SINOPSIS

De la Ilustración a la actualidad (1789-2020).

Durante más de cien años, la derecha ha sido dominante en la sociedad española. Entenderla es fundamental para conocer nuestra propia historia contemporánea. Este monumental libro aborda la trayectoria histórico-social e ideológica de ese conjunto de tradiciones políticas que configuran lo que genéricamente denominamos «derecha española», y que han marcado de modo indeleble nuestra identidad como nación.

Su trayectoria histórica es particular, ya que difiere de otras derechas europeas, como la francesa, la británica, la alemana o la italiana, y no es, ni ha sido nunca, monolítica, sino una realidad plural.

PEDRO CARLOS GONZÁLEZ CUEVAS

HISTORIA DE LA DERECHA ESPAÑOLA

De la Ilustración a la actualidad (1789-2022)

A mis padres, Pedro (q. e. p. d.) e Isabel

Están presente y pasado presentes

tal vez en el futuro, y el futuro

en el pasado contenido.

Si está eternamente presente el tiempo

todo, todo el tiempo es irredimible.

Lo que pudo haber sido es abstracción

que existe, posibilidad perpetua,

solo en un mundo en teoría.

Lo que pudo haber sido y ha sido

miran a un solo fin, siempre presente.

T. S. ELIOT

PRÓLOGO

La publicación de una historia amplia y de conjunto de las derechas en la vida política de la España contemporánea marca un hito en el estudio de las ideas y los movimientos políticos por varias razones. La primera proviene de la obviedad de que el país ha sido gobernado principalmente por partidos o regímenes no izquierdistas durante la mayor parte de su historia contemporánea, con la excepción del régimen actual. La segunda es que este libro nuevo alivia la debilidad del análisis intelectual de los grupos políticos en España. La tercera es que su autor, Pedro Carlos González Cuevas, es el estudioso más destacado en todo este campo en el país, fuente prolífica de muchas obras de alta calidad, dedicadas principal, pero no exclusivamente, a los grupos de derechas.

Como señala al comienzo, las derechas españolas de los dos últimos siglos están divididas en dos sectores con frecuencia antagónicos: el conservadurismo parlamentario y moderado, en un lado, y la derecha tradicional antiliberal, normalmente católica y con rasgos autoritarios o semiautoritarios, en el otro. Esta realidad fundamental no es la expresión de ninguna «diferencia española», sino algo normal que se encuentra en la gran mayoría de los países europeos y también en otras partes del mundo. La idiosincrasia española no proviene de esta realidad en sí, sino de su grado e intensidad: el predominio, hasta 1975, de la derecha más dura. A partir de entonces, el eclipse de la derecha extrema ha sido casi total, y su existencia ha quedado confinada, principalmente, a la propaganda apocalíptica de las izquierdas.

Es también la contraparte de la situación en la que se encuentran los grupos de izquierda, con la diferencia de que el liberalismo es aún menos frecuente entre este sector. Mientras la derecha moderada ha podido fundar regímenes parlamentarios y constitucionales que han conseguido funcionar productivamente durante algún tiempo (Isabel II, la Restauración, Juan Carlos I), los regímenes fundados por las izquierdas, en ambos casos repúblicas, han desembocado tempranamente en guerra civil y en desastre total. Así, España ofrece la aparente paradoja (que realmente no lo es) de que los regímenes fundados por las derechas moderadas son los únicos capaces de defender un liberalismo y un constitucionalismo fundamentales. Y que, cuando las izquierdas baten otra vez los tambores de guerra a favor de un nuevo régimen puramente de izquierdas, la pobre España se encuentra de nuevo al borde del precipicio.

Este libro no repite ninguna publicación anterior, sino que es un estudio nuevo y exhaustivo de los grupos y partidos de las derechas en el sentido más amplio, desde el conservadurismo muy moderado de centro-derecha hasta los derechistas más ultras. Son tendencias tan marcadamente diferentes que reflejan una tensión mutua y constante, cuestión esta en la que el autor navega con precisión y destreza. Toda la obra está caracterizada por su análisis penetrante, que abarca tanto la teoría como la práctica. El resultado es un análisis de una riqueza singular, sin parangón en el campo de los estudios políticos españoles, y con una utilidad múltiple. Puede ser consultado como la gran historia que es, como un enfoque monográfico sobre los grupos más importantes o las doctrinas más relevantes, o como un libro de referencia para la investigación o el estudio.

El libro es todo esto, una gran historia y un compendio analítico de una parte vital de la historia contemporánea de España.

STANLEY G. PAYNE

PRIMERA PARTE

POSICIONES, CONCEPTOS Y ORÍGENES

1

PUNTO DE PARTIDA

Este libro, cuya primera edición, publicada por la extinta Biblioteca Nueva con otro título, Historia de las derechas españolas, data de comienzos del año 2000¹, fue, y continúa siendo, un intento de comprensión de la trayectoria histórico-social e ideológica de un conjunto de tradiciones políticas que configuran lo que genéricamente denominamos «derecha española» y que han marcado de modo indeleble nuestra identidad como nación. Al revisarlo veinte años después —para incluir algunos hechos política y socialmente decisivos— descubro no una mayor afinidad con algunas de estas tradiciones políticas, pero sí una mayor capacidad de comprensión. Y es que el contexto social, político, cultural, incluso internacional en el que apareció esta obra ha cambiado por completo.

Solía decir Wilhelm Dilthey que el método histórico consiste en «formar conceptos que exponen en sí el ser propio de la época». Y el contenido de esos conceptos es lo que se ha denominado el «espíritu del tiempo»². Hoy, captar ese «espíritu del tiempo» es mucho más complicado que hace veinte años. Lo que entonces nos parecía casi obvio, de «sentido común», ahora no lo es tanto, o no lo es en absoluto. En ese sentido, no debemos olvidar que, como afirma Friedrich von Hayek, política e historia se encuentran íntimamente relacionadas. La historia es, en opinión del economista y filósofo austríaco, tanto arte como ciencia, y aquel que intente «escribir historia y olvida que esta le plantea la tarea de formular una interpretación a la luz de determinados valores se engaña a sí mismo y será víctima de sus prejuicios personales subconscientes»³.

No menos importante es el hecho de que, como advertía el filósofo Richard Rorty, una de las funciones del saber histórico es la de proporcionar al público no una imagen objetiva del pasado —algo imposible⁴—, sino los fundamentos de lo que debería ser una nación. De ahí que los debates historiográficos puedan entenderse como discusiones en torno al futuro de una sociedad, en definitiva, de una nación⁵.

Decía el gran Menéndez Pelayo que nada envejece tan pronto como un libro de Historia⁶. En lo relativo al método, las hipótesis, tesis y las conclusiones, creo que lo que propuse en el año 2000 ha envejecido bien. Sin embargo, hoy me parece un error el silencio prácticamente absoluto en mi estudio acerca del tema de la condición femenina, algo que he intentado subsanar en esta nueva edición. El libro fue bien recibido por la crítica. Significativamente, autores tan alejados ideológicamente como la historiadora socialista Mercedes Cabrera y el intelectual conservador Gonzalo Fernández de la Mora le dedicaron elogiosos comentarios⁷. Y lo mismo hicieron José Manuel Cuenca Toribio y Antonio Rivera en recientes libros dedicados al tema que nos ocupa⁸. De la misma forma, he de decir que el libro se ha convertido, afortunadamente para mí, en una obra de referencia sobre este asunto.

Sin embargo, como ya he dicho, elaboré la primera edición de este libro en un contexto muy diferente al actual. Sin ser completamente satisfactorio, el momento social y político formaba parte, en apariencia, de un seguro vuelo ascensional que comenzó a interrumpirse pocos años después con la crisis social y económica de 2008, la crisis nacional de 2017 y la actual crisis epidémica e internacional que arranca en 2020 y culmina en 2022. No hacía mucho tiempo habíamos celebrado los Juegos Olímpicos de Barcelona, todo un símbolo de éxito⁹. Una derecha aggiornada, representada entonces por el Partido Popular, había llegado al Gobierno en 1996, logrando la necesaria y beneficiosa alternancia política tras la longeva etapa socialista. Apoyada en unos medios de comunicación excesivamente deferentes, la institución monárquica parecía consolidada para muchos años. Lo que el filósofo Marcel Gauchet denominaba «guerra civil de la espiritualidad», el combate intelectual y político entre el confesionalismo y el anticlericalismo, tan intenso en la España contemporánea, parecía haber perdido vigencia. Pese a sus claras disfunciones y contradicciones, el denominado «Estado de las autonomías» fue interpretado por el conjunto de las élites políticas e intelectuales como la solución natural a los problemas suscitados por los nacionalismos periféricos y por los permanentes particularismos hispanos. España había entrado en la Unión Europea y en el euro, todo un triunfo para las aspiraciones de un importante sector de las elites políticas, intelectuales y económicas.

Tras la caída de los sistemas del llamado «socialismo real», no existía —o así pensaban algunos— alternativas a la democracia liberal y al sistema económico capitalista en su versión financiera. Francis Fukuyama popularizó un discutible diagnóstico de nuestro tiempo, haciendo referencia al supuesto «fin de la Historia»¹⁰, un diagnóstico que fue aceptado, en un principio, por la mayoría de las élites políticas, intelectuales y mediáticas del momento. Craso error. Olvidaban, si es que los conocían, los claros fundamentos del realismo político, que, como afirmaba el gran Max Weber, nos señala que «frente al sueño de paz y felicidad para el hombre, sobre la puerta del ignoto porvenir de la historia humana, está escrito: lasciate ogni speranza»¹¹. Otro maestro del realismo político y discípulo de Weber, Raymond Aron, había rechazado igualmente esa visión de la democracia liberal como culminación de la historia de la humanidad. Se trataba más bien, en su opinión, de un régimen político imperfecto, siempre inacabado en «recréaient perpétuelle de nouveaux ennemis»¹².

Bien es verdad que aquella ilusión duró muy poco. El 11 de septiembre de 2001 supuso, en ese sentido, un cambio cualitativo. Como señaló el politólogo Robert Kagan, se produjo un auténtico desquite de la Historia. El mundo no se había transformado en el sentido señalado por Fukuyama. En todas partes, el Estado-nación seguía siendo tan fuerte como antes, al igual que las ambiciones nacionalistas, las pasiones y las competencias entre naciones. Estado Unidos quedó, sin duda, como la potencia hegemónica, pero emergían de nuevo Rusia y China, y escalaban posiciones India e Irán. La exportación del modelo liberal fracasaba plenamente en Oriente Medio. El viejo antagonismo entre liberalismo y autocracia resurgía nuevamente, y se revivía la disputa aún más antigua entre islamistas y las potencias modernas y laicas. La conclusión era obvia: «Hemos entrado en una era de divergencia»¹³.

Por ello, como ha afirmado un filósofo político español, Dalmacio Negro Pavón, se produjo «el final de la normalidad»¹⁴. La democracia liberal ha entrado en una profunda crisis de legitimidad y de representatividad. En este sentido, el historiador italiano Emilio Gentile ha señalado:

La democracia no está grabada en el destino humano como un código genético. Ninguna población tiene la democracia en su ADN, como se dice hoy con una horrible metáfora de un vago sabor racista. Mi valoración es muy simple: si la democracia es el poder del pueblo soberano y el pueblo soberano ya no tiene poder, la democracia deja de existir o se convierte en algo distinto de lo que ha sido hasta ahora. Y también el pueblo soberano se convierte en otra cosa […]. Sea como fuere, la democracia es un fenómeno histórico, y como todos los fenómenos históricos ha tenido un comienzo. Y podría tener un final. Así es para el pueblo soberano¹⁵.

Como consecuencia del proceso de globalización económica, del cuestionamiento del modelo de Estado-nación, de la decadencia de las clases medias¹⁶ —a causa de las sucesivas crisis financieras—, de la digitalización de las sociedades desarrolladas, que conduce a la «infocracia»¹⁷, de los problemas medioambientales y de la integración de las minorías¹⁸, la democracia liberal ha dejado de ser el modelo por antonomasia de régimen político legítimo. Y no solo en Oriente Medio, África o Asia; incluso en Europa y América han surgido como alternativa las denominadas «democracias iliberales», cuyas características fundamentales son el culto al poder fuerte, el populismo, la exaltación nacional y religiosa y una acentuación del control de las autoridades políticas en la sociedad. Figuras como Donald Trump, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro, Victor Orbán o Recep Tayyip Erdogan representan este modelo político¹⁹. Estas tendencias «iliberales» se manifiestan igualmente en el campo religioso. Autores como Andrea Ricardi vislumbran en países como Hungría o Polonia un nuevo auge del «nacionalcatolicismo», y lo mismo ocurre en la islámica Turquía o en la Rusia ortodoxa.

Por el contrario, el modelo democristiano ha entrado en una irreversible decadencia²⁰. Filósofos, como el comunista Alain Badiou, han hecho referencia a la aparición de un «fascismo democrático»²¹, producto del capitalismo liberal globalizado. Una clara exageración; lo que ha surgido como respuesta al cuestionamiento del Estado-nación, el proceso de globalización económico-financiera y la decadencia de las clases medias es lo que he denominado «derecha identitaria», que no cuestiona los fundamentos de la democracia, pero que defiende la vigencia del Estado-nación, apela a políticas económicas proteccionistas y aboga por la conservación de la identidad tradicional de sus respectivas sociedades²².

¿Significa esto que la democracia liberal se encuentra en vías de desaparición? En mi opinión, no, aunque, como decía Emilio Gentile, nada es eterno en la Historia. Podemos preguntarnos, a ese respecto, si ha existido alguna vez una democracia perfecta. La democracia liberal siempre ha estado en crisis, y su fuerza relativa radica en esa característica. Democracia liberal significa imperfección, equilibrio inestable. Sus promesas son y serán mayores que su capacidad para hacerlas realidad.

Básicamente, la democracia liberal es siempre un proceso. De hecho, las democracias «iliberales» no han suprimido en absoluto las instituciones liberales, ni el pluralismo político y social. En la actual crisis, simplemente ocurre que el régimen demoliberal ha ido perdiendo el aura de ser el paradigma político global. La experiencia ha demostrado que no es exportable sin más, y mucho menos manu militari, a sociedades culturalmente muy distintas. Sin embargo, resulta difícil pensar, hoy por hoy, en su desaparición en los países occidentales. Ni probable, ni deseable. Todo ello, sin embargo, condiciona nuestra interpretación del pasado

En España, la situación comenzó a cambiar sobre todo a partir de la crisis financiera de 2008. Los viejos demonios familiares volvieron a la luz pública, si es que alguna vez se habían ido. La cuestión religiosa continuaba viva, ya que resurgieron los enfrentamientos entre católicos y laicistas a causa de temas como los matrimonios entre homosexuales, la eutanasia y el aborto. Sin duda, este conflicto no deja de ser minoritario, sobre todo por la crisis experimentada por el grueso del catolicismo español, hoy mucho menos influyente que en otras épocas. Prueba de ello fueron las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular, bajo el mandato de Mariano Rajoy, que, de hecho, avalaron la anterior legislación socialista en esas materias. Sin embargo, resulta evidente que el anticlericalismo y el laicismo siguen siendo las señas de identidad de un importante sector de las izquierdas españolas.

En efecto, la izquierda hegemónica española ha sufrido una clara metamorfosis, transformándose en lo que Jean Bricmont conceptualiza como «gauche moral», cuyo centro de interés no es ya la transformación económica de las sociedades, sino los discursos donde se estigmatizan enemigos tales como el racismo, la xenofobia, la homofobia, el «fascismo» o «la extrema derecha», y se defienden la ecología, la diversidad sexual o el feminismo radical. Por decirlo en lenguaje marxista, la «gauche moral» apela a la conciencia y no al ser social, a la superestructura y no a la infraestructura²³. Por ello, esta metamorfosis ha sido criticada por pensadores de izquierda, que denuncian su recurso al moralismo, su abandono de la perspectiva histórica y su tendencia a lo meramente especulativo, sin alternativas reales al sistema capitalista²⁴.

La aparición de Podemos como representación de la izquierda radical fue igualmente una clara manifestación de los cambios experimentados en el campo político español. El PSOE dejaba de ser el único representante de la izquierda en la sociedad española ante los nuevos retos. Tampoco la cuestión de la forma de gobierno escapó al nuevo giro de los tiempos. En junio de 2014, Juan Carlos I, cuya figura hasta entonces parecía poco menos que intocable, se vio obligado a abdicar en su hijo Felipe VI. La institución y la propia figura del monarca no pudieron soportar la erosión de las críticas de que fueron objeto a causa de su escandalosa vida privada y de la corrupción económica que había caracterizado a no pocos miembros de la familia real. Se asistía al final del denominado «tabú real»²⁵. Más grave aún resultaba el evidente fracaso del modelo de descentralización política vigente desde 1978 ²⁶, sobre todo con la insurrección del nacionalismo catalán en septiembre de 2017.

Resulta obvio que el Estado de las autonomías ha favorecido las tendencias centrífugas, y que, además, implica unos costes económicos excesivos que lo hacen inviable a medio plazo. Por otra parte, el sistema político actual ha sido incapaz de crear una simbología integradora como expresión de la unidad nacional. En relación al modelo económico, no solo se produjo la crisis del euro y de la Unión Europea, que fomentó un creciente euroescepticismo —cuya culminación fue el Brexit—, sino que el Estado benefactor salió dañado a la hora de garantizar el nivel de empleo y de evitar las disfunciones más dolorosas debidas al paro, la enfermedad, la invalidez o la vejez.

Al mismo tiempo, España era uno de los países europeos que más se había desindustrializado desde finales de los años setenta, pasando de un 39 % del PIB en 1975 a un 19 % en la actualidad. Y, junto a ello, el denominado «invierno demográfico» español, que pone en cuestión, entre otras cosas, la continuidad social, cultural y los fundamentos del Estado benefactor²⁷. La epidemia de la Covid-19 ha puesto aún más de relieve nuestras carencias. En este contexto social, político y cultural surgió un nuevo partido, VOX, como representación de la modalidad española de la derecha identitaria europea²⁸.

En este sentido, no resulta extraño el final del consenso historiográfico acerca del modelo de transición a la democracia liberal efectuado en España tras la muerte del general Franco. Un sector de la historiografía de izquierdas y del nacionalismo no ha dudado en hacer referencia a «la transición franquista»²⁹. Para Josep Fontana, conspicuo representante de la historiografía marxista, la actuación del PCE y del PSOE fue una traición a los valores políticos de la izquierda y a sus proyectos de transformación social, cuyo objetivo fue acceder a las parcelas de poder político que les podía ofrecer el posfranquismo, lo que dio lugar a su «desarme político y moral»³⁰. Hoy, el significado del denominado proceso de transición español a la democracia es objeto de litigio por parte de historiadores y politólogos³¹. De ahí la efervescencia actual de los discursos de «memoria histórica» y la legislación creada al respecto³².

De igual forma, en estos veinte años se ha cuestionado la manera tradicional de escribir Historia. Nos encontramos en una coyuntura en la que la disciplina de la Historia aparece rodeada de confusión. Y es que las estructuras analíticas y conceptuales características de la Ilustración y, por ende, del marxismo han sido erosionadas profundamente, sobre todo desde la caída de los sistemas de socialismo real. Ya no es posible en absoluto construir un pasado en su realidad entera, ya que todas las reconstrucciones se han mostrado provisionales y dependientes de múltiples interpretaciones.

En opinión de algunos, como el filósofo Hayden White³³, la Historia se encuentra muy próxima al artefacto literario. Para autores como Roland Barthes o Jacques Derrida, el lenguaje es lo que determina la realidad: todo es una construcción lingüística/textual ³⁴. En Historia, como en política, se impone, pues, como hubiera dicho Michael Oaskeshott, un profundo escepticismo epistemológico y metodológico³⁵. Hoy, como ayer, la Historia se nos muestra como una de las realidades más esquivas al análisis racional, a causa de su complejidad, su arbitrariedad y de la subjetividad de los testimonios.

En este sentido, cada historiador puede seguir el método que juzgue más conveniente y útil. En mi opinión, la «Historia razonada», basada en la interacción de ideas, sociedad, política y economía, a la que hacía referencia Joseph Schumpeter en su obra Capitalismo, socialismo y democracia, sigue siendo una aspiración legítima, dentro, por supuesto, de los límites a los que hemos hecho referencia³⁶. Podemos apostar igualmente por un enfoque historiográfico basado, como defendía Fernand Braudel, en «largas duraciones», a la hora de delimitar los grandes cambios históricos³⁷, frente a la perspectiva actual de secundar el presentismo político-mediático de nuestras sociedades acortando los marcos cronológicos de sus investigaciones³⁸.

En cualquier caso, como señalaba Raymond Aron, es preciso partir de la idea de que la Historia consiste en adoptar una perspectiva en todo momento provisional. Y es que siempre podrán descubrirse nuevos enfoques y puntos de vista, relaciones inéditas entre la actualidad y el pasado, porque el pasado y también el presente y el futuro son inagotables³⁹.

Ahora bien, lo que resulta exigible al historiador es, en primer lugar, la honradez intelectual, un imperativo moral hoy muy devaluado. Sin duda, todo historiador tiene su ideología o, si se quiere, su filosofía de la Historia, su marco conceptual previo. Pero ello no le exime de la búsqueda imparcial de la verdad factual. Los hechos han sucedido o no, y averiguarlos es una tarea que permite, aunque solo sea provisionalmente, llegar a ciertas certidumbres. Durante mucho tiempo se atribuyó la matanza de Katyn a los nacionalsocialistas; hoy sabemos que fue obra de los comunistas soviéticos. En ese sentido, la búsqueda de la verdad sigue siendo —con todos sus condicionamientos de orden epistemológico e incluso antropológico— el horizonte utópico de la labor de los historiadores. Naturalmente, todo es susceptible de interpretaciones alternativas, ya que siempre existe una selección previa de los datos por parte del historiador. Por ello resulta absolutamente necesario garantizar una amplia libertad en todos los ámbitos del campo historiográfico, enalteciendo una ética del diálogo y de la crítica solvente, y no obstaculizando los necesarios debates mediante el recurso a leyes coercitivas y sectarias por parte del Estado.

Al mismo tiempo, como solía decir George L. Mosse, es exigible al historiador una cierta dosis de empatía hacia su objeto de estudio para lograr una mayor credibilidad ante el lector⁴⁰. Técnicamente, empatía no significa simpatía. Significa la capacidad de identificarse con otros individuos o colectivos socialmente diferentes, tal vez adversarios e incluso enemigos, sin sentir una especial conexión en el plano emocional. De la misma forma, resulta recomendable al historiador un cierto realismo político mediante el cual se analice fríamente el contexto político, social y lingüístico de la época, lo que implica no caer en el fácil recurso a lo que historiadores como Delio Cantimori o Renzo de Felice denominaban «moralismo sublime», es decir, juicios de valor al servicio de una ideología o causa política determinada⁴¹. Como decía De Felice: «Facciamo storia, non moralismo»⁴². Y, sobre todo, hay que demandar al historiador autenticidad solvente.

Desde luego, no es cómodo navegar contra viento y marea; el ideal es llevarlos a popa. En términos generales, vivir contra corriente no es una empresa amable, ni natural, ni práctica, ni tranquilizadora, sino más bien ingrata, forzada, ruinosa e inquietante. Los maestros del pragmatismo vital son capaces de aprovechar hasta las brisas más leves. Pero hay tareas que solo son auténticas si se cumplen poniendo entre paréntesis todos los vientos, y una de ellas es la teoría o el tema a elegir. Obstáculo serio y áspero, aunque óptimo para medir cualidades. Y es que, al menos en mi opinión, una de las posturas menos gallardas en las que puede encontrarse un intelectual o, en nuestro caso, un historiador, es la de seguir la corriente, y no me refiero solo a las manidas de la política, sino muy principalmente a las intelectuales.

A pesar de los cambios políticos experimentados a lo largo de estas dos décadas —o quizá a causa de ellos—, hoy resulta más arriesgado aún escribir sobre las derechas. La Historia se ha convertido hoy en España —lo mismo que en otros países europeos y en Estados Unidos— en un auténtico «campo de batalla»⁴³, superponiendo en sus reflexiones los acontecimientos violentos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX a la representación metafórica de las posturas interpretativas que se confrontan en la disciplina historiográfica. Esta ha entrado en un terreno donde colisionan distintas escuelas de pensamiento con el fin común de estudiar los hechos en una evaluación de los valores y objetivos que chocan unos con otros. En el campo historiográfico español surgió la figura del «guardián de la Historia», cuya función es obstaculizar el debate intelectual y el pluralismo interpretativo, mediante el recurso a la violencia simbólica, y establecer los límites dentro de los cuales es posible percibir y pensar⁴⁴.

Al serle preguntado al filósofo y activista político libertario Noam Chomsky qué era un «guardián de la Historia», su respuesta fue muy significativa: «Los historiadores, naturalmente. Las clases educadas, en general. Parte de su trabajo es la de conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga los intereses del poder del presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una mera o de otra»⁴⁵. Ese es el gran peligro, que se encuentra relacionado con el recurso a la denominada «memoria histórica» por parte de un sector de la historiografía de izquierdas. Se trata de un claro intento de deslegitimar históricamente al conjunto de las derechas españolas, ofreciendo una imagen y una interpretación absolutamente distorsionada y maniquea de su trayectoria.

Por ello, escribir sobre la historia de las derechas españolas con un mínimo de empatía, realismo y distancia sigue siendo en nuestro campo historiográfico motivo de sospecha. Ese sector de la izquierda historiográfica nos ofrece una imagen de las derechas absolutamente negativa, prácticamente criminal⁴⁶. De hecho, en la nueva Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobada, las derechas quedan borradas de la trayectoria histórica de España hacia la «democracia» como representación de las tendencias antidemocráticas. No solo quedan excluidas la dictadura de Primo de Rivera o el régimen de Franco y sus Leyes Fundamentales, sino toda la tradición del moderantismo y del liberalismo doctrinario, es decir, las Constituciones de 1837, 1845 y 1876. La tradición democrática se remonta a los textos constitucionales de 1812, 1869, 1931, para culminar en el de 1978 ⁴⁷.

No deja de ser curioso que en este tipo de historiografía apenas aparezca el adversario o enemigo, o que se presente miríficamente al conjunto de las izquierdas como reformistas, obviando los proyectos políticos revolucionarios de socialistas, comunistas, anarquistas e incluso de los republicanos jacobinos. Y es que este discurso —sobre todo cuando recurre a un manido antifascismo— lo que busca, como ha denunciado el filósofo alemán Peter Sloterdijk, es la «salvación de la conciencia» de los revolucionarios, borrando «las huellas que delataban qué cerca se había estado de un sistema genocida de clase»⁴⁸. Este relato mendaz ha contribuido de nuevo no solo a retroalimentar el «complejo de derecha»⁴⁹, sino, como ya hemos denunciado, a obstaculizar la investigación histórica y el necesario e ineludible debate entre las diversas interpretaciones del pasado nacional.

En este sentido, las denominadas «leyes de memoria histórica» no solo tienen su fundamento en interpretaciones muy discutibles, sino que suponen un atentado brutal a la libertad intelectual y al debate de ideas. Y es que, como señala Timothy Garton Ash, «nadie puede legislar la verdad histórica. En la medida en que esta pueda ser establecida debe ser hallada por una investigación histórica sin trabas, por la discusión de los historiadores sobre las pruebas y los hechos, por su verificación y sus disputas sobre sus respectivas afirmaciones sin el miedo al procesamiento o la persecución […]. Los hechos históricos se establecen precisamente mediante la discusión y verificación frente a la prueba. Sin ese proceso de discusión —incluyendo el extremo revisionista de la negación completa— nunca descubriremos qué hechos son verdaderamente sólidos»⁵⁰.

Hoy sigue siendo hegemónica la Grand Narrative⁵¹, es decir, el relato sintetizador que pretende ofrecer el testimonio acreditado de los segmentos de la historia de las naciones europeas: «democratización», «secularización» y «crecimiento económico». No hace mucho tiempo, aunque efímeramente, se impuso en España la Grand Narrative marxista de la mano de Manuel Tuñón de Lara y, sobre todo, de Josep Fontana Lázaro; hoy, hasta cierto punto, es dominante la liberal o, como la apellidó Herbert Butterfield, whig ⁵². Un claro ejemplo es la influencia de la historiografía anglosajona, cuyo paradigma es la obra de Raymond Carr España, 1808-1939. Con este tipo de narrativa corremos el peligro, como ocurrió con los textos de Karl Marx en los que se celebraba la colonización británica de la India, de justificar las mayores iniquidades como caminos hacia una supuesta emancipación social y política.

El propio Marx era consciente de ese peligro cuando hacía referencia al «progreso» como «ese truculento ídolo pagano que solo podía beber néctar en cráneos de hombres asesinados»⁵³. De ahí la importancia, en el campo de la derecha, de aquellos autores que Jules Barbey D’Aurevilly denominaba «profetas del pasado»⁵⁴, por sus críticas a la ideología del progreso, luego continuadas por autores tan diversos como Charles Baudelaire, Georges Sorel, Walter Benjamin o Nicolás Gómez Dávila. En este sentido, el conocido teólogo Johann Baptist Metz, padre de la teología política de izquierdas, enfatizaba la profundidad de algunas de las críticas tradicionalistas a las patologías de la modernidad⁵⁵.

Como hemos adelantado ya en alguna medida, nuestra interpretación intenta partir de una visión realista y trágica del proceso histórico, basado en la permanente dialéctica de valores e intereses políticos, sociales y económicos⁵⁶. Un «realismo trágico» que niega la posibilidad de un armónico final de la Historia, pero que admite la posibilidad de «progreso», aunque no solo como conquista, sino como problema⁵⁷.

Y es que los procesos de transformación social pueden ser interpretados como un drama. La implantación del liberalismo implica, como afirmaba Benedetto Croce, la instauración de la «religión de la libertad», sustituta en cierto modo de la religión tradicional⁵⁸. Y llevaba consigo no solo transformaciones de carácter económico, sino, según Marcel Gauchet, «la guerra civil de la espiritualidad» y la «salida de la religión»⁵⁹; en otras palabras, la secularización, proceso muy traumático en el que los hábitos, las costumbres, las creencias y las mentalidades de un importante sector de la población fueron puestas en cuestión.

No menos traumáticos fueron los cambios en el modelo socioeconómico. En su célebre La gran transformación, Karl Polanyi describió ese proceso como una alteración del sistema económico tradicional que requirió una configuración deliberada y a menudo violenta de las economías locales por parte de las élites políticas y empresariales, que sacudieron y desplazaron a las comunidades y prácticas tradicionales. La «individualización» de las personas necesitaba no solo que se separasen de sus contextos sociales y religiosos, sino que la población aceptase que su labor y sus productos no eran más que mercancías estándar sujetas a los mecanismos de conformación de precios, un modo transformador de considerar tanto a las personas como a la naturaleza bajo un nuevo prisma utilitarista e individualista. Si el liberalismo de mercado requirió tratar tanto a las personas como a los recursos naturales como mercancías fue para poder disociar los mercados de la moral tradicional y «reeducar» a las personas para que pensaran sobre sí mismas en términos de individuos separados de la naturaleza y del resto de los seres humanos⁶⁰. En ese sentido, la transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal fue lenta, dramática y enormemente conflictiva.

Como veremos a lo largo de las páginas de este libro, la trayectoria histórica de las derechas españolas difiere de la de otras derechas europeas, como la francesa, la británica, la alemana o la italiana. Y es que el estudio de las formas políticas y de las ideologías exige un enfoque claramente contextualista. Como ha señalado el filósofo escocés Alasdair MacIntyre, los planteamientos filosóficos e ideológicos deben interpretarse en su contexto histórico como una fase concreta de la historia de la sociedad en que se produjeron. Las ideas separadas de ese contexto pierden su poder y su racionalidad⁶¹.

También comprobaremos cómo la perspectiva cultural dominante en la sociedad española de los siglos XIX y buena parte del XX fue la religiosa, en su variante católica. A nuestro modo de ver, el hecho no tiene en sí mismo nada de excepcional si se considera que el factor aislado de mayor peso en la conformación ideológica, mental y cultural de la nacionalidad española ha sido —y sigue siendo, en gran medida— la tradición cristiana en su variante católica, junto con los materiales acarreados por esa tradición. En consecuencia, ningún español puede conocer su habitáculo mental, su «morada vital», como diría Américo Castro⁶², si no se alcanza un cierto nivel de conocimiento de ese sector de la vida colectiva nacional, ya que dicho factor incide en sutiles combinaciones y subterráneas confluencias con el resto de los ingredientes de la textura existencial española.

En este sentido, como tendremos oportunidad de ver, los procesos de «salida de la religión» y de «guerra civil de la espiritualidad», unidos a los cambios socioeconómicos hacia el liberalismo de mercado, fueron especialmente trágicos en la historia contemporánea española. Y es que el triunfo de la Contrarreforma en la España del siglo XVI y la práctica inexistencia de protestantismo en nuestro suelo impidieron el desarrollo del proceso de pluralismo religioso y de fragmentación de cosmovisiones. En los albores de la modernidad, no tuvo lugar en España la guerra civil religiosa que estuvo en la base de las transformaciones políticas de la época. En consecuencia, el Estado no tuvo oportunidad de mediar entre las distintas confesiones religiosas y tampoco necesitó la búsqueda de un elemento legitimador laico y neutral. No se produjo, pues, una ruptura entre el Trono y el Altar. Este fenómeno histórico incidió decisivamente en algunas de las características más notables del pensamiento político español en general y del derechista en particular.

El catolicismo dotó a sus distintas tendencias —y no solo a las de signo conservador o tradicionalista, aunque fuese por un proceso de reproducción inversa— de esquemas interpretativos cargados de mitos, símbolos, imágenes y significados sobre causalidades y acontecimientos del mundo: el providencialismo; la lucha del Bien contra el Mal como motor de la Historia; la perspectiva escatológica; la concepción organicista de la sociedad, distinta de la concepción individualista característica del protestantismo, como señalaron, entre otros, Max Weber y Werner Stark⁶³; la presencia de claros contenidos iusnaturalistas; la glorificación del «pobre», ya sea en sentido paternalista, ya sea en sentido reivindicativo o revolucionario; la imagen de la mujer como «ángel del hogar», etc.

En virtud de este contexto histórico-cultural, podemos distinguir, a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, dos grandes «tradiciones» en las derechas españolas: la «conservadora liberal», heredera de la Ilustración ecléctica, relacionada con los planteamientos del pensamiento «burkeano» y, sobre todo, del doctrinarismo francés, para concretarse luego en el fenómeno del moderantismo y, como culminación, en el «canovismo», cima del régimen de la Restauración. Esta «tradición», de base esencialmente ecléctica, admitió selectivamente, como veremos, las transformaciones políticas y sociales consideradas irreversibles tras el triunfo del liberalismo en Europa, pero con la pretensión de conservar, a partir del concepto de «constitución histórica», determinadas instituciones tradicionales, como la monarquía y el catolicismo, auténticos ejes, desde su perspectiva, de la tradición nacional.

La otra gran «tradición» fue la que denominaremos «teológico-política», o tradicionalista a secas, entendiendo por tal la alianza del Trono y del Altar y la sistematización del hecho religioso como legitimador de la praxis política. «Tradición» que no solo se identifica con el carlismo —el movimiento legitimista español por antonomasia—, sino también con el denominado «neocatolicismo» y con el conservadurismo autoritario, en parte coincidente con aquel en su rechazo del liberalismo y su apelación a la fundamentación religiosa de la política, y en parte divergente con él por su distinta adaptación a las nuevas realidades socioeconómicas y las fidelidades dinásticas. Relacionada con esta «tradición» se encuentra una «subtradición» que denominamos «conservadora burocrática» —lo que hoy conocemos como «tecnocracia»—, que en España va ligada a sistemas autoritarios como los de Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco. Se trata de un estilo de pensamiento que identifica la política con los problemas económicos y administrativos.

La hegemonía católica obstaculizó, como veremos, la emergencia de «tradiciones» alternativas, presentes en otras sociedades, como la derecha positivista o la derecha hegeliana. El krausismo, que no era una filosofía revolucionaria, fue rechazado por las derechas españolas a causa de su carácter laico. De igual forma, el noventayochismo —representado por Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Azorín o Ramiro de Maeztu— fue considerado portador de planteamientos izquierdistas, cuando fue, en buena medida, una reacción a la crisis del positivismo finisecular y, sobre todo, una búsqueda de nuevos fundamentos para un nacionalismo español alternativo.

No menos discutible fue, desde la óptica católica, el rechazo de una figura de contornos tan positivamente conservadores como José Ortega y Gasset. Y es que, ya a finales del siglo XIX, Ángel Ganivet señalaba, en un comentario a la obra de Henrik Ibsen Un enemigo del pueblo, que las derechas españolas, ancladas en el catolicismo tradicional y muy influidas todavía por el carlismo, eran incapaces de captar y comprender su mensaje contrario a la democracia⁶⁴. A la altura de los años sesenta del pasado siglo, Carl Schmitt, en una visita a la España de Franco, se extrañaba de la influencia que todavía ejercían los tradicionalistas⁶⁵. El ulterior rechazo de las pautas de la Nouvelle Droite, de Alain de Benoist, ha tenido idénticos contenidos confesionales⁶⁶.

Sin embargo, todo ello no se encuentra únicamente relacionado con factores de carácter religioso-cultural, sino con una sociedad que a lo largo de una centuria se encontraba profundamente atrasada, subdesarrollada, agraria, con fuertes diacronías en su seno, carente de hinterland colonial, cuya unidad era todavía incipiente y que pronto se vería amenazada por la emergencia de los nacionalismos catalán y vasco. Además, el régimen liberal nunca gozó de legitimidad ante los ojos de importantes sectores de la población, tanto en la derecha como en la izquierda. «Liberalismo temprano, democracia tardía», sostendrían historiadores ideológicamente tan distantes como Santos Juliá Díaz y Stanley G. Payne⁶⁷.

La crisis finisecular no produjo la emergencia de nuevos movimientos políticos en la derecha, y lo mismo ocurrió años después con el estallido de la «guerra civil europea» y con los procesos de «corporativización» de las sociedades europeas que dieron al traste con el liberalismo y el conservadurismo tradicionales⁶⁸. Esto tuvo como consecuencia la renovación de las tradiciones teológico-políticas, con la emergencia del movimiento católico y la persistencia del tradicionalismo carlista. La dictadura de Primo de Rivera fue el primer triunfo de los sectores antiliberales, que no solo supuso la crisis terminal del conservadurismo liberal, sino que, como veremos, obstaculizó la emergencia del fascismo español, siempre irrelevante en nuestra sociedad.

El advenimiento de la Segunda República no hizo sino robustecer la resistencia de las tradiciones teológico-políticas, que tuvieron su edad de oro durante el régimen del general Franco. El Concilio Vaticano II y el proceso de desarrollo económico de los años sesenta contribuyeron decisivamente a la erosión de los fundamentos ideológicos y religiosos de la derecha antiliberal. Tras la muerte del general Franco pudo consolidarse una derecha liberal-conservadora afín al régimen demoliberal, y hoy, como ya señalamos, asistimos a la emergencia de una derecha identitaria, como VOX, muy crítica con los procesos de globalización económica, las derivas independentistas de los nacionalismos periféricos y los proyectos de una Europa federal, y que ha recuperado parte del acervo ideológico del conservadurismo tradicional español.

Una trayectoria histórica que no ha conducido, como vemos, a un utópico «fin de la Historia», y mucho menos a una «España sin problemas», sino a la aparición de nuevos retos y a la emergencia de nuevas «tradiciones» ideológicas y políticas, tanto en la derecha como en la izquierda.

En otro orden de cosas, he de recordar a una serie de historiadores e intelectuales tristemente desaparecidos, como Gonzalo Fernández de la Mora, Feliciano Montero García, Santos Juliá Díaz, Carlos Seco Serrano, Antonio Morales Moya, Aquilino Duque, Ana Martínez Arancón, Sagrario Torres Ballesteros y Enrique Zuleta Álvarez. Y enviar el saludo y agradecimiento a los amigos felizmente vivos, como Andrés de Blas Guerrero, Carmen Rivera Fernández de Velasco, Antonio López García, Francisco de Luis Martín, Pablo Guerrero, Javier López, Ignacio Hoces, Juan Pablo Serra, José Antonio Díaz Martínez, Joaquín Puig de la Bellacasa, María José Flores Tena, Jesús del Real, Francisco José Carballo López, José Antonio Olmeda, Alfonso Pérez Maura, Julio de la Cueva, Lola Cruz Arroyo y Stanley G. Payne.

2

LA DERECHA Y LAS DERECHAS

UNA VISIÓN DE LA REALIDAD

Las palabras «derechas» e «izquierdas», en su acepción ideológica, se encuentran desde hace tiempo incorporadas al lenguaje cotidiano —y figuran en los diccionarios— de tal modo que hoy constituyen «hechos sociales». Y los «hechos sociales», como viera en su día Emile Durkheim, son «obligatorios»¹.

No obstante, esta distinción es previa a su contenido propiamente ideológico y/o político. En 1909, el antropólogo Robert Hertz publicó un artículo acerca de la extrapolación de la dicotomía derecha/izquierda en la lengua y en la cultura de forma que abarcase contrastes mucho más básicos, tales como bien/mal, Dios/ demonio, divino/profano². Así, conocemos la proclividad de la mente humana para poner de relieve las diferencias que se van a enfatizar, lo que Hertz llamó «casi insignificante asimetría», convirtiéndola en oposiciones binarias casi abismales. En este sentido, conferir a las dos palabras una acepción ideológica equivalió, como veremos, a crear palabras nuevas. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la prosperidad de ambas voces en esa nueva acepción solo pudo justificarse por la existencia de una vinculación entre el sentido antiguo y el nuevo. Ha tenido que verse en la derecha-ideología una afinidad con la derecha-ubicación, y la misma se debió percibir entre el sentido homólogo de la palabra «izquierda».

Conviene, por ello, que profundicemos un poco en la acepción tradicional. Como señaló Hertz, en tal sentido preideológico la «preeminencia de la mano derecha» resultó manifiesta. La voz «derecha» servía para expresar ideas de «rectitud» intelectual, de «derechura» e integridad morales, de belleza, de norma jurídica, mientras que «izquierda» evoca la mayoría de las ideas contrarias³.

Así, por ejemplo, el adjetivo sáncristo daksiva, «derecha», «que está a la derecha», significa, además, «moral», «honesto», «amable», «cortés». Esta última acepción corresponde igualmente al griego dexiós. El latín dexter tiene relación con decet, «decente», «decoroso», y con decos, «moralidad», «deber», «virtud». El irlandés deas equivale a «conveniente», «decente», «correcto», «elegante», «bello». El persa rast también liga el concepto de derecho a la noción material y moral de rectitud. Y otro tanto ocurre en las lenguas germánicas, eslavas y romances. A su vez, los vocablos que designan lo «izquierdo» suelen apuntar a la idea de incorrección, de separación del orden legítimo. En latín, las palabras sinister y scaevus poseen el sentido secundario de «incorrecto». La locución francesa donner á gauche quiere decir «obrar al revés de como se debe». En portugués, esquerdear es desviarse del «deber de la razón». En inglés, sinister significa, entre otras cosas, «deshonesto», «corrompido». En la antigua China se aplicaba el nombre de «caminos de izquierda» a las prácticas que se apartan del camino correcto, de la legalidad y del orden público⁴.

En el Talmud, a la derecha de Dios está la vida y a la izquierda, la muerte. La superioridad de la derecha se encuentra también en el Zohar, texto principal de la Cábala. Aquí aparece la idea —de filiación gnóstica— de una «emanación de la izquierda» que constituye la jerarquía ordenada de las potencias del Mal; se trata del reino de Satanás, emanado del mismo Dios, de quien es el lado «izquierdo»⁵. En las religiones mediterráneas, la izquierda marca la dirección hacia la muerte⁶. La derecha representa en el Antiguo Testamento el lado del Bien, y la siniestra, el del Mal. En el Eclesiastés, X, 2, está la sentencia: «El corazón del sabio está a su lado derecho; más el corazón del necio está a su lado izquierdo».

La preponderancia de la mano derecha se da igualmente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo XXV, 31-46, se describe el Juicio Final, en el que los bienaventurados serán colocados a la derecha de Dios y los condenados a la izquierda. El simbolismo se presenta en otros textos novotestamentarios; generalmente, se trata de alusiones a la diestra de Dios, la cual, como en el Antiguo Testamento, significa su predilección o su poder⁷.

En el fondo, lo que subyace en la acepción tradicional es la vinculación de la mano o del lado derecho a lo estable, lo permanente y, hasta cierto punto, significaba la fijeza, en tanto que la izquierda tenía una remota pero clara conexión con lo eventual e inesperado, que se aproximaba a la idea general de opuesto y contrapuesto. En ese sentido, el zurdo ha soportado los tabúes que se inclinan en la tendencia favorable a servirse de la mano izquierda. De ahí los permanentes y tradicionales intentos para que el zurdo se integrara en el ejercicio de la derecha, lo que, en rigor, era la prolongación física de las reglas establecidas.

Sin embargo, y como es de sobra sabido, la invención política de los términos «derecha» e «izquierda» es francesa y aparecen en los comienzos de la Revolución de 1789. El episodio fundador es bien conocido. El 28 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional constituyente, justo cuando se debatía la cuestión del papel del rey en la monarquía constitucional que se proyectaba, se dividió en dos partes bien diferenciadas: a la derecha se agruparon los constituyentes favorables a dotar al soberano de poderes decisorios; mientras que a la izquierda lo hicieron aquellos que eran hostiles a esa extensión. Tanto es así que el problema quedó de manifiesto a través de la cuestión del veto suspensivo.

No obstante, se imponen algunas matizaciones históricas a esta imagen tópica. Los hechos del 28 de agosto tienen el valor de un símbolo; pero la puesta en escena de la bipolaridad política había tenido lugar ya a principios de verano en el seno de los Estados Generales, cuando se produjo la aproximación de algunos nobles y del bajo clero al Tercer Estado y su instalación a la izquierda de la sala, mientras que a su derecha se colocaron el resto del clero y de la nobleza. De esta forma quedó transformada la disposición inicial de los Estados Generales. Este deslizamiento topográfico —en una Asamblea que ignoraba todavía la arquitectura en hemiciclo— adquiere un auténtico valor simbólico. A la sociedad de los tres órdenes característica del Antiguo Régimen le sucede el marco parlamentario. Se trata del paso de una concepción vertical de la política a otra horizontal⁸.

En ese sentido, Ernst Nolte ha dicho que el origen de la derecha reside en «su antagonismo con la izquierda y, por tanto, para que la existencia de ambas sea posible, hay que contar con una sociedad donde se den, al menos, los rudimentos de una libertad civil de pensamiento y de expresión. Como esta libertad no es una realidad natural, en esencia debe considerarse como de izquierda»⁹.

Y es que, como dejó claro Karl Mannheim, la mentalidad conservadora no siente, en un principio, afición alguna por las teorías. Se encuentra, por lo general, adaptada a las situaciones incardinadas en aquellas estructuras sociales que tendían a considerarlas como producto del determinismo propio de la «naturaleza»; en definitiva, como una realidad ontológica y no como una construcción sociohistórica. El conservadurismo y, en definitiva, la derecha, entendidos en su sentido más lato, surgen de la experiencia de la discontinuidad entre el presente y el pasado, es decir, de la conciencia de unas tradiciones que ya no se imponen de forma total y absoluta en el universo social¹⁰.

Desde entonces, la oposición derecha/izquierda forma parte indiscutible del «imaginario social», es decir, del «modo en que una colectividad se ve a sí misma y expresa deseos, miedos y esperanzas, definiendo al mismo tiempo modelos normativos de comportamiento y de orden social»¹¹. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el estudio de la derecha —lo mismo que el de la izquierda— no es en modo alguno una operación simple. La primera dificultad que entraña es la de definir el objeto mismo del análisis, dar un sentido preciso, más allá del nivel emocional, al término «derecha», a fin de delimitar el campo de búsqueda histórica y ordenar la reflexión.

El problema de la definición es, pues, de primer orden. «Derecha» es un término relativo para definir una realidad parcial. Se trata de una referencia, de una relación. No se concibe, como ya hemos señalado, sin otro término ligado también con otras expresiones por esa misma relación: la izquierda y, según algunos, también el «centro». Como respuesta a este último, nuestra opinión es negativa, lo que merece una digresión previa. Como es sabido, la voz «centro» viene del griego kentron, o punto fijo del compás que traza un círculo. Se trata de un concepto geométrico: el punto equidistante entre los extremos. A nuestro entender, el centro, a un nivel de pensamiento político, carece de operatividad. Y es que el centro no es una doctrina, sino un coyuntural derivado de otras.

Hay teóricos de distintas ideologías políticas, a los que puede clasificarse con mayor o menor precisión de «derecha» o de «izquierda», pero nadie ha definido ni puede definir una presunta ideología «centrista», y lo mismo podemos decir de una filosofía, economía, sociología, o moral. Y es que no puede tener contenido propio lo que es una dependencia de posiciones exteriores, resultante ocasional y momentáneo de ajenas definiciones doctrinales. Según Julien Freund, «la política, bien pensado, es una cuestión de decisión y, eventualmente, de compromiso. Lo que se llama centrismo es una manera de anular, en nombre de una idea no “conflictual” de la sociedad, no solo al enemigo interior y a las opiniones divergentes. Desde este punto de vista, el centrismo es históricamente el agente latente que, con frecuencia, favorece la génesis y la formación de conflictos que pueden degenerar, ocasionalmente, en enfrentamientos violentos»¹².

Junto al carácter relativo, la derecha contiene igualmente algo permanente. La combinación de permanente y de relativo es lo que tiende a provocar confusión. En ese sentido, suele decirse que el término derecha —como el de izquierda— se encuentra desacreditado no solo por su contenido emocional, sino porque ha sido aplicado a tantas opiniones políticas diferentes que, como consecuencia, carece de una significación clara y aceptada por todos. Igualmente se ha señalado que ambos términos intentan englobar realidades no solo complejas, sino en alguna medida contradictorias, al designar al mismo tiempo movimientos y estilos de pensamiento que se distinguen por sus aspiraciones y objetivos¹³.

En torno a ciertos equívocos

Consciente de estas aporías, prefiero comenzar intentando deslindar algunos contenidos ideológicos y políticos que suelen asociarse —en un nivel popular o propagandístico— con la derecha y que históricamente resultan, por lo menos a mi modo de ver, obsoletos. Por ejemplo, la derecha no es esencialmente definible por su afición al orden y a la autoridad. Porque, dado que toda sociedad humana descansa en estas dos ideas, que todo poder implica una minoría dirigente y una mayoría dirigida, esta afición parece la mejor repartida del mundo. Tampoco debe asociarse con el totalitarismo —aunque desde luego exista o haya existido una derecha totalitaria—, porque este puede ser también un rasgo de la izquierda, como lo demuestra la experiencia comunista. Menos consistente aún, desde una perspectiva histórica, y más en el caso español, es relacionar unívocamente derecha con racismo o con antisemitismo. De hecho, las teorías racistas son, en gran medida, producto de la herencia intelectual de la Ilustración, y, en ese sentido, algunos historiadores, como George L. Mosse, no han dudado en definir el racismo como «el lado oscuro de la Ilustración»¹⁴. El racismo es una ideología típicamente moderna, cuyo contenido engarzaba con el liberalismo progresista decimonónico¹⁵.

Tanto el racismo como el antisemitismo fueron compartidos por representantes de la Ilustración moderada y radical, como Voltaire o D’Holbach, que consideraban al pueblo judío como carente de genuina espiritualidad por el contenido de su religión. El pensamiento socialista y anarquista unió los supuestos religiosos con los de carácter social y económico, y, a excepción de los saintsimonianos, los movimientos socialistas franceses oponían el «pueblo» a la «finanza judía». Blanqui, Fourier, Marx y, sobre todo, Proudhon utilizaban el término «judío» como sinónimo de «usurero»¹⁶.

En España, las pautas racistas fueron defendidas por escritores asociados al positivismo y al laicismo, la izquierda intelectual de la época, como Pompeyo Gener, seguidor de Renan y del conde de Gobineau¹⁷. De la misma manera, la eugenesia fue asumida por algunos anarquistas¹⁸; en España tan solo aparece en el nacionalismo vasco.

Igualmente poco convincente es la asociación unívoca del pensamiento de la derecha con una determinada visión de la Historia, la conspirativa o «paranoica», porque, como ha puesto de relieve León Poliakov, junto a los tristemente famosos Protocolos de los sabios de Sion, se encuentra, por ejemplo, todo un acervo ideológico de «jesuitofobia», de denuncia de la influencia o de la conspiración de los jesuitas, característica de los grupos laicistas e izquierdistas¹⁹.

Es también exagerado, y a mi modo de ver erróneo, como hace Simone de Beauvoir, relacionar sin matizaciones el pensamiento de derecha con el «idealismo»²⁰. Esto puede valer para algunos autores o tendencias, pero no para describir toda una corriente política. A diferencia de lo aducido por la filósofa existencialista, no pocos pensadores adscritos a la derecha han reconocido, con todas sus consecuencias, la realidad de la lucha de clases y sus implicaciones sociales y políticas. En la obra de autores como Donoso Cortés, Lorenz von Stein, John C. Calhoun o Carl Schmitt aparece con suma frecuencia —bajo su providencialismo religioso o bajo su idealismo filosófico— un consumado realismo político, un descarnado culto al éxito y un craso materialismo histórico. No en vano, Karl Mannheim ha relacionado al marxismo con ciertas características del pensamiento conservador o contrarrevolucionario²¹.

De igual manera, tampoco puede relacionarse directamente, sin mediaciones, a la derecha —en sus diversas variantes— con una clase o sector social concreto²². Como dice el filósofo polaco Leszek Kolakowski —cuando todavía se declaraba marxista—, una tendencia política solo puede definirse a sí misma en el plano ideológico, y añadía:

[…] la lucha política no es isomorfa con la correlación de fuerzas de las clases sociales y no es tampoco una copia de las relaciones entre partidos. La lucha política no es esto, por la simple razón de que la división en clases sociales, que no es la única división posible, se ve complicada en medida creciente (y no decreciente) por la superposición de las diferentes divisiones existentes (así, la división nacional o la división ideológica), así como, finalmente, por las mismas divisiones políticas en la medida en que estas se tornan independientes. En tales condiciones la vida política no puede reflejar de manera pura y directa la lucha de intereses de clase; solo puede hacerlo de modo indirecto y confuso […]. Por ello, difícilmente puede imponerse tampoco la tesis según la cual hay que definir a la izquierda por su actitud frente a los intereses de la clase obrera [porque] puede ocurrir que en un país determinado donde la clase obrera está sujeta en gran medida a los influjos del nacionalismo, la izquierda no apoye las reivindicaciones nacionalistas. En otro país, la clase obrera puede encontrarse profundamente arraigada en la tradición religiosa, y, sin embargo, la izquierda es un movimiento laico²³.

Las derechas españolas, como el resto de las derechas europeas, representaron, y representan, al menos en algunas de sus variantes, a los sectores hegemónicos de la sociedad: aristocracia terrateniente o alta burguesía. Pero, al mismo tiempo, han tenido, cada una a su modo, una amplia base social: pequeños campesinos y pequeños burgueses y artesanos, así como importantes sectores de las clases medias. Sin tener esto en cuenta, no entenderíamos fenómenos como el carlismo o la CEDA, por poner dos ejemplos palmarios.

Una vez hechas estas salvedades, intentaremos dejar explícito el sentido permanente de lo que venimos a llamar «derecha», que radica, a nuestro modo de ver, en las características de su «visión» de la realidad. Siguiendo a Thomas Sowell, entendemos por «visión» un acto cognitivo preanalítico: «Es lo que intuimos o sentimos antes de elaborar un razonamiento sistemático que se puede denominar teoría, y aun antes de que hayamos deducido consecuencias específicas que, en la forma de hipótesis, deban contrastarse con la realidad. Una visión es nuestra percepción de cómo funciona el mundo». En este sentido, Sowell clasifica las «visiones» en dos categorías muy amplias: restringida y no-restringida, trágica y utópica. La primera enfatiza y tiene como soporte las restricciones humanas; la segunda, la superación de dichas restricciones. No obstante, Sowell, que se mueve fundamentalmente en el mundo político y filosófico anglosajón, advierte que también existen visiones «híbridas» o incoherentes, y que las visiones tampoco son estáticas. Sin embargo, creo que la visión restringida o trágica puede identificarse con la derecha, y la no-restringida o utópica con la izquierda²⁴.

Así pues, la vinculación de la ideología política y la concepción del hombre resulta insoslayable. Como señaló en su día Carl Schmitt, «todas las teorías del Estado y todas las ideas políticas se pueden analizar tomando como base su antropología, clasificándolas según consciente o inconscientemente presupongan un hombre bueno o un hombre malo por naturaleza, siendo lo decisivo la concepción problemática o no del hombre como presupuesto de toda reflexión política ulterior y el poder responder a la cuestión de si el hombre es un ser peligroso, capaz de crear riesgos, o inofensivo»²⁵.

Schmitt toma partido por el pesimismo antropológico, llegando a afirmar que todas las teorías políticas auténticas se fundamentan en la consideración del hombre como malo, es decir, no como ser problemático, sino «peligroso» y «dinámico». Con ello, el célebre constitucionalista germano sintetiza la concepción antropológica característica de la derecha: el hombre, a consecuencia del pecado original o por su propia naturaleza biológica, alberga una serie de tendencias contrapuestas que le hacen esencialmente limitado, contradictorio e incapaz de alcanzar la perfección.

Esta naturaleza humana es, en esencia, inalterable, no evoluciona y no es susceptible de progreso sustancial. Y, en ese sentido, son el orden y la medida exteriormente impuestos y acumulados en la tradición los que moderan y jerarquizan la constitutiva anarquía de la naturaleza humana: «El conservador cree —dirá G. K. Kaltenbrunner— que en el Estado y en la sociedad no son posibles la perfección absoluta, la armonía definitiva, la justicia total, y ello por causas ontológicas, no por simples razones históricas o sociales […]. Toda visión pesimista del mundo tiene su propia antropología, tiene una determinada teoría de la naturaleza humana. La forma de esta antropología pesimista más familiar para nosotros es la que se refleja en la doctrina cristiana del pecado original». De ahí que algunos autores hayan identificado las tendencias de la derecha con el freudiano principio de realidad frente al principio del placer característico de las tendencias izquierdistas²⁶.

Caracteriza igualmente al pensamiento de la derecha, en sus diversas tendencias, la convicción de que la diferencia, la diversidad cultural, es consustancial con la humanidad. Según Mannheim, el pensamiento clásico de la derecha se caracteriza por «el impulso hacia lo concreto y cualitativo»²⁷. Suele afirmar que existe una propensión humana universal a partir de la pluralidad de identidades nacionales. Además, estas identidades plurales son, por su parte, inherentemente históricas; se encarnan en formas culturales de las que cabe afirmar sin reservas que atraviesan las generaciones y se distinguen de otras formas culturales por la lengua en que se expresan, los valores a los que otorgan reconocimiento y otras particularidades constitutivas de sus identidades: «La Constitución de 1795 está hecha —dirá Joseph de Maistre— para el hombre. Ahora bien, el hombre no existe en el mundo. Yo he visto, durante mi vida, franceses, italianos, rusos… y hasta sé, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa; en cuanto al hombre, declaro que no me lo he encontrado en mi vida; si existe, lo desconozco»²⁸.

La religión ha sido también una de las bases de sustentación de la «visión» de la realidad propia de las derechas, y España es, como veremos, un buen ejemplo de ello. «La religión —dice Robert Nisbet— como religión civil es la que parece estar más cerca de la esencia común de la creencia conservadora, una religión en la que su núcleo transcendental se manifiesta en ropajes tanto civiles como religiosos, una en la que los días festivos más sagrados —tales como el Día de Gracia, la Navidad, la Pascua y el Año Nuevo— sirvan todos indistintamente tanto a fines religiosos como civiles»²⁹. Como señala Sowell, Dios, con su omnipotencia, limita al hombre, que aparece, en esencia, como un ser restringido³⁰. No obstante, hay una derecha religiosa, como la hay atea o agnóstica: «La fórmula “conservador = cristiano” —afirma Kaltenbrunner—, que, en realidad, nunca ha sido exacta, hoy es total y absolutamente problemática»³¹.

Por otra parte, no deja de ser significativo que la distinción entre derecha e izquierda haya llegado a la propia historia de la filosofía, y que esta tenga esencialmente un contenido religioso. Tal es el contenido de la distinción entre derecha e izquierda hegeliana, que radicaba no tanto en distinciones políticas, «aunque, desde luego, la política estuvo presente en la polémica», sino teológica. Como es sabido, los discípulos de Hegel se dividieron entre los que, como el maestro, consideraban que el idealismo absoluto era conciliable con el cristianismo y los que se proclamaban ateos. A los primeros se les conoce como «derecha» hegeliana, y a los segundos, como «izquierda» hegeliana. De esta forma se asociaba —también en el plano filosófico— derecha a religión, e izquierda a ateísmo o laicismo³².

Apego a las tradiciones, resistencia al cambio, reforma frente a revolución o ruptura

Pero la derecha, tanto en acción como en pensamiento, se caracteriza, ante todo, por su acusada vocación de permanencia, su aferramiento a lo tradicional, a las convenciones establecidas, y por su recelo ante el cambio. «La tradición —dirá Gonzalo Fernández de la Mora— es un sistema de usos y un esquema abierto de verdades conquistadas y sabidas; de ahí el peligro de que sus seguidores se limiten cómodamente al aprendizaje, se detengan reaccionariamente anclados, y renuncien a la arriscada invención que es la continuadora de la tradición y, aunque subsiguiente, la más alta empresa mental»³³. En caso de duda entre la conservación y el cambio, la derecha se inclina por la conservación. Tiende al freno. Es una postura estática más que dinámica. Se resiste a la aventura y solo cuando es imprescindible asume el riesgo del cambio. «Ser, en suma, es —dirá Giuseppe Prezzolini— la base del devenir y no al revés. Para un conservador el ser es más importante que el devenir; la estabilidad, la perennidad, la continuidad son más importantes que la revolución, que la interrupción, que la transformación. El ser es la realidad absoluta distinta de todas las cosas accidentales del mundo, que son en parangón mudables e incompletas. Sin el ser no tendríamos el espectáculo del mundo cambiante»³⁴.

Para el hombre de la derecha, sea cual sea su variante, la Historia se expresa «no en forma lineal, cronológica, sino en la persistencia de estructuras, comunidades, hábitos y prejuicios, generación tras generación»³⁵. La derecha no tiene una visión unívoca de la Historia, aunque todas sus tendencias tengan en común el rechazo del cambio cualitativo o revolucionario. Existe una visión cíclica del proceso histórico, muy cara a la derecha tradicionalista, en la que puede adivinarse una especie de «terror de la Historia», ritualizado en anulaciones periódicas del paso del tiempo, en regeneraciones latentes y en la desvalorización del curso histórico por medio de la fijación de arquetipos transhistóricos³⁶. De esta forma, tiende a defenderse la irracionalidad de la Historia frente a los poderes de la razón humana, y se niega la legitimidad del intento del hombre por dominar su propio destino y construir colectivamente su propio mundo.

Pero iríamos contra una mínima objetividad si sostuviésemos que es esa la única visión de la Historia propia de las derechas. Existe igualmente una concepción conservadora de la Historia, a la que podemos apellidar «pragmática», que considera a esta como un proceso que se desarrolla de manera continua a través de la inserción de lo nuevo en lo viejo, derivado de la evolución y no como producto exclusivo de metas e intenciones. Una concepción de la Historia que no busca sin más el retorno al pasado, sino un nuevo equilibrio entre las nuevas y viejas realidades sociales y políticas. En el fondo, una forma de desarrollo histórico no revolucionario, cuya posibilidad se va creando con la emergencia de las nuevas realidades sociales, políticas y económicas, y cuyo efecto práctico es lo que Antonio Gramsci llamó en su momento «revolución pasiva»³⁷.

En este sentido, la tradición se presenta como espíritu objetivado, capaz de evolución, como un sistema de soluciones practicadas que sirven de guía para la acción, eliminando el salto en el vacío que pudiera significar el cambio revolucionario³⁸. Así, frente a las innovaciones consideradas peligrosas, los sectores conservadores han desarrollado, a partir de las distintas experiencias revolucionarias, una serie de lo que Albert O. Hirschman ha llamado «retóricas de la intransigencia» o de la «reacción». El sociólogo alemán ha elegido, para describirlas, los tres momentos más decisivos en el despliegue político de los planteamientos revolucionarios: el nacimiento de los derechos civiles con la Revolución de 1789, la extensión del sufragio universal y las medidas de tipo social que se adoptan como consecuencia de la aplicación de las técnicas del llamado «Estado de bienestar».

Las «reacciones» suscitadas por estos acontecimientos se miden a partir de tres argumentos diferentes aplicables a todos ellos. Esta tríada argumentativa la sintetiza Hirschman bajo tres conceptos distintos: «perversión», «futilidad» y «riesgo». O, lo que es lo mismo, que cada uno de los acontecimientos escogidos se han encontrado con la oposición intelectual dirigida a demostrar la idea de su esencial perversión —que empujar a una sociedad en una determinada dirección culmina a la postre en su contrario—; su futilidad —que son inválidas o innecesarias—, o su riesgo —la evolución de costes que acarrea la introducción de determinados cambios—³⁹. El brillante análisis de Hirschman tiene la virtud de sintetizar la pluralidad de las manifestaciones de la «reacción», y no cae en la ingenuidad de algunos autores autotitulados de izquierda. Antes al contrario, Hirschman estima el carácter frecuentemente lúcido y digno de tener en cuenta de muchos de los argumentos enfrentados a las innovaciones, «pues les ofrecen —señala— una guía conceptual para los principales contraargumentos, así como las diversas trampas reales con que tiene que enfrentarse toda reforma propuesta»⁴⁰.

Pero estas críticas no significan en sí mismas un rechazo del cambio. La derecha, o por lo menos la derecha inteligente, sea liberal-conservadora, autoritaria o democrática, siempre ha opuesto la reforma a la revolución. Así, Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo liberal, dejó escrito hace más de doscientos años que «un Estado sin los medios de hacer ciertos cambios carece de los medios para su conservación»⁴¹. En el mismo sentido se expresaba el conservador autoritario Jaime Balmes: «¿Queréis evitar las revoluciones? Haced evoluciones»⁴². Frente al peligro de un cambio cualitativo, revolucionario, las derechas opondrán siempre el planteamiento de «cambiar lenta, pero orgánicamente».

Según Prezzolini, «la diferencia entre conservadores y radicales o socialistas y comunistas consiste esencialmente en el modo de considerar el cambio: los conservadores con recelo, pero sin negarlo; los radicales con anhelo y en general con confianza, pero fatigándose después y deseando otro cambio porque no están satisfechos al sentirse rebajados por cualquier otra novedad. Los conservadores tienen en sus argumentos una gran ventaja. Se basa en la ventaja de los hechos acaecidos. El conservador puede siempre apoyarse en aquello que ha ocurrido tal cual o en forma similar, y que se puede repetir en la misma forma. El pasado existe, el futuro no se sabe cómo será»⁴³.

A ese respecto, un liberal-conservador como Karl R. Popper —muy influido, en el fondo, por Edmund Burke— ha distinguido entre «ingeniería social fragmentaria» e «ingeniería holística» o revolucionaria. Su «racionalismo crítico» sostiene que, como en la ciencia o en la ética, el campo de la política social tiene un carácter provisorio, hipotético. No hay ninguna voluntad general que por sí sola resuelva los problemas; nadie ni nada nos da un saber seguro que garantice el bien común. Las soluciones de problemas han de considerarse como hipótesis siempre criticables. En este sentido, tanto Popper como su discípulo alemán Hans Albert valoran las tradiciones como intentos de solución de problemas. Siempre que surja una alternativa nueva, esta ha de compararse con la solución tradicional. Y para las alternativas institucionales a largo plazo, el «racionalismo crítico» recurre a la reforma gradual, sin cuestionar el sistema social vigente en cuanto tal, sino resolviendo los problemas dentro de la continuidad social⁴⁴.

Podemos estar conformes, en este sentido, con Norberto Bobbio cuando afirma que uno de los principales criterios de diferenciación entre derecha e izquierda es su distinta actitud ante el hecho de la desigualdad social y del ideal igualitario⁴⁵. La derecha es fundamentalmente desigualitaria; tanto es así que para el principal ideólogo de la Nueva Derecha francesa, Alain de Benoist, esa es la esencia de la concepción conservadora del mundo: «Llamo aquí de derecha, para entendernos, a la actitud que consiste en considerar la diversidad del mundo y, por consiguiente, las desigualdades relativas que necesariamente produce, como un bien, y la homogeneización progresiva de ese mundo, preconizada y llevada a cabo por el discurso bimilenario de la ideología igualitaria, como un mal»⁴⁶.

Unido a ello está, desde luego, otro de los meollos del pensamiento político-social de la derecha, como es el elitismo, es decir, la preeminencia ontológica de las minorías sobre las masas. No en vano el pensamiento contrarrevolucionario nace enfrentado al esfuerzo democratizador de la Revolución de 1789. Pero el elitismo se cubre de formas diversas y es uno de los ingredientes permanentes de los pensadores del orden establecido. Porque de lo que se trata en el pensamiento contrarrevolucionario es de reconstruir la sociedad jerárquica —la alianza del Trono y del Altar— y, en el caso de los conservadores liberales —y el español Ortega y Gasset es una buena muestra de esta actitud—, la democratización será atacada por los males que provoca el llamado «morbo democrático», la «proletarización de la vida pública» o «el brutal imperio de las masas»⁴⁷.

No obstante —y aquí volvemos al problema suscitado por el reformismo—, si solo insistiéramos en esta característica, quedarían fuera del campo de las derechas aquellas ideologías, que, asumiendo como dato antropológico indiscutible la desigualdad natural —y fundando sobre ello una teoría de la diferencia considerada como especificidad no plegable a modelos igualitarios— han visto con agrado la reducción de las desigualdades de origen social. Las «revoluciones desde arriba» propugnadas por líderes conservadores, como Disraeli o Bismarck, o el reformismo social católico y fascista, son ejemplos de estas tendencias, y podrían añadirse otros muchos. Tales estrategias pueden ser susceptibles de crítica, en el sentido de que no persiguen un cambio real del modelo social, sino simplemente su racionalización y, por ende, su conservación. Lo que no puede negarse es su transcendencia social, y así lo reconocen, al menos, ciertos representantes de la izquierda⁴⁸.

PLURALIDAD DE PERSPECTIVAS

Sin embargo, hay que precisar que, una vez dicho esto, no puede hablarse de una derecha históricamente homogénea y monolítica, sino de derechas. El plural significa que existen varias maneras de comprender y de vivir la derecha, aunque son coincidentes en una serie de puntos esenciales, es decir, su carácter conservador y su consiguiente antirrevolucionarismo, su pesimismo antropológico, su elitismo, su antiigualitarismo y su eventual práctica social reformista; en fin, lo que hemos llamado, para sintetizar, «visión restringida o trágica de la vida social». Pero, a lo largo de más de dos siglos, la derecha ha alumbrado diferentes «tradiciones» y corrientes políticas, en muchas ocasiones, como tendremos oportunidad de ver, enfrentadas entre sí.

Quede, pues, claro que el concepto de derecha designa —tanto a nivel ideológico como de praxis política— una pluralidad de «tradiciones» unidas por temas, objetivos y, por supuesto, por enemigos comunes, pero también hostiles entre sí en no pocos aspectos. Siguiendo los planteamientos de Alasdair MacIntyre, entendemos por «tradición» un «razonamiento extendido a lo largo del tiempo en el que ciertos acuerdos se definen y redefinen en términos de dos tipos de conflictos: los que tienen lugar con críticos y enemigos externos a la tradición, que rechazan todos o casi todos los elementos clave de los acuerdos fundamentales, y aquellos otros debates internos e interpelativos por medio de los cuales se llegan a expresar el sentido y el motivo de esos acuerdos fundamentales y en el progreso de los cuales se constituye la tradición».

Cada una de las «tradiciones» posee sus propias pautas internas para calibrar y dar respuesta a la problemática de su época. Pero en un momento dado pueden entrar en un período de crisis que las lleva a desaparecer, al serles imposible renovar su discurso y reducir el número de problemas que tienen planteados. Cuando una «tradición» se inclina en este sentido, cuando está afectada por conflictos estériles y se limita a repetir las viejas fórmulas, se halla inmersa en una «crisis epistemológica», y solo podrá superarla elaborando una serie de conceptos o nuevas síntesis de doctrinas e ideas, un nuevo marco de referencias que reúna estos tres requisitos: que permita a la «tradición» resolver sus problemas pendientes, que explique cómo se plantearon y por qué no se han resuelto hasta ahora, y que haga ambas cosas, destacando la continuidad básica existente entre la síntesis anterior y la nueva. Nunca está garantizado que podrá llevarse a cabo esta innovación conceptual dentro de la «tradición». Por ello, una «tradición» no solo puede entrar en un período de decadencia, sino desaparecer como consecuencia de la crisis⁴⁹.

De ello se deduce que las «tradiciones» no son estáticas, sino que han de someterse a un profundo proceso de revisión si pretenden sobrevivir. En este sentido, las tradiciones ideológicas —como las formas culturales y artísticas— pueden clasificarse en «residuales», «dominantes» y «emergentes»⁵⁰. La dominante es aquella que, en una sociedad dada o en el campo propio de la determinada ideología política, ejerce su hegemonía, convirtiéndose, por así decirlo, en «sentido común»; las «residuales» son las vigentes en sociedades y épocas anteriores e incapaces ya de renovarse, y las «emergentes» son las nacidas al socaire de las nuevas circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales, e intentan disputar la supremacía a la dominante. Ciertamente, la «dominante» puede absorber a las otras dos, o al menos intentarlo si es capaz de renovar sus contenidos. Y también puede ocurrir que la «emergente» logre ir más allá de las formas «dominantes» y sus narraciones.

En este sentido conviene hacer una primera distinción entre derecha y extrema derecha. El término «extremismo», según los politólogos liberales Lipset y Raab, describe, ante todo, a los sectores políticos que parten de la suposición monista de estar investidos del monopolio de la verdad política, lo que les lleva a oponerse al pluralismo; es hostil por naturaleza a la diversidad de intereses y grupos, «hostil a un sistema de muchos centros de poder y zonas de intimidad que no se someten», y su eje fundamental «es la represión de toda diferencia y disensión, la clausura del mercado de ideas». Para ser más preciso, la esencia vital del «extremismo» es la «tendencia a tratar como cosa ilegítima a toda segmentación y ambivalencia». El «extremista» es, además, «antipolítico», «populista» y «moralista»⁵¹.

Como puede verse, la distinción es sobre todo política, porque, como señala Javier Tusell, la extrema derecha «puede e incluso suele ser más popular que la derecha conservadora, en definitiva, un tipo de actitud que suele identificarse con unos núcleos reducidos de pensamiento o unos sectores sociales elitistas y, por tanto, limitados. De esa manera, la derecha ultra puede resultar más social y más democrática que la conservadora; su repudio principal va contra el liberalismo más que contra la modificación de las condiciones sociales»⁵².

Mientras la derecha conservadora-liberal —y luego la democrática— toma un aspecto «agonal», es decir, evita el recurso a la violencia y acepta las reglas del juego parlamentario, los extremistas toman un aspecto «polemológico», porque, por lo general, recurren a la violencia, no respetan al adversario y pretenden eliminarlo política e incluso físicamente. Los primeros basan su acción política en la distinción amigo/adversario, mientras que los segundos lo hacen en la de amigo/enemigo⁵³.

Entre las «tradiciones» no extremistas se encuentran el conservadurismo liberal, la democracia cristiana, la derecha liberal-democrática, etc. Entre las extremistas, el tradicionalismo contrarrevolucionario, la derecha radical y el fascismo.

Por otra parte, existen las variedades nacionales. Cada sociedad nacional, en virtud de su configuración histórica, nivel institucional, desarrollo económico, cultura política o religión, potencia unas determinadas «tradiciones» de derecha y otras no. En este sentido, el historiador Eugen Weber ha hecho referencia a las diversas tendencias de la «derecha europea», las «tres R»: la derecha «reaccionaria», que quisiera recuperar una supuesta Edad de Oro perdida; la derecha de «resistencia» al cambio, genuinamente conservadora, que desconfía de las innovaciones, pero las asume a medida que se van incorporando al orden establecido, y, por último, la derecha «radical», los revolucionarios de la derecha, con frecuencia, a juicio de Weber, difíciles de diferenciar de los reaccionarios⁵⁴.

Para Francia, René Rémond ha distinguido entre una derecha tradicionalista y monárquica; otra liberal y «orleanista», y la plebiscitaria o «bonapartista»⁵⁵. Pero ¿qué decir de España?

3

LAS DERECHAS ESPAÑOLAS: DIALÉCTICA DE TRADICIONES

CONTEXTOS NACIONALES

No descubrimos nada al decir que las colectividades sociales poseen una identidad, resultado de elementos racionales, sociales y afectivos. Todo grupo tiene una imagen de sí mismo, una mismidad o personalidad colectiva, que es la que se expresa en el «nosotros». Así, cuando hablamos de España como entidad nacional claramente diferenciada de otras aludimos a una historia, unas costumbres, unos valores y unas formas de vida o de comportamiento que son las que nos permiten autodefinirnos como españoles en comparación con otras colectividades.

Naturalmente, estas afirmaciones no pretenden en modo alguno rehabilitar la discutible «psicología de los pueblos», hace tiempo superada. Nuestra identidad es siempre social, y solo es comprensible dentro de un entramado sociocultural en permanente evolución. Las actitudes políticas, del espíritu y de los valores que caracterizan la conducta de los grupos sociales y que incluso adquieren vigencia al ser sancionadas por leyes en una sociedad y que se transforman en «mentalidades», no caen del cielo. Siempre hay que preguntarse —cuando las estudiamos— a qué grupos, clases o estratos benefician los valores de los que aquí hablamos. ¿Qué estructura institucional fue capaz, en algunos casos, de procurar validez a esos valores? ¿Qué cualidades culturales y sociales, introducidas o fortificadas con el tiempo, condicionan la existencia de un sistema político concreto?

