia la democratización, el respeto de los derechos humanos y el pluralismo, que ofrece la Comisión, es totalmente falsa, pues la postura del gobierno turco en relación con la concesión de los derechos propios de una minoría a los kurdos no muestra ningún signo auténtico de cambio»[490]. Incómoda ante estas críticas, en su último informe la Comisión intenta enfrentarse a ellas tímidamente. Los kurdos y los alevíes, plenamente conscientes de que la preocupación primordial de la Comisión es que estas minorías no agüen la fiesta de la integración turca, no parecen demasiado impresionados.

¿Los armenios? Su destino no influye directamente en la incorporación de Turquía a la Unión. La «Tragedia de 1915», como la denomina Rehn, una expresión que se ha convertido en el eufemismo estándar, puede formar parte de un «diálogo exhaustivo» entre Ankara y Ereván, pero Bruselas debe mantenerse apartada. Considerado por casi todo el mundo en Turquía como un cónsul honorario del AKP, Rehn es quizá un personaje excepcional incluso en las filas de la Comisión actual por su vulgar satisfacción de sí mismo y su actitud tartufesca. Su declaración de objetivos fundamentales, Europe’s Next Frontiers, un texto repleto de epígrafes con nombres de canciones pop y de apotegmas del estilo de «el derrotismo nunca puede salir victorioso» o «no hace falta ser una lumbrera para entender el factor visión», termina con un apropiado envanecimiento hortera de sus proezas en el campo de fútbol: «Que no se entere el portero, pero suelo lanzar los penaltis por debajo, apuntando a la izquierda. A fin de cuentas, lo único que cuentan son los goles —incluso en la integración europea—»[491]. Esta es su táctica de «funcionalismo democrático», se nos dice. ¿Quién se sorprendería al averiguar que este mismo cerebro piensa que «el papel de la Comisión en el proceso de entrada se puede describir como el del amigo que te dice la verdad»?[492].

La Comisión Barroso no es, por descontado, un centro de poder independiente ni aislado. Refleja la visión general de la clase política europea en su totalidad. Cuando el diputado del Parlamento Europeo Camille Eurling, relator para Turquía, comunicó al Parlamento de Estrasburgo, en teoría menos sometido a coacciones diplomáticas, que el reconocimiento del genocidio armenio debería ser una condición para el acceso de Turquía a la Unión, como era de esperar, la delegación de los verdes, liderada por Daniel Cohn-Bendit, intervino para asegurar que este pasaje se suprimiera, confirmando la regla general que dice que, cuanto más habla de derechos humanos un grupo político, menos los respeta. La realidad es que la clase política se ha comprometido a que Turquía entre en la Unión y no admite reparos. Un ejemplo emblemático de este compromiso es la Comisión Independiente para Turquía, aclamada por uno de sus admiradores como «un grupo de dignatarios europeos que se han nombrado a sí mismos» —entre sus miembros figuran un expresidente, dos exprimer ministros, tres exministros de Asuntos Exteriores, por no hablar de Lord Giddens—, y que «se ha convertido en una luz que guía a Europa para que actúe con justicia y diligencia en la búsqueda de la verdad, y que por ello ha obtenido muchos elogios en Europa y en Turquía». No es difícil imaginar cuáles han sido las conclusiones que han alcanzado.

Una guía todavía más completa es el volumen editado por Federal Trust The EU and Turkey: A Glittering Prize or a Millstone? La respuesta no tiene premio, pero en esta obra, a medida que se van sucediendo los distintos ensayos, un folleto informativo tras otro, con una llovizna de dudas por resolver, se va abriendo paso ocasionalmente un lenguaje más sincero. En el ensayo que abre la recopilación, el compilador Michael Lake —antiguo representante de Bruselas en Ankara— rinde un homenaje al papel «noble, heroico incluso» que ha desempeñado la Asociación Turca de Industriales y Empresarios, al impulsar el histórico proceso de reformas de Turquía. Con la incorporación de este país a la Unión, señala Lake, Europa adquirirá «una ventaja estratégica de primera magnitud». En el último artículo del volumen, Norman Stone aborda con brío la cuestión armenia. Según Stone, hay que analizar los motivos de los que sacan a colación esta cuestión: «¿Será que el odio a Israel les lleva a intentar devaluar el argumento más fuerte que posee Israel?». Hablando en plata, «¿por qué tenemos que seguir hablando de estas cosas a estas alturas?»[493].

En Europa la gente de bien suele evitar semejante franqueza. El liberalismo convencional suele decir las cosas con más tacto. Según afirma Mark Mazower en el Financial Times —aunque se puede encontrar un sinfín de versiones de este mismo razonamiento—, habría que desterrar «lo que les sucedió a los armenios del ámbito de la política y situarlo en el de la historia»[494]. Que se peleen los eruditos y que empiece el desfile de la caravana del Estado. El problema de este consejo tan desinteresado, por supuesto, es que la República de Turquía siempre ha considerado que el destino de los armenios es un asunto de Estado, y lo sigue haciendo. Como señala Bloxham, «Turquía ha mentido una y otra vez sobre su pasado, ha intimidado a sus minorías y a otros estados para justificar sus falsedades y ha suprimido a los armenios de los libros de historia»[495] —y, además, ha invertido grandes sumas de dinero público en intentar que el destino de este pueblo se mantenga «fuera del ámbito de la política» en Occidente, como desearían Mazower y otros.

Como es natural, estos personajes, que albergan tan buenos deseos, suelen emplear el lenguaje con suma cautela. Mazower pone un cuidado extremo en evitar cualquier alusión a la palabra que empieza por «G»; Timothy Garton Ash habla en The Guardian del «sufrimiento de los armenios», el circunloquio que goza de mayor aceptación en Ankara[496]. Es cierto que la expresión «genocidio» es una de las más devaluadas en el lenguaje político contemporáneo, la segunda después de «fascismo», quizá. Pero, si se ha envilecido más allá de cualquier imprecisión originaria, ha sido sobre todo por culpa de los propios apologistas de la OTAN, que reivindican el genocidio de Kosovo —5000 muertos en una población total de más de un millón— y que se esfuerzan al máximo por impedir que este término comprometa la provechosa relación que mantiene la Alianza con Turquía. Desde el punto de vista histórico, sin embargo, como se ha señalado tantas veces, el jurista que acuñó la definición de genocidio en las Naciones Unidas después de la guerra, Raphael Lemkin, que estudiaba en Lviv cuando se celebraron los juicios de Estambul de 1919, empezó a utilizar este término pensando en las matanzas de armenios a manos del CUP que tenían lugar justo en la otra orilla del Mar Negro.

No es casualidad que Hitler también tomara nota del exterminio de los armenios. Algunos de sus colegas más cercanos de Múnich lo habían vivido en primera persona. El antiguo cónsul alemán en Erzurum, Max von Scheubner-Richter, informó a sus superiores con gran detalle sobre el modo en que los armenios habían sido aniquilados. El excónsul era un racista virulento, y dirigiría la Kampfbund nazi antes de convertirse en el enlace clave del partido con los grandes empresarios, la aristocracia y la Iglesia. Murió cuando acompañaba a Hitler en el Putsch de Múnich de 1923. «Si la bala que acabó con la vida de Scheubner-Richter hubiera impactado unos pocos centímetros a la derecha, la historia habría seguido un curso bien diferente», observa Ian Kershaw[497]. Hitler lamentó profundamente su muerte, y decía que era una figura «insustituible». Cuando invadió Polonia dieciséis años después, como es bien sabido, les dijo a sus camaradas —aludiendo a los polacos, pero con evidentes implicaciones para los judíos—: «¿Quién recuerda ahora a los armenios?». El Tercer Reich no necesitaba apoyarse en el antecedente turco para llevar a cabo sus propios genocidios. Pero no cabe duda de que Hitler conocía bien este episodio histórico y citaba a menudo el éxito de esa empresa como ejemplo. Puede que muchos cuestionen la existencia de similitudes entre ambos genocidios, pero los nazis no.

La similitud no es lo mismo que la identidad. Las semejanzas entre ambos genocidios son sorprendentes, mucho más numerosas que las que existen entre otros fenómenos históricos[498]. Pero no fueron episodios idénticos, y los rasgos que los diferencian explican en parte el tremendo contraste que existe en las reacciones que han suscitado. Ambas campañas de exterminio se lanzaron en secreto, al amparo de la guerra; los responsables de estas matanzas eran perfectamente conscientes de que se trataba de actos criminales y que, por tanto, debían permanecer ocultos. En ambos casos se requirió la participación de organizaciones especiales de asesinos, bajo el control de líderes políticos, que actuaban de manera informal, a medio camino entre la maquinaria del partido y la del Estado. En los dos genocidios participaron oficiales militares seleccionados. Por lo que respecta a las elites, la ideología del nacionalismo laico se combinó con las doctrinas del darwinismo social. A nivel popular, se recurrió al odio religioso más arraigado, dirigido contra grupos que ya habían sido víctimas de pogromos religiosos antes de la guerra. Ambas campañas comenzaron con asesinatos a escala local y terminaron con el exterminio sistemático. En ambos casos, las acciones se disimularon bajo la apariencia de deportaciones.

Las diferencias fundamentales no residen en la magnitud ni en el propósito, sino en la mayor racionalidad instrumental y participación civil del genocidio unionista en comparación con el nazi. En Alemania los judíos tan solo representaban el 1 por ciento de la población, y no suponían una amenaza importante para el régimen. Ningún Estado europeo había intentado utilizar a las comunidades judías con fines políticos o militares. La motivación de la destrucción nazi de los judíos era ideológica, no estratégica ni económica. Aunque se incautaron sistemáticamente las propiedades de los judíos, fueron los poderosos los únicos que se beneficiaron de ello, no la población en general, y el coste del exterminio, cuando la batalla en el este ya estaba perdida, se convirtió en una carga inútil para la campaña bélica alemana. La destrucción turca de los armenios, aunque fue impulsada por el odio etnorreligioso, perseguía unos fines económicos y geopolíticos más convencionales. La minoría armenia del Imperio otomano tardío era, en términos relativos, diez veces mayor que la judía de Alemania. Los armenios no solo poseían tierras y dinero en otra escala, sino que además contaban con la presencia de compatriotas al otro lado de la frontera, en el Imperio ruso, que los consideraban reclutas potenciales para desarrollar sus propios planes de expansión. Cuando estalló la guerra, el miedo y la codicia se combinaron en Estambul con la costumbre más añeja de detonar la aniquilación. En Anatolia participaron en la limpieza y se beneficiaron de ella muchas más personas, y las consecuencias estructurales para la sociedad fueron más importantes. Uno de los genocidios fue el fruto de la demencia de un orden ya desaparecido. El otro, el momento fundacional de un Estado que ha resistido.

Pero si es cierto que estas diferencias son reales, el contraste que existe en el modo en que estos dos genocidios se han incorporado al imaginario europeo es tan radical que nubla el juicio. Uno de ellos se ha convertido en objeto de recuerdo oficial y popular, a escala monumental. El otro es un susurro en la esquina que no soporta ningún diplomático de la Unión. Esta diferencia se debe a varios motivos. Uno ocurrió en nuestro tiempo, en el centro del continente, mientras que el otro tuvo lugar hace un siglo en la frontera de Europa. Los supervivientes del primero eran mucho más cultos que los del segundo y dejaron una mayor cantidad de testimonios personales. Pero dado que el genocidio armenio fue denunciado en su momento por las potencias occidentales, algo que no sucedió en el caso de los judíos, y que hubo muchos más testigos imparciales —testigos oficiales, por añadidura—, se necesitan otras razones para explicar la magnitud de esta discrepancia. Y no hay que esforzarse demasiado para averiguarlas. Israel, un aliado fundamental en Oriente Medio, exige el reconocimiento del judeocidio y ha obtenido importantes reparaciones por ello. Turquía, un aliado vital en el Cercano Oriente, niega la existencia del genocidio armenio, e insiste en que no se mencione nunca. La Unión y sus belles âmes juegan la misma carta.

Pero no estamos hablando de una historia remota, que habría que dejar en manos de los anticuarios. La negativa implacable del Estado turco a admitir que tuvo lugar un exterminio de armenios dentro de los límites de su territorio no es anacrónica ni irracional, sino una defensa contemporánea de su propia legitimidad. Pues a la primera gran limpieza étnica que transformó Anatolia en un territorio homogéneamente musulmán, pero todavía no turco, le siguieron otras purgas menores del cuerpo político en nombre de ese mismo nacionalismo integral, que se han prolongado hasta nuestros días: pogromos de los griegos, 1955-1964; anexión y expulsión de los chipriotas, 1974; matanza de los alevíes, 1978-1993; represión de los kurdos, 1925-2008. Actualmente no se ha realizado ninguna crónica verídica de ninguno de estos episodios, y no se puede llevar a cabo sin que ello acarree un doloroso coste para la identidad y la continuidad heredadas por la República de Turquía. Por este motivo, los dirigentes de AKP siguen empeñados en el mismo negacionismo que sus predecesores, con las mismas amenazas y con más dólares. Pues, a pesar de todas las tensiones que existen entre la tradición kemalista y la islamista, nunca ha existido una separación química entre ellas. Erdoğan y Gül se sienten cómodos con la síntesis oficial entre ambas tradiciones, la «nación turca», que han convertido en un crimen insultar, como si fuera una de las reformas que exige Bruselas.

Por tanto, ¿en qué fase se encuentra el acceso de Turquía a la Unión? Las razones que se suelen aducir para presionar a favor de su incorporación son innumerables: desde la perspectiva militar, Turquía es un baluarte en la lucha contra el terrorismo; económicamente, puede aportar empresarios dinámicos y mano de obra barata; políticamente, es un modelo para los países vecinos de la región; desde el punto de vista diplomático, un puente entre civilizaciones; desde el ideológico, supone el advenimiento del auténtico multiculturalismo a Europa. En el pasado, la principal objeción que se contraponía a todas estas consideraciones era el miedo a que una ampliación de la Unión que se adentrara en un territorio tan remoto pudiera minar la cohesión institucional; se temía que, al dar un paso tan grande, cualquier oportunidad de profundización federal quedara comprometida. Pero ese caballo ya se ha desbocado. Rechazar la candidatura de Turquía por ese motivo sería cerrar la puerta cuando hacerlo ya no sirve de nada. La Unión se está convirtiendo en un campo en el que los factores de producción pueden correr a sus anchas, lejos de cualquier foro de voluntad colectiva, y la adición de otro terreno más, por grande que sea o desatendido que se encuentre, no alterará su naturaleza.

En la propia Turquía, como en Europa, las principales fuerzas que presionan a favor de la entrada en la Unión son la encarnación contemporánea del orden del partido: la bolsa, la mezquita, el cuartel y los medios de comunicación. El consenso que comparten los empresarios, los burócratas, los predicadores y los políticos, los iluminados de la prensa y de la televisión, no es totalmente unánime. Aquí y allá se pueden escuchar malhumoradas voces reaccionarias. Pero el alcance de la concordia es sorprendente. ¿Qué hay de los progresistas, si es que puede utilizarse este término en este contexto? Este movimiento ofrece la única buena razón, entre tantos motivos estúpidos o espurios, para acoger a Turquía en la Unión. Para la izquierda turca, marginal desde el punto de vista político pero fundamental desde el cultural, la UE representa la esperanza de cierta liberación de los cultos y represiones de Kemal y del Corán; para los turcos pobres, oportunidades de empleo y elementos de bienestar; para los kurdos y los alevíes, algunos derechos como minorías. Otra cuestión es hasta qué punto estas esperanzas son realistas. Pero no se pueden negar. Además, hay que considerar otro factor. Pues precisamente en este punto es en el que la idea de que Europa se beneficiará moralmente de la incorporación de Turquía a la UE pierde su sesgo multicultural. El tejido de la Unión se enriquecerá, sin duda, con la llegada de tantas mentes enérgicas y críticas, al igual que con la dignidad y el civismo manifiesto de la gente corriente, que sorprenden a simple vista a cualquier persona que visite el país, por breve que sea su estancia.

Sería mucho mejor que la UE se atuviera a algunos de los principios de los que tanto se enorgullece y recibiera en la Unión a Turquía a condición de que abandonara Chipre y recompensara al gobierno por haber ocupado la isla durante tanto tiempo; de que concediera a los kurdos los mismos derechos que han obtenido los galeses o los catalanes; de que admitiera el genocidio de los armenios. Basta con echar un vistazo a la trayectoria que ha seguido la UE para comprender lo remota que es esta posibilidad. Lo más probable es una Unión que se extienda hasta el monte Ararat, en la que los ministros, diputados y turistas —o los ministros y los diputados como turistas: los Fischer, Kouchner y Cohn-Bendit— circulen cómodamente entre París, Berlín y Estambul en trenes de alta velocidad, y contemplen en todas las paradas banderas azules con estrellitas, desde el monumento al exterminio de los judíos, junto a la Puerta de Brandemburgo, hasta el monumento al exterminio de los armenios, en la Colina de la Libertad. El excomisario Rehn podría disfrutar de un partido de fútbol en el parque contiguo, a unos pocos metros de las estatuas de mármol en honor a Talat y a Enver, mientras algunos jóvenes soldados aburridos —cada vez menos, como es natural— pasan el rato tranquilamente en Kyrenia, y los terroristas se quedan en su desierto de Dersim. Los sueños turcos de una vida mejor en Europa deben ser respetados. Pero la emancipación rara vez llega del extranjero.

CUARTA PARTE

Conclusión

IX. Antecedentes

La demarcación de Europa plantea algunos problemas a la Unión, y otros a la historia de las ideas. Como expresión geográfica, Europa ha existido, por supuesto, desde la Antigüedad clásica. Pero todos los intentos posteriores a Hesíodo de acuñar conceptos de Europa, como el del famoso Denis de Rougemont, son artificiales[499]. La unidad del mundo grecorromano era mediterránea, abarcaba ambas orillas de este mar interior, y se extendía hasta Siria, no hasta Escandinavia. En ese universo, Europa era una categoría apenas relevante. Aunque los historiadores sitúan el origen de Europa en la Edad Media, para los que vivieron en esos siglos esta noción no definía el territorio de una civilización específica. De hecho, retrospectivamente, la Europa medieval muestra una impresionante unidad de creencias religiosas, prácticas sociales, instituciones culturales y políticas, que se reproduce exactamente en todas partes menos en el cuadrante sudeste del continente. Ninguna otra obra ha demostrado este extremo de una forma tan concluyente como el estudio de Robert Bartlett sobre la expansión de Europa a través de la violencia protocolonial, de la implantación de unas jerarquías feudales comunes por todo el continente, que anticipa lo que con el tiempo acabarían haciendo los descendientes de los señores depredadores, las órdenes religioso-militares y los cruzados en el mundo no europeo[500]. El libro de Bartlett se titula The Making of Europe. Pero no debe entenderse en el mismo sentido que, pongamos por caso, el libro de Edward Thompson The Making of the English Working Class. Pues aunque es objetivamente cierto que Europa nació en este periodo, este proceso no vino acompañado de una conciencia subjetiva general. Para la gente de la época, su mundo era la cristiandad. El concepto de «Europa» no existía para ellos, y atribuírselo a estos precursores es un anacronismo[501].

I

El término Europa no se dio a conocer hasta mucho después, hacia finales del siglo XVII, en la coalición que luchaba contra Luis XIV[502]. Todavía en 1713, el Tratado de Utrecht invocaba a la Respublica Christiana, y dos años después Leibniz criticaba el proyecto de paz perpetua en Europa del abate de Saint-Pierre, que había colaborado en las negociaciones, en nombre de la cristiandad, una noción mucho más sagrada para él[503]. Hubo que esperar al giro secular de la Ilustración para que la noción de Europa adquiriera una acepción sólida, y empezara a designar una civilización unitaria. Pero, en cuanto apareció, arraigó de forma rápida y sorprendente. Desde la Regencia hasta el estallido de la Revolución francesa, todos los pensadores importantes desarrollaron una idea de Europa prácticamente idéntica. Fue Montesquieu quien fijó el tono categórico que tanto éxito tendría: «Un príncipe cree que su poder aumentará gracias a la ruina de un estado vecino. ¡Todo lo contrario! La situación de Europa es tal que los estados dependen los unos de los otros. Francia necesita la riqueza de Polonia y Moscovia, al igual que la Guyena necesita a la Bretaña, y la Bretaña a Anjou. Europa es un Estado compuesto de varias provincias»[504]. La fórmula no tardó en convertirse en un tropo. Para Voltaire, «se puede considerar que la Europa cristiana es una única república dividida en distintos estados»[505]. Vattel pensaba que la Europa moderna era «una especie de república», que se mantenía unida «para preservar el orden y la libertad»[506]. Para Robertson, «las potencias de Europa» formaban «un gran sistema político»[507]. Y Gibbon era de la opinión de que «se puede considerar que Europa es una gran república cuyos distintos habitantes han alcanzado prácticamente el mismo nivel de educación y cultura»[508]. Para Burke, Europa era «prácticamente como un gran Estado, basado en la misma ley general, con cierta diversidad de costumbres provinciales y de establecimientos locales»; en este territorio un viajero «nunca tenía la sensación de encontrarse en el extranjero»[509]. Así percibida, la unidad del continente no era un objetivo, sino un algo dado.

Para formular este tropo se empleaba el vocabulario de la política —Estado, república—, pero su significado era, en esencia, social. Lo que unificaba a Europa eran las creencias religiosas comunes, las leyes públicas y los modales habituales —la trinidad más citada, desde Voltaire a Burke—. Sin embargo, lo verdaderamente crucial es que incluía una dimensión política formalmente contradictoria. Pues Europa se definía también a través de las virtudes de la división. Un elemento central en cualquier descripción del continente, la característica que mejor la diferenciaba del resto del mundo —y le confería una categoría superior—, era el equilibrio único que existía entre las partes que lo constituían. Dentro de la unidad de esta civilización, la suerte de Europa era la de encontrarse dividida en una serie de estados rivales pero independientes, todos ellos de un tamaño similar, incapaces de imponer un dominio universal. Este equilibrio de poder era la condición de la libertad europea. Fue de nuevo Montesquieu quien formuló por primera vez, de modo sucinto, esta noción: «En Asia, las naciones fuertes se diferencian de las débiles», observaba, «en que unas deben conquistar y las otras ser conquistadas. En Europa, por el contrario, solo hay naciones fuertes; las que comparten fronteras tienen casi el mismo coraje. Este es el principal motivo de la debilidad de Asia y de la fortaleza de Europa, de la libertad de Europa y de la esclavitud de Asia»[510]. Robertson también pensaba que «cuando las naciones se encuentran en un estado similar, y llevan el mismo ritmo en el progreso hacia el refinamiento, no se encuentran expuestas a la calamidad de una conquista repentina»[511]; mientras que Gibbon observaba que «la división de Europa en varios estados independientes», una división en la que «el equilibrio de poder seguirá oscilando», podía «producir las consecuencias más beneficiosas para la libertad del género humano»[512]. Voltaire se mostraba igual de categórico: «La sabia política de las naciones europeas, que ha mantenido entre ellas, en la medida de lo posible, un equilibrio de poder equitativo», era un principio político «desconocido en el resto del mundo»[513]. Para Vattel, el sistema político de Europa era, sencillamente, inseparable de la «famosa idea del equilibrio de poder»[514].

Este equilibrio no era solo, a su vez, la condición de las libertades, sino también la de las artes y las ciencias europeas. Pues en este aspecto el continente también era un mundo aparte, que gozaba de un abrumador liderazgo intelectual sobre todos los demás. Para Voltaire, era la República de las Letras, responsable de prodigiosas hazañas de la mente, una situación a la que todos los países habían contribuido y de la que Europa podía sentirse legítimamente orgullosa[515]. Pero ¿cuál era el elemento que estimulaba esta preeminencia cultural? De común acuerdo, era, en última instancia, la división y la rivalidad entre estados. Como decía Gibbon: «En todas las empresas de la vida activa y especulativa, la emulación entre los estados y entre los individuos es la fuente más poderosa de los esfuerzos y del perfeccionamiento del género humano. Las ciudades de la antigua Grecia fueron moldeadas por la afortunada combinación de unión e independencia que se repite a mayor escala, pero de un modo todavía más flexible, en las naciones europeas»[516]. Es más, los frutos de esta emulación eran la clave del dominio que Europa ejercía sobre el resto del mundo. «No podemos decir que las letras sean un mero divertimento para algunos ciudadanos», escribió Montesquieu. «La prosperidad de este ámbito está tan íntimamente ligada a la de los imperios, que aquella es un signo infalible de esta, o una de sus causas. Si echamos una mirada a lo que sucede en el mundo actual, veremos que, al igual que Europa domina dos terceras partes del mundo y prospera, la ilustración en Europa es muy superior a la de otros lugares, que se encuentran sumidos en la profunda noche de la ignorancia»[517]. Montesquieu no se hacía muchas ilusiones respecto a las consecuencias que este matrimonio entre conocimiento y poder pudiera tener para el mundo dominado, pero había otros autores más optimistas. «Las naciones de Europa», observaba Robertson, son «como una gran familia», pues «comparten una sabiduría, un progreso en el arte de la guerra, una sagacidad y un discurso político prácticamente idénticos» —en cambio, existe una enorme diferencia entre «el carácter y el genio que en casi todas las épocas históricas ha situado a los europeos en una posición superior a la del resto de los habitantes del globo, pues parecería que unos están destinados a mandar y los otros a obedecer»[518].

Semejanza social-equilibrio político-emulación intelectual-supremacía cultural: este era el silogismo general de Europa en el consenso de la Ilustración. Aunque este consenso no era total en lo que concierne a la actuación del imperio europeo en el extranjero —como es sabido, Diderot, Raynal e incluso Smith tenían sus dudas—, era bastante unánime en relación con la unidad de la sociedad educada dentro de Europa. Rousseau era prácticamente el único que se atrevía a utilizar un tono más áspero, y a ridiculizar el cosmopolitismo de la época y su autocomplacencia: «Digan ustedes lo que digan, en nuestra época ya no existe lo que podríamos llamar un francés, un alemán, un español o incluso un inglés. Hoy en día solo hay europeos que comparten los mismos gustos, las mismas pasiones, las mismas costumbres», observaba con desprecio; «todos hablan del bien común y solo piensan en sí mismos; todos afectan moderación cuando en realidad aspiran a emular al propio Creso; solo ambicionan el lujo; solo les apasiona el oro». De modo que «¿qué más les da servir a uno u otro amo, u obedecer las leyes de este o de aquel Estado? Con tal de disponer de dinero para robar y mujeres a las que corromper, se encuentran como en casa en cualquier lugar»[519]. Las instituciones nacionales eran las que dotaban de carácter y de vigor a un pueblo, explicaba Rousseau a los polacos, no las modas ni los caprichos internacionales.

II

Como tantas otras veces, la advertencia de Rousseau fue premonitoria. Con el estallido de la Revolución francesa, la imagen ilustrada de Europa se perdió de vista, al desaparecer las similitudes sociales bajo la presión de la insurrección y la movilización jacobina, y al quedar destruido el equilibrio político a manos de la expansión napoleónica. En sus Letters on a Regicide Peace, Burke ofrecía una constatación desesperada del cambio que se acababa de producir, y advertía de que Francia no era una comunidad o Estado normal: «Estamos en guerra contra una doctrina armada». La revolución social y el despertar nacional pusieron fin al ecumenismo de una gran república individual. Pero las visiones ideales de Europa no se extinguieron. De la agitación de veinte años de guerra y revolución surgieron de nuevo, con algunas modificaciones, e irían apareciendo de modo intermitente durante el siglo siguiente. Como no podía ser de otra manera, fue el pensador emblemático, llamado a tender un puente entre la Ilustración y el primer socialismo, quien establecería en gran medida la agenda que se cumpliría después. En octubre de 1814, después de que los Borbones recuperaran el trono y antes de los Cien Días, Saint-Simon publicó, con la ayuda de su recién reclutado discípulo Augustin Thierry, una propuesta para la «reorganización de la sociedad europea». En su extraña combinación de temas, este plan anticipaba casi todas las líneas de desarrollo futuras.

Saint-Simon invirtió la opinión de la Ilustración para afirmar que en la Edad Media Europa había modelado un cuerpo político individual, pacífico por lo general, unido gracias al catolicismo y a su clero. La Reforma había destruido esta unidad, y había desencadenado los conflictos religiosos que habían desembocado en la Guerra de los Treinta Años. De este conflicto había surgido el Tratado de Westfalia, que había instituido un sistema político basado en el equilibrio de poder entre estados. Pero lejos de beneficiar al continente, una vez que se estableció este principio «la guerra se convirtió en el estado habitual de Europa», un proceso que culminó con la desastrosa conflagración que acababa de terminar. Un siglo antes, el abate de Saint-Pierre había concebido un proyecto de paz perpetua, pero, al aceptar el feudalismo residual de su época, no había ofrecido más que una garantía recíproca entre tiranos, que les permitía preservar su poder. Lo que se necesitaba ahora era un sistema de gobierno que adoptara los principios de la Constitución libre de Inglaterra y los aplicara a toda Europa. El primer núcleo de este sistema sería un Parlamento conjunto anglofrancés, que serviría de ejemplo a todos los pueblos del continente para que pusieran fin a sus regímenes absolutistas. Una vez que todas las naciones tuvieran su propio gobierno representativo —los alemanes serían los siguientes en la cola—, surgiría un Parlamento europeo por encima de ellos, que gobernaría el continente. Cada millón de ciudadanos que supieran leer y escribir elegiría cuatro diputados: un erudito, un hombre de negocios, un administrador y un magistrado. No había tiempo que perder. La Revolución todavía representaba una amenaza, la deuda pública estaba alcanzando niveles preocupantes en Inglaterra y en Francia la monarquía recién restaurada todavía era precaria. Más les valía a los Borbones recordar la suerte que habían corrido los Estuardo después de la Restauración. Solo si se llevaba a cabo esa reorganización podría Europa gozar de un orden pacífico y estable. «La edad de oro no se encuentra a nuestras espaldas, sino ante nosotros»[520].

En este texto visionario se encuentran presentes en estado embrionario las tres tradiciones políticas que rivalizarían durante el siglo posterior[521]. Saint-Simon, que había luchado en la Revolución americana y había acumulado una fortuna considerable durante la francesa, basaba su teoría en el rechazo de cualquier posible regreso a los ancien régimes de Europa, y en una acertada predicción del derrocamiento violento de la Restauración en Francia. En el transcurso de la década siguiente, crearía la primera versión industrial del socialismo utópico. Esta parte de su legado intelectual sirvió de inspiración a una secuencia de intervenciones y eslóganes revolucionarios en favor de una Europa unida. En la década de 1830, Considérant, un discípulo de Fourier, defendería una federación europea basada en el trabajo productivo y en el reconocimiento recíproco de derechos y bienes, con el fin de desterrar la guerra del continente. En la época de la Comuna, cuando trabajaba con Courbet, Considérant hizo un llamamiento a favor de la creación de unos Estados Unidos de Europa a imagen del modelo de EEUU. Esta configuración era posible gracias al progreso científico y tecnológico. Su punto de partida sería la colaboración entre Francia y Alemania[522]. En las revoluciones de 1848-1849, Mazzini y Cattaneo albergaban la esperanza de que la unidad de Europa sirviera de protección contra las guerras que destruían la soberanía popular y la nación. Mazzini imaginó la creación de un mercado común, Cattaneo la de un Estado federal[523]. Hugo prestó su voz lastimera para defender los Estados Unidos de Europa, en un famoso discurso pronunciado ante un congreso de paz en París[524]. Proudhon y Bakunin le siguieron en la década de 1860 —Proudhon sostenía que Europa era un territorio demasiado grande para crear una federación, y pensaba que debía convertirse en una confederación de confederaciones basada en el modelo suizo; Bakunin, en vísperas de unirse a la Primera Internacional, criticó el principio de nacionalidad de Mazzini, pues afirmaba que había sido concebido para aplastar a otras comunidades más débiles o atrasadas, y sostenía que toda estructura burocrática era incompatible con la libertad rebelde de los Estados Unidos de Europa venideros[525].

En la Segunda Internacional hubo división de opiniones. En 1911, Kautsky declaró que el único camino hacia la paz duradera en el mundo era «la unificación de los estados que pertenecen a la civilización europea en una federación con una política comercial común, un Parlamento federal, un gobierno y un ejército —la fundación de unos Estados Unidos de Europa—, una perspectiva que Rosa Luxemburgo rechazó por considerarla utópica»[526]. Pero cuando la guerra estalló en 1914, los propios bolcheviques adoptaron el eslogan de la república de Estados Unidos de Europa en el primer manifiesto contra la contienda. Un año después, Lenin criticaría esta postura, aduciendo que, mientras que la perspectiva de unos Estados Unidos de Europa era viable como frente común de las clases acaudaladas del continente para acabar con la revolución y alcanzar las rápidas tasas de crecimiento americanas, los marxistas no debían exigir la fundación de una versión socialista. Pues eso implicaría admitir que la revolución no podía triunfar en uno o varios países antes de extenderse por toda Europa[527]. Trotsky, por el contrario, contemplaba la perspectiva de unos Estados Unidos de Europa capitalistas como un paso adelante en la creación de una clase obrera europea unida, aunque —añadiría diez años después—, al responder a las necesidades del capital europeo para poder competir de un modo más equilibrado con América, las fuerzas reaccionarias solucionarían, una vez más, una tarea que la revolución no había conseguido resolver. Era imposible construir el socialismo en un solo país, como Stalin decía estar haciendo en la URSS. Europa era el escenario lógico para el desarrollo de la lucha de clases que conduciría al triunfo del socialismo[528].

La victoria de Stalin en el CPSU acabó con cualquier posible debate en torno a la creación de unos Estados Unidos de Europa en el marco de la Tercera Internacional. Pero no en otros contextos. La tradición revolucionaria encontró una forma de expresión definitiva y espectacular durante la Segunda Guerra Mundial, en el manifiesto redactado en la isla de Ventotene por Altiero Spinelli, un militante del PCI expulsado del partido por criticar los juicios de Moscú, y Ernesto Rossi, el líder de Giustizia e Libertà, ambos prisioneros de Mussolini desde los años veinte. Italia siempre había sido la tierra de la lucha radical en favor de la unidad nacional y de la independencia que encarnaba la trayectoria de Garibaldi. El Manifiesto de Ventotene ponía punto final a esta experiencia. Aunque el nacionalismo italiano había sido en tiempos progresista, también contenía las semillas de la degeneración en un imperialismo que, por segunda vez, había liberado las furias de la guerra en Europa. El nazismo debía ser derrotado por los Aliados. Pero la Unión Soviética, cuya ayuda era vital para la victoria, se había convertido en un despotismo burocrático, mientras que las potencias angloamericanas estaban decididas a restaurar el orden antiguo, que era precisamente el que había desencadenado la guerra entre imperios. Una vez terminada la contienda, por tanto, el imperativo revolucionario era abolir la división de Europa en estados nacionales soberanos. Lo que se necesitaba era una única unión federal de dimensiones continentales. En las luchas futuras, la línea divisoria crítica no sería la que separaba al socialismo de la democracia, sino el internacionalismo. La revolución europea sería sin duda socialista, y requeriría la dictadura temporal de un partido revolucionario, el núcleo disciplinado del nuevo Estado y de la nueva democracia que crearía. Pero no implicaría la estratificación burocrática de todas las propiedades, y menos aún de los medios públicos de expresión y organización. Una prensa libre, unos sindicatos libres, un sistema judicial libre, elementos desconocidos en Rusia, eran esenciales para el desarrollo de este sistema[529]. El manifiesto, que llegó hasta el continente gracias a la hermana de Albert Hirschman, que lo pasó de contrabando, es, sin duda, la visión más sólida de la unidad continental que surgiría de la Resistencia europea —los motivos libertarios y los jacobinos se fundieron al rojo vivo para ofrecer una síntesis que testimonia la fluidez de ideas que era posible antes de la caída del Telón de Acero—. Cuarenta años después, Spinelli terminó su carrera con el respeto unánime de todo el mundo, como miembro de la Comisión Europea y padre del Parlamento Europeo. El edificio principal de la sede de esta institución en Bruselas lleva su nombre.

III

Un poco más tarde surgió una segunda filiación, más próxima a la faceta más conocida del legado de Saint-Simon, la del siglo XIX —la teoría de un cambio social deseable provocado gracias a la labor de las elites científicas e industriales, que supondría una reforma de la sociedad desde las cimas del conocimiento experto—. Esta visión tecnocrática, inscrita en sus recetas para un Parlamento europeo, no solo la heredaron sus seguidores, los políticos, banqueros e ingenieros saintsimonianos del Segundo Imperio y la Tercera República, sino que caló en otras áreas más amplias de la opinión reformadora. En su aplicación a Europa, se caracterizó por la preocupación por los detalles de la maquinaria institucional, una dimensión de la que carecía la línea revolucionaria. La guerra franco-prusiana y la Comuna de París señalaron la aparición de esta tendencia. En 1867 se fundó en Ginebra la Liga de la Paz y la Libertad, dirigida durante los veinte años posteriores por Charles Lemonnier, editor de las obras selectas de Saint-Simon y antiguo secretario de Crédit Mobilier, que lanzaría en 1868 la revista mensual de la Liga, Les États Unis d’Europe[530]. Con Hugo como militante y Garibaldi como presidente, la Liga descendía directamente de las tradiciones republicanas de las revoluciones de 1848. Pero cuando Lemmonier publicó en 1872 —justo después de ese «triste y terrible año» que acababa de terminar— un libro que reivindicaba la creación de unos Estados Unidos de Europa federales, quedó claro que se había producido un giro en la orientación fundamental de esta organización. Para fundar una Europa unida, formada por gobiernos republicanos, se necesitaba un único ejército, un Tribunal Supremo y un mercado común, además del consentimiento de los ciudadanos de todas estas naciones, expresado a través del sufragio universal. Sin embargo, había que eludir en todo momento la «cuestión social», salvo para imponer arbitrajes destinados a evitar las huelgas y a promover el crecimiento económico[531].

Cinco años después, el jurista suizo Bluntschli, que se había trasladado a Alemania después de la derrota del conservador Sonderbund en su patria, y se había convertido en una de las principales autoridades en derecho internacional, planteó una propuesta más moderada y aún más detallada. Bluntschli descartaba el modelo americano y el suizo, y explicaba que cualquier futura unión europea tendría que respetar la soberanía de los estados que la compondrían —enumerados detenidamente: dieciocho en total—. Además, había que conceder un peso mayor a los votos de las potencias grandes que a los de las pequeñas. La organización resultante no tendría autoridad fiscal ni militar sobre sus miembros, sino que se centraría en las cuestiones legales y administrativas que se pudieran resolver en común. Era la primera vez que se presentaba una concepción de Europa plenamente intergubernamental, opuesta a la noción federal, de la unidad europea, y con ella se produjo el giro hacia los tecnicismos del derecho constitucional[532].

La ciencia política, una disciplina en ciernes, no le iba a la zaga. En 1900, el Instituto de Ciencias Políticas de París organizó un coloquio en la capital francesa en el que se debatieron distintos planes alternativos para la creación de una unión europea. El historiador Anatole Leroy-Beaulieu, vástago de una de las familias más destacadas de la clase dirigente, dejó bien claro que, como nombre, la expresión «Estados Unidos de Europa» era contraproducente: una federación inspirada en el modelo americano no era la mejor opción. La primera medida que había que adoptar para lograr la unidad de Europa no era política, sino económica —una unión aduanera—, y debía implantarse en primer lugar en el núcleo de la civilización europea, en las naciones latinas y germánicas de la Europa Central y Occidental. De los tres imperios que rodeaban a este núcleo, Rusia era un elemento necesario como contrapeso de Alemania, y Turquía debía ser admitida para evitar los peligros de las guerras que pudieran estallar para decidir su destino. Pero había que excluir a Gran Bretaña: era un imperio exterior, desprovisto de solidaridad europea, y la Europa federal debía crearse para combatirlo —el miedo a las potencias anglosajonas era un estímulo para la formación de esta organización mejor que los sentimientos democráticos—. Otro de los relatores, el abogado Gustave Isambert, incluía a Gran Bretaña, pero excluía a Turquía por motivos étnicos, religiosos y morales, y advertía que la división de los estados miembros en potencias de dos categorías distintas no era una buena solución. La única solución factible era la de la confederación, pero tenía que ser una confederación estable, que contara con una legislación, un tribunal superior, un ejecutivo y un ejército. Estrasburgo no era un mal lugar para establecer la capital. Pues confiar la prevención de la guerra únicamente a los efectos del progreso técnico y económico era una actitud ilusoria —era como esperar a que el agua erosionara una piedra en lugar de levantarla con la ayuda de la voluntad política—. Unida, una Europa de 375 millones de almas podría imponer su ley al resto del planeta —como es natural, conforme a los principios de la justicia y la igualdad[533].

