Ya está disponible «Fuerte Temuco», el nuevo libro de crónicas del periodista Pedro Cayuqueo. El título hace referencia a la capital de la Araucanía, fundada como fuerte militar en 1881 y que a juicio del historiador José Bengoa, es la ciudad menos ciudad de Chile. «El título del libro está irónica y correctamente elegido. Temuco sigue siendo una suerte de fortaleza. Rodeada de comunidades mapuche, las desconoce, las niega, hace como que no existieran», señala en el prólogo. «Es el viejo fuerte de fines del siglo XIX, rodeado de indios hostiles en busca de sus blancas y rubias cabelleras», señala por su parte Cayuqueo. «Hay quienes en Temuco en verdad así lo creen, sobretodo agricultores y dueños de fundo. Juran que el conflicto estado-pueblo mapuche es una vieja película del Oeste norteamericano, de cowboys versus pieles rojas. El nombre del libro es un homenaje, en clave humor negro, a todos aquellos nostálgicos», agrega el autor.

La tapa del libro, que asemeja el afiche de una película del Oeste, grafica muy bien el concepto. «Es una bella pieza de arte. Está basada en una histórica fotografía del actor J. Carrol Naish, quien en 1954 interpretó al jefe Sitting Bull (Toro Sentado) en un clásico western de la Paramount Pictures. Allí aparecen los soldados del Séptimo de Caballería, los guerreros Sioux y, por supuesto, el gran Jefe. Bien podría ser un cuadro de la Ocupación de la Araucanía», comenta Cayuqueo.

El libro es una recopilación de más de cuarenta crónicas publicadas en diversos medios por el autor y que, a juicio de José Bengoa, abarcan las principales cuestiones interétnicas de los tres últimos años. Una de ellas es «Fuerte Temuco», que da título al libro.

«El lector —subraya Bengoa— se informará de lo que ha ocurrido y aprenderá de muchas cosas que incluso personas enteradas han olvidado. En la violencia del sur se concentran todas las violencias de nuestra sociedad, es como un volcán por el cual se expresan y liberan las presiones tectónicas. En estas crónicas Cayuqueo nos va llevando de la mano por esos complejos senderos, nos informa y opina».

Pedro Cayuqueo

Fuerte Temuco y otras crónicas mapuche

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Colophonius 08.08.2019

Título original: Fuerte Temuco y otras crónicas mapuche

Pedro Cayuqueo, 2016

Editor digital: Colophonius

ePub base r2.1

Para Amankay, Inti, Ayelen, Oliver y Nahuel, los nuevos brotes de nuestro linaje.

They lived in peace, not long ago

a mighty Indian tribe

but the winds of change,

made them realize, that the promises were lies.

The white man’s greed, in search of gold

made the nation bleed

they lost their faith

and now they had to learn

there was no place to return

nowhere they could turn.

Europe, Cherokee.

«A la violencia de la Pacificación con sus rucas en llamas, sus campos calcinados y el fusilamiento de mapuches después de juicios sumarios a poca distancia del cuartel y bajando por la quebrada hacia el río, debe sumarse la rivalidad de los colonos por controlar las tierras prometidas… Aquí podía triunfar cualquier recurso concedido por la ley, la influencia, la impunidad o la falta de escrúpulos. La virtud predominante en los primeros años de la capital de la Frontera no era la piedad».

Eduardo Pino Zapata.

Historia de Temuco.

Biografía de la capital de la Frontera, 1969

Prólogo

El título del libro está irónica y correctamente colocado. Temuco no solamente fue fundado como un fuerte militar, sino que sigue siendo una suerte de fortaleza. Es la ciudad menos ciudad de Chile. Rodeada de comunidades mapuche, las desconoce, las niega, en fin, hace como que no existieran.

Allí no hay integración social urbana, lo que es fundamental en toda ciudad que se precie de tal; o a lo menos un cierto carácter común. Solo hay superposición y posiciones hieráticas superpuestas como las estatuas que están en el centro de su Plaza de Armas, representando cada una de las corrientes de población que nunca se reunieron amablemente. Tiene razón Cayuqueo al señalar en el libro que la integración no ha existido y, por el contrario, se mantiene la sociedad en base a la fuerza, a la amenaza; esto es, Fuerte Temuco.

Este libro es un conjunto de crónicas que semana a semana Pedro Cayuqueo escribe para diversos medios nacionales, uno de ellos La Tercera. Lo interesante del asunto es que al leerlas de corrido se constituyen en una sola larga crónica que abarca las principales cuestiones interétnicas de los tres últimos años. El lector de este libro se informará, por una parte, de lo que ha ocurrido, y por otra, aprenderá de muchas cosas que incluso en personas enteradas se habrán olvidado. Es una muy buena crónica.

Cayuqueo se autodefine como «promiscuo cultural», manera simpática de señalar que navega con facilidad en las culturas occidentales europeas y en las culturas indígenas americanas, o más directamente en la chilena y en la mapuche. Así como no tiene problemas en celebrar la Navidad, tampoco lo tiene con el We Tripantü de su pueblo. Es quizá esta perspectiva intercultural lo más interesante del libro de crónicas; el autor, como buen periodista, se coloca en diversas posiciones, lo que hace atractiva su propuesta. En algunos casos está profundamente indignado desde el punto de vista mapuche, con razón, con lo que ocurre con su gente; en otros momentos se pone en una actitud explicativa y comprensiva; en otros investiga la historia de los hechos que están ocurriendo, y no en pocas partes realiza un análisis comparado con lo que sucede en países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Suecia, etc.

Esta multiplicidad de puntos de vista permite que el lector pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con el autor en sus opiniones. De hecho, hay muchos momentos en que personalmente tengo opiniones muy distantes al autor e incluso desacuerdos profundos, pero ello no quita el interés del texto; por el contrario, lo mejora.

Un aspecto resaltante del libro es que se ubica en un contexto de una gran cantidad de intelectuales mapuche, artistas, empresarios, dirigentes, que van circulando con nombre y apellidos por sus páginas. No es extraño que señale que tal o cual persona provenga de un destacado linaje. Hay que decir que el propio Cayuqueo proviene de una ilustre descendencia en que tanto nombre como apellido se remontan a largas generaciones. Esto es importante, ya que el autor se mueve al interior de la sociedad mapuche propiamente tal y de allí mira la sociedad chilena y las relaciones interculturales.

Considero que uno de los cambios de mayor importancia que existe hoy día en las relaciones entre la sociedad mapuche y la chilena es la existencia de una cantidad enorme de historiadores, abogados, poetas, artistas, dirigentes, etc., que al igual que el autor navegan en las culturas con toda libertad y con enorme propiedad.

Hay historiadores e intelectuales que son de la mayor calidad, tanto si se los analiza desde el sistema académico nacional como desde el sistema de conocimientos de la sociedad mapuche. Siempre los hubo, pero hoy en día podríamos decir que la cantidad ha afectado también su presencia, su importancia y, por qué no, su calidad. Es lo que podríamos denominar el «protagonismo mapuche» presente en las páginas de este libro y que celebramos.

«Nada permite presagiar un horizonte optimista», dice Cayuqueo en sus últimas crónicas, refiriéndose a las relaciones del Estado con la sociedad mapuche del sur. Lo escribía el 2015 y lo vuelve a escribir después de leer el último informe del 21 de mayo del presente año 2016. Las crónicas comienzan el 2014 con un cierto optimismo y esperanzas de que las relaciones con el Estado se transformen. La presencia del intendente de Temuco, Francisco Huenchumilla, permitía presumir aquello, según el autor. Su violenta expulsión y reemplazo conduce a observar un cambio de política, un giro muy profundo, un retroceso «de veinte años», según el periodista.

El libro tiene la gracia de poder ir siguiendo estas políticas con cuidado y delicadeza. Cada semana van pasando cosas y el periodista las consigna. Opina sobre ellas, a veces con entusiasmo, a veces con pesadumbre. El lector, en mi caso, es prudente en los entusiasmos, pero comparte los temores, a veces los considera incluso más complejos y que están hipotecando posibles caminos de mayor entendimiento. El lector se llenará de consideraciones bien fundadas para comprender estos procesos.

La Araucanía es hoy por hoy uno de los temas de mayor relevancia política en Chile, si no el de mayor importancia simbólica por todo lo que implica. En América Latina los conflictos que han ocurrido entre Gobiernos autodeclarados como «progresistas» y pueblos y movilizaciones indígenas han sido la antesala de grandes crisis institucionales. Estos conflictos tienen una especial sensibilidad en las sociedades actuales; allí se juega el derecho a la diversidad, a la diferencia, al tipo de desarrollo económico, social y cultural, a la relación entre el Gobierno central y las regiones, en fin, a la participación social y todo lo que ello involucra.

La cuestión mapuche, si así la pudiéramos denominar, es de la mayor importancia para los sectores jóvenes de la sociedad chilena. Cayuqueo insiste en sus páginas que es un asunto del siglo XXI y que la mayor parte de las elites políticas viven en el siglo XIX, con una actitud profundamente colonial. En ello no podemos más que estar de acuerdo. En la violencia del sur se concentran todas las violencias de nuestra sociedad, es como un volcán por el cual se expresan y liberan las presiones tectónicas. En estas crónicas Cayuqueo nos va llevando de la mano por estos complejos senderos, nos informa y opina. Usted, lector, podrá estar de acuerdo o no, pero si quiere conocer lo que ocurre en este central ámbito de nuestra sociedad del siglo XXI, su lectura es indispensable.

José Bengoa

Historiador

Bienvenidos al siglo XXI

Cada día estoy más convencido. La lucha mapuche en Chile por reconocimiento, recuperar sus tierras o participar de la vida política es la lucha del siglo XXI contra el XIX. De la modernidad contra el oscurantismo. Chile, en muchos aspectos, es un Estado anclado en otro siglo. Lo es en su estructura estatal, en su matriz económica y en los supuestos filosóficos que sostienen su todavía endeble identidad nacional.

Y si el Estado es una reliquia, la sociedad chilena no digamos que destaca por su vanguardismo. Gran parte de los chilenos mayores de cincuenta años cree a pie juntillas en aquella fábula del Estado-nación blanco y descendiente de europeos. Y aquella otra de los indios porfiados y salvajes.

Hablo del Chile unitario, monocultural y monolingüe forjado por el pensamiento conservador del siglo XIX. Y donde los mapuche —editorializaba El Mercurio de Valparaíso en 1859— eran una «horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y el bien de la civilización».

Son las ideas que defiende en pleno siglo XXI, siglo de globalización cultural, de Twitter, Facebook, Netflix y acceso casi ilimitado a nuevas fuentes de información y conocimiento, el octogenario historiador Sergio Villalobos.

Sus libros, que aún repletan estantes escolares, hablan de aquel Chile. El Chile de la «civilización» contra la «barbarie», de la «virtud» contra el «vicio». El Chile de los mapuche «flojos y borrachos» de Benjamín Vicuña Mackenna, parlamentario, filoso columnista y, por si no bastara, historiador como Villalobos.

No me consta si alcanzaron a conocerse.

El Chile del «indios malos en tierras buenas» de Diego Barros Arana, tal vez el historiador del siglo XIX más perseverante en retratar a los mapuche como holgazanes buenos para nada.

En pleno siglo XXI, los nombres de Vicuña Mackenna y Barros Arana pueblan calles y avenidas de Arica a Tierra del Fuego. ¿Sucederá lo mismo con Sergio Villalobos? Es probable. Ya le otorgaron el Premio Nacional de Historia. Fue al año 1992, año del «Encuentro de Dos Mundos», de los festejos por el Quinto Centenario y del rey de España paseando por Valdivia.

Carlos Aldunate, director del Museo de Arte Precolombino, resumió esta mirada decimonónica en una reciente entrevista con revista Qué Pasa. Y lo hizo, a mi parecer, de manera magistral.

«La nación chilena —señaló Aldunate— la decidieron en una mesa la elite política y económica. Y lo hicieron a través de la educación. Se puede gobernar mucho mejor a un pueblo que tiene una sola identidad que a muchos pueblos diferentes».

Los mapuche, «un pueblo que habitaba entre el Biobío y el Toltén». Habitaba, en pasado. Lo leí hace poco en un manual escolar de la asignatura de Historia de Amankay, mi hija de nueve años. No resulta extraño entonces que muchos chilenos repitan como loros que los mapuche no existen. Y que otros, desde destacadas tribunas públicas, lo prediquen sin filtro ni pudor a los cuatro vientos.

Fernando Villegas es uno de ellos. Su antimapuchismo a estas alturas llega a ser caricaturesco. Invitado a charlar sobre el conflicto sureño, tuve oportunidad de decírselo en cámara en el programa Tolerancia cero. Se molestó bastante. «No me caricaturices, Pedro», me lanzó en medio de la entrevista, ofuscado, cuando ironicé con el apocalipsis zombi que presagiaba para la Araucanía.

Raro personaje este Villegas. Él gusta, como pocos, de las caricaturizaciones. El domingo pasado, en su habitual columna de opinión de La Tercera, a Huenchumilla lo tildó de «gran cacique», «lonko ad honorem», «werkén» y «posible toqui», y a la CAM de ser «el IRA del sur de Chile». Villegas, el niño símbolo del sarcasmo intelectual, molesto al recibir algo de su propia medicina.

«Ya era hora que pasara», fue el comentario de mi santa madre, satisfecha al parecer con mi performance. Y no se trata de polemizar por polemizar. Se trata de fijar un límite a la tontera, rayar la cancha. Ridiculizar al ridículo. Aquello era Villegas y su discurso del inminente apocalipsis mapuche. The Walking Mapu Dead.

«¿Hasta dónde quieren ustedes llegar?», me lanzó en otro momento del programa, y visiblemente atormentado. No recuerdo exactamente qué respondí. Preocupado estaba de no estallar en carcajadas. De seguro traté de calmarlo, asegurándole que nadie con plumas y machetes aparecería por su casa una tranquila mañana de domingo.

Espero respire más tranquilo. De corazón lo espero. Créanme.

¿Busca el pueblo mapuche con su lucha centenaria destruir Chile o retornar al pasado? Para nada. Y allí parte el problema.

Mientras los mapuche habitamos hace rato el siglo XXI, Chile y los chilenos —no todos, lo tengo más que claro— no terminan aún de dejar atrás el siglo XIX. Y a ratos incluso el XVIII. Temerosa de Dios y obediente de la autoridad, parte de la sociedad chilena sigue habitando aquel viejo fuerte militar de la Colonia. A buen resguardo sus cabelleras de los «pieles rojas». Y de su barbarie libertaria, salvaje y pecaminosa.

¿Es posible dialogar si habitamos siglos tan diferentes?

La demanda mapuche poco tiene que ver con el pasado. Trata, sobre todo, del futuro y de cómo forjar en este rincón del planeta relaciones interétnicas respetuosas. Puede que sea, inclusive, el desafío más moderno que hoy enfrenta este Chile constituyente.

Hectáreas más o hectáreas menos, el conflicto Estado-pueblo mapuche abre discusiones de primer orden en el concierto mundial. Reformas en la estructura de los Estados, descentralización del poder político, profundización del sistema democrático, innovadoras formas de ciudadanía y modelos de desarrollo alternativos.

De ello trata hoy la demanda mapuche.

Bienvenidos todos al siglo XXI. Tú también, Fernando.

Fentren newen, valiente ministra

Lo dije, y muchos de los asistentes a la IX Convención Nacional de la Cultura en Temuco me miraron extrañados. Sí, es probable que el futuro Ministerio de Cultura sea el más importante, a largo plazo, para los pueblos indígenas. Incluso más que el de Asuntos Indígenas, por estos meses también en proceso de consulta.

Y es que convencido estoy de que junto a la entrega de tierras o de las políticas públicas orientadas «al mundo indígena», lo que Chile necesita y de manera urgente es un cambio cultural profundo. Un mirarse al espejo, un reconciliarse con su historia, con su morenidad y con un presente para nada merecedor de aplausos.

Pasar del Chile monocultural y monolingüe al Chile pluricultural y plurilingüe; del Chile del «Estado-nación», «único e indivisible» al Chile plurinacional donde la diversidad deje de ser vista como una amenaza o como algo de tercera categoría. Es el desafío que tiene por delante la ministra Claudia Barattini y todos quienes integran su cartera.

Se los dije en Temuco, donde fui invitado a exponer mis puntos de vista junto al poeta Elicura Chihuailaf y el antropólogo Rosamel Millamán, entre otros intelectuales mapuche.

Un paso gigantesco ha sido la consulta indígena, por más que esto genere críticas en aquellos que no entienden que gran parte del conflicto actual se resume en el no diálogo, en la no participación, en el no reconocimiento y en la no comprensión del otro como un igual en su diferencia.

El Mostrador, un medio independiente, ha encabezado en las últimas semanas una insólita campaña de ataques contra la ministra por su porfía de cumplir acuerdos internacionales que son ley de la República.

Se cuestiona, en lo medular, el «atraso extremo» de la agenda legislativa del Consejo de la Cultura y las Artes por causa de la consulta indígena y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Y también el «poco avance» en otras áreas claves para los destinos culturales del país, la humanidad y el bendito ego de un selecto grupo de artistas y gestores culturales capitalinos.

¿Y cuánto han esperado los pueblos indígenas para ser escuchados y tomados en cuenta en esta fértil provincia llamada Chile? ¿Dos siglos desde la Independencia? ¿Ciento treinta años desde el despojo militar chileno del Wallmapu? ¿Las últimas dos décadas de Gobiernos en teoría democráticos?

Restablecer confianzas entre los pueblos indígenas y el Estado es un proceso que tomará tiempo, qué duda cabe. No hablo de meses, tampoco de años; implicará, por lo bajo, el esfuerzo de varias generaciones de chilenos. Para ello se requerirán infinidad de gestos.

La consulta indígena es tan solo uno de ellos. Constituye una mínima muestra de respeto. Un piso base desde el cual reconstruir. El puntapié inicial de una nueva relación que deje atrás décadas de invisibilidad, menosprecio y declarado racismo. Así lo reconocieron los propios artistas mapuche que en una ruka de Maquehue charlaron del tema con la ministra.

«Vengo a escuchar y a aprender de todos ustedes», señaló Barattini, acompañada del destacado intelectual José Ancán, jefe de la Unidad de Pueblos Indígenas. «Necesitamos contar con la voz de todos ustedes, Chile ya no puede prescindir de vuestra mirada», agregó, convencida de la trascendencia de su labor.

Si me lo preguntan, el de Barattini es lo más cercano a un liderazgo mapuche que he observado en mucho tiempo en la política chilena. O al menos en el gabinete. Y subrayo «mapuche», porque si de algo saben nuestros dirigentes y dirigentas es del arte de consultar, escuchar y «mandar obedeciendo». Lejos, pero muy lejos, de la prepotencia occidental y su liderazgo masculino rampante.

¿Basta con la consulta indígena para dejar atrás décadas de políticas culturales colonialistas y discriminadoras? En absoluto. Para escándalo de los críticos de la ministra, en su mayoría representantes de una elite cultural blanca, centralista y ególatra como pocas, se requiere de algo más.

Los indígenas en el Chile del siglo XXI no solo buscamos ser consultados a la hora de hablar de políticas culturales. Queremos también ser parte del marco teórico, es decir, nutrir con lo nuestro aquel ethos cultural colectivo que habremos de heredar como país a nuestros hijos y nietos.

Dicho en simple, no buscamos ser acompañamiento. Queremos también ser ingredientes del plato principal. Es lo que muchos se niegan a entender. O bien siquiera aceptar como posible. «¿Los indios dictando cátedra en políticas culturales? ¡Por Dios, hasta dónde vamos a llegar!».

Por demasiado tiempo se ha llamado en Chile «artesanía» a nuestro arte, «dialecto» a nuestras lenguas y «supersticiones» a nuestra rica cosmovisión. Esto debe terminar. Para ello se requiere transitar, como sociedad, hacia un cambio cultural profundo. Aquel es el desafío que, me consta, se ha propuesto la actual ministra.

Los pueblos indígenas, no sin dificultad, han debido lidiar desde la Colonia en Chile con dos códigos culturales diferentes. El propio, fértil cantera de realismo mágico y universos azules; y el occidental, que hunde sus raíces en el racionalismo filosófico de los griegos.

La mayoría de los mapuche somos hoy por hoy ciudadanos interculturales. Transitamos, muy sueltos de cuerpo, ambos mundos y de manera cotidiana. Vamos y venimos del código cultural mapuche al chileno y viceversa. ¿Cuántos chilenos pueden jactarse de hacer lo mismo?

Es el desafío que tiene por delante el futuro Ministerio de las Culturas. Fentren newen (mucha fuerza), valiente ministra.

Temucuicui, la zona roja

Hace poco estuve de visita en Temucuicui, en el epicentro de la llamada «zona roja». Fue este el primer territorio que visitó el intendente Francisco Huenchumilla tras asumir su cargo. Allí se reunió con «la Autónoma», el grupo liderado por el lonko Víctor Queipul y los hermanos Huenchullán Cayul, escindido de la comunidad tradicional a fines de la década pasada.

Temucuicui está a media hora de Ercilla y es, como gran parte de las comunas forestales, una de las más pobres de la región y del país. Es un territorio compuesto por diversas reducciones, donde siempre destacó por su espíritu de lucha la reducción «Ignacio Queipul», liderada por el lonko Juan Catrillanca Antil.

El lof, pese a lo bucólico del paisaje, asemeja a ratos una zona de guerra. En todos lados, rayados hablan de los «winkas», del «weichan» y de la lucha por recuperar las tierras. «Fuera las Fuerzas Policiales de Wallmapu», «Libertad a los weichafe», se lee en varios muros de edificaciones públicas hoy abandonadas.

En Temucuicui la mayoría de los jóvenes son weichafe, guerreros. Muchos han pasado por la cárcel. Y varios que circulan por sus caminos de tierra, a caballo o a pie, son intensamente buscados por la policía. Sus familias, la mayor parte del tiempo, sobreviven con lo mínimo.

A pesar de estar rodeada de extensos fundos forestales, Temucuicui está absolutamente sobrepoblada de familias. Muchos matrimonios jóvenes viven de allegados, en el campo. Lo más parecido a un centro cívico lo constituyen la posta, la escuela y los restos de una iglesia que hoy los mapuche ocupan como camarín para sus improvisados torneos de fútbol o de palín.

Temucuicui es lo más parecido en la Araucanía a la reserva indígena Pine Ridge, el «Campo de Prisioneros de Guerra 334», como es conocido por las tribus nativoamericanas. Allí, en las planicies de Dakota del Sur, viven los lakota sioux, la tribu que sufrió la tristemente célebre masacre de Wounded Knee en diciembre de 1890 a manos del ejército de Estados Unidos.

Desde ese día, Wounded Knee y Pine Ridge han sido un símbolo de los males infligidos a los nativos por los descendientes de europeos. En 1973, allí tuvo lugar el levantamiento armado que encabezó el American Indian Movement (AIM). La protesta buscaba denunciar ante el mundo la situación de pobreza y apartheid que afectaba a las tribus.

La respuesta de la Casa Blanca fue un cerco policial y militar que se prolongó por setenta y un días, dos activistas del AIM acribillados y el inicio de una caza de brujas implacable a cargo del FBI. Fue el mayor conflicto armado al interior de Estados Unidos desde la Guerra Civil.

Leonard Peltier, uno de los líderes del AIM, se encuentra encarcelado desde entonces y es considerado el preso político más antiguo de los Estados Unidos. Fue acusado —con testimonios falsos— del crimen de dos agentes del FBI al interior de la reserva. Su historia es la que cuenta Rage Against the Machine en la letra y videoclip del tema «Freedom».

Al igual que en la reserva indígena Pine Ridge, en Temucuicui los problemas también comenzaron con la llegada de los blancos. Primero el ejército chileno, luego la radicación y sus famosos «títulos de merced». De los miles de hectáreas que los mapuche allí ocupaban, el Estado solo les reconoció doscientos cincuenta. Solo aquel pedazo donde las familias tenían sus rucas.

El resto, rápidamente salió a remate público.

Hasta allí llegó Juan Patterson, quien compró al fisco una extensa propiedad de más de dos mil hectáreas que bautizó como «Fundo Alaska». Eran las tierras donde los mapuche de Temucuicui pastoreaban sus animales, cultivaban y realizaban sus ceremonias religiosas.

Todo pasó a manos del winka.

Patterson levantó su casa patronal y, como muchos colonos y agricultores de aquel tiempo, estableció un régimen de terror en la zona. Y si bien a algunas familias les dio trabajo, nunca les pagó con dinero. Lo hacía con sacos de trigo, chicha y cantidades industriales de vino. De a poco Patterson fue expandiendo su propiedad. El vino ayudaba a negociar.

Recién en la década de los setenta, en el marco de la Reforma Agraria, los mapuche se atrevieron a cruzar el cerco. Para entonces, Juan Patterson había muerto y su hijo Carlos administraba la propiedad. Los mapuche, liderados por el padre del actual lonko Juan Catrillanca, ocuparon las tierras.

El golpe militar volvió todo a fojas cero.

Lo primero que hizo la dictadura fue devolver el fundo a Patterson. Lo segundo, detener al lonko, a su hijo Juan y otros miembros del lof. Todos fueron torturados. Juan Catrillanca tenía dieciocho años. Estuvo medio año preso. Su padre nunca se recuperaría de las torturas. Tras salir en libertad, Juan ocupó su lugar.

A fines de los setenta, Patterson vendió las tierras a Forestal Mininco y se largó de la zona. Dos intentos fallidos de tomas, duramente reprimidos, marcaron para ellos la década de los ochenta. El retorno de la democracia coincidió con el Quinto Centenario y la emergencia indígena continental. En Temucuicui no estuvieron ajenos a ese proceso.

En los noventa hicieron su aparición la Ley Indígena y el Consejo de Todas las Tierras. A fines de la misma década, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). En Temucuicui siempre se identificaron más con el Consejo. Catrillanca conocía al padre de Aucán Huilcamán desde los tiempos de Ad-Mapu y ello inclinó la balanza.

En 1998, la comunidad ocupó indefinidamente el fundo Alaska. Fueron violentamente reprimidos y desalojados, pero volvieron. Lo hicieron una y otra vez, durante meses. En 1999, la mayoría acompañó a Aucán Huilcamán en su marcha hacia La Moneda, la misma donde intervendría el entonces diputado Huenchumilla. En las fotos, unos adolescentes hermanos Huenchullán acompañan al werkén por las calles de Santiago.

El conflicto con Forestal Mininco se prolongó hasta el 2003, cuando la maderera optó por abandonar el fundo Alaska y ofrecerlo al Gobierno. La Conadi ya no tuvo excusas para no hacer nada. Compró la propiedad y la restituyó a sus verdaderos propietarios.

Fueron dos mil hectáreas recuperadas por las familias, tras más de un siglo de luchas y reclamos. Una medida «terrible y peligrosa» a ojos de los gremios productivos de la Araucanía. Así la calificó el entonces presidente regional de la Corporación de la Madera, Marcelo Martiní, el mismo que décadas más tarde, desde la Multigremial, lideraría los ataques contra Huenchumilla.

La entrega del fundo tuvo consecuencias. Una de ellas, la división de la reducción tradicional. Un sector, integrado por los más jóvenes, siguió un camino propio y nombraron lonko a Víctor Queipul. Las diferencias no eran de fondo, más bien de forma. Mientras el lonko Catrillanca se mostraba satisfecho con lo logrado, los más jóvenes querían ir por más.

Y así lo hicieron. El siguiente objetivo fueron los fundos Montenegro, La Romana y Nilantrato, de su otro vecino de años, René Urban Pagnard, descendiente de colonos suizos llegados a la zona tras la «pacificación» de Cornelio Saavedra y Gregorio Urrutia. Esos terrenos, argumentaron, también les pertenecían antes de 1883.

A diferencia de Patterson, Urban, el viejo, se cuenta que era respetado por los mapuche de la zona. Daba trabajo y pagaba bien. También vendía trigo a precio justo. Y no los llenaba de vino barato. Su esposa, Melania Pagnard, instaló una escuela donde les enseñó a leer y a escribir a muchos niños de la reducción. Eso lo recordaban y agradecían los mapuche de más edad.

Juan Catrillanca, el lonko, fue uno de los alumnos de Melania.

Al morir el viejo Urban, su hijo, René, se hizo cargo de las tierras familiares. Había sido espectador del conflicto de sus vecinos con el fundo Alaska y temía ser el siguiente en la lista. Eso lo fue endureciendo. Su relación con los mapuche, que nunca había sido de las mejores, se fue al carajo. Pronto se llenó de enemigos.

El 19 de noviembre del 2002 fue el primer atentado contra su propiedad. No pararían nunca más. Urban, el hijo del bonachón suizo llegado a comienzos de siglo, se transformó rápidamente —junto a Jorge Luchsinger, de Vilcún— en un ícono del conflicto al sur del Biobío. Debió dejar su propiedad y trasladarse a vivir a Ercilla, en una casona antigua que era de su mamá.

Por años Urban tuvo protección policial las veinticuatro horas del día. Lo mismo sus predios. Un cuartel de fuerzas especiales resguardó su campo casi una década. Batallando con esos efectivos se foguearon la mayoría de los weichafe de Temucuicui y comunidades vecinas. Mandó presos a casi todos los Huenchullán. Cuesta encontrar un miembro de esa familia que no haya pasado por la cárcel de Angol o Collipulli.

Hasta que René Urban, cansado, optó por vender al Gobierno.

Fueron 988 millones de pesos los que pagó la Conadi a la familia tras un acuerdo firmado en junio de 2014 y que se trabajó de manera silenciosa en el gobierno de Sebastián Piñera. La compra totalizó trescientas hectáreas e incluyeron los fundos Montenegro y La Romana, y parte del Nilantrato, todos ellos blanco de atentados y escaramuzas por años.

Junto con la compra a los Urban, Conadi adquirió cerca de 281 hectáreas a otros agricultores de la zona, totalizando una entrega de 581 hectáreas. Los otros vendedores fueron Leonardo Seitz, Emilia Martín, Arnold Hermann Ellicker y veintiocho parcelas en el sector de la localidad de Chiguayhue. El total de la compra, dos mil millones de pesos.

Las tierras fueron entregadas en 2015 una parte a las familias de la reducción «Ignacio Queipul» (o Temucuicui Tradicional), liderada por el lonko Juan Catrillanca, y otra a las familias integrantes de la comunidad Temucuicui Autónoma. Así consta en el Conservador de Bienes Raíces de Collipulli.

Hasta esa zona de weichafes, malones y enfrentamientos con Carabineros prácticamente cada semana, arribó el intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, en su primera salida a terreno.

Y lo hizo solo, sin escolta policial. Lo suyo, declaró más tarde a los medios, era parlamentar con los lonkos del territorio. Y el desafío era hacerlo a la antigua, como en la Colonia, siguiendo los protocolos culturales mapuche, de igual a igual.

En quince años, ninguna alta autoridad de gobierno había visitado la zona. Solo fuerzas especiales de Carabineros.

Las nuevas voces mapuche

En pleno centro de Santiago, a pasos de la Plaza de Armas, el Instituto de Arte, Ciencia, Cultura y Tecnología Indígena de Santiago (IACCTIS) es un hervidero de actividad. Allí, en una de sus oficinas, se encuentra Emilio Antilef, poeta y ex niño prodigio que en la década de los ochenta brillaba en programas como Sábados gigantes y Cuánto vale el show.

Poco queda de la estrella infantil televisiva, el «niño modelo», odiado —reconoce entre risas— por gran parte de sus pares generacionales por su perfecta dicción y manía por enfatizar las «erres» y las «p» al hablar y recitar.

«Muchos padres comparaban a sus hijos conmigo y eso me transformó a muy corta edad en un ser odiado por mis pares», comenta. «Yo era uno de esos niños que te odiaba», le confieso, y su sonrisa se convierte en carcajada.

Huyendo del «síndrome Macaulay Culkin», Emilio se largó a Canadá a mediados de los ochenta. Iba por seis meses y se quedó seis años. Allí aprendió inglés y amplió su mirada del mundo. También, a miles de kilómetros, se reencontró con su identidad mapuche.

Al regresar a Chile cursó pedagogía en inglés, luego periodismo, y se metió de lleno al activismo cultural santiaguino. Su padre, Emilio Antilef Nahuelhual, profesor, dirigente y portador de un linaje de lonkos, fue clave en dicho proceso.

Hoy Emilio bordea los cuarenta años y es referencia obligada al hablar de las nuevas voces mapuche. Desde el IACCTIS, institución fundada en 2009 por artistas e intelectuales de diversos pueblos indígenas, impulsa una serie de proyectos para visibilizar el arte y la creación mapuche. «Demostrar que somos, no que fuimos», señala. «También buscamos incidir en lo público», agrega.

El pasado mes de octubre, el IACCTIS apoyó públicamente a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, en su propuesta de cambiar el nombre del cerro Santa Lucía a «Welén». Y si bien la propuesta no prosperó, para Antilef fue la demostración de que el cambio cultural es posible.

«Yo soñaba con que mis hijos aprendieran que el cerro céntrico de la metrópolis se llama Welén. Soñé con una bandera mapuche flameando en el torreón y algún acto de desagravio al Caupolicán de la plazoleta. Nada de eso pasó. Lo que sí pasó es que, a través de una consulta comunal, se puso un importante tema en la mesa pública», reflexiona.

«No era una solución a las demandas de autonomía, tampoco la reparación territorial que los lonkos siguen exigiendo», agrega. «Era apenas un cariñito, un Candy con sabor a pacto y a enmienda. Una mayoría ciudadana no lo aceptó y no es algo para rasgar vestiduras», asume con tranquilidad. «Un cuarenta por ciento apoyó la medida y ello demuestra que no estamos solos quienes compartimos el loco sueño de bajar los pendones coloniales e instalar los emblemas de nuestros pueblos», agrega.

Emilio es un mapuche optimista. Y un defensor de la palabra. Lejos del blanco y negro que caracteriza al activismo más radical, lo suyo es el pantone, la diversidad de colores, ideas y visiones. Antilef es libre. Y esa libertad es subversiva.

«Hoy desde diversas disciplinas existen mapuche que asumen el desafío de rescatar lo que por tanto tiempo estuvo oculto y acallado. En la historia que se teje en la actualidad ha sido la palabra la que se ha impuesto con su sonido más fuerte que las bombas o las llamas. Los versos en mapudungun han llegado más lejos que las piedras», subraya, convencido.

Emilio sabe de lo que habla. Visibles: mapuches en la cabeza del león, su primer libro periodístico, trata precisamente de ello, del avance de un batallón de talentos mapuche. Lanzado vía autoedición en 2012, reúne una veintena de entrevistas a mapuche destacados en diversos ámbitos. «No hay artesanos, ni machis, ni lonkos. Los personajes que entrevisto son cantantes, periodistas, músicos, bailarines, modelos, científicos, un doctor y hasta un opinólogo de la tele», cuenta.

La tesis del libro es que los mapuche están presentes en áreas antes impensadas. Y triunfando en ellas. «De allí el nombre del libro; tiene que ver con esa metáfora tan manida de que el mapuche es la cola del león o, peor aún, la cola del ratón. Una especie de complejo de inferioridad, al estilo de La senda del perdedor, de Charles Bukowski», explica. «Eso hoy ha cambiado», sentencia.

No son pocos los mapuche en la cabeza del león. El propio Antilef es uno de ellos. Tanto así que ya prepara un segundo libro, continuidad del anterior. Esta vez sus entrevistadas serán mujeres, «las guerreras de los tiempos modernos», las Fresia, Quidora y Tegualda del siglo XXI, como las llama. Este libro, junto a una reedición de Visibles, verá la luz en 2015 bajo el sello de Catalonia.

Fernando Pairicán Padilla (treinta años) no nació en una comunidad mapuche. Y jamás ha vivido en el sur. Creció en Ñuñoa, en un barrio popular, de «clase trabajadora», ubicado a pocos minutos de donde actualmente vive junto a su pareja, también mapuche, y Kallfü Mañke, su pequeño hijo.

Pairicán es un «mapurbe», un habitante del asfalto capitalino. Así se define, haciendo suyo el concepto acuñado por el poeta mapuche de Cerro Navia David Aniñir, un verdadero rockstar para muchos de su generación.

Pairicán es, técnicamente, un indígena urbano. La tercera generación de su familia lejos del campo, comenta. Ello no le ha impedido transformarse en uno de los historiadores más respetados por el activismo indígena, guaripola de toda una generación de nuevos intelectuales mapuche.

Sus columnas, que publica semanalmente en The Clinic y donde analiza el acontecer nacional, son comentadas profusamente cada semana. En Twitter acumula varios miles de seguidores.

Pero Pairicán lejos está de ser solo un columnista. Pairicán es un historiador, un académico. Y de los buenos. Su primer libro, Malón, la rebelión del movimiento mapuche (Editorial Pehuén), es una completa retrospectiva del movimiento mapuche desde la dictadura militar al Gobierno de Piñera. Prologado por José Ancán y Jaime Huenún, dos acorazados de las letras mapuche, fue lanzado a sala llena en la pasada edición de Filsa. Hoy es éxito de ventas.

Para muchos, su libro es la historia no oficial de la CAM, organización de la cual fue cercano mientras estudiaba en la Usach. Por aquellos años conoció a Matías Catrileo, el joven activista asesinado por el Gope en 2008 al interior de un fundo de Vilcún. Con él compartió en el sur, visitando zonas de conflicto y en actividades de apoyo a los presos políticos. Su crimen, reconoce, lo golpeó duramente. Abrazos del viento, poemario póstumo de Catrileo, lleva un prólogo de su autoría.

«Matías es parte de la reemergencia indígena que ascendió en oposición a las celebraciones del quinto centenario. Como muchos de su generación, vio a las ñañas Quintremán luchar y defender su río Biobío ante Endesa-España; observó cabalgar a Aucán Huilcamán y sus huestes con la bandera mapuche en sus manos, y vio a los kona (guerreros) de la CAM resistir en los campos. Y decidió ser parte de ello», señala Pairicán.

«La convicción de Matías eran los deseos de libertad que mueven al pueblo mapuche, demostrando una vez más que nuestra lucha, como bien dice Elicura Chihuailaf, es una lucha por ternura», agrega el historiador.

Descolonizar la historia. Una frase que Pairicán repite. Y muchas veces en la conversación. Casi como una declaración de principios. Es lo más cercano a un Frantz Fanon mapuche.

«Es un deber de las nuevas generaciones borrarle los maquillajes a la historiografía tradicional que te dice que los mapuche desaparecieron o que no existen. Y luchar por morenizar nuestra historia y darle voz a nuestra gente», enfatiza. Y todo ello, complementa, con la rigurosidad del trabajo historiográfico.

«Hay que separar el rol del historiador de aquel de la militancia étnica», subraya. «Lo contrario sería caer en una historia panfletaria», agrega.

No hay atajos para Pairicán. Estudioso, aplicado, metódico, un verdadero «ratón de biblioteca», según confidencian sus compañeros del Doctorado en Historia de la Usach. También polémico, como cuando critica en Malón la «atomización» dirigencial mapuche. Y la falta de un proyecto político inclusivo, pluralista, coherente.

Pairicán lejos está de ser políticamente correcto. Lo suyo no son los aplausos. Más bien el debate.

«Un movimiento que se centra en la emancipación y liberación del pueblo mapuche no debe temer al debate y al libre pensamiento. Si impide la crítica y la libre expresión se transforma en totalitarismo», advierte.

Chile como el padre Gatica

Ha sido un hito histórico. En eso coinciden todos los asistentes a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que acaba de finalizar este martes en la sede central de la ONU en Nueva York. Quien escribe, uno de ellos.

En esta cita global, la primera en casi tres décadas, los Estados miembros de la Asamblea General reafirmaron su compromiso de «respetar, promover, impulsar y no menoscabar» los derechos de los pueblos indígenas, contemplados en la Declaración Universal aprobada el 13 de septiembre de 2007.

Chile, representado por la presidenta Bachelet, respaldó el documento final de la misma forma que hace siete años había apoyado la promulgación de la citada declaración. Hasta este punto, una coherencia impecable en lo que a compromisos internacionales se refiere. El problema, como ya debe sospechar más de alguien, es la distancia abismal entre el actuar de Chile en los foros mundiales y su poco decorosa realidad interna.

¿Cuántos en Chile saben de qué trata la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas? ¿Cuántos al interior del propio Gobierno?

Hablamos del más avanzado instrumento internacional que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a su autodeterminación, autogobierno y plena participación política, entre otros temas que en Chile para nada son todavía temas.

Empantanados los mapuche en la demanda de «tierras», los medios en la «crónica roja», el empresariado en la «amenaza comunista» de los sesenta y el Gobierno en el «enfoque pobreza», discusiones de primer orden mundial en torno a nuevos modelos de Estado, tipos de ciudadanía y estándares democráticos brillan por su ausencia del debate público en materia indígena.

Es tanto el atraso chileno que un instrumento de los años ochenta, ratificado con dos décadas de desfase, es el que hoy genera los mayores dolores de cabeza y ataques de pánico en el mundo público y empresarial privado. Me refiero al Convenio 169, implementado vía «ensayo y error» por estos días en la denominada Consulta Indígena por los futuros ministerios de Cultura y de Asuntos Indígenas.

Puestas así las cosas, ¿cuáles son los desafíos de Chile tras esta Conferencia Mundial? Uno salta a la vista de inmediato: cumplir dentro de sus fronteras aquello que con tanto entusiasmo firma en los foros internacionales. Chile, en pleno siglo XXI, no puede seguir como el padre Gatica, que predica, pero no practica.

«La autonomía es el debate que viene», advirtió lúcidamente tiempo atrás el intendente Francisco Huenchumilla al ser consultado si con la compra de tierras cerraba de una vez por todas el conflicto Estado-pueblo mapuche. Razón tiene Huenchumilla.