Preeminencia de la teología política

En este sentido podemos preguntarnos igualmente: ¿cuál fue, si es que la hubo o la hay, la peculiaridad de la derecha española en su conjunto a lo largo de su historia? Siguiendo al antropólogo Clifford Geertz, podemos señalar que existen tres perspectivas culturales dominantes tanto en los individuos como en las colectividades: la religiosa, la científica y la estética¹. Y es claro, al menos desde nuestra perspectiva, que en el caso de la derecha española —en sus tradiciones hegemónicas o dominantes— el factor preponderante fue claramente el religioso hasta bien entrado el siglo actual. El hecho no tiene nada de excepcional si se considera que el factor aislado de mayor peso en la conformación ideológica, mental y cultural de la nacionalidad española, ya desde su adolescencia, es la tradición cristiana y los materiales acarreados por dicha tradición.

Y, en consecuencia, ningún español puede conocer debidamente su habitáculo mental si no alcanza un cierto nivel de conocimiento en ese sector de la vida colectiva nacional, pues dicho factor incide, en sutiles combinaciones y subterráneas confluencias, en el resto de los ingredientes de la textura existencial española. De hecho, en el campo de las derechas españolas no se produjo, hasta muy entrado el siglo XX, el paso de la Iglesia católica de intelectual orgánico de las clases dirigentes al de intelectual tradicional².

El clero y el catolicismo siguieron teniendo una influencia decisiva en la gestación y elaboración de las ideologías conservadoras. Es más, consiguieron presentarse —por lo menos desde la Guerra de la Independencia, si no antes— como portadores de una «ideología nacional», es decir, de una orientación dominante, hegemónica, casi oficial, que apenas fue conmovida por tendencias contrarias, haciendo parecer herético, no genuino, no nacional, cualquier otro pensamiento que no se le adecua. «La única institución que ha logrado aglutinar —señala Jon Juaristi— a la masa predispuesta siempre al estallido ha sido la Iglesia católica […]. Para disciplinar este pueblo anárquico e individualista, la Iglesia católica española recurrió a la religiosidad popular de masas. Si el luteranismo redujo la religión a un asunto privado entre el individuo y Dios, a la Iglesia contrarreformista de España le preocupó exclusivamente el problema de la piedad colectiva y pública […]. La religión española desborda los límites del templo y se vuelca en el espacio público. La ceremonia central de esta religión, es, todavía hoy, la procesión, a la que los españoles conceden mayor importancia que a la propia misa»³.

El catolicismo tradicional iba a dotar al conjunto de las derechas españolas de todo un repertorio de esquemas de interpretación cargado de símbolos, mitos, imágenes y significados sobre causalidades y acontecimientos del mundo: el providencialismo, la lucha del Bien contra el Mal como motor de la Historia, el chivo expiatorio, etc. Esto es especialmente pertinente en el caso de la interpretación del pasado español y de la esencia de «lo hispánico». Y es que, como señalara hace tiempo José Luis López Aranguren, ha caracterizado a las clases dirigentes españolas la conciencia de que la grandeza nacional se identificaba con el auge cultural del catolicismo contrarreformador, y que, en ese sentido, la cultura genuinamente española era la cultura de la «contramodernidad»⁴. De ahí las figuras carismáticas de Santiago Matamoros, el Cid, los Reyes Católicos, Felipe II, Santa Teresa, san Ignacio, la Virgen del Pilar o la de Monserrat; la exaltación de la España de los Austrias; el espíritu de Cruzada religiosa, la Reconquista, la evangelización de América, la Guerra de la Independencia, etc.

Todo ello tendrá importantes consecuencias en la elaboración ideológica y en la difusión de un discurso nacionalista moderno. Como es sabido, el nacionalismo es una forma específicamente moderna de identidad colectiva, nacida de la ruptura del Antiguo Régimen y de la disolución de los órdenes tradicionales, y proveniente de una herencia profana, independiente de la Iglesia y de la religión. Debido a la influencia omnipresente del catolicismo, este carácter profano apenas tendrá vigencia en el conjunto de las derechas españolas hasta, por lo menos, comienzos de siglo XX, un hecho que se encuentra igualmente relacionado con la ausencia en el conjunto del territorio español de una burguesía fuerte. Como analizó en su día Luis Díez del Corral, el liberalismo español tiene un carácter social más hidalgo que propiamente burgués⁵, y las clases medias a las que se dirigían los liberales españoles, y cuyo desarrollo fue incipiente a lo largo del siglo XIX, estaban ideológicamente hegemonizadas por el catolicismo tradicional, sintiéndose herederas, en el fondo, de la vieja hidalguía⁶.

El ascenso de la burguesía en España se produjo de una forma muy irregular y poco uniforme, y rara vez se tradujo en una voluntad de emancipación política, porque la cultura social predominante impulsaba a la burguesía y a las clases medias a asimilarse con la aristocracia. Los escasos intentos de transformación burguesa de la política española se saldan, a lo largo del siglo XIX, en considerables fracasos, lo que da lugar a una curiosa amalgama —en la ideología nacionalista dominante en el discurso de las derechas— de monarquismo político y catolicismo social vinculados a los sectores aristocráticos y eclesiásticos.

Este nacionalismo es pobre en símbolos, y dicha pobreza delata su debilidad. No hay en el paisaje español réplicas modernas del mausoleo de Teodorico ni esculturas colosales de Arminio, como sucedía, por ejemplo, en la Alemania bismarckiana. Por ello no es extraño que Ramiro Ledesma Ramos, nuestro fascista más inteligente, se doliera, a la altura de 1935, de la ausencia en España de una conciencia nacional moderna, étnica y popular, lo que diferenciaba a España del conjunto de potencias europeas que a lo largo del siglo XIX habían logrado articular una auténtica identidad nacional. El grueso de la culpa recaía, a juicio de Ledesma, en el conjunto de las clases dirigentes, incapaces de desprenderse de sus adherencias tradicionales, sobre todo de la religión católica:

Lo más extraño de España, en relación con lo que se observa en los demás grandes países, es la ausencia de una doctrina nacional y de una política nacional operante en lo que podríamos llamar zonas conservadoras […]. Existe esa fuerza y esa doctrina en Inglaterra, en torno a la consigna de la «prosperidad y la conservación del imperio». Existe, bajo la advocación de una burguesía poderosa y del enemigo alemán cercano, en Francia. Existe en Alemania, a través de todos los decenios que siguen a la segunda unificación del Reich desde Bismarck. Existe en Italia desde Cavour […]. A falta de doctrina nacional ambiciosa y de unas fuerzas robustas a su servicio, hemos tenido y tenemos en España un factor político de carácter religioso, el ingrediente católico. Pero el catolicismo, como toda religión, es solo un estimulante eficaz de lo nacional, y puede servir a lo nacional cuando la unidad religiosa es efectiva […]. Hoy, el catolicismo no influye sino en una parte del país, y comprende además en su seno una gran porción de gentes desprovistas de espíritu nacional brioso⁷.

De hecho, podemos decir que, hasta el advenimiento de la Segunda República, lo más parecido al nacionalismo integral europeo fueron los nacionalismos periféricos catalán y vasco, que, desde 1898 hasta hoy, se han presentado como referencias alternativas para la construcción nacional de sus respectivos ámbitos territoriales y sobre una base de conciencia nacional entendida al modo étnico e histórico.

Las relaciones entre las derechas españolas y el catolicismo tradicional no acaban ahí. Como tendremos oportunidad de ver, no menos influyente resultó ser el componente católico en su visión organicista de la sociedad y, sobre todo, en su paternalismo social⁸.

La tradición católica generó un discurso sobre la pobreza, una auténtica «mitología del pobre» que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. No están tan lejanos los tiempos en los que se hacían campañas nacionales con el lema «siente a un pobre en su mesa», brillantemente satirizadas por García Berlanga en su película Plácido. En ese sentido, Antonio Gramsci, el teórico marxista que más profundamente estudió los entresijos del dualismo cultural materia-espíritu, que en la cultura católica latina subyace al elitismo político, escribió sobre el catolicismo tradicional:

La posición de la filosofía de la praxis es la antítesis de la posición católica: la filosofía de la praxis no tiende a mantener a los simples en su filosofía primitiva del sentido común, sino, al contrario, a llevarlos a una concepción superior de la vida. Si ella afirma la necesidad de un contacto entre intelectuales y los simples, no es para limitar la actividad científica y para mantener la unidad al bajo nivel de las masas y no solo de ciertos grupos restringidos de intelectuales⁹.

Por otra parte, la privilegiada posición de la Iglesia católica en la sociedad española fue igualmente un obstáculo para la génesis en su interior de actitudes liberales y luego democráticas. La ausencia de un catolicismo liberal y, posteriormente, de una alternativa política democristiana digna de tal nombre se debe, entre otras razones, a la falta del reto de unas circunstancias adversas, presentes en la raíz misma del catolicismo liberal y de la democracia cristiana europeos.

Y es que este insoslayable componente católico-tradicional, teológico-político, diferencia de manera ostensible y decisiva a las derechas españolas del conjunto de las derechas europeas. En la mayoría de las naciones europeas se había producido ya una clara ruptura entre el Papado y los regímenes políticos vigentes que no dejó espacio político alguno para el desarrollo de una alternativa política de carácter tradicionalista, esto es, la alianza del Trono y del Altar.

Un ejemplo claro de ello fue un país de tradición católica como Italia, donde, tras la supresión de las dinastías preunitarias por el Piamonte saboyano y la consiguiente invasión de la Roma papal en 1870, el foso que se alzó entre la Casa de Saboya y el Papado no dejó resquicio alguno para el legitimismo católico. De ahí que Giuseppe Prezzolini —uno de los fundadores intelectuales del nacionalismo conservador italiano y amigo de Mussolini— dijera en más de una ocasión que la «destra» histórica italiana nunca pudo ser tradicionalista, dado la forma en que se desarrolló el Rissorgimento: «No fue conservadora, porque no pudo conservar nada de la vieja Italia, dado que no tenía nada que conservar. No fue reaccionaria, porque los reaccionarios eran los “ultras”, ligados al Vaticano, a los Borbones o al “viejo orden” en general»¹⁰. Además, como agudamente percibió Antonio Gramsci, la derecha liberal pudo contar con un auténtico intelectual orgánico, como Benedetto Croce, cuya impronta en la cultura nacional contrarrestó la influencia de la Iglesia católica¹¹.

De igual forma, en Alemania, confesionalmente dividida por el triunfo de la Reforma protestante, el conjunto de las fuerzas conservadoras hubo de recurrir a ideologías de carácter laico que pudieran abarcar con su influencia al conjunto de la población, al margen de su identidad religiosa, y sin apelar, por tanto, a las pretensiones exclusivistas de un sector confesional concreto. Que un conservador como Otto von Bismarck llevara a cabo la célebre Kulturkampf contra los católicos es significativo; no en vano las derechas españolas, sobre todo las más clericales, le tendrían siempre por un peligroso revolucionario¹². A falta de unidad confesional, el pensamiento conservador alemán recurrió a factores como el Estado, la cultura, la nación e incluso a la raza. Hace algún tiempo, el sociólogo Ralf Dahrendorf, haciéndose eco de algunas ideas de Marx, volvió a plantearse el problema de la «ideología alemana», llegando a la conclusión de que esta no era sino una doctrina hegeliana del Estado. Privada de una base religiosa común, la clase dirigente prusiana solo tenía —tras la unificación y para conservar su influencia social y política— al Estado, al que contemplaba como una forma autónoma, superior a las partes¹³.

En Francia, a pesar de la influencia del tradicionalismo filosófico de Joseph de Maistre o Louis de Bonald, la Revolución de 1789 supuso una clara victoria del laicismo sobre el catolicismo. Lo nuevo de 1789, y sobre todo de 1793, fue la alianza de los revolucionarios con las clases subalternas, preferentemente el campesinado, frente a la nobleza y la Iglesia católica. La afirmación revolucionaria llevó a cabo la unidad nacional, y se adoptaron medidas económicas —como la reforma agraria— y políticas —jacobinismo— de esa unidad, que tuvo como ideología la afirmación de una cultura laica. Por otra parte, la Ilustración radical, como movimiento cultural, logró a lo largo del siglo XVIII una profunda penetración social que favoreció una mayor secularización en las ideas políticas y en las costumbres. La eclosión del positivismo —a mediados del siglo XIX— profundizó en ese proceso de secularización, obligando a ciertos sectores de la derecha a replantear la viabilidad de un discurso político centrado en el catolicismo. Las posiciones positivistas, por ejemplo, de Charles Maurras y su nacionalismo integral son inseparables de esta situación.

TRADICIONES EN CONFLICTO

En ese sentido, creo que las tipologías elaboradas por Weber para el conjunto europeo y de Rémond para Francia no son aplicables en su esencia a la realidad política española contemporánea. No lo es, desde luego, la tendencia bonapartista, carismática y plebiscitaria, que está por completo ausente de la vida política española a lo largo de una centuria.

Durante el siglo XIX, la preponderancia militar fue uno de los rasgos más característicos de la situación española, pero ningún militar intentó prescindir del soberano tradicional y asentarse en virtud de una legitimidad carismática y plebiscitaria, y mucho menos fundar una nueva dinastía. Lo más parecido que podemos encontrar en el caso español es el fenómeno político creado en torno al general Espartero, de quien se habló en algún momento para rey de España, aunque el intento no pasó de ahí. El viejo general reconoció humildemente la legitimidad de Alfonso XII tras la Restauración canovista. Ya en el siglo XX, ni Primo de Rivera ni Franco, los dos grandes dictadores de la centuria, intentaron prescindir de la monarquía, sobre todo el primero, siempre bajo la égida real, mientras que el segundo, como es sabido, propició el retorno de la dinastía.

Así pues, podemos distinguir una serie de «tradiciones» —en el sentido antes expuesto, siguiendo los planteamientos de MacIntyre— dentro del conjunto de las derechas españolas. A lo largo del siglo XIX, existen dos «tradiciones» claramente hegemónicas en la vida política nacional. La primera es la que llamaremos conservadora-liberal; a la segunda la denominaremos teológico-política.

Conservadores, liberales y tradicionalistas

La «tradición» conservadora liberal, afín a la que Rémond apellida «orleanista», aunque más influida, a mi juicio, por la perspectiva católica, es heredera de la Ilustración ecléctica española, cuyo máximo representante fue Gaspar Melchor de Jovellanos, e igualmente, al menos en ciertos casos, del conservadurismo burkeano británico y del liberalismo doctrinario francés. Esta «tradición» cristalizará en el moderantismo, sobre todo —aunque no únicamente— en su versión «puritana», y luego en el canovismo. Ideológicamente, esta «tradición» admite, al socaire del triunfo final del liberalismo en las sociedades europeas, aquellas transformaciones políticas y sociales que parecían ya irreversibles, pero intenta conservar —a través del concepto de «constitución histórica»— determinadas instituciones tradicionales.

Así, los conservadores liberales españoles trataron de conciliar catolicismo y liberalismo, historia y razón, pasado y presente, sociedad estamental y sociedad burguesa, Antiguo Régimen y sociedad liberal, lo que se tradujo en un constitucionalismo que hunde sus raíces no en un planteamiento de un pacto entre individuos libres e iguales, sino en el sentimiento de una comunidad histórica en la que el régimen monárquico y el catolicismo son los ejes de la tradición nacional y de la conservación social. De manera que la institución política fundamental es la monarquía, que aparece como sujeto titular del poder antes de todo momento constituyente. La monarquía constitucional —es decir, basada en el desplazamiento del principio monárquico absoluto por la distinción de poderes— deriva históricamente de la monarquía absoluta y adquiere la forma de una monarquía limitada por la Constitución. Esta «tradición» se configura en el reinado de Isabel II y tiene su edad de oro durante el régimen de la Restauración, pero entra en una profunda crisis ideológica tras el «Desastre» de 1898 y el período de entreguerras, que culmina en la dictadura primorriverista. La «tradición» conservadora liberal desaparecerá del espacio político durante el período de la Segunda República y el régimen del general Franco.

Frente al conservadurismo liberal, se alza, a lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX, la otra «tradición» hegemónica dentro del campo de la derecha española, la teológico-política, o tradicionalista a secas. Se trata, en el fondo, de una manifestación de tradicionalismo ideológico, es decir, de una teología política que intenta la sistematización del hecho religioso como legitimador de la praxis política. A ese respecto, es preciso dejar bien claro que este concepto difiere del utilizado por Carl Schmitt en alguno de sus escritos. Como es sabido, el célebre constitucionalista germano utiliza el concepto de «teología política» no en el sentido de proponer un retorno directo a lo premoderno. Su teología política es secularizada.

Pero el hecho de conocer que nuestros conceptos políticos fundamentales no son sino versiones más o menos secularizadas de entes teológicos es crucial por varias razones. Este conocimiento relativiza el orgullo ilustrado por los actores políticos; su fútil y utópica creencia en el logro de conceptos y constituciones políticas completamente racionalizados, e incluirá para los fanáticos de la razón la advertencia de que auctoritas non veritas facit legem, conservando el carácter no racional de la decisión que se opone a seguir las normas y las reglas, que pone el énfasis en el carácter fundamental de lo excepcional —la situación de emergencia—, en la que la excepción tiene la misma categoría que el milagro en teología¹⁴.

En el caso de la «tradición» a la que hacemos referencia, el contenido de la ideología es, como ya hemos apuntado, diferente. Sus primeros representantes, es decir, los pensadores contrarrevolucionarios del período inmediatamente posterior a la revolución liberal, hicieron denodados esfuerzos para introducir de nuevo el teísmo político, o sea, la omnipotencia de una autoridad garantizada y ungida por Dios. En el tradicionalismo filosófico, se trata de renovar la objetividad de las afirmaciones católicas y asegurar su validez, en contraposición a la modernidad amenazante, disolvente de las viejas convicciones religiosas. Es frecuente, en ese sentido, una postura decisionística que opta por afirmar el viejo edificio que se tambalea y hacer de él bandera de combate contra las nuevas corrientes filosóficas, religiosas, y socioculturales de todo tipo.

Y es que, en el fondo, se trata de la tentativa de afirmar la pretensión ontológica de entender el mundo en su conjunto de una forma precrítica, ensamblando metafísicamente los momentos de la «razón» disociados por la evolución cultural del mundo moderno. La denuncia de la «razón» se hace con el objetivo de rechazar las pretensiones críticas de esta frente a la autoridad estatal dominante y sus representantes, y, sobre todo, para erradicar lo que entiende como mayor pecado originario de la Revolución de 1789: la idea de autonomía del hombre. Ello implica necesaria y lógicamente la funcionalización de la religión y de sus contenidos dogmáticos en aras de la restauración del sistema político destruido por el proceso revolucionario. En ese sentido, no podía ser considerado aisladamente el poder político y el poder religioso, el Trono y el Altar, principios esenciales de la constitución natural de las sociedades, cuyo equilibrio era preciso restaurar.

El carlismo y el conservadurismo autoritario

No obstante, en modo alguno puede considerarse a la «tradición» teológico-política como algo homogéneo e inmutable. Con frecuencia tiende a identificarse el carlismo con el conjunto del pensamiento antiliberal español, pero la realidad histórica es algo diferente. Ciertamente, el carlismo puede identificarse con el tipo ideal de derecha reaccionaria defendido por René Rémond: una derecha añorante de un Antiguo Régimen mayormente idealizado, impregnada de una fuerte religiosidad y opuesta por principio a cualquier forma de liberalismo. Sus orígenes los podemos contemplar en parte del pensamiento antiilustrado del siglo XVIII, en los llamados «serviles» de las Cortes de Cádiz o en los «apostólicos» o «agraviados» fernandinos.

Pero al lado del carlismo, y frecuentemente frente a él, como tendremos oportunidad de ver, encontramos otro sector, ciertamente antiliberal, cuyo norte ideológico es igualmente la teología política católica, aunque con algunas diferencias. Se trata de una tendencia política que ha recibido diversas denominaciones, pero que está claramente diferenciada tanto del tradicionalismo carlista como, sobre todo, del liberalismo, conservador o progresista. «Tradicionalismo isabelino», «neocatolicismo» o, mejor dicho, a mi modo de ver, «conservadurismo autoritario», tales han sido las denominaciones al uso. Sus orígenes se hallan en las obras de Juan Donoso Cortés, Jaime Balmes y el grupo «neocatólico».

El conservadurismo autoritario coincide con el tradicionalismo carlista en su raíz profundamente religiosa y en su rechazo radical de los contenidos políticos e ideológicos del liberalismo, pero difiere de este en sus fidelidades dinásticas y, sobre todo, en su nivel de adaptación a las nuevas realidades socioeconómicas. Mientras el carlismo es, al menos en sus orígenes, un conservadurismo, por emplear la denominación de Mannheim, «natural», es decir, adherido a normas vegetativas y a viejos modos de vida ligados a elementos mágicos de conciencia, el conservadurismo autoritario, que incluso, como veremos, suministrará en un momento muy preciso argumentos doctrinales que contribuirán a la renovación del carlismo, nace de una percepción consciente de la significación de los cambios sociales y económico-políticos.

Esta percepción parte del hecho de que una defensa cerrada del Antiguo Régimen ya había sido superada por las nuevas realidades socioeconómicas, y su objetivo es suministrar argumentos restauradores a los sectores sociales —viejos y nuevos— hegemónicos frente a las amenazas del liberalismo y de la democracia. Se trata, en el fondo, de recurrir a amasijos de elementos nuevos y viejos. No podía restablecerse in toto el pasado; tampoco se trataba de rechazar lisa y llanamente el cambio social, sino de aceptarlo de manera parcial e intentar limitar sus efectos socioculturales a la esfera económica. Esta tradición fue capaz de renovarse al socaire de los nuevos retos, y entre sus continuadores podemos encontrar a Marcelino Menéndez Pelayo —maitre á penser de la derecha española durante largo tiempo—, a Ángel Herrera Oria y sus Propagandistas, y luego, ya en la Segunda República, los proyectos políticos de la CEDA y de Acción Española. Los nacionalismos periféricos —catalán y vasco— oscilaron, a lo largo de su existencia, sobre todo en el caso catalán, entre la tradición teológico-política y la liberal.

Frecuentemente, al lado del conservadurismo autoritario encontramos en la derecha española una, por así decirlo, «subtradición», que es el conservadurismo burocrático, al que, siguiendo a Mannheim, podemos definir como un estilo de pensamiento que reduce todos los problemas políticos a problemas administrativos¹⁵. Es lo que hoy llamaríamos «tecnocracia», con frecuencia asociada, en nuestra historia política contemporánea, a regímenes de tipo autoritario.

La hegemonía del paradigma teológico-político en los ámbitos de la extrema derecha española, que pudo renovarse al socaire de la crisis del liberalismo y de los nuevos rumbos del pensamiento social-católico con su rehabilitación del corporativismo y del intervencionismo económico, obstaculizó ostensiblemente la posible emergencia de otras tradiciones de la derecha en la sociedad española. Fue el caso de la llamada «derecha radical».

Por lo general, no se ha dado una definición satisfactoria de derecha radical que pueda distinguirla con nitidez del resto de las tradiciones conservadoras. Aquí emplearemos el término para definir una tendencia de extrema derecha antiliberal nacida de la crisis finisecular de los valores intelectuales de la Ilustración, y que busca legitimar su discurso y proyecto político no en la religión, sino en nociones científicas sacadas de la biología, la psicología, la sociología, la jurisprudencia, etc. Sus máximos representantes serían Oswald Spengler, Carl Schmitt o Moeller van der Bruck, en Alemania; Charles Maurras o Maurice Barrés en Francia; Giusseppe Prezzolini, Giovanni Papini, Giovanni Gentile, Enrico Corradini o Alfredo Rocco en Italia, etc.

En España, estos planteamientos, dada la hegemonía católica y la consiguiente recepción negativa de idealismo, del positivismo y luego del socialdarwinismo o de la filosofía de Nietzsche, carecieron de operatividad y de influencia, salvo, como tendremos oportunidad de ver, en los nacionalismo catalán y vasco. Representantes intelectuales de esta tendencia fueron Eugenio D’Ors, José María Salaverría, Ramón de Basterra y, en algún momento, Azorín. El maurismo fue, al menos en un principio, y en su sector más militante —con sus críticas sociológicas al parlamentarismo y al liberalismo por su abstencionismo económico—, lo más próximo al paradigma de «derecha radical» en el espectro político español, pero sus herederos, durante la Segunda República, acabaron sucumbiendo, en parte por convicción y en parte por necesidad política, ante la influencia del paradigma teológico-político.

El fascismo

Algo parecido podemos decir de la recepción española del fenómeno fascista. La inexistencia en nuestro suelo de una derecha bonapartista y sus secuelas populistas y plebiscitarias, la escasa entidad, al menos numérica, de los sectores radicales, el carácter débil del nacionalismo español y su ausencia de proyección exterior, incidirían muy negativamente en la virtualidad de un fascismo español autónomo. Conviene, sin embargo, precisar lo que entendemos aquí por fascismo, tema que sigue siendo objeto de controversia historiográfica, consecuencia en parte de la propia ambigüedad de la ideología fascista.

El fascismo es una ideología ecléctica. Como señala Thomas Sowell, se trata de una visión «híbrida» de la vida social y política, que toma parte tanto de la visión restringida como de la no-restringida, trágica y utópica a la vez: «Aquí se invocaba —afirma Sowell— algunos de los elementos clave de la visión restringida: la obediencia a la autoridad, la lealtad al propio pueblo, la voluntad de luchar, pero siempre con el imperativo máximo de seguir a un líder sin limitaciones, sin ninguna obligación de respetar las leyes, las tradiciones, o incluso la mera decencia»¹⁶. El fascismo es visto hoy como la expresión política de unas clases medias «emergentes» que deseaban una mayor participación a nivel político y social en sus respectivas sociedades¹⁷. Y su ideología, heredera de la crisis finisecular, se caracterizó por una peculiar mezcla de elementos voluntaristas, nacionalistas y populistas¹⁸. La emergencia social de estos movimientos políticos coincidió —y fue también expresión— del proceso de reconstitución sociopolítica del sistema capitalista europeo como respuesta al desafío revolucionario ruso de 1917¹⁹.

Naturalmente, no hay fascismo en sí, sino variedades nacionales, cada una de las cuales actúa a su modo dentro de un contexto cultural, político y social. No obstante, es preciso afirmar que existen, a nuestro entender, una serie de características genéricas, como el principio de liderazgo carismático, el Estado totalitario, el nacionalismo voluntarista, el dirigismo económico, el corporativismo, la «movilización total» de la población, etcétera²⁰. En síntesis, podemos hablar del fascismo —valga la aparente paradoja— como una derecha revolucionaria. «Su verdadera novedad —señala François Furet— no está en la movilización de un anticomunismo de masas, que ya existía desde antes […], sino en la invención de una derecha revolucionaria […]. Pretende ser postmarxista y no preliberal. Quiere restaurar la unidad del pueblo y de la nación contra la disgregación de la sociedad por obra del dinero»²¹.

Evidentemente el concepto de «revolución» tiene poco que ver con el enfoque y sentido que da a esta palabra la tradición marxista, es decir, la de un cambio cualitativo en la propiedad de los medios de producción. Ningún movimiento fascista tuvo como objetivo la abolición del sistema capitalista en sí mismo: el objeto de sus críticas fue, sin duda, el capitalismo liberal. En ese sentido, el fascismo, a nivel económico, fue un claro intento de relanzar el capitalismo sobre nuevas bases centralizadas, introduciendo reformas que modernizaran y racionalizaran su funcionamiento. Las innovaciones fascistas tuvieron lugar igualmente en el ámbito de lo social, a través de la política de masas en torno al partido único, y en el contenido populista de sus proyectos y de su retórica.

Como tendremos oportunidad de ver, el fascismo apenas tuvo repercusión ideológica en la cultura política hegemónica del conjunto de las derechas españolas; su efecto fue el de extremar los contenidos antiliberales de su discurso, en un momento de aguda crisis de la democracia liberal. «Hacia 1936 parecía claramente —diría José Luis López Aranguren— que, sin caer en el anacronismo, se podía ser antiliberal. Más aún: parecía que ser liberal era ya un anacronismo»²². En ese sentido, la Segunda República, cuyo advenimiento acabó con la política de notables que había caracterizado al régimen conservador-liberal de la Restauración, supuso, con la movilización de masas que trajo consigo, el triunfo de la teología política.

El conservadurismo liberal desapareció de la vida política, y los intentos de Alcalá-Zamora y de Miguel Maura fracasaron desde el principio por sus propias contradicciones, por la falta de apoyos sociales y de autonomía ideológica. Lo mismo ocurrió con la empresa política republicana de Ortega y Gasset, más interesante desde el punto de vista ideológico que las anteriores. No deja de ser significativo que para algunos críticos —eclesiásticos principalmente— el filósofo madrileño pudiera pasar por izquierdista. Las razones eran, ante todo, de carácter religioso. Agnosticismo equivalía, al menos para algunos, a izquierdismo político, lo que hacía tiempo que en Europa había dejado de ser evidente. Sin embargo, no hay la menor duda de que Ortega fue un hombre fundamentalmente conservador, aunque, ciertamente, su conservadurismo era bastante diferente al del conjunto de las derechas españolas. Este carácter se expresó en sus escritos, donde aparecen algunos temas característicos de la gran tradición de pensamiento conservador: el realismo histórico que se burla de las utopías; el sentimiento del valor de la continuidad histórica, de la prescripción burkeana; la desconfianza hacia el progreso irresistible, etc.

El franquismo como sincretismo ideológico

El régimen del general Franco fue el centro en el que pudieron confluir las distintas corrientes —viejas y nuevas— de la derecha española, salvo las liberales y democráticas, aunque también en ese sentido hubo alguna que otra excepción. Católicos conservadores, carlistas, fascistas, monárquicos alfonsinos, conservadores burocráticos, etc. Unas derechas que estaban frecuentemente animadas por los mismos odios, sin tener, desde luego, los mismos amores, y de las cuales Franco fue un hábil aglutinador y mediador.

No obstante, el desarrollo económico de los años sesenta y los cambios producidos en la mentalidad católica por el Concilio Vaticano II provocaron una profunda crisis en el conjunto de la derecha española inserta en el régimen nacido de la Guerra Civil. Estos cambios crearon un marco distinto para la actuación de las instituciones que habían otorgado legitimidad a la guerra y al orden sociopolítico surgido de ella. La crisis del régimen de Franco tuvo una de sus causas más profundas en la progresiva desaparición de la cultura cívica en que se apoyó en sus inicios.

Tanto el conservadurismo autoritario como el tradicionalismo, es decir, los dos componentes básicos de la tradición teológico-política, se sumieron en una profunda crisis epistemológica hasta desaparecer como alternativas. De esta crisis surgirían nuevas tradiciones, sobre todo la de una derecha ya inevitablemente liberal y democrática. Y, ante los nuevos retos de la globalización, la crisis del Estado-nación y el multiculturalismo, la denominada «derecha identitaria», representada por el partido político VOX, que ha sido hasta el momento la última novedad política de la derecha española en el siglo XXI.

SEGUNDA PARTE

ORIGEN Y CONFIGURACIÓN DE LAS DERECHAS ESPAÑOLAS (1789-1833)

4

DE LA ILUSTRACIÓN AL ABSOLUTISMO DE FERNANDO VII

ILUSTRACIÓN Y CONTRAILUSTRACIÓN

Si bien en toda sociedad se dan formas de conducta y de pensamiento tradicionales, se trata siempre de formas naturalmente reactivas e inconscientes. Para que surjan formas conscientes de pensamiento conservador y/o tradicionalista tienen que darse una serie de factores que configuren una constelación especial. Ha de tratarse de una sociedad donde aparecen signos de dinamismo político, ideológico y económico, de diferenciación específica en clases o grupos sociales enfrentados entre sí. Dicha diferenciación tiende a arrastrar tras de sí al cosmos intelectual y lo desarrolla según líneas propias de cada grupo enfrentado, y los objetivos básicos de cada grupo social hacen cristalizar las diversas ideas en diferentes cosmovisiones antagónicas. En pocas palabras: conservadurismo y tradicionalismo inconscientes se convierten, en un pensamiento conservador y tradicionalista, en una sociedad que comienza a escindirse en grupos sociales y como reacción consciente a formas de pensamiento progresista¹.

Este desafío vino, en toda Europa, de la Ilustración. Como explicó Paul Hazard, la Ilustración significó, en el plano social y mental, una progresiva ruptura con la doctrina social de la Iglesia católica: la legitimidad teocrática y la transmisión autoritaria del saber fueron desmontadas poco a poco, con la consiguiente oposición de la Iglesia oficial, que se identificó y alió con los que defendían el Antiguo Régimen. Sin embargo, como señala Jonathan Israel, la Ilustración no es un movimiento filosófico y político homogéneo; existe una Ilustración moderada y una Ilustración radical. Esta última apenas tuvo influencia en España².

Para Reinhart Koselleck, la burguesía, no en el sentido marxista del término, desde luego, era el sujeto social de aquel estilo de pensamiento. Las Luces, según este autor, fueron un movimiento en Europa, tras las sangrientas guerras de religión de los siglos XVI y XVII, que se abrió paso para fundamentar —de una forma secularizada y sin respaldo de ninguna autoridad religiosa— una ética civil nueva. Koselleck hace, pues, a la burguesía la clase portadora de esos nuevos ideales y, dentro de ella, a la secta masónica, el grupo más activo ideológicamente a la hora de proponer una nueva ideología política³.

No hay duda —aceptemos o no los supuestos de Hazard, Koselleck o Israel— de que la Ilustración supuso un auténtico desafío para las mentalidades tradicionales. Y es que el pensamiento de las Luces tenía como proyecto la creación de una nueva comunidad de consenso, cuya base se encontraba en la «razón». Lógicamente, las consecuencias de la puesta en práctica de este proyecto iban a ser la privatización de lo religioso y la desvalorización de la tradición como poder determinante de la acción y la orientación de la vida social. El Estado y la sociedad se explican de forma inmanente por los átomos sociales, por los individuos racionales, que son en sí iguales. Racional será aquello que tiende al fomento de la naturaleza del hombre, con lo cual, al precisar en qué consiste esa «naturaleza» antropológica y moral, cabe admitir los más opuestos criterios imaginables. De todos modos, esta explicación de crítica inmanente no podía explicar o justificar directamente el Estado por la sanción divina. El criterio de la «razón» era la piedra de toque de la tradición y de toda autoridad. La racionalización frente a la autoridad sacerdotal o la fundada en el nacimiento significa siempre la vuelta al individuo como último elemento de la vida social⁴.

En este sentido, Michel Vovelle ha diseñado el tipo ideal de hombre de la Ilustración:

[…] hombre dueño de su destino una vez canceladas las hipotecas, el prejuicio y la religión y los condicionamientos propios de su misma naturaleza, se distingue de los demás animales en cuanto a ser de razón: ha creado las artes, las ciencias y la actividad productora de las riquezas; en una palabra, la civilización. Es maleable y perfectible; la historia de los hombres es la del progreso propio de lo terrenal, circunscrito a los límites de la vida de aquí abajo, en la medida en que el último objetivo que busca es la felicidad terrestre⁵.

No cabe decir, sin embargo, que la Ilustración, al menos en el pensamiento de la mayoría de sus promotores tanto intelectuales como políticos, fuese un movimiento de carácter revolucionario —salvo para los sectores radicales—, sino, las más de las veces, reformista, cuya aspiración era entroncar el Antiguo Régimen con las necesidades de modernización social y política expresadas por las élites ilustradas. De hecho, no puede establecerse un nexo de por sí evidente entre la Ilustración y la Revolución de 1789⁶.

Movimiento de élite, los ilustrados, aunque opuestos por principio a ciertos aspectos de la tradición del Antiguo Régimen —fe religiosa, privilegios estamentales, etc.—, estaban insertos, en la mayoría de los casos, en el mundo aristocrático, y se hacían notar por su elitismo, nada favorable a la democracia o a la subversión social. En rigor, su programa era el de reformas liberales que preservarían la jerarquía en vez de destruirla⁷. Otra cosa es que la sociabilidad cultural ilustrada pudiera permitir la constitución de una opinión revolucionaria con respecto al Antiguo Régimen, al menos en Francia. Pero hubo de ocurrir una crisis global para que la mentalidad ilustrada llegara a ser partidaria, al menos en algunos casos individuales, de una transformación radical⁸.

La Ilustración española, por su parte, sigue planteando interrogantes que incitan a la investigación. En un simposio hispano-alemán, coordinado por Reyes Mate y Friedrich Niewöhner, los investigadores alemanes, a base de ejemplos literarios y políticos, terminaron afirmando que sí hubo Ilustración en España, mientras que los españoles rebajaron el concepto prefiriendo hablar de «ilustrados» más que de «Ilustración», es decir, «los ilustrados serían una escasa minoría»⁹. Sin embargo, este carácter minoritario no es en sí mismo razón suficiente para negar la existencia de una Ilustración española. Incluso en Francia, su influencia fue muy limitada en la población a lo largo de todo el siglo XVIII, ya que la nobleza era el único grupo de la sociedad capaz de comprender y patrocinar esta filosofía. La Enciclopedia fue en un principio una operación aristocrática, y fueron los nobles parlamentarios de provincias los que animaron los contenidos de las nuevas ideas¹⁰.

Reformismo español

Lo que sí fue característico del pensamiento ilustrado español fue su moderación. En general, ha caracterizado a la Ilustración española —y luego a nuestro liberalismo— una acentuada tendencia al eclecticismo, al armonismo, por un acusado temor a ir demasiado lejos. Como señala José Luis López Aranguren, toda nuestra Ilustración fue «prudente, pacata y comedida»¹¹. Las razones de ello son varias. Por muy sugestivos que sean los planteamientos de Koselleck y por muy exactos que sean también en relación con algunos países, esas causas no son tan generales que valgan para países como España.

Ni España tuvo que salir, dado el triunfo de la Contrarreforma, de un conflicto entre diversas religiones, ni la burguesía —incluso en el sentido de esta palabra tal y como la emplea el historiador alemán— asumió en ese tiempo una función directora, ni, por descontado, tampoco las logias masónicas tuvieron tanta fuerza intelectual y presencia social. José Antonio Maravall puso de relieve hace tiempo cómo el Antiguo Régimen español, integrando monarquía, nobleza y clero, constituía una unidad socioeconómica más sólida que en Francia. La monarquía española no había vencido exactamente a la nobleza y al clero español, sino que, a cambio de ciertos renovados favores señoriales, había pactado con estos grupos y los había incorporado como séquito o parte de la misma monarquía.

Los poderes señoriales aceptan la superioridad incontestable, sin posible resistencia, del rey —que esto quiere decir potestad absoluta—, y articulándose en el sistema de soberanía de este conservan sus poderes, sus privilegios, como sectores eclesiásticos o nobiliarios. De ahí que el aparato de represión de las ideas burguesas de libertad funcione en España con un rigor y con una amplitud que no alcanzó en otros países¹².

La tarea del reformismo ilustrado fue iniciada por Felipe V y llegó a su plenitud con Carlos III, intentando renovar el Estado español según el modelo de la monarquía francesa, desde un vigoroso concepto de la autoridad real. Los Borbones utilizaron como instrumento de Gobierno a un sector de la hidalguía, es decir, de la pequeña nobleza y no de la burguesía o de las clases medias, como a menudo suele decirse. En ese sentido, la alta nobleza se vio apartada de los puestos de Gobierno, en parte por la propia voluntad de los monarcas y en parte también por la propia mediocridad de la mayoría de sus miembros, salvo las excepciones de Aranda, Carvajal, Huéscar, Infantado, Fernán Núñez, etcétera¹³.

La alta nobleza se vio, pues, sustituida por una clase política de hombres provenientes del estamento nobiliario, pero en su escalón medio y bajo, como Macanaz, Ensenada, Campomanes, Jovellanos, Floridablanca, Meléndez Valdés, Estanislao de Lugo, etc. Se trata, en general, de gentes nacidas en provincias, de familia medianamente acomodada, con formación universitaria de carácter jurídico y humanístico, abiertos a la nueva ciencia económica, no pocas veces procedentes del Ejército y que disfrutan de la protección de hombres procedentes de la cumbre del poder¹⁴. Esta nueva élite tenía una mentalidad ilustrada, y aunque no era de extracción burguesa, algunos de sus miembros tenían un claro «espíritu burgués»¹⁵. Estamos hablando, pues, de una élite ilustrada que no intenta en modo alguno romper con la tradición católica o con la monarquía absoluta. Evolución en lugar de ruptura, empirismo en vez de utopía, y acercamiento a la modernidad desde parámetros de la concepción católica del mundo. Ese podía ser, en resumen, su actitud política e ideológica.

En el movimiento reformista, la reforma económica habría de ser el primer paso para la potenciación de la monarquía, que, a su vez, exigiría unos nuevos saberes en la línea de un nuevo método para el conocimiento científico y el dominio de nuevas técnicas aplicables a la producción agrícola, ganadera, industrial, minera y comercial. La nueva política del despotismo ilustrado habría de densificar y vigorizar la actividad estatal al amparo del poder absoluto del monarca. Este tendría que quebrantar las estructuras económicas, sociales, políticas e incluso religiosas tradicionales. En ese sentido, como puso de relieve José Antonio Maravall, existe una clara continuidad entre las fases del pensamiento ilustrado y las del conservadurismo liberal isabelino y canovista¹⁶.

Pero no toda la élite reformista era absolutamente homogénea en cuanto a los límites y características de su proyecto político. No lo era, desde luego —y por poner un ejemplo palmario—, en lo relativo a la función del estamento nobiliario. Para Pedro Rodríguez Campomanes, la soberanía era el poder único y absoluto, que «ni admite compañía suprema en el mando, ni debe permitir acto externo que no examine y reconozca», y ello era tan esencial que un descuido en este aspecto podía «producir la ruina o la frustración del Estado». Frente a la dualidad estamental, Campomanes manifestaba tajantemente que el rey y el reino son «la misma cosa en orden a la conservación del Estado». Con ello se expresa la clave del principio absolutista característico del despotismo ilustrado. Sin embargo, Campomanes, como tampoco Floridablanca o Jovellanos, en modo alguno pretendía la abolición del estamento nobiliario, sino hacerlo más útil al Estado y a la sociedad, colocándolo bajo su égida¹⁷.

Otro sector, dirigido por el conde de Aranda y el partido llamado «aragonés», era más celoso de los privilegios nobiliarios. Aranda no era partidario del absolutismo monárquico, sino de una «monarquía pactada», oponiéndose al rey en sus intentos de absorción política y burocrática de las funciones y privilegios nobiliarios¹⁸. No obstante, Aranda, como es de sobra sabido, era todo lo contrario de un casticista o un tradicionalista a ultranza. Amigo de Voltaire y suscriptor de la Enciclopedia, su acción de gobierno vino respaldada por intelectuales y economistas como Ignacio Jordán de Asso, Normante o Miguel Alonso Genovés, partidarios de la promoción de la industria y del comercio¹⁹. Incluso simpatizó, en un primer momento, con la Revolución de 1789, identificándola en sus primeras manifestaciones con los inicios de la «asamblea de notables», y luego participó en la oscura conspiración de Picornell, de 1795, cuyo objetivo era la modificación de la monarquía de Carlos IV en sentido constitucional templado mediante la restauración de los viejos poderes estamentales²⁰.

Sin embargo, el pensador de mayor influencia ulterior dentro de la Ilustración española fue, sin duda, Gaspar Melchor de Jovellanos, posteriormente presentado como antecedente fundamental de la derecha conservadora liberal, e incluso reivindicado por algunos exponentes del conservadurismo tradicional²¹. Nacido en Gijón en enero de 1744, Jovellanos era de estirpe hidalga²². Sus relaciones familiares le proporcionaron influencia en la Corte, y gozó de la protección de Campomanes y Olavide.

Durante el reinado de Carlos III ocupó algunos cargos políticos, como el de alcalde del crimen en Sevilla y Madrid. Y, ya en el reinado de Carlos IV, en 1797, fue nombrado, aunque por poco tiempo, ministro de Gracia y Justicia, y luego consejero de Estado. Igualmente, fue miembro de las Reales Academias de la Historia y de la Lengua.

Su obra viene vertebrada por una preocupación fundamental, a saber, el deseo de reforma de la sociedad española —en casi todas sus facetas— desde un talante marcadamente ilustrado. Donde se manifiesta más conservador es en las costumbres y, sobre todo, en materia de religión. En ese sentido, el asturiano fue más enciclopédico que enciclopedista. Fue enciclopédico por la amplitud de sus conocimientos —leyó a Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Condillac, Hume, Locke, Burke—, pero, en rigor, no fue enciclopedista, ya que siempre mantuvo incólume su fe religiosa y no se vio influido por el brillo de las teorías abstractas —rechazó en todo momento el contractualismo rousseauniano— sobre cómo organizar la sociedad o cómo aplicar formas ideales de Gobierno. Como conservador que era, partió de la situación concreta española, de sus diferencias en relación a otras sociedades europeas, y, por tanto, se mostró contrario a cualquier innovación política o social que no tuviera en cuenta sus características fundamentales:

Desconfío mucho de las teorías políticas y más de las abstractas. Creo que cada nación tiene su carácter; que este es el resultado de sus antiguas instituciones; que si con ellas se altera, con ellas se repara; que otros tiempos no piden previamente otras instituciones, sino una modificación de las antiguas […]. En conclusión: una nación nada necesita, sino el derecho de juntarse y hablar. Si es instruida, su libertad puede ganar siempre; perder, nunca²³.

En este sentido, Jovellanos ha sido comparado con Edmund Burke, cuyas obras políticas y de estética conoció, al igual que con el conservador germano Justus Möser²⁴. Y es que el asturiano, al menos en su etapa más influyente, estaba inserto en el pensamiento organicista británico y contrapuso esta concepción de la sociedad a la construcción racionalista francesa. Para Jovellanos, el estado de la sociedad es natural al hombre, pues existe en cada individuo una innata inclinación a convivir y relacionarse con los otros; un connatural amor que le lleva a buscar la unión en un plano ascendente, desde la familia hasta la comunidad universal. Junto a esta inclinación, se encuentra la necesidad. El ser humano por sí solo no puede sobrevivir; además, en el estado de naturaleza está sometido a continuos peligros, y, por ello, los hombres «sintieron la necesidad de unirse para hallar en la fuerza y la razón común la seguridad individual»²⁵.

La sociedad es un hecho, motivo por el cual es necesario establecer una serie de deberes y derechos que posibiliten la convivencia. Estos deberes y derechos no son fruto de la convención, sino que dimanan de la moral natural, que, a su vez, se fundamenta en Dios. El hombre es moral antes de entrar en sociedad. Y, al asociarse, debe renunciar a una parte de sus derechos para lograr el buen funcionamiento del Estado. En este sentido, Jovellanos justifica una sociedad jerarquizada, en la que cada clase social y cada hombre debe cumplir sus tareas y funciones reguladas por la Constitución. No puede existir ninguna sociedad sin jerarquías, y los principios de igualdad y libertad dependen de esta necesidad.

Bien es cierto que Jovellanos consideraba que las clases sociales debían asentarse más en los méritos y en la virtud que en la sangre —de ahí sus duras críticas a la nobleza—, si bien nunca proyectó acabar con la aristocracia. Aun reconociendo que «la virtud y los talentos no están vinculados al nacimiento y a las clases», juzga que es difícil encontrar las «grandes cualidades que piden los grandes empleos, de una educación obscura y pobre o en unos ministerios cuyo continuo ejercicio encoge el espíritu, no presentándole otro estímulo que la necesidad, ni otro término que el interés, cuando es fácil hallarlos en medio de la abundancia, del esplendor y aún de las preocupaciones de aquellas familias que están acostumbradas a preferir el honor a la conveniencia, y a no buscar la fortuna sino en la reputación o en la gloria»²⁶.

La sociedad no es, pues, un mero conglomerado de individuos, sino un organismo jerárquico con sus peculiaridades históricas que tienen su reflejo en el sistema político y en las leyes. Por ello, como tendremos oportunidad de ver, Jovellanos nunca fue partidario de una ruptura con la constitución tradicional española, nacida de la Historia y no de un episódico acto de voluntad. El asturiano siempre apostó por una reforma paulatina; no por la revolución. Los ideales ilustrados se conseguirían partiendo de lo que cada nación ha conseguido a través de la evolución y la ilustración de los hombres. La felicidad no se consigue de golpe o de forma inmediata, sino de forma progresiva, como ocurre en la naturaleza. Ciertamente, dirá, este proceso es más lento, pero más seguro, y tiene, además, la ventaja de no sacrificar la generación presente en aras de unas hipotéticas mejoras:

Alabo a los que tienen valor para decir la verdad, a los que se sacrifican por ella; pero no a los que sacrifican otros entes inocentes a sus opiniones, que por lo común no son más que deseos personales, buenos o malos. Creo que una nación que se ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre, y creo que para ilustrarse tampoco es necesaria la rebelión. Prescindo de la opinión de Mably, que autoriza la guerra civil, sea la que fuere; yo la detesto…²⁷.

Más atrevido se mostró en sus planteamientos económicos, básicamente expuestos en su Informe sobre la Ley Agraria, donde el asturiano analizó los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes presentaban u oponían al desarrollo y perfeccionamiento del cultivo y, junto a ellos, describió los medios que deberían emplearse para dar impulso al interés de los agentes de la agricultura: derogar las leyes que se oponían a que los cultivadores pudieran trabajar de acuerdo con su conveniencia e interés y desterrar opiniones para acometer nuevas empresas, combatiendo vicios y errores. Por ello se mostraba partidario, entre otras cosas, de la venta de tierras comunales y de la Iglesia, así como de abolir instituciones como el Honrado Consejo de la Mesta, etcétera²⁸.

Los enemigos de la Ilustración

Frente a esta élite ilustrada, culta y reformista se alzaba un abigarrado bloque tradicional. Y no podía ser de otra forma, dado que la ideología del reformismo ilustrado no era asequible para las masas del Antiguo Régimen. Pese a su moderación teórica y práctica, en aquel tipo de sociedad campesina y jerárquica, regida por una lógica teológico-política, los ideales ilustrados no podían ser percibidos por extensos sectores sociales sino como una auténtica amenaza para sus creencias y formas tradicionales de vida. Y es que, como describió José Jiménez Lozano, la Ilustración era «ese caballero vestido de seda, oliendo a perfume y con peluca, o un abate con chapines y gorguera a la francesa que aparecen un día ante el viejo hidalgo vestido de negro o ante frailes mendicantes de pobre hábito y los clérigos llenos de gravedad bajo sus hopalandas». Y continúa:

Y luego está el choque terrible de la cotidianeidad. El modelo o paradigma de la cristiandad-españolidad seguía siendo el hidalgo, el fraile medicante, el dómine aristotélico, el labrador de linaje de los labradores, iletrado, «humildito», de vida arreglada según la devoción y las rancias costumbres, de un estilo de vida semimonástico […] e inmerso también en un ámbito de brutalidad y zafiedad o barbarie. Y, frente a él, aparece el modelo o paradigma ilustrado: una vida llena de refinamiento y lujo, orientada al placer, valoradora del cuerpo […]²⁹.

Según François Lopez, la nobleza tradicional española no favoreció en demasía la causa de las Luces, pero solo les pudo oponer una resistencia más bien pasiva, la de la inercia y el desinterés³⁰. El auténtico enemigo de las Luces en suelo español fue, sin duda, el clero. La Inquisición distaba todavía de ser, en tiempos de Carlos III y Carlos IV, un tigre de papel. Ciertamente, el Santo Oficio había visto mermados sus modos de actuación tradicionales y sus prerrogativas, pero representó constantemente un obstáculo para la difusión de ideas y planteamientos ilustrados. En la primera mitad del siglo se verificaron dos procesos inquisitoriales de singular importancia: el de Melchor Rafael de Macanaz y el de Diego Mateo Zapata; el primero por sus planteamientos regalistas, el segundo por la osadía de sus ideas. Por intervención del Tribunal se prohibió la Enciclopedia de Diderot y se procesó a Pablo de Olavide³¹.

Y es que los intereses de la monarquía y de la élite ilustrada entraban en conflicto numerosas veces con la Iglesia. Desde la llegada de los Borbones al trono, Iglesia y monarquía echaron más de un pulso en multitud de terrenos políticos y económicos. Funcionarios como los ya mencionados Macanaz, Floridablanca o Campomanes elaboraron, por orden de los monarcas, una serie de documentos dirigidos a demostrar que los reyes españoles, en asuntos de impuestos, de nombramientos o de regulación de la propiedad eclesiástica, eran soberanos. De la misma forma, la Corona intentó independizarse de la Iglesia en algunas materias de carácter ideológico. Sacando a relucir su derecho de veto sobre libros y doctrinas, los monarcas ilustrados intentaron arrogarse la función censora que llegó incluso a la prohibición de documentos pontificios. Las «regalías» prestaban el fundamento legal a la administración laica del Estado y conferían una unidad potencial a la legislación. La Iglesia, por su parte, luchaba por mantener privilegios y exenciones particulares, escudándose en la autoridad del Pontífice romano. En España, la polémica «regalista» se cerró provisionalmente con el triunfo del poder monárquico en el Concordato de 1753. Sin embargo, un inestable equilibrio iba a manifestarse durante mucho tiempo.

El peso numérico del clero en la España del siglo XVIII era enorme³². La Iglesia católica se había revelado como la institución favorecedora de la movilidad social y de la promoción personal más importante de la jerarquizada sociedad española. Su situación era la del «intelectual orgánico colectivo» que controlaba ideológicamente a la sociedad y un determinado número de servicios: la educación y la función de asistencia social a las clases subalternas. La institución era, por entonces, muy popular y puede decirse que controlaba al conjunto de la población. Ahora bien, no es menos cierto que el clero español era intelectualmente uno de los más arcaicos de Europa.

El catolicismo español de la época —y lo mismo podía decirse cien años más tarde— hizo hincapié en la religión popular, con mitos coloristas y sencillos de intenso valor simbólico, pero careció de nivel filosófico. Su adhesión al viejo aristotelismo y a la escolástica era inquebrantable³³. Así, el historiador tradicionalista Francisco Puy nos habla de tomistas, suaristas, escolásticos, aristotélicos, como José de Aguilar, Miguel Viñas, Julián García Vera, Luis Losada o Juan de Ulloa³⁴.

No faltaron, sin embargo, católicos ilustrados que, como Mayans y Siscar o Benito Feijoo, intentaron compatibilizar sus ideas reformistas con sus convicciones religiosas —lo mismo podemos decir del resto de la élite ilustrada, como Jovellanos—. Así, Mayans sometió a fuerte crítica los tópicos tradicionales de la historia eclesiástica; impugnó los falsos cronicones; negó la venida del apóstol Santiago a España, y juzgó al catolicismo español de la época de un modo muy pugnaz. En varias ocasiones definió a los obispos como «hombres casi todos ignorantísimos», acusándolos de no cumplir ni el deber de residencia, ni el de girar visitas pastorales. Y no fue menos duro con los canónigos: «Muchas de las personas que tienen dignidad en las iglesias, catedrales están faltos de letras». Y en el sacerdote vio igualmente «decadencia intelectual y decadencia social», llegando a escribir que «los clérigos no suelen entender lo que rezan». Frente a esa situación, su fórmula fue la revalorización de la institución episcopal, la celebración de concilios nacionales y, sobre todo, la utilización sistemática del poder real³⁵.

La primera obra de apologética católica realmente importante fue la del padre Fernando de Zeballos, La falsa filosofía, o el ateísmo, deísmo y materialismo y demás nuevas sectas convencidas de crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magistrados y potestades legítimas, obra de seis tomos dedicada a Campomanes y cuya publicación está fechada en 1773. La obra remonta los orígenes de las ideas ilustradas y deísticas nada menos que a Caín e intenta demostrar que los filósofos son enemigos de la sociedad, que el celibato eclesiástico es beneficioso, y realiza una crítica directa a Beccaria. Para Zeballos, los filósofos debían ser encarcelados y dedicados a labores viles³⁶.

Pero Zeballos no era un absolutista y mucho menos un regalista; era un defensor denodado de los privilegios de la Iglesia católica. De ahí que su obra fuese censurada por el Consejo de Castilla, porque suponía una dura crítica a los fundamentos de la monarquía absoluta desde una perspectiva iusnaturalista. En su obra, el monarca aparecía nada más que como un tutor. Se propugnaba el derecho a la resistencia, y el Papa era superior al rey³⁷.

En la elaboración de una ideología nacionalista española, basada en la defensa de la identidad cultural, tuvieron igualmente un papel importante los jesuitas residentes en Italia tras la expulsión decretada por Carlos III. La expulsión fue consecuencia, en parte, de las contradicciones entre el conjunto de las élites dirigentes y, sobre todo, de la oposición de los propios jesuitas —a los que se vio detrás de los motines populares contra los ministros extranjeros de Carlos III— a las reformas³⁸.

El padre Miguel Batllori ha descrito las características más sobresalientes de esta cultura jesuítica hispanoitaliana, destacando su escasa originalidad, su amplio nivel de erudición y, sobre todo, su interés en lograr un compromiso entre la tradición católica y la Ilustración, ya que intentó una «síntesis del pensamiento cristiano y los postulados de la nueva cultura»³⁹. Una de sus dimensiones más definitorias es su apología de la cultura y de la literatura españolas. A ese respecto, es de singular importancia la obra de Francisco Lampillas, Saggio apologetico della letteratura espagnola, contro le pregiudicate opinioni di alcuini moderni scrittori italiani, publicado en Genova entre 1778 y 1781. El objetivo de la obra es la refutación de los planteamientos de algunos historiadores italianos sobre la influencia de Italia en España a lo largo del siglo XV. Lampillas niega la influencia italiana en Nebrija; reduce la aportación de Colón en los descubrimientos, señalando la importancia de España en la gestación de las empresas coloniales; enfatiza la impronta de los teólogos españoles en el Concilio de Trento; afirma la superioridad del teatro español, con Lope de Vega, etc.

Igualmente significativa es la Historia crítica de España y de la cultura española, de Juan Francisco Masdeu, para cuya elaboración obtuvo, ya en el exilio, una pensión y ayuda económica de Carlos III, a quien el jesuita llamaba «mi clementísimo soberano». La Historia es una síntesis de toda la historia y de la cultura españolas conocida hasta entonces, exaltando los siglos áureos, XVI y XVIII, plagados de éxitos militares y progreso económico⁴⁰.

Otro protonacionalista español de la época es Juan Pablo Forner, aunque con el extremeño entramos en otro horizonte filosófico, muy distinto al de Zeballos o el de los jesuitas expulsos. Forner era acérrimo partidario del absolutismo real, en cuanto este suponía una racionalización del Antiguo Régimen. En ese sentido, para Forner la monarquía debía ser regalista y el absolutismo implicar anticlericalismo. Por ello, José Antonio Maravall ha aportado una coherencia a toda la obra forneriana en el sentido de introducir las nociones significativas de «nación» y «patria» como conceptos anuladores de las contradicciones entre el Forner racionalista e ilustrado y el Forner supuestamente reaccionario. Forner es, ante todo, un nacionalista español, cuyo objetivo es defender a España de las acusaciones de incultura y brutalidad proferidas por Masson de Morvilliers y otros ilustrados franceses. En su célebre Oración apologética por España y su mérito literario, el extremeño ataca a Rousseau y Voltaire como «sofistas ultramontanos» y hace un balance positivo de la cultura española desde la época romana a la de Carlos III para apostar claramente por las ciencias experimentales, las únicas realmente útiles. Aunque reconoce que «no hemos tenido un Cartesio o un Newton, hemos tenido justísimos legisladores y excelentes filósofos prácticos»⁴¹.

La apologética católica se desenvolvía mucho mejor entre las masas que en los confines de la alta cultura. En ese ámbito disfrutaba de grandes ventajas en relación a los ilustrados, dado que a través del sermón o de la oratoria sagrada podía llegar mucho más lejos en una sociedad fundamentalmente campesina y analfabeta. Los predicadores convirtieron el sermón como fermento movilizador de las masas en contra de las reformas. A ese respecto resulta de capital importancia la figura del padre fray Diego José de Cádiz, «síntesis andante de la antiilustración combatiente»⁴². Nacido en 1743 e hijo de militar, ingresó en la orden capuchina y se convirtió, dadas sus dotes oratorias y su capacidad para la captación de masas, en el predicador por antonomasia de la antiilustración. El padre Cádiz, que fue beatificado por León XIII en 1894, llegó a tener una gran audiencia, no solo entre las masas, sino en amplios sectores de la alta sociedad e incluso en la familia real. En sus sermones clamó contra las comedias, los teatros, las nuevas doctrinas económicas, el «afrancesamiento de las costumbres», el laicismo, etc. Es famosa, en ese sentido, su denuncia contra el catedrático de economía Lorenzo Normante, a quien acusó de difundir ideas anticatólicas, lo que levantó una gran polvareda⁴³.

Las consecuencias de la Revolución francesa

Pero en 1789 estalla en Francia la Revolución. Es el momento en el que se asiste a una auténtica ruptura —por lo menos en el imaginario social— con el establecimiento de una nueva legitimidad, la democrática, que cuestiona radicalmente el tipo de sociedad característico del Antiguo Régimen⁴⁴. Es natural que este acontecimiento repercuta en España, contribuyendo a deslegitimar la política ilustrada.

La convocatoria de los Estados Generales no inquietó, en un primer momento, al Gobierno español. La mala situación económica y política del país vecino parecía hacer necesaria una reforma del Estado. Pero pronto tuvieron oportunidad de percibir que lo que había comenzado en Francia era una auténtica revolución, cuyo desarrollo iba a poner fin a la monarquía absoluta. Ante la nueva situación, Floridablanca, Aranda y Campomanes pasaron, con matices distintos, a militar en el campo de la contrarrevolución. Y el Santo Oficio no descansó, durante varios años, en la represión de las doctrinas juzgadas heterodoxas y de los intelectuales ilustrados, como Cabarrús, Samaniego, Urquijo, Jovellanos, etcétera⁴⁵. Así, un número considerable de intelectuales reformistas no solo mantuvieron sus convicciones, sino que avanzaron hacia posturas liberales, incluso democráticas, lo que provocó la escisión de la élite ilustrada, una división que llevó a la ruptura entre Campomanes, Cabarrús y Jovellanos.

Tanto ilustrados como tradicionales criticaron con vehemencia los hechos revolucionarios. Pero, naturalmente, sus objetivos eran muy dispares⁴⁶. Forner condenó in toto la Revolución. Sus poesías de esta época —«A la muerte de Luis XVI», «El año 1793», «La Convención»— están llenas de referencias a la guillotina, a la «cruel cuchilla», «a las degolladas víctimas»⁴⁷.

El jesuita e ilustrado Lorenzo Hervás y Panduro sometió igualmente a una crítica radical los supuestos revolucionarios en su obra Causas de la Revolución francesa. Para Hervás, con la Revolución, «en Francia ha perecido todo gobierno civil y toda religión natural y revelada». Las causas de la Revolución son fundamentalmente la unión de los jansenistas regalistas, de los filósofos y los protestantes calvinistas, y se trata fundamentalmente de una revolución que declara la guerra a «la religión y a los ricos»⁴⁸. La obra, finalizada en 1794, no pudo publicarse de inmediato por la oposición de algunos ilustrados, como Joaquín Lorenzo Villanueva. La impresión se hizo en 1803 y fue denunciada a la Inquisición, que sometió el libro a la censura del arzobispo Amat, quien negó su publicación. Solo pudo comenzar a difundirse en 1807, con otra portada.

Jovellanos, por su parte, contribuyó, junto a su hermano Francisco de Paula, con mil cuatrocientos reales para la leva del Regimiento de Nobles. Para el asturiano, Francia era un «funesto ejemplo», lo que no quiere decir que abandonara sus planteamientos reformistas, destacando la importancia de la educación como vía de paulatino cambio social⁴⁹.

Por otra parte, la reacción provocada por los acontecimientos y las noticias procedentes de Francia, al igual que la subsiguiente voluntad de silencio con respecto a estos y su significación, tuvo como consecuencia una labor censora que, en muchos casos, no hizo distinciones excesivamente sutiles sobre el contenido de las publicaciones sometidas a su férula. Tal fue el caso de las célebres Reflexiones sobre la Revolución francesa de Edmund Burke, que fue traducida al portugués, pero no al español. Las Reflexiones fueron recibidas, en versión francesa, en Logroño, hacia 1792, y los inquisidores riojanos las enviaron a Madrid. En 1805 fueron prohibidas por la Inquisición⁵⁰. Al parecer, la obra fue traducida al español por Félix Amat, clérigo ilustrado⁵¹. En comparación con la obra de Barruel sobre el jacobinismo y las de otros contrarrevolucionarios, la crítica burkeana no tuvo en España muchos seguidores, quizá porque, como ha señalado Rodrigo Fernández Carvajal, la reacción antirrevolucionaria tuvo en nuestro suelo un carácter fundamentalmente religioso, interpretando los hechos de 1789 como una falsa reforma eclesiástica en la que intervenían tanto jacobinos como jansenistas⁵².

El propio Edmund Burke se refirió a España, en uno de sus análisis sobre la situación europea, tras los sucesos revolucionarios. Su diagnóstico no era excesivamente halagador: «España es un país sin nervio, al que la nobleza no sirve y de la cual sufre el abuso». Y añadía que, desde hacía tiempo, incluso desde antes del establecimiento de la dinastía borbónica, se había tendido a rebajar sistemáticamente a la nobleza, incapacitándola para intervenir en los asuntos públicos por exclusión, y excluyéndola en consecuencia por incapacidad. En ese sentido, la nobleza española estaba «hasta cierto punto aniquilada» y sin fuerzas para defender eficazmente a la monarquía. La única fuerza «independiente» y realmente influyente en la sociedad española era el clero⁵³.

El nuevo rey, Carlos IV, que lo era desde 1788, desconfiaba de los antiguos servidores de su padre, tanto de Aranda como de Floridablanca, y en 1792 optó, bajo la influencia de su esposa María Luisa, por nombrar a un hombre de su absoluta confianza, Manuel Godoy⁵⁴. Tras la muerte de Luis XVI, Godoy decidió acaudillar la reacción monárquica frente a la Convención, declarando la guerra a Francia, hecho que fue muy bien recibido por el grueso de la opinión católica y tradicional. Fue la Iglesia quien llevó las riendas de la propaganda frente a los revolucionarios franceses. La intervención española se consideró poco menos que «dividinal».

En diversas ciudades españolas se desencadenó una auténtica guerrilla urbana contra los elementos franceses. El Diario de Valencia publicó artículos de acusado contenido contrarrevolucionario. «Dios, Patria y Rey» era ya el lema de los tradicionales en su lucha contra la Convención⁵⁵. Ejemplo arquetípico de esta posición fue el opúsculo de fray Diego José de Cádiz titulado El soldado católico en guerras de religión, publicado en 1794, donde el vehemente capuchino exhorta a la lucha contra la amenaza revolucionaria: «Todo buen hijo de la Santa Iglesia debe tomar las armas para defenderla de sus contrarios y sus enemigos cuando la necesidad los pida y lo permitan sus facultades»⁵⁶.

No obstante, Godoy tardó poco tiempo en convertirse en la bête noire de los tradicionales por su ulterior política profrancesa, su admiración por Napoleón y el inicio de las desamortizaciones de la propiedad eclesiástica. La política de Godoy siguió, en el fondo, la línea del despotismo ilustrado, es decir, una política de reformas en la enseñanza, en la economía y en la administración religiosa, pero fue conservador en lo político y en lo social: el poder real debía mantenerse en su plenitud, sin discusiones revolucionarias. Ante todo, Godoy fue un ecléctico⁵⁷. En la política interior intentó cerrar el paso a cualquier intento subversivo. Donde se manifestó en mayor medida su orientación moderadamente ilustrada y reformista fue en el fomento de la enseñanza y de los conocimientos científicos, desde los estudios universitarios hasta la enseñanza primaria, creando instituciones como el Real Colegio de Medicina, Cirugía y Ciencias Físicas Auxiliares, la Escuela de Veterinaria, el Real Seminario de Nobles, la Junta de Comercio General, etcétera⁵⁸.

El llamado «Príncipe de la Paz» contó, al menos en algún momento, con el apoyo de algunos ilustrados, como Forner o Meléndez Valdés; no así de Jovellanos, con quien nunca simpatizó. Y es que Godoy se negó a compartir el poder, lo que provocó la enemistad de los bandos en pugna, además de la de la masa del pueblo. En principio contó con la enemistad de la nobleza, deseosa de recuperar una función rectora en la política del Estado junto al rey. Se trata de «la segunda generación del partido aragonés», con figuras tan influyentes como los duques del Infantado, San Carlos, Sotomayor, Cerbellón, Medina de Rioseco, Alagón, Miraflores, etc., que buscaron apoyo en la camarilla del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, y decidieron trabajar por la caída del favorito. El historiador Carlos Corona vio hace tiempo sus aspiraciones concretas plasmadas en un escrito de Guzmán Palafox y Portocarrero, conde de Teba, titulado Discurso sobre la autoridad de los ricos hombres sobre el Rey y como la fueron perdiendo hasta llegar al punto de opresión en que se haya hoy, donde se analiza el proceso por el cual la nobleza fue perdiendo poder social y político, desde la época de los Reyes Católicos hasta Carlos IV, pidiendo de paso una mayor participación en la dirección del Estado⁵⁹.

Pero Godoy se enajenó igualmente al estamento eclesiástico; y no sólo por su tormentosa vida privada. El Príncipe de la Paz continuó la política regalista de estatización de la Iglesia. Ciertamente, Godoy procuró no enemistarse con la jerarquía eclesiástica y contribuyó a la caída del ministro Mariano Luis de Urquijo, a quien se acusó de intentar promover un cisma a la muerte de Pío VI. Sin embargo, a lo largo de su mandato se dieron múltiples reales cédulas sobre materias religiosas tocantes a jurisdicciones, privilegios eclesiásticos, etc.

Por otra parte, las disposiciones para impedir las cuestaciones y la mendicidad de algunos institutos religiosos suscitaron las protestas no solo de las órdenes religiosas afectadas, sino del conjunto de la población. No obstante, su medida más innovadora y polémica fue el recurso, siguiendo los planteamientos jovellanistas, a la desamortización de las propiedades eclesiásticas. La desamortización comenzó a ponerse en práctica en el contexto del Antiguo Régimen y bajo los auspicios de un monarca tan devoto como Carlos IV, y se convirtió en el instrumento más importante en la búsqueda de solvencia económica por parte del Estado. En total, se vendieron entre 1798 y 1808 fincas por valor de 1.600 millones de reales. Esta política no tuvo su equivalente con respecto a otros estamentos privilegiados, como la nobleza, a la que, en cuanto a tal, nada se le exigió⁶⁰.

En ese sentido, algunos conservadores liberales, como el propio Cánovas del Castillo, no dudaron en considerar a Godoy y sus partidarios como «los verdaderos padres del liberalismo oficial en España»: «Ellos comenzaron la desamortización eclesiástica; ellos lucharon con la Inquisición y el influjo político del clero; ellos se coaligaron, al fin, estrechamente con la República y el Imperio francés, sucesivos e igualmente genuinos representantes de la revolución […]»⁶¹.

El proceso de caída del ambicioso favorito es de sobra conocido. La unión del antiguo partido aristócrata y el partido fernandino, además de la oposición tradicionalista del país, contempló a Fernando como liberador del odioso Godoy y su máximo vengador. Para 1807 existía ya una poderosa combinación de fuerzas, ninguna de las cuales se oponía a la monarquía como tal ni a la dinastía de los Borbones en particular. Su fe en Fernando seguía siendo la expresión de las esperanzas puestas en la Corona. Y tan solo fueron necesarios cinco meses para derribar a Godoy, y con él al rey. El célebre motín de Aranjuez, la caída de Godoy, la subida al trono de Fernando, la invasión napoleónica y las humillantes capitulaciones de Bayona, fueron los principales episodios de este proceso y su catastrófico final.

LAS CORTES DE CÁDIZ

La invasión napoleónica

La invasión francesa fue acompañada por una crisis total de las instituciones políticas. Ante el vacío de poder que produjo la ausencia del rey, la claudicación de la Junta Suprema del Gobierno y el descrédito del Consejo de Castilla, surgió en todas partes, en el mismo año 1808, el proyecto de convocatoria de Cortes. Se alinearon a favor de él, por diversos y antagónicos motivos, los liberales, que aspiraban a replantear la constitución del Estado; los absolutistas, los conservadores, los tradicionalistas, etc. Desde aquel momento, todo se volvió precario, incierto, imprevisible.

Además, la situación estaba dominada por un terrible dualismo, si hemos de expresarlo en los términos de Ferrero: el dualismo de los Genios Invisibles de la Ciudad. De hecho, el principio de legitimidad genuinamente monárquico —la creencia en el derecho divino de los reyes— no estaba ni mucho menos muerto, pero no hay duda de que había sufrido, en aquella tortuosa coyuntura, un duro revés, quedando seriamente dañado, mientras que el principio de legitimidad democrático —la proclamación de la soberanía popular— aún no había conseguido, y aún tardaría mucho en conseguirla, vigencia colectiva, pero iría abriéndose paso⁶².

La invasión francesa dividió igualmente a la élite ilustrada, algunos de cuyos miembros acataron la nueva autoridad del rey José, el hermano de Napoleón, al igual que un sector de la nobleza. Nacía así el llamado partido «afrancesado»⁶³.

Evitando parecer un mero usurpador, Napoleón convocó en Bayona una asamblea de diputados para elaborar una nueva Constitución. La Asamblea de Bayona debía estar formada por cincuenta nobles, cincuenta eclesiásticos y cincuenta representantes del pueblo, pero tan solo acudieron sesenta y cinco personas, en su mayoría aristócratas, a los que se añadieron algunos españoles residentes en Francia. Finalmente, la Asamblea aprobó un proyecto constitucional en el que se contemplaba la libertad de industria y comercio; la supresión de los privilegios comerciales; la igualdad de las colonias con la metrópoli; la supresión de las aduanas interiores; la disminución de los fideicomisos, mayorazgos y sustituciones; la igualdad del sistema de contribuciones, y la prohibición de exigencia de calidad nobiliaria para los empleos civiles, militares y eclesiásticos.

España se organizaba como una monarquía limitada y hereditaria, en la que el monarca continuaba ocupando el centro del poder político, aunque con la obligación de respetar los derechos ciudadanos. Junto a unas Cortes estamentales, se establecía un Senado vitalicio, de nombramiento real, cuya principal función era la defensa de la libertad individual y de imprenta, así como la decisión sobre la suspensión de las garantías constitucionales⁶⁴.

La Asamblea y la Constitución de Bayona iban a tener importantes consecuencias políticas. A pesar de su falta de legitimidad, la nueva Constitución venía a ser —y se configuró de hecho como tal— una alternativa a la monarquía absoluta anterior. Como señala Hans Juretschke, su mera existencia ejerció una profunda influencia en el conjunto de la España resistente y, sobre todo, en las Cortes de Cádiz⁶⁵.

El enemigo más encarnizado de los franceses fue, desde el principio, el clero. El mismo Napoleón vio en la Iglesia católica el principal soporte del levantamiento y definió la contienda como una auténtica «revuelta de frailes»⁶⁶. Fueron innumerables los textos de sacerdotes incitando a la lucha «por la religión» contra el francés. Se actualizó el santiaguismo y la apelación a las advocaciones españolas de la Virgen. Fueron constantes igualmente los paralelos veterotestamentarios: los españoles son los macabeos, mientras que los ejércitos napoleónicos están simbolizados por las figuras más aborrecidas de la historia de Israel.

El liberalismo galo fue estigmatizado como «espíritu de libertinaje y disolución». Se atacó, como portavoz y guía de este, a las «sectas francmasonas, ateístas y materialistas». Desde los púlpitos se cerró el frente contra «los papeles impíos, empeñados en robarnos la religión a cambio de una engañosa libertad»⁶⁷. No debemos olvidar, por otra parte, que Napoleón, mediante los llamados decretos de Chamartín, había abolido la Inquisición e iniciado prácticas desamortizadoras. Y que también en el clero se produjeron casos de afrancesamiento⁶⁸.

En los comienzos de la contienda, la situación del bando resistente fue de absoluta perplejidad. La Junta nombrada para gobernar en ausencia de Fernando careció de operatividad. Tampoco el Consejo de Castilla estuvo a la altura de las circunstancias. Ante aquel vacío de poder, fueron constituyéndose una serie de Juntas Provinciales organizadas por las clases populares, que, por lo general, llamaron a las autoridades tradicionales destituidas para dirigir los nuevos organismos de Gobierno.

La gestión de las Juntas se orientó fundamentalmente al mantenimiento del orden público y a la defensa de los valores tradicionales. La Junta de Gerona, por ejemplo, nombró «Generalísimo de las Armas» a san Narciso, y en Granada, a la Virgen de las Angustias. La de Sevilla hizo poner en su sello las leyendas de «Religión, Patria y Rey», así como «Fernando VII y en su Real Nombre la Suprema Junta de Gobierno de España e Indias establecida en Sevilla». Parecidos planteamientos fueron los de la Junta catalana cuando aclaró el alcance de su propia autoridad al Consejo de Castilla en nombre del monarca⁶⁹. La Junta de Asturias reflejó, por su parte, el consenso de la opinión de la localidad, que abarcaba al conjunto de los grupos sociales y políticos. Dos futuros líderes liberales, Álvaro Flórez Estrada y José María Queipo de Llano, conde de Toreno, tomaron asiento de ella. La Junta de Galicia expresó un punto de vista más tradicional, especialmente en la cuestión del papel del clero en la sociedad⁷⁰.