El temperamento jurídico y geopolítico de estas reflexiones adquirió una mayor vitalidad después de la Primera Guerra Mundial, cuando la posición de Europa en el mundo se encontraba visiblemente más amenazada. La tradición tecnocrática siempre había sido moderada en sus instintos, y se situaba más o menos en una posición intermedia del espectro político. Pero, en el periodo de entreguerras, la principal secuela de esta tradición se convirtió de una forma mucho más explícita en una doctrina de centro, en los dos sentidos de la expresión. Según las ideas de Coudenhove-Kalergi, el conde austriaco que lanzó el movimiento paneuropeísta en 1923, un pensamiento que fue variando tácticamente a lo largo de los años, la unidad de Europa siempre se había basado en una doble oposición. Desde el punto de vista ideológico, debía convertirse en un baluarte capaz de combatir al comunismo desde la izquierda, y al nacionalismo radical —posteriormente al nazismo— desde la derecha. Desde el punto de vista geopolítico, sería una eficaz barrera militar para contener a Rusia y un rival económico para Angloamérica —más adelante, cuando reajustó su visión para incluir a Inglaterra en Europa, la rivalidad quedaría limitada a Estados Unidos[534]—. Coudenhove —que mostraba una inclinación más tecnológica que estética y filosófica— tenía más complejos elitistas que cualquiera de sus predecesores, y por eso buscó el apoyo de los abonados a las grandes causas: desde Einstein a Rilke, desde Mussolini a Adenauer, desde Mann a Claudel, desde Brüning a Briand. En la práctica, su organización se benefició del mecenazgo de los regímenes clericales de Seipel y Dollfuss en Austria —un país desprovisto de la categoría de imperio y del derecho de autodeterminación, la víctima más señalada de la diplomacia wilsoniana en Versalles— y de los fondos de los bancos teutones —Warburg, Deutsche Bank, Melchior, Kreditanstalt—, dignos sucesores del Crédit Mobilier de antaño[535].

En público, Coudenhove se mostraba partidario de la democracia, pues afirmaba que era el justo medio entre la izquierda y la derecha, a pesar de que había demasiados demócratas —los burgueses o los sociales— que no la defendían con entusiasmo. Pero antes no había ocultado su desdén hacia esta forma de gobierno, que definía como «un lamentable interludio entre dos grandes épocas históricas: la de la aristocracia feudal de la espada y la de la aristocracia social del espíritu»[536]. En su debido momento, cuando Hitler se anexionó Austria, Coudenhove se distanció de su antiparlamentarismo original en favor de la defensa anglofrancesa de la relación entre libertad y seguridad colectiva. Pero, en general, sus planes constitucionales para Europa —desde un tratado de arbitrio a una unión aduanera, pasando por un alto tribunal y la moneda única— eran concesiones al pueblo impuestas desde arriba. Con un temperamento no muy distinto del de Saint-Simon —otro extravagante aventurero, mitad mundano, mitad idealista—, el conde austriaco resultó ser al final un digno descendiente del conde francés: en absoluto práctico, pero asombrosamente premonitorio.

IV

Saint-Simon, sin embargo, también anticipó una tercera corriente de reflexión sobre Europa no menos importante. Al describir la pacífica unidad original de la fe católica y las instituciones de la Edad Media, y rechazar el equilibrio de poderes entre los estados acariciados por la Ilustración, por considerarlo un ruinoso sustituto que se suponía que mitigaba la guerra, cuando en realidad la fomentaba, formuló dos principios fundamentales para la cultura de la Restauración, que darían lugar a dos tradiciones conservadoras. La imagen idealizada del feudalismo y la religión, un mundo caballeresco de piedad y dignidad como auténtica esencia de la unidad de Europa, ya había sido utilizada por Burke como leitmotiv de su mensaje contrarrevolucionario. Pero todavía había de publicarse una versión todavía más poderosa, en virtud de su naturaleza dialéctica —y por tanto ambigua—. Escrito tres años después de las Letters on a Regicide Peace, el breve ensayo Europa, de Novalis (1799), presentaba la cristiandad medieval como un legendario reino de armonía, amor y belleza, unido gracias al papado, que había sido destruido por la insurrección de Lutero contra la Iglesia, un episodio que había desencadenado, a su vez, la revolución —«una segunda Reforma»— en Francia. Ahora, Europa se encontraba desgarrada por la batalla entre el nuevo y el viejo mundo, una contienda que había sacado a la luz los terribles defectos de la organización estatal tradicional. Pero ¿qué importaba que el «objetivo histórico primordial» del conflicto sin precedentes en el que ahora se encontraba sumido el continente fuera, en realidad, unir de nuevo a Europa? ¿No favorecería la guerra un nuevo despertar a una forma más elevada, un «Estado de estados» en el que la tradición y la emancipación se reconciliarían gracias a la fe posrevolucionaria por venir?[537].

Este texto volcánico, en el que el éxtasis se alterna con la ironía, era demasiado incendiario para ver la luz en vida de Novalis. Cuando le consultaron, Goethe se negó a publicarlo en Athenaeum, y, cuando por fin se editó en 1826, los pensadores románticos Tieck y Schlegel, que lo habían censurado durante veinticinco años, afirmaron que había sido un error publicarlo, pues se trataba de un texto «divisivo» que era mejor ignorar —un malestar, sin embargo, más comprensivo en cierto sentido que el de los críticos posteriores, que consideraban que era una obra político-religiosa exaltada y reaccionaria[538]—. Schlegel, que había contribuido decisivamente a censurar el manifiesto de su amigo, se trasladó a París en 1802, y allí fundó una nueva revista, Europa —una rúbrica que todavía no era ni mucho menos popular—, en la que empezó a desarrollar un motivo que tenía una vida por delante mucho más larga que el de la renovación europea a partir de una cristiandad transformada por la Revolución francesa. En el primer editorial, Schlegel explicaba que la revista abordaría «la mayor variedad posible de temas», y en el primer ensayo sustancial que escribió, una crónica de su viaje desde Alemania a París, señalaba que, aunque la gente consideraba que existía una «uniformidad europea», un ojo más atento podía percibir que todavía existían diferencias importantes entre las naciones. Había que reconocer que los franceses aventajaban a los alemanes, pues su carácter y su modo de vida se encontraban más cercanos al espíritu de la época. En ese sentido, se podía considerar que París era la capital del universo, y la revolución un experimento bien recibido, sobre todo si se tenía en cuenta la resistencia del material empleado. Pero, en conjunto, el norte y el sur de Europa eran dos tipos de sociedad radicalmente diferentes, y el contraste que existía entre ambas regiones era un rasgo intrínseco. «Lo que en Oriente surge desde su origen con una fuerza íntegra, en una única forma, aquí se divide en una multiplicidad que se despliega con un arte muy superior. El espíritu humano debe desdoblarse aquí, disolver sus capacidades en el infinito, y de este modo obtiene un resultado que de lo contrario no podría nunca alcanzar». No obstante, aunque se podía detectar cierta armonía entre las dos fuerzas telúricas —la fuerza metálica del norte y las vivas ascuas del sur—, la auténtica Europa no se había manifestado todavía[539]. Schlegel nunca llegó a superar la nostalgia de la unidad del Frühromantik, que en su obra posterior se manifestaría a través de la reivindicación recurrente de la superioridad de la sabiduría oriental, pero la diversidad siempre sería un tema decisivo en su obra. En 1810, cuando ya se había convertido en un enemigo declarado de la revolución, le explicaba al público que asistía a sus lecciones de historia moderna: «Asia, podríamos decir, es la tierra de la unidad, en la que todo se despliega en grandes masas, y en las relaciones más simples; Europa es la tierra de la libertad, es decir, de la civilización [Bildung], en la que rivalizan múltiples energías individuales y aisladas… Es precisamente esta rica variedad, esta multiplicidad, la que convierte a Europa en lo que es, la que le confiere la distinción de ser la sede principal de toda la vida y la civilización humana»[540].

Cuando escribió estas palabras, Schlegel ya se había trasladado a Viena, donde no tardó en adaptarse al régimen de los Habsburgo, trabajando primero para el alto mando austriaco y más tarde en el diseño de proyectos para un orden posnapoleónico en Alemania. Fue en este ambiente, el de la lucha contra Napoleón, donde comenzó a tomar forma el segundo motivo fundamental del pensamiento conservador sobre Europa, el distanciamiento de los principios del equilibrio de poderes tal como lo entendía la diplomacia prerrevolucionaria. Se podría considerar que Gentz, que tradujo las Reflexiones sobre la Revolución en Francia de Burke antes de convertirse en ayudante de Metternich y en secretario en el Congreso de Viena, fue el hilo conductor de este cambio. En sus primeras intervenciones, en la época del Consulado, aunque defendía en términos más o menos convencionales el equilibrio de poder posterior al Tratado de Westfalia, un sistema tan bien organizado que «todo peso en la masa política tiene en algún lugar su correspondiente contrapeso», ya había señalado que se necesitaba algo más para que Europa adquiriera una Constitución federal apropiada. Más allá de ese mecanismo de equilibrio de poder, se precisaba un régimen positivo de prestaciones mutuas entre las distintas potencias, un régimen que contemplara el derecho a intervenir en los asuntos de cualquier Estado que amenazara el orden internacional como principio del derecho público[541]. Con la Restauración, este corolario se convirtió en axioma. El sistema político que salió del Congreso de Viena, un orden del que Metternich podía considerarse el principal guardián, incluso el arquitecto, y Gentz el teorizador, no fue una reedición del equilibrio de poderes del siglo XVIII. Era, en esencia, un sistema novedoso que no se basaba en la rivalidad, sino en la coordinación de las potencias más destacadas, destinada a estabilizar la restauración del antiguo orden y a aplastar cualquier alzamiento revolucionario que lo amenazara[542]. Para sus creadores, esto no era una mera agrupación de anciens régimes, sino la aplicación práctica de una unidad continental de nuevo cuño —el Concierto de Europa—. Metternich, que se consideraba «el representante de la sociedad europea en su conjunto», le escribió a Wellington en 1824: «Depuis longtemps l’Europe a pris moi la valeur d’une patrie». Un siglo después, Kissinger definiría a Metternich como el «primer ministro de Europa»[543].

En Francia, Guizot se declaraba igual de comprometido con el Concierto de Europa, y fue, como Metternich, otra víctima de las revoluciones de 1848 que derrocaron a ambos gobernantes. Pero el logro intelectual de Guizot en favor de esta misma causa fue de otra índole: una síntesis histórica en la que entretejía los dos motivos conservadores de la unidad y el orden en una elaborada crónica del destino de Europa desde la caída del Imperio romano hasta la Restauración; una narración en la que la «prodigiosa diversidad» que definía la unidad de la civilización europea, incomparablemente más rica que cualquier otra, ocupaba un lugar de honor. Uno de los rasgos distintivos de esta visión era el tono —prudentemente— agonal que Guizot le confirió al tropo de la variedad que Schlegel había subrayado. Europa ya no era solo el teatro de una sorprendente diversidad de sistemas políticos, estructuras sociales, doctrinas intelectuales y formas estéticas, sino que todas estas manifestaciones se encontraban «en un estado de conflicto permanente», y este estado era la fuente de la vitalidad de la civilización europea[544]. De la colisión y la combinación de elementos romanos, cristianos y bárbaros habían surgido los rudimentos del orden medieval. A partir de las luchas entre la nobleza, la Iglesia y las comunidades se había desarrollado la unidad de las naciones, solo templada por la monarquía —no por la aristocracia, por la teocracia o por la república—, hasta darle la forma del Estado moderno. De la Reforma, entendida como una insurrección de la libertad de pensamiento contra el poder absoluto y espiritual del papado, había surgido el choque entre el espíritu libre y la monarquía centralizada en la Inglaterra del siglo XVII, la tierra donde se concentraban las sucesivas diversidades de la historia de Europa.

Por último, el conflicto entre una versión todavía más pura de la monarquía absoluta y un espíritu radical aún más libre, que había experimentado Francia, había dado lugar a la Revolución de 1789. Este episodio, sin embargo, había sido una victoria demasiado aplastante de la razón humana, que había derivado en una tiranía específica que, por fortuna, ya pertenecía al pasado. Pues «es el deber —y, con el tiempo, el mérito— de nuestra época, reconocer que todo poder» —sea espiritual o mundano— «contiene en su propio seno un vicio natural, un principio de debilidad y de abuso, al que hay que poner límites»[545]. La conflictividad, aunque era saludable, también debía ser prudentemente contenida. En Europa el resultado natural de esta contención era el compromiso. Pues si «distintas fuerzas se encuentran en conflicto constante entre sí, ninguna de ellas conseguirá acabar con las demás y apoderarse completamente de la sociedad»[546]. Guizot dictó sus lecciones sobre la historia general de la civilización europea en 1828, en vísperas de la Monarquía de Julio, un episodio que le permitiría llevar a la práctica los principios del juste milieu que defendía. Como protestante francés, había invertido el esquema de Saint-Simon y de los románticos alemanes para transformar la Reforma en una emancipación, no en una regresión, y había ajustado los principios de la Restauración, desde los reflejos absolutistas de Viena a las máximas constitucionales de París, para distanciarla del legitimismo. Pero en esta versión hugonota que, a pesar de sus intenciones liberales —que los franceses no supieron agradecer—, aún llevaba la impronta del conservadurismo, la unidad dentro de la diversidad de Europa era todavía la obra de la divina providencia[547].

En la otra orilla del Rin, pronto encontraron expresión ideas similares. Cinco años después, el joven Leopold von Ranke, amigo de Gentz en Viena, aunque afirmaba que «el complejo de naciones cristianas de Europa debería ser considerado como un todo, como un único Estado, por así decir», también explicaba a sus lectores alemanes que «los avances más importantes nacen del choque de fuerzas opuestas en graves momentos de peligro —desastres, alzamientos, rescates». Era un error pensar que el siglo XIX solo había servido para despojarse de la funesta herencia de la Revolución francesa: también había contribuido «a renovar el principio fundamental de todos los estados, a saber, el de la religión y el derecho, y ha reanimado, además, el principio de cada Estado individual». De hecho, del mismo modo que «si las literaturas de los distintos países permitieran que sus caracteres individuales se mezclaran y se fundieran, el resultado sería una literatura desagradable y monótona» —pues «la unión de todas ellas debe basarse en la independencia de cada una, para que puedan estimularse entre sí»—, «lo mismo sucedería con los estados y las naciones. El triunfo definitivo y positivo de cualquiera de ellos acarrearía la ruina de los demás. La mezcla de todos destruiría la esencia de cada uno. La auténtica armonía solo puede surgir de la separación y del desarrollo independiente»[548]. Ranke, alerta ante el posible contagio del cambio de régimen de Francia, dirigía su mensaje a un Estado prusiano que todavía no había alcanzado la posición que se merecía. Le prestaba un tono más combativo al análisis de los motivos comunes, y dejaba claro que, históricamente, el principio del conflicto que elogiaba Guizot al analizar el pasado de Europa había encontrado su expresión tradicional en un campo que, en general, él prefería olvidar. La guerra, como había apuntado Heráclito, era la madre de todas las cosas. Medio siglo después, ante los avances de Bismarck, Ranke podía mostrarse todavía más categórico: «El desarrollo histórico», escribió en 1881, «no se basa únicamente en la tendencia a la civilización. Surge también de impulsos de una índole muy diferente, sobre todo de la rivalidad de las naciones que luchan entre sí por la supremacía territorial o política. Es en y a través de estos conflictos, que afectan a todos los ámbitos de la cultura, como se forman los grandes imperios de la historia»[549].

Poco antes, había sido Burckhardt, en tiempos discípulo de Ranke, quien había formulado la más asombrosa descripción de la transición del pensamiento de la diferencia a la variedad más extrema del pensamiento agonal a través de la teoría de los conflictos. Indudablemente, desde el Renacimiento, Europa había mostrado una «diversidad de vida sin precedentes», y había sido el lugar «donde se originan las formaciones más ricas, cuna de todos los contrastes, donde todo lo que puede pensarse ha hallado voz y expresión. Lo europeo es: la autoexpresión de todas las fuerzas a través de monumentos, imágenes y palabras, instituciones y grupos, hasta llegar al individuo». Pero esta multiplicidad no tenía nada de pacífica. Juzgada con imparcialidad, «la vida de Occidente es lucha», e, independientemente de su «gran violencia» y del «deseo de aniquilar adversarios», Burckhardt afirmaba que «la historia se alegrará de esta profusión». Pues «hay en ella una suprema energía oculta que produce épocas, naciones e individuos de una vitalidad de infinita riqueza». Desde la «elevada y distante atalaya» del historiador, las campanas de Europa «repican con hermosa armonía una música que de cerca puede parecer disonante: Discordia concors». Solo había un peligro que acechaba a Europa: el «aplastante poder mecánico» de los bárbaros, del absolutismo o —en nuestros días— la presión niveladora de las masas. Pero Europa siempre había contado con hombres que la libraran del peligro de la homogeneización[550].

V

Este era, a grandes rasgos, el repertorio de ideas que se difundió desde la Ilustración a la Belle Époque y el periodo inmediatamente posterior. Se podría considerar que se trata de la más directa de las «sedimentaciones», las conexiones latentes entre distintas encarnaciones de la unidad europea de las que habla el historiador Krzysztof Pomian[551]. La Primera Guerra Mundial, aunque frustró todas estas ideas de golpe, también les dio un nuevo impulso, en la medida en que los supervivientes intentaron aprender de aquella catástrofe para evitar que se volviera a repetir. Durante el periodo de entreguerras se publicó una avalancha de libros, artículos y proyectos para una Europa unificada —en un inventario incompleto se enumeran unas 600 publicaciones en distintas lenguas—. En estas obras se resumían prácticamente todos los temas y tropos del siglo anterior, de forma selectiva o combinada, y, además, aparecieron por primera vez organizaciones que se dedicaban expresamente a promover esta causa[552]. Desde el punto de vista discursivo, quizá solo un nuevo motivo adquirió relevancia en estos años. Después de la guerra, era difícil considerar ahora que Europa fuera el continente más importante de todo el mundo. La decadencia, hipotética o real, del continente se convirtió en un tema de debate habitual, mientras el incremento de la riqueza y del poder de Estados Unidos se cernían, amenazadores, sobre todos los estados europeos, y el rápido desarrollo de la URSS y de Japón era una señal de alarma. El famoso dictamen que pronunció Valéry en 1919, «Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales» —el plural dio paso enseguida al singular: otros «naufragios, a fin de cuentas, no eran asunto nuestro»—, era la expresión de una premonición muy generalizada[553]. Diez años después observaría con sequedad: «Parece ser que Europa aspira a ser gobernada por una comisión americana. Todas sus políticas apuntan en esa dirección»[554]. Las opiniones que expresó Valéry en plena posguerra, sin duda asombrosas —un giro pesimista del tropo de la diversidad europea, que ahora zozobraba en el desorden, y del de la superioridad, socavada por la propia difusión de sus avances científicos—, se situaban dentro de los límites de la Kulturkritik irónica, y carecían, por tanto, de consecuencias constructivas. Pero otras lumbreras filosóficas y literarias de la época —Ortega, Benda, Croce— adquirieron un compromiso mucho más activo con los ideales de la unidad europea[555].

Estos remolinos de la esfera intelectual guardan cierta relación con el mundo de la política. En 1929, Francia propuso oficialmente crear una Unión Europea por mediación de la Liga de Naciones, una propuesta que acaparó la atención del público hasta 1931. El desvanecimiento de la iniciativa de Briand, que había consultado con Coudenhove antes de plantearla, se debió en parte a la calculada vaguedad del memorando que había presentado con ayuda de su edecán, Alexis Léger —Saint-John Perse— a los gobiernos del momento. Pero lo cierto es que, en cualquier caso, las posibilidades de que el plan de Briand tuviera consecuencias prácticas eran muy remotas, porque, en esencia, el plan fue un intento prematuro de acorralar a Alemania en un sistema concebido para impedir que recuperara su supremacía en Europa —por eso tantos políticos despiadados de la Tercera República, no solo Briand, sino también Herriot, Painlevé e incluso Poincaré, respaldaron este plan tan idealista en apariencia—. Pero la Primera Guerra Mundial, a diferencia de la Segunda, había dejado a Alemania prácticamente intacta, y Stresemann —el interlocutor con el que tenía que dialogar Briand— no tenía intención alguna de renunciar a las ambiciones de recuperar la categoría de gran potencia. Gran Bretaña, que ya era reacia a la idea de la unidad europea, sobre todo si implicaba cualquier distanciamiento de América, invocó los ideales de la Liga de Naciones para enterrar la iniciativa francesa. En comparación con estos ideales tan elevados, argumentaban los ingleses, la propuesta de Francia era un sustituto de miras estrechas. París fue el único lugar donde la idea no cayó del todo en el olvido. Veinte años más tarde, cuando Francia y Alemania estaban dispuestas a llegar a un acuerdo para crear una unión más seria, después de la lección de humildad de la derrota y la ocupación, se incluiría en el Plan Schuman una discreta alusión a su antecedente directo, y se señalaría que, tanto entonces como ahora, Francia había puesto en marcha el proyecto de la unidad europea.

El triunfo del nazismo en Alemania terminó con la esperanza de recuperación de estos planes[556]. Siguiendo la estela del nazismo, una exacerbada furia nacionalista se extendió por toda Europa. En 1935, Marc Bloch, rememorando una conferencia celebrada bajo los auspicios del fascismo en Roma tres años antes (entre los ponentes se encontraban Rosenberg y Göring), comprendió que en aquella época las ideas relacionadas con Europa no eran más que expresiones del pánico provocado por el terror a la rivalidad económica de América, a las rebeliones coloniales en el sur, a la alteridad de las formas sociales del este y a la discordia política que se vivía en el interior del propio continente, expresiones que habían dado lugar a unos europeos «tan buenos» —fuera esta bondad de corazón o simplemente de «boquilla»[557]—. Pocos años después, el nuevo orden hitleriano proclamaría su propia versión de una Europa unida, alineada bajo el liderazgo alemán, en contra de la plutocracia anglosajona hacia el oeste, y en contra del terror bolchevique hacia el este. Demasiado efímera e instrumental para ejercer efectos profundos, este secuestro de la idea de Europa dejó, sin embargo, una impronta en el periodo inmediatamente posterior. En el invierno de 1944-1945, cuando Lucien Febvre impartió su primer curso sobre historia de Europa en el París liberado, llegó a una conclusión bastante deprimente. Al parecer, la unidad de Europa, un mero «refugio de la desesperación» después de Versalles, solo se podía conseguir con puño de hierro, y la alegría de la liberación de esta unidad forzada se veía ahora empañada por el temor a que una maquinaria de guerra industrial todavía más sanguinaria pudiera ponerse de nuevo en funcionamiento, pues el progreso científico de la destrucción era imparable. La construcción de una Europa nueva y pacífica era una tarea hercúlea —política y administrativa, económica y financiera, cultural y civilizadora— que el debilitado pathos liberal no podía acometer. Con todo, ¿era este el objetivo que había que perseguir, una etapa que conduciría a la genuina fraternidad global, o era quizá un obstáculo que había que evitar?[558].

Dos años después, Federico Chabod publicó la primera reconstrucción rigurosa de la historia de la idea de Europa, desde los tiempos de Ana de Estuardo hasta la era de Bismarck, como introducción a un curso de conferencias impartidas en Roma, una obra que todavía brilla por su perspicacia[559]. Pero las conclusiones que el autor extraía al final de la obra no eran demasiado optimistas. Como tantos otros intelectuales de su generación, Chabod no se había opuesto al fascismo en los años treinta y, de hecho, se había alegrado de que Mussolini conquistara Abisinia[560]. Sin embargo, durante la guerra se unió a los partisanos que luchaban en el Val d’Aosta, su tierra natal, y participó de forma activa en la liberación. Chabod terminó de escribir su ensayo a principios de 1947, con el análisis del triunfo del culto a la fuerza de finales del siglo XIX y el descenso de Europa hasta las simas de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que la había dejado limitada para siempre. Política, económica y culturalmente, Europa se encontraba ahora condicionada o eclipsada por otras potencias más importantes que le llevaban la delantera. En el mejor de los casos, los intelectuales europeos todavía podían tener algo que decir en la república mundial de las letras. En 1948, Chabod mencionaba los primeros intentos de cooperación económica que habían tenido lugar después de la guerra, la creación de Benelux. Pero no parece que confiara en el futuro de una unión europea más amplia[561]. Más al norte, ese mismo año, el gran romanista Ernst Robert Curtius publicó la obra en la que llevaba trabajando quince años, desde que los nazis llegaran al poder en Alemania, una afirmación de la unidad europea. Pero, como anunciaba el título de esta obra, La literatura europea y la Edad Media latina, para protestar contra el «desmembramiento» geográfico o cronológico de Europa y devolverle su unidad había que retroceder hasta uno de los rincones más oscuros del pasado. El propio Curtius señalaba que «ningún periodo de la historia de la literatura europea es tan desconocido y poco frecuentado como el de la literatura latina de la Alta y la Baja Edad Media», como si la verdadera unidad de Europa solo pudiera encontrar expresión en una lengua muerta[562].

VI

Sin embargo, al cabo de dos años, Monnet ya había redactado el Plan Schuman, y el proceso de integración europea que condujo a la Unión actual se puso en marcha. ¿Cómo influyó en este proceso la abstrusa prehistoria que acabamos de describir? A principios de los años sesenta, pertrechado con un prólogo escrito por el propio Monnet, Jean-Baptiste Duroselle, un destacado historiador de la nueva Europa de los hauts fonctionnaires, afirmaba sin dudarlo que existía un auténtico «abismo» entre «los llamados “precursores” y los europeos de la época posterior a 1945». Según Duroselle, sus contemporáneos habían acometido un proyecto completamente nuevo con el objetivo de «restituirle su riqueza, su poder y su esplendor a las naciones que lo habían perdido». «Qué diferente», escribía, «de la Europa de los universalistas y los cosmopolitas, que negaban o despreciaban el ideal de la patria», los que antaño «urdían planes, brindaban consejos y elaboraban sistemas utópicos». Duroselle no podía imaginar que, años después, un historiador que defendía una teoría todavía más realista del papel de los estados-nación en la creación del Mercado Común ridiculizaría con el mismo desdén «las vidas y enseñanzas de los santos europeos»[563]. Por muy duro que se crea un pensador, siempre se pueden encontrar otros que lo son aún más.

En realidad, las ideas de Europa que ya antes de la integración tenían una larga y tortuosa historia han seguido acechándola. Cada una ha corrido una suerte distinta. En la izquierda, la tradición revolucionaria, que en un primer momento se apropió de la bandera de la unidad, ha demostrado tener problemas para sostenerla al cruzar las turbulentas aguas del siglo XX. Y esto ha sucedido por dos razones, al menos. En esta tradición intelectual, la principal motivación de los llamamientos en favor de la unidad de Europa siempre fue evitar la guerra. Por supuesto que el ideal de la paz ha sido uno de los elementos centrales de toda la gama de opiniones europeizantes, y por eso en un principio la izquierda llevó la voz cantante en sinceridad y urgencia: las masas cuyos intereses defendía habían sido las principales víctimas de las guerras, pero además, dado que la izquierda siempre estuvo más alejada del poder, no se encontraba expuesta a la tentación del belicismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la limitación de las nociones de unidad derivadas únicamente de la necesidad de evitar la guerra la acabaron debilitando. Esto sucedió en parte porque la paz, como observó Leibniz, no solo es un concepto intrínsecamente negativo, sino abstracto, pues no alude a ningún orden político —o existencial— concreto. Pero también se debió a que Europa cada vez se prestaba menos a ser un teatro que pudiera definirla potencialmente. La paz podía reinar entre las potencias, siempre que se mantuviera el Concierto, pero ¿qué sucedía con el resto del mundo, donde las guerras de anexión o represión imperial siguieron adelante, sin interrupción, durante todo el siglo XIX?

A principios del XIX, la izquierda había quedado escindida en un ala radical y otra moderada, y Rosa Luxemburgo, en su correspondencia con Kautsky, resumía las objeciones de fondo de los radicales: «La idea de una civilización europea es totalmente ajena a la perspectiva del proletariado con conciencia de clase. El fundamento del socialismo entendido en un sentido marxista no es la solidaridad europea, sino la solidaridad internacional, que abarque a todas las regiones, razas y pueblos de la Tierra. Una solidaridad parcial no es una etapa necesaria para la realización de un internacionalismo auténtico, sino su contrario, su enemigo, una ambigüedad que oculta la pezuña hendida del antagonismo nacional. Del mismo modo que hemos luchado siempre contra las ideas reaccionarias del pangermanismo, el paneslavismo y el panamericanismo, no queremos tener nada que ver con la idea del paneuropeísmo»[564]. Pero, en cuanto se fundó la Liga de Naciones, estas mismas reservas encontraron expresión incluso entre los moderados. ¿Acaso no era la Liga una instancia superior, un ideal más atractivo que una mera confederación europea? El legado de esta duda no ha desaparecido. La concepción de la Unión actual que propone Habermas, un orden que tiene el mérito de ser más abstracto que el del Estado-nación de antaño, pero que todavía no representa del todo un sistema de valores plenamente cosmopolita y que, por tanto es, como mucho, una etapa de transición hacia un orden mundial kantiano cuya encarnación sería la Organización de las Naciones Unidas, convenientemente pertrechadas con una serie de competencias para mantener el orden mundial, recuerda bastante a esta misma tensión. A la sombra de lo universal, lo particular solo puede existir a disgusto —o, en una perversión posterior, como lo universal in nuce—. El ejemplo moral de ideología que ofrece la Unión al mundo en la actualidad, inserto en la imagen que la burocracia tiene de sí misma, es, en esencia, la creación de mentes que pertenecen a lo que en otros tiempos fue la izquierda.

Hay, sin embargo, otra razón más que explica por qué esta tradición ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Después de los primeros utopistas —los de la época de Fourier y Saint-Simon—, el movimiento socialista no prestó demasiada atención a las instituciones políticas. Incluso el federalismo de Proudhon o, si nos atenemos a un registro de corte más demócrata-republicano, el de Cattaneo, eran en principio sistemas teóricos, no programas articulados. La Comuna fue un experimento demasiado breve, y la única lección que aprendieron los revolucionarios fue negativa: para que se produzca un auténtico cambio social no hay que apropiarse de la maquinaria del Estado, sino destruirla. Los reformistas, por su parte, se conformaban con los parlamentos burgueses, que no requerían pensar mucho más, solo la ampliación del sufragio. Aunque la idea de una Europa unida siguió siendo un eslogan hasta bien entrado el siglo XX, ambas alas de la izquierda no participaron en modo alguno en la construcción de este proyecto. Ni siquiera el Manifiesto de Ventotene, tan singular en otros aspectos, ofrecía una visión social elaborada de los Estados Unidos de Europa, solo una estructura política para crearlos.

Por el contrario, la tradición tecnocrática que inauguró Saint-Simon heredó tanto el gusto por las proyecciones institucionales como el productivismo económico. Esta fue la combinación que con el tiempo permitiría a esta corriente reivindicar el derecho de paternidad en el proceso final de la integración europea. Sin preocuparse por la actuación imperialista en el extranjero —de hecho, a menudo se consideraba que la promoción de la unidad continental en casa era un modo de preservar la supremacía colonial en el extranjero—, decidió sin escrúpulos dónde había que fijar la frontera de la paz: bastaba con mantener a Europa alejada de la guerra para poder desarrollar el crecimiento de la industria y el progreso de la ciencia que garantizarían el bienestar de todas las clases sociales. Pero para eso se necesitaba una minuciosa ingeniería legal y administrativa, que requería todo el ingenio y nada de la fantasía de las primeras propuestas modernas para la reorganización de Europa. Las similitudes entre gran parte de las teorías institucionales de esta tradición y la estructura de la Comunidad real que vio la luz después de la Segunda Guerra Mundial son sorprendentes. Pero igual de asombrosa fue su capacidad de premonición de los problemas que en la actualidad siguen acechando a la Unión. Bluntschli, que quizá sea quien mejor supo anticipar el futuro diseño de la UE, ya explicaba, mucho antes que Paul Kirchhof o Dieter Grimm, por qué era imposible instaurar una democracia federal en Europa.

La unión federal en América, explicaba, se basaba en un pueblo americano unido por los lazos de un país, una lengua, una cultura, un sistema legal y un interés común. Europa, sin embargo, estaba compuesta por naciones muy diferentes, divididas en esos mismos aspectos. En este continente, una confederación de estados que mantuviera el poder político real —no un Parlamento soberano o un gobierno general— solo podría perseguir los objetivos de un derecho común, una paz común y unas inquietudes culturales comunes. «La unidad política de un Estado sin pueblo es contradictoria. Dado que no existe un pueblo europeo, no puede haber un Estado llamado Europa»[565]. Este Estado no existe. Pero si llegara a construirse esta especie de Estado híbrido, según estas premisas solo podrían hacerlo, desde arriba, unos dirigentes capaces de crear y gobernar un vacío popular. La lógica de este elitismo todavía nos acompaña. La elite en cuestión no está formada por tantos científicos como Saint-Simon habría deseado, pero sí por un número equiparable de burócratas; no se limita a los gobiernos, como imaginó Bluntschli; no hay tantos aristócratas, de cuna o de espíritu, como esperaba Coudenhove. Pero no se puede negar que se trata de una construcción vertical, dirigida —según las principales lumbreras de nuestro tiempo— por los más aptos e inteligentes. Fue Coudenhove quien anticipó y defendió este corolario. En los años veinte observaba que de momento la democracia era la única protección posible contra el caos. Pero en la Europa del futuro, «una vez que se constituya una nobleza nueva y auténtica, la democracia desaparecerá»[566]. En este sentido, la UE actual no le habría defraudado.

¿Qué hay de la tradición conservadora? El legado de esta tradición tardó más tiempo en salir a la superficie. Hubo que esperar a que se produjera un cambio de régimen económico en Occidente y a que se ganara la Guerra Fría. Entonces, mientras la UE se ampliaba hacia el este, los principios de 1815-1823 alcanzaron reconocimiento de nuevo: no el equilibrio de poderes, sino la coordinación destinada a vigilar las zonas de turbulencia potencial y a garantizar la tranquilidad ideológica, conforme al espíritu del Protocolo de Troppau. Mucho antes de que se autorizara expresamente, Bruselas empezó a practicar un moderno droit d’ingerence en los antiguos países comunistas siempre que los acontecimientos no alcanzaban las expectativas de un nuevo Concierto Europeo. La restauración del capitalismo, como es natural, fue muy distinta a la del absolutismo, y no se precisaban intervenciones militares, sino económicas y políticas, aunque, como demostrarían las sucesivas acciones en los Balcanes, allí donde había que hacer uso de la fuerza, se hacía. El nuevo legitimismo se basa en la retórica del imperio de la ley y de los derechos humanos, no en la del derecho divino de la monarquía. Pero, desde el punto de vista geopolítico, el linaje de operaciones tan modestas como las de EUFOR o EULEX se remonta a los cent mille fils de Saint Louis de Chateaubriand.

Con todo, estos elementos de continuidad quizá sean los menos importantes de la herencia que esta tradición ha legado a Bruselas, ya que los principios del Concierto de Potencias ya no son específicamente europeos, sino atlánticos; incluso en el nuevo siglo, cada vez más, aunque de modo imperfecto, globales. El punto fuerte de la tradición conservadora siempre fueron las especulaciones acerca de lo que diferenciaba a Europa del resto del mundo. Esta preocupación, más heurística que programática, es, por paradójico que parezca, una herencia de la Ilustración. La paradoja reside en que las tradiciones alternativas, la revolucionaria o la tecnocrática, se encontraban, por supuesto, mucho más cercanas a la Ilustración desde el punto de vista político. Sin embargo, en la búsqueda del objetivo práctico de una unidad europea que ya no podía ser concebida como una realidad metapolítica, al estilo de los philosophes, se abandonó en gran medida esta prioridad intelectual. Por otra parte, en la tradición conservadora, en la que el lema de unos Estados Unidos de Europa nunca gozó de demasiado crédito, la cuestión de lo que definía la singularidad de Europa como unidad significativa siguió siendo una inquietud fundamental. El resultado fue que dejaron un sedimento de ideas mucho más rico que el de las demás tradiciones. La pluralidad de estados celebrada por la Ilustración se convirtió en la diversidad de fuerzas, culturas y poderes que diferenciaba a Europa del resto del mundo —las ventajas de la cantidad se transformaron en las virtudes de la calidad—. En el arsenal espiritual de la Unión, esta idea todavía persiste. Pero la suerte que correrá es imprevisible.

X. Pronósticos

I

Ahora que la primera década del nuevo siglo se acerca a su fin, ¿en qué situación se encuentra la Unión Europea? Políticamente, en un entreacto de la función teatral de la reforma constitucional. Durante el primer acto, presenciamos la creación triunfal de una carta de derechos y deberes que todos los estados miembros aprobaron. En el segundo acto, el más espectacular, el electorado francés y el holandés la rechazaron, y en el tercero resucitó en Lisboa para que los votantes irlandeses la impugnaran de nuevo. Casi todo el mundo piensa que habrá un final feliz. Pero el espectáculo ha sido muy instructivo. El fin último del Tratado de Lisboa era evitar cualquier posibilidad de que el pueblo volviera a expresar su disconformidad con el orden previsto por Giscard y aprobado por la asamblea de gobiernos en 2004, después del abrumador rechazo de los votantes en Francia y en los Países Bajos. Esta vez, la decisión de ratificación quedaría reservada a los parlamentos, no al pueblo. Solo había un país europeo en el que la consulta popular era inevitable. Pero no había por qué preocuparse. ¿No había sido, acaso, Irlanda el país que tradicionalmente más se había beneficiado de la generosidad de Bruselas? ¿No era el irlandés uno de los mayores triunfos económicos de la integración europea? ¿Acaso no contaba el tratado con el firme respaldo de los tres partidos principales, por no hablar de los sindicatos y de las asociaciones de empresarios, en un país cuyo primer ministro había desempeñado un papel diplomático destacado en la constitución original? Era cierto que los votantes irlandeses habían actuado antes de manera irresponsable y habían rechazado un tratado, el pacto aprobado por el Consejo en Niza, en 2000. Pero les habían obligado a arrepentirse inmediatamente y a cambiar de opinión. Estaba claro que habían aprendido la lección.

En junio de 2008, el referendo —que se retrasó hasta que los parlamentos de otros dieciocho estados miembros lo ratificaron, para impresionar a los irlandeses con la aceptación unánime del resto de los europeos— se celebró por fin. Después de una campaña en la que el conjunto de la clase política irlandesa y un grupo de lumbreras del liberalismo se unieron para apoyar un documento que tanto el primer ministro como el ministro de Exteriores confesaron no haber leído nunca, el resultado fue prácticamente idéntico al que se había obtenido en Francia tres años antes. Con una participación mayor que antes, el nuevo tratado fue rechazado con un 53 por ciento de votos en contra y un 46 por ciento a favor. Aunque la oposición de un empresario disidente, partidario del libremercado, y las reservas teológicas de los religiosos influyeron en el resultado, el factor decisivo fue la polarización de las clases —el vehemente ataque que lanzó el Sinn Fein contra la avaricia de la burguesía movilizó a los que menos se habían beneficiado de la burbuja irlandesa—. En los distritos más ricos del Dublín occidental los votos a favor alcanzaron el 70 por ciento, pero en los barrios pobres de la ciudad el 80 por ciento del electorado se declaró en contra. En esencia esta escisión sociológica se correspondía con el modelo holandés y el francés.

En Bruselas la consternación fue idéntica. Esta vez, sin embargo, los votantes que habían elegido la papeleta equivocada no eran los de Holanda, uno de los seis países fundadores de la Unión, ni los de Francia, uno de los miembros más poderosos de la Comunidad, sino los de un país poco importante, con una historia y una posición periféricas en la UE. Por eso la ira de la clase dirigente se expresó de manera más abierta y brutal. Además, el Tratado de Lisboa era una creación conjunta de Berlín y París, una alianza con la que resultaba mejor no meterse cuando se trataba de asuntos de importancia en el seno de la UE. En Alemania, Steinmeier ignoró la legislación comunitaria con el mismo desdén que lo habría hecho Bethmann-Hollweg y amenazó con expulsar a Irlanda de la Unión —con «hacerla abandonar el proceso de integración»— si no acataba los deseos del Aussenamt y de sus socios. En Francia, Sarkozy declaró directamente que «los irlandeses tienen que celebrar un segundo referendo» para suprimir el veredicto del primero. El clamor de gran parte de los medios de comunicación fue todavía más violento, sobre todo en Alemania, donde los órganos de opinión más destacados extrajeron la conclusión de que era una estupidez someter una propuesta de unidad europea a la voluntad popular. Pero tal como estaban las cosas no había mucho que hacer. En Dublín, la popularidad del régimen del Fianna Fáil, después de una década en el poder, había caído en picado, y el gobierno no parecía dispuesto a arriesgarse a un segundo desaire que resultaría todavía peor que el primero.

Tres meses después Lehman Brothers se declaró en quiebra en Nueva York, un episodio que desencadenó la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión. El impacto en Europa de la crisis americana fue —mondialisation oblige— mucho más rápido esta vez, y puso fin a cualquier hipotética desconexión entre la economía de los EEUU y la de la UE. A finales de 2008, el PIB de la zona euro había bajado todavía más que el americano. Dinamarca, aclamada durante mucho tiempo por todos los reformadores de bien como el mejor modelo de flexibilidad laboral, fue el primer país que entró en recesión. Alemania, la economía más fuerte de la Unión, no tardó en sufrir una contracción de la producción mayor que la de Francia o la de Italia, debido a la caída en picado de los mercados de exportación. La crisis afectó más todavía a los países que habían registrado las mayores tasas de crecimiento de la UE desde la unión monetaria, España e Irlanda, agravada por la especulación inmobiliaria. A principios de 2009, la tasa del desempleo en España alcanzó el 20 por ciento. Irlanda fue uno de los países que salieron peor parados, con una contracción de la producción de un 8,5 por ciento entre el primer cuatrimestre de 2008 y el de 2009, y un déficit fiscal que superó la barrera del 15 por ciento del PIB. Aunque con la debacle de Irlanda el gobierno ha firmado su sentencia de muerte para las próximas elecciones, a corto plazo parecía caída del cielo. En medio del pánico popular, el gobierno puede ahora atemorizar al electorado para que acepte el Tratado de Lisboa, por irrelevante que sea esta decisión para la economía irlandesa.

