La naturaleza política del absolutismo ha sido tema de frecuente controversia histórica. Prosiguiendo el análisis iniciado en Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Anderson sitúa a los estados absolutistas de comienzos de la Edad Moderna sobre el telón de fondo del anterior feudalismo europeo y evalúa sus diversas trayectorias. ¿Por qué Italia no llegó a convertirse en un Estado absolutista de la misma manera que otras naciones dominantes de Europa occidental como España, Francia o Inglaterra? ¿Cómo en los países de la Europa oriental llegaron a constituirse estados absolutistas similares a los de la occidental, cuando sus condiciones sociales divergían tan drásticamente?

Con este análisis comparativo, Anderson, uno de los más influyentes ensayistas y teóricos críticos que ha visto el siglo XX, desmenuza las estructuras generales del absolutismo como sistema de estados, las relaciones entre monarquía y nobleza y su institucionalización, y las distintas condiciones sociales habidas en Europa, sometiendo a debate la posición especial que ocupa el desarrollo europeo en la historia universal y subrayando el especial significado de la herencia de la Antigüedad clásica.

Perry Anderson

El Estado absolutista

ePub r1.0

Titivillus 02.10.2019

Título original: Lineages of the Absolutist State

Perry Anderson, 1974

Traducción: Santos Juliá

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PRÓLOGO

El objeto de esta obra es intentar un análisis comparado de la naturaleza y desarrollo del Estado absolutista en Europa. Sus límites y su carácter general como meditación acerca del pasado se explican en el prólogo del estudio que le precede[1]. Ahora sólo es preciso añadir algunas consideraciones específicas sobre la relación de la investigación emprendida en este volumen con el materialismo histórico. Este libro, concebido como un estudio marxista del absolutismo, se sitúa deliberadamente entre dos planos diferentes del discurso marxista que, con frecuencia, permanecen a considerable distancia el uno del otro. Ha sido un fenómeno general de las últimas décadas que los historiadores marxistas, autores de lo que es ya un impresionante corpus de investigación, no siempre se hayan interesado por las cuestiones teóricas planteadas por los resultados de sus trabajos. Al mismo tiempo, los filósofos marxistas que han intentado clarificar o resolver los problemas teóricos básicos del materialismo histórico se han situado con frecuencia muy lejos de los temas empíricos concretos formulados por los historiadores. Aquí se ha realizado un esfuerzo por explorar un nivel intermedio entre esos dos. Es posible que tal intento sólo sirva como ejemplo de lo que no debe hacerse. Pero, en cualquier caso, la finalidad de este estudio es examinar el absolutismo europeo simultáneamente «en general» y «en particular»; es decir, tanto las estructuras «puras» del Estado absoluto, que lo constituyen como una categoría histórica fundamental, como las variantes «impuras» que presentan las específicas y diversas monarquías de la Europa posmedieval. En buena parte de los escritos marxistas de hoy, estos dos órdenes de realidad están normalmente separados por una gran línea divisoria. Por una parte, se construyen, o presuponen, modelos generales «abstractos», no sólo del Estado absolutista, sino también de la revolución burguesa o del Estado capitalista, sin ninguna preocupación por sus variantes efectivas. Por otra, se exploran casos locales «concretos», sin referencia a sus implicaciones e interconexiones recíprocas. Indudablemente, la dicotomía convencional entre estos procedimientos se deriva de la extendida creencia de que la necesidad inteligible sólo radica en las tendencias más amplias y generales de la historia, que operan, por decirlo así, por «encima» de las múltiples circunstancias empíricas de las instituciones y hechos específicos, cuyo curso o forma real es en buena medida y por comparación, resultado de la casualidad. Las leyes científicas —en el caso en que tal concepto se acepte—, se mantienen sólo para obtener categorías universales: los objetos singulares se consideran como pertenecientes al ámbito de lo fortuito. La consecuencia práctica de esta división es que los conceptos generales —tales como Estado absolutista, revolución burguesa o Estado capitalista— se convierten frecuentemente en algo tan lejano de la realidad histórica que dejan de tener toda fuerza explicativa, mientras que los estudios particulares —confinados a períodos o áreas delimitados— no pueden desarrollar o clarificar ninguna teoría global. La premisa de este trabajo es que no existe en la explicación histórica ninguna línea divisoria entre lo necesario y lo contingente que separe entre sí dos tipos de investigación: la «larga duración» frente a la «corta duración» o lo «abstracto» frente a lo «concreto». La división se da tan sólo entre lo que se conoce —verificado por la investigación histórica— y lo que se desconoce, pudiendo abarcar esto último tanto los mecanismos de los hechos singulares como las leyes de funcionamiento de estructuras completas. En principio, ambos son igualmente susceptibles de un adecuado conocimiento de su causalidad. (En la práctica, los testimonios históricos que han llegado hasta nosotros pueden ser tan insuficientes o contradictorios que no permitan formular juicios definitivos; pero ésta es otra cuestión: de documentación y no de inteligibilidad). Uno de los principales propósitos del estudio aquí emprendido es, por tanto, intentar mantener simultáneamente en tensión dos planos de reflexión que, de forma injustificable, han estado divorciados en los escritos marxistas, debilitando su capacidad para formular una teoría racional y controlable en el campo de la historia.

El verdadero alcance del estudio que sigue se manifiesta en tres anomalías o discrepancias respecto a los tratamientos ortodoxos del tema. La primera de ellas es que aquí se concede mucha más antigüedad al absolutismo, como ya estaba implícito en la naturaleza del estudio que ha servido de prólogo a éste. En segundo lugar, y dentro de los límites del continente explorado en estas páginas —Europa—, se ha realizado un sistemático esfuerzo para dar un trato equivalente y complementario a sus zonas occidentales y orientales, tal como se hacía también en la precedente discusión sobre el feudalismo. Esto es algo que no puede darse sin más por supuesto, ya que, si bien la división entre Europa occidental y oriental es un lugar común intelectual, rara vez ha sido objeto de una directa y sostenida reflexión histórica. La producción más reciente de trabajos serios sobre historia europea ha corregido hasta cierto punto el tradicional desequilibrio geopolítico de la historiografía occidental, con su característico olvido de la mitad oriental del continente. Pero todavía queda un largo camino hasta alcanzar un razonable equilibrio de interés. Con todo, lo urgente no es tanto una mera paridad en la cobertura de ambas regiones cuanto una explicación comparada de su división, un análisis de sus diferencias y una estimación de la dinámica de sus interconexiones. La historia de Europa oriental no es una mera y más pobre copia de la de Europa occidental, que podría yuxtaponerse al lado de ésta sin afectar a su estudio; el desarrollo de las regiones más «atrasadas» del continente arroja una insólita luz sobre las regiones más «avanzadas», y con frecuencia saca a la superficie nuevos problemas que permanecían ocultos dentro de ella por las limitaciones de una introspección puramente occidental. Así pues, y al contrario de la práctica normal, la división vertical del continente entre Occidente y Oriente se toma a lo largo de todo el libro como un principio central que organiza los materiales de la discusión. Dentro de cada zona han existido siempre, por supuesto, grandes diferencias sociales y políticas que aquí se contrastan e investigan en su específica entidad. La finalidad de este procedimiento es sugerir una tipología regional que pueda ayudar a clarificar las divergentes trayectorias de los más importantes estados absolutistas de Europa oriental y occidental. Tal tipología podría servir precisamente para indicar, aunque sea sólo en forma de esbozo ese tipo plano conceptual intermedio que se pierde tantas ve ces, y no sólo en los estudios sobre el absolutismo, sino también en otros muchos temas, entre las genéricas construcciones teóricas y los particulares casos históricos.

En tercer lugar, y por último, la selección del objeto de este estudio —el Estado absolutista— ha determinado una articulación temporal diferente a la de los géneros ortodoxos de historiografía. Los marcos tradicionales de la producción historia son países singulares o períodos cerrados. La gran mayoría de la investigación cualificada se lleva a cabo dentro de los confines nacionales; y cuando un trabajo los sobrepasa para alcanzar una perspectiva internacional, normalmente toma como frontera una época delimitada. En ambos casos, el tiempo histórico no parece presentar normalmente ningún problema: tanto en los «anticuados» estudios narrativos como en los «modernos» estudios sociológicos, los hechos y las instituciones aparecen bañados en una temporalidad más o menos continua y homogénea. Aunque todos los historiadores son naturalmente conscientes de que el ritmo de cambio es distinto según los diversos niveles o sectores de la sociedad, la conveniencia y la costumbre dictan frecuentemente que la forma de un trabajo implica o conlleva un monismo cronológico. Es decir, sus materiales se tratan como si compartieran un común punto de partida y una conclusión común enlazados por un simple tramo de tiempo. En este estudio no hay tal medio temporal uniforme, precisamente porque los tiempos de los principales absolutismos de Europa —oriental y occidental— fueron enormemente diversos, y esa misma diversidad es constitutiva de sus respectivas naturalezas como sistemas de Estado. El absolutismo español sufrió su primera gran derrota a finales del siglo XVI en los Países Bajos; el absolutismo inglés fue derribado a mediados del siglo XVII; el absolutismo francés duró hasta el final del siglo XVIII; el absolutismo prusiano sobrevivió hasta finales del siglo XIX; el absolutismo ruso sólo fue derrocado en el siglo XX. Las amplias diferencias en la cronología de estas grandes estructuras correspondieron inevitablemente a una profunda diversidad en su composición y evolución. Y como el objeto específico de este estudio es todo el espectro del absolutismo europeo, ninguna temporalidad singular puede cubrirlo. La historia del absolutismo tiene muchos y yuxtapuestos comienzos, y finales escalonados y dispares. Su unidad fundamental es real y profunda, pero no es la de un continuo lineal. La duración compleja del absolutismo europeo, con sus múltiples rupturas y desplazamientos de una región a otra, condiciona la presentación del material histórico de este estudio. Por tanto, aquí se omite el ciclo completo de los procesos y sucesos que aseguraron el triunfo del modo de producción capitalista en Europa tras los comienzos de la época moderna. Cronológicamente, las primeras revoluciones burguesas acaecieron mucho antes de las últimas metamorfosis del absolutismo; sin embargo, para los propósitos de este libro, son categorialmente posteriores, y se considerarán en un estudio subsiguiente. Así pues, aquí no se discuten ni exploran fenómenos fundamentales como la acumulación originaria de capital, el comienzo de la reforma religiosa, la formación de las naciones, la expansión del imperialismo ultramarino o el advenimiento de la industrialización, aunque todos ellos se incluyen en el ámbito formal de los «períodos» aquí considerados, como contemporáneos de las diversas fases del absolutismo en Europa. Sus fechas son las mismas; sus tiempos están separados. La desconocida y desconcertante historia de las sucesivas revoluciones burguesas no nos atañe ahora; el presente ensayo se limita a la naturaleza y desarrollo de los estados absolutistas que fueron sus antecedentes y sus adversarios políticos. Dos estudios posteriores tratarán específica y sucesivamente de la cadena de las grandes revoluciones burguesas —desde la rebelión de los Países Bajos hasta la unificación de Alemania— y de la estructura de los estados capitalistas contemporáneos que finalmente, tras un largo proceso de evolución ulterior, emergieron de ellas. Algunas de las implicaciones teóricas y políticas de los argumentos adelantados en el presente volumen aparecerán con toda claridad en esos estudios.

Quizá sea precisa una última palabra sobre la elección del Estado como tema central de reflexión. En la actualidad, cuando la «historia desde abajo» se ha convertido en una consigna tanto en los círculos marxistas como en los no marxistas, y ha producido considerables avances en nuestra comprensión del pasado, es necesario recordar, sin embargo, uno de los axiomas básicos del materialismo histórico: la lucha secular entre las clases se resuelve en último término en el nivel político de la sociedad, y no en el económico o cultural. En otras palabras, mientras las clases subsistan, la construcción y destrucción de los estados es lo que cierra los cambios básicos en las relaciones de producción. Una «historia desde arriba» —una historia de la intrincada maquinaria de la dominación de clase— es, por tanto, no menos esencial que una «historia desde abajo». En efecto, sin aquélla ésta acabaría teniendo una sola cara, aunque fuera la cara mejor. Marx escribió en su madurez: «La libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella, y las formas de Estado siguen siendo hoy más o menos libres en la medida en que limitan la “libertad” del Estado». Cien años después, la abolición del Estado continúa siendo uno de los objetivos del socialismo revolucionario. Pero el supremo significado que se concede a su desaparición final testimonia todo el peso de su previa presencia en la historia. El absolutismo, primer sistema estatal internacional en el mundo moderno, todavía no ha agotado en modo alguno sus secretos o sus lecciones para nosotros. El objeto de este trabajo es contribuir a una discusión de algunos de ellos. Sus errores, equivocaciones, carencias, solecismos e ilusiones pueden dejarse con toda tranquilidad a la crítica de un debate colectivo.

PRIMERA PARTE
EUROPA OCCIDENTAL

1. EL ESTADO ABSOLUTISTA EN OCCIDENTE

La larga crisis de la economía y la sociedad europeas durante los siglos XIV y XV puso de manifiesto las dificultades y los límites del modo de producción feudal en el postrer período medieval[1]. ¿Cuál fue el resultado político final de las convulsiones continentales de esta época? En el transcurso del siglo XVI apareció en Occidente el Estado absolutista. Las monarquías centralizadas de Francia, Inglaterra y España representaron una ruptura decisiva con la soberanía piramidal y fragmentada de las formaciones sociales medievales, con sus sistemas de feudos y estamentos. La controversia acerca de la naturaleza histórica de estas monarquías persiste desde que Engels, en una frase célebre, determinó que eran el producto de un equilibrio de clase entre la vieja nobleza feudal y la nueva burguesía urbana: «Sin embargo, por excepción, hay períodos en que las clases en lucha están tan equilibradas (Gleichgewicht halten), que el poder del Estado, como mediador aparente, adquiere cierta independencia momentánea respecto a una y otra. En este caso se halla la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, que mantenía a nivel la balanza (gegeneinander balanciert) entre la nobleza y el estado llano»[2]. Las múltiples reservas de este pasaje indican cierta inseguridad conceptual por parte de Engels. Pero un detenido examen de las sucesivas formulaciones tanto de Marx como de Engels revela que una concepción similar del absolutismo fue, de hecho, un rasgo relativamente permanente en sus obras. Engels repitió la misma tesis básica de forma más categórica en otro lugar, subrayando que «la condición fundamental de la antigua monarquía absoluta» era «el equilibrio (Gleichgewicht) entre la nobleza terrateniente y la burguesía»[3]. Evidentemente, la clasificación del absolutismo como mecanismo de equilibrio político entre la nobleza y la burguesía se desliza a menudo hacia su designación implícita o explícita en lo fundamental como un tipo de Estado burgués en cuanto tal. Este deslizamiento es evidente, sobre todo, en el propio Manifiesto comunista, en el que la función política de la burguesía «durante el período de la manufactura» se caracteriza sin ninguna solución de continuidad como «contrapeso (Gegengewicht) de la nobleza en las monarquías feudales o absolutas y, en general, piedra angular (Hauptgrundlage) de las grandes monarquías»[4]. La equívoca transición desde «contrapeso» a «piedra angular» aparece también en otros textos. Engels pudo referirse a la época del absolutismo como la era en que «la nobleza feudal fue obligada a comprender que el período de su dominación social y política había llegado a su fin»[5]. Marx, por su parte, afirmó repetidamente que las estructuras administrativas del nuevo Estado absoluto eran un instrumento específicamente burgués. «Bajo la monarquía absoluta», escribió, «la burocracia no era más que el medio para preparar la dominación de clase de la burguesía». Y en otro lugar afirmó que «el poder estatal centralizado, con sus órganos omnipotentes: el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura —órganos creados con arreglo a un plan de división sistemática y jerárquica del trabajo— procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo»[6].

Todas estas reflexiones sobre el absolutismo eran más o menos fortuitas y alusivas: ninguno de los fundadores del materialismo histórico hizo jamás una teorización directa de las nuevas monarquías centralizadas que surgieron en la Europa del Renacimiento. Su exacto significado se dejó al juicio de las generaciones siguientes, y, de hecho, los historiadores marxistas han debatido el problema de la naturaleza social del absolutismo hasta nuestros días. Evidentemente, una solución correcta de este problema es vital para nuestra comprensión de la transición del feudalismo al capitalismo, y de los sistemas políticos que la caracterizaron. Las monarquías absolutas introdujeron unos ejércitos y una burocracia permanentes, un sistema nacional de impuestos, un derecho codificado y los comienzos de un mercado unificado. Todas estas características parecen ser eminentemente capitalistas, y como coinciden con la desaparición de la servidumbre, institución nuclear del primitivo modo de producción feudal en Europa, las descripciones hechas por Marx y Engels del absolutismo como un sistema estatal que representa un equilibrio entre la burguesía y la nobleza, o incluso un dominio abierto del mismo capital, han parecido con mucha frecuencia plausibles. Sin embargo, un estudio más detenido de las estructuras del Estado absolutista en Occidente niega inevitablemente la validez de tales juicios. El fin de la servidumbre no significó por sí mismo la desaparición de las relaciones feudales en el campo. La identificación de ambos fenómenos es un error común, pero es evidente que la coerción privada extraeconómica, la dependencia personal y la combinación del productor inmediato con los instrumentos de producción, no desaparecieron necesariamente cuando el excedente rural dejó de ser extraído en forma de trabajo o de entregas en especie para convertirse en renta en dinero: mientras la propiedad agraria aristocrática cerró el paso a un mercado libre de tierras y a la movilidad real de la mano de obra —en otras palabras, mientras el trabajo no se separó de las condiciones sociales de su existencia para transformarse en «fuerza de trabajo»—, las relaciones de producción rurales continuaron siendo feudales. En El capital, el mismo Marx clarificó este problema en su correcto análisis teórico de la renta del suelo: «La transformación de la renta en trabajo en la renta en productos no altera en absoluto, económicamente hablando, la esencia de la renta de la tierra […] Entendemos aquí por renta en dinero […] la renta emanada de una mera trasmutación formal de la renta en productos, del mismo modo que esta misma era sólo la renta en trabajo transformada […] La base de esta clase de renta, a pesar de acercarse a su disolución, sigue siendo la misma que en la renta en productos que constituye el punto de partida. El productor directo sigue siendo, como antes, poseedor hereditario o, de alguna otra manera, tradicional del suelo, y quien debe tributarle al terrateniente, en cuanto propietario de la tierra, de su condición de trabajo más esencial, un trabajo forzado excedentario, es decir, trabajo impago, efectuado sin equivalente, en la forma de plusproducto transformado en dinero»[7]. Los señores que continuaron siendo propietarios de los medios de producción fundamentales en cualquier sociedad preindustrial fueron, desde luego, los nobles terratenientes. Durante toda la temprana edad moderna, la clase económica y políticamente dominante fue, pues, la misma que en la era medieval: la aristocracia feudal. Esta nobleza sufrió una profunda metamorfosis durante los siglos siguientes al fin de la Edad Media, pero desde el comienzo hasta el final de la historia del absolutismo nunca fue desalojada de su dominio del poder político.

Los cambios en las formas de explotación feudal que acaecieron al final de la época medieval no fueron en absoluto insignificantes; por el contrario, son precisamente esos cambios los que modifican las formas del Estado. El absolutismo fue esencialmente eso: un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional, a pesar y en contra de las mejoras que habían conquistado por medio de la amplia conmutación de las cargas. Dicho de otra forma, el Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía ni, mucho menos, un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia: fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. Hace veinte años, Hill resumía así el consenso de una generación de historiadores marxistas, ingleses y rusos: «La monarquía absoluta fue una forma diferente de monarquía feudal, distinta de la monarquía de estamentos feudales que la precedió, pero la clase dominante continuó siendo la misma, exactamente igual que una república, una monarquía constitucional y una dictadura fascista pueden ser todas ellas formas de dominación de la burguesía»[8]. La nueva forma del poder nobiliario estuvo determinada, a su vez, por el desarrollo de la producción e intercambio de mercancías en las formaciones sociales de transición de la primera época moderna. Althusser ha especificado correctamente su carácter en este sentido: «El régimen político de la monarquía absoluta es tan sólo la nueva forma política necesaria para el mantenimiento del dominio y explotación feudal en un período de desarrollo de una economía de mercado»[9]. Pero las dimensiones de la transformación histórica que entraña el advenimiento del absolutismo no deben ser minimizadas de ninguna manera. Por el contrario, es fundamental comprender toda la lógica y la importancia del cambio decisivo en la estructura del Estado aristocrático y de la propiedad feudal que produjo el nuevo fenómeno del absolutismo.

El feudalismo como modo de producción se definía originariamente por una unidad orgánica de economía y política, paradójicamente distribuida en una cadena de soberanías fragmentadas a lo largo de toda la formación social. La institución de la servidumbre como mecanismo de extracción del excedente fundía, en el nivel molecular de la aldea, la explotación económica y la coerción político-legal. El señor, a su vez, tenía que prestar homenaje principal y servicios de caballería a un señor supremo que reclamaba el dominio último de la tierra. Con la conmutación generalizada de las cargas por una renta en dinero, la unidad celular de la opresión política y económica del campesinado se vio gravemente debilitada y en peligro de disolución (el final de este camino sería el «trabajo libre» y el «contrato salarial»). El poder de clase de los señores feudales quedó, pues, directamente amenazado por la desaparición gradual de la servidumbre. El resultado fue un desplazamiento de la coerción política en un sentido ascendente hacia una cima centralizada y militarizada: el Estado absolutista. La coerción, diluida en el plano de la aldea, se concentró en el plano «nacional». El resultado de este proceso fue un aparato reforzado de poder real, cuya función política permanente era la represión de las masas campesinas y plebeyas en la base de la jerarquía social. Esta nueva maquinaria de Estado, sin embargo, estaba investida por su propia naturaleza de una fuerza coactiva capaz de destruir o disciplinar a individuos y grupos dentro de la misma nobleza. Como veremos, la llegada del absolutismo nunca fue, para la propia clase dominante, un suave proceso de evolución, sino que estuvo marcada por rupturas y conflictos extremadamente duros en el seno de la aristocracia feudal, a cuyos intereses colectivos en último término servía. Al mismo tiempo, el complemento objetivo de la concentración política del poder en la cúspide del orden social, en una monarquía centralizada, fue la consolidación, por debajo de ésta, de las unidades de propiedad feudal. Con el desarrollo de las relaciones mercantiles, la disolución de los lazos primarios entre la explotación económica y la coerción político-legal condujo no sólo a una creciente proyección de esta última sobre la cúspide monárquica del sistema social, sino también a un fortalecimiento compensatorio de los títulos de propiedad que garantizaban aquella explotación. En otras palabras: con la reorganización del sistema político feudal en su totalidad, y la disolución del sistema original de feudos, la propiedad de la tierra tendió a hacerse progresivamente menos «condicional», al tiempo que la soberanía se hacía correlativamente más «absoluta». El debilitamiento de las concepciones medievales de vasallaje se desarrolló en ambas direcciones: mientras confería a la monarquía unos poderes nuevos y extraordinarios, emancipó las propiedades de la nobleza de sus tradicionales limitaciones. En la nueva época, la propiedad agraria adoptó silenciosamente una forma alodial (para usar un término que habría de volverse anacrónico en un clima jurídico transformado). Los miembros individuales de la clase aristocrática, que perdieron progresivamente los derechos políticos de representación en la nueva era, registraron avances en la propiedad, como reverso del mismo proceso histórico. El efecto final de esta redistribución del poder social de la nobleza fueron la maquinaría de Estado y el orden jurídico absolutistas, cuya coordinación habría de aumentar la eficacia del dominio aristocrático al reducir a un campesinado no servil a nuevas formas de dependencia y explotación. Los estados monárquicos del Renacimiento fueron, ante todo y sobre todo, instrumentos modernizados para el mantenimiento del dominio nobiliario sobre las masas rurales.

Al mismo tiempo, sin embargo, la aristocracia tenía que adaptarse a un nuevo antagonista: la burguesía mercantil que se había desarrollado en las ciudades medievales. Ya se ha visto que fue precisamente la intromisión de esta tercera presencia lo que impidió que la nobleza occidental ajustara cuentas con el campesinado al modo oriental, esto es, aniquilando su resistencia y encadenándolo al señorío. La ciudad medieval pudo desarrollarse gracias a la dispersión jerárquica de la soberanía en el modo de producción feudal, que había liberado a las economías urbanas de la dominación directa de una clase dominante rural[10]. En este sentido, como ya hemos visto, las ciudades nunca fueron exógenas al feudalismo de Occidente. De hecho, la condición fundamental de su existencia fue la «destotalización» única de la soberanía en el marco del poder politicoeconómico del feudalismo. De ahí la resistencia de las ciudades de Occidente a lo largo de la peor crisis del siglo XIV, que arruinó temporalmente a tantas familias patricias de las urbes mediterráneas. Los Bardi y Peruzzi se hundieron en Florencia, mientras Siena y Barcelona decaían; pero Augsburgo, Génova y Valencia iniciaban precisamente su ascenso. Durante la depresión feudal se desarrollaron importantes industrias urbanas, tales como del hierro, el papel y los textiles. Considerada a distancia, esta vitalidad económica y social actuó como una interferencia objetiva y constante en la lucha de clases por la tierra, y bloqueó cualquier solución regresiva que pudieran darle los nobles. Es significativo, en efecto, que los años transcurridos entre 1450 y 1500, que presenciaron los primeros pasos de las monarquías absolutas unificadas de Occidente, fueran también los años en que se superó la crisis larga de la economía feudal gracias a una nueva combinación de los factores de producción, entre los que, por vez primera, jugaron un papel principal los avances tecnológicos específicamente urbanos. El conjunto de inventos que coincide con el gozne situado entre las épocas «medieval» y «moderna» es demasiado bien conocido para volver a discutirlo aquí. El descubrimiento del proceso seiger para separar la plata del mineral de cobre reabrió las minas de Europa central y provocó un nuevo flujo de metales en la economía internacional; la producción monetaria de Europa central se quintuplicó entre 1460 y 1530. El desarrollo de los cañones de bronce convirtió a la pólvora, por vez primera, en el arma de guerra decisiva, y redujo a puro anacronismo las defensas de los castillos señoriales. El invento de los tipos móviles produjo la llegada de la imprenta. La construcción de galeones de tres mástiles y con timón a popa hizo los océanos navegables para las conquistas ultramarinas[11]. Todos estos inventos técnicos decisivos, que echaron los fundamentos del Renacimiento europeo, se concentraron en la segunda mitad del siglo XV, y fue entonces, hacia 1470, cuando al fin cedió en Francia e Inglaterra la secular depresión agrícola.

Esta fue precisamente la época en que acaeció, en un país tras otro, un repentino y simultáneo resurgimiento de la autoridad y la unidad políticas. Desde lo más hondo del tremendo caos feudal y de las convulsiones de las guerras de las Rosas, de la guerra de los Cien Años y de la segunda guerra civil de Castilla, las primeras monarquías «nuevas» se irguieron, prácticamente al mismo tiempo, durante los reinados de Luis XI en Francia, Fernando e Isabel en España, Enrique VII en Inglaterra y Maximiliano en Austria. Así, cuando los estados absolutistas quedaron constituidos en Occidente, su estructura estaba determinada fundamentalmente por el reagrupamiento feudal contra el campesinado, tras la disolución de la servidumbre; pero estaba sobredeterminada secundariamente por el auge de una burguesía urbana que, tras una serie de avances técnicos y comerciales, estaba desarrollando ya las manufacturas preindustriales en un volumen considerable. Este impacto secundario de la burguesía urbana sobre las formas del Estado absolutista fue lo que Marx y Engels intentaron captar con los erróneos conceptos de «contrapeso» y «piedra angular». De hecho, Engels expresó la verdadera relación de fuerzas con bastante exactitud en más de una ocasión: al hablar de los nuevos descubrimientos marítimos y de las industrias manufactureras del Renacimiento, Engels escribió que «a esta gran transformación de las condiciones económicas vitales de la sociedad no siguió empero en el acto un cambio correspondiente de su articulación política. El orden estatal siguió siendo feudal mientras la sociedad se hacía cada vez más burguesa»[12]. La amenaza del malestar campesino, tácitamente constitutiva del Estado absolutista, se vio así acompañada siempre por la presión del capital mercantil o manufacturero dentro del conjunto de las economías occidentales, para moldear los contornos del poder de la clase aristocrática en la nueva era. La forma peculiar del Estado absolutista en Occidente se deriva de esta doble determinación.

Las fuerzas duales que produjeron las nuevas monarquías de la Europa renacentista encontraron una sola condensación jurídica. El resurgimiento del derecho romano, uno de los grandes movimientos culturales del período, correspondía ambiguamente a las necesidades de las dos clases sociales cuyo poder y categoría desiguales dieron forma a las estructuras del Estado absolutista en Occidente. En sí mismo, el conocimiento renovado de la jurisprudencia romana databa ya de la Baja Edad Media. El enorme desarrollo del derecho consuetudinario nunca había suprimido el recuerdo y la práctica del derecho civil romano en la península que poseía su más larga tradición, Italia. Fue precisamente en Bolonia donde Irnevio, «antorcha del derecho», había comenzado de nuevo el estudio sistemático de las codificaciones de Justiniano, a comienzos del siglo XII. La escuela de glosadores por él fundada reconstruyó y clasificó metódicamente el legado de los juristas romanos para los cien años siguientes. Su obra fue continuada, en los siglos XIV y XV, por los «comentaristas», más preocupados por la aplicación contemporánea de las normas legales romanas que por el análisis académico de sus principios teóricos, y que, en el proceso de adaptar el derecho romano a las condiciones drásticamente transformadas de su tiempo, corrompieron su prístina forma limpiándolo a la vez de sus contenidos particularistas[13]. Paradójicamente, la misma infidelidad de sus trasposiciones de la jurisprudencia latina «universalizó» a ésta al suprimir las numerosas partes del derecho civil romano que estaban estrictamente relacionadas con las condiciones históricas de la Antigüedad (por ejemplo, su exhaustivo tratamiento de la esclavitud)[14]. A partir de su primer redescubrimiento en el siglo XII, los conceptos legales romanos comenzaron a extenderse gradualmente hacia el exterior de Italia. A finales de la Edad Media, ningún país importante de Europa occidental estaba al margen de este proceso. Pero la «recepción» decisiva del derecho romano —su triunfo jurídico general— ocurrió en la era del Renacimiento, correlativamente con la del absolutismo. Las razones económicas de su profundo impacto fueron dobles y reflejaban la contradictoria naturaleza del mismo legado original romano.

Económicamente, la recuperación e introducción del derecho civil clásico favoreció, fundamentalmente, el desarrollo del capital libre en la ciudad y en el campo, puesto que la gran nota distintiva del derecho civil romano había sido su concepción de una propiedad privada absoluta e incondicional. La concepción clásica de la propiedad quiritaria se había hundido prácticamente en las oscuras profundidades del primer feudalismo. Como se ha dicho antes, el modo de producción feudal se definía precisamente por los principios jurídicos de una propiedad «escalonada» o condicional, que servía de complemento a su soberanía fragmentada. Este estatuto de la propiedad se adaptaba bien a la economía abrumadoramente natural que emergió en la Edad Oscura, aunque nunca fue completamente idónea para el sector urbano que se desarrolló en la economía medieval. El resurgir del derecho romano durante la Edad Media condujo, pues, a un esfuerzo de los juristas por «solidificar» y delimitar los conceptos de propiedad, inspirados por los preceptos clásicos ahora disponibles. Uno de estos intentos fue el descubrimiento, a finales del siglo XII, de la distinción entre dominium directum y dominium utile para explicar la existencia de una jerarquía de vasallaje y, por tanto, de una multiplicidad de derechos sobre la misma tierra[15]. Otro fue la característica noción medieval de «seisin», concepción intermedia entre la «propiedad» y la «posesión» latinas, que garantizaba la protección de la propiedad contra las apropiaciones casuales y las reclamaciones conflictivas, a la vez que mantenía el principio feudal de los múltiples títulos para el mismo objeto; el derecho de «seisin» nunca fue exclusivo ni perpetuo[16]. La reaparición plena de la idea de una propiedad privada absoluta de la tierra fue un producto de la primera época moderna: hasta que la producción y el intercambio de mercancías no alcanzaron unos niveles semejantes o superiores a los de la Antigüedad —tanto en la agricultura como en las manufacturas—, los conceptos jurídicos creados para codificarlos no pudieron encontrar de nuevo su propia justificación. La máxima de superficies solo cedit —propiedad de la tierra singular e incondicional— volvió a ser por segunda vez un principio operativo (aunque todavía no dominante) en la propiedad agrícola, precisamente a causa de la expansión de las relaciones mercantiles en el campo, que habrían de caracterizar la larga transición del feudalismo al capitalismo en Occidente. En las mismas ciudades, había crecido espontáneamente durante la Edad Media un derecho comercial relativamente desarrollado. En el seno de la economía urbana, el intercambio de mercancías había alcanzado un considerable dinamismo en la época medieval y, en algunos aspectos importantes, sus formas de expresión legal estaban más avanzadas que sus mismos precedentes romanos: por ejemplo, en el derecho protomercantil y en el derecho marítimo. Pero no había aquí tampoco ningún marco uniforme de teoría ni procedimiento legales. La superioridad del derecho romano para la práctica mercantil en las ciudades radica, pues, no sólo en sus claras nociones de propiedad absoluta, sino también en sus tradiciones de equidad, sus cánones racionales de prueba y su hincapié en una judicatura profesional, ventajas que los tribunales consuetudinarios normalmente no eran capaces de proporcionar[17]. La recepción del derecho romano en la Europa renacentista fue, pues, un signo de la expansión de las relaciones capitalistas en las ciudades y en el campo: económicamente, respondía a los intereses vitales de la burguesía comercial y manufacturera. En Alemania, país en el que el impacto del derecho romano fue más dramático, porque sustituyó abruptamente a los tribunales locales, en el propio hogar del derecho consuetudinario teutónico, durante los siglos XV y XVI, el ímpetu inicial para su adopción tuvo lugar en las ciudades del sur y el oeste, y provino desde abajo a través de la presión de litigantes urbanos por un derecho jurídico claro y profesional[18]. Sin embargo, este derecho fue adoptado muy pronto por los príncipes alemanes, y aplicado en sus territorios en una escala mucho mayor y al servicio de fines muy diversos.

Porque, políticamente, el resurgir del derecho romano correspondía a las exigencias constitucionales de los Estados feudales reorganizados de la época. De hecho, no puede haber ninguna duda de que, a escala europea, el determinante principal de la adopción de la jurisprudencia romana radica en el giro de los gobiernos monárquicos hacia el incremento de los poderes centrales. Hay que recordar que el sistema legal romano comprendía dos sectores distintos y aparentemente contrarios: el derecho civil, que regulaba las transacciones económicas entre los ciudadanos, y el derecho público, que regía las relaciones políticas entre el Estado y sus súbditos. El primero era el jus, el segundo la lex. El carácter jurídicamente incondicional de la propiedad privada, consagrado por el primero, encontró su equivalente contradictorio en la naturaleza formalmente absoluta de la soberanía imperial ejercida por el segundo, al menos desde el Dominado en adelante. Los principios teóricos de este imperium político fueron los que ejercieron una influencia y una atracción profundas sobre las nuevas monarquías del Renacimiento. Si la revitalización de la noción de propiedad quritaria traducía y, simultáneamente, promovía el crecimiento general del intercambio mercantil en las economías de transición de aquella época, el resurgimiento de las prerrogativas autoritarias del Dominado expresaba y consolidaba la concentración del poder de la clase aristocrática en un aparato de Estado centralizado que era la reacción noble frente a aquél. El doble movimiento social inserto en las estructuras del absolutismo occidental encontró así su concordancia jurídica en la reintroducción del derecho romano. La famosa máxima de Ulpiano —quod principi placuit legis habet vicem, «la voluntad del príncipe tiene fuerza de ley»— se convirtió en un ideal constitucional en las monarquías renacentistas de todo el Occidente[19]. La idea complementaria de que los reyes y príncipes estaban ab legibus solutus, o libres de las obligaciones legales anteriores, proporcionó las bases jurídicas para anular los privilegios medievales, ignorar los derechos tradicionales y someter las libertades privadas.

En otras palabras, el auge de la propiedad privada desde abajo, se vio equilibrado por el aumento de la autoridad pública desde arriba, encarnada en el poder discrecional del monarca. Los estados absolutistas de Occidente apoyaron sus nuevos fines en precedentes clásicos: el derecho romano era el arma intelectual más poderosa que tenían a su disposición para sus característicos programas de integración territorial y centralismo administrativo. De hecho, no fue accidental que la única monarquía medieval que lograse una completa emancipación de las ataduras representativas o corporativas fuese el papado, primer sistema político de la Europa feudal que utilizó en eran escala la jurisprudencia romana con la codificación del derecho canónico en los siglos XII y XIII. La afirmación de una plenitudo potestatis del papa dentro de la Iglesia estableció el precedente para las pretensiones posteriores de los príncipes seculares, realizadas a menudo, precisamente, contra las desorbitadas aspiraciones religiosas. Por otra parte, y del mismo modo que los abogados canonistas del papado fueron los que construyeron e hicieron funcionar sus amplios controles administrativos sobre la Iglesia, fueron los burócratas semiprofesionales adiestrados en el derecho romano quienes proporcionaron los servidores ejecutivos fundamentales de los nuevos estados monárquicos. De forma característica, las monarquías absolutas de Occidente se asentaron en un cualificado estrato de legistas que proveían de personal a sus maquinarias administrativas: los letrados en España, los maîtres des requêtes en Francia, los doctores en Alemania. Imbuidos en las doctrinas romanas de la autoridad del príncipe para decretar y en las concepciones romanas de las normas legales unitarias, estos burócratas-juristas fueron los celosos defensores del centralismo real en el crítico primer siglo de la construcción del Estado absolutista.

La impronta de este cuerpo internacional de legistas, más que cualquier otra fuerza, fue la que romanizó los sistemas jurídicos de Europa occidental durante el Renacimiento. Pues la transformación del derecho reflejaba inevitablemente la distribución del poder entre las clases poseedoras de la época: el absolutismo, en cuanto aparato de Estado reorganizado de la dominación nobiliaria, fue el arquitecto central de la recepción del derecho romano en Europa. Incluso allí donde las ciudades autónomas iniciaron el movimiento, como en Alemania, fueron los príncipes quienes se apoderaron de él y lo domesticaron; y allí donde el poder real fue incapaz de imponer el derecho civil, como en Inglaterra, éste no pudo echar raíces en el medio urbano[20]. En el proceso sobredeterminado de renacimiento de lo romano, la presión política de los Estados dinásticos tuvo la primacía: las exigencias de «claridad» monárquica dominaron a las de «seguridad» mercantil[21]. Aunque todavía extremadamente imperfecto e incompleto, el crecimiento en racionalidad formal de los sistemas legales de la primera Europa moderna fue obra preponderantemente, del absolutismo aristocrático.

El principal efecto de la modernización jurídica fue, pues el reforzamiento del dominio de la clase feudal tradicional. La aparente paradoja de este fenómeno quedó reflejada en toda la estructura de las monarquías absolutas, construcciones exóticas e híbridas cuya fachada «moderna» traicionaba una y otra vez un subterráneo arcaísmo. Esto puede verse con toda claridad en el estudio de las innovaciones institucionales que anunciaron y tipificaron su llegada: ejército, burocracia, impuestos, comercio, diplomacia. Podemos pasar revista brevemente a cada una de ellas. Se ha señalado con frecuencia que el Estado absolutista echó los cimientos del ejército profesional, que creció inmensamente en tamaño con la revolución militar introducida en lo siglos XVI y XVII por Mauricio de Orange, Gustavo Adolfo y Wallenstein (instrucción y línea de infantería por el holandés; carga de caballería y sistema de pelotones por el sueco; mando único vertical por el checo)[22]. Los ejércitos de Felipe II contaban con unos 60.000 hombres, mientras que los de Luis XIV cien años después, tenían hasta 300.000. Tanto la forma como la función de esas tropas divergía enormemente de la que más adelante sería característica del moderno Estado burgués. No constituían normalmente un ejército nacional obligatorio, sino una masa mixta en la que los mercenarios extranjeros desempeñaban un papel constante y central. Estos mercenarios se reclutaban, significativamente, en zonas que quedaban fuera del perímetro de las nuevas monarquías centralizadas, frecuentemente en regiones montañosas que se especializaban en proveerlos; los suizos fueron los gurkas de los primeros tiempos de la Europa moderna. Los ejércitos franceses, holandeses, españoles, austríacos o ingleses incluían a suabos, albaneses, suizos, irlandeses, galeses, turcos, húngaros o italianos[23]. La razón social más obvia del fenómeno mercenario fue, por supuesto, la natural negativa de la clase noble a armar en masa a sus propios campesinos. «Es prácticamente imposible adiestrar a todos los súbditos de una república en las artes de la guerra, y al mismo tiempo conservarlos obedientes a las leyes y a los magistrados», confesaba Jean Bodin. «Esta fue, quizá, la principal razón por la que Francisco I disolvió los siete regimientos, cada uno de 6.000 infantes, que había creado en este reino»[24]. A la inversa, podía confiarse en las tropas mercenarias, desconocedoras incluso de la lengua de la población local, para extirpar la rebelión social. Los Landsknechten alemanes se enfrentaron con los levantamientos campesinos de 1549 en Inglaterra, en la zona oriental del país, mientras los arcabuceros italianos aseguraban la liquidación de la rebelión rural en la zona occidental; la guardia suiza ayudó a reprimir las guerrillas de boloñeses y camisards de 1662 y 1702 en Francia. La importancia fundamental de los mercenarios desde Gales a Polonia, cada vez más visible desde finales de la Edad Media, no fue simplemente un expediente provisional del absolutismo en el despuntar de su existencia, sino que lo marcó hasta el mismo momento de su desaparición en Occidente. A finales del siglo XVIII, incluso después de la introducción de la recluta obligatoria en los principales países europeos, hasta dos tercios de cualquier ejército «nacional» podían estar formados por soldadesca extranjera asalariada[25]. El ejemplo del absolutismo prusiano —que compraba y secuestraba su mano de obra fuera de sus fronteras utilizando la subasta y la leva por la fuerza— es un recuerdo de que no había necesariamente una clara diferencia entre ambos.

Al mismo tiempo, sin embargo, la función de estas vastas y nuevas masas de soldados era también claramente diferente de la función de los posteriores ejércitos capitalistas. Hasta ahora no existe ninguna teoría marxista de las cambiantes funciones sociales de la guerra en los diferentes modos de producción. No es éste el lugar para estudiar ese tema. Con todo, puede afirmarse que la guerra era, posiblemente, el modo más racional y más rápido de que disponía cualquier clase dominante en el feudalismo para expandir la extracción de excedente. Es cierto que ni la productividad agrícola ni el volumen del comercio quedaron estancados durante la Edad Media. Para los señores, sin embargo, crecían muy lentamente en comparación con las repentinas y masivas «cosechas» que producían las conquistas territoriales, de las que las invasiones normandas de Inglaterra o Sicilia, la toma angevina de Nápoles o la conquista castellana de Andalucía fueron sólo los ejemplos más espectaculares. Era lógico, pues, que la definición social de la clase dominante feudal fuese militar. La específica racionalidad económica de la guerra en esa formación social es la maximización de la riqueza, y su papel no puede compararse al que desempeña en las formas desarrolladas del modo de producción que le sucede, dominado por el ritmo básico de la acumulación del capital y por el «cambio incesante y universal» (Marx) de los fundamentes económicos de toda formación social. La nobleza fue una clase terrateniente cuya profesión era la guerra: su vocación social no era un mero añadido externo, sino una función intrínseca a su posición económica. El medio normal de la competencia intercapitalista es económico, y su estructura es típicamente aditiva: las partes rivales pueden expandirse y prosperar —aunque de forma desigual— a lo largo de una misma confrontación, porque la producción de mercancías manufacturadas es ilimitada por naturaleza. Por el contrario, el medio típico de la confrontación interfeudal era militar y su estructura siempre era, potencialmente, la de un conflicto de suma nula en el campo de batalla, por el que se perdían o ganaban cantidades fijas de tierras. Esto es así porque la tierra es un monopolio natural: sólo se puede redividir, pero no extender indefinidamente. El objeto categorial de la dominación nobiliaria era el territorio, independientemente de la comunidad que lo habitase. Los perímetros de su poder estaban definidos por la tierra como tal, y no por el idioma. La clase dominante feudal era, pues, esencialmente móvil en un sentido en que clase dominante capitalista nunca pudo serlo después, porque el mismo capital es par excellence internacionalmente móvil y permite que sus propietarios estén fijos nacionalmente; pero la tierra es nacionalmente inmóvil y los nobles tienen que viajar para tomar posesión de ella. Cualquier baronía o dinastía podía, así, transferir su residencia de un confín a otro del continente sin sufrir por ello ninguna dislocación. Los linajes angevinos podían gobernar indiferentemente en Hungría, Inglaterra o Nápoles; los normandos en Antioquía, Sicilia o Inglaterra; los borgoñones en Portugal o Zelanda; los luxemburgueses en las tierras del Rin o en Bohemia; los flamencos en Artois o Bizancio; los Habsburgo en Austria, los Países Bajos o España. En esas variadas tierras no era preciso que señores y campesinos compartieran una lengua común. No existía solución de continuidad entre los territorios públicos y los dominios privados, y el medio clásico para su adquisición era la guerra, encubierta de forma invariable bajo reclamaciones de legitimidad religiosa o genealógica. La guerra no era el «deporte» de los príncipes, sino su destino. Más allá de la limitada diversidad de caracteres e inclinaciones individuales, la guerra les atraía inexorablemente como una necesidad social de su estado. Para Maquiavelo, cuando estudia la Europa de comienzos del siglo XVI, la última norma de su ser era una verdad tan obvia e inevitable como la existencia del cielo por encima de sus cabezas: «Un príncipe, pues, no debe tener otro objeto ni otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y la disciplina de los ejércitos, porque éste es el único arte que se espera ver ejercido por el que manda»[26].

Los estados absolutistas reflejaban esa racionalidad arcaica en su más íntima estructura. Eran máquinas construidas especialmente para el campo de batalla. Es significativo que el primer impuesto regular de ámbito nacional establecido en Francia, la taille royale, se recaudara para financiar las primeras unidades militares regulares de Europa, las compagnies d’ordonnance de mediados del siglo XV, cuya primera unidad estaba compuesta por aventureros escoceses. A mediados del siglo XVI, el 80 por 100 de las rentas del Estado español se destinaban a gastos militares. Vicens Vives pudo escribir que: «el impulso hacia la monarquía administrativa a la moderna se inicia en el occidente de Europa con las grandes operaciones navales emprendidas por Carlos V contra los turcos en el Mediterráneo occidental en 1535»[27]. Hacia mediados del siglo XVII, los desembolsos anuales de los principados del continente, desde Suecia hasta el Piamonte, se dedicaban predominante e invariablemente, en todas partes, a la preparación o sostenimiento de la guerra, inmensamente más costosa entonces que en el Renacimiento. Un siglo después, en las pacíficas vísperas de 1789, y de acuerdo con Necker, dos tercios del gasto del Estado francés se dedicaban todavía a las fuerzas militares. Es evidente que esta morfología del Estado no corresponde a la racionalidad capitalista; representa el recuerdo ampliado de las funciones medievales de la guerra. Por supuesto, los grandiosos aparatos militares del último Estado feudal no se mantuvieron ociosos. La permanencia virtual del conflicto internacional armado es una de las notas características de todo el clima del absolutismo: la paz fue una meteórica excepción en los siglos de su dominación en Occidente. Se ha calculado que en todo el siglo XVI sólo hubo veinticinco años sin operaciones militares de largo alcance en Europa[28]; y que en el siglo XVII sólo transcurrieron siete años sin grandes guerras entre estados[29]. Esta sucesión de guerras resulta ajena al capital, aunque, como veremos, en último término contribuyera a ellas.

La burocracia civil y el sistema de impuestos característicos del Estado absolutista no fueron menos paradójicos. Parecen representar una transición hacia la administración legal racional de Weber, en contraste con la jungla de dependencias particularistas de la Baja Edad Media. Al mismo tiempo, sin embargo, la burocracia del Renacimiento era tratad a como una propiedad vendible a individuos privados: importante confusión de dos órdenes que el Estado burgués siempre ha mantenido diferenciados. Así, el modo de integración de la nobleza feudal en el Estado absolutista que prevaleció en Occidente adoptó la forma de adquisición de «cargos»[30]. El que compraba privadamente una posición en el aparato público del Estado la amortizaba por medio de la corrupción y los privilegios autorizados (sistema de honorarios) en lo que era una especie de caricatura monetarizada de la investidura de un feudo. En efecto, el marqués del Vasto, gobernador español de Milán en 1544, pudo solicitar a los poseedores italianos de cargos en esa ciudad que ofrecieran sus fortunas a Carlos V en su hora de necesidad después de la derrota de Ceresole, de acuerdo exactamente con el modelo de las tradiciones feudales[31]. Esos tenedores de cargos, que proliferaron en Francia, Italia, España, Gran Bretaña u Holanda, podían esperar obtener un beneficio de hasta el 300 o el 400 por 100 de su compra, y posiblemente mucho más. El sistema nació en el siglo XVI y se convirtió en un soporte financiero fundamental de los Estados absolutistas durante el siglo XVII. Su carácter groseramente parasitario es evidente: en situaciones extremas (de la que es un ejemplo Francia en la década de 1630) podía costar al presupuesto real en desembolsos (por arrendamiento de impuestos y exenciones) casi tanto como le proporcionaba en remuneraciones. El desarrollo de la venta de cargos fue, desde luego, uno de los más llamativos subproductos del incremento de monetarización de las primeras economías modernas y del relativo ascenso, dentro de éstas, de la burguesía mercantil y manufacturera. Pero la integración de esta última en el aparato del Estado, por medio de la compra privada y de la herencia de posiciones y honores públicos, también pone de manifiesto su posición subordinada dentro de un sistema político feudal en el que la nobleza constituyó siempre, necesariamente, la cima de la jerarquía social. Los officiers de los parlamentos franceses, que jugaron al republicanismo municipal y apadrinaron las mazarinadas en la década de 1650, se convirtieron en los más acérrimos defensores de la reacción nobiliaria en la de 1780. La burocracia absolutista reflejó, y al mismo tiempo frenó, el ascenso del capital mercantil.

Si la venta de cargos fue un medio indirecto de obtener rentas de la nobleza y de la burguesía mercantil en términos beneficiosos para ellas, el Estado absolutista gravó también, y sobre todo, naturalmente, a los pobres. La transición económica de las prestaciones en trabajo a las rentas en dinero vino acompañada, en Occidente, por la aparición de impuestos reales para financiar la guerra que, en la larga crisis feudal de finales de la Edad Media, ya fueron una de las principales causas de los desesperados levantamientos campesinos de la época. «Una cadena de rebeliones campesinas dirigidas claramente contra los impuestos estalló en toda Europa […] No había mucho que elegir entre los saqueadores y los ejércitos amigos o enemigos: unos se llevaban tanto como los otros. Pero entonces aparecieron los recaudadores de impuestos y arramblaron con todo lo que pudieron encontrar. Los señores recobraban en último término de sus hombres el importe de la «ayuda» que ellos mismos estaban obligados a prestar a su soberano. Es indudable que de todos los males que afligían a los campesinos, los que sufrían con más dolor y menos paciencia eran los que provenían de las cargas de la guerra y de los remotos impuestos»[32]. Prácticamente en todas partes, el tremendo peso de los impuestos —la taille y la gabelle en Francia, los servicios en España— cayó sobre los pobres. No existía ninguna concepción del «ciudadano» jurídico, sujeto al fisco por el mismo hecho de pertenecer a la nación. La clase señorial, en la práctica y en todas partes, estaba realmente exenta del impuesto directo. Porshnev ha bautizado con razón a las nuevas contribuciones impuestas por el Estado absolutista con el nombre de «renta feudal centralizada», para oponerlas a los servicios señoriales que formaban la «renta feudal local»[33]: este doble sistema de exacción condujo a una tormentosa epidemia de rebeliones de los pobres en la Francia del siglo XVII, en las que los nobles provincianos condujeron muchas veces a sus propios campesinos contra los recaudadores de impuestos como mejor medio para extraerles después sus cargas locales. Los funcionarios del fisco tenían que ser custodiados por unidades de fusileros para cumplir su misión en el campo: reencarnación en forma modernizada de la unidad inmediata entre coerción político-legal y explotación económica constitutiva del modo de producción feudal en cuanto tal.

Las funciones económicas del absolutismo no se redujeron, sin embargo, a su sistema de impuestos y de cargos. El mercantilismo, doctrina dominante en esta época, presenta la misma ambigüedad que la burocracia destinada a realizarlo, con la misma regresión subterránea hacia un prototipo anterior. Indudablemente, el mercantilismo exigía la supresión de las barreras particularistas opuestas al comercio dentro del ámbito nacional, esforzándose por crear un mercado interno unificado para la producción de mercancías. Al pretender aumentar el poder del Estado en relación con los otros estados, el mercantilismo alentaba la exportación de bienes a la vez que prohibía la de metales preciosos y de moneda, en la creencia de que existía una cantidad fija de comercio y de riqueza en el mundo. Por decirlo con la famosa frase de Hecksher: «el Estado era a la vez el sujeto y el objeto de la política económica mercantilista»[34]. Sus creaciones más características fueron, en Francia, las manufacturas reales y los gremios regulados por el Estado, y en Inglaterra, las compañías privilegiadas. La genealogía medieval y corporativista de los primeros apenas necesita comentario; la reveladora fusión de los órdenes político y económico en las segundas escandalizó a Adam Smith. El mercantilismo representaba exactamente las concepciones de una clase dominante feudal que se había adaptado a un mercado integrado, pero preservando su visión esencial sobre la unidad de lo que Francis Bacon llamaba «consideraciones de abundancia» y «consideraciones de poder». La clásica doctrina burguesa del laissez faire, con su rigurosa separación formal de los sistemas políticos y económico, estaría en sus antípodas. El mercantilismo era, precisamente, una teoría de la intervención coherente del Estado político en el funcionamiento de la economía, en interés a la vez de la prosperidad de ésta y del poder de aquél. Lógicamente, mientras la teoría del laissez faire sería siempre «pacifista», buscando que los beneficios de la paz entre las naciones incrementaran un comercio internacional mutuamente ventajoso, la teoría mercantilista (Montchrétien, Bodin) era profundamente «belicista» al hacer hincapié en la necesidad y rentabilidad de la guerra[35]. A la inversa, el objetivo de una economía fuerte era la victoriosa prosecución de una política exterior de conquista. Colbert dijo a Luis XIV que las manufacturas reales eran sus regimientos económicos y los gremios sus reservas. El más grande de los mercantilistas, que restableció las finanzas del Estado francés en diez milagrosos años de administración, lanzó a su soberano a la desgraciada invasión de Holanda en 1672 con este expresivo consejo: «Si el rey lograra poner a todas las Provincias Unidas bajo su autoridad, su comercio pasaría a ser el comercio de los súbditos de su majestad, y entonces no habría nada más que pedir»[36]. Cuatro décadas de conflicto europeo iban a seguir a esta muestra de razonamiento económico, que capta perfectamente la lógica social de la agresión absolutista y del mercantilismo depredador: el comercio de los holandeses era tratado como la tierra de los anglosajones o las propiedades de los moros, como un objeto físico que podía tomarse y gozarse por la fuerza militar como modo natural de apropiación, y poseerse después de forma permanente. El error óptico de este juicio particular no lo hace menos representativoos estados absolutistas se miraban entre sí con los mismos ojos. Las teorías mercantilistas de la riqueza y de la guerra estaban, por supuesto, conceptualmente interconectadas: el modelo de suma nula de comercio mundial que inspiraba su proteccionismo económico se derivaba del modelo de suma nula de política internacional, inherente a su belicismo.

Naturalmente, el comercio y la guerra no fueron las únicas actividades externas del Estado absolutista en Occidente. Su otro gran esfuerzo se dirigió a la diplomacia, que fue uno de os grandes inventos institucionales de la época, inaugurado en la reducida área de Italia en el siglo XV, institucionalizado en el mismo país con la paz de Lodi, y adoptado en España, Francia, Inglaterra, Alemania y toda Europa en el siglo XVI. La diplomacia fue, de hecho, la indeleble marca de nacimiento del Estado renacentista. Con sus comienzos nació en Europa un sistema internacional de estados, en el que había una perpetua «exploración de los puntos débiles en el entorno de un Estado o de los peligros que podían emanar contra él desde otros estados»[37]. La Europa medieval nunca estuvo compuesta por un conjunto claramente delimitado de unidades políticas homogéneas, es decir, por un sistema internacional de estados. Su mapa político era inextricablemente confuso y enredado: en el estaban geográficamente entremezcladas y estratificadas diferentes instancias jurídicas, y abundaban las alianzas plurales, las soberanías asimétricas y los enclaves anómalos[38]. Dentro de este intrincado laberinto no había ninguna posibilidad de que surgiera un sistema diplomático formal, porque no había uniformidad ni paridad de concurrentes. El concepto de cristiandad latina, de la que eran miembros todos los hombres, proporcionaba a los conflictos y las decisiones una matriz ideológica universalista que constituía el reverso necesario de la extremada heterogeneidad particularista de las unidades políticas. Así, las «embajadas» eran simples viajes de salutación, esporádicos y no retribuidos, que podían ser enviadas tanto por un vasallo o subvasallo dentro de determinado territorio, como entre príncipes de diversos territorios, o entre un príncipe y su soberano. La contracción de la pirámide feudal en las nuevas monarquías centralizadas de la Europa renacentista produjo, por vez primera, un sistema formalizado de presión e intercambio interestatal, con el establecimiento de la nueva institución de las embajadas recíprocamente asentadas en el extranjero, cancillerías permanentes para las relaciones exteriores y comunicaciones e informes diplomáticos secretos, protegidos por el nuevo concepto de «extraterritorialidad»[39]. El espíritu resueltamente secular del egoísmo político que inspiraría en adelante la práctica de la diplomacia fue expresado con toda nitidez por Ermolao Barbaro, el embajador veneciano que fue su primer teórico. «La primera obligación de un embajador es exactamente la misma que la de cualquier otro servidor del gobierno, esto es, hacer, decir, aconsejar y pensar todo lo que sirva mejor a la conservación y engrandecimiento de su propio Estado».

Con todo, estos instrumentos de la diplomacia —embajadores o secretarios de Estado— no eran todavía armas de un moderno Estado nacional. Las concepciones ideológicas del «nacionalismo» fueron ajenas, como tales, a la naturaleza íntima del absolutismo. Los estados monárquicos de la nueva época no desdeñaron la movilización de los sentimientos patrióticos de sus súbditos en los conflictos militares y políticos que oponían mutua y constantemente a las diversas monarquías de Europa occidental. Pero la existencia difusa de un protonacionalismo popular en la Inglaterra de los Tudor, la Francia borbónica o la España de los Habsburgo fue, básicamente, un signo de la presencia burguesa en la política[40]; más que dejarse gobernar por ellos, los grandes y los soberanos siempre manipularon esos sentimientos. La aureola nacional del absolutismo en Occidente —a menudo muy aparentemente pronunciada (Isabel I, Luis XIV)— era, en realidad, contingente y prestada. Las normas directrices de aquella época radicaban en otro lugar: la última instancia de legitimidad era la dinastía y no el territorio. El Estado se concebía como patrimonio del monarca y, por tanto, el título de su propiedad podía adquirirse por una unión de personas: felix Austria. El mecanismo supremo de la diplomacia era, pues, el matrimonio, espejo pacífico de la guerra, que tantas veces provocó. Las maniobras matrimoniales, menos costosas como vía de expansión territorial que la agresión armada, proporcionaban resultados menos inmediatos (con frecuencia sólo a la distancia de una generación) y estaban sujetas por ello a impredecibles azares de mortalidad en el intervalo anterior a la consumación de un pacto nupcial y su goce político. De ahí que el largo rodeo del matrimonio condujera directamente y tan a menudo al corto camino de la guerra. La historia del absolutismo está plagada de esos conflictos, cuyos nombres dan fe de ello: guerras de sucesión de España, Austria o Baviera. Naturalmente, su resultado final podía acentuar la «flotación» de la dinastía sobre el territorio que las había ocasionado. París pudo ser derrotada en la ruinosa lucha militar para la sucesión española; pero la casa de Borbón heredó Madrid. El índice del predominio feudal en el Estado absolutista es evidente también en la diplomacia.

Inmensamente engrandecido y reorganizado, el Estado feudal del absolutismo estuvo, a pesar de todo, constante y profundamente sobredeterminado por el crecimiento del capitalismo en el seno de las formaciones sociales mixtas del primer período moderno. Estas formaciones eran, desde luego, una combinación de diferentes modos de producción bajo el dominio —decadente— de uno de ellos: el feudalismo. Todas las estructuras del Estado absolutista revelan la acción a distancia de la nueva economía que se abría paso en el marco de un sistema más antiguo: abundaban las «capitalizaciones» híbridas de las formas feudales, cuya misma perversión de instituciones futuras (ejército, burocracia, diplomacia, comercio) era una reconversión de objetos sociales anteriores para repetirlos.

A pesar de eso, las premoniciones de un nuevo orden político contenidas dentro de ellas no fueron una falsa promesa. La burguesía de Occidente poseía ya suficiente fuerza para dejar su borrosa huella sobre el Estado del absolutismo. La aparente paradoja del absolutismo en Occidente fue que representaba fundamentalmente un aparato para la protección de la propiedad y los privilegios aristocráticos, pero que, al mismo tiempo, los medios por los que se realizaba esta protección podían asegurar simultáneamente los intereses básicos de las nacientes clases mercantil y manufacturera. El Estado absolutista centralizó cada vez más el poder político y se movió hacia sistemas legales más uniformes: las campañas de Richelieu contra los reductos de los hugonotes en Francia fueron características. El Estado absolutista suprimió un gran número de barreras comerciales internas y patrocinó aranceles exteriores contra los competidores extranjeros: las medidas de Pombal en el Portugal de la Ilustración fueron un drástico ejemplo. Proporcionó al capital usurario inversiones lucrativas, aunque arriesgadas, en la hacienda pública: los banqueros de Augsburgo en el siglo XVI y los oligarcas genoveses del siglo XVII hicieron fortunas con sus préstamos al Estado español. Movilizó la propiedad rural por medio de la incautación de las tierras eclesiásticas: disolución de los monasterios en Inglaterra. Proporcionó sinecuras rentables en la burocracia: la paulette en Francia reglamentaría su posesión estable. Patrocinó empresas coloniales y compañías comerciales: al mar Blanco, a las Antillas, a la bahía de Hudson, a Luisiana. En otras palabras, el Estado absolutista realizó algunas funciones parciales en la acumulación originaria necesaria para el triunfo final del modo de producción capitalista. Las razones por las que pudo llevar a cabo esa función «dual» residen en la naturaleza específica de los capitales mercantil y manufacturero: como ninguno de ellos se basaba en la producción en masa característica de la industria maquinizada propiamente dicha, tampoco exigían una ruptura radical con el orden agrario feudal que todavía encerraba a la vasta mayoría de la población (el futuro trabajo asalariado y mercado de consumo del capitalismo industrial). Dicho de otra forma, esos capitales podían desarrollarse dentro de los límites establecidos por el marco feudal reorganizado. Esto no quiere decir que siempre ocurriera así: los conflictos políticos, religiosos o económicos podían fundirse en explosiones revolucionarias contra el absolutismo, en coyunturas específicas, tras un determinado período de maduración. En este estadio, sin embargo, había siempre un potencial terreno de compatibilidad entre la naturaleza y el programa del Estado absolutista y las operaciones del capital mercantil y manufacturero. En la competencia internacional entre clases nobles que produjo el endémico estado de guerra de esa época, la amplitud del sector mercantil dentro de cada patrimonio «nacional» tuvo siempre una importancia decisiva para su relativa fuerza militar y política. En la lucha contra sus rivales, todas las monarquías tenían, pues, un gran interés en acumular metales preciosos y promover el comercio bajo sus propias banderas. De ahí el carácter «progresista» que los historiadores posteriores han atribuido tan frecuentemente a las políticas oficiales del absolutismo. La centralización económica, el proteccionismo y la expansión ultramarina engrandecieron al último Estado feudal a la vez que beneficiaban a la primera burguesía. Incrementaron los ingresos fiscales del primero al proporcionar oportunidades de negocio a la segunda. Las máximas circulares del mercantilismo, proclamadas por el Estado absolutista, dieron elocuente expresión a esa coincidencia provisional de intereses. Era muy lógico que el duque de Choiseul declarase, en las últimas décadas del ancien régime aristocrático en Occidente: «De la armada dependen las colonias; de las colonias el comercio; del comercio la capacidad de un Estado para mantener numerosos ejércitos, para aumentar su población y para hacer posibles las empresas más gloriosas y más útiles»[41].

Pero, como sugiere esa cadencia final de «gloriosas y útiles», el carácter irreductiblemente feudal del absolutismo permaneció. Era un Estado basado en la supremacía social de la aristocracia y limitado por los imperativos de la propiedad de la tierra. La nobleza podía depositar el poder en la monarquía y permitir el enriquecimiento de la burguesía, pero las masas estaban todavía a su merced. En el Estado absolutista nunca tuvo lugar un desplazamiento «político» de la clase noble. Su carácter feudal acabó frustrando y falsificando una y otra vez sus promesas al capital. Los Fugger terminaron arruinados por las bancarrotas de los Habsburgo; los nobles ingleses se apropiaron la mayor parte de las tierras monásticas; Luis XIV destrozó los frutos de la obra de Richelieu al revocar el edicto de Nantes; los comerciantes londinenses se vieron saqueados por el proyecto de Cockayne; Portugal volvió al sistema de Methuen después de la muerte de Pombal; los especuladores parisinos fueron arrumados por Law. Ejército, burocracia, diplomacia y dinastía formaban un inflexible complejo feudal que regía toda la maquinaria del Estado y guiaba sus destinos. La dominación del Estado absolutista fue la dominación de la nobleza feudal en la época de la transición al capitalismo. Su final señalaría la crisis del poder de esa clase: la llegada de las revoluciones burguesas y la aparición del Estado capitalista.

2. CLASE Y ESTADO: PROBLEMAS DE PERIODIZACIÓN

Dibujadas ya las grandes líneas del complejo institucional del Estado absolutista en Occidente, quedan ahora por esbozar, muy brevemente, algunos aspectos de la trayectoria de esta forma histórica que, naturalmente, sufrió modificaciones significativas en los tres o cuatro siglos de su existencia. Al mismo tiempo es preciso ofrecer alguna explicación de las relaciones entre la clase noble y el absolutismo, porque nada puede estar menos justificado que dar por supuesto que se trataba de una relación sin problemas y de armonía natural desde su comienzo Puede afirmarse, por el contrario, que la periodización real del absolutismo en Occidente debe buscarse precisamente en la cambiante relación entre la nobleza y la monarquía, y en los múltiples y concomitantes virajes políticos que fueron su correlato. En cualquier caso, aquí se propondrá una periodización provisional del Estado y un intento para trazar la relación de la clase dominante con él.

Como hemos visto, las monarquías medievales fueron una amalgama inestable de soberanos feudales y reyes ungidos. Los extraordinarios derechos regios de esta última función eran naturalmente, un contrapeso necesario frente a las debilidades y limitaciones estructurales de la primera: la contradicción entre esos dos principios alternos de realeza fue la tensión nuclear del Estado feudal en la Edad Media. La función del soberano feudal en la cúspide de una jerarquía vasallática era, en ultimo término, la componente dominante de este modelo monárquico, como habría de mostrar la luz retrospectiva arrojada sobre ella por la estructura opuesta del absolutismo. En el primer período medieval, esta función imponía límites muy estrechos a la base económica de la monarquía. Efectivamente el soberano feudal de esta época tenía que sacar sus rentas principalmente de sus propias tierras, en su calidad de propietario particular. Las rentas de sus tierras se le entregarían inicialmente en especie, y posteriormente en dinero[1]. Aparte de estos ingresos, normalmente gozaría de ciertos privilegios financieros sobre su señorío territorial: sobre todo, las «cargas» feudales y las «ayudas» especiales de sus vasallos, sujetos por investidura a sus feudos, más los peajes señoriales sobre mercados o rutas comerciales, más los impuestos procedentes de la Iglesia en situaciones de emergencia, más los beneficios de la justicia real en forma de multas y confiscaciones. Naturalmente, estas formas fragmentadas y restringidas de renta fueron muy pronto inadecuadas incluso para las exiguas obligaciones gubernamentales características del sistema político medieval. Se podía recurrir, por supuesto, al crédito de mercaderes y banqueros residentes en las ciudades, que controlaban reservas relativamente amplias de capital líquido: éste fue el primer y más extendido expediente de los monarcas feudales al enfrentarse a una insuficiencia de sus rentas para la dirección de los asuntos de Estado. Pero recibir préstamos sólo servía para posponer el problema, porque los banqueros exigían normalmente contra sus préstamos garantías seguras sobre los futuros ingresos reales.

La necesidad apremiante y permanente de obtener sumas sustanciales fuera del ámbito de sus rentas tradicionales condujo prácticamente a todas las monarquías medievales a convocar a los «Estados» de su reino cada cierto tiempo, con objeto de recaudar impuestos. Tales convocatorias se hicieron cada vez más frecuentes y prominentes en Europa occidental a partir del siglo XIII, cuando las tareas del gobierno feudal se hicieron más complejas y el nivel de finanzas necesario para ellas se volvió igualmente más exigente[2]. En ninguna parte llegaron a alcanzar una convocatoria regular, independiente de la voluntad del soberano, y de ahí que su periodicidad variara enormemente de un país a otro e incluso dentro del mismo país. Sin embargo, estas instituciones no deben considerarse como desarrollos contingentes y extrínsecos al cuerpo político medieval. Constituyeron, por el contrario, un mecanismo intermitente que era una consecuencia inevitable de la estructura del primer Estado feudal en cuanto tal. Y precisamente porque los órdenes político y económico estaban fundidos en una cadena de obligaciones y deberes personales, nunca existió ninguna base legal para recaudaciones económicas generales realizadas por el monarca fuera de la jerarquía de las soberanías intermedias. De hecho, es sorprendente que la misma idea de un impuesto universal —tan importante para todo el edificio del imperio romano— faltara por completo durante la Edad Media[3]. Así, ningún rey feudal podía decretar impuestos a voluntad. Para aumentar los impuestos, los soberanos tenían que obtener el «consentimiento» de organismos reunidos en asambleas especiales— los Estados—, bajo la rúbrica del principio legal quod omnes tangit[4]. Es significativo que la mayor parte de los impuestos generales directos que se introdujeron paulatinamente en Europa occidental, sujetos al asentimiento de los parlamentos medievales, se hubieran iniciado antes en Italia, donde la primera síntesis feudal había estado más próxima a la herencia romana y urbana. No fue sólo la Iglesia quien estableció impuestos generales sobre todos los creyentes para las cruzadas; los gobiernos municipales —sólidos consejos de patricios sin estratificación de rango ni investidura— no tuvieron grandes dificultades para establecer impuestos sobre las poblaciones de sus propias ciudades, y mucho menos sobre los contados subyugados. La comuna de Pisa tenía ya impuestos sobre la propiedad. En Italia se introdujeron también muchos impuestos indirectos: el monopolio de la sal o gabelle tuvo su origen en Sicilia. Muy pronto, una abigarrada estructura fiscal se desarrolló en los principales países de Europa occidental. Los príncipes ingleses, a causa de su situación insular, contaban principalmente con las rentas consuetudinarias; los franceses, con los impuestos sobre el comercio interior y con la taille, y los alemanes con la intensificación de los peajes. Esos impuestos no eran, sin embargo, prestaciones regulares, sino que permanecieron como recaudaciones ocasionales hasta el final de la Edad Media, durante la cual pocas asambleas de Estados cedieron a los monarcas el derecho de recaudar impuestos generales y permanentes sin el consentimiento de sus súbditos.

Naturalmente, la definición social de «súbditos» era predecible. Los «Estados del reino» representaban usualmente a la nobleza, al clero y a los burgueses urbanos y estaban organizados bien en un sencillo sistema de tres curias o en otro algo diferente de dos cámaras (de magnates y no magnates)[5]. Estas asambleas fueron prácticamente universales en toda Europa occidental, con la excepción del norte de Italia, donde la densidad urbana y la ausencia de una soberanía feudal impidió naturalmente su aparición: el Parliament en Inglaterra, los États Généraux en Francia, el Landtag en Alemania, las Cortes en Castilla o Portugal, el Riksdag en Suecia. Aparte de su función esencial como instrumento fiscal del Estado medieval, esos Estados cumplían otra función crucial en el sistema político feudal. Eran las representaciones colectivas de uno de los principios más profundos de la jerarquía feudal dentro de la nobleza: el deber del vasallo de prestar no sólo auxilium, sino también consilium a su señor feudal; en otras palabras, el derecho a dar su consejo solemne en materias graves que afectasen a ambas partes. Estas consultas no debilitaban necesariamente al soberano feudal; por el contrario, podían reforzarle en las crisis internas o externas al proporcionarle un oportuno apoyo político. Aparte del vínculo particular de las relaciones de homenaje individuales, la aplicación pública de esta concepción se limitaba inicialmente al pequeño número de magnates baroniales que eran los lugartenientes del monarca, formaban su sé quito y esperaban ser consultados por él acerca de los asuntos de Estado importantes. Con el desarrollo de los Estados propiamente dichos en el siglo XIII, a causa de las exigencias fiscales, la prerrogativa baronial de consulta en los ardua negotia regni se fue extendiendo gradualmente a estas nuevas asambleas, y llegó a formar parte importante de la tradición política de la clase noble que en todas partes, naturalmente, las dominaba. La «ramificación» del sistema político feudal en la Baja Edad Media, con el desarrollo de la institución de los Estados a partir del tronco principal, no transformó las relaciones entre la monarquía y la nobleza en ningún sentido unilateral. Esas instituciones fueron llamadas a la existencia fundamentalmente para extender la base fiscal de la monarquía, pero, a la vez que cumplían ese objetivo, incrementaron también el potencial control colectivo de la nobleza sobre la monarquía. No deben considerarse, pues, ni como meros estorbos ni como simples instrumentos del poder real; más bien, reprodujeron el equilibrio original entre el soberano feudal y sus vasallos en un marco más complejo y eficaz.

En la práctica, los Estados continuaron reuniéndose en ocasiones esporádicas y los impuestos recaudados por la monarquía siguieron siendo relativamente modestos. Una importante razón para ello era que todavía no se interponía entre la monarquía y la nobleza una vasta burocracia pagada. Durante toda la Edad Media el gobierno real descansó en buena medida sobre los servicios de la muy amplia burocracia clerical de la Iglesia, cuyo alto personal podía dedicarse plenamente a la administración civil sin ninguna carga financiera para el Estado, ya que recibían buenos salarios de un aparato eclesiástico independiente. El alto clero que, siglo tras siglo, proporcionó tantos supremos administradores al gobierno feudal —desde Inglaterra a Francia o España— se reclutaba en su mayor parte, evidentemente, entre la misma nobleza, para la que era un importante privilegio económico y social acceder a posiciones episcopales o abaciales. La ordenada jerarquía feudal de homenaje y lealtad personal, las asambleas de los Estados corporativos ejerciendo sus derechos de votar impuestos y deliberar sobre los asuntos del reino, el carácter informal de una administración mantenida parcialmente por la Iglesia —una Iglesia cuyo más alto personal se componía frecuentemente de magnates—, todo eso formaba un lógico y trabado sistema político que ataba a la clase noble a un Estado con el cual, a pesar y en medio de constantes conflictos con monarcas específicos, formaba un todo.

El contraste entre ese modelo de monarquía medieval de Estados y el de la primera época del absolutismo resulta bastante marcado para los historiadores de hoy. Para los nobles que lo vivieron, el cambio no resultó menos dramático: todo lo contrario. Porque la gigantesca y silenciosa fuerza estructural que impulsó la completa reorganización del poder de clase feudal, a sus ojos quedó inevitablemente oculta. El tipo de causalidad histórica provocadora de la disolución de la unidad originaria de explotación extraeconómica en la base de todo el sistema social —por medio de la expansión de la producción e intercambio de mercancías—, y su nueva centralización en la cúspide, no era visible en el interior de su universo categorial. Para muchos nobles, el cambio significó una oportunidad de fortuna y de fama, a la que se aferraron con avidez; para muchos otros, significó la indignidad o la ruina, contra las que se rebelaron; para la mayoría, entrañó un largo y difícil proceso de adaptación y reconversión, a través de sucesivas generaciones, antes de que se restableciera precariamente una nueva armonía entre clase y Estado. En el curso de este proceso, la última aristocracia feudal se vio obligada a abandonar viejas tradiciones y a adquirir muchos nuevos saberes[6]. Tuvo que desprenderse del ejercicio militar de la violencia privada, de los modelos sociales de lealtad vasallática, de los hábitos económicos de despreocupación hereditaria, de los derechos políticos de autonomía representativa y de los atributos culturales de ignorancia indocta. Tuvo que adaptarse a las nuevas ocupaciones de oficial disciplinado, de funcionario letrado, de cortesano elegante y de propietario de tierras más o menos prudente. La historia del absolutismo occidental es, en buena medida, la historia de la lenta reconversión de la clase dominante poseedora de tierras a la forma necesaria de su propio poder político, a pesar y en contra de la mayoría de sus instintos y experiencias anteriores.

La época del Renacimiento presenció, pues, la primera fase de la consolidación del absolutismo, cuando éste todavía estaba relativamente próximo al modelo monárquico antecedente. Hasta la mitad del siglo, los Estados se mantuvieron en Francia, Castilla y Holanda, y florecieron en Inglaterra. Los ejércitos eran relativamente pequeños y se componían principalmente de fuerzas mercenarias con una capacidad de campaña únicamente estacional. Estaban dirigidos personalmente por aristócratas que eran magnates de primerísimo rango en sus respectivos reinos (Essex, Alba, Condé o Nassau). El gran auge secular del siglo XVI, provocado tanto por el rápido crecimiento demográfico como por la llegada de los metales preciosos y el comercio americanos, facilitó el crédito a los príncipes europeos y permitió un gran incremento de sus desembolsos sin una correspondiente y sólida expansión del sistema fiscal, aunque hubo una intensificación general de los impuestos: ésta fue la edad de oro de los financieros del sur de Alemania. La administración burocrática creció rápidamente, pero en todas partes fue presa de la colonización de las grandes casas que competían por los privilegios políticos y los beneficios económicos de los cargos y controlaban clientelas parasitarias de nobles menores que se infiltraban en el aparato del Estado y formaban redes rivales de patronazgo dentro de él: versión modernizada del sistema de séquitos de la última época medieval, y de sus conflictos. Las luchas faccionales entre grandes familias, cada una con una parte de la máquina estatal a su disposición, y con una base regional sólida dentro de un país débilmente unificado, ocupaban constantemente el primer plano de la escena política[7]. Las virulentas rivalidades Dudley/Seymour y Leicester/Cecil en Inglaterra, las sanguinarias guerras trilaterales entre los Guisa, los Montmorency y los Borbones en Francia, y las crueles y subterráneas luchas por el poder entre los Alba y los Eboli en España, fueron un signo de los tiempos. Las aristocracias occidentales habían comenzado a adquirir una educación universitaria y una fluidez cultural reservada, hasta ese momento, a los clérigos[8]. De todas formas, no habían desmilitarizado aún su vida privada, ni siquiera en Inglaterra, y no digamos ya en Francia, Italia o España. Los monarcas reinantes tenían que contar generalmente con sus magnates como fuerza independiente a la que había que conceder posiciones adecuadas a su rango: las huellas de una simétrica pirámide medieval todavía eran visibles en el entorno del soberano. Unicamente en la segunda mitad del siglo comenzaron los primeros teóricos del absolutismo a propagar las concepciones del derecho divino, que elevaban el poder real muy por encima de la lealtad limitada y recíproca de la soberanía regia medieval. Bodin fue el primero y el más riguroso de ellos. Pero el siglo XVI se cerró en los grandes países sin la realización de la forma consumada de absolutismo: incluso en España, Felipe II se veía impotente para que sus tropas cruzaran las fronteras de Aragón sin el permiso de sus señores.

Efectivamente, el mismo término de «absolutismo» era incorrecto. Ninguna monarquía occidental ha gozado nunca de un poder absoluto sobre sus súbditos, en el sentido de un despotismo carente de trabas[9]. Todas se han visto limitadas, incluso en el cénit de sus prerrogativas, por ese entramado de concepciones designadas como derecho «divino» o «natural». La teoría de la soberanía de Bodin, que dominó el pensamiento político europeo durante un siglo, encarna de forma elocuente esa contradicción del absolutismo. Bodin fue el primer pensador que rompió sistemática y resueltamente con la concepción medieval de la autoridad como ejercicio de la justicia tradicional formulando la idea moderna del poder político como capacidad soberana de crear nuevas leyes e imponer su obediencia indiscutible. «El signo principal de la majestad soberana y del poder absoluto es esencialmente el derecho de imponer leyes sobre los súbditos, generalmente sin su consentimiento […] Hay, efectivamente, una distinción entre justicia y ley, porque la primera implica mera equidad, mientras la segunda implica el mandato. La ley no es más que el mandato de un soberano en el ejercicio de su poder[10]». Pero mientras enunciaba estos revolucionarios axiomas, Bodin sostenía, simultáneamente, las más conservadoras máximas feudales que limitaban los básicos derechos fiscales y económicos de los soberanos sobre sus súbditos. «No es de la competencia de ningún príncipe exigir impuestos a sus súbditos según su voluntad, o tomar arbitrariamente los bienes de un tercero», porque «al igual que el príncipe soberano no tiene potestad para transgredir las leyes de la naturaleza, ordenadas por Dios —cuya imagen en la tierra él es—, tampoco puede tomar la propiedad de otro sin una causa justa y razonable»[11]. La apasionada exégesis que hace Bodin de la nueva idea de soberanía se combina así con una llamada a infundir nuevo vigor al sistema feudal de servicios militares, y a una reafirmación del valor de los Estados: «La soberanía de un monarca no se altera ni disminuye en modo alguno por la existencia de los Estados; por el contrario, su majestad es más grande e ilustre cuando su pueblo le reconoce como soberano, incluso si en esas asambleas los príncipes, no deseosos de enemistarse con sus súbditos, conceden y permiten muchas cosas a las que no habrían consentido sin las peticiones, plegarias y justas quejas de su pueblo…»[12]. Nada revela de forma más clara la verdadera naturaleza de la monarquía absoluta a finales del Renacimiento que esta autorizada teorización de ella. La práctica del absolutismo correspondió, en efecto, a la teoría de Bodin. Ningún Estado absolutista pudo disponer nunca a placer de la libertad ni de las tierras de la nobleza, ni de la burguesía, del modo en que pudieron hacerlo las tiranías asiáticas coetáneas. Tampoco pudieron alcanzar una centralización administrativa ni una unificación jurídica completas; los particularismos corporativos y las heterogeneidades regionales heredadas de la época medieval caracterizaron a los anciens régimes hasta su derrocamiento final. La monarquía absoluta de Occidente estuvo siempre, de hecho, doblemente limitada: por la persistencia de los organismos políticos tradicionales que estaban por debajo de ella y por la presencia de la carga excesiva de una ley moral situada por encima de ella En otras palabras, el poder del absolutismo operaba, en último término, dentro de los necesarios límites de la clase cuyos intereses afianzaba. Entre ambos habrían de estallar duros conflictos cuando la monarquía procediera, en el siglo siguiente, al desmantelamiento de muchas destacadas familias nobles. Pero debe recordarse que durante todo este tiempo, y del mismo modo que el Estado absolutista de Occidente nunca ejerció un poder absoluto, las luchas entre esos estados y sus aristocracias tampoco pudieron ser nunca absolutas. La unidad social de ambos determinaba el terreno y la temporalidad de las contradicciones políticas entre ellos. Sin embargo, esas contradicciones habrían de tener su propia importancia histórica.

Los cien años siguientes presenciaron la implantación plena del Estado absolutista en un siglo de depresión agrícola y demográfica y de continua baja de los precios. Es en este momento ruando los efectos de la «revolución militar» se dejan sentir decisivamente. Los ejércitos multiplican rápidamente su tamaño —haciéndose astronómicamente caros— en una sene de guerras que se extienden sin cesar. Las operaciones de Tilly no fueron mucho mayores que las de Alba, pero resultaban enanas comparadas con las de Turenne. El costo de estas enormes máquinas militares creó profundas crisis de ingresos en los Estados absolutistas. Por lo general, se intensificó la presión de los impuestos sobre las masas. Simultáneamente, la venta de cargos y honores públicos se convirtió en un expediente financiero de capital importancia para todas las monarquías, siendo sistematizado en una forma desconocida en el siglo anterior. El resultado fue la integración de un creciente número de burgueses arrivistes en las filas de los funcionarios del Estado, que se profesionalizaron cada vez más, y la reorganización de los vínculos entre la nobleza y el aparato de Estado.

La venta de cargos no era un mero instrumento económico para obtener ingresos procedentes de las clases propietarias. Estaba también al servicio de una función política: al convertir la adquisición de posiciones burocráticas en una transacción mercantil y al dotar a su propiedad de derechos hereditarios, bloqueó la formación, dentro del Estado, de sistemas de clientela de los grandes, que no dependían de impersonales contribuciones en metálico, sino de las conexiones y prestigio personales de un gran señor y de su casa. Richelieu subrayó en su testamento la importantísima función «esterilizadora» de la paulette al poner todo el sistema administrativo fuera del alcance de tentaculares linajes aristocráticos como la casa de Guisa. Evidentemente, todo consistía en cambiar un parasitismo por otro: en lugar de patronazgo, venalidad. Pero la mediación del mercado era más segura para la monarquía que la de los magnates: los consorcios financieros de París, que avanzaban préstamos al Estado, arrendaban impuestos y acaparaban cargos en el siglo XVII, eran mucho menos peligrosos para el absolutismo francés que las dinastías provinciales del siglo XVI, que no sólo tenían bajo su dominio secciones enteras de la administración real, sino que podían movilizar sus propios ejércitos. El aumento de la burocratización de los cargos produjo, a su vez, nuevos tipos de altos administradores, que se reclutaban normalmente de la nobleza y esperaban los beneficios convencionales del cargo, pero que estaban imbuidos de un riguroso respeto hacia el Estado como tal, y de una profunda determinación de mantener sus intereses a largo plazo contra los miopes cabildeos de los grandes ambiciosos o desafectos. Tales fueron los austeros ministros reformadores de las monarquías del siglo XVII, esencialmente funcionarios civiles carentes de una base autónoma militar o regional, y que dirigían desde sus despachos los asuntos de Estado: Oxenstierna, Laud, Richelieu, Colbert u Olivares. (El tipo complementario en la nueva era serían los irreflexivos amigos personales del soberano reinante, los validos, de los que España habría de ser tan pródiga desde Lerma a Godoy; Mazarino fue una extraña mezcla de ambos). Fueron estas generaciones las que extendieron y codificaron la práctica de la diplomacia bilateral del siglo XVI en un sistema internacional multilateral, cuyo documento fundador fue el tratado de Westfalia, y cuyo crisol material fue el grandioso ámbito de las guerras del siglo XVII.

La extensión de la guerra, la burocratización de los cargos, la intensificación de los impuestos, la erosión de las clientelas: todo empujaba en la misma dirección, hacia la eliminación de lo que Montesquieu habría de teorizar con nostalgia, en el siglo siguiente, como los «poderes intermedios» entre la monarquía y el pueblo. En otras palabras, las asambleas de Estados se hundieron progresivamente a medida que el poder de clase de la nobleza asumía la forma de una dictadura centrípeta ejercida bajo la enseña real. El poder efectivo de la monarquía, como tal institución, no correspondía necesariamente, por supuesto, al poder del monarca: el soberano que dirigía verdaderamente la administración y conducía la política era tanto la excepción como la regla, aunque por razones obvias la unidad creadora y la eficacia del absolutismo alcanzaron sus más altas cimas cuando ambos coincidieron (Luis XIV o Federico II). El florecimiento y el vigor máximos del Estado absolutista en el grand siècle supusieron también, necesariamente, la sofocante compresión de los derechos y las autonomías tradicionales de la clase noble, que se remontaban a la originaria descentralización medieval del sistema político feudal, y estaban sancionados por la costumbre venerable y por el interés. En Francia, los últimos Estados Generales antes de la revolución se celebraron en 1614; las últimas Cortes castellanas antes de Napoleón, en 1665; el último Landtag en Baviera, en 1669; en Inglaterra la más larga suspensión del Parlamento en un siglo tuvo lugar entre 1629 y la guerra civil. Esta época es, por tanto, no sólo la del apogeo político y cultural del absolutismo, sino también la de la mayor desafección y alejamiento aristocráticos respecto a él. Los privilegios particularistas y los derechos consuetudinarios no se abandonaron sin lucha, especialmente en un tiempo de profunda recesión económica y de tirantez en el crédito.

El siglo XVII fue escena de repetidas rebeliones locales nobiliarias contra el Estado absolutista de Occidente, que se mezclaban a menudo con incipientes sediciones de abogados o comerciantes, y algunas veces utilizaban incluso la rabia dolorida de las masas urbanas y rurales como arma temporal contra la monarquía[13]. La Fronda en Francia, la república catalana en España, la revolución napolitana en Italia, la rebelión de los Estados en Bohemia y la gran rebelión en Inglaterra tienen, en muy diferentes proporciones, algo de este carácter de rebelión nobiliaria contra la consolidación del absolutismo[14], Naturalmente, esta reacción nunca pudo convertirse en un asalto unido y total de la aristocracia contra la monarquía, porque ambas estaban unidas entre sí por un cordón umbilical de clase; tampoco hubo en este siglo ningún caso de rebelión puramente nobiliaria. El modelo característico fue, más bien, una explosión sobredeterminada en la que una parte regionalmente delimitada de la nobleza levantaba la bandera del separatismo aristocrático y a la que se unían, en un levantamiento general, la burguesía urbana descontenta y las muchedumbres plebeyas. La gran rebelión únicamente triunfó en Inglaterra, donde el componente capitalista de la sublevación era preponderante tanto en las clases propietarias rurales como en las urbanas. En todos los demás países, en Francia, España, Italia y Austria, las insurrecciones dominadas o contagiadas por el separatismo nobiliario fueron aplastadas, y el poder absolutista quedó reforzado. Todo ello fue necesariamente así porque ninguna clase dominante feudal podía echar por la borda los avances alcanzados por el absolutismo —que eran la expresión de profundas necesidades históricas que se abrían paso por sí mismas en todo el continente— sin poner en peligro su propia existencia; de hecho ninguna de ellas se pasó completa o mayoritariamente a la causa de la rebelión. Pero el carácter parcial o regional de estas luchas no minimiza su significado: los factores de autonomismo local se limitaban a condensar una desafección difusa, que frecuentemente existía en toda la nobleza, y le daban una forma político-militar violenta. Las protestas de Burdeos, Praga, Nápoles, Edimburgo, Barcelona o Palermo tuvieron una amplia resonancia. Su derrota final fue un episodio crítico en los difíciles dolores de parto del conjunto de la clase durante este siglo, a medida que se transformaba lentamente para cumplir las nuevas e inusitadas exigencias de su propio poder de Estado Ninguna clase en la historia comprende de forma inmediata la lógica de su propia situación histórica en las épocas de transición: un largo período de desorientación y confusión puede ser necesario para que aprenda las reglas necesarias de su propia soberanía. La nobleza occidental de la tensa era del absolutismo del siglo XVII no fue una excepción: tuvo que romperse en la dura e inesperada disciplina de sus propias condiciones de gobierno.

Esta es, en lo esencial, la explicación de la aparente paradoja de la trayectoria posterior del absolutismo en Occidente. Porque si el siglo XVII es el mediodía tumultuoso y confuso de las relaciones entre clase y Estado dentro del sistema total de dominio político de la aristocracia, el siglo XVIII es, en comparación, el atardecer dorado de su tranquilidad y reconciliación Una nueva estabilidad y armonía prevalecieron, a medida que cambiaba la coyuntura económica internacional y comenzaban cien años de relativa prosperidad en la mayor parte de Europa mientras la nobleza volvía a ganar confianza en su capacidad para regir los destinos del Estado. En un país tras otro tuvo lugar una elegante rearistocratización de la más alta burocracia, jo cual, por un contraste ilusorio, hizo que la época anterior pareciese plagada de parvenus. La Regencia francesa y la oligarquía sueca de los Sombreros son los ejemplos más llamativos de este fenómeno. Pero también puede observarse en la España de Carlos, en la Inglaterra de Jorge o en la Holanda de Periwig, donde las revoluciones burguesas ya habían convertido al Estado V al modo de producción dominante al capitalismo. Los ministros de Estado que simbolizan el período carecen de la energía creadora y la fuerza austera de sus predecesores, pero viven en una paz serena con su clase. Fleury o Choiseul, Ensenada o Aranda, Walpole o Newcastle, son las figuras representativas de esta época.

Las realizaciones civiles del Estado absolutista de Occidente en la era de la Ilustración reflejan ese modelo: hay un exceso de adornos, un refinamiento de las técnicas, una impronta más acusada de las influencias burguesas, a lo que se añade una pérdida general de dinamismo y creatividad. Las distorsiones extremas generadas por la venta de cargos se redujeron, y simultáneamente la burocracia se hizo menos venal, aunque, a menudo, al precio de introducir un sistema de crédito público destinado a obtener ingresos equivalentes, sistema que, imitado de los países capitalistas más avanzados, tendió a anegar al Estado con deudas acumuladas. Todavía se predicaba y practicaba el mercantilismo, aunque las nuevas doctrinas económicas «liberales» de los fisiócratas, defensores del comercio libre y de la inversión en la agricultura, hicieron algunos progresos en Francia, en la Toscana y en otros lugares. Pero quizá la más importante e interesante evolución de la clase terrateniente dominante en los últimos cien años antes de la revolución francesa fuese un fenómeno que se situaba fuera del aparato de Estado. Se trata de la expansión europea del vincolismo, la irrupción de mecanismos aristocráticos para la protección y consolidación de las grandes propiedades agrarias contra las presiones y riesgos de desintegración por el mercado capitalista[15]. La nobleza inglesa posterior a 1689 fue una de las primeras en fomentar esta tendencia, con la invención del strict settlement, que prohibía a los propietarios de tierras la enajenación de la propiedad familiar e investía de derechos únicamente al hijo mayor: dos medidas destinadas a congelar todo el mercado de la tierra en interés de la supremacía aristocrática. Uno tras otro, los principales países de Occidente desarrollaron o perfeccionaron muy pronto sus propias variantes de esta «vinculación» o sujeción de la tierra a sus propietarios tradicionales. El mayorazgo en España, el morgado en Portugal, el fideicommissum en Italia y Austria y el maiorat en Alemania cumplían todos la misma función: preservar intactos los grandes bloques de propiedades y los latifundios de los potentados contra los peligros de su fragmentación o venta en un mercado comercial abierto[16]. Indudablemente, gran parte de la estabilidad recobrada por la nobleza en el siglo XVIII se debió al apuntalamiento económico que le proporcionaron estos mecanismos legales. De hecho, en esta época hubo probablemente menos movimiento social dentro de la clase dominante que en las épocas precedentes, en las que familias y fortunas fluctuaron mucho más rápidamente, en medio de las mayores sacudidas políticas y sociales[17].

Con esta situación de fondo, se extendió por toda Europa una cultura cosmopolita y elitista de corte y salón, tipificada por la nueva preeminencia del francés como idioma internacional del discurso diplomático y político. Naturalmente, debajo de ese barniz esta cultura estaba mucho más profundamente penetrada que nunca por las ideas de la burguesía ascendente, que ahora encontraban una triunfante expresión en la Ilustración. El peso específico del capital mercantil y manufacturero aumentó en la mayoría de las formaciones sociales de Occidente durante este siglo, que presenció la segunda gran ola de expansión comercial y colonial ultramarina. Pero esto sólo determinó la política del Estado allí donde había tenido lugar una revolución burguesa y el absolutismo estaba derrocado, es decir, en Inglaterra y Holanda. En los otros países no hubo un signo más sorprendente de la continuidad estructural del último Estado feudal en su fase final que la persistencia de sus tradiciones militares. La fuerza real de los ejércitos, en general, se estabilizó o disminuyó en la Europa occidental después del tratado de Utrecht; la materialidad del aparato bélico dejó de expandirse, al menos en tierra (en el mar el problema es otro). Pero la frecuencia de las guerras y su importancia capital para el sistema estatal internacional no cambió sustancialmente. De hecho, quizá cambiaron de manos en Europa mayores extensiones geográficas de territorio —objeto clásico de toda lucha militar aristocrática— durante este siglo que en los dos anteriores: Silesia, Nápoles, Lombardía, Bélgica, Cerdeña y Polonia se contaron entre las presas. La guerra «funcionó» en este sentido hasta el fin del ancien régime. Naturalmente, y manteniendo una básica constancia, las campañas del absolutismo europeo presentan cierta evolución tipológica. El común determinante de todas ellas fue la orientación feudal-territorial de la que se ha hablado antes, cuya forma característica fue el conflicto dinástico puro y simple de comienzos del siglo XVI (la lucha entre los Habsburgo y los Valois por Italia). Superpuesto a esta lucha durante cien años —de 1550 a 1650— estuvo el conflicto religioso entre las potencias de la Reforma y la Contrarreforma, que nunca inició las rivalidades geopolíticas, pero frecuentemente las intensificó y las exacerbó, a la vez que les proporcionaba el lenguaje ideológico de la época. La guerra de los Treinta Años fue la mayor, y la última, de estas luchas «mixtas»[18]. Fue sucedida muy pronto por un tipo de conflicto militar completamente nuevo en Europa, entablado por diferentes motivos y en un elemento diferente, las guerras comerciales anglo-holandesas de los años 1650 y 1660, en las que prácticamente todos los enfrentamientos fueron marítimos. Estas confrontaciones, sin embargo, se limitaron a los dos Estados europeos que habían experimentado revoluciones burguesas y fueron contiendas estrictamente capitalistas. El intento de Colbert para «adoptar» sus objetivos en Francia fue un completo fiasco en la década de 1670. Sin embargo, a partir de la guerra de la Liga de Augsburgo el comercio fue casi siempre una copresencia auxiliar en las grandes luchas militares territoriales europeas, aunque sólo fuese por la participación de Inglaterra, cuya expansión geográfica ultramarina tenía ahora un carácter plenamente comercial, y cuyo objetivo era, efectivamente, un monopolio colonial mundial. De ahí el carácter híbrido de las últimas guerras del siglo XVIII, que combinan dos diferentes tiempos y tipos de conflicto en una extraña y singular mezcla, cuyo ejemplo más claro lo ofrece la guerra de los Siete Años[19]: la primera de la historia en que se luchó de una parte a otra del globo, aunque sólo de forma marginal para la mayoría de los participantes, que consideraban a Manila o Montreal como remotas escaramuzas comparadas con Leuthen o Kunersdorf. Nada revela mejor la decadente visión feudal del ancien régime en Francia que su incapacidad para percibir lo que estaba realmente en juego en estas guerras de naturaleza dual: hasta el último momento permaneció, junto a sus rivales, básicamente clavado en la tradicional pugna territorial.

3. ESPAÑA

Este fue el carácter general del absolutismo en Occidente. Sin embargo, los Estados territoriales específicos que llegaron a la existencia en los diferentes países de la Europa renacentista no pueden asimilarse simplemente a un tipo puro singular. De hecho, manifestaron grandes variaciones que habrían de tener cruciales consecuencias para las historias posteriores de los países afectados, y que todavía hoy pueden sentirse. Un análisis de estas variantes es, por tanto, un complemento necesario de cualquier consideración sobre la estructura general del absolutismo en Occidente. España, la primera gran potencia de la Europa moderna, nos ofrece el punto lógico de partida.

El auge de la España de los Habsburgo no fue un mero episodio dentro de un conjunto de experiencias concurrentes y equivalentes de construcción del Estado en Europa occidental: fue también un determinante auxiliar de todo el conjunto como tal. Ocupa, pues, una posición cualitativamente distinta en el proceso general de absolutización. El alcance y el impacto del absolutismo español entre las otras monarquías occidentales de esta época fue, en sentido estricto, «desmesurado». Su presión internacional actuó como específica sobredeterminación de los modelos nacionales del resto del continente, a causa del poder y la riqueza desproporcionados que tenía a su disposición: la concentración histórica de este poder y esta riqueza en el Estado español no pudo dejar de afectar en su totalidad a la forma y dirección del naciente sistema occidental de Estados. La monarquía española debió su preeminencia a la combinación de dos conjuntos de recursos que eran, a su vez, proyecciones inusuales de excepcional magnitud, de los componentes generales del absolutismo ascendente. Por una parte, su casa real se benefició más que ninguna otra familia europea de los pactos de política matrimonial dinástica. Las conexiones familiares de los Habsburgo produjeron al Estado español un volumen de territorio e influencia que ninguna monarquía rival pudo igualar: supremo fruto de los mecanismos feudales de expansión política. Por otra parte, la conquista colonial del Nuevo Mundo le suministró una superabundancia de metales preciosos que puso en sus manos un tesoro fuera del alcance de cualquiera de sus contrarios. Dirigido y organizado dentro de unas estructuras que eran todavía notablemente señoriales, el pillaje de las Américas fue al mismo tiempo, y a pesar de eso, el acto singular más espectacular de la acumulación originaria de capital europeo durante el Renacimiento. El absolutismo español derivó su fuerza, pues, tanto de la herencia del engrandecimiento feudal en el interior como del botín de la extracción de capital en el exterior. Naturalmente, nunca se planteó ningún problema acerca de los intereses económicos y sociales a los que respondía principal y permanentemente el aparato político de la monarquía española. Ningún otro de los grandes estados absolutistas de Europa occidental habría de tener un carácter tan nobiliario o tan enemigo del desarrollo burgués. La misma fortuna de su temprano control de las minas de América, con su primitiva pero lucrativa economía de extracción, le empujó a no promover el desarrollo de manufacturas ni fomentar la expansión de empresas mercantiles dentro de su imperio europeo. En lugar de eso, dejó caer su enorme peso sobre las comunidades comerciales más activas del continente, al mismo tiempo que amenazaba a las otras aristocracias terratenientes en un ciclo de guerras interaristocráticas que duraría ciento cincuenta años. El poderío español ahogó la vitalidad urbana de la Italia del norte y aplastó las florecientes ciudades de la mitad de los Países Bajos, las dos zonas más avanzadas de la economía europea a comienzos del siglo XVI. Holanda escapó finalmente a su control en una larga lucha por la independencia burguesa. En el mismo período, los estados monárquicos del sur de Italia y de Portugal fueron absorbidos por España. Las monarquías de Francia e Inglaterra sufrieron los ataques hispánicos. Los principados de Alemania fueron invadidos repetidamente por los tercios de Castilla. Mientras las flotas españolas cruzaban el Atlántico o patrullaban por el Mediterráneo los ejércitos españoles cubrían la mayor parte de Europa occidental, de Amberes a Palermo y de Ratisbona a Kinsale. Sin embargo, la amenaza del dominio de los Habsburgo precipitó finalmente las reacciones y fortificó las defensas de las dinastías dispuestas en orden de batalla contra ella. La prioridad española dio a la monarquía de los Habsburgo la función de establecer un sistema para el conjunto del absolutismo occidental. Pero al mismo tiempo, como veremos, limitó básicamente la naturaleza del propio absolutismo español en el interior del sistema que ayudó a originar.

El absolutismo español nació de la unión de Castilla y Aragón, efectuada por el matrimonio de Isabel I y Fernando II en 1469. Comenzó con una base económica aparentemente firme Durante la escasez de trabajo producida por la crisis general del feudalismo occidental, numerosas áreas de Castilla se convirtieron a una lucrativa economía lanera, que hizo de ella la «Australia de la Edad Media»[1] y uno de los grandes socios del comercio flamenco. Aragón, por su parte, había sido durante mucho tiempo una potencia territorial y comercial en el Mediterráneo, donde controlaba Sicilia y Cerdeña. El dinamismo político y militar del nuevo Estado dual se reveló muy pronto de forma dramática en una serie de majestuosas conquistas exteriores. El último reducto moro de Granada fue destruido y la Reconquista quedó completada; Nápoles fue anexionado y Navarra absorbida; y, sobre todo, fueron descubiertas y subyugadas las Américas. La vinculación familiar con los Habsburgo añadió muy pronto Milán, el Franco Condado y los Países Bajos. Esta repentina avalancha de éxitos convirtió a España en primera potencia de Europa durante todo el siglo XVI, y la hizo gozar de una posición internacional que ningún otro absolutismo continental sería nunca capaz de emular. Sin embargo, el Estado que presidió este vasto imperio era en sí mismo un montaje destartalado, unido tan sólo, en último término, por la persona del monarca. El absolutismo español, tan imponente para el protestantismo nórdico, fue de hecho notablemente modesto y limitado en su desarrollo interior. Sus articulaciones internas fueron, quizá, las más débiles y heteróclitas. Sin duda, hay que buscar las razones de esta paradoja fundamentalmente en la curiosa relación triangular entre el imperio americano, el imperio europeo y la patria ibérica.

Los reinos conjuntos de Castilla y Aragón, unidos por Fernando e Isabel, presentaban una base extremadamente diversa para la construcción de la nueva monarquía española a finales del siglo XV. Castilla era tierra de una aristocracia con enormes posesiones y de poderosas órdenes militares; tenía también un considerable número de ciudades, aunque significativamente carecía aún de una capital fija. La nobleza castellana había tomado de la monarquía grandes extensiones de propiedad agraria durante las guerras civiles de finales de la Edad Media. Entre un 2 y un 3 por 100 de la población controlaba ahora alrededor del 97 por 100 del suelo. Más de la mitad de éste era propiedad, a su vez, de unas pocas familias de potentados que se elevaban por encima de la numerosa pequeña nobleza de hidalgos[2]. En esas grandes propiedades, la agricultura cerealista cedía constantemente terreno a la cría de ovejas. La rápida expansión de la lana, que proporcionó las bases para las fortunas de tantas casas aristocráticas, estimuló al mismo tiempo el crecimiento urbano y el comercio exterior. Las ciudades castellanas y la marina cántabra se beneficiaron de la prosperidad de la economía pastoril de finales de la España medieval, que estaba ligada por un complejo sistema comercial a la industria textil de Flandes. El perfil económico y demográfico de Castilla dentro de la Union era, pues, ventajoso desde el principio: con una población calculada entre cinco y siete millones y un boyante comercio ultramarino con Europa del norte, era sin dificultad el Estado dominante de la península. Políticamente, su constitución era curiosamente inestable. Castilla-León fue uno de los primeros reinos medievales de Europa que desarrolló un sistema de Estados en el siglo XIII; a mediados del siglo XV la ascendencia fáctica de la nobleza sobre la monarquía había llegado a ser, durante cierto tiempo, muy grande. Pero el codicioso poder de la última aristocracia medieval no había establecido ningún molde jurídico. Las Cortes fueron siempre, de hecho, una asamblea ocasional e indefinida; quizá a causa del carácter migratorio del reino castellano, al desplazarse hacia el sur y arrastrar en este movimiento su modelo social, nunca había desarrollado una institucionalización sólida y fija del sistema de Estados. Así, tanto la convocatoria como la composición de las Cortes quedaban sujetas a la arbitraria decisión de la monarquía, con el resultado de que las sesiones fueran espasmódicas y no pudiera surgir de ellas ningún sistema regular de tres curias. Por una parte, las Cortes carecían de poderes para iniciar una legislatura; por otra, la nobleza y el clero gozaban de inmunidad fiscal. El resultado era un sistema de Estados en el que únicamente las ciudades tenían que pagar los impuestos votados por las Cortes, impuestos que, por otra parte recaían prácticamente de forma exclusiva sobre las masas. La aristocracia no tenía, por tanto, ningún interés económico directo en su representación en los Estados castellanos, que formaban una institución relativamente débil y aislada. El corporatismo aristocrático encontró una expresión aparte en las ricas y poderosas órdenes militares —Calatrava, Alcántara y Santiago—, que habían sido creadas por las cruzadas; pero estas órdenes carecían, por naturaleza, de la autoridad colectiva de un Estado nobiliario propiamente dicho.

El carácter económico y político del reino de Aragón[3] ofrecía un fuerte contraste con el de Castilla. El alto Aragón del interior abrigaba el sistema señorial más represivo de la península Ibérica; la aristocracia local estaba investida con todo el repertorio de poderes feudales sobre un campo estéril en el que aún sobrevivía la servidumbre y donde un campesinado morisco esclavizado trabajaba penosamente para sus señores cristianos. Cataluña, por otra parte, había sido tradicionalmente el centro de un imperio mercantil en el Mediterráneo: Barcelona era la mayor ciudad de la España medieval, y su patriciado urbano la clase comercial más rica de la región. La prosperidad catalana, sin embargo, había sufrido gravemente durante la larga depresión feudal. Las epidemias del siglo XIV golpearon al principado con especial violencia, volviendo una y otra vez, después de la misma peste negra, a causar estragos en la población, que perdió alrededor de un tercio entre 1365 y 1497[4]. Las bancarrotas comerciales se mezclaron con la agresiva competencia de los genoveses en el Mediterráneo, mientras los pequeños comerciantes y los gremios de artesanos se rebelaban contra los patricios en las ciudades. En el campo, los campesinos se levantaron para desterrar los «malos usos» y tomar las tierras desiertas, en las rebeliones de los remensas del siglo XV. Finalmente, una guerra civil entre la monarquía y la nobleza, que arrastró a los demás grupos sociales, debilitó todavía más la economía catalana. Sus bases exteriores en Italia, sin embargo, permanecieron intactas. La tercera provincia del reino. Valencia, se situaba socialmente entre Aragón y Cataluña. La nobleza explotaba el trabajo morisco; durante el siglo XV se expandió una comunidad mercantil, a medida que el dominio financiero bajaba de Barcelona por la costa. El crecimiento de Valencia, sin embargo, no compensó adecuadamente el declinar de Cataluña. La disparidad económica entre los dos reinos de la unión creada por el matrimonio de Fernando e Isabel puede apreciarse en el hecho de que la población de las tres provincias de Aragón sumaba en su totalidad alrededor de un millón de habitantes, mientras Castilla tenía entre cinco y siete millones. Por otra parte, el contraste político entre ambos reinos no era menos sorprendente. En Aragón podía encontrarse, quizá, la estructura de Estados más compleja y defensiva que existía en Europa Las tres provincias de Cataluña, Valencia y Aragón tenían sus propias Cortes independientes. Cada una de ellas disponía, además, de instituciones especiales de control jurídico permanente y de administración económica derivadas de las Cortes. La Diputació catalana —un comité permanente de las Cortes— era su ejemplo más eficaz. Por otra parte, cada una de las Cortes debía ser convocada estatutariamente a intervalos regulares, y su funcionamiento estaba sujeto a la regla de la unanimidad dispositivo único en toda la Europa occidental. Las Cortes aragonesas tenían el refinamiento suplementario de un sistema de cuatro curias que representaban a los potentados, la pequeña aristocracia, el clero y los burgueses[5]. In toto, este complejo de «libertades» medievales ofrecía un panorama singularmente difícil para la construcción de un absolutismo centralizado. De hecho, la asimetría de los órdenes institucionales de Castilla y Aragón habría de determinar, a partir de entonces, todo el futuro de la monarquía española.

Fernando e Isabel tomaron, comprensiblemente, el obvio camino de concentrarse en el establecimiento de un poder real inconmovible en Castilla, donde las condiciones para ello eran mucho más propicias. Aragón presentaba obstáculos políticos mucho más graves para la construcción de un Estado centralizado, y perspectivas mucho menos favorables de fiscalización económica. Castilla tenía una población cinco o seis veces mayor, y su superior riqueza no estaba protegida por barreras constitucionales comparables. Así pues, los dos monarcas pusieron en práctica un programa metódico de reorganización económica. Las órdenes militares fueron decapitadas, y sus vastas posesiones de tierras y rentas anexionadas. Fueron demolidos castillos de baronías, desterrados señores fronterizos y prohibidas las guerras privadas. La autonomía municipal de las ciudades quedó suprimida por la implantación de corregidores oficiales para administrarlas; la justicia real fue reforzada y extendida. Se conquistó para el Estado el control de los beneficios eclesiásticos, poniendo el aparato local de la Iglesia fuera del alcance del papado. Las Cortes fueron domesticadas progresivamente por la omisión efectiva de la nobleza y el clero a sus asambleas desde 1480, y como el principal propósito de cu convocatoria era recaudar impuestos para los gastos militares (sobre todo para las guerras de Granada e Italia), de los que estaban exentos el primer y segundo estados, poca razón tenían éstos para resistir esa restricción. Las recaudaciones fiscales aumentaron de forma impresionante: las rentas de Castilla subieron de unos 900.000 reales en 1474 a 26.000.000 en 1504[6]. El Consejo Real fue reformado, y la influencia de los grandes excluida de él; el personal del nuevo organismo estaba compuesto por burócratas-juristas o letrados que procedían de la pequeña aristocracia. Los secretarios profesionales trabajaban bajo el control directo de los soberanos en el despacho de los asuntos corrientes. La máquina de Estado castellana, en otras palabras, fue racionalizada y modernizada. Pero la nueva monarquía nunca contrapuso esta máquina al conjunto de la clase aristocrática. Las altas posiciones militares y diplomáticas siempre quedaron reservadas para los magnates, que conservaron sus grandes virreinatos y gobernadurías mientras los nobles menores llenaban los rangos de los corregidores. Los dominios reales usurpados desde 1454 fueron recobrados por la monarquía, pero los que se habían apropiado antes de esa fecha —la mayoría— se dejaron en manos de la nobleza, a cuyas posesiones se añadieron nuevas tierras de Granada, mientras se confirmaba la inamovilidad de la propiedad rural mediante el mayorazgo. Además, se concedieron deliberadamente amplios privilegios a los intereses pastoriles de la Mesta en el campo, dominado por los latifundistas del sur; mientras, las medidas discriminatorias contra el cultivo de cereales terminaron por fijar los precios de venta del grano. En las ciudades se impuso a la fuerza un estrecho sistema de gremios sobre la naciente industria urbana, y la persecución religiosa contra los conversos condujo al éxodo del capital judío. Todas estas políticas se llevaron a cabo en Castilla con gran energía y resolución.

En Aragón, por otra parte, nunca se intentó un programa político de alcance comparable. Por el contrario, lo único que Fernando pudo conseguir allí fue la pacificación social y la restauración de la última constitución medieval. A los campesinos remensas se les concedió finalmente la remisión de sus obligaciones en 1486, por medio de la Sentencia de Guadalupe, y el malestar rural disminuyó. El acceso a la Diputació se amplió con la introducción de un sistema de sorteo. Por lo demás las decisiones de Fernando confirmaron sin ninguna ambigüedad la identidad específica del reino oriental: las libertades catalanas fueron expresamente reconocidas en su totalidad en la Observança de 1481, y nuevas barreras contra posibles infracciones reales se añadieron al arsenal de armas legales va existente contra cualquier forma de centralización monárquica Fernando, que residió pocas veces en su país natal, instaló en las tres provincias virreyes, que ejercían una autoridad delegada por el, y creó un Consejo de Aragón, con base principalmente en Castilla, para que sirviera de lazo con ellos. Aragón quedo así, de hecho, prácticamente abandonado a sus propios órganos; incluso los grandes intereses laneros —todopoderosos allende el Ebro— fueron incapaces de obtener sanción legal para el paso de sus ovejas por tierras destinadas a la agricultura. Desde el momento en que Fernando se vio obligado solemnemente a reconfirmar todos sus espinosos privilegios contractuales, nunca se planteó la cuestión de una posible fusión administrativa a ningún nivel entre Aragón y Castilla. Lejos de crear un remo unificado, sus Católicas Majestades ni siquiera consiguieron establecer una moneda única[7], por no hablar de un sistema fiscal o legal común dentro de sus reinos. La Inquisición —creación única en la Europa de aquel tiempo— debe estudiarse en este contexto: fue la única institución «española» unitaria en la península, y sirvió como tremendo aparato ideológico para compensar la división y dispersión administrativa reales del Estado.

La subida de Carlos V al trono iba a complicar, pero no a modificar sustancialmente, este modelo; en último término, si algo hizo fue acentuarlo. El resultado más inmediato de la llegada de un soberano Habsburgo fue una corte nueva, llena de extranjeros y dominada por flamencos, borgoñones e italianos. Las extorsiones financieras del nuevo régimen provocaron muy pronto en Castilla una ola de intensa xenofobia popular La marcha del monarca hacia el norte de Europa fue la señal para una amplia rebelión urbana contra lo que se sentía como expolio extranjero de los recursos y las posiciones castellanas La rebelión comunera de 1520-1521 consiguió el apoyo inicial de muchos nobles de las ciudades, apelando a un conjunto tradicional de demandas constitucionales. Pero su fuerza impulsora fueron las masas artesanas populares de las ciudades, y su liderazgo dominante fue la burguesía urbana del norte y el centro de Castilla, cuyos núcleos comerciales y manufactureros habían experimentado una fuerte alza económica en el periodo precedente[8]. El movimiento encontró poco o ningún eco en el campo, tanto entre el campesinado como entre la aristocracia rural, y no afectó seriamente a aquellas regiones cuyas ciudades eran pocas o débiles, Galicia, Andalucía, Extremadura o Guadalajara. El programa «federal» y «protonacional» de la junta revolucionaria que crearon las comunas castellanas durante su insurrección definía con toda claridad a ésta, básicamente, como una sublevación del tercer estado[9]. Su derrota ante los ejércitos reales, a los que se había unido el grueso de la aristocracia una vez que se hizo evidente el radicalismo potencial de la sublevación, representó pues un momento crítico en la consolidación del absolutismo español. El aplastamiento de la rebelión comunera eliminó realmente los últimos vestigios de una constitución contractual en Castilla, y en adelante condeno a las Cortes —para las que habían pedido los comuneros sesiones regulares trianuales— a la nulidad. Con todo, fue más significativo el hecho de que la victoria fundamental de la monarquía española sobre una resistencia corporativa contra el absolutismo real en Castilla —en realidad, su única confrontación armada con una oposición en el reino— fuese la derrota militar de las ciudades y no una derrota de los nobles. En ninguna otra parte de Europa occidental le ocurrió lo mismo al naciente absolutismo: el modelo principal fue la supresión de las rebeliones aristocráticas, no de las burguesas, incluso cuando ambas estaban mezcladas estrechamente. Su triunfo sobre las comunas castellanas, al comienzo de su existencia, habría de apartar en adelante el curso de la monarquía española del de sus equivalentes europeos.

El desarrollo más espectacular del reinado de Carlos V fue, evidentemente, su vasta ampliación de la órbita internacional de los Habsburgo. Al patrimonio personal de los soberanos de España se añadían ahora, en Europa, los Países Bajos, el Franco Condado y Milán, mientras se conquistaban México y Perú en las Américas. Durante la vida del emperador, toda Alemania fue un gran teatro de operaciones sobre y en torno a estas posesiones hereditarias. Esta repentina expansión territorial reforzó inevitablemente la anterior tendencia del naciente Estado absolutista hacia una delegación de poderes por medio de consejos y virreyes para las diversas posesiones dinásticas. El canciller piamontés de Carlos V, Mercurino Gattinara, inspirado por los ideales universalistas erasmianos, se esforzó por conferir a la pesada masa del imperio de los Habsburgo un ejecutivo más sólido y eficaz, creando algunas instituciones unitarias de tipo departamental —especialmente un Consejo de Finanzas, un Consejo de Guerra y un Consejo de Estado (este último, teóricamente, sería la cima de todo el edificio imperial)— con responsabilidades plenas de carácter transregional. Estos consejos se apoyaban en un creciente secretariado permanente de funcionarios civiles a disposición del monarca. Pero, al mismo tiempo, se fue formando progresivamente una nueva serie de consejos territoriales, el primero de ellos establecido por el propio Gattinara para el gobierno de las Indias. A finales de siglo había no menos de seis consejos territoriales para Aragón, Castilla, las Indias, Italia, Portugal y Flandes. Si se exceptúa a Castilla, ninguno de ellos tuvo sobre el terreno un cuerpo adecuado de funcionarios locales, y la administración se confió a virreyes, que quedaron sujetos al control, tantas veces torpe, y a la lejana dirección de los Consejos[10]. A su vez, los poderes de los virreyes eran normalmente muy limitados. Sólo en América dirigieron los servicios de su propia burocracia, pero incluso allí estaban flanqueados por las audiencias, que les arrebataron la autoridad judicial de la que gozaban en otras partes. En Europa tuvieron que llegar a un acuerdo con las aristocracias locales —siciliana, valenciana o napolitana—, que normalmente reclamaban por derecho propio un monopolio virtual de los cargos públicos. El resultado de todo esto fue el bloqueo de una verdadera unificación del conjunto del imperio internacional y de la misma patria ibérica. Las Américas quedaron jurídicamente ligadas al reino de Castilla, y el sur de Italia a la corona de Aragón. Las economías atlántica y mediterránea, representadas por cada uno de ellos, nunca se fundieron en un único sistema comercial. La división entre los dos primeros reinos de la unión, dentro de España, fue reforzada en la práctica por las posesiones ultramarinas, que ahora se unían a ellos. A fines jurídicos, el estatuto de Cataluña podría asimilarse simplemente al de Sicilia o al de los Países Bajos. Efectivamente, en el siglo XVII el poder de Madrid en Nápoles o Milán era mayor que en Barcelona o Zaragoza. La misma extensión del imperio de los Habsburgo superó así su capacidad de integración y ayudó a que se paralizara el proceso de centralización administrativa dentro de España[11].

Al mismo tiempo, el reinado de Carlos V inauguró también la fatídica secuencia de guerras europeas que habría de ser el precio del poderlo español en el continente. En el teatro sur de estas innumerables campañas, Carlos alcanzó éxitos impresionantes. Durante este período, Italia cayó definitivamente bajo la hegemonía hispánica, Francia se movía al son de la península, el papado estaba intimidado y el peligro turco fue suprimido. La sociedad urbana más avanzada de Europa se convirtió desde entonces en una plataforma militar adelantada del absolutismo español. En el teatro nórdico de estas guerras, por el contrario, el emperador se vio obligado a un costoso estancamiento: la Reforma quedó invicta en Alemania, a pesar de sus repetidos intentos por aplastarla o reconciliarse con ella, y la enemistad hereditaria de los Valois sobrevivió a todas las derrotas francesas. Por otra parte, la carga financiera de las continuas guerras en el norte dañó gravemente, en las postrimerías del reinado, la tradicional fidelidad de los Países Bajos, preparando los desastres que allí habrían de alcanzar a Felipe II. En efecto, la dimensión y el gasto de los ejércitos de los Habsburgo aumentaron gradual y regularmente durante todo el reinado de Carlos V. Antes de 1529, los ejércitos españoles en Italia nunca habían tenido más de 30.000 hombres; en 1536-1537 fueron movilizados 60.000 soldados para la guerra con Francia; para 1552 quizá hubiese 150.000 hombres bajo el mando del emperador en Europa[12]. Los préstamos financieros y las presiones fiscales crecieron de forma equivalente: los ingresos de Carlos V se habían triplicado para la fecha de su abdicación en 1556[13]. aunque las deudas reales eran tan grandes que su heredero tuvo que declarar formalmente, un año después, la bancarrota del Estado. El imperio español del Viejo Mundo heredado por Felipe II, siempre administrativamente dividido se estaba haciendo económicamente insostenible a mediados de siglo; el Nuevo Mundo habría de restaurar su tesoro y prolongaría así su desunión.

A partir de la década de 1560, los múltiples efectos del imperio americano sobre el absolutismo español determinaron de forma creciente su futuro, aunque es preciso no confundir los diferentes planos de su actuación. El descubrimiento de las minas del Potosí incrementó enormemente el flujo de metales preciosos coloniales a Sevilla. El suministro de grandes cantidades de plata desde las Américas se convirtió a partir de entonces en una ayuda decisiva para el Estado español, porque proporciono al absolutismo hispánico una renta extraordinaria copiosa y permanente que estaba fuera por completo del ámbito convencional de las rentas estatales de Europa. De esta forma, el absolutismo español pudo continuar prescindiendo durante largo tiempo de la lenta unificación fiscal y administrativa que fue la condición previa del absolutismo en otros países. La tenaz obstinación de Aragón se compensó con la ilimitada condescendencia de Perú. Dicho con otras palabras as colonias pudieron actuar como un sustituto estructural de las provincias en un sistema político global en el que las verdaderas provincias fueron sustituidas por patrimonios autárquicos. En este sentido, nada es más sorprendente que la falta absoluta de una contribución aragonesa, o incluso italiana, al esfuerzo de guerra español en Europa a finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Castilla tuvo que soportar prácticamente sola la carga fiscal de las interminables campañas en el extranjero: tras de ella estaban, precisamente, las minas de las Indias. Pero la incidencia total del tributo americano en los presupuestos imperiales españoles era, desde luego, mucho menor de lo que se suponía popularmente en aquel tiempo. En el punto culminante de las flotas portadoras de tesoros, los metales preciosos de las colonias representaron únicamente el 20 o 25 por 100 de sus rentas totales[14]. El grueso de los restantes ingresos de Felipe II lo proporcionaban las cargas domésticas castellanas: el tradicional impuesto sobre las ventas o alcabala, los servicios especiales impuestos a los pobres, la cruzada recaudada al clero y a los laicos con la sanción de la Iglesia y los bonos públicos o juros vendidos a las clases propietarias. Los metales americanos, sin embargo, desempeñaron también su papel al sostener la base impositiva metropolitana del Estado de los Habsburgo: los niveles fiscales extremadamente altos de los sucesivos reinados fueron sostenidos indirectamente por las transferencias privadas de metales preciosos a Castilla, cuyo volumen superaba en más del doble al de la afluencia publica[15]; el notable éxito de los juros como dispositivo para la obtención de fondos —fue el primer uso que se hizo de estos bonos por una monarquía absoluta en Europa— se explica parcialmente, sin duda, por su capacidad para explotar esta nueva riqueza monetaria. Por otra parte, el incremento colonial de las rentas reales fue absolutamente decisivo, por sí mismo, para la dirección de la política exterior española y para la naturaleza del Estado español, porque llegaba en forma metálica, susceptible de utilizarse directamente para financiar los movimientos de tropas o las maniobras diplomáticas en toda Europa, y porque proporcionaba excepcionales oportunidades de crédito a los monarcas Habsburgo, que podían obtener en el mercado monetario internacional unas sumas a las que ningún otro príncipe podía aspirar[16]. Las grandes operaciones militares y navales de Felipe II, desde el canal de la Mancha al mar Egeo, y desde Túnez a Amberes, fueron posibles únicamente a causa de la extraordinaria flexibilidad financiera debida al excedente americano.

Al mismo tiempo, sin embargo, el impacto de los metales americanos sobre la economía española, entendida como algo diferente al Estado castellano, no fue menos importante, aunque en otro sentido. En la primera mitad del siglo XVI, el moderado nivel de envíos marítimos (con un componente más alto de oro) estimuló las exportaciones castellanas, que respondieron rápidamente a la inflación de precios que siguió a la llegada del tesoro colonial. Debido a que el 60-70 por 100 de estos metales, que no iban directamente a las arcas reales, tenían que comprarse como otra mercancía cualquiera a los empresarios locales de América, se desarrolló un floreciente comercio con las colonias, principalmente en textiles, aceite y vino. El control monopolista de este mercado cerrado benefició inicialmente a los productores castellanos, que pudieron vender en él a precios inflacionarios, aunque muy pronto los consumidores del interior habrían de quejarse con amargura del coste de la vida en Castilla[17]. Hubo en este proceso, sin embargo, dos movimientos fatales para el conjunto de la economía castellana. En primer lugar, el incremento de la demanda colonial provocó una mayor conversión hacia el vino y el olivo de tierras destinadas antes a la producción de cereal. Esto reforzó la ya desastrosa tendencia, alentada por la monarquía, hacia una contracción de la producción del trigo en beneficio de la lana, porque la industria lanera española, contrariamente a la inglesa, no era sedentaria, sino trashumante, y, por tanto, extremadamente destructora de las tierras cultivables. El resultado conjunto de estas fuerzas haría de España uno de los primeros países importadores de grano, por vez primera en la década de 1570. La estructura de la sociedad rural castellana era ya ahora completamente distinta de cualquier otra de Europa occidental. Los arrendatarios y pequeños propietarios campesinos constituían una minoría. En el siglo XVI, más de la mitad de la población rural de Castilla la Nueva (quizá incluso hasta un 60 o 70 por 100) eran trabajadores agrícolas o jornaleros[18], cuya proporción en Andalucía era probablemente más alta. Había un desempleo muy grande en los pueblos, y unas pesadas rentas feudales sobre las tierras señoriales. Pero lo más sorprendente de todo es que los censos españoles de 1571 y 1586 revelan la existencia de una sociedad en la que sólo un tercio de la población masculina estaba dedicada a la agricultura, mientras que no menos de sus dos quintas partes se situaban fuera de toda producción económica directa, «sector terciario» prematuro e hinchado de la España absolutista que prefiguraba el futuro estancamiento secular[19]. Con todo, el daño final causado por el nexo colonial no se limitó a la agricultura, rama dominante de la producción interior en aquel tiempo. El influjo de los metales preciosos procedentes del Nuevo Mundo provocó también un parasitismo que minó y paralizó progresivamente las manufacturas de Castilla. La inflación acelerada elevó los costos de producción de la industria textil —que operaba dentro de unos límites técnicos muy rígidos—, hasta tal punto que las prendas castellanas no pudieron competir finalmente ni en el mercado colonial ni en el metropolitano. Los comerciantes intrusos holandeses e ingleses comenzaron a llevarse el pastel de la demanda americana, mientras que los artículos extranjeros más baratos invadían la misma Castilla. Hacia finales de siglo, los textiles castellanos eran víctimas de la plata boliviana. El grito salió ya a la superficie: España son las Indias del extranjero; España se ha convertido en la América de Europa, en un terreno para la competencia de bienes extranjeros. De esta forma, tanto la economía agraria como la urbana quedaron heridas, en último término, por el resplandor del tesoro americano, como muchos contemporáneos lamentaban[20]. El mismo imperio que inyectaba recursos en el aparato militar del Estado para sus insólitas aventuras exteriores estaba arruinando el potencial productivo de Castilla.

Pero ambos efectos estaban íntimamente ligados. Si el imperio americano era la perdición de la economía española, el imperio europeo era la ruina del Estado de los Habsburgo; el primero hacía financieramente posible la prolongada lucha por el segundo. Sin los embarques de metales preciosos a Sevilla, el colosal esfuerzo bélico de Felipe II hubiera sido impensable. Y fue precisamente este esfuerzo lo que habría de derrumbar la original estructura del absolutismo español. El largo reinado del Rey Prudente, que cubrió casi toda la segunda mitad del siglo XVI, no fue exactamente una serie uniforme de fracasos exteriores, a pesar del inmenso gasto y de los severos contratiempos que sufrió en la arena internacional. De hecho, su pauta básica no fue diferente a la de Carlos V: éxito en el sur, derrota en el norte. En el Mediterráneo, la expansión naval turca fue bloqueada definitivamente en Lepanto en 1571, con una victoria que confinó para siempre y de forma eficaz a las flotas otomanas dentro de sus propias aguas. Portugal fue incorporado suavemente al bloque Habsburgo, por medio de una diplomacia dinástica y una invasión oportuna. Su absorción añadió a las colonias hispánicas de las Indias las numerosas posesiones lusitanas en Asia, África y América. El mismo imperio ultramarino español aumentó con la conquista de las Filipinas en el Pacífico, que, desde el punto de vista logístico y cultural, fue la más asombrosa colonización del siglo. El aparato militar del Estado español se elevó a un grado mayor y más firme de pericia y eficacia, y su organización y sistema logísticos se convirtieron en los más avanzados de Europa. El tradicional deseo de los hidalgos castellanos de servir en los tercios fortaleció a sus regimientos de infantería[21], mientras que las provincias italiana y walona se mostraron, para la política internacional de los Habsburgo, como una fiable cantera de soldados, ya que no de impuestos. De modo significativo, los contingentes multinacionales de los ejércitos de los Habsburgo luchaban mejor en terreno extranjero que en el nativo, y su misma diversidad permitía un grado relativamente menor de dependencia de mercenarios extranjeros. Por primera vez en la Europa moderna, un amplio ejército regular se mantuvo con éxito a gran distancia de la patria imperial durante una infinidad de décadas. A partir de la llegada de Alba, el ejército de Flandes contó alrededor de 65.000 hombres durante el resto de la guerra de los Ochenta Años con los holandeses, lo que fue un hecho sin precedentes[22]. Por otra parte, la disposición permanente de estos ejércitos en los Países Bajos habla por sí sola. Los holandeses, que mostraron ya un sordo descontento por las exacciones fiscales y las persecuciones religiosas de Carlos V, explotaron en lo que habría de convertirse en la primera revolución burguesa de la historia, bajo la presión del centralismo tridentino de Felipe II. La rebelión de Holanda suponía una amenaza directa para los vitales intereses españoles, porque ambas economías —estrechamente ligadas desde la Edad Media— eran en gran parte complementarias: España exportaba lana y metales preciosos a los Países Bajos e importaba textiles, material de guerra, grano y pertrechos navales. Además, Flandes aseguraba el cerco estratégico de Francia y era, pues, un punto neurálgico en la hegemonía internacional de los Habsburgo. Pues bien, a pesar de sus inmensos esfuerzos, el poder militar español fue incapaz de romper la resistencia de las Provincias Unidas. Por otra parte, la intervención armada de Felipe II en las guerras de religión francesas y su ataque naval a Inglaterra —dos ampliaciones fatales del teatro bélico original en Flandes— fueron rechazadas: la dispersión de la Armada Invencible y el acceso al trono de Enrique IV marcan la derrota de su atrevida política en el norte. Con todo, el balance internacional al final de su reinado era todavía aparentemente formidable, lo que resultó peligroso para sus sucesores, a los que legó un sentido intacto de su estatura continental. El sur de los Países Bajos había sido reconquistado y fortificado. Las flotas lusohispánicas se reconstituyeron rápidamente después de 1588 y rechazaron con éxito los asaltos ingleses contra las rutas atlánticas de metales preciosos. Y la monarquía francesa fue salvada, en último término, del protestantismo.

En España, por otra parte, el legado de Felipe II al comenzar el siglo XVII era más visiblemente sombrío. Castilla tenía ahora por vez primera una capital fija en Madrid, lo que facilitaba el gobierno central. El Consejo de Estado, dominado por los grandes y que deliberaba sobre los asuntos importantes de gobierno, estaba más que contrabalanceado por la acrecentada importancia del secretariado del rey, cuyos diligentes funcionarios juristas proveían a aquel monarca, atado a su mesa de despacho, de los instrumentos burocráticos de gobierno más adaptados a su genio. La unificación administrativa de los patrimonios dinásticos no se prosiguió, sin embargo, con coherencia alguna. Las reformas absolutistas se forzaron en los Países Bajos, donde condujeron al desastre, y en Italia, donde tuvieron un éxito de modestas dimensiones. En la propia península Ibérica, por el contrario, nunca se intentó seriamente ningún progreso en esta misma dirección. La autonomía constitucional y legal portuguesa se respetó escrupulosamente; ninguna interferencia castellana perturbó el orden tradicional de esta nueva región occidental. En las provincias orientales, el particularismo aragonés provocó frontalmente al rey, protegiendo a su fugitivo secretario Antonio Pérez de la justicia real por medio de motines armados; una fuerza invasora aplastó en 1591 esta descarada sedición, pero Felipe se abstuvo de cualquier ocupación permanente de Aragón o de modificar sustancialmente su constitución[23]. La oportunidad para una solución centralista se dejó escapar deliberadamente. Mientras tanto, la situación económica de la monarquía y del país se fue deteriorando ominosamente a finales de siglo. Los envíos de plata llegaron a sus niveles más altos entre 1590 y 1600, pero los costos de guerra habían crecido tanto que se impuso en Castilla un nuevo tributo sobre el consumo que afectaba esencialmente a los alimentos —los millones— y que se convirtió en adelante en una carga todavía más pesada sobre los pobres de los campos y las ciudades. Las rentas totales de Felipe II se habían más que cuadruplicado a finales de su reinado[24]: a pesar de todo, le sorprendió una bancarrota oficial en 1596. Tres años más tarde a peor peste de la época se abatió sobre España, diezmando la población de la península.

La subida al trono de Felipe III fue seguida de la paz con Inglaterra (1604), una nueva bancarrota (1607) y la reticente firma de una tregua con Holanda (1609). El nuevo régimen estaba dominado por el aristócrata valenciano Lerma, un privado frívolo y venal que había impuesto su ascendiente personal sobre el rey. La paz trajo consigo una pródiga ostentación cortesana y la multiplicación de los honores; el viejo secretariado perdió su influencia política, mientras la nobleza castellana se congregaba de nuevo en tomo al suavizado centro del Estado. Las dos únicas y notables medidas gubernativas de Lerma fueron el sistemático uso de devaluaciones para salvar las finanzas reales, inundando al país con el devaluado vellón de cobre, y la expulsión en masa de España de los moriscos que únicamente sirvió para debilitar la economía rural aragonesa y valenciana: los resultados inevitables fueron la inflación de precios y la escasez de fuerza de trabajo. Mucho más grave a largo plazo, sin embargo, fue la silenciosa transformación que estaba teniendo lugar en el conjunto de la relación comercial entre España y América. Aproximadamente desde 1600 en adelante, las colonias americanas estaban alcanzando cada vez más la autosuficiencia en los artículos básicos que habían importado tradicionalmente de España: grano, aceite y vino; se comenzaba también a producir ahora localmente paño basto; la construcción de barcos se desarrollaba con rapidez y el comercio entre las colonias experimentó un alza repentina. Estos cambios coincidían con el crecimiento de una aristocracia criolla en las colonias, cuya riqueza provenía más de la agricultura que de la minería[25]. Las propias minas entraron en una profunda crisis desde la segunda década del siglo XVII. En parte a causa del colapso demográfico de la fuerza de trabajo india —producido por las epidemias devastadoras y por la sobreexplotación en las cuadrillas subterráneas— y en parte por agotamiento del filón, la producción de plata comenzó a bajar. El descenso desde el punto más alto del siglo anterior fue inicialmente gradual. Pero la composición y dirección del comercio entre el Viejo y el Nuevo Mundo estaban transformándose irreversiblemente en detrimento de Castilla. El modelo de importación colonial cambiaba hacia bienes manufacturados más sofisticados, que España no podía proveer, y que llevaban de contrabando los comerciantes ingleses u holandeses; el capital local prefería la inversión sobre el terreno antes que la transferencia a Sevilla, y los embarques nativos americanos incrementaron su participación en los fletes atlánticos. El resultado neto fue un descenso calamitoso del comercio español con sus posesiones americanas, cuyo tonelaje total cayó en un 60 por 100 desde 1606-10 a 1646-50.

En tiempos de Lerma, las consecuencias definitivas de este proceso permanecían aún ocultas para el futuro, pero el relativo declinar de España en los mares y el auge a sus expensas de las potencias protestantes de Inglaterra y Holanda ya eran visibles. Tanto la reconquista de la república holandesa como la invasión de Inglaterra habían fracasado en el siglo XVI. Pero desde esa fecha, los dos enemigos marítimos de España se habían hecho más prósperos y poderosos, mientras la Reforma continuaba su avance en la Europa central. El cese de hostilidades durante una década bajo el mandato de Lerma convenció únicamente a la nueva generación de generales y diplomáticos imperialistas —Zúñiga, Gondomar, Osuna, Bedmar, Fuentes— de que España no podía permitirse el lujo de la paz, por más que la guerra fuese cara. El acceso de Felipe IV al trono, y la subida del autoritario conde-duque de Olivares al más alto poder en Madrid, coincidieron con una sublevación en las tierras de Bohemia de la rama austríaca de los Habsburgo. Aparecía así ahora la ocasión para aplastar al protestantismo en Alemania y ajustar las cuentas con Holanda, un objetivo interrelacionado con la necesidad estratégica de dominar el corredor de Renania para los movimientos de tropas entre Italia y Flandes. La guerra europea fue, pues, desencadenada una vez más, por intermedio de Viena pero por iniciativa de Madrid, en la década de 1620. El transcurso de la guerra de los Treinta Años invirtió curiosamente el modelo de las dos grandes confrontaciones de los ejércitos de los Habsburgo en el siglo anterior. Mientras Carlos V y Felipe II habían conseguido victorias iniciales en el sur de Europa y sufrido derrotas finales en el norte, las tropas de Felipe IV alcanzaron éxitos tempranos en el norte sólo para experimentar desastres definitivos en el sur. El volumen de la movilización española para esta tercera y última confrontación general fue formidable: en 1625, Felipe IV reunía a 300.000 hombres bajo sus órdenes[26]. Los Estados de Bohemia fueron aplastados en la batalla de la Montaña Blanca, con ayuda de subsidios y veteranos hispánicos, y la causa del protestantismo fue derrotada permanentemente en tierras checas. Con la captura de Breda, Spínola forzó la retirada de los holandeses. El contraataque sueco en Alemania, tras derrotar a los ejércitos de Austria y de la Liga, fue deshecho en Nordlingen por los tercios españoles al mando del Cardenal-Infante. Pero fueron precisamente estas victorias las que forzaron finalmente la entrada de Francia en las hostilidades, inclinando decisivamente la balanza militar contra España. La reacción de París ante Nordlingen, en 1634, fue la declaración de guerra de Richelieu en 1635. Los resultados se hicieron muy pronto evidentes. Breda fue reconquistada por los holandeses en 1637. Breisach, nudo de los caminos a Flandes, cayó un año después. Al año siguiente, el grueso de la flota española fue enviada al fondo del mar en las Dunas, un golpe mucho peor para la marina de los Habsburgo que el destino de la Armada Invencible. Por último, en 1643, el ejército francés acabó con la supremacía de los tercios en Rocroi. La intervención militar de la Francia borbónica se había revelado como algo muy diferente a las confrontaciones con los Valois en el siglo anterior. La nueva naturaleza y el peso del absolutismo francés fueron los que habrían de provocar la caída del poderío imperial español en Europa. Porque mientras en el siglo XVI Carlos V y Felipe II se habían aprovechado de la debilidad interna del Estado francés, utilizando la desafección provincial para invadir Francia, ahora los papeles se habían trastocado: un absolutismo francés más maduro era capaz de explotar la sedición aristocrática y el separatismo regional de la península Ibérica para invadir la propia España. En la década de 1520 los ejércitos españoles marcharon sobre Provenza, en la de 1590 sobre el Languedoc, Bretaña y la Isla de Francia, con la alianza o la complacencia de los disidentes locales. En la década de 1640, los soldados y barcos franceses luchaban junto a los rebeldes contra los Habsburgo en Cataluña, Portugal y Nápoles: el absolutismo español estaba acorralado en su propio terreno.

Al fin, la prolongada tensión del conflicto internacional en el norte se dejó sentir en la propia península Ibérica. Tuvo que declararse una nueva bancarrota de Estado en 1627; el vellón fue devaluado en un 50 por 100 en 1628, a lo que siguió en 1629-31 un fuerte bajón en el comercio transatlántico; la flota de la plata no pudo llegar en 1640[27]. Los costes totales de la guerra provocaron nuevos tributos sobre el consumo, imposición de contribuciones al clero, confiscación de los intereses de los bonos públicos, embargo de los transportes de metales preciosos privados, ventas ilimitadas de honores y —especialmente— de jurisdicciones señoriales a la nobleza. Todas estas medidas no fueron suficientes, sin embargo, para recaudar las sumas necesarias para la prosecución de la lucha, porque sus costos eran soportados prácticamente por Castilla sola. Portugal no producía absolutamente ninguna renta a Madrid, porque los subsidios locales se destinaban a fines defensivos en las colonias portuguesas. Flandes era crónicamente deficitario. Nápoles y Sicilia habían contribuido en el siglo anterior con una suma modesta pero respetable al tesoro central. Ahora, sin embargo, los costos de la defensa de Milán y del mantenimiento de los presidios en Toscana absorbían todas sus rentas, a pesar del incremento en los impuestos, la venta de cargos y las enajenaciones de tierras. Italia proveía todavía una valiosísima contribución humana a la guerra, pero ningún dinero[28]. Navarra, Aragón y Valencia contribuían a lo sumo con escasas y pequeñas ayudas a la dinastía en sus momentos de peligro. Cataluña, la región más rica del reino oriental y la provincia más parsimoniosa de todas, no permitía que los impuestos se gastaran ni que las tropas se enviaran fuera de sus fronteras. El costo histórico del fracaso del Estado de los Habsburgo para armonizar sus reinos ya era evidente al comienzo de la guerra de los Treinta Años. Olivares, que se percató de los graves peligros que entrañaba para el sistema del Estado la falta de una integración central y de la aislada y peligrosa hegemonía de Castilla dentro de ese sistema, propuso a Felipe IV una profunda reforma de toda la estructura, en un memorándum secreto de 1624. Defendía Olivares la equiparación simultánea de las cargas fiscales y las responsabilidades políticas entre los diferentes patrimonios dinásticos, lo que habría permitido el acceso regular de los nobles aragoneses, catalanes e italianos a los más altos puestos del servicio real, a cambio de una distribución más equitativa de la carga impositiva y la aceptación de leyes uniformes modeladas sobre las de Castilla[29]. Este anteproyecto era demasiado atrevido para ser dado a la publicidad, por miedo a la reacción castellana y no castellana. Pero Olivares elaboró también un segundo proyecto más limitado, la «Unión de Armas», para la creación de un ejército común de reserva de 140.000 hombres que se reclutaría y estaría mantenido por todas las posesiones españolas para su común defensa. Este proyecto, publicado oficialmente en 1626, fue atacado en todas partes debido al particularismo tradicional. Cataluña, especialmente, se negó a tener nada que ver con él, y en la práctica el proyecto se quedó en letra muerta.

Pero a medida que transcurría el conflicto y empeoraba la posición española, la presión para recabar alguna asistencia catalana se hizo en Madrid cada vez más desesperada. Olivares decidió forzar la entrada de Cataluña en la guerra atacando a Francia a través de su frontera sudoriental en 1639, con lo que ponía de facto a la reticente provincia en la primera línea de las operaciones españolas. Este juego temerario se volvió contra sus autores de forma desastrosa[30]. La nobleza catalana, morosa y de miras estrechas, privada de oficios remunerado res y aficionada al bandidaje de monte, se enfureció a causa de los mandos castellanos y de las pérdidas sufridas contra los franceses. El bajo clero azuzó el fervor regionalista. El campesinado, asolado por los alojamientos y las requisas, se levantó contra las tropas en una insurrección generalizada. Los jornaleros del campo y los parados que pululaban en las ciudades provocaron violentos disturbios en Barcelona y en otras poblaciones[31]. La revolución catalana de 1640 fundió los agravios de todas las clases sociales, excepto un puñado de magnates, en una explosión imparable. El poder de los Habsburgo en Cataluña se desintegró. La nobleza y el patriciado provocaron la ocupación francesa con objeto de atajar los peligros del radicalismo popular y bloquear una reconquista castellana. Cataluña se convirtió, durante una década, en protectorado francés. Mientras tanto, en el otro lado de la península, Portugal había organizado su propia sublevación pocos meses después de la rebelión catalana. La aristocracia local, resentida por la pérdida de Brasil ante los holandeses, y segura de los sentimientos anticastellanos de las masas, no tuvo ninguna dificultad en reafirmar su independencia, una vez que Olivares cometió el error garrafal de concentrar los ejércitos reales en el este, muy bien defendido y donde las fuerzas franco-catalanas eran victoriosas, y no en el oeste, relativamente desmilitarizado[32]. Olivares cayó en 1643; cuatro años después, Nápoles y Sicilia se sacudieron a su vez la dominación española. El conflicto europeo había agotado la hacienda y la economía del imperio de los Habsburgo en el sur, dislocando su sistema político. En el cataclismo de la década de 1640, a medida que España sucumbía en la guerra de los Treinta Años y la bancarrota, la peste, el despoblamiento y la invasión se hacían presentes, fue inevitable que la confusa unión de los patrimonios dinásticos se dividiera: las revueltas secesionistas de Portugal, Cataluña y Nápoles constituyeron un juicio sobre la debilidad del absolutismo español, que se había expandido demasiado pronto y con excesiva rapidez, a causa de su fortuna ultramarina, sin haber terminado sus cimientos metropolitanos.

Al final, el estallido de la Fronda salvó para España a Cataluña e Italia. Mazarino, preocupado por la tempestad interior, abandonó Cataluña, y después de que los señores napolitanos volvieron a descubrir la lealtad hacia su soberano en Italia, donde había estallado una amenazadora revuelta social de pobres rurales y urbanos, la intervención francesa terminó. Sin embargo, incluso tras la recuperación de la última provincia mediterránea, la guerra se arrastró durante otros quince años contra los holandeses, los franceses, los ingleses y los portugueses. En la década de 1650 hubo más pérdidas en Flandes pero lo que más se prolongó fue la lenta tentativa de reconquistar Portugal. Por entonces, la clase de los hidalgos castellanos había perdido todo apetito por el campo de batalla; la desilusión militar era absoluta entre todos los españoles. En las ultimas campañas fronterizas lucharon principalmente reclutas italianos, cuyas deficiencias eran suplidas con mercenarios irlandeses o alemanes[33]. Su único resultado fue la ruina de la mayor parte de Extremadura y la reducción de las finanzas gubernamentales a su punto más bajo de manipulación y déficit, fútiles. Hasta 1668 no se aceptó la paz ni la independencia portuguesa. Seis años más tarde tuvo que cederse a Francia el Franco-Condado. El reinado paralítico de Carlos II presenció la reconquista del poder político central por los grandes, que se aseguraron la dominación directa del Estado con el golpe aristocrático de 1677, cuando don Juan José de Austria —su candidato para la regencia— condujo a Madrid con todo éxito un ejercito aragonés. Ese mismo reinado experimentó la más negra depresión económica del siglo, con cierre de industrias, colapso de la moneda, reversión a un intercambio de trueque escasez de alimentos y disturbios por el pan. Entre 1600 y 1700 la población total de España descendió de 8.500.000 a 7.000.000 la peor regresión demográfica de Occidente. El Estado de los Habsburgo estaba moribundo a finales de siglo: su muerte en la persona de su espectral soberano, Carlos II el Hechizado, era esperada en todas las cancillerías europeas como la señal que convertiría a España en el botín de Europa.

De hecho, el resultado de la guerra de sucesión española renovó el absolutismo en Madrid, al liquidar sus ingobernables responsabilidades exteriores. Los Países Bajos e Italia quedaron definitivamente perdidos. Aragón y Cataluña, que habían apoyado al candidato austríaco, fueron derrotados y sometidos en la guerra civil que tuvo lugar dentro de la guerra internacional. Una nueva dinastía francesa se instaló en España. La monarquía borbónica consiguió lo que los Habsburgo habían sido incapaces de hacer. Los grandes —muchos de los cuales se habían pasado al campo angloaustriaco en la guerra de sucesión— fueron sometidos y excluidos del poder central. Por medio de la importación de la experiencia y de las técnicas mucho más avanzadas del absolutismo francés, los funcionarios civiles expatriados crearon en el siglo XVIII un Estado unitario y centralizado[34]. Los sistemas de Estados de Aragón, Valencia y Cataluña fueron eliminados y su particularismo quedó suprimido, mientras se introducía el instrumento francés de los intendants reales para el gobierno uniforme de las provincias. El ejército fue drásticamente refundido y profesionalizado con una base semirreclutada y un mando rígidamente aristocrático. La administración colonial fue reforzada y reformada: libres de sus posesiones europeas, los Borbones mostraron que España podía gobernar su imperio americano de forma competente y rentable. De hecho, este fue el siglo en el que, al fin, emergió gradualmente una España unida, como algo opuesto a la semiuniversal monarquía española de los Habsburgo[35]

Con todo, la obra de la burocracia Carolina que racionalizó el Estado español no pudo revitalizar a la sociedad española. Era ya demasiado tarde para iniciar un desarrollo comparable al de Francia o Inglaterra. La otrora dinámica economía castellana había recibido su golpe de gracia bajo Felipe IV. Y aunque se produjo una verdadera recuperación demográfica (la población se elevó de siete a once millones) y el cultivo del cereal se extendió considerablemente en España, solo el 60 por 100 de la población tenía algún trabajo en la agricultura, mientras que las manufacturas urbanas habían desaparecido prácticamente de la formación social metropolitana. Tras el colapso de las minas americanas en el siglo XVII, se produjo un nuevo auge de la plata mexicana en el siglo XVIII, que, a falta de una importante industria nacional, probablemente contribuyó más a la expansión francesa que a la española[36]. El capital local se desvió, como antes, hacia las rentas públicas o la tierra. La administración del Estado no era numéricamente muy amplia, pero estaba plagada de empleomanía, la búsqueda afanosa del cargo por una nobleza empobrecida. Los enormes latifundios del sur, cultivados por cuadrillas de jornaleros, proveían las fortunas de una estancada nobleza de grandes, asentada en las capitales de provincia[37]. Desde mediados del siglo en adelante hubo un reflujo de la más alta nobleza hacia los puestos ministeriales, mientras las facciones «civil» y «militar» luchaban por el poder en Madrid: el gobierno del aristócrata aragonés Aranda correspondió al punto más alto de la influencia directa de la gran nobleza en la capital[38]. Sin embargo, el ímpetu político del nuevo orden estaba llegando a su fin. En los últimos años del siglo, la corte borbónica estaba sumida en una completa decadencia —que recordaba a la de su predecesora— bajo el control negligente y corrupto de Godoy, el ultimo privado. Los límites del renacimiento del siglo XVIII. cuyo epilogo habría de ser el ignominioso colapso de la dinastía en 1808, siempre fueron evidentes en la estructura administrativa de la España borbónica, porque, incluso tras las reformas Carolinas, la autoridad del Estado absolutista sobre vastas zonas del país cesaba en el plano municipal. Hasta la invasión napoleónica, más de la mitad de las ciudades españolas no estaban bajo jurisdicción monárquica, sino bajo jurisdicción señorial o clerical. El régimen de los señoríos, una reliquia medieval que se remontaba a los siglos XII y XIII, tenía más importancia económica que política para los nobles que controlaban aquellas jurisdicciones, pero no sólo les aseguraba beneficios, sino también un poder local jurídico y administrativo[39]. Estas «combinaciones de soberanía y propiedad» fueron una reveladora supervivencia de los principios de señorío territorial en la época del absolutismo. El ancien régime conservó sus raíces feudales en España hasta su último día.

4. FRANCIA

Francia presenta una evolución muy distinta a la del modelo hispánico. El absolutismo no gozó aquí de unas ventajas tan tempranas como en España, en la forma de un lucrativo imperio ultramarino. Por otra parte, tampoco tuvo que enfrentarse en el interior a los permanentes problemas estructurales de unir reinos dispares, con unos legados políticos y culturales radicalmente opuestos. La monarquía de los Capeto, como ya hemos visto, extendió lentamente durante la Edad Media sus derechos de soberanía hacia el exterior de su base original en la Isla de Francia, en un movimiento gradual de unificación concéntrica que abarcaría desde Flandes al Mediterráneo. Nunca tuvo que luchar con ningún otro reino territorial de un rango feudal comparable dentro de Francia: en tierras francesas sólo había un reino, aparte del pequeño y semi-ibérico Estado de Navarra, situado en las remotas laderas de los Pirineos. Los lejanos ducados y condados de Francia siempre habían prestado lealtad nominal a la dinastía central, incluso aunque fuera como vasallos inicialmente más poderosos que su señor real, lo que permitía una jerarquía jurídica que facilitaría más adelante la integración política. Las diferencias sociales y lingüísticas que separaban al sur del norte, aunque persistentes y pronunciadas, nunca fueron tan grandes como las que separaban al este del oeste en España. El sistema legal y el lenguaje distintos del Midi no coincidían, afortunadamente para la monarquía, con la principal hendedura militar y diplomática que dividía a Francia a finales de la Edad Media: la casa de Borgoña, el poder rival más importante alineado contra la dinastía de los Capeto, era un ducado del norte. A pesar de todo, el particularismo del sur sería una fuerza constante y latente en la primera época moderna, adoptando formas encubiertas y nuevos disfraces en las crisis sucesivas. El control político real de la monarquía francesa nunca fue territorialmente uniforme: siempre fue menor en la periferia del país, disminuyendo progresivamente en las provincias recién adquiridas y mas lejanas de París. Al mismo tiempo, el volumen demográfico total de Francia ponía por sí mismo algunos obstáculos formidables a la unificación administrativa: unos 20 millones de habitantes la hacían, por lo menos, dos veces más poblada que España en el siglo XVI. La rigidez y claridad de las barreras internas contra el absolutismo unitario en España quedaban equilibradas en consecuencia, por la más densa profusión y variedad de la vida regional dentro del sistema político francés. Por tanto, en la Francia medieval no tuvo lugar ningún avance constitucional lineal después de la consolidación de los Capeto. Al contrario, la historia de la construcción del absolutismo francés habría de ser la de una progresión «convulsiva» hacia un Estado monárquico centralizado, repetidamente interrumpida por recaídas en la desintegración y en la anarquía provincial, seguidas de una reacción intensificada hacia la concentración del poder monárquico, hasta que al final se construyera una estructura extremadamente sólida y estable. Las tres grandes rupturas del orden político fueron, naturalmente, la guerra de los Cien Años en el siglo XV, las guerras de religión en el siglo XVI y la Fronda en el siglo XVII. La transición de la monarquía medieval a la absoluta se vio paralizada en un primer momento y acelerada inmediatamente después por estas crisis, cuyo último resultado sería la creación de un culto a la autoridad real, en la época de Luis XIV, sin parangón en ningún otro país de Europa occidental.

La lenta centralización concéntrica de los reyes Capeto expuesta más arriba, llegó a un final abrupto con la extinción de su linaje a mediados del siglo XIV, que fue la señal para el comienzo de la guerra de los Cien Años. El estallido de violentas luchas entre los grandes señores dentro de la misma Francia, bajo los débiles reyes Valois, condujo finalmente a un ataque combinado anglo-borgoñón contra la monarquía francesa, a comienzos del siglo XV, que hizo pedazos la unidad del remo. En el punto culminante de los éxitos ingleses y borgonones, en la década de 1420, prácticamente la totalidad de las posesiones tradicionales de la casa real en el norte de Francia estaban bajo control extranjero, mientras Carlos VII se veía forzado a la lucha y al exilio en el sur. La historia de la recuperación final de la monarquía y de la expulsión de los ejércitos ingleses es bien conocida. Para lo que aquí nos interesa, el legado fundamental de los largos sufrimientos de la guerra de los Cien Años fue su contribución final a la emancipación fiscal y militar de la monarquía de los límites del anterior sistema político medieval. En efecto, la guerra sólo pudo ser ganada gracias al abandono del sistema señorial de servicios de caballería —que se había mostrado desastrosamente ineficaz contra los arqueros ingleses—, y con la creación de un ejército regular pagado, cuya artillería fue el arma decisiva de la victoria. Para poner en pie este ejército, la aristocracia francesa concedió el primer impuesto importante de amplitud nacional recaudado por la monarquía, la taille royale de 1439, que se convirtió en regular con la taille des gens d’armes en la década de 1440[1]. La nobleza, el clero y algunas ciudades quedaron exentas de su pago, y en el curso del siguiente siglo la definición legal de la nobleza en Francia fue, precisamente, la exención hereditaria de la taille. Así, la monarquía aparecía reforzada a finales del siglo XV hasta el punto de que ahora poseía un ejército regular embrionario en las compagnies d’ordonnance, capitaneadas por la aristocracia, y un impuesto fiscal directo que no estaba sujeto a ningún control representativo.

Por otra parte, Carlos VII no realizó ningún intento para reforzar la autoridad dinástica central en las provincias del norte de Francia a medida que eran sucesivamente reconquistadas; antes bien, promovió asambleas de los Estados regionales y transfirió poderes financieros y jurídicos a las instituciones locales. Del mismo modo que los reyes Capeto habían acompañado su extensión del control monárquico con la cesión de patrimonios principescos, también los primeros reyes Valois combinaron la reafirmación de la unidad monárquica con la delegación del poder provincial en una aristocracia bien atrincherada. En ambos casos, la razón era idéntica: la enorme dificultad administrativa de dirigir un país tan grande como Francia con los instrumentos de gobierno de que podía disponer la dinastía. El aparato coactivo y fiscal del Estado central todavía era muy pequeño: las compagnies d’ordonnance de Carlos VII nunca superaron los 12.000 soldados, una fuerza absolutamente insuficiente para el control y la represión de una población de 15 millones[2]. La nobleza retuvo, pues, el poder autónomo local por la fuerza de sus propias espadas, de las que dependía, en último término, la estabilidad de toda la estructura social. La creación de un modesto ejército real había aumentado, incluso, sus privilegios económicos, porque la institucionalización de la taille garantizaba a los nobles una completa inmunidad fiscal de la que no habían gozado hasta entonces. La convocatoria por Carlos VII de los Estados Generales, una institución que había desaparecido de Francia durante varios siglos, estuvo inspirada precisamente por la necesidad de crear un mínimo foro nacional en el que inducir a las diversas ciudades y Estados provinciales a aceptar los impuestos, ratificar los tratados y proveer consejo sobre los asuntos exteriores: sus sesiones sin embargo, rara vez dieron adecuada satisfacción a sus demandas. Así pues, la guerra de los Cien Años legó a la monarquía francesa impuestos y ejércitos permanentes, pero no una nueva administración civil de ámbito nacional. La intervención inglesa había sido eliminada del territorio francés, pero las ambiciones borgoñonas permanecían. Luis XI, que accedió al trono en 1461, atajó la oposición interior y exterior al poder de los Valois con una resolución inflexible. Su rápida recuperación de patrimonios provinciales tales como Anjou, el acaparamiento sistemático de los gobiernos municipales de las principales ciudades, la exacción arbitraria de mayores impuestos y la represión de las intrigas aristocráticas incrementaron notablemente la autoridad real y el tesoro en Francia. Pero, sobre todo, Luis XI aseguró todo el flanco oriental de la monarquía francesa, logrando la caída de su enemigo y rival más peligroso, la dinastía borgoñona. Al movilizar a los cantones suizos contra el vecino ducado, financió la primera gran derrota europea de la caballería feudal ante un ejército de infantería: con la derrota de Carlos el Calvo ante los piqueros suizos en Nancy, en 1477, el Estado borgoñón se derrumbó, y Luis XI se anexiono el grueso del ducado. En las dos décadas siguientes, Carlos VIII y Luis XII absorbieron Bretaña —el último principado importante todavía independiente— por medio de sucesivos matrimonios con sus herederas. El reino francés abarcaba ahora por vez primera bajo un soberano único a todas las provincias vasallas de la época medieval. La extinción de la mayor parte de las grandes casas de la Edad Media, y la reintegración de sus dominios en las tierras de la monarquía, dieron un relieve prominente al manifiesto predominio de la dinastía Valois

De hecho, sin embargo, la «nueva monarquía» inaugurada por Luis XI no era en absoluto un Estado centralizado o integrado. Francia quedó dividida en unas 12 gobernadurías, cuya administración fue confiada a príncipes reales o a destacados nobles, que ejercieron legalmente una amplia gama de derechos reales hasta el final del siglo y pudieron actuar en la práctica como potentados autónomos hasta bien entrado el siguiente[3] Por otra parte, se desarrolló también un conjunto de parlements locales, o tribunales provinciales creados por la monarquía con una autoridad judicial suprema en sus territorios, cuya importancia y número creció sin interrupción durante esta época. Entre la subida al trono de Carlos VII y la muerte de Luis XII, se fundaron nuevos parlements en Toulouse, Grenoble, Burdeos, Dijon, Ruán y Aix. No por ello se vieron todavía gravemente recortadas las libertadas urbanas, aunque la posición de la oligarquía patricia dentro de los parlements se reafirmo a costa de los gremios y de los pequeños patronos. La razón esencial de estas transcendentales limitaciones del Estado central radicaba todavía en los insuperables problemas organizativos planteados por la imposición de un aparato eficaz de gobierno real sobre todo el país, en el marco de una economía sin mercado unificado ni un moderno sistema de transportes, y en la que aún no se había alcanzado la disolución de las relaciones primarias de tipo feudal en la aldea. A pesar de los notables avances registrados por la monarquía, los fundamentos sociales para una centralización política vertical aun no estaban preparados. En este contexto, no contra el renacimiento de la monarquía, sino merced a él, fue en el que los Estados Generales recobraron un nuevo vigor tras la guerra de los Cien Años. En Francia, como en todas partes, el impulso inicial para la convocatoria de los Estados fue la necesidad dinástica de obtener de los súbditos del reino el apoyo para la política fiscal y extranjera[4]. En Francia, sin embargo, la consolidación de los Estados Generales como una institución nacional permanente se vio bloqueada por la misma diversidad que había obligado a la monarquía a aceptar una amplia delegación de poder político incluso en el momento de su victoria unitaria. Y no era que los tres estamentos estuvieran especialmente divididos desde el punto de vista social cuando se reunían: la noblesse moyenne dominaba sus sesiones sin excesivo esfuerzo. Pero las asambleas regionales que elegían a sus diputados para los Estados Generales siempre se negaban a concederles el mandato de votar impuestos nacionales, y como la nobleza estaba exenta del fisco, tenía pocos incentivos para presionar a favor de la convocatoria de los Estados Generales[5]. El resultado fue que los reyes franceses, al ser incapaces de conseguir las contribuciones financieras que deseaban de los Estados nacionales, dejaron gradualmente de convocarlos por completo. Así pues lo que frustró la aparición de un Parlamento nacional en la Francia renacentista fue el encastillamiento regional del poder señorial local antes que la dirección centralista de la monarquía. A corto plazo, todo esto contribuyó a un completo fracaso de a autoridad real; pero a largo plazo, por supuesto, iba a facilitar la tarea del absolutismo.

En la primera mitad del siglo XVI, Francisco I y Enrique II gobernaron un próspero reino que crecía sin cesar. La actividad representativa disminuyó progresivamente: los Estados Generales dejaron otra vez de existir; las ciudades no fueron convocadas nunca más después de 1517, y la política exterior tendió a convertirse en coto exclusivo del rey. Los funcionarios jurídicos — maîtres des requêtes— extendieron gradualmente los derechos legales de la monarquía, y los parlements fueron intimidados por medio de la celebración de sesiones especiales —lits de justice— en presencia del rey. El control de los nombramientos de la jerarquía eclesiástica se consiguió mediante el concordato de Bolonia con el papado. Pero ni Francisco I ni Enrique II eran todavía nada que pudiera semejarse a unos reyes autocráticos: ambos consultaban con frecuencia a las asambleas regionales y respetaban escrupulosamente los tradicionales privilegios nobiliarios. La inmunidad económica de la Iglesia no se infringió por el cambio del patronazgo sobre ella (situación muy distinta a la de España, donde la monarquía impuso pesadas contribuciones al clero). Para convertirse en ley, los edictos reales necesitaban todavía en principio el registro formal de los parlements. Las rentas fiscales se duplicaron entre 1517 y la década de 1540, pero el nivel impositivo hacia finales del reinado de Francisco I no era apreciablemente superior al de Luis XI sesenta años antes, aunque los precios y las ganancias habían experimentado una fuerte alza en ese intervalo[6]; en consecuencia, la proporción del producto fiscal directo en la riqueza nacional descendió. Por otra parte, la venta de bonos públicos a los rentiers a partir de 1522 ayudó a mantener confortablemente el tesoro real. Mientras tanto, el prestigio dinástico en el interior se vio favorecido por las constantes guerras exteriores en Italia, a las que los reyes Valois condujeron a su nobleza. Las guerras se convirtieron en una magnífica salida para la perenne belicosidad nobiliaria. El prolongado esfuerzo francés por conquistar el dominio de Italia, comenzado con Carlos VIII en 1494 y finalizado con el tratado de Cateau-Cambrésis en 1559, no tuvo éxito. La monarquía española —política y militarmente más avanzada, poseedora de las bases estratégicas de los Habsburgo en Europa del norte, y superior en el campo naval por su alianza con los genoveses— derrotó claramente a su rival francés en la lucha por el control de la península transalpina. En esta contienda, la victoria fue para el Estado cuyo proceso de absolutización era más temprano y estaba más desarrollado. En último término, sin embargo, la derrota en esta primera aventura extranjera probablemente ayudó a asegurar unos fundamentos más sólidos y compactos al absolutismo francés, que se vio forzado a encastillarse en su propio territorio. Inmediatamente, por otra parte, la terminación de las guerras de Italia, combinada con la incertidumbre de una crisis sucesoria, pondría de manifiesto hasta qué punto era inseguro el arraigo de la monarquía Valois en el país. La muerte de Enrique II precipitó a Francia en cuarenta años de aniquiladoras luchas internas.

Las guerras civiles que se desencadenaron tras Cateau-Cambrésis fueron iniciadas, desde luego, por los conflictos religiosos que acompañaron a la Reforma. Pero esas guerras ofrecen una especie de radiografía del cuerpo político a finales del siglo XVI, en la medida en que exponen las múltiples tensiones y contradicciones de la formación social francesa en la época del Renacimiento. En efecto, la lucha entre los hugonotes y la Santa Liga por el control de la monarquía, vacante políticamente en la práctica tras la muerte de Enrique II y la regencia de Catalina de Médicis, sirvió como un crisol en el que se funden prácticamente todos los tipos de conflictos políticos internos que caracterizan la transición hacia el absolutismo. Las guerras de religión fueron dirigidas, desde el principio hasta el fin, por los tres grandes linajes rivales, Guisa, Montmorency y Borbón, cada uno de los cuales controlaba un territorio de su propiedad, una extensa clientela, una zona de influencia dentro del aparato del Estado, unas tropas leales y unas conexiones internacionales. La familia Guisa era dueña del nordeste, desde Lorena a Borgoña; la línea Montmorency-Châtillon tenía su base en las tierras hereditarias que se extendían por todo el centro del país; los bastiones borbónicos radicaban esencialmente en el sudoeste. La lucha interfeudal entre estas casas nobiliarias se intensificó a causa de la difícil situación en toda Francia de los propietarios rurales pobres, habituados previamente a las correrías de pillaje por Italia, y atrapados ahora por la inflación de los precios. Este estrato proporcionó cuadros militares preparados para una guerra civil prolongada, aparte de las afiliaciones religiosas que los dividían. Además, a medida que transcurría la lucha, las mismas ciudades se dividieron en dos campos: muchas de las ciudades del sur se adhirieron a los hugonotes, mientras que las ciudades norteñas del interior se convirtieron, prácticamente sin excepción, en baluartes de la Liga. Se ha argumentado que las diferentes orientaciones comerciales (hacia el mercado exterior o interior) influyeron en esta división[7]. Parece más probable, sin embargo, que la pauta geográfica general del protestantismo reflejara el tradicional separatismo regional del sur, siempre más alejado de las tierras capetas de la Isla de Francia, y donde los potentados locales territoriales habían conservado durante más tiempo su independencia. Al principio, el protestantismo se había extendido en general desde Suiza a Francia a través de los principales sistemas fluviales del Ródano, el Loira y el Rin[8], lo que motivó una equitativa distribución regional de la fe reformada. Pero una vez que cesó la tolerancia oficial, se concentró rápidamente en el Delfinado, el Languedoc, la Guyena, Poitou, Saintonge, Bearn y Gascuña, zonas montañosas o costeras más allá del Loira, muchas de ellas ásperas y pobres, cuya característica común no era tanto la vitalidad comercial cuanto el particularismo señorial. El protestantismo siempre atrajo a los artesanos y burgueses en las ciudades, pero la apropiación de los diezmos por los notables calvinistas aseguró que el atractivo del nuevo credo fuese muy limitado para el campesinado. De hecho, socialmente los dirigentes hugonotes procedían mayoritariamente de la clase terrateniente, dentro de la cual quizá podían contar con la mitad de la nobleza francesa en 1560, mientras que nunca superaron el 10 o 20 por 100 del conjunto de la población[9]. La nueva religión se retiró hacia el sur en brazos de la disidencia aristocrática. Puede considerarse, pues, que la presión general del conflicto confesional se limitó a dividir el tenue tejido de la unidad francesa a través de su costura intrínsecamente más débil.

