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Sinopsis

En los cuatro años transcurridos desde Manual de resistencia, Pedro Sánchez ha formado el primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España, ha liderado el país durante una pandemia, una guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas en toda Europa, y ha lidiado con otras muchas crisis, como la erupción de un volcán en La Palma.

Pese a todas las dificultades, en esta pasada legislatura se han sentado las bases de grandes transformaciones, con el medio ambiente, la lucha contra la desigualdad y la transición digital como ejes principales. Se trata de cambios que requieren maduración, coherencia en las políticas y constancia para consolidarse. En el futuro se abre un panorama complejo, con numerosas incertidumbres, en el que está en juego algo tan elemental como el avance o el retroceso de nuestro país.

Ante una derecha cada vez más escorada y más ruidosa, este libro —una crónica en primera persona que abarca hasta la noche electoral del 23 de julio de 2023— es una apelación, sin intermediarios, a la ciudadanía. Aborda la acción de Gobierno, pero también «lo que es posible lograr como nación en el futuro: pasar de la resistencia a esa tierra firme que España alcanzará cuando culminen todas las transformaciones ya en marcha».

Tierra firme

Pedro Sánchez

Con la colaboración de Irene Lozano

A mi familia

PRÓLOGO
De la derrota a la victoria

DEL 28M AL 23J

Pese a ser un día extraordinario en todos los sentidos, el 23 de julio de 2023 fue normal en un aspecto: tuvimos comida familiar, como todos los domingos en que mis obligaciones me lo permiten. A primera hora de la mañana acudí al colegio electoral con Begoña. La jornada se desarrolló con normalidad y casi veinticinco millones de personas votaron. Solo la interrupción de la línea del AVE Madrid-Valencia por el incendio en un túnel alteró los nervios de quienes ven un complot en cada incidente. A juzgar por sus lamentos, debían de pensar que únicamente los votantes de la derecha viajaban ese día en tren.

Decidimos pasar el día con mis padres y mis hijas, a la espera del veredicto electoral. Mi intuición me decía que las cosas irían bien. «Tengo buenas vibraciones», les dije a los medios a pie de urna. Comimos juntos una paella a la que siguió una larga sobremesa. La presencia de mis padres y sus palabras me transmitían apoyo. Pero los distintos estados de ánimo por los que pasaron esa tarde se reflejaban en sus caras, probablemente más de lo que ellos mismos notaban.

A media tarde circulaban encuestas que insistían en pronosticar una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox, la misma mayoría holgada que habían reflejado durante meses y que la derecha daba por segura. En los cinco días previos a los comicios, la ley electoral no permite publicar sondeos. Aquellos, por fantasiosos que fueran, provocaban un impacto psicológico evidente. Toda la información que corrió de teléfono en teléfono estaba tan viciada como la difundida durante la campaña y, sin embargo, resultaba difícil escapar a su influjo. Las agencias de encuestas conocen ese efecto.

Los sondeos propios del Partido Socialista me invitaban a estar tranquilo, aunque todo se jugaba en un estrecho margen y nada podía darse por seguro. Mi padre y mi madre estaban inquietos, como todos los españoles progresistas. La posibilidad de que la ultraderecha entrara en el Gobierno de España nunca había estado tan cerca desde la muerte de Franco, y la gente de más edad, los millones de españoles que vivieron su niñez y su juventud en la dictadura, sentían algo peor que inquietud: sentían miedo. Otros estaban tan seguros de su victoria que ya andaban vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Para el PP y Vox ese día era su meta: habían trabajado para erosionar el Gobierno de España a cualquier precio y el 23J esperaban cobrarse la pieza.

En los últimos cuatro años no han hecho oposición ni han logrado encarnar un proyecto de país, como sería lógico y sano para nuestra democracia. Desde mi llegada a la presidencia, el esfuerzo de ambos partidos se ha dirigido a deslegitimar al Gobierno de España y a mí como presidente. Esto equivale a negar las reglas de la democracia. Su operación comenzó en el momento en que los socialistas llegamos al Gobierno en 2018. Siempre fue legítimo ese primer Gobierno, porque la moción de censura es una figura constitucional, democrática y común a los países de nuestro entorno. Tras las elecciones de 2019, con nuestra reválida en las urnas, podrían haber optado por un nuevo comienzo, asumiendo los resultados. Podrían haber reflexionado sobre los riesgos de su actitud, y haber empezado a hacer oposición con la aceptación de su derrota y su mal resultado en las urnas. No ocurrió. Al contrario, redoblaron su apuesta por una oposición brutal al empezar la pandemia y siguieron poniendo en cuestión la legitimidad del Gobierno socialista. Un tiempo después, Pablo Casado fue expulsado del liderazgo del PP mediante un golpe palaciego. La llegada de Alberto Núñez Feijóo les concedía aún una tercera oportunidad de revisar esas formas destructivas. De nuevo le torcieron el brazo al líder del PP: no se atrevió a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y emprendió así una andadura al frente de su partido marcada por los halcones de la formación.

Aquella noche del 23 de julio íbamos a conocer la composición del nuevo Parlamento decidida por los españoles y las españolas. Y, en consecuencia, quién podría ahormar una mayoría para formar el Gobierno de España. Pero en el aire flotaban muchas otras cuestiones: si la gente aprobaba esa forma devastadora de hacer política; si es aceptable en democracia sembrar el odio, deshumanizar y denigrar al adversario; si es tolerable utilizar el terrorismo de la forma más ignominiosa y ofensiva posible para las víctimas; si secuestrar una institución como el CGPJ, contraviniendo la Constitución, es propio de un partido que aspira a gobernar. Esa noche sabríamos si la ciudadanía daba por bueno el «todo vale», incluyendo las mentiras palmarias, los bulos, las campañas de desinformación y la invención de conspiraciones; si es aceptable en el principal partido de la oposición un talante democrático tan pobre que juzga ilegítimo a cualquier presidente del Gobierno que no sea suyo; si el catastrofismo alimentado por algunos medios de comunicación constituía un reflejo de la opinión ciudadana o solo de sus deseos de tener un Gobierno cercano a sus intereses; si la inevitabilidad del Gobierno de la derecha que preconizaban las encuestas era real o imaginaria.

Aquella noche la derecha y la ultraderecha esperaban que en las urnas cristalizara la creencia de que los cinco años de Gobierno reformista encabezado por mí nunca debieron haber existido. Estaban convencidos de que esa noche los votantes no solo les iban a dar el poder, sino también la razón. Quedaban unas horas para saberlo.

Era mucho lo que estaba en juego.

LA DERROTA DE LAS MUNICIPALES

Llegamos a ese 23 de julio porque antes hubo un 28 de mayo con elecciones municipales y autonómicas. Para los socialistas se trataba de unos comicios de gran importancia. El municipalismo es esencial en nuestra concepción de España y ese día se elegían numerosos Gobiernos autonómicos. La gestión de nuestros presidentes y presidentas autonómicos, y de nuestros alcaldes y alcaldesas, había sido extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta las adversidades que habíamos afrontado. Los datos avalaban a nuestros candidatos.

Para el Partido Socialista las elecciones constituían un fin en sí mismas; para el Partido Popular la campaña del 28 de mayo discurría en clave nacional. Querían convertirla en la penúltima estación, la prueba del declive del Gobierno de España, que acabaría cayendo en sus manos como fruta madura.

En los dos años anteriores, el PP había venido utilizando los Gobiernos autonómicos —singularmente algunos de ellos— para desgastar al Gobierno de España. El adelanto de elecciones tanto en Madrid (2021) como en Castilla y León (2022) no se había llevado a cabo pensando en los intereses de los territorios. Su pretensión era recabar el voto procedente de Ciudadanos y así trasladar una sensación de crecimiento imparable. Pero una cosa es recuperar voto de un partido en descomposición y otra muy distinta es un cambio de ciclo político. En la mente de sus dirigentes, la última ficha de dominó en caer sería el Gobierno de España.

Ese relato falseado se alimentaba de encuestas imaginarias, pero los resultados del PP no habían sido uniformes. En Castilla y León nos faltaron apenas unos miles de votos para ser la lista con más apoyos. El PP logró gobernar gracias a un pacto con Vox. Ya entonces no se cumplieron las expectativas generadas por las encuestas imaginarias. Al parecer no se dieron por aludidos.

El Partido Socialista nunca ha cuestionado la legitimidad de los Gobiernos constituidos conforme al marco legal. Nuestro sistema es una democracia parlamentaria y eso significa que gobierna quien consigue más apoyos en el Parlamento. Hay que insistir en lo obvio, por si alguien piensa que falsear la realidad le puede acabar dando la razón.

Metidos ya en la campaña del 28 de mayo, en el Partido Socialista debatíamos hasta qué punto la ciudadanía había normalizado la presencia de Vox en los Parlamentos y si resultaba o no eficaz advertir del peligro de que la ultraderecha accediera a puestos ejecutivos. Pese a ser contemplados por el PP como palancas para desgastar al Gobierno de España, los Gobiernos autonómicos manejan competencias tan vitales para la ciudadanía como la educación, la sanidad o la cultura. Fuera y dentro del partido sostuve siempre que, al margen de la eficacia electoral, teníamos la responsabilidad política de advertir a la ciudadanía de lo que sucedía allí donde gobernaba Vox.

La forma en que el PP había dado entrada a la ultraderecha en el Gobierno de Castilla y León —sin debate y sin resolver el hondo calado político de esa colaboración— anticipaba lo que podía ocurrir el 28 de mayo. Debíamos alertar a la ciudadanía de lo que esto significaba. Las tácticas de erosión de las instituciones y el lenguaje político feroz de la ultraderecha se estaban extendiendo sin que el PP planteara resistencia. Algunos de sus líderes más extremistas hacía tiempo que se parecían a ellos. Otros se han contagiado con rapidez de sus estrategias disruptivas, sembrando confusión sobre cómo funciona nuestro sistema parlamentario, dudando del voto por correo o evitando mencionar la violencia machista.

Tal vez el ejemplo más evidente de esta contaminación del PP por parte de Vox se encuentre en el eslogan más ignominioso que ha visto la política española en los últimos tiempos, el célebre «que te vote Txapote». Desde hace lustros el PP ha utilizado el terrorismo para atacar al Partido Socialista. A pesar de eso, todavía parecían quedar en pie algunos límites, como respetar el dolor de las víctimas. El eslogan traspasaba esa línea roja, la inconcebible, que se explotó hasta la saciedad en campaña. La prueba de la división causada se vio en la indignación de la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por el sanguinario terrorista. Como otras víctimas, pidió al PP que no utilizara el eslogan. Les dio igual. Confeccionaron camisetas con el lema y posaron sonrientes con ellas. Feijóo nunca ha censurado o desautorizado ese eslogan, ni siquiera cuando se lo he pedido expresamente en público. La brutal estrategia de polarización del PP requiere un tratamiento en profundidad que abordo en la tercera parte del libro. En la campaña de las municipales estuvo presente de forma constante.

Al PP le ha ocurrido toda la legislatura, pero en grado extremo durante la campaña, ese fenómeno que en psicología llaman «proyección». Me acusaban de polarizar, cuando son ellos los que dividen a la sociedad. Me acusaban de romper España, y cuando más cerca estuvo de quebrarse fue con el Gobierno de Mariano Rajoy. Me achacaban falta de sentido de Estado, pese a que el PSOE respaldó al Gobierno del PP en la mayor crisis territorial de nuestra democracia, un apoyo nunca correspondido conmigo al frente del Gobierno. Uno nunca deja de asombrarse. Y cuando crees que ya no pueden ir más lejos, aún son capaces de erigir a Txapote en protagonista de su campaña.

Sigo estando convencido de que, por nuestra parte, hicimos una buena campaña el 28M, porque nos mantuvimos en la contención, en la convicción de que las reglas no escritas de la democracia deben respetarse para evitar la división y el odio. Frente a eso vimos comportamientos bárbaros del Partido Popular.

Durante cinco años, de forma machacona y sistemática, han llevado a cabo una brutal campaña de deshumanización de mi persona. No soy el único que la ha padecido: también mi familia. En algún medio de comunicación se ha llegado a acusar a mi mujer de tener relación con el narcotráfico en Marruecos. Lejos de censurar estos comportamientos, el PP les ha dado pábulo.

El objetivo de esta estrategia no es otro que la destrucción personal. Se me han dirigido todo tipo de insultos y se ha aplicado la ley del embudo de forma descarada: cuando un dirigente de la derecha es abucheado en la calle lo consideran un escrache condenable; cuando me ha ocurrido a mí, en cambio, lo convierten en la libre expresión de ciudadanos airados, y encima añaden el falso sonsonete de «Sánchez no puede salir a la calle». Han tratado de fabricar una imagen de aislamiento que dista de la realidad. Siempre que salgo a la calle recibo mucho cariño, y la gente me anima, me da fuerza y siento su empatía por la conciencia de la dificultad de estos tiempos políticos. Otra cosa es que, de forma interesada, se amplifiquen los abucheos y se silencien los aplausos.

Han llegado a poner en cuestión el sistema electoral para achacarme, por supuesto a mí, aviesas intenciones de estar maquinando un fraude electoral en Mojácar. Me reiría si no resultara tan grave. Tenemos unos procedimientos de voto que cumplen todas las garantías. Pero dañar el prestigio de nuestro país magnificando pequeños incidentes les parece un precio razonable a pagar con tal de seguir erosionando mi gestión política y mi persona. Todo aquel revuelo con el fraude y con las candidaturas de Bildu —que también me atribuían a mí— concluyó el día después de las elecciones de mayo. Con sus prácticas, no obstante, lograron una alta movilización del voto de derechas.

Aquella noche del 28 de mayo mi equipo más cercano se encontraba en Ferraz. Las noticias del recuento no se presentaban halagüeñas.

LO QUE ESTABA EN JUEGO

Begoña y yo seguíamos el recuento del voto municipal y autonómico frente al televisor al mismo tiempo que a mí me llegaba información por teléfono de los datos que se iban conociendo. Perdíamos la Comunidad Valenciana, a pesar de obtener más votos que en las anteriores elecciones, un fenómeno que sucedió en otros lugares. También perdíamos Baleares, Aragón, La Rioja y Canarias. Extremadura, que osciló durante parte de la noche, acabó cayendo en manos de la ultraderecha y la derecha, aunque nuestra lista fue la más votada. Como secretario general de mi partido, me sentía concernido por aquellas noticias desalentadoras. Me dolió especialmente que nuestros candidatos, que habían desarrollado una gestión excelente en territorios y municipios emblemáticos de las políticas progresistas, tuvieran que salir de sus Gobiernos. Afortunadamente mantuvimos Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias.

En el agregado global de las elecciones municipales, nos mantuvimos en el entorno del 28 por ciento. Perdíamos cuatrocientos mil votos, pero en general el retrato saliente de las urnas no reflejaba que los ciudadanos nos hubieran dado la espalda. De hecho, en Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias, Canarias y Extremadura, el PSOE era la fuerza más votada. La pérdida de poder institucional era mucho mayor que la merma de sufragios. Esto se debía en gran parte a que la hiperfragmentación de la izquierda se cobró una factura muy elevada. En algunas capitales de provincia, como Valladolid, Sevilla o Huesca, el voto se dispersó en diversas listas a la izquierda del PSOE, lo que abrió el camino a Gobiernos de la derecha.

Hasta el último momento confiábamos en impedir la entrada de Vox en numerosos Gobiernos autonómicos, pero no sucedió así. Resultó injusto para muchos de los líderes regionales y locales socialistas que tanto y tan bien habían trabajado. Estaba claro que esa hiperfragmentación había tenido efectos devastadores sobre el voto progresista, lo que había repercutido negativamente en la posibilidad de seguir al frente de Gobiernos municipales o autonómicos que hasta ese día manteníamos en coalición con ellos.

La derecha se había movilizado de forma extraordinaria, lo cual venía a reforzar la sensación de cambio de ciclo inevitable. Al mismo tiempo, el PP había exacerbado hasta tal punto los ataques contra mí que aquello me interpelaba personalmente.

Los resultados me sumieron en una reflexión profunda, con el trasfondo de cinco años de insidias, calumnias y ataques personales que ahora creo que subestimé. Es cierto que, al tratarse de elecciones municipales y autonómicas, en las que yo no era candidato, me hubiera resultado complicado impugnar el retrato demonizado que se había dibujado de mí. Era difícil para el Partido Socialista rebatir el eslogan de «derogar el sanchismo», porque yo no me presentaba. La derecha y la ultraderecha habían construido un espantajo. Le habían dado una connotación tan negativa al término «sanchismo» que habían logrado dejar en segundo plano la exitosa gestión de los Gobiernos socialistas. La manipulación fue casi siempre burda, pero la sobreinformación, los bulos y las mentiras acaban influyendo en las personas no especialmente politizadas y que quizá solo reciben los mensajes más ruidosos.

Muchos ciudadanos y ciudadanas han demostrado ser conscientes de las dificultades de estos años. Como iré explicando en estas páginas, el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para superar esas crisis con justicia. Siempre he confiado en que las políticas materiales, las que han mejorado la vida de la gente, acabarían imponiéndose a las mentiras y la manipulación. En muchos casos ha ocurrido así; en otros, no.

Entrada la madrugada, se veía con claridad que el resultado iba a tener una consecuencia política de primera magnitud. La ultraderecha iba a formar parte de numerosos Gobiernos en nuestro país. Los discursos reaccionarios contra las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, el negacionismo climático o las ideas contrarias a la ciencia se iban a difundir desde los Gobiernos. No se podía subestimar lo ocurrido. Era el momento de decidir qué camino tomaba el país. O sociedades abiertas o sociedades cerradas: ese es el dilema que se plantean hoy las democracias de todo el mundo. Para un partido socialdemócrata como el nuestro, la elección no presenta ninguna duda.

Se hacía imperiosa la necesidad de saber si realmente los ciudadanos apoyaban esa regresión histórica o si, como creía y sigo creyendo, una amplia mayoría quería seguir avanzando. Era necesario clarificar la situación. Y solo había una forma de hacerlo: convocar elecciones generales.

La primera persona con quien lo hablé fue Begoña. Aún sonrío recordando la perplejidad con que reaccionó. Le conté mi razonamiento, así como mi interpretación de los resultados, y se mostró de acuerdo. Aunque intento dejar las cuestiones políticas fuera del ámbito de mi familia, Begoña es un apoyo fundamental para mí en cualquier encrucijada. Aquella noche también lo fue.

A continuación llamé a María Jesús Montero y a Santos Cerdán. Como vicesecretaria general y secretario de Organización del PSOE, respectivamente, ambos se encontraban en Ferraz. También telefoneé a Félix Bolaños y a Óscar López. Les pedí a los cuatro que vinieran a la Moncloa. Al verlos entrar en la sala de columnas del palacio percibí hasta qué punto se encontraban abatidos por el resultado. La reunión comenzó pasada la una de la madrugada.

Les expliqué mi lectura de los resultados y que consideraba imprescindible clarificar la situación y la voluntad ciudadana, lo cual solo podía hacerse mediante unas elecciones generales. Los cuatro estuvieron de acuerdo en que era la mejor solución. A ninguno se nos escapaba la complejidad del momento y la dificultad de darle la vuelta a la situación. Estaba claro que nos hallábamos en horas bajas y remontar no sería fácil. A ello había que sumar el cansancio de la militancia, que ya lo había dado todo en la campaña municipal, de resultado desalentador. Sin embargo, la opción de esperar a diciembre, cuando correspondía celebrar elecciones, parecía mucho peor. Como ocurre con frecuencia, actuar entrañaba riesgos, pero eran mayores los riesgos de no hacerlo. Probablemente, si seguíamos como si nada, una derecha ya feroz haría más irrespirable el clima político a base de deteriorar la credibilidad del Gobierno y de nuestro país, en plena presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El resultado me interpelaba políticamente: me iba a ser muy difícil proseguir con nuestras políticas reformistas. Y, si no podía hacerlo, para mí no tenía sentido continuar en el cargo.

Debatimos sobre convocar las elecciones en septiembre, pero insistí en llamar a las urnas el primer domingo que hubiera posibilidad legal. Todo el tiempo añadido daría mayores oportunidades a la derecha de empañar los logros de la legislatura y acabar desbaratando el buen trabajo realizado. Me resultaba tan evidente como la ley de la gravedad.

Nuestro país debía resolver la cuestión política que estaba en juego y para ello debían pronunciarse los ciudadanos. Si lo que la gente quería era un Gobierno reaccionario del PP y Vox, así debía ser. Pero estaba convencido —lo sigo estando— de que no era el caso. El adelanto electoral nos daba la oportunidad de transmitir la amenaza que se cernía sobre las políticas de progreso. La posibilidad de acabar teniendo un vicepresidente de ultraderecha no era nada desdeñable.

Después de la conversación política, llegaron las cuestiones operativas. Me correspondía en primer lugar despachar con el rey para comunicarle la decisión. Después lo anunciaría al país. A las nueve en punto de la mañana mi director de gabinete llamó a la Casa del Rey para pedir audiencia. Los medios especulaban entretanto con la posibilidad de que llevara a cabo una remodelación del Gobierno. Después de informar al Jefe del Estado de mi decisión de disolver las Cortes, lo anuncié oficialmente, asumiendo mi responsabilidad y con la gravedad que el momento entrañaba, desde las escalinatas del palacio de la Moncloa: «Aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular».

Fue una declaración muy breve, de apenas tres minutos. Quince horas después del cierre de los colegios la clarificación de la situación política estaba en marcha. La ortodoxia desaconseja convocar elecciones a un partido en horas bajas; nosotros acabábamos de hacerlo. En aquel momento muy pocos creíamos en una victoria que le diera la vuelta a la situación. Teníamos por delante ocho semanas para lograrlo.

PINCHAR LA BURBUJA DEL ANTISANCHISMO

Con todo en contra, el 29 de mayo empezábamos a engrasar de nuevo la maquinaria electoral del partido para una campaña extraordinaria por partida doble: por lo que estaba en juego para España y por la fecha. El Partido Popular, que llevaba años pidiendo elecciones, me criticó por convocarlas. Para Feijóo, que había llamado a votar en Galicia un 12 de julio, convocarlas el 23 resultaba una maquinación inaceptable urdida para mermar la participación. La acusación resultaba absurda: como si solo los votantes de derechas se fueran a la playa. Pero el PP y Vox tienen la fea costumbre de atribuirme segundas intenciones y convertir cualquier decisión, sea la que sea, en un juicio sobre mí. Si no hubiera convocado elecciones, me habrían acusado de aferrarme al poder. Han entrado en tal dinámica de ruido que todo lo que hago se juzga según marcos mentales conspiranoicos.

Todo esto sucede en un contexto de sobreinformación, desinformación y bulos que ha cambiado por completo el modo en que los ciudadanos se informan. Unos días antes, aquel mismo mes de mayo, había venido a visitarme a la Moncloa Yuval Noah Harari, escritor e historiador israelí, autor de Sapiens, con quien mantuve una interesante conversación. Él me decía que las dictaduras del siglo XX censuraban y restringían la información como herramienta para mantener el control de la población y el poder. Pero hoy en día sucede lo contrario: vivimos inundados de información. En lugar de restricción, hay saturación de las mentes de los ciudadanos.

Había que diseñar a toda prisa una campaña, para la que no disponíamos ni de lemas ni de fotos ni de planificación de actos. Habíamos ido esbozando algunas ideas con vistas a diciembre, pero nada estaba decidido: tocaba improvisar. Enseguida me hice unas fotos, las típicas de candidato, pero cuando mi equipo me las enseñó no me convencieron. Creí que no representaban el momento ni cómo me sentía respecto a la gente. Seguimos dándole vueltas, pero se nos agotaba el plazo límite para realizar la producción del material fotográfico. Ya casi fuera de tiempo decidimos rebuscar entre las fotos tomadas en actos públicos. Encontramos treinta, de las que seleccionamos veinte y luego diez. Cuando ya quedaban solo cuatro me senté con ellas en mi despacho de Ferraz y fui imaginando cada una con los lemas.

Habíamos planeado, también a gran velocidad, arrancar con el eslogan «La mejor España», después cambiar a «España avanza» y terminar en la última semana con «Adelante». Todos ellos resumían el proyecto socialista de seguir progresando unidos en torno a la mayoría social. Rumiando esas ideas en mi cabeza mientras miraba las cuatro imágenes, al final quedó una en mi mano. En ella se me ve haciéndome un selfi rodeado de gente joven alegre e ilusionada, la mayoría mujeres. Me sentía identificado con esa España que mira al futuro sin miedo y quiere seguir avanzando, como rezaba nuestro lema. Era una imagen atípica para un candidato, y más siendo ya presidente del Gobierno. Pero todo en la campaña iba a resultar excepcional, así que la imagen también podía serlo: elegí la foto de la foto.

Uno de los asuntos que afloraron fue la necesidad de que yo acudiera a ciertos programas de radio y televisión, justamente a aquellos que habían contribuido de una u otra forma a crear una imagen negativa de mí y de la actuación del Gobierno, en ocasiones mediante la hipérbole o la distorsión; otras, siendo tolerantes con afirmaciones capciosas o deslizando sospechas sin fundamento; a veces por la simple vía de dedicar escasa atención a los logros del Gobierno y amplificar nuestros errores, que también los hemos cometido. En cualquier caso, debíamos centrar nuestros esfuerzos sobre todo en los medios, ya que la reciente campaña municipal aconsejaba restringir el número de mítines, de los que planificamos en torno a una decena.

Con el paso de los días, en el debate público se abrió paso el consenso sobre la pertinencia del adelanto electoral. El riesgo que el Gobierno corría con la convocatoria trasladaba la idea de que todos nos la jugábamos. Creo que la gente de a pie me comprendió y se identificó conmigo. Mi decisión puso a todos y cada uno ante el espejo: yo me la juego, les estaba diciendo, y convoco elecciones teniendo todo en contra para seguir siendo presidente. Pero estas elecciones no tratan de mí, sino que, al contrario, mi desapego al poder queda claro con mi voluntad de clarificar la situación y no permanecer en el cargo a toda costa. Estas elecciones tratan de lo que nos jugamos como país: que España siga avanzando o que retroceda. Esa era la disyuntiva y se entendió. La gente se sintió interpelada y supo enseguida el importante papel que todos estábamos llamados a desempeñar.

Entretanto, comenzaron a constituirse los Gobiernos del PP con Vox. El primer pacto relevante conocido fue el de la Comunidad Valenciana. En apenas unas horas el líder territorial de Vox, Carlos Flores, con una condena por violencia machista a sus espaldas, sellaba un acuerdo con Carlos Mazón, el dirigente del PP. Con una redacción de medio folio que dudosamente hubiera obtenido el aprobado en una clase de secundaria, el PP abrazaba a Vox: los metía hasta la cocina en el Gobierno autonómico. A cambio, aventaron como un gran logro que el diputado ultra condenado por maltrato psicológico a su exmujer no fuera a estar en las Cortes valencianas, sino en las españolas. Inaceptable.

Aquel pacto reveló que gobernar con Vox, como hacían ya en Castilla y León, no iba a ser la excepción para el PP, sino la norma. Se comprobó unos días después con la constitución de los ayuntamientos el 17 de junio. En más de ciento treinta municipios se produjeron acuerdos entre la derecha y la ultraderecha. También el PP ha franqueado el paso a Vox a la cúspide de varios Parlamentos autonómicos: ha colocado en el corazón de la democracia a antivacunas militantes, negacionistas del cambio climático, franquistas confesos, falangistas activos y homófobos declarados. La gente comenzó a ver lo que podría suceder en el Gobierno de la nación si el PP y Vox lograban la mayoría, como pronosticaban las encuestas imaginarias de la derecha.

Ahora que ya ha pasado, es necesario un inciso para reflexionar sobre la necesidad de que las empresas de encuestas actúen con más transparencia. Solo unas pocas publican los datos brutos obtenidos del trabajo de campo. Las que vaticinaban un triunfo holgado de la derecha nunca han dado a conocer esos datos ni cómo aplican lo que en la jerga profesional se denomina «la cocina». Nos muestran el plato ya cocinado, pero no nos dejan ver los ingredientes: ignoramos con qué alimentan nuestras emociones políticas. Estas elecciones han demostrado también que esa opacidad no solo las desacredita, sino que es perjudicial para la democracia. Más allá de la movilización o el desánimo que puedan producir en el electorado, generan un efecto perverso. A lo largo de estos cuatro años, a los miembros del Gobierno nos han preguntado en numerosas entrevistas sobre los resultados de encuestas que, de forma inusual, se publicaban sin que las elecciones se hallaran siquiera en el horizonte. De este modo, la información imaginaria de la encuesta se convierte en tema de actualidad sobre el que se pronuncian no solo los líderes políticos, sino también los comentaristas. El humo como noticia. Se suscitan debates artificiales como si no hubiera problemas reales que merecieran estar en la conversación pública.

En aquellos días hablé con José Luis Rodríguez Zapatero de su participación en la campaña. Por cierto, uno de los fakes que han circulado aseguraba que consulté la decisión del adelanto electoral con él. No es verdad. Sencillamente no ocurrió. Pero él me llamó en los albores de la precampaña. A lo largo de toda la legislatura se había mostrado muy identificado con las políticas que estábamos llevando a cabo. Había ayudado al Gobierno de coalición en discrepancias no menores, como la ley del «solo sí es sí». Yo había sentido su apoyo de forma inequívoca. En aquellos días, me dijo que quería salir a la palestra, participar en los medios y en los mítines, tener un papel activo en la campaña para contribuir a una victoria del Partido Socialista, que juzgaba necesaria para España y merecida por el Gobierno. Me pareció un gran gesto por su parte. No coordinamos los mensajes ni las apariciones, pero su papel fue decisivo.

Ya en su primera entrevista radiofónica puso el dedo en la llaga denunciando la ignominiosa utilización electoral del terrorismo. Nadie podía plantar cara a esa manipulación con más autoridad moral que él: fue bajo un Gobierno socialista, el suyo, cuando ETA anunció el cese de la violencia. Sus palabras despertaron el orgullo socialista. Todas sus intervenciones, en medios y en actos, resultaron enormemente valiosas. En algunas desplegó un encomiable sentido del humor. Su implicación fue tal que algún periodista me preguntó si lo iba a hacer ministro. No conocen a José Luis... Él lo hace de forma desinteresada, por sus convicciones y por España. Dio un ejemplo de compromiso con el país y con nuestras siglas. Sé bien hasta qué punto numerosos militantes y votantes se lo agradecen.

En plena vorágine del cierre hubo un momento especial de conexión. El último día, mientras él clausuraba la campaña en Sevilla y yo lo hacía en Madrid, en un momento del mitin mencioné, agradecido, su papel. Los asistentes lo aplaudieron en pie, con entusiasmo, justo cuando en Sevilla pasaba lo mismo: un merecido reconocimiento simultáneo en dos de las principales ciudades de España.

MOVILIZAR A LA ESPAÑA QUE QUIERE AVANZAR

Tal y como había decidido el comité de campaña, ya en la segunda quincena de junio me dispuse a dar el pistoletazo de salida a la precampaña. Por un lado, arrancaríamos en Dos Hermanas (Sevilla); por otro, comenzaría una rueda de entrevistas en aquellos programas donde juzgábamos más complicado explicar nuestra visión de España y nuestras políticas. El periplo también entrañaba sus riesgos. Y resultó revelador.

Dos Hermanas es una población sevillana emblemática para el socialismo español. Todos los presidentes socialistas hemos acudido allí a dar mítines. Desde hace décadas gobierna un alcalde socialista, y en las elecciones del 28 de mayo habíamos logrado la undécima mayoría absoluta consecutiva. Para mí es una ciudad muy especial: en su Lago de la Vida anuncié que concurriría a las primarias en 2017 y comencé la campaña con ese acto. Sentí entonces el entusiasmo de la militancia, que desbordó todas las previsiones de participación, como ocurriría después en muchos otros lugares. También arranqué allí en las elecciones de 2019. Tomar el pulso a Dos Hermanas es imprescindible para palpar el estado de ánimo del socialismo más vigoroso y contagiarse de su energía.

Todos en el partido éramos conscientes de que el éxito de la campaña pasaba por movilizar el voto socialista, y en el núcleo de esa movilización siempre se halla la militancia. Son ellos los primeros que se deben activar para irradiar energía a los simpatizantes, a los votantes, a los indecisos... En Dos Hermanas, los compañeros y las compañeras siempre están animados, pero el 18 de junio de 2023 yo era consciente de que había que levantar, desde allí, el ánimo de los socialistas de todo el país. A las encuestas en contra, la sensación de un cambio de ciclo, el brío de la ultraderecha en distintos países europeos y el peso de los resultados electorales del 28 de mayo se sumaba también mucho cansancio. Una campaña electoral es un proceso extremadamente exigente: obliga a los candidatos, pero involucra a todo el partido. Desde el mitin más multitudinario hasta las conversaciones familiares, los militantes difunden el mensaje socialista hasta el último rincón.

También gozábamos de numerosos aspectos a favor. Por encima de todos, la buena gestión del Gobierno de España. Era medible y demostrable con datos sobre la buena marcha de la economía y la amplísima aceptación de nuestras medidas emblemáticas, como la subida de las pensiones o del salario mínimo. Aquel día manifesté ante varios miles de personas la importancia de librar esa batalla, para la que estaba más que dispuesto: «Tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca, de ganar las elecciones. Porque este viaje no acaba aquí, no se lo merece la mayoría social de este país. Por los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, las familias». El auditorio rugía; y yo tenía esas ganas, pero me sentía extenuado, física y psicológicamente.

Al día siguiente acudí a una entrevista radiofónica. Una bajada de las defensas me había provocado una otitis, pero las exigencias de la campaña no me permitían eludir ningún compromiso. Me terminé de convencer de la necesidad de centrar la campaña en mi persona. Era lo que estaba haciendo el PP, pero en negativo, así que había que contrarrestarlo. En algunos medios resultaba prácticamente imposible transmitir nuestro mensaje o explicar nuestra gestión a los ciudadanos. Me encontraba frente a juicios anclados en la emocionalidad negativa que presentaban una imagen de mí distorsionada.

No creo que haya ningún presidente del Gobierno, ni en nuestro país ni en ningún otro, que no haya modificado sus posiciones políticas al llegar al poder. Rajoy ganó las elecciones en 2011 diciendo que bajaría los impuestos y llevó a cabo uno de los mayores aumentos de nuestra historia reciente. Aznar empezó a llamar a ETA «Movimiento Vasco de Liberación Nacional» como si tal cosa. Felipe González llegó al poder prometiendo un referéndum para salir de la OTAN, pero lo convocó para que nos integráramos. Y lo más importante es que acertó. Hay cuestiones que no se ven hasta que no se ocupa la presidencia del Gobierno. A veces cambia la coyuntura; otras, hay que hacerla cambiar. Hay asuntos que un presidente debe abordar desde el máximo rigor cuando se presentan, aquilatando todas las razones, las consecuencias y los objetivos que se pretende conseguir. Eso no es ser maquiavélico, como también se me ha llamado, sino responsable. El criterio de un presidente puede verse modificado por los acontecimientos e incluso diferir de lo que uno piensa o pensaba hasta que se da de bruces con el tema.

Soy un político con convicciones. Y, pese a ello, he cambiado de posición política en un tema sensible como el de los indultos. No es incompatible. La derecha me ha acusado directamente de mentir, lo que implica un juicio moral que me atribuye la intención deliberada de engañar a la gente. Creo que la prueba definitiva de la falsedad de esta campaña negativa tan tenaz la han dado los resultados del 23 de julio. Numerosos votantes, aun pudiendo no estar de acuerdo con algunas de mis decisiones, han comprendido que constituían la opción necesaria. Y, pese a ello, ahora que todo eso ya ha sido juzgado políticamente por la ciudadanía, sé que el PP seguirá con la misma táctica destructiva que no le ha funcionado. En fin...

Si no lográbamos cambiar eso, tampoco conseguiríamos que se escuchara mi mensaje. Una campaña negativa lo que hace es destruir la reputación personal de un dirigente político para impedir que la gente confíe en él. Lo que necesitábamos era pinchar la burbuja de esa negatividad. La derecha había logrado que «sanchismo» tuviera una connotación negativa. Cualquier «ismo» formado sobre un nombre propio suele tener una carga implícita de referencias personalistas, pero, en mi caso, no se refería ni a mi visión del país ni a mi mandato, sino más bien a un cesarismo asociado incluso a acusaciones de ser un autócrata. Es cierto que ha habido otros «ismos» en la política reciente, como el felipismo o el marianismo. Pero «sanchismo», digámoslo claramente, se había convertido en un vocablo insultante.

A menudo me preguntan cómo sobrellevo estos ataques ad hominem. Algunos días me cuesta, pero en general estoy resignado a que es la parte más áspera del tiempo político que nos toca vivir. Casi siempre me lo tomo con deportividad e intento relativizarlo con sentido del humor. No queda otra. Trato de responder a los desafíos con racionalidad. En mi carácter predominan la razón y el análisis, y no me dejo llevar por los impulsos. Creo que es lo correcto cuando se ocupa el cargo de presidente.

Por mi parte, procuro dejar pasar los insultos y, sobre todo, no pagarles con la misma moneda. La furia del PP y de Vox en sus ataques busca quebrarnos los nervios a los miembros del Gobierno. También me obligo a mantener distancia para impedir que logren su objetivo. Quizá en ese esfuerzo por restarles importancia y que no nos distrajeran de la acción de Gobierno en años críticos, subestimé el daño causado a mi reputación. No me engaño al respecto: yo soy el blanco, pero los ataques buscan derribar el proyecto político que encarno.

Un ejemplo significativo de cómo esa ira vertida desde las instituciones y los medios puede desbordarse y provocar fenómenos preocupantes fue la lona que Desokupa desplegó en un edificio de Madrid a primeros de julio. Esta organización a la que se ha dado tanta visibilidad en ciertos medios, pese a sus dudosas prácticas, se presentó como sustituta de la voluntad de los españoles y las españolas, despreciando las urnas que aún no habían hablado. ¿A dónde conduce esto? Es urgente que reflexionemos, porque los excesos, siendo responsabilidad de quien los comete, se alimentan de la ira en la política.

Toda crítica es bienvenida y la oposición debe cumplir su papel, a menudo con dureza. Pero los ataques personales pertenecen a un género distinto. Si a alguien cabe pedir contención en este terreno es a los políticos, actores esenciales del debate público. Hemos de frenar este desbordamiento dialéctico para que la discrepancia política siga siendo eso, discrepancia y no odio. Los líderes políticos hemos de trabajar siempre en pro de la convivencia y no envenenarla con discursos insultantes. Cuando se echa leña al fuego durante mucho tiempo, un día puede prender la casa entera de la democracia. Ellos, naturalmente, me acusan a mí de polarizar, pero el fenómeno no engaña: la ultraderecha protagoniza el auge de la división en todo el mundo. Los extremistas fuerzan cada día los límites, y no solo en España. Y, en muchos lugares, han logrado que sus modos arraiguen en los conservadores clásicos: cuando compiten por el mismo electorado, acaban pareciéndose. Nosotros, los progresistas de todo el mundo, hemos de responder a esa polarización deliberada no con sus mismas tácticas, sino con la denuncia permanente de lo que está sucediendo. Es muy grave y afecta directamente a la convivencia.

El objetivo último de la ultraderecha es romper todos los consensos y dividir a la sociedad. Si hay un consenso en torno a la violencia de género o el cambio climático, ellos lo quiebran. Si hay un consenso científico sobre los beneficios de las vacunas, hacen campañas conspiranoicas contra ellas, metiendo en la ecuación a los chinos, a George Soros y a quien haga falta. El problema aquí es que el PP tolera, cuando no alienta, ese discurso. Ha colocado en cargos muy relevantes de los Parlamentos y los Gobiernos autonómicos a personas divisivas que representan un discurso minoritario. Están censurando la cultura. Han llegado a cancelar una adaptación teatral de Orlando, la obra de Virginia Woolf, escrita hace casi cien años. Ese es el nivel de retroceso que vimos en cuanto el PP empezó a pactar con Vox: una claudicación en toda regla.

Creo que durante la campaña conseguimos, en gran medida, darle la vuelta a ese odio personal cultivado contra mí. Explicamos con naturalidad las bondades del sanchismo y connotamos positivamente lo que ellos habían cargado de negatividad. Me acerqué a los ciudadanos y mucha gente me conoció mejor. Visto a la luz del ambiente lúdico que se generó en los últimos días de la campaña, creo que acertamos. No fue fácil, pero al otro lado de las pantallas estaban los ciudadanos. Pude mostrarme como soy y estoy satisfecho del resultado.

Cada una de estas entrevistas la preparaba con mi equipo, como suelo hacer, y también viendo algunos de esos programas, para comprender sus dinámicas y su orientación. En televisión lo más importante es el impacto audiovisual. A veces pienso que colocar una gran pantalla con imágenes sobrecogedoras detrás de un entrevistado distorsiona el mensaje. La neutralidad visual e informativa brilla por su ausencia.

Se me ha criticado el no haberme prodigado más en todo tipo de entrevistas y de programas, el no haber atacado antes esa burbuja del antisanchismo generada intencionadamente. Sigo sin tener claro, aún hoy, que eso es algo que hubiera debido hacer. Desde luego, en la legislatura pasada —con una pandemia, una crisis económica y una guerra—, mi prioridad fue tomar las decisiones correctas. A buen seguro, si hubiera acudido a algunos programas de entretenimiento, se me habría tachado de frívolo.

En las elecciones del 23J se vio con claridad el abismo que separa la opinión pública de la opinión publicada. En algún plató logré arrancar una palabra de aprobación por parte de mi entrevistador o disolver algún prejuicio. Me llena de optimismo: la labor de persuasión es imprescindible en política y no hay que cejar nunca en ella. Pero sigo pensando que nuestro país tiene un problema de pluralismo periodístico. La España progresista no está representada en los medios de comunicación de acuerdo con su dimensión y su peso social. Esto genera un clima de opinión que no recoge con fidelidad la realidad de España. Creo con firmeza que el periodismo resulta esencial para la democracia. Cuando falla, esta se resiente.

EL CARA A CARA SE CONVIERTE EN BUMERÁN

Las cosas iban razonablemente bien y poco a poco nuestros mensajes calaban, aunque las encuestas imaginarias seguían en sus mundos de fantasía. El PP continuaba materializando su deseo ya explícito de pactar con Vox para obtener el poder. Solo la dirigente popular de Extremadura ofreció cierta resistencia inicial: su gesto duró tan poco y el cambio fue tan drástico que acentuó la sensación de rendición incondicional. El caos en el PP a la hora de formar los Gobiernos autonómicos y los mensajes en apariencia contradictorios ha conducido a una única configuración: allí donde han podido gobernar con la ultraderecha lo han hecho.

Los españoles percibieron la evidente falta de criterio de Feijóo en este asunto, lo cual es preocupante tratándose de una cuestión que definirá de manera existencial a la derecha española para los años venideros. En aquellos días empezó a suscitar desconfianza. Los mensajes contrarios a la comunidad LGTBIQ+ y a las mujeres, así como el negacionismo climático, los hemos escuchado en boca de dirigentes de Vox muy a menudo en los últimos años. Oírlos desde los Gobiernos es muy distinto. Los votantes progresistas comenzaron a ver una España en blanco y negro que creíamos superada. Y era el PP quien les había abierto las puertas de par en par a esos dirigentes.

El único debate cara a cara que pude mantener con el presidente del PP tuvo lugar el 10 de julio. Yo le había ofrecido seis. Él los rechazó todos salvo uno. Sería la única oportunidad de confrontar los dos proyectos políticos. Haber debatido en el Senado con él me había permitido conocerle como oponente dialéctico, pero en cuanto comenzamos, me desconcertó el Feijóo que tenía ante mí. Resultaba difícil entablar un auténtico debate, porque sus afirmaciones oscilaban entre el falseamiento descarado de los datos y la mentira respecto a sus posiciones políticas en determinados asuntos. Llegó a decir que habían apoyado la subida de las pensiones, pese a haber votado en el Congreso en contra de garantizar su poder adquisitivo. Tampoco fue mi mejor día: quizá me faltó ímpetu para rebatir sus falsedades. Salí de allí con la sensación de haber dado un tropiezo. Y solo quedaban dos semanas para las elecciones.

Las campañas son emocionantes porque no son una ciencia exacta, sino un arte que se maneja con el instinto. También porque suceden en ellas fenómenos inesperados y, pese a lo que puedan pensar algunos, no premeditados. En los días siguientes, los engaños de Feijóo regresaron a él como un bumerán, revelando la naturalidad con que engaña. A medida que los periodistas y nosotros mismos fuimos desvelando las falsedades que había vertido en el cara a cara, las tornas se volvieron. Aquel debate marcó un punto de inflexión: se empezó a poner en cuestión su credibilidad y se vio en apuros para defenderla.

Al orientarse la atención hacia su dudosa fiabilidad, era inevitable que surgiera el asunto más turbio que tiene a sus espaldas: su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. En cualquier otro país de Europa le habría impedido presentarse a unas elecciones, incluso a las menos relevantes políticamente. Habla mal del PP que le acogieran para dirigir el partido con tanto entusiasmo, sabiendo que carga con ese fardo.

Se trata de un problema muy serio, no menor. En muchos países, incluso europeos, existe verdadera preocupación por cómo el crimen organizado amenaza las estructuras del Estado. Feijóo nunca ha sido capaz de dar una explicación plausible de su relación con el narcotraficante. Cuando le preguntaban, ofrecía excusas peregrinas. Llegó a decir que ignoraba a qué se dedicaba Marcial Dorado, porque en aquella época no había Google, una explicación para tomarse a broma si no fuera por la gravedad del asunto. Cuanto más se enredaba, más le preguntaban por ello, hasta que se vieron obligados a hacerlo incluso los medios con más ganas de ayudarlo... Al final, dijo saber que Dorado era contrabandista de tabaco, pero no narcotraficante. Entonces, ¿en Google aparece información sobre contrabandistas, pero no sobre narcos? La realidad es que todos en Galicia sabían quién era Dorado, incluido el presidente actual de la Xunta, que así lo confirmó aquellos días cuando la prensa le preguntó.

La mendacidad es un rasgo de la personalidad política de Feijóo que quedó desenmascarado durante la campaña. Y esa revelación comenzó en el cara a cara: se permitió mentir en un tema tan sensible como las pensiones. En los días siguientes continuó afirmando por los platós que el PP las había revalorizado en varios ejercicios. Hasta que llegó una periodista y le explicó que su afirmación no era correcta. Se le torció el gesto. Al encararse con ella, dejó al descubierto lo poco acostumbrado que está a que se contrasten sus afirmaciones con hechos.

CUANDO AVISTAMOS LA VICTORIA

A falta de una semana para el día de las elecciones, noté que algo había cambiado. Cuando estoy sumido en el ajetreo de los mítines, los lemas, los medios y las encuestas, tiendo a ser precavido, porque las campañas configuran un estado de ánimo que los candidatos contribuimos a crear y que, al mismo tiempo, conforman nuestra percepción. Por otro lado, con tantos años y tantas campañas a mis espaldas también confío en lo que me dice el instinto. En el mitin de Barcelona del 16 de julio lo sentí.

Ya he dicho que creí desde el primer momento que podíamos lograr la victoria, es decir, obtener un resultado que frenara a la derecha y la ultraderecha. Pero no siempre lo creyó todo el mundo. Durante muchos días fue un acto de fe, o de militancia, por decirlo laicamente. Aquella última semana, en cambio, vi a la gente cada vez más movilizada y percibí verdadera esperanza en que podíamos lograrlo. Recuerdo que debía volar a Bruselas para una cumbre europea al acabar el mitin. Me subí al avión con la sensación de que tocábamos la victoria con la punta de los dedos. En los actos de los días siguientes se desbordaban los aforos. Se respiraba un aroma similar al de mis primarias de 2017, esa sensación de que la gente ha comprendido lo que está en juego y se suma a ello cada vez con más entusiasmo y en mayor número. Tuve un sentimiento de remontada épica que, por supuesto, me trascendía: como entonces, yo era la cara visible del empeño ciudadano en no permitir una involución. Enseguida esa energía empezó a asomar en nuestras encuestas.

Del mismo modo, en los sondeos de las últimas dos semanas veíamos un flujo constante de votos entre el PP y Vox: un número considerable de apoyos iba y venía entre los dos partidos de derechas. Sospechamos que el PP iba a endurecer la campaña y, en efecto, me llegaron a acusar de «un intento de pucherazo». Nosotros seguíamos dándole la vuelta al antisanchismo, pinchando la burbuja, que ya estaba agujereada por todas partes, y tratando de hablar de nuestra gestión en el Gobierno. También decidimos probar nuevas formas de comunicación.

Mi participación en el pódcast de La Pija y la Quinqui, en un tono absolutamente distendido y humorístico, resultó muy bien. Llegué allí porque Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, mandó un mensaje a mi director de gabinete: le contaba que La Pija y la Quinqui me habían invitado a su programa mediante un tuit. Me animaba a participar como un modo de llegar a la gente joven, un sector de la población a menudo difícil de atraer a los actos tradicionales.

Admito que no conocía ese pódcast, pero lo estuvimos analizando y descubrimos que hablan mucho de música, un tema que a mí me apasiona. Decidimos aceptar la invitación. Fue uno de los momentos más originales y divertidos de la campaña. Me sentí muy a gusto. Recuerdo como un momento especialmente gracioso cuando les pregunté qué música de mi generación les gustaba. Me dieron el nombre de Serrat. Solté tal carcajada que me abatí sobre la mesa. Cuando me recompuse les expliqué que Serrat es de la generación de mis padres, no de la mía. También me pidieron que hiciera venir a Taylor Swift a España, lo que me permitió explicar que un presidente del Gobierno no lo puede todo. Unos días después, mi hija me contó que, yendo en el autobús, a su lado una chica de su edad escuchaba la entrevista y se reía a carcajadas. Ese era el objetivo: acercar la política a gente que la siente distante. Lo cumplimos, lo cual me ha hecho reflexionar sobre la necesidad de comunicar nuestro mensaje en todos los formatos, los nuevos y los clásicos, pues nuestra obligación es llegar a todo el mundo. Hemos de seguir haciéndolo.

En la última semana de campaña, ya era evidente para mí que la energía había cambiado por completo. En los actos, en la calle y en las redes se percibía la movilización creciente, el deseo de mucha gente de impedir la entrada de la ultraderecha en el Gobierno de España. Fue un movimiento desencadenado por nuestra campaña, pero solo en cierta medida ejecutado por nosotros. Hubo un punto en el que los mensajes espontáneos de cuentas particulares emergían de todos lados, como una ola con vida propia. Mucha gente se unió en un mismo empeño político. Lo estábamos haciendo entre todos. Y el humor cobró protagonismo.

La derecha llevaba algún tiempo llamándome «Perro Sánchez», que en redes había derivado en perrosanxe. Nada político, nada de crítica: una forma de odio que se ha ensayado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia y consiste en animalizar al adversario, es decir, deshumanizarlo. Durante la campaña, la difamación se convirtió en sonrisa, el odio se hizo broma. Circularon los memes del perrosanxe, algunos tan divertidos como un perro superhéroe, con la S mayúscula en el pecho. Muchos fueron creaciones espontáneas de los usuarios de redes; otros, nuestros. En esa ola creciente resultaba difícil distinguir dónde empezaban unos y terminaban otros. Desde el partido se encargó merchandising: chapas, pegatinas y camisetas con la palabra perrosanxe o perrasanxe y un corazón rojo. Se agotó en pocos días. En los mítines sonaba «Perra» de Rigoberta Bandini, y la gente la bailaba con alegría. La casualidad quiso que el Día Internacional del Perro coincidiera con la última jornada de la campaña, y la gente se hizo fotos con sus mascotas para postearlas en redes y ahondar en la broma. Yo subí una imagen con mis dos perras. Pero, sin duda, el meme que recabó más aplausos ese día fue el que mostraba un perro con traje y corbata. Sobreimpresa figuraba la frase: «Más sabe el perrosanxe por perro que por sanxe». Las señales me confirmaban que entre todos estábamos resignificando los mensajes difamatorios. Cada vez éramos más.

Tal vez la lección más importante de la campaña sea que es posible disolver el odio con el humor, en las redes y los medios, con nuestros líderes políticos tomándose a broma las ofensas y miles de personas activas, deseosas de contribuir, conscientes de la trascendencia del momento. Mucha gente que quizá no participa ya en formatos clásicos, sí lo hace cuando se plantean con claridad los riesgos a los que se enfrenta la democracia.

Se suele decir que cada vez más gente decide su voto en los últimos días de campaña. Siendo probablemente cierto, no lo es menos que una buena campaña funciona sobre la base sólida de una buena gestión. La cuestión es generar un espacio en el que se puedan tener presentes los hechos relevantes, y la atención de los votantes no se dirija hacia asuntos peregrinos, falsos o inventados, como pretender que ETA sigue existiendo. Conseguimos hablar del presente y, sobre todo, del futuro. Pero tengo claro que, sin una base sólida, como las reformas políticas profundas realizadas, no habríamos logrado ganar un millón de votos más. Lo más complejo de estos tiempos quizá sea que, además de pensar en nuevas formas de comunicarnos con la gente y de integrarla en el activismo con imaginación, a la vez hemos de seguir haciendo lo que dictan las campañas clásicas, como los debates.

A falta de cuatro días para la jornada electoral, tuvo lugar el que debería haber sido un debate a cuatro y lo fue a tres, porque Feijóo rechazó participar. Tan seguro se sentía de su victoria que cometió el error de no comparecer.

Para mí resultaba inconcebible no debatir en Televisión Española, pero él había decidido que el único debate en el que participaría tendría lugar en una cadena privada, algo bastante indicativo de su escaso aprecio al servicio público que presta TVE. Aquella noche se puso de manifiesto la complicidad existente entre Yolanda Díaz y yo. No fue algo impostado, sino un reflejo de nuestra manera de trabajar a lo largo de la legislatura: algo así no se improvisa. Los telespectadores vieron nítidamente la disyuntiva: se elegía entre un Gobierno de Díaz y mío o uno de Feijóo con Abascal. Y el panorama era el siguiente: por un lado, el líder del PP daba la espantada porque se avergonzaba del tipo al que nombraría vicepresidente si llegaba a gobernar; por el otro, se presentaba un equipo. Con nuestras discrepancias y las diferencias de nuestros proyectos políticos, trabajamos bien juntos y eso se vio aquella noche. Yolanda Díaz hizo, por su parte, una buena campaña, muy meritoria habida cuenta de las enormes dificultades que hubo de sortear. Creo que nuestra sintonía y nuestra acreditada capacidad para alcanzar acuerdos es muy valorada por los ciudadanos.

LA NOCHE DEL 23 DE JULIO

Decir que el mundo miraba a España aquel domingo 23 de julio no es una forma de hablar. En numerosos países, sobre todo en Europa, se seguían con gran interés nuestras elecciones. Si la ultraderecha accedía al Gobierno, como pronosticaban las encuestas imaginarias, eso acarrearía consecuencias más allá de nuestras fronteras, sobre todo para nuestros vecinos más cercanos. España es una pieza crucial en los equilibrios europeos. Pero también más allá de las fronteras del viejo continente había plena conciencia de que aquí se estaba librando una disputa ideológica, una batalla que es global desde hace lustros y que, por desgracia, se está recrudeciendo en los últimos tiempos.

Se trata de dos formas distintas de ver el mundo: sociedades que avanzan frente a sociedades que restringen los derechos. En la última década, el apoyo electoral a partidos de ultraderecha en nuestro continente ha aumentado del 8 al 13 por ciento. A lo largo de 2022 y 2023, los ultras han mejorado resultados en distintos países europeos. En Hungría gobierna la ultraderecha con mucha fuerza, mientras en Italia lo hace una coalición encabezada por la ultraderecha. También se han fortalecido los extremistas en países nórdicos como Suecia y Finlandia; en otros, como Portugal, han mejorado sus resultados. En todos los lugares donde los extremistas se han integrado en los Gobiernos ha sido gracias al apoyo de la derecha, que ha abrazado las formas, los discursos y las políticas de los extremistas. La ola reaccionaria quería triunfar en nuestro país. España resultaba una pieza mayor en esta contienda, no solo por nuestro Producto Interior Bruto (PIB) o porque seamos la cuarta economía europea, sino porque somos un ejemplo desde hace años en conquistas de derechos civiles, nuevas libertades y en el avance rotundo del feminismo. Con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024, que la ultraderecha llegara al Gobierno de España se convertía en un hito de primera importancia para los reaccionarios.

Por otro lado, en el seno de los conservadores alemanes se debate con intensidad en los últimos tiempos la posibilidad de acabar con el cordón sanitario impuesto a los ultras de AfD y cooperar con ellos. Desde allí seguían atentos el desempeño electoral del PP tras consagrar una colaboración al máximo nivel en los Gobiernos autonómicos. Solo puedo decir que, al conocerse el resultado, me transmitieron su alegría muchas personas europeas de izquierdas. Y también de derechas.

Me pasé toda la campaña diciendo que íbamos a ganar. Primero, porque lo habíamos hecho bien; segundo, porque teníamos un proyecto de futuro para España, y, en tercer lugar, porque la gente no quería un Gobierno del PP con Vox. Las encuestas imaginarias erraron hasta el último momento, hasta esa tarde del 23J en que circulaban por WhatsApp y hacían torcer el gesto a mi madre. Pero yo confiaba en la victoria más que el primer día. Habíamos burlado al odio en la campaña y estábamos a punto de hacerlo en las urnas.