Pero aunque ahora se dan todas las circunstancias para que este tratado —que en junio de 2009 recibió la bendición del Tribunal Constitucional de Alemania, desoyendo al mismo tiempo, a juicio de algunos, al Parlamento Europeo, que cuestionaba su legitimidad democrática[567]— sea aprobado sin discusión, al amparo de la adversa situación económica, no parece que pueda aportar ninguna solución a la crisis de la eurozona. Cada gobierno nacional ha tomado sus propias medidas para abordar la emergencia, con políticas ad hoc destinadas a rescatar bancos, subvencionar a la industria automovilística o apuntalar el mercado laboral —Alemania ha protestado en teoría, pero ha sido la primera en adoptar estas medidas en la práctica—. Después de nueve meses de crisis, todavía no se ha materializado una estrategia coordinada para combatirla; los diferenciales de deuda alcanzaron niveles muy altos, lo cual obligó a acelerar el rendimiento en Italia, España, Portugal y Grecia; la economía de los países bálticos caía en picado; el FMI tuvo que evitar pánicos bancarios en Hungría, Rumanía y Bulgaria. Está por ver hasta dónde ha llegado la crisis y el tiempo que durará. Lo que está claro es que la unión monetaria, a pesar de haber creado una moneda estable, no ha sido un buen remedio para la eterna debilidad de las economías continentales. El régimen de tipos de interés bajos que ha seguido el Banco Central Europeo ha favorecido la aparición de burbujas en España, Irlanda y los países bálticos. En términos más generales, la renta per cápita en la zona euro ha experimentado un crecimiento más lento entre 1999 y 2008 que en la década anterior y, además, la productividad se ha reducido a la mitad. En la primavera de 2009, el desempleo en la UE todavía era menor que en los EEUU, pero los bancos europeos parecen más vulnerables a la crisis. En abril, el FMI calculó que del total de 2,3 trillones de dólares de activos tóxicos que han envenenado el sistema bancario mundial, más de la mitad —1,4 trillones de dólares— pertenecen a los bancos europeos. Los bancos norteamericanos solo poseen un trillón. En Europa únicamente se ha cancelado una quinta parte de la deuda que se ha liquidado en América, y se calcula que la cifra necesaria para recapitalizar el sistema bancario hasta alcanzar los niveles de mediados de los noventa representará casi el doble en el Viejo Continente.

Comparada con la quiebra de Wall Street de 1929, la crisis financiera de 2008 —generada a partir de una creación de crédito mucho más explosiva— ha tenido efectos más rápidos y de mayor alcance en la economía mundial. Que se produzca una depresión similar a la del 29 es más difícil, pues todos los estados importantes del mundo industrial avanzado han inundado los mercados con inyecciones de capital público de uno u otro tipo, una medida que no se tomó con la misma determinación y que generó mucha polémica, en los años treinta. Del mismo modo que en la crisis anterior la desregulación se convirtió en una medida más o menos unánime en todo el mundo, en la actualidad los rescates han sido, por lo menos hasta el momento, una práctica común —independientemente de las dudas expresadas aquí y allá en relación con sus consecuencias a largo plazo—. De la noche a la mañana, el pensé unique se ha convertido en una pénitence unique igual de gregaria. Mientras que en el periodo de entreguerras las doctrinas heterodoxas y las recetas iconoclastas de toda suerte se mantuvieron a la espera entre bastidores, para entrar en escena cuando la depresión se hizo patente, en la actualidad el arsenal intelectual está vacío, y son pocas las alternativas que han saltado a la palestra pública. Nadie sabe cuánto tiempo durará esta situación. Lo que parece claro es que, si persiste la crisis, lo más probable es que la UE actual, que carece de coordinación política eficaz y de autonomía nacional operativa, se vea sometida a una presión social cada vez mayor. El aumento del desempleo y los apuros económicos pueden obligar a la Unión a tomar una dirección centrífuga o centrípeta: a tomar medidas divergentes, dictadas por el imperativo nacional de proteger a la población de cada país, o a reforzar la integración, una decisión que lo más probable es que se tradujera en la ampliación del mercado único a los servicios, la armonización de los regímenes fiscales y la creación de un mercado de deuda común.

II

A principios de siglo, en una revisión de la crónica de los orígenes del Mercado Común durante la posguerra, el más importante historiador de la integración europea se preguntaba qué futuro le aguardaba a la Unión con la llegada de la unión monetaria[568]. Milward pensaba que la CEE, lejos de perjudicar a los estados-nación que la habían fundado, había contribuido a devolverles la vida después de las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial, al proporcionar a sus ciudadanos una seguridad material, nacional e internacional de la que nunca antes habían gozado. Los gobiernos que representaban a sus electorados habían decidido poner en común algunas de sus prerrogativas y mejorar su capacidad de satisfacción de los votantes con el fin de recuperar su legitimidad. Cuarenta años después, ¿conservaba todavía su validez este mismo razonamiento? A juicio de Milward, desde el punto de vista estructural todavía era válido. Que la integración avanzara, se estancara o retrocediera dependía, como siempre, de su compatibilidad con las decisiones de política interior que adoptaran los gobiernos nacionales. Pero, en el ínterin, se había producido un cambio radical en el modo en que se dirigían las economías. Desde los ochenta el crecimiento se había ralentizado, la capacidad competitiva había disminuido y con ella la solidaridad social. El pleno empleo y la provisión de bienestar —la piedra angular de la rehabilitación original del Estado-nación europeo— ya no eran las prioridades comunes. Los nuevos imperativos eran el control de la inflación y la correspondiente liberalización de los mercados. Eran estas dos exigencias, sumadas a la preocupación tradicional de contener a Alemania, las que habían conducido a la imposición de la moneda única y a la creación de un Banco Central Europeo en Maastricht.

¿En qué posición se encontraba entonces el Estado-nación que había salvado la Comunidad? «Dado que la historia es cambio, ese rescate solo podía ser temporal», pues «el propio proceso de desarrollo económico ha erosionado el consenso político que sirvió de puntal tanto a la nación como a la supranación después de la guerra»[569]. Esto no significaba que la Comunidad estuviera condenada al fracaso, pero sin duda se enfrentaba a un futuro incierto. Una moneda internacional supervisada por un Banco Central que no dependía de gobierno alguno era un orden sin precedentes. No tenía sentido culpar a Bruselas o a Estrasburgo de la ausencia de un sistema democrático en el que un electorado pudiera exigir responsabilidades al BCE. Los votantes solo se tomarían en serio el Parlamento Europeo en el momento en que se le concediera autoridad para imponer tributos, pero esta circunstancia —al igual que el carácter no electo de la Comisión— no era un fallo involuntario de la UE, sino una decisión que los gobiernos de todas las naciones que habían creado la Unión, elegidos democráticamente, habían tomado de forma deliberada. No se puede negar que «esto se puede interpretar como una prueba de que los propios estados-nación no son verdaderamente democráticos, o de que en su política internacional buscan restringir el poder obtenido por las democracias después de la guerra», concluye Milward con crudeza. «De hecho, hay muchas pruebas que indican que la influencia que ejercieron los partidos políticos más democráticos a la hora de formular las opciones de política doméstica de las cuales dependía el consenso, solo fue una fase temporal y que estos partidos, sobre todo a partir de 1968, han pasado a formar parte del Ejecutivo de forma progresiva»[570]. Desde 1968… Esta fecha, con todas sus implicaciones, lo dice todo. Tácitamente, lo que hay que rescatar ahora no es el Estado-nación, sino la democracia que se encuentra dentro de este marco. ¿O incluso más allá de este marco? Puede que surjan fuerzas que impulsen la integración más allá, pero todo dependerá de su naturaleza política. «¿En interés de quién se prolongará la existencia del brutal poder del Estado? ¿Quién lo dirigirá? Y ¿para quién? Las respuestas a estas preguntas determinarán el futuro de la Unión Europea».

Escritas en la época en que el euro entró en vigor, estas líneas encontraron respuesta seis años después, con la batalla campal que se desató cuando la Constitución Europea fue sometida a una votación popular. El discurso directo de Milward, con su ironía característica, procedía de Inglaterra. ¿Cuál fue la respuesta de las culturas continentales más importantes? En Francia, la principal autoridad en integración europea, Renaud Dehousse —un belga—, reaccionó al resultado del referendo francés con una obra que llevaba el engañoso título de La fin de l’Europe. Según Dehousse, la Unión se podía comparar con las sociedades burguesas del siglo XIX, que habían desplazado a los regímenes absolutistas y los habían sustituido por una serie de constituciones que, si bien protegían las libertades del sujeto, ignoraban las de las mujeres y los pobres[571]. En efecto, todavía no se había producido la transición del liberalismo censitario a la democracia ciudadana. Pero los principios de tal orden debían interpretarse de forma realista. Ninguno de los dos bandos rivales en el referendo francés había sabido entenderlos. El Tratado Constitucional en sí, un documento que comenzaba con las grotescas florituras de una diplomacia anacrónica, había sido presentado con una retórica de la novedad que ocultaba la continuidad esencial con los antiguos instrumentos de la integración, hasta tal punto que la mayoría de las críticas dirigidas contra él se centraban en el acquis communautaire, incorporado desde hacía mucho tiempo a la Unión —los imperativos del libre mercado, la lealtad a la OTAN que ya se reflejaban en los tratados de Niza y Ámsterdam—, en lugar de atacar a los modestos, aunque útiles, ajustes institucionales, que sí eran una novedad. Por supuesto que los votantes nunca habían sido informados, y menos aún consultados, en relación con el acquis, y, en cualquier caso, no estaban demasiado interesados en los entresijos de la maquinaria institucional. El electorado había quedado dividido en dos bloques sociales con distintas percepciones de lo que la UE representaba para ellos: uno formado por obreros, jóvenes, los ciudadanos menos pudientes y cultos, pero también por un importante estrato de clase media —los que habían quedado expuestos a los costes y a los riesgos del desarrollo económico y social de las décadas pasadas—; y otro que englobaba a todos aquellos que toleraban la UE o que esperaban obtener beneficios de ella.

La Constitución había sido rechazada porque no ofrecía un proyecto concreto capaz de superar esta escisión. Pues en la UE la legitimidad no procedía de la dimensión interior de las instituciones, sino de la exterior —no de los principios abstractos de la responsabilidad o la subsidiariedad, sino de los beneficios prácticos que podían ofrecer—. Esto no quería decir que la apología del statu quo de Moravcsik, que descartaba que la voluntad democrática tuviera interés a escala de la Unión, fuera válida. El referendo francés había revelado la existencia de una crisis de legitimidad en la UE, una crisis fundada, pues las decisiones que se tomaban en Bruselas ejercían un impacto real en las políticas sociales de cada nación, sin que el electorado se pudiera pronunciar al respecto —de hecho, los propios políticos solían culpar a la Comisión—. La modernización no era un proceso neutral. Había ganadores y perdedores. No era un fenómeno aislado, un espacio técnico separado del conflicto democrático. Pero si el Tratado no había conseguido comunicar al público europeo la existencia de un proyecto convincente era porque el consenso —el mismo que había contribuido a la articulación de la Comunidad después de la guerra— ya no era la razón de ser de la Unión. Los objetivos europeos de la autonomía internacional, la solidaridad social o la creación de una zona de librecambio ya no contaban con el consentimiento general. Pero esto no tenía por qué ser así. A la UE había que juzgarla por sus actos, no por lo que era. Había que descartar la ambiciosa política exterior. Los bienes públicos que la Unión podía ofrecer eran la protección del medio ambiente y las ayudas compensatorias para los más desfavorecidos. Había que alcanzar un pacto social europeo.

Aunque en el análisis de Dehousse apenas encontramos elementos de juicio para garantizar la viabilidad de esta perspectiva —quizá no fuera más que una propuesta—, el tono general es, sin embargo, bastante optimista en comparación con la más destacada de las reacciones alemanas ante la misma coyuntura. Jürgen Habermas, después de firmar uno de los más ebrios llamamientos a los votantes franceses, pidiéndoles que votaran a favor de la Constitución Europea so pena, nada más y nada menos, del regreso a la barbarie, acabó recuperando la sobriedad. Ay, Europa, una obra que recoge sus intervenciones posteriores sobre la UE, es una buena guía para seguir el desarrollo de este proceso. El Tratado de Lisboa, aunque no era más que una decorosa fotocopia de la misma Constitución, tuvo una acogida muy distinta. Para Habermas, el Tratado no solucionaba el déficit de democracia que sufría la Unión ni la falta de finalidad político-moral. Solo servía para «reforzar el abismo existente entre las elites políticas y los ciudadanos», y no situaba a Europa en la dirección correcta[572]. Era evidente cuáles eran los problemas que tenía que abordar la UE. El Estado-nación estaba perdiendo gran parte de su sustancia y la Unión no había desarrollado ninguna habilidad especial para compensar esta carencia. El mercado se había librado de las ataduras de las reglas sociales, y fomentaba las desigualdades y amenazaba al medio ambiente. La escena internacional necesitaba una acción colectiva de Europa para defender el derecho internacional y reformar la ONU.

Las soluciones necesarias también eran evidentes. Había que devolver a los ciudadanos la capacidad de influir en las formas de su vida política a nivel de la Unión, a través de la armonización de políticas fiscales y socioeconómicas en toda la UE. Europa tenía que obtener sus propios recursos financieros y contar con un ejército propio, que pudiera intervenir para proteger los derechos humanos en todo el mundo. Para ello, no solo se necesitaba un ministro de Exteriores europeo, sino un presidente europeo. Apenas quedaba tiempo para alcanzar estos objetivos esenciales. Eran tan urgentes que Habermas exigía la convocatoria de un referendo de alcance europeo que coincidiera con las próximas elecciones al Parlamento Europeo, las de 2009. El plebiscito debía ser aprobado por una doble mayoría —de estados y de votos—. Esto exigía una polarización. Si no se celebraba el referendo, «el futuro de la Unión Europea se resolvería conforme a la línea neoliberal ortodoxa»[573].

La pasión perentoria de estas declaraciones no tenía apenas precedentes, si es que tenía alguno, en la obra de Habermas. Sin duda, la gran mayoría de sus lectores se quedaron profundamente impresionados. Pero, aunque este discurso le honra, era profundamente contradictorio. Y la contradicción no radicaba únicamente en que el teórico del consenso hubiera descubierto con retraso las virtudes de la polarización. Aunque sea un planteamiento opuesto a la ética discursiva que Habermas ha defendido durante tanto tiempo, este despertar debe ser bien recibido. Lo que resulta embarazoso es que esta exigencia de una consulta popular directa en relación con el futuro de la UE no puede eludir con facilidad la acusación de ocasionalismo político, pues, aunque plantea una postura coherente en su prolongada defensa de la Constitución Europea, ni antes ni después ha mostrado Habermas entusiasmo alguno por los referendos sobre los problemas con los que tiene que enfrentarse Europa. En lugar de exigir que se permitiera a los alemanes expresar su voluntad en relación con el Tratado de Maastricht, y menos aún con la ampliación europea, como hicieron los franceses, Habermas no solo se conformó con la aprobación maquinal del Stimmvieh del Bundestag, sino que además se permitió intervenir en el desarrollo del referendo francés sin decir una sola palabra de la ausencia de un plebiscito popular en su propio país. Y, después de criticar el Tratado de Lisboa, tampoco mostró intención alguna de respaldar la campaña en contra de este acuerdo en Irlanda, y se limitó a interpretar el resultado de este referendo —pasivamente, a toro pasado— como una amonestación a las elites europeas.

De hecho, aunque últimamente ha declarado que los intelectuales deben actuar como un «primer dispositivo de alarma», cuya misión es alertar a la sociedad de los problemas que se ciernen sobre el horizonte, el propio Habermas no tomó conciencia del alcance del descontento de las masas con los arcana imperii de Bruselas hasta después de la debacle del Tratado Constitucional, y todavía en 2007 sostenía que la población europea mostraba una disposición mucho más favorable a la integración que las elites. Con esas premisas, recomendó al SPD en Alemania que abrazara la bandera azul y dorada para derrotar a Die Linke —un consejo que dejaba claro que no barajaba la posibilidad de una radicalización de los puntos de vista en Alemania—. Habermas, que antes se declaraba marxista hegeliano, explica que se ha convertido en un pragmático kantiano. En Europa ya no hay clases sociales: solo una sociedad de ciudadanos.

Entonces, ¿por qué tirar con tanta fuerza de la palanca de emergencia del furgón de cola de Europa? Parece ser que, en esencia, lo hace por un desengaño —no un desengaño en primera instancia con la UE, sino con los EEUU—. Pues para un pensador que ha proclamado durante tanto tiempo la alianza filosófica de Occidente, la Guerra de Irak, declarada sin el consentimiento de la ONU, se ha convertido en un motivo de aflicción. Para que Occidente recupere su equilibrio y su reputación es vital que Europa sea capaz de actuar como un auténtico socio de América, y —siempre que sea necesario— disuada a EEUU de que reaccione de forma apresurada ante las amenazas comunes. Lo que se necesita ahora es una «comunidad bipolar de Occidente», entregada a la reforma de las Naciones Unidas siguiendo la tradición inaugurada por Roosevelt. Para ello habría que reducir el número de actores regionales y dotar a la organización de una autoridad global efectiva, que le permitiera garantizar la seguridad internacional y salvaguardar los derechos humanos. Los dos polos que formarían esta comunidad no podrían ser absolutamente iguales, por supuesto. Pues América no solo es la única superpotencia del mundo, sino que es además «la democracia más antigua de la Tierra, heredera de las tradiciones idealistas, más abierta que ninguna otra nación al universalismo, conforme al espíritu del siglo XVIII»[574]. Pero ¿es realista pensar que América estará dispuesta a realizar los cambios necesarios sin la ayuda de un socio europeo a su lado, independiente en pensamiento, pero libre del más mínimo atisbo de antiamericanismo?

Por tanto, la receta habermasiana de la ausencia de «finalidad» de la Unión era mucho más radical que la de Dehousse, y los resultados prácticamente opuestos. Lejos de renunciar a las ambiciones exteriores, la UE debía insistir en ellas, pues «las decisiones de política exterior, en la medida en que afectan a la necesidad existencial de seguridad y a los puntos de vista profundamente arraigados, poseen siempre un alto valor simbólico para la población implicada»[575]. Mientras que la Unión no adquiera el poder de un actor internacional unitario, las oportunidades de emprender tales iniciativas se perderán trágicamente una tras otra. El ejemplo que ofrece Habermas ilustra a la perfección hasta qué punto la UE que él defiende sería inseparable de EEUU, ya que considera que en 2007 Europa hubiera podido situar una «fuerza neutral en Oriente Medio por primera vez desde la fundación del Estado de Israel» —esto es: en lugar de los contingentes nacionales de Francia y de Italia, apoyados en la costa por las patrullas de la armada alemana, un glacis apropiado de la UE para Tel Aviv en la zona del Líbano ocupada por las Fuerzas de Defensa de Israel—. Es bastante improbable que una política exterior independiente de este corte se convierta en el faro simbólico capaz de guiar a las masas europeas. En su debido momento, con la llegada de una administración demócrata a la Casa Blanca, tan «idealista y universalista» como cualquiera de sus admiradores desearía, a Habermas tampoco le parecería tan urgente. No cabe duda de que, ahora que nos hemos librado de la pesadilla de Bush, Europa puede estar más tranquila. Si no se celebra un referendo de alcance europeo, no parece demasiado probable que Habermas, el artífice de esta iniciativa, se siga quejando. Sean cuales sean sus limitaciones, el Tratado de Lisboa se aprobará por fin silenciosamente y habrá que aguantarse con él.

La obra de Stefano Bartolini Restructuring Europe (2005) no es una intervención puntual, sino una síntesis panorámica que confirma que la italiana puede atribuirse tranquilamente el mérito de ser la cultura de la Europa continental responsable de la literatura especializada en la Unión más rigurosa. Al igual que la obra de Majone, el libro de Bartolini se editó por primera vez en lengua inglesa, no en la lengua materna de su autor —un dato bastante significativo—. Sin embargo, Bartolini ha desarrollado toda su carrera en Italia. En muchos sentidos se puede considerar que Restructuring Europe es el primer estudio importante sobre la UE que no proviene del mundo angloamericano. El punto de partida de Bartolini es impasiblemente heterodoxo, una especie de experimento mental histórico. Todo el mundo afirma que la UE no es un Estado. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de concebir la Unión como el contrario del Estado-nación, consideráramos que se trata de la última etapa de su desarrollo? Pertrechado con las herramientas teóricas de Hirschman y Rokkan, Bartolini sigue el rastro del Estado europeo desde sus orígenes, y reconstruye la aparición del Estado-nación actual en cinco fases: una primera etapa coercitiva, desde el feudalismo al absolutismo; una segunda capitalista, en la que los mercados surgen en las regiones donde la coerción es menos centralizada; una etapa de homogeneización nacional, lingüística y cultural, a la que le sigue la fase democrática, con la generalización del sufragio; y, por último, la de la redistribución social, la etapa de la creación de los sistemas de bienestar social. El resultado acumulativo de esta larga historia fue la fusión de la función bélica, la comercial, la nacional, la constitucional y la social dentro de una coincidencia de fronteras militares, económicas, culturales, políticas y sociales. En este desarrollo, los componentes clave fueron los procesos de «construcción de sistemas» —creación de identidades nacionales, incremento de la participación política y advenimiento de la Seguridad Social.

¿Podría, por tanto, convertirse la UE en la sexta fase de la formación estatal que sintetizara las otras cinco etapas a escala continental con una población de 450 millones de personas y un territorio de cuatro millones de kilómetros cuadrados? A partir de 1945, la integración fue impulsada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados-nación europeos dejaron de ser cápsulas militares o económicas autosuficientes —y el control de la seguridad y de las políticas monetarias se trasladó al otro lado del Atlántico—. El insostenible coste de la competencia militar y los riesgos de una «periferización» económica favorecieron la creación de la Comunidad, pero al hacerlo quebraron la coherencia de las fronteras que hasta entonces habían definido el Estado-nación. Se podría interpretar que Maastricht fue un intento de reeuropeizar las políticas monetarias y de seguridad, pero ¿cuál es el balance de las otras dimensiones de la formación estatal?

El veredicto de Bartolini es desolador. Es cierto que se ha desarrollado aprisa la «formación de un centro» gracias a la competencia de la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el Tribunal de Justicia, un desarrollo que ha dado lugar a la ampliación de competencias en muchas direcciones. Pero la analogía que establece Majone entre la estructura resultante y la constitución mixta de los estados medievales carece de fundamento, pues las líneas divisorias tecnocráticas o comerciales no se encuentran claramente definidas. Bruselas es un cubil donde se encuentran en marcha un sinfín de procesos de toma de decisiones, a cual más complejo, y donde las funciones ejecutivas se confunden con las legislativas —al menos treinta y dos procedimientos diferentes, que «solo los abogados especializados y los funcionarios con una amplia formación son capaces de seguir»[576]—. Tres cuartas partes de las decisiones del Consejo, aprobadas sin discusión, se preparan y se presentan antes en los oscuros recesos del Coreper, mientras que, a una escala inferior, ocultas de las miradas del público, las conexiones subterráneas entre las burocracias nacionales y la maquinaria de la Comunidad se multiplican. El 90 por ciento de los grupos de presión que atestan el ampliado sistema de comités de Bruselas son organizaciones empresariales de diversa índole. Por el contrario, los sindicatos, los grupos defensores del medio ambiente, las asociaciones de consumidores, los grupos feministas y otros «grupos de interés público» tan solo representan en conjunto el 5 por ciento. En términos reales, el presupuesto que administra la Comisión ascendía en los años noventa a menos del 1 por ciento del PIB de la Unión. De esta cantidad, al final de esta misma década, aproximadamente una tercera parte se había gastado en Fondos de Cohesión, en virtud de una redistribución más territorial que social. En general, la partida destinada a gasto social en la UE es una minúscula centésima parte del total desembolsado por los gobiernos nacionales. En tales condiciones, no existe ningún «estrato visible o relevante de ciudadanía social europea». La unión monetaria, por otra parte, ha creado una línea fronteriza económica muy marcada alrededor de la zona euro, patrullada por el BCE. Pero hasta el momento, a falta de unos objetivos institucionales distintos de garantizar la estabilidad de los precios, «se parece más a un rígido sistema destinado a mantener la disciplina en el comportamiento de los estados miembros que a una herramienta funcional para favorecer los intereses comunes y la hegemonía de la UE»[577]. Con el desarrollo de dispositivos comunes de control de la inmigración y del crimen, la seguridad interna se ha trasladado al área de competencias de la Unión, y con ella algunos de los atributos de una frontera coercitiva. Por último, pero no por ello menos importante, el Tribunal de Justicia Europeo ha ido ampliando de forma continuada el alcance de su jurisdicción a nuevas áreas del derecho —la más reciente y significativa es la del derecho laboral.

En contraste con esta acumulación —todavía selectiva— de poderes en los estratos más altos, los procesos que en el desarrollo del Estado-nación crearon una lealtad y una identidad complementarias en los inferiores siguen atrofiados. «La fragmentación lingüística sigue siendo un obstáculo insalvable para cualquier tipo de interacción simbólica masiva». La lengua inglesa cada vez se utiliza más, pero no como lengua estándar europea, sino global, de modo que, más que trazar una línea divisoria entre la Unión y el mundo, la borra. La representación política es prácticamente simbólica, en un Parlamento Europeo agrupado en bloques tan heterogéneos que sus divisiones interiores solo se pueden sublimar porque la asamblea es invisible y las deliberaciones tienen pocas consecuencias domésticas. Los así llamados partidos europeos no compiten por obtener recompensas electorales ni tienen una responsabilidad política real. No recogen ni canalizan las exigencias de los ciudadanos como hacen los partidos nacionales, sino que se dedican a debilitarlas y a eliminarlas. El rasgo más destacado de sus representantes es el absentismo: menos de la mitad de los miembros del Parlamento Europeo se molestan en aparecer por la asamblea cuando se presentan las mociones, mientras que la asistencia media a las votaciones es del 45 por ciento[578]. No es que el PE carezca por completo de relevancia, pues también se ha beneficiado de un ligero avance institucional, en parte involuntario, dentro de las competitivas altas instancias de la Unión. Pero, en la práctica, se ha conseguido aislar el fenómeno central de la UE como proceso político, la «consolidación de la elite», de cualquier tipo de vigilancia o impugnación popular.

Bartolini denomina a este sistema «democracia connivente», un orden en el cual las elites se aseguran de que el electorado no pueda tomar decisiones en relación con cuestiones a las que no tiene acceso. En un sistema de estas características, los asuntos relacionados con la legitimidad —un problema por el cual las elites se declaran ocasionalmente atormentadas, lo cual resulta todavía más cómico— nunca se plantean. Pues la legitimidad implica por definición una serie de principios que la mera actuación —capaz, como mucho, de lograr un consentimiento pasivo— no puede nunca sustituir. El orden resultante es incoherente. El Estado-nación, después de renunciar al control de sus fronteras económicas, legales y administrativas, ha intentado refugiarse en sus fronteras culturales, sociales y políticas. Pero estas, invadidas y erosionadas por la mayor amplitud del espacio que las rodea, ya no son lo que eran. En lugar de existir una demarcación o una división clara del trabajo entre las dos zonas, como la que planteaban Majone o Moravcsik, reina la incongruencia y la incompatibilidad. La vida social y política de las naciones no se puede mantener en cuarentena para que no le afecte el impacto —para algunos la infección, para otros la medicina— de las operaciones económicas, burocráticas y judiciales de la Unión. Los procesos que históricamente se pusieron en marcha para construir el Estado-nación no se han sintetizado, sino que se han descodificado y dislocado. Lo grave es que la integración europea ha asistido a una «enorme expansión de las prácticas socioeconómicas que guardan poca o ninguna relación con las identidades sociales y con las reglas de toma de decisiones». La conclusión que extrae Bartolini es bastante inquietante. Si en el futuro no surgen conflictos graves, «los elementos dispersos de las identidades, los intereses y las instituciones deberán ser conciliados de un modo u otro en un nuevo orden coherente»[579]. Cómo hacerlo sigue siendo un misterio. Al principio de su libro, Bartolini incluye una cita de Goethe: Am Ende hängen wir doch ab / Von Kreaturen, die wir machten, unas palabras pronunciadas por Mefistófeles; la criatura es un homúnculo; la escena siguiente, la Noche de Walpurgis.

III

¿Y si interpretáramos la Unión con una perspectiva todavía más amplia, la de la propia civilización europea? Desde 2001, Bruselas cuenta con un Museo de Europa oficial que permite a los ciudadanos realizar un recorrido histórico por el pasado del continente. La visita termina con las instituciones comunes que Europa ha adquirido en la actualidad. La idea en la que se basa este museo ha sido explicada por su director, el historiador franco-polaco Krzysztof Pomian, en las páginas de Le Débat, una publicación para la que trabaja como editor, concepto que ha desarrollado en su libro L’Europe et ses nations (1990), escrito en colaboración con Elie Barnavi, y también en La révolution européenne 1945-2007, publicado en 2008[580]. Se podría considerar que sus teorías son lo más parecido a una versión canónica de la trayectoria que ha seguido Europa hasta alcanzar la situación actual.

La historia de Pomian se desarrolla a lo largo de tres grandes etapas. Entre 1000 y 1500, Europa formó una unidad religiosa, social y cultural cuya extensión coincidía con la de la cristiandad latina, definida por una serie de creencias, prácticas e instituciones comunes que se reproducían por todo el continente, hasta donde se extendía el credo romano. Esta primera unificación continental fue destruida por las guerras de religión que estallaron coincidiendo con la Reforma y se prolongaron hasta finales del siglo XVII. Cuando por fin se extinguieron, el advenimiento de la Ilustración trajo consigo una segunda unificación de Europa, a lo largo de un espacio más extenso, con una República de las Letras cosmopolita y una cultura cortesana común, que en última instancia se acabaron fundiendo para dar lugar a una única atmósfera compartida por todas las elites de la época. El estallido de la Revolución francesa y su secuela napoleónica, que no solo desencadenaron las pasiones populares, sino también las nacionalistas en todo el continente, acabaron con esta unidad. Las nuevas ideas pusieron en marcha la dinámica letal que acabaría generando las guerras ideológicas del siglo XX, y los credos totalitarios —el nacionalismo exacerbado, el fascismo y el bolchevismo— dejaron a Europa reducida a añicos a través de una sucesión de conflictos catastróficos. De este caos, sin embargo, surgió una tercera gran unificación de Europa: esta vez, ya no era una consecuencia derivada de otras fuerzas, como en el pasado, sino un proyecto premeditado —la construcción de la Comunidad económica y jurídica de la que disfrutamos en la actualidad—. Las condiciones inmediatas de esta unificación fueron la derrota del fascismo, el fin del colonialismo, la caída del comunismo y la modernización de la economía y de los estilos de vida. Pero, a una escala histórica más profunda, no habría sido posible sin la nostalgia de la segunda unificación de la Ilustración, del mismo modo que la segunda no se habría podido concebir sin el legado cristiano de la primera. Esa sedimentación de estratos sucesivos en la memoria colectiva es el pilar que sostiene la identidad europea hoy en día[581].

A pesar de que posee las mismas limitaciones que cualquier propuesta de este tipo, este esquema tiene el atractivo de la simetría histórica. Dado que la sociedad medieval no había desarrollado una conciencia de Europa, por oposición a la idea de cristiandad, y que la noción ilustrada de la unidad continental se limitaba a un estrato mínimo de la sociedad, mientras que en la última fase, la comunitaria, se dio la lealtad consciente y la inclusión efectiva de todos los ciudadanos, la crónica de Pomian se puede resumir en términos hegelianos como la transición de Europa a través de una sucesión de experiencias terribles, desde la totalidad en sí, a través de la selectividad para sí, hasta llegar a la totalidad en sí para sí. La conclusión de la tríada, sin embargo, plantea una dificultad. La novedad de la tercera unificación del continente es que se trata de un proyecto. Pero un proyecto ¿para qué? Precisamente esta ausencia —la falta de una finalidad coherente o convincente— es el estribillo que repiten una y otra vez pensadores tan indiscutiblemente partidarios de la Unión como Dehousse o Habermas. El fin —o fines— últimos que persigue en la actualidad la UE parece cada vez menos claro. No cabe duda de que la construcción de las instituciones que forman la Unión era un proyecto. Pero, una vez ultimada, ¿cuál es el objetivo final de esta estructura? Existe una sensación general de pérdida de finalidad. Parece que los fines últimos se han extraviado en las tranquilas simas de la burocracia.

No siempre ha sido así. En la fase heroica de la integración europea, las metas estaban perfectamente definidas: crear un marco legal común para Francia y Alemania que garantizara la paz en el lado occidental del Telón de Acero y fundar un mercado semicontinental que garantizara la prosperidad de los Seis. Según la sucinta formulación de Milward, el fin de la Comunidad era aportar seguridad a la población de los estados miembros —seguridad en el sentido nacional y en el social: eliminar cualquier riesgo de una tercera guerra entre los dos estados más importantes de la región, y favorecer un crecimiento más rápido, un nivel de vida más elevado y un mayor bienestar social—. Retrospectivamente, no está tan claro como entonces que la integración sea la piedra angular indispensable para lograr estos propósitos. El orden imperial de la pax americana garantiza mucho mejor la tranquilidad en la Europa occidental que cualquier esfuerzo local. La aceleración general del crecimiento derivada de la creación del Mercado Común fue, desde el punto de vista histórico, bastante modesta, debido a la similitud de la estructura de producción de las economías de todas las naciones agrupadas. En el estudio más reciente y riguroso, se calcula que, si se consideran en conjunto la creación del Mercado Común, la transición al Acta Única Europea y la introducción de la unión monetaria, el crecimiento neto del PIB en la UE ha sido, a lo largo de medio siglo, en torno al 5 por ciento, una cifra bastante discreta[582].

Dejando de lado estas estimaciones, lo cierto es que en los ochenta ni la paz ni la prosperidad eran ya la inspiración positiva de la Comunidad. Dos generaciones después de la guerra, la mayoría de los ciudadanos las daban por sentadas, y muchos de ellos eran conscientes de que en muchos lugares el crecimiento había sido igual, y en otros superior al de Europa. Con la victoria en la Guerra Fría, la amenaza de invasión se convirtió en una posibilidad todavía más remota, y aunque la promesa de un nivel de vida más elevado era de nuevo una poderosa fuerza de atracción para la ampliación de la Unión hacia el este, los ciudadanos occidentales, las tres cuartas partes de la población, ya no parecían demasiado emocionados ante semejante esperanza. En los discursos de justificación oficiales y oficiosos se insistía más en la solidaridad como valor definitorio específico —quizá, en cierta medida, también singular— de la Unión. En Europa, los sistemas de bienestar social y la distribución de ingresos eran más generosos e igualitarios que en los Estados Unidos.

Es indudable que este mensaje tiene cierta resonancia popular. Pero aunque alude a una serie de diferencias reales entre dos sistemas sociales distintos, insertos en un modelo común, no se puede considerar que sean la finalidad de la Unión. Pues poseen muy pocos rasgos específicos de la UE. La provisión de bienestar sigue siendo una competencia de los estados-nación, no de la Comunidad, y varía mucho incluso dentro de la Europa occidental, por no hablar del continente en su conjunto. De hecho, el alcance de esa variación es tal que hay muy pocas áreas dentro o fuera de la Unión que no sigan los parámetros, en una u otra dimensión de la seguridad social, de algún estado o región de los Estados Unidos, un país que se parece mucho más de lo que suele imaginar al mosaico de países que forma Europa[583]. La ideología de la solidaridad es mucho más fuerte en Europa que en América. Pero las realidades son mucho más cercanas. Con las reformas que es de prever que realice la administración entrante y los recortes anunciados por algunos gobiernos europeos, lo más probable es que las similitudes se acentúen aún más.

Por supuesto que las comparaciones socioeconómicas entre un único Estado-nación de dimensiones continentales y una mezcolanza de dieciocho o —si se lleva a cabo la ampliación hacia el este— casi treinta estados-nación de distintos tamaños, con diferentes historias y niveles de desarrollo, se pueden tachar de paralogismo. Bruselas no es Washington: la Comunidad carece de una administración central, y no es una potencia global. ¿Debería convertirse en una? ¿Acaso no es esta la finalidad que transformaría la Unión actual en un proyecto coherente? Está claro que en cierta medida esta idea ha estado presente desde el principio, incluso en la mente del propio Monnet, aunque la expresara en voz baja y en privado, y son muchos los que han insistido abiertamente en este mensaje. En su versión actual, suele adoptar dos formas, una geopolítica y otra étnico-política. Los defensores de la primera sostienen que la Unión —con una población total y una economía considerablemente más importantes que las de Estados Unidos— debe asumir las responsabilidades políticas inherentes a su categoría objetiva de gran potencia en formación[584]. Esto requeriría la creación de una maquinaria militar y de una diplomacia específicas, capaces de ejecutar y hacer valer una política exterior unitaria tanto en las regiones adyacentes como en las más remotas del mundo. Para algunos teóricos, como Cooper o Münkler, la vocación de una Unión de estas características sería convertirse en un nuevo imperio, un imperio benévolo que no rivalizara con el imperio americano sino que gozaría de autonomía respecto de él.

Para otros pensadores, que forman un grupo de opinión más amplio, este tipo de proyecciones geopolíticas no son del todo saludables ni realistas. La misión de Europa en la escena internacional debería ser de corte étnico-político —debería convertirse en una «potencia normativa», algo nunca visto antes—. En la versión más radical de esta teoría, la de Habermas, la UE, al desbancar constitucionalmente al Estado-nación, le abriría a la humanidad el camino hacia un gobierno mundial, una responsabilidad que la república americana —aunque su conducta siempre ha sido admirable— no puede todavía cumplir, por su propia naturaleza de Estado-nación. Las Naciones Unidas son el universal en el que Europa puede proyectarse sin renunciar a su particularidad. Además, debería intentar constitucionalizar el imperio de la ley y los derechos humanos para todos los pueblos, equipando a la ONU con la maquinaria necesaria —sin duda Kant había pasado por alto este extremo— para castigar a los que violan estas leyes, aunque estos parezcan atributos anticuados de la soberanía nacional.

Escéptico ante estos objetivos por considerarlos demasiado desproporcionados, el politólogo francés Zaki Laïdi, situado a la derecha del PS, propone una versión más moderada. Ni la Realpolitik que defienden Cooper y Münkler, ni la constitucionalización habermasiana del mundo son viables porque, al parecer, los europeos no se consideran garantes de su propia seguridad. Como los japoneses, prefieren confiársela a los Estados Unidos. Pero la UE puede desempeñar un papel decisivo en el mundo como potencia normativa propiamente dicha. Pues la Unión se basa en un conjunto de normas, unas normas que han permitido a sus estados miembros poner en común su soberanía sin renunciar a ella. Al desarrollar estas normas —los criterios de Copenhague han marcado un hito—, la UE no ofrece un modelo, sino algo todavía más útil: un conjunto de herramientas al servicio del mundo, que permite fijar los criterios globales en todas aquellas áreas en las que los Estados Unidos se han quedado rezagados: el medio ambiente, la sanidad, la competencia. Como estas normas son «más reguladoras que salvadoras», no tendría sentido tratar de constitucionalizarlas, ya que son de por sí dinámicas y evolucionan con el paso del tiempo. Los planes para la igualdad formal entre estados no pueden abolir la desigualdad real. Aunque el poder normativo es un soft power indisociable del hard power. Prueba de ello es que la UE ha creado trece Grupos de Combate con un alcance estratégico de 3000 kilómetros y disposiciones vecinales, que se extienden desde Moldavia a Marruecos —«una política de control clásica de la semiperiferia»—. Pero aun cuando, como es natural, se dan algunos casos de doble moral, en esencia la Unión «hace geopolítica con normas»[585].

Al igual que la reivindicación de una solidaridad específicamente europea, las aspiraciones a la autonomía de Europa cuentan con el amplio respaldo de la opinión pública en toda la UE, o por lo menos al oeste de las fronteras de la Guerra Fría. Pero las ideologías que expresan estas aspiraciones son precarias, y el apoyo es superficial. Sin embargo, por mucho que los europeos alaben las virtudes únicas de la Unión como refugio de la rectitud política, y más aún de la previsión moral, no parece que el resto del mundo se sienta profundamente impresionado. Los responsables del diseño de políticas en América Latina, en Asia, en África o en Oriente Medio no llaman a la puerta del comisario de Competencia en Bruselas, ni a la del National Health Service de Londres, ni a la industria del automóvil alemana, en busca de consejos para hacer frente a los caprichos de los mercados, para solucionar el problema de las listas de espera en la sanidad pública ni para aprender a controlar la emisión de gases contaminantes. Los gobiernos que colaboran con la tortura no pueden dar lecciones de derechos humanos. La confabulación de la Unión con la ocupación militar y la limpieza étnica en Chipre, y la ocultación del genocidio en Turquía, revelan que detrás de las misiones de salvamento de los Balcanes y las conmemoraciones de la Shoah se oculta algo todavía peor que la doble moral. La autonomía de Europa, concebida como una misión «normativa» específica, es poco más que una disculpa para posmodernos.