Sin embargo, una vez en marcha, la lucha desencadenó conflictos sociales más profundos que los del secesionismo feudal. Cuando el sur se perdió ante Condé y los ejércitos protestantes, una presión redoblada de impuestos reales para la guerra cayo sobre las ciudades católicas coaligadas del norte. La miseria urbana que resultó de estos hechos en la década de 1580 provocó una radicalización de la Santa Liga en las ciudades, complicada por el asesinato de Guisa por Enrique III. Mientras los señores ducales del clan de los Guisa —Mayenne, Aumale, Elbeuf, Mercoeur— independizaban Lorena, Bretaña, Normandía y Borgoña en nombre del catolicismo y los ejércitos españoles invadían Francia desde Flandes y Cataluña, en las ciudades del norte estallaron revoluciones municipales. En París, el poder fue tomado por un comité dictatorial de funcionarios y clérigos descontentos, apoyados por las hambrientas masas de la plebe y una falange fanática de monjes y predicadores[10]. Orleans, Bourges, Dijon y Lyon siguieron el mismo camino. Al convertirse el protestante Enrique de Navarra en sucesor legal de la monarquía, la ideología de estas revueltas urbanas empezó a girar hacia el republicanismo. Al mismo tiempo, la tremenda devastación del campo por las constantes campañas militares de estas décadas empujó al campesinado del centrosur, en Lemosin, Périgord, Quercy, Poitou y Saintonge, a amenazadores levantamientos no religiosos en la década de 1590. Esta doble radicalización en la ciudad y en el campo fue lo que finalmente reunificó a la clase dominante: la nobleza comenzó a cerrar filas tan pronto como existió un peligro real de levantamiento desde abajo. Enrique IV aceptó tácticamente el catolicismo, reunió a los patrocinadores aristocráticos de la Liga, aisló a los comités y suprimió las rebeliones campesinas. Las guerras de religión terminaron con la reafirmación del Estado real.

A partir de este momento, el absolutismo francés llegó con relativa rapidez a su madurez, aunque todavía habría de producirse una regresión radical antes de que se estableciera definitivamente. Sus grandes arquitectos administrativos en el siglo XVII fueron, por supuesto, Sully, Richelieu y Colbert. Cuando comenzaron su trabajo, las dimensiones y la diversidad del país aún permanecían ampliamente inconquistadas. Los príncipes reales eran todavía rivales celosos del monarca, y con frecuencia estaban en posesión de gobiernos hereditarios. Los parlements provinciales, compuestos por una mezcla de pequeña aristocracia rural y abogados, representaban los bastiones del particularismo tradicional. En París y en otras ciudades crecía una burguesía comercial que controlaba el poder municipal. Las masas francesas se habían levantado durante las guerras civiles del siglo anterior, en las que ambos lados habían buscado su apoyo en diferentes ocasiones, y conservaban el recuerdo de la insurrección popular[11]. El carácter específico del Estado absolutista francés que surge en el grand siècle está destinado a enfrentarse y dominar a este conjunto de fuerzas. Enrique IV estableció la presencia real y el poder central en París por vez primera, reconstruyendo la ciudad y convirtiéndola en capital permanente del reino. La pacificación civil fue acompañada de una atención especial hacia la recuperación agrícola y la promoción del comercio de exportación. El magnetismo personal del fundador de la nueva dinastía borbónica restauró el prestigio popular de la monarquía. El edicto de Nantes y sus artículos complementarios contuvieron el problema del protestantismo al concederle una autonomía regional limitada. No se convocaron los Estados Generales, a pesar de las promesas hechas en este sentido durante la guerra civil. Se conservó la paz exterior y, con ella, la economía administrativa. Sully, el canciller hugonote, duplicó los ingresos netos del Estado, principalmente por medio de los impuestos indirectos, la racionalización de las contribuciones agrarias y la reducción de gastos. La evolución institucional más importante del reinado fue la introducción de la paulette en 1604: la venta de cargos en el aparato del Estado, que había existido durante más de un siglo, fue estabilizada por el procedimiento de Paulet de hacerlos hereditarios a cambio del pago de un pequeño porcentaje anual sobre su valor de compra, medida destinada no sólo a aumentar los ingresos de la monarquía, sino también a aislar a la burocracia de la influencia de los potentados. Bajo el frugal régimen de Sully, la venta de cargos representó únicamente alrededor del 8 por 100 de los ingresos presupuestarios[12], pero a partir de la minoría de edad de Luis XIII esta proporción cambió rápidamente. Una recrudescencia del faccionalismo nobiliario y del malestar religioso —evidente en la última e ineficaz sesión de los Estados Generales (1614-1615) celebrada antes de la revolución francesa— y la primera intervención agresiva del Parlement de París contra un gobierno real, condujeron a un corto predominio del duque de Luynes. Las pensiones para comprar la benevolencia de los grandes nobles reticentes y la reanudación de la guerra contra los hugonotes en el sur aumentaron considerablemente los gastos estatales. A partir de ese momento, la burocracia y la judicatura se colmarían con el mayor volumen de transacciones venales conocido en Europa. Francia se convirtió en la tierra clásica de la venta de cargos, a medida que la monarquía creaba un número creciente de sinecuras y prebendas para asegurar sus ingresos. Entre 1620 y 1624 el tráfico de cargos proporcionó alrededor del 38 por 100 de los ingresos reales[13]. Además, el arrendamiento de impuestos se subastaba habitualmente entre los grandes financieros, cuyos sistemas de recaudación podían desviar de su camino hacia el Estado hasta las dos terceras partes de los ingresos fiscales. Por otro lado, la fuerte alza de los costos de la política exterior e interior, en la nueva coyuntura internacional de la guerra de los Treinta Años, fue tan grande que la monarquía tuvo que recurrir constantemente a créditos concedidos con altos intereses por los consorcios de sus propios arrendatarios de impuestos, que eran simultáneamente officiers que habían comprado posiciones en la sección de tesorería del aparato de Estado[14]. Este círculo vicioso de improvisación financiera extremó inevitablemente la confusión y la corrupción. La multiplicación de los cargos venales, en los que ahora se refugiaba una nueva noblesse de robe, imposibilitaba el control firme de la dinastía sobre las instituciones de la justicia pública y las finanzas y dispersaba, tanto central como localmente, el poder burocrático.

A pesar de todo, fue en esta misma época cuando, curiosamente entrelazada con este sistema, Richelieu y sus sucesores comenzaron a construir una maquinaria administrativa racionalizada, que hiciese posible por vez primera el control y la intervención reales directos en toda Francia. El cardenal, que era desde 1624 el soberano de facto del país, procedió rápidamente a liquidar las fortalezas remanentes de los hugonotes en el sudoeste, con el sitio y captura de La Rochelle; aplastó las sucesivas conspiraciones aristocráticas con ejecuciones sumarias; abolió las más altas dignidades militares medievales; derribó los castillos de los nobles y prohibió el duelo, y suprimió los Estados allí donde lo permitió la resistencia local (Normandía). Por encima de todo, Richelieu creó el eficaz sistema de intendants. Los intendants de justice, de pólice et de finances eran funcionarios enviados con poderes omnímodos a las provincias, en un primer momento con misiones temporales y ad hoc, y que más adelante se convirtieron en delegados permanentes del gobierno central en toda Francia. Nombrados directamente por la monarquía, sus cargos eran revocables y no se podían comprar: reclutados habitualmente entre los antiguos maîtres des requêtes —y ellos mismos nobles pequeños o medios en el siglo XVII—, los intendants representaron el nuevo poder del Estado absolutista en los rincones más alejados del reino. Extremadamente impopulares entre el estrato de los officiers, cuyas prerrogativas locales infringían, al principio fueron utilizados con precaución y coexistieron con los gobiernos tradicionales de las provincias. Pero Richelieu rompió el carácter cuasihereditario de estos señoríos regionales, que eran desde antiguo presa particular de los más altos potentados de la aristocracia, de tal modo que al final de su reinado sólo la cuarta parte de esos gobiernos estaban en las mismas manos que antes de su subida al poder. Durante este período hubo, pues, un desarrollo simultáneo y contradictorio de los grupos de officiers y commissaires dentro del conjunto de la estructura del Estado. Mientras el papel de los intendants se hacía progresivamente más prominente y autoritario, la magistratura de los diversos parlements de la tierra, campeones del legalismo y el particularismo, se convirtió en el portavoz más ruidoso de la resistencia de los officiers contra los intendants, bloqueando intermitentemente las iniciativas del gobierno real.

Así pues, la estructura de la monarquía francesa llegó a adquirir, tanto en la teoría como en la práctica, una extrema y florida complejidad. Kossman ha descrito sus contornos para la conciencia de las clases poseedoras de aquel tiempo en un notable párrafo: «Los contemporáneos sentían que el absolutismo no excluía en modo alguno aquella tensión que les parecía inherente al Estado, y que no alteraba ninguna de sus ideas sobre el gobierno. Para ellos, el Estado era como una iglesia barroca en la que un gran número de concepciones diferentes se mezclan, chocan y finalmente se absorben en un único y magnificente sistema. Los arquitectos habían descubierto recientemente el óvalo, y en sus ingeniosas combinaciones el espacio se hizo vivo: por todas partes, el esplendor de las formas ovaladas, brillando desde sus curvas, proyectaba en el conjunto de la construcción la energía sutil y los ritmos oscilantes e inciertos acariciados por el nuevo estilo»[15]. Estos principios «estéticos» del absolutismo francés correspondían, no obstante, a propósitos funcionales. Como ya hemos visto, la relación entre impuestos y cargas en la época tradicional ha sido conceptualizada como una tensión entre la renta feudal «centralizada» y la «local». En cierto sentido, esta duplicación «económica» se reproducía en las estructuras «políticas» del absolutismo francés. En efecto, la misma complejidad de la arquitectura del Estado fue la que permitió una unificación lenta pero ininterrumpida de la propia clase noble, que se adaptó gradualmente al nuevo molde centralizado, sujeto al control público de los intendants, mientras todavía ocupaba a título privado posiciones dentro del sistema de officiers y gozaba de la autoridad local en los parlements provinciales. Simultáneamente, por otra parte, se conseguía la proeza de integrar a la naciente burguesía francesa en el circuito del Estado feudal, porque la compra de cargos representaba una inversión tan rentable que el capital se desviaba continuamente de las aventuras manufactureras o mercantiles hacia una colusión usurera con el Estado absolutista. Sinecuras y honorarios, arrendamientos de impuestos y créditos, honores y bonos desviaron la riqueza burguesa de la producción. La adquisición de títulos nobiliarios y de inmunidad fiscal se convirtió en un objetivo empresarial normal para los roturiers. La consecuencia social fue la creación de una burguesía que tendía a asimilarse crecientemente con la aristocracia a través de las exenciones y los privilegios de los cargos. Por su parte, el Estado patrocinó manufacturas reales y sociedades públicas mercantiles que, desde Sully a Colbert, proporcionaron negocios útiles a esta clase[16]. El resultado fue llevar a una vía muerta la evolución política de la burguesía francesa durante ciento cincuenta años.

El peso de todo este aparato cayó sobre los pobres. El Estado feudal reorganizado golpeó sin piedad a las masas rurales y urbanas. En el caso francés puede apreciarse con una deslumbrante claridad la medida en que la conmutación local de las cargas y el crecimiento de una agricultura monetarizada se vieron compensados por la extracción centralizada de excedente del campesinado. En 1610, los agentes fiscales del Estado recaudaron 17 millones de libras procedentes de la taille. En 1644, las exacciones por este impuesto se habían triplicado hasta alcanzar los 44 millones de libras. La contribución total se cuadruplicó en la década posterior a 1630[17]. La causa de este repentino y enorme crecimiento de la carga fiscal fue, naturalmente, la intervención diplomática y militar de Richelieu en la guerra de los Treinta Años, la cual, realizada al principio por medio de subvenciones a Suecia y después por el empleo de mercenarios alemanes, terminó con la presencia de grandes ejércitos franceses en el campo de batalla. El efecto internacional fue decisivo. Francia selló el destino de Alemania y destrozó el predominio español. El tratado de Westfalia, firmado cuatro años después de la histórica victoria francesa en Rocroi, extendió las fronteras de la monarquía francesa desde el Mosa hasta el Rin. Las nuevas estructuras del absolutismo francés recibieron su bautismo de fuego en la guerra europea. El éxito francés en la lucha contra España coincidió, efectivamente, con la consolidación interior del complejo burocrático dual que elevó al primer Estado borbónico. Las emergencias militares del conflicto facilitaron la imposición de intendants en las zonas invadidas o amenazadas; al mismo tiempo, sus enormes gastos financieros exigieron una venta de cargos sin precedentes y produjeron fortunas espectaculares para los consorcios de banqueros. Los costos reales de la guerra fueron soportados por los pobres, entre los que provocó grandes estragos sociales. Las presiones fiscales del absolutismo de guerra provocaron una constante marejada de rebeliones desesperadas de las masas urbanas y rurales durante toda esta década. Se produjeron revueltas urbanas en Dijon, Aix y Poitiers en 1630; jacqueries en los campos de Angoumois, Saintonge, Poitou, Pengord y Guyena en 1636-37; una importante rebelión plebeya y campesina en Normandía en 1639. Los levantamientos regionales de mayor importancia se entremezclaron con constantes estallidos menores de malestar contra los recaudadores de impuestos en amplias zonas de Francia, estallidos frecuentemente patrocinados por la pequeña nobleza local. Las tropas reales participaban habitualmente en la represión interior mientras el conflicto internacional se libraba en el exterior.

En cierto sentido, la Fronda puede considerarse como la «cresta» más alta de esta larga ola de rebeliones populares[18], en la que durante un breve período algunos sectores de la alta nobleza, de la magistratura de los titulares de cargos y de la burguesía municipal utilizaron a las masas descontentas para sus propios fines contra el Estado absolutista. Mazarino, que sucedió a Richelieu en 1642, había dirigido hábilmente la política exterior de Francia hasta el final de la guerra de los Treinta Años y, con ella, la adquisición de Alsacia. Sin embargo, después de la paz de Westfalia, Mazarino provocó la crisis de la Fronda al prolongar la guerra contra España hacia el teatro mediterráneo, donde pretendía, en su calidad de italiano, la conquista de Nápoles y Cataluña. La extorsión fiscal y la manipulación financiera para apoyar el esfuerzo militar en el exterior coincidieron con las sucesivas malas cosechas de 1647, 1649 y 1651. El hambre y la furia populares se combinaron con una rebelión de los officiers, producida por el hastío de la guerra y dirigida por el Parlement de París contra el sistema de intendants; con el disgusto de los rentiers por la forzosa devaluación de los bonos del gobierno y con la envidia de los poderosos pares del reino hacia un aventurero italiano que manipulaba a un rey en minoría de edad. El estallido constituyó un tumulto confuso y amargo en el que, una vez más, el país pareció caer en pedazos a medida que las provincias se desvinculaban de París, los ejércitos privados llenos de indeseables erraban por los campos, las ciudades establecían dictaduras municipales rebeldes, y una serie de intrigas y maniobras complejas dividían y reunían a los príncipes rivales que competían por el control de la corte. Los gobernadores provinciales intentaron ajustar cuentas con los parlements mientras las autoridades municipales aprovechaban la oportunidad para atacar a las magistraturas locales[19]. La Fronda reprodujo, pues, muchos elementos de la pauta marcada por las guerras de religión. Esta vez, la insurrección urbana más radical coincidió con una de las zonas rurales tradicionalmente más desafectas: la Ormée de Burdeos y el extremo sudoccidental fueron los últimos centros que resistieron a los ejércitos de Mazarino. Pero las tomas populares del poder en Burdeos y en París tuvieron lugar demasiado tarde para afectar al resultado de los conflictos entrelazados de la Fronda; el protestantismo local permaneció, en términos generales, cautamente neutral en el sur, y la Ormée no tenía ningún programa político coherente, aparte de su instintiva hostilidad hacia la burguesía local bordelesa[20]. En 1653 Mazarino y Turenne habían extirpado los últimos reductos de la rebelión. Los progresos de la centralización administrativa y de la reorganización de las clases, conseguidos en el seno de las estructuras mixtas de la monarquía francesa en el siglo XVII, mostraron su eficacia. Aunque la presión social desde abajo fue probablemente más apremiante, la Fronda fue en realidad menos peligrosa para el Estado monárquico que las guerras de religión, porque las clases propietarias estaban ahora más unidas. En efecto, a pesar de todas las contradicciones existentes entre los sistemas de officiers y de intendants, ambos grupos procedían predominantemente de la noblesse de robe, mientras os banqueros y arrendatarios de impuestos contra quienes protestaban los parlements estaban personal y estrechamente conectados con ellos. El proceso de fusión permitido por la coexistencia de los dos sistemas dentro de un mismo Estado acabó por asegurar una solidaridad mucho más rápida contra las masas La misma profundidad del malestar popular revelado por la Fronda recorto la última ruptura emocional con la monarquía protagonizada por la aristocracia disidente: aunque todavía hubo más levantamientos campesinos en el siglo XVII, ya no se produjo nunca más una confluencia de rebeliones procedentes de arriba y de abajo. La Fronda costó a Mazarino sus proyectadas conquistas en el Mediterráneo, pero cuando la guerra contra España finalizó, con el tratado de los Pirineos, se habían añadido a Francia el Rosellón y el Artois, y una selecta élite burocrática estaba entrenada y preparada para el majestuoso orden administrativo del próximo reinado. En adelante, la aristocracia habría de sentar cabeza bajo el absolutismo consumado y solar de Luis XIV.

El nuevo soberano asumió el mando personal de todo el aparato de Estado en 1661. Una vez que la autoridad real y el poder ejecutivo se reunieron en un único soberano, todo el potencial político del absolutismo francés llegó rápidamente a su plenitud. Los parlements fueron silenciados, y su pretensión de presentar protestas antes de registrar los edictos reales quedó anulada (1673). Los demás tribunales soberanos fueron reducidos a la obediencia. Los Estados provinciales ya no pudieron discutir ni negociar los impuestos: la monarquía dicto unas exigencias fiscales muy precisas que los Estados se vieron obligados a aceptar. La autonomía municipal de las bonnes villes fue embridada, al ser domesticadas las alcaldías e instalarse en ellas las guarniciones militares. Los gobiernos se concedían sólo por tres años, y sus titulares quedaban obligados con frecuencia a residir en la corte, lo que los convertía en meramente honoríficos. El mando de las ciudades fortificadas en las regiones fronterizas fue sometido a una cuidadosa rotación. La alta nobleza tuvo que residir en Versalles una vez que se terminó el nuevo palacio (1682), y quedó separada del señorío efectivo sobre sus dominios territoriales. Todas estas medidas contra el particularismo refractario de los grupos e instituciones tradicionales provocaron, naturalmente, el resentimiento tanto de príncipes y pares como de la pequeña aristocracia provincial. Pero no cambiaron el vínculo objetivo entre la aristocracia y el Estado, mucho más eficaz ahora que nunca en la protección de los intereses básicos de la clase noble. El grado de explotación económica garantizado por el absolutismo francés puede apreciarse por este cálculo reciente: durante el siglo XVII, la nobleza —un 2 por 100 de la población— se apropio entre un 20 y un 30 por 100 de toda la renta nacional[21]. La maquinaria central del poder real fue, por tanto, concentrada, racionalizada y ampliada sin una seria resistencia aristocrática.

Luis XIV heredó de Mazarino sus principales ministros: Le Tellier, encargado de los asuntos militares; Colbert, que llegó a combinar la dirección de la hacienda, la casa y la armada reales; Lionne, que dirigía la política exterior, y Séguier, que en su calidad de canciller cuidaba de la seguridad interior Estos administradores competentes y disciplinados formaban la cima del orden burocrático, puesto ahora a disposición de la monarquía. El rey presidía personalmente las deliberaciones del pequeño Conseil d’en Haut, que comprendía a sus servidores políticos de mayor confianza y excluía a todos los príncipes y los grandes. Este consejo se convirtió en el supremo organismo ejecutivo del Estado, mientras el Conseil des Dépêches se encargaba de los asuntos provinciales y del interior y el Conseil des Finances, de reciente creación, supervisaba la organización económica de la monarquía. La eficacia departamental de este sistema relativamente tenso, ligado por la actividad incansable del propio Luis XIV, era mucho mayor que la de los incómodos mecanismos conciliares del absolutismo de los Habsburgo en España, con su distribución semiterritorial y sus interminables deliberaciones colectivas. En un plano inferior, la red de intendants cubría ya la totalidad de Francia (Bretaña fue la última provincia en recibir un comisario en 1689)[22]. El país fue dividido en 32 généralités, cuyo poder supremo residía ahora en el intendant real, asistido por los subdélégués e investido con nuevos poderes sobre la tasación y supervisión de la taille, derechos vitales que le fueron transferidos por el antiguo officier «tesorero» que anteriormente los controlaba. El personal total del sector civil del aparato de Estado central del absolutismo francés en el reinado de Luis XIV era todavía muy modesto quizá tan solo 1.000 funcionarios responsables, contando la corte y las provincias[23]. Pero estos funcionarios estaban apoyados en una impresionante maquinaria coactiva. Para conservar el orden y reprimir las revueltas en París se creó una fuerza permanente de policía (1667), que más adelante se extendió a toda Francia (1698-99). El volumen del ejército creció enormemente durante el reinado, pasando de unos 30 o 50.000 hombres a 300.000 al final de este período[24]. Le Tellier y Louvois introdujeron la paga regular, la instrucción y los uniformes; Vauban modernizó las armas militares y las fortificaciones. El crecimiento de este aparato militar significó el desarme final de la nobleza provinciana y la capacidad de aplastar las rebeliones populares con rapidez y eficacia[25]. Los mercenarios suizos, que proporcionaron al absolutismo borbónico sus tropas domésticas, ayudaron a acabar con toda rapidez con el campesinado boloñés y camisard; los nuevos dragones llevaron a cabo la expulsión masiva de los hugonotes de Francia. El incienso ideológico que rodeaba a la monarquía, profusamente dispensado por los clérigos y escritores asalariados del régimen, envolvió la represión armada en la que éste se basaba, pero no pudo ocultarla.

El absolutismo francés alcanzó su apoteosis institucional en las últimas décadas del siglo XVII. La estructura del Estado y la correspondiente cultura dominante perfeccionadas en el reinado de Luis XIV iban a convertirse en el modelo de la mayor parte de la nobleza europea: España, Portugal, Piamonte y Prusia fueron tan sólo los últimos ejemplos más directos de esa influencia. Pero el rayonnement político de Versalles no era un fin en sí mismo. Las realizaciones organizativas del absolutismo borbónico estaban destinadas, en la concepción de Luis XIV, para servir a un propósito específico: el objetivo superior de la expansión militar. La primera década del reinado, desde 1661 a 1672, supuso esencialmente una preparación interior para las futuras aventuras exteriores. Administrativa, económica y culturalmente, éstos fueron los años más refulgentes del reinado de Luis XIV; casi todas sus obras más duraderas datan de estos años. Bajo la capaz superintendencia del primer Colbert se estabilizó la presión fiscal y se promovió el comercio. Los gastos del Estado disminuyeron gracias a la supresión general de los nuevos cargos creados desde 1630; las depredaciones de los arrendatarios de impuestos se redujeron drásticamente, aunque la recaudación no fue reasumida por el Estado; las tierras reales fueron sistemáticamente recuperadas. La taille personnelle descendió de 42 a 43 millones de libras mientras que la taille réelle se elevó alrededor de un 50 por 100 en los pays d’états, cuyas cargas fiscales eran más livianas; la recaudación de impuestos indirectos se elevó en tomo al 60 por 100 por medio de un control cuidadoso del sistema de arrendamiento. Los ingresos netos de la monarquía se duplicaron entre 1661 y 1671, y se alcanzó el superávit presupuestario con regularidad[26]. Mientras tanto, se lanzó un ambicioso programa mercantilista para acelerar el desarrollo manufacturero y comercial de Francia, y la expansión colonial en el exterior, las subvenciones reales fundaron nuevas industrias (paños, cristal, tapicería, objetos de hierro); se crearon compañías con privilegios reales para explotar el comercio de Oriente y de las Indias Occidentales; los astilleros recibieron fuertes subsidios y, por ultimo, se impuso un sistema de aranceles altamente proteccionista. Fue este mismo mercantilismo, sin embargo, el que condujo directamente a la decisión de invadir Holanda en 1672, con la intención de suprimir la competencia de su comercio —que se había mostrado fácilmente superior al francés— por medio de la incorporación de las Provincias Unidas a los dominios franceses. La guerra holandesa fue inicialmente un éxito: las tropas francesas cruzaron el Rin, se acercaron sorprendentemente a Amsterdam y tomaron Utrecht. Sin embargo, una coalición internacional —España y Austria, sobre todo— se formó rápidamente para la defensa del statu quo, mientras la dinastía Orange volvía a tomar el poder en Holanda forjando una alianza matrimonial con Inglaterra. Siete años de lucha terminaron con Francia en posesión del Franco-Condado y con una frontera ampliada en Artois y Flandes, pero con las Provincias Unidas intactas y los aranceles antiholandeses de 1667 anulados: un balance modesto en el exterior. En el interior, la reducción fiscal de Colbert había quedado definitivamente arruinada: la venta de cargos se multiplicó una vez mas, se aumentaron las viejas contribuciones, se inventaron otras nuevas, se emitieron empréstitos y los subsidios comerciales fueron abandonados. En adelante, la guerra iba a dominar prácticamente todos los aspectos del reinado[27]. La miseria y el hambre causadas por las exacciones del Estado y por una serie de malas cosechas provocaron nuevos levantamientos del campesinado en Guyena y Bretaña en 1674-75, que fueron suprimidos por las armas de forma sumaria: en esta ocasión, ningún señor o propietario intentó utilizarlos para sus propios fines. La nobleza, aligerada de las cargas monetarias que Richelieu y Mazarino habían intentado imponerle, permaneció completamente leal[28].

Sin embargo, el restablecimiento de la paz en la década de 1680 se limitó a acentuar la arrogancia del absolutismo borbónico. El rey se encerró en Versalles; el calibre de los ministros descendió a medida que la generación escogida por Mazarino cedía sus puestos a sucesores más o menos mediocres, elegidos por cooptación hereditaria dentro del mismo grupo de familias interrelacionadas de la noblesse de robe; torpes gestos antipapales se mezclaron con la despreocupada expulsión de los protestantes del reino; se utilizaron subterfugios legales poco sólidos para una serie de pequeñas anexiones en el nordeste. En el interior continuó la depresión agraria, aunque el comercio marítimo se recobró y alcanzó una repentina prosperidad, para preocupación de los mercaderes ingleses y holandeses. La derrota del candidato francés al electorado de Colonia y la subida de Guillermo III al trono inglés fueron las señales para la reanudación del conflicto internacional. La guerra de la Liga de Augsburgo (1689-97) alineó prácticamente a toda la Europa occidental y central contra Francia: Holanda, Inglaterra, Austria, España, Saboya y la mayor parte de Alemania. Los ejércitos franceses habían más que doblado su fuerza en la década intermedia, hasta alcanzar los 220.000 hombres. Lo más que pudieron hacer fue mantener a la coalición en unas costosas tablas: los objetivos bélicos de Luis XIV quedaron frustrados en todas partes. La única ganancia registrada por Francia en el tratado de Ryswick fue la aceptación europea de la absorción de Estrasburgo, que ya estaba asegurada antes del comienzo de la guerra; los demás territorios ocupados tuvieron que ser evacuados, a la vez que la armada francesa era desplazada de los mares. Para financiar el esfuerzo de guerra, se inventó una cascada de nuevos cargos que se pusieron a la venta, se subastaron títulos, se multiplicaron los empréstitos obligatorios y las rentas públicas, se manipuló el valor de la moneda y, por primera vez, se introdujo un impuesto por «capitación» del que no se libró ni la propia nobleza[29]. La inflación el hambre y el despoblamiento asolaron el campo. A pesar de todo, cinco años después Francia se sumergió de nuevo en un conflicto europeo por la sucesión española. Las bruscas provocaciones y la ineptitud diplomática de Luis XIV ampliaron al máximo una vez más la coalición contra Francia en esta decisiva contienda militar en la que ahora entraba: el ventajoso testamento de Carlos II fue rechazado con desprecio por el heredero francés, los ejércitos franceses ocuparon Flandes, España fue dirigida por emisarios franceses, la trata de esclavos con sus colonias americanas fue puesta en manos de mercaderes franceses, y el exiliado Estuardo que reclamaba ostentosamente el trono fue saludado como legítimo monarca de Inglaterra. La determinación borbónica de monopolizar la totalidad del imperio hispánico, rechazando cualquier reparto o disminución del vasto botín español, unió inevitablemente a Austria, Inglaterra Holanda y la mayor parte de Alemania contra Francia. Al pretender conseguirlo todo, el absolutismo francés acabó por no obtener prácticamente nada de este esfuerzo supremo de expansión política. Los ejércitos borbónicos —que ahora contaban con 300.000 hombres, equipados con rifles y bayonetas— fueron diezmados en Blenheim, Ramillies, Turín, Oudenarde, Malplaquet. La misma Francia recibió las sacudidas de la invasión, ya que la recaudación de impuestos se hundió, la moneda fue depreciada, las revueltas por el pan asolaron a la capital, y las heladas y el hambre paralizaron el campo. Sin embargo, aparte del levantamiento local de los hugonotes en Cévennes, el campesinado permaneció en calma. Por encima de él la clase dominante se mantuvo compactamente unida en tomo a la monarquía, incluso a pesar de su autocrática disciplina y de los desastres exteriores que sacudían a toda la sociedad.

La tranquilidad sólo llegó con la derrota final en la guerra La paz fue mitigada por las divisiones en la coalición victoriosa contra Luis XIV, que permitieron a la joven rama de la dinastía borbónica conservar la monarquía en España al precio de la separación política de Francia. Por lo demás, tan ruinosos sufrimientos no produjeron ningún beneficio al absolutismo francés; simplemente, introdujeron a Austria en los Países Bajos y en Italia, e hicieron a Inglaterra dueña del comercio colonial en la América española. De hecho, la paradoja del absolutismo francés fue que su mayor brillantez interior no coincidió con su mayor predominio internacional. Por el contrario, fue la estructura de Estado de Richelieu y Mazarino, todavía defectuosa e incompleta, marcada por anomalías institucionales y desgarrada por rebeliones internas, la que consiguió espectaculares éxitos en el extranjero, mientras que la monarquía consolidada y estabilizada de Luis XIV —con su autoridad y su ejército enormemente aumentados— fracasó estrepitosamente en su pretensión de imponerse sobre Europa o conseguir avances territoriales notables. La construcción institucional y la expansión internacional estuvieron desfasadas e invertidas en el caso francés. La razón reside, evidentemente, en la aceleración de un tiempo distinto al del absolutismo en los países marítimos: Holanda e Inglaterra. El absolutismo español conservó el dominio europeo durante cien años; contenido en primer lugar por la revolución holandesa, su poderío fue destrozado finalmente por el absolutismo francés a mediados del siglo XVII, con la ayuda de Holanda. Sin embargo, el absolutismo francés no gozó de un período de hegemonía comparable en Europa occidental. En los veinte años que siguieron a la paz de los Pirineos, su expansión ya había sido eficazmente detenida. La derrota final de Luis XIV no se debió a sus numerosos errores estratégicos, sino al cambio en la posición relativa de Francia dentro del sistema político europeo concomitante con las revoluciones inglesas de 1640 y 1688[30]. El desarrollo económico del capitalismo inglés y la consolidación política de su Estado a finales del siglo XVII sobrepasaron al absolutismo francés, aunque éste estuviera en su época de auge. Los verdaderos vencedores de la guerra de Sucesión española fueron los comerciantes y los banqueros de Londres: con ella comenzó un imperialismo mundial británico. El último Estado feudal español había sido derribado por su rival y equivalente francés, ayudado por el primer Estado burgués de Holanda. El ultimo Estado feudal francés fue detenido en su camino por dos Estados capitalistas de desigual poder —Inglaterra y Holanda—, asistidos por su equivalente austríaco. Intrínsecamente, el absolutismo borbónico fue mucho más poderoso y mas unificado que el absolutismo español; pero las fuerzas alineadas contra él fueron también, proporcionalmente, mucho más poderosas Los enérgicos preparativos interiores del reinado de Luis XIV para conseguir el dominio exterior fueron vanos. La hora de la supremacía de Versalles, que parecía tan cerca en la Europa de 1660, nunca sonó.

La llegada de la Regencia en 1715 anunció la reacción social ante este fracaso. La alta nobleza, liberando repentinamente sus reprimidos agravios contra la autocracia real, llevó a cabo una inmediata reaparición en escena. El regente obtuvo el acuerdo del Parlement de París para dejar a un lado el testamento de Luis XIV a cambio del restablecimiento de su tradicional derecho de protesta: el gobierno pasó a manos de los pares, que terminaron inmediatamente con el sistema ministerial del rey difunto y asumieron directamente el poder en la llamada polysynodi. Tanto la noblesse d’épée como la noblesse de robe fueron rehabilitadas institucionalmente por la Regencia. La nueva época iba a acentuar de hecho el carácter abiertamente clasista del absolutismo: el siglo XVIII presenció una regresión de la influencia no nobiliaria en el aparato de Estado, y el predominio colectivo de una alta aristocracia cada vez más unificada. La toma de la Regencia por los grandes no fue duradera: bajo Fleury y los dos débiles reyes que le sucedieron, el sistema de adopción de decisiones en la cima del Estado volvió al viejo modelo ministerial, que ya no estaba controlado por un monarca dominante. Pero en adelante la nobleza mantuvo un control tenaz de los más altos cargos del gobierno de 1714 a 1789 sólo hubo tres ministros que carecieran de título aristocrático[31]. Asimismo, la magistratura judicial de los parlements formaba ahora un estrato cerrado de nobles —tanto en París como en las provincias— del que eran excluidos radicalmente las personas del común. A su vez, los intendants reales, que en un tiempo fueron el azote de los terratenientes provinciales, se convirtieron en una casta prácticamente hereditaria: en el reinado de Luis XVI, 14 de ellos eran hijos de anteriores intendants[32]. En la Iglesia, todos los arzobispos y obispos eran de origen noble antes de la segunda mitad de siglo, y la mayor parte de las abadías, prioratos y canonjías estaban controlados por la misma clase. En el ejército, los altos mandos militares estaban sólidamente ocupados por los grandes; la compra de compañías por los roturiers fue prohibida en la década de 1760, cuando se hizo necesario tener una ascendencia inequívocamente nobiliaria para acceder al rango de oficial. La clase aristocrática en su conjunto conservó un riguroso estatuto feudal: constituía un orden legalmente definido de unas 250.000 personas, que estaba exento del grueso de los impuestos y gozaba del monopolio de los más altos rangos de la burocracia, la judicatura, el clero y el ejército. Sus subdivisiones estaban ahora teóricamente definidas con todo detalle, y entre los títulos más elevados y los hobereaux rurales más bajos existía un gran abismo. Pero en la práctica, el lubricante del dinero y el matrimonio lo transformaban de mil maneras a los niveles más altos en un grupo más flexible y articulado que antes. La nobleza francesa de la era de la Ilustración poseía una completa seguridad en su situación dentro de las estructuras del Estado absolutista. Con todo, un sentimiento irreductible de malestar y fricción subsistió entre ambos incluso en el último período de unión óptima entre la nobleza y la monarquía, porque el absolutismo, por muy afín que fuera su personal y muy atractivos sus servicios, continuaba siendo un poder inaccesible e irresponsable que gravitaba sobre las cabezas del conjunto de la nobleza. La condición de su eficacia como Estado residía en su distancia estructural respecto a la clase de la que procedía y cuyos intereses defendía. El absolutismo nunca consiguió en Francia la confianza incuestionable y la aceptación de la aristocracia sobre la que descansaba: no era responsable de sus decisiones ante el orden nobiliario que le daba vida, y esto era necesariamente así, como veremos, debido a la intrínseca naturaleza de la misma clase; pero era también peligroso por el riesgo de acciones impremeditadas o arbitrarias tomadas por el ejecutivo y que, de rechazo, se volvían contra él. La plenitud del poder real, incluso aunque se ejerciese con suavidad, alimentaba la reserva señorial frente a él. Montesquieu —presidente del Parlement de Burdeos bajo el acomodaticio régimen de Fleury— dio una expresión incontestable al nuevo tipo de oposicionismo aristocrático característico de este siglo.

De hecho, la monarquía borbónica del siglo XVIII efectuó pocos movimientos de tipo «nivelador» contra los «poderes intermedios», queridos con tanta intensidad por Montesquieu y sus consortes. El ancien régime preservó en Francia su confusa jungla de jurisdicciones, divisiones e instituciones heteróclitas —pays d’états, pays d’éléctions, parlements, sénéschaussées, généralités— hasta el momento de la revolución. Después de Luis XIV apenas hubo más racionalización del sistema político: nunca se crearon una tarifa aduanera, ni un sistema de impuestos, ni un código legal o una administración local uniformes. El único intento de la monarquía por imponer una nueva conformidad sobre un organismo corporativo fue su continuado esfuerzo por asegurar la obediencia teológica en el clero por medio de la persecución del jansenismo, que fue combatido invariable y vigorosamente por el Parlement de París en nombre del galicanismo tradicional. La anacrónica lucha en torno a este tema ideológico se convirtió en el principal punto álgido de las relaciones entre el absolutismo y la noblesse de robe desde la Regencia hasta la época de Choiseul, cuando los jesuitas fueron expulsados formalmente de Francia por los parlements, en una simbólica victoria del galicanismo. Mucho más seno, sin embargo, habría de ser el punto muerto financiero al que finalmente se llegó entre la monarquía y la magistratura. Luis XIV había dejado al Estado cargado con una masa de deudas; la Regencia las había reducido a la mitad por medio del sistema de Law; pero los costos de la política exterior, desde la guerra de Sucesión de Austria, combinados con el despilfarro de la corte, mantuvieron a la hacienda en un déficit constante y cada vez más profundo. Los sucesivos intentos de recaudar nuevos impuestos, perforando la inmunidad fiscal de La aristocracia, fueron rechazados o saboteados en los parlements y en los Estados provinciales, que se negaron a registrar los edictos o presentaron indignadas protestas. Las contradicciones objetivas del absolutismo se manifestaron aquí en su forma mas clara. La monarquía pretendía gravar con impuestos a riqueza de la nobleza, mientras ésta exigía un control sobre la política de la monarquía: la aristocracia, efectivamente, se negó a enajenar sus privilegios económicos sin obtener derechos políticos sobre la dirección del Estado monárquico. En su lucha contra los gobiernos absolutistas en torno a este tema la oligarquía judicial de los parlements llegó a utilizar cada vez mas el lenguaje radical de los philosophes: las nociones burguesas de libertad y representación comenzaron a infiltrarse en la retorica de una de las ramas de la aristocracia francesa más inveteradamente conservadora y más parecida a una casta[33]. Hacia las décadas de 1770 y 1780 se había producido en Francia una curiosa contaminación de algunos sectores nobiliarios por el estamento inferior.

El siglo XVIII había presenciado, mientras tanto, un crecimiento rápido de las filas y las fortunas de la burguesía local. A partir de la Regencia hubo en general una época de expansión económica, con un alza secular de precios, una relativa prosperidad agrícola (por lo menos en el período de 1730 a 1774) y una recuperación demográfica: la población de Francia pasó de 18-19 millones en 1700 a 25-26 millones en 1789. Mientras la agricultura continuaba siendo la rama abrumadoramente dominante de la producción, las manufacturas y el comercio registraron avances notables. El volumen de la industria francesa aumentó en torno a un 60 por 100 en el curso del siglo[34]; en el sector textil comenzaron a aparecer verdaderas fábricas y se echaron los cimientos de las industrias del hierro y el carbón. El progreso del comercio fue, sin embargo, mucho mas rápido, sobre todo en las áreas internacional y colonial. El comercio exterior se cuadruplicó entre 1716-20 y 1784-88, con un superávit permanente en la exportación. El comercio colonial alcanzó un crecimiento más rápido con el desarrollo de las plantaciones de azúcar, café y algodón en las Antillas: en los últimos años antes de la revolución llegó a alcanzar los dos tercios de todo el comercio exterior francés[35]. La expansión comercial estimuló naturalmente la urbanización; se produjo una ola de nuevas construcciones en las ciudades, y antes del fin de siglo las capitales provinciales de Francia iban muy por delante de las inglesas en número y tamaño, a pesar del nivel de industrialización mucho más alto que existía en Inglaterra. Por otra parte, con el monopolio aristocrático del aparato de Estado había descendido la venta de cargos. En el siglo XVIII, el absolutismo se inclinó cada vez más hacia los empréstitos públicos, que no creaban el mismo grado de intimidad con el Estado: los rentiers no obtenían el ennoblecimiento ni la inmunidad fiscal que habían recibido los officiers. El grupo más rico dentro de la clase capitalista francesa era el de los financiers, cuyas inversiones especulativas cosechaban los grandes beneficios de los contratos militares, los arrendamientos de impuestos o los préstamos reales. Pero, en general, la disminución simultánea del acceso de los plebeyos al Estado feudal, y el desarrollo de una economía comercial al margen de este, emanciparon a la burguesía de su dependencia subalterna del absolutismo. Los comerciantes, manufactureros y navieros de la Ilustración, y los abogados y periodistas que proliferaron junto a ellos, prosperaron de modo creciente fuera del ámbito del Estado, con inevitables consecuencias para la autonomía política del conjunto de la clase burguesa.

La monarquía, por su parte, se mostró incapaz de proteger los intereses burgueses, incluso cuando coincidían nominalmente con los del mismo absolutismo. Nunca fue esto tan claro como en la política exterior del último Estado borbónico. Las guerras de este siglo siguieron una pauta infaliblemente tradicional. Las pequeñas anexiones de tierra en Europa siempre tuvieron en la práctica prioridad sobre la defensa o la adquisición de colonias ultramarinas; el poder marítimo y comercial fue sacrificado al militarismo territorial[36]. Fleury, amante de la paz, aseguró con éxito la absorción de Lorena en las breves campañas por la sucesión polaca en la década de 1730, de las que Inglaterra se mantuvo alejada. Sin embargo, durante la guerra de Sucesión austríaca, en la década de 1740, la flota británica castigó a los navíos franceses desde el Caribe al océano Indico, infligiendo elevadas pérdidas comerciales a Francia, mientras Mauricio de Sajonia conquistaba el sur de los Países Bajos en una consumada pero fútil campaña por tierra: la paz restableció el statu quo ante por ambas partes, pero las lecciones estratégicas eran ya claras para Pitt, en Inglaterra. La guerra de los Siete Años (1756-63), en la que Francia se unió al ataque austríaco sobre Prusia contra todo interés dinástico racional, fue desastrosa para el imperio colonial de los Borbones. En la guerra continental los ejércitos de Francia lucharon esta vez de forma indolente en Westfalia, mientras la guerra naval desencadenada por Inglaterra le arrebataba Canadá, la India, África Occidental y las Indias Occidentales. La diplomacia de Choiseul recuperó las posesiones borbónicas en las Antillas con la paz de París, pero se había perdido la posibilidad de que Francia presidiera un imperialismo comercial a escala mundial. La guerra de la Independencia norteamericana permitió que París consiguiera una venganza política por poderes sobre Londres. Pero el papel de Francia en Norteamérica, aunque vital para el éxito de la revolución americana, fue esencialmente una operación en busca de botín, que no produjo ninguna ganancia positiva a Francia. Por el contrario, los costos de la intervención borbónica en la guerra de la Independencia norteamericana fueron los que provocaron la definitiva crisis fiscal del absolutismo francés en el interior. En 1778 la deuda del Estado era tan grande —el pago de sus intereses representaba cerca del 50 por 100 del gasto corriente— y el déficit presupuestario tan agudo, que los últimos ministros de Luis XVI, Calonne y Lomenie de Brienne, decidieron imponer una contribución sobre la tierra a la nobleza y el clero. Los parlements se resistieron furiosamente a este proyecto; la monarquía situación desesperada, decretó su disolución; después, retrocediendo ante el tumulto levantado por las clases poseedoras, los restableció; y finalmente, capitulando ante las demandas de los parlements para que se reuniesen los Estados Generales antes de proceder a ninguna reforma de los impuestos, convocó a los tres estados en medio de la desastrosa escasez de grano, el gran desempleo y la miseria popular de 1789. La reacción aristocrática contra el absolutismo se transformó así en una revolución burguesa que lo derribó. Justamente, el colapso histórico del Estado absolutista francés estuvo directamente ligado a la inflexibilidad de su formación feudal. La crisis fiscal que sirvió como detonador de la revolución de 1789 fue provocada por su incapacidad jurídica para gravar con impuestos a la clase que representaba. La misma rigidez del vínculo entre el Estado y la nobleza precipitó, en último término, su común caída.

5. INGLATERRA

En la Edad Media, la monarquía feudal de Inglaterra fue, en términos generales, más poderosa que la francesa. Las dinas tías normanda y angevina crearon un Estado monárquico de una autoridad y eficacia sin comparación posible en toda la Europa occidental. La fuerza de la monarquía medieval inglesa fue, precisamente, lo que permitió sus ambiciosas aventuras territoriales en el continente, a costa de Francia. La guerra de los Cien Años, durante la cual varios reyes ingleses y sus respectivas aristocracias intentaron conquistar y dominar grandes zonas de Francia atravesando una peligrosa barrera marítima represento una empresa militar única en la Edad Media y fue el signo agresivo de la superioridad organizativa del Estado insular. A pesar de ello, la monarquía medieval más fuerte de Occidente produjo finalmente el absolutismo más débil y de mas corta duración. Mientras Francia se convertía en la patria del Estado absolutista más formidable de Europa occidental Inglaterra experimentó una variante del poder absolutista particularmente limitada en todos los sentidos. La transición de la época medieval a los primeros tiempos de la moderna correspondió en la historia inglesa —a pesar de todas las leyendas locales sobre una «continuidad» sin rupturas— a un cambio profundo y radical en la mayor parte de los rasgos más característicos de la anterior evolución feudal. Naturalmente, algunas pautas medievales de gran importancia se conservaron y heredaron; precisamente, la contradictoria fusión de las fuerzas nuevas y tradicionales fue lo que definió la peculiar ruptura política que tuvo lugar en la isla durante el Renacimiento.

La primera centralización administrativa del feudalismo normando, dictada por la originaria conquista militar y por la modesta extensión del país, había generado —como ya hemos visto— una clase noble muy reducida y unificada regionalmente, sin magnates territoriales semiindependientes que se pudieran comparar a los del continente. De acuerdo con las tradiciones anglosajonas, las ciudades fueron desde el principio parte de la heredad real y, en consecuencia, gozaron de privilegios comerciales sin la autonomía política de las ciudades continentales. En la época medieval nunca fueron tan numerosas ni tan fuertes como para discutir ese estatuto subordinado[1]. Los señores eclesiásticos tampoco dispusieron nunca de enclaves señoriales amplios y consolidados. La monarquía feudal inglesa evitó así los diversos peligros para el gobierno unitario a los que se enfrentaron los soberanos feudales de Francia, Italia o Alemania. El resultado fue una centralización concurrente del poder real y de la representación nobiliaria dentro del sistema político medieval. En realidad, estos dos procesos no fueron opuestos, sino complementarios. En el marco del sistema de soberanías feudales fragmentadas, el poder monárquico sólo podía sostenerse, fuera de los límites de su soberanía, gracias al consentimiento de excepcionales asambleas de vasallos, capaces de votar un apoyo económico y político extraordinario al margen de la jerarquía mediatizada de dependencias personales. Por tanto, como se ha señalado antes, las asambleas de Estados medievales no pueden contraponerse prácticamente nunca y de forma directa a la autoridad monárquica, sino que con frecuencia son su necesaria condición previa. La administración y la autoridad real angevina en Inglaterra no tuvieron ningún equivalente exacto en toda la Europa del siglo XII. Pero en este mismo proceso, al poder personal del monarca le siguieron muy pronto las tempranas instituciones colectivas de la clase dominante feudal, dotadas de un carácter unitario excepcional: los parliaments. La existencia de estos parlamentos medievales en Inglaterra a partir del siglo XIII no fue de ningún modo una particularidad nacional. Su nota distintiva consistía, más bien en que eran a la vez instituciones «únicas» y «entremezcladas»[2]. En otras palabras, sólo había una asamblea que coincidía con las fronteras del propio país y no varias asambleas para las diferentes provincias, y dentro de la asamblea no existía la división tripartita de nobles, clérigos y burgueses que prevaleció por lo general en el continente. Desde el tiempo de Eduardo III en adelante, los caballeros y las ciudades estaban representados en el Parlamento inglés juntamente con los barones y los obispos. El sistema bicameral de Lores y Comunes fue una evolución posterior, que no dividió al Parlamento según una linea estamental, sino que básicamente supuso una distinción intraclasista dentro de la nobleza. Una monarquía centralizada produjo una asamblea unificada.

Otras dos consecuencias se siguieron de la temprana centralización del sistema político feudal inglés. Los parlamentos unitarios que se reunían en Londres no alcanzaron el nivel de meticuloso control fiscal ni los derechos de convocatoria regular que caracterizaron más tarde a algunos de los sistemas de Estados continentales. Pero aseguraron una limitación negativa tradicional del poder legislativo real, que habría de tener una gran importancia en la época del absolutismo: después de Eduardo I se aceptó que ningún monarca podía decretar nuevas leyes sin el consentimiento del Parliament[3]. Desde el punto de vista estructural, este veto correspondía estrechamente a las exigencias objetivas del poder de la clase noble. En efecto, debido a que la administración real centralizada fue, geográfica y técnicamente, más fácil desde el principio en Inglaterra que en ninguna otra parte, hubo proporcionalmente menos necesidad de que estuviera equipada con autoridad para introducir nuevos decretos, autoridad que no se podía justificar por peligros intrínsecos de separatismo regional o de anarquía ducal. Así, mientras los verdaderos poderes ejecutivos de los reyes medievales ingleses fueron normalmente mucho mayores que los de los monarcas franceses, nunca consiguieron, por esa misma razón, la relativa autonomía legislativa de la que finalmente gozaron estos últimos. Un segundo rasgo del feudalismo inglés fue la insólita fusión entre la monarquía y la nobleza en el plano judicial y administrativo local. Mientras que en el continente el sistema judicial estaba significativamente dividido entre jurisdicciones reales y señoriales separadas, en Inglaterra la supervivencia de los tribunales populares prefeudales había proporcionado una especie de terreno común sobre el que podía edificarse una mezcla de ambas. Los sheriffs que presidian los tribunales de los condados eran cargos no hereditarios nombrados por el rey; pero procedían de la gentry local y no de una burocracia central. Los tribunales, por su parte, conservaban algunos vestigios de su carácter original, como asambleas jurídicas populares en las que los hombres libres de la comunidad rural aparecían ante sus iguales. El resultado fue bloquear tanto el desarrollo de un sistema comprehensivo de bailli, magistrados de una justicia real profesionalizada, como el de una haute justice baronial extensiva. En lugar de ello, en los condados apareció una autoadministración aristocrática no pasada, que más tarde evolucionaría hasta los Justices of the Peace de la primera época moderna. En el período medieval, los tribunales de condado coexistían con los tribunales feudales y con algunas franquicias señoriales de tipo feudal ortodoxo, iguales a las que se podían encontrar en todo el continente.

Al mismo tiempo, la nobleza inglesa de la Edad Media era una clase tan militarizada y depredadora como cualquier otra en Europa. Es más, se distinguía de sus equivalentes por la envergadura y la constancia de sus agresiones externas. Ninguna otra aristocracia feudal de la última época medieval se extendió, como tal clase, tan libremente y tan lejos de sus bases territoriales. Los repetidos pillajes de Francia durante la guerra de los Cien Años fueron las proezas más espectaculares de este militarismo, pero Escocia y Flandes, Renania y Navarra Portugal y Castilla también fueron recorridas en el siglo XIV por expediciones armadas procedentes de Inglaterra. En esta era, los caballeros ingleses combatieron en el exterior desde el Forth hasta el Ebro. La organización militar de estas expediciones reflejaba el desarrollo local de un feudalismo «bastardo» monetarizado. La última orden de batalla propiamente feudal, convocada sobre la base de la posesión de la tierra, se dio en 1385 para el ataque de Ricardo II contra Escocia. En la guerra de los Cien Años lucharon esencialmente compañías contratadas, reclutadas para la monarquía por los grandes señores sobre la base de contratos en dinero, y que debían obediencia a sus propios capitanes; las levas de los condados y los mercenarios extranjeros proporcionaron las fuerzas complementarias. No participó en ella ningún ejército permanente o profesional, y el volumen de las expediciones fue numéricamente modesto: los soldados enviados a Francia nunca fueron muchos más de 10.000. La actitud de los nobles que dirigieron las sucesivas correrías en el territorio de los Valois fue básicamente filibustera. Los objetos de su ambición eran el saqueo privado el precio de los rescates y la tierra; y los capitanes que tuvieron más éxito se enriquecieron enormemente con las guerras, en las que las fuerzas inglesas resistieron repetidamente a ejércitos franceses mucho mayores, reunidos para expulsarlos. La superioridad estratégica de los agresores ingleses durante la mayor parte de este largo conflicto no residía, como podría sugerirlo una ilusión retrospectiva, en el control del poderío marítimo. Las flotas medievales de los mares del norte eran poco más que improvisados transportes de tropas; compuestas sobre todo por barcos mercantes temporalmente incautados, eran incapaces de patrullar el océano con regularidad. Los verdaderos barcos de guerra solo se encontraban todavía en su mayor parte en el Mediterráneo, donde la galera de remo era el arma de la verdadera guerra marítima. Por consiguiente, las batallas navales en movimiento eran desconocidas en las aguas del Atlántico en esta época. Los encuentros navales tenían lugar, de forma característica, en bahías o estuarios poco profundos (Sluys o La Rochelle), donde los barcos que participaban en la contienda podían colocarse juntos para el combate cuerpo a cuerpo entre los soldados que iban en ellos. En esta época no era posible un «mando estratégico de los mares». De esta forma, las costas de ambos lados del Canal estaban igualmente indefensas contra los desembarcos procedentes del mar. En 1386, Francia reunió el ejército y la flota más grandes de toda la guerra para una invasión en gran escala de Inglaterra. Los planes de defensa de la isla nunca contemplaron la posibilidad de detener esta fuerza en el mar, sino que se basaban en guardar la flota inglesa en el Támesis, fuera de su alcance, y atraer al enemigo tierra a dentro[4]. Al final, la invasión fue suspendida pero la vulnerabilidad de Inglaterra ante los ataques marítimos quedo ampliamente demostrada durante la guerra, en la que las destructoras incursiones navales jugaron un papel semejante al de las chevauchées militares en tierra. Las flotas francesas y castellanas, utilizando galeras de tipo meridional, con una movilidad mucho mayor, capturaron, saquearon o quemaron una tremenda lista de puertos ingleses, desde Devon a Essex. En el transcurso del conflicto fueron tomadas o saqueadas entre otras, las ciudades de Plymouth, Southampton, Portsmouth, Lewes, Hastings, Winchelsea, Rye, Gravesend y Hatwich.

El predominio inglés durante la mayor parte de la guerra de los Cien Años, que determinó que el territorio francés fuese el permanente campo de batalla —con todas sus secuelas de ruina y desolación—, no fue, por tanto, una consecuencia del poderío naval[5], sino un producto de la solidez y la integración política muchísimo mayores de la monarquía feudal inglesa. La capacidad administrativa de ésta para explotar su patrimonio y agrupar a su nobleza fue, hasta el mismo final de la guerra, mucho mayor que la de la monarquía francesa, hostigada por los vasallos desleales de Bretaña y Borgoña, y debilitada por su temprana incapacidad para desalojar el reducto inglés de Guyena. La lealtad de la aristocracia inglesa estaba cimentada, por su parte, en las victoriosas campañas exteriores a las que había sido conducida por una serie de príncipes guerreros. La suerte no cambió hasta que Carlos VII no reorganizó el sistema político feudal francés sobre una nueva base fiscal y militar. Una vez desaparecidos sus aliados borgoñones, las fuerzas inglesas fueron expulsadas relativamente pronto por unos ejércitos franceses más amplios y mejor equipados. El penoso resultado del colapso final del poderío ingles en Francia fue el estallido de las guerras de las Rosas en Inglaterra. Cuando una victoriosa autoridad real ya no pudo mantener unida a la alta nobleza, la maquinaria de guerra bajomedieval se volvió hacia el interior, a medida que los usurpadores rivales se destrozaban por la sucesión y los grandes señores feudales daban rienda suelta en el campo a sus embrutecidos secuaces y a las bandas de mercenarios. Una generación de guerra civil terminó, finalmente, con la fundación de la nueva dinastía Tudor en 1458, en los campos de Bosworth.

El reinado de Enrique IV preparó gradualmente la aparición de una «nueva monarquía» en Inglaterra. Durante el ultimo régimen lancasteriano, las facciones aristocráticas habían desarrollado y manipulado de forma prominente los Parlamentos para sus propios fines, mientras que los soberanos de la Casa de York se habían esforzado, en medio de la anarquía reinante, por concentrar y reforzar una vez más el poder de las instituciones centrales de la monarquía. Enrique VII, que era lancaseriano por parentesco, desarrolló esencialmente la práctica administrativa de York. Antes de las guerras de las Rosas, los Parlamentos eran prácticamente anuales y lo volvieron a ser durante la primera década de reconstrucción después de Bosworth. Pero cuando aumentó la seguridad interior y se consolidó el poder de los Tudor, Enrique VII desechó esa institución: desde 1497 a 1509 —los últimos doce años de su reinado— sólo la volvió a reunir una vez más. El gobierno monárquico centralizado se ejercía a través de una pequeña camarilla de consejeros personales y de hombres de confianza del monarca. Su objetivo principal consistía en subyugar el desenfrenado poder señorial del período precedente, con sus séquitos uniformados y armados, sus sistemáticos sobornos de los jurados y sus constantes guerra privadas. Este programa fue aplicado, sin embargo, con continuidad y éxito mucho mayores que en la fase de York. La suprema prerrogativa de la justicia fue reforzada, por encima de la nobleza, por medio de la Star Chamber, tribunal conciliar que se convirtió en la principal arma de la monarquía contra las revueltas y las sediciones. La turbulencia regional del norte y oeste (donde los señores fronterizos reclamaban derechos de conquista y no el enfeudamiento al monarca) fue sofocada por consejos especiales, delegados para controlar esas áreas in situ. Los extendidos derechos de asilo y las franquicias privadas y semirregalías fueron paulatinamente reducidos; las bandas armadas fueron prohibidas. La administración local fue reforzada bajo el control real por medio de una cuidadosa selección y supervisión de los Justices of the Peace[6]. En lugar de una policía armada se creó una pequeña guardia personal. Los dominios reales se ampliaron en gran medida por la recuperación de tierras, y su producto para la monarquía se cuadruplicó durante el reinado; los privilegios feudales y los derechos de aduanas también se explotaron al máximo. Hacia el final del reinado de Enrique VII, los ingresos totales de la Corona casi se habían triplicado, y el tesoro tenía una reserva que oscilaba entre uno y dos millones de libras[7]. La dinastía Tudor había iniciado a comienzos del siglo XVI un camino prometedor hacia la construcción de un absolutismo inglés. Enrique VIII heredó un poderoso ejecutivo y una hacienda próspera.

Los primeros veinte años del reinado de Enrique VIII aportaron pocos cambios a la segura posición interna de la monarquía Tudor. Bajo Wolsey, la administración del Estado no se vio afectada por ningún cambio institucional importante; únicamente, el cardenal concentró poderes sin precedentes para la Iglesia en su propia persona, como legado papal en Inglaterra. Tanto el rey como el ministro estuvieron preocupados principalmente por los asuntos extranjeros. Las limitadas campanas bélicas contra Francia, en 1512-14 y 1522-25, fueron los principales acontecimientos de este período. Para hacer frente a los costos de estas operaciones militares en el continente, fue necesario convocar dos breves sesiones del Parlamento[8]. Un intento de imponer contribuciones arbitrarias, realizado por Wolsey, levantó tanta oposición de los propietarios que Enrique VIII tuvo que desautorizarlo. Con todo, no había ningún signo de una evolución dramática en la dirección de la política real dentro de Inglaterra. Pero la crisis matrimonial de 1527-28, provocada por la decisión del rey de divorciarse de su esposa española, y el consiguiente punto muerto con el papado en un tema que afectaba a la sucesión interna, transformaron repentinamente toda la situación política. En efecto, para enfrentarse a la obstrucción papal —inspirada por la hostilidad dinástica del emperador al nuevo proyecto de matrimonio— se necesitaba una legislación nueva y radical, y había que conseguir el apoyo político nacional contra Clemente VII y Carlos V.

Así pues, Enrique convocó lo que habría de convertirse en el Parlamento más largo de la historia, para movilizar en su favor a la clase terrateniente en su disputa con el papado y con el imperio y para asegurar su aprobación de la incautación política de la Iglesia por el Estado en Inglaterra. Esta revitalización de una institución olvidada no fue, en absoluto, una capitulación constitucional de Enrique VIII o Thomas Cromwell, que fue su planificador político en 1531; no significó un debilitamiento del poder real, sino más bien un nuevo impulso para realzarlo. Los Parlamentos de la Reforma no sólo incrementaron en gran medida el patronazgo y la autoridad de la monarquía, al transferirle el control de todo el aparato eclesiástico de la Iglesia, sino que además, bajo la guía de Cromwell, suprimieron la autonomía de las franquicias señoriales al privar a los señores del poder de designar a los Justices of the Peace; integraron a los señoríos fronterizos en los condados, e incorporaron a Gales legal y administrativamente al reino de Inglaterra. Más significativo aún fue que el Estado disolviera los monasterios y expropiara sus vastas riquezas territoriales. En 1536, la combinación gubernamental de centralización política y reforma religiosa provocó un levantamiento potencialmente peligroso en el norte, el Peregrinaje de Gracia, reacción regional particularista contra un Estado real reforzado, de tipo característico en la Europa occidental de esta época[9]. Fue rápidamente aplastado, y se estableció un nuevo y permanente Consejo del Norte para someter las tierras situadas más allá del Trent. Mientras tanto, la burocracia central fue ampliada y reorganizada por Cromwell, que convirtió el cargo de secretario real en el puesto ministerial más alto y echó los cimientos de un consejo privado de carácter regular[10]. Poco después de su caída, el Consejo Privado fue institucionalizado formalmente como organismo ejecutivo interno de la monarquía, y desde ese momento pasó a ser el centro de la máquina del Estado Tudor. Un Statute of Proclamations, destinado claramente a conferir a la monarquía poderes legislativos extraordinarios, emancipándola en el futuro de su sujeción al Parlamento, fue neutralizado finalmente por los Comunes[11]. Este desaire no impidió a Enrique VIII, naturalmente, llevar a cabo purgas sanguinarias de ministros y magnates, ni crear un sistema policíaco secreto de delación y detenciones sumarias. El aparato estatal de represión aumentó sin cesar durante todo el reinado: antes de su fin se habían aprobado nueve leyes diferentes contra el delito de traición[12]. La forma en que Enrique VIII hizo uso del Parlamento —del que esperó y recibió pocas molestias— fue confiadamente legalista: era un medio necesario para sus propios fines reales. En el marco heredado del sistema político feudal inglés, que había conferido poderes singulares al Parlamento, se estaba formando un absolutismo nacional que, en la práctica, parecía susceptible de comparación con cualquiera de sus equivalentes continentales. El poder personal de Enrique VIII dentro de su reino fue, durante toda su vida, exactamente igual al de su coetáneo Francisco I en Francia.

Sin embargo, la nueva monarquía Tudor operaba dentro de una limitación fundamental que la separaba de sus equivalentes extranjeros: carecía de un sólido aparato militar. Para comprender por qué el absolutismo inglés adoptó la forma específica que asumió en los siglos XVI y XVII, es necesario mirar más allá de la herencia indígena de un Parlamento legislador y tener en cuenta todo el contexto internacional de la Europa renacentista. Mientras el Estado Tudor se estaba construyendo con todo éxito en el interior, la posición geopolítica de Inglaterra en el exterior había experimentado, lenta y silenciosamente, un cambio radical. En la época lancasteriana, el poder exterior inglés podía igualar o superar al de cualquier otro país del continente, debido a la naturaleza avanzada de la monarquía feudal en Inglaterra. Pero a principios del siglo XVI, el equilibrio de fuerzas entre los principales Estados occidentales se había transformado por completo. España y Francia —victimas de la invasión inglesa en la época anterior— eran ahora monarquías dinámicas y agresivas que se disputaban entre si la conquista de Italia. Inglaterra había quedado repentinamente distanciada de ellas. Las tres monarquías habían alcanzado una consolidación interna muy semejante; pero fue precisa mente esto lo que permitió que las ventajas naturales de las dos grandes potencias continentales pasaran a ser decisivas por vez primera. La población de Francia era cuatro o cinco veces superior a la de Inglaterra. España, por su parte, tenía dos veces la población de Inglaterra, por no hablar de su imperio americano y de sus posesiones europeas. Esta superioridad demográfica y económica aumentó por la necesidad geográfica que ambos países tenían de desarrollar ejércitos de tierra modernizados, sobre una base permanente, para la perpetua guerra de la época. La creación de las compagnies d’ordonnance y de los tercios, la utilización de infantería mercenaria y de artillería de campana condujeron a un nuevo tipo de aparato militar real, mucho mayor y más costoso que todos los conocidos en el periodo medieval. La construcción de un ejército fuerte era una condición indispensable para la supervivencia de las monarquías renacentistas del continente. El Estado Tudor quedó al margen de este imperativo, a causa de su situación insular Por una parte, el rápido crecimiento en el tamaño y el costo de los ejércitos en la primera época moderna, y los problemas logísticos del transporte y aprovisionamiento de grandes números de soldados a través del mar, hacían cada vez más anacrónico el tipo de expedición ultramarina en el que Inglaterra había descollado antes. La preponderancia militar de las nuevas potencias continentales, basada en sus recursos financieros y humanos mucho mayores, impedían cualquier repetición triunfal de las campañas de Eduardo III o Enrique V. Por otra parte, este poderío continental no se transformó en una equivalente capacidad de ataque en el mar. No se había producido aun ninguna transformación importante de la guerra naval, lo que permitía que Inglaterra permaneciera relativamente a salvo del peligro de una invasión marítima. La consecuencia de todo esto fue que, en la coyuntura crítica de la transición hacia una «nueva monarquía» en Inglaterra, al Estado Tudor no le era necesario ni posible construir una máquina militar comparable a la de los absolutismos francés o español.

Subjetivamente, sin embargo, Enrique VIII y su generación de la nobleza inglesa eran todavía incapaces de comprender la nueva situación internacional. El orgullo marcial y las ambiciones continentales de sus últimos predecesores medievales permanecían en el recuerdo vivo de la clase dominante inglesa de esta época. Incluso el ultraprecavido Enrique VII había revitalizado las pretensiones lancasterianas sobre la monarquía francesa; luchó para bloquear la absorción de Bretaña por los Valois y preparó activamente un plan para conseguir la sucesión de Castilla. Wolsey, que dirigió la política exterior inglesa durante los veinte años siguientes, se situó como árbitro de la concordia europea con el tratado de Londres y pretendió nada menos que el mismo papado italiano. Enrique VIII, a su vez, alimentó la esperanza de llegar a ser emperador de Alemania. Estas aspiraciones grandiosas han sido descartadas por los historiadores posteriores como fantasías irracionales; de hecho, reflejaban la falta de sensibilidad de los soberanos ingleses para adaptarse a la nueva configuración diplomática, en la que la estatura de Inglaterra había disminuido mucho en términos reales, precisamente en el momento en que su propio poder interior aumentaba de forma notable. En efecto, esta pérdida de categoría internacional —invisible para sus propios protagonistas— fue precisamente la raíz de todo el error de cálculo en el divorcio real. Ni el cardenal ni el rey se percataron de que el papado estaba obligado en la práctica a someterse a la presión superior de Carlos V, a causa de la preponderancia del poderío Habsburgo en Europa. Inglaterra había quedado marginada por la lucha franco-española por el dominio de Italia; convertida en testigo impotente, sus intereses tenían poco peso en la curia. La sorpresa de este descubrimiento impulsó al Defensor de la Fe hacia la Reforma. Con todo, las desventuras de la política exterior de Enrique VIII no se redujeron a este calamitoso revés diplomático. La monarquía Tudor pretendió en tres ocasiones intervenir en las guerras Valois-Habsburgo en el norte de Francia, por medio de expediciones marítimas. Los ejércitos enviados en estas campañas de 1512-14, 1522-25 y 1543-46 tuvieron necesariamente un tamaño considerable, y estaban compuestos por soldados ingleses apoyados masivamente por mercenarios extranjeros: 30.000 en 1512, 40.000 en 1544. Su movilización careció de un objetivo estratégico serio y no produjo ningún resultado significativo: la intervención inglesa desde las zonas marginales de la guerra entre España y Francia se reveló costosa e inútil. Pero estas guerras «sin objeto» de Enrique VIII, cuya falta de propósito coherente se ha señalado tantas veces, no fueron un mero producto de su capricho personal: correspondían precisamente a un curioso intermedio histórico, cuando la monarquía inglesa había perdido ya su antigua importancia militar en Europa pero no había encontrado todavía el futuro papel marítimo que la esperaba.

No por eso dejaron de tener unas consecuencias fundamentales en la propia Inglaterra. El último acto importante de Enrique VIII, su alianza con el imperio y el ataque a Francia en 1543, tendría consecuencias decisivas para todo el destino ulterior de la monarquía inglesa. La intervención militar en el continente estuvo muy mal dirigida; sus costos subieron enormemente, totalizando al final unas diez veces los costos de la primera guerra contra Francia de este reinado. Para cubrirlos el Estado no sólo recurrió a los empréstitos obligatorios o a la desvalorización de la moneda, sino que también comenzó a deshacerse, sacándola al mercado, de la enorme cantidad de propiedad agraria que acababa de obtener de los monasterios, y que posiblemente ascendía a un cuarto de la tierra del reino La venta de las propiedades de la Iglesia por la monarquía se multiplico a medida que la guerra se hacía interminable, cerca ya de la muerte de Enrique. Cuando al fin la paz se restableció la gran masa de esta enorme ganancia inesperada se había perdido[13]; y con ella, la única gran posibilidad que tuvo el absolutismo inglés de crearse una base económica firme e independiente de la contribución parlamentaria. A largo plazo, esta transferencia de propiedades no sólo debilitó al Estado, sino que reforzó mucho a la gentry, principal compradora de estas tierras, y cuyo número y riqueza creció rápidamente a partir de este momento. Una de las más tristes e incoherentes guerras extranjeras de la historia inglesa tuvo así una importancia tremenda, aunque entonces oculta, para el equilibrio interior de fuerzas dentro de la sociedad inglesa.

Las dos caras de este episodio final del reinado de Enrique presagiaban en buena medida la evolución del conjunto de la clase terrateniente inglesa. El conflicto militar de la década de 1540 fue, en la práctica, la última guerra de agresión inglesa en el continente para todo lo que quedaba de siglo. Las ilusiones de Crécy y Agincourt se diluyeron, pero la desaparición gradual de su tradicional vocación transformó profundamente la fisonomía de la nobleza inglesa. La ausencia de la presión compulsiva de una invasión siempre potencial permitió a la aristocracia inglesa prescindir de un aparato modernizado de guerra en la época del Renacimiento; no estaba directamente amenazada por ninguna clase feudal enemiga exterior, y era reticente —como cualquier otra nobleza en un estadio comparable de su evolución— a someterse a una edificación del poder real a gran escala en el interior, que era la consecuencia lógica de un gran ejército permanente. En el contexto aislacionista del reino insular se produjo, por consiguiente, una desmilitarización excepcionalmente prematura de la clase noble. En 1500 todos los pares ingleses llevaban armas; en tiempos de Isabel se ha calculado que sólo la mitad de la aristocracia tema alguna experiencia bélica[14]. En vísperas de la guerra civil, en el siglo XVII, sólo muy pocos nobles poseían una educación militar. Mucho antes que en cualquier otro país del continente, tuvo lugar en Inglaterra una progresiva disociación entre la nobleza Y la función militar básica que la había caracterizado en el orden social medieval, lo que necesariamente repercutió de forma importante en la propia clase terrateniente. En este específico contexto marítimo nunca se produjeron derogaciones de rango nobiliario propiamente dichas —ligadas siempre a un sentimiento profundo hacia las virtudes de la espada y codificadas contra las tentaciones del dinero. A su vez, esto permitió una conversión gradual de la aristocracia hacia las actividades comerciales, mucho antes que cualquier otra clase rural comparable de Europa. El predominio de la producción de lana, que había sido el sector de crecimiento en la agricultura en el siglo XV, aceleró de forma natural esta tendencia, mientras que la industria rural de paños, paralela a aquélla, proporcionaba salidas naturales para las inversiones de la gentry. La ruta económica que condujo de las metamorfosis de la renta feudal en los siglos XIV y XV a la aparición de un sector capitalista rural en expansión, en el siglo XVII, quedaba abierta así. Una vez que se tomó ese camino, el carácter legalmente separado de la nobleza inglesa se hizo prácticamente imposible de sostener.

Durante el último período de la Edad Media, Inglaterra había experimentado —como la mayoría de los demás países— una clara tendencia hacia una estratificación formalizada de rangos dentro de la aristocracia, con la introducción de nuevos títulos después de que la primitiva jerarquía feudal de vasallos y señores sufriera la erosión producida por la aparición de relaciones sociales monetarizadas y por la disolución del clásico sistema de feudos. Cuando decayeron las dependencias personales, la nobleza sintió en todas partes la necesidad de unas listas nuevas y más abundantes de rangos. Durante los siglos XIV y XV, Inglaterra adoptó una serie de nuevos grados dentro de la nobleza —duques, marqueses, barones, vizcondes— que junto a los dispositivos para asegurar la primogenitura de la herencia, separaron por vez primera a los pares (al peerage) del resto de la clase[15]. A partir de entonces, ese estrato comprendió siempre al grupo más poderoso y opulento de la aristocracia. Al mismo tiempo, se formó un College of Heralds que dio una definición legal de la gentry, limitándola a las familias con escudo de armas, y estableciendo los procedimientos para investigar las reclamaciones de ese estatuto. Por consiguiente en Inglaterra pudo haberse desarrollado un hermético orden aristocrático dual, separado legalmente por abajo de los roturiers, como ocurrió en los demás países. Pero la creciente inclinación no militar y protocomercial de toda la nobleza —estimulada por la venta de tierras y la expansión agrícola de la época Tudor— hizo imposible nada semejante a un tribunal de derogación[16]. El resultado fue que el estricto criterio del escudo de armas se convirtió en algo casi inoperante. De ahí esa peculiaridad de que la aristocracia social no coincidiese en Inglaterra con la titulación de par, que era el único sector de la aristocracia con privilegios legales, y de ahí también que la gentry sin título y los hijos menores de los pares pudieran dominar la Cámara de los Comunes. Las idiosincrasias de la clase terrateniente inglesa de la época del absolutismo tenían que estar pues, históricamente entrelazadas: era insólitamente civil por su educación, comercial por su ocupación y plebeya por su rango. El correlato de esta clase era un Estado que tenía una pequeña burocracia, una fiscalidad limitada y carecía de ejército permanente. La tendencia intrínseca de la monarquía Tudor fue sorprendentemente igual, como ya hemos visto, a la de sus adversarias continentales (aparte de los paralelismos de personalidad, frecuentemente señalados, entre Enrique VII - Luis XI - Fernando II y Enrique VIII - Francisco I - Maximiliano I), pero los límites de su desarrollo fueron establecidos por el carácter de la nobleza que la rodeaba.

Por otra parte, el inmediato legado de la última incursión de Enrique VIII en Francia fue una aguda miseria popular en el campo, puesto que la depreciación monetaria y las cargas fiscales condujeron a la inseguridad rural y a una depresión comercial transitoria. La minoría de edad de Eduardo VI presenció, pues, una repentina regresión de la estabilidad política y de la autoridad del Estado Tudor, con las previsibles maniobras entre los grandes señores territoriales para conseguir el control de la corte, en una época puntuada por el malestar campesino y las crisis religiosas. Las rebeliones rurales de East Anglia y del sudoeste fueron aplastadas con mercenarios italianos y alemanes[17]. Pero poco después, en 1551, estos ejércitos profesionales fueron licenciados para aliviar a la hacienda: la última explosión agraria seria en casi trescientos años fue suprimida por la última fuerza importante de soldadesca extranjera que estuvo a disposición interna de la monarquía. Mientras tanto, la rivalidad entre los duques de Somerset y Northumberland, con sus respectivos patronazgos de nobles menores, funcionarios y hombres de armas, condujo a una serie de golpes y contragolpes sordos en el Consejo Privado, en medio de la tensión religiosa y la incertidumbre dinástica. Toda la unidad del aparato del Estado Tudor aparecía temporalmente amenazada. Sin embargo, el peligro de una verdadera desintegración no sólo fue cortado en seco por la muerte del joven soberano; sino que además no es presumible que se hubiera desarrollado nunca hasta una exacta reproducción de los conflictos aristocráticos franceses, debido a la falta de ejércitos pagados a disposición de los potentados contendientes. El resultado final del intervalo de dominio de Somerset y Northumberland fue tan sólo la radicalización de la reforma local y el fortalecimiento de la dignidad monárquica contra los grandes nobles. El breve reinado de María, con su subordinación dinástica a España y su efímera restauración católica, dejó pocas trazas políticas. El último reducto inglés en el continente se perdió con la reconquista francesa de Calais.

El largo reinado de Isabel en la segunda mitad del siglo restableció y desarrolló ampliamente el statu quo ante interno, sin ninguna innovación radical. El péndulo religioso osciló de nuevo hacia un protestantismo moderado, con el establecimiento de una Iglesia anglicana domesticada. Ideológicamente, la autoridad real se vio muy realzada a medida que la popularidad personal de la rema se elevaba a nuevas cimas. Institucional mente, sin embargo, se produjeron muy pocas innovaciones El Consejo Privado fue concentrado y estabilizado bajo la larga y firme secretaría de Burghley en la primera parte del reinado Walsingham extendió las redes de espionaje y policía, ocupadas especialmente en la supresión de la actividad católica. La actividad legislativa se redujo en comparación con el reinado de Enrique VIII[18]. Las rivalidades faccionales dentro de la alta nobleza tomaron ahora la forma de intrigas de pasillo en busca de honores y oficios cortesanos. El intento final y baldío de un golpe armado nobiliario —la rebelión de Essex, el Guisa inglés hacia el final del reinado— fue reducido con facilidad. Por otra parte, la influencia política y la prosperidad de la gentry —con la cual los Tudor se habían aliado inicialmente para contrapesar a los pares— eran ahora un obstáculo evidente y creciente para las prerrogativas reales. El Parlamento, convocado en trece ocasiones durante cuarenta y cinco años, principalmente a causa de problemas externos, comenzó a dar señales de crítica independiente de la política gubernamental. A lo largo del siglo la Cámara de los Comunes aumentó de tamaño, pasando de unos 300 a 460 miembros; entre ellos, la proporción de la nobleza rural creció ininterrumpidamente, a medida que los puestos de los municipios eran acaparados por los propietarios rurales o por sus patronos[19]. La dilapidación moral de la Iglesia, después del dominio secular y los vaivenes doctrinales de los cincuenta años anteriores, permitió la expansión gradual de un puritanismo de oposición entre los miembros de esta clase. Los últimos años del gobierno Tudor estuvieron marcados, pues por una nueva obstinación e inquietud en el Parlamento, cuya importunidad religiosa y obstrucción fiscal obligaron a Isabel a proceder a nuevas ventas de tierras reales con objeto de reducir su dependencia respecto a él. La maquinaria coactiva y burocrática de la monarquía era muy reducida en comparación con su prestigio político y su autoridad ejecutiva. Le faltaba sobre todo el invernadero de la guerra por tierra, que había acelerado el desarrollo del absolutismo en el continente.

Naturalmente, las transformaciones bélicas del Renacimiento no pasaron en absoluto de largo por la Inglaterra isabelina. El carácter de los ejércitos de Enrique VIII había sido híbrido e improvisado, una mezcla de arcaicas levas aristocráticas reclutadas en el interior y de mercenarios flamencos, borgoñones italianos y «allemaynes» contratados en el exterior[20]. El Estado isabelino, confrontado con verdaderos y constantes peligros extranjeros en la época de Alba y Farnesio, recurrió a la extensión ilegal del sistema de milicia tradicional en Inglaterra, con objeto de reunir fuerzas adecuadas para sus expediciones de ultramar. Técnicamente se suponía que estos hombres habrían de servir sólo como guardia interior; alrededor de doce mil recibieron una preparación especial y la mayor parte se destinó a la defensa interior del país. El resto —reclutado frecuentemente entre la población vagabunda— fue destinado al extranjero. El desarrollo de este sistema no produjo un ejército permanente o profesional, pero proporcionó una corriente regular de tropas, en una escala modesta, para los numerosos compromisos exteriores del gobierno isabelino. Los lords-lieutenant de los condados adquirieron una gran importancia como autoridades encargadas de la recluta; la organización regimental fue introducida lentamente y las armas de fuego superaron la nativa afición al arco[21]. Normalmente, los mismos contingentes de la milicia se combinaban con soldados mercenarios, escoceses o alemanes. Ningún ejército enviado al continente superó nunca los 20.000 hombres, la mitad de la última expedición de Enrique, y la mayor parte fueron considerablemente menores. Los resultados obtenidos por estos ejércitos en los Países Bajos o en Normandía fueron generalmente muy limitados. Su costo, desproporcionadamente alto en relación con su utilidad, desalentó cualquier evolución posterior en la misma dirección[22]. La inferioridad militar del absolutismo inglés continuo imposibilitando todo objetivo expansionista en el continente. De esta forma, la política exterior isabelina se limitó a unas metas negativas, prevenir la reconquista española de las Provincias Unidas, impedir la instalación francesa en los Países Bajos y evitar la victoria de la Liga en Francia. Al final, estos objetivos limitados fueron alcanzados, aunque el papel de los ejércitos ingleses en la maraña de los conflictos europeos de este período fuera muy secundario. La victoria decisiva de Inglaterra en la guerra con España radicó en la derrota de la Armada Invencible, pero no pudo ser capitalizada en tierra. La carencia de una estrategia continental positiva condujo inevitablemente a las inútiles y costosas maniobras de diversión de la última década del siglo. La larga guerra contra España después de 1588, que costó a la monarquía inglesa gran cantidad de riquezas domésticas, terminó sin ninguna adquisición de territorios o de tesoros.

A pesar de todo, el absolutismo inglés logró en este período una importante conquista militar. El expansionismo isabelino, incapaz de ningún avance frontal contra las principales monarquías del continente, lanzó sus mayores ejércitos contra la pobre y primitiva sociedad de clanes de Irlanda. Esta isla céltica se había mantenido como la formación social más arcaica de Occidente, y quizá de todo el continente, hasta finales del siglo XVI. «La última entre los hijos de Europa»[23], en frase de Bacon, había quedado al margen del mundo romano; no la afectaron las conquistas germánicas y fue visitada, pero no dominada, por las invasiones vikingas. Cristianizada en el siglo VI, su rudimentario sistema de clanes sobrevivió asombrosamente a la conversión religiosa sin una centralización política: la Iglesia se adaptó al orden social local en esta distante avanzada de la fe, abandonando la autoridad episcopal por una organización monástica comunal. Jefes y notables hereditarios gobernaban a campesinos libres, agrupados en unidades extensas de parentesco y sujetos a ellos por lazos de commendation. El pastoralismo dominaba en el campo. No había ninguna monarquía central y no existían ciudades, aunque durante los siglos VII y VIII —culminación de la Edad Oscura en el resto d e Europa— floreció una cultura literaria en las comunidades monásticas. Los repetidos ataques escandinavos durante los siglos IX y X dislocaron tanto la vida cultural como el localismo d e los clanes de la isla. Los enclaves nórdicos constituyeron las primeras ciudades de Irlanda; bajo presión exterior apareció finalmente en el interior, a principios del siglo XI, una autoridad real centralizada para expulsar al peligro vikingo. Esta precaria monarquía irlandesa se disolvió de nuevo en federaciones guerreras, incapaces de resistir una invasión más avanzada. A finales del siglo XII, la monarquía angevina de Inglaterra adquirió al papado el «señorío» de Irlanda, y las fuerzas baroniales anglonormandas cruzaron el mar para subyugar y colonizar la isla. El feudalismo inglés, con su caballería pesada y sus fuertes castillos, estableció gradualmente un control formal sobre la mayor parte del país —con excepción del extremo norte— durante los cien años siguientes. Pero la densidad de la colonización anglonormanda nunca fue suficiente para estabilizar sus éxitos militares. En el último periodo medieval, mientras las energías de la nobleza y la monarquía inglesas estaban fuertemente comprometidas en Francia, la sociedad irlandesa de clanes recuperó progresivamente terreno. El perímetro de la autoridad inglesa se redujo al pequeño Palé que rodeaba a Dublín, más allá del cual se extendían las dispersas «libertades» de los potentados territoriales de origen anglonormando, ahora muy gaelicizados y rodeados, a su vez, por las renacientes jefaturas célticas, cuyas zonas de control cubrían de nuevo la mayor parte de la isla[24].

La llegada del renovado Estado Tudor a comienzos de la época moderna trajo consigo los primeros esfuerzos serios durante un siglo por reafirmar y reforzar la soberanía inglesa sobre Irlanda. Enrique VII envió a su ayudante Poynings en 1494-96 a poner fin a la autonomía del Parlamento baronial local. La potente dinastía Kildare, unida estrechamente por lazos matrimoniales con las principales familias gaélicas, continuó ejerciendo, sin embargo, un poder feudal predominante, recubierto con la dignidad de Lord Deputy. Bajo Enrique VIII, la administración de Cromwell comenzó a introducir en el Pale instrumentos burocráticos de gobierno más regulares. Kildare fue depuesto en 1534, y una rebelión protagonizada por su hijo fue aplastada. En 1540, Enrique VIII —habiendo repudiado ya al papado, que fue quien invistió originariamente a la monarquía inglesa con el señorío de Irlanda por ser feudo de Roma— asumió el nuevo título de rey de Irlanda. En la práctica, sin embargo, la mayor parte de la isla permaneció fuera del control de los Tudor, dominada bien por sus jefes Old Irish o por los señores Old English, emparentados con los primeros y ambos fieles al catolicismo, mientras Inglaterra se pasaba a la Reforma. Hasta el tiempo de Isabel sólo se formaron dos condados fuera de los límites del Pale. Posteriormente estallaron rebeliones salvajes en 1559-66 (Ulster), en 1569-72 (Munster) y en 1579-83 (Leinster y Munster), a medida que la monarquía intentaba imponer su autoridad e instalar poblaciones New English de colonizadores protestantes para repoblar el país Finalmente, durante la larga guerra entre Inglaterra y España una insurrección que arrastró a toda la isla contra la opresión de los Tudor fue desencadenada en 1595 por O’Neill, jefe de clan del Ulster, que llamó en su ayuda al papado y a España El régimen isabelino, decidido a conseguir la solución final del problema irlandés, movilizó los mayores ejércitos de todo el reinado para volver a ocupar la isla y anglicanizar al país de una vez por todas, Las tácticas guerrilleras adoptadas por los irlandeses fueron contrarrestadas por una despiadada política de exterminio[25]. La guerra duró nueve años, antes de que toda resistencia fuese pulverizada por el comandante inglés Mountjoy Antes de la muerte de Isabel, Irlanda había quedado militarmente anexionada.

Sin embargo, esta notable operación fue el único triunfo en tierra de las armas de los Tudor: ganada con el mayor de los esfuerzos frente a un enemigo prefeudal, no era repetible en ningún otro sitio. Para el carácter de la clase terrateniente inglesa y de su Estado, la decisiva evolución estratégica de aquel tiempo se situaba en otra parte: en el lento giro del siglo XVI hacia el equipamiento y la expansión navales. Alrededor de 1500, la tradicional división mediterránea entre la galera de remo «alargada», construida para la guerra, y el barco de vela «redondo», utilizado para el comercio, empezó a ser sustituida en los mares del norte por la construcción de grandes barcos de guerra equipados con armas de fuego[26]. En el nuevo tipo de navíos de guerra, las velas sustituyeron a los remos y los soldados comenzaron a dejar su sitio a los cañones. Gracias a la creación del primer dique seco inglés en Portsmouth, en el año 1496, Enrique VII construyó dos barcos de este tipo, pero el verdadero responsable de la expansión «sostenida y sin precedentes» del poderío naval inglés fue Enrique VIII[27], que durante los primeros cinco años de su reinado incorporó a la armada, por medio de la compra o la construcción, 24 navíos de guerra, con lo que cuadruplicó su tamaño. Hacia el final del reinado, la monarquía inglesa poseía 53 barcos y tenía un Consejo Naval permanente, creado en 1546. Las grandes carracas de esta fase, con sus pesadas torres y su artillería recién instalada, eran todavía unos instrumentos torpes para la guerra. En realidad, las batallas navales seguían siendo enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y sobre el mar, entre soldados. En la última guerra de Enrique VIII, las galeras francesas todavía mantuvieron la iniciativa con su ataque al Solent. Durante el reinado de Eduardo VI se construyó un nuevo dique en Chatham, pero la fuerza marítima de los Tudor experimentó un fuerte descenso en las décadas siguientes, cuando los planes navales españoles y portugueses se adelantaron a los ingleses con la invención del galeón, más rápido. Sin embargo, a partir del año 1579, el Consejo Naval presidido por Hawkins impulsó una rápida modernización y expansión de la flota real. Los galeones de poco calado fueron equipados con cañones de largo alcance, situados en plataformas muy manejables y destinados a hundir a las embarcaciones enemigas, en una batalla en movimiento, desde la mayor distancia posible. Los comienzos de una guerra marítima con España, preparada desde mucho antes por la piratería inglesa en el Main, demostraron la superioridad técnica de estos nuevos barcos. «En 1588, Isabel I era dueña de la flota más poderosa que Europa haya visto nunca»[28]. La Armada Invencible fue atacada por los cañones ingleses de medio alcance y dispersada en medio de la tormenta y la niebla. La seguridad insular quedó garantizada y se echaron los cimientos de un futuro imperial.

Las consecuencias últimas de este nuevo dominio marítimo conseguido por Inglaterra fueron dos. La sustitución de la guerra terrestre por la naval tendió a especializar y alejar la práctica de la violencia militar, desplazándola sin peligro a ultramar. (Los barcos que la transportaban eran, por supuesto, prisiones flotantes en las que se explotaba con notoria crueldad mano de obra reclutada por la fuerza). Al mismo tiempo, el interés naval de la clase dominante se dirigió de forma preeminente hacia una orientación comercial. Mientras el ejército siempre fue una institución con un único objetivo, la armada era por naturaleza un instrumento dual, utilizable no sólo para la guerra, sino para el comercio[29]. De hecho, a lo largo del siglo XVI el grueso de las flotas inglesas lo constituyeron barcos mercantes adaptados temporalmente para la batalla mediante la introducción de cañones y capaces de volver al comercio una vez terminada la guerra. El Estado promovió naturalmente esta adaptabilidad favoreciendo los diseños mercantes que se ajustaran a ella. La armada se convirtió así no sólo en el «mayor» instrumento del aparato coercitivo del Estado inglés, sino en un instrumento «ambidextro», con profundas consecuencias sobre la naturaleza de la clase gobernante[30]. Pues aunque el costo por unidad fuese mayor[31], el costo total de la construcción naval y de su mantenimiento eran mucho más bajos que los de un ejército permanente: en las últimas décadas del reinado de Isabel, la relación de costos era de 1 a 3. Sin embargo, el producto conseguido a lo largo de los siglos siguientes habría de ser mucho más alto: el imperio colonial británico sería la suma de ese producto. Toda la cosecha de este navalismo estaba todavía por ver. Pero, en buena medida a causa de ella, la clase terrateniente pudo desarrollarse, ya en el siglo XVI, no antagónicamente, sino al unísono, con el capital mercantil en los puertos y condados.

La extinción del linaje Tudor en 1603 y la llegada de la dinastía Estuardo crearon una situación política fundamentalmente nueva para la monarquía. Con la subida al trono de Jacobo I, Escocia se unió a Inglaterra por vez primera a través de un vínculo personal. Dos sistemas políticos radicalmente distintos se unían ahora bajo la misma casa gobernante. En los primeros momentos, el impacto escocés en el modelo de desarrollo inglés fue muy débil, precisamente a causa de la distancia histórica entre ambas formaciones sociales; pero a largo plazo habría de ser decisivo para el destino del absolutismo inglés. Escocia, como Irlanda, se había mantenido como una fortaleza celta fuera de las fronteras del control romano. Tras recibir en la Edad Oscura una mezcla de inmigración irlandesa, germánica y escandinava, su abigarrado mapa de clanes quedó sujeto a una autoridad regia central en el siglo XI, con jurisdicción sobre todo el país, excepto el noroeste. En la Baja Edad Media, la intromisión del feudalismo anglonormando remodeló aquí también la forma del sistema político y social indígena. Pero mientras que en Irlanda tomó la forma de una precaria conquista militar que quedó muy pronto anegada por el reflujo celta, en Escocia la nativa dinastía Canmore importó las instituciones y los colonos ingleses, promovió los lazos matrimoniales con la nobleza del sur y emuló las estructuras del más avanzado reino del otro lado de la frontera, con sus castillos, sus sheriffs, chambelanes y jueces. El resultado fue una feudalización mucho más profunda y extensa de la sociedad escocesa. La autoimpuesta «normandización» eliminó las antiguas divisiones étnicas del país y creó una nueva línea de demarcación lingüística y social entre las Lowlands, donde la lengua inglesa llegó a prevalecer junto con los señoríos y los feudos y las Highlands, donde el gaélico permaneció como lenguaje de un pastoralismo atrasado de clanes. Contrariamente a lo que ocurrió en Irlanda, el sector puramente celta quedó reducido para siempre a una minoría, confinada en el noroeste. Durante el último período medieval, la monarquía escocesa fue incapaz de consolidar la disciplina real sobre sus dominios. La contaminación mutua entre los modelos políticos de las Lowlands y las Highlands condujo a una semiseñorialización de las jefaturas celtas de clanes, en las montañas, y a una infección de la organización feudal escocesa por el sistema de clanes, en los llanos[32]. Sobre todo, la constante guerra fronteriza con Inglaterra sacudió repetidamente al Estado monárquico. En las condiciones anárquicas de los siglos XIV y XV, en medio del incesante desorden fronterizo, los barones tomaron el control hereditario de las sheriffdoms y establecieron jurisdicciones privadas, a la vez que los potentados arrancaban «regalías» provinciales de la monarquía y proliferaban bajo ambos las redes de parentesco vasallático.

La sucesiva dinastía Estuardo, arruinada por las minorías inestables y los gobiernos de regencia, fue incapaz de hacer grandes cosas contra el desorden endémico del país durante los siguientes ciento cincuenta años, mientras Escocia se ataba cada vez más a Francia por medio de alianzas diplomáticas, en busca de protección contra la presión inglesa. A mediados del siglo XVI, la abierta dominación francesa por medio de la regencia de un Guisa provocó una xenofobia aristocrática y popular que proporcionó mucha fuerza a los partidarios locales de la Reforma: las ciudades, los señores y los nobles se levantaron contra la administración francesa, cuyas líneas de comunicación con el continente fueron cortadas por la flota inglesa en 1560, con lo que se aseguró el éxito del protestantismo escocés. Pero el cambio religioso, que en adelante separó a Escocia de Irlanda, hizo muy poco para transformar la fisonomía política del país. Las Highlands gaélicas, que fueron las únicas en permanecer fieles al catolicismo, se hicieron más salvajes y más turbulentas en el transcurso del siglo. Y mientras en el sur las mansiones rurales acristaladas eran el nuevo rasgo del paisaje de los Tudor, en la zona fronteriza y en las Lowlands se seguían construyendo castillos sólidamente fortificados. En todo el reino eran frecuentes las guerras privadas, y hasta que no asumió el poder el mismo Jacobo VI la monarquía escocesa no mejoro seriamente su posición. Jacobo, empleando una mezcla de conciliación y coacción, desarrolló un fuerte Consejo Privado, apoyó y utilizó a unos nobles contra otros, creó nuevos pares, introdujo gradualmente obispos en la Iglesia, aumentó la representación de los pequeños barones y de los burgos en el Parlamento local, subordinó a éste por medio de la creación de un comité cerrado de dirección (los Lords of Articles) y pacificó la frontera[33]. A comienzos del siglo XVII, Escocia parecía un país reorganizado. Con todo, su estructura sociopolítica mantenía un contraste notable con la de la contemporánea Inglaterra. La población era escasa —alrededor de 750.000 habitantes—, y las ciudades, muy pocas y pequeñas, eran ciudades de pastores. Las grandes casas nobles comprendían a un tipo de potentados territoriales desconocido en Inglaterra —los Hamilton, Huntly, Argyll, Angus—, que controlaban grandes zonas del país con plenos poderes reales, séquitos militares y arrendatarios dependientes. Los señoríos estaban muy extendidos entre la pequeña nobleza; los Justices of the Peace, enviados con cautela por el rey, habían sido reducidos a la nada. La numerosa clase de pequeños propietarios estaba acostumbrada a las escaramuzas armadas. El campesinado pobre, liberado de la servidumbre en el siglo XIV, nunca había realizado una rebelión de importancia. La sociedad escocesa, económicamente pobre y culturalmente aislada, conservaba todavía un carácter fuertemente medieval; el Estado escocés no era mucho más seguro que la monarquía inglesa después de Bosworth.

A pesar de todo, la dinastía Estuardo, transplantada a Inglaterra, persiguió los ideales de la realeza absolutista, que eran en este momento las normas corrientes en todas las cortes de Europa occidental. Jacobo I, acostumbrado a un país en el que los magnates territoriales hacían sus propias leyes y en el que el Parlamento contaba poco, se encontró un reino en el que el militarismo de los grandes había sido destruido, y no fue capaz de ver que el Parlamento representaba el núcleo central del poder nobiliario. El carácter mucho más desarrollado de la sociedad inglesa le hizo creer durante cierto tiempo, de forma engañosa, que era más fácil de gobernar. El régimen jacobeo, despectivo y falto de comprensión hacia el Parlamento, no hizo ningún esfuerzo para suavizar el creciente sentimiento de oposición de la gentry inglesa. Una corte ostentosa se combinaba con una política exterior inmovilista, basada en el acercamiento a España, dos cosas igualmente impopulares para el grueso de la clase terrateniente. Las doctrinas sobre el derecho divino de la monarquía encajaban bien con el ritualismo religioso de a jerarquía conservadora de la Iglesia. Las prerrogativas legales se utilizaron contra el derecho común, y la venta de monopolios y de cargos contra la oposición parlamentaria a los impuestos. Sin embargo, esta inoportuna dirección del gobierno real en Inglaterra no encontró una resistencia similar en Escocia ni en Irlanda, donde las aristocracias locales fueron atraídas mediante un calculador patronazgo, por el rey, mientras el Ulster era colonizado por inmigraciones masivas procedentes de las Lowlands, para garantizar el predominio protestante. Pero hacia el final del reinado la posición política de la monarquía Estuardo estaba peligrosamente aislada en su reino central porque la estructura social subyacente en Inglaterra se le escapaba de las manos al intentar alcanzar los objetivos institucionales que se estaban alcanzando con éxito en casi todos los países del continente.

Un siglo después de la disolución de los monasterios, mientras la población de Inglaterra se había duplicado, el volumen de la nobleza y de la gentry se triplicó y aumentó su proporción en el reparto de la riqueza nacional, con un salto especialmente notable a principios del siglo XVII, cuando el alza de las rentas superó a la de los precios, con el consiguiente beneficio para el conjunto de la clase terrateniente. Es posible que los ingresos netos de la gentry se cuadruplicaran en el siglo siguiente a 1530[34]. El sistema triádico compuesto por el señor el arrendatario y el jornalero agrícola —futuro arquetipo de campo inglés—, ya iba apareciendo en las partes más ricas de la Inglaterra rural. Al mismo tiempo, tuvo lugar en Londres una concentración sin precedentes de comercio y manufacturas, que llego a ser siete u ocho veces mayor en el reinado de Carlos I que en el de Enrique VIII, lo que hizo de ella la capital mas dominante de cualquier país de Europa alrededor de 1630 Antes de final de siglo, Inglaterra ya contaba con algo semejante a un mercado interior único[35]. Así pues, el capitalismo agrario y mercantil había experimentado avances más rápidos que los de cualquier otra nación, excepto los Países Bajos, y los sectores más importantes de la aristocracia inglesa (peerage y gentry) se habían adaptado a ellos. El reforzamiento político del Estado feudal ya no correspondía, por tanto, al carácter social de la mayor parte de la clase social sobre la que inevitablemente tenía que apoyarse. Tampoco existía ningún peligro social procedente de abajo que obligara a reforzar los lazos entre la monarquía y la gentry. Como no había ninguna necesidad de un gran ejército permanente, el nivel impositivo de Inglaterra permaneció notablemente bajo, quizá un tercio o un cuarto del que había en Francia a principios del siglo XVII[36]. Sólo una pequeña parte de esos impuestos recaía sobre las masas rurales, mientras que los pobres de cada parroquia recibían una caridad prudencial procedente de los fondos públicos. El resultado de esto fue una paz social relativa en el campo después del malestar agrario de mediados del siglo XVI. Por otra parte, el campesinado no sólo estaba sujeto a una carga impositiva mucho más liviana que en otros países, sino que estaba internamente más diferenciado. Con el ímpetu comercial acumulado en el campo, esa estratificación hizo posible y rentable, a su vez, el abandono virtual del cultivo directo por la aristocracia y la gentry, y su sustitución por el arriendo de la tierra. El resultado fue la consolidación de un estrato de kulaks relativamente acomodados (la yeomanry) y de un gran número de asalariados rurales, junto a la masa campesina. La situación en las aldeas se hizo, por tanto, razonablemente segura para la nobleza, que ya no tenía que temer ninguna otra insurrección rural y, por consiguiente, no tenía ningún interés en la creación de una fuerte máquina coactiva centralizada a disposición del Estado. Al mismo tiempo, el bajo nivel impositivo que contribuyó a esta calma agraria imposibilitó la aparición de una enorme burocracia erigida para asegurar el funcionamiento del sistema fiscal. Al haber asumido la aristocracia las funciones administrativas locales desde la Edad Media, la monarquía siempre estuvo privada de un aparato profesional regional. La tendencia de los Estuardo hacia un absolutismo desarrollado tropezó, pues, desde el principio, con una multitud de obstáculos.

En 1625, Carlos I abordó —de forma consciente, aunque en general inepta— la tarea de construir un absolutismo más avanzado con los materiales poco prometedores que tenía a su disposición. La cambiante atmósfera de las sucesivas administraciones de la corte no ayudó a la monarquía: la peculiar combinación de corrupción jacobea y puritanismo carolino —desde Buckingham hasta Laud— resultó especialmente enervante para la mayor parte de la gentry[37]. Los caprichos de su política exterior debilitaron también a la monarquía desde el comienzo del remado. El fracaso de la intervención inglesa en la guerra de los Treinta Años se complicó con una innecesaria e inútil guerra con Francia, inspirada confusamente por Buckingham. Sin embargo, una vez terminado este episodio, la dirección general de la política dinástica fue relativamente coherente. El Parlamento, que había denunciado con vigor la dirección de la guerra y al ministro sobre el que recaía su responsabilidad fue disuelto indefinidamente. En la década siguiente, de «gobierno personal», la monarquía tendió una vez más a acercarse a la alta nobleza, infundiendo nuevo vigor a la jerarquía formal de cuna y rango dentro de la aristocracia por medio de la concesión de privilegios a los pares, una vez que había pasado el peligro de un militarismo nobiliario en Inglaterra. En las ciudades se reservaron monopolios y beneficios para el estrato más alto de los comerciantes urbanos que formaban el patriciado tradicional de los municipios. El grueso de la gentry y de los nuevos intereses mercantiles fueron excluidos del concierto real. Estas mismas preocupaciones se hicieron evidentes en la reorganización episcopal de la Iglesia bajo Carlos I, que restableció la disciplina y la moral del clero, a costa de ampliar a distancia religiosa entre los ministros y los propietarios locales. Los éxitos del absolutismo de los Estuardo quedaron limitados en su mayoría, sin embargo, al aparato ideológico-clerical del Estado, que comenzó a inculcar bajo ambos soberanos el derecho divino y el ritual hierático. Pero el aparato económico-burocrático permaneció sujeto a fuertes restricciones fiscales. El Parlamento controlaba el derecho a imponer contribuciones, y desde los primeros años de Jacobo I resistió todos los esfuerzos que se hicieron para prescindir de él. En Escocia, la dinastía podía incrementar a voluntad los impuestos, especialmente sobre las ciudades, ya que los Estados carecían de una tradición sólida de deliberación sobre las contribuciones. En Irlanda, la draconiana administración de Strafford reclamó tierras y rentas de la gentry aventurera que había llegado allí después de la conquista isabelina, y por vez primera hizo de la isla una saneada fuente de ingresos para el Estado[38]. Pero en la propia Inglaterra, donde radicaba el problema central, tales remedios no eran posibles. Limitado por la anterior prodigalidad de los Tudor con las propiedades reales, Carlos I recurrió a todos los posibles instrumentos feudales y neofeudales en su búsqueda de ingresos impositivos capaces de sostener, fuera del control parlamentario, una extensa maquinaria estatal: la revitalización de los derechos de tutela, los estipendios por transferencia de títulos caballerescos, el uso de prerrogativas regias, la multiplicación de los monopolios y la inflación de honores. Fue especialmente en estos años cuando la venta de cargos se convirtió por vez primera en una fuente importante de ingresos reales —del 30 al 40 por 100—, y, simultáneamente, la remuneración de los titulares de cargos en una parte importante del gasto estatal[39]. Todos estos dispositivos se mostraron inadecuados: su profusión sólo sirvió para enemistar a la clase terrateniente, que en su mayor parte estaba dominada por una aversión puritana hacia la nueva corte y hacia la nueva Iglesia. Significativamente, la última tentativa de Carlos I para crear una base fiscal seria fue su proyecto de extender el único impuesto tradicional para la defensa que existía en Inglaterra: el pago por los puertos de una contribución (o ship money) para el mantenimiento de la armada. En unos pocos años, este intento se vio saboteado por la negativa de los no remunerados Justices of the Peace locales para recaudarlo.

La elección de este programa, y su fracaso, revelaron en creux los elementos que faltaban para que fuera posible una versión inglesa de Versalles. El absolutismo continental se había construido sobre sus ejércitos. Por una extraña ironía, el absolutismo insular sólo podía existir con sus débiles ingresos mientras no tuviera necesidad de crear un ejército. En efecto, sólo el Parlamento podía proveer los recursos necesarios, pero una vez convocado era seguro que comenzaría muy pronto a desmantelar la autoridad de los Estuardo. Por idénticas razones históricas, la creciente rebelión política contra la monarquía no poseía en Inglaterra los instrumentos precisos para una insurrección armada contra ella; incluso la oposición de la gentry carecía de un núcleo central para un asalto constitucional contra el gobierno personal del rey mientras no hubiera una convocatoria del Parlamento. El punto muerto entre ambos antagonistas se quebró en Escocia. En 1638, el clericalismo carolino, que ya había amenazado a la nobleza escocesa con la recuperación de las tierras y los diezmos eclesiásticos secularizados, provocó finalmente un levantamiento religioso por la imposición de una liturgia anglicanizada. Los Estados escoceses se unieron para rechazarla, y su Alianza contra esa imposición adquirió una inmediata fuerza material porque en Escocia la aristocracia y la gentry no estaban desmilitarizadas: la estructura social más arcaica del reino originario de los Estuardo conservaba los vínculos guerreros de un tardío sistema político medieval. La Alianza fue capaz de poner en pie un ejército formidable, que pudo enfrentarse a Carlos en el corto espacio de unos meses. Los grandes y los propietarios reunieron a sus agricultores armados; los burgos proporcionaron fondos para la causa; los mercenarios veteranos de la guerra de los Treinta Años aportaron oficiales profesionales. El mando de un ejército respaldado por los pares fue confiado a un general que había vuelto del servicio en Suecia[40]. La monarquía inglesa no podía reunir una fuerza comparable. Existía, pues, una lógica subyacente en el hecho de que fuese la invasión escocesa de 1640 la que pusiera fin al gobierno personal de Carlos I. El absolutismo inglés pagó el castigo por su falta de fuerzas armadas. Su desviación de las normas del último Estado feudal sólo sirvió como confirmación negativa de su necesidad. El Parlamento, convocado in extremis por el rey para que se ocupara de la derrota militar ante los escoceses, procedió a suprimir todos los avances de la monarquía Estuardo, proclamando la vuelta a un más auténtico marco constitucional. Un año después estalló la rebelión católica en Irlanda[41]. El segundo eslabón débil en la paz de los Estuardo había saltado. La lucha por conseguir el control del ejército ingles que ahora era preciso crear para suprimir la insurrección irlandesa, condujo al Parlamento y al rey a la guerra civil. El absolutismo inglés se vio arrastrado a la crisis por el particularismo aristocrático y la desesperación de los clanes de su periferia; esto es, por fuerzas históricamente retrasadas respecto a él. Pero fue derribado en su centro por una gentry comercializada, una city capitalista y un artesanado y una yeomanry plebeyos, fuerzas que iban por delante de él. Antes de que pudiera alcanzar la edad de su madurez, el absolutismo inglés fue derribado por una revolución burguesa.

6. ITALIA

El Estado absolutista surgió en la era del Renacimiento. Italia preparo el terreno para muchas de sus técnicas administrativas y diplomáticas. De ahí que sea preciso preguntar: ¿por qué no alcanzó nunca la propia Italia un absolutismo nacional? Naturalmente, está claro que las instituciones medievales universalistas del papado y del imperio actuaron como un freno en el desarrollo de una monarquía territorial ortodoxa, tanto en Italia como en Alemania. En Italia, el papado resistió contra toda tentativa de conseguir la unificación territorial de la península. Sin embargo, esta resistencia por sí sola no habría bastado necesariamente para bloquear tal salida, porque el papado fue notablemente débil durante largos períodos de tiempo. Un rey francés fuerte como Felipe el Hermoso no tuvo ninguna dificultad en ocuparse de él manu militari, utilizando medios simples y obvios: el secuestro en Anagni y la cautividad en Avinon. Fue la ausencia de un poder semejante en Italia lo que permitió las maniobras políticas del papado. El determinante fundamental del fracaso en producir un absolutismo nacional hay que buscarlo en otra parte. Radica, precisamente, en el desarrollo prematuro del capital mercantil en las ciudades del norte de Italia, que impidió la aparición de un poderoso Estado feudal reorganizado en el plano nacional. La riqueza y la vitalidad de las comunas lombardas y toscanas derrotó el más serio esfuerzo por establecer una monarquía feudal unificada que podría haber echado las bases de un absolutismo posterior, esto es, la tentativa de Federico II en el siglo XIII por extender, desde su base en el sur, su Estado señorial relativamente avanzado.

El emperador poseía muchas bazas para sus proyectos. Italia del sur era la única parte de Europa occidental en la que se combinaban una jerarquía feudal en forma de pirámide, implantada por los normandos, y un fuerte legado bizantino de autocracia imperial. El reino de Sicilia se había desmoronado en la más completa confusión durante los últimos años de gobierno normando, cuando los señores locales tomaron para sí mismos los poderes provinciales y las propiedades reales. Federico II anunció su llegada al sur de Italia con la promulgación de las leyes de Capua de 1220, que reafirmaban un formidable control centralizado del Regno. Alguaciles reales sustituyeron a los alcaldes en las ciudades; los nobles fueron desposeídos de sus principales castillos; la herencia de los feudos quedó sujeta a la supervisión monárquica; las donaciones de tierras señoriales fueron canceladas y se restablecieron los impuestos feudales para el mantenimiento de una flota[1]. Las leyes de Capua fueron puestas en vigor a punta de espada, y completadas una década después por las Constituciones de Melfi (1231), que codificaron el sistema legal y administrativo del reino, suprimiendo los últimos vestigios de autonomía urbana y reduciendo fuertemente los señoríos clericales. Los nobles, los prelados y las ciudades fueron sometidos a la monarquía por medio de un complejo sistema burocrático que comprendía un cuerpo de jueces reales, que actuaban en las provincias a la vez como comisarios, y trabajaban con documentos escritos. Estos cargos eran rotativos para impedir que quedaran atrapados en las redes de intereses de los señores locales[2]. Los castillos se multiplicaron para intimidar a las ciudades o a los señores rebeldes. La población musulmana de Sicilia occidental, que se había mantenido en las montañas hasta convertirse en una espina constantemente clavada en el costado del Estado normando, fue conquistada y asentada en Apulia: la colonia árabe de Lucera suministró a Federico una fuerza única de tropas islámicas profesionales para sus campañas en Italia. Económicamente, el Regno se organizó con no menor racionalidad. Los peajes interiores fueron abolidos y se instalo un estricto servicio de aduanas exterior. El control estatal del comercio exterior de grano produjo grandes beneficios a las propiedades reales, las mayores productoras de trigo en Sicilia. Algunos monopolios importantes de artículos de consumo y un incremento regular en los impuestos sobre la tierra produjeron sustanciales ingresos fiscales; incluso llegó a acuñarse una moneda nominal de o ro[3]. La solidez y prosperidad de esta fortaleza de los Hohenstaufen en el sur permitió a Federico II realizar una formidable tentativa para crear un Estado imperial unitario a lo largo de toda la península.

Reclamando toda Italia como herencia suya, y reuniendo para su causa a la mayor parte de los señores feudales dispersos del norte, el emperador tomó la Marca e invadió Lombardía Durante un breve período de tiempo, sus ambiciones parecieron estar a punto de realizarse: en 1239-40, Federico elaboró un anteproyecto para la futura administración de Italia como un solo Estado real, dividido en provincias gobernadas por vicarios generales y capitanes generales, de acuerdo con el modelo de los jueces sicilianos, nombrados por el emperador y elegidos de entre su séquito de la Apulia[4]. La cambiante fortuna de la guerra impidió la estabilización de esta estructura, pero su lógica y coherencia eran evidentes. Incluso el revés final y la muerte del emperador no deshicieron la causa gibelina. Su hijo Manfredo, incluso sin nacimiento legítimo ni título imperial, fue capaz de restablecer muy pronto el dominio estratégico del poder de los Hohenstaufen en la península, derrotando a los guelfos florentinos en Montaperti. Pocos años después sus ejércitos amenazaron con capturar al propio Sumo Pontífice en Urvieto, en una acción que prefiguró el futuro coup de main trances en Anagni. Con todo, los éxitos temporales de la dinastía se mostrarían finalmente ilusorios: en las prolongadas guerras entre guelfos y gibelinos el linaje de los Hohenstaufen acabo derrotado y destruido.

El papado fue el vencedor formal de esta contienda, orquestando clamorosamente la lucha contra el «Anticristo» imperial y su progenie. Pero el papel ideológico y político de los papas sucesivos —Alejandro III, Inocencio IV y Urbano IV— en el ataque contra el poder de los Hohenstaufen en Italia nunca correspondió a la verdadera fuerza política o militar del papado Durante largo tiempo, la Santa Sede careció incluso de los modestos recursos administrativos de un principado medieval Hasta el siglo XII, tras el conflicto de las investiduras con el imperio en Alemania, el papado no tuvo una corte normal comparable a la de los Estados seculares de la época, con la constitución de la curia romana[5]. Más tarde, el poder papal siguió curiosamente caminos divergentes de acuerdo con su doble trayectoria eclesiástica y secular. Dentro de la Iglesia universal, el papado construyó paulatinamente una autoridad autocrática y centralista cuyas prerrogativas superaban con mucho las de cualquier monarquía temporal de la época. La «plenitud de potestad» concedida al papa no estaba limitada por ninguna de las restricciones feudales normales, los Estados o los Consejos. Los beneficios clericales de toda la cristiandad llegaron a estar controlados por él; las transacciones legales se concentraron en sus tribunales, y un impuesto general sobre la renta del clero se estableció con pleno éxito[6]. Al mismo tiempo, sin embargo, la posición del papado como Estado italiano permaneció extremadamente débil e ineficaz. Los papas sucesivos malgastaron enormes esfuerzos en el intento de consolidar y extender el «Patrimonio de Pedro» en la Italia central pero el papado medieval no pudo establecer ningún control seguro o digno de confianza ni siquiera en la pequeña región que estaba bajo su soberanía nominal. Las pequeñas ciudades de las colinas de Umbría y de la Marca resistieron vigorosamente la intervención papal en su gobierno, mientras la misma ciudad de Roma era con frecuencia turbulenta o desleal[7]. No se creó ninguna burocracia viable para administrar el Estado papal, cuya situación interna, por consiguiente, fue confusa y anárquica durante largos períodos de tiempo. Los ingresos fiscales del Patrimonio alcanzaban tan sólo al 10 por 100 de las rentas totales del papado, pero los costos de su mantenimiento y protección fueron probablemente, durante la mayor parte del tiempo, mucho más altos que los ingresos que producía. El servicio militar que debían prestar los súbditos del papa —ciudades y feudos del territorio pontificio— también era insuficiente para cubrir sus necesidades defensivas[8]. Financiera y militarmente, el Estado papal, en cuanto principado italiano, era una unidad deficitaria. Opuesto en solitario contra el Regno del sur, nada tenía que hacer.

La razón básica del fracaso de los Hohenstaufen en su intento por unificar la península radica en otra parte, esto es, en la decisiva superioridad económica y social del norte de Italia, que tenía el doble de población que el sur y la inmensa mayor parte de los centros urbanos productores de comercio y manufacturas. El reino de Sicilia sólo tenía tres ciudades de mas de 20.000 habitantes, mientras que el norte tenía mas de veinte[9]. Las exportaciones de cereales que proporcionaban la principal riqueza del sur eran, de hecho, un síntoma indirecto del predominio comercial del norte, porque las prósperas comunas de Lombardía, Liguria y Toscana importaban el grano a causa de su avanzada división del trabajo y de su concentración demográfica, mientras que los excedentes del Mezzogiomo eran, por el contrario, el signo de un campo débilmente poblado. Así pues, los recursos de las comunas siempre fueron mucho mayores que los que el emperador podía movilizar en Italia, y aunque frecuentemente estuvieran divididas, su misma existencia como repúblicas urbanas autónomas se veía amenazada por la perspectiva de una monarquía peninsular unificada. La primera tentativa de los Hohenstaufen por implantar la soberanía imperial en Italia —el descenso de Federico I desde Alemania a través de los Alpes en el siglo XII— fue rechazado de forma resonante por la Liga Lombarda, con la gran victoria de sus milicias urbanas sobre el ejército de Barbarroja en Legnano en 1160. Con el traslado de la base dinástica de los Hohenstaufen desde Alemania a Sicilia y la implantación de la monarquía centralizada de Federico II en tierras del sur de Italia, el peligro de una absorción monárquica y señorial aumentó para las comunas de forma proporcional. Una vez más, las ciudades lombardas, dirigidas por Milán, fueron las que frustraron esencialmente el avance del emperador hacia el norte, flanqueado por sus aliados feudales de Saboya y el Véneto. Después de su muerte, la recuperación de las posiciones gibelinas por Manfredo encontró su mayor obstáculo en Toscana. Los banqueros guelfos de Florencia, exiliados después de Montaperti, fueron los arquitectos financieros de la ruina final de la causa Hohenstaufen. Sus cuantiosos créditos —se concedieron en total unas 200.000 livres tournois— hicieron posible la conquista angevina del Regno[10]; mientras en las batallas de Benevento y Tagliacozzo, fue la caballería florentina la que dio a los ejércitos franceses su margen de victoria. En la larga lucha contra el fantasma de una monarquía italiana unificada, el papado suministro con regularidad los anatemas, pero fueron las comunas quienes proporcionaron los fondos y —hasta el mismo final— la mayor parte de las tropas. Las ciudades lombardas y toscanas se mostraron suficientemente fuertes como para ahogar cualquier reagrupamiento territorial sobre una base rural-feudal. Por otra parte, eran intrínsecamente incapaces de alcanzar por sí mismas la unificación peninsular: en ese tiempo, el capital mercantil no tenía ninguna posibilidad de dominar una formación social de dimensiones nacionales. Así, la Liga Lombarda pudo defender el norte victoriosamente contra las invasiones imperiales, pero no fue capaz de conquistar el sur feudal fueron caballeros franceses quienes tuvieron que lanzar el ataque contra el reino de Sicilia. Lógicamente, quienes heredaron el sur no fueron las ciudades toscanas o lombardas, sino los nobles angevinos, instrumento necesario de la victoria urbana, que se apropiaron de sus frutos. Poco después, la rebelión de las Vísperas Sicilianas contra el dominio francés terminó con la integridad del propio Regno. Los territorios de baronía del Sur se dividieron en lucha abierta entre los angevinos y los aragoneses, que los reclamaban, en una confusa refriega, cuyo resultado final habría de acabar con cualquier perspectiva futura de un dominio de Italia por el sur. El papado, mero rehén de Francia en este momento, fue deportado a Aviñón, abandonando la península durante medio siglo.

Las ciudades del norte y del centro quedaron así libres para su propio y asombroso desarrollo político y cultural. El eclipse simultáneo del imperio y del papado convirtió a Italia en e eslabón débil del feudalismo occidental: desde mediados del siglo XIV hasta la mitad del siglo XVI, las ciudades situadas entre los Alpes y el Tíber vivieron la revolucionaria experiencia histórica que los propios afectados bautizaron como «Renacimiento», el renacimiento de la civilización de la Antigüedad clásica tras el oscuro intervalo de la «Edad Media». La inversión radical del tiempo que implicaban estas definiciones, en contradicción con toda cronología evolucionista o religiosa, ha proporcionado desde entonces los fundamentos de las estructuras categoriales de la historiografía europea; la edad que la posteridad habría de considerar como básica línea divisoria del pasado, levantó por sí misma las fronteras que la separaban de sus predecesoras y demarcó sus orígenes remotos de sus antecedentes inmediatos: una hazaña cultural única. Ningún verdadero sentido de la distancia había separado la Edad Media de la Antigüedad; siempre había visto la era clásica como su propia extensión natural hacia el pasado, hacia un mundo todavía irredento, precristiano. El Renacimiento se descubrió a sí mismo con una conciencia nueva e intensa de ruptura y de pérdida[11]. La Antigüedad quedaba en un lejano pasado, separada de él por toda la oscuridad del medium aevum situado entre ambos, y sin embargo, tan avanzada respecto a la cruda barbarie que había dominado en los siglos que la siguieron. La apasionada llamada de Petrarca, en el umbral de la nueva era, proclamaba la vocacion del futuro: «Este sueño del olvido no durará para siempre: después de que la oscuridad se haya disipado, nuestros nietos podrán regresar al puro resplandor del pasado». La aguda conciencia de una larga ruptura tras la caída de Roma se combino con la fiera determinación de alcanzar de nuevo la perfección de los antiguos. La recreación del mundo clásico sena la formidable novedad y el ideal de lo moderno. El Renacimiento italiano presenció así una revitalización e imitación deliberadas de una civilización por otra, en todos los planos de la vida civil y cultural, sin ejemplo ni secuela en la historia El derecho romano y las magistraturas romanas ya habían vuelto a salir a la superficie en las últimas comunas medievales: la propiedad quiritaria había dejado por todas partes su impronta en las relaciones económicas de las ciudades italianas, mientras los cónsules latinos sustituían a las autoridades episcopales en la función de gobierno. Los tribunos de la plebe proporcionaron muy pronto el modelo para los capitanes del pueblo en las ciudades italianas. La llegada del Renacimiento propiamente dicho, trayendo consigo las nuevas ciencias de la arqueología, la epigrafía y la crítica textual para iluminar el pasado clásico, dio repentinamente al recuerdo y la emulación de la Antigüedad una escala enorme, explosiva. Arquitectura pintura, escultura, poesía, historia, filosofía, teoría política y militar rivalizaron entre sí para recuperar la libertad y la belleza de las obras que habían caído en el olvido. Las iglesias de Alberti procedían de sus estudios de Vitrubio; Mantegna pinto emulando a Apelles; Piero di Cosimo pintaba tablas inspiradas en Ovidio; las odas de Petrarca se basaban en Horacio; Guicciardini aprendió su ironía de Tácito; el espiritualismo de Fiemo descendía de Plotino; los discursos de Maquiavelo eran un comentario sobre Tito Livio, y sus diálogos sobre la guerra una referencia a Vegetius.

La civilización renacentista que apareció en Italia fue de una vitalidad tan iridiscente que aún parece una verdadera repetición, la única, de la Antigüedad. Su común marco histórico en los sistemas de ciudad-Estado proporcionó de forma natural la base objetiva de una ilusión evocadora de encarnaciones correspondientes. Los paralelismos entre el florecimiento de centros urbanos en la Antigüedad clásica y en la Italia renacentista son bastante llamativos. Ambos eran originariamente producto de ciudades-república autónomas, compuestas por ciudadanos conscientes de los temas municipales. Ambos estaban dominados en un principio por nobles, y en ambos la mayor parte de los primeros ciudadanos poseían tierras en el entorno rural de la ciudad[12]. Ambos constituían, por supuesto, centros neurálgicos de intercambio mercantil. El mismo mar proporcionaba las principales rutas comerciales en cada caso[13]. Ambos exigían de sus ciudadanos el servicio militar en la caballería o infantería, de acuerdo con sus títulos de propiedad. Incluso algunas de las singularidades políticas de las poleis griegas teman un cercano equivalente en las comunas italianas; la alta proporción de ciudadanos que ocupaban temporalmente cargos en el Estado, o el uso de sorteos para elegir a los magistrados[14]. Todas estas características comunes parecían constituir una especie de sobreimposición parcial de una forma histórica sobre la otra En realidad, la naturaleza socioeconómica de las ciudades-Estado de la Antigüedad y del Renacimiento es profundamente diferente. Como ya hemos visto, las ciudades medievales eran enclaves urbanos dentro del modo de producción feudal, estructuralmente posibles por la fragmentación de la soberanía existían en lo esencial en tensión dinámica con el campo, mientras que las ciudades antiguas eran una continuación emblemática de éste. Las ciudades italianas comenzaron como centros mercantiles, dominados por la pequeña nobleza y poblados de semicampesmos que combinaban frecuentemente las ocupaciones rurales y urbanas, el cultivo y la artesanía. Pero asumieron rápidamente un modelo profundamente distinto del de sus predecesoras clásicas. Los mercaderes, banqueros, manufactureros o juristas se convirtieron en élite patricia de las ciudades-república, mientras la masa de la ciudadanía la constituyeron muy pronto los artesanos, en contraste total con las ciudades antiguas, en las que la clase dominante fue siempre una aristocracia terrateniente y el grueso de la ciudadanía lo formaban agricultores medios o plebeyos sin posesiones, y donde los esclavos constituían la gran subclase de productores inmediatos excluidos de toda ciudadanía[15]. Las ciudades medievales no se limitaron, naturalmente, a no utilizar trabajo de esclavos en la industria doméstica o en la agricultura[16]. sino que además, y de forma significativa, prohibieron toda servidumbre dentro de sus recintos. Toda la orientación económica de las dos civilizaciones urbanas se contrapone, por tanto, en algunos aspectos decisivos. Ambas representaron puntos focales avanzados de intercambio de mercancías, pero las ciudades italianas eran fundamentalmente centros de producción urbana, cuya organización interna se basaba en gremios de artesanos, mientras que las ciudades de la Antigüedad siempre fueron principalmente centros de consumo, articulados en asociaciones territoriales o de clanes[17]. La división del trabajo y el nivel técnico de las industrias manufactureras —textiles o metalúrgicas— en las ciudades del Renacimiento estaban, por consiguiente, mucho más desarrollados que los de la Antigüedad, como también lo estaba el transporte marítimo. El capital mercantil y bancario, siempre insuficiente en el mundo clásico debido a la carencia de las instituciones financieras necesarias para garantizar la seguridad de su acumulación, se expandió ahora vigorosa y libremente con la llegada de la sociedad anónima, la letra de cambio y la contabilidad por partida doble. El instrumento de la deuda pública, desconocido para las ciudades antiguas, aumentó los ingresos del Estado y las posibilidades inversoras de los rentistas urbanos.

Las bases completamente distintas de los modos de producción esclavista y feudal son evidentes, sobre todo, en las relaciones diametralmente opuestas entre la ciudad y el campo en cada uno de ellos. Las ciudades del mundo clásico formaban una completa unidad cívica y económica con su medio rural. Los municipia incluían indistintamente al centro urbano y a su periferia agraria, y la ciudadanía jurídica era común a ambos. El trabajo esclavo ligaba sus sistemas productivos, y no existía una política económica urbana específicamente tal; esencialmente, la ciudad funcionaba como una simple aglomeración de consumidores del producto agrícola y de las rentas de la tierra. Las ciudades italianas, por el contrario, estaban profundamente separadas de sus campos: el contado rural era, significativamente, un territorio sometido, cuyos habitantes no tenían derechos de ciudadanía en el sistema político. Su nombre habría de proporcionar el término familiar y despectivo para los «campesinos», los contadini. Las comunas combatieron habitualmente contra ciertas instituciones básicas del feudalismo agrario: el vasallaje fue expresamente prohibido dentro de las ciudades en muchas ocasiones, y la servidumbre fue abolida en los campos por ellas controlados. Al mismo tiempo, las ciudades italianas explotaban sistemáticamente a su contado para la producción y el beneficio urbanos, tomando de él reclutas y grano, fijando los precios e imponiendo a la población agrícola subyugada meticulosas regulaciones y directrices sobre la cosecha[18]. Esta política antirrural era esencial para las ciudades-república del Renacimiento, cuyo dirigisme económico era ajeno por completo a sus predecesores de la Antigüedad. El medio fundamental de expansión de la ciudad clásica era la guerra. Los botines en tesoros, tierra y trabajo eran los objetivos económicos que se podían perseguir dentro del modo de producción esclavista, y la estructura interna de las ciudades griegas y romanas se derivaba en buena medida de esto: la vocación militar de los hoplitas o los assidui era fundamental para el conjunto de su constitución municipal. La agresión armada fue constante entre las comunas italianas, pero nunca alcanzó una primacía equivalente. El Estado eludió una definición militar comparable, ya que la competencia en el comercio y las manufacturas —acompañada y reforzada por medios coactivos extraeconómicos, los «costos de protección» de la época—[19] había llegado a ser, por propio derecho, el objetivo económico de las comunidades: los mercados y los empréstitos eran más importantes que los prisioneros; el saqueo lo era menos que el crecimiento. Las ciudades del Renacimiento italiano, como su destino final habría de mostrar, eran complejos mecanismos industriales y comerciales, cuya capacidad como beligerantes en tierra e incluso en el mar era relativamente limitada.

Estos grandes contrastes socioeconómicos encuentran inevitablemente su reflejo dentro del florecimiento cultural y político en el que parecen converger más estrechamente las ciudades-Estado de la Antigüedad y del Renacimiento. La infraestructura artesanal libre de las ciudades renacentistas, en las que el trabajo manual en los gremios nunca se manchó con la degradación social de la servidumbre, produjo una civilización en la que las artes plásticas y visuales de la pintura, la escultura y la arquitectura ocupaban una posición absolutamente predominante. Los escultores y pintores estaban organizados en gremios de artesanos, y gozaban inicialmente de la posición social media concedida a comercios análogos; al final, habrían de alcanzar un honor y un prestigio inconmesurablemente mayor que el de sus predecesores griegos o romanos. Las nueve musas del mundo clásico habían omitido significativamente al conjunto de las artes visuales[20]. La imaginación sensual fue el dominio supremo del Renacimiento, produciendo tal riqueza artística que superó a la misma Antigüedad, de lo que eran orgullosamente conscientes los propios contemporáneos. Por otra parte, las conquistas intelectuales y teóricas de la cultura renacentista en Italia fueron mucho más limitadas. La literatura, la filosofía y la ciencia —alineadas en orden descendente de contribución— no produjeron un conjunto de obras comparable al de la civilización antigua. La base esclavista del mundo clásico, al divorciar el trabajo manual del cerebral de una forma más radical de lo que nunca lo hizo la civilización medieval, produjo una clase ociosa terrateniente, muy alejada del patriciado affairé de las ciudades-Estado de Italia. Las palabras y los números fueron, en su abstracción, más propios del universo clásico; en su renacimiento, las imágenes tomaron el primer puesto. El «humanismo» literario y filosófico, con sus investigaciones seculares y académicas, siempre estuvo limitado durante el Renacimiento italiano a una élite intelectual frágil y reducida[21]; y sólo después realizó la ciencia su breve y aislada aparición. La vitalidad estética de las ciudades tenía unas raíces sociales mucho más profundas y habría de sobrevivir a ambas: Galileo murió en la soledad y el silencio, mientras Bernini engalanaba con brillantes colores a la ciudad y la corte que le habían expulsado.

La evolución política de las ciudades del Renacimiento diverge todavía más de la de sus antiguos prototipos que su configuración política. Entre ambas existieron, hasta cierto punto notables analogías formales. Tras el desplazamiento del gobierno episcopal —una prehistoria que podría compararse a la caída del gobierno monárquico en la Antigüedad—, las ciudades italianas fueron dominadas por una aristocracia terrateniente Los regímenes consulares resultantes dejaron paso muy pronto a gobiernos oligárquicos con un sistema exterior de podestà asaltado inmediatamente por los más prósperos gremios plebeyos, que crearon sus propias contrainstituciones cívicas. Finalmente, el estrato más alto de maestros de los gremios notarios y mercaderes dirigentes de la lucha del popolo, se fundieron, por encima de éste, con la nobleza urbana, para formar un único bloque municipal de privilegio y poder, reprimiendo o manipulando a la masa de artesanos que quedaba debajo de ellos. La forma y composición exactas de estas luchas variaban de una ciudad a otra, y la evolución política de las diferentes ciudades podía abreviar o alargar su duración. En Venecia, el patriciado mercantil se apropió muy pronto de los frutos de una rebelión de los artesanos contra la vieja aristocracia, y bloqueó todo desarrollo político posterior por medio de un rígido cierre de sus filas: la serrata de 1297 impidió la aparición de un popolo. En Florencia, por otra parte, los asalariados hambrientos, un proletariado miserable situado por debajo de la clase artesana, se rebeló a su vez contra un gobierno gremial neoconservador en 1378, antes de ser definitivamente aplastados. Pero en la mayor parte de las ciudades aparecieron repúblicas urbanas con un amplio sufragio formal, y gobernadas de hecho por grupos restringidos de banqueros, manufactureros, mercaderes y terratenientes, cuyo denominador común ya no era el nacimiento, sino la riqueza, la posesión de un capital móvil o fijo. La secuencia italiana del obispado al consulado y de la podesteria al popolo, y los sistemas constitucionales «mixtos» que fueron su resultado, recuerda de alguna manera, obviamente, la trayectoria desde la monarquía a la aristocracia y de la oligarquía a la democracia o al tribunado, y sus complejos resultados, en el mundo clásico. Pero había una clara y crítica diferencia entre ambos órdenes de sucesión. En la Antigüedad, entre las constituciones aristocráticas y las populares habían sobrevenido las tiranías como sistemas transitorios para ampliar las bases sociales del sistema político; eran el preludio de unas libertades más amplias y un ágora más libre. En el Renacimiento, por el contrario, las tiranías cerraron el desfile de formas cívicas: las signorie fueron el último episodio en la evolución de las ciudades-república y significaron su caída final en un autoritarismo aristocrático.

El destino final de las ciudades-Estado de la Antigüedad y del Renacimiento revela, de hecho, y mejor quizá que cualquier otro rasgo de su historia, el profundo abismo que existía entre ambas. Las repúblicas municipales de la época clásica pudieron dar origen a imperios universales, sin ninguna ruptura básica de su continuidad social, debido a que el expansionismo territorial era una prolongación natural de su inclinación agraria y militar. El campo era siempre el eje incontestable de su existencia; por tanto, estaban perfectamente adaptadas, en principio, a anexiones de tierra cada vez mayores, ya que su crecimiento económico descansaba en la conducción victoriosa de la guerra, que siempre fue una meta cívica de capital importancia. La conquista militar se mostró así como un camino relativamente recto que llevaba de la república al Estado imperial, que a su vez podía llegar a aparecer algo así como un final predestinado. Por el contrario, las ciudades del Renacimiento siempre estuvieron fundamentalmente en desacuerdo con el campo; sus leyes de movimiento se concentraban en la propia economía urbana, cuya relación con su entorno rural era de antagonismo estructural. La llegada de las signorie —dictaduras principescas con un fondo profundamente agrario— no abrió, pues, ningún otro ciclo de crecimiento político o económico, sino que, por el contrario, acabó con el futuro de las ciudades italianas. Las repúblicas del Renacimiento no tenían ninguna posibilidad de un futuro de unificación y conquista imperial; precisamente debido a que eran urbanas en su quintaesencia, nunca podrían reunir y dirigir al conjunto de la formación social feudal, sólidamente dominada todavía por el campo. No había para ellas ninguna vía económica hacia el engrandecimiento político en un plano peninsular. Por otra parte, sus fuerzas militares eran radicalmente inadecuadas para esa tarea. La aparición de la signoria como una forma institucional fue un presagio de su futura parálisis.

El norte y el centro de Italia formaban una zona excepcional dentro de la economía europea de finales de la Edad Media; como ya hemos visto, era la región más avanzada y próspera de Occidente. El apogeo de las comunas en el siglo XIII fue una era de fuerte expansión urbana y de crecimiento demográfico. Este temprano protagonismo dio a Italia una posición peculiar en el futuro desarrollo económico del continente. Como los demás países de Europa occidental, Italia quedó asolada por el despoblamiento y la depresión del siglo XIV: la regresión comercial y las quiebras de bancos redujeron la producción manufacturera y estimularon probablemente las inversiones en la construcción, desviando el capital hacia gastos suntuarios y bienes raíces. La trayectoria de la economía italiana en el siglo XV es más oscura[22]. La drástica caída en la producción de textiles de lana fue contrarrestada por un cambio hacia la producción de sedas, aunque es difícil determinar la extensión de sus efectos compensatorios. Un crecimiento renovado en la población y en la producción puede haber dejado todavía los niveles globales de actividad económica por debajo de su punto más alto en el siglo XIII. De todas formas, parece probable que las ciudades-Estado capearan la crisis general del feudalismo europeo mejor que cualquier otra zona de Occidente. El poder de recuperación del sector urbano y la relativa modernidad del sector agrario, al menos en Lombardía, quizá permitieran a la Italia del norte recuperar el ímpetu económico hacia 1400, medio siglo antes que el resto de Europa occidental. Sin embargo el avance demográfico más rápido parece estar localizado ahora en el campo antes que en las ciudades, y las inversiones de capital tienden a orientarse cada vez más hacia la tierra[23]. La calidad de las manufacturas se hizo más sofisticada, con cierta inclinación hacia los bienes para la élite; en esta época, las industrias de la seda y el vidrio estuvieron entre los sectores mas dinámicos de la producción urbana. Además, la revitalización de la demanda europea mantuvo las exportaciones italianas de lujo a niveles muy altos durante otros cien años. A pesar de todo, no tardarían en aparecer los límites de la prosperidad comercial e industrial de las ciudades.

En efecto, la organización gremial que distinguía a las ciudades renacentistas de las clásicas implicaba, a su vez, ciertos límites internos al desarrollo de la industria capitalista en Italia. Las corporaciones de artesanos bloquearon la completa separación, dentro de la economía urbana, entre los productores directos y los medios de producción, que es la condición previa del modo de producción capitalista en cuanto tal. Estas corporaciones se definían por la persistente unidad del artesano y sus herramientas, que no podía romperse dentro de ese marco. La industria textil de la lana, en algunos centros avanzados como Florencia, alcanzó hasta cierto punto una organización protofabril, basada en el trabajo asalariado; pero en las manufacturas de paños siempre se mantuvo la norma del trabajo por encargo a domicilio bajo el control del capital mercantil. En un sector tras otro, los artesanos, sólidamente agrupados en los gremios, regularon sus métodos y ritmos de trabajo de acuerdo con las costumbres y tradiciones corporativistas, que presentaban formidables obstáculos al progreso de la técnica y la explotación. Venecia desarrolló la última y más competitiva industria italiana de paños de lana, en el siglo XVI, cuando se hizo con los mercados de Florencia y Milán, lo que posiblemente constituyó el éxito comercial más notable de la época. Pues bien, incluso en Venecia las corporaciones de artesanos fueron, en último término, una barrera insuperable para el progreso técnico: también aquí «puede decirse que todo el cuerpo de la legislación gremial estaba destinado a impedir cualquier tipo de innovación»[24]. El capital manufacturero se mantuvo así dentro de un espacio reducido, con pocas probabilidades de reproducción ampliada. La competencia de las industrias extranjeras, más libres y situadas en el campo, con pocos costos de producción, acabaría arruinándolo. El capital mercantil floreció durante más tiempo porque no estaba sometido a esas trabas, pero finalmente también tuvo que pagar el castigo de una relativa inercia técnica, cuando el dominio marítimo pasó de las flotas mediterráneas a las atlánticas con la llegada de las formas de transporte marítimo más rápidas y baratas desarrolla das por los holandeses y los ingleses[25]. El capital financiero mantuvo sus niveles de beneficio durante más tiempo que ningún otro, porque estaba más alejado de los procesos materiales de producción. Pero su dependencia parasitaria de los ejércitos y las cortes internacionales le hizo especialmente vulnerable a sus vicisitudes. Las carreras de Florencia, Venecia y Génova —victimas de los paños ingleses o franceses, de las marinas portuguesa o angloholandesa y de las bancarrotas españolas— ilustran estas sucesivas contingencias. El protagonismo económico de las ciudades del Renacimiento italiano se mostró precario. Al mismo tiempo, la estabilización política de las oligarquías republicanas que habían surgido de las luchas entre los patriciados y los gremios, fue a menudo muy difícil: los resentimientos sociales de las masas de artesanos y de los pobres urbanos siempre permanecieron bajo la superficie de la vida municipal, dispuestos a explotar en nuevas crisis cada vez que el círculo establecido de los poderosos se dividiera en facciones[26]. Finalmente, el gran crecimiento en la escala y la intensidad de la guerra, con la aparición de la artillería de campaña y la infantería de pica profesional, hizo cada vez más anticuadas las modestas posibilidades defensivas de las pequeñas ciudades-Estado. Las repúblicas italianas se hicieron militarmente más vulnerables a medida que el tamaño y la capacidad de fuego de los ejércitos europeos se desarrollaba en la primera época moderna. El conjunto de estas tensiones, visibles en diferente grado según las diferentes épocas en las ciudades del norte y del centro, constituyó el marco para el auge de las signorie.

El telón de fondo social de estos nuevos señoríos sobre las ciudades radica en la permanencia de espacios feudales en el campo. La red de comunas nunca había cubierto por completo el norte y el centro de la península; entre ellas habían persistido siempre grandes intersticios rurales, dominados por nobles señoriales. Estas zonas habían suministrado la mayor parte del apoyo aristocrático a las campañas de los Hohenstaufen contra las ciudades güelfas, y el origen de las signorie puede remontarse hasta los aliados o lugartenientes nobles de Federico II en las regiones menos urbanizadas de Saluzzo o Venet o[27]. En la Romaña, la misma expansión de las comunas en el campo, por medio de la creación de un contado sometido, condujo a la conquista de las ciudades por los señores rurales cuyos territorios se habían incorporado a ellas[28]. La mayor parte de los primeros tiranos del norte fueron feudatarios o condottieri, que tomaron el poder valiéndose de su posesión de la podesteria o la capitaneria de las ciudades; en muchos casos, gozaron de una momentánea simpatía popular debido a que suprimieron las odiadas oligarquías municipales, o a que restablecieron el orden cívico tras los estallidos endémicos de violencia faccional entre las anteriores familias gobernantes. Casi siempre trajeron o crearon un aparato militar mas grande y mejor adaptado a las necesidades modernas de la guerra. Sus conquistas provinciales tendieron a aumentar por sí mismas el peso del componente rural de las ciudades-Estado que ahora gobernaban[29].

El vínculo de las signorie con la tierra de la que tomaban sus tropas y sus ingresos se mantuvo muy estrecho, como testimonia el modelo seguido en su expansión. El poder principesco, originario de las «alas» más atrasadas del norte de Italia, paso a través de los Alpes hacia el oeste y hacia el delta del Po por el este, dirigiéndose al centro principal de la escena política con la captura de Milán —que había sido el alma comunera de la Liga Lombarda— por Visconti a finales del siglo XIII. Desde ese momento, Milán representó siempre el principado más estable y poderoso de las grandes ciudades italianas, debido a la específica composición interna del Estado. Milán no era ni un puerto marítimo ni un importante centro manufacturero, ya que sus industrias, aunque numerosas y prósperas eran también pequeñas y fragmentadas; por otra parte, poseía la zona agrícola más avanzada de Italia —con las vegas irrigadas de la llanura lombarda— y la que habría de resistir la depresión agrícola del siglo XIV probablemente mejor que ninguna otra región de Europa. Milán, la de mayor riqueza rural entre las grandes ciudades italianas, fue el trampolín natural para la primera signoria del norte con trascendencia internacional. Hacia finales del siglo XIII, la mayor parte de la Italia situada mas allá de los Apeninos había caído en manos de pequeños señores o de aventureros militares. Toscana resistió durante otros cien años, pero en el curso del siglo XV sucumbió también a las doradas tiranías. Florencia, el mayor centro manufacturero y financiero de la península, se deslizó finalmente hacia el suave puño hereditario de los Médici, aunque no sin reinciden tes episodios republicanos: la protección diplomática y militar de los Sforza de Milán[30], y, más tarde, la presión de los papas Medici en Roma, fueron necesarias para asegurar la victoria final de un régimen principesco en Florencia. En la misma Roma, el gobierno del papa Della Rovere, Julio II. a principios del siglo XVI, impulsó por primera vez la estructura política y militar del Estado papal hacia una forma cercana a la de los poderes rivales situados más allá del Tíber. Como era lógico, solo las dos repúblicas marítimas, Venecia y Génova, resistieron a la aparición del nuevo tipo de corte y de príncipe salvaguardadas por la relativa falta de cinturones rurales en su entorno. La serrata veneciana produjo, sin embargo, una minúscula camarilla hereditaria de gobernantes, que congeló para siempre el desarrollo político de la ciudad y se mostró incapaz de integrar en un Estado moderno o unitario las posesiones territoriales que la República había adquirido[31]. El patriciado genovés, mercenario y asocial, sobrevivió en el carro del imperialismo hispánico. En los demás sitios, la mayor parte de las ciudades-república desaparecieron.

Culturalmente, por supuesto, el Renacimiento alcanzó su apogeo en este acto final de la civilización urbana italiana, antes de que llegara lo que puede considerarse como nuevas invasiones «bárbaras» desde el otro lado de los Alpes y del Mediterráneo. El patronazgo principesco y clerical de las nuevas y brillantes cortes invirtió sin reparo alguno en las artes y en las letras: la arquitectura, la escultura, la pintura, la filología y la historia fueron las beneficiadas, dentro del cálido invernadero de un clima abiertamente aristocrático de erudición y etiqueta. Económicamente, el progresivo estancamiento de la técnica y de la empresa quedó encubierto por la expansión en Europa occidental, que continuó aumentando la demanda de bienes de lujo italianos después de que las manufacturas internas hubiesen dejado de innovar, garantizando así la riqueza ostentosa de las signorie. Pero políticamente el potencial de estos estados subregios era muy limitado. El mosaico de comunas del norte y el centro había dejado lugar a un número menor de tiranías urbanas consolidadas, que se enzarzaron en intrigas y guerras constantes para obtener el predominio sobre Italia. Pero ninguno de los cinco Estados más importantes de la península —Milán, Florencia, Venecia, Roma y Nápoles— tema la fuerza suficiente para superar a los otros, y ni siquiera para absorber a los numerosos principados y ciudades menores. El cerco al que se vio sometido Gian Galeazzo Visconti en Lombardía, por la presión combinada de sus enemigos, a principios del siglo XV, señaló el final de la más importante tentativa por conseguir la supremacía. La incesante rivalidad política y militar entre estados de mediana potencia alcanzó finalmente un equilibrio precario con el tratado de Lodi, de 1451. Para esa fecha, las ciudades del Renacimiento ya habían desarrollado los instrumentos básicos del arte del gobierno y de la agresión que habrían de legar al absolutismo europeo, una herencia cuya enorme importancia ya hemos visto. Las imposiciones fiscales la deuda consolidada, la venta de cargos, las embajadas en el extranjero surgieron por vez primera en las ciudades-Estado italianas, en una especie de ensayo general a pequeña escala del gran sistema internacional de estados y de sus futuros conflictos[32].

El régimen de las signorie no podía cambiar, sin embargo, los parámetros básicos del callejón sin salida en el que se encontraba el desarrollo político italiano tras la derrota del proyecto de una monarquía imperial unitaria en la época de los Hohenstaufen. Las comunas habían sido estructuralmente incapaces de conseguir la unificación de la península, a causa de la misma precocidad de su desarrollo urbano-comercial. Las signorie representaban una reafirmación del ambiente circundante, rural y señorial, en el que siempre habían estado insertas. Pero en la Italia del norte y del centro nunca fue posible una verdadera victoria social del campo sobre las ciudades: la fuerza de atracción de las ciudades era demasiado grande, mientras que la clase terrateniente local nunca formó una sólida nobleza feudal, con una tradición ancestral o un esprit de corps. Los señores que usurparon el poder en las repúblicas eran con frecuencia mercenarios, arribistas o aventureros, y otras veces banqueros o mercaderes de elevada posición. Por consiguiente la soberanía de las signorie fue siempre ilegítima en un sentido profundo[33]: se hasaba en la fuerza reciente y en el fraude personal, sin tener detrás ninguna sanción social colectiva en la jerarquía o los deberes aristocráticos. Los nuevos principados habían extinguido la vitalidad cívica de las ciudades republicanas, pero no podían contar con la lealtad ni la disciplina de un campo señorializado. Así pues, a pesar de su modernismo aparentemente outré de medios y técnicas, de su famosa inauguración de la pura «política del poder» en cuanto tal, las signorie fueron, de hecho, intrínsecamente incapaces de generar la forma de Estado característica de la primera época moderna, el absolutismo monárquico unitario.

La confusa experiencia histórica de estos señoríos produjo la teoría política de Maquiavelo. Presentada convencionalmente como una cima de la Realpolitik moderna, que prefiguraba la práctica de las monarquías seculares de la Europa absolutista esa teoría era de hecho el programa idealizado de una signoria panitaliana, o quizá meramente centroitaliana, en vísperas de la sustitución histórica de esta forma política[34]. La inteligencia alerta de Maquiavelo era consciente de la distancia que había entre los estados dinásticos de España o Francia y las tiranías provinciales de Italia. Maquiavelo observó que la monarquía francesa estaba rodeada por una poderosa aristocracia y apoyada en una venerada legitimidad: sus rasgos distintivos eran la preeminencia de los «nobles» autónomos y de las «leyes» tradicionales. «[…] El rey de Francia está situado en medio de una multitud de señores de antiguas familias, reconocidos a su vez en el Estado por sus súbditos y amados por ellos: tienen sus preeminencias, y el rey no puede quitárselas sin peligrar él mismo […] El reino de Francia está regulado por leyes más que ningún otro de los que hoy tenemos conocimiento»[35]. Pero Maquiavelo no podía comprender que la fuerza de las nuevas monarquías territoriales radicaba, precisamente, en esta combinación de nobleza feudal y legalidad constitucional; creía que los parlements franceses eran una mera fachada real para la intimidación de la aristocracia y el apaciguamiento de las masas[36]. La aversión de Maquiavelo hacia la aristocracia era tan intensa y generalizada que declaraba a la nobleza terrateniente incompatible con cualquier orden político estable o viable: «Aquellos estados cuya vida política permanece incorrompida no permiten que ninguno de sus ciudadanos se haga noble o que viva según las costumbres de la nobleza […] Para aclarar este término, diré que por “nobles” se entienden aquellos que viven ociosamente de las abundantes rentas que producen sus propiedades, sin jugar ningún papel en la agricultura o en cualquier otra tarea necesaria para la vida. Esos hombres son perniciosos en cualquier república y en cualquier provincia; pero son todavía más maléficos aquellos que, además de las rentas de sus propiedades, controlan castillos y mandan en súbditos que les obedecen […] Los hombres de esta clase son enemigos absolutos de toda forma de gobierno cívico»[37]. Mirando con melancolía hacia las ciudades alemanas, que carecían de una periferia señorial[38], Maquiavelo conservaba cierto republicanismo nostálgico, alimentado por el recuerdo evanescente de la república de Soderini, a la que había servido, y por una vieja reverencia hacia la edad heroica de Roma, recordada por Tito Livio.

Pero el republicanismo de Maquiavelo en los Discursos es, en el fondo, sentimental y circunstancial, porque todos los regímenes políticos están dominados por un pequeño círculo de poder: «En todos los estados, sea cual fuese su tipo de gobierno, los verdaderos dirigentes nunca son más de cuarenta o cincuenta ciudadanos»[39]. La gran masa de la población situada por debajo de esa élite se preocupa sólo de su propia seguridad: «la inmensa mayoría de quienes piden libertad, desean meramente vivir con seguridad». Un gobierno con éxito siempre puede suprimir las libertades tradicionales si deja intactas la propiedad y la familia de sus súbditos; en todo caso, tendrá que promover sus actividades económicas, ya que éstas contribuirán a sus propios recursos. El príncipe «puede muy bien conseguir ser temido y no odiado; esto lo conseguirá siempre si se abstiene de robar la hacienda de sus ciudadanos y súbditos, y de robar sus mujeres»[40]. Estas máximas son ciertas con independencia del sistema político, principado o república. Las constituciones republicanas, sin embargo, están adaptadas únicamente para perdurar: pueden preservar el sistema político existente, pero no inaugurar uno nuevo[41]. Para edificar un Estado italiano capaz de resistir a los invasores bárbaros de Francia, Suiza y España, es necesaria la voluntad concentrada y la energía implacable de un único príncipe. La verdadera pasión de Maquiavelo radica aquí. Sus consejos se dirigen esencialmente al futuro arquitecto de un señorío peninsular, necesariamente parvenu. El Príncipe declara a su comienzo que examinará los dos tipos de principados, «hereditarios» y «nuevos», y nunca pierde de vista esta distinción. Pero la palpitante preocupación del tratado, que domina todo su contenido, es fundamentalmente la creación de un nuevo principado, tarea que Maquiavelo señala como la mayor hazaña que puede realizar cualquier gobernante: «Las cosas mencionadas, observadas prudentemente, hacen parecer a un príncipe nuevo, antiguo, y lo aseguran y afirman más rápidamente en el Estado que si hubiera sido antiguo. Porque un príncipe nuevo es mucho más observado en sus acciones que otro hereditario; y cuando las juzgamos grandes, atraen mucho más a los hombres y se los apegan mucho más que la propia antigüedad de la sangre […] Así tendrá una doble gloria»[42].

Este encubierto desequilibrio en el enfoque es evidente a lo largo de todo el libro. Así, Maquiavelo afirma que los dos fundamentos más importantes del gobierno son las «buenas leyes» y las «buenas armas»; pero añade inmediatamente que, como la coacción crea la legalidad, y no viceversa, considerará sólo la coacción. «Los principales fundamentos que pueden tener todos los Estados, tanto los nuevos como los antiguos o mixtos, son las buenas leyes y las buenas armas. Y como no puede haber buenas leyes donde no haya buenas armas, y donde hay buenas armas conviene que haya buenas leyes, dejaré para otra ocasión el razonar sobre las leyes y hablaré de las armas»[43]. En el pasaje quizá más famoso de El Príncipe, Maquiavelo repite el mismo y revelador deslizamiento conceptual. La ley y la fuerza son los modos respectivos de regir a los hombres y a los animales, y el Príncipe debe ser un «centauro», una mezcla de ambos. Pero en la práctica la «combinación» principesca de la que se ocupa Maquiavelo no es la del centauro, medio hombre y medio animal, sino —a causa de un inmediato deslizamiento— la de dos animales, el «león» y la «zorra», la fuerza y el fraude. «[…] Hay dos maneras de combatir: una con las leyes y otra con la fuerza; la primera es propia del hombre, la segunda lo es de los animales; pero como muchas veces la primera no basta, conviene recurrir a la segunda. Por tanto, a un príncipe le es necesario saber hacer buen uso de una y otra. Esto es lo que con palabras encubiertas enseñaron a los príncipes los antiguos autores, los cuales escribieron que Aquiles y muchos otros príncipes de la Antigüedad fueron confiados en su niñez al centauro Quirón, para que los custodiara bajo su disciplina. Tener por preceptor a un maestro mitad bestia y mitad hombre no quiere decir otra cosa sino que un príncipe necesita saber usar una y otra naturaleza, y que la una sin la otra no es duradera. Así pues, viéndose un príncipe en la necesidad de saber obrar competentemente según la naturaleza de los animales, debe entre ellos imitar a la zorra y al león […]»[44]. El temor de sus súbditos es preferible siempre a su afecto; para controlarlos, la violencia y el engaño son superiores a la legalidad. «Porque de los hombres en general se puede decir esto: que son ingratos, volubles, simuladores y disimulados que huyen de los peligros y están ansiosos de ganancias […] el amor se retiene por el vínculo de la gratitud, el cual, debido a la perversidad de los hombres, es roto en toda ocasión de propia utilidad; pero el temor se mantiene con un miedo al castigo que no abandona a los hombres nunca»[45].

Estos preceptos sumarios eran, en efecto, las recetas caseras de las pequeñas tiranías italianas; estaban muy lejos de las realidades de las estructuras ideológicas y políticas mucho más complejas del poder de clase de las nuevas monarquías de Europa occidental. Maquiavelo no entendió la inmensa fuerza histórica de la legitimidad dinástica, en la que estaba afincado el nuevo absolutismo. Su mundo era el de los aventureros fugaces y el de los tiranos arribistas de las signorie italianas su modelo, César Borgia. El resultado del estudiado «ilegitimismo» del enfoque de Maquiavelo fue su famoso «tecnicismo», la defensa de los medios sin sanción de carácter moral para la obtención de los fines políticos convencionales, disociados de imperativos o límites éticos. La conducta del príncipe sólo puede ser un catálogo de perfidia y crimen, una vez que se han disuelto todas las bases sociales y jurídicas estables del poder, que han desaparecido la solidaridad y la lealtad aristocráticas. Para las épocas posteriores, esta separación entre la ideología feudal o religiosa y el ejercicio práctico del poder, aparecía como el secreto, y la grandeza, de la modernidad de Maquiavelo[46]. Pero, de hecho, su teoría política, aparentemente tan moderna en su intención de racionalidad clínica, carecía significativamente de un concepto seguro y objetivo del Estado. En sus escritos hay una constante vacilación de vocabulario, en el que se alternan con indecisión los términos de città, governo, republica o stato, pero en el que todos tienden a subordinarse al concepto que da nombre a su obra central: el «príncipe», que puede ser señor tanto de una «república» como de un «principado»[47]. Maquiavelo nunca distinguió por completo entre el soberano personal, que en principio se podía situar en cualquier parte a voluntad (César Borgia y sus equivalentes), y la estructura impersonal de un orden político con estabilidad territorial[48]. La interconexión funcional entre ambos en la época del absolutismo era bastante real, pero Maquiavelo, al no captar el vínculo social necesario entre la monarquía y la nobleza que constituía su mediación, tendió a reducir la noción de Estado a la de propiedad pasiva de un príncipe individual, ornamento accesorio de su poder. La consecuencia de este voluntarismo es la curiosa paradoja central de la obra de Maquiavelo: su constante denuncia de los mercenarios y su enérgica defensa de una milicia urbana como única organización militar capaz de ejecutar los proyectos de un príncipe fuerte, que pudiera ser el creador de una nueva Italia. Este es el tema de la vibrante llamada final de su obra más célebre, dirigida a los Médici: «Los mercenarios y las tropas auxiliares son inútiles y peligrosos […] condujeron a Italia a la esclavitud y al envilecimiento […] Si quiere, pues, Vuestra Ilustre Casa imitar a los insignes varones que libraron sus provincias, es necesario, antes que cualquier cosa, como verdadero fundamento de toda empresa, proveerse de ejércitos propios»[49]. Maquiavelo dedicaría después El arte de la guerra a defender una vez más su razonamiento militar a favor de la formación de un ejército de ciudadanos, razonamiento adobado con todos los ejemplos de la Antigüedad.

Maquiavelo creía que los mercenarios eran la causa de la debilidad política italiana, y en su calidad de secretario de la república había intentado armar a los campesinos locales para la defensa de Florencia. Naturalmente, los mercenarios fueron la condición previa de los nuevos ejércitos reales más allá de los Alpes, mientras que sus milicias neocomunales fueron derrotadas por tropas regulares con la mayor facilidad[50]. La razón de su error militar procedía, sin embargo, del núcleo de su pensamiento político. En efecto, Maquiavelo confundía el sistema europeo de mercenarios con el sistema italiano de condottieri; la diferencia consistía precisamente en que los condottieri italianos poseían sus propios soldados, subastándolos o llevándolos de un sitio a otro en las guerras locales, mientras que los monarcas de más allá de los Alpes formaban o contrataban a los cuerpos mercenarios directamente bajo su propio control, para constituir la vanguardia de ejércitos permanentes y profesionales. La mezcla del concepto de Estado de Maquiavelo, como propiedad adventicia del Príncipe, con su aceptación de los aventureros como príncipes, fue lo que le condujo al error de pensar que los volátiles condottieri eran característicos de la guerra mercenaria en Europa. Lo que Maquiavelo no supo apreciar fue el poder de la autoridad dinástica, enraizada en una nobleza feudal, que convertía el uso de tropas mercenarias reales no sólo en algo más seguro, sino superior a cualquier otro sistema militar entonces posible. La incongruencia lógica de una milicia ciudadana bajo una tiranía usurpadora, como fórmula para la liberación de Italia, es únicamente el signo desesperado de la imposibilidad histórica de una signoria peninsular. Aparte de eso, sólo quedaban las recetas banales de engaño y ferocidad a las que se ha llegado a dar el nombre de maquiavelismo[51]. Esos consejos del secretario florentino eran tan sólo una teoría de la debilidad política: su tecnicismo era un empirismo inconsciente, incapaz de descubrir las causas sociales más profundas de los hechos que narraba, y confinado a su vana, superficial, mefistofélica y utópica manipulación.

Así pues, la obra de Maquiavelo refleja fundamentalmente, en su estructura interna, el callejón sin salida de las ciudades-Estado italianas en vísperas de su absorción. Es la mejor guía hacia su definitivo final. Como veremos, en Rusia y en Prusia aparecía un superabsolutismo sobre un vacío de ciudades. En Italia y en la Alemania situada al oeste del Elba, la densidad de ciudades produjo una especie de «microabsolutismo», una proliferación de pequeños principados que cristalizó las divisiones del país. Estos estados en miniatura no estaban en condiciones de resistir a las vecinas monarquías feudales, y muy pronto la península se vio obligada por los conquistadores extranjeros a adoptar las normas europeas. Francia y España se pusieron de acuerdo para su control, en las primeras décadas de su respectiva integración política, a finales del siglo XV. Italia, incapaz de producir un absolutismo nacional desde dentro, se vio condenada a sufrir uno extranjero desde fuera. En el medio siglo que va desde la marcha de Carlos VIII sobre Nápoles, en 1494, hasta la derrota de Enrique II en San Quintín, en 1557, los Valois fueron tenidos a raya por los Habsburgo, y el premio recayó en España. El dominio español, anclado en Sicilia, Nápoles y Milán, coordinó a la península y domesticó al papado bajo la bandera de la Contrarreforma. Paradójicamente, el avance económico del norte de Italia la condenó después a un largo ciclo de atraso político. El resultado final, una vez consolidado el poder de los Habsburgo, fue el retroceso económico: la ruralización de los patriciados urbanos, que en su decadencia abandonaron las finanzas y las manufacturas por las inversiones en tierras. De ahí las «cien ciudades del silencio» a las que Gramsci se refiere una y otra vez[52]. Por una curiosa compresión de épocas históricas, sería finalmente la monarquía piamontesa la que conseguiría la unificación nacional en la era de las revoluciones burguesas en Occidente. De hecho, Piamonte aportó la base lógica para esta unificación porque solo allí había aparecido un absolutismo riguroso y autóctono, directamente basado sobre una nobleza feudal en una formación social dominada por la servidumbre. El Estado construido por Manuel Filiberto y Carlos Manuel en Saboya era económicamente rudimentario en comparación con Venecia o Milán, pero precisamente por esta razón sería el único núcleo territorial capaz de un posterior avance político.

Su posición geográfica a caballo de los Alpes fue decisiva para este destino excepcional. Esa posición significó, en efecto, que Saboya pudo mantener su autonomía y ampliar sus fronteras durante tres siglos, aliándose con las dos grandes potencias del continente en la lucha con las otras; primero con Francia contra España, y después con Austria contra Francia. En 1460, en vísperas de las invasiones extranjeras que cerraron el Renacimiento, Piamonte era el único Estado independiente de Italia con un influyente sistema de Estados[53], naturalmente a causa de que era quizá la formación social más feudal de la península. Los Estados estaban organizados en un sistema tricurial convencional, dominado por la nobleza. Las rentas de los duques dirigentes eran pequeñas, y su autoridad limitada, aunque el clero —que poseía un tercio de la tierra— era normalmente su aliado. Los Estados se negaron a conceder subsidios para un ejército permanente. Así, en la década de 1530 las tropas francesas y españolas ocuparon las zonas occidental y oriental de Piamonte, respectivamente. En la zona francesa, los Estados se mantuvieron como états provinciales del reino Valois, mientras que en la española fueron suprimidos desde 1555. La administración francesa reorganizó y modernizó el arcaico sistema político local; el beneficiario de su obra fue el duque Manuel Filiberto. Educado en España y combatiente en Flandes, este aliado de los Habsburgo y vencedor en San Quintín recuperó todo su patrimonio con el tratado de Cateau-Cambrésis. El enérgico y autoritario duque —Testa di Ferro para sus contemporáneos— convocó por última vez los Estados en 1560, obtuvo un amplio subsidio para un ejército permanente de 24.000 hombres, e inmediatamente los disolvió para siempre. A partir de entonces se conservaron y desarrollaron las innovaciones institucionales de los treinta años de dominio Valois: Consejo de Estado ejecutivo, parlamentos judiciales, lettere di giussione reales (esto es, lits de justice), código legal único, moneda única y reorganización de las finanzas, legislación suntuaria. Manuel Filiberto, que quintuplicó sus ingresos, creó una corte nobiliaria, nueva y leal, por medio de una hábil distribución de títulos y cargos. Bajo el gobierno de un duque que fue uno de los primeros soberanos de Europa en proclamarse libre de todas las restricciones legislativas —Noi, come principi, siamo da ogni legge sciolti e liberi—[54], Piamonte se dirigió rápidamente hacia una temprana centralización principesca.

En adelante, la dinastía piamontesa tendió siempre a apropiarse los mecanismos y las formas políticas del absolutismo francés, aunque resistiendo su absorción territorial en éste. El siglo XVII presenció, sin embargo, recaídas prolongadas en anárquicas guerras civiles y luchas nobiliarias —graves y largos ecos de la Fronda— bajo varios gobernantes débiles. Los múltiples enclaves y las fronteras inciertas del Estado en una zona tapón de Europa impidieron un control ducal firme de las mesetas alpinas. El avance hacia un absolutismo centralizado fue reanudado decisivamente por Víctor Manuel II a principios del siglo XVIII. Un hábil cambio de alianzas en la guerra de sucesión española, de Francia a Austria, aseguró a Piamonte el condado de Montferrat y la isla de Cerdeña, y el reconocimiento europeo de su elevación de ducado a monarquía. Víctor Manuel, sinuoso en la guerra, aprovechó la paz para instalar una administración rígida, según el modelo de Colbert, completada con un sistema de consejos y de intendants. Además, eliminó el carácter feudal de amplias áreas de tierra nobiliaria por medio de un nuevo registro catastral —la perequazione de 1731—, aumentando así los ingresos fiscales, ya que las propiedades alodiales estaban sujetas a contribución[55]; construyó una gran estructura militar y diplomática en la que se integró la aristocracia; eliminó las inmunidades clericales y sometió a la Iglesia; en fin, llevó a cabo un enérgico mercantilismo proteccionista, que incluía el desarrollo de carreteras y canales, la promoción de manufacturas para la exportación y la construcción de una capital mayor en Turín. Su sucesor, Carlos Manuel III, se alió hábilmente con Francia contra Austria en la guerra de sucesión polaca, para conseguir una parte de la llanura lombarda, y, posteriormente, con Austria contra Francia en la guerra de sucesión austríaca, para conservarla. El absolutismo piamontés fue, por tanto, uno de los más coherentes y afortunados de esta época. Como los otros dos experimentos de un absolutismo fuerte y modernizado que tuvieron lugar en el sur —los regímenes de Tanucci en Nápoles y de Pombal en Portugal— estaba cronológicamente retrasado: su cima creadora llegó en el siglo XVIII y no en el XVII. Pero, por lo demás su modelo fue muy similar a los de sus más importantes mentores. Efectivamente, en la época de su apogeo el absolutismo piamontés gastaba proporcionalmente más en su ejército —un cuerpo profesional bien entrenado— que cualquier otro Estado de Europa occidental[56]. Este aparato militar aristocrático le sería de un valor inestimable en el futuro.