La autonomía de los pueblos indígenas, territorial, política, administrativa, es el debate que viene y lo que buscaba potenciar la reciente Conferencia con su espaldarazo global a la Declaración de 2007. Un debate para nada nuevo en el resto del mundo.

Lo charlamos en la ONU con Atencio López, abogado de la Comarca Kuna de Panamá, una de las autonomías indígenas más antiguas y consolidadas del continente. Sí, autonomía, con Parlamento propio y autoridades ejerciendo soberanía sobre diversas materias. Como los miskito en la Costa Atlántica de Nicaragua. O el pueblo sami de Escandinavia.

Recientemente, una comisión en apariencia desvinculada del tema indígena, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, puso el tema de la autonomía en el tapete al proponer declarar la Araucanía como región autónoma y plurinacional. La propuesta, para escándalo de los defensores del Estado-nación del siglo XIX, contempla un «estatuto autonómico propio», una «Asamblea Regional» y «plurilingüismo», siguiendo el modelo de las comunidades vasca, catalana y gallega en España.

Un verdadero acierto y logro casi personal del destacado cientista político mapuche radicado en Estados Unidos, José Marimán, miembro de la Comisión y promotor desde la década de los noventa de una salida política, democrática y pluriétnica al centenario conflicto sureño.

Y es que, tal como muy bien lo entiende la ONU, los pueblos indígenas no solo demandan hectáreas de tierras, políticas sociales o reconocimientos culturales de segundo o tercer orden. Buscan también ejercer derechos políticos y gobernar algún día aquellos territorios que legítimamente identifican como su hogar nacional.

Es la aspiración de las nuevas generaciones de ciudadanos mapuche en la Araucanía o el Wallmapu, el País Mapuche de nuestros abuelos. ¿Implica esto una amenaza de separatismo frente al Estado? En lo más mínimo. Así lo entiende la ONU y así lo ratificaron esta semana las delegaciones asistentes a la Conferencia Indígena de Nueva York. Y ello con la firma entusiasta de los representantes del Estado de Chile, no lo olvidemos.

Un segundo desafío tiene que ver con las señales políticas, sobre todo hacia la comunidad internacional. Y es que impresentable resultó para muchos la casi nula participación indígena en la delegación oficial chilena, aun existiendo en la actual administración numerosas autoridades que cumplen con dicho perfil.

No asistió el intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, por lejos la autoridad política de mayor relevancia en la materia y hoy garantía de gobernabilidad en la siempre volátil zona sur del país. Y no lo hizo quejándose públicamente del desaire y poco tino de los funcionarios de Cancillería con su investidura. Tampoco viajó Domingo Namuncura, embajador de Chile en Guatemala y destacado hombre público mapuche en las filas de la Nueva Mayoría.

La lista no se detiene allí. Tampoco fue invitado José Ancán, jefe de la Unidad de Pueblos Indígenas del futuro Ministerio de Cultura y quien lidera la consulta indígena con menor ruido ambiente y mayor viento a favor de la actual administración. Y, de manera inexplicable, tampoco se incluyó en la delegación oficial a Rodrigo Paillalef, miembro de la Misión Permanente de Chile ante la ONU en Ginebra y tal vez la persona más indicada para asistir a una Conferencia Indígena… ¡de la ONU!

Qué decir de los consejeros nacionales de Conadi. De los ocho electos por votación popular, solo Rafael Tuki, consejero rapanui, logró dar con el ansiado boleto premiado. Del resto de los «representantes indígenas ante el Estado» jamás se tuvo noticias en la Gran Manzana.

«Es un tema de protocolo y de cupos disponibles», me señaló un funcionario de Cancillería a quien consulté del tema en Nueva York. «Y de conducto regular», agregó taxativo. En su lógica funcionaria es probable que tenga razón. En estricto rigor, corresponde a la presidenta de la República, sus ministros y embajadores representar a Chile en los foros internacionales. Más aún si hablamos de una Reunión Plenaria de Alto Nivel, como fue el caso de la Conferencia Mundial.

Sin embargo, nada impedía, como potente señal de compromiso político, invitar a una «Conferencia Indígena» a los indígenas hoy cumpliendo responsabilidades de gobierno. Incluso aunque no tuvieran mayor protagonismo. A pesar de llenarse con empresarios, espacio en el avión presidencial convengamos que había. Y más que suficiente.

Un último comentario. Cancillería carece absolutamente de competencias interculturales.

Lo reconoce el propio ministro Heraldo Muñoz, quien se ha propuesto la urgente tarea de modernizar un estilo de diplomacia anclado en otro siglo y en otro Chile. Colombia, Venezuela, Bolivia y otros Estados de la región destacaron por la presencia indígena en sus delegaciones. Lo mismo Noruega, Suecia, Finlandia y la emblemática Nueva Zelanda, cuya delegación casi de manera íntegra estaba compuesta por autoridades de origen maorí.

Mucho camino le queda a Chile por transitar hacia una real comprensión de la temática indígena y de cómo ello habla de Chile y su estándar democrático cuando asiste a foros en el exterior. El respaldo de Bachelet a las conclusiones de la Conferencia Mundial constituye al menos un paso en la dirección correcta.

La verdad, la primera víctima

Hace poco fuimos testigos de uno de los más surrealistas episodios relacionados con el conflicto chileno-mapuche en el sur. Y trágicos, porque involucró el crimen de un joven funcionario de Carabineros de dotación de la subcomisaría de Lirquén.

Aconteció en el sector de Alto Lleu Lleu, al sur de Cañete, en tierras donde la conflictividad rural hace nata. Hasta allí arribó una patrulla policial la medianoche del viernes, alertada de un asalto en progreso. Las víctimas eran una pareja de ancianos no indígenas, propietarios de una de las tantas parcelas del sector.

El operativo, como ya es sabido, desembocó en una balacera donde perdió la vida el cabo Alex Gutiérrez y otros dos funcionarios resultaron gravemente heridos.

Me enteré de lo sucedido mientras escribía, en mi habitación de hotel en Castro, algunas líneas para la presentación de mi obra en la Feria del Libro local. Fue por un despacho del corresponsal de radio Biobío, tipo dos de la madrugada, escasos minutos después del incidente. Se trató de un reporte bastante escueto, informativo, que daba cuenta de los hechos sin atribuir responsabilidades ni aventurar hipótesis. Simplemente los hechos.

Una denuncia de asalto. Carabineros al lugar. Una confusa balacera. La víctima fatal y los heridos trasladados en helicóptero al centro asistencial más cercano. Todo lo demás, apuntaba el colega radial desde Cañete, materia de investigación.

Quedé pegado en la transmisión. Un carabinero asesinado en una zona de conflictos por tierras no resueltos bien podría ser la mecha que incendiase todo el sur de la provincia de Arauco. Era mi preocupación, más que justificada por lo volátil de la situación en un sector intervenido con tanquetas y decenas de efectivos.

Decidí abandonar mi escrito. Y recabar datos monitoreando las redes sociales que, pese a la hora, ya se hacían eco de la noticia. Lo que vino más tarde fue para no creerlo. Hablo de las irresponsables declaraciones que tanto el Alto Mando policial como el gobernador de Arauco, Humberto Toro (PS), comenzaron a emitir sobre el incidente. O a disparar, mejor dicho.

Según la «versión oficial» se estaba frente a una planificada «emboscada», es decir, una acción militar de exterminio, que incluyó armamento de guerra y el uso de señuelos para atraer al personal policial a la parcela donde se produjo la balacera. Un plan «cobarde y criminal», orquestado —era que no— por grupos radicales mapuche operando en la zona.

Al primero que escuché esta versión fue al prefecto de Arauco, coronel Mario López, tipo tres de la madrugada, cuando el fiscal designado para la investigación aún no terminaba siquiera de tomar sus primeras notas. El oficial, muy suelto de cuerpo, habló de una «vil emboscada, amparada en la oscuridad de la noche y bajo el follaje de los árboles».

Mucho más lejos iría el gobernador Toro. No solo responsabilizó a un «grupo de maleantes» vinculados a «la causa mapuche» de un «ataque artero y traicionero». También amenazó con una cacería policial implacable, que no cesaría hasta dar con su paradero. Quienes reporteamos el conflicto sabemos lo que ello significa. Y el drama asociado.

«Los vamos a perseguir, los vamos a enjuiciar y los vamos a encarcelar», repetiría varias veces esa madrugada, parafraseando al fallecido general Bernales y su «no se duerman, los vamos a encontrar» del caso del cabo Moyano.

Lo olvidaba. También advirtió de la fortaleza de las políticas indígenas. «La mayoría de las comunidades son pacíficas y están por el diálogo», apuntó, mezclando políticas públicas y crónica roja de una manera insólita. Pero faltaba todavía la guinda de la torta.

Con un titular de portada que desplazó en importancia la falla generalizada del Metro capitalino, El Mercurio dio cuenta la mañana siguiente de la «vil emboscada» y de la sospecha del prefecto y el gobernador de estar involucrados los mapuche.

La nota, en un esfuerzo editorial sin precedentes, alcanzó a ser incluida en la edición papel de la región Metropolitana. No solo eso. Como si la muerte del funcionario no implicara el suficiente impacto público, «El Decano» —así como Emol, su edición online— sumó el crimen del dueño de la parcela, también en manos de radicales mapuche, con «armas de alto poder, capaces de atravesar chalecos antibalas».

«Carabinero y dueño de parcela mueren baleados en sector rural de Arauco», fue el titular de El Mercurio la mañana del sábado.

Nada de lo anterior era cierto.

Domingo Flores, el parcelero «asesinado» según El Mercurio, no solo no estaba muerto. Reconoció, interrogado por la PDI horas más tarde, haber sido él mismo el autor de los disparos de «escopeta» contra los efectivos policiales, que —según su versión— ingresaron a su habitación derribando la puerta y sin identificarse.

«Pensé que se trataba de un asalto», reconoció el anciano de setenta y tres años ante el fiscal.

Tampoco existió la «vil emboscada» del gobernador de Arauco, quien de manera irresponsable y abiertamente racista (atribuir a priori conductas violentas a los mapuche es racismo, señor Toro) se dedicó, cual pirómano político, a exacerbar los ánimos y promover odiosidades.

La situación, claramente, ameritaba lo contrario. Un llamado a la prudencia, cuando menos. ¿Y si un grupo de exaltados, basados en las declaraciones del gobernador, hubieran optado por hacer justicia con sus propias manos, atacando comunidades mapuche como represalia?

Créanme, no estamos lejos de tal escenario. De allí que resulte incomprensible el posterior respaldo del ministro Álvaro Elizalde y del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, al hoy cuestionado gobernador local.

¿Sospecharán que todo lo obrado por Huenchumilla en la Araucanía resulta hipotecado tras la vergonzosa actuación del Gobierno? ¿Es así como esperan restablecer confianzas con el mundo mapuche y dejar atrás un siglo de mala historia?

Difícilmente El Mercurio rectificará en un titular de las mismas características su grosera cobertura a lo acontecido aquella noche en Lleu Lleu. Sería pedir piñones al olmo.

Distinto es el caso del Gobierno. El gobernador de Arauco no puede ni debe seguir en su cargo. Sería un contrasentido brutal. Y una señal de que, más allá de discursos indigenistas de buena crianza, poco y nada han aprendido en décadas de buscar apagar el conflicto con bencina.

Vayan finalmente mis condolencias a la familia del cabo Gutiérrez, un hijo de la región mapuche, de origen campesino y humilde como muchos funcionarios enviados al choque por sus mandos uniformados y civiles.

Su muerte no nos es indiferente. Duele, como todas aquellas que cada tanto riegan con su sangre nuestro suelo.

El sueño de la autonomía mapuche

Una región plurinacional y multicultural, dotada de un «estatuto de autonomía», con Parlamento propio y dos lenguas oficiales. Es la propuesta para la Araucanía que la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional acordó en su reciente informe final.

El documento contiene setenta medidas con las que se pretende impulsar un proceso de descentralización y de regionalización en el país, y fue entregado a Bachelet en el Congreso por el presidente de la comisión, el exdiputado Esteban Valenzuela.

En el caso mapuche, se trata de una propuesta que otorga grados de autonomía política y financiera a la Araucanía, más algunas comunas adyacentes de Biobío y Los Ríos. En simple, una «macrorregión» donde se resguarde el «reconocimiento efectivo» de los derechos de los pueblos indígenas contemplados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, según señala el documento.

Se proponen además cuotas de participación mapuche en el Congreso, el Core y los municipios de la Araucanía. ¿Qué opinan de todo ello los propios mapuche?

«Hasta hace unos años, todos los Gobiernos pensaban que el tema de la Araucanía era un tema de pobreza, un problema de campesinos pobres. Mi objetivo ha sido cambiar el foco para promover una relación política de los mapuche con el Estado… La participación política y la autonomía son los temas que vienen, porque así es el mundo moderno».

Las palabras del intendente Francisco Huenchumilla resumen un cambio poco advertido en el discurso de la nueva dirigencia mapuche y sus intelectuales; el paso de la demanda de tierras a la reivindicación del derecho a la autonomía y al autogobierno en aquel «hogar nacional» que nuestros abuelos llamaron Wallmapu.

Hablamos de la Araucanía más comunas vecinas como Tirúa, Contulmo, Mulchén y Alto Biobío, por el norte, y Panguipulli, Mariquina y Lanco, por el sur. Una macrorregión mapuche, con autoridades electas y presupuesto propio, tal como propuso la comisión presidencial.

Y es que la autonomía regional, pese a lo que se pudiera pensar, no es nueva como demanda mapuche. Ya en la década del treinta, Manuel Aburto Panguilef, excandidato a diputado y presidente de la Federación Araucana, promovía la conformación de una «república indígena» en el sur del país. Lo hizo en el 11.º Congreso Araucano realizado en las cercanías de Temuco, a fines de 1931.

Su propuesta no era exclusiva para la población mapuche. «Esta aspiración de la raza —escribió Aburto— solo será posible con la alianza efectiva de los indígenas, campesinos y obreros el día que el pueblo chileno unido fraternalmente conquiste el poder político y haga efectivas sus justas reivindicaciones».

Venancio Coñuepán Huenchual, líder mapuche, diputado, ministro y fundador de la Corporación Araucana, también promovió en la primera mitad del siglo XX el anhelo de la autonomía mapuche. Y no solo como objetivo político; también como práctica cotidiana frente al Estado.

Sostiene el historiador José Bengoa que Coñuepán buscó siempre resguardar la independencia del movimiento mapuche respecto del Estado y los partidos políticos. Su estrategia fue construir e impulsar instituciones políticas, sociales, productivas y comerciales «propias de la raza». Lejos del paternalismo y el indigenismo de Estado de nuestros días.

Explica Bengoa que Coñuepán fue uno de los pocos indígenas que participaron en el Primer Congreso Indigenista Interamericano, que tuvo lugar en Pátzcuaro, México, en abril de 1940. Dado que no había otros interesados, le fue asignada la invitación que envió el presidente Lázaro Cárdenas al Gobierno chileno del Frente Popular.

Si bien el indigenismo mexicano fomentaba ideas y políticas de «integración» de los indígenas dentro de la nación y el Estado, las conclusiones de Coñuepán apuntaron en una dirección opuesta. «Estoy cada vez más convencido de la necesidad de crear en Chile la república indígena», consigna Bengoa que habría escrito el líder mapuche a su esposa desde México.

Aburto Panguilef y Coñuepán se caracterizaron por utilizar las herramientas de la política formal para abrirse espacio en la institucionalidad «winka» y desde allí plantear las demandas mapuche.

Gran parte de su vida la dedicaron a denunciar la usurpación fraudulenta de tierras por parte de colonos, legislar a favor de las comunidades y promover el derecho del pueblo mapuche a su autonomía política, económica y cultural. Ambos son considerados como los padres del nacionalismo mapuche moderno.

José Marimán es historiador y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, comunidad autónoma de España.

Actualmente radicado en Denver, Estados Unidos, a fines de los años ochenta fue uno de los fundadores en Temuco del Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen, el primer «think tank» mapuche y semillero de toda una generación de intelectuales autonomistas.

Hoy fuera de funcionamiento —su último director fue José Ancán, actual jefe de la Unidad de Pueblos Indígenas del Consejo de Cultura—, correspondió a dicho centro elaborar la primera propuesta sistemática de autonomía mapuche.

Publicada en marzo de 1990, se sustentaba en un «Estatuto de Autonomía Regional» que garantizaría «todas las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para el pleno desarrollo del pueblo-nación mapuche». Una autonomía para la Araucanía «más comunas adyacentes», que velaría por los derechos de los mapuche sin crear un espacio de exclusividad.

Siguiendo el ideario de Aburto y Coñuepán, se proponía nuevamente un espacio de convivencia interétnica, un Wallmapu habitado por mapuche y chilenos.

Las similitudes entre la propuesta de Liwen y aquella de la comisión presidencial distan mucho de la casualidad. Para muchos, se trata de una victoria casi personal de José Marimán, el único mapuche invitado a conformar dicha instancia en su rol de académico especializado en autonomía, minorías nacionales y Gobiernos locales.

De allí su satisfacción con el informe final entregado a la presidenta Bachelet.

«La propuesta de Araucanía plurinacional y multicultural es muy importante para los pueblos indígenas, y lo digo en plural, porque si bien parece estar centrada exclusivamente en los mapuche, la propuesta aceptada y refrendada por voto mayoritario dentro de la comisión extendió esta medida para ser aplicada a otros espacios territoriales en el país», señala Marimán.

«Y si bien no resuelve ningún tipo de problemática específica o concreta el día de hoy, de transformarse en una política de Estado, en el campo de las relaciones interétnicas, crea en el mediano y largo plazo un nuevo escenario en que los pueblos indígenas podrán ser sujetos políticos, empoderarse y participar de la toma de decisiones», subraya a La Tercera.

«Hay que abrir Chile al pluralismo étnico y etnopolítico», agrega, convencido.

A juicio de Marimán, la autonomía mapuche pudo no ser tema para la clase política —«y los propios mapuche, centrados en la lucha campesinista por la tierra»— en los albores de la recuperación de la democracia. Sin embargo, hoy asegura que el debate resulta ineludible.

«Hay intelectuales mapuche que han reflexionado este tema y nos han advertido que la lucha por hectáreas más o menos no nos sacará del pozo de la miseria en que nos metió el colonialismo interno aplicado por el Estado en nuestro territorio. Una perspectiva más política del conflicto no puede sino concebirlo en una dimensión político-territorial», señala.

«La discusión con el Estado no es devuélvanos las hectáreas de tierra que usurparon a los títulos de merced, porque ello solo resuelve el problema a medias de tan solo algunos campesinos que aun recuperando esas tierras no saldrían de la pobreza. La discusión con el Estado y las elites políticas debe ser respecto de nuestros derechos políticos y la autonomía del Wallmapu», enfatiza Marimán.

«Para ello clave es contar con fuerzas políticas propias e instituciones mapuche que fomenten este ideario nacionalista», finaliza. Otra vez la mirada estratégica de Aburto y Coñuepán.

Son dieciocho países de la OCDE, entre ellos Suecia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá, los que ya han pactado con pueblos originarios estatutos de autonomía territorial.

Son experiencias que los intelectuales mapuche estudian con atención. También la nueva dirigencia, cada día mejor preparada y conectada al mundo. Lo mismo acontece con la autonomía de pueblos como el vasco, el catalán o el escocés.

«La situación de Catalunya y Escocia ha puesto en el debate el tema de la autonomía. Es el derecho que tienen los pueblos o naciones de decidir su futuro en forma soberana, así como la estructura de gobierno que desean para sí. A los mapuche, como en Escocia, deberían permitirnos decidir. Qué bien le haría a la democracia chilena», señala Fernando Pairicán, joven historiador de la Usach.

Lo mismo opina Víctor Naguil, también historiador, exmiembro del Centro Liwen e ideólogo del movimiento político Wallmapuwen, fundado en 2005 en Temuco y promotor del ideario autonomista mapuche. «La autonomía es el camino. No existe otra solución que permita la construcción nacional mapuche», señala a La Tercera.

«Esta lucha no se agota con la conquista de un determinado grado de descentralización del Estado. De lo que se trata en realidad es avanzar al autogobierno del pueblo mapuche», enfatiza.

Pese a varios intentos, Wallmapuwen no ha podido legalizarse como partido político. Ello no le ha impedido establecer acuerdos de cooperación con fuerzas políticas como Aralar, en el País Vasco; Esquerra Republicana, de Catalunya (ERC); el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la Unión Democrática Bretona (UDB).

Durante el 2007 estableció relaciones con la Alianza Libre Europea (ALE), partido político con representación en el Parlamento Europeo, conformado por una treintena de partidos independentistas, autonomistas y regionalistas.

Otro activo representante del autonomismo mapuche es la Corporación Mapuche Enama, integrada por profesionales y técnicos de diversas disciplinas. La institución, fundada en 2011 y que cada año convoca a la principal Cumbre Mapuche —en su última versión reunió a mil quinientas personas en un céntrico hotel de Temuco—, se ha destacado por posicionar la idea de la nación mapuche y la demanda por el Chile plurinacional.

De allí que no dudaran en apoyar la propuesta de la comisión presidencial. «Una región mapuche autónoma y plurinacional es una deuda de la democracia chilena», señala a La Tercera su portavoz, el abogado Richard Caifal.

«Hoy se vive en Chile un nuevo ciclo político y es responsabilidad del pueblo mapuche y sus organizaciones respaldar esta propuesta, que nos abre el camino de la autonomía política. En la descentralización del Estado y la profundización del sistema democrático existe una vía de solución al conflicto en la zona sur. Y esta solución trasciende la herida abierta del tema tierras que hoy copa la agenda de los medios y del Gobierno», subraya el directivo de Enama.

Para la Cumbre Anual 2014, a realizarse a fines de noviembre, Enama ya comprometió la asistencia de la presidenta Bachelet y parte de su gabinete. «La autonomía regional será el principal tema de nuestra cumbre. Queremos posicionar este debate político. Y que la presidenta vea que somos muchos los que soñamos con un Chile donde la existencia de una nación mapuche no sea sinónimo de amenaza o de separatismo. Es hacer de Chile un mejor país para todos», finaliza Caifal.

Es el sueño de la autonomía política mapuche. La huella de los abuelos, que no se borra.

Calfucurá, el señor de las Pampas

«Hablamos de uno de los personajes más determinantes de la historia argentina del siglo XIX».

Las palabras del abogado e historiador Hugo Chumbita no dejan lugar a dudas; hablar de Calfucurá, el mítico líder mapuche de las pampas, es hablar de la conformación del Estado argentino. O de los obstáculos que este debió sortear para constituirse.

Chumbita sabe de lo que habla. Autor del libro El origen mestizo de San Martín (Emecé, 2001), sus aportes al revisionismo histórico argentino lo han convertido en toda una institución académica. Hasta Eric Hobsbawm, en la reedición de su texto clásico Bandidos, cita su trabajo en numerosos pasajes.

Chumbita, acompañado del abogado y escritor Jorge Rojas Lagarde, fue el encargado de presentar en el pabellón Azul de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el libro Juan Calfucurá, correspondencia 1854-1873, del escritor trasandino Omar Lobos.

La publicación, de casi seiscientas páginas, se estrenó el pasado 3 de mayo a sala llena en un acto que tuvo mucho de recuperación de la memoria. Y de dar voz, quizás por primera vez, a quien por más de un siglo y medio fue retratado por la historia oficial argentina como un «indio salvaje» y «despiadado».

Y por si ello no bastara, de sospechoso «origen chileno».

Pero Calfucurá lejos estuvo de ser un salvaje. Y mucho menos un chileno. Nacido a fines de 1780, Chile no existía en ese entonces. Mucho menos en las tierras del Llaima, su lugar de origen en la actual comuna de Cunco, donde el sueño patriota solo plantaría soberanía recién un siglo más tarde, tras la refundación de la histórica ciudad española de Villarrica en 1883.

No, Calfucurá no nació en Chile. Lo hizo en Gulumapu, la parte occidental del Wallmapu, el independiente «País Mapuche» cuyas fronteras él mismo ayudaría a extender hasta las costas del Atlántico y la margen sur de Buenos Aires.

Tres años le llevó a Omar Lobos, graduado en letras en la Universidad Nacional de la Pampa, dar con las cartas del jefe mapuche, repartidas entre el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Pampa e inclusive colecciones privadas. Una larga pesquisa que dio sus frutos; el libro es la más completa recopilación de correspondencia de un líder mapuche del siglo XIX.

Son ciento veintisiete cartas que abarcan desde 1854 hasta 1873, el año de la muerte de Calfucurá, e incluye otra serie de documentos de época que agregan contexto a las misivas: notas de prensa, partes militares y testimonios de cronistas y viajeros. El del naturalista inglés Charles Darwin es uno de ellos.

«La figura de Calfucurá a mí me atrapó desde niño cuando en la Pampa los mayores nos relataban la historia local y emergía este líder indígena casi como un ser mítico. Calfucurá fue un líder auténtico, un actor en las guerras civiles argentinas y un estratega político-militar sorprendente», señala Lobos a La Tercera.

«El libro no se restringe al periodo de las cartas, da cuenta del año 1830 a 1884, cuando finalmente es derrotado su hijo Namuncurá por el ejército. Son documentos que narran más de medio siglo de historia argentina», dice el autor.

Para Lobos, su libro es un intento de reconstruir la voz de un jefe mapuche que se hace oír sin intermediarios.

«Es su propia palabra la que aparece en el libro. Son cartas que él dirige a los generales y presidentes argentinos, así como a otros lonkos aliados, que además de revelar su poder e influencia también dan cuenta de otros aspectos más cotidianos de su tiempo; por ejemplo, la fascinante relación mapuche con los caballos y la vida gauchesca de la pampa, donde la frontera no existía, sino que era un espacio de convivencia entre la cultura blanca y la cultura mapuche», agrega Lobos. «Mucha de nuestra actual identidad argentina es una herencia de ese cruce», subraya. De muestra solo un botón: la popular expresión «che» de los argentinos proviene del mapuzugun y significa «gente».

Todo se inició en Masallé, en las cercanías de la actual ciudad argentina de Carhué, provincia de Buenos Aires. En aquella zona «fronteriza» entre el Gobierno bonaerense y el antiguo Wallmapu tenían su toldería los mapuche «boroganos», arribados desde Boroa (actual comuna de Nueva Imperial en la Araucanía) tras el triunfo patriota de Maipú en 1818, donde apoyaron al bando realista.

Liderados por los lonkos Pincén, Coliqueo, Canuillán y Melín, entre otros, pactaron sucesivos acuerdos con las autoridades trasandinas, ayudando a combatir a otras parcialidades mapuche más rebeldes que incursionaban por ganado vacuno y caballar «frontera adentro» o bien que se oponían al avance de los fuertes argentinos en «territorio indio».

Dicha alianza llegaría a su fin el 8 de septiembre de 1834, cuando un grupo rival de guerreros mapuche los atacó por sorpresa, asesinando a varios líderes «boroganos» y tomando el control del territorio. El líder del ataque era un lonko del otro lado de los Andes que buscaba vengar la muerte, en manos de militares argentinos y «boroganos», de su aliado, el lonko Toriano, fusilado en el fuerte de Tandil por sus malones (correrías) contra las haciendas y fuertes argentinos.

El nombre de su vengador era Calfucurá y su ascenso en la región resultaría, desde entonces, imparable.

Hacia 1840 Calfucurá pasó a controlar el estratégico territorio de Las Salinas Grandes, de donde los porteños obtenían buena parte de la sal que consumían, construyendo un inédito centro de poder rico en ganado, platería y textiles.

Desde su campamento controlaba buena parte de los circuitos mercantiles que vinculaban a las sociedades indígenas con las criollas. Y con la habilidad de un relojero, fue tramando una extensa red de alianzas entre parcialidades mapuche anteriormente enemistadas entre sí, tanto en el lado este como en el oeste del Wallmapu. Prueba de ello fueron sus alianzas con el principal lonko mapuche del sur del Biobío, Mañil Wenu, y el hijo de este, Kilapán.

Pragmático como pocos, Calfucurá pactó con las autoridades cuantas veces le fue necesario e intervino en las guerras civiles argentinas apoyando a todos los bandos en disputa. Con las «raciones» que recibía de Buenos Aires como prenda de paz afianzó su influencia en un vasto territorio que iba desde Mendoza y San Luis por el norte a Neuquén y Río Negro por el sur.

Llegó a organizar una inédita «Confederación Mapuche», que contaba con su propio escudo de armas y en la que estuvieron integrados casi todos los lonkos principales de Puelmapu y Gulumapu.

Su fama de «salvaje» y «sanguinario» la ganó tras ser hostigado por las autoridades bonaerenses, ansiosas por avanzar la frontera sobre los ricos y extensos dominios de la Pampa. La respuesta militar de Calfucurá resultaría aplastante.

Entre 1852 y 1860 condujo devastadores malones sobre numerosos fuertes y ciudades argentinas como Azul, Tandil, Melincué, Tres Arroyos y Bahía Blanca.

Miles de cabezas de ganado y cientos de cautivos, especialmente mujeres, fueron conducidos a sus tolderías en Las Salinas Grandes. En 1855 llegó a derrotar en el campo de batalla y de forma humillante al mismísimo general Bartolomé Mitre, años más tarde presidente de Argentina y figura consular en la historia del país trasandino.

Cuenta la leyenda que Mitre fue despedido con un gran banquete en Buenos Aires antes de partir en búsqueda de Calfucurá y sus huestes. En dicha cena promete «exterminar a los bárbaros» de las pampas.

Parte Mitre al frente de más de novecientos hombres de infantería, caballería y dos piezas de artillería, pero al llegar a las proximidades de Sierra Chica se topa con Calfucurá al frente de quinientos guerreros que le aniquilan la infantería, le toman la artillería y le desbandan la caballería.

«Curiosa la táctica de Mitre, que sale de Buenos Aires como caballería, pero regresa como infantería», consignarían burlescos los periódicos de la época.

El fin de la guerra civil entre las provincias terminaría con el juego diplomático pendular de Calfucurá y fortalecería militarmente a sus oponentes. Aun así, entre 1870 y 1871 pudo lanzar una serie de incursiones bélicas sobre distintas localidades argentinas.

Finalmente, una excursión militar del año 1872 enviada en su persecución por el propio presidente Sarmiento —a quien le había declarado la guerra— logró derrotarlo en la batalla de San Carlos de Bolívar.

El mítico líder mapuche fallecería un año más tarde tras meses enfermo, rodeado por los suyos. A su entierro ritual, se comenta aún entre los mapuche, asistieron lonkos «de los cuatro puntos de la tierra».

En 1879, en plena «Campaña del Desierto», la tumba del gran lonko Calfucurá fue profanada por soldados comandados por el teniente Levalle, siendo saqueada y sus restos óseos donados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, fundado en esos años por Francisco P. Moreno.

El hallazgo y posterior profanación de la tumba del gran toki de Puelmapu es descrita por Estanislao Zeballos en el libro Episodios en los territorios del sur (1879), publicado en Buenos Aires en 2004.

«Sobre la primera capa de tierra estaban los huesos secos de un caballo. Era el parejero de batalla del finado, que había sido enterrado con su amo en la misma sepultura. A la derecha y cerca de los huesos de la mano se veían dos espadas rotas. Entre las espadas había una dragona de oro, ya destruida, pero que hubo de ser muy rica. El finado vestía uniforme de general según las presillas de su blusa reducidas a polvo. Los pantalones tuvieron una franja de oro, que también se conservaba mal… Caballos, armas y bebidas: todo para el viaje a la otra vida. Tal fue el hallazgo descollante en el cementerio de Chilihué. El teniente Levalle empaquetó las prendas y se guardó el cráneo del finado. Los indios amigos supieron con terror lo que había pasado y uno de ellos pronunció una palabra que fue un rayo de luz: “Callvucurá”, había dicho. Y revisando las prendas de plata se leyó en el cabezal del freno: “¡Cacique Callvucurá!”».

El cráneo y parte de su esqueleto aún permanecen en las bodegas del museo, pese a ser reclamados de manera insistente por comunidades mapuche trasandinas. El «Napoleón de las Pampas», como lo reconoce hoy la historiografía, exhibido de manera indigna para deleite de estudiantes y curiosos.

El racismo que no da tregua

La imagen causó impacto en las redes sociales. Y en los medios. Tres menores de edad, mapuche, esposados de pies y manos, al interior del Tribunal de Collipulli. Sus nombres: Diego Melillán (catorce años), Cristóbal Ancaluán (quince años) y Humberto Melillán (diecisiete años), todos miembros de la comunidad Coñomil Epuleo, de Ercilla.

Los tres fueron detenidos por el Gope el domingo 26 de octubre al interior de un predio que es reivindicado por su comunidad. Según denunciaron, fueron esposados y golpeados duramente previo a su traslado a calabozos de la ciudad de Victoria. Uno de ellos llegó con un ojo en tinta. Otro, con impactos de balines de goma en su cabeza.

Al día siguiente fueron presentados al tribunal. Allí la defensoría denunció torturas y falsificación del parte policial. De poco y nada sirvió. El tribunal amplió el plazo de detención y los tres fueron a parar a la cárcel de menores de Chol-Chol. Allí pasaron tres días confinados en celdas comunes, hasta ser llevados el pasado jueves a Collipulli.

Enfrentaban cargos por daños, desórdenes públicos y «maltrato de obra a Carabineros». Fue cuando llegaron esposados de pies y manos, como peligrosos delincuentes comunes. Y Richard Curinao, comunicador mapuche, les tomó la foto.

¿Qué amenaza representaban para el tribunal estos tres menores de edad, hijos de familias campesinas mapuche?

Ninguna. Así lo estimó el propio tribunal, que ordenó su inmediata libertad y sin cargos. ¿Cómo explicar entonces lo acontecido? Simple, el racismo y conductas discriminatorias que en pleno siglo XXI parecieran no dar tregua en la zona sur. Para nada se trata de un hecho aislado. El violento actuar del Gope, los apaleos en los calabozos y la falsificación de partes policiales son verdaderas instituciones en diversas zonas del territorio mapuche. También el descriterio de Gendarmería.

Bien lo sabía el fallecido general Bernales, quien bajo la administración Lagos inauguró la temporada de caza mapuche al sur del Biobío. O su colega, el general Iván Bezmalinovic, encubridor del montaje tras el crimen de Jaime Mendoza Collio y quien, tras su reciente paso por la jefatura del Biobío, dejó convertido el Lleu Lleu en un verdadero polvorín zapatista.

Dicen que fue llamado a retiro. En ningún caso por su criminal actuación contra las comunidades. Acabó con su carrera la sospecha de nexos con una red de tráfico de drogas vinculada al caso Matute Johns. Es lo que se comenta entre periodistas.

No, lo nuevo no es el abuso policial. Ni el racismo que caracteriza la actuación de Carabineros —incluido el Alto Mando— y fiscales del Ministerio Público. Lo nuevo es el impacto y la indignación que estos hechos nos provocan.

«Cuidemos a nuestros niños. Es inaceptable que se repitan este tipo de imágenes que solo siembran odio», fue el mensaje que publicó en su Twitter el actor Benjamín Vicuña, embajador del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Su mensaje fue replicado por la actriz Leonor Varela y casi dos mil de sus seguidores.

Es la parte medio llena del vaso. ¿La parte medio vacía? Lo mucho que nos falta para avanzar, como sociedad y como país, en una real comprensión de los derechos humanos y las relaciones interétnicas respetuosas.

Y es que de ello —y no tanto de hectáreas más o menos— trata gran parte del conflicto sureño. De la incapacidad chilena de convivir con lo diferente. Y de reconciliarse con su lado moreno, con el «indio tal por cual», con el «mapuchito», con aquel primo, tío o pariente lejano que porfiadamente asoma en el árbol genealógico familiar como si se tratara de la peste negra. O del temido virus del ébola.

«Da lo mismo si son mapuche o lanzas de Santiago, los delincuentes juveniles deben estar esposados, es la igualdad ante la ley», leo en un foro de internet. De todos los malos argumentos que niegan la validez del reclamo mapuche, este es por lejos el más recurrente. La igualdad ante la ley.

¿Sabrán estas lumbreras que el Convenio 169 de la OIT, hoy ley de la República en Chile, plantea en el caso de la persecución penal indígena medidas alternativas a la reclusión y el engrillamiento público?

Y más aún tratándose de casos vinculados a la lucha por la tierra, la herida abierta que producto de la torpeza de sucesivos Gobiernos hoy no deja de sangrar. Y es que Diego, Cristóbal y Humberto no fueron arrestados cogoteando transeúntes en el Paseo Ahumada. O desvalijando casas en el barrio alto. Ellos fueron detenidos, apaleados y encarcelados por reivindicar junto a sus familias el legítimo derecho a la tierra. Y por buscar recuperar lo que a sus abuelos les fue despojado.

Por esta mala historia, documentada, dolorosa, el intendente de la Araucanía pidió perdón a los mapuche a horas de asumir su cargo en Temuco. ¿Pedirá hoy perdón el Gobierno a la familia de estos tres menores? ¿Exigirá responsabilidades por lo acontecido?

Cual sea la decisión que tome, tendrá consecuencias. Para bien o para mal.

Recuento de mitad de año

Me piden del diario un resumen de fin de año.

«De mitad de año», respondo.

El periodista no entiende. Me repite. Le repito.

Bueno, fin de año para ustedes y mitad de año para nosotros, los mapuche. ¿Para qué discutir?

Los mapuche, al menos los muchos que conozco, poco y nada se complican con estas cosas. «¿Vas a celebrar la Navidad?», me pregunta una colega del suplemento Tendencias de La Tercera. Por supuesto, le respondo; con regalos, pan de Pascua y cantidades industriales de cola de mono.

Mi hija, de nueve años, no me perdonaría jamás hacerme el leso con la celebración. Como tampoco nosotros, con mis hermanas, hubiésemos perdonado a la Jacinta, nuestra madre, que de chicos siempre nos regaloneaba en estas fechas.

Sí, muchas familias mapuche celebramos la Navidad. Y en lo personal, Año Nuevo, San Sebastián —son legendarios en Ragnintuleufu los torneos de fútbol rural cada 20 de enero— y cuanta fiesta foránea se nos cruce por delante. Sí, lo sé, soy un promiscuo cultural, pero eso ya lo saben mis lectores. Y sobre todo mis lectoras. No soy un bicho raro, aclaro.

Los mapuche, si por algo nos caracterizamos, es por poseer aptitudes interculturales únicas. Lo demuestra precisamente el fin de año (de ustedes) que para nosotros es el inicio del Walüng, el tiempo de recogida de las cosechas, tiempo de nguillatún y kamarikún, tiempo de kelluwün y de mingako, tiempo de agradecer, de reunirse y de compartir.

Junto a las fiestas chilenas, propias del calendario católico, diciembre para los mapuche también es un mes de ceremonias y festejos. Sin ir más lejos, a tres nguillatunes y un ngeikurewen, cambio de rewe, estuve invitado este fin de año (de ustedes). En uno de esos nguillatún, en Huilio, más de dos mil mapuche se reunieron para agradecer a la tierra su generosidad.

«Por primera vez muchos peñi y lamngen evangélicos han entrado a la ceremonia», me contó José Ancán, mi anfitrión, en el breve rato que pude pasar a saludarles.

Eran miles en Huilio. Y traían al presente, a campo abierto, una ceremonia de siglos. Lo mismo en Carahue, en Quillén Alto, donde asistí con toda mi familia invitado a la bella ceremonia donde el peñi Víctor Caniullán renovó su newen y compromiso como machi. Cultura e identidad mapuche, a la vena.

Somos un pueblo intercultural, qué duda cabe. ¿Que si existen mapuche que se niegan a celebrar fiestas foráneas? Por cierto, tenemos una identidad, pero no somos idénticos, cosa que se agradece, ya que somos un pueblo y no precisamente un regimiento. Los hay, sobre todo en el activismo, que por definición siempre ve las cosas más en blanco y negro.

Pero insisto, la mayor parte de los mapuche conviven en los dos códigos culturales: el propio y el chileno. Y lo hacemos a diario, cosa que nos diferencia del chileno monocultural y monolingüe.

Los mapuche somos abiertos al cruce cultural, al sincretismo, al intercambio y a transitar de un lado al otro del Biobío sin mayor complicación. ¿Por qué al chileno le cuesta tanto hacer el recorrido inverso?

Tal vez esta sea la gran pregunta que nos deja el 2014 que termina (para ustedes). Las razones, por cierto, son diversas. «El peso de la noche», me comenta un amigo vía Twitter. Y vaya si tiene razón. Existe un antiguo régimen que se niega a desaparecer. Un estado de cosas que se arrastra desde la Colonia y que tiene a Chile convertido en el país con el estándar de reconocimiento de su diversidad étnica más pobre del continente.

Así es. El Chile OCDE, paradójicamente, el más pobre de todos. Da como para ponerse colorado, ¿cierto?

¿Por qué en la discusión de la reforma educacional se habla tan poco de los contenidos educativos? ¿Nos tendremos acaso que contentar los mapuche con recibir, ahora gratis, la misma mala educación racista y prejuiciosa de siempre? ¿Seguirán los libros retratándonos como cazadores-recolectores o tribus de salvajes buenos para nada que «fueron» pero ya no «son»? ¿Y si de una vez por todas al «Desastre de Curalaba» le llaman «Victoria» al enseñarlo a nuestros niños y niñas? ¿Y si reemplazamos a Barros Arana y Vicuña Mackenna por los historiadores Jorge Pinto y José Bengoa? Mejor aún, que sea por Pablo Marimán, José Millalén y Fernando Pairicán, los «Eric Hobsbawm» del Wallmapu, los «Frantz Fanon» de nuestra descolonización.