Las versiones menos étnico-políticas ofrecen la ventaja de un mayor contacto con la realidad y una menor carga de eufemismos. Como es natural, sus partidarios tampoco pueden deshacerse de la parafernalia de los derechos y los deberes morales, emulando a sus precursores imperiales —Münkler es perfectamente consciente de la existencia de esta continuidad—. Pero, a sabiendas de que los EEUU no tienen que esforzarse demasiado para rivalizar o para superar a la UE en la retórica de la civilización liberal, se muestran menos inclinados a presentarla como si fuera intrínsecamente europea. Su concepción de la autonomía es más limitada. Al reconocer el poder imperial supremo de América, proyectan una Unión anidada dentro de este imperio, que patrulla sus propias inmediaciones como una potencia subimperial, con una solidaridad leal a la potencia hegemónica, pero capaz de criticarla cuando es necesario. Esta es, a grandes rasgos, la visión de la UE que ha adoptado Sarkozy, aunque de momento es el único dirigente continental que la defiende. Esta postura implica unas acciones exteriores más centralizadas —y, ocasionalmente, más agresivas, con puño de hierro— que las que Bruselas ha coordinado hasta el momento. Como perspectiva geopolítica tiene futuro. La aversión que el público europeo ha mostrado en los últimos años hacia el papel que desempeña América en el mundo —el acercamiento radical a Washington de la política exterior francesa no ha sido bien visto a nivel doméstico— podría condenarla al fracaso. Pero esta reacción se ha basado en gran medida en el sentimiento de antipatía cultural hacia Bush y hacia la administración republicana de la desdeñosa sensibilidad europea. No se trata de un distanciamiento político profundo de la identificación con EEUU. Como era de prever, la llegada de la nueva administración demócrata ha generado una obnubilación todavía mayor en Europa que en América. En ese sentido, la visión de una Unión con una mayor disposición a participar de forma más audaz en la escena internacional, sin desafiar al patrón, parece perfectamente aceptable. La única limitación de esta perspectiva radica en el discreto grado de autonomía que le permitiría esta actitud. Una UE incapaz de contrariar la voluntad imperial en cualquier cuestión que los EEUU consideren importante es un actor limitado de antemano. Si esta fuera la finalidad de la Unión, sería una finalidad insignificante.

Existe, sin embargo, otra teoría más del tipo de proyecto que la Unión debería representar, una visión que relaciona este proyecto con algunas de las reflexiones más profundas y persistentes del pasado. El motivo de la diversidad europea, considerado como el auténtico rasgo distintivo histórico del continente, hunde sus raíces en el pensamiento romántico y en la Restauración. Después de tomar un giro agonal a finales del siglo XIX, perdió prominencia durante gran parte del siglo XX, sin llegar a desaparecer del todo. Pero cuando la Guerra Fría llegaba a su fin, encontró una nueva y potente forma de expresión. Pensar Europa (1987), el libro del sociólogo y pensador universal francés Edgar Morin, fue la punta de lanza que anunció el regreso de este antiguo motivo. En esta obra, Morin rechazaba cualquier idealización o abstracción de Europa y afirmaba que el continente era un complejo de opuestos. «Debemos abandonar la imagen de una Europa clara, distinta, armoniosa; rechazar la idea de una esencia o substancia europea original; de una realidad que preceda a la división y al antagonismo. Debemos, por el contrario, inscribirla en ellos». La unidad de Europa solo podía ser entendida adecuadamente a la luz de dos principios: el dialógico y el recursivo. El primero implicaba la presencia de «dos o más lógicas diferentes unidas en una forma compleja —complementaria, competitiva, antagónica— dentro de una unidad, de tal modo que se conserve en su interior». El segundo, un «vórtice —como si fuera de agua o de aire— en el que el flujo de fuerzas aparentemente antagónicas se convierte en complementario», en una «espiral autogenerada que reacciona a sus elementos constituyentes para impulsarlos e integrarlos»[586].

Así, en el origen de la civilización europea encontramos tres tradiciones radicalmente distintas, la clásica, la judía y la cristiana, que se hallan en un conflicto constante desde el principio. La cristiandad se dividió, a su vez, en una confesión griega y otra romana. La Edad Media asistió a una escisión provocada por la rivalidad entre el Imperio y el papado que dio lugar al Gran Cisma. La civilización burguesa socavó los cimientos del feudalismo, la Reforma reventó la Iglesia católica y el Renacimiento segó los lazos que existían entre la fe y la razón. Los estados dinásticos dividieron Europa en un enfrentamiento entre facciones regulado por el equilibrio de poderes. Los estados-nación hicieron añicos este equilibrio y condujeron a Europa al apogeo de su poder, aunque después el continente quedó sumido en el abismo de las guerras suicidas de las que surgió una Comunidad limitada todavía a la producción y al mercado. Todo aquello que ha contribuido a formar Europa la ha dividido, y todo lo que la ha dividido la ha construido.

Morin pensaba que en su época estaba surgiendo una nueva conciencia. «La diversidad cultural sin parangón de Europa» era su patrimonio más valioso y era necesario forjar un destino común basándose en ella. No cabía duda de que la crisis industrial, la contracción demográfica y el riesgo de un posible exterminio nuclear amenazaban el futuro de Europa. Pero el peligro más inminente que tenía que afrontar era el del imperio totalitario de la URSS. Pues el conflicto entre el capitalismo y el socialismo, en el que Morin había creído en otra época, había sido sustituido tiempo atrás por la oposición entre democracia y totalitarismo. La democracia prospera ante todo gracias a la diversidad y la complejidad, pero en Europa necesitaba apoyarse en algo más. Con todo, el continente había empezado a experimentar una metamorfosis, pues aquel territorio que a escala internacional no era más que una provincia se estaba transformando en una «metanación» capaz de iniciar un nuevo Renacimiento que se extendiera por todo el mundo[587].

En esta versión de finales del siglo XX de las ideas de Guizot, las tensiones tradicionales se radicalizaban y se convertían en un conjunto de contradicciones más marcadas. La Ilustración había elogiado la pluralidad de estados europea. Los románticos habían elevado esta pluralidad a la categoría de diversidad —no solo cuantitativa, sino cualitativa—. Los historiadores de la Restauración habían hecho de la diversidad contención —siempre controlada por el compromiso—. En el pensamiento de Morin, la contención de Guizot desaparece y es sustituida por la imagen de los movimientos espontáneos del tornado y el maremoto. El resultado es un constante movimiento de vaivén, a menudo dentro de una misma frase, desde la variedad a la conflictividad, que no se detiene ni a medio camino, ni al llegar al final de cualquiera de estos dos extremos. El antagonismo, el desorden, el caos se invocan con la misma regularidad, en cuanto definiciones positivas de Europa, que la diversidad, el ingenio y la complementariedad, como si no hubiera diferencia entre ellos y se los pudiera equiparar sin coste alguno. La historia de Europa se despliega en el benévolo medio del diálogo y acaba en los pacíficos brazos de la democracia, dos términos prácticamente idénticos en el marco de la razón comunicativa. Sin embargo, el conflicto no termina en un compromiso estático, sino que acto seguido asciende en espiral hasta alcanzar una síntesis dinámica que genera nuevos conflictos.

Entonces, ¿en qué punto ese conflicto se convierte en irreconciliable y el antagonismo no deja espacio para el intercambio productivo o la regulación sensible —inter arma silent leges—? Morin se pregunta brevemente si se puede establecer una relación entre el espíritu crítico de la cultura europea, la negatividad vital que todo lo problematiza, y los procesos que condujeron a Europa al desastre, pero acto seguido despacha esta reflexión con un anodino consejo: «Esto no se puede determinar. También se debe problematizar». Muy apropiadamente, en la definición de la creatividad de la democracia que se expone al final de Pensar Europa, Morin, en una nueva cuadratura del círculo que no traiciona el vivaz estilo del resto del libro, acude a la misma autoridad que Ranke, más duro en su visión de la diversidad, e invoca el poder creativo de la guerra: «Si es cierto que la democracia tiende a la armonía, esta será una armonía heraclítea, que integre el conflicto»[588].

Aunque se le pueden plantear algunas objeciones, Pensar Europa, con su ímpetu en staccato, es, sin duda, uno de los análisis más apasionados de este tema. Sin embargo, llama la atención que en un libro sobre la unidad de Europa apenas se hable de la Comunidad Europea contemporánea, una organización hacia la cual Morin muestra una fría indiferencia. Este sentimiento se encuentra sin duda relacionado con la intensidad de su preocupación como antiguo comunista por el futuro de la Europa del Este, que en ese momento todavía no tenía posibilidades de incorporarse a las instituciones del próspero mundo occidental. Pero, básicamente, la indiferencia de Morin se puede interpretar como un indicio del inmenso desajuste que existía entre su imagen de Europa y el ideal que cada vez predicaba y practicaba más la Comunidad, la esencia de la nueva Europa. En Bruselas no querían ni oír hablar de conflicto. El valor que definía a los europeos, repetido hasta la saciedad en todas las reuniones del Consejo, y más todavía en las declaraciones de la Comisión y en los discursos del Parlamento, era justo lo contrario: el consenso. Así ha sido hasta el día de hoy. En la ideología oficial, este consenso no significaba uniformidad, por supuesto. Ningún otro valor se elogiaba más y de modo más eficaz que la diversidad, otro rasgo supremo de la europeidad. Cada Estado miembro tenía su cultura y su identidad propias, y —como se descubriría más tarde— dentro de estos estados cada región también poseía una cultura y una identidad específicas. Todos eran distintos, cada uno a su manera, pero estaban de acuerdo en los asuntos de interés común, pues, después de un saludable toma y daca, las discusiones habían concluido con sensatez.

Aunque en Pensar Europa el consenso no tenía cabida, es curioso que, en el análisis de su época, Morin se mostrara bastante impreciso a la hora de pronosticar qué tipo de conflicto saludable mantendría en funcionamiento el vórtice que elevaría a Europa en espiral. No se podía olvidar la ecología, por supuesto, ni las revueltas de 1968 contra la autoridad y contra la jerarquía, aunque ya hubieran pasado casi veinte años; y también había que tener en cuenta las nuevas identidades regionales. Pero estas cuestiones se analizaban de un modo tan superficial que cualquier eurócrata podía pensar que a Morin se le veía el plumero, y que en la práctica se encontraba muy próximo a la pacificación de Bruselas y se limitaba a exponer las virtudes de la diversidad desde otro punto de vista. Lo que ni Morin ni los eurócratas supieron prever fue la desconcertante forma que en breve adoptaría esta diversidad.

IV

El ángulo muerto es al mismo tiempo de índole intelectual y política, e impide ver la teoría y la realidad. Desde el punto de vista conceptual, aunque siempre se ha comparado con la libertad, la igualdad y la fraternidad, la diversidad no podía ser un valor de esa clase. Es cierto que la diversidad posee cierto atractivo intuitivo que se refleja en numerosos dichos populares —«en la variedad está el gusto»; «hay de todo en la viña del Señor»— y que no debemos ignorar[589]. Sin embargo, por definición, en un sentido más estricto la diversidad es un significante vacío, y lo mismo se puede decir de todas sus formas y opuestos. El Tercer Reich se sumó a la diversidad de los gobiernos europeos en los años treinta; el régimen de Ceaucescu contribuyó a una mayor diversificación en los setenta. Lo diferente no tiene por qué ser necesariamente mejor o simplemente distinto; puede ser mucho peor. Las apologías actuales de la diversidad suelen recurrir al ejemplo de la naturaleza: ¿hay algo más importante para la vida en la Tierra que la biodiversidad? Pero la naturaleza es una maestra moralmente indiferente, como ya observaron pensadores como Voltaire, Sade o Nietzsche, y se rige por la ley de la supervivencia del más apto. La diversidad natural no es yuxtaposición, sino destrucción interconectada y creación en la misma medida. En este, como en tantos otros casos, las alusiones a la naturaleza no benefician demasiado a la causa cultural que se supone que sirven. Lo único que ofrecen es un ejemplo particularmente gráfico del vacío de valores de la diversidad en sí, y demuestran que, desde el punto de vista conceptual, es inseparable del antagonismo.

La miopía política es un fenómeno más amplio. Cuando la Guerra Fría se acercaba a su fin, el radar de las elites europeas todavía no había registrado la inmigración como una importante alteración del panorama de la posguerra. Cuando por fin tomaron conciencia de este fenómeno, sin embargo, la retórica de la diversidad era la que se encontraba más a mano para darle la bienvenida. Pero ahora que se ha asumido la magnitud del cambio, ha adoptado una forma más sistemática en la ideología del multiculturalismo. En Norteamérica, donde se originó esta noción, surgió, en esencia, como respuesta a los problemas que planteaban la lengua y la raza. En Canadá, el discurso del multiculturalismo intentaba al mismo tiempo adaptarse a la aparición del nacionalismo francófono en Quebec y neutralizarlo a través de la adición de otras comunidades —la inuit, la amerindia y más tarde la asiática— a la lista de culturas con derecho a protección oficial. En Estados Unidos, surgió a raíz del aumento de la resistencia de los negros a la discriminación y a la exclusión, más fácil de asimilar entendida como la expresión de una identidad etnocultural, y de las masas hispanoparlantes, menos inclinadas a convertirse en hablantes monolingües del idioma oficial que los inmigrantes de las oleadas anteriores. Tradicionalmente, ambos países eran territorios acostumbrados a la inmigración y, por tanto, estos problemas no eran en modo alguno nuevos desde la perspectiva social. Las condiciones de las que surgió el multiculturalismo habían evolucionado, pero no eran nuevas[590].

Trasladado a Europa, el multiculturalismo se adaptó enseguida al discurso oficial de la Unión, aunque a escala nacional no siempre sucediera lo mismo. La diversidad de culturas siempre se había ensalzado como uno de los principales atractivos de la Comunidad supranacional. Lo único que había que hacer era extender el atractivo de las diferencias entre estados miembros al ámbito de cada nación para abarcar a las nuevas culturas inmigrantes recién incorporadas. El multiculturalismo se adaptaba a la perfección a este propósito: era una variedad sin antagonismos. Pero aunque cuadraba con la doctrina oficial que había consagrado el consenso como el «método de la Comunidad», no encajaba con la realidad de la inmigración. Y no lo hacía por dos motivos fundamentales. En primer lugar, ningún Estado miembro de la UE se había fundado a través de la inmigración extranjera, como Estados Unidos y Canadá, sociedades cuya prosperidad e identidad habían dependido por completo a lo largo de la historia de la llegada de colonos y migrantes de otras regiones del mundo, un fenómeno que había implicado la supresión y la marginación de los antiguos habitantes de aquellos territorios. A finales del siglo XIX y principios del XX, en Europa había países que habían recibido un número considerable de inmigrantes —Francia es el mejor ejemplo, pero también se puede citar a Alemania—, una cifra a veces similar en proporción a la de América. Pero estos inmigrantes se habían instalado en unas sociedades con una larga historia política y cultural a sus espaldas. La mayoría procedían de regiones vecinas relativamente similares, y se habían adaptado sin alterar la estructura del sistema político ni la identidad, hasta tal punto que este fenómeno apenas había quedado registrado en la memoria pública.

La inmigración de la posguerra es una cuestión completamente distinta. No solo porque tuvo una magnitud mucho más considerable, de alcance europeo. Sino, ante todo, porque en esta ocasión no fue una inmigración de origen intraeuropeo, sino que, en esencia, fue el resultado de la descolonización de los territorios europeos del exterior y de la periferia semicolonial. Esto se tradujo, por supuesto, en que Europa se tuvo que enfrentar enseguida con una serie de tensiones raciales muy similares a las de los Estados Unidos. En América, sin embargo, la población negra no era una población inmigrante. Históricamente nunca se les había considerado ni tratado de ese modo. Pero en Europa, como demostraría la recepción de la inmigración caribeña en Gran Bretaña, este era —en términos muy relativos— el punto crítico menos importante. Lo importante no era la raza, sino la religión, aunque en la práctica no fuera sencillo aislarlas. Más de la mitad de los nuevos inmigrantes eran musulmanes. En consecuencia, la ideología del multiculturalismo sufrió una mutación funcional en Europa. El significado de la noción de cultura se alteró y dejó de aludir a los usos y costumbres populares para hacer referencia a los sistemas de creencias, de forma que el multiculturalismo se convirtió sobre todo en una doctrina de los valores de la diversidad interreligiosa en detrimento de los de la diversidad interétnica. Salta a la vista que este cambio llevaba implícita una regresión: mientras que la Ilustración, por no hablar de los movimientos socialistas y radicales, albergaba la esperanza de que las creencias sobrenaturales desaparecieran, la opinión oficial y la de la izquierda liberal celebraba ahora su proliferación, como si este fuera un resultado satisfactorio. Como de costumbre, por supuesto, los defensores de esta doctrina no profesaban ninguna religión, y, aunque celebraban esta situación de armonía, eran perfectamente conscientes de la enemistad y la incompatibilidad histórica que existía entre estos distintos credos.

El efecto de este giro en los tropos de la diversidad fue, como es natural, una represión masiva de la nueva realidad de la inmigración en Europa, donde las insulsas beaterías del discurso multicultural apenas guardan relación con las despiadadas tendencias del momento. En 2009, se calculaba que el número de migrantes musulmanes en los estados más ricos de la UE sumaba una cifra que oscila entre los 15 y los 18 millones de personas, de un total de 375 millones, concentrados sobre todo en Francia (en torno a los 5,5 millones) y Alemania (3,5), seguidos de Gran Bretaña (1,6), los Países Bajos, Italia y España (con un millón de inmigrantes por cabeza). Estas cifras no son más que estimaciones aproximadas, pero, en cualquier caso, no representan un porcentaje demasiado elevado. Con la tasa de natalidad por debajo de los niveles de reproducción netos, sin embargo, la proporción está creciendo, sobre todo en las ciudades, donde se concentra la mayoría de los recién llegados. En Bruselas, la capital de la UE, más de la mitad de los niños que nacen cada año son hijos de inmigrantes musulmanes. En Ámsterdam, hay más musulmanes practicantes que protestantes o católicos. En Londres, una octava parte de la población es musulmana. En las principales ciudades de Alemania, cerca de la mitad de los niños menores de quince años pertenecen a familias inmigrantes. Unos 1,7 millones de migrantes llegan a Europa al año, una cifra cercana a la suma de inmigrantes legales e ilegales que entran en EEUU. La pobreza y el desempleo en estas comunidades son casi siempre superiores a los de la media nacional, la discriminación es generalizada y la endogamia muy elevada. La opinión popular europea no está a favor de la presencia de los recién llegados, y son varios los países —Francia, Dinamarca, Países Bajos e Italia han sido los más prominentes hasta el momento— donde han surgido partidos políticos cuyo atractivo se basa en la oposición xenófoba al fenómeno de la inmigración. La nueva diversidad no ha favorecido la armonía. Ha alimentado el conflicto.

Del creciente número de estudios —eruditos o sensacionalistas— sobre la inmigración en la Unión, la contribución más notable procede una vez más de los Estados Unidos, no de Europa. En La Revolución Europea, Christopher Caldwell consigue escapar del cenagal de mojigatería y evasivas generalizadas que rodea a este tema gracias a la claridad de su análisis histórico y a la perspicacia de su enfoque comparativo. Durante el último cuarto de siglo, señala Caldwell, el éxito de América en el proceso de asimilación de la más reciente oleada de inmigración que ha recibido —en la actualidad hay en EEUU 35 millones de ciudadanos nacidos en el extranjero— se ha basado en una serie de condiciones que no se han dado nunca en Europa. En primer lugar, los Estados Unidos cuentan desde hace mucho tiempo con una poderosa maquinaria de asimilación ideológica —«presiones procrusteanas para que los inmigrantes se adapten»—. Además, el continente americano todavía disponía de una gran cantidad de espacio libre. La inmensa mayoría de los recién llegados procedían de sociedades católicas de América Latina, culturas muy semejantes al modelo norteamericano estándar. Encontraron trabajo en una economía en transformación, que ya había empezado a abandonar las industrias tradicionales en favor de los servicios, y que, de este modo, había creado un sector de trabajos de salario bajo en constante expansión, que no exigía formación. Estos inmigrantes, a diferencia de los miembros de la comunidad negra autóctona, no están tan estigmatizados por la raza, ni se les imputan tantos crímenes, lo que les permite evitar el encarcelamiento masivo y la condena a los peldaños peor valorados de la escala social. Aun así, la oposición a que lleguen nuevos inmigrantes, basada en los 11 millones de ilegales que se calcula que viven en el país, es cada vez mayor.

En Europa, sin embargo, la inmigración de la posguerra era al principio un arreglo provisional destinado a solventar la escasez de mano de obra en las ramas tradicionales de la industria, muchas de las cuales no tardaron en entrar en declive. A raíz de esta crisis, muchos inmigrantes quedaron en una situación muy difícil, cuando no se les enviaba de vuelta a casa como Gastarbeiter temporales. La integración de los inmigrantes nunca fue una preocupación estatal, los gobiernos no pusieron en marcha ningún programa destinado a gestionarla, y no se llegó a alcanzar un consenso en relación con la necesidad de mantener una población permanente de inmigrantes, que —después de que se levantaran las barreras formales en los años setenta— siguió creciendo en la medida en que las familias intentaban reagruparse y los refugiados buscaban asilo. Con la desindustrialización, las altas tasas de desempleo en las nuevas comunidades demostraron que los beneficios económicos obtenidos gracias al trabajo migrante eran efímeros, y enseguida se les empezó a criminalizar —en Francia la proporción de inmigrantes jóvenes de la población penitenciaria se encuentra muy próxima a la de los jóvenes negros en las cárceles americanas—. Ante todo, el contingente de inmigración más sustancial con diferencia procedía del mundo islámico, no solo distante de Europa desde el punto de vista cultural, sino enemistado tras una larga historia de hostilidades mutuas. Caldwell insiste en que a pesar de que estos inmigrantes provienen de regiones muy dispares —de Turquía los que residen en Alemania, del Subcontinente asiático los de Gran Bretaña, del norte y del sur del Sahara en Francia—, todos ellos se encuentran expuestos a formas actuales de ideología musulmana que le profesan una violenta aversión a Occidente. El resultado neto es que, en este nuevo siglo, Europa ha tropezado sin darse cuenta con un explosivo problema político que es probable que se agrave todavía más a medida que la proporción de inmigrantes aumente. Las masas, que viven este problema más de cerca, no comparten el empeño de las elites en restarle importancia. Solo la crisis económica que se acaba de apoderar de Europa supera en importancia a la inmigración para el pueblo europeo[591].

Caldwell se propone evitar, según declara, tanto los eufemismos como el alarmismo. Es indudable que lo primero lo logra. Pero en lo segundo, como indica el título de su libro, no tiene tanto éxito. En este sentido, La revolución europea se parece bastante a Poder y debilidad, de Robert Kagan, pues ambos libros establecen una comparación lúcida y realista entre América y Europa —una visión mucho más atractiva de la UE y los EEUU que la del liberalismo convencional— en un marco global de presupuestos neoconservadores acríticos sobre el mundo en general. En ambos casos, Oriente Medio se presenta como el locus natural de la aberración, un hervidero de terroristas y estados fracasados que amenazan a Occidente, y se ofrece una idea funesta de lo que piensan los musulmanes de Europa. La difusión del islamismo radical es un grave peligro. Si en La revolución europea Caldwell describe el salafismo en unos términos muy similares a los que en otra época empleaba Burke para definir el jacobinismo —una nueva «doctrina armada»— es, en parte, por la posición que le concede a la religión dentro de su argumentación, la cual tiene una importancia muy superior, de acuerdo con la tradición del fideísmo americano, a la que se le suele dar en Europa. Caldwell rechaza el razonamiento bien-pensant que postula que todas las religiones importantes afirman prácticamente lo mismo y pone de relieve el prolongado y sanguinario historial de hostilidad entre el mundo cristiano y el islam. Acto seguido lo toma como premisa para deducir que es muy poco probable que la creciente población musulmana se integre con facilidad en Europa. En lugar de ello, según Caldwell, es de prever un incremento de las tensiones religiosas. Los sistemas de creencias ancestrales tienen mucho peso, y la animosidad que existe entre ellos no es arbitraria, sino que hunde sus raíces en la incompatibilidad doctrinal y en la experiencia histórica.

La hostilidad racista y la humillación que experimentan los musulmanes y otros inmigrantes no europeos a manos de los prósperos estados blancos y de sus funcionarios —policías, oficiales de aduanas y de inmigración, subsidios— de la Unión no son las únicas cuestiones que Caldwell pasa por alto[592]. Tampoco se aborda el fundamento político del odio que los árabes contemporáneos —y, por extensión, otros musulmanes— sienten por Occidente. El control imperialista de Oriente Medio tiene y ha tenido siempre un carácter totalmente laico y es a todas luces este sistema masivo de invasión y dominación —agravado, no se puede negar, por la implantación, justificada teológicamente, de un Estado colonizador en Israel—, mucho más que las diferencias entre la Biblia y el Corán, lo que ha alimentado el odio a los infieles. Las comunidades musulmanas de la UE viven en estados cuyos gobiernos contribuyen sin vergüenza ni escrúpulos al dominio occidental de Oriente Medio —la participación británica en la invasión de Irak y la instalación gratuita de bases navales francesas en el Golfo son solo los ejemplos más recientes de una larga trayectoria—. Sería sorprendente que los musulmanes no se inmutaran ante este comportamiento.

Pero de ahí a pensar que la UE es un «gigantesco piso franco» para los terroristas hay un largo trecho[593]. La realidad perceptible es que, para la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en Europa, la religión actúa como el caparazón protector de unas comunidades desarraigadas y vulnerables, no como una llamada a la guerra contra las sociedades que les rodean. Cuando se desencadenan revueltas colectivas —los disturbios de las banlieues francesas son el caso más típico—, los inmigrantes que participan suelen ser los que tienen una mentalidad menos religiosa, desafectos jóvenes sin empleo. Entre rezar en la mezquita y quemar coches hay un amplio abismo social. He aquí el motivo subyacente por el cual la relevancia del islam se exagera con tanta facilidad en la literatura del alarmismo. Los inmigrantes que vienen a Europa llegan con la esperanza de mejorar su situación económica —muy pocos huyen por razones políticas—, una motivación totalmente laica. Si sus objetivos se frustran o no se cumplen del todo, es probable que busquen consuelo en la religión. Pero el fin material sigue siendo el mismo, un nivel de vida más elevado, un fin que a la larga tiende a erosionar la fe heredada. El consumo es una fuerza mucho más poderosa que cualquier religión, como demuestran los casos de Polonia o Irán. Puede que los signos exteriores de la fe se conserven, incluso se haga alarde de ellos, como atestigua la existencia de tantos millonarios aparentemente devotos de todos los credos; pero lo más común es que la devoción interior se desvanezca[594]. En una sociedad posmoderna, la imaginación de los bienes terrenales tiene efectos antes incluso de poder adquirirlos —el consumismo sin consumo—. Allí donde la religión logra sobrevivir, lo hace a modo de complemento, o a veces como reacción, a esas tentaciones: no como el principio de una vida social alternativa. El islam no es ninguna excepción, como puede comprobar cualquiera que se dé una vuelta por un centro comercial de El Cairo o de Estambul.

Dejando de lado esta importante reticencia, la obra de Caldwell comunica una verdad fundamental. La aparición de importantes comunidades de inmigrantes llegados desde mundos muy distintos, otrora gobernados por Europa, personas en muchos casos educadas en una fe que ha considerado durante mucho tiempo a Occidente como un adversario, no ha sido un fenómeno deliberado ni planificado por ningún sector importante de la población, que nunca fue consultada. Por regla general, los propios empresarios que necesitaban un suministro adicional de mano de obra barata consideraban que la inmigración era un recurso temporal. Pero esos cálculos de beneficios pasajeros provocaron cambios sociales duraderos. La inmigración masiva que ha recibido Europa desde el fin de la guerra es un fenómeno complejo, pero si hay algo que se puede afirmar con seguridad es que ha sido la antítesis de un proyecto. ¿Podría interpretarse como la beneficiosa excrecencia de un orden espontáneo, la catalaxia de Hayek, que excluiría cualquier propósito constructivista? Ni siquiera, pues Hayek era partidario de limitar la libre circulación de mano de obra a través de las fronteras, y pensaba que este movimiento amenazaría la tan necesaria cohesión social. Históricamente, se puede afirmar que el fenómeno de la inmigración de la posguerra ha representado la antítesis de los objetivos que se perseguían en los años de la construcción de la Unión, pues no era un proceso de integración, sino de desintegración —esa descomposición del tejido social cuyos efectos ha definido el sociólogo del trabajo francés Robert Castel como «desafiliación»[595]—. Con retraso y de forma inadecuada, las administraciones han aplicado medidas para intentar volver a coser de nuevo los desgarrones, y la ideología oficial ha intentado convertir la necesidad no deseada en virtud post facto, presentando la meta de una diversidad plenamente multicultural —es decir, multiconfesional— como el objetivo redentor de la UE del futuro[596].

V

La Unión que proclama esta meta actúa, como se recuerda incansablemente a sus ciudadanos, basándose en el consenso. El consenso es el «método de la Comunidad», el código de conducta supranacional europeo. Este método es un derecho exclusivo de los que ocupan el poder, el modus operandi de la consolidación continuada de la elite. No guarda relación alguna con el consentimiento popular, que más bien intenta burlar. Por increíble que parezca, aunque el consenso ha sido elevado a la categoría suprema en el panteón de la UE, sucesivos historiadores no menos comprometidos con los principios oligárquicos de su época han planteado una concepción opuesta del papel de la diversidad en el desarrollo europeo, y afirman que este proceso fue, en esencia, conflictual. El peculiar dinamismo del continente se basa y se ha basado siempre en los conflictos internos, un rasgo específicamente europeo, incomparable en abundancia e intensidad con lo que sucede en otros lugares. Por tanto, si esto es verdad, ¿dónde reside ahora tal dinamismo? Diez años después de Morin, Martin Malia supo formular este problema con mayor claridad. La integración contemporánea, explicaba, estaba alterando la naturaleza interna de Europa de un modo más profundo que cualquier otro acontecimiento desde la época carolingia. Pues esta naturaleza siempre se había definido a través de la división y el conflicto como motores de la evolución creativa, no como una comunidad de valores, fueran estos los del cristianismo, los de la razón universal o los de la democracia universal. Kant ya había reparado en esta inquietante paradoja. Para él, el hecho de que las disposiciones humanas solo pudieran desarrollarse plenamente «a través del antagonismo», o, según una expresión más famosa, por medio de la «insociable sociabilidad» del ser humano, era una ley natural. Pero si Europa había conseguido realmente alcanzar una paz permanente, bajo unas leyes comunes para todos, ¿cuál sería el sustituto de tal antagonismo? El ideal de la unidad europea no tenía un poder de movilización comparable al del nacionalismo ni al del socialismo. Solo interesaba a las elites. No obstante, quizá la tarea de crear la primera democracia multinacional de la historia requiriera una creatividad igual o superior a la que había alumbrado la Europa cristiana o la ilustrada[597].

Con prudencia, Malia no especificaba cuáles eran los mecanismos que permitirían la renovación de la evolución creativa de la historia europea. No había nada en su discurso que indicara que la nueva tarea pudiera ser acometida sin una dinámica similar a la antigua —el acuerdo sin división, la invención sin antagonismo—. Si hubiera planteado esta pregunta, ¿qué respuestas habría aventurado? Para una larga tradición de pensadores clásicos, desde Maquiavelo a Ferguson, pasando por Ranke, la forma de conflicto que más vigor infundía a las naciones era la guerra[598]. A partir de 1945 ningún europeo volvería a recomendar esta receta. Pero Guizot ya había detectado otro tipo de antagonismo de efectos no menos dinámicos: el conflicto entre clases, no entre naciones. En este sentido, Maquiavelo, que ya había elogiado las luchas entre clases en la República de Roma y consideraba que eran el secreto de su grandeza, también había mostrado el camino que se debía seguir. ¿Qué suerte ha corrido esta tendencia en la Unión? La lucha de clases ha sido, por supuesto, el principio que ha guiado al ala revolucionaria del movimiento sindical a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad, cuando los partidos comunistas de masas de la Europa occidental entraron en cuarentena en un primer momento y después quedaron anulados como fuerzas políticas, el control de la izquierda pasó a manos del ala reformista de los distintos partidos socialdemócratas que todavía persisten. En un principio, estas fuerzas políticas también hablaban de clases y habían luchado a su manera, siempre con un tono moderado, a favor de los trabajadores y en contra del capital.

Pero, con el cambio de régimen de los ochenta, la clase obrera industrial entró en decadencia y perdió cohesión y envergadura. Los propios partidos se habían convertido en máquinas electorales diseñadas y controladas desde arriba por profesionales eventuales, sin raíces ni apego por el mundo del trabajo manual. Desde el punto de vista intelectual, aunque la socialdemocracia de la posguerra siempre había sido relativamente improductiva y había tomado prestadas sus ideas de los pioneros del pensamiento liberal —Wicksell, Hobson, Keynes, Beveridge—, todavía conservaba la energía suficiente para alumbrar un Crosland o un Meidner. Pero, con el giro neoliberal de las últimas décadas del siglo, se abandonaron los objetivos prácticos del pleno empleo y la extensión de las prestaciones sociales, y todos los partidos socialdemócratas fueron adoptando gradualmente los planes de liberalización y privatización que siguen vigentes en la actualidad y que compensaban con algunas recompensas sociales superficiales. Al perder su tradicional razón de ser, ahora corren el riesgo de que la mayoría de sus votantes les retire la confianza. En las elecciones europeas celebradas a mediados de 2009, la socialdemocracia alemana solo alcanzó el 21 por ciento de los votos, la francesa el 16 por ciento, la británica el 15 por ciento, la holandesa el 12 por ciento; en los tradicionales baluartes escandinavos, los resultados obtenidos no han sido mucho más favorables: en Suecia solo han conseguido el 24 por ciento y en Dinamarca el 21 por ciento. La identidad de estos partidos se ha debilitado hasta tal punto que ya ni siquiera forman un bloque independiente en el Parlamento Europeo, y han tenido que agruparse con los «demócratas». Se han distanciado tanto de la opinión popular que ni siquiera han logrado mantener el grado de distancia táctica respecto de la sinarquía de Bruselas que los partidos de centro-derecha, más conscientes de la hostilidad electoral asociada a ella, demuestran de forma ocasional. La mera idea del conflicto, y más aún la de la lucha de clases, son anatema para estos partidos de izquierdas.

El resultado ha sido que el único principio residual de conflicto es el antagonismo entre inmigrantes y locales, un problema prácticamente ubicuo en las regiones occidentales de la Unión, imposible de ignorar ni de reprimir. En realidad, lo que ha sucedido es que las tensiones étnico-religiosas han desplazado a los antagonismos de clase. Este desplazamiento es al mismo tiempo una sustitución y una degeneración. Los trabajadores, en lugar de unirse para rebelarse contra los empresarios o contra el Estado, se vuelven contra sus propios compañeros; los pobres injurian a los pobres. Y, objetivamente, no se trata de una conciencia del todo falsa, pues, como señala Caldwell contradiciendo la retórica oficial, en las economías de lento crecimiento la inmigración puede reducir los salarios de los trabajadores menos cualificados e incrementar los costes de asistencia social. El marcado giro hacia la derecha que ha dado gran parte de la clase trabajadora en las últimas décadas —brindando su apoyo electoral a Thatcher en Inglaterra, a Le Pen y después a Sarkozy en Francia, y a la Lega Nord en Italia— revela un cambio en la posición relativa que ocupa en la sociedad. La clase trabajadora ya no se encuentra en los últimos peldaños de la jerarquía social: los inmigrantes se sitúan por debajo; sin embargo, al mismo tiempo, es una clase más débil e insegura que antes, en sociedades en las que la industria ya no goza de prestigio y las desigualdades aumentan de forma constante.

Desigualdad dentro de Europa; desigualdad entre Europa y los mundos que en otros tiempos dominó. La inmigración ha agudizado la primera. Pero su origen es la segunda. Esa desigualdad es mucho más marcada y ha atraído a millones de personas procedentes de África, Oriente Medio, el sur de Asia y América Latina, que en la actualidad viven en la Unión y quieren pasar menos hambre, peligros y privaciones. Vienen huyendo de estos males, pero su llegada no contribuye a remediarlos. Si Europa se preocupara de verdad por el destino del resto del mundo, gastaría sus recursos en ayudar desinteresadamente a las regiones de las que proceden los inmigrantes, en lugar de importarlos despreocupadamente y expulsarlos cuando ya no se necesita su trabajo. Pero esto exigiría una voluntad colectiva capaz de desarrollar un proyecto auténtico, en lugar de quedar a merced de los mecanismos ciegos del mercado.

Sin embargo, se da la ironía histórica de que estos procesos están generando un lento cambio que afecta a los contornos de Europa. Pirenne sostenía que el nacimiento de Europa como civilización específica se había producido cuando las conquistas árabes habían dividido el Mediterráneo, quebrando la unidad del mundo clásico en dos universos separados, uno cristiano y otro musulmán. Su explicación económica, basada en la ruptura de las rutas comerciales, ha recibido muchas críticas; en este sentido, Braudel intentó solucionar el problema planteado por Pirenne. En cualquier caso, pocos historiadores ponen en duda que el avance del islam, desde Siria hasta España, en unas pocas décadas convirtió lo que no era más que una expresión geográfica empleada por los antiguos en un mundo político y cultural diferenciado de las costas meridionales del mar interior. Según Morin, el islam había sido el federador externo que había creado Europa, al cercar al cristianismo dentro de sus fronteras. Pero, además, el rechazo de los avances musulmanes más al norte también había contribuido a la formación de Europa[599]. Lo que revela el crecimiento actual de las comunidades musulmanas en el seno de la Europa occidental, en contacto con sus patrias, es la posibilidad de un desgaste de esta configuración histórica. De momento, solo se vislumbra una dilatación de Europa hasta el Éufrates, y el mundo árabe es algo muy distinto, mucho más grande y antiguo, que el Estado turco. Pero Tánger y Túnez están más cerca de Madrid o de París que Ankara, y la presión demográfica de las antiguas provincias africanas de Roma es mayor. Puede que Europa alcance por fin la unidad, pero que, cuando lo haga, descubra que su identidad postclásica ha empezado a deshacerse en favor de un modelo más cercano al de la Antigüedad.

VI

Estas son especulaciones a largo plazo que no se pueden dar por sentadas. El panorama actual de la Unión es otra cuestión. Hace unas cuatro décadas, Tom Nairn señalaba que las actitudes de la clase dirigente hacia el nacionalismo habían variado a lo largo de la historia: en tiempos de la Santa Alianza se había mostrado decididamente hostil; durante la unificación italiana, se había impuesto una predisposición cautelosa; y, en pleno apogeo imperialista, una actitud implacablemente instrumental. Después de la guerra se había buscado una hegemonía posnacional y, a falta de un internacionalismo popular de izquierdas, las elites habían disfrutado de una mayor libertad de movimientos. Evidentemente, la Europa del Mercado Común no se podía comparar con el imperialismo. Pero ¿se parecía a la de la Restauración o a la de la Unificación italiana? Los marxistas de la época habían dado de lado el nacionalismo. Pero ¿por qué no considerar que era un avance de la sociedad burguesa similar al del librecambio, la revolución agrícola o la industrial, o la aparición del Estado-nación, fenómenos que Marx consideraba que, a pesar de toda su crueldad, habían representado un progreso, contradictorio pero progreso, a fin de cuentas? El capitalismo europeo parecía avanzar a tientas, en una dirección involuntariamente positiva, pero la izquierda actuaba como si «el tiempo y las contradicciones se hubieran detenido»[600].

La Unión actual ha cambiado bastante desde los años setenta. El panorama no invita a sentir simpatía ni confianza por los pueblos europeos. Desde el punto de vista político, la UE se ha endurecido hasta convertirse en una estructura oligárquica más indiferente que nunca a la expresión de la voluntad popular, a pesar de las apariencias legales. El Tratado de Roma, que firmaron los ministros de Exteriores de los Seis, era un documento en blanco, pues no dio tiempo a terminar de redactarlo para la solemne ocasión. ¿Falta de experiencia diplomática, en una empresa tan audaz? Casi medio siglo después, el procedimiento se repitió: «Aunque el 18 de junio de 2004 los líderes de la Unión Europea supuestamente aprobaron un “Tratado para una Constitución Europea”, ninguno de ellos pudo leerlo, pues todavía no existía una versión inteligible del texto que habían sancionado. El texto completo del tratado, 844 páginas mecanografiadas, no estuvo disponible hasta noviembre, cuando ya se había firmado el acuerdo»[601]. ¿Una mera anécdota? No es necesario volver a repetir que, cuando la Constitución fue rechazada en los dos únicos países donde se celebró un referendo —dos de los Seis que habían fundado la Comunidad—, la carta fue rebautizada con el nombre de Tratado de Lisboa y, cuando este nuevo documento fue rechazado en el único país que lo sometió a la voluntad popular, se explicó a los votantes que tenían que rectificar su decisión y que debían hacerlo antes de que el electorado de otro país vecino de mayor envergadura, cuya oposición a la Constitución era de sobra conocida, expresara su punto de vista sobre el asunto.