Comenzó el goteo del recuento, que se iba sumando a la información propia que el partido recibe de nuestros interventores y apoderados en los colegios electorales. Qué importantes son esos militantes que, de forma voluntaria, pasan el día al pie del cañón en los colegios. En algunos casos, la comunicación de los resultados a las agrupaciones, aunque sean fragmentarios y parciales, nos sirven a modo de cata. Y cuando son significativos nos permiten realizar extrapolaciones. Estuve en contacto permanente por teléfono con Óscar López y Javier Izquierdo, que me iban actualizando la información. La noche pintaba bien.

Después me fui a Ferraz con Begoña. En la sede del Partido estaban todos: mi equipo más cercano, miembros de la comisión ejecutiva, ministros y ministras. También se acercaron Cristina Narbona y Josep Borrell. La sede era un hervidero de personas eufóricas. Se cruzaban por los pasillos y se decían: «¡Genial!» con una amplia sonrisa en la cara. Entraban y salían, hacían llamadas y recibían llamadas. Se asomaban a mi despacho y repetían: «¡Genial!». La alegría crecía a medida que avanzaba el recuento. Los nervios estaban a punto de dar paso a la euforia desatada. A las diez de la noche ya podíamos proyectar que el PP y Vox no gobernarían. Un rato después, el recuento lo confirmó. Habíamos logrado nuestro objetivo, es decir, habíamos ganado. Y teníamos la oportunidad de conformar una mayoría.

Las normas de una democracia parlamentaria, como la nuestra, dictan que gobierna quien configura una mayoría en el Congreso de los Diputados. La pretensión de convertir la lista más votada en un criterio relevante para elegir al Gobierno de España se reveló la misma noche electoral en la sede del PP. Por más que intenten confundir a la ciudadanía, el artículo 99 de la Constitución no deja lugar a dudas.

Obtuvimos unos resultados extraordinarios. Logramos un millón de votos más que en 2019; más escaños y más porcentaje que cuatro años antes: el 31,7 por ciento. Cerca de ocho millones de ciudadanos y ciudadanas nos otorgaron su confianza. Se trataba del mejor resultado del Partido Socialista en una década. Ferraz se llenó de militantes, simpatizantes y votantes pletóricos. La calle estalló de júbilo cuando salimos a celebrar con ellos la victoria. Sonaba la sintonía socialista entre gritos y vítores, me costaba encontrar un hueco en el bullicio para dirigirme a ellos. Comencé con un «buenas noches» y, de nuevo, la militancia rompió en aplausos y palabras de júbilo. La alegría era desbordante. Se sentían dueños de la noche, triunfantes, porque la victoria era también suya. Tras cuatro años de mentiras, ataques y juego sucio, la sociedad había hablado. Y había sentenciado que el Gobierno de coalición tuviera la oportunidad de seguir dirigiendo el país.

La izquierda se había movilizado y la hiperfragmentación se había superado. La participación fue alta, acallando los discursos catastrofistas sobre la fecha elegida. El apoyo de las mujeres resultó crucial. Los españoles, y sobre todo las españolas, habían visto el tráiler de los Gobiernos de PP y Vox, y decidieron que no querían ver la película. Lo mismo le había ocurrido al colectivo LGTBIQ+. Los pensionistas supieron identificar las mentiras del PP y demostraron conocer quién los protege de verdad. La gente valoró lo que hemos hecho a lo largo de cuatro años, en condiciones muy adversas y con un Gobierno de coalición en minoría. Me sentía muy orgulloso de nuestro país y así lo proclamé: «Hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia», dije a los congregados en Ferraz. «Teníamos que decidir, como sociedad, qué rumbo tomar: o un rumbo de avance o un rumbo de retroceso. El bloque involucionista, de retroceso, que planteaba una derogación total de todos los avances de los últimos cuatro años, ha fracasado.»

Con la pérdida neta de votos por parte de Vox, en muchas capitales europeas respiraron aliviados. España se convertía en el dique que frenaba lo que parecía un ascenso irresistible de la ultraderecha en toda Europa, y así lo reflejarían los medios internacionales al día siguiente. Habíamos ganado no solo a los ultras, sino también a las minorías conspiranoicas, a los bulos y al miedo, al juego sucio y a la difamación.

La mayoría social de nuestro país dejó claro que la destrucción de una labor de Gobierno no constituye un proyecto de país. Quien plantea por todo programa derogar la labor de quien estuvo antes solo revela carecer de proyecto político propio. El mandato de las urnas es seguir construyendo progreso y convivencia.

La celebración en la sede y en la calle —sospecho que también en los bares— prosiguió. Yo regresé a casa al cabo de un rato. Mis padres me esperaban para darme un abrazo, emocionados. Eran más de las dos cuando se marcharon.

Comenzaba una nueva legislatura con una configuración parlamentaria compleja. Casi nada ha sido fácil en la vida pública española de la última década, tampoco en la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, tenemos sólidos motivos para confiar en lo que somos como país. En mi historia familiar y política, lo ilustran dos viajes a Alemania separados más de medio siglo en el tiempo.

INTRODUCCIÓN
La victoria de un país

DOS VIAJES A ALEMANIA

El palacio de Meseberg, en el estado alemán de Brandemburgo, es una magnífica edificación barroca del siglo XVIII que los cancilleres alemanes emplean como lugar de retiro y de reunión. En los últimos veinte años se ha convertido en el epicentro de encuentros trascendentales para Alemania y para toda Europa. Fue allí donde, en 2012, la entonces canciller Angela Merkel convocó, por separado, a varios líderes europeos para dar un paseo y tomar un refrigerio mientras conversaban de manera informal sobre la encrucijada en que se hallaba entonces la Unión Europea. También es el marco donde se han desarrollado conversaciones entre Alemania y Francia que han resultado decisivas para el futuro de ambos países y del continente.

Cuando el canciller Olaf Scholz me propuso que nos encontráramos allí a finales del verano de 2022, me corroboró la alta estima en que se nos tiene internacionalmente como país. El Gobierno alemán estaba elaborando su Estrategia de Seguridad Nacional y quiso, en ese encuentro, conocer nuestra propia estrategia y la experiencia española en cuestiones de seguridad. También abordamos otros asuntos de manera más informal.

En la reunión de trabajo del Consejo de Ministros alemán a la que fui invitado pude comprobar ese reconocimiento. A medida que iban interviniendo los distintos ministros alemanes, me explicaban su admiración por sus homólogos españoles, cuyo trabajo fueron elogiando uno tras otro. Sus palabras rezumaban afecto y gratitud por la aportación de España a Europa.

A mediodía, Scholz y yo comimos a solas. Escuché de sus labios esa admiración personal y descubrí cuánto quiere a España. Me contó que, muchos años atrás, cuando él lideraba la organización de los jóvenes socialistas alemanes, había visitado nuestro país para participar en congresos de carácter político. Chapurrea algo de español, pero es mucho más lo que entiende de nuestra lengua, cuyo aprendizaje inició en aquella época, sobre todo durante alguna breve estancia en Galicia. Aquel día, y en un lugar tan simbólico, sentí el orgullo de representar a nuestro país, un orgullo que no me es raro experimentar cuando viajo por el mundo.

A menudo, en esos desplazamientos al extranjero, hablo con españoles expatriados que trabajan en instituciones internacionales, en grandes empresas —españolas o extranjeras— o en nuestras propias instituciones, desde cooperantes hasta diplomáticos, pasando por altos funcionarios. Con frecuencia me cuentan cómo se valora el trabajo eficaz y productivo de los españoles, así como nuestra humanidad en el trato.

La otra cara de esa moneda son los expatriados que viven en España. Tal vez el ejemplo más popular sea el pianista James Rhodes, con quien mantuve una conversación fructífera y amistosa. El día que me visitó en la Moncloa charlamos sobre la protección a la infancia, a propósito de la ley que aprobaríamos un tiempo después, y hablamos de todo un poco.

—España es el mejor país del mundo para vivir —me decía—. Y muchas veces no entiendo a los españoles. Es un país avanzado, moderno, puntero en la igualdad. Siempre me ha extrañado la visión que tienen los españoles de sí mismos.

No le faltaba razón. Salvo cuando salimos al extranjero, a menudo no tenemos esa visión tan positiva de España, pese a que somos desde hace años uno de los preferidos por ciudadanos de otros países para trabajar. Valoran la seguridad, el clima y nuestra calidad de vida.

Los extranjeros que han vivido entre nosotros a menudo se convierten en grandes embajadores de España. En julio de 2021 hice un viaje a las tres repúblicas bálticas. Tras las reuniones de carácter gubernamental, quise mantener un encuentro en Vilna con Arvydas Sabonis, entonces presidente de la federación de baloncesto de Lituania. Como gran aficionado al baloncesto que soy, crecí viendo su gran talento en la cancha. Sabonis no es muy amigo de los elogios, pero, aun así, le transmití mi admiración a su figura y le hablé de los buenos ratos que su juego me hizo pasar.

Sabonis jugó en España en la década de 1990 y guarda un recuerdo muy feliz de su época aquí, sobre todo de los tres años en Madrid y de cómo lo cuidaron en Valladolid, cuando las lesiones lo atenazaban. Presume del cariño que tanto él como su familia —sus hijos hablan nuestra lengua— sienten por España. De hecho, tiene casa aquí, en la que me comentó que le gustaría pasar más tiempo. Espero que no le importe que lo diga: está enamorado de España. Siempre habla maravillas de nuestro país.

El Real Instituto Elcano publica de manera periódica un estudio sobre la reputación de medio centenar de países en el que la valoración de los ciudadanos sobre su propio Estado suele superar a la valoración que le otorgan los de fuera. En España ocurre lo contrario: nos solemos ver peor de cómo nos ven los demás. En el estudio de 2021, nos mantuvimos entre los países con mejor reputación del mundo, en el puesto número 14. Se nos valora más que a Italia, Portugal, Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido, por solo citar a algunos de los que más solemos admirar.

Se nos ve como gente amable y simpática, educada y fiable; y se valora de nuestro país especialmente la cultura, el entorno económico, la innovación y la tecnología. Se aprecia nuestro bienestar social, las infraestructuras, la seguridad, la ética y la transparencia, y nuestros productos y servicios por ser de calidad, así como nuestras empresas y marcas. En general, se admira nuestro estilo de vida.

La paradoja es que nosotros no siempre nos vemos así.

Las nuevas generaciones lo viven de forma distinta: viajan cada vez más, a menudo han estudiado fuera y tienen elementos de comparación. Son más conscientes de nuestras capacidades y de lo que somos como sociedad. Para cualquier país resulta fundamental sentir una autoconfianza fuerte. Tenemos muchos motivos para ello y, sin duda, fortaleceríamos la confianza en nosotros mismos si habláramos más de lo que somos realmente y de cómo hemos llegado hasta aquí.

UNA HISTORIA DE ÉXITO

Siempre que viajo a Alemania me acuerdo de mi abuelo Juan. También aquel día en que íbamos camino del palacio de Meseberg pensaba en él. Mi abuelo, como cientos de miles de españoles en las décadas de 1960 y 1970, tuvo que emigrar a Alemania en busca de trabajo y de las oportunidades que su país no le ofrecía en aquel momento. Mi padre, entonces un chaval muy joven, era el mayor de sus hijos, y se marchó con él. Fueron años difíciles, en los que hubieron de desempeñar oficios de lo más dispar para salir adelante, encontrar un futuro mejor y contribuir al sostén de la familia.

De ambos he escuchado siempre palabras de gratitud hacia Alemania. Con el transcurso de los años regresaron, haciendo por fin realidad el sueño de muchos españoles emigrados: volver a donde sentían que se encontraban sus raíces. Hubo, sin embargo, otros familiares que se asentaron en Alemania, se integraron a la perfección y decidieron quedarse. A pesar de los años y la distancia, no hemos perdido el contacto. Somos una familia entre dos países, hoy mucho más cercanos en lo físico y en lo político que antes. Porque la sociedad española de entonces nada tiene que ver con la de hoy.

La consecución de la democracia significó el comienzo de una modernización que ha transformado España. Para cualquier observador desprejuiciado, resulta asombroso el camino de éxito que como sociedad hemos recorrido en los últimos cuarenta años. Hemos alcanzado un enorme desarrollo económico y un alto grado de bienestar, hemos creado millones de empleos y hemos mejorado de forma espectacular nuestra educación.

Me hago cargo de lo mucho que queda por hacer. Las más de doscientas leyes que hemos aprobado en la pasada legislatura para transformar España dan testimonio de que la profunda confianza que deposito en nuestro país no me lleva a dormirme en los laureles. Pero no debemos olvidar nunca de dónde venimos por dos motivos: en primer lugar, para honrar la memoria de nuestros padres y abuelos, que padecieron una guerra civil, una posguerra y una dictadura marcada por la cárcel, el exilio y la emigración; y, en segundo lugar, para mirar al futuro de otra forma: valorando nuestra demostrada capacidad de progresar como país y como individuos.

Hoy somos mucho mejores que ayer, pero nuestra ambición debe pasar por que nuestros hijos y nietos puedan decir lo mismo. Sin duda, nuestra historia de éxito de las últimas décadas es el mejor acicate. No alberguemos la menor duda sobre nosotros mismos. Valorémonos al menos tanto como nos valoran fuera.

Bajo un pretendido patriotismo, se da la paradoja de que la derecha y la ultraderecha están contribuyendo a minar nuestra confianza en nosotros mismos. Aseguran defender nuestro país, pero la España a la que se dirigen excluye a demasiada gente. Los progresistas ensanchamos la idea de España: queremos que en ella quepa todo el mundo, quienes piensan como nosotros y quienes no. Las derechas, por el contrario, tienen una visión reduccionista y caricaturesca que, de hecho, deja fuera a gran parte de los españoles.

La España de verdad es aquella que en la Transición se miraba en el espejo de nuestros vecinos europeos y aspiraba a ser como ellos. Si aun tras la muerte de Franco el Museo de Arte Moderno de Nueva York se resistía a devolvernos el Guernica —como quiso Picasso—, arguyendo que no existían las libertades democráticas necesarias, hoy figuramos entre los países que gozan de una democracia plena, a pesar del retroceso general que la democracia ha experimentado en el mundo. Así lo avalan los análisis de referencia de distintos institutos internacionales.

En estas décadas hemos conseguido converger con nuestros vecinos europeos en muchos aspectos, entre ellos las fortalezas democráticas y las libertades. Hemos mejorado en muchos otros, como los económicos y los sociales: si a principios de la década de 1970 el Estado solo reducía la desigualdad un 19 por ciento, hoy lo hace un 37 por ciento. Por último, hemos superado a nuestros vecinos en aspectos muy relevantes, como la tolerancia, y nuestro índice de igualdad de género es del 74,6 por ciento, seis puntos por encima de la media de la Unión Europea. Hoy, el lema de la Unión Europea, «Unida en la diversidad», define a la perfección la España real, diversa, pero tolerante y respetuosa con las distintas manifestaciones territoriales o individuales.

El sueño de nuestros padres y abuelos se ha cumplido.

En la pasada legislatura, la derecha ha llevado sus ataques al Gobierno a los ámbitos internacionales, sin importarle cómo eso podría dañar el nombre de España. Desprestigiar en Europa las decisiones y la gestión de un Gobierno legítimo mediante infundios es un acto grave de deslealtad hacia nuestro país. Y todo ello sin dejar de considerarse patriotas. En fin...

Cuando Pablo Casado fue apeado del liderazgo del Partido Popular por denunciar la corrupción, afirmé algo en el Congreso de los Diputados que sigue vigente hoy. En aquel momento se especulaba con la posibilidad de que yo adelantara las elecciones aprovechando la debilidad del PP. Lo desmentí con rotundidad: «Competiremos según nuestros méritos y no basándonos en las debilidades de nuestros adversarios. Así es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático». Ese patriotismo ha consistido, para todos los que hemos formado parte del Gobierno de España, en anteponer el interés general a los intereses particulares.

En democracia es tan necesario el Gobierno como la oposición. Es tan importante saber ganar como saber perder. Una oposición destructiva perjudica la confianza de los ciudadanos en nuestras capacidades como país. La derecha se está convirtiendo en uno de los principales lastres para la autoconfianza de España. Porque la admiración de los ministros alemanes hacia nuestro Gobierno, el cariño de Scholz hacia nuestro país, el entusiasmo de Rhodes o la querencia de Sabonis no constituyen una anécdota, sino una categoría.

No todos los países salen bien parados cuando eligen el camino de la democracia. La involución que siguió a las Primaveras Árabes o a la guerra en Ucrania representan ejemplos vivos de todo lo que se puede torcer por el camino. La historia no está escrita de antemano, por eso me siento muy orgulloso de lo que hemos construido como sociedad, de ser el país cuya cultura es una de las más influyentes del mundo.

MIRAR AL FUTURO CON ESPERANZA

Mi Gobierno siempre ha tenido un ojo puesto en la urgencia y otro en el largo plazo, por eso hemos acometido reformas profundas que están cambiando nuestro país con una perspectiva de décadas.

Queda mucho por hacer, pero los principales retos a los que nos enfrentamos, y cómo abordarlos, quedaron plasmados en el trabajo riguroso y profundo de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia en colaboración con equipos de expertos procedentes de la sociedad civil. Creo firmemente, y con los datos en la mano, que en la fecha marcada por la estrategia nacional España 2050 podemos converger con los ocho países más avanzados de la Unión Europea.

El verdadero progreso de una sociedad no es fruto de un impulso o de las ideas geniales de dos o tres individuos con poder o dinero. Nuestra propia experiencia demuestra que el progreso se da cuando toda la sociedad realiza un esfuerzo sostenido durante generaciones. Eso hicimos en los años de la Transición y en las décadas siguientes. Hemos de continuar con ello.

Tenemos muchos motivos para caminar hacia el futuro con optimismo, y casi todos se encuentran en lo que hemos sido capaces de hacer como país, algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Obtengamos la energía para conquistar el futuro de lo que hemos realizado en el pasado. Será la fórmula de nuestro éxito. Estoy seguro de que podemos lograrlo.

Los grandes desafíos que afloraron en la estrategia nacional son una guía rigurosa para saber en qué aspectos debemos trabajar. El patriotismo democrático no consiste en afirmar de forma acrítica que somos perfectos, sino en trabajar para ser mejores y creer en nuestros atributos como país.

En la pasada legislatura hemos puesto en marcha dos transformaciones profundas: la ecológica y la digital. Tenemos que seguir avanzando para convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente. También las nuevas realidades tecnológicas, que lo atraviesan todo —lo personal, lo político, lo social y lo económico— están incorporándose a nuestro día a día y debemos asegurarnos de que ese futuro llegue a todos. En estas cuatro décadas largas de democracia, los años de formación de la población se han duplicado y el abandono escolar, que por desgracia sigue siendo elevado, no llega al 14 por ciento, frente al 70 por ciento de hace cuarenta años. El reto en la era digital es la formación profesional y la educación a lo largo de toda la vida.

Nuestros niveles de desigualdad y pobreza son insoportables, y la sociedad no progresará si no los reducimos de forma considerable; para ello también habremos de promover un desarrollo territorial equilibrado. En los próximos lustros, para situarnos entre los países más avanzados de Europa, tendremos que enfrentarnos a retos severos, pero al alcance de nuestra mano. Nuestra población envejecerá, porque seremos cada vez más longevos, y nuestra relación con el trabajo cambiará. Por tanto, el estado de bienestar también habrá de adaptarse.

La invasión de Ucrania y la guerra de Putin están causando un enorme sufrimiento. Han modificado la forma en que la Unión Europea se ve a sí misma y su futuro en un mundo cambiante, donde los viejos equilibrios geopolíticos se están modificando. En ese nuevo escenario España debe estar presente y contribuir a todos los debates, presentes y futuros, como hemos hecho desde el Gobierno.

ESPAÑA, EL ALMA DE EUROPA

Tenemos que abordar las transformaciones que hemos iniciado no solo por nuestros hijos y nietos, sino también por el futuro de la humanidad. La aportación de España a ese devenir se necesita y se aprecia en el resto del mundo.

En el verano de 2021, nuestro país se convirtió en el nodo europeo de acogida de refugiados afganos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vino a España para conocer de primera mano el trabajo realizado y visitar las instalaciones de acogida. En la base de Torrejón aseguró: «España es un buen ejemplo de lo que es el alma de Europa en su máxima expresión». A cualquier español de 1978 que se asomaba a la democracia admirado por las libertades europeas le hubiera enorgullecido pensar que, en cuatro décadas, nuestro país sería considerado «el alma de Europa».

A veces, la conversación política en España vuela demasiado bajo, hasta el punto de distorsionar nuestra percepción de la realidad de nuestro país. Una de las revistas progresistas más importantes de Europa, y la más relevante de Alemania, Blätter für deutsche und internationale Politik, destacó el papel de España en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el verano de 2022. Subrayaba cómo el encuentro «se convirtió en un golpe de relaciones públicas en materia de hospitalidad del sur de Europa con imágenes impactantes como la de la cena de gala en el Prado y abrazos cálidos y amistosos de las partes implicadas».

Uno de los editores de Blätter es Jürgen Habermas, uno de los filósofos vivos más relevantes del continente. En ella escriben personalidades como Thomas Piketty o Naomi Klein. El mismo artículo reconocía el papel de la España actual como «pionera de la política progresista en Europa y garante de los principios clásicos del estado de bienestar».

Nuestro país se convirtió en referente internacional de las políticas progresistas coincidiendo con la pandemia y la guerra. Nuestro esfuerzo por capear las crisis sin dejar a nadie atrás no ha pasado desapercibido. Es algo de lo que también me siento muy orgulloso y que se reconoce en los medios más dispares. La revista británica The Economist, liberal en lo político y lo económico, además de ejemplo del mejor periodismo anglosajón, titulaba en diciembre de 2022 un análisis sobre la situación de España de esta forma: «Los españoles son demasiado gruñones con su política. En realidad las cosas van bastante bien».

El reconocimiento internacional y lo que hemos sido capaces de hacer en cuarenta años son los mejores acicates para aumentar nuestra confianza. Estoy convencido de que el día que lo hagamos seremos aún más fuertes.

En la pasada legislatura hemos sentado las bases de las grandes transformaciones. El ruido de la derecha ha resultado tan ensordecedor que he abordado este libro con la pretensión de dirigirme de forma directa a la ciudadanía. Aquí expongo mi visión de lo que ha sido para mí la acción de Gobierno. Este libro quiere ser una crónica meditada de lo que hemos vivido juntos y, sobre todo, una apelación a lo que somos capaces de lograr como país en los años venideros.

Ese futuro es la tierra firme a la que hemos de llegar cuando culminen esas transformaciones. Una España integrada en la nueva economía digital y ecológica que reparta la riqueza con justicia. Nuestra contribución a la protección del clima también hará que nuestro país esté mejor adaptado, y sea más moderno e inclusivo.

Estos años están marcados por las crisis y la incertidumbre global. Ser capaces de avistar esa tierra firme a la que nos dirigimos resulta determinante para tomar las decisiones adecuadas como país, esas que nos convertirán en un lugar más conectado, limpio y sostenible. En unos años, las nuevas certezas habrán sustituido a las viejas incertidumbres. Hemos de tener claro lo que está en juego: avanzar o retroceder.

PRIMERA PARTE
La pandemia que aceleró el cambio de época

UN ESTRÉS BRUTAL

Lo que hemos vivido los españoles durante la pandemia —las expresiones compartidas de dolor, las pérdidas, la solidaridad y la toma de conciencia de la importancia de una sanidad pública fuerte— nos ha cambiado para siempre. Ningún país puede volver al punto de partida de enero de 2020. Ninguno de nosotros volverá a ser como era antes de la pandemia. Yo tampoco.

Mucho de lo que viví aquellos meses ocurrió a la luz pública y la gente lo conoce. En ese momento estábamos todos confinados, salvo los trabajadores y las trabajadoras esenciales, cuyo esfuerzo nunca agradeceremos lo suficiente. Nunca agradeceremos lo suficiente el esfuerzo de los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un larguísimo etcétera. Cuando todos los españoles permanecían en casa, ellos salían cada mañana a enfrentarse con una realidad durísima, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en las residencias de mayores, en las calles, en los supermercados, y en las carreteras desiertas y distópicas. No tuvieron tiempo de pensar si estaban preparados para vivir aquello, porque su sentido del deber, vital para todos nosotros, no se lo permitía.

Si algo tuvo la crisis del covid-19 es la forma en que nos igualó a todos. Como tantísimas familias españolas, en marzo de 2020 la mía vivía su particular drama, atravesado por lo político y lo personal. En aquellos días terribles, mi suegro estaba ingresado en la UCI de un hospital público con covid. Mi padre se contagió y, aunque por fortuna no estuvo ingresado, tuvo que aislarse de mi madre, que acabaría también por contraer el virus. Begoña contrajo asimismo la enfermedad y también hubo de confinarse. Podía hablar con ella por teléfono, pero no podíamos acercarnos: lo último que debía ocurrir era que una imprudencia me hiciera enfermar en aquellas semanas terribles. Cuando conversábamos, me contaba cómo se encontraba y comentábamos el estado de nuestros seres queridos, su evolución y nuestra preocupación por ellos.

A mi padre lo llamaban del centro de salud cada día o en días alternos, para hacer el seguimiento de su estado. En cuanto a mi suegro, los hospitales estaban al completo y el temor a un posible empeoramiento era enorme. También los médicos nos llamaban una vez al día, como a todo el mundo, para informarnos de su evolución.

Me acostaba muy tarde, a la hora que podía, consciente de lo imprescindibles que resultaban unas horas de descanso para seguir con la batalla contra el covid al día siguiente, y al otro, y al otro. Pero no conseguía un sueño reparador. Apenas cogía el sueño un par de horas y me despertaba bañado en sudor. Tenía que incorporarme y salir de la cama. Me duchaba para refrescarme e intentaba dormir otro rato. El médico sospechaba que podía ser covid, y me hacía test frecuentes, que siempre descartaban la enfermedad. De hecho, tiempo después me harían pruebas de anticuerpos, que también resultaron negativas, y que demostraban que no había pasado el covid, lo que me sucedió en septiembre de 2022.

¿Qué era aquello? ¿A qué se debía aquella reacción de mi cuerpo que se prolongó durante semanas?

«Es puro estrés», me dijo el médico.

Un grado de estrés brutal. Todos estábamos sometidos a él. Mi cuerpo se defendía con esa reacción de hipervigilancia y dificultades para dormir, para transpirar con normalidad y para, en pocas palabras, digerir todo el sufrimiento que veía alrededor y que sentía que era mi responsabilidad paliar, como presidente de todos los españoles.

Para mucha gente de mi edad —los nacidos en la década de 1970—, el covid era la crisis colectiva más grave que nos había sucedido en nuestra vida. Hemos tenido la suerte de ser una generación que ha llegado a la cincuentena sin haber vivido ni una guerra, una posguerra ni catástrofes nacionales de dimensiones semejantes. Pero ahí estábamos: en medio de una pandemia.

Todavía me sigue admirando el sentido cívico y el ejemplo que dio la sociedad española en este trance. El liderazgo humilde de España, el humble leadership que en más de una ocasión elogió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encarnaba cada día en los millones de personas que perdían a los suyos, sufrían en los hospitales, curaban a los enfermos, cuidaban a los mayores en las residencias, acompañaban a quienes de otro modo hubieran muerto solos y salían a desinfectar los edificios. El liderazgo humilde de España cobró cuerpo aquellas semanas en todos y cada uno de los que cumplían las normas. Porque todos desempeñamos un papel crucial en aquel momento.

«SA-NI-DAD PÚ-BLI-CA»

Como presidente del Gobierno, me correspondía dirigir el país en la peor crisis sanitaria en cien años, y tenía claro que mi estado de ánimo también era importante para una ciudadanía desconcertada y sufriente.

Entonces sabía que formaba parte de mis obligaciones mostrar entereza para robustecer la de todos. Ahora puedo contar que lloré aquellos días, como tantos conciudadanos. Las cifras de muertos nos desgarraban, tanto a mí como al entonces ministro Salvador Illa, con quien compartí las horas más duras de mi presidencia. Fue el momento en que todos cobramos conciencia de nuestra vulnerabilidad, pese a formar parte del grupo de sociedades más avanzadas del planeta y disfrutar de un grado de civilización y desarrollo que nos tenía acostumbrados a un entorno previsible.

En medio de aquella fuerte sensación de fragilidad, tenía la certeza absoluta de que todo el personal sanitario estaba haciendo cuanto estaba en su mano y más, aun a riesgo de sus vidas, para salvar las de tantos compatriotas. Fue posible por su entrega y porque nuestro sistema sanitario nos protege en los momentos más difíciles de la enfermedad.

¿Cuánto cuesta una estancia de UCI? Hay datos que deberíamos grabar en nuestra memoria para valorar un buen sistema público de salud. El coste medio de un ingreso hospitalario en UCI por covid ha sido casi de diecinueve mil euros. Si hubiéramos tenido que afrontar el ingreso de mi suegro de nuestros bolsillos, no habríamos podido hacerlo y hubiéramos tenido que endeudarnos. Me imagino lo que hubiera significado la pandemia para millones de personas cuyos salarios son muy inferiores. Es evidente quién necesita la protección del estado de bienestar: toda la clase media y trabajadora, es decir, la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Y no solo durante la pandemia. De hecho, la mayoría de la gente recibe mucho más en forma de servicios públicos de lo que paga con sus impuestos.

Hemos vencido al virus, pero las enfermedades siempre estarán ahí. El coste medio de una hospitalización asciende a más de cuatro mil setecientos euros; un bypass coronario ronda los treinta mil; un trasplante pulmonar, los ochenta y cuatro mil. Hay que tener presentes estas cifras, porque, gracias a que el sistema sanitario público asume el gasto, una enfermedad no significa la ruina financiera de una persona, como sucede en otros países. La financiamos entre todos con nuestros impuestos y, gracias a eso, nuestros seres queridos siguen con vida y las familias no se han arruinado para sacarlos adelante.

La alternativa es «que lo pague quien pueda». En este caso, literalmente: que salve su vida quien tenga dinero. El mantra de la derecha según el cual el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos es falso y trasnochado. Para la mayoría, está mucho mejor invertido en un sistema público de salud y un estado de bienestar fuerte. De lo contrario, en los momentos difíciles de la enfermedad, la clase media y trabajadora se encontrará desprotegida y la salud se convertirá en un lujo que solo algunos podrán pagarse.

Las políticas de recortes neoliberales que dominaron la escena pública durante muchos años, a partir de la gran recesión, han dejado la sanidad pública muy debilitada. En nuestro país se tardó diez años en recuperar los niveles de gasto que otros Estados remontaron en tres años. De este modo, cuando comenzaba la pandemia en España había apenas 4.600 camas de UCI. Por compararlo, Alemania, con menos del doble de población, tenía 28.000.

En la década anterior habíamos perdido además 30.000 profesionales sanitarios, según cálculos de expertos. Así que cuando la gente me decía, en plena pandemia, refiriéndose al Gobierno, «qué mala suerte que os haya tocado esto», yo contestaba: «No, menos mal que estamos nosotros». Con el sistema público de salud ya profundamente debilitado, una nueva oleada de recortes hubiera causado estragos en el estado de bienestar y, por ende, en los ciudadanos.

En aquellos días de aplausos, en barrios de Madrid se coreaba desde los balcones «sa-ni-dad pú-bli-ca», el lema que ha presidido numerosas manifestaciones en su defensa. La pandemia ha movido a los ciudadanos a la reflexión, como prueba el hecho de que la sanidad figure hoy entre las principales preocupaciones ciudadanas. Tenemos que luchar por ella y por el estado de bienestar que queremos. ¿Debe servir para favorecer la igualdad o vamos a seguir permitiendo que se debilite? Yo lo tengo claro: hemos de fortalecer el estado de bienestar, hemos de robustecer los servicios públicos, y no debilitarlos. Hemos de protegernos juntos de futuros riesgos, y no desarmarnos.

Para hacerlo hay que establecer justicia fiscal, porque sin ella no hay justicia social. Cada uno debe aportar en función de su capacidad y debe recibir en función de su necesidad. Es, por cierto, el modelo de Estado social y democrático de derecho consagrado en nuestra Constitución, aunque ciertos párrafos sufran el olvido por parte de algunos, según su conveniencia.

No hay alternativa y la derecha no la tiene, por eso nunca explicita sus planes de desmantelamiento de la sanidad pública. Simplemente la va erosionando poco a poco, como una termita. Su plan es que cada uno se vea solo y disponga de sus exclusivos recursos para enfrentarse a enfermedades o penurias.

Su propuesta es que la ciudadanía se suma en el temor al futuro, en la corrosiva incertidumbre. Ese miedo, explotado convenientemente por quienes son capaces de cualquier cosa excepto fortalecer los servicios públicos, ha dado alas a las opciones de extrema derecha para seguir ahondando en unas políticas que nos dejen a la intemperie tanto como lo estábamos en aquel mes de febrero de 2020, cuando un virus prácticamente desconocido para la mayoría de la población comenzaba a propagarse entre nosotros.

GESTIONAR UNA CRISIS DE SALUD PÚBLICA

Se estaba gestando la mayor pandemia mundial en un siglo, y en mi equipo de Gobierno seguíamos con atención lo que ocurría en Asia, donde todo había comenzado. Hablábamos con empresarios españoles con presencia en China, que nos describían la situación allí, y veíamos las draconianas medidas de confinamiento que se estaban imponiendo. Entonces nadie pensaba que algo así podría aplicarse en Europa.

Todo empeoró radicalmente en cuestión de veinticuatro horas. El 9 de marzo, las cifras de muertos habían aumentado de manera relevante, los positivos del día anterior superaban los seiscientos y ninguna comunidad autónoma quedaba libre de contagios. Ya estaba informado de que la situación era grave cuando llegué ese día al Ministerio de Sanidad, donde me reuní con todo el equipo del ministro Salvador Illa.

Quise participar en la reunión de seguimiento del coronavirus que ellos habían venido manteniendo a diario desde febrero, y no solo para recibir información de primera mano, sino también para transmitir apoyo y cercanía al equipo, a esos hombres y mujeres, servidores públicos, que en los siguientes meses se entregarían en cuerpo y alma a salvar vidas y a reducir el impacto de la pandemia en la salud, la economía y la vida de los ciudadanos. Ya entonces, y solo era el principio, les trasladé con mis palabras la gratitud de todos por el esfuerzo que llevaban semanas haciendo en el seguimiento de la crisis.

Empezaban a llegar noticias de algunas comunidades autónomas cuyos servicios sanitarios estaban ya sufriendo fuertes tensiones. Entretanto, en los países vecinos se estaba valorando cómo aplicar restricciones de movilidad a la población. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, decretó el confinamiento nacional. Recuerdo haber hablado aquel 9 de marzo con Emmanuel Macron, presidente de Francia, que acababa de restringir los actos de más de mil personas. También hablé con la canciller alemana, Angela Merkel. Intercambiábamos impresiones, compartíamos la preocupación ante una situación insólita para cualquier gobernante. Pese a que nadie quería enfrentarse a algo así, con los días fue quedando claro que la única forma disponible en aquel momento de evitar el contagio era el distanciamiento y el confinamiento de las personas. Dos días después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que el coronavirus había adquirido dimensiones de pandemia. Urgía a los Gobiernos a buscar los casos, aislarlos, practicar test a la población y fortalecer los sistemas hospitalarios. «Cuidemos los unos de los otros, porque nos necesitamos», fue su mensaje.

Ya había pedido a mi equipo más cercano que estudiara las cuestiones legales para analizar si el estado de alarma era la figura jurídica adecuada para la situación que se nos venía encima. No teníamos un manual de instrucciones, no había precedentes jurídicos ni tampoco doctrina sobre cómo restringir una de las libertades básicas, la libertad de movimiento, en un contexto de epidemia. Sin embargo, estaba claro que debíamos trabajar en esa línea, la de aplicar la Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

Al mismo tiempo, el ministro de Transportes se dispuso a cerrar al espacio aéreo los vuelos procedentes de Italia. En el Consejo de Ministros que aprobó aquella insólita prohibición de vuelos desde nuestro país vecino, la posibilidad del estado de alarma estaba sobre la mesa y fue objeto de discusión. Algunos ministros eran partidarios de la prudencia, ya que una de nuestras grandes preocupaciones era asegurar que tomábamos medidas proporcionales. Con cada decisión, miles de ciudadanos se veían afectados; sus trabajos, sus negocios, sus viajes y sus relaciones quedaban suspendidos. Sabíamos que las medidas trastocaban por completo la vida cotidiana de la gente.

Además estaba la cuestión económica. Cerrar un país por completo, paralizar la actividad, generaría unas pérdidas colectivas enormes y un drama social, eso estaba claro. Pero nadie era capaz de prever con exactitud las dimensiones porque no había ocurrido antes. Nos adentrábamos en tierra ignota.

Enseguida tuve sobre mi mesa el borrador del decreto de estado de alarma. Cuando comenzó el Consejo de Ministros del sábado 14 de marzo, el semblante de los ministros y las ministras era serio. Todos éramos conscientes de la trascendencia del paso que íbamos a dar y asumíamos con un profundo sentido de responsabilidad la discusión de aquel decreto que nunca hubiéramos querido aprobar. El hecho de que ya dos ministras no participaran por estar contagiadas y que debiéramos celebrarlo en una sala distinta, más grande, para poder alejarnos unos de otros, hacía visible la excepcionalidad de lo que ocurría en el país.

Debatimos los artículos uno a uno. Los ministros fueron planteando sus preocupaciones e intervinieron tantas veces como fue necesario para trasladar las consecuencias previsibles en sus respectivos ámbitos. Fue un Consejo de Ministros difícil y duro. La situación global, la preocupación que sentíamos y el hecho de que no hubiera precedentes nos hacía calibrar todos los aspectos que nos disponíamos a regular y la limitación de derechos que entrañaba. Había que aquilatar las medidas, en todo caso drásticas.

La clave de todo residía en la proporcionalidad y las particularidades propias de una pandemia. No necesitábamos poderes especiales para suspender medios de comunicación o entrar en las viviendas de los ciudadanos, que son los que nos hubiera otorgado el estado de excepción. Necesitábamos sobre todo reducir al máximo la movilidad de la ciudadanía, porque el virus no andaba solo: sus piernas eran las de la gente, se movía con ella.

El estado de alarma se aprobó con una duración inicial de quince días, pero todos intuíamos que sería, por desgracia, más largo. Justo al final del día, de aquella jornada que ningún ciudadano de nuestro país olvidará nunca, supe que Begoña había dado positivo.

EL ESTADO DE ALARMA FUE EFICAZ

Comenzaba lo peor. El confinamiento salvó miles de vidas, así lo saben los científicos y los epidemiólogos, con los que formamos un equipo en la Moncloa que nos ayudaba a tomar decisiones basadas en la ciencia. Nadie pone eso en duda. Aun así, al año siguiente, la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, por una diferencia de un solo voto, sentenció contra el estado de alarma, el indicado en la Constitución para crisis sanitarias. Vox presentó el recurso a pesar de que ellos mismos, al principio de la pandemia, nos habían acusado de no hacer nada. Fue lamentable cómo la derecha y la ultraderecha utilizaron la pandemia para tratar de provocar la caída del Gobierno y cómo esa utilización torticera del recurso al Constitucional ha dejado al Estado atado de pies y manos frente a futuras pandemias. Ojalá no tengamos que comprobarlo.

Aún hoy, y a pesar del fallo en sentido contrario de una mayoría del Tribunal Constitucional —no de todos los juristas que lo integran—, sigo pensando que el estado de alarma era y es la medida más adecuada, proporcional y útil para la situación en que nos hallábamos. Nuestra obligación como Gobierno era salvar vidas. Supongo que si no tienes ese imperativo, resulta más fácil enredarse en disquisiciones jurídicas que un exministro de Justicia como Tomás de la Quadra-Salcedo calificó de discusiones sobre «el sexo de los ángeles».

¿Importa la palabra de las víctimas en este caso? Yo quiero traerla aquí, dar voz a algunos de los que perdieron a sus seres queridos a causa del covid.

No tuvimos duda de que había que brindar un homenaje a todos los fallecidos no solo para que sus familiares sintieran la cercanía de toda la sociedad española, sino también para fortalecer la cohesión cívica.

Era fundamental que se tratara de un homenaje laico, puesto que había muerto gente de todas las confesiones, y también sin creencias religiosas. Nunca se había hecho, no había precedentes, pero sí sabíamos cómo queríamos hacerlo: sobrio, solemne y cálido al mismo tiempo. Mi equipo se puso a trabajar en ello y lo consiguió. El homenaje desplegó en todo momento una exquisita sensibilidad, que pasaba por darles el protagonismo a ellos: a quienes habían perdido a algún ser querido y a los sanitarios que nos habían cuidado, aun arriesgando sus propias vidas.

Era una mañana de verano y en la plaza de la Armería del Palacio Real estaba encendido un pebetero con una llama que simbolizaba a todos los fallecidos por los que nos congregábamos en duelo. El rey presidía el acto. El Gobierno completo estaba presente, así como el resto de las autoridades del Estado y las europeas. Todos nos sentamos, guardando dos metros de distancia entre nosotros, en un círculo en torno al fuego. El silencio era escalofriante.

Habló, en nombre de los familiares, el hermano del periodista José María Calleja, a quien perdimos de forma prematura y triste. El suyo fue un ejemplo de periodismo comprometido con las causas justas: primero, la lucha contra ETA, y después, contra la violencia machista. Habló también la enfermera Aroa López en nombre de los sanitarios, resumiendo la dureza de su trabajo en la pandemia con estas palabras: «Nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: “No me dejes morir solo”».

Todos los allí presentes nos conmovimos: nos imaginamos ese momento de vulnerabilidad extrema por el que habían pasado tantos compatriotas. Compartirlo así, reforzar nuestra unión como sociedad en el dolor, era una forma de reconocer la deuda contraída con ellos.

Un año después, en 2021, se repitió el homenaje. La situación había cambiado, pues ya había avanzado considerablemente la vacunación y la población más vulnerable, mayores y enfermos, empezaban a sentirse más seguros. En aquel segundo homenaje se habilitó una sala en el Palacio Real para saludar a los familiares de los sanitarios fallecidos, unas doscientas personas. Primero lo hicieron los reyes; después, yo mismo con los presidentes de las Cámaras.

Tenían reproches comprensibles que hacernos: sus familiares habían muerto, sobre todo en la primera ola, sin material para protegerse. El dolor y la frustración que sentían eran inenarrables. Algunos se mostraban más duros con el Gobierno; otros, más comprensivos. Algunos habían perdido a sus familiares, sanitarios de profesión, cuando estaban casi a punto de jubilarse, lo que era injusto; otros, a gente joven, lo que también era injusto. Los escuché a todos. Les dimos el consuelo que nos era posible durante cerca de cuatro horas. Tan solo hacía unos días que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional el estado de alarma, y el familiar de uno de los fallecidos, un hombre en la cincuentena, llorando y sumido en el dolor, me decía que no comprendía cómo se podía haber hecho eso, que los confinamientos habían salvado vidas. Todo había resultado tan traumático...

Sé que mi papel en ese momento también pasaba por dar consuelo. Me lo había comentado un jefe de Gobierno europeo que vivió algo similar: en momentos tan terribles, también estamos para dar fuerza y que otros se apoyen en nosotros.

Logramos finalmente doblegar la curva de la primera ola tras casi cien días de estado de alarma, incluido un periodo de unos días que llamamos «de hibernación» en el que se restringió aún más la movilidad de las personas y la actividad económica. En paralelo al control de los contagios y la consecución de material sanitario en un mercado internacional enloquecido y marcado por la escasez, debíamos planificar la desescalada.

Se formó un equipo de expertos multidisciplinar para trabajar en ello. Se diseñaron cuatro fases paulatinas a las que se iría accediendo en función de distintas variables, entre ellas el número de contagios o el porcentaje de camas de UCI ocupadas. El esfuerzo de todos los ministros y todo el personal de los ministerios fue ímprobo. En cada sector las dificultades eran específicas, pero finalmente comenzamos a salir de casa poco a poco.

Si hay una imagen que refleja la sensación de haber superado el primer embate del covid y de recuperar nuestra libertad plenamente es la fotografía que uno de los principales periódicos llevó a su portada el 27 de abril. Con mascarilla, una niña salta en un parque de Córdoba, el pelo al viento, sobre una pradera de césped. Era el primer día en que se permitían los paseos con los más pequeños, después de cuarenta y dos jornadas de encierro. Esa imagen resume la esperanza del país después del durísimo golpe que habíamos sufrido.

NUESTRA VISIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

A medida que iban quedando atrás los peores momentos, no resultaba difícil ver los cambios que el covid iba a provocar en la sociedad y en nuestra acción de Gobierno. Se publicaron en aquellos días libros urgentes y numerosos artículos en la prensa nacional e internacional, apuntando en ese sentido: todo había cambiado para siempre, pero debíamos esperar a establecer un mínimo de normalidad —que no llegaría hasta culminar la vacunación— para evaluar esa metamorfosis.

Desde luego las vidas de los ciudadanos habían dado un vuelco. Las empresas habían implantado a toda velocidad el teletrabajo, se empezaban a comprobar sus ventajas y sus inconvenientes, y había que abordar cuestiones como quién asumiría los gastos que le generaba al trabajador instalar un despacho en una habitación de su casa. En la educación, había quedado claro que las clases telemáticas, si bien habían resultado mejor que una suspensión completa de la escolarización de los más pequeños, causaban pérdidas y retrasos en el aprendizaje, más acentuados cuanto más bajo era el nivel socioeconómico de las familias.

En cuanto a la movilidad, aquellos días en que se volvió a circular, aún con muchas limitaciones, algunas de nuestras ciudades vieron como sus arterias principales se llenaban de bicicletas. La Gran Vía de Madrid parecía otra. Era como si la realidad nos estuviera mostrando estampas del futuro, algunas maravillosas, como una ciudad menos contaminada y con menos atascos; otras, preocupantes, como esa brecha de desigualdad en la educación que la pandemia acentuó. La cuestión era si los cambios iban a perdurar o todo volvería a ser como antes de la pandemia cuando esta concluyera. Entonces no lo sabíamos.

Mi planteamiento como presidente del Gobierno fue, desde el primer momento, reformista. Así lo había abordado con mi primer gabinete, el de 2018, y con el Gobierno de coalición, constituido en enero de 2020. Nuestras aspiraciones de avanzar y progresar seguían intactas, pero la pregunta que yo me hacía como gobernante era si nuestras ambiciones reformistas seguían siendo válidas tras la pandemia. Si los problemas de la sociedad, de los ciudadanos, del país y del mundo seguían siendo los mismos, o si habían adquirido otro orden de prioridades.

Nuestra mirada estaba puesta en los grandes cambios que España necesita como sociedad. Creo en los cambios graduales, en el progreso. Es mi convicción como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, un partido progresista que siempre ha llevado a cabo las reformas que han hecho avanzar a España. La seña de identidad de la izquierda es el progreso; la derecha prefiere el regreso. Una plasmación muy visible de este dilema la hemos vivido en Europa: mientras que el Reino Unido del Brexit ha preferido regresar al origen —su acendrado aislamiento y su gloria imperial—, la Unión Europea ha seguido avanzando. Elegir un camino u otro lleva a lugares muy diferentes.

Teníamos ya identificados los grandes desafíos a los que nos enfrentábamos: la desigualdad, la crisis climática, los movimientos migratorios, el envejecimiento de la población y el reto demográfico, así como males arraigados en nuestra economía, como la precariedad e inestabilidad del empleo y la educación. Las grandes cifras, los datos, los estudios de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia: todo nos indicaba que las grandes tendencias de nuestro país previstas para los años siguientes no se habían alterado. Si acaso algunas transformaciones se habían acelerado y había crecido la conciencia sobre la necesidad del cambio entre sectores económicos y empresariales que antes del covid se mostraban renuentes.

En primer lugar, había que reconocer la incertidumbre. En esta época de cambios resulta difícil hacerse una imagen fiel de cómo será nuestro futuro y el de nuestros hijos. La incertidumbre es un estado psicológico difícil de manejar; genera ansiedad e inseguridad, y puede alimentar el miedo. Y una población atenazada por el temor es presa fácil de los discursos extremistas.

En segundo lugar, había que dar certezas a la gente. Nuestra responsabilidad como Gobierno pasaba por asegurarnos de que nadie se quedara descolgado. Para hacerlo, había un verbo clave: proteger. Proteger a la población, a los vulnerables a la infección, por supuesto: tras el confinamiento teníamos material sanitario y el sistema nacional de salud mucho mejor preparado. Pero también proteger los empleos y los salarios.

Los valores políticos personales, las creencias, se ponen a prueba cuando más difícil e incierta es la situación que uno atraviesa. En medio de aquella bruma, que apenas nos permitía ver el horizonte del siguiente mes, sin saber si habría que decidir nuevos confinamientos o cuánto tardaríamos en tener la vacuna, las ideas socialdemócratas de justicia y solidaridad social cobraban más sentido que nunca. Los valores que habían de guiarnos eran la unidad y el diálogo, el progreso justo y la convivencia. Era consciente de que, una vez superado lo más duro del encierro, debíamos volver a pensar si los planes de reformas del Gobierno seguían siendo pertinentes.

UNA PAUSA PARA REFLEXIONAR

Para hacerlo tuve que volver la vista atrás. En 2018 había constituido el Gobierno con el mayor número de mujeres de nuestra historia. No era baladí: España fue portada en el Financial Times, y nuestro país aumentó su prestigio en políticas de igualdad, en las que somos una referencia internacional desde hace años.

Una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno en 2018 fue abolir el impuesto al sol, que ponía trabas al autoconsumo. Mi proyecto de transición ecológica estaba contenido en esa medida, dado que nuestra idea pasaba por hacer justamente lo contrario. ¿Modificaba la crisis del coronavirus la necesidad de una transición ecológica justa para combatir la crisis climática? En absoluto. Si acaso, el respiro que le habíamos dado a la Tierra, la disminución de emisiones esos meses, el encierro y la sospecha de que la presión ecológica sobre determinados hábitats es uno de los motivos por los que aumenta el riesgo de pandemias nos habían hecho a todos más conscientes de la crisis climática y de la necesidad de proteger el planeta en que vivimos, nuestra única casa.

En aquellos primeros pasos de 2018 habíamos aumentado el salario mínimo, cuestión vital, literalmente, para muchas familias que viven de ese sueldo o tienen sus ingresos referenciados a él. Veníamos de un salario mínimo de 707 euros en 2017 y en 2023 ya lo hemos situado en 1.080 euros. Combatir la desigualdad figuró desde primera hora en mis decisiones como presidente. También habíamos revalorizado las pensiones conforme a la subida del coste de vida, reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC). ¿Eliminaba la pandemia la necesidad de combatir la desigualdad y de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y los pensionistas? En absoluto. Si acaso, se había hecho más acuciante. El covid había acentuado la necesidad de afrontar la desigualdad con medidas materiales concretas. Lo hemos seguido haciendo hasta alcanzar en 2023 un acuerdo con la Comisión Europea y los sindicatos que garantiza las pensiones y la sostenibilidad del sistema.

Antes de que acabara el mes de julio de 2018, habíamos restaurado la sanidad universal, que, por primera vez en la historia democrática, el PP había cercenado como parte de su política de recortes. ¿Había que hacer algo distinto? Más bien al contrario: la pandemia demostraba que nuestro sistema sanitario, tensionado hasta el límite, debía fortalecerse, dotarse mejor, y sus profesionales debían estar mejor pagados y obtener un mayor reconocimiento de todos, particularmente de los gobernantes.

La comisión bilateral Estado-Generalitat se había reunido en agosto de 2018. Aunque resulte increíble, esta comisión —prevista como lugar de discusión y colaboración institucional— llevaba siete años sin reunirse. ¿Nos indicaba la pandemia que el conflicto con Cataluña estaba solucionado? Desde luego que no. Había que seguir trabajando, porque la crisis que me encontré al llegar al Gobierno era profunda. Creo que el virus contribuyó a que muchos catalanes cobraran conciencia de que levantar nuevas fronteras entre europeos no era la mejor forma de solucionar los problemas de su autogobierno.

De las muchas horas de conversación que he mantenido estos años con José Luis Rodríguez Zapatero, no pocas las hemos dedicado a Cataluña. Cuando me enfrenté a una decisión tan difícil como la de los indultos a los líderes independentistas, José Luis me aconsejó y apoyó. Hay perspectivas que solo puede tener un presidente, y la suya siempre me es útil. José Luis es un compañero muy querido por todos los hombres y mujeres socialistas: para mí constituye un ejemplo y una fuente de inspiración. En pocos líderes he visto un instinto político como el suyo. Si tuviera que quedarme con solo una virtud suya, sin duda elegiría lo que él mismo define como su optimismo antropológico. Es de los que ven el vaso medio lleno, sin que eso le impida reconocer las dificultades y los problemas existentes en cada momento. Su conversación y sus gestos de apoyo siempre me reconfortan, porque él nunca contempla la opción de la queja o el desánimo. Identifica un problema y lo siguiente que hace es pensar en cómo solucionarlo. La política ha de ser constructiva.

DE REPENTE, EL SIGLO XXI

Un último ejemplo. Aquel primer Gobierno había aprobado medidas en 2019 para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo. La más destacada, la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y la generalización de planes de igualdad en las empresas. ¿Nos decía algo la crisis del covid respecto a frenar las políticas de igualdad? ¿Nos indicaba que habían desaparecido los problemas de injusticia histórica que sufren las mujeres? No. Al contrario. Las mujeres maltratadas habían experimentado una mayor vulnerabilidad al verse obligadas en muchos casos a confinarse en casa con su agresor y a enfrentarse a enormes dificultades para buscar apoyo en aquellos meses. Por otro lado, el tener a sus hijos e hijas con clases telemáticas desde casa había multiplicado el esfuerzo de las mujeres, con su doble jornada de trabajo y atención a la familia.

La pandemia nos había cambiado, pero las líneas maestras de nuestras políticas eran las correctas. Además, habían devenido urgentes. La gran modernización del país no podía esperar.

La aceleración del cambio nos ha metido de lleno en el siglo XXI. Los proyectos políticos que abogan por un sumatorio de Estados nacionales fuertes en detrimento de la Unión Europea —es decir, la ultraderecha nacionalista— propugnan una vuelta al pasado. Durante el covid se hizo evidente que unidos somos mucho más fuertes.

La crisis del coronavirus mostró que las situaciones de injusticia contra las que luchábamos se habían agudizado y que, por tanto, había que redoblar los esfuerzos. En cuanto a la transición ecológica, tras el confinamiento constaté en la sierra de Madrid —a la que me escapo con Begoña cuando tengo un rato para montar en bici o correr— la fruición con que los ciudadanos se lanzaron a disfrutar de la naturaleza en cuanto se levantaron las restricciones. Los parques naturales, los campos y los senderos estaban llenos de gente que sintió aquellos días la necesidad que todos tenemos de conectar con la naturaleza y que a veces descuidamos, sumidos como estamos en la vorágine urbana del día a día. Aumentó la conciencia de la crisis climática y cobró relevancia el debate sobre los espacios urbanos y la movilidad. Quedaba claro que nuestro ímpetu reformista y sus líneas maestras eran los correctos. La pandemia no los ponía en tela de juicio; si acaso, habían devenido más urgentes.

Había muchísimo por hacer. Todo. En la pandemia descubrimos que necesitábamos una política industrial, así como pensar en términos de autonomía estratégica. Los colaboradores de mi equipo sufrieron una enorme frustración aquellos días al ver que, apenas cerraban un pedido de mascarillas en el mercado internacional, estas se vendían —«subastaban», podríamos decir— nada más colgar el teléfono a otro postor capaz de mejorar la oferta. No podía volver a ocurrirnos algo así. Si iniciamos la pandemia sin respiradores, la concluimos con la capacidad de fabricarlos. En su día hablé con el primer ministro sueco y con la canciller alemana para que importaran respiradores españoles y así contribuir a que esos fabricantes nacionales salieran adelante. Hoy somos autosuficientes en la fabricación de vacunas y, de hecho, grandes farmacéuticas han convertido España en su centro de producción de vacunas más importante fuera de Estados Unidos. Es más: tenemos vacuna española.

Las pérdidas humanas de la pandemia son irreparables. Fue un sufrimiento durísimo. Si podemos extraer algo positivo de todo aquello, es la constatación de que nos ha hecho más resilientes. Si volviera a ocurrir, tanto la administración como el Gobierno, los distintos Gobiernos autonómicos y también la ciudadanía estaríamos más preparados en todos los sentidos. Ojalá no se nos ponga otra vez a prueba.

EL CAMBIO MÁS IMPORTANTE, INADVERTIDO

Ahora tal vez pueda parecer que casi nada ha cambiado, y que todo ha vuelto a la normalidad previa a la pandemia. No es así. El cambio más importante de estos años no se ha publicado en ningún titular de prensa. La conciencia de vulnerabilidad nos ha hecho ver hasta qué punto nos necesitamos unos a otros, y la ciudadanía ha empezado a pensar de otra forma en las herramientas que la sociedad y el Estado proporcionan para los cuidados mutuos y la solidaridad.

Este cambio tendrá efectos duraderos en nuestras vidas. Y beneficiosos.