7. SUECIA

El repentino ascenso de un absolutismo sueco en los primeros años del siglo XVI, pasando prácticamente sin transición del primer tipo «medieval» al primer tipo «moderno» de Estado feudal, no tuvo ningún equivalente en Europa occidental. La aparición del nuevo Estado fue precipitada desde el exterior. En 1520, el nuevo rey danés, Cristián II, marchó con un ejército sobre Suecia para imponer allí su autoridad, derrotando y ejecutando a la facción oligárquica de los Stura, que habían gobernado de facto al país como una regencia local durante los últimos años de la Unión de Kalmar. La perspectiva de una fuerte monarquía extranjera imponiéndose sobre Suecia unió a la aristocracia local y a algunos sectores del campesinado independiente tras un noble usurpador, Gustavo Vasa, que se levantó contra el dominio danés y estableció su propio gobierno sobre el país tres años después, con ayuda de Lübeck, enemigo y rival hanseático de Dinamarca. Gustavo, una vez instalado en el poder, procedió rápida y enérgicamente a echar las bases de un firme Estado monárquico en Suecia,

Su primer y decisivo movimiento fue poner en marcha la expropiación de la Iglesia, bajo la oportuna bandera de la Reforma. Este proceso, iniciado en 1527, fue completado eficazmente en 1544, cuando Suecia se convirtió oficialmente en un país luterano. La Reforma de Vasa fue, sin duda alguna, la mejor operación económica de su clase realizada por ninguna dinastía en Europa. Porque, en contraste con los desperdiciados resultados de la confiscación de los monasterios por los Tudor, o de la secularización de las tierras eclesiásticas por los príncipes germanos, prácticamente todo el aluvión de propiedades eclesiásticas pasó en bloc a la monarquía sueca. Gracias a estas confiscaciones, Gustavo quintuplicó las tierras reales, además de anexionarse dos tercios de los diezmos previamente impuestos por los obispos a la población, y de apoderarse de inmensos tesoros de plata procedentes de iglesias y monasterios[1]. Por medio de la explotación de las minas de plata, del fomento de las exportaciones de hierro y de la supervisión minuciosa de las rentas e ingresos de su reino, Gustavo acumuló antes de su muerte un inmenso excedente, sin un incremento similar de los impuestos. Simultáneamente, amplió el aparato administrativo real para la dirección del país, triplicando el número de funcionarios y poniendo a prueba una burocracia central diseñada para él por consejeros alemanes. Las autonomías regionales de los turbulentos distritos mineros de Dalarna fueron suprimidas, y en Estocolmo se estableció una guarnición permanente. La nobleza, cuya rivalidad económica con el clero se había utilizado para asociarla a la expropiación de las tierras de la Iglesia, recibió cada vez menos el simple feudo de caballero, el viejo lan på tjanst, y se le confirió cada vez más el nuevo förlaning, una especie de beneficio semiministerial de alcance más limitado, que se reducía a la asignación de rentas reales específicas para específicos nombramientos administrativos. Esta medida centralizadora no enemistó a la aristocracia, que mostró una solidaridad de fondo con el régimen a lo largo de todo el gobierno de Gustavo, intensificada con la derrota de las rebeliones campesinas en Dalarna (1527) y Småland (1543-44), y con la humillación militar de Lübeck. El tradicional råd de los magnates se mantuvo en función de consejo para asuntos de importancia política, pero quedó excluido de la administración diaria. La innovación fundamental de la maquinaria política de los Vasa fue el uso constante, en la primera parte del reinado de Gustavo, de la Asamblea de Estados o Riksdag, que fue convocada repetidamente para legitimar los actos de la nueva dinastía, dando un sello de aprobación popular a la política de la monarquía. A este respecto, la hazaña más importante de Gustavo fue asegurar en 1544 la aceptación por los Estados reunidos en Västerǎs del principio de que la monarquía ya no podía ser electiva por más tiempo, sino que habría de ser hereditaria en la casa de los Vasa[2].

Los hijos de Gustavo I, Erik XIV y Juan, heredaron, pues, un Estado firme, aunque algo primitivo, que había mantenido relaciones cordiales con la aristocracia, imponiéndole pocas cargas y no dañando sus privilegios. Erik XIV, que sucedió a Gustavo en 1560, reformó y amplió el ejército, intensificando las obligaciones de servicio militar de la nobleza. Creó también un nuevo sistema de títulos, confiriendo a los magnates los rangos de conde y barón, e invistiéndolos con los feudos hereditarios clásicos. En el exterior, su reinado inauguró el expansionismo sueco en el norte del Báltico. Con el inminente colapso de la Orden de los Caballeros de Livonia ante el ataque ruso, y la intervención de Polonia para asegurar su herencia, Suecia ocupó Reval, al otro lado del golfo de Finlandia. A esto siguió una lucha confusa e intrincada entre las potencias del Báltico por controlar Livonia. En 1568, Erik XIV —víctima de sospechas violentas por parte de los principales magnates— fue depuesto por desequilibrado. Su hermano Juan III, que le sucedió, prosiguió la guerra de Livonia con mayor éxito gracias a un cambio de alianzas a favor de Polonia contra Rusia A finales de la década de 1570, las fuerzas polacas empujaron a os ejércitos de Iván IV hasta Pskov, mientras las tropas suecas conquistaban Estonia: las bases de un imperio exterior sueco estaban echadas. En el interior se producía, mientras tanto una carrera acelerada tras los beneficios farläningar, que la monarquía confiaba cada vez más a funcionarios y administradores arribistas, hasta el punto de que en 1590 solo un tercio de ellos estaba en manos de la nobleza[3]. Así pues, y a pesar de los éxitos de los Vasa en la guerra de Livonia, las fricciones entre la monarquía y la aristocracia crecían a ojos vistas hacia finales de siglo. La subida al trono del hijo católico de Juan III Segismundo, en 1592, precipitó inmediatamente un periodo de conflictos religiosos y políticos agudos, que amenazaron la estabilidad del Estado real. Segismundo, partidario devoto de la Contrarreforma, había sido elegido rey de Polonia cinco años antes, a causa, en parte, de los lazos dinásticos de los Vasa por matrimonios con la ya extinta línea de los Jagellón. Obligado por la nobleza sueca, como condición para ser aceptado a respetar el luteranismo en Suecia y a abstenerse de toda unificación administrativa de sus dos reinos, Segismundo residió durante diez años en Polonia, como monarca ausente. En este período, gobernaron Suecia su tío Carlos, duque de Sodermanland, y el råd de los magnates. Segismundo fue mantenido lejos de su reino del norte por un acuerdo entre el duque y a nobleza. El poder concentrado por Carlos, cada vez más arbitrario, le enemistó finalmente con la alta aristocracia, que se unió a Segismundo cuando éste volvió en 1604 para recuperar su patrimonio de la usurpación de su tío. La confrontación armada resultante terminó con la victoria del duque, muy favorecido por la propaganda antipapal contra Segismundo, a quien se presentó como una amenaza de recatolización de Suecia.

La toma del poder por el duque —convertido ahora en Carlos IX — quedó sellada con la matanza legal de los magnates constitucionalistas del råd que se habían puesto del lado del contendiente vencido en el conflicto dinástico. La represión y la neutralización del råd por Carlos IX fue acompañada, significativamente, por frenéticas convocatorias del Riksdag, que se mostró una vez más como un instrumento dócil y manipulable del absolutismo sueco. La nobleza fue mantenida a distancia de la administración central, a la vez que se aumentaban sus obligaciones militares. Para calmar el disgusto y el desprecio aristocrático por su usurpación, el rey distribuyó a los nobles las tierras confiscadas a los magnates de la oposición que habían abandonado el país con Segismundo, y les concedió una más amplia participación en los forläningar[4]. Pero a su muerte, en 1611, el grado de tensión y de recelo entre la dinastía y la aristocracia, que había crecido a lo largo de los años, se reveló con toda claridad. La nobleza aprovechó inmediatamente la oportunidad de una minoría real para imponer en 1612 una Carta que condenaba formalmente las ilegalidades del pasado reino, restablecía el poder del råd sobre los impuestos y los asuntos de Estado, garantizaba la primacía nobiliaria en los nombramientos para la burocracia y aseguraba la posesión del cargo y de salarios fijos a los funcionarios del Estado. El reinado de Gustavo Adolfo comenzó, pues, con un pacto constitucional, cuidadosamente destinado a impedir la repetición de la tiranía de su padre. De hecho, Gustavo Adolfo no mostró ninguna inclinación de volver a una cruda autocracia real. Su gobierno, por el contrario, presenció la reconciliación e integración de la monarquía y la nobleza: el aparato de Estado dejó de ser un rudimentario patrimonio dinástico, a medida que la aristocracia se alistaba colectivamente en la administración y el ejército, modernos y poderosos, construidos ahora en Suecia. El gran canciller de Gustavo Adolfo, Oxenstierna, reorganizó todo el sistema ejecutivo en cinco colegios centrales, dirigidos por burócratas de la nobleza. El råd se convirtió en un Consejo Privado de carácter regular para deliberar sobre la política pública. Los procedimientos legislativos y la composición del Riksdag se codificaron en 1617; una ordenanza dividió legalmente a la aristocracia en tres grados y le concedió una cámara especial o Riddarhus, en 1626, que en adelante pasó a ser el foco dominante de la asamblea de los Estados. El país se dividió en 24 unidades provinciales (llamadas formalmente lan), a cuyo frente se instaló un landhövding o gobernador escogido entre la nobleza[5]. Se impulsó un sistema educativo modernizado, a la vez que la ideología oficial exaltaba la ascendencia étnica de la clase dirigente sueca, cuyos antepasados «godos» habían dominado en otro tiempo Europa. Mientras tanto, los gastos de la flota se multiplicaron por seis durante el reinado de Gustavo Adolfo, y el número de soldados nativos se cuadruplicó[6]. Esta profunda racionalización y este nuevo vigor del absolutismo sueco en el interior proporcionaron la plataforma para la expansión militar de Gustavo Adolfo en el exterior.

Librándose de la desafortunada guerra con Dinamarca, que había heredado de Carlos IX, por la firma de una paz costosa al comienzo de su reinado, el rey concentró sus objetivos iniciales en el teatro del Báltico norte, donde Rusia estaba aún sacudida por el «período de trastornos», y su hermano Carlos Felipe casi se había instalado como zar con el apoyo de los boyardos y de los cosacos. Pronto obtuvo ganancias territoriales a expensas de los rusos. Por el tratado de Stolbova, en 1617, Suecia adquirió Ingria y Karelia, lo que le daba el dominio absoluto del golfo de Finlandia. Cuatro años más tarde, Gustavo Adolfo arrebató Riga a Polonia. En 1625-26, los ejércitos suecos arrollaron a las fuerzas polacas en Livonia, conquistando toda la región. La operación siguiente fue un ataque anfibio sobre la misma Polonia, de la que todavía era soberano Segismundo. Fueron tomados los enclaves estratégicos de acceso a la Prusia oriental, con la anexión de Memel, Pillau y Elbing, y a partir de entonces se impusieron fuertes peajes sobre el comercio de grano del Báltico sur. La conclusión de la campaña polaca en 1629 fue seguida inmediatamente por la entrada sueca en Pomerania en 1630, con lo que se inauguró la trascendental intervención de Gustavo Adolfo en la lucha por Alemania durante la guerra de los Treinta Años. En ese momento, la fuerza total del aparato militar sueco comprendía unos 72.000 hombres, de los que algo más de la mitad eran soldados nativos. Los planes bélicos para 1630 contemplaban el despliegue de 46.000 hombres para la expedición a Alemania, pero nunca se alcanzó esta me ta[7]. A pesar de ello, Gustavo Adolfo condujo victoriosamente a sus ejércitos, en dos cortos años, dibujando un gran arco desde Brandemburgo hasta Baviera a través de Renania, con lo que hizo saltar las posiciones de los Habsburgo en el imperio. A la muerte del rey, en 1632, en el victorioso campo de batalla de Lutzen, Suecia era el árbitro de Alemania y la potencia dominante en todo el norte de Europa.

¿Qué hizo posible esta subida meteórica del absolutismo sueco? Para entender su naturaleza y su dinámica es necesario volver la mirada hacia los rasgos distintivos de la Escandinavia medieval, más arriba esbozados. La particularidad fundamental de la formación social sueca en vísperas de la época Vasa era la feudalización notablemente incompleta de las relaciones de producción de su economía rural. A principios del siglo XVI ocupaba todavía la mitad de la tierra cultivada un campesinado de pequeños arrendatarios de tipo prefeudal. Esto no significa, sin embargo, que Suecia «nunca conoció el feudalismo», como se afirma con frecuencia[8], porque la otra mitad de la agricultura sueca era un complejo real-clerical-nobiliario, en el que se extraía excedente por medios feudales convencionales de un campesinado dependiente. Aunque los arrendatarios de este sector nunca estuvieron sometidos jurídicamente a la servidumbre, mediante coacción extraeconómica se obtenían de ellos rentas y servicios según los métodos usuales en toda Europa occidental durante este período. El sector predominante en la economía sueca a lo largo de esta época era, pues, la agricultura específicamente feudal, porque si bien había una igualdad aproximada de tierras cultivadas entre los dos sectores, puede darse por supuesto con seguridad que la productividad y el producto total eran en general mayores en las grandes propiedades reales y nobiliarias, como ocurría en Europa occidental. Por otra parte, el atraso extremo del conjunto de la economía era, a primera vista, su característica más significativa en una perspectiva comparativa. Menos de la mitad del suelo era susceptible de cultivo con arado. La cebada constituía la abrumadora mayor parte de la cosecha de grano. La consolidación de las reservas señoriales era muy limitada: a mediados del siglo XVII sólo un 8 por 100 de las fincas eran unidades señoriales[9]. Además, la enorme extensión de la pequeña producción en las aldeas significaba que el índice de comercialización en la agricultura era probablemente el más bajo de todo el continente. Una economía natural prevalecía en vastas zonas del país, hasta tal punto que en fecha tan tardía como 1570 sólo el 6 por 100 de los ingresos reales —impuestos y rentas— se pagaban en moneda, y la mayor parte de los cargos estatales se remuneraban igualmente en especie[10]. En estas condiciones, con la temperatura del intercambio monetario todavía bajo cero, no había posibilidad de un florecimiento de la economía urbana. Las ciudades suecas eran pocas y débiles, en su mayor parte fundadas y pobladas por alemanes; el comercio extranjero era prácticamente un monopolio de los mercaderes hanseáticos. Prima facie, esta configuración parece notablemente inapropiada para la repentina y triunfante aparición de un absolutismo moderno. ¿Cuál es la explicación del éxito histórico del Estado Vasa?

La respuesta a esta pregunta nos lleva al núcleo del carácter específico del absolutismo sueco. La centralización del poder real en los siglos XVI y XVII no fue una respuesta a la crisis de la servidumbre ni a la desintegración del sistema señorial provocadas por el intercambio de mercancías y la diferenciación social en las aldeas. Tampoco fue un reflejo indirecto del crecimiento de un capital mercantil local, ni de una economía urbana. Su impulso inicial le llegó desde fuera: la amenaza de un riguroso dominio danés fue lo que movilizó a la nobleza sueca tras Gustavo I, y el capital de Lübeck fue quien financió su esfuerzo bélico contra Cristián II. Pero la coyuntura de la dé cada de 1520 no constituye la matriz fundamental del absolutismo sueco, que debe buscarse en la relación triangular de las fuerzas de clase dentro del propio país. El modelo social básico y determinante que existe tras esa relación puede resumirse, para nuestro propósito, en una breve fórmula: la constelación occidental típica en la primera época moderna fue un absolutismo aristocrático, edificado sobre los fundamentos sociales de un campesinado no servil y de unas ciudades ascendentes; la constelación típica en el Este fue un absolutismo aristocrático erigido sobre los fundamentos de un campesinado servil y de unas ciudades subyugadas. El absolutismo sueco, por el contrario, se construyó sobre una base única porque —a causa de las razones más arriba señaladas— combinó un campesinado libre con unas ciudades insignificantes. En otras palabras, un conjunto de dos variables «contradictorias», que se cruzan sobre la principal división del continente. En las sociedades abrumadoramente rurales de la época, el primer término de la peculiar constelación sueca —un campesinado personalmente libre— era «dominante», y aseguraba la convergencia fundamental de la historia sueca, desde un punto de partida muy diferente, con la de la Europa occidental y no con la de la oriental. Pero su segundo término —la insignificancia de las ciudades, corolario a su vez de la pervivencia de un amplio sector campesino nunca explotado por medio de los mecanismos feudales ortodoxos de extracción de excedente— era suficiente para dar a la naciente estructura estatal de la monarquía sueca su forma distintiva. En efecto, aunque en cierto sentido la nobleza fuese mucho menos prepotente en el campo que sus equivalentes de los otros países de Europa occidental, también estaba mucho menos limitada objetivamente por la presencia de una burguesía urbana. Había pocas posibilidades de una inversión radical de la posición del campesinado, porque el equilibrio de fuerzas sociales en la economía rural se inclinaba con demasiada fuerza contra la posibilidad de una implantación violenta de la servidumbre. Las profundas raíces y la amplia expansión de la propiedad campesina independiente la hacían imposible, especialmente porque la misma extensión de este sector reducía simultáneamente el número de nobles a un nivel excepcionalmente bajo. Debe recordarse que la aristocracia sueca, a lo largo de todo el primer siglo de la soberanía de los Vasa, era una clase social muy pequeña en comparación con las europeas. En 1611 contaba alrededor de unas 400 o 500 familias sobre una población de 1.300.000 habitantes, pero al menos entre la mitad y los dos tercios de éstas correspondían a rústicos modestos y bucólicos, o knapar, cuyos ingresos diferían muy poco de los de los campesinos prósperos. Cuando Gustavo Adolfo estableció una Riddarhusordning para fijar legalmente los límites de todo el estamento, sólo 126 familias cumplieron en el año 1626 los requisitos para ser admitidas en él[11]. Entre 25 y 30 de estas familias constituían el grupo interior de magnates del que salían tradicionalmente los consejeros del råd. La masa fundamental de la aristocracia sueca de esta época fue siempre estructuralmente inadecuada para un asalto frontal contra el campesinado. Al mismo tiempo, no existía ninguna amenaza burguesa contra su monopolio del poder político. El orden social sueco fue, pues, insólitamente estable mientras no se ejercieron sobre él presiones exteriores.

Fueron precisamente estas presiones, como ya se ha dicho, las que precipitaron la llegada inicial del régimen de los Vasa. En este momento comenzó a ser importante una nueva característica de la situación sueca. Durante la Edad Media nunca había existido una jerarquía feudal articulada dentro de la nobleza, con una segmentación completa de la soberanía o cadenas de subinfeudación. El mismo sistema de feudos fue tardío e imperfecto. Nunca se desarrolló, por tanto, un separatismo feudal o de potentados territoriales del tipo occidental. Y debido precisamente a que el sistema de vasallaje era reciente y poco profundo, nunca produjo divisiones regionales fuertes entre la escasa nobleza sueca. La primera aparición, verdadera de un poder provincial fue, en realidad, una creación posterior de la propia monarquía unitaria, y no un obstáculo anterior a ésta: las heredades ducales de Finlandia, Ostergötland y Sodermanland dejadas por Gustavo Vasa en su testamento a sus hijos pequeños, y que desaparecieron en el siglo siguiente[12]. La consecuencia de todo lo anterior fue que mientras la necesidad interna de un absolutismo centralizado no era grande —debido a que la presión sobre el campesinado era imposible y el control de las ciudades no era difícil—, los obstáculos con que tropezó dentro de la clase dominante terrateniente tampoco lo fueron. Una nobleza pequeña y compacta se podía adaptar con relativa facilidad a una monarquía centralizada. La baja presión característica de la estructura de clase básica que subyace al absolutismo sueco y determina su forma y su evolución, se hizo evidente en el singular papel del sistema de Estados. Por una parte, el Riksdag era políticamente único al incluir a un específico estamento campesino dentro de su sistema de cuatro curias, lo que carecía de paralelo en cualquier otro país de Europa. Por otra parte, el Riksdag y, sobre todo, los delegados campesinos, formaron un organismo curiosamente pasivo a lo largo de esta época, desprovisto de iniciativa legislativa, y respondiendo complacientemente a todas las peticiones reales. Así, los Vasa recurrieron con tanta frecuencia al Riksdag, que su gobierno se ha descrito sin paradoja como un compendio del «absolutismo parlamentario», porque prácticamente todos los incrementos importantes del poder real, desde la confiscación de las tierras de la Iglesia por Gustavo I en 1527 hasta la proclamación del derecho divino por Carlos XI en 1680, fueron legitimados solemnemente por una asamblea leal. La resistencia aristocrática a la monarquía se concentraba casi siempre en el råd —descendiente directo de la curia regis medieval— y no en el Riksdag, donde el soberano reinante podía manipular normalmente a los estamentos no nobiliarios contra la nobleza, en el caso de que surgiese entre ambos algún conflicto[13]. El Riksdag, que era, a primera vista, una institución muy audaz para su tiempo, resultó de hecho notablemente inocuo. En este período, la monarquía nunca tuvo ninguna dificultad para utilizarlo en favor de sus propios objetivos políticos. Otro reflejo complementario de la misma situación social básica de docilidad de los Estados puede encontrarse en el ejército, porque, precisamente a causa de la existencia de un campesinado independiente, sólo el Estado sueco podía mantener en la Europa renacentista un ejército con servicio obligatorio. El decreto por el que Gustavo Vasa creó el sistema utskrivning de reclutamiento rural en 1544 nunca provocó el riesgo de una posible jacquerie, porque los soldados así reclutados nunca habían sido siervos; su condición legal y material era compatible con la lealtad en el campo de batalla.

Pero aún queda el problema de saber cómo adquirió el absolutismo sueco no sólo los instrumentos político-ideológicos, sino también los recursos militares necesarios para su proyección europea, con una población que a principios del siglo XVII no pasaba de los 900.000 habitantes. En este punto, no puede eludirse la ley general de que un absolutismo viable presupone un nivel sustancial de monetarización, que una economía rural y natural parece excluir. En Suecia, sin embargo, existía un enclave crucial de producción mercantil, cuyos beneficios desproporcionados compensaron la deficiente comercialización de la agricultura y suministraron la fortuna del Estado de los Vasa en su fase de expansión exterior. Este enclave lo constituían la riqueza de mineral de hierro y los depósitos cupríferos de Bergslagen. La minería ocupó siempre una posición especial en las economías de transición en los albores de la Europa moderna, no sólo porque representó durante largo tiempo la mayor concentración de trabajadores en una sola forma de empresa, sino porque fue siempre el punto de apoyo de la economía monetaria por su producción de metales preciosos, aunque no implicara por sí misma necesariamente un nivel avanzado del proceso manufacturero o de la demanda del mercado. Por otra parte, la tradición de los derechos regios sobre el subsuelo en la Europa feudal significaba que, a menudo, pertenecían al príncipe de una u otra forma. El cobre y el mineral de hierro suecos pueden compararse, por tanto, con la plata y el oro españoles por su impacto sobre el absolutismo local. Ambos permitieron la combinación de un Estado poderoso y agresivo con una forma social carente de una gran riqueza agraria y de dinamismo mercantil. Naturalmente, Suecia estaba más desprovista de ambos que España. La cima de la expansión del cobre en Suecia estuvo directamente ligada al colapso de la moneda de plata en Castilla, porque la emisión del nuevo vellón de cobre por Lerma, en la devaluación de 1599, fue lo que creó una altísima demanda internacional de la producción de la Kopparberg de Falun. Gustavo Adolfo impuso fuertes peajes sobre las minas de cobre, organizó una compañía real para la exportación con objeto de acaparar el suministro y fijar los niveles de precios, y obtuvo amplios créditos holandeses para sus guerras, concedidos contra sus activos mineros. Aunque el vellón fue suprimido en 1626, Suecia continuó poseyendo un monopolio virtual del cobre en toda Europa. Mientras tanto, la industria del hierro progresó rápidamente, quintuplicando su producción hacia finales del siglo XVII, en que alcanzó la mitad de todas las exportaciones[14]. Por otra parte, tanto el cobre como el hierro no eran tan sólo fuentes directas de ingresos monetarios para el Estado absolutista; eran también los materiales indispensables para su industria de armas. Los cañones de bronce eran el arma de artillería decisiva en esta época, y todos los demás tipos de armamento exigían un hierro de alta calidad. Con la llegada del legendario empresario valón Louis de Geer en la década de 1620, Suecia poseyó muy pronto uno de los mayores complejos de fabricación de armas de Europa. Las minas suministraron oportunamente al absolutismo sueco las infraestructuras financiera y militar necesarias para su irrupción en el Báltico. Los peajes prusianos, el botín alemán y los subsidios franceses completaron su presupuesto de guerra durante toda la guerra de los Treinta Años, e hicieron posible la contratación de un gran número de mercenarios que finalmente llegaron a superar a los mismos ejércitos expedicionarios suecos[15].

Al contrario de lo que ocurrió con las posesiones españolas en Europa, el imperio así conquistado se mostró razonablemente rentable. Las provincias bálticas, especialmente, con sus embarques de grano hacia Suecia, produjeron siempre unos notables ingresos fiscales, con un gran superávit neto una vez deducidos los gastos locales. La parte que les correspondió en el total de ingresos reales fue superior a un tercio en el presupuesto de 1699[16]. Además, la nobleza adquirió grandes extensiones de tierras en la conquistada Livonia, donde la agricultura estaba mucho más cerca del modelo señorial que en la propia Suecia. Las ramas exteriores de la aristocracia jugaron, a su vez, un importante papel al ocupar los cargos de la costosa máquina militar de la expansión imperial sueca: a principios del siglo XVIII, uno de cada tres oficiales de Carlos XII en sus campañas polacas y rusas provenía de las provincias bálticas. El absolutismo sueco siempre funcionó con más suavidad durante las fases de su agresiva expansión en el exterior: la armonía entre la monarquía y la nobleza fue siempre mayor durante los reinados de los generalísimos regios, Gustavo Adolfo y Carlos X, y en los primeros años de Carlos XII. Pero el éxito exterior del absolutismo sueco nunca liquidó por completo sus limitaciones internas: sufría una infradeterminación fundamental a causa de su configuración de clase comparativamente inactiva dentro de la propia Suecia. De esta forma, para la clase noble siempre fue una forma «optativa» de gobierno. En condiciones sociales de apatía, el absolutismo tendía a carecer de la presión que se deriva de las necesidades vitales de una clase social. De ahí la curiosa trayectoria pendular del absolutismo sueco, sin comparación con ninguna otra de Europa. En lugar de un avance a partir de graves contradicciones iniciales, hasta la estabilización final y la pacífica integración de la nobleza —que fue la evolución normal en los demás países, como ya hemos visto—, en Suecia la monarquía absoluta sufriría retrocesos recurrentes cada vez que se produjera una minoría real, y más tarde volvería a ganar el terreno perdido de forma no menos recurrente: las Cartas aristocráticas de 1611, 1632 y 1720, que limitaban el poder real, fueron seguidas por un recrudecimiento del poder absolutista en las décadas de 1620 y 1680 y en el período 1772-89[17]. Lo que llama la atención en estas oscilaciones es la relativa facilidad con la que la aristocracia se adaptaba a ambas formas de Estado, «real» o «representativa». Durante los tres siglos de su existencia, el absolutismo sueco sufrió frecuentes recaídas institucionales, pero nunca un verdadero levantamiento político de la nobleza, comparable a los de España, Francia o Inglaterra. Precisamente porque en el interior era, hasta cierto punto, un Estado optativo para la clase dominante, la aristocracia podía acercarse o alejarse de él sin excesiva emoción ni malestar. La historia de Suecia desde la muerte de Gustavo Adolfo en 1632 hasta el golpe de Estado de Gustavo III en 1789 es, en buena medida, la historia de estos sucesivos reajustes.

Naturalmente, las divisiones y los conflictos dentro de la misma nobleza fueron uno de los reguladores fundamentales de esta serie de cambios. Así, la forma de gobierno impuesta por Oxenstierna siguiendo a Lützen codificó el dominio de los magnates en el råd (lleno ahora con sus propios parientes) durante la regencia de 1632-44. El canciller tuvo que enfrentarse muy pronto con una derrota estratégica en Alemania: a la victoria imperial de Nordlingen en 1634 siguió la defección de la mayoría de los príncipes protestantes en 1635, mientras expiraban por tratado los lucrativos peajes de Prusia, fundamentales para el esfuerzo bélico de Suecia. Los ingresos fiscales suecos alcanzaban sólo para mantener la flota del Báltico —triplicada por Gustavo Adolfo hasta llegar a los 90 barcos— y para la defensa interior. Los subsidios franceses se hicieron necesarios para la prosecución de la lucha por Estocolmo: en 1641 llegaron a un tercio del ingreso interior del Estado[18]. Las campañas en Alemania durante la segunda mitad de la guerra de los Treinta Años —en la que lucharon ejércitos mucho más pequeños que las enormes huestes reunidas en Breitenfeld o Lützen— fueron financiadas con subvenciones extranjeras o con empréstitos y extorsiones locales implacables, realizadas por los comandantes en el exterior. En 1643, Oxenstierna envió contra Dinamarca a Iorstensson —el mejor general sueco—, en una campaña marginal. El resultado de esta acción fue satisfactorio: conquistas provinciales a lo largo de la frontera noruega y establecimiento de bases isleñas en el Báltico que terminaron con el control danés de ambos lados del Sund. En el conflicto principal, los ejércitos suecos habían alcanzado Praga cuando se restableció la paz en 1648. El tratado de Westfalia consagró la estatura internacional de Suecia como covencedor junto con Francia en la larga contienda con Alemania. El Estado Vasa adquirió la Pomerania occidental y Bremen en la propia Alemania continental, y el control de las desembocaduras del Elba, el Oder y el Weser, los tres grandes ríos del norte de Alemania.

Mientras tanto, la subida de Cristina al trono en 1644 había conducido formalmente a una reafirmación política del poder real, pero éste fue utilizado por la irreflexiva reina para derramar títulos y tierras sobre el estrato superior de la aristocracia y la multitud de aventureros militares-burócratas atraídos al servicio de Suecia en la guerra de los Treinta Años. Cristina sextuplicó el número de condes y barones en el rango más alto de la Riddarhus y duplicó el volumen de los dos rangos inferiores. Por vez primera, la nobleza sueca adquirió una fuerza numérica apreciable, que en su mayor parte procedía de fuera: hacia 1700, más de la mitad de la aristocracia era de origen extranjero[19]. Además, impulsada por Oxenstierna, que defendía la conmutación de las tradicionales rentas estatales en especie por flujos monetarios seguros, la monarquía enajenó una enorme cantidad de tierras e impuestos reales a su élite de funcionarios y seguidores: el área total de tierra de la nobleza se duplicó en Suecia entre 1611 y 1652, mientras que los ingresos estatales cayeron en la misma proporción durante el reinado de Cristina[20]. Las concesiones a terratenientes privados de los ingresos fiscales procedentes de los campesinos libres amenazó con reducir a éstos a una total dependencia respecto a aquéllos, y provocó vigorosas reacciones del campesinado. Pero sería la hostilidad de la pequeña nobleza —que no se había beneficiado de la prodigalidad gratuita de la reina— lo que habría de asegurar que este trastorno en el modelo de propiedad de Suecia durase muy poco tiempo.

Cristina abdicó en 1654 para abrazar el catolicismo, después de disponer la sucesión de su sobrino. El nuevo soberano, Carlos X. relanzó inmediatamente el expansionismo sueco con un feroz ataque a Polonia en 1655. Cortando los avances rusos desde el este y destrozando a los ejércitos polacos, las fuerzas expedicionarias suecas tomaron Poznan, Varsovia y Cracovia en rápida sucesión: la Prusia oriental fue declarada oficialmente feudo sueco, y Lituania fue anexionada a Suecia. El acoso holandés por mar y la recuperación polaca debilitaron la fuerza de esta espectacular ocupación, pero fue un ataque directo danés a Suecia, en la retaguardia del rey, lo que deshizo la conquista de Polonia. Haciendo retroceder rápidamente al grueso de su ejército hacia Pomerania, Carlos X marchó sobre Copenhague y puso a Dinamarca fuera de combate. La victoria en el Sund produjo la anexión de Escania. La renovación de las hostilidades para afirmar el control sueco de la entrada al Báltico fue frustrada por la intervención holandesa. La muerte de Carlos X en 1660 terminó tanto con la aventura en Polonia como con el conflicto en Dinamarca. Hubo después otra regencia de los magnates durante la minoría de edad, de 1660 a 1672, dominada por el canciller De la Gardie. Los proyectos reales para la recuperación de las rentas enajenadas, contemplados momentáneamente por Carlos X antes de sus precipitadas campañas extranjeras, fueron archivados: el gobierno, en manos de la alta nobleza, continuó vendiendo las propiedades de la monarquía a la vez que mantenía una política exterior poco ambiciosa. Precisamente fue en esta época cuando los códigos señoriales de gårdsratt se hicieron cumplir por vez primera en la historia sueca, dando a los terratenientes jurisdicción privada sobre su propio campesinado[21]. El estallido de una importante guerra europea, con el ataque de Luis XIV a Holanda, forzó finalmente a este régimen, por ser cliente y aliado de Francia, a un letárgico conflicto de diversión con Brandemburgo en 1674. El fracaso militar en Alemania desacreditó a la camarilla de De la Gardie y preparó el camino para un nuevo y radical dominio de la monarquía bajo el nuevo soberano, que había alcanzado la mayoría de edad durante las guerras.

En 1680, Carlos XI utilizó el Riksdag para abolir los privilegios tradicionales del råd y para recuperar, con el apoyo de la pequeña nobleza, las tierras y rentas de la monarquía, enajenadas en el período anterior. Las «reducciones» reales fueron muy amplias: el 80 por 100 de todas las propiedades enajenadas fueron recuperadas por la monarquía sin ninguna compensación, y la proporción de tierra cultivada de propiedad nobiliaria se redujo a la mitad[22]. La creación de nuevas propiedades exentas de impuestos fue prohibida, y se liquidaron los condados y baronías territoriales. Las «reducciones» se impusieron con especial dureza en las posesiones ultramarinas. No afectaron a la consolidación señorial dentro de las propiedades de la aristocracia; su objetivo final era el restablecimiento del statu quo ante en la distribución de la propiedad agraria que había prevalecido al principio del siglo[23]. Los ingresos estatales, recuperados por este programa a costa del estrato de los magnates, se aumentaron todavía más por medio de mayores impuestos sobre los campesinos. El Riksdag asintió sumisamente al aumento sin precedentes del poder personal de Carlos XI que acompañó a la reduktion, y abdicó prácticamente de todos sus derechos a controlar o bloquear a su gobierno. Carlos XI utilizó su posición para reformar el ejército por medio del asentamiento de soldados-campesinos en tierras especialmente distribuidas por el llamado indelnigsverket o sistema de parcelación, que alivió al tesoro de los pagos en dinero a las tropas del interior. La maquinaria militar permanente se amplió hasta llegar en la década de 1680 a una fuerza de unos 63.000 hombres, de los que alrededor de un tercio correspondían a unidades profesionales estacionadas en el exterior. La flota fue ampliada sin interrupción, tanto por razones comerciales como estratégicas. La burocracia —a la que ahora podía acceder la pequeña nobleza en condiciones de igualdad— fue adiestrada y perfeccionada. Escania y Livonia quedaron sujetas a una fuerte centralización y suecización[24]. El dominio real llegó a su plenitud en la última década del reinado: en 1693, el Riksdag aprobó una resolución excesivamente servil por la que declaraba el derecho divino del rey a la soberanía absoluta sobre su reino, en cuanto delegado ungido por su hacedor. Carlos XI, como Federico Guillermo I de Prusia, un soberano frugal y precavido en el exterior, no permitió ninguna oposición a su voluntad en el interior.

El mejor testamento de su obra fue el asombroso reinado de su hijo Carlos XII, que superó a su padre en un poder autocrático que fue pregonado ideológicamente desde el primor día de su subida al trono en 1697. Carlos XII, último de los reyes-guerreros Vasa, pudo pasar dieciocho años en el extranjero, nueve de ellos en la cautividad turca, sin que la administración civil de su país se viera seriamente desorganizada o detenida por su ausencia. Es dudoso que cualquier otro soberano de su tiempo pudiera depositar tanta confianza en su patrimonio. En efecto, casi todo el reinado de Carlos XII estuvo ocupado por su larga odisea en la Europa del Este, durante la gran guerra del norte. Hacia 1700, el sistema imperial sueco en el Báltico se estaba acercando a su momento decisivo. A pesar de la rígida revisión administrativa que había sufrido recientemente bajo Carlos XI, su base demográfica y económica era excesivamente pequeña para sostener su extensión territorial contra la enemistad combinada de sus vecinos y rivales. La población interior era de 1.500.000 habitantes aproximadamente, y se duplicaba con la de sus posesiones extranjeras hasta llegar a unos 3.000.000; sus reservas humanas y financieras permitían una movilización máxima de unos 110.000 soldados (incluyendo los mercenarios extranjeros) durante el reinado de Carlos XII, de los que sólo estaban disponibles para las importantes campañas exteriores menos de la mita d[25]. Por otra parte, la centralización de los Vasa había provocado una reacción particularista entre la nobleza semigermánica de las provincias bálticas, que habían sufrido con especial intensidad los rescates de tierras del reinado precedente. La experiencia de Cataluña y Escocia iba a reeditarse ahora en Livonia. En 1699, Dinamarca, Sajonia, Polonia y Rusia se alinearon contra Suecia. La señal de la guerra sonó con la rebelión secesionista de Latvia, dirigida por nobles locales que se manifestaron a favor de la incorporación a Polonia. Carlos XII se dirigió primero contra Dinamarca, a la que derrotó rápidamente con la ayuda naval angloholandesa; después, contra Rusia, donde una pequeña fuerza sueca aniquiló al ejército de Pedro I en Narva; inmediatamente contra Polonia, donde Augusto II fue arrojado del país tras duras batallas y se instaló en su lugar un príncipe nombrado por los suecos; finalmente, contra Sajonia, que fue ocupada y saqueada sin piedad. Tras este avance militar circular alrededor del Báltico, el ejército sueco se adentró profundamente en Ucrania para unirse con los cosacos de Zaporozhe y marchar sobre Moscú[26]. En este momento, sin embargo, el absolutismo ruso de Pedro I resultó algo más que un juego para las columnas de Carlos XII: en Poltava y Perevolotchna el imperio sueco fue destrozado el año 1709 en su punto históricamente más avanzado de penetración militar hacia el Este. Diez años después, la gran guerra del Norte terminó con una bancarrota para Suecia y con el abandono de Ingria, Karelia, Livonia, Pomerania occidental y Bremen.

La arrogante autocracia de Carlos XII desapareció con él. Cuando los desastres de la gran guerra del Norte desembocaron en la muerte del rey, la nobleza, en medio de las disputas por la sucesión, construyó hábilmente un sistema constitucional que dejaba a los Estados la supremacía política y reducía temporalmente a la nada a la monarquía. La «era de la libertad», de 1720 a 1772, estableció un régimen de corrompido parlamentarismo aristocrático, dividido por conflictos faccionales entre los partidos de los Sombreros y de los Bonetes, manipulados a su vez por la burocracia nobiliaria y lastrados por las recompensas y subvenciones de Inglaterra, Francia y Rusia. El nuevo orden no pertenecía ya a los magnates: la masa de la pequeña y mediana nobleza, que dominaba la burocracia oficial y el ejército, había conseguido sus objetivos. La división en tres rangos dentro del estamento nobiliario fue abolida. Los privilegios económicos y sociales del conjunto de la aristocracia fueron celosamente conservados, prohibiendo el acceso de los plebeyos a las tierras y a los matrimonios nobiliarios. El Riksdag —de cuyo órgano fundamental, el Comité Secreto, se excluyó a los representantes del campesinado— se convirtió en el núcleo formal del sistema político constitucional, mientras que su verdadero centro radicaba en el Riddarhus[27]. Finalmente, la creciente agitación social contra los privilegios nobiliarios amenazó con romper el círculo encantado de las maniobras dentro del sistema. El programa del partido de los Bonetes Jóvenes, en la década de 1760, aunque combinado con una impopular deflación de la economía, expresaba la creciente ola de descontento plebeyo. La alarma aristocrática ante la perspectiva de un ataque por abajo produjo un abandono abrupto y total del parlamentarismo. La subida al trono de Gustavo III fue la señal esperada por la aristocracia para unirse una vez más tras una fórmula absolutista: se llevó a cabo sin estridencias un golpe de Estado real con la ayuda de la guardia y la connivencia de la burocracia. El Riksdag, como era de esperar, puso su firma al pie de la nueva Constitución, consagrando de nuevo la autoridad de la monarquía, aunque inicialmente sin una vuelta total al absolutismo de Carlos XI o Carlos XII. Sin embargo, el nuevo monarca avanzó con energía hacia un despotismo ilustrado del tipo del siglo XVIII, renovando la administración y reservando para su persona un poder cada vez más arbitrario. Cuando la nobleza opuso resistencias a esta tendencia, Gustavo III forzó la aprobación por el Riksdag en 1789 de una ley de emergencia de Unión y Seguridad que restauraba un absolutismo total. Para conseguir sus fines, el rey tuvo que prometer a los estamentos más bajos el acceso a la burocracia oficial y a la judicatura, el derecho a comprar tierras nobiliarias y otras demandas socialmente igualitarias. Las últimas horas del absolutismo sueco se vivieron así en una extraña atmósfera de «posibilidades abiertas a los talentos» y de limitaciones a los privilegios de la nobleza. La racionalidad política de la monarquía absoluta perdió así sus amarras básicas, señal inequívoca de su cercano final. En una última y curiosa permuta de papeles, el autócrata «radical» se convirtió en el más ferviente campeón europeo de la intervención contrarrevolucionaria frente a la revolución francesa, mientras que los nobles resentidos adoptaban los ideales republicanos de la Declaración de Derechos del Hombre. En 1792, Gustavo fue asesinado por un dignatario aristocrático disidente. La «infradeterminación» histórica del absolutismo sueco nunca fue más visible que en este extraño clima. Un Estado optativo acabó en una contingencia aparentemente total.

SEGUNDA PARTE
EUROPA ORIENTAL

1. EL ABSOLUTISMO EN EL ESTE

Es necesario volver ahora a la mitad oriental de Europa o, más exactamente, a la parte de Europa oriental perdonada por la invasión otomana que inundó los Balcanes en oleadas sucesivas, sujetándolos a una historia local diferente a la del resto del continente. La gran crisis que asoló las economías europeas en los siglos XIV y XV produjo una violenta reacción feudal al este del Elba. La represión señorial desencadenada contra los campesinos aumentó en intensidad durante todo el siglo XVI. La consecuencia política, en Prusia y en Rusia, fue un absolutismo oriental, coetáneo del occidental pero de origen básicamente distinto. El Estado absolutista del Oeste fue el aparato político reorganizado de una clase feudal que había aceptado la conmutación de las cargas. Fue una compensación por la desaparición de la servidumbre, en el contexto de una economía crecientemente urbana, que no controlaba por completo y a la que se tuvo que adaptar. Por el contrario, el Estado absolutista del Este fue la máquina represiva de una clase feudal que acababa de liquidar las tradicionales libertades comunales de los pobres. Fue un instrumento para la consolidación de la servidumbre, en un paisaje limpio por completo de vida urbana o resistencia autónomas. La reacción feudal en el Este significaba que era preciso implantar desde arriba, y por la fuerza, un mundo nuevo. La dosis de violencia que se introdujo en las relaciones sociales fue, por tanto, mucho mayor. El Estado absolutista del Este nunca perdería las marcas de esta experiencia originaria.

Pero, al mismo tiempo, la lucha de clases interna dentro de las formaciones sociales del Este, y su resultado, la servidumbre del campesinado, no ofrecen por sí mismas una explicación exhaustiva de la aparición de un tipo diferente de absolutismo en esta región. La distancia entre ambos puede medirse cronológicamente en Prusia, donde la reacción feudal de la nobleza ya se había impuesto al campesinado con la generalización de la Gutsherrschaft en el siglo XVI, cien años antes del establecimiento de un Estado absolutista en el siglo XVII. En Polonia, tierra clásica de la «segunda servidumbre», nunca surgió un Estado absolutista, aunque esto constituyera un fracaso por el que la nobleza tendría que pagar finalmente el precio de su existencia nacional. Sin embargo, también aquí el siglo XVI presencio un gobierno feudal descentralizado, dominado por un sistema representativo bajo el control total de la aristocracia y con una autoridad monárquica muy débil. En Hungría, el proceso de definitivo sometimiento a servidumbre del campesinado tuvo lugar tras la guerra austro-turca, en el paso del siglo XVI al XVII, mientras la nobleza magiar resistía con éxito la imposición del absolutismo de los Habsburgo[1]. En Rusia, la implantación de la servidumbre y la construcción del absolutismo estuvieron mas estrechamente vinculadas, pero incluso en este caso la aparición de la primera precedió a la consolidación del segundo, y no siempre se desarrolló pari passu con él. Como las relaciones serviles de producción entrañan una fusión inmediata de la propiedad y de la soberanía, del señorío y del dominio de la tierra, no había nada sorprendente por sí mismo en unos estados nobiliarios policéntricos, tales como los que existían en Alemania al este del Elba, en Polonia o en Hungría tras la reacción feudal en el Este. Para explicar el posterior ascenso del absolutismo es preciso, ante todo, reinsertar la totalidad del proceso de la segunda servidumbre dentro del sistema internacional de estados del último período de la Europa feudal.

Ya hemos visto que la presión ejercida en esta época sobre el Este por las economías occidentales más avanzadas se ha exagerado con frecuencia, al presentarla como fuerza única o principal responsable de la reacción señorial en esta región. De hecho, aunque el comercio de cereales intensificó indudablemente la explotación servil en la Alemania oriental o en Polonia no la inauguró en ninguno de estos países, y no jugó ningún papel en su paralelo desarrollo en Bohemia o en Rusia. En otras palabras, si es incorrecto conceder una importancia central a los lazos económicos del comercio de exportación e importación entre el Este y el Oeste, la causa es que el modo de producción feudal como tal —que no estaba superado en modo alguno en Europa occidental durante los siglos XVI y XVII— no podía crear un sistema económico internacional unificado. Sólo el mercado mundial del capitalismo industrial realizaría esta tarea, irradiando desde los países avanzados para moldear y dominar el desarrollo de los atrasados. Las economías mixtas occidentales del período de transición —que combinaban una agricultura feudal semimonetarizada y postservil[2], con enclaves de capital mercantil y manufacturero— carecían de tan fuerte empuje. La inversión exterior era mínima, excepto en los imperios coloniales y, hasta cierto punto, en Escandinavia. El comercio exterior representaba todavía un pequeño porcentaje del producto nacional de todos los países, excepto Holanda y Venecia. Así pues, una integración completa de Europa oriental en el circuito económico de Europa occidental —implícita a menudo en la utilización por los historiadores de expresiones tales como «economía colonial» o «empresas de plantación» para referirse al sistema de Gutsherrschaft vigente más allá del Elba— resulta intrínsecamente inverosímil.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el impacto de la Europa occidental en la oriental no fuera determinante de las estructuras estatales que allí aparecieron. En efecto, la interacción trasnacional dentro del feudalismo se produjo siempre y en primer lugar en el plano político y no en el económico, precisamente porque era un modo de producción basado en la coacción extraeconómica: su forma primaria de expansión era la conquista y no el comercio. El desarrollo desigual del feudalismo dentro de Europa encontraba su expresión mas característica y directa no en la balanza comercial, sino en la balanza de las armas entre las respectivas regiones del continente. En otras palabras, la primera mediación entre Este y Oeste en estos siglos fue militar. Fue la presión internacional del absolutismo occidental, aparato político de una aristocracia feudal más poderosa, dominante en sociedades más avanzadas, lo que obligó a la nobleza oriental a crear una máquina estatal igualmente centralizada para sobrevivir. De otra forma, la superior fuerza militar de los ejércitos reorganizados y engrandecidos del absolutismo se habría hecho sentir en el medio normal de la competencia interfeudal: la guerra. La misma modernización de los ejércitos y las tácticas, resultado de «la revolución militar» occidental tras 1560, hacía más factible que nunca la agresión a los vastos espacios del Este, e igualmente aumentaba los peligros de invasión para las aristocracias locales de estos países. Así, al mismo tiempo que divergían las relaciones infraestructurales de producción, tuvo lugar en ambas zonas una paradójica convergencia de las superestructuras (índice, por supuesto, de lo que en último término era un modo de producción común). La forma concreta que adoptó la amenaza militar del absolutismo occidental fue, afortunadamente para la nobleza oriental, indirecta y transitoria. A pesar de todo, es sorprendente hasta qué punto sus efectos actuaron como catalizador del modelo político del Este. El frente entre ambas zonas estaba ocupado, en el sur, por el largo duelo austro-turco, que durante doscientos cincuenta años concentraría la atención de los Habsburgo sobre sus enemigos otomanos y sus vasallos húngaros. En el centro, Alemania era un laberinto de estados pequeños y débiles, divididos y neutralizados por los conflictos religiosos. Así, el ataque llegó desde el norte, relativamente primitivo. Suecia —el más reciente y sorprendente de todos los absolutismos occidentales, país nuevo con una población muy limitada y una economía rudimentaria— sería el martillo del Este. Su impacto sobre Prusia, Polonia y Rusia en los noventa años que van desde 1630 hasta 1720 puede compararse con el de España sobre Europa occidental en una época anterior, aunque nunca haya recibido la misma atención. A pesar de esto, fue uno de los grandes ciclos de expansión militar en la historia del absolutismo europeo. En su punto culminante, la caballería sueca se paseó victoriosa por las cinco capitales de Moscú, Varsovia, Berlín, Dresde y Praga, en un gran arco a través del territorio de la Europa oriental que llegó a superar las campañas de los tercios españoles en la occidental. Los sistemas estatales de Austria, Prusia, Polonia y Rusia experimentaron su impacto formativo.

La primera conquista exterior de Suecia fue la toma de Estonia, en las largas guerras de Livonia con Rusia durante las últimas décadas del siglo XVI. Sin embargo, fue la guerra de los Treinta Años la que produjo el primer sistema internacional de Estados completamente formalizado en Europa y la que señaló el decisivo comienzo de la irrupción sueca en el Este. La espectacular marcha de los ejércitos de Gustavo Adolfo sobre Alemania, arrollando el poder de los Habsburgo para asombro de Europa, fue el punto decisivo de la guerra, y los éxitos posteriores de Baner y Torstensson hicieron imposible toda recuperación a largo plazo de la causa imperial. Desde 1641, los ejércitos suecos ocuparon de forma permanente grandes zonas de Moravia[3], y cuando la guerra terminó, en 1648, estaban acampados en la orilla izquierda del Moldava, en Praga. La intervención de Suecia había arruinado definitivamente la perspectiva de un Estado imperial de los Habsburgo en Alemania. De ahí que la trayectoria y el carácter del absolutismo austriaco habrían de estar determinados por este derrota, que lo privo de la posibilidad de un centro territorial consolidado en las tierras tradicionales del Reich y desplazó, a su costa, todo el centro de gravedad hacia el Este. Al mismo tiempo, el impacto del poder sueco en la evolución de Prusia, internacionalmente menos visible, fue en el interior mucho más profundo. Los ejércitos suecos ocuparon Brandemburgo desde 1631 y, a pesar de ser técnicamente un aliado en la causa protestante, le sometieron inmediatamente a requisiciones militares y exacciones fiscales despiadadas, tales como nunca antes se habían conocido: los privilegios tradicionales de los Estados de los junker fueron liquidados de un plumazo por los comandantes suecos[4]. Al trauma de esta experiencia se añadió la adquisición sueca de la Pomerania occidental por el tratado de Westfalia de 1648, que aseguró a Suecia una amplia y permanente cabeza de playa en las tierras del sur del Báltico. Las guarniciones suecas controlaban ahora el Oder y amenazaban directamente a la hasta entonces desmilitarizada y descentralizada clase dominante de Brandemburgo, país que prácticamente carecía de ejército. La construcción del absolutismo prusiano por el Gran Elector, desde 1650 en adelante, fue en buena medida una respuesta directa a la inminente amenaza sueca: el ejército permanente, que habría de ser la piedra angular de la autocracia de los Hohenzollern, y su sistema fiscal, fueron aceptados por los junkers en 1653 para enfrentarse a la inminente situación de guerra en el teatro báltico y para resistir a los peligros exteriores. De hecho, la guerra sueco-polaca de 1655-60 se reveló como el punto crucial de la evolución política de Berlín, que evitó lo peor de la agresión sueca participando al lado de Estocolmo como joven y temeroso aliado. El gran paso siguiente en la construcción del absolutismo prusiano se dio, una vez más, en respuesta al conflicto militar con Suecia. Durante la década de 1670, en medio de la angustia provocada por las campañas suecas contra Brandemburgo, que abrieron un teatro nórdico en la guerra desencadenada por Francia en el oeste, fue cuando el célebre Generalkriegscommissariat pasó a ocupar las funciones del anterior consejo privado y a dar forma a toda la estructura del aparato estatal de los Hohenzollern. El absolutismo prusiano y su definitiva configuración tomaron forma durante la época del expansionismo sueco y bajo su presión.

Mientras tanto, en estas décadas que siguieron a Westfalia, cayó sobre el Este el más duro de todos los golpes nórdicos. La invasión sueca de Polonia en 1655 hizo saltar rápidamente la insegura confederación aristocrática de los szlachta. Cayeron Varsovia y Cracovia, y todo el valle del Vístula quedó desgarrado por las marchas y contramarchas de los ejércitos de Carlos X. La principal consecuencia estratégica de la guerra fue privar a Polonia de toda soberanía sobre el ducado de Prusia. Pero los resultados sociales del devastador ataque sueco fueron mucho más serios: las pautas demográfica y económica de Polonia quedaron tan gravemente dañadas que la invasión sueca llegó a ser como un diluvio que separaría para siempre la anterior prosperidad de la Rzeczpospolita de la crisis y la decadencia irrecuperables en los que se hundió después. La última y breve recuperación de las armas polacas en la década de 1680, cuando Sobieski dirigió la liberación de Viena del cerco turco, fue seguida muy pronto por la segunda ofensiva sueca contra la mancomunidad, durante la gran guerra del norte de 1701-21, en la que el principal teatro de destrucción fue, una vez más, Polonia. Cuando los últimos soldados suecos abandonaron Varsovia, Polonia había dejado de ser una gran potencia europea. La nobleza polaca, por razones de las que se hablará más adelante, no tuvo éxito en su intento de generar un absolutismo mientras duraron estas tragedias. Así demostró en la práctica cuáles eran las consecuencias, para una clase feudal del Este, de no seguir este camino; Polonia, incapaz de recuperarse de los golpes mortales infligidos por Suecia, dejó finalmente de existir como Estado independiente.

Rusia, como siempre, constituye un caso algo diferente dentro de un campo histórico común. El impulso en el seno de la aristocracia hacia una monarquía militar fue evidente en Rusia mucho antes que en ningún otro país del Este europeo. Esto se debió, en parte, a la prehistoria del Estado de Kiev y a la tradición imperial bizantina que éste transmitió a través de la caótica Rusia de la Edad Media, utilizando la ideología de la «Tercera Roma»: Iván III se había casado con la sobrina de último Paleólogo, emperador de Constantinopla, y se arrogo el título de «zar» o emperador en 1480. Sin embargo, la ideología de la translatio imperii era menos importante, indudablemente, que la continua presión material sobre Rusia de los pueblos pastores tártaros y turcomanos del Asia Central. La soberanía política de la Horda de Oro duró hasta finales del siglo XV. Sus sucesores los janatos de Kazán y Astracán lanzaron desde el Este constantes incursiones en busca de esclavos, hasta su derrota y aborción a mediados del siglo XVI. Durante otros cien años, los tártaros de Crimea —ahora bajo señorío otomano— asolaron el territorio ruso desde el sur; sus expediciones en busca de botín y de esclavos mantuvieron a la mayor parte de Ucrania como un páramo deshabitado[5]. En los albores de la época moderna, los jinetes tártaros carecían de capacidad para la conquista o la ocupación permanente. Pero Rusia «centinela de Europa», tuvo que soportar lo peor de sus ataques, y la consecuencia fue un mayor y más temprano ímpetu hacia un Estado centralizado en el ducado de Moscú que en el más protegido electorado de Brandemburgo o en la mancomunidad polaca. Sin embargo, a partir del siglo XVI, la amenaza militar del Oeste fue siempre mucho mayor que la del Este, porque la artillería de campaña y la infantería moderna eran ahora netamente superiores a los arqueros montados como arma de batalla. Así pues, también en Rusia las fases realmente decisivas de la transición hacia el absolutismo tuvieron lugar durante las fases sucesivas de la expansión sueca. El crucial reinado de Iván IV a finales del siglo XVI estuvo dominado por las largas guerras de Livonia, de las que Suecia resultó vencedor estratégico al anexionar Estonia por el tratado de Yam Zapolsky de 1582: un trampolín para su dominio del litoral norte del Báltico. El «período de trastornos», a principios del siglo XVII, que terminó con la crítica subida al trono de la dinastía Románov, presenció el despliegue del poderío sueco en las profundidades de Rusia. En medio del creciente caos, un ejército mandado por De la Gardie se abrió paso hasta Moscú para sostener al usurpador Shuiski. Tres años después, un candidato sueco —el hermano de Gustavo Adolfo— estuvo a punto de ser elegido para la misma monarquía rusa, aunque se vio bloqueado en el último momento por la elección de Miguel Románov. El nuevo régimen se vio obligado a ceder inmediatamente Carelia e Ingria a los suecos, quienes en el transcurso de otra década tomaron toda Livonia a los polacos, lo que les dio un control prácticamente absoluto del Báltico. En los primeros años de la dinastía Románov, el influjo sueco se extendió también al sistema político ruso[6]. Finalmente, el enorme edificio estatal de Pedro I de principios del siglo XVIII se erigió durante, y contra, la suprema ofensiva militar sueca en Rusia, dirigida por Carlos XII, que había comenzado con la destrucción de los ejércitos rusos en Narva y continuaría con un profundo avance en Ucrania. El poder zarista dentro de Rusia se forjó y se puso a prueba en la lucha internacional contra el imperio sueco por la supremacía en el Báltico. El Estado austríaco había sido expulsado de Alemania por la expansión sueca; el Estado polaco quedó fragmentado. Por el contrario, los estados ruso y prusiano hicieron frente y derrotaron a la expansión sueca, adquiriendo su forma desarrollada en el curso de esta contienda. El absolutismo oriental estuvo determinado, fundamentalmente, por tanto, por las condiciones impuestas por el sistema político internacional en cuyo seno estaban integradas objetivamente las noblezas de toda la región[7]. Este fue el precio de su supervivencia en una civilización de ininterrumpida guerra territorial; el desarrollo desigual del feudalismo les obligó a igualar las estructuras estatales de Occidente antes de haber alcanzado un estadio comparable de transición económica hacia el capitalismo.

Con todo, este absolutismo también estuvo sobredeterminado, inevitablemente, por el desarrollo de la lucha de clases dentro de las formaciones sociales del Este. Es preciso considerar ahora las presiones endógenas que contribuyeron a su aparición. Llama la atención una coincidencia inicial. La decisiva consolidación jurídica y económica de la servidumbre en Prusia, Rusia y Bohemia tuvo lugar, precisamente, durante las mismas décadas en que se echaron con firmeza las bases políticas del Estado absolutista. Este doble proceso —institucionalización de la servidumbre e inauguración del absolutismo— estuvo, en los tres casos, estrecha y claramente ligado en la historia de las respectivas formaciones sociales. En Brandemburgo, el Gran Elector y los Estados sellaron el famoso acuerdo de 1653, consignado en una Carta formal, por el que la nobleza votaba los impuestos para un ejército permanente y el príncipe promulgaba ordenanzas por las que ataba irremediablemente a la tierra a la fuerza de trabajo rural. Los impuestos habrían de cargarse sobre las ciudades y los campesinos, pero no sobre los propios junkers, mientras el ejército habría de ser el núcleo de todo el Estado prusiano. Fue un pacto que aumentó tanto el poder político de la dinastía sobre la nobleza como el poder de la nobleza sobre el campesinado. La servidumbre de Alemania oriental quedó ahora normalizada y generalizada en todas las tierras de los Hohenzollern situadas más allá del Elba, mientras que el sistema de Estados fue suprimido inexorablemente por la monarquía en una provincia tras otra. En 1683, los Landtage de Brandemburgo y de la Prusia oriental habían perdido1 para siempre todo su poder[8]. Al mismo tiempo, se había producido en Rusia una coyuntura muy similar. En 1648, el Zemskt Sobor —Asamblea de la Tierra— se había reunido en Moscú para aprobar el histórico Sobornoe Ulozhenie, que, por vez primera, codificaba y universalizaba la servidumbre para la población rural, instituía un estricto control estatal sobre las ciudades y sus habitantes y, a la vez, confirmaba y remachaba la responsabilidad formal de todas las tierras nobles respecto al servicio militar. El Sobornoe Ulozheni e fue el primer código legal global que se promulgó en Rusia y su llegada constituyó un hecho transcendental. En efecto, el código proporcionó al zarismo el marco jurídico regulador para su solidificación como sistema estatal. La proclamación solemne de la servidumbre del campesinado ruso fue seguida aquí también por la rápida caída en desuso del sistema de Estados. En el curso de una década, el Zemski Sobor había desaparecido realmente, mientras que la monarquía construía un amplio ejército semipermanente que finalmente sustituyó a todas las viejas levas de la nobleza. El último y simbólico Zemski Sobor pasó al olvido en 1683, cuando ya no era más que una fantasmal claque cortesana. El pacto social entre la monarquía y la aristocracia rusa fue sellado con el establecimiento del absolutismo a cambio de la aprobación definitiva de la servidumbre.

Durante la mayor parte de este mismo período, la evolución de Bohemia tuvo un sincronismo comparable, aunque en el diferente contexto de la guerra de los Treinta Años. El tratado de Westfalia, que finalizó en 1648 con esta larga lucha militar, consagró la doble victoria de la monarquía Habsburgo sobre los Estados de Bohemia y la de los grandes terratenientes sobre el campesinado checo. El grueso de la vieja aristocracia checa había sido eliminado después de la batalla de la Montaña Blanca, y con ella la constitución política que encarnaba su poder local. El Verneuerte Landesordnung, que ahora adquirió un vigor incontestado, concentró todo el poder ejecutivo en Viena. Los Estados, una vez disuelto su tradicional liderazgo social, quedaron reducidos a una simple función ceremonial. La autonomía de las ciudades fue aplastada. En el campo se tomaron implacables medidas para extender la servidumbre en las grandes propiedades. Las grandes prescripciones y confiscaciones sufridas por los anteriores propietarios y nobles checos crearon una aristocracia nueva y cosmopolita de aventureros militares y de funcionarios de la corte que controlaban, junto con la Iglesia, cerca de las tres cuartas partes de todas las tierras de Bohemia. Las enormes pérdidas demográficas tras la guerra de los Treinta Años provocaron una aguda escasez de mano de obra. Las prestaciones de trabajo del robot llegaron muy pronto a la mitad de la semana laboral, mientras que los servicios, diezmos y contribuciones feudales podían alcanzar hasta dos tercios de toda la producción campesina[9]. El absolutismo austríaco, derrotado en Alemania, triunfó en Bohemia, y con él se extinguieron las últimas libertades del campesinado checo. Así pues, la consolidación del control señorial sobre el campesinado y la discriminación contra las ciudades estuvieron ligadas, en las tres regiones, a un rápido aumento de las prerrogativas de la monarquía, y fueron seguidas por la desaparición de los sistemas estamentales.

Como ya hemos visto, las ciudades de Europa del Este habían sido reducidas y reprimidas durante la última depresión medieval. La notable mejoría económica que experimentó el continente en el siglo XVI favoreció un nuevo, aunque desigual, crecimiento urbano en algunas zonas del Este. A partir de 1550, las ciudades de Bohemia volvieron a conquistar buena parte de su prosperidad, aunque bajo la égida de unos patriciados urbanos estrechamente unidos a la nobleza por la propiedad territorial y municipal, y sin la vitalidad popular que las había caracterizado en la época husita. En el este de Prusia, Koenigsberg era todavía una firme avanzadilla de la autonomía de los burgos. En Rusia, Moscú había retoñado de nuevo tras la implantación formal del zarismo con Iván III, beneficiándose notablemente del comercio de largo recorrido entre Europa y Asia, que cruzaba Rusia y en el que también participaban los viejos centros mercantiles de Novgorod y Pskov. La maduración de los estados absolutistas en el siglo XVII propinó el definitivo golpe mortal a la posibilidad de un renacimiento de la independencia urbana en el Este. Las nuevas monarquías —Hohenzollern, Habsburgo y Románov— aseguraron la inquebrantable supremacía política de la nobleza sobre las ciudades. El único organismo corporativo que resistió al Gleichschaltung del Gran Elector tras la Suspensión de 1653 fue la ciudad de Koenigsberg en la Prusia oriental: fue aplastada en 1662-63 y en 1674, ante la pasividad de los junkers lo cales[10]. En Rusia, el mismo Moscú carecía de una clase burguesa fuerte, al estar el comercio acaparado por los boyardos, los funcionarios y un pequeño grupo de mercaderes gosti, cuyo estatuto y privilegios dependían del gobierno. Había, sin embargo, numerosos artesanos, una anárquica fuerza de trabajo semirrural, y los truculentos y corrompidos fusileros de la milicia de los streltsi. La causa inmediata de la convocatoria del decisivo Zemski Sobor que promulgó el Sobornoe Ulozhenie fue una explosión repentina de estos grupos heterogéneos. Las multitudes amotinadas se enfurecieron ante la subida de precios de los artículos básicos que siguió al aumento de impuestos decretado por la administración de Morózov, tomaron Moscú y obligaron al zar a abandonar la ciudad, mientras el descontento se extendía por las provincias rurales hasta Siberia. Una vez recuperado el control de la capital, se convocó al Zemski Sobor y se decretó el Ulozhenie. Novgorod y Pskov se rebelaron contra las exacciones fiscales, por lo que fueron definitivamente reprimidas, dejando de tener en adelante toda importancia económica. Los últimos tumultos urbanos de Moscú tuvieron lugar en 1683, cuando los artesanos rebeldes fueron sometidos con facilidad, y en 1683, cuando Pedro I liquidó por fin a los streltsi. A partir de entonces, las ciudades rusas no crearon ningún problema a la monarquía ni a la aristocracia. En tierras checas, la guerra de los Treinta Años acabó con el orgullo y el desarrollo de las ciudades de Bohemia y Moravia: los incesantes sitios y devastaciones que sufrieron durante las campañas de la guerra, junto con la cancelación de las autonomías municipales después de ella, las redujeron para siempre a adornos pasivos del imperio de los Habsburgo.

La razón interna más fundamental del absolutismo del Este radica, sin embargo, en el campo. Su compleja maquinaria de represión estaba dirigida primordial y esencialmente contra el campesinado. El siglo XVII fue una época de caída de los precios y disminución de la población en la mayor parte de Europa. En el Este, las guerras y los desastres civiles habían creado crisis de mano de obra particularmente agudas. La guerra de los Treinta Años infligió un golpe brutal al conjunto de la economía alemana al este del Elba. En muchos distritos de Brandemburgo hubo pérdidas demográficas superiores al 50 por 100[11]. En Bohemia, la población total bajó de 1.700.000 habitantes a menos de 1.000.000 en el momento de la firma de la Paz de Westfalia[12]. En las tierras rusas, las intolerables tensiones de las guerras de Livonia y de la Oprichnina condujeron a la despoblación y evacuación calamitosas de Rusia central en los últimos años del siglo XVI: entre el 76 y el 96 por 100 de todos los núcleos rurales de la provincia de Moscú fueron abandonados[13]. El «período de trastornos», con sus guerras civiles, invasiones extranjeras y rebeliones rurales, produjo entonces inestabilidad y escasez de la fuerza de trabajo a disposición de la clase terrateniente. El descenso demográfico de esta época creó así, o agravó, una constante escasez de trabajo rural para el cultivo de la tierra. Había, además, un antecedente regional permanente de este fenómeno: el problema endémico para el feudalismo oriental de la proporción tierra/trabajo, la existencia de demasiado pocos campesinos, dispersos en espacios excesivamente grandes. La siguiente comparación puede dar una idea de la diferencia de condiciones con la Europa occidental: la densidad de población en la Rusia del siglo XVII era de tres o cuatro personas por kilómetro cuadrado, mientras que la de Francia era de 40, es decir, diez veces mayor[14]. En las fértiles tierras del sudeste de Polonia o de Ucrania occidental, la zona agrícola más rica de la Rzeczpospolita, la densidad demográfica no era mucho mayor, entre tres y siete personas por kilómetro cuadrado[15]. La mayor parte de la llanura de Hungría central —que entonces eran las tierras fronterizas entre los imperios austríaco y turco— estaba igualmente despoblada. El primer objetivo de la clase terrateniente no era tanto, como en Occidente, fijar el nivel de las cargas que debía pagar el campesino, como detener la movilidad del aldeano y atarle a la tierra. Del mismo modo, en grandes zonas de Europa oriental, la forma más típica y eficaz de la lucha de clases protagonizada por el campesinado era simplemente huir, esto es, desertar colectivamente de la tierra y dirigirse a nuevos espacios deshabitados e inexplorados.

Ya se han descrito las medidas tomadas en el último período medieval por la nobleza prusiana, austríaca y checa para impedir esta movilidad tradicional; naturalmente, estas medidas se intensificaron en la fase inaugural del absolutismo. Más hacia el este, en Rusia y en Polonia, el problema era todavía más serio. En las amplias tierras pónticas situadas entre ambos países no existían límites ni fronteras estables de asentamiento; la profunda zona forestal del norte de Rusia era tradicionalmente un área de campesinado de «tierra negra», al margen del control señorial, mientras que Siberia occidental y la región del Volga y el Don, en el sudeste, constituían remotas e impenetrables extensiones todavía en proceso de colonización gradual. La emigración rural en todas esas direcciones ofrecía la posibilidad de liberarse de la explotación señorial y establecer, en las duras condiciones de la frontera, colonias campesinas independientes. El interminable proceso de reducción a la servidumbre del campesinado ruso, a lo largo del siglo XVII, debe considerarse en el marco del contexto natural apuntado: existían zonas marginales, grandes y divisibles, alrededor de las propiedades territoriales de la nobleza. Así, es una paradoja histórica que Siberia fuese colonizada por pequeños propietarios campesinos, procedentes de las comunidades de «tierra negra» del norte, que buscaban mayor libertad personal y oportunidades económicas, durante el mismo período en que la gran masa del campesinado central se estaba hundiendo en una abyecta esclavitud[16]. Esta ausencia de una fijación territorial normal en Rusia es lo que explica la sorprendente supervivencia de la esclavitud en una escala muy considerable: a finales del siglo XVI, los esclavos todavía cultivaban entre el 9 y el 15 por 100 de las propiedades rusas[17]. En efecto, como hemos dicho repetidas veces, la presencia de esclavitud rural en una formación social feudal siempre significa que el sistema de servidumbre no se ha cerrado aún, y que un considerable número de productores directos permanece libre en el campo. La posesión de esclavos era uno de los grandes capitales de la clase boyarda, que daba a sus propiedades una ventaja económica fundamental sobre la más pequeña nobleza de servicio[18]: dejó de ser necesaria sólo cuando la red de la servidumbre hubo atrapado con fuerza a casi todo el campesinado ruso en el siglo XVIII. Mientras tanto, existió una incesante rivalidad interfeudal por el control de «almas» para el cultivo de las tierras de la nobleza y el clero: los boyardos y los monasterios con feudos más rentables y racionalizados admitían siervos fugitivos, procedentes de fincas más pequeñas, y ponían obstáculos a su recuperación por sus antiguos señores, lo que enfurecía a la clase de pequeños propietarios. Estos conflictos no terminaron hasta que se estableció una autocracia central, estable y poderosa, con un aparato coercitivo de Estado, capaz de imponer la adscripción a la tierra en todo el territorio ruso. Así pues, la constante preocupación señorial por el problema de la movilidad laboral en el Este es lo que explica, sin duda alguna, gran parte de la marcha interior hacia el absolutismo[19]. Las leyes señoriales que ataban al campesinado a la tierra ya se habían aprobado en la época precedente. Pero, como ya hemos visto, su cumplimiento era normalmente muy imperfecto: las verdaderas pautas de la mano de obra no correspondían siempre, en modo alguno, a las disposiciones de los códigos legales. La misión del absolutismo fue, en todas partes, convertir la teoría jurídica en práctica económica. Un aparato represivo inexorablemente centralizado y unitario constituía una necesidad objetiva para la vigilancia y la supresión de la extendida movilidad rural en épocas de depresión económica. Ninguna red de jurisdicciones de señores individuales, por muy despóticos que fueran, podía enfrentarse con este problema de forma adecuada. Las funciones de policía interior necesarias para la segunda servidumbre del Este fueron, en este sentido, mucho más exigentes que las necesarias para la primera servidumbre en el Oeste: el resultado fue hacer posible un Estado absolutista más avanzado que las relaciones de producción sobre las que se asentaba, y contemporáneo del que en el Oeste evolucionaba más allá de la servidumbre.

Polonia, una vez más, fue la aparente excepción en la lógica de este proceso. Pero así como en lo exterior tuvo que pagar el castigo del diluvio sueco por no haber generado un absolutismo, en el interior el precio de su fracaso fue la mayor insurrección campesina de esta época, la catástrofe de la revolución ucraniana de 1648, que le costó un tercio de su territorio y que descargó sobre la moral y el valor de la szlachta un golpe del que nunca se habría de recobrar plenamente, pues sirvió de preludio inmediato a la guerra con Suecia, a la que habría de ligarse. El carácter peculiar de la revolución ucraniana fue consecuencia directa del problema básico de la movilidad y la huida de los campesinos en el Este[20]. Fue una rebelión iniciada por los relativamente privilegiados «cosacos» de la región del Dnieper, que eran en su origen campesinos fugitivos o rutenios, o habitantes de las tierras atlas circasianas, que se habían asentado en las vastas tierras fronterizas entre Polonia, Rusia y el janato tártaro de Crimea. En estas tierras de nadie habían llegado a adoptar un modo de vida seminómada, ecuestre, muy similar al de los tártaros contra los que normalmente luchaban. Mucho tiempo después se había desarrollado una compleja estructura social en las comunidades de cosacos. Su centro político y militar era la isla fortificada o sech, situada más abajo de los rápidos del Dnieper, creada en 1557, y que constituía un campamento guerrero, organizado en regimientos que elegían delegados para un consejo de oficiales o starshina, que a su vez elegía un comandante supremo o hetman. Fuera del sech de Zaporozhe, las bandas errantes de bandidos y montañeros se mezclaban con asentamientos aldeanos de agricultores, gobernados por sus propios ancianos. La nobleza polaca, cuando encontró estas comunidades en su expansión hacia Ucrania, pensó que era necesario tolerar la fuerza armada de los cosacos zaporozhianos, englobándola en un número limitado de regimientos técnicamente «registrados» bajo mando polaco. Las tropas cosacas fueron utilizadas como caballería auxiliar en las campañas polacas de Moldavia, Livonia y Rusia, y los oficiales triunfantes llegaron a constituir una élite de propietarios, que dominaron al pueblo cosaco y en ocasiones se convirtieron finalmente en nobles polacos.

Esta convergencia social con la szlachta local, que había extendido ininterrumpidamente sus tierras en dirección al Este, no cambió la anomalía militar de la independencia de los regimientos del sech, con su base en un filibusterismo semipopular, ni afectó a los grupos de cosacos rurales que vivían entre la población sierva cultivando los latifundios de la aristocracia polaca en esta región. Así, la movilidad campesina había dado origen en las praderas pónticas a un fenómeno sociológico prácticamente desconocido por entonces en Occidente: el de unas masas rurales capaces de presentar ejércitos organizados contra una aristocracia feudal. El repentino motín de las compañías registradas bajo su Hetman Jmelnitski en 1648 fue profesionalmente capaz de hacer frente a los ejércitos polacos enviados contra ellas, y su rebelión desencadenó, a su vez, un levantamiento general de los siervos de Ucrania, que lucharon codo a codo con los campesinos cosacos pobres por arrojar a los señores polacos. Tres años después, los campesinos polacos se rebelaron en la región de Podhale, en Cracovia, en un movimiento inspirado por el de los cosacos y los siervos ucranianos. Una salvaje guerra social se libró en Galitzia y en Ucrania, en la que los ejércitos szlachta fueron derrotados repetidas veces por las fuerzas zaporozhianas. Esta guerra terminó con la decisiva transferencia de fidelidad de Polonia a Rusia realizada por Jmelnitski con el tratado de Pereyaslavl de 1654, que puso a toda la Ucrania situada más allá del Dnieper bajo el dominio de los zares, garantizando los intereses del starshina cosaco[21]. Los campesinos ucranianos —cosacos y no cosacos— fueron las víctimas de esta operación: la «pacificación» de Ucrania con la integración del cuerpo de oficiales en el Estado ruso restableció sus ataduras. Finalmente, tras una larga evolución, los escuadrones cosacos llegaron a formar un cuerpo de élite de la autocracia zarista. El tratado de Pereyaslavl simbolizó, en efecto, la respectiva trayectoria de los dos grandes rivales de aquella zona durante el siglo XVII. El fragmentado Estado polaco se mostró incapaz de derrotar y someter a los cosacos, y tampoco pudo resistir a los suecos. La autocracia zarista centralizada fue capaz de ambas cosas: repelió la amenaza sueca y no sólo sometió, sino que al final utilizó a los cosacos como dragones encargados de la represión de sus propias masas.

El levantamiento ucraniano fue la guerra campesina más importante de la época en el Este, pero no fue la única. Todas las grandes noblezas de Europa oriental tuvieron que enfrentarse, en un momento u otro del siglo XVII, con rebeliones de siervos. En Brandemburgo se produjeron repetidos estallidos de violencia rural en el distrito central de Prignitz, durante la fase final de la guerra de los Treinta Años y en la década siguiente: 1645, 1646, 1648, 1650 y, de nuevo, en 1656[22]. La concentración del poder nobiliario por el Gran Elector debe considerarse en el marco del malestar y la desesperación de las aldeas. El campesinado de Bohemia, sujeto a una creciente degradación de su posición económica y legal después del tratado de Westfalia, se levantó contra sus señores a lo largo de todo el país en 1680, cuando los ejércitos austríacos tuvieron que ser enviados para suprimir su alzamiento. Pero, sobre todo, en la misma Rusia hubo un número inigualado de insurrecciones rurales que se extendieron desde el «período de trastornos» a comienzos del siglo XVII hasta la era de la Ilustración en el siglo XVIII. En 1606-07, los campesinos, plebeyos y cosacos de la región del Dnieper tomaron el poder provincial bajo el mando del ex esclavo Bolótnikov, y sus ejércitos estuvieron a punto de instalar al Falso Dimitri como zar de Moscú. En 1633-34, los siervos y desertores de la zona de guerra de Smolensko se rebelaron bajo el mando del campesino Balash. En 1670-71, prácticamente todo el sudeste, desde Astracán hasta Simbirsk, se sacudió el control señorial a medida que numerosísimos ejércitos de campesinos y cosacos subían por el valle del Volga dirigidos por el bandido Razin. En 1707-08, las masas rurales del Bajo Don siguieron al cosaco Bulavin en una violenta rebelión contra el aumento de contribuciones y el trabajo obligatorio en los astilleros, impuestos por Pedro I. Finalmente, en 1773-74, tuvo lugar la última y más formidable de todas las insurrecciones: la tremenda rebelión de numerosas poblaciones explotadas, desde las estribaciones de los Urales y los desiertos de Bashkiria hasta las orillas del Caspio, al mando de Pugachev, que combinó a cosacos del monte y la estepa, obreros industriales forzados, campesinos de las llanuras y tribus de pastores en una serie de sublevaciones que, para ser derrotadas, necesitaron el despliegue a gran escala de los ejércitos imperiales rusos.

Todas estas rebeliones populares se originaron en las indeterminadas zonas fronterizas del territorio ruso: Galitzia, Bielorrusia, Ucrania, Astracán, Siberia, porque allí se diluía el poder del Estado central y las escurrizidas masas de bandidos, aventureros y fugitivos se mezclaban con los siervos asentados y las propiedades nobiliarias. Las cuatro mayores rebeliones fueron dirigidas por elementos cosacos armados, que aportaban la experiencia militar y la organización que les hacían tan peligrosos para la clase feudal. Con el cierre final de las fronteras ucraniana y siberiana a finales del siglo XVIII, después de que se completaran los programas colonizadores de Potemkin, fue cuando el campesinado ruso, de forma significativa, quedó sometido a una taciturna quietud. Así pues, en toda la Europa oriental, la intensidad de la lucha de clases en el campo —siempre latente en forma de huidas rurales— fue también el detonador de explosiones campesinas contra la servidumbre, en las que resultaba frontalmente amenazado el poder colectivo y la propiedad de la nobleza. La geografía social plana de la mayor parte de la región —que la distinguía del espacio más segmentado de la Europa occidental—[23] podía dar formas particularmente serias a esta amenaza. El extendido peligro procedente de sus propios siervos actuó, por tanto, como una fuerza centrípeta sobre las aristocracias del Este. La ascensión del Estado absolutista en el siglo XVII respondía, en último término, al miedo social: su aparato coactivo político-militar era la garantía de la estabilidad de la servidumbre. Había así un orden interno del absolutismo del Este que complementaba su determinación exterior: la función del Estado centralizado consistía en defender la posición de clase de la nobleza feudal contra sus rivales del exterior y sus campesinos del interior. La organización y la disciplina de los primeros y la fluidez y contumacia de los segundos dictaron la urgencia de la unidad política. El Estado absolutista se reduplicó, pues, al otro lado del Elba, hasta llegar a ser un fenómeno europeo de carácter general.

¿Cuáles fueron los rasgos específicos de la variante oriental de esta máquina feudal fortificada? Pueden señalarse dos características básicas e interrelacionadas. En primer lugar, la influencia de la guerra en su estructura fue más preponderante incluso que en el Oeste, y tomó formas sin precedentes. Prusia representa quizá el límite extremo alcanzado por la militarización en la génesis de este Estado. El hincapié funcional en la guerra redujo en este caso al naciente aparato de Estado a un subproducto de la máquina militar de la clase dominante. El absolutismo del Gran Elector de Brandemburgo había nacido, como ya hemos visto, en medio de la confusión provocada por las expediciones suecas a través del Báltico en la década de 1650. Su evolución y articulación internas representaron una expresiva realización de la frase de Treitschke: «La guerra es el padre de la cultura y la madre de la creación», porque toda la estructura fiscal, la burocracia central y la administración local del Gran Elector comenzaron su existencia como subdepartamentos técnicos del Generalkriegskommissariat. A partir de 1679, durante la guerra con Suecia, esta institución única se convirtió bajo el mando de Von Grumbkow en el órgano supremo del absolutismo de los Hohenzollern. La burocracia prusiana, en otras palabras, nació como una rama del ejército. El Generalkriegskommissariat constituía un ministerio de la guerra y de hacienda omnicompetente, que no sólo mantenía un ejército permanente, sino que recaudaba impuestos, regulaba la industria y suministraba el funcionariado provincial del Estado de Brandemburgo. El gran historiador prusiano Otto Hintze describió así el desarrollo de esta estructura en el siglo siguiente: «Toda la organización del funcionariado estaba ligada a los objetivos militares y destinada a servirlos. Incluso los policías provinciales procedían de los comisariados de la guerra. Todo ministro de Estado se titulaba simultáneamente ministro de la guerra; todo consejero de las cámaras administrativas y fiscales se titulaba simultáneamente consejero de la guerra. Los antiguos oficiales se convertían en consejeros provinciales o, incluso, en presidentes y ministros; los funcionarios de la administración se reclutaban en su mayor parte entre los antiguos interventores y comisarios de los regimientos; las posiciones más bajas se llenaban hasta donde era posible con suboficiales retirados o con inválidos de guerra. Todo el Estado adquiría así un corte militar, y todo el sistema social se ponía al servicio del militarismo. Los nobles, burgueses y campesinos se limitaban a estar allí, cada uno en su esfera, para servir al Estado y travailler pour le roi de Prusse»[24]. A finales del siglo XVIII, el porcentaje de la población enrolada en el ejército era quizá cuatro veces superior al de la Francia contemporánea[25], y se utilizaban implacables métodos coactivos para reaprovisionarlo con desertores y campesinos extranjeros. El control del mando por los junkers era prácticamente absoluto. Esta tremenda máquina militar absorbía normalmente entre el 70 y el 80 por 100 de los ingresos fiscales del Estado en tiempos de Federico II[26].

El absolutismo austriaco, como se verá más adelante, siempre tuvo una estructura mucho más heteróclita, mezcla imperfecta de rasgos orientales y occidentales que correspondía a su base territorial mixta en Europa central. Ninguna concentración comparable a la de Berlín prevaleció nunca en Viena. Con todo, hay que tener en cuenta que, desde la mitad del siglo XVI hasta finales del XVIII, la tendencia centralizadora y el ímpetu innovador dentro del ecléctico sistema administrativo del Estado de los Habsburgo provinieron del complejo militar imperial. Durante mucho tiempo, en efecto, sólo este complejo militar dio realidad práctica a la unidad dinástica de las dispersas tierras gobernadas por los Habsburgo. Así, el Consejo Supremo de la Guerra, o Hofkriegsrat, era el único organismo de gobierno con jurisdicción en todos los territorios de los Habsburgo en el siglo XVI, y el único organismo ejecutivo que los unía bajo la familia dominante. Aparte de sus deberes de defensa contra los turcos, el Hofkriegsrat era responsable de la directa administración civil de toda la banda de territorio situada a lo largo de la frontera sudoriental de Austria y Hungría, que estaba guarnecida con milicias de Grenzers sujetas a su mando. Su posterior papel en el crecimiento gradual de la centralización de los Habsburgo y en la construcción de un absolutismo desarrollado fue siempre determinante. «De todos los órganos centrales de gobierno, éste fue probablemente el que tuvo una influencia mayor para promover la unificación de los diversos territorios hereditarios, y todos —incluyendo Bohemia y especialmente Hungría, para cuya protección se había planeado originariamente— aceptaron su control supremo sobre los asuntos militares»[27]. El ejército profesional que apareció tras la guerra de los Treinta Años rubricó la victoria de la dinastía sobre los Estados bohemios; sostenido por los impuestos sobre las tierras de Bohemia y de Austria, se convirtió en el primer aparato permanente de gobierno en ambos reinos, y careció durante más de un siglo de un verdadero equivalente civil. También en las tierras magiares, la extensión del ejército de los Habsburgo en Hungría a principios del siglo XVIII provocó finalmente una unión política más estrecha con las otras posesiones dinásticas. El poder absolutista, en este caso, residía exclusivamente en la rama militar del Estado: a partir de entonces, Hungría suministró acantonamientos y tropas a los ejércitos de los Habsburgo, que ocupaban un terreno geográfico situado, para el resto de la administración imperial, más allá de sus fronteras. Al mismo tiempo, los territorios recién conquistados y situados más hacia el Este, que se habían tomado a los turcos, se pusieron bajo control del ejército. El Consejo Supremo de la Guerra gobernaba directamente Transilvania y el Banato, organizando y supervisando la colonización sistemática de estas tierras por inmigrantes germanos. La maquinaria de guerra fue siempre el acompañamiento más constante del desarrollo del absolutismo austríaco. Pero no por eso los ejércitos austríacos alcanzaron nunca la posición de sus equivalentes prusianos: la militarización del Estado se vio bloqueada por los límites impuestos a su centralización. La carencia final de una unidad política rigurosa en los dominios de los Habsburgo impidió un auge comparable del aparato militar dentro del absolutismo austríaco.

Por otra parte, el papel del aparato militar en Rusia apenas fue menos importante que en Prusia. En su estudio sobre la especificidad histórica del imperio moscovita, Kliuchevsky comenta que «la primera de estas peculiaridades era la organización guerrera del Estado. El imperio moscovita era la Gran Rus en armas»[28]. Los arquitectos más célebres de este edificio, Iván IV y Pedro I, diseñaron su sistema administrativo básico para aumentar la capacidad bélica de Rusia. Iván IV intentó reconstruir todo el modelo de tenencia de la tierra en Moscovia para convertirlo en tenencias de servicio, implicando cada vez más a la nobleza en obligaciones militares permanentes para con el Estado moscovita. «La tierra se convirtió en un medio económico para asegurar al Estado un servicio militar suficiente, y la propiedad de la tierra por la clase de los oficiales pasó a ser la base de un sistema de defensa nacional»[29]. Durante la mayor parte del siglo XVI hubo un estado de guerra permanente contra suecos, polacos, lituanos, tártaros y otros antagonistas. Finalmente, Iván IV se hundió en las largas guerras de Livonia, que terminaron en la catástrofe generalizada de la dé cada de 1580. El «período de trastornos» y la posterior consolidación de la dinastía Románov desarrollaron, sin embargo, la tendencia básica a ligar la propiedad de la tierra con la construcción del ejército. Pedro I dio entonces su forma más implacable y universal a este sistema. Toda la tierra quedó sujeta a obligaciones militares y todos los nobles tenían que comenzar un servicio indefinido al Estado a la edad de quince años. Dos tercios de los miembros de todas las familias nobles tenían que ingresar en el ejército, y sólo se permitía al tercer hijo de cada familia cumplir este servicio en la burocracia civil[30]. Los gastos militares y navales de Pedro en 1724 —uno de los pocos años de paz de su reinado— ascendieron al 75 por 100 de los ingresos del Estado[31].

La atención preferente del Estado absolutista a la guerra no era gratuita; correspondía a movimientos de conquista y expansión mucho mayores que los que tuvieron lugar en Occidente. La cartografía del absolutismo del Este corresponde estrechamente a su estructura dinámica. Moscovia multiplicó unas doce veces su tamaño durante los siglos XV y XVI, absorbiendo Novgorod, Kazán y Astracán. En el siglo XVII, el Estado ruso se expandió ininterrumpidamente con la anexión de Ucrania occidental y una parte de Bielorrusia, mientras que en el siglo XVIII ocupó las tierras del Báltico, el resto de Ucrania y Crimea. Brandemburgo adquirió Pomerania en el siglo XVII, y el Estado prusiano dobló después su tamaño con la conquista de Silesia en el siglo XVIII. El Estado de los Habsburgo, basado en Austria, reconquistó Bohemia en el siglo XVII, y en el XVIII había sometido a Hungría y anexionado Croacia, Transilvania y Oltenia, en los Balcanes. En fin, Rusia, Prusia y Austria se dividieron Polonia, que había sido el Estado más grande de Europa. La racionalidad y la necesidad de un «superabsolutismo» para la clase feudal del Este recibió en este desenlace final una demostración simétrica, a partir del ejemplo de su ausencia. La reacción feudal de los nobles prusianos y rusos llegó a su plenitud con un absolutismo perfeccionado. Sus homólogos polacos, tras someter a los campesinos de una forma no menos feroz, no fueron capaces de generar un absolutismo. Al preservar celosamente los derechos individuales de cada propietario contra todos los demás, y los de todos contra cualquier dinastía, la nobleza polaca cometió un suicidio colectivo. Su miedo patológico a un poder estatal central institucionalizó la anarquía nobiliaria. La consecuencia era previsible: Polonia fue borrada del mapa por sus vecinos, que demostraron en el campo de batalla la más alta necesidad del Estado absolutista.

Tanto en Prusia como en Rusia la militarización extrema del Estado estaba ligada estructuralmente a la segunda característica principal del absolutismo, que radicaba en la naturaleza de la relación funcional entre los propietarios feudales y las monarquías absolutas. La diferencia fundamental entre las variantes oriental y occidental puede verse en los respectivos modos de integración de la nobleza en la nueva burocracia creada por ellas. La venta de cargos no existió en Prusia ni en Rusia en volumen considerable. Los junkers del este del Elba se habían caracterizado por su rapacidad pública en el siglo XVI, en el que hubo una corrupción generalizada, malversación de fondos estatales, arrendamientos de sin eciras y manipulaciones del crédito real[32]. Esta fue la época de dominio incontestado del Herrenstand y el Ritterschaft y de debilitamiento de toda autoridad pública central. La llegada del absolutismo de los Hohenzollern en el siglo XVII cambió radicalmente esta situación. A partir de entonces, el nuevo Estado prusiano impuso una creciente probidad financiera sobre su administración. No se permitió la compra por los nobles de posiciones rentables en la burocracia. Significativamente, sólo en los enclaves de Cleves y Mark, en Renania, que eran socialmente mucho más avanzados y en los que había una floreciente burguesía urbana, fue formalmente sancionada la compra de cargos por Federico Guillermo I y sus sucesores[33]. En Prusia, el conjunto de la burocracia oficial se caracterizaba por su concienzudo profesionalismo. En Rusia, por otra parte, los fraudes y las malversaciones eran males endémicos en las máquinas del Estado moscovita y de los Románov, que perdían de esta forma una gran proporción de sus ingresos. Pero este fenómeno no era más que una variedad directa y primaria del peculado y el robo, aunque en una escala enorme y caótica. La venta de cargos propiamente dicha —en cuanto sistema regulado y legal de reclutamiento de una burocracia— nunca llegó a establecerse seriamente en Rusia. Tampoco fue una práctica significativa en el Estado austríaco, relativamente más avanzado, y que nunca poseyó —al contrario de algunos de los principales vecinos de la Alemania del sur— una clase «funcionarial» que hubiera comprado sus posiciones en la administración. Las razones para esta diferencia general entre el Este y el Oeste son evidentes. El completo estudio de Swart sobre la distribución del fenómeno de la venta de cargos hace hincapié correctamente en su conexión con la existencia de una clase comercial lo cal[34]. En otras palabras, la venta de cargos en Occidente correspondió a la sobredeterminación del último Estado feudal por el rápido crecimiento del capital mercantil y manufacturero. El vínculo contradictorio que el capital establecía entre el cargo público y las personas privadas reflejaba las concepciones medievales de soberanía y contrato, en las que todavía no existía un orden público impersonal; pero simultáneamente era un vínculo monetario, que reflejaba la presencia y la interferencia de una economía monetaria y de sus futuros dueños, la burguesía urbana. Mercaderes, abogados y banqueros tenían acceso a la máquina del Estado si podían pagar las sumas necesarias para comprar su posición en él. La naturaleza mercantil de la transacción era también, por supuesto, un indicio de la relación interclasista establecida entre la aristocracia dominante y su Estado: la unificación por medio de la corrupción y no de la coacción produjo un absolutismo más suave y más avanzado.

En el Este, por el contrario, no había ninguna burguesía urbana que pudiera modificar el carácter del Estado absolutista, el cual, por tanto, no fue atemperado por un sector mercantil. Ya hemos hablado de la sofocante política antiurbana de las noblezas prusiana y polaca. En Rusia, los zares controlaban el comercio —frecuentemente a través de sus propias empresas monopolistas— y administraban las ciudades. A menudo, los residentes en las ciudades eran siervos, lo que constituía un caso único. La consecuencia fue que el híbrido fenómeno de la venta de cargos resultó impracticable. Los principios feudales puros habrían de dirigir la construcción de la maquinaria estatal. El mecanismo de una nobleza de servicio fue en muchos aspectos el correlato oriental de la venta de cargos occidental. La clase de los junkers prusianos fue incorporada directamente al Comisariado de la Guerra y a sus servicios financiero y fiscal por medio de su reclutamiento para el Estado. En la burocracia civil siempre hubo una importante dosis de elementos no aristocráticos que normalmente eran ennoblecidos una vez que habían alcanzado las posiciones superiores[35]. En el campo, los junkers mantenían un control riguroso del Gutsbezirke local y, por tanto, estaban investidos con una completa panoplia de poderes fiscales, jurídicos, de policía y de reclutamiento para el servicio militar sobre los campesinos. Los órganos burocráticos provinciales de la administración central del siglo XVIII, sugerentemente llamados Kriegs - und - Domanen - Kammern (Cámaras de la Guerra y los Dominios), también estaban cada vez más dominados por ellos. En el mismo ejército, el mando de oficiales constituía la reserva profesional de la clase terrateniente. «Sólo los jóvenes nobles eran admitidos en las compañías o escuelas de cadetes que había fundado [Federico Guillermo I], y los nobles sin nombramiento de oficial eran incluidos por su nombre en los informes trimestrales realizados para su hijo, con lo que se indicaba que los nobles se consideraban, eo ipso, aspirantes a oficiales. Aunque muchos plebeyos ascendieron a oficiales bajo la presión de la guerra de sucesión española, fueron purgados inmediatamente después de su final. La nobleza se convirtió de esta forma en una nobleza militar, identificaba sus intereses con los del Estado que le concedía posiciones de honor y de beneficio»[36].

En Austria no había un ajuste tan estrecho entre el aparato del Estado absolutista y la nobleza; la heterogeneidad insuperable de las clases terratenientes de los reinos de los Habsburgo lo imposibilitaba. Con todo, también aquí tuvo lugar un movimiento profundo aunque incompleto hacia la creación de una nobleza de servicio. A la reconquista de Bohemia por los Habsburgo durante la guerra de los Treinta Años siguió la sistemática destrucción de la vieja aristocracia checa y germana de las tierras de Bohemia, en las que se asentó una nobleza nueva y extranjera, de fe católica y orígenes cosmopolitas, que debía por completo sus propiedades y fortunas a la voluntad de la dinastía que la había creado. La nueva aristocracia «bohemia» suministró a partir de entonces el contingente dominante de cuadros del Estado de los Habsburgo, convirtiéndose así en la más importante base social del absolutismo austríaco. Pero el radicalismo abrupto de su construcción desde arriba no se reprodujo en las formas subsiguientes de su integración en la máquina del Estado: el complejo sistema político dinástico dirigido por los Habsburgo hacía imposible una cooptación burocrática uniforme y «regulada» de la nobleza para el servicio del absolutismo[37]. Las posiciones militares por encima de ciertos rangos y tras determinados períodos de servicio conferían títulos nobiliarios de forma automática, pero no surgió ningún vínculo general o institucionalizado entre el servicio al Estado y el orden aristocrático, lo que significó la decadencia final de la fuerza internacional del absolutismo austríaco.

En el más primitivo medio social de Rusia, los principios de una nobleza de servicio habrían de llegar mucho más lejos incluso que en Prusia. Iván IV promulgó en 1556 un decreto que hacía obligatorio para todos los señores el servicio militar, y determinaba el cupo exacto de soldados que debía suministrar cada unidad de tierra, con lo que se consolidaba la clase pomeshchik de nobleza media que había comenzado a aparecer bajo su predecesor. A la inversa, sólo las personas al servicio del Estado podían poseer legalmente la tierra en Rusia a partir de este decreto, con excepción de las instituciones religiosas. Este sistema nunca alcanzó en la práctica la universalidad ni la eficacia que se le confería en la ley, y no acabó en absoluto con el poder autónomo de la anterior clase potentada de los boyardos, que mantuvieron sus tierras como posesión alodial. Pero, a pesar de los muchos vaivenes y retrocesos, los sucesores de Iván heredaron y desarrollaron la obra de éste. Blumhace el siguiente comentario sobre el primer soberano Románov: «El Estado que Miguel fue llamado a gobernar constituía un tipo único de organización política. Era un Estado de servicios, y el zar era su soberano absoluto. Las actividades y obligaciones de todos los súbditos, desde el más grande de los señores hasta el más ínfimo de los campesinos, estaban determinadas por el Estado de acuerdo con sus propios intereses y políticas. Todos los súbditos estaban obligados a determinadas funciones específicas que se programaban para preservar y engrandecer el poder y la autoridad del Estado. Los señores estaban obligados a prestar servicio en el ejército y en la burocracia, y los campesinos estaban atados a los señores para proporcionarles los medios con los que cumplir su servicio al Estado. Todas las libertades y privilegios de los que un súbdito podía gozar le correspondían tan sólo en la medida en que el Estado se las permitía como prerrequisito de la función que cumplía a su servicio»[38]. Pero esto es una evocación retórica de las pretensiones de la autocracia zarista o samoderzhavie, y no una descripción de la verdadera estructura del Estado: las realidades prácticas de la formación social rusa estaban muy lejos de corresponder al omnipotente sistema político sugerido en este párrafo. La teoría ideológica del absolutismo ruso nunca coincidió con sus poderes materiales, que siempre fueron mucho más limitados de lo que los observadores occidentales —prestos a menudo a las exageraciones propias de los viajeros— tendían a creer. Con todo, si se adopta una perspectiva europea comparativa, la peculiaridad del complejo servicio moscovita es innegable. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, Pedro I radicalizó todavía más sus principios normativos. Al mezclar las tierras condicionadas y hereditarias, Pedro I asimiló las clases pomeshchik y boyar. A partir de entonces, todos los nobles debieron convertirse en servidores permanentes del zar. La burocracia del Estado se dividió en catorce rangos; los ocho superiores implicaban una condición noble hereditaria, y los seis inferiores una condición aristocrática no hereditaria. De esta forma, los rangos feudales y la jerarquía burocrática se fundieron orgánicamente: el mecanismo de la nobleza de servicio convirtió en principio al Estado en un simulacro de la estructura de la clase terrateniente, bajo el poder centralizado de su delegado «absoluto».

2. NOBLEZA Y MONARQUÍA: LA VARIANTE ORIENTAL

Es preciso determinar ahora el significado histórico de la nobleza de servicio, y la mejor forma de hacerlo es considerar la evolución —esta vez en el Este— de las relaciones entre la clase feudal y su Estado. Ya hemos visto que antes de la expansión del feudalismo occidental hacia el Este, durante la Edad Media, las principales formaciones sociales eslavas de Europa oriental no habían producido ningún sistema político feudal, plenamente articulado, del tipo que había surgido de la síntesis romano-germánica en Occidente. Todas ellas se encontraban en diferentes estadios de la transición entre las incipientes federaciones tribales de los asentamientos originarios y jerarquías sociales estratificadas con estructuras de Estado estabilizadas. Como se recordará, el modelo más característico combinaba una aristocracia guerrera dominante con una población heteróclita de campesinos libres, siervos por deudas o esclavos capturados, mientras que la estructura del Estado estaba todavía muy cerca del sistema de séquitos acompañantes de los jefes militares tradicionales. Ni siquiera la Rusia de Kiev, que era el sector más avanzado de toda la región, había producido todavía una monarquía hereditaria y unificada. El impacto del feudalismo occidental sobre las formaciones sociales del Este ya se ha discutido en lo que se refiere a sus efectos sobre el modo de producción dominante en las tierras y las aldeas, así como sobre la organización de las ciudades. Sin embargo, se ha estudiado menos su influencia sobre la propia nobleza, a pesar de que, como ya hemos visto, dentro de la clase dominante se produjo una evidente y creciente adaptación a las normas jerárquicas occidentales. En Bohemia y Polonia, por ejemplo, la alta aristocracia se fue perfilando precisamente desde mediados del siglo XII hasta principios del XIV, esto es, en el período culminante de la expansión germana; también fue entonces cuando aparecieron los rytiri y vladky o caballeros checos, junto con los grandes barones, mientras que en ambos países se adoptaba el uso de blasones y títulos procedentes de Alemania en la segunda mitad del siglo XIII[1]. En la mayor parte de los países orientales, el sistema de títulos se tomó del uso germano (y más adelante danés): conde, margrave, duque, fueron palabras adoptadas sucesivamente por las lenguas eslavas.

Sin embargo, tanto durante la era de expansión económica de los siglos XI y XII, como en la de contracción de los dos siglos siguientes, hay que observar dos rasgos fundamentales de la clase dominante del Este, que son anteriores a la ausencia de una síntesis feudal del tipo occidental. En primer lugar, la institución de la posesión condicional —esto es, el sistema propiamente feudal— nunca estuvo realmente arraigado más allá del Elba[2]. Es cierto que este sistema siguió inicialmente el camino de la colonización germana y siempre tuvo más fuerza en las tierras al este del Elba, ocupadas permanentemente por los junkers germanos, que en cualquier otra parte. Pero las propiedades germanas que estaban obligadas a prestar servicios de caballería en el Este eran legalmente alodiales en el siglo XIV, aunque tuviesen obligaciones militares[3]. En el siglo XV, las ficciones jurídicas fueron cada vez más ignoradas en Brandemburgo, y el Rittergut tendió a convertirse en una propiedad patrimonial (proceso que no era diferente, en este sentido, de lo que estaba ocurriendo en Alemania occidental). Tampoco en los otros países pudo establecerse con firmeza la posesión condicional. En Polonia, las propiedades alodiales fueron más numerosas que los feudos durante la Edad Media, pero, como en Alemania oriental, ambos tipos de propiedad estaban obligadas a la prestación de servicios militares, aunque esta obligación era más ligera para las primeras. A partir de la segunda mitad del siglo XV, la nobleza logró convertir muchas propiedades feudales en alodiales, contra los esfuerzos de la monarquía por invertir este proceso. Desde 1561 hasta 1588, la Sejm aprobó una serie de decretos que conmutaban en todas partes las propiedades feudales por alodiales[4]. En Rusia, como hemos visto, la propiedad característica de los boyardos siempre fue la votchina alodial; la imposición desde arriba del sistema condicional de pomestie fue obra posterior de la autocracia zarista. En todas estas tierras había pocos o ningún señorío intermedio entre los caballeros y los monarcas, del tipo del tenente in capite que tan importante papel jugó en las compactas jerarquías feudales de Occidente. Las cadenas complejas de subvasallaje o subinfeudación eran prácticamente desconocidas. Por otra parte, la autoridad pública tampoco estuvo nunca tan limitada o dividida jurídicamente como en el Occidente medieval. Los cargos administrativos locales de todas estas tierras se recibían por nombramiento más que por herencia, y los soberanos conservaban el derecho formal de imponer contribuciones a toda la población campesina, que no quedaba sustraída del dominio público por medio de jurisdicciones e inmunidades privadas, aunque en la práctica los poderes fiscales y legales de los príncipes o los duques fueran a menudo muy limitados. El resultado fue la presencia de una red de relaciones intrafeudales mucho menos trabada que en Occidente.

No hay duda de que este modelo estaba ligado a la implantación espacial del feudalismo del Este. Así como las vastas y escasamente pobladas extensiones de tierra crearon a la nobleza del Este problemas específicos de explotación del trabajo, a causa de la posibilidad de huidas, también crearon problemas especiales para la integración jerárquica de la nobleza por los príncipes y señores. El carácter fronterizo de las formaciones sociales del Este hacía extremadamente difícil para los soberanos dinásticos imponer la obediencia ligia a los colonizadores y terratenientes militares, en un medio sin límites en el que los aventureros armados y las veleidades anárquicas eran muy abundantes. Como consecuencia de esto, la solidaridad feudal vertical era mucho más débil que en Occidente. Había pocos lazos orgánicos que atasen internamente entre sí a las distintas aristocracias. Esta situación no se vio transformada sustancialmente por la introducción del sistema señorial durante la gran crisis del feudalismo europeo. La agricultura de reservas señoriales y el trabajo servil alinearon ahora más estrechamente la agricultura del Este con las normas de producción del primer período medieval de Occidente. Pero la reacción señorial que creó estas nuevas condiciones no reprodujo simultáneamente el específico sistema feudal que las había acompañado. Una consecuencia de este hecho fue la concentración del poder señorial sobre el campesinado hasta un punto desconocido en Occidente, donde la soberanía fragmentada y la propiedad escalonada crearon jurisdicciones plurales sobre los villanos, con confusiones y solapamientos que favorecían objetivamente la resistencia campesina. En Europa oriental, por el contrario, el señorío territorial, personal y económico se fundía generalmente en una sola autoridad señorial, que ejercía derechos acumulados sobre sus súbditos siervos[5]. Esta concentración de poderes llegaba tan lejos que en Rusia y en Prusia los siervos podían venderse, por separado de las tierras en las que trabajaban, a otros propietarios, lo que constituía una situación de dependencia personal cercana a la esclavitud. El sistema señorial no afectó, pues, inicialmente, al tipo predominante de posesión aristocrática de la tierra, aunque lo amplió enormemente a costa de las tierras comunes de las aldeas y de las pequeñas propiedades campesinas. Si algo hizo este sistema fue aumentar el poder despótico local dentro de la clase señorial.

La doble presión que creó finalmente un Estado absolutista en el Este se ha esbozado más arriba. Es preciso insistir ahora en que la transición hacia el absolutismo no podía seguir el mismo rumbo que en Occidente, a causa no sólo del aplastamiento de las ciudades o de la servidumbre del campesinado, sino también del carácter específico de la nobleza que la llevó a cabo. Esta nobleza no había experimentado ningún proceso de adaptación secular a una jerarquía feudal relativamente disciplinada que la preparase para su integración en un absolutismo aristocrático. A pesar de esto, al enfrentarse con los peligros históricos de la conquista extranjera o de las deserciones campesinas, la nobleza necesitó un instrumento capaz de dotarla ex novo de una unidad de hierro. El tipo de integración política realizado por el absolutismo en Rusia y en Prusia siempre llevó la marca de esta originaria situación de clase. Hemos subrayado en qué medida la hora del absolutismo se adelantó en la Europa oriental; en qué medida era una estructura de Estado situada por delante de las formaciones sociales que le servían de base, para nivelar a los estados occidentales que estaban frente a ellas. Ahora es preciso subrayar el reverso de esta misma relación dialéctica. La construcción del «moderno» edificio absolutista necesitaba precisamente la creación de la relación de servicios «arcaica» que había sido característica del sistema feudal de Occidente. Antes, esta relación nunca había arraigado profundamente en el Este, y precisamente cuando estaba desapareciendo en Occidente, por la llegada del absolutismo, comenzó a aparecer en el Este por exigencias del absolutismo. El caso más claro fue, naturalmente, Rusia. Los siglos medievales, tras la caída del Estado de Kiev, habían conocido una autoridad política mediatizada y una relación mutua de soberanía y vasallaje entre príncipes y señores, pero ambas estaban disociadas del señorío territorial y de la posesión de la tierra, que seguían bajo el dominio de la votchina alodial de la clase boyarda[6]. Sin embargo, a partir de los comienzos de la época moderna, todos los avances del zarismo se construyeron sobre la conversión de las posesiones alodiales en condicionales, con la implantación del sistema de pomestie en el siglo XVI, su predominio sobre la votchina en el XVII y la mezcla final de ambos en el XVIII. Por vez primera, la tierra se poseía ahora a cambio de servicios caballerescos al gran señor feudal, el zar, en lo que era una réplica del feudo del Occidente medieval. En Prusia no hubo una transformación jurídica tan radical de la posesión de la tierra, aparte de la recuperación en gran escala de las tierras reales tras las enajenaciones del siglo XVI, debido a que todavía sobrevivían las huellas del sistema feudal. Pero también aquí la dispersión horizontal de los junkers fue rota por una rigurosa integración vertical en el Estado absolutista bajo el imperativo ideológico de la obligación universal de la clase nobiliaria de servir a su soberano feudal. De hecho, el ethos del servicio militar al Estado habría de ser mucho más profundo en Prusia que en Rusia, y al final habría de producir la aristocracia europea probablemente más fiel y disciplinada. Así pues, en Prusia fue mucho menos necesaria la reforma legal y la coacción material que el zarismo tuvo que aplicar de forma tan implacable en su esfuerzo para forzar a la clase terrateniente rusa al servicio militar al Estado[7]. En ambos casos, sin embargo, el resurgimiento de la relación de servicio en Europa introdujo, de hecho, una drástica modificación en ella, porque el servicio militar exigido no se prestaba simplemente a un señor principal en la cadena mediatizada de dependencia personal que era la jerarquía feudal de la época medieval, sino a un supercentralizado Estado absolutista.

Este desplazamiento de la relación produjo dos consecuencias inevitables. En primer lugar, el servicio exigido ya no era una ocasional y autónoma acción de armas por un caballero a la llamada de su superior feudal, como por ejemplo la convencional cabalgada de cuarenta días estipulada en el sistema feudal normando, sino que era la entrada en un aparato burocrático y su carácter tendía a convertirse en algo vocacional y permanente. En este sentido, el extremo se alcanzó con los decretos de Pedro I, que hacían a la dvoriantsvo rusa legalmente responsable de prestar servicio al Estado durante toda su vida. Una vez más, la misma ferocidad e irrealismo de este sistema reflejaba la enorme dificultad de integrar a la nobleza rusa en el aparato zarista más que un verdadero éxito de esta empresa. En Prusia no hubo ninguna necesidad de estas medidas extremas, porque la clase de los junkers fue desde el principio más reducida y más dócil. En ambos casos, sin embargo, es evidente que el servicio propiamente burocrático —fuese militar o civil— contradice uno de los principios fundamentales del contrato feudal de la época medieval en Occidente, a saber, su naturaleza recíproca. El sistema de feudos siempre tuvo un componente explícito de reciprocidad: el vasallo no sólo tenía obligaciones hacia su señor, sino también derechos que el señor estaba obligado a respetar. El derecho medieval incluía expresamente la noción de felonía señorial, esto es, la ruptura ilegal de la relación por el superior feudal y no por el inferior. Ahora bien, es evidente que esta reciprocidad personal, con sus garantías legales relativamente estrictas, era incompatible con un absolutismo pleno, que presuponía un poder nuevo y unilateral del aparato central del Estado. Por eso, el segundo rasgo distintivo de la relación de servicio en el Este fue, de hecho y necesariamente, su heteronomía. El pomeshchik no era un vasallo que pudiera exigir sus propios derechos contra el zar; era un servidor, que recibía tierras de la autocracia y quedaba obligado a una obediencia incondicional. Su sumisión era legalmente directa e inequívoca y no estaba mediatizada por las instancias intermedias de una jerarquía feudal. Esta extrema concepción zarista nunca fue asimilada por Prusia, pero también aquí se dio una llamativa carencia del fundamental elemento de reciprocidad en los vínculos entre el junker y el Estado de los Hohenzollern. El ideal del Rey Sargento se expresa claramente en esta petición: «Tenéis que servirme con la vida y la muerte, con la casa y la riqueza, con el honor y la conciencia; debéis entregarlo todo, excepto la salvación eterna, que pertenece a Dios. Pero todo lo demás es mío»[8]. En ninguna otra parte llegó a penetrar tanto en la clase terrateniente el culto a la obediencia militar mecánica (la Kadavergehorsamkeit de la burocracia y el ejército prusianos). Así pues, en el Este nunca se produjo una réplica perfecta de la síntesis feudal occidental, ni antes ni después de la última crisis medieval. Antes bien, los elementos componentes de este feudalismo fueron reconstruidos en una serie de combinaciones asincrónicas, sin que ninguna de ellas llegara a poseer nunca la plenitud ni la unidad de la síntesis originaria. Así, el sistema señorial funcionó tanto bajo la anarquía nobiliaria como bajo el absolutismo centralizado; existió soberanía fragmentada, pero en épocas de posesión incondicional; las posesiones condicionadas aparecieron, pero con obligaciones de servicio no recíprocas, y la jerarquía feudal fue codificada en el marco de la burocracia estatal. El absolutismo representó la más paradójica reconjugación de todos estos elementos; en términos occidentales, una extraña mezcla de estructuras modernas y medievales, consecuencia de la específica temporalidad «condensada» del Este.

La adaptación de los terratenientes de Europa oriental a la implantación del absolutismo no fue un proceso lineal, sin vicisitudes, como tampoco lo había sido en Occidente. De hecho, la szlachta polaca —caso único en Europa— desbarató todos los esfuerzos por crear un fuerte Estado dinástico, por razones de las que se hablará más adelante. En general, sin embargo, la relación entre la monarquía y la nobleza siguió en el Este una trayectoria similar a la del Oeste, aunque con algunas características propias, regionalmente significativas. Así, durante el siglo XVI prevaleció una relativa despreocupación aristocrática, seguida en el XVII por conflictos y tumultos de gran amplitud, que dejaron paso en el XVIII a una nueva y confiada concordia. Pero esta pauta política se distinguió de la Occidental en cierto número de importantes aspectos. Para empezar, el proceso de construcción del Estado absolutista comenzó en el Este mucho más tarde. En la Europa oriental del mismo siglo no hubo ningún equivalente a las monarquías renacentistas de Europa occidental. Brandemburgo era todavía un remanso provincial sin ningún poder principesco notable; Austria estaba paralizada en el sistema medieval imperial del Reich; Hungría había perdido su dinastía tradicional y había sido ampliamente dominada por los turcos; Polonia se mantenía como una mancomunidad aristocrática; Rusia experimentaba una autocracia prematura y forzada que muy pronto sucumbió. El único país que produjo una genuina cultura renacentista fue Polonia, cuyo sistema estatal era prácticamente una república nobiliaria. El único país que tuvo una poderosa monarquía protoabsolutista fue Rusia, cuya cultura permaneció en una situación mucho más primitiva que la de cualquier otro Estado de la zona. Al estar desunidos, ambos fenómenos tuvieron corta duración. Los estados absolutistas duraderos sólo pudieron erigirse en el Este durante el siglo siguiente, después de la plena integración militar y diplomática del continente en un solo sistema internacional, y de la consiguiente presión occidental que le acompañó.

El destino de las asambleas de Estados en esta zona fue el índice más claro de los avances del absolutismo. Los tres sistemas de Estados más fuertes del Este eran los de Polonia, Hungría y Bohemia, que reivindicaban para sí el derecho constitucional de elegir a sus respectivos monarcas. La Sejm polaca, asamblea bicameral en la que sólo estaban representados los nobles, no sólo frustró la ascensión de una autoridad monárquica central en la mancomunidad después de sus trascendentales victorias del siglo XVI, sino que incrementó las prerrogativas anárquicas de la nobleza con la introducción en el siglo XVII del liberum veto, por el que cualquier miembro de la Sejmpodía disolverla con un simple voto negativo. El caso polaco fue el único en Europa: la posición de la aristocracia era tan inquebrantable que ni siquiera hubo en esta época un conflicto serio entre la monarquía y la nobleza, porque ningún rey electivo acumuló nunca el poder suficiente para enfrentarse a la szlachta. En Hungría, por otra parte, los tradicionales Estados chocaron frontalmente con la dinastía Habsburgo cuando ésta procedió a la centralización administrativa desde finales del siglo XVI. La nobleza magiar, alentada por un particularismo nacionalista y protegida por el poderío turco, resistió al absolutismo con todas sus fuerzas. Ninguna otra nobleza europea habría de sostener luchas tan feroces y persistentes contra la usurpación de la monarquía. No menos de cuatro veces en el espacio de cien años —en 1604-8, 1620-1, 1678-82 y 1701-11, bajo Bocskay, Bethlen, Tökölli y Rákóczi—, los sectores más importantes de la clase terrateniente húngara se levantaron en rebelión armada contra la Hofburg. Al final de esta prolongada y virulenta contienda, el separatismo magiar quedó destrozado, y Hungría ocupada por los ejércitos absolutistas unificados, mientras que los siervos locales eran sometidos a una contribución central. Pero en casi todos los otros aspectos se mantuvieron los privilegios de los Estados, y la soberanía de los Habsburgo en Hungría sólo fue una débil sombra de su equivalente en Austria. En Bohemia, por el contrario, la rebelión de los Snem, que precipitó la guerra de los Treinta Años, fue aplastada en la batalla de la Montaña Blanca en 1620. La victoria del absolutismo austríaco fue completa y definitiva, liquidando enteramente a la vieja nobleza bohemia. Los sistemas de Estados sobrevivieron formalmente en Austria y en Bohemia, pero a partir de entonces fueron obedientes cajas de resonancia de la dinastía.

En las dos zonas que dieron origen a los estados absolutistas más desarrollados y dominantes de Europa oriental, la pauta histórica fue diferente. En Prusia y en Rusia no hubo grandes rebeliones aristocráticas contra la llegada de un Estado centralizado. Por el contrario, es digno de mención que, en la difícil fase de transición hacia el absolutismo, la nobleza de estos países jugó un papel menos prominente en las rebeliones políticas de la época que sus homónimos de Occidente. Los estados de los Hohenzollern o los Románov nunca se enfrentaron con ningún verdadero equivalente de las guerras de religión, la Fronda, la rebelión catalana y ni siquiera el Peregrinaje de Gracia. En ambos países, el sistema medieval de Estados desapareció hacia finales del siglo XVII sin clamores ni lamentos. El Landtag de Brandemburgo asintió pasivamente al creciente absolutismo del Gran Elector tras la suspensión de 1653. La única resistencia seria provino de los burgos de Koenigsberg; los terratenientes de Prusia oriental, por el contrario, aceptaron con pocos reparos la supresión sumaria de los antiguos derechos del Ducado. La constante política antiurbana seguida por las noblezas orientales tuvo su efecto ahora, cuando estaba en camino el proceso de absolutización[9]. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, las relaciones entre la dinastía y la nobleza prusiana no estuvieron en modo alguno libres de tensiones y suspicacias: ni el Gran Elector ni el Rey Sargento fueron dirigentes populares entre su propia clase, que a menudo fue tratada duramente por ambos. Pero durante esta época nunca se desarrolló en Prusia ninguna división seria entre la monarquía y la nobleza, ni siquiera de carácter transitorio. En Rusia, la Asamblea de los Estados —el Zemski Sobor— era una institución particularmente débil y artificial[10], creada originariamente en el siglo XVI por Iván IV por razones tácticas. Su composición y convocatoria eran fácilmente manipuladas por las camarillas cortesanas de la capital; el principio de los estados medievales nunca adquirió vida independiente en Moscovia y se debilitó todavía más a causa de las divisiones sociales en el seno de la clase terrateniente, entre el estrato de los grandes boyardos y la pequeña nobleza pomeshchik, cuyo ascenso había sido promovido por los zares del siglo XVI.

Así pues, aunque se desencadenaron gigantescas luchas sociales en el curso de la transición hacia el absolutismo, en una escala mucho mayor que la conocida en Europa occidental, sus protagonistas fueron las clases explotadas rurales y urbanas, y no los privilegiados ni los propietarios, que en conjunto revelaron una prudencia considerable en sus relaciones con el zarismo. «A lo largo de nuestra historia», escribía el conde Stroganov a Alejandro I en un memorándum confidencial, «la fuente de todos los disturbios ha sido siempre el campesinado, mientras que la nobleza nunca se ha agitado; si el gobierno tiene que temer a alguna fuerza o vigilar a algún grupo, es a los siervos y no a ninguna otra clase»[11]. Los grandes acontecimientos que marcaron la desaparición del Zemski Sobor y de la Duma boyarda no fueron rebeliones separatistas nobiliarias, sino las guerras campesinas de Bolótnikov y Razin, los disturbios urbanos de los artesanos de Moscú, el aumento de los tumultos cosacos a lo largo del Dnieper y el Don. Estos conflictos proporcionaron el contexto histórico en cuyo interior se iban a resolver las contradicciones intrafeudales entre los boyardos y los pomeshchiki, contradicciones que desde luego fueron mucho más agudas que en Prusia. Durante la mayor parte del siglo XVII, los grupos boyardos controlaron la maquinaria central del Estado, en ausencia de zares fuertes, mientras la pequeña y media nobleza perdía espacio político; pero los intereses esenciales de ambas estaban protegidos por las nuevas estructuras del absolutismo ruso, a medida que éste se iba consolidando. La represión autocrática contra algunos aristócratas fue mucho más feroz en Rusia que en Occidente, debido a la falta de algún equivalente a las tradiciones legales del medievo occidental. Lo sorprendente, sin embargo, es la estabilidad que pudo alcanzar la monarquía rusa en medio de las luchas febriles emprendidas por controlarla por los pequeños grupos cortesanos y militares de la nobleza. La fuerza de la función del absolutismo superó tanto a la de sus regios ocupantes nominales que, después de Pedro I, la vida política pudo convertirse durante cierto tiempo en una serie frenética de intrigas y golpes palaciegos sin que por ello se modificara el poder del zarismo como tal, o se pusiera en peligro la estabilidad del conjunto del país.

El siglo XVIII presenció, de hecho, el cénit de la armonía entre la aristocracia y la monarquía en Prusia y en Rusia, como había ocurrido en Europa occidental. En esta época fue cuando la nobleza de ambos países adoptó el francés como lengua culta de la clase dominante, idioma en el que Catalina II habría de declarar con franqueza: Je suis une aristocrate, c’est mon metier (lo que vale como resumen de toda la época)[12]. La consonancia entre la clase terrateniente y el Estado absolutista era mucho mayor en las dos grandes monarquías del Este que en el Oeste. La debilidad histórica de los elementos contractuales y de reciprocidad del vasallaje feudal en Europa oriental durante la época anterior ya se han señalado antes. La jerarquía de servicios del absolutismo prusiano y ruso nunca reprodujo las obligaciones recíprocas del homenaje feudal, porque una pirámide burocrática excluye necesariamente los votos interpersonales de una jerarquía señorial, y sustituye las fidelidades por mandatos. Pero la supresión de las garantías individuales entre señor y vasallo, que aseguraban en principio una relación caballerosa entre ambos, no significaba que los nobles del Este quedasen por ello entregados a la tiranía arbitraria o implacable de sus monarcas. La aristocracia como clase fue ratificada en su poder social por la naturaleza objetiva del Estado que se había levantado por «encima» de ella. El servicio de la nobleza en la maquinaria del absolutismo aseguraba que el Estado absolutista sirviera a los intereses políticos de la nobleza. El vínculo entre ambos entrañaba más coacción que en Occidente, pero también más intimidad. Por tanto, y a pesar de las apariencias ideológicas, las normas generales del absolutismo europeo nunca se infringieron seriamente en los países del Este. La propiedad privada y la seguridad de la clase terrateniente fueron siempre el talismán doméstico de los regímenes reales, sin que influyera en esto para nada el carácter autocrático de sus pretensiones[13]. La composición de la nobleza podía ser transformada y reconstruida a la fuerza en las situaciones de crisis agudas, como lo había sido en el Occidente medieval, pero siempre se mantuvo su posición estructural dentro de la formación social. El absolutismo oriental, no menos que el occidental, se detenía en las puertas de las propiedades señoriales, y, a la inversa, la nobleza obtenía su riqueza y su poder fundamental de la posesión estable de la tierra, y no de su presencia temporal en el Estado. En toda Europa, la gran masa de la propiedad agraria siguió siendo jurídicamente hereditaria e individual dentro de la clase noble. Los grados de la nobleza podían estar coordinados con los rangos en el ejército o en la administración, pero nunca se redujeron a éstos: los títulos siempre subsistieron al margen del servicio al Estado, indicando el honor antes que el cargo.

Por tanto, no es sorprendente que a pesar de las grandes diferencias en el conjunto de la formación histórica de las dos mitades de Europa, la trayectoria de la relación entre monarquía y aristocracia en el Este fuese tan similar a la del Oeste. La imperiosa llegada del absolutismo tropezó con la incomprensión y el rechazo iniciales, pero tras un período de confusión y resistencia fue aceptado y abrazado finalmente por la clase terrateniente. El siglo XVIII fue en toda Europa una época de reconciliación entre monarquía y nobleza. En Prusia, Federico II siguió una política claramente aristocrática de reclutamiento y promoción en el aparato del Estado absolutista, excluyendo a los extranjeros y a los roturiers de las posiciones que antes habían tenido en el ejército y en la burocracia central. También en Rusia los oficiales profesionales expatriados, que habían sido uno de los pilares de los regimientos zaristas reformados del siglo XVII, perdieron sus puestos mientras la dvorianstvo entraba de nuevo en las fuerzas armadas imperiales y sus privilegios administrativos provinciales eran generosamente ampliados y confirmados por la carta de la nobleza promulgada por Catalina II. En el imperio austríaco, María Teresa consiguió un éxito sin precedentes al disipar la hostilidad de la nobleza húngara hacia la dinastía Habsburgo, vinculando a los grandes magiares con la vida de la corte en Viena y creando en la misma capital una guardia húngara especial para su persona, A mediados de siglo, el poder central de las monarquías era mucho mayor que antes, y sin embargo la relación entre los respectivos soberanos y los terratenientes del Este era más estrecha y relajada que en cualquier otro tiempo pasado. Además, y contrariamente al del Oeste, el absolutismo tardío del Este se encontraba ahora en su apogeo político. El «despotismo ilustrado» del siglo XVIII fue esencialmente un fenómeno de la Europa central y oriental[14], simbolizado por los tres monarcas que se repartieron Polonia: Federico II, Catalina II y José II. El coro de alabanzas a su obra, procedentes de los philosophes burgueses de la Ilustración occidental, a pesar de sus frecuentes e irónicos errores, no fue un mero accidente histórico: la capacidad y la energía dinámica parecían haber pasado a Berlín, Viena y San Petersburgo. Este período fue el punto culminante del desarrollo del ejército, la burocracia, la diplomacia y la política económica mercantilista del absolutismo en el Este. La partición de Polonia, ejecutada tranquila y colectivamente en desafío a las impotentes potencias occidentales, en vísperas de la revolución francesa, parecía simbolizar su ascenso internacional.

Ansiosos de brillar en el espejo de la civilización occidental, los soberanos absolutos de Prusia y Rusia emularon con asiduidad las hazañas de sus iguales de Francia o España y adularon a los escritores occidentales que llegaban para levantar acta de su esplendor[15]. En algunos aspectos limitados, los absolutismos orientales de este siglo fueron curiosamente más avanzados que sus prototipos occidentales del siglo anterior, debido a la evolución general de los tiempos. Mientras Felipe III y Luis XIV habían expulsado sin contemplaciones a los moriscos y hugonotes, Federico II no sólo dio la bienvenida a los refugiados por motivos religiosos, sino que estableció oficinas de inmigración en el extranjero para promover el crecimiento demográfico de su reino: un nuevo rasgo de mercantilismo. También se promovieron políticas poblacionistas en Austria y en Rusia, que lanzaron ambiciosos programas de colonización en el Banato y en Ucrania. La tolerancia oficial y el anticlericalismo se potenciaron en Austria y en Prusia, al contrario de lo que ocurría en España o Francia[16]. Se inició o se extendió la educación pública, alcanzándose notables progresos en las dos monarquías germánicas, especialmente en los reinos de los Habsburgo. La llamada a filas se implantó por doquier, con notable éxito en Rusia. Económicamente, se llevaron a la práctica con vigor el proteccionismo y el mercantilismo absolutistas. Catalina presidió la gran expansión de la industria metalúrgica en los Urales y llevó a cabo una importante reforma de la moneda rusa. Federico II y José II duplicaron los establecimientos industriales de sus dominios. En Austria, el mercantilismo tradicional llegó a mezclarse con las influencias más modernas de la fisiocracia, con su mayor énfasis en la producción agraria y en las virtudes del laissez-faire interno.

Con todo, ninguno de estos aparentes avances transformó realmente el carácter y la posición relativa de los ejemplos orientales del absolutismo europeo en la época de la Ilustración. Las estructuras subyacentes de estas monarquías continuaron siendo arcaicas y retrógradas incluso en el momento de su mayor prestigio. Austria, sacudida por la derrota en la guerra con Prusia, fue escenario de un intento monárquico de restablecer la fuerza del Estado por medio de la emancipación del campesinado[17]. Sin embargo, las reformas agrarias de José II acabaron en el fracaso, inevitable una vez que la monarquía se había aislado de su nobleza circundante. El absolutismo austriaco fue ya para siempre débil e inferior. El futuro estaba con los absolutismos prusiano y ruso. Federico II mantuvo la servidumbre, y Catalina II la extendió: los fundamentos señoriales del absolutismo oriental permanecieron intactos en las potencias dominantes de la región hasta el siglo siguiente. Pero entonces, una vez más, el impacto del ataque militar procedente de Occidente, que había contribuido en el pasado a traer a la existencia al absolutismo oriental, puso fin a la servidumbre sobre la que éste se asentaba. Ahora el asalto provenía de los estados capitalistas y era imposible resistirlo durante mucho tiempo. La victoria de Napoleón en Jena condujo directamente a la emancipación legal del campesinado prusiano en 1811. La derrota de Alejandro II en Crimea precipitó la emancipación formal de los siervos rusos en 1861. Pero estas reformas no significaron en ningún caso el fin del absolutismo en Europa oriental. La duración de la vida de ambos, contrariamente a cualquier expectativa lineal, pero en conformidad con la marcha oblicua de la historia, no coincidió: el Estado absolutista del Este, como veremos más adelante, habría de sobrevivir a la servidumbre.

3. PRUSIA

Una vez estudiados sus determinantes comunes, es preciso considerar ahora la evolución divergente de las específicas formaciones sociales del Este. Prusia presenta el caso típico en Europa de un desarrollo desigual y combinado que produjo finalmente el mayor Estado capitalista industrializado del continente a partir de uno de los más pequeños y más atrasados territorios feudales del Báltico. Los problemas teóricos planteados por esta trayectoria fueron abordados específicamente por Engels en su famosa carta a Bloch de 1890, en la que trata de la importancia irreductible de los sistemas político, legal y cultural en la estructura de toda determinación histórica: «Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto […] También el Estado prusiano ha nacido y se ha desarrollado por causas históricas que son, en última instancia, causas económicas. Pero apenas podrá afirmarse, sin incurrir en pedantería, que de los muchos pequeños estados del norte de Alemania fuese precisamente Brandemburgo, por imperio de la necesidad económica, y no también por intervención de otros factores (y principalmente su complicación, mediante la posesión de Prusia, en los asuntos de Polonia, y a través de esto, en las relaciones políticas internacionales, que fueron también decisivas en la formación de la potencia dinástica austríaca), el destinado a convertirse en la gran potencia en que tomaron cuerpo las diferencias económicas, lingüísticas, y desde la Reforma también las religiosas, entre el Norte y el Sur»[1]. Al mismo tiempo, es evidente que las complejas causas del ascenso de Brandemburgo contienen también la respuesta al problema central de la historia moderna de Alemania: por qué la unificación de Alemania en la época de la revolución industrial se alcanzó en último término bajo la dirección política de los junkers agrarios de Prusia. Dicho de otra forma, el ascenso del Estado de los Hohenzollern concentra de forma particularmente clara algunos de los problemas claves de la naturaleza y función del absolutismo en el desarrollo político de Europa.

Sus comienzos no fueron especialmente prometedores. En su origen, la casa Hohenzollern fue transplantada por el emperador Segismundo, durante su lucha contra la revolución husita en Bohemia, desde el sur de Alemania —donde había sido tradicionalmente un linaje aristocrático en disputa con la ciudad mercantil de Nuremberg— a Brandemburgo, a principios del siglo XV. Federico, primer margrave Hohenzollern de Brandemburgo, fue nombrado elector del imperio en 1415 por sus servicios a Segismundo[2]. El siguiente margrave suprimió la autonomía municipal de Berlín, y sus sucesores, a su vez, tomaron a la Liga Hanseática las otras ciudades de la Marca y las sometieron. Como ya hemos señalado, a principios del siglo XVI Brandemburgo era un región desprovista de ciudades libres. Pero en esta remota zona fronteriza, la derrota de las ciudades aseguró la supremacía de la nobleza más que la de la dinastía. La aristocracia local amplió constantemente sus dominios, cercando las propiedades comunes de las aldeas, y privó a los pequeños campesinos de sus tierras a medida que los cultivos de exportación se hacían más lucrativos. Al mismo tiempo, la clase terrateniente tomó el control de la alta justicia, compró las tierras del elector y monopolizó los cargos administrativos, mientras que una serie de soberanos ineficaces se deslizaba hacia un endeudamiento y una impotencia crecientes. Un firme sistema de Estados, dominado por la nobleza, opuso su veto al desarrollo de un ejército permanente y de toda política exterior, convirtiendo al electorado en uno de los ejemplos más claros de Alemania de un Standestaat descentralizado en la época de la Reforma. Así, tras la crisis económica del último periodo de la Edad Media, durante la época de la revolución de los precios en Occidente, Brandemburgo se conformó con una modesta prosperidad señorial y con un poder principesco muy débil. Aprovechando los beneficios del comercio de grano, pero mostrando una línea política poco agresiva, la sociedad de los junkers fue durante todo el siglo XVI un remanso dormido y provinciano[3]. Mientras tanto, la Prusia oriental se había convertido en feudo hereditario de otra rama de la familia Hohenzollern, cuando Alberto Hohenzollern, como último gran maestre, liquidó oportunamente la Orden Teutónica, al declararse a favor de la Reforma en 1525 y adquirir el título secular de duque, concedido por su señor polaco. La disolución de la orden militar-clerical dominante, cuya prolongada decadencia databa de la derrota y sometimiento por Polonia en el siglo XV, condujo a la fusión de sus caballeros con los terratenientes seculares, y de ahí a la creación por vez primera de una clase señorial unificada en la Prusia oriental. Una rebelión campesina contra el nuevo régimen fue rápidamente aplastada, a la par que se consolidaba una sociedad muy similar a la de Brandemburgo. El desahucio y la servidumbre se implantaron en el campo, donde los arrendatarios libres fueron degradados muy pronto al rango de villanos; sólo sobrevivió un pequeño estrato de Colmer, que habían sido pequeños servidores de los Caballeros Teutónicos. De todas formas, Polonia ya se había anexionado en el siglo anterior prácticamente todas las ciudades de alguna importancia, con la excepción de Koenigsberg, la única ciudad relativamente grande de la región que seguía incólume. Constitucionalmente, el poder del príncipe en el nuevo ducado era muy frágil y limitado, aunque las tierras ducales fuesen extensas. Los Estados prusianos conservaron quizá privilegios más amplios que cualquier otra institución de su tipo en Alemania, incluyendo el de hacer nombramientos administrativos, los poderes judiciales y el derecho permanente a recurrir a la monarquía polaca contra los duques[4]. El significado internacional de la Prusia oriental era en este momento menor incluso que el de Brandemburgo.

En 1618, los dos principados —hasta entonces políticamente independientes— se unieron al acceder a la sucesión de Prusia oriental el elector de Brandemburgo, por medio de un matrimonio interfamiliar, aunque el ducado continuó siendo un feudo polaco. Cuatro años antes había tenido lugar otro avance territorial en la Baja Renania, cuando los dos pequeños territorios de Cleves y Mark —enclaves densamente poblados y altamente urbanizados del oeste— quedaron unidos por herencia al patrimonio de los Hohenzollern. Sin embargo, las nuevas adquisiciones de principios del siglo XVII carecían de un corredor de tierra que las uniera a Brandemburgo; las tres posesiones del elector estaban dispersas y eran estratégicamente vulnerables. El propio electorado, según las medidas pangermanas, era todavía un Estado aislado e indigente, llamado despectivamente por sus contemporáneos «la salvadera del Sacro Imperio Romano Germánico». «Nada indicaba que Brandemburgo o Prusia hubieran de jugar alguna vez un papel fundamental en los asuntos germanos o europeos»[5]. Las tempestades de la guerra de los Treinta Años y de la expansión sueca sacudieron de su inercia al Estado de los Hohenzollern. Brandemburgo se situó por vez primera en el mapa de la política internacional cuando los ejércitos imperiales de Wallenstein recorrieron victoriosamente Alemania en dirección al Báltico. El elector Jorge Guillermo, un luterano hostil a la idea de un soberano calvinista en Praga, se había unido políticamente al emperador Fernando II de Habsburgo durante el conflicto originario de Bohemia. Pero cualquier papel militar estaba fuera de sus posibilidades, ya que carecía de un ejército. Su indefenso territorio fue ocupado y saqueado, sin embargo, por los ejércitos austríacos en 1627, mientras Wallenstein se instalaba en Mecklemburgo. Mientras tanto, en la Prusia oriental, Gustavo Adolfo había tomado Memel y Pillau —los dos fuertes que dominaban Koenigsberg— en la prosecución de su guerra con Polonia, imponiendo a partir de entonces peajes sobre todo el tráfico marítimo del ducado. En 1631, el ejército expedicionario sueco se instaló en Pomerania e invadió Brandemburgo. Jorge Guillermo, que había huido desamparado a la Prusia oriental, fue obligado por Gustavo Adolfo a cambiar de bando y declararse contra la causa imperial. Cuatro años después, desertó para firmar una paz separada con el emperador. Pero durante todo el resto de la guerra de los Treinta Años, los ejércitos suecos permanecieron siempre acantonados en el electorado, que estuvo así a merced de sus exacciones financieras. Naturalmente, los Estados locales fueron quitados de en medio por la potencia ocupante. Brandemburgo terminó el largo conflicto tan pasivamente como lo había comenzado, pero, paradójicamente, obtuvo algunas ganancias con el tratado de Westfalia. En efecto, durante el transcurso de la guerra, Pomerania había vuelto legalmente a la familia Hohenzollern a raíz de la muerte de su último duque. La conquista sueca de Pomerania —la principal base del Báltico para las operaciones nórdicas en la Baja Sajorna— había impedido que esta herencia surtiera efecto durante la guerra, pero, ante la insistencia de Francia, la mitad oriental más pobre de la provincia fue concedida de mala gana a Brandemburgo, que también fue compensado con otras ganancias menores al sur y al oeste del electorado. El Estado Hohenzollern emergió de la guerra de los Treinta Años con poco crédito político o militar en el exterior, aunque ampliado territorialmente por la paz. En el interior, sus instituciones tradicionales habían sufrido fuertes sacudidas, pero aún no habían aparecido otras que pudieran sustituirlas.

El nuevo y joven elector, Federico Guillermo I, que se había educado en Holanda, recibió su patrimonio bajo condiciones normales, por vez primera, tras la firma de la paz. La experiencia de las décadas de ocupación extranjera había enseñado dos lecciones indelebles: la necesidad urgente de construir un ejército capaz de oponer resistencia a la expansión imperial sueca en el Báltico y —complementariamente— el ejemplo administrativo de la recaudación coactiva de impuestos por Suecia en Brandemburgo y en Prusia oriental sin tener en cuenta las protestas de los Estados locales. La preocupación inmediata del elector consistió, por tanto, en asegurar una base financiera estable con la que crear un aparato militar permanente para la defensa e integración de sus reinos. De hecho, las fuerzas de los Vasa no evacuaron Pomerania oriental hasta 1654. De ahí que en 1652 el elector convocase un Landtag general en Brandemburgo, al que llamó a toda la nobleza y a todas las ciudades de la Marca, con el propósito de establecer un nuevo sistema financiero que permitiese mantener un ejército real. A esto siguió un largo período de disputas con los Estados, que terminó al año siguiente con la famosa suspensión de 1653, que consagraba los comienzos de un pacto social entre el elector y la aristocracia por el que se echaban los fundamentos duraderos del absolutismo prusiano. Los Estados se negaron a conceder un impuesto general sobre el comercio interior, pero votaron un subsidio de medio millón de tálezos durante seis años para el establecimiento de un ejército que habría de convertirse en el núcleo del futuro Estado burocrático. A cambio, el elector decretó que en adelante se daría por supuesto que todos los campesinos de Brandemburgo eran siervos Leibeigene, a no ser que se probara lo contrario; se confirmaron las jurisdicciones señoriales; se impidió a los plebeyos la compra de propiedades nobiliarias y se mantuvo la inmunidad fiscal de la aristocracia[6]. A los dos años de haberse alcanzado este acuerdo, la guerra estalló de nuevo en el Báltico con el repentino ataque de Suecia contra Polonia en 1655. Federico Guillermo optó por el bando sueco en este conflicto, y en 1656 su inexperto ejército entró en Varsovia al lado de las tropas de Carlos X. La recuperación militar polaca, apoyada por la intervención de Rusia y Austria, debilitó muy pronto la posición sueca, que fue atacada también en su retaguardia por Dinamarca. A la vista de esto, Brandemburgo se pasó hábilmente de bando, a cambio de una formal renuncia polaca a su señorío sobre la Prusia oriental. El tratado de Labiau de 1657 estableció por vez primera la soberanía incondicional de los Hohenzollern sobre el ducado. El elector ocupó entonces rápidamente Pomerania occidental con una fuerza mixta polaca, austríaca y brandemburguesa. Sin embargo, el tratado de Oliva de 1660, ante la insistencia francesa, devolvió esta provincia a Suecia con el restablecimiento de la paz.

La guerra del Báltico de 1656-60 había transformado drástica y abruptamente, mientras tanto, el equilibrio interior de fuerzas dentro de las posesiones de los Hohenzollern. En Brandemburgo, Prusia oriental y Cleves-Mark, el elector había anulado todas las normas constitucionales en nombre de la emergencia militar, recaudando impuestos sin el consentimiento de las asambleas locales y construyendo una fuerza de unos 22.000 soldados, que fue reducida a la mitad, pero no licenciada, con el cese de las hostilidades. Ahora ya era posible arreglar cuentas con el particularismo de los Estados de forma más drástica. Prusia oriental, cuya nobleza estaba acostumbrada a apoyarse en la soberanía polaca para resistir las presiones de los Hohenzollern, y cuyas ciudades habían mostrado abiertamente su descontento durante la guerra, fue el primer territorio que experimentó el nuevo poder del electorado. En 1661-63 fue convocado un largo Landstag. La negativa de los burgueses de Koenigsberg a aceptar la plena soberanía de la dinastía sobre el ducado fue rota con la detención sumaria del cabecilla de la resistencia urbana, y se arrancó la aprobación de un impuesto sobre el comercio interior para mantener al ejército. El elector tuvo que prometer la celebración de sesiones trianuales de los Estados y no recaudar nuevos impuestos sin su previo consentimiento: pero estas concesiones habrían de mostrarse meramente formales. Mientras tanto, los Estados de Cleves-Mark habían sido obligados a aceptar el derecho del soberano de introducir tropas y nombrar funcionarios a su voluntad.

En 1672, la guerra franco-holandesa condujo al Estado de los Hohenzollern —aliado diplomático y cliente financiero de las Provincias Unidas— a un nuevo conflicto militar, esta vez a escala europea. En 1674, el elector era comandante titular del combinado de fuerzas germanas que operaba contra Francia en el Palatinado y en Alsacia. Al año siguiente, en ausencia de Federico Guillermo, Suecia invadió Brandemburgo como aliado de Francia. En su rápido regreso, Federico Guillermo devolvió el golpe en la batalla de Fehrbellin, en la que por vez primera los ejércitos de Brandemburgo vencieron a los veteranos escandinavos en las tierras pantanosas al noroeste de Berlín. En 1678, toda la Pomerania sueca había sido invadida por el elector. Pero una vez más la intervención francesa le privó de sus conquistas: los ejércitos borbónicos marcharon hacia Cleves-Marck y amenazaron Minden, avanzadilla de los Hohenzollern en el oeste, lo que permitió a Francia exigir la devolución de Pomerania occidental a Suecia en 1679. Sin ningún fruto geográfico, la guerra fue sin embargo institucionalmente rentable para la construcción de un absolutismo monárquico. Prusia oriental fue sometida a la fuerza a una recaudación de impuestos sobre la tierra y el comercio sin ningún consentimiento representativo, entre murmullos de disidencia nobiliaria y amenazas más fuertes de rebelión burguesa. Koenigsberg fue el centro de la resistencia: en 1674, un súbito golpe militar tomó la ciudad y aplastó para siempre su autonomía municipal. A partir de entonces, los Estados prusianos votaron dócilmente las grandes contribuciones que se les pidieron mientras duró la guerra[7].

La firma de la paz no interrumpió la creciente concentración de poder en manos del elector. En 1680, las ciudades de Brandemburgo fueron obligadas a pagar un impuesto urbano que, deliberadamente, no se extendió al campo con objeto de enfrentar a la nobleza con las ciudades. Un año después se introdujo en Prusia oriental el mismo separatismo fiscal, que hacia el fin del reinado del elector se había extendido a Pomerania, Magdeburgo y Minden. Las cargas rurales recaían exclusivamente sobre el campesinado en Brandemburgo y Cleves-Mark; en Prusia oriental, la nobleza aportaba una ligera contribución, pero el grueso de la carga recaía sobre sus arrendatarios. La división administrativa entre la ciudad y el campo creada por este dualismo dividió irremediablemente la posible oposición social contra el naciente absolutismo. Los impuestos quedaron realmente limitados a las ciudades y los campesinos en una proporción de 3/2. La nueva carga fiscal fue especialmente perjudicial para las ciudades, porque la libertad de impuestos de la que gozaban las fábricas de cerveza y otras empresas situadas en sus propiedades permitió a los terratenientes competir impunemente con las manufacturas urbanas. La fuerza económica de las ciudades de Brandemburgo y de Prusia oriental, ya seriamente dañada por la depresión general del siglo XVII, se redujo todavía más por la política del Estado, y cuando el impuesto urbano se convirtió en impuesto permanente sobre el consumo, las ciudades se vieron privadas de toda representación en el Landtag. La nobleza, por el contrario, recibió un tratamiento de guante blanco en todos los asuntos legales y financieros. No sólo se confirmaron sus privilegios tradicionales en las grandes provincias orientales, sino que además, en los enclaves occidentales de Cleves y Mark, el elector confirió de novo jurisdicciones señoriales e inmunidad fiscal a la aristocracia local, que nunca antes las había poseído[8]. El glacial clima económico de finales del siglo XVII proporcionó otro incentivo a la clase terrateniente para integrarse en el edificio político de poder monárquico que se estaba levantando en los reinos de los Hohenzollern: las perspectivas de empleo que éste ofrecía eran un nuevo estímulo para abandonar los estrechos caminos de la anterior tradición.

Efectivamente, mientras el sistema de Estados se estaba hundiendo imparablemente, el aparato militar-burocrático del absolutismo centralista se elevaba rápida e incesantemente. Desde 1604 había existido un Consejo Privado de la Marca de Brandemburgo, pero fue colonizado muy pronto por los nobles locales, convirtiéndose en un organismo provinciano y sin importancia, cuya actividad se paralizó por completo durante la guerra de los Treinta Años. Federico Guillermo lo reavivó después de Westfalia, y comenzó a asumir de forma intermitente la dirección central del conjunto de los dominios de los Hohenzollern, aunque su perspectiva de fondo siguió siendo localista, y su función administrativa muy primitiva. Sin embargo, durante la guerra de 1665-70 se creó un departamento especializado para la dirección de los asuntos militares en todas las tierras dinásticas, el Generalkriegskommissariat. Con la vuelta de la paz se redujeron la función y el personal de este Comisariado que, sin embargo, no fue abolido, sino que se mantuvo bajo la supervisión formal del Consejo Privado. Hasta aquí, la evolución del absolutismo brandemburgués siguió una senda administrativa muy parecida a la de las anteriores monarquías occidentales. Pero el comienzo de la guerra de 1672-78 supuso un cambio de rumbo abrupto y decisivo. El Generalkriegskommissariat comenzó a dirigir prácticamente toda la maquinaria del Estado. En 1674 se formó una Generalkriegskasse, que en el plazo de una década se había convertido en tesorería central de los Hohenzollern, a medida que se iba confiando a los funcionarios del Comisariado la recaudación de impuestos. En 1679, el Generalkriegskommissariat puso a su frente a un soldado profesional, el aristócrata de Pomerania Von Grumbkow; sus filas se ampliaron; en su interior se creó una jerarquía burocrática estable y se diversificaron sus responsabilidades exteriores. Durante la década siguiente, el comisariado organizó el asentamiento de los refugiados hugonotes y dirigió la política inmigratoria, controló el sistema de gremios en las ciudades, supervisó el comercio y las manufacturas e impulsó las empresas navales y coloniales del Estado. En la práctica, el Generalkriegskommisar era simultáneamente jefe de Estado Mayor, ministro de la Guerra y ministro de Hacienda. El Consejo Privado quedó empequeñecido ante este gran crecimiento. La burocracia del comisariado se reclutaba sobre una base unitaria e interprovincial, y era utilizada por la dinastía como su mejor arma contra el particularismo local y la resistencia de las asambleas[9]. Sin embargo, el Generalkriegskommissariat no era en modo alguno un arma contra la propia nobleza. Por el contrario, sus escalones más altos estaban ocupados por nobles, tanto en los niveles centrales como provinciales; los plebeyos estaban concentrados en los departamentos relativamente inferiores que se encargaban de la recaudación de los impuestos urbanos.

La principal función de todo el aparato tentacular del comisariado consistía, naturalmente, en asegurar el mantenimiento y la expansión de las fuerzas armadas del Estado de los Hohenzollern. Para alcanzar este fin, los ingresos totales se triplicaron entre 1640 y 1688, lo que suponía una carga fiscal per capita casi dos veces superior a la de la Francia de Luis XIV, que era un país muchísimo más rico. A la llegada de Federico Guillermo, Brandemburgo sólo tenía 4.000 soldados; al final del reinado de este soberano, al que sus contemporáneos llamaban ahora «gran elector», existía un ejército permanente de 30.000 soldados bien entrenados, dirigido por un cuerpo de oficiales reclutado de entre la clase de los junkers e imbuido de lealtad marcial hacia la dinastía[10]. La muerte del gran elector mostró lo bien articulada que estaba su obra. Su inconsecuente e inútil sucesor, Federico, comprometió desde 1688 a la casa Hohenzollern en la coalición europea contra Francia. Los contingentes de Brandemburgo se portaron de forma competente en las guerras de la Liga de Augsburgo y de la sucesión española, mientras el príncipe reinante consumía los subsidios extranjeros en sus despilfarras en el interior, y no era capaz de asegurar ningún avance territorial en su política internacional. La única realización prominente del reinado fue la adquisición por la dinastía del título de rey de Prusia, concedido diplomáticamente en 1701 por el emperador Carlos VI a cambio de una alianza formal Habsburgo-Hohenzollern, y legalmente cubierto por el hecho de que Prusia oriental quedaba fuera de los límites del Reich, en el que no se permitía ningún título real aparte de la dignidad imperial. Sin embargo, la monarquía prusiana era todavía un Estado pequeño y atrasado, clavado en los bordes de la Alemania nororiental. La población total de las tierras de los Hohenzollern no era superior al millón de habitantes en los últimos años del gran elector: unos 270.000 en Brandemburgo, 400.000 en Prusia oriental, 150.000 en Cleves-Mark y quizá otros 180.000 en los dominios más pequeños. A la muerte de Federico I, en 1713, el reino de Prusia no contenía aún más de 1.600.000 habitantes.

Este legado modesto habría de ser notablemente ampliado por el nuevo monarca, Federico Guillermo I. El «Rey Sargento» consagró su carrera a fortalecer el ejército prusiano, que dobló su tamaño, pasando de 40.000 a 80.000 hombres bajo un soberano que, simbólicamente, fue el primer príncipe europeo que vistió siempre de uniforme. La instrucción y el entrenamiento militar fueron las obsesiones del monarca; los pertrechos de guerra y las fábricas de paños para atender las necesidades militares se promovieron incansablemente; se implantó la llamada obligatoria a filas; se fundó un colegio de cadetes para los jóvenes nobles y se prohibió rigurosamente el servicio de los oficiales en los ejércitos extranjeros; el comisariado de guerra fue reorganizado bajo la dirección del hijo de Von Grumbkow. La utilización de las nuevas tropas fue muy prudente: en 1719 se le arrebató Pomerania occidental a Suecia, cuando Prusia se alió con Rusia y Dinamarca contra Carlos XII en las últimas fases de la gran guerra del norte. Pero, por lo demás, el ejército fue utilizado con prudencia en apoyo de una diplomacia pacífica. Mientras tanto, la burocracia fue perfeccionada y racionalizada. Hasta entonces, el aparato de Estado se había dividido en dos columnas, la de los «dominios» y la del «comisariado», es decir, los organismos financieros privados y públicos de la monarquía, encargados respectivamente de la administración de las propiedades reales y de la recaudación de los impuestos públicos. Estas dos columnas se fundieron ahora en un pilar central, memorablemente llamado General-Ober-Finanz-Kriegs-und-Domanen-Direktorium, responsable de todas las actividades administrativas excepto de los asuntos extranjeros, de justicia y eclesiásticos. Se creó un cuerpo de policía secreta o «fiscales» especiales para vigilar a la burocracia central[11]. Con no menos cuidado se atendió a los asuntos económicos. Se financiaron proyectos de diques, drenajes y colonización del campo, utilizando conocimientos y técnicos holandeses. Se reclutaron inmigrantes franceses y alemanes para las manufacturas locales establecidas bajo control del Estado. El mercantilismo real promovió la industria textil y otros productos de exportación. Al mismo tiempo, los gastos de la corte se redujeron a un mínimo frugal. El resultado fue que el Rey Sargento disponía al final de su reinado de unos ingresos anuales de siete millones de táleros, dejando a su sucesor un superávit de ocho millones en el tesoro. Pero quizá más importante era que la población de su reino había crecido hasta llegar a los 2.250.000 habitantes, esto es, cerca del 40 por ciento en menos de tres décadas[12]. En 1740, Prusia había acumulado con calma las condiciones sociales y materiales previas que habrían de convertirla en gran potencia europea bajo el mandato de Federico II, y que, en último término, aseguraban su papel dirigente en la unificación alemana.

Ahora puede plantearse ya la pregunta siguiente: ¿cuál fue la configuración política global de Alemania que hizo posible y lógico el dominio de Prusia dentro de ella? Y a la inversa: ¿qué rasgos específicos distinguieron al absolutismo de los Hohenzollern de los estados territoriales rivales dentro del Sacro Imperio Romano Germánico que podían aspirar a un dominio igual de Alemania a principios de la época moderna? De entrada, puede trazarse una línea básica de división a lo largo del Reich que separa sus regiones occidentales de las orientales. Alemania occidental estaba densamente sembrada de ciudades. Desde la Baja Edad Media, Renania era una de las zonas comerciales más florecientes de Europa, por estar situada a lo largo de las rutas comerciales que unían a las dos civilizaciones urbanas de Italia y Flandes, y por beneficiarse de la vía fluvial natural más larga de las utilizadas en el continente. En el centro y en el norte, la Liga Hanseática dominaba las economías del mar del Norte y del Báltico, extendiéndose desde Westfalia hasta los puestos avanzados de Riga y Reval, en Livonia, y hasta Estocolmo y Bergen en Escandinavia, a la vez que gozaba de posiciones privilegiadas en Brujas y Londres. En el sudoeste, las ciudades suabas se beneficiaban del tráfico transalpino y de los excepcionales recursos mineros de su territorio. El peso específico de estas numerosas ciudades nunca había sido tan grande como para crear ciudades-Estado del tipo italiano, con extensos territorios agrarios sometidos a ellas. Las que llegaron a poseer una modesta circunferencia rural, como Nuremberg, fueron la excepción más que la regla. Por término medio, su tamaño era considerablemente más reducido que el de las ciudades italianas. Hacia 1500, solamente 15 de las 3.000 ciudades germanas tenían poblaciones superiores a los 10.000 habitantes, y sólo dos superaban los 30.000[13]. Augsburgo, que era la mayor, tenía alrededor de 50.000 cuando ya Venecia y Milán habían pasado de los 100.000. Por otra parte, su fuerza y su vitalidad les habían asegurado en la Edad Media la posición de ciudades imperiales libres, sujetas únicamente a la soberanía nominal del emperador (había 85 en estas condiciones), y habían dado muestras de una capacidad política para la acción colectiva de ámbito regional que alarmo a los príncipes territoriales del imperio. En 1254, las ciudades renanas habían formado una liga militar defensiva; en 1358, las ciudades de la Hansa culminaron su federación económica, en 1376 las ciudades suabas crearon una asociación armada contra el conde de Württemberg. La Bula de Oro de mediados del siglo XIV prohibió oficialmente las ligas urbanas, pero esto no impidió a las ciudades renanas y suabas firmar en 1381 un pacto unido del sur de Alemania, que fue aplastado por un ejército de príncipes siete años después, durante lo mas hondo de la última depresión feudal y de la concomitante anarquía del Reich. El crecimiento económico de las ciudades teutónicas volvió a subir rápidamente una vez más en la segunda mitad del siglo XV, y alcanzó su apogeo en el periodo de 1480 a 1530, cuando Alemania se convirtió en algo así como el centro diversificado de todo el sistema comercial europeo. La Liga Hanseática era, esencialmente, una asociación mercantil sin grandes empresas manufactureras en las propias ciudades sus beneficios provenían de la distribución comercial de cereales y del control de las factorías pesqueras, ademas de las transacciones financieras internacionales. Renania, con las ciudades más antiguas de Alemania, tenía industrias tradicionales de lino lana y metal, aparte de su control sobre las rutas comerciales que iban de Flandes a Lombardía. La prosperidad de las ciudades de Suabia era la más reciente y la más floreciente de todas: los textiles, la minería y la metalurgia les daban una base productiva avanzada, a la que se añadieron las fortunas bancarias de los Fugger y los Welser en la época de Carlos V. A comienzos del siglo XVI, las ciudades del sur de Alemania superaban a sus equivalentes italianas en descubrimientos técnicos y progreso industrial. Ellas fueron las que impulsaron el primer y popular avance de la Reforma.

El crecimiento de la economía urbana en Alemania desapareció súbitamente a mediados del siglo. La adversidad tomó varias formas interrelacionadas. En primer lugar, se produjo una lenta inversión de la relación entre los precios agrarios e industriales, a medida que la demanda de productos alimenticios superó a la oferta y los precios de los cereales aumenta ron rápidamente. La falta de una integración estructural se hizo cada vez más evidente en la misma red comercial germana. Los extremos norte y sur del gran abanico de ciudades que se ex tiende desde los Alpes hasta el mar del Norte nunca habían estado unidos de forma adecuada en un sistema articulado[14]. La Liga Hanseática y las ciudades de Renania y Suabia siempre constituyeron sectores mercantiles separados, con territorios y mercados diferentes. El comercio marítimo —que era el rey de todo el comercio medieval— estaba limitado a la Hansa, que en épocas anteriores había dominado los mares desde Inglaterra hasta Rusia. Pero a partir de mediados del siglo XV, la marina competidora de Holanda y Zelanda —mejor planeada y equipada— había roto el dominio monopolista de los puertos hanseáticos en las aguas del norte. Las flotas arenqueras holandesas se adueñaron de las pesquerías, que habían emigrado desde el Báltico a las costas noruegas, mientras los cargueros holandeses penetraban en el comercio de grano de Danzig. Hacia 1500, las naves holandesas que cruzaban el Sund superaban a las germanas en una proporción de 5/4. La riqueza hanseática había pasado ya su momento de esplendor durante el período de máxima expansión comercial germana. La Liga era todavía rica y poderosa: en la década de 1520, Lübeck contribuyó a la entronización de Gustavo Vasa en Suecia y a la caída de Cristián II en Dinamarca. El gran aumento del tráfico báltico, en términos absolutos, durante el siglo XVI, compensó en cierta medida el precipitado descenso de su participación relativa en él. Pero la Liga perdió sus posiciones estratégicas en Flandes, se vio privada de sus privilegios en Inglaterra (1556), y hacia finales de siglo quedó reducida a sólo una cuarta parte del volumen del tráfico marítimo holandés a través del Sund[15]. Cada vez más dividida entre sus alas de Westfalia y de las ciudades vendas, era ya una fuerza agotada. Mientras tanto, las ciudades renanas fueron víctimas también, aunque de forma diferente, del dinamismo holandés. La rebelión de los Países Bajos había conducido al cierre del Escalda en 1585 (después de la conquista española de Amberes, punto de llegada tradicional para el tráfico río abajo) y a un estrecho control de las Provincias Unidas sobre los estuarios del Rin. La gran expansión del poder naval y manufacturero de los Países Bajos a finales del siglo XVI y principios del XVII comprimió o perturbó progresivamente la economía renana río arriba, ya que el capital holandés controlaba sus salidas al mar. Las ciudades más antiguas de Renania tendieron a reducirse, consiguientemente, a un conservadurismo rutinario, al impedir su arcaico sistema de gremios toda adaptación a las nuevas circunstancias. Colonia, la más ilustre de todas, fue una de las pocas grandes ciudades germanas que se mantuvo como bastión del catolicismo tradicional a lo largo de todo el siglo. Las nuevas industrias de la región tendieron a establecerse en localidades más pequeñas y rurales, libres de las restricciones corporativas.

Las ciudades del sudoeste tenían una base manufacturera más sólida, y su bienestar sobrevivió durante más tiempo. Pero con la enorme expansión del comercio ultramarino internacional a partir de la época de los descubrimientos, su posición interior se convirtió en una grave desventaja económica, mientras que, por otra parte, la posible compensación a lo largo del Danubio estaba bloqueada por los turcos. Las espectaculares operaciones de las bancas de Augsburgo en el sistema imperial de los Habsburgo, financiando las sucesivas aventuras militares de Carlos V y Felipe II, tuvieron su justo castigo. Al final, los Fugger y los Welser quedaron arruinados por sus préstamos a la dinastía. Paradójicamente, las ciudades italianas —cuya relativa decadencia había comenzado antes— acabaron el siglo XVI en situación más próspera que las germanas, cuyo futuro había parecido más seguro en el tiempo del Saco de Roma por un ejército de Landsknechten. La economía mediterránea había resistido los efectos del alza del tráfico atlántico durante más tiempo que la economía continental de Suabia. Naturalmente, la contracción de los centros urbanos alemanes durante esta época no fue uniforme. Algunas ciudades aisladas —especialmente Hamburgo, Francfort y en menor medida Leipzig— realizaron rápidos progresos y alcanzaron una gran importancia económica en el período de 1500 a 1600. De acuerdo con las normas de la época, Alemania occidental era todavía una zona generalmente rica y urbanizada a principios del siglo XVII, aunque hubiera dejado de registrar un crecimiento sustancial. La relativa densidad de las ciudades evidenciaba, pues, una complicada pauta política, semejante a la del norte de Italia, porque aquí tampoco había ningún espacio para la expansión del absolutismo aristocrático, a causa, precisamente, del poder y la pluralidad de las ciudades mercantiles. El medio social de toda la zona era refractario a los grandes estados principescos, y de él nunca surgió una monarquía territorial de cierta importancia. Faltaba el predominio de la nobleza necesario para ello, aunque, al mismo tiempo, las ciudades de Renania y de Suabia, a pesar de su número, eran más débiles que las de Toscana o Lombardía. Por regla general, nunca habían poseído un contado rural del tipo italiano en el período medieval, y a principios de la edad moderna se mostraron incapaces de evolucionar hacia un tipo de ciudad-Estado comparable a los señoríos de Milán y Florencia o a las oligarquías de Venecia y Génova[16]. Por consiguiente, la relación política de la clase señorial con las ciudades fue consiguientemente muy distinta en Alemania occidental. En lugar de una simplificación del mapa en unos pocos estados urbanos de tamaño medio, dirigidos por aventureros o patricios neoaristocráticos, lo que existía era una multiplicidad de pequeñas ciudades libres en medio de un laberinto de principados diminutos.

Los pequeños estados territoriales de Alemania occidental se distinguían, en particular, por un importante contingente de principados eclesiásticos. De los cuatro electores occidentales del imperio, tres eran arzobispados: Colonia, Maguncia y Tréveris. Estos curiosos fósiles constitucionales databan de la primera época feudal, cuando los emperadores sajones y suabos habían utilizado el aparato de la Iglesia en Alemania como uno de sus instrumentos más importantes para el gobierno regional. Mientras en Italia el gobierno episcopal fue derribado muy pronto en las ciudades del norte, donde el peligro principal para las comunas provenía de los planes políticos de los sucesivos emperadores, y su principal aliado contra ellos era el papado, en Alemania, por el contrario, los emperadores habían fomentado la autonomía municipal tanto como la autoridad episcopal, contra las pretensiones de los barones y príncipes seculares en colusión con las intrigas papales. La consecuencia fue que tanto los pequeños estados eclesiásticos como las ciudades libres sobrevivieron hasta los comienzos de la época moderna. En el campo, la propiedad agraria tomó casi en todas partes la forma del Grundherrschaft, en el que los campesinos, como arrendatarios libres, pagaban cargas en especie o en moneda por sus tierras a los señores feudales, que eran con frecuencia propietarios absentistas. En la Alemania sudoccidental, un gran número de pequeños nobles habían resistido con éxito la absorción en los principados territoriales, adquiriendo la condición de «caballeros imperiales», que debían una lealtad inmediata al propio emperador en vez de rendir homenaje a un señor local superior. En el siglo XVI había alrededor de 2.500 de estos Reichsritter, cuyas posesiones territoriales totales no ascendían a más de 650 kilómetros cuadrados. Muchos de ellos se convirtieron, naturalmente, en mercenarios amargados y peligrosos, pero otras muchas familias penetraron en los peculiares complejos político-eclesiásticos desparramados por toda Alemania occidental, ocupando en ellos oficios y prebendas[17] (dos formas sociales anacrónicas que se perpetuaban mutuamente). En este desordenado paisaje, no había ningún espacio para el crecimiento de un Estado absolutista importante o convencional, ni siquiera en una escala regional. Los dos principados seculares más significativos de Occidente eran el Palatinado renano y el ducado de Württemberg. Ambos contenían muchos caballeros imperiales y pequeñas ciudades, y ninguno tenía una sólida nobleza territorial. Württemberg, que tenía entre 400 y 500 mil habitantes, nunca jugó un papel importante en el conjunto de la política germana, ni parecía que pudiera jugarlo. El Palatinado, que facilitaba el cuarto elector occidental del imperio y controlaba los peajes del Rin medio, era un Estado más rico y más considerable, cuyos dirigentes consiguieron en el siglo XVI una autoridad absolutista relativamente temprana[18]. Pero su única tentativa importante de expansión —la funesta pretensión de Federico V de controlar Bohemia a principios del siglo XVII, que precipitó la guerra de los Treinta Años— le acarreó un desastre permanente: pocas zonas de Alemania fueron castigadas con tanta dureza por los ejércitos rivales en el conflicto militar europeo. Los últimos años del siglo XVII y los primeros del XVIII trajeron pocas posibilidades de recuperación. El Palatinado y Württemberg estuvieron en primera línea de las guerras de Luis XIV desde 1672 hasta 1714, y fueron salvajemente devastados por los ejércitos franceses e imperiales. La vulnerabilidad estratégica de estos dos principados occidentales se añadía a sus limitaciones territoriales. A mediados del siglo XVIII, ambos eran únicamente moneda fraccionaria de la diplomacia internacional, sin ningún peso político dentro de la propia Alemania.

El terreno histórico ofrecido por el conjunto de Alemania occidental era incompatible, por tanto, con la aparición de un gran absolutismo. La misma necesidad sociológica que determinó su ausencia en el oeste garantizó que todas las experiencias importantes de construcción de un Estado absolutista, y que mostraron una posibilidad real de establecer la hegemonía final dentro del imperio, procedieron del este. Si se excluyen por el momento las tierras de los Habsburgo en Austria y Bohemia, a las que volveremos más adelante, las posibilidades futuras de unidad germana residían básicamente en los tres estados orientales que se escalonan desde el Tirol hasta el Báltico: Baviera, Sajonia y Brandemburgo. A partir del siglo XVI, estos tres estados eran los únicos verdaderos contendientes para el liderazgo de una Alemania nacionalmente unificada y separada de la casa de Austria, porque una fuerte maquinaria absolutista —liberada de la proliferación urbana y apoyada en una poderosa nobleza— sólo era posible en el este, región más atrasada y recientemente colonizada, donde había menos y más débiles ciudades. Para comprender por qué fue el más nórdico de estos estados el que consiguió el dominio final de Alemania, es necesario considerar la estructura interna de cada uno de ellos. Baviera, el más antiguo, había sido una importante unidad del imperio carolingio y uno de los grandes troncos ducales del siglo X. A finales del siglo XII, los Wittelsbach se convirtieron en señores de Baviera. A partir de entonces no fueron suplantados por ninguna otra familia: la dinastía Wittelsbach consiguió el período más largo e ininterrumpido de gobierno sobre su región hereditaria de entre todas las familias reinantes europeas (1180-1918). Durante la Edad Media sus posesiones se subdividieron en varias ocasiones, pero en 1505 Alberto IV las reunificó una vez más en un único y poderoso ducado, tres veces mayor que la Marca de Brandemburgo. Durante los levantamientos religiosos del siglo XVI, los duques bávaros optaron sin vacilación por la causa católica, y convirtieron a su reino en el más sólido bastión de la Contrarreforma en Alemania. Su enérgica supresión del luteranismo fue acompañada por el firme sometimiento de los Estados locales, principales focos de la resistencia protestante en el ducado. El control dinástico se extendió al arzobispado de Colonia, que después de 1583 se mantuvo durante dos siglos como una importante conexión familiar con Renania. Los Wittelsbach, que fueron los responsables de este programa político y religioso, introdujeron también en Baviera los primeros órganos del absolutismo: en la década de 1580 ya se habían establecido una Cámara Financiera, un Consejo Privado y un Consejo de la Guerra, construidos según el modelo austríaco.