A pesar de todas las rivalidades y enfrentamientos, la unificación de los nuevos poderes configurados en las juntas no tardó excesivo tiempo en lograrse. La Junta Suprema Central Gubernativa, luego conocida como Junta Central, se instaló en Aranjuez en septiembre de 1808, bajo la presidencia del conde de Floridablanca y con la presencia de Jovellanos, Garay, Calvo de Rozas, etc., y cuya preocupación fundamental fue la de asegurar la centralización contra los peligros de dispersión de las fuerzas resistentes⁷¹.

En octubre, se planteó por primera vez la posibilidad de una convocatoria de Cortes, cuando Jovellanos dio su dictamen al tratarse de la formación de un reglamento que especificara la forma y atribuciones del nuevo Gobierno, y fue también cuando cristalizaron en el seno de la Junta Central dos tendencias: una tradicional, capitaneada por Floridablanca, y otra reformista defendida por Jovellanos. El asturiano proponía la convocatoria de Cortes para que nombrase una regencia y luego se ocupara de las reformas políticas necesarias. Pero, de momento, prevaleció la postura de Floridablanca⁷². Fallecido en diciembre el anciano conde, ocupó la presidencia el marqués de Astorga. En abril de 1809 volvió a plantearse el tema de la convocatoria de Cortes, pero de una manera muy distinta a la propugnada por Jovellanos. Mientras que la proposición de este se atenía a las leyes vigentes, Calvo de Rozas era partidario de responder al desafío de Bayona creando una nueva Constitución.

Desde la Comisión de Cortes, Jovellanos intentó atenerse en lo posible a las leyes tradicionales en lo que respecta a la composición de las Cortes en los tres brazos o estamentos, pero dando cabida a un mayor número de procuradores —representación de las Juntas y de las provincias, etc.— y, paulatinamente, quizá por influencia de su amigo lord Holland o por la propia evolución de su pensamiento, fue derivando hacia el modelo inglés, al lograr que se aprobaran por la Junta Central las dos cámaras, y no tres, como antes, ni una, como pedían los liberales. Su deseo, como escribió a lord Holland en diciembre de 1810, cuando las Cortes llevaban ya más de dos meses reunidas, era «una Constitución modelada por la inglesa»⁷³.

En realidad, todo el problema estribaba en la cuestión de la soberanía: soberanía real o soberanía nacional. En su dictamen de mayo, Jovellanos expuso su opinión en los siguientes términos: según el derecho público vigente, la plenitud de la soberanía residía en el monarca, y, en consecuencia, era «una herejía política decir que una nación cuya constitución es completamente monárquica es soberana, o atribuirle las funciones de soberanía»⁷⁴.

Los planes de Jovellanos no llegaron a buen puerto. A las nuevas generaciones liberales —Quintana, Flórez Estrada, Argüelles, Toreno— les parecían insuficientes, y tampoco contó con el apoyo de los tradicionales⁷⁵. En enero de 1810, la Junta Central se trasladó a Sevilla ante el avance de las tropas francesas. Desprestigiada y puesta en entredicho, se disolvió en enero, y un decreto creó una Regencia, cuyos miembros optaron por obstaculizar la convocatoria de Cortes. Pero pronto se vio desbordada por los acontecimientos; y decidió, ante la presión de los liberales y las dificultades de convocar por separado al clero y a la nobleza, que fueran las propias Cortes quienes decidieran su propia naturaleza⁷⁶.

La reunión de Cortes de 1810 y la Constitución de 1812

Así pues, las Cortes acabaron reuniéndose en una cámara única, declarando al principio de sus sesiones el dogma de la soberanía nacional. En contra se pronunció Jovellanos, que se sintió obligado a exponer sus ideas y a contestar a sus críticos. Su Memoria en defensa de la Junta Central trata de la cuestión de si las Cortes debían estar formadas por representantes de los tres brazos o bien no debía haber distinción de estamentos. A su modo de ver, una buena reforma constitucional solo podría ser «obra de la sabiduría y de la prudencia reunidas». Lógicamente, la democracia le alarmaba; pensaba que, si se concediese «toda representación indistinta al pueblo», la Constitución iría declinando hacia «la democracia», posibilidad que había de verse «con horror, en una nación grande, rica e industriosa», cuyos habitantes estaban, además, «derramados en tres grandes y separados hemisferios».

La solución no era en modo alguno la instauración de un sistema democrático, siguiendo el «triste ejemplo de Francia», de «tantas y tan monstruosas teorías constitucionales», pero tampoco el exagerado apego a las formas antiguas. Lo inteligente era, a su juicio, la reforma de la constitución tradicional española, no la creación de una nueva constitución. Jovellanos contemplaba dos reformas importantes: la división de poderes y la reforma de las Cortes. A los poderes ejecutivo y legislativo era necesario —aparte de deslindarlos, y a la vez enlazarlos— interponer una «balanza constitucional» consistente en «la división de la representación nacional en dos cuerpos: uno encargado de proponer y hacer las leyes, y otro de revelarlas».

Pretendió igualmente que hubiera cuerpos jerárquicos intermedios para contener, de una parte, «las irrupciones del poder supremo contra la libertad del pueblo y, de otra, las de la licencia popular contra los legítimos derechos del soberano». Lo que se traducía en la división de la representación nacional en dos cámaras, una compuesta por los representantes del pueblo y la otra por los del clero y la nobleza reunidos. Los dos brazos o estamentos privilegiados debían ser reunidos en uno solo, y el estamento popular designar sus propios representantes⁷⁷.

Jovellanos murió el 27 de noviembre de 1811. Pero ni sus propuestas ni su figura serían, en lo sucesivo, olvidadas.

Las Cortes abrieron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810. Nacían, así, al menos formalmente, las izquierdas y las derechas en la Historia de España. Pero creemos que no resulta ocioso preguntar, a estas alturas, quiénes eran unas y otras. Por supuesto, la izquierda eran los liberales. Sin embargo, identificar sin mayor matización al conjunto de las derechas con los llamados «serviles», o realistas tradicionales, sin ser en sí mismo erróneo, resulta, cuando menos, superficial. Joaquín Varela ha preferido, en ese sentido, hablar de «grupos doctrinales» en vez de «grupos políticos», ya que, en aquellos momentos, no podía hablarse de auténticos partidos. Y, a ese respecto, distingue, dentro de lo que genéricamente llamamos «derecha» o bando «realista» —es decir, básicamente opuestos a las tesis liberales y democráticas— dos grupos: absolutistas o tradicionales, de un lado, y reformistas o jovellanistas, de otro⁷⁸. Los distingue, a juicio de Varela, y en ello hemos insistido nosotros en las anteriores páginas, el talante ilustrado y conservador-liberal de los segundos, mientras que los primeros eran representantes de la mentalidad tradicional, opuesta a la Ilustración y a todo modenismo.

Los segundos, en cambio, como ya sabemos, estaban influidos por el pensamiento del despotismo ilustrado y eran partidarios de las reformas sociales y económicas, así como de reforzar las prerrogativas del monarca, limitando igualmente el ejercicio de su poder. «Eran —señala Varela— liberales; pero liberales del Antiguo Régimen, del despotismo ilustrado, como Jovellanos o como podría serlo, a su modo y en su contexto, Burke»⁷⁹. A pesar de sus diferencias, ambas tendencias coincidían en sus supuestos preconstitucionales. Frente a la soberanía de la nación, defendieron la del monarca —más o menos compartida o limitada—, y frente a la idea de Constitución, la de las viejas «leyes fundamentales».

Entre los tradicionalistas, cabe destacar los nombres de Pedro de Inguanzo, Creus, Borrull, Ros, Anguiniano, el obispo de Calahorra, Castrillón, Ostolaza, Anastasio Joaquín Pérez, Cañedo y Simón López. Entre los «jovellanistas», a Lázaro Dou, Aner, el obispo de Mallorca, Villanueva, etc. No obstante, la contradicción fundamental fue entre realistas tradicionales y liberales.

Un primer contratiempo al que tuvieron que enfrentarse las Cortes, y que fue el reflejo de la oposición de los sectores eclesiásticos a su configuración, resultó ser la negativa del obispo de Orense —presidente de la regencia— a jurar obediencia a las leyes emanadas de la soberanía nacional. El obispo envió un escrito en el que criticaba abiertamente el contenido del decreto de convocatoria como transgresor de las leyes fundamentales. Las Cortes ordenaron al obispo que jurara, pero este volvió a negarse. Si se pretendía que la soberanía estaba «absolutamente en la nación; que ella es soberana de su mismo soberano […], esto ni lo reconozco ni lo reconocerá jamás el obispo de Orense». Pero finalmente el obispo juró el 3 de febrero⁸⁰.

En la discusión del proyecto constitucionalista destacó, dentro del grupo realista-tradicional, la figura de Pedro de Inguanzo y Rivero. Nacido en Llanes en 1764, se convirtió en el campeón de la intransigencia clerical. Frente a la soberanía nacional, defendió las tesis tomistas del origen divino del poder. Negó, además, la eficacia histórica de aquel principio, «germen fecundo de males y desgracias para el pueblo, que únicamente ha servido de pretexto en las naciones para encender la tea de la discordia». Se opuso igualmente a la autodeterminación institucional, es decir, a la posibilidad de que los electores pudieran mudar la forma de Gobierno «cuando les acomode, sistema que desquicia los fundamentos de la sociedad y está en contradicción con los verdaderos y esenciales principios del Derecho Público». Entendía la monarquía como una institución permanente e inmutable. Combatió también el unicameralismo democrático e hizo una defensa a ultranza de las Cortes estamentales⁸¹.

Los demás no hicieron sino abundar en tales argumentos. Borrull atacó, en ese mismo sentido, a la idea de soberanía nacional y a la propia idea de Constitución, que suponían un ataque directo a la soberanía real y a la legitimidad tradicional encarnada en las leyes fundamentales, todo lo cual fomentaba «grandes trastornos y crueles guerras»⁸².

Frente a las disquisiciones y asechanzas de los tradicionales, existió una curiosa inclinación de los liberales, que, en el fondo, se sabían minoría dentro de la sociedad española, a presentar su proyecto constitucional como reminiscencia de la constitución tradicional monárquica. Esta idea fue desarrollada por el propio Manuel José Quintana en el Discurso preliminar a la Constitución de Cádiz, pero quien llevó al extremo tal razonamiento fue Francisco Martínez Marina, en cuya obra tiene expresión la ambigüedad ideológica de algunos liberales españoles y un sentido histórico deficiente poco penetrado de la individualidad de los fenómenos históricos, que, consciente o inconscientemente, ocultaba las diferencias sustanciales entre la libertad concretada en privilegios y el liberalismo como doctrina abstracta⁸³.

Finalmente, triunfaron los liberales. La Constitución de Cádiz estableció un sistema monárquico parlamentario en el que las Cortes forman las leyes y el rey las sanciona, promulga y hace respetar. Pero, como consecuencia de la aceptación del principio de soberanía nacional, la legitimidad del monarca no estaba en el origen divino de su poder —por tanto, un poder ilimitado—, sino en un poder delegado por encargo de la nación. Se tendía, además, a limitar los poderes del rey, prohibiéndosele, entre otras cosas, abandonar el reino sin el consentimiento de las Cortes, enajenar o ceder la Corona, o parte del territorio español, establecer alianzas ofensivas o tratados de comercio, imponer contribuciones, expropiar, enajenar bienes nacionales, y, sobre todo, no podía impedir la celebración de las Cortes en épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas, ni disolverlas.

Las Cortes constaban de una sola cámara, elegida por sufragio universal indirecto. No obstante, las concesiones al catolicismo fueron muy grandes. El catolicismo había de ser la única y exclusiva religión de los españoles «perpetuamente», y se permitía la existencia de tribunales eclesiásticos ante los cuales se podía denunciar a cualquier ciudadano sospechoso de herejía. Sin embargo, se intentó reorganizar el cuerpo eclesiástico para adaptarlo a las coordenadas del Estado liberal, continuando la vía regalista de la Ilustración. En el régimen provincial y local hubo también novedades importantes que modificaban su estructura y funcionamiento, como el nombramiento de un jefe superior al frente de la provincia en quien residía el gobierno político, y una Diputación provincial. De la misma forma se estableció la contribución única y la centralización de todos los fondos en una Tesorería Central. En cuanto a la Instrucción Pública se decretó un plan de enseñanza «uniforme a todo el Reino»⁸⁴.

Rechazo de las reformas y de la Constitución

Aparte de Inguanzo, el crítico más célebre de la obra gaditana fue el padre Francisco de Alvarado, más conocido por el sobrenombre de «El Filósofo Rancio», maestro en el convento dominicano de San Pablo de Sevilla. Nacido en Marchena el 25 de abril de 1756, había sido autor de unas Cartas Aristotélicas en defensa del tomismo frente a las tendencias innovadoras de Verney y Genovesy. Huido de Sevilla cuando se produjo la invasión francesa y refugiado en Portugal, Alvarado inició su combate contra el constitucionalismo liberal en 1810. Desde Portugal, se carteó con tres corresponsales: Rodríguez de la Bárcena —canónigo de Sevilla y diputado en Cádiz—, Francisco Javier Cienfuegos y Francisco Gómez Fernández. En sus cartas expresaba su ideario político, cuyo modelo era la España del siglo XVI. A su entender, el constitucionalismo no implicaba novedad alguna; la constitución tradicional española estaba recogida en las Partidas, «una monarquía templada con Cortes que voten las leyes y consientan los impuestos».

En este régimen, la facultad de dictar las leyes residía en el monarca, pero con las limitaciones de las Cortes, las de los fueros, que deben extenderse a todos los reinos, y las de la religión católica, la Inquisición, el voto por contribuciones, etc. Todo ello componía la «constitución histórica»⁸⁵. El problema político se reducía a reconstruir el régimen tradicional en sus líneas generales. El despotismo y la tiranía no son fruto de la constitución, sino de su inobservancia; de ahí los males del despotismo ilustrado anterior: las enajenaciones de las obras pías, las comedias, la lotería, la tiranía ministerial, etcétera⁸⁶. Por supuesto, Alvarado criticaba todas y cada una de las libertades modernas, como la de imprenta o la del jurado, y abogaba por el mantenimiento de la Inquisición.

Las novedades liberales eran producto del afrancesamiento de las élites intelectuales y una traición a la Iglesia y al pueblo español. El «Rancio» fue criticado por multitud de autores liberales, como Joaquín Lorenzo Villanueva, José María Moralejo o Martínez de la Rosa. Muerto el 31 de agosto de 1814, disfrutaría en lo sucesivo de una fama póstuma nada desdeñable en diversos sectores de la derecha española. Sus Cartas se publicaron en varias ediciones de 1824, 1825 y 1826; veinte años después se editaron las Cartas inéditas. Su nombre y su obra fueron reivindicados por Menéndez Pelayo, Francisco Silvela, los padres Getino y Gafo, e incluso se convirtió en uno de los principales personajes, ya en 1934, de la obra de José María Pemán titulada Cuando las Cortes de Cádiz. La redacción del diario integrista El Siglo Futuro estuvo presidida por un retrato del dominico⁸⁷.

Otro crítico tradicional de las reformas gaditanas fue fray Rafael de Vélez⁸⁸. Nacido el 15 de octubre de 1777, en Málaga, ingresó en el convento de los capuchinos de Sevilla. En 1813 fue nombrado custodio general de capuchinos de Andalucía. Dos años antes había publicado su célebre Preservativo contra la irreligión, del que se hicieron dos ediciones en 1812 y 1813. La obra es un alegato radical en contra del pensamiento moderno y una denuncia de sus planes con respecto a la religión y al Estado, muy en la línea del padre Zeballos. Vélez comenzaba atribuyendo a la filosofía ilustrada antiguos orígenes. A su juicio había una rigurosa continuidad entre la herejía y la filosofía moderna, entre Simón el Mago y Napoleón, pero con este, la conjura larvada pasaba a campo abierto.

La filosofía y los ideales franceses entran en nuestro país a través de la libertad de prensa, fenómeno al que Vélez atribuía una importancia singular: «Nada, pues, importa que hayamos hecho los mayores sacrificios contra los grillos del tirano de Europa, si admitimos sus ideas de ilustración y planes de reforma». Estos planes se caracterizaban por «negar la divinidad de la religión cristiana, a hacerla perjudicial a los pueblos y odiosos a sus ministros y a armar a los pueblos contra los reyes», de tal modo que pereciera «el último rey del mundo con el último sacerdote de la religión cristiana»⁸⁹.

Los tradicionales contaron con abundantes medios de difusión de sus planteamientos: parte del púlpito, el catecismo y los sermones. Y, en particular, algunos periódicos que llegarían a hacerse célebres: El Anti-Tomista en las Cortes, Atalaya de la Mancha, El Atisbador del Redactor General, Censor General, El Filósofo de Antaño, El Fiscal Patriótico de España, Juan Verdades, Seminario Cristiano Político de Mallorca, El Sensato, El Sol de Cádiz, El Vencedor Católico por el Amante de la Religión y de la Patria, entre otros⁹⁰.

El 12 de diciembre de 1812 salía a la luz, en ese mismo sentido crítico, en Mallorca, una pastoral firmada por los obispos de Urgel, Teruel, Lérida, Tortosa, Barcelona y Pamplona, en la que se criticaba no solo la Constitución, sino toda la labor llevada a cabo por las Cortes. La pastoral hacía un panegírico del Antiguo Régimen, en el que «la religión lo presidía todo y todo caminaba felizmente», y denunciaba la influencia «jansenista» dentro de la Iglesia. La crítica la sufría el grueso de la jerarquía eclesiástica, con la desamortización de los bienes de la Iglesia y la libertad de imprenta, así como la amenaza de la enseñanza laica en la Instrucción Pública⁹¹.

Y es que las Cortes habían desarrollado una labor de indudable contenido polémico para las mentes tradicionales. Por decreto de 6 de agosto de 1811 se disolvió el régimen señorial. Quedó suprimida la potestad señorial de administrar justicia y percibir las tasas judiciales, así como la potestad de cobrar impuestos, exigir prestaciones, ejercer monopolios y gozar de privilegios. Pero no lo que era estricta propiedad de tierras y de edificaciones, que se respetaba íntegramente, aunque había que acreditarla aduciendo los correspondientes títulos, donaciones reales o compras⁹². Sin embargo, la polémica más resonante fue la dedicada a la Inquisición, que duró desde diciembre de 1812 a febrero de 1813. El defensor más notable del Tribunal fue, una vez más, Pedro de Inguanzo, quien acusó al proyecto de abolición de introducirse «por todo lo más alto y sagrado de la jurisdicción de la Iglesia», y cuya consecuencia sería «la ruina total de la religión»⁹³. El célebre Tribunal fue finalmente abolido en febrero.

Las Cortes extraordinarias dieron por finalizadas sus sesiones el 14 de septiembre de 1813, aunque se convocaron, a continuación, las Cortes ordinarias, que celebraron, con mayoría conservadora, sus sesiones en Cádiz, la isla de León, y luego en Madrid.

Visto todo lo anterior podemos preguntarnos si el Antiguo Régimen, no solo como sistema político, sino como modelo de sociedad, se desmoronó a los golpes del martillo doceañista. Parece que no fue así, y los liberales tuvieron oportunidad de comprobarlo poco después. Como veremos, a la llegada de Fernando VII, en poco más de veinticuatro horas se puso en pie todo el edificio del Antiguo Régimen. La llamada «crisis del Antiguo Régimen» se prolongaría durante mucho tiempo. Y es lógico, pues grande es la inercia de los usos sociales: todos tardan en morir.

LOS EQUILIBRIOS FERNANDINOS: REALISTAS, MODERADOS Y APOSTÓLICOS

La llegada de El Deseado y del absolutismo

Fernando VII —y existen suficientes pruebas históricas para sostenerlo— se opuso desde el principio al planteamiento de una Constitución escrita. A su llegada a España fue recibido con muestras de indiscutible apoyo popular. Aunque hoy nos resulte difícil de creer, «El Deseado» fue uno de los monarcas más populares de la Historia de España. Que ello fuese bueno o malo, es otra cuestión. Que las gentes arrastraran frecuentemente el coche en que el monarca cruzó la Península puede parecer, como ha señalado Miguel Artola, una prueba más de la «degradación» de los españoles de la época, pero, con todo, es una excepcional prueba de popularidad y de la escasa influencia del liberalismo en las masas.

Desde su exilio, Fernando se encaminó a Valencia, en vez de a Madrid, como en un principio se había estipulado, y en el trayecto recibió a tres miembros de la nobleza, el conde de Montijo, y los duques de Osuna y Frías, con quienes discutió el futuro de la Constitución de 1812. La mayoría pedía la restauración del absolutismo. En Valencia contaba con el apoyo del general Francisco Javier Elío, decidido absolutista⁹⁴, que desempeñaba allí el cargo de capitán general. El 12 de abril, un diputado realista, Bernardo Mozo de Rosales, llegó a la ciudad del Turia con un manifiesto, pronto conocido como el «Manifiesto de los Persas», por su comienzo, firmado por sesenta y nueve diputados. El texto venía a ser un resumen de todas las críticas suscitadas por los diputados realistas a la labor de las Cortes y a la Constitución de 1812. Su convocatoria y el propio texto constitucional suponían un «despojo de la autoridad real sobre el que la monarquía estaba fundada, y cuyos religiosos vasallos habían jurado».

Lo mismo cabía decir de la libertad de prensa, «perjudicial para una nación pundorosa y, además, subversiva en las Américas». Para los firmantes, la Constitución de 1812 era revolucionaria, mera copia de la francesa, sin tener en cuenta la «Constitución tradicional», susceptible de amplias reformas. En el fondo, lo que se venía a pedir era —en consonancia con lo sostenido por los realistas a lo largo de las discusiones constitucionales— la restauración del Antiguo Régimen, con algunas reformas en el ámbito administrativo, judicial y en las rentas del Estado⁹⁵.

El «Manifiesto», si bien es discutible que influyera en la trayectoria posterior del monarca, no hay duda de que le sirvió para legitimar ideológicamente sus planes de disolución de las Cortes mediante el Ejército. Fernando redactó el famoso decreto de Valencia el 4 de mayo, donde parecía aceptar la petición de los «Persas» de convocatoria de las Cortes tradicionales, y se anulaba, de paso, toda la obra de las constituyentes de Cádiz. El monarca juró que castigaría a los responsables de los ataques «a la prerrogativa y la soberanía real», acusando a las Cortes de ser una asamblea semejante a la de la Convención francesa⁹⁶.

Con brutal franqueza se anularon las reformas gaditanas y se restableció la monarquía absoluta, la Inquisición y la Compañía de Jesús, así como las condiciones económicas del Antiguo Régimen: derechos jurisdiccionales, privilegios de la Mesta, gremios, diezmos y primicias. Medidas todas ellas muy bien recibidas por la Iglesia católica, que no recató en ningún momento su apoyo a Fernando. Como señala Martínez Albiach, «el púlpito sacralizó este absolutismo regio». Tuvieron lugar cientos de actos religiosos y miles de sermones exaltando la figura de Fernando, con frecuentes paralelos bíblicos. Incluso en alguna convocatoria de acción de gracias se le llamó «adorado monarca». Fue presentado como el «Mesías», el «Rey Religiosísimo», el «Más Amado», el «Más Perseguido», «Esclavo Coronado», «Esposo Fiel y Cariñoso» y «Rey Cautivo»⁹⁷. De hecho, durante la época fernandina se produjo tal alianza entre el Altar y el Trono que el hecho puede considerarse como un retorno hacia un «pasado fantástico» que para algunos clérigos era nada menos que la «monarquía hebrea»⁹⁸.

No en vano uno de sus principales ideólogos fue el ya mencionado Padre Vélez, quien, premiado por la monarquía absoluta, publicó en 1818 su célebre Apología del Trono y del Altar, donde aparecían las mismas ideas que en el Preservativo contra la irreligión, pero desarrolladas con mayor amplitud. Vélez pretendía escribir la historia del desarrollo de la Ilustración en nuestro suelo, «terrible mal que acometió a España por los años sesenta y del que nos hemos libertado al cabo de cincuenta y cinco años».

Las etapas de este deletéreo proceso tienen unos jalones: Campomanes y Aranda, las Cartas de Cabarrús, los proyectos constitucionales que aparecen entre 1810 y 1811, y la Constitución misma. De nuevo defendió la soberanía real y consideró a la nacional y popular como germen de discordia. El único derecho de los pueblos, ejercido a través de las Cortes, es representar, pedir, suplicar. Los reyes ejercen un poder paterno, como sucesores de los primeros padres: «A proporción de como los gobiernos se asimilen al imperio de Dios sobre las criaturas y al de los padres sobre sus familias se consolidará su poder, será más uno, más fuerte, más invencible»⁹⁹.

La reacción fernandina contó con otros teólogos legitimadores, como Atilano Dehaxo Solorzano, José Clemente Carnicero y Francisco Puigserver. Pero la empresa cultural e ideológica más importante del período fue la publicación, entre 1826 y 1829, de La Biblioteca de Religión, en cuya organización intervino decisivamente el cardenal Inguanzo, en aquellos momentos —por su fidelidad al rey absoluto— arzobispo de Toledo. Como editores figuraban Basilio Antonio Carrasco y fray Antonio Díaz Merino. Su objetivo era, ante todo, «cooperar del modo posible al desempeño del cargo pastoral con el desengaño de los seducidos por los impíos y la lectura de los malos libros, como un preservativo para los débiles y como una obra que comunicando nuevas luces a los sabios las emplearan en beneficio de sus semejantes». La religión católica era «el norte fijo de las sociedades morigeradas, y el verdadero barómetro de su grandeza y elevación»¹⁰⁰.

La Biblioteca tradujo, entre otras obras, el Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión, de Felicité de Lamennais; Del Papa y De la Iglesia galicana, de Joseph de Maistre; Fuente de impiedad, de fray Antonio Valsechi; Proyectos de los incrédulos, de Luis Mozzi, y el Catecismo filosófico, de F. X. Feller. Se publicaron igualmente las críticas de Felipe Lesmes, marqués de Zafrilla, a las propuestas religiosas de J. L. Villanueva, y la obra del obispo Minler, Excelencias de la religión católica¹⁰¹.

En esta época aparecieron igualmente los primeros atisbos de lo que podríamos llamar «romanticismo conservador». Como movimiento estético y, a la vez, social y político, el romanticismo es de una gran ambigüedad ideológica; y numerosos autores conservadores le han sometido a crítica como catalizador del proyecto de la modernidad, insistiendo fundamentalmente en su base subjetivista, individualista y, en consecuencia, su carácter subversivo y revolucionario. No obstante, resulta evidente, a nuestro modo de ver, que, de una forma u otra, no pocos románticos se consideraron católicos y monárquicos, y que bastantes de sus ideas y planteamientos iban a pasar al acervo ideológico de las derechas.

Los románticos conservadores, influidos por Burke y por Joseph de Maistre, entre otros, vieron a su enemigo principal en el derecho natural racionalista, ahistórico e individualista. Y frente a él colocaron una nueva conciencia histórica y de comunidad, insistiendo en la continuidad «orgánica» de la vida. De este modo, la historia nacional, las tradiciones, arraigadas en lo profundo de la comunidad, así como sus creaciones, el lenguaje, el derecho, el Estado, se hacían independientes de la crítica racional y revolucionaria de los individuos. Frente al derecho natural «mecánico» y frente a los ideales políticos racionalistas, tanto del despotismo ilustrado como del liberalismo, se afirmaba la incapacidad de la razón humana para establecer ideales sociales crítico-racionales.

En ese sentido resulta interesante la postura de Nicolás Böhl de Faber en defensa del teatro español del Siglo de Oro, en particular de las obras de Calderón, frente a la crítica neoclásica dominante a lo largo del siglo XVIII. Influido por Schlegel y Burke, Böhl de Faber, alemán nacionalizado español y convertido al catolicismo, identificó la obra de Calderón con el «espíritu» nacional español, a su vez identificado con la religión católica. Como consecuencia entró en polémica con liberales como José Joaquín de Mora y Alcalá Galiano. Para el alemán, la Ilustración española no debía ser la que bebía de textos franceses, sino el retorno a su espíritu católico característico de la España de los Austrias¹⁰².

No obstante, el intento de Böhl pecó de prematuro, como señala Vicente Llorens, no solo porque no fue seguido o entendido por los que, en pura lógica, eran sus beneficiarios, sino porque el catolicismo español era en aquellos momentos, y desde un punto de vista intelectual, una fuerza negativa. «Hasta que se liberalizó y se modernizó con Balmes y Donoso, a mediados del siglo XIX —señala Llorens— el catolicismo español no pudo hablar un lenguaje a tono con los tiempos y eficaz, en consecuencia, para su propia causa»¹⁰³.

Y es que al romo absolutismo fernandino de poco podían servirle no ya las sutilezas de Böhl, sino las traducciones de Maistre, Bonald o Lamennais. La proscripción de los liberales, el apartamiento de las personas que, fieles al espíritu tradicional, detestaban, sin embargo, el abuso de poder, no dejaron lugar sino a un régimen arbitrario, incapaz —al menos en sus primeros momentos— de la menor concesión al espíritu del tiempo. La esencia de la primera etapa fernandina fue la arbitrariedad. Por lo general, los ministros fueron gentes mediocres elevadas por el capricho del monarca. Los secretarios no tuvieron más que una autoridad aparente, al igual que los Consejos, ya que el poder lo tenía la famosa «camarilla» o tertulia íntima del rey, formada por hombres como Juan Escóiquiz, Antonio Ugarte, Pedro Collado —alias «Chamorro»—, Blas de Ostolaza o el duque de Alagón, entre otros¹⁰⁴.

No se realizó ninguna reforma en los años siguientes y tampoco se convocaron Cortes. Fernando rechazó en todo momento la mera posibilidad, sugerida por algunos de sus ministros, de adoptar un sistema semejante al de la Francia de la Carta otorgada¹⁰⁵. No obstante, en 1817 favoreció una amnistía para algunos «afrancesados» servidores de José I, de la que se beneficiaron, entre otros, Javier de Burgos y Alberto Lista, dos de los futuros ideólogos del liberalismo moderado.

Pero la situación no era, ni podía ser, la de 1808. En aquel marco político y socioeconómico, era ya imposible reconstruir una nación que estaba, además, perdiendo la mayoría de sus colonias americanas¹⁰⁶, lo que supuso un desastre no solo para la hacienda, sino también un obstáculo para el desarrollo de la industria y el comercio¹⁰⁷.

Liberalismo y contrarrevolución

Frente al absolutismo, comenzaron a desarrollarse conspiraciones organizadas por las sociedades secretas y sectores liberales del Ejército. Fernando VII había rescindido el decreto de las Cortes de Cádiz de 17 de agosto de 1811, que había abierto las academias militares y navales a los sectores mesocráticos, y en julio de 1814 agravó el resentimiento militar al anunciar la dispersión de las guerrillas y la reducción del número de tropas regulares. Los levantamientos de Mina, Porlier o Lacy son significativos, en este sentido. Todos estos intentos fueron severamente reprimidos, pero la impotencia del régimen era cada vez mayor y se acentuó con la crisis de 1819, que afectó a toda Europa.

En estas condiciones, las tropas acantonadas en Cádiz para realizar una nueva expedición a América debieron soportar una larga espera por falta de medios. El malestar de los oficiales y de los soldados estalló en un nuevo levantamiento preparado por los sectores liberales de la sociedad. El 1 de enero de 1820, el coronel Riego se sublevó, pero ante la imposibilidad de tomar Cádiz, inició una expedición por toda Andalucía, proclamando la Constitución de 1812. Las fuerzas del Ejército real no le presentaron batalla; y en algunas provincias se proclamó la Constitución. La pasividad del Ejército, la actuación de los liberales y el apoyo de las principales ciudades hicieron que el rey se viera obligado a ceder y que finalmente aceptara convertirse, malgré lui, en monarca constitucional.

Los liberales intentaron recuperar la obra jurídica de Cádiz, tanto la Constitución como toda la legislación económica y política, pero incorporando elementos nuevos en aspectos tales como las desvinculaciones, la hacienda o la reforma religiosa¹⁰⁸. En un primer momento, los estamentos privilegiados —nobleza y clero— mantuvieron, ante el desarrollo de los acontecimientos, una actitud expectante. Pero el contenido de las reformas iría progresivamente inclinándolos a la contrarrevolución. El propio rey aprovechó las posibilidades constitucionales para frenar los proyectos del legislativo, y, al mismo tiempo, su marcaje por el Gobierno, y el legislativo los utilizó como coartada para iniciar sus actividades contrarrevolucionarias. En cierto modo, su situación era similar a la de Luis XVI en 1790.

Por otra parte, se dibujó una clara división en el seno del liberalismo entre «exaltados» y «moderados». Los segundos se arrogaban la herencia gaditana, pero evitando cualquier desviación radical. En sus filas destacaban antiguos doceañistas, como Argüelles, Pérez de Castro, Bardají, el conde de Toreno y, sobre todo, Francisco Martínez de la Rosa. Este sector liberal era partidario de transacciones con las élites del Antiguo Régimen. Y, sobre todo en el caso de Martínez de la Rosa, había llegado a la conclusión de que ello era imposible con la Constitución de 1812, lo que llevaba a la consideración de la posibilidad de una reforma que tuviera en cuenta la experiencia de la Carta otorgada de Luis XVIII en Francia¹⁰⁹.

Y es que no corrían buenos tiempos —en una Europa salida de las turbulencias napoleónicas— para una experiencia de carácter liberal radical. Y no solo a nivel político, con la amenazante presencia de la Santa Alianza, sino incluso a nivel intelectual. Desde 1814 se había desencadenado en Francia, así como en el resto de Europa, un verdadero furor contra todo lo que en materia de ref lexión política y constitucional guardara relación con el racionalismo iusnaturalista dieciochesco, como ya hemos adelantado al hablar del romanticismo conservador, y, sobre todo, con los principios políticos salidos de aquel modelo.

En esta reacción coinciden corrientes ideológicas de muy diverso signo, nacidas en Francia y fuera de ella: el utilitarismo de Bentham, el conservadurismo burkeano, el positivismo de Comte, el eclecticismo de Cousin, las teorías constitucionales de Benjamin Constant y François Guizot, la economía política de Juan Bautista Say, la Escuela Histórica de Savigny, y, en fin, las doctrinas contrarrevolucionarias, muy influidas por el espíritu romántico, de Adam Müller, Friedrich von Gentz, Carl Ludwig Haller, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, etc.

Todo este amasijo de ideas, pese a sus profundas diferencias, converge en un punto esencial: el rechazo sin paliativos del derecho natural racionalista, apoyatura filosófica primordial del liberalismo francés revolucionario y del que a su imagen y semejanza se había desarrollado en otros países europeos sometidos a la tutela francesa a lo largo del siglo XVIII, como el liberalismo doceañista español.

Frente a este liberalismo, se insistió en el examen pormenorizado de los hechos sociales y la exaltación de las diferencias nacionales. La nación ya no se concibe desde supuestos contractuales, sino a partir —como ya hemos señalado a propósito del romanticismo— de oscuras apelaciones al «espíritu del pueblo», y en ese sentido la monarquía fue revalorizada como institución histórica y nacional. Así, el nuevo liberalismo francés se impondrá, en palabras de Guizot, la tarea de «separar la causa de la realeza restaurada de la del Antiguo Régimen, y la causa de la libertad política de la de los teóricos revolucionarios»¹¹⁰. Se trataba de conciliar la historia y la razón, el pasado y el presente, la sociedad estamental y la incipiente sociedad burguesa, el Antiguo Régimen y el nuevo Estado liberal. Algo, en fin, bastante parecido a lo defendido por Jovellanos en España.

Esta tendencia tendrá sus defensores en nuestro país en las plumas de antiguos «afrancesados», como Alberto Lista, Sebastián Miñano, Javier de Burgos y José Mamerto Gómez Hermosilla. Sus planteamientos enlazan, en muchos aspectos, con el despotismo ilustrado¹¹¹, pero, por otra parte, su estancia en el exilio les inclina hacia soluciones eclécticas, transaccionistas. Sus órganos de expresión fueron El Censor, La Miscelánea de Comercio, Arte y Literatura o El Imparcial, donde aparecen por vez primera las teorías de Constant, Guizot y Royer-Collard al lado de las de Comte, Bentham, Say o Ricardo¹¹².

El punto de partida de estos autores es el de la búsqueda de una vía de institucionalización del liberalismo distinta a la doceañista. Esta vía era diferente tanto del «servilismo» de los tradicionales como del jacobinismo democrático, y se presentaba como una postura media, un liberalismo propio de «la masa instruida de la nación española»¹¹³.

En el fondo, de lo que se trataba era de llegar a un compromiso estabilizador con sectores del Antiguo Régimen. Frente al absolutismo y la democracia, proponían una monarquía representativa que garantizara el equilibrio entre el rey y las Cortes. Los moderados aceptaban la función política de la nobleza como poder intermedio que impidiese la desviación de la monarquía hacia el despotismo. Bien entendido que no se trata de una nobleza estamental, sino incorporada al orden constitucional una vez eliminadas sus exenciones tradicionales, por mérito personal y por sus servicios al Estado, lo que se traduciría en su presencia en la Cámara alta¹¹⁴.

Menos transigentes se mostraban con el clero, atacando su poder económico. La desamortización de los bienes de la Iglesia venía a ser la condición previa para la movilización del capital agrario capaz de procurar la transformación económica de la sociedad española. Se era partidario del Estado confesional, pero sin el contenido teocrático de las opciones tradicionales defensoras de la Inquisición¹¹⁵. Un tema muy tratado, sobre todo por Javier de Burgos, fue el de la reforma de la Administración territorial, basada en la división en provincias¹¹⁶.

Por su parte, los sectores contrarrevolucionarios iban pasando paulatinamente a la acción. El clero rural comenzó su trabajo de propaganda en el campo entre 1821 y 1822, aprovechando la situación crítica de la agricultura. Los párrocos de los pueblos iniciaron la resistencia pasiva a la Constitución y a sus decretos, denunciando la intromisión de las jurisdicciones entre el Estado y la Iglesia. Igualmente comenzó el desarrollo y la formación de sociedades secretas «apostólicas», tanto en el interior como en el exterior.

Las llamadas «Juntas Apostólicas» se organizaron en el conjunto nacional, pero las más activas fueron las del norte: Navarra, País Vasco y Cataluña. Incluso parece que recibieron ayuda francesa y que disfrutaban del apoyo de sectores de la Corte, en particular del infante don Carlos María Isidro, pronto líder del sector más reaccionario de los realistas¹¹⁷. Su base social estaba compuesta de miembros del clero regular, párrocos y curas rurales, pequeña nobleza, militares retirados, magistrados de los Consejos extinguidos y pequeños empleados. Mientras que las partidas, algunas de las cuales, como la del «Trapense», llegaron a hacerse célebres, lo estaban por artesanos, campesinos, labradores y jornaleros del campo¹¹⁸.

Esta actitud antiliberal del grueso del campesinado tenía que ver seguramente no solo con la rebeldía de una legislación agraria básicamente contraria a sus intereses, sino, como en el caso de la Ilustración, con factores de orden cultural. En el fondo, como ha señalado Jaime Torras, su utopía era «una monarquía paternal donde hubieran desaparecido los intermediarios entre el rey y los súbditos, trabajadores libres, dueños de su tierra y de sus cosechas»¹¹⁹.

Por otra parte, resulta evidente que las masas populares, al menos en el ámbito rural, eran ajenas, en principio, a la constitución del Estado liberal. No podían sentirse afectadas por la pérdida de unos derechos —sufragio, libertad de imprenta, etc.— de los que, en realidad, no eran sujeto activo. Participar o no participar en el proceso, inherentemente oligárquico, de la elección de unos desconocidos y extraños diputados a Cortes, ajenos a la propia clase y situación, carecía de todo sentido individual e inmediato para el campesino analfabeto e incluso para el menestral miserable de la ciudad.

En junio de 1822, las partidas realistas tomaron la plaza de Seo de Urgel, creándose en agosto una regencia compuesta por Bernardo Mozo de Rosales (marqués de Mataflorida), Jaime Creus (arzobispo de Tarragona) y Joaquín Ibáñez (barón de Eroles). La regencia desarrolló como supremo argumento político la liberación del «Rey Cautivo» de los liberales, pero en su seno existieron discrepancias sobre el desarrollo de su proyección política.

La regencia publicó tres manifiestos. El primero estaba destinado a legitimar la disidencia para liberar a Fernando de su «cautividad moral». El «Manifiesto general» era obra de Mozo de Rosales, y en él volvía a negarse la legitimidad de la Constitución, jurada por el rey bajo la presión de los liberales. Pero se dejaba bien sentado que el monarca, aun queriendo, no habría podido disponer de su propia soberanía, porque había leyes que estaban por encima de los reyes. Se prometía de nuevo la reunión de las Cortes estamentales, una vez estabilizada la situación. Por su parte, el barón de Eroles propuso un régimen católico, monárquico y foral a los catalanes¹²⁰.

La regencia duró poco tiempo y en octubre cayó la ciudad en poder del Ejército liberal. Al rey no le quedaba otra salida, para acabar con el régimen constitucional, que la intervención extranjera. Finalmente, ante las peticiones del rey español y el recelo ante un posible triunfo del liberalismo radical, las potencias legitimistas optaron, en el Congreso de Verona, por la intervención francesa en España, con tropas dirigidas por el duque de Angulema, los llamados «Cien Mil Hijos de San Luis», cuya penetración en territorio español apenas suscitó resistencia. No obstante, hay que tener en cuenta que los «cruzados» de Angulema no traían un programa político de pura reacción; el sistema propugnado por los franceses seguía siendo la Carta otorgada de 1814.

Pero no era ese, desde luego, el programa de los realistas más extremos. El célebre guerrillero Antonio Marañón, más conocido como «el Trapense», deseaba, a la llegada del Ejército francés, que «se extermine de raíz ese gobierno revolucionario y desolado que os deje franco el culto de Vuestra Santa Religión […], saque al Soberano y demás personas reales del cautiverio en que están», «restablezca vuestras antiguas y justas leyes […] y os restituya la paz y la tranquilidad para que viváis en Santo Temor de Dios»¹²¹.

Se iniciaba el período que la historiografía liberal ha apellidado como «década ominosa». No obstante, se trata de un espacio de tiempo muy heterogéneo y mucho menos compacto que una nueva década absolutista más. Ciertamente, la represión fue, sobre todo en los primeros momentos, feroz. Se crearon «Comisiones de depuración», «Juntas de Fe», etc., ocupadas en reprimir a los liberales. Sin embargo, a pesar de las reiteradas peticiones de los realistas, la Inquisición no fue restablecida. Lo que sí se estableció fue una institución napoleónica, la Policía, y se iniciaron una serie de reformas económicas y administrativas desde arriba.

De hecho, los moderados agrupados en torno a El Censor se mostraron partidarios decididos de Fernando VII. En ellos se hace explícita una actitud general común en un extenso grupo de burócratas partidarios de la modificación de la Constitución gaditana para adaptarla a la nueva situación. Estos hombres integraron durante la década el grupo cortesano que compensaba al apostólico Calomarde. En ese sentido, tuvo importancia la figura de Luis López Ballesteros, ejemplo de absolutista flexible y prototipo de lo que podríamos llamar «conservador burocrático», cuyo objetivo era insertar la técnica y el sistema económico moderno, liberal, en el viejo tronco del Antiguo Régimen. López Ballesteros adoptó una serie de medidas liberalizadoras, pensando, sin duda, que el liberalismo económico constituía el único elemento técnico capaz de sacar del atolladero el carro enmohecido del sistema económico absolutista¹²².

Igualmente, López Ballesteros fue uno de los principales protectores y valedores de los liberales moderados¹²³. Pero, con anterioridad, estos habían realzado sus orientaciones antiradicales y antijacobinas. En 1823, ya restaurado en la plenitud de su poder Fernando VII, José Gómez Hermosilla publicó su obra El Jacobinismo, donde el antiguo afrancesado puso de manifiesto su aversión hacia la democracia radical. De ahí que prefiriera los gobiernos de hecho a los populares. Pero el gobierno que él prefiere es dinámico y reformador.

La única forma de salvar a las sociedades del «funesto filosofismo que el jacobinismo lleva en sí es adelantarse a remediar los abusos». El autor impugna los grandes errores jacobinos: la soberanía popular, el contrato social, el estado de pura naturaleza, etc. Todo esto son vagas quimeras; la soberanía es una noción relativa, referida a alguien sobre el que demanda, y, por ello, el pueblo no puede ser soberano. Solo pueden serlo los príncipes, que se legitiman por prescripción, esto es, «la quieta, pacífica, ni disputada ni interrumpida posesión»¹²⁴. En el fondo, el sistema ideal para Gómez Hermosilla seguía siendo el despotismo ilustrado, mediante el cual llevar a cabo las necesarias reformas.

El reformismo ilustrado recibió otro refuerzo con el nombramiento de Francisco Cea Bermúdez, en julio de 1824, como secretario de Estado. Nacido en Málaga en 1779, Cea había realizado una brillante carrera diplomática como representante español en el extranjero. Generalmente, se le considera un hombre de la Ilustración¹²⁵, otro afrancesado. Alberto Lista hizo propaganda del régimen fernandino a través de publicaciones como la Gaceta de Bayona, La Estafeta de San Sebastián, La Estrella, etcétera¹²⁶.

En enero de 1826, Javier de Burgos envió a Fernando VII una «Exposición» en la que analizaba la situación española y los medios para solucionar los problemas acumulados. De Burgos censuraba el exilio de los liberales, su represión y el incumplimiento de las obligaciones financieras en el exterior, y propugnaba una amnistía total, abrir un empréstito interior cuyos intereses y amortización se cubrieran con la venta de los bienes eclesiásticos, y la organización de una administración civil¹²⁷.

La fractura realista

Los realistas más extremos fueron tomando conciencia de su pérdida de influencia en las instituciones. No pocos veían ya en don Carlos María Isidro a su líder natural. La ideología del infante, en la medida que nos es conocida por las cartas enviadas a su hermano, resulta a todas luces muy elemental. No aparece ni una sola idea aparte de una total entrega a la voluntad de Dios; no en vano se ha hablado de «teocracia». «Lo primero —dirá—, la gloria de Dios, el fomento y esplendor de su santa Religión»¹²⁸.

Como réplica a la liberal Milicia Nacional, los realistas tenían a su servicio un cuerpo de voluntarios cuyos principios ideológicos respondían al absolutismo más puro: castigo a los enemigos del Trono, restablecimiento de la Inquisición, hostilidad a la Policía, represión de los miembros de las sociedades secretas, etcétera¹²⁹. De igual modo volvieron a hacer su aparición las sociedades secretas realistas, como la Junta Apostólica y El Ángel Exterminador, creadas en 1823. Sus propósitos fueron recogidos en un folleto titulado Españoles. Unión y Alerta, cuyos primeros ejemplares fueron repartidos en septiembre de 1824.

Las disensiones en el seno del realismo eran conocidas y fueron aprovechadas por los liberales, que, a comienzos de 1827, sacaron a la luz el Manifiesto de la Federación de Realistas Puros, donde se criticaba radicalmente la política de Fernando VII y se llamaba a la revuelta con el fin de dividir aún más a sus enemigos¹³⁰.

Y, de hecho, desde poco después de la victoria absolutista menudearon los amagos y los rumores de sublevaciones realistas: Bessières, Capapé, etc., y volvió a correrse la voz de que el rey había caído de nuevo en manos de los liberales y de los masones. Sin embargo, la sublevación realista más importante tuvo lugar en 1827, en los campos catalanes. Fue la conocida como guerra de los «agraviados» o «malcontents». De nuevo el campesinado, animado por el bajo clero y en un momento de crisis, proveyó de soldados a las filas realistas. Los rebeldes se instalaron en Manresa, creando una Junta, y publicaron un periódico, El Catalán Realista, cuyos planteamientos eran taxativos: «Viva la Religión, viva el rey absoluto, viva la Inquisición, muera la policía, muera el masonismo y toda secta oculta»¹³¹.

Ante las dimensiones del conflicto, el rey se vio obligado a viajar a Barcelona, instando a los sublevados al abandono de las armas, cosa que hicieron de inmediato. Solo los cabecillas fueron castigados. No obstante, las intrigas continuaron. Pero las circunstancias internacionales ya no eran favorables al absolutismo. El régimen constitucional había triunfado en Portugal, y, lo que era aún más importante, en Francia, donde Carlos X fue derrocado por una revolución que instauró una monarquía liberal encabezada por Luis Felipe de Orleans. Aquel cambio indujo a los liberales exiliados a nuevas intentonas para derribar el régimen absoluto, que, como la de Torrijos, terminarían en trágicos fracasos.

Pero el régimen fernandino se hallaba cada vez más dividido, lo que se concretó en el célebre pleito sucesorio que atenazó al sistema durante años. Fernando VII no tenía descendencia y la muerte de su tercera esposa pareció consolidar las esperanzas de don Carlos y sus partidarios. Sin embargo, la decisión de Fernando de contraer de nuevo matrimonio sembró la inquietud entre los realistas exaltados. Casado con María Cristina de Borbón, el rey no tardó en tener heredera. La sucesión directa del trono estaba asegurada con el nacimiento de Isabel. Y poco después se publicó en la Gaceta de Madrid la Pragmática Sanción, mediante la cual se refrendaba el decreto de Carlos IV por el cual suprimía la Ley Sálica, que excluía a las mujeres de la sucesión de la Corona.

Ante el temor de que la muerte de Fernando, cada vez más achacoso, provocara un levantamiento de los partidarios de don Carlos, María Cristina intentó un acuerdo con este para que reconociera a Isabel como heredera y mediase ante sus partidarios, a lo que don Carlos se negó. Solo quedaban dos opciones: la derogación de la Pragmática Sanción o la guerra civil. Algunos, como el conde de Alcudia y Francisco Tadeo Calomarde, optaron por la primera de las alternativas. Pero la recuperación del rey y el apoyo de los moderados hicieron innecesaria la promulgación del decreto. Alcudia y Calomarde fueron destituidos, y el nuevo Gobierno fue presidido por Cea Bermúdez. Se dictó una amplia amnistía para los liberales exiliados y se creó el Ministerio de Fomento. No obstante, la salud del rey empeoró, lo cual le empujó a asegurar aún más la sucesión de su hija mediante su jura como princesa de Asturias por unas Cortes nombradas al efecto. Don Carlos fue obligado a salir de España y se marchó a Portugal. El 29 de septiembre de 1833, Fernando VII murió de una apoplejía.

5

LA REGENCIA Y LA PRIMERA GUERRA CARLISTA

EL CARLISMO COMO FENÓMENO CONTRARREVOLUCIONARIO

Dos días después de la muerte de Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro lanzó un manifiesto reivindicando sus derechos a la Corona de España. El día 3 de octubre se produjo el levantamiento carlista en Talavera, principio de una guerra civil que iba a durar hasta mediados de 1840¹.

Brotes de insurrección carlista los hubo en casi toda España. Y fue evidente, incluso para los propios liberales, que gran parte de la población compartía los supuestos defendidos por los partidarios de don Carlos. En este sentido, es significativo que el embajador británico Jorge Villiers —más conocido como lord Claredon— señalara en su correspondencia privada que «la gran masa del pueblo es honrada, pero es carlista; odia todo lo que suene a gobierno liberal»².

El carlismo fue, en la mayoría de sus aspectos, la continuación de los movimientos realistas del período fernandino. El pretendiente contó con el apoyo de los sectores sociales que volvían a sentirse amenazados por las reformas liberales: campesinos ligados a la estructura de la propiedad en los territorios vinculados a los privilegios forales, artesanado, clero rural, la pequeña nobleza de situación económica inestable, etc. Llama la atención que el grueso de la alta nobleza no apoyara a don Carlos y que en la práctica llegara a ser uno de los soportes de la monarquía constitucional de María Cristina y luego de Isabel II. La razón es, sobre todo, de carácter económico. Como advierten Ángel Bahamonde y Jesús Martínez,

[…] no quiere decir esto su aplicación decidida al bando liberal, pero sí un prudente compás de espera y de plena convicción de que la redefinición de la propiedad en términos de mercado iba a asegurar una reproducción saneada de su posición patrimonial. Situación muy diferente a la sentida por las pequeñas casas nobiliarias que apoyan al carlismo, cuya valoración de los hechos era opuesta a la gran nobleza terrateniente. Es decir, el mantenimiento de mayorazgos y del conjunto de los privilegios como signos principales de estatus del que emanan unas formas de vida. Cabría hablar de resistencias a la mercantilización del estatus³.

Los carlistas consiguieron construir un Estado en las provincias vasco-navarras y en amplias zonas de Cataluña, Aragón y Valencia. El Estado carlista se organizó desde arriba tomando como modelo las instituciones típicas de la época de Fernando VII, con sus Secretarías de Despacho y de Estado, mientras que el rey seguía teniendo un poder absoluto⁴. Internacionalmente, contó con el apoyo de las monarquías absolutas de la Santa Alianza, esto es, Prusia, Rusia y Austria.

La oposición al liberalismo

Desde un punto de vista ideológico, el carlismo se movió dentro de unos principios sumamente vagos, genéricos y abstractos, a partir de los cuales no parece que pueda precisarse la existencia de una doctrina política coherente, sino más bien la adopción, en muchos casos, de unas actitudes mentales prerreflexivas, de oposición radical a las reformas liberales que iban perfilándose. Como señala una historiadora proclive al carlismo, «los portavoces del carlismo se explayaron más después de la guerra que durante la contienda. Aun así, mostraron la tendencia general del tradicionalismo español a rehuir de los tratados teóricos de filosofía política. Continuaron la tendencia realista de plantear temas políticos en términos de precedentes históricos y de cuestiones candentes del día»⁵. Hecho que, por otra parte, no pasó desapercibido al propio Metternich y a las demás Cortes europeas que apoyaron su causa, que llegaron a pedir en numerosas ocasiones que el pretendiente manifestase claramente cuáles eran los principios en que pensaban basarse en caso de ganar la guerra. Sin embargo, don Carlos no cedió a las presiones que se le hacían en ese sentido⁶.

El carlismo contó con algunos órganos de expresión, como La Gaceta Oficial —luego Boletín de Navarra y de las Provincias Vascongadas—, El Restaurador Catalán, Boletín del Ejército Real de Aragón, Valencia y Murcia, etcétera⁷, dirigidos, por lo general, por eclesiásticos «con formación intelectual, una retórica de seminario mayor y muy poco contacto, ni voluntad de él, con las doctrinas ilustradas»⁸. Destacaban el presbítero Miguel Sanz y Lafuente, director y redactor de la Gaceta Oficial y rector de la Universidad de Oñate, donde impartió varias asignaturas⁹; Vicente Pou y Magín Ferrer.

Nacido en un pueblo de Gerona en 1792, Vicente Pou fue profesor en la Universidad de Cervera, amigo de Jaime Balmes y autor de algunos folletos, como Carlos V de Borbón: rey legítimo de las Españas, donde defiende la existencia de la «constitución interna» española, una visión orgánica de la sociedad que se manifiesta en la diversidad regional, el particularismo estamental y la soberanía absoluta del rey¹⁰.

Por su parte, Magín Ferrer y Pons nació en Barcelona en 1792 y ejerció como profesor de Teología. Su obra principal fue Las Leyes Fundamentales de la monarquía Española según fueron antiguamente y según sean en la actualidad, publicada una vez terminada la guerra en 1843. En esta obra, el mercedario catalán propone una monarquía absoluta hereditaria, basada en el catolicismo, con existencia de un Consejo Real y unas Cortes estamentales. Igualmente, propugna la conservación del sistema foral vasco-navarro y su extensión al resto de España¹¹.

Como puede verse, en los escritos carlistas se perciben ecos de las ideas defendidas por los realistas de las Cortes de Cádiz, como Borrull, Inguanzo o Alvarado, y por el «Manifiesto de los Persas». En este sentido, el carlismo se caracterizó por una decidida oposición al pensamiento ilustrado y liberal, por su defensa de la religión católica y de una monarquía absoluta vagamente limitada por unas Leyes Fundamentales del reino. Así pues, sus principales eslóganes eran «Rey y Religión» y «Altar y Trono», mientras que los liberales eran identificados como los «enemigos de Dios, del Rey y de la Patria»¹².

Por ello, la génesis de la guerra civil no era interpretada únicamente —ni tan siquiera en primer lugar— como un pleito sobre la legitimidad de origen: era, ante todo, una lucha ideológica, social y política en torno a la defensa de un determinado modelo de sociedad: «[…] esta guerra no es simplemente de sucesión, pues tiene el carácter de una guerra de principios, y que no solo combatimos al trono de Isabel, sino también a la revolución que le sostiene: a la revolución con la cual jamás ha hecho las paces el acreditado realismo de Navarra y las Provincias»¹³.

El modelo social continuaba siendo el estamental, apoyado en un sector de privilegiados —nobleza y clero—, al que correspondía la dirección del Estado. Los estamentos no privilegiados carecían de función política, pero se encontraban bajo la protección de un monarca paternal, iluminado por las esencias católica: «Si nosotros somos más felices, si gozamos de las dulzuras de un gobierno paternal, no es a las sectas, ni a la filosofía, sino a la religión católica a la que debemos este bien incalculable»¹⁴.

La bestia negra del carlismo fueron, sobre todo, los conservadores liberales, los moderados, los «jovellanistas», «gentes desairadas, de ambiciones no satisfechas, del egoísmo, que no quieren renunciar a la opulencia y al descanso, aunque sea el del sepulcro», que «proscribieron al rey legítimo con el objeto de establecer una aristocracia insubsistente»; «esa bandería jovellanista que tiene alborotado todo el país que domina la revolución y que ocupa casi completamente las columnas de los periódicos, de la anarquía, pretendiendo dominar a las demás»¹⁵. Las instituciones propuestas por los conservadores liberales —Estatuto, Senado, Congreso— no eran sino «asambleas tabernarias, donde se ha proscrito la sensatez, la prudencia, la circunspección y hasta la civilidad y el decoro». La división de poderes era calificada de «delirio, y un delirio que ha cubierto de sangre la mitad del mundo conocido, y cuyo ensayo dará que llorar por largo tiempo a las generaciones futuras»¹⁶.

Igualmente caracterizó al carlismo un fuerte rechazo de la industria y un agrarismo militante, teñido la mayoría de las veces de sentimientos fuertemente anticapitalistas. El carlismo se definió negativamente, a lo largo de toda su historia, por el rechazo reiterado y consciente de la mayoría de los aspectos de la sociedad moderna y liberal: la extensión del Estado, la urbanización, el desarrollo de un universo técnico separado de la naturaleza, y por la voluntad de conservación de la sociedad agraria, de las corporaciones gremiales, el artesanado, etc.

La industria, pues, entregada a sí misma, sin sentimientos morales, como siempre sucede y sucederá bajo la influencia de la revolución, es opuesta al verdadero espíritu de un gobierno cualquiera. No reconoce más interés que el individual: los intereses de la sociedad se tienen en nada, y en menos que en nada los principios de orden moral que la sustenta¹⁷.

Su rechazo del proceso desamortizador fue total, sin paliativos:

Los bienes eclesiásticos no son propiedad de la nación: son única y exclusivamente de la Iglesia, que los adquirió por los medios más legítimos. Quizá ningún propietario en España puede presentar títulos más antiguos e incontestables. Cinco nada menos son los que puede alegar las comunidades religiosas, los cabildos y las iglesias: la donación voluntaria, las compras, la posesión inmemorial no contradicha ni turbada.

Y se denunció su objetivo, es decir, «saciar la codicia de especuladores hebreos», y se señalaban sus nefastas consecuencias sociales, al dejar «sin medios de subsistir un número inmenso de pobres, que sanos y enfermos eran mantenidos por los bienes de la religión»¹⁸.

Guerra y facciones

La guerra se concentró en territorio vasco-navarro, por una parte, y, por otra, en una extensa zona del este de la Península, que comprendía varias comarcas de Aragón, Cataluña y Valencia. Todas ellas zonas rurales, pues el levantamiento carlista no arraigó en las ciudades, ni siquiera en las del norte y Levante. Pamplona, Barcelona y Valencia estuvieron siempre en manos de los liberales, y por tres veces fracasó en su empeño de conquistar Bilbao el Ejército de don Carlos¹⁹.

Pero el carlismo suplió su crónica falta de recursos financieros y técnicos con la adhesión entusiasta de sus voluntarios. Débil en un principio, el movimiento fue adquiriendo vigor hasta convertirse en un peligro para el Gobierno de Madrid gracias al genio militar de Tomás de Zumalacárregui en el norte y de Ramón Cabrera en el Maestrazgo. En 1836, el general Gómez logró atravesar media España y regresar a territorio carlista con sus fuerzas a pesar de la constante persecución de la que fue objeto²⁰. Y en mayo de 1837 se inició la gran expedición que llevó a don Carlos hasta las puertas de Madrid para, inexplicablemente, emprender la retirada. Desde entonces fue declinando el poderío carlista, pese a algunos éxitos parciales, mientras las fuerzas del Ejército liberal, cada vez más numerosas y mejor organizadas, se iban imponiendo en Navarra.

A partir de ese momento la desunión de las facciones carlistas se acentuó. De hecho, no hay que olvidar que el carlismo nunca fue un bloque monolítico. Carlos Seco Serrano aportó una Memoria policiaca de 1840, en la que se describía a los carlistas agrupados en tres bandos. En primer lugar, el de los transaccionistas, seguidores del general Maroto, que tendían a confundirse con los moderados y a casar al conde de Montemolín —hijo de don Carlos— con la reina Isabel. Un segundo grupo estaría formado por los apostólicos netos, como el arzobispo de Zaragoza, partidarios de la continuación indefinida de la guerra. Y un tercer grupo, el de los «realistas puros», que consideraban a don Carlos un estorbo para la realización de los principios monárquicos, «porque nunca quiso, o no le dejaron, gobernar con sujeción a las leyes», y que estaría dispuesta a unirse a Isabel II si el gobierno de esta se erigía en monarquía absoluta²¹.

El 31 de agosto de 1839 Maroto firmó con Espartero el Convenio de Vergara, y un año más tarde, Ramón Cabrera y sus seguidores se refugiaban en suelo francés. El 7 de julio de 1840, una proclama de Espartero anunciaba el final de la guerra civil.

Pero el Convenio de Vergara fue algo más que un mero pacto militar entre las fuerzas contendientes para negociar una rendición. Se trató de un compromiso entre dos ejércitos, mediante el cual cada uno de los firmantes se comprometía a ejercer su influencia personal para conseguir la conservación del régimen foral y la incorporación de las jerarquías carlistas al Ejército nacional, con el grado y antigüedad reconocidos por el pretendiente.

En definitiva, la guerra carlista condicionó la evolución del Estado constitucional, tanto en su estructura como en su funcionamiento, y recortó el alcance de todas sus reformas administrativas. La tutela militar y los fueros fueron las consecuencias más llamativas. Y es que, como señaló hace tiempo el profesor Julio Aróstegui, el carlismo, gracias a su fuerte arraigo social, fue capaz de contrarrestar eficazmente algunos de los proyectos liberales, suponiendo un importante dique a la consolidación de sus reformas en la sociedad, lo que, como tendremos oportunidad de ver, determinó —tras un eventual proceso de radicalización liberal— la asunción por parte del liberalismo, al menos en su variante moderada, de algunos de sus postulados ideológicos²².

Pero lo que resulta más fascinante en el carlismo es su longevidad, su capacidad de supervivencia a lo largo de más de un siglo, fenómeno sin parangón en la historia política europea. También que lograra articular una peculiar cultura política, basada en los usos y costumbres de la familia troncal, capaz de movilizar y de renovar su militancia en áreas geográficas concretas²³. Finalmente, el carlismo, por debajo de las apariencias, lograría convertirse no solo en uno de los ejes de la vida política española, privando de hecho a la monarquía constitucional de una nada desdeñable porción de legitimidad social y política, sino, además, en uno de los centros de referencia de la identidad de las derechas españolas.

EL TRIUNFO LIBERAL

A la muerte de Fernando VII seguía vigente el real decreto de 15 de noviembre de 1832 que ratificaba «la monarquía sola y pura», es decir, el absolutismo. La reina gobernadora confirmó a Cea Bermúdez en el poder y firmó el 4 de octubre un manifiesto que este le propuso:

Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en sus principios, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia […]. Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de valor positivo para un pueblo, sean la materia permanente de mis desvelos²⁴.

Como sabemos, la fórmula política de Cea Bermúdez era el despotismo ilustrado. El primer nombramiento de envergadura de este Gobierno fue el de Javier de Burgos, en sustitución de Ofalia, en octubre de 1833, como ministro de Fomento. En su actividad como ministro, De Burgos iba a sentar las bases de la Administración pública española, que luego recogió la centralización del Estado liberal. Un real decreto en noviembre estableció la división territorial en cuarenta y nueve provincias, una racionalización que facilitó posteriores medidas administrativas, la formación de los censos de población y los de riqueza territorial, y la configuración del mercado nacional²⁵.

La experiencia del despotismo ilustrado de Cea duró muy poco. Sin embargo, Javier de Burgos llegó a ser uno de los miembros más prominentes de la derecha isabelina: fue ministro en 1846, en plena década moderada, y suyas son las propuestas centralizadoras llevadas a la práctica por Pidal, al igual que el famoso plan de reforma de la Hacienda de Alejandro Mon.

Martínez de la Rosa y el Estatuto de 1834

El sistema de Cea cayó cuando los generales Llauder y Quesada forzaron —mediante representaciones enviadas a la reina— una crisis que llevó al Gobierno a Martínez de la Rosa, típico representante del liberalismo moderado. En aquellos momentos, el problema político que se planteaba al conjunto de los liberales españoles era el de articular —por emplear el concepto del politólogo Julien Freund— un «Estado agonal», es decir, una situación política que lograra desactivar los conflictos dentro del propio liberalismo y sustituirlos por otras formas de rivalidad, conocida bajo el nombre de competición, competencia o concurso²⁶. Pero, a lo largo de casi un siglo y, sobre todo, en la época de Isabel II, el sistema parlamentario por el que oficialmente se rigió la vida política española resultó ser falaz. Como tendremos oportunidad de ver, los grupos políticos liberales lograron acceder al Gobierno mediante la fuerza de las armas o la algarada, y no mediante la necesaria solidaridad política.

En este sentido, la primera preocupación de Martínez de la Rosa fue la de dotar al país de una ley fundamental. El anteproyecto lo elaboró el Consejo de Ministros, mientras que el Consejo de Gobierno sugirió una serie de modificaciones en un dictamen. Finalmente, el Consejo de Ministros dio la redacción definitiva, que fue sancionada por la reina. Una prensa hábilmente preparada acogió el código —bautizado como «Estatuto Real»— muy favorablemente. No obstante, sus enemigos lo presentaron como una «carta otorgada» por la Corona en un gesto de generosidad, como la Carta de Luis XVIII.

Esta tesis fue negada rotundamente por Martínez de la Rosa, apelando al propio texto del Estatuto, en el que no se hacía referencia alguna a las concesiones reales, sino al «restablecimiento en su fuerza y vigor de las leyes fundamentales de la monarquía». Pero, en realidad, sí lo fue, puesto que emanó exclusivamente de la potestad real y no fue objeto de deliberación pública ni tampoco de ratificación popular. Sus autores repudiaban los principios abstractos y trataban, según sus propias palabras, de conjugar «la tradición con las legítimas novedades». Era una transacción entre los derechos nacionales y los de los reyes tendente a «conciliar el orden con la libertad»²⁷.

En su esquema constitucional, se repudiaba tácitamente el principio de derecho divino de los reyes. Se partía del hecho de que el Trono y las Cortes eran «potestades supremas igualmente necesarias». Se implantaba el bicameralismo: un estamento de próceres y otro de procuradores. El primero era una especie de Senado, del que formaban parte la jerarquía eclesiástica, la nobleza, las categorías superiores de la Administración, los propietarios con más de sesenta mil reales de renta y los intelectuales de renombre. Se le llamó el «estamento de los sordomudos» por su escasa intervención en la vida pública. El estamento de los procuradores se componía de representantes elegidos —por un período de tres años— por un censo electoral restringido, en el que la principal base de discriminación era el nivel económico. Las facultades de las Cortes eran legislativas y financieras, aunque en ocasiones concedieron amplias delegaciones. Se admitía el principio de voto de confianza y de censura como modo de relación entre el Gobierno y la Cámara²⁸.

Evidentemente, este sistema político satisfacía las aspiraciones de la derecha liberal, mientras que para los «exaltados» no era más que un primer paso en la constitución del Estado liberal. Estos utilizaron todos los medios a su alcance para que se reconociese con mayor amplitud la intervención de los ciudadanos políticamente activos. Las cincuenta y seis peticiones de los procuradores constituyeron un programa de cambio en la organización política, de acuerdo con los supuestos de la revolución liberal. En todo caso, ninguna de estas peticiones, salvo la que condujo a la ley orgánica de la Guardia Nacional, sirvió para incoar el correspondiente proceso legislativo.

La ruptura de la familia liberal

Como consecuencia inevitable, las relaciones entre las Cortes y el Gobierno se hicieron muy tensas. El camino inútil de una nueva petición, que definía la doctrina de la dependencia del Gobierno respecto a las Cortes, que ni siquiera pudo ser leída, llevó al abandono de los medios políticos con la esperanza de alcanzar el poder mediante el pronunciamiento militar, como ocurrió en enero de 1835. Cuatro meses después se intentó una vez más la acción política, proponiendo un voto formal de censura. A pesar de que no se tomó en consideración, Martínez de la Rosa dimitió y clausuró las Cortes a finales de mayo.

La designación del conde de Toreno en junio para la presidencia del Consejo supuso en parte una continuidad de la política moderada, de la que el Estatuto Real era un símbolo. Pero se produjo un acercamiento a los progresistas al llamar a Mendizábal para la cartera de Hacienda, que redactó, entre otros, los célebres decretos de desamortización eclesiástica, que comenzaban con las leyes de disolución de las órdenes religiosas y la declaración como bienes nacionales de sus posesiones, y que fue seguida por la orden de enajenación de estas mediante pública subasta. La misma suerte corrieron los bienes del clero secular²⁹.

De inmediato surgieron dificultades por la exclaustración del clero regular y la desamortización de sus bienes. La Iglesia rompió relaciones con el Estado, mientras que el clero regular, como sabemos, apoyaba, al menos en parte, la causa carlista. Pero la necesidad de dinero, debido especialmente a los gastos de la guerra, era perentoria. La Iglesia fue la gran víctima de la revolución liberal, quedando privada definitivamente del patrimonio en el que había basado hasta entonces su condición de estamento privilegiado.

Esto contrastó con la política seguida con respecto a la aristocracia latifundista. La regente promulgó la Ley de abolición de los señoríos, en agosto de 1837, pero, de hecho, la desamortización de los bienes eclesiásticos absorbió de tal modo la actividad gubernamental que la legislación abolicionista se aplicó con moderación, lo que permitió que los antiguos señoríos se convirtieran en mero dominio. De esta forma, si bien la aristocracia perdió algunos derechos y gabelas, consolidó, e incluso aumentó, su posición latifundista al atribuirse la propiedad de todas las tierras bajo señorío, sin reconocer la distinción fundamental, aunque muy desleída, entre señorío solariego y señorío jurisdiccional³⁰.

La situación política apuntaba ya a la ruptura de la familia liberal. Las elecciones de julio dieron la mayoría a los moderados, capitaneados por Istúriz, Alcalá Galiano y el duque de Rivas. Los exaltados no aceptaron el resultado y, alegando un posible pacto entre los conservadores y los carlistas, se dispusieron a romper el marco del Estatuto por la vía insurreccional. El 12 de agosto de 1836 estalló el motín de La Granja, acaudillado por los sargentos, que obligaron a firmar a María Cristina un decreto restableciendo la Constitución de 1812. En el fondo, se trató de una ruptura definitiva entre los exaltados y los conservadores, que comenzaban a usar el término «monárquico-constitucional» para designar a su partido.

El 21 de agosto de 1836, el Gobierno progresista de Calatrava, surgido del motín de La Granja, convocó elecciones a Cortes Constituyentes con objeto de reformar la Constitución de 1812, cuyo contenido ya no resultaba operativo. El resultado fue la Constitución de 1837, donde se encontraron la mayoría de los principios progresistas: declaración de derechos individuales, libertad de imprenta, tolerancia religiosa, poder judicial, milicia nacional…, pero que incluía también principios moderados, como el sistema bicameral, el veto del monarca y el derecho de disolución³¹.

GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MODERANTISMO

Mientras tanto se iba organizando el Partido Moderado. Se trataba, como en el caso del Progresista, de un partido de aluvión de grupos de notables con estrechos intereses a corto plazo. En la práctica, surgió de un lento proceso de agregación, en donde aparecen algunos hombres de las Cortes de Cádiz; varios liberales moderados del Trienio Constitucional, como Martínez de la Rosa, Argüelles o el conde de Toreno; aperturistas fernandinos, como el marqués de las Amarillas, el duque de Ahumada, el conde de Ofalia, los Fernández de Córdoba o los Pezuela; antiguos afrancesados afines a los aperturistas fernandinos, como Cea, Javier de Burgos, Lista o Miñano; carlistas reconvertidos, tras el final de la guerra civil; jóvenes románticos, y algunos liberales exaltados, como Narváez, González Bravo, Istúriz, Donoso Cortés o Mon³².

Las tres tendencias doctrinales

Ideológicamente, nunca fue —ni podía ser— un movimiento político homogéneo. La mayoría de sus componentes eran autodidactas o bebían de fuentes muy heterogéneas. Como apunta Wladimiro Adane: «Será liberal decimonónico, porque rechaza tajantemente el absolutismo. Será moderado, al rechazar la revolución […], será utilitarista por influencia de Bentham; doctrinario, por la admiración que tienen sus teorizadores por Royer-Collard y Guizot; tradicionalistas por adscribirse al historicismo de Jovellanos o de Martínez Marina, así como a De Maistre y Bonald. En síntesis, liberal-conservador, palabra plena de matices y rica en contenidos, y por ello poco valorada»³³.

En ese sentido, han podido distinguirse tres tendencias muy definidas dentro del moderantismo. La «moderada doctrinaria», sin duda la más influyente a nivel político, y caracterizada por su orientación liberal-doctrinaria. En sus filas se encontraban figuras destacadas de la política, la cultura y la economía, como Martínez de la Rosa, Pidal, Mon, González Bravo, Sartorius, Alcalá Galiano, el primer Donoso Cortés, Ramón de Santillán, Javier de Burgos, etc. Dentro del Ejército, contaba con el apoyo de Narváez, Córdoba, Armero, Pavía, Manso o Zarco del Valle. E igualmente tenía apoyos en el estamento nobiliario: los duques de Frías, Rivas, Abrantes, Sotomayor, Vistahermosa, Oñate o Peñaflorida.

A su derecha se encontraba el sector «conservador-autoritario» o «tradicionalista isabelino», y luego «neocatólico». Su máximo representante fue el marqués de Viluma, partidario de una carta otorgada, de la normalización de las relaciones con la Iglesia católica, de la condena de la desamortización y de la indemnización al clero por los daños recibidos. Igualmente, este sector se mostraba favorable a un acercamiento al carlismo para conseguir la reconciliación dinástica. Su base social se encontraba en la nobleza isabelina más reacia al liberalismo, como los duques de Alba, Gor, Medinaceli y Conquista; los condes de Oñate, Pinohermoso, Valmaseda; los marqueses de Miraflores, Vallgornay y Malpica, o el príncipe de Angloma. En el sector más conservador del generalato estaban Pezuela, Roncali, Meer, Lersundi o Clonard, y políticos y altos funcionarios como el último Donoso, Bravo Murillo o Tejada. Como veremos, contó igualmente con la colaboración del filósofo Jaime Balmes.

Por último, un ala «izquierda», o «puritana», el sector más liberal del partido, capitaneado por Joaquín Francisco Pacheco, y que contó con las figuras de Nicomedes Pastor Díaz, Istúriz, Borrego, Ríos Rosas, Tassara, el primer Nocedal, Salamanca, Cánovas del Castillo, y los generales Concha, Serrano, Méndez Vigo y Ros de Olano. Su proyecto político se basaba en la consolidación del régimen liberal y en la reconciliación con los progresistas³⁴.

Genéricamente, pudo unirlos —más o menos coyunturalmente, como señala José María Jover— una «posición esencialmente ecléctica que se propone conciliar los cambios sociales y mentales determinados por la Revolución, con el mantenimiento de una continuidad histórica que se refleja ante todo en la primacía de las instituciones: El rey y las Cortes»³⁵.

De igual modo les unía una determinada mentalidad social. En las concepciones sociales y políticas del moderantismo subyace una mentalidad elitista y, al mismo tiempo, aristocratizante, que se definía por la existencia de un habitus caracterizado básicamente por la presencia de un principio de exclusividad que tendía a diferenciar a los componentes del grupo con respecto al resto de la sociedad. Según Jesús Cruz, existe aquí una clara «pervivencia de la cultura del linaje familiar».

Mientras su discurso público era favorecedor de una sociedad basada en el mérito personal, la libertad individual y la igualdad de oportunidades —valores tradicionalmente asociados a la moderna sociedad de clases— su práctica privada se determinaba por la persistencia de un habitus basado en la práctica de las lealtades personales y la subordinación —valores más característicos de las viejas sociedades corporativas […]—. Es lógico que una élite formada de antiguas familias y algunos recién incorporados que rápidamente adaptaban los viejos hábitos, prefiera mantener una cultura que primaba la exclusividad en la esfera de lo privado a pesar de pública defensa del igualitarismo jurídico³⁶.

Para la mentalidad moderada, el sujeto de derechos es el propietario. El desposeído, a quien se teme, es considerado no perteneciente a la sociedad, y, por tanto, no es un sujeto de derechos políticos. La visión estamentalista de la sociedad era sustituida por una nueva en función de la riqueza y en la que las diferencias entre los de «arriba» y los de «abajo» se daban por inevitables; es más, se consideraban naturales y, como consecuencia, no debían ser modificadas so pena de graves peligros para unos y otros³⁷.