Un pueblo que habitaba entre el río Biobío y el Toltén. Una broma interna que tenemos con mi hija cada vez que le pregunto por los mapuche, por su gente, por su pueblo, por su nación. «Un pueblo que habitaba entre el río Biobío y el Toltén», me repite como loro. Créanlo, es casi lo único que le enseñan en el colegio.

¿Y si hablamos en 2015 de educación gratuita, de calidad e intercultural para todos? ¿Y si avanzamos en la oficialización de las lenguas de nuestros pueblos? ¿Y si nos atrevemos a pasar del multiculturalismo light a una política de real reconocimiento de derechos?

El tiempo de lo simbólico fue el 2014. Año de peticiones de perdón, de reconocer la deuda pendiente y de poner, Huenchumilla, varios puntos sobre las íes. Huenchumilla, tal vez el principal acierto de la Nueva Mayoría en dos décadas de políticas indígenas, corrió la línea de lo posible. Y lo hizo con inusitada destreza política y comunicacional.

«Somos un Estado, pero un Estado formado por muchas naciones», se despachó el pasado domingo y nada menos que en El Mercurio, el principal promotor de aquella fantasía de la «nación única e indivisible».

Si algo le sobra a Huenchumilla son cuñas para los medios. Y frases célebres. Es el Marcelo Bielsa de los intendentes regionales. Como Bielsa, para Huenchumilla no hay mejor defensa que un buen ataque. Así lo demostró en 2014. Sus conferencias de prensa, verdaderas clases magistrales, plagadas de citas y reflexiones sobre la democracia, el carácter del Estado y la identidad de Chile.

En 2015, con cosas concretas, deberá demostrar cuánto pesa realmente como político. Y en La Moneda, de ministro, esperamos todos. El tema territorial, se ha repetido hasta el cansancio, no puede seguir esperando. Es la herida abierta que sangra.

Mi resumen de mitad de año: existen dos Chile. Uno anclado en el siglo XIX y otro que tímidamente reclama su lugar, con Huenchumilla como principal estandarte público.

Esto quedó clarísimo hace pocos días, con el desvío de los vuelos en el Aeropuerto de la Araucanía, medida tomada por la DGAC ante la realización de un nguillatún en el sector de Trapilhue, cercano al terminal aéreo.

Mientras El Mercurio en su editorial se preguntaba, alarmado, a dónde llegaría Chile con este «tratamiento de excepción» dado a los mapuche, pilotos de Lan y Sky recibían hasta aplausos de sus pasajeros al anunciar que sus vuelos serían desviados «por respeto a una ceremonia mapuche». Lo mismo el intendente, que respaldó desde un inicio la histórica medida.

Esto último me lo contó un pasajero, a poco de aterrizar en Freire. «Pedro, Chile está cambiando», me dijo, emocionado. Brindemos entonces por ello este fin de año. O mitad de año, como usted prefiera. El orden de los factores altera cada vez menos el producto.

La libertad acribillada

La primera vez que supe de Charlie Hebdo fue a fines de los noventa, estando en Francia.

Fue un 1 de mayo, en plena marcha de la CNT por las calles de París, que llegó a mis manos su edición especial dedicada a Chiapas. Fue el regalo de un viejo anarco-sindicalista galo, conocedor de mi pasión por el periodismo, el humor negro y, principalmente, la lucha indígena en América Latina.

El especial llevaba la firma de Georges Wolinski, uno de los grandes maestros del humor gráfico francés e histórico integrante del staff del semanario. Wolinski viajó al sureste mexicano el año 1996, maravillado con aquella «guerrilla desarmada de quinientos años», y allí entrevistó largamente al «Subcomandante Marcos». Su reportaje, que llevaba por título «Viva Chiapas», me cautivó de principio a fin.

Yo era entonces un veinteañero, aprendiz de reportero y escribiente, en viaje por Europa para asistir a reuniones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y había encontrado en Charlie a mis primeros compañeros y cómplices de ruta.

Pese a la distancia, nunca dejé de coleccionar desde Chile el periódico. Y, más tarde, de seguirlos por la web. Hoy, Wolinski, a sus ochenta años, yace muerto, acribillado a sangre fría en su propio escritorio de trabajo, junto a siete de sus colegas. Para mí no caben dos lecturas de lo sucedido.

Se trató de un crimen cobarde, de un acto terrorista químicamente puro, que si algo buscaba era enviar a todos un fatídico mensaje: la libertad de expresión, aquella que Charlie enarbolaba en sus páginas cada semana con refrescante insolencia, no es ni será permitida en el oscuro mundo de los radicales islámicos. Mundo de dogmas, de verdades reveladas, de profetas y de mitos por los cuales, suponen ellos, vale la pena tanto volarse en pedazos como asesinar. Mundo medieval enfermo y delirante, totalitario en el fondo y desquiciado como pocos en su forma. Quien tenga dudas teclee «Isis» en YouTube y horrorícese con los ejemplos.

Si algo defendieron Wolinski y sus colegas dibujantes ejecutados en París con ráfagas de AK-47 fue la libertad del periodismo de cuestionarse todo. Y a todos, principalmente poderes fácticos, fueran estos políticos, militares, económicos, religiosos o culturales.

No, no eran «islamófobos» ni racistas, como he leído en más de algún análisis que busca, miserablemente, justificar el baño de sangre. Lo suyo era la libertad de expresión con mayúsculas, aquella que solo tiene como límite no caer en la incitación al odio o la violencia. Ridiculizar, pero no asesinar al oponente. Cuestionar en vez de acribillar.

Ya lo dice el propio Stephane Charbonnier, «Charb», director de Charlie y otra de las víctimas fatales, en la foto suya que desde el día del atentado circula casi a modo de epitafio por las redes sociales: «Un dibujo nunca ha matado a nadie». Que alguien se los explique y con manzanitas a los miembros de Isis y Al Qaeda.

No, Charlie Hebdo no se burlaba de las creencias de las personas. Mucho menos del islam. Se burlaba de la estupidez, del absurdo y de la idiotez de la especie humana.

Una semana podían ser los integristas islámicos y la próxima el Vaticano y sus obispos abusadores de niños con la mierda hasta el cuello. Mahoma, Buda o Jesucristo, consta en sus ediciones que a Wolinski, Cabu, Charb, Wolin, Tignous y todos los demás les daba exactamente lo mismo. O bien Sarkozy, Hollande o la extrema derecha xenófoba de Le Pen.

Desnudaban con ácidas viñetas sus indecencias políticas por igual. Ya lo habían hecho en los setenta con Franco, Pinochet y el propio De Gaulle. De allí, por si no lo sabían, el nombre de la revista. Una burla al ícono de Francia y gestor de la Unión Europea actual, otro club ridiculizado por el semanario hasta el hartazgo.

«Seguiremos riéndonos de los curas, de los rabinos y de los imanes, por mucho que guste o disguste», declaró el propio Charb tras sortear con éxito un juicio en su contra orquestado por varias asociaciones musulmanas francesas en 2007, ello tras la publicación de las hoy famosas caricaturas de Mahoma.

Lo hicieron en solidaridad con el diario danés Jyllands-Posten, que tras publicarlas originalmente se ganó la furia de los integristas musulmanes, disturbios en varios países y hasta un boicot comercial a los productos daneses. La edición de Charlie que replicó esas caricaturas mostraba a Mahoma en portada, llorando abrumado por la pelotudez de los fundamentalistas.

«Es difícil ser amado por idiotas», expresaba el profeta mientras se tapaba la cara con ambas manos. Su autor, Jean Cabut, dibujante de setenta y seis años, cofundador del semanario y otra leyenda del humor gráfico francés, también murió acribillado en el ataque.

Y es que de ello, y no de cuántos automóviles retornaron a París desde la Riviera Francesa el pasado fin de semana, trata el verdadero periodismo. En la sala de redacción de Charlie Hebdo lo sabían. Y cada semana se jugaban el pellejo para demostrar en términos prácticos aquello que muchos periodistas solo atinamos en Chile a defender en términos teóricos: que la verdad y no las relaciones públicas es lo que finalmente nos hará libres como sociedades, pueblos y culturas.

Qué poco entendemos en Chile de la palabra libertad asociada al ejercicio del periodismo. The Clinic, Ciper, CNN Chile y, sinceramente, paremos todos de contar.

En dictadura, vaya paradoja, otra era nuestra oferta periodística. Mucho más rica y variada que la actual. Y otra, por cierto, la estatura ética y moral de nuestro gremio.

¿No les preocupa a ustedes lo poco que honramos la memoria de los colegas caídos en aquellos años de censura previa y oscurantismo militar?

El fundamentalismo, en todas sus variantes, es enemigo de la libertad. Y la libertad habita en el pluralismo de ideas y de visiones de mundo. Es aquello lo que debe resguardar el periodismo en una sociedad democrática y en una cultura que dice ser de paz.

No honrará Francia la memoria de estos mártires de la libertad de expresión arrojando nuevas bombas sobre células yihadistas en el desierto. Tampoco desatando una ola de racismo y represión contra extranjeros habitantes de los suburbios. O endureciendo leyes de inmigración, como de seguro fantasea Marine Le Pen y sus secuaces del Frente Nacional en esta hora de los cuervos.

La intolerancia de unos no se combate alimentando la intolerancia de los otros. Algo de este camino sin retorno hemos transitado a propósito del conflicto chileno-mapuche en el sur. Y lejos de arribar a soluciones políticas, son los extremos quienes parecieran haberse potenciado.

Que lo acontecido en París nos sirva a todos de lección. A Chile y al mundo entero.

Prueba, ensayo y error

Tras cinco meses de consulta previa a los pueblos indígenas, el pasado 1 de febrero se aprobaron las medidas para la creación del Ministerio y los Consejos de Pueblos Indígenas.

El anuncio fue entregado por la ministra María Fernanda Villegas, tras finalizar la jornada nacional de consulta que reunió durante dos días a 152 delegados representantes de los nueve pueblos en la ciudad de San Esteban, región de Valparaíso.

El proceso de consulta fue convocado por el Ministerio de Desarrollo Social el día 29 de mayo del 2014, mediante Resolución Exenta 275 del ministerio, publicada en el Diario Oficial el 24 de junio, desarrollándose las primeras jornadas para su implementación en diferentes regiones del país a partir del 3 de septiembre del año pasado.

«Han sido días intensos de debate. Es el fruto del trabajo de las comunidades, pero también de demandas históricas de los pueblos», indicó la encargada de la cartera de Desarrollo Social. «Este paso demuestra que el Estado se hace cargo de la política pública en conjunto con las comunidades indígenas, prevaleciendo el Convenio 169 de la OIT, donde participaron más de seis mil personas», subrayó, por su parte, el subsecretario Juan Eduardo Faúndez.

Ambas autoridades recalcaron que el espíritu del Gobierno fue promover la participación de todas las organizaciones indígenas, el respeto por las tradiciones y prácticas culturales, la información oportuna, el escrutinio público y, por sobre todo, la buena fe como base esencial. Pero no todos comparten dicha opinión.

La Consulta Indígena se rigió por el Decreto Supremo N.º 66 de 2013 sobre Consulta Previa Indígena, y he allí para muchos el primer problema.

Dicho reglamento, consensuado entre un sector del movimiento indígena y el Gobierno de Piñera, ha sido duramente cuestionado por diversas organizaciones. Denuncian que limita la consulta a proyectos legislativos que tengan «impacto directo y significativo» sobre pueblos indígenas, da por cumplida la consulta aun cuando no se logre acuerdo o consentimiento, y no establecería procedimientos culturalmente apropiados.

A ello se suma la existencia del Decreto N.º 40, que limita la Consulta Indígena —en materia de proyectos de inversión— a los plazos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Todo ello, se argumenta, implicaría una grave vulneración de los estándares del Convenio 169 de la OIT.

«La consulta aplicada, usando el Decreto N.º 66, ha estado afectada desde un comienzo por cuestionamientos de legitimidad», señala el abogado y académico Salvador Millaleo.

«En los territorios se ha revelado la falta de protocolos para tratar con autoridades tradicionales, carencia de preparación de los equipos en competencias para hablar lenguas indígenas, falta de información, uso de reuniones con otros fines para hacer consultas, excesiva estrechez de tiempos para deliberación, falta de disposición para llegar a acuerdos, designación arbitraria de representantes, limitaciones para presentar contrapropuestas, entre otros muchos problemas», agrega Millaleo.

A juicio del abogado, todo ello siembra dudas sobre cuál será el verdadero aporte del ministerio en el futuro. Y también del real compromiso de la actual administración con los derechos de los pueblos indígenas. «La ausencia de inclusión de la mujer indígena en el Ministerio de la Mujer y de consulta para la ley de biodiversidad y política energética nos dibuja un escenario donde los indígenas parecemos más espectadores que protagonistas de los asuntos que nos afectan», advierte Millaleo.

No es esta la opinión del embajador de Chile en la República de Guatemala, Domingo Namuncura. El primer diplomático de origen mapuche defiende la legitimidad del proceso y resta dramatismo al hecho, real, de que muchas comunidades e inclusive territorios enteros se restaran del proceso. «Abierto el proceso consultivo participan los que desean ser consultados y aportar con opiniones. Esa participación es suficiente para legitimar la iniciativa», señala.

«Concurrieron miles de personas a expresar sus opiniones. Otros no lo hicieron. Y todo es igualmente respetable. La opinión de quienes han sido más críticos respecto de la consulta es comprensible y debe ser tomada en cuenta para mejorar los siguientes procesos. Pero la sociedad chilena y los pueblos indígenas deben continuar avanzando», concluye Namuncura.

Su opinión es compartida por Elisa Loncón, lingüista, académica y una de las impulsoras de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

«Necesitamos interlocución con el Estado a través de un organismo que pueda dedicarse a los temas indígenas, pero que también tenga la capacidad de tomar decisiones y manejar recursos, algo que no hemos tenido hasta la fecha», señala. «Persisten ciertas desconfianzas mutuas entre el Estado y los pueblos originarios que es necesario superar. El ministerio abre puertas para construir una relación de mutua comprensión y de valoración de nuestros derechos. Mi llamado es a restablecer esa relación», agrega Loncón.

A juicio de Fernando Quilaleo, director del Programa Orígenes durante el primer mandato de Bachelet, los cuestionamientos a la consulta serían legítimos y estarían radicados más en la forma que en el fondo. Esto, por cierto, no sería exclusivo de Chile.

«Existe un amplio consenso en la validez de los fundamentos filosófico-jurídicos que sustentan el derecho a consulta previa. Sin embargo, no existe en paralelo a estos principios un estándar metodológico consolidado de implementación de ese derecho. Ni siquiera entre los organismos internacionales existe consenso de un marco metodológico», señala Quilaleo.

«Una consulta indígena debe cumplir con una consistencia interna y con una legitimidad externa. Las debilidades observadas en los actuales procesos deben ser consideradas por los actores como aprendizajes, pero sobre todo por los agentes de gobierno y del Estado como lecciones aprendidas para el futuro», agrega.

En este punto, el de la metodología, el abogado Salvador Millaleo destaca la consulta indígena conducida por el Consejo de la Cultura y las Artes sobre el proyecto del futuro Ministerio de la Cultura.

«Ha evidenciado un matiz de mayor fortaleza metodológica y capacidad de comunicación con los pueblos indígenas», señala. «El Consejo de la Cultura y las Artes ha marcado una senda que se aparta de una limitada y sesgada interpretación del Convenio 169 instalada en el gobierno de Piñera y antes por el exministro Viera-Gallo», opina, por su parte, Víctor Toledo Llancaqueo, director del Centro de Políticas Públicas.

Mientras la consulta del Ministerio de la Cultura se acerca a su etapa final, autoridades de Desarrollo Social ya anunciaron que el Ejecutivo trabajará para ingresar los proyectos de ley al Congreso durante el primer semestre de 2015. Marzo sería la meta autoimpuesta por la ministra Villegas.

«La demanda del ministerio indígena data de los tiempos de la Corporación Araucana, en la década de los años cincuenta y sesenta», señala José Ancán, destacado historiador y responsable en el Consejo de la Cultura y las Artes de la consulta indígena por el futuro Ministerio de la Cultura.

Uno de sus principales impulsores fue el diputado mapuche Venancio Coñuepán, líder de la Corporación Araucana y quien, tras asumir el presidente Ibáñez en 1952, fue nombrado ministro de Tierras y Colonización. En dicho cargo, Coñuepán lideró el proyecto de ley que estableció la liberación del pago de contribuciones sobre las tierras indígenas y, más tarde, la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas (Dasin), siendo su primer director.

La Dasin, antecesora del Instituto de Desarrollo Indígena (IDI) de la Unidad Popular y de la actual Conadi, focalizó políticas sociales hacia las comunidades, inauguró el programa de becas para estudiantes e implementó un sistema de créditos financiados por el Banco del Estado. Sin embargo, el sueño de Coñuepán de un ministerio quedaría truncado.

«A fines de abril de 1968, la muerte sorprendió a Coñuepán en el ejercicio de sus funciones como diputado de la República por un tercer período», apunta Ancán. Su deceso marcaría el declive de su organización, desplazada en influencia durante la UP por una dirigencia mapuche más cercana a la izquierda y crítica de las antiguas alianzas conservadoras del parlamentario.

Tras el retorno a la democracia, la demanda por el Ministerio de Asuntos Indígenas reaparecería en la discusión de la Ley Indígena 19.253, sin contar con mayor respaldo político. Una década más tarde, el año 2003, organizaciones indígenas lograron que fuera integrada como parte de los planteamientos de la Política de Nuevo Trato, derivada del trabajo de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del Gobierno de Ricardo Lagos.

La posta sería entregada a Bachelet en su primer mandato. Tras ratificar el Convenio 169 de la OIT el año 2008, la mandataria presentó ante el Congreso un hoy olvidado proyecto de ley «para la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas» (Boletín 6726-06). La inexistencia de un reglamento de consulta indígena y la posterior pérdida del gobierno paralizarían a poco andar la iniciativa. Ello hasta su retorno desde Nueva York.

¿Será este ministerio la solución al conflicto existente en el sur del país?

Las expectativas son altas. Un ministro empoderado políticamente es lo que demandan hoy las organizaciones y comunidades que participaron del proceso. Nadie quiere un elefante blanco. El intendente Huenchumilla, una de las figuras políticas del 2014, se rumorea corre con ventaja. Su liderazgo, que trasciende los sectores indígenas cercanos al Gobierno, a muchos ofrece garantías. Sería su retorno a La Moneda. Y cumpliría el sueño de Coñuepán.

La lengua del reino de Chile

Se trató de una votación histórica. Así definen muchos la aprobación unánime y transversal del Consejo Regional (Core) de la Araucanía al proceso de oficialización del mapuzugun en la región, el pasado miércoles, en Temuco.

Una señal política y pública hacia la región y el país, señaló el presidente del Core, Hilario Huirilef, quien junto al intendente Francisco Huenchumilla fue uno de los principales artífices políticos del histórico acuerdo.

La votación del Core viene a coronar los esfuerzos que variados sectores mapuche han realizado para que su lengua recupere el estatus que tuvo hasta antes del avance militar chileno al sur del Biobío. Una lengua de uso común en el comercio, la política, las artes y de prestigioso uso social desde el Atlántico al Pacífico.

La lengua de la alta diplomacia española-mapuche y que el propio O’Higgins llegó a dominar en su juventud. Su padre, don Ambrosio, gobernador del Reino y luego virrey del Perú, cuentan los historiadores, la hablaba casi a la perfección.

Si bien no ha gozado de la atención mediática de la lucha por las tierras, la «batalla por la lengua» puede ser la principal victoria mapuche desde el retorno de la democracia. Es lo que opinan diversos especialistas. Sus impulsores no llegaron a la votación del Core partiendo desde cero.

El 1 de julio de 2014, diversas organizaciones agrupadas en la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile ingresaron a la Cámara de Diputados un inédito proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos para proteger sus lenguas y a sus hablantes (Boletín 9363-04).

Dos semanas antes, el 20 de junio, la Contraloría General de la República había dictaminado que era posible la oficialización del mapuzugun —junto al castellano— en la comuna de Galvarino, proceso impulsado por el Consejo Territorial Mapuche y el alcalde Fernando Huaiquil (PRO).

Ambas experiencias nutren el trabajo de la Mesa por la Oficialización del Mapuzugun en la Araucanía, instancia que logró, con el apoyo de la intendencia, poner en tabla la votación del pasado miércoles. Dicha mesa está integrada por el partido mapuche Wallmapuwen, la Federación de Estudiantes Mapuche (Femae) y la Academia Nacional de la Lengua Mapuche, entre otras instancias.

No siempre el panorama fue así de alentador.

Según la Unesco, las lenguas son vehículos de transmisión de los sistemas de valores y de las expresiones culturales, y constituyen un factor decisivo para la identidad de los pueblos y de las personas. Aun siendo un componente esencial del patrimonio viviente de la humanidad, a nivel mundial más de la mitad se encuentra hoy en grave peligro de extinción.

La mayoría de estas se concentran en países con la imagen de ser territorios monolingües. Es el caso de Chile, donde el idioma oficial —y por tanto la única lengua de enseñanza obligatoria— es el castellano, a pesar de reconocer la Ley Indígena la existencia de ocho «etnias» originarias y de mandatar al Estado en el Convenio 169 de la OIT el «reconocimiento y promoción» de todas sus lenguas.

Desde 1993, año de promulgación de la Ley Indígena, al menos tres lenguas se han extinguido, dos de ellas en la Patagonia y Tierra del Fuego. En Chile, según lo define la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), existen lenguas vitales y en peligro de extinción. Entre las primeras figuran las lenguas mapuche, aimara y rapanui. Las que se encuentran en peligro por su reducido número de hablantes son las lenguas quechua, kaweshkar y yagán.

Según datos de la misma institución, en Chile existe un 20% de indígenas que «hablan o que entienden» su lengua. De esta cifra se infiere que los que entienden su lengua no necesariamente la hablan. En este último caso, el porcentaje se reduce dramáticamente. Reconociendo este desolador panorama, del año 2005 datan diversas iniciativas gubernamentales para enfrentar esta crisis.

Actualmente hay estudios sobre varias lenguas indígenas, existen perfiles sociolingüísticos rurales y urbanos, se han editado textos escolares sobre la materia y se han conformado tres academias de la lengua. Existe, además, desde la administración Piñera, un programa de Rescate de Lenguas Indígenas que contempla el trabajo con ancianos de cuatrocientas comunidades, quienes enseñan sus lenguas durante un año a los jóvenes usando el método oral tradicional.

Wallmapuwen en lengua mapuche significa «ciudadanos del País Mapuche». Así lo definen los miembros de este movimiento político nacionalista, democrático y de izquierdas, fundado el 2005 en Temuco y activo promotor de la oficialización del mapuzugun en la Araucanía. En febrero pasado, lograron reunir a más de dos mil personas en la Marcha por la Oficialización realizada en Temuco, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y en alianza con un abanico de organizaciones.

Con fuertes nexos en el País Vasco —de 2008 data un acuerdo de colaboración entre Wallmapuwen y el partido nacionalista vasco Aralar—, hoy forman parte de la Mesa por la Oficialización del Mapuzugun de la Araucanía y han sido los principales promotores de la experiencia de revitalización lingüística vasca en tierra mapuche.

Entre 2009 y 2014, miembros de Wallmapuwen visitaron Euskal Herria para conocer dicho trabajo y expertos lingüistas vascos hicieron lo propio visitando Temuco. Esta alianza, desconocida para muchos, ha logrado incluso permear a instituciones de gobierno.

A fines de 2014, y respondiendo una solicitud de la propia Mesa por la Oficialización del Mapuzugun, el Gobierno organizó un inédito seminario internacional para abordar las experiencias de revitalización lingüística del País Vasco y Chile. La exposición internacional estuvo a cargo de José María Abarrategi, coordinador de la Asociación Garabide, institución dedicada a la cooperación lingüística y cercana a Wallmapuwen.

En su intervención, Abarrategi destacó la necesidad de que la lengua mapuche se difunda entre toda la población, indígena y no indígena, en zonas urbanas y rurales, y que se cuente con profesores expertos en lengua, cultura y cosmovisión mapuche, además de materiales curriculares que prioricen la cultura local, pero adecuándola a la sociedad de hoy. Esto es, la lengua mapuche activa en el uso de internet, redes sociales, telefonía móvil y en todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

No sería la única visita. Semanas más tarde, los representantes del Gobierno vasco Patxi Baztarrica, viceconsejero de Política Lingüística, y Jokin Azkue, director de Promoción del Euskera (lengua vasca), también aterrizaron en Temuco. En su visita sostuvieron reuniones con autoridades de gobierno, municipios y universidades.

También participaron del Tercer Congreso de Lenguas Indígenas de Chile, que tuvo lugar los días 15 y 16 de enero en Santiago. Allí presentaron la experiencia de la lengua vasca, una de las pocas de Europa —junto al finés, estonio, el húngaro y maltés— que no pertenece al tronco lingüístico indoeuropeo.

En el País Vasco, el Gobierno autónomo invierte hoy cerca de cien millones de euros en revitalización lingüística y garantiza a todos los ciudadanos la enseñanza del euskera y del español. En treinta años, los porcentajes de conocimiento del euskera se han triplicado. Así también se promueve su uso en la empresa privada, los medios de comunicación, la publicidad, el teatro, el cine y las artes en general.

Para parte importante del movimiento mapuche, la oficialización del mapuzugun —y de las otras lenguas originarias en el resto del país— es, ante todo, una lucha política, de descolonización. Tan o igual de importante que aquella de las tierras usurpadas.

«La descolonización idiomática implicaría restablecer el valor de las lenguas originarias como iguales en derechos y jerarquía con el español, reconociendo que forman parte de la identidad de este país», señala la destacada lingüista y académica de la Usach Elisa Loncón.

A su juicio, la lucha por el mapuzugun «es la lucha por la construcción de una nueva sociedad, nacida del plurilingüismo, de las relaciones interculturales entre pueblos, modelo al que debiera apostar una nueva reforma educativa». «La descolonización lingüística —agrega— no va separada de la descolonización política cultural de un pueblo, más bien es una expresión más».

Concuerda con ello el historiador mapuche Víctor Naguil.

«En su condición de independencia, la sociedad mapuche logró desplegar el mapuzugun por un amplio territorio en el Cono Sur de América. Sin embargo, la forma en que terminaron nombrándose y escribiéndose las ciudades, ríos, volcanes, lagos, etc., ha sido un reflejo claro de la derrota y posterior subordinación política que experimentamos como pueblo», señala Naguil.

«Junto a la pérdida del poder político y la soberanía de Wallmapu, los mapuche perdimos el poder de nombrar las cosas en nuestra propia lengua», concluye el historiador.

«El mapuzugun no siempre fue una lengua débil en el territorio», recuerda Elisa Loncón. «En 1603, el padre Luis de Valdivia denominó al mapuzugun como “la lengua que recorre todo el Reino de Chile”, es decir, desde Copiapó a Chiloé, dada su extensión y uso a lo largo del país».

La última palabra en esta historia la tiene hoy el Ejecutivo.

Organizaciones sociales, mapuche y ciudadanas están a la espera del decreto regional o del proyecto de ley que oficialice la lengua a todo nivel. Lo participativo del proceso vuelve innecesaria la «consulta indígena», coincide la mayoría. Que fluya entonces la legendaria lengua del Reino, la voz de la tierra.

El descontento en Rapa Nui

«O parábamos los vuelos de LAN o cerrábamos los parques. Decidimos cerrar los parques».

Así explica Ricardo Hito la movilización impulsada por el Parlamento Rapa Nui y que la mañana del 26 de marzo pasado significó el bloqueo de cinco sitios arqueológicos de la isla y el reemplazo de la Conaf en la administración del Parque Nacional. Una medida radical, dirigida estratégicamente al corazón de la principal actividad económica de la isla: el turismo.

El descontento de los isleños es con el Ejecutivo y el nulo avance en un proyecto de ley sobre control migratorio, que establezca parámetros claros sobre residencia, permanencia y circulación de personas en la isla. Una propuesta inicial, negociada entre las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera y representantes rapanui, fue desechada tras el cambio de Gobierno, y a un año de asumir Bachelet «poco y nada se ha avanzado», reclaman los dirigentes desde la isla.

«Como hubo un cambio de Gobierno quieren que empecemos de nuevo y paremos los trabajos de hace dos o tres años. Nos pasaron a llevar. Eso nos tiene cansados», añade Hito, miembro del activo y militante Parlamento Rapa Nui, agrupación que ha liderado —ya por dos semanas— las protestas, y concitado un apoyo transversal de la población local, tras flexibilizar con el paso de los días su dura posición inicial y permitir las actividades turísticas «bajo control rapanui».

Hoy, los miembros del Parlamento no solo resguardan los bloqueos, también controlan la entrada de visitantes y regulan las actividades laborales en los sitios arqueológicos, actuando como un gobierno paralelo en coordinación con los representantes rapanui de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa), principal instancia representativa del pueblo rapanui y quienes han encabezado las infructuosas negociaciones con el Ministerio del Interior.

Anakena Manutomatoma es consejera electa en la Codeipa. Junto a otros cuatro dirigentes, le corresponde velar por los derechos de su pueblo en una instancia que además conforman el presidente del Consejo de Ancianos, el alcalde, el gobernador provincial y delegados de Conadi, Ministerio de Bienes Nacionales, Desarrollo Social, Corfo, Conaf y Armada de Chile. Su diagnóstico de la situación actual es lapidario.

«¿Por qué debemos flagelarnos para que las autoridades vuelquen su mirada sobre nosotros?», señala a La Tercera desde la isla.

«Hemos debido una vez más movilizarnos, afectando algo que es muy nuestro como es la actividad turística. Parece que es el único camino con el Gobierno», agrega Manutomatoma, quien dice respaldar las acciones impulsadas por el Parlamento Rapa Nui. «Hay cansancio y mucha molestia en nuestra gente por el desinterés del Ejecutivo», subraya.

Electa en junio de 2011, le correspondió ser parte activa del diálogo y las negociaciones de los temas de la isla con el Gobierno pasado. «Con ellos también todo partió gracias a las protestas», recuerda. La dirigenta hace mención a la emblemática ocupación del hotel Hanga Roa, en agosto de 2010, protagonizada por los miembros del clan Hito, y que gatilló violentos desalojos policiales.

«Fue un despertar. Esas imágenes de represión y gente baleada solo se veían en el continente, con los mapuche, y nos hizo dar cuenta de muchas cosas», indica.

Anakena agrega que «con el anterior Gobierno se firmó un compromiso de trabajo y se crearon cuatro mesas en temas relacionados con reclamaciones de tierras, el Estatuto Especial, la Ley Migratoria y un Plan de Desarrollo. En el punto de la Ley Migratoria avanzamos muchísimo y se llegó a modificar la Constitución para permitir la regulación del derecho a residir, circular y permanecer en la isla».

En efecto, en 2012, por votación unánime del Senado y solo seis votos en contra en la Cámara de Diputados, fue aprobado en el Congreso el proyecto de Ley N.º 20.573, que otorgó a Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández dicha facultad excepcional.

«Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7.º del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado», dice el inciso segundo, incorporado al texto del artículo 126 bis de la Constitución Política.

Al respecto, la consejera señala que este «parecía ser el único obstáculo. Pero vino el cambio de Gobierno y nos vimos partiendo casi desde cero».

En el actual Gobierno, el tema rapanui ha tenido al menos cuatro encargados, «todos de muy bajo rango y escaso poder de negociación», señala Anakena. «Nos han cambiado varias veces el interlocutor. Nos pidieron en 2014 una propuesta de ley de migración y la entregamos al poco tiempo. Aún esperamos la respuesta. Es por ello el descontento», agrega a La Tercera.

Consultado el Ministerio del Interior, se señaló que actualmente el tema recae en la jefa de la División de Desarrollo Regional de la Subdere, Natalia Piergentile. Hasta el cierre de esta edición, Piergentile se encontraba en la isla negociando con los líderes rapanui una salida al conflicto.

«La Ley de Control Migratorio es una necesidad urgente», señala Cristián Moreno Pakarati, isleño e historiador de la Pontificia Universidad Católica. «La isla ha sufrido un crecimiento explosivo a causa de la inmigración descontrolada, principalmente de personas del continente. Las estimaciones de la población total varían entre siete y nueve mil habitantes, sin considerar a la población flotante de turistas», agrega.

Las razones de la llegada de inmigrantes son diversas, señala, «aunque se debe principalmente al aumento del turismo y, por consiguiente, de la infraestructura hotelera». Esto, que podría ser una buena noticia, no sería tal.

«El desprecio de algunos empresarios por la mano de obra local ha generado la contrata masiva de personal recién llegado, sin arraigo y poco calificado desde el continente», denuncia el académico. Esto, asegura, ha afectado la calidad de vida y el otrora apacible ritmo de vida local. «Ello se ha esfumado con el ingreso de drogas duras, la llegada de delincuentes con amplio prontuario, el aumento en los robos, riñas y otros hechos de violencia».

Sobrepoblación, desabastecimiento, contaminación ambiental, problemas en los servicios básicos, en la conectividad y abandono de patrones culturales propios, son algunos de los problemas que resume el académico rapanui.

«La realidad de las islas es completamente diferente y de ahí que Brasil lo entendiera con Fernando de Noronha en los años ochenta, Ecuador con las Galápagos en 1998 y Colombia con San Andrés en 1991, todas islas que tienen leyes especiales de migración», subraya Moreno. «Pero Chile todavía no parece entenderlo, no ha oído los avisos de alarma», agrega.

La Ley de Control Migratorio —subraya— era ya considerada una necesidad urgente por el Parlamento Rapa Nui en el documento elaborado para la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato del Gobierno de Ricardo Lagos, el año 2002.

«Lamentablemente, la República solo ha tenido a lo largo de su historia una actitud reactiva frente al tema», advierte el académico, agregando que «de no ser por la Rebelión de Angata hace 101 años, el Estado nunca hubiese establecido una presencia real que pudiera mediar entre los isleños y una empresa colonial ovejera que los explotaba. De no ser por la revolución pacífica de 1964, liderada por Alfonso Rapu, la isla continuaría bajo las normas y reglamentos de la Armada. De no ser por las intervenciones del Consejo de Ancianos en los años ochenta e inicios de los noventa, el Gobierno no hubiese modificado para el caso rapanui la Ley Indígena. De no ser por las tomas del aeropuerto de Mataveri, el Gobierno quizás nunca hubiese tramitado la reforma constitucional de Territorio Especial para la isla. Y así hasta hoy», enumera.

Pese a todo, Moreno insiste en el diálogo político como camino. «En Rapa Nui existe la conciencia de que es necesario trabajar con el Gobierno para avanzar. Pero es necesario restablecer las confianzas: no basta con nuevas patrañas, promesas vacías en las que transcurren años y nada ocurre», señala tajante.

«Queremos hacernos cargo de nuestro propio destino, asociados y vinculados con Chile, pero no dependientes de Chile, de sus cambios de gobierno y del ánimo de sus políticos», concluye el historiador.

Lo mismo opina el abogado mapuche Carlos Llancaqueo, ex comisionado presidencial para Isla de Pascua en el gobierno de Sebastián Piñera. Llancaqueo dice no estar sorprendido por las protestas actuales en la isla. Opina que son la «crónica de un olvido anunciado».

Llancaqueo sabe de lo que habla. La toma del hotel Hanga Roa y el posterior escenario de represión del 2010 llevó a La Moneda a designarlo en su cargo. Asumió a comienzos de 2011 con la tarea de abordar los conflictos pendientes y coordinar el trabajo de cuatro mesas acordadas por el Gobierno y los clanes rapanui: tierras ancestrales, ley de migración, estatuto especial y desarrollo.

Ello, hasta el 11 de marzo de 2014.

«Siempre a la isla se la trató a nivel regional, como parte de la provincia de Valparaíso y el diagnóstico de la dirigencia rapanui era que la relación debía ser bilateral, de la isla directamente con el poder central. Aquel era el sentido de mi cargo», comenta.

Llancaqueo destaca como un punto alto de su gestión una propuesta de ley de migración trabajada en conjunto con la dirigencia de la isla que implicó reformar la propia Constitución.

«Desarrollamos un proceso de diálogo inédito, paralelo a la reglamentación de la consulta. Tuvimos decenas de reuniones de trabajo y arribamos muy temprano al convencimiento de que, para avanzar en la ley de migración, debíamos primero reformar la Constitución, cosa que hicimos en 2012», relata.

«No fue fácil. Existe aún mucha ignorancia en nuestra clase política sobre estos temas. Nosotros, para trabajar el proyecto de ley, estudiamos la experiencia comparada: Galápagos en Ecuador y las islas de San Andrés en Colombia, donde existen este tipo de regulaciones al libre tránsito», señala. «Pero todo volvió a fojas cero con el nuevo Gobierno», se lamenta.

Llancaqueo dice tener claro que es la autonomía y no el tutelaje continental lo que la isla requiere. «La solución a los conflictos, sean por tierras, migración o desarrollo, es avanzar hacia el autogobierno de los rapanui. Yo estoy convencido de ello», señala.

A juicio del abogado mapuche, no existe otro pueblo originario en Chile que reúna mejores condiciones para que el Estado se atreva a explorar el camino de la autonomía.

«Esto para nada implica separatismo o independencia, que es el temor recurrente en la elite política chilena. La propia Ley Indígena del año 93 reconoce a los rapanui una condición especial. Hoy, el Convenio 169 y la Declaración de la ONU de 2007, reconocen el derecho a la libre determinación y el autogobierno de los pueblos indígenas», explica.

«Si de verdad Chile considera importante la isla por geopolítica o por su valor cultural y turístico de clase mundial, un primer paso es tomar en serio sus demandas», concluye.

Una negligencia criminal

Lo reconozco. No vi por televisión el discurso presidencial del 21 de mayo. Preferí descargarlo y leerlo, algo que a mi juicio lo vuelve más digerible. Y es que las tomaduras de pelo en materia indígena suman ya demasiadas. Desde 1989 a la fecha.

¿Cuántos segundos ocupó el tema en la cuenta de Bachelet? Cinco segundos, me cuentan. Fue lo que tardó la mandataria en señalar que los proyectos de Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas serían enviados al Congreso durante el último trimestre de este año. La anunciada medida de los primeros cien días de gobierno aplazada hasta fines de 2015.

De las postergadas demandas de autonomía y ley migratoria del pueblo rapanui, cero comentarios. De la creciente conflictividad rural en el sur, lo mismo. Y de una posible visita a la Araucanía, mejor ni hablar. Un sueño esperar mención a los escaños reservados en el Congreso, medidas urgentes que ni por asomo figuran en las reformas políticas de la actual administración.

El principal conflicto no resuelto por el Estado en ciento treinta años, tratado una vez más con una negligencia que raya en lo criminal. Sí, en lo criminal, porque el conflicto «Estado-pueblos indígenas», su errático abordaje y agudización implica violencia, heridos, muertes, atentados, prisión política y un drama social que no distingue origen étnico.

Y lo que es peor, un daño quizás irreparable a la convivencia interétnica y la paz social, sea en el poblado de Hanga Roa o en el viejo Fuerte Temuco.

Hay quienes plantean, como el historiador Jorge Pinto, que ha sido el Estado el principal responsable del conflicto en la zona sur. Y desde mediados del siglo XIX, cuando expandió sus fronteras sobre un Wallmapu libre, fomentando —irresponsablemente— el arribo de colonos extranjeros a una zona de posguerra.

¿Cuántas autoridades de La Moneda conocen en verdad esta mala historia? ¿O del arriendo de Isla de Pascua a estancieros británicos y el régimen de esclavitud que debieron soportar los rapanui en pleno siglo XX?

Bachelet, de manera calcada a su primer mandato, ha apostado por la continuidad de una política indigenista que ha demostrado su agotamiento. Y que en absoluto busca solucionar el conflicto. A lo sumo administrarlo y contenerlo.

Desde el estallido de los primeros conflictos tras el retorno de la democracia, el garrote y la zanahoria ha sido la fórmula. Cárcel para los que protestan, subsidios y proyectos para los «indios amigos». Ello y la compra de tierras, el botín predilecto de cuanto operador político ha puesto sus pies en la jefatura de Conadi. Su actual director, uno más de la lista.

Piñera en su minuto prometió un «cambio de paradigma», una «nueva relación» que nunca llegó. Bachelet repite la fórmula, sin atreverse a gestar una verdadera salida política, llamado que han realizado la ONU, la Corte Interamericana, la Comisión de Nuevo Trato y hasta el propio intendente Huenchumilla, hoy con las manos atadas tras batallar todo 2014 por hacer del conflicto un «tema país».

Nada me permite presagiar un horizonte optimista.

Fuerte Temuco

Lo que sucedió fue lo siguiente. Uno de los concejales de Temuco, el PPD Ricardo Celis, propuso hace unos meses al municipio izar la bandera mapuche durante la realización de la Copa América.

Lo hizo apelando a su historia, composición multiétnica y a que numerosos otros municipios de la región ya habían oficializado su uso, entre ellos Lautaro, Villarrica, Pucón y el vecino Padre Las Casas.

¿Quién podría oponerse a una medida tan de sentido común?, pensó el también exintendente regional. Y más aún en el marco del torneo más antiguo de selecciones, con Brasil jugando en nuestro estadio y los ojos de todo el planeta fútbol puestos acá.

Temuco, ciudad universitaria, moderna, inclusiva, la capital multicultural de Chile. Temuco, la Montreal de Sudamérica, imaginó Celis los titulares. Pero se equivocó. Y medio a medio. Tanto así que el portazo a su propuesta es probable se haya escuchado hasta en la FIFA.

«Esta administración ha determinado que para todas las actividades relacionadas con la Copa América se izará solamente la bandera que representa a la nación chilena», fue la respuesta que recibió del alcalde Miguel Becker.