Las influencias administrativas de Austria no significaban, sin embargo, que Baviera fuese en esta época un satélite de los Habsburgo. De hecho, la Contrarreforma bávara iba muy por delante de la austríaca, y suministró ejemplos y personal para la recatolización de las tierras de los Habsburgo: el mismo Fernando II, futuro emperador, fue un producto de la educación de los jesuitas en Ingolstadt, cuando el protestantismo era todavía la fe dominante en las clases terratenientes de Bohemia y Austria. En 1597, Maximiliano tomó posesión del título ducal y pronto se mostró como el dirigente más decidido y capaz de Alemania. Convocó al sumiso Landtag sólo en dos ocasiones antes de la guerra de los Treinta Años, y concentró en su persona todos los poderes jurídicos, financieros, políticos y diplomáticos, duplicando los impuestos y acumulando una reserva de dos millones de florines para la eventualidad de una guerra. Así, cuando estalló la guerra de los Treinta Años, Baviera fue el líder natural de los estados católicos de Alemania contra la amenaza del dominio calvinista en Bohemia. Maximiliano I reclutó y equipó a un ejército de 24.000 hombres para la Liga Católica, que jugó un papel decisivo en la victoria de la Montaña Blanca de 1620 y que, al año siguiente, atacó y conquistó el Palatinado. Durante las largas vicisitudes de la subsiguiente lucha militar, el duque gravó a su reino con feroces impuestos, sin tener en cuenta para nada las protestas de las comisiones de los Estados contra el precio de su esfuerzo de guerra. En 1648, Baviera había pagado no menos del 70 por 100 de los costes totales ocasionados por los ejércitos de la Liga Católica durante la guerra de los Treinta Años, que, mientras tanto, había devastado la economía local y diezmado a su población, produciendo una aguda depresión en el ducado[19]. A pesar de todo, Maximiliano salió de Westfalia convertido en el autócrata más poderoso de Alemania, practicando un absolutismo más libre e inflexible que el posterior de Federico Guillermo en Brandemburgo. Baviera había ampliado sus territorios con la anexión del Alto Palatinado, y había conseguido la dignidad imperial. Étnicamente, parecía el Estado germano más poderoso del imperio.

El futuro habría de contradecir, sin embargo, esta impresión. El absolutismo bávaro alcanzó muy pronto su plenitud, pero siempre descansó sobre unas bases muy limitadas e inelásticas. De hecho, la estructura social del ducado no permitió ninguna nueva expansión, lo que redujo las posibilidades del Estado de los Wittelsbach de jugar un papel dominante en el conjunto de Alemania. La formación social bávara, a diferencia de las de Württemberg o el Palatinado, tenía pocas ciudades libres y pocos caballeros imperiales. Mucho menos urbanizada que los otros principados occidentales, casi todas sus ciudades eran de dimensiones diminutas: Munich, la capital, tenía sólo 12.000 habitantes en 1500, y menos de 14.000 en 1700. La aristocracia local estaba formada por terratenientes tradicionales, que debían una fidelidad directa a la autoridad ducal. Naturalmente, esta configuración social fue lo que hizo posible la rápida aparición de un Estado absolutista en Baviera y su posterior estabilidad y longevidad. Pero, por otra parte, la naturaleza de la sociedad rural bávara no era propicia a una ampliación dinámica del reino. Porque, si bien la nobleza era numerosa, sus propiedades eran pequeñas y estaban dispersas. Por debajo de ella, el campesinado estaba formado por arrendatarios libres, que debían a sus señores unas cargas relativamente livianas: las prestaciones de trabajo nunca adquirieron verdadera importancia, llegando en el siglo XVI a no más de cuatro o seis días por año. Tampoco gozaba la nobleza de alta jurisdicción sobre su mano de obra. Las tierras aristocráticas estaban poco consolidadas, debido en parte a la falta de salidas para la exportación de cereales que se derivaba de la posición geográfica de Baviera, en las profundidades de Europa central, sin rutas fluviales hacia el mar. La característica más notable de la agricultura del Grundherrschaft era la preponderancia económica de la Iglesia, que a mediados del siglo XVIII poseía no menos del 56 por 100 de todas las fincas, contra un mero 24 por 100 controlado por la aristocracia y otro 13 por 100 por la dinastía[20]. La debilidad relativa de la clase nobiliaria, revelada por este sistema de propiedad, se reflejó en su posición jurídica. No consiguió la plena inmunidad fiscal, aunque sus impuestos eran, naturalmente, mucho menores que los de cualquier otro estamento; y sus esfuerzos por impedir la adquisición de sus tierras por quienes no fuesen nobles —encarnados formalmente en una ley del último Landtag del siglo XVII que prohibía esas compras— fueron saboteados en la práctica por las operaciones clericales encubiertas en el mercado de la tierra. Además, la aguda escasez de mano de obra causada por la despoblación de la guerra de los Treinta Años redundó en perjuicio de la aristocracia bávara, dada su previa carencia de jurisdicción legal sobre las aldeas. En la práctica, esto significó que el campesinado fue capaz de negociar con éxito la mitigación de sus cargas y la mejora de sus rentas, mientras muchas propiedades nobles tenían que ser hipotecadas. Este fondo social impuso límites políticos muy estrechos, que muy pronto se hicieron evidentes, al potencial del absolutismo bávaro. El mismo modelo —«pequeñas propiedades nobiliarias, pequeñas ciudades, pequeños campesinos»[21]— que ofreció muy poca resistencia a la aparición de un absolutismo ducal, le infundió así mismo muy poco ímpetu.

El ducado terminó la guerra de los Treinta Años con una población equivalente a la controlada por el elector Hohenzollern en el norte, alrededor de 1.000.000 de súbditos. El sucesor de Maximiliano I, Fernando María, reforzó el aparato civil de dominación de los Wittelsbach, estableciendo la supremacía del Consejo Privado y utilizando al universal Rentmeister como funcionario clave para la intendencia administrativa local; el último Landtag fue disuelto en 1669, aunque una «comisión permanente» le sobrevivió de forma un tanto ineficaz hasta el siglo siguiente. Pero mientras el gran elector construía sin descanso un ejército permanente en Brandemburgo, las tropas bávaras fueron licenciadas después de Westfalia. La reconstrucción de la fuerza militar de los Wittelsbach no tuvo lugar hasta 1679, con la llegada del nuevo duque Maximiliano Manuel. Pero incluso entonces no fue capaz de atraer a su servicio al conjunto de la nobleza: los aristócratas locales eran una pequeña minoría del cuerpo de oficiales en lo que, de todos modos, seguía siendo un ejército muy modesto (alrededor de 14.000 hombres a mediados del siglo XVIII). Maximiliano Manuel, un general ambicioso y despreocupado que se había distinguido contra los turcos en la liberación de Viena, se convirtió por medio de su matrimonio de 1672 en regente de los Países Bajos españoles, y en candidato a la herencia hispánica a principios del siglo XVIII. Jugándose el todo por el todo, unió su suerte a la de Luis XIV en 1702, al comienzo de la guerra de sucesión española. La alianza franco-bávara dominó en poco tiempo toda la Alemania del sur, llegando a amenazar a la misma Viena, pero Blenheim destrozó sus posibilidades de victoria en la Europa central. Baviera fue ocupada por los ejércitos austríacos durante el resto del conflicto, mientras Maximiliano Manuel —despojado de su rango y proscrito del imperio— huía a Bélgica. La tentativa de utilizar el poderío francés para establecer el dominio de los Wittelsbach en Alemania había fracasado lamentablemente. En la paz de Utrecht, el duque tenía tan poca confianza en las perspectivas de su patrimonio bávaro, que propuso a Austria su intercambio por los Países Bajos del sur, plan vetado por Francia e Inglaterra y que habría de reaparecer nuevamente en una fecha posterior. La dinastía volvió a una tierra debilitada por una década de pillaje y destrucción. La Baviera de la posguerra se hundió paulatinamente en una situación semicomatosa de introversión y corrupción. El despilfarro de la corte de Munich absorbió una proporción del presupuesto más alta quizá que la de cualquier otro Estado alemán de la época. Las deudas del Estado crecían constantemente a medida que los recaudadores de impuestos derrochaban las rentas públicas; el populacho rural seguía preso de la superstición religiosa; y los nobles se inclinaban más a las prebendas eclesiásticas que a los deberes militares[22]. Las dimensiones del ducado y el mantenimiento de un pequeño ejército aseguraban la importancia diplomática de Baviera dentro del Imperio, pero hacia 1740 ya no era un candidato convincente a la dirección política de Alemania.

Sajonia, el siguiente ducado hacia el norte, representó una versión algo diferente del desarrollo absolutista en la zona oriental de los estados germanos. La casa local dominante, la dinastía de los Wettin, había adquirido el ducado y electorado de Sajonia en 1425, pocos años después de que la familia Hohenzollern hubiera obtenido la Marca de Brandemburgo, y de la misma manera, esto es, como regalo del emperador Segismundo por los servicios militares prestados en las guerras contra los husitas, en las que Federico de Meissen, el primer elector de los Wettin, había sido uno de sus principales lugartenientes. Repartidas en 1485 entre las ramas albertina y ernestina de la familia, con sus respectivas capitales en Wittemberg y Dresde-Leipzig, las tierras sajonas continuaron siendo, a pesar de todo, la región más rica y avanzada de Alemania oriental. Debían su preeminencia a las ricas minas de plata y estaño de sus montañas y a las industrias textiles de sus ciudades. La encrucijada comercial de Leipzig, como ya hemos visto, fue una de las pocas ciudades germanas que creció ininterrumpidamente durante todo el siglo XVI. El grado relativamente alto de urbanización de Sajonia —a diferencia del de Baviera y Brandem burgo— y las regalías de los príncipes locales sobre la industria minera, produjeron un modelo social y político diferente al de sus vecinos del norte y del sur. A finales de la época medieval o a principios de la moderna no hubo ninguna reacción señorial comparable a la de Prusia: el poder de la nobleza sajona no era bastante grande para reducir al campesinado a la servidumbre, debido al peso de las ciudades en la formación social. Las propiedades señoriales eran mayores que en Baviera, en parte porque las tierras clericales eran mucho menos importantes. Pero la tendencia básica del campo se dirigía hacia el cultivo por arrendatarios libres, con la conmutación de los servicios en trabajo por rentas en dinero o, en otras palabras, hacia el régimen más flexible de la Grundhersschaft. La aristocracia no consiguió una completa inmunidad fiscal (sus posesiones alodiales estaban sujetas a impuestos) y fue incapaz de asegurar la prohibición legal de la venta de tierras nobiliarias a los plebeyos. Sin embargo, estaba bien representada en el sistema de Estados, que se hizo cada vez más estable e influyente en el curso del siglo XVI. Las ciudades, por otra parte, también estaban vigorosamente presentes en el Landtag, aunque tenían que soportar el peso del impuesto sobre el alcohol, que proporcionaba uno de los principales ingresos del ducado, para beneficio de la nobleza. Además, los representantes urbanos estaban excluidos del Oberteuercollegium, que a partir de 1570 administró la recaudación de impuestos en el electorado

La dinastía Wettin pudo acumular, en este contexto socioeconómico, riqueza y fuerza sin ningún ataque directo contra los Estados ni un desarrollo considerable del gobierno burocrático. Nunca abandonó las más altas prerrogativas judiciales y siempre controló una gran cantidad de ingresos independientes, a partir de sus derechos sobre las minas, que proporcionaron alrededor de dos tercios de los ingresos de la cámara albertina en la década de 1530, mientras que la prosperidad de la región permitió unos rentables y tolerables impuestos sobre el consumo desde una fecha temprana[23]. Por tanto, no es sorprendente que Sajonia se convirtiera en el primer Estado que dominó la arena política alemana durante la época de la Reforma. A partir de 1517, el electorado ernestino fue la plataforma religiosa del luteranismo; pero el ducado albertino, que no pasó al campo protestante hasta 1539, fue el que dominó el centro de la escena política en el complejo drama que siguió al estallido de la Reforma en Alemania. Mauricio de Sajonia, que accedió al ducado en 1541, superó rápidamente a todos los príncipes rivales y al mismo emperador en la búsqueda de ventajas dinásticas y engrandecimiento territorial. Uniéndose con Carlos V en el ataque imperial contra la Liga de Esmalcalda, participó en la aniquilación de los ejércitos protestantes en Mühlberg y adquirió así el grueso de las tierras ernestinas y el título de elector. Cinco años después, orquestando el ataque franco-luterano contra Carlos V, destrozó las posibilidades de los Habsburgo de reconvertir Alemania, y remachó la unificación de Sajonia bajo su soberanía. A su muerte, el nuevo Estado sajón era el principado más poderoso y más próspero de Alemania. Después vinieron cincuenta años de desarrollo pacífico en el electorado, durante los cuales se convocaron con regularidad los Estados y se aumentaron progresivamente los impuestos.

El comienzo de la guerra de los Treinta Años, sin embargo, sorprendió a Sajonia a principios del siglo XVII sin preparación militar y diplomática. Mientras Baviera jugó en este conflicto un brillante papel entre los estados germanos, Sajonia quedó reducida a una debilidad vacilante, muy similar a la de Brandemburgo. Los electores Wettin y Hohenzollern, a pesar de ser protestantes, se unieron al campo imperial en las primeras fases de la guerra; ambos fueron ocupados y devastados posteriormente por Suecia y obligados a pasar al bloque contrario a los Habsburgo; ambos desertaron entonces para buscar una paz separada con el emperador. Por el tratado de Westfalia, Sajonia adquirió Lusacia, y sus príncipes establecieron un impuesto regular de guerra que fue utilizado para crear un modesto ejército permanente. La riqueza del país permitió que se recuperase con relativa rapidez de los efectos de la guerra de los Treinta Años. Entre 1660 y 1690 los impuestos directos se aumentaron entre cinco y seis veces. El aparato militar del Estado de los Wettin había aumentado su volumen hasta llegar a los 20.000 hombres a finales de siglo, cuando actuó eficazmente, junto con parecidos contingentes bávaros, contra los turcos en el sitio de Viena. En 1700, Sajonia todavía aventajaba a Brandemburgo como potencia de la Alemania oriental. Su ejército era algo más pequeño y su sistema de Estados no había sido anulado. Pero tenía probablemente el doble de población, industrialmente estaba mucho más avanzada y poseía una tesorería proporcionalmente mayor. De hecho, los primeros años del siglo XVIII presenciaron una seria tentativa sajona por alcanzar la primacía política dentro del conjunto de los estados alemanes. En 1697, el elector Federico Augusto adoptó el catolicismo con objeto de conseguir el apoyo austríaco para su candidatura a la monarquía polaca. Este movimiento tuvo éxito, y el elector se convirtió en el primer dirigente alemán en alcanzar un título real, como Augusto II, obteniendo un derecho de retención política sobre la cercana Polonia, separada de Sajorna por el reducido espacio de Silesia. Al mismo tiempo, se estableció en Sajonia un impuesto general sobre las ventas, contra la resistencia de los Estados. Significativamente, en Sajonia —a diferencia de Brandemburgo— el impuesto sobre el comercio se extendió de las ciudades a los campos, en perjuicio de la nobleza[24]. El ejército se amplió hasta 30.000 hombres, con lo que se situó muy cerca de su equivalente de Brandemburgo.

La unión de Sajonia y Polonia no había culminado aún cuando la hizo saltar la última gran invasión del imperialismo sueco. Carlos XII marchó sobre Polonia, expulsó del país a Augusto II e invadió la misma Sajonia en 1706, aplastando al ejército de los Wettin e imponiendo una ocupación despiadada del ducado. La victoria rusa sobre Suecia en Ucrania reparó finalmente la posición internacional de Sajonia, al término de la gran guerra del norte. Augusto II recuperó la dignidad polaca; el ejército fue reconstruido en la década de 1730; los Estados fueron progresivamente marginados. Pero el brillo exterior del Estado de los Wettin, desplegado en la elegancia barroca de su capital de Dresde, no correspondía ya a su fuerza interior. La unión con Polonia era un señuelo decorativo, que acarrearía más gastos que beneficios, a causa del carácter ficticio de la monarquía szlachta: la investidura sajona había sido aceptada precisamente porque Rusia y Austria calcularon que la casa Wettin era demasiado débil para convertirse en un peligroso rival. La guerra ocasionada por esa investidura había provocado grandes daños a la economía del ducado. Por otra parte, y a diferencia del Rey Sargento en Berlín, Augusto II era famoso por el despilfarro de su corte, además de por sus ambiciones militares. Este conjunto de cargas debilitó decisivamente a Sajonia durante los años en que Prusia acumulaba recursos para la contienda que se aproximaba en Alemania. La población de Sajonia, que era de 2.000.000 en 1700, había bajado en la década de 1720 a 1.700.000, mientras que la de Prusia había aumentado de 1.000.000 en 1688 hasta 2.250.000 en 1740: la importancia demográfica relativa de cada una de ellas se había invertido[25]. La nobleza sajona había mostrado poco entusiasmo hacia las aventuras exteriores del elector, y, a medida que pasaba el siglo, iba perdiendo terreno en el interior ante los burgueses en el mercado de la tierra. Debido en parte a las preocupaciones polacas de la dinastía, los Estados sobrevivían aún, pero con una creciente importancia de las ciudades dentro de ellos. La maquinaria burocrática del Estado siempre fue insignificante, y se desarrolló menos que la de Baviera. Por la falta de disciplina en la revisión de cuentas, las finanzas del principado quedaron anegadas en deudas. La consecuencia de todo esto fue que el absolutismo sajón, a pesar de sus comienzos prometedores y de las inclinaciones autocráticas de los sucesivos dirigentes de la casa Wettin, nunca alcanzó una verdadera firmeza o consistencia: el carácter de la formación social era demasiado mixto y fluido.

Ahora es posible comprender por qué Brandemburgo estaba destinado de forma tan singular al dominio de Alemania. Las diversas alternativas se eliminaron progresivamente. En todos los países de Europa, el Estado absolutista fue fundamentalmente un aparato político del dominio aristocrático: el poder social de la nobleza era la causa central de su existencia. En el ámbito fragmentado del Reich posmedieval, sólo aquellas regiones que poseyeran una clase terrateniente económicamente fuerte y estable estarían en condiciones de conseguir la dirección diplomática o militar de Alemania, porque sólo ellas podrían generar un absolutismo capaz de igualarse al de las grandes monarquías europeas. Por tanto, Alemania occidental quedaba excluida de antemano, debido a la densidad de su civilización urbana. Baviera no poseía ciudades de excesiva importancia, y desarrolló un absolutismo temprano bajo el signo de la Contrarreforma; pero su nobleza era demasiado débil, su clero demasiado rico, su campesinado demasiado libre para establecer un principado dinámico. Sajonia tenía una aristocracia más amplia, pero sus ciudades eran también muy fuertes y su campesinado no era más servil. Hacia 1740, ambos estados habían pasado ya su apogeo. En Prusia, por el contrario, la clase junker mantuvo una servidumbre de hierro en sus propiedades y una tutela vigilante sobre las ciudades; el poder señorial alcanzó su más pura expresión en las tierras de los Hohenzollern, que eran las más remotas avanzadillas de los asentamientos germanos en el Este. Por tanto, no fue la fachada exterior de Prusia sobre Polonia la que determinó su dominio dentro de Alemania, como pensó Engels[26]. De hecho, como hemos visto, la complicación en los asuntos de Polonia (por utilizar la expresión de Engels) fue realmente uno de los motivos de la decadencia de Sajonia; el papel posterior de Prusia en las particiones de Polonia fue simplemente el epílogo de las decisivas victorias militares que ya había conseguido dentro de la propia Alemania, e hizo poco para reforzarla internacionalmente. La naturaleza interna de la formación social prusiana es lo que explica el súbito eclipse de los demás estados germanos en la época de la Ilustración y la definitiva hegemonía prusiana en la unificación alemana. Este ascenso de Prusia estaba sobredeterminado por la totalidad histórica compleja del conjunto del Reich, que impidió la aparición de un absolutismo de tipo occidental en Renania, fragmentó el territorio del imperio en unas 2.000 unidades políticas y empujó a la casa de Austria hacia sus fronteras no germanas. La fuerza exterior decisiva que afectó a los respectivos destinos de Prusia y Austria dentro de Alemania no fue Polonia, sino Suecia. El poderío sueco destruyó la posibilidad de una unificación del imperio bajo los Habsburgo en la guerra de los Treinta Años, y la proximidad sueca fue la principal amenaza exterior que actuó como una presión centrípeta para la construcción del Estado de los Hohenzollern, compulsión que nunca experimentaron en la misma medida Baviera y Sajonia, los otros principados de Alemania oriental, aunque Sajonia no se libró de convertirse en la víctima final del militarismo nórdico. La capacidad de Prusia para resistir la expansión sueca y poner fuera de combate a todos sus rivales dentro de Alemania, debe relacionarse a su vez con el carácter específico de la propia clase de los junkers y la consolidación sobre una base transparentemente clasista de un absolutismo dinástico por el gran elector y el Rey Sargento.

Para empezar, las propias dimensiones del país a finales del siglo XVII y principios del XVIII dejaron su impronta sobre la aristocracia prusiana. El conjunto de las tierras de los Hohenzollern en el Este —Brandemburgo, Prusia oriental y más tarde Pomerania occidental— eran todavía muy pequeñas y de población poco densa. En 1740 su población total era inferior a los 2.000.000 de habitantes si se excluyen los enclaves occidentales de la dinastía; la densidad relativa de habitantes era probablemente menos de la mitad de la de Sajonia. Una de las constantes preocupaciones de la política estatal desde la época del gran elector fue la búsqueda de inmigrantes para colonizar esta región infrapoblada. A este respecto, el carácter protestante de Prusia sería de una importancia crucial. Los refugiados procedentes de Alemania del sur después de la guerra de los Treinta Años, y los hugonotes después de la revolución del Edicto de Nantes, fueron asentados a toda prisa durante los primeros años: holandeses, alemanes y más franceses en tiempos de Federico II. Pero siempre hay que recordar que, hasta la conquista de Silesia, Prusia continuó siendo un país extremadamente modesto en comparación con la marcha general de las monarquías europeas de la época. Esta escala provinciana reforzó algunas características notables de los junkers. La aristocracia prusiana se distinguía de las grandes noblezas europeas, sobre todo, en que dentro de ella no existía un amplio abanico de riquezas; como veremos, la szlachta polaca, semejante a ella en muchas otras cosas, estaba a este respecto en una situación diametralmente opuesta. El Rittergüter —la finca comercial feudal de la nobleza prusiana— era por lo general de un tamaño medio. No existía un estrato de grandes magnates que poseyeran latifundios mucho mayores que las propiedades de la pequeña nobleza, tal como se podía encontrar en la mayor parte de los demás países europeos[27]. A mediados del siglo XVI, el antiguo Herrenstand de la alta nobleza había perdido su predominio sobre la masa de Ritterschaft[28]. El único propietario de tierras verdaderamente grande era la propia monarquía: en el siglo XVIII las propiedades reales suponían un tercio de toda la tierra cultivable[29]. Dos importantes consecuencias se derivaron del carácter de la clase junker. Por una parte, estaba menos dividida que otras muchas aristocracias europeas; en su conjunto, formaba un bloque coherente de terratenientes medios con una mentalidad semejante y sin excesivas divergencias regionales. Por otra parte, el junker medio tendía a ejercer una función directa en la organización de la producción cuando no estaba comprometido con los deberes del servicio. En otras palabras, era muy a menudo el administrador real, y no sólo nominal, de sus propiedades. (La pauta residencial de la nobleza prusiana estimulaba naturalmente esta tendencia, ya que las ciudades eran pocas y estaban muy lejos unas de otras). El fenómeno de grandes terratenientes absentistas, que dejaron las funciones administrativas de sus propiedades en manos de encargados, no era corriente. Si la igualdad relativa de riqueza distinguía a los junkers de sus semejantes polacos, su dedicación cuidadosa a sus propiedades los alejaba de la nobleza rusa. La disciplina del mercado de exportación contribuyó indudablemente a la gestión racional del Gutsherrschaft. Los junkers prusianos de finales del siglo XVII y principios del XVIII formaron de esta manera una clase social compacta, en un país pequeño, con una áspera tradición rural de negocios. Así, cuando el gran elector y Federico Guillermo I construyeran su nuevo Estado absolutista, las anteriores pautas distintivas de la nobleza producirían una estructura administrativa sui generis.

En efecto, a diferencia de casi todos los otros absolutismos, el modelo prusiano fue capaz de utilizar productivamente las tradicionales instituciones representativas de la aristocracia, cuando ya se había disuelto su núcleo central. Los Estados provinciales o Landtage desaparecieron progresivamente a partir de 1650; la última sesión verdadera del Landtag de Brandemburgo en 1683 estuvo dedicada casi por completo a lamentar la omnipotencia del Generalkriegskommissariat. Pero los Estados locales de los «condados», o Kreistage, se convirtieron en la unidad burocrática básica del campo. A partir de 1702, estos consejos de los junkers elegían a los candidatos de la nobleza local para el puesto de Landrat, y entonces uno de ellos era nombrado formalmente por la monarquía para el cargo. La institución del Landrat, que estaba investida con poderes administrativos, fiscales y militares en los distritos rurales, recuerda de algún modo al Justice of the Peace de Inglaterra en su compromiso equilibrado entre la autoadministración autónoma de la gentry y la autoridad unitaria del Estado central. Sin embargo, el parecido es engañoso, porque el reparto de esferas en Prusia se basaba en el sólido fundamento del trabajo servil. Técnicamente, la servidumbre podía tomar dos formas en Prusia. La Leibeigenschaft era el sometimiento personal hereditario de los campesinos, que no tenían ningún derecho civil ni de propiedad, y a quienes podía venderse por separado de la tierra. La Erbuntertanigkeit era la condición de dependencia territorial hereditaria, con unos mínimos derechos legales, pero con adscripción a la tierra y con servicios obligatorios al señor, tanto en la casa como en las tierras. En la práctica, había poca diferencia entre ambas formas. Así, el Estado no ejercía ninguna jurisdicción directa sobre la masa de la población rural, que era gobernada por los junkers en sus Gutsbezirke, bajo la supervisión del Landrat, y cuyos impuestos —dos quintos de los ingresos del campesinado[30]— eran recaudados directamente por sus señores. Por otra parte, las ciudades y las propiedades de la monarquía estaban dirigidas por una burocracia profesional, que era el arma directa del absolutismo. Un rígido sistema de control de peajes y tráfico regulaba los movimientos de personas y bienes de un sector a otro de esta administración dual.

En su inmensa mayoría, la casta militar era cooptada de entre la nobleza: en 1739 eran aristócratas los 34 generales, 56 de los 57 coroneles, 44 de los 46 tenientes coroneles y 106 de los 108 comandantes[31]. La alta burocracia civil se reclutaba también, de forma cada vez más extensa y creciente, de la clase junker. El Rey Sargento tuvo cuidado de que hubiera un equilibrio entre nobles y burgueses en las cámaras provinciales, pero su hijo promovió deliberadamente a los aristócratas a costa de los funcionarios de clase media. Unos principios rigurosamente colegiales gobernaban la organización de esta burocracia civil, cuya célula básica era el «consejo» de funcionarios conjuntamente responsables, y no el funcionario individual, sistema que estaba destinado a inculcar en una nobleza luterana el sentido del deber y la probidad colectiva impersonal[32]. La notable disciplina y eficacia de estas instituciones era un reflejo de la unidad de la clase que las alimentaba. No había rivalidades entre los grandes a causa de las clientelas dentro del aparato de Estado; la venalidad de los cargos era mínima a causa de la debilidad de las ciudades; ni siquiera existió el arrendamiento de impuestos hasta Federico II (que importó una Régie de Francia), debido a que los mismos propietarios se encargaban de recaudar las exacciones fiscales de sus campesinos, y a que el impuesto sobre el comercio urbano estaba controlado por Steurrate profesionales, mientras que las propiedades reales suministraban por sí mismas grandes ingresos. Los junkers prusianos dominaban con tanta firmeza al Estado y a la sociedad en el siglo XVIII que no tuvieron ninguna necesidad de establecer el vinculismo de sus equivalentes europeos. Federico II intentó promover el maiorat del primogénito para consolidar las propiedades aristocráticas, pero este celo ideológico encontró poco eco en los terratenientes, que incluso mantenían las antiguas normas feudales de consentimiento agnado colectivo para los préstamos familiares[33]. No estaban amenazados por ninguna burguesía ascendente que forzara gradualmente el mercado de la tierra, y por eso sentían poca necesidad de proteger su posición social desheredando a sus hijos menores; normalmente, las tierras de los junkers se dividían a la muerte de sus propietarios (lo que a su vez ayudaba a mantener su dimensión en un nivel bajo). Libres de tensiones, intranobiliarias, con una supremacía total sobre las ciudades, señores de sus campesinos, la clase terrateniente prusiana estaba más rígidamente identificada con su Estado que ninguna otra de Europa. La unidad burocrática y la autonomía rural se reconciliaban de forma insólita. El absolutismo de los junkers, edificado sobre estas bases, contenía un formidable potencial de expansión.

En 1740 murieron Federico Guillermo I y el emperador Carlos VI. El heredero prusiano, Federico II, cayó inmediatamente sobre Silesia. Esta rica provincia de los Habsburgo fue ocupada rápidamente por el ejército de los Hohenzollern. Francia aprovechó la oportunidad para asegurarse el apoyo prusiano en la elección de un candidato bávaro para la dignidad imperial. En 1741, el duque Carlos Alberto de Wittelsbach fue elegido emperador, y las tropas franco-bávaras marcharon sobre Bohemia. Los objetivos de guerra prusianos no incluían la resurrección de la primacía bávara en el sur de Alemania, ni el dominio de Francia en el imperio. Federico II, que había derrotado a Austria en el campo de batalla, firmó sin embargo en 1742 una paz separada con Viena, que dejaba a Prusia en posesión de Silesia. La recuperación militar de los Habsburgo en la lucha contra Francia, y la alianza de Sajonia con Austria, precipitaron la vuelta de Federico a la guerra dos años después, para proteger sus conquistas. Sajonia fue derrotada y saqueada mientras los ejércitos austríacos eran rechazados triunfalmente tras duras batallas. En 1745 se finalizó el conflicto militar con la restitución del título imperial y del reino de Bohemia a la heredera de los Habsburgo, María Teresa, y la confirmación de la conquista de Silesia por los Hohenzollern. Las victorias de Federico II en la guerra de sucesión austríaca, preparadas desde hacía tiempo por la obra de sus predecesores, fueron la encrucijada estratégica de la carrera europea del absolutismo prusiano, convirtiéndolo por vez primera en una potencia triunfante dentro de Alemania. De hecho, Berlín se había apuntado tantos simultáneamente contra Munich, Dresde y Viena. La última posibilidad bávara de expansión política quedó frustrada; los ejércitos sajones fueron derrotados, y el imperio austríaco se vio privado de su provincia más industrializada en Europa central, que contenía además el centro comercial de Breslau. A la inversa, la adquisición de Silesia aumentó de golpe la población de Prusia en un 50 por 100, elevándola hasta cuatro millones de habitantes y dotándola por vez primera de una región de economía relativamente avanzada en el Este, con una larga tradición de manufacturas urbanas (textiles). Sin embargo, esta extensión no modificó seriamente el conjunto del orden feudal de Prusia, porque la masa de la población rural de Silesia, no menos que la de Brandemburgo, eran Erbuntertanigen. Simplemente, la nobleza local era propietaria de fincas más grandes. La anexión de Silesia fue posiblemente, y en términos relativos, la ampliación más importante y lucrativa de un Estado europeo continental en esta época[34].

La magnitud del éxito prusiano en 1740-45, el rápido y decisivo cambio en el equilibrio de poder que presagiaba, es lo que explica el extraordinario volumen de la coalición tejida en las décadas siguientes contra Prusia por el canciller austríaco Kaunitz. La venganza había de ser a la medida de la enormidad del trastorno producido: en 1757, la «revolución diplomática» de Kaunitz había unido contra Prusia a Austria, Rusia, Francia, Suecia, Sajonia y Dinamarca. La población combinada de estas potencias era por lo menos veinte veces mayor que la de la presunta víctima de su alianza; el objetivo de la coalición era nada menos que borrar al Estado prusiano del mapa de Europa. Rodeado por todas partes, en situación desesperada, Federico II dio el primer golpe, inaugurando formalmente la guerra de los Siete Años con la invasión de Sajonia. La amarga lucha que siguió fue la primera guerra verdaderamente paneuropea, en la que participaron simultáneamente todas las grandes potencias, desde Rusia a Inglaterra y desde España a Suecia, porque el conflicto continental se entrelazó con el conflicto marítimo y colonial entre Gran Bretaña y Francia. El aparato militar prusiano, dirigido por Federico II y que ahora comprendía un ejército de unos 150.000 hombres, sobrevivió a los demoledores retrocesos y derrotas para terminar con un débil margen final de victorias contra todos sus enemigos. Las campañas de diversión financiadas por Inglaterra en Westfalia, que mantuvieron alejadas a las fuerzas francesas, y la defección final de Rusia de la coalición, fueron los factores cruciales del «milagro» de la casa de Brandemburgo. Pero el verdadero secreto de la resistencia prusiana fue la brillante eficacia de su absolutismo: la estructura del Estado que había sido destinado a una completa y rápida destrucción por Kaunitz se mostró mucho más capaz de resistir las enormes tensiones económicas y logísticas de la guerra que los confusos imperios alineados contra él en el Este. En la paz de 1763 ningún territorio cambió de manos. Silesia permaneció como una provincia de los Hohenzollern, y Viena terminó la guerra en una situación financiera más lastimosa que Berlín. El rechazo del gran ataque austríaco habría de convertirse en la derrota definitiva de los ejércitos de los Habsburgo en Alemania, como mostrarían los sucesos posteriores; sus consecuencias más profundas sólo se harían evidentes más adelante. Sajonia, saqueada repetida e implacablemente por Federico II, tuvo que soportar la mitad del coste total de la guerra prusiana, y se hundió en una irrevocable insignificancia política perdiendo su cinturón polaco pocos meses después de la paz. Prusia, aunque no consiguió ninguna ganancia geográfica y no venció en ninguna campaña decisiva, era estratégicamente más fuerte dentro del equilibrio alemán después de la guerra de los Siete Años que antes de ella.

Mientras tanto, los objetivos de la política exterior de Federico II se completaron con la obra de su gobierno interior. Los rangos más altos de la burocracia y el ejército fueron concienzudamente aristocratizados por la monarquía. El sistema judicial fue reformado por Von Cocceji y la venalidad quedó eliminada casi por completo del sistema jurídico[35]. Se fomentó la economía por medio de programas oficiales que abarcaban la agricultura y la industria. Se organizaron el drenaje rural, la colonización de tierras y la mejora de los transportes. Se fundaron manufacturas estatales, se promovió la marina y la minería y se desarrollaron las industrias textiles. Se llevó a la práctica la primera política sistemáticamente «poblacionista» de Europa, con el establecimiento en el extranjero de centros para el reclutamiento de inmigrantes[36]. Federico II fue también responsable de una innovación audaz del absolutismo prusiano, llamada a tener enormes consecuencias en el siglo siguiente, aunque fuese papel mojado cuando se decretó por primera vez: el establecimiento de la educación primaria obligatoria para toda la población masculina con el Generallandschulreglement de 1763. Por otra parte, las iniciativas para proteger al campesinado de la opresión y el deshaucio de los señores estuvieron motivadas casi siempre por el temor de agotar la mano de obra robusta necesaria para el ejército, y fueron uniformemente ineficaces. Los bancos hipotecarios para la ayuda a los terratenientes en apuros, aunque recibidos al principio con suspicacia por los junkers, estaban destinados a tener una gran importancia. Las finanzas públicas, controladas con escrupulosidad y purgadas de casi todos los gastos de la corte, aumentaron notablemente a pesar de las guerras del reinado. Los ingresos anuales de la monarquía se triplicaron, pasando de 7 a 23 millones de táleros entre 1740 y 1786, mientras que las reservas se quintuplicaron, pasando de 10 a 54 millones[37]. La inmensa mayor parte del gasto estatal se destinaba, por supuesto, al ejército, que aumentó de 80.000 a 200.000 soldados bajo Federico II (la relación soldado/población más alta de cualquier país de Europa). La proporción de regimientos extranjeros —contratados o reclutados a la fuerza en el exterior— se aumentó deliberadamente con objeto de conservar la limitada población productiva del interior. El reparto de Polonia en 1772, realizado de acuerdo con Rusia y Austria, añadió Prusia occidental y la Ermland a los dominios de los Hohenzollern en el Este, consolidándolos en un solo bloque territorial y aumentando el potencial demográfico del Estado. Hacia el final del reinado, la población total de Prusia se había doblado, de 2,5 a 5,4 millones de habitantes[38]. Internacionalmente, la reputación militar del absolutismo prusiano después de la guerra de los Siete Años era tan formidable que Federico II pudo dictar la salida de las dos crisis más importantes de Alemania en las décadas siguientes, sin necesidad de recurrir al argumento de las armas. En 1778-9 y en 1784-5, Austria intentó recuperar su posición dentro de Alemania por medio de un intercambio de los Países Bajos del sur por Baviera, alcanzando en dos ocasiones un entendimiento con el elector Wittelsbach para este fin. La fusión de Baviera con Austria podría haber transformado la historia de Alemania, al dar a la dinastía Habsburgo una fuerza inatacable en el sur y al redirigir toda la orientación política de Viena hacia el Reich. Pero en ambas ocasiones la prohibición prusiana bastó para decapitar el proyecto. En el primer caso, fueron suficientes unas cuantas escaramuzas simbólicas. En el segundo, el acuerdo diplomático realizado por Berlín para formar un bloque común con Hannóver, Sajonia, Mainz y otros principados contra Austria, constituyó Un veto adecuado: la «Asociación de Príncipes», reunida por Federico II en 1785, un año antes de su muerte, anunció y selló la preponderancia de los Hohenzollern en la Alemania del norte.

Cuatro años después estalló la revolución francesa, que puso en cuestión la viabilidad de todos los anciens régimes de Europa, por muy nuevos que fuesen políticamente hablando, al cruzarse los diferentes tiempos históricos en el campo de batalla de la guerra revolucionaria. Prusia, que actuó con mediocridad en la primera coalición contrarrevolucionaria dirigida contra Francia en el Oeste, aprovechó la oportunidad para dividirse el resto de Polonia con Rusia y Austria en el Este, para retirarse inmediatamente de la lucha contra la República en 1795. La neutralidad de los Hohenzollern se limitó a posponer, durante la siguiente década de guerra europea, la hora de la verdad. En 1806, el ataque de Napoleón colocó al Estado absolutista prusiano ante su prueba decisiva. Sus ejércitos fueron aplastados en Jena y tuvo que firmar un tratado de paz en Tilsit que lo reducía a la condición de satélite. Todos sus territorios al oeste del Elba fueron confiscados, los franceses plantaron sus cuarteles dentro de las fortalezas prusianas e impusieron fuertes indemnizaciones. Esta fue la crisis que produjo la «Era de las Reformas». En ella, y en su momento de mayor peligro y debilidad, el Estado prusiano fue capaz de utilizar una notable reserva de talento político, militar y cultural para salvar su existencia y renovar sus estructuras. Muchos de estos inteligentes reformadores provenían realmente de la Alemania occidental y central, regiones socialmente mucho más avanzadas que la misma Prusia. Stein, dirigente político de la reacción contra Napoleón, era un caballero imperial procedente de Renania. Gneisenau y Scharnhorst, los arquitectos del nuevo ejército, procedían respectivamente de Hannóver y Sajonia. Fichte, el ideólogo filosófico de la «guerra de liberación» contra los franceses, residía en Hamburgo. Hardenberg, el noble responsable de la configuración definitiva de las reformas, era de Hannóver[39]. La procedencia mixta de los reformadores era premonitora. El absolutismo prusiano habría de recobrar su vigor y experimentar profundos cambios en su carácter, gracias precisamente al hecho básico de su contigüidad cultural y territorial con el resto de Alemania. Desde la aparición de Napoleón a las puertas de Berlín ya no había ninguna posibilidad de un Estado Hohenzollern desarrollándose en vase close. De momento, sin embargo, el impulso reformador no llegó muy lejos. Stein, un emigrado francófobo influenciado por Montesquieu y Burke, introdujo programas de igualdad civil, reforma agraria, autogobierno local y movilización nacionalista contra Napoleón. En el año que estuvo a su cargo (1807-08) suprimió el ya ineficaz Generaldirektorium y estableció un sistema ministerial convencional con departamentos funcionales según el modelo de la monarquía francesa, enviando desde la capital a funcionarios especiales para la supervisión de los asuntos de las provincias. El resultado práctico fue una mayor centralización del conjunto del aparato de Estado, contrarrestado sólo nominalmente por la concesión a las ciudades de una autonomía limitada. En el campo, la servidumbre fue formalmente abolida y se abrogó el sistema jurídico de los tres estamentos. Esta política tropezó con la oposición vehemente de los junkers por su «radicalismo», y cuando Stein comenzó a moverse contra las jurisdicciones patrimoniales y la inmunidad fiscal de la nobleza, y a planificar una levée general armada contra Francia, fue inmediatamente despedido.

Hardenberg, su sucesor, un político de la corte, aplicó entonces una hábil dosis de legislación exactamente medida, para modernizar al absolutismo prusiano y a la clase que éste representaba sólo hasta el punto necesario para infundirle nuevo vigor sin afectar por ello a la naturaleza esencial del Estado feudal. La «reforma» agraria se llevó a cabo entre 1810 y 1816, de tal forma que intensificó todavía más la miseria rural. A cambio de la emancipación legal, los campesinos sufrieron una expoliación de alrededor de un millón de hectáreas y unos 260 millones de marcos para «compensar» a sus antiguos señores por su nueva libertad[40]. La llamada Bauernlegen fue un instrumento planeado para la expropiación del campesinado. Las tierras comunales y el sistema de rotación trianual fueron abolidos. La consecuencia fue la ampliación de las propiedades señoriales y la creación de una masa creciente de trabajadores agrícolas sin tierras a los que estrictas ordenanzas legales mantenían a disposición de los junkers. Simultáneamente, Hardenberg amplió el acceso a la propiedad de la tierra por parte de la burguesía (que así ya podía comprar fincas) y la posibilidad de ejercicio de las profesiones para la nobleza (que así ya no perdía su rango por dedicarse al derecho o a los negocios). Con esto se aumentó la vitalidad y la versatilidad de los junkers sin ninguna pérdida seria de privilegios. Una tentativa para acabar con la función del Landrat fue rápidamente dinamitada por la aristocracia, y las tradicionales asambleas de condado se quedaron sin reforma. De hecho, el control nobiliario sobre el campo se aumentó con la extensión de la autoridad del Landrat a las ciudades rurales. Las cargas señoriales persistieron mucho tiempo después de la abolición de la servidumbre. La exención del Rittergut del pago de impuestos sobre la tierra perduró hasta 1861; la jurisdicción de policía señorial, hasta 1871; el monopolio de los junkers sobre la administración de los condados, hasta 1891. En las ciudades, Hardenberg abolió los monopolios gremiales, pero fue incapaz de acabar con el dualismo fiscal. Humboldt extendió y modernizó drásticamente el sistema de educación pública, desde la Volksschule elemental hasta la fundación de la nueva Universidad de Berlín. Schamhorts y Gneisenau organizaron un sistema de reserva, para evadir las disposiciones acordadas después de Tilsit que limitaban el tamaño del ejército prusiano, «popularizando» el reclutamiento y aumentando así la militarización institucional de todo el orden social. Las regulaciones de campaña y el entrenamiento táctico fueron modernizados. Las funciones de mando se abrieron formalmente a los burgueses, pero los oficiales podían vetar las nuevas admisiones a sus regimientos, con lo que se garantizaba que el control de los junkers no resultara dañado[41]. El efecto neto de la Era de la Reforma fue reforzar, más que moderar, el Estado monárquico en Prusia. Significativamente, sin embargo, fue en esta época cuando la clase junker —la nobleza más leal de Europa durante el difícil desarrollo del absolutismo en los siglos XVII y XVIII, la única clase nobiliaria que nunca recurrió a la lucha civil contra la monarquía— comenzó a agitarse por vez primera. La amenaza de los reformadores a sus privilegios, incluso aunque fuese inmediatamente frenada, fomentó una oposición ideológica de un carácter conscientemente neofeudal. Von Marwitz, dirigente de la disidencia brandemburguesa contra Hardenberg, atacaría, de forma reveladora, tanto al absolutismo como al parlamentarismo, en nombre de la largo tiempo olvidada constitución de los Estados anterior a la llegada del gran elector. A partir de ese momento, siempre existió en Prusia un colérico conservadurismo de los junkers, un estado de ánimo curiosamente desplazado desde el siglo XVII al XIX, y que habría de enfrentarse a menudo con la monarquía.

Este conjunto de reformas permitió a Prusia participar de modo adecuado en la coalición final que derrotó a la Francia napoleónica. Con todo, la Prusia que participó en el Congreso de Viena, con sus vecinas Rusia y Austria, era esencialmente un ancien régime tradicional. Aunque Metternich tuviese antipatía a los reformadores prusianos, a quienes consideraba casi «jacobinos», lo cierto es que el Estado de los Hohenzollern estaba menos avanzado socialmente en algunos aspectos que el imperio de los Habsburgo tras las reformas josefinas de finales del siglo XVIII. El verdadero punto crucial de la historia del absolutismo prusiano no hay que situarlo en la obra de los reformadores, sino en las ganancias que consiguió con el tratado de paz. Para impedir que obtuviera Sajonia y para compensarla por la absorción rusa de la mayor parte de Polonia, los aliados concedieron a Prusia la región de Renania-Westfalia, al otro extremo de Alemania, contra la propia voluntad de la corte de Berlín. Con esta acción, los aliados cambiaron el eje histórico del Estado prusiano. Destinadas por Austria y Gran Bretaña a detener su consolidación territorial en la Alemania centro-oriental, las provincias renanas estaban separadas de Brandemburgo por Hannóver y Hesse, dejando así a los dominios de los Hohenzollern estratégicamente desperdigados por toda la Alemania del norte, lo que exigía arriesgadas obligaciones defensivas contra Francia en la zona occidental. Las consecuencias efectivas del acuerdo no fueron previstas por ninguna de las partes que intervinieron en él. Las nuevas posesiones de los Hohenzollern tenían una población superior a la de todas las antiguas provincias juntas: 5.500.000 habitantes en el Oeste y 5.000.000 en el Este. De un solo golpe, el peso demográfico de Prusia se duplicó hasta superar los diez millones de habitantes. Baviera, el siguiente Estado germano, sólo tenía 3.700.000[42]. Por otra parte, Renania-Westfalia era una de las regiones más avanzadas de Alemania occidental. Los campesinos pagaban todavía cargas consuetudinarias, y los terratenientes gozaban, entre otros, de derechos especiales de caza; pero la agricultura de pequeños arrendatarios estaba profundamente arraigada, y la clase nobiliaria estaba formada generalmente por señores absentistas, que no administraban sus propiedades, como lo hacían los nobles en Prusia. A diferencia de las Kreistage de los junkers, las asambleas rurales o Amt incluían una representación de los campesinos. El modelo de las relaciones sociales en el campo era, por consiguiente, mucho más suave. Las nuevas provincias tenían además un gran número de ciudades florecientes, con viejas tradiciones de autonomía municipal, intercambio comercial y actividades manufactureras. Mucho más importante que todo esto, por supuesto, era el hecho de que debido a sus recursos minerales, todavía no explotados, esta región estaba destinada a convertirse en la zona industrial más colosal de Europa. Las adquisiciones militares del Estado feudal prusiano incluyeron, pues, al núcleo natural del capitalismo alemán.

El desarrollo de este nuevo Estado hacia una Alemania unificada durante todo el siglo XIX forma parte, en esencia, del ciclo de las revoluciones burguesas, del que se tratará en otro lugar. Aquí basta con llamar la atención sobre tres aspectos cruciales de la evolución socioeconómica de Prusia que hicieron posibles los éxitos posteriores del programa bismarckiano. En primer lugar, y sin salir del Este, la reforma agraria de Hardenberg de 1816 condujo a un rápido e imponente avance de toda la economía cerealista. Al liberar el mercado de la tierra, la reforma expulsó progresivamente del campo a los junkers incapaces o endeudados, a la vez que aumentó lógicamente el número de burgueses inversores en tierras; apareció un estrato de agricultores prósperos o Grossbauern y se produjo una notable racionalización de la gestión agraria. En 1855, el 45 por ciento de los Rittergüter de las seis provincias orientales tenían propietarios no aristocráticos[43]. Al mismo tiempo, los junkers que quedaron en el campo eran ahora propietarios de fincas más grandes y productivas, que se habían ampliado tanto por la compra a otros nobles como por la expulsión de los campesinos de las tierras comunes y de las pequeñas propiedades. En la década de 1880, el 70 por 100 de las propiedades agrarias más extensas (de más de 1.000 hectáreas) eran propiedad de la nobleza[44]. El conjunto del sector agrario entró en una fase de expansión y prosperidad. Las cosechas de grano y la superficie cultivada aumentaron a la par; de hecho, ambas se duplicaron en la Prusia oriental entre 1815 y 1864[45]. Los nuevos latifundios estaban cultivados por trabajadores asalariados, y se convirtieron cada vez más en empresas capitalistas ortodoxas. Sin embargo, este trabajo asalariado estaba regulado por una Gesindeordnung feudal que perduraría hasta el siglo XX, y que imponía una rígida disciplina señorial sobre los trabajadores agrícolas y los servidores domésticos, con penas de prisión para las huelgas y límites estrictos a la movilidad. La Bauernlegert no produjo un éxodo masivo del campo, sino un amplio proletariado rural, cuyo número aumentó a medida que subía la producción, lo que ayudó a mantener bajos los salarios. La aristocracia junker consiguió así una reconversión profunda hacia la agricultura capitalista a la vez que seguía explotando todos los privilegios patrimoniales que había podido conservar. «Los nobles realizaron fácilmente la transición de la agricultura señorial a la capitalista, mientras que se permitía a un gran número de campesinos hundirse en las limpias aguas de la libertad económica»[46].

Mientras tanto, la burocracia prusiana estaba llevando a cabo un servicio fundamental al tender un puente entre la economía agraria del Este y la revolución industrial que tenía lugar simultáneamente en las provincias occidentales. A principios del siglo XIX, la burocracia estatal —que siempre había proporcionado un refugio ocupacional a la clase media subdesarrollada de los dominios tradicionales de los Hohenzollern, aunque ésta nunca hubiese dominado sus puestos más elevados— fue la artífice del establecimiento gradual de la Zollverein que unió a la mayor parte de Alemania con Prusia en una sola zona comercial. Von Motz y Maassen, del Ministerio de Hacienda, fueron los dos arquitectos de este sistema, construido entre 1818 y 1836, que excluyó a Austria del desarrollo económico alemán y ligó comercialmente a los pequeños estados con Prusia[47]. El auge en la construcción de ferrocarriles a partir de la década de 1830 estimuló a su vez el rápido crecimiento económico dentro de la Unión Aduanera. Las iniciativas burocráticas tuvieron también cierta importancia al suministrar ayuda tecnológica y financiera a la naciente industria prusiana (Beuth, Rother). En la década de 1850, la Zollverein se extendió a la mayor parte de los restantes principados del norte; la intrusión de Austria sería bloqueada más tarde con habilidad por Delbrück, desde el Ministerio de Comercio. La política de bajos aranceles proseguida constantemente por la burocracia estatal prusiana, y que culminó en el tratado de París con Francia en 1864, fue un arma decisiva en la competencia diplomática y política entre Berlín y Viena dentro de Alemania. Austria no pudo soportar la liberalización económica que condujo a los estados del sur de Alemania, dependientes del comercio internacional, al lado de Prusia[48].

Al mismo tiempo, sin embargo, el curso fundamental de la unificación alemana venía marcado por el tempestuoso crecimiento industrial del Ruhr, en los límites de las mismas provincias occidentales de Prusia. La burguesía renana, cuyas fortunas se cimentaban en la nueva economía manufacturera y minera del Oeste, formaba un grupo políticamente mucho más ambicioso y abierto que los obedientes ciudadanos del este del Elba. Sus portavoces —Mevissen, Camphausen, Hansemann y otros— fueron quienes organizaron y dirigieron el liberalismo alemán y quienes lucharon por la aprobación de una constitución burguesa con una asamblea representativa en Prusia. Su programa significaba, de hecho, el fin del absolutismo de los Hohenzollern, y, naturalmente, levantó la obstinada hostilidad de la clase dominante de los junkers en el Este. Los levantamientos populares de 1848, cuyo material de combustión fue aportado por los artesanos y los campesinos, proporcionaron a esta burguesía durante breve tiempo puestos ministeriales en Berlín y una plataforma ideológica en Francfort, antes de que el ejército real aplastara la revolución pocos meses después. La Constitución prusiana, que fue el producto abortado de la crisis de 1848, estableció por vez primera un Landtag nacional, con una cámara basada en un sistema electoral de tres clases que garantizaba abiertamente el dominio de la gran propiedad, y otra cámara que se reclutaba en su inmensa mayoría entre la nobleza hereditaria. Pero ninguna de estas cámaras tenía ningún poder sobre el ejecutivo; era una asamblea tan desvaída que sólo un 30 por 100 de los votantes participó por término medio en las elecciones[49]. La clase capitalista renana se mantuvo, pues, en la oposición incluso cuando ganó la mayoría de esta simbólica institución. Los junkers del este del Elba mantenían un ojo vigilante sobre la monarquía para detectar cualquier signo de debilidad, y lograron que sus poderes de policía señorial —abolidos en un momento de pánico por Federico Guillermo IV en 1848— fuesen restablecidos en 1856. El «conflicto constitucional» de la década de 1860 entre los liberales y el Estado aparece, pues, como una lucha frontal por el poder político entre el viejo y el nuevo orden.

Sin embargo, la rápida capitalización de la agricultura del Este durante el auge de los cereales, y el crecimiento vertical de la importancia de la industria pesada dentro del conjunto de la formación social prusiana, estaban echando las bases económicas para un acercamiento entre ambas clases. En 1865, a Prusia correspondían las nueve décimas partes de la producción de carbón y de hierro, dos tercios de las máquinas de vapor, la mitad de la producción textil y dos terceras partes de la fuerza de trabajo industrial de Alemania[50]. La mecanización de la industria alemana ya había superado a la de Francia. Bismarck, que había sido un reaccionario extremo y el truculento campeón del ultralegitimismo, fue el primer representante político de la nobleza en comprender que esta fuerza pujante podía encontrar su sitio en la estructura del Estado, y que bajo la égida de las dos clases poseedoras del reino de los Hohenzollern —los junkers prusianos y los capitalistas renanos— era posible la unificación de Alemania. El triunfo del ejército prusiano sobre Austria en 1866 calmó súbitamente la discordia que existía entre ambas clases. El acuerdo de Bismarck con los Liberales Nacionales, que produjo la Constitución del norte de Alemania de 1867, selló un pacto social de enorme transcendencia, prácticamente contra la voluntad política de las dos partes que participaron en él. Tres años después, la guerra franco-prusiana culminó brillantemente la obra de la unidad nacional. El reino de Prusia se fundió en un imperio alemán. La estructura fundamental del nuevo Estado era inequívocamente capitalista. La Constitución de la Alemania imperial de la década de 1870 incluía una asamblea representativa elegida por sufragio universal masculino; voto secreto; igualdad civil; un código legal uniforme; un sistema monetario único; educación secular y un comercio interior completamente libre. El Estado alemán así creado no era en modo alguno un ejemplo «puro» de su tipo (en aquella época no había ninguno en el mundo)[51]. Estaba fuertemente marcado por la naturaleza feudal del Estado prusiano que le había precedido. En un sentido visible y literal, el desarrollo combinado que definía la coyuntura quedó plasmado en la arquitectura del nuevo Estado. Porque la Constitución prusiana no fue abrogada: sobrevivió dentro de la Constitución imperial (porque Prusia era una de las unidades federales del imperio), con su sistema electoral de «tres clases» de votantes. El cuerpo de oficiales de su ejército, que naturalmente constituía el núcleo fundamental del aparato militar del imperio, no era responsable ante el canciller, sino que juraba lealtad directamente al emperador, que lo controlaba personalmente a través de su casa milita r[52]. Los rangos superiores de su burocracia, purgada y reorganizada por Von Puttkamer, se convirtieron en las décadas posteriores a 1870 en un santuario aristocrático como nunca antes lo habían sido. Por otra parte, el canciller imperial no era responsable ante el Reichstag, y podía contar con ingresos permanentes procedentes de aduanas e impuestos no sometidos a control parlamentario, aunque los presupuestos y las leyes tenían que ser aprobados por el Reichstag. Algunos derechos fiscales y administrativos de poca importancia se dejaban al control de las diversas unidades federales del imperio, con lo que se limitaba formalmente el carácter unitario de la Constitución.

Estas anomalías imprimieron al Estado alemán de finales del siglo XIX una forma desconcertante. La misma caracterización del Estado bismarckiano realizada por Marx revela una mezcla de vejación y desconcierto. En una frase airada y célebre, que Luxemburgo gustaba citar, lo describió como nichts anderes als ein mit parliamentarischen Formen verbramter, mit feudalem Beisatz vermischter, schon von der Bourgeoisie beeinflusster, bürokratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter Militardespotismus, «no es más que un despotismo militar de armazón burocrático y blindaje policíaco, guarnecido de formas parlamentarias, revuelto con ingredientes feudales e influenciado ya por la burguesía»[53]. La acumulación de epítetos indica su problema conceptual, pero no aporta ninguna solución al problema. Engels vio con mucha más claridad que Marx que el Estado alemán, a pesar de sus características peculiares, ya había entrado en las filas de sus rivales inglés y francés. Engels escribió acerca de la guerra austro-prusiana y de su autor lo siguiente: «Bismarck comprendió que la guerra civil alemana de 1866 era lo que realmente fue, a saber, una revolución […] y estaba preparado para llevarla a cabo por medios revolucionarios»[54]. El resultado histórico del conflicto con Austria fue que «las mismas victorias del ejército prusiano modificaron por completo la base de la estructura del ejército prusiano», de tal forma que «los fundamentos sociales del viejo Estado sufrieron una completa transformación»[55]. Comparando al bismarckismo con el bonapartismo, Engels afirmó taxativamente que la Constitución elaborada por el canciller prusiano era «una forma moderna de Estado que presupone la abolición del feudalismo»[56]. En otras palabras, el Estado alemán era ya un aparato capitalista, sobredeterminado por su ascendencia feudal, pero fundamentalmente homólogo con una formación social que a principios del siglo XX estaba profundamente dominada por el modo de producción capitalista; la Alemania imperial fue muy pronto la mayor potencia industrial de Europa. Así pues, el absolutismo prusiano, tras muchas vicisitudes, se había transmutado en otro tipo de Estado. Geográfica y socialmente, socialmente en cuanto que geográficamente, había sido arrastrado poco a poco desde el Este hacia el Oeste. Quedan por establecer las condiciones teóricas de posibilidad de esta «transmutación», pero de esto nos ocuparemos en otro lugar.

4. POLONIA

El ascenso de Prusia a partir de la mitad del siglo XVII tuvo en el Este el contrapunto de la decadencia de Polonia. El único gran país de esta región que fue incapaz de producir un Estado absolutista acabó desapareciendo en una gráfica demostración a contrario de la racionalidad histórica del absolutismo para la nobleza. Todavía no han sido estudiadas de forma adecuada las razones por las que la szlachta polaca nunca fue capaz de generar un Estado feudal centralizado; el hundimiento de esta clase plantea un problema que aún no ha sido resuelto auténticamente por la moderna historiografía[1]. Entre los materiales disponibles aparecen, todo lo más, algunos elementos críticos que sugieren respuestas parciales o probables.

Polonia sufrió la última crisis feudal en menor medida que cualquier otro país de la Europa oriental; la peste negra (aunque no sus plagas auxiliares) pasó de largo por ella mientras sus vecinas eran asoladas. La monarquía Piast, reconstituida en el siglo XIV, llegó a su apogeo político y cultural con Casimiro III, a partir de 1933. Con la muerte de este soberano en 1370, la dinastía se extinguió, y el título real pasó a Luis de Anjou, rey de Hungría. Luis, monarca absentista, se vio obligado a conceder a la nobleza polaca el «Privilegio de Kosice» en 1374, a cambio de la confirmación del derecho de su hija Eduvigis a sucederle en el trono de Polonia. En una Carta inspirada en anteriores modelos húngaros se garantizaba a la aristocracia la inmunidad económica frente a los nuevos impuestos y la autonomía administrativa en sus localidades[2]. Doce años después, Eduvigis casó con Jagellón, gran duque de Lituania, que se convirtió en rey de Polonia, fundando una unión personal entre los dos reinos. Esta conjunción habría de tener efectos profundos y permanentes en todo el desarrollo posterior de la historia polaca. El ducado de Lituania era una de las estructuras más recientes y notables de la época. La que fuera sociedad tribal báltica, tan alejada entre sus pantanos y bosques que todavía era pagana a finales del siglo XIV, había levantado a toda prisa un Estado conquistador que se convirtió en uno de los imperios territoriales más grandes de Europa. La presión occidental procedente de las órdenes militares germanas de Prusia y Livonia había puesto en marcha la apresurada formación de un principado centralizado entre las confederaciones tribales de Lituania. El vacío oriental creado por la dominación mongola de la Rusia poskievana permitió su rápida expansión hacia el exterior en dirección a Ucrania. Bajo sus sucesivos soberanos Gedymin, Olgerd, Jagellón y Witold, el poderío lituano alcanzó hasta el Oka y el mar Negro La población de estas vastas regiones era en su mayoría eslava y cristiana, bielorrusa o rutena. El dominio lituano se ejerció en forma de señorío militar que redujo a los señores locales a la condición de vasallos. Este Estado, poderoso pero primitivo, se unía ahora al reino de Polonia, más pequeño, pero mucho más antiguo y avanzado. Jagellón aceptó el cristianismo y se dirigió a Polonia para garantizar la unión de 1386, mientras su sobrino Witold permanecía en el este para gobernar Lituania. Con la subida al trono de un príncipe extranjero, la szlachta polaca consiguió establecer el principio de la monarquía electiva, aunque en la práctica, y de forma continuada, habrían de investir a la dinastía de los Jagellón durante los siguientes doscientos años.

Muy pronto quedó demostrada la acrecida fuerza y el dinamismo de la nueva unión polacolituana. En 1410, Jagellón infligió a los Caballeros Teutónicos la histórica derrota de Grünewald, que constituyó el momento decisivo para el destino posterior de la Orden en Prusia. Hacia mediados de siglo se reanudó el ataque polaco sobre Prusia, cuando los Estados locales germanos se rebelaron contra el dominio de la Orden. La guerra de los Trece Años acabó en 1466 con una victoria decisiva de los Jagellón. Por la segunda paz de Thom, Polonia anexionó la Prusia occidental y Ermland; Prusia oriental se convirtió en feudo polaco, a cuyo frente y como vasallo se mantuvo al Gran Maestre de la Orden Teutónica, que a partir de entonces debía homenaje y servicio en la guerra a la monarquía polaca. El poder de la Orden fue quebrado para siempre, y Polonia consiguió una salida territorial al Báltico. Danzig, el mayor puerto de toda la región, pasó a ser una ciudad autónoma con derechos municipales especiales bajo la soberanía de la monarquía polaca. Casimiro IV, el vencedor de la guerra, gobernaba el reino más extenso del continente.

Mientras tanto, y en el interior de la misma Polonia, las últimas décadas del siglo XV presenciaron un rápido auge de la posición política y social de la nobleza a costa de la monarquía y el campesinado. Para asegurar la sucesión de su hijo, Jagellón garantizó a la nobleza en 1425 el principio de neminem captivabimus —inmunidad legal contra el encarcelamiento arbitrario— en el «Privilegio de Brzesc». Casimiro IV se vio obligado, a su vez, a hacer mayores concesiones a la clase terrateniente. La larga lucha de la guerra de los Trece Años requirió la contratación de fuerzas mercenarias procedentes de todos los rincones de Europa. Con objeto de obtener los fondos necesarios para pagarlas, el rey concedió a la nobleza en 1454 el «Privilegio de Nieszawa», que disponía la celebración de conventiones particulares por la nobleza en sus propias localidades y se prohibía el reclutamiento de tropas y la recaudación de impuestos sin su consentimiento[3]. Durante el reinado de su hijo Juan Alberto, comenzó a funcionar en 1492 una asamblea nacional unida o Sejm, integrada por las asambleas provinciales y locales (sejmiki) de la clase terrateniente. La Sejm era una asamblea bicameral, compuesta por una Cámara de Diputados y un Senado; la primera estaba compuesta a su vez por representantes elegidos por los sejmiki, y el segundo, por los altos dignatarios clérigos y laicos del Estado. Las ciudades estaban excluidas de ambos: el sistema de Estados polaco que ahora surgía era exclusivamente aristocrático[4]. En 1505, la Constitución de Radom ratificó solemnemente los poderes de la Sejm: la ley del nihil novum privó a la monarquía del derecho a legislar sin el consentimiento de los Estados, mientras la autoridad de los funcionarios reales se restringía cuidadosamente[5]. Sin embargo, la convocatoria de la Sejm era todavía a discreción de la monarquía.

En este período se decretó también la servidumbre legal del campesinado polaco. Los Estatutos de Piotrkow de 1496 prohibieron todo movimiento de los trabajadores de sus aldeas, con la excepción de un solo campesino al año por cada comunidad. A ellos siguieron otras medidas de adscripción en 1501, 1503, 1510 y 1511: señal de que resultaba difícil hacerlas cumplir. Finalmente, en 1520, se aprobó una ordenanza que regulaba las cargas feudales, en la que se imponía al wloka o villano polaco una prestación de trabajo de hasta seis días a la semana[6]. La servidumbre del campesinado, cada vez más rígida a medida que transcurría el siglo XVI, cimentó la nueva prosperidad de la szlachta. La nobleza polaca se benefició más que cualquier otro grupo social de la región del alza cerealística del Báltico que tuvo lugar en esta época. Las parcelas de los campesinos fueron reducidas sin interrupción mientras se extendían las grandes haciendas con objeto de atender las demandas del mercado de exportación. En la segunda mitad del siglo se duplicó el volumen de cereales exportados por vía marítima. Durante el apogeo del comercio de grano, entre 1550 y 1620, la inflación occidental aseguró a la clase terrateniente enormes e inesperados beneficios derivados de los términos de intercambio. Para un período más amplio, se ha calculado que entre 1600 y 1750 el valor de la producción comercializada por los magnates se triplicó y la de los medianos propietarios se dobló, mientras que la del campesinado descendió[7]. Sin embargo, estas ganancias no se reinvirtieron de forma productiva. Polonia se convirtió en granero de Europa, pero las técnicas de cultivo continuaron siendo primitivas, con un bajo índice de producción. El aumento del producto agrario se consiguió por medio de una expansión extensiva, sobre todo en las tierras fronterizas del sudeste, y no mediante mejoras intensivas en el cultivo. Por otra parte, la aristocracia polaca utilizó su poder económico para hacer una política más sistemáticamente antiurbana que la de cualquier otra clase dominante de Europa. A principios del siglo XVI se impusieron reglamentariamente precios máximos para las manufacturas de las ciudades polacas, cuyas comunidades mercantiles se componían en su mayor parte de alemanes, judíos o armenios. En 1565 se concedieron exorbitantes privilegios a los mercaderes extranjeros, cuyo inevitable efecto objetivo fue debilitar y arruinar a los comerciantes locales[8]. La prosperidad comercial de la época iba acompañada por el desarrollo urbano, y algunos señores ricos fundaron ciudades privadas, sometidas a ellos, mientras otros nobles convertían las fábricas de hierro en molinos de harina en el campo. Pero la autonomía municipal de los patriciados urbanos se suprimió prácticamente en todas partes, y con ella las posibilidades de una industria floreciente. Sólo el puerto alemán de Danzig se libró de la eliminación de los privilegios urbanos medievales realizada por la szlachta: el control monopolista de la exportación del que disfrutó, ahogó todavía más a las ciudades del interior. De esta forma se implantó cada vez más un sistema de monocultivo agrario, que importaba de Occidente sus bienes manufacturados, en lo que era una prefiguración aristocrática de las economías ultramarinas del siglo XIX.

La nobleza que se elevó sobre estas bases económicas no tuvo un paralelo exacto en ninguna otra parte de Europa. El grado de presión que ejerció sobre el campesinado —con prestaciones de trabajo legalmente permitidas de hasta seis días por semana— fue extremo: en 1574 adquirió un formal jus vitae et nocis sobre sus siervos, que teóricamente le permitía ejecutarlos a voluntad[9]. La composición de la aristocracia que controlaba estos poderes era notablemente distinta de la de sus vecinos. En efecto, las redes de parentesco de clan —señal inequívoca de una estructura social prefeudal— habían sobrevivido en la relativamente atrasada y amorfa sociedad polaca de principios de la Edad Media mucho más tiempo que en ninguna otra, hasta afectar a la totalidad de los contornos de la nobleza feudal, cuando ésta apareció finalmente en un período en que no había ninguna jerarquía vasallática articulada[10]. Cuando en la Edad Media se importaron de Occidente los emblemas heráldicos, no fueron adoptados por familias individuales, sino por clanes enteros, cuyas redes de parentesco y patronazgo todavía subsistían en el campo. La consecuencia de esto fue la creación de una clase noble relativamente numerosa que comprendía quizá a unas 700.000 personas, esto es, el 7 u 8 por 100 de la población total en el siglo XVI. Dentro de esta clase no existían títulos de rango que diferenciaran a un grado de señorío de otro[11]. Pero esta igualdad legal en el seno de la nobleza —que no tenía equivalente en ninguna otra parte de la temprana Europa moderna— iba acompañada por una desigualdad económica que tampoco tenía paralelo en los otros países de aquella época. Una gran masa de la szlachta —quizá más de la mitad— poseía pequeñas propiedades de cuatro a ocho hectáreas, que no eran mayores que las del campesino medio. Este estrato se concentraba en las antiguas provincias de Polonia occidental y central; en Mazovia, por ejemplo, quizá llegaba a un quinto de la población total[12]. Otro amplio sector de la nobleza estaba formado por propietarios con pequeñas fincas, que poseían no más de una o dos aldeas. Pero junto a ellos, y nominalmente dentro de la misma nobleza, existían algunos de los magnates con las propiedades territoriales mayores de Europa, con latifundios colosales, situados principalmente en Lituania o Ucrania, al este del país. En estas nuevas tierras, legado de la expansión de Lituania en el siglo XIV, no había tenido lugar una difusión heráldica comparable, y la alta aristocracia siempre conservó el carácter de una pequeña casta de potentados situada por encima de un campesinado étnicamente extranjero. En el curso del siglo XVI, la nobleza lituana se integró cada vez más en la cultura y las instituciones de su equivalente polaca, a medida que la nobleza local conquistaba paulatinamente derechos similares a los de la szlachta[13]. El resultado constitucional de esta convergencia fue la unión de Lublin de 1569, que fundió a los dos reinos en un solo sistema político, la Rzeczpospolita Polska, con una moneda y un parlamento comunes. Sin embargo, entre las masas de población de las provincias orientales no tuvo lugar una fusión semejante, y a que la mayor parte de ellas mantuvieron la religión ortodoxa y la lengua bielorrusa o rutena. Por consiguiente, menos de la mitad de la nueva mancomunidad polaca era étnica y lingüísticamente polaca. El carácter «colonial» de la clase terrateniente del este y del sudeste se reflejaba en la magnitud de sus dominios. A finales del siglo XVI, el canciller Juan Zamoyski era dueño de unas 800.000 hectáreas, la mayor parte situadas en la Pequeña Polonia, y ejercía jurisdicción sobre 80 ciudades y 800 aldeas[114]. A principios del siglo XVII, el imperio de los Wisnowiecki en Ucrania oriental se extendía sobre unas tierras en las que vivían 230.000 súbditos[15]. En el siglo XVIII, la familia Potocki, de Ucrania, poseía alrededor de 1.200.000 hectáreas; la casa Radziwill de Lituania tenía propiedades que se estimaban en unos 4.000.000 de hectáreas[16]. Siempre hubo, por tanto, una extrema tensión entre la ideología de la igualdad legal y la tremenda disparidad económica en el seno de la aristocracia polaca.

A pesar de todo, durante el siglo XVI el conjunto de la szlachta se benefició de la revolución de los precios en una medida probablemente mayor que la de cualquier otro grupo de Europa oriental. Fue ésta la época de la somnolencia de Brandemburgo y de la decadencia de Prusia oriental; Rusia se estaba extendiendo, pero entre terribles convulsiones y regresiones. Polonia era, por el contrario, la mayor y más rica potencia del este. En la época más próspera del comercio cerealista, la mayor participación en la prosperidad del Báltico recayó sobre ella. La brillantez cultural del Renacimiento polaco, en el que se enmarca la figura de Copérnico, fue uno de sus resultados. Políticamente, sin embargo, es difícil dejar de sospechar que la temprana y abundante fortuna de la szlachta paralizara en cierto modo su capacidad para la centralización constructiva en una época posterior. Polonia, infernus rusticorum para el campesinado, ofrecía una aurea libertas a la nobleza: en este paraíso de los propietarios, nadie sentía la necesidad imperiosa de un Estado fuerte. El paso de Polonia relativamente indemne por la gran crisis económica y demográfica del feudalismo europeo en el ocaso de la Edad Media —de la que salió menos dañada que los otros países de la región—, seguido del maná comercial de los albores de la época moderna, preparó quizá la futura desintegración política. Además, y desde el punto de vista estratégico, la mancomunidad polaca del siglo XVI no se enfrentó a ninguna amenaza militar importante. Alemania estaba atrapada en la lucha interna de la Reforma. Suecia era todavía una potencia menor. Rusia se extendía más hacia el Volga y el Neva que hacia el Dnieper; el desarrollo del Estado moscovita, aunque ya empezaba a aparecer formidable, todavía era tosco y de precaria estabilidad. En el sur, el peso de la presión turca se dirigía contra las fronteras de los Habsburgo en Hungría y Austria, mientras que Moldavia —un débil Estado vasallo del sistema otomano— servía como amortiguador de Polonia. Las irregulares correrías tártaras procedentes de Crimea, aunque destructivas, eran un problema localizado en el sudeste. No existía, pues, necesidad urgente de un Estado monárquico centralizado que construyera una gran máquina militar contra los enemigos exteriores. Las grandes dimensiones de Polonia y el valor tradicional de la szlachta como caballería pesada feudal parecían garantizar la seguridad geográfica de la clase poseedora.

Así pues, y precisamente en la época en que el absolutismo avanzaba en toda Europa, los poderes de la monarquía polaca fueron drástica y definitivamente reducidos por la aristocracia. En 1572 se extingue la dinastía de los Jagellón con la muerte de Segismundo Augusto, que deja el trono vacante. A continuación, la dignidad real salió a subasta internacional. En 1573 se reunieron en las llanuras de Varsovia 40.000 nobles en una asamblea viritim, y eligieron para el trono a Enrique de Anjou. El príncipe francés, que era un extranjero sin ningún vínculo con el país, se vio obligado a firmar los famosos articuli Henriciani, que a partir de entonces fueron la carta constitucional de la mancomunidad polaca. Además, un dispositivo específico, o Pacta Conventa entre la monarquía y la nobleza, establecía el precedente sobre los contratos personales, con obligaciones específicas y vinculantes, que debían firmar los reyes polacos en el momento de su subida al trono. Los articuli Henriciani volvían a confirmar expresamente el carácter no hereditario de la monarquía. El propio monarca quedaba privado de todo poder sustancial en el gobierno del reino. No podía despedir a los funcionarios civiles o militares de su administración, ni ampliar el minúsculo ejército —3.000 hombres— que tenía a su disposición. El consentimiento de la Sejm, que a partir de ahora tenía que reunirse cada dos años, era necesario para toda decisión política o fiscal de importancia. El incumplimiento de estas limitaciones legalizaba la rebelión contra el monarca[17]. En otras palabras, excepto en el nombre, Polonia se convirtió en una república nobiliaria, con un rey puramente decorativo. Ninguna dinastía polaca habría de presidir el reino nunca más: la clase terrateniente prefirió de forma deliberada soberanos franceses, húngaros, suecos y sajones, para garantizar la debilidad del Estado central. La dinastía de los Jagellón había gozado de grandes propiedades hereditarias en sus tierras de Lituania, pero los reyes extranjeros que se sucedieron en Polonia no tenían dentro del país esa base económica en la que sostenerse. A partir de entonces, los ingresos y tropas a disposición de los grandes magnates serían a menudo tan amplios como los del propio monarca. Y aunque en ocasiones fuesen elegidos victoriosos príncipes-soldados —Báthory, Sobieski—, la monarquía no recuperaría nunca más un poder permanente o sustancial. Por debajo de las vicisitudes dinásticas y de la heterogeneidad étnica de la unión polacolituana, quizá haya también una tradición política más antigua que explique este anómalo resultado. Polonia no había participado ni en la herencia imperial del reino de Bizancio ni en la del carolingio; su nobleza no había experimentado una integración originaria en un sistema político monárquico comparable al de la Rusia de Kiev o al de la Alemania medieval. La genealogía de clanes de la szlachta era un símbolo de la distancia que la separaba de ambas. El Renacimiento polaco no presenció, por tanto, el culto autocrático de una monarquía Tudor, Valois o Habsburgo, sino el florecimiento de una mancomunidad aristocrática.

La fase final del siglo XVI no dejó traslucir las crisis que se aproximaban. A los Pacta Conventa de 1573 les sucedió tres años después —tras la salida de Enrique para Francia— la elección del príncipe transilvano Esteban Báthory como rey de Polonia. Báthory, general magiar capaz y experimentado, controlaba un tesoro y un ejército personal procedentes de su cercano principado, cuya economía relativamente próspera y urbana le proporcionaba tropas profesionales y recursos independientes. Su autoridad política en Polonia estaba, pues, poderosamente fortalecida por su base territorial al otro lado del Tatra. Como soberano católico promovió la Contrarreforma en Polonia con discreción, evitando las provocaciones religiosas a aquellos sectores de la nobleza que se habían pasado al protestantismo. Su reinado estuvo ejemplificado, sobre todo, por la victoria militar contra Rusia en las guerras del Báltico. Tomando las armas contra Iván IV en 1578 con un ejército combinado de caballería polaca, infantería transilvana y cosacos ucranianos, Báthory conquistó Livonia y arrojó a las fuerzas rusas más allá de Polotsk. A su muerte, en 1586, la primacía de Polonia en Europa oriental nunca había parecido mayor. La szlachta eligió después para el trono a un sueco, Segismundo Vasa, en cuyo reinado el expansionismo polaco pareció alcanzar su apogeo. Explotando los tumultos sociales y políticos de Rusia durante el período de trastornos, Polonia patrocinó en 1605-6 el breve reinado del Falso Demetrio, un usurpador que se mantuvo en su capital gracias a los soldados polacos. Después, en 1610, las fuerzas polacas al mando del hetman Zolkiewski tomaron de nuevo Moscú e instalaron como zar a Vladislao, hijo de Segismundo. La reacción popular rusa y las contramaniobras suecas obligaron a la guarnición polaca a abandonar Moscú en 1612, y el título de zar pasó al año siguiente a la dinastía Románov. A pesar de todo, la intervención polaca durante el período de trastornos se saldó con importantes ganancias territoriales en la Tregua de Deulino en 1618, por la que Polonia se anexionó un amplio cinturón de la Rusia Blanca. La Rzeczpospolita alcanzó en estos años sus mayores fronteras.

Sin embargo, este Estado polaco adolecía de dos fatales debilidades geopolíticas, pese a que el valor de la nobleza husarja no tenía parangón en la guerra de caballería. Ambas eran síntomas del individualismo monádico de la clase dominante polaca. Por una parte, Polonia no había podido acabar con la soberanía germana en la Prusia oriental. Las victorias de los Jagellón sobre la Orden Teutónica en el siglo XV habían reducido a los caballeros alemanes a la condición de vasallos de la monarquía polaca. A principios del siglo XVI, la secularización de la Orden por su Gran Maestre fue aceptada a cambio del mantenimiento del señorío polaco sobre lo que ahora era Prusia ducal. En 1563, Segismundo Augusto —último soberano Jagellón— aceptó la coinfeudación del ducado por el margravado de Brandemburgo a cambio de algunas ventajas diplomáticas transitorias. Quince años después, Báthory vendió el protectorado sobre el ducado de Prusia oriental al elector de Brandemburgo a cambio de dinero para costear la guerra con Rusia. Finalmente, en 1618, la monarquía polaca permitió la unificación dinástica de la Prusia oriental con Brandemburgo bajo la soberanía común de los Hohenzollern. Así, por una serie de concesiones legales que habrían de culminar con la renuncia completa a la soberanía polaca, el ducado fue entregado a los Hohenzollern. El disparate estratégico de este proceso se haría evidente enseguida. Al no ser capaz de asegurarse e integrar a la Prusia oriental, Polonia perdió la posibilidad de controlar el litoral báltico y nunca pudo convertirse en una potencia marítima. La carencia de una flota iba así a hacer a Polonia fácilmente vulnerable a las invasiones anfibias procedentes del norte. Las razones de esta inercia deben buscarse, sin duda alguna, en el carácter de su nobleza. El dominio de las costas y la construcción de una armada exigían una poderosa máquina estatal, capaz de expulsar a los junkers de la Prusia oriental y de movilizar las inversiones públicas necesarias para fortificaciones, astilleros y establecimientos portuarios. El Estado ruso de Pedro pudo hacer esto tan pronto como alcanzó el Báltico. La szlachta polaca no estaba interesada en ello. Se daba por satisfecha con la solución tradicional de transporte del grano a través de Danzig en barcos holandeses o germanos. El control real sobre la política comercial de Danzig se abandonó en la década de 1570; los escasos puertos construidos para una pequeña marina fueron olvidados en la de 1640[18]. La nobleza era indiferente al destino del Báltico. Su expansión iba a adoptar una forma diametralmente distinta, en dirección sudeste, hacia las regiones fronterizas de Ucrania. Aquí era posible y rentable la penetración y la colonización privadas; no había ningún sistema estatal que pudiera impedir su avance, y no se necesitaban innovaciones económicas para crear nuevos latifundios con las tierras excepcionalmente fértiles situadas a ambos lados del Dnieper. Así pues, a principios del siglo XVII los terratenientes polacos se extendieron en profundidad, más allá de Volinia y Podolia hasta Ucrania oriental. El sometimiento a servidumbre del campesinado local ruteno, exacerbado por los conflictos religiosos entre las Iglesias católica y ortodoxa y complicado por la turbulenta presencia de los núcleos cosacos, convirtió a esta zona salvaje en un constante problema de seguridad. Aunque económicamente era la proyección más rentable de la mancomunidad, social y políticamente ésta era la región más explosiva del Estado nobiliario. La nueva orientación de la szlachta, alejándose del Báltico para dirigirse hacia el mar Negro, habría de ser doblemente desastrosa para Polonia. Sus consecuencias últimas serían la revolución ucraniana y el diluvio sueco.

En los primeros años del siglo XVII ya eran visibles dentro de Polonia algunos signos inquietantes de la incipiente crisis. Al doblar el siglo comenzaron a sentirse los límites de la economía agraria tradicional de la zona central, que habían proporcionado la base productiva del poderío polaco en el exterior. El desarrollo de los señoríos no venía acompañado por ninguna mejora real de la productividad: la extensión cultivable había aumentado mientras las técnicas permanecían estacionarias. Además, ahora se hicieron evidentes los costos de la desordenada extensión del cultivo señorial a expensas de las propiedades campesinas. Los síntomas de agotamiento rural se hicieron presentes antes incluso de que comenzara a bajar el precio del grano con la depresión europea que se extendió lentamente a partir de la década de 1620. La producción comenzó a caer y, lo que era más grave, las cosechas a declinar[19]. Al mismo tiempo, la cohesión política del Estado quedó gravemente debilitada por las nuevas derogaciones aprobadas por la autoridad central, débilmente mantenida por la monarquía. En 1607-8, un serio levantamiento de la nobleza —la rebelión de Zebrzydowski— obligó al rey a abandonar sus planes de reforma del poder monárquico. A partir de 1613, la Sejm nacional devolvió las tasaciones de impuestos a los sejmiki locales, con lo que hizo más difícil todavía conseguir un sistema fiscal eficaz. En la década de 1640, los sejmiki obtuvieron una mayor autonomía financiera y militar en sus propias localidades. Mientras tanto, la revolución contemporánea de las técnicas militares tenía lugar al margen de la szlachta: su habilidad como clase caballeresca se volvía cada vez más anacrónica en unas batallas decididas ahora por una infantería entrenada y por una artillería móvil. El ejército central de la mancomunidad solamente tenía unos 4.000 hombres a mediados de siglo, y estaba fuera del control real por el mando independiente que sobre él ejercían los hetmans vitalicios, mientras que los magnates fronterizos mantenían ejércitos privados de dimensiones semejantes[20]. En la década de 1620, la rápida conquista sueca de Livonia, su dominio del litoral de Prusia oriental y la extorsión de fuertes peajes en el Báltico habían revelado ya la vulnerabilidad de las defensas polacas en el norte, mientras en el sur las repetidas rebeliones cosacas de la década de 1630 fueron pacificadas con dificultad. La escena estaba ya preparada para la espectacular descomposición del país durante el reinado del último rey Vasa, Juan Casimiro.

En 1648, los cosacos ucranianos se rebelaron bajo la dirección de Jmelnitski, y a su paso se extendió una jacquerie campesina contra la clase terrateniente polaca. En 1654, los dirigentes cosacos, por el tratado de Pereyaslavl, se pasaron al Estado ruso enemigo, llevando consigo grandes zonas del sudeste. Los ejércitos rusos se dirigieron hacia el oeste, capturando Minsk y Vilna. En 1655, Suecia lanzó un asolador ataque en forma de tenaza a través de Pomerania y Curlandia; Brandemburgo se alió con ella para realizar una invasión conjunta. Varsovia y Cracovia cayeron rápidamente ante los ejércitos sueco y prusiano, mientras los magnates lituanos se apresuraban a desertar para unirse a Carlos X y Juan Casimiro huía a buscar refugio en Austria. La ocupación sueca de Polonia levantó una feroz resistencia local de la szlachta. A continuación se produjo la intervención internacional para bloquear el engrandecimiento del imperio sueco: las flotas holandesas cubrieron Danzig, la diplomacia austríaca ayudó al rey fugitivo, los ejércitos rusos asaltaron Livonia e Ingria y, finalmente, Dinamarca atacó la retaguardia sueca. El resultado fue limpiar a Polonia de ejércitos suecos en 1660, después de una inmensa destrucción. La guerra con Rusia se prolongó durante otros siete años. Cuando la paz volvió de nuevo a la mancomunidad polaca en 1667, tras casi veinte años de luchas, se habían perdido Ucrania oriental con Kiev, la extensa zona fronteriza centrada en tomo a Smolensko y todas las pretensiones residuales sobre Prusia oriental; en la década siguiente, Turquía tomó Podolia. Las pérdidas geográficas ascendieron a un quinto del territorio polaco. Pero los efectos económicos, sociales y políticos de estos años desastrosos fueron mucho más graves. Los ejércitos suecos que habían barrido el país lo dejaron desolado y despoblado de uno a otro confín: el rico valle del Vístula sufrió los peores daños. Entre 1650 y 1675, Polonia perdió un tercio de su población, y entre 1618 y 1691 la exportación de cereales por Danzig bajó en más de un 80 por 100[21]. La producción cerealista se hundió en muchas regiones a causa de la devastación y de la decadencia demográfica; las cosechas nunca se recobraron. Se produjo una contracción del área cultivada y buena parte de la szlachta se arruinó. La crisis económica que siguió a la guerra aceleró la concentración de la tierra, en una situación en la que sólo los grandes magnates disponían de los recursos necesarios para reorganizar la producción y muchas propiedades pequeñas tuvieron que ser puestas en venta. Las exacciones serviles se intensificaron en medio de un nuevo estancamiento económico; la depreciación de la moneda y la depresión de los salarios marchitaron la vida de las ciudades.

Culturalmente, la szlachta se vengó de una historia que tanto la había defraudado adoptando una mitomanía mórbida: un sorprendente culto a los imaginarios antepasados «sármatas» de la era prefeudal se combinó con una fanática Contrarreforma provinciana en un país en el que la civilización urbana había desaparecido casi por completo. La ideología seudoatávica del sarmatismo no era una simple aberración: reflejaba el estado de toda la clase, que encontraba su expresión más intensa en el específico terreno constitucional. Porque políticamente, el impacto combinado de la revolución ucraniana y del diluvio sueco hizo saltar la frágil unidad de la mancomunidad polaca. La gran línea divisoria en la historia y la prosperidad de la clase noble no la unió para la tarea de la creación de un Estado central que pudiera resistir nuevos ataques exteriores, sino que, por el contrario, la hundió en una suicida fuite en avant. A partir de la mitad del siglo XVII la lógica anárquica del sistema político polaco alcanzó una especie de paroxismo institucional con la norma de la unanimidad parlamentaria, el famoso liberum veto[22]. Desde ese momento, un simple voto negativo podía disolver la Sejm y paralizar al Estado. El liberum veto se ejerció por vez primera por un diputado a la Sejm en 1652; a partir de entonces, su uso aumentó rápidamente y se extendió al nivel más bajo de los sejmiki provinciales, de los que ahora existían más de setenta. La clase terrateniente, que desde hacía tiempo había hecho prácticamente impotente al ejecutivo, pasaba ahora a neutralizar también al legislativo. El eclipse de la autoridad monárquica se complementó con la desintegración del gobierno representativo. En la práctica, el caos sólo pudo evitarse por el auge, dentro de la misma nobleza, del dominio de los grandes magnates del este, cuyo vastos latifundios, cultivados por siervos rutenos y de la Rusia Blanca, les daban el predominio sobre los más pequeños propietarios de la Polonia central y occidental. Un sistema de patronazgo produjo así un marco organizado para la clase szlachta, aunque las rivalidades entre las grandes familias —los Czartoryski, Sapieha, Potocki, Radziwill y otros— desgarraban constantemente la unidad de la nobleza, porque al mismo tiempo eran ellos quienes usaban con más frecuencia el liberum veto[23]. El reverso constitucional del «veto» era la «confederación», un dispositivo legal que permitía a las facciones de la aristocracia proclamarse en estado de insurrección armada contra el gobierno[24]. Irónicamente, el voto mayoritario y la disciplina militar estaban legalmente prescritos para las confederaciones rebeldes, mientras que la Sejm unitaria estaba inmovilizada constantemente por la intriga política y el voto unánime. La triunfante rebelión nobiliaria dirigida por el gran mariscal Lubomirski, que impidió la elección vivente rege de un sucesor para Juan Casimiro en 1665-6 y precipitó la abdicación del rey, presagiaba la pauta futura de la actuación política de los magnates. En la era de Luis XIV y de Pedro I nacía a orillas del Vístula la negación radical y total del absolutismo.

Polonia era todavía el segundo país más grande de Europa. En las últimas décadas del siglo XVII, el rey soldado Juan Sobieski restableció en parte su posición exterior Llevado al poder por el peligro de nuevos ataques turcos a Podolia, Sobieski se las arregló para aumentar el ejército central hasta 12.000 hombres y para modernizarlo por medio de la introducción de unidades de dragones de infantería. Las fuerzas polacas jugaron el papel principal en la liberación de Viena en 1683, y los avances otomanos en la región del Dniester fueron detenidos. Pero los beneficios principales de esta última movilización triunfante de la szlachta fueron recogidos por el emperador Habsburgo; la ayuda polaca contra Turquía permitió la expansión rápida del absolutismo austríaco hacia los Balcanes. En el interior, la reputación internacional de Sobieski le sirvió de poco. Todos sus proyectos para instaurar una monarquía hereditaria fueron bloqueados; el liberumveto se hizo cada vez más frecuente en la Sejm. En Lituania, donde el clan Sapieha ejercía vastos poderes, la autoridad real dejó prácticamente de existir. En 1696, la nobleza rechazó a su hijo como sucesor. Una elección disputada terminó con la instalación de otro príncipe expatriado, Augusto II de Sajonia, apoyado por Rusia. El nuevo soberano Wettin intentó utilizar los recursos industriales y militares de Sajonia para establecer un Estado monárquico más convencional, con un programa económico más sólido. Se programó una compañía comercial polacosajona para el Báltico y se renovaron las construcciones portuarias, mientras las tropas de los Wettin desplazaban a las de Lituania[25]. La szlachta reaccionó inmediatamente: en 1699 se impusieron a Augusto II unos pacta conventa que estipulaban la expulsión de su ejército germano del país. Augusto, de acuerdo con Pedro I, se movió entonces hacia el norte, a lo largo de la frontera, para atacar a la Livonia sueca. Esta acción precipitó la gran guerra del norte en 1700. La Sejm desaprobó enérgicamente los planes privados del rey, pero el contraataque sueco contra las fuerzas sajonas, en 1701-2, sumergió al país en el vórtice de la guerra. Después de luchas muy destructivas, Carlos XII venció a Polonia, depuso a Augusto II e instaló a un pretendiente nativo, Estanislao Leszczynski. Confrontada con la ocupación, la nobleza se dividió una vez más: los grandes magnates del este optaron por Suecia (como en 1655), mientras que la masa de propietarios más pequeños del oeste se unió con reticencias a la alianza rusosajona. La derrota de Carlos XII en Poltava restableció a Augusto II en Polonia. Pero cuando en 1713-14 el rey sajón intentó reintroducir su ejército y aumentar el poder real, se formó inmediatamente una confederación rebelde y la intervención militar rusa impuso a Augusto II el tratado de Varsovia en 1717. Al dictado de un enviado ruso, el ejército polaco quedó fijado en 24.000 hombres, las tropas sajonas se limitaron a 1.200 guardias personales del rey y los funcionarios germanos de la administración fueron repatriados[26]

La gran guerra del norte fue un segundo diluvio. La dureza de la ocupación sueca y la desolación provocada por las sucesivas campañas de los ejércitos escandinavos, germanos y rusos sobre el suelo polaco causaron pérdidas enormes. La población de Polonia, dañada por la guerra y las enfermedades, descendió hasta seis millones de habitantes. Las exacciones económicas de las tres potencias que se disputaron el control del país —unos 60 millones de táleros en total— supusieron hasta tres veces los ingresos públicos totales de Polonia durante el conflicto[27]. Y más grave todavía, Polonia fue por vez primera objeto pasivo de una lucha internacional que se libraba en su territorio. La pasividad política de la szlachta en la contienda triangular entre Carlos XII, Pedro I y Augusto II sólo se rompió con su hosca resistencia a cualquier movimiento que pudiera reforzar el poder real en Polonia y, con él, la capacidad defensiva polaca. Augusto II, cuya base en Sajonia era más rica y más avanzada de lo que había sido Transilvania, fue incapaz de repetir, un siglo después, la experiencia de Báthory. Con tal de frustrar la realización efectiva de la unión polacosajona, la nobleza estuvo dispuesta a aceptar el protectorado ruso. La invitación a San Petersburgo para que invadiera el país en 1717 inauguró una época de creciente sumisión a las maniobras zaristas en la Europa oriental.

En 1733 se disputó una vez más la elección para el trono. Francia intentó asegurar la candidatura de Leszczynski, por ser nativo de Polonia y aliado de París. Rusia, apoyada por Prusia y Austria, optó por una sucesión sajona, por ser la alternativa más débil. A pesar de la elección legítima de Leszczynski, las bayonetas extranjeras impusieron a su debido tiempo a Augusto III. El nuevo soberano, que a diferencia de su padre fue un monarca absentista que residió en Dresde, no hizo ninguna tentativa de reformar el sistema político de Polonia. Varsovia dejó de ser una capital a medida que el país se convertía en un inmenso remanso provinciano, atravesado de vez en cuando por los ejércitos vecinos. Los ministros sajones distribuían sinecuras en el Estado y la Iglesia, mientras las facciones de los magnates prodigaban el veto en la Sejm según la voluntad o los sobornos de las potencias extranjeras rivales: Rusia, Austria, Prusia, Francia[28]. La szlachta, que durante el apogeo de la Reforma y la Contrarreforma había mantenido unos niveles de tolerancia insólitos en Europa, cayó ahora, en la época de la Ilustración, en un olvidado fanatismo católico: la fiebre persecutoria de la nobleza se convirtió en el mísero síntoma de su «patriotismo». Económicamente, hubo una recuperación gradual a finales del siglo XVIII, La población subió de nuevo a los niveles anteriores al diluvio bélico y las exportaciones de cereales por Danzig se duplicaron en los cuarenta años que siguieron a la gran guerra del norte, aunque todavía quedaran muy lejos de los niveles más altos del siglo anterior. La concentración de tierras y de siervos continuó para beneficio de los magnates[29].

En 1764, Poniatowski —amante polaco de Catalina II y ligado a la camarilla de los Czartoryski— se convirtió en el nuevo monarca, nombrado por los rusos. El permiso inicial de San Petersburgo para que procediera a algunas reformas centralistas fue revocado en seguida bajo el pretexto de la supresión (defendida por los Czartoryski) de los derechos de los súbditos protestantes y ortodoxos en Polonia. Las tropas rusas intervinieron en 1767, provocando al fin una reacción de la nobleza contra el dominio extranjero, pero no bajo la bandera de la reforma política, sino de la intolerancia religiosa. La Confederación de Bar se rebeló en 1768 contra Poniatowski y contra Rusia en nombre del exclusivismo católico. Los campesinos ucranianos aprovecharon la oportunidad para rebelarse contra sus señores polacos, mientras Francia y Turquía enviaban ayuda a los soldados de la Confederación. Después de cuatro años de guerra, la Confederación fue aplastada por los ejércitos zaristas. El embrollo diplomático de Rusia con Prusia y Austria en torno a este asunto dio como resultado el primer reparto de Polonia en 1772, un plan que sirvió para reconciliar a las tres cortes. La monarquía Habsburgo tomó Galitzia; la monarquía Románov se adueñó de la mayor parte de la Rusia Blanca; la monarquía Hohenzollern adquirió Prusia occidental y, con ella, el regalo del control total del litoral sur del Báltico. Polonia perdió el 30 por 100 de su territorio y el 35 por 100 de su población. Físicamente, todavía era más grande que España, pero los signos de su impotencia eran ya inconfundibles.

La impresión producida por el primer reparto creó dentro de la nobleza una tardía mayoría para revisar la estructura del Estado. El crecimiento de una burguesía urbana en Varsovia, que cuadruplicó su tamaño durante el reinado de Poniatowski, contribuyó a secularizar la ideología de la clase terrateniente. En 1788-91 se consiguió el poco fidedigno consentimiento de Prusia para un nuevo acuerdo constitucional: la Sejm votó en sus últimas horas la abolición del liberum veto y la supresión del derecho a formar confederaciones, el establecimiento de una monarquía hereditaria, la creación de un ejército de 100.000 hombres y la introducción de un impuesto sobre la tierra y de un derecho al voto algo más amplio[30]. La respuesta de Rusia fue rápida y apropiada. En 1792, los soldados de Catalina II invadieron Polonia, tras una fachada de magnates lituanos, y se llevó a cabo el segundo reparto. Polonia perdió en 1793 tres quintas partes del territorio que le quedaba y quedó reducida a una población de cuatro millones de habitantes. Esta vez Rusia se llevó la parte del león, anexionando todo el resto de Ucrania, mientras Prusia absorbía Poznania. El final de la Rzeczpospolita llegó dos años después, en medio de una confusión y explosión apocalípticas de épocas y clases. En 1794 estalló una revolución nacional y liberal bajo el mando de Kosciuszko, veterano de la revolución americana y ciudadano de la república francesa. El grueso de la nobleza se alistó en una causa que reivindicaba la emancipación de los siervos y convocaba a las masas plebeyas de la capital, mezclando corrientes cruzadas de sarmatismo y jacobinismo en un despertar desesperado y falso de la nobleza bajo el impacto conjunto del absolutismo extranjero del este y la revolución burguesa del oeste. El radicalismo de la insurrección polaca de 1794 pronunció la sentencia de muerte contra el Estado de la szlachta. Las cortes legitimistas que la rodeaban podían ver reflejado a lo largo del Vístula el remoto resplandor de los fuegos del Sena. Las ambiciones territoriales de los tres imperios vecinos adquirieron ahora la urgencia ideológica de una misión contrarrevolucionaria. Tras la derrota infligida por Kosciuszko a un ataque prusiano sobre Varsovia, Suvorov fue enviado con un ejército ruso para liquidar la rebelión. La derrota de ésta significó el fin de la independencia polaca. En 1795, el país desapareció por completo a consecuencia del tercer reparto.

Las razones internas que expliquen por qué una nobleza rebelde y levantisca como la que dominó Polonia fue incapaz de alcanzar un absolutismo nacional quedan todavía por dilucidar[31]. Aquí sólo se han propuesto algunos elementos de explicación. Pero el Estado feudal que esa nobleza produjo nos suministra una clarificación singular de por qué el absolutismo fue la forma normal y natural del poder de la clase noble después del último período de la Edad Media. Porque, en efecto, una vez disuelta la cadena de soberanías mediatizadas que constituía el sistema político medieval, la nobleza no tenía una fuente natural de unificación. La aristocracia estaba dividida tradicionalmente en una jerarquía vertical de rangos que entraba en contradicción estructural con toda distribución horizontal de la representatividad, que sería lo que caracterizara más tarde a los sistemas políticos burgueses. Un principio externo de unidad era, por tanto, necesario para soldar a los diferentes sectores de la nobleza: la función del absolutismo consistió, precisamente, en imponerle un orden formal rígido desde fuera. De ahí la posibilidad de los constantes conflictos entre los soberanos absolutos y sus aristocracias, que, como ya hemos visto, tuvieron lugar en toda Europa. Esas tensiones se inscribían en la misma naturaleza de la relación solidaria entre ambas, ya que dentro de la clase noble no era posible una mediación inmanente de intereses. El absolutismo sólo podía gobernar «para» la nobleza si se mantenía por «encima» de ella. Sólo en Polonia la sorprendente magnitud de la szlachta y la ausencia formal de títulos dentro de ella produjeron dentro de la nobleza la caricatura autodestructiva de un sistema representativo. La incompatibilidad de ambos quedó demostrada de forma curiosa por el liberum veto. Con un sistema como ése no había ninguna razón para que ningún noble renunciara a su soberanía: los sejmiki provinciales podían ser disueltos por un solo propietario, y la Sejm, por el delegado de un solo sejmik. El clientelismo informal no podía suministrar un adecuado principio de unidad alternativo. La anarquía, la impotencia y la anexión fueron las consecuencias inevitables. Al final, la república nobiliaria fue arrasada por los absolutismos vecinos. Pocos años antes de su fin, Montesquieu escribió el epitafio de esta experiencia: «Sin monarquía, no hay nobleza; sin nobleza, no hay monarquía».

5. AUSTRIA

El Estado austríaco representa el reverso constitucional de la mancomunidad polaca, en el sentido de que se basa, de forma más exclusiva y completa que cualquier otro Estado europeo en el principio dinástico como principio organizador. En lo que se refiere a la duración de su dominio, el linaje de los Habsburgo habría de tener pocos iguales: Austria estuvo bajo su mandato desde finales del siglo XIII hasta principios del XX, sin interrupción. Y, lo que es más significativo, la única unidad política de las diversas tierras que entrarían a formar parte del imperio austríaco procedía de la identidad de la dinastía reinante, situada por encima de ellas. El Estado de los Habsburgo se mantuvo siempre, hasta un grado insólito, como una Hausmacht familiar, un conjunto variado de herencias dinásticas sin un denominador étnico o territorial común. La monarquía alcanzó en este caso su dominio menos adulterado. Con todo, y por esta misma razón, el absolutismo austríaco nunca consiguió crear una estructura estatal coherente y articulada, comparable a las de sus rivales prusiano y ruso. En cierta medida siempre representó una mezcla híbrida de formas «occidentales» y «orientales» a causa de las divisiones políticas y territoriales de las tierras que lo constituían, situadas en la línea del Báltico al Adriático, en el centro geométrico de Europa. El caso austríaco representa así, en algunos aspectos importantes, la encrucijada de la tipología regional del absolutismo europeo. Su específica posición geográfica e histórica da un interés especial a la evolución del Estado de los Habsburgo: «Europa central» produjo, como era lógico, un absolutismo de carácter formalmente intermedio, cuya divergencia respecto a las normas estrictas del oeste y del este confirma y matiza su polaridad. Las estructuras heteróclitas del absolutismo austríaco reflejan la naturaleza compleja de los territorios que dominaba y que nunca fue capaz de integrar de forma duradera en un solo marco político. Pero, al mismo tiempo, esta mezcla de rasgos no impidió la existencia de un aspecto fundamental dominante. El imperio austríaco que apareció a lo largo del siglo XVII mostró, a pesar de las apariencias, no ser fácilmente divisible, porque contenía una uniformidad social básica que hacía compatibles entre sí a sus distintas partes. En el conjunto de las tierras de los Habsburgo predominaba la agricultura servil con diferentes formas y modelos. La gran mayoría de las poblaciones campesinas dominadas por la dinastía —checos, eslovacos, húngaros, alemanes o austríacos— estaban atados a la tierra, obligados a realizar prestaciones de trabajo para sus señores, y sometidos a la jurisdicción señorial. Los diversos campesinados de estas tierras no constituían una masa rural indiferenciada; las diferencias en su condición tenían una importancia considerable. Pero no puede haber duda sobre el predominio de la servidumbre en la totalidad del imperio austríaco cuando éste tomó su primera forma duradera en la época de la Contrarreforma. Taxonómicamente, por tanto, el Estado de los Habsburgo debe clasificarse, en su configuración global, como un absolutismo del este. En la práctica, como veremos, sus insólitos rasgos administrativos no lograron ocultar sus verdaderos orígenes.

La familia Habsburgo era originaria de la Alta Renania y alcanzó su primera notoriedad en 1273, cuando el conde Rodolfo de Habsburgo fue elegido emperador por los príncipes germanos, ansiosos de cerrar el paso al rey Premíslida de Bohemia, Ottokar II, que se había anexionado la mayor parte de las tierras austríacas del Este y era el principal aspirante a la dignidad imperial. Los dominios de los Habsburgo estaban situados en torno al Rin, en tres áreas separadas: en Sundgau, al oeste del río; en Breisgau, al este, y en Aargau, al sur, pasada Basilea. Rodolfo I movilizó con éxito una coalición imperial para atacar a Ottokar II, que fue derrotado en Marchfeld cinco años después. De este modo, la familia Habsburgo adquirió el control de los ducados austríacos —mucho más extensos que sus territorios renanos—, a los que a partir de ese momento transfirió su sede principal. Los objetivos estratégicos de la dinastía eran dobles: conservar en sus manos la sucesión imperial —con su nebuloso pero considerable peso político e ideológico dentro de Alemania— y consolidar y ampliar la base territorial de su poder. Los ducados austríacos recién conquistados formaban un bloque sustancial de Erblande hereditaria y convertían por vez primera a los Habsburgo en una fuerza importante dentro del sistema político alemán. Pero estas tierras quedaban algo alejadas del centro del Reich; el camino natural para el engrandecimiento consistía en ligar los nuevos bastiones austríacos con las viejas tierras renanas de la dinastía hasta formar un solo bloque geográfico que se extendiera por todo el sur de Alemania y tuviera acceso inmediato a los centros de riqueza y poder del imperio. Para asegurar su elección, Rodolfo I había ofrecido garantías de no agresión en Renania[1], pero todos los primeros Habsburgo presionaron con fuerza en busca de la expansión y unificación de sus dominios. Sin embargo, este primer e histórico empuje por construir un Estado germánico engrandecido tropezó en su camino con un obstáculo fatal. Entre las tierras renanas y austríacas estaban los cantones suizos. Las invasiones de los Habsburgo en esta zona fundamental provocaron una resistencia popular que derrotó una y otra vez a los ejércitos austríacos y condujo, finalmente, a la creación de Suiza como una confederación autónoma al margen del imperio.

La peculiaridad y el interés de la rebelión suiza residen en el hecho de que fundió dos elementos sociales que, dentro del complejo inventario del feudalismo europeo, no encontraron en ninguna otra parte una unión similar: las montañas y las ciudades. Aquí radica también el secreto de su éxito singular en un siglo en el que todas las demás insurrecciones campesinas fueron derrotadas. Como ya hemos visto, desde los orígenes de la Edad Media el modo de producción feudal tuvo una expansión topográfica muy desigual: nunca penetró en las tierras altas en la misma medida en que conquistaba las llanuras y las marismas. Las regiones montañosas de toda Europa occidental representaban zonas remotas e intrincadas de pequeña propiedad campesina, alodial o comunal, cuyas tierras, exiguas y rocosas, ofrecían un atractivo relativamente escaso para el feudalismo. Los Alpes suizos, la cordillera más alta del continente fueron naturalmente el principal ejemplo de esta constante. Por otra parte, también estaban situados a lo largo de una de las principales rutas comerciales terrestres de la Europa medieval, entre las dos zonas densamente urbanizadas de Alemania del sur e Italia del norte. Sus valles estaban, pues, poblados de ciudades dedicadas al comercio local, que aprovechaban su situación estratégica entre los puertos de montaña. El cantonalismo suizo del siglo XIV fue el resultado de la confluencia de estas fuerzas. Inicialmente influidos por el ejemplo de las cercanas comunas lombardas en su lucha contra el Imperio, la rebelión suiza contra los Habsburgo unió, en una combinación victoriosa, a los montañeros rurales y a los burgueses urbanos. La dirección política fue asumida por los tres «cantones forestales», cuya infantería campesina derrotó en Morgarten a la caballería señorial austríaca, entorpecida en sus movimientos por la angostura de los valles. Diez años después, la servidumbre había sido abolida en Uri, Schwyz y Unterwald en[2]. En 1330 hubo una revolución municipal en Lucerna, y en 1336, en Zurich, ambas contra los patriciados prohabsburgueses. En 1351 existía una alianza formal entre esas dos ciudades y los tres cantones forestales. Por último, sus tropas unidas rechazaron y derrotaron a los ejércitos de los Habsburgo en Sempach y Näfels en 1386 y 1388. En 1393 había nacido la confederación suiza, única república independiente en Europa[3]. Los piqueros campesinos de Suiza habrían de convertirse en la fuerza militar de choque de las últimas guerras medievales y las primeras guerras modernas, poniendo punto final al antiguo dominio de la caballería, con sus victorias sobre los caballeros borgoñones convocados durante el siglo siguiente en ayuda de Austria, e inaugurando la nueva fuerza de la infantería mercenaria. A principios del siglo XV, la dinastía Habsburgo había perdido sus tierras situadas por debajo del recodo que forma el Rin en su marcha hacia Suiza y había fracasado en su tentativa de unir sus posesiones en Sundgau y Breisgau[4]. Sus provincias renanas no eran más que enclaves dispersos, llamados simbólicamente Vorderosterreich y administrados desde Innsbruck. A partir de entonces, toda la orientación de la dinastía giró hacia el Este.

En Austria, mientras tanto, el poder de los Habsburgo no había tropezado con las mismas desventuras. Los Habsburgo adquirieron el Tirol en 1363; aproximadamente en la misma época asumieron el título archiducal, y los Estados que surgieron después de 1400 fueron mantenidos a raya, tras duros enfrentamientos. En 1440, el cetro imperial —perdido a principios del siglo XIV, después de las primeras derrotas en Suiza— había sido recuperado por la dinastía gracias al colapso del poderío de Luxemburgo en Bohemia, y a partir de entonces nunca más escaparía a su control. En 1477, una alianza matrimonial con la Casa de Borgoña —aliada de Austria en la lucha contra Suiza— aseguró a los Habsburgo el regalo temporal del Franco-Condado y de los Países Bajos. Antes de pasar a la órbita española en la época de Carlos V, los dominios borgoñones aportaron probablemente a la Casa de Austria la inspiración necesaria para la modernización administrativa. Maximiliano I, rodeado por un séquito de nobles de Borgoña y los Países Bajos, creó una tesorería central en Innsbruck y estableció los primeros organismos conciliares de gobierno en Austria. Un ataque final contra Suiza terminó en un fracaso, pero en las marismas del sur Gorizia fue absorbida, mientras Maximiliano proseguía una política extranjera imperial y de penetración en Italia. Sin embargo, el reinado de su sucesor, Fernando I, fue el que trazó el amplio espacio del futuro poderío de los Habsburgo en Europa central y echó los cimientos de la extraña estructura de Estado que habría de edificarse en él. En 1526, el rey de Bohemia y Hungría, Luis II Jagellón, fue derrotado y muerto en Mohács por los ejércitos otomanos invasores; los soldados turcos ocuparon la mayor parte de Hungría, plantando el poder del sultanato en el corazón de Europa central. Por sus vínculos matrimoniales con la familia Jagellón, y respaldado por la amenaza turca, al menos en lo referente a las noblezas checa y magiar, Fernando pudo reclamar con éxito las coronas vacantes. En Moravia y Silesia, las dos provincias más aisladas del reino de Bohemia, Fernando fue aceptado como soberano hereditario. Pero tanto los Estados de Bohemia como los de Hungría le negaron categóricamente ese título y exigieron del archiduque el reconocimiento expreso de que en sus tierras era solamente un príncipe electivo. Por otra parte, Fernando tuvo que librar una larga lucha triangular contra el pretendiente transilvano Zalpoyai y los turcos, que terminó en 1547 con el reparto de Hungría en tres zonas: la occidental, dominada por los Habsburgo; la central, ocupada por los turcos, y en el este, un principado de Transilvania que a partir de entonces sería un Estado vasallo de los otomanos. La guerra se prolongó contra los turcos en las llanuras danubianas, durante otra década, desde 1551 a 1562. A lo largo del siglo XVI Hungría costó a la dinastía Habsburgo en gastos de defensa más de lo que le produjeron sus rentas[5].

Sin embargo, y a pesar de todas las limitaciones internas y externas, los nuevos dominios representaban un vasto aumento potencial en el poderío internacional de los Habsburgo. Fernando se consagró de forma persistente a consolidar la autoridad real en sus tierras, creando nuevas instituciones dinásticas y centralizando las antiguas. Los diversos Landtage austríacos fueron, en esta época, relativamente complacientes y aseguraron al poder de los Habsburgo una base política razonablemente sólida en el propio archiducado. Sin embargo, los Estados de Bohemia y de Hungría no fueron en absoluto tan dóciles y frustraron los planes de Fernando de crear una asamblea suprema que abarcara todos sus dominios y fuera capaz de imponer una sola moneda y recaudar impuestos uniformes. Pero un conjunto de nuevos organismos gubernamentales establecidos en Viena —entre ellos la Hofkanzlei (Cancillería de la Corte) y la Hofkammer (Tesorería de la Corte)— aumentaron enormemente el alcance de la dinastía. La más importante de estas instituciones fue el Consejo Privado Imperial, establecido en 1527, que se convertiría muy pronto en la cumbre formal de todo el sistema administrativo de los Habsburgo en Europa central[6]. Los orígenes y la orientación «imperial» de este consejo eran un índice de la importancia permanente que tenían para la Casa de Austria sus ambiciones alemanas en el Reich. Fernando intentó ampliarlas resucitando el Consejo Aulico Imperial como supremo tribunal de justicia del imperio bajo el control directo del emperador. Pero como la Constitución imperial había sido reducida por los príncipes alemanes a una cáscara legislativa y judicial vacía de contenido y carente de toda autoridad ejecutiva y coactiva, los avances políticos fueron muy limitados[7]. A largo plazo fue mucho más significativa la implantación de un Consejo de la Guerra, el Hofkriegsrat, creado en 1556 y enfocado firmemente desde el principio hacia el frente «oriental» de las operaciones de los Habsburgo antes que hacia el «occidental». El Hofkriegsrat, destinado a organizar la resistencia militar contra los turcos, era sustituido en Graz por un Consejo de la Guerra local, que coordinaba las «Fronteras Militares» especiales creadas a lo largo de las fronteras sudorientales, en las que se establecieron colonias militares de filibusteros Grenzers de Servia y Bosnia[8]. El poderío otomano no se había debilitado en absoluto. A partir de 1593, la guerra de los Treinta Años asoló Hungría, y al final, tras las sucesivas devastaciones del país, que dejaron a la agricultura magiar en la ruina y a su campesinado en la servidumbre, los ejércitos de los Habsburgo habían sido contenidos por los turcos.

Al comenzar el siglo XVII, la Casa de Austria había registrado algunos avances moderados en la construcción del Estado, pero la unidad política de sus posesiones era todavía muy tenue. En cada una de ellas, el dominio dinástico se asentaba en una base legal diferente y no había instituciones comunes aparte del Consejo de la Guerra que ligaran unas a otras. Las mismas tierras de Austria fueron declaradas indivisibles por vez primera tan sólo en 1602. Las aspiraciones imperiales de los Habsburgo no podían suplir la integración práctica de los territorios que les debían lealtad. Hungría, en todo caso, quedaba fuera del Reich, de tal forma que ni siquiera había una relación inclusiva entre el ámbito del imperio y las tierras del emperador. Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XVI la oposición latente de varios Estados aristocráticos de los dominios habsburgueses había adquirido un tono más duro con la llegada de la Reforma. Mientras la dinastía permanecía como pilar de la Iglesia romana y de la ortodoxia tridentina, la mayor parte de la nobleza de sus tierras se pasó al protestantismo. En primer lugar, el grueso de la clase terrateniente checa, acostumbrada desde antiguo a la herejía local, se hizo luterana; después, la nobleza magiar adoptó el calvinismo, y por último, la misma aristocracia austríaca, en el corazón del poderío de los Habsburgo, fue ganada para la religión reformada. En 1570, las grandes familias nobles de la Erblande eran protestantes: los Dietrichstein, Starhemberg, Khevenhüller, Zinzendorf[9]. Esta amenazadora evolución era un signo seguro de que habían de llegar conflictos más profundos. La inminente subida al poder de Fernando II en Viena, en el año 1617, desencadenó, pues, algo más que una explosión local: Europa quedó muy pronto sumergida en la guerra de los Treinta Años. Fernando, educado por los jesuitas bávaros, había sido un campeón inflexible y eficaz de la Contrarreforma como duque de Estiria a partir de 1595. La incesante centralización administrativa y la represión religiosa fueron el sello de su régimen en la provincia de Graz. El absolutismo español era el patrocinador internacional de su candidatura, en el seno de la familia Habsburgo, para la sucesión dinástica al Imperio y a Bohemia. Desde el principio, su corte estuvo dirigida por truculentos generales y diplomáticos españoles. Los Estados de Bohemia, nerviosos y erráticos, aceptaron a Fernando como monarca y después, ante la primera desviación de la tolerancia religiosa en las tierras checas, levantaron la bandera de la rebelión.

La Defenestración de Praga abrió la mayor crisis del sistema estatal de los Habsburgo en Europa central. La autoridad dinástica se hundió en Bohemia y, lo que era más peligroso, los Estados de Austria y de Hungría comenzaron a considerar la realización de pactos de solidaridad con los Estados bohemios, conjurando así el espectro de una rebelión generalizada de la nobleza, encendida en el fuego latente del particularismo y el protestantismo. Ante esta emergencia, la causa de los Habsburgo encontró su salvación en la actuación de dos factores decisivos. La aristocracia checa, después de la histórica supresión de los movimientos populares husitas en Bohemia, fue incapaz de despertar un entusiasmo social profundo hacia su rebelión en las masas urbanas y campesinas. Alrededor de dos tercios de la población eran protestantes, pero el celo religioso no sirvió en ningún momento para cimentar, frente al contraataque austríaco, un bloque interclasista del tipo que había caracterizado a la lucha holandesa contra España. Los Estados de Bohemia estaban social y políticamente aislados; la Casa de Austria, no. La solidaridad militante de Madrid con Viena dio la vuelta a la situación a medida que las armas, los aliados y el dinero español se movilizaron para aplastar el secesionismo checo, organizando con eficacia todo el esfuerzo de guerra de Fernando II[10]. El resultado fue la batalla de la Montaña Blanca, que destrozó a la vieja nobleza bohemia. En la década siguiente, los ejércitos imperiales, dirigidos por Wallenstein, se encaminaron victoriosamente hacia el Báltico, extendiendo por vez primera el poderío de los Habsburgo en Alemania del norte y abriendo la posibilidad de un nuevo imperio germano, centralizado y dominado por la Casa de Austria. La intervención sueca en la década de 1630 aniquiló esta ambición; el ímpetu agresivo de la política imperial de los Habsburgo se perdió para siempre. La paz de Westfalia, que terminó con la guerra de los Treinta Años, consagró el veredicto de la lucha militar. La Casa de Austria no habría de dominar el imperio, pero consiguió el dominio de Bohemia, causa original del conflicto. Las consecuencias de este acuerdo fijaron el modelo interno del poderío de los Habsburgo dentro de las tierras dinásticas de la Europa danubiana.

Con su victoria en Bohemia, la Hofburg realizó un enorme avance interior hacia el absolutismo. En 1627, Fernando II promulgó una nueva Constitución para las tierras bohemias conquistadas. La Verneuerte Landesordnung transformó al régimen Habsburgo en una monarquía hereditaria, no sujeta en adelante a elección; convirtió a todos los funcionarios locales en agentes reales; hizo del catolicismo la única religión y restableció la presencia del clero en los Estados; invistió a la dinastía con los supremos derechos judiciales y elevó al idioma alemán al rango de lengua oficial, en situación de igualdad con el checo[11]. La Snem no fue abolida, y se reafirmó la necesidad de su consentimiento para la recaudación de impuestos, pero en la práctica su supervivencia no supuso ningún obstáculo para la implantación del absolutismo en Bohemia. Las asambleas locales, que antes habían sido el nervio de la política de los terratenientes, desaparecieron en la década de 1620, mientras descendía bruscamente la participación en los Estados a medida que la Snem perdía importancia política. Este proceso fue facilitado por la dramática transformación de la composición y la función social de la nobleza durante la guerra. La reconquista militar de Bohemia había ido acompañada por la proscripción política del grueso de la vieja clase señorial y por la expropiación económica de sus propiedades. Después de 1620 fueron confiscados más de la mitad de los señoríos de Bohemia[12]. Este enorme botín agrario se distribuyó entre una nueva y abigarrada aristocracia de fortuna, capitanes expatriados y campeones emigrantes de la Contrarreforma. No más de un quinto o un octavo de la nobleza de finales del siglo XVII poseía un viejo origen germano o checo; tan sólo ocho o nueve grandes linajes checos, que se habían mantenido leales a la dinastía por razones religiosas, sobrevivieron en el nuevo orden[13]. La inmensa mayor parte de la aristocracia bohemia era ahora de origen extranjero, una mezcla de italianos (Piccolomini), alemanes (Schwarzenberg), austríacos (Trautmasdorff), eslovenos (Auersperg), valones (Bucquoy), loreneses (Desfours) e irlandeses (Taaffe). Por el mismo motivo, la propiedad de la tierra había sufrido una notable concentración: los señores y el clero controlaban cerca de las tres cuartas partes de toda la tierra, mientras que la participación de la antigua pequeña nobleza había descendido desde un tercio a una décima parte. La suerte del campesinado empeoró en la misma medida. Atados a la tierra y diezmados por la guerra, cayó ahora sobre ellos la carga de nuevas prestaciones de trabajo. Las obligaciones de un robot medio subieron a tres días por semana, mientras que más de una cuarta parte de los siervos trabajaban para sus señores todos los días, excepto los domingos y fiestas[14]. Por otra parte, aunque antes de la guerra de los Treinta Años los terratenientes bohemios —a diferencia de los polacos o húngaros— habían pagado impuestos al igual que sus villanos, a partir de 1648 la nueva nobleza cosmopolita consiguió en la práctica la inmunidad fiscal, desplazando toda la carga impositiva hacia sus siervos. Naturalmente, esta transferencia facilitó el curso de las deliberaciones entre la monarquía y la nobleza en los Estados: la dinastía se limitó desde entonces a pedir a los Estados las sumas globales, dejando en sus manos la determinación y recaudación de los impuestos necesarios para satisfacer sus demandas. La presión fiscal podía aumentarse fácilmente por este sistema, en el que la ampliación del presupuesto significaba normalmente que los Estados «se limitaban a aceptar un aumento en las cargas que ellos mismos arrojaban sobre sus arrendatarios y súbditos»[15]. Bohemia siempre había sido el dominio más lucrativo de las tierras de los Habsburgo, y el nuevo control financiero al que la sometió la monarquía reforzó sensiblemente el absolutismo vienés.

Mientras tanto, la administración centralizada y autocrática experimentó considerables progresos en la misma Erblande. Fernando II creó en Austria la Cancillería de la Corte —una versión ampliada de su instrumento preferido de poder en Estiria— para rematar la maquinaria de gobierno en el archiducado. Este organismo alcanzó paulatinamente la primacía dentro de los consejos de Estado, en detrimento del Consejo Privado Imperial, cuya importancia disminuyó inevitablemente tras el reciente abandono de Alemania por los Habsburgo. Más importante aún fue la creación en 1650, inmediatamente después de Westfalia, de un ejército permanente de unos 50.000 hombres —diez regimientos de infantería y nueve de caballería—. A partir de entonces, la presencia de este arma moderó inevitablemente el comportamiento de los Estados de Austria y de Bohemia. Al mismo tiempo, el absolutismo habsburgués realizó una hazaña cultural e ideológica sin precedentes: Bohemia, Austria y Hungría —las tres zonas consecuttivas de su dominio— retornaron progresivamente a la Iglesia de Roma. El protestantismo ya había sido reprimido en Estiria en la década de 1590; las religiones reformadas fueron proscritas de la Baja Austria en 1625, de Bohemia en 1627 y de la Alta Austria en 1628. En Hungría fue imposible una solución autoritaria, pero los primados magiares Pazmany y Lippay consiguieron reconvertir a la mayor parte de la clase dominante húngara. Los señores y los campesinos austríacos, las ciudades bohemias, los terratenientes húngaros, volvieron al catolicismo gracias a la habilidad y la energía de la Contrarreforma y bajo los auspicios de la dinastía Habsburgo: una hazaña sin igual en ninguna otra parte del continente. El vigor de cruzada del catolicismo danubiano alcanzó su apoteosis con la triunfante liberación de Viena del cerco turco en 1683 y las posteriores victorias que expulsaron al poder otomano de Hungría y de Transilvania, recuperando así para la cristiandad territorios perdidos desde hacía mucho tiempo y extendiendo hacia el este, de forma impresionante, el dominio de los Habsburgo. El aparato militar que consiguió estas victorias, ampliado ahora considerablemente, se mostró igualmente capaz de jugar un papel importante en la alianza que detuvo los progresos borbónicos en el Rin. La guerra de sucesión española demostró el nuevo peso internacional de la Casa de Austria. La paz de Utrecht le concedió Bélgica y Lombardía.

Con todo, la cima del poder austríaco, alcanzada tan súbitamente, pasó con la misma rapidez. Ningún otro absolutismo europeo tuvo una fase tan breve de confianza e iniciativa militar: comenzada en 1683, había terminado en 1718, con la breve captura de Belgrado y la paz de Passarowitz. Puede decirse sin temor que, a partir de entonces, Austria no ganó ninguna otra guerra frente a un Estado rival[16]. Una serie interminable de derrotas se extendió tristemente durante los dos siglos siguientes, aliviada tan sólo por la poco gloriosa participación en las victorias de otros. Esta atonía exterior era un indicio del estancamiento y la insuficiencia interiores del absolutismo austríaco, incluso en la cima de su poder. Los logros más impresionantes y característicos del dominio habsburgués en Europa central fueron la reunión de tierras dispares bajo un mismo techo dinástico y la reconversión de todas ellas al catolicismo. Pero los triunfos ideológicos y diplomáticos de la Casa de Austria —su olfato felino para los asuntos religiosos y matrimoniales— eran sucedáneos de avances militares y burocráticos más sustanciales. La influencia de los jesuitas en la corte de Viena durante la época de la Contrarreforma fue siempre mucho mayor que en la corte hermana de Madrid, donde el fervor católico se combinaba de forma característica con la vigilancia antipapista. Los consejeros y agentes clericales se infiltraron en todo el sistema administrativo de los Habsburgo en Europa central durante el siglo XVII, realizando muchas de las tareas políticas más importantes del momento: la construcción del bastión tridentino en Estiria bajo Fernando II, que en muchos sentidos fue la experiencia piloto del absolutismo austríaco, fue en buena medida obra de ellos. Asimismo, la recuperación para la fe católica de los grandes magnates húngaros —sin cuyo concurso probablemente habría sido imposible el mantenimiento definitivo de la soberanía de los Habsburgo sobre Hungría— se llevó a cabo gracias a las pacientes y hábiles misiones ideológicas de los sacerdotes. Pero estos éxitos tenían también sus límites. Las universidades y escuelas católicas rescataron a la nobleza húngara del protestantismo, pero respetando y promoviendo cuidadosamente los tradicionales privilegios corporativos de la «nación» magiar, con lo que aseguraban el control espiritual de la Iglesia, pero dejaban al Estado lleno de difíciles cargas. La confianza de los Habsburgo en el clero para los asuntos políticos internos tuvo, pues, su precio; por muy astutos que fueran, los sacerdotes nunca podían ser los equivalentes funcionales de los officiers o los pomeshchiki como materiales para la construcción del absolutismo. Viena no habría de convertirse en un centro metropolitano de venta de cargos o de una nobleza de servicio; su sello distintivo sería un clericalismo maleable y una administración confusa.

Del mismo modo, la extraordinaria fortuna de la política matrimonial dinástica de la familia Habsburgo siempre tendió a exceder su capacidad marcial, aunque en último término nunca pudo sustituirla. La facilidad nupcial con que se adquirieron Hungría y Bohemia condujo a la dificultad de implantar coactivamente el centralismo austríaco en la primera y a la imposibilidad final de imponerlo en la segunda. En último término, la diplomacia no podía reemplazar a las armas. Las hazañas militares del absolutismo austríaco siempre fueron algo deficientes y anómalas. Los tres éxitos más importantes de la dinastía fueron la adquisición inicial de Bohemia y Hungría en 1526, el sometimiento de Bohemia en 1620 y la derrota de los turcos en 1683, que condujo a la reconquista de Hungría y Transilvania. La primera fue el fruto negativo de la derrota de los Jagellón en Mohács, y no el producto de ninguna victoria de los Habsburgo: los turcos ganaron para ellos la primera y más importante victoria del absolutismo austríaco. La batalla de la Montaña Blanca, por su parte, fue también en buena medida una victoria bávara de la Liga Católica, mientras que las tropas reunidas bajo el mando imperial incluían contingentes italianos, valones, flamencos y españoles[17]. Incluso el levantamiento del cerco de Viena fue obra esencialmente de los ejércitos polaco y alemán, después de que el emperador Leopoldo I hubiera abandonado a toda prisa su capital: los soldados de los Habsburgo representaron sólo un sexto de la fuerza que dio fama a Sobieski en 1683[18]

Este continuo recurso a los ejércitos aliados tuvo su curioso complemento en el propio generalato austríaco. La mayoría de los principales comandantes militares que sirvieron a la Casa de Austria hasta el siglo XIX fueron empresarios independientes o soldados de fortuna extranjeros: Wallenstein, Piccolomini, Montecuccoli, Eugene, Laudun, Dorn. En términos comparativos, las huestes de Wallenstein fueron quizá las más impresionantes de las que ondearon los colores austríacos, pero, en realidad, eran una máquina militar privada, creada por su general checo, que la dinastía había contratado pero no controlaba; de ahí el asesinato de Wallenstein. Eugene, por el contrario, era completamente leal a Viena, pero procedía de Saboya y carecía de raíces en las tierras de los Habsburgo; el italiano Montecuccoli y el renano Dorn eran versiones menores del mismo modelo. El uso constante de mercenarios extranjeros fue, por supuesto, un rasgo normal y universal del absolutismo, pero se trataba de soldados rasos y no de oficiales con mando sobre todas las fuerzas armadas del Estado. Estos últimos procedían normalmente de la clase dominante en las tierras respectivas, esto es, de la nobleza local. En los dominios de los Habsburgo, sin embargo, no existía una sola clase señorial, sino varios grupos de propietarios territorialmente diferenciados. Esta carencia de una aristocracia unificada afectó a la capacidad global de lucha del Estado habsburgués. El carácter de las noblezas feudales, como ya hemos visto, nunca fue primordialmente «nacional», podían transplantarse de un país a otro y cumplir su función de clase poseedora, sin necesidad de tener ningún vínculo común, étnico o lingüístico con la población sometida a ellos. La separación cultural de una barrera lingüística podía incluso preservarse para aumentar la distancia natural entre dominantes y dominados. Pero, por otra parte, la heterogeneidad étnica o lingüística dentro de la aristocracia terrateniente de un mismo sistema político feudal era normalmente una fuente de desintegración y debilidad potencial, porque tendía a socavar la solidaridad política de la propia clase dominante. Indudablemente, los aspectos desordenados y confusos del Estado habsburgués procedían en buena medida del carácter complejo e irreconciliable de las noblezas que lo constituían. Como era presumible, los inconvenientes de la diversidad aristocrática se hicieron evidentes en el sector más sensible de la máquina del Estado, el ejército. Por la ausencia de una nobleza socialmente unitaria, los ejércitos habsburgueses rara vez alcanzaron los mismos resultados que los de los Hohenzollern o los Románov.

Así pues, el absolutismo austríaco, incluso en el momento de su apogeo, careció de solidez y congruencia estructurales a causa del carácter heterogéneo de las formaciones sociales sobre las que se ejercía su dominio. Las tierras germánicas de Austria representaron siempre el núcleo más seguro del imperio habsburgués, las posesiones más antiguas y más leales de la dinastía en la Europa central. Los nobles y las ciudades conservaban muchos privilegios tradicionales en los Landtage de la Baja y Alta Austria, de Estiria y Carintia; en el Tirol y en Vorarlberg, el propio campesinado estaba representado en los Estados, signo excepcional del carácter alpino de estas provincias. Las instituciones «intermedias» heredadas de la época medieval nunca fueron suprimidas, como en Prusia, pero a principios del siglo XVII se habían convertido en obedientes instrumentos del poder de los Habsburgo, y su supervivencia nunca entrañó un serio obstáculo a la voluntad de la dinastía. Las tierras archiducales formaban, pues, la base central y segura de la casa dominante. Desafortunadamente, eran demasiado modestas y limitadas para imprimir una dinámica monárquica unitaria al conjunto del Estado de los Habsburgo. Económica y demográficamente, las tierras más ricas de Bohemia ya las habían superado a mediados del siglo XVI: en 1541, las contribuciones fiscales de Austria a la tesorería imperial eran sólo la mitad de las de Bohemia, y esta misma proporción de 1/2 se mantendría vigente hasta el final del siglo XVIII[19]. La victoria sueca sobre los ejércitos de Wallenstein durante la guerra de los Treinta Años bloqueó la expansión germánica de la dinastía y dejó aislado al archiducado respecto al Reich tradicional. Por otra parte, la sociedad rural de Austria era la menos representativa del modelo agrario dominante en las tierras de los Habsburgo. El carácter semimontañoso de la mayor parte de la región lo hacía poco propicio a las grandes propiedades feudales. El resultado fue la persistencia de la pequeña propiedad campesina en las zonas altas y el predominio de un tipo occidental de Grundherrschaft —endurecido con normas de explotación orientales— en las llanuras[20]. Las jurisdicciones patrimoniales y las cargas feudales eran generales; en muchas partes, las prestaciones de trabajo eran duras, pero las oportunidades para la consolidación de señoríos y grandes latifundios eran relativamente limitadas. La acción disolvente del capital urbano sobre la fuerza de trabajo del entorno rural habría de convertirse más adelante en un nuevo freno para la aparición de una economía Gutsherrschaft[21]. La «masa crítica» de la aristocracia austríaca era, por tanto, demasiado débil para producir un centro magnético capaz de aglutinar al conjunto de la clase terrateniente del imperio.

La aniquilación de los Estados de Bohemia durante la guerra de los Treinta Años proporcionó al absolutismo habsburgués su éxito político más importante: las vastas y fértiles tierras checas quedaban ahora, sin duda alguna, bajo su control. Ninguna nobleza rebelde de Europa encontró un destino tan sumario como la aristocracia checa: después de su caída, una nueva clase terrateniente, que le debía todo a la dinastía, se estableció en sus tierras. La historia del absolutismo europeo no muestra ningún episodio semejante. Se trata de una peculiaridad reveladora de la colonización de Bohemia por los Habsburgo. La nueva nobleza allí creada no estaba compuesta principalmente por casas procedentes del bastión austríaco de la dinastía; aparte de unas pocas familias checas católicas, fue importada del exterior. El origen extranjero de este estrato indicaba la falta de una aristocracia autóctona susceptible de transplantarse a Bohemia, lo que a corto plazo aumentaba el poder de los Habsburgo en la zona checa, pero a largo plazo era un síntoma de debilidad. Las tierras de Bohemia eran las más ricas y las más densamente pobladas de Europa central. Durante los siguientes cien años, los grandes magnates del imperio de los Habsburgo casi siempre poseyeron vastas propiedades cultivadas por siervos en Bohemia o en Moravia y, naturalmente, el centro de gravedad económico de la clase gobernante se desplazó hacia el norte. Pero la nueva aristocracia bohemia mostró poco esprit de corps y ni siquiera una notable fidelidad a la dinastía: su inmensa mayoría se pasó de golpe al ocupante bávaro durante la guerra de sucesión austríaca en la década de 1740. Esta nobleza era el equivalente más próximo a una nobleza de servicio en el sistema estatal del absolutismo austríaco; pero era el producto arbitrario de servicios pasados en vez de ser poseedora de funciones públicas orgánicas y permanentes, y, aunque de ella procedían muchos cuadros administrativos de la monarquía habsburguesa, fue incapaz de convertirse en su fuerza dominante u organizadora.

Sin embargo, y cualesquiera que fuesen las limitaciones de las clases terratenientes en cada sector, a mediados del siglo XVII parecía que la consolidación del poder imperial en las unidades austríaca y bohemia de los dominios habsburgueses creaba las bases para un absolutismo más homogéneo y centralizado. Pero Hungría habría de revelarse como el obstáculo insuperable para la creación de un Estado monárquico unitario. Si pudiera trazarse una analogía entre los dos imperios de los Habsburgo, centrados en Madrid y Viena, en la que Austria fuese el equivalente de Castilla y Bohemia el de Andalucía, Hungría sería una especie de Aragón oriental. La comparación es muy imperfecta, sin embargo, porque Austria nunca poseyó el predominio económico y demográfico de Castilla como centro del sistema imperial, mientras que el poder y los privilegios de la aristocracia húngara eran superiores a los de la nobleza aragonesa; además, siempre faltó el rasgo unificador fundamental de una lengua común. La clase terrateniente magiar era extremadamente numerosa, alrededor del 5-7 por 100 de la población total de Hungría. Muchos de ellos eran diminutos propietarios con minúsculos lotes de tierras, pero el sector fundamental de la nobleza húngara era el estrato de los llamados bene possessionati, que poseían propiedades de tamaño medio y dominaban la vida política de las provincias[22]. Ellos fueron quienes dieron al conjunto de la nobleza magiar la unidad y la dirección de la sociedad. El sistema húngaro de Estados operaba a la perfección y nunca concedió importantes derechos reales a la dinastía Habsburgo, que reinaba en Hungría en virtud de una mera «unión personal» y cuya autoridad era allí electiva y revocable. La Constitución feudal reconocía expresamente un jus resistendi que legitimaba la rebelión nobiliaria frente a cualquier atentado real contra las sagradas libertades de la «nación» magiar. Desde finales de la Edad Media, la nobleza había controlado siempre su propia unidad de administración local, el comitatus, o asamblea cuyos comités permanentes, investidos con funciones judiciales, financieras y burocráticas, eran todopoderosos en el campo y aseguraban un alto nivel de cohesión política en el seno de la clase terrateniente. Los Habsburgo intentaron dividir a la aristocracia húngara separando con honores y privilegios a su sector más rico. Así, en el siglo XVI introdujeron los títulos, desconocidos hasta entonces tanto en Hungría como en Polonia, y a principios del siglo XVII instauraron la separación jurídica entre los magnates y la nobleza media[23]. Estas tácticas no produjeron resultados apreciables frente al particularismo húngaro, fortalecido ahora todavía más por la expansión del protestantismo. Pero, sobre todo, la proximidad del poder militar turco —que después de Mohács era la fuerza ocupante y soberana en dos tercios de las tierras magiares— fue un obstáculo decisivo para la extensión en Hungría de un absolutismo austríaco centralizado. En efecto, durante los siglos XVI y XVII siempre hubo nobles magiares viviendo directamente bajo el dominio turco en Hungría central, y más al este, dentro del imperio otomano, Transilvania constituía un Estado autónomo dirigido por señores húngaros, muchos de los cuales eran calvinistas. Todo intento de Viena de atacar las venerables prerrogativas de la aristocracia húngara siempre podía ser frenado recurriendo a una alianza con los turcos, mientras que los ambiciosos gobernantes de Transilvania intentaron repetidamente, en su propio interés, instigar contra la Hofburg a sus compatriotas de las tierras habsburguesas, poniendo frecuentemente a su disposición un ejército bien entrenado y con el objetivo de crear una Transilvania más grande. Así pues, la tenacidad del particularismo magiar fue consecuencia también de su poderosa retaguardia a lo largo de la frontera otomana, que permitió una y otra vez a la nobleza de la «cristiana» Hungría llamar en su ayuda a fuerzas militares superiores a su propio poderío local.

El siglo XVII —la gran época de malestar y tensión nobiliarias en el Oeste, con su cortejo de conspiraciones y rebeliones aristocráticas— presenció también el único caso de una persistente y triunfante resistencia señorial en el Este frente al aumento del poder real en el marco de una absolutismo creciente. El primer asalto importante de este combate tuvo lugar durante la guerra austro-otomana de los Trece Años. Los avances militares de los Habsburgo contra los turcos fueron acompañados de la persecución religiosa y la centralización administrativa en las zonas conquistadas. En 1604, el magnate calvinista Bocskay se rebeló, en alianza con los turcos, uniendo tras sí a la nobleza magiar y a los filibusteros haiduk de las tierras fronterizas contra las fuerzas imperiales de ocupación. En 1606, la Puerta se aseguraba una plaza ventajosa; la aristocracia húngara conseguía la tolerancia religiosa de Viena, y Bocskay, el principado de Transilvania. En 1619-20, el nuevo príncipe de Transilvania Gábor Bethlen, al que se unieron terratenientes protestantes locales, aprovechó la rebelión de Bohemia para invadir y tomar grandes zonas de la Hungría habsburguesa. En 1670, Leopoldo I liquidó una conspiración de magnates y dirigió sus tropas hacia Hungría: la antigua Constitución fue suprimida y se impuso una nueva administración centralista bajo un gobernador general germano, acompañado por tribunales extraordinarios para la represión. La lucha estalló muy pronto, a partir de 1678, dirigida por el conde Imre Tökolli. En 1681, Leopoldo I tuvo que dar marcha atrás de su golpe constitucional y reafirmar los tradicionales privilegios magiares al pedir Tökolli asistencia turca. Los ejércitos otomanos llegaron en su momento y se produjo el famoso sitio de Viena de 1683. Finalmente, las fuerzas turcas fueron arrojadas de Hungría en 1687, y Tökolli tuvo que huir al exilio. Leopoldo no tuvo suficiente fuerza para restablecer el anterior régimen centralista del Gubernium, pero fue capaz de asegurar la aceptación por los Estados magiares, reunidos en Bratislava, de la dinastía Habsburgo como monarquía hereditaria, y no electiva, y la abrogación del jus resistendi. Además, la conquista austríaca de Transilvania, en 1690-91, rodeó desde entonces a la nobleza magiar con un bloque territorial estratégico a su retaguardia sometido directamente a Viena. Las zonas fronterizas militares especiales, que estaban sujetas a la autoridad del Hofkriegsrat, se extendían ahora desde el Adriático hasta los Cárpatos, mientras que el poder turco en la cuenca danubiana estaba prácticamente agotado a principios del siglo XVIII. Las tierras recién adquiridas se distribuyeron entre los aventureros militares extranjeros y un círculo selecto de señores húngaros cuya lealtad política se cimentaba ahora en sus enormes posesiones del Este.

Sin embargo, la nobleza húngara se lanzó de nuevo con avidez sobre la primera oportunidad de sedición armada que le proporcionó un conflicto internacional. En 1703, los impuestos de guerra y la persecución religiosa impulsaron al campesinado noroccidental a la rebelión. El magnate Ferenc Rakóczi, capitalizando este malestar popular y en alianza militar con Francia y Baviera, dirigió una última y tremenda rebelión cuyo ataque en tenaza sobre Viena sólo pudo ser detenido por la batalla de Blenheim. Los ejércitos de los Habsburgo consiguieron acabar con la insurrección en 1711, y, cuatro años después, la clase terrateniente magiar tuvo que aceptar por vez primera los impuestos imperiales sobre sus siervos y los acantonamientos militares en sus condados, mientras sus fronteras militares pasaban a ser dirigidas por el Hofkriegsrat y se establecía en Viena una Cancillería húngara. Pero, por los demás, la paz de Szatmár confirmó los tradicionales privilegios sociales y políticos de los terratenientes húngaros: la administración del país permaneció sustancialmente bajo su control[24]. Tras este acuerdo, ya no hubo más rebeliones durante otros ciento cincuenta años, pero los vínculos entre la nobleza magiar y la dinastía Habsburgo continuaron siendo distintos de los existentes entre las aristocracias y las monarquías del este en la era del absolutismo. La extrema descentralización aristocrática, arraigada en instituciones y derechos medievales, se mostró irreductible en la puszta. La base austríaca del sistema imperial era demasiado pequeña, la extensión de Bohemia demasiado frágil y la resistencia del sistema húngaro demasiado fuerte para que pudiera aparecer un absolutismo típicamente oriental a lo largo del Danubio. El resultado final fue bloquear el rigor y la uniformidad de las heterogéneas estructuras estatales dirigidas por la Hofburg.

A los veinte años de la paz de Passarowitz, punto culminante de su expansión balcánica y de su prestigio europeo, el absolutismo de los Habsburgo sufrió una derrota humillante a manos de su mucho menor rival Hohenzollern. La conquista prusiana de Silesia en la guerra de sucesión austríaca le privó de la provincia más próspera e industrializada de su imperio de Europa central: Breslau se había convertido, efectivamente, en el primer centro comercial de las tierras dinásticas tradicionales. El control del cetro imperial pasó temporalmente a Baviera, y el grueso de la aristocracia bohemia se pasó al bando del nuevo emperador bávaro. Finalmente, Bohemia fue recuperada, pero en la década siguiente el absolutismo austríaco se vio sacudido profundamente una vez más por la guerra de los Siete Años, en la que no pudo reconquistar Silesia a pesar de su alianza con Rusia y Francia, de su enorme superioridad numérica y de sus inmensas pérdidas. Prusia, con un tercio del tesoro y un sexto de la población de Austria, había triunfado por segunda vez. Esta doble sacudida precipitó dos intentos de reforma del Estado de los Habsburgo en tiempos de María Teresa, dirigidos por los cancilleres Haugwitz y Kaunitz, con el objeto de modernizar y renovar todo el aparato del gobierno[25]. Las Cancillerías de Bohemia y de Austria fueron refundidas en un solo órgano, a la vez que se fusionaban los correspondientes tribunales de apelación y se abolían los diferentes órdenes legales de la nobleza bohemia. Por primera vez se impusieron contribuciones a la nobleza y al clero en estos dos países (aunque no en Hungría) y sus Estados fueron obligados a destinar la décima parte de sus ingresos al mantenimiento de un ejército permanente de 100.000 hombres. El Hofkriegsrat fue reorganizado y se le concedieron plenos poderes en todo el imperio. Se creó un supremo Consejo de Estado para integrar y dirigir toda la maquinaria del absolutismo; se enviaron funcionarios reales permanentes —los Kreishauptmaner— a todos los «círculos» de Bohemia y Austria para reforzar la administración y la justicia centralizadas. Las barreras aduaneras entre Bohemia y Austria fueron abolidas y se establecieron aranceles proteccionistas contra las importaciones extranjeras. Las prestaciones de trabajo del campesinado fueron reducidas legalmente, a la vez que se explotaban implacablemente los derechos fiscales de la monarquía para aumentar las rentas imperiales. En fin, se fomentó la emigración organizada para la colonización de Transilvania y el Banato. Estas medidas de María Teresa fueron superadas muy pronto, sin embargo, por el profundo programa de reformas impuesto por José II.

El nuevo emperador rompió espectacularmente con la tradición austríaca de difuso clericalismo oficial. Se proclamó la tolerancia religiosa; las tierras de la Iglesia fueron confiscadas; los monasterios, disueltos; los servicios eclesiásticos, regulados, y las universidades pasaron a manos del Estado. Se estableció un código penal avanzado, los tribunales fueron reformados y la censura abolida. La educación secular fue vigorosamente promovida por el Estado, hasta tal punto que a finales del reinado uno de cada tres niños estaba en una escuela elemental. Los estudios superiores se modernizaron con objeto de producir ingenieros y funcionarios más capacitados. La burocracia central fue profesionalizada y sus rangos se organizaron sobre la base de los méritos, a la vez que se la sometía a una vigilancia secreta por medio de una red de agentes de policía, según el modelo del sistema prusiano. Los Estados dejaron de administrar los impuestos que, a partir de este momento, fueron recaudados directamente por la monarquía. Las cargas fiscales se aumentaron constantemente. Las sesiones anuales de los Estados fueron suprimidas: a partir de ahora, los Landtage sólo se reunían cuando eran convocados por la dinastía. Se estableció la llamada a filas y el ejército se amplió hasta alcanzar 300.000 soldados[26]. Los aranceles fueron incrementados sin contemplaciones para asegurar la dirección del mercado interior, a la par que se suprimían los gremios y corporaciones urbanos para fomentar la libre competencia dentro del imperio. También se mejoró el sistema de transportes. Todas estas medidas eran radicales, pero no quedaban fuera del espectro de iniciativas convencionales de los estados absolutistas en la era de la Ilustración. El programa de José II, sin embargo, no se detuvo aquí. En una serie de decretos sin precedentes en la historia de las monarquías absolutas, la servidumbre fue formalmente abolida en 1781 —tras importantes insurrecciones campesinas en Bohemia durante la década anterior— y se garantizó a todos los súbditos el derecho a la libre elección en el matrimonio, a la emigración, el trabajo, la ocupación y la propiedad. A los campesinos se les dio la seguridad de la posesión de sus tierras donde no la tenían, y a los nobles se les prohibió adquirir las parcelas de los campesinos. Por último, se abolieron todas las prestaciones de trabajo de los campesinos en las tierras «rústicas» (es decir, parcelas campesinas) que pagaran dos florines o más al año en impuestos; se igualaron las tarifas fiscales y se decretaron normas oficiales para la distribución del producto agrícola de los arrendatarios: el 12,2 por 100 para impuestos estatales, el 17,8 por 100 para los señores y el clero en concepto de rentas y diezmos y el 70 por 100 para el propio campesino. Aunque esta medida era muy parcial en su extensión —sólo afectaba a poco más de un quinto del campesinado bohemio[27]— constituía una amenaza de cambios drásticos en las relaciones sociales en el campo y atacaba directamente a los intereses económicos vitales de la nobleza terrateniente del imperio. En esta época, la proporción del producto agrario que quedaba a disposición del productor directo era, por lo general, del 30 por 100[28]. La nueva ley elevaba al doble esta proporción, reduciendo al mismo tiempo casi a la mitad el excedente extraído por la clase feudal. La protesta aristocrática fue ruidosa y universal y vino acompañada de obstrucción y evasión generalizadas.

Mientras tanto, el centralismo de José II estaba provocando tumultos políticos en los dos extremos del imperio. Las corporaciones urbanas y los fueros medievales de las distantes provincias belgas habían sido anulados por Viena. El injuriado sentimiento clerical, la hostilidad de los patricios y el patriotismo popular se combinaron para producir una rebelión armada simultánea a la revolución francesa. Pero más amenazadores todavía eran los movimientos que se producían en Hungría. José II había sido el primer soberano Habsburgo en integrar por la fuerza a Hungría en un marco imperial unitario. Eugenio de Savoya había presionado a la dinastía para que hiciera de sus tierras dispersas un todo organizado, ein Totum, y por fin este ideal se estaba llevando a cabo ahora de forma metódica. Todas las principales reformas josefinas —eclesiásticas, sociales, económicas y militares— fueron impuestas en Hungría por encima de las protestas de la nobleza magiar. La burocracia de los Kreis se extendió a Hungría, y a ella quedó sometido el antiguo sistema de los condados. La inmunidad fiscal de la clase terrateniente fue abolida a la par que se imponía la justicia real. En 1789, los Estados húngaros estaban preparando claramente una insurrección, al mismo tiempo que se iba a pique la política exterior de la monarquía. José II había intentado adquirir Baviera en dos ocasiones, proponiendo en la segunda de ellas su intercambio por Bélgica. Este objetivo lógico y racional, cuyo logro habría transformado la posición estratégica y la estructura interna del imperio austríaco, inclinándolo decisivamente en dirección occidental hacia Alemania, fue bloqueado por Prusia. Significativamente, Austria no pudo arriesgarse a una guerra con Prusia por esta causa, a pesar del gran esfuerzo militar realizado bajo José II. Como consecuencia de ello, el expansionismo austríaco se dirigió otra vez hacia los Balcanes, donde los ejércitos otomanos infligieron una serie de reveses al emperador. El objetivo último de toda la vigorosa renovación del absolutismo austríaco —la recuperación de su rango militar internacional— es escapaba así de sus manos. El reinado de José terminó en la desilusión y el fracaso. Los impuestos de guerra y la llamada a filas resultaron impopulares entre el campesinado, la inflación creó grandes apuros en las ciudades y la censura fue impuesta de nuevo[29]. Por otra parte, lo que era más decisivo, las relaciones entre la monarquía y la aristocracia habían llegado a una situación intolerable. Para evitar la rebelión en Hungría hubo que abandonar la centralización en aquel país. La muerte de José II fue la señal para una rápida y generalizada reacción señorial. Su sucesor, Leopoldo II, fue obligado inmediatamente a rescindir las leyes sobre la tierra de 1789 y a restablecer los poderes políticos de la nobleza magiar. Los Estados húngaros anularon legalmente las reformas de José II y acabaron con los impuestos sobre las tierras de la nobleza. El comienzo de la revolución francesa y las guerras napoleónicas unieron a la dinastía y a la aristocracia en todo el imperio, empujándolas a un común conservadurismo. El singular episodio de un despotismo demasiado «ilustrado» había terminado.

Paradójicamente, lo que hizo posible este episodio fue la misma aporía del absolutismo austríaco. La gran debilidad y limitación del imperio de los Habsburgo residía en su falta de una aristocracia unitaria que pudiera formar una nobleza de servicio del tipo de la Europa oriental. Pero fue precisamente esta carencia social lo que permitió la libertad «irresponsable» de la autocracia josefina. Debido a que la clase terrateniente no había crecido dentro del aparato del Estado austríaco como lo había hecho en Prusia y en Rusia, la monarquía absoluta pudo patrocinar un programa que realmente era perjudicial para ella. No estando enraizada en una nobleza territorial única, con firme cohesión de clase, la monarquía pudo conseguir un grado de autonomía desconocido para sus vecinos. Esto explica el carácter insólitamente «antifeudal» de los decretos josefinos si se comparan con las posteriores reformas de los otros absolutismos del Este[30]. Asimismo, el instrumento de la renovación monárquica del imperio de los Habsburgo fue una burocracia cuya distancia respecto a la aristocracia era mayor que en ninguna otra zona, ya que procedía principalmente de los altos estratos, de la clase media alemana de las ciudades, que se diferenciaba social y culturalmente de la clase terrateniente. Pero la separación relativa de la monarquía respecto a los heterogéneos terratenientes de su reino fue también, por supuesto, la causa de su debilidad interna. Internacionalmente, el programa josefino acabó en un desastre. Internamente, las leyes sociales derivadas de la naturaleza del Estado absolutista se reafirmaron con vigor, en una elocuente demostración de la impotencia de la voluntad personal del soberano, en la medida en que transgrediera los intereses colectivos de la clase cuya defensa era la razón histórica del absolutismo.

El imperio austríaco surgió de la era napoleónica, pues, como el pilar central de la reacción europea, con Metternich en el papel de decano de la contrarrevolución monárquica y clerical en todo el continente. El absolutismo de los Habsburgo cayó en una perezosa inactividad durante toda la primera mitad del siglo XIX. Mientras tanto, una incipiente industrialización iba creando una nueva población urbana, tanto de obreros como de clase media, y la agricultura comercial se extendía desde Occidente con la llegada de nuevos cultivos —remolacha azucarera, patatas, ajo— y el auge de la producción de lana. El campesinado había sido liberado de la servidumbre, pero todavía estaba sometido a la jurisdicción patrimonial de sus señores en todo el imperio y en casi todas partes estaba obligado a prestar servicios de trabajo a la nobleza. En estos aspectos, todavía prevalecía la Erbuntertanigkeit tradicional sobre el 80 por 100 del territorio, incluyendo todas las principales regiones de Europa central —Alta Austria, Baja Austria, Estiria, Carintia, Bohemia, Moravia, Galitzia, Hungría y Transilvania—, y el robot continuaba siendo la principal fuente de trabajo en la economía agraria[31]. En la década de 1840, el campesino medio germano o eslavo guardaba para sí únicamente el 30 por 100 de su producto después de pagar impuestos y carg as[32]. Al mismo tiempo, un número creciente de terratenientes se iba percatando de que la productividad media del trabajo asalariado era mucho mayor que la del trabajo robot y estaban buscando la forma de implantarlo: cambio de actitud estadísticamente ilustrado por su buena disposición en aceptar la conmutación monetaria del robot a precios mucho más bajos que los salarios mínimos que se pagaban por un trabajo contratado equivalente[33]. Un número cada vez mayor de campesinos sin tierras emigraban simultáneamente a las ciudades, donde muchos de ellos se convertían en parados urbanos. Una conciencia nacional surgió ahora inevitablemente, en la era posnapoleónica, primero en las ciudades y más tarde arrastrando a todo el campo. Las demandas políticas burguesas fueron muy pronto más nacionales que liberales: el imperio austríaco se convirtió en «la prisión de los pueblos».

Estas contradicciones acumuladas se fundieron y explotaron en las revoluciones de 1848. La dinastía pudo dominar las revueltas urbanas y suprimió las rebeliones nacionales en todas sus tierras. Pero las insurrecciones campesinas, que habían aportado a la revolución su fuerza de masas, sólo pudieron ser pacificadas por la concesión de las demandas básicas de las aldeas. La Asamblea de 1848 prestó ese servicio a la monarquía antes de ser disuelta por la victoria de la contrarrevolución. Las jurisdicciones señoriales fueron suprimidas, la división entre tierras rústicas y señoriales fue eliminada, a todos los arrendatarios se les dio una seguridad igual de sus títulos, y las cargas feudales en trabajo, especie o dinero quedaron formalmente abolidas, con una indemnización para los señores, que habrían de pagar a partes iguales el arrendatario y el Estado. La clase terrateniente austríaca y bohemia, instruida ya en las ventajas del trabajo libre, no se opuso a estos acuerdos: sus intereses quedaban generosamente garantizados por las cláusulas compensatorias que se aprobaron contra la resistencia de los representantes campesinos[34]. Los Estados magiares, dirigidos por Kossuth, terminaron con el robot de una forma todavía más ventajosa para la nobleza. En Hungría, la compensación tenía que ser pagada íntegramente por el campesinado. La ley agraria de septiembre de 1848 aseguró el predominio de las relaciones capitalistas en el campo. La propiedad de la tierra se concentró todavía más a medida que la pequeña nobleza vendía sus tierras y los campesinos pobres huían a la ciudades, mientras que los grandes magnates de la nobleza aumentaban sus latifundios y racionalizaban su dirección y producción con los fondos compensatorios. Por debajo de ellos se consolidó un estrato de prósperos Grossbauern, especialmente en las tierras austríacas, pero la distribución fundamental del suelo permaneció más polarizada que antes de la llegada de la agricultura capitalista. En la década 1860, el 0,16 por 100 de las propiedades de Bohemia —las grandes fincas de los magnates— cubrían el 34 por 100 de la tierra[35].

Una agricultura crecientemente capitalista servía ahora de base al sistema político de los Habsburgo. El Estado absolutista, sin embargo, surgió de la tempestad de 1848 sin haber sido reconstruido. Las peticiones liberales de libertades cívicas y sufragio fueron silenciadas y las aspiraciones nacionales suprimidas. El orden dinástico feudal sobrevivió a la «primavera» popular de Europa, pero su capacidad para una adaptación o evolución activa se había acabado. Las reformas agrarias de Austria habían sido obra de la efímera Asamblea de la revolución y no una iniciativa del gobierno real, a diferencia de las reformas prusianas de 1808-11. La Hofburg se limitó a aceptarlas una vez aprobadas. Asimismo, la derrota militar de la insurrección nacional más peligrosa de Europa central —la constitución de un Estado separado por la nobleza húngara, con gobierno, presupuesto, ejército y política exterior propios y nuevamente unido a Austria por una mera «unión personal»— fue realizada no por los ejércitos austríacos, sino por los rusos: amenazadora repetición de las tradiciones de la dinastía. A partir de entonces, la monarquía de los Habsburgo fue cada vez más el sujeto pasivo de sucesos y conflictos exteriores. La frágil restauración de 1849 le concedió una breve década para alcanzar el objetivo, tanto tiempo perseguido, de una completa centralización administrativa. El sistema de Bach impuso una burocracia, un derecho, unos impuestos y una zona aduanera uniformes en todo el imperio. Hungría fue ocupada por húsares para imponer su sometimiento. Pero la estabilización de esta autocracia centralista no era posible, porque internacionalmente era demasiado débil. La derrota ante Francia en Solferino y la pérdida de Lombardía en 1859 la sacudieron tan duramente que se hizo necesaria una retirada política en el interior. La Patente de 1861 concedió un Parlamento imperial o Reichsrat, elegido indirectamente a partir de los Landtage provinciales, con cuatro curias, sufragio restringido y dispuesto de tal forma que asegurase la superioridad alemana. El Reichsrat no tenía control sobre los ministros ni sobre la imposición o recaudación de las contribuciones ya existentes; era una entidad simbólica, carente de poder y que no vino acompañada por la libertad de prensa ni la inmunidad de los diputados[36]. La nobleza magiar se negó a aceptarla y, en consecuencia, se reinstauró en Hungría un régimen completamente militar. La derrota ante Prusia en Sadowa, que perjudicó y debilitó a la monarquía una vez más, arruinó a este régimen provisional cuando sólo habían pasado seis años.

Toda la estructura tradicional del Estado absolutista sufrió ahora un vuelco súbito y radical. Durante tres siglos, el enemigo más temible del centralismo de los Habsburgo había sido siempre la nobleza húngara, la clase terrateniente más obstinadamente particularista, culturalmente unida y socialmente represiva del imperio. La definitiva expulsión de los turcos de Hungría y Transilvania en el siglo XVII había puesto fin durante cierto tiempo a la turbulencia magiar. Pero los cien años siguientes, aunque consagraron aparentemente la integración política húngara en el imperio austríaco, estaban preparando en realidad un cambio espectacular y definitivo de papeles dentro de él. La reconquista de la Hungría y Transilvania otomanas y el cultivo y la colonización agraria de los grandes espacios del Este aumentaron de forma decisiva el peso económico de la nobleza húngara dentro del conjunto del imperio. En los primeros momentos se provocó la emigración campesina hacia la llanura central húngara, ofreciendo arrendamientos ventajosos; pero una vez repoblada se endurecieron inmediatamente las presiones de los señores, se aumentaron las grandes propiedades y se expropiaron las parcelas de los campesinos[37]. El alza agrícola de la época de la Ilustración, a pesar de la política de aranceles discriminatorios realizada por Viena[38], produjo grandes beneficios a la mayoría de la nobleza y echó los cimientos de las fortunas de los magnates, que habrían de alcanzar unas dimensiones sin igual. Históricamente, la nobleza de Bohemia había sido con mucho la más rica de los dominios de los Habsburgo, pero en el siglo XIX ya no era así. Aunque la familia Schwarzenberg tuviera 195.000 hectáreas en Bohemia, la familia Esterhazy era dueña de aproximadamente 2.800.000 en Hungría[39]. La seguridad y la agresividad del conjunto de la nobleza magiar —tanto de los propietarios medios como de los magnates— se intensificaron gradualmente con la nueva extensión de sus posesiones y el auge de su importancia dentro de la economía de Europa central.

A pesar de todo, durante el siglo XVIII y en la primera parte del XIX la aristocracia húngara nunca fue admitida en los consejos internos del Estado habsburgués; siempre fue mantenida a cierta distancia del aparato político imperial. Su oposición a Viena continuó siendo el mayor peligro interno para la dinastía: la revolución de 1848 mostró su temple cuando impuso a su campesinado unas condiciones agrícolas mucho más duras que las que habían sido capaces de imponer las aristocracias húngara y bohemia y cuando resistió a los ejércitos reales encargados de su represión hasta ser aplastada por la expedición enviada contra ella por el zar. Así pues, a medida que el absolutismo austríaco se debilitaba ininterrumpidamente tras los sucesivos desastres en el extranjero y a medida que el malestar popular en el Imperio se hacía cada vez más fuerte, la dinastía tuvo que volverse, lógica y necesariamente, hacia su enemigo tradicional, la nobleza feudal más combativa de Europa central y la única clase terrateniente todavía capaz de consolidar su poder. La victoria de Prusia sobre Austria en 1867 garantizó la elevación de Hungría a una posición dominante dentro del imperio. Para salvarse de su propia desintegración, la monarquía aceptó una igualdad formal. El dualismo que creó «Austria-Hungría» en 1867 dio a la clase terrateniente magiar un poder interno completo en Hungría, con gobierno, presupuesto, asamblea y burocracia propios, manteniendo únicamente un ejército y una política exterior comunes y una unión aduanera renovable. Mientras que en Austria la monarquía tuvo que conceder la igualdad civil, la libertad de expresión y la educación secular, en Hungría la nobleza no hizo tales concesiones. A partir de entonces, la nobleza húngara representó el ala militante y dirigente de la reacción aristocrática en el imperio y llegó a dominar el personal y la política del aparato absolutista en la propia Viena[40].

En Austria, sin embargo, los partidos políticos, la agitación social y los conflictos nacionales fueron debilitando paulatinamente la viabilidad del régimen autocrático. Pasadas cuatro décadas, en 1907, la dinastía se vio obligada a conceder el sufragio universal en Austria, entre las huelgas urbanas y los ecos populares de la revolución rusa de 1905. En Hungría, los terratenientes mantuvieron con firmeza el monopolio clasista del voto restringido. De esta forma, el imperio austríaco nunca pudo realizar la transmutación que había hecho del imperio alemán un Estado capitalista. Cuando estalló la primera guerra mundial todavía no existía un control parlamentario del gobierno imperial, ni un primer ministro, ni un sistema electoral uniforme. El Reischrat no tenía «ninguna influencia en la política y sus miembros no tenían ninguna esperanza de realizar una carrera política»[41]. Más del 40 por 100 de la población —los habitantes de Hungría, Croacia y Transilvania— estaban excluidos del voto secreto o del sufragio universal masculino. El 60 por 100 que lo poseía en las tierras de Austria gozaba tan sólo de un derecho nominal, porque sus votos no influían para nada en los asuntos del Estado. Irónicamente, y a pesar de las apariencias descaradamente falsas, en Hungría era donde existía lo más cercano a un verdadero electorado y a un gobierno responsable, precisamente porque ambos se limitaban a la clase terrateniente. Pero, sobre todo, el imperio austríaco era la negación palmaria del Estado nacional burgués: representaba la antítesis de uno de los rasgos esenciales del orden político capitalista de Europa. Su adversario, el imperio alemán, había realizado su transformación estructural precisamente porque se puso a la cabeza de la construcción nacional que el imperio austríaco rechazó. La evolución social contraria de cada absolutismo tuvo así su correlato geopolítico. A medida que pasaba el siglo XIX, el Estado prusiano fue arrastrado, reluctante pero inexorablemente, hacia el Oeste, con la industrialización del Ruhr y el desarrollo capitalista de Renania. En la misma época, el Estado austríaco se inclinó en la dirección opuesta, hacia el Este, por la hegemonía creciente de Hungría y su empecinado aristocratismo. Como era lógico, la última adquisición de la dinastía fue el territorio más atrasado de todo el imperio, las provincias de Bosnia y Herzegovina, anexionadas en 1909, donde la servidumbre tradicional de los campesinos kmet locales nunca fue seriamente modificada[42]. El comienzo de la primera guerra mundial llevó a su conclusión lógica al absolutismo austríaco: los ejércitos alemanes libraron sus batallas y los políticos húngaros determinaron su diplomacia. Mientras el general prusiano Mackensen dirigía la guerra, el dirigente magiar Tisza se convirtió en verdadero canciller del imperio. La derrota arrasó a la prisión de las nacionalidades.

6. RUSIA

Llegamos así al último y más duradero absolutismo de Europa. El zarismo sobrevivió en Rusia a todos sus precursores y contemporáneos, hasta convertirse en el único Estado absolutista que llegó intacto al siglo XX. Las fases y las pausas en la génesis de este Estado hicieron de él un caso aparte muy tempranamente. La depresión económica que caracterizó al comienzo de la última crisis feudal tuvo lugar, como ya hemos visto, bajo la sombra de los tártaros. Las guerras, los conflictos civiles, las plagas, la despoblación y el abandono de los cultivos caracterizaron al siglo XIV y a la primera mitad del XV. A partir de 1450 comenzó una nueva era de recuperación y expansión económica. En el transcurso de los cien años siguientes, la población se multiplicó, la agricultura prosperó y el comercio interior y el uso de la moneda crecieron rápidamente, a la vez que se aumentaba en más de seis veces la extensión del Estado moscovita. El sistema de rotación trienal —hasta entonces prácticamente desconocido en Rusia— empezó a sustituir al tradicional y antieconómico sistema campesino de cultivo hasta el agotamiento del suelo, coincidiendo con el predominio del arado de madera; un poco más tarde, los molinos se hicieron de uso general en las aldeas[1]. No existía agricultura de exportación y las fincas todavía eran autárquicas en buena medida, pero la presencia de ciudades de dimensiones aceptables, controladas por el gran ducado, ofrecía algunas salidas para la producción señorial; a la cabeza de esta tendencia se situaban las tierras monásticas. Las manufacturas y el comercio urbano se vieron favorecidos por la unificación territorial de Moscovia y la normalización de la moneda. El trabajo asalariado aumentó notablemente en la ciudad y en el campo, a la vez que florecía el comercio internacional a través de Rusia[2]. Fue en esta fase ascendente cuando Iván III echó los primeros cimientos del absolutismo ruso con su inauguración del sistema de pomestie.