En ese sentido, nos encontramos ante algo mucho más importante que una mera tradición ideológico-política; se trata más bien de una estructura mental y de una práctica política que va a configurar la sociedad española durante largo tiempo. Como señala José María Jover, fuera de esta «constante moderada quedarán bienios, trienios y sexenios: breves paréntesis históricos en que aflora a la superficie de la historia política ese otro liberalismo, fecundo en constituciones nonnatas o de corta vigencia, que invoca políticamente el progresismo, la democracia o el republicanismo»³⁸.

Donoso, Alcalá Galiano, Pacheco: los ideólogos del moderantismo

Frente al simplismo ideológico de los progresistas, los moderados se caracterizaron por una mayor preocupación doctrinal. La derecha moderada reinó en los ateneos de forma incontestable. Dentro de su ámbito ideológico se produjeron tres estimables cursos de Derecho Político —los de Donoso, Pacheco y Alcalá Galiano—, impartidos en el Ateneo de Madrid, y que resumen la ideología de la primera generación moderada: la que Manuel Azaña llamó «generación romántica»³⁹.

Las Lecciones de Derecho Político de Donoso son un auténtico catecismo del liberalismo doctrinario español. Nacido en Badajoz en 1809, Juan Donoso Cortés recibió una esmerada educación y fue amigo de Quintana⁴⁰. Suele dividirse su vida en dos grandes etapas: la primera, racionalista y liberal; la segunda, fideísta y autoritaria. Sin embargo, en Donoso las rupturas nunca fueron totales; y bajo la aparente ruptura, fluyeron profundas continuidades, tanto temáticas como de planteamientos. Su espíritu elitista y antidemocrático, la búsqueda de elementos cohesivos vertebradores de una sociedad en profunda crisis, el recurso a la dictadura y su continuo diálogo con los pensadores tradicionalistas, particularmente con Bonald y De Maistre, fueron constantes de su pensamiento político. En las Lecciones, Donoso desarrolló extensamente algunos de estos temas. Condenaba tanto la soberanía de derecho divino como la soberanía nacional y popular, expresiones todas del principio de omnipotencia social, es decir, de la tiranía, incompatible con el liberalismo, que significa, ante todo, limitación y equilibrio entre poderes.

Frente a absolutistas y demócratas, Donoso defendía la soberanía de la «inteligencia», encarnada en las clases medias. Donoso, sin embargo, intentaba conciliar las nuevas fuerzas sociales con las antiguas. El gobierno representativo, en el que se concretaba la soberanía de la «inteligencia», no debía emanciparse revolucionariamente del pasado, sino que debía respetar —en lo posible— la continuidad histórica. El principio esencial de continuidad histórica era la institución monárquica, ya que solo una familia consagrada a lo largo del tiempo a la función del mando podía unir las tradiciones de los distintos grupos sociales, siendo capaz al mismo tiempo de garantizar el progreso sin rupturas, porque era «la depositaria de la inteligencia social». Por otra parte, la «inteligencia», su soberanía, debía estar limitada, en circunstancias normales, por los derechos del ciudadano propietario y por los contrapesos institucionales. No obstante, esto no podía ser una constante.

En ese momento, Donoso introducía su reflexión sobre la dictadura, necesaria en circunstancias excepcionales, es decir, cuando imperase la «anarquía» insurreccional o revolucionaria. Durante la situación excepcional, la «inteligencia» y la omnipotencia se encarnaban socialmente en el «hombre fuerte», el dictador, cuyo poder no tenía entonces otro límite que la propia conciencia moral. La dictadura se encuentra no solo más allá del derecho positivo y, por tanto, de la Constitución, sino que entre sus poderes se encontraba el constituyente, que se legitimaba por su victoria frente a la subversión⁴¹.

La trayectoria política de Antonio Alcalá Galiano y Villavicencio fue muy distinta⁴². Nacido en 1789, Alcalá Galiano fue conspirador liberal y amigo de Riego, orador exaltado en las tribunas de la Fontana de Oro, con fama de masón, racionalista y volteriano. Pero ya en el Trienio comenzó a ser visto con desconfianza por los liberales exaltados. No obstante, sus actividades políticas le costaron el exilio, con la pena de muerte amenazando su cabeza. Ministro de Marina en el Gobierno de Istúriz, su evolución hacia el conservadurismo fue cada vez más ostensible. En la gestación de su «liberalismo aristocrático» tuvo una influencia decisiva su estancia en Gran Bretaña, donde tuvo oportunidad de estudiar a Burke y Bentham, a Montesquieu y Constant, y a Destutt de Tracy y Tocqueville⁴³.

Desde su perspectiva utilitarista y realista, la preocupación fundamental de Alcalá, en sus Lecciones de Derecho Político, era la sintonía entre el sistema político y el sistema social. Y es que el alma de las constituciones se encontraba en la clase que «predomina haciendo preponderar su interés o dominar su influjo en un pueblo». Valiéndose de Bentham, Alcalá intentó cimentar la política de los moderados. A su juicio, «en un siglo mercantil y literario como el presente es preciso que las clases medias dominen, porque en ellas reside la fuerza material, y no corta parte de la moral, y donde reside la fuerza está con ella el poder social, y allí debe existir el poder político». Ahora bien, España era un país donde «la riqueza es corta o está mal repartida, y la ilustración es bastante escasa, la clase media es reducida y por su poco número inteligente». No existía en nuestro país una fuerte sociedad mesocrática y, por tanto, se requería un pacto con quienes tenían en sus manos el resorte del Gobierno, es decir, la nobleza y la institución monárquica.

Su incisivo realismo le llevará a negar, en este sentido, el principio de soberanía nacional, concebido como criterio axiológico que pudiera poner en manos de las masas el medio para abrir y cerrar el abanico de las posibles formas políticas. La soberanía nacional era, simplemente, una «mentira», teniendo en cuenta cómo funcionaban las sociedades. Por otra parte, sus observaciones y deducciones en relación a la psicología de las masas le impulsaron a estimar que, en la práctica, este principio era un imposible absoluto que contradecía el mecanismo gregario que regía las actitudes y actuaciones del hombre en sociedad. No existía la legitimidad sin soberanía y esta se encontraba muy lejos de arraigarse en los utópicos proyectos revolucionarios. «La soberanía que debe estar reconocida en las constituciones es la que está en ejercicio constante rigiendo con el poder supremo del Estado».

En este sentido, su repudio de la Revolución francesa era absoluto. La acusaba, siguiendo a Burke, de haber menospreciado la tradición y la religión, «naciendo de todo ello resistencias furiosas, agresiones no justas, defensas que no llegaron a injustas por lo desesperadas y feroces: las clases medias después de haber destronado y pisado a los antes prepotentes, cayeron a su vez vencidas y fueron oprimidas con atroz tiranía por la plebe ignorante y desatada». La situación social española se traducía, a nivel político-institucional, dadas sus condiciones materiales y la experiencia histórica, en un dualismo representativo —bicameralismo— que encontraba su continuidad histórica y su sentido nacional en su vinculación a la Corona: «El monarca, así como los cuerpos legisladores, es representante de la nación, y representante que la representa mejor que ellos en algunas ocasiones». En ese carácter representativo del rey se apoyará para atribuirle los derechos de disolución, veto, suspensión, etcétera⁴⁴.

Menos brillante que Donoso y que Alcalá Galiano, Joaquín Francisco Pacheco había nacido en Écija en 1808. Su vida no fue tan novelesca como la de Alcalá Galiano, ni su carácter tan arrebatadoramente romántico como el de Donoso; era más bien un calculador y un empírico. Líder de la facción «puritana», pronunció a finales de 1844 sus Lecciones de Derecho Político. Encarnación del eclecticismo, Pacheco fue un hombre poco interesado en las cuestiones teóricas. Para él, el sistema constitucional no era un ideal absoluto, sino el más adecuado en aquella circunstancia histórica y cuya existencia sería, sin duda, «transitoria». Por otra parte, esto no significaba ni la desaparición ni la desvirtuación de la monarquía; tan solo su limitación de ciertas facultades, en definitiva, de su poder excesivo. No constituía ya íntegramente el Estado, pero era «su parte más principal». La monarquía gozaba de un rango predominante sobre las demás instituciones políticas.

Pero la atención de Pacheco se centraba en la representación aristocrática. El andaluz, como han destacado los analistas de su obra, fue toda su vida un defensor de las desigualdades sociales. Para él, la democracia equivalía a dominio de las muchedumbres; y se pronunció por la rotunda «exclusión de la proletaria, de la trabajadora, de la humilde», de la «clase ínfima», antítesis de «la clase decente de la sociedad», del poder político. La Constitución, como también dijo Alcalá Galiano, había de adecuarse a la estructura social sobre la base indiscutible de la desigualdad y la jerarquía. En ese sentido, solo la burguesía —las «clases medias»— podía representar los intereses y las ideas comunes «que tanta parte deben tener en nuestros actuales gobiernos». Sin embargo, las clases medias españolas eran muy débiles, por lo que Pacheco propugnaba, a pesar de estimar que la clase aristocrática había caído irremisiblemente en la decadencia, una alianza con la nobleza. Por ello, se manifestaba partidario de una constitución mixta del Senado, integrado por miembros natos, representantes de la Grandeza designados por el rey entre determinadas categorías, y los elegidos por los grandes contribuyentes⁴⁵.

Otro de los ideólogos moderados más significativos fue Nicomedes Pastor Díaz y Corbelle. Nacido en Vivero, Lugo, en septiembre de 1811, Pastor Díaz fue, junto a Pacheco, el principal ideólogo del sector «puritano» del partido⁴⁶. Seminarista en su juventud, su impronta doctrinal estuvo marcada por el catolicismo y por el romanticismo. No obstante, sus tristes y melancólicas poesías o su sincero catolicismo no le condujeron a posiciones antiliberales. Su visión moderada del liberalismo se concentró en la fórmula política de la monarquía constitucional, síntesis de la tradición histórica y de las nuevas libertades ciudadanas. Para el gallego, el Antiguo Régimen había sido liquidado por el liberalismo, pero este había de dar respuesta a dos graves peligros: la anarquía y la reacción tradicionalista. Contra estas dos tendencias mantuvo un doble debate. Frente a los progresistas, postulando que la «revolución ha terminado», y contra los tradicionalistas, afirmando que «los logros de la revolución deben de ser respetados». En este sentido, siempre se mostró contrario a los sectores autoritarios del moderantismo⁴⁷.

Menos original fue Andrés Borrego, cuya trayectoria política se confunde prácticamente con el siglo⁴⁸. Nacido en Málaga en 1802, su despertar político fue revolucionario. Amigo de Riego, militó en la facción «exaltada» de los liberales e intervino activamente en la política del Trienio, lo que le obligó a huir al extranjero, primero a Londres y luego a París, tras la victoria de la reacción absolutista, y participó en la revolución de 1830, que destronó a Carlos X. Convertido al moderantismo, Borrego no fue, en rigor, un pensador sistemático. En general, coincidía con Donoso y Alcalá Galiano en su exaltación de las «clases medias», pero —y esta fue su relativa originalidad— era más consciente que estos de la dimensión del problema social. El surgimiento del proletariado suponía la lucha de clases, que era necesario paliar mediante una política de signo paternalista, a cargo de las clases medias. Igualmente, intentó captar a sectores proletarios para dotar al moderantismo de una base popular. Y, con el tiempo, propugnó un sistema de previsión social institucionalizado⁴⁹.

Moderantismo y mundo cultural

De la misma forma, el moderantismo consiguió la adhesión no solo de intelectuales y doctrinarios políticos, sino de literatos. No era extraño que así fuera, pues buena parte de la élite política moderada tuvo veleidades literarias. Martínez de la Rosa es, sin duda, más conocido por sus obras dramáticas —en particular, La conspiración de Venecia o La viuda de Padilla— que como político. Poeta y novelista, fue Nicomedes Pastor Díaz autor de A la luna y De Villahermosa a la China, dentro del pathos y la temática romántica. Donoso teorizó sobre literatura en su «Ensayo sobre el clasicismo y el romanticismo». González Bravo fue autor de una novela histórica Ramir Sánchez de Guzman. Año 1072. Poeta fue el conde de Cheste, también traductor del Orlando furioso de Ariosto. Y Pacheco, autor de algunos dramas románticos, como Alfredo y Bernardo.

De hecho, la novela histórica fue uno de los medios de difusión de los planteamientos conservadores y/o tradicionalistas en la sociedad. En su versión romántico-conservadora, el género se configuró como una apología consciente de los valores tradicionales. Como señala Juan Ignacio Ferreras: «En la exaltación del pasado existe también, como es lógico, una negación del universo presente, coetáneo al romántico negador; el pasado exaltado es así solamente un futuro deseado en el que subsisten los valores que la racionalidad burguesa acaba de derrocar»⁵⁰. Así ha podido hablarse de una «novela histórica moderada», representada por autores como Joaquín Telesforo Trueba y Cossío, Juan Cortada y Sala, Tomás Aguiló, José Augusto Ochoa, José María Quadrado, Víctor Balaguer, Enrique Gil y Carrasco o Francisco Navarro Villoslada⁵¹.

A juicio de la mayoría de los críticos, el más notable de estos autores fue Enrique Gil y Carrasco por su obra El señor de Bembibre. Diplomático, amigo de Alexander von Humboldt, quien le introdujo en la Corte de Berlín, Gil y Carrasco nos ofrece en esta novela su visión del final de la Orden de los Templarios, que en el fondo reflejaba la liquidación de la Iglesia como fuerza social a través de la desamortización de sus bienes. Significaba, en fin, la reacción conservadora en defensa de las órdenes religiosas frente a la política anticlerical de los progresistas⁵².

Igualmente, es preciso destacar las novelas históricas de Francisco Navarro Villoslada, autor de Doña Blanca de Navarra, Doña Urraca de Castilla y, sobre todo, de Amaya, o los vascos en el siglo VIII. Fervoroso esparterista en su juventud, luego pasado al moderantismo y posteriormente al neocatolicismo y al carlismo, Navarro Villoslada ofreció en Amaya —que incluso tuvo influencia en la gestación de los mitos del nacionalismo vasco— la visión tradicionalista de la formación de la nacionalidad española; la tesis de que la unidad de España se fraguó en la lucha común de los reinos cristianos contra los judíos y el islam⁵³.

Relacionado con el moderantismo estuvo igualmente el dramaturgo José Zorrilla, amigo de González Bravo, Donoso y Pacheco. Sus obras tenían como objetivo consolar, a través de leyendas y tradiciones religiosas, a los afligidos por el presente revolucionario y destructor. «Todas las tradiciones religiosas tienden a probar —dijo el propio Zorrilla— a los pueblos la inmunidad de la Iglesia y el castigo de los que contra un sacerdote atentan; y bajo este punto de vista he escrito yo todas las mías como buen cristiano y poeta popular»⁵⁴.

Por su parte, Gustavo Adolfo Bécquer entró en contacto con González Bravo en la redacción del diario moderado El Contemporáneo, y este le nombró censor de novelas en 1864. Cuando Narváez murió, el poeta romántico estaba junto a su lecho. Su ideología, a decir de los críticos, estuvo muy influida por el catolicismo romántico de Chateaubriand, cuyo Genio del cristianismo le inspiró algunas de sus obras, como Historia de los templos de España, e igualmente por Donoso Cortés, lo que se concreta en su concepción de la religión como base de la sociedad, sus críticas a la ideología del «progreso» característica del liberalismo y del positivismo. Su ideal político venía a ser una amalgama de tradicionalismo e innovación⁵⁵.

Pero el literato más comprometido con el moderantismo y sus doctrinas fue, sin duda, Ramón de Campoamor y Campoosorio. Nacido en Navia en 1817, Campoamor fue diputado moderado, gobernador de Castellón de la Plana, luego de Alicante, gobernador civil de Valencia, oficial Primero de la secretaría del Ministerio de Hacienda y director del periódico El Estado. Fueron conocidas sus continuas polémicas con Castelar, Pi y Margall, Canalejas y el conjunto de los krausistas. La ideología del autor de las Doloras fue más conservadora que propiamente liberal. Así, lo esencial, antes que la libertad, era el orden: «[…] antes el absolutismo que no amamos, que sufrir la anarquía, que aborrecemos»⁵⁶. El fundamento de la sociedad se encontraba en «lo absoluto», es decir, en Dios, «cantidad infinitamente intensiva, todo lo conoce con una sola idea».

Los principios absolutos están en Dios en acto, y en el hombre en potencia […]. Estos principios que en la vida práctica se traducen en máximas de una aplicación universal, infinita, necesaria y absoluta, se nos presentan como leyes inmutables que reinan soberanamente sobre nuestra naturaleza pensadora y sobre todos los mundos actuales y posibles.

De ahí sus críticas al «espíritu moderno», «jimio de Descartes», «una atmósfera que arrastra a las más perspicuas inteligencias hasta ser cómplices del espíritu de Satán». Descartes culmina en Kant, lo que, en el plano político, se traduce en el jacobinismo y el terror revolucionario. Pero los ideales revolucionarios son antinaturales; y suponen, por su utopismo, la negación de las leyes establecidas por Dios. «Las leyes que rigen el orden social son tan preexistentes como los atributos de Dios. Por eso, todos los inventores de utopías sociales, en vez de ser leídos en serio debiéramos empezar a ponerlos en observación en un manicomio»⁵⁷. En este sentido fue un acerado crítico del sufragio universal, al que consideraba incompatible con la propiedad privada. Democracia equivalía a la abolición de la diversidad social, de la riqueza, de la distinción, de las clases y jerarquías.

¿Como queréis amalgamar nuestras clases inferiores, de pasiones rudas, de moral exigua y de inteligencia obtusa con las clases elevadas por educación y la inteligencia, que gozan con las fantasías de Milton, que admiran el carácter de Sócrates? Y vos mismo, ¿tendríais la indignidad de dejaros tutear por vuestros lacayos que al dirigiros la palabra os estropean el idioma, que se ríen de vuestras civilidades y que os calumnian por envidia?⁵⁸.

6

DEL REINADO DE ISABEL II AL SEXENIO DEMOCRÁTICO

HACIA LA HEGEMONÍA MODERADA: LA ÉPOCA DE NARVÁEZ

Al socaire de la guerra carlista, el progresismo fue ganando terreno en los medios urbanos y, sobre todo, en el Ejército. En las ciudades más grandes el progresismo contaba con el apoyo de buena parte de la población, lo que le permitía ganar las elecciones y la mayoría de los ayuntamientos. Además, dominaba la Milicia Nacional, auténtico brazo armado del partido¹, y encontraron en la figura del general Espartero, héroe popular desde que levantó el sitio carlista de Bilbao, a su caudillo militar. Aureolado por sus triunfos, la llegada al poder de Espartero fue el resultado del deseo de los progresistas por ejercerlo amparados en el prestigio del general. Finalizada la guerra carlista, encontró el momento de pronunciarse con la ayuda del Ejército, que no apoyó la débil situación de María Cristina.

El motivo inmediato fue una ley típicamente moderada: la Ley de Ayuntamientos. Hubo motines en casi todas las provincias contra la norma, sancionada por la reina, que tuvo que rendirse y llamar a Espartero a presidir el Gobierno. El general pasó a ser corregente con María Cristina y luego regente único. Exiliada en París, María Cristina, apoyada por los moderados, convirtió su palacio en el centro de las conspiraciones. O’Donnell se sublevó en Pamplona, mientras los generales León, Concha y Pezuela se presentaron en el Palacio Real para apoderarse de Isabel. La intentona costó la vida a León, héroe de la guerra carlista, y al exministro Montes de Oca, que pasaron a formar la nómina de mártires del moderantismo. Pastor Díaz le dedicó una de sus biografías.

Caída de Espartero: Narváez, presidente del Gobierno

La prensa moderada, capitaneada por Ríos Rosas, lanzó una campaña de opinión buscando la creación de una amplia alianza contra el regente. La campaña antiesparterista fue desarrollada por los diarios moderados El Correo Nacional, El Conservador, El Heraldo y El Sol, y en ella se distinguieron figuras como Pastor Díaz, Sartorius, Tassara, Ríos Rosas y Donoso².

Los continuos errores de Espartero facilitaron la alianza de destacados progresistas, como Olózaga, López y Cortina, con los moderados, una alianza que quedó formalizada en torno al reconocimiento de la mayoría de edad de la reina y el respeto a la Constitución de 1837. En mayo de 1843 se generalizan los pronunciamientos militares antiesparteristas: Prim en Reus, Serrano en Barcelona, Narváez en Valencia. Espartero se vio obligado a refugiarse en un buque inglés que le condujo a Gran Bretaña.

Vencido Espartero, el poder pasó a los sectores progresistas que habían colaborado con los moderados, como Joaquín María López y Salustiano Olózaga, pero su posición de debilidad no les permitió mantenerse durante mucho tiempo. Un grupo de moderados —Istúriz, Pacheco, Pastor Díaz, Beltrán de Lis, Castro Orozco y Sartorius— propuso «candidaturas de unidad constitucional» que prolongaran la coalición antiesparterista, que pasó a denominarse Partido Parlamentario. La formación obtuvo en septiembre un claro triunfo electoral frente a los esparteristas, pero entre los mismos moderados empezaron a aparecer diferencias.

Donoso Cortés, secretario particular de María Cristina y principal impulsor de la oposición a Espartero, se negó a aceptar la denominación de Partido Parlamentario y propuso la de Partido Nacional. No era solo una cuestión de nombres; el ala derecha del moderantismo pretendía ocupar el poder sin restricciones y desplazar definitivamente a los progresistas. El escándalo de la supuesta violencia de Olózaga para obtener de la joven Isabel el decreto de disolución de las Cortes sirvió de motivo para sustituirle por un Gobierno encabezado por Luis González Bravo, antiguo liberal radical, jefe de la Joven España³, cuya actividad sirvió de bisagra para el cambio político. González Bravo desarmó la Milicia Nacional y preparó la subida al poder del verdadero dueño de la situación: el general Narváez.

Nacido en Loja en 1799, de familia noble, Ramón María Narváez y Campos había sido liberal en su juventud, lo que le valió la expulsión del Ejército en la década absolutista. Participó en la guerra carlista, consiguiendo por su arrojo rápidos ascensos. Rival de Espartero, perteneció al círculo de María Cristina y contribuyó decisivamente a la organización de la Orden Militar Española para sublevarse contra el regente. Tras la victoria en Torrejón de Ardoz, se convirtió, de hecho, en el líder del Partido Moderado y en el árbitro indiscutible de la vida política española⁴.

El proyecto balmesiano de fusión dinástica

Desde agosto de 1843, la Jefatura del Estado correspondió a Isabel II, cuya mayoría de edad fue proclamada anticipadamente, once meses antes de la fecha prevista en la Constitución. Así, el equipo moderado se hizo dueño de los destinos del país bajo la égida, puramente nominal, de una reina de trece años.

En un principio, el levantamiento contra Espartero no había puesto en cuestión la vigencia de la Constitución de 1837. En el campo moderado, el sector «puritano» se opuso a que el levantamiento victorioso llevara consigo el cambio constitucional. Otra fracción, la acaudillada por el marqués de Viluma, propugnó el retorno al Estatuto Real, una actitud política que formaba parte de un proyecto más amplio, encaminado a la apertura del moderantismo hacia el carlismo a través del reconocimiento por estos de Isabel II, que se casaría con el heredero de Carlos María Isidro, el conde de Montemolín⁵.

La fracción vilumista encontró en el filósofo Jaime Balmes al forjador más coherente del proyecto conservador-autoritario. Nacido en Vich en 1810, Jaime Balmes y Urpiá fue uno de los iniciadores de la neoescolástica del siglo XIX, aunque en algún sentido no puede incluírsele en ella⁶. Balmes, en el fondo, fue un pensador ecléctico y, más allá de los planteamientos neoescolásticos, se mostraba proclive a otros autores modernos como Descartes, Leibniz y la escuela escocesa. Sus soluciones metafísicas tendían siempre a la síntesis. Por otra parte, el filósofo vicense no fue ajeno a la influencia de Bonald y De Maistre⁷, aunque fue en Santo Tomás en quien encontró las líneas fundamentales de su sistema básico de pensamiento: la idea orgánica de la sociedad. Así, la sociedad es presentada como una familia grande, con la consiguiente negación de la condición original de que esté constituida por individuos libres e iguales: «En el mundo social, como en el físico, todo está ordenado admirablemente por la mano de la Providencia»⁸.

Naturalmente, Balmes se encontró, respecto al de Aquino, en una situación social y cultural diversa, y se separó de su modelo al acentuar la individualización y la fuerza de la economía en la sociedad moderna. Balmes fue un crítico acerbo de las consecuencias políticas e ideológicas de la Ilustración y del liberalismo, pero aceptó plenamente su concepción de la propiedad, que contemplaba, al igual que Locke, como un derecho natural del individuo sagrado e inviolable⁹. De hecho, en su obra subyace una notable conciencia de los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española: «La transición ha existido como existe ahora; las naciones europeas han pasado incesantemente por diferentes estados, o dejando completamente el que tenían o modificándole de mil maneras hasta transformarle en otro que nada se le parece»¹⁰.

En ese sentido, sus fórmulas políticas se caracterizan por propugnar la transacción entre el liberalismo y el tradicionalismo; planteamiento que llevaba, en el plano sociológico, a la fusión del impulso capitalista industrial, cuyo polo de referencia concreta era su Cataluña natal, con las estructuras de orden jerárquico de la sociedad rural. Su programa político se resumía en la máxima «armonizar la sociedad nueva con la sociedad vieja»¹¹. Sin embargo, sus análisis y proyecto político parten de la premisa del fracaso de la revolución liberal española. A diferencia de Francia, el liberalismo era ajeno al sentir de la mayoría de la población.

Se trataba, en el fondo, de una mera imitación de los postulados de la «escuela francesa». Su victoria fue, ante todo, consecuencia de los trastornos producidos por la invasión napoleónica de 1808. Los legisladores de Cádiz habían gobernado gracias al heroísmo del pueblo español frente a los invasores, pero «en 1808 nada se vio en España de movimiento liberal». Los motivos del alzamiento fueron «el Rey y la Religión» y, como consecuencia, la Constitución de 1812 supuso la entronización de «la tiranía filosófica, con todo su séquito de las teorías descabelladas del siglo XVIII».

A la altura de 1840, la opinión dominante seguía siendo católica y monárquica, no liberal. Ciertamente, la realidad social había cambiado; pero no al nivel de otros países europeos. La sociedad española se encontraba en un período de «transición» y, por tanto, su situación era «crítica». El elemento «antiguo» era todavía muy fuerte, con profundas raíces en el tejido social, mientras que el liberalismo, baluarte de una minoría audaz, no podía imponerse de manera total. La sociedad española carecía, en consecuencia, de dirección. El carlismo continuaba siendo el depositario del «antiguo espíritu nacional», pero el liberalismo contaba con la fuerza efectiva del Ejército¹².

Balmes no era partidario del recurso permanente a la dictadura o al pronunciamiento militar, que, para él, resultaba una situación patológica. El militarismo era producto de la incapacidad de las instituciones liberales para consolidar un poder civil de ámbito nacional. Y es que, al ser un sistema ajeno al sentir y a las costumbres del pueblo español, tan solo podía imponerse por la fuerza de las armas¹³. Narváez no le merecía confianza alguna. No era el jefe de un Gobierno nacional, sino de un partido, que «se bate con otro partido en estado de insurrección»¹⁴. La disminución o el fin del período de preponderancia militar tan solo podía venir de la vertebración de la sociedad española a partir de un auténtico proyecto nacional, que pasaba necesariamente por el logro de la fusión dinástica en torno al matrimonio del heredero de Carlos María Isidro, el conde de Montemolín, con la reina Isabel. No obstante, en alguna que otra ocasión consta que Balmes sondeó a militares, como el general Tomás Bretón. En este sentido, Balmes participó en la retirada de don Carlos y dictó a una tercera persona cartas destinadas a convencer al rey carlista de que renunciara a sus derechos en favor de su hijo. Los documentos de abdicación y de aceptación están fechados en Bourges el 18 de mayo de 1845, cuando Balmes se encontraba en Francia. Al parecer, el manifiesto que el conde de Montemolín dirigió a los españoles el 23 de mayo de 1845 fue obra suya¹⁵.

A lo largo de la campaña en favor del acuerdo dinástico, Balmes se esforzó en tranquilizar a los propietarios de bienes desamortizados. Las necesarias transacciones no implicarían una reacción integral que supusiese sin más un retorno a la estructura económica anterior a la desamortización. La sociedad se había transformado, lo que había generado una amplia y compleja red de intereses que era necesario respetar. Además, la desamortización había sido aceptada por el propio Pontífice y, a partir de ahí, todo católico se veía en la obligación de acatarla como un hecho consumado e inamovible¹⁶.

El pacto implicaba, sin embargo, una transformación del régimen político en sentido tradicional. Como Donoso, Balmes no fue inmune al pathos romántico y nacionalista de la época con su insistencia en la continuidad orgánica de la vida, la categoría de historia, etc. El fecundo «pensamiento de la nación», arraigado en lo profundo de la comunidad, en el Derecho y en el Estado, era algo completamente inmune a la crítica racional y revolucionaria de los individuos y de los contemporáneos. El presente solo podía considerarse como resultado de infinitas tradiciones.

Así, la idea nacional de Balmes es una mezcla de tradicionalismo romántico y universalismo cristiano. El pensamiento de la nación se hallaba configurado «en su catolicismo, en su monarquía y demás leyes fundamentales»¹⁷ y la Ley Fundamental que había de sustituir a la Constitución de 1837 había de reconocer los supuestos esenciales de la nación española: catolicismo y monarquía. Igualmente, Balmes contemplaba la existencia de unas Cortes, pero, contrario al parlamentarismo, juzgaba que el principio de discusión era en sí mismo «infecundo» y que su función debía reducirse a «otorgar los tributos e intervenir en los negocios arduos»¹⁸. Sobre todo, había de ser representantes de intereses sociales, no de principios ideológicos abstractos.

La fórmula balmesiana implicaba una radical acentuación del principio censitario; era un sistema bicameral, con una Cámara Alta en la que estarían representados los poderes estamentales: arzobispos y obispos natos, nombrados por el rey; grandes de España, de trescientos mil reales de renta; propietarios que disfrutaran de una renta de cincuenta mil reales; burguesía, con cien mil reales, de los cuales cincuenta mil fueran en bienes raíces. Por su parte, en la Cámara Baja no debía entrar nadie que no disfrutase de una renta en bienes raíces de doscientos mil reales.

No obstante, la clave del sistema balmesiano era la alianza del Trono y el Altar. La monarquía era, ante todo, la institución tradicional garante de la unidad nacional y política. En el pensamiento balmesiano, se trata de una auténtica autocracia, en la que el monarca reúne todos los poderes, si bien se encontraba limitado por la religión y los intereses sociales¹⁹. Pero la función social primordial correspondía a la Iglesia católica, que, pese a la disminución de su poder económico, seguía siendo la única institución cuya voz podía oírse en todos los rincones de la nación. Se necesitaban organizaciones eclesiásticas de educación y beneficencia que integraran a las masas en la sociedad²⁰. Por ello, el Estado debía compensar a la Iglesia de los perjuicios ocasionados por la desamortización: derecho a disponer de bienes, pago por las expropiaciones, subvención a las organizaciones eclesiásticas, etcétera.

Mediante la construcción de este sistema político, Balmes esperaba enlazar «lo nuevo con lo antiguo», e inaugurar un sistema «puramente español» que preparase la fusión en un solo partido de las fuerzas políticas tradicionales que necesariamente supondría la aniquilación de los partidos liberales. Tanto moderados como progresistas no representaban más que a una minoría de la población y solo podían mantenerse o conquistar el poder mediante el recurso al pronunciamiento militar. El progresismo únicamente había conseguido acumular ruinas cuando estuvo en el Gobierno, mientras que los moderados conjuraban el espíritu revolucionario con la «timidez». En su sistema político, el progresismo sería declarado fuera de la ley, y lo mismo ocurriría con «una pequeña fracción del moderado»²¹.

De la misma forma, Balmes se sintió muy interesado —y alarmado— por la emergencia de los primeros movimientos socialistas europeos. Sus críticas se dirigieron principalmente contra Robert Owen, cuyos proyectos juzgaba en «abierta oposición con el sentido íntimo, con el grito de la conciencia, con el consentimiento del género humano, con las leyes y costumbres de todos los países». Frente a tales planteamientos, Balmes recomendaba a las clases conservadoras —aparte de la educación religiosa— una actitud paternalista respecto a las reivindicaciones del proletariado: organización de seguros y políticas de previsión social y de acción gremial a cargo de los patronos. Para solventar los conflictos sociales propuso también el establecimiento de un «tribunal del trabajo», compuesto por compromisarios de patronos y obreros²².

EL TRIUNFO DOCTRINARIO Y DEL ORDEN MODERADO

Sin embargo, su proyecto fracasó, al rechazar carlistas e isabelinos la posibilidad del acuerdo dinástico. Y Balmes no tardó en morir, en su Cataluña natal, amargado por la inutilidad de sus esfuerzos y por los acontecimientos europeos de 1848, al igual que por las críticas que hubo de soportar a causa del contenido de sus últimos escritos políticos en favor de las reformas preconizadas, en un primer momento, por Pío IX en los Estados Pontificios. Pese a ello, su influencia no estuvo ausente de la vida intelectual y política española.

De hecho, en Cataluña tuvieron un amplio desarrollo las teorías tradicionalistas. Un grupo perfectamente identificable fue el formado en torno a Joaquín Roca i Cornet, a partir de 1837, en la revista barcelonesa La Religión, donde Roca traduce y comenta los Anales de filosofía cristiana del tradicionalista Bonnety. En sus artículos es patente la influencia de Bonald. Asimismo, José Ferrer i Subirana, antiguo condiscípulo de Balmes, tradujo y prologó a Bonald.

Con Roca y Ferrer colaboraban Manuel de Cabanyes y los mallorquines Tomás Aguiló y José María Quadrado, el más interesante, sin duda, de todos ellos. Nacido en Mallorca en 1819, Quadrado fue un apreciable historiador romántico y colaboró con Balmes en la gestación de su campaña a favor de la conciliación dinástica a través de la revista mallorquina La Fe, de 1844, El Conciliador y El Pensamiento de la Nación, de 1845 ²³.

La Constitución de 1845

Sin embargo, la hegemonía política se encontraba en el sector «doctrinario» de los moderados, y pronto se planteó el tema de la reforma constitucional. La reina, en el discurso de apertura de las Cortes, hizo referencia a la necesidad de reformar la Constitución de 1837, e inmediatamente se formó una comisión, cuyo secretario e inspirador fue Donoso Cortés. La reforma fue denunciada por los progresistas desde fuera de las Cortes, donde solo tenían un diputado, y por los sectores «puritanos» del moderantismo, que la consideraban inoportuna, e intentaron minimizar las propuestas más conservadoras. En las discusiones parlamentarias se distinguió Pastor Díaz, que atacó a la reforma acusándola de revanchista respecto a los progresistas²⁴.

La reforma del Senado fue uno de los temas más debatidos. En la sesión del 16 de noviembre se presentó, por parte de la nobleza, una «Exposición de la Diputación Permanente de la Grandeza de España al Congreso», solicitando de este que tomase en consideración la tradicional función reservada a la nobleza en el seno de las Asambleas, así como la necesidad de vincularla a cierta propiedad inamovible que la sirviese de sostén y garantía de continuidad²⁵. El marqués de Montevirgen solicitaba reservar la clase más elevada, la de los senadores hereditarios, para los grandes que disfrutasen de una renta mínima de trescientos mil reales. Más renuente era la propuesta del marqués de San Felices, que pedía la sustitución de la palabra «Senado» por la de «Cámara de los Pares», porque aquella tenía «cierta acepción y sonido republicano»²⁶. El gran defensor del principio aristocrático fue Bravo Murillo, que apoyó la enmienda de Montevirgen²⁷.

Sin embargo, el principio hereditario —al menos tal y como fue planteado por el grueso de la aristocracia tradicional— fue derrotado. La Constitución recogió las ideas básicas de los moderados doctrinarios: rechazo de la soberanía nacional y su sustitución por la soberanía conjunta de las Cortes con el rey, y negación de la distinción entre poder constituyente y poder constituido. «La potestad constituyente no reside —señaló Donoso— sino en la potestad constituida, ni esta es otra en nuestra España que las Cortes con el rey»²⁸. El texto recogió una declaración de derechos semejante a la de 1837, con la diferencia fundamental de que la mayor parte de los derechos remitían su regulación a leyes posteriores. Además, se restringían algunos derechos, sobre todo en materia religiosa, donde se proclamaba la confesionalidad del Estado y la unidad católica.

Pero la reforma política más importante fue la del aumento de los poderes del rey, tanto en el incremento de sus competencias como en la restricción de la autonomía de las Cortes, especialmente a través del nuevo tipo de Senado. Las competencias reales eran mucho más amplias que en el texto de 1837, sobre todo por la prerrogativa fundamental de nombrar y separar libremente a los ministros. La Constitución estableció, además, un Senado nombrado por el rey, entre las categorías de la Administración, el Ejército, la Iglesia y la nobleza. Se restringió el cuerpo electoral y se implantó como unidad electoral el distrito reducido. Por último, fueron suprimidos el juicio por jurado y la Milicia Nacional²⁹.

Ley y orden

A partir de ese momento, los moderados marcarán las líneas políticas del Estado mediante una serie de medidas de indudable transcendencia. Entre las leyes económicas y administrativas destaca la reforma fiscal de Alejandro Mon y Ramón de Santillán³⁰, articulada sobre la base de dos tipos de impuestos: directos e indirectos. Los primeros se subdividían a su vez en tres categorías: la contribución sobre el cultivo, los inmuebles y la ganadería, es decir, la contribución territorial, y el subsidio industrial, de comercio y el derecho de inquilinato. Los impuestos indirectos afectaban a la circulación y consumo de bienes y recaían sobre todo sobre las clases populares³¹. Fue una de las leyes más duraderas de la historia contemporánea española.

Igualmente transcendente fue la reforma educativa de Gil de Zárate y Pidal, conocida como «Plan Pidal», que organizó los distintos escalones de la enseñanza con los planes generales de estudios y que supuso la normalización de la estructura de la enseñanza y las actividades de los centros docentes oficiales y privados³².

También se dio un impulso importante a la reorganización de la Administración a partir de las leyes del ministro Pidal: una nueva Ley de Ayuntamientos de fuerte sentido centralizador, cuya figura clave era el alcalde, representante del Gobierno por línea jerárquica desde la Corona a través de jefes políticos y gobernadores. El Gobierno podía reforzar su poder nombrando un alcalde corregidor para sustituir al ordinario. Los ayuntamientos, formados por los concejales electos, entre los que el Gobierno designaba alcaldes sin tener en cuenta el número de votos obtenidos, tenían una función consultiva³³. Dentro de la misma lógica centralizadora se promulgó la ley sobre ordenación provincial, dando normas sobre su administración y reorganizando diputaciones provinciales, que aumentaban las competencias de los jefes políticos de provincias, dotándolos de inmunidad y de autoridad delegada del Gobierno para el control de los asuntos de la provincia y de las localidades de su demarcación.

Como colofón se creó la Guardia Civil, bajo la dirección del duque de Ahumada, como institución defensora del orden público, vinculada al Ejército y a las órdenes de la autoridad civil delegada del Gobierno, frente a la descentralización de los cuerpos armados locales. La Guardia Civil no solo fue un instrumento de defensa del orden social, sino de centralización administrativa³⁴.

Sin embargo, este proyecto centralizador chocó con una serie de realidades preexistentes que limitaron su realización. A lo largo del siglo XIX, el Estado español careció de prestigio y de poderío efectivo. La unidad nacional siguió siendo artificial hasta bien entrado el siglo XX. El nacionalismo español era muy débil y tuvo que coexistir con identidades de carácter local, propiciadas en ocasiones por la propia debilidad del Estado, caracterizado por un «centralismo legal, pero localismo real»³⁵.

Los pilares de la sociedad isabelina

En este sentido, la España isabelina se caracterizó por una compleja simbiosis entre elementos nuevos y viejos. Como ha señalado Ángel Bahamonde, «en gran medida, a mediados del siglo XIX el Antiguo Régimen y la nueva situación liberal siguen dialogando y debatiendo entre sí, intercomunicándose realidades de todo tipo. No es que el Antiguo Régimen sobreviviese sin más, sino que muchos de sus postulados y realidades se insertaron en la formación del Estado y de la sociedad liberales»³⁶.

La nobleza tradicional no vio mermado, como sabemos, su poder económico. Las familias nobiliarias aparecían —en un país todavía eminentemente agrario— entre los primeros terratenientes. Los duques de Osuna, los marqueses de Ayorbe y Rioflorido, los duques de Frías, el marqués de Perales, el conde de Puebla o el duque de Medinasidonia, figuraban en los primeros puestos de la contribución territorial³⁷. Además, como señaló Vicens, la guerra carlista favoreció la resurrección del valor social de la nobleza.

Los jefes de los bandos en lucha repartieron pródigamente títulos y blasones. Esto demuestra el impacto del romanticismo en la mentalidad del momento, y también la supervivencia de la aristocracia como alta norma de vida y como mito de estilo social. […] De ahí surgió el nuevo tipo de cortesano sólidamente establecido en una estructura social latifundista (en Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva), liberal en política, conservador desde el doble punto de vista religioso y social, extremadamente vinculado a la tradición de las grandezas y heroísmos de sus antepasados³⁸.

Por otra parte, la incipiente burguesía española se mostró desde el primer momento como un modelo de «burguesía deferente» respecto a los valores nobiliarios y buscó afanosamente el ennoblecimiento. En la España isabelina comienza la asimilación de la alta burguesía financiera e industrial —Salamanca, Manzanedo, etc.— a la nobleza tradicional, proceso que culminará en la época canovista³⁹.

Este proceso tendrá igualmente su impronta en otro de los pilares decisivos de la sociedad isabelina: el Ejército. El conflicto armado contra el carlismo había desarrollado una nueva mentalidad militar. Antiguos cadetes de academias, exguerrilleros, aristócratas, exseminaristas y suboficiales ascendidos por méritos de guerra combatieron contra un enemigo común, al que percibían como el antiliberalismo apoyado por los frailes, y desarrollaron un código mental anticlerical y otras ideas que convergían con postulados progresistas y liberales⁴⁰.

Para contrarrestar esta situación, los generales de fortuna se vieron retribuidos con la entrada en el círculo de la nueva nobleza. O’Donnell fue agraciado con el título de duque de Tetuán; Ros de Olano, con el de marqués de Gual-El-Jelú; Zavala, con el de marqués de Sierra Bullones; Prim, con el de Castillejos; Narváez, con el de duque de Valencia y vizconde de Aliatar; Espartero, con el de duque de la Victoria y de Morella, conde de Luchana, príncipe de Vergara, etcétera⁴¹.

Sin embargo, la mayoría de las jerarquías castrenses siguieron sintiéndose defensoras del liberalismo. El proceso de conservadurización del Ejército español no culminaría hasta la Restauración.

No es extraño, por otra parte, que, en ese contexto social y político, la Corte siguiera siendo un poder de hecho, del que salían recompensas y nombramientos, práctica que contribuyó a la formación de las célebres «camarillas», como la formada en torno a Isabel II con el marqués de Miraflores, los duques de Bailén, Gor y Frías; la de María Cristina en torno a los negocios del duque de Riánsares, en los que apareció el nuevo marqués de Salamanca, el conde de Alcoy y la condesa de Ripalda, o la del rey consorte Francisco de Asís, en torno al cual se formó un grupo de extrema derecha simpatizante de las posiciones políticas del conservadurismo autoritario e incluso del carlismo.

De hecho, en la época isabelina, la monarquía constitucional definida por la ley fundamental de 1845 enmascaró la existencia en la práctica de un régimen político de estructura piramidal caracterizado por un Ejecutivo monárquico directivo, preponderante y expansivo, débilmente contrabalanceado por la institución representativa de las Cortes⁴². Como ha señalado Juan Ignacio Marcuello, la práctica política cotidiana del régimen moderado se asemejaba más al autoritarismo preconizado por Balmes —y luego por Donoso Cortés— que a los cánones establecidos en la Constitución de 1845⁴³.

La Corte de los milagros

En este sentido, adquiere especial importancia la figura y personalidad de Isabel II, antítesis de lo que —en pura lógica— debería haber sido un monarca constitucional⁴⁴. De escasa preparación intelectual y política, Isabel II fue una mujer de carácter superficial, de una psicología no muy complicada, sensual y mística, a la vez. Nunca se plegó a las reglas de la convivencia doméstica, y su matrimonio con Francisco de Asís fue un absoluto fracaso. Desde un punto de vista político, se comportó como un monarca del Antiguo Régimen⁴⁵. Importante fue la influencia que sobre ella ejercieron María Rafaela Quiroga —más conocida por sor Patrocinio o «la monja de las llagas»—, muy popular a causa de sus pretendidos milagros, y luego, y sobre todo, Antonio María Claret, su confesor, obispo de Cuba y antiliberal convencido cuya influencia fue determinante en la política isabelina.

Nacido en Sallent, Barcelona, en diciembre de 1807, Claret fue un producto típico del catolicismo español de la época. Su teología política era de un tradicionalismo espartano. Ejemplo de ello es su Carta pastoral al pueblo, donde enseña que los súbditos deben a las autoridades «el honor, el respeto, la obediencia y la fidelidad». Como confirmación de su enseñanza recurre a san Pablo; y dice: «Es necesario estar sometidos al Príncipe y obedecer sus órdenes, no solo por temor al castigo que puede imponer al rebelde, sino también por respeto y cariño, amándolo y honrándolo como superiores que ha establecido Dios entre nosotros»⁴⁶. La relación entre el poder civil y el religioso es directa: «El poder civil viene de Dios, porque todo poder es un ser, y Dios es la fuente de todo ser […]. ¡Ay de los reyes y reinos que, lejos de apoyar, sostener y proteger la desprecian o persiguen! A su vez quedarían privados de su benéfica y protectora sombra, sin hermosura ni gracia, sin frutos de buenas obras»⁴⁷.

En lo referente al problema social, Claret era partidario —en un sentido muy próximo al de Balmes y Donoso— de la caridad e identificaba a los «enemigos de España» con «los protestantes, impíos y socialistas». Así, señalaba que «conocen los protestantes, comunistas y socialistas que los mayores enemigos que tienen, que les desbaratan sus planes, son los sacerdotes católicos […]; por eso, el remedio más oportuno que han hallado es hablar mal de los sacerdotes católicos»⁴⁸.

Con el fin de establecer unas relaciones armoniosas entre patronos y obreros, Claret hacía referencia a una serie de obligaciones recíprocas, de caridad en los patronos y de resignación en los obreros. Los patronos deberían «dar gracias a Dios por sus bienes. No poner en ellos la confianza. No aumentarlos con usuras. No conservarlos con injusticias. No servirse de ellas para fomentar pasión alguna. Ser caritativos con los pobres y con la Iglesia. Pensar a menudo que los ricos están en peligro de condenarse por el mal uso que hacen de las riquezas». Mientras los obreros —y los pobres en general— harían bien en «resignarse a la voluntad de Dios en su pobreza. No apropiarse de las cosas ajenas, aunque sea bajo el pretexto de pobreza. Industriarse a fin de proporcionarse un modesto bienestar. Procurar hacerse ricos de bienes eternos. Acordarse que también Jesucristo y María Santísima fueron pobres»⁴⁹.

De hecho, los moderados procuraron, desde su llegada al poder, contar con el apoyo de la Iglesia, suspendiendo la venta de bienes desamortizados y devolviéndole los que no habían sido vendidos. Además, se reanudó el funcionamiento del Tribunal de la Rota y la función de censura de los obispos sobre los libros religiosos. Este acercamiento a la Iglesia se aceleró con el pago por parte del Estado de la subvención de culto y clero⁵⁰.

Así pues, la España de la época era, tal y como denunciaba Carl Von Rotteck en sus Staats lexiken, uno de los países europeos donde la tolerancia de cultos alcanzaba unos límites más llamativos⁵¹. A ese respecto, la situación de las minoritarias comunidades protestantes era muy precaria⁵².

De todas formas, no podemos considerar a la sociedad isabelina como una sociedad estática. Las reformas liberales iban a tener igualmente —frente a las resistencias de todo tipo— sus consecuencias. Una nueva clase, que venía del comercio y del agio y que había amasado su fortuna como proveedora del Estado y prestamista de la aristocracia, flanqueada por abogados, médicos, periodistas y militares, comenzaba a pisar fuerte en la escena social y política.

Por otra parte, el tendido ferroviario y el telegráfico posibilitaría la consolidación del mercado nacional, por el que hombres, ideas y capitales circulaban de forma más fluida, proporcionando más recursos que permitieron poner en marcha nuevas iniciativas. La burguesía se benefició de la desamortización, y la deuda pública, la especulación del suelo urbano y la construcción de la red ferroviaria depararon nuevas oportunidades de enriquecimiento. Progresivamente, la nobleza fue perdiendo poder económico respecto a los sectores más dinámicos de la burguesía⁵³.

EL AUTORITARISMO IDEOLÓGICO: DONOSO CORTÉS

Las tormentas del 48 y la defensa de la dictadura

El sistema moderado implantado en 1844 comenzó a dar señales de crisis como consecuencia de las revoluciones europeas de 1848. La caída de Luis Felipe de Orleans en Francia fue el inicio de una serie de revoluciones europeas que pusieron en cuestión el orden social y político posnapoleónico. La alarma producida por los acontecimientos franceses llevó pronto a Narváez a asumir la dictadura, logrando con facilidad reprimir los conatos de subversión protagonizados por algunos sectores del progresismo⁵⁴.

Pero estos acontecimientos tuvieron importantes consecuencias de orden político e intelectual. Los hechos revolucionarios de 1848 contribuyeron a exacerbar el conservadurismo de Donoso Cortés. Como para Alexis de Tocqueville, para Donoso la caída de la monarquía de julio en Francia no era un simple cambio de régimen político; se trataba de una auténtica revolución dirigida en contra de los fundamentos económicos, sociales y religiosos de la sociedad. Era el primer intento de revolución socialista ocurrido en Europa. Donoso interpretaba este cambio como consecuencia del proceso de secularización a que habían sido sometidas las sociedades europeas desde los tiempos de la Reforma, que culminaba en la Ilustración y el liberalismo:

[…] dando por fenecido el imperio de la fe y proclamando la independencia de la razón y de la voluntad del hombre ha convertido el mal, que es relativo, excepcional y contingente, en absoluto, universal y necesario […]. Hoy el mundo está en vísperas de la última de las restauraciones: la del paganismo socialista⁵⁵.

Su célebre discurso sobre la dictadura de enero de 1849 fue la manifestación más elocuente de este estado de ánimo. Siguiendo en lo fundamental a Louis de Bonald, Donoso estimaba que cuando la religión ha dejado de constituir el centro reproductor de las relaciones sociales, solo queda el recurso a la fuerza, es decir, al estado de excepción, a la dictadura militar. En su discurso, Donoso no añadía nada nuevo a lo ya sostenido en sus Lecciones de Derecho Político, limitándose a aplicar lo ya dicho a la situación nacional y defendiendo el Gobierno autoritario de Narváez. Reiteraba que la dictadura está más allá de las leyes positivas vigentes, allende la legalidad, y que esta debe encontrarse en «una sola mano».

Finalmente, intentaba probar que en la España de aquella hora se daban las circunstancias excepcionales que justificaban la dictadura, en virtud, además, de lo sucedido en Europa, es decir, la emergencia del socialismo: «El mundo camina con pasos rapidísimos a la constitución de un despotismo, el más gigantesco y asolador de que hay memoria en los hombres […] las vías están preparadas para una tiranía gigantesca, colosal, universal, inmensa»⁵⁶.

El gran constitucionalista alemán Carl Schmitt vería, en los años treinta, en Donoso un espíritu afín, y trató de interpretar su teoría de la dictadura en términos «decisionistas», es decir, en términos de radical voluntarismo jurídico. En su opinión, Donoso era «el heraldo teórico de la dictadura conservadora» y el «teórico de la dictadura y del decisionismo» que progresivamente se despegaba, a diferencia de Bonald y De Maistre, de la perspectiva legitimista para adherirse, lisa y llanamente, a la dictadura⁵⁷.

No obstante, creemos que la interpretación schmittiana es solo parcialmente válida. Parece evidente que Donoso terminó por perder la confianza en los príncipes para contener a la revolución, por lo que, frente a las oleadas subversivas, puede ser considerado un teorizador de las dictaduras militares. La mudanza de la circunstancia exigía nuevos métodos de guerra política y por ello Donoso apuntaba a la milicia —aunque no solo a ella— allí donde De Maistre miraba al trono. Sin embargo, esto no avala forzosamente su adhesión al «decisionismo», que resulta, en su versión extrema, incompatible con el providencialismo donosiano. Para Donoso, el Derecho, antes que promulgación de la voluntad soberana, es una realización de la justicia y esta es «el orden establecido por Dios en el principio»⁵⁸.

Donoso se dirigía no solo a las clases gobernantes españolas, sino también a las europeas, para que articularan nuevos métodos de acción política. Donoso no veía más solución que la «disolución de todos los partidos antiguos y la formación de uno nuevo» que aglutinara a los anteriores y a todas las fuerzas sociales hegemónicas: Iglesia, Ejército, monarquía, burguesía y aristocracia. En ese sentido, el extremeño establecía un paralelo, luego recogido por Ramiro de Maeztu y José Antonio Primo de Rivera, entre el soldado y el sacerdote, en cuyas manos se encontraría por mucho tiempo el destino de las sociedades europeas: «El encargo del militar es velar por la independencia de la sociedad civil. El encargo de sacerdote es velar por la independencia de la sociedad religiosa. ¿Qué sería el mundo, que sería de Europa si no hubiera ni sacerdotes ni soldados?»⁵⁹.

Narváez en España y Luis Napoleón en Francia eran los ídolos de Donoso. Nombrado embajador en París, el extremeño tuvo oportunidad de contemplar los progresos del bonapartismo, convertido en «el representante de la reacción universal», y cuya fuerza descansaba en haber buscado sus puntos de apoyo en el Ejército y la Iglesia, «los dos grandes instrumentos de la organización y conservación que existen en el mundo»⁶⁰. No ocultaba su absoluto desprecio por la burguesía, clase materialista y antiheroica, incapaz de «todo género de culto, de abnegación y de sacrificio». Era «la clase discutidora», carente de las dos virtudes esenciales de toda minoría dirigente: la obediencia y el mando, característica que explicaba y determinaba su periódica oscilación entre los extremos de la revolución y la dictadura⁶¹.

Teocracia y muerte del liberalismo

De aquella coyuntura nació —y no por casualidad— su obra más célebre, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, auténtica Biblia de la tradición teológico-política española. Su punto de partida es el providencialismo. La avasalladora presencia de la Providencia invade todos los rincones del discurso donosiano. Todo lo existente es explicado en virtud del acto de creación: la naturaleza regida por unas leyes inmutables, el todo social sometido a unos principios rígidos, establecidos en función de un destino prefijado de acuerdo con los planes divinos, cuya acción presta a la realidad la fisonomía de un todo acabado y perfecto. Dios es «el autor y gobernador de la sociedad doméstica» y, por tanto, cualquier intento de modificar las condiciones materiales de vida podía ser calificado de sacrilegio, basado en la ignorancia de las características y la naturaleza de sociedad y de la misma naturaleza humana.

La psicología del hombre caído, pecador por naturaleza, constituye para Donoso el sustrato legitimador, propio de la civilización católica, de los poderes de la sociedad civil: familia, propiedad, jerarquía, coacción y pena de muerte. Tras la caída original, universalmente trasmitida, Dios castigó al hombre con la servidumbre del cuerpo y, como consecuencia, el mal no podía considerarse un producto de las imperfecciones de la sociedad, sino del mismo ser del hombre en tanto naturaleza caída. Solo la autoridad emanada de la religión podía esclarecer la dominación establecida en el orden social y, por ello, hacer inmune a este frente a las críticas de aquellos que se encontraban sometidos a ella.

En este sentido, sus posiciones políticas derivaban en última instancia de sus actitudes en relación a la figura de Dios, en las que se perfilaban dos fases sucesivas de la civilización: la fase afirmativa y la fase negativa. La afirmativa es cuando domina la creencia en un Dios providente que interviene directamente en los asuntos humanos. En la negativa, se producen tres negaciones sucesivas: el deísmo, que mantiene la creencia en Dios, pero niega su providencia; el panteísmo, que rechaza la existencia de un Dios personal y providente, y el ateísmo, que niega la existencia de Dios. El deísmo tiene como correlato político la monarquía constitucional; el panteísmo, la república democrática, y el ateísmo, el socialismo y el anarquismo.

En el fondo, era la razón crítica, emancipada de la tutela teológica, la causa última de todo el desbarajuste social y político. La autonomía del individuo amenazaba toda autoridad, tanto religiosa como social y política: «Hoy día esa misma razón no queda satisfecha si no desciende a las esferas políticas y sociales, para conturbarlo todo, haciendo salir, como por encanto, de cada error un conflicto, de cada herejía una revolución». El liberalismo era la consecuencia de aquel proceso de secularización. Sus doctrinas económicas habían puesto los fundamentos para las negaciones socialistas, al haber disuelto las bases del orden social tradicional —la familia, la Iglesia— con la supresión de los mayorazgos y de la propiedad eclesiástica.

A ese respecto, Donoso daba por muerto al liberalismo, por su carencia de un fundamento teológico en su perspectiva doctrinal, lo que le hacía profundamente vulnerable a las críticas del socialismo, cuyo representante por antonomasia era Proudhon. El socialismo, en cambio, suponía, en el fondo, una teología «satánica»; era la consecuencia más radical de la perspectiva secular y naturalista característica del liberalismo económico, político y religioso. El socialismo triunfaría sobre el liberalismo por su superioridad ideológica, y solo sucumbiría ante el catolicismo, «que es al mismo tiempo teológico y divino»⁶².

Por otra parte, la solución al problema social se encontraba no en el intervencionismo económico o en las reformas sociales —soluciones materialistas e incompletas—, sino en la caridad cristiana. Lo específicamente católico era la conciliación espontánea, natural, sin coerciones, realizada a cargo de los interesados, sin intermediarios, apelando al principio moral de la igualdad esencial de todos los hombres ante Dios: «La riqueza, acumulada por un egoísmo gigantesco, es menester que sea distribuida por la limosna en gran escala»⁶³.

Contra Donoso

La aparición del Ensayo causó un gran revuelo en el mundo intelectual y político, teniendo numerosos críticos. Para Rafael María Baralt, las disquisiciones donosianas eran consecuencia del «hondo terror que la Revolución de 1848 había producido en su ánimo harto sensible». Su proyecto político era absolutista y teocrático, fruto de las inspiraciones de «una escuela extranjera» que olvidaba «o desprecia la historia y las tradiciones nacionales». Además, pecaba de utópico, pues no era posible volver a la Edad Media⁶⁴. En el mismo sentido, Pacheco criticó a su antiguo correligionario por haber olvidado que el liberalismo en su esencia era «de todos los tiempos, de todas las sociedades, necesario mientras ellas subsistan, ingénito en la humana naturaleza»⁶⁵.

El progresista Nicomedes Martín Mateos sometió a una dura crítica los supuestos del Ensayo, afirmando que el liberalismo, lejos de ser incompatible con la religión revelada, era «hijo del verdadero catolicismo», dado que la religión no podía considerarse fuente de autoridad, sino de reflexión individual, por lo que su ámbito era ajeno al dominio de la política. En el fondo, Donoso, como Bonald y De Maistre, quería «hacer del hombre una máquina creyente y obediente». El liberalismo no era increyente; era la escuela que seguía postulando la «ley natural»⁶⁶.

La crítica más extensa a las tesis donosianas vino de la pluma de José Frexas, cuya obra constaba de tres tomos. Frexas no era un revolucionario; se definía como reformista social, y calificaba a Donoso de aristocratizante, de pedir la restauración de la propiedad feudal. Tampoco compartía el paralelo entre liberalismo y socialismo establecido por el extremeño. «El socialismo lleva por divisa la abolición de la propiedad; el liberalismo la extiende, la garantiza y la asegura. Por esto destruye las manos muertas y los mayorazgos que la absorben y monopolizan». Los males de la sociedad capitalista no podían ser paliados mediante el retorno a una sociedad patriarcal y teocrática, sino mediante la organización de bancos agrícolas, cajas de ahorro, obras públicas, juntas de beneficencia, hospicios, casas de caridad, educación, etcétera⁶⁷.

No menos virulenta fue la crítica de Juan Valera, para quien Donoso vomitaba en su obra «blasfemias contra la humanidad y contra los dones naturales que Dios la ha conferido».

Donoso Cortés renegaba de la humanidad entera, porque no aceptaba la soberanía de su inteligencia y el yugo de sus opiniones: negaba la inteligencia de los demás, porque no reconocían la infalibilidad de la suya; y para hacer santas y buenas sus opiniones, trataba de universalizarlos impía y torcidamente con la santa doctrina de la Iglesia.

En definitiva, del Ensayo se deducían tales consecuencias «que si no fuese el catolicismo divino, vendría a tierra y se hundiría para siempre con pocos defensores que tuviese como el marqués de Valdegamas»⁶⁸.

Sobrino de Alcalá Galiano, Juan Valera fue durante toda su vida un enemigo acérrimo de los extremismos «neocatólicos» y donosianos⁶⁹. Elitista, liberal y escéptico, Valera reunió en su obra las características esenciales del moderantismo español de la época: su gusto por el «justo medio», su eclecticismo, su aristocratismo, su temor a las masas. Como señaló Manuel Azaña, «el Dios sanguinario de Donoso Cortés le repugnaba; pero el Cristo demócrata no le repelía menos […]. No era católico creyente, ni siquiera cristiano; pero su atuvo públicamente a un catolicismo liberal, con criterio burgués ilustrado que sobrelleva la preocupación dominante en su país, tal como la historia lo fragua»⁷⁰.

El 3 de mayo de 1853 moría Juan Donoso Cortés en París, a la edad de cuarenta y cuatro años, pero su mensaje no sería olvidado fácilmente.

Las tormentas de 1848 y la aparición del socialismo suscitaron igualmente la preocupación de los sectores «puritanos» del moderantismo. A fines del 48, Nicomedes Pastor Díaz comenzó sus conferencias en el Ateneo madrileño sobre Los problemas del socialismo y fueron continuadas al año siguiente. El contenido de estas charlas demuestra lo artificial del pretendido «centrismo» —si es que la palabra tiene algún significado concreto— de los «puritanos». Estos podían tener discrepancias hondas a nivel político con los moderados autoritarios, pero sus alternativas sociales no diferían cualitativamente de las defendidas por Donoso y resultaban, en el fondo, más tímidas que las de Balmes.

Pastor Díaz conocía, como Donoso y Balmes, el socialismo en las formulaciones de Luis Blanc, Proudhon, Cabet o Robert Owen. A todas sus doctrinas las consideraba «iguales, porque todas serán al fin reaccionarias y antisociales». El socialismo era fruto de la «filosofía», de sus tendencias «materialistas y ateas», «individualistas y desorganizadoras». Pastor Díaz se declaraba «socialista» e «individualista» a un tiempo, pero en el sentido organicista de que la sociedad es natural al individuo, ya que, en definitiva, lo configura y determina:

Yo creo que, así como el individuo tiene un alma y una inteligencia, un destino y las facultades necesarias para cumplirse, así la sociedad tiene en sí misma y para sí misma un principio general que la vivifica, la conserva, la impele y la encamina hacia los fines que la Providencia le ha señalado.

En este sentido, la propiedad era connatural a la formación de la sociedad: «El hombre solo no tendría propiedad o se creería dueño de todo, o no sería dueño de nada». Llevado por su lógica providencialista, Pastor Díaz esgrimía, como Donoso, el catolicismo frente al socialismo. La armonía y cohesión social tenía que convertirse en «un sentimiento moral», y esto solo podría lograrse mediante el recurso a la religión, que la impone en las conciencias individuales: «La sociedad se gobierna por principios y sentimientos inmateriales, porque es una entidad eminentemente religiosa. La libertad del hombre solo puede modificarse por la ley de la sociedad, y la ley de la sociedad es la ley moral de Dios»⁷¹.

Entre sus oyentes se encontraba Antonio Cánovas del Castillo, que más tarde prologó el tomo IV de las obras de Pastor Díaz, donde se encuentra el texto de Los problemas del socialismo.

EL AUTORITARISMO BUROCRÁTICO DE BRAVO MURILLO

Los proyectos de Bravo Murillo

Junto a la crisis intelectual vendría la crisis política, que comenzó cuando Narváez fue sustituido en la presidencia del Gobierno por Juan Bravo Murillo, en enero de 1851. Fue el momento en que la extrema derecha isabelina estuvo a punto de dar, al socaire de los acontecimientos internacionales, el golpe de gracia al régimen constitucional.

Y es que para ciertos sectores cortesanos Narváez era excesivamente liberal. A ese respecto es conocida la anécdota del célebre «gabinete relámpago», presidido por el palatino conde de Clonard, bajo los auspicios de Sor Patrocinio, que quería, bajo la impresión de los sucesos de 1848, un Gobierno «exento del nefando liberalismo»⁷². Clonard tan solo duró un día, el 19 de octubre de 1849, al frente del nuevo Ejecutivo, ante la oposición de Narváez y de las autoridades civiles y militares.

La alternativa de Bravo Murillo fue mucho más seria. Nacido en Badajoz en 1803, Bravo Murillo fue el representante más reseñable de la tradición de la derecha española que hemos denominado «conservadurismo burocrático». De hecho, existió algo más que una mera afinidad entre los planteamientos de Balmes y Donoso y los de Bravo Murillo⁷³. Obsesionado —como sus maestros Cea y Burgos— por la urgencia de las reformas administrativas, Bravo Murillo era un enemigo encarnizado del parlamentarismo. Las discusiones parlamentarias, la política genéricamente entendida, eran la fuente de todos los males. Las pasiones políticas no contribuían «a plantear cuestiones, ni tampoco, por más que sea doloroso decirlo, a nada de lo que constituye y debe constituir la buena gobernación y la prosperidad del Estado». Particularmente graves eran las querellas entre facciones y partidos políticos, que «se niegan recíprocamente la buena fe».

La justificación más explícita de sus planteamientos políticos se encuentra en su opúsculo De la soberanía, donde curiosamente defiende la soberanía popular desde un punto de vista teórico, pero estima que por actos positivos no es realizable. El mismo sufragio universal no pasa de ser una ficción, pues de hecho tan solo son votantes, cuando más, los cuatro quintos de la población. El único origen de la soberanía es el asentimiento tácito de los pueblos: «El que dirige los negocios públicos, por lo tanto, tiene el asentimiento de la universalidad: es soberano por la transmisión que ese asentimiento envuelve; es soberano de derecho»⁷⁴.

Fracaso de los autoritarios y regreso de Espartero

Por otra parte, Bravo Murillo, como Balmes, era enemigo de la preponderancia militar y, de hecho, se le atribuye la frase: «Sin más insignias que este frac, ahorcaré generales con sus propias fajas»⁷⁵. Apoyado por María Cristina y el ala derecha de los moderados, el extremeño accedió al poder con un Gobierno compuesto por Arteta, Bertrán de Lis, González Romero, Fernández Negrete, el conde de Mirasol y Bustillo, un equipo ministerial pronto conocido como el «honrado concejo de la Mesta».

Al frente del Gobierno, Bravo Murillo realizó una importante labor en los ámbitos de la educación, las obras públicas y de reforma de la Administración: planes de enseñanza, arreglo de la deuda, institución del Ministerio de Fomento, planes de ferrocarriles y de puertos, continuación de las obras del Canal de Castilla, etc. Todo ello le valió —incluso a ojos de los más liberales— la fama de hombre eficaz e íntegro: «Menos austero de lo que parece, goza —señalaba Galdós—, no obstante, fama de honrado, y lo es. Su fortuna, según dicen, no pasa de moderada en el sentido general y ha podido ser millonario […]. En sociedad es afable, muy distante de la zalamería, en la Administración todo lo severo que puede ser aquí un ministro tratante en favor y credenciales»⁷⁶.

Además, el político extremeño llevó a cabo una de las reivindicaciones más trascendentales de los sectores conservadores y tradicionalistas, como era el Concordato con la Santa Sede, firmado el 16 de marzo de 1851, que implicó una clara interferencia en la soberanía del Estado español, pues tanto su autoridad como su capacidad legislativa quedaban coartadas por los derechos reconocidos a la Iglesia, que consiguió establecer una situación de doble soberanía. El Concordato de 1851 fue, en definitiva, una manifestación más de la debilidad del Estado español, incapaz de lograr un consenso social sin el apoyo de la institución religiosa.

En su texto se reconocía al catolicismo como única religión de la nación española. Los principios concordatarios se situaban por encima del propio orden constitucional y excluidos de cualquier revisión constituyente, e incluso, al final, se insertó un capítulo derogativo de todo derecho español que se le oponga «y el mismo Concordato —se decía— regirá para siempre como ley del Estado en los propios dominios».

Más importante aún era lo establecido en la enseñanza y en la censura efectiva. La instrucción universitaria, o en los colegios, seminarios, escuelas públicas y privadas de cualquier clase sería «en todo conforme a la doctrina de la misma religión, y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar por la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en su ejercicio de este cargo aún en las escuelas públicas»⁷⁷.

Donoso Cortés contempló el Concordato como «un excelente punto de partida para esa restauración, pero no es más que un punto de partida excelente; no otra cosa»⁷⁸.

Por otra parte, el período de gobierno de Bravo Murillo se caracterizó —como luego el de los no menos autoritarios Lersundi o Sartorius— por un constante falseamiento de las elecciones, la postergación del Parlamento y la hegemonía indiscutible del poder ejecutivo⁷⁹. Y es que Bravo Murillo, aprovechando la situación política europea abierta por el golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte, intentó, en diciembre de 1852, promulgar una reforma constitucional de acusado contenido contrarrevolucionario.

El texto era muy breve y no contemplaba los derechos ciudadanos, que pasaban a una ley orgánica. Su objetivo era «dejar más libre y expeditiva la autoridad real». Concedía al rey y a las Cortes, conjunta o separadamente, la iniciativa de proposición de leyes, y a ambos elementos en conjunto la posibilidad de hacerlas, aunque, en caso de urgencia, el monarca —y, en concreto, el Gobierno— podía gobernar por decreto. Mayor importancia y significación tenía el carácter que pretendía darse al Senado, que en el fondo era la pieza central de todo el proyecto. Sus miembros lo serían por derecho propio; unos por nobleza hereditaria, con vinculación inalienable de los bienes raíces, lo que suponía la restauración de los mayorazgos; otros por méritos en el ejercicio de las funciones públicas, como los dignatarios de la Iglesia, los militares o los magistrados, cuyo nombramiento correspondía al monarca.

El Congreso estaría compuesto por diputados representantes de los distritos de la nación, sin que pudiesen formar parte de los miembros de los organismos oficiales: militares, empleados del Estado, etc. El número de diputados se reducía a 171, y las discusiones serían a puerta cerrada⁸⁰.

El político extremeño buscó apoyos para su proyecto en la propia Isabel II, la Corte y la Iglesia. Pero desde el principio contó —y no era para menos— con la oposición de los sectores doctrinario y puritano del moderantismo, al igual que de los progresistas, de los militares y de un sector de la nobleza. El Partido Moderado hizo público un manifiesto, de forma concertada con el progresista, en el que se rechazaba el proyecto por «inoportuno», «innecesario» y «esencialmente contrario a todas las ideas recibidas hasta ahora sobre la índole de una monarquía templada y constitucional». Además, destacados líderes moderados, como Pidal, Borrego o el duque de Rivas, se pronunciaron en su contra⁸¹.

No obstante, el proyecto contó con el apoyo del ala derecha del moderantismo, es decir, de la mayoría de la nobleza —duques de Alba, Gor, Medinaceli y Conquista; marqueses de Miraflores, Viluma, etc.—, del sector más conservador del generalato —Pezuela, Roncali, Clonard, etc.—, y de políticos como Donoso, Mayans, Egaña o Tejada⁸². Parece ser que Bravo Murillo pensó en contrarrestar la oposición mediante un golpe de Estado acaudillado por Pezuela, capitán general de Madrid, pero fue desestimado al no contar con el apoyo de la reina⁸³.

Finalmente, Bravo Murillo hubo de dimitir, lo que supuso el final de su carrera política. Al enterarse de la caída de su paisano y amigo, Donoso estimó que Bravo Murillo había cometido errores por partida doble. De un lado, no haberse hecho con el apoyo efectivo de un general; de otro, no haber buscado la aquiescencia del «verdadero pueblo», refiriéndose, quizá, a los carlistas⁸⁴.

Tras la caída de Bravo Murillo se sucedieron una serie de Gobiernos de tendencia igualmente autoritaria, aunque de escasa duración, presididos primero por el general Roncali —conde de Alcoy—, al que sustituyó poco después otro general palatino, Francisco Lersundi, y a este, Luis Sartorius —conde de San Luis—, cuyo Gobierno fue llamado de «los polacos» por el sistema de favoritismos que le atribuían, especialmente en negocios vergonzosos, en los que se decía andaban mezclados el marqués de Salamanca, el ministro Esteban Collantes y el mismo conde de San Luis.

Las sospechas llegaron hasta la Corte y alcanzaron al rey consorte y a María Cristina. El Gobierno, derrotado en el Senado con motivo de la Ley de Ferrocarriles, disolvió las Cortes y desterró a los generales O’Donnell, Concha, Armero, Serrano, Manzano y Zavala; sometió a rigurosa censura a la prensa, y clausuró el Ateneo. Secundado por los generales Dulce, Ros de Olano y Echagüe, O’Donnell se puso al frente de tres regimientos de caballería y un batallón, que se encontraron con las fuerzas gubernamentales en el puente de Vicálvaro, y después de un combate indeciso se retiraron a Aranjuez. Redactado por Cánovas del Castillo, se publicó en Manzanares, el 7 de julio, un manifiesto donde se llamaba a la unión con los progresistas y se decía: «Queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que lo deshonra». También se prometía mejorar las leyes fundamentales, rebajar los impuestos, descentralizar la Administración y reformar la Milicia Nacional⁸⁵. De este programa nacería una nueva tendencia política dentro de la derecha española: la «Unión Liberal».

En las calles de Madrid hubo sangrientas luchas durante tres días, por lo que la reina aceptó la dimisión de San Luis y se decidió a llamar a Espartero, quien entró triunfalmente en Madrid el 28 de julio. De este modo acababa la década moderada⁸⁶.

UNIONISTAS Y NEOCATÓLICOS: O’DONNELL VS NOCEDAL

1854 y el desafío krausista

Así, lo que en un primer momento se configuró como una insurrección conservadora —en una nueva pugna entre los moderados— acabó, con la difusión del «manifiesto de Manzanares», en una revolución política. Espartero confió la cartera de Guerra a O’Donnell, pronto líder de la Unión Liberal, y convocó Cortes Constituyentes, que elaboraron una nueva Constitución, la de 1855, que no llegó a promulgarse. A pesar de ello, por primera vez se discutió en el Parlamento español sobre temas como la libertad religiosa, el sufragio universal y los derechos sociales. Especialmente virulentas fueron las discusiones sobre la unidad católica, la tolerancia de cultos y la libertad religiosa. A ese respecto se desarrolló una larga y apasionada controversia sobre la Historia de España y su relación con el catolicismo. Los más liberales y los demócratas juzgaron la influencia católica negativamente, por entender que había llevado a la intolerancia religiosa, que, a su vez, trajo consigo los peores daños: Inquisición, expulsión de judíos y moriscos, guerras de religión, etc. En contra, los conservadores identificaron la grandeza e incluso la identidad española con el catolicismo⁸⁷.

La novedad del nonnato proyecto constitucional fue el carácter absoluto que recibió el concepto de soberanía nacional y el tratamiento del tema religioso, limitándose a establecer que el Estado sufragaría el culto y al clero, al tiempo que se establecía, por vez primera, la tolerancia religiosa. Y se suprimió la intervención del monarca en el nombramiento de los senadores⁸⁸.

Al mismo tiempo, a lo largo del bienio progresista se decretaron algunas medidas de claro sesgo anticlerical, como la deportación de jesuitas, la prohibición de procesiones, el cierre del Tribunal de la Rota, el destierro de algunos obispos y, sobre todo, la promulgación de nuevas leyes desamortizadoras propugnadas por el progresista Pascual Madoz⁸⁹, a las que en un primer momento la reina Isabel se negó a sancionar por escrúpulos de conciencia.

Pero el Gobierno esparterista pronto se vio desbordado por los movimientos democráticos y populares urbanos organizados en torno a la Milicia Nacional. El debate sobre la regulación de este cuerpo en julio de 1856 dio al traste con el Gobierno progresista. El mismo general que había abierto —con la «Vicalvarada»— el bienio progresista acababa con él. Sin embargo, O’Donnell y los sectores políticos unionistas no parecían dispuestos a volver al moderantismo anterior a 1854, así que se introdujo un acta adicional a la Constitución de 1845 que, redactada por Pastor Díaz, contenía algunas propuestas progresistas en cuanto a derechos individuales, jurado por delitos de imprenta, ampliación del sistema representativo, duración de las Cortes y restricción de la Corona⁹⁰.

En octubre, Narváez se hizo de nuevo con la situación. Derogó el acta y restableció los elementos definidores y los métodos del moderantismo «doctrinario».