Al rechazo de los principios elementales de la democracia que han mostrado las elites del Consejo, la Comisión y sus subordinados, por no hablar de todo un ejército de obedientes publicistas de los medios de comunicación, las masas han respondido con una actitud de desdén hacia el Parlamento que en teoría les representa, una institución a la que ignoran cada vez más —la participación electoral ha descendido hasta el nivel histórico del 43 por ciento en las elecciones de 2009, veinte puntos por debajo de los primeros comicios de 1979—. A escala internacional, estas mismas elites se han confabulado con el revisionismo histórico del gobierno de Turquía, han sancionado la limpieza étnica de Chipre, han sido cómplices de las agresiones de Israel y apoyado la ocupación de Afganistán. Socialmente, la reacción de la clase dirigente ante la crisis del sistema neoliberal ha sido de momento peor que la de América, y la respuesta popular más conservadora.

Esta es, a grandes rasgos, la situación en el verano de 2009. Como cualquier otra coyuntura, está sujeta a cambios, y puede que estos se produzcan sin previo aviso. Pero, para rectificar o invertir el cambio de rumbo de la Unión, hará falta algo más que una alteración de la atmósfera. La integración europea se concibió en los años cincuenta sobre una serie de premisas. Y ha cristalizado basándose en presupuestos distintos. Monnet, el artífice de la integración, imaginó la creación positiva de una federación supranacional que no solo fuera capaz de liberar los factores de producción a través de unos mercados unificados, sino también de intervenir a escala macroeconómica y de favorecer la redistribución social. Si levantara la cabeza y viera en qué se ha convertido la Unión, no creo que el panorama actual le transmitiera demasiada tranquilidad. Hayek, que contempló los comienzos comunitarios con una actitud reservada y silenciosa, y que nunca se declaró demasiado partidario de este sistema —¿cómo soportar la idea de una política agraria común?—, quería que la integración fuera una especie de profilaxis negativa, suprimir las barreras para favorecer el librecambio y evitar la interferencia popular en los mercados. Tampoco creo que se hubiera sentido demasiado satisfecho con la UE actual. Pero, si comparamos estas dos visiones, la evolución que ha seguido la Unión se parece más a la de Hayek que a la de Monnet.

Esta evolución se ha debido a la metamorfosis general del capitalismo como orden internacional a partir de los años ochenta, y a la ampliación de la integración hacia el este que tuvo lugar veinte años después. En este proceso la liberalización global de los mercados financieros que ha precipitado la recesión actual ha sido decisiva, aunque las causas de la crisis sean todavía más profundas y han sometido a presión por primera vez al orden neoliberal. Sin embargo, después de la conmoción inicial que ha sufrido el prestigio del sistema, los puntales que lo sustentan parecen resistir de momento. En Occidente, las propuestas de nacionalización se han convertido en un tema tabú, aunque no se ha dudado en utilizar fondos públicos a gran escala para rescatar a bancos depredadores y a las industrias en apuros. En el este, las privatizaciones siguen siendo prioritarias. A la temible lista de intereses económicos e institucionales que obstaculiza el regreso a otras versiones más «coordinadas» del capitalismo, más próximas al sistema de los primeros tiempos de la Comunidad, hay que añadirle el debilitamiento constante de los movimientos sindicales y la destrucción de los partidos socialdemócratas que en otros tiempos representaron a los sindicatos en los parlamentos del continente. Las últimas decisiones que ha tomado el Tribunal Europeo, animado por el rigorismo típico de los países del Este que se convierten a los principios del liberalismo, han consistido en fulminar mecanismos de protección laboral que se consideraban intocables incluso en los noventa[602].

Desde el punto de vista económico, a la Unión, con su densa maraña de directivas y dudosas prebendas, le queda todavía un largo trecho por recorrer para acercarse al modelo hayekiano perfecto. Pero, en lo que concierne al distanciamiento político de la población que preside, se encuentra muy próxima al ideal que previó Hayek. Lo que no fue capaz de anticipar fue el descontento que el régimen que imaginó ha suscitado en las masas sometidas a sus decisiones, aunque puede que no le hubiera sorprendido demasiado. Con todo, por mucho que los espíritus más débiles se preocupen por semejante alienación, Hayek todavía tendría algunos motivos para no inmutarse. A la pregunta de si es viable un orden político con unos niveles tan bajos de participación popular y de afiliación a los partidos, se puede responder con la experiencia reciente de Estados Unidos. En 2008, la victoria de un candidato negro fue saludada como el amanecer de una nueva era, y los votantes —sobre todo los jóvenes— acudieron en tropel a las urnas, un despertar político sin precedentes desde el New Deal. En realidad, solo el 56,8 por ciento del electorado se molestó en comparecer en esta decisión histórica, una participación que solo superó en un insignificante 1,5 por ciento a la que había aupado a Bush al poder en 2004, muy por debajo del 60,8 por ciento de las elecciones que ganó Nixon en 1968. Los sistemas de bajo octanaje pueden funcionar con un suministro de combustible muy modesto.

Dos de las condiciones que deben reunir este tipo de regímenes son la ausencia de divergencias sustanciales entre los partidos políticos y la despolitización generalizada de la población. Al contrario de lo que ha sucedido a lo largo de la historia, la primera condición se encuentra ahora más acentuada en la UE que en los EEUU, donde la rivalidad entre partidos sigue siendo mayor, aunque por regla general los enfrentamientos retóricos suelen superar a las diferencias prácticas, mientras que en Europa, el centro-derecha y el centro-izquierda suelen ser perfectamente intercambiables, a veces incluso imposibles de distinguir. Esta inversión no resulta válida para la segunda condición. En este aspecto el contraste que ha existido siempre entre las dos orillas del Atlántico se ha suavizado bastante. Era muy difícil que la abdicación de los partidos que en otros tiempos fueron de izquierdas ante el avance del neoliberalismo, un tren al que no tardaron en subirse, no provocara este efecto. Una vez que el espacio de la opción política se ha reducido de un modo tan drástico, es lógico que a continuación se produzca una especie de decatexis de la esfera pública.

En este marco de despolitización, el problema de la inmigración ha adquirido una prominencia desproporcionada en comparación con el lugar objetivo que ocupa en la sociedad, y se ha convertido en el punctum dolens de las sociedades basadas en una desigualdad social y una impotencia popular que no pueden ser asumidas por la conciencia pública. A falta de una visión colectiva de las estructuras de poder que mantienen controlados a los que carecen de capital, y menos aún de cómo reemplazarlas, las minorías asediadas, situadas en los márgenes de la existencia social, se convierten en el foco de toda proyección y todo rencor. En los bancos de niebla de la inseguridad generalizada, las formas borrosas, por fantasmales que sean, se pueden confundir con facilidad con los contornos de la amenaza. Entonces los sistemas policiales, que actúan como incubadoras de la xenofobia, pueden instigar el tipo de rebelión que la intimidada mayoría ha olvidado. Desde los sucesos de Mayo del 68 no se ha vuelto a desafiar al orden establecido de la misma manera, solo en los disturbios de las banlieues en 2005.

Aun así, la despolitización del público europeo, todavía relativamente reciente, no es todavía un problema tan agudo como el de la afasia del americano, como revela una rápida mirada al universo de los medios de comunicación en la UE y en EEUU —la televisión, la radio, las revistas y los periódicos que han conseguido sobrevivir—. En la Unión, los marcos nacionales de la vida política son más compactos y comprensibles; pero, además, los recuerdos del conflicto de clases y de la agitación ideológica no son tan residuales. Con todo, en gran medida, en la actualidad se expresan al margen del sistema de partidos. La grave situación de la Internacional Socialista en los países más importantes de la UE habla por sí sola. La decadencia política y moral que afecta a los partidos de la Internacional es tan uniforme que pudiera ser que se estuviera produciendo una mutación que acabaría casi por completo con el legado de la izquierda. El pozo de desprecio en el que quedó sumido el Nuevo Laborismo en las últimas etapas del gobierno británico más sórdido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es un caso extremo. Pero, aunque se han librado del estigma del gobierno, otros partidos europeos similares han experimentado un vertiginoso descenso de popularidad nunca visto: los socialistas franceses, los socialdemócratas alemanes y los demócratas italianos luchan por conservar en el mejor de los casos, el respaldo de una cuarta parte del electorado.

No obstante, el debilitamiento actual de estos partidos no implica necesariamente la tranquilidad en el frente occidental. En Gran Bretaña o en España, los trabajadores llevan casi treinta años sin sacar los pies del tiesto. Pero, en Francia, las huelgas de 1995 derrocaron a un gobierno y los empresarios que intentan cerrar las fábricas saben que todavía se arriesgan a que les secuestren sus propios trabajadores. En Alemania, el SPD ha pagado su giro hacia la derecha con la escisión de sus bases industriales y con la aparición de una nueva izquierda que reivindica este nombre legítimamente. En Italia, todavía en 2002, los sindicatos consiguieron organizar la manifestación más multitudinaria de la historia de la República desde el fin de la guerra en defensa de las pensiones. En Grecia, los estudiantes todavía mantienen a raya a la policía en las batallas campales. Por muy anestesiados que se encuentren los electorados y los medios de comunicación, la agitación no ha desaparecido del todo de las calles. El sistema neoliberal genera reacciones que no siempre puede controlar.

VII

En el horizonte, mientras tanto, se puede vislumbrar un orden europeo de otro tipo, divergente de la catalaxia parcial actual. La Unión se está preparando para desempeñar el papel de imperio adjunto. El Tratado de Lisboa concede un poder más substancial a Alemania en el seno de la UE, y un mayor número de derechos formales al Parlamento de Estrasburgo. Pero la función principal del Tratado es establecer un marco preliminar para un diseño global del conjunto de la Unión, a través de la creación de un presidente del Consejo Europeo que encabece simbólicamente la UE, y un vicepresidente de la Comisión que haga las veces de ministro de Exteriores. Con estos nuevos cargos, la UE podrá —en teoría— competir con los de su categoría en la escena mundial.

A espaldas de ellos, por supuesto, los estados más importantes de Europa seguirán desarrollando estratagemas en beneficio propio, y moldearán sus políticas a imagen de sus respectivas visiones del perfil adecuado de la Unión. En el pasado, las divergencias entre estas visiones eran en general bastante pronunciadas, pero en la actualidad, aunque todavía persisten algunos puntos de fricción en la política exterior de los distintos gobiernos, no hay demasiadas discrepancias en relación con la actitud general que debe adoptar Europa ante el resto del mundo. La razón de esta convergencia es, por supuesto, el recién adquirido atlantismo de Francia. Las elites británicas, alemanas e italianas ya conocían las ventajas de ceñirse a la disciplina de Estados Unidos siempre que fuera posible. Pero la tradición francesa era más refractaria a esta conducta. Al romper con esta tradición para situar a París decididamente en el bando de Washington, lo único que ha conservado Sarkozy del gaullismo ha sido la ambición formal de liderar el continente, desprovista de contenido. Como consecuencia de ello, irónicamente, se ha podido crear una situación similar al directorio de potencias recogido en el Plan Fouchet que presentó París en los años sesenta, rechazado en la época por los otros cinco estados miembros de la Comunidad por considerarlo potencialmente antiamericano. La constelación actual, de signo contrario, es más favorable. En todas las cuestiones internacionales importantes, y en especial en las que conciernen al escenario vital de Oriente Medio, los planetas —sobre todo Londres, París y Berlín— están alineados con América.

Los contornos del papel subimperial que desempeñará Europa están todavía por definir. Pero la ideología en la que se basa y los estrategas encargados de desarrollar este proyecto ya se han puesto manos a la obra, y las prioridades actuales son bastante claras. Apoyo militar a los Estados Unidos en Afganistán; sanciones y amenazas económicas a Irán; relaciones de privilegio con Israel, y subsidios para Oslo; rápido despliegue de fuerzas militares en el Cuerno de África y en el Golfo Pérsico y —en caso de ser necesario— en los Balcanes; mejores intenciones que las de los americanos en la reducción de emisiones de carbono y en la regulación del flujo de capital; una presión similar a favor de la liberalización de servicios en la OMC. En estos objetivos todos los países están de acuerdo. Mientras, la alianza de la OTAN extiende su alcance «defensivo» hasta los confines de la Tierra.

Un asunto que puede generar divisiones en el seno de la UE es la geopolítica en el frente oriental, con la exclusión categórica de Rusia y la eventual incorporación de Turquía a la nueva Europa. Desde el punto de vista histórico y cultural, esta postura no tiene demasiado sentido, pero políticamente se encuentra en perfecta consonancia con las funciones que debe ejercer un sistema regional inscrito en el imperio global americano. La dependencia de la Unión de los recursos energéticos rusos y la necesidad de alimentar el recién instaurado capitalismo de este país, por difícil de aceptar que sea la forma que ha adoptado, solo permiten una hostilidad comedida hacia Moscú. Pero, a pesar de la corrección oficial, Rusia todavía se presenta como un adversario potencial que obliga a Europa a fortalecerse, una tarea en cualquier caso prioritaria en la lista de preocupaciones de los nuevos estados miembros del este. No parece probable que esta cuestión propicie un conflicto con los Estados Unidos.

El problema de Turquía es mucho más delicado. Desde los tiempos de la administración Clinton, la entrada de Turquía en la Unión ha sido una de las prioridades fundamentales de Washington, pues representa el atajo perfecto para admitir a un aliado crucial de Estados Unidos en la comunidad de las naciones occidentales, y reforzaría la carga útil de la lealtad europea —el ejército turco es casi el doble de grande que el de cualquier otro país de la UE—. Además, permitiría levantar una barrera de contención contra los peligros antiimperialistas del mundo árabe. Dentro de la Unión, la Comisión de Bruselas y la opinión oficial de los medios de comunicación apoyaron de forma todavía más incondicional la candidatura de Turquía, y no se escatimaron esfuerzos a la hora de acelerar la incorporación de Ankara a la UE. En 2003 —con la indignación de la administración Bush, el apoyo fiel del gobierno de Blair y la actitud benévola de Schröder y Chirac— el éxito parecía prácticamente asegurado. Pero al final la iniciativa no prosperó por las reticencias de Chipre, cuyo respaldo habían dado por sentado las partes interesadas de forma apresurada.

Desde entonces, se ha abierto un abismo entre las declaraciones oficiales y las previsiones reales y las intenciones presentes y futuras, en las capitales de los países interesados. El Nuevo Laborismo, por supuesto, sigue actuando como el leal emisario de Washington. Pero, en Francia y Alemania, Sarkozy y Merkel —a diferencia de Chirac o Schröder— tienen que enfrentarse con unos votantes que se han dado cuenta de que la incorporación de Turquía ya no es un problema invisible. Como ambos dirigentes pretenden administrar dosis de neoliberalismo que no saben cómo encajará el electorado, prefieren no correr el riesgo de tomar una nueva decisión potencialmente impopular. De los dos, Sarkozy se opuso con mayor determinación que Merkel a la entrada de Turquía. Una vez en el poder, como es natural, ambos cambiaron de parecer. Por toda Europa, las elites —en Francia y en Alemania no menos que en otros países— todavía se muestran favorables al acceso de Turquía, mientras que la opinión popular parece indecisa o reticente. En cualquier caso, todos saben que no se puede contrariar la voluntad de los americanos a la ligera. A principios de 2009, el nuevo presidente de los EEUU dejó claro cuáles eran sus prioridades al visitar Ankara poco después de tomar posesión. Allí, ensalzó los estrechos vínculos que unen a ambos países, y evitó en todo momento cualquier alusión incómoda al pasado remoto de Turquía. Los compromisos electorales de Obama se han enterrado rápidamente, y el reconocimiento del genocidio armenio es una posibilidad todavía más lejana que en tiempos de la administración Bush.

En una cuestión estratégica tan decisiva como la incorporación de Turquía a la UE, lo único que pueden hacer París y Berlín, entre la espada y la pared ante las presiones del patrón y del electorado, es intentar ganar tiempo. Sarkozy renueva en público su oposición a la incorporación de Turquía, y se asegura de que los requisitos constitucionales para un referendo sobre esta cuestión en Francia queden bloqueados, mientras las negociaciones para el acceso siguen adelante, como si él no se hubiera opuesto a la incorporación en un principio. Merkel, que gobierna un país que cuenta con una importante comunidad turca que no puede pasar por alto, con algunos miembros con derecho a voto, se escuda alegremente en esta realidad, y deja que Sarkozy dé la cara. Se trata de tácticas circunstanciales que es poco probable que afecten al resultado final, aunque solo sea porque ninguno de estos dos gobernantes tiene una vida política indefinida por delante —Sarkozy tendrá que abandonar el poder como mucho dentro de ocho años, aunque es posible que lo haga dentro de tres, y Merkel con suerte podrá liderar la coalición de gobierno actual como mucho durante cuatro años más—. A juicio de Bruselas, y a fortiori de Washington, Turquía sigue siendo el «premio rutilante» de la futura ampliación europea y no van a renunciar a él así como así. A su alrededor, el discurso del multiculturalismo, utilizado hasta la saciedad, ha ido preparando el terreno. ¿Qué mejor trofeo para la tolerancia multicultural que la incorporación a la Comunidad Europea de este país moderadamente musulmán? ¿Qué nuevo socio se encuentra mejor preparado, histórica y efectivamente, para compartir las responsabilidades de un imperio subalterno?

Pero entre Rusia y Turquía se extiende la enorme tierra de nadie de Ucrania, un país incómodo para la Comunidad desde cualquier punto de vista. Aunque no es ni mucho menos un modelo de estabilidad constitucional, es una nación evidentemente más democrática que Turquía, se mire como se mire; la tasa de analfabetismo es menor y la renta per cápita superior; las torturas no son tan frecuentes, no existe un movimiento contrainsurgente, no hay limpieza étnica ni genocidios. ¿Por qué se le debería negar la entrada a este país, si se le permite a su vecino, más pobre y represivo? La respuesta es evidente, pero no es fácil explicarla en público, y menos aún hacerla cuadrar con los elevados principios que profesa la Comisión. El ejército ucraniano no es ni la sombra del turco; el mercado bursátil de Kiev no tiene ni punto de comparación con el de Estambul; el universo de la fe ortodoxa no requiere correligionarios cipayos que lo controlen. Y por último, pero no por ello menos importante, la potencia hegemónica en esa región no es América, partidaria de un Estado satélite tradicional, sino Rusia, reacia a que le amputen una extremidad de su pasado. Los imperios pueden elegir sus territorios a voluntad, cuando son imperios de verdad. Cuando no son más que imperios parcialmente soberanos, a veces tienen que acatar órdenes. Por eso Bruselas defiende la causa de Ankara y se muestra reacia a reconocer la de Kiev. Pero las presiones de Ucrania para entrar en la UE, una iniciativa en la que están de acuerdo todas las fuerzas políticas del país, no se va a desvanecer sin más. En algún momento del futuro, se puede abrir una brecha en el frente oriental de la Unión, unas Ardenas políticas.

Está por ver si estas cuestiones afectarán a la política interna de la Unión o si evolucionarán al margen de la Comunidad. Las visiones europeas actuales de un imperio adjunto son una réplica a escala del papel que siempre ha desempeñado Gran Bretaña: una relación especial con los Estados Unidos en la que el socio menor ejerce la honorable función de consorte y consejero, y toma la iniciativa en su esfera de influencia, pero acata las órdenes de su superior en otros escenarios. Es evidente que, aunque se adapte a este modelo y nunca se acerque a la igualdad con EEUU, la UE tendrá más poder que el que ha detentado nunca el Reino Unido. En Gran Bretaña el pueblo nunca recibió esta relación con entusiasmo, pues se consideraba que era un acuerdo entre elites, pero tampoco ha expresado nunca una disconformidad demasiado significativa. Si este sistema se amplía a escala europea, ¿será recibido con la misma pasividad e indiferencia? O, a pesar del consenso que impera en la actualidad entre los gobiernos interesados, ¿se irán a pique estas ambiciones, todavía en estado embrionario, ante la resistencia centrífuga de los estados-miembros individuales, reacios a que un nuevo Directorio les agrupe con fines imperialistas?

Todavía está por ver qué dirección interna y externa seguirá la Comunidad. Son muchos los que piensan que, a falta de unos medios y unos fines claros y definidos, la Unión parece vagar a la deriva. Sin embargo, puede considerarse que, en cierto sentido, la tan lamentada ausencia aparente de una finalidad coherente es lo único que puede salvar a la UE. Pues cabe la posibilidad de que las consecuencias imprevistas que han caracterizado al proceso de integración desde sus inicios nos den nuevas sorpresas, todavía mejores, incluso. En principio, el desequilibrio dinámico favorece esta posibilidad. Con el tiempo, una prolongada recesión económica puede poner de nuevo en marcha el motor del conflicto político y de la división ideológica que le confirió su impulso al continente en el pasado. Hasta ahora, en la Europa actual no hay indicios de que esto vaya a suceder. Pero es poco probable que el tiempo y las contradicciones se hayan detenido.

PERRY ANDERSON (Londres, 1938) es un historiador inglés. Es hermano de Benedict Anderson. La familia de Anderson se mudó a China cuando su padre fue trasladado a desempeñar funciones en la Aduana Imperial Marítima. Después de la guerra, la familia se muda al sur de Irlanda. En 1956, Anderson ingresa al Colegio Worcester, Oxford, donde sus intereses van desde la filosofía y la psicología a idiomas como el ruso y el francés. Su llegada a Oxford coincide con la invasión soviética a Hungría y la crisis de Suez y con la efervescencia de la Nueva Izquierda, en la cual se convirtió en un actor central.

Redactor de muchos años de New Left Review, Perry Anderson ha sido descrito como «uno de los principales pensadores marxistas contemporáneos». Maestro tanto en la sustancia como en el estilo, la obra de Anderson se extiende desde el excepcionalismo inglés al absolutismo europeo, de la política de transiciones latinoamericanas, a los cambios en el marxismo occidental, de los orígenes del posmodernismo, al exterminismo y la Guerra Fría.

Su trabajo magistral de dos volúmenes sobre el absolutismo europeo y la transición al feudalismo, publicado a los 35 años, fue descrito en la New York Review of Books como «un formidable logro intelectual», distinguido tanto por su profundidad conceptual como por su estilo. Como un colaborador regular a The London Review of Books, Perry Anderson disfruta de un enorme reconocimiento dentro de la comunidad intelectual europea.

Si hay discontinuidades y rupturas dentro de la carrera intelectual de Anderson, hay también continuidades profundas, no es menor su atención al cambio histórico y político en el largo plazo. Sus trabajos recientes incluyen los Orígenes de la Postmodernidad, las preguntas de Europa y una importante sinopsis de las políticas de izquierda titulado Renovaciones publicadas en los temas del milenio de New Left Review.

En 2004 publicó El laboratorio implacable de la Historia. Perry Anderson enseña Historia y Sociología en la Universidad de California, Los Angeles.

Notas

[1] New Left Review I/75 (septiembre-octubre 1972), pp. 5-120, que posteriormente se publicó en forma de libro con el mismo título (Harmondsworth, 1973). <<

[2] Para la primera, véase la pirotecnia estadística de P. Baldwin, The Narcissim of Minor Differences: Why America and Europe are Alike, Nueva York, 2009, una obra que se propone echar por tierra los engreídos prejuicios antiamericanos del otro lado del Atlántico, demostrando —enérgicamente— que si se analizan las sociedades europeas en conjunto, la mayoría de los datos indican que la sociedad americana es igual o mejor que ellas. Por supuesto que este tipo de comparaciones pasan por alto las enormes diferencias que existen entre el Estado americano y los estados europeos —EEUU eclipsa a cualquier país europeo en poder militar, político e ideológico, y la UE carece de los atributos clásicos de un Estado-nación, por no hablar de las diferencias de tamaño. <<

[3] A. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-51, Londres, 1984, p. 492. <<

[4] A. Milward y V. Sorensen, «Interdependence of Integration: A National Choice», en A. Milward, F. Lynch, R. Ranieri, F. Romero y V. Sorensen, The Frontiers of National Sovereignty: History and Theory 1945-1992, Londres, 1993, p. 20. <<

[5] A. Milward, The European Rescue of the Nation-State, Londres, 1992, p. xi. <<

[6] Ibid., p. 447. <<

[7] A. Milward, «Conclusions: The Value of History», en The Frontiers of National Sovereignty, cit, pp. 194 y 201. <<

[8] Para el alcance de la hostilidad a la integración entre la elite administrativa, véase «Les hauts fonctionnaires français et le processus d’unite en Europe occidentale d’Alger à Rome (1943-1958)», Journal of European Integration History, n.º 1, vol. 1 (1995), pp. 87-109. <<

[9] C. Pineau, Le grand pari: L’aventure du traité de Rome, París, 1991, pp. 221-223. <<

[10] A. Milward, The European Rescue of the Nation-State, cit., p. 334. <<

[11] F. Duchêne, Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence, Nueva York, 1994, pp. 226-228, 198. <<

[12] Ibid., p. 228. <<

[13] Ibid., p. 364. <<

[14] Ibid., p. 270. <<

[15] J. Monnet, Mémoires, París, 1976, p. 577. <<

[16] F. Duchêne, op. cit., p. 357. <<

[17] A. Milward, The European Rescue of the Nation-State, cit., p. 375. <<

[18] Ibid., p. 433. <<

[19] Ibid., pp. 395 y 432. <<

[20] Ibid., p. 433. <<

[21] A. Milward, F. Lynch, R. Ranieri, F. Romero y V. Sorensen, op. cit., p. 195. <<

[22] A. Milward, «Allegiance: The Past and the Future», Journal of European Integration History 1 (1995), p. 14. <<

[23] A. Milward, The European Rescue of the Nation-State, cit., p. 186. <<

[24] Ibid., pp. 446-447. <<

[25] F. Duchêne, op. cit., p. 390. <<

[26] Ibid., p. 20. <<

[27] M. Thatcher, The Downing Street Years, Londres, 1993, pp. 727, 759-730 [ed. cast.: Los años de Downing Street, Madrid, El País Aguilar, 1994]. <<

[28] Ibid., p. 536. <<

[29] Ibid., pp. 549-551. <<

[30] Ibid., pp. 765-766. <<

[31] Ibid., p. 742. <<

[32] Ibid., pp. 70, 742, 736. <<

[33] F. Hayek, Individualism and Economic Order, Chicago, 1948, pp. 264-265. Retrospectivamente, la clarividencia de Hayek resulta todavía más sorprendente si tenemos en cuenta la distancia que media entre el contexto en el que vio la luz este ensayo y el del advenimiento de la unión monetaria europea actual. El ensayo se publicó en septiembre de 1939, y era la contribución de Hayek a los debates relacionados con los diferentes planes y visiones de una unión federal que habían surgido en el principal foro dedicado a estas cuestiones, The New Commonwealth Quarterly. Poco después de los Acuerdos de Múnich se había extendido por Europa una oleada de entusiasmo relacionado con la posibilidad de crear una unión federal que actuara como barrera de contención contra la expansión nazi, iniciativa surgida de la propuesta del publicista americano Clarence Streit de formar una liga integrada por los quince países democráticos mundiales para combatir a las potencias del Eje (véase infra, p. 504). Desde el punto de vista intelectual, Hayek se inspiró en las tesis de Lionel Robbins, que defendía una «desplanificación» del intervencionismo de la última mitad del siglo anterior (Economic Planning and International Order, Londres, 1937, p. 248; The History of Freedom and Other Essays, Londres, 1907, p. 98), y en la idea de Acton de que «de todos los frenos que se pueden poner a la democracia, el federalismo ha sido el más eficaz y agradable». Políticamente, parece que recibió la propuesta de Streit de crear una Unión Democrática que se extendiera desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por Gran Bretaña, con un escepticismo comprensible, y que en lugar de este proyecto defendía, junto con Robbins, la recuperación de la alianza anglofrancesa que la guerra había quebrado. En la época en que escribió Camino de servidumbre (1944), se mostraba más cercano al hoy olvidado tratado de Ivor Jenning A Federation for Western Europe (1940), como la propuesta más viable después de la guerra. Pero cuando la integración europea se puso por fin en marcha con el Plan Schuman, la CECA le pareció demasiado intervencionista para su gusto. <<

[34] W. Godley, «Maastricht and All That», London Review of Books 8 (octubre 1992). <<

[35] F. Hayek, Denationalisation of Money: The Argument Refined, Londres, 1978, pp. 19-20 [ed. cast.: La desnacionalización del dinero, Barcelona, Folio, 1996]. <<

[36] T. Padoa-Schioppa, L’Europa verso l’unione monetaria, Turín, 1992, pp. xii, 189. <<

[37] «Macro-coordination of fiscal policies in an economic and monetary union», Report on Economic and Monetary Union in the European Community, Luxemburgo, 1989, p. 101. <<

[38] C. Cruise O’Brien, «Pursuing a Chimera», Times Literary Supplement, 13 de marzo de 1992. <<

[39] B. Connolly, The Rotten Heart of Europe, Londres, 1995, p. 64. <<

[40] Ibid., pp. 391-392. <<

[41] C. Miłosz, «Central European Attitudes», en G. Schöpflin y N. Wood (eds.), In Search of Central Europe, Londres, 1989, p. 116. <<

[42] M. Kundera, «The Tragedy of Central Europe», New York Review of Books, 26 de abril de 1984; véase también G. Schöpflin, «Central Europe: Definitions and Old and New», en G. Schöpflin y N. Wood (eds.), op. cit., pp. 7-29. <<

[43] Londres, 1994. Como la mayoría de los escritores de este género, Applebaum no siempre es coherente. En la época medieval, afirma, Polonia era un «país centroeuropeo normal», p. 48. <<

[44] F. Naumann, Mitteleuropa, Berlín, 1915, pp. 3, 129-131, 222 ss. y 254 ss. <<

[45] Ibid., pp. 30, 67-71, 232-238 y 242. <<

[46] J. G. A. Pocock, «Deconstructing Europe», London Review of Books, 19 de diciembre de 1991; incluido en The Discovery of Islands, Cambridge, 2005, p. 287. <<

[47] T. Garton Ash, «Catching the Wrong Bus?», Times Literary Supplement, 5 de mayo de 1995. <<

[48] K. Middlemas, Orchestrating Europe, Londres, 1995, pp. 664-665. <<

[49] F. Duchêne, op. cit., p. 320. <<

[50] G. Ash, art. cit. <<

[51] J. Attali, Europe(s), París, 1994, pp. 15, 147-150, 181-199 [ed. cast.: Europa(s), Barcelona, Seix Barral, 1994]. <<

[52] Postwar, Londres, 2005, p. 799 [ed. cast.: Postguerra, Madrid, Taurus, 2006]. <<

[53] M. Leonard, Why Europe Will Run the 21st Century, Londres, 2005, pp. 7, 85 [ed. cast.: Por qué Europa liderará el siglo XXI, Madrid, Taurus, 2005]. <<

[54] M. Leonard, op. cit., p. 4. <<

[55] J. Rifkin, The European Dream: How Europe’s Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream, Cambridge, 2004 [ed. cast.: El sueño europeo: cómo la visión europea del futuro está eclipsando el sueño americano, Barcelona, Paidós, 2004]. <<

[56] Ibid., p. 385. <<

[57] J. Habermas, The Divided West, Cambridge, 2006, p. 43 [ed. cast.: El Occidente escindido, Madrid, Trotta, 2006]. <<

[58] U. Beck, «Understanding the Real Europe», Dissent (verano 2003). <<

[59] «Le problème europèen», Le Débat 129 (marzo-abril 2004), p. 66. <<

[60] E. Landaburu, «The Need for Enlargement and the Differences from Previous Accessions», en G. Vassiliou (ed.), The Accession Story: The Eu From Fifteen to Twenty-Five Countries, Oxford, 2007, p. 15. <<

[61] Véase Le Monde, 20 de mayo de 2005. <<

[62] A. Moravcsik, «In Defence of the “Democratic Deficit”: Reassessing Legitimacy in the European Union», Journal of Common Market Studies, vol. 40, n.º 4 (noviembre 2002), p. 618; Financial Times, 14 de junio de 2005; «Conservative Idealism and International Institutions», Chicago Journal of International Law, vol. 1, n.º 2 (otoño 2000), p. 310. <<

[63] J. Habermas, op. cit., p. 40. <<

[64] «Deconstructing Europe», p. 287. <<

[65] «The Next Empire», Prospect, octubre de 2001. <<

[66] Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union, Oxford, 2006, pp. 54-57. <<

[67] Véase el primer informe de D. Marty al Consejo de Europa del 7 de junio de 2006, Alleged Secret Detentions and Unlawful Inter-state Transfers Involving Council of Europe Member States, Estrasburgo, nota a pie de página del parágrafo 30. <<

[68] T. Garton Ash, «The Stasi on our Minds», New York Review of Books, 31 de mayo de 2007. <<

[69] D. Marty, Secret Detentions and Illegal Transfers of Detainees Involving Council of Europe Member States: Second Report, 8 de junio de 2007, parágrafo 367. <<

[70] L’Edit de Caracalla ou plaidoyer pour les États-Unis d’Occident, París, 2002, del cual se recoge un extracto en R. Debray, «Letter from America», New Left Review II/19 (enero-febrero 2003). <<

[71] M. Leonard, op. cit., p. 23. <<

[72] Véanse sus comentarios sobre «la lección que aprendimos del general De Gaulle», en el prefacio a la segunda edición de The Uniting Europe, Stanford, 1968, p. xiv: «La teoría original, implícita aunque no explícitamente, presuponía la existencia de la condición que hemos dado en definir como “el fin de la ideología”. Por tanto, el impacto condicionante del nacionalismo no se examinaba empíricamente, sino que se definía a partir de su existencia. No me arrepiento de ello, porque me permitió alcanzar una conclusión importante: se puso de relieve la mutabilidad del concepto de “nación” y de la intensidad de los sentimientos nacionales. Pero le di demasiada importancia, porque desde entonces se puede percibir un nuevo tipo de conciencia nacional, sobre todo en Francia». <<

[73] Hoffmann sobre Haas: The European Sisyphus, 1995, pp. 34, 84-89, fechados en 1964 y 1966 respectivamente. Lindberg: The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford, 1963, y, en colaboración con Stuart Scheingold, Europe’s Would-be Polity, Englewood Cliffs, 1970. <<

[74] De la obra Rescue de Milward, publicada en 1992, véase el Capítulo 1, passim. En 2000 apareció una segunda edición. Su opinión sobre el neofuncionalismo se recoge en The Frontier of National Sovereignity, pp. 2-5, y en su posterior Politics and Economics in the History of European Union, Londres, 2005, pp. 33-35, una Conferencia Schumpeter dictada en Graz, en la que demostraba una vez más su dominio de los documentos históricos relacionados con una gran variedad de países de la UE, maestría que alcanza el virtuosismo en el caso de Irlanda y Dinamarca. <<

[75] R. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Economy, Princeton, 1984, p. 7. <<

[76] Journal of Common Market Studies, vol. 31, n.º 4 (diciembre 1993), pp. 472-523. <<

[77] Ibid., pp. 483 y 485. <<

[78] Ibid., p. 508. <<

[79] Ibid., p. 509. <<

[80] A. Moravesik, «Liberal Intergovernmentalism and Integration: A Rejoinder», Journal of Common Market Studies, vol. 33, n.º 4 (diciembre 1995), p. 626. <<

[81] Reseña de la obra de Milward The European Rescue of the Nation-State, en Journal of Modern History, marzo de 1995, p. 127. <<

[82] A. Moravcsik, The Choice for Europe, Ithaca, 1998, p. 176. <<

[83] Ibid., p. 131. <<

[84] Ibid., p. 491. <<

[85] Ibid., pp. 90, 175, 205, 268, 403, 405, 477, 488 y 496. <<

[86] Véase, sobre todo, J. Vanke, «Reconstructing De Gaulle», y M. Trachtenberg, «De Gaulle, Moravcsik and Europe», en Journal of Cold War Studies, vol. 2, n.º 3 (otoño 2000), pp. 87-100 y 101-116. <<

[87] A. Moravcsik, The Choice for Europe, cit., p. 470. <<

[88] A. Moravcsik, «Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community», International Organization, vol. 45, n.º 1 (invierno 1991), p. 52. <<

[89] C. Parsons, A Certain Idea of Europe, Ithaca, 2003, p. 235. <<

[90] Ibid., pp. 27 y 235. <<

[91] J. Gillingham, European Integration 1950-2003: Superstate of New Market Economy?, Cambridge, 2003, p. xvi. <<

[92] Gillingham toma prestado este término de John Ruggie, «International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in the post-war economic order», en Stephen Krasner (ed.), International Regimes, Ithaca, 1983, pp. 195-231. El mejor artículo de esta compilación canónica de los albores de la teoría de los regímenes es el de la difunta Susan Strange, el último del volumen: «Cave, Hic Dragones», pp. 337-354. Strange no solo insistía en la vacuidad de la idea de que la hegemonía americana había finalizado, sino que además señalaba que —ya en esa época— el futuro de Europa era un tema mucho más presente en la obra de los estudiosos americanos que en la de los europeos. <<

[93] D. Forsyth y T. Notermans, «Macroeconomics Policy Regimes and Financial Regulation in Europe, 1931-1994», en Forsyth y Notermans (eds.), Regime Changes, Providence, 1997, pp. 17-68. En este contexto el término «regímenes» alude a ciertos paquetes de medidas macroeconómicas de regulación monetaria y financiera, destinados a fijar los parámetros del mercado laboral y las políticas industriales y sociales. <<

[94] J. Gillingham, op. cit., p. 231. <<

[95] Ibid., p. 152. <<

[96] Ibid., p. 230. <<

[97] Ibid., p. 412. <<

[98] Ibid., pp. 150, 498. <<

[99] Ibid., p. 498. <<

[100] Lo mismo se puede decir de la explicación de los cambios de régimen en los treinta y los setenta que ofrecen Forsyth y Noterman, pues, según reconocen: «Una limitación más importante de nuestro razonamiento es que no logra explicar del todo el ritmo y las causas de los movimientos deflacionarios e inflacionarios de los precios nominales que desencadenaron los cambios de política que estamos estudiando. No hemos conseguido explicar de forma exhaustiva por qué la contención de la inflación a través de instrumentos microeconómicos fracasó durante los setenta y los ochenta. Tampoco hemos explicado por qué el Patrón Oro no generó antes de 1914 presiones deflacionarias igual de fuertes que las que empezó a ejercer a finales de los años veinte… No hemos explicado de forma exhaustiva la Gran Depresión, ni la prolongada expansión económica posterior a la guerra, ni la crisis de 1973», Regime Changes, p. 68. <<

[101] B. Eichengreen, The European Economy Since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton, 2006, p. 333. <<

[102] Ibid., pp. 415-416. <<

[103] N. Fligstein, Euroclash: The EU, European Identity and the Future of Europe, Nueva York, 2008. <<

[104] Respectivamente, European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies 1945-2000, Londres, 1995, y Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart, Múnich, 2007. <<

[105] N. Fligstein, op. cit., p. 54. <<

[106] Ibid., pp. vii, 6, 15-18, 139, 251 y 253. <<

[107] Ibid., p. 178. <<

[108] Ibid., pp. vii, 10, 33, 34, 69, 123, 187, 191, 192, 244 y 251. <<

[109] Compárese con Euroclash, pp. 4, 138, 14 y 250. Este tipo de variaciones se encuentran presentes a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, en un pasaje, el autor afirma que «hay que analizar con mucha cautela el proceso de creación de una sociedad europea, pues el número de personas que interactúan con gente de otros países europeos de forma cotidiana es muy discreto», y, cien páginas después, observa que «la posibilidad de interacción social entre personas que viven en distintos países de Europa se ha ampliado de forma espectacular durante los últimos veinticinco años», pp. 29 y 165. <<

[110] A. Moravcsik, «The EU ain’t broke», Prospect (marzo 2003), p. 38. Aunque no es un elemento demasiado importante de su explicación, Fligstein está de acuerdo a grandes rasgos con Moravcsik en restarle importancia a la preocupación por el déficit de democracia, aun cuando reconoce que quizá sobrestime la estabilidad del sistema actual: Euroclash, pp. 228 ss., 240 y 216 ss. <<

[111] A. Moravcsik, «What Can We Learn from the Collapse of the European Constitutional Project?», Politische Vierteljahresschrift 47 (2006), Heft, p. 227. <<

[112] Ibid., p. 221. <<

[113] Ibid. <<

[114] Ibid., p. 238. <<

[115] A. Moravcsik, «Conservative Idealism and International Institutions», Chicago Journal of International Law (otoño 2000), p. 310. <<

[116] Ibid. <<

[117] A. Moravcsik, «In Defence of the “Democratic Deficit”: Reassessing Legitimacy in the European Union», Journal of Common Market Studies, vol. 40. n.º 4 (2002), p. 618. <<

[118] J. Gillingham, Design for a New Europe, Cambridge, 2006. <<

[119] J. Gillingham, Law, Legislation and Liberty, vol. 3, Londres, 1979, p. 40. <<

[120] «Introduction», en G. Majone (ed.), Deregulation or Regulation? Regulatory Reform in Europe and the United States, Londres, 1990, p. 1. <<

[121] Ibid., p. 2; véase también Regulating Europe, Londres, 1996, p. 10. <<

[122] G. Majone, «From the Positive to the Regulatory State», Journal of Public Policy, vol. 17, n.º 2 (mayo-agosto 1997), p. 162. <<

[123] Véase G. Majone, «The Politics of Regulation and European Regulatory Institutions», en J. Hayward y A. Menon (eds.), Governing Europe, Oxford, 2003, pp. 300-305. La escuela de los derechos de propiedad que surgió a partir de las ideas de Ronald Coase, de la Universidad de Chicago, se asocia sobre todo con la obra de Harold Demsetz y Armen Alchian, de UCLA, en los años setenta. <<