El documento añade que «se tiene contemplado —sin embargo— una serie de actividades artísticas y culturales que mostrarán a quienes nos visiten nuestros orígenes». En simple: bailes, comidas y artesanías indígenas para el visitante curioso.

Ningún problema con la danza del choike, el popular merkén y mucho menos con el indio pícaro. Lo mapuche una vez más como folclor y atractivo de feria costumbrista. Pero la ocurrencia de izar la bandera mapuche en la capital del territorio habitado por siglos por los mapuche, por supuesto que no, ¡paremos el escándalo, señores!

Quien mejor graficó esta postura fue otra concejala de Temuco, Solange Carmine, la primera que alertó del apocalipsis propuesto por Celis. «Acá todos somos chilenos, no existe un Estado dentro de otro, este es un Estado unitario», señaló.

«Muchos confunden la cultura mapuche con una nación», agregó Carmine, escandalizada.

¿Sospechará la militante RN, mismo partido del alcalde, que la única confundida en esta historia pareciera ser ella?

No es Celis quien confunde Estado con nación. Un Estado, alguien debiera contarle, puede componerse de una o más naciones. La norma, a nivel mundial, son los Estados multi o plurinacionales. España, uno de ellos. Canadá, otro ejemplo. Y si de banderas se trata, ser Estado unitario no impide los emblemas regionales. Magallanes, por ejemplo. O la propia bandera rapanui.

¿Conocerá la Ley Indígena o el Convenio 169 de la OIT, ley de la República en Chile desde 2009?

La «Wenufoye» fue creada en 1992 por el Consejo de Todas las Tierras. Perseguida en sus inicios, hoy es reconocida como uno de los principales emblemas del pueblo mapuche. No existe marcha, partido de fútbol o evento cultural donde no diga presente. O recital de rock, desde Skrillex a Motörhead.

En Argentina, municipios de Neuquén y Río Negro la izan desde fines de los noventa de manera habitual; el turístico y exclusivo San Martín de los Andes, uno de ellos.

En Chile no solo ha sido reconocida por comunas de la Araucanía. Santiago, Providencia, Maipú, Recoleta, Los Andes y las australes Puerto Montt y Coyhaique también. ¿Pueden estar todos equivocados en su interpretación de la ley? ¿En manos de qué concejales irresponsables y antipatriotas depositó la ciudadanía su confianza?

Esta es una de las razones que explica el agravamiento del conflicto. No, el problema no es solamente la propiedad de la tierra, demanda que se resuelve inyectando recursos. Agricultores ávidos de vender a buen precio al Estado existen y, créanme, no son pocos. Corredoras de propiedades alertas al negocio del año con fondos públicos, les aseguro que también.

El problema también es otro. La nula aptitud de muchos a la hora de conductas interétnicas respetuosas. Dicho sin eufemismos, para comportarse civilizadamente y no como los racistas que insisten en demostrarnos que son.

Es el trasfondo del drama que desangra nuestra convivencia y que se expresa en dos ámbitos: en «violencia física», los atentados, la represión y las muertes de lado y lado; y en una «violencia simbólica» de la cual pocos hablan y por la cual nadie de la Multigremial ha sido visto rasgando vestiduras.

Hablo de la negación del otro, de su identidad, derechos y símbolos culturales más preciados. Hablo del desprecio.

Temuco se fundó como fuerte militar un 24 de febrero de 1881. Su fundador fue Manuel Recabarren, ministro del Interior, quien salió de Angol los primeros días de febrero junto a tropas militares, ingenieros y aproximadamente trescientas carretas.

La fuerza expedicionaria la integraban, entre otros, el coronel Gregorio Urrutia, el ingeniero alemán Teodoro Schmidt, quien trazó el primer plano de la ciudad, y el empresario del trigo José Bunster, el principal «financista privado» de la ocupación militar.

En el camino fueron levantando, consecutivamente, los fuertes de Quino el día 12; Quillén, el 16; Lautaro, el 18; y Pillanlelbún, el 21 de febrero. A Temuco le correspondió nacer el día 24.

Cabeza de playa del ejército en lo profundo del Wallmapu, por años fue asediada por mapuche que se negaban a ser pacificados por la espalda o a fuego lento en sus rucas.

«Un fortín de quinchas, un muro de troncos y un foso fueron la placenta y la cuna germinal de este Temuco que estaba llamado a ser un pecho de chilenidad en el desnudo paisaje de la Frontera. La ciudad empezaba a gestarse, así, como consecuencia de una tarea militar y su asentamiento tuvo las características de un campamento en el cual los civiles estaban sujetos a la vida marcial que exigía una jurisdicción castrense, a sus ordenanzas y a su disciplina».

Es lo que relata el historiador y exdirector del Museo Araucano, actual Museo Regional de la Araucanía, Eduardo Pino Zapata. Lo hace en su libro Historia de Temuco. Biografía de la capital de la Frontera, publicado a fines de los años sesenta.

En sus páginas se relata el hito fundacional de la ciudad: la victoria chilena sobre el último levantamiento armado mapuche, el mítico Futa Malon acontecido en noviembre de 1881, hoy olvidado por los temuquenses.

«Después de un duro invierno de frío y lluvia, los chilenos sabían que se preparaba el ultimo desquite y al amanecer del 3 de noviembre llegaron las noticias de la gran rebelión postrera que recorría los campos rodeando los fuertes cercanos. El día 5 Temuco amaneció rodeado de mil ochocientas lanzas amenazantes que al mando de Marinao bloqueaban el fuerte. Al fin llegaba el momento de la prueba definitiva», relata Pinto.

Cuentan los ancianos que el ataque a Temuco fue planificado en silencio por meses. Y que fue coordinado desde Puelmapu por el mismísimo Namuncura, hijo del toki Calfucurá y sucesor de este en la jefatura de la Confederación Mapuche de Salinas Grandes.

Este hito militar, ocultado por la historiografía chilena, consta no solo en la desconocida biografía de Temuco de Eduardo Pino. También, y de primera fuente, en la autobiografía del lonko Pascual Coña, transcrita por el padre capuchino Ernesto Wilhem de Moesbach (1882-1963).

El libro, una verdadera joya en el contexto de la etnografía americana, clave para el estudio del pueblo mapuche en la segunda mitad del siglo XIX, fue relatado oralmente al capuchino entre 1924 y 1927 por este enérgico lonko de ochenta años.

Su relato, que abarca desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, fue recogido por Wilhem en la misión de los padres capuchinos del sector del lago Budi, Puerto Saavedra.

Pascual Coña nació en el Wallmapu libre. Y siendo joven tuvo la oportunidad de recorrerlo del Pacífico al Atlántico. Su relato es un documento único en su género no solo por la información acerca de la lengua y las costumbres mapuche, sino también por ser una de las pocas fuentes de aquel periodo escritas por un mapuche.

En sus páginas se relatan los preparativos del Malón de 1881.

Los mapuche antiguos aborrecían mucho a los extranjeros. Decían: «No tenemos nosotros nada que ver con esa gente extraña; ellos son de otra raza». A causa de esta gran aversión contra los huincas se complotaron en todas partes los indígenas para levantarse contra ellos. El primer impulso lo dieron los caciques pehuenche (argentinos) en un mensaje al cacique Neculmán de Boroa, con el contenido de que prepararan la guerra en Chile, así como ellos se alistaban en la Argentina. Además enviaron un cordón con nudos que indicaba cuándo estallaría el malón general.

Y continúa:

Al llegar aquel mensajero, oriundo de los indígenas argentinos, avisó: «Me han mandado los caciques Sayhueque, Namuncura, Foyel y Ancatrir; me encargaron: “Vas a ver a los nobles de Chile”. Ese es el motivo de mi llegada. Por orden de mi cacique os digo: “Hay, pues, los huincas; nosotros nos sublevaremos contra de ellos; los indígenas argentinos acabaremos con los extranjeros; que ellos hagan otro tanto con los suyos, que los atacan también; de mancomún vamos a guerrear contra ellos. Nosotros combatiremos esos huincas, invadiremos todas sus ciudades y las borraremos; deseamos que ellos hagan lo mismo”. Además me encargaron: “Lleva estos nudos y que se adhieran ellos decididamente, porque es abominable el huinca”. Esa orden me dieron», dijo el mensajero a Neculmán.

Neculmán, relata Pascual Coña, dio crédito al aviso recibido desde Puelmapu y despachó sin demora mensajeros a otros importantes lonkos del territorio costero. El primero en ser avisado fue Colihuinca, lonko general de Quillén, quien accedió y se comprometió a enviar su werkén (mensajero) con la noticia.

De esta manera el aviso de la guerra se propagó por todas partes; el mensajero de Colihuinca anduvo con sus cordones de nudos de un cacique a otro. Recibieron la noticia Marimán de Cudihue, Lemunao de Imperial, Huichal de Llihuin, Painemal de Chol-Chol, Calfuqueo de Villa Almagro, Carmona de Collico, Quilempán de Quechucahuin, Huaiquimán de Runguipulli, Calfupán de Collileufu, Painén de Malalhue y muchos otros caciques.

Todos los mencionados eran importantes lonkos del valle del Cautín, con influencia desde la actual comuna de Nueva Imperial hasta la costa. Los fuertes de Toltén, Imperial, Carahue, Budi y Saavedra serían el objetivo de estos jefes lafkenche, la «gente del mar».

Leandro Navarro, en su Crónica militar de la conquista y pacificación de la Araucanía (Pehuén, 2008), también da cuenta del Futa Malón, completando el cuadro de lo que aconteció aquel noviembre de 1881 con los fuertes de Lumaco y Temuco, atacados por lonkos nagche y wenteche.

Navarro (1850-1918) fue un testigo privilegiado de aquel Chile que pasó su primer siglo de vida en constante zafarrancho de guerra. Hijo de un militar de Caballería, el 5 de enero de 1866 ingresó a la Escuela Militar, siendo años más tarde enviado como subteniente del Batallón 3.º de Línea al innegable lugar de formación de los oficiales chilenos: el territorio mapuche.

Allí observó y escribió muchísimo. Sus memorias, «el símil de La Araucana de Alonso de Ercilla», según el historiador mapuche José Ancán, resultan exhaustivas en circunstancias y personajes. Navarro, soldado en campaña al igual que Ercilla, registra y narra la guerra de ocupación en el aséptico y franco estilo de los informes militares. Al pan, pan. Y al vino, vino.

A diferencia de Ercilla, apunta José Ancán, «nada de héroes homéricos o hazañas grandilocuentes narradas en octavas reales». En la prosa de Navarro, agrega, «los mapuche son lo que eran para la lógica bélica de los soldados en campaña; enemigos militares que había que someter a cualquier precio».

Cuenta Navarro que el día 5 de noviembre, a las seis de la mañana, quinientos guerreros mapuche atacaron el poblado de Lumaco, causando numerosas bajas entre soldados y campesinos chilenos. El ataque implicó, la misma noche, el fusilamiento sumario de numerosos lonkos que se encontraban prisioneros en el poblado.

Uno de ellos fue el hijo del lonko Lorenzo Colipi y hermano de Juan Colipi, este último héroe de la guerra contra la Confederación Perú-boliviana y uno de los primeros mapuche en hacer carrera en el escalafón de oficiales del ejército chileno.

El 6 de noviembre, en tanto, cientos de guerreros atacaron el Fuerte Ñielol y el Fuerte Temuco. «Pretendiendo pasar por honrados comerciantes que volvían de comprar ganado lanar, vistiéronse de blanco y tomando la actitud de las ovejas, rodearon sigilosamente el fuerte», relata Navarro en su libro.

Si bien fueron repelidos por las tropas allí apostadas, era solo el comienzo de un asedio de varios días.

Los principales lonkos del levantamiento fueron Melín, de Ñielol; Millapán, de Cholchol; Necul Painal, de Carrirriñe; Licanqueo, de Tromén; Cayupi, de Imperial; Marimán, de Codihue; Neculmán, de Boroa; Romero, de Truf-Truf; Carimán, de Quepe; Cotar, de Llaima; Coliqueo, de Allipén y Huete Rucán, de Catrimalal.

Pero hubo otros lonkos, apunta Navarro, que ese día también pelearon, pero en el bando chileno.

Tal fue el caso de Coñuepán, quien al tener noticias del Futa Malon se refugió en el fuerte con sus guerreros, contribuyendo a la defensa. «Coñuepán —agrega el militar— era uno de los caciques más respetados en la zona y jamás consintió en hacer armas en contra nuestra, a pesar de que su hermano Millapán era uno de los jefes de la insurrección».

Durante cuatro días se mantuvo el sitio sobre el fuerte del Ñielol y la plaza de Temuco. Correspondió al mayor de Carabineros, Bonifacio Burgos, su defensa.

Tras cruentos combates, los mapuche se replegaron, siendo perseguidos por Burgos y sus hombres.

En las cercanías del Fuerte Temuco, en lo que hoy es la población Santa Rosa, les dieron alcance. Allí fueron acorralados y masacrados un centenar de guerreros junto a los lonkos Fermín Kollio y Manuel Kotar, venidos desde Llaima para apoyar la sublevación. Así lo cuenta Eduardo Pino en su biografía de Temuco.

El mayor de Carabineros Bonifacio Burgos los persiguió hasta la bajada de Santa Rosa, dándoles alcance en un sitio cercano entre el antiguo campamento y lo que es hoy día la Quinta Pomona. Allí quedaron como resultado de la refriega setenta y cinco indígenas muertos y tres caciques venidos desde Llaima a las órdenes de Kotar. Desde entonces y antes de la existencia del barrio Santa Rosa ese sector se conoció en Temuco como el barrio La Matanza o La Mortandad.

El año 2005 se estrenó una de las mejores adaptaciones del western a la televisión. Se trató de Into the West («Hacia el Oeste»), miniserie de TNT y Dreamworks Television que en seis capítulos contó la historia de Estados Unidos y la colonización de las tierras indígenas.

Lejos de la clásica mirada hollywoodense (indios malos v/s el jovencito blanco), la serie buscó mostrar los dos puntos de vista: el de los colonos que llegan tras el ejército y el de las tribus que luchan por conservar sus valores y tradiciones aun a costa de la propia vida.

Más que una miniserie, el resultado final fue una magistral clase de historia. El avance militar, la fiebre de oro en California, la construcción del ferrocarril transcontinental, el emplazamiento de fuertes, la masacre de Wounded Knee y la violencia del Lejano Oeste, verdaderos hitos fundacionales de Estados Unidos que son revisitados, de manera crítica, por la productora de Steven Spielberg.

Pocos lo saben. La conquista del Oeste norteamericano aconteció en el mismo periodo histórico que el avance militar chileno-argentino sobre el otrora rico y extenso País Mapuche. Los paralelismos sorprenden.

En junio de 1876 tuvo lugar en Estados Unidos la batalla de Little Bighorn, en el actual estado de Montana. Allí se enfrentaron los soldados del Séptimo Regimiento de Caballería, comandados por el teniente coronel George Armstrong Custer, y varias tribus bajo el mando del gran jefe sioux Tasunka Witko, también llamado «Caballo Loco». Fue una de las mayores derrotas del Ejército de los Estados Unidos durante las llamadas «Guerras Indias».

Tan solo cinco meses antes, en enero de 1876, cientos de guerreros mapuche al mando de Namuncura, hijo del gran toki Calfucurá, atacaron los fuertes de Olavarría, Azul y Tapalqué, en la actual provincia de Buenos Aires. En Tres Arroyos y Necochea, reportaron los diarios trasandinos, los weichafe combatieron cuerpo a cuerpo en la niebla y aniquilaron las tropas de los oficiales Levalle y Maldonado.

Plantaron tal resistencia los mapuche que el entonces ministro de Guerra del presidente Nicolás Avellaneda, Adolfo Alsina, para proteger los territorios conquistados, construyó ese mismo año la llamada «Zanja de Alsina».

Se trató de una trinchera faraónica de dos metros de profundidad y tres de ancho de más de trescientos setenta kilómetros entre el sur de la provincia de Córdoba y el norte de Bahía Blanca. Conectada vía telégrafo por decenas de fortines, separaba Argentina del Wallmapu rebelde y soberano.

No es el único paralelismo. En 1878 fue sancionada en el Congreso argentino la Ley 947, que destinaba recursos para el avance militar argentino hasta los ríos Negro, Neuquén y Agrio. La partida presupuestaria incluyó la compra al Ejército de los Estados Unidos de diez mil fusiles Remington, «porque con esta arma habían sido eliminados en dicho país los sioux y los pieles rojas», argumentó el general Julio Argentino Roca.

Sí, el Wallmapu poco tuvo que envidiar al Lejano Oeste. Y Temuco a fuertes como Laramie o Apache, este último en Arizona. La obra del historiador Eduardo Pino es un vivo retrato del Far West temuquense de aquella época. Y la calaña de personajes que hizo fortuna a costa del despojo de tierras y del robo de ganado mapuche.

«A la violencia de la Pacificación, con sus rucas en llamas, sus campos calcinados y el fusilamiento de mapuche después de juicios sumarios a poca distancia del cuartel y bajando por la quebrada hacia el río, debe sumarse la rivalidad (de los colonos) por controlar las tierras prometidas», consigna Pino.

«Aquí podía triunfar cualquier recurso concedido por la ley, la influencia, la impunidad o la falta de escrúpulos. La virtud predominante en los primeros años de la capital de la Frontera no era la piedad», agrega. «Días sombríos, durante los cuales una vida humana valía muy poco y había que tener una vigorosa dosis de valor para sobrevivir en una tierra en que todos querían enriquecerse de un modo u otro», subraya.

Hacia 1907, año del histórico parlamento de Coz Coz en Panguipulli, Temuco era ya una pequeña ciudad de 16.037 habitantes. Como «vecinos ilustres» se contaban 374 alemanes, 231 franceses, 187 españoles, 158 italianos, 114 suizos y algunos ingleses, armenios, austriacos, israelitas, sefardíes y holandeses. No todos eran de los trigos muy limpios.

Es lo que advierte Pino en su historia de la capital regional. Ajustes de cuentas entre muchos de ellos, bandolerismo rural desatado, crímenes de mapuche y asaltos a medianoche caracterizaron las primeras décadas de la «Perla del Cautín».

Poco que envidiar al Lejano Oeste norteamericano con sus historias de «cowboys» versus «pieles rojas».

Es la vieja Frontera retratada también por José Miguel Varela en Veterano de tres guerras; Gustave Verniory en Diez años en Araucanía. 1889-1899; Tomás Guevara en Las últimas familias y costumbres araucanas; y por el periodista Aurelio Díaz Meza en Araucanía. Breve relación del último parlamento araucano de Coz Coz en 18 de enero de 1907.

Colonos, pioneros, empresarios, buscavidas, bandoleros y fugitivos, los chilenos y extranjeros que emprendieron la aventura de poblar Temuco y la región con la esperanza de hacer fortuna. Y que no pocas veces terminaron burlando a la justicia y el decoro.

Un punto alto de aquellos años de violencia y avaricia por las tierras fue el coraje de un puñado de periodistas locales. «Había en todos ellos algo de apóstoles e iluminados dispuestos a enfrentar el martirio», relata el historiador Eduardo Pino.

«El periodismo de Temuco vivía entonces días heroicos que le exigían denunciar atropellos y desafiar injusticias a condición de estar dispuestos a sufrir ellos mismos los atropellos», agrega.

«La figura más destacada y que tuvo un trágico final fue la del valeroso editor del periódico La Voz Libre, Francisco de Paula Rivas, que terminó sus días acribillado a balazos en Pancul, cerca de Ranquilco en 1889, sin que nadie se atreviese a enfrentar a sus asesinos».

La Voz Libre denunciaba el robo de tierras y los crímenes cometidos contra los mapuche en sus reducciones. También lo hacia el diario La Mañana, dirigido por Orlando Mason. Este tuvo mejor suerte; su imprenta solo fue asaltada. Y su diario incendiado. Un par de veces.

Pero hubo ocasiones en que los atropellos contra las reducciones fueron tan graves, que hasta la prensa nacional debió hacerse eco de lo que acontecía en la Araucanía. Fue lo que sucedió con la «Marcación Painemal».

Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 1913, cuando el mapuche José Manuel Painemal concurrió hasta la casa patronal del agricultor Hermán Michael, para quejarse por animales que habían ingresado a su campo.

Fue entonces cuando Michael, acompañado de sus trabajadores, lo lanzó al suelo y procedió a marcarlo con un hierro caliente en una de sus nalgas. Testigo del ataque fue Rafael Curihuinca, mapuche del sector y quien había acompañado a Painemal a la casa del agricultor en la Isla Cautín.

El caso fue públicamente denunciado por la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía. En una carta dirigida al intendente de Cautín, su presidente Manuel Neculmán y su secretario, Basilio Burgos, llamaban al Gobierno a sancionar duramente al agricultor.

Advertían los dirigentes mapuche en la misiva que, de no tomar las autoridades medidas enérgicas «dentro del campo que les corresponde seguirán estos, mitad chilenos mitad extranjeros, rememorando esos atentados, no ya contra un hombre sino contra la naturaleza humana».

La conmoción pública del ataque hizo imposible a las autoridades hacer vista gorda. Tan pronto Painemal presentó su denuncia, el Juzgado de Nueva Imperial inició un proceso caratulado con el N.º 1.874 por lesiones en su contra, ordenando la detención e incomunicación del atacante.

No resultaría tan fácil. Michael, ayudado por parientes y otros agricultores que tendieron un manto protector en su entorno, huyó de la justicia durante semanas. Y si bien finalmente se entregó, el Tribunal de Imperial le concedió el privilegio de permanecer en su casa bajo custodia policial.

Michael había declarado padecer una grave enfermedad.

El caso, por cierto, rápidamente escaló en los medios, adquiriendo pronto ribetes raciales. El 6 de julio, la Sociedad Caupolicán convocó a una gran concentración en Nueva Imperial para protestar por la «afrenta al pueblo mapuche». Bajo fuerte resguardo policial, el mitin comenzó a la una de la tarde, en completo orden, con la presencia del directorio de la Sociedad y del profesor del Liceo de Temuco Manuel Manquilef.

De acuerdo a la nota publicada por el diario La Época de Temuco, de fecha 8 de julio de 1913, ese día se reunieron en la plaza de Nueva Imperial «cerca de tres mil indígenas para protestar del vil vejamen de que ha sido víctima unos de sus hermanos».

En la misma crónica el diario señaló que «los araucanos que pacíficamente han dejado despojarse de sus tierras, que sin una queja han visto talar sus campos, incendiar sus rucas i vejar sus mujeres por los espoliadores, amparados muchas veces por las autoridades, no han podido permanecer impasibles ante esta última afrenta».

El acto finalizó con la lectura de una carta dirigida al Gobierno donde se protestaba por «el salvajismo cometido por Hernán Michael, en la persona del indíjena J. M. Painemal».

A las crónicas de los diarios locales se sumaron artículos aparecidos en casi todos los diarios del país.

El viernes 4 de julio de 1913, El Mercurio de Santiago, en la página 5, incluyó un detallado artículo en cual informaba de la vejación sufrida por el mapuche. En ella, Painemal era retratado como una víctima de la bestialidad humana, desprotegido por la justicia y expuesto a los castigos más inhumanos en su propia tierra.

«Hechos de esta naturaleza que sublevan el sentimiento, porque no son dignos de la cultura del país, merecen la sanción más enérgica y la más absoluta condenación y la prensa tampoco puede dejarlos pasar desapercibidos», agregaba el artículo, titulado «Cuesta creerlo».

Michael no pasaría un día en la cárcel. Tampoco sería condenado. El 2 de septiembre de 1913, dos meses y medio después de ocurridos los hechos, falleció en Nueva Imperial producto de una pulmonía fulminante. Tenía treinta y dos años y era el hombre más rico de la comuna.

Su repentina muerte lo transformó —paradójicamente— en un símbolo de los agricultores y dueños de fundo de Temuco y sus alrededores, que de inmediato responsabilizaron a los mapuche de «asesinar en vida» a tan honorable vecino.

Los oradores que lo despidieron el día de su funeral no escatimaron en elogios para el agricultor. Se trataba, señalaron, de un hombre ejemplar, de bien, amigo sincero y que siempre obró con la rectitud del justo, víctima de «una ola de desprestigio que se extendió por el país desde Tacna hasta Magallanes y que lo retrataba como un ser depravado y cruel».

A juicio del historiador de la Universidad de la Frontera de Temuco, Jorge Pinto, la posición asumida por sus defensores se explica porque tanto el agricultor como ellos «formaban parte de aquel grupo que pensaba que el indígena era un bárbaro incorregible, más cercano a la bestia que a la condición humana».

«El hecho de marcar a Painemal como se marca a un animal no es un mero acto de agresión física; expresa una convicción que en amplios sectores de la sociedad nacional maduró desde que Vicuña Mackenna señalara a través de la prensa y en el Parlamento, que el indio no era más que un animal de rapiña cuyo destino era desaparecer de la faz de la tierra», agrega Jorge Pinto.

A juicio del premio nacional de historia, cuando Michael marcó a Painemal estaba emergiendo esa convicción.

«El indígena no solo podía o debía, según algunos, ser despojado de sus tierras, sino también ser tratado como el animal que era. El fierro candente que marcó su cuerpo fue el fierro candente que fabricaron sectores de la intelectualidad chilena que no vieron, no entendieron ni aceptaron al indígena que aún sobrevivía a comienzos del siglo XX», señala.

La «Marcación Painemal» fue el primer hecho violento que trascendió el espacio regional, generando conmoción pública a nivel nacional. Y tal vez el primero en atrincherar en posiciones irreconciliables a una sociedad sureña fragmentada y que —a juicio de Pinto— no lograría convertirse en «comunidad regional» a lo largo de todo el siglo XX.

Hablamos de 1913. Antes, mucho antes que el crimen del matrimonio de colonos suizos Luchsinger-Mackay.

Ha transcurrido más de un siglo y la condición de fuerte militar de Temuco no ha variado mucho. Rodeada de «reducciones», una suerte de amenaza fantasmal indígena pareciera acompañar los sueños, pesadillas y desvelos de los descendientes de aquellos primeros habitantes.

Saben, unos más, otros menos, que Temuco se fundó sobre la escena de un crimen con demasiados testigos que, pudiendo decir algo, callaron. Saben además que los tiempos han cambiado. Y que los «mapuchitos» o los «indios» de aquel tiempo ya no son los mismos de hoy. Han estudiado. Se han formado. Han viajado y conocido otras realidades.

Y cultivan porfiadamente la memoria.

¿Es el peso de la conciencia lo que lleva a los Tepper, los Carmine y los Becker a parapetarse en aquel viejo fuerte que hasta empalizadas y zanjas debió contemplar en sus inicios? ¿Qué esconden sus recurrentes llamados a la represión? ¿Miedo? ¿Acaso la misma codicia que Pino retrató de sus abuelos? ¿Todas las anteriores?

«El cinturón suicida». Así llamaba la elite de Temuco a las reducciones mapuche que rodeaban la ciudad en los años cuarenta, impidiendo —siempre a su juicio— el crecimiento y progreso de todos.

«Temuco está rodeada de un cinturón de propietarios indígenas… es el cinturón suicida que estrangula la vida económica de la capital de la Frontera… Es un problema tangible, latente y que se viene palpando cada vez con mayor relieve a medida que el progreso y el crecimiento de esta metrópolis zonal pone en contraste la necesidad de hacer producir los terrenos feraces que la rodean y que, desgraciadamente, están en manos indígenas… una ley de excepción es urgente para desalojar a los indígenas de los terrenos del hinterland de Temuco, que ellos no saben explotar en cultivo intensivo y científico».

Así editorializaba El Austral de Temuco el 4 de junio de 1940. ¿Leyeron bien? Ley de excepción. Nada de compra de tierras con millonarios fondos públicos o indemnizaciones a sus legítimos propietarios. Fuerza pública y desalojo. Y por fin a producir. Y de paso, a dormir tranquilos.

En 1945, año de nacimiento del intendente Francisco Huenchumilla, la población de Temuco ascendía a 42.035 habitantes. Y entre los apellidos de renombre, los Porath, Bayer, Schaeffer, Klein, Stepke, Schmidt, Menzel, Ottestein, Tepper, Wassom, Matz y Hornish. Todos extranjeros.

También los Ziem, Patzke, Dreves y Hochstetter, apellidos que derivaron en nombres de calles del actual Temuco.

Otra familia ilustre y con calle propia, los Trizano, descendientes del veterano de la guerra del Pacífico y luego comandante de la temida Policía Rural de la Araucanía, Hernán Trizano Avezzano.

Integrado por veteranos de guerra, agricultores y una entusiasta corte de mercenarios sin dios ni ley, Trizano comandaría un particular grupo armado, también conocido como «Los Gendarmes de las Colonias».

Por más de quince años, él y sus hombres asolaron los territorios de Arauco, Cautín, Valdivia y Llanquihue. En teoría, combatiendo el bandidaje rural y a los cuatreros.

Lo cierto es que Trizano y sus muchachos combatían a quien se pusiera por delante, especialmente si se trataba de mapuche. Sus fusilamientos legales se sucedieron a un ritmo de cincuenta personas al año, pero las ejecuciones sin proceso, consta, fueron bastante más numerosas.

Para el año 1891, cuando José Manuel Balmaceda hacía regir la ley marcial por motivos de la guerra civil, Trizano aprovechó la impunidad que le brindaba para masacrar a treinta reos cerca de Temuco, todos con el expediente de la «ley de fuga».

Su estela de cruentos asesinatos solo terminó cuando las autoridades comprendieron que el remedio había resultado mucho peor que la enfermedad. Actualmente, un monolito levantado en la céntrica Avenida Balmaceda de Angol recuerda para las nuevas generaciones de la Araucanía su tenebrosa historia.

¿Cuántos habitantes de Temuco siguen viviendo hoy en ese viejo fuerte militar de posguerra?

Los mapuche hace rato salieron de sus reducciones. Viven, convencido estoy, en el siglo XXI. Lo demuestra la modernidad de su reclamo, la vocación por el diálogo de sus dirigentes y un rechazo mayoritario a la violencia, venga de donde venga.

Y es que de ello trata el ser moderno y desarrollado. De aprender a convivir entre culturas, de respetarse en la diferencia, sin negar ni avasallar la identidad del otro en función de una «paz social», que en Temuco se asemeja mucho a la «paz de los colonos».

De ello trata el mundo moderno; del reconocimiento del plurilingüismo, la plurinacionalidad y la sana convivencia interétnica, banderas incluidas. El siglo de la negación y del racismo ya pasó. Y si bien es allí donde se sitúa el origen de la ciudad, el epílogo de su historia bien podría ser diferente.

Es el sueño que nos convoca a muchos de los habitantes actuales de Temuco: construir comunidad regional. Los mapuche han demostrado por décadas estar dispuestos. ¿Lo están aquellos atrincherados aún en el viejo fuerte?

Un nuevo amanecer para todos

A comienzos de semana estuvimos con mi familia en el lof de Llaguepulli, sector norte de la comuna de Teodoro Schmidt.

Allí, a orillas del hermoso lago Budi, celebramos el We Tripantü junto a los niños y apoderados de la escuela Kom pu Lof Ñi Kimeltuwe, un novedoso proyecto educacional mapuche-lafkenche fundado el año 2006 y que demuestra que la autogestión mapuche sí es posible. Y también el bilingüismo.

Y es que la Kom pu Lof, como la conocen todos en el sector costa, no es una más de tantas escuelas subvencionadas que existen en zonas rurales. Su historia es de lucha y organización. Fue en 2005 cuando las familias dijeron basta y decidieron recuperar un establecimiento por décadas en manos de la Iglesia católica.

Se trataba de un viejo recinto, casi abandonado, donde el único libro disponible para los alumnos era muchas veces la Biblia. Un pequeño grupo de profesores mapuche tomó la iniciativa. Y con la comunidad, avanzando codo a codo, su lucha se volvió imparable.

A una década de aquella gesta, Kom pu Lof es hoy el único recinto educacional administrado por una comunidad indígena en Chile y su matrícula supera el medio centenar de estudiantes, en su mayoría vulnerables.

Por si no bastara, su currículo de estudio, avalado por el Mineduc, contempla la enseñanza de la lengua, cultura y cosmovisión mapuche. Y ya no desde el folclore, sino desde la vivencia práctica y cotidiana de sus alumnos. Desde el ser y no desde el parecer. O lo que es lo mismo: desde una ética y no desde la estética.

«En nuestra escuela para el We Tripantü nadie se disfraza de mapuche; acá somos mapuche y todos los días del año». Con estas palabras el lonko Jorge Calfuqueo, dirigente de Llaguepulli y profesor de la escuela, explicó a todos los asistentes el real trasfondo cultural de la ceremonia, que se inició el lunes poco después del amanecer.

No, no se trata del «Año Nuevo» occidental y su fiesta de los abrazos. Tampoco de salir a recorrer maleta en mano los potreros más cercanos. O de llevar bajo la manta —para la buena suerte— alguna prenda de ropa interior amarilla. Y mucho menos, valga la aclaración, del publicitado San Juan de los católicos.

«El We Tripantü es un nuevo ciclo que comienza, un renacer para la Tierra y con ella de todos sus hijos. Es una fecha de renovación y de reafirmar como mapuche un compromiso», subrayó el lonko ante todos los presentes.

Sus palabras, en perfecto mapuzugun y español, no fueron pronunciadas desde el emplazamiento, la crítica o el reclamo contra otros. No, en absoluto. El lugar desde el cual se situaba el lonko para dirigirnos la palabra era otro. Era el lugar de la pedagogía, el cariño y sobre todo del respeto. Sabias palabras de un tremendo dirigente.

Si bien el frío calaba a ratos hasta los huesos, ninguno de los asistentes se restó de las rogativas que comenzaron —ya lo dije— a tempranas horas. Tampoco del juego del palín o de las presentaciones artísticas preparadas con esmero por alumnos y profesores de la escuela. Nahuel Attón Cayuqueo, mi sobrino de nueve años, es uno de ellos.

Aquella mañana, por primera vez en su vida, Nahuel bailó la ceremonial «danza del choike» frente a sus compañeros y las familias de Llaguepulli. Fue un momento especial, emotivo, tanto para él como para mi hermana Alejandra, su madre; el Inti, su hermano mayor; y Ayelén, su revoltosa hermana chica y también alumna del establecimiento.

Junto a Nahuel, muchos otros niños y niñas, entusiastas, risueños y libres, estrenaron canciones en la lengua de sus abuelos. Y divertidas actuaciones sobre un improvisado escenario montado en la cancha de tierra del recinto. Qué duda cabe. Ellos representan, en este We Tripantü, los nuevos brotes anunciados por el lonko Jorge en aquel bello rincón del Wallmapu. La savia nueva de un pueblo que, pese a todo, resiste. Y no solo eso: que también es capaz de soñar y tomar —de ser necesario— hasta el cielo por asalto.

¿Es posible al sur del Biobío el encuentro y la convivencia intercultural?

La escuela de Llaguepulli demuestra que sí lo es. Y es que no solo niños y niñas mapuche pueblan alegres a diario sus aulas. También lo hacen niños no indígenas, hijos e hijas de familias campesinas chilenas, vecinos o parientes de los miembros de la comunidad y que valoran el proyecto educacional del recinto.

Sí, en Llaguepulli es posible escuchar a niños no indígenas hablando mapuzugun en los recreos. O bromeando con sus compañeros lafkenche en una lengua de siglos.

A pequeña escala, los dirigentes y las familias de Llaguepulli nos demuestran a todos que una convivencia interétnica respetuosa no es una utopía. Sobre todo cuando ella parte del respeto, la valoración real por la cultura del otro y no desde el paternalismo, la folclorización o la foto exótica en el Facebook.

Mucha falta hace en la Araucanía —y, por lo visto en las últimas semanas, en la propia ciudad de Temuco— aprender a convivir entre culturas. Ser capaces los chilenos de cruzar el puente cultural que los separa de sus vecinos mapuche. Existe, al otro lado, todo un mundo con el cual poder maravillarse. Y a través de ello, crecer como personas y como sociedad.

«El We Tripantü no es solo de los mapuche, es una fecha que debiera ser de celebración para todos los habitantes del hemisferio sur, sean indígenas o no», me dijo años atrás Armando Marileo, destacado dirigente y profesor, también de la zona lafkenche. Razón tiene el peñi Marileo. El We Tripantü es quizás la mejor excusa para el intercambio, la pedagogía y el cariño entre ambos pueblos, entre ambas sociedades.

En Llaguepulli las familias lafkenche lo están haciendo y la mayoría del tiempo en completo silencio. Sirvan estas letras que hoy escribo como un homenaje para todos ellos.

2080, un Chile plurinacional

Hace exactos sesenta y cinco años, cuando por Santiago circulaba el primer número del diario La Tercera, el diputado y dirigente de la Corporación Araucana, Venancio Coñuepán, exponía ante el Congreso el principal anhelo de los mapuche de cara a una nueva elección presidencial.

En palabras del histórico parlamentario, y más tarde ministro, la necesidad urgente de un «hombre superior» que pudiera enfrentar las dificultades e incomprensiones que sufría «la raza araucana» en Chile.

«Años de mentira y explotación están a la vista; tierras reducidas, miserias y pobrezas llevadas a la tragedia, vicios e inmoralidades intensificados por los sedicentes civilizados, perdiendo así nuestras mejores virtudes raciales… En medio de este triste avanzar de la vida, la historia nos consuela en aquella parte en que dice que cuando llegan al poder hombres superiores y de nobles corazones, audaces y originales en los procedimientos, entonces los pueblos autóctonos han sido comprendidos y se ha roto la maraña de los intereses creados», señaló Coñuepán.

Y para reafirmar el argumento, dio ejemplos. «Así, los Pieles Rojas encontraron un Franklin Delano Roosevelt, quien hizo suprimir la ley que permitía las pérdidas de las tierras indias. Así, los indígenas de México hallaron un Lázaro Cárdenas. Así también los indígenas de la Argentina encontraron en el caminar de su destino a su Perón, liberándolos de toda clase de impuestos y dándoles otras oportunidades para su bienestar y progreso. Quiera también el destino de esta Patria elevar al poder a algunos hombres superiores para que a su influjo los mapuche vivan y avancen confiados y alegres hacia el futuro».

Han transcurrido sesenta y cinco años de aquel emotivo discurso y los mapuche seguimos esperando en Chile la llegada de aquel «hombre (o mujer) superior». No lo fue Patricio Aylwin y mucho menos Eduardo Frei. Tampoco Ricardo Lagos, el principal promotor de la criminalización de la protesta mapuche y del escenario de violencia rural que de tanto en tanto nos desangra los campos del sur.

Por cierto no lo fue Sebastián Piñera, que replicó calcado el indigenismo paternalista de sus predecesores. Y tampoco lo ha sido Bachelet en lo que va de su segundo mandato, ya que del primero mejor ni hablar.

¿Se habrá imaginado Venancio Coñuepán en 1950 este lamentable y triste escenario?

Hace sesenta y cinco años, los mapuche —vía la Corporación Araucana— contaban con dos diputados en el Congreso, un ministro de Estado y doce regidores en la Araucanía. Hoy, en 2015, ningún dirigente social mapuche representa en el Congreso los intereses de nuestro pueblo y el gabinete presidencial está plagado de apellidos inmigrantes y vinosos. Allí están los Eyzaguirre, Furche, Williams y Ottone. También los Undurraga, Badenier y Saball. Ningún Huenulef, Aucapán o Mariqueo. Menos un Huilcamán.

Permítanme ser lapidariamente franco. Chile, en materia de participación política y reconocimiento de pueblos indígenas, poco y nada ha logrado avanzar tras el fin de la dictadura militar. ¿La ley indígena de 1993? Continuidad de anteriores leyes indígenas, propuestas por la propia Corporación Araucana en la década de los cincuenta y sesenta. ¿La creación de la Conadi? Versión 2.0 de la antigua Dirección de Asuntos Indígenas (Dasin), creada también en los años cincuenta, y cuyo primer director fue adivinen quién. Sí, Venancio Coñuepán. Como podrán advertir, nada nuevo bajo el sol.

Me piden del diario imaginar Chile en sesenta y cinco años más. ¿Cómo imagino Chile el 2080? Mi anhelo, al igual que el diputado Coñuepán en 1950, es que un hombre o una mujer superior se cruce en nuestro camino para enfrentar, de una vez por todas y con visión de Estado, las dificultades e incomprensiones que sufre todavía nuestro pueblo. ¿Quién será ese hombre o esa mujer?

Me atrevo con un pronóstico: Camila Vallejo, quien llegará a la Presidencia de la República en las elecciones del 2052, liderando un gran Frente Amplio, democrático, pluralista e intercultural. Y junto a ella, un irremediablemente calvo Giorgio Jackson como flamante ministro del Interior.

Boric, para los que preguntan, apañando como en los viejos tiempos desde la Presidencia del Senado.

Ellos, junto a generaciones de chilenos y chilenas abiertos a la diversidad étnica, cultural, sexual y religiosa, sueño sean los arquitectos del Chile del 2080. Un Chile plurinacional donde las nueve banderas de las naciones originarias flamearán orgullosas en el frontis de La Moneda, donde las lenguas indígenas —como el guaraní en Paraguay— serán de uso oficial y cotidiano, donde la autonomía regional del País Mapuche implicará bienestar, progreso y sana convivencia en una región antiguamente polarizada.

Son mis anhelos para el 2080. A menos que viva cien años, no estaré en este mundo para corroborarlo. Amankay, mi hija de nueve, será testigo de todo aquello. Ya la veo sonreír mientras lee esta columna a sus nietos.