Por aquellos años había surgido, a nivel intelectual, un nuevo foco de tensión. Se trata de la aparición del krausismo como grupo intelectual definido. La gestación del krausismo español se encuentra vinculada a la contienda ideológica entre progresistas y moderados y surge del intento de superación de la indudable inferioridad intelectual del progresismo. Para ello, el jurista Pedro Gómez de la Serna, que ocupó de mayo a noviembre de 1843 la cartera de Gobernación con Espartero, refrendó un decreto por el que se nombró a Julián Sanz del Río profesor interino de Historia de la Filosofía en la Universidad Central. El decreto puso como condición expresa para el ejercicio de la nueva función que Sanz del Río pasara dos años en Alemania para perfeccionar los estudios sobre filosofía alemana. Sanz del Río redujo esta filosofía a una sola: la krausista. El resto de las escuelas, particularmente la hegeliana, le fueron ajenas.

El krausismo era una filosofía elaborada por Carl Cristian Federico Krause (1781-1832), que, en resumen, resulta ser una síntesis especulativa de teísmo y panteísmo. El Universo está contenido en Dios, el mundo viene a ser una manifestación de Dios, y el mundo, dividido en naturaleza y espíritu, es una síntesis de ambos⁹¹. Esta doctrina, que apenas tuvo eco en Alemania, sí que lo tuvo en Bélgica, lo que facilitó su llegada a España, al ser igualmente vertida al francés, lengua más accesible a los españoles que el alemán.

No era ni mucho menos una filosofía de carácter revolucionario. Como señala Gonzalo Fernández de la Mora, era una filosofía «antimaterialista, antipositivista, casi mística, contrarrevolucionaria y burguesa, que en otros países estuvo asociada a posiciones públicas moderadas, aunque laicas […]. Pero en la entonces confesional España la heterodoxia de los krausistas les impulsó a vincularse a los movimientos republicanos y revolucionarios, cuya arma principal de lucha era el sufragio universal inorgánico con el que la nueva clase media aspiraba a sustituir a la nobleza, atrincherada en la representación estamental, y a la alta burguesía, defensora del sufragio censitario»⁹².

Sanz del Río debió encontrar en el krausismo una doctrina conciliadora y armónica, apta para secularizar y liberalizar paulatinamente una sociedad como la española, de tradición eclesiástica y escolástica. Sanz del Río no fue un pensador original, ni pretendió serlo; se limitó a traducir lo más fielmente posible la obra de Krause y, por consiguiente, no hay aportación original alguna en su obra⁹³.

Más interesante es la concepción de la sociedad defendida por los krausistas, próxima, al menos en algunos aspectos, a la de los católicos y tradicionalistas. En oposición al atomismo liberal, los krausistas elaboraron, a partir sobre todo de la obra de uno de los discípulos del maestro, Heinrich Ahrens, una doctrina en la que la sociedad aparece como un todo orgánico, en la que existen armónicamente, a la manera del cuerpo humano, cabeza y miembros, órganos y funciones. Es claro que, desde esta perspectiva, todo conflicto social —no digamos una revolución— se considera una situación patológica, una enfermedad que intenta ejercer funciones diversas a las que les corresponde y que acaba desbaratando la armonía del conjunto social⁹⁴. No en vano, esta teoría social fue acusada por los socialistas españoles de burguesa y contrarrevolucionaria⁹⁵.

En este sentido, Sanz del Río, en particular, y luego los krausistas, en general, no eran solo pensadores abstractos, sino que su dimensión política estaba clara. El krausismo se convirtió en una filosofía destinada a ganar en el ámbito español una muy definida batalla contra el positivismo y, sobre todo, contra la escolástica y el tradicionalismo. No es de extrañar la rápida y, en ocasiones, feroz réplica de los representantes de estas tendencias. El primer crítico español de Krause fue Balmes. Para el filósofo vicense, el krausismo seguía los derroteros marcados por el idealismo alemán, que era «un conjunto de hipótesis sin fundamento alguno en la realidad». El krausismo concluía en un panteísmo negador de la religión revelada y de toda metafísica⁹⁶.

Neocatolicismo y neocarlismo: Nocedal y Aparisi

Pero la ofensiva antikrausista se hizo más patente cuando Sanz del Río y sus discípulos —Francisco de Paula Canalejas, Salmerón, Giner de los Ríos, Castro, etc.— comenzaron a publicar sus escritos a partir de 1857.

Frente a estos retos surgieron, en el campo tradicional y conservador, una serie de escritores, instalados principalmente en Madrid, que en cierto modo continuaron la obra de Balmes y Donoso, aunque el contenido de su obra fuera mucho más pobre. No era originales; su labor se reducía a organizar un frente polémico de discursos, periódicos, libros de texto, etc. Del crítico año 1854 data el nombre de «neocatolicismo» para designarlos⁹⁷.

Los «neos» formaban un equipo que tenía órganos de expresión propios: El Padre Cobos, La Cruz, La Estrella, La Regeneración, y, a partir de 1860, El Pensamiento Español. Apologética y política se unían en ellos estrechamente, en cierto paralelismo y oposición con los krausistas y demócratas como Castelar, cuyo crecimiento data de estos mismos años. Su acción se extendía, sobre todo, al Parlamento y a la prensa, y algo menos a la universidad. En el Parlamento están representados, sobre todo, por Cándido Nocedal y Antonio Aparisi y Guijarro; en la prensa, por Gabino Tejado, Eduardo González Pedroso y Navarro Villoslada, y en la universidad, por Ortí y Lara. De hecho, el «neocatolicismo» se configuró, en sus inicios, como la extrema derecha del partido moderado. A pesar de su declarado antiliberalismo, se definieron como fieles súbditos de Isabel II, de su monarquía y del régimen social y económico.

Nacido en La Coruña en marzo de 1821, Cándido Nocedal y Rodríguez de la Flor había sido en su juventud progresista e incondicional partidario de Espartero, aunque pronto evolucionó hacia la derecha. Admirador de Jovellanos, prologó las obras del polígrafo asturiano. Para Nocedal, Jovellanos era «aquel ilustre varón, uno de los más insignes que han florecido en España». Y su interpretación de la obra de este era católica y tradicional⁹⁸. En las Cortes de 1854, su fama aumentó considerablemente, consiguiendo grandes éxitos parlamentarios en defensa de la unidad católica: «La nación española, que solo es conocida en la Europa por su unidad religiosa y por ella respetada, dejaría de serlo si los españoles no tuvieran todos la misma religión, la católica, que es sin duda la fracción característica, el rasgo más pronunciado de la fisonomía española, como ha sido siempre»⁹⁹. Y también en oposición al principio de soberanía nacional, a la que identificó con el «derecho de insurrección»¹⁰⁰.

Disueltas por O’Donnell las Cortes Constituyentes y finalizado el bienio progresista, Nocedal entró a formar parte del Gobierno presidido por Narváez, ocupando la cartera de Gobernación. Como ministro derogó el acta de septiembre de 1856, pero su proyecto más importante fue el de la Ley de Imprenta, por la que se exigía para la publicación de cualquier periódico político un depósito de mil quinientas pesetas, un editor responsable, contribuyente y con casa abierta, y se ejercía, además, la previa censura. Posteriormente se mostró defensor ferviente de la senaduría hereditaria y del papel políticamente activo de la nobleza.

Este Gobierno tuvo un perfil más positivo en la figura de Claudio Moyano y Samaniego, que, al frente del Ministerio de Fomento, logró promover la Ley de Instrucción Pública en septiembre de 1857. La nueva norma estableció la enseñanza primaria obligatoria desde los seis hasta los nueve años; la apertura de institutos de bachillerato y escuelas normales en cada capital de provincia, además de permitir la enseñanza privada de los colegios religiosos, y la enseñanza superior en la universidad a cargo del Estado¹⁰¹.

Junto a Cándido Nocedal pronto destacó en el hemiciclo parlamentario la figura de Antonio Aparisi y Guijarro¹⁰². Nacido en Valencia en 1815, Aparisi, famoso abogado de humilde origen, había colaborado en diversas publicaciones conservadoras y tradicionalistas, como La Restauración y La Estrella —subvencionada esta por algunos moderados, como Alejandro Mon¹⁰³—, donde criticó la desamortización de Madoz, el parlamentarismo y la civilización liberal, y abogó por la unión dinástica. Diputado desde 1858, sus intervenciones parlamentarias tuvieron por objeto nuevamente la crítica a la desamortización de Madoz, la ley de quintas y de las prácticas caciquiles de los partidos liberales. En una semblanza necrológica, su primo Emilio Castelar le describió como un hombre «sin ningún comercio con la realidad de los hechos»¹⁰⁴.

Pero se equivocaba. Aparisi no fue, desde luego, un experto en Derecho Político ni un pensador riguroso, pero sí un implacable diseccionador, no pocas veces lúcido y agudo, de muchas de las parcelas de la vida política española. En sus análisis siempre estuvo apegado a los hechos, a la estructura social y sus contradicciones: «[…] la cuestión política se enlaza estrechamente con la economía»¹⁰⁵, afirmaba.

Su crítica al liberalismo no se ciñó exclusivamente a factores ideológicos o religiosos, sino que incidió igualmente en cuestiones de carácter social. Por debajo de sus pretensiones igualitarias y universalistas, el liberalismo escondía los intereses de la burguesía y de las clases propietarias, como era palpable en el contenido que se había dado a la legislación desamortizadora, al enajenar los bienes del común y de la Iglesia en exclusivo beneficio de los ricos. Aquellas medidas despojaban a la sociedad española de sus reservas morales, preparando la formación de un proletariado abierto a planteamientos de carácter revolucionario: «Recordad que habéis dicho a la multitud que era soberana, y que os habéis olvidado de los pobres, y habéis hecho la revolución en provecho y para enriquecer una parte de la clase media, para enriquecer a unos pocos»¹⁰⁶.

Su crítica se extendía a la nobleza por su apoyo a la causa liberal. A cambio de mantener incólume su situación económica privilegiada, había pagado el precio de la destrucción de su coherencia estamental. No obstante, Aparisi se autodefinía como defensor de la «Grandeza» y del conjunto de la nobleza, a la que hizo repetidas llamadas para que diese su apoyo a las fuerzas políticas antiliberales, necesitadas de su prestigio social y de su ayuda económica: «Yo digo a los Grandes. Cuando peleaban contra los moros, vuestros padres peleaban en primera fila. Ahora se pelea contra la revolución; venid si sois sus hijos y colocaos al frente nuestro, o al menos a nuestro lado»¹⁰⁷.

El valenciano era un experto en la agitación de los medios de la derecha conservadora y en resaltar las contradicciones de su ideología y práctica política. En este sentido, particularmente grave era la aparición de un nuevo partido, el demócrata, cuyas reivindicaciones sobrepasaban con creces el horizonte ideológico liberal: «Oíd, señores, oíd los pasos de la democracia que se acerca; viene pidiendo sufragio universal; y atendidos vuestros principios tiene razón la democracia». Separar el liberalismo de la democracia —como hacían los moderados— no era un criterio de realismo político. Liberalismo, democracia y socialismo, eran, ideológicamente, manifestaciones de un mismo proceso de secularización social y político. La democracia, en el fondo, era la antesala de la revolución socialista:

Todo lo que tienda a fomentar el desenfrenado apego a los bienes materiales, a apagar o entibiar en los pueblos el sentimiento religioso, consuelo principal y único a veces, de los padecimientos humanos, todo ello engendra el socialismo, porque es bastante lógico que los que se imaginan reyes, y se ven de otra desheredados del cielo, procuren pasarlo bien en la tierra¹⁰⁸.

Ello enlazaba con su crítica, no exenta de lucidez, al sistema liberal español y sus prácticas políticas cotidianas. La falsedad del sistema parlamentario era global y se reflejaba en todas las esferas institucionales: en la ley de las mayorías, en la permanente falsificación de las elecciones, en las arbitrariedades caciquiles, en las luchas políticas dentro de las diputaciones y ayuntamientos, despojando a las corporaciones de auténtica libertad y de toda posibilidad de funcionamiento autónomo, y en la centralización administrativa «exagerada y absurda». Todo esto conducía, a su entender, a la alternativa extrema entre la revolución en ciernes y la contrarrevolución. El porvenir de España era «la anarquía o la dictadura»¹⁰⁹. Así, llegaría a hacerse célebre su apocalíptica requisitoria a Isabel II, en la que predecía, citando un pasaje de Shakespeare, su caída a manos de la revolución: «Adiós, mujer de York, reina de los tristes destinos»¹¹⁰.

Igualmente, destaca entre los «neocatólicos» la figura de Gabino Tejado. Nacido en Badajoz en 1819, fue discípulo directo y amigo de Donoso Cortés, siendo el único alumno de su cátedra de Estética y Literatura del Colegio de Cáceres. Desde entonces, se entabló entre ambos una amistad que solo finalizaría con la muerte del autor del Ensayo. Fue Tejado quien compiló la primera edición de las obras de Donoso. Tejado tuvo una actividad dispersa como periodista y traductor de Manzoni, y en empresas editoriales.

Tradicionalista decidido en un principio, evolucionó posteriormente hacia el tomismo y tradujo las obras de Taparelli y Prisco¹¹¹. No se trata de un pensador original; en lo fundamental sigue a Donoso, lo que es fácilmente perceptible en sus críticas al catolicismo liberal. El católico liberal es «el prudente», el «hombre de su siglo», el ecléctico incapaz de sostener afirmaciones claras, rotundas y tajantes; en definitiva, de defender la verdad con todas sus consecuencias. Por supuesto, la única solución a todos los problemas era el retorno a las viejas certezas de la teología política católica¹¹².

El antikrausista por excelencia del grupo «neo» fue el filósofo católico Juan Manuel Ortí y Lara¹¹³. Nacido en Marmolejo en 1826, tres influencias determinaron su trayectoria intelectual: la pertenencia a una familia absolutamente tradicional en sus ideas religiosas y políticas, las asiduas lecturas de Bonald y Balmes, y su vinculación al sacerdote granadino José Escolano Fenoy, futuro obispo de Jaén¹¹⁴. Catedrático de Metafísica en Madrid, Ortí combatió sin tregua a los krausistas y al demócrata Castelar en obras como Sofistería democrática, Krause y sus discípulos convictos de panteísmo o Lecciones sobre el sistema de filosofía panteísta del alemán Krause. Siguiendo la crítica balmesiana, Ortí veía en el krausismo una filosofía panteísta, cuyas consecuencias prácticas conducían a la secularización de la sociedad, «el veneno de la impiedad y de la licencia»¹¹⁵.

Bajo la Unión Liberal

Ortí no fue el único crítico del krausismo, aunque sí seguramente el más persistente y militante. Igualmente adversos al «racionalismo armónico» se mostraron, aunque desde distintas perspectivas, Juan Valera, Campoamor, Pidal y Mon o Aparisi¹¹⁶.

Pero aquellos años fueron también los de la hegemonía de la Unión Liberal en la política española. Como ya sabemos, este nuevo partido tenía su origen en el sector «puritano» del moderantismo, deseoso de romper con la trayectoria política iniciada por Narváez en 1845 y lograr un consenso con los progresistas. Su núcleo originario se formó durante el bienio progresista, logrando organizar un grupo parlamentario integrado por conservadores «puritanos», progresistas «templados» y jóvenes liberales que, como Cánovas del Castillo, se incorporaron entonces a la vida política. El general O’Donnell se configuró pronto como su máximo dirigente, y, a su lado, contó con la colaboración de José Posada Herrera y Antonio Ríos Rosas. El primero fue un abogado de éxito, antiguo progresista, conocido como «el Gran Elector» por su habilidad en las prácticas caciquiles, mientras que el segundo había militado en el moderantismo para pasar, en 1848, por su disconformidad con Narváez, al grupo «puritano».

El nuevo partido pretendió configurarse como un «centro» entre los dos grandes partidos históricos; de ahí su inanidad ideológica. Y, en no escasa medida, su militancia se nutrió de buen número de arribistas dispuestos a promocionarse rápidamente, a los que se apellidó los «resellados». Nunca formó un grupo político homogéneo. Su sector más conservador estuvo integrado por antiguos «puritanos», como Pastor Díaz, el marqués de la Vega de Armijo, el general Serrano, Concha, Ros de Olano, Tassara, Bermúdez de Castro, etc., mientras que el ala progresista estaba compuesta por Evaristo San Miguel, Rivero, Moreno Nieto o el marqués de Perales. En su base social destacaban las élites altoburguesas: Collado, López Robert, Arnús, Loring, Güell o Sevillano, pero tampoco faltaban militares, como los mencionados Serrano, Concha o Ros de Olano, junto a Prim, Topete, Dulce, Infante, Hoyos y San Miguel. Igualmente relevante fue la presencia de un sector de la nobleza —Vega Armijo, Perales, Sesto, Tubuérniga, Cortés de Payás, Santa Marta— y de abogados, funcionarios y profesionales, como Alonso Martínez Posada, Coello o Cánovas.

Sus principios programáticos se caracterizaban por su eclecticismo, ya que pretendía ser un partido liberal-conservador. «Somos conservadores —dirá Posada Herrera— porque somos hombres de orden, pero somos liberales porque no solamente aceptamos las conquistas de la revolución, sino que las hemos deseado toda la vida». En este sentido, propugnaba un cambio gradual, cuyo punto de partida era la legalidad constitucional de 1845, modificada en un sentido más liberal en los relativo a las prerrogativas del monarca y del Parlamento, las libertades y el fomento de los intereses materiales¹¹⁷.

La Unión Liberal no contó en sus filas con grandes figuras de la cultura. Una excepción, aunque relativa, fue la del filósofo José Moreno Nieto, defensor de un espiritualismo conciliador de religión y liberalismo. Este espiritualismo, coincidente con el cristianismo, se opone por igual al panteísmo y al materialismo. Arranca de la afirmación de una inteligencia infinita y concibe el mundo como un plan que se realiza. En política, el espiritualismo postula el liberalismo, que permite el libre desarrollo individual y, a la larga, el perfeccionamiento de la sociedad, y excluye la «democracia liberal» —denominación que designa la república democrática— y el socialismo¹¹⁸.

Bajo el liderazgo de O’Donnell, la Unión Liberal ocupó el poder durante casi cinco años, etapa que tuvo como característica un notable desarrollo económico y grandes obras públicas —construcción de ferrocarriles y transformación de puertos— y, sobre todo, una política exterior activa. O’Donnell, para distraer a la sociedad española de otros asuntos interiores, encontró en 1858 el derivativo espectacular de la guerra de África y luego de las expediciones a la Conchinchina, la anexión de Santo Domingo, la intervención en México o la guerra del Pacífico, para hallar un motivo de halago al alicorto nacionalismo español y atraer la atención pública. Unas empresas bélicas que produjeron victorias, aunque luego quedaron estrelladas ante los intereses de Inglaterra y Francia. Según José María Jover, «la política de expediciones militares no responde a ningún proyecto de expansión territorial de la monarquía que hiciera necesaria la alteración del statu quo […]. Estamos ante unas acciones militares cuya doble motivación salta a la vista: un incremento del prestigio exterior y, principalmente, un intento —logrado— de liberar y compensar tensiones de orden interno»¹¹⁹.

Mientras tanto, el carlismo, tras la guerra de los matiners de los años cuarenta, hizo acto de presencia nuevamente en abril de 1860, cuando el conde de Montemolín inició un levantamiento armado dirigido militarmente por el general José Ortega, capitán general de Baleares, con el desembarco en San Carlos de la Rápita. El resultado fue catastrófico para el pretendiente, pues fue detenido y hubo de renunciar a cualquier derecho sobre la Corona. La intentona fue acogida, además, muy negativamente por el grueso de la opinión pública, al encontrarse el Ejército en la guerra de Marruecos.

Favorecido por la amnistía general concedida por O’Donnell, Montemolín falleció unos meses después. Durante su mandato, el carlismo había evolucionado en algunos de sus principios y en la orientación, todo ello a nivel de la élite dirigente, pero no logró articular una doctrina precisa y coherente. Bajo la inspiración balmesiana, los documentos del pretendiente intentaron una aproximación a las bases sociales del Estado isabelino. Y, de hecho, el rey consorte Francisco de Asís propuso, en pleno bienio progresista, a Montemolín el Gobierno de la nación, bajo el nombre de Carlos VI, mediante el matrimonio de la infanta Isabel con su hijo mayor¹²⁰.

El principal ideólogo carlista en aquellos momentos fue Pedro de la Hoz de la Torre, director de La Esperanza, órgano principal de la causa legitimista¹²¹. Su máxima aportación fue la teoría de las dos legitimidades, recogida luego por la princesa de Beira, viuda de Carlos V. La muerte del conde de Montemolín produjo una profunda crisis en el seno del legitimismo español, y la extraña proclividad liberal de su heredero, don Juan, erigió en guardiana de la ortodoxia a la princesa de Beira, cuya Carta a los españoles, publicada en 1864 y redactada por el obispo Caixal y por Pedro de la Hoz, insistió en la oposición tajante a los principios de la Ilustración y del liberalismo, la defensa intransigente del catolicismo y de una monarquía de derecho divino, limitada por las Leyes Fundamentales del Reino.

La Carta definía como elemento axial de la monarquía la teoría de las dos legitimidades, la de origen y la de ejercicio. Era la respuesta ortodoxa a la defección de don Juan. La legitimidad de origen no quería decir legalidad. Legalidad y legitimidad debían coincidir, pero, a veces, lo legal, por ser injusto, no era legítimo. La legitimidad de ejercicio suponía fidelidad a las exigencias institucionales, la lealtad a todo lo que esencialmente suponía la legitimidad de origen, de tal modo que, si la legitimidad de ejercicio fallaba, se borraba y desaparecía la legitimidad de origen¹²².

Cuestiones pontificias

Por otra parte, uno de los problemas que dominaron la actividad política del período unionista fue el de la unidad de Italia. Bajo el problema del reconocimiento diplomático del Estado italiano lo que se dilucidaba era la crisis definitiva del sistema de orden que imperaba en Europa desde el Congreso de Viena, así como la emergencia de un nuevo sistema internacional basado en el derecho de las naciones y no de los soberanos. La negativa de Pío IX condicionó, como es sabido, todo el proceso. Y las fuerzas políticas españolas tomaron posiciones ante la cuestión. Los Gobiernos moderados mantuvieron la defensa del poder temporal del Papa y orientaron en ese sentido, que también era el de la propia Isabel II, su actividad diplomática¹²³.

Pero, finalmente, el Gobierno de O’Donnell, no solo para mejorar las relaciones con otras naciones, sino para atraerse a los progresistas de su retraimiento, reconoció al reino de Italia como un hecho irreversible. La reacción de los católicos no se hizo esperar. Pero la gran crisis de conciencia sobrevino cuando Narváez ratificó el reconocimiento del nuevo Estado italiano y se produjo una escisión en el Partido Moderado. Aparisi y, sobre todo, Nocedal protestaron. El segundo abandonó todo compromiso con sus correligionarios moderados, pasándose a los bancos de la oposición, y renunció a la Gran Cruz de Carlos III que le habían otorgado, rechazando, además, la presidencia del Consejo y la embajada en Roma que le ofrecieron. Otros opositores fueron Arrazola, Miraflores, Mon y Tejada.

Los miembros de la Unión Liberal eran partidarios de la unidad italiana, pero querían igualmente mantener la independencia temporal del Papado como garantía de autonomía en el ejercicio de su soberanía espiritual. Tal fue la tesis defendida por Pastor Díaz: «Un Pontificado independiente en una Italia independiente»¹²⁴.

Los neocatólicos —como su jefe, Nocedal— defendieron a ultranza —y lo mismo hicieron los carlistas— al Papado y se declararon contrarios al nuevo Estado liberal que allí surgía, al que se referían peyorativamente como «el llamado reino de Italia». La oposición al reconocimiento puso sus esperanzas en la resistencia episcopal, que reunió firmas y promovió una gran presión en la opinión pública¹²⁵.

Estas actitudes de algunos grupos de la derecha —y de la extrema derecha— ponían de relieve el temor de los sectores tradicionales ante las posibilidades transformadoras de la idea de nación, un concepto que obligaba a unas remodelaciones de poder que estos, al menos en aquellos momentos, no podían aceptar. «Altar y Trono» seguía siendo un programa más seguro que «Estado y nación».

Atacado por progresistas y demócratas y mal sostenido por los moderados, que nunca le perdonaron el golpe de 1854, O’Donnell cayó en mayo de 1863. En los cinco años siguientes se sucedieron varios Gobiernos, en su mayoría moderados, en cuya gestación tuvieron influencia las camarillas palaciegas y sus miembros más conspicuos, como el favorito de la reina Carlos Marfori, Sor Patrocinio y los padres Cirilo de la Alameda y Claret. En este proceso involutivo tuvo una importancia decisiva el endurecimiento doctrinal de la Iglesia católica, y es que en diciembre de 1864 se hicieron públicos el Syllabus y la Quanta Cura, de Pío IX, en los que se condenaba taxativamente todo el proyecto de la modernidad: liberalismo, socialismo, democracia, panteísmo, naturalismo, librepensamiento, regalismo y nacionalismo. Como es lógico, el contenido de ambos documentos pontificios fue muy bien recibido por los sectores católicos tradicionalistas¹²⁶.

En ese sentido, los neocatólicos —en particular su principal órgano de expresión, El Pensamiento Español— habían iniciado una auténtica ofensiva en contra de los catedráticos krausistas y los llamados «demócratas de cátedra». Especialmente ruidosa fue la serie de artículos que, bajo el título general de «Textos vivos», retrató con sus nombres e historiales a los profesores que divulgaban las doctrinas krausistas, los «Textos muertos». La campaña llegó a su apogeo en 1865. Gabino Tejado clamó contra «esas doctrinas de perdición» y Navarro Villoslada no solo acusó a los krausistas de ateos, sino de antinacionales, dado que en España la identidad nacional y el catolicismo eran sinónimos. Por ello se instaba al Gobierno a expulsar de la universidad a los heterodoxos: «La razón es muy sencilla: conforme a la ley, la universidad debe ser católica, como la nación que la paga y que la sufre; en una universidad católica (de derecho) no puede enseñarse el krausismo, doctrina perversa en todas partes, doctrina impía o relacionada con los errores del ateísmo»¹²⁷.

La dilatada campaña, que mereció la felicitación del propio Pío IX, fue un éxito. La Encíclica Quanta Cura y el Syllabus se publicaron en la Gaceta el 9 de marzo de 1865, y El Ideal de Humanidad de Sanz del Río se incluyó en el Índice de Libros Prohibidos en septiembre de aquel mismo año. Además, Narváez, aupado una vez más al poder, fue asequible a las demandas neocatólicas. En octubre de 1864 se dio a conocer que el Gobierno moderado prohibía que los catedráticos expresaran ideas contrarias al Concordato o a la monarquía, en la universidad o fuera de ella. Alcalá Galiano defendió aquella orden en el Senado, alegando el desconcierto que, a su juicio, reinaba en la sociedad española¹²⁸.

Emilio Castelar publicó una declaración en la que se oponía a tales limitaciones a la libertad de opinión y de cátedra, y forzó a la opinión pública a tomar partido. Su famoso artículo «El rasgo», donde acusaba a Isabel II de corrupción económica, inició el desenlace de todo el enfrentamiento contra el Gobierno. Se pidió la expulsión de Castelar, y dado que el rector de la universidad, Juan Manuel Montalbán, se negó a hacerlo, fue destituido, nombrando al marqués de Zafra en su lugar. Los estudiantes se citaron en la noche de San Daniel para homenajear a Montalbán. El ministro de Gobernación, González Bravo, permitió la concentración en un principio, pero al final cambió de planes y la prohibió. A pesar de ello, los estudiantes acudieron a la casa del exrector, y se lanzó a la fuerza pública contra los muchachos. Uno de los estudiantes murió en la refriega y hubo varios detenidos¹²⁹. Asustado por el alcance de la represión, Alcalá Galiano se desplomó en plena reunión del Consejo de Ministros la mañana del 11 de abril de 1865. Triste final para uno de los padres del conservadurismo liberal español.

La reina, temerosa de que los expeditivos procedimientos de Narváez hicieran estallar una revolución, provocó la dimisión del Gobierno. Nuevamente, ocupó el poder O’Donnell, y en su año de gobierno tuvo lugar la guerra del Pacífico, la rebelión de Prim en Villarejo de Salvanés, y la de los sargentos del cuartel de San Gil, que se saldó con un centenar de muertos. En agosto se firmó el llamado pacto de Ostende entre las fuerzas contrarias a Isabel II, progresistas, unionistas, demócratas. Poco después, cayó O’Donnell; Narváez fue llamado de nuevo al Gobierno y se mantuvo en él hasta su muerte, en abril de 1868.

Durante el nuevo período, la ofensiva antikrausista se reanudó mediante un nuevo decreto, obra del marqués de Orovio, en cuyo artículo 43 se establecía la expulsión de la universidad de aquellos que impartiesen doctrinas anticatólicas y antimonárquicas. Fueron separados de la cátedra Sanz del Río, Fernando de Castro, Nicolás Salmerón y Francisco Giner¹³⁰.

Muertos Narváez y O’Donnell, el régimen isabelino se quedaba sin apoyos sociales y políticos. El unionista Cánovas del Castillo denunció la política represiva de los Gobiernos de Narváez y González Bravo, cuyas actuaciones se encontraban en las antípodas de «la opinión que sustenta la escuela constitucional y parlamentaria»¹³¹. Fue desterrado. González Bravo inició una dictadura civil y desterró a varios generales: Serrano, Dulce, Zavala, Córdoba y Caballero de Rodas. Unionistas, progresistas, demócratas y militares se coaligaron contra el régimen, a lo que se sumó la precaria situación económica, provocada por las sucesivas crisis financieras, industrial y agraria.

Finalmente, el 18 de septiembre de 1868 tuvo lugar el pronunciamiento militar. Al día siguiente dimitió González Bravo. Su sucesor, el marqués de la Habana, pronto se vio desbordado por los acontecimientos. El 28 de septiembre la suerte de la reina quedó sellada en la batalla de Alcolea. La derrota del marqués de Novaliches dejó el camino expedito de los rebeldes hacia Madrid.

7

EL INTERREGNO DEMOCRÁTICO

LA SEPTEMBRINA

Planteado inicialmente como un golpe de Estado de amplios sectores de la élite dirigente, descontentos con la estrecha gestión de camarilla de los últimos Gobiernos moderados, el movimiento de septiembre rebasó sus primeros propósitos meramente reformistas, al verse obligado a contar con el apoyo de los sectores populares de las ciudades, cuyas demandas superaban, en muchos casos, las consignas políticas de profundización del liberalismo para entrar en el terreno de las demandas sociales. Por de pronto, el movimiento derrocó a Isabel II y acabó con el sistema político del moderantismo clásico. En el fondo, se estaba ante una experiencia inédita no solo en España, sino en la mayoría de las sociedades europeas. Al menos, en la esfera político-simbólica tuvieron lugar cambios cualitativos, si bien pronto estuvieron claros sus límites ante la realidad de una sociedad profundamente atrasada. De hecho, la continuidad de las élites fue la característica más llamativa del período¹.

Pero el Gobierno provisional, anticipándose a la mayoría de las naciones europeas, decretó la implantación del sufragio universal masculino. No obstante, mucho más transcendentes fueron las innovaciones religiosas: se instauró la libertad de cultos y poco después se disolvió la Compañía de Jesús, expulsándose a sus miembros e incautándose sus bienes. Se decretó la extinción de los conventos y de las casas religiosas, e incluso se derogó el fuero eclesiástico. Estos ataques a la Iglesia fueron, a la larga, uno de los grandes condicionantes del período².

El triunfo del liberalismo democrático

El régimen político nacido de la Septembrina se configuró de acuerdo con las líneas doctrinales del liberalismo radical y de la democracia. Y, desde sus primeros momentos, estuvo influido en su plan de reformas por los intelectuales krausistas y «demócratas de cátedra», pronto reinstalados en sus puestos universitarios tras la revolución³.

La Constitución de 1869 fue la primera constitución auténticamente democrática de nuestra historia. No obstante, la derecha, en sus diversas variantes, apenas tuvo participación en las Constituyentes; solo puede considerarse como tales a los tradicionalistas y a los conservadores liberales de Cánovas. Hubo una clara mayoría de unionistas, progresistas, demócratas y republicanos federales. En la nueva Constitución quedaron recogidos los derechos de inviolabilidad de la correspondencia, de extensión de la libre emisión de pensamiento, de reunión y de asociación.

La cuestión religiosa también tuvo un tratamiento avanzado: libertad de cultos privada y pública, mantenimiento por el Estado del culto y del clero, pero sin ninguna referencia explícita al valor religioso. Igualmente, hay que subrayar la inclusión del sufragio universal y se reconocía la soberanía nacional como origen del poder hasta el punto de encontrar en ella la legitimidad de la monarquía. La división de poderes y la descentralización eran los principios que regían la organización del Estado. El centro del poder residía en las Cortes, formadas por el Congreso y el Senado. El monarca aparecía como rey constitucional, cuyas facultades debían ser ejercidas por los ministros⁴.

No obstante, la coalición vencedora, integrada por progresistas, unionistas y demócratas, nunca fue estable. El motivo de sus fricciones residía en su mayor o menor dosis de liberalismo, en los acusados personalismos de sus líderes y en las distintas opiniones respecto a quién debería ser el rey. En un primer momento contribuyó a la cohesión la figura de Prim, nuevo hombre fuerte del régimen. El héroe de los Castillejos excluyó de la candidatura regia tanto al príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, como al rey carlista Carlos VII. Entre los candidatos se contempló la posibilidad de elegir al general Espartero, posibilidad que pronto fue desechada. Surgieron los nombres de Fernando de Coburgo y Luis I de Portugal, los duques de Génova y de Aosta —de la casa italiana de Saboya—, el príncipe Leopoldo de Honhenzollern-Sigmaringen y el duque de Montpensier.

Finalmente, solo quedó la candidatura italiana de Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia. En noviembre de 1870, las Cortes Constituyentes eligieron al nuevo rey, con el nombre de Amadeo I, por ciento noventa y un votos a favor y cien en contra, con dieciocho abstenciones. Cifras que mostraban no solo que su aceptación distaba de ser unánime, sino la debilidad de las bases sociales del nuevo régimen. Además, Prim murió asesinado el mismo día que Amadeo llegaba a España. Desde el primer momento, pues, Amadeo careció de legitimidad ante el conjunto de los españoles. Para los católicos era miembro de una familia que había despojado al Papa de su poder temporal; para los partidarios de la dinastía caída y para los carlistas, un usurpador, y para demócratas y republicanos, un extranjero carente de legitimidad política.

De singular importancia fue la animadversión de la aristocracia tradicional hacia la nueva monarquía. Como señaló el marqués de Valdeiglesias,

[…] los privilegiados, la aristocracia de la sangre y del dinero, se colocaron, desde el primer momento, al lado de la monarquía exiliada, que no habían acertado a defender […]. Estas clases dieron principio a su campaña en favor de los Borbones en medio de diversas fiestas; pero en estas frívolas manifestaciones se conspiraba, se exaltaba el ideal, se unían las fuerzas a la chita callando, pero denodadamente, y se trabajaba en favor de la Restauración; en doña Isabel o en don Alfonso, que eso no se sabía aún con claridad⁵.

La nobleza conspiraba en el palacio del marqués de Alcañices, donde tenía lugar una tertulia diaria, a la que acudían militares, políticos y diplomáticos: Concha, Zavala, Primo de Rivera, Vega-Inclán; luego, Romero, Robledo, etc. En aquel palacio se redactó el borrador de la abdicación de Isabel II y allí sometió Cánovas a los dirigentes monárquicos las líneas generales del «Manifiesto de Sandhurst». Otros centros de conspiración fueron los palacios de los marqueses de Torrecilla, el de Perales, de la duquesa de Rivas, de Miraflores, Santa Cruz y Heredia-Spínola⁶.

A la llegada de Amadeo, el marqués de Alcañices decretó que estuvieran cerrados todos los balcones de los palacios nobiliarios madrileños. Posteriormente, una aristócrata organizó la manifestación conocida como de las «mantillas y peinetas», contraria a los Saboya. Se redactó una carta dirigida a las principales familias aristocráticas en la que se instaba a no acudir a las fiestas de Palacio. Se exhibieron flores de lis en los teatros y salones. Memorable fue, en ese sentido, el baile de los Heredia-Spínola por su contenido proalfonsino y antiamadeísta, ya que «salieron a relucir nuevamente esa noche los uniformes, las grandes cruces, las llaves de los gentilhombres, los trajes de Corte, las bandas de María Luisa y los lazos rojos de las damas de la Reina, así como las coronas y los collares, y en todos los pechos, en todos los fracs, aparecía además la flor de lis»⁷.

Igualmente importante fue el estallido de la guerra de Cuba. A lo largo del período democrático se produjo una enemistad profunda entre los Gobiernos de la metrópoli, que proyectaban una política reformista en Cuba, sobre todo en lo relativo al tema de la esclavitud, y el poderoso grupo de comerciantes españoles en Cuba, empeñados en preservar el statu quo colonial, y que posteriormente apoyarían de manera decisiva la Restauración canovista, como Antonio López y López —futuro marqués de Comillas— y Juan Manuel de Manzanedo, al frente del Centro Ultramarino⁸.

De igual modo, tuvo lugar, en el período democrático, una alta conflictividad social y un importante desarrollo del movimiento obrero revolucionario. La AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) experimentó un avance importante en el número de militantes —treinta mil, aproximadamente—, lo que, como tendremos oportunidad de ver, sobre todo a partir de los acontecimientos de la Comuna de París, tendrá una gran repercusión política.

La nueva coyuntura animó también el debate ideológico en su conjunto, al facilitarse la apertura de nuevos discursos culturales y científicos. No solo el krausismo influía en las cátedras, sino que aparecían el positivismo y los planteamientos evolucionistas que inauguraron el debate intelectual⁹. Todo ello supuso un importante desafío para las mentalidades tradicionales y generó toda una corriente de apologética católica, que se extendió hasta bien entrada la Restauración, y cuyos principales representantes fueron Zeferino González —de quien luego hablaremos—, Antonio Comellas y Cluet, Tomás Cámara, Jesús Mendive y Francisco Javier Caminero¹⁰.

Los moderados, que fueron los grandes derrotados en la Septembrina, tardaron algún tiempo en reaparecer, y cuando lo hicieron, a finales de octubre, estaban muy debilitados, sin la menor posibilidad de éxito. Luis Sartorius, conde de San Luis, expuso su programa, basado en la monarquía constitucional entendida al modo moderado, como única forma de gobierno aceptable, desestimando la posibilidad de un régimen demoliberal o republicano. Curiosamente, San Luis, cuya trayectoria política ya conocemos, no dudaba, a la hora de justificar las ventajas de su alternativa política, en cantar su mea culpa por las arbitrariedades que habían caracterizado al régimen isabelino: «[…] no es el régimen constitucional la causa de los males a que la nación aquejan. Su inobservancia, el empeño de mandar dictatorialmente, la obstinación en exasperar y humillar a los partidos caídos, el desprecio a la opinión pública […] han traído a España el peligroso trance en que se encuentra»¹¹.

Los moderados presentaron, sin éxito, algunas candidaturas, las más destacadas en Madrid, como las del general Lersundi, Claudio Moyano o el conde de San Luis. Su opción se iría decantando por el golpe de Estado militar. Sin gran repercusión se fundó en Madrid un Círculo Moderado, dirigido, ante la negativa de Bravo Murillo, por Claudio Moyano¹².

La Septembrina supuso la gran ocasión política para Cánovas del Castillo. Como señala Luis Díez del Corral, «el Cánovas anterior a la Revolución de septiembre carece de perfil y de obra verdaderamente personales»¹³. Es en ese momento cuando Cánovas inicia no solo una nueva etapa en su trayectoria política, sino su labor de dotar de nuevos contenidos a la tradición conservadora liberal en que se hallaba inserto. Una tradición que había entrado en una profunda crisis, no solo por la práctica política autoritaria de los moderados, sino por la labor crítica de los tradicionalistas y conservadores autoritarios, y por la oposición de los liberales demócratas.

Al estallar la Septembrina, Cánovas se encontraba investigando en el Archivo de Simancas, y, según sus propias palabras, no estuvo «ni con la Revolución ni con la Corte»¹⁴. En marzo del año siguiente, Isabel II le envió una carta pidiéndole que «contribuyera a la restauración de la monarquía y de la dinastía». Su respuesta fue ambigua: «No atino aún con el remedio posible a los males presentes»¹⁵. Cánovas intentó crear su propio grupo político, que bautizó con el nombre de Liberal-Conservador, que intentó ocupar un espacio intermedio entre los derrotados moderados y los miembros de la Unión Liberal sumados a la Revolución de septiembre. Gracias a la influencia de su suegro, el barón de Solar de Espinosa, logró un escaño por la localidad murciana de Lorca y luego por Yecla. Como jefe del grupo Liberal-Conservador, Cánovas estuvo acompañado por Joaquín Vázquez Puga, Luis Estrada, José Elduayen, Saturnino Álvarez Bugallal, Manuel Quiroga Vázquez y el joven Francisco Silvela.

La resurrección del carlismo

Pero la Septembrina supuso igualmente la resurrección del carlismo como movimiento político de envergadura. Su reorganización había tenido lugar un poco antes, en julio de 1868, favorecida por la abdicación de don Juan en favor de Carlos de Borbón, duque de Madrid¹⁶. Bajo la dirección de Carlos VII, bien puede hablarse de «neocarlismo». A raíz de la caída de Isabel II, el legitimismo español recibió nuevas adhesiones provenientes no solo del campesinado perjudicado por la desamortización o de los sectores sociales interesados en el mantenimiento del régimen foral, sino también de elementos mesocráticos y urbanos —empleados, artesanos, comerciantes, profesiones liberales—, sectores católicos alarmados por la avalancha anticlerical e intelectuales y periodistas tradicionalistas y «neocatólicos».

Nocedal y su cuñado González Bravo se acercaron al carlismo, conducta que imitaron el conjunto de los neocatólicos, como Navarro Villoslada, Aparisi, Tejado y Ortí. En una carta dirigida a Isabel II en marzo de 1869, Nocedal manifestaba que la Revolución no había derribado a una reina, sino a la monarquía liberal. Por su parte, González Bravo se manifestó, en un primer momento, leal a Isabel II y partidario de un programa político maximalista: «España, catolicismo, monarquía, seguridad a la propiedad y a la familia, o, lo que es lo mismo, seguridad social, orden tradicional y consecuencia histórica […]. No debe empezarse por concesiones políticas». Además, se mostraba partidario de que la dirección de la causa recayera en las manos del ultraconservador conde de Cheste¹⁷.

Todo fue en vano. Las diferentes candidaturas al trono decidieron a Isabel II a la abdicación el 25 de junio de 1870 en su hijo Alfonso. González Bravo calificó la abdicación como «una de las mayores desdichas» y se aproximó al carlismo. También contrarios a la abdicación, aunque se mantuvieron fieles a la dinastía, se manifestaron Bravo Murillo, Moyano, Cárdenas, San Luis y Tejada¹⁸.

Carlos VII llamó a Suiza a Nocedal y González Bravo para consultarles sobre la posibilidad de un alzamiento carlista. González Bravo murió repentinamente, cuando se disponía a emprender el viaje. Nocedal se manifestó contrario a una nueva guerra civil. El rey carlista escuchó sus consejos y le nombró jefe de las minorías carlistas en el Congreso y en el Senado, y después director de la prensa del partido y director único del mismo¹⁹.

El nuevo auge del carlismo tuvo su manifestación en la proliferación de la publicística contrarrevolucionaria y apologética, de la que fueron testimonio obras como El hombre que se necesita, de Navarro Villoslada; El Rey de España, de Aparisi y Guijarro y Don Carlos o el petróleo, de Vicente Manterola. De la misma forma, la prensa carlista conoció un apreciable desarrollo con la publicación de unos ciento sesenta periódicos y revistas²⁰.

El ideólogo carlista más activo fue Aparisi y Guijarro. Curiosamente, el valenciano fue uno de los primeros ideólogos de la derecha española que habló de la necesidad de una «revolución desde arriba», de una «revolución grande, generosa, fecunda». En este sentido, propugnaba un cierto aggiornamento de la tradición, «acomodándola a las verdaderas necesidades, a las legítimas aspiraciones y hasta al gusto presente»²¹. En aquel contexto, una vez visto que el moderantismo no podía erigirse en campeón del orden social, la función del carlismo era el logro de la unión de todos los católicos, de «los españoles que van a misa», y el único capaz de «formar un ejército que salve a España y pueda contribuir a la salvación de Europa». Por ello, el programa carlista debía consistir en «una prudente y equitativa transacción entre todos los intereses»²².

A la hora de fundamentar su alternativa política, Aparisi parte de una concepción organicista de la sociedad, que ya rechaza por anacrónica la representación estamental, apuntando a fórmulas de claro sesgo corporativo: «Si la Iglesia tuviera sus representantes. Y la gran propiedad de las ciudades. Y la gran propiedad de los campos. Y la magistratura. Y las ciencias. Y las artes. Y las industrias. Y el comercio. Y los procuradores especiales de los humildes y de los pobres»²³.

Ello se tradujo en un proyecto constitucional cuyo objetivo era la fusión entre carlistas y alfonsinos. En el proyecto se establecían dos leyes fundamentales: catolicismo y monarquía; Unas Cortes corporativas, compuestas por trescientos diputados, de los cuales un tercio sería elegido por los cabezas de familia; otro, por los propietarios con seis mil reales de renta, y el último, por el monarca: sesenta entre la nobleza, jerarquía eclesiástica y milicia; cuarenta entre los miembros del Tribunal Supremo y los consejos, los cabildos, las universidades y corporaciones varias. El monarca estaría asesorado por un Consejo Real compuesto por «los varones más eminentes del reino»²⁴.

Aparisi no cuestionaba el capitalismo, pero pretendía paliar algunos de sus efectos mediante prácticas sociales paternalistas. Como Balmes, se mostraba partidario del establecimiento de un jurado, compuesto por «las autoridades civil, eclesiástica y popular», que dirimiera los conflictos entre patronos y obreros. Existiría, además, escuela gratuita de primeras letras en todos los pueblos, y en las capitales, escuelas especiales de industria. También se restaurarían las instituciones de beneficencia²⁵.

El tribuno valenciano murió inesperadamente, a consecuencia de una angina de pecho, el 5 de noviembre de 1872, cuando se dirigía, con su amigo Gabino Tejado, al Teatro Real. A sus exequias asistieron representantes de todos los partidos políticos.

Así, pues, el proyecto político de que se hacía portavoz Carlos VII no proponía ya una reacción integral frente a la todavía incipiente sociedad capitalista. Al contrario, se presentaba como un defensor frente a la ofensiva de los demócratas y de la I Internacional. En ese sentido, el rey carlista señalaba, en una carta oficial a su hermano Alfonso, que «cada siglo puede tener, y tiene de hecho, legítimas necesidades y naturales aspiraciones»; que «antiguas instituciones» —es decir, la Inquisición— no podían volver, prometiendo al mismo tiempo una «Ley Fundamental», con la que se garantizara «la unidad católica, símbolo de nuestras glorias», un Concordato con la Santa Sede, Cortes orgánicas, descentralización y protección a la industria nacional²⁶.

Bajo el liderazgo de Nocedal, el carlismo consiguió importantes éxitos electorales. Se presentó a las primeras elecciones a Cortes en coalición con los republicanos, a pesar de las divergencias entre ambos partidos, pero con un objetivo común: acabar con la monarquía de Amadeo. En esta ocasión obtuvieron cincuenta y un diputados y veintiún senadores, en las provincias vasco-navarras, Asturias, La Coruña y el norte de Cataluña. Famosa fue la intervención del célebre canónigo Vicente Manterola en defensa de la unidad católica, que provocó la célebre réplica de Emilio Castelar. Aquel discurso, que sintetizaba la mentalidad dominante en el clero español de la época, fue una reflexión sobre la Historia de España desde sus orígenes hasta aquel momento. «Este proyecto —señaló— no es bastante católico, y el pueblo español, ¡oh!, el pueblo español es el más católico del mundo […]. Si llega a ser Constitución española será constitución intolerante, porque no hay ley que no lo sea»²⁷.

Los comicios celebrados en abril de 1872, a los que el carlismo acudió en solitario, supusieron una considerable merma de su presencia parlamentaria: treinta y ocho escaños en diecinueve provincias. A partir de este momento, el sector partidario de la lucha legal comenzó a perder puntos frente a los viejos carlistas favorables a la lucha armada. Las insurrecciones brotaron desde el mes de mayo, y el día 2 Carlos VII entró en Vera del Bidasoa, aunque fue rápidamente derrotado en Oroquieta. Nocedal dimitió de la jefatura del partido, si bien aceptó luego los poderes ilimitados que le otorgó don Carlos en febrero de 1873. Pero continuó desaprobando el recurso a la fuerza.

El carlismo entró nuevamente en acción a partir de diciembre dentro de sus feudos tradicionales, logrando edificar un embrión de Estado²⁸. La guerra carlista hostigó, desde entonces, a los sucesivos Gobiernos con indudables repercusiones en la vida política nacional.

LA PRIMERA REPÚBLICA Y LA ALTERNATIVA POLÍTICA DE CÁNOVAS

Notable fue la actividad parlamentaria de Cánovas en las legislaturas en que consiguió representación parlamentaria al frente del grupo liberal-conservador. A lo largo del debate sobre la Constitución, Cánovas criticó la doctrina de los derechos del hombre, pidiendo la limitación del sufragio, de la inviolabilidad de asociación, así como mayores poderes para los senadores. Centró sus críticas en el sufragio universal, al que acusó de sembrar la «intranquilidad» entre las clases conservadoras y de preparar el «despotismo de las masas» y el socialismo. Defendió mayores prerrogativas para la Iglesia católica, si bien rehusó defender la intolerancia religiosa. Lo esencial de su discurso fue, sin embargo, la defensa de una monarquía en la que el rey no fuera mero símbolo, porque este suponía un contrapeso para que la sociedad no cayera en la demagogia o el socialismo²⁹.

Significativo fue también su discurso en defensa de Isabel II, a la que se volvía a acusar de corrupción económica. Cánovas dedicó buena parte de su exposición a la crítica del republicanismo, en el que veía un peligro cierto para el orden social. Frente a esa amenaza, se dirigió al conjunto de las fuerzas monárquico-liberales, aconsejándolas que no contemporizaran con los republicanos y llegaran a un acuerdo para lograr una monarquía que «ha de ser la base de todos»³⁰. También se opuso al dictamen sobre el procedimiento de elección del nuevo monarca. La Constitución de 1869 preveía un rey, pero, a juicio de Cánovas, en las circunstancias españolas este debía ser «un rey de acero» que «combata frente a frente con la demagogia que hoy impera, y la reduzca al silencio, y restablezca la disciplina y el orden en el país, y devuelva a los intereses conservadores el puesto que deben tener en una sociedad bien organizada»³¹.

No obstante, sus intervenciones parlamentarias más significativas fueron sus discursos del 3 y 6 de noviembre de 1871, apoyando la decisión gubernamental de prohibir la I Internacional en suelo español tras los sucesos de la Comuna de París, cuya incidencia en la opinión conservadora resultó decisiva³². En las sesiones parlamentarias, el liberal Sagasta condenó la Internacional porque su dirección estaba en «el extranjero» y porque quería destruir «con la fuerza bruta». Nocedal la proscribió porque atacaba a la propiedad privada y al catolicismo. Alonso Martínez, porque iba contra la «moral pública».

Cánovas, por su parte, desarrolló un discurso de abierto contenido donosiano y expuso su posición respecto a la cuestión social. Su condena de la Internacional fue tan rotunda como la de Nocedal; absoluta, sin paliativos: «sociedad funestamente célebre», «negación de toda moralidad», «invasión bárbara del proletariado ignorante», «acción criminal»… La razón de tan radical descalificación estaba clara: su negación de la propiedad privada, ya que «la propiedad colectiva es pura y simple barbarie». Cánovas invocó incluso la posibilidad de una dictadura, «un cesarismo formidable», que «será el encargado de devolver a la sociedad su disciplina». Y, como paliativo a la «eterna miseria» a la que, a su juicio, estaba condenada la clase obrera, propugnó, en la línea de Donoso y Pastor Díaz, la religión y la limosna³³.

Cánovas no consiguió revalidar su escaño en las elecciones de agosto de 1872, y escribió una carta a sus electores en la que afirmaba que una política conservadora era imposible «con las instituciones y los poderes actuales», y que, en consecuencia, la solución a la crisis inaugurada por la Septembrina se encontraba en el «restablecimiento de la monarquía hereditaria y legítima», que vendría mediante «una gran transacción»³⁴.

El Gran Miedo

Los acontecimientos políticos posteriores, el fracaso de la monarquía amadeísta, el advenimiento de la Primera República, el estallido de la guerra carlista y el cantonalismo —todo lo cual generó en el grueso de la opinión conservadora el Gran Miedo— contribuyeron eficazmente a realzar la figura de Cánovas y su proyecto político entre los círculos alfonsinos³⁵.

Producto de aquel Gran Miedo fue también la aparición de una influyente revista política, cuyo título era ya de por sí significativo: La Defensa de la Sociedad. Su principal promotor fue el viejo moderado Juan Bravo Murillo, y su objetivo, la atracción de escritores y filósofos de distintos matices políticos dentro de una común ortodoxia católica, conservadora y/o tradicionalista. La composición de la junta directiva de la nueva publicación y de la sociedad de estudios organizada en torno suyo estaba compuesta por conocidos miembros de la aristocracia terrateniente y de la burguesía de negocios: Francisco Cárdenas, el conde de Santa Coloma, el marqués de Perales, Nicolás Hurtado, Nazario Carriquirri, Juan Martínez Carramolino, el marqués de Molins, el marqués de Bedmar, el marqués de Vallejo, el marqués de Valderas, el conde de Guaqui, etcétera³⁶.

La Defensa de la Sociedad tuvo entre sus colaboradores al grueso de la derecha española de la época; desde los carlistas a los alfonsinos, pasando por los moderados históricos. De los primeros contó con los representantes del sector «neocatólico», como Aparisi, León Galindo Vera, Nocedal, Navarro Villoslada, etc. Los moderados históricos estuvieron representados por el marqués de Barzanallana, Pidal y el propio Bravo Murillo. Del grupo alfonsino estaban Cánovas, Francisco Cárdenas, Alonso Martínez, el marqués de Molins, etc. Igualmente resulta significativa la presencia del clero, destacando las figuras de Francisco Javier Caminero, Zeferino González, Antolín Monescillo o el padre Coloma.

En el prospecto de la revista aparecían los principios ideológicos inspiradores que debían servir de aglutinante a los distintos sectores sociales y políticos que se sentían representados en la publicación: «Religión, Familia, Trabajo, Patria y Propiedad»³⁷. El núcleo esencial en torno al cual giraba toda la producción ideológica formulada en la revista era la defensa de la propiedad privada, «base sagrada sobre la cual se asienta la sociedad y la familia». En contraposición, el móvil colectivista es presentado como fruto de la «pereza», la «codicia» y la «envidia»³⁸.

La defensa de la propiedad privada adquiere carácter ruralista. Para Joaquín Sánchez de Toca, muy cerca de los planteamientos defensivos de Louis de Bonald, la propiedad agraria era la base de una sociedad bien constituida, armónica, basada en relaciones estables, mientras que la industria suponía una seria amenaza para la civilización tradicional; era la base material de la democracia y el socialismo, ya que generaba una clase social, el proletariado, desarraigada, peligrosa y subversiva.

Por otra parte, la misma jerarquía social generada por la industria era tan débil como inestable. La burguesía, a diferencia de la nobleza, resultaba ser una clase social insegura, mediocre, siempre en peligro de verse desbordada por los acontecimientos. La solución a esta problemática venía de la mano de una alianza entre los sectores burgueses y la nobleza terrateniente. «El dominio territorial dará su condición social la estabilidad y fijeza que en vano pedía a su riqueza industrial. El dominio de la tierra creará las relaciones permanentes de jerarquía y de obligaciones y deberes recíprocos entre él y sus inferiores»³⁹.

La legitimidad del orden social descansaba en la religión, que no solo era la base de la reproducción de las relaciones sociales, sino también, como reiteraría Navarro Villoslada, la identidad nacional misma, «el hecho constante, trascendental y social por excelencia que informa nuestro genio». Por el contrario, todo lo moderno podía ser calificado de «postizo», «bastardo», «malo» y «degenerado»⁴⁰.

Del todo coherente con lo anterior fueron las críticas de una serie de pensadores tradicionalistas y neoescolásticos al krausismo y el positivismo. Significativa fue la colaboración de fray Zeferino González —el representante más reseñable de nuestra neoescolástica—, que se encargó de refutar el inmanentismo característico de la filosofía positivista y sus consecuencias sociales y políticas. El positivismo llevaba al socialismo en economía y al ateísmo en religión. Solo el espiritualismo cristiano podía servir de cemento a una sociedad como la española en crisis social:

Solo el espiritualismo cristiano, como síntesis de la verdad pura y completa en el orden religioso, moral y social, puede impedir la disolución y putrefacción de una sociedad paganizada en sus ideas, en sus leyes y en sus instituciones, en su ciencia, en su arte y en sus deseos, esperanzas y aspiraciones⁴¹.

Idéntica era la posición de la revista en relación al krausismo. Así, el filósofo tradicionalista Francisco Javier Caminero —muy adverso, por otra parte, a las corrientes neoescolásticas— acusaba al racionalismo armónico no solo de panteísmo y de relativista y desmitificador con respecto a lo religioso, sino de intentar llevar a la práctica un proyecto social y político destructor de la nación española, porque «en nuestra patria […] todo lo que pierde la religión católica lo pierde el orden, la justicia, la moral, la familia, todos los grandes intereses de la Humanidad»⁴².

En lo relativo a la cuestión social, las respuestas giraban desde el más absoluto paternalismo, como el defendido por el célebre padre Luis Coloma, que veía en la limosna «un comercio lícito que se hace con el cielo»⁴³, hasta planteamientos corporativistas y/o gremialistas, en la línea balmesiana, de empresarios catalanes como Sallarés Pla o Muñoz Cerisola⁴⁴.

Todo ello —y, en particular, su rechazo del positivismo— muestra las diferencias entre los sectores conservadores españoles y los de otras sociedades europeas, como la francesa. La crisis política, social e intelectual provocada por la derrota ante Prusia y los hechos de la Comuna de París suscitaron entre ciertos sectores conservadores de la intelectualidad francesa nuevas alternativas basadas en el positivismo como crítica a los proyectos revolucionarios, tanto democrático-jacobinos como socialistas. Obras como La reforma intelectual y moral, de Ernesto Renan, o Los orígenes de la Francia contemporánea, de Hipólito Taine, mostraban las tendencias más significativas de esta nueva corriente de empirismo político que tanto influirían en la obra de Charles Maurras.

Estos planteamientos apenas tuvieron incidencia en el conservadurismo español de la época, y las razones, como puede verse, fueron ante todo religiosas. Renan, autor de la polémica Vida de Jesús, fue, para los católicos españoles en general y para los conservadores en particular, apóstata. Entre sus detractores, dentro del campo católico-conservador, estuvieron Severo Catalina, el padre Miguel Sánchez, Antonio Ferrer del Río, fray Pedro Gual y, sobre todo, los neocatólicos de El Pensamiento Español⁴⁵.

La alternativa de Cánovas

Mientras tanto, Cánovas se dedicó concienzudamente a elaborar y difundir su alternativa política. No sin reticencias, fue nombrado jefe de la causa alfonsina el 4 de agosto de 1873 y recibió plenos poderes de Isabel II. Desde entonces pudo desarrollar con mayor eficacia su proyecto de Unión Liberal, atrayéndose a políticos provenientes del progresismo, del unionismo e incluso de la democracia desengañados o temerosos de los resultados de la Septembrina.

El método de Cánovas era la transacción, el encuentro en el punto medio, no la aplicación estricta de unas tesis programáticas. La política era, a su juicio, «el arte de realizar en cada momento histórico aquella porción del ideal del hombre que taxativamente permiten las circunstancias». Por ello estimaba que el gran mérito histórico del moderantismo había sido «una transacción constante entre principios absolutos»⁴⁶. Ahora bien; el problema se encontraba en determinar lo que Cánovas entendía por transacción, y el encargado de decidir era, por supuesto, el propio Cánovas. Como dijo en su célebre carta a su amigo Fabié, aspiraba a una «Constitución liberal y generosa» en la que tuvieran cabida moderados, progresistas, unionistas, incluso revolucionarios, «siempre que piensen como yo»⁴⁷.

Los enemigos, los inasimilables en su proyecto político eran, por la izquierda, los republicanos, y por la derecha, los carlistas. Así lo manifestó en una carta al viejo moderado Andrés Borrego: «O don Alfonso, o don Carlos, o la República federal y el cantonalismo, tales son los términos ineludibles de la cuestión»⁴⁸.

Cánovas se acercó a las élites económicas representadas por la alta burguesía barcelonesa y valenciana, a los intereses esclavistas antillanos, así como a la aristocracia terrateniente, ligándolos hábilmente a su proyecto político. E igualmente se encargó de dejar claro en las cancillerías europeas que la restauración de los Borbones no implicaría un retorno a la intransigencia religiosa⁴⁹. Se organizaron círculos alfonsinos en las ciudades más importantes.

En Madrid organizó la opinión alfonsina el duque de Sesto, con ayuda del antiguo septembrino y luego fiel canovista Francisco Romero Robledo. Se formó una especie de milicia, la «del aguardiente», que reunía a «broncos reclutas, matarifes, toreros, charlatanes, tratantes, chisperos y gitanería», dirigida por el propio Sesto. En el escuadrón del «aguarrás» formaban los horteras madrileños. Y el marqués de Bogaraya encuadró a los señoritos del lugar en el «del agua de colonia». Igualmente colaboraron toreros como Frascuelo o Pucheta⁵⁰.

También se cuidó la relación con los militares. En una carta a Isabel II, Cánovas confirmaba «la opinión que se forma alrededor de don Alfonso y, sobre todo, en el Ejército». El malagueño recibió positivamente el golpe de Estado de Pavía, cuyo triunfo significaba, a su juicio, que la Revolución y la República se encontraban «moralmente muertas»⁵¹. Pero, tras aquel golpe, no vino el triunfo de los monárquicos, sino que fue elevado a la presidencia de la República el general Serrano.

Cánovas comparó este período al «mac-mahonismo» francés, de un modo despectivo: tal y como expuso al príncipe Alfonso, se trataba de «la aspiración perpetua al poder supremo de un soldado de fortuna»⁵². Pero la dictadura de Serrano no podía ser reconocida ni por la derecha ni por la izquierda, lo que le daba una inestabilidad palmaria.

En plena guerra carlista, Cánovas contactó con el general Concha, marqués de Duero, antiguo unionista, que intentaba romper el cerco de Bilbao. El malagueño esperaba que un triunfo rotundo de Concha pudiera llevar incluso a un «convenio» con los carlistas «bajo la base de don Alfonso»⁵³. El plan fracasó por la muerte del general en la acción de Monte Muru.

Sin embargo, Cánovas nunca fue contrario a un pronunciamiento militar para promover la restauración monárquica. Su problema no era tanto impedir este como poder controlarlo y someterlo a sus directrices políticas. Porque, de hecho, Cánovas no contaba con la simpatía de Isabel II ni con el apoyo de los históricos del moderantismo, que aspiraban sin más a un retorno al orden político anterior a la Septembrina plasmado en la Constitución de 1845. La propia Isabel II no dudaba en negociar con los carlistas, e incluso mantuvo correspondencia con Carlos VII, lo que fue desautorizado por Cánovas y sus partidarios⁵⁴.

El 1 de diciembre de 1874 se hizo público el célebre «Manifiesto de Sandhurst», en el que el príncipe Alfonso, por boca de Cánovas, hacía suya una polémica síntesis entre liberalismo y catolicismo⁵⁵ que no fue bien recibida por algunos sectores del moderantismo⁵⁶.

Sin contar expresamente con Cánovas, el general moderado Martínez Campos logró el apoyo de algunas guarniciones y esperó a que el político malagueño diera el visto bueno. Pero como la aprobación no llegaba, dio por su cuenta el paso decisivo y proclamó rey de España al príncipe Alfonso en Sagunto el 29 de diciembre. Al día siguiente, Cánovas, que en un principio se opuso al golpe, asumió la presidencia del Gobierno-regencia. Se iniciaba un nuevo período histórico: la Restauración.

TERCERA PARTE

DE CÁNOVAS A LA CRISIS FINISECULAR

8

LA ERA CÁNOVAS: EL LARGO VERANO LIBERAL… Y TRADICIONAL

CÁNOVAS Y LA RESTAURACIÓN

El giro conservador del liberalismo

El advenimiento del régimen de la Restauración supuso el triunfo final del orden conservador-liberal, si se quiere «doctrinario», sobre el proyecto liberal-democrático que se intentó implantar en el denominado «Sexenio revolucionario», primero con la monarquía de Amadeo I y luego con la efímera Primera República. Igualmente, fue un triunfo del liberalismo sobre el tradicionalismo carlista y sobre los intentos de retorno al orden moderado de 1845. En este sentido, según el prisma ideológico del historiador, el régimen de la Restauración ha sido considerado, o bien como el más estable y duradero de la España contemporánea —más de medio siglo—, o bien como un sistema farsante de una España «oficial» divorciada de la «real» e incapaz de modernizarse. La primera interpretación destaca su carácter «civilista» y liberal, así como los progresos experimentados por la sociedad española bajo su égida. Frente a esta opinión, la segunda interpretación se centra en sus aspectos negativos, denunciando el autoritarismo, el sistema oligárquico de partidos «turnantes», el caciquismo, la corrupción del sistema electoral, la falta de representatividad popular del Estado y la incapacidad de llevar a cabo las reformas sociales y políticas y una estabilidad real del sistema¹.

Ni que decir tiene que ambas interpretaciones contienen importantes dosis de verosimilitud, aunque ninguna de las dos resulta, a nuestro modo de ver, enteramente válida². No obstante, es preciso señalar que el régimen de la Restauración supuso, respecto a las prácticas políticas cotidianas de la España isabelina, una nueva cultura de gobierno para las fuerzas conservadoras. A lo largo de la Restauración se valoraron más los elementos de consenso en la vida política y existió una mayor sensibilidad hacia lo moderno. El ensayista George Steiner ha utilizado el concepto de «largo verano liberal» para describir un período histórico, que sitúa entre 1820 y 1915, cuyo epicentro sería Gran Bretaña y la Europa occidental, que se caracterizó por «la difusión indudablemente imperfecta, pero activamente desarrollada de formas representativas de gobierno, resguardo de la vida privada en el hogar y una seguridad cada vez mayor en las calles»³.

A nuestro modo de ver, es en el período de la Restauración cuando en España puede hacerse referencia a la denominación de «largo verano liberal», siempre que al mismo tiempo se tenga en cuenta la profunda influencia que sobre el sistema político y la sociedad ejercieron las formas de pensar y de actuar tradicionales, en particular de la Iglesia católica, y de las fuerzas sociales y políticas ligadas a ellas. Para ser mínimamente objetivos, la Restauración vale más de lo que su nombre indica o quiso significar en su momento.

Fue algo más que un retorno —aunque hubo continuidades evidentes— al sistema político isabelino. Representó, en su etapa de plenitud, la creación de un especio público en el que los seres y las ideas circularon mucho más libremente de lo que pudieron hacerlo en la época anterior. Sin duda, desde el punto de vista liberal y democrático, supuso en muchos aspectos una regresión respecto al régimen de 1868, pero, al menos, fue capaz de ampliar las libertades. Bajo la Restauración, los españoles disfrutaron de amplias libertades y el poder público fue un protagonista más, aunque cualificado, del diálogo nacional: respondía a las interpelaciones, encajaba las críticas, respetaba las opiniones adversas y, llegado el momento, hizo un contrito mutis. Por ello podemos decir que Cánovas y los hombres de la Restauración triunfaron allí donde el fracaso de los moderados históricos había sido más ostensible —desde Martínez de la Rosa hasta Narváez, pasando por O’Donnell—, esto es, en la articulación, no de una democracia liberal —supuesto completamente ajeno a su perspectiva ideológica—, sino de ese «Estado agonal» capaz de conseguir un consenso básico entre las diferentes familias liberales.

Sin embargo, la Restauración fue también el reflejo de la debilidad del liberalismo en la sociedad española. El conservadurismo liberal terminó cerrando las puertas a la integración de nuevas fuerzas sociales, políticas e intelectuales. La inicial conciliación canovista de las distintas familias políticas liberales —quizá inevitable en 1876— fue una cosa, y otra muy diferente su extensión, por así decirlo, a lo largo de casi cincuenta años.

Antonio Cánovas del Castillo: origen y formación

Hemos mencionado ya la figura de Antonio Cánovas del Castillo, pero conviene profundizar en su figura y en el carácter de su proyecto político. Nacido en Málaga en 1828, hijo de un humilde maestro de escuela, Cánovas se distinguió, desde edad muy temprana, por una profunda vocación intelectual y política. A los veinte años publicó una novela histórica, La campana de Huesca, y poco después acometió una obra, no de investigación, sino de interpretación histórica, titulada Historia de la decadencia de España, de cuyo contenido se arrepintió posteriormente, aunque nunca renunció a una visión pesimista de la Historia de España⁴.

Pese a lo humilde de sus orígenes, Cánovas fue un producto típico de la mentalidad moderada a la que hemos hecho referencia con anterioridad. A decir de su amigo Ramón de Campoamor, caracterizó al malagueño «una invencible repugnancia respirar el aura de las capas inferiores de la atmósfera social»⁵. No obstante, se suele presentar al estadista malagueño como un hombre desdeñoso hacia el estamento nobiliario, y en ese sentido se le atribuye la siguiente frase como respuesta a un «grande» de España que le impedía el acceso a los aposentos reales: «¿Grande? Yo los hago»⁶. Aun así, Cánovas tuvo interés en emparentar con familias aristocráticas. Su primera esposa fue hija del barón de Solar de Espinosa y la segunda, de los marqueses de Puente y Sotomayor. De hecho, el político malagueño valoraba positivamente la función social y política de la aristocracia en el seno del Estado liberal: «No ofrece la plutocracia, como clase gobernante, una firmeza como la antigua aristocracia territorial»⁷.

Como ya sabemos, Cánovas inició su carrera política en el sector «puritano» del Partido Moderado y fue el redactor del célebre «Manifiesto de Manzanares», origen de la Unión Liberal. En este sentido, y pese a sus cambios de perspectiva ideológica, existió una profunda continuidad en su trayectoria política. Siempre consideró que la consolidación del Estado liberal pasaba por la reconciliación efectiva entre las diversas familias liberales.

Desde un punto de vista doctrinal, Cánovas no se sintió influido por el krausismo y, en general, estuvo de acuerdo con los críticos católicos. Para él, krausismo equivalía a «panteísmo»⁸. Su interés estuvo centrado en las aportaciones de los liberales doctrinarios —François Guizot, en particular— y en la obra de Edmund Burke, cuyas Reflexiones sobre la Revolución en Francia consideraba «un monumento de sabiduría política»⁹. Asimismo, se identificó con los planteamientos de los moderados «puritanos», como Nicomedes Pastor Díaz y Pacheco, y de ilustrados como Jovellanos¹⁰. Sus relaciones intelectuales con los tradicionalistas españoles y franceses, como Balmes, Donoso o Joseph de Maistre, fueron ambiguas: críticas y asuntivas, a la vez. Tampoco fue inmune a la influencia de la filosofía neoescolástica que el padre Zeferino González se encargó de difundir en España.

Culto y con vocación intelectual, Cánovas careció, en el fondo, de originalidad teórica y de sistematismo. Su idea de socialismo, influida por Pastor Díaz, fue muy vaga, y desconocía a Karl Marx. No existen huellas en su pensamiento del positivismo de Augusto Comte ni del idealismo de Hegel. La base filosófica del malagueño fue mínima y muy tradicional. Ante todo, fue un ecléctico y un pragmático. Su proyecto político se inscribe en la percepción de la crisis y disfuncionalidad del liberalismo democrático en el contexto de una sociedad como la española, y en los problemas suscitados por la consolidación del régimen liberal. Su objetivo era la disolución del potencial subversivo de la articulación entre liberalismo y democracia, reafirmando la centralidad del liberalismo, concebido, ante todo, como defensa del derecho de propiedad y en oposición al componente democrático que se apoya en la igualdad de derechos y en la soberanía popular. A ese respecto puede hablarse en Cánovas de un intento consciente de «conservadurización» del liberalismo, razón por la cual el político malagueño recurre a un conjunto de temas del tradicionalismo ideológico, del conservadurismo liberal y de la neoescolástica a la hora de legitimar la desigualdad social y política.

El proyecto canovista

Fiel heredero de la tradición conservadora-liberal, el proyecto canovista admitía de modo pragmático aquellas transformaciones políticas y sociales que parecían irreversibles, pero intentaba conservar, al mismo tiempo, determinadas concepciones e instituciones tradicionales. A partir de ahí, Cánovas recurría a la teología, si bien desde una perspectiva más secularizada que la de los tradicionalistas, en cuyo marco conceptual podía darse solución a la problemática de la justificación del orden social mediante el recurso a la fundamentación divina. Como muchos tradicionalistas y neoescolásticos, Cánovas sometió a una dura crítica los supuestos del positivismo y del krausismo, filosofías ambas inmanentistas y materialistas, propugnando como alternativa el «espiritualismo católico», en el que veía no solo el más sólido fundamento de las ciencias sociales, sino de la misma sociedad, que únicamente podía alcanzar auténtica legitimidad en «las altas regiones de la Metafísica y de la Teodicea»¹¹.

De acuerdo con esta perspectiva, existe en Cánovas una valoración profundamente negativa de las consecuencias sociales y políticas del proceso de secularización, en el que veía una de las causas esenciales —quizá la fundamental— de los progresos del socialismo entre las clases trabajadoras. En consecuencia, está presente en él una concepción providencialista de la Historia: Dios es autor del organismo social y de «los destinos peculiares de la humana especie»¹². Lo fundamental del providencialismo eran sus consecuencias políticas, al implicar una visión restringida de la vida social y política. De ahí su insistencia en que solo podemos aspirar a transacciones —se transige con los males menores para evitar los mayores— y sus críticas al igualitarismo, consecuencia y desarrollo, desde la Ilustración a la Revolución francesa, del deletéreo «espíritu moderno»¹³.

Sin embargo, este providencialismo no implicaba una negación estricta de la libertad humana ni del progreso. La suya no era una concepción catastrofista que en cada avance vive dramáticamente el contraste entre la imposibilidad y el deseo de regreso, sino una concepción pragmática que consideraba la Historia como un proceso que se desarrolla de manera continua a través de la inserción de lo nuevo en lo viejo, derivado de una evolución y no producto de metas o intenciones. Su mismo concepto de Restauración tenía que ver con ello. Cánovas no buscaba un retorno al pasado sin más, sino un nuevo equilibrio entre las nuevas y las viejas realidades políticas y sociales: «[…] continuamos —dirá— lo que no podemos por menos que continuar, que es la Historia de España»¹⁴.

Sobre la base del derecho natural católico, John Locke y Cánovas justificaron el capitalismo y la libre concurrencia. La propiedad privada era un derecho natural, absoluto y exclusivo del individuo anterior al Estado. La sociedad civil se constituye como perfeccionamiento de las diferencias reales en el orden de la posesión, de modo que, en definitiva, la propiedad es «a modo de raíz de esa planta magnífica que apellidamos civilización»¹⁵. Cánovas daba prioridad a la propiedad inmueble sobre la industrial, porque era la garantía de la continuidad social, ya que era capaz de establecer una relación armónica entre los poseedores y la propiedad al conferir al propietario los derechos y privilegios que le dan su posición en la sociedad, en tanto que no se da por compra, sino por herencia, y que «prolonga más allá del sepulcro la familia, y en la familia la patria, y en la patria el orden social por entero»¹⁶.

La propiedad privada tenía por fundamento la existencia de capacidades diferentes entre los hombres. Fue característico de Cánovas el recurso a la naturaleza como realidad inmutable a la hora de explicar y legitimar las desigualdades sociales. Estas desigualdades procedían de Dios y las minorías inteligentes «gobernarán siempre el mundo, en una forma u otra»¹⁷. La propiedad privada no solo simboliza una relación de poder social, sino también una relación de poder político. Si una persona tiene derecho a la propiedad es porque la ley le protege y, por tanto, depende en última instancia de las instituciones políticas, aunque estas últimas dependan a su vez de la compenetración con las estructuras sociales.

Aquí se dan los rasgos característicos de la concepción realista que siempre caracterizó a Cánovas. Pese a su permanente recurso a la metafísica, la esfera de la política fue, para él, la esfera donde se desarrollan las relaciones de poder y dominación, relaciones marcadas por la lucha incesante entre individuos, grupos y clases sociales en torno a la propiedad. Por ello, el concepto de legitimidad que subyace en sus escritos es de claro carácter pragmático. El requisito funcional prioritario a partir del cual debía juzgarse la viabilidad o la legitimidad de cualquier sistema político era su capacidad de defensa del orden social concreto: «[…] quien alcance a defender la propiedad, ese tendrá, aquí y en todas partes, aun cuando nos opusiéramos, la verdadera legitimidad»¹⁸.

De esta concepción de la sociedad y de tal fundamento material se deduce el concepto de Estado y la fórmula nacional defendida por Cánovas. En el contexto de una sociedad individualista y competitiva, el ejercicio de la libertad era solo posible en un Estado fuerte. Con su habitual realismo, Cánovas percibió claramente que el individualismo liberal necesitaba recurrir a la autoridad del Estado. El resultado del libre juego de las fuerzas sociales y económicas no producía armonía entre los individuos y las clases, sino desigualdad y perturbaciones.