Cuando los socialistas llegamos al Gobierno en junio de 2018, el mundo era uno. Ahora es otro. Entre medias se ha producido un cambio político profundo, de los que alteran las grandes corrientes de la historia y tienen enormes repercusiones en el día a día de los ciudadanos. Es necesario entender que lo que está en juego en los años venideros es la consolidación de las políticas públicas que impulsan ese cambio; o somos capaces de favorecer la integración social y territorial mientras nos situamos entre los mejor adaptados al nuevo mundo tecnológico, a la crisis climática y a la nueva situación geopolítica, o nos quedaremos entre los rezagados de la historia. Nuestro país ya vivió en el siglo XX lo que significa quedarse atrás. Aprendió la lección, y desde 1978 hemos querido figurar en cabeza, en nuestro lugar. Hoy somos un referente internacional en sectores como el turismo, las energías renovables, la construcción, el transporte, la agroalimentación, la banca o la moda. Nuestras infraestructuras de transporte se encuentran entre las diez mejores del mundo. Hemos de mantener esa ambición.

Han ocurrido muchas cosas en pocos años, y es imprescindible recordar cuál era la situación del mundo en 2020. En Estados Unidos y en el Reino Unido había gobernantes que parecían orillar los ideales de las democracias liberales. Ni mucho menos habían dejado de ser democracias, pero sí fue evidente, tras el referéndum del Brexit en 2016 y tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ese mismo año, que esos valores habían dejado de ser prioritarios.

En su lugar, ambos países se habían sumido en una fiebre ultranacionalista que consiguió convencer a la gente de que todos sus problemas estaban en las fronteras. Controlándolas, o levantando unas nuevas, volverían a disfrutar de ser grandes Estados, ricos y puros, como eran antes. El lema «Take back control» con el que los partidarios del Brexit ganaron —además de con grandes dosis de falsedades, medias verdades y desinformación— no dista mucho en el fondo del lema «Make America great again», con el que Trump obtuvo la victoria en las elecciones. Se podrían resumir en dos ideas: el regreso a un pasado mítico y la idea de que un país se basta y se sobra a sí mismo para salir adelante. Ambas son falsas: nunca se puede volver al pasado y nadie —ni las personas ni los países— sale adelante solo.

El apoyo popular a estas ideas de la ultraderecha más reaccionaria se plasmaría también en la Unión Europea. En las elecciones de mayo de 2019, los partidos euroescépticos vieron dispararse sus resultados.

Esta marejada había comenzado años antes, con la gran crisis financiera y económica, que se abordó, desde la doctrina neoliberal, mediante recortes brutales del estado de bienestar y de los servicios públicos, tanto desde las instituciones europeas como desde el Gobierno del PP. Cuando al poco de empezar a gobernar restauramos la sanidad universal, no se trataba solo de una medida concreta que protegía a más gente, sino también de una cuestión de principios: la sanidad es intocable.

En España, durante la gran recesión, emergió el fenómeno de los trabajadores pobres, y muchos ciudadanos de clase media cayeron en el pozo del desempleo o el empleo precario, la pérdida de la vivienda y tantos otros dramas sociales. Además, el recorte en los servicios públicos, y esto es algo que nunca enfatizaremos suficiente, empobrece, de hecho, a la clase media y trabajadora, pues una gran parte del bienestar que disfruta no procede de sus ingresos o su salario, sino de poder acceder a una sanidad y una educación públicas de calidad y a la atención a los dependientes, que el Estado facilita de forma gratuita. Si tuvieran que pagarlo de sus bolsillos, les resultaría inasequible. Por tanto, cuando se recortan los servicios públicos, se empobrece a la gente. Millones de personas en España y en los países de nuestro entorno cercano temieron, como no había ocurrido en décadas, ser víctimas de ese empobrecimiento y deslizarse por la pendiente de la pérdida de calidad de vida, la merma de ingresos e incluso la pobreza.

El auge de la ultraderecha populista se levantó sobre ese temor, sumado a un desprecio a las elites políticas a las que veía alejadas de su realidad, cuando no preocupadas solo por sus propios intereses. Los problemas económicos causaron problemas sociales. Las decisiones de Gobiernos como el de Mariano Rajoy de salir de la crisis recortando generaron un problema político que aún padecemos.

De repente, gracias a intensas campañas de desinformación, fake news y mentiras, como las de Vox cuando aseguraba que el problema de los españoles son unos cuantos menores que viven solos en nuestro país, intensificaron el miedo de la gente. Siempre ocurre: los que instilan temor y desconfianza en la ciudadanía se ofrecen como salvadores. Su gran solución a todos los problemas es la misma: menos inmigración, más muros, más fronteras. El procés bebió también de ese malestar. Haber logrado en la pasada legislatura aterrizar Cataluña en la realidad y en la solución de los problemas cotidianos de la ciudadanía es un avance político y social.

UN MUNDO COMPLEJO

La realidad del mundo de hoy resulta mucho más complicada, pero se abría paso una narrativa reaccionaria. Apostaba contra la Unión Europea, despreciaba las instituciones multilaterales y se oponía a la acogida de refugiados, sobre todo a partir de la crisis de 2015. Todo abundaba en la misma idea: fomentar un mundo con Estados nación más fuertes en el que las instituciones globales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o supranacionales, como la Unión Europea, perdieran peso y dejaran a los Gobiernos nacionales las manos libres para recortar servicios públicos y levantar muros.

En ese clima de pesimismo, en octubre de 2018 The New York Times definía a la canciller alemana, Angela Merkel, como la líder de facto del mundo libre. Y tenía razón. Los valores de la democracia liberal, el Estado de derecho y, por encima de todo, la defensa de un mundo basado en reglas habían dejado de ser una prioridad en Estados Unidos y el Reino Unido. Los grandes defensores históricos de esos valores estaban naufragando. Por una de esas coincidencias de la historia, 2020 fue el año de la pandemia, pero también el año en que comenzó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el Acuerdo de Retirada que entró en vigor el 1 de febrero.

Conviene recordar que, cuando en 2016 se celebró el referéndum del Brexit, no faltaron agoreros que aseguraron que la salida del Reino Unido significaría la puntilla para la Unión Europea, cada vez más alejada de la ciudadanía por las políticas de austeridad; cada vez más sentida como una entidad punitiva y no protectora, sobre todo en los Estados del sur: Grecia, España e Italia.

El año 2020 iba a constituir la prueba de fuego de la Unión Europea, otra más después de una década difícil en la que el euro había sufrido una embestida, se había cuestionado la política monetaria común y los europeos se habían distanciado de sus instituciones. Los dirigentes europeos sabíamos que nos hallábamos en un momento muy complicado.

Y en eso llegó la pandemia.

Hubo unos primeros momentos en los que algunos países prohibieron o restringieron las exportaciones, y hubo cierres de fronteras dictados por la necesidad de impedir la movilidad. En ese ambiente y en la incertidumbre extrema en que nos situó el covid, hubo un breve lapso de tiempo en que la pesadilla de que los países europeos tuviéramos que enfrentarnos a la pandemia cada uno por nuestra cuenta quizá empezara a cobrar forma. Pero esa pesadilla se deshizo como la niebla en cuestión de semanas.

La realidad palpable que el coronavirus puso ante los ojos de todos es que, para la emergencia de una pandemia —igual que para otra crisis global como es la climática—, los remedios ultranacionalistas resultaban no solo ineficaces, sino rayanos en lo ridículo. ¿Qué muro iba a detener el virus? Mientras la colaboración científica internacional se ponía en marcha más allá de las fronteras para trabajar en una vacuna, que, según se aventuraba entonces, tardaría cuatro o cinco años, las conversaciones sobre la colaboración entre los gobernantes europeos se intensificaban. Que finalmente dieran con la vacuna del covid Uğur Şahin y Özlem Türeci, una pareja de científicos alemanes de origen turco, se convirtió en una gran metáfora de nuestro tiempo. Que la Unión Europea abordara de forma centralizada la compra de vacunas, y que estas se distribuyeran equitativamente de acuerdo con la población de cada país y, dentro de cada uno, atendiendo a criterios de edad y de vulnerabilidad, significó muchas cosas. La más importante: el final del «sálvese quien pueda» que había campado a sus anchas durante una década como respuesta a la crisis.

Para que eso ocurriera, y para que cristalizaran acuerdos de los países miembros en sentido colaborativo y no disgregador, fueron necesarias muchas horas de reuniones y varios Consejos Europeos entre marzo y julio de 2020 que tuvieron lugar de forma telemática. Sin embargo, el más importante, el que acabaría constituyendo un momento histórico en la Unión Europea, fue el de julio de 2020. Por eso vale la pena que me detenga a contarlo.

EL DRAMA ECONÓMICO DE 2020

Sé que para muchos ciudadanos el funcionamiento de la Unión Europea resulta complejo de entender. Por eso considero también parte de mis obligaciones como presidente del Gobierno ser lo más pedagógico y transparente posible, para que los españoles y las españolas comprendan cómo funcionan esas instituciones en las que se juega nuestro futuro. No es una exageración ni una muletilla. Lo que España y todos sus habitantes podamos ser en el futuro, nuestra forma de vida, nuestra democracia, nuestro bienestar, se juegan en Europa. Pero Europa no es un lugar lejano. A veces cuando hablamos de lo que sucede en el ámbito europeo perdemos la perspectiva de que Europa no es allí, sino aquí: somos Europa. Debemos desempeñar un papel relevante en su definición para construirla de la forma más beneficiosa para los europeos y para los españoles, de la forma en que salvaguarde los valores humanistas occidentales que encarnamos.

Desde esa convicción profunda abordaba en los meses más duros del confinamiento las previsiones económicas y sociales que cada día tenía sobre la mesa de mi despacho. Ahora puedo decirlo sin ambages: eran aterradoras. Era algo que no habíamos visto nunca, a lo que no nos habíamos enfrentado. Teníamos las ideas claras respecto a quién necesitaba protección en un momento así, por eso orientábamos la brújula en una dirección, en la de «no dejar a nadie atrás», que se convirtió en un lema, pero sobre todo en una realidad tangible en las políticas públicas que desplegamos.

El PIB de España se redujo en más de un 11 por ciento en 2020. Para hacernos una idea, sirva la comparación con la recesión de 2012, cuando el PIB descendió algo menos del 3 por ciento. Todos tenemos en la memoria las consecuencias: la crisis social que supuso, la pérdida de empleos, los cierres de empresas y la precariedad. En 2013 la tasa de paro de España llegó al 26 por ciento. Esto significa que nos enfrentábamos a un empobrecimiento mucho mayor que aquel.

Todos tenemos en la memoria imágenes de la tristeza y la miseria de aquella España de los recortes. Es importante recordarlo: según los estudios macroeconómicos, la paralización de la actividad que significó el confinamiento y todas las restricciones que hubieron de seguir aplicándose el resto del año habrían supuesto un descenso del PIB del 15 por ciento y una pérdida de más de tres millones de empleos de no haberse tomado medidas económicas y sociales para evitarlo.

Gracias a una gran inversión de recursos públicos, a esas políticas para «no dejar a nadie atrás», el impacto económico, siendo enorme, se redujo de forma sustancial. Y con él, el impacto social.

La pandemia supuso un alto coste en vidas, y desde el Gobierno incidíamos en que la prioridad era la salud, pero lo cierto es que también vino a romper un ciclo económico de crecimiento. Aun así, seguíamos teniendo algunas debilidades macroeconómicas preocupantes, como el nivel de deuda, y lo peor: la recuperación no había llegado a la clase media y trabajadora. El rastro de desigualdad y precariedad de la crisis anterior estaba muy lejos de haber desaparecido.

Pese a ese crecimiento económico, el salario mínimo en los años de Rajoy solo había aumentado desde los 645 euros al mes en 2014 a los 707 euros mensuales en 2017, apenas 62 euros (hoy es de 1.080 euros, como he dicho). Ante quienes creen que la política consiste en una guerra de discursos que gana el más ruidoso, defiendo la importancia de las medidas materiales y concretas. «No dejar a nadie atrás» se traduce en euros contantes y sonantes. Son los hechos frente al relato. Por otro lado, y también a pesar del crecimiento económico, la reforma laboral de Rajoy seguía favoreciendo una tasa altísima de temporalidad, con la precariedad de empleo que acarrea.

Frente a ese 26 por ciento de paro de 2013 consecuencia de la crisis anterior, el mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) logró proteger a 3,6 millones de españoles y a más de medio millón de empresas. Asimismo, la prestación para los trabajadores autónomos cubrió a 1,5 millones de personas. El conjunto de las medidas logró que la tasa media de paro en 2020 fuera del 15 por ciento. Apenas un año después de declarada la pandemia, en marzo de 2021, casi el 80 por ciento de los trabajadores habían salido del ERTE: el esfuerzo por que la gente no engrosara masivamente las listas del desempleo, como hubiera sido esperable con una pérdida de actividad y de riqueza tan profunda, mereció sin duda la pena.

Por otro lado, la canalización de recursos mediante créditos y avales contribuyó a evitar cierres, lo que permitió una recuperación mucho más rápida cuando pudimos ir levantando las restricciones a lo largo de 2020 y 2021. Gracias al aval público —que es lo que significan los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO)— se movilizaron más de ciento cuarenta mil millones de euros, casi todos para pymes y autónomos. Son hombres y mujeres que no tuvieron que echar el cierre a sus negocios y pudieron aguantar hasta que lo peor de la crisis escampara. Y ahí estuvo el Estado, o sea, todos los españoles con sus impuestos, apoyando para que esos cierres no se produjeran.

Cuando reivindico el esfuerzo de no dejar a nadie atrás, nunca pierdo de vista que somos todos los que participamos en ese gran esfuerzo de solidaridad nacional. Hay quienes creen ser más patriotas porque odian a los extranjeros. Yo creo que el patriotismo consiste en querer y proteger a nuestros compatriotas y demostrárselo en los momentos difíciles.

Son muchísimas más las medidas de protección económica y social que tomó el Gobierno en aquel momento. Solo enumero aquí algunas de ellas para subrayar que las cosas podrían haber sido de otro modo. Los gobernantes no elegimos las crisis. Vienen, se presentan, como se presentó el coronavirus, llevándose vidas humanas por delante y trayendo sufrimiento y pérdidas económicas. Sin embargo, las políticas de respuesta a esa crisis sí podemos elegirlas, y cuando un gobernante toma medidas políticas decide sobre quién van a recaer las consecuencias de esas crisis.

No es lo mismo aprobar una amnistía fiscal, como hizo el PP, que pedir un mayor esfuerzo fiscal a las empresas que en momentos de crisis reciben beneficios caídos del cielo. Nosotros elegimos amortiguarle el golpe a la gente en la medida de lo posible. Venían las aguas bravas y nuestra carta de navegación pasaba por apoyar tanto como estuviera a nuestro alcance a quienes atravesaran dificultades económicas y sociales.

Sé que, pese a todo, mucha gente lo pasó mal, y mucha gente sigue pasándolo mal. No pretendo sacar pecho: muchas de estas medidas fueron consecuencia de la terrible coyuntura y me hubiera gustado no tener que tomarlas. Me hago cargo de que muchos ciudadanos siguen viviendo con dificultades. Sé que la desigualdad continúa siendo una lacra lacerante en nuestro país. Sé que muchas personas tienen dificultades para llenar la cesta de la compra por la subida de precios, que no llegan a fin de mes o sufren malas condiciones de trabajo. Quedan demasiados compatriotas viviendo bajo el umbral de la pobreza. Sé que no son pocos los que aún sienten miedo y desesperación ante el futuro.

Pero me rebelo cuando oigo ese latiguillo de que «todos los políticos son iguales». No es verdad. Soy consciente de la impotencia y la frustración que siente mucha gente que se desloma trabajando y no puede pagarse unas vacaciones. Tampoco los gobernantes podemos siempre transformar los peores aspectos de la realidad a la velocidad que nos gustaría. Pero no es lo mismo implantar el Ingreso Mínimo Vital, que ha llegado, pese a sus dificultades, a 576.000 hogares solo hasta febrero de 2023 —y se prevé que la cifra a finales de año esté más cerca de los 700.000—, que no hacer nada. No es lo mismo ayudar a los autónomos que sentarse a ver cómo cierran sus negocios. No es lo mismo sostener a los trabajadores con mecanismos de protección que dejar que la gente se vaya al paro por millones. No, rotundamente no.

Quedaba, sin embargo, algo muy importante por hacer. El esfuerzo económico de nuestro país había significado movilizar una cantidad de recursos públicos cercana al 20 por ciento de nuestro PIB en 2020. El gasto social representó el 30 por ciento ese año, lo que prueba que la inversión pública consiguió evitar la espiral de destrucción de empleo y caída de actividad propia de crisis anteriores.

No obstante, más allá de las ayudas inmediatas, el impacto del covid no podíamos afrontarlo solos. En el corto plazo, había que evitar el hundimiento económico y social, pero, a medio y a largo plazo, debíamos estimular la economía y abordar reformas profundas, una verdadera modernización de nuestro tejido productivo, así como lograr un desarrollo económico sostenible, adaptado a los cambios exigidos por la crisis climática y la revolución digital. Más allá de las ayudas de urgencia, las transformaciones requeridas eran profundas.

Por otro lado, el gasto público había sido enorme en poco tiempo y eso conllevó un rápido deterioro de la situación fiscal. Enseguida, tanto España como Italia vimos que las políticas del escudo social iban a aumentar la deuda. Sonaron las alarmas de la crisis anterior y emergió la posibilidad de que grandes economías europeas se sumieran de nuevo en el mismo bucle —gasto, aumento de deuda, dificultades en los mercados y el estigma del rescate— que de nuevo ahondaría la brecha norte-sur cuyos ecos aún resonaban en Europa.

El gran cambio de mentalidad tenía que darse a escala europea, pues la Unión Europea probablemente no soportaría otro envite que ahondara en la dialéctica deudores-acreedores. Había que llevar a cabo un cambio estructural en el tejido productivo y en nuestra economía. No podíamos hacerlo solos, pero, si hubiéramos podido, tampoco habría tenido sentido. Se trataba de grandes transformaciones estructurales que debían realizarse conjuntamente con nuestros socios europeos. De lo contrario, no funcionarían. En ese empeño nos pusimos a trabajar varios países desde el mes de abril de 2020, con la conciencia de que el reto era enorme.

UNA SOLIDARIDAD CONTUNDENTE

En las crisis se forjan las sociedades, y en las crisis sucesivas del coronavirus y la guerra de Putin en Ucrania se ha forjado una nueva Unión Europea. No tengo dudas de que en el futuro, cuando se analice lo ocurrido entre los años 2020 y 2022, se verá que fue un momento definitorio de la esencia europea. Las medidas adoptadas nos han definido, porque han establecido una identidad de la Unión Europea que, sin ser nueva, se reconcilia con su sentido original, refractario a las ideas nacionalistas y a las políticas neoliberales de austeridad, y nos orienta de nuevo a la solidaridad, la coordinación y, en suma, el robustecimiento de la unión entre los Estados miembros. La Unión Europea se fortalece cuando adopta una perspectiva y políticas alineadas con las ideas socialdemócratas, porque es un proyecto de solidaridad; lo contrario le es ajeno y daña sus valores más profundos.

Pero como sucede siempre en la historia, nada estaba escrito, y las decisiones se adoptan porque se trabaja en ellas. Desde el estallido de la pandemia y a lo largo de los meses siguientes, hasta llegar al Consejo Europeo de julio de 2020, algunos gobernantes íbamos viendo cada vez más claro que estábamos en un momento en que la Unión Europea debía dar un salto cualitativo para hacer frente a la crisis económica poscoronavirus. Pero debía hacerlo de una forma que no nos dividiera como la crisis anterior, cuando la brecha entre el norte y el sur adquirió una dimensión preocupante; cuando se implantó aquella dialéctica de los PIGS —Portugal, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés— frente a los austeros países del norte con sus políticas draconianas.

El Consejo Europeo, el primero presencial en muchos meses, debía tener lugar a mediados de julio. Italia y España estábamos entre los países más afectados económicamente por la pandemia, ya que ambos tenemos un sector turístico con gran peso en el PIB, y fuimos las dos grandes economías de la Unión Europea que comenzamos a impulsar el debate sobre una respuesta europea a la crisis.

A diferencia de lo ocurrido en la crisis anterior, los países llamados «frugales», por la menor dimensión de su deuda (los Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, aunque a menudo se incluye también a Finlandia), no podían en esta ocasión argumentar que había habido una mala gestión económica. Ahora nos encontrábamos ante una conmoción exógena, una crisis sanitaria de un virus que nos afectaba a todos en términos sanitarios, pero impactaba de forma muy distinta en cada país en términos económicos.

Las circunstancias eran excepcionales y, si los gobernantes europeos no estábamos a la altura, fracasaríamos como comunidad de naciones. En aquel momento, incluso países tan europeístas como España e Italia necesitábamos pruebas de compromiso real, y estas debían materializarse en una solidaridad contundente.

No estábamos hablando de algo ajeno a la Unión Europea, sino de los valores que hacen latir el corazón de la Unión Europea desde sus orígenes, del principio de solidaridad entre europeos, un concepto clave en sus tratados. Sin esa solidaridad, se acentuaría inevitablemente el desapego de la ciudadanía hacia la Unión Europea, lo cual dañaría el proyecto, quizá de forma irreversible. Estábamos hablando de políticas cuyos beneficiarios más inmediatos, por la afectación del sector turístico, seríamos Italia y España, pero que a medio y largo plazo resultaban imprescindibles para el propio proyecto europeo.

Cuando dos países tan relevantes como España e Italia nos unimos, disponemos de gran capacidad para hacer avanzar ideas positivas, no solo para nosotros, sino también para la Unión Europea. En aquel momento Giuseppe Conte era el primer ministro italiano, pero tuve también ocasión de comentarlo después con Mario Draghi: «Cuando actuamos conjuntamente, conseguimos mover las cosas en Europa», le dije.

En nuestro caso, teníamos la economía cerrada y habíamos dedicado ingentes cantidades de dinero público a los ERTE, los avales del ICO y todas las medidas de protección social a las que ya me he referido. El resto de los países vieron que, efectivamente, todo ello había hecho aumentar la deuda, pero también había conseguido amortiguar el golpe sobre la economía.

Se tomaron algunas medidas, tanto por parte del Banco Central Europeo (BCE) como por parte de la Comisión Europea; entre ellas, el plan SURE (iniciativa de apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en caso de emergencia, por sus siglas en inglés), diseñado por España y Alemania. A su vez, los avales del ICO estaban garantizados por el BEI, el Banco Europeo de Inversiones. Esos mecanismos resultaban muy importantes, pero claramente eran insuficientes: el impacto del covid exigía una solidaridad mucho más decidida.

Pedíamos al resto de los países que respaldaran el endeudamiento que estábamos asumiendo para no dejar a nuestros ciudadanos caer al abismo, porque, de no hacerse, pese a haber parado el primer gran golpe de la pandemia, no podríamos recuperar la economía una vez que se superara la emergencia sanitaria.

A primeros de abril había publicado en distintos periódicos europeos un artículo en el que, con claridad y contundencia, expresaba mi visión sobre la disyuntiva en que se hallaba la Unión Europea: «Podemos transformar esta crisis en una oportunidad para reconstruir una Unión Europea mucho más fuerte. Pero, para ello, necesitamos poner en marcha medidas ambiciosas. Si seguimos pensando en pequeño, fracasaremos».

Hablaba de un Plan Marshall que contara con el respaldo de todas las instituciones comunes y con mecanismos de financiación que prescindieran de las fronteras. ¿Qué sentido tenía plantear respuestas nacionales en una situación tan crítica? Pedía, sin cortapisas, una respuesta «unida, única, extrema y ambiciosa». Empleé esos adjetivos con plena conciencia: no valían medias tintas. Había que crear un nuevo mecanismo de mutualización de la deuda, y actuar como un bloque en la adquisición de productos sanitarios de primera necesidad, así como preparar un plan de choque conjunto para que la recuperación fuera rápida y sólida en todo el continente.

Unos días después, la propuesta contaba con el respaldo de nueve países, entre ellos Portugal, cuyo apoyo también resultó crucial. En la llamada «carta de los nueve», dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se hablaba de ese mecanismo y se insistía en la idea del Plan Marshall para la recuperación económica.

Para hacerse una idea de la intensidad de los debates de aquellos meses, basta una cifra: si normalmente se celebran dos o tres Consejos Europeos por semestre, en los primeros seis meses de 2020 celebramos más de quince. Fueron casi todos telemáticos, menos el último, que fue presencial. Estoy convencido de que si no nos hubiéramos visto cara a cara y no hubiéramos permanecido encerrados aquellos cinco días en Bruselas, el acuerdo no se habría logrado.

Alemania aún se mostraba reacia. Sin embargo, con el transcurso de las semanas, Angela Merkel fue entendiendo que las políticas de protección social también eran las mejores políticas económicas. En mayo tuve una reunión con ella por videoconferencia en la que pude hablarle de las consecuencias políticas de una nueva crisis económica, que caería sobre las espaldas de una población que aún sufría los estragos de la anterior. Merkel había sido la valedora de las políticas de austeridad en la anterior crisis, pero posteriormente, a tenor de la evolución política en los distintos países europeos, había matizado su posición. El auge de la ultraderecha estaba vinculado a la recesión causada por aquellas políticas, al empeoramiento de las condiciones de vida de nuestra clase media y trabajadora.

Apelé a ese sentido europeísta suyo y a la necesidad de preservar el proyecto europeo. Nuestra argumentación no se basaba solo en la defensa de los intereses de España, y creo que eso fue decisivo para que, primero Merkel y después otros líderes reticentes a la creación de un mecanismo basado en las transferencias de fondos, fueran cambiando de opinión.

Ellos tenían un punto de razón cuando afirmaban que sus ciudadanos pagaban impuestos más altos para evitar acumular deuda pública, y no tenían por qué asumir una deuda que no habían generado. Pero nosotros sosteníamos que el funcionamiento del mercado interior, del que ellos se benefician mucho más, colapsaría si no había una recuperación económica rápida en nuestros países.

Lo entendieron: era un argumento europeo. Y eso también convenció a Merkel. No estaba en juego solo la recuperación económica de Estados como España, Italia o Portugal, sino el propio proyecto europeo, y Alemania no podía flaquear en su defensa. La canciller estaba de acuerdo en que existía ese peligro y, de algún modo, vio que era la ocasión de rectificar las políticas que habían alimentado a la ultraderecha, a las fuerzas reaccionarias, nacionalistas y, sobre todo, antieuropeas, las que habían dado combustible al Brexit y las que habían hecho que en el Parlamento Europeo hubiera numerosos diputados contrarios a la propia Unión.

Merkel es una gran europeísta. Aún recuerdo cómo me sorprendió, en cierta ocasión, darme cuenta de que conocía al dedillo la agenda de los comisarios europeos, casi mejor que la de sus propios ministros. Ella sabía que en Europa se juega todo y velaba por ese interés común. En esta ocasión también supo verlo. Su gran inteligencia política le hizo comprender que la crisis del coronavirus daba una segunda oportunidad a la Unión Europea: la de reencontrarse con su esencia solidaria, cerrar las brechas de la anterior crisis, eliminar las dialécticas de enfrentamiento y sellar de nuevo la unión. Todo ello pasaba por un fondo de reconstrucción generoso con los países más afectados por la pandemia. Quienes suscribíamos estas tesis no teníamos un discurso retador, ni pretendíamos suplantar al eje franco-alemán, sino que buscábamos que hicieran suyas nuestras pretensiones por ser positivas para todos. Así ocurrió.

Francia y Alemania presentaron una iniciativa que denominaron «de reactivación de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus». En ese punto, ya los dos países que componen el motor de la Unión Europea habían comprendido que era la propia Unión lo que estaba en juego. Fueron meses de profundos debates, de bloqueos y atascos en la negociación, pero España era escuchada y tenida en cuenta. Se confiaba en nosotros.

En Europa primero has de ganar crédito, como habíamos hecho durante la crisis del barco Aquarius, para gastarlo después. Si no haces nada en pro de los valores europeos, del consenso y del proyecto común, y solo pides, no te hacen caso. Nuestro acierto fue situar el problema como un problema de todos, lo que tampoco resultó difícil, porque era real. Yo veo los problemas de España siempre a través de un filtro europeo y los problemas de Europa con una perspectiva española. Cuando nos han necesitado para abordar crisis como la de los refugiados afganos, por citar solo un ejemplo, España ha estado ahí, y eso genera confianza en nuestro país.

La propuesta francoalemana no era igual a la italoespañola, pero se acercaba bastante. Y lo más importante: se hablaba de transferencias de fondos y de mutualizar la deuda, es decir, de hacernos todos los países mutuamente solidarios y responsables del endeudamiento que generaran los nuevos fondos.

UNOS PATUCOS EN LA COMISIÓN EUROPEA

A finales de mayo, Ursula von der Leyen, en nombre de la Comisión Europea, realizó una propuesta crucial. No solo ponía negro sobre blanco la idea del fondo de reconstrucción, sino que explicitaba que debía ascender a una cantidad de 750.000 millones de euros, de los cuales una parte debían ser transferencias directas a los países, y otra parte, créditos.

Además aumentaba la ambición del plan: coincidía con la propuesta italoespañola en que los fondos no debían concebirse solo para paliar los efectos económicos de la pandemia, sino también para llevar a cabo transformaciones profundas. Debía tener como objetivo una auténtica modernización de las economías europeas que sirviera de impulso a las transiciones ecológica y digital. Se trataba de convertir la crisis en la oportunidad de dar un salto hacia el futuro, hacia tierra firme.

Tener a la Comisión Europea convencida de ello resultó capital, pues el fondo de reconstrucción pasaba por que fuera ella quien se endeudara, captando capital en los mercados. Además, Von der Leyen planteaba un Marco Financiero Plurianual —el reglamento donde se definen las prioridades de gasto del presupuesto propio de la Unión Europea— que aumentaba el anterior, pese a que la tendencia previa a la pandemia había sido reducirlo.

Quiero detenerme en una anécdota, porque sé que los ciudadanos —más allá de los que trabajan con ahínco en las instituciones europeas y en nuestro servicio diplomático— solo conocen las reuniones de los gobernantes europeos por los medios, de forma indirecta. Seguramente las ven en la televisión, en YouTube o en las redes sociales, y les resultan lejanas o difíciles de comprender.

Cada uno pertenecemos a un país distinto, hablamos lenguas diferentes, somos parte de distintas familias políticas. Cuando veo toda esa diversidad de trayectorias e intereses en la sala del Consejo Europeo, a menudo pienso en lo extraordinario de este proyecto político que es la Unión Europea, sin el cual nuestros países no pintarían nada en un mundo donde grandes naciones como Estados Unidos, China o la India —por no hablar de Rusia— se disputan la influencia mundial de sus políticas y de sus modelos de país. Pero también somos personas corrientes: entre nosotros se desarrollan relaciones humanas, que son muy relevantes. El haber pasado juntos por la pandemia y la subsiguiente crisis, sumado a la guerra de Ucrania, ha hecho aflorar un singular espíritu de equipo que no era palpable antes de 2020.

Von der Leyen fue abuela un año después, y así lo contó en Instagram, con una foto en la que sostenía en brazos a su nieta. Le regalé unos patucos y la felicité por aquel «momento mágico» que estaba viviendo, como ella misma lo había llamado en redes. Las cámaras lo captaron y ella puso un tuit con los famosos patucos.

Las relaciones europeas son relaciones personales y es algo que me esfuerzo en construir. Poder hablar de forma directa en inglés, sin intérpretes ni intermediarios, es fundamental para construir esa relación personal que lima muchas asperezas en las negociaciones. Ursula es una gran amiga de España. Me enorgullece especialmente la complicidad que mantenemos, porque pertenecemos a familias políticas distintas —ella es conservadora; yo, socialdemócrata— y, a pesar de eso, buscamos lo común y logramos numerosos acuerdos. Quizá una de mis frustraciones de estos años es haber alcanzado acuerdos importantes con el Partido Popular Europeo y que me haya sido casi imposible lograrlos con el PP en nuestro país, pese a que, honestamente, creo que he puesto mucho de mi parte para hacerlo.

CINCO DÍAS DE ENCIERRO

Antes de llegar al Consejo Europeo clave, quedaban aún muchas horas de conversación y muchos aspectos por precisar. Prácticamente todo lo importante estaba abierto. Habíamos logrado el apoyo de Francia, Alemania y la Comisión Europea a las cuestiones de principio, pero lo más importante está siempre en los detalles. Y en las negociaciones europeas mucho más.

En preparación de aquel Consejo Europeo realicé una gira por distintas capitales europeas para aproximar posiciones con los líderes. Unos días antes había comido con António Costa, el primer ministro portugués. Estaba comprometido con nuestra posición y así me lo reiteró. En los días del Consejo Europeo nos repartimos los papeles para que, en las idas y venidas por los pasillos y las salas del edificio Europa, él se mostrara más conciliador y yo más duro.

A continuación vino a Madrid el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que me visitó en la Moncloa. Seguíamos de acuerdo: hablamos de las cantidades y de cómo convenceríamos a los demás mandatarios. Estábamos satisfechos de los resultados logrados por nuestra iniciativa hasta el momento, pero éramos muy conscientes de que, si no salía bien, todo el esfuerzo resultaría en vano.

En la semana anterior al Consejo Europeo me fui a los Países Bajos y almorcé con Mark Rutte, el primer ministro neerlandés. Él representaba a los frugales, que, a escasos días de comenzar el encuentro, seguían oponiéndose. Su posición era muy dura y me advirtió de que no iban a ceder, pues pensaba que en España debíamos buscar una solución nacional para la recuperación económica poscoronavirus. Aun así, le expliqué de nuevo nuestros argumentos. No era generosidad lo que le pedía, sino un acto imprescindible para mantener el mercado interior y la estabilidad política de los países.

Ese día aún tenía que llegar a Berlín para cenar con Angela Merkel en la terraza de un edificio del Gobierno federal. Ella, junto con Von der Leyen, había puesto sobre la mesa días antes un primer borrador de lo que acabarían siendo los fondos Next Generation. Las dos estaban volcadas en contribuir al acuerdo.

Merkel sabía que podía desempeñar un papel decisivo a la hora de convencer a los frugales; de algún modo se veía a sí misma como una bisagra entre nosotros y ellos. Esta posición de Alemania acabaría resultando crucial. Aquella tarde hablamos también de las cantidades y de qué debía tener más peso, si las transferencias o los créditos. Se refirió elogiosamente al Ingreso Mínimo Vital que habíamos implantado en España y me contó que lo había mencionado en su Parlamento como ejemplo de una herramienta eficaz para combatir la desigualdad, como otras que habríamos de acometer ligadas a los fondos de recuperación.

Tras aquella cena, volamos a Estocolmo para encontrarnos con el primer ministro sueco, Stefan Löfven, a las afueras de la capital. Se encontraba en su residencia de verano, a la que llegamos entrada la noche tras un recorrido en coche de tres cuartos de hora. Recuerdo haberme fijado en algunas fotos expuestas en las paredes, entre ellas una de Felipe González y Olof Palme en una barca en el lago.

A la mañana siguiente mantuvimos la reunión. La posición de Löfven era inicialmente refractaria: no quería que los fondos consistieran en transferencias directas a los países, insistía en que fueran solo créditos. Justo lo contrario de lo que reclamábamos nosotros. Sin embargo, como miembro que era de la familia política socialdemócrata, pude recordarle los principios de solidaridad que animaban la idea del fondo y las transferencias. Lo noté receptivo a estos argumentos, pero también vi claro que los frugales tenían una posición conjunta y que no querían desvelar sus cartas hasta llegar al Consejo Europeo. Concluí aquella gira con un almuerzo al día siguiente con Emmanuel Macron en el Elíseo. Abordamos los distintos aspectos de la iniciativa en un clima muy positivo: Francia estaba muy alineada con nuestra posición.

El viernes de aquella semana comenzó el Consejo Europeo decisivo. Sabíamos que era extraordinario en todos los sentidos, así que, aunque estaba previsto que durara dos días, acabó alargándose cinco. Cinco días encerrados, con constantes reuniones día y noche, sin apenas dormir. Mi equipo y yo nos alojábamos en un hotel cercano y de madrugada caminábamos al hotel para aprovechar una hora de sueño o poco más, ducharnos y volver para continuar las negociaciones. Fueron jornadas extenuantes, pero en la Unión Europea los encuentros realmente importantes son así. La urgencia por lograr un acuerdo era total para nosotros, además de para Italia, Francia y Alemania. Otros, sin embargo, no tenían ninguna prisa. Estaba claro que íbamos a salir de allí con algún acuerdo; la cuestión era cuál.

Se trataba de una negociación complejísima, porque también debíamos aprobar el Marco Financiero Plurianual. Antes de la pandemia, varios países se habían mostrado partidarios de recortar el gasto, entre otros, el Reino Unido, que ya no estaba entre nosotros. También estaba sobre la mesa la PAC, la Política Agraria Común, y otros programas financieros importantes, como el Horizon Europe para la ciencia. Todo eso además del propio fondo de reconstrucción, sobre el que seguía habiendo diferencias en apariencia insalvables.

Se había aceptado establecer un nuevo fondo basado en la mutualización de la deuda, lo que unos años antes resultaba un anatema. De hecho, algunos países aún se resistían a lo que consideraban un salto cualitativo de primera magnitud. La Comisión Europea había establecido la cifra en 750.000 millones de euros. Sin embargo, quedaban varios nudos por deshacer que no eran menores: los intereses de los créditos, el plazo de devolución y el porcentaje que se destinaría a créditos y a transferencias, asunto en el que los frugales se mostraban inflexibles. Por último, algunos países pusieron sobre la mesa la posibilidad de implantar lo que llamaron un «freno de emergencia» para detener el mecanismo financiero en caso de que no se estuviera utilizando bien en algún momento.

Después de esos cinco días de conversaciones cruzadas alcanzamos un acuerdo, para el cual resultaron cruciales el espíritu constructivo tanto de Merkel como de Von der Leyen. La dinámica de estos encuentros es siempre parecida: al principio hay reuniones independientes de los diferentes grupos negociadores, formados en torno a su posición; después se van cruzando reuniones de los distintos grupos.

Fue en una de estas cuando el Grupo de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa) nos dio su apoyo. Según avanzaba la negociación se fueron entremezclando las conversaciones entre países para ir acercando posiciones. Poco a poco los grupos se iban haciendo más permeables, se matizaban las posiciones y se rebajaban las discrepancias. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, iba reuniéndose con todos, e iba contándonos las posiciones respectivas, con el fin de construir lo que se llama una «pista de aterrizaje», un lugar en el que pudiéramos encontrarnos. Fue un trabajo colectivo impresionante, formal e informal, donde cada uno de nosotros, creo que es justo decirlo, puso lo mejor de sí para lograr que la Unión Europea diera un paso adelante crucial.

Resultó extenuante, pero valió la pena. Quizá tenga un solo recuerdo amargo de aquellos días: los ataques de la derecha de nuestro país. En un momento crítico para España, en el que nos jugábamos levantarnos de la crisis económica o no hacerlo; en un momento en que numerosas personas de mi equipo, funcionarios y empleados públicos de los ministerios españoles, de la Representación Permanente de España en Bruselas, llevaban días sin dormir trabajando para conseguir lo mejor para nuestro país; en ese momento tan complicado y tan crucial, todo lo que se le ocurrió a la derecha fue criticarme porque se publicó una foto de varios dirigentes en torno a una mesa, y yo no llevaba papeles. Resultaría pueril si no fuera porque forma parte de una estrategia en la que no les importa el daño que le hagan a España con tal de perjudicar al Gobierno o a mí personalmente. Lo cierto es que a esas alturas y después de meses de trabajo, y de decenas de horas de conversaciones sobre los temas, tenía las ideas claras. No necesitaba papeles.

La única explicación de esa actitud es que todo nos iba saliendo muy bien, a España y también al Gobierno, porque mi apuesta había sido fuerte, mi posición había sido pública y, si hubiéramos fracasado, soy consciente de que habría pagado un alto precio político. La verdad es que llegamos a converger con una sola herramienta: el diálogo. Nunca me cansaré de defenderlo como dinámica esencial de la política.

Yo tenía muy claros nuestros objetivos: lograr más fondos REACT-EU (los destinados a la gestión de la emergencia sanitaria), que el porcentaje de transferencias del fondo de reconstrucción aumentara y que los fondos que recibimos de la PAC no quedaran mermados. Conseguimos las tres cosas.

Logramos, además, que en Europa se vea a España como un país constructivo, que aporta propuestas positivas para nosotros y para Europa. En aquel Consejo Europeo dejamos de ser un país ausente de las grandes decisiones y nos convertimos en socios respetables cuyas propuestas constructivas se tienen muy en cuenta en la mesa de negociaciones. La crisis anterior estigmatizó al sur; en esta, el sur ofrecía soluciones, como hemos vuelto a hacer con la crisis energética derivada de la guerra de Putin en Ucrania.

En la madrugada del quinto día, en torno a las cuatro o las cinco de la mañana, ya se avistaba el acuerdo. Me encontraba en una sala con Ursula von der Leyen, António Costa y Angela Merkel, entre otros. Con casi todo hecho y en busca de una distensión que todos necesitábamos, nos tomamos una copa de vino relajadamente. La canciller nos empezó a contar avatares y anécdotas de sus inicios en la política, y de por qué decidió dedicarse a ello. Fue interesante: ella pertenece a otra generación y su perspectiva es distinta. Pese a ello, hasta el final de su mandato mantuvo una preocupación constante por el proyecto europeo.

Casi amaneciendo, el acuerdo se cerró. Nacieron los fondos Next Generation.

Yo no había querido hacer declaraciones a la prensa durante los días de encierro para que nada distorsionara o complicara una negociación ya muy compleja. Pero después comparecí ante los periodistas para explicarlo. Tenía tan claro el significado de aquello por lo que el equipo de España había luchado esos días que yo mismo redacté, sentado ante un ordenador de la representación española, las palabras con las que me dirigí a los periodistas. Lo primero que hice fue reconocer su trabajo: también ellos habían sudado para hacer sus crónicas en aquellos días y habían dormido poco. Por mi parte, y así se lo confesé, me sentía profundamente emocionado.

Siempre he sido un europeísta convencido, pero, cuando ahora rememoro con la perspectiva del tiempo aquellos meses de negociaciones, culminados con cinco días frenéticos, no puedo evitar un sentimiento profundo de patriotismo europeo. La historia de Europa es una historia de guerras: las de España con nuestros vecinos, las de Francia y Alemania entre ellas, dos guerras mundiales sangrientas... Desde nuestro presente, es asombroso ver que aquellas terribles etapas de destrucción y crueldad se han transformado en una estructura supranacional de cooperación, y que los hitos de las grandes y cruentas batallas (la del Marne, en la Primera Guerra Mundial, o la invasión de Polonia y el desembarco de Normandía, en la segunda) se han sustituido por los hitos de los Consejos Europeos, los intercambios de documentos, las alianzas y las negociaciones hasta altas horas de la madrugada. Cuando pienso en ello no puedo evitar sentir que sí, que la humanidad avanza, que somos capaces de mejorarnos a nosotros mismos y de mejorar nuestros países.

Había concluido el decisivo Consejo Europeo de julio de 2020. Quizá nunca se haga una serie sobre él: careció de la épica de las batallas y no acarreó destrucción; al contrario, trajo construcción basada en la palabra, el acuerdo en pro de la ciudadanía y el compromiso. Yo lo prefiero así. Para buenas películas, las de Filmin.

EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPAÑA

Con el acuerdo se escribía una página brillante de la historia europea, y así se lo dije a los medios. La retórica estaba más que justificada, pero, además, quise ponerle números.

La Unión Europea creaba un nuevo fondo de recuperación, que se sumaba a los ya existentes, por valor de 750.000 millones de euros para seis años. De ellos, 390.000 millones serían transferencias, y 360.000 millones, créditos. La suma, mareante para el ciudadano de a pie, representa el 4,6 por ciento del PIB total europeo de 2019, y significa también el 60 por ciento del PIB español de ese mismo año.

Por primera vez en la historia, la Comisión Europea se endeudaría para financiar programas, un hito y una profundización en la unión y el compromiso de los Estados miembros.

En cuanto a España, solo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia nos correspondían, de entrada, 140.000 millones de euros en seis años, es decir, el equivalente al 11 por ciento del PIB de nuestro país en 2019. De ellos, 60.000 millones serían transferencias y 80.000 millones, préstamos. Por ponerlo en perspectiva histórica, los Fondos de Cohesión, también procedentes de Europa y que en la década de 1990 tan relevantes resultaron para la modernización de nuestro país, supusieron 7.000 millones en seis años.

Fue una nueva confirmación de que las políticas estratégicas que, como Gobierno, habíamos puesto en marcha en 2018 para modernizar nuestro país iban por el camino adecuado. No solo eso: las grandes líneas políticas explicitadas en el acuerdo de julio de 2020 para desarrollar la transición ecológica y verde coincidían exactamente con nuestra visión estratégica, a la que añadíamos, en coherencia también con las políticas europeas, la cohesión social y territorial, así como la igualdad de género. Todas estas políticas han dispuesto de fondos para financiarse estos años y los seguirán teniendo en los próximos.

Quedaba plasmar todo eso en un programa riguroso y a la medida del desafío. Teníamos por delante una ingente cantidad de trabajo como administración, que tuvo su hoja de ruta unos meses después con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En él, el Gobierno diseñaba la arquitectura que permitiría llevar a cabo las inversiones y reformas comprometidas con la Comisión Europea.

Las reformas estructurales previstas demostraban la agenda común existente entre las instituciones europeas, el Gobierno español y los principales agentes económicos y sociales. Se trataba de abordar los desequilibrios que nuestra economía arrastra desde hace décadas y dificultan un crecimiento sostenible: un alto desempleo estructural, una baja tasa de ocupación femenina, el pequeño tamaño de las empresas, la baja inversión pública y privada en I+D+i y en capital humano, la educación y un sector público con serias limitaciones para impulsar políticas y para redistribuir la riqueza. Por estos motivos, cuando hay crisis la destrucción de empleo cobra una dimensión difícil de manejar, los ciclos económicos nos afectan con mucha intensidad y la desigualdad se agrava con los años.

Nuestra agenda estaba ya preparada para abordar esos retos que teníamos identificados. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nos ponía en la pista de despegue, con 60.000 millones de euros para invertir de entrada en tres años, de 2021 a 2023.

En el plan se identificaron diez políticas-palanca. El nombre no es muy literario, pero trata de reflejar su efecto de arrastre sobre la actividad y el empleo. De esas políticas emanaron veinte programas tractores de inversión y veinte reformas, casi todas consistentes en nueva legislación. Me resulta imposible detenerme a explicar cada uno de los capítulos, pues el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya constituye por sí solo un libro, que publicamos en su día, y el editor no me permitiría reproducirlo aquí en su integridad. No obstante, para dar una idea, baste decir que en tres años se invertirán más de trece mil millones de euros en movilidad, cerca de siete mil millones en rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, y más de dos mil en Formación Profesional.

Prácticamente no queda sector económico sin integrar en las inversiones. Para acompañarlas, y llevar a cabo la transformación del país, hay que desarrollar nuestro capital humano. El talento de España es desbordante, pero resulta fundamental también modernizar la educación: es la herramienta para que cada persona desarrolle al máximo su potencial, como quería Fernando de los Ríos.

Los niveles educativos de España han experimentado una mejora impresionante en cuatro décadas. Los años de formación de la población se han duplicado y el abandono escolar ha pasado del 70 al 14 por ciento, como ya he mencionado. Si en la década de 1940 solo el 16 por ciento de los españoles tenía educación superior, esta se acerca al 50 por ciento de los nacidos en la década de 1980. Seguimos sufriendo carencias educativas, pero hemos transformado toda la arquitectura del sistema para suplirlas, aprobando nuevas leyes: la LOMLOE —la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación—, la de Formación Profesional, la de Universidades y la ley de Ciencia, fundamental como parte del imprescindible entramado de innovación e investigación. También se va a implantar la enseñanza del lenguaje digital en las escuelas, para que las futuras generaciones estén familiarizadas con la programación.

En los años venideros, las cosas seguirán cambiando y tendremos que seguir reforzando la educación y la formación de nuestro capital humano. Por tres motivos: para asegurarnos de que la educación sigue ejerciendo su imprescindible función como herramienta de ascenso social, para situarnos en la vanguardia educativa y, por último, pero no menos importante, para ir llevando a cabo la recualificación profesional que los cambios tecnológicos y ecológicos nos plantearán. Sin duda, será un reto. Pero si fuimos capaces de pasar de un 16 por ciento de españoles con educación superior en la década de 1940 a casi un 50 por ciento entre los nacidos en 1980, ahora también lo lograremos. De hecho, y aun viniendo de posiciones distintas, nuestro esfuerzo en este ámbito ha sido similar al de Finlandia, modelo de educación en todo el mundo.

Nuestro compromiso con la Comisión Europea cobra cuerpo en un ambicioso conjunto de reformas. Se trata de un trabajo de toda la sociedad, de los distintos sectores económicos —pues la inversión pública también atrae las inversiones privadas, multiplicando así el impacto económico— y de las instituciones europeas, que supervisan el cumplimiento de lo que nosotros mismos establecimos como objetivos e hitos en el plan. Esta vez no ha habido hombres de negro, sino un diálogo constante con la Comisión Europea.

España fue el primer país, junto con Portugal, que presentó el plan, y la Comisión Europea nos felicitó por ello. El despliegue que el Estado puso en marcha para cumplir ha dado sus frutos y, aunque, en el momento de cerrar este libro, el primer trienio del plan no ha concluido, los datos del balance al cierre de 2023 nos hablarán de resultados tangibles para nuestro país. Los buenos datos de crecimiento económico y de empleo demuestran que el efecto beneficioso que preveíamos ya ha empezado a producirse.

SEGUNDA PARTE
Hacer las transformaciones con justicia

EL MEDIO AMBIENTE COMO PRIORIDAD

En julio de 2018, apenas estrenado el Gobierno, aún había gente para la que el medio ambiente seguía siendo una cuestión menor, a lo sumo un lujo para quien se lo pudiera permitir. Sin embargo, nuestra ambición en este asunto era ya entonces enorme. Como presidente del Gobierno, no quería tener un ministerio para la transición ecológica, sino que todos lo fueran. Es decir, que las políticas medioambientales recorrieran de forma transversal toda la acción del Gobierno.

Aunque el trabajo por hacer es mucho, dada la dimensión del reto, puedo decir que hemos conseguido poner las políticas ambientales en el centro de nuestras preocupaciones. La crisis climática es la amenaza más determinante que se cierne sobre la especie humana y sobre el planeta. Aun así, debemos afrontarla, más que con miedo, con esperanza. Significa una oportunidad para repensar cómo nos relacionamos con nuestro hábitat y con otras especies. También nos hace reflexionar sobre nuestros patrones de consumo y cómo satisfacemos nuestras necesidades materiales.

Se trata de una transición múltiple y compleja que queríamos que fuera la principal de nuestras prioridades ya en las primeras semanas, algo que dejamos sentado al abolir con rapidez el impuesto al sol. Para marcar las líneas de las decisiones que tomaríamos en los años venideros, organizamos unas jornadas en la Universidad Complutense en torno a la sostenibilidad. Invitamos a Madrid a grandes expertos mundiales —científicos, economistas y climatólogos— que pusieron sobre el tapete los grandes asuntos en torno a la crisis climática y la protección del medio ambiente. El mensaje era claro: para este Gobierno, iba a ser lo primero.

Guardo un recuerdo especialmente afectuoso de Nicholas Stern, uno de los invitados más ilustres a aquellas jornadas. En 2006, por encargo del Gobierno laborista de Tony Blair, publicó un trabajo crucial, el conocido como «Informe Stern sobre la economía del cambio climático», que cambió muchas perspectivas. Se trataba de la primera vez que un Gobierno encargaba un informe sobre el calentamiento global no a un climatólogo, sino a un economista.

Leí su trabajo en mi época de portavoz socialista en la comisión para el estudio del cambio climático del Congreso de los Diputados. Su revolucionario enfoque cambió la forma en que muchos se acercaban al fenómeno. Hasta ese momento, el calentamiento era algo que le ocurría al clima, a la atmósfera, como mucho a la Tierra. Stern puso el acento en su efecto devastador sobre la economía. Explicó por primera vez el coste que tendría la inacción para la economía mundial y el riesgo que suponía no hacer nada.

Aquella mañana, doce años después de la publicación de su informe, estuve charlando con él en la Complutense, flanqueado por Teresa Ribera y Cristina Narbona, las dos mujeres que constituyen los dos grandes referentes del Partido Socialista en asuntos medioambientales. Es mucho lo que yo he aprendido de Stern: puedo decir que su trabajo fue definitivo en mi formación como político y en la forma en que se fraguó mi sensibilidad medioambiental. Hubo entre nosotros una corriente de complicidad inmediata. Le expresé mi gratitud.

Tanto él como Anthony Giddens, con su libro La política del cambio climático, me habían hecho aprender, muchos años antes, que el enfoque más certero y eficaz de las políticas medioambientales pasa forzosamente por asumir la transformación de la economía. Solo considerándolo desde ese prisma encontramos los incentivos para cambiar las políticas y los hábitos que resultan nocivos para el planeta y para nuestra supervivencia como especie.

Le hablé de mi punto de vista y de su influencia en él. Se mostró muy satisfecho. Como todos los sabios, es una persona humilde y plenamente consciente de que las políticas públicas son imprescindibles para atajar la crisis climática. Desde entonces hemos coincidido en alguna otra ocasión en algún foro. Siempre declara su admiración por las políticas de transición ecológica de España y las pone como ejemplo en sus intervenciones. Es un gran valedor de nuestro país.

QUÉ HACER Y CÓMO HACERLO

Cuando tengo sobre mi mesa un problema, no me gusta postergarlo ni dejarlo a medias. Prefiero abordarlo y tomar la decisión pertinente. A veces el día a día de los gobernantes, y más en la era de la información inmediata en que vivimos, es tan absorbente que corremos el riesgo de perder de vista el largo plazo. Es un signo de los tiempos y no ocurre solo en la política. También las empresas, atentas a la cuenta de resultados trimestral, experimentan dificultades para pensar en el largo plazo.

Sin embargo, en esta era de cambios acelerados, hemos de tener las miras puestas en los años venideros, y pensar con la perspectiva de las generaciones futuras. Al llegar a la presidencia, me empeñé en que las políticas de largo plazo marcaran nuestro día a día. Creo que lo hemos conseguido.

Las transiciones ecológica y digital serán determinantes para nuestras vidas y más aún para nuestros hijos y nietos, para la economía de su tiempo y para la sociedad en que vivan. La crisis climática ha dejado de parecer un riesgo aplazado y su urgencia la siente ya la población como una cuestión acuciante. Sin embargo, es responsabilidad de los gobernantes, con toda la información científica de la que disponemos, trasladar a la ciudadanía la trascendencia y la urgencia de este asunto. Lo mismo sucede con la transición digital: negarse a ella no protegerá los derechos de la ciudadanía. Hay que asegurar que se lleva a cabo de forma que genere bienestar para todos.

Sabemos qué hay que hacer. Si en otras épocas, como en los primeros 2000, los partidos de izquierda europeos debatían sobre el camino que debían seguir —basta recordar iniciativas como el Nuevo Laborismo de Blair—, hoy la discusión pública internacional no gira tanto en torno a lo que hemos de hacer, sino a cómo hacerlo. En cuanto a la crisis climática, existe consenso en que hemos de evitar a toda costa que la temperatura media de la Tierra siga ascendiendo. El Acuerdo de París, fruto de la estrategia multilateral, establece la necesidad de limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 grados. Nos marca el camino.

Cuando Stern señaló en su informe que el cambio climático era un enorme fallo del mercado, estaba alertando sobre cómo los mecanismos habituales de oferta y demanda no solo habían causado la crisis climática, sino que no podrían evitarla: era necesaria una decidida intervención de los Gobiernos.

La crisis climática no es la única que estamos obligados a afrontar con perspectiva global. La Agenda 2030 de la ONU aborda los grandes desafíos del mundo y plantea diecisiete metas concretas: los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa agenda, ahora en el punto de mira de la ultraderecha, nos indica qué hacer, por dónde debemos transitar. Pero es igual de relevante cómo hacerlo. Ese «cómo» es la transición justa.

NO ES EL FIN DE LA PROSPERIDAD

Cuando Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, habló en la rentrée política de 2022 del fin de la abundancia, lo entendí como una prudente invitación al fin del derroche. Sin embargo, creo que Europa está muy lejos de haber tocado su techo de progreso económico.

En varias ocasiones a lo largo de las últimas décadas se ha anunciado en Europa el fin del progreso económico. En la década de 1970, con las crisis del petróleo, ya se nos empezó a decir que ese tropiezo de las economías occidentales tras dos décadas de crecimiento continuado significaba que debíamos asumir sacrificios. Algo especialmente difícil de aceptar para los españoles, aún constreñidos en los corsés económicos y políticos del franquismo.

Se siguió hablando del fin de la abundancia en otras ocasiones, hasta la gran recesión. Nunca ha sido cierto. Ha habido problemas económicos, por supuesto; ha habido crisis, guerras y conflictos sociales de todo tipo, pero hemos seguido creciendo y lo cierto es que hoy, en 2023, se vive infinitamente mejor que en 1973, por mucho que los profetas de la catástrofe digan lo contrario.

Estoy convencido de que no estamos ante el fin de la prosperidad.

En cambio, es urgente admitir que comienza una etapa distinta, en la que la economía discurrirá por caminos más inciertos. También estoy convencido de que el crecimiento será más responsable.

No es una situación que podamos resolver con parches. El Gobierno ha puesto en marcha cambios que sientan las bases de una forma radicalmente nueva de concebir la economía. En esta mentalidad, la preocupación central es el bienestar de las personas. Para lograrlo se deben implementar políticas de cohesión social y territorial, mientras transitamos hacia una actividad económica respetuosa con el medio ambiente.