La renuncia de Bachelet

Y llegó el día. Este levantamiento se veía venir en el conflicto sureño. Yo siempre pensé que sería de las otras víctimas, los mapuche, quienes arribarían en masa a Santiago exigiendo respuestas. No fue así. Quienes perdieron antes la paciencia fueron los camioneros; y allí los tenemos, en Santiago, movilizados y copando la agenda de todos los medios. Y me parece muy bien que suceda.

Hoy La Moneda se va a enterar por fin de que hay un conflicto político no resuelto en la región y donde tanto comunidades mapuche como transportistas son víctimas por igual. Sí, víctimas.

Estoy demasiado informado —como periodista, he documentado el conflicto ya por quince años— como para caer en el absurdo de ver las cosas en blanco y negro. Lo hacen los extremos de ambos bandos, y también por cierto el activismo mapuche, sobre todo el santiaguino, que a menudo se queda en las consignas y profundiza muy poco.

No, el conflicto al sur del Biobío no es «mapuche versus camioneros» o «mapuche versus agricultores». Tampoco de los «blancos» contra los «indios». Creer aquello no solo es pecar de ingenuo. También de tonto útil.

El conflicto, créanme, es mucho más profundo. Tiene que ver con un Estado colonial y una nación originaria que reclama inútilmente sus derechos y la posibilidad de convivir. También, por supuesto, con una mala historia, una triste historia y heridas abiertas que no sanan.

De allí que la escena de Santiago y sus principales accesos paralizados no me parezca del todo mal. Todo lo contrario. Y es que el conflicto por fin pareciera llegar a la capital y golpeando donde en verdad duele: en su economía y normalidad metropolitana. Lo hicieron posible los camioneros. Todos debiéramos poner atención en cómo evolucionarán los acontecimientos.

Por si no se han enterado, la destitución de Huenchumilla fue la renuncia definitiva de Bachelet al tema mapuche. Dicho a su modo, el realismo «con» renuncia. Y también a mover siquiera un dedo en pos de una posible salida política, que es lo que propuso el hoy exintendente en aquel documento desechado por Burgos antes de siquiera leerlo.

El Gobierno pareciera decidido a dinamitar con su negligencia nuestra convivencia regional. Quienes pagamos los costos de su irresponsabilidad somos todos los habitantes de las regiones del sur. Hablo de mapuche, descendientes de colonos y chilenos que han elegido el Wallmapu como su hogar y el de sus hijos.

No le demos ese gusto.

Quienes vivimos en Wallmapu tenemos mucho en común por lo cual luchar. El conflicto sureño tiene solución.

La propuesta del hoy ciudadano Francisco Huenchumilla es un gigantesco paso adelante y que destaca por su transversalidad, ponderación y lucidez. Bien podría ser la hoja de ruta a transitar por todos quienes aspiramos a construir otro tipo de convivencia. En verdad se los digo.

Hemos retrocedido veinte años

En una semana se ha retrocedido a lo menos veinte años. Es mi conclusión tras la destitución del intendente Huenchumilla y el arribo a Temuco de su reemplazante, el también democratacristiano Andrés Jouannet.

De un político con vasta trayectoria, peso político y redes transversales en el mundo mapuche, La Moneda apostó por un asesor en materia indígena de segunda o tercera línea. Hasta sus pergaminos académicos, destacados por la dupla Martínez-Alvear, sus padrinos políticos, merecen ser observados con reserva.

En el sur es secreto a voces su polémico paso por la Universidad Católica de Temuco. De allí fue despedido como profesor y también como gerente. En ambos episodios se querelló contra sus empleadores. Perdió ambos juicios, y por paliza, en los tribunales. Basta googlear para enterarse de todo ello.

O algo mucho más simple: vivir en Temuco.

Pero lo en verdad preocupante han sido sus primeras declaraciones públicas. De un análisis con perspectiva histórica, como el que caracterizó a Huenchumilla, hemos retrocedido a una visión simplista y maniquea del conflicto. Y por extensión, de la gestión política que se requiere para abordarlo.

¿Qué ha dicho Jouannet? Por un lado, que «no se dialoga bajo presión». Okey, ¿cómo se resuelve entonces la actual ocupación de Conadi, que va por su segunda semana y amenaza extenderse a otras reparticiones públicas?

Supone uno que vía la fuerza pública, ya que dudo que a los comuneros de Bajo Malleco les permitan quedarse a vivir en las oficinas del organismo estatal. Uno supone además que esa máxima se aplicará a cualquier protesta social mapuche, sea al interior de un fundo, la carretera o bien en las calles de Temuco.

«No se dialoga bajo presión». Súper, bienvenida entonces la renuncia de la política. A dialogar nuevamente entonces los mapuche con las fuerzas especiales y el Gope. Sabemos las consecuencias de esos diálogos en el pasado; el crimen de cuatro jóvenes mapuche nos lo recuerda. Dos de ellos en el anterior gobierno de Bachelet.

Pero no es lo único que dijo el nuevo mandamás regional. También que los atentados y actos de violencia no son cometidos por mapuche. «No son mapuches, son delincuentes», señaló muy seguro a la prensa. Okey, súper. Por acto de magia ya no existe el fenómeno de la violencia política rural mapuche, documentada y estudiada entre otros por los destacados periodistas Pablo Vergara y Ana Rodríguez en el libro La Frontera: crónica de la Araucanía rebelde.

Todos equivocados. Se trataría de simple delincuencia. Y cometida por gente que no es mapuche.

El razonamiento, créanme, es bastante simple: si no existe la violencia política, el conflicto no es político. Es policial. Y ante ello nada que dialogar o de qué preocuparse. Tribunales y Carabineros, en ustedes depositamos nuestra confianza. Ah, lo olvidaba, también en las «Juntas de Vigilancia Rural», invento del exgeneral Bernales y que el actual intendente profundizó siendo gobernador de Cautín. Sí, las Juntas de Vigilancia, la antesala del paramilitarismo y los grupos de autodefensa en otras zonas de Latinoamérica.

Con la destitución de Huenchumilla, Santiago ha dado un portazo a la búsqueda de una solución política al conflicto. Y la forma ha sido del todo humillante, indecorosa, poco digna para un Gobierno que dice cuidar siempre las formas republicanas.

¿Alguien puede explicar cómo el nombramiento de Andrés Jouannet puede ser un paso adelante respecto de Huenchumilla?

Lo señalé de entrada, hemos retrocedido a lo menos veinte años. A prepararnos todos para lo que venga.

Beausejour, el Cantona chileno

No son pocos los deportistas del mundo que han incursionado en los asuntos públicos. O en la política.

Tal vez el caso más destacado sea el de Mohamed Ali, uno de los más grandes boxeadores de la historia y quien sacudió la conservadora sociedad estadounidense de los años sesenta al manifestar su público respaldo a la lucha por los derechos civiles y una férrea oposición a la guerra de Vietnam.

Otro boxeador, el filipino Manny Pacquiao, conquistó en 2010 un escaño en el Parlamento de su país, en la provincia sureña de Sarangani. Pacquiao, considerado el mejor boxeador del mundo «libra por libra», fue votado masivamente por los sectores más postergados de su país.

En el firmamento del fútbol mundial, el francés Eric Cantona es tal vez el mejor ejemplo de un deportista con opinión política. Desde que se retiró del fútbol en 1997, el carismático ex Olympique de Marsella y Manchester United, que se reivindica de izquierda y suele mostrar sensibilidad por asuntos sociales, no ha dejado de estar en primera plana en los medios.

En 2011 Cantona lideró una particular campaña contra los bancos por «ser culpables de la actual crisis económica y financiera que asola a Francia», según explicó en un video colgado en YouTube. En 2012 buscó sin éxito levantar una candidatura presidencial para oponerse al conservador Nicolás Sarkozy. En 2015, en tanto, sorprendió a toda Europa al poner a disposición de los refugiados sirios que llegasen a Francia su casa de Marsella.

Según Cantona, sus abuelos maternos eran republicanos españoles que huyeron de la dictadura de Franco. Él mismo era hijo en Francia de aquellos refugiados españoles que cruzaron a pie los Pirineos, argumentó. Rebelde, polémico, siempre frontal, el ex seleccionado francés ha incursionado también en el cine, trabajando con actrices como Cate Blanchett y directores como Ken Loach.

La premiada película Los rebeldes del fútbol, de Gilles Perez y Gilles Rof, tiene a Cantona como su principal protagonista. En el filme el exjugador presenta las historias de cinco futbolistas que se opusieron a los regímenes autoritarios en sus países.

Son el marfileño Didier Drogba, el argelino Rachid Mekloufi, el bosnio Predrag Pasic y los latinoamericanos Sócrates y el chileno Carlos Caszely, quien —recordemos— rechazó dar la mano al dictador Augusto Pinochet cuando fue seleccionado para el mundial de 1974.

Hoy en día Jean Beausejour Coliqueo es lo más cercano en Chile a un futbolista comprometido con lo social como Cantona. Ello explica su designación como miembro del Consejo Ciudadano de Observadores para el Proceso Constituyente.

Así lo reconoció la propia presidenta Michelle Bachelet al señalar que el jugador «se ha destacado por su conciencia social trabajando por la inclusión del pueblo mapuche y por el trato igualitario frente a las minorías étnicas».

Además del seleccionado nacional el consejo lo integran Benito Baranda, exdirector del Hogar de Cristo; Roberto Fantuzzi, empresario; Patricio Fernández y Cecilia Rovaretti, periodistas; y Juanita Parra, baterista del grupo Los Jaivas, entre otros.

Un variopinto grupo ciudadano cuya misión será garantizar que los cabildos del proceso constituyente se lleven a cabo de manera transparente, sin presiones ni distorsiones, según se informó.

Jean Beausejour, desde sus dos apellidos y color de piel, es un futbolista atípico en Chile. De padre haitiano y madre mapuche, su origen pluriétnico y social ha marcado profundamente su personalidad. Y sus inquietudes intelectuales.

Clave en su formación desde niño fue su abuelo Andrés Coliqueo, con quien vivió en Estación Central y también en el sur, en su reducción de origen ubicada en Alto Huilio, comuna de Freire.

«A la vista soy un negro africano, pero por dentro lo que más me ha marcado en la vida es mi sangre mapuche. Los valores de esta cultura son los que me ha dado mi familia, mi abuelo materno que es dirigente en el lof de Huilio y con quien yo me crié», dijo en 2014 al programa Kulmapu de CNN Chile.

Su tío Patricio Coliqueo Collipal, profesor intercultural bilingüe, magíster en Educación Intercultural en América Latina y ex dirigente estudiantil en Temuco, es su principal referente. Y mentor. Ambos son muy cercanos. Beausejour nunca le llama tío. Para el seleccionado se trata más bien de su «hermano Pato». A él debe sus inquietudes intelectuales. Y sus opiniones siempre informadas sobre el conflicto sureño.

«Lo que exigimos los mapuche no es que prevalezca nuestra cultura por sobre la cultura chilena o winka. Lo que exigimos es que las dos culturas tengan una relación en igualdad de derechos. Por ejemplo, que los niños mapuche tengan el derecho de crecer y ser educados en su lengua, además del castellano», subrayó también en Kulmapu.

«Me gustaría que cuando se hable de autonomía mapuche no se entienda que es poner Policía Internacional en el puente del río Biobío», agregó.

Beausejour es atípico también porque lee. Y mucho.

Antes de viajar al Mundial de Brasil 2014, el exjugador del Wigan inglés y del popular América de México llevó el libro de crónicas mapuche Solo por ser indios y 10K. La década robada, este último una feroz radiografía del periodista Jorge Lanata a los años del «kirchnerismo» en Argentina. Para sus vacaciones tras la temporada, tiene contemplada la biografía del exintendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla.

El seleccionado, el único jugador chileno que ha marcado goles en dos mundiales consecutivos, también gusta de hacer públicas sus opiniones sobre otros temas del acontecer nacional.

En 2014, desde la concentración para la Copa del Mundo de Brasil, apoyó de manera entusiasta las demandas de los estudiantes. Vía Twitter, junto a sus compañeros en la Roja, Jorge Valdivia y Carlos Carmona, lucieron camisetas con la consigna «Todo Chile por educación pública». Las prendas habían sido entregadas al DT Jorge Sampaoli, antes del viaje de los seleccionados, por la entonces presidenta de la Feuc, Nashla Aburman.

Hace un año, en una extensa entrevista publicada en el sitio web de Colo-Colo, Beausejour se fue en picada contra la desigualdad económica. «Tuve la posibilidad de vivir en Inglaterra, conocer otras realidades y la concentración de poder y riqueza que uno ve en Chile es una cosa que yo no la entiendo», señaló el jugador. «En Chile la desigualdad es impresionante. Los ricos de Chile están entre los más ricos del mundo. Y somos un pequeño país de dieciséis millones de habitantes», agregó.

Al igual que con Eric Cantona, el poso de las raíces pesa y mucho en las ideas políticas de Beausejour. El hecho de que sus parientes sean mapuche, migrantes del sur a barrios de clase trabajadora en Santiago o académicos de prestigio en Temuco a punta de meritocracia, es la base de todo su discurso. Su conciencia social, qué duda cabe, hunde sus raíces en la historia de su grupo familiar.

«Desde chico escuché que los “blocks” donde vivíamos habían sido construidos por Allende. Y que habían sido prácticamente tomados por mis papás. Para el golpe ellos tuvieron que esconder textos relacionados con política cuando llegaban a allanar. Todas esas cosas, todas esas vivencias, siempre las escuchaba en la mesa de domingo, cuando llegaban todos, y eso me hizo una persona con opinión», subrayó en la web del club Colo-Colo.

Una de sus últimas declaraciones fue tras ganar la Copa América con la selección chilena. Beausejour recordó que en el Estadio Nacional muchos chilenos y chilenas fueron asesinados, torturados y vejados por uniformados luego del golpe de 1973.

Haciendo referencia a una larga lista de violaciones a los derechos humanos que acontecieron en aquel recinto deportivo, el jugador rescató la memoria herida de Chile en medio de la euforia y la felicidad por el triunfo.

«Hace unos días me llamó un profesor de cadetes que me dijo: “Ojalá que en el estadio en que tanta gente sufrió y se torturó puedan tener una alegría”. Antes del partido pensamos en eso y muchos rezamos pensando en esas personas. Y hoy, en un lugar donde hubo tanta tristeza y muerte, le dimos una alegría a Chile», declaró el jugador.

Es Jean Beausejour Coliqueo, un jugador de fútbol diferente, como el legendario ex seleccionado francés.

El anciano lonko que no vive en París

El jueves, tras un nuevo y violento desalojo del Gope de un fundo forestal en Los Sauces, un anciano lonko de setenta y cuatro años fue baleado en las piernas y en su cabeza por carabineros.

Su nombre: Emilio Antipán Pichún, miembro de la comunidad Juan Nahuelpi II del sector Tromen y cuyo reclamo territorial se ha estrellado irremediablemente contra el blindaje del Gobierno a la industria maderera del sur.

El lonko se encuentra internado en el Hospital Regional de Temuco con una fractura en el cráneo y perdigones en ambas piernas. Otra docena de miembros de la comunidad resultaron heridos en el desalojo y puestos a disposición de la justicia.

Mapuche reclamando derechos y dialogando al final del día con piquetes de fuerzas especiales. Una escena que se repite calcada en la Araucanía desde fines de los noventa y que, tras el veranito de San Juan que implicó Huenchumilla, parecieran no tener fin.

La imagen del lonko, que me llegó de la comunidad afectada, la publicamos a media tarde en las redes sociales del periódico Azkintuwe y la hice además circular por mi cuenta personal de Twitter esperando despertar —una vez más— la conciencia dormida de muchos.

No causó, la verdad, mayor indignación o impacto. Los de siempre solidarizaron como siempre. Otros subrayaron que «quizás», «tal vez», el lonko «no era una blanca paloma» y la mayoría, a decir verdad, no dijo ni pío. Nada. Cero comentarios.

Horas más tarde nos enteramos del desquiciado ataque terrorista en París por parte del Estado Islámico. Y mi TL de Twitter estalló de inmediato en indignación y lamentos. De un momento a otro, cientos de chilenos «eurolatinos» compartieron en la popular red social su tristeza, rabia y consternación por los muertos y los heridos. Fue sorprendente.

Esto me hizo reflexionar sobre algo: la indiferencia del chileno medio sobre lo que acontece en su propio patio y el esnobismo de solidarizar ipso facto con los parisinos, allá lejos, al otro lado del Atlántico.

Que nadie se confunda. No se trata de justificar el yihadismo —ya con el atentado a Charlie Hebdo escribí suficiente del tema en La Tercera— o pretender que se deba cerrar los ojos frente al dolor ajeno en otras latitudes. Es solo que lo cercano de ambos hechos, violentos y condenables, transparentó para mí como nunca algo que muchas veces me niego a considerar como posible: que al final del día, lo que acontezca con los mapuche —o con esos «indios del sur»— poco y nada afecta en verdad el «alma nacional».

Dicho en simple, importa un soberano pepino.

En Quito, donde me encuentro invitado a la Feria Internacional del Libro, comenté esto con el historiador Gabriel Salazar. La indiferencia del chileno medio sobre lo que pasa en Wallmapu y la indignación que les provoca algo que sucede en la lejana Europa. Su respuesta me resultó muy clarificadora.

«Los chilenos —me dijo Salazar— han naturalizado nuestros horrores y a las víctimas de nuestro propio terror. Por eso el drama mapuche a la mayoría no les mueve un nervio». Corto y preciso. Y cuánta razón en sus palabras.

Aun así, créanme que no pierdo del todo las esperanzas. Llegará el bendito día en que nuestros dolores también conmuevan a la sociedad chilena. Y los indignen tanto como las víctimas del terrorismo global en las calles de París.

Ese abuelo baleado y detenido en Los Sauces el pasado jueves pudo ser el abuelo de cualquier chileno común y corriente, descendiente del negado mestizaje español y mapuche que forjó en el siglo XIX la nación chilena. Tiene, siendo honestos, mucho más en común con los chilenos que cualquier víctima europea de los extremistas islámicos.

El día en que caigamos en cuenta de esto último habremos dado un paso gigantesco en la solución del conflicto.

Araucanía, la historia sin fin

El fin de semana la presidenta Bachelet habló con revista Sábado sobre la situación actual del Gobierno y también sobre el conflicto en la Araucanía. «Sí, por supuesto. Voy a ir pronto», fue su lacónica respuesta al ser consultada sobre una posible visita al sur.

Para quien no lo sepa, la Araucanía es la única región donde la mandataria no registra todavía una visita oficial. Y la única del país donde un conflicto interétnico no resuelto amenaza con hacer estallar su ya fragmentada convivencia social.

«Voy a ir pronto», respondió la mandataria. Quizás se refería a las vacaciones y a su casa de veraneo en Caburgua. A estas alturas uno nunca sabe.

No se trata de un tema trivial o de simple protocolo. Si la Araucanía reclama su presencia es porque el conflicto, lejos de arribar a una solución, empeora cada día. Y la responsabilidad, seamos claros, es casi exclusiva de La Moneda. Desde la abrupta salida de Huenchumilla y la renuncia del Gobierno a un abordaje político, las cosas han ido de mal en peor al sur del Biobío.

Protesta social, represión, otro camión o hacienda quemada para las estadísticas. Acción, represión, acción. Y la espiral de violencia que, lejos de terminar, se incrementa con cada torpeza gubernamental. Un déjà vu del primer Gobierno de Bachelet y aquel diálogo de los calabozos en el bicentenario de la República.

Burgos, cuánta razón la de Huenchumilla, lejos está de comprender el conflicto. Y mucho menos lo peligroso de su evolución. Su exasesor en La Moneda, Andrés Jouannet, lo convenció de que el conflicto Estado-pueblo mapuche no existe. Se trataría de simple delincuencia rural, es decir, de habilosos patos malos escudados en la «causa indígena».

A lo sumo estaríamos en la Araucanía en presencia de una «tensión intercultural», similar a la posible de observar entre migrantes peruanos y chilenos en un abarrotado cité de Santiago.

Es lo que Jouannet habló al oído a Burgos durante meses. Su esfuerzo fue premiado con la intendencia regional. El pasado domingo, en El Mercurio, Jouannet habló largo y tendido de ello. De la delincuencia. Del Estado de derecho. Y del conflicto sureño que no existe.

Bastante poco original Jouannet. El Instituto Libertad y Desarrollo, think tank de la UDI, ha defendido por al menos dos décadas la misma tesis. También los dueños de fundo, con los diputados Edwards y Paulsen como guaripolas. Y ello pese a informes de tres relatores de la ONU, sendos fallos de la Corte Interamericana y al menos tres informes del INDH.

Con todo, que así lo crea la derecha no preocupa mayormente. Sí molesta oírlo de Bachelet.

«En la Octava y Novena regiones hay violencia pero que es delincuencia. No es un tema ahí de tipo étnico, es otro tipo de temática», señaló la mandataria en su entrevista con revista Sábado. El diagnóstico de la derecha terrateniente sureña y de cuanto general de zona ha pasado por la Araucanía, hoy en boca de la jefa de Estado socialista.

No aconteció tal cosa ni siquiera con el tándem Piñera-Hinzpeter.

El razonamiento de Bachelet, por sus consecuencias, créanme que resulta escalofriante. Si el conflicto no existe, el tema no es político, es de simple seguridad pública. De allí los blindados policiales con los cuales Burgos se fotografió sonriente en Temuco. De allí el «acuerdo público» anunciado en el Senado por Aleuy para el mes de enero y en que participarían «jueces, fiscales y policías».

Nótese los actores del bendito acuerdo. Ninguna comunidad, organización o sector mapuche involucrado en el entuerto.

Y es que es obvio: el conflicto Estado chileno-pueblo mapuche no existe. Es solo delincuencia, robo de madera y, en último caso, agitación subversiva extranjera. ¿Les cabe alguna duda? Lean por favor al historiador Sergio Villalobos. Aprenderán de paso que los mapuche tampoco existen. Jouannet, si bien no lo ha dicho, convencido estoy de que lo cree a pie juntillas.

Pero —lamentablemente para algunos— los mapuche sí existen. Y el conflicto también. Y por cierto la violencia política, fenómeno estudiado entre otros por el sociólogo porteño Luis Ernesto Tricot, autor, entre otros libros, de Autonomía, el movimiento de resistencia mapuche. Disponible hace más de un año, fue uno de los libros que Huenchumilla recomendó al ministro Burgos cuando aún estaba en el Gobierno.

Sospecho que Burgos nunca lo leyó. O que su comprensión de lectura es bien como las reverendas. El estudio revisa el movimiento mapuche desde los años ochenta hasta la actualidad. Y subraya el ascenso de la violencia política como estrategia de lucha de diversos lof y reducciones mapuche. Debiera ser lectura obligatoria en La Moneda.

Y es que el conflicto sí existe, es real y ¡vaya si lo saben las víctimas! También es real la violencia política, utilizada como forma de resistencia, autodefensa o bien para llamar la atención del Gobierno por diversos grupos. Ello y no otra cosa son los camiones calcinados en la carretera. Un grito. Un mensaje. Un llamado de atención. Negarlo a estas alturas resulta un despropósito.

Esta violencia hasta tiene fecha de inicio: 1 de diciembre de 1997. Aquel día, tres camiones madereros fueron emboscados en las cercanías de Lumaco por comunidades en conflicto con Bosques Arauco. Fue el estreno de una vía, de un camino, que desde entonces asumieron también otros. Y que no ha parado. Ni por asomo.

¿Qué llevó a un pueblo pacífico, a una cultura apegada a los protocolos del diálogo y la diplomacia a recurrir a la violencia?

En lo personal tengo una teoría: el blindaje de los Gobiernos al patrimonio de la industria forestal. He allí la madre del cordero. Hablamos de más de un millón de hectáreas. Y de conflictos interminables que vía represión, hostigamiento y cárcel fueron radicalizando hasta al mapuche más diplomático.

Pocos han caído en cuenta de la evolución del conflicto; de zonas madereras de Arauco y Malleco a fines de los noventa a los valles agrícolas de Cautín en la última década. El jamón del sándwich, los parceleros mestizos pobres de Ercilla. Allí están, abandonados a su suerte por el Estado y por defensores de la propiedad que siguen distinguiendo víctimas de primera y segunda clase.

El despido de Huenchumilla uno hasta cierto punto lo entiende. Su propuesta, diseñada en el 2014 de las reformas, tuvo cero posibilidades en el año de Caval, SQM y el desplome del Gobierno en las encuestas. Consideraciones de real politik sellaron la suerte del exintendente en el Gobierno. ¿Es ello condenable de buenas a primeras?

En absoluto. De ello también trata el arte de gobernar. De tomar decisiones, muchas veces impopulares. Pero sucede que en la Araucanía hay un tema pendiente que es grave y que se arrastra por más de un siglo. Y cuyos diagnósticos y abordajes equivocados han traído como consecuencia protestas, crímenes, atentados y una convivencia interétnica que en no pocas zonas pende de un hilo.

Es allí donde las consideraciones de real politik, a mi juicio, no caben con la Araucanía. ¿Será consciente Bachelet de que renunciar a un abordaje político implica dinamitar la paz social en la región? Hoy la jefa de Estado nos dice que el conflicto no existe, que es un tema de delincuencia, dejando en manos de la justicia y las policías la resolución del problema.

El retroceso en el análisis resulta sorprendente. Y terrorífico.

«Hemos retrocedido veinte años en materia indígena», señaló Huenchumilla en una reciente entrevista. Vaya si tiene razón. Hoy Bachelet y el ministro Burgos son los principales promotores de la violencia en la Araucanía. La ceguera de ambos es la que nos tiene como estamos. Ya es hora de que alguien lo diga.

¿Paz en la Araucanía?

El domingo, en El Austral de Temuco, el presidente de Paz en La Araucanía, el abogado Juan de Dios Fuentes, por fin transparentó algo que muchos sospechábamos hace tiempo: la «paz sin mapuche» que su grupo pretende para la región.

«Chile es un país que se formó por colonos de distintos países europeos. Teníamos distinto origen y formamos Chile. Por lo tanto, que se empiecen a crear normas para que ciertas personas tengan derechos especiales por el solo hecho de su condición étnica es arbitrario», señaló y sin siquiera sonrojarse.

En la misma línea, su opinión respecto del Convenio 169 de la OIT resultó sorprendente. Y también gravísima. El dirigente calificó como una «norma deleznable» el principal acuerdo de la comunidad internacional respecto de derechos de los pueblos indígenas, acuerdo que a su juicio es lo peor que pudo suceder al país.

Chile demoró casi veinte años en ratificar dicho tratado en el Congreso, siendo uno de los últimos Estados de Latinoamérica en hacerlo. Opiniones como las de Juan de Dios Fuentes, extendidas entre la clase política nacional, impidieron que se avanzara mucho antes.

Fuentes es hijo de un ex-Mapu del mismo nombre que llegó a ser intendente de la Unidad Popular. Su padre, consta en los medios de comunicación, piensa las mismas barbaridades que su hijo respecto de los mapuche y sus reivindicaciones políticas, especialmente las que lideran los dirigentes de Wente Winkul Mapu, sus vecinos en Ercilla y quienes reclaman derechos sobre el fundo de su propiedad.

Ello demuestra, una vez más, que el racismo es transversal y no hace distinción de colores políticos o trincheras ideológicas. Es un fenómeno más bien cultural, arraigado en lo más profundo del alma de Chile.

En la entrevista, y citándome, el dirigente también señala que la Araucanía donde él creció no era la región que yo retrato en mis libros o en mis columnas, aquella del racismo, el abuso y una pésima convivencia interétnica. La Araucanía de las corridas de cerco a medianoche, de los Juzgados de Indios y de la compra fraudulenta de tierras vía cantidades industriales de vino barato.

Cuando era niño, subraya Fuentes, nunca vio esas cosas, solo paz y amor entre colonos, dueños de fundo y familias mapuche que labraban sus campos en completa armonía. ¿Pudo en verdad el abogado no enterarse de nada?

Tratándose de Ercilla, bastante improbable. La llamada «zona roja» desde los años sesenta ha sido epicentro de fuertes movilizaciones mapuche por la tierra, viejas demandas sin respuesta reactivadas hoy en nuevas generaciones poco dadas a poner humildemente la otra mejilla.

Tal vez sea esta la paz regional que Fuentes y su grupo añoran con nostalgia en Temuco; la paz donde los abusos en los campos estaban naturalizados, la paz del statu quo regional, del despojo que hasta nuestros días insisten nunca existió y de los mapuchitos trabajadores, cumplidores y sumisos, siempre agradecidos de la benevolencia del patrón.

Pero aquella Araucanía no existe más. Ya fue. Los mapuche, que cultivamos no solo los campos sino también la historia, hoy hablamos de Wallmapu, nuestro antiguo país y hogar nacional. Es el territorio que buscamos recuperar, y no hablo de hectáreas más o hectáreas menos; hablo de geopolítica, de autonomía, de gobernar nuevamente los mapuche la tierra de nuestros bisabuelos y bisabuelas, otro derecho reconocido a nivel internacional.

¿Es esa utopía contraria a los derechos de ciudadanos chilenos como Juan de Dios Fuentes? En absoluto. Si algo sabemos los mapuche es de sana convivencia interétnica. Ciento treinta años soportando cada cosa así lo demuestra.

No, nuestro problema no es que el señor Fuentes y sus hijos vivan en Wallmapu. Bella es nuestra tierra y espacio, créanme, hay para todos. Nuestro problema es que, viviendo aquí, pretenda hacerlo sin reconocer los más básicos derechos a quienes somos sus habitantes originales.

He ahí el trasfondo del conflicto que nos desangra como región y que Fuentes, con sus dichos, solo contribuye irresponsablemente a empeorar aún más. En lo personal lo invito a despedirse de aquella imaginaria Araucanía de su infancia. Esa región es el pasado. Aquel Temuco es el pasado. Los mapuche, hace rato, estamos con la mirada puesta en el futuro.

Una visita para el olvido

Tras casi dos años de sorprendente ausencia, Michelle Bachelet finalmente visitó la Araucanía.

Lo hizo de manera semiclandestina, con agenda secreta y bajo fuertes medidas de seguridad, pese a los notables esfuerzos del intendente Andrés Jouannet para hacernos creer que el conflicto chileno-mapuche no existe. Del viaje se enteraron aún en pijama los corresponsales de prensa acreditados en La Moneda. Varios debieron correr al aeropuerto.

«Vamos a París», bromeó la mandataria cuando se le consultó por el itinerario. Burgos, el ministro del Interior, no tuvo tanta suerte; se enteró del viaje cuando el avión ya despegaba con rumbo hasta entonces desconocido. Bachelet, todo parece indicar, no consideró importante su presencia en la comitiva. Su molestia y posible renuncia es titular, hoy miércoles, en diversos medios.

Bachelet arribó a la región a tempranas horas y llegó a la Intendencia custodiada por efectivos fuertemente armados del Gope. Allí se reunió con un reducido número de víctimas de violencia rural, acompañada del obispo de Temuco, Héctor Vargas, y su singular jefe regional, mientras en las afueras una machi le exigía, inútilmente, audiencia.

Ninguno de los invitados sabía de su arribo a la zona. Tampoco el obispo católico, que literalmente se desayunó con la noticia. Una encerrona impropia, según me confidenciaron fuentes de la Iglesia.

Dos horas duró la cita. Bachelet escuchó y tomó nota. Luego, en rueda de prensa, habló una-vez-más de la «deuda histórica» y anunció la creación de una «mesa de trabajo amplia». Esto último no estaba entre sus planes; la petición con tono de exigencia se la hizo el obispo Vargas, que algo se ha documentado del conflicto y sus bemoles.

Lo que aconteció después fue un libreto más o menos predecible: corte de cinta en el hospital de Lautaro y más tarde visita a mapuche beneficiados con programas de gobierno en sectores rurales. Aquí nuevamente el hermetismo; solo de camino se informó este último destino a los periodistas.

El enigma, sin embargo, duró poco. Se trataba de Cholchol, a solo veinticinco kilómetros de Temuco, pero a prudente distancia de zonas de conflicto y posibles manifestaciones. Allí Bachelet conoció a hospitalarias familias campesinas productoras de frutillas, los «mapuche buenos» con los que Indap, Conadi y la Intendencia optaron por coronar la furtiva visita. La mandataria recorrió un huerto, sonrió frente a las cámaras y degustó frutillas. Luego, escoltada por carabineros, emprendió rumbo al aeropuerto. Al caer la tarde ya estaba de regreso en Santiago.

¿Qué podemos sacar en limpio de su visita?

Solo ratificar lo que ya sabíamos: la total renuncia de la jefa de Estado a tomar en serio lo que acontece al sur del Biobío, importando bastante poco lo frágil de nuestra convivencia interétnica y social. En su fugaz visita a Temuco, Bachelet nada dijo que merezca ser destacado. ¡Si hasta habló por vigésimo quinta vez de la manoseada «deuda histórica»!

Lo mismo hicieron en su minuto Aylwin, Frei, Lagos y Piñera. Tal vez por ello la bendita deuda es catalogada como histórica; todos los mandatarios la citan a la hora de los discursos para la galería. O a la hora de decir algo no diciendo nada. El principal conflicto no resuelto en la vida republicana de Chile, tratado con una negligencia que linda con el notable abandono de deberes. ¿Existirá ello como causal de destitución?

Hoy los principales promotores del conflicto se encuentran en La Moneda, partiendo por la propia mandataria y sus indecisiones que exasperan. Bachelet no solo ha cerrado lo que llamó «el peor año de su mandato»; también el peor en materia indígena desde el retorno de la democracia. Sí, leyeron bien.

Y es que las expectativas para 2015, reconozcámoslo, eran altísimas. El 2014 había sido el año de las peticiones de perdón, del reconocimiento del saqueo, del llamar por-primera-vez-desde-el-Gobierno al menos un par de cosas por su nombre. Huenchumilla, no me cansaré de repetirlo, había obrado el milagro.

Pero en 2015 no pasó nada. Corrijo: pasaron dos cosas. Huenchumilla fue destituido. Y Bachelet visitó la Araucanía para comer frutillas en Cholchol. Simplemente para el olvido.

Chile sigue estando en Dicom

Una de las pocas frases de la presidenta Bachelet referidas al conflicto en su fallida visita a la Araucanía fue aquella donde reconoció que «los Gobiernos y el Estado de Chile tienen una deuda histórica con la región».

Y si bien no se refirió directamente al pueblo mapuche, aconsejada —sospecho— por el intendente Jouannet, para nadie es un misterio quién o quiénes son los «deudores» y quién o quiénes son los «acreedores» de esta deuda. La única duda, hoy por hoy, es cómo los primeros pretenden pagar esta obligación contraída. Si es que está en sus planes hacerlo, por supuesto.

Hablar de la «deuda histórica» es hablar del Estado chileno y del pueblo mapuche, los actores de un conflicto político, histórico y cultural que porfiadamente ha cruzado el último siglo de nuestra vida republicana.

Desde 1910, fecha en que fue fundada la primera organización mapuche contemporánea, con mayor o menor repercusión pública, los acreedores de esta deuda han demandado al deudor que responda con su parte. No ha sucedido y desde el retorno de la democracia el conflicto no ha dejado de agravarse. El estreno en 1997 de los sabotajes a camiones y la actual violencia política, una de sus consecuencias.

¿Es la «deuda histórica» un concepto acuñado por el movimiento mapuche? No originalmente.

El primero que utilizó el término fue el exobispo de Temuco, Sergio Contreras, el año 1998, al calificar la ley indígena como «el reconocimiento a una deuda histórica de la nación por los atropellos de que fueron víctimas tanto por el Estado como por particulares».

Un año más tarde, el movimiento Identidad Territorial Lafkenche, liderado por el actual alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, le daría sustento político al exigir al Gobierno la formación de una «Comisión de Verdad y Deuda Histórica».

Corría el año 1999, la Coordinadora Arauco-Malleco llamaba a desbordar el Estado de derecho, Aucán Huilcamán cabalgaba rumbo a Santiago y el conflicto copaba los titulares.

En este complejo escenario, fue el expresidente Ricardo Lagos, aconsejado por su entonces ministro Huenchumilla, quien asumió la tarea de reconocer desde el Gobierno tanto la deuda histórica como el carácter «deudor» del Estado. Lo hizo a través de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.

«El Estado reconoce una deuda histórica hacia los pueblos originarios, sea por omisión de sus derechos o por el no reconocimiento político de su existencia», consigna su informe final. La instancia estuvo compuesta por un grupo interdisciplinario de expertos, entre académicos, dirigentes y representantes de diversos sectores de la sociedad, encabezados por el exmandatario Patricio Aylwin.

Hoy solo los sectores más conservadores y opositores al avance de la comprensión de Chile como un Estado plurinacional, donde tanto mapuche como rapanui y otras naciones puedan ejercer plenamente sus derechos colectivos, desconocen o restan validez a esta «deuda histórica».

Pero incluso ellos están solos.

Y es que la existencia de un conflicto político —y no «delictual» o de «pobreza», como insiste el ministro Jorge Burgos— llegó a ser reconocido por el más destacado intelectual conservador del último tiempo, Gonzalo Vial Correa.

En un lúcido artículo publicado en la revista Perspectivas de la Universidad de Chile, Vial señala que «la noción de que la sociedad chilena tiene una “deuda histórica” con los mapuche corresponde plenamente a la realidad. Al fin y al cabo, eran los originales pobladores de la tierra y fueron tratados —en forma sucesiva por la República— de una manera injusta y lesiva para su dignidad, intereses y cultura».

Pero no solo eso. Vial reconoce en su artículo a la sociedad chilena, «representada por el Estado», como la deudora del pueblo mapuche y aporta incluso algunas medidas para saldar dicha obligación.

El principal problema que enfrentamos, argumenta, es cultural. De allí que propone oficializar la lengua mapuche, así como promover la educación intercultural y el arte originario.

Pero no como algo folclórico o muerto; se trata de promover su desarrollo y evolución, subraya el académico, «para que fiel a sus orígenes y centralidades, crezca y cambie espontánea y libremente». A juicio del académico, es la cultura mapuche la que se halla amenazada de disolución. El pago de la «deuda histórica» consistiría en impedir por tanto esa disolución.

Vial no se queda solo en lo cultural, eludiendo el bulto del conflicto. También aporta un meridiano procedimiento de pago en materia de tierras. «Muy simple; expropiando la superficie necesaria y pagándoles a sus dueños el verdadero valor de la misma, según las reglas de cualquiera expropiación y conforme a la Carta Fundamental», señala el también exministro de Educación de Pinochet.

Lejos, muy lejos del actual negociado de tierras con fondos públicos existente en la zona sur. ¿Qué opinarán la derecha, los grupos madereros y agricultores al respecto?

«Es cierto que ese pueblo brillante se halla hoy en la postración. Pero ¿de quién es la culpa?, ¿quién lo sometió por las armas, le quitó su tierra, destruyó su cultura, lo proletarizó?, ¿de dónde vienen sus vicios sino de nosotros, los huincas, y de la forma como lo tratamos luego de sometido?», se pregunta Vial.

A juicio del fallecido historiador, «es indispensable la conciencia de que, al arbitrar o facilitar los medios para el salvataje y ulterior crecimiento de la cultura mapuche, no le estamos haciendo favores a nadie, sino que pagando la “deuda histórica”; contribuyendo a la preservación y progreso de un modo de vida que no es el nuestro, pero sí tan valioso como el nuestro, y permitiendo que subsista un pueblo admirable».

El artículo de Vial data del año 2000. A quince años, cuatro Gobiernos y tres visitas de relatores de la ONU, Chile sigue estando en Dicom.

La visita de Piñera

El martes pasado tuve la oportunidad de conversar con el expresidente Sebastián Piñera en su visita a Temuco. Fui invitado por la Fundación Avanza Chile en mi calidad de periodista, escritor y vicepresidente de la Corporación Mapuche Enama.

No estuve solo; otros miembros de nuestra directiva también asistieron a la cita e hicieron sus aportes. Lo mismo los directivos de las fundaciones Aitue y Chile Intercultural, ambas abocadas al análisis de las políticas indígenas en la zona sur.

En lo personal no era primera vez que nos encontrábamos. En 2015, en el marco del IV Congreso del Futuro, ya habíamos compartido panel de debate y nada menos que junto al sociólogo norteamericano Craig Calhoun, director de la London School of Economics and Political Science. Aquella vez nos tocó reflexionar sobre las «encrucijadas de la civilización del siglo XXI». Ya sospecharán ustedes sobre cuál encrucijada basé mi exposición.

«Lo recuerdo de aquel Congreso», fue lo primero que me dijo Piñera al saludarnos en Temuco. «Fue bastante duro conmigo», agregó. ¿Fui duro?, pensé de inmediato. Por la noche, tras ver el registro de mi intervención colgado en YouTube, concluí que de duro, nada.

Y es que lo que expuse en aquella ocasión fue lo mismo que repetí al líder de Chile Vamos en el hotel Frontera: que cuando asumió La Moneda en 2010 anunció un «nuevo paradigma» en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Y que a poco andar de su gobierno, del publicitado «nuevo paradigma» nunca más se supo.

«Usted —insistí como el Mago Valdivia, es decir, siempre con respeto— mantuvo intacto el indigenismo y paternalismo de Estado de la Concertación. A lo sumo mejoró la gerencia, pero el fondo siguió siendo el mismo». «Una verdadera paradoja», agregué; «un Gobierno de centroderecha y de ideas liberales administrando un indigenismo estatista que nos observa y nos trata como incapaces». Fue entonces que puso atención.

Piñera, que aseguró no estar en campaña (yo también sonreí como ustedes), escuchó atento y tomó notas. Muchas notas. Se interesó bastante en mi crítica a su «continuidad» de la política indígena de la Concertación. «¿Cuál sería para ti el verdadero cambio de paradigma?», me preguntó. «El que en vez de darnos una mano el Estado nos saque las manos de encima», le dije, inspirado.