En tales condiciones resultaba necesario configurar un Estado capaz de hacer frente a la conflictividad social. En ese sentido, el Estado es para Cánovas —aunque luego, como veremos, evolucionó en sus concepciones sociales— una instancia política comisionada de forma prácticamente exclusiva para la defensa del orden social en general y de la propiedad privada en particular¹⁹. Pero, a su juicio, el Estado no es verdaderamente fuerte y poderoso si no resulta ser una «gran creación de los siglos». El Estado canovista es producto y servidor de la nación, no su creador. De ahí su concepto de nación. En principio, Cánovas partía de la diversidad de ambientes geográficos y culturales, y veía en ellos una razón para mantener la diversidad de las leyes y de las agrupaciones humanas. El espíritu de los individuos no es una tabula rasa, sino que se encuentra informado gracias a las tradiciones a las que pertenece, y los propios pueblos se comportan de acuerdo con su historia: «Joseph de Maistre tuvo razón al decir que basta que una Constitución pueda aplicarse a distintos pueblos para saber que a ninguno conviene»²⁰. Por ello rechazó el planteamiento voluntarista del hecho nacional, que identificó con las ideas defendidas por Ernest Renan en su conocida conferencia ¿Qué es una nación?

Las naciones originadas sobre «obra de Dios» o de «la naturaleza», y, en consecuencia, unidas por principios anteriores y superiores a cualquier pacto social expreso, son producto de un largo proceso de agrupación y de formación, «fábricas lentas y sucesivas de la historia, nacen de una aglomeración arbitraria o violenta, la cual poco a poco se va solidificando y hasta fundiendo al calor del orden, de la disciplina, de los hábitos correlativos de obediencia y mando, que el tiempo hace instintivos, espontáneos, como naturales»²¹. Por tanto, la existencia de una nación no se encuentra vinculada a la voluntad de sus habitantes, sino que goza de una superpersonalidad, que no se crea ni se destruye por la voluntad de sus miembros.

Cánovas acepta el concepto de voluntad nacional, pero no se trata de la voluntad de los individuos, sino de la tradición histórica. Como creación de los siglos, la nación tiene su propio desarrollo, y este se configura en torno a la denominada «constitución interna» o «histórica», es decir, la fórmula política acuñada por la nación a lo largo de su historia, y que, en España, se define de acuerdo con el dogma doctrinario por la unión permanente de la Corona y las Cortes.

Sin embargo, estas no son términos equivalentes. La Corona no es una simple fórmula de gobierno; es la médula misma del Estado español, que representa, por sí misma, una legitimidad histórica que se encuentra por encima de las determinaciones legislativas²². Pero en la valoración canovista de la monarquía entran no solo argumentos de carácter historicista. Para Cánovas, la debilidad del liberalismo español, al no surgir espontáneamente de la sociedad, necesita del apoyo y de la tutela de las instituciones tradicionales. Y es que, por otra parte, dada la fragmentación nacional y social, la monarquía venía a ser el «único vínculo de unidad»²³. Como liberal, su ideal era el de un Estado centralista unido por un sentimiento nacional común sin territorios dotados de instituciones políticas privativas y donde el eje de la soberanía fuesen la Cortes con el rey. A juicio de Cánovas, la centralización había supuesto la «civilización y la libertad»²⁴.

Aquí entraban igualmente sus reflexiones como historiador de la España de los siglos XVI y XVII. Cánovas evolucionó en su interpretación de la época de los Austrias. Así, en su primera obra sostuvo que, desde comienzos del siglo XVII, España mereció los desastres que tuvo que afrontar, porque «para que una nación sea grande y poderosa es preciso que se la gobierne de un modo que no aspire a más de lo que se pueda»²⁵. Luego, la autocrítica se disolvería en una visión triunfalista de la España de los Austrias, «apogeo mismo de nuestra historia». Felipe II fue el continuador de la obra de Carlos I, y las guerras no las promovió España, sino las naciones vecinas²⁶. Cánovas atribuía la decadencia de España a «la falta de unidad civil y política», al «provincialismo», cuyo germen situaba en el reinado de los Reyes Católicos, que unieron la Corona, pero no hicieron la centralización necesaria para llevar a España al rango de primera potencia. Siguió con los Reyes Católicos el sistema de fueros feudales opuesto a la racionalidad política, en un sistema que definía como «caos de derechos y obligaciones, costumbres, privilegios y exenciones»²⁷. La Guerra de la Independencia no hizo sino agravar la situación, provocando que el organismo nacional quedara «resentido y crónicamente enfermo»²⁸.

Además, la monarquía venía a sancionar y a defender el principio de propiedad privada y su continuidad social. La idea de trasmisión hereditaria del poder era uno de los principales momentos que ligaba la familia al orden social y estatal. La imagen de la monarquía era, pues, la imagen originaria del dominio social y político de la propiedad, «su desenvolvimiento histórico»²⁹. De igual modo, Cánovas vio en la monarquía el instrumento más eficaz para estabilizar definitivamente el régimen liberal en España, poniendo fin a la preponderancia militar, mediante la figura del «rey soldado», en cuya configuración influyó el modelo prusiano, aunque igualmente la figura del pretendiente legitimista Carlos VII, «rey-soldado» él mismo, que en todo momento aparecía a caballo al frente de sus tropas y partidarios³⁰. En contraste, la república aparecía, en la formulación canovista, como una forma de gobierno esencialmente revolucionaria y anárquica que representaba «la utopía religiosa», es decir, el ateísmo, así como la «utopía política y económica», es decir, la igualdad³¹.

Por otra parte, Cánovas juzgó esencial para su proyecto político la alianza con la Iglesia católica. Religión y política eran dos caras de la misma moneda. En lo relativo a la cuestión religiosa, Cánovas se encontraba muy cerca de Donoso Cortés —al igual que en su justificación de la dictadura conservadora³²— en su insistencia en el carácter político de las prácticas religiosas. Sin duda, fue lector del Ensayo, si bien repetidamente criticó las posiciones teocráticas del extremeño, cuyos apocalípticos vaticinios juzgaba infundados y productos del miedo fruto de las revoluciones de 1848. Una restauración integral del catolicismo, tal como la planteaba Donoso Cortés, resultaba no solo anacrónica, sino indeseable³³. Ahora bien, Cánovas contempló a la religión como instrumentum regni. La religión y la Iglesia católica podían garantizar un consenso tácito —político y social— de amplias capas de la población. En el fondo, para él, la religión era la única forma de educación directa del hombre carente de ilustración y de propiedad, socializándolo a través de la comunicación autoritaria de dogmas y prejuicios, convirtiéndose, por tanto, en la antítesis de la revolución y del socialismo³⁴.

A lo largo de toda su vida política, Cánovas se mostró como un enemigo encarnizado de la democracia y del sufragio universal, a los que interpretaba como antesala de la revolución y del socialismo, al otorgar potestad decisoria a las masas desprovistas de propiedad. Fue siempre defensor del voto censitario, basado en criterios de propiedad e ilustración³⁵.

En cuanto a la política cotidiana, el método canovista era la transacción, el encuentro en el punto medio, no la aplicación estricta de unas tesis programáticas. La política era, a su juicio, «el arte de realizar en cada momento histórico aquella porción del ideal del hombre que taxativamente permiten las circunstancias»³⁶.

CANOVISMO, CATOLICISMO, MODERANTISMO Y CARLISMO

Una vez conseguido el poder tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, Cánovas gobernó hasta 1877 —durante el proceso de asentamiento del nuevo régimen—con medidas de excepción. Fue la denominada «dictadura de Cánovas», en la que se aplicó la represión y el control de las libertades públicas y de prensa, aunque con criterios muy selectivos³⁷. Creó, además, su propio partido político, el Liberal-Conservador.

De inmediato, Cánovas intentó integrar a la Iglesia católica en el régimen. Con ese objetivo procedió a cambios legales, como el de la diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos, el restablecimiento del matrimonio canónico, la devolución de archivos y bibliotecas a los cabildos y corporaciones religiosas, y de las propiedades del clero existentes en poder del Estado, exceptuadas las consensuadas con la Santa Sede. Se dispuso, además, que fuesen castigados con suspensión los diarios que insertasen insultos contra la Iglesia o la religión católica.

La medida más polémica fue la expulsión de la universidad de los catedráticos krausistas, cuya presencia en los claustros había sido tan criticada por los sectores católicos. Se decretó la fidelidad de toda enseñanza, incluso científica, al dogma católico, y se prohibió que en cualquiera de las explicaciones hubiera afirmaciones contrarias a los principios católicos. La medida fue emprendida por el marqués de Orovio —desde la cartera de Fomento—, que, como sabemos, había sido ministro con Narváez y que prescribió en una circular que «el Gobierno no puede consentir que en las cátedras sostenidas por el Estado se explique contra el dogma que es la verdad social de nuestra Patria».

La fidelidad de toda enseñanza al dogma católico tenía como objetivo «no extraviar el espíritu de la juventud por sendas que conduzcan a funestos errores sociales»³⁸. De paso, se prohibía que en cualquiera de las explicaciones hubiera afirmaciones contrarias al principio monárquico. El decreto tuvo como consecuencia una nueva expulsión, destierro y renuncia de los catedráticos krausistas, cuya presencia en la universidad tanto había alarmado a los sectores conservadores y católicos. El resultado fue la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, pronto convertida en auténtica bête noire de las fuerzas católicas³⁹.

José Varela Ortega ha situado, lúcidamente, ese episodio en el contexto de la pugna entre moderados y canovistas por la definición del nuevo régimen. El decreto de Orovio, según esta interpretación, fue una maniobra de los moderados para entorpecer la apertura de Cánovas a los progresistas y unionistas, además de afirmar sus posiciones intransigentes con relación a la defensa de la unidad católica⁴⁰. Sin embargo, Cánovas justificó las polémicas medidas de su ministro, de cuyos servicios prescindió muy pronto, como una vía «para calmar la excitación del sentimiento religioso, en gran parte producida por las doctrinas que aquí se vertían imprudentemente y por la idea de que en las cátedras y en las escuelas y en todas partes se ofendía y se atacaba a la religión», y, en consecuencia, «apagar la llama del carlismo»⁴¹.

No hay duda de que la percepción de Cánovas era fundada. Una prueba de ello —y hubo otras muchas— fue la actitud del famoso canónigo Vicente Manterola, a quien ya hemos hecho referencia. Exiliado al finalizar la guerra carlista, se acogió pronto al indulto, regresó a España y prestó juramento a Alfonso XII. Y es que, como señala su biógrafo, Manterola siempre estuvo impulsado, a la hora de entrar en política, por la defensa del catolicismo. En ese aspecto, la Restauración le dio todo tipo de seguridades⁴².

En gran medida, los objetivos de Cánovas se cumplieron. El Vaticano reconoció al nuevo régimen, y el 28 de abril de 1875 retornó a Madrid el nuncio, ausente en España desde 1869. En la entrega de las cartas pontificias, Alfonso XII contestó al nuncio que su presencia significaba «la reconciliación de la Iglesia, de la que soy hijo, en la nación de la que soy Rey»⁴³.

Quedaba el problema generado por la guerra carlista. Entre otras cosas, esta guerra sirvió a Cánovas para prestigiar la figura de Alfonso XII como «pacificador» ante el conjunto de la población y como «rey-soldado» ante los militares. La dirección personal de la campaña por parte del joven monarca, impuesta por Cánovas, tenía como objetivo no solo la reafirmación de la monarquía y de la figura del rey, sino contrarrestar la imagen del carlismo como alternativa política garante del orden social y de la religión⁴⁴. A los carlistas no solo los derrotó finalmente en el campo de batalla, sino políticamente con la atracción del clero y de la figura de Ramón Cabrera al campo alfonsino. Alejado de la lucha, el famoso «Tigre del Maestrazgo» firmó el 11 de marzo la adhesión al nuevo monarca, y el Gobierno canovista le reconoció a cambio el grado de capitán general y el título de conde de Morella. No pocos carlistas le acusaron de traición, pero su gesto no careció de trascendencia. Algunos jefes militares lo siguieron y, además, ahondó las divisiones en el campo del pretendiente⁴⁵. Según dijo en el Congreso, esta táctica venía a ser un intento de reedición del convenio de Vergara⁴⁶.

No obstante, en esta ocasión las consecuencias fueron muy distintas para las provincias vascongadas. Tras el final de la guerra se llevó a cabo la abolición de los fueros vasco-navarros. A pesar de su defensa del centralismo, Cánovas no era enemigo —al menos eso dijo en alguna ocasión— del régimen foral, que «a nadie daña, como no es que se tome por daño la justa envidia que en otros excita»⁴⁷. Sin embargo, la guerra terminó sin pactos y, por tanto, sin llegar a concesiones. La medida fue muy criticada por antiguos moderados, como Alejandro Pidal y Mon, y por el grueso de los liberales vascos, que eran igualmente fueristas⁴⁸. Sin embargo, Cánovas instauró, como contrapartida, el sistema de concierto económico.

Otra de las tácticas seguida por Cánovas para afianzar el régimen por la derecha fue la del ennoblecimiento de las élites militares, empresariales e intelectuales. De hecho, durante la Restauración se produjo una auténtica edad de oro para la nobleza, que adquirió un nuevo volumen y protagonismo social. Entre los nuevos nobles predominaban políticos y militares. A lo largo de la Restauración, se crearon 214 marquesados, 167 condados y 27 baronías⁴⁹. Por supuesto, la dinastía carlista tampoco escatimó esfuerzos ennoblecedores: 2 duques, 22 marqueses, 35 condes, 4 vizcondes y 12 barones⁵⁰. Como señalaría el marqués de Valdeiglesias en sus memorias, fue aquella una época, para la aristocracia, de «vida alegre y fácil»⁵¹. Sin embargo, esta aristocracia fue la destinataria de las diatribas del padre Luis Coloma en su célebre novela Pequeñeces, retrato avieso de la alta sociedad española que había patrocinado y apoyado una empresa política de carácter liberal en lugar de la restauración del catolicismo integral⁵².

Consolidada la situación política, Cánovas consiguió retrasar —en polémica con los moderados históricos— el retorno de Isabel II a España, y se opuso al restablecimiento de la Constitución de 1845. Convocó, tras unas elecciones por sufragio universal necesariamente fraudulentas, una comisión de notables encargada de redactar las bases de una nueva Constitución. De inmediato, el malagueño impuso su proyecto político. La monarquía no fue sometida a discusión; era el gobierno «natural», la «constitución interna» de España, y, en consecuencia, no había lugar a deliberar⁵³.

El principal objeto de discusión fue el artículo 11, donde se postulaba la tolerancia de cultos y no la unidad católica. Una tolerancia ciertamente muy restrictiva, pero que levantó oleadas de indignación en la Santa Sede, en la nunciatura, en la aristocracia, en los moderados históricos y en los tradicionalistas⁵⁴. Cánovas, con apoyo de Alfonso XII, se enfrentó a esta ofensiva. Su tesis era fundamentalmente pragmática, señalando que en la inmensa mayoría de los países europeos se practicaba «si no la libertad absoluta, la tolerancia religiosa, por lo menos». En este sentido, la intolerancia total era incompatible con el mundo moderno⁵⁵. Entre los discursos que se pronunciaron en favor de la unidad católica destacó Alejandro Pidal y Mon, quien criticó el contenido del artículo 11 calificándolo de «crimen de lesa monarquía», «crimen de lesa nacionalidad» y «crimen de lesa religión»⁵⁶. En su contestación, Cánovas arguyó que el restablecimiento de la unidad católica solo podía lograrse mediante el recurso a la Inquisición⁵⁷. Comentando aquella discusión, el neocatólico Ortí y Lara —apologista del Santo Oficio— dio la razón a Cánovas, manifestando que lógicamente era preciso restablecer el célebre tribunal⁵⁸.

Finalmente, y tras no pocas discusiones, el artículo 11 aprobó la confesionalidad católica del Estado, estableciendo a continuación la tolerancia religiosa «salvo en el respeto debido a la moral cristiana», y no permitiendo «otras ceremonias, ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado». Todo lo cual, sobre todo con respecto a la situación inaugurada a partir de 1868, supuso un claro triunfo del catolicismo. A partir de ese artículo, el Estado no se inhibía de la cuestión religiosa, sino que se colocaba al lado del catolicismo, lo apoyaba y se dejaba apoyar por él. No reconocía la libertad de cultos, sino que se prometían tolerancias. El «error» era lo que la Iglesia católica consideraba tal. Solo que, frente a la intolerancia preconizada por la jerarquía católica, tradicionalistas y moderados históricos, el Estado, en tanto que liberal, decía garantizar un mínimo de privacidad donde el «error» debía ser tratado con ciertos límites.

El resto de los artículos se aprobó prácticamente sin debate. La Constitución de 1876 siguió los postulados doctrinarios de soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Aumentaron los poderes del monarca: el rey podía convocar, suspender y cerrar las Cortes, y nombrar y separar libremente a los ministros. Disponía, además, del mando supremo del Ejército y de la Armada, lo que se consideraba vital tanto para evitar nuevos pronunciamientos militares y de partido como para defender de forma más coherente el orden social y político. Sin embargo, esto tendría como consecuencia una importante autonomía del poder militar sobre el civil.

Las relaciones del Ejército con la Corona no pasaron, sobre todo a lo largo del reinado de Alfonso XIII, por el tamiz del Parlamento. Y, de hecho, el militarismo no desapareció durante la Restauración; simplemente adoptó nuevas formas y nuevos contenidos, en particular la militarización de importantes parcelas de la administración⁵⁹. Las Cortes, formadas por el Congreso y el Senado, eran copartícipes con el rey en la soberanía nacional. El Congreso estaba compuesto por representantes elegidos, en un primer momento por voto censitario, y luego, a partir de 1890, por sufragio universal masculino. El Senado se configuró como feudo de la aristocracia, de los poderes tradicionales —Ejército e Iglesia— y de las élites sociales y políticas⁶⁰.

Definición del régimen: oligarquía, caciquismo y bipartidismo

Con respecto a la democracia, Cánovas llegó aceptar, en 1890, sus principios, de cara, como veremos, a una integración más firme de los liberales en el sistema, para luego falsificarlos sistemáticamente mediante prácticas caciquiles. En ese sentido, el caciquismo, que no es, desde luego, una característica única de la Restauración, en modo alguno puede considerarse como una corrupción pasajera del sistema parlamentario ni producto del apoliticismo del conjunto de la sociedad española, sino que ha de interpretarse desde una doble perspectiva.

Ciertamente, el caciquismo no puede comprenderse sin un análisis global de la realidad social española de la época, sino que forma parte del entramado de una nación como España en la que la burocratización de tipo patrimonial caracterizaba al dominio de la sociedad por el Estado: la desarticulación y pasividad de las masas, la centralización gubernamental, el despotismo semidisfrazado del Ejecutivo, la distribución regional de los centros de decisión, el localismo y el abismo entre el régimen legal y el ejercicio cotidiano del poder. De igual manera, el fenómeno caciquil forma parte de un procedimiento deliberado por parte de las élites políticas para controlar y excluir de la participación política a los enemigos del sistema. Y es que, en realidad, las élites de la Restauración encarnaban la típica política de notables de la época liberal. Nunca concibieron la acción política como movilización de masas, sino como pacto entre élites⁶¹.

Pronto salieron a la luz las críticas de los grupos liberales y krausistas fuera del sistema restaurador, al que denominaban despectivamente «monarquía doctrinaria». Así, Gumersindo de Azcárate estimaba que la construcción política de Cánovas dejaba «vivo en el fondo lo esencial del antiguo régimen»⁶². Otro krausista, Francisco Giner de los Ríos, acusó permanentemente al doctrinarismo canovista de estar «vacío de contenido», convirtiéndose en mero oportunismo político al servicio de las oligarquías reaccionarias⁶³.

Sin embargo, Cánovas tuvo el suficiente talento para propiciar el acuerdo con algunos sectores políticos provenientes de la Septembrina para la consolidación del régimen. Los constitucionales, partidarios del texto de 1869, nominalmente encabezados por el general Serrano, pero bajo la dirección real de Práxedes Mateo Sagasta, aceptaron, con ocasión de las primeras elecciones, su papel de oposición en el régimen, y el Gobierno canovista favoreció la canalización hacia sus filas de aquellas fuerzas que no podía integrar en las propias.

A partir de 1877, Sagasta se declaró dispuesto a gobernar en el cuadro constitucional de la Restauración. Cánovas era admirador del modelo bipartidista británico, con dos grandes partidos coincidentes en lo esencial y que, en consecuencia, fueran capaces de alternar en el poder mediante un pacto previo. Ambos partidos debían ser «dos aspectos del mismo organismo, dos fuerzas que indistintamente sean empleadas por la Corona según las circunstancias».

A ese respecto, Cánovas distinguió entre partidos legales e ilegales, dinásticos y antidinásticos. Los primeros eran los que aceptaban la monarquía de Alfonso XII y los principios de la «constitución interna»; los segundos, aquellos que no aceptaban aquellas condiciones. Así, quedaban fuera de la legalidad de la Restauración republicanos y carlistas, por cuestionar la dinastía o la institución monárquica, y partidos obreros, anarquistas y socialistas, por rechazar la propiedad privada⁶⁴.

Cánovas no tuvo demasiadas dificultades en integrar y absorber para su nuevo Partido Liberal-Conservador, junto a algunos disidentes de «la Gloriosa», a los llamados «moderados históricos», capitaneados por Claudio Moyano y el conde de Cheste. Derrotados en su intento de lograr el retorno de Isabel II y de la Constitución de 1845, desacreditados por un pasado al que casi nadie deseaba volver, los moderados se fueron retirando de la vida política activa o se integraron en el partido de Cánovas⁶⁵.

Debilitado por la derrota militar, el carlismo se mantuvo, sin embargo, irreductible. A mediados de marzo de 1875, Cándido Nocedal y su hijo Ramón fundaron El Siglo Futuro, para contrarrestar las campañas de los sectores católicos —en particular el capitaneado por Alejandro Pidal y Mon—, partidario de una acción política posibilista⁶⁶. Nuevamente se pusieron de manifiesto las divisiones del carlismo respecto a la táctica que debía seguirse. Unos eran partidarios del retraimiento político y la consiguiente preparación de un alzamiento militar; otros lo eran de la vía legal. Como consecuencia, su actividad fue muy escasa y sobre todo enfocada a la insurrección militar. Ante las elecciones de 1879 se impuso la opinión de Nocedal favorable al retraimiento, mientras que otro sector, representado por Ceferino Suárez Bravo, Vicente de la Hoz y el conde de Orgaz, era favorable a la participación electoral⁶⁷.

LA UNIÓN CATÓLICA: UN INTENTO DE TRADICIONALISMO ALFONSINO

Alejandro Pidal y Mon: teología política tomista para la Restauración

Existió, sin embargo, un sector de la derecha antiliberal —no proveniente del carlismo, sino de las diversas facciones neocatólicas— dispuesto a la transacción con la legalidad alfonsina. Fue el grupo de la llamada Unión Católica, dirigido por Alejandro Pidal y Mon⁶⁸. Miembro de una acaudalada familia de tradición moderada, Pidal y Mon había nacido en Madrid en 1846. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Central y se sintió atraído por la filosofía de santo Tomás de Aquino. Sus ideas políticas y filosóficas son inseparables de la restauración tomista propugnada por la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano I y la encíclica Aeternis Patris de 1879 ⁶⁹. Su maestro por antonomasia fue el padre Zeferino González y Díaz-Tuñón, en quien Pidal veía al sucesor de Balmes y Donoso Cortés en el campo de la apologética católica⁷⁰, y tuvo ocasión de recibir sus lecciones en el madrileño convento de la Pasión, al lado de Ortí y Lara y de Eduardo Hinojosa⁷¹.

La neoescolástica ocupó el puesto del tradicionalismo, en tanto filosofía católica. La Santa Sede condenó el tradicionalismo en sus enunciados de carácter dogmático —revelación primitiva, denuncia de la razón natural, etc.—, pero aceptó la teoría tradicionalista del Estado y de la sociedad, sobre todo en la autocomprensión práctica de la autoridad eclesiástica. La doctrina tradicionalista de la soberanía fue asumida a través de la concepción práctica del primado y la infalibilidad del Papa⁷².

Pidal ofreció a la Restauración esa filosofía legitimadora. La neoescolástica establecía la razón soberana de Dios y los límites de la razón humana, mediante la restauración de la metafísica. De esta forma se superaba —en un plano especulativo— la crisis inaugurada por el racionalismo, cuyo principal efecto social y político era la secularización de las sociedades. La metafísica ofrecía la imagen de un mundo acabado y perfecto, sin contradicciones, como producto de la voluntad suprema de Dios⁷³. Igualmente, Pidal se mostró muy crítico con el krausismo, en cuya entraña veía un «panteísmo socialista» que había nacido para dar legitimidad a la revolución⁷⁴.

Pidal fue, en un primer momento, uno de los críticos más acerados desde la derecha de Cánovas y su proyecto político. Consideró que la Constitución de 1876 estaba contaminada de liberalismo, sobre todo por su abandono del principio de unidad católica, y defendió la restauración del texto constitucional de 1845⁷⁵. Sin embargo, el político católico fue consciente de la estabilidad conseguida por el orden canovista y, no sin reticencias, fue adaptándose a la nueva situación, con todas sus consecuencias. Pidal fue un posibilista de derecha, a medio camino entre el tradicionalismo carlista y el conservadurismo liberal de Cánovas. Sin viabilidad —por el momento— su «tesis» de la unidad católica, Pidal no vio otra posibilidad que aceptar la «hipótesis» tal y como la veía Cánovas y confiar al tiempo y a nuevos esfuerzos la tarea de rehacer y revisar el orden político surgido del pronunciamiento militar de Sagunto. «Querer lo que se debe y hacer lo que se puede», tal fue la divisa de su acción política.

En este sentido, su proyecto político fue una reedición del propugnado por Balmes y el marqués de Viluma, es decir, la apertura al carlismo y la extensión del frente político tradicional contra los liberales. Para Pidal, Balmes —mucho más que Donoso, de cuyo fideísmo desconfiaba— representaba

[…] el papel de apóstol de la paz, de conciliación y concordia, entre las verdades eternas de la religión y las necesidades científicas de su tiempo, entre las tradiciones necesarias y gloriosas de nuestra nacionalidad y las aspiraciones del porvenir, entre los españoles chapados a la antigua y la inexperta juventud que anhelaba impaciente lanzarse por los nuevos y desconocidos derroteros, entre las Españas llamadas a combinarse para formar unidas la gran tradición española⁷⁶.

En un principio, Pidal lanzó desde el Parlamento una llamada a «las honradas masas carlistas»⁷⁷, con el objetivo de formar un bloque político católico. El llamamiento fue muy mal recibido por la dirección carlista, que acusó a Pidal de pretender atraerse a sus bases para consolidar en el trono a Alfonso XII y, de paso, al régimen liberal. Esto no impidió que los pidalianos y algunos antiguos neocatólicos se reuniesen en enero de 1881, con el pretexto de felicitar al obispo francés Freppel por sus campañas contra la legislación laicista de la III República. A iniciativa de Pidal se redactó una carta de adhesión al obispo en la que aparecían los nombres de importantes miembros de la intelectualidad católica, junto a un buen número de aristócratas: Pidal, Ortí y Lara, Galindo y Vera, Carbonero y Sol, Valentín Gómez, Damián Isern, Emilia Pardo Bazán, Sánchez de Toca, Marcelino Menéndez Pelayo, Eduardo Hinojosa y otros⁷⁸.

La Unión Católica

Los anatemas carlistas contra Pidal y sus partidarios no tardaron en llegar. Se les apellidó «mestizos», «apóstatas», «traidores» y, sobre todo, «liberales»⁷⁹. Pese a ello, Pidal fue organizando la que vino a llamarse Unión Católica, que en sus comienzos contó con el apoyo de un sector de la intelectualidad católica y de la aristocracia, con el beneplácito de un influyente sector de la jerarquía eclesiástica⁸⁰. Frente a sus críticos tradicionalistas, Pidal presentó sus objetivos como meramente religiosos: «conservar y defender su Fe y para ejercitarla en obras», «poner dique a la revolución anticatólica y antisocial para estrechar más y más los vínculos entre sí y sus pastores los reverendos señores obispos». La nueva agrupación se decía heredera de las aspiraciones de los pontífices Pío IX y León XIII, así como de los proyectos de Balmes y de Aparisi y Guijarro. No tenía otro objetivo que la recatolización de la sociedad española, instaurando «el reinado social de Jesucristo». La Unión Católica se colocó bajo la protección de la Inmaculada Concepción, de san José y de san Francisco de Sales. El grupo se organizó a través de una Junta Superior Directiva —como centro general de la asociación—, estableciendo Juntas Diocesanas en las capitales y Juntas Locales⁸¹.

El cardenal Zeferino González fusionó los Círculos Católicos de obreros que había fundado en Córdoba en 1887 y que tenían como objetivo, desde una óptica paternalista, la integración del mundo obrero en la sociedad. No eran asociaciones reivindicativas, pero trataban de propagar «las buenas costumbres, los conocimientos religiosos, morales y científicos, literarios y artísticos, proporcionar trabajo a los asociados cuando haya necesidad, crear una caja de ahorros para socorrerse mutuamente […] y proporcionar a los mismos algunos ratos de honesta expansión, principalmente domingos y días festivos». En los Círculos estaban prohibidas «de una manera absoluta las discusiones políticas», y solo podían ser miembros «los obreros mayores de dieciocho años que no padezcan enfermedad crónica, que sean católicos, apostólicos romanos, de intachable conducta y cuya admisión sea aprobada por la juta directiva»⁸².

La llegada al poder de los liberales sagastinos en febrero de 1881 alarmó a Pidal y sus partidarios que, no sin razón, suponían que ello daría al traste con las medidas de Orovio contra los krausistas, «convirtiendo la cátedra en barricada contra la religión». Además, temían que llegara a plantearse «lisa y llanamente la libertad de cultos, lo mismo que planteó la Revolución de septiembre». Efectivamente, la circular del ministro Albareda repuso a los profesores en sus cátedras, medida que fue recibida por los tradicionales como un golpe «terrible y homicida» contra el catolicismo⁸³. Aprovechando aquella coyuntura, los unionistas volvieron a criticar la dispersión de las fuerzas católicas y la actitud de los dirigentes carlistas, en particular de Nocedal, «jefe enemigo de toda otra política que la del anatema»⁸⁴.

Contra las disensiones de los católicos españoles, León XIII publicó en 1882 la encíclica Cum Multa, donde exhortaba a unir fuerzas. Pero ni esta ni las recomendaciones de los obispos hicieron posible el proyecto pidaliano, que en ningún momento pudo disfrutar del apoyo popular del carlismo.

En vista de su escaso éxito, y tras una visita a León XIII, Pidal optó por integrar su grupo en el Partido Liberal-Conservador de Cánovas, lo que fue recibido por sus enemigos como una prueba más de lo turbio de sus propósitos. En 1884, al parecer a instancias del propio Alfonso XII, Pidal fue nombrado ministro de Fomento en el nuevo Gobierno presidido por Cánovas. Su presencia en el Ejecutivo contribuyó a avivar las tensiones y aumentar el clima de división entre los católicos.

El primer incidente serio fue suscitado por la intervención de Pidal sobre la «cuestión romana», que provocó, por su contenido ultramontano, las protestas del Gobierno italiano. Poco después, el discurso del catedrático de la Universidad Central y Gran Oriente de la Masonería, Miguel Morayta, con motivo de la inauguración del curso académico de 1884-1885, presidido por el propio Pidal, se convirtió en el inicio de otro largo incidente que le desgastó aún más. El discurso de Morayta provocó la reacción indignada de la prensa católica y de algunos obispos, pero no solo contra el contenido del discurso, sino contra la tolerancia y la permisividad de un ministro católico ante una forma de propaganda masónica y racionalista. Desde el ministerio, Pidal intentó promover medidas en favor de la educación católica, creando los denominados «colegios asimilados», con plena capacidad para examinar y conceder títulos⁸⁵. Otros decretos importantes bajo su mandato fueron los de oposiciones a cátedra, la reforma de la Facultad de Derecho y la del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios.

Pese a su fracaso, la Unión Católica tuvo la clara virtualidad histórica de servir de freno a las posiciones más extremistas del tradicionalismo carlista, privándole de la representación exclusiva de los intereses católicos. Además, la influencia pidaliana en el Partido Liberal-Conservador llegó a ser considerable. Tras su paso por el Ministerio de Fomento, ocupó el cargo de presidente de las Cortes y la embajada en la Santa Sede. A la muerte de Cánovas, fue propuesto para la jefatura del Partido, que, como veremos luego, rechazó en favor de Silvela y luego de Maura.

Anatemas tradicionalistas

Los carlistas nunca le perdonaron. La más sonada de las críticas vino de la mano del célebre propagandista católico Félix Sardá y Salvany, director de la influyente Revista Popular y padre intelectual de lo que luego vendría a denominarse «integrismo». Nacido en Sabadell en 1844, de familia dedicada a la industria textil⁸⁶, Sardá fue uno de los representantes más extremos del catolicismo tradicionalista. Su obra El liberalismo es pecado —traducida a ocho idiomas— data de 1885, pero sus campañas fueron muy anteriores.

Ya en 1875 decía: «¡Te conozco, católico liberal! No es pues la fuerza de la hipótesis lo que te obliga a aceptar la tolerancia con el error; es el deseo de complacer a la revolución el que te ha metido a predicador de un catolicismo a medias, a pesar de los anatemas del Papa»⁸⁷. Ni que decir tiene que el destinatario de aquellas diatribas era Pidal. Y es que cualquier matiz a la defensa intransigente de la unidad católica equivalía a traición, es decir, a liberalismo.

Liberalismo suponía, ante todo y sobre todo, la autonomía del individuo respecto a los dogmas religiosos y a la revelación. Principios liberales eran la soberanía absoluta del individuo», la «soberanía de la sociedad», la «soberanía nacional» y la «secularización». Pero en Sardá la crítica al liberalismo adquiría igualmente una perspectiva materialista y antiburguesa, con la denuncia de la desamortización como «inicuo despojo», fundamento material del liberalismo. Así pues, para cualquier católico consecuente, liberalismo era sinónimo de «blasfemo, ladrón, adúltero u homicida, o cualquier otra cosa de las que prohíbe la ley de Dios y castiga su justicia»⁸⁸.

Pero ni los carlistas ni los integristas pudieron competir intelectualmente con los partidarios de Pidal y Mon. La importancia de la Unión Católica fue, ante todo, de orden intelectual. Entre sus militantes se encontraba Zeferino González, principal representante de la neoescolástica española, promovido por la Restauración al arzobispado de Sevilla y Toledo, y luego al cardenalato. Fue autor de una serie de obras interesantes, como Historia de la Filosofía o La Biblia y la Ciencia, de carácter apologético. El cardenal González no fue, al menos en el contexto español de la época, un reaccionario integral y, de acuerdo con los postulados de la neoescolástica, sometió a fuerte crítica los puntos más radicales del tradicionalismo filosófico, en particular el fideísmo, el pesimismo y la denuncia de la razón natural. Aunque muy crítico con los contenidos del proyecto de la modernidad, consideraba imposible un retorno a la etapa aristotélica, premoderna.

Como Balmes, fue un ecléctico; su programa político consistía en la restauración de una «monarquía templada», «muy lejos de nuestras monarquías constitucionales en las que el rey reina pero no gobierna», y en la crítica a la economía política liberal, a la que oponía «la economía política cristiana», centrada, no en el individuo, sino en el «bienestar moral de la comunidad»⁸⁹.

Discípulo del cardenal González, Eduardo Hinojosa y Naveros fue un importante renovador de los estudios histórico-jurídicos españoles⁹⁰. Asimismo, es reseñable la obra del marqués de Vadillo, defensor del derecho natural y crítico radical de la secularización⁹¹. No obstante, el miembro de la Unión Católica más vinculado al Partido Conservador fue Joaquín Sánchez de Toca, quien defendió el artículo 11 de la Constitución como «una obra acabada y perfecta de consumada habilidad política», considerando a Cánovas un «hombre de Estado superior»⁹². Posteriormente identificado con Eduardo Dato, Sánchez de Toca fue un defensor tenaz de la Constitución de 1876⁹³.

Sin embargo, los intelectuales más célebres que apoyaron a la Unión Católica fueron la escritora Emilia Pardo Bazán y el historiador Marcelino Menéndez Pelayo. Ambos merecen un epígrafe aparte.

EMILIA PARDO BAZÁN: EL SUAVE FEMINISMO CONSERVADOR

Como en el resto de las sociedades europeas, la española era profundamente androcéntrica, fundada por defecto en una perspectiva masculina a la hora de contemplar y representar el mundo, hasta el punto de que la masculinidad acababa convertida en neutralidad normativa. En el fondo, este androcentrismo situaba al sexo femenino en un segundo plano. Su consecuencia práctica era el patriarcado, una mentalidad cultural que partía de la idea de que la mujer era un ser inferior al hombre tanto a nivel intelectual como a nivel físico y moral. Desde la perspectiva patriarcal, la mujer se encuentra predestinada a ser una figura silenciosa, invisible, dependiente y privada, una mentalidad que se encontraba extendida en todos los sectores sociales, políticos y filosóficos.

Tan solo una minoría de ilustrados, como Condorcet, tomó en serio el tema de la igualdad de los sexos. Rousseau, en cambio, fue un antifeminista radical⁹⁴. La Revolución francesa fue profundamente androcéntrica y, tras las guerras napoleónicas, liberales y conservadores, a pesar de sus diferencias ideológicas, tenían una visión fundamentalmente doméstica de la misión social y vital del sexo femenino⁹⁵, una visión que fue compartida durante mucho tiempo por las izquierdas emergentes, republicanos, socialistas y anarquistas. En todas partes se impuso la ideología de la «domesticidad», visible en España en la obra de un escritor de izquierdas como Benito Pérez Galdós ⁹⁶. Frente a esa realidad, ya a mediados del siglo XIX, surgió el feminismo como actitud y luego como movimiento político⁹⁷.

En España, su aparición fue muy tardía y su desarrollo muy lento. Sin embargo, existieron, ya en el período isabelino, escritoras, intelectuales y asociaciones filantrópicas que exigieron una mayor igualdad entre los sexos. En ese aspecto destacaron escritoras románticas como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Vicenta García Miranda o Carolina Coronado, y filántropas como Concepción Arenal⁹⁸. Otras escritoras se declararon partidarias de modelos más tradicionales y afines a la perspectiva católica. Su ejemplo era el denominado «ángel del hogar», cuyo principal artífice fue Pilar Sinués, que portaba algunos elementos innovadores como el derecho al acceso a la educación, el derecho a publicar textos escritos, el derecho de acceso a trabajos extradomésticos y la exaltación de las virtudes femeninas.

Al mismo tiempo, el catolicismo recurría como arquetipo de feminidad a la Virgen María como antítesis positiva a Eva, aspecto que desarrolló en sus pastorales Antonio María Claret. En la Pastoral de la mujer, esta aparecía como un ser angelical, moralmente superior. Por su parte, el tradicionalismo carlista desarrolló, a lo largo del «Sexenio», su propio discurso femenino en el periódico La Margarita, en referencia a Margarita de Borbón, esposa del duque de Madrid, a la que se presentaba como «ángel de la caridad»⁹⁹.

Una tradicionalista heterodoxa

La España de la Restauración no significó cambios importantes en lo relativo a la promoción social y política de la mujer. En este contexto tan desfavorable, destaca la figura de Emilia Pardo Bazán. De estirpe hidalga, luego ennoblecida, Pardo Bazán había nacido en La Coruña el 11 de septiembre de 1851¹⁰⁰. La escritora gallega fue una figura singular, una auténtica outsider en los ámbitos político y literario español. Su familia era de tradición liberal, pero ella simpatizó, desde su juventud, con el carlismo, aunque terminó abandonándolo por su ineficacia política, tras manifestar su admiración por la figura del duque de Madrid. Esto no le impidió entablar relaciones con escritores e intelectuales liberales, como Francisco Giner de los Ríos y, sobre todo, con Benito Pérez Galdós, lo mismo que con conservadores y tradicionalistas como Pereda o Menéndez Pelayo.

En su formación intelectual estuvieron presentes tanto el tradicionalismo como el krausismo o el positivismo evolucionista. Consideraba su catolicismo compatible con las tendencias naturalistas en literatura, lo que extrañó al propio Émile Zola. En este sentido, su libro, La cuestión palpitante, fue muy discutido en el campo literario español de la época¹⁰¹. Polifacética, brillante, ilustrada, tradicional y ecléctica, siempre consideró, sin embargo, la moral católica como la única moral posible. Incluso teorizó sobre la actualización del absolutismo monárquico, tomando nota de las experiencias políticas de la Alemania bismarckiana. Los fundamentos de su construcción ideológica no eran teológico-políticos, sino seculares. Recurría a positivistas, krausistas, e incluso a Kant y a las teorías evolucionistas. En su esquema, el monarca es un representante y guía de la nación, unido a una nobleza activa y dinámica, siguiendo el ejemplo de Alemania y Gran Bretaña, y una corte promotora del arte nacional¹⁰².

Su obra como novelista no estuvo identificada permanentemente con el naturalismo, ya que posteriormente giró hacia posturas espiritualistas. En su obra más célebre y conseguida, Los pazos de Ulloa, se mostraba muy crítica con las prácticas caciquiles de los notables gallegos, y realizaba un acre relato de la decadencia experimentada por los estamentos tradicionales de su región natal. De su giro espiritualista destaca Quimera, en la que describe un proceso de conversión religiosa. Como crítica e historiadora de la literatura francesa, algunas de sus opiniones sobre el romanticismo galo coinciden con las defendidas por Charles Maurras¹⁰³.

Sin embargo, lo que más llama la atención en su obra y en su figura no es solo su independencia de criterio, sino su feminismo militante, muy minoritario no ya entre las derechas, sino en el conjunto de la sociedad. Lectora y traductora de John Stuart Mill y de August Bebel, entre otros, Pardo Bazán se caracterizó por su voluntad de lograr su autonomía como mujer y como intelectual. El feminismo defendido por la escritora gallega es de claro signo liberal y conservador, es decir, basado en la búsqueda de la igualdad de derechos y en la convicción de la existencia de un sustrato esencial compartido por todos los seres humanos. Pardo Bazán no cuestionó la vigencia de la familia tradicional ni la estructura social.

Sin embargo, denunció la escasa atención del pensamiento ilustrado y del sistema político liberal respecto a la situación social de las mujeres. Y es que, por ejemplo, la educación femenina respondía a los deseos y a la mentalidad del varón, que no deseaba la igualdad y «le place que viva una vida física y cerebral, no solo inferior, sino enteramente diversa». La mujer aristocrática española se caracterizaba por la frivolidad y la ociosidad. Su cónyuge tan solo la veía como «un mueble de lujo». La mujer burguesa o mesocrática destacaba por su mediocridad —su único horizonte era el matrimonio— y por la deferencia hacia la aristocracia, lo que demostraba una escasa confianza en sí misma, «falta de independencia y energía». En el caso de las mujeres obreras y campesinas, las juzgaba Pardo Bazán menos sometidas a la tutela de varón, pero no se habían beneficiado en absoluto de la legislación liberal. Resaltaba, además, su analfabetismo, el dominio de las costumbres discriminatorias y el inmovilismo.

Ante esta problemática forjada en un contexto tan desfavorable, Pardo Bazán no tenía excesivas esperanzas de un camino rápido hacia una igualdad efectiva de oportunidades entre los sexos, para «las mujeres que lo merezcan». Pardo Bazán propugnaba un modelo de mujer emancipada, dueña de sus destinos como ser humano, inconformista, que pusiera en cuestión los patrones de conducta más tradicionales: una mujer con derecho al trabajo y a la independencia económica¹⁰⁴.

A pesar de todas las dificultades, la escritora gallega consiguió algunos éxitos. En 1908, Alfonso XIII le concedió el título de condesa de Pardo Bazán, y ocho años después fue nombrada —con la oposición de no pocos profesores— catedrática de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central¹⁰⁵. Sin embargo, nunca consiguió su anhelada entrada en la Real Academia de la Lengua, a causa de la contumaz y radical oposición de la mayoría de sus miembros.

EL HISTORICISMO TRADICIONALISTA DE MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO

De acuerdo con José María Jover, fue a partir de 1854 cuando comenzó a surgir el concepto contemporáneo de España y el desarrollo del nacionalismo español sui generis, de orientación retrospectiva y finalidades de prestigio. Moderados y progresistas tuvieron sus propias concepciones de la Historia de España, aunque unos y otros compartían la creencia en la España castellana forjada en el siglo XVIII, si bien atribuyeran toda la gloria a los Reyes Católicos. Los moderados manifestaban, sin embargo, mayor comprensión hacia la España de los Austrias, pero sin llegar, como los tradicionalistas, neocatólicos o carlistas, a identificarla con la imagen de la nación.

Ello era producto, sin duda, de su mayor afinidad con los prestigios históricos de los estamentos tradicionales, Iglesia y nobleza, y con la monarquía. De hecho, la derecha liberal fue incapaz de asumir una visión progresista de la Historia de España —semejante a la interpretación whig británica—, dada su afinidad con el catolicismo y al no haberse producido en España la Reforma protestante¹⁰⁶. Por otra parte, la derecha tradicionalista, aunque disponía de una interpretación propia de la historia nacional, a la que identificaba con la ortodoxia católica, no dispuso de una obra general, como la del liberal Modesto Lafuente, hasta fechas relativamente tardías, con la Historia general de España, de Víctor Gebhardt, muy influido por la perspectiva balmesiana¹⁰⁷. Otros sectores liberales radicales dieron, frente al catolicismo dominante, otra interpretación de la historia nacional a través de mitos como el de los Comuneros, al-Ándalus y los fueros medievales¹⁰⁸.

Frente a la historiografía progresista

La Restauración canovista generó su propia historiografía, basada en el esfuerzo erudito de acumulación documental al servicio de la ideología conservadora del régimen. Ya conocemos los planteamientos historiográficos de Cánovas, que, en el fondo, eran reflejo de las ambigüedades y contradicciones del conservadurismo liberal español. Por un lado, como ya hemos señalado, Cánovas juzgó necesario —de acuerdo con la tradición liberal— someter a crítica el mito de Felipe II y de la España de los Austrias, porque estimó negativa su política religiosa, pero, al mismo tiempo, contradijo aquella opinión al considerar que, en el fondo, había sido aquel el período más fecundo de la trayectoria histórica española¹⁰⁹.

En este sentido, la producción histórica de Marcelino Menéndez Pelayo fue mucho más coherente que la de Cánovas¹¹⁰. Nacido en Santander en 1856, Menéndez Pelayo fue el historiador por antonomasia de las derechas españolas¹¹¹. Lo que Hipólito Taine y Numa Denis Fustel de Coulanges fue para la derecha francesa lo fue Menéndez Pelayo para el conjunto de la española. «Diríase que la cabeza del señor Menéndez Pelayo —señaló Emilio Castelar— es una biblioteca de Alejandría cuyo gran bibliotecario es el Papa […]. Los libros del señor Menéndez Pelayo son los inventarios de la testamentaría de la escuela neocatólica»¹¹².

Nacido en un ambiente de clase media tradicional, su formación intelectual fue de una clara impronta catalana. A lo largo de su etapa de estudios en Barcelona, se impregnó del romanticismo conservador que caracterizó a los ambientes universitarios catalanes. La llamada «generación floralista», representada por Martí D’Eixalá, Milá i Fontanals y Llorens i Barba, fue la más influyente en la formación del historiador santanderino. A ello hay que añadir la del neocatólico Gumersindo Laverde, muy interesado en el estudio de la ciencia española. Llorens i Barba desarrolló la doctrina idealista del Volkgeist, el espíritu del pueblo. Íntimamente ligada a esta perspectiva filosófica se hallaba la impronta de pensadores tradicionalistas como Jaime Balmes. Para Menéndez Pelayo, el filósofo catalán no solo supuso un poder intelectual alternativo al liberalismo, sino que expresó un proyecto político realista y digno de llevarse a la práctica en las circunstancias españolas, como era el final de la escisión dinástica mediante el matrimonio de Isabel II con el conde de Montemolín y la consiguiente reconciliación entre isabelinos y carlistas. Aquel proyecto era «el único que hubiese atajado desastres sin cuento, dando acaso diverso giro a nuestra historia»¹¹³. Igualmente expresó su deuda intelectual con José María Quadrado, Joseph de Maistre y Edmund Burke.

Más próxima en el tiempo fue la influencia del neocatólico Gumersindo Laverde Ruiz de La Madrid, colaborador de La Defensa de la Sociedad y luego militante de la Unión Católica. Anteriormente, Laverde había planteado la necesidad del estudio y la investigación de la ciencia y de la filosofía españolas como vehículo para un replanteamiento, en sentido tradicional y católico, de la identidad nacional. De hecho, su objetivo era la búsqueda de una «filosofía nacional» frente al krausismo¹¹⁴.

Incitado por Laverde, Menéndez Pelayo se dio a conocer con la célebre polémica de la ciencia española, que fue algo más que una mera digresión sobre el saber filosófico y científico de la España antigua. Se trató, en el fondo, de una polémica sobre la Historia de España y el papel del catolicismo en su desarrollo cultural. La cuestión que se desató no fue tanto la existencia o inexistencia de la ciencia española como la definición de «lo» español y su necesario correlato, la dirección intelectual y moral de la sociedad española. Frente al krausista Gumersindo de Azcárate y a positivistas como Revilla, Menéndez Pelayo intentó rebatir, con gran acopio de datos, la visión liberal-progresista de la trayectoria histórica de España, según la cual el catolicismo —y, en particular, la Inquisición— era la causa profunda de la decadencia del país y de la inexistencia de filosofía y ciencia propiamente española.

Por el contrario, para el historiador santanderino había existido en España no solo ciencia empírica, sino tres escuelas filosóficas acordes con su «genio» nacional: el lulismo (Raimundo Lulio), el vivismo (Juan Luis Vives) y el suarismo (Francisco Suárez). A su entender, la decadencia española en los planos político, social, científico y filosófico se produjo, por el contrario, a partir del siglo XVIII con el advenimiento de la Casa de Borbón y la Ilustración. No obstante, a lo largo de la polémica, que se prolongó durante años, Menéndez Pelayo hubo de lidiar igualmente con los neoescolásticos como el padre Fonseca y su propio jefe político Alejandro Pidal, que le acusaron de antitomista¹¹⁵. Su hábil y erudita intervención en la polémica le ganó el aprecio de las élites políticas conservadoras y, en particular, de Cánovas del Castillo. Gracias al apoyo de Pidal, y a pesar de su juventud, logró acceder a la cátedra de Historia de la Literatura en la Universidad Central. Posteriormente ingresó en la Real Academia Española, en la de Historia, en la de Bellas Artes y en la de Ciencias Morales y Políticas.

Tras su paso por la Unión Católica, ingresó, al lado de Pidal, en el Partido Liberal-Conservador de Cánovas. Aunque nunca fue ideológicamente liberal y mantuvo hasta el final su fidelidad a los planteamientos balmesianos, Menéndez Pelayo consideró que solo en el Partido Conservador se encontraba «hoy la verdadera y genuina representación de los principios tradicionales; sin exageraciones absurdas, fantásticas e imposibles»¹¹⁶. Tenía, además, una buena opinión sobre Cánovas, a quien consideraba un «auténtico historiador»¹¹⁷. Como militante conservador, llegó a ser diputado y senador por Palma de Mallorca y Zaragoza, aunque la política activa nunca le interesó. Sin embargo, en todo momento fue consciente de la dimensión específicamente política del «saber» histórico. A su juicio, la Historia tenía por misión juzgar el pasado e instruir para el porvenir: «No debe ser escrita con esa indiferencia que presume de imparcialidad»¹¹⁸.

Como ya señalamos, en Menéndez Pelayo la influencia del nacionalismo cultural de Herder se complementa con el nacionalismo balmesiano. La influencia de Llorens i Barba impregnó al santanderino de la idea de la nación como un conjunto orgánico dotado de un «espíritu» particular e incardinado permanentemente en ella, a lo largo de su historia. El «espíritu del pueblo» se identificaba con una tradición específica. Como defenderá en su Historia de los heterodoxos españoles, el Volkgeist español era inseparable del catolicismo, «el eje de nuestra cultura». Es decir, español equivalía a católico. La Historia de España se presenta en esa obra como una perpetua disputa entre ortodoxia y heterodoxia religiosa, que se va repitiendo en ciclos de ascenso y decadencia, según sea la Iglesia católica quien dirija moral e intelectualmente a la sociedad española. En otras palabras, el «genio» nacional se define por su componente latino y católico. La unidad cultural española procedía de Roma, lo que excluía la influencia racial y cultural de los germanos. Los visigodos se romanizaron pronto, bajo la influencia de la Iglesia. La conversión de Recaredo al catolicismo dio origen a la unidad nacional, como consecuencia de la unidad de creencias religiosas. La caída del reino visigodo se debió a cuestiones de orden moral, como resultado de la relajación de costumbres y del abandono progresivo del catolicismo por parte de la minoría dirigente. Sin embargo, la continuidad del ideal cristiano como base de la Reconquista era, a su juicio, evidente. Menéndez Pelayo desdeñaba la influencia de árabes y judíos en la configuración del «genio» nacional, y, precisamente, el «carácter» español se forjó en la lucha contra ambos pueblos.

Durante el período de la Reconquista se fortaleció la unidad religiosa y quedó consolidada en la lucha contra el islam. Inspirada por la Iglesia, la raza hispanolatina obtuvo la victoria final sobre los musulmanes durante el reinado de los Reyes Católicos. Menéndez Pelayo justificaba, en este sentido, la Inquisición con el argumento de que era el instrumento de la unidad religiosa, que tan solo podía mantenerse mediante el control de las minorías de conversos, judíos, árabes, protestantes y alumbrados. A partir de ahí, Menéndez Pelayo exalta la España de los Austrias, auténtica «edad de oro», en la que los españoles se convierten en «espada y brazo de Dios», y donde todo se subordina a la expansión del catolicismo, sobre todo con el descubrimiento y la conquista de América, y con la lucha contra el protestantismo en Europa¹¹⁹.

La decadencia española fue producto de la modernidad. Se inicia como consecuencia directa del abandono del ideal religioso por parte de las clases dirigentes españolas desde el advenimiento de la Casa de Borbón y de sus ministros ilustrados en el siglo XVIII. Siglo «afrancesado»; siglo de miseria y relajamiento moral; siglo de despotismo administrativo, sin grandeza ni gloria; siglo de impiedad vergonzante, como demostraba la expulsión de los jesuitas; de paces desastrosas, bajo la hegemonía francesa; siglo de centralización administrativa y de asfixia de las libertades municipales y forales. A diferencia de la mayoría de los historiadores españoles del siglo XIX, Menéndez Pelayo no fue castellanista. En su concepción, España era una unidad, sobre todo por la fe, y luego por la historia y la geografía. No obstante, esa unidad «orgánica» no excluía la diversidad regional. Su formación catalana le hizo receptivo a los planteamientos regionalistas —no nacionalistas—, que consideraba acordes con la característica espontaneidad del «genio» nacional español, «un gran elemento del progreso y quizá la única salvación de España»¹²⁰.

La prueba de la superficialidad de la influencia ilustrada en la sociedad española fue la significación de la Guerra de la Independencia, auténtico movimiento popular en defensa de la identidad católica y monárquica. Por el contrario, las Cortes de Cádiz supusieron una auténtica traición al significado profundo de la contienda, dando lugar a una Constitución «abstracta e inaplicable». Al santanderino solo le merecieron elogios Pedro de Inguanzo, Alvarado, Vélez y los demás críticos tradicionales de la obra gaditana. El posterior triunfo y desarrollo del liberalismo fue condenado sin paliativos por Menéndez Pelayo. La desamortización fue, a su juicio, «un inmenso latrocinio», «compra y venta de conciencias». Sin embargo, esto no le llevó a justificar a Fernando VII ni a los carlistas. Seguidor, como sabemos, de Jaime Balmes, Menéndez Pelayo interpretó las guerras carlistas como guerras de religión, pero nunca se identificó con los partidarios de don Carlos, e incluso les acusó de ausencia de proyecto político. Y es que la cultura carlista «había llegado a tal extremo de penuria que en nada y para nada recordaba a la gloriosa ciencia española de otras edades, ni podía aspirar por ningún título a ser continuadora suya»¹²¹. Tampoco vio en el reinado de Isabel II más que un conjunto de errores y desafueros, condenando tanto a los moderados como a los progresistas, a la Unión Liberal y a los demócratas. Solo Balmes y, con salvedades, Donoso Cortés, y luego los neocatólicos representaban la genuina tradición nacional.

La caída de Isabel II fue interpretada por Menéndez Pelayo como una consecuencia no solo del liberalismo, sino del reconocimiento por parte de España del reino de Italia, que había acabado con el poder temporal del Papa. El Sexenio resultó ser una auténtica galería de los horrores, culminación política, social y religiosa del proceso extranjerizante y demoledor que arrancaba de la Ilustración y del posterior desarrollo del liberalismo. El grueso de la culpa lo hacía recaer en los intelectuales krausistas. El antikrausismo de Menéndez Pelayo, heredero de las críticas de Balmes, de Navarro Villoslada, de Ortí y Lara, de Caminero, etc., no tuvo límites. Para el santanderino, el krausismo llegó a España por casualidad como consecuencia de la «lobreguez» intelectual de Sanz del Río. Asimismo, negaba la religiosidad de los krausistas, que no eran, en el fondo, otra cosa que «ateos disfrazados»¹²². Sin embargo, la Restauración no llegó a satisfacerle del todo, al menos en un principio. Como Pidal, aspiraba a una restauración integral del catolicismo, según el proyecto de Balmes. El eclecticismo canovista y su captación de los liberales sagastinos, así como su aceptación de la tolerancia de cultos, equivalían a una nueva ruptura de la tradición nacional¹²³.

Se ha escrito mucho acerca de la evolución ideológica del historiador santanderino, de su talante más depurado y abierto conquistado con los años. Sin embargo, es preciso no confundir lo que es la tolerancia en las amistades personales —su amistad con Leopoldo Alas, Galdós y otros intelectuales liberales— con las de carácter ideológico o político. En realidad, las ideas básicas de Menéndez Pelayo nunca cambiaron de manera ostensible. En rigor fue, como dijo su amigo y admirador «Clarín», el «Bonald español», y para la derecha católica y tradicionalista adquirió, como tendremos oportunidad de ver, el rango de «intérprete dotado de autoridad»¹²⁴.

DIVERGENCIAS CONTRARREVOLUCIONARIAS: CARLISMO E INTEGRISMO

La Unión Católica fue, en realidad, la única aportación del catolicismo tradicional al régimen de la Restauración. El carlismo se mantuvo absolutamente impermeable a las llamadas de Pidal y a los consejos de la jerarquía católica. Sin embargo, fue políticamente ineficaz y ni siquiera supo aprovechar para su causa la conmoción política provocada por la muerte de Alfonso XII en noviembre de 1885. Cánovas decidió entonces dimitir y aconsejar a la regente María Cristina que encargara el Gobierno a Sagasta para consolidar la alternancia política. Se habló igualmente de la posibilidad de un matrimonio entre el hijo de don Carlos —Jaime— con la princesa de Asturias, matrimonio que uniría a ambas ramas dinásticas. El Siglo Futuro rechazó aquel proyecto —en el que, al parecer, estaba interesado León XIII— y lo consideró como «una infamia»¹²⁵. Sin embargo, aquellos planes y especulaciones se desvanecieron cuando la regente dio a luz a un varón. El clero se puso una vez más al lado del régimen y la dinastía, e incluso León XIII otorgó a Cánovas el título de caballero de la Orden de Cristo.

La escisión integrista e intentos de conciliación: los congresos católicos

Además, el carlismo demostró nuevamente que era incapaz de mantenerse unido. Cándido Nocedal murió el 16 de junio de 1885, y Carlos VII, quien en un principio había apoyado la táctica de retraimiento electoral propugnada por Ramón Nocedal, el hijo del fallecido líder, fue dando mayor protagonismo a los partidarios de la participación política y reorganización del movimiento. Finalmente, nombró su representante político a Francisco Navarro Villoslada. La escisión no tardó en llegar. Como señala Jordi Canal, se trataba más de actitudes que de doctrinas. Era evidente que los motivos de intranquilidad de los tradicionalistas durante el Sexenio habían desaparecido o fueron mitigados por la Restauración, lo que permitió la emergencia de diferencias anteriormente ocultadas. La solidez del edificio canovista y la progresiva alineación de la jerarquía eclesiástica con él provocaron el proceso de modernización del carlismo y su entrada en el juego político¹²⁶.

En plena crisis, Nocedal acusó a Carlos VII de no adecuar su actividad política a la legitimidad de ejercicio, acusándole de «traidor» y de «liberal». El duque de Madrid consumó la expulsión de los disidentes en el «Manifiesto de Loredán» del 10 de junio de 1888, al que Nocedal respondió con la vehemente «Manifestación de Burgos», de 25 de junio de 1889, donde se exponía detenidamente el proyecto político del nuevo Partido Tradicionalista o Integrista.

Ramón Nocedal y Romea había nacido en Madrid en 1842. Hijo de Cándido, participó activamente en las tareas políticas y publicísticas de su padre. Aficionado al teatro, fue autor de obras como El juez de su causa y La Carmagnola, muy discutidas por la crítica de la época. En realidad, el integrismo llevaba hasta sus últimos supuestos el ideal teocrático, según el cual la sociedad y el Estado debían estar subordinados a la Iglesia y no tendría que existir la dicotomía entre poder político y poder religioso. Se apoyaba en los siguientes puntos: absoluto imperio de la fe católica «íntegra»; condena del liberalismo como «pecado»; negación de los «horrendos delirios que con el nombre de libertad de conciencia, de cultos, de pensamiento y de imprenta abrieron las puertas a todas las herejías y a todos los absurdos extranjeros»; descentralización regional, y un cierto indiferentismo en materia de formas de gobierno¹²⁷.

En realidad, su modelo político ideal era el régimen teocrático de Gabriel García Moreno en Ecuador, que duró desde 1861 a 1875. Francisco Navarro Villoslada tradujo al español una biografía del político ecuatoriano, García Moreno, presidente de la República del Ecuador, vengador y mártir del derecho cristiano, de R. P. A. Berthe, en 1892. De hecho, años antes Sardá y Salvany había destacado la importancia de aquel ejemplo a la hora de defender la accidentalidad del régimen monárquico:

Ni monarquía quiere decir cosa sagrada, ni república significa ya a priori un sistema infernal. República es la del Ecuador, y vive allí la Iglesia como en sus mejores tiempos. Monarquía es la de Prusia, y allí se nos azota más aún que en España en tiempos de la Federal. Repúblicas y monarquías son buenas siendo católicas, es decir, no inspirándose su legislación en otro criterio que en el de la doctrina católica¹²⁸.

La aparición del integrismo contribuyó aún más a la división de los sectores políticos de la derecha antiliberal. No pudo competir con el carlismo; su incidencia electoral fue escasa, pero ejerció una indudable influencia sobre importantes sectores del clero católico.

El Partido Tradicionalista se organizó formalmente en agosto de 1889, con Ramón Nocedal como presidente; Ortí y Lara como vicepresidente; Javier Rodríguez de Vera, José Pérez Guzmán, Fernando Álvarez de Velasco y Ramón M. Alvarado como vocales, y Liborio Romery como secretario. Se optó por un sistema de juntas coordinadas por una junta central, esquema que había adoptado igualmente el carlismo, cuya reestructuración, dirigida por el marqués de Cerralbo, estimuló a la de los integristas¹²⁹. El nuevo partido se presentó por vez primera a las elecciones en 1891, consiguiendo sendos escaños Romery y Nocedal. En el partido militaron Arturo Campión, futuro historiador afín al nacionalismo vasco, y Sardá y Salvany, a cuyas ideas ya hemos hecho referencia. Ortí y Lara abandonó pronto la nueva agrupación política, acusándola, como era su costumbre, de heterodoxia.

Ante la división de las fuerzas católicas tradicionalistas nacieron los denominados «Congresos católicos», celebrados en diversas ciudades españolas entre 1889 y 1902¹³⁰. El contenido de aquellas reuniones era de rotundo signo antiliberal. Lo más próximo a la mentalidad moderna fueron las intervenciones de Pidal, Zeferino González, Sánchez de Toca o Menéndez Pelayo, muy criticados, como era de esperar, por carlistas e integristas. En lo relativo a la cuestión social, las soluciones seguían siendo abiertamente paternalistas. Así, el aristócrata Crespi de Valdaura hizo una llamada a la unión entre proletariado y nobleza para iniciar «juntos una pacífica campaña para vuestro mejoramiento material y moral». Por su parte, Eduardo Sanz y Escartín demandó la restauración de los gremios. Otros, como el marqués de Valle Ameno, abogaron por un moderado intervencionismo estatal en las relaciones sociales, junto a medidas de signo protector¹³¹. El carácter antiliberal era más significativo en el campo político, donde dominaba un talante que podríamos denominar «donosiano». El liberalismo había preparado la llegada del socialismo, y este solo podría ser contrarrestado por el catolicismo mediante su influencia en las instituciones: En palabras del canónigo Jaume Collel:

Y cuando después de titánica lucha habremos conquistado nuestros derechos, que son los derechos de Dios, y habremos levantado del lodazal del materialismo a la libertad humana estrangulada por el dogal masónico, al cerrarse el proceso del liberalismo, de ese conjunto de ideas subversivas y horribles tiranías, podremos escribir encima del rótulo que diga: El liberalismo ha muerto. ¡Viva la libertad!¹³².

Más interesante fue la proyección hispanoamericana de alguno de los congresos, en particular el tercero, que contó con la asistencia del vicepresidente de la República del Ecuador, Pablo Herrera, seguidor ferviente de García Moreno. En su intervención, Herrera señaló que el vínculo más importante que unía a España con los países americanos seguía siendo, sin duda, el religioso, «un vínculo de amor, un vínculo que nace de nuestra naturaleza, vivifica nuestro corazón y unifica nuestras voluntades»¹³³. Desde una perspectiva providencialista, el historiador Francisco Javier Simonet interpretó el descubrimiento de América como «un suceso verdaderamente providencial», premio otorgado por Dios a España y su Iglesia por su defensa de la fe a lo largo de la Reconquista. Al mismo tiempo, Simonet lamentaba la política secularizadora llevada a cabo por las repúblicas americanas bajo la influencia de Francia y Gran Bretaña. No obstante, ponía sus esperanzas en el ejemplo ecuatoriano¹³⁴.

Los fracasos de la secularización: ausencia de una derecha positivista y hegeliana

Pese a todas esas divisiones, la influencia del catolicismo fue de primer orden a lo largo de la Restauración, y en el específico campo de las derechas no surgió ninguna corriente secular al margen de la tradición católica. Se ha hablado, en este sentido, de que en la Restauración se produjo la recepción del positivismo en la sociedad española, bien entendido este en una acepción muy amplia, más como espíritu que como escuela filosófica¹³⁵. No puede decirse, a nuestro entender, que los sectores conservadores percibieran las posibilidades contrarrevolucionarias —o simplemente antirrevolucionarias— que esta filosofía llevaba consigo. No puede hablarse en nuestro país de un «positivismo de derechas», como el de Renan o Taine en Francia. Sánchez de Toca —y con él otros muchos— consideraba que el positivismo relativizaba los contenidos de la moral tradicional, que quedaban reducidos a un producto artificial del «estado social»¹³⁶.

Sin embargo, existieron algunos intentos —aunque no por parte de las derechas— de presentar el positivismo como una filosofía garante del orden y contraria a las utopías sociales. El fracaso de la experiencia republicana y federal influyó, de hecho, en el carácter más conservador que tomó desde entonces el positivismo español. A ese respecto, Manuel de la Revilla condenó sin paliativos el idealismo de los hombres de la Septembrina en el Ateneo y en la Revista Contemporánea¹³⁷.

Lo mismo podemos afirmar del hegelianismo. Tampoco puede hablarse en nuestro suelo de una «derecha hegeliana». Precisamente, uno de los vacíos especulativos de la España contemporánea fue la ausencia de Hegel, en parte por la influencia del krausismo y de la escolástica. Parcialmente hegeliano fue el canovista Antonio María Fabié, que nunca se adhirió a la doctrina del Estado de su supuesto maestro. Además, no sabía alemán ni fue un filósofo profesional —era farmacéutico—, y manifestó en todo momento, ante las críticas de Pidal y del cardenal González, su sumisión a la Iglesia¹³⁸.

Más fortuna tuvo la Escuela Histórica del Derecho, sobre todo en Cataluña. Sin embargo, la difusión de los planteamientos de Savigny tuvo dificultades ante las críticas de los sectores eclesiásticos, que los consideraban afines al positivismo y, en consecuencia, incompatibles con el catolicismo¹³⁹. Su representante más célebre fue el catalán Manuel Durán i Bas. Nacido en Barcelona en 1823, ha sido considerado el doctrinario por excelencia de la denominada «Escuela Conservadora de Cataluña»¹⁴⁰. Católico convencido, Durán intentó armonizar el historicismo de Savigny con el iusnaturalismo católico.

Su teoría del Estado era una amalgama de organicismo e individualismo. La sociedad necesita para su funcionamiento del Estado y de la Iglesia. No señalaba, sin embargo, el carácter primario y preestatal de los cuerpos intermedios. No los negaba, pero no insistía en su carácter básico y solo hacía aparecer la familia como intermediario entre el individuo y el Estado. La soberanía originaria reside en la nación, que coincide en el origen del poder, y los conceptos dentro de esa soberanía son la constituyente y la constituida. La soberanía constituyente es la facultad de dictar leyes, la cual reside en la nación. La soberanía constituida es el poder de un país. Las facultades de ese poder vienen dadas por las leyes fundamentales de la nación y en ese sentido, siguiendo a Donoso Cortés, ponía el acento en la soberanía histórica de la nación.

Durán fue un monárquico constitucional para quien la superioridad de la monarquía descansaba en su carácter tradicional y en ser un poderoso instrumento de unidad política. A ese respecto, nunca concibió Cataluña separada de España y propuso la unión de las distintas regiones españolas como una federación de Estados, según el ejemplo suizo. En este sentido, recogió la doctrina de la Escuela Histórica y la aplicó a Cataluña, para obstaculizar la codificación española y garantizar la defensa del derecho foral catalán¹⁴¹.

Otro de los contenidos de su obra fue la defensa del proteccionismo arancelario, que también influyó en Cánovas. Fueron célebres sus campañas en contra del librecambio. El Estado tenía derecho a señalar los límites a la libertad individual, y no solo según el principio moral, sino en conformidad con los principios esenciales del orden social y las necesidades de la nación¹⁴².

PLENITUD, TRANSACCIÓN Y CRISIS

Los años de la regencia supusieron la plenitud del sistema de la Restauración. A la altura de 1886, la guerra carlista quedaba ya lejos. Las intentonas republicanas, como la del general Villacampa, habían fracasado y los liberales sagastinos —e incluso republicanos como Emilio Castelar— aparecían integrados en el régimen. La guerra de Cuba, con la paz de Zanjón de 1879, sin perjuicio de que hubiese que liquidar poco después la «Guerra chiquita» y la abolición de la esclavitud en 1881, era un recuerdo. Por su parte, los conservadores tuvieron que enfrentarse a toda una legislación propugnada por los liberales, indudablemente democratizadora, con leyes como la de reunión, asociación, prensa y jurado, y, posteriormente, la de sufragio universal de 1890.

Cánovas atacó la institución del jurado, a la que calificó de «una de las instituciones más antipáticas» y «tristes», invención de la «anárquica Revolución francesa», cuyas consecuencias no eran otras que «la indulgencia ante cualquier facción potente que amenace la seguridad del Estado o del orden público»¹⁴³. Los conservadores se opusieron igualmente a la ley de sufragio universal. Pidal y Mon la acusó de devaluar la monarquía, transformándola en accidental, «el principio de autoridad trasladado de la cabeza a los pies»¹⁴⁴. Por su parte, Cánovas siguió valorando el sufragio universal de forma absolutamente negativa, con sentencias de dureza impar y calificativos como «vil», «brutal», etc., atacando el proyecto, que, a su juicio, suponía la negación del poder real¹⁴⁵. La ley terminó aprobándose, pero mediante un pacto en el que las virtualidades democratizadoras quedaron muy mermadas. Los liberales asumieron de hecho la doctrina canovista sobre la soberanía y, en el fondo, la ampliación del derecho electoral fue para el Gobierno un mero sufragio función y no el reconocimiento de un derecho político que implicara la soberanía popular¹⁴⁶.

Así, pues, Cánovas convivió con aquellas instituciones que, en el fondo, despreciaba y temía, por espíritu de compromiso con los liberales, de cara al normal funcionamiento de las instituciones, pero también porque las consideraba manejables por el Gobierno. Con respecto a la democracia, Cánovas aceptó sus principios para luego, en la medida de lo posible, falsificarlos sistemáticamente. A su entender, la experiencia había demostrado —en la historia reciente— que la soberanía popular llevaba al caos social y político, y que el absolutismo conducía a la revolución. De nuevo encontró una fórmula intermedia: un sufragio universal retórico y un despotismo ilustrado práctico mediante el caciquismo. Para el malagueño, la corrupción electoral era «una de las formas más naturales de ponderación cuando esta ponderación no se establece naturalmente»¹⁴⁷.

El giro proteccionista, social y corporativo

Cánovas y su partido evolucionaron, no obstante, en sus planteamientos económicos y sociales. De ello fue muestra el proteccionismo que adoptó y su polémica política arancelaria, reclamada sobre todo por su clientela vasca y catalana. En principio, Cánovas negó que el liberalismo implicara librecambismo¹⁴⁸. En el fondo, el proteccionismo era la consecuencia natural y lógica de su concepción del hecho nacional. Cánovas consideraba el cosmopolitismo como una doctrina artificial y falsa, y tampoco creía en las confederaciones supranacionales. En este sentido, definía a la nación como «una vasta sociedad agrícola y mercantil, y hasta una sociedad cooperativa»¹⁴⁹. Desde tal perspectiva, el librecambismo era «una doctrina irracional y atentatoria ante todo y sobre todo del principio de las naciones independientes», y, aplicado a una nación pobre como España, tendría efectos desastrosos. Frente al librecambio se imponía, en las naciones pobres, la cooperación entre los distintos sectores sociales para defender la independencia nacional, constituyendo mercados nacionales¹⁵⁰.

Otro desafío político e ideológico para el conservadurismo canovista vino de la mano de la renovación de la doctrina social de la Iglesia, propugnada por León XIII en la encíclica Rerum novarum, de contenido ambivalente. Por un lado, suponía un refuerzo de las tendencias contrarrevolucionarias por su condena del pensamiento moderno —liberalismo, socialismo, anarquismo—, y frente a la concepción conflictualista de la sociedad, reafirmaba la concepción estática y jerárquica del orden social, basado en la desigualdad natural, inevitable y benéfica. Además, uno de sus pilares fundamentales era una recia defensa de la propiedad privada. No obstante, frente al criterio abstencionista propio del liberalismo, defendía el intervencionismo estatal, que tenía su complemento en la doctrina de la subsidiariedad, según la cual el Estado debe tener una función subsidiaria con respecto a los cuerpos intermedios —familia, propiedad, iglesia—, cuyo contenido se encuentra en la ayuda —subsidium— que les aporta. Junto a ello, el programa social-católico se concretaba en una actualización del sistema corporativo-gremial¹⁵¹.

La repercusión de la encíclica en España fue, en un primer momento, débil. Como señala Feliciano Montero, el catolicismo español estaba más preocupado entonces de la recuperación de la unidad católica que por cuestiones sociales¹⁵².

Sin embargo, quien supo sacar partido de aquellos nuevos vientos fue Cánovas, que no tuvo inconveniente en someter a crítica su anterior individualismo económico. A esta evolución no fue ajeno tanto el acicate de la doctrina social católica como la política social de Bismarck, teorizada entre otros por Lorenz von Stein. A la altura de 1890, Cánovas criticó «la intransigente unidad de la doctrina del laissez faire, laissez passer», y evocaba la necesidad de un «eclecticismo práctico sediento de conciliación y de paz». El sentimiento de caridad y de resignación cristiana no eran ya «suficientes por sí solos para atender las exigencias del día». «Por mi parte, opino que será más ventajoso a la larga el concierto entre patronos y obreros, con o sin intervención del Estado, pero llegando este siempre que haga falta»¹⁵³.

Los conservadores presentaron, en 1891 y 1892, sendos proyectos de ley sobre el descanso dominical y las condiciones de trabajo de mujeres y niños. En defensa de estos proyectos, Cánovas intentó apoyarse en la encíclica recién publicada para legitimar su giro intervencionista, y lo mismo hizo su ministro Villaverde¹⁵⁴. Aprobados en el Senado, pasaron a ser debatidos en el Congreso, donde arreciaron las críticas laicistas y liberales, impidiendo su aprobación definitiva. Los grandes defensores del intervencionismo fueron los conservadores Cristóbal Botella y Salvador Bermúdez de Castro (marqués de Lema). Como tendremos oportunidad de ver, los proyectos conservadores de reforma social no fructificaron hasta comienzos del siglo XX, con el Gobierno Silvela.

Los sectores católico-tradicionales desconfiaban de un intervencionismo protagonizado por el Estado liberal. Ortí y Lara abogaba todavía por la caridad. En realidad, la publicación de la Rerum novarum debió de cogerle desprevenido, ya que en enero de 1891 había iniciado una polémica en la que señalaba que la mendicidad fomentaba el «espíritu cristiano» y promovía sentimientos que sin «el espectáculo de la mendiguez» podrían aflorar¹⁵⁵.

Uno de los primeros glosadores de la encíclica fue el jesuita Antonio Vicent. Nacido en Castellón el 3 de octubre de 1837, Vicent, estudiante de Derecho, fue pasante en el bufete de Aparisi y Guijarro, cuya influencia fue permanente en su pensamiento. Con el triunfo de «la Gloriosa» y la expulsión de los jesuitas, hubo de exiliarse en Francia, donde tuvo oportunidad de contemplar la caída del Imperio y los sucesos de la Comuna de París¹⁵⁶. Su libro Socialismo y anarquismo, cuya primera edición data de 1893, es, aparte de una exposición del contenido de la encíclica, un vademécum de los lugares comunes del catolicismo español de la época: antiliberalismo, antisocialismo, antimodernismo, paternalismo social y pesimismo histórico, donde puede percibirse igualmente la influencia de Aparisi y Guijarro ¹⁵⁷. Posteriormente, Vicent será promotor de los Círculos Católicos, al lado del célebre marqués de Comillas.