Hasta entonces, la clase terrateniente rusa había estado compuesta esencialmente por príncipes y nobles boyardos autónomos y separatistas, muchos de ellos de origen tártaro u oriental, que poseían grandes extensiones alodiales y un considerable número de esclavos. Estos magnates se habían orientado gradualmente hacia la nueva corte moscovita, donde constituyeron el séquito del monarca, a la vez que conservaban sus propios séquitos y sus levas militares. La conquista de Novgorod por Iván III, en 1478, permitió al naciente Estado ducal la expropiación de grandes extensiones de tierra y el asentamiento en ellas de una nueva nobleza que a partir de entonces constituiría la nueva clase de servicio militar de Moscovia. La concesión de pomestie estaba condicionada a la participación en las campañas estacionales de los ejércitos del soberano, convirtiéndose el titular en su servidor legal, sujeto a un estatuto estrictamente definido. Los pomeshchiki eran jinetes equipados para el uso del arco y la espada en una forma desordenada de batalla. Como los jinetes tártaros, con quienes estaban destinados fundamentalmente a enfrentarse, no usaban tampoco armas de fuego. La mayor parte de las tierras que se distribuyeron entre ellos estaban en el centro y en el sur del país, cerca del frente de guerra permanente con los tártaros. Si la típica votchina boyarda era una gran propiedad con una abundante provisión de campesinos dependientes y de trabajo esclavo (a principios del siglo XVII el término medio era de 520 familias en la región de Moscú), la nobleza pomestie poseía generalmente una pequeña propiedad con una media de cinco o seis familias campesinas trabajando en ella[3]. La extensión limitada de las posesiones de los pomeshchiki y el rigor inicial del control gubernativo sobre su explotación significaban, probablemente, que su productividad era mucho menor que la de las tierras alodiales boyardas y monásticas. La dependencia económica respecto al gran duque donante de las tierras era, por tanto, muy fuerte y al principio dejaba poco margen para la iniciativa política o económica. Pero ya en 1497 seguramente se debió en parte a su presión el sudebnik decretado por Iván III, que limitaba la movilidad de los campesinos por Moscovia a sólo dos semanas al año, antes y después de la fiesta de San Jorge, en noviembre. Este fue el primer paso fundamental hacia la servidumbre legal del campesinado ruso, aunque el proceso completo todavía tendría que recorrer un largo camino. Basilio III, que le sucedió en 1505, siguió la misma política que su predecesor; Pskov fue anexionado y el sistema de pomestie extendido, con ventajas políticas y militares para la dinastía. En algunos casos, las tierras alodiales recibidas en herencia por príncipes o boyardos fueron puestas bajo control dinástico y sus propietarios asentados en otra parte, con posesiones condicionales y con la obligación de prestar servicios militares al Estado. Iván IV, al proclamarse zar, extendió y radicalizó este proceso por medio de la expropiación pura y simple de los terratenientes hostiles y de la creación de una guardia personal basada en el terror (los oprichniki), que en pago de sus servicios recibía tierras confiscadas.

La obra de Iván IV, aunque supuso un paso decisivo hacia la construcción de una autocracia zarista, ha sido adornada retrospectivamente de una coherencia excesiva. En realidad, su mandato llevó a cabo tres realizaciones fundamentales para el futuro del absolutismo ruso. El poder tártaro en el este fue quebrado con la liberación de Kazán en 1556 y la anexión del janato de Astracán, que suprimieron un impedimento secular para el crecimiento del Estado y la sociedad moscovitas. Esta importante victoria había sido precedida por el desarrollo de dos innovaciones cruciales en el sistema militar uso: el empleo masivo de artillería pesada y de minas contra las fortificaciones (decisivas en la toma de Kazán) y la formación de la primera infantería permanente de fusileros streltsi, ambas de la mayor importancia para los proyectos de expansión exterior. Mientras tanto, el sistema de pomestie fue generalizado en una nueva escala, cambiando de forma permanente el equilibrio de poder entre los boyardos y el zar. Las confiscaciones realizadas por la oprichnina convirtieron por vez primera a la posesión condicional en forma dominante de la tenencia de tierra en Rusia; simultáneamente, las propiedades votchina quedaron sujetas a la prestación de servicios y se detuvo el crecimiento de las posesiones monásticas. Este cambio quedó reflejado en la pérdida de importancia de la Duma boyarda durante el reinado de Iván IV y en la convocatoria del primer Zemski Sobor o Asamblea de la Tierra, en la que estaba representada de forma preeminente la pequeña nobleza[4]. Pero lo más importante de todo fue que Iván IV concedió a la clase pomeshchiki el derecho de determinar el nivel de rentas que podían extraerse del campesinado en sus tierras y el de recaudarlas por sí mismos, con lo que les convirtió por vez primera en dueños de la fuerza de trabajo de sus propiedades[5]. Al mismo tiempo se modernizó el sistema impositivo y administrativo por medio de la abolición del sistema kormlenie de aprovisionamiento (de hecho, salarios en especie) de los funcionarios provinciales y la creación de una tesorería central para los ingresos fiscales. Una red local de autoadministración guba, dirigida esencialmente por la nobleza de servicio, integró todavía más a esta clase en el creciente aparato gubernamental de la monarquía rusa. Todas estas medidas militares, económicas y administrativas estaban dirigidas a reforzar de forma muy considerable el poder político del Estado central zarista.

Pero, por otra parte, tantos los avances en el exterior como en el interior se vieron socavados posteriormente por la desastrosa dirección de la interminable guerra de Livonia, que arruinó al Estado y a la economía, y por las exacciones terroristas de la oprichnina en el propio país. A este «Estado por encima del Estado»[6], compuesto por unos 6.000 policías militares, le fue confiada la administración de la Rusia central. Su represión carecía de un objetivo racional: respondía simplemente a la semidemencia de los odios personales de Iván IV. La represión no amenazó a la clase boyarda en cuanto tal, sino que se centró en unos cuantos individuos dentro de ella; pero su desenfreno en las ciudades, la dislocación del sistema de propiedad de la tierra y la superexplotación del campesinado fueron causas directas del total colapso centrífugo de la sociedad moscovita en los últimos años del reinado de Iván[7]. Porque, al mismo tiempo, Iván había cometido un error fundamental tras sus victorias en el este, continuando una política de expansión occidental hacia el Báltico en lugar de volverse hacia el sur para enfrentarse con la amenaza tártara en Crimea, que constituía un problema permanente para la seguridad y la estabilidad de Rusia. Las nuevas fuerzas militares rusas, capaces de derrotar a los relativamente primitivos, aunque feroces nómadas orientales, no podían igualar a los ejércitos sueco y polaco, más avanzados y equipados con armas y tácticas occidentales. Los veinticinco años de la guerra de Livonia acabaron en una derrota aplastante, después de arruinar a la sociedad moscovita con su enorme costo y la dislocación de la economía rural. Las derrotas en el frente de Livonia se combinaron con la desmoralización interior provocada por el azote oprichnik y precipitaron un éxodo desastroso del campesinado de la Rusia central y noroccidental hacia la recién conquistada periferia del país, dejando tras de sí regiones enteras en la más completa desolación. Las calamidades se sucedieron en un ciclo familiar de extorsiones fiscales, malas cosechas, plagas epidémicas, pillaje interior e invasiones extranjeras. Los tártaros saquearon Moscú en 1571, y los oprichniki, Novgorod. En un intento desesperado de frenar este caos social, Iván IV prohibió todos los movimientos campesinos en 1581, cerrando por vez primera el período de San Jorge. El decreto fue expresamente excepcional, para un solo año, pero en la misma década se repitió más tarde de forma irregular. Estas prohibiciones no bastaron para contener el problema inmediato de las huidas en masa, ya que grandes extensiones de las tierras moscovitas tradicionales quedaron completamente desiertas. En las zonas más castigadas, la tierra cultivada por familia campesina descendió a un tercio o un quinto de su nivel anterior; hubo una regresión agraria generalizada hacia los barbechos extensivos; en la misma provincia de Moscú se ha estimado que del 76 al 96 por 100 de todos los cultivos fueron abandonados[8]. En medio de este derrumbamiento de todo el orden rural construido laboriosamente durante el siglo anterior, se produjo un fuerte recrudecimiento de la esclavitud, ya que muchos campesinos se vendieron como bienes muebles para librarse del hambre. La catástrofe final del reinado de Iván IV habría de perjudicar durante varias décadas los progresos políticos y económicos de la sociedad feudal rusa, llegando incluso a erosionar sus éxitos iniciales[9]. La ferocidad del gobierno de Iván fue un síntoma del carácter histérico y artificial de buena parte de su marcha hacia el absolutismo, en unas condiciones en las que todavía era prematura una autocracia sistemática.

La década siguiente presenció ciertas mejoras en la profunda depresión económica en que se había hundido Rusia, pero la nobleza pomershchik sufría aún una grave escasez de mano de obra campesina para cultivar sus tierras y padecía también una aguda inflación de precios. Boris Godunov, el magnate que había tomado el poder tras la muerte de Iván IV, reorientó la política exterior rusa hacia la paz con Polonia en el oeste, el ataque contra los tártaros de Crimea en el sur y, sobre todo, la anexión de Siberia en el este, para todo lo cual necesitaba la lealtad de la clase de servicio militar. En el marco de esta política y con objeto de conseguir el apoyo de la nobleza, Godunov publicó un decreto en 1592 o 1593 por el que se prohibían todos los movimientos campesinos hasta nueva orden, con lo que se anulaban todas las restricciones de carácter temporal a la adscripción del campesino a la tierra. «Este decreto fue el punto culminante de la política de implantación de la servidumbre de finales del siglo XVI y principios del XVII»[10]. Fue seguido muy pronto por un aumento general de las prestaciones de trabajo y por medidas legales que impedían el acceso a la clase pomeshchik de grupos sociales más bajos. Sin embargo, la eliminación del último heredero de la dinastía Rurik por Godunov precipitó su caída. El Estado ruso se desintegró en el caos del llamado «período de trastornos» (1605-13), secuela política tardía del colapso económico de la década de 1580. Las intrigas sucesorias y las usurpaciones rivales, los conflictos entre los magnates de la clase boyarda y las invasiones extranjeras procedentes de Polonia y Suecia se entrecruzaron en el país. Las múltiples fisuras del orden dominante permitieron en los años 1606-7 la insurrección de Bolótnikov, una rebelión campesina, dirigida por cosacos, de un tipo que habría de repetirse durante los dos próximos siglos. Al mando de un esclavo fugitivo convertido en filibustero, una abigarrada fuerza popular procedente de las ciudades y del campo del sudoeste marchó sobre Moscú, intentando levantar a las masas pobres urbanas de la capital contra el usurpador régimen boyardo en el poder. Esta amenaza unió rápidamente a los ejércitos, mutuamente hostiles, de la nobleza media y los magnates contra los insurgentes, que fueron derrotados finalmente en Tula[11]. Pero la primera rebelión social contra el aumento de la represión señorial y la servidumbre era una advertencia al conjunto de la clase terrateniente sobre las posibles tormentas que se avecinaban.

En 1613, la aristocracia había cerrado filas en medida suficiente para elegir como emperador al joven boyardo Miguel Románov. La llegada de la dinastía Románov iba a afincar en Rusia un nuevo absolutismo, cuyas raíces no serían arrancadas en trescientos años. La camarilla central de boyardos y de funcionarios diak que habían asegurado la elevación al trono de Miguel I conservó durante un período de transición al Zemski Sobor, que lo había votado formalmente. El gobierno llevó a cabo una enérgica recuperación de los campesinos fugitivos, incluyendo a aquellos que se habían enrolado en los ejércitos antiextranjeros en el período de trastornos, respondiendo así a las demandas formuladas por la nobleza a medida que se reavivaba la producción económica. El patriarca Filarete, padre de Miguel y verdadero dirigente del país desde 1619, proporcionó nuevos beneficios a la clase pomeshchik transfiriéndole las tierras negras de los «campesinos del norte. Pero la orientación y el carácter básicos del nuevo régimen Románov fueron los que le dieron los magnates, y estuvieron determinados por los intereses de los boyardos metropolitanos y de los burócratas venales de la capital más que por la nobleza provinciana[12]. A partir de entonces se produjeron en el siglo XVII un divorcio y un conflicto crecientes entre la clase pomeshchik de servicio —numéricamente el grupo mayor de los terratenientes rusos, alrededor de 25.000— y el Estado absolutista, de un tipo común a la mayoría de los países europeos de la época, pero que asumía algunos caracteres particulares en el entorno más atrasado del este. La pequeña élite boyarda de la aristocracia rusa —entre 40 y 60 familias— era muchísimo más rica que la nobleza corriente y tenía, también, un carácter mucho más heterogéneo, porque su original dosis tártara recibió ingredientes polacos, lituanos, germanos y suecos a lo largo del siglo XVII. Este grupo estaba estrechamente ligado con los altos niveles de la burocracia central, que jurídicamente formaban el rango contiguo en la compleja estratificación de la jerarquía moscovita de servicio, detentando ambos grupos posiciones muy superiores a la de la nobleza media. Este complejo de magnates y funcionarios, dividido constantemente en luchas personales o faccionales, fue el que dirigió confusamente la política gubernamental de Moscú en la primera época de los Románov.

Dos importantes contradicciones separaban a estos grupos de la nobleza de servicio. En primer lugar, la superioridad militar de Suecia y Polonia —probada en las guerras de Livonia y confirmada de nuevo durante el período de trastornos— exigía la renovación y modernización del ejército ruso. La azarosa caballería pomeshchik, que ignoraba la acción disciplinada y las armas regulares de fuego, era un anacronismo en la época de la guerra de los Treinta Años en Europa, como lo eran también los corrompidos streltsi urbanos. El futuro estaba a favor de los regimientos de infantería, bien entrenados y utilizados en formaciones de línea, equipados con mosquetes ligeros y combinados con cuerpos selectos de dragones. El régimen de Filarete comenzó a construir ejércitos permanentes de este tipo, utilizando a mercenarios y oficiales extranjeros. La nobleza de servicio, sin embargo, se negó a adaptarse a las formas modernas de guerra y a integrarse en estos regimientos de tipo occidental, que fueron utilizados sin éxito por vez primera en la guerra de Smolensko contra Polonia (1632-34)[13]. Desde este momento se produjo una divergencia cada vez más abierta entre la función nominal de servicio de la clase pomeshchik y la estructura y composición efectivas de las fuerzas armadas de Rusia, compuestas de forma creciente por regimientos profesionales de infantería y caballería de nuevo estilo más que por las levas ocasionales de la nobleza montada. A partir de la década de 1630, toda la justificación militar de ésta se vio cada vez más amenazada al hacerse obsoleta y superflua su actuación tradicional. Al mismo tiempo existía una constante fricción entre los boyardos y la nobleza media, dentro de la clase terrateniente, sobre la situación de la fuerza de trabajo rural. Aunque el campesino ruso ya estaba legalmente atado a la tierra, las huidas eran todavía muy usuales, favorecidas además por la inmensa y primitiva extensión del país, con su falta de fronteras claramente delimitadas al norte, al este y al sur. En la práctica, los grandes magnates podían atraer a los siervos de propiedades menores hacia sus propios latifundios, donde las condiciones agrarias eran normalmente más seguras y prósperas y las exacciones fiscales menos onerosas. La nobleza media clamaba con voracidad por la abrogación de todas las limitaciones impuestas a la recuperación de los campesinos fugitivos, mientras los magnates maniobraban con éxito para mantener los límites legales de tiempo, pasados los cuales ya no era posible la recuperación forzosa (diez años a partir de 1615 y, debido a la presión creciente de los pomeshchiki, cinco años a partir de 1642). La tensión entre los boyardos y los propietarios medios sobre las leyes contra los fugitivos fue uno de los temas centrales de la época, y la turbulencia de la nobleza media en la capital fue utilizada repetidamente para extraer concesiones del zar y la alta nobleza[14]. Por otra parte, los conflictos militares o económicos de intereses, por muy agudos que fueran temporalmente, no podían anular la fundamental unidad social del conjunto de la clase terrateniente contra las explotadas masas rurales y urbanas. Las grandes insurrecciones populares de los siglos XVII y XVIII actuaron invariablemente para cimentar, por encima de ellas, la solidaridad de la aristocracia feudal[15].

Una coyuntura de este tipo fue la que condujo, precisamente, a la codificación final de la servidumbre rusa. En 1648, los aumentos de precios e impuestos provocaron violentas rebeliones de artesanos en Moscú, que se combinaron con un estallido de revueltas campesinas en las provincias y un motín de los streltsi. Alarmado por estos nuevos peligros, el gobierno boyardo aceptó una rápida convocatoria del decisivo Zemski Sobor, que finalmente anuló todos los límites a la recuperación forzosa de los campesinos fugitivos, concediendo así el programa fundamental de la nobleza de provincias e integrándola en el Estado central. El Zemski Sobor redactó después el detallado código legal que habría de constituir la carta social del absolutismo ruso. El Sobornoe Ulozhenie de 1649 codificó y promulgó definitivamente la servidumbre del campesinado, que a partir de este momento quedó irreversiblemente atado a la tierra. Tanto las tierras votchina como las pomestie fueron declaradas hereditarias y se prohibió la venta o la compra de las últimas. Todas las propiedades quedaban obligadas al servicio militar[16]. Las ciudades fueron sometidas por el zar a controles más fuertes que nunca y quedaron meticulosamente separadas del resto del país: sus pobres posadskie fueron asimilados a siervos del Estado; sólo podían residir en ellas quienes pagasen impuestos, y ningún habitante podía abandonarlas sin permiso real. El estrato comercial más alto de los gosti recibió privilegios monopolistas en el comercio y la manufactura, pero en realidad el futuro crecimiento de las ciudades quedó bloqueado por el cese de la emigración rural, provocado por la generalización de la adscripción a la tierra, que creó inevitablemente escasez de mano de obra en el pequeño sector urbano de la economía. No es preciso insistir en la similitud entre el Ulozhenie ruso y la Suspensión prusiana, acaecida cuatro años después. Ambos echaron los fundamentos del absolutismo por medio de un pacto entre la monarquía y la nobleza, en el que se intercambió la lealtad política buscada por la primera con la servidumbre patrimonial exigida por la segunda.

La segunda mitad del siglo reveló la solidez de esta unión por la misma intensidad de las pruebas políticas a que se vio sometida. El Zemski Sobor, que muy pronto se hizo superfluo, desapareció después de 1653. Al año siguiente, los cosacos ucranianos transfirieron formalmente su lealtad a Rusia con el tratado de Pereyaslavl, cuya consecuencia fue la guerra de los Trece Años con Polonia. Las tropas zaristas, gracias a sus éxitos iniciales, avanzaron hasta tomar Smolensko y se adentraron en Lituania, donde tomaron Vilna. Sin embargo, el ataque de Suecia contra Polonia en 1655 complicó la situación estratégica. La recuperación polaca produjo una década de costosas luchas y, al final, las conquistas territoriales de Rusia, aunque importantes, fueron limitadas. Por el tratado de Andrussovo de 1667, el Estado zarista obtuvo la parte oriental de Ucrania, al otro lado del Dnieper, incluyendo Kiev, y recuperó la región de Smolensko hacia el norte. En la década siguiente, los ataques masivos de los turcos en el sur, procedentes del mar Negro, fueron penosamente detenidos, a costa de convertir en un desierto la mayor parte de las zonas cultivadas de Ucrania. Mientras tanto, estos moderados éxitos en el exterior fueron acompañados por radicales cambios internos en la naturaleza del aparato militar del naciente absolutismo ruso. Porque en este período, a medida que se diluía el sistema de Estados, el ejército creció ininterrumpidamente, llegando a contar en el año 1681 con 200.000 hombres (más del doble de los que contaba en 1630), y colocándose así en el mismo nivel que los más grandes aparatos militares occidentales de la época[17]. El papel de las levas de los pomeshchiki descendió en la misma medida no sólo porque la nueva línea fortificada de Belgorod inmunizó cada vez más la frontera del sur contra las correrías de los tártaros de Crimea (contra quienes se habían enfrentado en un principio los pomeshchiki), sino, sobre todo, porque los regimientos semipermanentes de «nueva formación» se convirtieron en el componente dominante de los ejércitos rusos durante la guerra de los Trece Años con Polonia. En 1674, la nobleza suministró únicamente dos quintas partes de la caballería, que a su vez había quedado superada estratégicamente por la infantería, dotada con armas ligeras. Mientras tanto, los pomeshchiki eran alejados también paulatinamente de la administración civil. Aunque habían sido el grupo predominante en las cancillerías centrales durante el siglo XVI, fueron excluidos cada vez más de la burocracia en el XVII, hasta el punto de que el aparato buiocrático llegó a ser coto vedado de una casta semihereditaria de oficinistas en sus niveles más bajos y de altos funcionarios, corrompidos y vinculados a los magnates, en sus puestos más elevados[18]. Por otra parte, la dinastía Románov abolió en 1679 la autoadministración local guba, dominada previamente por los propietarios de provincias, integrándola en la maquinaria central de los gobernadores voivoda, nombrados desde Moscú.

La situación laboral en las propiedades de los pomeshchiki tampoco era muy halagüeña. En 1658 se aprobaron nuevas leyes que definían las huidas de los campesinos como delito criminal, pero la existencia de la frontera del sur y de los desiertos siberianos dejaba importantes huecos en la consolidación legal de la servidumbre, aunque en las regiones centrales del país se hizo más evidente la degradación del campesinado: mientras que los impuestos se triplicaron durante el siglo XVII, la parcela media del campesinado perdió más de la mitad de su extensión entre 1550 y 1660, hasta tener solamente de 1,5 a 2 hectáreas[19]. Este continuo empeoramiento de la condición campesina provocó en 1670 la gran insurrección rural de cosacos, siervos, pobres suburbanos y esclavos del sudeste, dirigida por Razin, que unió tras de sí a las desposeídas tribus de Chuvash, Mari y Mordva y que hizo estallar rebeliones populares en las ciudades situadas a lo largo del valle del Volga. El grave peligro social que para toda la clase dominante suponía la proliferación de esta jacquerie fundió de nuevo la unidad de los boyardos y la nobleza: las agudas tensiones que habían existido entre los terratenientes en las pasadas décadas fueron olvidadas en la común e implacable represión de los pobres. La victoria militar del Estado zarista sobre la rebelión de Razin, en la que desempeñaron un papel fundamental los nuevos regimientos permanentes, unió de nuevo a la monarquía y a la nobleza. En las últimas dos décadas del siglo sonó para los magnates boyardos —hasta entonces la verdadera fuerza tras los sucesivos zares fainéants— la hora de ser domeñados y remodelados por las exigencias de un absolutismo ascendente. Los grandes potentados que habían surgido del período de trastornos tenían una ascendencia mixta y un origen reciente: carecían de verdaderas razones para mantenerse fieles a la anticuada y fragmentada jerarquía del mestnichestvo —laberíntico sistema de rangos dentro de las familias boyardas—, que databa del siglo XIV y era perjudicial para el sistema de mando del nuevo aparato militar del Estado. En 1682, el zar Teodoro quemó ceremoniosamente los libros venerables de origen ancestral en los que estaba registrada esta jerarquía, que, a partir de ese momento, fue abolida como necesaria condición previa para una mayor unidad aristocrática[20]. La escena quedaba así preparada para una reconstrucción radical de todo el orden político del absolutismo ruso.

La máquina estatal erigida sobre estos nuevos fundamentos sociales fue, sobre todo, la obra monumental de Pedro I. Al subir al poder, su primer movimiento fue la disolución de la antigua y poco fiable milicia de los streltsi de Moscú, cuya turbulencia había sido fuente habitual de intranquilidad para sus predecesores, y la creación de los selectos regimientos de guardia Preobrazhenski y Semenovski, que a partir de entonces fueron los cuerpos de élite del aparato represivo zarista[21]. La tradicional dualidad entre los boyardos y la nobleza media dentro de la clase terrateniente fue remodelada por medio de la creación de un nuevo y omnicomprensivo sistema de rangos y por la universalización del principio de servicio, que integró a nobles y propietarios en un mismo marco político. Se importaron de Dinamarca y Prusia nuevos títulos nobiliarios (conde, barón) para implantar una escala más moderna y compleja dentro de la aristocracia, que a partir de entonces fue, social y etimológicamente, un derivado de la corte (dvoriantsvo). El poder independiente de los magnates fue suprimido sin contemplaciones; la Duma boyarda fue eliminada, y en su lugar se estableció un Senado nombrado por el zar. La nobleza media fue reincorporada a un ejército y una administración modernizados, en los que ocuparon de nuevo los puestos centrales[22]. Las propiedades votchina y pomestie quedaron unificadas en un solo modelo de propiedad hereditaria, y la nobleza quedó fundida al Estado por obligaciones universales de servicio en el ejército y en la burocracia a partir de los catorce años de edad. Para financiar estas instituciones se realizó un nuevo censo en el que los antiguos esclavos se fusionaron con los siervos, y los siervos quedaron atados a la persona de su señor más que a la tierra que cultivaban, de forma que podían ser vendidos por sus dueños como los Leibeigene prusianos. Las antiguas comunidades libres de las tierras negras del norte y los colonos de Siberia se convirtieron de golpe en «siervos del Estado», en condiciones algo superiores a las de los siervos privados, pero cada vez más cerca de éstos. El patriarcado fue abolido y la Iglesia sometida firmemente al Estado a través del nuevo organismo del Santo Sínodo, cuyo puesto más alto estaba ocupado por un funcionario secular. En San Petersburgo se construyó una capital nueva y occidentalizada. El sistema administrativo se reorganizó en gobiernos, provincias y distritos a la vez que se doblaba el tamaño de la burocracia[23]. Los departamentos gubernamentales se concentraron en nueve «colegios» centrales, dirigidos por consejos colectivos. En los Urales se instaló una moderna industria de hierro, que habría de convertir a Rusia en uno de los mayores productores de metal de la época. El presupuesto se cuadruplicó, en buena medida gracias a los recursos procedentes de un nuevo impuesto sobre los siervos. Los impuestos del campesino medio se quintuplicaron cutre 1700 y 1707-8.

Este enorme aumento en los ingresos del Estado se destinó en su mayor parte —entre dos tercios y cuatro quintos— a la construcción de un ejército profesional y de una armada moderna[24]: los dos objetivos supremos de todo el programa de Pedro, a los que se subordinaban las restantes medidas. En la gran guerra del norte de 1700 a 1721, el ataque sueco contra Rusia se vio acompañado inicialmente por el éxito: Carlos XII derrotó a las fuerzas zaristas en Narva, invadió Polonia y levantó al hetman cosaco Mazeppa contra Pedro I en Ucrania. Pero la victoria rusa de Poltava en 1709, completada con el triunfo naval en el golfo de Finlandia y la invasión de Suecia, invirtió todo el equilibrio de fuerzas en Europa oriental. Al final, el poder sueco fue rechazado y derrotado, y con su caída el imperio zarista obtuvo dos ganancias geopolíticas decisivas. Por el tratado de Nystadt de 1721, las fronteras rusas llegaron por fin al Báltico: Livonia, Estonia, Ingria y Carelia fueron anexionadas y el acceso marítimo directo a Occidente quedó garantizado. En el sur, y en un conflicto diferente, los ejércitos turcos habían infligido una derrota casi catastrófica a unas tropas rusas demasiado dispersas, y el zar pudo darse por satisfecho con librarse de esta guerra sin serias pérdidas. En el mar Negro no se obtuvo ningún avance significativo, pero, con la supresión de la rebelión de Mazeppa, se puso fin a la amenaza del bandolerismo del sech cosaco de Zaporozhe, que siempre había constituido un obstáculo para la colonización permanente de las tierras de Ucrania. El absolutismo ruso salió de los veinte años de lucha de la gran guerra del norte como una fuerza amenazadora en Europa oriental. La rebelión de Bulavin contra la recuperación legal de los siervos y la recluta de mano de obra en la región del bajo Don fue suprimida con éxito, a la vez que se aislaba y derrotaba a la prolongada rebelión bashkir contra la colonización rusa de la región situada entre el Ural y el Volga. A pesar de todo, el perfil del Estado de Pedro, con su incesante coacción y sus avances territoriales, debe contraponerse al atraso sombrío de su medio ambiente, que afectó profundamente su verdadero carácter. Todas las reorganizaciones y represiones llevadas a cabo por Pedro I no impidieron que la corrupción y el soborno fuesen endémicos: probablemente, sólo un tercio de los ingresos fiscales llegaba realmente al Estado[25]. La enérgica tentativa para integrar de por vida a toda la nobleza en el servicio al zarismo se mostró superflua inmediatamente después de la muerte de Pedro. En efecto, los sucesores de Pedro, cuando ya estuvo sólidamente formada y estabilizada una aristocracia acostumbrada al absolutismo, pudieron aflojar y, después, eliminar el carácter coactivo de sus obligaciones, que fue anulado en 1762 por su nieto Pedro III. Para entonces, la nobleza estaba ya firme y espontáneamente integrada en el aparato del Estado.

Bajo una serie de soberanos débiles —Catalina I, Pedro II, Ana e Isabel—, los regimientos de la guardia que había creado Pedro I se convirtieron después de su muerte en el reñidero donde se libraban las luchas por el poder entre los magnates de San Petersburgo, cuyos golpes de Estado eran un tributo a la consolidación del complejo institucional zarista: los nobles intrigaban ahora en el seno de la autocracia y no contra ella[26]. La llegada de otro soberano decidido, en 1762, no fue, por tanto, la señal para un estallido de la tensión entre la monarquía y la nobleza, sino para su más armoniosa reconciliación. Catalina II se mostró como la soberana ideológicamente más consciente de Rusia y la más generosa para su clase. Movida por sus aspiraciones a una fama de Ilustración política en Europa, Catalina promulgó un nuevo sistema educativo, secularizó las tierras de la Iglesia y promovió un desarrollo mercantilista de la economía rusa. La moneda fue estabilizada, se expandió la industria del hierro y se aumentó el comercio exterior. Sin embargo, los dos grandes hitos del reinado de Catalina II fueron la extensión de la organización servil de la agricultura a toda Ucrania y la promulgación de la Carta de la Nobleza. Las condiciones necesarias para la primera eran la destrucción del janato tártaro de Crimea y la descomposición del poderío otomano en la costa norte del mar Negro. El janato de Crimea, Estado vasallo de los turcos, no sólo mantenía a Rusia fuera del Euxino, sino que sus perpetuas correrías agitaban y devastaban las llanuras interiores del Póntico, haciendo de la mayor parte de Ucrania una insegura y despoblada tierra de nadie mucho después de su incorporación formal al reino de los Románov. La nueva emperatriz dirigió toda la fuerza de los ejércitos rusos contra el control islámico del mar Negro. En 1774, el janato ya había sido desligado de la Puerta y la frontera otomana retrocedió hasta el Bug. En 1783, Crimea fue anexionada definitivamente. Una década más tarde, la frontera rusa había alcanzado el Dniester. En el nuevo litoral zarista se fundaron las ciudades de Sebastopol y Odesa; la entrada naval en el Mediterráneo a través de los estrechos parecía al alcance de la mano.

A corto plazo, sin embargo, las consecuencias de este avance en el sur fueron mucho más importantes para la agricultura rusa. La eliminación definitiva del janato tártaro permitió el rescate y la colonización organizada de las vastas estepas ucranianas, grandes zonas de las cuales fueron convertidas ahora por vez primera en tierras cultivables y colonizadas en grandes propiedades por una población campesina estable y sedentaria. La colonización agrícola de Ucrania, dirigida por Potemkin, representó probablemente la mayor roturación geográfica en la historia de la agricultura feudal europea. Sin embargo, junto a este avance territorial no se registró ningún progreso técnico en la economía rural: fue simplemente un avance extensivo. Socialmente, redujo a los habitantes libres o semilibres de las regiones fronterizas a las condiciones de vida del campesinado central, aumentando drásticamente la población sierva de Rusia. Durante el reinado de Catalina II, el volumen de las rentas en dinero de los siervos se multiplicó en algunos casos por cinco. El gobierno dio de lado cualquier límite en la extracción de prestaciones de trabajo y un número importante de campesinos del Estado fueron transferidos a los principales nobles para ser sometidos a una explotación privada más intensa. Este episodio dramático y final en el proceso de servidumbre de las masas rurales provocó la última y la más grande de las rebeliones inspiradas por los cosacos, dirigida en este caso por Pugachev: una rebelión sísmica que hizo temblar a todas las regiones del Volga y el Ural, movilizando a enormes y confusas masas de campesinos, obreros metalúrgicos, nómadas, montañeses, herejes y granjeros, en un asalto final y desesperado contra el orden dominante[27]. Las ciudades y las guarniciones zaristas se mantuvieron firmes, sin embargo, mientras el ejército imperial se desplegaba para aplastar la rebelión. Su derrota marcó el cierre de la frontera oriental. A partir de entonces, las aldeas rusas se hundieron en el silencio. Con la Carta de la Nobleza concedida por la emperatriz en 1785 culminaba el largo viaje del campesinado hacia la servidumbre. Catalina II garantizaba a la aristocracia todos sus privilegios, la liberaba de sus obligaciones y le aseguraba el control jurisdiccional sin reservas de su fuerza de trabajo rural; además, la delegación de parte de la administración provincial transfirió paulatinamente a la nobleza las funciones locales[28]. La característica parábola del absolutismo ascendente ya estaba cerrada. La monarquía se había elevado en armonía con la nobleza en el siglo XVI (Iván IV); en ocasiones, habían chocado violentamente durante el siglo XVII, en el marco del predominio de los magnates, de complejos cambios y dislocaciones dentro del Estado y de turbulencia social fuera de él (Miguel I); a principios del siglo XVIII la monarquía impuso una autocracia implacable (Pedro I); a partir de entonces, nobleza y monarquía conquistaron de nuevo la serenidad y la armonía recíprocas (Catalina II).

La fuerza del absolutismo ruso se reveló muy pronto en sus éxitos internacionales. Catalina II, promotora principal de los repartos de Polonia, fue también su mayor beneficiaria cuando la operación se dio por terminada en 1795. El imperio zarista aumentó unos 520.000 km cuadrados y se extendió hasta cerca del Vístula. En la década siguiente fue anexionada Georgia en la zona del Cáucaso. Sin embargo, lo que demostró la nueva preeminencia europea del Estado zarista fue la grandiosa prueba de fuerza constituida por las guerras napoleónicas. Rusia, el absolutismo social y económicamente más atrasado de la Europa del este, fue el único ancien régime, de un confín a otro del continente, política y militarmente capaz de resistir el ataque francés. Ya en la última década del siglo XVIII, los ejércitos rusos habían sido enviados por vez primera en la historia a Occidente —Italia, Suiza y Holanda— para apagar las llamas de la revolución burguesa, atizadas todavía por el Consulado. El nuevo zar, Alejandro I, participó en las desafortunadas tercera y cuarta coaliciones contra Napoleón. Pero mientras los absolutismos austríaco y prusiano fueron derrotados en Ulmy Wagram, Jena y Auerstadt, el absolutismo ruso pudo darse un respiro en Tilsit. La división de esferas acordada entre los dos emperadores en 1807 permitió a Rusia proceder a la conquista de Finlandia (1809) y de Besarabia (1812) a costa de Suecia y de Turquía. Finalmente, cuando Napoleón desencadenó la gran invasión de Rusia, la Grande Armée se mostró incapaz de aplastar la estructura del Estado zarista. El ataque francés, inicialmente victorioso sobre el campo de batalla, fue arruinado, aparentemente, por el clima y la logística; pero, en realidad, lo fue por la impenetrable resistencia de un medio feudal, excesivamente primitivo para ser vulnerable por la espada de la emancipación y la expansión burguesa occidental, embotada además, desde hacía tiempo, por el bonapartismo[29]. La retirada de Moscú señaló el fin del dominio francés en el continente: a los dos años, las tropas rusas eran vitoreadas en París. El zarismo pasó al siglo XIX como gendarme victorioso de la contrarrevolución europea. El Congreso de Viena selló su triunfo: otra gran cuña de Polonia fue anexionada y Varsovia se convirtió en una ciudad rusa. Tres meses después, y a causa de la insistencia personal de Alejandro I, fue solemnemente establecida la Santa Alianza, como garantía de la restauración monárquica y clerical desde el Guadarrama a los Urales.

Las estructuras del Estado zarista que surgieron del acuerdo de Viena, y a las que no afectó ninguna transformación comparable a las reformas prusiana o austríaca, no tuvieron equivalente en ninguna parte de Europa. Se proclamó oficialmente al Estado como una autocracia: el zar gobernaba, en su propio nombre, para el conjunto de la nobleza[30]. Bajo el zar se cimentó una jerarquía feudal desde la misma base del sistema estatal. En 1831, un decreto de Nicolás I creó una jerarquía modernizada de rangos dentro de la nobleza que correspondía a los diferentes niveles escalonados de la burocracia del Estado, y viceversa, a todos los que ocupaban determinadas posiciones en el servicio del Estado se les concedía el correspondiente rango nobiliario que, por encima de ciertos niveles, era hereditario. Así pues, los títulos y privilegios aristocráticos siguieron relacionados con las diversas funciones administrativas, a través del sistema político, hasta el año 1917. De esta forma, la clase terrateniente fundida con el Estado controlaba alrededor de 21 millones de siervos, aunque en su seno había una profunda estratificación: cuatro quintas partes de esos siervos pertenecían a las tierras de una quinta parte de los propietarios, mientras que los grandes nobles —sólo el 1 por 100 de toda la dvoriantsvo— poseían tierras con cerca de una tercera parte de la población total de siervos privados. A partir de 1831-2, los pequeños propietarios con fincas de menos de 21 almas fueron excluidos de las asambleas de la nobleza. La aristocracia rusa conservó su orientación de servicio y su aversión a la gestión agrícola directa hasta el siglo XIX. Pocas familias nobles tenían raíces locales que alcanzaran más de dos o tres generaciones y estaba muy extendido el absentismo de los propietarios; la residencia urbana —provincial o metropolitana— era el ideal corriente de las aristocracias media y alta[31]. Las posiciones en el aparato de Estado eran ya el medio tradicional de conseguir ese ideal.

El mismo Estado poseía tierras con 20 millones de siervos, dos quintas partes de la población campesina de Rusia. Era, pues, el propietario feudal más imponente del país. El ejército estaba formado sobre la base de reclutas aleatorias de siervos, con la nobleza hereditaria dominando las estructuras de mando de acuerdo con sus rangos. Los grandes duques ocupaban las inspecciones generales del ejército y el Consejo de la Guerra; hasta la primera guerra mundial inclusive los comandantes en jefe eran sobrinos o tíos del zar. La Iglesia era una subdivisión del Estado, sometida a un departamento burocrático (el Santo Sínodo) cuya cabeza —el procurador mayor— era un funcionario civil designado por el zar. El Sínodo tenía la categoría de un ministerio, con una administración económica a cargo de las propiedades de la Iglesia, y su personal se componía principalmente de funcionarios laicos. Los sacerdotes eran tratados como funcionarios, que debían prestar servicios al Estado (tenían que revelar las confesiones que mostrasen «intenciones malvadas» hacia el Estado). El sistema educativo estaba controlado por el Estado, y, a mediados de siglo, los rectores y profesores de las universidades eran nombrados directamente por el zar o sus ministros. La enorme y creciente burocracia estaba integrada en su más alto nivel únicamente por la persona del autócrata y por las camarillas de su cancillería privada[32]: había ministros, pero no gabinete; tres enjambres rivales de policía y una práctica generalizada de soborno. La ideología de la reacción clerical y chovinista que presidía este sistema estaba proclamada en la trinidad oficial: autocracia, ortodoxia y nacionalismo. El poder político y militar del Estado zarista de la primera mitad del siglo XIX encontró una demostración continua en el intervencionismo y la expansión exteriores. Azerbaiján y Armenia fueron ocupados y se dominó gradualmente la resistencia de los montañeses de Circasia y Daghestan; ni Persia ni Turquía tenían posibilidad de resistir las anexiones rusas en el Cáucaso. En Europa, los ejércitos rusos aplastaron la rebelión nacional de Polonia en 1830 y liquidaron la revolución húngara de 1849. Nicolás I, verdugo supremo de la reacción monárquica en el exterior, gobernó en el interior sobre el único gran país del continente que no se vio afectado por las insurrecciones populares de 1848. La fuerza internacional del zarismo nunca había aparecido mayor.

En realidad, la industrialización de Europa occidental convertía a esta confianza en un anacronismo. La primera sacudida seria del absolutismo ruso llegó con la humillante derrota infligida por los estados capitalistas de Inglaterra y Francia en la guerra de Crimea de 1854-56. La caída de Sebastopol puede compararse en sus consecuencias internas con la derrota de Jena. La derrota militar ante Occidente condujo a la abolición de la servidumbre por Alejandro II, la modernización social más elemental de las bases del ancien régime. Pero el paralelo no debe exagerarse, porque el alcance del golpe recibido por el zarismo fue mucho más suave y más limitado: la paz de París no fue en modo alguno el tratado de Tilsit. La «era de la reforma» rusa de la década de 1860 fue, por tanto, un débil eco de su predecesora prusiana. Los procedimientos judiciales fueron liberalizados en cierta medida; se concedieron órganos de autoadministración (zemstva) a la nobleza rural; se otorgaron consejos municipales a las ciudades y se introdujo la llamada a filas general. La emancipación del campesinado, decretada por Alejandro en 1861, se llevó a cabo de forma no menos lucrativa para la dvoriantsvo de lo que había sido para los junkers la de Hardenberg. A los siervos se les concedió la tierra de las propiedades nobiliarias que habían cultivado previamente a cambio del pago de compensaciones en dinero a sus señores. El Estado adelantó esta compensación a la aristocracia, exigiéndosela al campesinado en un período de varios años en forma de «pagos de redención». En el norte de Rusia, donde el valor de la tierra era bajo y las cargas serviles se pagaban en especie (obrok), los terratenientes obtuvieron en compensaciones monetarias casi el doble del precio de mercado de la tierra. En el sur de Rusia, donde las cargas serviles tenían principalmente la forma de prestaciones de trabajo (barshchina) y las ricas y negras tierras permitían una rentable exportación cerealista, la nobleza estafó a sus campesinos hasta el 25 por 100 de la mejor tierra que les correspondía (la llamada otrezki)[33]. Los campesinos, bajo el peso de la deudas de redención, sufrieron, por tanto, una reducción neta del total de tierras que habían cultivado anteriormente para sus familias. Por otra parte, la abolición de la servidumbre no significó el fin de las relaciones feudales en el campo, del mismo modo que tampoco lo había significado antes en Europa occidental. En la práctica, lo que continuó prevaleciendo en las tierras rusas fue un laberinto de formas tradicionales de extracción extraeconómica de excedente, encarnadas en los derechos y deberes consuetudinarios.

En su estudio pionero sobre El desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin escribió que tras la abolición de la servidumbre «no pudo surgir de golpe la economía capitalista; la basada en la prestación personal no pudo desaparecer de un modo súbito. El único sistema de economía posible era, por lo tanto, uno de transición, que reuniese rasgos del sistema de prestación personal y del capitalista. Y así fue: el régimen de la hacienda de los terratenientes posterior a la reforma se distingue precisamente por esos rasgos. Con la infinita diversidad de formas propias de una época de transición, la organización económica de la hacienda terrateniente de nuestros días se reduce a los dos sistemas fundamentales en las combinaciones más diversas posibles: al sistema del pago en trabajo y al capitalista […] Los dos sistemas enumerados se entrelazan en la realidad de la manera más diversa y caprichosa: en numerosas haciendas de terratenientes se unen ambos, empleándose en distintas faenas agrícolas»[34]. Midiendo la incidencia relativa de las dos economías, Lenin calculaba que en 1899, «si bien en las provincias puramente rusas predomina el pago en trabajo, en cuanto a Rusia europea en general, el sistema capitalista de la hacienda terrateniente debe ser considerado preponderante en la actualidad»[35]. Una década más tarde, sin embargo, las tremendas insurrecciones campesinas contra las exacciones y opresiones feudales del campo ruso, durante la revolución de 1905, condujeron a Lenin a modificar de forma significativa el equilibrio de su opinión anterior. En su texto básico de 1907, El programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa, Lenin afirmaba que, «en las provincias puramente rusas, la agricultura capitalista en gran escala figura de modo incuestionable en segundo plaño. Predomina el pequeño cultivo en grandes latifundios, como son las distintas formas de arrendamiento feudal en condiciones leoninas»[36]. Tras un cuidadoso estudio estadístico del conjunto de la situación agraria que abarca la distribución de las tierras durante el primer año de la reacción de Stolypin, Lenin resume su trabajo con la siguiente conclusión de carácter general: «Diez millones y medio de familias campesinas de la Rusia europea poseen 75 millones de desiatinas de tierra. Treinta mil señores de la tierra, principalmente nobles y en parte también advenedizos, poseen más de 500 desiatinas cada uno; en total, 70 millones de desiatinas. Tal es el fondo básico del cuadro; tales son las condiciones fundamentales del predominio de los terratenientes feudales en el régimen agrario de Rusia y, por consiguiente, en el Estado ruso en general y en toda la vida rusa. Son feudales los dueños de los latifundios, en el sentido económico de esta palabra: la base de su propiedad agraria ha sido creada por la historia del régimen de servidumbre, por la historia de la rapiña secular de tierras llevada a efecto por la nobleza. La base de su economía actual es el sistema de pago en trabajo, es decir, una supervivencia directa de la prestación personal, la explotación de las tierras con los aperos y el ganado de los campesinos mediante las formas infinitamente variadas de avasallamiento de los pequeños agricultores: los contratos de invierno, el arrendamiento anual, la aparcería, la renta en trabajo, el sometimiento económico por deudas, la sujeción que sufren los campesinos por la utilización de los «recortes», de los bosques, de los prados, de los abrevaderos, y así hasta lo infinito»[37]. Cinco años después, en vísperas de la primera guerra mundial, Lenin reafirmó este juicio de una forma todavía más categórica: «La diferencia entre “Europa” y Rusia se debe al extraordinario atraso de ésta. En Occidente, el sistema agrario burgués se encuentra plenamente estructurado, el feudalismo fue eliminado hace ya mucho y sus supervivencias son muy reducidas y el papel que desempeñan es pequeño. El tipo predominante de relación social en la agricultura de Occidente es la del obrero asalariado y el patrono, el farmer o propietario de la tierra […] En Rusia es indudable que ya se ha consolidado, y se desarrolla regularmente, una organización de la agricultura igualmente capitalista. La agricultura terrateniente y la campesina evolucionan en esa dirección. Pero las relaciones puramente capitalistas en nuestro país se hallan aún, en enormes proporciones, dominadas por las relaciones feudales»[38].

El desarrollo capitalista de la agricultura rusa, que Lenin y otros socialistas predijeron que podría ocurrir si el zarismo conseguía restablecer su poder de forma duradera después de ]a contrarrevolución de 1907, era la «vía prusiana» de propiedades racionalizadas de tipo junker, con utilización de trabajo asalariado e integración en el mercado mundial, acompañadas por la aparición de un estrato auxiliar de Grossbauern en el campo. Los escritos de Lenin del período 1906-14 advirtieron repetidamente de que esta evolución era posible en la Rusia zarista y de que constituía un grave peligro para el movimiento revolucionario. Las reformas de Stolypin estaban destinadas a acelerar una evolución de este tipo con su «apuesta al más fuerte»: la conversión en hereditarias de las tierras campesinas que podían repartirse, con objeto de promover el auge de una clase kulak. En realidad, el programa de Stolypin quedó muy lejos de su objetivo en lo referente al propio campesinado, porque si bien la mitad de todas las familias campesinas tenían en 1915 parcelas jurídicamente hereditarias, sólo una décima parte de ellas tenían sus terrenos consolidados físicamente en unidades singulares. La supervivencia del sistema de parcelas separadas y de campos abiertos garantizaba la permanencia de las obligaciones comunales del mir aldeano[39]. Mientras tanto, la carga de los impuestos y de los atrasos en los pagos de redención aumentaba de año en año. La solidaridad instintiva del campesinado ruso contra la clase terrateniente no se vio seriamente afectada por las reformas. Como Trotski habría de testimoniar más tarde[40], los bolcheviques quedaron sorprendidos por la apasionada unidad del sentimiento popular antifeudal en el campo en 1917. El exceso de población en el campo se convirtió en un problema endémico en el último período de la Rusia zarista. El porcentaje de tierras del campesinado en la propiedad total de la tierra aumentó en un 50 por 100 —la mayor parte por compras de los kulaks— en las cuatro décadas anteriores a 1917, mientras que las propiedades per capita del campesinado descendieron en un tercio[41]. Las masas rurales permanecían hundidas en el fango secular de la miseria y el atraso.

Por otra parte, en las últimas décadas del zarismo tampoco se produjo una conversión dinámica de la nobleza terrateniente hacia la agricultura capitalista. En realidad, los temores provocados por la «vía prusiana» no se materializaron. La dvoriantsvo se mostró orgánicamente incapaz de seguir el camino de los junkers. En un primer momento, la sacudida experimentada por la propiedad territorial nobiliaria pareció ir a repetir la experiencia prusiana, con una nueva selección y racionalización de la clase terrateniente. En las tres décadas anteriores a 1905, la tierra propiedad de la nobleza descendió probablemente en un tercio y sus principales compradores fueron —como en Prusia— burgueses y comerciantes ricos. Sin embargo, después de la década de 1880 las adquisiciones de los campesinos ricos superaron a la de los inversores urbanos. Para 1905, la finca del comerciante medio era mayor que la del noble medio, pero la ganancia en tierras de los kulaks era superior en una mitad a la de los habitantes de las ciudades[42]. Así pues, antes de la primera guerra mundial estaba apareciendo claramente en Rusia un estrato de Grossbauern. Pero lo que no aparecía por ninguna parte era un avance capitalista de tipo prusiano en la productividad. Las exportaciones de cereales a Europa aumentaron durante todo el siglo, tanto antes como después de la reforma de 1861: Rusia alcanzó en el siglo XIX la misma posición en el mercado internacional que Polonia o Alemania oriental habían alcanzado entre los siglos XVI y XVIII, aunque el precio internacional del grano descendió a partir de 1870. Sin embargo, en la agricultura rusa, que técnicamente estaba enormemente atrasada, la producción y las cosechas mantuvieron niveles muy bajos. El sistema de rotación trienal prevalecía todavía en grandes extensiones de tierra; prácticamente no se producía forraje, y la mitad del campesinado utilizaba arados de madera. Por otra parte, como ya hemos visto, la era crepuscular que siguió a la reforma se caracterizó por la permanencia de innumerables relaciones económicas feudales que obstaculizaron el avance económico de las grandes propiedades de Rusia central. La nobleza no llevó a cabo la transición a una agricultura capitalista moderna o racional. Fue muy sintomático que mientras que los bancos agrícolas, especialmente creados en Prusia después de la era de la reforma, fueron instrumentos altamente beneficiosos para los junkers, proporcionándoles el capital necesario para las hipotecas y las inversiones, los bancos agrícolas creados en 1885 por el Estado para la nobleza constituyeron un triste fracaso: por lo general, sus créditos se malgastaron mientras sus destinatarios se hundían en las deudas[43]. Por tanto, aunque no haya ninguna duda de que las relaciones capitalistas de producción se extendían ininterrumpidamente en el campo antes de la primera guerra mundial, también es cierto que nunca adquirieron el ímpetu de un éxito económico acumulativo y siempre se mantuvieron en los límites del subdesarrollo precapitalista. Por consiguiente, el sector predominante en la agricultura rusa de 1917 se caracterizaba por las relaciones feudales de producción.

Mientras tanto, la industrialización se extendía rápidamente en las ciudades. A principios del siglo XX, Rusia tenía grandes industrias de carbón, hierro, aceite y textiles y una extensa red de ferrocarriles. Muchos de sus complejos metalúrgicos se contaban entre los de tecnología más avanzada del mundo. No es necesario insistir aquí en las notorias contradicciones internas de la industrialización zarista: la inversión de capital estaba financiada esencialmente por el Estado, que a su vez dependía de créditos extranjeros. Para conseguir estos créditos era necesario un presupuesto solvente, y de ahí que fuera precisó mantener sobre el campesinado una carga fiscal muy fuerte, que por su parte bloqueaba la expansión del mercado interior, imprescindible para sostener una inversión creciente[44]. Para nuestros propósitos, el hecho importante es, más bien, que, a pesar de todos estos obstáculos, el sector industrial ruso —basado total y completamente en las relaciones capitalistas de producción— triplicó su volumen en las dos décadas anteriores a 1914, consiguiendo así uno de los ritmos de crecimiento más rápido de Europa[45]. En vísperas de la primera guerra mundial, Rusia era el cuarto productor de acero del mundo (por encima de Francia). El volumen absoluto del sector industrial era el quinto del mundo. La agricultura representaba aproximadamente el 50 por 100 de la renta nacional, mientras que la industria —excluyendo el amplio sistema ferroviario— suponía quizá el 20 por 100[46]. Así pues, calculando conjuntamente el peso de las economías rural y urbana, no puede haber duda de que en 1914 la formación social rusa era una estructura mixta, con un sector agrario predominantemente feudal, pero con un sector combinado agroindustrial capitalista que, en conjunto, era preponderante. Lenin expresó esto mismo en forma lacónica en vísperas de su marcha de Suiza, cuando dijo que, para 1917, la burguesía ya había dirigido económicamente al país durante largo tiempo[47]

Sin embargo, mientras la formación social rusa estaba dominada por el modo de producción capitalista, el Estado ruso era todavía un absolutismo feudal. En la época de Nicolás II no había tenido lugar ningún cambio básico en su carácter de clase ni en su estructura política. La nobleza feudal seguía siendo, como antes, la clase dominante de la Rusia imperial: el zarismo era el aparato político de su dominación, del que nunca se separó. La burguesía era demasiado débil para plantear un serio problema de autonomía y nunca consiguió ocupar posiciones de mando en la administración del país. La autocracia era un absolutismo feudal que había sobrevivido hasta el siglo XX. La derrota militar ante Japón y la consiguiente masiva explosión popular contra el régimen, en 1905, obligaron a una serie de modificaciones del zarismo, cuya dirección hizo pensar a los liberales rusos que permitiría la evolución hacia una monarquía burguesa. Como ya hemos visto en el caso de Prusia, existía la posibilidad formal de un cambio acumulativo de este carácter. Históricamente, sin embargo, los dubitativos pasos del zarismo nunca se acercaron seriamente a este objetivo. Los resultados de la revolución de 1905 condujeron a la creación por el régimen de una Duma impotente y de una Constitución de papel que, en el plazo de un año, fue anulada por la disolución de la Duma y por una revisión del derecho electoral que daba a cada terrateniente un sufragio equivalente al de 500 trabajadores. El zar podía vetar cualquier propuesta legislativa presentada por esta asamblea domesticada, y los ministros —agrupados ahora en un gabinente convencional— no eran responsables ante ella. La autocracia podía decretar leyes a su voluntad por la mera prórroga de esta fachada representativa. No hay, pues, comparación posible con la situación de la Alemania imperial, donde existían sufragio universal masculino, elecciones regulares, control parlamentario del presupuesto y una ilimitada actividad política. La transmutación política cualitativa del Estado feudal prusiano que produjo el Estado capitalista alemán nunca tuvo lugar en Rusia. Tanto los principios organizativos como el personal del zarismo permanecieron sin cambios hasta el fin.

En sus polémicas de 1911 con los mencheviques, Lenin insistió directa y repetidamente en esa diferencia: «¡Sostener que en Rusia el sistema de gobierno ya es burgués (como lo afirma Larin) y que en nuestro país el poder ya no es de naturaleza feudal (véase lo que dice el propio Larin), y al mismo tiempo referirse a Austria y Prusia como ejemplos significa refutarse a sí mismo! […] No se puede trasladar a Rusia la consumación alemana de la revolución burguesa, la historia alemana de la democracia, que ha dado todo lo que podía dar, la “revolución desde arriba” llevaba a cabo en Alemania en la década del 60 y la legalidad actualmente existente en Alemania»[48]. Lenin no olvidó, por supuesto, la necesaria autonomía del aparato estatal zarista respecto a la clase terrateniente feudal, una autonomía que se inscribe en las mismas estructuras del absolutismo. «[…] El carácter de clase de la monarquía zarista no se opone en modo alguno a la enorme autonomía e independencia de las autoridades zaristas y de la «burocracia» desde Nicolás II hasta el último gendarme»[49]. Lenin hizo hincapié en el creciente impacto del capitalismo agrario y comercial sobre la política del zarismo y en la interposición objetiva de la burguesía en sus mecanismos. Pero siempre fue categórico en su caracterización de la naturaleza social básica del absolutismo ruso de su tiempo. En abril de 1917, Lenin afirmaba inequívocamente: «Antes de la revolución de febrero-marzo de 1917, el poder en Rusia estaba en manos de una antigua clase, o sea, de la nobleza feudal terrateniente, encabezada por Nicolás Románov»[50]. La primera frase de Las tareas del proletariado en nuestra revolución, escrita inmediatamente después de su llegada a Petrogrado, dice: «El antiguo poder zarista […] sólo representaba a un puñado de terratenientes feudales que dirigían toda la maquinaria del Estado (el ejército, la policía y la burocracia)»[51]. Esta límpida formulación era la pura verdad. Sus consecuencias, sin embargo, todavía no se han explorado. Porque, para recapitular el análisis desarrollado más arriba, existía una dislocación entre la formación social y el Estado en los últimos años del zarismo. La formación social rusa era un conjunto complejo dominado por el modo de producción capitalista, pero el Estado ruso seguía siendo un absolutismo feudal. La articulación disjunta entre ambos todavía no se ha explicado ni fundamentado teóricamente.

De momento, debemos considerar las consecuencias empíricas de esta desconexión para las estructuras del Estado ruso. Hasta su última hora, el zarismo fue un absolutismo feudal. Incluso en su fase final continuó la expansión territorial en el exterior. Siberia se extendió más allá del Amur, y Vladivostok se fundó en 1861. Después de dos décadas de lucha, Asia central fue absorbida en 1884. La rusificación administrativa y cultural se intensificó en Polonia y Finlandia. Por otra parte, desde el punto de vista institucional, el Estado era en algunos aspectos decisivos mucho más poderoso de lo que había sido cualquier absolutismo europeo, debido a su supervivencia hasta la época de industrialización europea y, por consiguiente, a su capacidad para importar y apropiarse la tecnología más avanzada del mundo. Porque el Estado había aflojado su control sobre la agricultura, por medio de la venta de sus tierras, con el solo objeto de reforzar su posición en la industria. El Estado había sido el propietario tradicional de las factorías mineras y metalúrgicas de los Urales y ahora financiaba y construía la mayor parte del nuevo sistema ferroviario, que representaba la segunda partida más importante del presupuesto, después de las fuerzas armadas. Los contratos públicos predominaban en la industria rusa: dos terceras partes de las obras de ingeniería eran asumidas por el Estado. Los aranceles eran extremadamente altos (cuatro veces los de Alemania o Francia y dos veces los de Estados Unidos), de tal forma que el capital local dependía básicamente de la supervisión y protección estatal. El Ministerio de Hacienda manipulaba la política de préstamos de la banca estatal a los empresarios privados y mantenía sobre ellos un dominio de carácter general debido a sus importantes reservas de oro. El Estado absolutista en Rusia era, pues, el dispositivo más importante para una rápida industrialización desde arriba. En la época del capitalismo de laissez-faire de 1900, su impresionante papel económico no tenía comparación en el Occidente desarrollado. Un desarrollo combinado y desigual produjo así en Rusia un colosal aparato de Estado que cubría y ahogaba a toda la sociedad situada por debajo del nivel de la clase dominante. Se trataba de un Estado que había integrado al conjunto de la jerarquía feudal en la burocracia, que incorporaba a la Iglesia y a la educación y supervisaba la industria mientras engendraba un ejército y un sistema policíaco gigantescos.

Este aparato feudal tardío estaba inevitablemente sobredeterminado por el auge del capitalismo industrial a finales del siglo XIX, del mismo modo en que las monarquías absolutas de Occidente habían estado sobredeterminadas en su propia época por el auge del capitalismo mercantil. Paradójicamente, sin embargo, la burguesía rusa era mucho más débil políticamente que sus predecesoras occidentales, aunque la economía que representaba era mucho más fuerte de lo que había sido la de aquéllas durante la época de transición en Occidente. Las razones históricas de esta debilidad son muy conocidas y se repiten con insistencia en las obras de Trotski y Lenin: ausencia de un artesanado pequeño-burgués, reducido número de burgueses debido a las grandes empresas, miedo a una tumultuosa clase obrera, dependencia de los aranceles, créditos y contratos del Estado. «Mientras más se va hacia el este, más cobarde y débil es la burguesía», proclamaba el primer manifiesto del POSDR (Partido Obrero Social Demócrata Ruso). Sin embargo, el Estado absolutista ruso no dejó de revelar la huella de la clase que se convirtió en su taciturno y timorato auxiliar más que en su antagonista. Del mismo modo en que la venta de caigas en una época anterior ofreció un registro sensible de la presencia subordinada de la clase mercantil en las formaciones sociales de Occidente, así también la evidente contradicción burocrática entre los dos pilares básicos del Estado ruso, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, fue un signo de los «efectos» del capital industrial en Rusia. En la década de 1890 existió un conflicto constante entre estas instituciones centrales[52]. El Ministerio de Hacienda seguía una política que concordaba con los objetivos ortodoxos de la burguesía. Sus inspectores de fábrica apoyaban a los patronos en su negativa a hacer concesiones salariales a los obreros; el Ministerio era hostil a las comunas de aldea, que representaban un obstáculo para el mercado libre de la tierra. El Ministerio del Interior, trabado en su lucha con el de Hacienda, estaba obsesionado por el mantenimiento de la seguridad política del Estado feudal. Su principal preocupación era la de prevenir los desórdenes públicos y las luchas sociales. Para conseguir estos objetivos, su red represiva de espías y provocadores policíacos era inmensa. Al mismo tiempo, sin embargo, sentía poca simpatía por los intereses corporativos del capital industrial. Así, presionaba a los patronos para que hicieran concesiones económicas a los obreros de forma que pudiera evitarse el peligro de sus peticiones políticas. El Ministerio del Interior suprimía todas las huelgas, que de todas formas eran ilegales, pero pretendía mantener un cuerpo permanente de policías dentro de las fábricas para que estudiasen las condiciones de trabajo y garantizasen así que no surgirían explosiones de descontento. Naturalmente, los patronos y el Ministerio de Hacienda se resistían a esa pretensión, de lo que se siguió una lucha para el control de la inspección de fábricas que el Ministerio de Hacienda sólo pudo conservar tras un compromiso de colaboración con la policía. En el campo, el Ministerio del Interior miraba con paternalismo burocrático a las comunas aldeanas (de las que él —y no el Ministerio de Hacienda— recaudaba impuestos) porque las consideraba como los bastiones de una tradición sumisa y como barreras contra la agitación revolucionaria. Esta comedia de contrastes reaccionarios culminó con la invención de sindicatos controlados por la policía, por el Ministerio del Interior y la institución de leyes laborales por el verdugo Plehve. Los resultados de boomerang de este experimento —la Zubatovshchina—, que finalmente condujeron a Gapón, son bien conocidos. Lo que aquí tiene más importancia es esta tentativa final y delirante del Estado absolutista, que tras haber incorporado en un momento u otro a la nobleza, la burguesía, el campesinado, la educación, el ejército y la industria, quiso producir incluso sus propios sindicatos bajo la égida de la autocracia. La lapidaria frase de Gramsci de que «en Oriente [Rusia] el Estado lo era todo, la sociedad civil era primordial y gelatinosa»[53], encierra, pues, una verdad histórica.

Gramsci, sin embargo, no cayó en la cuenta de por qué esto era así: no podía dar una definición científica del carácter histórico del Estado absolutista en Rusia. Nosotros tenemos ya la posibilidad de remediar esta laguna de su texto. Cuando se sitúa al absolutismo ruso en una perspectiva histórica europea, todo vuelve a su verdadero lugar. Su situación se hace inmediatamente evidente. La autocracia era un Estado feudal, aunque Rusia en el siglo XX era una formación social mixta, dominada por el modo de producción capitalista: un dominio cuyos efectos remotos podían leerse en las estructuras del zarismo. Su tiempo no era el del imperio guillermino o el de la III República, que eran sus rivales o aliados: sus verdaderos contemporáneos eran las monarquías absolutas de la transición del feudalismo al capitalismo en Occidente. La crisis del feudalismo en el oeste produjo un absolutismo que sucedió a la servidumbre; la crisis del feudalismo en el este produjo un absolutismo que institucionalizó la servidumbre. A pesar de su común naturaleza y funciones de clase, el ancien régime ruso sobrevivió a sus equivalentes occidentales tanto tiempo debido a que nació de una diferente matriz. Al final, el absolutismo ruso sacó su gran fuerza del mismo advenimiento del capitalismo industrial, implantándolo burocráticamente desde arriba, del mismo modo que sus predecesores occidentales habían promovido antes el capitalismo mercantil. Los antepasados de Witte fueron Colbert u Olivares. El desarrollo internacional del imperialismo capitalista, que irradió al imperio ruso desde Occidente, fue lo que hizo posible esta combinación de la tecnología más avanzada del mundo industrial con la monarquía más arcaica de Europa. Finalmente, por supuesto, el imperialismo, que había armado al absolutismo ruso en un primer momento, lo acabó ahogando y destruyendo: la prueba de la primera guerra mundial fue demasiado para él[54]. Puede decirse con toda razón que estaba literalmente «fuera de su elemento» en una confrontación directa entre los estados industriales imperialistas. En febrero de 1917, las masas tardaron una semana en derrumbarlo.

Si todo es así, hay que tener el coraje de sacar las consecuencias. La revolución rusa no se hizo en modo alguno contra un Estado capitalista. El zarismo que cayó en 1917 era un aparato feudal: el Gobierno Provisional nunca tuvo tiempo de sustituirlo con un aparato burgués nuevo y estable. Los bolcheviques hicieron una revolución socialista, pero desde el principio hasta el fin nunca se enfrentaron contra el enemigo central del movimiento obrero de Occidente. En este sentido, la intuición más profunda de Gramsci era correcta: después de la revolución de Octubre, el moderno Estado capitalista de Europa occidental era todavía un objeto político nuevo para la teoría marxista y para la práctica revolucionaria. La profunda crisis que sacudió en los años 1917-20 a todo el continente, asolado por la guerra, dejó su específica y significativa herencia. La primera guerra mundial acabó con la vieja historia del absolutismo europeo. El Estado imperial ruso fue derrocado por una revolución proletaria. El Estado imperial austríaco fue barrido del mapa por una revolución nacional burguesa. La destrucción y desaparición de ambos fue permanente. La causa del socialismo triunfó en Rusia en 1917 y palpitó brevemente en Hungría en 1919. Sin embargo, en Alemania, clave estratégica de Europa, la transmutación capitalista de la monarquía prusiana garantizó la supervivencia íntegra del viejo aparato de Estado hasta la época de Versalles. Los dos grandes y últimos estados feudales de Europa oriental cayeron frente a revoluciones populares de carácter contradictorio. El Estado capitalista, que había sido durante cierto tiempo su consorte legitimista, resistió a todas las insurrecciones revolucionarias en medio de la desesperación y la ruina provocadas por su propia derrota ante la Entente. El fracaso de la revolución de Noviembre en Alemania, tan trascendental para la historia de Europa como el éxito de la revolución de Octubre en Rusia, se enraíza en la distinta naturaleza de la máquina estatal con la que cada una de ellas se enfrentó. Los mecanismos de la derrota y la victoria socialista de estos años están íntimamente relacionados con los problemas más profundos de la democracia burguesa y proletaria que, teórica y prácticamente, todavía están por resolver en la segunda mitad del siglo XX. Hasta el momento presente, todavía no se han explorado en profundidad las lecciones y las consecuencias políticas que encierra la caída del zarismo para el estudio comparado de las formaciones sociales contemporáneas. En este sentido, todavía está por realizar el obituario histórico del zarismo que expiró en 1917.

7. LA CASA DEL ISLAM

La primera guerra mundial, que enfrentó a los grandes estados capitalistas del oeste y destrozó a los últimos estados feudales del Este, tuvo su origen en un rincón de Europa en el que el absolutismo nunca echó rafees. Los Balcanes constituían una subregión geopolítica diferente, cuya evolución anterior la alejaba del resto del continente. Esta ausencia de una integración tradicional y estable en el sistema internacional de estados de finales del siglo XIX y principios del XX fue, precisamente, lo que convirtió a los Balcanes en el «polvorín» de Europa que, al final, hizo estallar la conflagración de 1914. El modelo de desarrollo de este sector del continente proporciona así un control y un epílogo adecuados al estudio del absolutismo. Durante toda su existencia en el continente europeo, el imperio otomano se mantuvo como una formación social aparte. Los Balcanes situados bajo el dominio de la Puerta aparecen separados del panorama general de Europa a causa del sometimiento islámico. Sin embargo, la dinámica y las estructuras reguladoras del Estado turco tienen un alto significado comparativo por el contraste que presentan respecto a todas las variantes del absolutismo europeo. Por otra parte, el carácter del sistema otomano proporciona la explicación básica de por qué la península balcánica continuó evolucionando, tras la última crisis medieval, de acuerdo con unas pautas completamente distintas a las del resto de Europa y cuyos resultados perduraron hasta bien entrado el siglo XX.

Los guerreros turcos que invadieron Anatolia oriental en el siglo XI eran todavía unos nómadas del desierto. Sus éxitos en Asia Menor, donde los árabes habían fracasado, se debían en parte a la similitud del medio climático y geográfico con el de las planicies frías y secas del Asia central, de las que procedían: el camello de Bactria, su medio esencial de transporte, se adaptaba perfectamente a las altiplanicies de Anatolia que, por el contrario, eran impracticables para el dromedario tropical árabe[1]. A pesar de todo, los turcos no llegaban únicamente como primitivos habitantes de las estepas. A partir del siglo IX, muchos esclavos turcos, procedentes del Asia central, habían servido en el Oriente Medio a las dinastías abásida y fatimita como simples soldados y como oficiales, ocupando a menudo los puestos más altos. Su analogía con el papel de las tribus germanas fronterizas en el imperio romano tardío se ha destacado con frecuencia. Cincuenta años antes de la batalla de Manzikert, los selyúcidas habían bajado de sus oasis de Turkestán hasta Persia y Mesopotamia, derrocando al languideciente Estado de los búyidas y creando el gran imperio selyúcida con capital en Bagdad. La mayor parte de estos conquistadores turcos se hicieron sedentarios al transformarse en administración y ejército profesionales del nuevo sultanato, que, por su parte, heredó y asimiló las antiguas y afincadas tradiciones urbanas del «Viejo Islam», con sus profundas influencias persas, pasadas por el tamiz del legado del califato abásida. Al mismo tiempo, sin embargo, una permanente zona fronteriza de nómadas turcomanos no pacificados presionaba de forma desordenada sobre los límites del nuevo imperio. Con objeto de acorralar y disciplinar a esos grupos, Alp Arslan se dirigió al Cáucaso y, en su camino, se encontró casualmente con la decisiva destrucción del ejército bizantino en Manzikert[2]. Como hemos visto antes, a esta victoria no siguió ninguna invasión organizada de Anatolia por el sultanato selyúcida: sus preocupaciones militares se dirigían hacia el Nilo, pero no hacia el Bósforo. Quienes heredaron los frutos de Manzikert fueron los pastores turcomanos, que a partir de entonces pudieron adentrarse sin ningún obstáculo en el interior de Anatolia. Estos guerreros y aventureros fronterizos no sólo buscaban tierras para sus rebaños, sino que, por un proceso de autoselección, estaban marcados por el sello gazi, una fe musulmana militante, de cruzada, que rechazaba cualquier acuerdo con los infieles, como los que rechazaban a los estados establecidos del Viejo Islam[3]. Sin embargo, una vez que Anatolia quedó efectivamente ocupada por las sucesivas oleadas de emigración llegadas entre los siglos XI y XIII, el mismo conflicto se reprodujo en Asia Menor. El nuevo sultanato selyúcida de Rum, centrado en Konya, reconstruyó muy pronto un próspero Estado de inspiración persa que tuvo constantes problemas con los emiratos gazis, mucho más anárquicos, que le rodeaban, especialmente el de Danishmend, al que finalmente llegaron a dominar. Sin embargo, todos los estados turcos rivales de Anatolia, de cualquier tipo que fuesen, se rindieron muy pronto ante las invasiones mogolas del siglo XVII. La región volvió a ser un mosaico de pequeños emiratos y de pastores errantes. En medio de esta confusión surgió, a partir de 1302, el sultanato osmanli para convertirse en el poder dominante no sólo en Turquía, sino en todo el mundo islámico.

La dinámica peculiar del Estado otomano, que lo situó muy por delante de sus rivales de Anatolia, radica en su original combinación de principios gazis y del Viejo Islam[4]. Fortuitamente situado inicialmente en las planicies niceas, contiguas a los restos del imperio bizantino, su cercanía fronteriza con el mundo cristiano mantuvo en toda su plenitud el fervor militar y religioso, mientras que los otros emiratos del interior caían en una relativa laxitud. Los dirigentes osmanlis se concibieron desde el principio como misioneros gazi en guerra santa contra los infieles. Al mismo tiempo, su territorio se extendía a lo largo de la principal ruta comercial del Asia Menor, y de ahí que atrajera tanto a mercaderes y artesanos como a los ulemas religiosos, que eran los elementos sociales indispensables para el viejo Estado islámico, con una solidez institucional incompatible con el nomadismo y la idea de cruzada. De este modo, el sultanato osmanli, que desde 1300 a 1350 se había fortalecido en la práctica continua de la guerra, llegó a unir la complejidad legal y administrativa de las viejas ciudades islámicas con el furioso celo militar y proselitista de los gazi fronterizos. Al mismo tiempo, algunos de sus impulsos sociales básicos procedían aún de la búsqueda nómada de tierra, que había sido la fuerza impulsora de la primera ocupación turca de Anatolia[5]. La expansión territorial fue también un proceso de colonización económica y demográfica.

La Europa cristiana sintió muy pronto el potencial explosivo de esta fórmula política. Conocemos bien el avance triunfal de los ejércitos turcos en los Balcanes, alcanzando el interior de la península y rodeando a la cercada capital bizantina. En 1354, los turcos se habían establecido en Gallípolis; en 1361 tomaron Adrianópolis; en 1389, las fuerzas servias, bosnias y búlgaras fueron aniquiladas en Kosovo, con lo que quedó destrozada la resistencia eslava organizada en la mayor parte de la zona. Tesalia, Morea y Dobrudja fueron tomadas poco después. En 1396, la cruzada que se envió para detener su avance fue derrotada en Nicópolis. A esto siguió una breve pausa cuando el ejército de Bayaceto, que estaba ocupado en anexionar por la fuerza los emiratos musulmanes de Anatolia, se encontró con las huestes de Tamerlán, que recorrían la zona, y fue liquidado en Ankara, en buena medida porque sus contingentes gazi desertaron ante lo que creían una causa profana y fratricida. Llamado de nuevo a su vocación religiosa, el Estado osmanli se reconstruyó lentamente en los cincuenta años siguientes al otro lado del Bosforo y transfiriendo su capital a Adrianópolis, en primera línea de la guerra con la cristiandad[6]. En 1453, Mehmet II tomó Constantinopla. En la década de 1460 fueron tomadas Bosnia, en el norte y el emirato karamánida en Cilicia. En la década de 1470, el janato tártaro de Crimea fue reducido a la condición de vasallo y una guarnición turca se estableció en Caffa. En los primeros veinte años del siglo XVI, Selim I conquistó Siria, Egipto y el Hejaz. En la década siguiente, los otomanos tomaron Belgrado, sometieron la mayor parte de Hungría y sitiaron a la misma Viena. En esos momentos ya había sido invadida la mayor parte de la península balcánica. Grecia, Servia, Bulgaria, Bosnia y Hungría oriental eran provincias otomanas. Moldavia, Valaquia y Transilvania eran principados tributarios, bajo soberanos cristianos satélites, rodeados por territorios del Danubio y el Dniester, dominados directamente por los turcos. El mar Negro era un lago otomano. En Oriente Medio, mientras tanto, fue anexionado Irak y el Cáucaso fue absorbido inmediatamente después. En el Magreb, Argel, Trípoli y Túnez fueron sometidas sucesivamente a la soberanía turca. A partir de entonces, el sultán fue califa de todas las tierras sunnitas del Islam. En el momento de su apogeo bajo Solimán I, a mediados del siglo XVI, el reino osmanli era el imperio más poderoso del mundo. Eclipsando a su más cercano rival europeo, Solimán I gozaba de unos ingresos que doblaban los de Carlos V.

¿Cuál era la naturaleza de este coloso asiático? Sus contornos ofrecen un extraño contraste con los del contemporáneo absolutismo europeo. El fundamento económico del despotismo osmanli era la ausencia prácticamente total de propiedad privada de la tierra[7]. Toda la tierra cultivable o pastoril del imperio se consideraba patrimonio personal del sultán, con excepción de los lotes religiosos o waqf[8]. Según la teoría política otomana, el atributo fundamental de la soberanía era el derecho ilimitado del sultán a explotar todas las fuentes de riqueza de su reino como sus posesiones imperiales[9]. En consecuencia, no podía existir una nobleza estable y hereditaria en el imperio, porque no había ninguna propiedad segura que pudiera fundamentarla. La riqueza y el honor eran términos equiparables al Estado, y el rango era una simple función de la posición que se tuviera en él. El Estado se dividía de forma confusa en dos columnas paralelas, que los historiadores europeos (pero no los propios pensadores otomanos, lo que es significativo) llamaron posteriormente la «institución de gobierno» y la «institución musulmana (o religiosa)», aunque nunca existió una separación absoluta entre ambas[10]. La institución de gobierno comprendía todo el aparato militar y burocrático del imperio. La inmensa mayor parte de su estrato superior estaba formada por esclavos ex cristianos, cuyo núcleo había sido reclutado gracias a la invención de la devshirme. Esta institución, probablemente creada en la década de 1380, fue la expresión más notable de la interpenetración de los principios gazi y de los principios del Viejo Islam que definió al conjunto del sistema otomano ascendente[11]. Todos los años se reclutaban niños varones de las familias cristianas de las poblaciones sometidas de los Balcanes. Una vez arrebatados a sus padres, se enviaban a Constantinopla o Anatolia, para ser educados en la fe musulmana y preparados para los puestos de mando en el ejército o la administración como servidores inmediatos del sultán. De esta forma se conciliaban la tradición gazi, de conversión religiosa y expansión militar, y la tradición del Viejo Islam, de tolerancia y recaudación de tributos de los no creyentes.

La devshirme proporcionaba entre 1.000 y 3.000 reclutas esclavos para la institución de gobierno todos los años. A este número se añadían otros 4.000 o 5.000 prisioneros de guerra o comprados en el extranjero, que pasaban por el mismo proceso de adiestramiento para su elevación a la prepotencia y la servidumbre[12]. Constituido de esta forma, el cuerpo de esclavos del sultán suministraba los rangos más altos de la burocracia imperial, desde el supremo cargo de gran visir hasta los puestos provinciales de beylerbeys y sanjakbeys, y proporcionaba además la totalidad del ejército permanente de la Puerta, compuesto por la caballería especial de la capital y los famosos regimientos jenízaros, que constituían los ejércitos selectos de infantería y artillería del poderío otomano. (Una de las principales funciones de la devshirme consistía, precisamente, en proporcionar unos soldados de a pie disciplinados y dignos de confianza en una época en la que el predominio internacional de la caballería estaba llegando a su fin y los jinetes turcomanos se estaban mostrando como material poco propicio para su conversión en una infantería profesional). La sorprendente paradoja de una sinarquía de esclavos —inconcebible en el feudalismo europeo— tiene su explicación inteligible en el marco del conjunto del sistema social del despotismo osmanli[13], porque había un vínculo estructural entre la ausencia de propiedad privada de la tierra y la importancia de la propiedad estatal de los hombres. En efecto, cuando el estricto concepto jurídico de propiedad fue suprimido en el terreno fundamental de la riqueza básica de la sociedad, se disolvieron y transformaron por el mismo hecho las connotaciones convencionales de posesión en el ámbito de la mano de obra. Una vez que la propiedad de la tierra era prerrogativa de la Puerta, ya no era degradante ser propiedad humana del sultán: la «esclavitud» ya no se definía por oposición a la «libertad», sino por la cercanía al acceso a la dirección del imperio, una cercanía necesariamente ambigua que implicaba la heteronomía más completa, el privilegio sin límites y el poder. La paradoja de la devshirme era, pues, perfectamente lógica y funcional en su más alto grado dentro de la sociedad otomana.

Por otra parte, el cuerpo de esclavos del sultán no agotaba toda la institución de gobierno, sino que coexistía con el nativo estrato militar islámico de guerreros sipahis, que ocupaban dentro del sistema una posición muy diferente pero complementaria. Estos soldados musulmanes de a caballo constituían una caballería «territorial» en las provincias y se alojaban en las propiedades territoriales del sultanato, o timars (que en algunos casos podían formar unidades más grandes, o ziamets), de las que podían recibir unos ingresos cuidadosamente establecidos a cambio del servicio militar que prestaban. La renta procedente del timar determinaba la amplitud de las obligaciones de su titular: por cada 3.000 aspers, los timariot tenían que proporcionar un jinete adicional. Los sipahis fueron establecidos por Murad I en la década de 1360, y se ha estimado que en 1475 había unos 22.000 en Rumelia y 17.000 en Anatolia, donde los timars eran normalmente más pequeños[14]. La reserva total de caballería que podía movilizarse gracias a este sistema era, por supuesto, mucho mayor. Había una competencia continua por los timars en las fronteras europeas del imperio; entre otros, los jenízaros victoriosos las recibían como premio a sus servicios. La Puerta nunca extendió plenamente este sistema hasta las más remotas tierras árabes, conquistadas en su retaguardia a principios del siglo XVI, donde podía prescindir de los servicios de caballería que necesitaba en sus fronteras cristianas y en las zonas turcas situadas inmediatamente detrás. Así, las provincias de Egipto, Bagdad, Basora y el golfo Pérsico no tenían tierras timar, pero estaban guarnecidas por tropas jenízaras y pagaban una suma anual fija al tesoro central en concepto de impuestos. Estas regiones tenían en el imperio una función económica mucho más importante que la militar. El eje original del orden otomano pasaba a través de los Estrechos, y las instituciones que prevalecían en las «madres patrias» de Rumelia y Anatolia —sobre todo Rumelia— fueron las que definieron su forma básica.

En el imperio otomano, los timariots y los zaims representaban la analogía más cercana a una clase de caballeros. Pero las propiedades timar no eran, en modo alguno, verdaderos feudos. Aunque los sipahis realizasen en sus localidades algunas funciones administrativas y de policía para el sultanato, no ejercían un dominio feudal o una jurisdicción señorial sobre los campesinos que trabajaban en sus timars. Los timariots no desempeñaban prácticamente ningún papel en la producción rural, sino que eran elementos exteriores a la economía agraria. Los campesinos tenían una seguridad hereditaria sobre las parcelas que cultivaban, mientras que los timariots carecían de ella: los timars no se podían heredar, y a la llegada de cada nuevo sultán eran cambiados sistemáticamente para impedir que los timariots se hicieran fuertes en ellos. Los timars, más cercanos jurídica y etimológicamente al sistema pronoia que les precedió, tenían un alcance mucho más limitado y estaban controlados desde el centro con más firmeza de lo que había estado el sistema griego[15]. En el imperio otomano comprendían menos de la mitad de las tierras cultivadas de Rumelia y Anatolia, el resto de las cuales (excepto los waqfs) estaba reservado para el uso directo del sultán, de la familia imperial o de los altos funcionarios de palacio[16]. El estrato timariot era, pues, en esta época, un componente económica y políticamente subordinado, aunque poderoso, del orden dominante.

Relativamente separada del complejo burocrático-militar de la «institución de gobierno» estaba la «institución musulmana», que comprendía el aparato religioso, legal y educativo del Estado y estaba dirigida, con pocas excepciones, por nativos islámicos ortodoxos. Los jueces (kadis), los teólogos (ulemas), los maestros (medresas) y una masa de otros clérigos estipendiarios llevaban a cabo las tareas ideológicas y jurídicas esenciales del sistema otomano de dominación. La cima de la «institución musulmana» era el mufti de Estambul, o Sheikh ul-Islam, supremo dignatario religioso que interpretaba para los creyentes la ley sagrada de la Saria. La doctrina islámica nunca había admitido una separación o distinción entre la Iglesia y el Estado; esta idea apenas tenía algún sentido para ella. El imperio osmanli fue el primer sistema político musulmán que creó una jerarquía religiosa especialmente organizada, con un clero comparable al de una verdadera Iglesia. Además, esta jerarquía era la que proporcionaba el personal judicial y civil más importante del aparato del Estado, porque los kadis que se reclutaban de entre los ulemas eran los pilares de la administración provincial otomana. Así pues, también en este caso actuaba un nuevo complejo de presiones gazis y del Viejo Islam. El celo religioso de las primeras encontró una salida en el oscurantismo fanático de los ulemas turcos, mientras que el peso social de las segundas quedaba a salvo por medio de su firme integración en la maquinaria del sultanato. Una consecuencia de todo esto fue que, en algunas ocasiones, el Sheikh ul-Islam pudo bloquear algunas iniciativas de la Puerta invocando principios de la Saria, de los que él era el guardián oficial[17]. En cierto sentido, esta limitación formal de la autoridad del sultán era la contrapartida del nuevo poder asumido por el Estado otomano desde la creación de un aparato eclesiástico profesional. Esta práctica no cancelaba en modo alguno el despotismo político ejercido por el sultán sobre sus posesiones imperiales, que correspondía plenamente a la definición weberiana de la burocracia patrimonial, en la que los problemas del derecho siempre tienden a convertirse en simples cuestiones de administración, ligadas a la tradición consuetudinaria[18].

Dado que el conjunto del territorio cultivable del imperio se consideraba propiedad del sultanato, el objetivo interno fundamental del Estado otomano, que determinaba su organización y división administrativa, era lógicamente la explotación fiscal de las posesiones imperiales. Para este propósito, se dividió a la población en una clase dominante osmanlilar, que integraba las instituciones de gobierno y religiosa, y una clase súbdita rayah, compuesta por musulmanes o infieles. La gran mayor parte de esta última, por supuesto, eran campesinos, que en los Balcanes eran cristianos. Bajo el dominio otomano nunca se llevó a cabo ningún intento de imponer la conversión en masa de las poblaciones cristianas de los Balcanes. Si se hubiera hecho esto, se habría prescindido de las ventajas económicas ofrecidas por una clase infiel rayah, que por las antiguas tradiciones del Viejo Islam y de la Saria podía ser sometida a impuestos especiales no extensibles a los súbditos musulmanes, lo que creaba un conflicto directo entre la tolerancia motivada por los impuestos y la conversión motivada por el celo misionero. Como ya hemos visto, el devshirme resolvía este problema para los osmanlis extrayendo grupos de niños islamizados, mientras dejaba el resto de la población en su fe tradicional y pagando por ello el precio tradicional. Todos los rayahs cristianos tenían que pagar un impuesto especial de capitación al sultán y diezmos para el mantenimiento de los ulemas. Además de esto, los campesinos que cultivasen tierras de timars o ziamets tenían que pagar rentas en dinero a los titulares de esos beneficios. La Puerta fijaba con todo detalle el importe de estas rentas, que no podían ser arbitrariamente cambiadas por el timariot o el zaim. A los arrendatarios se les garantizaba la seguridad de su posición, para asegurar así la estabilidad de las rentas fiscales, y se les protegía contra las exacciones señoriales, para impedir cualquier apropiación local del excedente destinado al centro imperial. Las prestaciones de trabajo que habían existido bajo los príncipes cristianos fueron reducidas o abolidas[19]. El derecho de los campesinos a cambiar de residencia quedó bajo control, aunque no fue eliminado completamente; en la práctica, la competencia entre los timariots por la mano de obra favorecía la movilidad informal en el campo. Así, durante los siglos XV y XVI, el campesinado de los Balcanes se encontró de pronto liberado de la creciente degradación servil y de la explotación señorial de los señores cristianos y transportado a una condición social que, paradójicamente, era en muchos aspectos más llevadera y más libre que en cualquier otro país de la Europa oriental en la misma época.

El destino de los campesinos de los Balcanes contrasta con el de sus señores tradicionales. En las primeras fases de la conquista turca, algunos sectores de las aristocracias cristianas locales de los Balcanes se pasaron al campo de los otomanos, luchando con ellos en el campo de batalla en calidad de auxiliares y aliados tributarios. Este tipo de colaboración tuvo lugar en Servia, Bulgaria, Valaquia y en otros lugares. Pero con la consolidación del poderío imperial otomano en Rumelia, la autonomía residual de estos señores llegó a su fin. Unos pocos —en su mayor parte, de Bosnia— se convirtieron al Islam y quedaron asimilados a la clase dominante otomana. A otros, sin necesidad de conversión, se les concedieron timars en el nuevo sistema agrícola. Pero los timariots cristianos no fueron numerosos, y sus propiedades eran normalmente modestas, con pequeños ingresos. Al cabo de pocas generaciones habían desaparecido por completo[20]. Así pues, en la mayor parte de los Balcanes quedó eliminada muy pronto la nobleza étnica local, un hecho de gran importancia para el futuro desarrollo social de esta zona. Más allá del Danubio, en Valaquia, Moldavia y Transilvania, el sultanato nunca procedió a una ocupación y administración directas. En Valaquia y Moldavia se permitió a la clase boyarda rumana —recientemente formada y que acababa de aparecer en la etapa de unificación política y de sometimiento económico del campesinado indígena— la conservación de sus tierras y del poder provincial, con la única obligación de pagar a Estambul un fuerte tributo anual en especie. En Transilvania se dejó a los terratenientes magiares el dominio de una población que en su mayor parte les era étnicamente ajena: rumanos, sajones o szekels. Por lo demás, el dominio otomano sobre el sudeste de Europa limpió a los Balcanes de toda nobleza local. Las últimas consecuencias de estos profundos cambios en los sistemas sociales indígenas fueron complejas y contradictorias.

Por una parte, y después de la consolidación de la conquista turca, esos cambios condujeron a una mejora definitiva en las condiciones materiales del campesinado. Y no sólo porque se rebajaran los impuestos y cargas rurales, sino porque la duradera paz otomana en la sometida zona sudoriental, que quedaba tras el frente de Europa central, alejó del campo la ruina de las constantes guerras nobiliarias. Por otra parte, sin embargo, las consecuencia sociales y culturales de la completa destrucción de las clases dominantes autóctonas fueron sin duda alguna regresivas. Las aristocracias de los Balcanes habían explotado al campesinado de forma mucho más opresiva que la administración otomana en su momento de apogeo. Pero la misma constitución de una nobleza territorial representaba, en la época medieval tardía y en la primera época moderna, un indudable avance histórico en estas formaciones sociales atrasadas, porque significaba una ruptura con los principios de organización por clanes, con la fragmentación tribal y con las rudimentarias formas culturales y políticas derivadas de ellas. El precio que se pagaba por este avance era, precisamente, la estratificación en clases y una mayor explotación económica. Como ya hemos visto, los estados medievales tardíos de los Balcanes fueron notablemente débiles y vulnerables. Pero el colapso sufrido antes de las invasiones turcas no significaba que careciesen de nuevo potencial para su desarrolló. En realidad, la primera época de la Europa feudal, tanto en Occidente como en Oriente, se caracterizó por un modelo de aparentes «falsos comienzos» y subsiguientes recuperaciones, que por regla general tomó la forma inicial de unas estructuras administrativas «prematuramente» centralizadas, tales como las que se hundieron en los Balcanes a finales de la Edad Media. La eliminación de la clase terrateniente local por los turcos impidió, a partir de entonces, una dinámica endógena de ese tipo. Por el contrario, su principal consecuencia cultural y política fue una verdadera regresión a las instituciones ciánicas y a las tradiciones particularistas de la población rural de los Balcanes. Así, en las tierras de Servia —donde se ha estudiado este fenómeno con especial atención— los plemena tribales, la jefatura knez y las redes de parentesco zadruga, que estaban desapareciendo rápidamente antes de la conquista otomana, revivieron ahora en el campo como poderosas unidades de organización social[21]. La recaída general en el localismo patriarcal fue acompañada por una notable decadencia hacia el analfabetismo. La articulación cultural de la vida de las poblaciones sometidas se convirtió en monopolio del clero ortodoxo, cuyo servilismo hacia los señores turcos sólo podía compararse con su ignorancia y superstición. Las ciudades perdieron su importancia comercial e intelectual, convirtiéndose en centros militares y administrativos del dominio otomano, que estableció en ellas a tenderos y artesanos turcos[22]. De esta forma, aunque la gran masa de la población rural se benefició materialmente del impacto inicial de la conquista turca, debido a que produjo una disminución en el volumen de excedente extraído de los productores inmediatos del campo, la otra cara del mismo proceso histórico fue la interrupción de un desarrollo social indígena hacia un orden social más avanzado, una regresión hacia formas patriarcales prefeudales y un largo estancamiento de toda evolución histórica en la península de los Balcanes.

Las provincias asiáticas del imperio turco experimentaron, mientras tanto, una recuperación y un avance considerables durante el apogeo del poderío otomano en el siglo XVI. Si Rumelia se mantuvo como principal teatro bélico para los ejércitos del sultán, Anatolia, Siria y Egipto gozaron de los beneficios de la paz y la unidad que llevó al Oriente Medio la conquista osmanli. La inseguridad creada en el Levante mediterráneo por la decadencia de los estados mamelucos dio paso a una administración firme y centralizada, que suprimió el bandidaje y estimuló el comercio interregional. La última depresión medieval de las economías siria y egipcia, duramente afectadas por la invasión y las plagas, se superó gracias a la recuperación de la agricultura y al aumento de la población. Estas dos provincias llegaron a suministrar un tercio de los ingresos totales del tesoro imperial[23]. El crecimiento demográfico —clara señal de expansión agrícola— fue especialmente notable en Anatolia: en el transcurso del siglo, la población rural llegó a aumentar quizá en un 20 por 100. El comercio floreció tanto en estas provincias orientales como, de forma más especial, a lo largo de las rutas comerciales internacionales que unían a Europa occidental con Asia occidental a través del Mediterráneo o a través del mar Negro. Se prestó una cuidadosa atención a las carreteras y se construyeron en ellas puestos oficiales de correo; los mares eran patrullados por flotas otomanas contra la piratería. Grandes cantidades de especias, sedas, algodón, esclavos, terciopelos, alumbre y otros artículos se embarcaban o se transportaban en caravanas a lo largo del imperio. El comercio de tránsito por el Oriente Medio floreció bajo la protección de la Puerta para beneficio del Estado otomano.

Esta prosperidad comercial provocó, a su vez, un alza notable del crecimiento urbano. Es posible que la población de las ciudades se haya duplicado durante el siglo XVI[24]. En sus primeros momentos, la sociedad osmanli poseía un limitado pero floreciente número de centros manufactureros en Brusa, Edirne y otras ciudades, que producían o procesaban las sedas, los terciopelos y otros productos de exportación[25]. Mehmet II, cuando conquistó Bizancio, siguió una política económica más ilustrada que la de los emperadores Comnenos o Paleólogos, aboliendo los privilegios comerciales de Venecia y Génova y estableciendo unos aranceles proteccionistas muy suaves para promover el comercio local. Al cabo de un siglo de dominio turco, la población de Estambul había pasado de 40.000 a 400.000 habitantes. En el siglo XVI era, sin comparación, la mayor ciudad de Europa.

Sin embargo, el crecimiento económico del imperio en sus momentos culminantes tuvo, desde el principio, unos límites muy definidos. La recuperación agrícola de las provincias asiáticas durante el siglo XVI no parece haber provocado ninguna mejora importante en la tecnología rural. La innovación más significativa en la agricultura del Oriente Medio a principios de la época moderna —la introducción del maíz americano— tuvo lugar en una etapa posterior, cuando ya había comenzado la decadencia imperial. La expansión demográfica de Anatolia puede atribuirse, en buena medida, al restablecimiento de la paz y a la sedentarización de las tribus nómadas, cuando la estabilización del dominio otomano permitió una nueva expansión de la colonización agrícola tras la última despoblación de Bizancio. Pero este crecimiento habría de alcanzar muy pronto sus límites negativos, a medida que la disponibilidad de tierra se agotaba para los niveles técnicos existentes. Al mismo tiempo, el renacimiento comercial del imperio no se reflejó necesariamente en la actividad de las manufacturas interiores y ni siquiera en la importancia de los mercaderes locales, porque el carácter particular de la economía urbana y del gobierno de las tierras otomanas siempre estuvo presidido por las obligaciones impuestas por el sultanato. Ni la artesanía provincial, ni una gran capital, ni la preocupación esporádica de algunos soberanos individuales podían transformar la relación básicamente perjudicial del Estado otomano con las ciudades o las industrias. Las tradiciones políticas islámicas no poseían ningún concepto de las libertades urbanas. Las ciudades carecían de autonomía municipal o corporativa; en realidad carecían incluso de existencia legal. «Del mismo modo en que no había un Estado, sino tan sólo un soberano y sus agentes, y así como no había tribunales, sino únicamente un juez y sus ayudantes, tampoco había ciudades, sino un conglomerado de familias, barrios y gremios, cada uno de ellos con sus jefes o dirigentes[26]. Dicho de otra forma, las ciudades no tenían ninguna defensa contra la voluntad del Señor de los Creyentes y de sus servidores. Los mercados urbanos estaban controlados por la regulación oficial de los precios de los productos y por la compra obligatoria de materias primas. El Estado supervisaba de cerca los gremios de artesanos y reforzaba su característico conservadurismo técnico. Además, el sultanato intervenía casi siempre contra los intereses de las comunidades autóctonas de mercaderes, a quienes los ulemas miraban con continuo recelo y que eran detestadas por el populacho de artesanos. La política económica del Estado tendía a ser discriminatoria contra el capital comercial a gran escala y a patrocinar la pequeña producción con su arcaísmo gremial y su fanatismo religioso[27]. La característica ciudad turca llegó a estar dominada finalmente por un menu peuple, atrasado y estancado, que impedía cualquier innovación o acumulación empresarial. Dada la naturaleza del Estado otomano, no quedaba ningún espacio libre en el que pudiera desarrollarse una burguesía mercantil turca y, a partir del siglo XVII, las funciones comerciales correspondieron cada vez más a las comunidades minoritarias de infieles —griegos, judíos o armenios—, que en cualquier caso siempre habían dominado el comercio de exportación con Occidente. Los comerciantes y productores musulmanes se limitaban por lo general a las ocupaciones de pequeños tenderos y artesanos.

Así pues, el nivel de la economía otomana no alcanzó, ni siquiera en el momento de su apogeo, un grado de avance comparable al del sistema político otomano. La fuerza motriz básica de la expansión imperial siguió siendo siempre de carácter militar. Ideológicamente, la estructura de la dominación turca no reconocía ninguna frontera geográfica natural. La cosmogonía osmanli dividía al planeta en dos grandes zonas: la Casa del Islam y la Casa de la Guerra. La Casa del Islam comprendía las tierras habitadas por los verdaderos creyentes, que habrían de reunirse progresivamente bajo las banderas del sultán. La Casa de la Guerra cubría al resto del mundo, habitado por los no creyentes y cuyo destino consistía en ser conquistado por los soldados del Profeta[28]. Para propósitos prácticos, esto quería decir la Europa cristiana, a cuyas puertas habían establecido los turcos su capital. De hecho, durante toda la historia del imperio, el verdadero centro de gravedad de la clase dominante osmanlilar fue Rumelia —la propia península balcánica— y no Anatolia, la patria turca. De allí partieron un ejército tras otro, marchando siempre en dirección norte hacia la Casa de la Guerra, para ampliar la morada del Islam. El fervor, el número y la habilidad de las tropas del sultán las hicieron invencibles en Europa hasta doscientos años después de que pasaran por primera vez a través de Gallípolis. La caballería sipahi, que salía para campañas estacionales y saqueos por sorpresa, y la selecta infantería de jenízaros fueron armas mortíferas de la expansión otomana en el sudeste de Europa. Los sultanes no dudaban, además, en utilizar la mano de obra y los conocimientos de los cristianos en formas diferentes a las de la devshirme que les proporcionaba sus regimientos de a pie. Algunas veces, la artillería turca, que se contaba entre las más avanzadas de Europa, fue fundida especialmente para la Puerta por ingenieros occidentales renegados. La armada turca rivalizó muy pronto con la de Venecia, gracias a la experiencia de sus capitanes y sus tripulaciones griegas[29]. Apropiándose con voracidad los técnicos y artesanos militares procedentes de Europa, la máquina de guerra de los otomanos combinó en su apogeo la modernidad cualitativa de los mejores ejércitos cristianos con una movilización cuantitativa muy superior a la que podía oponerle cualquier Estado cristiano. Unicamente las coaliciones podían hacerles frente a lo largo de las fronteras danubianas. Hasta el sitio de Viena de 1529, las picas españolas y austríacas no fueron capaces de reducir a los sables de los jenízaros.

Sin embargo, la decadencia del despotismo turco comenzó gradualmente desde el mismo momento en que fue detenida su expansión. El cierre de la frontera osmanli en Rumelia produjo una serie de efectos en cadena sobre el mismo imperio. Comparado con los estados absolutistas europeos de finales del siglo XVI y principios del XVII, el imperio turco era comercial, cultural y tecnológicamente más atrasado. Se había abierto paso en Europa a través del ángulo más débil de defensa del continente, es decir, de la ruinosa fachada social de los Balcanes en su último período medieval. Pero enfrentado a las monarquías de los Habsburgo, mucho más robustas y representativas, fue incapaz de imponerse por tierra (Viena) o por mar (Lepanto). A partir del Renacimiento, el feudalismo europeo había dado origen a un capitalismo mercantil que no pudo reproducir ningún despotismo asiático, y menos que ninguno el de la Puerta, con su completa ignorancia de los nuevos descubrimientos y su desprecio hacia las manufacturas. El fin de la expansión turca estuvo determinado por la creciente superioridad económica, social y política de la Casa de la Guerra. Los efectos de esta inversión de fuerzas para la Casa del Islam fueron múltiples. La estructura de la clase dominante osmanlilar se había basado en la conquista militar perpetua. Eso era lo que le había permitido el anómalo dominio del aparato estatal por una élite de esclavos de origen no musulmán. Mientras las fronteras no se cerrasen ante el avance de los ejércitos otomanos, la necesidad y racionalidad de los cuerpos de jenízaros y de la devshirme estaban justificadas en la práctica para el conjunto de la clase dominante: las victorias de Varna, Rodas, Belgrado y Mohács se consiguieron gracias a ellos. La conquista militar fue también lo que hizo posible el moderado nivel inicial de la explotación rural en los Balcanes y la firme supervisión central que se ejercía sobre ella, porque el conjunto de la clase osmanlilar podía confiar en la obtención de su fortuna por medio de la conquista extensiva e ininterrumpida de tierras procedentes de la Casa de la Guerra, al multiplicarse los timars y los ziamets con el avance hacia el norte. Por tanto, los mecanismos sociales del pillaje eran fundamentales para la unidad y la disciplina rígidas del Estado turco en su momento de apogeo.

Pero, una vez finalizada la expansión territorial, se hizo inevitable una lenta involución de toda esta enorme estructura. Los privilegios de un cuerpo extraño de esclavos, privado de sus funciones militares, se hicieron cada vez más intolerables para el grueso de la clase dominante del imperio, que finalmente empleó toda su fuerza para normalizar y recuperar el mando del aparato político de la institución de gobierno. Los excedentes de la población rural, que se habían alistado como auxiliares o como filibusteros en los ejércitos de la Puerta, se dedicaron a la rebelión social o al bandidaje cuando la máquina militar ya no los pudo absorber. Por otra parte, el fin de la adquisición extensiva de tierras y tesoros condujo inevitablemente a unas formas de explotación mucho más intensivas dentro de las fronteras del poderío turco a costa de la clase rayah. La historia del imperio otomano desde finales del siglo XVI hasta principios del XIX es, por tanto, la historia de la desintegración del Estado imperial central, la consolidación de una clase terrateniente provincial y la degradación del campesinado. Este largo proceso de decadencia, que no careció de fugaces recuperaciones políticas y económicas, no tuvo lugar en unos Balcanes aislados del resto del continente europeo. Por el contrario, la decadencia se agravó y profundizó a causa del impacto internacional de la supremacía económica de Europa occidental, bajo cuya influencia cayó cada vez más el imperio otomano, paralizado por el parasitismo tecnológico y el oscurantismo teológico. Desde la revolución de los precios del siglo XVI hasta la revolución industrial del XIX, la sociedad balcánica recibió un influjo creciente del desarrollo capitalista de Occidente.

La decadencia a largo plazo del imperio otomano estuvo determinada por la superioridad económica y militar de la Europa absolutista. A corto plazo, sus mayores reveses los sufrió en Asia. La guerra de los Trece Años contra Austria, desde 1593 a 1606, fue un empate costoso. Pero las guerras contra Persia, mucho más largas y destructivas, que duraron, con breves intervalos, desde 1578 hasta 1639, acabaron en la frustración y la derrota. La victoriosa consolidación del Estado safávida en Persia representó el cambio decisivo en la fortuna del Estado osmanli. Las guerras persas, que acabaron en la pérdida final del Cáucaso, infligieron destrozos inmensos en el ejército y la burocracia de la Puerta. Anatolia, la patria de la población étnicamente turca del imperio, nunca había sido su centro político. En los siglos XIV y XV, el nuevo sistema social otomano se había implantado sistemáticamente en Rumelia, donde la propiedad de la tierra y la administración militar se modelaron de acuerdo con las necesidades internacionales del Estado imperial. La estructura social y religiosa de Anatolia, por el contrario, se mantuvo mucho más tradicional, con fuertes residuos de la vieja organización nómada y tribal en los beyliks del interior y una latente hostilidad hacia la laxitud cosmopolita de Estambul. Los timars de Anatolia eran más pequeños y pobres que los de Rumelia. La clase sipahi local, que padecía los costos crecientes de la participación en las campañas bélicas estacionales a causa de la exorbitante inflación de finales del siglo XVI, mostraba cada vez menos entusiasmo hacia la lucha intermusulmana con Persia. Al mismo tiempo, la expansión agraria de la Anatolia rural ya había llegado a su fin; el importante aumento de población había acabado por crear en las altiplanicies una numerosa clase de campesinos sin tierras o levandat. Los levandat, reclutados sin orden ni concierto en las levas impuestas por los gobernadores provinciales, tenían entrenamiento militar pero carecían de disciplina. Las tensiones de las guerras y las victorias del enemigo en la frontera oriental precipitaron, pues, gradualmente, el colapso del orden público en Anatolia. El descontento de los timariot se fundió con la miseria de los campesinos en una serie de insurrecciones tumultuosas, las llamadas rebeliones jelali, que estallaron entre 1594 y 1610 y se repitieron en 1622-38, mezclando los motines provinciales, el bandidaje social y el resurgir religioso[30]. También fue en estos años cuando las correrías de los cosacos por el mar Negro alcanzaron con humillante éxito a Varna, Sinop y Trebisonda, llegando incluso a saquear los suburbios del mismo Estambul. Finalmente, los dirigentes sipahi de las rebeliones jelali de Anatolia fueron sobornados, mientras sus seguidores levandat eran reprimidos. Pero el daño causado a la reputación internacional del sistema otomano por la extensión del bandolerismo y la anarquía fue muy grande. En las postrimerías del siglo XVII estallaron nuevas rebeliones jelali en zonas rurales en las que la pacificación nunca había sido completa.

En la misma Puerta, mientras tanto, los costos de la larga contienda con Persia se agravaron a causa de la creciente inflación que provenía de Occidente. El influjo de los metales preciosos americanos en la Europa renacentista se había abierto paso hasta el imperio turco en las últimas décadas del siglo. La relación entre el oro y la plata dentro de los dominios otomanos era más baja que en Occidente y, por tanto, la exportación de moneda de plata hacia el imperio era muy rentable para los mercaderes europeos, que la recobraban en oro. La consecuencia de esta inyección masiva de plata fue, naturalmente, una rápida subida de los precios, que el sultanato intentó en vano detener por medio de la depreciación del aspro. Entre 1534 y 1591, el valor de los ingresos del Tesoro descendió a la mitad[31]. A partir de entonces, los presupuestos anuales tuvieron siempre un profundo déficit debido a las interminables guerras contra Austria y Persia. La consecuencia inevitable fue un gran aumento en la presión fiscal sobre toda la población sometida del imperio. La capitación rayah que pagaban los campesinos cristianos se multiplicó por seis entre los años 1574 y 1630[32]. Estas medidas, sin embargo, sólo podían paliar una situación en la que el mismo aparato del Estado ya daba muestras de malestar y de crisis profunda.

El cuerpo de jenízaros y el estrado devshirme que habían formado la cima del aparato imperial otomano en la época de Mehmet II fueron los primeros en revelar los síntomas generales de descomposición. A principios del siglo XVI, durante el reinado de Solimán I, los jenízaros conquistaron el derecho de casarse y tener hijos, ataduras que hasta entonces les habían estado prohibidas. Este hecho aumentó naturalmente el costo de su mantenimiento, que, de todas formas, ya había aumentado enormemente a causa de la inflación transmitida por el influjo de la plata procedente de Europa occidental a través del comercio mediterráneo del imperio, en el que prácticamente no se producía ninguna manufactura. Así pues, los jenízaros multiplicaron por cuatro su paga entre 1350 y 1600, mientras el aspro turco de plata era repetidamente devaluado y el índice general de precios se multiplicaba por diez[33]. Para atender a su sustento, los jenízaros fueron autorizados a complementar sus ingresos dedicándose a la artesanía y al comercio, cuando no a la guerra de a pie. En 1574, con la subida al trono de Selim II, obtuvieron por la fuerza el derecho de enrolar a sus hijos en los regimientos de jenízaros. De esta forma, una élite militar, profesional y selecta se convirtió progresivamente en una milicia hereditaria y semiartesanal. Su disciplina se desintegró en la misma medida. En 1589, el primer motín victorioso de los jenízaros para obtener un aumento de sueldo derrocó al gran visir y estableció una pauta que habría de hacerse endémica en la vida política de Estambul; en 1622 fue depuesto el primer sultán a causa de una insurrección de los jenízaros. Mientras tanto, la desaparición del hermético aislamiento que había separado al estrato devshirme del resto de la clase dominante osmanlilar condujo, como era lógico, a la disolución de su identidad como tal devshirme. A finales del siglo XVI, durante el reinado de Murad III, los musulmanes nativos adquirieron el derecho de entrar en las filas de los jenízaros. Finalmente, en tiempos de Murad IV, en la década de 1630, las levas devshirme habían desaparecido por completo. Los regimientos de jenízaros conservaban todavía, sin embargo, la exención de impuestos y otros privilegios tradicionales. Había, pues, una demanda permanente de la población musulmana por alistarse en ellos. Mientras tanto, el malestar social del período jelali condujo a la extensión de guarniciones de jenízaros por todas las ciudades provinciales del imperio para que se encargaran de la seguridad interior. De esta forma, a partir de mediados del siglo XVII, los jenízaros se convirtieron en grandes organismos mal entrenados de milicia urbana, muchos de los cuales ya no residían en los cuarteles, sino en sus tiendas o en sus talleres, como pequeños comerciantes y artesanos (por más que su presencia en los gremios hiciera descender con frecuencia los niveles del oficio), mientras que los más prósperos adquirían derechos sobre las tierras de la localidad. El valor militar de los jenízaros se volvió insignificante; su principal función política consistía en formar una masse de manoeuvre fanatizada al servicio de la intolerancia de los ulemas y de las intrigas palaciegas.

Mientras tanto, el sistema timar había experimentado una degeneración similar. La caballería ligera, proporcionada por los sipahis, cayó en la obsolescencia militar ante las mejoras introducidas en las armas europeas y la consolidación de los ejércitos permanentes en las potencias cristianas. Las reluctantes salidas estivales de los jinetes timariot (con su fortaleza en el campo de batalla debilitada por la depreciación de sus ingresos) eran perfectamente inadecuadas contra el fuego pesado de los fusiles alemanes. Así, en medio de una creciente corrupción en Estambul, el Estado tendió a asignar cada vez más timars a los altos funcionarios para objetivos no militares, o a reabsorberlos para la Tesorería. El resultado fue un rápido descenso de los efectivos sipahi a principios del siglo XVII. A partir de entonces, los ejércitos otomanos se basaron fundamentalmente en las compañías de fusileros pagados o en las unidades de sekban (originalmente, auxiliares irregulares de las provincias), que ahora pasaron a ser las formaciones militares centrales del imperio[34]. El mantenimiento de las tropas sekban como fuerza permanente intensificó y monetarizó la carga fiscal de las tierras otomanas en una coyuntura de probable recesión económica en la mayor parte del Mediterráneo oriental. En Anatolia se habían agotado las nuevas tierras cultivables. Los comercios de especias y sedas fueron capturados y desviados por los barcos ingleses y holandeses, cuyas operaciones en el océano Indico rodeaban ahora por su retaguardia al imperio otomano. Por otra parte, Egipto, donde se había mantenido bien la agricultura tradicional[35], volvía cada vez más al control local de los mamelucos. Las dificultades políticas y financieras del Estado se complicaron con la degeneración de la dinastía. En el siglo XVII, el calibre de los soberanos imperiales —cuya despótica autoridad se había ejercido hasta entonces con considerable capacidad— se hundió a causa de un nuevo sistema sucesorio. A partir de 1617, el sultanato pasó al varón mayor sobreviviente de la línea osmanli, normalmente secuestrado desde su nacimiento dentro de la «Jaula de los Príncipes», mazmorras damasquinadas, virtualmente destinadas a producir desequilibrio patológico o imbecilidad. Esos sultanes no estaban en condiciones de controlar o detener el incesante deterioro del sistema estatal que tenían detrás. Fue en esta época cuando las maniobras clericales del Sheikh ul-Islam comenzaron a adueñarse del sistema de decisión política[36], cada vez más venal e inestable.

A pesar de todo, el imperio otomano se mostró capaz de un último y formidable esfuerzo militar en Europa en la segunda mitad del siglo XVII. Los reveses de la guerras de Persia, los desórdenes del bandidaje de Anatolia, las humillaciones de las correrías cosacas y la desmoralización de los cuerpos de jenízaros, fueron sucedidos por una reacción eficaz, aunque temporal, de la Puerta. De 1656 a 1676, los visiratos Köprülü restablecieron una vez más la administración marcial y vigorosa en Estambul. La hacienda otomana se recuperó por medio de préstamos obligatorios y de extorsiones fiscales; los gastos se cortaron gracias a la poda de sinecuras; los regimientos permanentes mejoraron su entrenamiento y su equipamiento de infantería, y, en fin, se hizo buen uso de la todavía poderosa caballería tártara en el teatro póntico. La decadencia del régimen safávida en Persia alivió simultáneamente la presión sobre el Este y permitió el último avance turco en el Oeste. Los principados del Danubio, cuyos señores se habían vuelto cada vez más turbulentos, fueron sometidos. Con la captura de Creta en 1669 terminó con éxito una guerra de veinte años contra Venecia. En 1672, movilizando los contingentes de caballería del janato de Crimea, las fuerzas otomanas conquistaron Podolia en la guerra contra Polonia. En la década siguiente, los otomanos libraron una larga y salvaje lucha contra Rusia por el dominio de Ucrania. Bloqueada finalmente en este conflicto, que terminó en 1682 con una tregua que confirmaba el statu quo ante, después de una terrible devastación de Ucrania, el poderío turco se volvió contra Austria en 1683. El nuevo visir Kara Mustafá, más agresivo aún que Mehmet Köprülü, a quien había sucedido, reunió a un gran ejército para realizar un ataque frontal sobre Viena. Ciento cincuenta años después del sitio de la capital de los Habsburgo por Solimán II, los osmanlis lanzaron un segundo asalto. El fracaso del primero se había limitado a estabilizar el frente del avance turco sobre la cristiandad. La derrota del segundo, con la victoriosa liberación de Viena por una fuerza mixta de soldados polacos, imperiales, sajones y bávaros en 1683, condujo al colapso de toda la posición otomana en la Europa central. La recuperación de los Köprülü fue, por tanto, artificial y de corta duración: sus éxitos iniciales llevaron a la Puerta a sobreestimar su fuerza, lo que produjo unos resultados desastrosos e irreversibles. El fiasco de Viena fue seguido por una lenta retirada, que terminó en 1699 con la pérdida completa de Hungría y Transilvania ante los Habsburgo, mientras Polonia reconquistaba Podolia y Venecia ocupaba Morea. A partir de entonces, la Casa del Islam iba a estar perpetuamente a la defensiva en los Balcanes, en el mejor de los casos deteniendo temporalmente los avances de los infieles y, en el peor, retrocediendo repetida y definitivamente ante ellos.

La parte esencial en el repliegue del imperio turco durante los cien años siguientes correspondió al absolutismo ruso más que al austríaco. El ímpetu militar de los Habsburgo se agotó relativamente pronto, después de la conquista del Banato en 1716-18. Las fuerzas otomanas detuvieron a los ejércitos austríacos en 1736-39 y reconquistaron Belgrado. Pero en el Norte no pudieron detener la expansión de los Románov en la zona del Euxino. La derrota ante Rusia en 1768-74 acarreó la pérdida de las tierras situadas entre el Bug y el Dniester y el establecimiento de derechos de intervención zarista en Moldavia y Valaquia. En 1783, Crimea fue absorbida por Rusia, y en 1791 fue anexionada Yedisan. Mientras tanto, todo el tejido administrativo del Estado otomano se deterioraba ininterrumpidamente. El Divan se convirtió en un instrumento de las camarillas rapaces de la capital, resueltas a maximizar los beneficios de la venalidad y la malversación. Los burócratas turcos y los mercaderes fanariotas griegos de Estambul adquirieron un creciente poder e influencia en la Puerta a partir de 1700 a medida que se debilitaba la capacidad militar del Estado otomano, los primeros elevándose sin cesar hasta llegar a pachás y gobernadores provinciales[37], y los segundos controlando las posiciones lucrativas del Tesoro y los hospodaratos rumanos. Los cargos que estaban reservados antes al devshirme, con una promoción de acuerdo con los méritos, se vendían ahora al mejor postor; pero como no existía la seguridad de la posesión después de la compra —al contrario de lo que ocurría en los sistemas europeos— los titulares de los cargos teman que exprimir las ganancias de su inversión a la máxima velocidad, antes de que les llegara su turno de despido. De esta forma aumentó enormemente la presión de las extorsiones sobre las masas, que tenían que soportar la carga de semejante administración. Al mismo tiempo se desarrolló un negocio ilegal con las pagas de los jenízaros que, en medio de la corrupción administrativa universal, llegaron a ser compradas y vendidas a miembros ficticios de ese cuerpo. A finales de siglo había alrededor de 100.000 jenízaros registrados, de los que sólo una fracción poseía un verdadero entrenamiento militar, pero la gran mayoría tenía acceso a las armas y podía utilizarlas para la intimidación y la extorsión lo cal[38]. Los jenízaros estaban ahora en todas partes como una masa gangrenosa que se extendía por las ciudades del imperio. Sus miembros más poderosos suministraban muchos de los notables locales ayan, que, a partir de entonces, se convirtieron en un rasgo prominente de la sociedad provincial otomana.

Mientras tanto, el sistema agrícola estaba experimentando una profunda transformación. Ya hacía tiempo que la institución del timar estaba en decadencia, junto con la caballería sipahi, que se había apoyado en ella. La Puerta siguió una política deliberada de recuperación de las tierras de los antiguos timariots, bien anexionándolas a los dominios de la casa imperial y volviéndolas a arrendar a especuladores para obtener mayores ingresos monetarios o bien concediéndolas a falsos titulares, manipulados por los funcionarios de palacio. En la forma de explotación otomana se produjo, pues, un cambio del timar por el iltizam: los beneficios militares se convirtieron en arrendamientos de impuestos, que producían mayores flujos monetarios para el Tesoro. La Puerta ya había desarrollado el sistema iltizam en las lejanas provincias asiáticas, tales como Egipto, en las que no había necesidad de guerreros a caballo, como los concentrados en Rumelia[39]. La generalización de este sistema impositivo por todo el imperio correspondía, sin embargo, no sólo a las necesidades financieras del Estado osmanli, sino también a la homogeneización musulmana del conjunto de la clase dominante con la decadencia y la desaparición del devshirme. Una de las principales razones estructurales para este último proceso fue, precisamente, el cambio en la composición total del imperio con la conquista de las provincias árabes. La expansión desde los centros islámicos de la unidad fiscal iltizam a costa del timar disolvió por completo una institución que había sido el complemento funcional del dvshirme en el primer sistema del expansionismo otomano. Un fenómeno concomitante fue el aumento de las tierras waqf (nominalmente propiedades corporativas religiosas, fundadas por los devotos), que eran la única forma importante de posesión agraria cuya propiedad última no recaía en el sultanato[40]. Este sistema era tradicionalmente muy utilizado como instrumento de encubrimiento para hacer que una sola familia, investida con la «administración» del waqf, fuese heredera de la tierra. Los primeros soberanos osmanlis habían mantenido un cuidadoso control de esta institución piadosa. Mehmet II había realizado una recuperación general de tierras waqf para el Estado. Sin embargo, en la época de la decadencia otomana estas propiedades se multiplicaron de nuevo, sobre todo en Anatolia y en las provincias árabes.

La llegada y el influjo del sistema iltizam transformaron la situación del campesinado. El timariot no podía desahuciar ni exigir cargas por encima de los límites legales prescritos por el sultán. Los terratenientes de la nueva época no soportaban tales restricciones: la misma brevedad de sus primeras posesiones les incitaba a la superexplotación de los campesinos que cultivaban sus tierras. A lo largo del siglo XVIII, la Puerta concedió un número creciente de propiedades vitalicias o malikane, que moderaron las exigencias inmediatas de estos notables rurales, pero estabilizaron su poder sobre las aldeas[41]. Así pues, el timar dio finalmente paso en los Balcanes a lo que llegó a conocerse como sistema de chifliks. El titular de un chiflik tenía un control prácticamente ilimitado sobre la fuerza de trabajo que estaba a su disposición: podía expulsar a sus campesinos de la tierra o impedirles que se fueran, enredándolos mediante obligaciones por deudas. Podía ampliar su propia reserva señorial o hassachiflik a costa de las parcelas de sus arrendatarios; y ésa fue, en efecto, la pauta general. Lo normal era que exigiera la mitad de la cosecha de los productores directos, que se quedaban sólo con un tercio de su producto después de pagar los impuestos sobre la tierra y los gastos de la cosecha[42]. En otras palabras, la condición del campesinado de los Balcanes se hundió, junto a la del resto de Europa oriental, en una miseria común. Los aldeanos, en la práctica, estaban atados a la tierra y podían ser recuperados legalmente por los terratenientes si abandonaban sus tierras. Y así como el tráfico de cereales con Europa occidental había provocado una intensificación del índice de explotación servil —aunque no fuera su causa— en Polonia o en Alemania oriental, así también la producción comercial de algodón y de maíz para la exportación a lo largo de las costas y los valles de Grecia, Bulgaria y Servia aumentó las presiones señoriales en los chifliks y contribuyó a su expansión. La característica más significativa de las relaciones rurales en el sudeste europeo fue el derrumbamiento de un orden público firme e impuesto desde arriba: el bandidaje se extendió de forma incontenible, favorecido por el relieve montañoso de la zona, que la convertía para el campesinado en el equivalente mediterráneo de las huidas en las llanuras bálticas. Los señores, por su parte, mantenían bandas de asesinos armados o de guerrilleros kirlaji en sus propiedades con objeto de protegerse de las rebeliones y de reprimir a sus arrendatarios[43]. En efecto, la última etapa de la larga involución del Estado otomano fue una parálisis prácticamente total de la Puerta y la usurpación del poder provincial, en primer lugar por los pashas militares de Siria o Egipto, después por los derebeys o señores de los valles en Anatolia y finalmente por los ayans o dinastías de notables locales en Rumelia. A finales del siglo XVIII, el sultanato controlaba tan sólo una fracción de los 26 eyalets en los que estaba formalmente dividida la administración imperial.

La prolongada descomposición del despotismo osmanli no generó, sin embargo, un feudalismo final. Los derechos imperiales sobre todas las tierras del imperio nunca fueron abandonados, a pesar de las múltiples concesiones malikane que se hicieron para su usufructo. El sistema de chifliks nunca recibió una sanción legal o formal, ni los campesinos quedaron jurídicamente atados a la tierra. Hasta el año 1826, las fortunas de los burócratas y de los recaudadores de impuestos que vivían a costa de la población sometida podían ser confiscadas por el sultán, a su muerte, de forma arbitraria[44]. No había ninguna seguridad positiva sobre la propiedad, y todavía menos una nobleza titular. La licuefacción del viejo orden político y social no condujo a la aparición de otro orden nuevo y sólido. El Estado osmanli del siglo XIX era tan sólo un cenagal empantanado, sostenido artificialmente gracias a la rivalidad de las potencias europeas que aspiraban a su dominio. Polonia pudo ser dividida entre Austria, Prusia y Rusia debido a que las tres eran potencias terrestres con accesos e intereses coherentes en la zona. Pero los Balcanes no podían dividirse porque no había compatibilidad entre los tres principales contendientes por el dominio de la zona: Gran Bretaña, Austria y Rusia. Gran Bretaña poseía la supremacía marítima en el Mediterráneo y la primacía comercial en Turquía; en 1850, el mercado otomano importaba más bienes ingleses que Francia, Italia, Austria o Rusia, lo que hacía de él una zona vital para el imperialismo económico Victoriano. El poderío naval e industrial británico imposibilitaba todo acuerdo armonioso para disponer del imperio otomano, rechazando todos los esfuerzos rusos para repartirlo. Al mismo tiempo, el progresivo despertar nacionalista de los pueblos balcánicos, después de la época napoleónica, impedía la estabilización de la situación política en el sudeste de Europa. La rebelión servia ya había estallado en 1804, y a ella siguió, en 1821, la insurrección griega. La invasión zarista de 1828-29 derrotó a los ejércitos turcos e impuso a la Puerta la autonomía formal de Servia, Moldavia y Valaquia. Mientras, la intervención anglofrancesa y rusa aseguró y limitó la independencia griega en 1830. Estas pérdidas, derivadas de unos movimientos locales que Londres o Viena no podían controlar, dejaron todavía a Turquía con un imperio balcánico que se extendía desde Bosnia a Tesalia y desde Albania a Bulgaria.

La protección internacional demoró la caída final del imperio otomano durante cerca de un siglo, inspirando en este tiempo una serie de tentativas de renovación «liberal» que lo adaptasen a las normas capitalistas de Occidente. Estas tentativas fueron inauguradas por Mahmud II en la década de 1820, con el intento de modernizar el aparato económico y administrativo del sultanato. Los jenízaros fueron disueltos y los timars liquidados; las tierras waqf volvieron nominalmente al tesoro imperial y se llamó a oficiales extranjeros para que entrenasen al nuevo ejército. Se reafirmó el control central sobre las provincias y se puso fin al reinado de los derebeys. Estas medidas se mostraron rápidamente ineficaces para restañar la decadencia del sistema imperial. Los ejércitos de Mahmud fueron derrotados por las tropas egipcias de Mehmet Alí, mientras que sus gobernadores y funcionarios se mostraron a menudo mucho más corruptos y opresores que los notables locales que les precedieron. A este fracaso siguió una renovada presión anglofrancesa para liberalizar y reorganizar el sistema otomano, cuyo resultado serían, a mediados de siglo, las reformas Tanzimat, más estrechamente insertas en las preocupaciones legales y comerciales de Occidente. En 1839, el Decreto de la Cámara Rosada garantizó, por fin, la seguridad jurídica de la propiedad privada dentro del imperio y la igualdad religiosa ante la ley[45]. Ambas medidas habían sido reclamadas con insistencia por el cuerpo diplomático acreditado en Estambul. De todas formas, la propiedad estatal de la tierra seguía predominando en los países originarios del imperio. Hasta 1858 no se aprobó una ley agraria que concedía derechos limitados de herencia a quienes tuvieran su control o usufructo. Las potencias occidentales, insatisfechas con estas medidas, presionaron para que esos derechos se ampliasen, lo que se concedió en 1867, cuando los terratenientes locales adquirieron finalmente la propiedad jurídica de sus tierras[46]. Pero el carácter artificial de la nueva línea política se hizo muy pronto evidente. Cuando los nacionalistas turcos intentaron imponer una constitución representativa, el sultán Abdul Hamid II tuvo pocas dificultades para volver a implantar, en 1878, un despotismo personal, brutal aunque inseguro. A finales de siglo se había conseguido la estabilización en la titularidad de los cargos y en la clase terrateniente, con las garantías de seguridad de la propiedad concedidas por las medidas Tanzimat. Pero, por otra parte, no surgía ningún nuevo orden social y político dentro del imperio otomano a medida que se iba reduciendo gradualmente a causa de las sucesivas guerras de liberación, libradas por los pueblos sometidos de los Balcanes, y de las maniobras de las grandes potencias europeas para frustrarlas o utilizarlas. En 1875 fue liquidada una rebelión popular en Bulgaria. La intervención de Rusia derrotó una vez más a Turquía en el campo de batalla, mientras Inglaterra se movilizaba de nuevo para salvarla de las consecuencias de la catástrofe. El resultado fue un acuerdo entre las potencias europeas que garantizó la plena independencia de Servia, Rumania y Montenegro, creó una Bulgaria autónoma bajo soberanía residual otomana y concedió a Austria el control de Bosnia. En la década siguiente, Grecia compró Tesalia, y Bulgaria conquistó su independencia.

El conjunto de frustraciones de esta decadencia imperial acelerada y la insólita rigidez burocrática del reinado de Abdul Hamil movieron a los oficiales del ejército —los llamados después Jóvenes Turcos— a tomar el poder por medio de un golpe de Estado en 1908. Pero una vez satisfechas las ambiciones personales y olvidadas las consignas comteanas, el programa político de los Jóvenes Turcos se redujo a aumentar el centralismo dictatorial y la represión de las nacionalidades sometidas del imperio[47]. La derrota en la primera guerra de los Balcanes y la desintegración en la primera guerra mundial fue su ignominioso final. El Estado otomano experimentó, pues, nuevas limitaciones y modificaciones en el último siglo de su existencia, pero nunca adquirió un nuevo resurgir social. Simplemente, el viejo Estado se hizo cada vez más violento y resquebrajado. La reforma negativa de los «abusos» era intrínsecamente incapaz de desembocar en una reconstrucción positiva del imperio, fuese en la forma de un nuevo sistema político o de la restauración del viejo. El feudalismo no había presidido la formación del imperio otomano y el absolutismo quedaba ya muy lejos de su decadencia. Las tentativas realizadas por las potencias europeas para «alinear» a la Puerta con las diversas normas institucionales de Viena, San Petersburgo o Londres fueron completamente inútiles: la Puerta pertenecía a otro universo. Las reformas abortadas de Mahmud II y de la época Tanzimat, seguidas por la reacción de Hamid y por el fiasco de los Jóvenes Turcos, no produjeron ni un neodespotismo turco, ni un absolutismo oriental, ni naturalmente un parlamentarismo occidental. El nacimiento de una nueva forma de Estado tuvo que esperar hasta que la conservación diplomática de las reliquias del antiguo terminase con el conflicto internacional de la primera guerra mundial, que finalmente liberó al reino osmanli de su miseria.

Los Balcanes, sin embargo, fueron liberados del dominio otomano antes del dénouement en la propia Turquía. La expulsión de todo el sistema de ocupación otomano de un país tras otro, a partir de comienzos del siglo XIX, condujo a la implantación de un inesperado modelo agrícola, distinto a los del resto de Europa oriental y occidental. Rumania, que históricamente era una última tierra de nadie situada entre los tipos de desarrollo regional de los Balcanes y de más allá del Elba, experimentó el giro más extraño de todos los nuevos países que aparecieron después de 1815. Rumania fue, en efecto, el único país de Europa en el que, después de que una «primera» servidumbre hubiese llegado a su fin, tuvo lugar una verdadera «segunda servidumbre», determinada sin lugar a duda por el comercio de cereales. Las tierras rumanas habían sido las únicas que el Estado otomano dejó bajo el dominio de su propia clase boyarda cuando las invadió en el siglo XVI. La formación de una sociedad rural estratificada, con propietarios señoriales y un campesinado sometido, había sido muy reciente, debido al largo atraso impuesto sobre esta zona por un dominio nómada depredador, que sólo llegó a su fin con la paulatina expulsión de cumanos y tártaros en el siglo XVIII[48]. La propiedad comunal de las aldeas se extendió hasta el siglo XIV, y sólo con la aparición de los principados de Moldavia y Valaquia en el siglo XV tomó forma una aristocracia territorial que en un primer momento explotó a los productores rurales por medios más fiscales que feudales, de acuerdo con el modelo de los nómadas turcos que habían sido sus maestros[49]. La breve unificación de ambos estados por Miguel I a finales del siglo XVI inició la adscripción generalizada del campesinado rumano. La servidumbre se consolidó más tarde bajo el señorío otomano. En el siglo XVIII, la Puerta confió la administración de estas provincias a las familias griegas fanariotas, de Estambul, que llegaron a formar en los principados unas dinastías dominantes intermedias, los llamados hospodares, en las que la recaudación de impuestos y el comercio ya estaban controlados por griegos expatriados.

El señorío boyardo se vio progresivamente amenazado por la resistencia campesina, que adoptó la característica forma oriental de las huidas en masa para librarse de cargas e impuestos. Los funcionarios austríacos, que ansiaban colonizar las zonas fronterizas recién conquistadas para los Habsburgo en Europa sudoriental, ofrecían interesadamente a los fugitivos rumanos un refugio al otro lado de la frontera[50]. Seriamente preocupado por el empeoramiento de la situación de la fuerza de trabajo en los principados, el sultán ordenó en 1744 a uno de los hospodares, Constantino Mavrokordatos, que pacificara y repoblara los principados. Mavrokordatos, influenciado por la Ilustración europea, decretó la abolición gradual de los vínculos serviles tanto en Valaquia (1746) como en Moldavia (1749), concediendo a todos los campesinos el derecho a comprar su emancipación[51]. Esta medida fue facilitada por la ausencia de una categoría jurídica equivalente a la servidumbre dentro de las provincias del imperio administradas por los turcos. En este siglo no había comercio cerealístico de exportación, debido a que la Puerta controlaba un monopolio comercial estatal y se limitaba a enviar tributos en especie a Estambul. Sin embargo, el tratado de Adrianópolis de 1829, que dio a Rusia soberanía compartida con Turquía sobre las tierras rumanas, abrogó los controles otomanos sobre la exportación. La consecuencia fue un repentino y espectacular auge de los cereales en el Danubio. A mediados del siglo XIX, la llegada de la revolución industrial a Europa occidental creó un mercado mundial capitalista de un tipo que nunca había existido en los siglos XVI y XVII, con una fuerza de empuje capaz de transformar en unas pocas décadas a las regiones más atrasadas. La producción de grano en los principados rumanos se dobló entre 1829 y 1832, y lo mismo ocurrió con el valor de las exportaciones entre 1831 y 1833. En una sola década, de 1830 a 1840, el área de cultivo cerealístico se multiplicó por diez[52]. El trabajo rural para este impresionante crecimiento se obtuvo por medio de la reimposición de obligaciones serviles al campesinado rumano y del aumento de las prestaciones de trabajo a niveles superiores a los que existían antes de los decretos de Mavrokordatos en el siglo anterior. El único caso auténtico de una segunda servidumbre en Europa fue obra, por tanto, del capitalismo industrial y no del mercantil, y no podía ser de otra manera. En este momento ya era posible la presencia de una causalidad intereconómica directa y masiva, actuando a lo ancho de todo el continente, donde nunca había existido dos o tres siglos antes. El campesinado rumano se quedó hundido y hambriento de tierra, en unas condiciones muy semejantes a las del campesinado ruso. Las restricciones serviles fueron abolidas de nuevo por la reforma de 1864, directamente copiada de la proclamación zarista de 1861. Y como en Rusia, el campo rumano permaneció dominado por señores feudales hasta la primera guerra mundial.

Rumania fue, sin embargo, la excepción en los Balcanes. En todos los demás países tuvo lugar el proceso contrario. En Croacia, Servia, Bulgaria y Grecia, las aristocracias locales habían sido aniquiladas por la conquista otomana, sus tierras quedaron directamente anexionadas al sultanato y los invasores turcos asentados en ellas constituían, en el siglo XIX, la mayor parte de la poderosa y parasitaria clase de notables locales ayans. Las sucesivas rebeliones y guerras nacionales de liberación expulsaron a los ejércitos turcos de Servia (1804-1913), de Grecia (1821-1913) y de Bulgaria (1875-1913). En estos países, la conquista de la independencia política vino acompañada automáticamente por una sacudida económica en el campo. Los señores turcos se marcharon con las tropas que los habían protegido, lo que era normal y comprensible, y dejaron sus propiedades a los campesinos que las habían cultivado. Este modelo varió considerablemente de acuerdo con la duración de la lucha de independencia. Cuando ésta fue lenta y prolongada, como en Servia y Grecia, hubo mucho más tiempo para que durante ella se formase y expandiese un estrato nativo de terratenientes que se apropió directamente los chifliks en sus últimas etapas: las ricas familias griegas, por ejemplo, compraron muchas propiedades turcas intactas en Tesalia cuando ésta fue adquirida a la Puerta en 1881[53]. En Bulgaria, por el contrario, el ritmo más breve y más violento de la lucha de independencia ofreció muchas menos oportunidades para que tuviesen lugar esas transferencias. Pero en los tres países apareció, en último término, una economía rural muy semejan te[54]. Una vez lograda su independencia, Bulgaria, Grecia y Servia se convirtieron en países de pequeños propietarios agrícolas, en la misma época en que Prusia, Polonia, Hungría y Rusia eran todavía tierras de latifundios nobiliarios. Naturalmente, la explotación rural no llegó a su fin: los usureros, mercaderes y funcionarios la reprodujeron con nuevas formas en los estados independientes. Pero el modelo agrario fundamental de los países balcánicos se basaba en la pequeña producción, en medio de superpoblación creciente, división de las propiedades y deudas de los campesinos. La retirada del dominio turco significó el fin de la propiedad tradicional. Europa central sufrió un común atraso social y económico a principios del siglo XX, que la separó de Europa occidental. Pero, dentro de ella, el sudeste se mantuvo como una península aparte.

CONCLUSIONES

El Estado otomano, que ocupó el sudeste de Europa durante quinientos años, permaneció en el continente sin llegar nunca a identificarse con su sistema social y político. Siempre se mantuvo como un extraño ante la cultura europea, como una intrusión islámica en el seno de la cristiandad y, hasta nuestros días, ha planteado a las historias unitarias del continente problemas irresolubles de presentación. En realidad, la larga y profunda presencia en suelo europeo de una formación social y una estructura estatal tan distinta del modelo dominante en el continente ofrece una medida muy apropiada para valorar la especificidad histórica de la sociedad europea antes de la llegada del capitalismo industrial. En efecto, a partir del Renacimiento los pensadores políticos europeos de la era del absolutismo intentaron repetidas veces definir el carácter de su propio mundo por oposición con el orden turco, tan cercano y, sin embargo, tan remoto; ninguno de ellos se limitó a reducir esas distancias a la existente entre ambas religiones.

Maquiavelo, en la Italia de principios del siglo XVI, fue el primer teórico que utilizó al Estado otomano como antítesis de una monarquía europea. En dos páginas centrales de El Príncipe definió a la burocracia autocrática de la Puerta como un orden institucional que la separaba de todos los estados de Europa: «Toda la monarquía del Turco está gobernada por un solo señor: los demás son sus servidores, y, dividiendo en provincias su reino, manda a ellas diversos administradores, y los cambia y varía como le parece […] siendo todos esclavos suyos y estándole obligados»[1]. Maquiavelo añade que el tipo de ejército permanente que los soberanos osmanlis tenían a su disposición era algo desconocido para todos los países del continente en esa época: «[…] Ninguno de estos príncipes tiene ejércitos que se hayan amalgamado al mismo tiempo con las autoridades y las administraciones de las provincias […] Entre ellos exceptúo al Turco, porque siempre tiene alrededor de sí doce mil infantes y quince mil caballos, de los que depende la seguridad y la fortaleza de su reino; y es necesario que, por encima de cualquier otra consideración, el soberano los mantengan como amigos»[2]. Como ha señalado correctamente Chabod, estas reflexiones constituyen la primera aproximación implícita a una autodefinición de «Europa»[3]. Sesenta años después, entre los sufrimientos de las guerras de religión en Francia, Bodin desarrolló una comparación política entre las monarquías limitadas por el respeto hacia las personas y los bienes de sus súbditos y los imperios que tenían un dominio ilimitado sobre ellos: los primeros representaban la soberanía «real» de los estados europeos; los segundos, el poder «señorial» de despotismos tales como el Estado otomano, que eran esencialmente extraños a Europa. «Al rey de los turcos se le llama Gran Señor, no por las dimensiones de su reino, ya que el del rey de España es diez veces mayor, sino porque es dueño completo de sus personas y propiedades. Sólo se llama esclavos a los sirvientes educados y preparados en su casa, pero los timariots —de quienes son arrendatarios sus súbditos— están investidos de sus timars sólo por su tolerancia; sus concesiones deben renovarse cada diez años, y, cuando mueren, sus herederos sólo pueden heredar los bienes muebles. En ningún otro país de Europa existen monarquías señoriales de ese tipo […] Los pueblos de Europa, más orgullosos y amantes de la guerra que los de Asia o África, nunca han conocido o tolerado una monarquía señorial desde los tiempos de las invasiones húngaras»[4]. En la Inglaterra de principios del siglo XVII, Bacon subrayaba que la distinción fundamental entre los sistemas europeo y turco era la ausencia de una aristocracia hereditaria en el reino otomano. «Una monarquía en la que no existe ninguna nobleza es siempre una tiranía pura y absoluta, como la de los turcos, porque la nobleza modera la soberanía y aparta los ojos del pueblo de la casa real»[5]. Dos décadas más tarde, tras el derrocamiento de la monarquía Estuardo, el republicano Harrington acentuó los fundamentos económicos del imperio otomano como línea divisoria básica entre los estados europeos y el turco: el monopolio jurídico del sultán sobre la propiedad de la tierra era la verdadera nota distintiva de la Puerta: «Si un hombre es el único dueño de un territorio, o sus posesiones superan a las del pueblo, por ejemplo, en tres partes de cada cuatro, ese hombre es el Gran Señor: así llaman al Turco por sus propiedades; y su imperio es una monarquía absoluta […] porque en Turquía es ilegal que nadie posea tierra, excepto el Gran Señor»[6].

A finales del siglo XVII, el poderío del Estado otomano ha pasado ya su momento de esplendor, y el tono de los comentarios cambia de forma perceptible. Por vez primera, el tema de la superioridad histórica de Europa comienza a hacerse central en la discusión sobre el sistema turco, mientras que los defectos de éste se generalizan a todos los grandes imperios de Asia. Este paso se dio, de modo decisivo, en los escritos del médico francés Berier, que viajó por los reinos turco, persa y mogol y llegó a ser médico personal del emperador Aurangzeb de India. A su vuelta a Francia, destacó a la India de los mogoles como la versión más extrema de la Turquía otomana: las bases de la ruinosa tiranía de ambas residían en la ausencia de propiedad privada de la tierra, cuyos efectos comparó a los del fértil campo gobernado por Luis XIV. «¡Cuán insignificante es la riqueza y el poder de Turquía en comparación con sus ventajas naturales! Imaginemos por un momento en qué país tan poblado y cultivado se convertiría si fuese reconocido el derecho de propiedad, y no podemos dudar de que sería capaz de mantener ejércitos tan prodigiosos como antes […] He viajado por casi todos los lugares del Imperio y soy testigo de cuán lamentable es su ruina y su despoblación […] Suprimid el derecho de propiedad de la tierra e introduciréis, como consecuencia infalible, la tiranía, la esclavitud, la injusticia, la miseria y la barbarie; la tierra dejará de cultivarse y se convertirá en un desierto; se abrirá la vía para la destrucción de las naciones y la ruina de los reyes y de los estados. La esperanza que anima al hombre de que podrá retener los frutos de su trabajo y transmitirlos a sus descendientes es lo que constituye el fundamento principal de todas las cosas excelsas y benéficas de este mundo; y si pasamos revista a los diferentes reinos del globo, comprobaremos que prosperan o decaen según la reconozcan o la condenen; en una palabra, la presencia o el olvido de este principio es lo que cambia y diversifica la faz de la tierra»[7]. Los acres relatos sobre el Oriente hechos por Bernier ejercieron una profunda influencia en las siguientes generaciones de pensadores de la era de la Ilustración. A principios del siglo XVIII, Montesquieu repetía con fidelidad su descripción del Estado turco: «El Gran Señor concede la mayor parte de la tierra a sus soldados y dispone de ella a su voluntad; puede tomar toda la herencia de los funcionarios de su imperio. Cuando un súbdito muere sin descendencia masculina, sus hijas se quedan con el mero usufructo de sus bienes, porque el señor turco adquiere la propiedad de ellos; en consecuencia, la posesión de la mayor parte de los bienes de la sociedad es precaria […] No hay ningún despotismo tan perjudicial como aquel cuyo príncipe se declara propietario de todas las posesiones territoriales y heredero de todos sus súbditos: la consecuencia inevitable es el abandono del cultivo y, si el soberano se inmiscuye en el comercio, la ruina de toda la industria»[8].

Por esta época, la expansión colonial europea ya había explorado y atravesado prácticamente todo el globo, y el alcance de los conceptos políticos inicialmente derivados de la específica confrontación con el Estado otomano en los Balcanes se había extendido en una medida similar hasta los confines de China e incluso más allá. La obra de Montesquieu incluía así, por vez primera, una teoría global comparativa de lo que, en De l’esprit des lois, denominó categóricamente «despotismo», como una forma de gobierno extraeuropea, cuya estructura se oponía por completo a los principios derivados del «feudalismo» europeo. La generalidad del concepto mantenía, sin embargo, una denotación geográfica tradicional, que se explicaba por el influjo del clima y del suelo: «Asia es aquella región del mundo en la que el despotismo reside, por así decir, de forma natural»[9]. Legada por la Ilustración, la fortuna del concepto de despotismo oriental en el siglo XIX es muy conocida y no exige que nos detengamos en ella[10]: bastará decir que desde Hegel en adelante se mantuvo la misma concepción básica de la sociedad asiática, cuya función intelectual consistió siempre en trazar un contraste radical entre la historia de Europa —cuya original especificidad había situado Montesquieu en el feudalismo y cuya descendencia moderna había visto en el absolutismo— y el destino de los otros continentes.

En nuestro siglo, los pensadores marxistas, persuadidos de la universalidad de las sucesivas etapas de desarrollo socioeconómico acaecidas en Europa, han insistido, por el contrario, en que el feudalismo fue un fenómeno de alcance universal que abarcó a los estados asiáticos y africanos tanto como a los europeos. Se han descubierto y estudiado los feudalismos otomano, egipcio, marroquí, persa, indio, mogol o chino. La reacción política contra las ideologías imperialistas de la superioridad europea ha conducido a la extensión intelectual de conceptos historiográficos derivados del pasado de un solo continente para explicar la evolución de algunos otros o de todos ellos. Ningún término ha experimentado una difusión tan indiscriminada y penetrante como el de feudalismo, que, en la práctica, se ha aplicado frecuentemente a cualquier formación social situada entre los polos de identidad tribal y capitalista, siempre que no estuviera caracterizada por la esclavitud. El modo de producción feudal se define así, simplemente, como una combinación de grandes propiedades de tierra con pequeña producción campesina, en la que la clase explotadora extrae el excedente del productor inmediato por medio de formas consuetudinarias de coerción extraeconómica —prestaciones de trabajo, entregas en especie, rentas en dinero— y donde el intercambio de mercancías y la movilidad de la fuerza de trabajo están igualmente limitados[11]. Este conjunto se presenta como núcleo económico del feudalismo, que puede subsistir dentro de un amplio número de diferentes armazones políticos. En otras palabras, los sistemas jurídicos y constitucionales se convierten en elaboraciones optativas y externas a un centro productivo invariante. Las superestructuras política y legal se divorcian de la infraestructura económica, que constituye por sí sola el auténtico modo de producción feudal como tal. Según esta opinión, muy extendida ahora entre los autores marxistas contemporáneos, el tipo de propiedad agraria, la naturaleza de la clase poseedora y la matriz del Estado pueden variar enormemente por encima de un orden rural común situado en la base de toda la formación social. En especial, la soberanía fragmentada, la jerarquía vasallática y el sistema de feudos de Europa medieval dejan por completo de ser unas características originarias o esenciales del feudalismo. Su ausencia total es compatible con la presencia de una formación social feudal, siempre que exista una combinación de explotación agraria a gran escala y de producción campesina, basada en relaciones extraeconómicas de coacción y dependencia. Así, la China de los Ming, la Turquía selyúcida, la Mogolia de Genghis, la Persia safávida, la India mogol, el Egipto tulúnida, la Siria oineya, el Marruecos almorávide y la Arabia wahabí pasan a ser igualmente susceptibles de ser clasificados como feudales, del mismo modo que la Francia capeta, la Inglaterra normanda o la Alemania de los Hohenstaufen. A lo largo de esta investigación, hemos encontrado tres ejemplos representativos de esta categorización: las confederaciones nómadas de los tártaros, el imperio bizantino y el sultanato otomano han sido designados como estados feudales por autores serios especialistas en sus respectivas historias[12], que han argumentado que sus claras divergencias superestructurales respecto a las normas de Occidente ocultan una convergencia básica de sus relaciones infraestructurales de producción. Todo privilegio atribuido al desarrollo occidental está así destinado a desaparecer en el proceso multiforme de una historia mundial secretamente única desde su comienzo. En esta variación de la historiografía materialista, el feudalismo se convierte en un océano redentor en el que prácticamente todas las sociedades pueden recibir su bautismo.

La invalidez científica de este ecumenismo teórico puede demostrarse a partir de la paradoja lógica a la que conduce. Porque si, en efecto, el modo de producción feudal puede definirse independientemente de las variables superestructuras jurídicas y políticas que le acompañan, de tal modo que su presencia puede registrarse en todo el globo, siempre que se hayan superado las formaciones sociales primitivas o tribales, entonces se plantea el siguiente problema: ¿cómo puede explicarse el singular dinamismo de la escena europea del feudalismo internacional? Ningún historiador ha pretendido todavía que el capitalismo industrial se haya desarrollado espontáneamente en ningún sitio, excepto en Europa y en su extensión americana, que conquistaron después el resto del mundo gracias precisamente a su primacía económica, paralizando o implantando el modo de producción capitalista en el exterior de acuerdo con las necesidades y los impulsos de su propio sistema imperial. Si el feudalismo tuvo una base económica común a toda la masa de tierra que va del Atlántico al Pacífico, dividida únicamente por formas jurídicas y constitucionales y, sin embargo, sólo una de esas zonas produjo la revolución industrial que conduciría en último término a la transformación de todas las sociedades, entonces el determinante de este éxito trascendental debe buscarse en las superestructuras políticas y legales, por las que únicamente se distinguían. Las leyes y los estados, que se habían descartado por su papel secundario e insustancial, resurgen en toda su plenitud como autores aparentes de la ruptura más trascendental de la historia moderna. En otras palabras, una vez que la estructura de la soberanía y la legalidad se ha disociado de la economía de un feudalismo universal, su sombra gobierna paradójicamente al mundo, porque se transforma en el único principio capaz de explicar el desarrollo diferencial de todo el modo de producción. En esta concepción, la misma omnipresencia del feudalismo reduce el destino de los continentes al juego superficial de las meras costumbres locales. Un materialismo ciego para el color, incapaz de apreciar el verdadero y rico espectro de las diversas totalidades sociales dentro del mismo arco temporal de la historia, termina así inevitablemente en un perverso idealismo.

La solución de esta paradoja radica, obviamente, aunque nadie lo señale, en la misma definición de las formaciones sociales precapitalistas dada por Marx. Todos los modos de producción de las sociedades clasistas anteriores al capitalismo extraen plustrabajo de los productores inmediatos por medio de la coerción extraeconómica. El capitalismo es el primer modo de producción de la historia en el que los medios por los que se extrae el excedente del productor directo son «puramente» económicos en su forma: el contrato de trabajo, el intercambio igual entre agentes libres que reproduce, cada hora y cada día, la desigualdad y la opresión. Todos los medios de producción anteriores operan a través de sanciones extraeconómicas: de parentesco, consuetudinarias, religiosas, legales o políticas. En principio, por tanto, siempre es imposible interpretar estas sanciones como algo separado de las relaciones económicas. Las «superestructuras» del parentesco, la religión, el derecho o el Estado entran necesariamente en la estructura constitutiva del modo de producción de las formaciones sociales precapitalistas. Todas ellas intervienen directamente en el nexo «interno» de extracción de excedente, mientras que en las formaciones sociales capitalistas —las primeras de la historia que separan la economía como un orden formalmente autosuficiente— proporcionan, por el contrario, sus precondiciones «externas». En consecuencia, los modos de producción precapitalistas no pueden definirse excepto por sus superestructuras políticas, legales e ideológicas, ya que son ellas las que determinan el tipo de coerción extraeconómica que los especifica. Las formas exactas de dependencia jurídica, de propiedad y de soberanía que caracterizan a las formaciones sociales precapitalistas, lejos de ser meros epifenómenos accesorios y contingentes, componen, por el contrario, los rasgos fundamentales del modo de producción dominante dentro de ellas. Una taxonomía escrupulosa y exacta de estas configuraciones legales y políticas constituye, por tanto, una condición previa para el establecimiento de una tipología comprehensiva de los modos de producción precapitalistas[13], En realidad, es evidente que la compleja imbricación de la explotación económica con las instituciones e ideologías extraeconómicas crea una gama de posibles modos de producción anteriores al capitalismo mucho más amplia de lo que podría deducirse de la generalidad relativamente simple y sólida del propio modo de producción capitalista, que llegó a ser su común e involuntario terminus ad quemen la época del imperialismo industrial.

Así pues, hay que resistir cualquier tentación a priori de prealinear a aquéllos con la uniformidad de este último. La posibilidad de una pluralidad de modos de producción precapitalistas, postribales y no esclavistas, es inherente a sus mecanismos de extracción de excedente. Los productores inmediatos y los medios de producción —entendiendo por tales los instrumentos de trabajo y los objetos del trabajo, por ejemplo, la tierra— siempre están dominados por la clase explotadora a través del sistema de propiedad prevaleciente, que constituye la intersección nodal entre el derecho y la economía; pero como, además, las relaciones de propiedad están directamente articuladas sobre el orden político e ideológico, que a menudo dirige expresamente su distribución (limitando la propiedad de la tierra a los aristócratas, por ejemplo, o excluyendo a los nobles del comercio), el aparato total de explotación siempre se extiende hacia arriba, hasta llegar a la esfera de las superestructuras. «[Las] relaciones sociales […] constituyen en su conjunto lo que actualmente se conoce como propiedad», escribió Marx a Annenkov[14]. Esto no significa que la propiedad jurídica sea una mera ficción o una ilusión que pueda ser obviada o descartada por un análisis directo de la infraestructura subyacente, procedimiento que lleva directamente al colapso lógico que ya hemos indicado. Significa, por el contrario, que para el materialismo histórico la propiedad jurídica nunca puede separarse ni de la producción económica ni del poder político-ideológico; su posición absolutamente central dentro de cualquier modo de producción se deriva de sus vínculos con ambos, que en las formaciones sociales precapitalistas se convierte en una fusión directa y oficial. No es, por tanto, un puro accidente el que Marx dedicara prácticamente todo su manuscrito básico sobre las sociedades precapitalistas en los Grundrisse —la única obra en la que compara teórica y sistemáticamente los diferentes modos de producción— a un profundo análisis de las formas de propiedad agraria en los sucesivos o contemporáneos modos de producción de Europa, Asia y Amé rica: el hilo conductor de todo el texto es el carácter y la posición cambiantes de la propiedad de la tierra y su interrelación con los sistemas políticos, desde el tribalismo primitivo hasta las vísperas del capitalismo.

Ya hemos visto que Marx distinguía específicamente el pastoralismo nómada de todas las formas de agricultura sedentaria como un modo de producción diferente, basado en la propiedad colectiva de la riqueza inmueble (la tierra) y en la propiedad individual de la riqueza mueble (los rebaños), al contrario de lo que sostienen posteriores autores marxistas[15]. No es sorprendente, por tanto, que Marx insistiera en que uno de los rasgos fundamentales que definen el feudalismo es la propiedad privada y nobiliaria de la tierra. A este respecto, sus comentarios sobre el estudio de Kovalevski acerca de la disolución de la propiedad de la aldea comunal son especialmente reveladores. Kovalevski, joven historiador ruso que admiraba a Marx y mantenía correspondencia con él, dedicó una parte sustancial de su trabajo a lo que calificaba como lenta aparición del feudalismo en la India después de las conquistas musulmanas. Kovalevski no negaba la importancia de las diferencias políticas y legales entre los sistemas agrícolas mogol y europeo y admitía que la persistencia jurídica de la exclusiva propiedad imperial de la tierra había conducido a una «menor intensidad» de la feudalización en la India que en Europa. Pero afirmaba, a pesar de todo, que en la India se había desarrollado un amplio sistema de feudos, con una jerarquía completa de subinfeudación, antes de que la conquista británica impidiese su consolidación[16]. Aunque el estudio de Kovalevski estuviera influenciado en buena medida por la obra de Marx y aunque el tono de las notas no publicadas sobre el ejemplar que le envió el autor ruso fuera por lo general benévolo, es significativo que Marx criticara repetidamente aquellos pasajes en los que Kovalevski asimilaba las instituciones socioeconómicas indias o islámicas al feudalismo europeo. De estas intervenciones en las que rechazaba la atribución a la India de los mogoles de un modo de producción feudal, la más incisiva y reveladora, dice lo siguiente: «Basándose en que el “sistema de beneficios”, “la venta de cargos” (esta última, sin embargo, no es en modo alguno puramente feudal), como demuestra Roma) y la commendatio pueden encontrarse en la India, Kovalevski piensa que se trata de un feudalismo en el sentido europeo occidental. Kovalevski olvida, entre otras cosas, que la servidumbre —que representa un importante elemento del feudalismo— no existe en la India. Por otra parte, en lo que se refiere al papel individual de los señores feudales (que ejercen la función de condes) como protectores no sólo de los campesinos privados de libertad, sino también de los libres (cf. Palgrave), en la India desempeñan un papel insignificante, excepto en los waqfs. Tampoco encontramos en la India esa poesía de la tierra (Bodenpoesie), tan característica del feudalismo romano-germánico (cf. Maurer), como tampoco se encuentra en Roma. ¡En la India, la tierra no es en ninguna parte noble, en el sentido de ser, por ejemplo, inalienable a los del común! Por otra parte, el propio Kovalevski observa una diferencia fundamental: la ausencia de una justicia patrimonial en el campo del derecho civil en el imperio del Gran Mogol»[17]. En otro lugar, Marx contradice de nuevo expresamente la afirmación de Kovalevski de que la conquista musulmana de la India, al imponer sobre el campesinado la contribución islámica sobre la tierra o kharaj, convirtió por este hecho en feudales las propiedades que hasta entonces habían sido alodiales: «El pago del kharaj no transformó sus tierras en propiedad feudal, como tampoco el impôt foncier convirtió en feudal la propiedad rural francesa. Todas estas descripciones de Kovalevski son in útiles en grado superlativo»[18]. Por lo demás, la naturaleza del Estado tampoco era semejante a la de los principados feudales de Europa: «Según el derecho indio, el poder político no era susceptible de división entre los hijos; de ahí que una de las fuentes importantes del feudalismo europeo estuviera bloqueada»[19].

Estas afirmaciones fundamentales muestran con toda claridad que Marx era consciente de los peligros de una ampliación indiscriminada del término feudalismo más allá de Europa y se negaba a aceptar como formaciones sociales feudales a la India del sultanato de Delhi o del imperio mogol. Sus observaciones marginales revelan, además, una penetración y sensibilidad extremas hacia aquellas formas «superestructurales» cuya importancia irreductible para la clasificación de modos de producción precapitalista acabamos de subrayar. Así, sus objeciones a la designación por Kovalevski de la sociedad agraria india como feudal tras las conquistas islámicas abarcan prácticamente al conjunto de los campos legal, político, social, militar, judicial, fiscal e ideológico. Observaciones que quizá puedan resumirse, sin violentarlas excesivamente, de esta forma: el feudalismo comporta siempre la servidumbre jurídica y la protección militar del campesinado por una clase social de nobles que goza de autoridad y propiedad individual y ejerce un monopolio exclusivo de la ley y de los derechos privados de justicia, dentro de un marco político de soberanía fragmentada y fiscalidad subordinada, y una ideología aristocrática que exalta la vida rural. Es evidente lo lejos que ese comprehensivo catálogo heurístico está de las simples y pocas etiquetas utilizadas desde entonces para clasificar a una formación social como feudal. Para volver a nuestro punto de partida inicial, no puede haber ninguna duda de que la visión del feudalismo que tenía Marx —resumida en esta definición— excluía de su ámbito al sultanato turco, un Estado que de hecho había servido como inspirador y modelo de la India mogol.

El contraste entre las formas históricas europea y otomana, sentido con tanta intensidad por sus contemporáneos, estaba por tanto bien fundamentado. El orden sociopolítico turco era radicalmente distinto del que caracterizaba al conjunto de Europa, ya fuese en las regiones occidentales u orientales del continente. En realidad, el feudalismo europeo no tenía ningún semejante en las zonas geográficas colindantes; estaba solo en el extremo occidental del continente euroasiático. El primer modo de producción feudal que triunfó durante la Alta Edad Media nunca estuvo compuesto por un conjunto elemental de caracteres económicos. La servidumbre proporcionaba, por supuesto, la base principal del sistema total de extracción de excedente. Pero la combinación de una propiedad agraria en gran escala, controlada por una clase explotadora, con una producción en pequeña escala, realizada por un campesinado atado a la tierra, en la que el plustrabajo se extraía por medio de prestaciones de trabajo o de entregas en especie, constituía en su generalidad un modelo muy extendido en el mundo preindustrial. Prácticamente, todas las formaciones sociales postribales que no se basaron en la esclavitud o en el nomadismo tuvieron, en este sentido, algunas formas de propiedad señorial. La singularidad del feudalismo nunca se agotó en la mera existencia de las clases señorial y servil como tales[20]. Lo que distingue al modo europeo de producción feudal es su específica organización en un sistema verticalmente articulado de soberanías fragmentadas y de propiedad escalonada. Este vínculo concreto es lo que explica realmente el tipo exacto de coerción extraeconómica que se ejercía sobre el productor directo. La fusión de vasallaje, beneficio e inmunidad para producir el sistema de feudos propiamente dicho creó un modelo enteramente sui generis de «soberanía y dependencia», por utilizar las palabras de Marx. La peculiaridad de este sistema radicaba en el doble carácter de la relación que establecía, por una parte, entre los productores inmediatos y el estrato de no productores que se apropiaba su plustrabajo y, por otra, dentro de la propia clase de no productores, porque el feudo, era, esencialmente, una concesión económica de tierra, condicionada a la prestación de un servicio militar e investida con derechos judiciales sobre el campesinado que la cultivaba. Por consiguiente, siempre fue una amalgama de propiedad y soberanía, en la que la naturaleza parcial de la primera se completaba con el carácter privado de la segunda: la titularidad condicional estaba ligada estructuralmente a la jurisdicción individual. La original dilución de la propiedad absoluta de la tierra se complementaba así con la fragmentación de la autoridad pública en una jerarquía regulada. En el plano de la aldea, la consecuencia de esto era la aparición de una clase de nobles que gozaban de derechos personales de explotación y jurisdicción, consagrados por la ley, sobre un campesinado dependiente.

Inherente a esta configuración era la residencia rural de la clase poseedora, al contrario de la localización urbana de las aristocracias de la Antigüedad clásica. El ejercicio de la protección y la justicia señoriales presuponía la presencia directa de la nobleza feudal en el campo, simbolizada por los castillos del período medieval e idealizada después en la «poesía de la tierra» de la época posterior. La propiedad y el poder individual que distinguía a la clase feudal en el paisaje agrario podía estar acompañada, en consecuencia, por una función organizadora de la propia producción, cuya forma típica en Europa fue el señorío. La distinción dentro del señorío entre la reserva señorial y las parcelas de los arrendatarios reproducía hacia abajo, como ya hemos visto, la articulación económica escalonada, característica del conjunto del sistema feudal. Por arriba, el predominio del feudo establecía vínculos internos de tipo único en el seno de la nobleza. La combinación de vasallaje, beneficio e inmunidad en un conjunto singular creaba la mezcla ambivalente de «reciprocidad» contractual y de «subordinación» dependiente que distingue a una verdadera aristocracia feudal de cualquier forma de clase guerrera explotadora propia de otros diversos modos de producción. El enfeudamiento era un contrato sinalagmático[21]: el juramento de homenaje y el acto de investidura ligaban a ambas partes al respeto de obligaciones específicas y a la realización de deberes específicos. La ruptura de este contrato era una felonía que podía ser cometida por el vasallo o por el señor y dejaba en libertad a cualquiera de las partes que resultara dañada por la infracción. Al mismo tiempo, este pacto sinalagmático comportaba también el dominio jerárquico de un superior sobre su inferior. El vasallo era el hombre atado a su señor, y debía a éste una lealtad personal, corporal. El complejo ethos de la nobleza feudal mantenía así juntos el «honor» y la «lealtad» en una tensión dinámica, extraña por completo tanto a la ciudadanía libre de la Antigüedad clásica —que en Grecia y Roma sólo había conocido el honor— como a los servidores de una autoridad despótica —como el sultanato de Turquía—, que sólo conocían la lealtad. La reciprocidad del contrato y la desigualdad de la posición se mezclaban en la institución del feudo. A consecuencia de ello se generó una ideología aristocrática que hacía compatible el orgullo del rango con la humildad del homenaje, la fijación legal de las obligaciones y el deber personal de lealtad[22]. El dualismo moral de este código feudal tenía sus raíces en la fusión y la difusión de los poderes económicos y políticos dentro del conjunto del modo de producción. La propiedad condicional instituía la subordinación del vasallo dentro de una jerarquía social de señorío; por otra parte, la soberanía fragmentada investía al enfeudado con jurisdicción autónoma sobre quienes estaban situados por debajo de él. Ambas quedaban consagradas en las transacciones que se celebraban entre individuos particulares pertenecientes al estamento nobiliario. En su quintaesencia, el poder y la propiedad aristocrática eran personales en todos los eslabones de la cadena de protección y dependencia.

Esta estructura político-legal tenía, a su vez, otras consecuencias cruciales. La fragmentación global de la soberanía permitía el desarrollo de ciudades autónomas en los espacios intersticiales situados entre señoríos dispares. Una Iglesia separada y universal podía estar presente en todos los principados seculares, concentrando las actividades culturales y las sanciones religiosas en su propia organización clerical independiente. Por otra parte, dentro de cada reino particular de la Europa medieval se pudo desarrollar un sistema de estamentos que, de forma significativa, representaba en una asamblea tripartita a la nobleza, el clero y los burgueses como órdenes distintos del sistema político feudal. La condición básica previa de estos sistemas estamentales era, una vez más, la destotalización de la soberanía, que confería a la clase aristocrática dirigente de la sociedad prerrogativas privadas de justicia y administración, de tal forma que su consentimiento colectivo era necesario para cualquier acción que excediera, más allá de la cadena mediatizada de obligaciones y derechos personales, la soberanía de la monarquía, situada en lo más alto de la jerarquía feudal. Los parlamentos medievales eran, por tanto, una extensión lógica y necesaria de la presentación tradicional del auxilium et consilium del vasallo a su señor. La ambigüedad de su función —instrumentos de la voluntad real o instituciones de la resistencia señorial— era inherente a la unidad contradictoria del propio sistema feudal que era, a la vez, recíproco y desigual.

Geográficamente, como ya hemos visto, el complejo feudal «pleno» había nacido en el centro de la Europa occidental, en las antiguas tierras carolingias. De allí se expandió de forma lenta y desigual, primero hacia Inglaterra, España y Escandinavia; después, y de modo menos perfecto, hacia Europa oriental, donde sus elementos y etapas constituyentes sufrieron numerosas dislocaciones y torsiones locales, sin que esta región llegara a perder una inconfundible afinidad general con Europa occidental, constituyendo su periferia relativamente subdesarrollada. Las fronteras del feudalismo europeo, así formadas, no fueron establecidas fundamentalmente ni por la religión ni por la topografía, aunque ambas las sobredeterminaran de modo manifiesto. La cristiandad nunca fue coextensiva con este modo de producción: en la Etiopía o el Líbano medievales no hubo feudalismo. El pastoralismo nómada, adaptado a las tierras áridas de la mayor parte de Asia central, el Oriente Medio y África del norte, rodeó a Europa durante largos períodos de tiempo por todos sus límites, excepto por el Atlántico, por donde finalmente esta última habría de escapar para dominar al inunde. Pero las fronteras entre el nomadismo y el feudalismo no fueron levantadas meramente por la topografía de una forma lineal: la llanura de Panonia y la estepa ucraniana, hábitats clásicos del pastoralismo depredador, quedaron integradas finalmente en la agricultura sedentaria de Europa. El feudalismo, nacido en el sector occidental de Europa, se propagó al sector oriental por la fuerza de la colonización y el ejemplo. La conquista desempeñó un papel adicional, pero subordinado: su hazaña más espectacular —en el Levante mediterráneo— fue también la más efímera. A diferencia del modo de producción esclavista que le precedió y del modo de producción capitalista que le siguió, el modo de producción feudal como tal no se prestaba a un expansionismo imperialista en gran escala[23]. Aunque cada una de las clases señoriales luchara incesantemente para ampliar el área de su poder por medio de la agresión militar, la construcción de grandes imperios territoriales era imposible debido al sistemático hendimiento de la autoridad que definía al feudalismo de la Europa medieval. Por consiguiente, no existía una unidad política superior de las diversas comunidades étnicas del continente. Una religión común y un lenguaje aprendido vinculaban entre sí a unos estados que, por lo demás, estaban cultural y constitucionalmente separados unos de otros. La dispersión de la soberanía en el feudalismo europeo permitió que, tras las migraciones germanas y eslavas, subsistiera una gran diversidad de poblaciones y de lenguas dentro del continente. Ningún Estado medieval estaba basado en la nacionalidad, y las aristocracias tenían frecuentemente una trayectoria móvil que la trasplantaba de un territorio a otro. Pero las mismas divisiones del mapa dinástico de Europa permitieron que en él se consolidara la pluralidad étnica y lingüística. El modo de producción feudal, cuyo carácter era plenamente «prenacional», preparó objetivamente la posibilidad de un sistema estatal multinacional en la época de su posterior transición hacia el capitalismo. Un último rasgo del feudalismo europeo, nacido del conflicto y la síntesis de dos modos de producción anteriores, fue, por tanto, la extrema diferenciación y la ramificación interna de su universo cultural político. En una perspectiva comparativa, ésta no fue la característica peculiar menos importante del continente.

El feudalismo en cuanto categoría histórica fue un término acuñado por la Ilustración. Desde el mismo momento en que entró en circulación, se debatió el problema de si el fenómeno había existido fuera de Europa, que fue quien le dio el nombre. Montesquieu, como se sabe, declaró que era totalmente singular: el feudalismo fue «un hecho que acaeció una sola vez en el mundo y que probablemente nunca se volverá a repetir»[24]. El desacuerdo de Voltaire es igualmente conocido: «El feudalismo no es un acontecimiento, sino una forma muy antigua que, con diferentes administraciones, subsiste en tres cuartas partes de nuestro hemisferio»[25]. Y, en realidad, el feudalismo fue, desde luego, una «forma» institucional antes que un «acontecimiento» instantáneo; pero la amplitud de las «diferencias de administración» que se le atribuían tendieron a vaciarlo de una identidad determinada[26]. En resumidas cuentas, hoy no existe ninguna duda de que Montesquieu, con un sentido histórico mucho más profundo, estaba más cerca de la verdad. La investigación moderna sólo ha descubierto una región importante del mundo en la que predominó de forma indiscutible un modo de producción feudal comparable al de Europa. En el otro extremo del continente euroasiático, más allá de los imperios orientales conocidos por la Ilustración, las islas de Japón habrían de revelar un panorama social que recordaba con fuerza el pasado medieval a los viajeros y observadores europeos llegados a finales del siglo XIX, después de que en 1853 el desembarco del comodoro Perry en la bahía de Yokohama pusiera fin a su largo aislamiento del mundo exterior. Poco menos de una década después, el propio Marx comentaba en El capital, publicado el año anterior a la restauración Meiji: «Japón, con su organización puramente feudal de la propiedad de la tierra y su economía desarrollada de agricultura en pequeña escala, nos proporciona una imagen mucho más fiel de la Edad Media europea que todos nuestros libros de historia»[27]. En el siglo XX, la opinión académica está de acuerdo, en su inmensa mayoría, en considerar que Japón fue escenario histórico de un auténtico feudalismo[28]. Para lo que aquí nos interesa, la importancia fundamental de este feudalismo del Oriente Lejano radica en su peculiar combinación de semejanzas estructurales y divergencias dinámicas respecto a la evolución europea.