«El Estado, créame, es en muchos casos parte del problema», subrayé. «Se trata de no temerle a la autonomía, a la participación política, al plurilingüismo, a que los pueblos indígenas tomemos el control de nuestros propios asuntos. Ello sería en verdad un cambio de paradigma», le dije. «Es lo que sucede en Estados Unidos, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda, países desarrollados y modernos que usted de seguro ha visitado», finalicé.

Varios de los otros asistentes reafirmaron luego mis dichos. Tan perdido no debo estar con mi diagnóstico, pensé, aliviado.

Piñera, por cierto, seguía tomando notas. Hasta que uno de sus colaboradores le dio el aviso: sus partidarios, ya inquietos, lo esperaban hace más de una hora en el VIP del estadio municipal.

Vino entonces la promesa de estudiar el tema, el intercambio de tarjetas y la despedida de rigor. Piñera partió raudo al estadio municipal «Germán Becker». Allí sería vitoreado y proclamado «no oficialmente» candidato a La Moneda minutos más tarde.

Nosotros nos quedamos en el hotel, charlando. Y reflexionando, algo escépticos, sobre la utilidad de la reunión.

Huenchumilla 2017

En 2014, cuando en una columna en La Tercera comparé a Huenchumilla con Barack Obama, varios opinaron que exageraba. En ese entonces no lo conocía tanto. Sabía quién era, pero con suerte habíamos cruzado palabra un par de veces.

Lo que llamó mi atención fue su paso por el Gobierno regional de la Araucanía. Y cómo, desde el primer día, situó el conflicto sureño en su real dimensión histórica, cultural y política. Eso, hasta antes de Huenchumilla, ningún jefe regional había estado cerca de decirlo. O de siquiera vislumbrarlo.

Este interés me llevó a escribir un libro de investigación periodística sobre su figura. ¿Quién es Huenchumilla? ¿Cómo llegó a transformarse en el intendente más popular de Chile?

Ambas fueron las preguntas iniciales. A poco andar fueron surgiendo otras, tanto o más interesantes relacionadas con su historia familiar y con aquella identidad mapuche que, él mismo reconoce, no siempre fue protagonista en su vida.

Largas horas charlamos para el libro. Decenas fueron los testimonios. Colaboradores, familiares y también opositores entre los más de cuarenta entrevistados. El resultado: 294 páginas y una primera edición prácticamente agotada en librerías. También una versión pirata que lidera ranking en las cunetas, cuentan amigos desde Santiago.

Y es que el libro no solo trata del exintendente. Es la historia de la Araucanía. Y de un conflicto que a todos, sin distinción, quiero creer, nos duele. El mismo que Huenchumilla pudo situar en la agenda nacional con inusitada destreza política y comunicacional. Hasta sus más enconados detractores le reconocen el acierto. Hoy asoma como posible candidato a La Moneda y el momento, créanme, no puede resultar más oportuno.

Es en este punto en que el paralelismo entre Huenchumilla y Obama no resulta una exageración. Como Obama en 2008 con el conflicto racial en Estados Unidos, Huenchumilla tendría en 2017 una potente tribuna para exponer una vez más la deuda existente entre el Estado y los pueblos indígenas.

Continuar la tarea. Insistir con la pedagogía. Seguir siendo el Pepe Grillo de una coalición ciega, sorda y muda en materia intercultural.

Chile, subrayó mil veces como intendente, debía mirarse de una vez por todas en el espejo de su identidad. En ese reflejo, apuntó Huenchumilla, encontraría la sociedad chilena parte de las respuestas para superar el conflicto. En eso estaba cuando Caval, el escándalo de corrupción política que dinamitó a la administración Bachelet, sentenció también su salida.

Caval implicó la caída del ministro Rodrigo Peñailillo, el principal aliado del camino que Huenchumilla transitaba bajo fuego amigo y enemigo en Temuco. También el cambio de rumbo en la agenda de La Moneda, ya saben, el famoso «realismo sin renuncia». Jorge Burgos hizo de verdugo de lo que fuera sacrificable. Y el tema indígena, una vez más, lideraba aquella lista.

¿Qué ha pasado desde entonces? Fuera de juego el exintendente y su mirada política con perspectiva histórica, la lógica de las tanquetas, las querellas y la monserga de los «fiscales con dedicación exclusiva» ha vuelto al sur del Biobío en gloria y majestad. Y la violencia, sabemos, solo acarrea mayor violencia. Prueba de ello son los últimos acontecimientos en Contulmo, Alto Biobío y Lanco.

Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo, recomendaba Albert Einstein a sus estudiantes de física. Huenchumilla, convencido estoy, buscó innovar, se atrevió con un camino hasta hoy inexplorado. ¿Qué mejor tribuna que una contienda presidencial para insistir con aquello? Cuando menos obligaría a los demás candidatos a estudiar un poco de historia. Pagaría por verlo.

Pero todavía más. Entre tanto escándalo de corrupción política y colusión empresarial, su liderazgo progresista es también una buena noticia para Chile y su democracia. «Pancho es un hombre genuinamente de centro izquierda, para nada neoliberal». Así lo definió en las páginas del sureño diario El Austral su compañero en el gabinete del presidente Lagos, Francisco Vidal.

Un genuino político de centro izquierda. Cosa rara. Y todavía más al interior de la actual DC, liderada por los príncipes del negociado y el acomodo neoliberal.

¿Por qué eligió militar en la DC?, le consulté, intrigado, para el libro. Su admiración de juventud por Frei Montalva y Radomiro Tomic, dos tremendos oradores políticos, me respondió. También su formación con los curas capuchinos. Y compartir escuela de derecho en «la Chile» con los fundadores de la Concertación.

Media vida lleva en la falange. Y si bien critica duramente a su partido cada vez que puede, largarse no es opción. No a los setenta años. Y es que nadie se separa en la tercera edad. Prefiere mil veces enviudar de la DC. Y mientras ello no pase, ser, desde dentro, una voz incómoda. Como lo fue de la Nueva Mayoría en diversas materias, desde la reforma educacional al tema indígena. Una voz progresista. Genuinamente de centro izquierda.

La pregunta del millón. ¿Tiene posibilidades reales Huenchumilla de ser candidato presidencial?

El mandamás de su partido, Jorge Pizarro, reconoció que ansiaba verlo en la papeleta. Es un respaldo institucional importante, considerando lo metropolitano de la cocina política chilena. ¿Hace cuántas presidenciales no irrumpe en Chile un candidato de regiones? Desde Max Neef el 93, me sopló Patricio Navia en Twitter. ¿Y si nos invita Huenchumilla a construir una ruca grande donde quepamos todos y todas?

Si lo hace, qué duda cabe, tiene mi voto.

La irrupción de los alcaldes

La cita fue el pasado 25 de enero y en el Palacio de La Moneda. Hasta allí llegaron los nueve alcaldes miembros de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam) para reunirse con la presidenta Bachelet.

Críticos de su sorpresivo viaje a la Araucanía, los jefes comunales habían solicitado audiencia para abordar temáticas locales y también «destrabar» la ausencia de diálogo político en el conflicto chileno-mapuche. La rápida y positiva respuesta dio cuenta del interés de la mandataria por explorar un acercamiento más político con el mundo indígena, aseguran.

Tras la salida del exintendente Huenchumilla, el abordaje del conflicto quedó de manera exclusiva en manos del Ministerio del Interior. Desde entonces el enfoque «seguridad pública» ha sido el predominante. La agudización del conflicto y atentados que se extienden hoy hasta la región de Los Ríos serían la prueba evidente de su fracaso.

Fue precisamente este el diagnóstico que los alcaldes mapuche compartieron con Bachelet en La Moneda. A la cita asistieron Juan Carlos Reinao, de Renaico; Adolfo Millabur, de Tirúa; Luis Huirilef, de Chol Chol; Ramona Reyes, de Paillaco; Nivaldo Piñaleo, de Alto Biobío; Abel Painefilo, de Curarrehue; Juan Paillafil, de Puerto Saavedra; Fernando Huaiquil, de Galvarino, y Alejandro Huala, de Coyhaique.

Más de dos horas dialogaron con la mandataria y el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. «Le hicimos ver la preocupación por los conflictos sociales que se han generado y que no se resuelven con medidas parche y más represión», señala a La Tercera el alcalde de Renaico y presidente de la Amcam, Juan Carlos Reinao.

A juicio del alcalde, una solución definitiva a la conflictividad por tierras pasa por un reconocimiento del despojo que realizó el Estado. Solo desde este punto sería posible explorar efectivas medidas de restitución y de reparación, subraya.

El proceso constituyente no escapó a la mirada de los alcaldes. «Planteamos la necesidad de una nueva Constitución que declare a Chile como Estado plurinacional e intercultural, ello a partir de una Asamblea Constituyente con participación de todos los pueblos originarios», agrega.

Otros temas fueron la nacionalización del agua, la preocupación por los grandes proyectos hidroeléctricos y la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT, temas que también componen la agenda de las principales organizaciones indígenas del país. «La mandataria nos escuchó y quedamos de iniciar un trabajo conjunto donde nuestro interlocutor será el ministro Barraza», subraya Reinao.

La Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche fue fundada el 2013 por los jefes comunales de Renaico, Galvarino, Cholchol, Puerto Saavedra y Curarrehue. Desde entonces tanto sus miembros como equipos técnicos e influencia política no han dejado de crecer.

Y es que los alcaldes representan un nuevo tipo de liderazgo. Son jóvenes, en su mayoría profesionales y gobiernan comunas donde han debido conquistar el voto de «peñis» y «winkas». Y si bien respetan y valoran la dirigencia tradicional, para nada ocultan su intención de transformarse en interlocutores políticos.

Para ello, aseguran, clave es actuar organizados y en bloque, superando diferencias político-partidistas de las cuales no están ajenos. Esta composición pluralista sería una de sus fortalezas, opina el sociólogo Luis Ernesto Tricot.

«Hay alcaldes mapuche que son militantes de partidos de derecha, de la Nueva Mayoría o que fueron electos como independientes con el apoyo de otros partidos», señala el académico a La Tercera.

Otro punto que destaca es la férrea vinculación de algunos con el movimiento social mapuche. «Está el caso de Adolfo Millabur en Tirúa, quien lleva años vinculado al movimiento autonomista a través de la Identidad Territorial Lafkenche. Otro a destacar por su trabajo en el campo de la interculturalidad es Fernando Huaiquil de Galvarino», subraya.

A juicio de Juan Carlos Reinao, avanzar hacia una utopía política propia es también un objetivo a mediano y largo plazo.

«Nosotros rescatamos el concepto cultural de kume mongen (buen vivir) en la relación entre las personas y también a la hora de hacer política. Ello nos hace promover en nuestras comunas el bienestar comunitario, familiar e individual desde un paradigma mapuche», señala.

«Es parte de nuestra estrategia de conquista de poder local», reconoce Reinao. Y ante las críticas de los sectores más duros, aclara. «Por participar en las instituciones del Estado no estamos renunciando a nuestro sueño como mapuche», dice a La Tercera.

A juicio de Tricot, los alcaldes implican un salto cualitativo en la demanda de su pueblo.

«Para ellos la democracia y la política es también un territorio a recuperar, tal como la tierra para las comunidades. Esto se evidencia a partir de los noventa cuando se pasa del concepto economicista de tierra al geopolítico de territorio», señala el académico.

«Hoy los municipios, mañana el Congreso y por qué no, La Moneda», comenta Reinao. «Un modelo es el de Nueva Zelanda, donde el pueblo maorí tiene garantizado siete cupos en el Congreso», señala. Y respecto de la primera magistratura, reconoce incluso tener ya un candidato.

«Ver a Huenchumilla como presidenciable nos llena de orgullo, por su condición de mapuche y porque tuvo mucho coraje como intendente. Su candidatura sería un gran aporte», finaliza.

Ingkayaiñ taiñ zugun

El viernes tuvo lugar en Temuco una masiva marcha por la oficialización de la lengua mapuche. Hablamos del «mapuzugun», la lengua de la tierra. O «mapudungun», dependiendo del grafemario que se utilice para escribirla. O bien del «chezugun», dependiendo del territorio al que hagamos referencia.

Desconocido es para muchos que tanto pewenche como williche llaman a nuestra lengua de diferente manera. Donde para unos es el «habla de la tierra», para otros es el «habla de la gente». Y no por ello son pueblos distintos, simplemente variaciones dentro de la gran familia lingüística que nos cobija a los mapuche desde el océano Pacífico al Atlántico.

Desde doscientos kilómetros al norte de la capital argentina es posible encontrar toponimia mapuche. Carhué, Chadileufu, Melincué, Leubucú, Cura Malal y Pillahuinco, todas localidades de la provincia de Buenos Aires. Y así hasta la Patagonia, por ambos lados de la cordillera.

Tal fue la expansión del mapuzugun hasta el siglo XIX, la principal lengua franca del Cono Sur de América, lengua del comercio, de la diplomacia y también, por cierto, de la guerra. Consta que en la Colonia los españoles estaban casi obligados a aprenderla. Era eso o vivir desconectados.

Esta riqueza lingüística, asociada a diversas identidades territoriales, variaciones dialectales y préstamos lingüísticos del quechua, la lengua franca de los incas, es parte de lo que la Araucanía y el país se han farreado durante décadas al menospreciar el mapuzugun y la cultura mapuche. Y con la región, nosotros mismos, sus habitantes. ¿Qué es lo primero que pregunta muchas veces el visitante extranjero? ¿Qué significa «Llaima»? ¿Qué significa «Temuco»? ¿A qué se refieren los mapuche cuando hablan del «Wallmapu»?

Este desprecio cultural, propio de otra época y de otro Chile, resulta evidente en el caso de Villarrica en la zona lacustre. Allí tanto la ciudad como el volcán y el lago, en un arranque insólito de originalidad, fueron bautizados con un mismo nombre en castellano, obviando la rica toponimia mapuche original; «Rukapillán», el nombre del macizo. Y «Mallolafken», el nombre del lago.

¿Y esto qué importancia podría tener?, se preguntará más de algún lector. Mucha, si en verdad valoramos y respetamos la sana convivencia intercultural. Y es que los estándares de desarrollo de un país y de una sociedad no se miden solamente por el acceso a cajeros automáticos en las calles. También por su comprensión de la diversidad cultural y lingüística como un valor a resguardar.

Esto, por suerte, de a poco va siendo comprendido por una ciudadanía mucho más educada, conectada al mundo y por tanto menos racista y prejuiciosa. También por sectores productivos regionales como el comercio y el turismo. Y es que subir el volcán «Villarrica» es una cosa; hacerlo al «Rukapillán», la cumbre donde habita el «gran espíritu» de la cosmovisión mapuche, palabras mayores.

Lo charlábamos tiempo atrás en Lonquimay con la destacada arquitecta Cazú Zegers. «El Wallmapu es maravilloso, ¿sabías que puedes subir siete volcanes en siete días?», me dijo mientras visitábamos el centro invernal Los Arenales, administrado por la comunidad pewenche Ñanco. «No solo eso», le respondí. «Se trata de volcanes con nombres y relatos asociados a la cosmovisión mapuche. No son volcanes cualesquiera», agregué.

Y es verdad. Volcanes, es decir, «estructuras geológicas por las que emergen magma en forma de lava, ceniza y gases provenientes del interior de la Tierra», hay en todo el mundo. Y para el turista europeo o norteamericano, a escasas horas de vuelo. ¿Qué hace especial entonces al Antuco, el Llaima, el Lonquimay o el Lanin? El patrimonio cultural mapuche asociado a todos ellos, mi teoría.

¿Puede esto ser integrado a la oferta turística regional de manera respetuosa?

En las expediciones al Himalaya, me cuenta otro amigo explorador, son comunes las rogativas y las ceremonias de los guías locales, los indígenas sherpas, antes y después de cada ascenso. ¿Por qué no integrar esto en cada uno de los centros invernales de la región? ¿Quién mejor que los jóvenes pewenche para ser capacitados como guías de alta montaña?

El reconocimiento del bilingüismo en la región implica además una oportunidad en otro ámbito mucho más contingente: el conflicto chileno-mapuche que nos aqueja en la zona sur.

Oficializar el mapuzugun bien puede ser una válvula de escape para la tensión política acumulada en las últimas décadas. Sabemos que más allá de los conflictos territoriales, ha sido una pésima convivencia interétnica la que nos tiene en la situación actual. Revertir esto pasa por diálogo y reencuentro regional, por firmar todos un nuevo tipo de pacto social. Uno donde Wallmapu y Araucanía sean conceptos hermanos que nos identifiquen a todos.

El mapuzugun es una hermosa lengua que no solo define en su identidad a quienes somos mapuche; también distingue a las regiones del sur de cualquier otro punto que observemos del planeta. Esta maravilla, estudiada por renombrados lingüistas y destacada por Charles Darwin ya en el siglo XIX, hoy es patrimonio de todos quienes hemos transformado este suelo en el hogar de nuestros hijos.

No seamos mal agradecidos. El mapuzugun es un bello regalo de quienes caminaron antes que nosotros esta tierra.

Evo, un demócrata satisfecho

Evo Morales tiene una muy mala costumbre: cada vez que puede, consulta al pueblo alguna medida o idea que en otros tiempos simplemente se imponía desde Palacio Quemado por las armas. O bien por el peso de la noche colonial.

Lo hizo en 2006, cuando mediante una Asamblea Constituyente los bolivianos acordaron pasar de la Colonia a vivir en el siglo XXI. Aquel pacto social no solo refundó un Estado blanco y racista en una República plurinacional y plurilingüe. También transformó en ciudadanos con derechos a la gran mayoría de la población que lo compone, los indígenas.

El propio Evo Morales Ayma, uno de ellos.

Desde entonces Morales tuvo otra mala costumbre: ganar todas las elecciones a las cuales se presentó y por amplia mayoría. Es el mandatario que más tiempo ha gobernado en Bolivia. Su primera elección la ganó con el 54% de los votos. Dos años después superó un referéndum revocatorio con el 67% del apoyo. En 2009, tras reformar la Constitución, volvió a ser elegido presidente con el 64% de los sufragios y cinco años después, en octubre de 2014, hizo lo propio con un 61%.

Previo a la consulta del fin de semana, la encuesta Ipsos cifró en 58% el respaldo de la población a su gestión como gobernante. Una cifra escandalosamente alta si la comparamos con Michelle Bachelet en nuestro país. O con Maduro en Venezuela, el recurrente e insólito punto de comparación de sus opositores en todo el continente.

Y es que la figura de Evo es sinónimo de estabilidad institucional, profundización democrática y crecimiento económico sostenido. Todo lo contrario del delfín de Chávez.

En 2015, un 4,8% creció la economía boliviana. Y veinte puntos cayó la pobreza extrema. Hasta el Banco Mundial se rindió ante sus cifras macroeconómicas y la disciplina de su política fiscal. Hoy Bolivia, la misma que en los ochenta enfrentó una severa hiperinflación, está entre los cinco países con mejor percepción de su economía en la región. De postularse en 2019, Morales de seguro ganaría la elección. En ello coincidían todos los analistas bolivianos hasta antes del domingo.

Pero el pueblo, sabiamente, dijo no.

Después de un recuento que se prolongó más de cuarenta y ocho horas, el 51,30% de los bolivianos rechazaron cambiar la Constitución para posibilitar su reelección en 2019. Esta derrota, inusual para el mandatario, fue asumida sin embargo con mucha serenidad. No se trató de una derrota aplastante. Fue un triunfo del no con sabor a empate técnico que Morales ha preferido no polemizar.

Previo a la consulta ya lo había adelantado a los medios: «Gane lo que gane, se respeta». Y cumplió su palabra. «Quiero decirles, respetamos los resultados, es parte de la democracia», ratificó el pasado miércoles desde Palacio Quemado.

Pablo Stefanoni, periodista y exdirector de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique, relató en la previa del referéndum un revelador diálogo entre Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

«¿Cómo va estar preocupado, amargado?, debemos estar felices, contentos, hemos hecho mucho. Aunque no aprueben nuestra reelección, no importa, hicimos historia gracias al pueblo boliviano», dijo a su fiel escudero ante sus dudas del resultado. A los egos políticos heridos, Morales lúcidamente anteponía el peso de su legado.

También dudo que Morales buscase perpetuarse en el poder o batir el récord de Chávez o los hermanos Castro. Pocos saben que la propuesta original del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gobernante, era someter a consulta la «reelección indefinida». Fue Morales quien aceptó solo fuese hasta 2025. Así lo aclaró el propio mandatario en una extensa entrevista concedida a los corresponsales del Financial Times y El País el pasado fin de semana.

Allí charló de todo, distendido, bromista, lejos de la imagen contrariada o confrontacional con que los medios latinoamericanos, especialmente los chilenos, gustan retratarlo.

«Si pese a todos sus logros, pierde este referéndum. ¿Se sentiría muy decepcionado?», le preguntó Javier Lafuente de El País. «No, porque yo estoy preparado. Con semejante récord me voy feliz y contento a mi chaco. Jamás voy a claudicar en mis principios. Me quedaré apoyando desde abajo. Me encantaría ser dirigente deportivo, me encanta el deporte», respondió Morales, recordando sus inicios en Chimoré como futbolista amateur y líder sindical. «¿De la FIFA?», bromeó Lafuente. «No, aunque se trabaja poco y se gana más», devolvió el mandatario entre risas.

Simón Bolívar, a quien de seguro el presidente Nicolás Maduro lee muy poco, señaló en 1819 en el Congreso de Angostura que «nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo», añadiendo que «la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos».

Bolivia, el Estado que con su nombre rinde homenaje al libertador de América, es hoy por hoy la democracia más genuinamente bolivariana de la región. De allí mi alegría por el triunfo del «No» en el referéndum. Libera a Morales de una responsabilidad que, sospecho, no buscó y que se origina en la dificultad del recambio en las filas del MAS. Es cierto, García Linera o el canciller David Choquehuanca figuran como relevos naturales para el 2019. Pero lejos están ambos de su carisma y popularidad.

Así y todo, a cuatro años de la próxima presidencial, el MAS tiene cosas mucho más urgentes de las cuales preocuparse. La principal de ellas, cómo enfrentar la corrupción interna que —ya lo advertía Bolívar— ha permeado ministerios y diversas instituciones. El saqueo del ya extinto Fondo Indígena es el escándalo más bullado. Entre los más de doscientos procesados hay directivos de la entidad, dirigentes sindicales, exautoridades del Poder Ejecutivo y senadores del oficialismo.

Otro tanto acontece con los Gobiernos locales adscritos al MAS. «Tenemos ejemplos de alcaldes que si no están en la cárcel están procesados», reconoció el propio Morales ante los corresponsales extranjeros. «Estos temas de corrupción nos han afectado y debemos actuar», agregó.

No cabe duda que tras 2019, Morales seguirá figurando como un excepcional líder político regional. Tal vez lo veamos en la ONU, dada su condición de referente de los pueblos indígenas a nivel mundial. O, quizás, por qué no, volviendo a Palacio Quemado en el futuro. Recién habrá cumplido los sesenta años. Y currículum tiene de sobra.

Basta señalar que en una década al frente del Gobierno, Bolivia ha celebrado uno de los mayores cambios sociales y económicos de toda su historia. No es poca cosa.

Tirúa, el polvorín de Arauco

Los hechos acontecieron el jueves 3 de marzo. Según Carabineros, se trató de un enfrentamiento con armas de fuego. Y al interior de un fundo de Tirúa donde efectivos del Gope realizaban una ronda. Fue lo que relató a La Tercera el prefecto de Carabineros de Arauco, coronel Jorge Salas.

Aquella tarde fueron detenidos los comuneros Jocelyn Fernanda Yevilao Maril, de veinticuatro años, y Hernán Paredes Puen, de treinta y ocho años, este último baleado por la espalda con perdigones «al intentar huir del lugar». Ambos serían más tarde formalizados. Ella, por atentado contra de la autoridad. Y él, por los delitos de porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación y atentado contra la autoridad.

Mientras la mujer quedó en libertad, pero con firma semanal, Hernán Paredes se halla hospitalizado en la enfermería de la cárcel El Manzano de Concepción. Allí se recupera de sus heridas. Dos meses fijó el tribunal el plazo de la investigación.

Hasta aquí la versión oficial.

La comunidad María Colipi Viuda de Maril está ubicada en las cercanías de Quidico, sector de Curapaillaco, comuna de Tirúa.

De fácil acceso, una ruta asfaltada de cinco kilómetros conecta el sector con la ruta P-70 que enlaza las comunas de Tirúa con Cañete por el sector costero. También con los fundos forestales Labranza, Paillaco y Choque, subiendo hacia la cordillera de la costa.

Allí, en el kilómetro tres, se encuentra la sede de la comunidad construida con fondos de Conadi y que el día del «enfrentamiento armado» estaba repleta de gente. Y es que la versión mapuche es diametralmente opuesta a la de Carabineros.

No solo niegan el intercambio de disparos; aseguran además que los detenidos, ambos miembros de la comunidad, se encontraban fuera de la sede comunitaria al momento de ser baleados por la espalda y luego detenidos.

Así lo relata el dirigente Luis Maril Leviqueo (veintiocho años), testigo directo del incidente. «Aquella tarde estábamos reunidos, organizando un partido de palín cuando vimos pasar las tanquetas por el camino. Se dieron varias vueltas por el sector y de pronto arremetieron contra nosotros», relata.

«Fue muy violento todo, sin mediar provocación se bajaron de los vehículos y nos dispararon. Y aquí, afuera de la sede, agarraron al peñi y la lamngen, no al interior del fundo como ellos dicen», agrega el dirigente.

Testigos, asegura Maril, sobran. No solo se refiere a los miembros de la comunidad. Eran las cinco de la tarde y un furgón escolar dejaba niños en un paradero cercano. Tanto el chofer como los menores vieron todo, señala. Y aterrados.

La versión de Maril es corroborada por al menos una veintena de personas. Entre ellas, un segundo herido por los disparos que se dio a la fuga y que bajo resguardo de su identidad aceptó contar lo vivido aquella tarde.

«No sé bien por qué nos atacaron. Fue de un momento a otro. Yo recibí disparos a quemarropa», relata el comunero mientras levanta su polera y muestra las heridas, atendidas en la propia comunidad. Al menos una veintena de perdigones pueblan su espalda y pierna izquierda.

Son heridas que requieren atención de urgencia, comenta Luis Maril. Sin embargo, no es opción para el comunero acudir a los hospitales de Tirúa o Cañete. Se curará con hierbas. Y medicina mapuche.

«Lo más seguro es que sería detenido y acusado de homicidio frustrado, como el peñi Hernán Paredes», señala Maril. Tal es la desconfianza de la comunidad en la justicia. Pero por sobre todo, en Carabineros de Chile.

Curapaillaco es tierra mapuche con historia. Bien lo saben las familias de la comunidad María Colipi Viuda de Maril, que desde los años sesenta reivindican el fundo Labranza, propiedad de Forestal Mininco.

Para los mapuche todo parte con la invasión chilena y el avance de la frontera. Fue en 1852 cuando el Estado promulgó la ley que creó la provincia de Arauco. En 1862 se levantó el fuerte militar de Lebu y los puestos militares de Quidico y Tirúa. En 1866 fue el turno de Cañete.

En 1869 estos se complementaron con la línea de fuertes y fortines en los pasos de Contulmo, Cayucupil y Elicura, para «incomunicar las tribus de la costa con las del valle central», según consignó el propio coronel Cornelio Saavedra en sus informes.

Culminadas las campañas militares, a los indígenas sobrevivientes el Estado entregó en Arauco un total de 9700 hectáreas divididas en 77 títulos de merced, que beneficiaron a 2477 familias. Entre estos títulos está el de María Colipi Viuda de Maril, en Curapaillaco. El resto del vasto territorio de la provincia pasó a ser en 1866 «territorio de colonización».

Fue entonces que arribaron a la zona las familias Etchepare, Aguayo y también los Ovalle, estos últimos dueños ya en 1876 de doce mil hectáreas de la hacienda Tranaquepe. Parte de la hacienda, los actuales fundos Labranza y Choque asentados en tierras antiguas de reconocidos lonkos.

El documento de inscripción señala que Francisco J. Ovalle «obtuvo esta propiedad por habérsele adjudicado en parte de pago por una deuda que contenían los citados indígenas». Un procedimiento del todo dudoso advertido ya en 1869 en sus notas por el propio Cornelio Saavedra, jefe militar de la ocupación.

«Entre otros, los métodos más comunes (para apropiarse de tierras) son ejecuciones por supuestas deudas», escribió el militar en la «Memoria del Comandante en Jefe del Ejército de Operaciones en la Costa de Arauco», fechada en Santiago el 1 de junio de 1869. «La mala fe encuentra siempre expedientes como burlar las leyes», concluía en su informe, lapidario contra colonos nacionales y especuladores de tierras.

Los «deudores» de Ovalle —según consta en la inscripción de la hacienda— eran los indígenas Ignacio Reuca, Francisco Metrin, Alejo Maniqueo, José Lepumán, Francisco Huilipán, Juan Tranamil, Francisco Ancalao, Manuel Leviqueo, Pablo Nahuelqueo y Lorenza Caucao, entre otros.

En 1883, la hacienda Tranaquepe fue comprada por la familia Ebensperger, transformándose sus antiguos ocupantes en inquilinos y jornaleros de los numerosos fundos en que se subdividió con los años la propiedad.

Casi un siglo más tarde, en 1970, la Corporación de Reforma Agraria les expropió a los Ebensperger 1171 hectáreas de los exfundos Cura y Hospital en beneficio de una treintena de familias mapuche de la comunidad María Colipi Viuda de Maril. Nacía así el Asentamiento Labranza.

El golpe de Estado y la contra-reforma agraria impulsada por los militares volvió todo a fojas cero. Protagonista de esta historia sería el expresidente de SQM, Julio Ponce Lerou, yerno del dictador y quien desde su cargo de director ejecutivo de Conaf sería el encargado de vender los fundos de la Cora con «aptitud forestal» a diversos empresarios del rubro.

En 1978, Conaf adquirió las 808 hectáreas del Asentamiento Labranza. Un año más tarde, este fue vendido a Forestal Crecex, del grupo BHC de la familia Vial. Finalmente, en los ochenta, y tras la quiebra del grupo económico, estos traspasaron las tierras a la familia Matte, dueños de Forestal Mininco. Corría el año 1986.

Cuatro años vivieron los mapuche en el fundo Labranza, recuerda Flora Leviqueo (sesenta años). Fueron treinta y tres las familias beneficiadas por la Reforma Agraria y a quienes el Estado asignó sesenta hectáreas cada una para agricultura y ganadería. Fue el retorno a la tierra de sus abuelos. Ello hasta que fueron desalojados en 1976, relata.

Desde entonces, Flora vive en las dos hectáreas que heredó de sus padres en la comunidad. Allí, como pudo, crió a sus ocho hijos. Hoy ellos y sus nietos lideran la lucha por recuperar las tierras del fundo Labranza, plagadas de pino y eucalipto desde fines de los setenta.

La primera toma del fundo fue en 1998. Rápidamente los desalojaron. En 2008 se reactivó el conflicto y desde entonces no ha parado.

Parte de esa nueva generación de weichafe («guerreros», en mapuzugun) son Hernán y Fernanda, los detenidos por el Gope aquel día del supuesto enfrentamiento. Hernán, quien según Carabineros era «intensamente buscado», es en verdad un activo miembro de la comunidad, padre de dos niños de once y ocho años.

Fernanda, por su parte, es madre de dos niñas de nueve y tres años.

Luis Maril reconoce «estar harto» del amedrentamiento policial. Y de los abusos. Diversas denuncias de tortura y detenciones ilegales de comuneros se han interpuesto en tribunales, algunas con patrocinio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh). Un escenario que se repite desde que las familias decidieron recuperar vía «acción directa» tanto el fundo Labranza como el de Choque.

A modo de ejemplo, Maril relata lo acontecido el 10 de febrero pasado, cuando un grupo de comuneros de Choque, entre ellos un anciano con enfermedades crónicas, transitaban por camino rural. «Fueron emboscados por Carabineros y los golpearon a todos. También les quemaron una vieja camioneta con la que recolectaban leña», relata.

Por este caso el Indh presentó una querella por torturas contra Carabineros en el Tribunal de Garantía de Cañete.

El escrito judicial detalla que los uniformados detuvieron por la mañana «al primer grupo de comuneros, maniatándolos, insultándolos y golpeándolos con puños, pies y objetos contundentes, para posteriormente —durante la tarde— detener a un segundo grupo, aplicándole los mismos castigos».

Luego, el grupo de los detenidos fue llevado hasta otro sector, en el que, según las víctimas, «fueron desnudados, dejándolos en ropa interior, momento en que funcionarios de Carabineros se suben sobre dos de los detenidos, simulando movimientos de connotación sexual y amenazándolos con una violación», precisa la querella.

La Policía de Investigaciones (PDI) tampoco escapa a las denuncias. El pasado 11 de marzo, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de seis mapuche, miembros de la familia Cayuhan, imputados de «robo con intimidación» a operarios forestales.

Todos habían sido detenidos la madrugada del 15 de diciembre por el grupo Erta de la PDI en un operativo conjunto con el fiscal exclusivo Juan Yáñez, ello al interior de la comunidad Mawidanche, sector Alto Antiquina, de la comuna de Cañete. El operativo, que incluyó la participación de alrededor de cien efectivos y apoyo aéreo, se presentó a los medios como un «duro golpe» al vandalismo rural.

La Corte, sin embargo, ordenó la libertad inmediata de todos.

En la sentencia sostiene que la PDI actuó fuera de todo margen legal al iniciar la investigación basada en el testimonio de un «colaborador ocasional» que no cumplió con los requisitos legales de un testigo protegido, hecho que contaminó toda la tramitación de la causa y la prisión preventiva de los imputados.

«Así las cosas, nos encontramos en un supuesto de actuación policial sin cobertura legal que infringe el debido proceso penal y genera actuaciones irregulares que no deben producir efectos en los casos penales, pues el sistema de enjuiciamiento criminal en vigencia no tolera la búsqueda de la verdad a cualquier costo», sentenciaron los magistrados.

Y los ejemplos de detenciones ilegales suman y siguen. Los menos con repercusión mediática, la mayoría en silencio. Solo basta consultar para enterarse.

Recorriendo la zona, pudimos corroborar la existencia de una militarización «de facto». En el Fundo Choque, un destacamento del Gope cumple labores de resguardo con efectivos armados con fusiles de asalto M4, de servicio en las fuerzas especiales norteamericanas apostadas en Afganistán e Irak.

Allí acampan medio centenar de efectivos protegiendo faenas de explotación. También ofrecen cobertura, equipamiento y efectivos al Ministerio Público para los allanamientos en comunidades y los «check-point» carreteros.

«El Gobierno habla de robo de madera, de mafias, de delincuentes, hasta de la CAM, y esta es una lucha nuestra, autónoma, por recuperar lo que a nuestros abuelos les robaron», señala Luis Maril.

Recorremos juntos parte del fundo Labranza, «recuperado». Allí los jóvenes realizan siembras productivas. Este año cosecharon trigo y papas en tierras que, según les dijeron, solo servían para pinos.

«¿Ve usted una salida al conflicto?», pregunto.

«La única salida es política y pasa por la expropiación de los fundos, como lo hizo la Reforma Agraria. Ellos se han enriquecido y coludido con tierras ajenas. No es justo se les compre lo robado», responde.

Kümelen, estar bien

El 20 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Felicidad. Hace ya montonera de siglos, Aristóteles la definió como el bien supremo del hombre. Sócrates, por su parte, agregó que no existía felicidad sin valores éticos como la virtud.

En la cultura mapuche la felicidad también está asociada a determinados principios y valores. Y a la búsqueda de un equilibrio entre lo espiritual y lo material, lo contrario de lo que acontece hoy en sociedades «modernas» como la chilena de la competencia, el exitismo y el consumo.

Cuatro son los principios que determinan en nuestra educación tradicional el «ser» mapuche: norche, «persona correcta»; kimche, «persona sabia»; kümeche, «persona buena»; y newenche, «persona valiente». Algunos además suman un quinto: lifche, «persona transparente».

Kümelen, por su parte, significa en lengua mapuche «estar bien». También se interpreta como «ser feliz», que en mapuzugun se dice ayiwkülen. No se trata de un estar bien individual. La respuesta, a menudo, da cuenta de un estar bien colectivo, familiar, extensivo incluso a los animales y a las siembras.

Kümelen es también el nombre de una planta, utilizada desde hace siglos por los mapuche como estabilizador del ánimo. Un remedio natural que actúa sobre el sistema nervioso, ejerciendo como sedante. Dicen las machis que alivia la rigidez muscular, las jaquecas, la angustia, la ansiedad y los estados de ánimo negativos. ¿Cuántos estaban enterados de esto?

Convencido estoy de algo. Si Chile fuera un Estado intercultural y plurinacional, sus habitantes seríamos mucho más felices. Nuestras prioridades, de partida, serían otras. El éxito económico, por ejemplo, podría ser reemplazado por el cultivo del espíritu y el conocimiento.

Hasta podríamos cambiar el Producto Interno Bruto por la Felicitad Interna Bruta.

Así lo hizo, en 1974, el pequeño y montañoso reino budista de Bután, en el Himalaya. Allí la riqueza no se mide en dinero sino en felicidad. Y esta se basa en cuatro pilares: desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, preservación y promoción de la cultura, conservación del medio ambiente y buen gobierno.

Hoy Bután es considerado uno de los países más felices del mundo. Díganme si no dan ganas de copiarles la idea.

Una machi con historia

Fue el año 2008 cuando el abogado Carlos Tenorio conoció a la machi Francisca Linconao Huircapán (de cincuenta y nueve años). «Fue por un recurso de protección que ella interpuso contra la familia Taladriz, por entonces mis representados», comenta a La Tercera.

Se trató de un conflicto que marcaría un hito en la temática indígena. La machi, residente en el sector Rahue, comuna de Padre Las Casas, había denunciado en tribunales a la Sociedad Palermo Limitada por tala ilegal de árboles y arbustos nativos en el fundo Palermo Chico, colindante con su comunidad.

La machi argumentó que la tala era ilícita, por cuanto se realizaba dentro del perímetro de cuatrocientos metros más próximos a tres manantiales cuyos nacimientos estaban en los cerros del sector. Se infringía de esta forma el artículo 5 de la Ley de Bosques.

También denunció la violación de un sitio de significación cultural: los denominados menokos, humedales donde habitan fuerzas que en la cosmovisión mapuche tienen el carácter de sagrados. Y, además, la pérdida de plantas medicinales, vitales para su trabajo de machi.

Todo ello Francisca Linconao lo hizo invocando el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Gobierno de Bachelet aquel mismo año 2008. Un año más tarde, la Corte de Apelaciones de Temuco emitió el fallo a su favor, el que fue ratificado más tarde en su integridad por la Corte Suprema.

El fallo constituyó la primera aplicación del Convenio 169 en Chile, el cual establece en su artículo 13 la obligación del Estado de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios.

Se trató de un triunfo calificado como histórico. Y la primera derrota de Carlos Tenorio frente al Convenio 169. Y también frente a la machi Francisca, una de los once mapuche detenidos por la PDI la madrugada de ayer miércoles por su presunta participación en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Tenorio, uno de los abogados más solicitados de Temuco, representa hoy a la familia del fallecido matrimonio. Y al frente, una vez más, tendrá de contraparte a la reconocida machi de Rahue.

Los cercanos a la machi Francisca niegan absolutamente los cargos en su contra. Recuerdan que tras el crimen de los agricultores suizo-chilenos también fue detenida y sometida a proceso.

Esto aconteció el 4 de enero de 2013, el mismo día del atentado, tras un violento allanamiento a su propiedad. Esa tarde Carabineros llegó hasta su domicilio tras la pista de eventuales participantes del crimen.

Finalizado el operativo, la policía señaló que en el lugar se había encontrado un arma hechiza y municiones, lo que implicó la detención y posterior acusación de la machi por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Durante el juicio en su contra, su defensa argumentó que en días previos al allanamiento un número importante de personas visitó la vivienda, para una celebración tradicional. También se estableció —vía peritajes— que el arma no podía ser percutada.

Sobre esa base, sus abogados enfatizaron que no se podía probar cómo llegó el armamento al sitio donde fue encontrado ni menos asegurar que pertenecía a la machi Linconao.

Subrayaron además los vejámenes sufridos por ella al momento de su detención, entre ellos el despojo de su vestimenta tradicional al momento de constatar lesiones, lo cual atentó gravemente contra su dignidad y derechos como autoridad religiosa.

Finalmente, y tras varios días de juicio oral, la machi fue absuelta por los jueces de todos los cargos. Previo al juicio, durante meses debió soportar severas medidas cautelares. Entre ellas, arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y firma mensual.

Esto, a juicio de sus cercanos, impactó gravemente en su salud y en el ejercicio de su rol tradicional. Por ello entabló más tarde una demanda civil contra el Estado por los perjuicios y el lucro cesante ocasionados por su detención, que también ganó en tribunales.

Fue así que en octubre de 2015 el Primer Juzgado Civil de Temuco condenó al Estado a pagar treinta millones a la machi, estimando que la policía actuó «sin mediar respeto» de su condición de autoridad tradicional del pueblo mapuche.

Según se lee en la sentencia, el accionar de la policía «afectó su dignidad, al despojarle sus vestimentas y joyas, lo que constituye un hecho suficientemente acreditado y capaz de ser la causa directa y determinantes de los perjuicios que se reclaman».

El mismo fallo establece que por este motivo «a juicio de este órgano jurisdiccional, se reúnen todos los presupuestos necesarios para que se origine la obligación por parte del Estado de indemnizar los perjuicios ocasionados». El pago de la millonaria suma aún se encuentra en trámite.