[124] G. Majone, «The Rise of the Regulatory State in Europe», West European Politics 17 (1994), p. 81. <<

[125] G. Majone, Governing Europe, p. 311. <<

[126] R. Dehousse y G. Majone, «The Institutional Dynamics of European Integration: From the Single Act to the Maastricht Treaty», en S. Martin (ed.), The Construction of Europe: Essays in Honour of Emile Noel, Dordretch, 1994, pp. 92-93; G. Majone, Regulating Europe, cit., p. 62. <<

[127] «La UE solo puede adquirir un mayor número de competencias si desarrolla un tipo de Estado regulador casi puro». Majone, «From the Positive to the Regulatory State», art. cit., p. 150. <<

[128] G. Majone, «Understanding regulatory growth in the European Community», en D. Hine y H. Kassim (eds.), Beyond the Market: The EU and National Social Policy, Londres, 1998, p. 16. <<

[129] G. Majone, Dilemmas of European Integration: The Ambiguities and Pitfalls of Integration by Stealth, Oxford, 2005, p. 46. <<

[130] Ibid., p. 50. <<

[131] Ibid., p. 40. <<

[132] G. Majone, «From the Positive to the Regulatory State», art. cit., p. 165. <<

[133] G. Majone, Regulating Europe, cit., p. 299. <<

[134] G. Majone, «International Economic Integration, National Autonomy, Traditional Democracy: An Impossible Trinity?», EUI Working Papers, pp. 23 ss. <<

[135] G. Majone, Regulating Europe, cit., p. 285. <<

[136] Ibid., pp. 295-298. <<

[137] G. Majone, «Is the European Constitutional Settlement Really Successful and Stable?», Notre Europe (octubre 2006), p. 5 —una intervención que es una réplica directa a Moravcsik. <<

[138] G. Majone, Regulating Europe, cit. p. 7. <<

[139] Ibid., cit., p. 7. <<

[140] G. Majone, Dilemmas of European Integration, cit., p. 37. <<

[141] Montesquieu, De l’esprit des lois, Libro IX, 1-3. <<

[142] Capítulo 2, pp. 68-69. <<

[143] J. Zielonka, Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union, Oxford, 2006, p. 117. <<

[144] G. Majone, Dilemmas of European Integration, cit., p. v. <<

[145] «Despotism in Brussels? Misleading the European Union», Foreign Affairs (mayo-junio 2001), p. 117. <<

[146] L. Siedentop, Democracy in Europe, Londres, 2000, p. 1. <<

[147] Ibid., p. 101. <<

[148] A. de Tocqueville, Democracy in America, H. Mansfield y D. Winthrop (eds.), Chicago, 2000, pp. 157 y 160 [ed. cast.: La democracia en América, Madrid, Akal, 2007]. <<

[149] Ibid., p. 149. <<

[150] J. Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge, 1999, p. 269. <<

[151] Ibid., p. xi. <<

[152] Ibid., p. 258. <<

[153] Ibid., p. 89. <<

[154] Ibid., p. 264. <<

[155] Ibid., p. 256. <<

[156] P. Schmitter, How to Democratize the European Union… and Why Bother?, Lanham, 2000, p. 75. <<

[157] Véase P. Schmitter y A. Treschel, The Future of Democracy in Europe: Trends, Analyses and Reforms, Consejo de Europa, 2004. <<

[158] Ibid., pp. 128-129. <<

[159] Cuyos «prejuicios de clase son tan exagerados que uno se pregunta por qué la CE no se llama en realidad “¡Comité Ejecutivo para la gestión de los asuntos generales de la burguesía!”. Nada sorprendente (ni escandaloso) en esta época de fe renovada en los mercados y en las virtudes empresariales», véase «The European Community as an Emergent and Novel Form of Political Domination», Working Paper 1991/26, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Madrid, 1991, p. 26. <<

[160] Véase, respectivamente, A. Cafruny y M. Ryder (eds.), A Ruined Fortress? Neo-Liberal Hegemony and Transformation in Europe, Lanham, 2003, en el que se recoge el ensayo fundamental de S. Gill «A Neo-Gramscian Approach to European Integration», que resulta especialmente sorprendente; y B. Moss (ed.), Monetary Union in Crisis: The European Union as a Neo-Liberal Construction, Basingstoke, 2005, cuyo ensayo más importante, junto con el del propio Moss, es el de otro estudioso americano, G. Friedman, de Amherst. Su artículo «Has European Economic Integration Failed?», demuestra lo limitado que ha sido el incremento de eficiencia del comercio a través de las fronteras de los estados miembros, dada la similitud de la dotación de factores en cada nación de la Unión. <<

[161] Alusión a la película Los carnets del Mayor Thompson, de Preston Sturges, en la que un comandante inglés que vive en Francia desde hace veinte años, no puede evitar que las costumbres francesas, e incluso su propia esposa Martine, le sigan pareciendo sorprendentes y extrañas [N. del T.]. <<

[162] N. Baverez, La France qui tombe, París, 2003, p. 131 [ed. cast.: Francia en declive, Madrid, Gota a Gota, 2005]. Para una afligida réplica desde el juste milieu, véase A. Duhamel, Le désarroi français, París, 2003, pp. 163 ss. <<

[163] P. Péan y P. Cohen, La face cachée du Monde, París, 2003, p. 604. <<

[164] S. Halimi, Les nouveaux chiens de garde, París, 1997 [ed. cast.: Los nuevos perros guardianes, Tafalla, Txalaparta, 2002]. Esta maravillosa y breve disección ya lleva diecisiete ediciones desde que se publicó por primera vez. No existe un equivalente inglés, aunque The Guardian y sus socios lo piden a gritos. <<

[165] P. Grémion, «Écrivains et intellectuels à Paris. Une esquisse», Le Débat 103 (enero-febrero 1999), p. 75. <<

[166] El mejor estudio sobre este fenómeno es M. Christofferson, French Intellectuals Against the Left: The Antitotalitarian Moment of the 1970s, Nueva York, 2004, passim, una obra cuidadosamente documentada. <<

[167] R. Aron, «Incertitudes françaises», Commentaire 1 (1978), p. 15. <<

[168] P. Nora, «Que peuvent les intellectuels?», Le Débat 21 (septiembre 1982), pp. 3-10. <<

[169] P. Nora, «Au milieu du gue», Le Débat 14 (junio-julio 1981), pp. 3-6. <<

[170] F. Furet y D. Richet, La Révolution, 2 vols., París, 1965-1966; The French Revolution, Londres, 1970 [ed. cast.: La Revolución Francesa, Madrid, Rialp, 1988]. <<

[171] F. Furet, L’Atelier de l’histoire, París, 1982, pp. 24-25 y 29; In the Workshop of History, Chicago, 1984, pp. 16, 20. <<

[172] F. Furet, La Révolution: de Turgot à Jules Ferry 1770-1880, París, 1988; Revolutionary France 1770-1880, Oxford, 1992. <<

[173] «Journaliste et historien», Commentaire 84 (invierno 1998-1999), p. 917. <<

[174] El mejor juicio crítico del Diccionario es el de I. Woloch, «On the Latent Illiberalism of the French Revolution», American Historical Review, diciembre 1990, pp. 1452-1470. <<

[175] Para una vívida crónica del papel de Furet en 1989, véase S. Kaplan, Farewell, Revolution: The Historian’s Feud, France, 1789-1989, Ithaca, 1995, pp. 50-143; la segunda parte del estudio de Kaplan sobre el bicentenario se había publicado dos años después en francés con el título Adieu 89. <<

[176] «La France unie», en F. Furet, J. Julliard y P. Rosanvallon, La République du centre, París, 1988, pp. 13-16. <<

[177] «La historia nos ha dado la razón». Véase «Dix ans de Débat», Le Débat 60 (mayo-agosto), 1990, pp. 4-5. <<

[178] «Entre Mémoire et Histoire», Les lieux de mémoire, I, La République, París, 1984, p. xli. Las ediciones en lengua inglesa no se corresponden con la francesa, pues han sido adaptadas para el lector americano. <<

[179] «Présentation», Les lieux de la mémoire, II/I, La Nation, París, 1986, pp. xix-xxi. <<

[180] «Comment écrire l’histoire de la France?», Les lieux de mémoire, III/I, Les France, París, 1992, pp. 28-29. <<

[181] Las reservas de Nora en relación con el gaullismo eran constantes. En una de sus contribuciones más interesantes a Les lieux de la mémoire aunaba el gaullismo con el comunismo, pues afirmaba que ambos eran, a su manera, vehículos para la ilusión más intensa. <<

[182] «Présentation», Les lieux de la mémoire, I, p. xiii. <<

[183] Véase, entre otros artículos, S. Englund, «The Ghost of Nation Past», Journal of Modern History (junio 1992), pp. 299-320, y D. Bell, «Paris Blues», The New Republic, 1 de septiembre de 1997, pp. 32-36. <<

[184] Véase P. Nora, Les Français d’Algérie, París, 1961; y, para una visión más breve, F. Furet, Un itinéraire intellectuel: L’historien-journaliste, de France-Observateur au Nouvel Observateur (1958-1997), París, 1999, pp. 60-64 —una selección de textos realizada por Mona Ozouf, que no se entretiene demasiado en sus primeros años—. El alcance de esta omisión lo demuestra M. Christofferson en «François Furet Between History and Journalism, 1958-1965», French History, vol. 1, n.º 4, pp. 421-427, que muestra que Furet escribió bajo seudónimo hasta 1965 muchos artículos sobre política francesa desde una postura mucho más de izquierdas que la que adoptaría después. <<

[185] «L’ère de la commémoration», en Les lieux de la mémoire, III/II, París, 1992. <<

[186] Mythologies, París, 1957, pp. 222 ss.; resulta muy significativo que el ejemplo que utilizaba Barthes para analizar la naturaleza del mito era un icono de la francité imperial de Paris-Match, justo lo que Les lieux de la mémoire pretendía olvidar [ed. cast.: Mitologías, Madrid, Siglo XXI, 2009]. <<

[187] Un ejemplo inteligente es P. Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme. Dix leçons, París, 1987, que termina con este trío de pensadores. Como sucede en muchos de estos estudios franceses, a Mill ni siquiera se le menciona. <<

[188] D. Berger y H. Maler, Une certaine idée du communisme, París, 1996, p. 187. <<

[189] F. Furet, «Cronique d’une décomposition», Le Débat 83 (enero-febrero 1995), pp. 84-97. <<

[190] F. Furet et al., La République du centre, cit., pp. 58-62. <<

[191] F. Furet, «L’utopie démocratique à l’américaine», Le Débat 69 (marzo-abril 1992), pp. 80-91; «L’Amerique de Clinton II», Le Débat 94 (marzo-abril, 1997), pp. 3-10. <<

[192] F. Furet, «L’énigme française», Le Débat (septiembre-octubre 1997), pp. 43-49. <<

[193] F. Furet, Le Passé d’une illusion, París, 1995, p. 579; The Passing of an Illusion, Chicago, 1999, p. 502 [ed. cast.: El pasado de una ilusión, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1995]. <<

[194] F. Furet, «L’idée française de la Révolution», Le Débat 96 (septiembre-octubre 1997), pp. 28-29. <<

[195] E. Le Roy Ladurie, «En lisant L’Idéologie française», y P. Nora, «Un idéologue bien de chez nous», Le Débat 13 (junio 1981), pp. 97-109. Un año antes, Nora había escrito que Lévy poseía cierta legitimidad innegable, la del genuino deseo de conocimiento de los 100 000 lectores que se habían acercado a su obra: Le Débat 1, p. 9. <<

[196] D. Lindenberg, Le rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, París, 2002; y la réplica de A. Finkielkraut, M. Gauchet, P. Manent, P. Muray, P.-A. Taguieff, S. Trigano y P. Yonnet, «Manifeste pour une pensée libre», L’Express, 28 de noviembre de 2002. Para un mordaz comentario sobre la disputa, véase S. Halimi, «Un débat intellectuel en trompe l’oeil», Le Monde diplomatique, enero de 2003, p. 3. <<

[197] R. Rémond, que no se muestra ni mucho menos crítico con este resultado, expone este razonamiento en «Instabilité législative, continuité politique», Le Débat 110 (mayo-agosto 2000), pp. 198-201. <<

[198] N. Véron, «Les heureuses mutations de la France financière», Commentaire 104 (invierno 2003-2004), donde se ofrece un satisfactorio balance de estos cambios. <<

[199] P. Grémion, Le Débat 103 (enero-febrero 1999), p. 99. <<

[200] Le Pen obtuvo 230 000 votos más que en 1995, y su antiguo lugarteniente, Bruno Mégret, que había abandonado el FN y se había presentado a las elecciones al frente de una formación independiente, 677 000, un incremento combinado de 900 000. Pero en 1995 Philippe de Villiers había obtenido 1 440 000 votos con un programa muy similar. En 2002 su partido, Mouvement pour la France, fue eliminado de la carrera presidencial. <<

[201] J.-J. Chevallier, G. Carcassone y O. Duhamel, La Ve République 1958-2002. Histoire des institutions et des régimes politiques en France, París, 2002, p. 488; una obra de referencia indispensable, según sus editores. <<

[202] Para un comentario más amplio, véase su obra Homo Juridicus, Londres-Nueva York, 2007 [ed. cast.: Homo juridicus. Ensayo sobre la función antropológica del derecho, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007]. <<

[203] Les infortunes de la République, París, 2000, p. 165. <<

[204] P. Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse, París, 2004, pp. 117-127 [ed. cast.: Autoanálisis de un sociólogo, Barcelona, Anagrama, 2006]. <<

[205] Si nombramos solo a un historiador por cada país —suele haber más de uno—, véase: España-Elliott; Italia-Mack Smith; Portugal-Boxer; Alemania-Carsten; Países Bajos-Israel; Suecia-Roberts; Polonia-Davies; Hungría-Macartney; China-Needham; América Latina-Lynch. <<

[206] P. Nora, «La pensée réchauffée», en La pensée tiède, París, 2005, p. 101; como suele suceder con las traducciones, este título resulta engañoso para las reflexiones sobre Francia del apartado anterior, pues las principales ideas que se criticaban no eran tibias, y no me limitaba a criticarlas; solo las criticaba en relación con la vida política. <<

[207] Ibid., p. 111. <<

[208] Ibid., pp. 112-114. <<

[209] «Fernand Braudel and National Identity», en A Zone of Engagement, Londres, 1992, pp. 251-278. <<

[210] B.-H. Lévy, Ce gran cadavre à la renverse, París, 2007, pp. 9-16, 157-160, para la intensa crónica de Lévy en la que explica cómo le cortejó primero su viejo amigo Sarkozy y cómo después se solidarizó con «el coraje y la soledad» de Royal. <<

[211] Para un análisis general de la votación, véase E. Todd, Après la démocratie, París, 2008, pp. 136-140 [ed. cast.: Después de la democracia, Madrid, Akal, 2010]. <<

[212] Ambos comentarios son anteriores a la primera vuelta: véase «Avant qu’il ne soit trop tard», Nouvel Observateur, 1 de marzo de 2007; y «Appel de 200 intellectuels pour Ségolène Royal», Libération, 18 de abril de 2007. <<

[213] El análisis más lúcido de las limitaciones del proyecto de Sarkozy es R. Hureaux, «Nicolas Sarkozy peut-il réussir?», Le Débat 146 (septiembre-octubre 2007), pp. 102-110. <<

[214] Comentario de Sarkozy a un diputado de UMP, recogido en Le Monde, 13 de diciembre de 2008. <<

[215] Para un informe sardónico sobre el alcance de las consultas de los políticos a los intelectuales, lo cual no significa necesariamente que acepten sus consejos, véase J. Lindgard, «La grande “chase aux idées”, ou comment les politiques en consomment un maxium, sans toujours s’en servir», en S. Beaud et al., La France invisible, París, 2006, pp. 473-484, un ensayo en el que se habla de Sarkozy, Fabius, Bayrou y Royal. <<

[216] G. Noiriel, Les enfants maudits de la République. L’avenir des intellectuels en France, París, 2005, pp. 203-212. <<

[217] En otra obra, el propio Noiriel —que tiene el buen gusto de rectificar cuando se equivoca— ha señalado que el ansia de publicidad y las generalizaciones descabelladas de Foucault no se corresponden demasiado con la figura que él recomendaba. G. Noiriel, Penser avec, penser contre. Itinéraire d’un historien, París, 2003, p. 246. <<

[218] É. Darkheim, De la division du travail social, París, 1893, p. v. En 1915, les explicaba a sus compatriotas que el «temperamento agresivo, la voluntad belicosa, el desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos, la inhumanidad sistemática y la crueldad institucionalizada» eran algunas de las «múltiples manifestaciones del alma alemana» (sic). Francia conservaba la confianza legítima en que detrás de la «mentalidad malsana» y la «patología social» del «monstruo» de la otra orilla del Rin se encontrara la fuerza superior de la «naturaleza de las cosas». «L’Allemagne au-dessus de tout». La mentalité allemande et la guerre, París, 1915, pp. 3 y 46-47. Seignobos también pertenecía al comité que publicaba esta basura. «Intellectuels spécifiques et intellectuels de gouvernment, même combat!», se ve obligado a señalar Noiriel, después de lamentar que Nizan —cuya mordaz descripción de los esfuerzos de Durkheim por dotar de «apariencia científica a la moralidad oficial» todavía conserva toda su fuerza— estableciera un vínculo entre ambos pensadores. Les fils maudits de la Republique, pp. 223-225; para la opinión de Nizan sobre Durkheim, véase Les chiens de garde, París, 1932, pp. 189-192. <<

[219] Para un comentario apropiado sobre esta parte de Les enfants maudits, y una valoración de los aciertos y los puntos débiles del libro en general, véase la reseña de S. Halimi, «Une arrière-garde de l’ordre social», Le Monde Diplomatique, septiembre de 2005. <<

[220] En Francia no se necesita más representación, sino más deliberación: «Malaise dans le représentation», en La République du centre, cit., p. 180. <<

[221] P. Rosanvallon, véase Le peuple introuvable, pp. 105-276, donde se anuncia el nacimiento de «una nueva sensibilidad colectiva». En La démocratie inachevée se aborda el tema de «la revolución silenciosa del mandato» (pp. 255 ss). La superposición de temas de la trilogía de Rosanvallon le exime de la carga de una cronología demasiado rigurosa, lo cual le permite una periodización relativamente flexible. El análisis del periodo que se extiende entre 1930 y 1980 es muy superficial, y la época de Vichy se ignora por completo. <<

[222] «L’esprit de 1995», Le Débat 111 (septiembre 2000), pp. 118-120. <<

[223] P. Rosanvallon, La démocratie inachevée, p. 397. La cursiva aparece en el original. <<

[224] P. Rosanvallon, «Towards a Philosophical History of the Political», en D. Castiglione e I. Hampsher-Monk, The History of Political Thought in National Context, Cambridge, 2002, pp. 201-202. <<

[225] P. Rosanvallon, La contre-démocratie, cit., pp. 269-278. <<

[226] P. Rosanvallon, La démocratie inachevée, cit., p. 393. <<

[227] P. Rosanvallon, La contre-démocratie, cit., p. 322. <<

[228] V. Descombres, Le même et l’autre. Quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978), París, 1979, p. 139 [ed. cast.: Lo mismo y lo otro: cuarenta y cinco años de filosofía francesa, 1933-1978, Madrid, Cátedra, 1982]. <<

[229] P. Rosanvallon, La légitimité démocratique, París, 2008, pp. 327 [ed. cast.: La legitimidad democrática, Barcelona, Paidós, 2010]. <<

[230] P. Rosanvallon, La démocratie inachevée, pp. 407-408. <<

[231] La tetralogía en la que se encuentra inmerso M. Gauchet, L’Avènement de la démocratie, se puede comparar con la obra de Rosanvallon. Los primeros volúmenes del proyecto de Gauchet, La révolution moderne y La crise du libéralisme, aparecieron en 2007. Las similitudes entre ambos proyectos son muy numerosas, pues los dos autores abordan a un mismo tiempo la genealogía y las patologías del liberalismo y se entregan a una apología redentora de esta doctrina. La principal diferencia radica en que Gauchet, cuya narración comienza mucho antes, en torno al año 1500, ofrece un análisis más filosófico y general —«una estilización extrema del análisis»—, que pivota en torno al abandono de las creencias religiosas por parte de Occidente y a las crisis que este proceso gradual ha provocado. Por lo demás, la intención —«“des-banalizar” la democracia liberal»— e incluso la periodización son prácticamente idénticas. Gauchet, sin embargo, insiste más en las tendencias que acompañaron a la llegada de la democracia liberal a partir de 1880, cuando el imperialismo adoptó la apariencia de un «desorden infantil de la globalización», y en los peligros del totalitarismo que interrumpieron el progreso después de 1918. Al igual que Rosanvallon, Gauchet considera que los problemas que afectan en la actualidad a la democracia liberal deben ser interpretados como «dolores del crecimiento» que conducirán —para Gauchet, en un plazo algo mayor— a la reparación constructiva del sistema. <<

[232] En 1998 solo el 5 por ciento de sus miembros eran trabajadores; solo el 13 por ciento eran empleados. En los primeros años del nuevo siglo, contaba incluso con menos militantes que un partido tan insignificante como el Partido Comunista del momento. H. Rey, La gauche et les clases populaires, París, 2004, pp. 47, 19 y 52. <<

[233] Para una descripción de la «economía moral del cinismo» y del arribismo que afecta a toda la estructura del PS actual, desde los puestos más elevados de la jerarquía hasta las bases, véase R. Lefrebvre y F. Sawicki, La société des socialistes, París, 2006, un retrato que resulta todavía más devastador si se tiene en cuenta que está escrito desde una óptica bastante comprensiva. En este universo hobbesiano, donde «el militante es un lobo para el militante», en palabras de uno de sus miembros, un antiguo líder —nada menos que Pierre Mauroy— afirma que «casi todos los indignados han abandonado el partido y solo han permanecido los indignantes», pp. 201 y 214. <<

[234] Para un informe detallado de los resultados electorales, véase «Wahlsonderheft», Der Spiegel, 29 de septiembre de 1998. <<

[235] El número de bautizos ha experimentado un brusco descenso. En 1950 se bautizaba a un 77 por ciento de los recién nacidos, y en 1989 a un 17 por ciento. H. Kaelble, J. Kocka y H. Zwahr (eds.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart, 1994, p. 272. <<

[236] Para este incidente, del que existen otras muchas versiones suavizadas, véase C. Schmidt, «Wir sind die Wahnsinnigen…», Múnich, 1998, pp. 89-94. <<

[237] Carta del 10 de noviembre de 1938. Th.-W. Adorno y W. Benjamin, Briefwechsel 1928-1940, Fráncfort, 1994, pp. 373-374. La cita procede de Herbs-Blumine, de Jean Paul, una obra de 1820. <<

[238] Para los primeros tiempos del partido, véase W. Hülsberg, The German Greens: A Social and Political Profile, Londres, 1988, pp. 64-139. <<

[239] Para la operación política y financiera necesaria para afianzar la elección de Bonn, véase H. Köhler, Adenauer: Eine politische Biographie, Fráncfort, 1994, pp. 495-509, donde se deja bastante claro que se sobornó a varios diputados para obtener sus votos. <<

[240] La intervención de Brandt está recogida en H. Herles (ed.), Die Haupstadt-Debatte. Der Stenographische Bericht des Bundestages, Bonn, 1991, pp. 36-40. La recopilación editada por A. Rummel, Bonn: Sinnbild der deutscher Demokratie, Bonn, 1990, da una idea de cómo fue la campaña previa que se puso en marcha para mantener la capital a orillas del Rin. <<

[241] Para un sucinto análisis comparativo, véase G. Brunn, «Europäische Hauptstädte im Vergleich», en W. Süss (ed.), Hauptstadt Berlin, vol. 1, Berlín, 1995, pp. 193-213. <<

[242] Stimmann, arquitecto industrial de formación, pertenece a la generación de Mayo del 68, y en la actualidad es un incondicional del SPD. En general, se suele mostrar partidario de una «reconstrucción crítica» del Berlín anterior a la división, en la que predominen los edificios relativamente bajos. Pero tienen cierta tendencia a ceder a las exigencias de los que reclaman la construcción de una «ciudad europea», con edificios más modernos en los terrenos baldíos que ha dejado la guerra y la división. H. Stimmann (ed.), Babylon, Berlin etc.: Das Vokabular der Europäischen Stadt, Basilea, 1995, pp. 9-10. <<

[243] En la obra de M. Wise, Capital Dilemma, Princeton, 1998, se ofrece una visión general, históricamente documentada, de la construcción del nuevo distrito gubernamental en la zona occidental y la de la conservación de los ministerios nazis en la zona oriental. <<

[244] Para la visión de la posición de Berlín en esta época, véase P. Gay, Weimar Culture, Nueva York, pp. 127-136 [ed. cast.: La cultura de Weimar, Barcelona, Paidós, 2011]. <<

[245] Statistisches Bundesamt (ed.), Datenreport 1997: Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland, Mannheim, 1998. <<

[246] Para los orígenes de esta publicación a finales de los años setenta, véase S. Von Dirke, «All Power to the Imagination»: The West German Counterculture from the Student Movement to the Greens, Lincoln, 1997, pp. 120-142. <<

[247] A finales de los ochenta, el número de funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado rondaba los 100 000 y contaban con unos 250 000 confidentes. D. Childs y R. Popplewell, The Stasi: The East German Intelligence and Security Service, Londres, 1996, pp. 82, 86. <<

[248] T. Fischer, Die SPD und die Nation. Vier sozialdemokratische Generationen zwischen nationaler Selbsbestimmung und Zweistaatlichkeit, Fráncfort, 1993, pp. 167 ss. <<

[249] Para este debate, véase J. Nida-Rümelin y W. Thierse (eds.), Jürgen Habermas und Gerhard Schröder über die «Einbeziehung des Anderen», Essen, 1998. <<

[250] E. Hobsbawm, «Confronting Defeat: the German Communist Party», New Left Review I/61, mayo-junio 1970, p. 92. <<

[251] El antecedente inmediato del abandono de Lafontaine fue una campaña de presión nacional e internacional contra él. J. Hoell, Oskar Lafontaine: Eine Biographie, Braunschweig, 2004, pp. 197-205. <<

[252] Para los detalles financieros y políticos de la mala conducta de Kohl, véase E. Wolfrum, Die geglückte Demokratie, Stuttgart, 2006, pp. 477-478. <<

[253] Aunque en la Alemania occidental los contrastes tradicionales entre el norte, del SPD, y el sur, de la CDU / CSU, se acentuaron, la principal novedad fue el voto según el género, pues las mujeres favorecieron por primera vez al SPD, en detrimento de la CDU / CSU, prácticamente por el mismo margen —un 4 por ciento—, mientras que los hombres prefirieron a los demócratas cristianos antes que a los socialdemócratas. Véase D. Roth, «A Last Minute Success of the Red-Green Coalition», German Politics and Society, vol. 21, n.º 1 (primavera 2003), pp. 49-50. <<

[254] La opinión convencional, expresada en forma de consenso incontrovertible, a escala doméstica y en el extranjero, es la que se puede encontrar en The Economist: «La mayoría de los analistas están de acuerdo en los problemas de la economía alemana. Ante todo, el mercado laboral es demasiado dificultoso. En segundo lugar, los impuestos y la contribución a la Seguridad Social son demasiado elevados, y los beneficios muy bajos. En tercer lugar —este punto está relacionado con el anterior— los costes de la Seguridad Social, las pensiones y el sistema de sanidad son demasiado generosos. Y, en cuarto lugar, los trámites burocráticos son interminables». Véase «A Survey of Germany», 7 de diciembre de 2002, p. 10. <<

[255] The Economist, 22 de diciembre de 2007. <<

[256] Para las prioridades de Schröeder como estadista, véase el autorretrato que se recoge en Entscheidungen, un título poco afortunado: «Para mí, una campaña electoral es la parte más interesante de la vida de un político. He participado en incontables campañas, he pronunciado discursos en las plazas de cientos de pueblos, he sacudido la mano de miles de personas, he firmado innumerables autógrafos. Es cierto que diseñar y definir medidas políticas, alcanzar decisiones, es la tarea central de un político, su deber, por así decir. Pero para mí el elixir es la campaña electoral, el encuentro directo con los votantes, la competición y la lucha por los votos, el intercambio de argumentos. Los tecnócratas también toman decisiones, los periodistas también pueden ser unos sabelotodo; pero solo los políticos pueden y deben dirigir campañas electorales», p. 496. <<

[257] En 2003-2004, el número de personas que se identificaban con el este todavía superaba de lejos a los que se identificaban con Alemania en general. K. Neller, «Getrennt vereint? Ost-West Identitäten, Stereotypen und Fremdheitsgefühle nach 15 Jahren deutscher Einheit», en J. Falter et al., Sind wir ein Volk? Ost-und Westdeutschland im Vergleich, Múnich, 2006, pp. 23-25. Para algunas observaciones comparativas en relación con el resultado de la unificación en la antigua RDA, véase C. Offe, Varieties of Transition. The East European and East German Experience, Cambridge, MA, 1997, pp. 148-158. <<

[258] Véase International Herald Tribune, 9 de noviembre de 2007. Desde el punto de vista demográfico, el conjunto de Alemania tiene una de las tasas más bajas de reproducción del mundo. En las elecciones federales de 2009, los votantes mayores de cincuenta años formarán un bloque igual de grande que el del conjunto de los otros grupos de edad. <<

[259] Para el origen de Die Linke, véase D. Hough, M. Koss y J. Olsen, The Left Party in Contemporary German Politics, Basingstoke, 2007, pp. 134-153, un estudio que también aborda la evolución del PDS en coalición con el SPD y los verdes. <<

[260] Véase, respectivamente, D. Conradt, «The Tipping Point: The 2005 Election and the De-Consolidation of the German Party System?», German Politics and Society, vol. 24, n.º 1 (primavera 2006), p. 13; H. Schmitt y A. Wust, «The Extraordinary Bundestag Election of 2005», German Politics and Society, vol. 24, n.º 1 (primavera 2006), p. 34. Para las estadísticas, véase la Tabla 1 de O. Niedermeyer, «Parteimitglieder in Deutschland: Version 2008», Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-Zentrum, 13, Berlín, 2008. <<

[261] Para un lúcido análisis de los obstáculos que han impedido hasta la fecha, de forma sistemática, tomar medidas radicales a los gobiernos alemanes, y para un pronóstico pesimista para la Gran Coalición, véase W. Merkel, «Durchregieren? Reformblockaden und Reformchancen in Deutschland», en J. Kocka (ed.), Zukunftsfähigkeit Deutschlands, Berlín, 2006, pp. 27-45. <<

[262] En palabras de un historiador satisfecho: «Joschka Fischer encarna la hazaña integradora de la exitosa democracia de la Alemania Federal: empezó como un rebelde callejero, fue ascendiendo poco a poco hasta llegar a la cumbre del Ministerio de Exteriores, donde se ganó el respeto más allá de las fronteras de sus partidarios. Fischer ha recorrido las instituciones durante tanto tiempo que él mismo se ha convertido en una institución». Wolfrum, Die geglückte Demokratie, p. 479. Para un retrato más austero, véase M. Schwelien, Joschka Fischer. Eine Karriere, Hamburgo, 2000. Schwelien es un colaborador de Die Zeit que descubrió con antelación que el probable sucesor de Fischer era su favorito, Cem Özdemir, el actual presidente de los verdes, pp. 62, 65-66. <<

[263] Para una enérgica advertencia de este peligro, véase la intervención de H.-U. Wehler, «Wird Berlin doch noch Weimar?», Die Zeit, 5 de julio de 2007. <<

[264] «The Coming Powers: How German Companies are Being Bound to the Interests of Foreign Investors», Financial Times, 1 de abril de 2005. En un estrato inferior, las Mittelstand siguen siendo empresas tradicionalmente patriarcales. El 94 por ciento de las compañías alemanas están controladas por familias, y algunas forman grandes conglomerados, Financial Times, 9 de diciembre de 2008. <<

[265] Financial Times, 30 de marzo de 2007. <<

[266] R. Hank, «Angekommen im Globalen Kapitalismus. Die Manager der Berliner Republik», Merkur 689-690 (septiembre-octubre 2006), p. 909. <<

[267] Financial Times, 28 de agosto de 2008. <<

[268] En el verano de 2007, casi tres cuartas partes de los encuestados pensaban que el gobierno no estaba promoviendo la justicia social, el 68 por ciento querían que se decretara un salario mínimo, y el 82 por ciento que la edad de jubilación se volviera a fijar en los sesenta y cinco años. T. E. Schmidt, «Demoskopie und Antipolitik», Merkur 709 (junio 2008), p. 532. <<

[269] Para una versión mordaz de esta queja, formulada por el editor jefe de Die Zeit, véase J. Joffe, «Was fehlt?», Merkur 689-690 (septiembre-octubre 2006). <<

[270] W. Lepenies, The Seduction of Culture in German History, Princeton, 2006, p. 128 [ed. cast.: La seducción de la cultura en la historia alemana, Madrid, Akal, 2008]. <<

[271] La influencia jurídica de Schmitt se documenta en D. van Laak, Gespräche in der Sicherheit des Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlín, 1993; y su amplia influencia intelectual en J.-W. Müller, A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven, 2003, pp. 76 ss. Como indica el título, no se limita únicamente al campo alemán. <<

[272] Habermas, «Eine Art Schadensabwicklung», en P. Verlag, «Historikerstreit», Múnich, 1987; Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit?, Múnich, 1988. <<

[273] Un año después del Historikerstreit, apareció Der Geist steht rechts. Ausflüge in die Denkfabriken der Wende, Berlín, 1987, del sociólogo Claus Leggewie, un repaso a todo lo que este autor consideraba nuevas formas emergentes de conservadurismo. En esta constelación, la figura más significativa era la de Armin Mohler, secretario de Jünger y amigo de Schmitt, famoso autor de Die konservative Revolution in Deutschland, 1918-1932. Grundriss ihrer Weltanschaunngen, que apareció en 1950, y que se analiza las en pp. 187-211 del libro de Leggewie. <<

[274] H. Paeschke, «Kann keine Trauer sein», Merkur 367 (diciembre 1978), p. 1180. Paeschke tomó el título de esta hermosa despedida de la revista que había editado del último poema de Gottfried Benn, escrito semanas antes de su muerte, publicado en Merkur. <<

[275] H. Paeschke, «Vorbemerkung», en Merkur: Gesamtregister für die Jahrgänge I-XXXII, 1947-1978, Stuttgart, 1986, p. x. La expresión es de Burckhardt. <<

[276] K.-H. Bohrer, «Die Missverstandene Rebellion», Merkur 238 (enero 1968). <<

[277] «Surrealismus und Terror», Merkur 258 (octubre 1969). <<

[278] K.-H. Bohrer, «Die asuverkauften Ideen», Merkur 365 (octubre 1978). <<

[279] K.-H. Bohrer, «Der gefäliche Augenblick», Merkur 358 (marzo 1978); temas que se desarrollan en Plötzlichkeit: zum Augenblick des ästhetischen Scheines, Fráncfort, 1981, una obra de la que existe traducción al inglés: Suddenness: on the Moment of Aesthetic Appearance, Nueva York, 1994. <<

[280] K.-H. Bohrer, «Die Ästhetik des Staates», Merkur 423 (enero 1984). Para un sorprendente análisis del estilo crítico de Bohrer en este y en otros textos posteriores, véase G. Seibt, «Vom Bürgerkönigtum», en Deutsche Erhebungen, Springe 2008, pp. 142-154. <<

[281] K.-H. Bohrer, «Die Unschuld an die Macht», Merkur 425 (marzo 1984); Merkur 427 (mayo 1984); Merkur 431 (enero 1985). <<

[282] K.-H. Bohrer, «Provinzialismus», Merkur 501 (diciembre 1990); Merkur 504 (marzo 1991); Merkur 505 (abril 1991); Merkur 507 (junio 1991); Merkur 509 (agosto 1991); Merkur 510 (noviembre 1991). <<

[283] K.-H. Bohrer, «Ästhetik und Politik sowie einige damit zusammanhängende Fragen», Merkur 451-452 (septiembre-octubre 1986). <<

[284] K.-H. Bohrer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 de enero de 1990; para una versión en inglés de este texto, véase New German Critique 52 (invierno 1991). El traductor, Stephen Brockmann, afirmaría más tarde que los argumentos de Bohrer eran «el discurso fundacional del conservadurismo triunfal que ha surgido en la derecha alemana inmediatamente después de la reunificación». Para este comentario, véase su obra Literature and German Reunification, Cambridge, 1999, p. 57. <<

[285] K.-H. Bohrer, «Die Ästhetik des Staates revisited», Merkur 689-690 (septiembre-octubre 2006). El título de este número especial alude, irónicamente, por supuesto, al diario oficial de la antigua RDA. <<

[286] Para un irónico repaso de los elementos fijos del nuevo Bundestag, y del distrito gubernamental en general, véase el ataque mortífero de G. Seibt, «Post aus Ozeanien», Merkur 689-690. <<

[287] K.-H. Bohrer, «Was heisst unabhägig denken?», Merkur 699 (julio 2007), p. 574. <<

[288] K.-H. Bohrer, «Acht Szenen Acthundsechzig», Merkur 708 (mayo 2008), p. 419. <<

[289] K.-H. Bohrer, «Hans Paeschke und der Merkur. Erinnerung und Gegenwart», Merkur 510-511 (septiembre-octubre 1991). <<

[290] Para una crítica penetrante de su obra reciente más importante, publicada en 2005, véase B. Teschke, «Empires by Analogy», New Left Review II/40 (julio-agosto 2006). <<

[291] H. Münkler, «Der Selbstbehauptung Europas. Fabelhafte Überlegungen», Merkur 649 (mayo 2003). <<

[292] H. Münkler, «Die selbstbewusste Mittlemacht. Aussenpolitik im souveränen Staat», Merkur 689-690 (septiembre-octubre 2006). <<

[293] H. Münkler, «Heroische und postheroische Gesellschaften», Merkur 700 (agosto-septiembre 2007). <<

[294] 1 de noviembre de 1786, Goethe, Italienische Reise, Leipzig, 1913, vol. 1, p. 126 [ed. cast.: Viaje a Italia, Barcelona, Ediciones B, 2001]. <<

[295] 2 de enero de 1821, Byron, Letters and Journals, vol. 8, Cambridge, MA, 1978, p. 55. <<

[296] 17 de noviembre de 1816, 7 de enero de 1817; Stendhal, Voyages en Italie, París, 1973, pp. 9, 423. <<

[297] M. D’Alema, Un paese normale. La sinistra e il futuro dell’Italia, Milán, 1995. Primer criterio de normalidad de la lista: «Una economía de mercado que permita la competencia», p. 63. <<

[298] Publicado originalmente en italiano con el título L’Italia del tempo presente: Famiglia, società, Stato 1980-1996, Turín, 1998. La edición inglesa llega hasta 2001, hasta el fin del gobierno de centro-derecha. Véanse sobre todo los capítulos 5 y 6. <<

[299] El blanco era el color simbólico de la DC. <<

[300] Los primeros tiempos de la Lega se analizan en I. Diamante, La Lega. Geografia, storia e sociologia di un nuevo sogetto político, Roma, 1993, pp. 19-42. En 1992 el partido obtuvo el 8,65 por ciento de los votos y cincuenta y cinco escaños en la Cámara de los Diputados. <<

[301] Para su propia crónica personal, véase M. Segni, La rivoluzione interrotta, Milán, 1994. He aquí un ejemplo del tono general de la obra: «El referendo del 18 de abril supuso la transición de la Primera a la Segunda República de Italia. Esa noche, he de confesar que me sentí realmente orgulloso» —un sentimiento que compartían prácticamente todos los órganos del orden establecido en esa época. <<

[302] Para el alcance de esta colaboración, que se calcula que llegó a afectar al 90 por ciento de las leyes que se aprobaban, véase F. Spotts y T. Wieser, Italy: A Difficult Democracy, Cambridge, 1986, pp. 113-115. Alessandro Pizzorno y otros describirían más tarde el sistema político de esta época como una conventio ad includendum, contradiciendo las versiones oficiales. <<

[303] Para una comedida, aunque amarga, reflexión sobre el modo en que se dirigió esta maniobra, véase A. Rosa, La sinistra alla prova. Considerazioni sul ventennio 1976-1996, Turín, 1996, pp. 124-142. Incluso entre los líderes del PDS se recordaría con pesar este giro tan brusco. Véase G. Chiarante, Da Togliatti a D’Alema. La tradizione dei comunista italiani e le origini del PDS, Roma-Bari, 1996, pp. 210-216. <<

[304] El mejor estudio sobre el modo en que se organizó la formación del partido es la obra exhaustivamente documentada de E. Poli, Forza Italia: Strutture, leadership e radicamento territoriale, Bolonia, 2001. <<

[305] Para un análisis detallado de los resultados, véase S. Bartolini y R. D’Alimonte (eds.), Maggioritario, ma non troppo. Le elezioni politiche del 1994, Bolonia, 1994, sobre todo el ensayo de L. Ricolfi, «Il voto proporzionale: il nuovo spazio italiano», pp. 273-315. <<

[306] En G. Barbacetto, P. Gomez y M. Travaglio, Mani Pulite, la vera storia. Da Mario Chiesa a Silvio Berlusconi, Roma, 2002, se explica este episodio con todo detalle, pp. 153-168. <<