Existen incertidumbres sobre el futuro, pero siempre se atenuarán con políticas de protección social.

En ese sentido, quizá no ha habido en tiempos recientes mayor incertidumbre —en todos los aspectos, no solo en la economía— que la época de la pandemia. El enorme esfuerzo de mantener el empleo y la actividad económica, con medidas como las que he explicado, evitó mucho sufrimiento. Además, la receta funciona en términos económicos. Tenemos más empleo: a finales de 2023 nuestro país rondará la histórica cifra de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hemos generado más riqueza: en 2022 crecimos por encima del 5 por ciento. Y hemos disminuido la brecha de la desigualdad: nuestro objetivo de alcanzar el 0,32 en el índice de Gini para 2030 lo hemos cumplido en 2022.

Aplicando medidas neoliberales, el PP tardó años en lograr la recuperación económica. Nuestra gestión económica genera prosperidad. Las reformas con derechos son más justas y generan más riqueza que las reformas con recortes. Lo hemos demostrado con hechos.

LA TRANSICIÓN JUSTA

La transición que nuestra economía ha de realizar está presidida por la idea de justicia. El término «transición justa» se ha acuñado a escala internacional porque es el mundo entero el que ha de cambiar. Lo está haciendo.

Cuando en la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) de 2021 se aprobó la declaración sobre transición justa, de nuevo el multilateralismo y la ONU sirvieron de impulso a políticas de descarbonización de la economía —para reducir las emisiones de CO2 y otros gases causantes del calentamiento del planeta— que no dejaran a nadie atrás. Pero, al final, las organizaciones multilaterales son tan ambiciosas como quieran serlo los países que pertenecen a ellas.

Por nuestra parte, el Gobierno había aprobado ya en 2019 una Estrategia de Transición Justa, con el objetivo de facilitar ese cambio estructural en la economía que disminuya las emisiones, proteja a las personas y garantice empleos decentes, sobre todo en sectores ligados a industrias contaminantes, como la del carbón. Es evidente que el abandono de las fuentes de energía fósiles tiene un impacto sobre las actividades localizadas en ciertas regiones, como, por ejemplo, las cuencas mineras. La Estrategia de Transición Justa pasa por evaluar los impactos socioeconómicos de aquellos objetivos medioambientales que nos fijemos: una vez analizados, se trata de mitigar los efectos dañinos y potenciar los beneficiosos.

Según los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, la transición ecológica solo obligará a cambiar a otro sector económico al 1 por ciento de los trabajadores. Si se compara con la reasignación del 20 por ciento de los trabajadores a otros sectores provocada en los últimos veinte años por la globalización, no resulta difícil ver que realizar esas políticas ecológicas está perfectamente al alcance de nuestra mano. Los catastrofistas que instilan el miedo en la gente pretenden seguir con su business as usual y hacer como si nada. Invocan el miedo —aunque lo llamen de otra forma— solo para defender su beneficio, lo que es una forma de cinismo. Hemos de conseguir que la esperanza venza al miedo.

Ya hemos aplicado esta filosofía esperanzada en más de una ocasión. Quizá la más significativa fue cuando negociamos con las grandes compañías eléctricas el cierre de las minas de carbón. Las respuestas fueron positivas en general; algunas más cicateras y otras más generosas, pero logramos que todos mantuvieran las plantillas. Cuando se hace comprender a las empresas que forman parte de los cambios estructurales para descarbonizar la economía —un gran proyecto del que no se puede excluir a nadie— se alinean con esa visión.

MEDIR EL BIENESTAR, NO SOLO LA RIQUEZA

Si se hacen bien, las transiciones ecológica y digital alumbrarán un nuevo bienestar en Europa. Pero, para valorarlo en toda su dimensión, hemos de aquilatar la forma en que medimos ese bienestar. El simple dato del PIB, como reflejo de crecimiento económico, es eficaz, resulta fácil de calcular y sencillo de entender. Sin embargo, no refleja con precisión el bienestar económico de la población ni el verdadero desarrollo de las personas.

Necesitamos saber no solo qué actividades aportan crecimiento económico, sino cómo es ese crecimiento. Puede haber actividades económicas que dañen el medio ambiente, aunque produzcan crecimiento a corto plazo, y el PIB no nos dirá nada sobre el perjuicio que esa actividad causa a la salud o a los ecosistemas. Por eso hay una tendencia creciente a incorporar indicadores complementarios del PIB en las mediciones económicas.

Son muchos los economistas y expertos que así lo recomiendan, y la ONU está trabajando en ello hace tiempo. Nueva Zelanda puso en marcha una experiencia interesante en ese sentido, impulsada por la primera ministra Jacinda Ardern. Al incluir datos como el agotamiento de los bosques, las tierras cultivables, las materias primas no renovables, las emisiones de carbono, los daños al medio ambiente o la distribución de la renta, nos encontramos con que, en muchos países industrializados, el crecimiento económico no corre parejo a una mejora de la situación concreta de las personas. De hecho, así ha sucedido en muchos lugares desde la década de 1970: su PIB ha aumentado, pero a costa de un alto impacto en el planeta, de no reducir un ápice la desigualdad o incluso de incrementarla.

España se ha sumado a esa corriente internacional. Somos un país activo en la defensa de métricas más precisas y enriquecidas que configuren un retrato fidedigno de la realidad para adoptar mejores políticas públicas. Desde nuestra llegada al Gobierno en 2018 comenzamos a pensar en cómo conocer y medir fielmente el bienestar de las personas, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión del tejido social. En 2021 se constituyó un panel de expertos en torno al Ministerio de Economía para profundizar en esta reflexión.

No solo se trata de saber cuánto crecemos económicamente, sino cómo. Por poner un ejemplo, si, pese a mejorar los datos del PIB del país, nuestros jóvenes estuvieran abandonando los estudios de forma precoz, no estaríamos creciendo bien. Las políticas públicas deberían modificarse para no quedar ciegas a la realidad de las personas.

Tras el paso de un huracán, el PIB de un país puede crecer vigorosamente como consecuencia de la reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo, el retrato económico de lo sucedido estará falseado si no consideramos las muertes que deja a su paso, el empobrecimiento, las viviendas destruidas —que, en el caso del Katrina y el Rita en Estados Unidos, se contaron por centenares de miles—, los empleos y la pérdida de bosques y de biodiversidad. Esa pérdida social y medioambiental hay que contabilizarla.

Un desastre medioambiental con el que estamos, por desgracia, muy familiarizados en España son los incendios, e ilustran lo que quiero decir.

INCENDIO EN LA SIERRA DE LA CULEBRA

La sierra de la Culebra es un hermoso conjunto montañoso en el noroeste de la provincia de Zamora. Es una cordillera ondulada, de cumbres redondas y suaves, con un gran valor medioambiental. El lobo ibérico habita este territorio, por el que puede caminar durante días sin hallar presencia humana a través de pinares, castañares y robledales. Se trata de un maravilloso hábitat salvaje, muy despoblado, que atrae turismo de naturaleza.

Cuando lo visité en junio de 2022 me encontré a los lugareños, en su mayoría gente mayor, asustados y desesperados. Aún no había terminado de extinguirse por completo el incendio que asoló casi la mitad de las 70.000 hectáreas que forman la zona de mayor valor ecológico de la sierra. Los ciudadanos sentían que el abandono, la desprotección y el olvido sufridos durante años culminaban en aquel desastre medioambiental y económico. «Ha tenido que ocurrir esto para que la gente sepa que existimos», me dijo una mujer. Le prometí que el Gobierno de España los ayudaría.

En el pequeño pueblo de Otero de Bodas, una señora me contó llorando que había perdido su casa. La abracé. Recuerdo que hablé también con una mujer centenaria y otra de noventa años en silla de ruedas. Ambas se contaban entre las decenas de personas desalojadas ante el avance del incendio. Si cualquiera experimenta terror ante las llamas descontroladas, no resulta difícil imaginar lo que sienten personas de edad avanzada o con dificultades de movilidad.

Estaban desoladas. Su hábitat natural, el paisaje de su existencia, había desaparecido en diez días, y sus vidas habían corrido graves riesgos, que no fueron mayores gracias a la eficacia y el buen trabajo de cientos de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y Protección Civil. Hablé también con el alcalde y pude ver in situ la destrucción causada por el fuego. Ese mismo día anuncié que el Gobierno declararía zona catastrófica la sierra de la Culebra y sus municipios. Lo que desde el punto de vista administrativo se conoce como «zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil».

Pongo el caso de la sierra de la Culebra como ejemplo de las muchas zonas incendiadas que, por desgracia, he visitado en estos años. Algo cada vez más frecuente en todas ellas es el riesgo que han supuesto para la seguridad de las personas. Los grandes fuegos, cada vez más, se producen en la linde entre el territorio urbano y el forestal. Los riesgos para la población aumentan y se multiplican las evacuaciones. De hecho, es la emergencia que más desplazamiento de personas genera. Solo en el año 2022 tuvimos que evacuar de forma preventiva a más de treinta y dos mil personas en 94 incendios distintos. De no haberlo hecho, no estaríamos ante una situación de emergencia, sino ante una catástrofe.

La cadena es de sobra conocida: el cambio climático genera un aumento de las temperaturas y veranos más largos. A su vez, este calor favorece la evaporación de agua, lo que, junto con la escasez de lluvias, agosta las plantas y los árboles, reseca la tierra y convierte el medio natural en pasto de las llamas con mayor facilidad.

A veces los incendios no son evitables, pero casi siempre podemos hacer mucho más. La prevención desempeña un papel fundamental, porque cada vez hay mayores superficies de vegetación sin gestionar o mal gestionadas. Un bosque desatendido se llena de ramas secas, troncos viejos y hojas muertas, que acaban siendo combustible para las llamas.

Para comprender la amenaza creciente de los incendios, basta ver cómo aumenta el presupuesto de la administración dedicado a socorrer económicamente a las zonas afectadas. En 2018 el Estado gastó 1,4 millones de euros en recuperación de zonas afectadas por incendios forestales. En 2022, esa cifra ascendió a siete millones, es decir, cinco veces más.

Los incendios no van a ir a menos. La crisis climática obliga a modificar las políticas públicas a todas las administraciones y, en esta materia, la cogobernanza resulta esencial. Las comunidades autónomas deben hacer su parte: es una responsabilidad que cabe exigirles, pues tienen atribuidas las competencias en incendios forestales desde la década de 1980. Gracias a la ciencia, podemos conocer las condiciones que facilitan un incendio y su propagación. Sabemos que se evitan muchos fuegos y se responde mucho mejor si se han hecho las labores de prevención en invierno y si permanecemos alerta, con todos los efectivos que gestionan las comunidades autónomas, en verano.

El Estado colabora con medios adicionales, pero no suple los medios ordinarios que ellas deben proveer y los trabajos para mantener limpios los bosques. Cuando son necesarios, ofrecemos aviones anfibios de gran capacidad, brigadas de apoyo de tierra de bomberos forestales y, por supuesto, la Unidad Militar de Emergencias. Los medios extraordinarios del Estado están concebidos para garantizar que una emergencia no se convierta en una catástrofe, pero la responsabilidad de una comunidad autónoma es prevenir la emergencia en primera instancia.

La prevención de incendios constituye uno de los retos cruciales para adaptarnos a la crisis climática; de lo contrario, arderá nuestro hábitat con su valiosa fauna y flora. Y, lo que es peor, peligrará la vida de las personas.

En el marco de las políticas de mitigación del cambio climático, tenía claro que la prevención y extinción de incendios debían recibir un impulso político extraordinario. Se lo hemos dado desde el Gobierno aprobando medidas de distinto calado. El mando único para la extinción, en incendios que afecten a más de una comunidad autónoma, resultaba tan necesario que enseguida se puso en práctica. Es una de las mejoras de coordinación en la lucha contra los incendios que hemos implantado.

Para mi satisfacción, la Conferencia de Presidentes aprobó en 2022 por unanimidad el plan «Horizonte 2035» para luchar contra los desastres fortaleciendo el sistema de Protección Civil. Por una de esas coincidencias de la historia, aquella conferencia, celebrada en La Palma en apoyo a los isleños recién castigados por la erupción del volcán, hubo de ser aplazada por otro desastre, este de distinta naturaleza: el comienzo de la invasión de Ucrania.

El sustancial impulso político a la gestión de los desastres que hemos puesto en marcha ha sido fruto del realismo y de la convicción de que los problemas ni se resuelven solos ni se pueden archivar en un cajón. En suma, el corolario a una legislatura marcada por sucesivas crisis en las que nos ha guiado el afán de estar a la altura de la lección de resiliencia de la ciudadanía.

En aquella isla asediada por la lava, todos los presidentes autonómicos y yo mismo, acompañado por varios ministros del Gobierno de España, compartimos preocupaciones y experiencias. En lo relativo a la gobernanza, una de las más acuciantes, pese a resultar obvia, es que los incendios no saben de fronteras administrativas: la solidaridad nacional nos obliga a todos. Si una comunidad autónoma no provee de suficientes recursos, no es solo el patrimonio natural local el afectado: es la seguridad de todo el país la que está en juego.

EL CAMBIO CLIMÁTICO YA ESTÁ AQUÍ

Mucha gente ha pensado durante años que las consecuencias del aumento de la temperatura se notarían a largo plazo. Ya no es así. Si tuviera que elegir un punto de inflexión, sería quizá el verano de 2022, cuando esas consecuencias se dejaron sentir con fuerza. El cambio climático ya está presente.

En todo el año 2022, la cifra de hectáreas de superficie forestal que ardieron fue de 268.000, una cifra muy superior a la media de los últimos diez años. Apenas comenzado el verano, entre junio y julio, sufrimos dos olas de calor en las cuales, durante más de cinco días consecutivos, hubo temperaturas máximas de más de cuarenta grados, y por la noche, de más de veinticinco. En las zonas rurales, la temperatura del suelo fue de más de treinta grados y en algunos lugares alcanzó el doble, sesenta. El adelanto de la campaña estatal de incendios —para acompasarla con el adelanto de las altas temperaturas— también se ha hecho realidad: si tradicionalmente el comité de coordinación se constituía a mediados de junio, en 2023 se hizo el 28 de abril.

Cuando los efectos del cambio climático no eran tangibles en la vida diaria de la gente, resultaba más complicado que los ciudadanos comprendieran la urgencia de políticas públicas para descarbonizar la economía. Ahora lo vemos en todo el planeta: desde las inundaciones en Australia o Pakistán, hasta el hundimiento de glaciares, pasando por las virulentas Depresiones Aisladas de Niveles Altos (DANA), o gotas frías, en nuestro país.

Hoy el riesgo es que no hagamos lo suficiente y suficientemente rápido. Alguien me dijo en cierta ocasión en Davos que el largo plazo está hecho de muchos cortos plazos. Así es. Hemos de actuar en lo inmediato sin perder nunca de vista el largo plazo. Esta es la situación en que nos coloca la crisis climática en este momento de la historia.

España es un país en gran medida árido, seco y costero. El Mediterráneo, que baña gran parte de nuestras costas, y constituye el sustrato de nuestra cultura y nuestra forma de vida, está considerado uno de los «puntos calientes» del planeta: toda la región se verá afectada.

Las previsiones indican que España será en 2050 más cálida y árida. Sufriremos fenómenos meteorológicos más imprevisibles, habrá más sequías y más incendios. Aunque nadie está a salvo de las consecuencias, nuestra ubicación geográfica y las peculiaridades de nuestros ecosistemas nos obligan a tomar medidas contundentes.

EL AGUA Y LA HUELLA ECOLÓGICA

En nuestro país ha habido siempre periodos de sequía, pero si hay un aspecto, junto a los incendios, en el que los españoles sentimos ya la presencia del cambio climático es en este. El primer cuatrimestre de 2023 ha sido el principio de año más seco desde que hay registros, según la Agencia Estatal de Meteorología. La falta de agua no solo tiene efectos sobre la vida, la salud y la economía del país, sino que la cesta de la compra, ya encarecida para la ciudadanía, también se resiente cuando los cultivos se malogran y escasean los productos.

Siempre ha sido precario el equilibrio entre el agua disponible y la que consumen la agricultura, la ganadería, la industria y los hogares. Con el cambio climático, ese equilibrio se está volviendo aún más frágil. Lo cierto es que estamos tirando de reservas de agua de siglos, pero estas también se van agotando. En nuestro día a día suele pasar desapercibido, pero en España ya viven en regiones con estrés hídrico más de veinte millones de personas, casi la mitad de la población.

Cada vez hay menos agua. Y la poca que hay a menudo se malgasta o se esquilma con pozos ilegales. Hay aguas residuales no tratadas, y explotaciones agropecuarias que contaminan con nitratos, antibióticos, fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Desde hace años, nuestro país presenta uno de los índices de sobreexplotación más altos de Europa.

El estrés hídrico en España no va a ir a menos. Ante esta situación, la única actitud política responsable es coger el toro por los cuernos y tomar decisiones.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que aprobamos en 2021 es la hoja de ruta que nos prepara para ese futuro de agua más escasa. Aunque ha habido planes hidrológicos, por primera vez, además, nuestro país tiene una Estrategia del Agua específica. En ella diseñamos el camino para recuperar y proteger los espacios bañados por el agua: ríos, lagos, acuíferos... Lo más importante es que la gestión del agua irá vinculada en adelante al cambio climático.

En primer lugar, nos ocupamos, de nuevo, de la seguridad de las personas. El cambio climático aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones, que entrañan graves riesgos para la población. Con el fin de minimizar este peligro se establece un catálogo de medidas para cuidar y mantener los cauces de los ríos, de modo que sean más seguros. Pero la ambición va más allá: comprende asimismo restaurar los ríos para garantizar su buen estado, recuperar sus riberas y meandros, y ampliarlos de forma respetuosa con el medio ambiente potenciando la impresionante capacidad regenerativa de la propia naturaleza. No podemos esperar.

Como sucede en otros sectores, las explotaciones agrícolas y ganaderas deben adaptarse a la nueva realidad climática. Deben lograr no solo ser viables, sino también competitivas en un futuro más seco. No es razonable que productos muy demandantes de agua se sigan cultivando como si el cambio climático no existiera ni que las técnicas de riego no busquen la máxima eficiencia.

Somos muy conscientes de que es necesaria la ayuda de todos para llevar a cabo estas transformaciones, por eso el plan se acompaña de numerosas medidas. Son muchas, pero quizá el mejor ejemplo sea la digitalización del ciclo del agua, uno de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Ilustra cómo la adaptación al cambio climático genera un nuevo paradigma económico y, por tanto, nueva riqueza. Supone la inversión de 3.000 millones de euros. Las herramientas digitales y la inteligencia artificial que desarrolla el PERTE permiten no solo evitar la pérdida de agua, sino también los abusos, así como medir en tiempo real la calidad de este bien. La mejora de las infraestructuras y las canalizaciones viene a reforzar la eficiencia.

Los múltiples episodios de sequía que hemos vivido históricamente han generado en la sociedad española una conciencia de la necesidad de cuidarla como un bien preciado. Cuando de pequeñas les enseñaba a mis hijas que debemos cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes les transmitía lo mismo que ya mis padres me enseñaron hace tiempo.

Esos gestos individuales son necesarios, pero no suficientes. El agua no es un bien que se recolecta, se usa y se tira. Las aguas residuales han de reutilizarse, sobre todo para uso agrícola y en las zonas de mayor estrés hídrico. Esto significa pasar de una visión lineal a una visión circular y para ello es necesario un cambio de paradigma, impulsado desde la política y la economía.

Por último, también es necesario trabajar en la desalinización del agua y conseguir que tenga un precio competitivo, no solo en los abastecimientos urbanos, sino también en la agricultura. Para lograrlo, hemos invertido en construir nuevas plantas desaladoras y en modernizar las que ya existen, de manera que se alimenten de energía renovable.

Me interesa subrayar la cuestión de la responsabilidad. No es difícil ver dónde se ubica en cuestiones relacionadas con cambio climático. Sé que muchas personas a menudo sienten que deberían estar contribuyendo más a evitarlo. Y se angustian. Sabiendo lo que sabemos respecto al deterioro del planeta, a menudo resulta difícil sentirse conforme con nuestro modo de vida. Podemos ir todos a la compra con una bolsa de tela, en lugar de pedir bolsas de plástico, y es muy importante, ojo, no quiero restarle relevancia. Sin embargo, no se puede trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos. Las pequeñas decisiones son necesarias, pero no pueden servir de coartada para diluir la responsabilidad tanto de los sectores económicos como de los gobernantes en las decisiones macro. El cambio climático no es un problema individual, sino colectivo, y así hay que abordarlo para que todos podamos vivir en armonía con el planeta y con nuestra conciencia.

CASI TODO POR HACER

Casi todo estaba por hacer cuando llegamos al Gobierno. La incuria de los años del PP había retardado, cuando no boicoteado, los cambios necesarios. Había dado lugar, además, a diversas condenas de la Unión Europea, sufragadas por todos los españoles. La mayor multa de nuestra historia, estimada en 80 millones de euros, nos llegó en 2018 por haber ignorado durante años las obligaciones de depuración y saneamiento de aguas residuales en nueve ciudades españolas. Hoy tres de esas ciudades siguen incumpliendo los requisitos de saneamiento exigidos por la Unión Europea.

Los planes del PP, lejos de ponerse con rapidez a la tarea de proteger el parque nacional de Doñana, lo dañan aún más. Cuando en abril de 2023 conocí su iniciativa parlamentaria para ampliar la superficie regable no daba crédito. El consenso existente entre los españoles respecto a la joya natural que significa Doñana es enorme, diría que casi absoluto: se trata de un ecosistema que alberga una diversidad única, es refugio del lince ibérico, contiene una enorme variedad de ecosistemas de playas, dunas, cotos, marismas...

El parque tiene, además, un potente valor sentimental como referente de la lucha por la protección de la naturaleza. Allí fue donde, hace más de medio siglo, científicos españoles y amantes de la naturaleza de toda Europa, alarmados por los planes para explotar las marismas y las lagunas, comenzaron a movilizarse para poner aquellos terrenos a salvo. Realizaron una cuestación —hoy diríamos un crowdfunding verde— para recaudar fondos con los que comprar varios miles de hectáreas amenazadas por la explotación económica. Lo lograron. Así cristalizó la conciencia ecológica de aquel paraje en nuestro país y surgió el embrión de organizaciones ecologistas de largo recorrido.

El acuífero de Doñana, una inmensa laguna que resulta vital para numerosas especies, lleva demasiado tiempo siendo esquilmado por prácticas ilegales. Incrementar su explotación, lejos de solucionar el problema, lo agrava. De hecho, el motivo por el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en 2021 fue por no incorporar a los planes hidrológicos del Guadalquivir, aprobados bajo Gobiernos del PP, medidas para acabar con esa explotación ilegal.

Tengo la esperanza de que aquella sentencia sirva para mostrar con claridad al PP lo que una mayoría de españoles pensamos: Doñana no se toca.

La iniciativa del PP resulta reveladora respecto de una mentalidad caduca que sigue viendo un espacio natural privilegiado como un mero recurso que explotar. Nunca ha sido así, pero, en el momento actual, decir a los agricultores que basta la voluntad política del PP para que tengan agua indefinidamente es engañarlos. Por más que la derecha se empeñe en negarlo u ocultarlo, vamos hacia un clima más seco. Los trabajadores del campo son sin duda los primeros damnificados por el cambio climático, y lo serán más si quienes tienen responsabilidad en los Gobiernos autonómicos no hacen un ejercicio de realismo. Las comunidades autónomas deben comprender la transición ecológica, ser consecuentes y ayudar al campo. Continuar esquilmando el agua de los humedales es, parafraseando el dicho popular, agua para hoy y sed para mañana.

Estamos en un momento complejo de transición, en el que la administración debe acompañar y ayudar. Con sendos paquetes de medidas en 2022 y 2023 el Gobierno ha aprobado ayudas directas a la agricultura, la ganadería y la apicultura, además de numerosas ayudas indirectas relacionadas con los seguros, la fiscalidad o las cuotas sociales.

En términos de país, y de un futuro viable en un contexto de crisis climática, quizá la medida más simbólica del Gobierno en este asunto es haber declarado de interés general el abastecimiento de Matalascañas, para que las obras pudiesen hacerse con mayor rapidez. La urgencia de la situación de Doñana lo requiere. En abril de 2023 dijimos que Doñana no se tocaba. En mayo tomamos medidas para proteger el parque.

A lo largo de estos años nos hemos esforzado por estimular el diálogo con todas las administraciones competentes: el cambio climático no entiende de legislaturas ni de ideologías. No hay una gestión del agua de izquierdas y otra de derechas. Existe una manera responsable y otra frívola de hacerlo; una rigurosa y otra cortoplacista. Las ocurrencias fruto de prejuicios ideológicos comprometen el bienestar de las generaciones futuras y presentes.

UN NUEVO PARADIGMA

España, como todos los países desarrollados, tiene un modelo de crecimiento que excede los límites planetarios. Consume más recursos —aproximadamente el doble— de los que hay disponibles. Es lo que llamamos la «huella ecológica». Por decirlo en términos coloquiales, significa que usamos más territorio natural del que debemos: consumimos más recursos, generamos más residuos y contaminamos más de lo que la tierra, de manera natural, puede regenerar.

Una de las manifestaciones más preocupantes de este modelo de desarrollo es la pérdida de biodiversidad que ha acarreado. La gente de mi generación ha tenido una experiencia directa de ello. Cuando era pequeño acudí durante muchos años a campamentos de verano en plena naturaleza. No importaba cuál fuera el emplazamiento, el plan era siempre parecido: pasábamos el día haciendo excursiones por los senderos, observando las aves y aprendiendo los nombres de los árboles. Después de cenar, muchas noches nos sentábamos en círculo y cantábamos o escuchábamos las historias que nos contaban los monitores hasta que, entrada la noche, nos íbamos a dormir a las tiendas de campaña. Recuerdo el canto de los grillos que me acompañaba al meterme en el saco de dormir. Lo escuchaba apenas unos minutos, antes de caer rendido por el cansancio, pero era una compañía amable con la que se podía contar.

En muchos lugares de España ese canto es hoy apenas un rumor. Son numerosas las especies animales y vegetales que están amenazadas. El cambio climático también ejerce una presión directa sobre los ecosistemas naturales, pues se modifican las condiciones en que las especies han vivido durante miles o millones de años. Se refleja en esa pérdida de biodiversidad en todo el mundo, que empobrece nuestro planeta y conlleva riesgos para el ser humano.

Existen otros factores que amenazan la biodiversidad, como la sobreexplotación, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Resulta crucial seguir trabajando en la reducción de gases contaminantes y pesticidas, y en la eliminación de la caza ilegal. Somos un país muy rico en diversidad biológica y hemos de seguir siéndolo.

España debe apearse de un modelo de desarrollo que ya se ha demostrado dañino. Tenemos que sujetarnos a los límites planetarios y disminuir nuestra huella ecológica, porque solo el crecimiento dentro de esos límites es sostenible. Eso significa cambiar los modelos urbanos, el transporte, los modelos productivos, laborales, de consumo...

La derecha actual, carente de imaginación, tilda este cambio necesario de vía al empobrecimiento, porque sus estrechas miras no le permiten ver más allá de prejuicios ideológicos. Plantea de forma falaz que la reducción de nuestra huella ecológica se va a traducir en más pobreza y menos crecimiento. Es sencillamente falso.

La derecha sigue anclada en posiciones ideológicas que no se compadecen con la realidad. Construye narrativas con un solo mensaje, falaz.

Seguir diciendo a estas alturas que evitar el agotamiento de los recursos naturales frena el crecimiento económico y empobrece a la gente es una posición que ya se ha demostrado falsa. No hace falta esperar al futuro. Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero han descendido desde 2008, lo que no ha impedido que nuestra economía haya crecido. Hoy emitimos mucho menos, y en la medición de algunos gases estamos incluso por debajo de los niveles de la década de 1990. Nuestra industria y nuestra economía han crecido mientras las emisiones caían.

Con el agua sucede algo parecido. El consumo de los hogares se ha reducido en torno al 20 por ciento en lo que va de siglo. Pese a ello, no he oído a nadie decir que ahora beba menos agua que en la década de 1990. Más bien lo contrario. Hoy en día hacemos más vida en casa, usamos más electrodomésticos y, sin embargo, hemos reducido el consumo de agua y electricidad porque hemos mejorado la eficiencia en distintos aspectos. Por ejemplo, en los electrodomésticos.

Cuando se estudian los problemas a fondo, se observa que el crecimiento económico no siempre está vinculado al consumo desaforado de recursos naturales. De hecho, ya estamos viendo una desvinculación entre ambos. Si somos creativos y planteamos alternativas económicas que no entrañen la destrucción del medio ambiente, las dos cosas no tienen por qué evolucionar de forma paralela.

Fingir que no se puede hacer nada, diseminar el miedo al futuro esgrimiendo el prejuicio de que las políticas verdes nos empobrecen, da muestras o bien de una pereza política enorme, o bien de dogmatismo ideológico. En la derecha española pueden darse ambas a la vez.

Los cambios de paradigma son necesarios para que la economía innove y la industria siga inventando nuevas soluciones. La economía del cambio climático es el nuevo paradigma. Lleva aparejada una revolución económica y energética. No verlo equivale a cerrar los ojos al futuro.

LA ESPERANZA VENCE AL MIEDO

Por todos lados se nos ofrecen representaciones apocalípticas del futuro, distopías terribles sobre la destrucción del planeta. Una de ellas es No mires arriba, una de las películas más vistas de las Navidades de 2021. Narra la desesperación de unos científicos en su intento de alertar del impacto inminente de un asteroide contra la Tierra: ni los gobernantes ni los empresarios ni los medios de comunicación pueden o quieren comprender la dimensión de lo que ocurre, y prosiguen como si nada hasta que resulta demasiado tarde. En la última escena de la película (aviso de un gran spoiler), quienes han intentado avisar de lo que estaba pasando pero no han sido escuchados se sientan a cenar juntos, resignándose al impacto del asteroide que conllevará su muerte y la práctica extinción de la especie.

Es un final que me disgustó. No estoy de acuerdo con los doomers o, como los hemos llamado siempre, los cenizos. La situación desde luego es difícil, pero ese pesimismo tan radical solo alimenta la resignación y solo revela la impotencia que muchas personas sienten ante la dimensión planetaria del fenómeno. Una impotencia comprensible, por otra parte, particularmente entre los jóvenes, que no entienden por qué, si la humanidad dispone del conocimiento sobre las consecuencias del calentamiento del planeta, no se actúa con rapidez y contundencia. Es inevitable que algo así genere ansiedad, frustración y desesperación.

Jared Diamond tiene razón al afirmar que las civilizaciones se ven amenazadas cuando sobrepasan la sostenibilidad ecológica, pero resignarnos solo beneficiará a quienes no quieren cambiar nada. Equivaldría a darles la razón a los negacionistas, que, después de pasarse años discutiendo la evidencia científica del cambio climático, han dado un salto desde la negación a la impotencia, obviando la posibilidad de trabajar para revertir el cambio climático. Ahora algunos parecen pensar: «Muy bien, es cierto, ya no negamos que se esté recalentando el planeta. Pero es tarde y ya no se puede hacer nada».

Yo no me resigno y le pido a la ciudadanía que tampoco lo haga, que nos siga exigiendo a Gobiernos y empresas que actuemos para lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales.

Nos encontramos en un momento crítico de la humanidad, es cierto. Pero eso no significa, ni mucho menos, que estemos condenados, sino que hemos de tomar las decisiones correctas. El momento de hacerlo es ahora: son muchos los cambios que las administraciones, el sector privado y la ciudadanía hemos de llevar a cabo para evitar nuestra propia destrucción. La esperanza ha de vencer al miedo. Lo lograremos si trabajamos unidos, pues los costes de la inacción son mucho mayores que los costes de actuar.

Desde luego necesitamos invertir para descarbonizar nuestra economía y modificar nuestros hábitos. Los cambios cuestan dinero, pero no llevarlos a cabo saldrá mucho más caro, incluso en términos estrictamente presupuestarios.

El presupuesto de recuperación tras desastres como temporales o incendios es cada vez más alto; los seguros agrarios también, como lo es el coste de las sequías, las enfermedades relacionadas con la contaminación y tantas otras cosas. España gastaba antes de la pandemia en torno a 120 millones de euros al día en comprar combustibles fósiles en el exterior. Sí, 120 millones. Cada día. En total, 46.000 millones de euros anuales, es decir, el 80 por ciento de lo que nuestro país gasta en educación. El día que nos ahorremos gran parte de ese gasto porque hayamos generalizado las energías renovables, ¿cuánto podremos mejorar la inversión en tantas necesidades sociales como existen?

Definitivamente es más barato transformar ahora que reparar los platos rotos después, lo que además acabaría arruinándonos, porque el coste de la inacción va aumentando de forma exponencial. Las necesidades ecológicas y las económicas están unidas de forma inextricable.

La crisis climática nos obliga a una transformación completa y acelerada de nuestro sistema económico, para convertirlo en uno limpio que prescinda de la quema de combustibles fósiles, que salvaguarde la biodiversidad y los ecosistemas, y que nos asegure ciudades donde no sea peligroso respirar y con procesos industriales limpios. Los cambios son profundos y estructurales, y han de sostenerse en el tiempo. Por encima de todo, estoy firmemente convencido de que constituyen una oportunidad para nuestro país si la sabemos aprovechar.

La transformación económica es una oportunidad de hacerlo al tiempo que se moderniza nuestro tejido industrial y tecnológico, haciéndolo más innovador, competitivo y fértil en empleo de calidad.

Esta transformación constituye una política esencial en la Unión Europea. La Comisión Europea aprobó en 2020 el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) para lograr que Europa sea climáticamente neutral en 2050. En ese contexto europeo se desenvuelven nuestras políticas nacionales.

LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

La primera decisión que tomamos en enero de 2020, al constituirse mi segundo Gobierno, fue declarar la emergencia climática. Es el marco de las políticas públicas, tanto para mitigar las consecuencias del cambio climático como para adaptarnos a él, que hemos puesto en marcha la pasada legislatura y que seguiremos implementando en los próximos años.

Quiero ser muy pedagógico, porque estoy seguro de que la gran cuestión climática la entiende todo el mundo, a pesar del negacionismo. Para no dañar al planeta y evitar que siga aumentando la temperatura global hemos de emplear fuentes de energía que no se acaban nunca, como el sol y el viento (las energías renovables). Y hemos de dejar de usar aquellas que contaminan, elevan la temperatura del planeta y suponen una amenaza de seguridad muy elevada para el presente y para las generaciones futuras. Por cierto, el hecho de que se cataloguen como adecuadas para la transición energética las inversiones en gas y nuclear no me hace cambiar de opinión: creo que es un error que se enmendará más pronto que tarde.

Todo es así de sencillo y al tiempo así de complicado, pues el modelo de desarrollo del siglo XX se ha basado en la quema de combustibles fósiles. El reto y la oportunidad se encuentran en el cambio de ese modelo.

Para cumplir los objetivos a largo plazo, lo primero que debemos hacer es planificar. Tengo muy presentes las palabras de Stern: «Las emisiones de gases de efecto invernadero son el mayor fallo del mercado que el mundo haya visto». No se puede fiar la solución a las mismas dinámicas que lo han creado. El mercado no resolverá por sí solo un problema de esta magnitud. Por eso es necesaria la intervención activa de los Estados: para realizar políticas públicas que reorienten inversiones y estimulen las industrias de la economía verde, la descarbonización y las energías renovables. Solo así sucederán los cambios necesarios.

Cuando digo que es necesario planificar, ¿a qué me refiero? A lo que hemos hecho desde el Gobierno. Aprobamos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en 2021. En él, y en la Estrategia de Descarbonización, nuestro país se fija el objetivo de que la energía de España en 2050 sea renovable.

Para cumplir estos objetivos no podemos esperar al 31 de diciembre de 2049 por la tarde y decir: «Oh, vaya, seguimos teniendo una economía sucia y contaminante». Eso no es serio, aunque haya por ahí mucha gente de apariencia seria buscando excusas para posponer las transformaciones necesarias. Solo en esta década debemos reducir ya en un tercio nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y, para lograr ese objetivo en 2030, hay que actuar hoy, pensando en dentro de tres, cinco y siete años, no pensando en la semana que viene. A eso se le llama planificar.

El enorme esfuerzo inversor de esta década lo hemos puesto en marcha, en gran medida, gracias a los fondos Next Generation, que están estimulando también la inversión privada, tal como se preveía cuando se concibieron. Por su parte, numerosos inversores extranjeros, mal que les pese a los agoreros, han valorado las oportunidades que les ofrece nuestro país. En 2022 la inversión extranjera superó los 34.000 millones de euros, en términos brutos. Se trata de la segunda cantidad más alta —la primera fue en 2018— desde que se tienen datos registrados.

El Estado debe generar un marco regulatorio estable y predecible para que las empresas se desenvuelvan en un entorno claro y puedan invertir con la seguridad de que podrán desarrollar esas inversiones a largo plazo y obtener beneficios de ellas. Los datos de inversión extranjera revelan que no existen dudas respecto a esa seguridad regulatoria.

Igualmente resulta crucial ser consistentes en el tiempo con las políticas públicas. De otro modo no se ofrece confianza a los inversores ni se da certidumbre a la ciudadanía. Esto es justo lo contrario de lo que hizo el Gobierno anterior, que, al destruir el sistema de incentivos a las renovables, generó una cantidad enorme de demandas contra España en los tribunales internacionales. Demandas que nos hemos encargado de ir solventando, ya que constituían una espada de Damocles sobre nuestro país.

La Ley de Cambio Climático y, en general, las reformas legales comprometidas con la Comisión Europea en el marco de los fondos Next Generation forman parte de ese entorno regulatorio estable al que me refiero.

El Estado ha de actuar como emprendedor en proyectos de largo plazo, como el desarrollo del vehículo eléctrico o el hidrógeno verde y su almacenamiento. La inversión pública inicial, como hemos hecho con los PERTE, resulta tan imprescindible como acompañar a las empresas en su transición a una economía verde.

Hay algunos sectores que van por delante de los Estados y otros por detrás. Incluso las petroleras y las energéticas ya están adaptándose al uso de energías renovables y a la experimentación con el hidrógeno verde. La oportunidad para España reside en que, en cuestión de energías renovables, nuestro país tiene una capacidad energética extraordinaria, única. Todas las revoluciones industriales han estado ligadas a revoluciones en la energía, puesto que las industrias se acaban localizando allí donde están las fuentes de energía. ¿Qué significa esto? Que tenemos al alcance de la mano convertirnos en un nuevo polo de industrialización verde en los próximos años. Estamos ante una oportunidad histórica para nuestro país.

Un ejemplo muy gráfico de cómo hemos de hacer esta transición ecológica, y también digital, entre el Estado y la industria lo ofrecen las gigafactorías de baterías de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y la de Sagunto (Valencia). Ambas estarán en funcionamiento antes de 2026. Miles de millones de inversión privada han llegado a Sagunto atraídos por la financiación que el proyecto ha obtenido del PERTE del vehículo eléctrico. El hecho de que el PP de la Comunidad Valenciana, entonces en la oposición, garantizara la estabilidad a largo plazo también ha ayudado. Me parece un claro ejemplo de la importancia de una oposición constructiva.

Las políticas climáticas son políticas de Estado.

Más aún: de país.

No solo es imprescindible la colaboración del sector público y el privado, sino también la de todas las administraciones. Hay que garantizar la estabilidad de los proyectos al margen de quien gobierne. Me refería más arriba a los PERTE, cuya materialización llegará en cuatro, cinco, siete años, y que estarán a pleno rendimiento cuando acabe la década. No hemos tomado esas decisiones, que son medioambientales e industriales, pensando en una legislatura. Lo hemos hecho pensando en nuestro país en términos de empleo, industria y desarrollo económico a largo plazo. No hacer nada equivaldría a dejar nuestro futuro en manos del azar.

El reto es tan grande y será tan duradero en el tiempo que cualquiera que se lo tome en serio ha de partir de la premisa de que es necesario el acuerdo político y el acuerdo económico. Todas las ideologías, las visiones y las propuestas de los distintos partidos políticos han de converger, del mismo modo que los sectores económicos deben ponerse manos a la obra. La ciudadanía también debe hacer su parte. Es un proyecto de país y, como tal, nos obliga, nos compromete y nos une a todos.

NEGACIONISMO, POR ACCIÓN Y POR OMISIÓN

Genera inquietud no saber cuál es la posición política del líder del Partido Popular en cuestiones climáticas. Creo que sencillamente es algo que no tiene en la cabeza, que no le preocupa. Cuando me reuní con Feijóo por primera vez tras su proclamación como líder del PP, le planteé un documento con once puntos para llegar a acuerdos. Uno de ellos versaba sobre política energética y planteaba convertir las políticas verdes en políticas de Estado.

Yo sé que el acuerdo en esta materia es esencial, pero él rehuyó la cuestión y me habló genéricamente de las centrales nucleares y las térmicas, y de las dificultades que había en ese momento concreto con la guerra en Ucrania. La suya, más que una posición sólida y fundada, me pareció más bien una vaga resistencia a concederle al asunto la importancia que reviste.

La derecha no entiende bien este tema: oscila del negacionismo por omisión del PP al negacionismo activo de Vox. El ecologismo no es de izquierdas, aunque me enorgullezco de que los socialistas lo hayamos incorporado al ideario socialdemócrata español del siglo XXI, lo que culminamos en el 40.º Congreso de Valencia.

Sin embargo, nada más lejos de nuestra voluntad que gestionar las políticas verdes en régimen de monopolio. La descarbonización es transversal. La crisis climática, las olas de calor, los incendios y la contaminación nos afectan a todos. Resulta crucial que la derecha comprenda esto. Entre los escasos partidos de derecha europeos que lo tienen claro destaca el de Alemania, pero es una excepción. Predomina una gran resistencia a aceptar las políticas verdes por algunos factores ideológicos profundos, por una negativa a que el Estado oriente en esa dirección las inversiones económicas, incluso aunque resulte imprescindible para algo tan necesario como superar la crisis climática.

La idea de planificar la política industrial choca con ciertos prejuicios, pero hay que zafarse de las ideas preconcebidas cuando el mundo cambia. La crisis climática nos pone en situación, a todos, de modificar nuestra concepción del mundo. Hay que tener la mente abierta. Ojalá la derecha cambie antes de que sea demasiado tarde. Por el bien de todos.

En el caso del PP creo que su desinterés tiene que ver con motivos más burdos. Se debe a la falta de autonomía de su proyecto político. El cambio climático es una evidencia científica, así que ya no pueden decir que no creen en él, por más que en la memoria de todos esté el primo de Rajoy. Les corresponde ahora explicar cómo proponen combatirlo.

El impuesto al sol del PP frenó durante unos años cruciales el desarrollo del autoconsumo y las energías renovables en nuestro país. De hecho, hasta 2017 el autoconsumo de energía solar estuvo estancado. A partir de la supresión en 2018 de este impuesto comenzó a despegar y, desde el momento en que el Gobierno ha empezado a subvencionar la instalación de placas solares, no ha parado de aumentar. Si a finales de 2018 había instalados 484 megavatios de potencia en autoconsumo, a finales de 2022 había 5.249, lo que supone multiplicarlo por diez.

La gente joven nos pide ir más deprisa en la reducción de emisiones. La derecha habla de ir más despacio. Pero sabemos que hay una emergencia. Los efectos tangibles del cambio climático ya están aquí. ¿Por qué esperar? Simplemente quieren asegurarse de que los intereses económicos que defienden no dejen de obtener pingües beneficios, sea a costa del clima, de nuestra salud o de cualquier otra cosa. Esta actitud representa un serio problema.

En los próximos tiempos habrá que consolidar estos cambios y es fundamental que no demos marcha atrás, que no haya involución. De no ser así, no solo empeoraremos la salud del planeta, sino que perderemos la oportunidad histórica de una nueva industrialización verde que nos coloque en vanguardia. En el mundo ya se nos identifica con nitidez y se nos respeta gracias a nuestras políticas medioambientales, pero tenemos aún un enorme potencial por desarrollar.

Es obvio que se trata de un vector de transformación, pero para eso hay que tener una visión transversal, como la que ha puesto en práctica el Gobierno. La transición ecológica justa contribuye a reducir la desigualdad y a facilitar la cohesión territorial, por la posibilidad de establecer polos de desarrollo en lugares de España alejados de las zonas tradicionales de desarrollo industrial. Resulta vital que la derecha española lo comprenda. La transición ecológica es buena para la economía y para la sociedad, además de aumentar el prestigio de España en la esfera internacional.

UNA OJEADA AL FUTURO: EL COCHE ELÉCTRICO

En el sector del automóvil las mentalidades han evolucionado con rapidez, y ahora en él ya todos comprenden que llevar la transformación a la práctica es algo que debe hacer la propia industria. Nosotros siempre hemos estado ahí para acompañar, pero ese acompañamiento va dirigido en la dirección de transformar. No podía ser que el Estado siguiera subvencionando la industria con planes de rejuvenecimiento del parque móvil si no se estaba innovando para dejar de contaminar y para contribuir a una movilidad sostenible. Fue una lucha complicada pero importante, muy reveladora de cómo acometer transiciones complejas. Es más, para mí cobra todo el sentido liderar cambios como este desde la política, a través de acuerdos fructíferos.

Fuimos valientes al cuestionar los vehículos diésel e instar a la sociedad a prepararse para el futuro. Escandalizó al sector, pero teníamos razón y el tiempo nos la dio. A lo largo de muchas horas y días de reuniones, la industria fue comprendiendo que su posición no era razonable. Las casas matrices en todo el mundo han ido modulando su discurso y evolucionando hacia el desarrollo de vehículos no contaminantes. Les hicimos ver que, si ellos no se adaptaban para poder fabricar aquí esos nuevos modelos, las matrices invertirían en otros países, en plantas que estuvieran preparadas para los coches eléctricos. Ellos quedarían al margen y, con ellos, España, porque el automóvil representa una parte importante de nuestro PIB. Se trata de una responsabilidad que va más allá de los contornos de una industria.

Así es el cambio: si no te sumas, en apariencia no sucede nada durante un tiempo, pero llega un momento en que el mundo está en otro sitio y tú te has quedado atrás, en un páramo vacío donde los clientes ya no llegan y no hay negocio.

Aun así, al principio todo su afán iba dirigido a vender las existencias que tenían. Durante meses presionaron con declaraciones públicas y nos acusaron de generar incertidumbre en el sector. Andando el tiempo aceptaron el reto de ponerse a pensar en términos estratégicos, sostenibles y a largo plazo, más allá de las ventas de tal o cual trimestre.

Se dieron cuenta de que el incremento de negocio se daba en varias líneas estratégicas: no solo en los coches eléctricos, sino también en los nuevos componentes, en la electrónica, en el uso del big data, en nuevas formas de movilidad, en los vehículos compartidos y en un sinfín de cosas más. Cuando nos presentaron el programa estratégico que habían consensuado estábamos en puertas del confinamiento, pero para entonces el sector ya estaba haciendo el esfuerzo de pensar en su propia transformación. Al hacerlo habían encontrado nichos de crecimiento, su principal preocupación.

Por nuestra parte, teníamos claro que la industria del automóvil debía seguir representando el mismo porcentaje de PIB y de empleos que tenía antes. Somos una potencia en términos de distribución y logística, y queremos seguir siéndolo, pero sabíamos que, si no se ponía en marcha una transformación, todo eso iba a caer en picado. Los propios consumidores, pasado no mucho tiempo, darían la espalda a los coches de combustión, con la consiguiente pérdida de actividad económica y empleo.

Sin embargo, no se puede transformar un sector económico por decreto. Es fundamental que las industrias se hagan las preguntas correctas. En aquel momento, la pregunta clave era: ¿qué va a hacer usted para seguir estando ahí dentro de diez años? ¿Cómo se asegura de que los cambios en los hábitos de los consumidores y en la movilidad no se lo van a llevar por delante? Generar esta aceptación del cambio solo se consigue con mucho diálogo, y ese diálogo lo mantuvimos. Conseguimos persuadir al propio sector de que atender la problemática de la movilidad contaminante era fundamental para su propia supervivencia. Esta fue la clave.

Al recuperarse la actividad tras la pandemia, la pérdida de ventas del sector era grande y la perspectiva no era buena, pues, aunque ya no hubiera confinamiento duro, la movilidad seguía muy limitada. Obviamente, se trataba de un momento de gran incertidumbre en que la gente no tomaba decisiones de consumo de bienes duraderos, como un coche, que requiere un gasto importante por parte de las familias.

Las cadenas de suministros sufrieron con el covid, la dinámica había cambiado, se empezaban a plantear debates a escala internacional respecto a cuáles eran los mejores lugares para producir los nuevos coches eléctricos, baterías, etc. La producción del coche eléctrico genera toda una nueva industria, porque se requieren también formas de reciclar las baterías, componentes más ligeros para compensar el peso de la batería, fabricar puntos de recarga... Se hace necesaria toda una cadena nueva de producción.

A su vez se necesita que los ingenieros tengan una formación distinta. ¿Cuántos tiene nuestro país que estén preparados para ello? Había que planificar también esa formación profesional específica. Crear, en suma, un ecosistema industrial completamente diferente. Para nosotros se trataba de una oportunidad evidente de modernización industrial si lográbamos que las grandes casas matrices pusieran sus ojos en España como el lugar idóneo para fabricar coches eléctricos.

El clima con el sector se transformó completamente: abandonaron la idea de perpetuar el diésel y pasaron a confiar en que el Gobierno los ayudaría a ser más competitivos, lo que hemos hecho gracias a los fondos europeos. Pero resultó fundamental ese cambio de mentalidad, porque, si las casas matrices hubieran visto estancado al sector en España, sencillamente habrían pasado de largo hasta encontrar otro país abierto a la innovación. Eso nos habría condenado a la pérdida de miles de empleos y de riqueza en cuestión de pocos años. Y esto no representa solo un problema para un sector económico: se convierte en un problema social y una pérdida de posición global. 

Los mismos líderes empresariales que nos habían mirado con horror al oírnos hablar de la imprescindible transformación del sector se mostraban mucho más proclives a participar en ella. Que los distintos sectores se predispongan al cambio resulta esencial para el país. La misión del Gobierno es impulsar esa transformación y ofrecer la certeza de que las políticas industriales innovadoras serán sostenidas en el tiempo. Eso es lo que atrae a los inversores. Es el único modo de generar un nuevo ecosistema.

En cuestión de dos años se dio un cambio total en el sector del automóvil. De pedir subvenciones pasó a animarnos a crear puntos de recarga eléctricos en las calles de las ciudades. Se impulsaron nuevas alianzas entre productores de coches eléctricos para avanzar en la fabricación de puntos de recarga en las gasolineras. La propia industria dinamiza ahora el cambio, lo que genera movimientos propios en una dirección innovadora.

Realmente dice mucho de nuestra fuerza como país el que un sector tan importante para el PIB español haya llevado a cabo este cambio de mentalidad en poco tiempo. Estamos sentando las bases de nuestra industria para una generación, y lo estamos logrando porque lo estimulamos y lo impulsamos, pese a las dificultades, en el momento que había que hacerlo, e hicimos comprender al sector la necesidad de innovar y apostar por el coche eléctrico.

Así lo subrayé cuando visité en 2022 los terrenos donde se emplazará la gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata. Junto a los directivos de las empresas involucradas, pusimos de manifiesto nuestra ambición común de convertir esa zona en una referencia del nuevo modelo económico. Allí se crearán 3.000 empleos directos verdes de alto valor añadido.

No solo eso. La inversión en Navalmoral de la Mata está conectada con otras muy relevantes: una planta de generación de hidrógeno renovable y fabricación de electrolizadores en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y una planta de generación de energía eólica y de ensamblaje de turbinas eólicas en Las Navas del Marqués (Ávila). Juntas darán empleo a miles de personas de forma directa y muchos más de manera indirecta. Como dije en Navalmoral: «El hidrógeno generado en Ciudad Real y la energía eólica de Ávila servirán para alimentar la planta de Cáceres».

Son solo algunos ejemplos de la transformación ecológica y digital, pero muy ilustrativos, porque la movilidad resulta crucial para reducir emisiones y para la seguridad climática. Reflejan a la perfección mi visión: aprovechemos la crisis para modernizarnos, seamos un ejemplo puntero en términos industriales y medioambientales. Este es el camino que en los próximos años debemos consolidar. Hay que ser infatigables, porque nos va el futuro en ello.

CÓMO SE APAGA UN ESCAPARATE

Ya he mencionado a Anthony Giddens y cómo su libro La política del cambio climático contribuyó a mi formación como servidor público. Lo leí hace más de una década y en él figuran la mayor parte de los conceptos que hoy se dan por sentados en las políticas públicas de numerosos países.

Una de las ideas valiosas de Giddens —y que no tiene fácil abrirse camino en tiempos de distopías— es la necesidad de hacer un discurso verde esperanzador. Solo con un enfoque positivo se logrará la convergencia política y económica, alinear a los distintos partidos, las diferentes administraciones, el sector privado y la ciudadanía. Como él dice, Martin Luther King no movilizó a la gente proclamando «¡Tengo una pesadilla!». La esperanza motiva, el miedo paraliza.

Desde los Gobiernos se puede hacer un gran trabajo por la concienciación ciudadana. Nosotros lo hemos hecho.

En primer lugar, la transición ecológica ha tenido por primera vez desde 2020 el rango de vicepresidencia del Gobierno. Con eso ya establecimos prioridades claras. En aquel momento decidimos que la carpeta de Energía dependiera también del Ministerio de Transición Ecológica y no del de Industria, como había ocurrido antes. Esto representa un giro copernicano. Nunca se había hecho y, sin embargo, para la protección medioambiental resulta vital que la gestión de la energía no dependa ni de Industria, como ocurría en España, ni de Economía o Transportes, como en otros países.

Cuando el sector industrial español ve que el Gobierno va a supeditar las cuestiones energéticas a las medioambientales, también entiende que todas las industrias han de sumarse a este cambio. Sabíamos desde el primer día que transformar el mercado de la energía era una cuestión capital para avanzar en políticas medioambientales. Esos pequeños gestos contribuyen a ir ganando gente para la causa.

Lo mismo he comprobado con la ciudadanía en general. Si en lugar de recurrir al discurso del miedo le explicamos lo que necesitamos que haga y por qué, de forma concreta, descubriremos que la mayoría está deseando hacerlo. Si damos la oportunidad a los ciudadanos de actuar de forma responsable, lo harán. Ahora bien, lo contrario también es verdad. Si fomentamos los discursos baratos que hablan de libertad, pero la confunden deliberadamente con la irresponsabilidad, solo estaremos estimulando comportamientos caprichosos y egoístas que contribuyen a destruir el planeta desde la inconsciencia.

En agosto de 2022 aprobamos el decreto destinado al ahorro energético y tuve la ocasión de comprobar hasta qué punto la ciudadanía responde y está a la altura del reto. Se trataba de una serie de medidas destinadas a un uso más racional de la energía, dictadas no por gusto, sino por la guerra de Ucrania.

Ahorrar energía es la manera más obvia, barata y razonable de reducir la dependencia de la energía rusa, un problema que para nosotros es leve, pero cobra una gran dimensión para nuestros socios y amigos europeos. Un problema, por tanto, que nos afecta y de cuya solución habíamos de formar parte. Las instrucciones de la Comisión Europea nos instaban a reducir en un 7 por ciento nuestro consumo de gas (en el caso de otros países esta cifra se elevaba hasta el 15 por ciento). En el decreto mencionado, planteábamos la obligatoriedad de medidas sencillas, pero que requerían la actuación coordinada de toda la ciudadanía. Cuando actuamos como un país unido, conseguimos nuestros objetivos.

Se establecían temperaturas máximas y mínimas. En verano, el aire acondicionado no podría estar por debajo de los 27 grados y en invierno la calefacción no podría estar más alta de 19 grados, ambas consideradas temperaturas confortables. En invierno hay que abrigarse más, incluso en la oficina o el centro comercial. Lo que no tiene sentido es subir la calefacción al máximo para llevar manga corta. O lo contrario: mantener la oficina como un iglú en verano para trabajar con chaqueta. Las medidas introducían racionalidad. Las temperaturas no se establecieron para los lugares privados —y se consideraron así incluso las habitaciones de hotel—, sino para los espacios públicos. Pero quedaban exentos lugares específicos, como hospitales o centros de salud, y universidades, colegios o institutos.

Otra medida que despertó mucho revuelo fue el apagado de los escaparates a las diez de la noche. No es nada diferente de lo que les digo a mis hijas: que apaguen la luz al salir de una habitación. Con el más elemental sentido común, también prohibíamos tener la puerta de un comercio abierta si estaba encendido el aire acondicionado. Lo mismo que hace cualquiera en su casa: pone el aire y cierra la ventana.

No era la primera vez que en nuestro país se llevaba a cabo una campaña de este tipo. Ya en la década de 1970, en plena crisis del petróleo, se incentivó el ahorro energético concienciando al ciudadano de a pie de que tal vez él podía permitírselo, pero España no.

Unas medidas de sentido común, en las que se pedía acomodarse a las estaciones del año en un momento crítico de guerra en Ucrania, se convirtieron en la serpiente política del verano por obra de una derecha desorientada, que quiso sembrar malestar en la gente para ocultar su falta de discurso en la cuestión de la energía y la crisis climática.