El feudalismo japonés, que apareció como un modo de producción desarrollado a partir de los siglos XIV y XV, tras un largo proceso de incubación previa, se caracterizaba fundamentalmente por el mismo nexo esencial que el feudalismo europeo: la fusión del vasallaje, beneficio e inmunidad en un sistema de feudos que constituía el marco político-legal básico de extracción del plustrabajo al productor directo. En Japón se reproducen con toda fidelidad los vínculos existentes entre el servicio militar, la propiedad condicional de la tierra y la jurisdicción señorial. La jerarquía de grados entre el señor, el vasallo y el subvasallo, hasta formar una cadena de soberanía y dependencia, también está presente. Una aristocracia de caballeros montados formaba una clase dirigente hereditaria: el campesinado estaba jurídicamente adscrito a la tierra en lo que era una réplica cercana de la servidumbre de la gleba. Naturalmente, el feudalismo japonés también poseía sus propios rasgos locales, que contrastaban con el feudalismo europeo. Las condiciones técnicas del cultivo del arroz imponían diferentes estructuras en las aldeas, que carecían de un sistema de rotación trienal. Por otra parte, el señorío japonés rara vez contenía una reserva señorial. Además, en el marco de la relación intrafeudal entre el señor y su superior, por encima del plano de la aldea, el vasallaje tendía a predominar sobre el beneficio: el vínculo «personal» del homenaje era tradicionalmente más fuerte que el vínculo «material» de la investidura. El sistema feudal era menos contractual y específico que en Europa: las obligaciones de un vasallo eran más amplias y los derechos de su señor más imperativos. Dentro del equilibrio peculiar de honor y subordinación, reciprocidad y desigualdad que caracteriza al vínculo feudal, la variante japonesa se inclinaba decididamente hacia el segundo término. Aunque la organización de clanes ya estaba superada —como en toda formación social verdaderamente feudal—, el «código» simbólico de la relación señor-vasallo se expresaba en el lenguaje del parentesco antes que en los elementos del derecho: la autoridad del señor sobre un miembro de su séquito era más patriarcal e incuestionable que en Europa. La felonía señorial era un concepto extraño, los tribunales vasalláticos no existían; el legalismo estaba por lo general muy limitado. La consecuencia general más importante de esta forma más autoritaria y asimétrica de jerarquía intraseñorial fue la ausencia de un sistema de Estados, tanto en el plano regional como en el nacional. Esta es, sin duda, la línea divisoria política más importante entre el feudalismo japonés y europeo, considerados como estructuras cerradas.

Pero una vez registradas estas significativas diferencias de segundo orden, el parecido fundamental entre ambas configuraciones históricas, consideradas en su conjunto, es inconfundible. Sobre todo, el feudalismo japonés también se definía por una rígida fragmentación de la soberanía y una propiedad privada y escalonada de la tierra. La fragmentación de la soberanía alcanzó una forma más organizada, sistemática y estable en el Japón de los Tokugawa que en ningún país europeo. Por otra parte, la propiedad privada y escalonada de la tierra fue más universal en el Japón feudal que en la Europa medieval, porque allí no existían posesiones alodiales en el campo. El paralelismo básico de las dos grandes experiencias de feudalismo, en los extremos opuestos de Eurasia, habría de recibir su más sorprendente confirmación final en el destino posterior de cada zona. El feudalismo europeo fue la puerta del capitalismo. La dinámica económica del modo de producción feudal europeo fue lo que liberó los elementos necesarios para la acumulación originaria de capital a escala continental, y el orden social de la Edad Media precedió y preparó el auge de la clase burguesa que la llevaría a cabo. La plenitud del modo de producción capitalista, desencadenado por la revolución industrial, fue el regalo y la maldición que Europa hizo al mundo. Hoy, en la segunda mitad del siglo XX, sólo una región importante, fuera de Europa o de sus colonias ultramarinas, ha alcanzado un capitalismo industrial avanzado: Japón. Como ha demostrado la investigación histórica moderna, las precondiciones económicas del capitalismo japonés estaban profundamente enraizadas en el feudalismo nipón, que tanto llamó la atención de Marx y de los europeos a finales del siglo XIX. Ninguna otra zona del mundo contenía aún tantos elementos internos favorables para una rápida industrialización. La agricultura feudal, exactamente igual que en Europa occidental, había generado unos niveles notables de productividad, probablemente superiores a los de la mayor parte del Asia monzónica en la actualidad. También había aparecido una propiedad rural orientada al mercado en un campo cuyo índice global de comercialización era sorprendentemente alto, quizá más de la mitad del producto total. Más significativo aún era que el tardío feudalismo japonés había experimentado un tipo de urbanización probablemente sin igual en ninguna otra parte, si se exceptúa la Europa contemporánea: a principios del siglo XVIII, su capital, Edo, era más extensa que Londres o París, y posiblemente uno de cada diez habitantes vivía en ciudades que superaban los 10.000 habitantes. En fin, el capital educativo del país resiste cualquier comparación con el de las naciones más desarrolladas de Europa occidental: en vísperas de la «apertura» de Japón a Occidente, alrededor del 40 o 50 por ciento de la población adulta masculina sabía leer y escribir. La rapidez y el éxito extraordinarios con los que la restauración Meiji implantó en Japón el capitalismo industrial tenían sus presupuestos históricos determinantes en el carácter especialmente avanzado de la sociedad que le había legado el feudalismo de los Tokugawa.

Pero, al mismo tiempo, hubo una decisiva divergencia entre la evolución europea y la japonesa. En efecto, aunque Japón habría de alcanzar en último término un ritmo de industrialización más rápido que el de cualquier país capitalista de Europa o Norteamérica, el impulso fundamental para su tempestuosa transición hacia el modo de producción capitalista, a finales del siglo XIX y en la primera parte del XX, fue exógeno. El impacto del imperialismo occidental sobre el feudalismo japonés fue lo que galvanizó repentinamente las fuerzas internas, dirigiéndolas hacia la transformación total del orden tradicional. La profundidad de estos cambios no estaba, en modo alguno, al alcance del reino de los Tokugawa. Cuando la escuadra de Perry ancló en Yokohama en 1853, la distancia histórica entre Japón y las amenazantes potencias euroamericanas era, a pesar de todo, enorme. La agricultura japonesa estaba notablemente comercializada en el plano de la distribución, pero lo estaba mucho menos en el de la producción. Las rentas feudales, recaudadas predominantemente en especie, representaban todavía la mayor parte del plusproducto, aunque al final del proceso se convirtieran en dinero; el cultivo directo para el mercado conservaba un papel subsidiario dentro del conjunto de la economía rural. Las ciudades japonesas eran grandes aglomeraciones urbanas, con instituciones financieras y mercantiles muy complejas, pero las manufacturas tenían todavía un carácter muy rudimentario y estaban dominadas por los oficios artesanos, organizados en gremios tradicionales; las fábricas eran prácticamente desconocidas; el trabajo asalariado no estaba organizado a gran escala; la tecnología era simple y arcaica. La educación japonesa era un fenómeno de masas, que quizá había alfabetizado a uno de cada dos hombres. Pero, culturalmente, el país estaba aún enormemente atrasado en comparación con sus antagonistas occidentales; no se había producido ningún desarrollo científico, y el derecho estaba poco evolucionado; apenas existía la filosofía, menos aún la teoría política o económica; prácticamente había una ausencia total de historia crítica. En otras palabras, sus costas no habían sido rozadas por nada que pudiera compararse remotamente al Renacimiento. Lógicamente, la estructura del Estado permanecía fragmentada y congelada. Japón conoció una larga y rica experiencia de feudalismo, pero nunca produjo un absolutismo. El shogunato Tokugawa, que gobernó sobre las islas durante los doscientos cincuenta años anteriores a la intrusión del Occidente industrializado, aseguró una larga paz y mantuvo un orden riguroso; pero su régimen era la negación de un Estado absolutista. El shogunato no tenía el monopolio de la fuerza en Japón; los señores regionales conservaban sus propios ejércitos, cuyo volumen total era superior al de la propia casa Tokugawa. El shogunato no implantó un derecho uniforme: la autoridad de sus propias regulaciones afectaba básicamente a una quinta o cuarta parte del país. No poseía una burocracia con competencia en toda el área de su soberanía: todos los grandes feudos tenían su propia administración, separada y autónoma. No recaudaba ningún impuesto nacional: las tres cuartas partes de la tierra quedaban fuera de su ámbito fiscal. No dirigía ninguna diplomacia: el aislamiento oficial prohibía que se mantuvieran relaciones de carácter regular con el mundo exterior. Ejército, fiscalidad, burocracia, legalidad y diplomacia, todos los complejos institucionales básicos del absolutismo europeo, eran deficientes o faltaban por completo. En este sentido, la distancia política entre Japón y Europa, las dos patrias del feudalismo, manifiesta y simboliza la profunda divergencia de su desarrollo histórico. En este punto es necesaria e instructiva una comparación no sobre la «naturaleza», sino sobre la «posición» del feudalismo en la trayectoria de cada una de ellas.

Como ya hemos visto, el modo de producción feudal fue, en Europa, el resultado de una fusión de elementos liberados por el choque y la disolución de dos modos antagónicos de producción anteriores a él: el modo de producción esclavista de la Antigüedad clásica y los modos de producción primitivo-comunales de las poblaciones tribales de su periferia. La lenta síntesis romano-germánica en la Edad Oscura produjo finalmente la nueva civilización del feudalismo europeo. La historia específica de todas las formaciones sociales que existieron en la Europa medieval y moderna estuvo marcada por la incidencia diferencial de esta síntesis primaria que dio origen al feudalismo. Un examen de la experiencia completamente diferente del feudalismo japonés confirma una importante verdad de carácter general, que debemos a Marx: la génesis de un modo de producción siempre debe distinguirse de su estructura[29]. La misma estructura articulada puede llegar a la existencia por muy diferentes «caminos». Sus elementos constitutivos pueden quedar liberados de los anteriores modos de producción según formas y procesos muy variados antes de que se entrecrucen para formar un sistema coherente y autorreproductivo. El feudalismo japonés no tuvo tras de sí un pasado «esclavista» ni «tribal», sino que fue el producto de la lenta desintegración de un sistema imperial de tradición china, basado en el monopolio estatal de la tierra. El Estado Taiho, creado en los siglos VII y VIII de nuestra era bajo la influencia china, era un tipo de imperio absolutamente distinto del de Roma. La esclavitud era mínima, no existía la libertad municipal y estaba abolida la propiedad privada de la tierra. La gradual dislocación del sistema político, burocrático y centralizado, constituido según los Códigos Taiho, fue un proceso espontáneo y endógeno que se extendió desde el siglo IX hasta el XVI. No hubo ninguna invasión extranjera comparable a las migraciones bárbaras en Europa. La única amenaza exterior seria, el ataque marítimo realizado por los mogoles en el siglo XIII, fue rechazada con decisión. Así pues, los mecanismos de la transición al feudalismo en Japón fueron totalmente diferentes a los de Europa. No se produjo el cataclismo del colapso y la disolución de dos modos conflictivos de producción, acompañado por una profunda regresión económica, política y cultural que, a pesar de todo, despejó el camino para el posterior avance del nuevo modo de producción nacido de la disolución de ambos. Lo que se produjo, más bien, fue una decadencia larguísima e interminable de un Estado imperial central, en cuyo marco los nobles guerreros locales usurparon imperceptiblemente las tierras provinciales y privatizaron el poder militar hasta que —tras una continua evolución de siete siglos— tuvo lugar una fragmentación feudal prácticamente completa del país. Este proceso regresivo de feudalización «desde dentro» se completó finalmente con la recomposición de los señoríos territoriales independientes en una pirámide organizada de soberanía feudal. El shogunato Tokugawa representó el inmóvil producto final de esta historia secular.

Toda la genealogía del feudalismo japonés presenta, en otras palabras, un contraste inequívoco con los antecedentes del feudalismo europeo. Hintze, cuya obra contiene análisis que todavía se cuentan entre las más profundas reflexiones sobre la naturaleza y la incidencia del feudalismo, estaba equivocado al pensar que, a este respecto, existía una estrecha analogía entre las experiencias japonesa y europea. Para Hintze, el feudalismo era siempre el resultado de lo que llamaba la «desviación» (Ablenkung) de una sociedad tribal que progresa a través del armazón de un imperio anterior, el cual desvía su camino hacia la formación del Estado según una configuración única. Rechazando todo evolucionismo lineal, Hintze insistía en la necesidad de un «entrelazamiento» (Verflechtung) coyuntural de los efectos imperiales y tribales para liberar un verdadero feudalismo. La aparición del feudalismo en Europa occidental después del imperio romano podía compararse así con la aparición del feudalismo japonés después del imperio Taiho: en ambos casos fue una combinación «externa» (Alemania/Roma y Japón/China) de elementos lo que determinó la formación del nuevo orden. «El feudalismo no es la creación de una evolución nacional inmanente, sino una constelación histórico-mundial»[30]. El defecto de esta comparación es que da por supuesta la existencia de alguna similitud entre los estados imperiales chino y romano, más allá de su abstracta nomenclatura de imperios. La Roma antonina y la China T’ang, o su equivalente el Japón Tahio, eran en realidad civilizaciones completamente diferentes, basadas en distintos modos de producción. Una de las lecciones básicas de la aparición independiente de la misma forma histórica en los dos extremos de Eurasia es la diversidad de las vías hacia el feudalismo y no su identidad. Frente al hecho de esta radical diversidad en los orígenes, la semejanza estructural del feudalismo europeo y japonés es todavía más sorprendente; es la más elocuente demostración de que un modo de producción, una vez formado, reproduce su propia unidad rigurosa en cuanto sistema integrado, «limpio» de los diversos presupuestos que inicialmente le dieron el ser. El modo de producción feudal tiene su propio orden y su propia necesidad, que se imponen con idéntica lógica en dos medios extremadamente diferentes cuando el proceso de transición ha llegado a su fin. No se trata sólo de que las principales estructuras rectoras del feudalismo que se desarrollaron primero en Europa se reprodujeran después en Japón; quizá sea aún más significativo que esas estructuras tuvieran efectos históricos muy similares. El desarrollo del señorío, el crecimiento del capital mercantil, la extensión del alfabetismo, fueron tales en Japón que ésta fue la única región importante del mundo, de origen no europeo, capaz de unirse a Europa, Norteamérica y Australasia en la marcha hacia el capitalismo industrial.

Con todo, una vez subrayado el paralelismo fundamental entre los feudalismos japonés y europeo, como modos de producción internamente articulados, queda todavía el hecho simple y enorme de su divergente resultado final. A partir del Renacimiento, Europa llevó a cabo la transición hacia el capitalismo bajo su propio impulso en un proceso de incesante expansión global. La revolución industrial, que, gracias a la acumulación originaria de capital, se pone en marcha en escala internacional a comienzos de la época moderna, fue una combustión espontánea y gigantesca de las fuerzas de producción, sin igual en su poder y universal en su alcance. Nada comparable ocurrió en Japón y, a pesar de los avances de la época Tokugawa, no había ninguna señal de que algo semejante fuera inminente. El impacto del imperialismo euroamericano fue lo que destrozó el viejo orden político japonés, y la importación de la tecnología occidental fue lo que hizo posible una industrialización autóctona a partir de los materiales de su herencia socioeconómica. El feudalismo permitió que sólo Japón, entre las sociedades asiáticas, africanas o amerindias, se alistara en las filas del capitalismo avanzado, cuando ya el imperialismo se había convertido en un sistema de conquista universal; pero Japón, en su aislamiento en medio del Pacífico, no generó un capitalismo nativo por su propio impulso. Por tanto, dentro del modo de producción feudal no existía ninguna fuerza inherente que lo empujara a transformarse inevitablemente en el modo de producción capitalista. El análisis concreto de historia comparada no sugiere ningún fácil evolucionismo.

¿Qué es, por tanto, lo específico de la historia europea, que la separó tan profundamente de la historia japonesa, a pesar del ciclo común del feudalismo que, por lo demás, unió tan estrechamente a ambas? La respuesta reside con toda seguridad en el legado perdurable de la Antigüedad clásica. El imperio romano, en su forma histórica final, era por su propia naturaleza incapaz de una transición hacia el capitalismo. El mismo avance del universo clásico lo condenaba a una regresión catastrófica, de un tipo para el que verdaderamente no hay ningún otro ejemplo en los anales de la civilización. El mundo social mucho más primitivo del primer feudalismo fue el resultado de su colapso, preparado desde el interior y completado desde el exterior. La Europa medieval, tras una larga gestación, liberó a principios de la época moderna los elementos de una lenta transición ulterior hacia el modo de producción capitalista. Pero lo que hizo posible en Europa el paso singular hacia el capitalismo fue la concatenación de la Antigüedad y el feudalismo. En otras palabras, para captar el secreto de la aparición del modo de producción capitalista en Europa es necesario descartar de la forma más radical posible toda concepción que reduzca el proceso a una simple subsunción evolucionista de un modo de producción inferior por un modo de producción más elevado, de tal manera que el uno se genera automática y enteramente a partir del otro por una sucesión orgánica, disolviéndolo en consecuencia. Marx insistió con toda razón en la diferencia entre la génesis y la estructura de los modos de producción, pero se dejó llevar por la equivocada tentación de añadir que el nuevo modo, una vez asegurada su reproducción, absorbía o abolía por completo las huellas del primero. Así, Marx escribió que los «supuestos» previos de un modo de producción, «precisamente en cuanto tales supuestos históricos pertenecen al pasado y, por tanto, a la historia de su formación, pero de ningún modo a su historia contemporánea, es decir, no pertenecen al sistema real del modo de producción […] han quedado a su zaga, como pródromos históricos de su devenir, al igual que los procesos a través de los cuales la Tierra pasó de mar fluente de fuego y vapores a su forma actual, se sitúan allende su existencia como Tierra[31].

En realidad, ni siquiera el capitalismo triunfante —el primer modo de producción cuyo alcance ha llegado a ser verdaderamente universal— resume o internaliza simplemente todos los modos de producción anteriores que encontró y dominó en su camino. Y mucho menos pudo hacer esto el feudalismo en Europa. Ninguna teleología unitaria de este tipo dirige las tortuosas y dispersas huellas de la historia de esa manera. Las formaciones sociales concretas encarnan siempre cierto número de modos de producción coexistentes y conflictivos, de diversa antigüedad. En efecto, el advenimiento del modo de producción capitalista en Europa sólo puede entenderse desechando toda noción puramente lineal del tiempo histórico como un todo. En vez de presentar la forma de una cronología acumulativa, en la que una etapa sucede y suplanta a la anterior, para producir la siguiente que a su vez la superará, la marcha hacia el capitalismo revela una supervivencia del legado de un modo de producción dentro de una época dominada por otro, y una reactivación de su fuerza en el paso hacia un tercero. La «ventaja» de Europa sobre Japón radica en su ascendencia clásica, que incluso después de la Edad Media no desapareció «detrás» de ella, sino que, en ciertos aspectos básicos, sobrevivió «frente» a ella. En este sentido, la génesis histórica concreta del feudalismo europeo, lejos de desvanecerse como el fuego y el vapor en la solidez terrestre de su estructura ya realizada, tuvo efectos tangibles sobre su disolución final. La verdadera temporalidad histórica rectora de los tres grandes modos de producción históricos que han dominado a Europa hasta nuestro siglo es, por tanto, radicalmente distinta del continuum de una cronología evolucionista. Contrariamente a todos los presupuestos historicistas, en ciertos niveles el tiempo parece invertirse entre los dos primeros modos de producción para liberar así la crítica transición hacia el tercero. Contrariamente a todos los presupuestos estructuralistas, no existe ningún mecanismo automotor de desplazamiento desde el modo de producción feudal al modo de producción capitalista, como si fueran sistemas contiguos y cerrados. La concatenación de los modos de producción antiguo y feudal fue necesaria para producir el modo de producción capitalista en Europa en una relación que no es de mera secuencia diacrónica, sino también, en un estadio determinado, de articulación sincrónica[32]. El pasado clásico volvió a despertar en el seno del presente feudal para asistir a la llegada del futuro capitalista, a la vez inimaginablemente distante y extrañamente vecino a él. Porque el nacimiento del capital presenció también, como sabemos, el renacer de la Antigüedad. El Renacimiento es —a pesar de todas las críticas y las revisiones— la encrucijada de toda la historia de Europa: el doble momento de una expansión sin igual del espacio y, simultáneamente, de una recuperación del tiempo. En este momento, con el redescubrimiento del Mundo Antiguo y el descubrimiento del Nuevo, el sistema estatal europeo adquirió su plena singularidad. Un poder universal omnipresente habría de ser el resultado y el fin de esta singularidad.

La concatenación de los modos de producción antiguo y feudal que distingue el desarrollo europeo puede observarse en varios rasgos originales de las épocas medieval y moderna que lo distancian de la experiencia japonesa (por no hablar ya de la islámica o la china). Para empezar, la posición y la evolución de las ciudades fue completamente distinta. El feudalismo, como modo de producción, fue el primero en la historia que hizo posible una oposición dinámica entre la ciudad y el campo; la parcelación de la soberanía inherente a su estructura permitía el crecimiento de enclaves urbanos autónomos como centros de producción dentro de una economía predominantemente rural y no como centros privilegiados o parasitarios de consumo o administración (modelo típicamente asiático, según creía Marx). El orden feudal fomentó así un tipo de vitalidad urbana distinta a la de cualquier otra civilización, cuyos productos comunes pueden verse en Japón y en Europa. Al mismo tiempo, sin embargo, existía una diferencia fundamental entre las ciudades de la Europa medieval y las de Japón. Las primeras poseían un grado de densidad y autonomía desconocidos para las segundas; su peso específico dentro del conjunto del orden feudal era mucho mayor. En Japón, la principal oleada de urbanización fue relativamente tardía —se desarrolló a partir del siglo XVI— y estuvo dominada por unas pocas y grandes concentraciones. Además, las ciudades japonesas consiguieron un autogobierno municipal permanente; su apogeo coincidió con el máximo control ejercido sobre ellas por los señores y los shogun. En Europa, por otra parte, la estructura general del feudalismo permitió el desarrollo de ciudades productoras, basadas también en las manufacturas artesanales, pero las formaciones sociales específicas que surgieron de la peculiar forma local de transición hacia el feudalismo permitieron, desde el principio, un «input» urbano y municipal mucho mayor. Como hemos visto, el verdadero movimiento de la historia nunca es el simple paso de un modo de producción puro a otro; siempre está compuesto por una serie compleja de formaciones sociales en las que se entremezclan varios modos de producción bajo el dominio de uno de ellos. A esto se debe, por supuesto, que determinados «efectos» de los modos de producción antiguo y primitivo-comunal, anteriores al modo de producción feudal, puedan sobrevivir dentro de las formaciones sociales europeas mucho después de la desaparición de los mundos romano y germánico. Así, el feudalismo europeo disfrutó desde el principio de un legado municipal que «llenó» el espacio dejado por el nuevo modo de producción para el desarrollo urbano de manera mucho más positiva y dinámica que en ninguna otra parte. Ya hemos hablado del testimonio más elocuente que existe sobre la importancia directa de la Antigüedad en la aparición de las formas urbanas características de la Edad Media europea: la primacía de Italia en este proceso y la adopción de los símbolos romanos por sus primeros regímenes municipales, desde los «consulados» del siglo XI en adelante. Toda la concepción social y jurídica de una ciudadanía urbana como tal poseía un recuerdo y unas derivaciones clásicas y no tuvo ningún paralelo fuera de Europa. Naturalmente, dentro del modo de producción feudal, una vez constituido, la base socioeconómica de las ciudades-repúblicas que se desarrollaron gradualmente en Italia y en el norte fue radicalmente distinta de la del modo de producción esclavista, del que heredaban tantas tradiciones superestructurales: el trabajo artesanal liberado las hizo para siempre distintas de sus predecesoras, a la vez más toscas y capaces de mayor creatividad. Como Anteo, en la comparación de Weber, la cultura urbana del mundo clásico, que en la Edad Media se había hundido hasta las cavernosas profundidades del mundo rural, resurgió de nuevo, más fuerte y más libre, en las comunidades urbanas de la primera época moderna[33]. Nada semejante a este proceso histórico tuvo lugar en Japón ni a fortiori en los grandes imperios asiáticos —árabe, turco, indio o chino— que nunca conocieron el feudalismo. Las ciudades de Europa —comunas, repúblicas, tiranías— fueron el producto único del desarrollo combinado que caracterizó al continente.

Al mismo tiempo, la agricultura del feudalismo europeo experimentó también una evolución que no tuvo paralelo en ninguna otra parte. Ya se ha subrayado la extrema rareza del sistema de feudos como tipo de propiedad rural: nunca fue conocido en los grandes estados islámicos ni bajo las sucesivas dinastías chinas, que tuvieron sus propias formas características de posesión agraria. El feudalismo japonés, sin embargo, mostró el mismo nexo de vasallaje, beneficio e inmunidad que definió al orden medieval en Europa. Pero nunca experimentó la transformación crucial de la propiedad rural que distinguió al primer período de la Europa moderna. El modo de producción feudal puro se caracterizaba por la propiedad privada condicional de la tierra, de la que estaba investida una clase hereditaria de nobles. La naturaleza privada o individual de esta propiedad rural lo distinguía, como vio Marx, de toda una amplia gama de sistemas agrarios alternativos, situados fuera de Europa y de Japón, en los que el monopolio formal del Estado sobre la tierra, fuese inicial o permanente, correspondía a unas clases de poseedores mucho menos «aristocráticas», en sentido estricto, que los caballeros o los samurais. Pero, una vez más, el desarrollo europeo fue mucho más allá del japonés con la transición, en la época del Renacimiento, de la propiedad privada condicional de la tierra a la absoluta. También en este caso fue el legado clásico del derecho romano lo que facilitó y codificó este avance decisivo. La propiedad quiritaria, la más alta expresión legal de la economía mercantil de la Antigüedad, permaneció a la espera de ser redescubierta y puesta en funcionamiento una vez que la expansión de las relaciones mercantiles dentro de la Europa feudal hubiera alcanzado unos niveles en los que su precisión y claridad fuesen necesarias de nuevo[34]. Intentando definir la especificidad de la vía europea al capitalismo frente a la evolución del resto del mundo, Marx escribió a Zasúlich que, «en este movimiento occidental, el problema es la transformación de una forma de propiedad privada en otra forma de propiedad privada»[35]. Marx estaba indicando con esto la expropiación de las pequeñas propiedades campesinas por la agricultura capitalista, que creyó (equivocadamente) que podría evitarse en Rusia por la transición directa de la propiedad campesina comunal al socialismo. La frase de Marx contiene, sin embargo, una profundad verdad si se aplica en un sentido algo diferente: la transformación de una forma de propiedad privada —condicional— en otra forma de propiedad privada —absoluta— dentro de la nobleza terrateniente fue la preparación indispensable de la llegada del capitalismo y marcó el momento en que Europa dejó atrás a todos los demás sistemas agrarios. En la larga época de transición en la que la tierra se mantuvo como la fuente cuantitativamente predominante de riqueza en todo el continente, la consolidación de una propiedad privada ilimitada y hereditaria constituyó un paso fundamental hacia la liberación de los factores de producción necesarios para la acumulación de un verdadero capital. El mismo «vinculismo» que impuso la aristocracia europea a principios de la Edad Moderna fue ya una prueba palmaria de las presiones objetivas hacia un mercado libre de la tierra que habría de generar, en último término, una agricultura capitalista. El orden legal surgido del renacimiento del derecho romano creó las condiciones jurídicas generales para una transición eficaz hacia el modo de producción capitalista, tanto en la ciudad como en el campo. La seguridad de la propiedad y el carácter fijo de los contratos, la protección y la predictibilidad de las transacciones económicas entre las partes individuales, garantizadas por un derecho civil escrito, nunca se repitieron en ninguna otra parte. El derecho islámico fue, como mucho, vago e inseguro en los problemas de la propiedad inmobiliaria; su interpretación era inextricablemente religiosa y, por tanto, confusa y contenciosa. El derecho chino era rígidamente punitivo y represivo; apenas se ocupaba de las relaciones civiles, y no ofrecía un armazón estable para la actividad económica. El derecho japonés era fragmentario y rudimentario, con sólo unos tímidos comienzos de derecho comercial jurídico, surgidos en el entrecruzamiento de las diversas disposiciones señoriales[36]. Al contrario de todos ellos, el derecho romano ofrecía un marco coherente y sistemático para la compra, venta, arriendo, alquiler, préstamo y testaduría de bienes; remodelado en las nuevas condiciones de Europa y generalizado por un cuerpo de juristas profesionales desconocidos en la Antigüedad, su influencia fue una de las precondiciones institucionales fundamentales para la rápida expansión de las relaciones de producción capitalistas a escala continental.

Además, al renacimiento del derecho romano acompañó o siguió la reapropiación de casi toda la herencia cultural del mundo clásico. El pensamiento filosófico, histórico, político y científico de la Antigüedad —por no hablar de su literatura o arquitectura— adquirió repentinamente una nueva potencia e inmediatez en la primera época moderna. Los componentes críticos y racionales de la cultura clásica —en comparación con los de cualquier otra civilización antigua— dieron a su retorno una fuerza mayor y más penetrante. No sólo eran intrínsecamente más avanzados que los que pudieran haber existido en el pasado de otros continentes, sino que estaban separados del presente por el gran abismo de la divisoria religiosa situada entre las dos épocas. El pensamiento clásico nunca pudo ser embalsamado como una venerable e inocua tradición, ni siquiera en su asimilación selectiva durante la Edad Media; al ser un universo no cristiano, siempre mantuvo un contenido antagónico y corrosivo. El potencial radical de sus más grandes obras pudo verse en su plenitud una vez que las nuevas condiciones sociales permitieron a las mentes europeas mirar hacia atrás, sin vértigo, de un lado a otro del abismo que las separaba de la Antigüedad. El resultado fue, como ya hemos visto, una revolución intelectual y artística de tal índole que sólo pudo ocurrir a causa de la específica precedencia histórica del mundo clásico respecto al medieval. La astronomía de Copérnico, la filosofía de Montaigne, la política de Maquiavelo, la historiografía de Clarendon, la jurisprudencia de Grocio: de diferentes formas, todas eran deudoras de los mensajes en la Antigüedad. El mismo nacimiento de la física moderna tomó en parte la forma del rechazo de un legado clásico —el aristotelismo— bajo el signo de otro —el neoplatonismo— que inspiró su concepción «dinámica» de la naturaleza[37]. La cultura analítica y secular, que se extendió paulatinamente, todavía con muchas regresiones y bloqueos teológicos, fue quizá el fenómeno histórico que separó de forma más inequívoca a Europa de las otras grandes zonas de civilización en la época preindustrial. El perezoso tradicionalismo de la sociedad feudal japonesa, prácticamente libre de corrientes ideológicas contrarias durante la era Tokugawa, ofrece un contraste especialmente llamativo. El estancamiento intelectual de Japón, en medio de su efervescencia económica, se debió en una medida considerable al deliberado aislamiento del país. También en este caso, el feudalismo europeo tomó la delantera a su equivalente japonés desde el mismo comienzo de sus respectivos orígenes.

En Japón, el modo de producción feudal fue el resultado de la lenta involución de un orden imperial cuyas estructuras procedían del exterior y que, en último término, se estabilizó en unas condiciones de aislamiento completo del mundo exterior. En Europa, por el contrario, el modo de producción feudal surgió del choque frontal entre dos órdenes anteriores, en lucha sobre una gran área geográfica, y cuyos efectos posteriores se extendieron a unas zonas todavía más amplias. El feudalismo insular de Japón se movió hacia dentro, alejándose de la matriz oriental del inicial Estado Taiho. El feudalismo continental de Europa se movió hacia fuera a medida que la diversidad étnica, inherente a la síntesis originaria que le había dado nacimiento, aumentaba con la expansión del modo de producción más allá de su patria carolingia, y produjo finalmente un mosaico dinástico y protonacional de gran complejidad. En la Edad Media, esta gran diversidad aseguró la autonomía de la Iglesia, que nunca estuvo sometida a una sola soberanía imperial como la que había conocido la Antigüedad, y favoreció la aparición de las asambleas de Estados, convocadas precisamente para reunir a la nobleza local en torno a una monarquía o a un principado contra los ataques de otros, en los conflictos militares de la época[38]. Tanto la independencia eclesiástica como la representación estamental fueron, a su vez, rasgos de la sociedad medieval europea que nunca se reprodujeron en la variante japonesa del feudalismo. En este sentido, estuvieron en función del carácter internacional del feudalismo europeo, que no fue en modo alguno la razón menos profunda de que su destino fuera tan diferente del japonés. La azarosa multiplicidad de unidades políticas en la Europa medieval tardía se convirtió a comienzos de la época moderna en un sistema organizado e interrelacionado de estados: el nacimiento de la diplomacia formalizó la novedad de un conjunto plural de miembros asociados —para la guerra, la alianza, el comercio, el matrimonio o la propaganda— dentro de una sola arena política, cuyos límites y reglas se hicieron más claros y más definidos. La fecundidad cultural resultante de la formación de este sistema altamente integrado, aunque extremadamente diversificado, fue uno de los rasgos peculiares de la Europa pre-industrial; probablemente, los logros intelectuales de la primera época moderna son inseparables de él. En ningún otro lugar del mundo existió un conjunto político que se le pudiera comparar: la institucionalización del intercambio diplomático fue una invención del Renacimiento, y mucho tiempo después era todavía una particularidad europea.

Así pues, el Renacimiento fue simultáneamente el momento en que el encuentro de la Antigüedad y el feudalismo produjo de repente sus frutos más originales y sorprendentes, y el momento histórico decisivo en que Europa dejó atrás en dinamismo y expansión a todos los demás continentes. El tipo nuevo y singular de Estado que surgió en esta época fue el absolutismo. Las monarquías absolutas del primer período moderno fueron un fenómeno estrictamente europeo. Representan exactamente la forma política del progreso de toda la zona, porque, como ya hemos visto, fue precisamente en este punto en el que se detuvo la evolución de Japón: el feudalismo del Oriente Lejano nunca desembocó en el absolutismo. La aparición del absolutismo a partir del feudalismo europeo fue, dicho de otra forma, la suma total de su preeminencia política. El absolutismo, creación del Renacimiento, pudo desarrollarse gracias a la larga historia anterior que se extiende más allá del feudalismo y que fue invocada de nuevo en los albores de la era moderna. Como estructura estatal dominante en Europa hasta el fin de la Ilustración, su hegemonía coincidió con la exploración del globo por las potencias europeas y con los comienzos de su supremacía sobre el universo. Por su naturaleza y estructura, las monarquías absolutas de Europa eran todavía estados feudales, las maquinarias de gobierno de la misma clase aristocrática que había dominado la Edad Media. Pero en Europa occidental, donde habían nacido, las formaciones sociales que gobernaban eran una combinación compleja de los modos de producción feudal y capitalista, con un auge gradual de la burguesía urbana y un crecimiento de la acumulación originaria de capital en una escala internacional. El entrelazamiento de estos dos modos de producción antagónicos dentro de las mismas sociedades fue lo que dio origen a las formas transicionales del absolutismo. Los estados monárquicos de la nueva época pusieron fin a la parcelación de la soberanía, que estaba inserta en el modo de producción feudal puro, aunque nunca alcanzaron un sistema político plenamente unitario. Este cambio estaba determinado, en última instancia, por el incremento de la producción y el intercambio mercantiles, que tendían a disolver en el campo las relaciones feudales primarias. Pero, al mismo tiempo, la desaparición de la servidumbre no significó la abolición de la coerción extraeconómica privada para la extracción de plustrabajo del productor inmediato. La nobleza terrateniente siguió poseyendo el grueso de los medios fundamentales de producción en la economía y ocupando la gran mayoría de las posiciones dentro del conjunto del aparato de poder político. La coerción feudal se desplazó hacia arriba, hacia una monarquía centralizada, y la aristocracia tuvo que cambiar su representación estamental por los cargos burocráticos dentro del renovado aparato de Estado. Las agudas tensiones de estos procesos produjeron muchas revueltas señoriales, y la autoridad real se ejerció a menudo de forma implacable contra los miembros de la clase nobiliaria. El mismo término de «absolutismo» —que siempre ha sido un nombre técnicamente incorrecto— es una prueba del peso del nuevo sistema monárquico sobre el propio orden aristocrático.

Pero hay, sin embargo, una característica básica que distingue a las monarquías absolutas de Europa de las miríadas de tipos de gobiernos despóticos, arbitrarios o tiránicos, encarnados o controlados por un soberano personal, que han prevalecido en todo el mundo. El aumento del poder político del Estado monárquico no vino acompañado por una disminución de la seguridad económica de la propiedad nobiliaria de la tierra, sino por un aumento paralelo de los derechos generales de la propiedad privada. La era en que se impuso la autoridad pública «absolutista» fue también la era en la que se consolidó progresivamente la propiedad privada «absoluta». Esta trascendental diferencia social separa a las monarquías Borbón, Habsburgo, Tudor o Vasa de todos los sultanatos, imperios o shogunatos situados fuera de Europa. Los contemporáneos que se enfrentaron al Estado otomano en tierras europeas siempre fueron plenamente conscientes de este gran abismo. El absolutismo no significó el fin del dominio aristocrático, sino que, por el contrario, protegió y estabilizó el dominio de la nobleza hereditaria en Europa. Los reyes que gobernaban las nuevas monarquías nunca pudieron transgredir los invisibles límites del poder aristocrático, esto es, los límites de las condiciones materiales de reproducción de la clase a la que ellos mismos pertenecían. Normalmente, estos soberanos eran conscientes de su pertenencia a la aristocracia que les rodeaba; el orgullo individual de su rango se fundaba en una solidaridad colectiva de sentimientos. Y así, mientras el capital se acumulaba lentamente bajo las brillantes superestructuras del absolutismo, ejerciendo sobre ellas un empuje gravitacional cada vez mayor, la nobleza terrateniente de la Europa moderna conservó su predominio histórico en y gracias a las monarquías que ahora les dirigían. Económicamente a salvo, socialmente privilegiada y culturalmente madura, la aristocracia seguía dominando; el Estado absolutista hizo compatible su supremacía con el crecimiento ininterrumpido del capital dentro de las formaciones sociales mixtas de la Europa occidental.

Posteriormente, como hemos visto, el absolutismo apareció también en la Europa oriental —la mitad más atrasada del continente— que nunca había experimentado la original síntesis romano-germánica que dio el ser al feudalismo medieval. Los caracteres y la temporalidad diferentes de las dos variantes del absolutismo europeo —occidental y oriental—, que han constituido un tema central de este estudio, sirven para subrayar el contexto y carácter final comunes de ambas. En Europa oriental, el poder social de la nobleza no estuvo condicionado por ninguna burguesía urbana ascendente como la que caracterizó a Europa occidental: el dominio señorial no tuvo límites. El absolutismo del Este desplegó, pues, su composición y función de clase de forma más patente e inequívoca que el occidental. Construida sobre la servidumbre, la forma feudal de su estructura de Estado era clara y manifiesta; el campesinado sometido a servidumbre constituía un recuerdo permanente de las formas de opresión y explotación que perpetuaba su aparato coactivo. Pero, al mismo tiempo, la génesis del absolutismo en Europa oriental fue fundamentalmente distinta de la del de Europa occidental, precisamente porque no fue el crecimiento de la producción y el intercambio mercantiles lo que le dio el ser; más allá del Elba, el capitalismo estaba todavía muy lejos. Lo que condujo a la paradójica preformación del absolutismo en el Este fue la intersección de dos fuerzas: la de un proceso inacabado de feudalización —que había comenzado cronológicamente después, sin la ventaja del legado de la Antigüedad y en condiciones topográficas y demográficas más difíciles— y la de una creciente presión militar que venía del Oeste, más avanzado. Con el establecimiento de los regímenes absolutistas en Europa oriental quedó completo, a su vez, el sistema internacional de estados que definió y circunscribió a la totalidad del continente. El nacimiento de un orden político multilateral, como único campo de disputa y conflicto entre los estados rivales, fue, por tanto, causa y efecto de la generalización del absolutismo en Europa. La construcción de este sistema internacional, a partir de Westfalia, no hizo homogéneas a las dos mitades del continente. Por el contrario, al representar desde su comienzo a distintos linajes históricos, los estados absolutistas de Europa occidental y oriental siguieron trayectorias divergentes hasta sus respectivos finales La gama de sus diferentes destinos es bien conocida. En Occidente, las monarquías española, inglesa y francesa fueron derrotadas o derrocadas por revoluciones burguesas iniciadas desde abajo, mientras que los principados italianos y alemanes fueron eliminados por revoluciones burguesas iniciadas, tardíamente, desde arriba. En el Este, por otra parte, el imperio ruso fue destruido finalmente por una revolución proletaria. Las consecuencias de la división del continente, simbolizadas en estas sucesivas y opuestas insurrecciones, están todavía con nosotros.

DOS NOTAS

A. EL FEUDALISMO JAPONES

En el siglo VII d. C., bajo una fuerte influencia china, se formó en Japón un sistema político imperial centralizado: la reforma Taika del año 646 disolvió las anteriores e imprecisas comunidades de grupos de linaje nobiliarios y de cultivadores independientes e instaló por vez primera un sistema estatal unitario. El nuevo Estado japonés, calcado administrativamente del imperio T’ang de la China de la época y que habría de regularse por los códigos Taiho de principios del siglo VIII (702), se basaba en un monopolio imperial de la propiedad de la tierra. El suelo se concedía en pequeños lotes, periódicamente redistribuidos, a cultivadores arrendatarios que pagaban impuestos en especie o prestaciones personales al Estado. El sistema de asignación de parcelas, aplicado en un primer momento a las tierras familiares de la casa imperial, se extendió gradualmente durante el siglo siguiente a todo el país. El control político unificado del país se mantenía por medio de una amplia burocracia central, compuesta por una clase aristocrática civil que se reclutaba para los cargos por herencia más que por exámenes. El reino fue sistemáticamente dividido en distritos de la capital, provincias, distritos rurales y aldeas bajo una rígida supervisión gubernamental. También se creó, aunque de forma algo vacilante, un ejército permanente obligatorio. Se construyeron ciudades imperiales, planeadas simétricamente según las normas chinas. El budismo, sincréticamente mezclado con los cultos indígenas del Shinto, se convirtió en religión oficial, formalmente integrada en el mismo aparato de Estado[1]. Sin embargo, a partir del año 800, aproximadamente, este imperio de influencia china comenzó a disolverse bajo diversas fuerzas centrífugas.

La falta de algo similar al mandarinato dentro de la burocracia favoreció desde el principio su privatización por la nobleza. Las órdenes religiosas budistas consiguieron privilegios especiales sobre las tierras que les habían sido donadas. La recluta militar obligatoria se abandonó en el año 792, y la redistribución de las parcelas, alrededor del 844. Los terrenos semiprivados o shoen, propiedad de los nobles o los monasterios, se extendieron rápidamente por las provincias. Sustraídos desde el principio a la propiedad estatal de la tierra, los shoen consiguieron finalmente la inmunidad fiscal y la exención de la inspección catastral realizada por el gobierno central. Las mayores de estas propiedades —que frecuentemente procedían de tierras hechas aptas para la labranza en fecha reciente— abarcaban varios cientos de hectáreas. Los campesinos que cultivaban los shoen debían cargas directamente a sus señores, a la vez que nuevos estratos intermedios de capataces o alguaciles iban adquiriendo, dentro de este sistema señorial en formación, ciertos derechos sobre el producto (principalmente arroz). La organización interna de los señoríos japoneses estuvo muy influida por la naturaleza del cultivo del arroz, rama básica de la agricultura. No había ningún sistema de rotación trienal, al estilo europeo, y las tierras del común carecían de importancia, dada la falta de ganado. Las parcelas de los campesinos eran mucho más pequeñas que en Europa y había menos comunidades aldeanas, mientras que las densidad de la población rural y la escasez de tierra eran considerables. Pero, sobre todo, no existía una verdadera reserva señorial dentro de la finca: los shiki, o derechos divisibles de apropiación del producto, se recaudaban uniformemente sobre la producción total del shoen[2]. Por otra parte, dentro del sistema político, la aristocracia de la corte, o kuge, desarrolló una refinada cultura civil en la capital, donde la casa Fujiw ara consiguió una prolongada influencia sobre la propia dinastía imperial. Pero fuera de Kyoto, la administración imperial se abandonó hasta su desaparición. Al mismo tiempo, y una vez que el reclutamiento obligatorio hubo desaparecido, las fuerzas armadas de las provincias se convirtieron gradualmente en propiedad de la nueva nobleza militar de guerreros samurais o bushi, que alcanzaron por primera vez una posición preeminente en el siglo XI[3]. Tanto los funcionarios públicos del gobierno central como los propietarios locales de los shoen reunieron en torno a sí bandas personales de estos guerreros, con finalidades de defensa y de ataque. Con la privatización del poder coactivo se intensificaron las luchas serviles a medida que las tropas provinciales de bushi intervenían en las luchas de las camarillas cortesanas por el control de la capital imperial y de su marco administrativo.

El derrumbamiento del viejo sistema Taiho culminó, a finales del siglo XII, con la fundación victoriosa del shogunato de Kamakura por Minamoto-no-Yoritomo. El nuevo soberano, que se había educado en Kyoto y tenía un gran respeto hacia su legado, conservó en la misma Kyoto la dinastía y la corte imperiales y la administración civil tradicional[4]. Pero, junto a ellas, se creó un nuevo aparato militar de gobierno bajo el mando del shogun o «generalísimo», dirigido por la clase de los bushi y centrado en una capital diferente, Kamakura. A partir de entonces, esta nueva autoridad paraimperial fue la que ejerció el verdadero poder en Japón. El shogunato, que se conocía con el nombre de Bakufu («tienda» o cuartel general militar), controlaba al principio la lealtad de unos 2.000 «hombres de la casa» (gokenin), o vasallos personales de Yoritomo, y se apropió o confiscó para su uso muchos shoen. En las provincias, el shogunato nombró gobernadores militares o shugo, e intendentes de la tierra o jito, elegidos entre sus seguidores. Los primeros pasaron a ser en la práctica el poder local dominante en sus regiones, mientras que los segundos, en un plano inferior, se encargaban de la recaudación de impuestos de las propiedades shoen, sobre las que llegaron a adquirir paulatinamente derechos shiki, a costa de sus anteriores propietarios[5]. La nueva red de shugo y jito, creada por el shogunato y responsable sólo ante él, representó una forma preliminar del sistema de beneficios: las funciones represivas y fiscales fueron delegadas por los bushi en sus séquitos a cambio de la concesión de títulos sobre las rentas de la tierra. Por medio de unas «cartas de confirmación» formales se concedían derechos a los vasallos locales sobre las rentas de la tierra y los hombres de armas[6]. Todavía subsistían, sin embargo, la legalidad y la burocracia imperial: el shogun era nombrado legalmente por el emperador, los shoen continuaron sometidos al derecho público y la mayor parte de la tierra y de la población se mantuvieron bajo la antigua administración civil.

El régimen Kamakura, debilitado financiera y militarmente por los ataques mogoles a finales del siglo XIII, se hundió finalmente en las luchas civiles. A lo largo de siglo XIV, durante el shogunato de Ashikaga que sucedió al de Kamakura, se dio el paso decisivo hacia la plena feudalización de la sociedad y el sistema político japonés. El propio shogunato se trasladó a Kyoto y se abolió la prolongada autonomía de la corte imperial: la sagrada dinastía y la aristocracia kuge fueron privadas de la mayor parte de sus tierras y riquezas y relegadas a funciones puramente ceremoniales. La administración civil de las provincias quedó completamente eclipsada por los gobiernos militares shugo. Al mismo tiempo, sin embargo, el shogunato de Ashikaga fue mucho más débil que su predecesor de Kamakura; consiguientemente, los shugo se convirtieron cada vez más en señores locales omnipotentes, absorbiendo a los jito, exigiendo prestaciones de trabajo y reteniendo la mitad de los ingresos de los shoen locales a escala provincial; a veces incluso «recibiendo» el shoen directamente de sus propietarios absentistas[7]. En este momento ya se había desarrollado un verdadero sistema de feudos o chigyo, que por vez primera representaba una fusión directa de vasallaje y beneficio, de servicio militar y posesión condicional de la tierra; los shugo poseían esos feudos y los distribuían además entre sus séquitos. La adopción de la primogenitura dentro de la clase aristocrática consolidó la nueva jerarquía social en el campo[8]. En el nivel inferior, el campesinado sufrió la correspondiente degradación a medida que su movilidad se restringía y sus prestaciones aumentaban: los pequeños guerreros locales del estrato bushi estaban en mejores condiciones que los nobles kuge absentistas para extraer el excedente de los productores directos. Hubo en el campo además una expansión de la producción mercantil, especialmente en las regiones centrales situadas alrededor de Kyoto, donde se concentraba la elaboración del sake, y aumentó el volumen de la circulación monetaria. También aumentó la productividad rural con la introducción de mejores instrumentos de cultivo y el mayor uso de la tracción animal, de tal forma que el producto agrícola creció constantemente en muchas zonas[9]. El comercio exterior se expandió, a la vez que se desarrollaban en las ciudades gremios de artesanos y comerciantes de un tipo similar a los de la Europa medieval. Pero todavía persistía el arcaico marco imperial, aunque penetrado por todas partes por las nuevas jerarquías feudales, situadas bajo un shogunato central relativamente débil. Las jurisdicciones gubernativas de los shugo continuaban siendo mucho más amplias que sus tierras enfeudadas, y los bushi que vivían en ellas no eran todos en absoluto sus vasallos personales.

El hundimiento final del shogunato de Ashikaga tras el comienzo de las guerras Onin (1467-77) completó la disolución de los últimos vestigios del legado administrativo Taiho y el proceso de feudalización de todo el país. En medio de una oleada de anarquía en la que «los de abajo mandaban sobre los de arriba», los shugo regionales fueron derrocados por vasallos usurpadores —a menudo sus antiguos lugartenientes— y con ellos desaparecieron los grupos de shoen y las jurisdicciones provinciales que habían presidido. Los aventureros de la nueva época Sengoku, surgidos de la guerra, se repartieron sus propios principados que, a partir de entonces, organizaron y dirigieron como territorios puramente feudales, a la par que se desintegraba en todo el país cualquier tipo de poder central. Los daimyo o magnates de finales del siglo XV y principios del XVI controlaban dominios sólidos, en los que todos los guerreros eran vasallos o subvasallos suyos y toda la tierra pertenecía a su propiedad soberana. Los derechos divisibles o shiki se concentraron en unidades de chigyo. Territorialmente, la feudalización era más completa que en la Europa medieval, porque se desconocían las parcelas alodiales en el campo. Los samurais juraban lealtad militar a sus señores y recibían de éstos verdaderos feudos, esto es, concesiones de tierra junto con derechos jurisdiccionales[10]. El enfeudamiento se calculaba en términos de «aldeas» (mura: unidades administrativas más que aldeas verdaderas), y los habitantes del feudo estaban sometidos a supervisión directa de los bushi. Las ciudades-castillo y la subinfeudación se desarrollaron en los dominios daimyo, regulados por nuevas «leyes domésticas» feudales en las que se codificaban las prerrogativas del señor y la jerarquía de dependencias personales. El vínculo entre el señor y el vasallo se caracterizó en el feudalismo japonés por dos notas específicas: el lazo personal entre el señor y su servidor era más fuerte que el lazo económico entre éste y la tierra, es decir, dentro del nexo feudal el vasallaje tendía a predominar sobre el beneficio[11]. Al mismo tiempo, la relación entre el señor y el vasallo era más asimétrica que en Europa. El componente contractual del homenaje era mucho más débil; el vasallaje tenía un carácter semifamiliar y sagrado, más que legal. El concepto de «felonía» señorial o ruptura del vínculo por el señor era desconocido. Tampoco existía el señorío múltiple. Así, la específica relación intrafeudal era más unilateralmente jerárquica; su terminología fue tomada de la autoridad paterna y del sistema de parentesco. El feudalismo europeo siempre abundó en luchas interfamiliares y se caracterizó por una extrema abundancia de litigios. El feudalismo japonés, sin embargo, no sólo careció de toda inclinación legalista, sino que su forma cuasipatriarcal se hizo aún más autoritaria con la extensión de los derechos paternos a la adopción y a desheredar a los hijos, que impidieron con eficacia las insubordinaciones filiales, tan comunes en Europa[12]. Por otra parte, el número de guerras feudales, estímulos del valor y la destreza de los caballeros armados fue, durante esta época, tan alto como en la Europa medieval tardía. Entre los principados daimyo rivales fueron constantes las luchas violentas. Además, en los vacíos que dejó la fragmentación política de Japón pudieron florecer algunas ciudades mercantiles autónomas análogas a las de la Europa medieval: Sakai, Hakata, Otsu, Ujiyamada y otras. Los viajeros jesuitas calificaron al puerto de Sakai de «Venecia» oriental[13]. Las sectas religiosas crearon sus propios enclaves armados en Kaga y Noto, en el mar del Japón. Incluso hicieron también una breve aparición las comunas rurales insurrectas, dirigidas por la pequeña nobleza descontenta y basadas en el campesinado rebelde. La más notable se estableció en la misma región central de Yamashiro, donde la comercialización había ocasionado un grave endeudamiento entre la población rural[14]. Los desórdenes de la época se incrementaron todavía más por el impacto de las armas de fuego, las técnicas y las ideas europeas tras la llegada de los portugueses a Japón en el año 1543.

En la segunda mitad del siglo XVI, una serie de impresionantes guerras civiles entre los grandes potentados daimyo condujo a la victoriosa reunificación del país bajo sucesivos comandantes militares: Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu. Odo Nobunaga forjó la primera coalición regional para establecer un control sobre el Japón central; liquidó el militarismo budista, quebró la independencia de las ciudades mercantiles y llegó a dominar sobre un tercio del país. Esta formidable obra de conquista fue completada por Toyotomi Hideyoshi al mando de grandes ejércitos, equipados con mosquetes y cañones y compuestos por un bloque de fuerzas de daimyo aliados, agrupadas en torno a él[15]. El sometimiento de todos los magnates a la autoridad de Hideyoshi no condujo, sin embargo, a la restauración del desaparecido Estado centralizado de la tradición Taiho, sino a la reintegración, por vez primera, del mosaico de señoríos regionales en un sistema feudal unitario. Los daimyo no fueron desposeídos de sus dominios, pero se convirtieron en vasallos del nuevo soberano, del que a partir de entonces recibieron sus territorios en calidad de feudos y a quien enviaban algunos parientes como rehenes en garantía de su lealtad. La dinastía imperial fue mantenida como símbolo religioso de legitimidad, por encima y separada del sistema operativo de la soberanía feudal. Un nuevo registro catastral estabilizó el sistema de propiedad de la tierra, consolidando sobre su base la reorganizada pirámide de señoríos. La población se dividió en cuatro órdenes cerrados: nobles, campesinos, artesanos y comerciantes. Los bushi fueron alejados de las aldeas y congregados en las ciudades-castillo de sus daimyo en calidad de hombres de armas, disciplinados y dispuestos a una inmediata intervención militar. Su número quedó oficialmente registrado, y la extensión de la clase samurai se fijó, a partir de entonces, entre un 5 y un 7 por 100 de toda la población, lo que daba un estrato relativamente amplio de hombres de espada. Simultáneamente, los campesinos fueron privados de armas, vinculados a la tierra y legalmente obligados a entregar los dos tercios de su producción a sus señores[16]. Las ciudades autónomas de las épocas Ashikaga y Sengoku fueron suprimidas y se prohibió a la clase mercantil la compra de tierra (del mismo modo que los samurais quedaron excluidos del comercio). Por otra parte, las ciudades-castillo de los magnates feudales crecieron prodigiosamente en este período. El comercio se desarrolló con rapidez bajo la protección de los daimyo, cuyos cuarteles generales, instalados en los castillos, constituyeron los núcleos centrales de una red enormemente ampliada de ciudades. A la muerte de Hideyoshi, el poder supremo fue conquistado por Tokugawa Iesayu, un daimyo procedente del primitivo bloque de Toyotomi, que movilizó a una nueva coalición de señores para derrotar a sus rivales en la batalla de Sekigahara, en el año 1600, y se convirtió en shogun en 1603. Ieyasu fundó el Estado Tokugawa, que habría de durar doscientos cincuenta años, hasta la época de la revolución industrial en Europa. La estabilidad y longevidad del nuevo régimen quedaron enormemente reforzadas por el cierre formal de Japón a todo contacto con el mundo exterior, medida inicialmente inspirada por el bien fundado temor de Ieyasu de que las misiones católicas establecidas en Japón fueran una punta de lanza ideológica para la infiltración política y militar europea. El efecto del riguroso cierre del país fue, naturalmente, aislarlo durante dos siglos de todo choque o trastorno procedente del exterior y petrificar las estructuras establecidas por Ieyasu tras su victoria en Sekigahara.

El shogunato Tokugawa impuso en Japón la unidad sin centralismo. En realidad, lo que hizo fue estabilizar una especie de condominio entre el régimen shogunal soberano, basado en la capital Tokugawa de Edo y los gobiernos autónomos de los daimyo en sus feudos provinciales. Los historiadores japoneses han designado posteriormente la época de su dominación como periodo Baku-han, o combinación del dominio ejercido por el Bakufu —el sistema Tokugawa de gobierno—, y los han, o casas señoriales en sus propios terrenos. Este sistema híbrido se basaba en el doble fundamento del poder shogunal. Por una parte, el shogunato poseía sus propios dominios Tokugawa, las tierras llamadas tenryo, que alcanzaban entre el 20 y el 25 por 100 de todo el país —un bloque mucho mayor que el poseído por cualquier otro linaje feudal— y dominaban estratégicamente las llanuras centrales y las costas del Japón oriental. Poco más de la mitad de esas tierras estaban administradas directamente por el propio aparato del Bakufu, y el resto se concedían como feudos menores a los hatamoto, u «hombres de la bandera» de la casa Tokugawa, de los que en total había unos 5.000[17]. Además, el shogunato podía contar en primer término con las aproximadamente 20 grandes líneas colaterales de los Tokugawa, o señores shimpan, que tenían derecho a dar sucesores al shogunato, y, en segundo lugar, con los numerosos señores de menor importancia que habían sido vasallos regionales leales a Ieyasu antes de su ascenso al poder supremo. Estos últimos formaban los llamados fudai o daimyo «de la casa»; en el siglo XVIII había aproximadamente unos 145, y sus tierras abarcaban otro 25 por 100 de la superficie de Japón. De los fudai procedía el grueso de los altos funcionarios de la administración del Bakufu, cuyos puestos más bajos se reclutaban entre los hatamoto. Las grandes casas colaterales quedaban excluidas del gobierno shogunal, ya que por sí mismas tenían un enorme poder potencial, aunque podían intervenir en calidad de consejeros. El propio shogunato sufrió gradualmente un proceso de «simbolización» comparable al de la misma casa imperial. Tokugawa Ieyasu no desplazó a la dinastía imperial más de lo que ya habían hecho sus predecesores Nobunaga y Hideyoshi; en realidad, Ieyasu se preocupó por restaurar el aura religiosa que la rodeaba, a la vez que apartaba al emperador y a la nobleza cortesana kuge más radicalmente que nunca de todo poder secular. El monarca era una autoridad divina, relegado en Kyoto a funciones espirituales que estaban completamente separadas de la dirección de los asuntos políticos. En cierto sentido, la dualidad residual de los sistemas imperial y shogunal ofrecía un especie de correlato atenuado de la separación de la Iglesia y el Estado en el feudalismo europeo a causa del aura religiosa del primero. En el Japón de la época Tokugawa siempre hubo dos fuentes potenciales de legitimidad. Sin embargo, como el emperador era también un símbolo político, esta dualidad reproducía la soberanía fragmentada característica de todo feudalismo secular. El shogun gobernaba en nombre del emperador, como delegado suyo, gracias a una ficción oficial que institucionalizaba el «gobierno en la sombra». Sin embargo, la dinastía Tokugawa, de la que salían los sucesivos shogun que controlaban formalmente el aparato estatal del Bakufu, también dejó de ejercer por sí misma una autoridad personal. Después de varias generaciones, el verdadero poder político recayó sobre el consejo shogunal de los roju, compuesto por nobles que procedían de los linajes medios fudai, en lo que era un segundo grado de «gobierno en la sombra»[18]. La burocracia shogunal era extensa y amorfa, con una enorme confusión de funciones y pluralidad de cargos en su interior. Algunas tenebrosas camarillas verticales maniobraban en busca de cargos y de patronazgo en el interior de su misteriosa maquinaria. Aproximadamente, la mitad de la burocracia tenía obligaciones civiles y la otra mitad militares.

Teóricamente, el gobierno del Bakufu podía convocar en leva feudal a 80.000 guerreros de a caballo, formados por unos 20.000 hombres de la bandera y hombres de la casa, además de sus subvasallos. En la práctica, su verdadero potencial armado era mucho menor, y se basaba en la fuerza de los leales contingentes fudai y shimpan. En tiempos de paz, la fuerza de estas unidades permanentes de guardia era de unos 12.200 hombres[19]. Los ingresos del shogunato procedían básicamente de las cosechas de arroz de sus propias tierras (que inicialmente representaban unas dos terceras partes de sus rentas to tales)[20], complementados con su monopolio de las minas de oro y plata, con los que se acuñaba moneda (partida en continuo descenso desde el siglo XVIII). Más adelante, cuando el shogunato entró en crecientes dificultades financieras, recurrió a frecuentes depreciaciones de la moneda y a empréstitos obligatorios o confiscaciones de la riqueza mercantil. Por tanto, la importancia de su ejército y de su tesoro estaban determinadas por los límites de los dominios territoriales de la propia casa Tokugawa. Al mismo tiempo, sin embargo, el shogunato ejercía formalmente unos fuertes controles externos sobre los daimyo situados fuera de los límites de su jurisdicción directa. Todos los señores de los dominios han eran de hecho sus tenentes in capite y recibían del shogun, en calidad de vasallos suyos, la investidura de sus feudos. En principio, sus territorios podían ser confiscados o transferidos, aunque esta práctica desapareció en las últimas fases de la época Tokugawa, cuando los dominios han se hicieron verdaderamente hereditarios[21]. La política matrimonial del shogunato intentó, al mismo tiempo, ligar a las grandes casas señoriales con la dinastía Tokugawa. Los daimyo estaban obligados, además, a mantener una segunda residencia en la capital del Bakufu en Edo, donde tenían que desplazarse cada año o cada seis meses y dejar rehenes de su familia cuando volvían a sus feudos. Este sistema, llamado sankin-kotai, estaba destinado a asegurar una vigilancia permanente sobre la actividad de los magnates regionales y a evitar cualquier acción independiente que pudieran llevar a cabo en sus baluartes. Se apoyaba este sistema en una amplia red de informadores e inspectores, que ofrecían al shogunato un servicio de espionaje. Los movimientos por las rutas principales estaban sometidos a estrecha vigilancia mediante pasaportes interiores y controles de carreteras. El transporte marítimo quedó sujeto a regulaciones gubernativas que prohibían la construcción de barcos por encima de determinados volúmenes. Los daimyo estaban autorizados a mantener una sola ciudad-castillo, y en las listas oficiales del shogunato se fijaba un techo a sus séquitos armados. No existían impuestos económicos sobre los dominios han, pero el Bakufu podía exigir contribuciones irregulares para los gastos extraordinarios.

Este imponente e inquisitorial sistema de controles parecía dar al shogunato Tokugawa un poder político completo; de hecho, su verdadero poder siempre fue menor que su soberanía nominal, y con el tiempo la distancia entre ambos aumentó cada vez más. El fundador de la dinastía, Ieyasu, había derrotado en Sekigahara a los señores rivales del sudoeste, pero no los había destruido. Bajo el shogunato Tokugawa había entre 250 y 300 daimyo. Alrededor del 90 por 100 de ellos representaban casas tozama, o «foráneas», que nunca habían sido vasallos de los Tokugawa e incluso muchos de ellos habían luchado contra Ieyasu. Las casas tozama eran miradas como potencial o tradicionalmente hostiles al shogunato y rigurosamente excluidas de la participación en la maquinaria del Bakufu. Estas casas incluían a la mayor parte de los dominios más extensos y más ricos: de los 16 grandes han, no menos de 11 eran tozama[22]. Estaban localizados en las zonas periféricas del país, en el sudoeste y el nordeste y todos juntos sumaban alrededor del 40 por 100 de la tierra de Japón. En la práctica, sin embargo, su riqueza y su poder eran más formidables de lo que revelaban las listas oficiales de los registros del Bakufu. Hacia el final de la época Tokugawa, el han Satsuma controlaba a 28.000 samurais armados, esto es, el doble de lo que le permitían las disposiciones oficiales; el han Choshu reunía a 11.000, que también eran más de lo que se suponía que debía tener. A la vez, las leales casas fudai se situaban, generalmente, por debajo de su fuerza nominal, y a principios del siglo XVIII el mismo shogunato sólo podía mantener, en la práctica, a unos 30.000 guerreros, menos de la mitad de sus levas teóricas[23]. Por otra parte, las nuevas tierras de los lejanos dominios tozama contenían más superficie potencial para su conversión al cultivo del arroz de la que tenían las viejas tierras tenryo del shogunato en el centro del país. La rica llanura de Kanto, la zona más desarrollada del Japón, estaba controlada por el Bakufu, pero los nuevos cultivos comerciales que la caracterizaban tendían precisamente a eludir las tradicionales recaudaciones fiscales de los Tokugawa, basadas en unidades de arroz. Así, los ingresos de algunos tozama llegaron a ser más altos que los de los dominios shogunales[24]. Aunque el shogunato fuera consciente de la discrepancia entre el producto real de los feudos tozama y su valoración nominal en arroz —discrepancia que en algunos casos se remontaba al comienzo del período Baku-han—, la suspensión de su autoridad en las fronteras de los han impedía a Edo dar la vuelta a la situación. Por otra parte, cuando la agricultura comercializada alcanzó a las regiones lejanas de Japón, los gobiernos han, más sólidos y vigorosos, pudieron establecer monopolios locales muy lucrativos sobre productos agrícolas de venta inmediata (tales como el azúcar o el papel), aumentando así los ingresos de los tozama mientras descendían las rentas del Bakufu procedentes de la minería. La fuerza económica y la fuerza militar de los daimyo estaban íntimamente ligadas, ya que los guerreros samurais tenían que mantenerse con los ingresos procedentes del arroz. La posición material de las grandes casas tozama era, pues, mucho más poderosa de lo que parecía a primera vista, y su poder aumentó todavía más con el paso del tiempo.

Dentro de sus dominios, todos los daimyo —fuesen tozama, shimpan o fudai— disponían de una autoridad sin límites: el control directo del shogunato se detenía en las fronteras de sus feudos. Los daimyo promulgaban leyes, administraban justicia, recaudaban impuestos y mantenían tropas. El centralismo político de los daimyo dentro de sus han era mayor que el del shogunato en sus tierras tenryo, porque no estaba mediatizado por la subinfeudación. Inicialmente, los territorios han se dividían en tierras de la casa del daimyo y feudos vasalláticos concedidos a los miembros armados de su séquito. Sin embargo, en el transcurso de la época Tokugawa se produjo en todos los han un aumento constante del número de samurais pagados con simples estipendios en arroz, sin ser enfeudados con tierras. A finales del siglo XVIII, prácticamente todos los bushi que no pertenecían a los territorios shogunales recibían salarios en arroz procedente de los graneros señoriales, y la mayor parte de ellos residían en las ciudades-castillo de sus señores. Este cambio se vio facilitado por la tradicional preponderancia, dentro de la relación intrafeudal, del vasallaje sobre el beneficio. La separación de la clase samurai de la producción agrícola fue acompañada por su entrada en la administración burocrática, tanto en el Bakufu como en los han. En efecto, el aparato de Estado shogunal, con su proliferación de cargos y sus departamentos confusos, se reprodujo en las tierras de los señores provinciales. Todas las casas daimyo llegaron a tener su propia burocracia, formada por los vasallos samurais y dirigida por un consejo de los principales miembros del séquito, o kashindan, que, como el consejo de los roju en el shogunato, ejercía con frecuencia el verdadero poder en nombre del señor han, que por su parte se convirtió a menudo en una figura decorativa[25]. La misma clase de los bushi se había estratificado en un complejo sistema de rangos hereditarios, de cuyos niveles más elevados procedían los funcionarios superiores de los gobiernos de los han. Otro resultado de la burocratización de los samurais fue su conversión en una clase culta, con una lealtad crecientemente impersonal hacia la totalidad del han más que hacia la persona del daimyo, aunque las rebeliones contra este último fuesen prácticamente desconocidas.

En la base de todo el sistema feudal, el campesinado estaba atado jurídicamente al suelo y no podía emigrar ni intercambiar sus tierras. Estadísticamente, la parcela media del campesino era extremadamente pequeña —alrededor de una hectárea— y las cargas que debía pagar a su señor ascendían, durante la primera época Tokugawa, al 40-60 por 100 del producto total. Esta proporción descendió al 30-40 por 100 a finales del shogunato[26]. Las aldeas eran colectivamente responsables de las cargas, que generalmente se pagaban en especie (aunque en el futuro aumentarían las conversiones en dinero) y eran recaudadas por los funcionarios fiscales del daimyo. Como los samurais ya no realizaban ninguna función señorial, se eliminó toda relación directa en la tierra entre los caballeros y los campesinos, aparte de la administración rural a cargo de los magistrados del han. La larga paz habida en la época Tokugawa y los métodos impositivos fijos de extracción de excedente que con ella se establecieron permitieron un impresionante avance del producto y de la productividad agrícola en el primer siglo que siguió a la implantación del shogunato. Se hicieron aptas para el cultivo importantes extensiones de nueva tierra, con aprobación oficial del Bakufu, y se produjo una creciente difusión de los aperos de hierro. Se intensificó el regadío y se extendió el área de los campos de arroz, los fertilizantes se emplearon con mayor asiduidad y se multiplicaron las variantes de cultivos. Según las estimaciones oficiales, la superficie destinada al arroz aumentó en un 40 por 100 durante el siglo XVII, pero de hecho estas valoraciones siempre subestimaban la situación real a causa de los ocultamientos, y probablemente la producción total de cereales llegó a ser el doble durante este período[27]. La población aumentó en un 50 por 100, hasta llegar a unos 30 millones en el año 1721. A partir de entonces, sin embargo, la población descendió porque las malas cosechas y las hambres se cebaron en la mano de obra excedente, y las aldeas comenzaron a practicar controles maltusianos para alejar aquellos peligros. Así, en el siglo XVIII, el incremento demográfico fue mínimo. Es posible también que, al mismo tiempo, el crecimiento del producto bruto se haya reducido considerablemente porque, de acuerdo con los cálculos oficiales, las tierras cultivadas aumentaron en menos de un 30 por 100[28]. Por otra parte, el último período Tokugawa se caracterizó por una comercialización mucho más intensa. El cultivo del arroz siguió representando hasta el final del shogunato las dos terceras partes de la producción agrícola y se benefició con la introducción de trilladoras perfeccionadas[29]. La clase feudal monetarizaba en las ciudades el excedente de arroz extraído por medio de las cargas señoriales. Al mismo tiempo, durante todo el siglo XVIII se desarrolló con mucha rapidez la especialización regional: los cultivos de venta inmediata, tales como el azúcar, el algodón, el té, el añil y el tabaco, se producían directamente para el mercado, y con frecuencia algunos monopolios mercantiles de los han fomentaban su cultivo. Es evidente que, al final del shogunato, una proporción bastante alta del producto total agrario se comercializaba[30], bien directamente por medio de la producción campesina para el mercado, bien indirectamente por medio de la venta de los ingresos feudales en arroz procedentes del sistema fiscal.

La invasión de las aldeas por una economía monetaria y las bruscas fluctuaciones coyunturales en los precios del arroz aceleraron inevitablemente la diferenciación social entre el campesinado. Desde el mismo comienzo de la época Tokugawa, la tenencia de tierra en las aldeas japonesas siempre había sido muy desigual. Las familias campesinas ricas poseían tierras más amplias de lo normal y las cultivaban con la ayuda de mano de obra dependiente enmascarada bajo varias formas de relaciones de seudoparentesco o consuetudinarias con campesinos más pobres, a la vez que dominaban los consejos de aldea por cuanto formaban la élite plebeya tradicional[31]. La expansión de la agricultura comercial aumentó enormemente el poder y la riqueza de este grupo social. Aunque técnicamente era ilegal que compraran o vendieran tierras, en la práctica la desesperación arrastró a muchos campesinos pobres a hipotecar sus lotes a los usureros de las aldeas cuando, en el siglo XVIII, las cosechas fueron escasas y los precios altos. De esta forma apareció en el seno de la economía rural un segundo estrato explotador, en una situación intermedia entre el funcionariado señorial y los productores inmediatos: los jinushi, o propietarios-usureros, que normalmente eran, por su origen, los campesinos más ricos o los caciques (shoya) de las aldeas, y que frecuentemente aumentaban su riqueza por medio de la financiación de nuevos cultivos, emprendidos por subarrendatarios dependientes o por trabajadores asalariados. El modelo de tenencia de tierra dentro del mura se concentró cada vez más, y las ficciones de parentesco entre los habitantes de la aldea dejaron paso a las relaciones monetarias. Y así, mientras la renta per capita aumentó probablemente durante el último período Tokugawa al detenerse el crecimiento demográfico[32], y mientras el estrato jinushi se expandió y prosperó, este mismo proceso provocó la ruina del ya miserable sustento de los campesinos más pobres. Los siglos XVIII y XIX, puntuados con ruinosas situaciones de escasez, contemplaron un número creciente de rebeliones populares en el campo. Estas rebeliones, que en un primer momento tuvieron un carácter local, tendieron, a medida que pasaba el tiempo, a adquirir una incidencia regional, y después casi nacional, para alarma de las autoridades han y Bakufu[33]. Las revueltas campesinas de la época Tokugawa eran todavía demasiado fortuitas y desorganizadas como para convertirse en una seria amenaza política contra el sistema Baku-han; constituían, sin embargo, los síntomas de una creciente crisis económica en el seno del viejo orden feudal.

Mientras tanto, dentro de esta economía agraria se habían desarrollado, como en la Europa feudal, importantes centros urbanos, dedicados a las operaciones mercantiles y a las manufacturas. La autonomía municipal de las épocas Ashikaga y Sengoku se había suprimido para siempre a finales del siglo XVI. El shogunato Tokugawa no permitió el autogobierno urbano; todo lo más, se autorizaron unos honoríficos consejos de comerciantes en Osaka y Edo, bajo el firme control de los magistrados del Bakufu, encargados de la administración de las ciudades[34]. Naturalmente, los castillos-ciudades de los han tampoco dejaron ningún espacio para las instituciones municipales. Por otra parte, la pacificación del país y el establecimiento del sistema sankin-kotai dio un impulso comercial sin precedentes al sector urbano de la economía japonesa. La alta aristocracia incrementó rápidamente el consumo de bienes de lujo, a la vez que la conversión de la clase de caballeros en funcionarios asalariados aumentaba también la demanda de comodidades (tanto la burocracia shogunal como la de los han estaban siempre sobrecargadas a causa de la amplitud de la clase samurai). Había también un fuerte drenaje de la riqueza de los daimyo hacia las ciudades de Edo y Osaka, provocado por la costosa construcción y los itinerarios ostentosos que suponían las estancias periódicas de los grandes señores feudales en la capital de los Tokugawa. Se ha estimado que entre el 60 y el 80 por 100 de los desembolsos monetarios de los han se destinaban a los gastos del sankin-kotai[35]. En Edo había más de 600 residencias oficiales, o yashiki, mantenidas por los daimyo (la mayor parte de los grandes señores tenían más de tres). Estas residencias eran, en realidad, extensas y complejas propiedades —las mayores podían tener hasta 160 hectáreas— que incluían mansiones, oficinas, cuarteles, escuelas, establos, gimnasio», jardines e incluso prisiones. Posiblemente un sexto de los séquitos de los han estaban permanentemente estacionados en ellas. La gran aglomeración urbana de Edo estaba dominada por un sistema concéntrico de estas residencias daimyo, cuidadosamente distribuidas en torno al vasto palacio-fortaleza Chiyoda que el propio shogunato tenía en el centro de la ciudad. En total, la mitad de la población de Edo vivía en las casas de los samurais, y no menos de dos tercios de toda el área de la ciudad eran propiedad de la clase militar[36]. Para sostener el enorme costo de este sistema de consumo feudal forzoso, los gobiernos de los han estaban obligados a convertir sus ingresos fiscales, que en su mayor parte se extraían en especie del campesinado, en rentas en dinero. El excedente de arroz se llevaba, pues, al mercado de Osaka, que llegó a ser un importante centro de distribución, equivalente comercial al centro de consumo de Edo. En Osaka, los almacenes de los han eran administrados por comerciantes especializados que adelantaban créditos a los señores o a sus vasallos contra los impuestos y estipendios y especulaban con mercancías futuras. La monetarización obligada de las rentas feudales creó así las condiciones para una rápida expansión del capital mercantil en las ciudades. Al mismo tiempo, se prohibió legalmente que la clase chonin, compuesta por los habitantes de las ciudades, pudiera adquirir tierras agrícolas. De esta forma se impidió que los comerciantes japoneses de la época Tokugawa desviaran su capital hacia la propiedad rural, según el modelo de sus homólogos chinos[37]. La misma rigidez del sistema de clases creado por Hideyoshi favoreció así, paradójicamente, el ininterrumpido crecimiento de fortunas puramente urbanas.

De esta forma se desarrolló en las grandes ciudades, durante los siglos XVII y XVIII, un estrato muy próspero de mercaderes dedicados a una amplia gama de actividades comerciales. Las compañías urbanas de los chonin acumulaban capital por medio de la comercialización del excedente agrícola (comerciando tanto en arroz como en los nuevos cultivos del algodón, la seda y el añil); los servicios de transporte (el transporte costero se desarrolló intensamente); las transacciones monetarias (en este período había más de treinta monedas importantes en circulación, ya que los han emitían papel aparte de las monedas acuñadas en metal por el Bakufu); las manufacturas de textiles, porcelanas y otros artículos (concentradas en talleres urbanos o dispersas en las aldeas por medio de un sistema de trabajo a domicilio); las empresas madereras y de la construcción (los frecuentes incendios exigían una continua reconstrucción en las ciudades), y los préstamos a los daimyo y al shogunato. Las grandes casas mercantiles llegaron a controlar ingresos equivalentes a los de los señores territoriales más prominentes, para quienes actuaban como agentes financieros y fuentes de crédito. La creciente comercialización de la agricultura, acompañada de una masiva emigración ilegal hacia las ciudades, permitió una enorme expansión del mercado urbano. En el siglo XVIII, Edo podía tener una población de un millón de habitantes —más que Londres y París en la misma época—; Osaka y Kyoto quizá tuvieran 400.000 habitantes cada una, y posiblemente una décima parte de la población total de Japón vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes[38]. Esta rápida oleada de urbanización condujo a un efecto de tijera en los precios de los bienes manufacturados y agrícolas, dada la relativa rigidez de la oferta en el sector rural, del que procedían los ingresos de la nobleza. Como consecuencia se produjeron dificultades presupuestarias crónicas, tanto para el gobierno Bakufu como para los han, que se convirtieron en deudores permanentes de los mercaderes que les adelantaban préstamos contra sus ingresos fiscales.

Los crecientes déficits aristocráticos de la última época Tokugawa no se reflejaron, sin embargo, en un correlativo ascenso de la comunidad chonin dentro del orden social. El shogunato y los daimyo reaccionaron frente a la crisis de sus ingresos anulando sus deudas, extrayendo coercitivamente grandes «regalos» de la clase de los mercaderes y reduciendo los estipendios en arroz de sus samurais. Los chonin estaban jurídicamente a merced de la nobleza a la que suministraban crédito, y sus ganancias podían ser arbitrariamente liquidadas por medio de donaciones obligatorias o de impuestos especiales. El derecho Tokugawa era «socialmente superficial y territorialmente limitado»: cubría únicamente a los dominios tenryo, carecía de un verdadero sistema judicial y estaba principalmente centrado en la represión del crimen. El derecho civil resultaba rudimentario y era administrado de mala gana por las autoridades del Bakufu como una simple gracia en los litigios entre partes privadas[39]. Así pues, la seguridad legal para las transacciones de capital siempre fue precaria, aunque las grandes ciudades shogunales ofrecían protección a los comerciantes contra las presiones de los daimyo, si bien no contra las del Bakufu. Por otra parte, el mantenimiento del sistema Baku-han bloqueó la aparición de un mercado interior unificado y obstaculizó el crecimiento del capital mercantil en el plano nacional, cuando ya se habían alcanzado los límites de los gastos del sankin-kotai. Los puestos de control y los guardias fronterizos de los han impedían el libre paso de bienes y personas, a la vez que la mayoría de las grandes casas daimyo seguían una política proteccionista de restricciones a la importación. Sin embargo, lo más decisivo para el futuro de la clase chonin fue el aislacionismo Tokugawa. A partir de la década de 1630, y salvo el enclave chino-holandés de Nagasaki, Japón quedó cerrado para los extranjeros y no se permitió que ningún japonés abandonase el país. Estas fronteras selladas fueron como un permanente dogal que impidió el desarrollo del capital mercantil en Japón. Una de las precondiciones fundamentales de la acumulación originaria en la Europa moderna fue la drástica internacionalización del comercio y la explotación mercantiles a partir de la época de los descubrimientos. Lenin subrayó repetida y correctamente que «no es posible imaginarse una nación capitalista sin comercio exterior, aparte de que no existe»[40]. La política shogunal de reclusión borró toda posibilidad de una transición hacia el modo de producción capitalista dentro del marco Tokugawa. Privado del comercio exterior, el capital comercial de Japón se vio constantemente frenado y reconducido hacia una dependencia parasitaria de la nobleza feudal y de sus sistemas políticos. Su notable crecimiento, a pesar de los límites insuperables puestos a su expansión, fue posible únicamente por la densidad y el volumen de los mercados interiores, a pesar de su división; con sus treinta millones de habitantes, el Japón de mediados del siglo XVIII era más populoso que Francia. Pero no puede existir un «capitalismo en un solo país». El aislacionismo Tokugawa condenó a los chonin a una existencia fundamentalmente subalterna.

La gran explosión urbana provocada por el sistema sankinkotai llegó a su final a principios del siglo XVIII, coincidiendo con la disminución del crecimiento demográfico. En 1721, el shogunato autorizó unos restrictivos monopolios oficiales. A partir de 1735, aproximadamente, se paralizó la construcción y la expansión en las grandes ciudades del Bakufu[41]. En realidad, la vitalidad comercial ya había pasado para entonces de los banqueros y comerciantes de Osaka a los más modestos mayoristas interregionales. Estos, a su vez, consiguieron privilegios monopolistas a finales del siglo XVIII, y la iniciativa empresarial se trasladó todavía más en dirección a las provincias. A principios del siglo XIX, el estrato de los propietarios-comerciantes rurales jinushi fue el que mostró más dinamismo para los negocios y se aprovechó de la falta de restricciones gremiales en el campo para implantar en las aldeas industrias tales como la elaboración de sake o las manufacturas de seda (que en esta época emigraron de las ciudades)[42]. Se produjo, pues, una progresiva difusión del comercio hacia el exterior de las ciudades, que, a finales de la época Tokugawa, estaba provocando una transformación del campo antes que una revolución en las ciudades. La actividad manufacturera permanecía en un estado muy primitivo: había poca división de trabajo tanto en las empresas urbanas como en las rurales; no se habían producido innovaciones técnicas importantes, y las concentraciones de trabajadores asalariados eran relativamente pocas. En realidad, la industria japonesa tenía un carácter abrumadoramente artesanal y su equipamiento era exiguo. El desarrollo extensivo del comercio organizado nunca se vio igualado por un avance intensivo en los métodos de producción. La tecnología industrial era arcaica y su perfeccionamiento resultaba extraño a las tradiciones de los chonin. La prosperidad y la vitalidad de la clase mercantil japonesa había producido una cultura urbana diferenciada, de gran sofisticación artística, especialmente en la pintura y la literatura. Pero no había generado ningún avance en el conocimiento científico ni innovación alguna en el pensamiento político. Dentro del orden Baku-han, la creatividad chonin estaba confinada a los ámbitos de la imaginación y la diversión; nunca se extendió a la investigación ni a la crítica. La comunidad mercantil carecía, como tal clase, de autonomía intelectual y de dignidad corporativa: hasta el final se vio limitada por las condiciones históricas de existencia que le impuso la autarquía feudal del shogunato.

La inmovilidad del Bakufu perpetuó, a su vez, la paradoja estructural del Estado y la sociedad a la que el shogunato había dado origen. Porque, al contrario de todas las variantes del feudalismo europeo, el Japón Tokugawa combinó una fragmentación de la soberanía notablemente rígida y estática con una velocidad y un volumen de circulación mercantil extremadamente alto. A juicio de uno de sus principales historiadores modernos[43], el marco social y político del país era semejante al de la Francia del siglo XIV, aunque la magnitud económica de Edo era superior a la del Londres del siglo XVIII. Culturalmente, el nivel educativo global de Japón era extraordinario: a mediados del siglo XIX quizá supieran leer y escribir el 30 por 100 de la población adulta y el 40-50 por 100 de los hombres[44]. Excepto Europa y Norteamérica, ninguna otra área del mundo tenía unos mecanismos financieros tan articulados, un comercio tan avanzado y un nivel de alfabetización tan alto. La compatibilidad última entre la economía y el sistema político japoneses en la época Tokugawa se basó fundamentalmente en la desproporción entre el intercambio y la producción mercantil dentro del país. En efecto, como ya hemos visto, la monetarización del excedente señorial, que era el motor básico del crecimiento urbano, no correspondía al volumen real de la agricultura comercial del campesinado; siempre fue una transformación «artificial» de las cargas feudales en especie, sobreimpuesta a una producción primaria que, a pesar de su creciente orientación hacia el mercado en las últimas fases del shogunato, era todavía predominantemente de subsistencia. Esta disyunción objetiva, que afectaba a la base del sistema económico, fue lo que permitió internamente la conservación de la primitiva fragmentación jurídica y territorial del Japón, que databa del reajuste al que se llegó después de Sekigahara. La precondición externa de la estabilidad Tokugawa —igualmente vital— fue el cuidadoso aislamiento del Japón respecto al mundo exterior, que le apartó de los contagios ideológicos, los problemas económicos, las disputas diplomáticas y las contiendas militares de todo tipo. A pesar de todo, incluso dentro del enrarecido mundo del torreón de Chiyoda, las tensiones provocadas por el mantenimiento de una anticuada maquinaria «medieval» de gobierno en una dinámica economía «moderna» se hacían cada vez más evidentes a principios del siglo XIX.

Y es que el Bakufu, como la mayor parte de los daimyo provinciales, se estaba hundiendo gradualmente en una progresiva crisis de ingresos. Lógicamente, en la intersección material de soberanía y productividad, el eslabón más vulnerable del shogunato era su sistema fiscal. El gobierno Tokugawa no tenía que soportar por sí mismo, desde luego, los gastos del sistema sankin-kotai, que había impuesto a los han. Pero como toda la justificación social del consumo ostentoso implícito en este sistema era la de mostrar los grados de jerarquía y prestigio dentro de la clase aristocrática, los gastos voluntarios de ostentación del propio shogunato tenían que ser necesariamente superiores a los de los daimyo: sólo la casa palatina, compuesta por las mujeres de la corte, absorbía en el siglo XVIII una parte del presupuesto superior al conjunto del aparato defensivo de Osaka y Kyoto[45]. Por otra parte, el Bakufu tenía que realizar ciertas funciones de carácter casi nacional, en cuanto cima unitaria de la pirámide de soberanías feudales, mientras que disponía tan sólo de un quinto de los recursos agrícolas del país: siempre existía un desequilibrio potencial entre sus responsabilidades y su capacidad fiscal. Su extensa burocracia de bushi era, naturalmente, mucho más amplia que la de cualquier han, y su mantenimiento resultaba extremadamente costoso. El costo total de los estipendios de rango y cargo de sus vasallos ligios abarcaba cerca de la mitad de su presupuesto anual, mientras dentro del Bakufu se extendía por doquier la corrupción oficial[46]. Al mismo tiempo, el producto fiscal de sus tierras familiares tendía a descender en términos reales, porque no podía impedir la creciente conmutación en dinero de los impuestos en arroz, lo que reducía su tesorería, porque el tipo de conversión estaba normalmente por debajo de los precios de mercado y el valor de la moneda se depreciaba constantemente[47]. En la primera fase de la época Tokugawa, el monopolio de los metales preciosos por el shogunato había constituido una partida altamente rentable. A principios del siglo XVII, la producción japonesa de plata era aproximadamente la mitad de todos los envíos americanos a Europa en el momento culminante de las expediciones españolas[48]. Pero en el siglo XVIII las minas sufrieron inundaciones y la producción descendió considerablemente. El Bakufu respondió a este descenso recurriendo a depreciaciones sistemáticas de la moneda existente: entre el año 1700 y 1854, el volumen nominal de la moneda puesta en circulación por el shogunato aumentó en un 400 por 100[49]. Estas devaluaciones llegaron a proporcionarle entre un cuarto y la mitad de sus ingresos anuales: como en el país no entraba ninguna moneda competitiva y como en el conjunto de la economía se produjo una expansión de la demanda, la inflación de precios a largo plazo fue relativamente baja. No existía ningún impuesto regular sobre el comercio, pero a partir de principios del siglo XVIII la clase mercantil sufrió periódicas e importantes confiscaciones cuando el shogunato así lo decidió. A pesar de todo, los repetidos déficits presupuestarios y las graves situaciones financieras continuaron acosando al Bakufu, cuyos déficits anuales fueron muy superiores a medio millón de ryo oro entre 1837 y 1841[50]. Por otra parte, las oscilaciones a corto plazo de los precios, provocadas por las malas cosechas, podían precipitar situaciones de crisis en el campo y en la capital. Después de casi una década de malas cosechas, el fantasma del hambre cayó sobre la mayor parte de Japón en la década de 1830, mientras la camarilla de los roju en el poder luchaba en vano por mantener los precios y consolidar los ingresos de la casa. En 1837, Osaka fue escenario de una desesperada tentativa de insurrección plebeya, que reveló hasta qué punto estaba cargado el clima político del país. Al mismo tiempo —y después de dos siglos de paz interior—, el aparato militar del shogunato estaba profundamente corroído: las arcaicas e incompetentes unidades de guardia de los tenryo resultaron incapaces de garantizar la seguridad en la propia Edo durante una crisis civil[51]; el Bakufu, además, no tenía ya ninguna superioridad operativa sobre las fuerzas que podían reunir los han tozama del sudoeste. La evolución militar del feudalismo Tokugawa fue la antítesis de la del absolutismo europeo: su poderío militar sufrió una progresiva disminución y dilapidación.

A principios del siglo XIX, el orden feudal japonés estaba sufriendo una lenta crisis interna, pero si bien la economía mercantil ya había erosionado la estabilidad de la vieja estructura social e institucional, todavía no había generado los elementos para una solución política que ocupara su lugar. A mediados de siglo, la paz Tokugawa estaba todavía intacta. El impacto exógeno del imperialismo occidental, con la llegada de la escuadra del comodo Perry en 1853, fue lo que condensó las múltiples contradicciones latentes del Estado shogunal y provocó una explosión revolucionaria contra él. La agresiva intrusión de los barcos de guerra norteamericanos, rusos, británicos, franceses y otros en las aguas japonesas, exigiendo a punta de cañón el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales, planteó al Bakufu un ominoso dilema. Durante dos siglos, el Bakufu había inculcado sistemáticamente la xenofobia en todas las clases sociales de Japón como uno de los elementos más sagrados de la ideología oficial: la exclusión absoluta de los extranjeros había sido, indudablemente, uno de los ejes sociológicos de su dominio. Pero ahora se enfrentaba a una amenaza militar cuyo poder tecnológico —encarnado en las naves acorazadas que habían anclado en la bahía de Yokohama— podía aplastar con toda facilidad, como se hizo inmediatamente evidente, a sus propios ejércitos. El Bakufu, por tanto, tuvo que contemporizar y conceder la exigencia occidental de una «apertura» de Japón para conservar su propia supervivencia. Pero, al hacer esto, se volvió inmediatamente vulnerable a los ataques xenófobos procedentes del interior. Algunos importantes linajes colaterales de la misma casa Tokugawa eran rabiosamente hostiles a la presencia de misiones extranjeras en Japón: los primeros asesinatos de occidentales en su enclave de Yokohama fueron a menudo obra de los samurais procedentes del feudo de Mito, una de las tres más importantes ramas jóvenes de la dinastía Tokugawa. En Kyoto, el emperador —guardián y símbolo de los valores culturales tradicionales— se oponía también ferozmente a los tratos con los intrusos. Con el comienzo de lo que todos los sectores de la clase feudal japonesa sentían como un peligro nacional, la corte imperial se reactivó repentinamente como un verdadero polo secundario de poder, y la aristocracia kuge de Kyoto se convirtió muy pronto en un constante foco de intriga contra la burocracia shogunal de Edo. El régimen Tokugawa estaba ya, realmente, en una situación imposible. Políticamente, sólo podía justificar sus progresivas retiradas y concesiones ante las exigencias occidentales, explicando a los daimyo la inferioridad militar que las hacía necesarias. Pero hacer esto equivalía a admitir su propia debilidad y, en consecuencia, a invitar a la subversión y la rebelión armada contra el propio régimen. Acorralado por el peligro exterior, se volvió cada vez más incapaz de enfrentarse al malestar interior provocado por sus tácticas dilatorias.

Económicamente, este abrupto final de la reclusión japonesa trastrocó toda la viabilidad del sistema monetario shogunal, porque como las acuñaciones Tokugawa eran esencialmente emisiones arbitrarias, con un contenido en metales preciosos muy inferior al de su valor nominal, los comerciantes extranjeros se negaron a aceptarlas en paridad con las monedas occidentales, basadas en su verdadero peso de plata. La llegada del comercio exterior en gran escala obligó al Bakufu a devaluar ininterrumpidamente el contenido de plata de sus monedas y a emitir papel moneda mientras subía la demanda exterior de los productos locales más importantes: la seda, el té y el algodón. El resultado fue una catastrófica inflación interna: el precio del arroz se quintuplicó entre 1853 y 1869[52], causando un profundo malestar popular en el campo y en las ciudades. La burocracia shogunal, intrincada y dividida, fue incapaz de reaccionar con una política clara y decidida frente a los peligros que se cernían sobre ella. El lamentable estado de su aparato de seguridad se puso de manifiesto cuando en 1860 el único dirigente decidido que produjo el Bakufu en su última fase, Ii Naosuke, fue asesinado en Edo por samurais xenófobos[53]. Dos años después, un nuevo attentat obligó a su sucesor a dimitir. Los feudos tozama del sudoeste —Satsuma, Choshu, Tosa y Saga—, siempre enfrentados al Bakufu por su posición estructural, se envalentonaron ahora, pasando a la ofensiva y conspirando para su derrocamiento. Todos sus recursos militares y económicos, administrados por regímenes más sólidos y eficaces que el gobierno de Edo, se pusieron en pie de guerra. Los ejércitos han fueron modernizados, ampliados y reequipados con armamentos occidentales, y mientras Satsuma ya poseía el mayor contingente samurai de Japón, los jefes Choshu reclutaron y equiparon a campesinos ricos para crear una fuerza plebeya que pudiera utilizarse contra el shogunato. Las expectativas populares de grandes cambios se extendían de forma supersticiosa entre las multitudes de Nagoya, Osaka y Edo, mientras que se conseguía el apoyo tácito de algunos banqueros chonin para suministrar las reservas financieras necesarias para una guerra civil. Una constante vinculación con los kuge, descontentos de Kyoto, aseguró a los dirigente tozama la cobertura ideológica esencial para la proyectada operación: se trataba nada menos que de una revolución cuyo objetivo formal consistía en el restablecimiento de la autoridad imperial, que había sido usurpada por el shogunato. El emperador proporcionaba, pues, un símbolo trascendental al que en teoría podían unirse todas las clases sociales. Un golpe súbito entregó Kyoto a las tropas de Satsuma en 1867. El emperador Meiji, con la ciudad bajo el control militar, leyó una proclama redactada por su corte por la que se ponía fin al shogunato. El Bakufu, subvertido y desmoralizado, se mostró incapaz de una resistencia firme. En pocas semanas, todo Japón había sido tomado pollos insurgentes ejércitos tozama y se había fundado el Estado Meiji unitario. La caída del shogunato significó el fin del feudalismo japonés.

Económica y diplomáticamente socavado desde el exterior —una vez que hubo desaparecido la seguridad de su aislamiento— el Estado Tokugawa se hundió política y militarmente desde el interior a causa de la misma parcelación de la soberanía que siempre había procurado mantener. La falta de un monopolio de la fuerza armada y su incapacidad para suprimir la legitimidad imperial le hicieron impotente en último término ante una insurrección bien organizada en el nombre del emperador. El Estado Meiji que le sucedió procedió rápidamente a una serie de profundas medidas para abolir el feudalismo desde arriba, medidas que constituían el programa más radical nunca decretado. El sistema de feudos fue liquidado, y el orden de cuatro estamentos, destruido; se promulgó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; se reformó el calendario y el vestido; se creó un mercado unificado y una sola moneda, y se promovió sistemáticamente la industrialización y la expansión militar. Una economía y un sistema político capitalistas surgieron directamente de la eliminación del shogunato. Los complejos mecanismos históricos de la transformación revolucionaria llevada a cabo por la restauración Meiji se examinarán en otro lugar. Aquí sólo es necesario subrayar que, contrariamente a la hipótesis de algunos historiadores japoneses[54], el Estado Meiji no fue en sentido categórico un absolutismo. Al principio fue una dictadura de emergencia del nuevo bloque dominante, y muy pronto se reveló como un Estado capitalista autoritario cuyo temple fue puesto a prueba, en pocas décadas y con todo éxito, contra un verdadero absolutismo. En 1905, los descalabros rusos en Tsushima y Mukden revelaron al mundo la diferencia que existía entre ambos. El paso del feudalismo al capitalismo se efectuó en Japón, en una medida insólita, sin ningún interludio político.

B. EL «MODO DE PRODUCCIÓN ASIÁTICO»

I

Como ya hemos visto, Marx rechazó expresamente la definición como formaciones sociales feudales de la India de los mogoles y, por una inferencia necesaria, de la Turquía otomana. Esta delimitación negativa, que reserva el concepto de feudalismo a Europa y Japón, plantea, sin embargo, el problema de la clasificación positiva que Marx asignaba a los sistemas socioeconómicos de los que India y Turquía ofrecen ejemplos prominentes. Existe un acuerdo creciente a partir de los años sesenta en que la respuesta es que Marx creía que representaban un modelo específico, al que llamó «modo de producción asiático». Este concepto se convirtió hace unos años en foco de una discusión internacional entre los marxistas, y, a la luz de las conclusiones de este estudio, quizá podría ser útil recordar los antecedentes y el marco intelectual en el que Marx escribía. La yuxtaposición y el contraste teórico entre las estructuras estatales de Europa y Asia constituía una vieja tradición desde Maquiavelo y Bodin. Inspirada en la proximidad del poderío turco, esa tradición surgió con el nuevo renacer de la teoría política en la era del Renacimiento, y a partir de entonces acompañó paso a paso su desarrollo hasta la era de la Ilustración.

Hemos hablado más arriba de las sucesivas y significativas reflexiones de Maquiavelo, Bodin, Bacon, Harrington, Bernier y Montesquieu sobre el imperio otomano, íntimo y enemigo de Europa a partir del siglo XV[1]. Sin embargo, en el siglo XVIII, en la oleada de la exploración y expansión coloniales, la aplicación geográfica de las ideas concebidas inicialmente al contacto con Turquía se extendió sin cesar hacia el Este: primero hasta Persia, después a la India y finalmente a China. Con esta extensión geográfica vino también una generalización conceptual del conjunto de rasgos inicialmente atribuidos o limitados a la Puerta. Así nació el concepto de «despotismo» político, un término que hasta entonces faltaba del vocabulario de los comentarios europeos sobre Turquía, aunque su sustancia ya estaba presente desde hacía mucho tiempo. En Maquiavelo, Bodin o Harrington, la designación tradicional del sultán osmanli era la de «Gran Señor», proyección anacrónica de la terminología del feudalismo europeo sobre el Estado turco, cuya diferencia respecto a cualquier sistema político europeo se declaraba explícitamente. Hobbes fue el primer escritor importante del siglo XVII que habló del poder despótico (recomendándolo, paradójicamente, como la forma normal y adecuada de soberanía). Naturalmente, esta connotación no volvería a repetirse. Por el contrario, a medida que el siglo avanzaba, el poder despótico fue equiparado por doquier con la tiranía, y en Francia, la «tiranía turca» se atribuyó frecuentemente, desde la Fronda, a la dinastía borbónica, en la literatura polémica de sus oponentes. Bayle fue, quizá, el primer filósofo que empleó el concepto genérico de despotismo en el año 1704[2]; al plantearse su validez, reconocía implícitamente que se trataba de una idea corriente.

La aparición definitiva del concepto de «despotismo» coincidió, además, desde el principio, con su proyección sobre el «Oriente». En efecto, el pasaje canónico central en el que podía encontrarse la palabra original griega (un término poco usual) era una célebre afirmación de Aristóteles: «Hay pueblos que, arrastrados por una tendencia natural a la servidumbre, inclinación mucho más pronunciada entre los bárbaros que entre los griegos, más entre los asiáticos que entre los europeos, soportan el yugo del despotismo sin pena y sin murmuración, y he aquí por qué los reinados que pesan sobre estos pueblos son tiránicos, si bien descansan, por otra parte, sobre las bases sólidas de la ley y la sucesión hereditaria»[3].

El despotismo, pues, se atribuía expresamente a Asia en la fons et origo de toda la filosofía política europea. La Ilustración, que podía abarcar mentalmente a todo el globo tras los grandes viajes de los descubrimientos y conquistas coloniales, tenía por vez primera la posibilidad de ofrecer una formulación general y sistemática de esa conexión. Montesquieu fue quien emprendió esta tarea con su madura categorización teórica del «despotismo oriental». Profundamente influenciado por Bodin y asiduo lector de Bernier, Montesquieu heredó de sus predecesores los axiomas básicos de que los estados asiáticos carecían de propiedad privada estable y de nobleza hereditaria y eran, por tanto, arbitrarios y tiránicos, opiniones que repitió con la fuerza lapidaria que le caracterizaba. Además, el despotismo oriental no se basaba únicamente en el miedo abyecto, sino también en una confusa igualdad entre sus súbditos, ya que todos eran iguales en su común sometimiento a los letales caprichos del déspota: «El principio del gobierno despótico es el temor […] el temor es uniforme en todas partes»[4]. Esta uniformidad era la antítesis siniestra de la unidad municipal de la Antigüedad clásica: «Todos los hombres son iguales en un Estado republicano; también son iguales en un Estado despótico. En el primero, porque lo son todo; en el segundo, porque no son nada»[5]. La falta de una nobleza hereditaria, observada desde hacía mucho tiempo en Turquía, se convirtió aquí en algo mucho más fuerte, en una condición de la servidumbre desnuda e igualitaria de toda Asia. Montesquieu añadió también dos nuevas nociones a la tradición que había heredado y que reflejaban específicamente la doctrina de la Ilustración sobre el secularismo y el progreso. Así, Montesquieu argumentó que las sociedades asiáticas carecían de códigos legales porque la religión actuaba en tilas como un sustituto funcional del derecho: «Hay estados en los que las leyes no son nada, o no son más que la voluntad caprichosa y arbitraria del soberano. Si en estos estados las leyes de la religión fueran semejantes a las leyes de los hombres, también serían nulas; pero como toda sociedad debe tener un principio de firmeza, es la religión quien lo proporciona»[6]. Al mismo tiempo, Montesquieu creía que estas sociedades eran esencialmente inmóviles: «Las leyes, las costumbres y los hábitos del Oriente —incluso los más triviales, como la moda del vestir— son hoy idénticos a como eran hace mil años»[7].

El principio manifiesto de Montesquieu para explicar el diferente carácter de los estados de Europa y Asia era, naturalmente, geográfico: el clima y la topografía habían determinado sus divergentes destinos. Montesquieu sintentizó sus opiniones sobre la naturaleza de ambos en una comparación artísticamente dramática: «Asia siempre ha sido la patria de grandes imperios que en Europa nunca han podido subsistir. Esto es así porque el Asia que conocemos tiene llanuras más vastas que Europa; los mares circundantes la han fragmentado en masas mucho más grandes, y, al estar situada más al sur, sus fuentes se secan con más facilidad, sus montañas no están cubiertas con tanta nieve, sus ríos son menos caudalosos y forman barreras menos infranqueables. Por tanto, el poder en Asia debe ser siempre despótico, pues si la servidumbre no fuese extremada, se produciría una división en el continente que la naturaleza del país no podría soportar. En Europa, las dimensiones naturales de la geografía forman diversos estados de una extensión modesta, en los que el gobierno de las leyes no es incompatible con la supervivencia del Estado, sino que, por el contrario, es tan favorable que sin ellas cualquier Estado caería en decadencia y quedaría en inferioridad respecto a todos los demás. Eso es lo que ha creado aquel espíritu de libertad que hace a cada parte del continente tan resistente a la subyugación o la sumisión ante un poder extranjero, salvo por la ley o por la utilidad de su comercio. En Asia reina, por el contrario, un espíritu de servidumbre que nunca la ha abandonado, y es imposible encontrar en toda la historia del continente un solo rasgo que sea indicio de un alma libre: sólo podremos ver el heroísmo de la esclavitud»[8].

Este cuadro de Montesquieu —aunque impugnado por unos pocos críticos de su tiempo[9]— fue generalmente aceptado y se convirtió en un legado fundamental para toda la filosofía y la economía política. Adam Smith fue quien dio, probablemente, el siguiente paso importante en el desarrollo de esta oposición entre Asia y Europa, cuando la redefinió por vez primera como un contraste entre dos tipos de economías, dominadas respectivamente por diversas ramas de producción: «De la misma manera en que la economía política de las naciones de la Europa moderna ha sido más favorable a las manufacturas y al comercio exterior, es decir, a la actividad industrial de las ciudades, que a la agricultura, que es la actividad industrial del campo, también ha habido naciones que han seguido un diferente plan y se han mostrado más favorables a la agricultura que a las manufacturas y al comercio exterior. La política de China favorece la agricultura más que el resto de las actividades. Se dice que en China la categoría del campesino es muy superior a la del artesano, al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de Europa, donde el artesano es muy superior al campesino»[10]. Smith postula después una nueva correlación entre el carácter agrario de las sociedades de Asia y África y la función que en ellas tenían las obras hidráulicas de regadío y transporte, porque en esos países el Estado era propietario de toda la tierra y estaba directamente interesado en la mejora pública de la agricultura. «Fueron célebres en la Antigüedad las construcciones llevadas a cabo por los antiguos soberanos de Egipto para la conveniente distribución de las aguas del Nilo, y los restos ruinosos de algunas de esas obras despiertan todavía la admiración de los viajeros. Las construcciones de la misma clase realizadas por los antiguos soberanos del Indostán, con objeto de distribuir adecuadamente las aguas del Ganges y de otros muchos ríos, parece que fueron igualmente grandiosas, aunque hayan sido mucho menos celebradas […] En China y en otros varios gobiernos de Asia, el poder ejecutivo toma a su cargo tanto la reparación de las grandes rutas como la conservación de los canales navegables […] Se asegura, pues, que esta rama de la administración pública se encuentra muy bien atendida en todos estos países, pero especialmente en China, donde las grandes rutas y mucho más aún los canales navegables son muy superiores, según estos informes, a todo lo de su clase conocido en Europa»[11].

En el siglo XIX, los sucesores de Montesquieu y Smith prolongaron la misma línea de pensamiento. Dentro de la filosofía clásica alemana, Hegel estudió profundamente a ambos autores y, en La filosofía de la historia, reafirmó la mayor parte de las nociones de Montesquieu sobre el despotismo asiático, sin rangos o poderes intermedios, en su característica terminología. «El despotismo, desarrollado en proporciones asombrosas», fue en el Oriente «la forma de gobierno estrictamente apropiada al amanecer de la Historia»[12]. Hegel enumeró los principales países del continente a los que se aplicaba esta norma: «En la India, por tanto, impera plenamente el despotismo más arbitrario, perverso y degradante. China, Persia y Turquía —en realidad, toda Asia— son los escenarios del despotismo y, en el peor sentido, de la tiranía»[13]. El Reino Celeste, que había despertado sentimientos tan contradictorios entre los pensadores de la Ilustración, fue objeto especial del interés de Hegel, como modelo de lo que consideraba una autocracia igualitaria. «China es el imperio de la absoluta igualdad, y todas las diferencias que allí existen son posibles únicamente en relación con la administración pública, y están en función de los méritos que una persona puede adquirir y que le permiten alcanzar los altos puestos en el gobierno. Como en China reina la igualdad, pero sin ninguna libertad, el despotismo es necesariamente la forma de gobierno. Entre nosotros, los hombres son iguales únicamente ante la ley y en el respeto debido a la propiedad de cada uno; pero si queremos tener lo que llamamos libertad, es preciso garantizar los muchos intereses y los privilegios particulares que también tienen. En el imperio chino, sin embargo, estos intereses especiales no gozan por sí mismos de ninguna consideración, y el gobierno procede sólo del emperador, que lo hace actuar como una jerarquía de funcionarios o mandarines»[14]. Hegel, como muchos de sus predecesores, mostró una moderada admiración hacia la civilización china. Su análisis de la civilización india, aunque también era matizado, tenía un color mucho más sombrío. Hegel creía que el sistema indio de castas era completamente distinto de lo que pasaba en China y que significaba un avance de la jerarquía sobre la igualdad, pero de tal tipo que inmovilizaba y degradaba a toda la estructura social. «En China reinaba la igualdad entre todos los individuos que componen el imperio y, por consiguiente, todo el gobierno está absorbido en su centro, el emperador, de tal forma que los miembros individuales no pueden alcanzar la independencia y la libertad subjetivas […] En este sentido, en la India ha tenido lugar un avance esencial, a saber, una ramificación en miembros independientes a partir de la unidad del poder despótico. Con todo, las diferencias que implican esas ramificaciones se refieren a la Naturaleza. En lugar de estimular la actividad de un alma como su centro de unión y de realizar espontáneamente esa alma —como ocurre con la vida orgánica—, se petrifican y se vuelven rígidas, y por su carácter estereotipado condenan al pueblo indio a la más degradante servidumbre espiritual. Las diferencias a las que nos estamos refiriendo son las castas»[15]. El resultado es que «mientras en China encontramos un despotismo moral, en la India lo que puede llamarse reliquia de la vida política es un despotismo sin ningún principio y sin ninguna norma de moralidad o de religión»[16]. Hegel caracterizaba la base central del despotismo indio como un sistema de comunidades aldeanas inertes, regidas por costumbres hereditarias y por la distribución de las cosechas mediante impuestos, y que no se veían afectadas por los cambios políticos que tenían lugar en el Estado, situado por encima de ellas. «El conjunto de ingresos que corresponde a cada aldea se divide, como ya se ha dicho, en dos partes, de las que una pertenece al rajá y la otra a los cultivadores; pero hay que entregar también partes proporcionales al jefe del lugar, al juez, al inspector de aguas, al brahmán encargado del cultivo divino, al astrólogo (que es también un brahmán y señala los días fastos y nefastos), al herrero, al carpintero, al alfarero, al lavandero, al médico, a las bailarinas, al músico, al poeta. Estas costumbres son fijas e inmutables y no están sujetas a la voluntad de nadie. Todas las revoluciones políticas pasan, pues, por encima de la indiferencia del indio del común, cuya suerte no cambia nunca»[17]. Estas afirmaciones, como veremos, habrían de tener larga vida. Hegel terminaba repitiendo el ya tradicional tema del anquilosamiento histórico, que atribuía a ambos países: «China e India permanecen estacionarias y perpetúan, incluso hasta el tiempo presente, una existencia vegetativa natural»[18].

Mientras que en la filosofía clásica alemana Hegel seguía muy de cerca a Montesquieu, en la economía política inglesa los temas de Smith fueron adoptados inmediatamente por sus seguidores. En su estudio sobre la India británica, el viejo Mili añadió poco a los conceptos tradicionales del despotismo asiático[19]. El siguiente economista inglés que desarrolló un análisis más original de la situación en Oriente fue Richard Jones, sucesor de Malthus en el East India College, cuyo Essay on the distribution of wealth and the sources of taxation se publicó en Londres en 1831, el mismo año en que Hegel dictaba en Berlín sus cursos sobre China y la India. El libro de Jones, cuyo objeto era realizar una crítica de Ricardo, incluía el intento probablemente más elaborado de los realizados hasta entonces de analizar concretamente la tenencia de la tierra en Asia. Jones afirmaba desde el comienzo que, «en toda Asia, los soberanos siempre han estado en posesión de un título exclusivo sobre la tierra de sus dominios y han conservado ese derecho en un estado de singular e inconveniente integridad, sin ninguna división ni menoscabo. Los individuos siempre son arrendatarios del soberano, que es el único propietario; únicamente las usurpaciones de sus funcionarios pueden romper durante algún tiempo los eslabones de esta cadena de dependencia. Esta universal dependencia del trono para conseguir los medios de vida es el verdadero fundamento del inquebrantable despotismo del mundo oriental, así como de los ingresos del soberano y de la forma que adopta la sociedad situada bajo sus pies»[20]. Sin embargo, Jones no se dio por satisfecho con las afirmaciones genéricas de sus predecesores e intentó delimitar con alguna precisión las cuatro grandes zonas en las que dominaba lo que él llamó rentas de los ryots —es decir, los impuestos pagados directamente por los campesinos al Estado en cuanto propietario de la tierra que cultivaban—, y que eran la India, Persia, Turquía y China. La naturaleza uniforme del sistema económico y del gobierno político de estas diferentes tierras podía rastrearse, según creía Jones, hasta su conquista común por las tribus tártaras de Asia central. «China, la India, Persia y la Turquía asiática, situadas todas ellas en los extremos exteriores de la gran llanura de Asia central, han sido sometidas en su momento —y algunas en más de una ocasión— a las invasiones de sus tribus. Incluso en este momento parece difícil que China pueda librarse del peligro de otra subyugación. En todas partes donde se han asentado estos invasores escitas han establecido una forma despótica de gobierno, a la que ellos mismos se han sometido con prontitud mientras obligaban a los habitantes de los países conquistados a someterse a ella […] Los tártaros han establecido o adoptado en todas partes un sistema político que se adecua perfectamente a sus hábitos nacionales de sumisión popular y de poder absoluto de los jefes, y sus conquistas han introducido o restablecido este poder desde el mar Negro al Pacífico y desde Pekín hasta el Nerbudda. En toda el Asia agrícola (con la excepción de Rusia) reina el mismo sistema»[21].

La hipótesis general de Jones sobre la conquista nómada como origen de la propiedad estatal de la tierra se combinaba con un nuevo conjunto de distinciones en su valoración del grado y los efectos de esa propiedad en los diferentes países que fueron objeto de su estudio. Así, Jones escribió que el último período mogol de la India presenció «el fin de todo sistema, de toda moderación o protección; se recaudaron, a punta de lanza, rentas ruinosas, impuestas arbitrariamente en las frecuentes correrías militares, y los numerosos intentos de resistencia desesperada fueron castigados sin piedad por el fuego y la matanza»[22]. El Estado turco, por su parte, mantuvo formalmente niveles más moderados de explotación, pero la corrupción de sus agentes hacía ineficaces en la práctica todas las limitaciones. «Comparado con los sistemas de la India o Persia, el de Turquía tiene evidentemente algunas ventajas. La permanencia y moderación del miri, o renta de la tierra, es una de ellas […] Pero su relativa fuerza y moderación se han vuelto inútiles para sus desgraciados súbditos, debido tanto a la indolencia e indiferencia como a la malversación de sus lejanos funcionarios»[23]. En Persia, la rapacidad de la monarquía no tenía límites, pero el sistema local de regadío moderaba su alcance —al contrario de la función que le asignaba Smith— porque introducía algunas formas de propiedad privada: «De todos los gobiernos despóticos de Oriente, el de Persia es quizá el más codicioso y el más desenfrenadamente cínico; sin embargo, el peculiar suelo de este país ha introducido algunas valiosas modificaciones en el sistema general asiático de rentas de los riots […] [porque] a todo aquel que saque agua a la superficie, donde nunca antes la hubo, le garantizan los soberanos la posesión hereditaria de la tierra que ha fertilizado»[24]. Por último, Jones vio con toda claridad que la agricultura china constituía un caso especial que no podía asimilarse simplemente a la de los otros países que había descrito; su inmensa productividad la colocaba aparte. «Toda la dirección del imperio presenta en verdad un llamativo contraste con las de las vecinas monarquías asiáticas […] Mientras que aún no se ha hecho apta para el cultivo ni la mitad de la India y todavía menos superficie de Persia, China está tan plenamente cultivada como la mayoría de las monarquías europeas y más plenamente poblada que ellas»[25]. La obra de Jones representó, pues, sin duda alguna, el punto más avanzado que alcanzó la economía política en su discusión sobre Asia durante la primera mitad del siglo XIX. El joven Mili, que escribió cerca de dos décadas después, resucitó la conjetura de Smith de que los estados orientales patrocinaron siempre las obras públicas hidráulicas —«los aljibes, pozos y canales para el riego, sin los que difícilmente podrían desarrollarse los cultivos en los climas más tropicales»[26]—, pero, por lo demás, se limitó a repetir la caracterización genérica de «las extensas monarquías que han ocupado las llanuras de Asia desde tiempos inmemoriales»[27], que se había convertido ya desde mucho antes en fórmula establecida en Europa occidental.

Es fundamental comprender, por tanto, que las dos principales tradiciones intelectuales que contribuyeron decisivamente a la formación de la obra de Marx y Engels contenían una previa concepción común de los sistemas políticos y sociales de Asia, un conjunto de ideas que todos compartían y que, en último término, se remontaban a la Ilustración. Este conjunto podría resumirse de la siguiente forma[28]:

Propiedad estatal de la tierra | H₁ B₃ M₂ J
Inexistencia de barreras jurídicas | B₁ B₃ M₂
Sustitución del derecho por la religión | M₂
Ausencia de nobleza hereditaria | M₁ B₂ M₂
Igualdad social servil | M₂ H₂
Comunidades aldeanas aisladas | H₂
Predominio agrario sobre la industria | S B₃
Obras públicas hidráulicas | S M₃
Medio climático tórrido | M₂ M₃
Inmutabilidad histórica | M₂ H₂ J M₃
= |
Despotismo oriental |

Como puede verse, ningún autor combinó todas estas nociones en una sola concepción. Sólo Bernier había estudiado directamente los países asiáticos, y sólo Montesquieu había formulado una teoría general coherente del despotismo oriental. Los referentes geográficos de los sucesivos escritores se ampliaron desde Turquía hasta la India y, finalmente, China, pero sólo Hegel y Jones intentaron distinguir las variantes regionales del modelo asiático común.

II

Podemos volver ahora a los célebres párrafos de la correspondencia de Marx con Engels, en la que ambos discutieron por vez primera los problemas de Oriente. El 2 de junio de 1853, Marx escribió a Engels —que había estado estudiando la historia de Asia y aprendiendo algo de persa— para recomendarle el relato de Bernier sobre las ciudades orientales, calificándolo de «brillante, gráfico y sorprendente». A continuación. Marx aceptaba la tesis principal del libro de Bernier en una famosa e inequívoca afirmación: «Bernier piensa, con razón, que la base de todos los fenómenos orientales —se refiere a Turquía, Persia e Indostán— reside en la ausencia de propiedad privada de la tierra. Esta es la verdadera clave, incluso del cielo oriental»[29]. En su respuesta, unos días después, Engels conjeturaba que la explicación histórica básica de esta inexistencia de propiedad privada de la tierra debía radicar en la aridez del suelo norteafricano y asiático, que exigía riesgos intensivos y, por tanto, obras hidráulicas acometidas por el Estado central y otras autoridades públicas. «La ausencia de propiedad de la tierra es ciertamente la clave para la comprensión de todo el Oriente. Ahí reside su historia política y religiosa. ¿Pero por qué los orientales no llegan a la propiedad territorial, ni siquiera en su forma feudal? Creo que se debe principalmente al clima, junto con la naturaleza del suelo, especialmente en las grandes extensiones del desierto que se extiende desde el Sahara y cruza Arabia, Persia, India y Tartaria, llegando hasta la más elevada meseta asiática. El riego artificial es aquí la condición primera de la agricultura, y esto es cosa de las comunas, de las provincias o del gobierno central. Y un gobierno oriental nunca tuvo más de tres departamentos: finanzas (pillaje interno), guerra (pillaje interno y en el exterior) y obras públicas (cuidado de la reproducción) […] Esta fertilización artificial de la tierra, que cesó inmediatamente cuando cayó en decadencia el sistema de riego, explica el hecho, por otra parte curioso, de que grandes extensiones, otrora brillantemente cultivadas, sean ahora desoladas y desnudas (Palmira, Petra, las ruinas del Yemen, distritos de Egipto, Persia e Indostán); explica el hecho de que una sola guerra devastadora pudiera despoblar durante siglos a un país, despojándolo de toda su civilización»[30].

Una semana después, Marx contestó mostrando su acuerdo con la importancia de las obras públicas para la sociedad asiática y subrayando la coexistencia con ellas de aldeas autosuficientes: «El carácter estacionario de esta parte de Asia —a pesar de todo el movimiento sin sentido en la superficie política— se explica plenamente por dos circunstancias interdependientes: 1) las obras públicas eran cosa del gobierno central; 2) además, todo el imperio, sin contar las pocas y grandes ciudades, se dividía en aldeas, cada una de las cuales poseía una organización completamente separada y formaba un pequeño mundo cerrado […] En algunas de estas comunidades, las tierras de la aldea se cultivan en común, y en la mayoría de los casos cada ocupante cultiva su propio predio. En su sociedad existe la esclavitud y el sistema de castas. Las tierras baldías están destinadas al pastoreo común. Las esposas e hijas son las encargadas del tejido e hilado domésticos. Estas repúblicas idílicas, que sólo guardaban celosamente los límites de su aldea en contra de la aldea vecina, aún existen en forma bastante perfecta en las partes noroccidentales de la India, que sólo en fecha reciente cayeron en manos inglesas. No creo que pudiera imaginarse cimiento más sólido para el estancamiento del despotismo asiático». Y Marx añadía, de modo significativo: «En todo caso, parecen haber sido los mahometanos los primeros en establecer el principio de la “no propiedad de la tierra” a través de toda Asia»[31].

En las mismas fechas, Marx presentó al público sus comunes reflexiones en una serie de artículos escritos para el New York Daily Tribune: «El clima y las condiciones del suelo, particularmente en los vastos espacios desérticos que se extienden desde el Sahara a través de Arabia, Persia, la India y Tartaria hasta las regiones más elevadas de la meseta asiática, convirtieron el sistema de irrigación artificial por medio de canales y otras obras de riego en la base de la agricultura oriental. Al igual que en Egipto y en la India, las inundaciones son utilizadas para fertilizar el suelo en Mesopotamia, Persia y otros lugares; el alto nivel de las aguas sirve para llenar los canales de riego. Esta necesidad elemental de un uso económico y común del agua hizo que en Occidente los empresarios privados se agrupasen en asociaciones voluntarias, como ocurrió en Flandes e Italia; en Oriente, el bajo nivel de civilización y lo extenso de los territorios impidieron que surgiesen asociaciones voluntarias e impusieron la intervención del poder centralizador del gobierno. De aquí que todos los gobiernos asiáticos tuviesen que desempeñar esa función económica: la organización de las obras públicas»[32]. Marx subrayaba a continuación que la base social de este gobierno era en la India «la unión patriarcal entre la agricultura y la artesanía» en el «llamado village system […] que daba a cada una de esas pequeñas agrupaciones su organización autónoma y su vida peculiar»[33]. El dominio británico había aplastado la superestructura política del Estado imperial mogol y ya estaba atacando a la infraestructura socioeconómica en la que aquél descansaba por medio de la introducción forzosa de la propiedad privada de la tierra: «Los propios zamindari y ryotwari, por execrables que sean, representan dos formas distintas de propiedad privada de la tierra, tan ansiada por la sociedad asiática»[34]. En un párrafo dramático, lleno de pasión y elocuencia, Marx analizó las consecuencias históricas de la conquista del suelo asiático por Europa, que ya se hacían presentes: «[…] por muy lamentable que sea desde un punto de vista humano ver cómo se desorganizan y disuelven esas decenas de miles de organizaciones sociales laboriosas, patriarcales e inofensivas; por triste que sea verlas sumidas en un mar de dolor, contemplar cómo cada uno de sus miembros va perdiendo a la vez sus viejas formas de civilización y sus medios tradicionales de subsistencia, no debemos olvidar al mismo tiempo que esas idílicas comunidades rurales, por inofensivas que pareciesen, constituyeron siempre una sólida base para el despotismo oriental; que restringieron el intelecto humano a los límites más estrechos, convirtiéndolo en un instrumento sumiso de la superstición, sometiéndolo a la esclavitud de reglas tradicionales y privándolo de toda grandeza y de toda iniciativa histórica. No debemos olvidar el bárbaro egoísmo que, concentrado en un mísero pedazo de tierra, contemplaba tranquilamente la ruina de imperios enteros, la perpetración de crueldades indecibles, el aniquilamiento de la población de grandes ciudades, sin prestar a todo esto más atención que a los fenómenos de la naturaleza, y convirtiéndose a su vez en presa fácil para cualquier agresor que se dignase fijar en él su atención»[35]. Marx añadía: «No debemos olvidar que esas pequeñas comunidades estaban contaminadas por las diferencias de casta y por la esclavitud, que sometían al hombre a las circunstancias exteriores en lugar de hacerlo soberano de dichas circunstancias; que convirtieron su estado social, que se desarrollaba por sí solo, en un destino natural e inmutable»[36].

La correspondencia privada de Marx y sus artículos periodísticos de 1853 estaban, por tanto, muy cerca de los principales temas del tradicional comentario europeo sobre la historia y la sociedad asiática, tanto por su tono como por su enfoque. Esta continuidad, reconocida desde el principio por la invocación a Bernier, resulta especialmente llamativa en la repetida afirmación de Marx relativa al anquilosamiento y a la inmutabilidad del mundo oriental. «La sociedad hindú carece por completo de historia, o por lo menos de historia conocida»[37], escribió Marx, y pocos años después se refirió a China diciendo que vegetaba «a despecho de la época»[38]. Sin embargo, de toda su correspondencia con Engels pueden deducirse dos puntos principales, que también habían sido presagiados parcialmente por la tradición anterior. El primero era la noción de que las obras públicas de regadío, exigidas por la aridez del clima, habían sido un determinante básico de los estados despóticos centralizados de Asia, poseedores del monopolio de la tierra. Esta idea era, en efecto, la fusión de tres temas que hasta entonces habían estado relativamente separados: la agricultura hidráulica (Smith), el destino geográfico (Montesquieu) y la propiedad estatal de la tierra (Bernier). A esto se añadía un segundo elemento temático con la afirmación de que las células sociales básicas sobre las que se implantaba el despotismo oriental eran las comunidades aldeanas autosuficientes que incorporaban la unión de la artesanía y el cultivo domésticos. Esta concepción también había sido avanzada por la tradición anterior (Hegel). Marx, cuya información procedía de los informes de la administración colonial británica en la India, le dio una nueva y más prominente posición dentro del esquema general que había heredado. El Estado hidráulico «por arriba» y la aldea autárquica «por abajo» se unían ahora en una sola fórmula, en la que existía un equilibrio conceptual entre ambos.

Sin embargo, cuatro o cinco años después, cuando Marx redactó los Grundrisse, esta última noción de «comunidad aldeana autosuficiente» fue la que adquirió una inconfundible función predominante en su análisis de lo que habría de llamar «modo de producción asiático». Pues Marx había llegado a pensar que la propiedad estatal del suelo en Oriente ocultaba la propiedad tribal comunal de aquél por las aldeas autosuficientes, que eran la realidad socioeconómica oculta tras la «unidad imaginaria» de los derechos del soberano déspota sobre la tierra. «La unidad omnicomprensiva que está por encima de todas estas pequeñas entidades comunitarias puede aparecer como el propietario superior o como el único propietario, de tal modo que las comunidades efectivas sólo aparecen como poseedores hereditarios […] El déspota aparece aquí como padre de las muchas entidades comunitarias y realiza de esta forma la común unidad de todas ellas. El plusproducto pertenece entonces de por sí a esta unidad suprema. Por lo tanto, en medio del despotismo oriental y de la carencia de propiedad a la que jurídicamente parece conducir, existe de hecho, como fundamento, esta propiedad comunitaria o tribal, producto sobre todo de una combinación de manufactura y agricultura dentro de la pequeña comunidad, que de ese modo se vuelve enteramente self-sustaining (autosuficiente) y contiene en sí misma todas las condiciones de la producción y de la plusproducción»[39]. Esta innovación temática venía acompañada de una extensión considerable del campo de aplicación de la concepción de Marx de este modo de producción, que ya no se ligaba tan directamente a Asia. Así, Marx escribe a continuación: «Este tipo de propiedad comunitaria, en tanto se realiza realmente en el trabajo, puede a su vez aparecer de dos maneras: por un lado, las pequeñas comunidades pueden vegetar independientemente una al lado de la otra, y en ellas el individuo trabaja independientemente, con su familia, en el lote que le ha sido asignado; o, por el otro lado, la unidad puede extenderse hasta incluir también el carácter colectivo del trabajo mismo, lo cual puede constituir un sistema formalizado, como en México, en especial en Perú, entre los antiguos celtas, y algunas tribus de la India. Además, el carácter colectivo puede estar presente en la tribu de modo que la unidad esté representada por un jefe de la familia tribal o como la relación recíproca entre los padres de familia. Según esto, la entidad comunitaria tendrá una forma más despótica o más democrática. En consecuencia, las condiciones colectivas de la apropiación real a través del trabajo, por ejemplo, los sistemas de regadío (muy importantes entre los pueblos asiáticos), los sistemas de comunicación, etc., aparecen como obra de la unidad superior, del gobierno despótico que flota por encima de las pequeñas comunidades»[40]. Posiblemente, Marx creía que estos gobiernos despóticos reclutaban destacamentos de trabajadores no cualificados procedentes de sus poblaciones, a lo que llamaba «la «esclavitud general del Oriente»[41] (que no hay que confundir, subrayaba Marx, con la esclavitud propiamente dicha de la Antigüedad clásica en el Mediterráneo). En estas condiciones, en Asia las ciudades eran por lo general contingentes y superestructurales: «En estos casos, las ciudades propiamente dichas surgen junto a estas aldeas sólo en aquel punto que es particularmente favorable para el comercio con el exterior o allí donde el gobernante y sus sátrapas intercambian sus ingresos (plusproducto) por trabajo, gastan esos ingresos como fondos de trabajo […] La historia asiática es una especie de unidad indiferenciada de ciudad y campo (en este caso las ciudades verdaderamente grandes deben ser consideradas meramente como campamento señorial, como una superfetación sobre la estructura propiamente económica)»[42]. En este punto vuelve a ser perfectamente audible el eco de Bernier, que inspiró las primeras reflexiones de Marx sobre el Oriente en 1853.

El elemento nuevo y decisivo en los escritos de Marx de 1857-8 sobre lo que un año después habría de designar formalmente, por primera y única vez, como «modo de producción asiático»[43] era la idea de que en Asia y en otras partes existió una propiedad tribal o comunal del suelo por aldeas autosuficientes, oculta por el velo oficial de la propiedad estatal de la tierra. Sin embargo, en sus escritos terminados y publicados Marx nunca confirmó explícitamente esta nueva concepción. Al contrario, en El capital volvió sustancialmente a las anteriores posiciones de su correspondencia con Engels, ya que, por una parte, subrayó una vez más, y con más fuerza que antes, la importancia de la peculiar estructura de las comunidades aldeanas de la India, que, según afirmaba, eran el prototipo de toda el Asia. Marx las describió de la siguiente forma: «Esas antiquísimas y pequeñas entidades comunitarias indias, que en parte todavía perduran, se fundan en la posesión comunal del suelo, en la asociación directa entre la agricultura y el artesanado y en una división fija del trabajo […] En distintas regiones de la India exigen formas distintas de la entidad comunitaria. En la forma más simple, la comunidad cultiva la tierra colectivamente y distribuye los productos del suelo entre sus miembros, mientras que cada familia practica el hilado, el tejido, etc., como industria doméstica subsidiaria. Al lado de esta masa ocupada de manera semejante, encontramos al “vecino principal”, juez, policía y recaudador de impuestos, todo a la vez; el tenedor de libros, que lleva las cuentas acerca de los cultivos y registra y asienta en el catastro todo lo relativo a los mismos; un tercer funcionario, que persigue a los delincuentes y protege a los forasteros, acompañándolos de una aldea a la otra; el guardafronteras, que vigila los límites entre la comunidad y las comunidades vecinas; el inspector de aguas, que distribuye, para su uso agrícola, el agua de los depósitos comunales; el brahmán, que desempeña las funciones del culto religioso; el maestro, que enseña a los niños de la comunidad a escribir y leer en la arena; el brahmán del calendario, que en su condición de astrólogo indica los momentos propicios para la siembra y la cosecha, así como las horas favorables o desfavorables para todos los demás trabajos agrícolas; un herrero y un carpintero, que construyen y reparan instrumentos de labranza; el alfarero, que produce todas las vasijas de la aldea; el barbero; el lavandero, ocupado en la limpieza de las ropas; el platero, y aquí y allá el poeta, que en algunas comunidades reemplaza al platero, en otras al maestro. Esta docena de personas se mantiene a expensas de toda la comunidad. Si la población aumenta, se asienta en tierras baldías una nueva comunidad organizada conforme al prototipo de la antigua»[44]. Hay que observar que este relato es casi palabra por palabra (incluso en el mismo orden de la lista de ocupaciones rústicas en la aldea, juez, inspector de aguas, brahmán, astrólogo, herrero, carpintero, alfarero, barbero, lavandero, poeta) idéntico al de Hegel en La filosofía de la historia, antes citado. Los únicos cambios en las dramatis personae son una mayor extensión de la lista y la sustitución del «médico, las bailarinas y el músico» de Hegel por los más prosaicos «guardafronteras, platero y maestro» de Marx[45].

Las conclusiones políticas que Marx dedujo de su miniaturizado diorama social recordaban con idéntica exactitud las que Hegel había propuesto treinta y cinco años antes: la plétora sin forma de aldeas autosuficientes, con su unión de artesanía y agricultura, y el cultivo colectivo era la base social de la inmutabilidad asiática, porque las inalterables comunidades aldeanas quedaban aisladas de los destinos del Estado situado por encima de ellas. «El sencillo organismo productivo de estas entidades comunitarias autosuficientes, que se reproducen siempre en la misma forma y que cuando son ocasionalmente destruidas se reconstruyen en el mismo lugar, con el mismo nombre, proporciona la clave que explica el misterio de la inmutabilidad de las sociedades asiáticas, tan sorprendentemente contrastada por la constante disolución y formación de Estados asiáticos y el cambio incesante de dinastías. Las tempestades en la región política de las nubes dejan indemne la estructura de los elementos fundamentales económicos de la sociedad»[46]. Por otra parte, mientras Marx sostenía que estas aldeas se caracterizaban por la posesión común de la tierra y, a menudo, por su cultivo colectivo, ya no afirmaba que en ellas se encarnaba la propiedad comunal o tribal del suelo. Por el contrario, ahora volvía a la reafirmación abierta e inequívoca de su primera posición, según la cual las sociedades asiáticas se definían esencialmente por la propiedad estatal de la tierra. «Si no es el terrateniente privado sino, como sucede en Asia, el Estado quien los enfrenta directamente como terrateniente y a la vez como soberano, entonces coinciden la renta y el impuesto o, mejor dicho, no existe entonces ningún impuesto que difiera de esta forma de la renta de la tierra. En estas circunstancias, la relación de dependencia, tanto en lo político como en lo económico, no necesita poseer ninguna forma más dura que la que le es común a cualquier condición de súbditos con respecto a ese Estado. El Estado, en este caso, es el supremo terrateniente. La soberanía es aquí la propiedad del suelo concentrada en escala nacional. Pero, en cambio, no existe la propiedad privada de la tierra, aunque sí la posesión y usufructo, tanto privados como comunitarios, del suelo»[47]. Así pues, el Marx maduro de El capital permanecía sustancialmente fiel a la clásica imagen europea de Asia, que había heredado de una larga serie de predecesores.

Quedan todavía por considerar las últimas e informales intervenciones de Marx y Engels relacionadas con el tema del «despotismo oriental». Puede afirmarse desde el principio que prácticamente todas estas frases posteriores a El capital —la mayor parte de ellas se encuentran en su correspondencia— vuelven de nuevo al tema característico de los Grundrisse: vinculan una y otra vez la propiedad comunal de la tierra por las aldeas autosuficientes con el despotismo asiático centralizado y afirman que aquélla es la base socioeconómica de éste. Así Marx, en los borradores de sus cartas a Zasúlich de 1881, al definir a la comunidad del mir ruso bajo el zarismo como de un tipo en el que «la propiedad de la tierra es comunal, pero cada campesino cultiva por cuenta propia su propia parcela» afirma: «El aislamiento de las comunidades aldeanas, la falta de vínculos entre ellas, entre esos microcosmos ligados localmente, no es en todas partes una característica intrínseca del último de los tipos primitivos. Sin embargo, cuando se da permite la aparición de un despotismo central situado por encima de las comunidades»[48]. Engels, por su parte, reprodujo en dos ocasiones el mismo tema. En 1875, mucho antes de la correspondencia de Marx con Zasúlich, Engels había escrito en un artículo sobre Rusia: «El completo aislamiento de estas comunidades, que crea en el campo intereses idénticos, pero en modo alguno comunes, es la base natural del despotismo oriental, desde la India hasta Rusia, dondequiera que ha predominado esta forma social, ha engendrado a ese Estado como su complemento»[49]. En 1882, en un manuscrito no publicado sobre la época franca en la historia de Europa occidental, Engels señaló de nuevo: «Allí donde el Estado aparece en una época en que la comunidad aldeana cultiva su tierra en común o, por lo menos, la reparte temporalmente entre las diferentes familias y, por consiguiente, donde todavía no ha aparecido la propiedad privada del suelo —como ocurrió con los pueblos arios de Asia y con los rusos—, el poder estatal adopta la forma de un despotismo»[50]. Finalmente, en la principal de sus obras publicadas de esta época Engels reafirmó las dos ideas que desde el principio habían distinguido con más fuerza sus comunes reflexiones con Marx. Por una parte, Engels reitera —después de un lapso de dos décadas— la importancia de las obras hidráulicas para la formación de los estados despóticos de Asia. «Los muchos despotismos que han aparecido y desaparecido en Persia y la India sabían siempre muy bien que eran ante todo los empresarios colectivos de la irrigación de los valles fluviales, sin la cual no es posible la agricultura en esas regiones»[51]. Al mismo tiempo, Engels insiste una vez más en la típica subsistencia, por debajo de los despotismos asiáticos, de las comunidades de aldea con propiedad colectiva de la tierra. Al comentar que «en todo el Oriente […] la comunidad [aldeana] o el Estado son propietarios del suelo»[52], Engels añade que la forma más antigua de estas comunidades —precisamente aquellas a las que atribuye la propiedad comunal de la tierra— constituye el fundamento del despotismo: «Las viejas comunidades primitivas, donde subsistieron a pesar de todo, constituyen precisamente desde hace milenios el fundamento de la más grosera forma de Estado, el despotismo oriental, desde la India hasta Rusia»[53].

Esta afirmación categórica puede cerrar nuestro examen de las opiniones que sobre la historia y la sociedad asiática tenían los fundadores del materialismo histórico. Para resumirlas, es evidente que la negativa de Marx a generalizar, más allá de Europa, el modo de producción feudal tenía su correlato en la convicción positiva, compartida por Engels, de que existía un específico «modo de producción asiático», característico del Oriente, que le separaba histórica y sociológicamente de Occidente. La nota central de este modo de producción, que le distinguía inmediatamente del feudalismo, era la ausencia de propiedad privada de la tierra. Para Marx, ésta era la primera «clave» de toda la estructura del modo de producción asiático. Engels atribuía esta falta de propiedad agraria individual a la aridez del clima, que exigía grandes obras de regadío y, por tanto, la supervisión por el Estado de las fuerzas de producción. Marx acarició durante un tiempo la hipótesis de que había sido introducida en Oriente por la conquista islámica, pero después adoptó también la tesis de Engels de que la agricultura hidráulica era probablemente la base geográfica de la ausencia de propiedad privada de la tierra que distinguía al modo de producción asiático. Más tarde, sin embargo, llegó a creer en los Grundrisse que la propiedad estatal del suelo ocultaba en el Oriente una propiedad tribal-comunal de aquél por aldeas autosuficientes. En El capital, Marx abandonó esta idea, reafirmando el tradicional axioma europeo del monopolio estatal de la tierra en Asia, a la par que mantenía su convicción sobre la importancia de las comunidades rurales cerradas como base de la sociedad oriental. Sin embargo, en las dos décadas que siguen a la publicación de El capital, Marx y Engels volvieron a la idea de que la base social del despotismo oriental era la comunidad aldeana autosuficiente con propiedad agraria comunal. Debido a todas estas oscilaciones, no es posible deducir de sus escritos ningún análisis coherente o sistemático del «modo de producción asiático». Pero, teniendo esto en cuenta, el bosquejo de lo que Marx creía que era el arquetipo de la formación social asiática incluye los siguientes elementos fundamentales: la ausencia de propiedad privada de la tierra, la presencia de grandes sistemas de regadío en la agricultura, la existencia de comunidades de aldea autárquicas que combinan la artesanía con el cultivo y la propiedad comunal del suelo, el estancamiento de unas ciudades pasivamente rentistas o burocráticas y la dominación de una despótica máquina de Estado que acapara el grueso del excedente y funciona no sólo como aparato central de represión de la clase dominante, sino como su principal instrumento de explotación económica. Entre las aldeas que se reproducen a sí mismas «por abajo» y el Estado hipertrofiado «por arriba» no existe ninguna fuerza intermedia. El impacto del Estado sobre el mosaico de aldeas situadas bajo él es puramente externo y tributario; tanto su consolidación como su destrucción no afectan para nada a la sociedad rural. La historia política de Oriente es, por tanto, esencialmente cíclica: no contiene ningún desarrollo dinámico o acumulativo. El resultado es la inercia e inmutabilidad secular de Asia una vez que ha alcanzado su específico nivel de civilización.

III

El concepto de «modo de producción asiático» de Marx ha cobrado recientemente una fuerza notable: muchos escritores, conscientes del callejón sin salida al que conduce un feudalismo casi universal, lo han recibido como la emancipación teórica de un esquema excesivamente rígido y lineal del desarrollo histórico. Tras haber caído en el olvido durante un largo período, el «modo de producción asiático» ha alcanzado en la actualidad nueva fortuna[54]. Para lo que nos proponemos en esta nota, es evidente que la ocupación otomana de los Balcanes plantea a todo estudio marxista de historia incluso puramente europea el problema de saber si ese concepto es una guía válida para el Estado turco que existió en el mismo continente a la espalda del feudalismo. La función original del concepto de Marx está bastante clara: esencialmente está destinado a explicar la incapacidad de las grandes civilizaciones no europeas de su propio tiempo —a pesar de su altísimo nivel de realizaciones culturales— para evolucionar hacia el capitalismo, como había hecho Europa. Los despotismos orientales en los que Marx inicialmente pensaba eran los imperios asiáticos recientes o contemporáneos de Turquía, Persia, India y China, es decir, aquellos que ya habían sido el núcleo del estudio de Jones. En realidad, la mayor parte de sus datos están tomados del único caso de la India mogol, destruida cien años antes por los británicos. Sin embargo, en los párrafos algo posteriores de los Grundrisse, Marx procedió a extender su aplicación del «asiatismo» a una gama muy diferente de sociedades, todas ellas situadas fuera de Asia, especialmente a las formaciones sociales americanas de México y Perú antes de la conquista española e incluso a los celtas y a otras sociedades tribales. La razón de este deslizamiento conceptual es evidente a partir de los mismos borradores de los Grundrisse. Marx había llegado a creer que la realidad fundamental del modo de producción «asiático» no era la propiedad estatal de la tierra, ni las obras hidráulicas centralizadas o el despotismo político, sino la «propiedad tribal o comunal» de la tierra en aldeas autosuficientes que combinaban la artesanía y la agricultura. En el marco de este esquema original, todo el hincapié de su interés había pasado del Estado burocrático a las aldeas autárquicas. Una vez que estas últimas habían sido definidas como «tribales» y adscritas a un sistema comunal, más o menos igualitario, de producción y propiedad, se abrió la vía para una extensión indefinida del concepto de modo de producción asiático a sociedades de un tipo totalmente distinto al de aquellas para las que inicialmente parecía destinado por Marx y Engels en su correspondencia, es decir, a sociedades que no eran ni «orientales» en su ubicación ni relativamente «civilizadas» en su desarrollo. En El capital, Marx dudó acerca de la lógica de esta evolución y, en parte, volvió de nuevo a sus concepciones originales. A partir de entonces, sin embargo, tanto Engels como Marx desarrollaron los temas de la propiedad comunal o tribal de las aldeas autosuficientes como fundamento de los Estados despóticos, sin más matizaciones.

En la actualidad, es evidente que la discusión y utilización contemporáneas del concepto de modo de producción asiático se han centrado ampliamente en los borradores de 1857-58 y en sus dispersas secuelas de 1875-82, y al hacerlo así se ha tendido a radicalizar las tendencias centrífugas del concepto que aparecieron por vez primera en los Grundrisse. Efectivamente, el concepto se ha extendido en dos direcciones diferentes. Por una parte, se ha proyectado hacia atrás, hasta incluir a las sociedades antiguas de Oriente Medio y del Mediterráneo, anteriores a la época clásica: la Mesopotamia sumeria, el Egipto faraónico, la Anatolia hitita, la Grecia micénica o la Italia etrusca. Este uso del concepto conserva su hincapié original en un poderoso Estado centralizado y, a menudo, en la agricultura hidráulica, y se centra en la «esclavitud generalizada» por la presencia de destacamentos de trabajadores forzados y no cualificados, reclutados de entre las primitivas poblaciones rurales por un poder burocrático superior situado por encima de ellas[55]. Al mismo tiempo, ha tenido lugar una segunda ampliación del concepto en una dirección diferente. El «modo de producción asiático» también se ha ampliado para abarcar a las primeras organizaciones estatales de formaciones sociales tribales o semitribales, con un nivel de civilización mucho más bajo del que tenía la Antigüedad preclásica: las islas de Polinesia, los cacicazgos africanos, los asentamientos amerindios. Esta utilización suprime normalmente todo hincapié en las grandes obras de regadío o en un Estado particularmente despótico y se centra esencialmente en la supervivencia de las relaciones de parentesco, de la propiedad rural comunal y de aldeas unidas y autosuficientes. Todo este modo de producción se considera como de «transición» entre una sociedad sin clases y otra clasista pero que conserva muchos rasgos de la anterior[56]. El resultado de estas dos tendencias ha sido una enorme inflación del alcance del modo de producción asiático; cronológicamente hacia atrás, hasta los primeros albores de la humanidad, y geográficamente hacia el exterior, hasta el extremo más lejano de la organización tribal. La consiguiente mezcolanza suprahistórica desafía todos los principios científicos de clasificación. Un «asiatismo» ubicuo no representa ningún avance sobre un «feudalismo» universal: en realidad es incluso un término menos riguroso. ¿Qué unidad histórica seria existe entre la China Ming y la Irlanda megalítica, entre el Egipto faraónico y Hawaii? Es perfectamente claro que estas formaciones sociales están increíblemente lejos las unas de las otras. Las sociedades tribales de Melanesia y África, con sus técnicas rudimentarias de producción, su producción y su excedente mínimos, su ausencia de cultura escrita, son los polos opuestos de las grandes y sofisticadas (Hochkulturen) del Oriente Medio de la Antigüedad. Estas representan, a su vez, un nivel manifiestamente distinto de desarrollo histórico del alcanzado por las civilizaciones de Oriente en la primera época moderna, separadas de ellas, en los milenios intermedios, por grandes revoluciones en la tecnología, la demografía, la guerra, la religión y la cultura. Mezclar formas y épocas históricas tan inconmensurablemente distintas bajo una sola rúbrica[57] es acabar en la misma reductio ad absurdum a la que conducía la extensión indefinida del feudalismo: si tantas y tan diferentes formaciones sociales, de niveles de civilización tan opuestos, se concentran en un solo modo de producción, las divisiones y cambios fundamentales de la historia deberán deducirse de otra fuente, que no tendrá nada que ver con la concepción marxista de los modos de producción. La inflación de las ideas, como la de las monedas, conduce únicamente a su devaluación.

La licencia para la posterior acuñación de asiatismos hay que buscarla, sin embargo, en el propio Marx. Su cambio gradual de acento del Estado oriental despótico a la comunidad aldeana autosuficiente fue lo que hizo posible el descubrimiento del mismo modo de producción en sociedades no asiáticas, a las que inicialmente Marx no se había referido. Cuando el peso de su análisis se transfirió desde la unidad «ideal» del Estado a los fundamentos «reales» de la propiedad comunal-tribal en las aldeas igualitarias, imperceptiblemente se hizo natural la clasificación de las formaciones sociales tribales o de los Estados antiguos, de economía rural relativamente primitiva, en la misma categoría que las civilizaciones modernas por las que Marx y Engels habían comenzado: el propio Marx, como ya hemos visto, fue el primero en hacer esto. Las posteriores confusiones teóricas e historiográficas apuntan indiscutiblemente a toda la noción de «aldea autosuficiente», con su «propiedad comunal», como principal defecto empírico de la construcción de Marx. En esta concepción, los elementos fundamentales de la «aldea autosuficiente» eran: unión de artesanía doméstica y agricultura; ausencia de intercambio de mercancías con el mundo exterior y, de ahí, aislamiento y distancia respecto a los asuntos de Estado; propiedad común de la tierra y en algunos casos cultivo común del suelo. La creencia de Marx en la palingénesis de estas comunidades rurales y en sus igualitarios sistemas de propiedad se basaba casi enteramente en su estudio de la India, desde donde los administradores ingleses habían informado de su existencia tras la conquista del subcontinente por Gran Bretaña. En realidad, sin embargo, no hay ninguna prueba histórica de que la propiedad comunal haya existido alguna vez en la India, en el período mogol o después[58]. Los relatos ingleses en los que Marx se basaba eran producto de errores y confusiones coloniales. Además, el cultivo en común por los habitantes de las aldeas era una leyenda; en la primera época moderna, el cultivo siempre fue individual[59]. Por otra parte, lejos de ser igualitarias, las aldeas indias siempre estuvieron profundamente divididas en castas, y la posible coposesión de la tierra se limitaba a las castas superiores, que explotaban a las inferiores como labradores arrendatarios[60]. En 1853, a raíz de sus primeros comentarios sobre el sistema indio de aldeas, Marx había mencionado de pasada que «en ellas existían la esclavitud y el sistema de castas» y que «estaban contaminadas por las diferencias de casta y por la esclavitud», pero no parece que concediera nunca demasiada importancia a estas «contaminaciones» de lo que en los mismos párrafos describía como «inofensivos organismos sociales»[61]. Después de eso, Marx ignoró casi por completo la estructura del sistema hindú de castas, que era precisamente el mecanismo social básico de la estratificación de clase en la India tradicional. Sus posteriores análisis de estas «comunidades aldeanas autosuficientes» carecen efectivamente de toda referencia a ella.

Aunque Marx creía que en estas aldeas de la India o de Rusia existía una dirección política hereditaria de tipo «patriarcal», todo en el sentido de su análisis —manifestado expresamente en su correspondencia con Zasúlich en la década de 1880, en la que aprobó la idea de una transición directa de la comuna aldeana rusa al socialismo— era que el carácter fundamental de las comunidades rurales autosuficientes era un primitivo igualitarismo económico. Esta ilusión era, por lo menos, extraña, ya que Hegel —a quien Marx seguía tan de cerca en sus análisis de la India— fue mucho más consciente que el propio Marx de la brutal omnipresencia de las desigualdades y de la explotación de las castas. La filosofía de la historia consagra una vivida sección a un tema sobre el que los Grundrisse y El capital guardan silencio[62]. En realidad, el sistema de castas hacía de las aldeas indias —antes y durante la vida de Marx— una de las más radicales negaciones de la comunidad «inofensiva» y bucólica y de la igualdad social que podrían encontrarse en todo el mundo. Por otra parte, las aldeas rurales de la India nunca estuvieron realmente «separadas» del Estado ni «aisladas» de su control. El monopolio imperial de la tierra en la India del período mogol se llevaba a la práctica por medio de un sistema fiscal que extraía de los campesinos fuertes impuestos para el Estado, la mayor parte de ellos pagaderos en dinero o en cultivos comerciales que se revendían posteriormente por el Estado, con lo que se limitaba la autarquía «económica» de las más humildes comunidades rurales. Además, las aldeas indias siempre estuvieron administrativamente subordinadas al Estado central a través del nombramiento de sus cabecillas[63]. Así pues, lejos de ser «indiferentes» al dominio mogol situado por encima de él, el campesinado indio acabó levantándose en grandes jacqueries contra su opresión y acelerando directamente su caída.

La autosuficiencia, la igualdad y el aislamiento de las comunidades aldeanas de la India siempre fueron un mito; el sistema de castas en su interior, y el Estado por encima de ellas, los hacían imposibles[64]. La falsedad empírica de la imagen que Marx tenía de las comunidades aldeanas de la India podría haberse adivinado, naturalmente, a partir de la contradicción teórica que introducía en la noción de modo de producción asiático. En efecto, de acuerdo con los principios mas elementales del materialismo histórico, la presencia de un Estado poderoso y centralizado presupone una estratificación de clase muy desarrollada, mientras que el predominio de la propiedad aldeana comunal implica una estructura social prácticamente preclasista o sin clases. ¿Cómo podrían combinarse ambos en la práctica? Además, la primera insistencia de Marx y Engels en la importancia de las obras públicas de regadío a cargo del Estado despótico era totalmente incompatible con su posterior hincapié en la autonomía y la autosuficiencia de las comunidades de aldea, ya que la primera implicaba precisamente la intervención directa del Estado central en el ciclo productivo de las aldeas, es decir, la antítesis más radical de su aislamiento e independencia económicos[65]. Así pues, la combinación de un Estado fuerte y despótico con unas comunas aldeanas igualitarias es intrínsecamente improbable; política, social y económicamente se excluyen el uno al otro. Siempre que surge un poderoso Estado central, existe una diferenciación social avanzada y una compleja maraña de explotación y desigualdad que alcanza a las más bajas unidades de producción. Los dogmas de la «propiedad tribal» o «comunal» y de las «aldeas autosuficientes», que prepararon el camino a la posterior inflación del modo de producción asiático, no pueden sobrevivir a un examen crítico. Su eliminación libera al examen de este tema de la falsa problemática de las formaciones sociales tribales o antiguas. Volvemos así al núcleo original de los estudios de Marx: los grandes imperios de Asia en la primera época moderna. Estos fueron los despotismos orientales —caracterizados por la ausencia de propiedad privada de la tierra— que constituyeron el punto de partida de la correspondencia entre Marx y Engels sobre los problemas de la historia de Asia. Si las «comunidades de aldea» desaparecen bajo la crítica de la moderna historiografía, ¿cuál es el veredicto de ésta sobre el «Estado hidráulico»?

Pues es preciso recordar aquí que las dos notas fundamentales del Estado oriental señaladas por Engels y Marx eran la ausencia de propiedad privada de la tierra y la presencia de obras públicas hidráulicas en gran escala. La una presuponía a la otra porque la construcción estatal de grandes sistemas de regadío era lo que hacía posible el monopolio de la tierra por el soberano. La interconexión de ambos constituía el fundamento del carácter relativamente estacionario de la historia asiática, al ser el fondo común de todos los imperios orientales que en ella dominaron. Pero hay que preguntarse ahora si las pruebas históricas hoy disponibles confirman esta hipótesis. La respuesta es no. Al contrario, es preciso decir que los dos fenómenos señalados por Marx y Engels como claves de la historia de Asia no representan, paradójicamente, principios conjuntos sino alternativos de desarrollo. Dicho crudamente: la evidencia histórica muestra que de los grandes imperios orientales de comienzos de la época moderna —los primeros por los que se interesaron Marx y Engels—, aquellos que se caracterizaban por la ausencia de propiedad privada de la tierra —Turquía, Persia y la India—, nunca poseyeron importantes obras públicas de regadío, mientras que aquellos que poseían grandes sistemas de regadío —China— se caracterizaban por la propiedad privada de la tierra[66]. Más que coincidir, los dos términos planteados en la combinación de Marx y Engels se oponen. Rusia, a la que asimilaron repetidamente al conjunto del Oriente como ejemplo de «despotismo asiático», nunca conoció ni los grandes sistemas de regadío ni la ausencia de propiedad privada de la tierra[67]. La semejanza que Marx y Engels percibieron entre todos los estados considerados por ellos como asiáticos era engañosa, y en buena medida se debía a su propia e inevitable falta de información, en una época en la que precisamente estaba comenzando en Europa el estudio del Oriente. En efecto, es muy sorprendente hasta qué punto ambos heredaron prácticamente en bloc la totalidad del discurso europeo sobre Asia y lo reprodujeron con muy pocas variaciones. Sus dos principales innovaciones —ya anticipadas in nuce por otros autores— fueron la comunidad aldeana autosuficiente y el Estatuto hidráulico, y, de diferentes formas, ambas se han revelado científicamente erróneas. En cierto sentido, puede decirse incluso que, en la tradición de las reflexiones europeas sobre Asia, Marx y Engels se quedaron atrás del punto alcanzado por sus predecesores. Jones fue más consciente de las variantes políticas de los estados de Oriente; Hegel percibió con más claridad la función de las castas de la India; Montesquieu dio pruebas de un interés más penetrante por los sistemas religiosos y legales de Asia. Ninguno de estos autores identificó a Rusia con el Oriente con tanta despreocupación como Marx, y todos ellos mostraron un conocimiento más serio de China.

Los comentarios de Marx sobre China ofrecen, por cierto, una ilustración final de los límites de su comprensión de la historia asiática. Las principales discusiones entre Marx y Engels sobre el modo de producción asiático, que se centraron, sobre todo, en la India y el mundo islámico, omitieron a China, que, sin embargo, no quedó por ello eximida de las nociones producidas por ambos[68]. Marx y Engels se refirieron a China repetidamente en términos indistinguibles de los empleados para la caracterización general del Oriente. En realidad, si algo resalta en sus alusiones es su específica incompetencia. El «imperturbable Celeste Imperio» era un baluarte de la «archirreacción y el archiconservadurismo», la «antítesis de Europa», cerrado en «un aislamiento bárbaro y hermético del mundo civilizado». La «semicivilización podrida» del «imperio más antiguo del mundo» inculcaba a sus poblaciones la «estupidez hereditaria»; «vegetando contra la marcha del tiempo». China era un «representante del mundo anticuado» que se las ingeniaba «para engañarse a sí misma con ilusiones de perfección celestial»[69]. En un artículo muy significativo de 1862, Marx aplicó una vez más al imperio chino su formulación típica del despotismo oriental y del modo de producción asiático. Al comentar la rebelión de los Taiping, señalaba que China, «ese fósil viviente», sufría las sacudidas de una revolución, y añadía: «No hay nada extraordinario en este fenómeno, ya que los imperios orientales manifiestan una permanente inmovilidad en sus fundamentos sociales y un cambio incesante en las personas y las tribus que se apoderan del control de su superestructura política»[70]. Las consecuencias intelectuales de esta concepción son evidentes en los juicios de Marx sobre la misma rebelión de los Taiping, que fue la mayor insurrección de las masas explotadas y oprimidas de todo el mundo durante el siglo XIX. Pero Marx, paradójicamente, manifestó la mayor hostilidad y acrimonia hacia los rebeldes Taiping, a los que describió de esta forma: «Para las masas populares son una abominación todavía mayor que los antiguos señores. Su destino no parece ser otro que el de oponerse al estancamiento conservador con un reino de destrucción grotesca y repugnante en su forma, una destrucción en la que no aparece por ninguna parte un núcleo constructivo»[71]. Reclutados de entre los «elementos lumpen, los vagabundos y gentes de mala vida», a quienes se daba «carta blanca para cometer todas las violencias concebibles sobre las mujeres y las jóvenes», los Taiping, después de diez años de ruidosa seudoactividad, lo han destruido todo y no han producido nada»[72]. Este vocabulario, adoptado sin ninguna crítica de los informes consulares británicos, muestra con toda claridad el abismo de incomprensión que separaba a Marx de las realidades de la sociedad china. En realidad, no parece que ni Marx ni Engels hayan podido consagrar a la historia china mucho estudio o reflexión: sus preocupaciones fundamentales estaban en otra parte.

Los intentos modernos de construir una teoría completa del «modo de producción asiático» a partir del legado disperso dejado por Marx y Engels —bien sea en la dirección «tribal-comunal» o en la «despótico-hidráulica»— están, pues, radicalmente equivocados. Tales intentos infravaloran el peso de la problemática anterior que Marx y Engels aceptaron y la vulnerabilidad de las limitadas modificaciones que ellos aportaron. Incluso desprovisto de los mitos de sus aldeas, el «modo de producción asiático» todavía sufriría la intrínseca debilidad de funcionar esencialmente como una categoría residual y gené rica para el desarrollo no europeo[73], y, por tanto, descubre mezclas características de diferentes formaciones sociales en un único y borroso arquetipo. La distorsión más obvia y pronunciada que resultaría de este procedimiento sería la persistente atribución de un carácter «estacionario» a las sociedades de Asia. En realidad, la ausencia de una dinámica feudal del tipo occidental en los grandes imperios orientales no significó que su desarrollo fuese inmóvil o cíclico. La historia de Asia se caracteriza en la primera época moderna por la presencia de grandes cambios y avances, incluso aunque éstos no desembocaran en el capitalismo. Esta relativa ignorancia produjo la ilusión sobre el carácter «estacionario» e «idéntico» de los imperios orientales, cuando en realidad lo que hoy llama la atención de los historiadores es su diversidad y su desarrollo. Sin intentar otra cosa que una sencilla sugerencia, bastará decir que el contraste entre los sistemas sociopolíticos del Islam y China, en el Asia por la que se interesaron inicialmente Marx y Engels, es bastante elocuente. La expansión temporal de ambos había sido enorme y se interrumpió en una fecha relativamente reciente. La civilización islámica alcanzó geográficamente su máxima extensión a comienzos del siglo XVII; había alcanzado el sudeste de Asia, había convertido a la mayor parte de Indonesia y Malaya y, sobre todo, los tres poderosos imperios islámicos de la Turquía otomana, la Persia safávida y la India de los mogoles coexistían en la misma época, cada uno de ellos con su gran riqueza económica y su poderío militar. La civilización china alcanzó su mayor expansión y prosperidad durante el siglo XVIII, cuando los vastos espacios interiores de Mogolia, Siankiang y el Tibet fueron conquistados por la dinastía Ch’ing y la población se duplicó en un solo siglo, llegando a niveles cinco veces superiores a los de trescientos años antes. Con todo, las características estructuras socioeconómicas y sistemas de Estado eran notablemente distintos en sus muy diferentes contextos geográficos. En las observaciones que siguen no se hará ningún intento de plantear el problema crucial de definir los modos de producción fundamentales, y las complejas combinaciones de éstos, que constituyeron las sucesivas formaciones sociales de la historia islámica o china: el término genérico de «civilización» puede utilizarse aquí simplemente como un andamiaje verbal convencional que oculta estos problemas concretos e irresueltos. Pero incluso aunque no los abordemos directamente, sí podrán hacerse aquí algunos contrastes preliminares, sujetos a una necesaria e inevitable corrección posterior.

IV

Los imperios musulmanes de comienzos de la época moderna —de los que el imperio otomano era el más visible para Europa— tenían tras de sí unos largos antecedentes políticos e institucionales. El primer modelo árabe de conquista y conversión había encauzado el curso de la historia islámica dentro de ciertas líneas a las que siempre permaneció relativamente fiel. Los nómadas del desierto y los mercaderes urbanos fueron los dos grupos sociales que, si bien rechazaron inicialmente a Mahoma aseguraron su éxito en el Hejaz: su enseñanza ofrecía precisamente una unificación ideológica y psíquica a una sociedad cuya cohesión de clanes y parentesco se estaba rasgando por las divisiones de clases en las calles, y las luchas tribales en las arenas, a medida que el intercambio mercantil disolvía las costumbres y los vínculos tradicionales a lo largo de las rutas comerciales del norte de la península[74]. Las tribus beduinas de Arabia, como la casi totalidad de los pastores nómadas, combinaban la propiedad individual de los rebaños con el uso colectivo de la tierra[75]: la propiedad privada agrícola era tan ajena a los desiertos del norte de Arabia como al Asia central. Por otra parte, los ricos mercaderes y banqueros de La Meca y Medina poseían tierras en los recintos urbanos y en sus inmediatos entornos rurales[76]. Cuando tuvieron lugar las primeras victorias islámicas, en las que participaron ambos grupos, el destino del suelo conquistado reflejó en su totalidad las concepciones de los habitantes de las ciudades: Mahoma sancionó la división del botín —incluyendo la tierra— entre los creyentes. Pero cuando, tras la muerte de Mahoma, los ejércitos árabes se expandieron por todo el Oriente Medio en los grandes jihads islámicos del siglo VII, las tradiciones beduinas volvieron a implantarse bajo nuevas formas. Para empezar, las tierras de la monarquía —o simplemente enemigas— situadas en los imperios bizantino y persa, cuyos propietarios habían sido sometidos por la fuerza de las armas, fueron confiscadas y apropiadas por la comunidad islámica o Umma, dirigida por el califa, que había sucedido a la autoridad del Profeta. Las tierras pertenecientes a infieles que habían aceptado una rendición negociada quedaron en posesión de éstos, aunque sujetas al pago de tributos. A los soldados árabes se les concedieron arrendamientos o qatia sobre las tierras confiscadas, o la posibilidad de comprar su propia tierra fuera de Arabia, sujeta al pago de diezmos religiosos[77].

Sin embargo, a mediados del siglo VIII había aparecido ya un impuesto sobre la tierra, o jaray, más o menos uniforme, que todos los agricultores tenían que pagar al califa cualquiera que fuese su fe, aunque los no creyentes tenían que pagar además una capitación discriminatoria o jizya. Al mismo tiempo, la categoría de tierra «sometida» experimentó una notable extensión a costa de la tierra «negociada»[78]. Estos cambios se afianzaron en tiempos de Omar II (717-20) por medio del establecimiento formal de la doctrina según la cual toda la tierra era por derecho de conquista propiedad del soberano, por la que todos los súbditos debían pagar rentas al califa. «Esta concepción del fay (botín), en su forma plenamente desarrollada, significa que el Estado se reserva para sí en todos los países sometidos el derecho absoluto sobre toda la tierra»[79]. Los vastos territorios del mundo musulmán, recientemente conquistados, pasaban a ser así propiedad del califato y a pesar de las diversas interpretaciones y de las derogaciones locales, el monopolio estatal de la tierra se convirtió a partir de entonces en un canon legal y tradicional de los sistemas políticos islámicos, desde los estados omeya y abásida hasta la Turquía otomana y la Persia safávida[80]. La inicial sospecha de Marx de que la difusión de este principio por toda Asia se debía en buena medida a la conquista islámica no estaba, por tanto, desprovista de todo fundamento. Naturalmente, su operatividad practica fue casi siempre débil y deficiente, sobre todo en las primeras épocas de la historia islámica, es decir, en los siglos específicamente árabes que siguen a la Hégira, porque en este tiempo ninguna maquinaria política era capaz de implantar un control estatal pleno y eficaz sobre toda la propiedad agraria. Además, la misma existencia jurídica de ese monopolio bloqueaba inevitablemente la aparición de categorías precisas y unívocas de propiedad de la tierra, ya que la noción de «propiedad» siempre implica la pluralidad y la negatividad: la plenitud de un solo poseedor excluye las necesarias divisiones que dan a la propiedad sus límites y contornos.

La posición característica del derecho islámico ante la propiedad territorial era, por tanto, de «vacilación» y «caos» endémicos, como a menudo se ha señalado[81]. Esta confusión se complica todavía más por el carácter religioso de la jurisprudencia musulmana. La ley sagrada o sharia, que se desarrolló durante el siglo segundo después de la Hégira y alcanzó su aceptación formal durante el califato abásida, comprendía «un cuerpo universal de deberes religiosos, la totalidad de los mandamientos de Alá, que regulaban la vida de los musulmanes en todos sus aspectos»[82]. Precisamente por esta razón, su interpretación estaba dividida por disputas teológicas entre escuelas rivales. Por otra parte, y aunque sus pretensiones fuesen en principio universales, en la práctica el gobierno secular existía como un ámbito separado y aparte: el soberano gozaba de un poder discrecional prácticamente ilimitado para «completar» la ley sagrada en problemas que afectasen directamente al Estado y, sobre todo, a la guerra, la política, los impuestos y el crimen[83]. En el Islam clásico existía, pues, un abismo permanente entre la teoría jurídica y la práctica legal, que era la expresión inevitable de la contradicción existente entre un sistema político secular y una comunidad religiosa en una civilización que carecía de toda distinción entre la Iglesia y el Estado. Así, en la Umma siempre funcionaron «dos justicias». Además, la diversidad de escuelas religiosas de jurisprudencia hacía imposible toda codificación sistemática de la ley sagrada, y en consecuencia se impidió la aparición de un orden legal preciso y lúcido. Por lo que respecta al ámbito agrario, la sharia no desarrollaba prácticamente ningún concepto claro y específico de propiedad, mientras que la práctica administrativa dictaba frecuentemente normas que no tenían ninguna relación con ella[84]. De ahí que, más allá de la atribución final al soberano de la totalidad del suelo, siempre prevaleciera una extrema indeterminación jurídica sobre la tierra. Después de las primeras conquistas árabes en Oriente Medio, el campesinado local de las tierras sometidas quedó en posesión de las parcelas que ya tenía. Por ser jaray, estas tierras se consideraban como parte del fay colectivo de los conquistadores y, por tanto, eran propiedad formal del Estado. En la práctica, no hubo en la mayor parte de las regiones grandes limitaciones —ni tampoco garantías— para que los campesinos que las cultivaban dispusieran de ellas; pero en otras zonas, como Egipto, los derechos de propiedad del Estado se impusieron con todo rigor[85]. Asimismo, las tierras qatia distribuidas a los soldados del Islam en la época de los omeyas eran en teoría arrendamientos enfitéuticos de dominios públicos, pero en la práctica podían transformarse en lazos personales de cuasipropiedad. Por otra parte, estos qatia y otras formas de posesión individual estaban regidos por el principio de herencia divisible, que tradicionalmente hacía imposible la consolidación de grandes propiedades hereditarias dentro del marco de la ley sagrada. La más absoluta ambigüedad e improvisación perseguía siempre a la propiedad dentro del mundo musulmán.