El principio del fin: la guerra de Cuba

En otro orden de cosas, los liberal-conservadores iban a sufrir una de las peores crisis internas, provocada por la disidencia de Francisco Silvela, a quien acompañaron numerosos miembros del partido. La marcha fue debida a la reintegración de Francisco Romero Robledo, de cuyas habilidades caciquiles necesitaba Cánovas en el nuevo contexto político creado por la implantación del sufragio universal. Silvela, a quien luego haremos referencia, se presentaba como un moralista reformador y crítico del caciquismo.

Al mismo tiempo, algunos sectores del clero, como el obispo de Calahorra y luego de Valladolid, Antonio María de Cascajares y Azara, miembro de una familia de la nobleza aragonesa, promovieron la articulación de un nuevo partido católico en detrimento de los dinásticos. Un proyecto que venía a ser, como el de la extinta Unión Católica, una reedición del viejo intento de fusión dinástica promovido por el marqués de Viluma y por Jaime Balmes. Un partido, en fin, que agruparía a alfonsinos y carlistas, «verdaderamente nacional en el que cabrán todos los hombres honrados y verdaderamente patriotas». Al parecer, el proyecto contó en algún momento con el apoyo de Silvela, Canalejas, Gamazo y el general Polavieja¹⁵⁸.

Los planes de Cascajares finalmente fracasaron, pero se inscribían en un contexto político de crisis de los partidos dinásticos y en el estallido de la guerra de Cuba en 1895. Cánovas no evolucionó en su percepción del problema cubano, y tampoco lo hizo el grueso de la élite política dinástica, salvo el por entones liberal Antonio Maura, que propugnó un régimen autónomo para la isla.

Cánovas, según dijo repetidamente, estaba dispuesto a emplear hasta el último soldado y hasta la última peseta en la defensa de Cuba como parte indiscutible de la nación española, rechazando cualquier concesión autonómica¹⁵⁹. Quizá, como argumentan algunos historiadores, era la única política posible si se pretendía mantener la soberanía española sobre la isla, porque la cuestión no se planteaba únicamente en términos de intereses materiales de los grupos hegemónicos, que eran importantes sin duda. Igualmente, se estaba ante una cuestión de legitimidad política y de prestigio nacional en el contexto de la época de expansión imperialista.

La intervención de Estados Unidos agravó el conflicto. De hecho, la legitimación de la guerra de Cuba no puede interpretarse en términos de conflicto entre derechas e izquierdas. Ciertamente, existió la oposición a la guerra de socialistas, anarquistas e intelectuales de izquierda, pero los miembros de la izquierda hegemónica en aquel momento —los republicanos— se mostraron fervientes patriotas, tanto más que dinásticos y carlistas. No obstante, las fuerzas de la derecha fueron las más activas en la legitimación de la contienda y, en primer lugar, la Iglesia católica. El clero participó en todas las manifestaciones oficiales relacionadas con la guerra, y hubo rogativas, procesiones y oraciones. Las organizaciones obreras católicas, por boca del padre Vicent, dieron su apoyo a Cánovas, interpretando la guerra como la lucha de una nación cristiana y la defensa de la fe católica en Cuba y Filipinas, frente a una nación protestante como Estados Unidos¹⁶⁰.

En cualquier caso, Cánovas no pudo ver el final del conflicto y del imperio español. Fue asesinado por un anarquista el 8 de agosto de 1897, solo seis meses antes de que el hundimiento del Maine en La Habana desencadenase el «Desastre». Tampoco pudo ver cómo su obra política iba a ser sometida a una crítica radical e inmisericorde en los años subsiguientes.

El asesinato del estadista malagueño fue recibido de forma diversa por los distintos sectores de la derecha. El Siglo Futuro señaló que Cánovas había muerto «sin pronunciar palabra, y no pudo por tanto dar muestras ni señal de arrepentimiento […]. Lo único que debemos decir es que ha muerto el más grande hombre del liberalismo y el mayor enemigo de los católicos tradicionalistas»¹⁶¹. Más matizada e incluso elogiosa fue la manifestación del duque de Madrid: «Cánovas, monárquico de toda la vida, conservador a su manera, creyente a sus horas, tenía plantadas sus tiendas en el campamento de los partidos políticos mucho más cerca de mí que de su rival Sagasta»¹⁶². La Unión Católica, el órgano de Alejandro Pidal, destacó su muerte como la de un «mártir representando el principio de la autoridad»¹⁶³. No muy distinta fue la valoración de un joven escritor y doctrinario político francés Charles Maurras, para quien Cánovas no era solo un «mártir de la autoridad», sino el estadista europeo más destacado¹⁶⁴.

El asesinato de Cánovas, unido a la marcha de la guerra de Cuba y Filipinas, agravó la crisis de los partidos dinásticos, lo que hizo temer por la estabilidad del régimen político. Un estado de ánimo que Alejandro Pidal supo plasmar en uno de sus discursos: «El mundo podrá presenciar un nuevo terror, terror de la revolución antisocial como presenció el terror antirreligioso de la Reforma, y de la Revolución antipolítica de la Convención»¹⁶⁵.

9

LA CRISIS DEL 98

OCASO DEL LIBERALISMO CLÁSICO Y GÉNESIS DEL NUEVO NACIONALISMO

Puede, sin duda, relativizarse el alcance de la fecha de 1898 en la gestación de una conciencia crítica —representada principalmente por la llamada «Literatura del Desastre»— que ya se encontraba en marcha desde comienzos de la década finisecular con la obra de Lucas Mallada, e incluso podría rastrearse su doble raíz en la recepción de un positivismo, que, como sabemos, tuvo en nuestro suelo un alcance fundamentalmente crítico, y en la conformación de una mentalidad regeneracionista que apareció en la década de los ochenta.

No obstante, permanecerá siempre como un hecho evidente que en 1898 España no solo fue incapaz de competir con las grandes potencias capitalistas, sino de conservar lo que le restaba del viejo imperio colonial ultramarino. El 98 supuso el final de todo un pasado imperial y la demostración paladina de que el sistema de la Restauración fue incapaz de dar impulso al desarrollo de la sociedad española en un momento de clara expansión en el resto de las naciones europeas. En este sentido, la crisis del 98 fue principalmente una crisis de carácter ideológico: «Quiebra ideológica, que no social y política», la definió Manuel Tuñón de Lara¹. Se estaba ante una auténtica crisis de identidad nacional: los valores en que hasta entonces se asentaba el concepto de patria española se habían hundido y no se veía claro el futuro.

Sin embargo, el Desastre del 98 no puede ser considerado como un hecho esencialmente castizo de la historia nacional. España no fue la única nación que sufrió una conmoción semejante. Hay, en efecto, un «98 portugués», que tuvo lugar en dos momentos distintos: en 1890, cuando Portugal tuvo que renunciar al sueño colonial del mapa de color de rosa ante la rotundidad del ultimátum británico, y en 1898, cuando Alemania y Gran Bretaña prepararon un acuerdo secreto para repartirse las colonias portuguesas del sur de Ecuador. También hubo un «98 italiano», cuando la tremenda derrota de Adua termina con el primer proyecto de una Abisinia italiana. Un «98 francés», cuando en Fashoda se hundieron las expectativas sobre Egipto ante la determinación británica de defender el control de la costa africana del Índico y las posibilidades de un eje El Cabo-El Cairo. En el caso francés, a ello se añadían los efectos psicológicos y políticos de la derrota de 1870 frente a Alemania, y los del célebre affaire Dreyfus, que dividió al conjunto de la opinión pública².

En estrecha coincidencia con ello, las sociedades finiseculares experimentaron un período de profundos cambios psicológicos, en el que se produjo una «revolución intelectual», una «revuelta contra el positivismo» y los ideales de la Ilustración, que daría lugar a la creación de nuevos fundamentos culturales del pensamiento europeo, como el historicismo culturalista, el intuicionismo, el irracionalismo nietzscheano, el psicoanálisis, etc. Frente a la razón positiva, lo irracional resurgía: la razón histórica y vital reprimida por el reduccionismo idealista del positivismo se manifestaba de nuevo e intentaba ajustar las cuentas con la razón abstracta hasta entonces reinante³.

Tanto los «desastres» internacionales como la revolución intelectual que fue gestándose en las conciencias tuvieron, a la larga y en diversos grados y ritmos, importantes consecuencias de orden político e ideológico. Los gobernantes y los regímenes liberal-parlamentarios perdieron una parte sustancial de su legitimidad. No es que a finales de siglo los gobernantes europeos hubieran perdido su legitimidad in toto, pero sí era cierto que una forma de legitimidad estaba perdiendo fuerza y eficacia.

Nuevas propuestas políticas

La crisis tuvo como consecuencia el decaimiento de las ideologías políticas tradicionales —liberalismo y conservadurismo— y el desarrollo de una gran variedad de reacciones desde la extrema derecha a la extrema izquierda. En el campo de la derecha, la crisis trajo consigo la formulación de un conservadurismo radical, muy distinto del antiguo, en cuya perspectiva el engrandecimiento de la nación —entendida como organismo colectivo— ocupaba el lugar prioritario. Se trataba de un nacionalismo basado en la defensa de los valores tradicionales en un momento en el que estos eran puestos en cuestión por el desarrollo de los procesos de modernización social y política en el conjunto de las naciones europeas. En modo alguno debemos olvidar que la génesis de este nacionalismo no puede entenderse únicamente como producto de la impresión de decadencia y disgusto que siguió a las derrotas internacionales ni de los cambios ideológicos y culturales a que hemos hecho referencia; es igualmente una reacción ante los procesos de transformación estructural y política que a menudo se manifiestan en la evocación nostálgica de una sociedad tradicional preindustrial en vías de extinción. Este conservadurismo radical tuvo sus caudillos intelectuales indiscutibles en Francia en las figuras de Charles Maurras (1868-1952) y Maurice Barrés (1862-1923), en cuya producción ideológica —distinta, pero convergente en el fondo— puede percibirse las características de este nacionalismo «integral»: la exaltación de la nación, de las comunidades tradicionales, de la región, del honor, la crítica profunda a la democracia y al igualitarismo, el desprecio hacia los liberales, demócratas y judíos, el llamamiento al activismo, la insurrección y la violencia⁴.

El nacionalismo integral francés disfrutó de una importante influencia en Portugal, donde tuvo su traducción autóctona en el movimiento integralista, cuyas máximas figuras fueron Antonio Sardinha, Hipólito Raposo y José Pequito Rebelo⁵; junto a figuras independientes como el poeta Fernando Pessoa⁶.

Aunque la influencia de Maurras y Barrés no estuvo ausente de Italia, el nuevo nacionalismo italiano, representado por Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini y Gabriele D’Annunzio, se diferenció profundamente de la vertiente pasadista y tradicionalista del nacionalismo francés, en su exaltación del desarrollo económico y de las élites burguesas, así como en su reivindicación del expansionismo colonial⁷.

¿Cuál fue, en ese sentido, la relación en España entre el desarrollo histórico de las nuevas tendencias conservadoras y la crisis finisecular? El Desastre sumió al conjunto de las fuerzas conservadoras españolas en una sensación de perplejidad que dio paso a una actitud de interrogación. A ello se sumó la reflexión de los regeneracionistas, como Joaquín Costa, y de los representantes intelectuales del «espíritu del 98», que, si bien no pueden ser relacionados —al menos en aquel momento preciso— con el conjunto de la derecha española, fueron capaces de introducir, a partir de su planteamiento del llamado «problema de España», nuevas perspectivas en el desarrollo del nacionalismo español, que más tarde tendrían una influencia decisiva en la génesis del fascismo español y de la derecha radical.

Es preciso señalar, sin embargo, que en España el avance hacia formas de nacionalismo integral fue más lento que en el resto de los países europeos de su entorno. Un rasgo esencial de nuestro país fue la aparición de los nacionalismos periféricos catalán y vasco como movimientos políticos de envergadura. Cuando en Italia se iba afianzando su nueva realidad nacional, en España aparecieron los nacionalismos vasco y catalán, que, además, tenían implantación en regiones caracterizadas no solo por su peculiaridad cultural, sino, también, por su dinamismo económico. Ello era consecuencia, en parte, de la debilidad del sentimiento nacional español, como corresponde a un país tardíamente integrado, incluso desde el punto de vista de las comunicaciones internas, y de un proceso de «nacionalización de las masas»⁸ aún muy incipiente a causa de la debilidad del Estado y de las estructuras educativas públicas. A esto se unía la ausencia de reivindicaciones territoriales en el exterior, lo que nuevamente la diferenciaba de Italia, y una posición internacional subordinada, que tampoco contribuyó a configurar —en contraste con Francia y su conflictiva relación con Alemania— una imagen del enemigo exterior cohesionada del sentimiento nacionalista. Por todos estos factores, el conjunto de las derechas españolas tuvo como objetivo, a partir del Desastre, la búsqueda de nuevos proyectos de vertebración nacional, una situación muy distinta a la del resto de las naciones europeas de su entorno.

DEL SILVELISMO AL MAURISMO: LA RECTIFICACIÓN CONSERVADORA DE LA RESTAURACIÓN

Alternativas ante la crisis

El Desastre y su repercusión en la opinión pública hicieron presagiar una próxima caída del régimen a manos de sus enemigos carlistas y republicanos, o simplemente a manos de los militares. A la vista de no pocos, era obvio que el grueso de la responsabilidad histórica y política recaía en el sistema de la Restauración y el conjunto de sus élites dirigentes. Sin embargo, la propia rapidez de la derrota y la atonía con que fueron recibidos los acontecimientos por la mayoría de la población impidieron la formación de un partido de la guerra y la consiguiente articulación de una alternativa política de carácter antiparlamentario⁹.

A pesar de ello, la crisis contribuyó a replantear la problemática de la situación española y las eventuales alternativas a la misma. Esta situación se vio reflejada en las respuestas a la encuesta que sobre el tema de Oligarquía y caciquismo elaboró Joaquín Costa, poco después de la derrota, y a la que fueron convocadas numerosas figuras de la derecha española, como Francisco Silvela, César Silió, Emilia Pardo Bazán, Antonio Maura, Eduardo Dato, Ortí y Lara, Joaquín Sánchez de Toca, Juan Vázquez de Mella, Matías Barrio y Mier, Damián Isern, Enrique Gil y Robles, Ramón Nocedal, etc. Finalmente, dieron su contestación, entre otros, Maura, Ortí y Lara, Gil y Robles, Sánchez de Toca y Mañé y Flaquer.

Del lado dinástico, Antonio Maura se mostraba de acuerdo en lo fundamental con el diagnóstico de Joaquín Costa sobre el caciquismo, aunque no con sus soluciones, y propugnaba una reforma paulatina, sin poner en cuestión las bases del régimen, de las costumbres y de las prácticas políticas que, con el tiempo, lograran erradicar «la abstención y la abdicación de los auténticos y legítimos partícipes de las funciones políticas de Gobierno y dirección social»¹⁰. Distinto era el diagnóstico y la solución dadas por el conservador Joaquín Sánchez de Toca a la problemática del momento. Receloso tanto de un sufragio universal que instaurara la «voluntad de la plebe» y la persistencia del entramado oligárquico caciquil, Sánchez de Toca propugnaba el robustecimiento del poder moderador del monarca como correctivo de los abusos y los peligros del régimen parlamentario «Si el régimen parlamentario careciese de ese órgano, si el texto constitucional o las prácticas del Gobierno intentaran eliminar o impedir la acción de esta bienhechora influencia personal del soberano se derrumbaría en el acto toda la fábrica teórica y legal del parlamentarismo por incompatible con la naturaleza humana»¹¹.

Distinta era, naturalmente, la propuesta tradicionalista-carlista de Enrique Gil y Robles, para quien la crisis era consecuencia directa de la «revolución burguesa» llevada a cabo por los liberales a lo largo del siglo XIX, que había instaurado la hegemonía de una burguesía «irreligiosa» e «hipócritamente pietista», convirtiendo al conjunto de la sociedad española en una masa inorgánica, amorfa e indiferenciada. La solución se encontraba en una auténtica política de «deseuropeización» dirigida por una dictadura tan paternal como implacable a cargo de Carlos VII y que restaurara los valores católicos y las jerarquías propias de la sociedad tradicional¹².

Ya en los últimos años, Ortí y Lara se limitó a repetir su denuncia de la relación directa del sistema liberal con «el concepto de libre examen y de la independencia de la razón humana», propugnando el retorno a «la recta razón ilustrada por la fe»¹³. Y, por su parte, el tradicionalista catalán Mañé y Flaquer atacó al sufragio universal, cuya instauración había impuesto, según él, «una escuela constante de desmoralización para todas las clases sociales», que contribuía a la consolidación, dada la situación de incultura dominante en el conjunto de la población, de «la oligarquía y el caciquismo que tratan de extinguir»¹⁴.

Otra alternativa que gravitaba repetidamente en las páginas de la encuesta era la corporativista, defendida, entre otros por algunos miembros de la mesocracia, que, como Antonio Casaña, estimaban que el régimen parlamentario era «inadaptable a nuestro país», por lo que había de ser sustituido por el sistema corporativo, basado en el presidencialismo, la abolición del sufragio universal y de las elecciones, y la instauración de la representación orgánica: «Cada clase social, según su importancia y su capacidad, tendrá un representante en las Cortes y en los Ayuntamientos, por cada determinado número de individuos, representante que sería designado por la ley, no por ningún cuerpo electoral»¹⁵.

Estos planteamientos antiliberales no tuvieron, por el momento, traducción política. La iniciativa corrió a cargo de los conservadores dinásticos, que, a pesar de la reacción que sacudió al país, fueron capaces de salvar el régimen. No obstante, hubo quien llegó a pensar en una alternativa política semejante a la representada por Boulanger en Francia, o Pelloux en Italia. Esta alternativa estuvo encarnada, al menos en el pensamiento de algunos tradicionalistas y conservadores antiliberales, en la figura del general Camilo Polavieja. Católico ferviente y monárquico convencido, Polavieja se había distinguido como capitán general de Filipinas, donde consiguió varias victorias militares frente a los insurrectos¹⁶. Su catolicismo y su eficacia militar hicieron que la prensa conservadora y tradicionalista comenzara a ver en él al hombre providencial capaz de impulsar la regeneración del país. Su prestigio se vio acrecentado al dimitir de su cargo, en marzo de 1897, por discrepancias con el Gobierno canovista. Su retorno a España estuvo acompañado por multitudinarias manifestaciones de adhesión, organizadas por católicos y conservadores. El cardenal Cascajares vio en Polavieja al caudillo aglutinador del partido católico que auspiciaba. Igualmente, era un hombre bien visto en la Corte, y fue capaz de conseguir el apoyo de conservadores disidentes, como Silvela, de liberales, como Canalejas, de sectores de la burguesía catalana y del catalanismo político más antiliberal, y de ciertos núcleos de integrismo nocedaliano¹⁷.

Sin embargo, Polavieja no tardó en defraudar a los sectores antiliberales que en un primer momento le apoyaron. En septiembre de 1898, el general sacó a la luz pública un anodino manifiesto en el que, tras negar cualquier intento de acaudillar una dictadura militar, hacía un llamamiento al «sentimiento nacional» por encima de los partidos y donde se propugnaba la extirpación del caciquismo, la descentralización administrativa, el servicio militar obligatorio, la unión del pueblo con la monarquía, el respeto al catolicismo y una política de fomento de la riqueza¹⁸.

El Gobierno de los conservadores dinásticos: Francisco Silvela

En ese sentido, fueron los conservadores dinásticos —ahora bajo la dirección de Francisco Silvela— quienes mejor supieron interpretar la coyuntura política y las necesidades del momento. Disidente, como sabemos, del canovismo, Silvela¹⁹ era un hombre de amplia cultura, elitista, aficionado a la especulación filosófica y estudioso de la España de los Austrias. Su ideología se concretaba en un intento de armonizar el conservadurismo y el catolicismo con los supuestos más novedosos de la sociología positivista de Comte y Spencer²⁰. Defensor de un organicismo de matices biologicistas, Silvela se mostró muy crítico con el proceso de destrucción de los cuerpos sociales intermedios y de centralización llevado a cabo por los liberales, propugnando una renovación de «esas fuerzas colectivas y hacer que el impulso que el Estado recibe de las fuerzas sociales en el sentido del progreso, no venga solo de la acción individual, sino que se suavice, se dulcifique y se temple con la intervención de las colectividades, de las corporaciones […]»²¹.

A ese respecto, Silvela venía propugnando desde hacía tiempo un programa político alternativo, que giraba en torno a la reforma de las administraciones públicas mediante la adopción del sufragio corporativo; la descentralización como medida para combatir el caciquismo, y la conversión de la opinión pública en la base del régimen político²².

Gracias al apoyo de Alejandro Pidal, Silvela pudo acceder, frente a Romero Robledo, a la dirección del Partido Conservador y tuvo oportunidad de imponer su programa político²³. Esta formación fue llamada a gobernar cuando la situación de los liberales sagastinos se hizo insostenible por la disidencia de Gamazo. Silvela fue el nuevo presidente del Gobierno y, hábilmente, logró neutralizar la amenaza de un posible movimiento militar acaudillado por Polavieja e intentó integrar a los regionalistas catalanes en la política nacional. En vistas a ello formó un Gobierno de concentración en el que estuvieran integradas la mayoría de las corrientes de reacción conservadora suscitadas por el Desastre: regionalistas catalanes, como Durán i Bas; militares, como el propio Polavieja, y conservadores, como Eduardo Dato, Fernández Villaverde, el marqués de Pidal y Gómez Imaz. Su programa se centró en el reajuste financiero, en la consolidación del crédito, en la descentralización administrativa, en la restauración de la Escuadra y del Ejército, y en una atención preferente a las mejoras técnicas en agricultura, industria y comercio²⁴.

La acción del Gobierno se vio obstaculizada no solo por la oposición de las Cámaras de Comercio —movimiento auspiciado, entre otros, por Joaquín Costa²⁵— y de los sectores republicanos, liberales y anticlericales, que le tacharon de «reaccionario y clerical», sino por las propias contradicciones internas del gabinete, en particular por las dificultades de acuerdo entre los planteamientos hacendísticos de Villaverde y los proyectos militares de Polavieja, así como la resistencia de los contribuyentes catalanes a las exigencias fiscales del ministro conservador, quien, por lo demás, desautorizaba la presencia de Durán i Bas en el Gobierno²⁶.

A pesar de las prontas disensiones de Polavieja y Durán, la gestión del Gobierno Silvela en modo alguno puede considerarse negativa. No solo logró neutralizar la amenaza latente de un golpe de Estado militar, sino que la actuación de Fernández Villaverde al frente de Hacienda también fue importante, al llevar a cabo con éxito la reforma económica de carácter estabilizador, tendente a la contención de precios, el equilibrio presupuestario y la ortodoxia monetaria. También es la primera legislación social llevada a cabo por Eduardo Dato, con la aprobación de las leyes de accidentes de trabajo, y del trabajo de mujeres y niños²⁷.

Poco después se produjo la mayoría de edad de Alfonso XIII, quien demostraría, y desde el primer momento de su reinado, el deseo de intervenir lo más posible en las tareas de Gobierno. Nunca fue el prototipo de monarca constitucional. Se sentía soberano con las Cortes, y existen abundantes testimonios de que, dada la forma en que estas eran elegidas, llegó a opinar que él interpretaba mucho mejor la voluntad nacional que los políticos del «turno»²⁸. Por otra parte, es preciso resaltar su entorno social, los hábitos de la Corte y de la llamada camarilla real. Alfonso XIII actuaba y pensaba, en definitiva, como un aristócrata más²⁹, y es muy posible que su misma educación religiosa le llevara a considerarse a sí mismo como un instrumento de la Providencia para la regeneración nacional³⁰. Igualmente, hay que tener en cuenta su relación directa con el estamento militar. Alfonso XIII se sentía, ante todo, militar, inclinándose, además, generalmente, de parte de los militares cuando se producía un conflicto entre estos y el poder civil, procurando mantener así la unidad de las Fuerzas Armadas³¹.

Antonio Maura: la revolución desde arriba

En este sentido, pueden calificarse de difíciles las relaciones del nuevo monarca con el auténtico representante de las corrientes renovadoras del conservadurismo, Antonio Maura y Montaner³², el sucesor de Silvela. Nacido en Palma de Mallorca en 1853, Maura entró en política de la mano de Germán Gamazo, en cuyo bufete trabajaba y con cuya hermana se casó. Fue diputado desde 1881 y once años después ocupó la cartera de Ultramar en unos momentos particularmente difíciles. La frustración de sus proyectos reformadores para Cuba provocó su dimisión y la de Gamazo, acentuándose sus diferencias con Sagasta. Tras la muerte de Gamazo y convertirse en jefe de la facción gamacista, sintonizó con Silvela y poco después ingresó en el Partido Conservador para convertirse en su líder, frente a las pretensiones de Fernández Villaverde.

Maura no fue solamente una de las figuras más controvertidas, sino una de las personalidades más apasionantes que engendró la nueva situación política. Era un orador elocuente y un político práctico. Sus paralelos europeos podían ser el portugués Joao Franco o el italiano Francesco Crispi. Ministro de Gobernación en 1903, encarnó el juego limpio electoral; lo que vino a causarle no pocos contratiempos ante su propio partido e incluso ante la Corte. Sus audacias tuvieron como colofón el controvertido viaje del joven monarca a Barcelona, que, contra no pocos pronósticos fatalistas, resultó un completo éxito.

No menos polémico fue el caso del obispo Nozaleda y la insistencia de Maura en el nombramiento del impopular sacerdote para presidir la sede valenciana. Frente a liberales e izquierdistas, Maura se mostró arrogante y llegó a calificar a la opinión pública de «sonajero». Esa actitud retadora le valió no solo el aplauso de los católicos y de la jerarquía eclesiástica, sino la admiración de los sectores políticos más antiliberales, como los acaudillados por Alejandro Pidal y Juan Vázquez de Mella, e incluso la del propio Charles Maurras, con quien mantuvo correspondencia y que solía enviarle sus libros con afectuosas dedicatorias³³.

Menos doctrinario que Cánovas y Silvela, Maura era ideológicamente un liberal, pero su pensamiento político, mucho menos secularizado que el de Silvela, presentaba, al mismo tiempo, unos acusados perfiles conservadores e incluso tradicionalistas. Para Maura, el catolicismo era «la médula histórica de nuestra nacionalidad», y la monarquía, una institución política superior, intangible a priori. Se trataba de la médula misma del Estado español, el núcleo de la nacionalidad, «el broche, el lazo, la personificación de la unidad nacional», «el alma misma de la nación»³⁴. En este sentido, su proyecto político renovador se desenvolvía en la continuidad de la vida histórica tradicional; no pretendía «variar el sentido y el genio del pueblo», sino establecer «sobre su total integridad las instituciones políticas»³⁵.

Asimismo, participaba de la concepción organicista de la sociedad común a tradicionalistas y krausistas. Sin embargo, la defensa del organicismo y del voto corporativo, que tantas controversias suscitó, no pasaba de ser, en su pensamiento, una solución correctora de las deficiencias del sistema político. Maura no planteaba una crítica trascendente al liberalismo, ni modificaba en lo sustancial su concepción de la sociedad y de la representación política. Era solo un elemento complementario de la representación individual, que debía traer consigo la incorporación de grupos sociales y económicos en los órganos representativos³⁶.

Como en el caso de Silvela, el proyecto maurista nació de la percepción del agotamiento táctico de la vía restrictiva del liberalismo doctrinario tras el Desastre. La crisis era consecuencia de que «la inmensa mayoría del pueblo español está vuelta de espaldas, no interviene para nada en la vida política»³⁷. Al socaire de ese diagnóstico, Maura popularizaría, asumiendo algunas de las críticas regeneracionistas al régimen de la Restauración, la idea de la «revolución desde arriba», que, en su correspondencia privada, definió como «una dictadura austera, cívica, inteligente, preparadora de la regularidad jurídica en la vida popular y del Estado», que cerrara el paso a una posible dictadura militar representada por «un general soez, ignorante, estampilla de un puñado de amigotes peores que él»³⁸.

Desde la perspectiva maurista, esta «revolución» consistía, fundamentalmente, en reformas de carácter político —aunque también publicó leyes, como la 1907, en defensa de la producción nacional—, y radicaba en el «descuaje del caciquismo» y en la consiguiente revitalización de la vida política a través de la incorporación al ejercicio de la «ciudadanía» de las llamadas «masas neutras», en cuya desmovilización veía una de las causas de la crisis del sistema político. Maura entendió el problema de la representatividad como una cuestión de perfeccionamiento de las técnicas de control del bipartidismo, integrando dentro de los cuadros de un Partido Conservador renovado a los sectores tradicionalistas, católicos y regionalistas³⁹.

La renovación del sistema político pasaba por la reforma de la vida local, de los procedimientos electorales y de la representatividad parlamentaria. En su proyecto de «descuaje del caciquismo», Maura propugnaba un distinto tratamiento del doble carácter de los delegados del Gobierno y órganos ejecutivos locales, ostentados por el gobernador civil y el alcalde, distinguiendo entre las funciones municipales del alcalde —de las que debía de ser únicamente responsable ante los tribunales y ante su propio concejo— y sus deberes como delegado estatal —controlados por el gobernador—. Así, suprimiendo las relaciones entre el Ministerio de Gobernación y la vida municipal desaparecería el caciquismo, máxime si, al mismo tiempo, se otorgaba al municipio una ampliación de la autonomía⁴⁰.

Directamente relacionado con los objetivos perseguidos por la Ley de Administración Local, se hallaba la Ley de Reforma Electoral, que introducía novedades importantes, como la obligatoriedad del voto, la regulación de las juntas del censo electoral, la intervención del Tribunal Supremo en la determinación de la validez del acta, etc., y también —y es significativo— el nombramiento automático de los candidatos sin contrincante, cuyo resultado fue que en amplias zonas dejaron de celebrarse elecciones y que un amplio número de diputados comenzaron a acceder al Congreso sin necesidad de pasar por las urnas⁴¹.

Fue, sin embargo, la pretensión gubernativa descentralizadora y de introducción del sufragio corporativo en la vida municipal, así como la elección de segundo grado en la designación de los diputados provinciales, lo que mayor polvareda levantó en la oposición liberal y republicana⁴².

Junto a la aprobación de estas medidas, Maura intentó en 1903 y, sobre todo, en 1907-1909, una política de reconstrucción militar —como lo demostraba su proyecto de construcción de una nueva flota— y de reafirmación de los valores que él y sus partidarios consideraban inherentes a la nación española. Durante el «Gobierno largo» maurista, la Institución Libre de Enseñanza sufriría, sobre todo en relación al control de la Junta de Ampliación de Estudios, graves quebrantos. Por ello, la España gobernada por Maura y su ministro Rodríguez Sampedro se les antojaba a los institucionistas «una España envilecida». De igual modo derogó la Real Orden de 1906 sobre el matrimonio civil, que había suscitado una intensa protesta de los católicos contra el Gobierno de López Domínguez. En su mandato contribuyó también a conservar la influencia del clero en la enseñanza, si bien aumentó la escolaridad obligatoria de los seis a los doce años⁴³.

Aunque poco interesado en los temas sociales y económicos, e individualista convencido⁴⁴, Maura no olvidó del todo las necesidades de la clase obrera. Bajo su mandato se creó, en 1908, el Instituto Nacional de Previsión, que se ocupaba fundamentalmente de las pensiones de vejez⁴⁵, y se aprobaron las Leyes de Conciliación y Arbitraje, que sentaron en jurisprudencia el concepto de «jurados mixtos», y de Huelga, que reconoció el derecho de huelga para obreros y de lock-out para los patronos.

Mucha más resistencia social suscitó el proyecto de ley antiterrorista presentado en el Senado por el ministro de la Gobernación Juan de la Cierva, prototipo del oligarca —a cuyas prácticas caciquiles Maura no hizo ascos cuando las consideró necesarias— muy restrictivo, ante el recrudecimiento del terrorismo anarquista, de las libertades de expresión y de asociación. El proyecto finalmente hubo de ser retirado.

El proceso que condujo a la caída de Maura en 1909 es de sobra conocido. El conflicto de fronteras en Melilla requirió una importante movilización de fuerzas militares, que suscitó la protesta de republicanos, anarquistas y socialistas, muy definidos en el frente antimilitarista y anticolonialista abierto en 1898. La protesta degeneró en los graves sucesos de Barcelona —la llamada «Semana Trágica»— y la represión subsiguiente, sobre todo el fusilamiento del pedagogo Francisco Ferrer Guardia, suscitó una clamorosa ofensiva antimaurista tanto en el interior como en el exterior. En el Parlamento español contó incluso con el apoyo del Partido Liberal, que de esa forma rompió el compromiso de solidaridad del «turno». Alfonso XIII, por su parte, se adelantó —ante el enorme alcance que tomaba la marejada antimaurista— a la dimisión de Maura, abriendo el paso al Partido Liberal⁴⁶. De aquella forma finalizaba la experiencia regeneracionista conservadora de Maura, sin haber podido llevar a cabo la mayoría de sus proyectos. Un duro golpe del que nunca se repondría.

LA REORGANIZACIÓN DEL CARLISMO

Desde el primer momento, los carlistas esperaban que el desprestigio y desmoronamiento del régimen de la Restauración les haría aparecer como la alternativa salvadora. No obstante, a lo largo de la guerra con Estados Unidos, el carlismo no dejó de verse en una situación contradictoria, ya que no podía atacar directamente a un régimen político que defendía los últimos restos del imperio español en nombre de la tradición nacional. Rotas las hostilidades, Carlos VII ordenó desde Bruselas a sus partidarios que no hicieran nada que pudiera comprometer el éxito de la guerra, y en una carta enviada a Juan Vázquez de Mella amenazó formalmente con la guerra civil si no se luchaba para defender el honor nacional, afirmando que no podía asumir la responsabilidad ante la Historia de la pérdida de Cuba, por lo que esperaría hasta el último momento. Pero si no se luchaba por evitarla, entraría en España «solo o acompañado»⁴⁷.

Consumada la derrota, los carlistas conspiraron, pero sin verdadera confianza ni decisión, y las sublevaciones que se acabaron produciendo finalizaron en el más absoluto de los fracasos. En aquellos momentos, el carlismo carecía de fuerza suficiente para desencadenar otra guerra civil, como pudo hacer veinticinco años antes. Y solo un eventual apoyo de sectores militares descontentos, con Valeriano Weyler a la cabeza, como pensaron algunas jerarquías carlistas, podían haberlo convertido en un peligro cierto para el sistema. Al faltarle tales apoyos, la rebeldía solo pudo manifestarse en algunos conatos subversivos sin incidencia real. Se descubrió un depósito de armas en la localidad barcelonesa de Sardañola y se detuvo en Arcachón un barco cargado de armas. Aparecieron algunas pequeñas partidas en Badalona, Igualada, Berga, Jijona y Jaén, que fueron deshechas al instante. Finalmente, Carlos VII dirigió una carta al general Moore calificando de «traidores» a los sublevados y prohibiendo cualquier conato subversivo⁴⁸. El marqués de Cerralbo presentó su dimisión y fue sustituido, en diciembre, por Matías Barrio y Mier.

Sin embargo, estos fracasos no deben hacernos olvidar los éxitos organizativos que el carlismo, en cuanto partido político, consiguió a lo largo de la década finisecular. A diferencia de los partidos dinásticos y de los integristas, el movimiento supo dotarse de nuevas formas de organización y acción para conseguir sus objetivos y garantizar su supervivencia en un momento de fuertes transformaciones sociales y políticas. Era necesaria una reacomodación a los nuevos tiempos, generadores de inéditos problemas: caciquismo, cuestión social, incidencia del sufragio universal, consolidación del aparato estatal, surgimiento de los nacionalismos periféricos, etc.

La nueva organización combinó diversos tipos de acción, desde el mitin hasta la propaganda oral, las manifestaciones, los actos conmemorativos, las celebraciones de fiestas, y, sobre todo, la organización de Juntas y de círculos tradicionalistas, «núcleos de sociabilidad política que permitían responder de forma más eficaz a las transformaciones político-sociales del sistema»⁴⁹.

Ciertamente, esta organización pudo tener en la práctica mucho de ficción, pero reflejaba un claro intento de modernización y movilización de las bases carlistas, lo que le permitió no ya sobrevivir, sino mantener su hegemonía en el País Vasco y Navarra, donde siguió nutriéndose de elementos provenientes de sectores muy concretos, como el clero, el campesinado y los propietarios rurales y artesanos⁵⁰.

Gil Robles y Vázquez de Mella: la renovación doctrinal del tradicionalismo

Por otra parte, el ideario carlista fue sometido a un replanteamiento bajo el impulso de Enrique Gil y Robles, primero, y luego Juan Vázquez de Mella y Fanjul. Nacido en Salamanca el 15 de junio de 1849, Enrique Gil y Robles, cuya participación en la encuesta sobre Oligarquía y caciquismo ya hemos mencionado, fue el doctrinario más sistemático del tradicionalismo ideológico español finisecular. A medio camino entre el integrismo nocedaliano y el tradicionalismo preconizado por el duque de Madrid, se presentó a las elecciones de 1891 como candidato integrista, pero no consiguió escaño. De regreso al redil carlista, logró salir como diputado por Pamplona, en 1903, siendo nombrado por Carlos VII jefe de la minoría parlamentaria. Acabada la legislatura, no volvió a presentar su candidatura, retirándose a su cátedra de Derecho Político de Salamanca, hasta su muerte en 1908⁵¹.

Traductor de Stahl, crítico del positivismo y del krausismo, Gil y Robles intentó la articulación de una alternativa de carácter restaurador frente al liberalismo. Su punto de partida era el concepto orgánico de sociedad, desde cuyo marco de referencia se consideraba a «lo social» como un ámbito autónomo ante el que el Estado, si no reducido a la pasividad, ha de tener una intervención secundaria. A su juicio, el Estado liberal era un Estado absoluto, cuyo proceso de monopolización y concentración del poder que definía su acción amenazaba con la absorción de las formas sociales preestatales⁵².

Lo «social» debía permanecer como el sector de lo no-político. El Estado se reducía, desde los supuestos de esta concepción, al organismo del poder central y se dejaba todo lo demás al dominio de la sociedad. En Gil y Robles, la sociedad era una entidad orgánica que, frente a la imagen liberal-individualista, se encontraba dividida en clases a cada una de las cuales correspondía una función determinada dentro del conjunto social, así como en una serie de cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado. Estas partes en que se dividía la sociedad eran la familia, el municipio, la región y el gremio, todas las cuales tienen derecho a la «autarquía», es decir, «derecho de propio e inmediato gobierno» frente al centralismo estatal.

Consecuencia de esta concepción social es la doctrina de la «democracia cristiana», entendida, no como asunción de la ideología demoliberal, sino como la atribución y reconocimiento al pueblo de la posición que le corresponde en el conjunto social y su participación en la vida pública a través de los cuerpos intermedios. En virtud de su carácter orgánico, la democracia cristiana no puede subsistir sin su correspondencia y complementariedad con otros sectores sociales, tales como la aristocracia de sangre y la clase media. De esta forma se articula una soberanía específicamente «social», distinta de la soberanía política, que ha de sustraerse al control público al ser función y responsabilidad exclusiva del rey. En este sentido, la representación se resuelve en las peticiones y consultas que se realizan a partir del diálogo institucional entre el rey y el pueblo, organizado corporativamente en unas Cortes de carácter estamental, articuladas en dos Cámaras. La Cámara Baja, nutrida fundamentalmente de los diputados y procuradores de las «sociedades directamente constituidas de la nación», y una Cámara Alta en la que se daría representación a los estamentos de la nobleza y el clero, de forma que el rey no se encontrara «desamparado y desguarnecido» ante la representación social y gremial⁵³.

Sin embargo, el ideólogo por antonomasia del carlismo de principios de siglo fue el asturiano Juan Vázquez de Mella⁵⁴. Nacido en Cangas de Onís el 8 de junio de 1861 Vázquez de Mella era la antítesis del ordenado Gil y Robles. Ante todo, era un orador, un retórico; no un pensador sistemático. Sus escritos no pasan de ser esbozos episódicos, inacabados, polémicos, críticos, incisivos a veces y siempre dictados por la ocasión inmediata, aunque él pretendiera que estaban pensados para encajar dentro de un cuerpo doctrinal coherente y desarrollado. De temperamento desordenado y bohemio, fue incapaz de sistematizar su ideología, dispersa en multitud de artículos y discursos. Con todo, sus esbozos de ideas guardan estrecha similitud con algunos de los planteamientos de Maurras —a quien nunca menciona en sus escritos, a causa de su agnosticismo religioso⁵⁵— y de los integralistas portugueses, a los que, en cambio, rindió homenaje⁵⁶.

Mella se dio a conocer en el carlismo por una serie de artículos en El Correo de Galicia en los que criticaba a los integristas. Llevado por el marqués de Cerralbo, se incorporó a la redacción de El Correo Español y pasó luego a la política activa. A fines de 1896 participó en las conferencias de Loredán, convocadas por Carlos VII, para intentar actualizar los supuestos tradicionalistas, que dieron lugar al programa conocido como «Acta de Loredán», donde, junto a los temas clásicos del tradicionalismo, como la defensa de la «constitución histórica» de la nación española, basada en el catolicismo, el régimen monárquico y los fueros, se asumía el programa social-católico definido en la encíclica Rerum novarum, reivindicando la restauración de los gremios y la extensión de las sociedades cooperativas de producción y consumo⁵⁷.

A partir de las premisas social-católicas, Mella se esforzaría en construir su propia variante de corporativismo, que él llamaría «sociedalismo jerárquico», cuyos antecedentes doctrinales se encontraban en Balmes, Donoso, Aparisi y, sobre todo, en Gil y Robles. El «sociedalismo» se coloca, como en el caso de Gil y Robles, en una posición radicalmente antiestatista, negando que el Estado fuese la única fuente del derecho. Por encima de él, existían otras fuentes jurídicas, las de los grupos sociales naturales, surgidos espontáneamente de la sociabilidad humana. De ahí que Mella defendiese, como Gil y Robles, la doble soberanía política y social, en cuyo dualismo se encontraban, según él, la salvaguarda de las libertades concretas, al cristalizar en la autarquía de los grupos sociales y de los gremios, en los que se halla encarnada la esencia de la soberanía social, que tiene por primer asiento a la familia.

La soberanía social radica en los órganos de la sociedad: la familia, el municipio, la región. «Es necesario —señalaba— reducir, disminuir el Estado y aumentar las sociedades y las corporaciones»⁵⁸. La sociedad se encuentra estratificada jerárquicamente en clases sociales y estamentos, y la existencia de clases sociales tiene como fundamento la «naturaleza humana», como consecuencia de la capacidad superior de adaptación de los individuos a las funciones sociales que son inherentes a la sociedad. Los miembros de la comunidad están jerarquizados según su actitud, que se mide simultáneamente por su valor personal y por su valor social. Mella dividía la sociedad en tantas clases como los grandes intereses colectivos en torno a los que se agrupan las personas. Se refería, así, al interés religioso, moral e intelectual, a los intereses materiales, aristocráticos y de defensa. De acuerdo con ello, entre las clases figuraban la intelectual —universidad—, la religiosa —Iglesia—, las económicas —agricultura, comercio, industria—, la militar y la aristocrática. Son estas clases, y no los individuos, las que deben estar representadas en los ayuntamientos, juntas regionales y en las Cortes de la nación, a través de las cuales se ejerce la soberanía social⁵⁹.

La concepción organicista de la sociedad conducía a Mella a planteamientos de carácter regionalista. El político carlista concebía España como una federación de regiones, es decir, como una unidad superior compuesta por regiones autárquicas, en las que el soberano —el rey— comparte con ellas su soberanía. En la concepción mellista las regiones son pequeños estados autónomos en los que el soberano común tiene la condición medieval de conde de Barcelona, rey de Castilla o de Navarra, o señor de Vizcaya. Las regiones habían sido históricamente «afluentes de la nación y casi siempre estados independientes o federados», que fueron uniéndose hasta llegar a constituir la nación española. España no era, pues, una realidad protofenoménica, sino un agregado de distintas regiones y culturas⁶⁰. En consecuencia, la monarquía había de tener un carácter federativo: las regiones disfrutarían del derecho de estar representados por la Junta y la Diputación, conservarían su derecho privativo, su lengua y dialectos, y dispondrían de autarquía administrativa y económica⁶¹.

En aquellos momentos, el carlismo hubo de enfrentarse al doble reto de la aparición del maurismo y de los nacionalismos periféricos catalán y vasco.

Maura, desde el Gobierno o desde la dirección del Partido Conservador, no dejó de impulsar la colaboración con las fuerzas católicas y tradicionalistas con el objetivo de ampliar la base social y política del conservadurismo dinástico. Esto se manifestó en la oposición a las corrientes secularizadoras y anticlericales, defendidas por los liberales dinásticos, en particular por Romanones y Canalejas, y los republicanos⁶². El propio Vázquez de Mella tuvo palabras de alabanza para Maura, a quien consideraba un auténtico estadista, preso de sus propias contradicciones nacidas de su pensamiento liberal y de su fidelidad a la monarquía constitucional, lo que haría inoperantes —profetizaba el político carlista— sus proyectos políticos:

Yo sé que el señor Maura es un águila, pero es un águila prisionera en la jaula de la escuela doctrinaria […]. Yo conozco el valor cívico de S. S., sus grandes cualidades morales, y sé que no retrocedería y que daría sin vacilar la batalla a la revolución; pero, ¿la dará S. S.? ¿Podrá darla?⁶³.

Con motivo de los sucesos de la «Semana Trágica», Mella envió una carta de apoyo al líder conservador en la que alababa su contundencia frente a los enemigos del orden social:

Las patrañas de las agencias, los insultos a España y el ruido de las logias deificando a un criminal han llenado de indignación el alma de don Jaime, que creyendo que el primer deber de un Gobierno es defender el orden social, ha afirmado que usted había dado ejemplo, en estos tiempos de cobardía⁶⁴.

Al mismo tiempo, la emergencia de los nacionalismos periféricos supuso la aparición de unos serios competidores. De hecho, el carlismo catalán nunca llegó a recuperarse de la derrota de 1876. Durante el siguiente cuarto de siglo, se batió en retirada ante el regionalismo conservador y luego ante el catalanismo, que inicialmente poco diferían ideológicamente de él salvo en el abandono de la cuestión dinástica. No pocos carlistas fueron absorbidos por la incipiente Lliga Regionalista de principios de siglo. De hecho, un sector del carlismo catalán, con el apoyo del propio Mella, no dudó en participar, al lado de los catalanistas y de los republicanos, en la «Solidaridad Catalana», nacida frente a la célebre Ley de Jurisdicciones y al radicalismo lerrouxista. Esta participación generó importantes divergencias en el seno del carlismo, que solo pudo solventarse dejando a los militantes libertad para sumarse o no a la coalición⁶⁵.

El Partido Nacionalista Vasco, fundado en 1895, fue una creación de antiguos carlistas, tradicionalistas y foralistas, pero su doctrina se diferenció de la del carlismo por su insistencia en factores de carácter étnico y por su franco y proclamado secesionismo. Sin embargo, desde su aparición, el nacionalismo vasco inició un claro intento de captar a las bases carlistas, objetivo que solo muy lentamente comenzó a lograr⁶⁶.

El 17 de julio de 1909 falleció Carlos VII, hecho que coincidió significativamente con los inicios de la «Semana Trágica» en Barcelona. Su sucesor, don Jaime, iniciaría por estas fechas un «reinado» lleno de contradicciones.

LOS NACIONALISMOS PERIFÉRICOS: CATALANISMO, BIZKAITARRISMO Y GALLEGUISMO

Tanto el catalanismo como el bizkaitarrismo tuvieron, en sus orígenes, un rasgo común: la afirmación de las diferencias culturales, lingüísticas y legales frente a un Estado liberal débil, pero unitario, centralista y unificador en la medida de sus fuerzas. Sin embargo, y como tendremos oportunidad de ver, estos movimientos no son equiparables, ya que se caracterizan por la heterogeneidad y la diversidad⁶⁷.

La iniciativa de todo el proceso correspondió a los catalanistas. El movimiento catalanista surge, en un principio y esencialmente, como crítica al Estado liberal español. Aunque no faltaron catalanistas liberales, como Valentí Almirall, sus orígenes ideológicos fueron fundamentalmente conservadores⁶⁸. El movimiento de la Renaixença tuvo, en su conjunto, un carácter católico y contrarrevolucionario muy semejante al que surgió en Francia y que se apoyaba en la figura de Frédéric Mistral —tan admirado por Charles Maurras—, que igualmente influyó en autores catalanes⁶⁹.

En su defensa de la lengua catalana, los escritores e intelectuales de la Renaixença se preocuparon por la difusión de los clásicos medievales catalanes, de la depuración léxica y de la fijación de la ortografía adecuada. La Renaixença se inició en 1833 con la publicación de la Oda a la patria, de Bonaventura Carles Aribau, composición centrada en temas característicamente románticos: la evocación de la patria lejana y el elogio de la lengua postrada. Y puede darse por finalizada, si la entendemos como un proceso de recuperación de la lengua y la literatura catalanas, con la aparición de L’Atlantida, de Jacinto Verdaguer, obra que supone la culminación de todo un proceso de autoafirmación de la cultura catalana⁷⁰.

Al mismo tiempo, las corrientes catalanistas se alimentaron del proteccionismo aduanero, tan grato a la burguesía del Principado, del foralismo carlista y del federalismo pimargalliano, que se vio reforzado por el tradicionalismo característico de la Iglesia católica, uno de cuyos representantes, el obispo de Vich, Josep Torras i Bages⁷¹, se convirtió, con su célebre La tradició catalana, en uno de los pilares ideológicos del catalanismo. Admirador de Joseph de Maistre, Taine y Menéndez Pelayo, Torras consideraba al regionalismo catalanista como antítesis del liberalismo y la democracia. Cataluña era una nación esencialmente católica y, frente al mundo de la conflictividad urbana, el materialismo y el parlamentarismo, juzgaba que era preciso defender esa identidad y exaltar la vida rural, en cuyo marco social y mental podían desarrollarse las virtudes propiamente católicas⁷².

En ese mismo sentido, no faltaron en los primeros ideólogos del catalanismo críticas al liberalismo, unas críticas no basadas únicamente en el análisis concreto de las deficiencias del modelo liberal español, sino trascendentes y de principio. El Estado liberal era contemplado por los catalanistas como un ente artificial, ajeno y sobreañadido a la pluralidad de pueblos que coexistían en el marco español. Así, Narciso Verdaguer i Callís, director de La Veu de Catalunya, admirador de Barrés y Maurras, y que tanto influiría en la ulterior trayectoria de Cambó, establecía —en sus escritos— una contraposición radical entre «la España regional y particularista» y «la España centralizadora y uniformada», localizada la primera —«la trabajadora»— en el norte; la otra, en el centro y el mediodía. A ese respecto, el escritor catalanista negaba cualquier virtualidad regeneradora al parlamentarismo, presentándolo como antítesis del regionalismo catalán: «[…] el parlamentarismo no nos detendrá. Ha aparecido la idea que ha de matarlo, el regionalismo»⁷³.

De hecho, las primeras recepciones realizadas en España de las ideas de Maurras y Barrés fueron hechas por los catalanistas de La Veu de Catalunya, que publicaron algunos textos de los padres del nacionalismo conservador francés y elogiosos comentarios de la obra de otros autores, como Paul Bourget. No es extraño que la mayoría de los catalanistas mantuvieran, a lo largo del affaire Dreyfus, una posición antidreyfusard⁷⁴.

Estas tendencias conservadoras se manifestaron en la formación, en 1891, de la Unió Catalanista⁷⁵, que en marzo del año siguiente elaboró, en su primera asamblea, las célebres «Bases de Manresa», en las que se plantearon amplias cotas de autonomía política para Cataluña. Las «Bases» no ponían en cuestión el régimen político monárquico; su principal objetivo era determinar la organización de las instituciones y las competencias de la futura autonomía. Se reconocía la plena soberanía en el Gobierno interior catalán, incluido el orden público y la acuñación de moneda; defendían la oficialidad de la lengua catalana en las relaciones con el poder central; reclamaban la organización de la enseñanza para adecuarla a las características de «la civilización de Cataluña»; los cargos públicos quedaban reservados a los catalanes de nacimiento; preveían la descentralización comarcal y municipal y rechazaban el reclutamiento militar obligatorio.

En cuanto a la organización del poder autónomo, se regulaba la clásica división de poderes: el Parlamento quedaba capacitado para legislar todos los ámbitos del derecho y fijar impuestos. El legislativo estaba formado por unas Cortes elegidas corporativamente, «por sufragio de todos los cabezas de familia agrupados en clases fundadas en el trabajo manual, en la capacidad o en las carreras profesionales y en la propiedad, industria y comercio, mediante la correspondiente organización gremial en lo que sea posible»⁷⁶.

Prat de la Riba: el catalanismo integral

Esta concepción refleja la influencia del tradicionalismo y del positivismo comteano en el pensamiento de uno de sus redactores principales, Enric Prat de la Riba, máximo ideólogo del nacionalismo conservador catalán⁷⁷. Nacido en Castellterçol el 29 de noviembre de 1870, Prat fue un hombre formado en las tendencias organicistas y positivistas de su tiempo, y existen, de hecho, profundas afinidades entre los planteamientos de Maurras y los suyos⁷⁸. Unía a Prat con Maurras una casi idéntica formación intelectual e ideológica. Como el francés, Prat recibió la influencia del tradicionalismo maistriano, del que tomó la concepción orgánica de la sociedad y su severa crítica del contractualismo rousseauniano, al que calificaba de «mecánico, puramente aritmético», «abstracto, artificioso» y «apriorístico».

Al igual que Maurras, admiraba a Comte, Renan, Taine y Fustel de Coulanges, en los que veía a los más lúcidos críticos tanto de la democracia parlamentaria como del centralismo jacobino. De acuerdo con su perspectiva tradicionalista-positivista, Prat asociaba sociedad a naturaleza, y en ese sentido la nación era concebida como «una comunidad natural, necesaria, anterior y superior a la voluntad de los hombres, que no pueden deshacerla ni mudarla». No deja de ser significativo que Prat empleara la denominación de «nacionalismo integral» a la hora de dar nombre a su proyecto político⁷⁹.

Prat nunca fue partidario del régimen parlamentario, que, desde su óptica organicista, era sinónimo de fragmentación, desorden, incoherencia, y cuyas consecuencias sociales y políticas más palpables eran «la burocracia, el absolutismo de las pandillas de políticos profesionales y el alejamiento de todos los elementos del país que por su inteligencia, su posición y sus intereses, deberían ejercer una mayor influencia en la dirección del Estado». Su alternativa frente al parlamentarismo fue la representación corporativa «mediante el sufragio universal de los cabezas de familia, por gremios y profesiones, a fin de acabar con el parlamentarismo, que entrega el Gobierno de los estados a los charlatanes de oficio»⁸⁰. No obstante, supo adaptarse a la lógica del Estado liberal y evolucionar hacia posiciones conservadoras-liberales.

La movilización catalanista tenía como fin último la consecución de un Estado propio; pero Prat no era separatista. Su alternativa era el Estado federal en el interior, y en el exterior, como en el caso de los nacionalistas italianos, el imperialismo —«desde Lisboa hasta el Ródano»— como expansión cultural, política y económica a costa de los pueblos menos desarrollados⁸¹.

Aunque terminó aceptando la política parlamentaria, dentro de la monarquía constitucional, Prat y sus partidarios siempre mantuvieron en su programa político claros elementos tradicionalistas.

Consumada la derrota ante Estados Unidos, los catalanistas no se sintieron implicados en el Desastre del 98 y vieron en él las consecuencias de las insuficiencias del régimen de la Restauración, lo que les sirvió para reivindicar, una vez más, «la urgente y absoluta necesidad de que Cataluña tenga el Gobierno de sus intereses interiores y que influya en la dirección de los exteriores a proporción de sus fuerzas»⁸².

Tras el fracaso de la colaboración de algunos regionalistas con Polavieja y luego con Silvela, la estrategia política diseñada por Prat conseguiría grandes éxitos. En 1901 logró crear la Lliga Regionalista, cuyo objetivo era constituir un gran frente político catalanista e interclasista, contando con la burguesía catalana y sus organizaciones patronales, los industriales de la Unión Regionalista, los catalanistas moderados del Centre Nacional Catalá y las clases medias y menestrales del Principado⁸³.

Los estatutos de la nueva organización definieron sus objetivos en «la defensa de los intereses y la reivindicación de los derechos de Cataluña, trabajando por todos los medios legales para conseguir la autonomía del pueblo catalán dentro del Estado español». La organización del nuevo partido ofreció la peculiaridad de establecer un criterio selectivo y censitario para la admisión de nuevos miembros que, a su vez, se incorporarían, por decisión de la junta directiva, en dos distintos niveles de participación, según fueran socios o adjuntos. Estos no podían tomar parte en la junta directiva; y en el caso de reunirse en junta general extraordinaria, preceptiva para modificar los estatutos, esta no podía constituirse «sino asistiendo personalmente o por delegación escrita, la mitad de los socios, cualesquiera que sea el número de adjuntos presentes». Así, la Lliga se configuró, desde su origen, como una organización fuertemente centralizada, en la que los integrantes del círculo interior se aseguraron el control permanente sobre la asociación⁸⁴.

La aparición de la Lliga en Cataluña rompió el bipartidismo característico de la Restauración. En menos de un año, el nuevo partido catalanista ganó las elecciones locales en las cuatro provincias catalanas, desbancando a los partidos dinásticos y consolidándose como movimiento político⁸⁵. Paralelamente, apareció como fuerza política el nuevo republicanismo, capitaneado por Alejandro Lerroux, movimiento populista y anticlerical, caracterizado por el contenido anticatalanista de sus postulados. A lo largo de las primeras décadas del siglo, catalanismo y republicanismo lerrouxista serían las dos principales fuerzas que se disputaron el espacio político e institucional catalán⁸⁶.

La política de la Lliga va a enfocarse, desde entonces, en dos direcciones, la de la «Catalunya endins», aspirando al control de las instituciones catalanas, y la de la «Catalunya enfora», que propugnaba el intervencionismo en el resto de España con voluntad hegemónica. Esto se manifestó, frente a los catalanistas radicales, en su actitud ante el viaje de Alfonso XIII a Barcelona en 1904. La junta directiva de la Lliga declaró su abstención en los actos oficiales. La declaración fue ignorada por la nueva estrella política del catalanismo, Francesc Cambó, quien, de acuerdo con Prat de la Riba, se encargó de dar la bienvenida al monarca, circunstancia que aprovechó para renovar la demanda de autonomía, lo que provocó la disidencia de algunos concejales catalanistas⁸⁷.

Además, junto al Centro Nacionalista y otros grupos catalanistas menores, y con la suma de un sector de los carlistas catalanes y de los republicanos federales, la Lliga logró formar, en 1906, la «Solidaridad Catalana», unión electoral enfocada en contra de la Ley de Jurisdicciones y el lerrouxismo, y que, al año siguiente, obtuvo un notable éxito electoral⁸⁸.

Entretanto, para encauzar el nacionalismo catalán dentro del régimen de la Restauración, Antonio Maura recogió las sugerencias de «mancomunar» a las diputaciones provinciales a fin de crear instituciones político-administrativas de carácter local, un proyecto que ni él ni Canalejas consiguieron que se aprobara en las Cortes, pero que finalmente el Gobierno de Eduardo Dato logró sacar adelante mediante el Real Decreto de 18 de diciembre de 1913, siendo nombrado Prat de la Riba presidente de la Mancomunidad, al frente de cuyas instituciones llevó a cabo una importante labor política y cultural⁸⁹.

En ese sentido, Prat y su partido lograron atraerse a un considerable número de intelectuales catalanes, cuyo máximo exponente fue Eugenio D’Ors, principal ideólogo del movimiento «Noucentista». En el desarrollo de su proyecto político y cultural, Prat encontró en Eugenio D’Ors a un lúcido y dotado colaborador intelectual. A lo largo de toda su vida, caracterizó a D’Ors un sesgo fuertemente autoritario y un ferviente deseo de educar a sus compatriotas y colocarles en el camino que él consideraba adecuado. Su gran ambición fue la de ejercer la función de líder intelectual⁹⁰.

Fruto de esta compenetración, fue la colaboración de D’Ors en La Veu de Catalunya, donde publicó, bajo el famoso seudónimo de «Xenius», su célebre Glosari, y su nombramiento como secretario general del Instituto de Estudios Catalanes.

Al llegar D’Ors a la vida pública, la cultura catalana vivía aún bajo la hegemonía del «modernismo», en cuya denominación se encuadraban diversas tendencias ideológicas y artísticas, que iban desde las tesis sociológicas en política, hasta el naturalismo en la literatura, pasando por el impresionismo en pintura o el simbolismo en poesía, sobre la base común de un sentido de lo misterioso y de lo exótico.

D’Ors, que iba a ser su máximo crítico, había residido en Francia como becario; y tuvo ocasión de estudiar los escritos de Maurras, Barrés, Moréas y Sorel, y de iniciar sus primeros contactos con miembros de L’Action Française. De esta experiencia ideológica saldría a la luz el movimiento «Noucentista», definido por D’Ors, frente al «modernismo», como «un nuevo intelectualismo». «Noucentismo» equivalía a claridad mediterránea, en contraposición al «vitalismo» y a las «nieblas germánicas» modernistas. Orden, claridad, racionalidad, en definitiva, Clasicismo frente a Romanticismo; razón contra emotividad⁹¹.

En este sentido, el «Noucentisme» conducía a una nueva definición de la catalanidad y de la cultura catalana; llevaba implícita una estética de índole clasicista, tomada de Maurras, que D’Ors se encargó de definir en su obra La Bien Plantada. Siguiendo a Barrés y a Maurras, D’Ors presentó a su heroína, Teresa, como el símbolo de la tradición catalana, como portadora, frente a Castilla, de la razón, del límite, de la proporción, de los «detalles exactos», del orden, de la armonía, en definitiva, del sentido clásico de la existencia⁹².

Como en el caso de Prat, el proyecto «noucentista» d’orsiano culminaba en la idea del imperio. Este imperialismo comportaba igualmente un antisecesionismo que evidenciaba la voluntad de conseguir la hegemonía política en el resto de España más que perseguir una utópica independencia catalana. Por ello, D’Ors aspiraba a una Cataluña «interventora en los asuntos del mundo»⁹³. El imperialismo de D’Ors se mostraba, a su vez, fuertemente crítico con el liberalismo y la democracia. El liberalismo representaba el «individualismo atomístico», en «el Estado mal menor», «el Estado gendarme», el ideal localista, mientras que la democracia no pasaba de ser «la ideología revolucionaria de los instintos de la burguesía» y significaba el triunfo de los politicastros, del «condottierismo». Por el contrario, la idea de Imperio significaba «la socialización, el Estatismo, el Estado educacional, la Ciudad, la idea de expansión de los pueblos, la Justicia Social, la lucha por la Ética y por la Cultura»⁹⁴.

La impronta d’orsiana caló hondo en el ámbito cultural e intelectual catalán. Escritores y políticos, como Joan Estelrich, Jaime Bofill, Josep María Junoy, Josep María López-Picó, Josep Vicenç Foix o Josep Carbonell, no pueden ser entendidos sin la influencia de D’Ors⁹⁵. Por otra parte, la Lliga, al margen de las tendencias «noucentistes», consiguió el apoyo de otros intelectuales, como Ferran Valls Taberner, Ramón d’Abadal, Ferran Soldevila o Josep Pla.

Francesc Cambó: el catalanismo pragmático

Pero la Lliga no solo supo dotarse de una organización partidaria y contar con los intelectuales; tuvo un político de altura en la persona de Francesc Cambó i Batlle. Nacido en Vergés en 1876, Cambó fue elegido concejal por vez primera en 1901 e intervino eficazmente en la gestión del Ayuntamiento de Barcelona. Su primer encuentro con Alfonso XIII fue en 1904, con ocasión de la visita regia a la Ciudad Condal. Diputado a Cortes, se reveló en 1907 como un gran parlamentario. Como señaló Jesús Pabón, el político catalán fue ideológicamente una figura a caballo entre el liberalismo y el tradicionalismo; vivió en el cruce de esas corrientes empeñado en conciliarlas⁹⁶.

A semejanza de Prat de la Riba, Cambó se formó en las coordenadas ideológicas del tradicionalismo positivista francés, y se refirió a Taine, Le Play, Fustel y Barrés como «los maestros de mi juventud»⁹⁷. Su contacto con Verdaguer i Callís, de cuyo bufete fue pasante, le familiarizó con la lectura de Mistral, Barrés y Maurras. De ahí su postura antidreyfusard durante el affaire Dreyfus⁹⁸. En este sentido, Cambó nunca ocultó su oposición al liberalismo jacobino, cuyo más pernicioso efecto era la centralización territorial y administrativa. Calificaba la influencia de la Revolución francesa como «fatal», al haber destruido «toda la vida orgánica de los pueblos», edificando en su lugar «un Estado omnipotente»⁹⁹. Fue también un defensor acérrimo del voto corporativo —de ahí su apoyo a los proyectos de Maura—, al que juzgaba más progresivo que el individual: «El sufragio inorgánico es conservador […] nunca da entrada a las minorías que son las que llevan en sí el germen de las grandes transformaciones»¹⁰⁰.

Por su parte, su catalanismo siempre quiso tener cabida en una España «regenerada», y su táctica política tuvo por base el principio de intervención en la política española, aceptando plenamente el marco político de la Restauración. Siempre defendió la idea de una «España grande», combinando autonomía y unidad nacional¹⁰¹.

Sabino Arana: raza y nación

Muy distintas fueron las características ideológicas y el desarrollo político del nacionalismo vasco. Sus orígenes remotos pueden buscarse en los fuerismos radicales aparecidos entre 1770 y 1830, incluyendo el fuerismo antiilustrado del jesuita Larramendi y el ilustrado de algunos miembros de la Sociedad Bascongada de Amigos del País o también los débiles intentos revolucionarios de 1794-1795, a cargo de algunos liberales donostiarras y bilbaínos simpatizantes de los jacobinos franceses y poco afectos a la monarquía española¹⁰².

Con tales precedentes, entraba dentro de lo posible la aparición de un nacionalismo vasco liberal, aunque el éxito del tradicionalismo carlista en las tierras vascas cortó esa hipotética evolución. La gran oportunidad del carlismo hizo que los liberales vascos se alinearan con el resto de los liberales españoles. Sin embargo, las guerras carlistas en modo alguno pueden considerarse como guerras entre vascos y españoles; al contrario, la popularidad del carlismo retrasó la aparición del nacionalismo vasco, que encontró grandes dificultades allí donde el carlismo siguió gozando de influencia, como sucedió hasta la guerra civil en gran parte de Álava y Navarra e incluso en Guipúzcoa y Vizcaya. No obstante, el nacionalismo vasco iba a nutrirse de toda una literatura fuerista y tradicionalista representada por Chaho, Araquistáin, Arana, Villoslada, Trueba, etcétera¹⁰³. A ello es preciso añadir la posterior labor de grupos como la Asociación Euskara de Navarra y la Sociedad Euskalerría de Bilbao, que nunca llegaron a convertirse en fuerzas políticas relevantes y terminaron por ser asimiladas en la expansión del nacionalismo aranista¹⁰⁴.

Aparte de estos orígenes culturales e históricos, y de la frustración que supuso en la sociedad vasca la abolición de los fueros, el surgimiento inmediato del nacionalismo vasco fue un fenómeno íntimamente ligado al desarrollo del proceso de modernización socioeconómica que generó una transformación profunda de la sociedad vasca con consecuencias decisivas para su estructura económica, social, política e ideológica. Como han destacado numerosos historiadores, el nacionalismo vasco fue inicialmente la respuesta de las capas pequeño burguesas bilbaínas atemorizadas por los cambios bruscos que vivió la capital bilbaína en la etapa finisecular¹⁰⁵.

El nacionalismo vasco es, en sus orígenes, la obra personal de Sabino Arana Goiri. Nacido en Obando el 26 de enero de 1865, Arana era vástago de una rica familia burguesa de ascendencia carlista. Y carlista fue su primera orientación ideológica y política¹⁰⁶. En este sentido, la influencia tradicionalista es, sin duda, una de las claves del primer nacionalismo vasco. Pero Arana nunca alcanzó la preparación ni la madurez intelectual de algunos de los teóricos del catalanismo, como Prat de la Riba. Su débil salud y su rígida formación doctrinal le empujaron a una formulación ideológica y programática confusa y tosca. Con todo, Arana iba a elaborar una nueva idea política nacional, inédita hasta entonces en la cultura política española. Arana desarrolló una teoría nacional étnica, según la cual el factor racial es la base de la nación. Las aspiraciones secesionistas tenían como fundamento la raza. La pureza de la sangre:

No somos españoles por la raza. A nuestra raza no se le ha encontrado todavía ni madre ni hermana entre las razas del mundo […]. La raza española es, en cambio, un producto latino-gótico-arábigo con tenues toques de fenicio, que no conserva ni rastro de la raza primitiva de la Península que fue la nuestra¹⁰⁷.

Junto a la raza, el rasgo distintivo del auténtico pueblo es la comunidad de lengua: la lengua es el vínculo entre el mundo de los cuerpos y el mundo de los espíritus; es el factor que convierte a la nación que la habla en un todo homogéneo:

El euskera continúa aún excluido de la clasificación general de las lenguas […]. Por esta razón, nada tampoco se ha dicho de la raza euskeriana, pues que el estudio lingüístico es el mejor medio de investigación etnológica, ya que los caracteres físicos varían según los climas y la estructura y configuración de los terrenos¹⁰⁸.

La comunidad de raza y lengua presupone la comunidad de historia, es decir, el arraigo en el pasado. Arana articuló una interpretación del pasado vasco en la que dio capital importancia a mitos como el de las batallas de Arrigorriaga, Gordejuela, Ochandiano y Mungía, así como a oscuros personajes míticos como Jaun Zuria, y, frente al fuerismo defendido por los carlistas, interpretó los fueros como sinónimo, no de regionalismo, sino de independencia, como base de «una nación completamente libre, absolutamente autónoma»¹⁰⁹.

A partir de tales premisas, la reivindicación fundamental del nacionalismo vasco no era otra que la «Confederación republicana» de las siete provincias vascas, las cuatro españolas —Vizcaya, Álava, Benabarra y Guipúzcoa—, y las tres francesas —Laburdi, Navarra y Zuberoa—¹¹⁰. Ello diferenciaba su opción de la mantenida por los catalanistas, a los que Arana se refirió frecuentemente en tono peyorativo. A su juicio, Cataluña no podía ser considerada como nación, sino como un «mero condado español», y el catalán, «uno de tantos idiomas españoles». Como consecuencia, el catalanismo solo podía configurarse políticamente como un regionalismo más, no como un nacionalismo:

El enemigo de Cataluña es el poder central de la nación a que naturalmente pertenece influida por una región hermana, Castilla, que ha sabido imponerse a las demás; el enemigo de Vizcaya es la nación extranjera que la avasalla¹¹¹.

Así pues, el auténtico enemigo de los vascos era la nación española:

Cuando el pueblo español se alzó en armas contra el agareno invasor y regó su suelo con sangre musulmana, para expulsarle, obró con caridad. Pues el nacionalismo bizcaíno se funda en la misma caridad¹¹².

En este sentido, las denominaciones xenófobas y antiespañolas son muy abundantes en sus escritos. Los españoles son los «maketos», los «chinos», «nuestros moros».

Lo que sí podemos es plagiar una celebérrima frase: «el maketo: ¡he ahí el enemigo!» […]. Es nuestro dominador y nuestro parásito nacional: nos ha sometido y privándonos de la condición a que todo hombre y todo pueblo tiene derecho, la libertad; y nos está carcomiendo el cuerpo y aniquilando el espíritu y aspira a nuestra mente¹¹³.

Arana asociaba al español con los mayores vicios y perversiones. Era «falto de dignidad por la naturaleza de su raza», y su estancia en el País Vasco era la causa del caciquismo, del alcoholismo, de la inmoralidad en las costumbres, de la progresiva secularización de la sociedad, del urbanismo y del capitalismo: «Es preciso aislarnos de los maketos en todos los órdenes de la vida. De otro modo, aquí en esta tierra que pisamos, no es posible trabajar por la gloria de Dios»¹¹⁴.

A los ojos de Arana, las ciudades eran una auténtica maldición, y atribuyó al urbanismo las peores secuelas estéticas y éticas del capitalismo: la destrucción del paisaje, la desaparición de las tradiciones locales, la extensión de la miseria social¹¹⁵.

El programa aranista se apoyó en los siguientes puntos: absoluto imperio de la fe católica, condena del liberalismo como pecado, separación rigurosa de las razas y el restablecimiento de las leyes tradicionales. Expresó esa unidad indisoluble entre el programa político y la religión católica con el lema «Dios y la ley tradicional»¹¹⁶.

El punto de partida del movimiento nacionalista vasco arranca del discurso que Arana pronunció el 3 de junio de 1893, en el caserío de Larrazábal, ante poco más de una docena de amigos. Cinco días después se publicó el primer número de Bizkaitarra. Y al cabo de tres semanas se produjo la «Sanrocada», en la que un grupo de nacionalistas quemaron una bandera española. Se organizaron los Batzoki, centros locales nacionalistas, cuyos socios se dividían en originarios, adoptados y adictos, de acuerdo con su pureza racial. Himno, el Guernikako arbola, y bandera, bicrucíera de fondo rojo con la cruz blanca y verde de san Andrés. También fue utilizada la cruz gamada —el «laburu» vasco— luego abandonada.

En 1898, Arana fue elegido diputado provincial y tres años después lanzó un nuevo periódico: La Patria. En 1902, con motivo del reconocimiento por Estados Unidos del primer presidente de la República de Cuba, envió una felicitación a Roosevelt, «que supo libertarla [a Cuba] de la esclavitud». Lo hizo desde la cárcel, a la que le llevó el telegrama por dirigir un nuevo mensaje de felicitación, este a la reina de Inglaterra con motivo del final de la guerra de Transvaal¹¹⁷.

Poco antes de su muerte, ocurrida en noviembre de 1903, Arana inició una borrascosa «evolución españolista», plasmada en su abandono del anticapitalismo inicial, en su pacto electoral con el católico José María de Urquijo y en su proyecto de creación de una «Liga de Vascos Españolistas», renunciando al independentismo en pro de una amplia autonomía. Pero esta evolución no llegó a consumarse ideológicamente, al coincidir con su desaparición física. Desde entonces, el nacionalismo vasco seguiría debatiéndose entre el autonomismo y el independentismo¹¹⁸.

A diferencia del nacionalismo catalán, el bizkaitarrismo no contó —ni antes ni después de la muerte de Arana— con el apoyo de la élite intelectual vasca. Las principales figuras en el campo de la investigación, de las artes plásticas o del ensayo y la literatura, fueron reacias a los supuestos aranistas. Para hombres como Maeztu, Baroja o Unamuno, el problema no radicaba en la alternativa de ser vasco o español, en definir a este en contraposición con aquel. Lo esencial era que los vascos participaran en la modernización de España, y, en ese sentido, no se adhirieron, ni se sintieron encuadrados en los rígidos moldes ideológicos del bizkaitarrismo, ni se expresaron en la lengua autóctona, ni optaron políticamente por el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, la cultura vasca acusó el impulso general de la región y protagonizó su propio nacimiento. Algunas revistas echaron los cimientos de la investigación lingüística, cultural y etnológica, como Revista Internacional de Estudios Vascos, Euskalerriaren-Aldez; y, en otro sentido, y más tardíamente, Hermes.

El galleguismo telúrico

A la altura de 1916 surgieron las primeras manifestaciones del nacionalismo gallego, con la aparición de las denominadas «Irmandades da Fala», asociación cultural fundada aquel mismo año y en la que militaron políticos e intelectuales galleguistas como Antón Villar Ponte, Vicente Risco y Ramón Cabanillas. Dos años después se celebró, en 1918, una Asamblea de las Irmandades, en la que se reivindicó la autonomía para Galicia, la federación de naciones de la península Ibérica, la cooficialidad del gallego y del español en Galicia, así como un asiento en la Sociedad de Naciones. En 1922, tuvo lugar en Monforte de Lemos otra Asamblea de las Irmandades, en la que se manifestaron diferencias entre las dos corrientes de la organización: la que propugnaba una mayor participación política y la defensora de una línea cultural.

De la segunda alternativa surgió el denominado «Grupo Nós»¹¹⁹. Entre los componentes de este grupo intelectual destacan las figuras de Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo y Florentino L. Cuevillas. En el ámbito político, intelectual e ideológico destacó la figura de Vicente Risco, principal teórico del galleguismo de derechas, con su libro Teoria do nacionalismo galego, cuyo contenido era abiertamente tradicionalista, antiliberal, corporativista, etnicista y telúrico. Con posterioridad, Risco simpatizaría con el nacional-socialismo alemán¹²⁰. Sin embargo, el nacionalismo gallego, a diferencia del catalán y del vasco, fue, hasta el estallido de la Guerra Civil, un movimiento político y social muy minoritario.

NACIONALISMO ESPAÑOL Y ESPÍRITU NOVENTAYOCHISTA: HACIA OTRA ESPAÑA

La crisis del 98 generó igualmente una reacción de tipo intelectual, muy semejante a la ocurrida en otros países europeos, que determinó una mentalidad y una actitud críticas ante la sociedad, que posteriormente acabó por diluirse, pero que, al mismo tiempo, marcó de forma indeleble la trayectoria política e ideológica de no pocos intelectuales españoles. Lo que se ha venido en llamar «espíritu del 98» significa, en definitiva, una reacción de inconformismo, de rebeldía, de inquietud por parte de las élites intelectuales emergentes con respecto a la España de la Restauración; y que envuelve la búsqueda de una tradición sustentadora de un nuevo nacionalismo¹²¹.