Es precisamente este rol de «autoridad tradicional» el que destaca el padre José Fernando Díaz, misionero del Verbo Divino y quien desde el año 1989 trabaja con comunidades mapuche. Díaz se reconoce cercano a la machi. Y culpa al Gobierno de «ceguera» frente al conflicto.

«Ella es una autoridad tradicional, no es cualquier persona, tiene un don que la lleva a sanar a las personas, no a causar daño», señala a La Tercera. «Que la culpen del crimen de los Luchsinger-Mackay, me consta, es un dolor muy grande para ella. Su propia hermana trabajaba con ellos en el fundo, eran vecinos», agrega Díaz.

A juicio del religioso, existiría una verdadera «cacería de brujas» para dar con el resto de los implicados en el brutal crimen. «La machi Francisca es muy combativa, la conocimos peleando el cerro Rahue, defendiendo sus manantiales y sus menokos. Yo creo que desde allí la PDI la visualizó y la comenzaron a involucrar en cosas», indica.

«Hay una ceguera intercultural», acusa Díaz. Y tanto en el Gobierno como en las policías. «Dicen que la machi se vinculaba a personas radicales. Ella, por su rol, atiende a quien sea, pueden ser activistas buscados por la ley, gente de la comunidad, de otros territorios, su mandato cultural la obliga a ello», señala.

Según informó la Fiscalía de la Araucanía, la pista clave para la detención de la machi fue la declaración voluntaria de uno de los imputados, en octubre de 2015, quien habría estado «agobiado por el cargo de conciencia». Se trató de José Peralino Huinca, sin antecedentes penales y quien profesa la religión evangélica.

Su hermano Alejandro Peralino, sin embargo, denunció ayer en Temuco que su confesión la realizó bajo amenazas y extorsiones por parte de efectivos de la PDI.

«A mi hermano le echaron la culpa. Somos familia cristiana, nunca hemos hecho nada, solo trabajar», señaló en las afueras del cuartel de la policía. «Los PDI lo están chantajeando, le ofrecieron dinero para que sea testigo, también lo amenazaron de muerte», agregó.

Tras la audiencia realizada ayer en Temuco, la machi Francisca Linconao Huircapán fue formalizada en calidad de autora del delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista y dejada en prisión preventiva.

Arriesga, junto al resto de los detenidos, presidio perpetuo calificado.

Una herida que no sana

Lo acontecido en la última semana con el caso Luchsinger-Mackay reabre una herida que divide, como pocas, a la Araucanía. Una herida que aún no cicatriza del todo. Basta escarbar un poco y sangra. Duele. Enrabia a víctimas de lado y lado. Y también conmueve.

Pocos casos judiciales he visto que polaricen tanto a chilenos y mapuche. No hay medias tintas al respecto. Las posiciones son totales, absolutas. De uno y otro lado. Y ello en nada contribuye a la búsqueda de justicia. O a una sana convivencia interétnica.

Para los mapuche el despojo y la violencia racista fueron la carta de presentación de Chile y los colonos en Wallmapu. Y esa herida tampoco ha cicatrizado. Sigue abierta. Es un dolor y una rabia que se traspasa de generación en generación. Y que cada tanto, sangra. O hace sangrar.

Fue lo que aconteció aquella noche con el matrimonio suizo-chileno. No, ellos no merecían morir calcinados, suplicando a medianoche un auxilio que nunca llegó. Tampoco, por cierto, merecían morir asesinados Matías Catrileo, Alex Lemún o Jaime Mendoza Collio, todos por agentes del Estado y a mansalva.

Y es que ninguna vida sobra. ¿Será acaso tan difícil de entender?

La reapertura del caso y la detención de los once comuneros, cuya responsabilidad compete dilucidar al tribunal y no a las redes sociales, me hicieron reflexionar sobre la violencia. Y la estupidez asociada a quienes, de lado y lado, la siguen justificando como método.

Quiero contarles algo. A las pocas semanas del atentado tuve la oportunidad de visitar la hacienda Lumahue. Y lo hice junto a dos colegas de Associated Press. Uno de ellos, el fotógrafo argentino Rodrigo Abd, premiado ese mismo año con el Pulitzer por su cobertura de la guerra civil en Siria.

Autorizados por Carabineros, recorrimos toda la propiedad. También charlamos con el cuidador del fundo, un hombre mayor que —entre lágrimas— nos relató lo acontecido. Su dolor más grande, nos confidenció, era la soledad que se apoderó desde entonces del lugar.

No solo habían muerto sus patrones. Algo del lugar, tal vez una energía, una fuerza, «un newen, como dicen los mapuche», había partido con ellos, nos dijo. Sí, el cuidador conocía la cultura mapuche. Eran sus vecinos. Él mismo posiblemente era indígena. Sus rasgos así lo delataban.

A Rodrigo, que venía de cubrir el horror de una guerra, le bastó esa charla para entender el fondo del conflicto. «Aquí no se trata de terrorismo», me dijo más tarde, al regresar a Temuco. «Esto trata de aprender a convivir, de construir comunidad entre blancos y mapuche», concluyó.

Rodrigo buscaba fotografiar guerrilleros armados y militares en los campos, un nuevo Chiapas sudamericano, me lo comentó apenas aterrizó en Maquehue. Nada de ello. Solo los escombros de una hacienda. Y la vida de una pareja de ancianos consumida por el fuego. Es lo que muestran las fotos que tomamos aquel día.

De liceo intercultural a base policial

Fue un proyecto único en su tipo. Y en la comuna de Ercilla, uno de los epicentros del conflicto indígena; un moderno liceo politécnico e intercultural, construido en cuarenta hectáreas en la localidad de Pailahueque, con talleres equipados, calefacción central, gimnasio, casino e internado para cerca de doscientos alumnos.

Una verdadera joya, financiada por Enrique de Luxemburgo, entonces príncipe heredero del Gran Ducado, más aportes del País Vasco y empresarios locales. En total, dos millones de dólares en directo beneficio de alumnos de escasos recursos.

Cuatro carreras ofrecía el Liceo Politécnico de Pailahueque al abrir sus puertas en marzo de 2001: Mecánica Automotriz, Técnico Agropecuario, Técnico Forestal y Atención de Párvulos. Bajo la modalidad de particular-subvencionado, de inmediato captó el interés de las familias de Ercilla. Y también de Lumaco, Tirúa, Alto Biobío, Lonquimay y Temuco.

A su oferta técnica se sumaba un segundo atractivo: su carácter intercultural. Un ochenta por ciento del alumnado era mapuche y el proyecto educativo incluía lengua indígena, celebración de We Tripantü (Año Nuevo mapuche) y deportes tradicionales.

El liceo no solo tenía cancha de fútbol y de tenis; también de palín y un campo para ceremonias como el lleyipún y nguillatún. Por allí pasó también Alex Lemún Saavedra, el primer joven mapuche asesinado en el conflicto bajo la administración Lagos.

Lemún, de diecisiete años, cursaba Técnico Forestal. Murió el 12 de noviembre de 2002 tras ser baleado por carabineros en la cabeza al interior del fundo Santa Elisa, reivindicado por comunidades de Ercilla. Su crimen enlutó a todo el colegio. También fue semilla de un creciente activismo escolar mapuche en la comuna.

Una década duró el esplendor del liceo. En 2012 una profunda crisis financiera hundió el proyecto. Responsable de ello, apuntan exapoderados, fue la Fundación Instituto de Educación Rural (IER), en esa época el tercer sostenedor de colegios más grande de Chile.

El IER fue fundado en 1952 al alero del movimiento Acción Católica, para el fomento de la educación en zonas rurales, una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, que gestionaba colegios técnico-profesionales en zonas de población vulnerable.

Según una investigación de Ciper, en 2002, año en que asumen la administración del liceo de Pailahueque, el IER llegó a ser sostenedor de veintisiete liceos técnico-profesionales en el país. Un noventa por ciento de su presupuesto provenía de subvenciones del Mineduc y aportes del Ministerio de Agricultura. Fue su época dorada.

Luego, en 2012, vino el descalabro. Millonarias deudas con bancos, funcionarios, exfuncionarios y proveedores, llevaron al IER prácticamente a la quiebra. ¿La razón? Malversación de recursos públicos y graves incumplimientos de contrato en liceos a su cargo, el de Castro uno de ellos, reveló Ciper.

No fue un conflicto menor; su consejo directivo fue inhabilitado a perpetuidad para ejercer como sostenedor de colegios.

El 2013, un nuevo consejo directivo del IER optó por cerrar seis establecimientos y vender sus activos —terrenos y edificios— para poder solventar las millonarias deudas de la fundación. Uno de ellos, el Liceo Politécnico Intercultural de Pailahueque, que cerró sus puertas en diciembre de ese año.

Gloria Quiñelén (de cuarenta y dos años) es originaria de la comunidad Juan Pinoleo, ubicada a diez kilómetros de Pailahueque. Madre de tres hijos, fue la última presidenta del Centro de Padres y Apoderados del liceo. Le tocó de cerca ver como se derrumbó el proyecto educativo.

«Fueron años de malos manejos de los sostenedores. Hubo periodos en que les cortaban la luz y el agua, a los profesores no se les pagaban cotizaciones y escaseaba hasta la comida que entregaba Junaeb», relata a La Tercera.

«Esto hizo crisis en mayo de 2013 cuando los apoderados nos tomamos el liceo», relata. Exigían que el Gobierno no siguiera despilfarrando recursos públicos en el IER. Y que el Ministerio de Educación se hiciera cargo del liceo mediante el nombramiento de un interventor.

Imposible resultó avanzar con la entonces Seremi, Ruth Fontalba, asegura Quiñelén. «La respuesta del Gobierno fue enviarnos fuerzas especiales a desalojar», recuerda.

Un mes más tarde, en junio, lograron reunirse con la entonces ministra de Educación, Carolina Schmidt. «Se nos prometió ayuda, gestiones para salvar el establecimiento, pero no pasó nada», relata.

El 9 de diciembre de aquel año, en una reunión a la cual Gloria no fue invitada, el director, Germán Ettinger, anunció el cierre definitivo del establecimiento.

«Fue un dolor muy grande», señala. «Al día siguiente nos tomamos de nuevo el recinto, luego seis profesores iniciaron una huelga de hambre, pero ya no tuvimos respuesta de nadie», relata.

Padres y apoderados de 182 alumnos, 120 de ellos internados, debieron buscar matrícula en comunas cercanas a Ercilla. No todos lo lograron.

«Somos una comuna pobre y hubo familias que no pudieron costear el enviar sus hijos a otros lados. Yo vi muchos compañeros de mi hijo en Victoria, vendiendo verduras con sus padres en la feria, lo único que les quedó como alternativa: ponerse a trabajar», comenta.

Quiñelén calcula en al menos un ochenta por ciento la deserción escolar tras el cierre del establecimiento. «Pero lo más triste es que la historia no termina aquí», subraya.

Primero circuló como rumor. Luego, tras aparecer a fines de marzo pasado sus instalaciones pintadas de verde y blanco, el rumor se hizo oficial: el exliceo de Pailahueque se convertirá en la base de operaciones de la recién creada Zona Policial de Control de Orden Público, actualmente radicada en el excuartel de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Victoria.

«Fue en el verano que llegaron los primeros carabineros», cuenta Gloria Quiñelén a La Tercera. «Lo primero fue que no dejaban pasar hacia el balneario El Salto, que es donde muchas familias del pueblo van al río. Y lo último hace tres semanas, cuando el liceo apareció pintado verde con blanco», relata, aún sorprendida.

Según fuentes de la institución uniformada, el 8 de marzo el ex establecimiento educacional pasó formalmente a manos de Carabineros en comodato. Ello mientras se agiliza la compra al IER, avaluada en más de mil millones de pesos y que los exsostenedores ya informaron a sus acreedores.

Desde entonces, personal policial y de servicio realiza diversos trabajos en sus dependencias, a la espera del arribo de los uniformados que conformarán la nueva repartición. A cargo estará el general Máximo Lira, con jurisdicción en la Araucanía y parte del Biobío, contando con varias unidades operativas bajo su mando.

Desde allí operarán también los helicópteros de la Sección Aérea y los Grupos de Operaciones Policiales Especiales (Gope) destinados a zonas de conflicto indígena.

Su principal misión oficial, apoyar la gestión policial en la zona y disminuir la sensación de inseguridad de sus habitantes. La no oficial: fortalecer la contención policial del conflicto Estado-pueblo mapuche. Y ofrecer seguridad a parceleros, dueños de fundos y empresas madereras.

Una verdadera «base militar» en el corazón de la llamada «zona roja» del conflicto.

Es al menos lo que denuncian comunidades mapuche de la zona. El pasado 28 de marzo, medio centenar de miembros de la comunidad Huañaco Millao Autónoma se tomaron simbólicamente el recinto. Portaban dos lienzos con las leyendas «Basta de militarización en Ercilla» y «Educación para los jóvenes mapuche».

Rápidamente fueron cercados por al menos un centenar de efectivos. Y si bien aceptaron retirarse pacíficamente, todos fueron detenidos minutos más tarde en caminos aledaños, siendo trasladados a cuarteles de Collipulli. Entre ellos, Camilo Tapia, fotógrafo independiente que ese día cubría la manifestación.

Tapia, en un relato que se volvió viral en redes sociales, denunció en Facebook la destrucción de sus tarjetas de memoria y una feroz golpiza por parte de los funcionarios. Y si bien fue liberado a las pocas horas, todas las imágenes que tomó de la protesta desaparecieron.

Gloria Quiñelén señala no entender la lógica de las autoridades. «Qué nos quieren decir con esta decisión: ¿que estamos criando hijos delincuentes, hijos terroristas? ¿Acaso ellos no merecen educación y por eso nos ofrecen fuerzas especiales?», se pregunta.

«El Gobierno ha tomado una muy mala decisión: entre educar y reprimir, ha optado por lo segundo», se lamenta la expresidenta de los apoderados del liceo Pailahueque. «Lo que hicieron aquí fue negarles a familias pobres el derecho a la educación de sus hijos. Y eso es una verdadera maldad», concluye.

Hora de decir basta

En todo conflicto, la violencia social estalla cuando los políticos profesionales, aquellos mandatados a mediar entre los conflictos sociales y el poder, dejan de cumplir su rol. En ellos y sus colectividades recae, en las democracias modernas, el gobierno de los asuntos públicos y la cohesión social, entre otras tareas.

¿Quiénes son estos políticos profesionales en el caso del conflicto Estado chileno-pueblo mapuche?

Son, en primer lugar, las autoridades de gobierno electas por la ciudadanía cada tanto. De la presidenta al último y más humilde seremi regional, pasando por ministros y subsecretarios, todos cargos de confianza del Ejecutivo.

También lo son diputados y senadores que —tal como los griegos antiguos— han hecho de los asuntos públicos su vocación y forma de ganarse la vida. Y, por cierto, también lo son alcaldes y concejales, los representantes del «Estado» en el nunca bien ponderado nivel comunal.

No nos hagamos más los lesos. Sobre estos políticos profesionales recae gran parte de la responsabilidad del escenario actual de violencia que vivimos en la zona sur.

Por acción u omisión, desinterés premeditado, cálculo político-electoral, mera ignorancia o simple flojera, son ellos en última instancia quienes han permitido que el conflicto se desborde por lado y lado. Al punto de entregar a jueces, fiscales y policías la bendita resolución del problema.

Es cierto, en primera instancia la responsabilidad es de los actores directos involucrados en la trama. Pero decirlo resulta una obviedad a estas alturas del conflicto. No serán activistas mapuche radicales o latifundistas armados en sus campos quienes resolverán, entre ellos, el entuerto. Ello sería la renuncia absoluta de la política y decretar, lisa y llanamente, la ley de la selva. El Far West. Y un baño de sangre que puedo apostar nadie en su sano juicio desea.

No. Quienes deben resolver el conflicto son —guste o no— los mismos políticos profesionales que en poco tiempo más sonreirán a su puerta buscando el voto. Y prometiendo el oro y el moro. De allí que cuando las cosas amenazan con desbordarse sin retorno —como ya han comprobado tristemente las iglesias en zona mapuche— bien vale recordar a ellos su responsabilidad. Y el mandato que los electores les depositaron en las urnas.

¿Tiene la ciudadanía herramientas para fiscalizar aquello? Pocas, la verdad. La más efectiva y cercana, el voto en las urnas.

Si usted considera que su diputado o senador poco y nada ha contribuido a resolver el tema, no vote por él o ella nuevamente. La oferta electoral de seguro será variada y opciones alternativas tendrá. Lo importante es que vote informado. O más bien asustado. El próximo campo en toma perfectamente podría ser el suyo. O el próximo activista mapuche baleado, un sobrino.

Otra herramienta, pero que requiere una cuota mayor de compromiso (o de hartazgo) es la movilización social. Hablo de gestar una plataforma ciudadana que permita dar cauce político al descontento. ¿Le suenan «Los Indignados» en España? ¿En qué minuto a los habitantes de la región, mapuche y chilenos, se nos colmará la paciencia con un conflicto donde políticos de uno y otro lado pescan hace décadas a río revuelto? Es la pregunta que ronda por diversos círculos en Temuco.

Como sea. Es hora de exigir a los políticos profesionales que cumplan su papel. Todos, cual más, cual menos, han pecado de irresponsabilidad frente a un conflicto que desangra a diario nuestra convivencia social e hipoteca la posibilidad de un destino común.

Llegó la hora de decir basta.

La tierra, el nudo ciego del conflicto

La disputa territorial es hoy, en su expresión «demanda de tierras», el principal foco de conflicto en Wallmapu entre mapuche y propietarios particulares, sean estos parceleros, dueños de fundos o grandes conglomerados forestales.

Esta demanda, de sobrados fundamentos culturales, encuentra en la mayoría de los casos sustento legal al existir «títulos de merced» y superposición de nuevos títulos sobre estos derivados del proceso de Contrarreforma Agraria de la dictadura (1973-1979). Sentencias de Juzgados de Indios y decretos de expropiación de la Corporación de Reforma Agraria (Cora, 1965-1973) constituyen otros antecedentes a favor del reclamo indígena.

En el caso de la demanda que excede los límites de los títulos de merced o bien no reconoce dichos documentos, existe también otro antecedente: la Ley Indígena del año 1972, que reconoció la demanda de las llamadas «tierras antiguas» y estableció mecanismos de restitución paralelos a la entonces Reforma Agraria.

Por su parte, la Ley Indígena 19.253, promulgada tras el retorno de la democracia, también reconoce —aunque no explícitamente— el derecho de las comunidades a reivindicar tierras antiguas. Lo hace en el artículo 20B, que norma la restitución de tierras «en conflicto».

¿Cómo se resuelve hoy, desde el Gobierno, la demanda mapuche de tierras? Actualmente, la salida institucional al conflicto está radicada en el artículo 20 (letras A y B) de la Ley Indígena, vía postulación al subsidio del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi. Esto, por cierto, solo ha profundizado el problema.

Desde 1994, la compra de tierras a comunidades sigue una lógica de mercado (oferta/demanda), fomentándose un millonario «nicho inmobiliario» con fondos públicos donde propietarios no indígenas, corredoras de propiedades, consultoras privadas y comunidades formadas «entre gallos y medianoche» han resultado los principales beneficiados.

Es parte de lo que nunca se transparenta.

Por si no bastara, a ojos de la opinión pública, este millonario «subsidio estatal» a los mapuche aparece como un «beneficio excesivo» desprovisto de legitimidad y que atentaría contra la igualdad ante la ley de los ciudadanos.

Es el mimo prejuicio «chileno» que afecta a otros derechos, tales como becas indígenas, proyectos productivos y hogares estudiantiles, que en ningún caso trata de concesiones gratuitas del Estado. Trata más bien de conquistas del movimiento social mapuche, consagrados además en diversas legislaciones vigentes en Chile, una de ellas el Convenio 169 de la OIT.

Pero esta «salida de mercado» al conflicto de tierras genera también otros perversos efectos.

Uno de ellos, el uso del millonario Fondo de Tierras y Aguas como caja pagadora de favores políticos de los partidos que controlan la institución indígena estatal, el PPD el principal de ellos. Hablamos de una eficaz herramienta de clientelismo político a disposición de autoridades de gobierno, parlamentarios y consejeros de diverso signo partidista.

Una propuesta mapuche de abordaje al conflicto actual no puede desconocer todo lo anterior. De allí que más que fortalecer esta salida de mercado —como acontece con la recurrente petición anual de incrementar los recursos del Fondo de Tierras—, se debe realizar una crítica política a sus fundamentos y plantear una o más alternativas.

El conflicto de tierras hoy puede y debe ser abordado por una vía alternativa a Conadi y al Fondo de Tierras.

Por ejemplo, una Comisión de Estado, al estilo de la ex-Cora o bien de la Comisión de Derechos sobre la Tierra de Australia del año 1976. Una instancia que implique un nuevo abordaje al conflicto territorial, con personal, recursos y potestad para establecer un catastro de la demanda de tierras y un mecanismo legal de restitución y/o de reparación.

Este mecanismo bien puede ser la expropiación de las tierras, pagando el Estado a cada uno de los propietarios afectados un valor justo por la hectárea, siguiendo el procedimiento descrito y regulado por el Decreto Ley N.º 2.186 de 1978, también llamado Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.

Hablamos de un mecanismo legal, contemplado en la Constitución Política del Estado y que es usado habitualmente —y sin mayores cuestionamientos— por el Ministerio de Obras Públicas (Mop) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en todo el territorio nacional.

La aplicación de esta ley en el marco del conflicto chileno-mapuche implicaría una decisión política de la autoridad. Y el fin del millonario «negociado» de fundos que padecemos hoy.

No cabe la menor duda. El conflicto mapuche, en su expresión más política, escapa hoy a la mera recuperación de «hectáreas de tierra» e incluso a la reivindicación de las llamadas «tierras antiguas» o «tierras ancestrales». Pudo ser así en décadas pasadas. Ya no.

Desde fines de los años noventa, diversas expresiones del movimiento mapuche —acorde a lo que establece la legislación internacional en materia de pueblos indígenas— han planteado el autogobierno y la autonomía como norte de sus aspiraciones.

Del concepto de «tierras» se ha avanzado hacia la comprensión geopolítica del concepto de «territorio», el cual implica un espacio vital —suelo, subsuelo, ecosistemas, espacios marinos y costeros— donde ejercer cierto grado de soberanía y autogobierno.

Numerosas son las propuestas al respecto y que se han sistematizado en numerosos libros y publicaciones. Autonomía, el movimiento mapuche de resistencia, del sociólogo porteño Luis Ernesto Tricot, uno de ellos. Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI, del cientista político José Marimán, otro libro al respecto.

Ambos son excolumnistas del periódico Azkintuwe.

El sueño mapuche de la autonomía es diverso. Y también sus propuestas. Estas van desde la creación de espacios territoriales acotados con autogobierno local —a escala comunal, de lof o conjunto de lof a identidades territoriales— al establecimiento de una región autónoma y pluriétnica: la Araucanía más algunas comunas adyacentes, enmarcada en un proceso de descentralización del Estado.

En simple, una Catalunya o una Euskadi en la zona centro-sur de Chile. Un País Mapuche dentro del marco estatal chileno, con Parlamento propio, lengua mapuche oficial, autoridades electas vía elección democrática y partidos mapuche disputando el voto a las colectividades chilenas.

¿Qué tan cerca estamos hoy de dicha utopía?

A mi juicio, bastante lejos. Y la razón es, ante todo, cultural. Si la comprensión de la justeza de la demanda de tierras ya es tema complejo, de la demanda autonomista mejor ni hablar. Escapa a la comprensión del Estado, de la elite política y de la propia sociedad chilena, que relaciona autonomía con «separatismo».

Esto implica al menos un par de desafíos. Por un lado, concientizar, y por otro, elaborar discursos que relacionen esta demanda con un proceso de profundización democrática y nuevas e innovadoras formas de reorganizar la división territorial estatal.

La autonomía mapuche desafía a Chile en su estándar democrático, en su centralismo de Estado y modelo de desarrollo extractivista anclados en el siglo XIX y, finalmente, en su concepción monocultural y uninacional de la identidad. O lo que es lo mismo, en la negación de la diversidad étnica y plurinacional de quienes conforman el Estado.

El gran salto cualitativo en el discurso político mapuche de las últimas décadas ha sido pasar de la demanda de tierras —demanda agraria, a fin de cuentas— a la demanda política de autonomía y autogobierno. También a la comprensión de que no teniendo la propiedad de la tierra es posible, sin embargo, gobernar el territorio y determinar su futuro.

He allí el principal desafío de un movimiento político mapuche y nacionalista: perseverar en ese camino y en ese sueño.

Lo decíamos al comienzo. Para avanzar en este, el verdadero tema de fondo, se requiere en forma paralela un abordaje político del conflicto territorial que hoy ocupa las primeras planas de los diarios y que se sitúa, la mayoría de las veces, en la crónica policial.

El conflicto de tierras es la cara más dolorosa y dramática del conflicto mayor y de carácter colonial que el pueblo mapuche enfrenta con el Estado chileno.

Allí se encuentra radicada la protesta social, la violencia rural que radicaliza posiciones a medida que se cierran las vías institucionales y también el terrorismo de Estado expresado en la militarización, la criminalización y el atropello a los derechos humanos de quienes se movilizan y/o solidarizan con ellos.

La violencia, en todo conflicto, estalla cuando los políticos profesionales dejan de cumplir el rol de intermediarios entre los conflictos sociales y el poder que la sociedad depositó en ellos. Ello es válido tanto para autoridades de gobierno, parlamentarios, jefes comunales, como también para la dirigencia política mapuche.

Los nueve alcaldes y la veintena de concejales mapuche son hoy legítimos actores políticos, la continuidad de una representación democrática e institucional mapuche de larga y rica tradición en las décadas del treinta, cuarenta y cincuenta.

En la actual coyuntura, llamados están no solo a ser portavoces de las justas reivindicaciones de nuestro pueblo; también a proponer caminos políticos de solución.

La cuenta de Jouannet

«Hoy quiero pedir perdón a las víctimas de la violencia rural, dado que como Estado desde hace muchos años hemos fallado».

Palabras del intendente Andrés Jouannet en su primera cuenta pública realizada en el hotel Dreams de Temuco. Lo demás, un listado de inversiones, proyectos, metas cumplidas, otras por cumplir, en fin, lo de siempre.

Lo del perdón fue lo más político de su discurso. Y también lo más sectario que he escuchado en mucho tiempo en boca de una autoridad de gobierno. Uno habría esperado un perdón para todas las víctimas de la violencia y la negligencia estatal, incluido los mapuche a quienes —lo consignan los informes anuales del INDH— se les han violado sus derechos de manera recurrente.

No fue así.

Jouannet prefirió alinearse solo con un sector de la región, los agricultores, parceleros y transportistas dueños de camiones, a quienes pidió «ver el vaso medio lleno», asegurando que vendrían tiempos mejores. Difícil resulta creerlo a estas alturas; el conflicto y la violencia, lejos de amainar, como intentó inútilmente demostrar, se han agravado a niveles nunca vistos.

Aún no repara en ello, pero Jouannet pasará a la historia como el intendente en cuyo mandato hizo su aparición un nuevo grupo armado en el conflicto sureño. «Weichan Auka Mapu» es su nombre y significa «lucha del territorio rebelde». Se trataría del relevo generacional de la CAM, rumorean algunos.

Hace una semana el nuevo grupo se atribuyó una treintena de sabotajes a maquinarias, fundos forestales y haciendas, en un comunicado público que fue su estreno en sociedad. También se adjudicaron la seguidilla de ataques a iglesias católicas y evangélicas de los últimos meses, otra novedad de la administración Jouannet.

¿Cómo puede asegurar entonces el intendente, tan suelto de cuerpo, que el conflicto ha disminuido con su llegada?

Lo señalé en 2015. El Gobierno central renunció con Jouannet a la posibilidad de un abordaje político del conflicto, a establecer una hoja de ruta de solución, optando una vez más por la inconducente contención policial. Así lo prueba el sorprendente incremento de unidades, medios y recursos para Carabineros de Chile.

También, por cierto, medidas que resultan incomprensibles para la ciudadanía, como transformar un ex liceo intercultural en base de operaciones de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Sucedió en Ercilla, donde se educaban cerca de doscientos niños mapuche de comunidades pobres.

Entre educar y reprimir, La Moneda pareciera haber optado en la llamada «zona roja» del conflicto por lo segundo. No se requiere ser politólogo para advertir hacia dónde conducen tales decisiones. Siembra vientos y cosecha tempestades, advierten al respecto los mayores en el campo.

A ello se suma otro antecedente revelador. No existe hoy ninguna «mesa de diálogo» o «mesa de trabajo» entre autoridades y organizaciones mapuche que busque descomprimir el conflicto. Primera vez desde el retorno de la democracia.

Es la renuncia de la política. De allí la salida de Francisco Huenchumilla, un político con visión de Estado y el arribo de Andrés Jouannet, el intendente funcionario y obediente.

Este cambio de autoridades, de buenas a primeras, nada tiene de objetable. En este Chile democrático a medias, es atribución del Ejecutivo nombrar o remover los jefes regionales. Ello depende de coyunturas políticas, cálculos electorales (se aproximan municipales y parlamentarias, no olvidar) o simple rotación partidista de cargos.

El tema es que la Araucanía no es una región cualquiera del país. No es Talca, por así decirlo, donde la prioridad del intendente puede oscilar entre proyectos de inversión, desarrollo productivo y seguridad pública. No. Si algo requiere la Araucanía es política. Y autoridades con la mirada puesta en las próximas generaciones.

Ello es precisamente lo que falta.

La traición de la palabra

Pocos pueblos y culturas conozco que otorguen, como los mapuche en el sur de Chile y Argentina, un valor tan trascendental a la palabra. Casi sagrado, a decir verdad. Y también a los acuerdos que de ella se derivan.

No había otra posibilidad, gustaba reflexionar mi abuelo Alberto Millaqueo, descendiente de lonkos del fértil valle del Cautín. Una sociedad sin Estado e instituciones coercitivas en el sentido occidental, basaba su estabilidad y cohesión social en la palabra y su cumplimiento.

También su sistema político, normativo y gobernanza.

Sí, el gobierno de los mapuche era el gobierno de la palabra. Y el de los acuerdos políticos. Y el de la alta diplomacia, como comprobaron por tres siglos, fascinados, los conquistadores españoles. Los mapuche eran democráticos cuando el concepto, en la Europa de los monarquías, ni siquiera soñaba aún con existir. Mucho menos en el reino de Felipe II, aquel vasto imperio donde, fanfarroneaba, no se ponía el sol. Ponía, en pasado, ya que el mismo día que sus soldados pisaron Wallmapu se les vino encima la noche de los tiempos.

A Valdivia y García Oñez de Loyola, ambos gobernadores del Reino de Chile, tal exceso de confianza les hizo perder la cabeza. Literalmente.

El carácter ágrafo del mapuzugun ahorró a nuestros ancestros no solo toneladas de papel y un gastadero de tinta; también infinidad de malos ratos y decepciones. Los españoles, que escribían desde antiguo la bella lengua de Cervantes, gustaban confiar de los papeles y los escritos. Y desconfiar de la palabra sin registro. La guerra y sus costos obligó a ambos bandos a buscar un salomónico punto intermedio. Nacieron así los parlamentos. Allí se hablaba mucho, como gustaba a los mapuche. Y en papel se redactaban los acuerdos, como gustaba a los hispanos.

Fueron cuarenta y ocho los parlamentos celebrados entre 1593 y 1803. Fue por siglos la primera prioridad de cada gobernador entrante: ratificar el anterior o convocar lo más pronto posible uno nuevo. Estas verdaderas juntas diplomáticas no solo terminaron con la guerra abierta llevando relativa tranquilidad a la Frontera; permitieron además el florecimiento de la cultura mapuche y su expansión allende los Andes vía el comercio ganadero y textil.

La guerra y los conflictos, concordaron ambos bandos, resultaban mal negocio. La paz, en cambio, cotizaba al alza en ambas Capitanías Generales. Convivencia pacífica, le llama hoy el derecho internacional.

Dignos y honorables fueron los jefes españoles en la Colonia. Y digna y honorable fue la respuesta mapuche. Mi abuelo, que además de la tierra sabía cultivar la memoria, gustaba contarnos de Ambrosio O’Higgins, gobernador de Chile y más tarde virrey del Perú. Con los mapuche, nos decía, un caballero por donde se le mirase. También de cómo, en las guerras de independencia, lonkos de diversos territorios guerrearon a favor de España y contra los chilenos. Honraban la palabra dicha y comprometida por sus mayores en los parlamentos. Y al hacerlo, también honraban a sus clanes y linajes. Hasta hoy sus apellidos gozan de admiración y respeto.

Chile y gran parte de los historiadores del siglo XIX nunca perdonaron aquello. Le llamaron «traición». Y al honor mapuche, «antipatriotismo». «En los indios no se puede confiar», escribió Barros Arana, furibundo, al justificar el avance militar sobre nuestras tierras. Lo mismo hizo Benjamín Vicuña Mackenna.

El mote sigue vigente hasta nuestros días. Y se ha sumado a otros más actuales, como el «bárbaros y salvajes» de mediados del siglo XIX, el «flojos y borrachos» de comienzos del XX, el «pobres y comunistas» de la Guerra Fría y el «violentos y terroristas» de la actualidad. Perlas del racismo criollo que pueblan todavía almuerzos familiares de domingo, charlas de café y redes sociales.

¿Dónde está, a su juicio, el origen del actual conflicto?, pregunté a un lonko de Arauco en una de mis primeras coberturas como periodista. «En la traición de Patricio Aylwin», me respondió, sin dudarlo. Hacía referencia al Pacto de Nueva Imperial, firmado entre el entonces candidato de la Concertación y los pueblos indígenas el año 1989.

Aylwin, buscando apoyos para las presidenciales, prometió aquella vez el oro y el moro a un movimiento indígena esperanzado en el retorno de la democracia. La principal promesa de campaña, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado. La de 1980, aquella que él mismo había preferido no discutir al dictador.

No pasó mucho con lo pactado solemnemente en Nueva Imperial. Sí, se legisló una nueva Ley Indígena y se creó la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero aquello, seamos serios, ya existía como institucionalidad pública desde comienzos del cincuenta. Conadi antes se llamó Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN, 1953-1972) y después Instituto de Desarrollo Indígena (IDI, 1972-1978).

Lo mismo aconteció con la ley promulgada el año 1993; una reedición de anteriores textos legales, el último promulgado por la UP en 1972. Fue, en síntesis, lo único que hizo Aylwin en materia indígena; reedificar aquello que los militares habían desmantelado. Y no digamos que de la mejor forma. Recuerden que todo se hizo «pactando». O lo que es lo mismo, en la medida de lo posible.

De la entonces principal promesa, el ansiado reconocimiento constitucional, nunca más supieron lonkos y dirigentes. Ni en sus cuatro años de mandato ni tampoco en los siguientes tres de Gobiernos de la Concertación. Hasta hoy, mes de abril del año 2016, los mapuche y otros ocho pueblos originarios siguen sin ser reconocidos en la Carta Magna.

Chile y Uruguay, los únicos Estados blancos químicamente puros que descienden de los barcos en la región. Y no de naciones preexistentes al Estado, como consignan Argentina, Colombia y Bolivia, entre otros países.

De lo que sí supieron aquellos mapuche fue de represión y cárcel. Poco se dice, pero Aylwin inauguró, junto al entonces intendente de la Araucanía, Fernando Chuecas, el actual desfile de lonkos y comuneros por tribunales de justicia. Y no precisamente en la medida de lo posible.

Tan solo en 1992, ciento cuarenta y cuatro mapuche terminaron tras las rejas por reclamar tierras y crear la bandera mapuche. ¡Ciento cuarenta y cuatro! Eran liderados por un joven Aucán Huilcamán. A todos se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Fueron encarcelados por usurpación de tierras y desórdenes públicos el mismo año de los «festejos» oficiales por el Quinto Centenario.

Esta sería, junto a la profundización del modelo neoliberal —otra característica central de su mandato— la mecha que encendió la pradera en el sur. Y con ello la renuncia a las vías institucionales de parte importante del activismo mapuche. Para los desmemoriados, así nació más tarde la CAM en el Gobierno de Eduardo Frei. ¿Les suenan las represas Pangue y Ralco o los camiones ardiendo en aquella cuesta de Lumaco?

Fernando Paulsen, con quien intercambio ideas sobre esta columna, me advierte que el de Aylwin fue un Gobierno signado por el temor a la bota militar y a una regresión política. Y que cuando el miedo domina a un Gobierno, la virtud y la dignidad no es precisamente lo que campea. Puede ser. Pero hoy, cuando la beatificación del exmandatario pareciera avanzar a paso firme, oportuno resulta hacer memoria. Memoria histórica para reivindicar el valor de la palabra y los acuerdos en la cultura mapuche. Y memoria contingente para calibrar la responsabilidad de los jefes de Estado en el descalabro sureño actual.

Duro resulta el juicio en materia indígena del Gobierno de Patricio Aylwin. Y es que duro es el juicio del pueblo mapuche sobre Chile.

La República representa desde su origen para los mapuche la traición de la palabra y los acuerdos. Así lo prueban las cartas que lonkos como Mañil y Calfucurá intercambiaron con las autoridades a mediados del siglo XIX. Y la seguidilla de decisiones políticas que culminaron más tarde con la guerra de ocupación.

Despojo, robo y asesinato, la santísima trinidad del arribo del Estado y los colonos a Wallmapu. Y luego, el deshonor transformado en política de Estado. La mentira y la tomadura de pelo, frecuente en Gobiernos de diverso cuño en un siglo de pésima historia. El de Aylwin, uno más de una larga lista que se extiende hasta nuestros días con Bachelet.

Y todavía hay quienes se preguntan, consternados, cómo diablos fue que llegamos al escenario de violencia actual.

Un veterano de tres guerras

Ha sido el éxito editorial del último tiempo. Sobre sesenta semanas en el ranking de libros de El Mercurio y decenas de miles de lectores. No, no hablo de Stephen King. Tampoco de J. K. Rowling. El fenómeno editorial es el diario de vida de un soldado chileno que participó en la guerra del Pacífico, la ocupación de la Araucanía y la guerra civil de 1891. Tal cual.

Veterano de tres guerras (Academia de Historia Militar) cuenta la historia del joven abogado José Miguel Varela, quien voluntariamente se une en 1879 al «Regimiento de Granaderos a Caballo», iniciando una destacada y meteórica carrera militar. Lo interesante, en el caso mapuche, es su destinación a la Plaza de Angol tras su regreso del norte. Y todo lo que vivió en dicho cargo.

El 15 de julio de 1888, con treinta y un años de edad, Varela fue nombrado por el presidente José Manual Balmaceda como jefe de la Comisión Repartidora de Tierras en Angol.

Varela era muy amigo del hermano del mandatario, el diputado José del Carmen Balmaceda. Obtuvo el cargo en virtud de esa amistad y de la necesidad de Balmaceda de terminar con el despojo y los abusos que se cometían contra los mapuche por parte de los colonos recién llegados.

El mandatario necesitaba un hombre de su confianza. Ajeno a las redes de poder de los latifundistas locales y con un gran sentido ético del deber. Varela, héroe de la Campaña de Lima, abogado y opositor a los crueles métodos de la Policía Rural que lideraba Hernán Trizano, parecía ser el hombre indicado.

«La tarea que le he encomendado será sanear de una vez por todas la tenencia de tierras en Malleco y Cautín», le dijo el presidente cuando lo recibió en La Moneda. «Me han dicho que además de oficial es también abogado. Eso para mí es muy importante», agregó el mandatario.

Tras la entrega del decreto y las cartas selladas para los intendentes, Balmaceda se despidió de Varela dándole la mano. «Ya nos veremos», le dijo.

De regreso en Angol, Varela puso manos a la obra. Comenzó un largo estudio destinado a verificar la situación de la tenencia de la tierra, que en ese entonces era disputada a balazos entre colonos y mapuche.

Se percató rápidamente de varias irregularidades. Una de ellas, un sistema de repartición que partía de la premisa de desconocer la propiedad de los mapuche y de otorgar al Estado el privilegio de su venta o asignación a terceros vía remates públicos.

Observó también que, contradiciendo las políticas aconsejadas por Balmaceda, se favorecía en todo momento a chilenos y extranjeros, desplazando a los mapuche hacia terrenos de menor calidad, radicándolos en pequeñas parcelas que no superaban las ocho hectáreas por familia.

No era todo. En los remates de tierras, las familias más poderosas de la zona se las ingeniaban mañosamente para adquirir a precios ridículos grandes paños de trescientas hectáreas cada uno, a nombre de sus familiares. Una de estas familias eran los Bunster, en aquel tiempo los más ricos de la región.

Varela, que venía saliendo de dos guerras, la del Pacífico y la de ocupación, jamás se había hecho de enemigos, solo de adversarios bélicos. En su nuevo cargo supo lo que era hacerse de enemigos. Tanto en Angol como en Temuco.

A fines de 1888, Varela envió un informe al presidente Balmaceda y al ministro Augusto Matte. Allí relató lo que había descubierto. La respuesta de Balmaceda fue que en La Moneda coincidían plenamente con su diagnóstico y que para eso lo habían designado, para que corrigiera esos vicios. «Dele con todo no más», le escribió el mandatario.

Y Varela lo hizo. No solo citó a su oficina a connotados vecinos de ambas ciudades, como los Bunster, Mackay, Subercaseaux, Lavanderos y Anguita, para investigar sus propiedades. Hizo además pública denuncia de lo que llamó «la repartija de tierras» en diarios locales y nacionales. Fue el comienzo de una particular guerra en su contra.

En Temuco, donde tenía oficina temporal, la familia de colonos alemanes que le arrendaba una casa lo sacó de la propiedad. Tuvo que instalarse en la Intendencia y dormir en el regimiento. También fue víctima de un ataque a balazos cuando recorría a caballo la ruta entre Carahue y Temuco.