Pero una cosa son las polémicas políticas de vuelo bajo generadas de forma artificial y otra es la realidad de la ciudadanía. Entre agosto de 2022 y enero de 2023 conseguimos reducir un 23 por ciento la demanda interna de gas y el 7,5 por ciento la demanda eléctrica. Cuando a los ciudadanos se les da la ocasión de contribuir al bien común, lo hacen. Ese ha de ser nuestro objetivo respecto a la ciudadanía: involucrarla, concienciarla, y proponerle actitudes y comportamientos claros y fáciles de ejecutar.

La realidad es que nuestro país tiene una ciudadanía activa y comprometida en la lucha contra la crisis climática. Una de las mejores representaciones de ello la vi cuando me reuní con la Asamblea Ciudadana para el Clima, una iniciativa de participación para debatir el camino hacia una sociedad más descarbonizada y resiliente.

Sentado entre ellos en los jardines de la Moncloa, escuché con atención sus preocupaciones y propuestas. Me llamó especialmente la atención no solo su conciencia del problema, sino también el rigor con el que hablan de la cuestión climática. A menudo la derecha negacionista trata aún de presentar la crisis climática como un tema de debate entre científicos: la realidad es que es un asunto que ha traspasado la frontera del ámbito académico hace mucho y que los ciudadanos conocen cada vez mejor.

La guerra de Ucrania nos obligó aquel verano a pensar en el ahorro energético y a acelerarlo. Sin embargo, algunos trataron de utilizarlo como pretexto para una involución. O para su propio beneficio.

LA CRISIS ENERGÉTICA

Nunca hasta la invasión de Ucrania por parte de Putin la ciudadanía había percibido con tanta claridad la estrecha relación entre la crisis energética y la lucha contra el cambio climático. Con lo que no contábamos era con que, en medio de una grave guerra en Ucrania, algunos harían su agosto sin rebozo, y encima protestarían. A lo largo de la historia siempre ha habido quienes se han lucrado con las guerras, pero si algo poseen las democracias es legitimidad para poner coto a estos abusos en defensa del interés general.

El recibo de la luz comenzó a subir en 2021, con una escalada que llegó hasta 2022, sin que las compañías eléctricas, y esto es lo más importante, hubieran llevado a cabo ninguna inversión en los servicios que justificaran la subida. Sencillamente, las disfunciones del mercado eléctrico se trasladaban a los precios. Desde el verano de 2021 nosotros ya estábamos advirtiendo a la Unión Europea que eso era algo que debía corregirse. Dimos la voz de alarma porque percibimos desajustes en el mercado: el precio de la energía estaba subiendo incluso antes de la guerra. Nuestro consumo de energías renovables había aumentado, sí, pero en el mercado se estaban dando distorsiones por la salida de la pandemia y porque simultáneamente se había reducido la inversión en energías fósiles.

Frente a esta volatilidad, propusimos ya en 2021 adoptar el sistema de compra centralizada que se había puesto en práctica con las vacunas, con muy buen resultado. Las lecciones de la pandemia resultaban positivas a este respecto. España propuso que aplicáramos la misma lógica para la energía y la propuesta gustó a la Comisión. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo.

Había otra consecuencia previsible aún peor, y de la que también alertamos: la volatilidad de los precios del gas en el mercado internacional tendría un impacto en el precio de la electricidad, que recaería sobre las espaldas de los consumidores y las empresas. Este impacto se debía a cómo estaba diseñado el mecanismo de fijación de precios de la electricidad. Resultaba difícil de comprender que, al subir el gas, subiera automáticamente el precio de la electricidad, aunque estuviera generada por otras fuentes. Era una cuestión regulatoria que se podía solventar.

Sin embargo, en 2021 aún no estaba maduro el debate político. Cuando lo planteábamos se nos decía que la situación era temporal y se achacaba al desajuste internacional tras la salida de la pandemia. Por tanto, era mejor esperar y no cambiar nada, se nos aseguraba.

Se confiaba en que las eléctricas reinvertirían los beneficios y, entretanto, los Gobiernos podrían proteger a los consumidores vulnerables. Sin embargo, nuestro discurso iba más allá. No se trata solo de aliviar los problemas ciudadanos vía presupuesto, sino también de abordar las causas que originan el problema.

Nosotros insistimos a lo largo de todo el año: por un lado, la situación que algunos consideraban coyuntural se alargaba y, por otro, albergábamos muchas dudas de que los beneficios de las eléctricas se estuvieran reinvirtiendo para financiar la transición ecológica. Los Gobiernos necesitaban y necesitan dinero para ella, así como para la transición digital, mientras que las eléctricas aumentaban sus beneficios caídos del cielo sin contribuir al esfuerzo del país.

Recuerdo que a finales del verano de 2021, en el Foro La Toja, un relevante encuentro internacional que tiene lugar en nuestro país, intervinimos António Costa, primer ministro portugués, y yo mismo. Ambos nos referimos al problema común europeo de la energía, a la preocupación creciente con el alza de precios y a la necesidad de crear una reserva estratégica de gas para Europa. Enfaticé la particularidad de la península ibérica como isla energética y la necesidad de dar una respuesta común europea para evitar que la inflación amenazara el crecimiento y generara problemas económicos.

Tuvimos claro que había que cambiar la regulación del mercado, pues estaba de facto produciendo una transferencia de rentas de la ciudadanía a las grandes compañías eléctricas, sin que eso se tradujera en ningún beneficio social ni nacional para los países. Al comenzar el año 2022 insistimos en esta idea en las instituciones europeas. En febrero, con el inicio de la guerra en Ucrania, se acabó la esperanza de que la situación fuera temporal y el problema se solucionara solo. Las repercusiones en la inflación no se iban a hacer esperar. El Gobierno se hacía cargo de cómo eso iba a repercutir en la cesta de la compra y a disminuir el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Muchos países comenzaron a comprendernos mejor cuando vieron que Putin empezaba a usar el gas como herramienta para ganar la guerra. Desde sus inicios, los gasoductos rusos redujeron a la mitad el gas que mandaban a Europa en los años previos. En septiembre de 2022, Gazprom cerró definitivamente el gasoducto Nord Stream 1, que, de todos modos, llevaba desde julio funcionando al 20 por ciento de su capacidad.

Era difícil saber cómo evolucionaría la cuestión energética, pero había que contar con que Putin la emplearía con el objetivo de doblegar a Europa, por su apoyo a Ucrania y por las sanciones a Rusia, con las que se preveía una reducción sustancial de su riqueza. En lo tocante a la energía, desde el primer momento nos preparamos para lo peor. Esto significaba asegurar e incrementar las importaciones de gas de otras partes del mundo, así como acelerar el despliegue de renovables en nuestro país. Más energía renovable equivale a mayor independencia de Putin. Así de simple.

LA SOLUCIÓN IBÉRICA

El Consejo Europeo de marzo de 2022 revistió una importancia crucial, pues en él logramos la luz verde a la solución ibérica. Habíamos trabajado con Portugal dos líneas de razonamiento específicas y disponíamos de sendas propuestas para abordarlo.

Por un lado, el mercado eléctrico está diseñado de forma que genera distorsiones y hay que cambiarlo. Ese era el plan A. Pero al mismo tiempo, y de forma urgente, necesitábamos que se aliviara la situación de España y Portugal. Igual que nos habíamos aliado con Italia para los fondos en 2020, ahora nuestro socio era Portugal: el plan B era lograr un reconocimiento de nuestra especificidad.

Ambos formamos una isla en términos energéticos, por nuestra ubicación geográfica como península y con la barrera natural de los Pirineos. Esta ubicación dificulta la libre competencia con otras empresas extranjeras, que, de hecho, apenas se da. Pedíamos una excepción a las reglas habituales del mercado eléctrico en España y Portugal. Además, la herencia de nuestro sistema tarifario complicaba las cosas.

Se trataba de que en Bruselas comprendieran cómo afectaba a la ciudadanía esta subida incontrolada de la electricidad, cuyo fin, lejos de llegar, se había agravado con la invasión de Ucrania.

Para explicar nuestra posición y con el objetivo de acercar posiciones antes de la celebración del Consejo Europeo de aquel verano, mantuve reuniones previas con distintos mandatarios. Al igual que con los fondos europeos, viajé a diferentes capitales europeas. Comencé en Eslovaquia y Rumanía. Después fui a Roma, donde nos reunimos el primer ministro italiano, Mario Draghi, el portugués, António Costa, y yo, mientras nuestro colega griego, Kyriakos Mitsotakis, se unía por videoconferencia. Acordamos distintas propuestas encaminadas en una dirección clara: poner freno al disparate de precios de la electricidad que amenazaba con comerse las facturas de familias, empresas e industrias europeas.

Mis últimos destinos fueron Berlín, París y Bruselas. Me reuní con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras las conversaciones con los diferentes líderes vimos que la cosa pintaba mal.

Yo me había posicionado públicamente en el sentido de que en ese Consejo Europeo teníamos que acordar una solución. Sin embargo, tras los intercambios preliminares, las posiciones de partida seguían muy alejadas. No contaba con que había algunos dispuestos a hacer saltar la negociación por los aires con malas artes.

El debate fue muy encendido y por momentos apasionado. Como suelo hacer, mi posición negociadora fue propositiva y con ánimo de encontrar una solución. Sin embargo, lo cierto es que el tiempo apremiaba, los consumidores llevaban demasiado tiempo padeciendo las consecuencias de la regulación existente y no podíamos seguir impasibles ante el alza de los precios. Sentía sobre mí la presión de la situación extrema que se vivía en muchos hogares españoles y quería encontrar una solución en medio de aquella complicada negociación.

En un momento del debate, ojeé mi móvil. Leí con perplejidad un mensaje de uno de mis colaboradores: me reenviaba una noticia que acababa de hacer pública un medio de comunicación europeo. En ella se me acusaba de estar torpedeando el Consejo Europeo y se afirmaba que yo había amenazado con que todo saltaría por los aires si no llegábamos a un acuerdo.

Era mentira. Rotundamente falso.

La actitud de España, y mi talante, estaban siendo conciliadores en todo momento. Resultaba evidente que algún actor no interesado en el acuerdo había filtrado esa falsedad para debilitarme y hacer descarrilar las propuestas que, con enormes dificultades, poco a poco iban abriéndose camino y recabando el apoyo de más países.

Al leer el mensaje, no lo pensé dos veces. Aquello era intolerable y mi reacción fue inmediata. Me quejé al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Le expliqué lo que ocurría: se estaban filtrando informaciones de lo que sucedía en aquella sala, vulnerando la necesaria discreción de las reuniones de este tipo. Encima se estaban relatando falsedades con la pretensión de torpedear un posible acuerdo.

Al acabar, me levanté de mi asiento y abandoné la sala. La situación era de máxima tensión.

—¿Qué vas a hacer? —me preguntó Mario Draghi.

Él era también consciente de lo mucho que había en juego y, como hombre de enorme experiencia en negociaciones, sabía que esos segundos de tensión podían decidir el resultado de la reunión.

Estaba enfadado, pero sabía lo que necesitaba: una pausa.

—Voy a airearme un rato —le contesté.

Mi ausencia hizo ver la conveniencia de establecer un receso del Consejo Europeo durante media hora. No fui el único que se aireó.

Aquel descanso nos sirvió a todos para calmar los ánimos y retomar la reunión pasado un rato de manera más constructiva y con fair play.

Todos hicimos un esfuerzo de empatía y generosidad para continuar negociando. Por fin, encontramos una salida satisfactoria para todos: la solución ibérica. La presentamos en rueda de prensa conjunta António Costa y yo mismo.

Logramos que se autorizara inicialmente durante un año, aunque después se ha prorrogado. De este modo, el Gobierno se dotaba de capacidad para intervenir en el mercado eléctrico mayorista y así abaratar la factura de la luz a hogares y empresas. La realidad es que la solución ibérica ha funcionado y, en cuestión de meses, los españoles pudieron comprobar como bajaba la factura de la luz. Si en enero de 2022 el megavatio por hora costaba 210 euros, un año después, en enero de 2023, se pagaba a 90.

Algunos calificaron esta solución de «timo ibérico». Pues bien, logró que los españoles nos ahorráramos 5.000 millones de euros de factura energética. Los timadores son los que engañan.

Pero eso no es todo. La puesta en marcha de la solución ibérica y su éxito palpable hizo que el debate de fondo cambiara totalmente, porque todos los mandatarios europeos disponían de un modelo puesto a prueba en nuestros países. Y estaba dando los resultados esperados. Se comenzó a hablar de extender la excepción y fue aumentando el grupo de Estados que reclamaba una solución similar a la nuestra. Con el Gobierno del PP, España importaba recortes de Europa; ahora le exportamos soluciones.

Con el paso del tiempo nos encontramos con que las medidas que nosotros habíamos ido adoptando desde septiembre de 2021 empezaban a formar parte de las recomendaciones que hacía no solo la Comisión Europea, sino también la Agencia Internacional de la Energía.

Poco después, la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, habló por primera vez sin ambages de tomar medidas para realizar una «intervención de emergencia» en el mercado eléctrico que frenara la subida desbocada de la factura eléctrica. No solo era una cuestión de proteger a los consumidores, sino, como ella misma dijo, de no contribuir a hacer más eficaz el chantaje de Putin.

Hemos defendido propuestas pioneras y el tiempo nos ha dado la razón. Hemos sido, además, coherentes en el tiempo, por la absoluta convicción de que era lo que debíamos hacer. Y todo ello pese a las presiones de algunas eléctricas, que, en ciertos momentos, cobraron forma de batalla poco elegante y nada patriótica.

No conseguimos todo lo que queríamos, porque la situación política no estaba lo suficientemente madura para cambiar el marco regulatorio del mercado eléctrico a escala europea. El sistema marginalista de establecimiento de precios hace que el precio de la energía más cara se aplique al resto. Por eso subía la electricidad cuando en realidad solo estaba subiendo el gas. Así se generan los llamados «beneficios caídos del cielo», ese dinero extra que las eléctricas ganan no por mejorar el suministro ni por realizar inversiones costosas ni con relación a absolutamente ningún mérito, sino por un diseño regulatorio disfuncional.

Mientras llegaba el cambio en esas normas, nosotros decidimos que impondríamos un gravamen a esos beneficios, pese a que algunos no estaban dispuestos a aceptarlo.

LOS BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO

Cuando España propone cuestiones energéticas, en Europa se nos escucha, porque somos un país comprometido con la reducción de emisiones y la transición ecológica. Podemos presentarnos exhibiendo cómo en apenas cinco años, desde 2018 a 2022, nuestro país ha multiplicado el uso de energías renovables, que se ha incrementado un 44 por ciento.

Nuestras cifras son espectaculares porque la respuesta de las empresas y los ciudadanos a los incentivos del Gobierno para desarrollar la energía fotovoltaica está siendo extraordinaria: es posible que alcancemos los objetivos que nos habíamos marcado para 2030 antes de esa fecha. De nuevo se manifiesta el compromiso ciudadano cuando se incentiva su contribución con cambios claros y concretos.

En Europa, además de presentar esta respuesta ciudadana, podemos hablar de nuestra capacidad de regasificación, que nos permite cubrir nuestra demanda interna y, además, exportar. En los últimos años nos hemos convertido en un país con credibilidad en los debates de cuestiones económicas, medioambientales y energéticas.

Cuando hablamos de aumentar el autoconsumo de energías renovables, no solo nos referimos a contribuir a la sostenibilidad del planeta, sino también a modificar radicalmente nuestra factura energética. Ya he hablado de los 120 millones de euros que gastamos cada día en comprar combustibles fósiles en el exterior. Esto supone 46.000 millones al año.

Desde el año 2021 veíamos que esos recursos estaban llegando a las compañías eléctricas en forma de beneficios caídos del cielo, por lo que comenzamos a plantear la idea de gravar a las compañías eléctricas por ellos. Las grandes empresas energéticas constituyen lobbies muy poderosos en nuestro país, y siempre han tenido el viento a favor. Por eso incluso en circunstancias normales su margen de beneficio es muy superior a las empresas de otros países de la Unión Europea, y está muy por encima del promedio.

Cuando desde el Gobierno decimos que las crisis no las pueden pagar siempre los mismos, nos referimos precisamente a esto: la crisis energética que ya se percibía antes de la guerra en Ucrania no debía traducirse en precios más altos para los ciudadanos, mientras las energéticas aumentaban sus cuentas de resultados. Nuestro interés es proteger al consumidor doméstico y garantizar un buen precio al suministro industrial, que, por su propia configuración, sufre cuando suben los precios porque solo compra de forma anticipada un porcentaje bajo de su gasto energético y porque tiene mucho que mejorar en lo relativo a eficiencia energética.

Contábamos con que aquella tasa supondría una batalla. Cuando tienes una agenda de cambio potente y la determinación de proteger socialmente a los consumidores, es inevitable que las expectativas de beneficios se vean afectadas. Aunque no se les planteaba que perdieran dinero, sino que ganaran algo menos. Con la tasa contribuirían a una sociedad que estaba atravesando serias dificultades.

La realidad es que aquello no les gustó nada. Hasta tal punto se disgustó algún máximo ejecutivo del sector energético que decidió hacer una gira por las principales capitales económicas para arremeter contra el Gobierno. Se paseó por Bruselas, Washington, París... Nos llegaban noticias de que en sus reuniones en el extranjero hablaba del «intervencionismo terrorífico» del Gobierno de España y de la «inseguridad jurídica».

Presionó mucho, pero a veces la vida te brinda actos de justicia poética inesperada. Se encontró con que otros Gobiernos empezaban también a preocuparse por los beneficios caídos del cielo. De manera que, cuando él iba por ahí denostando lo que quería hacer el Gobierno español, prácticamente le pedían aclaración y detalles, porque les parecía interesante y querían saber cómo lo habíamos hecho.

No mucho después, la Agencia Internacional de la Energía elaboró un decálogo con recomendaciones para reducir la dependencia del gas ruso en el que recomendó tasar los beneficios caídos del cielo. Con el transcurso de los meses, también lo hizo la Comisión Europea. Aquel ejecutivo español contribuyó a expandir la buena nueva y el resultado fue que difundió las políticas innovadoras de nuestro Gobierno. No tengo nada que reprocharle.

En octubre de 2021 aprobamos el gravamen en el Congreso. La política sirve para encontrar soluciones justas para todos.

Un último apunte sobre la crisis climática. Todos los países debemos contribuir a frenar el cambio climático o limitar su impacto. Pero hay un hecho objetivo: los Estados con menos recursos deben recibir ayuda. Ha de haber una política de redistribución fuerte en este sentido. El debate llevaba años abierto y estuvo de nuevo sobre la mesa durante la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la COP25, celebrada en Madrid en 2019. Por fin en la de Sharm el-Sheij (Egipto), en 2022, se logró un acuerdo por el que se creará un fondo para proporcionar financiación por daños y pérdidas a los países más vulnerables al cambio climático.

Las instituciones multilaterales son imprescindibles en la crisis climática. Nunca se me olvidará que Joe Biden, en su primer día como presidente, reincorporó a Estados Unidos al Acuerdo de París. Fue un alivio para todos, porque, si bien es cierto que cada país debe hacer su parte, sin buscar excusas en la renuencia o pasividad de otros, hay naciones que ejercen un liderazgo indiscutible. Con Estados Unidos de nuevo comprometido, avanzaremos más rápido.

Aun así, las organizaciones multilaterales deben orientarse a una mayor eficacia. Hay países escépticos respecto al multilateralismo, y se han visto alentados con la guerra en Ucrania. En muchos sentidos Putin nos ha devuelto a algunos marcos mentales del siglo XX e incluso del XIX, y ha dado alas a países que no creen en la colaboración internacional para solucionar los grandes problemas. Yo no tengo ninguna duda: los mayores desafíos del planeta se resuelven con un sistema de multilateralismo fuerte. La pandemia nos lo recordó, con el trabajo constante de la OMS, pero, sin duda, la crisis climática es el ejemplo más palmario de esa necesidad.

Estamos en un momento refundacional del sistema multilateral. Tan imprescindible resulta este sistema como su reforma. España apoyará esa refundación, porque es la mejor herramienta para resolver los problemas globales.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En 2022 se estrenó una serie española, Intimidad, que seguí con interés. En ella alguien intenta truncar el futuro prometedor de una candidata a la alcaldía de Bilbao haciendo público un vídeo en el que se la ve manteniendo relaciones sexuales consentidas con un hombre que no es su marido.

La vulneración de la intimidad, incluso de la sexual, es algo a lo que cualquiera está expuesto en estos tiempos en que todos llevamos una cámara en el bolsillo. Quienes nos dedicamos a la política, y sin llegar a situaciones extremas, hemos experimentado más de una vez la necesidad de pasar desapercibidos. Si algo he disfrutado en algunos viajes al extranjero ha sido ir a un restaurante de Nueva York o Bruselas —bien con mi equipo, bien con Begoña—, pedir la carta y disfrutar de la cena como uno más.

Sentir que tu intimidad puede quedar al descubierto son gajes del oficio que se asumen sin queja, pero también creo que no es exclusivo de los políticos o de personas célebres por otros motivos, como cantantes, escritores, actrices... Mucha gente de a pie también lo vive en estos tiempos, especialmente las mujeres.

Uno de los grandes aciertos de Intimidad, aparte de la magnífica interpretación de las actrices principales del elenco —sobre todo Itziar Ituño y Ana Wagener—, es que vincula la historia de la protagonista, conocida por su actividad política, con la de una trabajadora de una fábrica que también ha sufrido una vulneración de su vida íntima y el consiguiente acoso en su trabajo (no abundo en detalles para no estropearle la serie a quien no la haya visto). La política lo sufre a gran escala: su vídeo se reproduce en las principales cadenas de televisión. La trabajadora lo sufre en su círculo de compañeros de trabajo y amigos. Pero la angustia y el miedo que produce el daño a su reputación es similar en ambas, y esto se refleja en la serie con mucho acierto.

La protección de la intimidad, pero también de la privacidad de los datos, es uno de los grandes desafíos que plantea la era del big data. Es solo una de las muchas disrupciones que nos han hecho a todos más vulnerables y uno de los problemas que debemos atajar. Los europeos estamos mucho más protegidos gracias a la legislación comunitaria al respecto. Tenemos derecho a elegir qué datos queremos que las páginas web de las empresas y organismos de todo tipo recaben y almacenen sobre nosotros. Tenemos derecho a saber qué uso se les da y limitar su cesión a terceros.

Sin embargo, no es suficiente. Entramos en una nueva era en la que hemos de trabajar para un uso humanista de la tecnología, en la que todos se beneficien de sus ventajas y minimicemos sus consecuencias negativas, que pueden ser muchas.

España fue pionera en el mundo en disponer de una Carta de Derechos Digitales, que aprobamos en el verano de 2021, medio año antes de que la propia Comisión Europea propusiera al Parlamento y al Consejo Europeo la Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales. Nuestro objetivo es sentar las bases para, como dije entonces, «proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en la nueva era de internet y la inteligencia artificial», pues han aparecido «vulnerabilidades nuevas y de extrema gravedad» que los gobernantes hemos de atender.

La Carta de Derechos Digitales española incluye distintas categorías de derechos —de igualdad, de libertad, de participación y conformación del espacio público, del entorno laboral y empresarial— y habla también de los entornos específicos y de garantías y eficacias. No tiene carácter normativo, pero configura un marco de actuación en el que todos los poderes públicos han de desenvolverse.

Sentado el marco humanista de la transición digital, esta debe también garantizar la inclusión de todos, algo a lo que Nadia Calviño dedica enorme empeño. Bien sea por motivos de edad, bien sea por cuestiones territoriales, la revolución digital ha generado situaciones discriminatorias que resultan inaceptables.

La campaña del jubilado Carlos San Juan reveló los riesgos de exclusión bancaria que sufren nuestros mayores. En poco tiempo, San Juan recabó más de seiscientas mil firmas de apoyo: «Soy mayor, no idiota», rezaba el lema. Exigía que se prestara atención a cómo el cierre de sucursales de las entidades financieras obliga a muchas personas mayores a usar servicios digitales que ni les gustan ni les hacen sentirse seguras. Para ellas supone a menudo una barrera infranqueable, incluso en entornos urbanos. Él no entendía por qué unas empresas que tienen tantos beneficios no podían dedicar una parte de su presupuesto a garantizar un buen servicio a los mayores. Pedía más empatía y un trato digno por parte de los bancos.

Enseguida escuchamos su petición y nos tomamos muy en serio su caso, porque sabemos que la aceleración del cambio también puede generar malestar, y hemos de evitarlo. Para nosotros, el movimiento desencadenado por la petición de San Juan resultaba alentador: representaba el éxito de una sociedad civil viva, que exige sus derechos y ser reconocida en su dignidad. Nos volvió a recordar que no podemos dejar a nadie atrás, tampoco en la digitalización.

El Ministerio de Economía se puso a trabajar en ello. En pocos meses y después de varias reuniones con las patronales bancarias, asociaciones de usuarios de banca y de jubilados, logramos que el sector bancario se comprometiera a un decálogo de actuaciones dirigidas a garantizar a los mayores un trato personalizado en las oficinas en un horario amplio y a ofrecer atención telefónica ágil, así como aplicaciones, webs y cajeros accesibles y formación para quienes lo necesitaran. Aunque todo se puede mejorar, creo que se dio un paso importante. Emanaba de una reivindicación justa.

Soy consciente de que han aflorado dificultades para lograr una atención adecuada en la administración, debido al aumento de las prestaciones y sus beneficiarios, así como a la escasez de personal público, que arrastramos de los años de recortes y austeridad. Estamos trabajando para solucionarlo. La administración debe dar ejemplo de gestión rápida y eficaz; por eso, en los proyectos europeos, la propia digitalización y modernización de la administración ocupa un lugar destacado.

Qué decir de la brecha territorial. Nuestro objetivo es eliminarla en los próximos tres años, de modo que para 2026 no exista. En el año 2021 ya logramos que el 96 por ciento de los hogares españoles dispusieran de banda ancha. Desde que llegamos al Gobierno hemos invertido casi novecientos millones de euros en conectividad rural a través de programas de ayudas públicas, que a su vez han movilizado inversiones privadas millonarias. Esto ha logrado aproximar la cobertura existente en zonas urbanas a la de las zonas rurales: entre 2018 y 2022 la diferencia se ha reducido 24 puntos.

Hemos de seguir trabajando para que toda la población tenga acceso al 5G en 2030, objetivo que nos marca la Unión Europea. Esta tecnología es la piedra angular de la digitalización de nuestro país y tendrá un impacto positivo indudable. Pero, como siempre, nuestro empeño es que llegue a toda la población. En la actualidad alcanza al 82 por ciento. En el ámbito rural se duplicó en 2022, y ahora llega a más del 50 por ciento de la población.

La cohesión territorial de España se logra también con proyectos como el del traslado de importantes instituciones a distintos territorios. Para ello, y para evitar suspicacias, establecimos un reglamento, con unos criterios objetivos y baremos que ordenen el proceso de candidatura y elección, para evitar la competencia entre distintos territorios y el consabido tira y afloja entre ellos.

Los cambios están teniendo lugar de forma muy rápida y las transiciones nunca son fáciles de gobernar, pero nuestro compromiso desde los poderes públicos es asegurarnos de que todos se benefician de la tecnología. No tengo ninguna duda de que, pese a que la transición sea difícil, cuando la concluyamos disfrutaremos de sus beneficios y habremos conjurado los riesgos. Nuestro país será más competitivo, y nuestras vidas, más fáciles.

NO LLEGAR TARDE

La digitalización de la economía, el algoritmo, la inteligencia artificial, las aplicaciones y el mundo virtual han irrumpido en nuestras vidas. Los gobernantes hemos de asegurarnos de que el futuro sea acogedor para todos y sus beneficios lleguen al conjunto de la ciudadanía. Para que esto suceda hay que trabajar y legislar ahora.

La pandemia nos trajo una extensión masiva de la digitalización: desde el teletrabajo que practicaron millones de personas (y que también hubimos de regular para que no perjudicara a los más desprotegidos), hasta las clases de nuestros hijos e hijas, el contacto con el mundo e incluso la relación con nuestros seres queridos y amigos, a los que aquellos meses aciagos solo pudimos ver a través de las pantallas. En muy poco tiempo pudimos ver qué cosas funcionaban y cuáles no.

En el sector educativo, por ejemplo, y siendo crucial que las comunidades autónomas pudieran mantener la enseñanza en línea aquellos meses, quedó claro que una pantalla no sustituye a un maestro ni a una profesora, y que la socialización de chicas y chicos en colegios, institutos y universidades es una de las habilidades cruciales que otorga la educación reglada.

El comercio electrónico, un hábito que quizá muchos no practicaban, también aumentó sustancialmente durante la pandemia, y se ha extendido. Lo mismo cabe decir de los usos y aplicaciones de inteligencia artificial: el algoritmo está revolucionando nuestras vidas en todos los sentidos, desde las noticias que pone a nuestra disposición hasta la forma en que reservamos una mesa en un restaurante o pedimos una cita médica. El aprendizaje automático profundo, que le permite procesar infinidad de datos, tomar decisiones o sacar conclusiones casi instantáneas después de manejar millones de bytes de información en cuestión de segundos, va a revolucionar nuestra existencia. El desarrollo de la inteligencia artificial generativa está incidiendo ya de forma sustancial en el ámbito de la creación artística y literaria, la información o la educación. Hay que seguir atentamente su evolución, pues son muchas las voces que alertan de los riesgos.

Soy consciente de que mucha gente imagina escenarios distópicos: la literatura de ciencia ficción o las series acentúan esa sensación. Recuerdo cómo viendo Black Mirror sentí que asistía a situaciones inquietantes, incluso perturbadoras y en absoluto lejanas. Pero, igual que en la transición digital, necesitamos narrativas en positivo, porque el miedo al futuro no impedirá que la tecnología nos cambie la vida, solo hará más difícil la transformación. Estamos dando por sentados grandes logros tecnológicos: en la detección de enfermedades y su tratamiento, por ejemplo, el trabajo con big data resulta crucial. Y, sin embargo, a menudo las narrativas tienen un aire de desesperanza.

Lo cierto es que nos encontramos también ante una gran oportunidad económica para un país como el nuestro, que se incorporó a la revolución industrial solo en algunas zonas y con retraso. Mi sueño es que esta vez España no llegue tarde, que el cambio tecnológico prenda en nuestro país y toda la población disfrute de sus beneficios.

Para lograrlo es imprescindible adaptar nuestro tejido productivo y nuestras empresas, que ya hemos impulsado enormemente en los últimos años. Casi un tercio de los fondos europeos, en concreto el 28 por ciento, se han destinado a favorecer la transformación digital de nuestra economía, en distintos sectores y en empresas de todos los tamaños. Sin duda, el dinero es necesario, pero también lo es el liderazgo de las instituciones para impulsar la transformación ofreciendo los incentivos adecuados al sector privado.

Digitalizar nuestro tejido productivo significa ganar en productividad, lo que debe repercutir en empleos cualificados, de calidad y con salarios decentes. Para ello también es necesario mejorar la formación de capital humano. Se trata de un proceso de refuerzo de las capacidades industriales de España.

La transformación digital involucra a todas las empresas del país, desde una start up propiamente tecnológica hasta una empresa del sector primario: todo, desde el riego en la agricultura hasta la medicina, se va a ver inmerso en profundos cambios. España debe estar ahí. No podemos rezagarnos una vez más. Tenemos el talento humano, la energía y el apoyo de la Unión Europea para hacerlo. Estoy convencido de ello y por eso he puesto a nuestro país como ejemplo de transición digital en numerosas ocasiones en el Foro de Davos, que por fin volvimos a celebrar presencialmente en mayo de 2022.

Allí pude hablar de esas capacidades tecnológicas e industriales que nuestro país está desplegando. En esta modernización de nuestra economía desempeñan un papel crucial los PERTE. El Gobierno ha identificado algunos proyectos de digitalización con un valor estratégico específico, a los que había que dotar con más dinero procedente de los fondos europeos, así como articularlos de una forma concreta, pues requieren planificar cuidadosamente inversiones de miles de millones. Para que determinados sectores desarrollen capacidades innovadoras y de transformación en el conjunto de la economía es necesario establecer mecanismos de colaboración público-privada, no solo con distintas administraciones públicas y empresas, sino también con centros de investigación.

Los PERTE se han diseñado para identificar áreas clave en el futuro de la economía, que cumplen el requisito de contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo. Combinan conocimiento, experiencia y recursos. Fundamentalmente se trata de grandes proyectos a los que no se podría hacer frente solo con recursos de inversión privados, bien por su carácter innovador y la inversión en I+D+i requerida, bien por los riesgos tecnológicos o financieros que entrañan.

Dada su complejidad, es necesario que conciten la participación de distintos actores, y sean transversales a los distintos ministerios. Aunque nacieron gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha con los fondos europeos, la pretensión es que se prolonguen en el tiempo más allá de la vigencia de estos fondos y estén abiertos a todo tipo de empresas.

Algunos de los PERTE más importantes son los relativos al vehículo eléctrico y conectado, el hidrógeno verde, la salud de vanguardia, el sector agroalimentario, la economía circular, la industria naval y la aeroespacial, la economía de los cuidados o la nueva economía de la lengua.

También constituimos el de microelectrónica y semiconductores. Precisamente este es el que presenté en Davos en 2022, ante inversores muy interesados en conocer al dedillo los esfuerzos tecnológicos de nuestro país. La presentación tuvo una buena acogida y permitió colocar a España en el radar de inversores potentes. En este caso, la inversión pública prevista hasta 2027 supera los doce mil millones de euros, en sectores clave como la automoción, las telecomunicaciones o la electrónica de consumo. Uno de los problemas que causó disrupciones en las cadenas industriales tras la pandemia fue la falta de microchips y semiconductores. Paliar esta carencia y contribuir a la reindustrialización de España y Europa es uno de los objetivos estratégicos.

Cuando viajo siempre dedico tiempo y energía a explicar a los inversores cómo está cambiando nuestro país y las oportunidades que ofrece, con el fin de atraer inversiones a España. De manera constante, compruebo en los foros internacionales que suscita un gran interés.

Los esfuerzos dan sus frutos. España se situó en 2022 como el tercer país que más proyectos greenfield atrajo globalmente en el sector de las energías renovables y en el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e infraestructuras de internet, según la base de datos fDi Markets. Los proyectos greenfield son el tipo de inversión extranjera directa más interesante para un país, ya que implican la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de nuevos empleados. En 2022 la inversión en este tipo de proyectos alcanzó la cota más alta de la serie histórica.

Se trata de una transformación a largo plazo, pero los efectos de algunas inversiones ya se han hecho sentir. La buena respuesta revela un alto grado de confianza en la economía española, en nuestro talento y en nuestras capacidades humanas. Todo esto nos debe hacer sentir orgullosos. El rumbo estratégico de un país lo marca su Gobierno, pero es toda la sociedad la que contribuye y recoge los resultados, a menudo muchos años después. Ese esfuerzo colectivo es enormemente valioso, y un motivo para fortalecer nuestra autoconfianza de país: estamos realizando las transformaciones que nos llevarán a tierra firme.

EL ESTADO EMPRENDEDOR

En un contexto de transición, el Estado no solo debe proteger a los damnificados por los cambios y a quienes atraviesan circunstancias difíciles, o acompañar a quienes han de adaptarse. La idea de Estado protector —un estado de bienestar sólido y robusto— se complementa con la de Estado emprendedor, que impulsa las grandes transformaciones económicas a las que se enfrenta un país. No es un desiderátum, sino que ha ocurrido así a lo largo de la historia, como ha demostrado la economista Mariana Mazzucato.

Los cambios necesarios en nuestro tejido productivo revisten una enorme magnitud y afectan a todos los sectores económicos. Pensar que van a ocurrir por arte de magia y que el Estado solo ha de limitarse a practicar el laissez faire equivaldría a condenar a nuestro país a no realizar adecuadamente las transiciones en curso y acarrearía un enorme sufrimiento a los ciudadanos.

Los PERTE constituyen un ejemplo de cómo el Estado desempeña un papel promotor e impulsor de transformaciones económicas. Es en ellos socio y cómplice de quienes asumen el riesgo de emprender, y se esfuerza por que, en ese proceso, no se generen desigualdades nuevas o no se acentúen las ya existentes, sean de género, territoriales o económicas. Estas desigualdades no solo hieren nuestra sensibilidad social, sino que, además, significan un lastre para la economía y ponen plomo en las alas de nuestro potencial como país. Al invertir en sectores punteros, el Estado ayuda a movilizar inversión privada, multiplicando su efecto en el crecimiento y la generación de empleo.

En algunos casos esas inversiones son tan fuertes que no podrían tener lugar de forma espontánea si se dejara la iniciativa solo en manos de las empresas privadas. Con los PERTE se espera, mediante 42.480 millones de inversión pública, movilizar al final del periodo 50.000 millones de euros adicionales.

Si algo caracteriza la transición digital y el enfoque que el Gobierno adoptó para ella es que debe calar en toda la economía. Había que pensar en lo macro, pero también en lo micro: en la autónoma que tiene una tienda y desea abrir una línea de comercio electrónico, en el restaurador que quiere digitalizar la contabilidad de su restaurante, en la dueña de una academia que quiere desarrollar una plataforma de aprendizaje en línea... Hay ejemplos innumerables.

En un país como el nuestro, con un ecosistema productivo formado por pymes fundamentalmente, lo micro requiere mucha atención. Por eso pusimos en marcha el programa Acelera pyme, que se prolongará hasta 2025 y está dotado con más de cuatro mil millones de euros de presupuesto: para acompañar a los negocios pequeños y medianos, y proporcionarles el ecosistema de referencia en la transformación digital de su empresa. Este programa ha asesorado ya a miles de empresas y las ha acompañado en su formación, les ha proporcionado una plataforma de ámbito nacional para conectarse entre sí en torno a la transformación digital, les ha ofrecido servicios y les ha dado subvenciones para impulsar su propia transformación digital. En suma, les ha dado el impulso necesario para superar las trabas.

En los próximos años resulta crucial que sigamos trabajando en esta línea para consolidar el cambio de nuestro sistema productivo. Realmente hemos embarcado a nuestra economía en una transformación profunda. Todo está en marcha, pero, como cualquier cambio profundo, requiere maduración, coherencia en las políticas y constancia a lo largo del tiempo. Solo así lograremos una economía moderna, resiliente e inclusiva.

El esfuerzo está siendo ímprobo: es una transformación del país como no habíamos realizado desde la década de 1980. Si seguimos todos empujando en la dirección correcta y consolidando los cambios, en menos de diez años viviremos en un país moderno, conectado con Europa y con el mundo, autónomo e inclusivo.

Esa es la España que tendremos: la tierra firme que vemos en el horizonte y está a nuestro alcance, para nuestra generación y para la seguridad de nuestros hijos y nietos. Con frecuencia se nos acusa a los gobernantes de pensar solo en el marco de cuatro años. Si de algo estoy orgulloso es de cómo todos los ministros y ministras de mi Gobierno y sus equipos, en la coyuntura más difícil, han sido capaces de gestionar el día a día sin dejar de pensar en proyectarnos como país, en lo que queremos ser. En el futuro.

En 1978 una nueva Constitución nos abrió la puerta a cuarenta años de estabilidad y prosperidad. Por supuesto con altibajos, pero con un indudable camino de progreso. Por eso pienso que el proceso lógico deberá llevarnos en algún momento a actualizar la Constitución española. Por fin recogerá el término «personas con discapacidad», que hasta a eso se negó el PP gran parte de la legislatura. Pero hay otros aspectos igual de anticuados. Resulta llamativo que, pese a la profunda integración de nuestro país en la Unión Europea, apenas se la mencione, cuando la abrumadora mayoría de nuestras políticas nacionales están condicionadas por las decisiones que los gobernantes y las instituciones europeas tomamos allí.

También deberá recoger la cuestión medioambiental, pues la crisis climática determinará nuestras vidas en una medida que resultaba inimaginable cuando los constituyentes del 78 redactaron el texto actual. Los derechos digitales serán con el tiempo enormemente relevantes para todo, desde proteger nuestra intimidad hasta perseguir los ciberdelitos. Cuando las dos grandes transiciones concluyan, no habrá nada más lógico que incorporarlas a nuestra ley fundamental.

A muchísimos españoles, por otro lado, les daría una gran seguridad que las conquistas de estas décadas queden selladas en la Constitución. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Del mismo modo, yo apuesto por blindar la sanidad pública universal, la dependencia o el sistema público de pensiones. Y, por supuesto, habría que retocar cuestiones obsoletas, como la prevalencia del varón en la sucesión a la corona.

Hay que seguir adelante para que el esfuerzo de estos años no se malogre y nuestro país alcance su potencial. Hay que ir hacia esa tierra firme con esperanza y sin miedo. El miedo nos debilita, secuestra nuestras ilusiones y nos arroja en manos de los reaccionarios. La esperanza nos hace fuertes.

TERCERA PARTE
La desigualdad es el punto de partida

EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD

En febrero de 2023 visité en su casa a Mari Carmen y Óscar, dos jóvenes socialistas de la ciudad madrileña de Parla. Quería que me contaran cómo viven y las dificultades que sufren debido a lo escaso de sus salarios. Enseguida afloró el problema de la vivienda.

Me contaron una historia que resultará familiar a muchos jóvenes. Los alquileres en la zona rondaban entonces los 700 u 800 euros y, con un sueldo medio —ya no digamos con uno bajo—, resulta imposible para muchos jóvenes emanciparse, lo que significa postergar su proyecto vital. Quizá frustrarlo.

Una vivienda es un derecho, recogido en nuestra Constitución, pero es mucho más. Es el refugio en el que nos sentimos nosotros mismos, ya sea junto a nuestros seres queridos, ya sea viviendo en soledad. Es el hogar que construimos con nuestros objetos, las imágenes que evocan nuestros recuerdos y aspiraciones, los juguetes de nuestros hijos. Es el lugar en el que nos relajamos del trasiego diario y al que invitamos a los amigos y a la familia.

La vivienda es un derecho de tal importancia que, sin ella, se limita gravemente el ejercicio de muchos otros derechos: ¿cómo disfrutar de una buena salud, de una alimentación adecuada o de educación sin un techo? Cuesta imaginar cómo vivir una vida digna sin una casa. Las imágenes de refugiados que abandonan sus hogares con lo puesto nos sobrecogen: sabemos lo elemental que es un techo para una vida de paz y tranquilidad. Si algo agrava la amargura que nos produce la violencia machista o los abusos a la infancia es saber que con frecuencia se dan en el hogar, quebrando ese entorno de seguridad elemental.

En nuestro país el problema de la vivienda presenta peculiaridades propias, como la arraigada tradición de la propiedad o el impacto de la proliferación incontrolada del alquiler turístico en los últimos años. Lo más significativo, sin duda, es un dato que mucha gente desconoce: el 70 por ciento de la desigualdad existente está relacionada con las herencias y el papel de la vivienda como fuente de exclusión social.

Cuando pensamos en los retos que tenemos por delante, el punto de partida de nuestro país es la desigualdad, acentuada por los años de políticas neoliberales de austeridad. Me hago cargo de que en el futuro habremos de dedicar grandes esfuerzos a revertir esa situación.

Las injusticias no se abordan de forma rigurosa sin un buen diagnóstico, que ha de responder a la pregunta de cómo se origina la desigualdad. Las causas son múltiples; algunas son globales y otras, locales. Si en España el acceso a la vivienda explica en gran medida la desigualdad, facilitarlo es parte intrínseca de cualquier ecuación relativa a la justicia social.

El problema emerge en las conversaciones de la gente de a pie, porque muchos lo viven en primera persona o a través de sus hijos, sus sobrinos y sus conocidos. Nuestro país es el tercero de la Unión Europea donde mayor es el sobreesfuerzo financiero para pagar el alquiler. Cerca de un millón y medio de hogares dedican el 40 por ciento de sus ingresos a pagar la renta. En torno a dos millones de familias querrían comprarse una vivienda y no pueden. Si añadimos que hasta cinco millones de personas en España residen en viviendas inadecuadas, la foto no es muy favorecedora para nuestro país. Al mismo tiempo, tenemos un exceso de pisos vacíos: solo Portugal y Bulgaria nos superan en la Unión Europea.

El origen de este grave problema se encuentra en la Ley del Suelo del Partido Popular, aprobada en 1998 y cuyos efectos sigue sufriendo la sociedad. La liberalización y privatización del mercado del suelo bendecida entonces generó en el transcurso de una década un incremento medio del 167 por ciento en los precios de la vivienda. En la cúspide del auge de la construcción, en 2004, se levantaban en España tantas viviendas como en Alemania, Francia e Italia juntas. Sin embargo, los precios no bajaron.

A pesar de esta experiencia reciente, y la evidencia empírica de que disponemos, el PP, como en otros casos, solo tiene un dogma y se aferra a él. En este caso es el siguiente: para bajar los precios hay que aumentar la oferta. Ningún dato sustenta esa posición. Es solo eso, un dogma de fe neoliberal. Pero lo siguen repitiendo, a ver si entretanto el problema se soluciona por arte de magia.

Lo que ocurrió después de la burbuja lo conocemos: el crac inmobiliario de 2008, la crisis financiera y económica global. La gran recesión que se llevó por delante la riqueza y el techo de muchos españoles, así como gran parte del presupuesto destinado a protección social en vivienda, que en la década de 2007-2017 se redujo un 60 por ciento.

Sin unas políticas de vivienda adecuadas ahora, el futuro que se intuye es el de un país con una clase de propietarios ricos y una de inquilinos pobres, cada vez más asfixiados por un mercado que se ha dejado de su mano.

LA VIVIENDA NO ES UNA MERCANCÍA

La vivienda es un derecho y no una mercancía, por eso no puede abordarse sin más en términos de oferta y demanda. No se trata de una proclama revolucionaria: figura en el artículo 47 de nuestra Constitución. En él se declara el derecho de todos los españoles «a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Asimismo, establece que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo ese derecho promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo la legislación pertinente. Ya hemos comprobado las consecuencias dolorosas de tratar la vivienda como si fuera un bien de consumo más, cuando no de especulación.

Resulta asombroso que nuestro país careciera, hasta 2023, de una Ley de Vivienda integral, un marco legislativo en el que todos los poderes públicos estén obligados a desenvolverse. Por más que las comunidades autónomas tengan las competencias, como sucede en sanidad o educación, una legislación marco resultaba imprescindible. Ahora está aprobada. Y fortalece el derecho a una vivienda digna y adecuada, convirtiéndola en el quinto pilar del estado de bienestar.

En el nuevo modelo consagrado en la Ley de Vivienda se enmarcan las políticas públicas que pueden atajar el problema: lo primero, aumentar de forma contundente la vivienda pública. Somos uno de los países menos dotados en este sentido, con apenas un 2,5 por ciento del total del parque de viviendas de carácter público. La media europea se sitúa en el 7 por ciento, y los Estados más avanzados llegan hasta el 30 por ciento. Debemos aspirar a que España se sitúe en el grupo de cabeza: el 30 por ciento de los Países Bajos, el 21 por ciento de Dinamarca o el 24 por ciento de Austria.

Fomentar la vivienda pública no solo soluciona el problema de las personas concretas que las alquilan y da una alternativa a familias vulnerables o a jóvenes, sino que también ayuda a regular los precios de la oferta privada, evitando el aumento descontrolado y abusivo de los alquileres. Se trata de fomentar unos precios justos.

No nos habla de un mercado inmobiliario sano el hecho de que entre 2014 y 2021 el metro cuadrado en venta haya aumentado un 14 por ciento y el de alquiler lo haya hecho un 45 por ciento. El alquiler ha de ser asequible para los jóvenes cuando se emancipan, pero no solo para ellos: todos conocemos algún caso de personas que, al separarse de sus parejas, han tenido que volver a casa de sus padres por no poder afrontar un alquiler en solitario.

Nuestra decisión de poner en el mercado más de ciento ochenta mil viviendas de alquiler social y asequible busca fomentar un círculo virtuoso por el cual el alquiler resulte más barato que la compra y permita ahorrar a quien desee comprarse un piso en el futuro. Además de con la Sareb, el plan se lleva a cabo mediante diversos mecanismos y acuerdos con ayuntamientos y comunidades, lo que nos permite decir que varias decenas de miles de esas viviendas ya están en marcha. Simbólicamente, el llamado «banco malo», que se convirtió en el resultado final de la crisis inmobiliaria, será el principio de la solución y del cambio de modelo.

Sin embargo, las políticas del Gobierno no se restringen a esta ley. En los tres ejercicios presupuestarios elaborados por el Gobierno hemos multiplicado por más de seis el dinero dedicado a vivienda en los presupuestos: 9.000 millones de euros frente a menos de 1.500 en los últimos tres años del PP. Además de establecer un tope del 2 por ciento a la subida de los alquileres para evitar los peores efectos de la inflación, hemos puesto en marcha planes para rehabilitar medio millón de viviendas con cargo a los fondos europeos, y hemos creado un bono joven de alquiler, dotado con 400 millones de euros.

En los próximos años, las políticas de vivienda no solo tendrán que ser prioritarias para el Gobierno de España, sino también para las comunidades y los ayuntamientos. En su mano tienen los instrumentos administrativos para tomar numerosas medidas y son corresponsables ante la ciudadanía de solucionar este problema.

POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA DESIGUALDAD

Si algo sabemos acerca de la desigualdad es que se combate con políticas públicas, y que estas funcionan. Es cuestión de tener la voluntad política de hacerlo. Como país, somos perfectamente capaces de combatir la desigualdad. Lo sabemos porque ya lo hemos hecho en el pasado. En la década de 1980, bajo Gobiernos socialistas, se reformó el sistema fiscal para hacerlo más progresivo, se incrementó el gasto público en desempleo y pensiones, y se establecieron la sanidad y la educación universales. Estas tres políticas redujeron la desigualdad.

La riqueza de una persona no la integra solo su salario o su patrimonio, sino también los servicios públicos que recibe, especialmente la sanidad y la educación pública. Por eso el deterioro del sistema sanitario de los últimos años nos ha empobrecido a todos. Tiene que quedar claro: quienes recortan en sanidad y educación están, a la chita callando, empobreciendo a los ciudadanos.

Entre 1980 y 1990 la pobreza se redujo en España en más de diez puntos porcentuales. Aún en la década de 1990 el estado de bienestar siguió mejorando, sobre todo gracias a las pensiones no contributivas y las rentas mínimas que implantaron las comunidades autónomas. Estas últimas, sin embargo, al ser bastante dispares han contribuido a ensanchar otra de las brechas de desigualdad preocupantes en nuestro país: la territorial.

El ingreso en la moneda única y la Estrategia de Lisboa, diseñada desde la Unión Europea para favorecer la inclusión social, logró impulsar esa agenda social unos años más. Sin embargo, a partir de la crisis financiera y la respuesta neoliberal se efectuaron recortes, directos e indirectos, así como contrarreformas antisociales, como la laboral y la de las pensiones.

Las políticas neoliberales de austeridad generaron altos niveles de desempleo, además de trabajos a tiempo parcial no deseados, bajos salarios, precariedad e inestabilidad. Por desgracia, buena parte del progreso de las décadas anteriores se vino abajo. Como consecuencia de esas políticas antisociales, uno de cada seis hogares de renta media pasó a engrosar el grupo de rentas más bajas. Un drama.

Un millón de personas cruzaron el umbral de la pobreza. Hemos de pensar bien lo que esto significa: la sensación de caída que tuvo una parte de la clase media fue real, y explica sentimientos que hemos visto aumentar en la ciudadanía, como el miedo y la inseguridad. Ese malestar ha constituido el caldo de cultivo de los discursos derechistas extremos, que han calado no solo en nuestro país, sino en toda Europa.

Cuando la derecha decide que las crisis las paguen los de abajo, se retroceden años en la lucha por la igualdad. Como socialista, como progresista y feminista, me duele que los trabajadores se empobrezcan, que la clase media se estreche, que las mujeres sufran doblemente la vulnerabilidad. Mi ambición es que cada español y cada española vivan mejor.

La desigualdad nos plantea asimismo una cuestión ética y una política. Para quienes creemos que todos los seres humanos estamos dotados de la misma dignidad, y ha de ser reconocida, resulta difícil aceptar las desigualdades brutales que han generado las políticas de la derecha. Estas han provocado, entre otras cosas, que en Madrid haya hasta siete años de diferencia entre la esperanza de vida de los barrios más ricos y los más pobres.

Cuando uno elige poner el acento en la igualdad, como hace la izquierda, es porque sabemos que apenas hay justificación para desigualdades tan descomunales como las que se ven en el mundo de hoy. Estas diferencias no han surgido por casualidad ni constituyen la naturaleza de las cosas; suceden a causa de políticas concretas, claras e identificables que, en el mejor de los casos, dejan las cosas como están y, en el peor, empobrecen a la clase media.

Hay también una cuestión política. La democracia como sistema político está tejida con hilos invisibles de igualdad. Sus principios más elementales se basan en que todos debemos tener los mismos derechos políticos porque compartimos ciudadanía. Que los hijos de familias humildes puedan mejorar su situación económica respecto a sus padres a través de la igualdad de oportunidades en la educación es un pilar que sustenta el edificio democrático. Cuando la desigualdad se desboca, como ha ocurrido después de la gran recesión, se erosiona la democracia. No se trata de una hipótesis: hemos visto pruebas palpables de ese debilitamiento en Estados Unidos y en Brasil, dos países muy distintos en términos de riqueza, pero que comparten elevados niveles de desigualdad de todo tipo (económica, racial y de género).

Sin embargo, combatir la desigualdad no es solo una cuestión de sensibilidad social ni de ética ni de política. También es una cuestión económica.

En los últimos tiempos, afortunadamente, los estudios sobre la desigualdad han vuelto a recibir la atención que merecen. Desde Thomas Piketty a Branko Milanović, pasando por Richard Wilkinson y Kate Pickett, o por César Rendueles en España, todos han investigado el fenómeno de la desigualdad y han reflexionado sobre él. Gracias a ellos vamos aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, que la desigualdad no solo daña a quienes lo sufren, sino a toda la sociedad, generando niveles más altos de inseguridad, más enfermedades, más obesidad y otras consecuencias negativas. También los más pudientes deberían estar interesados en políticas de igualdad. Por eso cada vez se entiende menos el dogmatismo de la derecha en nuestro país, que persevera en políticas de hambre cuyas perniciosas consecuencias para la sociedad en su conjunto son de sobra conocidas.

En España, desde principios de este siglo, el ascensor social empezó a funcionar peor: los millennials y los centennials son generaciones para las que el acceso a un trabajo decente y a una vivienda se ha convertido en una quimera. Esto no significa, como afirman algunos agoreros, que las nuevas generaciones deban vivir peor (de hecho, los millennials españoles vivirán de media 36 años más que sus abuelos). Significa que debemos tomar medidas para que ese progreso siga dándose. La decidida subida del salario mínimo y la reforma laboral han sido medidas eficaces para revertir este deterioro. Las políticas de vivienda para hacerla asequible mejorarán la situación de los jóvenes.

Lo más preocupante, sin duda, es la pobreza infantil, uno de los factores que conducen a la pobreza también en la edad adulta. España era en 2019 el tercer país con mayor desigualdad de renta disponible de los 27 de la Unión Europea. Yo me rebelo contra eso. Cuando pienso en cómo quiero que sea España dentro de una década, el espejo donde mirarnos son las economías nórdicas.

Tenemos mucho trabajo por hacer: no podemos consentir que bajos ingresos, mala educación y peor salud sean patrones que se repitan, generación tras generación, en ciertos segmentos de la población. Converger con los ocho países mejores en este aspecto antes de 2050, es decir, en una generación, es perfectamente posible.

Para ello resulta fundamental consolidar los cambios y continuar en la senda de las reformas legales que hemos llevado a cabo. Si ahora esas políticas se detuvieran o revirtieran, de nuevo muchas personas de la clase media se quedarían estancadas o se empobrecerían. Hay que aplicar las políticas públicas adecuadas de forma sostenida en el tiempo. Con vaivenes no funcionará.

Sin embargo, circunscribir el problema de la desigualdad a España arrojaría una imagen distorsionada. Somos un país desigual en un planeta desigual. El mundo está tan estrechamente interconectado que no podemos combatir la desigualdad solos: hemos de contribuir al debate internacional.

UN PROBLEMA GLOBAL...

En enero de 2023 fue especial volver a Davos en pleno invierno. En 2021 el Foro Económico Mundial se celebró telemáticamente por la pandemia y en 2022 se aplazó a mayo por el mismo motivo. Y sin nieve no es lo mismo. Era mi quinto año en Davos y, dada nuestra ejecutoria en modernización digital y verde, eran numerosos los consejeros delegados de empresas y de fondos de inversión que quisieron reunirse con nosotros. Uno de ellos, responsable de uno de los principales fondos de inversión globales, me dijo textualmente que no hay ningún país en Europa que esté haciendo las cosas tan bien en materia energética como España. Me sentí muy orgulloso.

Esperaba con especial interés el encuentro con la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Gabriela Bucher. Estuvimos muy en sintonía y reconoció el trabajo del Gobierno de España para poner la desigualdad en el centro de los problemas. Oxfam, una ONG que acredita décadas de lucha contra la pobreza, presentó un demoledor informe, «La ley del más rico», sobre cómo la pandemia ha acentuado la desigualdad.

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, justo los dos años críticos del covid, el 1 por ciento más rico del planeta acaparó casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, algo que viene a reforzar lo ocurrido durante la última década, que es que la riqueza y la pobreza extremas se han incrementado simultáneamente. La relación causa-efecto es bastante evidente. No solo eso: en la última década, el número de milmillonarios ha aumentado, y el volumen de su riqueza también.