El corolario de la ausencia legal de una propiedad privada estable de la tierra fue la expoliación económica de la agricultura en los grandes imperios islámicos. En su versión más extrema, este fenómeno tan característico tomó la forma de «beduinización» de grandes áreas de asentamientos campesinos que volvieron a ser tierras áridas o baldías bajo el impacto de las invasiones de pastores o del pillaje militar. Las primeras conquistas árabes en el Oriente Medio y el norte de África parecen haber conservado o reparado los modelos agrícolas preexistentes, aunque sin añadir nada nuevo. Pero las posteriores oleadas de invasiones nómadas que caracterizaron el desarrollo del Islam produjeron efectos destructores en su impacto sobre los asentamientos agrícolas. Los dos casos más extremos fueron la devastación de Túnez por los hilalíes y la beduinización de Anatolia por los turcomanos[86]. En este sentido, la curva histórica a largo plazo apuntó ininterrumpidamente hacia abajo. Pero desde el principio se estableció casi en todas partes una división permanente entre la producción agrícola y la apropiación del excedente urbano, mediada por la estructura tributaria del Estado. En el campo no surgió ninguna relación directa entre señor y campesino, sino que el Estado concedía a los funcionarios militares o civiles, residentes en las ciudades, determinados derechos de explotación rural, entre ellos principalmente la recaudación del jaray o impuesto sobre la tierra. A consecuencia de ello surgió la iqta árabe, precursora directa del más tardío timar otomano o del jagir mogol. Las iqtas abasidas eran en realidad concesiones de tierra a los guerreros, que tomaban la forma de concesiones de impuestos distribuidas a rentistas urbanos absentistas para exprimir a los pequeños cultivadores campesinos[87]. Los estados buida y selyúcida y el primer Estado osmanli exigieron servicios militares de los titulares de estas rentas o de sus sucesivas versiones, pero la tendencia natural del sistema fue la de degenerar en un arrendamiento de impuestos parasitario, como el iltizam de la última época otomana. Incluso bajo un rígido control central, el monopolio estatal de la tierra, filtrado a través de unos derechos comercializados de explotación absentista, reproducía constantemente un clima general de indeterminación legal e impedía la aparición de un vínculo positivo entre el beneficiario y el cultivador directo del suelo[88]. Por consiguiente, las grandes obras hidráulicas de los regímenes anteriores fueron, en el mejor de los casos, conservadas o reparadas y, en el peor, dañadas o abandonadas. Los primeros siglos de dominio omeya y abasida presenciaron una mejoría general de los canales heredados en Siria y Egipto y cierta extensión del sistema subterráneo qanat en Persia. Pero ya en el siglo X la red de canales de Mesopotamia estaba en decadencia a causa de la elevación del nivel del suelo y al abandono de las vías de agua[89]. Nunca se construyó ningún nuevo sistema de regadío que pudiera compararse al de los pantanos yemenitas de la Antigüedad, cuya ruina fue el digno prólogo del nacimiento del Islam en Arabia[90]. La única innovación rural importante después de la conquista árabe del Oriente Medio —la llegada del molino de viento— fue un invento persa, nacido en la región de Sistan y que en último término parece haber beneficiado más a la agricultura europea que a la islámica. La indiferencia y el desdén hacia la agricultura imposibilitaba incluso la estabilización de la servidumbre: la clase explotadora nunca consideró tan preciosa la mano de obra como para que la adscripción del campesinado pasara a ser uno de sus principales objetivos. En estas condiciones, la productividad agraria de los países islámicos se estancó una y otra vez o incluso retrocedió, dejando un panorama rural de una «desoladora mediocridad»[91].

Dos excepciones notables confirman a su modo esta norma general de la agricultura. Por una parte, el bajo Irak durante el dominio abasida del siglo VIII fue escenario de grandes plantaciones de azúcar, algodón y añil, organizadas como empresas comerciales avanzadas en las tierras pantanosas desecadas por los comerciantes de Basora. La explotación racionalizada de esta economía de plantación —prefiguración de los posteriores complejos azucareros del colonialismo europeo en el Nuevo Mundo— estaba muy alejada del modelo habitual de fiscalismo indolente, pero se basaba precisamente en la masiva utilización de esclavos africanos importados de Zanzíbar. La esclavitud rural siempre fue extraña, sin embargo, al conjunto de la agricultura islámica. Las plantaciones iraquíes constituyeron un episodio aislado que pone de manifiesto la ausencia en los demás países de una capitalización comparable de la producción[92]. Es sabido, por otra parte, que la horticultura siempre ocupó una posición especial en los sistemas agrarios del Islam y que desde Andalucía hasta Persia alcanzó altos niveles técnicos e inspiró tratados especializados sobre plantas y arbustos[93]. La razón es muy reveladora: los jardines y huertos estaban normalmente concentrados en las ciudades o en los suburbios y, por tanto, estaban específicamente exentos de la propiedad estatal del suelo prescrita por la tradición, que siempre había permitido la propiedad privada de la tierra urbana. La horticultura constituía, pues, el equivalente a un sector «de lujo» en la industria, patrocinado por los ricos y poderosos y que participaba del prestigio de las propias ciudades, a la sombra de cuyos minaretes y palacios crecían sus cuidados jardines.

En efecto, a partir de las primeras conquistas árabes, el mundo islámico fue siempre un vasto y encadenado sistema de ciudades separadas por un campo olvidado o desdeñado. La civilización musulmana, nacida en La Meca —ciudad de tránsito— y heredera del legado metropolitano de la tardía Antigüedad mediterránea y mesopotámica, siempre fue indefectiblemente urbana y promovió desde el primer momento la producción mercantil, la empresa comercial y la circulación monetaria en unas ciudades a las que unió en una misma trama. Inicialmente, los nómadas árabes que conquistaron el Oriente Medio formaron sus propios campamentos militares en el desierto, en las afueras de las capitales preexistentes, campamentos que más adelante se convertirían por sí mismos en grandes ciudades: Kufa, Basora, Fostat, Kairuán. Después, con la estabilización del dominio islámico desde el Atlántico hasta el golfo Pérsico, tuvo lugar en las regiones más privilegiadas del califato una expansión urbana de una rapidez y un volumen quizá inigualados. De acuerdo con un cálculo reciente (e indudablemente exagerado) la ciudad de Bagdad llegó a tener una población de dos millones en menos de medio siglo, desde el año 762 al 800[94]. Esta urbanización, concentrada en lugares seleccionados, refleja en parte el «auge del oro» de las épocas omeya y abasida, cuando se pusieron en circulación los tesoros egipcio y persa, se canalizó la producción sudanesa hacia el mundo musulmán y se mejoraron notablemente las técnicas mineras con el uso de la amalgama de mercurio; en parte fue también el resultado de la creación de una zona comercial de dimensiones intercontinentales. La clase mercantil árabe que subió a la cresta de esta ola de prosperidad comercial era respetada y honrada por la ley religiosa y la opinión social; la vocación del mercader y del manufacturero estaba sancionada por el Corán, que nunca disoció la ganancia de la piedad[95]. Los instrumentos financieros y empresariales del comercio islámico se hicieron enseguida muy avanzados. En el Oriente Medio fue donde se introdujo por vez primera, probablemente, la institución de la commenda, que habría de jugar un papel tan importante en la Europa medieval[96]. Además, las fortunas hechas por los mercaderes árabes ya no procedían tan sólo de las rutas terrestres de caravanas. Hubo pocos aspectos más sorprendentes de la primera expansión islámica que la rapidez y la facilidad con que los árabes del desierto dominaron el mar. El mar Mediterráneo y el océano Indico quedaron unidos en un mismo sistema marítimo por vez primera desde la época helenística, y los barcos musulmanes se aventuraron durante el califato abasida por todas las rutas que van desde el Atlántico hasta el mar de la China. El mundo islámico, situado entre Europa y China, era dueño del comercio este-oeste. La riqueza provocada por la actividad comercial estimuló en la misma medida las manufacturas, sobre todo las de textiles, papel y porcelana. Mientras los precios aumentaban sin cesar y el campo sufría una depresión, la artesanía urbana y el consumo ostentoso florecían en las ciudades. Esta configuración no fue específica del califato abasida. Los posteriores imperios islámicos siempre se caracterizaron por el impresionante crecimiento de sus grandes ciudades: Constantinopla, Isfahan y Delhi son los ejemplos más famosos.

Pero la magnitud o la opulencia económica de estas ciudades islámicas no se vio acompañada por ninguna autonomía municipal u orden cívico. Las ciudades carecían de identidad política corporativa y sus comerciantes tenían poco poder social colectivo. Las cartas o fueros urbanos eran desconocidos, y la vida de la ciudad siempre estaba sujeta a la voluntad más o menos arbitraria de los príncipes o los emires. Los mercaderes podían elevarse individualmente a las más altas posiciones políticas en los consejos de las dinastías[97], pero su éxito personal estaba expuesto invariablemente a la intriga y al azar, y los jefes militares siempre podían confiscar la riqueza de sus casas. La simetría y el orden municipal de las ciudades clásicas del último período que habían caído ante los ejércitos árabes ejercieron cierta influencia inicial en las ciudades del nuevo sistema imperial que les sucedieron, pero ese influjo se desvaneció muy pronto y permaneció tan sólo bajo la forma de algunos pocos conjuntos privados o palatinos construidos para soberanos posteriores[98]. Las ciudades islámicas carecían, pues, de toda estructura interna coherente, ya fuese administrativa o arquitectónica. Eran laberintos confusos y amorfos de calles y edificios, sin centros ni espacios públicos, centradas únicamente en las mezquitas y en los bazares, con los comerciantes locales amontonados a su alrededor[99]. Y así como ninguna asociación profesional o mercantil organizaba al conjunto de los propietarios, tampoco había en las grandes ciudades árabes gremios artesanos que protegieran o regularan la actividad de los pequeños artífices[100]. En el mejor de los casos, algunos grupos vecinales o fraternidades religiosas proporcionaban un humilde corazón colectivo a la vida popular de aquel medio urbano que se extendía sin ningún orden hasta los suburbios o las aldeas rurales. Por debajo de este honesto artesanado flotaba siempre un submundo de pandillas criminales y mendicantes que procedían de los parados y el lumpenproletariado[101]. El único grupo institucional que confería cierto conato de unidad a las ciudades eran los ulemas, cuya ajustada combinación de funciones clericales y seculares y de voluble celo religioso servía hasta cierto punto como mediación y vínculo entre la población situada por debajo del príncipe y los guardias de éste[102]. Con todo, eran estos últimos quienes dominaban en definitiva el destino de las ciudades. Crecidas en el mayor desorden, sin ningún plan ni carta municipal, el futuro de las ciudades islámicas estaba determinado normalmente por el del Estado cuya fortuna había provocado su prosperidad.

Los estados islámicos, por su parte, tenían normalmente una ascendencia nómada: los sistemas políticos de los omeyas, hamdaníes, selyúcidas, almorávides, almohades, osmanlíes, safávidas y mogoles procedían todos ellos de confederaciones nómadas del desierto. Incluso el califato abasida, cuyos antecedentes eran quizá los más urbanos, recibió la mayor parte de su fuerza armada inicial de los recientes asentamientos tribales del Jorasán. Todos estos estados islámicos, como el propio imperio otomano, eran esencialmente guerreros y saqueadores, y toda su razón de ser y su estructura eran militares. La administración civil propiamente dicha, en cuanto esfera funcional autónoma, nunca llegó a ser dominante dentro de la clase dirigente; la burocracia de escribas no se desarrolló mucho más allá de las exigencias de la recaudación de impuestos. La maquinaria de Estado era un consorcio de soldados profesionales, que estaban organizados en cuerpos fuertemente centralizados o bien de forma más difusa, pero en ambos casos se basaban tradicionalmente en las asignaciones de ingresos procedentes de las tierras públicas. La sabiduría política del característico Estado islámico se condensaba en el expresivo apotegma de sus manuales de gobierno: «El mundo es ante todo un jardín de verdor cuyo cerco es el Estado; el Estado es un gobierno cuya cabeza es el príncipe; el príncipe es un pastor que está asistido por el ejército; el ejército es un cuerpo de guardias que está mantenido por el dinero, y el dinero es el recurso indispensable que proporcionan los súbditos»[103]. La lógica lineal de estos silogismos tuvo curiosas consecuencias estructurales, porque la combinación de depredación militar y desdén por la producción agraria es lo que parece haber dado origen al característico fenómeno de una élite de guardias esclavos que alcanza repetidamente la cumbre del propio aparato de Estado. El devshirme otomano fue únicamente el ejemplo más desarrollado y sofisticado de este sistema específicamente islámico de reclutamiento militar, que también puede encontrarse en el resto del mundo musulmán[104]. Oficiales esclavos turcos procedentes del Asia central fundaron el Estado gaznauí en Jorasán y dominaron el califato abasida durante su decadencia en el Irak; regimientos de esclavos nubios rodearon al califato fatimita, y esclavos circasianos y turcos procedentes del mar Negro dirigieron el Estado mameluco en Egipto; los últimos ejércitos del califato omeya en España fueron dirigidos por esclavos eslavos e italianos, que crearon sus propios reinos de taifas en Andalucía cuando cayeron los omeyas; esclavos georgianos y armenios proporcionaron los regimientos ghulam de choque del Estado safávida de Persia en tiempos de Shah Abbas[105]. El carácter servil y la procedencia extranjera de estos cuerpos palatinos correspondía a la extraña lógica estructural de los sucesivos sistemas políticos islámicos, porque sus fundadores habituales, los guerreros de la tribus nómadas, no podían mantener su beduinismo mucho tiempo después de la conquista: los clanes y la trashumancia desaparecían con la sedentarización. Por otra parte, estos guerreros no podían convertirse fácilmente en una nobleza rural, viviendo en tierras hereditarias o en una burocracia de escribas, organizada como administración civil. El tradicional desprecio hacia la agricultura y las letras impedía ambas posibilidades, a la vez que su turbulenta independencia les hacía reacios a una rígida jerarquía militar. Así pues, las dinastías victoriosas, una vez establecidas en el poder, se veían obligadas a crear unidades especiales de guardias esclavos como núcleo central de sus ejércitos regulares. Y como la esclavitud agrícola apenas existía, la esclavitud pretoriana podía convertirse en un honor. Los diversos cuerpos de guardia islámicos representaban, en efecto, la organización más cercana a una élite puramente militar concebible en aquel tiempo, separada de toda función agraria o pastoril y alejada de cualquier organización de clan y, por tanto, teóricamente capaz de una lealtad incondicional al soberano, siendo su esclavitud una garantía de obediencia militar, aunque en la práctica, naturalmente, fueran capaces por la misma razón de tomar para sí mismos el poder supremo. Su preeminencia fue una señal de la constante ausencia de una nobleza territorial en el mundo islámico.

Las características sociales esbozadas más arriba siempre se distribuyeron de forma desigual entre las diversas épocas y regiones de la historia musulmana, pero en la mayor parte de los estados islámicos parece posible discernir prima facie cierto parecido familiar, al menos si se les compara con las otras grandes civilizaciones imperiales del Oriente. Esto no quiere decir, sin embargo, que la historia islámica fuese una mera repetición cíclica, antes al contrario, parece evidente que en ella se da un desarrollo claramente periodizable. El Estado omeya, que se establece en el siglo vil en los territorios sometidos del Oriente Medio, representaba a las confederaciones de tribus árabes que habían realizado las conquistas iniciales y en las que había adquirido una posición ventajosa la oligarquía mercantil de La Meca. El califato de Damasco coordinaba a los jeques beduinos más o menos autónomos y poseedores de tropas propias de las ciudades-campamento situadas fuera de las grandes capitales de Siria, Egipto y el Irak. Las tropas árabes del desierto monopolizaron las pensiones del tesoro central, las exenciones fiscales y los privilegios militares. La burocracia civil se dejó durante largo tiempo en manos de los antiguos funcionarios bizantinos o persas, que dirigían para sus nuevos señores la administración técnica[106]. Los no árabes convertidos al Islam (y los árabes más pobres y marginales) estaban confinados al estatus inferior de mawalis, pagaban fuertes impuestos y servían en los campamentos tribales como pequeños artesanos, criados y soldados de a pie. El califato omeya estableció, pues, una «soberanía política árabe»[107] sobre el Oriente Medio antes que una ecumene religiosa islámica. Sin embargo, con la estabilización de las conquistas, la clase dirigente de guerreros árabes se hizo cada vez más anacrónica. Su exclusividad étnica y la explotación económica de la masa de musulmanes existentes entre la antigua población sometida del imperio provocaron el creciente descontento de sus correligionarios mawalis, que muy pronto llegaron a superarlos en número[108]. Las fricciones tribales entre los grupos del norte y del sur debilitaron simultáneamente su unidad. Mientras tanto, los colonos fronterizos del extremo más lejano de Persia se sentían ofendidos por los tradicionales métodos administrativos a los que se veían sometidos. Parece que fue esta comunidad de colonos la que hizo estallar la rebelión final contra el Estado sirio centrado en Damasco, rebelión cuyo éxito popular estaba asegurado por el extendido descontento de los mawalis de Persia y el Irak. La agitación organizada y secreta contra el dominio de los omeyas, utilizando el fervor religioso heterodoxo de los chiitas y, sobre todo, movilizando la hostilidad de los mawalis contra el estrecho arabismo de la dinastía de Damasco, desencadenó la revolución política que llevó al poder a la casa de los abasidas y que, desde su base de Jorasán, se extendió hacia el oeste por Persia y el Irak[109].

El califato abasida señaló el fin de la aristocracia tribal árabe: el nuevo aparato de Estado creado en Bagdad estaba sostenido por administradores persas y protegido por guardas jorasaníes. La formación de una burocracia y un ejército permanentes, con una disciplina cosmopolita, convirtió al nuevo califato en una autocracia política con un poder mucho más centralizado que el de su predecesor[110]. Despojándose de sus antecedentes heréticos, el califato predicó la ortodoxia religiosa y proclamó la autoridad divina. El Estado abasida presidió el florecimiento máximo del comercio, la industria y la ciencia islámica, y en el momento de su apogeo, a principios del siglo IX, era la civilización más rica y más avanzada del mundo[111]. Mercaderes, banqueros, manufactureros, especuladores y recaudadores de impuestos acumularon enormes sumas en las grandes ciudades; las artesanías urbanas se diversificaron y multiplicaron; en la agricultura apareció un sector comercial; los navíos de largo recorrido circundaban los océanos; la astronomía, la física y las matemáticas se trasplantaron de la cultura griega a la árabe. Con todo, los límites del desarrollo abasida se alcanzaron relativamente pronto. A pesar de la vertiginosa prosperidad comercial de los siglos VIII y IX, se registraron pocas innovaciones productivas en las manufacturas, y la introducción de los estudios científicos no provocó grandes progresos tecnológicos. La invención autóctona más importante fue la vela latina, una mejora en el transporte que simplemente facilitó el comercio; pero el algodón, el nuevo cultivo comercial más significativo de la época, procedía del Turquestán premusulmán, y la fórmula para la fabricación del papel, la nueva industria más importante de la época, se consiguió a través de los prisioneros chinos de guerra[112]. El mismo volumen y el ardor de la actividad mercantil, al alejar todo el ímpetu de la actividad productiva, parecen haber provocado una serie de explosivas tensiones sociales y políticas en el califato. La corrupción y la transformación mercenaria de la administración trajeron de la mano un incremento de la explotación fiscal del campesinado; la inflación generalizada afectó duramente a los pequeños artesanos y tenderos; las plantaciones agrícolas concentraron a los trabajadores esclavos en bandas masivas y desesperadas. A medida que se deterioraba la seguridad interna del régimen, la guardia profesional turca usurpaba un creciente poder en el aparato central, en su carácter de baluarte militar contra la oleada creciente de rebeliones sociales populares. A finales del siglo IX y durante todo el siglo X, una serie de insurrecciones y conspiraciones sacudió toda la estructura del imperio. Los esclavos zan y se rebelaron en el bajo Irak y, antes de ser suprimidos, lucharon con éxito durante quince años contra los ejércitos regulares; el movimiento qármata (una secta chiita separatista) creó en Bahrein una república esclavista igualitaria; al mismo tiempo, los ismailitas, otro movimiento chiita, conspiraban y organizaban en todo el Oriente Medio la caída del orden establecido, hasta que finalmente tomaron el poder en Túnez y establecieron en Egipto un imperio rival, el califato fatimita[113]. Por entonces, el Irak abasida había caído ya en una irremediable decadencia económica y política y el centro de gravedad del mundo islámico pasó al nuevo Estado fatimita de Egipto, vencedor de las rebeliones sociales de la época y fundador de la ciudad de El Cairo.

A diferencia de su predecesor, el califato fatimita no renunció a su heterodoxia tras la conquista del poder, sino que la propagó de forma agresiva. En el Egipto fatimita nunca volvieron a crearse plantaciones de esclavos y, por otra parte, se controló más estrechamente la movilidad del campesinado. Se revitalizó el comercio internacional en gran escala, tanto con la India como con Europa. La prosperidad comercial egipcia de los siglos XI y XII demostró una vez más el empuje internacional de la clase mercantil árabe y la tradicional pericia de sus artesanos. Pero el cambio de primacía económica y política en el mundo islámico desde el Tigris al Nilo significaba también el empuje de una nueva fuerza que habría de afectar decisivamente el curso futuro del desarrollo islámico. La preeminencia del Egipto fatimita era consecuencia geográfica de su relativa cercanía al Mediterráneo central y a la Europa medieval. «El impacto del comercio europeo en el mercado local fue enorme»[114]. La dinastía ya había establecido estrechos contactos con los comerciantes italianos desde el principio de su ascenso en el Túnez del siglo X, cuya prosperidad comercial había proporcionado la base para la posterior conquista de Egipto. La influencia del feudalismo occidental fue desde ese momento una constante presencia histórica en el flanco del mundo islámico. En un primer momento, el tráfico marítimo con las ciudades italianas aceleró el crecimiento económico de El Cairo, pero en último término la intrusión de los caballeros francos en el Levante mediterráneo habría de invertir todo el equilibrio estratégico de la civilización árabe en el Oriente Medio. A los beneficios del comercio siguieron muy pronto los golpes de las cruzadas. Era inminente una gran ruptura en la historia islámica.

Ya a mediados del siglo XI los nómadas turcomanos habían invadido Persia e Irak y tomado Bagdad, mientras los beduinos árabes procedentes del Hejaz devastaban el norte de África y saqueaban Kairuán. Estas invasiones selyúcidas e hilalíes revelaron la debilidad y vulnerabilidad de grandes regiones del mundo musulmán. Ninguna de ellas creó un orden nuevo y estable ni en el Magreb ni en Oriente Medio. Los ejércitos selyúcidas tomaron Jerusalén y Damasco, pero fueron incapaces de consolidar su dominio en Siria o en Palestina. La repentina ofensiva cristiana durante el siglo XII en el Levante precipitó así una crisis estratégica general en Oriente Medio. Las fronteras del Islam retrocedieron por vez primera a medida que los fragmentados principados de las zonas costeras siriopalestinas sufrían duras derrotas. El mismo Egipto, núcleo de la riqueza y el poderío árabes en toda la zona, estaba expuesto a un ataque directo. La dinastía fatimita había alcanzado en esta época los últimos niveles de corrupción y decadencia. En el año 1153, los ejércitos cruzados estaban a las puertas del Sinaí. Pero entre el torbellino y la desorientación de aquella época comenzó a surgir un nuevo tipo de orden político musulmán y, con él, una nueva fase en el desarrollo de la sociedad islámica. La reacción islámica, enfrentada al expansionismo de Occidente, tomó desde ese momento la forma de una militarización extrema de las estructuras de Estado dominantes en el Oriente Medio y de una correlativa descomercialización de la economía de la región bajo la égida de nuevos dirigentes de diferente etnia. En 1154, Nur al-Din Zangi, nieto de un soldado y esclavo turco y señor de Alepo y Mosul, tomó Damasco. A partir de entonces, la pugna cristiano-musulmana por el control de El Cairo sería decisiva para el destino de todo el Levante. La carrera por el delta del Nilo fue ganada por Saladino, un oficial kurdo enviado al sur por Nur al-Din, que conquistó Egipto, destrozó el Califato fatimita y fundó en su lugar el régimen ayubí según el modelo turco. Saladino, que también controló rápidamente Siria y Mesopotamia, derrotó a los cruzados y reconquistó Jerusalén y la mayor parte de la costa palestina. Los contraataques marítimos europeos restablecieron los enclaves de los cruzados y a principios del siglo X mestas expediciones marítimas invadieron por dos veces el propio Egipto y tomaron Damietta en los años 1219 y 1249. Pero estos golpes no sirvieron para nada. La presencia cristiana en tierras de Levante fue liquidada por Baybars, un comandante que creó el sultanato mameluco, ya plenamente turco[115], y cuyo poder se extendía desde Egipto hasta Siria. Hacia el norte, los selyúcidas habían conquistado mientras tanto la mayor parte de Anatolia y la aparición de los otomanos habría de completar su obra en Asia Menor. En el Irak y en Persia, las invasiones de mogoles y timúridas instalaron estados tártaros y turcomanos. Ayudada por la crisis general del feudalismo europeo en la última Edad Media, una nueva oleada de expansión islámica se puso en movimiento y no habría de detenerse durante otros cuatro siglos. Su manifestación más espectacular fue, desde luego, la conquista de Constantinopla y el avance otomano en Europa. Pero más importantes para el desarrollo del conjunto de las formaciones sociales islámicas fueron las características estructurales genéricas de los nuevos estados turcos de la primera época moderna. El gran sultanato selyúcida del Irak y, sobre todo, el sultanato mameluco de Egipto fueron los prototipos medievales de estos regímenes; los tres grandes imperios de la Turquía otomana, la Persia safávida y la India de los mogoles ejemplificaron su forma consumada.

En cada uno de estos casos, la turquización del orden político islámico pareció acentuar decisivamente el molde militar de los primitivos sistemas árabes a costa de su componente mercantil. Los nómadas turcomanos del Asia central que invadieron en sucesivas oleadas el mundo musulmán a partir del siglo XI tenían unos antecedentes sociales y económicos aparentemente muy similares a los de los beduinos árabes procedentes del Asia sudoccidental que fueron los primeros invasores del Oriente Medio. La congruencia histórica de las dos grandes zonas de pastoreo situadas por encima y por debajo del Creciente Fértil fue precisamente lo que aseguró la continuidad fundamental de la civilización islámica tras las conquistas turcas: por su propio pasado, los recién llegados se encontraban en armonía con la mayor parte de su clima cultural. Entre el nomadismo pastoril de Asia central y Arabia existían, sin embargo, determinadas diferencias cruciales que habrían de imprimir su sello en el modelo posterior de la sociedad musulmana. Mientras la patria islámica de Arabia había combinado desierto y ciudad, mercaderes y nómadas y era uno de los principales herederos residuales de las instituciones urbanas de la Antigüedad, las estepas de Asia central, de las que procedían los pastores que conquistaron Turquía, Persia y la India, habían tenido en comparación pocas ciudades y escaso comercio. La fértil región de Transoxiana, entre el Caspio y el Pamir, siempre había estado densamente poblada y relativamente urbanizada: Bujara y Samarcanda, situadas en las grandes rutas comerciales con China, eran algo más que simples equivalentes de La Meca o Medina. Pero este rico cinturón territorial, que los árabes llamarían Mawarannahr, tenía un carácter históricamente iraní. Más allá sólo quedaba el inmenso y vacío vórtice de estepas, desiertos, montañas y bosques que se extendía hasta Mogolia y Siberia, en el que prácticamente no existía ningún asentamiento urbano y del que salieron las sucesivas tribus de nómadas altaicos —selyúcidas, danismandíes, ghuzzi, mogoles, oirates, uzbekos, kazakos y kirguises— cuyas continuas erupciones imposibilitaron toda sedentarización duradera del mundo turco en Asia central. La península arábiga era relativamente pequeña, estaba cercada por el mar y, rodeada desde el principio por el comercio marítimo, tenía también un potencial demográfico estrictamente limitado. En realidad, después de las primeras conquistas de los siglos VII y VIII, Arabia propiamente dicha se hundió en la más completa insignificancia política para todo el resto de la historia islámica hasta el siglo actual. Asia central representaba, por el contrario, una enorme masa de tierra, aislada del mar y con una reserva constantemente renovada de pueblos emigrantes y guerreros[116]. Desde finales de la Edad Media, las condiciones del equilibrio entre las tradiciones nómada y urbana de la civilización clásica del Islam se transformaron inevitablemente con el nuevo predominio turco dentro de ella. La organización militar se consolidó a medida que retrocedía el empuje comercial. Este cambio nunca fue absoluto ni uniforme, pero su dirección general es inconfundible. Por otra parte, la lenta alteración en el metabolismo del mundo islámico tras las cruzadas no se debió tan sólo a las fuerzas internas; su marco exterior no fue menos determinante ni para la guerra ni para el comercio.

Los nómadas turcomanos de Asia central habían impuesto inicialmente su supremacía en Oriente Medio gracias al dominio que sus jinetes tenían del tiro con arco, un arte extraño para los beduinos árabes, expertos en el manejo de la lanza. Pero la fuerza militar de los nuevos estados imperiales de la primera época moderna se basaba en los ejércitos regulares, equipados con armas de fuego y apoyados por artillería; la pólvora era esencial para su poderío. A finales del siglo XIV, el Estado mameluco de Egipto adoptó por vez primera los cañones pesados para sitiar las ciudades. Pero las conservadoras tradiciones de caballería del ejército mameluco bloquearon el uso de la artillería de campaña o de los mosquetes. La conquista otomana de Egipto se debió precisamente a la superioridad de los arcabuceros turcos sobre la caballería mameluca. A mediados del siglo XVI, la utilización de mosquetes y cañones por los otomanos se había perfeccionado gracias al ejemplo europeo. Los ejércitos safávidas aprendieron muy pronto la importancia de las armas de fuego, después de su inicial derrota en Caldiran ante los cañones otomanos, y se aprovisionaron con artillería moderna. Las tropas de los mogoles en la India estuvieron armadas desde el comienzo de la conquista de Babur con artillería y con mosquetes[117]. La generalización de la pólvora en Oriente Medio fue ciertamente una de las razones más visibles de la estabilidad y la resistencia notablemente superiores de los nuevos estados turcos sobre los regímenes árabes de la primera época islámica. El aparato militar otomano podía mantener a raya los ataques europeos incluso mucho tiempo después de haber perdido la iniciativa estratégica en las regiones de los Balcanes y del Ponto. Los ejércitos safávidas y mogoles detuvieron finalmente las nuevas invasiones turcomanas de Persia y la India con la derrota de los nómadas uzbekos, que ocuparon el Mawarannahr en el siglo XVI. A partir de entonces, un dique estratégico protegió a los tres grandes estados imperiales del Islam frente a la turbulencia tribal de Asia central[118]. La superioridad de estos primeros imperios modernos no residía únicamente en la tecnología militar, sino que era también administrativa y política. El Estado mogol de la época de Gengis Kan y de sus sucesores ya había sido organizativamente superior a los del mundo árabe, y sus conquistas de la mayor parte de Oriente Medio quizá dejaran tras de sí algunas duraderas lecciones de gobierno. En todo caso, los ejércitos otomano, safávida y mogol personificaron en su momento de auge una disciplina y una preparación desconocidas por sus predecesores. Su infraestructura administrativa era también más sólida y estable. La tradicional iqta árabe había sido un instrumento fiscal parasitario que, en lugar de reforzarla, disolvía la vocación marcial del beneficiario urbano que gozaba de sus ingresos. La nueva concesión del timar otomano o del jagir mogol estaba ligada, por su parte, a obligaciones mucho más estrictas de servicio militar, y consolidaba la pirámide del mando militar, que ahora estaba organizado en una jerarquía mucho más formal. Además, en estos sistemas políticos turcos el monopolio estatal de la tierra se llevó a la práctica con un renovado entusiasmo, porque en la regulación y en la disposición de la propiedad agraria predominaban ahora unas tradiciones nómadas mucho más puras que antes. Nizamul-Mulk, el famoso gran visir del primer soberano selyúcida de Bagdad, declaró al sultán único dueño de toda la tierra. La extensión y el rigor de los derechos otomanos sobre el suelo fueron evidentes; los shahs safávidas dieron nueva fuerza a sus pretensiones jurídicas sobre el monopolio de la propiedad territorial; los emperadores mogoles impusieron un sistema fiscal implacablemente explotador, basado en las pretensiones regias sobre todos los cultivos rurales[119]. Solimán, Abbas o Akbar poseían en sus reinos un poder imperial muy superior al de cualquier califa.

Por otra parte, la vitalidad comercial de la época árabe, que había continuado durante toda la civilización «intermedia» del Islam clásico, se apagó progresivamente. Este cambio estaba relacionado, evidentemente, con el auge del comercio europeo. La expulsión militar de los cruzados no vino acompañada por la recuperación del dominio comercial del Mediterráneo oriental. Antes al contrario, ya desde el siglo XII los navíos cristianos habían conquistado una posición dominante en las aguas egipcias[120]. La contraofensiva terrestre kurdo-turca, simbolizada por Saladino y Baybars, se pudo realizar a costa de una renuncia deliberada al poderío naval: para bloquear los nuevos desembarcos europeos, los soberanos ayubíes y mamelucos se vieron obligados a desmantelar los puertos y a devastar el litoral de Palestina[121]. El Estado otomano, por el contrario, construyó en el siglo XVI una formidable fuerza naval —con una utilización liberal de marinos griegos— que reconquistó el control del Mediterráneo oriental y que merodeaba por el occidental desde las guaridas de los corsarios en África del Norte. Pero el poderío marítimo osmanli fue artificial y duró relativamente poco; su función siempre estuvo limitada a la guerra y a la piratería, nunca desarrolló una verdadera marina mercantil y se basó demasiado exclusivamente en los conocimientos y el trabajo de grupos sometidos para poder ser duradero. Además, precisamente en el momento en que el Egipto mameluco quedó absorbido por el imperio otomano, dando a éste por vez primera una salida directa al mar Rojo, los viajes portugueses de la época de los descubrimientos cercaron a todo el mundo islámico al establecer, a principios del siglo XVI, una hegemonía estratégica en todo el contorno del océano Indico, con bases en África oriental, el golfo Pérsico, el subcontinente indio y las islas de Malaya e Indonesia. A partir de entonces, las rutas de navegación internacionales estuvieron dominadas de forma permanente por las potencias occidentales, privando así a los imperios islámicos del comercio marítimo que había proporcionado la mayor parte de las fortunas de sus antepasados. Esta evolución era todavía más grave porque las economías árabes de la Edad Media siempre habían prosperado más en la esfera del intercambio que en la de la producción, en el comercio más que en las manufacturas; la divergencia que existía entre ambos fue una de las razones básicas de su crisis a finales de la Edad Media y del éxito, a costa suya, del avance económico europeo[122]. Al mismo tiempo, la tradicional estima árabe hacia el mercader ya no era compartida por sus sucesores turcos: el desprecio por el comercio era una característica general de la clase dominante del nuevo Estado, cuya política comercial era en el mejor de los casos de simple tolerancia y, en el peor, de discriminación contra las clases mercantiles de las ciudades[123]. El ambiente de los negocios en Constantinopla, Isfahan y Delhi a comienzos de la época moderna nunca pudo recordar al de las ciudades medievales de Bagdad o El Cairo. Las minorías extranjeras —griegos, judíos, armenios o hindúes— acaparaban significativamente las funciones comerciales y financieras. Por el contrario, los gremios artesanos hicieron ahora por vez primera su aparición en el reino otomano como instrumentos deliberados de control gubernamental sobre la población urbana[124], y normalmente se hicieron depositarios del oscurantismo teológico y técnico. Los sistemas jurídicos de los últimos imperios también se volvieron a clericalizar, y las doctrinas religiosas conquistaron con el paso del tiempo una renovada fuerza administrativa sobre costumbres que, por azar, habían sido previamente seculares[125]. Particularmente intensa fue la intolerancia oficial safávida.

La rigidez militar, el fanatismo ideológico y el letargo comercial pasaron a ser, por tanto, las normas habituales de gobierno en Turquía, Persia y la India. La última generación de grandes estados islámicos, antes de que la expansión colonial europea dominara al mundo musulmán, experimentaron ya la doble presión de Occidente. Superados económicamente a partir de los descubrimientos, todavía brillaron durante otro siglo en la guerra y la conversión religiosa desde los Balcanes a Bengala. Territorialmente, las fronteras del Islam continuaron ampliándose hacia el Oriente. Pero las nuevas conversiones en el sur y el este de Asia ocultaban un estancamiento o una recesión demográfica en el conjunto de las tierras de la civilización musulmana clásica. Los cálculos más optimistas indican que después de 1600 se produjo un descenso lento pero real en una población total de unos 46 millones de habitantes en la gran zona que se extiende desde Marruecos hasta Afganistán y del Sahara al Turkestán, descenso que perduró durante otros dos siglos[126]. El proselitismo en la India o Indonesia, que suponía una extensión del mundo musulmán, no podía compensar esta ausencia de vitalidad demográfica. Las diferencias con la Europa o la China de la época son innegables. Los imperios islámicos del siglo XVII estuvieron, incluso en sus momentos de fervor o éxito militar, en oculta desventaja respecto a las pautas de población del Viejo Mundo en su conjunto.

El imperio mogol —del que Marx se ocupó específicamente— presenta la mayor parte de las características del Estado musulmán tardío, aunque al estar más alejado de Europa y gobernar a una población menos islamizada ofrece también, en cierto sentido, un panorama más variado y vital que el de sus homólogos turco o persa. Su similitud administrativa con el imperio otomano ya había sorprendido a Bernier en el siglo XVII. La tierra destinada a la agricultura estaba sometida al exclusivo poder económico y político del emperador. El campesinado indígena tenía garantizada la ocupación permanente y hereditaria de sus parcelas (como en el sistema turco), pero carecía del derecho a disponer de ellas o venderlas. Los labradores que no cultivaban sus tierras podían ser expulsados por el Estado[127]. No había tierras comunales en las aldeas, que además estaban divididas en castas sociales y por una gran desigualdad económica[128]. El Estado se apropiaba siempre de la mitad de la producción total del campesinado en concepto de «rentas de la tierra»[129]. Estas rentas se pagaban a menudo como impuestos en dinero o mediante entregas en especie que posteriormente eran vendidas por el Estado, lo que condujo a la extensión de los cultivos comerciales (trigo, algodón, azúcar, añil o tabaco). La tierra era relativamente abundante y la productividad agraria no era inferior a la de la India del siglo XX; el regadío por medio de canales era insignificante, y el agua de lluvia y los pozos o estanques locales proporcionaban toda humedad del suelo[130]. La enorme presión fiscal del Estado mogol sobre la población rural produjo, sin embargo, una espiral de usura y endeudamiento en las aldeas, provocando la creciente huida de los campesinos.

En la cima del aparato de Estado se situaba el estrato elitista de los mansabdars, compuesto por unos 8.000 oficiales militares, escalonados en un complejo sistema de grados y a quienes el emperador concedía el grueso de las rentas de la tierra en forma de jagirs o asignaciones temporales. En el año 1647, 445 de estos oficiales recibían más del 60 por 100 de los ingresos totales del Estado; el 37,6 por 100 se repartía entre sólo 73 oficiales[131]. Como era de esperar, el cuerpo de mansabdars tenía un origen étnico predominantemente extranjero: la mayor parte eran persas, turaníes o afganos. Alrededor del 70 por 100 de los mansabdars de Akbar eran extranjeros o hijos de extranjeros; el resto eran «indios» musulmanes locales o rajputs hindúes. En 1700, la proporción de los musulmanes nacidos en la India se había elevado posiblemente hasta el 30 por 100 del total[132]. El grado de continuidad hereditaria era muy limitado, ya que los nombramientos para el rango de mansabdar quedaban a la personal discreción del emperador. Este cuerpo no poseía la unidad social horizontal que caracteriza al orden aristocrático —aunque a sus miembros más altos se les concedía el título de «nobles»—, ya que sus dispares componentes conservaban siempre la conciencia de sus diversos orígenes étnicos, que lógicamente daban lugar a la formación de facciones. La obediencia vertical al mando imperial era lo único que les mantenía unidos. Los mansabdars residían en las ciudades y estaban obligados a mantener un ejército del Estado mogol. El costo del mantenimiento de estas tropas absorbía, aproximadamente, dos tercios de sus ingresos procedentes de las asignaciones de jagirs o de los asalariados del tesoro central. El término medio de la tenencia de un jagir era inferior a tres años, y todos eran recuperables por el emperador, que cambiaba constantemente a sus titulares con objeto de impedir que echaran raíces en las regiones. Entrelazados por todo el país con este sistema estaban los zamindars autóctonos o potentados rurales que disponían de séquitos de infantería y de castillos y a quienes se les permitía recaudar un tajada mucho más pequeña del excedente producido por los campesinos, aproximadamente un 10 por 100 de las rentas de la tierra que correspondían al Estado en la India del Norte[133].

Las rentas agrarias se consumían principalísimamente en las ciudades, donde eran suntuosos los gastos del rey y de los mansabdars en palacios, jardines, huertos, criados y otros lujos. En consecuencia, la urbanización era relativamente alta, alcanzando quizá a una décima parte de la población. En diversas ocasiones, los viajeros estimaron que las ciudades indias de principios del siglo XVII eran más grandes que las de Europa. La mayor parte de la fuerza de trabajo urbana era musulmana y el trabajo artesanal era numeroso y cualificado. Esas artesanías dieron lugar en algunas zonas a la implantación de un sistema de trabajo a domicilio bajo el control del capital mercantil. Pero las únicas grandes manufacturas que empleaban trabajo asalariado eran de los karjana reales o de los «nobles», que producían exclusivamente para el consumo doméstico[134]. Las fortunas mercantiles siempre estuvieron sujetas a la arbitraria confiscación del soberano y nunca se desarrolló un capital protoindustrial. El Estado mogol, principal instrumento de explotación económica de la clase dominante, duró ciento cincuenta años, hasta que sucumbió frente a las rebeliones campesinas, el separatismo hindú y la invasión británica.

V

Aunque muy resumidos, ésos parecen ser algunos de los elementos fundamentales de la historia social islámica. El carácter y el rumbo de la civilización china presentan, por su parte, una serie de rasgos en contrapunto con la evolución islámica. Aquí no disponemos de espacio para analizar la larga y compleja evolución de la China antigua, desde la época Shang, en la Edad de Bronce, a partir del año 1400 a. C., hasta el final de la era Chou, en el siglo V a. C., y la formación del Estado unitario Ch’in, en el siglo III a. C. Bastará con resumir brevemente los legados materiales de la presencia continua de una civilización con una cultura escrita que se remonta a unos dos mil años antes de la aparición definitiva del sistema estatal imperial que habría de convertirse en la marca distintiva de toda la historia política china.

El núcleo de la civilización china radicaba en la zona noroccidental del país, cuya economía se basaba en una agricultura de cereales de secano. Los cultivos dominantes de la China antigua siempre fueron el mijo, el trigo y la cebada. Pero en el marco de esta agricultura intensiva y asentada, la civilización china desarrolló muy pronto importantes sistemas hidráulicos para el cultivo del grano en las altiplanicies y los valles de loes del noroeste. Los primeros grandes canales para desviar el agua de los ríos y regar los campos fueron construidos por el Estado Ch’in en el siglo III a. C.[135] En la cuenca baja del río Amarillo, algo más hacia el nordeste, el Estado Han erigió posteriormente una importante serie de diques, presas y embalses con el objetivo complementario de controlar el flujo y regular las entregas de agua para la agricultura[136]; se diseñaron bombas de cadenas de cangilones cuadrados[137], y posiblemente en el siglo I a. C. aparecieron por vez primera, más al sur, las terrazas para el cultivo del arroz[138]. En esta época, sin embargo, los cultivos de secano de mijo y trigo todavía eran enormemente predominantes en la economía rural. Los Estados Ch’in y Han construyeron también imponentes canales de transporte para embarcar hasta sus tesorerías los impuestos en grano, canales que fueron probablemente los primeros del mundo. En realidad, a lo largo de toda la historia de China, el Estado siempre habría de dar prioridad a las vías fluviales de transporte, con sus funciones fiscales y militares (logísticas), sobre los específicos sistemas de regadío con objetivos agrícolas[139]. Con completa independencia de estas obras hidráulicas, también se registraron en la agricultura algunos avances técnicos fundamentales en una época temprana, generalmente mucho antes de su aparición en Europa. El molino de rotación se inventó aproximadamente al mismo tiempo que en el Occidente romano, en el siglo II a. C.; la carretilla se descubrió mil años antes que en Europa, en el siglo III d. C.; el estribo se utilizaba normalmente en la misma época; la tracción equina experimentó una decisiva mejora con la aparición del arnés moderno, en el siglo V d. C.; en el siglo VII d. C. se construyeron puentes con arco segmentado[140]. Pero todavía es más sorprendente que las técnicas de fundición del hierro se implantaran en época tan temprana como los siglos VI y V a. C., cuando en Europa se utilizaron únicamente a finales de la Edad Media. Se producían piezas de acero ya a partir del siglo II antes de Cristo[141]. Así pues, la metalurgia china estaba por delante de cualquier otra del mundo desde una fecha extremadamente temprana. Simultáneamente, la China antigua también se adelantó en tres importantes manufacturas: la seda se producía desde los más remotos orígenes de su historia; el papel se inventó en los siglos I y II d. C., y la porcelana se perfeccionó en el siglo V d. C.[142] Esta sorprendente base de logros tecnológicos proporcionó los fundamentos materiales para que el primer gran imperio dinástico reunificase de forma permanente a China tras las luchas y divisiones regionales de los años 300-600 d. C. Esta tarea correspondió al Estado T’ang, que generalmente se toma como principio coherente y decisivo de la civilización imperial china.

El sistema de propiedad de la tierra del imperio T’ang estaba en muchos aspectos curiosamente cerca del arquetipo asiático imaginado por los posteriores pensadores europeos, incluido Marx. Jurídicamente, el Estado era el único propietario del suelo, de acuerdo con la regla: «Todo lugar que existe bajo el cielo es tierra del emperador»[143]. El cultivo agrícola se babasaba en el sistema llamado chün-t’ien o de «distribución en parcelas iguales», que procedía del Norte del Wei y que fue llevado a la práctica administrativamente hasta un punto que ha sorprendido a los historiadores posteriores. El Estado concedía lotes fijos de tierra, que en principio tenían una extensión de 5,3 hectáreas, a los matrimonios campesinos durante todo el tiempo de su vida laboral y con la obligación de pagar impuestos en especie —principalmente grano y telas— y de realizar algunas prestaciones de trabajo. Una quinta parte de estas parcelas, reservada para la producción de seda o cáñamo, podía heredarse, y el resto pasaba de nuevo al Estado cuando llegaba el momento del retiro[144]. Los objetivos fundamentales de este sistema eran extender el cultivo agrícola e impedir la formación de grandes propiedades privadas en manos de una aristocracia terrateniente. A los funcionarios del Estado se les concedían importantes dominios públicos para su propio mantenimiento. El registro cuidadoso de todas las parcelas y los trabajadores era parte esencial del sistema. Este meticuloso control administrativo implantado en el campo se duplicaba o, mejor, se intensificaba en el interior de las ciudades, empezando por la misma capital imperial de Chang’an, que probablemente tenía más de un millón de habitantes. Las ciudades chinas del primer período T’ang estaban rigurosamente planificadas y vigiladas por el Estado imperial. Normalmente, eran creaciones geométricas, rodeadas de fosos y murallas y divididas en distritos rectangulares que estaban separados entre sí por unos muros con puertas vigiladas para el tráfico diurno y cerradas con toque de queda durante la noche. Los funcionarios residían en un recinto especial, aislado del resto de la ciudad por un doble muro[145]. La transgresión de estos compartimentos fortificados por parte de los habitantes de la ciudad, sin contar con permiso, era adecuadamente castigada.

La máquina estatal que ejercía esta vigilancia sobre la ciudad y el campo estaba controlada en un primer momento por una aristocracia militar, que había alcanzado su posición gracias a las continuas guerras internas de la época precedente y que todavía era, por su tradición y sus actitudes, una nobleza hereditaria y caballeresca. De hecho, el primer siglo de la época T’ang presenció una espectacular oleada de conquistas militares chinas en el norte y el oeste. Manchuria y Corea fueron sometidas y Mogolia fue pacificada mientras el poderío chino se extendía profundamente en Asia central hasta alcanzar la región de Transoxiana y del Pamir. Esta gran expansión fue, en su mayor parte, obra de la caballería T’ang, creada gracias a un cuidadoso programa de cría de caballos selectos y dirigida por una aristocracia belicosa[146]. Una vez implantado, el sistema de seguridad del nuevo imperio se confió a colonias de infantería de una milicia divisional, a la que se concedían tierras para el cultivo y se le exigían deberes de defensa. Pero a partir de finales del siglo vil se hizo necesaria la creación de grandes unidades permanentes para la vigilancia de las fronteras del imperio. El expansionismo estratégico vino acompañado por un cosmopolitismo cultural. Por vez primera en la historia china, las influencias extranjeras modelaron la ideología oficial con la conversión del budismo en religión de Estado. Al mismo tiempo, sin embargo, un cambio mucho más profundo y duradero comenzaba a transformar toda la estructura del aparato de Estado. Durante la época T’ang nació, efectivamente, la característica burocracia civil de la China imperial. Desde mediados del siglo VII comenzó a reclutarse por vez primera a través de un sistema de exámenes públicos a la élite del más alto personal del aparato gubernamental, aunque la gran mayoría de los puestos todavía se ocupaban por privilegio hereditario o por recomendaciones de las tradicionales familias nobles. La «censoría» comprendía una columna separada de funcionarios civiles cuya tarea consistía en criticar y controlar el trabajo del principal cuerpo de la burocracia imperial, con objeto de garantizar un nivel correcto de actividad y conducta[147]. A mediados del período T’ang ya era innegable el auge político del funcionariado civil gracias al sistema de exámenes, cuyo prestigio había comenzado a atraer incluso a candidatos poderosos. La rama militar del aparato de Estado, que más tarde habría de producir una larga cadena de generales usurpadores, ya no sería nunca funcionalmente predominante en el imperio chino. En épocas posteriores, los conquistadores nómadas —turcos, mogoles o manchúes— invadirían China y basarían su poder político en sus propias guarniciones militares. Pero estos ejércitos intrusos permanecieron fuera del normal gobierno administrativo del país, que siempre les sobrevivió. Una burocracia culta habría de ser, por el contrario, el sello permanente del Estado imperial chino.

El sistema agrario de los T’ang se desintegró muy pronto: el vagabundeo campesino hacia tierras desocupadas y no registradas, junto con los planes de los ricos para habilitar tierras para el cultivo y con el sabotaje de los funcionarios, inclinados a acumular tierras para ellos mismos, provocó el fracaso de las regulaciones chün-t’ien. Además, en el año 756 tuvo lugar la decisiva rebelión del general bárbaro An Lu-Shan, precisamente en el momento en que el poderío exterior de China ya había sido debilitado por las victorias de los árabes y los uiguros en Turquestán. La estabilidad dinástica se derrumbó temporalmente; las fronteras retrocedieron a causa de las rebeliones de los pueblos sometidos, y se produjo un colapso general del orden interior. La profunda crisis de mediados del siglo VIII desorganizó por completo los registros del sistema de distribución de parcelas, y en la práctica acabó realmente con el orden chün-t’ien. A los cinco años de la rebelión de An Lu-Shan, el número de familias registradas había descendido en un 80 por 100[148], y comenzaron a aparecer grandes fincas privadas o chang-yuan, cuyos propietarios eran terratenientes, burócratas u oficiales del ejército. Estas fincas no eran latifundios consolidados, sino grupos de parcelas cultivadas por arrendatarios campesinos, por trabajadores asalariados o en ocasiones por esclavos, bajo el control de administradores agrícolas. Para los arrendatarios de estas fincas, las rentas ascendían normalmente a la mitad de su producción, lo que suponía un índice de explotación mucho más alto que el extraído por el Estado a las parcelas chün-t’ien[149]. Simultáneamente, el sistema fiscal cambió las capitaciones fijas en especie y las corveés por un sistema graduado de impuestos sobre la propiedad y la extensión de la tierra, pagaderos en metálico y en grano. Los impuestos indirectos sobre las mercancías se hicieron cada vez más rentables a medida que se extendían las transacciones comerciales y la economía monetarizada[150]. La China anterior a la época T’ang había tenido una economía predominantemente de trueque, y la misma economía T’ang, que padeció una escasez crónica de cobre para la acuñación de moneda, se basaba parcialmente en la seda como medio de cambio. Sin embargo, la supresión de los monasterios budistas, a mediados del siglo IX, destesaurizó grandes cantidades de cobre e hizo más fluida la circulación monetaria. A su vez, este movimiento estuvo parcialmente inspirado por la reacción xenófoba que caracterizó al último período del dominio T’ang. La recuperación dinástica tras la crisis de mediados del siglo VIII vino acompañada por una renovada hostilidad contra las instituciones religiosas extranjeras, que acabó con el dominio del budismo dentro del sistema ideológico del Estado chino. El conservadurismo secular del pensamiento confuciano, moralista y antimístico, lo sustituyó como primera doctrina oficial del orden imperial. A partir de entonces, el imperio chino se caracterizó siempre por el carácter básicamente laico de su sistema de legitimación. El empuje oculto tras este cambio cultural provenía, a su ve~ de los propietarios rurales del sur, que aportaban los contingentes más numerosos de la burocracia civil. La retirada imperial de Asia central y de Manchuria y Corea condujo a un debilitamiento general de la vieja aristocracia militar del noroeste, más receptiva al influjo extranjero, y a un reforzamiento de la posición de los funcionarios cultos dentro del Estado[151]. Al mismo tiempo, la población y la riqueza se desplazan incesantemente hacia el sur, en dirección a los valles del bajo Yangtsé. El cultivo intensivo del arroz comenzó a adquirir por vez primera una importancia fundamental con el desarrollo de los lechos de transplante, que eliminaban la necesidad de barbechos y, por tanto, aumentaban enormemente la producción.

En la siguiente época Sung, desde el siglo X al XIII, todo el orden rural adoptó, pues, una nueva configuración. La fase final del dominio de los T’ang, caracterizada por la desintegración del poder dinástico central, por la proliferación de las rebeliones regionales y por las recurrentes invasiones bárbaras del norte, presenció también la desaparición de la tradicional aristocracia militar del noroeste. La clase dirigente china del Estado Sung, cuya composición social era nueva en su mayor parte, descendía del funcionariado civil de la anterior dinastía y se convirtió en una clase ampliada y estabilizada de terratenientes letrados. El aparato de Estado se dividió en tres sectores funcionales— civil, financiero y militar— con carreras especializadas en cada uno de ellos. Asimismo se reorganizó y reforzó la administración provincial. La burocracia imperial que resultó de estos cambios era mucho más amplia que la de la época T’ang, llegando a doblar su volumen durante el primer siglo del dominio Sung. En el siglo X se estableció una carrera burocrática fija, con un ingreso controlado por medio de exámenes y una promoción determinada por la acumulación de méritos y las recomendaciones de los notables. La preparación para el sistema de grados se hizo mucho más exigente y la edad media de los graduados se elevó de los veinticinco a los treinta y cinco años. Los candidatos examinados llegaban a dominar muy pronto todos los sectores del Estado, excepto el ejército. Las carreras militares poseían formalmente el mismo rango que las civiles, pero en la práctica eran mucho menos respetadas[152]. En el siglo XI, la mayoría de los funcionarios con puestos de responsabilidad eran graduados que residían normalmente en las ciudades y controlaban propiedades rurales dirigidas por administradores y cultivadas por arrendatarios dependientes. Las más grandes de estas propiedades se concentraban en las nuevas regiones de Kiangsu, Anhwei y Chekiang, lugares de origen de la mayor parte de los candidatos al doctorado y de los altos funcionarios del Estado[153]. Los campesinos que cultivaban las tierras de estos señores estaban obligados a prestaciones en trabajo y en especie y su movilidad estaba limitada por sus contratos de arrendamiento. No existe ninguna duda acerca de la importancia fundamental de este sistema de propiedad, con su fuerza de trabajo vinculada a la tierra, en la agricultura Sung. Es posible, por otra parte, que hasta el 60 por 100 o más de la población rural fuesen pequeños propietarios situados fuera del perímetro de estas grandes fincas[154]. Estos eran quienes pagaban el grueso de los impuestos rurales. La teoría legal de los Sung mantenía nominalmente la propiedad estatal de toda la tierra, pero en la práctica esa teoría siempre fue letra muerta[155]. A partir de entonces, la propiedad privada de la tierra —aunque sujeta a ciertos límites importantes— habría de caracterizar a la sociedad imperial china hasta su fin.

Su preponderancia social coincidió con grandes avances en la agricultura china. El desplazamiento de la población y los cultivos hacia el área productora de arroz de valle del bajo Yangtsé vino acompañado por el rápido desarrollo de un tercer tipo de sistema hidráulico: el drenaje de las tierras pantanosas aluviales y la recuperación del fondo de los lagos. Hubo un auge espectacular en el volumen total de proyectos de regadío, cuya incidencia media anual durante la época Sung fue más de tres veces superior a la de cualquier otra dinastía anterior[156]. Los señores de la época Sung invirtieron en las grandes operaciones de habilitación de tierras mucho más de lo que se invirtió en proyectos públicos. En efecto, la implantación de la propiedad privada de la tierra coincidió con el predominio del cultivo de riego del arroz dentro del conjunto de la economía agraria china; ambos fueron fenómenos nuevos de la época Sung. A partir de aquí, la gran mayor parte de las obras de regadío tuvieron siempre un carácter local y exigieron poca —o ninguna— intervención central del Estado[157]: las iniciativas de terratenientes y campesinos impulsaron la mayor parte de ellas una vez que se hubo implantado en la región del Yangtsé el ciclo mucho más productivo de la agricultura de regadío. En esta época se generalizó el uso de una maquinaria más compleja para la conducción de agua, el bombeo, la molienda y la trilla. Se mejoraron y difundieron las herramientas de cultivo: el arado, la azada, la hoz y la pala; de Vietnam se importó el arroz de Champa, de maduración temprana; se multiplicó la producción del trigo[158] y se implantaron cultivos comerciales como el cáñamo, el té y el azúcar. En conjunto, la productividad agraria y la densidad demográfica aumentaron muy rápidamente. La población de China, que desde el siglo II a. C. se había estacionado prácticamente en torno a los 50 millones de habitantes, se duplicó quizá entre mediados del siglo VIII y los siglos X al XIII, hasta alcanzar los 100 millones[159].

Mientras tanto, en la minería y la metalurgia se había experimentado un enorme progreso industrial. El siglo XI presenció un continuo aumento en la producción de carbón, que atrajo inversiones en capital y trabajo muy superiores a las de los combustibles tradicionales y que alcanzó un impresionante nivel de producción. La demanda se vio favorecida por los decisivos avances en la industria del hierro, cuya tecnología era ya extremadamente compleja (los fuelles de pistón constituían un equipo normal) y cuyas fundiciones fueron quizá las mayores del mundo hasta el siglo XIX. Se ha calculado que en el año 1078 la producción de hierro fue en el norte de los dominios Sung entre 75.000 y 150.000 toneladas, es decir, 12 veces superior a la de dos siglos antes. Es posible que la producción china de hierro en el siglo XI fuese aproximadamente igual a la producción total de Europa a comienzos del siglo XVIII[160]. Este rápido crecimiento de la industria del hierro hizo posible la multiplicación de las herramientas agrícolas, que se extendieron por el campo, así como la ampliación de las manufacturas de armas. En el mismo período se produjo también un sorprendente conjunto de nuevos inventos: se introdujeron armas de fuego para la guerra; se idearon los tipos móviles para la imprenta; la brújula magnética se utilizó como instrumento de navegación, y se fabricaron relojes mecánicos[161]. Las tres o cuatro innovaciones técnicas más famosas de la Europa renacentista habían sido anticipadas desde mucho antes por China. Las esclusas para la canalización y el timón de popa y las ruedas de paletas en las embarcaciones mejoraron todavía más los transportes[162]. La industria cerámica se desarrolló con mucha rapidez, y posiblemente los objetos de porcelana superaron por vez primera a la seda como principal artículo de exportación del imperio. La circulación de monedas de cobre aumentó enormemente, y tanto los banqueros privados como el Estado comenzaron a emitir billetes de papel. Esta combinación de progreso rural e industrial desencadenó una ola tremenda de urbanización. Hacia el año 1100, China tenía quizá hasta cinco ciudades con una población de más de un millón de habitantes[163]. Estas grandes aglomeraciones eran producto de un crecimiento económico espontáneo antes que de un programa burocrático deliberado, y se caracterizaban por un trazado urbano mucho más libre[164]. El toque de queda fue abolido en el siglo XI en la capital Sung de Kaifeng, y los viejos distritos vigilados de las ciudades imperiales dieron paso a un sistema más fluido de calles. Las nuevas comunidades mercantiles de las ciudades se beneficiaron de la llegada de la agricultura comercial, del auge de la minería, del incremento de las industrias metalúrgicas y del descubrimiento de nuevos instrumentos financieros y crediticios. El volumen de la moneda de cobre aumentó hasta 20 veces por encima de los niveles alcanzados en la época T’ang. Se produjo también un creciente dominio del comercio marítimo de larga distancia, gracias a los numerosos avances de la ingeniería naval y a la creación por vez primera de una armada imperial.

Este profundo cambio en la configuración global de la economía china en la época Sung se acentuó con la conquista del norte de China por los nómadas churches (Ju-chen) a mediados del siglo XII. El imperio Sung del sur de China, aislado de las tradicionales zonas interiores de civilización china de Asia central y Mogolia, desplazó hacia el mar su antigua orientación hacia el interior, lo que era absolutamente nuevo en la experiencia china. Simultáneamente, el peso específico del comercio urbano creció en la misma medida. El resultado de todo ello fue que, por vez primera en su historia, la agricultura dejó de proporcionar el grueso de las rentas estatales. Los ingresos imperiales procedentes de los impuestos y los monopolios comerciales ya eran en el siglo XI de un volumen igual al procedente de los impuestos sobre la tierra, pero en el Estado Sung del sur de finales del siglo XII y del XIII las rentas comerciales excedían con holgura a las agrícolas[165]. Esta nueva balanza fiscal reflejaba no sólo el crecimiento del comercio interior y exterior, sino también la ampliación de la base manufacturera de la economía, la expansión de la minería y la difusión de los cultivos comerciales en la agricultura. El imperio islámico del califato abasida había sido durante cierto tiempo —en los siglos VIII y IX— la civilización más rica y poderosa del mundo; el imperio chino de la época Sung fue sin duda alguna la economía más rica y avanzada del globo en los siglos XI y XII, y su florecimiento tuvo una mayor solidez al estar basado en la producción diversificada de su agricultura y su industria más que en las transacciones del comercio internacional. El dinamismo económico del Estado Sung estaba acompañado por un fermento intelectual, que combinaba la veneración hacia el pasado de la China antigua con nuevas exploraciones en el campo de las matemáticas, la astronomía, la medicina, la cartografía, la arqueología y otras disciplinas[166]. Los terratenientes letrados que ahora gobernaban en China se caracterizaban por el desdén de los mandarines hacia los deportes físicos y los ejercicios militares y por un culto deliberado hacia los pasatiempos estéticos e intelectuales. En la cultura de la época Sung se combinaban las especulaciones cósmicas con un neoconfucionismo sistematizado.

La conquista de China por los mogoles en el siglo XIII puso a prueba la resistencia del sistema socioeconómico que había madurado en esta era feliz. Una zona considerable de la China del Norte quedó inicialmente «pastoralizada» por los nuevos dirigentes nómadas, bajo cuyo dominio se produjo una decadencia general de la agricultura. Los posteriores esfuerzos de los emperadores Yuan por remediar la situación agraria tuvieron poco éxito[167]. Las innovaciones industriales se paralizaron casi por completo, y el avance técnico más notable de la época mogol parece haber sido, quizá de forma significativa, la fundición de cañones de hierro[168]. La carga tributaria de las masas rurales y urbanas aumentó a la par que se introducía el registro hereditario de sus ocupaciones, con objeto de inmovilizar la estructura de clase del país. Las rentas y las tasas de interés se mantuvieron altos y el endeudamiento campesino aumentó incesantemente. La dinastía Yuan mostró poca confianza en los mandarines chinos, pese a que los terratenientes del sur se habían pasado al ejército invasor. El sistema de exámenes fue abolido a la vez que se reforzaba la autoridad imperial central; se reorganizó la administración provincial y la recaudación fiscal se arrendó a los gremios extranjeros de uiguros, de quienes dependían en buena medida los dirigentes mogoles por su pericia para la administración y los negocios[169]. Por otra parte, la política de los Yuan favoreció a la empresa mercantil y estimuló el comercio. La integración de China en el extenso sistema imperial mogol provocó la entrada de los mercaderes árabes de Asia central y la expansión del comercio marítimo internacional. Se introdujo una moneda nacional de papel y se estableció un transporte de cabotaje a gran escala para el aprovisionamiento de grano del norte, donde se había fundado una nueva capital en Pekín. Simultáneamente, se completó el impresionante Gran Canal, que unía los centros económicos y políticos del país en una continua vía fluvial. Pero la discriminación étnica de la dinastía provocó la enemistad de la mayor parte de los terratenientes, y la intensidad de sus exacciones financieras, la depreciación de sus emisiones fiduciarias y la difusión de un sistema señorial opresivo empujaron al campesinado a la rebelión armada. El resultado fue la insurrección social y nacional que acabó con el dominio mogol en el siglo XIV, instalando a la dinastía Ming.

El nuevo Estado representaba, con algunas modificaciones significativas, una reafirmación de la estructura política tradicional del dominio de los terratenientes letrados. El sistema de exámenes se restauró inmediatamente, pero para evitar el monopolio de cargos por el sur se estableció un sistema regional de cuotas que reservaba el 40 por 100 de los doctorados a los candidatos del norte. Los grandes propietarios del Yangtsé fueron trasladados a la nueva capital Ming de Nanking, donde su residencia forzosa facilitaba el control gubernamental. Al mismo tiempo se abolió el secretariado imperial, que tradicionalmente constituía un impedimento para la voluntad arbitraria del emperador. Bajo el gobierno de los Ming se incrementó el carácter autoritario del Estado, cuyos sistemas de policía y de vigilancia secreta se hicieron mucho más amplios e implacables que los de la dinastía Sung[170]. La política de la corte se vio dominada cada vez más por un numeroso cuerpo de eunucos (situados por definición al margen de las normas confucianas de autoridad y responsabilidad paternas) y por violentas luchas faccionales. La solidaridad de la burocracia letrada se debilitó con la inseguridad de la posesión del cargo y la división de las obligaciones, mientras que en el sistema de grados se retrasaba continuamente la edad de la graduación final. En un primer momento se creó un gran ejército de más de tres millones de hombres, que en su mayor parte fue posteriormente diluido en una red de colonos militares. La principal innovación fiscal del Estado Ming fue la imposición sistemática de prestaciones de trabajo público sobre la población rural y urbana, que fue organizada para ejecutarlos en unidades «comunitarias» cuidadosamente vigiladas.

En el campo tendieron a desaparecer los restrictivos contratos de arrendamiento de la época Sung[171], mientras se mantenían, aunque de forma flexible, los registros de ocupaciones hereditarias del régimen Yuan. Con el restablecimiento de la paz civil y la mitigación de los arrendamientos, las fuerzas de producción rurales volvieron a conseguir una vez más prodigiosos avances. El fundador de la dinastía Ming, el emperador Hungwu, impulsó oficialmente un vasto programa de recuperación agraria con objeto de remediar las devastaciones del gobierno mogol y las destrucciones causadas por los levantamientos que acabaron con él. Se organizó la habilitación de tierras para el cultivo, se restauraron y ampliaron las obras hidráulicas y, bajo las instrucciones del Estado imperial, se llevó a cabo una reforestación sin precedentes en el país[172]. Los resultados fueron rápidos y espectaculares. A los seis años de la caída de los Yuan, el volumen de los impuestos en grano recibidos por la tesorería central casi se había triplicado. El ímpetu inicial que esta reconstrucción desde arriba imprimió a la economía rural, puso en marcha por abajo un crecimiento agrícola extremadamente rápido. En los valles y llanuras se expandió y mejoró sin cesar el cultivo de arroz por medio de regadíos, gracias a la difusión, desde el bajo Yangtsé hasta Hopei, Hunan y Fukien, de las variedades de maduración rápida y de la doble cosecha. En el sudoeste se colonizó Yunan. Las tierras marginales del sur se sembraron de trigo, cebada y mijo, adoptados del norte. Los cultivos comerciales de añil, azúcar y tabaco tomaron un volumen mucho mayor. La población de China, que probablemente había descendido bajo el dominio de los Ming hasta unos 65-80 millones de habitantes, volvió a crecer rápidamente a consecuencia de este progreso hasta alcanzar entre 120 y 200 millones por el año 1600[173]. En las ciudades experimentaron un notable desarrollo las telas de seda, las cerámicas y el refinado del azúcar, mientras que los textiles de algodón llegaban por vez primera al uso popular, sustituyendo a las tradicionales prendas de cáñamo. La adopción de los nuevos paños por el campesinado hizo posible la creación de importantes centros manufactureros para la producción de tela. A finales de la era Ming, la región de Singkiang agrupaba quizá a unos 200.000 artesanos de la industrial textil. El comercio interregional unificó progresivamente al país, a la par que se producía un avance notable hacia la implantación de un nuevo sistema monetario. El papel moneda fue abandonado poco después de mediados del siglo XV a causa de las sucesivas devaluaciones; finalmente, se importó de América (vía Filipinas) y de Japón un creciente volumen de plata, que llegó a constituir el medio de intercambio dominante dentro de China hasta que finalmente fue adoptado en buena medida por el sistema fiscal.

El gran auge inicial de la economía Ming no se mantuvo, sin embargo, en el segundo siglo de dominio de la dinastía. Los primeros frenos a su crecimiento se hicieron evidentes en la agricultura: desde el año 1520 comenzaron a caer los precios de la tierra al descender la rentabilidad de las inversiones rurales para la clase terrateniente[174]. Es posible que descendiera también el crecimiento de la población. Las ciudades, por otra parte, mostraban todavía exteriormente una gran prosperidad comercial, con mejoras en los métodos de producción de algunas de las viejas manufacturas y con un aumento en el suministro de metales preciosos. Pero al mismo tiempo, y en un plano más fundamental, la tecnología industrial dejó de mostrar ningún nuevo dinamismo. Bajo el dominio de los Ming no parece que se produjera ningún invento urbano de importancia, mientras que se abandonaban u olvidaban algunos avances anteriores (los relojes y las esclusas)[175]. El empleo de materias primas por la industria textil progresó del cáñamo al algodón, pero con ello se abandonaron las ruedas para el hilado mecánico que se utilizaban en la confección de los paños de cáñamo en el siglo XIV, lo que supuso una grave regresión técnica. También desde el punto de vista organizativo, las manufacturas rurales del algodón retrocedieron a la industria de casa de labor, mientras que la producción de telas de cáñamo había desarrollado un sistema de trabajo a domicilio bajo el control de los mercad eres[176]. La expansión naval alcanzó su apogeo a principios del siglo XV, cuando los juncos chinos, de tonelaje muy superior a los navíos europeos de la época, atravesaban los océanos en dirección a Arabia y África. Pero estas expediciones marítimas se abandonaron a mediados del mismo siglo, y la armada imperial fue completamente desmantelada en un contragolpe de los terratenientes y burócratas que presagiaba un mayor oscurantismo e involución oficiales[177]. El clima indigenista y restauracionista de la cultura Ming, que procedía de la reacción xenófoba contra el dominio mogol, parece haber conducido a un «desplazamiento» al campo filológico y literario de la actividad intelectual, acompañado de un interés decreciente por la ciencia y la técnica. Políticamente, el Estado imperial Ming reprodujo enseguida una trayectoria más o menos conocida: la ostentación palaciega, la corrupción administrativa y la evasión de impuestos por los terratenientes agotaron su tesorería y provocaron una creciente presión sobre el campesinado, cuyas prestaciones de trabajo fueron conmutadas por impuestos en dinero, que subían sin parar a medida que el régimen era objeto de ataques desde el exterior. La piratería japonesa infestaba los mares, cerrando definitivamente el intervalo de poderío marítimo de China; las correrías de los mogoles se renovaron en todo el norte, provocando una gran destrucción, y, en fin, los ataques expedicionarios de Japón contra Corea sólo pudieron ser resistidos gracias a enormes inversiones en los ejércitos imperiales[178]. Así, el crecimiento económico y demográfico del país se detuvo gradualmente durante el siglo XVI, coincidiendo con la decadencia política del gobierno y el precio militar de su incompetencia. A principios del siglo XVII, cuando las primeras incursiones manchúes alcanzaron el nordeste de China, la seguridad interior del reino Ming ya se estaba desmoronando a medida que las hambres asolaban el campo y las deserciones socavaban el ejército. Las revueltas de los usurpadores y las insurrecciones de los campesinos inundarían muy pronto a todo el país, desde Shensi y Szechuan hasta Kiangsu.

Así pues, la conquista manchú ya estaba preparada por las condiciones internas de China bajo los últimos emperadores Ming: los interminables ataques, que se extendieron durante dos generaciones, llevaron las banderas tunguses desde Mukden hasta Cantón. En 1681 ya estaba ocupada toda la China continental. La nueva dinastía Ch’ing, una vez en el poder, habría de repetir en una escala ampliada el mismo ciclo económico que su predecesora. Políticamente, su gobierno fue una mezcla de tradiciones Yuan y Ming. La clase dirigente manchú conservó el separatismo étnico, acantonó en el país sus propios regimientos o banderas y monopolizó los altos mandos militares del Estado[179]. Los generales-gobernadores manchúes, que dirigían dos provincias simultáneamente, estaban por encima de los gobernadores chinos, a cargo de la administración de una sola provincia. La clase terrateniente china quedó, sin embargo, en posesión de la burocracia civil, y el sistema de exámenes se purificó con objeto de equilibrar la representación provincial. La tradicional censura que ejercía el Estado imperial sobre la cultura fue reforzada. Durante cerca de un siglo, desde 1683 a 1753, el gobierno manchú redujo los impuestos, detuvo la corrupción, conservó la paz interior y fomentó la colonización interior. La expansión de los cultivos procedentes de América a través de las Filipinas —maíz, patatas, cacahuetes, boniatos— permitió por vez primera la conquista agrícola de las colinas de suelo poco profundo. La emigración campesina hacia las tierras altas forestales, habitadas hasta entonces por pueblos tribales, se propagó con rapidez y produjo el rescate de grandes zonas de tierra para el cultivo. Las semillas de arroz se mejoraron todavía más hasta conseguir cosechas en menos de la mitad del tiempo requerido por las primeras variedades de maduración rápida de la época Sung. La extensión y la productividad agrícolas volvieron a crecer sin interrupción, permitiendo un explosivo aumento demográfico, que esta vez superó todas las marcas anteriores. La población de China se duplicó o triplicó entre 1700 y 1850, año en que alcanzó los 430 millones de habitantes[180]. Mientras que la población total de Europa aumentaba de 144 a 193 millones de habitantes entre 1750 y 1800, se ha calculado que la población de China subió de 143 a 360 millones entre 1741 y 1812. La producción más intensiva de arroz, que siempre fue superior al cultivo de cereales de secano, hizo posible una densidad demográfica sin paralelo en el mundo occidental[181]. Al mismo tiempo, las conquistas militares machúes —que pusieron por vez primera en la historia a Mogolia, Sinkiang y el Tíbet bajo control de China— aumentaron significativamente el territorio potencial susceptible de colonización y cultivo. Los soldados y funcionarios de los Ch’ing extendieron hasta las profundidades de Asia central las fronteras continentales chinas.

En el siglo XIX, sin embargo, se produjo de nuevo un relativo estancamiento económico en la agricultura. La erosión del suelo arrasó la mayor parte de los cultivos de las colinas y provocó inundaciones en los sistemas de regadío; la usura y el sistema señorial superexplotador campaban por sus respetos en las regiones más fértiles, y la superpoblación campesina comenzaba a hacerse evidente en las aldeas[182]. En la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado del emperador Ch’ien Lung, la expansión militar manchú y el dispendio de la corte ya habían situado de nuevo la presión fiscal a unos niveles intolerables. En el año 1795 estalló en el noroeste la primera gran insurrección campesina, que fue liquidada con dificultad tras ocho años de lucha. Inmediatamente después, las manufacturas urbanas entraron también en un período de crisis galopante. Durante el siglo XVIII se había producido un renacimiento de la prosperidad comercial en las ciudades. Los textiles, la porcelana, la seda, el papel, el té y el azúcar habían experimentado una fuerte alza durante la paz Ch’ing. El comercio exterior aumentó considerablemente, impulsado por la nueva demanda europea de productos chinos, aunque a finales de siglo producía tan sólo alrededor de una sexta parte de los ingresos fiscales procedentes del comercio interior. Pero en el modelo de la industria china no se produjo ningún cambio cualitativo. Los grandes avances en la siderurgia de la época Sung no fueron seguidos por ningún proceso similar en la China moderna; no se produjo ningún desarrollo de la industria de bienes de producción. Las industrias de artículos de consumo, que desde la época Ming siempre habían sido las más boyantes, tampoco produjeron ningún avance tecnológico decisivo en la época Ch’ing y ni siquiera se había extendido en ellas de forma significativa la utilización de trabajo asalariado a principios del siglo XIX. La balanza global entre los sectores urbano y rural de la economía bajo el dominio manchú se revela en el enorme predominio en el sistema fiscal de las capitaciones y los impuestos sobre la tierra que, hasta finales del siglo XVIII, ascendieron al 70 y 80 por 100 de los ingresos totales del Estado Ch’ing[183]. Por otra parte, y desde mediados del siglo XIX, la expansión imperialista europea comenzó a atacar por vez primera al comercio y las manufacturas tradicionales de China y a dislocar todo el aparato defensivo del Estado Ch’ing. La primera forma de presión occidental fue esencialmente comercial: el ilícito tráfico de opio realizado por las compañías inglesas en la China del Sur desde la segunda década del siglo XIX ocasionó al gobierno manchú un déficit en el comercio exterior al aumentar las importaciones de narcóticos. La creciente crisis de la balanza de pagos se agravó con la caída de la plata en el mercado mundial, que condujo a una depreciación de la moneda china y a una galopante inflación interior. El intento de los Ch’ing de detener el comercio del opio fue liquidado por la fuerza de las armas en la guerra anglo-china de 1841-2.

Estos reveses económicos y militares, acompañados por una inquietante penetración ideológica del exterior, fueron seguidos por el gran terremoto social de la rebelión de los Taiping. Durante quince años, de 1850 hasta 1864, esta enorme insurrección campesina y plebeya —sin duda alguna la mayor rebelión popular que se produjo en todo el mundo durante el siglo XIX— sacudió los cimientos del imperio. Los soldados del «Reino Celeste», inspirados por los ideales igualitarios y puritanos de la doctrina Taiping, conquistaron la mayor parte de la China central. Mientras tanto, la China del Norte era sacudida por otros levantamientos rurales de los rebeldes Nien, y las minorías étnicas y religiosas oprimidas —sobre todo las comunidades musulmanas— explotaban en diferentes revueltas en Kweichow, Yunan, Shensi, Kansu y Sinkiang. Las feroces guerras de represión desencadenadas por el Estado Ch’ing contra estos sucesivos levantamientos de los pobres se prolongaron durante cerca de tres décadas. Hasta 1878 no acabaron las operaciones de los manchúes, con la «pacificación» definitiva de Asia central. Las pérdidas totales de estas luchas gigantescas ascendieron quizá a 20 o 30 millones de personas, y la destrucción agraria fue del mismo orden. La rebelión de los Taiping, junto con el resto de las insurrecciones, selló la irreversible decadencia del sistema político manchú. El Estado imperial intentó levantar sus finanzas por medio de nuevos impuestos comerciales, cuyo valor global se multiplicó por siete entre 1850 y 1910, lo que supuso una carga que debilitó todavía más a las industrias interiores, precisamente en el momento en que estaban siendo dañadas por una impresionante competencia extranjera[184]. Los textiles de algodón de Inglaterra y Norteamérica hundieron la producción autóctona; el té de la India y de Ceilán arruinó las plantaciones locales; las sedas japonesas e italianas se adueñaron de los tradicionales mercados de exportación. La presión militar imperialista se hizo cada vez más dura hasta culminar en la guerra chino-japonesa de 1894-5. Las humillaciones ante el extranjero provocaron una turbulencia interior (rebelión de los bóxer) que condujo a nuevas intervenciones extranjeras. El Estado Ch’ing, tambaleándose bajo estos múltiples golpes, fue demolido finalmente por la revolución republicana de 1911, en la que una vez más se mezclaron diversos elementos sociales y nacionales.

La agonía final y la muerte del gobierno imperial en China imprimieron en los observadores europeos del siglo XIX la idea de que se trataba de una sociedad esencialmente estancada, que se desmoronaba ante la irrupción del Occidente dinámico. Pero en una perspectiva más amplia, el espectáculo del derrumbamiento del Estado Ch’ing era engañoso. En efecto, todo el curso de la historia imperial china, desde la época Tang hasta la Ch’ing, revela en determinados aspectos básicos un desarrollo profundamente acumulativo. El enorme aumento de la población del país, que pasó de unos 65 millones en 1400 a 430 en 1850 —un avance demográfico que dejó muy atrás al de Europa en el mismo período—, testifica por sí solo el volumen de la expansión de las fuerzas de producción en China tras la época Yuhan. Si se consideran en una perspectiva secular, los avances agrícolas experimentados a comienzos de la China moderna fueron notables. El enorme crecimiento demográfico, que multiplicó por seis el número de habitantes en el transcurso de cinco siglos, parece haber sido constantemente igualado por el aumento en la producción de cereales hasta el mismo fin del propio orden imperial; de hecho, la renta per capita fue relativamente estable desde 1400 hasta 1900[185]. El gran aumentó experimentado por la producción total de grano durante este medio milenio se ha atribuido en partes aproximadamente iguales a la expansión cuantitativa de la tierra cultivada y a la mejora cualitativa de las cosechas, cada una de las cuales parece haber contribuido a la mitad aproximada del crecimiento total de la producción[186]. Dentro de la parte que en este progreso corresponde a las cosechas, la mitad de las mejoras registradas se debe probablemente al uso de mejores semillas y a la introducción de nuevas plantas y de la doble cosecha, mientras que la otra mitad se podría deber a la mayor utilización del control del agua y de los fertilizan tes[187]. Al final de esta larga evolución, y a pesar de los últimos y desastrosos años del gobierno Ch’ing, los niveles de productividad en el cultivo arrocero de China se situaban muy por encima de los de otros países asiáticos, tales como la India o Tailandia. Con todo, este modelo de desarrollo agrario estuvo desprovisto casi por completo de mejoras tecnológicas importantes después de la época Sung[188]. El aumento en la producción de grano se debió invariablemente a un cultivo más extensivo de la tierra, a una aplicación más intensiva del trabajo, a la plantación de semillas más variadas y al uso más extendido del riego y los fertilizantes. Por lo demás, la tecnología rural permaneció estacionaria.

También es posible que las relaciones de propiedad hayan cambiado relativamente poco tras la época Sung, aunque en este campo la investigación todavía es fragmentaria e insegura. Se ha calculado recientemente que, desde el siglo XI al XIX, el índice global de tenencia en arrendamientos por los campesinos sin tierra puede situarse, de forma prácticamente constante, en torno al 30 por 100[189]. El Estado Ch’ing dejó tras de sí una configuración rural que era, en realidad, un expresivo resumen de las tendencias seculares de la historia agrícola de China. En las décadas de 1920 y 1930, probablemente el 50 por 100 de los campesinos chinos eran propietarios de las tierras que ocupaban, el 30 por 100 eran arrendatarios y otro 20 por 100 eran simultáneamente propietarios y arrendatarios[190]. La usura estaba tan extendida que un propietario nominal era «frecuentemente poco más que el arrendatario de un prestamista»[191]. Las tres cuartas partes de la tierra cultivada por arrendatarios estaban arrendadas, durante la época Ch’ing, por rentas fijas en especie o dinero, lo que permitía formalmente las mejoras en la productividad para beneficio del productor directo. Una cuarta parte de la tierra, situada en su mayoría en las regiones más pobres del norte, donde el arrendamiento era menos importante, se regía por acuerdos de aparcería[192]. A finales de la época Ch’ing se comercializaba, a lo sumo, un 30 o 40 por 100 del producto agrícola[193]. Las fincas de los terratenientes, concentradas en la región del Yangtsé, el sur y Manchuria, cubrían la mayor parte de la tierra más productiva. El 10 por 100 de la población rural poseía el 53 por 100 de la tierra cultivada, y la extensión de la propiedad media de los terratenientes era 128 veces mayor que la de la parcela media del campesino[194]. Las tres cuartas partes de los terratenientes eran propietarios absentistas. Las ciudades formaban los núcleos de los distintos círculos concéntricos de la propiedad y la producción agraria: la tierra suburbana estaba monopolizada por los comerciantes, los funcionarios y los terratenientes y se destinaba a los cultivos industriales y a la horticultura; más allá se situaban los campos de arroz y trigo, destinados al comercio y dominados por los terratenientes; por último, en las regiones más altas o más inaccesibles estaban las míseras parcelas de los campesinos. Las ciudades provinciales se habían multiplicado durante la época Ch’ing, pero la sociedad china estaba proporcionalmente más urbanizada en la época Sung, más de quinientos años antes[195].

Porque, en efecto, las fuerzas de producción parecen haber tomado en la China imperial una curiosa forma espiral tras las grandes revoluciones socioeconómicas de la era Sung en los siglos X-XIII. Sus movimientos se repitieron en planos cada vez más altos, sin desviarse nunca de la línea central, hasta que finalmente esta recurrencia dinámica se vio quebrada y aplastada por fuerzas exteriores a su formación social y tradicional. La paradoja de este movimiento peculiar de la historia china de la época moderna es que la mayoría de las condiciones previas puramente técnicas para la industrialización capitalista se habían alcanzado mucho antes en China que en Europa. A finales de la Edad Media, China llevaba una amplia y decisiva ventaja tecnológica sobre Occidente, y se había anticipado en varios siglos a prácticamente todos los inventos clave de la producción material cuya combinación habría de liberar el dinamismo económico de la Europa renacentista. Todo el desarrollo de la civilización imperial china puede considerarse en cierto sentido, efectivamente, como la más grandiosa demostración y la más profunda experiencia del poder y de la impotencia de la técnica en la historia[196]. Los avances enormes y sin precedentes de la economía Sung —especialmente en la metalurgia— se malograron en las épocas posteriores: la transformación radical de la industria y de la sociedad que prometían nunca tuvo lugar. En este sentido, todo parece indicar que la época Ming es la clave del enigma chino, que futuros historiadores habrán de resolver, porque fue en este momento cuando, a pesar de los impresionantes avances iniciales por mar y tierra, los mecanismos del crecimiento científico y tecnológico de las ciudades parecen detenerse o dar marcha atrás[197]. A partir de comienzos del siglo XVI, precisamente cuando el Renacimiento de las ciudades italianas se extiende hasta abarcar a toda la Europa occidental, las ciudades chinas dejaron de suministrar al imperio impulsos o innovaciones fundamentales. De forma significativa quizá, la última gran creación urbana fue la construcción de la nueva capital de Pekín por los Yuan. La dinastía Ming trató inútilmente de restablecer el centro político del país en la vieja ciudad de Nanking, pero no añadió ninguna nueva creación propia. Económicamente, además, las sucesivas etapas de la formidable expansión agraria tuvieron lugar sin ningún equivalente industrial comparable y sin recibir ningún impulso tecnológico de la economía urbana, hasta que finalmente el propio crecimiento urbano tropezó con los límites insuperables de la superpoblación y de la escasez de tierra. Parece claro, pues, que dentro de sus propios límites, la agricultura china tradicional alcanzó su punto culminante de posibilidades en la primera época Ch’ing, cuando sus niveles de productividad eran muy superiores a los de la agricultura europea contemporánea, y que a partir de entonces sólo habría podido mejorar con la introducción de productos específicamente industriales, como los fertilizantes químicos o la tracción mecánica[198]. La incapacidad del sector urbano para generar estos productos fue decisiva para el bloqueo de toda la economía china. La presencia de un vasto mercado interior, que penetraba profundamente en el campo, y de importantes acumulaciones de capital mercantil parecían crear las condiciones propicias para la aparición de un verdadero sistema fabril que combinase el equipo mecanizado con el trabajo asalariado. Pero en realidad nunca se dio el salto a una producción en masa de bienes de consumo por medio de máquinas ni a la transformación de los artesanos urbanos en un proletariado industrial. El crecimiento agrícola alcanzó su plenitud mientras se descuidaba el potencial industrial.

Esta profunda desproporción puede obedecer, sin duda, a la estructura de la sociedad y el Estado chinos, porque, como ya hemos visto, los modos de producción de toda formación social precapitalista son especificados siempre por el aparato político-jurídico de dominación de clase que impone su peculiar coerción extraeconómica. La propiedad privada de la tierra —medio básico de producción— se desarrolló mucho más en la civilización china que en la islámica, y sus distintas trayectorias se vieron ciertamente marcadas por esa diferencia fundamental. A pesar de ello, los conceptos chinos de propiedad se quedaron todavía muy por detrás de los europeos. La propiedad conjunta de la familia estaba muy extendida entre los terratenientes y, además, los derechos de prioridad y de reventa limitaban las ventas de tierra[199]. El capital urbano mercantil se vio afectado por la falta de toda clase de normas de primogenitura y por la monopolización estatal de algunos sectores clave de la producción interior y de las exportaciones al extranjero[200]. El arcaísmo de los vínculos de clan —de los que carecían los grandes estados islámicos— reflejaba la falta de un verdadero sistema de derecho civil. La costumbre o el parentesco sobrevivieron como poderosos conservadores de la tradición ante la falta de un derecho codificado. Las prescripciones legales del Estado tenían un carácter esencialmente punitivo, se referían únicamente a la supresión del delito y no proporcionaban ningún marco jurídico positivo para la dirección de la vida económica[201]. De modo similar, la cultura china no fue capaz de desarrollar el concepto teórico de leyes de la naturaleza más allá del ingenio práctico de sus invenciones técnicas o de los refinamientos de su astronomía oficialmente patrocinada. Sus ciencias tendían a ser clasificatorias antes que causales y aceptaban las irregularidades —que a menudo detectaban de forma más penetrante que las contemporáneas ciencias de Occidente— dentro de una cosmología elástica, sin in tentar enfrentarse a ellas y explicarlas. De ahí su peculiar carencia de paradigmas determinados, cuya falsación pudiera conducir a revoluciones teóricas dentro de ellas[202]. Por otra parte, la rígida división social entre letrados y artesanos impidió el decisivo encuentro entre la teoría matemática y la experimentación que produjo en Europa el nacimiento de la física moderna. Por consiguiente, la ciencia china siempre tuvo un carácter vinciano más que galileano, en frase de Needham[203], nunca cruzó la línea divisoria que lleva al «universo de la precisión».

A largo plazo, la ausencia de leyes jurídicas y naturales en el conjunto de tradiciones superestructurales del sistema imperial no podía dejar de inhibir sutilmente a las manufacturas urbanas, situadas en unas ciudades que nunca consiguieron la autonomía cívica. Los mercaderes del Yangtsé acumularon con frecuencia grandes fortunas comerciales, y los banqueros de Shensi extendieron sus ramas por todo el país en la época Ch’ing. Pero el capital mercantil o financiero de China no afectó para nada al específico proceso de producción. Con pocas excepciones, el estadio intermedio de un sistema de trabajo a domicilio no se desarrolló en la economía de las ciudades. Los comerciantes mayoristas trataban con contratistas, los cuales compraban directamente a los productores artesanos y vendían los productos sin ninguna intervención directiva en el proceso de su manufactura. La barrera entre producción y distribución se institucionalizaba a menudo por la concesión oficial de monopolios funcionales[204]. Así pues, la inversión de capital comercial en la mejora de la tecnología manufacturera era mínima: ambos estaban funcionalmente separados. Los mercaderes y banqueros, que nunca gozaron de la estima que los comerciantes tenían en el mundo árabe, intentaban por lo general realizar sus fortunas por medio de la compra de tierra y, posteriormente, de grados en el sistema de exámenes. Carecían de identidad política corporativa, pero no de movilidad social personal[205]. A la inversa, los terratenientes iban a descubrir más tarde las oportunidades lucrativas ofrecidas por la actividad mercantil. El resultado de todo esto fue la imposibilidad de una cristalización, organización o solidaridad colectiva de la clase comercial urbana, incluso cuando el sector privado de la economía aumentó cuantitativamente en los momentos finales de la época Ch’ing. Las asociaciones mercantiles eran por lo general del tipo regionalista de las Landsmannschaft[206], cuya función política era más de división que de unificación. Como era presumible, el papel de la clase mercantil china en la revolución republicana que finamente derrocó al imperio a principios del siglo XX fue prudente y ambigua[207]

La maquinaria del Estado imperial, que limitaba de esa forma a las ciudades, dejó también su impronta en los terratenientes. La clase poseedora de China siempre contó con una doble base económica: sus fincas y sus cargos. El volumen total de la burocracia imperial siempre fue muy pequeño en comparación con la población del país: entre 10.000 y 15.000 funcionarios en la era Ming y menos de 25.000 en la época Ch’ing[208]. Su eficacia dependía de los vínculos informales que se establecían entre los funcionarios enviados a las provincias y los terratenientes locales que colaboraban con ellos en la realización de las funciones públicas (transporte, regadío, educación, religión, etc.) y el mantenimiento del orden público (unidades de defensa, etc.), por lo que recibían lucrativos ingresos en concepto de «servicios»[209]. Las extensas familias de los terratenientes incluían tradicionalmente a algunos miembros que habían aprobado los exámenes para obtener el rango chin-shih y el acceso formal al aparato burocrático del Estado, y otros miembros en las ciudades provinciales o en los distritos rurales que carecían de esos títulos. Los poseedores de grados ocupaban por lo general las posiciones administrativas locales o centrales, mientras que sus parientes se encargaban de las tierras. Pero el estrato más rico y poderoso de la clase terrateniente siempre estuvo compuesto por aquellos que tenían cargos o vínculos con el Estado, cuyos emolumentos públicos (procedentes de los salarios, la corrupción y los servicios) superaban normalmente en la época Ch’ing sus ingresos privados agrícolas quizá hasta en un 50 por 100[210]. Así, mientras que el conjunto de la clase terrateniente china debía su poder social y político a su control sobre los medios básicos de producción, llevado a cabo por su cualificada propiedad privada de la tierra, su cambiante élite —quizá poco menos del 1 por 100 de la población en el siglo XIX— estaba determinada por el sistema de grados que le daba acceso oficial a la mayor riqueza y a la más alta autoridad del sistema administrativo[211]. La inversión agraria era desviada, pues, por el absorbente papel del Estado imperial en el seno de la clase dominante. Los repentinos y grandes avances en la productividad de la agricultura china procedieron normalmente de abajo, en las fases de menor presión fiscal y política del Estado sobre el campesinado que se producían al comienzo de un ciclo dinástico. Los consiguientes aumentos demográficos provocaban entonces normalmente un nuevo malestar social en el campo, que se hacía progresivamente más peligroso para los terratenientes a medida que la población crecía, hasta llegar al episodio final del «Reino Celeste» de los Taiping. Al mismo tiempo, el autoritarismo político del Estado imperial tendió a intensificarse después de la época Sung[212]. El confucianismo se fue haciendo cada vez más represivo y el poder del emperador más amplio hasta la misma víspera de la caída de la dinastía Ch’ing.

Las civilizaciones china e islámica —que en sus diferentes marcos naturales[213] se extendían a principios de la época moderna por la mayor parte del continente asiático— comprenden, pues, dos morfologías claramente divergentes de Estado y sociedad. Las diferencias entre ambas podrían referirse prácticamente a todos sus elementos. Las guardias militares de esclavos que constituyeron con tan ta frecuencia la cima de los sistemas políticos islámicos son la antítesis de los terratenientes letrados de carácter civil que dominaron el Estado imperial chino; el poder adopta, respectivamente, una forma pretoriana o la de un mandarinato. La religión saturaba todo el universo ideológico de los sistemas sociales musulmanes, mientras el parentesco se relegaba o eclipsaba; en China, la moralidad y la filosofía secular regían la cultura oficial, a la vez que permanecía incrustada en la vida civil la organización de clanes. El prestigio social de los mercaderes en los imperios árabes nunca fue igualado por los honores concedidos a los comerciantes en el Reino Celestial, y la amplitud de su comercio marítimo superó con mucho en el momento de su esplendor a lo conseguido por sus homólogos chinos. Las ciudades desde las que operaban los mercaderes eran igualmente diferentes. Las ciudades clásicas de China formaban redes burocráticas y segmentadas, mientras que las ciudades islámicas eran laberintos confusos y aleatorios. El apogeo de la agricultura intensiva, con la utilización de las obras hidráulicas más desarrolladas del mundo, se combinaba en China con la propiedad privada de la tierra, mientras que el mundo islámico mostraba por lo general un monopolio jurídico de la tierra por parte del soberano y un cultivo irregular o extensivo, sin la introducción de sistemas de regadío de alguna importancia. Ninguna de estas grandes zonas tuvo comunidades igualitarias de aldea; pero en todo caso la productividad rural generalmente estancada del Oriente Medio y del norte de África contrasta claramente con los enormes progresos agrícolas registrados en China. Naturalmente, las diferencias de clima y de suelo no fueron ajenas a estos diferentes rendimientos. La población de ambas regiones corresponde naturalmente a la dinámica de las fuerzas de producción en la rama principal de toda economía precapitalista: estabilidad en el Islam, multiplicación en China. La tecnología y la ciencia siguieron también direcciones opuestas: la civilización imperial china generó muchas más innovaciones técnicas que la Europa medieval, mientras que, inversamente, la historia islámica fue aparentemente infértil en comparación con ella[214]. Por último, aunque no sea lo menos importante, el mundo islámico era contiguo a Occidente y estuvo sometido desde muy pronto a su expansión y, finalmente, a su cerco; mientras que el reino chino permaneció aislado, fuera del alcance de Europa y quizá transmitiendo durante mucho tiempo a Occidente más de lo que recibía de él, mientras que la civilización «intermedia» del Islam se enfrentaba, en el otro extremo de Eurasia, al ascenso del feudalismo occidental y de su invencible heredero.

Estas diferencias elementales no constituyen, por supuesto, ni siquiera los comienzos de una comparación de los verdaderos modos de producción, cuya compleja combinación y sucesión define a las verdaderas formaciones sociales de estas grandes regiones situadas fuera de Europa. Esas diferencias son el mero resumen de algunos de los mayores índices de divergencia entre las civilizaciones china e islámica (objetos terminológicos provisionales necesitados de diferenciación y retraducción para cualquier análisis científico) que imposibilitan todo intento de asimilarlas a simples ejemplos de un común modo de producción «asiático». Demos a este último concepto el honroso entierro que merece. Está perfectamente clara la necesidad de una investigación histórica mucho más amplia y profunda antes de que puedan deducirse verdaderas conclusiones científicas de las diversas vías de desarrollo no europeas en los siglos correspondientes a la época medieval y a los comienzos de la moderna en Occidente. En comparación con la profundidad e intensidad del estudio académico al que se ha visto sometida la historia de Europa, en la mayoría de los casos sólo se ha arañado hasta ahora la superficie de vastas zonas y períodos[215]. Pero una lección de procedimiento está absolutamente clara: la evolución de Asia no puede reducirse en modo alguno a una categoría residual uniforme, construida con los sobrantes del establecimiento de los cánones de la evolución europea. Toda exploración teórica seria del campo histórico situado fuera de la Europa feudal debe terminar con las comparaciones tradicionales y genéricas y proceder a la construcción de una tipología concreta y exacta de las formaciones sociales y los sistemas estatales, respetando sus enormes diferencias de estructura y desarrollo. Unicamente en la noche de nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas.

Notas

[1] Passages from Antiquity to feudalism, Londres, 1974, pp. 7-9. [Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Madrid, Siglo XXI, 1979, pp. 1-3]. <<

[1] Véase su análisis en Passages from Antiquity to feudalism, Londres, 1974, que precede a este estudio. [Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Madrid, Siglo XXI, 1979]. <<

[2] The origin of the family, private property and the State, en K. Marx y F. Engels, Selected Works, Londres, 1968, p. 588 [El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en K. Marx y F. Engels, Obras escogidas, Madrid, Akal, 1975, II, p. 339); K. Marx y F. Engels, Werke, volumen 21, p. 167. <<

[3] Zur Wohnungsfrage, en Werke, vol. 18, p. 258. [Contribución al problema de la vivienda, en Obras escogidas, I, p. 636]. <<

[4] K. Marx y F. Engels, Selected Works, p. 37 [Obras escogidas, I, p. 24]; Werke, vol. 4, p. 464. <<

[5] Uber den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie, en Werke, vol. 21, p. 398. En la frase aquí citada, la dominación «política» es expresamente staatliche. <<

[6] La primera formulación procede de The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, en Selected Works, p. 171 [El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, en Obras escogidas, I, p. 340]; la segunda es de The civil war in France, en Selected Works, p. 289 [La guerra civil en Francia, en Obras escogidas, vol. 1, p. 539], <<

[7] El capital, Madrid, Siglo XXI, 1975-1979, libro III, vol. 8, pp. 110, 113, 114. La exposición que hace Dobb de este problema fundamental, en su réplica a Sweezy, en el famoso debate de los años cincuenta sobre la transición del feudalismo al capitalismo, es lúcida e incisiva: Science and Society, XIV, 2, primavera de 1950, pp. 157-67, especialmente 163-4 [el conjunto del debate, con algunas aportaciones más actuales, se recoge en Rodney Aitton, comp., The transition from feudalism to capitalism, Londres, NLB, 1976; trad. cast.: La transición del feudalismo al capitalismo, Barcelona, Crítica, 1977]. La importancia teórica del problema es evidente. En el caso de un país como Suecia, por ejemplo, los habituales estudios históricos todavía afirman que «no hubo feudalismo», a causa de la ausencia de una servidumbre propiamente dicha. Por supuesto, las relaciones feudales predominaron en el campo sueco, de hecho, durante toda la última era medieval. <<

[8] Christopher Hill, «Coment», Science and Society, XVII, 4, otoño de 1953, p. 351 [La transición del feudalismo al capitalismo, cit.]. Los términos de esta afirmación deben tratarse con mucho cuidado. El carácter general y caracterizador de una época del absolutismo hace inadecuada cualquier comparación formal entre él y los regímenes locales y excepcionales del fascismo. <<

[9] Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, París, 1969, página 117 [Montesquieu, la política y la historia, Madrid, Ciencia Nueva, 1968, p. 97]. Aquí se selecciona esta formulación por ser reciente y representativa. La creencia en el carácter capitalista o cuasi capitalista del absolutismo puede encontrarse todavía, sin embargo, de forma ocasional. Poulantzas comete la imprudencia de clasificarlo así en su, por otra parte, importante obra Pouvoir politique et classes sociales, París, 1968, páginas 169-80 [Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Madrid, Siglo XXI, 1972, pp. 202-211], aunque sus términos son vagos y ambiguos. El reciente debate sobre el absolutismo ruso en las revistas históricas soviéticas revela algunos ejemplos aislados similares, aunque cronológicamente más matizados; véase, por ejemplo, A. Ya. Avrej, «Russkii absoliutizmi evo rol’ v utverzhdenie kapitalizma v Rossii», Istoriya SSSR, febrero de 1968, pp. 83-104, que considera al absolutismo como «el prototipo del Estado burgués» (p. 92). Los puntos de vista de Avrej fueron criticados con dureza en el debate posterior, y no expresan la tendencia general de la discusión. <<

[10] El famoso debate entre Sweezy y Dobb, con las contribuciones de Takahashi, Hilton y Hill, en Science and Society, 1950-53 [La transición del feudalismo al capitalismo, cit.], es hasta ahora el único tratamiento marxista sistemático de los problemas fundamentales de la transición del feudalismo al capitalismo. En un importante aspecto, sin embargo, este debate gira en torno a un problema falso. Sweezy argumentó (siguiendo a Pirenne) que el «primer motor» de la transición fue un agente «externo» de disolución, esto es, los enclaves urbanos que destruyeron la economía agraria feudal por la expansión del intercambio mercantil en las ciudades. Dobb replicó que el impulso hacia la transición debe situarse dentro de las contradicciones de la propia economía agraria, generadoras de una diferenciación social del campesinado y de la expansión del pequeño productor. En un ensayo posterior sobre el mismo tema, Vilar formuló explícitamente el problema de la transición como un problema de determinación de la correcta combinación de cambios agrarios «endógenos» y comerciales-urbanos «exógenos», a la vez que insistía por su parte en la importancia de la economía mercantil atlántica del siglo XVI: «Problems in the formation of capitalism», Past and Present, 10, noviembre de 1956, páginas 33-34. [«El problema de la formación del capitalismo», en Crecimiento y desarrollo, Barcelona, Ariel, 1974]. En un importante y reciente estudio, «Town and country in the transition to capitalism» [New Left Review, 93, septiembre-octubre de 1975; incluido también en La transición del feudalismo al capitalismo, cit.], John Merrington ha resuelto esta antinomia demostrando la verdad básica de que el feudalismo europeo —lejos de constituir una economía exclusivamente agraria— es el primer modo de producción de la historia que concede un lugar estructural autónomo a la producción y al comercio urbanos. En este sentido, el crecimiento de las ciudades en el feudalismo de Europa occidental es una evolución tan «interna» como la disolución del señorío. <<

[11] Sobre cañones y galeones, véase Carlo Cipolla, Guns and sails in the early phase of European expansion, 1400-1700, Londres, 1965 [Cañones y velas en la primera fase de la expansión europea, 1400-1700, Barcelona Ariel, 1967], Sobre la imprenta, las reflexiones recientes más audaces aunque dañadas por la monomanía habitual en los historiadores de la tecnología, son las de Elizabeth L. Eisenstein, «Some conjectures about the impact of printing of Western society and thought: a preliminary report», Journal of Modern History, marzo-diciembre de 1968, pp. 1-56, y «The advent of printing and the problem of the Renaissance», Past and Present, 45, noviembre de 1969, pp. 19-89. Los descubrimientos técnicos más importantes de esta época pueden considerarse, en cierto sentido, como variaciones dentro de un mismo campo, el de las comunicaciones. Afectan, respectivamente, al dinero, el lenguaje, los viajes y la guerra que serán, en una época posterior, los grandes temas filosóficos de la Ilustración. <<

[12] Anti-Dühring, Moscú, 1947, p. 126 [Anti-Dühring, en Marx y Engels, Obras, vol. 35, Barcelona, Crítica, 1977, p. 108]; véanse también las páginas 186-7 [p. 169], donde se mezclan formulaciones correctas e incorrectas. Hill cita estas páginas en su «Comentario» para exculpar a Engels de los errores del concepto de «equilibrio». En general, es posible encontrar textos de Marx y Engels en los que se define el absolutismo de forma más adecuada que en los textos citados anteriormente. (Por ejemplo, en el mismo Manifiesto comunista hay una referencia directa al «absolutismo feudal»: Selected Works, p. 56 [Obras escogidas, I, p. 33]; véase también el artículo de Marx «Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral», de 1847, en Werke, vol. 4, pp. 347, 352-3). Difícilmente podría ser de otra forma, dado que la consecuencia lógica de bautizar a los estados absolutistas como burgueses o semiburgueses sería negar la naturaleza y la realidad de las propias revoluciones burguesas en Europa occidental. Pero no hay duda de que, en medio de una confusión recurrente, el sentido principal de sus comentarios iba en la línea del concepto del «contrapeso», con el deslizamiento concomitante hacia el de la «piedra angular». No hay ninguna necesidad de ocultar este hecho. El inmenso respeto político e intelectual que debemos a Marx y a Engels es incompatible con ninguna piedad hacia ellos. Sus errores —a menudo más reveladores que las verdades de otros— no deben eludirse, sino que deben ser identificados y superados. Hay que hacer, además, otra advertencia. Durante largo tiempo ha estado de moda despreciar la contribución relativa de Engels a la creación del materialismo histórico. Para aquellos que todavía se inclinan a aceptar esta noción recibida, es necesario decir tranquila y escandalosamente: los juicios históricos de Engels son casi siempre superiores a los de Marx; poseía un conocimiento más profundo de la historia europea y una percepción más precisa de sus sucesivas y más notables estructuras. En toda la obra de Engels no hay nada que pueda compararse con las ilusiones y prejuicios de los que en ocasiones fue capaz Marx en el campo de la historia, como en la fantasmagórica Secret diplomatic history of the eighteenth century [La diplomacia secreta Madrid, Taller de Sociología, 1979], (No es necesario insistir en la supremacía de la contribución global de Marx a la teoría general del materialismo histórico). La estatura de Engels en sus escritos históricos es, precisamente, lo que hace oportuno llamar la atención sobre sus errores específicos. <<

[13] Véase H. D. Hazeltine, «Roman and canon law in the Middle Ages», The Cambridge Medioeval History, V, Cambridge, 1968, pp. 737-41. El clasicismo renacentista habría de ser muy crítico, consecuentemente con la obra de los comentaristas. <<

[14] «Pero debido a la aplicación de ese derecho a hechos jurídicos enteramente diversos, desconocidos por la Antigüedad, se planteó la tarea de “construir el hecho jurídicamente, sin contradicción ninguna”, y esa preocupación pasó casi de modo absoluto al primer plano y, con ella, apareció la concepción del derecho ahora dominante, como un complejo compacto de “normas”, lógicamente exento de contradicción y de lagunas, que debe ser “aplicado”; y esa concepción resultó ser la única decisiva para el pensamiento jurídico». Weber, Economy and society, II, p. 855 [Economía y sociedad, México, FCE, 1974, I, p. 635]. <<

[15] Sobre esta discusión, véase J.-P. Lévy, Histoire de la proprieté, París, 1972, pp. 44-6. Otra consecuencia irónica de los esfuerzos por encontrar una nueva claridad jurídica, inspirada por las investigaciones medievales en los códigos romanos, fue, naturalmente, la aparición de la definición de los siervos como glebae adscripti. <<

[16] Sobre la recepción del concepto de seisin, véase P. Vinogradoff, Roman law in mediaeval Europe, Londres, 1909, pp. 74-7, 86, 95-6; Lévy, Histoire de la propriété, pp. 50-2. <<

[17] La relación del anterior derecho medieval con el romano en las ciudades todavía necesita considerable investigación. El relativo avance de las normas legales que rigen las operaciones en commenda y el comercio marítimo en la Edad Media, no es sorprendente: el mundo ro mano, como ya hemos visto, carecía de compañías empresariales y abarcaba a un Mediterráneo unificado. Por tanto, no había ninguna razón para desarrollar ni las unas ni las otras. Por otra parte, el temprano estudio del derecho romano en las ciudades italianas sugiere que lo que en tiempos del Renacimiento aparecía como práctica contractual «medieval» podría haberse inspirado originariamente en preceptos legales derivados de la Antigüedad. Vinogradoff no tiene ninguna duda de que el derecho contractual romano ejerció una influencia directa en los códigos de negocios de los burgueses urbanos durante la Edad Media: Roman law in medioeval Europe, pp. 79-80, 131. En la Edad Media, la propiedad inmueble urbana, con su «posesión libre», siempre estuvo más cerca de las normas romanas que la propiedad rural, como es obvio. <<

[18] Wolfgang Kunkell, «The reception of roman law in Germany: an interpretation», y Georg Dahm, «On the reception of Roman and Italian law in Germany», en G. Strauss, comp., Pre-Reformation Germany, Londres, 1972, pp. 271, 274-6, 278, 284-92. <<

[19] Un ideal, pero en modo alguno el único: como veremos, la compleja práctica del absolutismo estuvo muy lejos de corresponder a la máxima de Ulpiano. <<

[20] El derecho romano nunca fue adoptado en Inglaterra, a causa, especialmente, de la temprana centralización del Estado anglonormando, cuya unidad administrativa hizo a la monarquía inglesa relativamente indiferente a las ventajas del derecho civil durante su difusión medieval; véanse los pertinentes comentarios de N. Cantor, Mediaeval history, Londres, 1963, pp. 345-9. A comienzos de la época moderna, las dinastías Tudor y Estuardo introdujeron nuevas instituciones jurídicas de derecho civil (Cámara estrellada, Almirantazgo, Cancillería), pero en último termino fueron incapaces de prevalecer sobre el derecho consuetudinario: tras los fuertes conflictos entre ambos a principios del siglo XVII, la revolución inglesa de 1640 selló la victoria del último. Para algunas reflexiones sobre este proceso, véase W. Holdsworth, A history of English law, IV, Londres, 1924, pp. 284-5. <<

[21] Estos son los dos términos utilizados por Weber para señalar los respectivos intereses de las dos fuerzas interesadas en la romanización «Por regla general, los funcionarios aspiran a la “claridad”; las capas burguesas a la “seguridad” de la aplicación del derecho». Véase su excelente argumentación en Economy and society, II, pp. 847-8 [Economía y sociedad, I, pp 629-30]. <<

[22] Michael Roberts. «The military revolution, 1560-1660», en Essays in Swedish history, Londres, 1967, pp. 195-225, que es un libro fundamental Gustavus Adolphus: a history of Sweden, 1611-1632, vol. II. Londres. 1958, páginas 169-89. Roberts quizá sobrevalora el crecimiento cuantitativo de los ejércitos en esta época. <<

[23] El ensayo de Victor Kiernan, «Foreing mercenaries and absolute monarchy», Past and present, 11, abril de 1957, pp. 66-86, reimpreso en T. Aston (comp.), Crisis in Europe, 1560-1660, Londres, 1965, pp. 117-40, es un estudio incomparable del fenómeno mercenario, al que poco se ha añadido después. <<

[24] Jean Bodin, Les six livres de la République, París, 1578, p. 669. <<

[25] Walter Dorn, Competition for empire, Nueva York, 1940, p. 83. <<

[26] Niccolò Machiavelli, Il Principe e Discorsi, Milán, 1960, p. 62 [El Príncipe, Barcelona, Bruguera, 1978. p. 140]. <<

[27] J. Vicens Vives, «Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII», XIe Congrès International des Sciences Historiques. Rapports, IV, Gotemburgo, 1960; ahora reimpreso en Vicens Vives, Coyuntura económica y reformismo burgués, Barcelona, Ariel, 1968, p. 116. <<

[28] R. Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger, Jena, 1922, I, p. 13. <<

[29] G. N. Clark, The seventeenth century, Londres, 1947, p. 98. Ehrenberg, con una definición ligeramente distinta, ofrece una estimación algo más baja, veintiún años. <<

[30] El mejor estudio de conjunto de este fenómeno internacional es el de K. W. Swart, Sale of offices in the seventeenth century, La Haya, 1949; el estudio nacional más amplio es el de Roland Mousnier, La venalité des offices sous Henri IV at Louis XIII, Ruán, s. f. <<

[31] Federico Chabod, Scritti sul Rinascimento, Turín, 1967, p. 617. Los funcionarios milaneses rechazaron la demanda de su gobernador, pero sus homólogos de otros lugares quizá no fueran tan decididos. <<

[32] Duby, Rural economy and country life in the medioeval West, Londres, 1968, p. 333 [Economía rural y vida campesina en et Occidente medieval, Barcelona, Península, 1973]. <<

[33] B. F. Porshnev, Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648, París, 1965, pp. 395-6 [ed. cast. abreviada: Los levantamientos populares en Francia en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1978]. <<

[34] Hecksher afirma que el objeto del mercantilismo era aumentar el «poder del Estado» antes que «la riqueza de las naciones», y que eso significaba una subordinación, según las palabras de Bacon, de las «consideraciones de abundancia» a las «consideraciones de poder» (Bacon alabó a Enrique VII por haber limitado las importaciones de vino en barcos ingleses basándose en esto). Viner, en una eficaz respuesta, no tiene ninguna dificultad en mostrar que la mayoría de los escritores mercantilistas dan a ambos igual importancia y los consideran compatibles. «Power versus plenty as objectives of foreign policy in the 17th and 18th centuries», World Politics, I, 1, 1948, reimpreso en D. Coleman, comp., Revisions in mercantilism, Londres, 1969, pp. 61-91. Al mismo tiempo. Viner subestima claramente la diferencia entre la teoría y la práctica del mercantilismo y las del laissez-faire que le siguió. En realidad, tanto Hecksher como Viner pierden de vista, por razones diferentes, el punto esencial, que es la indistinción de economía y política en la época de transición que produjo las teorías mercantilistas. La discusión en torno a si una de ellas tenía «primacía» sobre la otra es un anacronismo, porque en la práctica no existió tal separación rígida de ambas hasta la llegada del laissez-faire. <<

[35] E. Silberner, La guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle, París, 1939, pp. 7-122. <<

[36] Pierre Goubert, Louis XIV et vingt millions de français, París, 1966, página 95. <<

[37] B. F. Porshnev, «Les rapports politiques de l’Europe occidentale et de l’Europe onentale k l’époque de la guerre des Trente Ans», XIe Congrés International des Sciences Historiques, Upsala, 1960, p. 161: incursión extremadamente especulativa en la guerra de los Treinta Años, que es un buen ejemplo de la fuerza y la debilidad de Porshnev. Al contrario de lo que han dicho sus colegas occidentales, su fallo más importante no es un rígido «dogmatismo», sino un «ingenio» superfertil, no siempre limitado adecuadamente por la disciplina de las pruebas; claro está que ese mismo rasgo es el que le convierte, en otro aspecto, en un historiador original e imaginativo. Las sugerencias al final de su ensayo sobre el concepto de «un sistema internacional de estados» son interesantes. <<

[38] A Engels le gustaba citar el ejemplo de Borgoña: «Carlos el Calvo, por ejemplo, era súbdito feudal del emperador por una parte de sus tierras y del rev de Francia por otra; pero, por otra parte, el rey de Francia, su señor feudal, era al mismo tiempo súbdito de Carlos el Calvo, su propio vasallo, en algunas regiones». Véase su importante manuscrito, titulado póstumamente Uber den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie, en Werke, vol. 21, p. 396. <<

[39] Sobre todo este desarrollo de la nueva diplomacia en los albores de la Europa moderna, véase la gran obra de Garrett Mattingly, Renaissance diplomacy, Londres, 1955, passim. La frase de Barbaro se cita en la página 109. <<

[40] Las masas rurales y urbanas mostraron, por supuesto, formas espontáneas de xenofobia; pero esta tradicional reacción negativa hacia las comunidades ajenas es muy distinta de la identificación nacional positiva que comienza a aparecer en los medios literarios burgueses a principios de la época moderna. La fusión de ambas podía producir, en situaciones de crisis, estallidos patrióticos populares de un carácter incontrolado y sedicioso: los comuneros en España o la Liga en Francia. <<

[41] Citado por Gerald Graham, The politics of naval supremacy, Cambridge, 1965, p. 17. <<

[1] La monarquía sueca recibió en especie gran parte de sus ingresos tanto cargas como impuestos, hasta bien entrada la época moderna. <<

[2] Se necesita con urgencia un estudio completo de los Estados medievales en Europa. Hasta ahora la única obra con alguna información internacional parece ser la de Antonio Marongiu, Il Parlamento in Italia, nel Medio Evo e nell’Età Moderna: contributo alla storia delle instituzioni parlamentari dell’Europa Occidentale, Milán, 1962, traducida recientemente al inglés con el equívoco título de Mediaeval parliaments: a comparative study, Londres, 1968. De hecho, el libro de Marongiu —como indica su título original— se refiere principalmente a Italia, la única región de Europa en la que los Estados no existieron o carecieron de importancia. Sus cortas secciones sobre otros países (Francia, Inglaterra o España) apenas pueden considerarse como una introducción satisfactoria al tema, y además se ignoran los países del norte y el este de Europa. Por otra parte, el libro es un estudio jurídico, carente de toda investigación sociológica. <<

[3] Carl Stephenson, Medioeval institutions, Ithaca, 1954, pp. 99-100. <<

[4] Ab omnibus debet comprobari: lo que a todos afecta, por todos debe ser aprobado. <<

[5] Hintze trata de estos diversos modelos en «Typologie der Standischen Verfassungen des Abendlandes», Gesammelte Abhandlungen, vol. I, Leipzig, 1941, pp. 110-29, que es todavía la mejor obra sobre el fenómeno de los Estados feudales en Europa, aunque curiosamente no ofrece conclusiones definitivas en comparación con la mayor parte de los ensayos de Hintze, como si todas las implicaciones de sus hallazgos tuvieran que ser todavía elucidadas por el autor. <<

[6] El libro de Lawrence Stone, The crisis of Aristocracy 1558-1641, Oxford, 1965, es el estudio más profundo de un caso particular de metamorfosis de una nobleza europea en esta época [ed. cast. abreviada: La crisis de la aristocracia, 1588-1641, Madrid, Revista de Occidente, 1976], La crítica se ha centrado en su tesis de que la posición económica de la nobleza (peerage) inglesa se deterioró claramente en el siglo analizado. Sin embargo, éste es un tema esencialmente secundario, porque la «crisis» fue mucho más amplia que la de la simple cuestión de la cantidad de feudos poseídos por los señores: fue un constante esfuerzo de adaptación. La aportación de Stone al problema del poder militar aristocrático en este contexto es particularmente valiosa (pp. 199-270). La limitación del libro radica más bien en que sólo trata de la nobleza (peerage) inglesa, una élite muy pequeña dentro de la clase dominante terrateniente. Por otra parte, como veremos después, la aristocracia inglesa fue atípica respecto al conjunto de la Europa occidental. Son muy necesarios otros estudios sobre las noblezas continentales con una riqueza de material comparable a la de Stone. <<

[7] Un reciente tratamiento de este tema puede verse en J. H. Elliott, Europe divided, 1559-1598, Londres, 1968, pp. 73-7 [La Europa dividida 1559-1598, Madrid, Siglo XXI, 1976]. <<

[8] J. H. Hexter, «The education of the aristocracy in the Renaissance», en Reappraisals in history, Londres, 1961, pp. 45-70. <<

[9] Roland Mousnier y Fritz Hartung, «Quelques problèmes concernant la monarchie absolute», X Congresso Internazionaie di Scienze Storici, Relazioni, IV, Florencia, 1955, especialmente pp. 4-15, es la primera y más importante contribución al debate sobre este tema en los últimos años. Algunos escritores anteriores, entre ellos Engels, percibieron la misma verdad, aunque de forma menos sistemática: «La decadencia del feudalismo y el desarrollo de las ciudades constituyeron fuerzas descentralizadoras, que determinaron precisamente la necesidad de la monarquía absoluta como un poder capaz de unir a las nacionalidades. La monarquía tenía que ser absoluta, precisamente a causa de la presión centrífuga de todos esos elementos. Su absolutismo, sin embargo, no debe entenderse en un sentido vulgar. Estuvo en conflicto permanente con los Estados, con los señores feudales y ciudades rebeldes: en ningún sitio abolió por completo a los Estados». K. Marx y F. Engels, Werke, vol. 21, Página 402. La última frase es, por supuesto, una exageración. <<

[10] Jean Bodin, Les six livres de la République, París, 1578, pp. 103, 114. He traducido droit por «justice» en este caso, para resaltar la distinción a la que se ha aludido más arriba. <<

[11] Les six livres de la République, pp. 102, 114 <<

[12] Les six livres de la République, p. 103. <<

[13] El ensayo justamente famoso de Trevor Roper «The general crisis of the seventeenth century», Past and Present, 16 noviembre de 1959, páginas 31-64, reimpreso con modificaciones en Religión, The Reformation and social change, Londres, 1967, pp. 46-89, a pesar de todos sus méritos, limita excesivamente el alcance de estas rebeliones, al presentarlas esencialmente como protestas contra el gasto y el despilfarro de las cortes posrenacentistas. De hecho, como han señalado numerosos historiadores, la guerra era un capítulo muy superior a la corte en los presupuestos estatales del siglo XVII El personal palaciego de Luis XIV fue mucho más pródigo que el de Ana de Austria y no por eso fue más impopular. Aparte de esto, la diferencia fundamental entre la aristocracia y la monarquía no era realmente, en esta época, de tipo económico, aunque los impuestos de guerra pudieran dar origen a amplias rebeliones. Pero las divergencias eran políticas, y se referían a la posición total de la nobleza en un incipiente sistema político cuyas líneas maestras todavía permanecían ocultas para todos los actores envueltos en el drama. <<

[14] La rebelión napolitana, socialmente la más radical de todos estos movimientos, naturalmente fue la que menos tuvo de esto. Pero incluso en este caso, los primeros signos que anunciaron la tormenta de la explosión antiespañola fueron las conspiraciones aristocráticas de Sanza, Conversano y otros nobles, hostiles al fiscalismo del virrey y a las camarillas de especuladores que vivían de él y que ya estaban intrigando desde 1634 con Francia en contra de España. Los complots señoriales se estaban multiplicando en Nápoles a comienzos de 1647, cuando el tumulto popular encabezado por Masaniello estalló repentinamente y empujó de nuevo hacia posiciones leales al grueso de la aristocracia napolitana. Sobre todo este proceso, véase el excelente análisis de Rosario Villari, La rivolta antispagnuola a Napoli: le origini (1585-1647), Bari, 1967, páginas 201-16. <<

[15] No hay ningún estudio que abarque todo este fenómeno. Se trata de él marginalmente en, inter alia, S. J. Woolf, Studi sulla nobilitá piemontese nell’epoca dell’Assolutismo, Turín, 1963, que sitúa su expansión en el siglo anterior. También lo tocan la mayor parte de las contribuciones al libro de A. Goodwin, comp., The European nobility in the 18th century, Londres, 1953. <<

[16] El mayorazgo español era con mucho el más antiguo de estos dispositivos, ya que databa de doscientos años antes; pero su número y su alcance aumentaron rápidamente, llegando a incluir finalmente incluso bienes muebles. El strict settlement inglés era, de hecho, algo menos rígido que el modelo general del fideicommissum vigente en el continente, porque formalmente era operativo por una sola generación; pero en la práctica se suponía que los sucesivos herederos lo volverían a aceptar. <<

[17] Todo el problema de la movilidad dentro de la clase noble, desde los albores del feudalismo hasta el final del absolutismo, necesita una investigación mucho mayor. Hasta ahora sólo son posibles algunas conjeturas aproximadas para las sucesivas fases de esta larga historia. Duby muestra su sorpresa al descubrir que la convicción de Bloch acerca de una discontinuidad radical entre las aristocracias carolingia y medieval en Francia estaba equivocada; de hecho, una alta proporción de los linajes que suministraron los vassi dominici del siglo IX sobrevivieron para convertirse en los barones del siglo XII. Véase G. Duby, «Une enquête à poursuivre; la noblesse dans la France médiévale», Revue Historique, CCXXVI, 1961, pp. 1-22 [«La nobleza en la Francia medieval: una investigación a proseguir», en Hombres y estructuras de la Edad Media, Madrid, Siglo XXI, 1977], Por otra parte, Perroy descubrió un nivel muy alto de movilidad dentro de la nobleza del condado de Forez desde el siglo XIII en adelante: la duración media de un linaje noble era de 3-4 o, más conservadoramente, de 3-6 generaciones, a causa sobre todo de los azares de la mortalidad. Edouard Perroy, «Social mobility among the French noblesse in the later Middle Ages», Past and Present, 21, abril de 1962, pp. 25-38. En general parece que la Edad Media tardía y los comienzos del Renacimiento fueron períodos de rápida rotación en muchos países, en los que desaparecieron la mayor parte de las grandes familias medievales. Esto es cierto en Inglaterra y Francia, aunque probablemente lo sea menos en España. La reestabilización de los rangos de la aristocracia parece igualmente clara a finales del siglo XVII, después de que hubiera llegado a su fin la última y más violenta de todas las reconstrucciones, en la Bohemia de los Habsburgo durante la guerra de los Treinta Años. Pero seguramente este tema nos reserva nuevas sorpresas. <<

[18] El capítulo de H. G. Koenigsberger, «The European civil war», en The Habsburgs in Europe, Ithaca, 1971, pp. 219-45, es una narración sucinta y ejemplar. <<

[19] El mejor análisis general de la guerra de los Siete Años es todavía el de Dorn, Competition for empire, pp. 318-84. <<

[1] La frase es de Vicens. Véase J. Vicens Vives, Manual de historia económica de España, Barcelona, 1959, pp. 11-12, 231. <<

[2] J. H. Elliott, Imperial Spain, 1469-1716, Londres, 1970, pp. 111-13 [La España imperial, Barcelona, Vicens Vives, 1965]. <<

[3] El reino de Aragón era, a su vez, la unión de tres principados: Aragón, Cataluña y Valencia. <<

[4] Elliott, Imperial Spain, p. 37. <<

[5] El espíritu del constitucionalismo aragonés se expresaba en el impresionante juramento de fidelidad atribuido a su nobleza: «Nos, que valemos tanto como vos, juramos ante vos, que no valéis más que nos, aceptaros como rey y soberano señor, con tal de que observéis todas nuestras libertades y derechos; y si no, no». Esta fórmula era quizá legendaria, pero su espíritu estaba enraizado en las instituciones de Aragón. <<

[6] Sobre la obra de Fernando e Isabel en Castilla, véase Elliott, Imperial Spain, pp. 86-99. <<

[7] El único paso hacia la unificación monetaria fue la acuñación de tres monedas de oro de elevada ley y valor equivalente en Castilla, Aragón y Cataluña. <<

[8] Véase J. A. Maravall, Las Comunidades de Castilla: una primera revolución moderna, Madrid, 1963, pp. 216-22. <<

[9] Maravall, Las Comunidades de Castilla, pp. 44-5, 50-7, 156-7. <<

[10] J. Lynch, Spain under the Habsburgs, II, Oxford, 1969, pp. 19, 20 [España bajo los Austrias, Barcelona, Península, 1972]. <<

[11] Marx fue consciente de la paradoja del absolutismo de los Habsburgo en España. Después de afirmar que «la libertad española murió bajo torrentes de oro entre el fragor de las armas y el resplandor terrible de los autos de fe», se pregunta: «¿Cómo empero, dar razón del singular fenómeno consistente en que después de casi tres siglos de una dinastía habsburguesa, seguida de otra borbónica —cada una de las cuales se basta y se sobra para aplastar a un pueblo— sobrevivan más o menos las libertades municipales de España, y que precisamente en el país en que, de entre todos los estados feudales, surgió la monarquía absoluta en su forma menos mitigada no haya conseguido, sin embargo, echar raíces la centralización?», K. Marx y F. Engels. Revolutionary Spain, Londres, 1939, pp. 24 25 [Revolución en España, Barcelona, Ariel. 1970, p. 74], Sin embargo, Marx no ofreció una respuesta adecuada. <<

[12] G. Parker, The army of Flanders an the Spanish Road, 1567-1659, Cambridge, 1972, p. 6 [El ejército de Flandes y el camino español, 1567-1659, Madrid, Revista de Occidente, 1976]. <<

[13] Lynch, Spain under the Habsburgs, I, Oxford, 1965, p. 128; por supuesto, los precios habían aumentado mucho entre tanto <<

[14] J. H. Elliott, «The decline of Spain», Past and Present, 20, noviembre de 1961, reimpreso en T. Aston, comp., Crisis in Europe, 1560-1660, página 189 [«La decadencia de España», en C. M. Cipolla. comp., La decadencia económica de los imperios, Madrid, Alianza, 1973]; Imperial Spain, pp. 285-6. <<

[15] Lynch trata muy bien este tema: Spain under the Habsburgs, I, página 129. <<

[16] Pierre Vilar, Oro y moneda en la historia, 1450-1920, Barcelona, 1969, páginas 78, 165-8. <<

[17] Vilar, Oro y moneda, pp. 180-1. <<

[18] Noel Salomon, La campagne de la Nouvelle Castille à la fin du XVIe siècle, París, 1964, pp. 257-8, 266 [La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelona, Planeta, 1973], Sobre diezmos, servicios y rentas véanse pp. 227, 243-4, 250. <<

[19] Un historiador portugués ha subrayado las consecuencias de este extraordinario modelo ocupacional, que cree también válido para Portugal: Vitorino Magalhães Godinho, A estrutura na antiga sociedade portuguesa, Lisboa, 1971, pp. 85-9. Como señala Magalhães Godinho, al ser la agricultura la rama principal de la producción económica en toda sociedad preindustrial, una desviación tan grande de la mano de obra hacia otras actividades tenía como consecuencia inevitable un estancamiento a largo plazo. <<

[20] Sobre las reacciones de los contemporáneos a comienzos del siglo XVII, véase el soberbio ensayo de Vilar, «Le temps du Quichotte», Europe, XXXIV, 1956, pp. 3-16 [«El tiempo del Quijote», en Crecimiento y desarrollo, Barcelona, Ariel, 1974]. <<

[21] El duque de Alba comentó de forma característica: «En nuestra nación no hay nada más importante que introducir a los hidalgos y otras personas de sustancia en la infantería, de forma que no todo se deje en manos de los jornaleros y lacayos». Parker, The army of Flanders and the Spanish road, p. 41. <<

[22] Parker, The army of Flanders and the Spanish road, pp. 27-31. <<

[23] Felipe II se limitó a reducir los poderes de la Diputació local (en la que se abolió la regla de la unanimidad) y del cargo de justicia, y a introducir en Aragón virreyes no autóctonos. <<

[24] Lynch, Spain under the Habsburgs, II, pp. 12-13. <<

[25] Lynch, Spain under the Habsburgs, II, p. 11. <<

[26] Parker, The army of Flanders and the Spanish road, p. 6. <<

[27] Elliott, Imperial Spain, p. 343. <<

[28] Sobre el comportamiento financiero de las posesiones italianas, véase A. Domínguez Ortiz, Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, 1960, páginas 161-4. En general, el papel de los componentes italianos del imperio español en Europa se ha estudiado poco, aunque es evidente que no sera posible ningún estudio satisfactorio del conjunto del sistema imperial hasta que esta laguna no se haya colmado. <<

[29] La mejor exposición de este programa se encuentra en Elliott, The revolt of the Catalans, Cambridge, 1963, pp. 199-204 [La rebelión de los catalanes, Madrid, Siglo XXI, 1977], Domínguez afirma que Olivares no tuvo una política interior, al estar ocupado exclusivamente en los asuntos extranjeros: La sociedad española en el siglo XVI, I, Madrid. 1963, p. 15. Pero tanto sus tempranas reformas interiores como el aliento de sus recomendaciones en el memorándum de 1624 desmienten esta opinión. <<

[30] Olivares era consciente del riesgo que iba a correr: «No puede mi cabeza resistir la luz de la vela ni de una ventana […] A mi corto juicio parece que es el de perderse todo sin remedio o el salvarse la barca Aquí va religión, rey, reino, nación, todo, y si no hubiese fuerzas morir en la demanda, que mejor es morir y más justo que entrar en otro dominio y mas de herejes que si les juzgo a franceses. Acábese todo o sea Castilla cabeza del mundo con ser la de la monarquía de V. M.» Citado en Elliott, The revolt of the Catalans, p. 310. <<

[31] Elliott, The revolt of the Catalans, pp. 460-8, 473-6, 486. <<

[32] A. Domínguez Ortiz, The golden century of Spain, 1556-1659, Londres, 1971, p. 103. <<

[33] Lynch, Spain under the Habsburgs, II, pp. 122-3; Domínguez Ortiz, The golden century of Spain, pp. 39-40. <<

[34] Véase Henry Kamen, The War of Succession in Spain. 1700-1715, Londres, 1969, pp. 84-117. El principal arquitecto de la nueva administración fue Bergeyck, un flamenco procedente de Bruselas; pp. 237-40. <<

[35] Fue en esta época cuando se adoptaron la bandera y el himno nacionales. Estas frases de Domínguez son significativas: «Mas pequeña que el imperio, más grande que Castilla, España, creación excelsa de nuestro siglo XVIII, surgió de su nebulosa y adquirió una forma sólida y tangible […] Antes de la guerra de la Independencia, el ideal plástico y la imagen simbólica de la nación tal como hoy la conocemos, ya estaban esencialmente completos». Antonio Domínguez Oruz, La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 1955, pp. 41, 43; es el mejor libro sobre este período. <<

[36] Vilar, Oro y moneda, pp. 348-61, 315-17. <<

[37] Hay un retrato memorable de esta clase social en Raymond Carr, «Spain», en Goodwin, comp., The european nobility in the eighteenth century, pp. 43-59. <<

[38] Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVIII, pp. 93. 178 <<

[39] Domínguez ofrece un amplio estudio del modelo de los señoríos en su capítulo «El ocaso del régimen señorial», en La sociedad española en el siglo XVIII, pp. 300-42, en la que los describe con la frase más arriba citada. <<

[1] P. S. Lewis, Later medioeval France: the polity, Londres, 1968, páginas, 102-4. <<

[2] Sobre este punto, véase J. Russell Major, Representative institutions in Renaissance France, 1421-1559, Madison, 1960, p. 9. <<

[3] Major, Representative institutions in Renaissance France, p. 6. <<

[4] Hay una exposición particularmente incisiva de la tesis de que los Estados Generales de Francia y otros países casi siempre sirvieron, y no obstaculizaron, el auge del poder real en el Renacimiento, en el excelente estudio de Major: Representative institutions in Renaissance France, páginas 16-20. En realidad, Major quizá insiste demasiado unilateralmente en este hecho; desde luego, a lo largo del siglo XVI fue cada vez menos cierto —en el caso de que alguna vez lo hubiera sido— que los monarcas «no temieran a las asambleas de los estados» (p. 16). Con todo, este es uno de los trabajos más clarificadores que se han publicado sobre este tema. <<

[5] Véanse las opiniones convergentes expresadas por Lewis y Major: F. S. Lewis, «The failure of the French mediaeval Estates», Past and Present. 23, noviembre de 1962, pp. 3-24, y J. Russell Major, The Estates General of 1560, Princeton, 1951, pp. 75, 119, 120. <<

[6] Major, Representative institutions in Renaissance France, pp. 126-7. <<

[7] Esta tesis se encuentra en el estimulante ensayo de Brian Pierce «The Huguenots and the Holy League: class, politics and religion in France in the second half of the sixteenth century» (no publicado), que sugiere que las ciudades del norte estaban menos preocupadas por la consolidación de la unidad nacional francesa. Sin embargo, muchos puertos importantes del sur y del oeste también siguieron siendo católicos: Burdeos, Nantes y Marsella se unieron a la Liga. Marsella sufrió las consecuencias porque la política proespañola la privó de su tradicional comercio levantino: G. Livet, Les guerres de religion, París, 1966, pp. 105-6. <<

[8] Livet, Les guerres de religion, pp. 7-8. <<

[9] J. H. Elliott. Europe divided, 1559-1598, p. 96, que incluye, inter alia, una inteligente descripción de este período de la historia de Francia y su participación en las luchas políticas internacionales de la época. <<

[10] Para una sociología política del liderazgo municipal de la Liga en París, durante la crisis de las guerras de religión, véase J. H. Salmon, «The Paris Sixteen, 1584-1594: The social analyisis of a revolutionary movement», Journal of Modern History, vol. 44, 4 diciembre de 1972, páginas 540-76. Salmon muestra la importancia de los rangos medio y bajo de los juristas en el Consejo de los Dieciséis, e insiste en manipulación de las masas plebeyas, junto con la concesión de algunas mejoras económicas, bajo su dictadura. H. G. Koenigsberger esboza un breve análisis comparativo en «The organization of revolutionary parties in France and the Netherlands during the sixteenth century». Journal of Modern History, 27, diciembre de 1955, pp. 335-51. Pero todavía queda mucho trabajo que hacer sobre la Liga, uno de los fenómenos más complejos y enigmáticos del siglo; el movimiento que inventó las barricadas urbanas espera todavía su historiador marxista. <<

[11] J. H. Salmon insiste en este punto: «Venality of office and popular sedition in 17th century France», Past and Present, julio de 1967, pp. 41-3. <<

[12] Menna Prestwich, «From Henri III to Louis XIV», en H. Trevor Roper, comp., The age of expansion, Londres, 1968, p. 199. <<

[13] Prestwich, «From Henri III to Louis XIV», p. 199. <<

[14] Hay una buena exposición de este fenómeno en A. D. Lublinskaya, French absolutism: the crucial phase, 1620-1629, Cambridge, 1968, pp. 234-43; sobre la parte de la taille que se apropiaban los arrendatarios de impuestos, véase la p. 308 (de los 19 millones de livres, se apropiaban 13 a mediados de la década de 1620). <<

[15] «O, para cambiar la metáfora: si la autoridad real era un sol brillante, había otro poder que reflejaba, concentraba y templaba su luz, una sombra que encerraba esa fuente de energía en la que ningún ojo humano podía descansar sin quedarse ciego. Nos referimos a los parlamentos y, sobre todo, al Parlamento de París». Ernst Kossmann, La Fronde, Leyden, 1954, p. 23. <<

[16] B. F. Porshnev, Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648, pp. 547-60. <<

[17] Prestwich, «From Henri III to Louis XIV», p. 203; Mousnier, Peasant uprisings, Londres, 1971, p. 307 [Furores campesinos, Madrid, Siglo XXI, 1976]. <<

[18] Esta es la opinión de Porshnev en Les soulévements populaires en France. <<

[19] Sobre este aspecto, véase Kossmann, La Fronde, pp. 117-38 <<

[20] Kossmann, La Fronde, pp. 204, 247, 250-2. <<

[21] Pierre Goubert, «Les problèmes de la noblese au XVIIIe siècle», en XIIIth International Congress of Historical Sciences, Moscú, 1970, p. 5. <<

[22] Pierre Goubert, Louis XIV et vingt millions de français, pp. 164, 166 <<

[23] Goubert, Louis XIV et vingt millions de français, p. 72 <<

[24] J. Stoye, Europe unfolding 1648-1688, Londres, 1969, d. 223 [El despliegue de Europa, 1648-1688, Madrid, Siglo XXI, 1974]; Goubert, Louis XIV et vingt millions de français, p. 186. <<

[25] Roland Mousnier, Peasant uprisings, p. 115, insiste correctamente en este punto al comentar que las rebeliones de 1675 en Bretaña y Burdeos fueron los últimos levantamientos sociales senos del siglo. <<

[26] Goubert, Louis XIV et vingt millions de français, pp. 90-2. <<

[27] Y también, en cierto sentido, sus ideales culturales: «El orden y la simetría recientemente adoptados en los desfiles militares proporcionaron a Luis XIV y a sus contemporáneos el modelo al que debían conformarse también la vida y el arte; y el eco del pas cadencé de Martinent —cuyo nombre es en sí mismo un programa— resonaba de nuevo en la monotonía mayestática de los interminables alejandrinos». Michael Roberts, The military revolution, 1560-1660, en Essays in Swedish history, Londres. 1967, p 206. <<

[28] Los cardenales habían intentado someter a la nobleza a impuestos disfrazados bajo la forma de «conmutaciones» del ban militar que debían los feudos. A la nobleza no le gustaron nada y fueron abandonados por Luis XIV. Véase Pierre Deyon, «A propos des rapports entre la noblesse française et la monarchie absolue pendant la première moitié du XVIIe siècle», Revue historique, CCXXXI, 1964, pp. 355-6. <<

[29] Goubert, Louis XIV et vingt millions de français, pp. 158-62. <<

[30] Naturalmente, Luis XIV fue incapaz de apreciar este cambio, y de ahí sus constantes y garrafales errores diplomáticos. La debilidad temporal de Inglaterra en la década de 1660, cuando Carlos II era un protegido de Francia, le condujo a infravalorar a la isla para siempre, incluso cuando su decisiva importancia política en la Europa occidental era ya obvia. El fallo de Luis XIV al no proporcionar una ayuda preventiva a Jacobo II en 1688, antes del desembarco de Guillermo III, sería uno de los errores más desastrosos de una carrera que ya los había cosechado en abundancia. <<

[31] Albert Goodwin, «The social structure and economic and political attitudes of the French nobility in the 18th century», en XIIth International Congress of Historical Sciences, Rapports, I, p. 361 <<

[32] J. McManners, «France», en Goodwin, comp., The European nobility in the 18th century, pp. 33-5. <<

[33] Sobre las actitudes de los parlements de los últimos años del Antiguo Régimen, véase J. Egret. La pré-révolution française, 1787-1788, París, 1962, pp 149-60. <<

[34] A. Soboul, La révolution française, I, París, 1964, p. 45 [La revolución francesa, Madrid, Tecnos, 1966]. <<

[35] J. Lough, An introduction to 18th century France, Londres, 1960, páginas 71-3. <<

[36] El presupuesto naval nunca ascendió a más de la mitad del de Inglaterra: Dorn, Competition for empire, p. 116. Dorn presenta un convincente balance de las deficiencias generales de las flotas francesas en esta época. <<

[1] Weber, en sus análisis de las ciudades medievales inglesas, observa entre otras cosas que es significativo que nunca experimentasen revoluciones gremiales o municipales comparables a las del continente: Economy and society, III, pp. 1276-81 [Economía y sociedad, II, pp. 982-985]. Hubo una breve conjuratio insurgente en Londres, en 1263-5, sobre la que puede verse. Gwyn Williams, Mediaeval London: From Commune to capital, Londres, 1963, pp. 219-35. Pero éste fue un episodio excepcional, que tuvo lugar en el más amplio contexto de la rebelión de los barones. <<

[2] Las primeras funciones judiciales del Parlamento inglés tampoco eran corrientes’ actuaba como tribunal supremo de casación, y a ello dedicaba la mayor parte de su trabajo a mediados del siglo XIII, cuando estaba dominado principalmente por funcionarios reales. Sobre los orígenes y evolución de los parlamentos medievales, véase G. O. Sayles, The mediaeval foundations of England, pp. 448-57; G. A. Holmes, The later Middle Ages, Londres, 1962, pp. 83-8. <<

[3] J. P. Cooper ha subrayado el significado último de esta limitación: «Differences between English and continental governments in early seventeenth century», en J. J. Bromley y E. H. Possmann, comps., Britain and the Netherlands, Londres, 1960, pp. 62-90, especialmente 65-71 Como señala el autor, esto provocó que cuando apareció, a principios de a época moderna, la «nueva monarquía», en Inglaterra estuvo limitada por el derecho «positivo» y no sólo por los derechos divino y natural de la teoría de la soberanía de Bodin. <<

[4] Sobre este revelador episodio, véase J. L. Palmer, England, France and Christendom, 1377-1399, Londres. 1972, pp. 74-6. <<

[5] Véanse los oportunos comentarios de O. F. Richmond. «The war at sea», en K. Fowler. comp., The Hundred Years’ war, Londres, 1971, página 117, y también «English naval power in the fifteenth century», History III, 174, febrero de 1967, pp. 4-5. Sólo ahora se comienza a estudiar este tema. <<

[6] El libro de T. S. Bindoff, Tudor England, Londres, 1966, pp. 56-66 ofrece un buen resumen de todo este proceso. <<

[7] G. R. Elton, England under the Tudors, Londres, 1956, pp. 49, 53. <<

[8] C. Russell afirma terminantemente en The crisis of Parliaments, Oxford. 1971, pp. 41, 42, que el Parliament inglés de este periodo, con la brevedad de sus asambleas y la poca frecuencia de sus convocatorias, era una fuerza decadente. Por otra parte, Russell insiste correctamente en que el pacto constitucional entre la monarquía y el Parlamento descansaba en la unidad de clase de los dirigentes del país. Sobre la base social del parlamentarismo inglés, véanse las penetrantes observaciones de Penry Williams, «The Tudor State», Past and Present, 24, julio de 1963, páginas 39-58. <<

[9] Hay una sugestiva exposición de las implicaciones del Peregrinaje de Gracia habitualmente infravaloradas, en J. J. Scarisbricke, Henry VIII, Londres, 1971 pp. 444-5, 452. <<

[10] La exagerada importancia concedida a la revolución administrativa de Cromwell por Elton, en The Tudor revolution in government, Cambridge, 1953, pp. 160-427, y en England under the Tudors, pp. 127-37, 160-75, 180-4, ha sido reducida a proporciones más modestas, entre otros, por G. L. Harris, «Mediaeval government and State-craft», Past and Present, 24, julio de 1963, pp. 24-35; puede verse un comentario reciente y representativo en Russell, The crisis of Parliaments, p. 111. <<

[11] En este tiempo se discutieron también proyectos para la creación de un ejercito profesional y de un peerage legalmente privilegiado. Si estas dos medidas se hubiesen llevado a la práctica, todo el curso de la historia de los siglos XVI y XVII en Inglaterra habría cambiado. De hecho ninguna fue aceptable al Parlamento, que acogió con agrado el control estatal sobre la Iglesia y la paz real en el campo, pero que era consciente de la lógica de los ejércitos profesionales y contrario a una jerarquía jurídica dentro de la nobleza que socialmente habría sido perjudicial para muchos de sus miembros. El esbozo de programa para un ejército permanente, preparado en 1536-7 y encontrado en los archivos del despacho de Cromwell, está expuesto en L. Stone, «The political programme of Thomas Cromwell», Bulletin of the Institute of Historical Research XXIV, 1951, pp. 1-18. Sobre las propuestas de un estatuto legal privilegiado de la propiedad territorial para la nobleza titulada, véase Holdsworth, A history of English law, IV, pp. 450-543. <<

[12] Joel Hurtsfield, en «Was there a Tudor despotism after all?», Transactions of the Royal Historical Society, 1967, pp. 83-108, critica con acierto los anacronismos apologéticos en los que todavía se debaten muchos de os escritos sobre este período. Hurstfield insiste en lo que se esconde verdaderamente tras el Statute of Proclamations, las Treason Acts y la censura y propaganda oficiales del reinado. Mousnier muestra su completa disconformidad con la idea, antes aceptada, de que la monarquía Tudor no era una forma de absolutismo: «Quelques problèmes concernant la monarchie absolue», pp. 21-6. La actitud de Enrique hacia el Parlamento está bien expuesta por Scarisbricke, Henry VIII, pp. 653-4. <<

[13] Al final del reinado habían sido enajenados dos tercios de las propiedades monásticas; los ingresos procedentes de las ventas de tierras de la Iglesia representaron un 30 por 100 más que las rentas de las tierras retenidas. Véase F. Dietz, English govemment finance, 1485-1558, Londres. 1964, pp. 147, 149, 158, 214. <<

[14] Stone, The crisis of the aristocracy, pp. 265-6. <<

[15] La evolución desde los barones de la Alta Edad Media a los pares de la Baja Edad Media, y la correspondiente transformación de los caballeros en gentry, están trazadas en N. Denholm-Young, «En remontant le passe de l’aristocratie anglaise: le Moyen Age», Annales, mayo de 1937, páginas 257-69. (El mismo título de «barón» adquirió un nuevo significado, distinto al de su uso anterior, a finales del siglo XIV, como rango específico de la nobleza). La consolidación del sistema de pares (peerage) está analizado en K. B. Macfarlane, «The English nobility in the later Middle Ages», en XIIth International Congress of Historical Sciences (Viena, 1965) Rapports, I, pp. 33745, que insiste en su novedad y discontinuidad. <<

[16] Debe tenerse en cuenta que la loi de dérogeance fue en Francia una creación tardía del Renacimiento, que sólo data de 1560. Esta medida legal era innecesaria mientras la función de la nobleza fuese inequívocamente militar; como los mismos títulos de rango, fue también una reacción ante la nueva movilidad social. <<

[17] En esta crisis, el gobierno no podía contar con la lealtad de las levas de los condados: W. K. Jordan, Edward VI: the young king, Londres, 1968, p. 467. <<

[18] Véanse las estimaciones comparativas de Elton sobre las leyes promulgadas, en «The political creed of Thomas Cromwell», Transactions of the Royal Historical Society, 1956, p. 81. <<

[19] J. E. Neale, The Elizabethan House of Commons, Londres, 1949, páginas 140, 147-8, 302. <<

[20] C. Oman, A history of the art of war in the sixteenth century, Londres, 1937, pp. 288-90. <<

[21] C. G. Cruickshank, Elizabeth’s army, Oxford, 1966, pp. 12-13, 19-20, 24-30, 51-3, 285. <<

[22] Cruickshank ha sugerido que la ausencia de un soberano varón adulto para dirigir personalmente a los ejércitos en el campo de batalla, durante cerca de sesenta años después de Enrique VIII puede haber contribuido a que no surgiera un ejército regular en esta época: Army royal, Oxford, 1969, p. 189. <<

[23] «Irlanda es el último ex filiis Europae, que ha sido rescatado de la desolación y el desierto (en muchos sitios) para el poblamiento y las plantaciones; y de las costumbres salvajes y bárbaras, para la humanidad y la civilización». The Works of Francis Bacon, Londres, 1711, vol. IV, página 280. Otros ejemplos de este mismo sentimiento colonial pueden verse en las pp. 442-8. Bacon, como todos sus contemporáneos, era perfectamente consciente de los beneficios materiales que podrían derivarse de la misión civilizadora inglesa en Irlanda: «Y diré en confianza que si Dios bendice a este reino con la paz y la justicia, ningún usurero puede estar tan seguro de doblar su capital en el espacio de diecisiete años y de amontonar intereses sobre intereses, como lo está el reino de doblar, en el mismo tiempo, sus reservas de riqueza y de hombres […] No es fácil encontrar en todo el continente tal confluencia de bienes, si la mano del hombre se une a la mano de la naturaleza» (pp. 280, 444). Obsérvese la claridad de la concepción de Irlanda como alternativa al continente para la expansión de Inglaterra. <<

[24] Sobre la situación a principios del siglo XVI, véase M. MacCurtain, Tudor and Stuart Ireland, Dublín, 1972, pp. 1-5, 18, 39-41. <<

[25] Algunas observaciones sobre las tácticas utilizadas para subyugar a los irlandeses pueden verse en C. Falls, Elizabeth’s Irish Wars, Londres, 1950, pp. 326-9, 341, 343, 345. La furia inglesa en Irlanda fue probablemente tan mortal como la furia española en los Países Bajos. De hecho, no hay ninguna señal de que se moderase alguna vez por consideraciones como las que, por ejemplo, impidieron a España la destrucción de los diques holandeses, medida que el gobierno de Felipe II consideró como un genocidio; sobre esta comparación, véase Parker. The army of Flanders and the Spanish road, pp. 134, 135. <<

[26] Sobre esta evolución, véanse Cipolla, Guns and sails in the early phase of European expansion, pp. 78-81; y M. Lewis, The Spanish Armada, Londres, 1960, pp. 61-80, que reivindica una prioridad inglesa, probablemente dudosa. <<

[27] G. J. Marcus, A naval history of England, I, The formative centuries, Londres, 1961, p. 30. <<

[28] Garrett Mattingly, The defeat of the Spanish Armada, Londres, 1959, página 175. <<

[29] En el siglo XVIII, cuando el Almirantazgo era el departamento que más gastaba del gobierno, la Marina no sólo dependía de la City para que presionara en favor de su presupuesto, sino que tenía que negociar con ella si tendrían preferencia los intereses mercantiles o los estratégicos a la hora de determinar las rutas de sus escuadras. Véase Daniel Baugh, British naval administration in the age of Walpole, Princeton, 1965, p. 19. <<

[30] Hintze comenta lacónicamente, y quizá con exceso de simplicidad: «Inglaterra, en su seguridad insular, no necesitaba un ejército permanente, por lo menos de la magnitud continental, sino sólo una marina que pudiera servir los intereses del comercio y los objetivos de la guerra; por consiguiente, no desarrolló un absolutismo». Y en una frase característica añade: «El poder terrestre produce una organización que domina a todo el organismo del Estado y le da una forma militar; el poder marítimo es únicamente un puño armado que se lanza al mundo exterior y que no es susceptible de ser utilizado contra un “ejército interior”». Gesammelte Abhandlungen, I, pp. 59, 72. Hintze, que fue un partidario decidido del imperialismo naval guillermino antes de la primera guerra mundial, tenía buenas razones para prestar una atención especial a la historia marítima de Inglaterra. <<

[31] Los costes por hombre en el siglo siguiente fueron dos veces más altos en el mar que en tierra. Naturalmente, una marina necesitaba también una industria de suministros y mantenimiento mucho más avanzada. Véase Clark, The seventeenth century, p. 119. <<

[32] Sobre este proceso, véase T. C. Smout, A history of the Scottish people, 1560-1830, Londres, 1969, pp. 44-7, que incluye un agudo análisis social de Escocia antes de la Reforma. <<

[33] G. Donaldson, Scotland; James V to James VII, Edimburgo, 1971, páginas 215-28, 284-90. <<

[34] L. Stone, The causes of the English revolution, 1529-1642, Londres, 1972, pp. 72-5, 131. Esta obra, admirable por su sobriedad y capacidad de síntesis, es el mejor resumen de esta época. <<

[35] E. J. Hobsbawm, «The crisis of the seventeenth century», en Aston, comp., Crisis in Europe, 1560-1660, Londres, pp. 47-9 [«La crisis general de la economía europea en el siglo XVII», en En torno a los orígenes de la revolución industrial, Madrid, Siglo XXI, 19787. <<

[36] Christopher Hill, The century of revolution, Londres, 1961, p. 51 [El siglo de la revolución, Madrid, Ayuso, 1972]. En 1628, los ingresos de Luis XIII procedentes de Normandía fueron iguales a los ingresos fiscales de toda Inglaterra obtenidos por Carlos I; L. Stone, en «Discussion of Trevor-Roper’s general crisis», Past and Present, 18, noviembre de 1960, p. 32. <<

[37] Estos aspectos del gobierno de los Estuardo dan el clima, pero no las razones, del creciente conflicto político de principios del siglo XVII Trevor-Roper los evoca con gran brío en su poderoso análisis de estos años: Historical essays, Londres, 1952, pp. 13045. Sin embargo, es un error pensar que los problemas de la monarquía Estuardo podían solucionarse simplemente con una mayor habilidad y competencia políticas, como sugiere el autor. En la práctica, quizá ningún error de los Estuardo fuese tan fatídico como la imprevisora venta de tierras realizada por sus predecesores Tudor. Lo que impidió la consolidación del absolutismo inglés fue la carencia de cimientos institucionales, y no de capacidad personal. <<

[38] El significado del régimen de Strafford en Dublín y la reacción que provocó en la clase terrateniente de los New English se discuten en T. Ranger, «Strafford in Ireland: a revaluation», en Aston, comp., Crisis in Europe, 1560-1660 pp. 271-92. <<

[39] G. Aylmer, The king’s servants: the civil service of Charles I, Londres, 1961, p. 248. <<

[40] Los coroneles del ejército eran nobles, los capitanes eran propietarios y los soldados «jóvenes y fornidos labradores» que les servían como arrendatarios: Donaldson, Scotland: James V to James VII, pp. 100-2. Alexander Leslie, comandante del ejército del Covenant, era un antiguo gobernador de los Vasa en Stralsund y Francfort del Oder; con él y sus colegas llegó a Gran Bretaña la experiencia europea de la guerra de los Treinta Años. <<

[41] Es posible, aunque no seguro, que Carlos I precipitara inconscientemente la rebelión de los Old Irish en el Ulster por sus negociaciones clandestinas con los notables Old English en Irlanda en 1641: véase A. Clarke, The Old English in Ireland, Londres, 1966, pp. 227-9. <<

[1] G. Masson, Frederick II of Hohenstaufen, Londres. 1957, pp. 77-82. <<

[2] Sobre los justicias, véase E. Kantorowicz, Frederick the Second, Londres, 1931, pp. 272-9. <<

[3] Masson, Frederick II of Hohenstaufen, pp. 165-70. <<

[4] Kantorowicz, Frederick the Second, pp. 487-91. <<

[5] G. Barraclough, The medioeval Papacy, Londres, 1958, pp. 93-100. <<

[6] Barraclough, The mediaeval Papacy, pp. 120-6. <<

[7] D. Waley, The Papal State in the thirteenth century, Londres. 1961 páginas 68-90, describe la naturaleza y el éxito de esta resistencia de las ciudades. <<

[8] Waley, The Papal State in the thirteenth century, pp. 273, 275, 295, 296. <<

[9] G. Procacci, Storia degli italiani, I, Bari, 1969, p. 34. <<

[10] E. Jordan, Les origines de la domination angévine en Italie, París, 1909. II. pp. 547, 556. La Iglesia tuvo que comprometer una buena Darte de sus propiedades inmuebles en Roma como garantía para obtener de los banqueros toscanos y romanos las sumas necesarias para su aliado francés. <<

[11] «La Edad Media había dejado sin enterrar a la Antigüedad, galvanizando y exorcizando alternativamente su cadáver. El Renacimiento permaneció lloroso ante su tumba e intentó resucitar su alma. Y en un momento fatalmente propicio, lo consiguió». E. Panofsky, Renaissance and renascences in Western art, Londres. 1970, p. 113; es la única gran obra histórica sobre el renacimiento de la Antigüedad que está a la altura de su tema. En general, la literatura moderna sobre el Renacimiento italiano es curiosamente limitada y aburrida, como si la misma dimensión de sus creaciones provocara un agarrotamiento en los historiadores que se aproximan a él. La desproporción entre el objeto y su estudio nunca es mas evidente, por supuesto, que en el legado de Marx y Engels. Indiferentes siempre a las artes visuales (o a la música), ninguno de ellos se adentro nunca con imaginación en los problemas que el Renacimiento en cuanto fenómeno global, plantea al materialismo histórico. El enfoque del libro de Panofsky es meramente estético, y deja al mareen toda la historia económica, social y política del período. Pero su calidad y su método establecen las premisas adecuadas para el trabajo que todavía queda por realizar en este campo. Sobre todo, Panofsky ha tomado mas en serio que cualquier otro investigador la relación retrospectiva del Renacimiento con la Antigüedad, relación a través de la cual se concibió el Renacimiento a sí mismo; en su libro, el mundo clásico es un polo activo de comparación real, y no una mera nomenclatura vagamente aromática. Ante la carencia de esta dimensión, la historia política y económica del Renacimiento italiano todavía está por escribirse con la misma profundidad. <<

[12] D. Waley, en The Italian city-republics, Londres, 1969, p. 24, estima que en la mayoría de las ciudades de finales del siglo XIII, alrededor de los dos tercios de las familias urbanas eran propietarias de tierras Debe observarse que este modelo es específicamente italiano: las ciudades germanas o flamencas de la misma época no tenían un numero comparable de propietarios rurales. Del mismo modo, en Flandes o en Renania no existía un verdadero equivalente al contado controlado por las ciudades en Lombardía y Toscana. El carácter de las ciudades del norte de Europa siempre fue más exclusivamente urbano. Un buen análisis de la incapacidad de las ciudades flamencas para anexionar su entorno rural puede verse en D. Nicholas, «Towns and countryside: social and economics tensions in fourteenth-century Flanders», Comparative Studies in Society and History, X, 4, 1968, pp. 458-85. <<

[13] Los costos relativos se inclinaban todavía de forma decisiva a favor del transporte marítimo. En el siglo XV, los cargamentos podían enviarse por barco desde Génova hasta Southampton por poco más de un quinto de lo que costaba recorrer por tierra la corta distancia entre Genova y Asti: J. Bernard, Trade and finance in the middle Ages, 900-1500, Londres, 1971, p. 46. <<

[14] Waley, The Italian city-republics, pp. 83-6, 63-64, 107-9, que estima que quizá un tercio de los ciudadanos de una comuna italiana típica ocupaban algún cargo cada año. <<

[15] Estas antítesis sociales fueron analizadas por vez primera de forma sistemática por Weber: Economy and society, III, pp. 1340-3 [Economía y sociedad, II, pp. 1024-28]. A pesar de la fluctuante comprensión weberiana de la relación entre el campo y la ciudad en las repúblicas italianas el conjunto del apartado titulado «Democracia antigua y moderna» es todavía hoy el mejor y más original análisis de este tema. Los avances posteriores en la investigación no han ido acompañados de avances comparables en la síntesis. <<

[16] Las colonias ultramarinas de Génova y Venecia en el Mediterráneo oriental emplearon trabajo de esclavos en las plantaciones de azúcar de Creta y en las minas de aluminio de Focea. En estas ciudades, los servidores domésticos eran a menudo esclavos, en su mayor parte mujeres al contrario de lo que ocurría en la Antigüedad. En este sentido, hubo incluso cierto recrudecimiento de la esclavitud; pero en el interior de Italia ésta nunca llegó a alcanzar importancia económica. Sobre la naturaleza y los limites de este fenómeno, véase C. Verlinden, The beginnings of modern colonization, Ithaca, 1970, pp. 26-32. <<

[17] Weber, Economy and society, III, pp. 1343-7 [Economía y sociedad, II, pp. 1028-1032]. <<

[18] Waley, The Italian city-republics, pp. 93-5. <<

[19] El concepto de «renta de protección» fue desarrollado por F. C. Lane, en Venice and History, Baltimore, 1966, pp. 373428, para destacar las consecuencias económicas de la tan característica fusión de la guerra y los negocios en las primeras aventuras comerciales y coloniales de las ciudades-Estado italianas, tanto los saqueos y la piratería agresivas como la vigilancia y las patrullas defensivas que eran inseparables de la práctica comercial de la época. <<

[20] Sólo se admitió entre ellas a la música y la poesía, cuya función principal, por otra parte, era la de adornar lo que hoy son «ciencias» o «humanidades». Véase un notable análisis del orden y la definición cambiante de las artes en P. O. Kristeller, Renaissance thought, II, Nueva York, 1965, pp. 168-89. <<

[21] «Los dos alemanes que llevaron la imprenta a Italia en 1465, y a Roma dos años después, acabaron en la bancarrota en 1471, simplemente porque no existía un mercado para sus ediciones de los clásicos latinos […] Incluso cuando en el apogeo del Renacimiento, sus ideales sólo fueron inteligibles y apreciables para una minoría muy pequeña». R. Weiss, The Renaissance discovery of Antiquity, Oxford, 1969, pp. 205-206. Gramsci, por supuesto, se veía profundamente afectado por este defecto del pasado cultural de su país; pero, al igual que Marx y Engels, tenía poca sensibilidad plástica y se inclinaba a ver el Renacimiento principal o simplemente como una ilustración espiritual enrarecida. <<

[22] La opinión de los investigadores sobre el problema del balance global económico del siglo XV en Italia está profundamente dividida. López apoyado por Miskimin, afirma que el Renacimiento fue esencialmente una época de depresión: entre otros datos, el capital de la banca de los Médicis en la Florencia del siglo XV era sólo la mitad del de los Peruzzi cien años antes, mientras que los derechos portuarios de Génova a principios del siglo XVI estaban todavía por debajo de los percibidos en la ultima década del siglo XIII. Cipolla ha cuestionado la validez de las conclusiones de carácter general deducidas de estas pruebas, y sugiere que la producción per capita quizá aumentara en Italia junto con la división internacional del trabajo. Sobre este debate, véanse: R. López, «Hard times and investment in culture», reimpreso en A. Molho, comp., Social and economic foundations of the Renaissance, Nueva York, 1969 páginas 95-116; R. López y H. Miskimin, «The economic depression of the Renaissance». Economic History Review, XIV, 3, abril de 1962, pp. 408-26; C. Cipolla, «Economic depression of the Renaissance?», Economic History Review, XVI, 3, abril de 1964, pp. 519-24, con las respuestas de López y Miskimin, pp. 525-9. Un análisis más reciente, que abarca la última parte del siglo XV y la primera del XVI, presenta una visión generalmente optimista del comercio, las finanzas y las manufacturas italianas: P. Laven Renaissance Italy, 1464-1534, Londres, 1966, pp. 35-108 <<

[23] C. M. Cipolla, «The trends in Italian economic history in the later Middle Ages», Economic History Review, II, 2, 1949, pp. 181-4. <<

[24] C. M. Cipolla, «The decline of Italy», Economic History Review, V, 2. 1952, p. 183 [versión revisada y ampliada: «La decadencia económica de Italia», en C. M. Cipolla, comp., La decadencia económica de los imperios, Madrid, Alianza, 1973]. Los gremios de las industrias exportadoras de paños mantuvieron altos niveles de calidad y se resistieron a las reducciones de salarios: sus fábricas nunca fueron modificadas para adaptarse a la moda cambiante. La consecuencia fue que los panos italianos, costosos y anticuados, alcanzaron finalmente precios tan elevados que no podían competir en el mercado. <<

[25] F. Lane, «Discussion», Journal of Economic History, XXIV, 4, diciembre de 1964 pp 466-7. <<

[26] La multiplicación de las rivalidades y contactos políticos interurbanos jugo también en esta época un importante papel en la aparición de las signorie: «Todas las signorie del norte de Italia, sin excepción, nacieron con ayuda directa o indirecta de fuerzas extrañas a la ciudad, que es el teatro del nuevo señorío». E. Sestan, «Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?», Bolletino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 73, 1961, p. 57. Sobre el ejemplo de Florencia, véase más adelante. <<

[27] Jordan, Les origines de la domination angévine, I, pp. 68-72. 274. <<

[28] J. Larner. The lords of the Romagna, Londres, 1965, pp. 14-17, 76 <<

[29] A este respecto, es particularmente llamativo el contraste entre las ciudades italianas y alemanas en el siglo XV. Como veremos, las ciudades de Renania y Suabia nunca poseyeron la periferia rural que caracterizó a sus equivalentes de Lombardía o Toscana. Por otra parte, su entorno económico contenía un complejo minero —plata, cobre, estaño, zinc y hierro— de un tipo completamente ausente de Italia, y que produjo una industria metalúrgica mucho más dinámica que todas las existentes al sur de los Alpes. Así, mientras en las ciudades italianas florecía la creación artística, las ciudades alemanas de esta época eran el teatro del mayor conjunto de invenciones técnicas de Europa: la imprenta, el refinado de menas, la fundición, los cañones, la fabricación de relojes, esto es, prácticamente todos los avances tecnológicos decisivos de esta época fueron adelantados o perfeccionados en el ámbito de las ciudades alemanas. <<

[30] La suave discreción del dominio de Cósimo de Médicis sobre Florencia, establecido indirectamente a través de la manipulación electoral, correspondía a la relativa debilidad de las bases sociales del poder de la familia. Lorenzo accedió al poder de forma pacífica debido únicamente a la amenaza de intervención milanesa si no ocurría así. Sobre el original carácter de la primacía de los Médicis en Florencia, y su apoyo en Milán, véase N. Rubinstein, The government of Florence under the Medici (1434-1494), Oxford, 1966, pp. 128-35, 161, 175. <<

[31] Véanse los penetrantes comentarios de Procacci, en Storia degli italiani, 1, pp 144-7. <<

[32] Véase Mattingly, Renaissance diplomacy, pp. 58-60. <<

[33] El grado y el tipo de esta ilegitimidad variaban, por supuesto, en la Romana, los tiranos locales habían adquirido paulatinamente cierta normalidad dinástica en el siglo XV: Larner, The lords of the Romagna, páginas 78. 154. <<

[34] Chabod, la más lúcida autoridad, piensa que Maquiavelo consideraba únicamente esta ultima posibilidad, un principado fuerte de la Italia central, antes que un Estado peninsular: Scritti su Machiavelli, Turín, 1965, pp. 64-67. <<

[35] Niccolò Machiavelli, Il Principe e Discorsi sopra la prima deca de Tito Livio (introducción de Giuliano Procacci), Milán, 1960, pp. 26. 262, es la mejor de las ediciones recientes [El Príncipe, Barcelona, Bruguera, 1978, p. 102]. <<