[307] Para este episodio, véase G. Fiori, Il venditore. Storia di Silvio Berlusconi e della Fininvest, Milán, 1995, pp. 174-186. <<

[308] Gerardo D’Ambrosio y Piercamillo Davigo, respectivamente. <<

[309] Una costola della sinistra, frase pronunciada el 12 de febrero de 1995. <<

[310] Para esta secuencia, véase «Soldi SISDE. Su Scalfaro vince Mele», Corriere della Sera, 12 de noviembre de 1993; R. Scarpa, Scalfaro, Roma, 1999, pp. 71-77; Barbacetto et al., Mani Pulite, pp. 105-106 y 393-395. <<

[311] Para los resultados, véase P. Natale, «Mutamento e stabilità nel voto degli italiani», en R. d’Alimonte y S. Bartolino (eds.), Maggioritario per caso, Bolonia, 1997, pp. 208 ss. <<

[312] Para un análisis de la laberíntica situación posterior, véase Barbacetto et al., Mani Pulite, pp. 419-474. <<

[313] Se llamaba así en honor del diputado de la DC que lo había ideado, Sergio Mattarella. Para sus orígenes, véase P. Pombeni, «La rappresentanza politica», en R. Romanelli, Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Roma, 1995, pp. 120-124. <<

[314] Véase Come sbagliare le riforme, Bolonia, 1996, y Una occasione mancata?, Roma-Bari, 1998. Sartori denunciaba la «astucia italiana» que había «proporcionalizado» el elemento de mayoría relativa del Mattarellum, y se declaraba contrario a un sistema francés, pues temía que, si se permitía que solo llegaran dos candidatos a la segunda vuelta, dada la situación de la política italiana, los partidos radicales situados a ambos lados de estos dos candidatos alcanzarían acuerdos en la primera vuelta para conservar su influencia, y se eliminarían las opciones en el centro, para lo cual se necesitaban al menos tres candidatos. Come sbagliare, pp. 71, 51. <<

[315] Véase, inter alia, M. Frei, Getting the Boot: Italy’s Unfinished Revolution, Nueva York, 1995, p. 73. <<

[316] Rivoltare l’Italia come un calzino: Davigo declararía después que no había sido él quien había utilizado esta expresión, sino Giuliano Ferrara, ministro de Justicia en ese momento. <<

[317] Para un análisis imparcial del sistema judicial italiano, véase D. Nelken, «A legal revolution? The judges and Tangentopoli», en S. Gundle y S. Parker (eds.), The New Italian Republic: From the fall of the Berlin Wall to Berlusconi, Londres, 2002. <<

[318] El 14 de octubre de 1997, Francesco Saverio Borrelli expresó su «total confomidad» con el veredicto que condenaba a Sofri. Véase C. Ginzburg, The Judge and the Historian: Marginal Notes on a Late-Twentieth-Century Miscarriage of Justice, Londres, 2002. <<

[319] En realidad, más que un asesor, Amato había sido el «organizador clave» de los sucesivos gobiernos de Craxi, que nunca había estado demasiado interesado en los detalles de la política. Véase D. Hine, Governing Italy, Oxford, 1993, pp. 206-209. <<

[320] ITANES, Perché ha vinto il centro-destra, Bolonia, 2001, pp. 19, 30, 37, 52, 62-65 y 162-163. <<

[321] La mejor y más serena crónica retrospectiva del sistema político de la Primera República es la de M. Calise, Dopo la partitocrazia, Turín, 1994. Calise señala que «el Parlamento italiano ha sido la única asamblea de las democracias atlánticas que se ha resistido a la decadencia general de la legislatura en beneficio del ejecutivo durante la segunda mitad del siglo pasado», y anticipó en gran medida la degradación de la vida política bajo la Segunda República, pp. 60 ss. <<

[322] A. Negri, Imperio, Barcelona, Paidós, 2005 [2002] y G. Arrighi, Caos y orden en el sistema-mundo moderno, Madrid, Akal, 2001. <<

[323] Para una valoración general de la trayectoria, en este aspecto, del gobierno de coalición de Berlusconi, véase L. Ricolfi, Dossier Italia. A ché punto è il «Contratto con gli italiani», Bolonia, 2005, pp. 101-140, y Tempo Scaduto. Il «Contratto con gli italiani» all prova dei fatti, Bolonia, 2006, pp. 103-117. Basándose en unas premisas por lo demás en absoluto críticas con el universo político e ideológico del orden establecido italiano —no se puede hablar con él de política exterior ni del sistema judicial—, los análisis económicos y sociales de Ricolfi muestran siempre una independencia intelectual muy difícil de encontrar en el mundo académico y periodístico de los últimos años. Todo ello manteniéndose fiel a lo que podríamos llamar el pensé unique à l’italienne (a grandes rasgos, la «modernización» a cualquier precio), aunque sus ideas molestan por igual al centro derecha y al centro izquierda. La expresión Tempo scaduto es de Pasolini: «El coraje intelectual de decir la verdad y la práctica de la política son dos actitudes irreconciliables en Italia». <<

[324] A. Stille, The Sack of Rome, Nueva York, 2007, pp. 273-274 [ed. cast.: El saqueo de Roma, Barcelona, Papel de liar, 2010]. <<

[325] A. Floridia, «Gulliver unbound. Possible electoral reforms and the 2008 election: Towards an end to “fragmented bipolarity”?», Modern Italy, agosto de 2008, pp. 318-319. <<

[326] Para un retrato obsequioso, elaborado a toda prisa con fines electorales, véase M. Damilano, M. Gerina y F. Martini, Veltroni. Il Piccolo Principe, Milán, 2007. <<

[327] Pino Corrias ofrece una estimulante crónica en su introducción a P. Gomez, M. Lillo y M. Travaglio, Il bavaglio, Milán, 2008, pp. 25-29. <<

[328] Para un análisis detallado, véase F. y P. Allum, «Revisiting Naples: Clientelism and Organized Crime», Journal of Modern Italian Studies, vol. 13, n.º 3 (2008), pp. 340-365. <<

[329] Véase, sobre todo, N. Conti, «The Italian political parties and the programmatic platforms: How alternative?», Modern Italy (noviembre 2008), pp. 451-464; M. Brunazzo y M. Gilbert, «The Right Sweeps the Board», Journal of Modern Italian Studies, vol. 13, n.º 3 (2008), p. 423. <<

[330] Véase L. Ricolfi, Perché siamo antipatici? La sinistra el il complesso dei migliori prima e dopo le elezioni del 2008, Milán, 2008, p. 199; para los resultados generales, Brunazzo y Gilbert, «The Right Sweeps the Board». <<

[331] A. Signore y A. Trocino, Razza Padana, Milán, 2008, pp. 5-7. <<

[332] A. Signore y A. Trocino, op. cit., pp. 339-343, 349 y 322-326. <<

[333] Tremonti, un antiguo compañero de Craxi en el PSI, es oriundo de Sondrio, en la Lombardía más septentrional, feudo de la Lega. En su obra La speranza e la paura denuncia el «mercadismo, una versión degenerada del liberalismo», y previene a sus lectores en contra de las ambiciones neocoloniales de China. Además, hace un llamamiento a favor de una política industrial europea. La speranza e la paura, 2008, pp. 19, 27-29, 109. <<

[334] Véase D. Lane, Berlusconi’s Shadow, Londres, 2004; P. Ginsborg, Silvio Berlusconi, Londres, 2005; A. Stille, The Sack of Rome, Londres, 2006; G. Fiori, Il Venditori, Milán, 1995. Para una reflexión crítica sobre el análisis de Berlusconi que ofrece Stille, véase D. Sassoon, «Povera Italia», Journal of Modern Italian Studies, vol. 12, n.º 3, 2007, pp. 339-346. Sassoon afirma que la visión de Stille es demasiado general. <<

[335] Para los resultados, véanse I. Diamanti y E. Lello, «The Casa delle Libertà. A House of Cards?», Modern Italy (mayo 2005), pp. 14-16. <<

[336] I. Diamanti y L. Ceccarini, «Catholics and Politics after the Christian Democrats: The Influential Minority», Journal of Modern Italian Studies, vol. 12, n.º 1, pp. 49-50. <<

[337] Para el linaje, en términos electorales, véase el meticuloso análisis de M. Shin y J. Agnew, Berlusconi’s Italy: Mapping Contemporary Italian Politics, Filadelfia, 2008, pp. 78 y 134. <<

[338] M. Travaglio, Montanelli e il Cavaliere, Milán, 2004, pp. 59-60. Traducción de Stille. <<

[339] S. Rizzo y G. A. Stella, La Casta. Cosí I politici italiani sono divenuti intoccabili, Milán, 2007. <<

[340] S. Rizzo y G. A. Stella, op. cit., pp. 53-60. <<

[341] Le Monde, 31 de mayo de 2007. <<

[342] S. Rizzo y G. A. Stella, La Deriva. Perché l’Italia rischia il naufragio, Milán, 2008, pp. v, 128-129, 134, 140, 148, 185 y 218; Il Manifesto, 8 de diciembre de 2007. <<

[343] S. Rizzo y G. A. Stella, La Deriva, cit., pp. vi, xvii-xviii, 24, 27, 60, 66, 72 y 79-80; Financial Times, 13 de mayo de 2005; Economist, 26 de noviembre de 2005. <<

[344] Sole 24 Ore, 21 de noviembre de 2007. <<

[345] Economist, 26 de noviembre de 2005; Financial Times, 28 de marzo de 2007. <<

[346] Economist, 19 de abril de 2008. <<

[347] Para algunas observaciones generales, véase C. Duggan, Force of Destiny, Londres, 2007, pp. xvii-xx. <<

[348] Para este antecedente, véase R. Bodei, I noi diviso: Ethos e idee dell’Italia repubblicana, Turín, 1998, pp. 16-19, 63-69 y 113. <<

[349] La crónica más penetrante de este síndrome es la obra esencial de E. Galli della Loggia, L’Identità italiana, Bolonia, 1998, pp. 31-42 y 116-121. <<

[350] Su primera recopilación sobre estos temas, Apocalittici e integrati, es de 1964. <<

[351] No es que el cine italiano no haya producido directores de primer orden después de la generación de la posguerra. En los ochenta y los noventa, Gianni Amelio desarrollaría una de las obras cinematográficas más interesantes de Europa a partir de la influencia de Antonioni y Visconti; pero Amelio se encontraba enmarcado en una tradición clásica, igualmente distante de la vanguardia y de las formas populares. Para el logro específico de Amelio, véase S. Silvestri, «A Skein of Reversals», New Left Review II/10 (julio-agosto 2001). <<

[352] La cultura de izquierdas de la posguerra nunca fue un monopolio del PCI. La tradición socialista contaba con muchas figuras independientes de gran estatura, como el poeta y crítico Franco Fortini, el director teatral Giorgio Strehler, el filólogo Sebastiano Timpanaro, y no podemos olvidar a Lelio Basso, líder del PSI de una categoría intelectual muy superior a cualquiera de sus equivalentes en el PCI. Más tarde, por supuesto, Norberto Bobbio se afiliaría al PSI, procedente del Partito d’Azione, aunque fue muy poco oportuno, porque lo hizo justo cuando Craxi se hizo cargo de la formación. <<

[353] Véase C. Pavone, Alle origine della Repubblica, Milán, 1995, pp. 132-140. <<

[354] Para un análisis más detallado de los textos de Gramsci y del uso que se ha hecho de ellos después, véase «The Antinomies of Antonio Gramsci», New Left Review, I/100 (noviembre 1976-febrero 1977), pp. 5-78. <<

[355] G. Sartori, Mala Tempora, Roma-Bari, 2004, pp. vii y 124: un paese desossato. Las referencias históricas de Sartori eran, por supuesto, una simplificación. Entre otras cosas, puede que el Risorgimento y la Resistencia fueran movimientos minoritarios, pero no eran, ni mucho menos, ejercicios de sumisión. <<

[356] R. de Felice, Intervista sul fascismo, a cura di Michael Ledeen, Roma-Bari, 1975. De no ser por la guerra, el régimen de Mussolini habría evolucionado, sin duda, en la misma dirección positiva que el de Franco, pp. 60-62. <<

[357] Mussolini no fundó la República de Salò por un deseo de venganza, ni por ambición política, ni porque pretendiera redimir al fascismo regresando a sus orígenes radicales, sino por «un motivo patriótico: un auténtico “sacrificio” en el altar de la defensa», Rosso e nero, Milán, 1995, pp. 114-115. <<

[358] Véase, para un juicio definitivo de toda la obra, «Mussolini: Reservations about Renzo De Felice’s Biography», Modern Italy, vol. 5, n.º 2 (2000), pp. 193-210. <<

[359] «Letteratura e Rivoluzione», Contropiano 1 (1968), pp. 235-236. <<

[360] Ideas desarrolladas en parte en «Sulla genesi del pensiero negativo», Contropiano 2 (1968), pp. 131-200, en la época en que Cacciari todavía escribía numerosos artículos en la misma revista sobre las luchas fabriles en Italia, las rebeliones estudiantiles en Francia, la guerrilla en Latinoamérica y los debates soviéticos sobre la planificación. <<

[361] «Una viril aceptación del mundo de la administración», es, como describe con ironía Cristina Corradi, el destino final de la trayectoria de Cacciari en su Storia dei marxismi italiani, Roma, 2005, p. 231; para una crítica anterior, menos moderada, véase C. Preve, La teoría in pezzi: La dissoluzione del paradigma operaista in Italia (1976-1983), Bari, 1984, pp. 69-72. Políticamente, el contraste entre Asor Rosa y Tronti es muy marcado, como suelen aclarar los sucesivos análisis retrospectivos de este. Véase A. Rosa, La Sinistra alla prova. Considerazioni sul ventennio 1976-1996, Turín, 1996, y Tronti, «Noi operaisti», en G. Trotta y F. Milana (eds.), L’operaismo degli anni sessanta. Da «Quaderni rossi» a «Classe operaia», Roma, 2008. Uno de los rasgos comunes del grupo en los sesenta, como señala Tronti en sus recuerdos, mucho más íntimos, era un «apasionado romance» con la cultura de la Mitteleuropa de fin de siglo. <<

[362] Véase T. Jones, The Dark Heart of Italy, Londres, 2003, p. 173. <<

[363] Para un perfil de esta figura, véase C. Sabelli Foretti (invervista), Marco Travaglio. Il rompiballi, Roma, 2008. Estos son algunos de sus libros más destacados: en colaboración con E. Veltri, L’odore dei soldi. Origini e misteri delle fortune di Silvio Berlusconi, Roma, 2001; con G. Barbacetto y P. Gomez, Mani puliti: La vera storia, Da Mario Chiesa a Silvio Berlusconi, Roma, 2002, y Mani sporchi: Così destra e sinistra si sono mangiate la II Repubblica, Milán, 2008; con P. Gomez y M. Lillo, Il bavaglio, Milán, 2008. Para una devastadora taxonomía del periodismo italiano, véase La scomparsa dei fatti, 2006, de Travaglio. <<

[364] El ejemplo más extenso y original de esta comparación es M. Salvatti, «Spagna e Italia. Un confronto», en V. Pérez-Díaz, La lezione spagnola. Società civile, política e legalità, Bolonia, 2003, pp. 1-82. <<

[365] Yo mismo fui uno de los escépticos, «Italy in the Present Tense: A Roundtable Discussion with Paul Ginsborg», Modern Italy, vol. 5, n.º 2 (2000), pp. 180 ss. <<

[366] Para una vívida descripción de estos acontecimientos, véase R. Holland, Britain and the Revolt in Cyprus 1954-1959, Oxford, 1998, pp. 1-5. Esta obra excepcional es quizás la mejor monografía de la historiografía de la descolonización. En el periodo de entreguerras, «más de la mitad de los administradores de la isla procedían del África occidental, y por lo general habían comenzado su carrera como cadetes en Nigeria». G. Horton Kelling, Countdown to Rebellion: British Policy in Cyprus 1939-1955, Nueva York-Londres, 1990, p. 12. <<

[367] T. Nairn, «Cyprus and the Theory of Nationalism», en P. Worsley (ed.), Small States in the Modern World: The Conditions of Survival, Nicosia, 1979, pp. 32-34. Para una reflexión más extensa sobre la trayectoria del helenismo en la isla, véase M. Attalides, Cyprus: Nationalism and International Politics, Edimburgo, 1979, passim. <<

[368] Para los comienzos del partido, véase T. W. Adams, AKEL: The Communist Party of Cyprus, Stanford, 1971, pp. 21-45. <<

[369] Discurso pronunciado el 1 de junio de 1956 en Norwich. <<

[370] Para una vívida descripción de los mecanismos de represión, por no hablar de la intimidación y del fraude electoral, que caracterizaron al régimen de Karamanlis, véase C. Tsoucalas, The Greek Tragedy, Londres, 1969, pp. 142-152. <<

[371] R. Holland, op. cit., p. 91. <<

[372] Para más detalles, véase B. O’Malley e I. Craig, The Cyprus Conspiracy, Londres, 1999, pp. 41-43. <<

[373] R. Holland, op. cit., p. 43. <<

[374] Ibid., p. 43. <<

[375] Ibid., p. 52. <<

[376] Ibid., p. 69. <<

[377] Menderes a Lennox-Boyd, 16 de diciembre de 1956. R. Holland, op. cit., p. 166. <<

[378] R. Holland, op. cit., pp. 241, 194. <<

[379] Para este episodio, decisivo para los acontecimientos posteriores, véase Diana Weston Markides, Cyprus 1957-1963, From Colonial Conflict to Constitutional Crisis: The Key Role of the Municipal Issue, Minneapolis, 2001, pp. 21-24 ss. y 159-160. <<

[380] R. Holland, op. cit., pp. 251, 288. <<

[381] Para una crónica muy gráfica de este intercambio, véase S. G. Xydis, Cyprus: The Reluctant Republic, La Haya-París, 1973, pp. 238-241. <<

[382] En P. Polyviou, Cyprus: Conflict and Negotiation, Londres, 1980, pp. 16-25, se ofrece un buen análisis crítico de la Constitución. <<

[383] R. Holland, op. cit., pp. 330 y 306. <<

[384] Ibid., p. 336. <<

[385] Este extremo se explica en detalle en R. Stephens, Cyprus: A Place of Arms, Londres, 1966, p. 173. <<

[386] Esta se convertiría con el tiempo en la gran «oportunidad perdida» de llegar a un acuerdo en Chipre para la derecha griega, nostálgica de los días en que la coincidencia con Washington era total. Véase E. Hatzivassiliou, Greece and the Cold War: Frontline State 1952-1967, Londres, 2006, pp. 181-183, una apología exhaustiva del régimen de Karamanlis, que reprueba la política de Papandreu, que no respetó el legado de su predecesor. <<

[387] L. Stern, The Wrong Horse, Nueva York, 1977, p. 84. <<

[388] O’Malley y Craig, op. cit., p. 112. <<

[389] S. Mayes, Makarios: A Biography, Londres, 1981, p. 184. <<

[390] Para este periodo, véase la penetrante crónica que se recoge en Attalides, op. cit., pp. 104-137, que sigue siendo el análisis más serio de las tensiones del helenismo chipriota. <<

[391] Mayes ofrece una atractiva narración de este periodo. Makarios: A Biography, pp. 202-241. <<

[392] C. Hitchens, Cyprus, Londres, 1984, p. 136. <<

[393] O’Malley y Craig, op. cit., p. 225. <<

[394] Para estas comparaciones, véase Economist Intelligence Unit, Cyprus: Country Profile 2008, p. 25; European Community Statistics on Income and Living Conditions, enero de 2008; EIRonline, Trade Union Membership 1993-2003. <<

[395] Un 5 por ciento del territorio es una zona parachoques de la ONU que también cuenta con bases británicas. <<

[396] Para este punto de inflexión, que en un principio no satisfizo ni a Turquía ni a Grecia, véase C. Brewin, The European Union and Cyprus, Huntingdon, 2000, pp. 21-30. <<

[397] D. Hannay, Cyprus: The Search of a Solution, Londres-Nueva York, 2005, pp. 50, 85. <<

[398] Ibid., p. 105. <<

[399] Ibid., p. 175. <<

[400] Ibid., p. 206. El funcionario peruano de la ONU era Álvaro de Soto. <<

[401] Para el texto del discurso, véase J. Ker-Lindsay, EU Accession and UN Peacemaking in Cyprus, Basingstoke, 2005, pp. 194-202. <<

[402] En 1995, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Turquía a indemnizar con 468 000 libras a Tina Loizidou, una chipriota griega que había perdido su hogar en Kyrenia debido a la ocupación. Después de muchas reticencias, Ankara se vio obligada a pagar. Para el Plan Hannay, era esencial impedir que los tribunales europeos siguieran ordenando este tipo de compensaciones —se calcula que la compensación potencial total debida a las pérdidas en el norte podría rondar los 16 billones de dólares—. Véase W. Mallinson, Cyprus: A Modern History, Londres/Nueva York, 2005, p. 145; Mallinson señala que esta suma equivale al último préstamo que el FMI le ha concedido a Turquía. Para otros casos juzgados por tribunales europeos, véase Van Coufoudakis, Cyprus: A Contemporary Problem in Historical Perspective, Minneapolis, 2006, pp. 90-92. <<

[403] Véase C. Palley, An International Relations Debacle: The UN Secretary-General’s Mission of Good Offices in Cyprus 1999-2004, Oxford, 2005, p. 70, el principal estudio sobre los planes de la ONU, que incluye un cuadro comparativo de sus variaciones de 35 páginas, pp. 277-314. <<

[404] D. Hanney, op. cit., pp. 134, 172. <<

[405] Para estas reacciones, véase Ker-Lindsay, op. cit., p. 113, que expresa una opinión similar. <<

[406] Para estas cifras, véase Coufoudakis, op. cit., p. 46. <<

[407] J. G. A. Pocock, The Discovery of Islands, cit., p. 278. <<

[408] Véase B. Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, Cambridge, 2001, pp. 16-40: «El estatus social de un musulmán era más elevado que el de un no musulmán en un sentido muy similar al de la tradición codificada en forma de ley que establecía la superioridad social y legal del hombre sobre la mujer», p. 23. <<

[409] C. Finkel, Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300-1923, Nueva York, 2005, p. 322. Aunque La Meca y Medina formaban parte del Imperio desde principios del siglo XVI, ningún sultán otomano peregrinó nunca a la Tierra Santa. <<

[410] La combinación de la guerra ideológica contra los cristianos y el uso práctico de estos infieles se remonta a las primeras etapas de la historia osmanlí; es anterior a la expansión más allá del estrecho o al desarrollo del devshirme. Para un estudio muy instructivo de este modelo, véase C. Kadafar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, Berkeley, 1995, passim. <<

[411] El último episodio de devshirme tuvo lugar en 1703. Para un análisis del declive de esta práctica y de su sustitución por el reclutamiento de las elites procedentes de un estrato de «visires-pachás», véase D. Quataert, The Ottoman Empire 1700-1922, Cambridge, 2003, pp. 33-34, 43 y 99-100. <<

[412] Un sistema que beneficiaba a todas las partes: «El ejército tenía miedo de que la admisión de campesinos cristianos se convirtiera en una carga y de que los no musulmanes dañaran la moral. Este extremo era sumamente importante, pues, como se observa en todos los testimonios acerca del ejército otomano entre 1850 y 1918, el espíritu guerrero de las tropas otomanas era en gran medida religioso. Los otomanos atacaban al grito de “Alá, Alá” y de “Allhüekber” (Dios es grande). Es difícil imaginar un ejército integrado por soldados de distintas religiones con una actitud semejante. La mayoría de los musulmanes, sobre todo los que vivían en el ámbito rural, no eran partidarios de que los cristianos llevaran armas (cierto estudioso ha comparado este sentimiento con los que albergaban los blancos en el sur de Estados Unidos en relación con los negros). La mayoría de los cristianos otomanos era muy poco entusiasta. Por lo general, se consideraban súbditos del Estado otomano, no miembros de la nación otomana. La idea de la construcción de una nación otomana (conocida en la época como la idea de la “Unidad de los elementos”) siempre estuvo limitada a una pequeña elite integrada en su mayoría por musulmanes. Por último, el gobierno otomano era el que tenía más razones para no reclutar cristianos. La insistencia en la igualdad ante la ley, reflejada en el edicto de 1856, implicaba la desaparición del impuesto de la yizia o capitación que los cristianos y los judíos pagaban tradicionalmente como tributo al Estado islámico en el que vivían. Aunque el número de otomanos cristianos se redujo de forma considerable durante el último siglo del Imperio debido a la pérdida de provincias europeas, durante el reinado de Abdul Hamid II todavía representaban casi el 30 por ciento de la población, y cerca del 20 por ciento en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Como es natural, la yizia era la segunda fuente de ingresos tributarios (después del diezmo) del Estado. Por tanto, no es de extrañar que el Estado prefiriera que los cristianos pagaran un impuesto de exención propio a que sirvieran en el ejército. Esta práctica universal se mantuvo hasta 1909». E.-J. Zürcher, «The Ottoman Conscription System, 1844-1914», International Review of Social History, vol. 43, n.º 3 (1998), p. 446. <<

[413] Finkel cita el informe del estadista Ahmed Cevdet Pasha, en el que se describe la reacción generalizada a la proclamación del Edicto de Reforma de 1856: «Hoy hemos perdido los derechos comunales sagrados que nuestros antepasados conquistaron derramando su propia sangre. La comunidad musulmana es la comunidad gobernante, pero se ha visto privada de sus derechos sagrados. Es un día de dolor y pesar para el pueblo musulmán», Osman’s Dream, p. 459. <<

[414] «A finales de 1909, el número de secciones del CUP a lo largo del Imperio se multiplicó. Las 83 secciones originales (algunas de ellas no eran más que células poco importantes) se convirtieron en 360, y se pasó de 2250 afiliados a 850 000». M. Şükrü Hnioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton, 2008, p. 160. En la actualidad, el mejor estudio sobre este periodo. <<

[415] Para esta dualidad, véase H. Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent: Turkish Nationalism and the Turkish Republic, Nueva York, 1997, p. 80. Ya en 1910, Talat le comunicó al comité central del CUP en un discurso secreto: «Deben ser conscientes de que, según los términos de la Constitución, ustedes han sancionado la igualdad de los musulmanes y los infieles. Todos sabemos y sentimos que se trata de un ideal irrealizable. La sharia, nuestra historia pasada y los sentimientos de cientos de miles de musulmanes, e incluso los de los propios infieles que se resisten obstinadamente a integrarse en el orden otomano, forman una barrera impenetrable para el establecimiento de una igualdad real… Por tanto, no será posible la igualdad real hasta que hayamos llevado a cabo una “otomanización” del Imperio». <<

[416] Para las influencias intelectuales que habían recibido, véase Zürcher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought», donde se cita la influencia de algunos autores franceses —Laffitte, Le Bon, Durkheim—, y Hanioğlu, «Blueprints for a Future Society», donde se insiste en la influencia del materialismo vulgar alemán —Ludwig Büchner, Haeckel— y en el darwinismo social. Ambos ensayos se recogen en E. Özdalga (ed.), Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, Londres, 1995, pp. 14-27 y 29-93. <<

[417] T. Akçam, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, Nueva York, 2006, p. 115. «Cómo puede alguien olvidar las llanuras, los prados regados con la sangre de nuestros antepasados; abandonar esos lugares donde los conquistadores turcos escondieron sus corceles durante cuatro siglos, con nuestras mezquitas, nuestras tumbas, el refugio de nuestros derviches, nuestros puentes y castillos, dejárselos a nuestros esclavos, ser expulsados de Rumelia hacia Anatolia; es una tarea para la que se necesitaría más de una vida. Estoy dispuesto a sacrificar alegremente los años que me quedan de la mía a la venganza de los búlgaros, los griegos y los montenegrinos». <<

[418] Para la crónica de este drama diplomático, véase Hanioğlu, The Late Ottoman Empire, p. 175; Ulrich Trumpener, Germany and the Ottoman Empire, 1914-1918, Princeton, 1968, pp. 12-20; y D. Fromkin, A Peace to End All Peace: Creating the Modern Middle East 1914-1922, Londres, 1989, pp. 54-76, una obra en la que se defiende que Enver engañó a los alemanes para que sellaran la alianza, que a su vez le engañaron en relación con el modo en que la hostilidad hacia Rusia se materializó al final. <<

[419] El mejor retrato de Enver en esta época sigue siendo el de C. Haley, «The Desperate Ottoman: Enver Paşa and the German Empire», Middle Eastern Studies 1 (enero 1994), pp. 1-51, y 2 (abril 1994), pp. 224-251. <<

[420] Para otras estimaciones, véase Akçam, op. cit., p. 42. <<

[421] Para los orígenes de la Organización Especial, véase P. Stoddard, The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918: A Preliminary Study of the Teşkilâti Mahusa, Tesis doctoral, Princeton, 1963, pp. 46-62. <<

[422] Para estas oleadas de limpieza étnica, véase el imparcial y aleccionador estudio de B. Lieberman, Terrible Fate: Ethnic Cleansing in the Making of Modern Europe, Chicago, 2006, pp. 3-52. <<

[423] Lieberman, Terrible Fate, pp. 87-91, donde el autor señala que en este caso, paradójicamente, quizá dos quintas partes de los deportados acabaron en ciudades rusas —aunque no en San Petersburgo ni en Moscú— en las que hasta ese momento había tenido prohibida la entrada. <<

[424] M. Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge, 2005, p. 152. <<

[425] Ibid., p. 140. En enero de 2009, apareció un documento entre los papeles de Talat que la viuda de este le había entregado al periodista Murat Bardakçi, un defensor de su marido, en el que se recogía un descenso de la población armenia del Imperio: de 1 256 000 en 1914 a 284 157 en 1916. Véase «Nearly a Million Genocide Victims, Covered in a Cloak of Amnesia», New York Times, 9 de marzo de 2009. <<

[426] Véase E. Zürcher, Turkey: A Modern History, Londres, 2004, p. 135; N. Belge Criss, Istanbul under Allied Occupation 1919-1923, Leiden, 1999, p. 4. E. Zürcher, The Unionist Factor, Leiden, 1984, p. 84. <<

[427] La crónica más completa es la que aparece en Zürcher, The Unionist Factor, cit., pp. 68-105. <<

[428] Para una descripción gráfica ofrecida por el oficial de la marina al mando de la operación, el capitán Hermann Baltzer, véase Orientrundschau, noviembre de 1933, pp. 121-123; una crónica confirmada por el diario del vicealmirante Albert Hopman en W. Baumgart (ed.), Von Brest-Litovsk zur Deutschen Novemberrevolution, Gotinga, 1971, p. 634. <<

[429] Les acompañaban Bedri, el comisario de policía de Estambul, Cemal Azmi, gobernador de Trebizond, y Rusuhi, otro doctor. <<

[430] Para una descripción de la conflagración, véase A. Mango, Atatürk, Londres, 1999, pp. 345-347. <<

[431] «Si la propuesta de un intercambio obligatorio de minorías a través del Egeo le planteaba algún problema moral, al jurado del Premio Nobel no pareció importarle. Tampoco pusieron ningún reparo las potencias occidentales que le concedieron autoridad a Nansen y le animaron a utilizarla con imaginación», B. Clark, Twice a Stranger: How Mass Expulsion forged Modern Greece and Turkey, Londres, 2006, p. 95, donde se deja constancia del «placer que experimentó la delegación turca cuando Nansen decidió agarrar el toro por los cuernos». <<

[432] Las actividades de los exiliados del CUP y las relaciones que mantuvieron con Kemal todavía no se han estudiado en profundidad. El mejor análisis hasta la fecha se centra en la búsqueda de ayuda soviética de Enver, y en los intentos de aprovechar la bandera del islam en Asia Central, y también se estudian algunos documentos relacionados con el papel que desempeñaron los demás en Europa: Y. Masayuki, The Green Crescent under the Red Star: Enver Pasha in Soviet Russia 1919-1922, Tokio, 1991. Para la hospitalidad diplomática con la que se les obsequió en Berlín, véanse las memorias de W. von Blücher, Deutschlands Weg nach Rapallo, Wiesbaden, 1951, pp. 130-137. La estancia de Talat se narra de forma admirable en I. Böer, R. Herköter y P. Kappert (eds.), Türken in Berlin 1871-1945, Berlín, 2002, pp. 195-201. <<

[433] Para una crónica sensacional, véase J. Derogy, Opération Némesis: Les vengeurs arméniens, París, 1986, pp. 135-148, 239-261, 275-278 y 296-301. Bedri, abogado de formación, fue enviado en misión especial a Kabul, donde, después de colaborar en la redacción de un código constitucional y otro penal para el régimen de Amanulá Kan, murió de tisis en 1924. S. Beck, «Das Afganische Strafgesetzbuch vom Jahre 1924 mit dem Zusatz vom Jahre 1925», Die Welt des Islams, agosto de 1928, p. 72. <<

[434] C. Findley recalca con razón esta rareza en su imaginativo estudio The Turks in World History, Oxford, 2005, p. 204. <<

[435] Para los tres registros de la lengua otomana, véase Ş. Mardin, Religion, Society and Modernity in Turkey, Syracuse, 2006, pp. 320-324. <<

[436] H. Poulton, op. cit., p. 91. <<

[437] A. Mango, Attatürk, cit., p. 374. <<

[438] Véase D. McDowall, A Modern History of the Kurds, Londres, 2004, p. 188. <<

[439] D. McDowall, op. cit., p. 87. <<

[440] C. Finkel, Osman’s Dream, cit., p. 550. <<

[441] Si se quiere profundizar en los detalles, véase H. Poulton, op. cit., pp. 104-114. <<

[442] Cartas del 12 de diciembre de 1936 y del 3 de enero de 1937, publicadas en Zeitschrift für Germanistik, diciembre de 1988, pp. 691-692. <<

[443] «A History and Geography of Turkish Nationalism», en F. Birtek y T. Dragonas (eds.), Citizenship and Nation-State in Greece and Turkey, Londres, 2005, p. 14. <<

[444] Véase V. Dadrian, The History of the Armenian Genocide, Nueva York, 2003, pp. 358 y 371. El signatario de este telegrama, Ahmet Muhtar Mullaoğlu, se convertiría en el primer embajador de la República de Turquía en Washington en 1927. <<

[445] Si se quiere profundizar en la historia de estos individuos y en esta pauta general, véase Akçam, A Shameful Act, pp. 362-364. Zürcher señala que todos los miembros de la elite kemalista tenían los mismos antecedentes regionales y ocupacionales que los del CUP. «Ambos grupos tenían un origen sociológico prácticamente idéntico». Y añade: «Este fenómeno es uno de los más delicados de la historia de la Turquía moderna», y después ofrece una lista de las figuras más destacadas del régimen en el periodo de entreguerras: «Sería interesante conocer en mayor profundidad las actividades de estas personas durante la Primera Guerra Mundial». Véase «How Europeans Adopted Anatolia and Created Turkey», European Review, vol. 13, n.º 3 (julio 2005), p. 386. <<

[446] The Philosophy of History, Nueva York, 1956, pp. 315-316. <<

[447] H. y R. Adams, Rebel Patriot: A Biography of Franz Von Papen, Santa Bárbara, 1987, p. 375. <<

[448] H. E. Erkilet, Şark Cephesinde Gördüklerim, Estambul, 1943, pp. 218-223. Los militares turcos también recibieron invitaciones para inspeccionar las posiciones británicas en Irak e Irán, pero no las aceptaron. L. Krecker, Deutschland and die Türkei im zweitenWeltkrieg, Fráncfort, 1964, p. 198. <<

[449] Para este episodio, véase F. Weber, The Evasive Neutral: Germany, Britain, and the Quest for a Turkish Alliance in the Second World War, Columbia y Londres, 1979, pp. 126-136, el mejor estudio, con diferencia, sobre la diplomacia turca en estos años. En E. Weisband, Turkish Foreign Policy 1943-1945, Princeton, 1973, y S. Deringil, Turkish Foreign Policy during the Second World War: An “Active” Neutrality, Cambridge, 2004, se puede encontrar un análisis exhaustivo de la trayectoria del gobierno de Ankara durante la guerra. Deringil afirma, ingenuamente, al principio de su obra: «Lo ideal sería que los estudios sobre la política exterior turca se basaran en la investigación de archivo. Pero, desgraciadamente, esto es imposible, pues el acceso a la mayoría de los archivos turcos no está permitido», (p. 7), si bien no se pregunta a qué se debe esta circunstancia. <<

[450] Documents Secrets du Ministère des Affaires Etrangères d’Allemagne, París, 1946, p. 89, traducidos de la publicación soviética de archivos alemanes interceptados en Berlín en 1945. <<

[451] H. Poulton, op. cit., p. 120. <<

[452] Para este episodio, véase Cumhuriyet, 25 de febrero de 1943. El embajador británico Knatchbull-Hugessen informó al Foreign Office: «He sabido que la propuesta original en relación con la devolución de los restos de Talat fue idea de M. Saraçoğlu, fiel secuaz del presidente». Véase R. Olson, «The Remains of Talat: A Dialectic Between Republic and Empire», Die Welt des Islams 26 (1986), p. 54. El diplomático alemán responsable de la operación, Ernst Jäckh, que sostenía que Kemal le había confesado en cierta ocasión que había «luchado hombro con hombro con nuestro común amigo de los Jóvenes Turcos», describía así la escena a la que asistió en Estambul: «En el cortejo fúnebre que avanzó hasta la Colina de la Libertad para enterrar los restos de Talat en suelo turco, algunos representantes del gobierno y una gran muchedumbre popular se unieron al ejército para rendirle todos los honores militares. Yo había tenido el privilegio de leer su oración fúnebre cuando murió en 1921. En esta ocasión la pronunció nuestro común amigo Hussein Djahid Yalcin, decano de nuestros políticos internacionales, quien, sollozando ante la tumba, encarnaba la evolución histórica desde la época de los Jóvenes Turcos hasta la de Attaturk». Véase Der goldene Pflug: Lebensernte eines Weltbürgers, Stuttgart, 1954, p. 125 y 231-233, y The Rising Crescent, Nueva York, 1944, p. 95. <<

[453] «The Tragedy of the Turkish Left», New Left Review I/26 (marzo-abril 1981), p. 85; publicado bajo el seudónimo de «Ahmet Samim». <<

[454] Si se quiere consultar un estudio clásico sobre esta configuración, véase la obra fundamental de Ç. Keyder, State and Class in Turkey, Londres, 1987, pp. 122-125. <<

[455] S. Vryonis Jr, The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955 and the Destruction of the Greek Community in Istambul, Nueva York, 2005. Es la crónica más completa de estos acontecimientos. Para el papel que desempeñaron Menderes y Bayar, véanse pp. 91-98. <<

[456] Para una descripción gráfica, véase W. Weiker, The Turkish Revolution 1960-1961, Wesport, 1980, pp. 14-20. <<

[457] En su momento álgido, el de la atmósfera similar a la de Mafikeng después de la invasión de Chipre, la coalición formada por el partido de Demirel, el de Türkes y el de Erbakan había alcanzado casi el 52 por ciento de los votos. <<

[458] Para una crónica mordaz, véase F. Ahmed, Turkey: The Quest of Identity, Oxford, 2003, pp. 134-137. <<

[459] Ş. Hardin, Religion, Society and Modernity in Turkey, pp. 217-219. <<

[460] Compárese E. Temelkuran, «Headscarf and Flag», New Left Review II/51 (mayo-junio 2008), con M. Ali Birand, The Generals’ Coup in Turkey: An Inside Story of 12 September 1980, Londres, 1987, p. 212. <<

[461] Para una visión general, véase Ç. Keyder, «The Turkish Bell Jar», New Left Review II/28 (julio-agosto 2004), pp. 67 ss.; Zürcher, Turkey: A Modern History, pp. 306-312. <<

[462] Véase el soberbio ensayo de O. Taştan, «Religion and Religious Minorities», en D. Lovatt (ed.), Turkey Since 1970: Politics, Economics and Society, Nueva York, 2001, p. 151. <<

[463] H. Türsan, Democratisation in Turkey: The Role of the Political Parties, Bruselas, 2004, p. 228; D. Shankland, Islam and Society in Turkey, Huntingdon, 1999, p. 30. <<

[464] El 45 por ciento de los campesinos en Diyarbakir y el 47 por ciento en Urfa no tenían tierras. Ahmed, Turkey: The Quest for Identity, p. 163. <<

[465] W. Hale, Turkey, the US and Iraq, Londres, 2007, p. 70. <<

[466] Para la magnitud de la crisis económica y su impacto social, véase Z. Aydin, The Political Economy of Turkey, Londres, 2005, pp. 123-125. <<

[467] Para estas victorias, véase N. İncioğlu, «Local Elections and Electoral Behaviour», en S. Sayari y Y. Esmer, Politics, Parties and Elections in Turkey, Boulder, 2002, pp. 83-89. <<

[468] Véase el discurso que pronunció Erdoğan ante el Instituto de Empresa Americano, «Conservative Democracy and the Globalization of Freedom», en M. Hakan Yavuz, The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Party, Salt Lake City, 2006, pp. 333-340. <<

[469] «Investing in Turkey», Informe especial del Financial Times, 18 de julio de 2007, p. 1. <<

[470] C. Tuğal, «NATO’s Islamists: Hegemony and Americanization in Turkey», New Left Review II/44 (marzo-abril 2007), p. 22. Este ensayo es el mejor análisis que se ha escrito hasta la fecha del ascenso del AKP y de su papel en el poder. <<