En nuestro país, el valor de la riqueza de estos milmillonarios ha aumentado en 3.000 millones de dólares desde 2020. La situación ha empeorado en la última década, hasta límites insostenibles. Si en 2008 el 1 por ciento más rico acumulaba el 15 por ciento de la riqueza en España, en 2021 ya concentraba el 23 por ciento. La desigualdad aumenta en todas partes a un ritmo inadmisible y lacerante. Se ha convertido en un fenómeno estructural en nuestro país: mientras los salarios pierden peso y poder adquisitivo, las grandes empresas aumentan sus beneficios. De hecho, el beneficio de las empresas del IBEX 35 en conjunto fue en 2021 un 63 por ciento superior al de 2019, según Oxfam. Eso ha sucedido al mismo tiempo que el poder de compra de las familias se ha visto reducido, sobre todo en los hogares con mayores dificultades.

La cuestión es qué vamos a hacer, y qué estamos haciendo en nuestros respectivos países los gobernantes y los líderes empresariales. Me reconfortó especialmente que el presidente de una de las grandes multinacionales españolas, al preguntarle cuál era el principal reto al que nos enfrentábamos, contestara sin dudarlo: la desigualdad. Creo que mucha inteligencia empresarial —parte de la cual se concentra en Davos— es consciente del grave problema que la desigualdad entraña, no solo para quienes la padecen, sino para las sociedades en su conjunto. La historia está llena de fracasos como consecuencia de ella.

En mi intervención ante el selecto público político y empresarial concentrado en Davos, comencé por preguntarme y preguntarnos a todos si estábamos haciendo lo suficiente, apelando a la responsabilidad que todos los allí presentes tenemos de una u otra forma. ¿Estábamos haciendo todo lo necesario para proteger el orden internacional socavado por Putin, pero también para combatir la desigualdad y la injusticia social que a menudo alimentan a líderes reaccionarios y autocráticos?

España es un país solidario y siempre me gusta subrayarlo en los foros internacionales. Somos el quinto país del mundo que más vacunas contra el covid ha donado; hemos reducido de forma voluntaria el consumo de gas un 23 por ciento y hemos duplicado en los últimos cinco años la ayuda al desarrollo, que ha pasado de 2.200 a 4.400 millones de euros anuales, y así lo expliqué.

Después me metí en harina, políticamente hablando. Resulta imprescindible que hablemos de economía con una perspectiva política. Apelé con honestidad, de tú a tú, a las elites globales con estas palabras:

En la mayoría de los países occidentales, la desigualdad está aumentando y la movilidad social se ha estancado. Nuestros ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo. Luchan por encontrar un trabajo decente, comprar una casa adecuada y proporcionar una buena educación a sus hijos. A muchos de ellos les resulta imposible ahorrar para unas merecidas vacaciones, por no hablar de tener una jubilación decente o un seguro médico.

Mientras tanto, el número de multimillonarios sigue creciendo y las grandes empresas multinacionales siguen aumentando sus beneficios, incluso a costa de los demás.

¿Cómo podemos pedir a nuestros ciudadanos que aguanten la inflación por más tiempo, cuando algunas grandes empresas pagan cero impuestos gracias a los paraísos fiscales y a los resquicios en la regulación internacional que permitimos que existan?

Les pido, elites mundiales, que nos ayuden a cambiar esta situación.

Hace cien años, cuando el mundo aún estaba gobernado por viejas aristocracias, habría sido ingenuo e inútil hacerlo. Pero las cosas han cambiado. Hoy, muchos de ustedes proceden de la clase media y trabajadora. Son líderes elegidos democráticamente por sus ciudadanos, empresarios que han hecho fortuna con su duro trabajo. Y por eso sabemos que el sistema no es justo. Está lleno de injusticias y desigualdades. Ya es hora de arreglarlo.

Estos párrafos resumen las líneas maestras de mi visión como gobernante. Para arreglar las injusticias del sistema, los principios más eficaces son los tradicionales de la socialdemocracia: reformar y proteger para que los ciudadanos vivan sin hostilidad y sin miedo, y no se sientan solos.

... QUE HA LLEGADO LA HORA DE ARREGLAR

Hace algún tiempo leí Identidad, un libro inteligente en el que Francis Fukuyama trata de encontrar una respuesta al auge de los liderazgos fuertes y reaccionarios. No por casualidad lo escribió motivado por el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2016.

Fukuyama aborda la necesidad de reconocimiento simbólico que cada individuo tiene. Cuando falta, emergen muchos de los problemas que han surgido en la política global los últimos años. La necesidad de reconocimiento simbólico hemos de tenerla en cuenta para todos y para cada uno: es un prisma para contemplar los problemas sociales y su concreción en cada persona. Por eso hay que trabajar en la plasmación material de ese reconocimiento de la dignidad de cada uno, de tal forma que los proyectos políticos no sean un sumatorio de realidades minoritarias. La izquierda debe aspirar al reconocimiento de esa dignidad, pero, sobre todo, a hacerla tangible y material.

En nuestra sociedad las reivindicaciones materiales no pueden desligarse de la dignidad, porque mucha gente que no llega a fin de mes o vive bajo el umbral de la pobreza ve reflejada en esa penuria económica la falta de reconocimiento de su valía por parte de la sociedad. Nos guste o no, vivimos en una sociedad en la que lo material, el sueldo, la posición, se convierte en un indicador relevante —no el único— de nuestro valor como personas. Fukuyama afirma: «El salario es un marcador de dignidad». Él defiende políticas como la renta universal garantizada, precisamente porque vincula los ingresos y la dignidad.

Esta reflexión resulta crucial, desde mi punto de vista, para entender por qué la socialdemocracia es más necesaria que nunca. Como socialdemócratas no hemos de prestar atención a formas particulares de identidad sin más —pese a que son importantes—, sino hallar el hilo conductor común a las distintas formas de explotación. La socialdemocracia ha de abordar los problemas de las mayorías sociales.

A lo largo de nuestra historia, los socialistas hemos buscado mejorar la vida de la mayoría de la gente. Y siempre hemos defendido el entendimiento. La paz social se logra con el diálogo social. Es la herramienta más valiosa en democracia, pero hay que trabajarla. El acuerdo no surge por ensalmo. Lo hemos recuperado con el Pacto de Toledo para las pensiones —cuya reforma también hemos acordado con la Comisión Europea—, así como con los agentes sociales, con quienes hemos alcanzado numerosos acuerdos relativos al mundo laboral.

Ese sentido albergaban mis palabras en Davos. La gran cuestión que vulnera la dignidad intrínseca de personas, territorios o colectivos, al tiempo que los obliga a sufrir penurias económicas o a vivir con el miedo a caer en la pobreza, es la desigualdad. La dignidad y la desigualdad son dos caras de la misma moneda. Cuando Olaf Scholz, canciller y líder de la potente socialdemocracia alemana, invoca con frecuencia en sus discursos la palabra «respeto» se refiere también a esto.

Uno de los retos que tenemos los socialistas actuales es transformar las sociedades para hacerlas más cohesionadas, y eso no se logra con el sumatorio de los problemas individuales o grupales. El denominador común es lo que hace de cemento de la sociedad, lo que la cohesiona. No podemos resignarnos a políticas crueles que exacerban la desigualdad. Hemos de transformar la realidad.

La socialdemocracia nos indica el camino de esa transformación, que pasa por dar respuestas a nuevos y viejos desafíos con ideales que no son sino los de la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Son valores que recogen la idea de que la suerte de una persona corre pareja a la de los demás. Aunque algo tan obvio no resulte evidente a veces, hemos de hacer que lo sea.

A todo esto, la libertad a la que me refiero es la libertad en serio, entendida como la capacidad real de los individuos para llevar adelante sus proyectos vitales; la proclamada a menudo por la derecha no es más que una invitación a tomarse unas cañas. No es que esté mal alternar: es que no tiene envergadura como proyecto político.

Para una generación entera, la que apenas accedía al mercado laboral cuando tuvo lugar la gran recesión, la principal promesa del sistema ha fallado. Escucharon que, si estudiaban suficiente, si se esforzaban más, si obtenían más títulos y hablaban más idiomas, el sistema les abriría un hueco para que ascendieran. La realidad que encontraron no fue esa y de ahí procede su gran desconfianza: no solo dudan de que vayan a vivir mejor que sus padres, sino que recelan del propio sistema.

Porque no funciona, como dije en Davos. Y hay que arreglarlo.

LA SOCIALDEMOCRACIA HOY

¿Cómo arreglarlo? No me cabe la menor duda de que las mejores armas de que disponemos son las clásicas de la socialdemocracia. Soy una persona pragmática, y creo que una gran virtud política es combinar las convicciones con el pragmatismo.

Los socialistas sabemos que cada avance es importante. Quizá no podamos en un determinado momento llevar a cabo todos los cambios que quisiéramos, pero una transformación tras otra, de forma gradual, trazan el camino de los grandes cambios. Cada generación de socialistas ha tratado de impulsar el crecimiento, el empleo, fortalecer la cohesión social y facilitar la convivencia. Sabemos que todo lo que mejore la vida de las personas, hasta el más pequeño cambio, vale la pena, pues siempre se avanza sobre lo ya hecho.

Esos ideales reformistas que constituyen el corazón de la socialdemocracia son hoy más necesarios que nunca.

Hoy el socialismo democrático español, con sus más de ciento cuarenta años de historia, vuelve a ser seña de modernidad. La socialdemocracia actual sabe —y debe hacer saber a la ciudadanía— que la igualdad es lo mismo que la libertad. En el año 1976, el primer congreso que pudimos celebrar de nuevo en España tuvo por lema «Socialismo es libertad». No es que la libertad no pueda existir sin igualdad, sino que la igualdad y la libertad son, en las vidas concretas de las personas reales, la misma cosa.

La igualdad debe permitir a todos aportar a la sociedad según sus capacidades y, en esa aportación, desarrollarse y realizar sus proyectos, elegidos en libertad. Mal podemos elegir los ciudadanos nuestro proyecto y nuestro destino si, como viene ocurriendo, la familia, la clase social en la que nacemos o la imposibilidad de acceder a una vivienda marcan a fuego nuestra vida y, por tanto, condicionan nuestras posibilidades de desarrollo.

En tiempos de cambio, la socialdemocracia también proporciona certezas y seguridad a los ciudadanos. Les está diciendo: «No temas caer si vienen mal dadas, si hay una pandemia o una crisis económica global. El Estado, o sea, todos nosotros, estaremos ahí para protegerte». Eso es lo que con nuestras políticas quisimos transmitirles a los ciudadanos durante el covid. Vivir con esa tranquilidad no tiene precio.

La fraternidad está estrechamente ligada a esto. Es la amalgama que nos hace seguir cohesionados como sociedad, destierra el «sálvese quien pueda» y lo sustituye por la preocupación recíproca de unos por otros. Porque nos hace conscientes de que la solución a nuestros problemas hemos de encontrarla y hacerla realidad entre todos, prestando atención a quienes tienen menos recursos y más dificultades.

La socialdemocracia busca hacernos individuos autónomos, pero no narcisistas o egoístas; nos da herramientas para esa autonomía, pero también pone en valor la convicción de que los destinos de nuestros conciudadanos —y en estos tiempos de crisis climática diría que de los miembros de la especie— están unidos a los nuestros por hilos invisibles que hemos de reforzar, unos hilos que son los de la vieja fraternidad de la Revolución francesa.

Se habló durante mucho tiempo de la crisis de la socialdemocracia, pero hoy tiene más fuerza y vigor que nunca. Quienes claramente están en crisis son quienes impulsaron durante años políticas de desigualdad. ¿Su modelo es la Hungría de Viktor Orbán? ¿El Estados Unidos de Trump? ¿El Reino Unido de Liz Truss? El viejo ideario neoliberal ha quedado hecho trizas. Han perdido la batalla de las ideas.

La pandemia y la crisis económica subsiguiente volvieron a poner en primer plano la necesidad del Estado y sus herramientas. Hoy lo público está funcionando para generar cohesión. Sé que su funcionamiento no siempre es perfecto. Soy consciente de que a menudo las trabas burocráticas, las desconfianzas entre administraciones o los problemas materiales para llegar a los más desfavorecidos impiden nuestra aspiración de no dejar a nadie atrás. Me hago cargo de que no siempre logramos alcanzar a todos a los que nos gustaría. Sin duda, hay cosas que mejorar en la ejecutoria. Aun así, no tengo dudas sobre la necesidad y utilidad de las políticas públicas de orientación progresista para que las sociedades permanezcan cohesionadas y evitar su colapso. En estos años se ha demostrado que la socialdemocracia no solo es más equitativa, sino también más eficaz.

«NO NOS DEJÉIS SOLOS»

Cuando hablamos de estado de bienestar, solemos pensar en la educación y la sanidad universales de calidad, pero sus efectos van mucho más allá. En las once ocasiones en que estuve en la isla de La Palma durante la crisis provocada por la erupción del volcán, pude ver en los ojos de sus mujeres y hombres la necesidad no solo de recibir ayuda material, sino de no sentirse solos. La fraternidad es una idea abstracta, pero yo vi como cobraba cuerpo aquellos días en las vidas de tanta gente, rotas de repente por la erupción de un volcán al que nadie podía enfrentarse solo.

Los testimonios de las personas con las que hablé eran desgarradores. Habían perdido su casa, sus animales, sus tierras y sus plataneros. Todos engullidos por la lava. Su forma de vida y sus recuerdos habían desaparecido de la faz de la Tierra.

El volcán estuvo activo durante casi tres meses, y doy fe de la sensación de amenaza que infunden sus rugidos. No era fácil conciliar el sueño por las noches. A la angustia de saber qué pasaría con el volcán al día siguiente se unían los frecuentes latigazos y movimientos de suelo por la actividad del volcán. Durante mis visitas, me desperté sobresaltado en varias ocasiones por la noche en la habitación del precioso parador en el que nos alojábamos. A sus habitantes les sucedía un día tras otro. Sentían esa vulnerabilidad inmediata, pero les preocupaba lo que ocurriría tras la erupción. Las personas con las que hablé me trasladaban un mensaje sencillo: «No nos olvidéis».

Necesitaban, por supuesto, políticas de reconstrucción y necesitaban fondos, de los que dispusimos. Hasta el momento se han dedicado más de quinientos millones de euros. Necesitaban una absoluta coordinación entre instituciones, de lo que dimos un excelente ejemplo en todos los niveles (ayuntamiento, cabildo, Gobierno autonómico y Gobierno de España). Pero necesitaban también la empatía y la cercanía de toda la sociedad, a la que yo representaba como presidente. La sociedad española unida les transmitía tranquilidad y seguridad a todos, así como una perspectiva y un horizonte para resolver la situación de emergencia que generó el volcán. Hubo muchas noches muy largas para todo el personal de emergencias, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil.

Con motivo del temporal Filomena, tuvimos otro ejemplo palmario de la necesidad de políticas públicas para protegernos unos a otros. Cuando cayó aquella gran nevada, estaba previsto que yo despachara con su majestad el rey, pero hubo que cancelarlo. El primer día quedamos aislados, pero al siguiente visité las instalaciones de Protección Civil, cerca de la avenida de América en Madrid. Era la primera vez que un presidente del Gobierno presidía su comité de coordinación y conocía de primera mano su trabajo. Los empleados públicos que están al pie del cañón cuando ocurre una emergencia lo agradecieron mucho. Aún no se había estrenado la serie española Apagón, que vi después, y que ayuda a comprender en qué circunstancias de extrema incertidumbre trabaja el personal de emergencias. Como suele decirse, son los que corren hacia el desastre cuando los demás huyen de él.

Las crisis nos hacen recordar nuestra fragilidad y la importancia de la solidaridad para afrontar las adversidades de la vida. Creo firmemente en esa fraternidad humana.

PARTIDO SOCIALISTA, FEMINISTA Y ECOLOGISTA

La socialdemocracia surgió históricamente como respuesta de la clase obrera a las enormes iniquidades derivadas de un sistema de producción que condenaba a las clases trabajadoras a terribles condiciones de trabajo y vidas precarias y penosas. Surgió de la conciencia de que individualmente las personas con menos poder no podrían mejorar sus condiciones de vida salvo que se aliaran.

La situación y las aspiraciones de aquellas gentes que se unieron hace más de ciento cuarenta años para fundar el PSOE en defensa de sus intereses son muy distintas a las de hoy. Sin embargo, el objetivo último de la socialdemocracia sigue vigente: lograr una sociedad más justa, cuyos miembros cooperan para mejorar lo común e instauran ese clima de solidaridad que sustituye a la desconfianza y la sospecha permanente.

A lo largo de los años, el socialismo español ha sabido adaptar los objetivos fundacionales de la socialdemocracia a la realidad cambiante. Generó un especial consenso y entusiasmo entre la militancia definirnos como un partido ecologista y feminista en el 40.º Congreso del PSOE, celebrado en Valencia en octubre de 2021. Los principios ya estaban desde mucho tiempo antes incorporados a nuestro ideario, pero había que estamparlos.

A veces fuera de España hay gente que se pregunta por qué no ha emergido un partido ecologista fuerte en nuestro país. La respuesta es sencilla y no tiene nada que ver con que los españoles tengamos menos conciencia ecológica: el partido verde de España es el PSOE. Quienes se sienten concernidos por lo que les ocurre a sus congéneres no pueden olvidar el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. También para la crisis climática necesitamos inmunidad de grupo. Nadie se salvará solo, lo haremos todos juntos. Por eso para nosotros resultó natural incorporar el ecologismo y con él actualizar la socialdemocracia.

Años antes habíamos asumido ya el feminismo como parte esencial de nuestro ideario. Un partido que defiende la igualdad y la libertad de todos no puede sino llevar al corazón de sus políticas las luchas de las mujeres, que lo son también de nuestros hombres.

Para mí una de las grandes lecciones del feminismo es que cuando reclama igualdad no va contra los hombres, a pesar de la absurda pretensión de la derecha de etiquetar a las feministas como enfrentadas a los hombres. La historia de las luchas de las mujeres es la de una constante ampliación de derechos. Las sufragistas no decían: «Queremos votar y que no voten los hombres». Reivindicaban su derecho a votar, como ellos y junto a ellos, del mismo modo que ahora reclaman su lugar en los puestos de poder políticos, en los consejos de administración y en las direcciones de las empresas, no frente a los hombres sino a su lado.

Cuando aprobamos, en marzo de 2023, el anteproyecto de Ley de Paridad, España fue de nuevo noticia en medios internacionales, como el Financial Times, Reuters o Le Monde. Todos destacaron una política pionera de nuestro país: la igualdad por ley en el Consejo de Ministros. Si en el primer Gobierno socialista que dirigí ellas eran mayoría por vocación y por decisión, cinco años después dábamos el paso de convertirlo en ley, para que no fuera algo discrecional.

No dio tiempo a aprobar el anteproyecto, pero naturalmente formó parte de nuestro programa electoral del 23J con toda su ambición: la Ley de Paridad garantiza la representación paritaria en el Consejo de Ministros, es decir, que no haya ni más del 60 por ciento ni menos del 40 por ciento de ninguno de los dos sexos. Contempla una reforma de la legislación electoral para garantizar las listas cremallera, que aseguran la presencia igualitaria de mujeres y hombres en las instituciones representativas. Asimismo garantiza la paridad en las juntas de Gobierno de los colegios profesionales, los jurados de premios, etcétera. Con estas medidas avanzamos más allá de lo que establece la directiva europea.

El carácter pionero de nuestro país en políticas de igualdad nos granjea un gran prestigio internacional, y nadie que sienta verdadero patriotismo puede negarlo. Pero sobre todo se basa en un sentido de justicia elemental: si la mitad de la población es femenina, la mitad del poder económico y político ha de ser para las mujeres.

El anteproyecto también se refiere al sector privado: las cuotas en los consejos de administración se convierten en obligatorias. En las compañías se ha producido un avance visible en los últimos años. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las mujeres componían el 32 por ciento de los consejos de administración de empresas cotizadas en 2022, más o menos la media europea. Todos hemos de seguir avanzando.

En todo el mundo existen básicamente dos tipos de medidas para cerrar la brecha de género: las políticas de cuotas obligatorias, como existen en Alemania, Francia e Italia, por citar algunos países en los que se aplican, y las meras recomendaciones, que no conllevan medidas coercitivas en caso de incumplimiento. Esta última era la política aplicada en España en los últimos lustros. Con la nueva Ley de Paridad lograremos acelerar el avance de las mujeres en los puestos de mando de las empresas.

Está demostrado empíricamente que las políticas de cuotas funcionan y resultan las más eficaces para lograr la igualdad. Las leyes cambian la vida de la gente de manera tangible y, en el caso de la Ley de Paridad, mejoran las circunstancias vitales de la mitad de la población.

Numerosos estudios han demostrado que una mayor diversidad de género en los órganos de decisión de las empresas eleva su productividad y su competitividad. La igualdad no solo es buena para las mujeres, sino también para la empresa. Además, la incorporación de mujeres a los órganos de dirección contribuye a diluir los sesgos de género, lo que provoca un efecto general en todo el tejido productivo, al favorecer la incorporación de las mujeres en todos los niveles. Se estima que un país con una tasa de empleo femenino similar a la española lograría un aumento de al menos el 18 por ciento del PIB si cerrara la brecha de género, precisamente por ese aumento de la productividad al que me he referido.

LO QUE EL FEMINISMO HA HECHO POR LOS HOMBRES

Los logros del feminismo repercuten en toda la sociedad y sus avances son ganancias para todos. Creo que no enfatizamos suficiente lo que el feminismo ha hecho por los hombres. Soy una persona muy familiar e intento pasar todo el tiempo posible con mi familia. A menudo pienso en los hombres de hace medio siglo: prácticamente tenían vedado el terreno de la crianza y la educación de los hijos. Aquellos hombres que, para no ser tachados de débiles, no abrazaban a sus hijos e hijas se perdían una de las cosas más hermosas de la vida. Hay que transmitir constantemente a los nuestros cuánto los queremos; es algo que nunca se dice suficiente.

A los hombres de hoy el feminismo nos ha dado acceso a ese universo de los afectos, y a compartir con nuestros hijos y nuestras parejas momentos especiales. Con Begoña comparto la afición por el deporte, nos gusta salir a montar en bici juntos, dar un paseo por el campo... Ambos somos aficionados a leer y nos gusta conversar sobre nuestras lecturas.

Para mí un día perfecto consiste en levantarme tarde, hacer algo de ejercicio con Begoña y comer con mi familia una paella, una fabada, un salmorejo... Soy muy de cuchara. Todos los domingos almorzamos en familia, no soy muy original en eso. No siempre veo a mis hijas y a Begoña todo lo que quisiera, porque los viajes me obligan a ausentarme de casa, pero hay un pequeño ritual familiar que intento respetar, no importa en qué parte del mundo me encuentre: cada mañana, a través de nuestro grupo de WhatsApp, les envío un enlace a mis hijas. Puede ser a una noticia de ciencia o de cultura, a una canción que he escuchado, al último tema de un cantante que nos gusta a todos o de un grupo que acabo de descubrir... Mis hallazgos proceden de emisoras que escucho a menudo: Radio3, el canal idóneo para los amantes de la música, y el programa All Songs Considered, de NPR, la radio pública estadounidense, también muy recomendable para melómanos.

Mis hijas, a su vez, comparten música conmigo. A menudo intercambiamos listas de Spotify. Disfruto descubriendo lo que escuchan. Siento que me acerca a ellas, me conecta con las generaciones jóvenes y me hace tener la mente abierta a las novedades. Compartimos la afición a la música de Rosalía, Sen Senra o Beach House. A veces se sorprenden de que me guste algo de su generación. En todo caso, siempre me interesa lo que a ellas les interesa. Ha habido durante siglos tantos padres para quienes sus hijos eran unos desconocidos que muchos hombres de hoy nos consideramos afortunados de generar esta complicidad y disfrutarla. Sabemos que podemos amar sin complejos a nuestros hijos e hijas, y expresar esos sentimientos sin ser tachados de blandengues más que por gente muy carca.

Más allá de lo personal, si uno acepta, como demuestran los datos, que la desigualdad de género no sustituye a la de clase, sino que la multiplica, ve con claridad por qué resultó tan natural para el PSOE incorporar el feminismo como ideario esencial de socialismo. Es algo coherente con nuestra tradición. En alguna ocasión he mencionado cómo se refería Pablo Iglesias a las mujeres hace más de un siglo: «Del Partido Socialista forman parte las mujeres, y es natural que así sea, porque si los hombres necesitan emanciparse, ellas lo necesitan más, por ser mayor su esclavitud». No hay socialismo sin feminismo.

Las mujeres nos han enseñado muchas lecciones que debemos tener presentes en la lucha por la igualdad general. Lo explicaré a continuación.

LA INSPIRACIÓN DE LAS MUJERES

Los socialistas sabemos desde hace más de un siglo que, cuando a un grupo social se le reconocen derechos que aumentan la igualdad, también se amplía su libertad. Así ocurrió con los obreros desde finales del siglo XIX: sus reivindicaciones materiales por el derecho a un trabajo decente, una jornada de ocho horas y un salario digno estaban relacionadas con lo material y con la aspiración, si no a la igualdad, sí al menos a una mejora económica en esa dirección. Esas mejoras tuvieron como consecuencia una ampliación de su libertad.

Por eso no hay ejemplo más inspirador que la lucha de las mujeres por la igualdad, en la cual las socialistas han destacado. Cuando las españolas reivindicaban su derecho a votar, se trataba de una cuestión de igualdad: querían tener los mismos derechos políticos que los hombres. Lo consiguieron con la Constitución republicana de 1931 y lo ejercieron dos años después. Entonces se amplió su libertad, pues, al ejercer esos derechos políticos, podían elegir libremente a quienes representaban mejor sus aspiraciones.

En todo el mundo, las mujeres luchan por la igualdad y, entretanto, ensanchan su libertad y la de todos nosotros. Cuando una niña es educada en igualdad con los niños, y se le dan las mismas oportunidades para su desarrollo profesional, se está ampliando su libertad presente y también la que disfrutará de adulta: tendrá mayores opciones para el acceso a una profesión, a un mejor salario y a numerosas oportunidades para su desarrollo, tanto profesional como personal. Quiero recordar aquí el sufrimiento atroz de las mujeres afganas. No es casual que un régimen radical y abusivamente desigual, tiránico y cruel como el de los talibanes decretara la expulsión de las niñas de los colegios y de las mujeres de la universidad: saben que el acceso igualitario a la educación es la semilla de la futura libertad de las afganas.

Negar la conexión existente entre la igualdad y la libertad es falaz: las mujeres con su lucha nos han ayudado a verlo con nitidez. Por eso recelo de eslóganes de confrontación, como «socialismo o libertad».

En un panorama general de aumento de las desigualdades, la igualdad de género ha actuado a contracorriente. Uno de los grandes avances de la igualdad general se ha conseguido, precisamente, al ampliar la igualdad de las mujeres. Disfruté mucho leyendo Contra la igualdad de oportunidades, de César Rendueles, que escribe: «Tal vez el único ámbito de nuestras sociedades en el que ha habido un crecimiento de la igualdad sostenido, masivo y tendencialmente incuestionable a lo largo de más de un siglo de las dinámicas sociales igualitaristas sea el de las relaciones de género». En las últimas décadas, las malas noticias para la igualdad general han sido compensadas por las mujeres y las buenas noticias que nos han dado. Es algo que todos debemos agradecer.

La lucha por la igualdad de las mujeres es para mí, y para todo el Partido Socialista, un modelo y una inspiración cuando pensamos en cómo avanzar en la igualdad general. En el índice del Instituto Europeo de Igualdad de Género, España ocupa la sexta posición. Este índice mide seis dimensiones de la vida de las mujeres (empleo, dinero, conocimiento, usos del tiempo, poder y salud). Son muchos los estudios similares y, aun con diferencias entre unos y otros, España ocupa una posición de las más avanzadas del mundo. Me siento muy orgulloso de que destaquemos en ese ámbito.

Los socialistas tenemos una visión transversal de la igualdad. Esto significa que las políticas beneficiosas para las mujeres no se llevan a cabo desde un solo ministerio, sino desde todos. En concreto, cuando hemos aumentado el salario mínimo, ¿a quién ha beneficiado especialmente? Si tenemos en cuenta que el 60 por ciento de quienes lo perciben son mujeres, la respuesta es obvia. De hecho, la brecha salarial de género alcanzó su máximo histórico, el 31 por ciento, en 2014, durante el Gobierno de Rajoy; en 2021 la habíamos reducido ya hasta el 21 por ciento.

Cuando hemos aprobado por decreto la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, ¿a quién ha beneficiado? Indudablemente a las mujeres, pero al mismo tiempo los efectos de esa norma contribuyen a disminuir la desigualdad general, pues con frecuencia las mujeres se encuentran entre las más discriminadas y padecen mayores índices de pobreza. Hay un círculo virtuoso evidente en las políticas públicas: cuando combaten la desigualdad de género, aumentan también la igualdad general. Del mismo modo, aquellas políticas dirigidas a reducir la desigualdad general tienen un mayor impacto sobre las mujeres.

Esto ha sucedido con la reforma laboral: ha contribuido a disminuir la precariedad y la temporalidad. Desde luego lo ha hecho respecto a los trabajadores en general, pero su efecto sobre las mujeres ha sido especialmente notable. La tasa de temporalidad de las mujeres se ha reducido nada menos que 9 puntos, ya que pasó del 28 por ciento en 2021 al 19 por ciento en el segundo trimestre de 2023.

Del mismo modo, cuando llevamos a cabo políticas específicas para sectores muy feminizados, como el de los cuidados, está claro que se trata de medidas para las mujeres. Hemos recuperado las cotizaciones a la Seguridad Social de las aproximadamente 70.000 cuidadoras no profesionales que hay en nuestro país, así como la equiparación de las trabajadoras del hogar en la prestación por desempleo o el derecho a la protección de la salud.

No quiero ser complaciente ni por un segundo: me hago cargo de que debemos seguir avanzando. Son numerosos los obstáculos que las mujeres encuentran para desarrollarse con plenitud como personas, como ciudadanas y como profesionales.

A menudo, esos obstáculos se hallan fuera del ámbito profesional, pues están relacionados con los roles sociales tradicionalmente atribuidos a ellas. Resulta imprescindible desarrollar las políticas públicas que contribuyen a la igualdad en el ámbito doméstico o familiar, pues haciéndolo se favorecerá que las mujeres prosperen. Instaurar la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad, como hicimos en 2019, constituye un hito cuyos beneficiarios son de forma directa los hombres jóvenes que tienen hijos. Sin embargo, las mujeres, de manera indirecta, también salen beneficiadas.

En general, fortalecer el estado de bienestar es la forma más rápida y directa de beneficiar a las mujeres. Cuando se revalorizan las pensiones ¿a quién beneficia? Pues sobre todo a aquellos grupos sociales que sufren más desigualdad salarial y que, por tanto, más seguridad necesitan respecto a las pensiones que cobrarán en el futuro. Es decir, a las mujeres.

Igualmente, cuando se revierten los recortes del sistema nacional de dependencia, y en vez de rebajar en 700 millones su dotación, como hizo Rajoy, se aumenta en 1.800 millones, las más beneficiadas son las mujeres. Sobre sus espaldas recae de forma mayoritaria el cuidado de los dependientes. Lo mismo cabe decir de los 700 millones de euros que vamos a destinar a las escuelas infantiles de cero a tres años, para crear 65.000 nuevas plazas, aun no siendo competencia del Estado.

La economía de los cuidados está absolutamente desequilibrada, de ahí que toda política destinada a amortiguar la carga de cuidados no retribuidos que recae sobre las mujeres tenga un efecto directo en la igualdad. Está bastante estudiado y demostrado de forma empírica que ellas sufren la desigualdad salarial y los frenazos en sus carreras profesionales por dedicarse a los cuidados, es decir, en los años de la maternidad o cuando han de hacerse cargo de un familiar. En esos momentos vitales, han de pedir un permiso o renunciar a una parte del salario, a su carrera o a ambas cosas.

La violencia de género constituye la plasmación más brutal de la desigualdad, algo en torno a lo que existe un enorme consenso social; la sociedad en su conjunto está concienciada. La ultraderecha pincha en hueso cuando trata de romper ese consenso, porque la sociedad española está unida en su repudio a la violencia machista. Nuestras leyes han sido pioneras en muchos aspectos y han inspirado a muchos países en el combate de esta lacra.

Las cifras de asesinatos de mujeres siguen siendo insoportables, pero cada vez conocemos mejor el fenómeno, y estamos mejor dotados como sociedad para hacerle frente. Cada nueva víctima nos lleva a analizar qué ha fallado, qué más podrían haber hecho la sociedad y las leyes instauradas para protegerla. Nunca será suficiente mientras haya una sola mujer asesinada.

Soy un convencido de que la mejor forma de plasmar cuán importante resulta una política es la dotación presupuestaria. Siendo líder de la oposición, firmé el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que desde entonces no se había dotado de recursos económicos. Ya con el Gobierno de coalición progresista, los desbloqueamos. Aprobamos en 2021 la Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que declara servicio esencial la atención integral.

Son innumerables las políticas con las que, en todos los ámbitos, hemos protegido a las mujeres. Si hay una que refuerza a todas las demás es, sin duda, el haber establecido que la igualdad de género sea uno de los cuatro ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos.

Todos los proyectos están atravesados por esa ambición de igualdad: desde la digitalización de las pymes hasta las becas, pasando por el emprendimiento femenino o el fomento de la presencia femenina en las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). Se puede decir que todas las políticas del Gobierno están definidas por esa gran preocupación: alcanzar la igualdad de género. E insisto, esto repercute en el bienestar de toda la sociedad. Tener más mujeres aprendiendo a programar algoritmos, por poner un ejemplo, para en el futuro diseñar aplicaciones que definirán cómo compramos, cómo trabajamos y cómo comemos no solo es bueno para ellas, sino para todos. Uno de los grandes problemas de los algoritmos y la inteligencia artificial lo constituyen precisamente los sesgos. Pues bien, incorporar más mujeres a esas profesiones digitales los reducirá. Y todos nos beneficiaremos de ello.

Nos queda mucho por hacer, pero cuando veo esas predicciones que aplazan el logro de la igualdad para dentro de cien o doscientos años, siempre pienso en cómo acortar ese plazo. Hemos ganado años para la igualdad. Y el día que por fin se dé habremos hecho, pura y simplemente, justicia.

EL PORQUÉ DE LOS IMPUESTOS

La igualdad es la estrella polar de la izquierda, como dijo Norberto Bobbio. Lograrla nos exige bajar del firmamento a la Tierra. Los socialistas tenemos principios arraigados, pero sabemos que, para materializarlos en logros concretos, no bastan las ideas ni el voluntarismo: hay que tener experiencia de Gobierno, conocimiento de las leyes y capacidad técnica.

Cuando hablamos de igualdad real, hay que abordar las políticas fiscales.

Sabemos que nuestro sistema fiscal recauda menos y redistribuye peor la renta y la riqueza. En 2019 la recaudación fiscal de España representó el 35 por ciento del PIB frente a una media del 41 por ciento en la Unión Europea. Cuando en el pasado se han llevado a cabo amnistías fiscales para los más ricos, se ha acentuado esa debilidad y se ha profundizado en la desigualdad. Por nuestra parte, ya en estos cuatro años, hemos tomado algunas medidas cruciales.

La cohesión social se logra con políticas fiscales adecuadas. Si queremos estar protegidos frente a crisis futuras, necesitamos un estado de bienestar sólido. Es el momento de elegir y mi elección es clara: no se puede regresar a la equivocada senda de austeridad y recortes. Hemos de fortalecer de forma activa el estado de bienestar y eso se logra con los impuestos.

España no tiene un problema de excesivo gasto público, como algunos pretenden hacer ver para desacreditar al Estado como proveedor de servicios públicos. Antes de la pandemia éramos el décimo país de la Unión Europea con menos ingresos fiscales y el decimotercero con menos gasto público. Recaudan y gastan más que nosotros países como Francia, Alemania o Finlandia. Por el contrario, los Estados que recaudan y gastan menos que nosotros son antiguas repúblicas soviéticas. ¿A quién nos queremos parecer? Esta es la pregunta. Y la respuesta es obvia, al menos para los socialistas.

Si se miran los países con mayor nivel de desarrollo humano, menos desigualdad y más cohesión social, se observa una correlación directa y clara con los ingresos fiscales más altos. No es casualidad: no podemos aspirar a un estado de bienestar nórdico con políticas fiscales propias de países menos avanzados. Si queremos un estado de bienestar fuerte, hay que dotarlo de medios y de ingresos. Y deben sufragarlo quienes más tienen. No solo está grabado a fuego en nuestra Constitución, sino también en la experiencia histórica más reciente de nuestro país y de Europa. Los ciudadanos deben contribuir en proporción a sus ingresos.

Esto es algo que la derecha se esfuerza en ocultar, para que no le recordemos su amnistía fiscal de 2012. Sus rebajas fiscales benefician a quienes más tienen, pero es que, además, lo que se deja de ingresar repercute en una menor calidad de los servicios públicos. Las bajadas de impuestos a bombo y platillo son un señuelo ideológico, porque, al final, la disminución de ingresos empobrece a quienes no pueden pagarse servicios básicos, como la sanidad y la educación, que se deterioran con los recortes. Madrid constituye un ejemplo ilustrativo: siendo una de las comunidades autónomas más ricas de España, es, sin embargo, la que menos invierte en sanidad. En cabeza están el País Vasco y Asturias.

Las directrices emitidas en los últimos tiempos por los principales organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCE, aconsejan precisamente gravar las rentas más altas para proveer de atención y servicios a las clases medias y trabajadoras. Lo contrario no solo es una irresponsabilidad que amenaza la cohesión social y la convivencia, sino que, además, es una política trasnochada.

Los españoles lo saben. Una encuesta llevada a cabo por Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, en 2022 para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la estabilidad fiscal y la consolidación presupuestaria, arrojó resultados interesantes. Solo el 16 por ciento estaba de acuerdo con la afirmación «Si no se pagase ningún impuesto, todos viviríamos mejor». En general, y a pesar de décadas de demonización por la derecha, la gente no tiene problema en pagar impuestos si con ello fortalece unos buenos servicios públicos. De forma consistente, la ciudadanía afirma preferir la mejora de la sanidad pública, aunque eso implique pagar más impuestos.

Pero la cuestión de fondo no se reduce a subir o bajar impuestos: la pregunta crucial es quién los paga y cuánto paga cada cual. La opinión es generalizada entre los españoles: saben que los servicios públicos son imprescindibles y están de acuerdo en que pague más quien más tiene, pese a los esfuerzos de la derecha por romper ese consenso.

Sería absurdo demonizar al sector privado y, a menudo, la colaboración público-privada es la mejor e incluso la única forma de acometer y garantizar la estabilidad de ciertos proyectos. El sector privado es más eficiente para ciertas tareas e imprescindible para nuestro crecimiento económico. Pero los datos demuestran que los servicios públicos son muy rentables, a menudo más que los privados, y que proveen derechos, como la sanidad y la educación, que la derecha quiere convertir en una mercancía más.

No se puede debilitar más el estado de bienestar: ya se ha hecho demasiado tiempo. Hasta tal punto esto es una evidencia que ni los mercados financieros aprueban las políticas neoliberales.

En octubre de 2022, tras cuarenta días en el cargo, vimos caer a la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, por sostener con dogmatismo bajadas de impuestos claramente perjudiciales para el Estado, hasta niveles que provocaron el desplome de la libra y el aumento exponencial de los tipos de interés. La preocupación cundió entre la propia derecha inglesa y los mercados. Sin embargo, en nuestro país esas políticas tuvieron durante unos días señalados adeptos, que no han vuelto a mencionar el asunto. Por qué será...

Si alguna enseñanza nos ofrece la pandemia a los gobernantes —y en esto los autonómicos son cruciales, pues sobre ellos recaen las competencias—, es que el sistema de salud pública requiere ser rearmado. Ha sido lo público lo que nos ha salvado durante la pandemia, lo volverá a hacer si hay otra crisis, y lo hace a diario con nuestras dolencias.

El Estado no solo protege a los más necesitados, sino que presta servicios a todos. Las infraestructuras, la red consular de nuestro país en el extranjero, la seguridad, los servicios de emergencias, de protección civil y la extinción de incendios son necesidades de la sociedad en su conjunto. No cabe engañarse al respecto: un gasto público generoso y eficaz beneficia al conjunto de la sociedad.

El latiguillo neoliberal que el PP ha hecho suyo, según el cual «el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos», no se sostiene. Porque la otra cara de esa afirmación implica que también cada uno debe pagarse lo suyo, sus tratamientos médicos, sus colegios, sus pensiones... No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que los más beneficiados por ese modelo son quienes más tienen.

BAJAR IMPUESTOS ¿A QUIÉN?

El nuevo paradigma de la igualdad aborda la situación del individuo en su conjunto, y se centra cada vez más en una concepción heterogénea: no son solo los ingresos, sino también la educación, la sanidad, la dependencia, los sistemas de cuidados, el acceso a la vivienda... Todos estos elementos configuran una situación de desigualdad de ciertas capas sociales que es más compleja y va mucho más allá de los meros ingresos.

La fiscalidad verde, por otro lado, tiene una especial virtud y por eso es más necesaria que nunca, como se ha comprobado con la eliminación del impuesto al sol. Para acometer la transición ecológica es necesario fomentar conductas, tanto empresariales como individuales, orientadas a la reducción de emisiones y a la sostenibilidad del planeta. La fiscalidad verde está destinada no tanto a recaudar como a modificar hábitos. Y es algo que seguiremos haciendo.

En estos años hemos orientado las políticas fiscales en ambas direcciones: ser una sociedad más verde y más cohesionada. A principios del otoño de 2022 aprobamos un paquete de medidas fiscales que abunda en esa justicia social y en el combate a la desigualdad. Esa reforma estaba dirigida a mejorar la situación de trabajadores con sueldos bajos, pensionistas y familias monoparentales, que lograron ahorrarse entre 300 y 700 euros. Fue una reforma progresiva. Entretanto, el principal partido de la oposición planteaba una propuesta para deflactar de forma lineal el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que hubiera supuesto, para todo el mundo, un ahorro de 23 euros.

Quiero ser muy pedagógico con esto. Mediante nuestra reforma, un trabajador con un sueldo de 19.000 euros se ahorra 330 euros; con la del PP, se hubiera ahorrado 23 euros. Con nuestras medidas, una pensionista que cobre 16.500 euros se ahorra 689 euros, frente a los 23 euros que se ahorraría si el PP gobernara y aplicara su reforma.

Esa es la elección. Una bajada de impuestos igual para todos, que genera el mismo ahorro a los que tienen más y a los que tienen menos, como proponía el PP, o un paquete fiscal dirigido a las rentas más bajas, sean salariales o de pensiones. Ese es el dilema que está sobre la mesa. Lo demás son maniobras de distracción, adornadas con eslóganes caducos o lenguaje tecnocrático para confundir a la ciudadanía. Cualquier ahorro fiscal debe centrarse en la mayoría social. En las circunstancias que vivimos, pedir un esfuerzo de solidaridad mayor a los que más tienen para proteger a la inmensa mayoría es lo razonable. Y, desde luego, es nuestra política, aunque incomode.

Del mismo modo, hemos tomado medidas para reducir la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y del capital, y otras que han representado un alivio para un millón y medio de autónomos y 400.000 pymes. Y hemos aprobado un impuesto temporal de solidaridad para las grandes fortunas, que habrán de pagar aquellos que tengan patrimonios netos de más de tres millones de euros. El objetivo es hacer frente a la crisis energética e inflacionista y para ello hemos pedido, de nuevo, un esfuerzo a quienes más tienen. Esta vez la crisis no puede recaer en la clase media y trabajadora.

Sabemos que muchos, desde una posición socioeconómica acomodada, asumen con naturalidad, e incluso con orgullo, realizar una aportación mayor a las arcas públicas en la difícil coyuntura que vivimos. No son pocos los que así lo han manifestado públicamente. Es una muestra de sentido común y patriotismo. Pues ser patriota es preocuparte por las gentes de tu país, ni más ni menos. El Gobierno ha demostrado serlo.

Lo mismo cabe decir del impuesto especial a la banca y a las eléctricas. No les tenemos ninguna animadversión. Al contrario, consideramos un orgullo y una fortaleza de país que España tenga empresas exitosas y fuertes en estos sectores. Pero pensamos que deben arrimar el hombro y contribuir a la recuperación. Solo con la subida del IRPF a las rentas de capital superiores a 200.000 euros se cubren los 172 millones de refuerzo a la atención primaria aprobados en 2022 por el Consejo de Ministros. Gracias a eso, se prevendrán enfermedades y mejorará el bienestar de todos.

Yo tengo claro a quién defendemos desde el Gobierno y para quién estamos gobernando. Nuestra meta colectiva es proteger los derechos de todos y evitar los abusos; repartir las cargas y asegurar que quienes más tienen se comprometan en la medida que les corresponde.

Así lo dije en un homenaje a Salvador Allende en el Instituto Cervantes de Nueva York, junto al presidente chileno Gabriel Boric, del que tengo un recuerdo especialmente intenso. En mi discurso, cité unas palabras del expresidente chileno ante la ONU que son pertinentes hoy: «El nuestro es un combate permanente por la instauración de las libertades sociales, de la democracia económica, mediante el pleno ejercicio de las libertades políticas».

En efecto, nada resulta más corrosivo para la democracia que la sospecha de que la ciudadanía elige cada cuatro años a quien gobierna, pero no a quien realmente manda. Señalar la amenaza que suponen esos poderes, que no se presentan a las elecciones, pero esperan que sus intereses sean defendidos por el Gobierno de todos, refuerza nuestras convicciones democráticas. No es la izquierda la que pierde con la desafección: cuando los ciudadanos sienten que algunos poderes son intocables, toda la arquitectura democrática se resiente.

Puede que nuestras políticas no gusten a unos pocos. Lo importante es que la mayoría social sea consciente de cuáles son sus intereses y los defienda en las urnas.

UN ESTADO DE BIENESTAR INNOVADOR

En más de una ocasión el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva nos ha dicho a los europeos: «Que no os arrebaten el estado de bienestar, porque es lo mejor que tiene Europa». Así es. El estado de bienestar es una seña de identidad europea y socialdemócrata. En un cambio de época como el que estamos viviendo, también hay que pensar en cómo rediseñarlo, antes de que quede obsoleto y algunos de los que siempre están deseando encogerlo encuentren la excusa perfecta.

En las próximas décadas, es mucho lo que va a cambiar la economía. El estado de bienestar deberá adaptarse también. El nuestro es un sistema de protección vinculado al empleo, en la tradición bismarckiana. Las prestaciones fundamentales —desde la pensión hasta el permiso de maternidad o paternidad, pasando por el desempleo— se hallan ligadas al trabajo. La automatización va a modificar muchos empleos: algunos desaparecerán y otros cambiarán de manera sustancial. Me hago cargo del miedo a perder el trabajo que siente mucha gente, por eso resulta crucial asegurar que la protección del estado de bienestar evolucione para que las prestaciones tengan carácter universal.

Es de esperar que se modifique nuestra relación con el trabajo, como ya apuntan algunos fenómenos, como el de la «gran renuncia», en Estados Unidos. Quizá nuestra identidad acabe no estando tan ligada a la profesión. La formación a lo largo de toda la vida debe garantizar nuestra adaptación y enriquecernos personalmente. Lo cierto es que, para hacer las transformaciones con justicia, hemos de asegurar que las prestaciones esenciales conserven su eficacia.

En esta evolución no podemos perder de vista su función y su significado. Como escribió Jordi Sevilla en De nuevo socialismo, el estado de bienestar no solo provee ciertas prestaciones, sino que constituye un auténtico sistema de convivencia. Ha servido durante décadas para evitar las peores consecuencias de un sistema económico que en las crisis, e incluso en tiempos de bonanza, sume a muchos ciudadanos en el paro y la precariedad, además de generar desigualdades. Asegurar un estado de bienestar fuerte es también garantizar que la convivencia funciona y que la confianza en la democracia se sostiene.

Para que el estado de bienestar se adecúe a estos tiempos ha de cumplir sus objetivos de siempre: proteger a los ciudadanos frente a riesgos políticos y vitales, reducir la marginación social, la desigualdad y la pobreza, y garantizar el conjunto de derechos sociales que, junto con los derechos políticos, constituyen los pilares de eso que llamamos, orgullosamente, «el Estado social y democrático de derecho».

Por esa alteración de la función del trabajo, cobra sentido la idea de evolucionar a un estado de bienestar basado en la universalidad, que no esté tan relacionado con cuánto ha cotizado o cuántos años ha trabajado una persona, sino con qué necesidades tiene. Una evolución así ya está planteada en los países nórdicos. Comenzamos a orientarnos en esa dirección cuando aprobamos el Ingreso Mínimo Vital, una prestación relacionada con las necesidades de las personas que se hallan en una situación de precariedad.

Sé que a quienes lo necesitan les importa poco la complejidad que reviste implantar una medida social innovadora en una administración mermada por años de reducción del número de empleados públicos, otra consecuencia de los recortes neoliberales. Fue necesario ponerla en marcha en plena pandemia y, al mismo tiempo, eso dificultaba su implantación. Pero la semilla está sembrada.

Hoy, en 2023, quienes carecen de los recursos económicos elementales para sus necesidades básicas ya pueden recibir 735 euros mensuales para dos adultos y 904 euros, si además hay un menor en la unidad familiar. En 2022 se beneficiaron del Ingreso Mínimo Vital casi 550.000 hogares y en 2023 la cifra ha seguido ascendiendo.

CRECER EN BIENESTAR

En los próximos años, ningún país desarrollado va a crecer al 7 por ciento; incluso China está teniendo dificultades para seguir dando las exorbitantes cifras de crecimiento que sostuvo durante lustros. Sin embargo, estoy convencido de que eso no será tan relevante: el éxito pertenecerá a las sociedades que, con unas décimas más de PIB, logren generar crecimiento sostenible y un reparto más equitativo de la riqueza. La clave no estará exclusivamente en el PIB, sino en el modo en que ese crecimiento genere bienestar.

En todas las épocas de cambios las transiciones han sido difíciles, pero el balance ha resultado positivo. Nuestro empeño es que estas transformaciones se lleven a cabo con justicia y para ello resulta imprescindible fortalecer y adaptar el estado de bienestar, no debilitarlo. El más apropiado para esta época ha de ser fuerte, aumentar las prestaciones y adecuarlas a las necesidades de la ciudadanía. Y ha de estar presidido por la idea de solidaridad. En ella incluyo la solidaridad con quienes habitan territorios menos poblados: hay que consolidar el bienestar en las zonas rurales, al margen de la dispersión, el tamaño o el grado de envejecimiento de su población.

También hay que pensar en un sistema de cuidados. La red de residencias de mayores fue uno de los agujeros negros de la pandemia y se comprobó que está funcionando mal. ¿Por qué los mayores no quieren ir a una residencia? ¿Por qué sus hijos solo los dejan allí si no tienen más remedio? ¿A quién le gusta ese modelo? A casi nadie. Lo paradójico es que todos vamos a llegar a ese momento de la vida. Nos concierne a todos, por tanto, establecer un sistema de cuidados fuerte, del mismo modo que hay que extender el conjunto de servicios públicos del bienestar a la totalidad de las zonas rurales. Las comunidades autónomas son las responsables de que esto mejore: no deben olvidar que lo son para gestionar los servicios públicos, no para desmantelarlos.

Soy consciente de que nos queda un trabajo ímprobo por delante. En los últimos cuatro años hemos puesto en marcha medidas destinadas a combatir o minimizar tendencias estructurales de nuestro sistema que favorecen la desigualdad. Además, hemos situado la cuestión de la igualdad en el centro del debate público. Aun así, hay que seguir trabajando para hacer de España una sociedad más justa y cohesionada, porque queda mucho por hacer. Mi empeño es lograrlo en los próximos años. Si en la década de 1980 pudimos reducir la desigualdad, ahora, con una población más formada, una democracia consolidada y una economía ante su gran oportunidad de modernizarse, volveremos a ser capaces. Solo pisaremos tierra firme con un estado de bienestar robusto.

Los intereses contrarios a la igualdad existen, y a veces están obscenamente a la vista. Por eso hace falta una férrea voluntad política para poner en marcha las políticas públicas adecuadas. Mi Gobierno ha demostrado un compromiso político claro: la desigualdad es nuestro enemigo y vamos a seguir combatiéndolo.

DIÁLOGO, DIÁLOGO Y DIÁLOGO

En una legislatura marcada por furiosos ataques de la derecha, he fomentado el espíritu constructivo y el diálogo siempre que ha estado en mis manos. Ese permanente empeño de negociación se ha traducido en múltiples acuerdos, especialmente valiosos en medio de crisis sucesivas que han puesto al límite la resistencia de la ciudadanía. No hemos dejado de trabajar por los consensos, en España y en Bruselas; hemos dado un rotundo protagonismo a las Cortes y hemos reconstruido el Pacto de Toledo para las pensiones.

Nuestro compromiso y el de la ciudadanía con Europa es más fácil ahora que recibimos los fondos europeos. Lo fue también cuando, durante los Gobiernos de Felipe González, recibíamos fondos de Bruselas. En su momento Aznar los despreció, del mismo modo que el PP actual ha hecho el ridículo tratando de encizañar a la Comisión Europea contra nuestro país. Creo que el PP albergaba la gran esperanza de que Europa retrasara o bloqueara el envío de fondos a España por fallos en la gestión, pero no lo ha hecho, porque no los ha habido. Es un gran éxito de país que la derecha no consigue celebrar. Por una de esas paradojas de la política, quien ha sufrido el bloqueo de fondos de la Comisión Europea ha sido la Italia gobernada por la ultraderecha y la derecha. Espero que el PP extraiga las lecciones adecuadas, que para mí son evidentes. Me sigue costando comprender que sustente su proyecto en el fracaso de España ante Europa.

También hemos cogobernado con las comunidades autónomas. Nunca antes se les había dado más protagonismo, tanto a la Conferencia de Presidentes, que actuó como cerebro político y estratégico del país en los peores momentos de la pandemia, como a las conferencias sectoriales, que en la época de Rajoy se habían dejado de convocar.

La Conferencia de Presidentes se ha convertido en una referencia institucional de cogobernanza. Y así debe ser, porque el nuestro es un país complejo, descentralizado y con distintos niveles de administración, muy potentes todos ellos. Esa es nuestra realidad y ha funcionado. España tiene un Gobierno con sentido de Estado, y el Estado lo componen todas sus instituciones en los distintos niveles. Hemos cultivado el entendimiento, no el enfrentamiento ni el insulto, a pesar de los ataques de los malos perdedores.

El diálogo ha marcado a fuego a este Gobierno. También lo hemos practicado con los agentes sociales. Hemos aprobado más de una decena de acuerdos con sindicatos y patronal, tan esenciales como la reforma laboral o la nueva ley de la formación profesional. En algunos de ellos, como el de las pensiones, la patronal se ha desvinculado: ellos sabrán por qué, siendo una reforma acordada con la Comisión Europea. Igualmente hemos dialogado con la sociedad civil, con colectivos, asociaciones, ONG y organizaciones sectoriales que tenían voluntad de llegar a acuerdos. Desde luego, me he podido equivocar, pero la opción del diálogo, en un momento tan difícil para el país, y con una composición política tan compleja, ha sido mi apuesta inequívoca. Para los socialistas es natural: lo llevamos en el ADN, y también lo hemos practicado dentro del propio Gobierno de coalición progresista.

Ha habido pocos Gobiernos en la historia de nuestra democracia reciente que se hayan enfrentado a episodios tan extremos como los que hemos afrontado desde el Gobierno de coalición. A la envergadura de los desafíos ha habido que sumar el ruido de una oposición, PP y Vox, más pendiente de ver cómo hacía caer al Gobierno con cada crisis que de arrimar el hombro cuando el país más lo demandaba. No han sido años fáciles. La gravedad de la coyuntura y la trascendencia de las decisiones que había que tomar no han constituido en ciertos momentos el contexto más favorable para la convivencia entre los partidos de la coalición progresista. 

En las situaciones más complicadas siempre he tenido presente que, como fuerzas progresistas, son más los asuntos en los que coincidimos que aquellos en los que discrepamos. Creo que el resultado de la primera experiencia de coalición ha sido más que notable: hemos dado respuesta a los graves desafíos con justicia social, hemos desactivado conflictos que lastraron la convivencia entre españoles durante años y hemos culminado una legislatura fructífera en reformas estructurales.

Algunos no daban ni unas semanas de vida al Gobierno de coalición. La realidad es que ha sido más estable y duradero que otras coaliciones lideradas por el PP en Gobiernos autonómicos. Hemos logrado significativos avances, poniendo el acento en lo mucho que nos une, que es más profundo y relevante que las posibles diferencias. Siempre pensé, y así se lo dije a ellos, que subrayar los logros conjuntos era mejor para ambos que acentuar las diferencias, porque reconforta a la ciudadanía progresista. Hemos sido dos partidos con trayectorias y culturas organizativas distintas: Podemos surgió del activismo, y el Partido Socialista es una organización que siempre ha conjugado la calle y los Gobiernos. Estamos acostumbrados a gobernar y conocemos las exigencias que ello impone.

LA OPOSICIÓN DESTRUCTIVA DEL PP

Una de mis mayores frustraciones, y también mi mayor perplejidad, ha sido no haber logrado un diálogo fluido con el Partido Popular ni siquiera en asuntos a los que están obligados por la Constitución. La forma en que el PP ha hecho oposición lo ha impedido.

Al formar Gobierno en enero de 2020, sabía que no iba a recibir especial indulgencia. Dos meses después, cuando nos vimos inmersos en la peor pandemia de la historia en un siglo, sí pensé que la derecha adoptaría una posición más constructiva. Pronto me di cuenta de que no sería así.