[36] Il Principe e Discorsi, pp. 77, 78 [El Príncipe, pp. 156-157]. En realidad, la comprensión de Maquiavelo de la naturaleza y función de la nobleza francesa es, en último término, insegura y confusa. En su Ritratto di cose di Francia, describe a la aristocracia francesa como «muy complaciente» (ossequentissimi) con la monarquía, en completa contradicción con sus observaciones posteriores citadas antes. Véase Arte della guerra e scritti politici minori, Milán, 1961, p. 164. <<

[37] Il Principe e Discorsi, p. 256. <<

[38] Ibid., pp. 255-6. <<

[39] Ibid., p. 176. <<

[40] Ibid., p. 70 [El Príncipe, p. 149]. <<

[41] Ibid., p. 265. <<

[42] Il Principe e Discorsi, p. 97 [El Príncipe, p. 176]. Compárese este tono con el de Bodin: «Aquel que por su propia autoridad se hace a si mismo príncipe soberano, sin elección, derecho hereditario o sorteo, sino únicamente por la guerra o por una llamada divina especial, es un tirano». Un gobernante de este tipo «conculca las leyes de la naturaleza». Les six livres de la République, pp. 218, 211. <<

[43] Il Principe e Discorsi, p. 53 [El Príncipe, p. 131]. <<

[44] Il Principe e Discorsi, p. 72 [El Príncipe, p. 151]. <<

[45] Il Principe e Discorsi, pp. 69, 70 [El Príncipe, pp 148, 1491 <<

[46] Por supuesto, esto es exacto. Precisamente el hecho de que Maquiavelo no estuviera arraigado en la principal corriente de su propia época histórica fue lo que produjo una obra política de importancia más general y perenne, después de que aquella hubiera pasado. <<

[47] Pueden verse algunos ejemplos en Il Principe e Discorsi, pp. 129-31, 309-11. 355-7. Véanse los comentarios de Chabod en «Alcum questioni di terminologia: Stato, nazione, patria nel linguaggio del cinquecento», L’idea di nazione, Bari, 1967, pp. 145-53. <<

[48] Hay unos pocos y breves pasajes en Maquiavelo que indican una conciencia de los límites de su concepción dominante del Estado: «[…] los estados que surgen de repente, como todas las demás cosas de la naturaleza que nacen y crecen con prontitud, no pueden tener las raíces y ramificaciones necesarias, de modo que el primer choque de la adversidad los arruina». Il Principe e Discorsi, p. 34 [El Príncipe, p. 110]. Procacci, en su valiosa introducción, insiste mucho en los términos barbe e correspondenzie (raíces y ramificaciones) como prueba de que Maquiavelo tenía un concepto objetivo del Estado del príncipe («Introduzione» páginas L ss.). Pero lo que realmente llama más la atención acerca de estos términos relacionados es que carecen de consecuencias o de ecos en la totalidad de El Príncipe. <<

[49] Il Principe e Discorsi, pp. 53, 58, 104 [El Príncipe, pp. 131, 136, 184]. <<

[50] Sobre este episodio, véase Oman, A history of war in the sixteenth century, pp. 96, 97. <<

[51] En general, este aspecto de la obra de Maquiavelo, que dio origen a su sensacional «leyenda» durante los siglos posteriores, lo pasan por alto sus comentaristas más serios de hoy, que le conceden poco interés intelectual. De hecho, es conceptualmente inseparable de la estructura teórica de su obra, y no puede ser objeto de una cortés ignorancia; es el residuo necesario y lógico de su pensamiento. Véase el mejor y más poderoso análisis del verdadero significado del «maquiavelismo» en Georges Mounin, Machiavel, París, 1966, pp. 202-12. <<

[52] Quaderni del carcere, Turín, 1975, pp. 774, 1560, 2035-2036. La frase está tomada del poema de D’Annunzío. Los análisis de Gramsci sobre el problema de la unidad italiana en el Renacimiento —por el que estaba profundamente preocupado— se resienten del punto de partida implícito de que las nuevas monarquías europeas que estaban unificando a Francia. Inglaterra y España tenían un carácter burgués (o al menos representaban un equilibrio entre la burguesía y la aristocracia). Así, Gramsci tiende a mezclar de forma ilegítima los dos problemas históricos diferentes de la ausencia de un absolutismo unitario en el Renacimiento y el de la posterior carencia de una revolución democrática radical en el Risorgimento. Ambos se convierten así en la prueba del fracaso de la burguesía italiana: el primero, debido al corporativismo y la involución de las comunas a finales de la época medieval y a comienzos de la moderna, el segundo, a causa de la confabulación de los moderados y los latifundistas del sur en el siglo XIX. Sin embargo, como ya hemos visto lo cierto es precisamente lo contrario. La ausencia de una nobleza feudal dominante fue lo que impidió la aparición de un absolutismo peninsular, y, de ahí, la de un Estado unitario, contemporáneo de los de Francia o España, y la presencia regional de esa nobleza en el Piamonte fue lo que permitió la creación de un Estado que proporcionaría el trampolín para la unificación tardía en la era del capitalismo industrial. La equivocación de Gramsci refleja en buena medida su dependencia de Maquiavelo como prisma central a través del cual consideró el Renacimiento, y su creencia de que Maquiavelo representaba un «jacobinismo precoz» (véase especialmente Note sul Machiavelli, pp. 6-7, 14-16). Maquiavelo en su propia época, confundió dos tiempos históricos diferentes al imaginar que un príncipe italiano podía crear un poderoso Estado autocrático por medio de la resurrección de las milicias ciudadanas típicas de las comunas del siglo XII, muertas desde hacía ya mucho tiempo. <<

[53] Junto con Sicilia, que presumiblemente era la otra región con un poderoso sistema estamental, pero que ya era parte del reino de Aragón: H. G. Koenigsberger, «The parliament of Piedmont during the Renaissance, 1640-1560». Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, IX, Lovaina, 1952, p. 70. <<

[54] «Nos, como príncipe, estamos exentos y libres de toda ley»: la pretensión ducal era, por supuesto, una traducción directa de la famosa máxima romana. Para un balance de las reformas de Manuel Filiberto en el Piamonte véase Vittorio de Caprariis, «L’Italia nell’Eta della Controriforma», en Nino Valeri, comp., Storia d’Italia, II, Turín, 1965, páginas 526-30. <<

[55] La perequazione se analiza en S. J. Woolf, Studi sulla nobiltá piemóntese nell’epoca dell’assolutismo, Turín, 1963, pp. 69-75. El significado de este hecho para la historia general del absolutismo es claro. En un sistema político medieval, donde no existía un sistema impositivo central, el interés económico de un señor consistía en multiplicar el número de feudos —que le debían servicios militares y prestaciones feudales— y en reducir el numero de propiedades alodiales, con su titularidad incondicional y, por tanto, su carencia de obligaciones hacia un superior feudal. Con la llegada de un sistema fiscal centralizado, la situación cambió por completo: los feudos quedaban fuera de las tasaciones de impuestos, porque prestaban unos servicios militares que ahora ya eran meramente simbólicos, mientras que las propiedades alodiales eran susceptibles de tributación como lo eran las propiedades urbanas o campesinas Prácticamente al mismo tiempo, en 1717, Federico Guillermo I introdujo en Prusia una reforma similar para «conmutar» el servicio de caballería por un impuesto, por medio de la conversión de la propiedad feudal en alodial, y terminando así en realidad con la inmunidad fiscal de la nobleza. La medida levantó entre los junkers una tormenta de indignación. <<

[56] C. Ouazza, Le riforme in Piemonte nella prima metá del settecento, Módena, 1957, pp. 103-6. Quazza piensa que posiblemente sólo Prusia igualó o superó al Piamonte en gastos militares durante este siglo. <<

[1] Michael Roberts, The early Vasas, Cambridge, 1968, pp. 178-9. El lector de lengua inglesa tiene la fortuna de disponer de la amplia y distinguida oeuvre de este historiador del primer período de la era moderna en Suecia. <<

[2] La dura personalidad de Gustavo Vasa recuerda inevitablemente la sucesión de dirigentes que construyeron, inmediatamente antes que él, los estados de Europa occidental: Enrique VII, Luis XI y Fernando II, del mismo modo que su extravagante hijo mayor Erik XIV tiene cierto parecido con la llamativa inestabilidad de Enrique VIII y Francisco I. Un estudio sobrio de estos grupos y cambios generacionales quizá tendría más interés que las biografías convencionales. <<

[3] Roberts, The early Vasas, p. 306. <<

[4] Roberts, The early Vasas, p. 440. <<

[5] Michael Roberts, Gustavus Adolphus; a history of Sweden, 1611-1632, I, Londres, 1953, pp. 265-78, 293-7, 319-24. <<

[6] Pierre Jeannin, L’Europe du nord-ouest et du nord aux XVIIe et XVIIIe siècles, París, 1969, p. 130. <<

[7] Roberts, Gustavus Adolphus: a history of Sweden, 1611-1632, II, Londres, 1958, pp. 414-5, 444. En realidad el rey comenzó sus campañas alemanas con unos 26.000 soldados. <<

[8] Véase, por ejemplo, E. Hecksher, An economic historv of Sweden, Cambridge (Massachusetts), 1954, pp. 36-8; M. Roberts, «Introduction» a Ingvar Andersson, A history of Sweden, Londres, 1956, p. 5 (la contradicción con el libro al que sirve de introducción, véanse las pp. 43-4). <<

[9] Roberts, Gustavus Adolphus, II, p. 152. <<

[10] Roberts, Gustavus Adolphus, II, p. 44. <<

[11] Roberts, Gustavus Adolphus, II, p. 57. La población total indicada más arriba incluye a Finlandia; Suecia tenía alrededor de 900.000 habitantes en este período. <<

[12] La división de su país por Gustavo Vasa en su lecho de muerte, por medio de la creación de estos peligrosos infantazgos, después de dedicar toda su vida a la centralización monárquica, revela un rasgo típicamente feudal de muchos pioneros del absolutismo europeo. Puede compararse con las instrucciones testamentarias para el desmembramiento de los dominios de los Hohenzollern, más drásticas, incluso, dictadas por el Gran Elector, arquitecto supremo del Estado prusiano unitario. Para estos soberanos, un patrimonio dinástico siempre era potencialmente divisible. <<

[13] Toda la tradición y función del råd se examina en el ensayo de Roberts, «On aristocratic constitucionalism in Swedish history, 1520-1720» Essays in Swedish history, pp. 14-55. <<

[14] Stewart Oakley, The story of Sweden, Londres, 1966, p. 125. <<

[15] Gustavo Adolfo comenzó sus campañas en Alemania con un ejército del que sólo una mitad se había reclutado en Suecia. En la época de Breitenfeld, la participación sueca había descendido a un cuarto, y en Lutzen a menos de una décima parte (13.000 de los 140.000 hombres) Roberts, Gustavus Adolphus, II, pp. 206-7. El reclutamiento interior no fue suficiente, por tanto, para eximir al absolutismo sueco de las leyes generales del militarismo europeo de esta época. <<

[16] Jeannin, L’Europe du nord-ouest et du nord, p. 330. <<

[17] Roberts señala que el constitucionalismo aristocrático nunca consiguió ninguna victoria sobre un rey en su mayoría de edad. La relativa frecuencia de las minorías de edad fue lo que le ofreció posibilidades periódicas de reafirmarse: Essays in Swedish history, p. 33. <<

[18] Roberts, «Sweden and the Baltic, 1611-1654», en The New Cambridge Modern History, IV, p. 401. <<

[19] R. M. Hatton, Charles XII of Sweden, Londres, 1968, p. 38. <<

[20] Los ingresos totales bajaron en un 40 por 100 en la década de 1644 a 1650. Sobre todo este episodio, véase el ensayo de Roberts. «Queen Christina and the general crisis of the seventeenth century», Essays in Swedish history, pp. 111-37. <<

[21] Fueron abolidos de nuevo en la década de 1670: Jeannin, L’Europe du nord-ouest et du nord, p. 135. <<

[22] Sobre las reducciones, véase J. Rosen, «Scandinavia and the Baltic» en The New Cambridge Modern History, V, p. 534. En 1655, los nobles poseían dos tercios de las tierras del país. En 1700, las proporciones eran: 33 por 100 la nobleza; 36 por 100 la monarquía y 31 por 100 los campesinos que pagaban impuestos. Al final del reinado, las reducciones habían aumentado los ingresos de la monarquía en unos dos millones de dólares al año; de este incremento, las dos terceras partes provenían de las posesiones recuperadas en las provincias extranjeras. <<

[23] La dramática peripecia de las enajenaciones y recuperaciones del patrimonio real sueco a mediados del siglo XVII, que en un corto espacio de tiempo transformaron por completo el sistema de propiedad del país se interpreta generalmente como el signo de una profunda lucha social por la tierra, en la que el campesinado sueco sólo pudo librarse de una «servidumbre livonia» por medio de las reducciones. Por muy extendida que este esta opinión, es difícil aceptarla, porque los orígenes de este intervalo estuvieron demasiado claramente ligados a los caprichos subjetivos de Cristina. Sus imprudentes donaciones tuvieron lugar en tiempos de paz y no correspondieron a ninguna necesidad objetiva de la monarquía, ni fueron el resultado de una irresistible demanda o presión colectiva de la nobleza. Estas posesiones, conquistadas sin esfuerzo por la alta aristocracia, fueron abandonadas sin oponer ninguna resistencia Nunca hubo una confrontación de clase en torno al problema de la tierra de una gravedad equiparable a los riesgos que se corrieron. Debe tenerse en cuenta que para destruir las libertades del campesinado sueco habría hecho falta algo más que esa irreflexiva largueza real. <<

[24] Rosen, «Scandinavia and the Baltic», pp. 535-7. <<

[25] El ataque contra Rusia en 1709 fue desencadenado con unos 44.000 hombres: Hatton, Charles XII of Sweden, p. 233. <<

[26] El error garrafal que suponía esta aventura es evidente. Hay que recordar que el talento militar del absolutismo sueco estuvo acompañado casi siempre por la miopía política. Sus dirigentes aplicaron constantemente la fuerza con una habilidad consumada sobre objetivos equivocados. Gustavo Adolfo corrió inútilmente por toda Alemania, cuando los intereses a largo plazo de Suecia señalaban la toma de Dinamarca y el dominio del Sund. Carlos XII se lanzó tontamente sobre Ucrania, al dictado de Gran Bretaña, cuando una alianza con Francia y un ataque contra Austria habrían cambiado todo el curso de la guerra de sucesión española y salvado a Suecia de su completo aislamiento al término de la guerra en el Este. La dinastía nunca superó cierto provincianismo en sus perspectivas estratégicas. <<

[27] Véase Roberts, Essays in Swedish history, pp. 272-8; la prohibición a los plebeyos de comprar tierras de la nobleza se redujo más tarde únicamente a los campesinos, a la par que se mitigaban también las restricciones matrimoniales. <<

[1] Véase Zs. Pach. Die ungarische Agrarentwicklung im 16-17 Jahrhundert, Budapest, 1964, pp. 38-41, 53-6, acerca de las etapas de este proceso y el impacto de la guerra de los Trece Años sobre la condición campesina. <<

[2] El índice real de monetarización de las diferentes agriculturas de Europa occidental en los siglos XVI y XVII era, probablemente, mucho más bajo de lo que generalmente se cree. Jean Meuvret afirma que en la Francia del siglo XVI «el campesinado vivía en un régimen de cuasi autarquía doméstica prácticamente en todas partes», y que «la vida diaria de los artesanos, incluyendo a la pequeña burguesía, estaba regulada de hecho por el mismo principio, a saber, vivir de los alimentos cultivados en las tierras propias y, por lo demás, comprar y vender el mínimo posible»; porque «para satisfacer las necesidades ordinarias, no era necesario en absoluto el uso de monedas de oro o de plata. Para el pequeño número de transacciones mercantiles que resultaban indispensables era posible prescindir frecuentemente del dinero». Jean Meuvret. «Circulation monétaire et utilization economique de la monnaie dans la France du XVIe et du XVIIIe siècle», Etudes d’Histoire Moderne et Contemporaine I, 1947, p. 20. Porshnev caracteriza correctamente la situación general de esta época cuando la define por «la contradicción entre la forma monetaria y la base natural de la economía feudal», y comenta que las dificultades fiscales del absolutismo radicaban por doquier en esta contradicción: Les soulèvements populaires en France, p. 558. <<

[3] Véase J. Polisensky, The Thirty Year’s War, Londres, 1971, páginas 224-31. <<

[4] Carsten, The origins of Prussia, p. 179. Pocos años antes, Gustavo Adolfo había tomado las estratégicas fortalezas de Memel y Pillau, en la Prusia oriental, que dominaban el acceso a Koenigsberg, imponiendo en ellas peajes suecos: op. cit., pp. 205-6. <<

[5] En vísperas del ataque de Iván IV contra el janato tártaro de Kazán, se supone que había allí unos 100.000 esclavos rusos. El numero total de esclavos capturados por los tártaros en sus correrías desde Crimea en la primera mitad del siglo XVII fue superior a los 200.000. G. Vernadsky, The tsardom of Moscow, 1457-1682, I, Yale, 1969, pp. 51-4, 12. <<

[6] J. H. Billington, The icon and the axe, Londres, 1966, p. 110; este tema invita a una mayor investigación. <<

[7] Un reconocimiento de esta cuestión por un historiador ruso puede verse en A. N. Chistozvonov, «Nekotorye aspekti problemi genezisa absoliutizma», Voprost Istorii, 5, mayo de 1968, pp. 60-1. Aunque contiene algunos juicios disparatados (sobre España, por ejemplo), este ensayo comparativo es probablemente el mejor estudio soviético reciente sobre los orígenes del absolutismo en Europa oriental y occidental. <<

[8] En esa fecha los nobles reunidos en Brandemburgo dejaron constancia de su melancólica convicción de que los antiguos privilegios de los Estados estaban prácticamente «anulados y descoloridos de tal forma que no parecía quedar ni una umbra libertatis». Citado por Carsten, The origins of Prussia, p. 200. <<

[9] Polisensky, The Thirty Year’s war, p. 245. <<

[10] Carsten, The origins of Prussia, pp. 212-14, 220-1. <<

[11] Stoye, Europe unfolding, 1648-1683, p. 31. <<

[12] Polisensky, The Thirty Year’s war, p. 245. <<

[13] R. H. Hellie, Enserfment and military change in Muscovy, Chicago, 1971, p. 95. <<

[14] R. Mousnier, Peasant Uprisings, pp. 157, 159. <<

[15] P. Skwarczynski, «Poland and Lithuania», en The New Cambridgt Modern History of Europe, III, Cambridge, 1968, p. 377. <<

[16] A. N. Sajarov, «O dialektike istoricheskovo razvitiya russkovo krest’yanstva», Voprosi Istorii, 1, enero de 1970, pp. 26-7, subraya este contraste. <<

[17] Mousnier, Peasant uprisings, pp. 174-5. <<

[18] Véase la notable ponencia de Vernadsky, «Serfdom in Russia», en X Congresso Internationale di Scienze Storiche, Relazioni, III, Florencia, 1955, pp. 247-72, que señala correctamente la importancia de la esclavitud rural en Rusia como una característica del sistema agrario. <<

[19] Una idea de la magnitud de este problema para la clase dominante rusa puede deducirse del hecho de que en fecha tan tardía como 1718-9, mucho después de la consolidación legal de la servidumbre, el censo ordenado por Pedro I descubrió no menos de 200.000 siervos fugitivos —alrededor del 3 o 4 por 100 del total de la población sierva— que fueron devueltos a sus antiguos amos. Véase M. Ya. Volkov, «O stanovlenii absoliutizma v Rossii», Istoriya SSSR, enero de 1970, p. 104. <<

[20] Una completa descripción de la estructura social de Ucrania y de la revolución de 1648-54 puede verse en Vernadsky, The tsardom of Moscow, I, pp. 439-81. <<

[21] Un relato sucinto de las negociaciones y disposiciones del tratado de Pereyaslavl puede verse en C. B. O’Brien, Muscovy and the Ukraine, Berkeley y Los Angeles, 1963, pp. 21-7. <<

[22] Stoye, Europe unfolding, 1648-1688, p. 30. <<

[23] El contraste entre la topografía llana e interminable del Este, que facilitaba las huidas, y el relieve más accidentado y limitado del Oeste, que ayudaba al control de la fuerza de trabajo, es subrayado por Lattimore, «Feudalism in history», pp. 55, 56, y Mousnier, Peasant uprisings, páginas 157, 159. <<

[24] Hintze, Gesammelte Abhandlungen, I, p. 61. <<

[25] Dorn, Competition for empire, p. 94. <<

[26] A. J. P. Taylor, The course of German history, Londres, 1961, p. 19. <<

[27] H. F. Schwarz, The imperial Privy Council in the seventeenth century, Harvard, 1943, p. 26. <<

[28] V. O. Kliuchevsky, A history of Russia, II, Londres, 1912, p. 319. <<

[29] Kliuchevsky, op. cit., p. 120. <<

[30] M. Beloff, «Russia», en Goodwin, comp., The European nobility in the 18th century, pp. 174-5. <<

[31] V. O. Kliuchesvsky, A history of Russia, IV, pp. 144-5. <<

[32] Hans Rosenberg, «The rise of the junkers in Brandenburg-Prussia 1410-1563». American Historical Review, octubre de 1943, p. 20. <<

[33] Hans Rosenberg, Bureaucracy, aristocracy and autocracy: the Prussian experience, 1680-1815, Cambridge, 1958, p. 78. <<

[34] K. W. Swart, Sale of offices in the seventeenth century, p. 96. <<

[35] Rosenberg, Bureaucracy, aristocracy and autocracy, pp. 139-43. <<

[36] Carsten, The origins of Prussia, p. 272. <<

[37] Schwarz afirma, sin embargo, que la vieja y alta nobleza del Estado de los Habsburgo debía fundamentalmente su poder al servicio en el Consejo Privado imperial durante el siglo XVII: The imperial Privy Council in the seventeenth century, p. 410. <<

[38] Jerome Blum, Lord and peasant in Russia, p. 150. <<

[1] F. Dvornik, The slavs: their early history and civilization, Boston, 1956, p. 324; The Slavs in European history and civilization, New Brunswick, 1962, pp. 121-8. <<

[2] Bloch se percató de esto, aunque ofreciera una explicación engañosamente culturalista, al afirmar que «los eslavos nunca conocieron» la diferencia entre concesiones por servicios y donaciones incondicionales. Véase su nota «Feodalité et noblesse polonaises», Annales, enero de 1939, pp. 53-4. En realidad, la concesión de tierra a cambio de servicios fue conocida en Rusia desde el siglo XIV al XVI y apareció más tarde en el sistema de pomestie. <<

[3] Hermann Aubin, «The lands east of the Elbe and German colonization eastwards», en The agrarian life of the Middle Ages, p. 476. <<

[4] P. Skwarzynski, «The problem of feudalism in Poland up to the beginning of the 16th century», Slavonic and East European Review, 34, 1955-6, pp. 296-9. <<

[5] Skazkin trata correctamente este punto: «Osnovnye problemy tak nazyvaemovo “vtorovo izdaniya krepostnichestva” v srednei i vostochnoi Evrope», pp. 99-100. <<

[6] Hay una excelente delimitación y discusión del modelo histórico aplicable a las tierras rusas en el texto, extremadamente lúcido, de Vernadsky, «Feudalism in Russia», Speculum, vol. 14, 1939, pp. 300-23. A la luz del posterior sistema de pomestie, es importante subrayar que las relaciones vasalláticas del período medieval fueron auténticamente contractuales y recíprocas, como puede verse por los homenajes de la época. Una descripción y ejemplos de esto pueden verse en Alexandre Eck, Le Moyen Age russe, pp. 195-212. <<

[7] Debe observarse, sin embargo, que el absolutismo prusiano no desdeñó la coacción cuando la juzgó necesaria. El Rey Sargento prohibió a los junkers los viajes al extranjero, salvo con su expreso permiso, para obligarles a cumplir sus deberes de oficiales en el ejército. A. Goodwin, «Prussia», en Goodwin, comp., The European nobility in the 18th century, página 88. <<

[8] R. A. Dorwart, The administrative reforms of Frederick William I of Prussia, Cambridge (Massachusetts), 1953, p. 226. <<

[9] El Landtag prusiano existió formalmente hasta Jena, pero en la práctica estaba privado de todas sus funciones, excepto las decorativas, desde la década de 1680. En el siglo XVII se limitaba a reunirse para rendir homenaje a los nuevos monarcas a su accesión al trono. <<

[10] Véase el agudo análisis de su actividad en J. L. H. Keep, «The decline of the Zemsky Sobor», The Slavonic and East European Review, 36, 1957-8, páginas 100-22. <<

[11] Véase H. Seton-Watson, The Russian empire, 1801-1917, Oxford, 1967, página 77. <<

[12] La propagación del francés entre las clases dirigentes de Prusia, Austria y Rusia en el siglo XVIII es, naturalmente, una prueba de la ausencia en los estados de Europa central de la aureola «protonacionalista» adquirida en una época anterior por el absolutismo de Europa occidental, y a su vez estuvo determinada por la falta de una burguesía ascendente en la Europa oriental de este tiempo. La monarquía prusiana mantuvo su reconocida hostilidad hacia los ideales nacionales hasta la víspera de la unificación alemana, y la austríaca hasta el fin de su existencia. <<

[13] La demostración más llamativa de los estrictos limites objetivos del poder absolutista es la prolongada y triunfante resistencia de la nobleza rusa a los planes zaristas de emancipación de los siervos durante el siglo XIX. Por entonces, tanto Alejandro I como Nicolás I —dos de los monarcas más poderosos que Rusia ha conocido— consideraban personalmente que la servidumbre era, en principio, un estorbo social, aunque en la práctica acabaran por transferir más campesinos a la esclavitud privada. Incluso cuando Alejandro II decretó por fin la emancipación, en la segunda mitad del siglo XIX, la forma de su realización vino determinada en buena medida por los combativos contraataques de la aristocracia. Sobre estos episodios véase Seton-Watson, The Russian empire, páginas 77-8, 227-9, 393-7. <<

[14] Esto se deduce con toda claridad del estudio más reciente sobre el tema: François Bluche, Le despotisme eclairé, París, 1968. El libro de Bluche ofrece un agudo estudio comparativo de los despotismos ilustrados del siglo XVIII. Sin embargo, su marco explicativo es defectuoso, porque se basa fundamentalmente en una teoría de ejemplos genealógicos, por la que se dice que Luis XIV proporcionó un modelo original de gobierno, que inspiró a Federico II, quien a su vez inspiró a los demás soberanos de su época (pp. 344-5). Sin negar la importancia del fenómeno, relativamente nuevo, de una consciente imitación internacional entre los estados durante el siglo XVIII, los límites de este tipo de genealogías son bastante obvios. <<

[15] Los comentarios de Bluche sobre la incansable y crédula admiración de los philosophes hacia los monarcas del Este son particularmente sarcásticos y enérgicos: Le despotisme eclairé, pp. 317-40. Voltaire fue el coryphée del absolutismo prusiano en la persona de Federico II, Diderot lo fue del absolutismo ruso en la de Catalina II; mientras que Rousseau reservó sus recomendaciones, de forma significativa, para la aristocracia rural de Polonia, a la que advirtió que no se lanzara intempestivamente a la abolición de la servidumbre. Los fisiócratas Mercier de la Riviére y De Quesnay ensalzaron, por lo general, los méritos del «despotismo patrimonial y legal». <<

[16] José II podía declarar, con los acentos de su época: «La tolerancia es una consecuencia del beneficioso aumento del conocimiento que ahora ilustra a Europa y que se debe a la filosofía y a los esfuerzos de los grandes hombres; es una prueba convincente del perfeccionamiento de la mente humana, que ha vuelto a abrir con audacia por entre los dominios de la superstición un camino recorrido ya hace varios siglos por Zoroastro y Confucio y que, afortunadamente para la humanidad, se ha convertido ahora en la gran ruta de los monarcas». S. K. Padover, The revolutionary Emperor; Joseph II, 1741-1790, Londres, 1934, p. 206. <<

[17] El primer programa oficial para la abolición de las prestaciones de trabajo de los robot y la distribución de la tierra a los campesinos fue esbozado en 1764 por el Hofkriegsrat, con el propósito de aumentar el reclutamiento para el ejército: W. E. Wright, Serf, seigneur and sovereing: agrarian reform in eighteenth century Bohemia, Minneapolis, 1966, página 56. Todo el programa josefino debe considerarse siempre teniendo en cuenta las humillaciones militares de los Habsburgo en la guerra de sucesión austríaca y en la guerra de los Siete Años. <<

[1] K. Marx y F. Engels, Selected correspondence, p. 417 [Obras Escogidas, II, pp. 520-1; Correspondencia, Buenos Aires, Cartago, 1973, pp. 379, 380]. Althusser ha seleccionado este pasaje como un documento decisivo en su famoso ensayo «Contradiction and overdetermination», For Marx, Londres, 1969, pp. 111, 112 [«Contradicción y sobredeterminación (notas para una investigación)», La revolución teórica de Marx, México, Siglo XXI, 1967, p. 92], pero se limita a demostrar la importancia teórica general de las formulaciones de Engels, sin proponer ninguna solución a los verdaderos problemas históricos que plantean. El hincapié expresamente hecho por Engels sobre el carácter complejo y sobredeterminado del auge de Prusia es mucho más llamativo cuando se compara con los comentarios de Marx sobre el mismo tema. Porque Marx redujo precisamente la aparición del Estado Hohenzollern en Brandemburgo a la caricatura de una necesidad meramente económica. En su artículo de 1856, «Das göttliche Recht der Hohenzollern» (Werke, vol. 12, pp. 95-101), Marx atribuyó el auge de la dinastía simplemente a una miserable serie de sobornos: «Los Hohenzollern adquirieron Brandemburgo, Prusia y el título real únicamente gracias al soborno». En la misma fecha, su correspondencia privada con Engels utiliza idéntica fraseología: «Pequeños robos, sobornos, compras directas, tratos bajo cuerda con los herederos, etc.; la historia de Prusia se reduce toda a este ruin negocio» (Selected correspondence, p. 96 [Correspondencia, p. 86]). Este materialismo verdaderamente vulgar es una advertencia sobre los peligros de dar por supuesta cualquier superioridad de Marx sobre Engels en el campo histórico propiamente dicho; hasta es posible que la balanza se incline normalmente del lado contrario en lo que respecta a la unión de ambos. <<

[2] Sobre el contexto de esta acción, véase Barraclough, The origins of Germany, p. 358. <<

[3] Hans Rosenberg, «The rise of the junkers in Brandeburg-Prussia, 1410-1653», American Historical Review, octubre de 1943, pp. 1-22, y enero de 1944, pp. 228-42. <<

[4] Carsten, The origins of Prussia, pp. 168, 169. <<

[5] Ibid., p. 174. <<

[6] Carsten, The origins of Prussia, pp. 185-9. <<

[7] Carsten, The origins of Prussia, pp. 219-21. <<

[8] Carsten, The origins of Prussia, pp. 236-9, 246-9. <<

[9] Carsten, The origins of Prussia, pp. 259-65. <<

[10] Carsten, The origins of Prussia, pp. 266-71 <<

[11] Una descripción de la estructura y el funcionamiento del Generaloberdirektorium puede verse en R. A. Dorwart, The administrative reforms of Frederick I of Prussia, pp. 170-9. Dentro de la administración, los «fiscales» no eran asalariados, sino que recibían comisiones sobre las multas que resultasen de los juicios iniciados tras sus investigaciones. <<

[12] H. Holborn, A history of modern Germany, 1648-1840, Londres, 1965, Páginas 192-202. <<

[13] H. Holborn, A history of modern Germany: the Reformation, Londres, 1965, p. 38. <<

[14] Los marxistas han llamado frecuentemente la atención sobre este punto: véase, inter alia, el representativo ensayo de Lukacs, «Uber einige Eigentümlichkeiten der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands», Die Zerstörung der Vernunft, Neuwied y Berlín, 1962, p. 38. <<

[15] Holborn, A history of modern germany: the Reformation, pp. 81-2. <<

[16] Los comentarios de Brecht sobre la mentalidad cívica de las ciudades libres de Alemania en general, y de su nativa Augsburgo en particular, tal como los ha reproducido Benjamin, son muy mordaces: Walter Benjamin, Understanding Brecht, Londres, 1973, p. 119 [Tentativas sobre Brecht, Madrid, Taurus, 1975, p. 150]. Esos comentarios son un curioso contrapunto de las desencantadas reflexiones de Gramsci sobre las ciudades italianas de la misma época, porque Brecht admiraba las ciudades renacentistas de Italia, mientras Gramsci alababa la Reforma urbana en Alemania: cada uno buscaba la virtud histórica en el vicio nacional del otro. <<

[17] Holborn, A history of modern Germany: the Reformation, pp. 31, 38. <<

[18] Sobre la situación social de Württemberg y el Palatinado, véase F. L. Carsten, Princes and Parliaments in Germany, Oxford, 1959, pp. 2-4, 341-7. <<

[19] Carsten, Princes and Parliaments in Germany, pp. 392-406. <<

[20] Carsten, Princes and Parliaments in Germany, pp. 350-2. <<

[21] Ibid., p. 352. <<

[22] Holborn, A history of modern Germany, 1648-1840, pp. 292-3. <<

[23] Carsten, Princes and Parliaments in Germany, pp. 191-6, 201-4. <<

[24] Carsten, Princes and Parliaments in Germany, pp. 245-6. <<

[25] Carsten, Princes and Parliaments in Germany, pp. 250-1. <<

[26] Véase p. 238. Weber parece haber compartido una creencia similar. Véase su comentario de que los «ataques enemigos contra las marcas» de la Alemania medieval fueron los responsables del hecho de que «sus gobernadores gocen siempre en todas partes de una gran autoridad». Weber concluía: «De ahí que en Alemania la evolución más poderosa hacia un Estado territorial unificado tuviera lugar en Brandemburgo y Austria». Economy and society, III, p. 1051 [Economía y sociedad, II, página 794]. <<

[27] El valor promedio de una muestra de 100 fincas en la región más rica de Brandemburgo no superaba los 60.000 táleros —quizás unas 15.000 libras— en el siglo XVIII: Walter Dorn, «The Prussian bureaucracy in the eighteenth century», Political Science Quarterly, vol. 47, 1932, 2, p. 263. A causa en parte de la falta de una tradición de primogenitura, incluso muchas de las posesiones más grandes estaban cargadas de deudas. <<

[28] Pero en esta época todavía dominaban los comités del Landtag, de los que estaban excluidos los nobles más pequeños y más pobres. Sin embargo, la tensión entre el conjunto de la aristocracia y las ciudades era, económica y políticamente, mucho más profunda que cualquier desavenencia dentro de la propia clase terrateniente: Otto Hintze, Die Hohenzollern und ihr Werk, Berlín, 1915, pp. 146-7. <<

[29] Goodwin, «Prussia», en Goodwin, comp., The European nobility in the eighteenth century, p. 86. <<

[30] Holborn, A history of modern Germany, 1648-1840, p. 196. <<

[31] Alfred Vagts, A history of militarism, Londres, 1959, p. 64. Hasta 1794 el ejército prusiano había sido mandado por 895 generales, procedentes de 18 familias nobles. En el cuerpo de oficiales, los extranjeros fueron siempre más que los burgueses. <<

[32] Dorn, «The Prussian bureaucracy in the eighteentli century», Political Science Quarterly, vol. 46, 1931, 3, p. 406, que analiza el funcionamiento de la Kriegs-und-Domänem-Kammern. La organización colegial no había conducido en modo alguno a la eficacia o a la agilidad administrativas en España; indudablemente, esta diferencia debe explicarse en parte por la distinta actitud ética del protestantismo prusiano, una variable a la que Engels, entre otros, concedió mucha importancia para explicar el auge de esa organización. <<

[33] Goodwin, «Prussia», pp. 95-7. <<

[34] Véase el juicio de Dorn: Competition for empire, pp. 174-5. <<

[35] Sobre el papel de Von Cocceji véase Rosenberg, Bureaucracy, aristocracy and autocracy, pp. 122-34. <<

[36] Bluche ofrece una viva descripción en Le despotisme eclairé, páginas 83-85. <<

[37] Holborn, A history of modern Germany, 1648-1840, p. 268. <<

[38] Ibid., p. 262. <<

[39] Prácticamente, la única figura política importante implicada en las reformas y natural de Prusia era el educador Von Humboldt, aunque Clausewitz —la mayor eminencia intelectual de su generación— también era brandemburgués de nacimiento. <<

[40] W. M. Simon, The failure of the Prussian reform movement, 1807-1819, Nueva York, 1971, pp. 88-104. Los campesinos tenían que pagar una compensación en tierra y en dinero por la conmutación de las prestaciones de trabajo a sus antiguos dueños. Los campesinos todavía estaban redimiendo esas prestaciones en 1865. La estimación de los pagos de redención dada más arriba está tomada de Theodore Hamerow, The social foundations of German unification, Princeton, 1969, p. 37. <<

[41] Sobre las reformas militares véase Gordon Craig, The politics of the Prussian army, 1640-1945, Nueva York, 1964, pp. 38-53, 69-70. <<

[42] J. Droz, La formation de l’unité allemande, 1789-1817, París, 1970, página 126. <<

[43] John Gillis, «Aristocracy and bureaucracy in nineteenth-century Prussia», Past and Present, 41, diciembre de 1968, p. 113. <<

[44] Hamerow, The social foundations of german unification, p. 59. <<

[45] David Landes, «Japan and Europe: contrasts in industrialization», en W. Lockwood, comp., The State and economic enterprise in Japan, Princeton, 1965, p. 162. El ensayo de Landes es, esencialmente, una amplia comparación entre el desarrollo prusiano y el japonés, y contiene muchas reflexiones e ideas sobre la historia de Alemania en el siglo XIX. <<

[46] Simon, The failure of the Prussian reform movement, p. 104. <<

[47] Véase Pierre Benaerts, Les origines de la grande industrie allemanae, París, 1934, pp. 31-52; Droz hace algunos penetrantes comentarios de carácter general sobre el papel de la burocracia en La formation de l’unité allemande, p. 113. <<

[48] La importancia del tratado comercial con Francia es subrayada especialmente por Helmut Boehme, Deutschlands Weg zur Grossmacht, Colonia y Berlín, 1966, pp. 100-20, 165-6; se trata de una obra pionera, aunque excesivamente economicista. <<

[49] Hamerow, The social foundations of German unification, pp. 301-2. <<

[50] Pierre Ayçoberry, L’unité allemande (1800-1871), París, 1968, p. 90. <<

[51] Taylor señala que la Constitución Confederal de Alemania del norte, de la que se derivó la Constitución imperial, contenía el sufragio más amplio de todos los grandes países europeos, y el único con un voto verdaderamente secreto, adelantándose así a la Second Reform Act de Inglaterra y a la llegada de la III República francesa: A. J. P. Taylor, Bismarck, Londres, 1955, p. 98. <<

[52] Una buena descripción de la Constitución imperial alemana puede verse en K. Pinson, Modern Germany: its history and civilization, Nueva York, 1966, pp. 156-63. <<

[53] Esta fórmula pertenece a la Crítica del programa de Gotha: K. Marx y F. Engels, Werke, vol. 19, p. 29 [Obras Escogidas, II, p. 26]. <<

[54] F. Engels, The role of force in History, Londres, 1969, pp. 64-5. <<

[55] K. Marx y F. Engels, Selected Works, pp. 246, 247 [Obras Escogidas, p. 681]. <<

[56] Ibid., p. 247 [p. 682]. <<

[1] Esto se deduce sin ningún equívoco de un reciente análisis de las causas de los repartos alegados por los historiadores polacos, muchos de los cuales hacen poco más que volver a plantear el problema: Boguslaw Lesnodarski, «Les partages de la Pologne. Analyse des causes et essai d’une théorie», Acta Poloniae Historica, vil, 1963, pp. 7-30. <<

[2] Sobre este episodio, véase O. Halecki, «From the union with Hungary to the union with Lithuania», en W. F. Reddaway y otros, comps., The Cambridge History of Poland, I, Cambridge, 1950, pp. 19-193. <<

[3] Véase A. Gieysztor, en S. Kieniewicz, comp., History of Poland, Varsovia, 1968, pp. 145-6. <<

[4] Los burgueses de Cracovia y, posteriormente, los de Vilna, fueron admitidos a las discusiones de la Sejm, pero no tenían voto. <<

[5] J. Tazbir, en Kieniewicz, comp., History of Poland, p. 176. <<

[6] R. F. Leslie, The Polish question, Londres, 1964, p. 4. <<

[7] Witold Kula, «Un’economia agraria senza accumulazione: La Polonia dei seicoli XVI-XVIII», Studi Storici, 34, 1968, pp. 615-6. Las variaciones de los ingresos fueron, naturalmente, mucho menores debido al carácter de subsistencia de la mayor parte de la producción campesina (estimada por Kula en un 90 por 100). <<

[8] Tazbir minimiza las consecuencias prácticas inmediatas de esta medida, pero su intención es suficientemente clara: Tazbir, History of Poland, página 178. <<

[9] Leslie, The Polish questions, pp. 4-5. <<

[10] Estos clanes no eran los descendientes directos de las unidades de organización tribal, sino unas formaciones más recientes basadas en ellas. Sobre todo el problema de la heráldica de los clanes en Polonia véase K. Gorski, «Les structures sociales de la noblesse polonaise au Moyen Age», Le Moyen Age, 1967, pp. 73-85. Etimológicamente, la palabra szlachta proviene quizás del antiguo alto alemán slahta (en alemán moderno, Geschlecht), que significa familia o raza, aunque su origen no es completamente seguro. Hay que tener en cuenta que la nobleza húngara no era diferente de la polaca en su volumen y carácter, a causa una vez más de la presencia de principios ciánicos prefeudales en su formación inicial. Pero ambos casos no deben confundirse, porque los magiares fueron un pueblo nómada hasta finales del siglo X, y de ahí que tuvieran una historia anterior y una estructura social muy diferentes a las de los eslavos occidentales. <<

[11] Puede verse un bosquejo sociológico en Andrzej Zajaczkowski, «Cadres structurels de la noblesse», Annales ESC, enero-febrero de 1968, páginas 88-102. Los magnates lituanos que pretendían descender de Gedymin o Rurik usaban el título honorífico de «príncipes», pero esta pretensión carecía de fuerza legal. <<

[12] P. Skwarczynski, «Poland and Lithuania», The New Cambridge Modern History of Europe, III, p. 400. <<

[13] Sobre este proceso véase Vernadsky, Russia at the dawn of the Modern Age, pp. 196-200. El libro de Vernadsky incluye, bajo el epígrafe de «Rusia occidental», uno de los más completos análisis disponibles sobre el Estado lituano. Sobre los antecedentes y las disposiciones de la Unión de Lublin, determinada en parte por la presión militar moscovita sobre Lituania, véanse pp. 241-8. <<

[14] Tazbir, History of Poland, p. 196: además de sus propios dominios, Zamoyski controlaba amplias zonas de las tierras reales. Las tierras pertenecientes a la monarquía eran frecuentemente enajenadas en Polonia como garantía a los magnates acreedores contra sus préstamos. <<

[15] A. Maczak, «The social distribution of landed property in Poland from the 16th to the 18th century», Third International Conference of Economic History, p. 461. <<

[16] B. Boswell, «Poland», en A. Goodwin, comp., The European nobility in the 18th century, pp. 167-8. <<

[17] Sobre los Articuli Henriciani y los Pacta Conventa, véase F. Nowak, «The interregna and Stephen Batory», The Cambridge History of Poland, I, pp. 372-3. El mejor estudio general del sistema constitucional polaco tal como surge en esta época puede encontrarse en Skwarczynski, «The Constitution of Poland before the partitions», The Cambridge History of Poland, II, pp. 49-67. <<

[18] H. Jablonowski, «Poland-Lithuania, 1609-1648», The New Cambridge Modern History of Europe, IV, Cambridge, 1970, pp. 600-1. <<

[19] Jerzy Topolski, «La régression economique en Pologne du XVIe au XVIIIe siècle», Acta Poloniae Histórica, VIII, 1962, pp. 28-49. <<

[20] Tazbir, History of Poland, p. 224. Naturalmente, se suponía que una leva general de la nobleza proporcionaría, en teoría, la fuerza principal Para las guerras exteriores. <<

[21] Henry Willetts, «Poland and the evolution of Russia», en Trevor Roper, comp., The age of expansion, p. 355. Una descripción detallada de los estragos causados por el «diluvio sueco» en una región, Mazovia, puede verse en I. Gieysztorowa «Guerre et régression en Mazovie aux XVIe et XVIIe siècles», Annales ESC, octubre-noviembre de 1958, pp. 651-68, que muestra también la decadencia económica que había comenzado antes de la guerra, a partir de principios del siglo XVII. Entre 1578 y 1661 la población de Mazovia descendió de 638.000 a 305.000 habitantes, esto es, en un 52 por 100. <<

[22] El estudio clásico de esta singular institución es L. Konopczynski, Le liberum veto, París, 1930. Konopczynski sólo pudo encontrar una institución paralela: el derecho formal de disentimiento en Aragón. Pero, en la práctica, el veto aragonés era relativamente inocuo. <<

[23] El diputado Sicinski, que inauguró el uso del veto en 1652, era un instrumento de Boguslaw Radziwill. Un análisis estadístico del ejercicio del liberum veto durante los cien años siguientes, que demuestra su pronunciado carácter regional (el 80 por 100 de los diputados que lo ejercieron eran originarios de Lituania o de la Pequeña Polonia), véase Konopczynski, Le liberum veto, pp. 217-8. Entre los magnates, la familia Potocki fue la que más utilizó el veto. <<

[24] Sobre el mecanismo de la «confederación» véase Skwarczynski, «The Constitution of Poland before the partitions», p. 60. <<

[25] Una nueva evaluación de los primeros planes sajones en Polonia puede verse en J. Gierowski y A. Kaminski, «The eclipse of Poland», The New Cambridge Modern History of Europe, VI, pp. 687-8. <<

[26] En realidad, aunque el tratado de Varsovia permitía 24.000 soldados, sólo llegaron a reunirse unos 12.000; como el volumen del ejército central antes de la guerra había sido de 18.000, el resultado fue una nueva reducción de la potencia militar polaca; E. Rostworowski, History of Poland, Páginas 281-2, 289. <<

[27] Gierowski y Kaminski, «The eclipse of Poland», pp. 704-5. En 1650, la población de Polonia era de unos 10 millones de habitantes. <<

[28] Tras la imposición inicial de Augusto III, todas las sesiones de la Sejm, trece durante el reinado, fueron disueltas por el uso del liberum veto. <<

[29] Los comentarios de Montesquieu sobre el país son bastante característicos de la opinión ilustrada de la época: «Polonia […] no tiene prácticamente ninguna de esas cosas que nosotros llamamos bienes muebles del universo, excepto el trigo de sus campos. Unos pocos señores poseen provincias enteras; estos señores exprimen a los campesinos para obtener una mayor cantidad de trigo que enviar al extranjero, con la que se procuran los objetos de su lujo. Si Polonia no comerciara con ninguna otra nación, su pueblo sería más feliz». De l’esprit des lois, París, 1961, II, p. 23 [El espíritu de las leyes, Madrid, Tecnos, 1972]. <<

[30] Sobre la Constitución de 1791 véase R. F. Leslie, Polish politics and the révolution of november 1830, Londres, 1956, pp. 27-8. <<

[31] Ciertamente, la tutela política extranjera fue aceptada con más prontitud por la szlachta a causa de su relativa falta de integración en los intereses económicos del conjunto de la nobleza. Por otra parte, también está claro que la nobleza toleró la progresiva erosión de la independencia nacional durante tanto tiempo en parte a causa de que previamente había sido incapaz de crear su propio Estado centralizado. Si hubiera existido algún tipo de absolutismo polaco, el reparto habría privado a un sector fundamental de la nobleza de sus posiciones en la maquinaria de Estado (tan importantes y tan rentables para el resto de las aristocracias europeas) y se habría producido una reacción más temprana y más violenta ante la perspectiva de la anexión. El cambio final de ánimo y objetivos que subyace en la tardía tentativa de crear una monarquía reformada en el siglo XVIII necesita también una mejor comprensión para explicar satisfactoriamente el historial de la szlachta. <<

[1] A. Wandruszka, The House of Habsburg, Londres, 1964, pp. 40-1. <<

[2] W. Martin, A history of Switzerland, Londres, 1931, p. 44. <<

[3] La singular aparición de una confederación suiza plebeya dentro de una Europa aristocrática y monárquica subraya una característica importante y general del sistema político feudal de la Baja Edad Media: la misma fragmentación de la soberanía que existía en el plano «nacional» podía operar también, por decirlo así, en el plano «internacional», lo que permitía la existencia de lagunas e intersticios anómalos en el conjunto del sistema de soberanía feudal. Las comunas italianas ya lo habían demostrado en el plano municipal al sacudirse la autoridad imperial. Los cantones suizos consiguieron, por medio de su confederación, la autocefalia de toda una región, anomalía imposible en cualquier sistema político que no fuera el feudalismo europeo. La dinastía de los Habsburgo no se lo perdonó: cuatrocientos años después, Suiza todavía era, para María Teresa, «un refugio de disolutos y delincuentes». <<

[4] H.-F. Feine, «Die Territorialbildung der Habsburger im deutschen Südwesten», Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germ. Abt.), LXVII, 1950, pp. 272, 277, 306; es el tratamiento reciente más detallado sobre este tema. <<

[5] V. S. Mamatey, Rise of the Habsburg empire, 1526-1815, Nueva York, 1971, p. 38. <<

[6] H. F. Schwarz, The imperial Privy Council in the seventeenth century, páginas 57-60. <<

[7] Véase la discusión de este punto en G. D. Ramsay, «The Austrian Habsburgs and the empire», The New Cambridge Modern History, III, páginas 329-330. <<

[8] Puede verse un estudio de los orígenes de los Grenzers en Gunther Rothenburg, The Austrian military border in Croatia, 1522-1747, Urbana, 1960, pp. 29-65. Los Grenzers, además de su función defensiva contra los turcos, fueron utilizados como un arma dinástica contra la nobleza local croata, que siempre fue extremadamente hostil a su presencia en las zonas fronterizas. <<

[9] Mamatey, Rise of the Habsburg empire, p. 40. <<

[10] El propio Fernando II declaró que el enviado español Oñate era «el hombre con cuya amistosa y abierta ayuda se estaban dirigiendo todos los asuntos de la familia Habsburgo». Para un estudio del decisivo papel político de Oñate en la crisis, véase Bohdan Chudoba, Spain and the empire, 1529-1643, Chicago, 1952, pp. 220-8. <<

[11] Sobre el Verneuerte Landesoránung véase R. Kerner, Bohemia in the eighteenth century, Nueva York, 1932, pp. 17-22. <<

[12] J. Polisensky, The Thirty Years’ war, Londres, 1971, pp. 1434: las propiedades confiscadas fueron, por término medio, mucho más extensas que las que se libraron de la expropiación, de tal manera que la proporción real de tierra que cambió de manos fue considerablemente superior al número de feudos. <<

[13] H. G. Schenk, «Austria», en Goodwin, comp., The European nobility in the 18th century, p. 106; Kerner, Bohemia in the eighteenth century, páginas 67-71. <<

[14] Polisensky, The Thirty year’s war, pp. 142, 246; Betts, «The Habsburg lands», The New Cambridge Modern History, V, Cambridge, 1969, páginas 480-1. <<

[15] J. Stoye, The siege of Vienna, Londres, 1964, p. 92. <<

[16] Sus campañas contra Piamonte en 1848 habrían de ser la única excepción. <<

[17] Chudoba, Spain and the empire, pp. 247-8. <<

[18] Stoye, The siege of Vienna, pp. 245, 257. <<

[19] Kerner, Bohemia in the eighteenth century, pp. 25-26. El reino de Bohemia comprendía a Bohemia propiamente dicha, Moravia y Silesia. <<

[20] V.-L. Tapié, Monarchie et peuples du Danube, París, 1969, p. 144. <<

[21] Sobre la situación de la Baja Austria, véase Jerome Blum, Noble landowners and agriculture in Austria, 1815-1848, Baltimore, 1947, páginas 176-80. <<

[22] Bela Király, Hungary in the late eighteenth century, Nueva York, 1969, pp. 33, 108. Parece que el papel de los bene possessionati dentro de la clase terrateniente húngara era uno de los factores más importantes que la distinguía de la nobleza polaca, cuyo número era similar y a la que se asemejaba en otros muchos aspectos, aunque esta última estaba mucho más polarizada entre los magnates y los pequeños propietarios y carecía, por consiguiente, de la cohesión de sus equivalentes magiares. <<

[23] Mamatey, Rise of the Habsburg empire, p. 37. <<

[24] Por muchos conceptos, los mejores comentarios sinópticos sobre las sucesivas rebeliones húngaras de esta época se encuentran en McNeill, Europe’s steppe frontier, Chicago, 1964, pp. 94-7, 147-8, 164-7. <<

[25] Bluche, Le despotisme eclairé, pp. 106-10, ofrece un sucinto análisis. <<

[26] La recluta obligatoria se implantó en 1771. En 1788, José II movilizó 245.000 soldados de infantería, 37.000 de caballería y 900 cañones para su guerra contra Turquía: H. L. Mikoletzky, Osterreich. Das grosse 18. Jahrhundert, Viena, 1967, pp. 227, 366. <<

[27] Wright, Serf, seigneur and sovereign, p. 147. <<

[28] Kerner, Bohemia in the eighteenth century, pp. 44-5. <<

[29] El aislamiento del régimen en sus últimos años está bien narrado por Ernst Wangermann, FromJoseph II to the Jacobin trials, Oxford, 1959, pp. 28-9. El campesinado estaba defraudado por los límites de su reforma agraria y escandalizado por su anticlericalismo. <<

[30] Los tres programas de reforma —el austríaco, el prusiano y el ruso— estuvieron motivados, naturalmente, por las derrotas militares. <<

[31] Blum, Noble landowners and agriculture in Austria, pp. 45, 202. <<

[32] Ibid., p. 71. <<

[33] Ibid., p. 192-202 <<

[34] Blum ofrece un análisis definitivo del acuerdo, pp. 235-8. <<

[35] Tapié, Monarchie et peuples du Danube, p. 325. <<

[36] A. J. P. Taylor, The Habsburg monarchy, Londres, 1952, pp. 104-27. <<

[37] Király, Hungary in the late eighteenth century, pp. 129-35. <<

[38] En la que hacen hincapié historiadores húngaros tradicionales; véase, por ejemplo H. Marczali, Hungary in the eighteenth century, Cambridge, 1910, pp. 39. 99. <<

[39] Mamatey, Rise of the Habsburg empire, p. 64; C. A. Macartney, «Hungary», en Goodwin, comp., The European nobility in the 18th century, página 129. <<

[40] La principal excepción fue el ejército, cuyo mando supremo siguió siendo un reducto austríaco durante todo el período final hasta la primera guerra mundial. Pero la importancia institucional del aparato militar en el Estado austríaco siempre estuvo por debajo de la que tuvo por término medio para el absolutismo. El Estado Mayor jugó un papel catastrófico en la crisis de agosto de 1914, pero una vez comenzada la lucha sus fallos le relegaron muy pronto a un papel relativamente secundario (en oposición diametral al auge de sus equivalentes alemanes en Berlín), mientras que la influencia política magiar en Viena aumentó considerablemente a medida que continuaba la guerra. <<

[41] Taylor, The Habsburg monarchy, p. 199. <<

[42] O. Jászi, The dissolution of the Habsburg monarchy, Chicago, 1929, páginas 225-6. <<

[1] A. N. Sajarov, «O dialektike istorischeskovo razvitiya russkovo k rest’yantsva», Voprosi Istorii, 1970, 1, pp. 21-2. <<

[2] Se ha afirmado que las dimensiones del mercado interior eran más amplias en la década de 1560 que a mediados del siglo XVII, y que la proporción de mano de obra libre en la fuerza de trabajo era mayor en el siglo XVI que en el XVIII: D. I. Makovski, Razvitie tovarno-denezhnyj otnoshenii v sel’skom Jozyaistve russkovo gosudarstva v XVI veke, Smolensko, 1960, pp. 203, 206. <<

[3] R. Hellie, Enserfment and military change in Muscovy, Chicago, 1971, página 24. Esta importante obra es la principal síntesis reciente sobre el problema de la formación de la servidumbre rusa y la función de la nobleza de servicio en el primer Estado zarista. <<

[4] Quizá pueda detectarse el ejemplo de la Sejm polaca en la convocatoria de esta institución, que Iván IV destinaba posiblemente a atraer a la órbita moscovita a los nobles ruso-occidentales de Lituania. <<

[5] Hellie, Enserfment and military change in Muscovy, pp. 37, 45, 115. <<

[6] Frase acuñada por R. G. Skrynnikov, y citada por A. L. Shapiro, «On absoliutizme v Rossii», Istoriya SSSR, mayo de 1968, p. 73. El artículo de Shapiro es una réplica al ensayo de Avrej, aludido anteriormente (véase p. 13), y que inició un debate homérico entre los historiadores soviéticos sobre la naturaleza y trayectoria del absolutismo ruso, debate que reveló un abanico extraordinariamente amplio de posiciones con una docena de contribuciones a Istoriya SSSR y Voprosi Istorii en el momento de escribir estas páginas. En esta discusión hay muchas cosas interesantes a las que tendremos ocasión de referirnos. <<

[7] Véanse las opiniones concordantes de Vernadsky, The tsardom of Moscow, I, pp. 137-9, y Shapiro, «Ob absoliutizme v Rossii», pp. 73-4. <<

[8] Hellie, Enserfment and military change, pp. 95-7. <<

[9] Sin embargo, es un error exagerar la importancia del retroceso de la economía rusa que tuvo lugar en esos años. Makovski lo presenta como si hubiera cercenado al naciente capitalismo ruso en el preciso momento en que iba a llegar a su madurez, causando una regresión de más de dos siglos, con la consolidación de la clase pomeshchik y de la servidumbre. «En los años sesenta y setenta del siglo XVI ya estaban preparadas en el Estado ruso las condiciones económicas necesarias para una producción en gran escala, pero la intervención activa de la superestructura (con los poderosos instrumentos de un fuerte Estado feudal) dentro de las relaciones económicas en interés de los nobles, no sólo obstaculizó el desarrollo de nuevas relaciones, sino que arruinó toda la economía del país»: Razvitie tovarno-denezhnyj otnoshenii, pp. 200-1. La oprichnina, que se había presentado antes como un saludable episodio antifeudal, se convierte en esta versión en un instrumento maléfico de la reacción feudal, capaz de desviar todo el curso de la historia rusa de su anterior dirección progresiva. Tal opinión es manifiestamente ahistórica. <<

[10] V. I. Koretski, Zakreposhchenie krest’yan i klassovaya borba v Rossii vo vtoroi Polovnie XVI v, Moscú, 1970, p. 302. La investigación de Koretski ha concretado con mayor precisión que ningún trabajo anterior las etapas y circunstancias exactas de la adscripción legal de finales del siglo XVI; para el presunto decreto de Godunov, cuyo texto no ha sido recuperado, véanse pp. 123-5, 127-34. <<

[11] Sobre la rebelión de Bolótnikov véase Paul Avrich, Russian rebels, Londres, 1973, pp. 20-32. <<

[12] J. L. H. Keep, «The decline of the Zemsky Sobor», Slavonic and East European Review, 36, 1957-8, pp. 105-7; y «The regime of Filaret, 1619-1633», Slavonic and East European Review, 38, 1960, pp. 334-60, que ofrece una equilibrada visión de la política general del patriarcado. <<

[13] Hellie, Enserfment and military change, pp. 164-74. <<

[14] N. I. Pavlenko, «Kvoprosu o genezisa absoliutizma v Rossii», Istoriya SSSR, abril de 1970, pp. 78-9. Pavlenko tiene razón al rechazar la idea (avanzada por otros participantes en la discusión historiográfica soviética, bajo el influjo de la famosa fórmula de Engels) de que la burguesía urbana jugó un papel decisivo o independiente en la llegada del absolutismo ruso, insistiendo, por el contrario, en la importancia de las fricciones interfeudales entre los grandes y los pequeños propietarios agrícolas. Hellie investiga extensamente esas fricciones en Enserfment and military change, pp. 102-6, 114, 128-38. <<

[15] Hellie reconoce esto, aunque nunca lo ha integrado adecuadamente en su análisis global. La mayor debilidad de su libro es su concepto de Estado, excesivamente limitado: el «gobierno» ruso queda reducido frecuentemente al puñado dominante de magnates y consejeros residentes en Moscú, y sus «objetivos» a sus arribistas apetitos privados, que les impiden preocuparse por la adscripción del campesinado (Enserfment and military change, p. 146). En consecuencia, el proceso social de la servidumbre se divorcia de la estructura política del Estado, al olvidar la unidad básica de la clase terrateniente que determinaba la vinculación entre ambos. La servidumbre se convierte en un producto fortuito e ilógico de la crisis de 1648, una imprevista concesión a la nobleza en el mismo momento en que había perdido su utilidad militar para el Estado y que podría no haber ocurrido nunca (p. 134). En realidad, es obvio que dos siglos de servidumbre rusa no dependieron de los sucesos «casuales» de un solo año. El propio estudio de Hellie demuestra más adelante que la relación fundamental entre los boyardos y la nobleza media dentro de la clase terrateniente no dependía de sus respectivas funciones administrativas o de sus medios de trabajo, sino de su control común de los grandes medios de producción y de su interés conjunto en la explotación y la represión del campesinado. Las numerosas y serias disputas entre ellos siempre se mantuvieron dentro de este marco estructural; de ahí su solidaridad instintiva en las crisis sociales, cuando el poder del Estado y la propiedad agraria eran amenazados simultáneamente por las insurrecciones campesinas. <<

[16] Las principales disposiciones del Ulozhenie pueden encontrarse en Vernadsky, The tsardom of Moscow, I, pp. 399-411. El nuevo código también terminó con los restos de la autonomía municipal de Novgorod y Pskov: L. A. Fedosov, «Sotsialnaya sushchnost’i evoliutsiya rossiiskovo absoliutizma», Voprosi Istorii, julio de 1971, pp. 52-3. <<

[17] Véase un cómputo del volumen de las fuerzas armadas durante el siglo XVII en Hellie, Enserfment and military change, pp. 267-9, que se equivoca al afirmar que a finales de la década de 1670 el ejército ruso era «el más grande de Europa» (p. 226). En realidad, el aparato militar francés era por lo menos igual, aunque posiblemente fuese mayor. Pero el tamaño relativo —aunque todavía no la preparación— de las fuerzas armadas moscovitas era, de todos modos, formidable. <<

[18] Hellie, Enserfment and military change, pp. 70-2. <<

[19] Ibid., pp. 229, 372. <<

[20] J. L. H. Keep, «The Muscovite elite and the approach to pluralism», Slavonic and East European Review, XLVIII, 1970, pp. 217-8. <<

[21] M. Ya. Volkov, «O stanovlenii absoliutizma v Rossii», Istoriya SSSR, enero de 1970, p. 104. También se formó un tercer regimiento de guardia personal o caballería doméstica. <<

[22] Hellie, Enserfment and military change, p. 260. <<

[23] I. A. Fedosov, «Sotsialnaya sushchnost’i evoliutsiya rossiiskovo absoliutizma», pp. 57-60. <<

[24] Hellie, Enserfment and military change, p. 256. Sobre los aumentos de los impuestos véase Avrich, Russian rebels, p. 139. <<

[25] Dorn, Competition for empire, p. 70. Con una población tres veces menor, los ingresos fiscales de Prusia eran en la década de 1760 mayores que los de Rusia. <<

[26] El único intento de imponer limitaciones constitucionales a la monarquía fue el programa de Golitsyn en 1730 para que gobernase un Consejo Privado oligárquico, vagamente inspirado en el ejemplo sueco. El plan fue rápidamente frustrado por una rebelión de la guardia. <<

[27] Avrich opina que la rebelión de Pugachev fue el levantamiento popular más formidable acaecido en Europa entre las revoluciones inglesa y francesa; su análisis de su variada composición social puede verse en Russian rebels, pp. 196-225. El progresivo desplazamiento geográfico de las rebeliones campesinas rusas, desde Bolótnikov a Pugachev, es evidente. Estas rebeliones se mueven por una amplia zona que va desde el sur hacia el este, a lo largo de los sectores fronterizos menos administrados y controlados. Nunca tuvo lugar ninguna insurrección importante en las provincias centrales de la Moscovia tradicional, con sus núcleos de población más antiguos, su homogeneidad étnica y su proximidad a la capital. <<

[28] Dukes, en un volumen muy documentado, afirma que se ha exagerado mucho el «servilismo» de la nobleza rusa ante la autocracia zarista; lo que existió fue, más bien, una cómoda unidad social entre ambas. Paul Dukes, Catherine the Great and the Russian nobility, Cambridge, 1967, pp. 248-50. <<

[29] La ausencia de una clase media radical en Rusia privó a la invasión francesa de toda resonancia política local. Durante su avance por Rusia, Napoleón se negó a conceder la emancipación de los siervos, aunque en un primer momento las delegaciones de campesinos le dieron la bienvenida, y el gobernador general de Moscú temió que se produjeran rebeliones urbanas y rurales contra el gobierno zarista. Napoleón, sin embargo, planeaba llegar a un acuerdo con Alejandro I después de derrotarlo, del mismo modo en que lo había hecho con Francisco II, y no quiso comprometer estos planes con medidas sociales irreparables en Rusia. Véanse los penetrantes comentarios de Seton-Watson, The Russian empire, pp. 129-30, 133. <<

[30] H. Seton-Watson, The decline of imperial Russia, Londres, 1964, páginas 5-27, ofrece un claro estudio de carácter general sobre la sociedad rusa bajo Nicolás I. <<

[31] T. Emmons, The russian landed gentry and the peasant emancipation of 1861, Cambridge, 1968, pp. 3-11. <<

[32] Los historiadores soviéticos tienden a interpretar la cancillería personal, que descendía del Preobrazhensky Prikaz de Pedro I, como una descomposición «dualista» de la centralización absolutista y un síntoma de la decadencia administrativa del zarismo en el siglo XIX. Véase, por ejemplo, A. Avrej, «Russkii absoliutzim i evo rol’v utverzhdenie kapitalizma v Rossii», Istoriya SSSR, febrero de 1968, p. 100; I. A. Fedosov, «Sotsialnaya sushchnost’ evoliutsiya rossiiskovo absoliutizma», Voprosi Istorii, julio de 1971, p. 63. <<

[33] Geroid T. Robinson, Rural Russia under the Old Regime, Nueva York, 1932, pp. 87-8. <<

[34] V. I. Lenin. Collected Works, vol. 3, Moscú, 1964, pp. 194-5 [Obras Completas, vol. 3, Madrid, Akal, 1975, pp. 201-2]. <<

[35] Ibid., p. 197 [pp. 205-6]. <<

[36] Ibid., vol. 13, p. 225 [vol. 13, p. 227]. <<

[37] Lenin, Collected Works, vol. 13, p. 421 [p. 427]. <<

[38] Lenin, Collected Works, vol. 18, p. 74 [pp. 120-1]. Los estudios de los escritos de Lenin sobre este tema pasan por alto normalmente este importante artículo, «La esencia del “problema agrario en Rusia”», escrito en mayo de 1912. <<

[39] Robinson, Rural Russia under the Old Regime, pp. 213-18. <<

[40] History of the Russian revolution, Londres, 1965, I, pp. 377-9 [Historia de la revolución rusa, París, Ruedo Ibérico, 1972], Habría que añadir que en 1917 se produjeron amplios ataques de los aldeanos contra los campesinos «secesionistas» que habían aprovechado las reformas de Stolypin, para abandonar sus comunas, y las tierras fueron reapropiadas colectivamente; tal era la fuerza de los sentimientos de solidaridad entre las masas campesinas. Véase Launcelot Owen, The Russian peasant movement, 1906-1917, Nueva York, 1963, pp. 153-4, 165-72, 182-3, 200-2, 209-11, 234-5. <<

[41] Owen, The Russian peasant movement, p. 6. La población aumentó de unos 74 millones en 1860 a 170 millones en 1916. <<

[42] Robinson, Rural Russia under the Old Regime, pp. 131-5. <<

[43] M. P. Pavlova-Sil’vanskaya, «Kvoprosu osobennostyaj absoliutizma v Rossii», Istoriya SSSR, abril de 1968, p. 85. El propio Lenin era plenamente consciente de la diferencia entre los junkers y los dvoriane, a los que caracterizó como clases terratenientes capitalista y feudal, respectivamente: Collected Works, vol. 17, p. 390. <<

[44] Hay un fino análisis de este círculo vicioso en T. Kemp, Industrialization in nineteenth century Russia, Londres, 1969, p. 152. <<

[45] T. H. Von Laue, Sergei Witte and the industrialization of Russia, Nueva York, 1963, p. 269. <<

[46] Raymond Goldsmith, «The economic grow th of tsarits Russia, 1860-1913», Economic Development and Cultural Change, IX, 3, abril de 1961, páginas 442, 444, 470-1: es uno de los análisis más detallados de la economía de este período. La participación de la agricultura en la renta nacional de 1913 fue probablemente de un 44 por 100 en la Rusia europea y de un 52 por 100 en el conjunto del imperio zarista. Los cómputos exactos son muy difíciles, debido a las deficiencias estadísticas. <<

[47] Collected Works, vol. 23, p. 303 [Obras Completas, vol. 24, p. 342]. <<

[48] Collected Works, vol. 17, pp. 235, 187 [pp. 242, 178]. Este tema vuelve una y otra vez a los escritos de Lenin de este período; véanse vol. 17, páginas 114-5, 146, 153, 233-41; vol. 18, pp. 70-7. En un estudio posterior tendremos que volver sobre los textos cruciales de estos años para un objetivo diferente. <<

[49] Collected Works, vol. 17, p. 363 [p. 371], Lenin insistía en que la autonomía de la burocracia zarista no se debía en modo alguno al influjo de los funcionarios burgueses en ella; sus órganos de mando estaban dirigidos por la nobleza terrateniente (p. 390). De hecho, parece probable que tras la emancipación de los siervos la nobleza confiara más que nunca en los empleos en el aparato de Estado: véase Seton-Watson, The Russian empire, p. 405. <<

[50] Collected Works, vol. 24, p. 44 [p. 459]. <<

[51] Ibid., p. 57 [p. 475]. <<

[52] Hay un instructivo análisis de sus contradicciones en Seton-Watson, The decline of imperial Russia, pp. 114, 126-9, 137-8, 143. <<

[53] El objetivo de Gramsci era comparar Rusia con Europa occidental: «en Occidente existía una relación directa entre el Estado y la sociedad civil, y cuando el Estado temblaba, inmediatamente se revelaba la firme estructura de la sociedad civil». Quaderni del carcere, p. 866. En otro estudio volveremos detenidamente sobre las implicaciones de este pasaje crucial, en el que Gramsci intentaba analizar los diferentes problemas estratégicos a los que se enfrentaba el movimiento obrero en Europa oriental y occidental durante el siglo XX. <<

[54] El imperialismo zarista era, naturalmente, una mezcla de expansión feudal y capitalista, con una preponderancia inevitable y fundamental del componente feudal. Lenin tuvo cuidado de hacer en 1915 esta necesaria distinción: «En Rusia, el imperialismo capitalista de tipo moderno se ha puesto plenamente de manifiesto en la política del zarismo con respecto a Persia, Manchuria y Mongolia; pero lo que en general predomina en Rusia es el imperialismo militar y feudal». Collected Works, vol. 21, p. 306 [Obras Completas, vol. 22, p. 411]. <<

[1] Xavier de Planhol, Les fondements géographiques de l’histoire de l’Islam, París, 1968, pp. 39-44, 208-9. <<

[2] C. Cahen, «La campagne de Manzikert d’aprés les sources musulmanes», Byzantion, IX, 1934, pp. 62142. <<

[3] Paul Wittek, The rise of the Ottoman empire, Londres, 1963, pp. 17-20. Esta breve y brillante monografía es la obra básica sobre la naturaleza de la primera expansión otomana. <<

[4] Wittek, The rise of the Ottoman empire, pp. 3746. El análisis del doble principio del Estado otomano realizado por Wittek es, en realidad, un eco indirecto de la célebre división de la historia islámica, hecha por Ibn Jaldun, en fases alternas de asabiyya nómada (caracterizada por el fervor religioso, la solidaridad social y el valor militar) y de farâgh o dia urbana (caracterizada por la prosperidad económica, la complejidad administrativa y el ocio cultural), a las que consideraba mutuamente incompatibles, porque la civilización urbana era incapaz de resistir la conquista nómada, y la fraternidad nómada era incapaz de sobrevivir dentro de la corrupción urbana, lo que provocaba una historia cíclica de formación y desintegración del Estado. El estudio de Wittek sobre el imperio otomano puede leerse como una inversión sutil de esa hipótesis: en el Estado turco se realiza por vez primera la armonía estructural de los dos principios contradictorios del desarrollo político islámico. <<

[5] Ernst Werner, Die Geburt einer Grossmacht: die Osmanen, pp. 19, 95. La obra de Werner es el principal estudio marxista sobre la expansión del poderío otomano: su crítica del olvido por Wittek del hambre tribal de tierra que mueve el primer expansionismo osmanli está basado, sin embargo, en las investigaciones del historiador turco Omer Barkan. <<

[6] P. Wittek, «De la défaite d’Ankara à la prise de Constantinople (un demi-siécle d’histoire ottomane)», Revue des Etudes Islamiques, I, 1948, páginas 1-34. <<

[7] Para Marx, ésta era la característica fundamental de todas las formas de lo que, siguiendo una antigua tradición, llamó «despotismo asiático». Al comentar la célebre descripción de la India de los mogoles, hecha por Bernier Marx escribió a Engels: «Bernier piensa con razón que la base de todos los fenómenos del Este —se refiere a Turquía, Persia e Indostán— es la ausencia de propiedad privada de la tierra. Esta es la verdadera clave, incluso del cielo oriental» (Selected correspondence, página 81 [Correspondencia, p. 62]). Los comentarios de Marx sobre el «modo de producción asiático» plantean muchos problemas, que analizaremos más adelante. Si conservamos, por el momento, el uso del término «despotismo» para el Estado otomano, debe entenderse en un sentido estrictamente provisional y meramente descriptivo. En esta época todavía faltaban los conceptos científicos para el análisis de los estados orientales. <<

[8] H. A. R. Gibb y H. Bowen, Islamic society and the West, vol. I, parte I, Londres, 1950, pp. 236-7. Las casas, las viñas y los huertos situados dentro del recinto de la aldea eran propiedad privada (mulk), como lo era también la mayor parte de la tierra urbana (el significado de estas excepciones —horticultura y ciudades— se estudiará en su contexto islámico general). En 1528, alrededor del 87 por 100 de la tierra otomana era miri o propiedad del Estado: Halil Inalcik, The Ottoman empire, Londres, 1973, p. 110. <<

[9] Stanford Shaw expresa gráficamente esta concepción en «The Ottoman view of the Balkans», en C. y B. Jelavich, comps., The Balkans in transition, Berkeley y Los Angeles, 1963, pp. 59-60. <<

[10] Las expresiones «Ruling In stitution» (institución de gobierno) y «MuslimInstitution» (institución musulmana) fueron acuñadas por vez primera por A. H. Lybyer, The government of the Ottoman empire in the time of Suleiman the Magnificent, Cambridge (Massachusetts), 1913, páginas 36-8. N. Itzkow its ha criticado su general aceptación por los investigadores posteriores en «Eighteenth century Ottoman realities», Studia Islamica, XVI, 1962, pp. 81-2, pero sin aportar ninguna prueba decisiva contra su uso para el siglo XVI. <<

[11] S. Vryonis, «Isidore Glabas and the Turkish devshirme», Speculum, XXXI, julio de 1956, 3, pp. 433-43, ha establecido la cronología moderna de la institución. <<

[12] Inalcik, The Ottoman empire, p. 78; L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, Nueva York, 1958, p. 84. De forma excepcional, la devshirme se extendió en Bosnia a las familias musulmanas locales. <<

[13] Naturalmente, el sistema otomano tenía profundas raíces en las anteriores tradiciones musulmanas. Como veremos, las élites de guardias y jefes esclavos tenían precedentes significativos en la historia islámica. La condición histórica del dominio político de estas tropas palatinas era la ausencia de utilización económica del trabajo esclavo en la rama de producción dominante, la agricultura. El mundo musulmán importaba tradicionalmente esclavos para su uso doméstico y suntuario, que siempre se distinguieron radicalmente de los privilegiados esclavos «militares». La esclavitud sólo fue predominante en la economía agraria en el caso excepcional del sur de Irak durante la época de los abasidas, episodio relativamente breve que provocó las insurrecciones Zany a finales del siglo IX. Parece que en el imperio turco algunas tierras situadas fuera del sistema agrario normal fueron cultivadas por aparceros esclavos, adquiridos en el extranjero mediante la guerra o la compra. Pero esta fuerza de trabajo marginal llegó a asimilarse durante el siglo XVI, por lo general, a la condición del campesino ordinario. Al mismo tiempo, el monopolio legal de la tierra del que disfrutaban los sultanes otomanos también se basaba en anteriores tradiciones islámicas, que databan de las primeras conquistas árabes en el Oriente Próximo. Estos dos caracteres del sistema turco no eran, pues, fenómenos arbitrarios ni aislados, sino la culminación de un largo y coherente desarrollo histórico, del que nos ocuparemos más adelante. <<

[14] Inalcik, The Ottoman empire, pp. 108, 113. La historia otomana ha sido todavía poco investigada: las estimaciones estadísticas discrepan normalmente según las diferentes autoridades. El mismo estudio de Inalcik contiene dos datos aparentemente contradictorios sobre el número de sipahis en el reinado de Solimán I: pp. 48 y 108 <<

[15] S. Vryonis, «The Byzantine legacy and Ottoman forms», Dumbarton Oaks Papers, 1969-70, pp. 273-5. <<

[16] Gibb y Bowen, Islamic society and the West, I, 1, pp. 45-56; L. Stavrianos, The Balkans since 1453, pp. 86-7, 99-100. <<

[17] Gibb y Bowen, Islamic society and the West, I, 1, pp. 85-6. <<

[18] Véanse las observaciones de Weber, Economy and society, II, pp. 844-845. De hecho, Weber consideraba al Oriente Próximo como el «lugar clásico» de lo que precisamente llamó «sultanismo»; Economy and society, III, p. 1020. Al mismo tiempo, tuvo cuidado en subrayar que incluso el despotismo personal más arbitrario actuaba siempre dentro de un marco ideológico ligado a la tradición: «Llámase dominación patrimonial a toda dominación primariamente orientada por la tradición, pero ejercida en virtud de un derecho propio; y es sultanista la dominación patrimonial que se mueve, en la forma de su administración, dentro de la esfera del arbitrio libre, desvinculado de la tradición […] La forma sultanista del patrimonialismo es a veces en su apariencia externa —en realidad nunca— plenamente tradicionalista. Sin embargo, no está racionalizada, sino desarrollada en ella en extremo la esfera del arbitrio libre y de la gracia. Por esto se distingue de toda forma de dominación racional». Economy and society, I, p. 232 [Economía y sociedad, I, p. 185]. <<

[19] El código de Dushan obligaba a los campesinos servios a trabajar las tierras de su señor dos días a la semana. De acuerdo con Inalcik, bajo el dominio otomano el rayah debía prestar al sipahi únicamente tres días de trabajo al año: The Ottoman empire, p. 13. Pero el relato posterior de los servicios que debían a los propietarios de timars no concuerda con esa pretensión tan baja (pp. 111-2). No hay ninguna razón, sin embargo, para dudar de la relativa mejora en la posición del campesinado de los Balcanes <<

[20] H. Inalcik, «Ottoman methods of conquest», Studia Islamica, II, 1954, pp. 104-16. <<

[21] El historiador bosnio Branislav Djurdjev es quien ha sacado a la luz este proceso de regresión social; un estudio de su obra y de la discusión que suscitó puede verse en W. S. Vucinich, «The Yugoslav lands in the Ottoman period: post-war marxist interpretations of indigenous and Ottoman institutions», The Journal of Modern History, XXVIL, 3, septiembre de 1955, pp. 287-305. La insistencia de Djurdjev en el carácter contradictorio del primer impacto otomano en la sociedad balcánica contrasta con las opiniones predominantes entre los rusos y los turcos, que tienden a subrayar unilateralmente la destrucción y la represión, o bien la pacificación y la prosperidad como resultados de la conquista otomana. Puede verse un ejemplo de las interpretaciones soviéticas en Z. V. Udal’tsova, «O vnutrennyj princhinaj padeniya Vizantii v XV veke», Voprosi Istorii, julio de 1953, 7, p. 120, artículo que conmemora, o deplora, el 500 aniversario de la caída de Constantinopla, afirmando que el dominio turco condujo directamente a una explotación intensificada de las masas rurales. Una posición turca puede verse en H. Inalcik, «L’Empire ottomane», Actes du Premier Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes, Sofía, 1969, pp. 81-5. La tensión entre ambas posiciones es evidente en las contribuciones a este congreso, que también contienen un duro artículo de Djurdjev en el que recapitula sus opiniones: B. Djurdjev, «Les changements historiques et ethniques chez les peuples slaves du sud aprés la conquête turque», pp. 575-8. <<

[22] W. S. Vucinich, «The nature of Balkan society under Ottoman rule», Slavic Review, diciembre de 1962, pp. 603, 604-5, 614. <<

[23] Inalcik, The Ottoman empire, p. 128. <<

[24] Omer Lutfi Barkan, «Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans l’empire ottomane aux XVe et XVI siècles», Journal of the Economic and Social History of the Orient, I, 1, agosto de 1957, páginas 27-8: aparte de la macrocefalia de Estambul (acompañada por la decadencia de Alepo y Damasco), la población de doce ciudades provinciales representativas creció alrededor del 90 por 100 en el siglo XVI. <<

[25] Halil Inalcik, «Capital formation in the Ottoman empire», The Journal of Economic History, XXIX, 1, marzo de 1969, pp. 108-19. <<

[26] Bernard Lewis, The emergence of modern Turkey, Londres, 1969, página 393. Naturalmente, Lewis exagera sin duda al pretender que no había Estado. <<

[27] Inalcik, «Capital formation in the Ottoman empire», pp. 103-6. <<

[28] Gibb y Bowen, Islamic society and the West, I, 1, pp. 20-1. <<

[29] R. Mousnier hace especial hincapié en el empleo de técnicos y artesanos europeos por la Puerta: Les XVIe et XVIIe siècles, París, 1954, páginas 463-4, 474. <<

[30] Sobre el fenómeno de los levandat de Anatolia y de las revueltas jelali, véase V. J. Parry, «The Ottoman empire, 1566-1617», The New Cambridge Modern History, III, pp. 372-4, y «The Ottoman empire, 1617-1648», The New Cambridge Modern History, IV, pp, 627-30. <<

[31] Inalcik, The Ottoman empire, p. 49. <<

[32] Inalcik, «L’empire ottomane», pp. 96-7. <<

[33] Stavrianos, The Balkans since 1453, p. 121; Lewis, The emergence of modern Turkey, pp. 28-9. <<

[34] Inalcik, The Ottoman empire, p. 48. <<

[35] Véase Stanford Shaw, The financial and administrative organization and development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton, 1962, p. 21. <<

[36] Inalcik, «L’empire ottomane», p. 95. <<

[37] N. Itzkowitz, «Eighteenth century ottoman realities», pp. 86-7. <<

[38] Pueden verse algunos estudios de la decadencia del sistema de jenízaros en Gibb y Bowen, Islamic society and the West, I, 1, pp. 180-4; Stavrianos, The Balkans since 1453, pp. 120-2, 219-20. <<

[39] Sobre la aparición y el carácter del sistema de iltizam en Egipto, véase Shaw, The financial and administrative organization and development of Ottoman Egypt, pp. 29-39. <<

[40] Los historiadores búlgaros han insistido demasiado en la importancia de las tierras waqf en la formación social otomana, al desarrollar su afirmación de que ésta tenía un carácter esencialmente feudal (clasificación que rechaza, correctamente en mi opinión, la mayor parte de los historiadores turcos). Las tierras waqf fueron la categoría jurídica más próxima a la propiedad privada agrícola y, por tanto, su extensión puede utilizarse para argumentar que tras las ficciones legales del control imperial-religioso se ocultaba un contenido feudal. En realidad, no hay ninguna razón para creer que las tierras waqf predominasen alguna vez en el campo de los Balcanes y de Anatolia, o que determinasen las relaciones básicas de producción en la formación social otomana. Pero su aumento en la época de la decadencia otomana está bien documentado. Un buen estudio del fenómeno de las waqf puede verse en V. Mutafcieva y S. Dimitrov, «Die Agrarverhältnisse im osmanischen Reiches im XV-XVI Jh.», Actes du Premier Congrés des Etudes Balkaniques, pp. 689-702, cuyo cálculo es que se extendían por un tercio del área total de la patria otomana, concentradas dentro de los Balcanes principalmente en Tracia, el Egeo y Macedonia, y que eran virtual o completamente desconocidas en Servia o Morea. <<

[41] Gibb y Bowen, Islamic society and the West, I, 1, pp. 255-6. Los propietarios más opresores eran siempre los arrendatarios de impuestos, seguidos de cerca por las autoridades religiosas: op. cit., p. 247. <<

[42] Stavrianos, The Balkans since 1453, pp. 138-42. <<

[43] T. Stoianovich, «Land tenure and related sectors of the Balkan economy, 1600-1800», The Journal of Economic History, XII, 3, verano de 1953, pp. 401, 409-11. <<

[44] Serif Mardin, «Power, civil society and culture in the Ottoman empire», Comparative Studies in Society and History, vol. 11, 1969, p. 277. <<

[45] Lewis, The emergence of modern Turkey, pp. 106-8. <<

[46] H. Inalcik, «Land problems in Turkish history», The Moslem World, XLV, 1955, pp. 226-7. Inalcik comenta que los conceptos legales de Occidente se aplicaron por primera vez a la propiedad de la tierra, sin condiciones o estipulaciones, en 1926. <<

[47] Incluso el más benévolo de los estudios recientes sobre el régimen de los Jóvenes Turcos concluye que fue incapaz de crear ninguna institución nueva y que se limitó a explotar para sus propios intereses los mecanismos tradicionales de poder: Feroz Ahmed, The Young Turks, Oxford, 1969, pp. 164-5. <<

[48] Los orígenes históricos de la formación social rumana en la época medieval tardía están trazados en H. H. Stahl, Les aticiennes communautés vülageoises roumaines: asservissement et pénétration capitaliste, Bucarest, 1969, pp. 25-45, una obra muy importante que arroja luz sobre muchos aspectos del desarrollo social de Europa oriental. <<

[49] Hay una meticulosa periodización de todo este proceso en Stahl, Les anciennes communautés villageoises, pp. 163-89. <<

[50] W. H. MacNeill, Europe’s steppe frontier, 1500-1800, Chicago, 1964, página 204. <<

[51] Un análisis de los decretos de emancipación y de la reacción de los boyardos puede verse en A. Otetea, «Le second asservissement des paysans roumains (1746-1821)», Nouvelles Etudes d’Histoire, I, Bucarest, 1955, páginas 299-312. <<

[52] A. Otetea, «Le second servage dans les principautés danubiennes», Nouvelles Etudes d’Histoire, II, Bucarest, 1960, p. 333. <<

[53] Stavrianos, The Balkans since 1453, pp. 478-9. <<

[54] Albania era un caso diferente por la islamización de la mayoría de la población bajo el dominio otomano y por la conservación de los modelos sociales tribales en las montañas. El reclutamiento turco de albaneses p ara el aparato de Estado osmanli era algo tradicional; la reacción de Hamid se había basado especialmente en su lealtad. Así, los notables musulmanes locales sólo optaron por la independencia en el último momento, en 1912, cuando ya era obvio que el poderío turco en los Balcanes había acabado. Por consiguiente, la propiedad señorial de la tierra no se vio afectada por el fin del dominio otomano. Por otra parte, el tribalismo montañés de la mayor parte del país limitó inevitablemente la agricultura de grandes propiedades. <<

[1] Il Principe e Discorsi, pp. 26-7 [El Príncipe, p. 102]. <<

[2] Il Principe e Discorsi, pp. 83-4 [El Príncipe, pp. 162-3]. <<

[3] F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Bari, 1964, pp. 48-52. <<

[4] Les six livres de la République, pp. 20-2. Los pensadores europeos tenían evidentes dificultades para encontrar una terminología que les permitiera discutir las características del Estado otomano en esta época. De ahí el título curiosamente inapropiado de «Gran Señor» atribuido al sultán. La noción de «despotismo», aplicada después normalmente a Turquía, fue un neologismo del siglo XVIII. <<

[5] The essays or counsels civil and moral, Londres, 1632, p. 72. <<

[6] The Commonwealth of Oceana, Londres, 1658, pp. 4, 5. <<

[7] Travels in the mogul empire (traducción de Archibald Constable), reeditado en Oxford, 1934, pp. 234, 238. La exuberancia victoriana de la traducción de Constable ha sido ligeramente recortada para acercarla al texto original de Bernier. Sobre éste véase François Bernier, Voyages, I, Amsterdam, 1710, pp. 313, 319-20. <<

[8] De l’esprit des lois, I, pp. 66-7. <<

[9] Ibid., p. 68. <<

[10] De esto se tratará más adelante en la nota sobre el «modo de producción asiático», pp. 476-511. <<

[11] Un solo ejemplo, que define la formación social otomana de la que aquí nos hemos ocupado específicamente, bastará: «Bajo los otomanos se desarrollaron unas relaciones de producción de tipo puramente feudal. La preponderancia de una economía de pequeños campesinos, el dominio de la agricultura sobre la artesanía y del campo sobre la ciudad, el monopolio de la propiedad de la tierra por una minoría, la apropiación del excedente del campesinado por una clase dominante: todas estas características del modo de producción feudal se encuentran en la sociedad otomana». Ernst Werner, Die Geburt einer Grossmacht, die Osmanen, p. 305. Ernest Mandel cita este párrafo para criticarlo con toda razón, The formation of the economic thought of Karl Marx, Londres, 1971, p. 127 [La formación del pensamiento económico de Marx, Madrid, Siglo XXI, 1974]. <<

[12] Véanse pp. 396-7; Passages from Antiquity to faudalism, pp. 219-22, 282-3 [Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Madrid, Siglo XXI, 1979, pp, 223-7, 289-90]. <<

[13] Esta necesidad fundamental ha sido claramente percibida por el historiador soviético Zel’in en su notable ensayo, «Printsipi morfologicheskoi klassifikatsii formzavisimosti», en K. K. Zel’in y M. V. Trofimova, Formi zavisimosti v vostochnom sredizemnomor’e ellenisticheskovo perioda, Moscú, 1969, pp. 11-51, especialmente 29-33. El texto de Zel’in contiene una crítica de las antinomias de los análisis convencionales del feudalismo realizados por los marxistas. Sus preocupaciones específicas se refieren esencialmente a una definición más rigurosa de las formas de dependencia —cuyo carácter no es ni feudal ni esclavista— características del mundo helenístico. <<

[14] K. Marx y F. Engels, Selected correspondence, p. 38 [Correspondencia, p. 19]. <<

[15] Véase Passages from the Antiquity to feudalism, p. 220 [Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, p. 224]. <<

[16] M. Kovalevski, Obshchinnoe zemlevladenie, prichini, jod i posledstviya evo razlozheniya, Moscú, 1879, pp. 130-55. <<

[17] «Materiali In stitu ta Marksizma-Leninizma pri Tsk KPSS. Iz Neopublikovannyj Rukopisei Karla Marksa», Sovetskoe Vostokovedenie, 1968, 5, p. 12. Las notas de Marx sobre Kovalevski sólo se han publicado en ruso, en Sovetskoe Vostokovedenie, 1958, 3, pp. 4-13, 4, pp. 3-22, 5, pp. 3-28; Problemi Vostokovedenie, 1959, 1, pp. 3-17. Hay una introducción de L. S. Gamayunov a los manuscritos, en Sovetskoe Vostokovedenie, 1958, 2, páginas 35-45. <<

[18] Sovetskoe Vostokovedenie, 1958, 4, p. 18. <<

[19] Sovetskoe Vostokovedenie, 1958, 5, p. 6. Obsérvese la crítica de Kovalevski que hace Marx en otro lugar por haber descrito como feudales las colonias militares turcas en Argelia, basándose en la analogía de los ejemplos de la India: «Kovalevski las bautiza como “feudales” basándose en el débil argumento de que, bajo ciertas condiciones, podría desarrollarse a partir de ellas algo semejante al jagir de la India». Problemi Vostokovedenie, 1959, 1, p. 7. <<

[20] Puede verse una crítica especialmente clara y decisiva sobre el uso indiscriminado del término «feudalismo», en ésta y otras ocasiones, en Claude Cahen, «Réflexions sur l’usage du mot “féodalité”», The Journal of the Economic and Social History of the Orient, III, 1, 1960, pp. 7-20. <<

[21] Este es el apropiado término de Boutruche: Seigneurie et féodalité, II, pp. 204-7. <<

[22] Weber fue el primero que subrayó la originalidad de esta combinación: véase su excelente análisis, Economy and society, III, pp. 1075-8 [Economía y sociedad, II, 813-5]. En general, los contrastes analíticos de Weber entre «feudalismo» y «patrimonialismo» poseen una gran fuerza y penetración. Sin embargo, su uso global está viciado por la evidente debilidad de la noción de «tipo ideal», característica de su última obra. En la práctica, el feudalismo y el patrimonialismo se tratan como «rasgos» separados y aislados más que como estructuras unificadas. Por consiguiente, Weber, que tras sus primer estudio pionero sobre la Antigüedad careció de una teoría histórica, podía distribuirlos y mezclarlos a voluntad. Como resultado de ello, Weber fue incapaz de ofrecer una definición firme y exacta del absolutismo europeo: unas veces, el «patrimonialismo» es «dominante en la Europa continental hasta la revolución francesa», pero otras veces se considera que las monarquías absolutas son «ya burocrático-racionales». Estas confusiones eran inherentes al creciente formalismo de su última obra. En este sentido. Hintze, que aprendió mucho de Weber, fue siempre superior a él. <<

[23] Porshnev desarrolla con acierto este tema, Feodalizmi narodnye massi, pp. 517-8. <<

[24] De l’esprit des lois, II, p. 296. <<

[25] Oeuvres Completes, París, 1878, XXIX, p. 91. <<

[26] Es preciso subrayar que la inflación genérica del término «feudalismo» no se limita a los marxistas. Esta misma tendencia es evidente en una colección de muy diferente ideología. R. Coulborn, comp., Feudalism in history, la mayor parte de cuyos ensayos descubren el feudalismo en todas partes donde lo buscan. <<

[27] Capital, Moscú, 1961, I, p. 718 [El capital, Madrid, Siglo XXI, 1975-1979, I, p. 897]. <<

[28] Véanse los célebres párrafos de Enoch, Feudal society, pp. 446-7 [La sociedad feudal, México, UTEPA, 1958]; Boutruche, Seigneurie et féodalité, I, pp. 281-91 [Señorío y feudalismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973]. El principal estudio comparativo de los feudalismos europeo y japonés es F. Joüon des Longrais, L’est et l’ouest, París, 1958, passim. La documentación de los comentarios sobre el desarrollo del Japón que se hacen más adelante podrá encontrarse en las referencias de la nota sobre el feudalismo japonés, pp. 447-75. <<

[29] Los análisis de Marx sobre la acumulación originaria (Capital, I, páginas 713-74 [El capital, I, pp. 891-954] ofrecen, naturalmente, el ejemplo clásico de esta distinción. Pueden verse también muchas afirmaciones de los Grundrisse, por ejemplo: «si bien, pues, los supuestos del devenir del dinero en capital aparecen como ciertos supuestos exteriores a la génesis del capital, éste, no bien ha llegado a ser capital en cuanto tal, produce sus propios supuestos […] a través de su propio proceso de producción». Grundrisse, Londres, 1973, p. 364 [Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Madrid, Siglo XXI, 1972-1976, vol. 1, página 421]. <<

[30] Hintze, «Wesen und Verbreitung des Feudalismus», Gesammelte Abhandlungen, I, p. 90. Hintze creía que después del imperio bizantino hubo un feudalismo ruso, y después del imperio sasánida un feudalismo islámico, que presentaban otros dos casos del mismo proceso. En realidad, el desarrollo ruso formó parte del conjunto del feudalismo europeo y nunca existió ningún verdadero feudalismo islámico. Pero toda la exposición de Hintze, pp. 89-109, tiene un enorme interés. <<

[31] Grundrisse, pp. 363-4 [Elementos, vol. 1, pp. 420-1]. <<

[32] La reaparición de la esclavitud a gran escala en el Nuevo Mundo habría de ser una de las características más significativas de la primera época moderna y sería una condición indispensable de la acumulación originaria, necesaria para la victoria del capitalismo industrial en Europa. Su función, que se sitúa fuera del alcance de este trabajo, se analizará en un estudio posterior. <<

[33] Véanse los párrafos finales de Weber, en todo su esplendor, en «Die Sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur», Gesammelte Aufsatze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, pp. 310-1. <<

[34] Engels pudo escribir: «El derecho romano es en tal medida la expresión clásica de las condiciones de vida y de las tensiones de una sociedad dominada por la pura propiedad privada, que toda la legislación posterior fue incapaz de mejorarlo de forma sustancial. Por el contrario, la propiedad burguesa de la Edad Media estaba mucho más atada por las limitaciones feudales y en gran medida consistía en privilegios. En este sentido, por tanto, el derecho romano estaba mucho más adelantado (weit voraus) que las relaciones burguesas de la época». Werke, vol. 21, p. 397. <<

[35] K. Marx y F. Engels, Selected correspondence, p. 340. <<

[36] Estas diferencias se analizan más adelante, pp. 466, 513-5, 562. <<

[37] Sobre el papel del neoplatonismo en el desarrollo de la ciencia moderna, véase Frances Yates, Giordano Bruno and the hermetic tradition, Londres. 1964, pp. 447-55. Más directamente, la herencia de la geometría euclidiana y de la astronomía tolemaica fue una condición previa indispensable para la aparición de la física galileana. <<

[38] Los determinantes interestatales de la representación estamental fueron subrayados por Hintze: «Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentatiwerfassung», Gesammelte Abhandlungen, I, pp. 168-70. <<

[1] Puede verse un lúcido análisis del Estado Taiho en J. W. Hall, Japan from prehistory to modern times, Londres, 1970, pp. 43-60. <<

[2] Puede verse un análisis comparado del shoen en Joüon des Longrais, L’Est et l’Ouest, institutions du Japon et de l’Occident comparées, París, 1958, pp. 92-103. <<

[3] Los orígenes de los bushi están esbozados en J. W. Hall, Government and local power in Japan, 500-1700, Princeton, 1966, pp. 131-3. <<

[4] M. Shinodi, The founding of the Kamakura Shogunate, 1180-1185, Nueva York, 1960, pp. 112-3, 141-4. <<

[5] Véase un amplio estudio de los jito en Hall, Government and local power in Japan, pp. 157-8, 182-90. <<

[6] Shinoda, The founding of the Kamakura Shogunate, p. 140. <<

[7] H. P. Warley, The Onin war, Nueva York, 1967, pp. 38-43. <<

[8] Ibid., pp. 76-7. <<

[9] Hall, Japan from prehistory to modern times, p. 121. <<

[10] El texto literal del juramento de vasallaje y de la concesión de la tierra en esta época puede verse en Hall, Government and local power in Japan, pp. 253-4; en las pp. 245-56 se trazan las líneas generales de la organización feudal en la época Sengoku. <<

[11] Joüon subraya con fuerza esa característica: L’Est et l’Ouest, páginas 119-20, 164. <<

[12] Véanse los agudos comentarios de Joüon, L’Est et l’Ouest, pp. 145-7, 395-6. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que a pesar de la inclinación terminológica del feudalismo japonés hacia las relaciones de pseudoparentesco, en la práctica los señores de esta época consideraban al vasallaje como un vínculo de lealtad más seguro que la consanguinidad; de forma significativa, las ramas familiares de un linaje de magnates se asimilaban normalmente a la condición de vasallos. Véase Hall, Government and local power in Japan, p. 251. <<

[13] Un estudio sobre Sakai puede verse en G. Sansom, A history of Japan, 1334-1615, Londres, 1961, pp. 189, 272-3, 304-5. <<

[14] Las circunstancias que produjeron la comuna de Yamashiro están bosquejadas en Varley, The Onin war, pp. 192-204. <<

[15] «La victoria de Hideyoshi no representó la verdadera unificación de Japón, sino la conquista de todo el país por una sola liga de daimyo»: Hall, Government and local power in Japan, p. 284. <<

[16] Sansom comenta que la verdadera proporción recaudada se acercaba a los dos quintos, debido a la práctica común de la evasión: A history of Japan, 1334-1615, p. 319. <<

[17] A. Craig, Choshu in the Meiji Restoration, Cambridge (Massachusetts), 1961, p. 15. A partir de Hideyoshi la tierra se valoraba oficialmente en Japón por su producción de arroz en koku (alrededor de 180 litros). <<

[18] Las sucesivas etapas de este proceso dentro del shogunato están cuidadosamente trazadas en C. Totman, Politics in the Tokugawa Bakufu, 1600-1843, Cambridge (Massachusetts), 1967, pp. 204-33. <<

[19] Totman, Politics in the Tokugawa Sakufu, pp. 45, 50. <<

[20] P. Akamatsu, Meiji, 1868: révolution et contre-révolution au Japon, París, 1968, p. 30 [Meiji, 1868: revolución y contrarrevolución en Japón, Madrid, Siglo XXI, 1977]. <<

[21] Hall, Japan from prehistory to modern times, p. 169. <<

[22] Craig, Choshu in the Meiji Restoration, p. 11. <<

[23] Craig, Choshu in the Meiji Restoration, pp. 15-16; Totman, Politics in the Tokugawa Bakufu, pp. 49-50. El origen del número excepcionalmente alto de samurais en los feudos tozama del sudoeste reside en los ajustes efectuados después de Sekigahara, cuando Ieyasu redujo drásticamente los dominios de sus enemigos. El resultado fue la concentración de sus adeptos en áreas mucho más pequeñas. Los señores tozama ocultaban por su parte, la verdadera producción de sus tierras, con objeto de minimizar la escala de reducciones ordenada por el Bakufu. <<

[24] Véanse los cálculos provisionales de W. G. Beasley, «Feudal revenues in Japan at the time of the Meiji Restoration», Journal of Asian Studies XIX, 3, mayo de 1960, pp. 255-72. <<

[25] Sin embargo, el papel de los daimyo varió enormemente; en el período Bakumatsu, por ejemplo, mientras el señor de Choshu era un cero a la izquierda, los señores de Satsuma o Tosa intervenían activamente en la política. <<

[26] Kohachiro Takahashi, «La place de la révolution de Meiji dans l’histoire agraire du Japon», Revue Historique, octubre-diciembre de 1953, páginas 235-6. <<

[27] Hall, Japan from prehistory to modern times, p. 201. <<

[28] Hall, Japan from prehistory to modern times, pp. 201-2. En algunos casos, las habilitaciones de tierras condujeron, como en la Europa feudal o en la China medieval, al deterioro de las tierras más viejas, y el exceso de obras de regadío produjo inundaciones desastrosas. Ver J. W. Hall, Tanuma Okitsugu, 1719-1788, Cambridge (Massachusetts), 1955, páginas 63-5. <<

[29] Las nuevas trilladoras del siglo XVIII fueron quizá la única innovación técnica importante en la agricultura japonesa durante este período: T. C. Smith, The agrarian origins of modern Japan, Stanford, 1959, página 102. <<

[30] La extensión exacta de esta comercialización es objeto de una considerable disputa. Crawcour afirma que «se puede decir» que a mediados del siglo XIX más de la mitad y, posiblemente, cerca de las tres cuartas partes de la producción bruta llegaban de una forma u otra al mercado: E. S. Crawcour, «The Tokugawa heritage», en W. Lockwood, comp., The State and economic enterprise in Japan, Princeton, 1965, pp. 39-41. Ohkawa y Rozovsky desechan, por su parte, una estimación tan alta, y subrayan que incluso a principios de la década de 1960 sólo el 60 por 100 de la producción agraria japonesa llegaba al mercado. Estos autores consideran que, si se excluyen los impuestos en arroz, el índice de la verdadera comercialización (campesina) probablemente no superaba el 20 por 100 en la década de 1860: «A century of Japanese economic growth», en Lockwood, comp., The State and economic enterprise in Japan, p. 57. Hay que insistir en que la distinción estructural entre las formas nobiliaria y campesina de comercialización es fundamental para la comprensión de la dinámica y los límites de la agricultura Tokugawa. <<

[31] Smith, The agrarian origins of modern Japan, pp. 5-64, presenta un amplio estudio de este modelo tradicional. <<

[32] El resultado global de la economía agraria del último período Tokugawa es todavía objeto de controversias. Nakamura, en su importante estudio, al revisar las estimaciones oficiales del arroz a partir del comienzo de la época Meiji, desarrolla un conjunto de hipótesis que indican un aumento de un 23 por 100 sobre el período de 1680 a 1870: véase J. Nakamura, Agricultural production and the economic development of Japan, 1873-1922, Princeton, 1966, pp. 75-8, 90, 137. Rozovsky, sin embargo, plantea serias objeciones a estos cálculos, arguyendo que el rendimiento atribuido por Nakamura al cultivo de arroz de la época Tokugawa tiene que ser demasiado alto porque supera al de todos los demás países del Asia monzónica en el siglo XX: H. Rozovsky, «Rumbles in the rice-fields: Professor Nakamura versus the official statistics», Journal of Asian Studies, XXVII, 2, febrero de 1968, p. 355. Dos artículos recientes ofrecen unos relatos eufóricos pero impresionistas de la agricultura Baku-han, sin ningún intento de cuantificación: S. B. Hanley y K. Y amamura, «A quiet transformation in Tokugawa economic history», Journal of Asian Studies, XXX, 2, febrero de 1971, pp. 373-84, y Kee Il Choi, «Technological diffusion in agriculture under the Baku-han system», Journal of Asian Studies, XXX, 4, agosto de 1971, pp. 749-59. <<

[33] La investigación moderna ha identificado hasta ahora alrededor de 2.800 revueltas campesinas entre 1590 y 1867; otros 1.000 estallidos populares tuvieron lugar en las ciudades; Kohachiro Takahashi, «La Restauration de Meiji au Japon et la Révolution Française», Recherches Internationales, 62, 1970, p. 78. En el siglo XIX aumentó el número de revueltas intercampesinas (por oposición a las antiseñoriales): Akamatsu, Meiji, 1868, pp. 44-5. <<

[34] C. D. Sheldon, The rise of the merchant class in Tokugawa Japan, 1600-1868, Locust Valley, 1958, pp. 33-6, comenta que los cabecillas campesinos ejercían un mayor poder efectivo en las aldeas que los comerciantes en las ciudades. <<

[35] T. G. Tsukahira, Feudal control in Tokugawa Japan: the sankin-kotai system, Cambridge (Massachusetts), 1966, pp. 96-102. Una descripción gráfica de los nuevos estilos de vida urbana adoptados por los nobles y los comerciantes en Edo puede verse en Hall, Tanuma Okitsugu, pp. 107-17. <<

[36] Después de la restauración, el gobierno Meiji publicó los siguientes datos relativos a la propiedad urbana en Edo: el 68,6 por 100 era «tierra militar»; el 15,6 por 100 pertenecía a «templos y santuarios», y sólo el 15,8 por 100 era propiedad de los habitantes de las ciudades o chonin: Tsukahira, Feudal control in Tokugawa Japan, pp. 91, 196; Totman calcula que el tamaño de todo el castillo Chiyoda era de una milla cuadrada, y que sólo el recinto principal ocupaba casi cuatro hectáreas: Politics in the Tokugawa Bakufu, pp. 92, 95. <<

[37] La clase chonin incluía, legalmente, a los comerciantes (shonin) y a los artesanos (konin). La exposición que sigue se refiere fundamentalmente a los comerciantes. <<

[38] Hall, Japan from prehistory to modern times, p. 210. <<

[39] D. F. Henderson, «The evolution of Tokugawa law», en J. Hall y M. Jansen, comps., Studies in the institutional history of early modern Japan, Princeton, 1968, pp. 207, 214, 225-8. <<

[40] Lenin, Collected Works, vol. 3, p. 65 [Obras Completas, vol. 3, páginas 56-60]; véanse también vol. 1, pp. 102, 103; vol. 2, pp. 164-5. <<

[41] Sheldon, The rise of the merchant class in Tokugawa Japan, p. 100. <<

[42] Sobre estos sucesivos cambios del centro de gravedad comercial bajo el shogunato, véase E. S. Crawcour, «Changes in Japanese commerce in the Tokugawa period», en Hall y Jansen, comps., Studies in the institutional history of early modern Japan, pp. 193-201. <<

[43] Craig, Choshu in the Meiji Restoration, p. 33. <<

[44] R. P. Dore, Education in Tokugawa Japan, Berkeley, 1965, pp. 254, 321. <<

[45] Totman, Politics in the Tokugawa Bakufu, p. 287. <<

[46] Sobre los costes salariales véase Totman, Politics in the Tokugawa Bakufu, p. 82. Sobre la corrupción y la compra de cargos, véase la encantadora franqueza de Tanuma Okitsugu, gran chambelán del Bakufu a finales del siglo XVIII: «El oro y la plata son tesoros más preciosos que la misma vida. Si una persona trae ese tesoro junto con la expresión de su deseo de servir en algún puesto público, puedo estar seguro de la seriedad de su deseo. La fuerza del deseo de un hombre aparecerá en la magnitud de su donación». Hall, Tanuma Okitsugu, p. 55. <<

[47] Totman, Politics in the Tokugawa Bakufu, pp. 78-80. El límite legal para la conversión en dinero era de un tercio del impuesto, pero la media real llegaba a superar los dos quintos. <<

[48] Vilar, Oro y moneda en la historia, p. 103. <<

[49] P. Frost, The Bakumatsu currency crisis, Cambridge (Massachusetts), 1970, p. 9. <<

[50] W. G. Beasley, The Meiji Restoration, Londres, 1973, p. 51. <<

[51] Un signo llamativo del arcaísmo militar del shogunato fue el mantenimiento de la primacía oficial de la espada sobre el mosquetón, a pesar de todas las experiencias sobre la superioridad de las armas de fuego durante la época Senkogu. Totman, Politics in the Tokuwava Bakufu, pp. 47-8. <<

[52] Frost, The Bakumatsu currency crisis, p. 41. <<

[53] Sobre este episodio fundamental véase Akamatsu, Meiji 1868, páginas 165-7. <<

[54] Ver, por ejemplo, el estudio marxista clásico de la Restauración, que fuera de Japón sólo es asequible en ruso: Shigeki Toyama, Meidzi isin, krushenie feodalizma v Yaponii, Moscú, 1959, pp. 183, 217-8, 241, 295. Aquí sólo tenemos espacio para repetir la escueta afirmación hecha antes: es preciso reservar para un estudio posterior la discusión completa del carácter histórico de la restauración Meiji. Sin embargo, es posible apuntar la opinión de Lenin sobre la naturaleza del vencedor en la guerra ruso-japonesa. Lenin creía que la «burguesía japonesa» había infligido «una bochornosa derrota» a la «autocracia feudal» del zarismo: «la Rusia absolutista ha sido ya vencida por el Japón constitucional». Lenin, Collected Works, vol. 8, pp. 52, 53, 28 [Obras Completas, vol. 8, páginas 43, 44, 19]. <<

[1] Véanse pp. 407-11. <<

[2] R. Koebner, «Despot and despotism: vicissitudes of a political term», The Journal of the Warburg and Courtauld Institute, XIV, 1951, p. 300 Este ensayo rastrea también la prehistoria de la palabra en la Edad Media, antes de que fuera proscrita durante el Renacimiento a causa de su impura genealogía filológica. <<

[3] Aristóteles, Política, III, IX, 3 [Madrid, Espasa Calpe, 1978, p. 101]. <<

[4] De l’esprit des lois, I, pp. 64, 69. El discurso de Montesquieu sobre el despotismo no era sólo, naturalmente, una simple teorización sobre Asia. Contenía también una implícita llamada de atención sobre los peligros del absolutismo en Francia que si no era detenido por los «poderes intermedios» de la nobleza y el clero, podía aproximarse en último término —esto era lo que Montesquieu temía— a las normas orientales. Sobre este significado implícito del Esprit des lois véase el análisis, por lo general excelente, de L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, páginas 92-7. Althusser, sin embargo, sobreestima la dimensión propagandística de la teoría de Montesquieu sobre el despotismo al minimizar su demarcación geográfica. Sobrepolitizar el significado del Esprit des lois es reducirlo a una dimensión de campanario. En realidad, está completamente claro que Montesquieu tomó muy en serio sus análisis del Oriente, que no eran ni única ni primariamente meros instrumentos alegóricos, sino un componente integral de su intento de construir una ciencia global de los sistemas políticos en ambos sentidos <<

[5] De l’esprit des lois, I, p. 81. <<

[6] De l’esprit des lois, II, p. 168. <<

[7] De l’esprit des lois, I, p. 244. <<

[8] De l’esprit des lois, I, pp. 291-2. <<

[9] El más notable de ellos fue Voltaire, que, más preocupado por los problemas culturales que por los políticos, discutió con vigor el análisis de Montesquieu del imperio chino, objeto de la admiración de Voltaire por lo que creía benevolencia racional de su gobierno y sus costumbres. Como ya hemos visto, el «despotismo ilustrado» era un ideal positivo para muchos philosophes burgueses, para quienes representaba la supresión del particularismo feudal, precisamente la razón por la que Montesquieu, un aristócrata nostálgico, lo temía y lo denunciaba. Otro critico muy diferente de De l’esprit des lois, que ha ganado el favor de escritores recientes, fue Anquetil-Duperron, un estudioso de los textos sagrados de Zoroastro y Veda que pasó algunos años en la India y escribió un volumen titulado Législation orientale (1178), consagrado por completo a negar la existencia del despotismo en Turquía, Persia y la India, y en el que se afirma la presencia en esos países de sistemas legales racionales y propiedad privada. En el libro se ataca específicamente a Montesquieu y Bermer, (pp. 2-9, 12-13, 140-2), por haber mantenido lo contrario. Anquetil-Duperron dedicó su libro a los «desgraciados pueblos de la India», lamentando sus «derechos heridos» y acusando a las teorías europeas del despotismo oriental de ser meras coberturas ideológicas para la agresión y la rapiña colonial en el Oriente: «El despotismo es el gobierno de aquellos países en los que el soberano se declara propietario de todos los bienes de sus súbditos; convirtámonos en ese soberano y seremos los dueños de todas las tierras del Indostán. Tal es el razonamiento del avaro codicioso, oculto tras una fachada de pretextos que es preciso demoler» (p. 178). Por la fuerza de estos sentimientos, Anquetil-Duperron ha sido posteriormente saludado como primer y noble campeón del anticolomalismo. Althusser ha afirmado, con cierta ingenuidad, que su Législation orientale ofrece un «admirable» panorama del «verdadero Oriente» al contrario de la imagen que tenía Montesquieu. Dos artículos recientes han repetido su alabanza: F. Venturi, «Despotismo orientale», Rivista Storica Italiana, LXXII, 1. 1960, pp. 117-26, y S. Stelling-Michaud «Le mythe du despotisme oriental», Schweizer Beitrage zur Allgemeinen Geschichte, vol. 18-19. 1960-1961, pp. 344-5 (que en general sigue muy de cerca a Althusser). En realidad, Anquetil-Duperron fue una figura mucho más equívoca y trivial de lo que sugieren esos elogios, como se lo habría revelado a sus autores una investigación un poco más profunda. Más que un auténtico enemigo del colonialismo como tal, Anquetil-Duperron era un desencantado patriota francés a quien mortificaban los éxitos del colonialismo británico al arrojar a su rival galo del Carnático y de todo el subcontinente. En 1872 escribió otro volumen, L’Inde en rapport avec l’Europe, dedicado esta vez a los «espíritus de Dupleix y Labourdonnais» y que era una violenta requisitoria contra «la audaz Albión, que ha usurpado el tridente de los mares y el cetro de la India», y pedía que «la bandera francesa flotase de nuevo con majestad por los mares y las tierras de la India». Publicado en 1789, durante el Directorio, en este libro Anquetil-Duperron afirmaba que «el tigre debía ser atacado en su guarida» y proponía una expedición naval francesa para «tomar Bombay» y arrojar así «al poderío inglés hasta más allá del cabo de Buena Esperanza» (pp. i-ii, xxv-xxvi). Nada de esto podría adivinarse si sólo se tiene en cuenta la inmaculada piedad del artículo del Dictionnaire historique del que parece haberse derivado buena parte de su posterior reputación <<

[10] An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Londres, 1778, II, p. 281 [La riqueza de las naciones, Madrid, Aguilar, 1961]. <<

[11] An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, II, páginas 283, 340. Smith añade de forma significativa: «Sin embargo, no hay que olvidar que los relatos transmitidos a Europa acerca de tales obras son, por lo general, descripciones hechas por viajeros poco inteligentes y demasiado admirativos, y con frecuencia por misioneros estúpidos y mendaces. Quizá no se nos presentarían como tan maravillosas si hubiesen sido examinadas por unos ojos más inteligentes y si los relatos procediesen de testigos de mayor fidelidad. La descripción que Bernier nos ofrece de las obras de esa clase en Indostán dista mucho de las que nos han hecho otros viajeros más propensos que él a lo maravilloso». <<

[12] The philosophy of history, Londres, 1878, p. 270. [No existe correspondencia entre esta edición inglesa y la traducción castellana de José Gaos (Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid. Revista de Occidente, 4.ª ed., 1974), por haberse realizado a partir de la 3.ª y 4.ª ediciones alemanas, respectivamente, entre las que existen diferencias sustanciales]. <<

[13] Ibid., p. 168. <<

[14] Ibid., pp. 130-1. <<

[15] Ibid., pp. 150-1. <<

[16] Ibid., p. 168. <<

[17] Ibid., p. 161. <<

[18] Ibid., p. 180. <<

[19] James Mill, The history of British India, Londres, 1858 (reedición), I, pp. 141, 211. <<

[20] Richard Jones, An essay on the distribution of wealth and the sources of taxation, Londres, 1831, pp. 7-8. <<

[21] An essay on the distribution of wealth, pp. 110, 112. La alusión de Jones a los peligros tártaros que amenazan a China es, probablemente, una referencia a las rebeliones de los Khoja en Kashgar el año 1830. Obsérvese su explícita exclusión de Rusia del sistema asiático que se estaba discutiendo. <<

[22] An essay on the distribution of wealth, p. 117. <<

[23] Ibid., pp. 129-30. <<

[24] Ibid., pp. 119, 122-3. <<

[25] Ibid., p. 133. <<

[26] John Stuart Mill, Principies of political economy, Londres, 1848, I, página 15 [Principios de economía política, México, FCE, 1951]. <<

[27] Principles of political economy, p. 14. <<

[28] H₁, Harrington; H₂, Hegel; B₁, Bodin; B₂, Bacon; B₃, Bernier; M₁, Maquiavelo; M₂, Montesquieu; M₃, Mill; S, Smith; J, Jones. <<

[29] K. Marx y F. Engels, Selected correspondence, pp. 80-1 [Correspondencia, p. 62], Por su contenido y su tono, merece la pena reproducir aquí el párrafo central de Bernier al que se refería Marx: «Estos tres países, Turquía, Persia e Indostán, no tienen idea de los principios del meum y el tuum, relativos a la tierra o a otras posesiones reales; y habiendo perdido aquel respeto hacia el derecho de propiedad, que es la base de todo lo bueno y útil que hay en este mundo, necesariamente se asemejan unos a otros en los puntos esenciales; todos ellos caen en los mismos errores perniciosos y, antes o después, tienen que experimentar sus consecuencias naturales: la tiranía, la ruina y la desolación ¡Cuán felices y agradecidos debíamos sentirnos de que los monarcas de Europa no sean los únicos propietarios de la tierra! Si lo fueran buscaríamos en vano campos bien cultivados y poblados, ciudades bien construidas y prosperas y un pueblo educado y floreciente. Si este principio prevaleciese, muy diferentes serían la verdadera riqueza y el poder de los soberanos de Europa, y la lealtad y libertad con las que son servidos remarían, por el contrario, sobre soledades y desiertos, sobre mendigos y bárbaros. Los reyes de Asia, movidos por una ciega pasión y por la ambición de ser más absolutos de lo que está permitido por las leyes de Dios y de la naturaleza, acaparan todo hasta que al final todo lo pierden; al desear excesivas riquezas, se encuentran sin ninguna, o con muchas menos de las ambicionadas por su codicia. Si entre nosotros existiera el mismo gobierno, ¿dónde encontraríamos príncipes prelados o nobles, burgueses opulentos y mercaderes prósperos, o ingeniosos artesanos? ¿Donde buscaríamos ciudades como París, Lyon, Toulouse. Ruán o si lo preferís, Londres y tantas otras? ¿Dónde podríamos encontrar ese numero infinito de pequeñas ciudades y aldeas, todas esas hermosas casas de campo, esos campos y colinas primorosos, cultivados con tanto cariño, arte y trabajo? ¿Qué sería de los grandes ingresos que producen tanto a los súbditos como al soberano? A causa de su aire nocivo, nuestras grandes ciudades se harían inhabitables, y caerían en la ruina sin despertar en nadie el deseo de detener su decadencia; nuestras colinas quedarían abandonadas y nuestras llanuras serían invadidas por espinos y malas hierbas o cubiertas por pestilentes cenagales» (Travels in the Moghul empire, pp. 232-3). <<

[30] K. Marx y F. Engels, Selected correspondence, p. 82 [Correspondencia, p. 62]. Obsérvese que Engels habla aquí específicamente de «civilización». <<

[31] Selected correspondence, pp. 85-6 [Correspondencia, pp. 64-5]. <<

[32] K. Marx y F. Engels, On colonialism, Moscú, 1960, p. 33: «The British rule in India», artículo del 10 de junio de 1853 [Sobre el colonialismo, México, Pasado y Presente, 1979, p. 38]. <<

[33] On colonialism, p. 35 [Sobre el colonialismo, p. 40]. <<

[34] On colonialism, p. 77: «The future results of British rule in India» artículo del 22 de julio de 1853 [Sobre el colonialismo, p. 79]. <<

[35] On colonialism, p. 36 [Sobre el colonialismo, p. 41]. <<

[36] Ibid., p. 37 [p. 41]. <<

[37] Ibid., p. 76 [p. 78]. <<

[38] Ibid., p. 198 [p. 182]. <<

[39] Pre-capitalist economic formations, pp. 69-70 (Grundrisse, pp. 472-473 [Elementos, vol. 1, p. 435]). <<

[40] Precapitalist economic formations, pp. 70-1 (Grundrisse, pp. 473-474 [Elementos, vol. 1, p. 435]). <<

[41] Ibid., p. 95 (Grundrisse [Elementos, vol. 1, p. 457]). <<

[42] Ibid., pp. 71, 77-8 (Grundrisse, pp. 495, 474, 479 [Elementos, vol. 1 páginas 456, 436, 442]). <<

[43] «A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso, en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués». «Preface» a Contribution to the critique of political economy, Londres, 1971, p. 21 [Obras Escogidas, I, p. 374]. <<

[44] Capital, I, pp. 357-8 [El capital, I, pp. 434-36]. <<

[45] Como es obvio, Hegel y Marx utilizaban alguna fuente común. Louis Dumont ha señalado que el paradigma original de estas descripciones estereotipadas era un informe de Munro del año 1806: véase «The “village community” from Munro to Maine», Contributions to Indian Sociology, IX, diciembre de 1966, pp. 70-3. El relato de Munro fue constantemente reiterado y ampliado durante las décadas siguientes. <<

[46] Capital, I, p. 358 [El capital, I, p. 436]. <<

[47] Capital, III, pp. 771-2 [El capital, III, p. 1006]. <<

[48] Estas observaciones están tomadas del segundo borrador de la carta a Zasúlich: se reproducen en los textos complementarios de Pre-capitaltst economic formations, p. 143. <<

[49] Marx-Engels, Werke, vol. 18, p. 563. <<

[50] Werke, vol. 19, p. 475. <<

[51] Anti-Dühring, Moscú, 1947, p. 215 [Anti-Dühring, Barcelona, Crítica, 1977, p. 185]. <<

[52] Ibid., p. 211 [p. 182]. <<

[53] Ibid., p. 217 [p. 187]. <<

[54] Dos volúmenes ofrecen buena muestra de ello: el amplio simposio de ensayos Sur le «mode de production asiatique», París, 1969, que contiene una bibliografía de otras muchas contribuciones a este tema; y la visión general de G. Sofri, Il modo de produzione asiatico, Turín, 196 [El modo de producción asiático, Barcelona, Península, 1971]. <<

[55] El mejor ejemplo de esta tendencia es el estudio de Charles Parain, «Proto-histoire mediterranéenne et mode de production asiatique», en Sur le «mode de production asiatique», pp. 169-94, que examina las formaciones sociales megalítica, creto-micénica y etrusca; ensayo lleno de interés, incluso cuando es imposible estar de acuerdo con sus clasificaciones básicas. <<

[56] Dentro de esta corriente, la aportación más importante la constituyen los dos estudios de Maurice Godelier, «La notion de “mode de production asiatique” et les schémas marxistes d’evolution des societes», en Sur le «mode de production asiatique», pp. 47-100, y el largo «Preface» a Sur les sociétés pré-capitalistes: textes choisis de Marx, Engels, Lemne, París. 1970, especialmente pp. 105-42 [Sobre el modo de producción asiático. Barcelona, Martínez Roca, 1977, y Teoría marxista de las sociedades precapitalistas, Barcelona, Laia. 1977]. Este último texto contiene también el análisis más escrupuloso y penetrante de la evolución del pensamiento de Marx y Engels sobre el problema de las sociedades «orientales» (páginas 13-104). Las conclusiones taxonómicas de las obras de Godelier son, sin embargo, insostenibles. Al situar el «modo de producción asiático» como eje de las sociedades tribales en su paso de formas acétalas de organización a formas estatales y, por tanto, al llevar a esta noción enormemente hacia atrás en el «tiempo», Godelier se ve obligado, paradojicamente, a acabar definiendo una vez más las civilizaciones de China y la India en la época moderna como «feudales», aunque con algunas dudas, para poder distinguirlas de las anteriores. La lógica de su procedimiento impone esta solución, cuya aporía ya se ha señalado antes, a pesar de su evidente desconfianza en ella: véase Sur le «mode de production asiatique», pp. 90-1; Sur les sociétés pré-capitalistes, pp. 136-137. Por lo demás, y una vez desembarazado de todo el inadecuado marco del «asiatismo», el estudio antropológico de Godelier sobre las diferentes fases y formas de transición de las formaciones sociales tribales hacia las estructuras estatales centralizadas es muy revelador. <<

[57] La forma más extrema de este confusionismo no es, por supuesto obra de ningún marxista, sino de un superviviente más o menos spenceriano: K. Wittfogel, Oriental despotism, New Haven 1957 [Despotismo oriental, Madrid Guadarrama, 1966]. En este parloteo vulgar, desprovisto de todo sentido histórico, se mezclan sin orden ni concierto la Roma imperial, la Rusia zarista, la Arizona hopi, la China Sung, el África oriental chaggan, el Egipto mameluco el Perú inca, la Turquía otomana y la Mesopotamia sumeria, por no hablar ya de Bizancio y Babilonia o de Persia y Hawaii. <<

[58] Véase Daniel Thorne, «Marx on India and the asiatic mode of production», Contributions to Indian Sociology, IX, diciembre de 1900, página 57; un artículo serio y saludable. <<

[59] Thorner, op. cit., p. 57. <<

[60] Louis Dumont, «The “village community” from Munro to Maine» páginas 76-80; Irfan Habib, The agrarian system of Mughal India (1556-1707), Londres, 1963, pp. 119-24. <<

[61] Véanse pp. 489, 491. <<

[62] The philosophy of history, pp. 160-61. Hegel afirmaba con toda tranquilidad que «en la vida civil la igualdad es algo absolutamente imposible» y que «este principio nos lleva a resignarnos con la variedad de ocupaciones y con las diferencias entre las clases a las que aquellas se confían», pero, a pesar de esto, no podía contener su repulsa contra el sistema indio de castas en el que «el individuo pertenece a una clase por nacimiento y está atado a ella de por vida. Toda la concreta vitalidad que produce su aparición se hunde de nuevo en la muerte. Una cadena aprisiona la vida que precisamente estaba a punto de romper» (p. 152). <<

[63] «En todo el país, los componentes del grupo superior de las aldeas eran aliados del Estado y cobeneficiarios del sistema de explotación. En todas las aldeas, el estrato inferior se componía de intocables, exprimidos duramente hasta el mismo punto de subsistencia. La explotación exterior a la aldea estaba sancionada por la fuerza militar, y la explotación dentro de la aldea lo estaba por el sistema de castas y por sus sanciones religiosas». Angus Maddison, Economic growth and class structure: India and Pakistan since the Moghuls, Londres. 1971, p. 27. Véanse los estudios de Dumont, «The “village community” from Munro to Mame», pp. 74-S, 88, y Habib, The agrarian system of mughal India, pp. 328-83. <<

[64] En realidad, podría decirse que el único elemento exacto de la imagen que Marx tenía de las aldeas indias era su combinación de artesanía y cultivo, pero este rasgo es común a la practica totalidad de las comunidades rurales preindustriales del mundo, cualquiera Que sea su modo de producción, y no revela nada especifico sobre la agricultura asiática. Además, en la India esta combinación no excluía un considerable intercambio mercantil fuera de las aldeas, además del modelo domestico de trabajo. <<

[65] Thorner señala una nueva contradicción: Marx creía que la propiedad comunal india era la forma de propiedad rural más antigua del mundo, y la que ofrecía el punto de partida y la clave de todos les tipos posteriores de desarrollo de las aldeas; y, sin embargo, sostenía que las aldeas de la India eran esencialmente inmóviles y carentes de evolución, con lo que cerraba así su propio círculo: «Marx on India and the Asiatic mode of production», p. 66. <<

[66] Las pruebas se examinarán algo más adelante. <<

[67] La historia de las sucesivas «localizaciones» de Rusia en el pensamiento político occidental a partir del Renacimiento es un tema por sí mismo significativo y revelador, al que aquí sólo podemos aludir por razones de espacio. Maquiavelo todavía consideraba a Rusia como la «Escitia» clásica de la Antigüedad, «un país frío y pobre, donde hay demasiados hombres para que la tierra pueda alimentarlos, por lo que se ven obligados a emigrar, ya que muchas fuerzas les empujan a salir y ninguna a permanecer». Rusia estaba, pues, fuera de los límites de Europa, que para él se detenían en Alemania, Hungría y Polonia, baluartes contra nuevas invasiones bárbaras del continente: Il Principe e Discorsi, página 300. Bodin, por su parte, no incluía a «Moscovia» en Europa, sino que la aislaba como único ejemplo de una «monarquía despótica» en el continente, a diferencia del modelo constitucional del resto de Europa, que, por lo demás, contrastaba con el de Asia y África: «Incluso en Europa los príncipes de Tartaria y Moscovia gobiernan sobre súbditos llamados jolopi, es decir, esclavos»; Les six livres de la République, p. 201. Montesquieu, por el contrario, elogiaba dos siglos después al gobierno ruso por haber roto con los hábitos del despotismo: «Mirad con cuanta dedicación el gobierno de Moscovia intenta dejar tras de sí un despotismo que es para él una carga mucho más pesada que para sus propios pueblos». Montesquieu no ponía en duda que Rusia formaba parte del conjunto de Europa: «Pedro I dio las costumbres y modos de ser de Europa a una nación de Europa y, al hacerlo, encontró unos beneficios que él mismo no esperaba». De l’esprit des lois, I, pp. 66, 325-6. Naturalmente, estos debates tuvieron repercusión en la propia Rusia. En 1767, Catalina II declaró oficialmente en su famoso Nakaz: «Rusia es una potencia europea». A partir de entonces, pocos pensadores serios cuestionaron esta pretensión. Marx y Engels, sin embargo, profundamente afectados por la contrarrevolucionaria intervención zarista de 1548, se refirieron repetida y anacrónicamente al zarismo llamándolo «despotismo asiático», y amalgamaron a la India con Rusia en la injuria común. El tenor general de las opiniones de Marx sobre la historia y la sociedad rusas carece a menudo de equilibrio y de control. <<

[68] Algunas veces se ha sugerido que el hecho de que Marx omitiera a China de las primeras discusiones de 1853 sobre el despotismo asiático se podría deber a su conocimiento de que en el imperio chino del siglo XIX existía propiedad privada de la tierra. En un artículo de 1859, Marx cita un relato inglés que, entre otras cosas, menciona la existencia de la propiedad campesina en China: «Trade with China», Marx on China, Londres, 1968, p. 91; hay también un párrafo en El capital que implica que el sistema de propiedad de las aldeas chinas estaba más avanzado —es decir, era menos comunal— que el de las aldeas indias: Capital, III, página 328 [El capital, III, pp. 426-7], En realidad, sin embargo, como muestran los párrafos antes discutidos, es evidente que Marx no hizo ninguna distinción genérica entre China y el Oriente. <<

[69] K. Marx y F. Engels, On colonialism, pp. 13-16, 111, 188 [Sobre el colonialismo, pp. 18-21, 111, 182]. <<

[70] «Chinesisches», Werke, vol. 15, p. 514. Este artículo no está incluido en la compilación inglesa Marx on China, y es posterior a los artículos en ella incluidos. <<

[71] Werke, vol. 15, p. 514, En realidad, el «Reino Celestial» de los Taiping contenía un programa utópico de un carácter igualitario. <<

[72] Werke, vol. 15, p. 515. Naturalmente, la disciplina y la abstinencia puritana estaban formalmente impuestas a los militantes Taiping. <<

[73] Ernest Mandel subraya con razón que, para Marx y Engels, su verdadera y original función era la de intentar una explicación del «desarrollo especial del Este en comparación con la Europa occidental y mediterránea»; The formation of the economic thought of Karl Marx, Londres, 1971, p. 128 [La formación del pensamiento económico de Marx, Madrid, Siglo XXI, 1974], Este libro contiene la crítica marxista más penetrante de las versiones «tribales-comunales» del modo de producción asiático, páginas 124-32. Sufre, sin embargo, de una confianza indebida en las versiones «hidráulicas». Mandel reprocha con razón a Godelier y a otros el «reducir gradualmente las características del modo de producción asiático a aquellas que marcan todas las primeras manifestaciones del Estado y de la clase dominante en una sociedad basada aún esencialmente en la comunidad aldeana», e insiste correctamente en que «en los escritos de Marx y Engels, la idea de un modo de producción asiático no se relaciona precisamente con una sociedad india o china “primitiva”, perdida en las brumas del pasado, sino con la sociedad india y china tales como eran cuando el capital industrial europeo las encontró en el siglo XVIII en vísperas de la conquista (India) o de la penetración masiva (China) de estos países por ese capital»; una sociedad que «no era en modo alguno “primitiva” en el sentido de que no hubiera clases sociales claramente definidas o constituidas»: pp. 125, 127, 129. Pero Mandel olvida hasta qué punto fue el propio Marx la fuente de esta confusión. Por otra parte, al reafirmar la importancia crucial para el modo de producción asiático del tema de las funciones hidráulicas ejercidas por un Estado altamente desarrollado —y por tanto hipertrofiado—, Mandel no es plenamente consciente de su objetiva fragilidad. <<

[74] Sobre los antecedentes sociales de la aparición del Islam, véase Montgomery Watt, Muhammad at Meca, Oxford, 1953, pp. 16-20, 72-9, 141-4, 152-3. <<

[75] B. Lewis, The Arabs in history, Londres, 1950, p. 29 <<

[76] F. Lokkegaard, Islamic taxation in the classical period, Copenhague, 1950, pp. 20. 32. <<

[77] R. Mantran, L’expansión musulmane (VIIe-VIIIe siècles), París, 1969, páginas 105-6, 108-10; Lewis, The Arabs in history, p. 57. <<

[78] Lokkegaard, Islamic taxation in the classical period, p. 11. <<

[79] Ibid., p. 49. <<

[80] R. Levy, The social structure of Islam, p. 401; X. de Planhol, Les fondements géographiques de l’histoire de l’Islam, p. 54. <<

[81] Véanse las características digresiones de Lokkegaard, Islamic taxation in the classical period, pp. 44, 50. <<

[82] J. Schacht, An introduction to Islamic law, Oxford, 1964, pp. 1-2, 200-1. <<

[83] Ibid., pp. 54-5, 84-5. <<

[84] Schacht, An introduction to Islamic law: «La teoría del derecho islámico ha desarrollado, pues, tan sólo unos pocos rudimentos de un derecho especial de la propiedad inmobiliaria; en la práctica, las condiciones de posesión de la tierra eran muy diferentes a la teoría y variaban con el tiempo y el lugar» (p. 142). <<

[85] Claude Cahen, L’Islam des origins au début de l’empire ottoman, París. 1970. p. 109: sobre las condiciones generales de la agricultura en este período, véanse pp. 107-13. El libro de Cahen es la síntesis reciente más sólida sobre la época árabe del Islam. <<

[86] Cahen, L’Islam, p. 103, insiste en la diferencia entre las primeras conquistas del siglo VII y las posteriores devastaciones nómadas, y tiende a atribuir lo peor de estas últimas a las invasiones de los mogoles, no islámicas, en el siglo XIII (p. 247). Planhol es mucho más radical; véase su vivo relato del proceso general de beduinización de la agricultura islámica en Les fondements géographiques de l’histoire de l’Islam, pp. 35-7. <<

[87] Sobre la cambiante forma y función de la iqta, véase C. Cahen «L’evolution de l’iqta du Xe au XIIe siècle», Annales ESC, enero-marzo de 1953, 1, pp. 25-52. <<

[88] Véanse las memorables páginas de Planhol, Les fondements géographiques, pp. 54-7. Con su característico desdén, Ibn Jaldun asimilaba a los campesinos con los pastores en el oprobio común de ser habitantes primitivos del atrasado mundo rural; como señala Goitein, para él «los fellah y los beduinos estaban más allá de los límites de la civilización». A Mediterranean society, I, p. 75. <<

[89] D. y J. Sourdel, La civilisation de l’Islam classique, París, 1968, páginas 272-87, estudia el papel y el destino de las obras hidráulicas en las épocas omeya y abasida; véanse especialmente las pp. 279, 289. Los autores insisten en que el sistema iraquí de regadíos estaba en completa decadencia mucho antes de las invasiones de los mogoles, a las que posteriormente se atribuyó con frecuencia su colapso. Los qanats subterráneos de Persia eran anteriores a la conquista islámica en más de un milenio, ya que habían sido una de las principales características del Estado aqueménida; véase H. Goblot, «Dans l’ancien Irán, les techniques de l’eau et la grande histoire». Annales ESC, mayo-junio de 1963, páginas 510-1. <<

[90] La misteriosa caída de los grandes diques de Marib en el Yemen coincidió con el desplazamiento de la vitalidad económica y social del sur al norte de Arabia en el siglo VI d. C. Engels era consciente de la importancia histórica que la regresión del Yemen había tenido para el ascenso del Islam en el Hejaz, aunque la adelantaba indebidamente y la atribuía demasiado exclusivamente a la invasión etíope; K. Marx y F. Engels, Selected Correspondence, pp. 82-3. <<

[91] La frase es de Planhol; Les fondements géographiques, p. 57. Un balance más optimista puede encontrarse en C. Cahen, «Economy, society, institutions», The Cambridge History of Islam, II, Cambridge, 1970, páginas 511-2 ss. Planhol asimila de forma acrítica los modelos agrícolas islámicos a los de la Antigüedad clásica, y generaliza indebidamente, pero sus análisis geográficos concretos de las consecuencias ultimas del desdén musulmán hacia la agricultura poseen con frecuencia una fuerza enorme. <<

[92] Sobre las plantaciones Zany véase Lewis, The Arabs in history, páginas 1034. <<

[93] Planhol, Les fondements géographiques, p. 57; André Miquel, L’Islam et sa civilisation, VIIe-XXe siècles, París, 1968, pp. 130, 203; Irfan Habib, «Potentialities of capitalist development in the economy of Mughal India», The Journal of Economic History, XXIX, marzo de 1969, pp. 46-7, 49. <<

[94] M. Lombard, L’Islam dans sa premiére grandeur (VIIe-XIe siècles), París, 1972, p. 121. G. von Grunebaum, Classical Islam, Londres, 1970, página 100, estima, por el contrario, la población de Bagdad en unos 300.000 habitantes. Cahen considera que es imposible hacer un cálculo riguroso del tamaño de ciudades tales como Bagdad en esta época: «Economy, society, institutions», p. 521. Mantran advierte, en L’expansion musulmane, pp. 270-1, contra los cálculos de Lombard sobre la magnitud de la temprana urbanización islámica. <<

[95] El mejor análisis de este problema es el de Maxime Rodinson, Islam and capitalism, Londres, 1974, pp. 28-55. Rodinson critica también con acierto la pretensión weberiana de que la ideología islámica era enemiga por lo general de la actividad comercial racionalizada (pp. 103-17). <<

[96] Véase el estudio de A. L. Udovitch, «Commercial techniques in early mediaeval Islamic trade», en D. S. Richards, comp., Islam and the trade of Asia, Oxford, 1970, pp. 37-62. <<

[97] Véanse algunos ejemplos en S. D. Goitein, Studies in Islamic history and institutions, Leiden, 1966, pp. 236-9. <<

[98] D. y J. Sourdel, La civilisation de l’Islam classique, pp. 424-7. <<

[99] Planhol, Les fondaments géographiques, pp. 48-52, ofrece un vivo aguafuerte de estas ciudades, aunque quizá adelanta un poco su característico desorden: compárese con Sourdel, La civilisation de l’lslam classique, pp. 397-9, 430-1. <<

[100] Véase la más reciente reafirmación de la completa ausencia de gremios islámicos antes de finales del siglo XV en G. Baer, «Guilds in Middle Eastern history», en M. A. Cook, comp., Studies in the economic history of the Middle East, Londres, 1970, pp. 11-17. <<

[101] I. M. Lapidus describe estas características en Muslim cities in the later Middle Ages, Cambridge (Massachusetts), 1967, pp. 170-83 (sobre las bandas de criminales y mendigos) y «Muslim cities and Islamic societies», en Lapidus, comp., Middle Eastern cities, Berkeley y Los Angeles, 1969, páginas 60-74 (sobre la ausencia de comunidades urbanas delimitadas o de ciudades independientes). Lapidus protesta contra los contrastes tradicionales entre las ciudades del Islam y de Europa occidental durante la Edad Media, pero sus propios estudios refuerzan gráficamente esas diferencias, aunque las redefinan. <<

[102] Lapidus, Muslim cities in the later Middle Ages, pp. 107-13. <<

[103] Sourdel, La civilisation de l’Islam classique, p. 327. <<

[104] Véanse algunas observaciones incompletas en Levy, The social structure of Islam, pp. 74-5, 417, 445-50. No hay ningún análisis sistemático de este fenómeno. Cahen observa que los guardas-esclavos eran menos prominentes en el Occidente islámico (España y el norte de África), que era una zona políticamente menos desarrollada. L’Islam, p. 149. <<

[105] El último caso citado ofrece un ejemplo particularmente claro y documentado —quizá por ser también el último cronológicamente— de los objetivos políticos a los que generalmente servían estos cuerpos de guardia. Las unidades de caballería ghulam de Georgia fueron creadas específicamente por la dinastía para librarse de la turbulencia de las tribus turcomanas quizilbash, que habían llevado a la casa safávida al poder. Véase R. M. Savory, «Safavid Persia», The Cambridge History of Islam, I, Cambridge, 1970, pp. 407, 419-10. <<

[106] Lewis, The arabs in History, pp. 65-6. <<

[107] La frase es de F. Gabrielli, Muhammed and the conquests of Islam, Londres, 1968, p. 111. <<

[108] Lewis, The arabs in History, pp. 70-1. <<

[109] El significado y la composición social exacta de la insurrección abasida han sido objeto de grandes debates. Los estudios tradicionales la han interpretado como una rebelión esencialmente popular y étnica de poblaciones mawali no árabes, aunque siempre se ha admitido la presencia, en medio de ellas, de facciones tribales árabes (de filiación yemení). La importancia que se ha concedido a la heterodoxia religiosa en el movimiento ha sido puesta en duda por Cahen, «Points de vue sur la révolution abbaside», Revue Historique, CCXXX, 1963, pp. 336-7. El estudio más reciente y completo de los orígenes de la rebelión es M. A. Shaban, The Abbasid révolution, Cambridge, 1970, que da una importancia fundamental a los agravios sufridos por los colonos árabes de Jorasán —sometidos al dominio tradicional de los diqhan persas— por la conservadora política administrativa del Estado omeya: pp. 158-60. Está claro, en todo caso, que el ejército insurgente que provocó la caída del califato de Damasco con la toma de Merv se componía en realidad de elementos árabes e iraníes. <<

[110] Lewis, The Arabs in history, pp. 83-5. <<

[111] Goitein ha denominado al período que comienza con la consolidación del poderío abasida como civilización «intermedia» del Islam un mundo situado temporalmente entre las épocas helénica y renacentista, espacialmente entre Europa/África y la India/China, y cuyo carácter se situaba entre la cultura religiosa y la secular: Studies in Islamic history and institutions, p. 46 ss. <<

[112] Tras la batalla de Talas en Asia central, en la que los ejércitos árabes derrotaron en el año 751 a una fuerza de contingentes oigures y chinos. Como estudios de carácter general sobre la actividad comercial y manufacturera del Islamen la época abasida véanse: P. K. Hitti, History of the Arabs, Londres, 1956, pp. 345-9; Sourdel, La civilisation de l’Islam classique, pp. 289-311, 317-24; Lombard, L’Islam dans sa première grandeur, pp. 161-203 (especialmente informativo sobre el comercio de esclavos, que eran uno de los grandes componentes del comercio abasida, traídos de tierras eslavas, turcas y africanas). Sobre la expansión del algodón véase Miquel, L’Islam et sa civilisation, p. 130. <<

[113] Sobre estas rebeliones, véase el agudo análisis de Lewis, The Arabs in history, pp. 103-12. De su relato se deduce que el régimen qármata del Golfo fue el equivalente islámico más próximo que nunca hubo a la ciudad-Estado de la Antigüedad clásica: una comunidad espartana de ciudadanía igualitaria basada en la esclavitud rural. Este régimen fue liquidado finalmente en Bahrein a finales del siglo XI. <<

[114] Goitein, A Mediterranean society, vol. I, Economic foundations, Berkeley y Los Angeles, 1967, pp. 44-5. <<

[115] Goitein, A Mediterranean society, I, pp. 35-8. <<

[116] Véanse dos comparaciones antropológicas en R. Patai, «Nomadism: Middle Eastern and Central Asían», Southwestern Journal of Anthropology, vol. 7, 4, 1951, pp. 401-14; y E. Bacon, «Types of pastoral nomadism in Central and South-West Asia», Southwestern Journal of Anthropology, vol. 10, 1, 1954, pp. 44-65. Patai propone una serie organizada de contrastes entre el nomadismo turco y el árabe (caballo/camello, cabaña/tienda, arco/espada, exogamia/endogamia, etc.). Bacon lo crítica con razón por falta de una adecuada perspectiva histórica, y señala que Patai ha proyectado injustificadamente hacia atrás el cultivo agrario que practicaban los kazakos en los siglos XVIII y XIX, y da por supuesta erróneamente una mayor estratificación de clases sociales en el pastoralismo del Asia central que en el del sudoeste. Pero ambos artículos confirman a su modo las divergencias fundamentales subrayadas más arriba: el nomadismo turco carecía de una simbiosis estable con la agricultura sedentaria (Bacon, pp. 46, 52), y era además la «cultura» predominante en Asia central, mientras que el nomadismo árabe era una «cultura» más subordinada en Asia sudoccidental (Patai, pp. 413-4). <<

[117] Véase un análisis del papel de los mosquetes y los cañones en los ejércitos otomanos, safávidas y mogoles en el artículo «Barud» (polvora), en la Encyclopaedia of Islam (nueva edición), Leiden, 1967, vol. I, páginas 1061-9. La incapacidad de los mamelucos para dominar la artillería de campaña y las pistolas es analizada por D. Ayalon, Gunpowder and fire-arms in the Mamluk kingdom, Londres, 1965, pp. 46-7, 61-83. <<

[118] La conquista de Transoxiana por los uzbekos la hizo étnicamente turca por vez primera, y precipitó además su estancamiento y decadencia económica. Las campañas de los mogoles en el siglo XVII para reconquistar el Maw arannahr no tuvieron éxito. La enorme extensión de sus lineas de comunicación condujo casi al desastre a Aurangzeb en los años 1645-47, desastre que sólo pudo evitar por su superior potencia de fuego. <<

[119] Véase A. Lambton, Landlord and tenant in Persia, Oxford, 1953, páginas 61, 66, 105-6 (selyúcidas y safávidas); Gibb y Bowen, Islamic society and the West, I, 1, pp. 236-7 (otomanos); W. H. Moreland, India and the death of Akbar, Londres, 1920, p. 256 (mogoles). <<

[120] Goitein, A Mediterranean society, I, p. 149. <<

[121] Véase «Bahriyya», Encyclopaedia of Islam (nueva edición), vol. I, páginas 945-7. <<

[122] Claude Cahen ha sugerido en una importante nota que el superávit en la balanza de pagos alcanzado por el Islam medieval en sus cuentas con el exterior, debido en parte a sus mayores existencias de metales preciosos, era por sí mismo un contraincentivo para el aumento de la producción de manufacturas, ya que rara vez se produjo un déficit comercial semejante a los que estimularon a las economías de Europa occidental en el mismo período a producir más bienes de exportación: «Quelques mots sur le déclin commercial du monde musulmán à la fin du Moyen Age», en Cook, comp., Studies in the economic history of the Middle East, pp. 31-6. <<

[123] Por ejemplo, los emires mamelucos de Siria se desprendían intencionadamente de sus excedentes de grano en las ciudades a costa de los comerciantes urbanos, u obligaban a éstos a comprar sus existencias a precios más altos, y frecuentemente confiscaban su capital: Lapidus, Muslim cities in the later Middle Ages, pp. 51-7. <<

[124] Baer, «Guilds in Middle eastern history», pp. 27-9. <<

[125] Schacht, An introduction to islamic law, pp. 4, 89-90, 94. «Law and justice», The Cambridge History of Islam, II, p. 567. <<

[126] Miquel, L’Islam et sa civilisation, pp. 280-3, cree que alrededor de 1800 pudo haber un descenso hasta llegar a unos 43 millones. Estos números están sujetos a fuertes reservas, como advierte Miquel, por falta de pruebas fidedignas. Pero el balance general no es probable que esté muy equivocado. <<

[127] Habib, The agrarian system of Mughal India, pp. 113-18. La ausencia de una verdadera concepción de la propiedad de la tierra fue subrayada por W. Moreland, The agrarian system of Moslem India, Cambridge, 1929, páginas 3-4, 63, que creía que databa de la anterior época hindú de la historia india. <<

[128] Habib, The agrarian system of Mughal India, pp. 119-24. <<

[129] Habib, The agrarian system of Mughal India, pp. 195-6, piensa que el nivel de extracción de excedente por el Estado central era relativamente estable, al contrario de Moreland, que estima que la norma fluctuaba entre un tercio y dos tercios según fuese la política de los respectivos soberanos. <<

[130] Bajo el dominio mogol quizá se regase el 5 por 100 de la tierra cultivada: Maddison, Class structure and economic growth: India and Pakistan since the Moghuls, Londres, 1971, pp. 23-4. Marx creía que la agricultura india se caracterizaba por el riego intensivo, y que el colonialismo británico había destrozado la sociedad india tradicional al industrializarla. Irónicamente, y después del efímero auge provocado por los ferrocarriles a mediados del siglo XIX, los efectos del dominio británico fueron diametralmente opuestos. Los británicos implantaron en la India una industria insignificante, y por el contrario buena parte de la agricultura se convirtió por vez primera al regadío. A finales del Raj, la tierra irrigada se había multiplicado por ocho y abarcaba una cuarta parte de la extensión total, incluyendo algunas espectaculares canalizaciones en el Punjab y el Sind. Véase Madison, p. 50. <<

[131] Habib, «Potentialities of capitalistic development» pp. 54-5. <<

[132] P. Spear, «The Mughal “mansabdari” system», en E. Leach y S. N. Mukherjee, comps., Elites in South Asia, Cambridge, 1970, pp. 8-11. <<

[133] Habib, The agrarian system of Mughal India, pp. 160-7 ss.; «Potentialities of capitalistic development», p. 38. Si se prescinde de sus diferentes orígenes, existe cierta similitud entre las respectivas posiciones estructurales de las clases mansabdar y zamindar dentro del sistema mogol y los sectores devshirme y timariot del aparato otomano de Estado: en ambos casos, una élite militar central se situaba por encima de un estrato local de guerreros. Por lo demás, su composición era diferente: el devshirme turco constituía un cuerpo de esclavos ex cristianos y los timariots eran jinetes musulmanes, mientras que los mansabdars mogoles formaban, por el contrario, una «aristocracia» musulmana, y los zamindars eran explotadores regionales hindúes. Las respectivas funciones honoríficas de cada uno de ellos en el conjunto del sistema político eran, por tanto, muy diferentes. <<

[134] Habib, «Potentialities of capitalistic development», pp. 61-77. <<

[135] Sobre los tres tipos principales de sistemas hidráulicos en China, y su localización regional, véase el análisis original de Chi Ch’ao Ting, Key economic areas in Chinese history, Nueva York, 1963 (reedición), páginas 12-21; y el magistral estudio de J. Needham, Science and civilization in China, vol. IV, 3, Civil engineering and nautics, Cambridge, 1971, páginas 217-27, 373-5. <<

[136] Chi Ch’ao Ting, Key economic areas in Chinese history, pp. 89-92. <<

[137] Needham, Science and civilization in China, IV, 2, Mechanical Engineering, Cambridge, 1965, pp. 344, 362. <<

[138] Yi-Fu Tuan, China, Londres, 1970, p. 83. <<

[139] Needham, Science and civilization in China, IV, 3, p. 225. <<

[140] Needham, Science and civilization in China, IV, 2, pp. 190, 258-65 55, 312-27; IV, 3, p. 184. <<

[141] J. Needham, The development of iron and Steel technology in China, Londres, 1958, p. 9; el acero se fabricaba por medio de una mezcla de hierro forjado y hierro fundido, desde una época tan temprana como el siglo VI d. C. (pp. 26, 47). <<

[142] Needham, Science and civilization in China, I, Introductory orientations, Cambridge, 1954, pp. 111, 129. <<

[143] D. Twitchett, Financial administration under the T’ang dinasty, Cambridge, 1963, pp. 1, 194. <<

[144] Twitchett, Financial administration under the T’ang dinasty, pp. 1-6. En las regiones densamente pobladas, la extensión de las parcelas podía descender hasta más o menos 1 ha: pp. 4, 201. Este sistema nunca estuvo sólidamente implantado en los distritos arroceros del sur, donde era técnicamente inadecuado por la mayor demanda de trabajo del cultivo arrocero de regadío. <<

[145] E. Balazs, Chinese civilization and bureaucracy, New Haven, 1967, páginas 68-70. <<

[146] J. Gernet, Le monde chinois, París, 1972, pp. 217-19; este volumen es quizá la mejor síntesis reciente de la historia china escrita en cualquier idioma europeo. <<

[147] R. Dawson, Imperial China, Londres, 1972, pp. 56-8. <<

[148] Twitchett, Financial administration under the T’ang dinasty, páginas 12-17. <<

[149] Ibid., pp. 18-20. <<

[150] Ibid., pp, 24-65. <<

[151] Gernet, Le monde chinois, pp. 255-7. <<

[152] Twitchett, «Chinese politics and society from the Bronze Age to the Manchus», en A. Toynbee, comp., Half the world, Londres, 1973, p. 69. <<

[153] Twitchett, Land tenure and the social order in T’ang and Sung China, Londres, 1962, pp. 26-7. <<

[154] Twitchett, Land tenure and the social order, pp. 28-30. El problema de la balanza real dentro de la economía Sung, entre el sector de grandes fincas chang-yuan y la agricultura de pequeñas propiedades, es uno de los más controvertidos en la actual historiografía sobre la época. Elvin, en su importante y reciente obra, afirma que el «señorío» chino, basado en trabajo «servil», dominaba en la mayor parte del campo, aunque concede que el número de campesinos que había fuera de esas propiedades no era pequeño: The pattern of the Chinese past, Londres, 1973, páginas 78-83. Sin embargo, Elvin rechaza las estimaciones cuantitativas basadas en los registros de población de la época sin ofrecer ningún cálculo alternativo, y basa excesivamente su interpretación en dos investigadores japoneses, Kusano y Sudo, cuyas opiniones no parecen gozar de plena aceptación en su propio país. Twitchett, por el contrario, critica el empleo de términos tales como el de «señorío» para designar al chang-yuan e insiste mucho más en la importancia relativa de los pequeños propietarios en la época Sung. Los datos actuales no parecen permitir una conclusión firme. <<

[155] Twitchett, Land tenure and the social order, p. 25. <<

[156] Véanse los cómputos en Needham, Science and civilization in China, IV, 3, pp. 282-4, depurados sobre la base de cálculos realizados inicialmente por Chi Ch’ao Ting, Key economic areas in Chinese history, p. 36. <<

[157] Dwigth Perkins, Agricultural development in China, 1368-1968, Edimburgo, 1969, pp. 171-2. El estudio de Perkins se refiere a la China posterior al período Yuan, pero hay muchas razones para creer que sus opiniones son válidas para la época posterior al periodo T’ang. <<

[158] Twitchett, Land tenure and the social order, pp. 30-1. <<

[159] Gernet, Le monde chinois, p. 281. <<

[160] R. Hartwell, «A revolution in the chinese iron and coal industries during the Northern Sung, 920-1126 A. D.», The Journal of Asian Studies, XXI, 2, febrero de 1962, pp. 155, 160. <<

[161] Needham, Science and civilization in China, I, pp. 134, 231; IV, 2, páginas 446-65; IV, 3, p. 562. En la práctica, los tipos fijos siempre predominaron en la China imperial, porque la escritura ideográfica reducía las ventajas de los tipos móviles para ella: Gernet, Le monde chinois, páginas 292-6. <<

[162] Needham, Science and civilization in China, IV, 2, pp. 417-27; IV, 3, páginas 350, 357-60, 641-2. <<

[163] E. Kracke, «Sung society: change within tradition», The Far Eastern Quarterly, XIV, agosto de 1955, 4, pp. 481-2. <<

[164] Véase Tuan, China, pp. 132-5. <<

[165] Gernet, Le monde chinois, p. 285. <<

[166] Gernet, entre otros, habla de un «Renacimiento» Sung comparable al de Europa: Le monde chinois, pp. 290-1, 292-302. Pero la analogía es insostenible, porque los eruditos chinos nunca dejaron de estar preocupados con el pasado antiguo, y no hubo un claro proceso de ruptura cultural tal como el que caracterizó al redescubrimiento renacentista de la Antigüedad clásica en Europa. El propio Gernet advierte con elocuencia en otros lugares de su obra contra la abusiva importación de períodos y conceptos propios de Europa a la historia china, e insiste en la necesidad de forjar nuevos conceptos específicos y adecuados a la experiencia de aquel país: Le monde chinois, pp. 571-2. <<

[167] H. F. Schurmann, Economic structure of the Yuan dynasty, Cambridge (Massacnusetts), 1956, pp. 8-9, ¿9-30, 43-8. <<

[168] Needham, Science and civilization in China, I, p. 142. <<

[169] Schurmann, Economic structure of the Yuan dynasty, pp. 8, 27-8; Dawson, Imperial China, pp. 186, 197. <<

[170] Dawson, Imperial China, pp. 214-15; 218-19; Twitchett, «Chinese politics and society», pp. 72-3. <<

[171] Esta es, al menos, la opinión más corriente. Elvin sitúa el final del sistema de arrendamiento «servil» mucho después, a principios de la época Ch’ing, a la que considera como el primer período en el que se generalizó la pequeña propiedad privada en el campo: The pattern of the Chinese past, pp. 247-50. <<

[172] Gernet, Le monde chinois, pp. 341-2. <<

[173] Ping-Ti Ho, Studies on the population of China, 1368-1953, Cambridge (Massachusetts), 1969, pp. 101, 277; Perkins, Agricultural development in China, pp. 16, 194-201, 208-9. <<

[174] Gernet, Le monde chinois, pp. 370-1. <<

[175] Needham, Science and civilization in China, IV, 2, p. 508; IV, 3, p. 360. <<

[176] Elvin, The pattern of the Chinese past, pp. 195-9, 162, 274-6. <<

[177] Needham, Science and civilization in China, IV, 3, pp. 524-7, resume las hipótesis actuales sobre las razones de este cambio repentino. <<

[178] Sobre las vicisitudes de la última época del régimen Ming, véase Dawson, Imperial China, pp. 247-9, 256-7. <<

[179] Los soldados chinos de la «bandera verde» formaban un ejército subordinado del Estado Ch’ing. El dualismo que existía entre los regimientos manchúes y chinos se mantuvo hasta los últimos años de la dinastía, a comienzos del siglo XX: V. Purcell, The Boxer uprising, Cambridge, 1963, pp. 20-4. <<

[180] Ping-Ti Ho, Studies on the population of China, pp. 208-15. <<

[181] Gernet, Le monde chinois, p. 424. Todavía hoy la productividad internacional media del arroz es superior en un 75 por 100 por ha a la del trigo. Es el siglo XVIII, la ventaja del arroz chino sobre el trigo europeo era mucho mayor. <<

[182] Dawson, Imperial China, pp. 301-2; Ho, Studies on the population of China, pp. 217-21. <<

[183] Gernet, Le monde chinois, p. 424. <<

[184] Gernet, Le monde chinois, pp. 485-6. <<

[185] Perkins, Agricultural development in China, pp. 14-15, 32. <<

[186] Ibid., pp. 33, 37. <<

[187] Ibid., pp. 38-51, 60-73. <<

[188] Ibid., pp. 56-8, 77. Una excepción insólita parece haber sido la introducción del molino de viento, cuyos primeros testimonios datan de principios del siglo XVII. <<

[189] Perkins, Agricultural development in China, pp. 98-102. <<

[190] R. H. Tawney, Land and labour in China, Londres, 1937, p. 34. <<

[191] Ibid., p. 36. <<

[192] Perkins, Agricultural development in China, pp. 104-6. <<

[193] Ibid., pp. 114-5 136. <<

[194] Ho, Studies on the population of China, p. 222. <<

[195] Elvin, The pattern of the Chinese past, pp. 176-8: el porcentaje de población que vivía durante el siglo XII en ciudades d e más de 100.000 habitantes se situaba quizá entre el 6 y el 7,5 por 100, mientras que en el año 1900 era sólo del 4 por 100. <<

[196] Esta es, en efecto, la inolvidable lección del magistral y apasionante libro de Needham, cuyo alcance no tiene precedentes en la historiografía moderna. Es preciso decir, sin embargo, que la apresurada clasificación de Needham de la sociedad imperial china como «burocratismo feudal» queda claramente por debajo del nivel científico que tiene el conjunto de su obra. La unión de ambos no hace al término «feudalismo» más aplicable ni al término «burocracia» menos perogrullesco para definir a la formación social china a partir del año 200 a. C. Needham es en realidad demasiado lúcido como para no darse cuenta de esto, y nunca lo utiliza de forma categórica. Véase, por ejemplo, esta reveladora afirmación: «La sociedad china era un burocratismo (o quizá un feudalismo burocrático), es decir, un tipo de sociedad desconocido en Europa». Science and civilization in China, II, p. 377. La última frase es la verdaderamente operativa: el «es decir» reduce implícitamente los predicados antecedentes a su verdadero papel. Needham advierte expresamente en otro lugar contra la identificación del «feudalismo» o el «burocratismo feudal» de China con cualquier otra cosa designada con estas mismas palabras en la experiencia europea (IV, 3, p. 263), con lo que pone radicalmente en cuestión (¿de forma involuntaria?) la utilidad de un concepto común para referirse a ambos. <<

[197] Los avances en campos tales como la medicina y la botánica parecen haber sido una excepción. Véase Needham, Science and civilization in China, III, Mathematics and the Sciences of the heavens and the earth, Cambridge, 1959, pp. 437, 442, 457; IV, 2, p. 508; IV, 3, p. 526. <<

[198] Elvin ha analizado con la mayor amplitud este callejón sin salida: The pattern of the Chinese past, pp. 306-9 ss. El gran mérito del libro de Elvin es el de haber planteado con más claridad que cualquier otro estudio las paradojas centrales de la economía china a principios de la era moderna, tras el florecimiento de la época Sung. Pero su solución al problema del estancamiento imperial es demasiado estrecha y superficial para ser convincente. La expresión «trampa de alto equilibrio» que utiliza para describir el bloqueo de la economía tras el período Sung no lo explica en realidad, y se limita a replantear el problema con un aire engañosamente técnico. El alto equilibrio sólo se alcanzó en la agricultura, que, a pesar de las apariencias, es todo lo que estudia realmente el análisis final de Elvin. El «equilibrio» en la industria fue, por el contrario, más bien bajo. En otras palabras, el estudio de Elvin elude el problema de por qué no se produjo una revolución industrial en las ciudades que proporcionase inversiones «científicas» en la agricultura. Las observaciones con las que rechaza las explicaciones sociológicas de las limitaciones de la industria china (pp. 286-96) son demasiado tajantes para ser convincentes, y además están en claro desacuerdo con su propio estudio sobre las condiciones de la industria textil (pp. 279-82). En general, The pattern of the Chinese past sufre de una falta de verdadera integración o articulación de sus análisis económicos y sociales, que se desarrollan en niveles separados. La tentativa final de una explicación «puramente» económica del estancamiento chino es claramente inadecuada. <<

[199] H. F. Schurmann, «Traditional property concepts in China», The Far Eastern Quarterly, XV, 4, agosto de 1956, pp. 507-16, insiste con fuerza en estos límites de los conceptos chinos de propiedad privada agrícola. <<

[200] Balazs, Chinese civilization and bureaucracy, subraya especialmente la función inhibidora de los monopolios estatales y de la propiedad imperial de la mayor parte del suelo urbano (pp. 44-51). <<

[201] En este punto han insistido la mayor parte de los investigadores. Véase, por ejemplo, D. Bodde y C. Morris, Law in imperial China, Cambridge (Massachusetts), 1967, pp. 4-6. «El derecho oficial siempre actuaba en un sentido vertical, del Estado a los individuos, antes que en un plano horizontal, entre dos individuos». Bodde afirma que la cultura china no mantuvo en ninguna época la idea de que el derecho escrito pudiera ser de origen divino, en contraposición con la jurisprudencia islámica, por ejemplo (p. 10). <<

[202] Véase el excelente estudio de S. Nakayama, «Science an a technology in China», Half the world, pp. 143-4; las irregularidades astronómicas que trastornaban los cálculos tradicionales eran aceptadas con amable calma, con el dicho que «incluso los cielos se extravían en ocasiones». <<

[203] Needham ha ofrecido algunos análisis elocuentes; Science and civilization in China, II, History of scientific thought, Cambridge, 1956, páginas 542-3, 582-3; XI, pp. 150-68; The grand titration, Londres, 1969, páginas 36-7, 39-40, 184-6, 299-330. Needham opina que existía una estrecha conexión entre el atraso sectorial de la física y la heteronomía social de la clase mercantil en la China imperial. <<

[204] Elvin, The pattern of the Chinese past, pp. 278-84. <<

[205] Ping-Ti Ho, The ladder of success in imperial China: aspects of social mobility, 1368-1911, Nueva York, 1962, pp. 46-52; sobre los aspectos generales de la movilidad social en la China de las épocas Ming-Ch’ing, véanse las pp. 54-72. Véase también Balazs, Chinese civilization and bureaucracy, pp. 51-2. <<

[206] Ping-Ti Ho, «Salient aspects of China’s heritage», en Ping-Ti Ho y Tang Tsou, comps., China in crisis, I, Chicago, 1968, pp. 34-5. <<

[207] Véase el amplio y revelador ensayo de M.-C. Bergères, «The role of the bourgeoisie», en M. Wright, comp., China in revolution: The first phase, 1900-1913, New Haven, 1968, pp. 229-95. <<

[208] Gernet, Le monde chinois, pp. 343-4; Chang-Li Chang, The income of the Chinese gentry, Seattle, 1962, pp. 38, 42. La burocracia Ch’ing contaba con un grupo adicional de unos 4.000 funcionarios manchúes. <<

[209] Chang, The income of the Chinese gentry, pp. 43-7 ss. <<

[210] Chang, The income of the Chinese gentry, p. 197: los poseedores de grados académicos gozaban también por lo general de amplios ingresos procedentes de actividades mercantiles, que en conjunto, según los cálculos de Chang, debían suponer alrededor de la mitad de los producidos por sus propiedades territoriales. <<

[211] Chang, The Chinese gentry, p. 139, calcula que los titulares de grados y sus familias representaban, antes de la rebelión Taiping, el 1,3 por 100 de la población. Los estudios de Chang limitan arbitrariamente la definición de gentry a este único estrato, pero sus hallazgos no implican la aceptación de este límite. <<

[212] Ho, «Salient aspects of China’s heritage», pp. 22-4. <<

[213] Los determinantes estrictamente geográficos de la estructura social fueron exagerados por Montesquieu y su época, en sus intentos de comprender el mundo no europeo. En el siglo XX, los marxistas han compensado exageradamente este legado de la Ilustración, ignorando el significado relativo del medio natural en el conjunto de la historia. A los historiadores modernos como Braudel ha correspondido devolverle un peso más justo. En realidad, ninguna historia verdaderamente materialista puede silenciar las condiciones geográficas, como si se tratara de algo meramente externo a los modos de producción. El mismo Marx insistió en el medio natural como un factor primario e irreductible de toda economía: «Las condiciones originarias de la producción […] originariamente no pueden ser ellas mismas producidas, no pueden ser resultado de la producción». Pre-capitalist formations, p. 86 (Grundrisse, p. 389 [Elementos, p. 449]). <<

[214] La respectiva habilidad técnica de las civilizaciones china, islámica y europea quedó reflejada en el adagio tradicional que procedente de Samarkanda contaba el embajador castellano ante Timur en el siglo XIV: «los artesanos de Catay son considerados muchísimo más habilidosos que los de cualquier otra nación, y se dice que sólo ellos tienen dos ojos, mientras que los francos sólo tienen uno y los musulmanes son un pueblo ciego». Needham, Science and civilization in China, IV, 2, p. 602. El propio Needham supone que existía un grado de transmisión directa de los inventos chinos a Europa más alto de lo que en general puede demostrarse con testimonios históricos. La mutua ignorancia social prácticamente completa en la que permanecieron ambas civilizaciones durante la Antigüedad y la Edad Media —la falta por ambas partes de una información exacta en los documentos escritos, hasta unas fechas muy recientes— es difícil de reconciliar con la presunción de una frecuente intercomunicación técnica entre ambas, por muy informal que fuese y aunque sea imposible de encontrar en los documentos. La instrucción tecnológica de Europa por China no es un corolario necesario de la superioridad china sobre Europa; esto último es lo verdaderamente crucial e incuestionable. <<

[215] Twitchett compara el actual estado de la investigación sobre la China Tang y Sung con el estadio alcanzado por la historiografía medieval inglesa en tiempos de Seebohm y del primer Vinogradoff: Land tenure and the social order, p. 32. <<