[471] Según una reciente revisión de las cuentas nacionales turcas. Véase Economist Intelligence Unit, Report on Turkey, abril de 2008, p. 151. <<

[472] Para una descripción clara de este episodio, véase S. Kardaş, «Turkey and the Iraqi Crisis», en Yavuz (ed.), The Emergence of a New Turkey, pp. 314-326. <<

[473] Para la actuación de Öcalan desde la prisión, que a veces parece dictada por sus captores, véase M. Gunter, The Kurds Ascending, Nueva York, 2008, pp. 63-86. <<

[474] Se ha escrito un número considerable de obras sobre Gülen. Para sus ideas, véase B. Koyuncu Lorasdaği, «Globalization, Modernization, and Democratization in Turkey: The Fethullah Gülen Movement», en E. Fuart Keyman, Remaking Turkey, Lanham, 2007, pp. 153-175. <<

[475] Shakland, Islam and Society in Turkey, p. 170. <<

[476] Para esta célebre observación, de la que existen muchas versiones, véase E. Kalaycioğlu, Turkish Dinamics: Bridge Across Troubled Lands, Basingstoke, 2005, p. 165. <<

[477] Si cediera la represión, por supuesto, la identidad kurda podría reactivarse incluso entre los que se han integrado en la sociedad turca. Véase el sensato análisis que se recoge en H. Barkley y G. Fuller, Turkey’s Kurdish Question, Lanham, 1998, p. 83. Demográficamente, en las provincias kurdas del sudeste la tasa de reproducción es mucho más elevada que en el resto del país. McDowall, A Modern History of the Kurds, p. 450. <<

[478] Para la reciente oleada de obras laudatorias sobre Talat, véase H. Adak, «Identifying the “Internal Tumors” of World War I; Talat Paşa’nin Hatiralari [Memorias de Talat Paşa], or the Travels of a Unionist Apologia into “History”», en A. Bähr, P. Burschel y G. Jancke (eds.), Raüme des Selbst: Selbstzeugnisforschung transkulturell, Colonia, 2007, pp. 167-168. El panegirista más destacado de Şakir es H. Cicek, Dr Bahaettin Şakir. Ittihat Terakki’den Teskilati Mahsusa’ya bir Turk Jakobeni, Estambul, 2004. <<

[479] İnsan Haklari ve Ermeni Sorunu: İttihat ve Terakki’den Kurtuluş Savaşina, publicado por IMGE Kitabevi en Ankara. Vahakn Dadrian, el estudioso armenio-americano más prestigioso, publicó la primera edición de su History of the Armenian Genocide —ya va por la séptima— en 1995. Ambos colaboran en la actualidad en una obra conjunta sobre los juicios de Estambul. <<

[480] C. Finkel, Osman’s Dream, cit., pp. 534-536. <<

[481] S. Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, cit., p. 182. <<

[482] A. Mango, op. cit., p. 161. <<

[483] Zürcher, Turkey: A Modern History (1993), p. 211; Turkey, A Modern History (2004), p. 116. <<

[484] Compárese la página 312 de la edición de 1993 de la obra de Zürcher, con las páginas 334-335 de la de 2004. <<

[485] «Turkey Pays for Sway in Washington», International Herald Tribune, 18 de octubre de 2007. Gephardt cobra 1 200 000 dólares al año a cambio de sus servicios. <<

[486] «Genocide Resolution Still Far from Certain», Los Angeles Times, 21 de abril de 2007. <<

[487] E. Inbar, «The Strategic Glue in the Israeli-Turkish Alignment», en B. Rubin y K. Kirişi, Turkey in the World Politics, An Emerging Multiregional Power, Boulder, p. 123. <<

[488] Comisión de las Comunidades Europeas, Turkey 2007 Progress Report, Bruselas, 2007, pp. 14, 28. <<

[489] Turkey 2007 Progress Report, pp. 74 y 75. <<

[490] «Al decidir que Turquía ha cumplido con los criterios de Copenhague, la UE no ha cumplido con su responsabilidad para con los kurdos». K. Yildiz y M. Muller, The European Union and Turkish Accession: Human Rights and the Kurds, Londres, 2008, pp. 180-183. <<

[491] O. Rehn, Europe’s Next Frontiers, Baden-Baden, 2006, pp. 116-177. <<

[492] Rehn, discurso ante el Parlamento Europeo, 21 de mayo de 2008. <<

[493] M. Lake (ed.), The EU and Turkey: A Glittering Prize or a Millstone?, Londres, 2005, pp. 11, 13 (Lake); 177 (Stone). El homenaje a la Comisión Independiente aparece en el ensayo de Hakan Altinay, p. 113. <<

[494] «Europe Can Learn from Turkey’s Past», Financial Times, 12 de octubre de 2005. <<

[495] The Great Game of Genocide, Nueva York, 2005, p. 228. <<

[496] «This Is the Moment for Europe to Dismantle Taboos, Not Erect Them», Guardian, 19 de octubre de 2006. <<

[497] Hitler 1889-1936: Hubris, Londres, 1998, p. 211. Para Scheubner-Richter, quien, como Rosenberg, procedía del Báltico, véase G. Franz-Willing, Ursprug der Hitlerbewegung, Oldendorf, 1974, pp. 81-82, 197-198 y 287-288 <<

[498] El mejor análisis es el de V. Dadrian, «The Comparative Aspects of the Armenian and Jewish Cases of Genocide: A Sociohistorical Perspective», en A. Rosenbaum, Is the Holocaust Unique? Perspectives on Comparative Genocide, Boulder, 2001, pp. 133-168. <<

[499] D. de Rougemont, Vingt-huit siècles d’Europe, París, 1961 [ed. cast.: Tres Milenios de Europa. La conciencia europea, Madrid, Veintisieteletras, 2007]. Para un brillante homenaje del presidente actual de la Comisión Europea a esta obra y a este autor, véase el discurso que pronunció Barroso en octubre de 2006, en el centenario de su nacimiento. <<

[500] R. Bartlett, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, Londres, 1993, pp. 306-314 [ed. cast.: La formación de Europa, Valencia, Universitat de València, 2003]. <<

[501] Para profundizar en este tema, véase D. Hay, The Idea of Europe, Edimburgo, 1957, que atribuye el primer uso del término «europeo» al papa Piccolomini Pío II (1458-1464), y la primera sustitución importante del término «Europa» por la noción de «cristiandad» a Commines (scripsit 1488-1501). Pp. 83-89. <<

[502] H. D. Schmidt, «The Establishment of “Europe” as a Political Expression», The Historical Journal IX, 2 (1996), pp. 172-178. <<

[503] «Observations on the Abbé de St Pierre’s Project for a Perpetual Peace», en P. Riley (ed.), The Political Writings of Leibniz, Cambridge, 1972, pp. 180-181. <<

[504] Pensées, I (1720-1734), § 318, París, 1991 (ed. Desgraves), p. 281. <<

[505] Le Siècle de Louis XVI (1751), cap. II, París, 1937 (ed. Bourgeois), p. 10 [ed. cast.: El siglo de Luis XVI, Barcelona, Orbis, 1986]. <<

[506] Le Droit des gens, III, cap. 3, § 47, Londres, 1958, facsímil, pp. 39-40 [ed. cast.: El derecho de gentes o Principios de la ley natural, Madrid, Ibarra, 1822]. <<

[507] The History of the Reign of Charles V [1769], Prefacio, Nueva York, 1833 (ed. Harper), p. v [ed. cast.: Historia del reinado del emperador Carlos V, Madrid, Imprenta de D. Julián Arranz, 1846-1847]. <<

[508] The Decline and Fall of the Roman Empire [1781], vol. II, cap. 38, Harmondsworth, 1994 (ed. Womersley), p. 511 [ed. cast: Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, Madrid, Turner, 2006]. <<

[509] Letters on a Regicide Peace [1796], I, Londres, 1893 (ed. Keene), pp. 74-75. <<

[510] De l’esprit des lois [1748], XVII, 3, Oeuvres complètes, II, París, 1949 (ed. Caillois), p. 526; y también en XVII, 5, p. 529, donde se hace hincapié en las divisiones geográficas naturales de Europa como baluarte de sus libertades [ed. cast.: Del espíritu de las leyes, Madrid, Tecnos, 2007]. <<

[511] The History of the Reign of Charles V, Libro 12, p. 488. Robertson repite la comparación entre Asia y Europa de Montesquieu, e invoca a Gengis Khan y a Tamerlán como ejemplos de gobernantes que arrasan todo lo que encuentran a su paso. <<

[512] The Decline and Fall of the Roman Empire [1776], vol. I, cap. 3 (ed. Womersley), p. 106. <<

[513] Le Siècle de Louis XVI, cap. II, p. 11. <<

[514] Le Droit des gens, III, cap. 3, § 47, p. 40. <<

[515] Le Siècle de Louis XVI, cap. XXXIV, pp. 654-664. <<

[516] The Decline and Fall of the Roman Empire [1788], vol. III, cap. 53 (ed. Womersley), p. 421. <<

[517] Pensées, §1006, pp. 379-380. <<

[518] The History of the Reign of Charles V, p. 489. Por el contrario, para Montesquieu, «Europa, al dominar el comercio de las otras tres partes del mundo, se ha convertido en su tirano», Pensées, §568, p. 320. El sermón que escribió Robertson en conmemoración de la Revolución Gloriosa ponía los puntos sobre las íes al tropo de la emulación: «Se puede considerar que todas las naciones civilizadas de Europa forman una comunidad exclusiva. Las relaciones entre ellas son importantes, y todos los avances en las ciencias, en las artes, en el comercio, en el gobierno que se introducen en cualquiera de ellas pronto se dan a conocer al resto, y con el tiempo se acaban adoptando e imitando. De ahí el parecido general que comparten todos los pueblos de Europa, y su superioridad sobre el resto del género humano». Véase R. Sher, «1688 and 1788: Willliam Robertson on Revolution in Britain and France», en P. Dukes y J. Dunkley (eds.), Culture and Revolution, Londres, 1990, p. 102. <<

[519] Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projettée [1770-1771], cap. 3, París, 1782, pp. 17-18 [ed. cast.: Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, Madrid, Tecnos, 1988]. Previamente, Rousseau se había mostrado más indulgente y hablaba de Europa en un tono más favorable. Decía que, a diferencia de «Asia o África, una colección teórica de pueblos que solo tienen el nombre en común», Europa era «una auténtica sociedad, con su propia religión, sus costumbres e incluso sus leyes, y ninguno de los pueblos que la componen pueden separarse de ella sin causar problemas inmediatos», «Extrait du projet de paix perpétuelle» [1760], Oeuvres, III, París, 1964, p. 567. <<

[520] De la réorganisation de la société europeénne, París, 1814, pp. 7-9, 24-26, 33-40, 47, 58-59, 63, 75-81 y 97. Saint-Simon insistía en que las virtudes de la Constitución inglesa eran, además, responsables de la prosperidad de este país, una prosperidad que se extendería a Europa si se adoptaba un modelo similar. <<

[521] Compárese con el destino de un proyecto prácticamente coetáneo. En mayo de 1814, el filósofo en ciernes Karl Christian Krause había publicado Entwurf eines europäischen Staatenbundes en Leipzig, inspirándose en el breve ensayo sobre la paz perpetua de Kant, en la línea jurídica del idealismo alemán. Después de derrotar a Francia, se animaba a las monarquías victoriosas a crear —por iniciativa de los alemanes, principalmente— una confederación europea, cuya capital ideal sería Berlín, con vistas a establecer posteriormente un gobierno mundial, cuando los demás continentes hubieran seguido el ejemplo europeo. El texto pasó desapercibido y cayó, como el resto de la obra de Krause —que solo tendría una buena acogida, generaciones después, en España—, en el olvido en su país. <<

[522] De la politique générale et du rôle de la France en Europe, París, 1840, pp. 26-31; J. Beecher, Victor Considérant and the Rise and Fall of French Romantic Socalism, Berkeley-Los Ángeles, 2001, pp. 373-375, 402 ss. <<

[523] Mazzini relacionaba la aparición de una literatura europea común con el desarrollo de la economía política. A su juicio, Europa era «un inmenso mercado común», y «avanzaba —con el consentimiento común de su población— hacia una nueva era de unión, una época de más íntima asociación en la que, bajo la influencia de un pensamiento general, la gente consideraría que todo el mundo pertenece a una gran familia», y «todos trabajarán en la gran fábrica de la naturaleza, y, aunque ocuparán distintos lugares según su posición, su aptitud o su vocación, todos colaborarán en la creación de un mismo trabajo cuyos frutos serán la ampliación y el fortalecimiento de la vida común»: «La Lega Internazionale dei Popoli» (1847), texto publicado por primera vez en inglés en Edimburgo. Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, vol. 36, Imola, 1922, pp. 8-10. Para Cattaneo, véase Memorie, Bruselas, 1849, p. 306: «En una Europa totalmente libre y cordial, la unidad de los ejércitos dará lugar a la libertad del pueblo; y el edificio que construyeron reyes y emperadores podrá ser reconstruido inspirándose literalmente en el modelo americano. El principio de nacionalidad, motivado-animado y tremendamente fortalecido por la opresión militar que busca destruirlo, disolverá los imperios accidentales de la Europa oriental y los transformará en federaciones de pueblos libres. Podremos disfrutar de una paz auténtica, cuando se instauren los Estados Unidos de Europa». <<

[524] «Discours d’ouverture du congrès de la paix» (1849), en Œuvres complètes: Politique, París, 1985 (ed. Fizaine), pp. 299-304. <<

[525] Proudhon, Du principe fédérait et de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution, París, 1863, pp. 88-94 [ed. cast.: El principio federativo, Madrid, Sarpe, 1985]; Bakunin, «Fédéralisme, socialisme et antithéologisme» [1867], en Œuvres, París, 1902, pp. 14-21 [ed. cast.: Federalismo, socialismo y antiteologismo, Madrid, Aguilera, 1977]. <<

[526] Kautsky, «Krieg und Frieden. Betrachtungen zur Maifeier», Die neue Zeit, 1910-1911, Bd. 2, pp. 105-106; R. Luxemburgo, «Friedensutopien» (1911), Gesammelte Werke, Bd. 2, Berlín, 1974, pp. 499-504. <<

[527] «On the Slogan of a United States of Europe» (1915), Collected Works, vol. 21, Moscú, 1974, pp. 339-343. <<

[528] Respectivamente: «Programma Mira», Nashe Slovo 86, 11 de abril de 1916; «Razoruzhenie i Soedinennye Shtaty Evropy», Biulleten’ oppozitsii 6 (octubre 1929), pp. 9-14. <<

[529] «Il Manifesto di Ventotene» (1941), en L. Angelino, Le forme dell’Europa. Spinelli o della federazione, Génova, 2003, pp. 187-210. Tanto la sección social como la jacobina del texto fueron redactadas por Rossi, el giellista, no por Spinelli, el comunista expulsado. <<

[530] En el primer editorial de esta publicación se citaba De la réorganisation de Saint-Simon como referencia fundacional: D. Cherubini y A. Anteghini, Les États Unis d’Europe. Un Project Pacifiste, Berna, 2004, p. 22. El término «pacifiste», que aparece en el título y en los textos de este volumen, debe entenderse en el sentido italiano, es decir, en el de la oposición a las guerras injustas, no como rechazo de la violencia en cuanto tal. <<

[531] Les États Unis d’Europe, París, 1872, pp. 175-178; esta obra, que en la actualidad parece más kantiana que saintsimoniana, reprendía a los diplomáticos reunidos en Viena el hacer concesiones tácticas. Otro pensador que se vio impulsado a reflexionar sobre la unidad continental a raíz de la guerra franco-prusiana fue Ernest Renan, que le suplicó a David Strauss en 1870, quince días después de las capitulaciones de Sedán, que creara una federación europea: «Lettre à M. Strauss», Oeuvres complètes, vol. 1, París, 1947, pp. 437-448. En su famoso ensayo de 1882 «¿Qué es una nación?», en muchos sentidos un himno al nacionalismo en sentido literal, Renan todavía pensaba que un día se crearía, sin duda, una confederación europea. <<

[532] «Die Organisation des europäischen Statenvereines», Gesammelte kleine Schriften, Bd. 2, Aufsätze über Politik and Volkerrecht, Nördlingen, 1881, pp. 279-312. <<

[533] Congrès des sciences politiques de 1900, Les États-Unis d’Europe, París, 1901, pp. 10, 22, 11-13 y 15-18 (Leroy-Beaulieu); 144-145 y 147-155 (Isambert). Ambos oradores presuponían la vocación colonial de Europa. El hermano de Leroy-Beaulieu, el economista Paul Leroy-Beaulieu, fue uno de los paladines de la expansión durante la Tercera República, cercano a Jules Ferry. Si Europa ya estuviera unida, explicaba Isambert, podría haber impedido que los Estados Unidos se apropiaran de las colonias españolas, y habría podido contener la agresión británica contra los bóer. A la hora de establecer la cuota proporcional de representantes de cada nación en una legislatura europea había que tener en cuenta a los colonos, pero no a los nativos. Estas afirmaciones no desentonaban con las ideas generales que defendía esta línea de descendencia: en 1814 el propio Saint-Simon ya había subrayado la importancia de la colonización del extranjero como una de las grandes misiones de la Europa futura: De la réorganisation, p. 52. <<

[534] Pan-Europa, Viena, 1924, pp. 53-58, 42-44 y 157-163. Coudenhove, hijo de madre japonesa, mantuvo la nacionalidad checa después de 1918 (tenía tierras en Bohemia); Hitler lo llamaba «el bastardo del mundo». Todavía no se ha escrito una buena biografía de este personaje. Después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill escribió el prefacio a una de sus autobiografías, y Franz-Josef Strauss también prologó otra, por su defensa de Europa como potencia mundial. <<

[535] Para un análisis más pormenorizado, véase la documentación recogida en A. Ziegerhofer-Prettenhaler, Botschafter Europas. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi und die Paneuropa-Bewegung in den zwanziger und dreissiger Jahren, Viena-Colonia-Weimar, 2004, pp. 106-116. <<

[536] Adel, Viena, 1923, p. 31. <<

[537] «Las potencias antagónicas no pueden alcanzar la paz —toda paz es mera ilusión, mera tregua—. Desde el punto de vista de los gobiernos y de la conciencia común, toda unificación es inconcebible. Ambas partes tienen reivindicaciones importantes y urgentes, y tienen que exigirlas, impulsadas por el espíritu del mundo y la humanidad. Ambas constituyen poderes indestructibles del corazón humano: a un lado la devoción por la Antigüedad, el apego a la condición histórica, el amor a los monumentos de los patriarcas y de la antigua y gloriosa familia estatal y la alegría de la obediencia; al otro, la maravillosa sensación de libertad, la expectativa incondicionada de formidables campos de acción, el placer de lo joven y nuevo, el contacto familiar con cualquier miembro del Estado, el orgullo de lo humano universalmente válido, la alegría del derecho individual y de poseer el todo, y el poderoso sentimiento de ser ciudadano. Ningún poder espere destruir al otro, aquí no tiene sentido hablar de conquistas, puesto que la capital más íntima de cada reino ni se halla protegida por murallas ni puede ser asediada», declamaba Novalis. «La sangre correrá por Europa mientras las naciones no perciban la terrible locura que las hace girar sobre sí mismas», y «no se celebre en los humeantes campos de batalla un ágape con lágrimas ardientes a modo de fiesta de la paz». Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment, Stuttgart, 1966, pp. 44-46. En inglés, Hymns to the Night and Other Selected Writings, Indianápolis, 1960, pp. 60-61 (traducción modificada). <<

[538] Para la historia de la censura y la manipulación de este texto, véase Wm. Arctander O’Brien, Novalis: Signs of Revolution, Durham, 1995, pp. 227-230. Schlegel, que se inventó el título «Cristianismo o Europa», intentó destruir la obra en 1815. De haberlo leído, Burke —que compartía el exquisito sentido del humor de Novalis— se habría alarmado tremendamente. El registro místico del ensayo de Novalis, su lacónica incandescencia, lo convierten en una obra singular, que solo se puede comparar, quizá, con el Manifiesto Comunista. <<

[539] Europa. Eine Zeitschrift [1802-1803], Darmstadt, 1963 (ed. Behler), pp. 2, 28-32. Mannigfältigkeit [Diversidad] es el término que se emplea de forma invariable aquí y en los textos sucesivos. <<

[540] Über die neuere Geschichte, Viena, 1811, pp. 15 y 11-12. <<

[541] Cuando un Estado europeo importante estaba tan desquiciado que representaba un peligro para los estados vecinos, estos tenían derecho a intervenir en aquel, no solo por prudencia política, sino porque se consideraba una cuestión de «derecho internacional en sentido literal»: Von dem politischen Zustande von Europa vor und nach der französischen Revolution, vol. 1, Berlín, 1801, p. 207. La Revolución francesa, como es natural, era uno de estos casos. Tres décadas después, Gentz seguía defendiendo el «derecho ilimitado de intervención» de cualquier soberanía que sintiera su seguridad amenazada por los sucesos que tenían lugar en un Estado cercano: «Bemerkungen über das Interventions-Recht» (Marzo de 1831), en Schriften von Friedrich von Gentz. Eine Denkmal, vol. 5, Mannheim, 1840 (ed. Schlesier), pp. 181-183. <<

[542] Como explicaba Gentz en 1818: «El sistema político que se ha establecido en Europa entre 1814 y 1815 es un fenómeno sin precedentes en la historia del mundo. En sustitución del principio de equilibrio o, para ser exactos, de contrapesos basados en alianzas particulares, el principio que ha regido, y con demasiada frecuencia también ha generado conflictos y ha hecho correr la sangre en Europa durante tres siglos, se ha impuesto el principio de unión general, que unifica colectivamente a todos los estados gracias a un vínculo federativo, bajo la dirección de cinco potencias destacadas»; lo cual había convertido a Europa «en una gran familia política unida bajo los auspicios de un areópago de su propia invención, cuyos miembros se garantizan a sí mismos y a todas las partes el tranquilo disfrute de sus respectivos derechos». Véase la obra de Gentz «Considérations sur le système politique actuellement établi en Europe», en Dépêches inédites de la politique européene (1813 à 1828), París, 1876, pp. 354-355. <<

[543] A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812-1822, Cambridges, Massachusetts, 1957, pp. 11, 321. Para la profundidad del cambio en el sistema internacional que trajo consigo la Restauración, véase la gran obra —conservadora— de P. Schroeder, The Transformation of European Politics 1763-1848, Oxford, 1994, passim, y «Did the Vienna System Rest on a Balance of Power?», en Systems, Stability and Statecraft: Essays on the International History of Modern Europe, Nueva York, 2004, pp. 37-57. <<

[544] Cours d’Histoire Moderne. Histoire génerale de la civilisation en Europe depuis la chute de l’empire romain jusqu’à la révolution française, París, 1828, Lección II, pp. 6-12 [ed. cast.: Historia de la civilización europea, o sea curso general de historia moderna, desde la caída del imperio romano hasta la revolución de Francia, Madrid, Madoz, 1846]. <<

[545] Ibid., Lección XIV, pp. 40-41. <<

[546] Ibid., Lección II, p. 7. <<

[547] «La civilización europea ha entrado, podríamos decir, en la verdad eterna por designio divino; sigue los caminos del Señor. Ahí reside el principio racional de su superioridad»: Cours d’Histoire Moderne, Lección II, pp. 11-12. Para Guizot, las Cruzadas habían sido «el primer acontecimiento europeo» en el que había participado toda Europa «movida por un mismo sentimiento y en defensa de una causa común». Antes, «Europa no existía». Las Cruzadas también habían sido la puerta hacia una mayor diversidad existencial: «Los pueblos se lanzaron a las Cruzadas como si se lanzaran a una nueva existencia, más amplia y variada, que les recordaba a un mismo tiempo la ancestral libertad de los bárbaros y la apertura de horizontes de un futuro por explorar», Lección II, pp. 11, 17. <<

[548] L. von Ranke, Die grossen Mächte [1833], Leipzig, 1916 (ed. Meinicke), pp. 58-63. <<

[549] Weltgeschichte [1881], Leipzig, 1896, p. 5. <<

[550] Historische Fragmente [apuntes de 1867], Stuttgart, 1942 (ed. Kaegi), pp. 141-148. <<

[551] Véase infra, pp. 526-527. <<

[552] Véase el excelente estudio de J.-L. Chabot sobre la idea de la unidad europea en esta época, Aux origines intellectuelles de l’union européenne, Grenoble, 2005, pp. 14-16; y también un análisis anterior, más centrado en la dimensión diplomática, que abarca un periodo histórico ligeramente distinto: C. Pegg, Evolution of the European Idea 1914-1932, Chapel Hill, 1983. <<

[553] «La Crise de l’esprit» [1919], Oeuvres, I, París, 1992, p. 988, publicado por primera vez en inglés en The Athenaeum —un acontecimiento prácticamente inconcebible en la actualidad. <<

[554] «Notes sur la grandeur et décadence de l’Europe» [1927], Oeuvres, II, p. 930: «Como no sabemos cómo librarnos de nuestra historia, los pueblos felices que carecen de historia, o casi, nos aliviarán de ella. Estos pueblos felices nos impondrán su felicidad». Valéry explicaba que había empezado a desarrollar esta línea de reflexión en la década de 1890, impresionado por la victoria de Estados Unidos sobre España y por la de Japón sobre China. <<

[555] Ortega, La rebelión de las masas, Madrid, 1930, pp. 302-308; Benda, Discours à la nation européenne, París, 1931; Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Bari, 1932, p. 358. Nótese cómo las fechas se van aproximando al Plan Briand. A Ortega le preocupaba el futuro de la URSS: «Yo veo en la construcción de Europa como gran Estado nacional la única empresa que pudiera contraponerse a la victoria del plan quinquenal». <<

[556] En Gran Bretaña sí tuvo lugar lo que podríamos denominar un curioso epílogo. Tras el fracaso del plan de Briand, un millonario que había heredado la fortuna de un industrial galés, Baron Davies, antiguo secretario de Lloyd George, fundó la New Commonwealth Society, y contrató nada más y nada menos que a Ernst Jäckh como director internacional. Juntos, crearon después, en 1934, un instituto y lanzaron una revista cuatrimestral que cinco años más tarde, tras la conmoción del Pacto de Múnich, se convirtió en la tribuna de una sucesión de planes de «unión federal» de distinta índole. El primero de todos ellos fue el éxito de ventas Union Now —redactado en el invierno de 1933-1934, pero que no encontró editor hasta 1939— del periodista americano Clarence Streit, que invitaba a las «quince democracias del mundo» —Estados Unidos, Gran Bretaña, los dominios de la Corona británica, Francia, los Países Bajos, los países nórdicos y Suiza—, «dueñas de casi la mitad de la Tierra, que dominan todos sus océanos, gobiernan a casi la mitad de la humanidad», a que unieran sus fuerzas en una federación invencible que combatiera a las potencias del Eje. Cuando estalló la guerra, The New Commonwealth Quarterly propuso la alternativa de crear una unión anglofrancesa, una iniciativa que Churchill abrazó a la desesperada —ya había sido el presidente de la sección británica de la New Commonwealth Society— después de la caída de París, en un vano intento de que la Tercera República siguiera activa en la lucha. Una vez derrotada Alemania, sin embargo, la Guerra Fría resucitó los debates en torno a la creación de una unión atlántica, en esta ocasión para combatir la amenaza del comunismo, y Streit apareció en la portada de la revista Time aún en 1950. Jäckh, que admiraba a Talat y que lloró su muerte —decía que había «salvado a muchos armenios»—, se pudo felicitar por su contribución a la alianza entre Alemania y los Jóvenes Turcos contra Rusia, un anticipo de la Doctrina Truman, y por haber fomentado el desarrollo de los ideales supranacionales en Europa: Der goldene Pflug, pp. 20, 219-220. <<

[557] «Problemès d’Europe», Annales d’histoire économique et sociale 35 (septiembre 1935), p. 473 [ed. cast.: «Problemas de Europa», en Historia e historiadores, Madrid, Akal, 1999, p. 159]. <<

[558] L’Europe. Genèse d’une civilisation, París, 1999 (apuntes de las lecciones inéditas hasta entonces), pp. 279, 284-289, 316, 292. Febvre empleaba muchos motivos que ya habían utilizado Valéry —el rebote de la difusión de la sabiduría europea en el mundo no europeo— y Bloch —la noción de Europa como teatro del miedo: a la competencia industrial, los alzamientos coloniales, los experimentos comunistas y nuevos conflictos nacionales: pp. 308-309. <<

[559] «L’Idea di Europa», basado en un curso de conferencias dictado en Milán durante el invierno de 1943-1944, en la actualidad incluido en L. Azzolini (ed.), Idea d’Europa e política dell’equilibrio, Bolonia, 1995, pp. 139-203. De la abundante literatura posterior, las obras más destacadas son dos de las primeras: H. Gollwitzer, Europabild und Europagedanke, Múnich, 1951, que abarca obras alemanas desde la Ilustración hasta Nietzsche, una obra muy importante, de una inmensa erudición analítica, y el vasto compendio de C. Curcio Europa. Storia di un’idea, Florencia, 1958, una obra menos erudita, que analiza las principales culturas del continente, desde la Antigüedad hasta la posguerra. Los historiadores franceses suelen centrarse en la dimensión estrictamente política de las ideas de Europa. Esta tradición se inauguró con la obra de P. Renouvin L’Idée de Fédération Européenne dans le Pensée Politique du XIXe Siècle, Oxford, 1949, y prosiguió con la de J. Duroselle, L’Idée d’Europe dans l’histoire (con prólogo de Monnet), París, 1965, con un enfoque más amplio. La más reciente es la antología de P. Rolland, L’unité politique de l’Europe. Histoire d’une idée, Bruselas, 2006. Desde Suiza, cabe destacar la crónica de De Rougemont Vingt-huit siècles d’Europe, que apareció en 1961. <<

[560] Antes de la guerra había escrito un ensayo, «Il Principio dell’equilibrio nella storia d’Europa», que terminaba con una alabanza a la diplomacia «humana y ampliamente europea» y a la «nueva gran misión que la Italia fascista se ha impuesto bajo el liderazgo firme y sensato del Duce», Idea d’Europa e política dell’equilibrio, pp. 30-31. Curcio, de origen napolitano, fue un partidario del régimen mucho más comprometido, y sufrió las consecuencias de la depuración después de la guerra. <<

[561] Respectivamente, «L’Idea di Europa» y «Europa. Storia», en Idea d’Europa e política dell’equilibrio, pp. 203 y 257. <<

[562] Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Berna, 1948, pp. 14, 21 [ed. cast.: Literatura Europea y Edad Media Latina, Fondo de Cultura Económica, 1999]. <<

[563] J.-B. Duroselle, L’Idée européenne dans l’histoire, París, 1965, p. 26; A. Milward, The European Rescue of the Nation-State, p. 318 ss. <<

[564] Gesammelte Schriften, p. 503. <<

[565] Bluntschli, Gesammelte kleine Schriften, Bd. 2, pp. 293-294 y 298-299. <<

[566] Coudenhove, Adel, p. 36. <<

[567] Es lo que opina Udo Di Fabio, el mismo juez que en 2005, para complacer a la clase política, se cargó una ley que prohibía a los partidos políticos fijar la fecha de las elecciones cuando les conviniera. De origen inmigrante, Di Fabio es el Clarence Thomas de la República Federal de Alemania, nominado para el tribunal por la CDU, autor de un tratado neconservador titulado Die Kultur der Freiheit, en el que ensalza la competitividad de los mercados, ataca la excesiva dependencia de los subsidios y propone un regreso a los valores de la familia, la religión y la nación —lo que podría llamarse, poniendo al día la famosa fórmula anterior a la guerra, Kinder, Firma, Kirche, con una dosis de Volk—. Los alemanes, según Di Fabio, habían vencido la tentación de caer en esta y otras frases que expresaban que tenían una naturaleza mejor gracias a Hitler, que no era un alemán auténtico, pues no tenía «una sola gota de la decencia del funcionario prusiano, del apego al hogar y de las ganas de vivir del catolicismo bávaro, ninguna inclinación a la diligencia y al trabajo duro, ninguna noción del estilo de vida alemán, de las costumbres burguesas y las tradiciones cristianas». Después de recuperar estos valores en la «Edad de Oro» de los años cincuenta, los alemanes corren ahora el riesgo de perderlos por culpa de un hedonismo miope, un residuo deletéreo de los años sesenta: Die Kultur der Freiheit, Múnich, 2005, pp. 207, 212, 217 ss. —una obra perteneciente al género nacionalista que se podría encuadrar, con un poco de malicia, dentro del género de la literatura filosófica de aeropuerto. <<

[568] A. Milward, «Envoi», en la segunda edición de The European Rescue of the Nation-State, Londres, 2000, pp. 425-436. <<

[569] Ibid., p. 428. <<

[570] Ibid., pp. 435-436. <<

[571] R. Dehousse, La fin de l’Europe, París, 2005, p. 71. <<

[572] J. Habermas, Ach, Europa. Kleine politische Schriften XI, Fráncfort, 2008, p. 105 [ed. cast.: ¡Ay, Europa!, Madrid, Trotta, 2009]. <<

[573] Ibid., p. 85. <<

[574] Ibid., pp. 121-122. <<

[575] Ibid., p. 110. El peso relativo de los motivos interiores y exteriores en el ensayo de Habermas «Plaidoyer für eine Politik der absgestuften Integration» se puede juzgar por el espacio que le dedica a ambos: el doble a los exteriores que a los interiores. <<

[576] S. Bartolini, Restructuring Europe. Centre formation, system building and political structuring between the nation-state and the European Union, Oxford, 2005, pp. 157-158. <<

[577] Ibid., pp. 284, 233 y 198. <<

[578] Ibid., p. 331. Ni siquiera en las votaciones más importantes que se celebran en el Parlamento, las que se deciden por el procedimiento de «codecisión», se presenta más de una tercera parte de los diputados. <<

[579] Ibid., pp. 410-412. <<

[580] Para la descripción programática de Pomian como director del Museo, véase «Pour une musée de l’Europe. Visite commentée d’une exposition en projet», Le Débat 129 (marzo-abril 2004), pp. 89-100. <<

[581] K. Pomian, L’Europe et ses nations, París, 1990, pp. 53-61, 91-117 y 219-233; E. Barnavi y K. Pomian, La révolution européenne 1945-2007, París, 2008, pp. 261-269. <<

[582] A. Boltho y B. Eichengreen, «The Economic Impact of European Integration», Discussion Paper N.º 6820, Centre for Economic Policy Research, mayo de 2008, p. 44. Basándose en una serie de meticulosos controles contrafácticos, los autores afirman que el Mercado Común produjo un incremento de entre el 3 y el 4 por ciento del PIB desde finales de los cincuenta hasta mediados de los setenta; el impacto del SME fue insignificante; el Acta Única produjo un crecimiento en torno al 1 por ciento del PIB; y parece poco probable que la unión monetaria «ejerza un impacto significativo en la tasa de crecimiento o incluso en el nivel de producción de la región»: pp. 27, 29, 34 y 38. Este informe ha sido redactado por dos autores que, según sus propias palabras, siempre se han mostrado partidarios de la integración. <<

[583] Véase la exposición sistemática que ofrece P. Baldwin en The Narcissism of Minor Differences, Nueva York, 2009, passim. <<

[584] Población: UE: 470 millones; EEUU: 330 millones. Economía: UE: PIB de 18 trillones de dólares; EEUU: 14 trillones. Véase FMI, World Economic Outlook Database, abril de 2009. <<

[585] Z. Laïdi, Norms over Force: The Enigma of European Power, Nueva York, 2008, pp. 5, 8, 42-50, 120, 33 y 129. La edición inglesa es una versión ampliada de la francesa original, La Norme sans la forcé. L’enigme de la puissance européenne, París, 2005. <<

[586] E. Morin, Penser l’Europe, París, 1987, pp. 27-28 [ed. cast.: Pensar Europa, Barcelona, Gedisa, 2003]. <<

[587] Ibid., pp. 149, 191, 212, 199, 207 y 216-217. <<

[588] Ibid., p. 212; L. von Ranke, Die grossen Mächte [1833] Leipzig, 1916 (ed. Meinecke), p. 58. <<

[589] Existe una diferencia sutil, pero significativa, entre las connotaciones que posee la «variedad» y las de la «diversidad». En general, esta suele aludir a lo que es diferente pero concomitante, mientras que aquella suele aludir a alteraciones de la experiencia a lo largo del tiempo, como demuestra la pintoresca imaginería de la sabiduría popular. Fourier se basó en este segundo concepto, expresado a través de la figura de la mariposa, para desarrollar su taxonomía de las pasiones: Oeuvres, vol. II, París, 1845, pp. 145-146. <<

[590] No es que la llegada de inmigrantes representara una mera continuación de los anteriores procesos de construcción del «crisol de razas» y que fuera incapaz de desempeñar nuevas funciones. La crítica más devastadora al nuevo discurso como tapadera de la desigualdad es el ataque del norteamericano W. Benn Michael, The Trouble with Diversity, Nueva York, 2006. En Canadá todavía no ha visto la luz una obra similar. Allí el Día del Multiculturalismo es una fiesta oficial más, como el Día de la Madre, el del Padre y otras celebraciones igual de solemnes. <<

[591] C. Caldwell, Reflections on the Revolution in Europe, pp. 3-4, 9-19, 29-30, 127-131 y 19 [ed. cast.: La revolución europea: cómo el islam ha cambiado el Viejo Continente, Barcelona, Debate, 2010]. <<

[592] Caldwell explica que su libro versa sobre los problemas que plantea la inmigración para la población local, no sobre las vicisitudes de los inmigrantes, por reales que estas sean. Pero, dado que especula en cierta medida acerca de las actitudes subjetivas de los musulmanes en Europa, es difícil justificar legítimamente esta falta de atención a la situación objetiva de esta comunidad. <<

[593] Esta expresión aparece en W. Laqueur, The Last Days of Europe, Nueva York, 2007, p. 100; Caldwell evita este tipo de florituras, pero la idea general es la misma. <<

[594] La formulación clásica de este argumento, que todavía no ha sido refutado ni superado, se encuentra en el ensayo de E. Gellner «The Rubber Cage: Disenchantment with Disenchantment», en Culture, Identity, and Politics, Cambridge, 1987, pp. 154-165 [ed. cast.: Cultura, identidad y política: el nacionalismo y los nuevos cambios sociales, Barcelona, Gedisa, 1989]. <<

[595] Les métamorphoses de la question sociale, París, 1995, passim; para el origen del término, véase p. 15. <<

[596] Aunque el tropo de la diversidad ha sido desde siempre un motivo de satisfacción para los europeos, es evidente que la noción que podría considerarse su corolario inmediato, la mezcla, no se suele ensalzar con tanta frecuencia. Ranke, como hemos visto, prevenía expresamente a sus lectores contra ella. Solo el ocasional esprit fort podía correr el riesgo de adentrarse en este explosivo terreno. El de Galiani es un caso excepcional: «La inconstancia es una ley física de todas las especies animales. Sin ella, no habría fertilidad, ni variedad, ni perfectibilidad. La inmensa variedad de las naciones que han poblado Europa o se han entremezclado con sus gentes es la causante de la perfección de nuestra raza. La estupefacción de los chinos se debe a su incapacidad de mezclarse con otros; con la llegada de los tártaros han ganado mucho. He aquí otro extraño hilo de pensamiento», Correspondance inédite de l’Abbe Ferdinand Galiani [1776-1777], vol. II, París, 1818, p. 272. No es que Giuliani fuera un triunfalista: «¡Larga vida a los chinos! Son una nación antigua, que nos considera unos niños y unos sinvergüenzas, mientras que nosotros solo pensamos en vagar por tierra y mar, llevando a todas partes la guerra, la discordia, nuestro dinero, nuestras armas, nuestra Biblia y nuestra viruela». Vol. I, p. 87. En una época posterior, Madariaga es el único que parece haber realizado la transición de la diversidad al hibridismo, pues señalaba que quizá la feliz unidad de Europa se basaba en realidad en el cruce de sus distintas razas, entre las que incluía a judíos y mongoles. Bosquejo de Europa, México, 1951, pp. 23-24. <<

[597] M. Malia, «Une nouvelle Europe?», Commentaire (invierno 1997/1998), pp. 815-826. <<

[598] Para Maquiavelo, el creador de la idea de que el conflicto era la condición de la libertad y del poder, las guerras entre patricios y plebeyos habían transmitido a la República de Roma tanto su libertad como su dinamismo imperial. «Si Roma hubiera intentado eliminar las causas de la agitación, habría suprimido también las causas de su expansión», Opere III, Turín, 1997 (ed. Vivanti), pp. 208-217. Para Ferguson, las virtudes de la emulación eran preeminentemente marciales: «Si no existiera la rivalidad entre naciones ni la práctica bélica, la propia sociedad civil no habría logrado obtener un objeto ni una forma», An Essay on the History of Civil Society (1767), Cambridge, 1995 (ed. Oz-Salzberger), p. 28 [ed. cast.: Ensayo sobre la historia de la sociedad civil, Madrid, Akal, 2010]. Para Ranke, véase supra, p. 501. <<

[599] E. Morin, op. cit., pp. 37 ss. <<

[600] T. Nairn, The Left Against Europe?, Londres, 1973, pp. 91-93 y 145. <<

[601] C. Booker y R. North, The Great Deception, Londres, 2005, p. 540. <<

[602] Para esta medida, véase A. Supiot, «Les Europes possibles», Esprit (enero 2009), pp. 173-174. <<