La salida del poder del PP en 2018, a través de la primera moción de censura exitosa de nuestra democracia reciente en el ámbito nacional, resultó un alivio para la mayoría de los españoles. Con la moción se puso fin a un Gobierno sentenciado política y judicialmente, con una evidente carencia de ejemplaridad. Un Gobierno limpio es esencial para fortalecer la democracia.

Aquel era un Gobierno sin voz en la escena internacional, que había agrandado las brechas de desigualdad con los recortes y había manejado de forma negligente las diferencias territoriales, particularmente en Cataluña. La moción reforzó nuestra democracia y sus instituciones. Ante la falta de asunción de responsabilidades por parte del Poder Ejecutivo, el Legislativo respondió a la evidente exigencia de dimisiones derivadas de una sentencia del Poder Judicial. Se usó por nuestra parte un instrumento legítimo y constitucional: la moción de censura.

Cinco años después de aquella moción, el Partido Popular no ha sido capaz de dar una explicación coherente y clara respecto a la corrupción en su seno. Han pretendido que la corrupción era cosa del pasado, mientras seguían publicándose informaciones y se llevaban a cabo investigaciones judiciales que acreditaban lo contrario. Hasta tal punto es un asunto no resuelto que la mayor crisis vivida por el PP, que llevó al cambio en el liderazgo, tuvo en su origen una cuestión de corrupción.

Yo siempre diré lo mismo: ningún partido está libre de tener un corrupto en sus filas. Tanto el PP como el PSOE somos partidos grandes y no podemos tener controlados a todos nuestros militantes, ni siquiera a todos nuestros cargos públicos. La diferencia estriba en la reacción. Porque si en las filas de un partido milita un exministro a quien se le piden quince años de cárcel y ni siquiera se le suspende de militancia, ahí hay un problema grave. Ese partido no es consciente del daño que la corrupción hace al sistema. O, aún peor: es consciente y no le importa.

Por mucho que el PP pretenda distanciarse de la corrupción, no niega —no podría hacerlo— una línea de continuidad histórica de su partido. Por tanto, su líder debería pronunciarse, emitir alguna condena respecto a aquellos años en que el PP, instalado en el Gobierno de la nación, desarrolló tramas corruptas e ilegales para casi todo: para abordar el problema político de Cataluña, para ocultar las pruebas de la corrupción del caso Gürtel en manos de su tesorero o para atacar a fuerzas políticas que no eran de su agrado.

Casado intentó zafarse de la corrupción diciendo que era cosa del pasado, pero se atrevió a denunciar lo que consideró política y éticamente intolerable dentro de su partido. Sin embargo, cuando señaló a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al lucro de sus familiares en plena pandemia, su partido no pensó en apoyarlo, sino en quitárselo de en medio. El hombre utilizado para silenciar aquello fue Feijóo. Esto ya dice bastante de él: indica que la corrupción sigue siendo un gran asunto pendiente del PP. Creo que a la mayoría de los españoles los reconciliaría con el sistema que los líderes de la derecha fueran capaces de repudiar lo ocurrido, además de explicar qué medidas van a tomar para que no vuelva a ocurrir.

La pasada legislatura el Gobierno aprobó una Ley de Protección del Informante, siguiendo una directiva europea que busca proteger a quienes denuncian la corrupción, ya sea en el sector público o el privado. Gracias a la evidencia empírica y a la experiencia de los países con índices más bajos de corrupción, sabemos que lo mejor que se puede hacer contra ella es prevenirla. La protección a los informantes puede evitar muchos casos de corrupción, pues quienes se sientan tentados a cometerlos saben que es mucho más fácil que sus fechorías se conozcan y, por tanto, no queden impunes, ni en el plano legal ni en el político.

CUANDO FALTA AUTONOMÍA POLÍTICA

En aquel brusco cambio de liderazgo en el PP emergió de forma descarnada la falta de autonomía que aqueja a ese partido. En aquellos días, todos lo recordamos, los mismos medios de comunicación que hasta la víspera decían que Casado iba a ser presidente del Gobierno, cambiaron y apostaron al caballo ganador: Ayuso. Pero para ello hacía falta una persona instrumental: Feijóo. Pactó su ascenso al liderazgo del PP con un puñado de barones que veían a Casado como un lastre para sus ambiciones electorales, y consideraron intolerable su atrevimiento de denunciar la corrupción dentro de su partido. Lo defenestraron de forma fulminante. Así se decidió quién iba a dirigir el PP. Todo muy edificante.

Cómo alcanza cada uno la posición que ocupa, en política, es muy relevante, porque es un indicador de cuáles serán las lealtades o las hipotecas de esas personas en el ejercicio de su cargo. Yo llegué a liderar el PSOE con el apoyo masivo de la militancia, tras un complejo proceso interno en nuestro partido que resultó un profundo ejercicio democrático. Siempre he sentido que tenía las manos libres para defender a la mayoría social de España. Eso me hace sentir muy orgulloso. Cuando he desplegado políticas que sabía incómodas para ciertos intereses económicos, lo he hecho con libertad, pensando en lo mejor para nuestro país.

El drama de la derecha en España es que no tiene un proyecto político autónomo. Solo eso explica su voto en contra de medidas que su propio electorado apoya. El PP se ha opuesto de forma sistemática al impuesto a las grandes fortunas, a la subida de las pensiones con arreglo al IPC y al aumento del salario mínimo, por citar solo algunos de los mecanismos más evidentes de protección social que hemos desplegado.

Las encuestas indican que estas medidas tienen un apoyo masivo entre los españoles y españolas. ¿Por qué la derecha impuso copagos sanitarios o un impuesto al sol cuando gobernaba? Por lo mismo que, desde la oposición, ha votado en contra de la subvención al transporte público y no ha apoyado la solución ibérica que ha hecho descender la factura de la luz para los consumidores. ¿Por qué aprueba amnistías fiscales para gente con mucho dinero, que lo oculta al fisco, en detrimento de los servicios públicos para todos los españoles? Resulta realmente asombroso, aunque apenas se hable de ello, que el PP se oponga a lo que defienden muchos de sus votantes y proteja de manera recurrente a ciertos estamentos poderosos. Responde a intereses de gente que no se presenta a las elecciones.

Los gobernantes siempre sufrimos presiones, más o menos encubiertas. Aunque esto forma parte de la realidad, hay que saber gestionarlo y anteponer los intereses de la mayoría. La manera en que Feijóo llegó a dirigir el PP fue premonitoria respecto a cómo lo manejaría. Durante días hubo medios de comunicación que, con la clara voluntad de defenestrar a Casado, escribían portadas y editoriales difamatorios, y se sacaban de la manga encuestas con el ánimo de manipular a la opinión pública conservadora... Acabaron saliéndose con la suya.

Él emergió de ese maremágnum, y eso explica sus hipotecas. Cuando me dijo en el Senado: «Deje ya de molestar a la gente de bien», recibió muchas críticas por emplear la expresión «gente de bien». Yo creo que fue más revelador el uso del verbo «molestar». Tiene claro que no va a incomodar a ciertos intereses y esos poderes económicos también saben que lo van a tener a su servicio. No es una especulación: sus votaciones en las Cortes constituyen una prueba elocuente.

Cuando él y yo nos reunimos por primera vez, abordé la renovación del CGPJ. Se lo dije con estas palabras: «No puedes seguir bloqueándolo porque, al hacerlo, transmites que no consideras legítimo este Gobierno. Eso hace un daño enorme a nuestras instituciones».

La forma en que el PP ha tenido bloqueado el CGPJ cinco años es algo que escandaliza a mis colegas europeos y constituye un ejemplo evidente de cómo el PP considera que el poder es suyo. Se trata de una de las pruebas más obscenas de comportamiento antidemocrático que la derecha ha dado en nuestra historia reciente. Tener secuestrado el Gobierno de los jueces, es decir, uno de los poderes del Estado, equivale a saltarse las reglas de la democracia.

Aquel día encargamos a sendas personas de nuestra confianza que se sentaran a negociar. De nuevo aposté por el diálogo y confié en alcanzar un acuerdo. Pero de nuevo las presiones externas hicieron que todo saltara por los aires. En su día ya le mostré en el Senado dos portadas de un periódico conservador. En una de ellas se decía que el PP lo animaba a ser «implacable» contra mí. En otra, con un inaudito tirabuzón, el propio periódico se incluía en el titular, que hablaba del temor a la reacción de la «derecha política, judicial y mediática» al posible acuerdo para renovar el CGPJ. Fueron movimientos sorprendentes, pero lo cierto es que el PP se mueve constantemente entre las presiones de esa constelación de medios de derecha y ultraderecha que le marcan el paso.

Tocábamos el acuerdo con la punta de los dedos, pero se frustró. El líder del PP no aguantó la presión y perdió la ocasión de empezar a ganarse la autonomía política de la que carecía en origen. Lo que quedó de manifiesto fue que, cuando le mandan, obedece. Porque tiene hipotecas. Algunas son las habituales de la derecha y otras son propias.

Una de las mejores series españolas de los últimos tiempos es Fariña. Entretiene, informa y traza un retrato fiel de la Galicia del narcotráfico. La serie se basa en un libro del periodista Nacho Carretero, que fue prohibido por una jueza de manera cautelar. La edición fue secuestrada, un castigo inédito en nuestro país desde los tiempos de la censura franquista.

Fariña describe a la perfección el maridaje entre el narcotráfico y la política gallega, una forma letal de corrupción solo impugnada por las madres que veían a sus hijos morir víctimas de las drogas. En aquella Galicia hubo gente que estuvo con las madres y hubo otra que tomaba el sol en el yate de un narcotraficante. Cada cual elige de qué lado está. Cuando Feijóo decidió silenciar la corrupción en su partido no lo hizo tapándose la nariz: hace tiempo que sabe su lugar.

LA ESTRATEGIA DE LA POLARIZACIÓN

La estrategia de la derecha no es nueva, pero se ha agudizado hasta límites insólitos, en la línea de las derechas extremistas de otros países. La ultraderecha está introduciendo una enorme carga de agresividad en el debate público, y los partidos conservadores tradicionales están contagiándose de esa brutalidad. No es algo que suceda solo en España: se trata de un fenómeno que vemos en numerosas democracias, y resulta preocupante.

En ciertos momentos de la pasada legislatura, el PP intentó hablar de economía pero, en vista de que marchaba bien, lo abandonó. Quisieron hacer bandera de las bajadas de impuestos, hasta que se produjo la caída de Liz Truss en el Reino Unido por querer hacer justamente eso. La realidad es que la derecha ha perdido la batalla de las ideas: está desnortada y no es capaz de realizar aportaciones constructivas al debate público. Defiende los intereses de una minoría, mientras la mayoría social respalda políticas de protección. Con el ruido eluden un debate que saben perdido de antemano.

En España esta carencia de ideas, agravada por la falta de autonomía política, se ha traducido en que el Gobierno no ha tenido propiamente oposición, sino confrontación: por un lado, no ha sido posible debatir de manera rigurosa nuestras iniciativas legales en el Congreso; por otro, me he enfrentado a una batería incesante de ataques ad hominem que solo buscaba cultivar el odio, como ya he descrito. En alguna ocasión hemos comentado con otros gobernantes progresistas europeos las brutales campañas de odio que hemos sufrido.

Las exigencias de la ultraderecha han llevado al PP a radicalizarse, porque los exabruptos de Vox son tan deliberadamente ofensivos que el mero hecho de hablar con educación ya parece una cesión inaceptable. Es una forma de romper las reglas discursivas de la democracia. El espíritu democrático, por más que no figure en ninguna ley, obliga al respeto dialéctico al adversario.

Las mociones de censura de Vox en la pasada legislatura jalonaron un cambio de posición de fondo en el PP. En la primera, presentada en plena pandemia, votó en contra, y Casado se enfrentó a Vox en su discurso. En la segunda, celebrada en plena guerra de Ucrania, el PP se abstuvo. Al incluirlos en los Gobiernos autonómicos culminaron sus concesiones a los extremistas.

La estrategia de la confrontación fue analizada por una de las mentes socialistas más preclaras, José María Maravall. Ahora se lleva a cabo de forma más sofisticada y se exacerba mediante la desinformación en redes sociales, pero el objetivo es el mismo: generar un clima político irrespirable, dividir, polarizar. En suma, abonar el enfrentamiento.

En La confrontación política, Maravall describe esa actuación premeditada, basada en tres modos de conducta. El primero, negarnos legitimidad. Lo hicieron desde el primer momento, clamaron por el derrocamiento del Gobierno sin esperar ni cien días. Esa línea de confrontación se ha plasmado en decisiones de fondo, como secuestrar el CGPJ, sin que les haya importado la erosión institucional. Consideran que cualquier Gobierno que no sea el suyo debe claudicar de inmediato. No les ha importado que nos hallemos en una pandemia o que se esté librando una guerra en el corazón de Europa. Nada les hace replantearse su estrategia.

Cuando sobran insultos faltan ideas. Uno de los grandes referentes socialistas, Fernando de los Ríos, que murió en el exilio en 1949 a consecuencia de sus convicciones, decía a los exaltados de su época: «En España, lo único pendiente es la revolución del respeto». Sus palabras siguen vigentes. Nada positivo se ha construido desde el insulto o la mentira.

Ya he descrito cómo tratamos de sobreponernos al odio mediante el humor y otras actitudes durante la campaña del 23J. También se ha producido en sede parlamentaria a lo largo de la pasada legislatura. En relación con los años que llevo en el Gobierno, soy el presidente que más ha comparecido en el Congreso y el Senado. Quien revise los Diarios de Sesiones, verá que las intervenciones de la derecha y la ultraderecha están plagadas de improperios de grueso calibre. Y esto no solo afecta a mi reputación, sino al crédito de la propia institución parlamentaria. No se puede convertir en una escupidera de odio.

Cómo responder a las estrategias divisivas de las derechas es una preocupación debatida en distintos países. Como presidente de todos los españoles, mi preocupación principal ha sido preservar la dignidad de las instituciones. Nunca pierdo de vista a las personas que puedan estar viendo las sesiones parlamentarias en su casa: merecen respeto y merecen que su presidente honre la responsabilidad que ocupa.

El segundo peldaño de la estrategia de la confrontación consiste en votar contra cualquier medida que atienda una urgencia social o mejore los derechos de la ciudadanía, por evidente y transversal que sea: desde la eutanasia hasta la reforma de las pensiones, pasando por la reforma laboral. No han hecho ni la menor concesión. Les ha importado poco el contenido de las leyes y sus beneficios para la gente. Se agarran a su rechazo a los grupos que las apoyan, y obvian el contenido de las reformas. Un trampantojo evidente: si se trata de leyes positivas que se contaminan a causa del voto favorable de ciertos grupos, ¿por qué no apoyarlas ellos para que salgan adelante sin ensuciarse? Manuel Vicent lo escribió con mucha gracia: «Es como si los curas te obligaran a cometer un pecado muy grave para poder mandarte al infierno». En esa contradicción y con esa hipocresía se maneja el PP.

No deja de ser llamativo que, en estos años, haya logrado alcanzar acuerdos con muy distintos actores, incluso con el Partido Popular Europeo o las organizaciones empresariales, y, sin embargo, me haya sido casi imposible pactar con el PP español. Es la prueba evidente de que solo les interesa la política si gobiernan. En alguna ocasión han explicado que el PP es útil cuando gobierna. Cometen un error: un partido político también es útil en la oposición. Ha de vigilar al Gobierno y ofrecer alternativas. Debe explicar su proyecto de país. Pero la derecha carece de él y necesita el ruido para disimularlo.

La tercera estrategia de confrontación, que la derecha lleva a cabo con la ayuda de la ultraderecha, que siempre la apremia, es alimentar cada semana una trifulca política. Se trata de enfrentamientos artificiales, que duran lo justo para mantener altos los decibelios del ruido. El asunto da igual, cualquiera sirve de pretexto. ¿Por qué? Porque mientras hacen ruido, impiden que el debate público verse sobre lo que importa a la gente: la solución de sus problemas, la mejora de su situación y la ampliación de sus derechos.

Su objetivo es desanimar y desmovilizar a la España progresista, provocar el hartazgo. Su esperanza se basa en generar un clima irrespirable para llegar al poder por agotamiento. En el camino, el debate público corre el riesgo de quedar convertido en una cacofonía insoportable.

Por mi parte, he hecho todo lo posible para evitarlo, hablando con respeto de políticas concretas y de cómo el empleo ha aumentado y ha mejorado en calidad con la reforma laboral. El caso de esa ley es ilustrativo: cuando se votó en el Congreso, la derecha generó una bronca enorme y cuestionó el sistema de votación telemática del Congreso, lo que nadie había hecho hasta entonces. Aquella tarde en que un diputado del PP se equivocó, el sistema funcionó como lo había hecho siempre. Con su estrépito evitaban que se escuchara lo importante. El paso del tiempo nos ha dado la razón: han aumentado de forma ostensible los contratos fijos, ha disminuido la precariedad laboral y la creación de empleo ha alcanzado cifras históricas.

No hemos caído en su trampa. Nos hemos esforzado por argumentar, con pasión pero sin gritos, con serenidad y convicción. Frente a la crispación y el ruido de la derecha, la realidad de nuestras políticas es que hemos puesto en marcha una modernización del país que marcará los siguientes lustros. Nuestro enemigo no es la derecha: es la desigualdad y la injusticia. Pese a su oposición feroz, los españoles y las españolas hemos avanzado estos años. Sabemos que, con el tiempo, la derecha hará suyos los cambios que hoy desprecia, como ocurrió con el divorcio, el aborto y tantos otros. Ocurre siempre. También en esta ocasión, a los conservadores les digo: los esperamos en el futuro.

CONTRA ESPAÑA EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Tal vez lo más llamativo de estos años ha sido la estrategia del PP para llevar su altavoz de ruido a las instituciones europeas.

Han pedido la comparecencia de ministros españoles en el Parlamento Europeo solo para hacer perder el tiempo a los parlamentarios europeos con trifulcas internas. Se han atrevido a sugerir ante altas personalidades europeas fallos en el Estado de derecho a cuenta de las medidas que se vio obligado a tomar el Gobierno para evitar que un CGPJ caducado siguiera haciendo nombramientos.

Cuando el PP desacredita a España en Europa, sabe que, por un lado, da munición a la prensa de derechas española y, por otro, difunde en el exterior la especie de que el Estado de derecho está amenazado en España. Buscan que se nos asimile a los casos de Hungría y Polonia, cuyas reformas en los últimos años han puesto en alerta a la Comisión Europea precisamente porque mermaban la independencia judicial o eliminaban controles entre poderes.

El PP ha tratado de generar polémicas artificiales sobre la gestión de los fondos Next Generation para llevarlas también a los foros europeos, a pesar de que la gestión de dichos fondos ha sido avalada una y otra vez por la propia Comisión. No les importa desprestigiar a España con tal de lograr un titular ruidoso en la prensa afín. Su voluntad de embarrar la política europea con esta estrategia ha resultado tan desmesurada que a principios de 2023 el comisario Paolo Gentiloni los llamó al orden públicamente, instándolos a llevar a cabo una oposición más constructiva.

Poco después, a cuenta del despropósito de su iniciativa sobre Doñana, llegaron al extremo de enfrentar entre sí a dos políticos alemanes del espectro conservador, Ursula von der Leyen y Manfred Weber, y afirmaron algo desatinado a más no poder: que la Comisión Europea estaba haciendo campaña por el PSOE. La supuesta profesión de fe europeísta del PP desembocó en un intento de encizañar a sus colegas alemanes al mismo tiempo que incumplían una sentencia europea.

Cuando converso con líderes políticos del viejo continente me manifiestan su perplejidad ante el grado de presión de la derecha española en contra de España en las instituciones europeas. Es algo insólito. Me lo han comentado líderes de distinto color político y con cargos relevantes en Bruselas. El prestigio del PP allí se ha resentido en consonancia.

Si uno va al origen de las cosas, al observar los distintos Gobiernos de países de la Unión Europea se ve la pésima situación que atraviesa la derecha tradicional. Francia tiene un Gobierno que ideológicamente se adscribe al grupo Renew, de liberales centristas; en Italia gobierna la ultraderecha; en Alemania, los socialistas con los verdes y los liberales; en Polonia, la ultraderecha. El principal Gobierno que tiene el Partido Popular hoy en Europa es Grecia.

Resulta sencillamente antipatriota dañar a España distorsionando decisiones del Gobierno que les disgustan. Por supuesto, obvian siempre cómo dañaron al Estado de derecho y la confianza en la democracia sus casos de corrupción, como el caso Kitchen o el caso Gürtel.

Se arrogan el título de «buenos españoles» mientras desprestigian a España. Para los dirigentes del PP, España es instrumental. Les interesa más el poder. Con falso patriotismo nos acusan de romper España. No me cansaré de repetirlo: la mayor crisis territorial que se ha producido en nuestro país tuvo lugar bajo el Gobierno de Rajoy. El PSOE dio entonces ejemplo de cómo se comporta un partido leal en la oposición. Yo era en aquella época secretario general del partido y apoyamos al Gobierno, incluso en cuestiones que no compartíamos plenamente y que, desde luego, hubiéramos gestionado de otra forma. Por encima de todo pesó en mí el sentido de Estado y la conciencia de que aquel momento grave requería una respuesta institucional por nuestra parte.

Ese comportamiento del PP aflora también en relación con el poder económico. Resultó muy sintomática su reacción cuando una gran empresa española anunció que trasladaría su sede a los Países Bajos, sobre todo para obtener rebajas fiscales sustanciales. Pagar impuestos es una de las pruebas más sinceras de patriotismo, y mucho más si se trata de empresas que han construido su riqueza gracias a contratos de obra pública a lo largo de las décadas. No hacerlo debería haber sido motivo suficiente para reprobar el comportamiento insolidario de una de las principales fortunas de España, en lugar de aplaudir su marcha e instrumentalizarla contra el Gobierno. Hay actos que no se pueden evitar legalmente, como que las empresas establezcan su sede donde quieran. Sin embargo, la desaprobación y el reproche social son una herramienta útil, porque nos ayudan a definir nuestros valores como sociedad. El PP dejó claros sus valores en este episodio: el patriotismo es prioritario, pero menos que el dinero.

Cuando se han dado casos similares en otros países, la reacción ha sido muy distinta. En Francia fue sonado en su día el caso del multimillonario Bernard Arnault (dueño, entre otras, de Louis Vuitton o Christian Dior). Pidió la nacionalidad belga para pagar menos impuestos y ¿qué ocurrió? Recibió una oleada de críticas y suscitó tal indignación general que acabó por rectificar.

El PP sí se ha fijado en Francia por un motivo muy distinto. Cuando desde el Gobierno aprobamos una reforma para la sostenibilidad de las pensiones, acordada con los sindicatos y respaldada por la Comisión Europea, Feijóo se fue a Bruselas a criticar a nuestro país. Aprovechó para deslizar su acuerdo con la reforma francesa, que soliviantó a la población y generó duras protestas. Sin embargo, para él esa tensión social demostraba el acierto de la reforma del país vecino. Está claro que ni el patriotismo ni el diálogo entre españoles son su fuerte.

PACTAR CON LA ULTRADERECHA

La voluntad del PP de llevar a cabo pactos de Gobierno con la ultraderecha se plasmó en Castilla y León en 2022. Feijóo acababa de llegar al liderazgo del PP e intentó que el acuerdo se forjara mientras él miraba para otro lado. Vox no se lo permitió. El PP no entendió —o quizá lo entendió demasiado bien— que su obligación no era salir del paso, sino resolver el dilema. Lo hizo dando entrada a la ultraderecha. El Partido Socialista en Castilla y León ofreció un acuerdo al PP para que pudiera gobernar en solitario. También en Madrid nos brindamos a apoyar al Gobierno regional para que no tuviera que negociar los presupuestos de 2022 con Vox. No lo aceptaron en ninguno de los dos casos. Se sienten cómodos pactando con la ultraderecha. El gran elefante en la habitación es la voluntad de pacto de la derecha con la ultraderecha.

Con actitudes así la ultraderecha va avanzando, lo que no solo preocupa en nuestro país, sino también en toda Europa. Lo dijo con claridad Donald Tusk siendo presidente del Partido Popular Europeo: «El problema de flirtear con la ultraderecha es que empiezas a pensar igual que ellos». Él es un hombre conservador, pero tiene claros los riesgos de esa cercanía política con los extremistas. Posteriormente, Manfred Weber, desde ese mismo cargo, se ha inclinado a contemporizar con la ultraderecha que gobierna en Italia, una posición respaldada por el PP en los últimos días de la campaña del 23J. No deja de ser paradójico que esta mayor tolerancia del Partido Popular Europeo se dé justo en relación con ese país, que ilustra los peligros de los que alertó Tusk. La ultraderecha empezó como socio menor en el Gobierno y al final ha acabado convirtiéndose en el socio mayor. En toda Europa la derecha tradicional debe reflexionar sobre el riesgo que corre de ser engullida por las ideas extremistas.

Los ultras buscan destruir la legitimidad de las instituciones, a nadie se le escapa a estas alturas. Siembran la división y tensionan a la derecha para hacer avanzar sus ideas involucionistas. La estrategia del negacionismo y el miedo se ha convertido en su modus operandi, cada vez más extendido. Ante una crisis de cualquier tipo, y hemos vivido varias en estos años, aparecen los traficantes del miedo, los profetas de la catástrofe. Anuncian el hundimiento del país, la quiebra de la economía y todos los males imaginables, para distorsionar la realidad y convertirla en algo amenazador. Extienden el temor para luego ofrecerse como salvadores. Pero la realidad es que allí donde han tenido poder no han aportado ninguna solución real a los problemas. Más bien los han creado donde no existían, como ocurrió en Castilla y León con el infame protocolo antiabortista.

Se pasaron meses negando la eficacia de las vacunas y sembrando falsedades sobre ellas. La realidad es que somos uno de los países que más extensa e intensamente vacunaron, lo cual repercutió no solo en la salud, sino también en la recuperación económica. Los desajustes globales en la cadena de suministros y la guerra de Ucrania les hicieron asegurar que en el otoño de 2022 la situación sería catastrófica, la inflación nos arruinaría y las calles arderían. La realidad es que en 2022 nuestro país creció el 5,5 por ciento, la inflación se contuvo y logramos los índices de empleo más altos en mucho tiempo, a la vez que la temporalidad y la precariedad se reducían de forma significativa.

No podemos permitir que nos roben la confianza en el futuro. Somos un país resistente, combativo, que se crece en la adversidad. Es algo que hemos vuelto a demostrar con las crisis sucesivas de la pasada legislatura. Hemos de avanzar, no retroceder.

La ultraderecha busca dividir a las sociedades y polarizarlas. ¿Cuál es uno de los consensos más relevantes de los últimos cuarenta años en nuestro país? Sin duda, la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso tratan de convertir ese asunto en un conflicto ideológico, lo que ellos llaman «guerra cultural», que en realidad tiene mucho de guerra y poco de cultura. La lucha contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres ha sido inspiradora y constante, y compartida por toda la sociedad española. Por eso la ponen en el punto de mira.

Algo muy semejante han hecho al cuestionar la ciencia, que define la modernidad europea y genera un consenso transversal en la población. Arremeten contra los científicos del clima como hicieron contra las vacunas.

La ultraderecha afirma que se trata de falsos consensos que solo benefician a las elites, pero la realidad es justamente la contraria. Se trata de asuntos transversales que atraviesan nuestras vidas. Hemos de reforzar estos consensos de nuevo, porque, si se rompen, serán los grupos desfavorecidos los que más sufran.

CUARTA PARTE
Europa, entre la guerra y el bienestar

LA GUERRA EN EUROPA

El 24 de febrero de 2022, en plena madrugada, sonó mi móvil en la mesilla de noche. Cuando me desperté aturdido aún no lo sabía, pero aquella llamada intempestiva era el anuncio de algo que iba a alterar de forma radical y duradera los cimientos del orden mundial emanado de la Segunda Guerra Mundial.

Al otro lado del teléfono me hablaba Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

—Presidente, ha comenzado la invasión —me dijo.

Nuestra relación es excelente: somos viejos compañeros de partido, y él había sido mi ministro de Exteriores hasta poco más de dos años antes. En el Consejo Europeo seguimos compartiendo muchas horas de reuniones y debates en Bruselas. Le agradecí la llamada, y a continuación yo mismo telefoneé al ministro de Asuntos Exteriores y a mi sherpa de asuntos internacionales para evaluar la situación y ponernos a trabajar.

La preocupación generada en los meses anteriores en las capitales europeas a causa de la acumulación de tropas en el este de Ucrania no había disipado la incredulidad. Es curioso, pero, en los días anteriores a la invasión, dos sentimientos convivían en los líderes europeos con los que conversé sobre el asunto: por un lado, los movimientos de tropas indicaban sin lugar a dudas que Putin estaba preparando algo; por otro, resultaba difícil creer que en pleno siglo XXI Rusia recurriera a la guerra como método para alterar las fronteras.

Durante los meses previos se había desplegado una acción diplomática frenética por parte de Estados Unidos, Alemania y Francia en el ámbito europeo, actividad en la que participó también España. El escepticismo alcanzaba incluso a los dirigentes ucranianos, y no se pensaba que Putin fuera a materializar sus amenazas. La inteligencia estadounidense acertó: llevaba semanas advirtiendo públicamente y con insistencia de la posible invasión. Incluso aventuraron el momento en que ocurriría, aunque por entonces Putin seguía agendando conversaciones y reuniones con distintos líderes europeos.

Los esfuerzos diplomáticos al más alto nivel resultaron en vano. La invasión llegó aquella madrugada, alterando por completo y de forma estructural la situación internacional. En las conversaciones de las horas y días siguientes, nos dimos cuenta de que Putin llevaba meses preparando la guerra, no solo con movimientos de tropas, sino también sirviéndose de Gazprom, la empresa gasística rusa que exporta gas a Europa. Se trata de la mayor compañía de Rusia y, aunque privada, está controlada por el Estado. Estaba claro que el alza de los precios del gas, que ya se había producido en los meses anteriores, estaba conectada con los preparativos bélicos y orientada a financiar la guerra. Visto en perspectiva, la invasión se había planificado, medido y premeditado. Los esfuerzos diplomáticos que los líderes europeos habíamos realizado con plena convicción y hasta el último momento, incluso una vez comenzada la invasión, habían constituido para Putin un elemento más de esa preparación, una maniobra de distracción.

Europa pasó de la incredulidad a la acción; España, también. El 24 de febrero reunimos al Consejo de Seguridad Nacional con su majestad el rey, y le transmití la información que obraba en mi poder. Se activó la normativa de seguridad nacional frente a ataques de terceros, así como el resto de los mecanismos protocolizados ante una situación de emergencia como la que planteaba la invasión.

En cuestión de pocos días, la valentía y la determinación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, empezaron a cambiar el curso de los acontecimientos. Cuando muchos expertos y analistas no daban un duro por la integridad territorial de Ucrania y preveían una caída rápida del país —la misma apuesta que había hecho Putin—, su espíritu de resistencia y su negativa a huir del territorio nacional produjeron un viraje en la situación. Había tenido oportunidad de hablar con Zelenski antes de la invasión y me había parecido un hombre de ideas claras y una gran fortaleza. En encuentros posteriores con él he confirmado aquella impresión. Sin duda, su personalidad y sus decisiones, a veces arriesgadas, han imprimido un giro peculiar a esta guerra y a la forma de sentirla en la esfera internacional.

Mis conversaciones con otros dirigentes europeos habían comenzado semanas antes, prosiguieron y han proseguido, pues la guerra de Putin y la relación con Rusia se ha convertido en una cuestión de primer orden para la Unión Europea. En todo este tiempo ha predominado la templanza, para evitar una escalada del conflicto que nadie quiere. Así lo percibí también al hablar con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Letonia. Él tenía muy claro que había que apoyar a Ucrania, pero también apostaba por la contención en el lenguaje para no incurrir en una escalada verbal que acabara llevándonos a un conflicto de envergadura global. Desde el primer momento, los Gobiernos europeos estuvimos de acuerdo en tres líneas de acción: ayudar al pueblo ucraniano, evitar la escalada bélica y aplicar sanciones económicas a Rusia.

PUTIN Y EL PUEBLO RUSO

He tenido la ocasión de conocer Rusia de cerca gracias a mi hermano. Es músico profesional y habla ruso con fluidez, porque de muy joven tomó una decisión valiente que siempre he admirado. Él estudió Económicas, pero, al acabar la carrera, estando ambos sentados a la mesa con mis padres, un buen día nos dijo que quería dedicarse a la música y que iba a marcharse a San Petersburgo a estudiar. Nos contó que había decidido apostarlo todo a la música. Dicho y hecho. No conocía a nadie y no hablaba el idioma, pero no se arredró por ello. Desde Madrid, contactó con el conservatorio de la ciudad y consiguió que lo admitieran. Se marchó a la aventura siguiendo su vocación, vivió allí ocho años, estudió composición y dirección de orquesta, y regresó con una formación musical extraordinaria para dedicarse a ello toda su vida.

Siempre me he sentido inspirado por su ejemplo, por esa llamada que sintió de forma tan intensa y por su valentía y acierto al seguirla. Siendo el pequeño me dio una lección de vida impresionante: si deseas algo, has de apostar por ello. Sus años en Rusia fueron decisivos en su formación como músico, pero también en su experiencia personal. No fue fácil para él, porque Rusia es muy distinta: otro idioma, el clima tan frío... Cuando iba allí a verlo, le decía: «Desde luego, esta es una ciudad preciosa para visitarla como turista, pero la vida aquí es dura». Él me lo reconocía, pero era mucho más fuerte su afán de dedicarse a la música. Lo admiro por la determinación de escuchar su instinto y seguir ese camino. Hoy es un músico feliz que conoce bien la sociedad rusa, de la que hablamos a menudo.

Gracias a aquellos viajes de juventud y a nuestras conversaciones, he tenido la oportunidad de acercarme a Rusia y conocerla mejor. También a través de la impronta que el país dejó en mi hermano. Sin duda, se trata de un lugar extraordinario. Su historia, su cultura, sus grandes escritores, músicos, bailarines y artistas en general, su conocimiento científico, su vasto territorio y tantas otras cosas lo convierten en un país embriagador. El pueblo ruso también es víctima del imperialismo de Putin y nada tenemos contra él. Los europeos queremos mantener con sus gentes una relación de amistad, paz y prosperidad.

La San Petersburgo a la que viajé con asiduidad —de la que Putin fue en su día teniente de alcalde— es una magnífica ciudad de inspiración europea. Las elites rusas miraban hacia Occidente de otro modo en aquellos años. Es una pena que las decisiones de sus dirigentes estén hoy castigando a la ciudadanía rusa y privándonos de su contribución a la comunidad global que, de ser pacífica y constructiva, resultaría de gran valor para la humanidad.

En mis conversaciones con Putin previas a la invasión de Ucrania, me había parecido un hombre muy frío y calculador. Mantuve con él varias charlas telefónicas, fundamentalmente sobre cuestiones comerciales. Él nunca ha reconocido el papel que desempeña la Unión Europea. La ve como una amenaza. También recela de instituciones como la OTAN. Él habla con los Estados —con Francia, porque es una potencia nuclear, o con Alemania, como potencia económica—, pero no con la Unión Europea.

Lo cierto es que, antes de la guerra, no me había inspirado la menor confianza y no había logrado generar con él una corriente de simpatía humana que sí he conseguido con muchos dirigentes mundiales, incluso desde el desacuerdo. Los valores políticos son determinantes en las relaciones personales en política y hoy ya no queda la menor duda de que los valores de Putin no solo son opuestos, sino también peligrosos para los europeos y para el mundo. Pero además es importante el carácter. Creo que la forma de ser de Putin determina su manera de ver el mundo y ha tenido un peso decisivo, como dirigente de un país autocrático, en su decisión de invadir Ucrania.

UN PASEO POR LA ATROCIDAD EN BORODIANKA

Nadie más que Putin quería esta guerra, atroz como todas. Lo sabemos bien en Europa: las dos guerras mundiales, la guerra civil española... Pude comprobarlo in situ en la visita a Ucrania que realicé en abril de 2022, cuando aún no se había cumplido un mes desde el comienzo de la invasión.

Fuimos juntos la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y yo. Quisimos mantener una reunión con Zelenski para trasladarle el apoyo de nuestros países y de la Unión Europea. Eran momentos muy difíciles. El primer embate del ejército ruso se había detenido, pero aún no estaba decidido el destino de Ucrania (sigue sin estarlo cuando abordo estas páginas). El equipo del presidente Zelenski, joven y cargado de energía y determinación, me causó también una honda impresión. Realmente vi en ellos la convicción de que no concebían otra alternativa a la defensa de su territorio. El compromiso con su país era enorme. Aun así, la pesadumbre se palpaba en su estado de ánimo.

Antes habíamos paseado por Borodianka, una localidad pequeña, de unos trece mil habitantes, acompañados por la viceprimera ministra ucraniana para la Integración Europea y Euroatlántica, Olga Stefanishina. Percibimos allí las consecuencias de los despiadados ataques rusos sobre la población civil. Me vinieron a la memoria los edificios derruidos de Sarajevo, donde trabajé en mi juventud. Son guerras distintas, porque aquella fue civil y esta es una guerra de agresión, pero la guerra es siempre cruel y causa un sufrimiento evitable.

Recuerdo a una vecina de Borodianka con la que hablamos, una mujer de unos setenta años, que se nos acercó. Nos contó que un día los soldados rusos habían llamado a la puerta de su casa. Fue el momento más aterrador de su vida. Les abrió y le preguntaron: «¿Qué piensa de Rusia?». Ella contestó: «Siempre hemos sido pueblos hermanos, hemos luchado unidos en las diferentes guerras del siglo XX». Aprobaron su respuesta, pues la dejaron con vida. Otros no tuvieron tanta suerte. Muchos vecinos, al salir a la calle en busca de algo de pan o por alguna otra necesidad, lo hacían aterrorizados, temiendo toparse con soldados rusos que les formularan aquella pregunta endemoniada: «¿Qué piensa de Rusia?».

Además del temor, estaba el padecimiento, porque, como en Mariúpol y otras ciudades, los soldados rusos, nada más ocupar Borodianka, cortaron el agua, el gas y la electricidad. Todo para generar el mayor sufrimiento posible y doblegar a la población.

Tras la retirada rusa encontraron fosas comunes con cadáveres. Como en Bucha, los cuerpos estaban atados de pies y manos, según nos contó el comandante ucraniano de la zona, y con un tiro en la cabeza. Allí mismo nos comprometimos, entre otras cosas, a enviar forenses y especialistas a investigar potenciales crímenes de guerra, lo que agradecieron enormemente.

Si algo me impresionó como epítome del odio, más allá de los bombardeos a civiles, centros culturales, colegios y viviendas de los que hemos sabido a lo largo de la guerra, fue ver lo que le habían hecho a la estatua de Tarás Shevchenko. El pintor y poeta decimonónico está considerado uno de los fundadores de la literatura ucraniana moderna. Con inquietudes políticas, perteneció a una sociedad secreta que, desde Kyiv, defendía reformas profundas en el imperio zarista. Fue enviado al exilio como consecuencia de sus escritos y se le prohibió tanto pintar como escribir. Más de un siglo y medio después de su muerte, su busto, erigido en medio de una plaza de Borodianka, tenía un tiro de bala en la cabeza, obra de soldados rusos adiestrados para odiar y destruir, para arrasar con cualquier seña de la memoria colectiva cultural de Ucrania.

EUROPA SE UNE FRENTE A PUTIN

Cuando evoco aquel viaje y lo que ha sucedido en Ucrania desde entonces —acontecimientos que no esperábamos y otros que han ocurrido de forma distinta a como preveían los analistas—, me doy cuenta de la profunda incertidumbre del tiempo en que vivimos. Sé que para muchos ciudadanos y ciudadanas resulta corrosiva, porque nos priva de perspectiva sobre el futuro y de seguridad. Los gobernantes podemos, desde luego, contribuir a dar certezas, pero no ayudaríamos nada si negáramos la realidad. Allí, en las calles destruidas de Borodianka, en medio de las gentes indefensas que nos hablaban de su terror y sus vidas arrasadas, es mucho el sufrimiento que uno se ve incapaz de evitar.

Una de las obligaciones de los líderes actuales es reconocer la incertidumbre y saber que hemos de vivir con ella. Con esa perspectiva incierta abordo también estas reflexiones sobre Ucrania, siendo consciente de que, quizá, cuando estas páginas vayan a imprenta o lleguen a manos de los lectores, el escenario puede haber cambiado drásticamente.

Al cumplirse un año de la invasión, la mayoría de los expertos definieron la guerra como «congelada» y pronosticaron que sería duradera. Los esfuerzos para contener una escalada mundial se han realizado por parte de todas las potencias implicadas y, desde luego, de la Unión Europea. Eso es lo más importante. El posicionamiento de España y de la Unión Europea en esta guerra ha resultado coherente e inequívoco.

Pese a nuestra dificultad para imaginarnos cómo será el final, hay algunos hechos incontrovertibles.

A Putin no le están saliendo las cosas como quería. No sabemos qué ocurrirá en el futuro, pero sí lo que ya ha ocurrido. Una mujer ucraniana cuyos hijos estaban en el frente me contó que algunos de los primeros soldados rusos enviados por Putin y que llegaron en vanguardia a los alrededores de Kyiv llevaban en las mochilas —se las registraron cuando murieron a manos de las tropas ucranianas— sus uniformes de gala. Los generales rusos los mandaron a la guerra convencidos de que en cuestión de días desfilarían triunfantes por las calles de Kyiv.

Está claro que cuando desencadenó la invasión del territorio ucraniano, en distintos frentes e incluso en los alrededores de la capital, su propósito era llevar a cabo una guerra rápida, de ocupación, que le permitiera cortar de raíz las veleidades europeístas y democráticas de Ucrania, e instaurar un Gobierno títere. Bielorrusia representa exactamente eso: no en vano está librando esta guerra del lado de Rusia. El Kremlin quería replicar su situación en Ucrania.

Hay numerosos indicios de los errores garrafales de inteligencia que llevaron a los dirigentes rusos a convencerse de que los soldados ucranianos se sumarían a los invasores y la población los saludaría como libertadores.

Ucrania echó por tierra esas previsiones y también los negros augurios de muchos dirigentes internacionales sobre cuánto iba a resistir. Algunos no le daban ni una semana. Llevan más de un año y medio.

En Borodianka vi el terror instaurado por los rusos cuando se frustraron sus planes. En apenas un mes ya se puso de manifiesto que Putin no podía sostener los planes iniciales. A partir de ahí decidió concentrar sus tropas y el esfuerzo bélico en la zona del Dombás, al este del país, para asegurarse el control de las cuatro provincias orientales: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Pese a que se había resistido a hacerlo, seis meses después de la invasión tuvo que decretar la movilización general.

Los acontecimientos de los primeros meses supusieron una rectificación completa de los planes iniciales de Putin, lo cual no significa que la guerra no siga constituyendo una grave amenaza para los ucranianos y también para todos los europeos. Es un acto brutal, prepolítico, que ataca las bases de un mundo regido por reglas, el mundo más o menos previsible en el que vivíamos desde el final de la Guerra Fría.

La gran paradoja es que, desde cualquier punto de vista, y al margen de lo que suceda en el futuro, Putin ha logrado provocar el efecto contrario al que buscaba en varias cuestiones fundamentales. No solo pensó que Ucrania caería rápido, sino que no calculó que la invasión generaría un sentimiento de cohesión nacional en el país que, de hecho, la fortalece para seguir en pie.

También calibró mal la reacción europea. La desordenada retirada de Afganistán en el verano de 2021 fue interpretada como un síntoma de debilidad o quizá de desgana de los países occidentales. Putin pensó que no le haríamos frente. Más atrás en el tiempo, su invasión de Georgia en 2008 y la anexión de Crimea en 2014 habían suscitado una respuesta leve, así que no previó que una invasión completa de Ucrania despertaría a Occidente. Probablemente pensó que la Unión Europea no actuaría, o que publicaría el clásico comunicado de condena y a partir de ahí una cacofonía de posiciones dispares le permitiría salirse con la suya.

Europa venía de vivir dos crisis, seguidas y de grandes dimensiones. Por un lado, el Brexit había significado la pérdida de una potencia nuclear para la Unión Europea. En ese contexto, la reciente presidencia de Trump en Estados Unidos, con escasa devoción por el orden internacional basado en reglas que emergió de la Segunda Guerra Mundial, le había llevado a convencerse de que ese orden había tocado a su fin. Creo que Putin llegó a pensar que las ideas de democracia y libertad estaban en decadencia de manera evidente en los dos países que las encarnaban, y de forma más sutil en el resto, lo que nos llevaría a no mover un dedo. Por otro lado, estábamos terminando de salir de la pandemia, que había mermado recursos económicos a los Estados y había generado malestar y cansancio. En las sociedades europeas había un evidente anhelo de normalidad, no de excepcionalidad. Putin pensó que la invasión en ese preciso momento nos sorprendería debilitados, sin ánimo para reaccionar. La realidad es que su agresión generó una respuesta unida, impulsada sin duda por la inspiradora reacción de resistencia del propio pueblo ucraniano.

Putin no eligió el momento al azar. Para mí está claro que interpretó que esas dos crisis —seguidas y de grandes dimensiones— que habíamos vivido en la Unión Europea hacían de aquel el momento idóneo.

Cuando pensó en la reacción que su invasión de Ucrania provocaría en la OTAN, a buen seguro no imaginó que reforzaría su papel y disolvería arraigados tabúes políticos. Por un lado, dos países hasta ese momento tan celosos de su neutralidad como Finlandia y Suecia expresaron enseguida su deseo de entrar en la OTAN y solicitaron su adhesión, con un amplio respaldo de sus opiniones públicas, temerosas por la cercanía geográfica a Putin. Por otro, un país tan decisivo como Alemania superó su histórica inhibición en la entrega de armamento en conflictos armados, como hemos visto desde el principio de la guerra y especialmente en la decisión de enviar carros Leopard a Ucrania.

No solo eso: la OTAN ha renovado su protagonismo mundial y su papel en la seguridad global es hoy más relevante que antes de la invasión. Así se confirmó en la cumbre de Madrid de junio de 2022, que fue también una ocasión fundamental de proyección internacional de nuestro país. Se nos vio como siempre hemos sido: un socio fiable y comprometido con los valores de la paz y la democracia occidentales, pero con unas energías indudablemente renovadas que garantizaron el éxito de una cumbre convertida en histórica por obra de Putin.

Otra consecuencia con la que el mandatario ruso no contó, ya que ni siquiera sabe bien cómo manejar una entidad formada por múltiples Estados como la Unión Europea, es que ha fortalecido el énfasis que ponemos los líderes europeos en la autonomía estratégica, también en términos de seguridad y defensa. Desde la guerra de Ucrania, hemos cobrado conciencia de nuestra vulnerabilidad y, al tiempo que se ha fortalecido el papel de Estados Unidos en la propia organización atlántica, también se ha visto que hemos de reforzar esa autonomía.

La invasión ha acelerado los esfuerzos europeos, que dieron su fruto apenas un mes después de la invasión con la aprobación y refrendo de la llamada «Brújula Estratégica» por parte del Consejo Europeo, un ambicioso refuerzo de la política de seguridad y defensa común para la próxima década. Su impulsor es un español: Josep Borrell. El documento insiste en la necesidad de que mejoremos nuestra capacidad de defender nuestro territorio, de ahí la necesidad, entre otras cosas, de reforzar la OTAN y homogeneizar los ejércitos para que sean más operativos.

¿CÓMO RESPONDER?

A pesar del colosal error de cálculo de Putin, es innegable el daño que la guerra ha causado, no solo en Ucrania, sino en toda la Unión Europea y en gran parte del mundo. La crisis alimentaria derivada de la disminución de grano procedente de ambos países es una de las consecuencias globales con mayor impacto. La Unión Europea ha querido en todo momento reducir esas consecuencias, y no agravarlas. Por eso, desde el primer día, la cuestión acuciante para los jefes de Estado y de Gobierno europeos fue cómo responder.

Europa pensaba que era inmune a las guerras. La propia Unión Europea fue desde su nacimiento un proyecto para superar los enfrentamientos bélicos en nuestro propio suelo y sustituirlos por la colaboración entre los Estados. La prosperidad de hoy en nuestros países se sustenta en la paz, algo tan básico que a menudo ni reparamos en ello. Antes de la invasión de Ucrania por parte de Putin no hablábamos de ello, de lo obvio que era. Nada se puede construir sin paz y ver de nuevo la guerra en las puertas de la Unión Europea puso en primer plano nuestra fragilidad. Aquel 24 de febrero, cuando el covid aún daba sus últimos coletazos en Europa, «vulnerabilidad» volvió a ser una palabra fundamental en mis conversaciones con mis colegas europeos.

De esto hemos de extraer una lección clara: Europa no va a ganarse el respeto por su poderoso mercado interior, sino por disponer de capacidad de disuasión. Insisto en esta idea: no será la capacidad de ataque, sino la de disuadir a potenciales enemigos, lo que nos hará menos vulnerables en el futuro.

Todos los debates se cruzaban aquellos días, y las conversaciones fueron —y siguen siendo— constantes entre los mandatarios. Desde el primer momento, no obstante, estuvimos de acuerdo en que no se trataba solo de la agresión de un autócrata a su vecino, un país soberano, democrático y europeo que tiene derecho a decidir su destino y sus alianzas, sino que, al negar todo eso, se atacaba todo lo que representa Europa.

Para Putin resulta amenazador que se consoliden las ansias democráticas del pueblo ucraniano, que han estado ahí desde hace lustros, para quien las haya querido ver. Él contempla que el camino elegido por Ucrania no es el de una autocracia como la suya, sino el de un proyecto democrático. Ese es el deseo que los ucranianos han expresado una y otra vez.

En los pasillos de las instituciones europeas, se recordaba lo que en su día dijo Kennedy en Berlín: «La libertad se enfrenta a muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nunca hemos tenido que levantar un muro para encerrar a nuestro pueblo». En el caso de Ucrania sucede lo mismo: Putin quiere convertirlo en un país de su influencia con un Gobierno títere y solo puede lograrlo por la fuerza, porque no hay nada en su proyecto político que lo haga atractivo. A la Unión Europea le sucede lo contrario: como proyecto político de futuro, hace tiempo que se ha ganado el corazón de los ucranianos; la agresión de Putin no ha hecho sino fortalecer esa querencia.

Tenemos muchos motivos para sentir un patriotismo europeo que se está robusteciendo en esta guerra. No es un patriotismo emanado de la cuestión accidental de haber nacido en un lugar geográfico concreto. No tiene raíces étnicas o identitarias. Los europeos podemos sentirnos orgullosos porque hemos construido la comunidad cívica más avanzada de la historia, la que ha llevado más lejos los principios humanistas, fundamentada en la libertad y la justicia. Esos valores universales alimentan hoy el patriotismo europeo, que en el corazón de los ciudadanos convive alegre con las lealtades nacionales.

En los debates que mantuvimos los líderes del viejo continente, nunca dudé. Ni España ni Europa vacilaron: nuestra obligación y nuestra respuesta debían consistir en proteger a Ucrania, detener la masacre y blindar el bienestar de nuestras sociedades. Las primeras sanciones de la Unión Europea contra Rusia se adoptaron con rapidez; después ha habido sucesivos paquetes. Todos lo vimos claro desde el primer momento: nos unimos, nos fortalecimos y nos pusimos manos a la obra.

UN DESAFÍO A LAS DEMOCRACIAS

Como gobernantes democráticos debíamos asegurarnos de que nuestras sociedades comprendieran bien lo que estaba sucediendo, a pesar de la propaganda rusa que campaba a sus anchas en toda Europa desde muchos años antes de la invasión. Teníamos claro, y así habíamos de transmitirlo, que no se trataba de una disputa territorial entre vecinos, sino de la agresión de una potencia nuclear, con un autócrata al frente, contra un país soberano y democrático. El apoyo a Ucrania tenía un precio, pero el coste de dejar a Putin campar a sus anchas era mucho mayor, y todos lo sabíamos. La ciudadanía debía ser consciente de esta ecuación: actuar entraña riesgos, pero los peligros de la inacción son mucho mayores. La guerra en Ucrania, por otro lado, recaía sobre una población ya fatigada por la pandemia, que había realizado muchos esfuerzos y a la que debíamos dirigirnos con empatía.

Las democracias juegan siempre con una mano atada a la espalda. Mientras a Putin le trae sin cuidado el sufrimiento que la guerra imponga a su población, nuestros sistemas requieren amplios consensos. Él no tiene que rendir cuentas en la Duma y no ha de comparecer para explicar por qué decide enviar tropas a una frontera. Nosotros sí: nuestros sistemas son más transparentes y exigentes.

Lo cierto es que la guerra también ha permitido ver a los ciudadanos que el proyecto de la Unión Europea está fuerte y funciona, y que nos dirigimos a una mayor integración y a más políticas comunes.

Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos las democracias en el mundo incierto de hoy es demostrar que no solo somos equitativas, sino también eficaces. A menudo se elogia la rapidez en la toma de decisiones de las autocracias, frente a los controles y los equilibrios de los procesos de decisión en las democracias. Pero las cosas no funcionan así. A las dictaduras les acaba saliendo mal, como revelan los errores de cálculo de Putin que ya he enumerado. Pero hay más ejemplos: en busca de cierto prestigio internacional, Rusia jugó la baza de la diplomacia de las vacunas con la Sputnik. Finalmente el proyecto político que mejor ha inmunizado a su población ha sido la Unión Europea. También, junto con Estados Unidos, el que más vacunas ha enviado al resto del mundo. Hemos donado más que China, Estados Unidos y la propia Rusia. La vacunación nos ofreció la posibilidad de demostrar que la democracia es más eficaz, fiable y segura para su ciudadanía y para sus vecinos.

Cuando nos planteábamos la cuestión de cómo responder, emergía de forma clara la necesidad de consenso en el uso de la disuasión. Para ello, Putin debía percibir con claridad que la invasión de un país vecino tiene consecuencias. Ni sale gratis ni queda impune. Al mismo tiempo, sabíamos que debíamos ayudar a Ucrania, sin dar pasos que produjeran una escalada del conflicto. En ese equilibrio complejo nos hemos ido desenvolviendo desde que comenzó la guerra, creo que con acierto.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, A LA ALTURA

En una guerra de incierta duración, está claro que Putin también juega a fatigar a nuestras sociedades para doblegarnos en el apoyo a Ucrania. Es un riesgo al que hemos de permanecer atentos.

Habrá quien piense que España no debería tomar partido en este conflicto, pero el caso es que no hacerlo no nos libraría de las consecuencias económicas de la guerra. Antes al contrario: nos aislaría de nuestros socios y amigos europeos, con los que compartimos valores e intereses, y nos obligaría a enfrentarnos a las dificultades económicas en solitario. A largo plazo, nos aislaría. Si no estuviéramos ahora del lado de nuestros socios polacos, rumanos, estonios, alemanes y letones, que se sienten todos ellos directamente amenazados por la invasión de Ucrania, ¿con qué legitimidad les pediríamos solidaridad en el futuro cuando la necesitáramos? Defender a Europa es la mejor forma de defender a España.

En segundo lugar, nuestra sociedad posee un fuerte espíritu pacifista. La memoria de la protesta cívica contra la guerra de Irak así lo acredita. También en Ucrania se ha producido una vulneración del derecho internacional. El orden internacional no responde a una división entre comunistas y capitalistas; no estamos ya en la Guerra Fría. Hoy la divisoria se establece entre quienes creen en un mundo basado en reglas y respetan la legalidad internacional frente a quienes creen en la imposición por la agresión.

No formamos parte de estos últimos. De hecho, cada vez hay menos gente así en el mundo. Pero el mundo podría retroceder siglos en esa cultura de paz si Putin se sale con la suya y reaviva la vieja idea de ampliar la riqueza de un país por la vía de las conquistas imperiales.

En tercer lugar figura una cuestión más ética que política: no podemos ser equidistantes entre el agresor y el agredido. España siempre va a contribuir a la resolución pacífica de los conflictos y vamos a poner nuestra experiencia al servicio de la paz, pero, mientras eso no sea posible, nuestro deber moral con el pueblo ucraniano es apoyarlo. Ese deber moral se transforma en convicción cuando pensamos en los ucranianos que mueren defendiendo la integridad territorial de su país, su sistema democrático y sus libertades, porque también defienden los nuestros. Los españoles lo sabemos mejor que nadie. Hace noventa años, la decisión de los aliados de no intervenir en España no solo nos condenó a cuarenta años de dictadura, sino que también acabó conduciendo a la guerra en toda Europa. La guerra de España es considerada por muchos historiadores el preludio de la Segunda Guerra Mundial. No podemos permitir que la guerra en Ucrania sea también el preámbulo de algo peor.

La preocupación por esta guerra no se ha restringido a Europa. En la reunión de la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2022 era el asunto del que todo el mundo hablaba. Se da la circunstancia de que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, uno de los países garantes de la seguridad y la paz en el mundo. Qué macabra ironía. En su intervención puso sobre la mesa, como hace de forma recurrente, sus capacidades nucleares.

Por supuesto la amenaza nuclear no deja indiferente a nadie, pero en aquella asamblea el secretario general de la ONU, António Guterres, me mostró una honda preocupación también por la crisis alimentaria que generaría la guerra. En efecto, la guerra ha tenido consecuencias para gente inocente a miles de kilómetros de distancia del frente: los más vulnerables de los países vulnerables.