Tres de los seis atacantes murieron. Varela disparaba. Y bien.

En 1889, cometería el que sería a su juicio el peor pecado a ojos de los terratenientes: entregar a la familia del lonko Coñuepán trescientas cincuenta de las mejores tierras para labranza de Chol-Chol. La recomendación era sacarlas a remate público y radicar a Coñuepán en otro sitio. Varela se negó rotundamente.

La ley —argumentó Varela— era clara al respecto. Lo primero que correspondía al sanear un territorio era asignar terrenos a los mapuche, de preferencia aquel donde residía y que era ocupado por sus antepasados. Luego, delimitar la reserva para colonización y, finalmente, los terrenos sobrantes de ambos procesos debían ser licitados en remate público.

No al revés.

Su apego a la ley sería un verdadero escándalo en Temuco. A través de sus contactos políticos, importantes familias de colonos y especuladores de tierras se comunicaron con La Moneda. Sin embargo, el respaldo de Balmaceda se mantuvo inalterable. «Muy bien, siga así», le escribió el mandatario a través de un telegrama.

La guerra civil de 1891 puso trágico fin a su trabajo en el sur. Varela se enlistó y peleó por las fuerzas del mandatario. Escapó herido de la batalla de Placilla, estuvo clandestino y vivió el exilio. Retornó a Chile y al sur en 1894. Allí se desempeñó como abogado particular.

Balmaceda, su jefe, se había suicidado al concluir su periodo constitucional, el 18 de septiembre de 1891.

En 1902, Varela tuvo una segunda oportunidad en el Gobierno. Ese año, el presidente Germán Riesco lo designó como intendente de la provincia de Cautín. Las buenas referencias de su trabajo en Angol lo habían catapultado. «Espero que aquí también lo haga muy bien», le dijo Riesco el día que lo recibió en La Moneda para asumir el cargo.

A pocas semanas de asumir el cargo, nuevamente se topó con el despojo de tierras mapuche. Se trataba de una vasta extensión de territorio en el lago Budi, de las cuales se había apropiado el colono español Eleuterio Domínguez. Las tierras pertenecían al lonko Pedro Painén.

No satisfecho con expulsar a los mapuche, Domínguez construyó un embarcadero y bautizó el lugar como «Puerto Domínguez». Para ello contó con el beneplácito del gobernador de Imperial, quien con su presencia dio un cariz legal a la fundación del poblado.

Varela recabó los antecedentes e informó al ministro del Interior, indicándole que una unidad de caballería se iba a dirigir a proceder al desalojo del usurpador y sus seguidores, unas treinta familias chilenas y españolas. Su telegrama fue contestado de inmediato.

«Trate de mantener la situación como está. No agite más los ánimos y no haga nada hasta recibir nuevas instrucciones», decía. No conforme, Varela insistió en dos o tres ocasiones. Las respuestas fueron todas del mismo tenor: «Es preferible que no haga nada al respecto», le respondieron en cada oportunidad. Finalmente, Varela debió hacer vista gorda. Al año siguiente presentaría su renuncia.

Puerto Domínguez sigue manteniendo, hasta nuestros días, aquel mismo nombre en homenaje al usurpador de tierras mapuche.

Son algunos de los episodios que cuenta el fascinante libro con las memorias del militar. En 2015, en el departamento del exintendente Francisco Huenchumilla, me crucé con un ejemplar del libro. Fue en una de las tantas entrevistas que me concedió para el libro de investigación periodística que publiqué sobre su figura.

Su paso por el Gobierno regional de la Araucanía, me dijo en aquella ocasión, no tenía nada que envidiar al del exintendente José Miguel Varela. No puedo sino concordar.

El modelo nórdico

Existe una curiosa fascinación en Chile con los países nórdicos. No hablamos de superpotencias. Todo lo contrario: se trata de pequeños países cuyo peso en la escena global es inexistente. Lo mismo a escala europea. Pero sucede que allí se vive bien, extremadamente bien. Según informes de la ONU, allí, en Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia existe la mejor calidad de vida del planeta.

Estabilidad democrática, crecimiento económico, servicios públicos de calidad, sistema educativo de excelencia, es el llamado «modelo de bienestar nórdico». Este se sustenta en la intervención del Estado en la economía y en una notable conciencia cívica de la sociedad. Hasta chistes existen al respecto.

«¿Qué pasa cuando dos noruegos se encuentran en una esquina? Forman una cooperativa». Y ello a pesar del frío.

Son las cosas que destacó Bachelet a su arribo a Suecia la semana pasada, primera escala de su reciente gira europea. Ante el Parlamento local la mandataria resaltó el «valor» de la experiencia sueca como un ejemplo para Chile. «Nuestro objetivo es construir un modelo inclusivo social, con crecimiento económico sostenible y una democracia participativa», dijo Bachelet. Tal como hicieron los suecos.

Sí, de Suecia se puede aprender. Y también en el conflictivo tema indígena, donde —siempre olvidan mencionarlo nuestras autoridades viajeras— los países nórdicos constituyen otra referencia a nivel global. Y ello por su relación con el pueblo sami, los indígenas rubios del círculo polar ártico.

Los sami habitan Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. No siempre fue así. Ellos, de hecho, ya vivían en esa remota zona del norte de Europa antes que los Estados nórdicos soñaran siquiera con existir.

Su historia no es muy distinta de otros pueblos indígenas en el mundo. Sus primeros vestigios datan de hace 10.500 años. Pese a lo durísimo del clima, los sami se adaptaron muy bien al entorno. Vestían con pieles de animales y eran cazadores trashumantes hasta que la agricultura y el comercio los volvió sedentarios. Por siglos la crianza de renos fue su principal actividad económica.

Esta forma de vida duró hasta el siglo XVII, cuando Suecia, Dinamarca y la República de Nóvgorod empezaron a colonizar sus territorios. Poco a poco fueron dibujándose las fronteras estatales, el territorio quedó dividido y la asimilación fue avanzando. A nivel identitario este proceso supuso a los sami la pérdida de su propia cultura. A nivel político, la pérdida de su independencia como pueblo.

Esto cambió a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la cultura sami experimentó una fuerte revitalización. Clave en este proceso fue la creación en 1956 de la Conferencia Nórdica Sami, defensora de la cultura y promotora de los derechos sami a nivel internacional. En 1975 sería una de las fundadoras del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, institución pionera en el cabildeo indígena en el seno de Naciones Unidas.

Desde entonces, y con apoyo de la ONU, la lucha de los sami por recuperar sus derechos no ha cesado. Reclamación de derechos sobre el territorio, lengua propia y participación política, las principales demandas. Frenar el avance de las industrias extractivas, otra de sus batallas cotidianas. Tal como los mapuche en Chile.

Veamos entonces. ¿Cuál ha sido la postura de Estocolmo al respecto?

En Suecia la relación del Estado con el pueblo sami dista mucho del indigenismo de Estado existente en Chile con los mapuche. Y de su inherente paternalismo. El «modelo nórdico» se sustenta en el traspaso de atribuciones para el desarrollo autónomo de los sami. Sí, autónomo, palabra que tantos temores acarrea en dueños de fundo y columnistas de El Mercurio.

Los sami en Suecia son considerados una «minoría nacional», un estatus diferente al de otras minorías étnicas que han llegado al país en un tiempo histórico reciente. Tienen bandera propia desde 1986 y hasta celebran cada 6 de febrero su día nacional.

A nivel político, desde 1993 los sami han elegido en Suecia su propio órgano de representación: el Parlamento Sami. Este se encuentra conformado por treinta y un miembros que representan la variedad de los partidos y las asociaciones sami. Tienen derecho a voto los inscritos en un registro electoral especial donde el único requisito es la autoafirmación cultural.

El Parlamento Sami lejos está de ser decorativo. Tiene facultades en el área económica, así como en lengua y cultura, siendo consultivo en otras materias. También coordina la relación con los parlamentos de Noruega y Finlandia, fortaleciendo la cooperación entre los sami y la conexión de estos con otros pueblos indígenas del mundo. Es financiado vía subvención estatal.

A nivel cultural, en 1962 la lengua sami pasó a ser asignatura en las escuelas y el año 2000 fue reconocida como lengua minoritaria oficial en Suecia. Hoy existen escuelas secundarias, primarias y jardines infantiles sami en todo el país con apoyo estatal. A nivel superior es posible estudiar dicha lengua en las universidades de Umeå y Uppsala. Académicos y científicos sami brillan hoy en diversas áreas.

Suecia queda a trece mil kilómetros de Chile. La distancia no solo es geográfica, también mental. En Chile, sabido es, el conflicto con los pueblos indígenas lejos está de ser resuelto. Por el contrario, se agrava cada día. Las diferencias saltan a la vista. Donde los suecos han abierto canales de diálogo y participación, en Chile observamos tanquetas y fuerzas especiales. Donde ellos han apostado por autonomía y empoderamiento, acá observamos paternalismo y subvaloración.

Sí, de Suecia se puede aprender, y bastante. No es un jardín de rosas, aclaro. Conflictos existen, pero el abordaje político garantiza no se desborden. Presidenta Bachelet, el mensaje pareciera ser claro: no nos den una mano, sáquennos mejor las manos de encima.

Tal como hacen los suecos.

Estamos solos

Tras su tercera cuenta pública, la presidenta Bachelet ha dado inicio a la última etapa de su gobierno. Lo hizo destacando logros y el ímpetu reformador de su mandato. He allí su legado, comentan en la Nueva Mayoría.

Si Chile fuera la plácida Finlandia, todo okey. Una cuenta pública de despedida. Pronto nuevas elecciones. Gracias muchachos, fue un placer y hasta pronto.

Pero Chile, sabemos, no es Finlandia. Mucho menos en la Araucanía, donde un conflicto intercultural y violento amenaza nuestra convivencia hace décadas. Pese a ello, la región brilló por su ausencia en el mensaje del 21 de mayo. Cero referencias de la mandataria al conflicto. Ninguna línea. Una verdadera bofetada para víctimas de lado y lado.

Fue la conclusión del propio obispo de Temuco. «Para la presidenta no existe la Araucanía», señaló, tajante, monseñor Vargas. Y tiene razón. El conflicto sureño, me confidenció una vez un asesor ministerial, es demasiado complejo y poco sexi. Complejo, porque requiere años, quizás décadas de abordaje para arribar a una solución. Y poco sexi porque ninguna autoridad tiene, en ese caso, asegurada la foto y el corte de cinta.

¿Fue la omisión de Bachelet una sorpresa? Para nada. Ya un ministro había adelantado en El Mercurio «el fin de la obra gruesa» del Gobierno. Y en ella ni por asomo figuraba resolver el conflicto. Pudo ser la idea el 2014 con Huenchumilla. Su salida, lo he dicho antes, fue la renuncia a siquiera intentarlo. Lo que vino luego fue más de lo de siempre: contención policial y agravamiento del problema.

En eso estamos como región. Padeciendo las consecuencias del desinterés crónico capitalino. Y solos. Completamente solos.

¿Qué nos queda por delante? Creo que olvidarnos por un rato de Santiago y su ninguneo metropolitano. Y apostar a diseñar, desde Temuco, una salida política y pacífica al conflicto. Ello implica varios desafíos. El principal, dejar las desconfianzas y prejuicios de lado. Y sentarnos mapuche, gremios productivos y sociedad civil, de una vez por todas, a conversar. Y llegar a un piso mínimo de acuerdos.

Es la idea que lanzó esta semana la Asociación de Alcaldes Mapuche. Son nueve municipios, de Biobío a la región de Los Lagos. No son pocos votantes los que representan. Los lidera Juan Carlos Reinao Marilao, joven médico y edil de Renaico, quien no solo ha criticado la desidia del Gobierno; también, duramente, la violencia irracional y sin norte de unos pocos.

Reinao es un dirigente a considerar. Se trata de un ex miembro fundador de la CAM que optó en su minuto por la vía político-electoral. O lo que es lo mismo, por pasar de la protesta a la propuesta. Mal no le ha ido en su empeño. Hoy representa un nuevo tipo de liderazgo mapuche, mucho más pragmático y conciliador.

Tal vez justo lo que nos hace tanta falta.

La nueva salida del sol

La semana recién pasada se celebró en todo Chile el We Tripantü, la nueva salida del sol en la cultura del pueblo mapuche. Se trata de una fiesta que reemplazó la antigua Noche de San Juan, festividad de raíces celtas integrada en la cultura española y que los chilenos heredaron de la Colonia.

El San Juan se celebraba la noche del 23 de junio y se caracterizaba por el misterio. Era la noche en que la higuera florecía y las familias, en sus casas, realizaban una serie de ritos y pruebas para la buena suerte. También era la noche donde podía aparecer el diablo. Muchos, siendo niños, la esperábamos con ansias junto al fogón y las papas asadas.

Pero lo cierto es que el We Tripantü no reemplazó a la Noche de San Juan. Más bien recuperó su lugar en esta parte sur del planeta. Fue a mediados de los ochenta cuando el activismo cultural mapuche la rescató del olvido. Grupos de teatro vinculados a la organización Ad-Mapu y más tarde al Consejo de Todas las Tierras obraron el milagro.

El We Tripantü era un antiguo rito que celebraba el cambio de ciclo de la Tierra y que había sido desplazado por la festividad católica. También por el racismo y el menosprecio cultural, aquel que calificaba como «supercherías» nuestras creencias y «fantasías de indios» nuestra rica cosmovisión ancestral.

Los mapuche, fantásticos observadores de su entorno, habían aprendido hace siglos que el solsticio de invierno marca la renovación de los ciclos naturales. Sin calendario romano ni telescopios, otros eran los métodos para establecer su llegada.

Uno de ellos era el método estelar. Observaban, los antiguos mapuche, aquel grupo de estrellas denominado Gul Poñi («montón de papas», las Pléyades), que en esta fecha se pueden ver mucho más cerca de la Tierra. La observación de su comportamiento advertía de la proximidad del solsticio de invierno, de la nueva salida del sol.

Pero el más usado por los sabios sureños era sin duda el método solar. Este se mimetizó con el diseño, estructuración y ubicación de la ruka, la vivienda mapuche. Con un fogón en el centro y un tronco o palo situado frente a una puerta orientada hacia la salida del sol, la ruka determinaba y controlaba el movimiento del astro durante todo el año.

Un verdadero reloj solar camuflado en vivienda, capaz de definir y marcar el movimiento del día, el sol, la luna, las estrellas y el tiempo en el exacto calendario mapuche. También, por cierto, definía las cuatro estaciones del año: pukem, «tiempo de lluvias», invierno; pewün, «tiempo de brotes», primavera; walüng, «tiempo de abundancia», verano; y rimü, «tiempo de descanso», otoño.

El We Tripantü marca el día más corto del año y la noche más larga. Es también la fecha en que las lluvias se vuelven más intensas, preparando a la naturaleza para acoger y favorecer el crecimiento de la nueva vida. Una fecha de gran importancia en la Tierra y que da cuenta del sustento científico tras muchas de las creencias mapuche.

Este cambio de ciclo acontece en todo el hemisferio sur y ello también lo sabían otras naciones originarias. Es la fiesta del Machaq Mara de los aymará, el Inti Raymi de los quechua y el Aringa Ora o Koro de los rapanui. Y es también la fiesta que celebran otras culturas en África del Sur, Australia y Oceanía.

Es lo mismo que acontece, en otro periodo del año, en el hemisferio norte, donde el solsticio de invierno ronda el 21 de diciembre. Diferentes pueblos indoeuropeos celebraban también este día, así como los romanos que festejaban Saturnalia en honor al dios homónimo, y a Mithra en honor a la deidad de la luz heredada de los persas.

Monumentos antiguos como Newgrange en Irlanda también se relacionan con este cambio de ciclo; su planta está diseñada para capturar la luz en ese preciso momento, algo similar a lo que acontece con el diseño de la ruka mapuche. Una fiesta religiosa moderna ocultó en varios países del norte esta milenaria tradición. Hablamos de la Navidad, que celebra el nacimiento de Jesús.

Hoy en Wallmapu pocos celebran la Noche de San Juan y sus misterios. Así opera el cambio cultural, en este caso favoreciendo un saludable retorno a lo propio, a lo nuestro. El We Tripantü es hoy, por lejos, la festividad mapuche más popular. Cientos fueron las actividades y miles sus participantes en diversas regiones. En decenas de comunas fue izada además la bandera mapuche, cosa maravillosa.

Es, sin duda, una noticia esperanzadora. Habla bien de los chilenos. Y de su apertura a la diversidad y a la valoración del conocimiento y los símbolos más preciados del otro.

Pero allí donde la sociedad civil avanza dos pasos, la clase política y el Gobierno gustan retroceder al menos tres. ¿Cómo es posible que la principal festividad indígena de Chile siga sin ser declarada feriado nacional? No lo es aún. Tampoco regional. Sepan que, en la vecina provincia de Neuquén, dos días «no laborables» estableció en 2011 la legislatura argentina para todos los mapuche en We Tripantü.

Una muestra de respeto que aún se extraña por estos lados.

El pueblo mapuche hoy

El pasado 8 de junio el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer su estudio Los mapuche rurales y urbanos hoy, el cual entrega una serie de datos que permiten poner en perspectiva el mal llamado «conflicto mapuche».

Se realizó en las regiones Metropolitana, del Biobío, de la Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, encuestando a más de tres mil personas, de las cuales más de mil cuatrocientas correspondieron a individuos que se reconocen como parte del pueblo mapuche.

Se trata del instrumento académico de medición de la realidad mapuche de mayor prestigio y solidez metodológica. Se realiza cada diez años y contó además con la colaboración crítica de intelectuales mapuche como Salvador Millaleo, abogado, académico de la Universidad de Chile y miembro del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente; José Ancán, jefe de la Unidad de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y Fernando Pairicán, historiador y académico de la Universidad de Santiago de Chile.

El estudio, más allá de la polarización que conlleva el actual escenario de conflicto, permite dimensionar quiénes son los mapuche hoy en día, cuáles son sus aspiraciones y también los principales problemas que los afectan.

Esto es especialmente gráfico en lo que dice relación con las aspiraciones culturales, políticas y territoriales, así como en la percepción del conflicto y la violencia, fenómeno que a juicio de los encuestados se ha agravado en los últimos diez años y que es ampliamente rechazado.

En el presente artículo comentaré algunos datos relevantes de la CEP, centrándome finalmente y con mayor detalle en lo que atañe a la percepción de los mapuche respecto de la demanda de tierras. He allí el gran foco de conflictividad existente en las regiones del sur y donde además se encuentra radicada la violencia política y el bandidaje rural asociado —directa o indirectamente— al conflicto Estado chileno-pueblo mapuche de hoy.

Si algo se desprende del estudio es la creciente adhesión de los mapuche a una identidad diferenciada de los chilenos. Y en último caso, compartida. Y es que un muy bajo porcentaje de los encuestados (un sorprendente 7%) declaró sentirse «solo chileno», mientras que un 34% declaró identificarse «solo como mapuche» y un 42% como «mapuche y chileno al mismo tiempo».

Eso da cuenta de un fortalecimiento de la identidad nacional mapuche, de la autoafirmación étnica y de un retroceso del proceso colonial de chilenización. También de la capacidad mapuche para adoptar y diferenciar sin mayores complejos dos identidades simultáneas: la identidad étnica (mapuche) y la identidad estatal (chilena).

Este fortalecimiento de la identidad mapuche es posible de observar además en el apoyo mayoritario de los encuestados al reclamo por la oficialización y enseñanza obligatoria del mapuzugun en las regiones del sur, la lengua de nuestro pueblo.

Pero el estudio también advierte que un 67% de los mapuche no habla ni entiende el mapuzugun. Esto se explicaría porque un 38% de la población mapuche dice que nunca o casi nunca utiliza esta lengua, contra un 14% que la habla todos los días, principalmente en zonas rurales.

Se trata, ya lo ha señalado la Unesco respecto del mapuzugun, de una lengua amenazada, y de allí la importancia estratégica para los mapuche de su eventual oficialización, aún pendiente a nivel de Gobiernos regionales en la zona sur.

En materia de tradiciones culturales, interesante resulta constatar que es el We Tripantü, una ceremonia recuperada en los años noventa, la principal en que participan los mapuche urbanos y rurales encuestados, dejando en segundo lugar al nguillatún, el palín y otras.

Esto resulta de sobremanera interesante, toda vez que no se trata de una celebración «tradicional» en sentido estricto, más bien de una ceremonia reinterpretada y resignificada por el movimiento activista de los años ochenta y noventa al alero del entonces activo Consejo de Todas las Tierras.

A mi juicio, es el carácter festivo, no religioso y abierto a la ciudadanía no indígena del We Tripantü lo que ha permitido su masividad a nivel mapuche, así como su actual popularidad entre los chilenos. Ello nos plantea el desafío de inventar o traer al presente otras ceremonias festivas que pueden resultar valiosos puentes de encuentro y pedagogía intercultural.

¿Resulta este fortalecimiento de la identidad mapuche un problema para Chile? No debiera.

Abundante experiencia comparada existe a nivel internacional sobre cómo canalizar desde el Estado, pacífica y democráticamente, demandas políticas, lingüísticas y culturales de minorías nacionales como los mapuche en Chile.

Suecia, Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda, el propio Estados Unidos, ofrecen un amplio abanico de formas de autogobierno y autonomía que para nada han debilitado (o dinamitado, como temen algunos sectores en Chile) su unidad estatal. El propio estudio del CEP da cuenta de un 2% de mapuche que apoyan la demanda de autonomía.

Se trata, es cierto, de una cifra muy minoritaria, pero que debiera llamar poderosamente la atención por sus implicancias.

La autonomía político-territorial, sea a escala regional, comunal o de un grupo de comunidades, es en democracias modernas una de las formas para dar cauce político e institucional al derecho a la autodeterminación. No debe, de buenas a primeras, ser entendida como separatismo o balcanización del territorio.

La autonomía es más bien una forma de integración respetuosa de un pueblo diferenciado al Estado, ello garantizando el ejercicio de sus derechos colectivos.

Es lo que acontece en Catalunya respecto de España, en la Comarca Kuna de Panamá y también en los cientos de tribus norteamericanas de Canadá y Estados Unidos, todas ellas con self-government, derecho al autogobierno.

Entenderlo resulta clave. Hablamos de la principal demanda que sostendrán las futuras generaciones de mapuche, me atrevo a pronosticar. Una demanda política y, sobre todo, democrática.

Sobre el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, un alto porcentaje de los encuestados por el CEP estima que la mala convivencia social se ha agravado en la Araucanía.

Es así que un 66% de los mapuche piensa que es «mala» o «muy mala» y solo 5% percibe que es «buena» o «muy buena», acercándose al 68% los no mapuche que piensan lo mismo. Haciendo una separación entre los mapuche rurales y urbanos, 62% de los primeros cree que la convivencia en la Araucanía es «violenta» o «muy violenta» versus 72% de los segundos.

En el mismo ámbito, un 58% de los mapuche encuestados «nunca justifica» el uso de la violencia como mecanismo de presión. Esto significa, en comparación con la encuesta CEP de 2006, un aumento de veintiún puntos porcentuales, pues en ese momento, un 37% no la justificaba. Ello da cuenta de un pueblo pacífico y dialogante, una característica cultural desaprovechada por los Gobiernos.

El siguiente dato resulta revelador del camino adoptado por las autoridades para contener, mas no resolver, el conflicto sureño. Un 43% de los mapuche encuestados reconoce que el principal foco de conflictividad no está en la relación «comunidades versus chilenos», sino en la relación «comunidades versus Carabineros».

La buena noticia es que el conflicto no se percibe aún, pese a los discursos extremos de ambos bandos, como un «conflicto étnico», dato a todas luces esperanzador para la región. La mala, sin embargo, es que da cuenta del protagonismo alcanzado en la última década por Carabineros de Chile en su rol de cuerpo represor de la demanda mapuche, especialmente en la gestión Burgos-Jouannet.

Pese a ello, Carabineros de Chile es también la institución con la cual los mapuche señalan tener mayor confianza. Un 42% de los encuestados confía en esta institución, alineándose así con el 43% de los no mapuche consultados.

Esta aparente paradoja se explica al ser Carabineros de Chile una institución de histórica cercanía social con la realidad indígena y campesino-rural del sur. Lo preocupante es que esta confianza se ve debilitada en la medida que la institución es usada como brazo armado del Estado para contener la demanda mapuche.

Un error político que puede tener graves consecuencias para la paz social a futuro. Qué duda cabe.

Contrario a lo que agricultores y empresarios han planteado de manera recurrente, la demanda de tierras es ampliamente valorada por los mapuche urbanos y rurales. En esta línea, un 49% de los encuestados opina que el mecanismo principal para pagar la deuda con el pueblo mapuche es la restitución de las tierras.

Luego, un 16% estima que debe ser a través del reconocimiento constitucional, un 11% a través de mejoras en los accesos a educación de calidad, un 7% con dinero, un 5% fomentando el aprendizaje de la lengua, un 4% aumentando la representación política y un 2% concediendo autonomía.

Relevante resulta constatar que de los encuestados no mapuche, un 45% también opina a favor de la restitución de las tierras. Ello da cuenta de una legitimidad en el reclamo territorial que trasciende por lejos al mundo indígena.

De la misma forma, una mayoría mapuche señala estar en contra de la venta de tierras a personas no mapuche y/o de la posibilidad de hipotecar sus propiedades. Esto es especialmente relevante frente a la opinión extendida en sectores del agro y del empresariado de la Araucanía sobre lo «beneficioso» de reformar la Ley Indígena 19.253 en aquellos artículos que prohíben hoy su venta o hipoteca a terceros no mapuche.

Frente a ello, un 64% de los encuestados mapuche rurales señaló estar en contra de la venta de tierras a personas no mapuche y un 49% en contra de la hipoteca sin permiso del Gobierno.

En base a dicho resultado, ¿tiene salida el actual conflicto por tierras en las regiones del sur? Mi opinión es que sí la tiene.

En la actualidad la demanda de tierras mapuche tiene como principales protagonistas a comunidades y empresas del rubro forestal. El propio origen del actual ciclo de movilizaciones tuvo lugar en la zona maderera de Lumaco a fines del año 1997, con la reclamación del fundo Pidenco de Forestal Bosques Arauco por parte de las comunidades Pichilonkoyan y Pilinmapu.

Ha sido el blindaje de los Gobiernos al extenso patrimonio forestal —sobre un millón de hectáreas al sur del Biobío— el que ha extendido el conflicto hacia predios particulares, sean fundos agrícolas o pequeñas parcelas de campesinos chilenos pobres.

He allí un dato a considerar: en el actual escenario de conflicto, tanto comunidades mapuche como agricultores asoman como víctimas del modelo de desarrollo basado en el monocultivo forestal, así como de sus múltiples externalidades negativas.

La idea, señaló el exintendente Francisco Huenchumilla en su fallida Propuesta de Solución al Conflicto, es que la prioridad para la devolución de tierras en conflicto la tengan «los predios de las grandes empresas forestales colindantes con las comunidades indígenas».

El conflicto de tierras hoy puede y debe ser abordado por una vía alternativa a la salida de mercado que hoy caracteriza a Conadi y al Fondo de Tierras. Un camino es la aplicación de la Ley de Expropiación a parte del extenso patrimonio forestal. ¿Y si mapuche y agricultores demandan al Estado una salida de este tipo?

Los resultados de la Encuesta CEP dan cuenta de manera bastante fidedigna de lo que son y piensan hoy los mapuche, tanto a nivel urbano como rural. Nos brindan a su vez la posibilidad de una mirada mucho más serena y aterrizada del conflicto, caracterizado muchas veces de manera apocalíptica por discursos y posiciones ideológicas excluyentes.

Que no se malentienda. No se trata de negar la existencia de un conflicto violento no resuelto, que afecta gravemente la convivencia interétnica y vulnera los derechos de propietarios, comunidades mapuche y de todos quienes, de una u otra forma, se ven atrapados en su negligente abordaje político.

Contrario a lo que muchos pudieron esperar, el CEP nos presenta visiones bastante sensatas sobre la realidad mapuche, tanto en sus demandas como en su fortalecimiento cultural y la percepción del conflicto, visiones que guardan perfecta relación con lo que opina la sociedad no indígena e incluso con el derrotero de las políticas que hoy están en marcha o que se podrían implementar a futuro.

Resulta evidente que la solución del conflicto pasa por un acuerdo político a gran escala que restituya tierras a las comunidades, otorgue espacios de representación política, oficialice la lengua mapuche y posibilite el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional.

Será este acuerdo político amplio y no la acción represiva del Estado, inconducente en cualquier régimen de gobierno, el que permitirá neutralizar la violencia y transformar a las regiones del sur en un polo de desarrollo y bienestar para todos sus habitantes.

El ciclo de la violencia

Esta semana se inició en Temuco el juicio oral contra el fotógrafo Felipe Durán, acusado de tenencia de armas y municiones, un nuevo capítulo judicial en el ya latamente descrito y documentado conflicto sureño.

Durán fue detenido tras un allanamiento a su vivienda en un sector rural de Padre Las Casas cuando la policía buscaba al dirigente de Ercilla Cristian Yebilao, prófugo por otras causas vinculadas también al conflicto. Ambos fueron detenidos esa mañana y tras once meses en prisión preventiva fueron finalmente llevados a juicio. Ambos arriesgan hasta once años de cárcel.

Más allá del fondo de la acusación —corresponde al tribunal dirimir si es culpable o inocente—, el caso de Durán pone en el tapete una vez más lo inconducente y peligroso que resulta judicializar un conflicto de carácter político. Y cómo la trama de la persecución penal se vuelve una telaraña donde —tarde o temprano— cualquiera resulta atrapado.

Durán —para quienes no lo saben— es un destacado reportero gráfico, miembro de la Asociación de Reporteros Independientes, que en los últimos años ha documentado para diversos medios el conflicto y sus diversas aristas. Su trabajo, me consta, era también valorado por agencias internacionales que recurrían a él de manera periódica.

Y es que Durán, ante todo, es un gran fotógrafo, un profesional autodidacta que nunca ocultó su simpatía y adhesión por los más desfavorecidos de justicia en la zona sur: las comunidades mapuche. De allí que su lente registrara, casi de manera exclusiva, episodios de represión y abuso estatal otras tantas veces ignorados o falsamente desmentidos.

Ello y no otra cosa, denuncian las comunidades, es lo que terminó con Durán encarcelado en Temuco. Razones tienen para pensarlo. Y es que Durán no es el primer comunicador social en terminar tras las rejas por su trabajo en Wallmapu. Misma suerte corrió en 2008 la realizadora audiovisual Elena Varela y parte de su equipo mientras filmaban el documental Newen Mapuche.

Varela fue detenida en marzo de 2008 tras un hollywoodense operativo policial y acusada por el Ministerio Público de asociación ilícita, robo con homicidio y robo con violencia, ello en el marco de una investigación por atracos a una sucursal bancaria y a una oficina de pago de pensiones de la zona central entre los años 2004 y 2005.

A Varela, tal como acontece hoy con Durán, se la vinculó además a grupos armados de ultraizquierda en teoría infiltrados en la causa mapuche. Ni lo uno ni lo otro. Tras año y medio de investigación, donde llegó a estar recluida en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, Varela fue absuelta en juicio de todos los cargos. Nunca pudo recuperar, sin embargo, su trabajo requisado por la policía.

No, Felipe Durán no es el primer comunicador en ser encarcelado. Y de insistir el Gobierno con la lógica de los calabozos, sospecho tampoco será el último. Y mientras ello sucede ante nuestros ojos, las posiciones de uno y otro bando se endurecen, los discursos se radicalizan y las posibles salidas políticas arden junto a los restos del último camión o iglesia siniestrada.

Es el ciclo de la violencia, que en el caso mapuche tiene al Estado y al Ministerio Público como dos de sus más fervientes promotores en el sur. Si alguien duda de esto último lea por favor la denuncia del ex fiscal jefe de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien acusó presiones de su jefatura para encarcelar a miembros de comunidades mapuches de Ercilla.

Según Traipe, el entonces Fiscal Regional (s), Alberto Chiffelle, le exigía «ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con las comunidades de Temucuicui y Wente Winkul Mapu», obligándolo de manera recurrente a pedir la prisión preventiva de todo imputado mapuche «aun sin contar con pruebas suficientes» para ello.

No solo eso. Traipe también denunció de Chiffelle «permanente discriminación y hostigamiento», llegando a advertirle en su minuto que «los pacos lo tenían en la mira» por su condición de fiscal con ascendencia mapuche. Chiffelle, descendiente de colonos suizos del cantón de Vaud arribados a la Araucanía tras la ocupación militar, encabeza hoy el caso Luchsinger-Mackay.

Académicos, juristas de renombre, incluso el actual presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, han advertido del grave error de criminalizar la protesta mapuche. Y de los vicios que de ello se derivan.

Hoy nadie en su sano juicio cree que el Ministerio Público resolverá el conflicto Estado-pueblo mapuche. Pero el Gobierno insiste en su porfía; no existe un conflicto de tal envergadura, declara a los cuatro vientos. Son simples delincuentes, ladrones de madera y pirómanos anticlericales escudados cobardemente tras la causa indígena.

Lo reafirmó ayer jueves en Arauco el propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ello tras encabezar el «Comité Interinstitucional de Persecución Penal en la Macro Zona Bío Bío-Araucanía», pomposo nombre para designar el coto de caza de campesinos mapuche asignado a fiscales, detectives y efectivos del Gope tan racistas como violentos e inescrupulosos.

«Hay delincuentes que usan la justa causa mapuche para delinquir y eso no es justo ni razonable», sostuvo Aleuy, agregando que gracias a una eficiente estrategia policial las tomas de tierras eran hoy un fenómeno casi inexistente en la zona. «Los delitos han mutado, ahora queman bosques, maquinarias e iglesias», debió reconocer sin embargo ante los periodistas. Flor de consuelo para la ciudadanía.

Desde el retorno de la democracia al menos quinientos ciudadanos mapuche han sido condenados en causas relacionadas con el conflicto y la lucha por la tierra. Y el escenario, lejos de mejorar, empeora cada día. Es el nefasto resultado de intentar ahogar con represión un descontento documentado por especialistas hasta el hartazgo. O de buscar apagar el fuego con bencina.

En 1992 marchas pacíficas y ocupaciones simbólicas de tierras caracterizaban el actuar de las comunidades mapuche. En 1997, con la CAM, hicieron su estreno las ocupaciones productivas, la autodefensa y los sabotajes forestales. En 2001, tras la primera aplicación de la Ley Antiterrorista y el posterior desfile de lonkos por tribunales, Chile supo de prisión política mapuche y huelgas de hambre.

Ante el evidente agravamiento del conflicto, ¿tomó La Moneda cartas en el asunto? Pudo ser Lagos con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. He allí una veintena de atinadas recomendaciones. Pero el estadista optó por el general Bernales y su estampa de Búfallo Bill o general Custer sureño. «No se duerman, vamos por ustedes», una de sus frases favoritas. En verdad, la única que recuerdo.

Se vino entonces la denominada «Operación Paciencia», que terminó, ya lo sabemos, en un fiasco judicial de proporciones. Luego los crímenes policiales de Alex Lemún en 2002 y Matías Catrileo en 2008. Y todo, irremediablemente todo, comenzó a irse al soberano carajo.

Imposible no vincular el crimen de Matías con otro crimen, igual de miserable, el de la familia Luchsinger-Mackay, acontecido en 2013. O el blindaje de los Gobiernos a la industria maderera con la pesadilla posterior de agricultores y parceleros. ¿Acaso ustedes todavía no hacen la relación?

Hoy al menos tres grupos reivindican acciones violentas mapuche en zonas de conflicto. Hace poco uno de ellos, el más antiguo y único que ha explicitado un proyecto político detrás, la CAM, ofreció «tregua» y «diálogo» al Gobierno. La respuesta de Bachelet fue la mesa de Temuco, instancia plagada de buenas intenciones pero carente del más mínimo poder de resolución. «Y carente también de futuro», me advierte uno de sus miembros.

Mientras se desarrolla el juicio contra Felipe Durán no viene mal recordar que es la política y no los tribunales la llamada a resolver el conflicto. Un «parlamento» a la usanza antigua propuso al Gobierno el líder de la CAM, Héctor Llaitul. Mismo llamado hizo el exintendente Huenchumilla en su fallida propuesta para la Araucanía, aquella que frente a Burgos le terminó costando el puesto. La respuesta para ambos fue la misma.

No me cansaré de repetirlo. El diálogo político, el de verdad, a nivel de Estado, de los tres poderes del Estado, es la única salida que garantiza no dinamitemos nuestra convivencia social. O entendemos esto de una buena vez o que cada quien elija su bando y su trinchera. Lo que venga después no tendrá tan fácil marcha atrás.

Referencias de columnas

Bienvenidos al siglo XXI (La Tercera, 3 de julio de 2014)

Fentren newen, valiente ministra (La Tercera, 26 de agosto de 2014)

Temucuicui, la zona roja (Azkintuwe, 26 de julio de 2014)

Las nuevas voces mapuche (La Tercera, 28 de diciembre de 2014)

Chile como el padre Gatica (La Tercera, 24 de septiembre de 2014)

La verdad, la primera víctima (El Dínamo, 17 de noviembre de 2014)

El sueño de la autonomía mapuche (La Tercera, 12 de octubre de 2014)

Calfucurá, el señor de las Pampas (La Tercera, 10 de mayo de 2015)

El racismo que no da tregua (La Tercera, 3 de noviembre de 2014)

Recuento de mitad de año (La Tercera, 23 de diciembre de 2014)

La libertad acribillada (La Tercera, 11 de enero de 2015)

Prueba, ensayo y error (La Tercera, 15 de febrero de 2015)

La lengua del Reino de Chile (La Tercera, 22 de marzo de 2015)

El descontento de Rapa Nui (La Tercera, 14 de abril de 2015)

Una negligencia criminal (La Tercera, 22 de mayo de 2015)

Fuerte Temuco (La Tercera, 6 de junio de 2015)

Un nuevo amanecer para todos (La Tercera, 24 de julio de 2015)

2080, un Chile plurinacional (La Tercera, 30 de julio de 2015)

La renuncia de Bachelet (La Tercera, 27 de agosto de 2015)

Hemos retrocedido dos décadas (La Tercera, 29 de agosto de 2015)

Beausejour, el Cantona chileno (La Tercera, 6 de diciembre de 2015)

El anciano lonko que no… (La Tercera, 18 de noviembre de 2015)

Araucanía, la historia sin fin (La Tercera, 15 de diciembre de 2015)

¿Paz en la Araucanía? (La Tercera, 22 de diciembre de 2015)

Una visita para el olvido (La Tercera, 30 de diciembre de 2015)

Chile sigue estando en Dicom (La Tercera, 16 de enero de 2016)

La visita de Piñera (La Tercera, 26 de enero de 2016)

Huenchumilla 2017 (La Tercera, 9 de febrero de 2016)

La irrupción de los alcaldes (La Tercera, 7 de febrero de 2016)

Ingkayaiñ taiñ zugun (La Tercera, 23 de febrero de 2016)

Evo, un demócrata satisfecho (La Tercera, 28 de febrero de 2016)

Tirúa, el polvorín de Arauco (La Tercera, 13 de marzo de 2016)

Kumelen, estar bien (El Austral de Temuco, 20 de marzo de 2016)

Una machi con historia (La Tercera, 31 de marzo de 2016)

De liceo intercultural a base policial (La Tercera, 17 de abril de 2016)

Una herida que no sana (La Tercera, 3 de abril de 2016)

La tierra, el nudo ciego del conflicto (Azkintuwe, 12 de abril de 2016)

Hora de decir basta (La Tercera, 19 de abril de 2016)

La cuenta de Jouannet (La Tercera, 30 de abril de 2016)

La traición de la palabra (La Tercera, 23 de abril de 2016)

Un veterano de tres guerras (Azkintuwe, 1 de mayo de 2016)

El modelo nórdico (La Tercera, 16 de mayo de 2016)

Estamos solos (La Tercera, 30 de mayo de 2016)

La nueva salida del sol (La Tercera, 29 de junio de 2016)

El pueblo mapuche hoy (El Austral de Temuco, 23 de junio 2016)

El ciclo de la violencia (La Tercera, 5 de agosto de 2016).

PEDRO CÉSAR CAYUQUEO MILLAQUEO (Puerto Saavedra, 28 de diciembre de 1975) es un periodista y escritor chileno de etnia mapuche.

Hijo de Pedro Cayuqueo Huechucoy y Jacinta Millaqueo Mariqueo, es originario de la reducción Cacique Luis Millaqueo, del sector Ragnintuleufu (en español: «entre ríos»), comuna de Nueva Imperial. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santa Clara (actual Colegio San Francisco) de Nueva Imperial.

Ingresó primero a leyes en la Universidad Católica de Temuco, donde estudió en 1998-1999, y después en la de La Frontera (2000-2005), de la que egresó como periodista. Ha realizado pasantías en comunicación y derechos indígenas en institutos y universidades de países como Dinamarca, España, México, Bolivia y Canadá.

En Chile sus crónicas y análisis han sido publicados por diversos medios, siendo en la actualidad columnista del diario La Tercera, revista Caras y diario Austral de Temuco. Se ha desempeñado además como corresponsal sobre temas indígenas de numerosos medios internacionales.

Cayuqueo es autor de varios libros de periodismo de opinión y de investigación. Director de MapucheTimes,​ lo fue también del periódico Azkintuwe, que circuló durante una década en el sur de Chile y Argentina (dejó de salir en 2013). Entre 2015 y 2016 se desempeñó como conductor del programa de televisión sobre cultura mapuche Kulmapu de CNN Chile y VTR.