España siempre intenta aportar soluciones de manera proactiva en los foros internacionales y también lo hicimos en esa ocasión. Guterres me lo agradeció personalmente. Se reconoce a nuestro país como un socio fiable, comprometido con la paz, leal y hospitalario.

LOS CABALLOS DE TROYA DE PUTIN

Un elemento fundamental de vulnerabilidad ante la guerra en nuestras sociedades es la desinformación. Desde algunos años antes de la invasión, la opinión pública europea estaba siendo minada desde dentro mediante campañas de intoxicación y webs de noticias dedicadas a diseminar la propaganda del Kremlin más allá de sus fronteras. No se trata de medios de comunicación, sino de herramientas de Putin destinadas a dividirnos sirviéndose de la libertad propia de las sociedades abiertas. Por supuesto, pusimos coto a esos abusos.

Es importante no perder de vista que estas campañas de desinformación han estado respaldadas por las fuerzas de ultraderecha antieuropeas y nacionalistas. El Kremlin llevaba años contribuyendo a generar división en el interior de nuestros países, apoyado en ellas. Comparten su voluntad de destruir el proyecto europeo. Probablemente Putin pensó que la opinión pública europea se cuartearía gracias a esas campañas: otro error de cálculo.

Si retrocedemos en el tiempo, vemos que el apoyo ruso a la ultraderecha divisiva tiene ya años de tradición. Respaldó a Matteo Salvini, a Marine Le Pen y a Viktor Orbán, y se acercó a Vox en España. Los vínculos de Le Pen y Putin han sido profundos y han quedado acreditados, ya que incluso han celebrado reuniones públicas. En general, todas las formaciones de la ultraderecha europea, también Vox, han atraído la atención del Gobierno ruso, por una razón muy sencilla: son proyectos políticos que buscan debilitar la Unión Europea desde dentro, lo mismo que persigue Rusia. Son los caballos de Troya de Putin.

Estas formaciones ultraderechistas comparten con Putin algunas creencias muy relevantes. El dirigente ruso no es un conservador, como no lo es la extrema derecha española ni la europea. Él no quiere conservar nada de lo que vale la pena: ni la naturaleza ni los valores humanistas ni el sistema internacional basado en reglas que tenemos. Quiere imponer una sociedad en la que el derecho a la diferencia y a la discrepancia quede arrollado por la violencia y la intransigencia; una sociedad en la que desaparezcan los derechos del colectivo LGTBIQ+ y solo exista una forma de amar. Como la ultraderecha, también ataca a las mujeres y el feminismo.

Durante años Putin trabajó con campañas de intoxicación de la población. La desinformación, los ciberataques y el respaldo a formaciones ultraderechistas y nacionalistas en nuestros países son formas de ataques híbridos a los que no somos invulnerables. Pero ante la opinión pública europea Putin perdió la batalla del relato con rapidez, frente a la valentía, el coraje y la capacidad de sacrificio de Zelenski y los ucranianos. Otra cosa es cómo su propaganda pueda calar en el Sur global; eso es algo a lo que debemos estar atentos.

Creo que, hoy en día, los ciudadanos europeos son conscientes del peligro que representa la ultraderecha en el seno de nuestros países. El dilema que se nos plantea es o Europa o la ultraderecha. Europa alberga en su seno a adversarios que se identifican con el proyecto autoritario, fanático y extremista de Putin, que desprecia la libertad, la diversidad y los derechos individuales. Se disfrazan con distintos ropajes, pero siempre atacan las minorías, exaltan el sometimiento de las mujeres, desprecian el medio ambiente, no respetan los derechos de los trabajadores y trabajan para debilitar el proyecto europeo. Europa ha sido puesta a prueba de la forma más extrema: con una guerra. Pero ha sabido responder. Yo estoy convencido de que Europa y la democracia prevalecerán.

EL PATRIOTISMO EUROPEO

Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de ser europeos y uno de ellos, sin ninguna duda, fue la acogida extraordinaria que en todos los países de la Unión Europea se les dio desde el primer momento a los refugiados ucranianos, en su mayor parte mujeres y niños.

En España teníamos muy reciente la respuesta que dimos a la caída de Afganistán en manos de los talibanes y la acogida de refugiados afganos. Lo hicimos sobre todo a través de personas que habían trabajado durante veinte años en estos asuntos desde las instituciones. España se convirtió en el nodo de acogida de refugiados para la Unión Europea, una experiencia que resultaría crucial para nosotros cuando los refugiados ucranianos empezaron a abandonar su país masivamente.

Una de las decisiones más relevantes que tomamos desde la Unión Europea fue activar la directiva de protección temporal. En España la ampliamos para incluir a ucranianos que ya estaban aquí y, a consecuencia de la guerra, no podían regresar a su país. Creamos tres centros de acogida en Madrid, Barcelona y Alicante, ciudades donde ya antes de la invasión había comunidades ucranianas significativas, y un cuarto en Málaga. El objetivo era dotar a los ucranianos de permiso de residencia y de trabajo en veinticuatro horas.

En mi visita al centro de acogida de Pozuelo (Madrid) me sobrecogí. Fue el 10 de marzo, apenas dos semanas después del comienzo de la guerra, y ya se contaban por centenares de miles los refugiados que habían salido de su país. En aquel centro pude charlar con algunas de las mujeres y sus hijos. Recuerdo cómo me conmovió el dibujo que estaba haciendo una niña bastante pequeña, ajena a los protocolos y las contenciones habituales de estas visitas. Me senté junto a ella y vi aquel papel pintado con bolígrafo, en el que la niña había dibujado rostros de forma muy rudimentaria. De los ojos de una simple cabeza redonda manaban lágrimas a chorros. Era lo que había visto en los últimos días: dolor. Pensé en lo duradero que es el sufrimiento generado por las guerras, pues esos niños siempre llevarán grabada a fuego en su corazón su terrible experiencia de destrucción, huida y pérdida.

Dirigí poco después unas palabras a los allí presentes. Quería subrayar especialmente el trabajo de las ONG, el tercer sector, en la operación de acogida de ucranianos. También quise contarles algunos pormenores de mi última conversación telefónica con Zelenski: le había vuelto a transmitir la solidaridad del conjunto de la sociedad española, desde el Gobierno hasta el último ayuntamiento. La generosidad espontánea de los españoles se había puesto en marcha para ayudar con el envío de material y de dinero. Algunos conciudadanos se habían desplazado allí para colaborar en la evacuación de ucranianos de su país. Además, me había comprometido una vez más con el presidente de Ucrania, y así se lo conté a las refugiadas, a que ese respaldo de España no se quedaría en palabras. Se materializaría en el envío de material militar defensivo y ayuda humanitaria.

El impacto psicológico de huir de una guerra en el país propio es enorme. Aquellas mujeres habían logrado ponerse a salvo con sus hijos. Entretanto no dejaban de escuchar noticias respecto al bombardeo de sus ciudades, el asesinato de civiles y los posibles crímenes de guerra, cuya investigación internacional España ha impulsado desde el primer momento. Sin embargo, haberse marchado dejando en el frente a sus maridos, hermanos y padres, o a abuelos y abuelas demasiado mayores para desplazarse, genera sentimientos de pérdida y culpa, de ansiedad y desorientación ante la incertidumbre de no saber ni cómo ni cuándo acabará la guerra, ni cómo será la vida después.

Les dije que el esfuerzo del Gobierno estaba destinado a hacer que se sintieran en casa. En las conversaciones de tú a tú que mantuve con ellas, me insistieron en su deseo de trabajar, ser útiles y salir adelante. Me fui de allí con sentimientos encontrados: por un lado, conmocionado por la devastación de la guerra en las personas de a pie; por otro, orgulloso, como español, de que nuestra sociedad y nuestras instituciones se volcaran con decenas de miles de personas extremadamente vulnerables.

LA BANDERA DE ESPAÑA EN LA RADA

Aquellas refugiadas ucranianas habían recorrido los 3.600 kilómetros que separan Kyiv de Madrid. Cuando estaba a punto de cumplirse un año de la invasión, realicé el trayecto en sentido inverso: viajé por segunda vez a Ucrania a petición del presidente Zelenski.

Estando ya en Kyiv, en la habitación del hotel donde ultimaba los preparativos de la reunión con Zelenski, me sobresaltó una alarma que nos urgía a dirigirnos a los refugios. Se había detectado la presencia de drones sobre la ciudad y debíamos seguir los protocolos de seguridad de estos casos. Horas más tarde, una vez pasado el peligro, tuve la ocasión de preguntar a un grupo de soldados ucranianos si eran drones armados. Me respondieron que no. Es algo que Rusia hace con asiduidad, me explicaron. Utiliza la guerra psicológica. Busca atemorizar a la población civil sobrevolando sus cabezas con drones. Hasta que no han pasado, los habitantes de la ciudad no saben si los atacarán o no.

Tras la reunión, Zelenski y yo recorrimos con nuestros equipos el Paseo de los Valientes, desde el Palacio presidencial hasta el Parlamento ucraniano. Se trata de una avenida en cuyo pavimento han colocado placas para honrar a los países que los ayudan. Están ordenadas por la fecha de la visita de sus mandatarios. España, representada en mi nombre, ocupa un lugar destacado, porque fuimos de los primeros en prestar ayuda militar, financiera y de acogida. Zelenski me agradeció especialmente el tratamiento que se está dando en nuestro país a los amputados de guerra, así como la formación a médicos ucranianos.

El estado de ánimo del presidente y su equipo había cambiado desde mi primera visita. En 2023 ya no era sombrío, como un año antes. Habían contenido el avance de las tropas rusas en un primer momento e incluso habían logrado recuperar terreno en los meses posteriores. Aun así, el cansancio y el dolor también habían hecho mella en ellos. Seguían requiriendo ayuda. Me insistió en su necesidad imperiosa de material de guerra. Hasta entonces España se había comprometido a enviar seis carros de combate Leopard. Ese día le dije que trataríamos de remitir diez.

Después fuimos al Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, donde reafirmé el compromiso de España. Pensé que solo asistirían algunos parlamentarios, por las dificultades impuestas por la guerra, pero estaba repleto. Emocionados, agitaban banderas españolas y ucranianas desde sus escaños. En mi intervención en aquella cámara de resistentes, a duras penas podía yo mismo contener la emoción. Supe que hablaba en nombre de la sociedad española cuando les dije:

Si tuviera que utilizar una palabra para describir lo que vemos cuando miramos a Ucrania, sería «dignidad». La dignidad de un país que lucha por su derecho a existir, a ser libre, a elegir su propio camino y a lograr una paz justa y merecida. La dignidad de un pueblo que lucha por lo que es justo. [...] Ucrania lucha por su supervivencia. Vuestro enemigo lucha por poder. Su lucha no es digna. La vuestra es un canto a la libertad. [...] No estáis solos en esta lucha. España, la Unión Europea y numerosos aliados y amigos de todo el mundo apoyan a Ucrania. Y seguiremos haciéndolo mientras sea necesario.

Como le había manifestado al presidente Zelenski y expresé también ante los medios de comunicación, para los españoles apoyar a Ucrania es un deber político y moral, pero también aviva la memoria de nuestra historia del siglo XX. Huyendo de la guerra civil, cientos de miles de españoles encontraron acogida en otros países de Europa y de Hispanoamérica. No queremos que esa historia se repita.

Cuando damos cobijo a los refugiados ucranianos, estamos devolviendo la generosidad que recibieron los exiliados españoles en 1939. Unos meses antes, el presidente Zelenski había mencionado el bombardeo de Guernica en su discurso telemático a los diputados y senadores españoles. También entonces se trató de un ataque contra población civil desarmada, como está ocurriendo y ha ocurrido en Bucha, Borodianka y tantas otras poblaciones de Ucrania.

En la Rada, les dije también a los parlamentarios: «Estáis viviendo ahora vuestra hora más oscura. Pero, recordad, la hora más oscura es siempre antes del amanecer, y no estáis solos en la oscuridad». La emoción nos recorrió a todos.

En este segundo viaje visité Bucha e Irpín, escenarios de destrucción y matanzas de civiles indefensos. Escuché de primera mano el relato de cómo numerosas personas fueron asesinadas vilmente mientras huían. El orden internacional basado en reglas se creó para evitar que sucedieran las historias terribles que me contaron allí.

Tomamos de nuevo el tren de regreso a Polonia. En la estación, una pantalla mostraba distintos trayectos de los ferrocarriles a ciudades ocupadas.

—¿A cuál de ellas quiere ir? —me preguntó el jefe de estación.

—A Mariúpol —contesté.

—Ahora sufre la ocupación. Todas las ciudades que ve aquí están ocupadas, pero las liberaremos.

Los trayectos irrealizables de aquella pantalla, las ciudades imposibles de alcanzar me emocionaron. Eran el símbolo de la esperanza ucraniana.

Cogimos el tren de vuelta hasta Polonia. No hubo mucha conversación entre los miembros de mi equipo en las doce horas de viaje. A continuación tomamos un vehículo y después un avión, en un aeropuerto militarizado y protegido con armamento antimisiles.

Regresamos a España con el corazón encogido, pero también con la fuerza que inspira la resistencia y la determinación de los ucranianos. No me quedaron dudas tras las distintas conversaciones que mantuve con representantes políticos y con ciudadanos de a pie: Ucrania es una nación, pese a que Putin no lo crea. Su espíritu como Estado libre y democrático se está fortaleciendo en esta prueba tan dura.

Para el sufrimiento diario de una población que ha visto caer los misiles desde que comenzó la guerra probablemente representa demasiado poco lo que hace la comunidad internacional: las sanciones de la Unión Europea, las resoluciones de la ONU... Quisiéramos detener la guerra ahora mismo, en este momento. Quisiéramos poder decir que la paz ha llegado a Ucrania. Pero las guerras nos sitúan a los gobernantes ante el espejo de nuestra propia impotencia. No hay fórmulas mágicas, pero sí acciones: condenar e imponer sanciones en los organismos internacionales y en las instituciones supranacionales; enviar solidaridad a Ucrania y acoger a los ucranianos que huyen; prestar apoyo financiero y militar, y prevenir el deterioro de la situación social y económica en la propia Unión Europea, para que nuestras poblaciones civiles no desistan en su apoyo a Ucrania. Ese es el método, sin generar una escalada dialéctica y estando siempre abiertos a hablar.

Es evidente que la guerra también nos ha cambiado a los europeos. Mientras siga librándose, Europa y el mundo serán lugares más inciertos e inseguros. La guerra nos ha recordado que los derechos, en este mundo incierto y volátil, pueden saltar por los aires. Sabemos que en este momento los ucranianos luchan por la democracia y las libertades de todos. Creo que la ciudadanía se ha hecho más consciente del valor de lo que tenemos y, por tanto, está más dispuesta a protegerlo.

Por mi parte, tengo cada vez más clara la debilidad de Putin. Mucho más tras el segundo viaje, casi un año después de la invasión. La razón es sencilla: Ucrania sabe por qué lucha; Rusia no. Los ucranianos defienden su libertad y la integridad territorial de su país. ¿Por qué combaten los rusos en tierra ucraniana si no es para satisfacer las ansias imperialistas de Putin? Hoy para todo el mundo Ucrania existe, por más que el presidente ruso niegue su identidad nacional. Putin ha cometido el error que históricamente siempre han cometido los dirigentes con veleidades imperialistas: subestimar al adversario.

UCRANIA, VISTA DESDE CHINA

Dos de mis viajes internacionales han sido especialmente importantes para nuestro país en el año 2023. El primero fue la visita a China en el mes de marzo: tuvo lugar apenas unos días después de que el presidente Xi Jinping se viera en Rusia con Putin, lo que me convertía en el primer mandatario europeo en reunirse con él tras ese encuentro tan relevante. El viaje de ida fue largo, casi veinte horas de vuelo desde Madrid, con una escala para repostar incluida. Las visitas oficiales están allí muy pautadas y el protocolo deja escaso margen, por no decir ninguno, para la improvisación: en la cultura china, la deferencia de las autoridades hacia el país visitante se materializa en ese exquisito protocolo de minuciosa planificación.

La visita oficial tuvo una jornada previa en el Foro de Boao para Asia, en Hainan, un equivalente a Davos para ese continente. Asistí en calidad de presidente de país invitado. Ante la elite empresarial china y el primer ministro Li Qiang, puse en valor, como hago siempre allá a donde voy, la extraordinaria pujanza y el compromiso de las empresas españolas, en este caso en Asia. Enfaticé la necesidad de avanzar en un mayor intercambio económico y una mayor apertura china, con más inversiones y exportaciones de las empresas europeas a ese país.

A continuación pusimos rumbo a Pekín, donde la visita oficial constaba de dos importantes reuniones: la primera, con el primer ministro, hombre de absoluta confianza del presidente Xi Jinping, y la segunda, con el propio presidente. Junto con mi equipo decidimos repartir los temas que debíamos tratar con ambos dirigentes. Con el primer ministro hablamos de las cuestiones bilaterales. Resolvimos algunos asuntos pendientes y firmamos varios acuerdos, lo que supone un impulso crucial para las relaciones entre los dos países. Entre otras cosas, acordamos la apertura de un nuevo Instituto Cervantes en Shanghái.

Yo era el primer mandatario extranjero que se alojaba en un hotel tras la pandemia, por lo que para China mi visita también constituía la oportunidad de transmitir la normalización total del sector turístico. El esmero protocolario seguía su pauta con precisión y nosotros manifestábamos nuestra gratitud por el trato recibido.

La mala suerte quiso que nos quedáramos atrapados en el ascensor del hotel. Fueron unos minutos, no nos dio tiempo ni a preocuparnos. Sin embargo, para sus esquemas, y a juzgar por sus gestos de agobio, parecía el fin del mundo. Si por algo lo pasé mal fue por ver cómo sufrían aquel contratiempo nuestros meticulosos anfitriones. Tuve que tranquilizarlos y restar importancia al incidente, por el que no dejaron de disculparse.

Poco después llegué a mi reunión con el presidente Xi, en la que abordamos con amplitud asuntos globales, incluida sobre todo la guerra de Ucrania. Le dije que si China tiene un interés genuino, como así lo creo, en estrechar sus relaciones con la Unión Europea, debían persuadir a la Rusia de Putin de cesar la guerra y respetar la integridad territorial de Ucrania, pues para los europeos la agresión de Rusia resultaba una amenaza directa: física, política y a nuestros valores.

También le sugerí que conversara con el presidente Zelenski, pues cualquier propuesta de solución ha de tener en cuenta las posiciones del país agredido. Xi habló con él unas semanas después de nuestro encuentro y, posteriormente, mandó un enviado personal para mantener conversaciones directas tanto con Kyiv como con Moscú.

La guerra de Putin, además de la expansión territorial de Rusia, tiene implicaciones políticas para la Unión Europea, pues es evidente que trata de debilitar la seguridad europea con un cuestionamiento de las fronteras entre ambas regiones. Estamos del lado de Ucrania por convicción, no por un mero alineamiento con Estados Unidos. Así se lo expliqué a Xi, y creo que empatizó con los sentimientos de inseguridad que esta situación genera en la Unión Europea. Como potencia de primer orden, China quiere y debe desempeñar un papel constructivo en la agenda global. Cuestiones como la seguridad global, la financiación internacional o la emergencia climática no podrán ser resueltas sin su participación activa.

En mis conversaciones con otros líderes occidentales siempre les he trasladado la necesidad de que el orden multilateral se reforme si no queremos que la brecha se agrande entre Occidente y el llamado Sur global. Será fundamental afrontar este debate cuanto antes. En él, países como la India y China, entre otros, serán fundamentales. Las urgencias crecen en un mundo que se enfrenta al endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales para frenar la inflación derivada de la guerra de Ucrania, sin olvidar la financiación para hacer frente a la emergencia climática. Urge acometer una reforma a fondo del sistema de Bretton Woods si no queremos que pierda eficacia y legitimidad a ojos de muchos países que necesitan del compromiso de todos.

En este momento definitorio para nuestro continente y para el orden mundial, resulta fundamental que España participe activamente en estos debates globales y nuestra voz se oiga. Concluí aquel viaje a China con la satisfacción de que había sido así.

UNA JORNADA EN LA CASA BLANCA

El segundo de mis viajes internacionales relevantes me llevó a Washington. La capital de Estados Unidos es una ciudad relativamente pequeña y cómoda para los estándares estadounidenses. Resulta agradable pasear y disfrutar de sus amplias zonas verdes. Nos alojamos en un hotel en el centro, por lo que no tardamos nada en llegar a la Casa Blanca.

Ya en el despacho oval agradecí al presidente Biden su defensa de la democracia, públicamente y ante los medios. Tras el asalto al Capitolio, y a pesar de los procesos judiciales que tiene aún abiertos, la figura amenazadora de Donald Trump continúa proyectando su sombra sobre la democracia norteamericana. A las puertas de las elecciones presidenciales que celebrará Estados Unidos en 2024, es motivo de preocupación, y no solo en aquel país.

Sé que el presidente Biden agradeció mi referencia a su esfuerzo por preservar la democracia estadounidense. Pidió sobre la marcha mantener un intercambio de impresiones privado, que no figuraba en el programa. En los primeros momentos yo me había dirigido a él como presidente, pero enseguida me pidió que le llamara por su nombre de pila. Es un hombre cercano y afable.

Conversamos sobre distintas cuestiones y la impresión que me transmitió fue la de ser un líder en forma, conocedor de los temas y con criterio propio. Compartimos la trascendencia del momento que vive la humanidad y la convicción de que lo que hagamos en estos próximos años determinará las próximas décadas. Ambos coincidimos en la importancia de implantar políticas de avance en favor de la clase media y trabajadora.

Después nos metimos en harina con las cuestiones globales, especialmente la guerra en Ucrania y los derroteros que pueda tomar Putin. Por supuesto, la conversación sobre Ucrania tuvo un cariz diferente a la que había mantenido con Xi, pues la posición de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania es compartida. Por encima de todo, es muy relevante que España contribuya a esta conversación mundial, no solo para la defensa de nuestros intereses, sino porque nuestra historia y nuestro presente hacen que se escuche siempre nuestra postura en defensa de la paz y las soluciones constructivas.

Las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea y, por supuesto, las bilaterales fueron nuestro siguiente tema de conversación. España y Estados Unidos tenemos distintas carpetas abiertas, entre ellas, la cuestión de Palomares o el contencioso comercial sobre las aceitunas negras.

En la reunión final, con ambas delegaciones al completo, percibí un genuino interés por su parte en resolver los problemas. Siempre he sido un convencido de la colaboración transatlántica, para la que vislumbro un brillante futuro, y más aún si eliminamos alguno de sus riesgos. La transición ecológica, la transformación digital y la seguridad de la cadena de suministros globales han de hacerse atendiendo al interés de las dos regiones y no de una, Estados Unidos, a expensas de la otra, Europa.

Una vez terminada la reunión y antes de mi rueda de prensa, Biden, rompiendo el protocolo, salió del despacho oval para conocer al resto de la delegación española, pues algunos de ellos no habían podido entrar en ese lugar tan icónico. Conversó con ellos individualmente y se hizo una foto con todos y cada uno. Recuerdo haber pensado: «Qué crack».

ESPAÑA Y EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA

Si hay algo por lo que me siento agradecido en la vida es por la familia que he tenido. Los recuerdos de mi infancia están teñidos de un ambiente de cariño, entrega y sacrificio de mis padres. Al fin y al cabo, si hablo inglés es porque ellos hipotecaron nuestra casa para pagarme los cursos en Irlanda.

Mi familia ha resultado decisiva en mi educación sentimental, pero también en mi educación política. Mis padres siempre han seguido la actualidad muy de cerca. Militantes socialistas, pertenecen a la generación que hizo la Transición con su trabajo, el cumplimiento de sus deberes ciudadanos, y también con ilusión. Ese deseo de democracia y libertad se vivía cada día en las sobremesas de mi niñez, con conversaciones de los adultos que podían llegar a durar horas, a veces hasta extremos tediosos para dos niños. Ambos son apasionados lectores de la prensa escrita y, en aquellas largas conversaciones sobre política y, sobre todo, lo que ocurría en nuestro país, los recuerdo también traduciéndonos los acontecimientos a un lenguaje comprensible.

Entretanto, mi hermano y yo más bien refunfuñábamos: en la comida siempre teníamos que ver el telediario. Nos quejábamos sin ningún éxito, porque aquellas noticias constituían el alimento para el debate de toda la sobremesa. Si de algo se hablaba en mi casa era de política. Aquellas imágenes compartidas en familia forman hoy parte de mi memoria. Hay dos de las que guardo un recuerdo muy preciso: la de Felipe firmando la adhesión de España a la hoy Unión Europea, y la del funeral de Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996.

En 1993, cuando se daba por segura la derrota de Felipe y el cambio de Gobierno, decidí afiliarme al PSOE. Sentí el deseo de contribuir como militante de base a la victoria de aquel proyecto político en el que creía. Fui interventor electoral en un colegio, desde donde seguí con el corazón en un puño el recuento a pie de urna. Ahora, al recordar aquella victoria contra todo pronóstico, no puedo sino esbozar una sonrisa.

Muchos años después, ya como secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, pude conocer personalmente a Felipe, con quien he conversado en más de una ocasión, aunque siempre menos de lo que me gustaría. Con su propia personalidad y diferentes estilos de hacer política, creo que él y José Luis han sido los dos mejores presidentes de Gobierno de la democracia española.

En cierta ocasión, siempre lo recuerdo, Felipe me dijo que su generación había tenido las cosas algo más fáciles que nosotros, porque ya existía un manual sobre lo que había que hacer. Ese manual lo habían escrito las democracias avanzadas europeas a las que queríamos parecernos, y que nos mostraban cómo consolidar nuestro sistema de libertades y la democracia, cómo construir un estado de bienestar y cómo integrar a España en la esfera europea e internacional.

En las primeras páginas de este libro comenzaba diciendo que aquel sueño de 1978 se ha cumplido para la sociedad española y que es algo de lo que sentirnos orgullosos. La cara B del éxito es que, efectivamente, ahora nuestra generación carece de referentes. Desde luego, las políticas de muchos países nos inspiran para mejorar, pero figuramos entre los que disfrutan de mayores cotas de bienestar y democracia. Para imaginarnos el mundo del futuro ahora hemos de inventarlo y construirlo; hemos de contribuir a la reflexión y a la acción para seguir avanzando.

Se trata de una necesidad, pero también es nuestra obligación: somos útiles al inspirar a otros países y a todos los hombres y mujeres que quieren vivir en paz, con libertad y bienestar. El manual no está escrito, pero el ejemplo de quienes nos han precedido nos sirve como inspiración a la hora de decidir qué dirección tomar.

Durante muchos años, tras la incorporación de España a la ahora Unión Europea y a la moneda única, y sobre todo a partir de la gran recesión, nuestro país perdió peso en la esfera internacional y de forma muy acusada en Europa. Somos uno de los grandes países de la Unión Europea en términos demográficos y, por nuestro PIB, una de las grandes economías del euro. El peso de nuestra cultura y nuestra historia común hacen de España un interlocutor privilegiado con América Latina, así como con los países árabes.

Y, sin embargo, siendo diputado, durante el último Gobierno del PP, recuerdo haber vivido con auténtica exasperación que Rajoy y sus ministros vinieran al Congreso a decir, por toda explicación a sus políticas: «Esto nos lo impone Europa». Como si nosotros no formáramos parte de esa Europa y fuéramos absolutamente impotentes a la hora de contribuir a definir las líneas maestras de las decisiones que se toman en Bruselas.

Me frustraba saber que España estaba jugando en Europa en una liga inferior a la que nos corresponde como país. Una de las cosas que emprendí tan pronto como llegamos al Gobierno fue revertir esa posición, y ocupar el lugar que nos corresponde en los foros de decisión europeos. Ni más ni menos.

La relevancia de las decisiones que todos los países miembros adoptamos en Europa ha quedado de manifiesto a lo largo de la pasada legislatura: la mutualización de la deuda, los fondos Next Generation, la compra conjunta de material sanitario, la respuesta unida a la invasión de Ucrania... En los años venideros seguirá siendo así: la política interna de los países está indefectiblemente atravesada por las decisiones macro que se toman en Europa. Hemos de asegurarnos de que modelamos y conformamos esa toma de decisiones.

En el segundo semestre de 2023 España ocupa la presidencia de turno del Consejo Europeo. Es, sin duda, la ocasión de ejercer una influencia decisiva en la forma que adopte la Unión Europea en unos momentos cruciales para nosotros, en los que todo está cambiando en nuestro continente y en el resto del mundo.

LOS RIESGOS DE UN MUNDO DISTINTO

Volvamos la vista atrás. Los occidentales construimos un nuevo orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial basado en los principios liberales, el multilateralismo, la economía de mercado, la libre circulación de bienes, capitales y personas, la democracia parlamentaria y el comercio abierto. Los europeos nos hemos organizado basándonos en esas reglas y bajo la asunción de que no iban a cambiar. En sucesivas oleadas democratizadoras otros países se fueron incorporando a esos parámetros; entre ellos, el nuestro.

Tras la caída del muro de Berlín, un nuevo grupo de países y sociedades se incorporaron a ese orden, que salió fortalecido. Se extendió la convicción de que la democracia liberal y el libre comercio iban a constituir la forma predominante que adoptarían todos los países, salvo excepciones muy contadas. La confianza en este modelo y en su éxito era entonces absoluta.

Arrancando el nuevo siglo, tuvo lugar el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio. Muchas voces expertas aventuraban que, de manera inexorable, el libre comercio y la apertura económica acabarían conduciéndola también a las libertades políticas. De algún modo, se daba por hecho que incluso quienes no admitían de entrada el capitalismo de mercado ni la democracia parlamentaria acabarían adoptándolos de manera natural.

La globalización se extendió, animada por una idea particularmente familiar para los europeos: los países que comercian entre sí no hacen la guerra y, por tanto, a largo plazo, la extensión del comercio mundial no solo acarrearía prosperidad y bienestar, sino que, además, consolidaría la paz. En efecto, en los últimos lustros países como China y la India han sacado de la pobreza a cientos de millones de personas. Ese desarrollo del comercio internacional también ha favorecido la importación de materias primas y productos de allí donde son más baratos, sabiendo que hay unas reglas internacionales de comercio, organismos reguladores, negociaciones de aranceles y un largo etcétera que garantizan la seguridad de los intercambios.

Andando el tiempo, algunas de estas premisas han comenzado a ser impugnadas. Las políticas neoliberales aplicadas tras la gran recesión han generado un hondo malestar. La desconfianza hacia el sistema ha cundido entre ciertas capas sociales, singularmente una clase media que se ha visto cada vez más pobre. Este malestar ha aupado en algunos países a gobernantes ultranacionalistas. Sus discursos disruptivos tienden a socavar la democracia en lo político y con frecuencia son partidarios del proteccionismo en lo económico. Al mismo tiempo, países cuya influencia es creciente, como China y la India, y que no formaron parte de la construcción de aquel orden internacional consideran que sus intereses y su visión del mundo no están adecuadamente representados. Reivindican su papel y la incorporación de su perspectiva al orden mundial.

En los últimos tres años, los movimientos tectónicos que ya se venían manifestando han irrumpido de forma abrupta. Comienza a haber países que adoptan medidas proteccionistas, se produce un aumento de aranceles e incluso se prohíben las exportaciones de ciertos materiales y tecnologías. Al mismo tiempo, en ese nuevo escenario, se agudiza la falta de ciertos productos, como puso de manifiesto la pandemia con la llamada «guerra de las mascarillas». Los europeos descubrimos que, ante una crisis brutal, no teníamos las estructuras ni las herramientas para fabricar un producto tan sencillo como ese, entre otros muchos.

Desde las cadenas de suministro hasta los acuerdos multilaterales, casi todo quedó tocado cuando comenzamos a superar el covid, lo que se agravó con la guerra de Ucrania. Las consecuencias ya las conocemos: falta de materias primas, desde pienso para animales hasta microchips, pasando por materiales de construcción. También ha habido escasez de ciertos productos, listas de espera para adquirir determinados bienes y una preocupante inflación. En Estados Unidos se está dando prioridad a las empresas nacionales con regulaciones administrativas que no facilitan la entrada de empresas extranjeras. China lleva haciéndolo mucho tiempo. La Comisión Europea ha adoptado recientemente medidas en apoyo de las industrias propias del viejo continente.

Tal como venía funcionando el comercio mundial en el pasado, las materias primas se adquirían allí donde se encontraban. Sin embargo, ahora sabemos que no podemos depender de terceros países en cuestiones vitales, sobre todo en las llamadas «materias primas críticas». Y lo cierto es que tenemos algunas dependencias profundas, que han aflorado no solo con la pandemia, sino también con la guerra de Ucrania. Una elevada cantidad del maíz que se consume en Europa venía de allí. También altísimas proporciones del pienso para el ganado o los fertilizantes proceden de terceros países. Buena parte de las tecnologías necesarias para la transición ecológica y la digital proceden asimismo de fuera de Europa. Hemos de reindustrializar Europa y España para reducir estas dependencias.

El grueso de los debates en el viejo continente en los últimos años ha versado sobre cómo abordar estos problemas y cómo reducir nuestra dependencia sin dejar de ser economías abiertas al mundo. El concepto de autonomía estratégica abierta emerge de ahí. Y aunque parezca una abstracción de expertos, la realidad es que trata sobre las cosas del comer: el maíz, las vacas, las placas solares...

LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ABIERTA

España y los Países Bajos presentamos en 2021 un documento conjunto que abordaba la llamada «autonomía estratégica abierta». Desarrollar nuestras propias capacidades económicas e industriales, como europeos, no significa aislarnos del mundo. Se trata de un ejercicio de previsión que nos fortalece, pues nos hace menos dependientes en todo aquello que sea imprescindible. Si algo positivo se puede y se debe extraer de las grandes crisis son esas lecciones que permitirán que las peores consecuencias de otras crisis futuras no lleguen a materializarse.

El documento hispano-neerlandés estaba planteado con una óptica europeísta: como países que ostentan el cuarto y el quinto PIB de la Unión Europea, plasmábamos nuestra preocupación por las divergencias económicas dentro de la Unión Europea que pueden amenazar la cohesión interna y el mercado interior. Sobre esa base, España está trabajando con el resto de los países miembros para alcanzar un consenso sobre el camino que deberemos recorrer en la próxima década. El objetivo último es disfrutar de esa autonomía estratégica sin dejar de ser una economía abierta.

Ese objetivo no está pensado contra nadie, sino a favor de garantizar que los europeos podamos vivir de acuerdo con nuestras leyes cooperando con terceros, así como disponer de autonomía cuando sea necesario. Eso hace nuestra unión más fuerte, por lo que cobrará mayor importancia en los próximos años.

Lo más conveniente para Europa es seguir manteniendo nuestras relaciones comerciales, en algunos casos más intensas con Estados Unidos y en otros más fuertes con China, sin dejar de desarrollar nuestra propia autonomía y siendo aliados de ambos. He hablado mucho de esto con mis homólogos europeos, cuyo interés es profundo: saben que la posición que Europa ocupe en el mundo en los próximos lustros se juega en el desarrollo de esta línea de acción.

La autonomía estratégica, pese a ser un concepto ligado en su origen a la defensa, va mucho más allá. Trata de cómo ubicarnos los europeos en un mundo cuyas reglas de juego comerciales ya no son las de la década de 1950 ni tampoco las de la globalización de las últimas décadas. Ahora sabemos que producirlo todo fuera de Europa puede tener consecuencias vitales para nosotros. No podemos seguir actuando como si no hubiéramos conocido esos riesgos.

Los españoles hemos vuelto a ver, de una forma que no se dejaba sentir con tanta fuerza desde las crisis del petróleo de la década de 1970 o la caída de Lehman Brothers, que estamos sujetos a los vaivenes internacionales. Por eso es tan importante que nuestra perspectiva contribuya a modelar el futuro de Europa. La globalización nos ha ayudado mucho, y nuestra economía ha vivido una apertura espectacular en las últimas décadas, pero a su vez esto nos genera ciertas vulnerabilidades.

La realidad es que, a escala europea, hemos de seguir fomentando la economía internacional: en Europa, uno de cada cinco empleos está relacionado con ella. Si no tuviéramos esas conexiones, los españoles seríamos más pobres. Al mismo tiempo, hemos de tomar medidas quirúrgicas para cubrir las vulnerabilidades actuales —como hemos visto con el gas ruso— y futuras.

Tenemos muy buenas bases para trabajar sobre este concepto de la autonomía estratégica: la Unión Europea sigue siendo una de las tres mayores economías del planeta y, cuando pensamos en el paradigma energético del futuro, está claro que es un paradigma de sostenibilidad y de energías renovables. En ese modelo, ocupamos una posición de fortaleza respecto de Estados Unidos y de China, porque llevamos décadas reduciendo las emisiones y transicionando hacia fuentes de energía no contaminantes.

Los debates en torno a la autonomía estratégica también nos obligan a pensar más en el largo plazo: hay que hacerlo para ser fuertes. Eso significa remediar las vulnerabilidades que se han puesto de manifiesto y anticipar de forma preventiva y proactiva cuáles puedan aparecer en las próximas décadas.

Hay una corriente de pensamiento que habla del surgimiento de dos bloques en el mundo ante los que Europa debe posicionarse. La realidad es que el mundo ha vivido históricamente las fracturas entre bloques. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para el futuro. La tendencia de la derecha —en todo el mundo, no solo en España— es servirse de esta situación cambiante para extender el miedo entre la población a través de discursos de odio al diferente y de un nacionalismo extremo que solo nos empobrecería; sobre todo en lo económico, pero también en lo cultural y en lo personal.

Lejos de ello, hemos de alejar el miedo y ser muy creativos, porque, cuando se pretende poner a Europa en la posición de elegir entre los dos bloques, en realidad se nos plantea un falso dilema. Tampoco debemos aceptar una disyuntiva entre proteccionismo o aperturismo. La realidad es que existe una tercera vía europea, mucho más creativa, que también se sustenta en la imaginación y la innovación de nuestra industria. Impulsar políticamente esa tercera vía, bajo el concepto de la autonomía estratégica abierta, ha sido el propósito de la presidencia española del Consejo Europeo. Estamos dando forma a la Unión Europea de la próxima década.

Hay algo muy innovador también en la forma en que desde el Gobierno de España planteamos este trabajo a nuestros socios. Dado que había que empezar por pensar en el propio concepto de autonomía estratégica, decidimos trabajar juntos ya desde la fase de análisis, lo que sin duda facilita el avance en lo político. Desde un año antes creamos grupos de trabajo de casi todos los países. Unos doscientos cincuenta expertos y representantes de 80 ministerios de todos los Estados de la Unión Europea han trabajado semanalmente sobre el tema.

Se trata de una contribución única a la manera de hacer política europea, con resultados muy buenos. Al fin y al cabo, liderar desde abajo y uniendo a todos desde el primer momento es una forma de avanzar mucho más acorde con lo que es la propia Unión Europea: una unión de países en pie de igualdad.

REINDUSTRIALIZAR ESPAÑA Y EUROPA

Ni a España ni a Europa ni al mundo nos interesa un regreso a la autarquía y, al mismo tiempo, debemos renovar la arquitectura económica internacional. El quid de la cuestión está en cómo hacerlo.

En lo tocante a la seguridad económica, nuestra perspectiva es impulsar, por un lado, esa economía abierta y, por otro, una economía de cooperación al desarrollo. Las tres ideas base de esa perspectiva son la reindustrialización, la diversificación y la circularidad. La primera será la más relevante en términos políticos y sociales en los próximos años.

Reindustrializar significa recuperar la capacidad de producir ciertos bienes que, o bien no se han fabricado nunca en Europa, o bien han dejado de fabricarse en las últimas décadas. En el pasado pudo tener sentido por una cuestión de abaratamiento de costes, pero ahora no es necesariamente más asequible producir en China, Indonesia o Bangladés. Además, resulta necesario recuperar las industrias por una cuestión de seguridad. Y, lo más importante, esto repercutirá en el reforzamiento del sector industrial y en la creación de empleos de calidad. Por ejemplo, el gasoducto que unirá España con Francia para transportar hidrógeno verde es un proyecto que fortalece las interconexiones europeas. Permitirá a países como Alemania beneficiarse de la capacidad de producción de hidrógeno verde a precios muy competitivos de países como España y Portugal, y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de gas, tanto de Rusia como del norte de África. Nos hará más autónomos.

Esta necesidad se ve ya con claridad en sectores como el farmacéutico o en las tecnologías para la transición verde. No se trata de que todos los principios activos de los medicamentos o todas las placas solares se fabriquen aquí, pero sí hay consenso en que necesitamos al menos disponer en Europa de un número crítico de fábricas para poder hacer frente a determinadas necesidades. Además de por una cuestión de autonomía y empleo, por reducir el impacto ambiental generado por el transporte.

Diversificar nuestras fuentes de suministro significa proveernos de ciertas materias primas en distintos países y no en uno solo. De este modo, en caso de conflictos en un Estado no queda comprometida la práctica totalidad de un producto o materia prima que necesitemos.

Por último, la economía circular, a cuya importancia para la transición ecológica ya me he referido, debe incorporarse también con la perspectiva de la autonomía estratégica. Por poner un ejemplo: los móviles necesitan ciertos componentes de los que nos deshacemos cuando desechamos un teléfono o lo convertimos en chatarra, lo que provoca un daño medioambiental y nos priva de materiales que siguen siendo aprovechables.

En nuestro país ya hay experiencias muy interesantes de economía circular con empresas que usan materiales reciclados de diverso tipo como recurso. Esta práctica ha de extenderse, para que podamos pasar de un modelo lineal de producción a uno circular. El objetivo es lograr una economía simbiótica, en la que los residuos de una empresa se convierten en los recursos de otra. De este modo, favorecemos la salud del medio ambiente, eliminamos dependencias y generamos nueva riqueza a partir de los desechos. Desde las naranjas ya exprimidas que pueden convertirse en biogás hasta el estiércol que se transforma en energía, todo es aprovechable.

Europa sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para vivir. A lo largo de su historia, la Unión Europea ha demostrado su capacidad de adaptación a los cambios para seguir generando bienestar y prosperidad para los ciudadanos. Hemos de continuar así.

En estos años, el Gobierno de España ha contribuido a un cambio de paradigma social en Europa. De la década de reformas con recortes hemos pasado a las reformas con derechos. La buena marcha de nuestra economía demuestra que nuestras decisiones son acertadas y eso ha hecho que nuestro país gane crédito en Bruselas. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha emprendido un camino de reencuentro de sus instituciones con los ciudadanos y las ciudadanas. Un proyecto de libertad, solidaridad, justicia, bienestar y prosperidad como es la Unión Europea se refuerza cuando se maneja bajo los paradigmas socialdemócratas.

Estos años difíciles han demostrado que la solidez del proyecto europeo y la del proyecto socialdemócrata van unidas. Cuando Europa se comporta con esa lógica se acerca a los ciudadanos y contribuye a la paz social. Cuando sigue la lógica neoliberal, aplicada en los años de la gran recesión, los viejos demonios nacionalistas reaccionarios y antieuropeos salen del armario.

Desde la recuperación de la democracia, los españoles hemos sabido de forma instintiva que el proyecto europeo era nuestro lugar en el mundo. La Unión Europea ha vuelto a cumplir con España, y España ha dado lo mejor de sí a la Unión Europea: ideas y talento, y generosidad activa con los problemas de nuestros socios. Por eso nunca nos cansaremos de Europa, porque nuestro corazón y el europeo laten al unísono.

Una de las cosas que tengo pendientes en la vida es correr un maratón. Soy un gran aficionado al deporte, del que obtengo una energía vital para mi bienestar mental y para reducir el estrés. Me he preparado muchas veces para ello, pero distintos avatares me han impedido correrlo. Cuando dimití como secretario general del partido comencé a recuperar la práctica de correr. Los primeros días me iba a la Casa de Campo de Madrid y a los quince minutos estaba hecho trizas. Continué con el entrenamiento: entre semana corría 12 o 13 kilómetros diarios y, el fin de semana, entre 25 y 30 de un tirón. Iba por buen camino, pero, al poco tiempo, de nuevo las circunstancias me hicieron abandonar mis planes: las primarias, las elecciones, después el Gobierno...

Cuando corro, las largas distancias me ayudan mucho a estructurar la mente. Me gusta ver la política bajo el prisma de las largas carreras de fondo. Porque, para tomar decisiones acertadas en un mundo cambiante, resulta imprescindible mirar a la vez la pisada y el horizonte. Cada pequeño paso es importante; avistar el final, también.

Me siento muy satisfecho de que la rueda endiablada de la inmediatez y el ruido mediático no nos haya impedido, como Gobierno, pensar en la España y la Europa de las próximas décadas. Siempre hemos tenido la vista puesta en un nuevo orden internacional que supere el nacionalismo reaccionario basado en los bulos y la división social, y que se sustente en la cooperación, la autonomía y la sostenibilidad. Ese es el orden en que la Unión Europea será firme y estable. En ella se engarza una España moderna y próspera, resiliente al cambio climático y puntera en digitalización, capaz de seguir aportando valor a la humanidad y de mantener nuestro papel como país de enorme influencia cultural en el mundo.

En tiempos turbulentos como los de la pasada legislatura, marcada por la incertidumbre, tener clara cuál es esa tierra firme a la que nos dirigimos nos ha ayudado a tomar las decisiones adecuadas. El resultado del 23J ha dejado un panorama no exento de dificultades, pero estoy convencido de que volveremos a superarlas con el trabajo y el esfuerzo de todos, así como con la acreditada capacidad de diálogo de mi Gobierno.

Al final de las transformaciones que España ha emprendido, tanto nacionales como en Europa, se halla sin duda un nuevo mundo: más conectado, más limpio y más sostenible. Hemos sentado las bases de una nueva prosperidad. Hemos abogado por el diálogo y la convivencia. Hemos defendido el interés común con firmeza, en nuestro país y fuera de él. A las viejas incertidumbres les sucederán nuevas certezas, pero hay que avanzar para alcanzarlas. Hemos ido en busca de ellas, inspirados por la idea de que no hay ninguna política posible que no proteja e incluya a toda la sociedad. Ese es mi empeño como presidente. Y en él seguiré trabajando para llegar a tierra firme.

Láminas

10 de enero de 2021, Madrid: paseo por el jardín del palacio de la Moncloa tras la borrasca Filomena.
© Ana Manzano Peral

15 de marzo de 2021, Montauban, Francia: junto al presidente de Francia Emmanuel Macron, homenajeando al presidente de la República Manuel Azaña ante su tumba, como símbolo del lazo histórico entre España y Francia.
© Fernando Calvo

16 de abril de 2021, Amer, Girona: visita a la farmacéutica HIPRA con la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias.
© Fernando Calvo

25 de mayo de 2021, Bruselas, Bélgica: ante Angela Merkel, regalo unos patucos para la primera nieta de Ursula Von der Leyen.
© European Union

16 de junio de 2021, Alcobendas, Madrid: con Ursula von der Leyen en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia planteado por España y aprobado por la Comisión Europea.
© Fernando Calvo

15 de julio de 2021, Palacio Real, Madrid: homenaje a las víctimas del covid-19 y reconocimiento al personal sanitario, junto a Araceli Hidalgo (en silla de ruedas), la primera española que recibió la vacuna.
© Ballesteros / EFE

20 de septiembre de 2021, La Palma, Canarias: conversando con las personas afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
© Borja Puig de la Bellacasa

16 de octubre de 2021, Valencia: acto de apertura del 40.° Congreso del PSOE, en el que se rindió homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba.
© Eva Ercolanese

19 de noviembre de 2021, Madrid: en el Museo del Traje con mujeres referentes del emprendimiento innovador, en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
© Borja Puig de la Bellacasa

31 de enero de 2022, Tolox, Málaga: recorrido por el Parque Nacional Sierra de las Nieves.
© Borja Puig de la Bellacasa

8 de marzo de 2022, Letonia: saludo a las tropas españolas estacionadas en la base militar de Adazi.
© Borja Puig de la Bellacasa

2 de junio de 2022, Madrid: un niño recibe un balón de baloncesto de regalo durante el acto de entrega de la Gran Cruz del Mérito Deportivo a Pau Gasol.
© Fernando Calvo

16 de junio de 2022, Madrid: recorriendo la Moncloa con los ciudadanos y las ciudadanas que participan en la iniciativa «Moncloa Abierta».
© Fernando Calvo

29 de junio de 2022, Madrid: foto de grupo con los jefes de Estado y de Gobierno de los países euroatlánticos y sus cónyuges en el Museo del Prado ante Las Meninas de Velázquez.
© Borja Puig de la Bellacasa

30 de agosto de 2022, Alemania: conversando con el canciller alemán Scholz en los jardines del palacio de Meseberg.
© Borja Puig de la Bellacasa

3 de octubre de 2022, Mallorca: visita a la empresa CAROB. Foto de grupo con trabajadores y trabajadoras.
© Carlos Spottorno

Cartel conmemorativo del 40.° aniversario de la victoria del PSOE en las elecciones generales. Es una actualización del que hizo el ilustrador José Ramón Sánchez para la campaña de 1977.

14 de enero de 2023, Sevilla: visita al equipo de remo Las Leonas del Guadalquivir, junto al entonces alcalde Antonio Muñoz.
© Carlos Spottorno

18 de enero de 2023, Madrid: a la vuelta del Foro de Davos, una partida de petanca con pensionistas de Coslada.
© Borja Puig de la Bellacasa

25 de enero de 2023, Madrid: una partida de ajedrez con la Gran Maestra Femenina Sara Khadem, en el palacio de la Moncloa.
© Borja Puig de la Bellacasa

3 de febrero de 2023, Madrid: un partido de baloncesto junto con la Fundación FDI Villa de Leganés y el IMF Smart Education Getafe BSR, para reivindicar el cambio del artículo 49 de la Constitución.
© Borja Puig de la Bellacasa

23 de febrero de 2023, Kyiv, Ucrania: en el Paseo de los Valientes, junto con el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski.
© Borja Puig de la Bellacasa

23 de febrero de 2023, Kyiv, Ucrania: discurso ante la Rada (Parlamento) de Ucrania.
© Borja Puig de la Bellacasa

28 de febrero de 2023, Ávila: junto a los brigadistas forestales de la BRIF de Puerto del Pico.
© Fernando Calvo

30 de marzo de 2023, Pekín, China: visita al presidente de la República Popular China Xi Jinping.
© Carlos Spottorno

12 de abril de 2023, Madrid: con representantes de la Sectorial del Cómic, en la librería Omega.
© Borja Puig de la Bellacasa

12 de mayo de 2023. Washington, EE. UU.: reunión con el presidente Biden en el despacho oval de la Casa Blanca.
© Borja Puig de la Bellacasa

5 de julio de 2023, Madrid: en la grabación del pódcast de La Pija y la Quinqui, con Carlos Peguer y Mariang.
© Borja Puig de la Bellacasa

21 de julio de 2023, Madrid: el Día Internacional del Perro, en los jardines de la Moncloa.
© Borja Puig de la Bellacasa

23 de julio de 2023, Madrid: junto a Begoña, Santos Cerdán, María Jesús Montero, Cristina Narbona y los militantes y simpatizantes socialistas congregados ante Ferraz, una vez conocidos los resultados electorales.
© Eva Ercolanese

23 de julio de 2023, Madrid: saliendo de la sede del PSOE de Ferraz, al encuentro de militantes y simpatizantes socialistas, tras darse a conocer los resultados de las elecciones.
© Carlos Spottorno

22 de agosto de 2023, Madrid: recepción en el palacio de la Moncloa de la selección femenina de fútbol después de proclamarse Campeonas del Mundo en Sídney.
© Fernando Calvo

Tierra firme

Pedro Sánchez

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Diseño y fotografía: © Carlos Spottorno

© Pedro Sánchez Pérez-Castejón, 2023

© de esta edición: Edicions 62, S.A., 2023

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Primera edición en libro electrónico (epub): diciembre de 2023

ISBN: 978-84-1100-242-4 (epub)

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Las redes del caos

Fisher, Max

9788411002363

544 Páginas

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Un portentoso trabajo de investigación periodística que revela qué se esconde tras los likes y la aparente frivolidad de las redes sociales, al tiempo que describe una sociedad peligrosamente a merced de unos gigantes tecnológicos que eluden cualquier principio ético ante la perspectiva del lucro.

En 2018, un grupo de investigadores descubrió que el algoritmo de YouTube podía identificar correctamente un vídeo de un niño semidesnudo y determinar que esa característica era el atractivo de la grabación, al tiempo que lo promocionaba entre usuarios que buscaban contenido pedófilo. En Facebook tardaron poco en darse cuenta de que los usuarios pasaban muchas más horas en su página cuando las informaciones que leían sobre vacunas eran alarmistas o conspirativas, con lo que no dudaron en promocionar ese tipo de publicaciones, en especial entre grupos de madres.

Las redes sociales son probablemente el mayor experimento colectivo de la humanidad y su influencia es mucho más profunda de lo que imaginamos. Nuestras mentes, hijos y democracias están a merced de una industria carente de toda ética cuyo único objetivo parece ser apropiarse de nuestro tiempo y atención.

Basándose en años de reportajes en todo el mundo, Max Fisher cuenta la historia de cómo Meta, Twitter, YouTube y otras redes sociales han explotado la fragilidad psicológica de sus usuarios para crear algoritmos que potencien la radicalización, el extremismo y la violencia. Todo ello con un único objetivo: maximizar sus beneficios y la cuenta de resultados de sus empresas.

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Manual de resistencia

Sánchez, Pedro

9788499428178

336 Páginas

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«Nunca una moción de censura ha triunfado en España»; «es imposible ganarle unas primarias al aparato de un partido»; «aquí nadie dimite para ser fiel a su palabra»… Uno tras otro, los lugares comunes de nuestra vida política han sido derribados por un hombre: Pedro Sánchez.

Su llegada a la Secretaría General del PSOE en 2014, en plena crisis económica global, abrió una nueva época en la formación política. Transcurridos dos años, era expulsado del liderazgo de su partido, al que regresó, aupado por la militancia, para ser investido presidente del Gobierno un año después. En cuestión de meses ha situado a nuestro país en primera línea de la defensa de valores y políticas progresistas, la justicia, el europeísmo, el feminismo y el ecologismo.

Ese recorrido vital lo narra el autor en este libro —verdadero Manual de resistencia— como parte de un proceso personal de resiliencia, que no se entendería sin la fortaleza de sus convicciones. Ha sido un cuatrienio de aceleración en la política, donde todo se ha vuelto imprevisible.

Sin duda, el momento es histórico: la crisis catalana, los cambios en los partidos y el auge del autoritarismo otorgan a nuestro presente una dimensión trascendental. En estas páginas, entreveradas de reflexiones políticas, acción, traiciones y coraje, el lector descubrirá, además, el lado más desconocido del presidente del Gobierno.

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La pandemia del capitalismo

Coscubiela, Joan

9788499429786

376 Páginas

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El coronavirus actúa como un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen como sociedad y, al mismo tiempo, como una lupa que agranda la visión de nuestros problemas y puntos débiles, los globales y los de cada país o comunidad. Muchos de los efectos que imputamos a la covid-19 tienen su origen en un sistema social que hace tiempo nos envía señales de clara insostenibilidad ambiental, social y democrática. Asistimos a una gran paradoja, el capitalismo es hoy el único sistema socioeconómico existente, no tiene alternativa, pero al mismo tiempo da signos evidentes de agotamiento.

Joan Coscubiela, desde su rincón en el mundo --Europa, España, Catalunya-- nos ofrece una lectura interesada de la crisis del coronavirus, y nos propone imaginar un nuevo pacto social civilizatorio, que requiere en primer lugar reconstruir el sentido moral de la economía, asumir nuestra gran ecodependencia, apostar por la cooperación y encontrar nuevos equilibrios entre sociedad y mercado.

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Política y ficción

Bustinduy, Pablo

9788411002356

208 Páginas

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Un análisis sagaz de la crisis de los relatos y las narrativas políticas contemporáneas

¿Qué relación guarda la política con la ficción? ¿Por qué decidimos creer en ciertas ideas políticas en lugar de en otras? ¿Cómo influye la ideología en nuestra forma de imaginar el futuro individual y colectivo?

Jorge Lago y Pablo Bustinduy abordan estas preguntas a partir de un diagnóstico histórico: vivimos un tiempo de crisis profunda de las ficciones políticas tradicionales. El ciclo ideológico posterior a la crisis financiera ha dado lugar a una sensación general de agotamiento que, con el auge global de la extrema derecha, el cataclismo de la pandemia, la crisis climática y la guerra de Ucrania, amenaza con teñir de pesimismo cualquier idea de futuro.

Hoy, mientras se expanden los relatos complotistas, catastrofistas y etnicistas, cuesta pensar nuevas formas de emancipación o de futuro compartido distintas de la defensa de una idea mínima de bienestar o de la mera supervivencia del planeta. Este libro se plantea por qué hemos llegado a esta encrucijada, invitándonos a producir nuevas ficciones que den forma a horizontes políticos diferentes.

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Céntrate (Deep Work)

Newport, Cal

9788411000611

320 Páginas

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El «Deep Work» es la capacidad de concentrarse sin distracciones en una tarea cognitivamente exigente. En un mundo altamente competitivo que además incentiva la hiperconexión y la multitarea, la atención se ha convertido en un activo extremadamente valioso. A partir de cuatro reglas prácticas, Carl Newport demuestra que reforzar nuestra capacidad de concentración y saber alejarse de las distracciones tecnológicas son los primeros pasos para lograr la felicidad y el éxito profesional.

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El método infalible para ahorrar tiempo, ser más eficiente y tener éxito en un mundo disperso.

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