Esta apelación fue igualmente tributaria del enrarecido momento filosófico y literario de la Europa finisecular, teñido de vitalismo e irracionalismo, tributario de Nietzsche, Schopenhauer, Bergson o Kierkegaard, lo que explica el característico antirracionalismo voluntarista del que están impregnadas la mayoría de sus obras y las tesis sostenidas en ellas¹²².

Es obvio, por otra parte, que, al menos en un principio, esta nueva élite intelectual poco tenía que ver con el universo simbólico de las derechas españolas, en cualesquiera de sus tradiciones, aunque posteriormente, como tendremos oportunidad de ver, hombres como Azorín o Maeztu ingresarían en el conservadurismo y el primorriverismo, respectivamente. No es menos cierto. sin embargo, que no pocos de sus supuestos, de sus intuiciones e ideas, no solo fueron aprovechados por la derecha oficial, sino que sirvieron de antecedente para la derecha radical y revolucionaria posterior.

Joaquín Costa

Esto es igualmente cierto en el caso de algunas figuras precursoras del «espíritu del 98», como Joaquín Costa. Nacido en el pueblecito de Graus en 1846, Costa sigue siendo, en gran medida, una figura anómala. La mayoría de los ideólogos y profetas del siglo XIX español han sido ya debidamente etiquetados y clasificados. Las doctrinas, influencias y personalidades de Balmes, Donoso Cortés, Sanz del Río, Cánovas o Menéndez Pelayo han sido colocadas en sus respectivos anaqueles del museo de la historia de las ideas. Costa, en cambio, sigue sin clasificar, como lo estuvo, por otra parte, en vida, ya que fue reclamado y repudiado tanto por las derechas como por las izquierdas. Ello fue debido, al menos en parte, a que la producción costista, por su carácter polifacético, a veces ambiguo, y tal vez hasta contradictorio, no facilita el análisis y la formulación de una valoración global y por ello ha dado lugar a múltiples interpretaciones, hasta tal punto de que después de su muerte pudieran reivindicarlo políticos e intelectuales de bandos tan divergentes que pronto se enfrentarían a una cruenta Guerra Civil¹²³.

En este sentido, no han faltado autores que le han asociado a la derecha, adhiriéndose a la conocida afirmación de Manuel Azaña: «Su trayectoria es la de un hombre que quisiera dejar de ser conservador y no puede»¹²⁴.

Independientemente de la veracidad o falsedad del alegato azañista, puede haber pocas dudas de que las derechas españolas —como ocurrió, por otra parte, en Italia, con la figura de Alfredo Oriani— encontraron munición aprovechable en sus escritos: el organicismo social, el historicismo tradicionalista, el virulento antipoliticismo, los proyectos de modernización hidráulica y, sobre todo, su vehemente y ambigua denuncia del sistema parlamentario de la Restauración, en el que siempre vio el baluarte de caciques y oligarcas. No menos trascendente fue su invocación a la «revolución desde arriba» —recogida, como hemos visto, aunque desde otra perspectiva, por Maura—, cifrada en su programa cuasi tecnocrático de «escuela y despensa», y al «cirujano de hierro», cuya misión histórica era llevarla a cabo mediante una implacable política quirúrgica¹²⁵.

De hecho, Costa siempre tuvo una gran admiración por el despotismo ilustrado, como lo demuestran sus constantes elogios a Colbert, Aranda, Bravo Murillo o Bismarck. Sin embargo, nunca se propuso la eliminación drástica de los partidos políticos. Costa planteaba una dictadura temporal que llevara a cabo su programa regenerador, después del cual se instauraría un sistema presidencialista semejante al norteamericano, en el que el Gobierno funcionara lo más independientemente posible del poder legislativo¹²⁶.

José Martínez Ruiz «Azorín»

Buena prueba de la ambivalencia política de los intelectuales noventayochistas fue la trayectoria de José Martínez Ruiz, Azorín¹²⁷. En un primer momento, el escritor alicantino dio su adhesión a Pi y Margall y luego al anarquismo.

Pero el suyo fue en todo momento un anarquismo inspirado en el individualismo de Stirner y Nietzsche, muy distinto del anarquismo obrero de inspiración bakuniana-kropotkiniana. El elitismo del que hizo gala en sus escritos poco tenía que ver con el populismo de los anarquistas militantes. En este sentido, la crítica del joven Martínez Ruiz se centraba en los valores tradicionales, y, como acicate, en la apelación a la fuerza, a la violencia, a los valores elementales¹²⁸.

Esta actitud juvenil no se transformó cualitativamente a partir de su polémico cambio político, cuando pasó a militar abiertamente en las filas del conservadurismo dinástico de Maura y La Cierva. Su obra El político, en la que no pocos vieron un homenaje a Maura, es un claro ejemplo del giro ideológico azoriniano. Se trata de una obra en la que se da una curiosa amalgama de elementos vitalistas, regeneracionistas, y conservadores, y en la que se recomienda al dirigente político la práctica de virtudes tales como la fortaleza, la elegancia, la cautela, el equilibrio, la serenidad, el sentido de la autoridad; y, sobre todo, la conciencia de la importancia del factor fuerza en las relaciones políticas y sociales: «No dé el político en la candidez de creer en la famosa distinción entre el derecho y la fuerza. No hay más que una cosa: fuerza. Lo que es fuerte es lo que es de derecho […]. La fuerza es la vida, y la vida es un hecho desconocido»¹²⁹.

Para entonces, el escritor alicantino había llegado a la conclusión de que la sociedad española necesitaba una clara política de autoridad si pretendía llevar a cabo el proceso de «regeneración» nacional¹³⁰. El llamado a ejercerla no era otro que Juan de La Cierva, el famoso cacique murciano. Pero aquello no podía conseguirse sin la existencia de un auténtico proyecto conservador, ausente en la derecha española desde por lo menos la muerte de Cánovas. Compenetrado con la cultura francesa, Azorín estimó que el nacionalismo integral maurrasiano podía servir de ejemplo. Así, los profetas de ese nuevo conservadurismo debían ser Maurras y Barrés, gracias a cuyas aportaciones la derecha francesa había logrado una considerable influencia en la sociedad y en los círculos intelectuales. Como consecuencia, la derecha española debía articular una auténtica doctrina política que englobara tanto la economía como la estética y la sociología.

La nueva doctrina tendría su base en la física social de Comte; su estética reposaría en el lema barresiano de la «tierra y los muertos», y su economía política, en la defensa de las estructuras agrarias de producción. Todo lo cual chocaba frontalmente con los principios liberales de sufragio universal, parlamentarismo y jurado, que debían ser erradicados de la vida política como virus que fomentaba la discontinuidad, la incoherencia y el desorden: «El sufragio universal es una superstición, como lo es el jurado»¹³¹.

La derecha española tardaría aún algún tiempo en aceptar las sugerencias tempranas de Azorín, muy semejantes a las esbozadas por D’Ors en Cataluña.

Miguel de Unamuno

Lector juvenil de las obras de Balmes y Donoso Cortés, Miguel de Unamuno¹³², como la mayoría de los representantes del espíritu noventayochista, no fue ni liberal ni demócrata. Llevado de su egotismo romántico, se dejó utilizar como bandera primero por el socialismo incipiente¹³³, luego por el republicanismo, y más tarde, ya en la vejez, por la contrarrevolución. Nunca tuvo una posición política coherente. No fue un hombre de partido, sino de partidos. Le ocurrió en la cosa pública lo mismo que en casi todos los demás ámbitos: frecuentó orillas opuestas, sin afincar en ninguna definitivamente.

El historiador alemán Fritz Stern le ha comparado con Maurice Barrés y Charles Maurras, como representante intelectual de la «revolución conservadora» por su búsqueda de una «ruptura hacia el pasado, deseando una nueva comunidad en la cual las viejas ideas e instituciones pretendiesen una nueva fidelidad», y cuya visión del mundo consistía en una combinación de «criticismo cultural con un nacionalismo extremo»¹³⁴.

Ciertamente, el escritor español no escatimó, a lo largo de su dilatada obra, reproches tanto a Maurras como a Barrés, especialmente por su intento, siendo como eran dos ateos notorios, de instrumentalizar el catolicismo para objetivos de orden político¹³⁵. Sin embargo, su propia preocupación nacionalista, convertida en auténtica obsesión; su imagen hispánica y castellanista; su hábil crítica de los nacionalismos periféricos, sobre todo del bizkaitarrismo, y su propio voluntarismo irracionalista le acercan a los planteamientos de ideas de los representantes del conservadurismo radical finisecular. El regeneracionismo unamuniano rechazaba los planteamientos del tradicionalismo menendezpelayano, al que acusaba de «casticista» y de causante, por tanto, del atraso social, cultural y científico español, pero estimaba que la labor europeizadora tenía que contar con la «tradición», y esta era necesario buscarla en la «intrahistoria» nacional, ese nivel profundo e incontaminado del alma colectiva, subrayando de ese modo su intemporalidad e independencia con respecto a los hechos que se suceden en la superficie de los acontecimientos humanos.

La vía propuesta para acceder a la «intrahistoria» no es sino una relectura vital de las tesis positivistas de Taine, según las cuales el pasado y el presente forman una sola y única realidad, dada la similitud de los condicionamientos geográficos y raciales que vienen conformando desde sus más remotos orígenes hasta el momento actual la comunidad nacional. La tierra y los hombres en ella forjados constituyen la fuente viva de la tradición, y, como consecuencia, solo desde el presente histórico es posible adentrarse en las huellas del pasado. Así, la tarea de los «españoles europeizados» no habría de consistir en la construcción ad extra de un sistema teórico, sino en redescubrir los tesoros ocultos en el «alma» del pueblo, herencia de un pasado del que el propio pueblo no tenía memoria expresa¹³⁶.

Ramiro de Maeztu

Menos metafísico se mostraba, a la hora de dar una respuesta a la crisis noventayochista, Ramiro de Maeztu¹³⁷, el escritor de mayor densidad, junto a Unamuno, de cuantos nacieron a la vida literaria en la España finisecular. Pese a sus continuos cambios de perspectiva ideológica, la temática nacionalista tuvo en la obra de Maeztu una importancia primordial, hasta configurar y unificar radicalmente el conjunto de la producción¹³⁸.

A diferencia de otros noventayochistas, Maeztu, al estallar el conflicto con Estados Unidos, cuyo final predijo con exactitud, se alistó como voluntario, siendo destinado a Baleares, donde tuvo oportunidad de percibir la total ausencia de organización militar y la falta de espíritu cívico de la mayoría de la población, ante el rumor de que la escuadra norteamericana se disponía a invadir las islas: «Yo vi aquello, y lo que más me asombra es haber conservado cierto optimismo colectivo después de haberlo visto»¹³⁹.

Su proyecto de regeneración nacional fue fruto de la apabullante impresión de decadencia y de disgusto que siguió a la derrota del 98. Aunque influido por Marx, Nietzsche y Spencer, Maeztu nunca fue un revolucionario. La solución al problema planteado por la derrota del 98 se encontraba en la consolidación de la unidad nacional a través de la modernización y la industrialización de la sociedad española y no en la revolución social: «Si España presenta una resistencia invencible a la iniciada industrialización burguesa, nuestra nacionalidad será arrollada por extranjeras manos»¹⁴⁰.

En Maeztu, la nación no se define como una solidaridad adscriptiva, sino como un proceso, como algo que es preciso realizar en y mediante un proyecto de trascender su propia situación de retraso:

No veamos en España un espectro histórico, un fantasma doloroso, una cruel pesadilla; contemplémosla mejor como un niño próximo a nacer, cuyos primeros vagidos se perciben en esa íntima agitación que deja estupefactas a nuestras clases directoras históricas, gastadas, decadentes, próximas a morir¹⁴¹.

En este sentido, Maeztu vio en la obra de Costa la elaboración de una «tradición» nacionalista emergente, distinta de la defendida por los conservadores y tradicionalistas católicos: «[…] los libros de Costa han creado la posibilidad de un patriotismo popular, de un patriotismo en que se funden las ideas de patria y de pueblo»¹⁴².

Maeztu sentía una profunda admiración por las burguesías vasca y catalana, que, mediante su pujanza económica, bien podían ser los sujetos sociales de esa transformación y vertebración nacional. Ello chocaba, sin embargo, con la emergencia de los nacionalismos periféricos, de los que Maeztu siempre se mostró enemigo radical. Desde su perspectiva unitaria y modernizadora, los temas del nacionalismo vasco —su ruralismo, su localismo, su insistencia en factores raciales y lingüísticos de diferenciación— carecían de virtualidad histórica. A su juicio, la emergencia del bizkaitarrismo tan solo podía explicarse por «la supervivencia de la barbarie antigua»¹⁴³. Comparado con la brutal franqueza del nacionalismo vasco, el catalanismo parecía «menos instintivo y violento», pero no pasaba de ser «una mixtura de agua y de fuego, de corderos y lobos, de trovas y aranceles, tan inconsistente ante el análisis, como incomprensible al corazón»¹⁴⁴.

Para Maeztu, la renovación nacional vendría dada no solo por el desarrollo económico, sino por una auténtica reforma intelectual y moral consistente en la transformación de la mentalidad de las élites burguesas, la secularización de las conciencias y, sobre todo, en la articulación de una auténtica conciencia nacional unitaria a través de un nuevo sistema educativo, basado en valores prácticos, en los deportes, en la sociología, en el conocimiento geográfico y en el arte nacional. A lo que habría que añadir la labor de los intelectuales en la invención de símbolos y mitos. Para ello era preciso contar con la colaboración del Ejército, en el que Maeztu siempre vio el más firme elemento cohesionador de la sociedad española. Las Fuerzas Armadas podían formar, con su capacidad socializadora, «el espíritu nacional que tanto contribuye al resurgimiento de la ciencia, las letras, la industria y demás actividades de la ciencia moderna»¹⁴⁵. En ese sentido, Maeztu no escatimó —a pesar de sus críticas al sistema y los políticos de la Restauración— elogios a Maura, cuyos planteamientos regeneracionistas alabó en más de una ocasión¹⁴⁶.

En diciembre de 1901, Azorín, Baroja y Maeztu publicaron el llamado «Manifiesto de los Tres», propugnando, con clara influencia costista, para «aplicar los conocimientos de la ciencia en general a todas las llagas sociales», «a la enseñanza obligatoria, la fundación de cajas de crédito agrícola y la implantación del divorcio», rechazando, de paso, la democracia liberal como vehículo para el logro de tales objetivos, al considerarla como «un absolutismo del número que no ha producido ni producirá la liberación de la Humanidad, sino una especie de nuevos privilegios a favor de los más audaces y de los más indelicados»¹⁴⁷.

Como tendremos oportunidad de ver, los planteamientos noventayochistas tendrán influencia en la dictadura primorriverista, sobre todo en lo referente a la política de desarrollo económico y de modernización técnica, y el propio Maeztu —y más ambiguamente Azorín— le dará su apoyo. Pero tendrían igualmente una impronta decisiva en los ideólogos de la derecha revolucionaria, que, como Ernesto Giménez Caballero, Ramiro Ledesma Ramos o José Antonio Primo de Rivera, no dudarán en autodefinirse como «nietos del 98» e incluso, posteriormente, en algunos representantes intelectuales de la tecnocracia franquista¹⁴⁸.

CUARTA PARTE

EL OCASO DEL CONSERVADURISMO LIBERAL

10

LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN Y LA REINVENCIÓN DE LA DERECHA AUTORITARIA (1914-1923)

LA REVOLUCIÓN ORGANIZATIVA Y POLÍTICA DE ESPAÑA

A la crisis política y de identidad nacional, cuya emblemática fecha de arranque fue 1898 y a la que las elites dinásticas fueron incapaces de dar respuesta adecuada, iba a añadirse una profunda crisis social. Esta nueva coyuntura forma parte del período descrito por el historiador Charles S. Maier como de «refundación» de la Europa capitalista, en el que va fraguándose una alternativa social y política a la movilización de masas suscitada por la Gran Guerra y a la crisis revolucionaria surgida a partir del triunfo de los bolcheviques en Rusia y sus precoces y fallidos intentos de trascender las fronteras del antiguo imperio zarista. Por de pronto, la crisis implicó un profundo cuestionamiento de las bases del Estado liberal de Derecho.

La sociedad no podía ser concebida ya como un mero conglomerado de individuos atomizados; tampoco podía seguirse manteniendo que la voluntad política fuese el resultado de la agregación de voluntades individuales. De esta forma, el conjunto de las sociedades europeas —y también la española— iba a asistir a la instauración de un nuevo sistema sociopolítico consistente en la articulación de mecanismos para la transacción entre los intereses sociales. Maier denomina al nuevo sistema institucional «corporativo», cuya instauración implicaría la creación de nuevos mecanismos de distribución del poder que favorecieran a las fuerzas organizadas de la economía y de la sociedad en detrimento de un Parlamento cada vez más debilitado¹.

Las élites políticas, económicas e intelectuales conservadoras se vieron desbordadas por una sociedad que les exigía tanto una mayor participación en la gestión política como una mejor distribución de la riqueza. El triunfo de la revolución bolchevique en una recién proclamada Unión Soviética coadyuvó a que las organizaciones obreras se hicieran más presentes en el deseo de lograr mejoras muy sensibles en la situación económica y social, caso de no poder alcanzar la entonces deseada revolución socialista. Ambos posicionamientos provocaron una gran movilización política y, por ende, la aparición de nuevas organizaciones y de nuevos planteamientos en el campo de las derechas. Es en estos momentos cuando aparecieron los primeros movimientos católico-corporativos y de derecha radical, cuyos mentores políticos e intelectuales fraguaron una alternativa tanto al debilitado orden liberal como a la incipiente y amenazadora revolución soviética.

El caso español no difiere cualitativamente de este esquema. Sin embargo, existen una serie de diferencias que hicieron que la aparición de estos nuevos movimientos políticos fuera más tardía en nuestro suelo. No fue solo la condición de no beligerante en la Gran Guerra lo que hizo que, en un primer momento, no se plantearan con tanta rotundidad los problemas de posguerra; fue igualmente la peculiaridad de la situación española en el caso del auge de los localismos y de los nacionalismos periféricos, que adquirieron a lo largo de la crisis un nuevo y decisivo protagonismo, impidiendo la articulación de un movimiento conservador a nivel nacional. También fue determinante el papel de las dos grandes burocracias nacionales, Iglesia y Ejército, la debilidad y el fraccionamiento de las burguesías españolas, la ausencia de un auténtico Estado laico y burgués, y, por supuesto, el papel secundario de la nación española en el contexto internacional.

La crisis del Estado liberal español tuvo su fecha emblemática en 1917, y se produjo en sucesivas oleadas. La primera a cargo del estamento militar, con la aparición de las Juntas de Defensa, que pretendían controlar la provisión de los ascensos por méritos de guerra. La segunda, protagonizada por un sector parlamentario dispuesto a actuar al margen del sistema político —cerradas como estaban las Cortes— para abrir un proceso constituyente, maniobra orquestada, por una parte, por el líder de la Lliga, Francesc Cambó, para acabar con el «turno» de partidos, y por otra, por Melquíades Álvarez, empeñado en conseguir un mayor nivel de liberalización y de secularización del Estado. La tercera, se desencadenó en la huelga general revolucionaria del mes de agosto, en la que, aprovechando la ambigua actitud del Ejército y el desconcierto político provocado por la Asamblea de Parlamentarios, el Partido Socialista y los dos grandes sindicatos obreros intentaron, de acuerdo con los republicanos de Lerroux, poner a prueba la consistencia del Estado para encauzar o someter aquel reto generalizado².

A todo ello es preciso añadir la nueva actitud del funcionariado civil, que, al socaire de la nueva situación, no vaciló, como habían hecho los militares, en emplear la huelga como medio de presión³.

De igual forma, la debilidad y el fraccionamiento de la nación y del Estado volvieron a ponerse de manifiesto. A lo largo de la crisis se produjo una clara extensión de los sentimientos particularistas, produciéndose un «conflicto entre nacionalismos»⁴.

Por otra parte, la Revolución rusa fue recibida entre los trabajadores organizados con un gran entusiasmo, que alentó un incremento considerable de la conflictividad huelguística —el llamado «trienio bolchevique» en Andalucía y, especialmente, en Barcelona— y una ola de atentados contra patronos y obreros, que nadie parecía capaz de frenar⁵.

Todo lo ello obligaría al conjunto de las derechas españolas a un replanteamiento de sus estrategias políticas, de su organización y de su proyecto ideológico.

HACIA LA ARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL

La crisis del 98 tuvo entre sus múltiples consecuencias la del replanteamiento de la influencia de la Iglesia católica en la sociedad española. En ese sentido, la España de comienzos de siglo iba a experimentar la aparición de nuevas y virulentas formas de anticlericalismo. La importante participación del clero católico en la propaganda de la guerra contra los insurrectos cubanos, primero, y luego contra Estados Unidos, y, sobre todo, la percepción cada vez más ostensible de la influencia determinante de la Iglesia en el aparato educativo, en las instituciones, en la vida social e incluso su creciente poder económico, fueron algunos de los hechos que llevarían a ese replanteamiento del problema de la secularización de las instituciones y de la sociedad.

Los incidentes ocurridos en varias ciudades como réplica a las manifestaciones católicas con motivo del jubileo de León XIII; el éxito de la galdosiana Electra, de fuerte contenido anticlerical; los desórdenes provocados por el anuncio de la boda de la princesa de Asturias con Carlos de Borbón, de ascendencia carlista, o las polémicas el padre Fernández Montaña —integrista, confesor y profesor del príncipe, expositor del Syllabus y apologista de Felipe II— con Canalejas, fueron algunos de los episodios de esta nueva etapa, caracterizada por la conflictividad de carácter religioso⁶.

El partido liberal dinástico intentó capitalizar este descontento a través de la adopción de una serie de medidas políticas de carácter moderadamente secularizador, como la prohibición de nuevas órdenes religiosas, el matrimonio civil, la libertad de cultos y la secularización de los cementerios. En este sentido, el conde de Romanones, al tomar posesión de su cargo de ministro, restauró la disposición de Albareda, que dejaba sin efecto la obligación impuesta a los catedráticos de respetar el dogma católico. Ordenó que la enseñanza religiosa fuera voluntaria en los institutos de enseñanza media y suprimió la representación eclesiástica en el Consejo de Instrucción Pública. Estas medidas, por supuesto, fueron muy mal recibidas por la jerarquía eclesiástica, que, en el congreso católico celebrado en Santiago, pidió al rey la destitución del ministro de Instrucción Pública⁷.

Anticlericalismo

Sin embargo, el momento más difícil de las relaciones Iglesia-Estado tuvo lugar durante el Gobierno de Canalejas, quien quiso poner coto a la expansión de las órdenes religiosas, limitando el establecimiento de nuevas organizaciones eclesiásticas en España, que huían de los efectos de las leyes secularizadoras de la III República francesa. Para lograrlo presentó la célebre «Ley del candado»⁸, que levantó grandes protestas. Se celebraron multitud de manifestaciones en contra encabezadas por las jerarquías eclesiásticas. El Vaticano envió una enérgica nota al Gobierno en la que se insistía en su postura contra la ley, interpretando el artículo 11 de la Constitución. Hubo diferencias sobre el Concordato y sobre la Ley de Asociaciones, llegándose a una ruptura, aunque atenuada, de las relaciones⁹. Sin embargo, no se llegó al proceso de «guerra civil de la espiritualidad»¹⁰, que tendrá su desarrollo y culminación a lo largo de la Segunda República.

Y es que resulta preciso no exagerar excesivamente el contenido de estos conflictos. Liberales y conservadores disintieron en otros terrenos, pero, como señalaron en su momento Gabriel Maura y Melchor Fernández Almagro, «en lo religioso la fórmula predilecta de ambos partidos se concretó en el sabio apotegma de quieta non movere»¹¹.

Sin embargo, existían otros tipos de anticlericalismo de contenido mucho más radical. Las nuevas élites intelectuales veían en el catolicismo uno de los principales obstáculos para la modernización del país. Escritores como Ramiro de Maeztu —y con él, muchos otros—, coincidentes con el diagnóstico de la Institución Libre de Enseñanza, consideraban el progreso de la nación inseparable de una radical secularización de las conciencias. En este sentido, el papel otorgado a la Iglesia en el aparato educativo era por completo negativo; el catolicismo era antitético de la mentalidad pragmática y utilitaria, es decir, burguesa, cuya cristalización era tan necesaria para el conjunto de la sociedad: «Esta educación produce santos y viciosos, católicos y anticatólicos, pero no hombres de voluntad e inventiva»¹². Además, el catolicismo español, por sus propias y especiales características, era incapaz de garantizar la cohesión nacional y social:

Sus predicadores solo se preocupan en abominar de protestantes y masones, exigir a sus feligreses las prácticas externas y fomentar el esplendor del culto con fiestas y coronas de diamantes y mantos de oro, que son, en la boca de los librepensadores, los argumentos más propios para fomentar la guerra religiosa¹³.

Tanto el anticlericalismo liberal-dinástico como el de los intelectuales era de minorías. No obstante, la sociedad española iba a asistir entonces a la reaparición de un anticlericalismo de carácter popular —que no profesaba el elitismo de los otros dos— que tendía por necesidad orgánica a difundir masivamente los contenidos ideológicos de la denuncia anticlerical. La lucha contra la Iglesia fue uno de los puntos centrales del nuevo republicanismo populista acaudillado por Alejandro Lerroux, que identificaba al clero como el principal enemigo del pueblo y la nación, acusándole de «traición al evangelio», de «fariseísmo», de «oscurantismo» y de defender una «moral de esclavos», entre otras cosas¹⁴.

No muy distintas características poseía el anticlericalismo obrero, tanto socialista como anarquista, en cuya articulación ideológica debió influir la sustitución del dogmatismo religioso por los principios de la utopía revolucionaria. Dentro de la crítica a la sociedad capitalista, la crítica a la Iglesia tenía necesariamente un papel significativo. La Iglesia se presentaba como modelo, como encarnadora de la moral más excelsa que la humanidad pudiera darse, pero cuando el obrero anarquista o socialista la descubría ligada a las clases altas y exigiendo lo que no cumplía, irrumpía contra ella con rabia y desesperación. Y cuando la ocasión se presentó, incendió sus templos¹⁵.

La llamada «Semana Trágica» de Barcelona puso de relieve las dimensiones de este tipo de anticlericalismo. Las masas centraron sus iras casi exclusivamente contra las iglesias y los conventos, de los cuales destruyeron o incendiaron unos sesenta y tres, con la muerte de decenas de religiosos, violación de religiosas y hasta profanación de cadáveres¹⁶.

Como consecuencia de estos hechos, los obispos españoles dirigieron, el 26 de noviembre de 1909, una carta a Maura, todavía presidente del Consejo de Ministros, pidiéndole que mantuviera cerradas las escuelas laicas, a las que acusaron de «irreligiosas» y de ser las causantes de aquellos desórdenes, y que se respetara el Concordato de 1851, en el que se prometía que «la instrucción de las escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica», así como la Constitución, cuyo artículo 11 prohibía «otras manifestaciones públicas que las de la religión del Estado»¹⁷.

Una salida, pues, puramente represiva que, por otra parte, no podía ocultar el miedo al futuro. Porque, efectivamente, muchos de los reproches anticlericales, lejos de ser gratuitos, respondían a la realidad del momento.

Renovación católica

Era evidente, como denunciaban los liberales dinásticos, que el Concordato suponía la capitulación del Estado español —al admitir una interferencia en su soberanía—, pues tanto su autoridad como su capacidad legislativa quedaban cuarteadas por los derechos reconocidos a la Iglesia, que había conseguido establecer una relación de doble soberanía. No menos significativa era la acusación de incultura que las nuevas élites intelectuales lanzaban no solo al clero, sino al conjunto del catolicismo español. En buena medida, se trataba de un catolicismo pasadista, saturado de añoranzas de un tiempo irreversible, con un lenguaje teológicamente magro e históricamente arcaizante.

La Iglesia católica española no se vio afectada por la angustia de «modernismo» europeo de finales de siglo¹⁸, y tampoco tuvo en sus filas figuras parangonables a las de Loisy, Von Hügel, Murri, Toniolo, Gratry, Mercier, etc. Menéndez Pelayo, el máximo intelectual católico de la época, se sumió, tras el Desastre del 98, en un profundo mutismo¹⁹, aunque todavía tuvo arrestos para calificar a los intelectuales noventayochistas de «generación menguada e impotente», cuyo único objetivo parecía ser «el descrédito de las más veneradas tradiciones nacionales»²⁰, y dar apoyo en una carta al obispo de Madrid-Alcalá a la pretensión católica de clausura de las escuelas laicas, cuya pedagogía calificó de «indigna mutilación del entendimiento humano en lo que tiene de más ideal y excelso»²¹.

Esto provocó una severa réplica del joven pensador José Ortega y Gasset, que no dudó en tachar la posición del historiador santanderino de «capciosa, equívoca y poco severa […]. Jamás laico se opuso a religioso, sino a eclesiástico»²². Desanimado no solo por el Desastre, sino por el fracaso de Maura, en quien había puesto sus últimas esperanzas políticas, Menéndez Pelayo, un año antes de su muerte, presagió, en su intervención en la clausura del Congreso Internacional de Apologética, la ruptura de la convivencia nacional, que él interpretó como una consecuencia más de las influencias heterodoxas y extranjerizantes en la sociedad y en la cultura española: «Hoy presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado mil veces por garullo sofistas, empobrecido, mermado y desorientado, emplea en destrozar las pocas fuerzas que le restan»²³.

Muerto en mayo de 1912, Menéndez Pelayo se convertiría en el líder espiritual del conjunto de las derechas españolas. Su inmensa obra supuso para estas una recepción aceptable del pasado, que en el futuro estaría disponible para el ámbito de la acción política. Antonio Maura le exaltó como el prototipo del intelectual español adscrito a horizontes auténticamente nacionales, como defensor de «la huella del genio español en la civilización universal»²⁴. El carlista Vázquez de Mella exaltó su producción historiográfica como corroboradora de los supuestos históricos en que descansaba el grueso de la ideología legitimista²⁵, y Ángel Herrera, máximo mentor de las nuevas generaciones católicas, vio en él al «hombre de la gran verdad», a «un singular enviado de Dios para sacudir el letargo de España e inyectarla una segunda vida»²⁶.

Aunque escasas, el catolicismo español tuvo, además, algunas otras figuras intelectuales de valía, como fue el caso del padre Juan González de Arintero²⁷, el conjunto de cuya obra viene marcado por el impacto de la crisis modernista, intentando compatibilizar el darwinismo con la teología ortodoxa, con el objetivo de ofrecer a la Iglesia una visión organicista de la sociedad y de su propia historia²⁸. Arintero ejerció una notable influencia sobre el Maeztu de Acción Española y sobre el grupo neotomista castellano, cuya figura más emblemática, el padre José Gafo, intentó, a través del evolucionismo arinteriano, buscar una alternativa teológico-política frente al modernismo y al integrismo²⁹.

Otro pensador eclesiástico de envergadura, aunque, como Arintero, fuese un hombre marginado de la comunidad eclesiástica, fue Ángel Amor Rubial, cuya obra recoge igualmente el ambiente europeo que acompaña al movimiento modernista³⁰. Y tampoco faltaron aportaciones de valor en la obra del historiador Zacarías García de Villada, de los historiadores benedictinos del Monasterio de Silos, de los estudiosos agustinos, etcétera³¹.

En otro orden de cosas, la polémica anticlerical suscitó la acción militante de revistas como Razón y Fe, órgano de los jesuitas radicalmente antimodernista, nacido en 1901 para combatir los intentos de legislación secularizadora de los liberales y defender los privilegios educativos de la Iglesia.

Casi al mismo tiempo, los dos últimos congresos católicos, celebrados en Burgos y Santiago, intentaron plantear una respuesta a los retos planteados por el anticlericalismo y los proyectos liberales de control de la actividad de las congregaciones religiosas y, en particular, la organización de la acción electoral y propagandística unitaria de los católicos y de la promoción de obras sociales³².

La endémica división de los grupos católicos iba a frustrar durante mucho tiempo la constitución de un movimiento católico coordinado. En su lugar existieron una serie de manifestaciones sectoriales católicas, encaminadas, por un lado, a conseguir esa unión y, por otro, a la propagación de los ideales social-católicos: semanas sociales, asambleas de la buena prensa, congresos catequísticos, ligas católicas electorales, etc. En este sentido, las ligas católicas de Valencia, donde la movilización fue más intensa al tener que enfrentarse a un movimiento anticlerical de envergadura, como era el blasquismo³³, Sevilla³⁴, Zaragoza y Mallorca³⁵, fueron una plasmación local de la propuesta general de crear una unión electoral.

En otras zonas, como Barcelona, se ensayaron nuevas formas de respuesta pastoral ante un medio social donde el proceso de cambio y secularización era más acusado. Tal fue el caso de la Asociación Eclesiástica de Apostolado Popular, fundada en 1905 por Francisco P. Mas, Enrique Plá y Deniel, J. I. Gatell, Pedro Lisbona y otros; y cuyos objetivos se cifraban no solo en contrarrestar la propaganda laicista y anticlerical, sino en la promoción de un nuevo tipo de sacerdote, «el sacerdote social», a través de la difusión de las encíclicas papales y el contacto con el mundo obrero³⁶.

Por su parte, el Vaticano proponía para España —siguiendo la tesis accidentalista del «mal menor»— el modelo organizativo de la Acción Católica italiana, que preveía la organización separada, aunque coordinada, de la actividad propagandística (Unión Popular), de la acción social (Unión Económico-Social) y de la acción política (Unión Político-Electoral). De todas ellas la más difícil de llevar a la práctica era, sin duda, la última. De hecho, la Junta Central de Acción Católica, que se había constituido en Madrid en junio de 1900, bajo la presidencia efectiva del marqués de Comillas, consideró la inviabilidad de la constitución de un partido católico español y la confianza en los organismos ya existentes: Junta Central y juntas diocesanas, y Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras³⁷.

En 1908, la iniciativa vaticana tomó la forma de una encuesta promovida por el nuncio monseñor Vico entre los obispos y algunos seglares, que suscitó en la jerarquía respuestas de distinto matiz. El modelo de la Acción Católica era aceptado por la mayoría, y lo mismo ocurría con el de la Unión Popular y la Unión Económica Social, aunque algunos señalaban la posibilidad de conflicto si no se tenía en cuenta la creciente tendencia nacionalista catalana. En relación a la Unión Política-Electoral se insistía en la imposibilidad de llevarla a cabo, no solo por la resistencia de carlistas e integristas, sino por la emergencia del nacionalismo catalán: «La Solidaridad catalanista —señalaba Casañas— domina en esta tierra, y a no ser que cambie la táctica de este partido, no será fácil o tal vez posible contrarrestar sus esfuerzos»³⁸. Los obispos castellanos criticaban la táctica violenta propugnada por los carlistas e integristas; subrayaban la importancia de los católicos «neutros», sin partido al que votar, y valoraban positivamente el progresivo liderazgo de Maura en el Partido Conservador, cuyo programa consideraban «lo menos malo posible» desde la óptica católica³⁹.

La Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP)

Para entonces estaba ya bastante claro el desenganche de la influyente Compañía de Jesús y de la mayoría de los prelados en relación al integrismo nocedaliano, pésimo compañero de viaje político. La muerte del último de los Nocedales en 1907 fue un claro síntoma del ocaso de la influencia integrista en la política española. El Partido Integrista no encontraría ya un líder de su talla⁴⁰.

En este sentido, uno de los hitos fundamentales del catolicismo político español fue la aparición en el año clave de 1909 de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas⁴¹. Se trataba de una réplica directa a los planteamientos de Giner de los Ríos y de la Institución, a la hora de crear minorías dirigentes en el seno del catolicismo español y de articular un movimiento unitario católico siguiendo el norte ideológico de las encíclicas papales. Su creador, el padre Ángel Ayala, personificaba el modelo de católico oficial de la época. De él afirmaría su más directo colaborador, Ángel Herrera, que «no fue hombre erudito ni de muchas lecturas»⁴². Sus escritos son, en buena medida, manuales para la acción y promoción del perfecto propagandista católico, que, a su modo de ver, no debía ser tanto un hombre de pensamiento como un «hombre de sentido común» y, por tanto, un hombre de acción: «Se trata no de formar inteligentes, sino hombres de lucha, de gran influjo en la sociedad»⁴³.

Entre los propagandistas, predominaron los hombres procedentes de las clases medias y de las profesiones liberales, aunque no estaban ausentes elementos de la aristocracia y de la burguesía⁴⁴. Desde el punto de vista político, la Asociación no fue una entidad monolítica, sino que intentó aglutinar, dentro de la común ortodoxia católica, a la mayor parte de las fuerzas de la derecha. No menos importante fue la labor católica en lo relativo a la difusión de su ideología. En este sentido, fueron esenciales, también a partir de 1909, las famosas Campañas de Propaganda, y, sobre todo, dos años más tarde, la aparición de El Debate como portavoz de la opinión católica a través de los propagandistas y sus vínculos con la nunciatura.

A su modo, El Debate cumplió —por emplear el término gramsciano— la función de «intelectual colectivo» de los sectores católicos. En lo referente a la ideología, la aportación del diario católico fue apenas perceptible, pues careció en todo momento de la audacia de la novedad, siguiendo fielmente las líneas generales del pensamiento tradicionalista y social-católico. Balmes y Menéndez Pelayo, junto a Cánovas, serán sus figuras de referencia, y su principal directivo, Ángel Herrera Oria⁴⁵. La producción ideológica herreriana es una repetición de los esquemas clásicos de la escolástica y de los principios emanados de las encíclicas papales. Doctrinalmente, Herrera fue, pese al uso táctico que hizo en su momento del principio escolástico de la accidentalidad de las formas de Gobierno, un monárquico incondicional.

Fiel intérprete de las tesis aristotélico-tomistas, Herrera estimaba que la monarquía no solo se encontraba de acuerdo con el principio axial del paternalismo eclesiástico, según el cual todo poder nacía del derecho que poseía el padre de mandar a sus hijos, sino que era, al mismo tiempo, la garantía de la unidad política y de la continuidad social⁴⁶. Como Cánovas, a quien Herrera interpretaba en un sentido tradicionalista⁴⁷, identificaba la nación como una «unidad moral» concebida en torno a la monarquía y el catolicismo⁴⁸. Al mismo tiempo, Herrera desdeñaba la democracia liberal como representante del voluntarismo jurídico incompatible con el iusnaturalismo católico⁴⁹. En este rechazo incidía igualmente la percepción de los desequilibrios estructurales de la sociedad española, que la hacían sumamente peligrosa. La democracia liberal «no se ha inventado para España»⁵⁰. La alternativa católica al sistema liberal de la Restauración era «una forma de democracia orgánica que empiece por vivificar con savia del pueblo las primeras instituciones de la vida pública y de las organizaciones económicas»⁵¹.

En lo relativo al tema de la mujer, los católicos españoles siguieron defendiendo el modelo tradicional de esposa y madre. Sin embargo, en fechas relativamente tempranas se mostraron abiertos a su participación en la política activa y en la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio:

Creemos también conveniente se reconozca a la mujer el derecho de emitir el sufragio, para que con este defienda el hogar, la familia […]. Sentiríamos que la bandera levantada en toda Europa por los católicos nos la dejásemos arrebatar en España, o pareciésemos hostiles a ella. Procuremos que la mujer española sea cristiana, ranciamente cristiana, a la antigua española; pero inculquémosle de que actúe públicamente⁵².

En el ámbito político, El Debate popularizó, a partir de 1913, la expresión «programa mínimo» como fórmula de unión de los católicos en la vida política. Dicho programa constaba de seis puntos: cumplimiento de las leyes vigentes favorables a la Iglesia; separación de cátedras y presupuestos, para que el dinero de los católicos no sirviese de subvención para la enseñanza heterodoxa; medidas en materia de enseñanza encaminadas a lograr que los colegios católicos pudieran implantar sus propios métodos educativos; representación proporcional; libertades locales y regionales, y defensa de las organizaciones católicas de carácter social, como sindicatos, cajas, cooperativas, etcétera⁵³.

Para conseguir estos objetivos no se veía necesaria la fusión de los distintos grupos políticos; bastaba la colaboración de cada uno de ellos desde su propia independencia. Sin embargo, la iniciativa no encontró excesivo eco entre los llamados a encarnarla. No obstante, en aquellos momentos se había producido un episodio capital que marcaría la ulterior trayectoria de las derechas españolas: la ruptura de Antonio Maura con el Partido Conservador y la aparición del maurismo.

LA GÉNESIS DE LA DERECHA RADICAL

Como señalamos en el capítulo anterior, la caída de Maura en 1909 provocó una profunda crisis en el seno del conservadurismo dinástico e incluso en el propio sistema de la Restauración, cuyo «turno» de partido quedó seriamente dañado. Caído Maura, Alfonso XIII abrió el paso al Partido Liberal en la persona de Moret, que pronto fue sustituido, gracias a la iniciativa real, por José Canalejas, que no fue capaz de llevar a buen término sus proyectos de democratización del régimen y de secularización de las instituciones. Su asesinato en 1912 acentuó aún más la crisis y la división de los grupos dinásticos.

Maura vs Dato

La renovación de la confianza real a los liberales, que benefició en esta ocasión al conde de Romanones, fue la causa de la dimisión de Maura de la jefatura de los conservadores y de su renuncia al acta de diputado. Caídos los liberales y llamado a la presidencia del Gobierno Eduardo Dato, cuya promoción dio lugar al grupo que Maura calificó despectivamente como «idóneo»⁵⁴, consumó la escisión de los conservadores, produciéndose en el seno del grupo una serie de réplicas escalonadas. El maurista Ossorio y Gallardo dimitió de la jefatura del Partido Conservador de Zaragoza, mientras que Gabriel Maura hacía lo mismo en Santander. Las Juventudes Conservadoras cambiaron su nombre por el de Mauristas. Y el 30 de noviembre se celebró una asamblea en Bilbao, de la que surgió el maurismo como grupo político diferenciado⁵⁵.

Maura contó con el apoyo del viejo líder de la Unión Católica Alejandro Pidal, quien poco antes de morir le envió una carta ditirámbica en la que el político conservador aparecía como «el hombre designado por Dios para gobernar cristianamente este país»⁵⁶. Igualmente contó con el apoyo de El Debate y de ABC; no así con el de La Época, que en todo momento dio aliento a Dato. Y pudo dotarse de órganos periodísticos propios, como Vida Ciudadana, Ciudadanía, Maura, Sí, La Tribuna, y finalmente La Acción, fundado en 1915 gracias a la ayuda económica de la marquesa de Argüelles⁵⁷.

Como ya sabemos, Maura no podía considerarse un conservador radical, al menos en el contexto español, pero el grupo político que tomó su nombre fue, con algunas excepciones, la manifestación más característica de una derecha radical que aún tardaría en dar sus frutos de manera plena.

Por de pronto, la irrupción del maurismo en la vida pública supuso un cambio notable en las pautas de comportamiento que hasta entonces habían caracterizado al conservadurismo dinástico. El hecho era entonces poco menos que insólito: por vez primera en la España de la Restauración una fuerza política de la derecha dinástica se propuso, con no pocas insuficiencias, movilizar a su potencial base social⁵⁸.

Por el contrario, el sector «idóneo» del Partido Conservador, acaudillado por Dato, y cuyas figuras más representativas fueron, aparte de su propio líder, Joaquín Sánchez de Toca, Luis de Marichalar y Monreal —vizconde de Eza—, José Sánchez Guerra y Manuel Burgos y Mazo, no abordó en ningún momento el intento de movilización política o de reforma del sistema político, y tampoco recurrió al nacionalismo español. Con acierto, su proyecto político ha sido definido como «reformismo social sin nacionalismo»⁵⁹. El interés de Dato siguió centrado en los temas de carácter social, desde una óptica paternalista y transaccionista⁶⁰. Sus principales logros fueron la Ley de Accidentes de Trabajo, el Decreto Ley que regulaba el trabajo de las mujeres y los niños, la Ley de Huelga, y la creación del Ministerio de Trabajo. Su inspiración fue humanista y cristiana, no encaminada a la movilización de las masas.

Sánchez de Toca no dudó en criticar el funcionamiento del sistema político, denunciando las conexiones entre los grandes intereses económicos y las élites políticas, así como, en contradicción con sus anteriores opiniones, la excesiva intervención del monarca en el nombramiento de los dirigentes políticos⁶¹. No deja de ser significativo este tipo de denuncias viniendo de un hombre plenamente inserto tanto en el mundo de los negocios como en la oligarquía política⁶². En cualquier caso, su actuación no tuvo el menor contenido modernizador. Identificado hasta el final de sus días con el régimen de la Restauración, Sánchez de Toca centró su interés en los problemas suscitados por el proceso de nacionalización económica del capitalismo español⁶³.

Escritor tan prolífico como el anterior, el vizconde de Eza era un gran terrateniente y aristocrático empresario agrícola vinculado a la poderosa Asociación de Agricultores de España, de la que era presidente⁶⁴. Como Sánchez de Toca, Eza era consciente de la crisis del sistema político, y más aún del propio régimen liberal, al que consideraba incapaz de resolver el problema social. En ese sentido, se mostraba partidario de «una nueva doctrina democrática» basada en el organicismo y en el corporativismo⁶⁵.

Antiguo integrista, Manuel Burgos y Mazo, igualmente hombre de gran fortuna, se mostraba, como Dato y Eza, partidario de las reformas sociales y de la representación corporativa sin romper el sistema liberal, partiendo de las doctrinas pontificias sobre la «democracia cristiana»⁶⁶.

Antonio Goicoechea: el nacionalismo integral

Frente a estos hombres plenamente insertos en la alta sociedad y en el sistema político de la Restauración, el maurismo supuso la entrada en la arena política de jóvenes de la clase media y alta destinados en el futuro a un papel de primer orden en la vida del país. Tal es el caso de Antonio Goicoechea, José Calvo Sotelo, José Félix de Lequerica, Félix de Llanos y Torriglia, Ángel Ossorio y Gallardo⁶⁷, el conde de Vallellano, César Silió, Luis de Galinsoga, Alfredo Serrano Jover, etc. Desde su óptica, las reformas políticas propugnadas por su líder iban a tener un carácter más preciso y concreto. Se trataba de un proyecto de racionalización económica y social, cuyo objetivo último era el establecimiento de las premisas a partir de las cuales se hiciera viable el desarrollo industrial controlado por las elites económicas tradicionales. El «descuaje del caciquismo», el saneamiento de la Administración, el aumento del aparato burocrático y el intervencionismo económico fueron algunos de los puntos cardinales del pensamiento sociopolítico de los mauristas, coincidente en ese proyecto de «modernización conservadora».

Los planteamientos ideológicos de la derecha maurista tuvieron su más dotado expositor en Antonio Goicoechea y Cosculluela⁶⁸. Formado en las corrientes organicistas, social-católicas y del positivismo finisecular, Goicoechea presentó al maurismo como la superación del canovismo y el liberalismo. No era el liberalismo doctrinario, sino la democracia conservadora; no el centralismo, sino el regionalismo; no el individualismo posesivo, sino el intervencionismo estatal, y, sobre todo, no el resignado pesimismo canovista, sino la fe «en el espíritu creador y en las inagotables energías de la raza»⁶⁹.

Ya en aquellos momentos Goicoechea partía del hecho cierto de que las nuevas realidades socioeconómicas estaban poniendo en crisis la concepción de la sociedad característica del liberalismo, por lo que se imponía un nuevo tipo de democracia, que Goicoechea apellidaba «conservadora» y orgánica, en la que la representación individual tendría que contar igualmente con la presencia de un alto componente corporativo en el proceso estatal de decisiones, así como un alto componente asistencial⁷⁰.

En este sentido, Goicoechea vio con no escasa lucidez las transformaciones que engendraría en las sociedades europeas el impacto de la Gran Guerra. Tras la conflagración, se impondría una mutación esencial en la organización de la sociedad. La nueva política que se perfilaba en el horizonte era la del ascenso del imperialismo y el proteccionismo, del paternalismo estatal y del aumento del poder del Estado en la sociedad civil. Se trataba, en fin, del tránsito de la sociedad liberal a la «sociocracia», es decir, hacia formas corporativas de organización social y política⁷¹.

Por boca de Goicoechea el maurismo se convirtió en portaestandarte del nacionalismo económico, propugnando la continuidad del modelo de desarrollo hacia adentro que se había convertido, como sabemos, en la opción fundamental, gradualmente reforzada, del capitalismo español. El Estado debía de participar directamente en la actividad económica, garantizando el proceso de industrialización en un sentido abiertamente proteccionista a partir del fomento de la iniciativa privada y el estímulo de las industrias nacionales⁷². Esto implicaba igualmente una transformación del Estado, aumentando el nivel de burocratización y las exigencias administrativas. No se imponía la especialización burocrática, sino la tecnificación, en razón de las complejas materias que el Estado tenía que asumir. Era el tiempo de las «especialidades y de los especialistas»⁷³.

Estas transformaciones no debían acarrear una pérdida de la identidad nacional. La «revolución desde arriba» no solo había de respetar la espiritualidad genuinamente española, sino restaurarla. En el discurso maurista, la tradición adquiría un claro sesgo normativo, de orientación de la acción política y generación de consenso. Esta vertiente tradicionalista del ideario maurista es perceptible en su idea de nación. La explicación del hecho nacional se realiza con referencia al pasado. En la tradición de la monarquía y de la religión católica se encuentra la esencia de la patria; negando a Dios y al rey se niega a la tradición y, por tanto, a la nación configurada históricamente a través de ella⁷⁴.

En ese sentido, la tradición capacitaba para dejar de lado aquellas otras tradiciones que no se deseaban o que resultaban disfuncionales para el proyecto político de que era matriz, considerándolas sin precedentes o, en el peor de los casos, extranjeras. El krausismo, el costismo o el noventayochismo significaban procesos de ruptura con respecto a la tradición nacional; eran la expresión de una intelligentsia traidora, descastada, cosmopolita. Así, tal y como señalaba Goicoechea:

A un pueblo que tiene ese pasado no se le puede decir que se europeíce, se le debe decir que se reconcentre dentro de sí mismo, que busque en la intimidad de su espíritu el genio nacional, que no floreció para la cultura en la copia servil de lo extraño, sino cuando irrumpió en otras inmortales su sello original y creador lleno de atrevimiento, majestad y grandeza⁷⁵.

José Calvo Sotelo: la derecha social

En lo relativo al problema social, el conjunto de los mauristas asumió el programa reformista social-católico. Junto a Goicoechea, el teórico social más lúcido de los mauristas fue José Calvo Sotelo⁷⁶. Nacido en la localidad pontevedresa de Tuy en 1894, Calvo Sotelo se mostró en todo momento como representante del conservadurismo burocrático⁷⁷, preocupado sobre todo por los problemas relacionados con el desarrollo económico y de perfeccionamiento técnico. Su posición política se encuentra en el ambiente ideológico del regeneracionismo, esperando de un Estado fuerte el control y la regulación de las relaciones sociales. La impugnación del individualismo liberal, que ya aflora en sus primeros escritos, se encuentra inserta en las corrientes del organicismo jurídico.

Frente al individualismo liberal, Calvo Sotelo levantaba la doctrina del «abuso del derecho» como puente tendido entre el atomismo contractualista y los nuevos retos a los que se enfrentaban las sociedades contemporáneas. Calvo Sotelo apuntaba aquí a la utilización del aparato estatal como instrumento económico y social, pasando de su labor de mero gendarme a un Estado administrativo e interventor, que era lo que exigían las nuevas circunstancias⁷⁸.

En su interpretación de la sociedad contemporánea, Calvo Sotelo no se encontraba muy distante de Marx. Otra cosa eran, por supuesto, sus conclusiones de orden práctico. Calvo Sotelo interpretaba la revolución política del siglo XIX bajo la imagen del ascenso económico, social y político de la burguesía dentro de los cuadros de la sociedad feudal y del Estado absoluto de Antiguo Régimen, que dio a la luz la sociedad de clases. Tal sociedad caracterizada por la servidumbre económica bajo la superestructura de libertad política e igualdad formal⁷⁹.

Esta crítica del liberalismo no llevaba al planteamiento de una alternativa revolucionaria, como el socialismo. Nacido como crítica radical a la sociedad capitalista, el socialismo no era una solución racional y justa a la problemática generada por la autorregulación del mercado. Además, como movimiento social no buscaba la emancipación del proletariado, sino el ascenso de una élite burocrática sin entrañas, cuyo único fin, al pretender utópicamente la restauración de una perfecta unidad entre la vida individual y la colectiva, llevaba necesariamente a la edificación de un sistema social tiránico y monstruoso, que aplastaría, de instaurarse, todas las formas espontáneas y autónomas de organización social y política⁸⁰.

El remedio se encontraba no en la revolución, sino en la reforma social y en la edificación de un Estado «paternal» que hiciese más tolerable la vida cotidiana de las clases trabajadoras mediante la organización general de retiros y pensiones, de seguros contra el riesgo y la enfermedad. Ello significaba, en fin, la corrección por el Estado de los efectos disfuncionales de la sociedad capitalista competitiva, sacrificando los intereses inmediatos y particulares de la clase capitalista a los intereses globales del sistema y su reproducción en las condiciones del tiempo presente⁸¹.

En la edificación del nuevo Estado «paternal» tendría una función de primer orden el sindicato, entendiendo que se trataba de un sindicato de carácter profesional, no de clase. El sindicato encerraba la doble virtud de garantizar la descentralización de servicios públicos y, sobre todo, la de otorgar preeminencia a los problemas de carácter social y económico, es decir, «gestión e intereses, de servicios públicos», y, en este sentido, Calvo Sotelo estimaba que el Parlamento debía incorporar los mecanismos de representación corporativa, sin abandonar por ello la individual⁸².

Durante algún tiempo, Calvo Sotelo dirigió la Mutualidad Obrera Maurista, mostrándose partidario de la cooptación por el maurismo de elementos de la clase obrera, mediante la organización de mutualidades, sindicatos y bolsas de trabajo. «El obrero español —señalaba en una carta a Maura— tiene un alma noble y un corazón honrado; es difícil convencerle, pero no es imposible»⁸³.

El maurismo y la intelectualidad conservadora

En otro orden de cosas, una de las reivindicaciones del maurismo era, en consonancia con lo anterior, la reconquista de la autonomía espiritual frente a las corrientes europeístas del krausismo y de la Institución Libre de Enseñanza, para la cual era necesario establecer modelos de cultura que se transmitieran a través de la escuela, configurando un modelo de conducta específico. Goicoechea resumía así la cuestión:

Lo primero es la enseñanza de la Historia Nacional, que debe ocupar un lugar preferente entre los conocimientos que se divulguen en la escuela. No se concibe la grandeza nacional sin la existencia en los que han de crearla y servirla de un hondo sentimiento patriótico; pero a su vez no se concibe ese sentimiento sin el culto ferviente al pasado nacional, en el que hay tantas glorias que revivir⁸⁴.

El maurista más preocupado por los temas pedagógicos fue el vallisoletano César Silió y Cortés⁸⁵. Formado en la escuela sociológica de Gabriel Tarde, su obra está impregnada de una dimensión claramente sociológica. En este sentido, la escuela debía convertirse en el instrumento de consolidación del proyecto de nacionalización de que era portavoz el maurismo. En su opinión, una «pedagogía nacional» podría ser la autora del «milagro de renovar nuestra alma y, renovándola, tendríamos lo demás, por añadidura: cultura, riqueza, poder, confianza en el propio valer y en los propios medios». Su modelo de segunda enseñanza tenía un claro carácter «humanístico» en el sentido weberiano, es decir, iba encaminado sobre todo a cultivar un determinado modelo de vida que comporta unas especiales actitudes y comportamientos. Silió pretendía crear, en el ámbito español, un paralelo al gentleman británico, «el tipo supremo de ciudadano y clase directora». Para lograrlo era indispensable echar mano de la enseñanza clásica y, sobre todo, de la enseñanza confesional⁸⁶.

El maurismo consiguió la adhesión de un número relativamente importante de intelectuales de la derecha. Por ejemplo, el dramaturgo Jacinto Benavente⁸⁷ convirtió a Maura —«El Desterrado»— en protagonista de su famosa obra La ciudad alegre y confiada⁸⁸. Del mismo modo, el novelista Ricardo León, autor de la célebre Casta de hidalgos, fue nombrado por Maura académico de la Lengua, y su obra se caracterizaría por una cerrada defensa del clasicismo, de los valores tradicionales y por un amaneramiento arcaizante muy lejano, ya por entonces, de la moderna sensibilidad literaria⁸⁹.

A ese respecto, destaca el apoyo de una serie de historiadores a Maura y su grupo. Destacan Félix de Llanos y Torriglia, estudioso de la España de los siglos XVI y XVII, biógrafo de Germán Gamazo; Pío Zabala y Lera, cuyo objeto de estudio fue la España de los Borbones; Melchor Fernández Almagro, erudito historiador del siglo XIX español y futuro biógrafo de Cánovas del Castillo, o Antonio Ballesteros Beretta, autor de una monumental Historia de España y su influencia en la Historia Universal.

Párrafo aparte merece la figura de Gabriel Maura Gamazo, primogénito de prócer mallorquín, que se autodefinió como discípulo de Menéndez Pelayo, quien le había enseñado «cuán urgente y necesario era para integrar la historia patria el estudio de la España de Carlos II, decadente y misérrima en verdad, pero mucho más castiza que lo fue nunca la del siglo XVIII, espiritual y políticamente adulterada por tantas exóticas influencias». A su entender, la misión del saber histórico, entendido como género literario, era «señalar a la Patria los rumbos regeneradores»⁹⁰. Se sintió igualmente influido por Macaulay y Ferrero. Así, el contenido de su obra estaba directamente relacionado con el proyecto de «revolución desde arriba» propiciado por su padre. En 1920, ingresó en la Real Academia de la Historia con un significativo discurso sobre Algunos testimonios históricos contra la falsa tesis de la decadencia nacional, donde defendió, frente a Costa y Macías Picavea, que el problema español no radicaba en la demografía ni en la fuerza militar o la economía, sino en «la atrofia congénita del órgano más noble de la vida social, que es el civismo». La sociedad española adolecía de «incivilidad» y necesitaba, por tanto, «una sola revolución: la de la conducta de los gobernantes, de una única reforma: la íntima y educada de cada gobernado»⁹¹. Su tema preferido de estudio fue, como ya adelantó en algunos de sus discursos y conferencias, la España de Carlos II, escrita desde una perspectiva nacionalista y conservadora⁹².

Próximo al maurismo —aunque no militara en sus filas— se encontraba el sociólogo e historiador Julián Juderías y Loyot⁹³, colaborador de El Debate y La Lectura, y autor de obras de singular trascendencia ideológica como La Leyenda Negra, cuya primera edición data de 1914 (la segunda es de 1917). Admirador de Menéndez Pelayo y de Jovellanos, Juderías alababa sobre todo la obra del asturiano, a quien dedicó una biografía de carácter intelectual, como «representante más conspicuo de la cultura española de fines del siglo XVIII, y no solo un representante de ella, sino la síntesis de lo que en aquel tiempo se sabía y de la manera en que en aquel tiempo se pensaba». Destacaba su ortodoxia religiosa frente a la Ilustración, al igual que su concepción de la sociedad y del progreso. Y, sobre todo, la actualidad de algunos de sus proyectos, ya que «no pocas enseñanzas y no pocos consejos subsisten hoy sin resolver los grandes problemas a los cuales consagró la mayor parte de su actividad y de sus entusiasmos: el problema de la enseñanza, de la cultura nacional; y el problema del fomento de la riqueza pública, la agricultura»⁹⁴.

Como Gabriel Maura, Juderías centró su interés en la España de Carlos II como prototipo de una sociedad que padecía un profundo proceso de decadencia: «El pueblo, la sociedad entera, había llegado ya a un grado tal de indiferencia y de desmoralización que le hubiera sido imposible vencer su descreimiento y su desvío». Una sociedad que había renunciado «a todo lo que había constituido el fundamento de su modo de ser y se sometió a la voluntad de otro pueblo que había sido siempre su enemigo y su rival y que volvió a serlo después», es decir, Francia. Sus conclusiones eran muy pesimistas, y es que, tras la muerte del último de los Austrias, España se despidió de «su carácter propio y de su programa político para marchar desde entonces a la zaga de su antiguo rival, aceptando todas sus imposiciones y copiándola hasta en sus defectos». No obstante, para Juderías existían esperanzas de regeneración, porque

[…] el hecho de que España no desapareciera entonces y que de allí a poco, respecto de sus desastres, ocupase de nuevo su lugar, si no principal, muy importante en la política del mundo, revela una vitalidad tan grande en el pueblo español, que el estudio de su misma decadencia, en vez de dar lugar al pesimismo, es ocasión de combatir a los que a cada paso y con cualquier pretexto decretan, graves y solemnes, la definitiva desaparición de España⁹⁵.

En su obra más conocida, La Leyenda Negra, cuya segunda edición estaba dedicada al rey Alfonso XIII, Juderías denunciaba que España había sido víctima del «apasionamiento de sus adversarios», que habían creado una imagen de nuestro país «tan absurda como injusta». La Leyenda Negra era, en realidad,

[…] el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países, las descripciones grotescas que han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad, la negación o, por lo menos, la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de cultura y arte; las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad, y, finalmente, la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso, una excepción lamentable⁹⁶.

Elegido académico de la Historia gracias a la influencia de Gabriel Maura y Jerónimo Bécker, Juderías se mostró partidario, en su discurso de entrada, de la reconstrucción de la Historia de España. En este sentido, lamentaba la pobreza de la historiografía española de la época y juzgaba urgente la labor de «reconstruir nuestra Historia a la luz de la verdad, despojándola de leyendas y limpiándola de calumnias, plantas ambas que con harta frecuencia invade el campo de estudios de esta naturaleza; […] dar al pueblo español idea exacta de lo que fue, y por ende también de lo que puede ser». A su juicio, España carecía, por un lado, de historiadores, y, por otro, padecía un desinterés suicida «por las cosas propias como si fuesen las más viles y apocadas del universo». Alababa el contenido de la Historia general, del padre Mariana, y rechazaba las de Juan de Ferreras, Masdeu, Modesto Lafuente y Morayta. La Historia de España había sido escrita por extranjeros bajo el prejuicio religioso protestante y el político liberal. La reconstrucción de la Historia de España desde el punto de vista nacional debía realizarse desde las normas esenciales de «la verdad y la imparcialidad», y habría de procurar que «desaparezcan las nieblas que envuelven nuestro pasado»⁹⁷.

La vida de Juderías fue muy corta. Murió víctima de la denominada «gripe española» el 19 de junio de 1918.

LA CRISIS DEL TRADICIONALISMO

La ruptura de Maura con el Partido Conservador y la coincidencia de algunos de sus partidarios con los supuestos del proyecto tradicionalista hicieron que Vázquez de Mella trazara, a comienzos de 1914, el ya mencionado «programa mínimo» que permitiera llevar a las fuerzas de la derecha a la unión. El programa constaba de cinco puntos: transformación del régimen parlamentario en régimen representativo; regionalismo, buscando la «autarquía» del municipio y la región; amplias reformas sociales; separación de escuelas y presupuestos, y separación económica y administrativa de la Iglesia y el Estado⁹⁸. Sin embargo, poco se hizo en esa línea. Maura guardó silencio. Fernando Suárez de Tangil —conde de Vallellano—, en cambio, se pronunció a favor de la unión de las derechas, desde los integristas hasta el maurismo, bajo la divisa carlista de «Dios, Patria y Rey»⁹⁹. Goicoechea, por su parte, criticó los proyectos de corporativismo integral de Mella, que juzgaba excesivamente regresivos¹⁰⁰.

Además, la opinión pública no tardó en polarizarse en torno a los acontecimientos internacionales, que llevarían al estallido de la Gran Guerra.

El nuevo rey carlista Jaime III era hijo del primer matrimonio de Carlos VII con Margarita de Parma, y en él recayeron los derechos de la legitimidad a la muerte de su padre en 1909. Tenía mayor vocación militar que política: había sido oficial en el ejército zarista durante la guerra ruso-japonesa e intentó ingresar en el austro-húngaro, pero fue vetado por la influencia de la reina regente de España, emparentada con el emperador Francisco José. Recibió una educación cosmopolita en París, Gran Bretaña y Austria. Lo que le hizo sospechoso de ideas liberales y anticlericales ante no pocos carlistas. A lo que se unía la situación creada por su pertinaz soltería, que ponía en peligro la continuidad de la dinastía¹⁰¹.

A esta falta de liderazgo efectivo se unieron una serie de factores que sumieron al carlismo en una profunda crisis. De un lado estaba su relación con los nacionalismos periféricos y las demandas de autonomía; de otro, las contradicciones entre el sentido último de su existencia como movimiento político, la destrucción del sistema liberal y la restauración del régimen político tradicional y la cotidiana práctica electoral ante la imposibilidad de desencadenar una nueva insurrección militar.

Por si fuera poco, la nueva estrategia de la jerarquía eclesiástica y la aparición del maurismo como movimiento político de derechas obligaba a establecer nuevas alianzas. En medio de esta situación, el catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Salvador Minguijón, tradicionalista de pro, colaborador en El Debate y hombre próximo a Herrera Oria, propugnó en su obra La crisis del tradicionalismo y el programa mínimo no solo una renovación del pensamiento tradicionalista a partir de los supuestos de Barrés y Maurras, sino una nueva estrategia «minimista» que estableciera una alianza con los mauristas. Minguijón no escatimaba elogios a Maura: «Si los deseos y aspiraciones de los católicos han de ser naturalmente contrarios a los deseos y aspiraciones de los enemigos del catolicismo, nuestra actitud está bien clara: apoyar a lo que a ellos les estorba»¹⁰².

El programa «minimista» contó con importantes apoyos en el seno del carlismo y, como ya sabemos, el propio Vázquez de Mella no estaba excesivamente lejos de sus posiciones. No obstante, contra sus propuestas se alzaron igualmente no pocos carlistas, que consideraban aquel programa como una claudicación ante el liberalismo o una resurrección del pidalismo, cuya consecuencia no era otra que la postergación de don Jaime y el abandono del carácter militar del partido, convertido ya en parlamentario. Por su parte, don Jaime declaró que «no concebía nuevos partidos y que, si bien podría el suyo esforzarse con elementos nuevos, nunca podría perder su carácter, que había heredado deberes y los deberes no eran renunciables»¹⁰³.

Los motivos de la germanofilia conservadora

Entretanto, el estallido de la Gran Guerra iba a añadir nuevos contenidos a la polémica. La posición de Vázquez de Mella y de la mayoría de los carlistas fue abiertamente germanófila, si bien el líder tradicionalista defendió en todo momento una neutralidad «íntegra, estricta, inalterable en perfecto equilibrio entre los contendientes y mis sentimientos», dada la situación del país¹⁰⁴. No obstante, estimaba que el momento era propicio para mejorar el papel internacional de España. Su gran enemigo tradicional, Gran Bretaña, no podía ser en aquellos momentos un obstáculo, dado que se encontraba debilitada por su participación en la contienda y, como consecuencia, era posible doblegar su voluntad. Los intereses de Alemania eran compatibles con los de España.

En este sentido, la identificación de Mella con la figura del kaiser Guillermo II era total. Guillermo II era «el nuevo Carlomagno», «el cónsul de su país que abre mercados a sus nuevos productos», «el embajador que teje para él nuevas relaciones», «el artista, el poeta, el humanista». Marginada Gran Bretaña, España podría conseguir la unión con Portugal a través de la reconstitución federal de la Península, y a partir de ahí conseguiría reconquistar Gibraltar, como punto clave para la reorientación de la política exterior española, cuyo objetivo prioritario sería, en lo sucesivo, la fundación de los Estados Unidos de América del Sur, que contrarrestara la influencia del imperialismo norteamericano y recuperara la de España en la zona¹⁰⁵.

Esta germanofilia era compartida por los otros grupos de la derecha. Antonio Maura optó por una neutralidad estricta en el conflicto, postura que consideró una «perogrullada» dada la situación social y política del país¹⁰⁶, y lo mismo hizo su primogénito Gabriel en una conferencia¹⁰⁷. No obstante, las simpatías del grueso de los mauristas iban hacia Alemania y los imperios centrales. Goicoechea criticó los planteamientos francófilos de Azorín¹⁰⁸. Jacinto Benavente hizo profesión de fe germanófila, lo que le enfrentó de inmediato con los intelectuales liberales, que juzgaron aquella posición como traición a los ideales de libertad representados por Francia y Gran Bretaña¹⁰⁹. En los órganos de opinión maurista, la posición de Benavente fue vista como «la expresión delicada y altiva de la aristocracia de su espíritu»¹¹⁰. En el mismo sentido se expresó Ricardo León, cuya Europa trágica era un canto al orden político y social representado por Alemania¹¹¹.

En la prensa maurista abundaban las caricaturas y los artículos en los que se ridiculizaban las posiciones aliadófilas y en las que se exaltaba el valor militar de los dirigentes alemanes, como Hindenburg, a quien se representaba como un «genio de la guerra» comparable a Napoleón, Moltke, César o Aníbal¹¹². Esta posición era legitimada, como en el caso de Mella, por la tradicional posición de inferioridad de España con respecto a Francia y Gran Bretaña: «España ya está harta no solo de ver su territorio nacional detentado por Inglaterra, sino de ver coartada su soberanía por restricciones que afectan a su propia esencia; España ya está harta de ser un juguete de Francia»¹¹³.

Los social-católicos de El Debate señalaban que la auténtica vencedora de la contienda podía ser «la Francia oficial y jacobina, y perseguidora». Además, junto a la Alemania luterana luchaba la Austria católica. En este sentido, el diario católico esperaba que la derrota francesa fuese el final de esa «Francia oficial» y el triunfo de «la otra Francia, la verdadera, la católica, la piadosa, la proselitista, la generosa, la de la mayoría de los franceses»¹¹⁴.

En diciembre de 1915 se publicó en el diario maurista La Tribuna, como respuesta a un manifiesto redactado por varios intelectuales liberales, como Ramón Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, Maeztu, Azaña, Unamuno, etc., otro manifiesto en el que se expresaba «la más rendida admiración y simpatía por la grandeza del pueblo germánico». Entre los firmantes se encontraban Goicoechea, Calvo Sotelo, Herrera Oria, José María Gil Robles, el conde de Rodezno, Vicente Gay, Julio Casares, Manuel Montoliu, Jordi Rubio i Balaguer, Pedro Bosch Gimpera, Julián Juderías, Jacinto Benavente, Dámaso Alonso, Edgar Neville, Carlos Arniches, Pedro Muñoz Seca, Luis de Galinsoga, etcétera¹¹⁵.

Por su parte, José María Salaverría, pese a su admiración por Barrès y Maurras, presentaba a Francia como una nación frívola y mezquina, exaltando el valor y las hazañas de los combatientes alemanes, y señalaba: «No puede Francia perder jamás su civilización gracias al contacto con Alemania. La mejor suerte de Francia es tener a Alemania en el costado». De la misma forma, rechazó el latinismo, que, en su opinión, equivalía a «galicismo», es decir, «modas de París»¹¹⁶.

Sin embargo, esta germanofilia no era compartida por todas las derechas, en particular por los carlistas: en Cataluña existieron manifestaciones de francofilia, y en la Legión Extranjera francesa combatieron voluntarios legitimistas, entre ellos el futuro director de El Correo Catalán e historiador del carlismo Melchor Ferrer Dalmau, tan alabado por Charles Maurras¹¹⁷.

De hecho, a la altura de 1916, Maurras lamentaba la neutralidad española en la contienda, siendo como era uno de los miembros más eminentes de la «latinidad»¹¹⁸.

Tradicionalismo y nacionalismos periféricos: Víctor Pradera

Igualmente, el carlismo andaba también dividido en Cataluña, al igual que en el País Vasco, en su relación con los nacionalismos periféricos. Para tratar de llegar a un acuerdo se nombró en Cataluña un Comité de Acción Política que estableció como norma «ni siempre con la Lliga, ni siempre contra la Lliga». Sin embargo, la Asamblea de Parlamentarios de julio de 1917 y las campañas a favor de la autonomía integral del año siguiente dejaron en evidencia su escaso éxito. Mientras el carlista Junyet formaba parte, junto a Lerroux y Cambó, del comité directivo del movimiento, los carlistas contrarios a la Lliga no solo combatieron el proyecto del Estatuto por liberal, sino que instaron a los obispos catalanes a una pastoral colectiva que lo condenara por su renuncia a la confesionalidad católica¹¹⁹. En el País Vasco, el movimiento autonómico fue a remolque del catalán.

En aquellos momentos adquirió relieve nacional la figura de Víctor Pradera Larrumbe, el discípulo por antonomasia de Vázquez de Mella¹²⁰. Nacido en Pamplona el 19 de abril de 1873, Pradera procedía de una acaudalada familia de la burguesía. Militante desde muy joven en el carlismo, consiguió un acta de diputado en 1899 por el distrito de Tolosa, distinguiéndose como un consumado orador y polemista. A lo largo de su carrera política, Pradera se mostró, como Minguijón, partidario de las alianzas con otros grupos de la derecha. Por otra parte, fue un pensador mucho más sistemático que Mella. Tuvo una esperada formación en el campo de la filosofía escolástica y de la economía, y su carácter violento le llevó en más de una ocasión a la disidencia. Disconforme con la posición del partido en Guipúzcoa, Pradera se retiró en 1910 de la vida política durante algunos años, dedicándose al estudio y a los negocios¹²¹.

Desde el comienzo de su vida política, caracterizó a Pradera una profunda enemistad hacia los nacionalismos periféricos, cuyas reivindicaciones carecían, a su juicio, de todo fundamento histórico y doctrinal. Tanto el catalanismo como el bizkaitarrismo, aunque nacidos como reacción al centralismo liberal, compartían la concepción uniformista de este, incompatible con el foralismo carlista. Tampoco la raza, dominante en el caso vasco, o la diferenciación cultural de los catalanistas resultaban doctrinalmente convincentes. Menos defendible aún era la interpretación aranista de los fueros vascos, que, lejos de ser códigos de soberanía, representaban «el gran título de amor de Vasconia a España». En este sentido, la alternativa al centralismo liberal era el foralismo, consistente en la restauración de las autarquías regionales, siguiendo el ejemplo histórico de la España de los Reyes Católicos mediante la articulación de una monarquía federativa¹²².

Retornado a su militancia carlista en 1917, Pradera inició la etapa cenital de su trayectoria política. Cuando los nacionalistas vascos invitaron a Cambó a pronunciar un discurso en San Sebastián, Pradera no dudó en desafiar al líder catalanista a un debate sobre el problema nacionalista, propuesta que Cambó no se dignó a contestar¹²³.

En las elecciones de febrero de 1918 Pradera consiguió un escaño por Pamplona. Su primera intervención parlamentaria fue un ataque contra el nacionalista vasco Ramón de la Sota, a quien acusó de separatismo¹²⁴. Poco después atacó a Cambó, cuya presencia en el Gobierno consideró «un gran peligro para la Patria»¹²⁵. En diciembre hubo de trasladarse a Navarra, donde un sector del carlismo hizo causa común con los nacionalistas vascos en la petición autonómica; y durante la Asamblea celebrada en el Palacio provincial de Pamplona para tratar el tema, intervino rechazando las peticiones del nacionalismo vasco, a las que tachó de «antiforales»¹²⁶.

Las intervenciones de Pradera en las Cortes y en Navarra tuvieron una gran resonancia política, aunque fueron objeto de críticas por parte de los sectores carlistas proclives a un entendimiento con los bizkaitarras y catalanistas. Tanto es así que Pradera amenazó con renunciar a su acta de diputado, porque no deseaba «representar a los elementos antiespañoles»¹²⁷.

Como veremos, la escisión no tardó en llegar, y vino de la mano del propio don Jaime, quien, recién acabada la Gran Guerra, firmó una carta en la que acusaba a Vázquez de Mella y sus partidarios de haber defendido sus posiciones germanófilas en contra de sus deseos y directrices. La respuesta de Mella fue la de esgrimir la doctrina de las dos legitimidades, acusando a don Jaime de liberalismo en materias políticas y, sobre todo, en religión¹²⁸. Pradera siguió a Vázquez de Mella en su disidencia, participando en la fundación del Partido Tradicionalista en agosto de 1919.

11

LA ORGANIZACIÓN DE LA DERECHA SOCIAL

LA NUEVA INTELLIGENTSIA DERECHISTA

Azorín: conservador

El estallido de la Gran Guerra y su desenlace, al igual que el triunfo del bolchevismo en Rusia, hizo ver a las mentes conservadoras más despiertas el sentido de la crisis del sistema político de la Restauración y la necesidad de dotar al conjunto de las derechas españolas de una cierta renovación ideológica al calor de las corrientes foráneas nacidas en Europa y, particularmente, en Francia. Iba a comenzar a tomar cuerpo no solo un proceso de importación de pautas contrarrevolucionarias europeas para integrarlas en el sólido tronco del conservadurismo español, sino una auténtica movilización ideológica de los intelectuales derechistas españoles. Como hemos señalado en el capítulo anterior, puede considerarse a Azorín como uno, aunque no el único, de los adelantados en la recepción de las doctrinas maurrasianas en España.

Al estallar la Gran Guerra, el escritor alicantino no dudó en declararse francófilo, aunque el contenido ideológico de su discurso y de su militancia política no fuese precisamente liberal. Y viajó como corresponsal de ABC —diario germanófilo— a París, donde recogió sus impresiones sobre el desarrollo de la contienda. En la capital francesa entró en contacto con miembros de L’Action Française, a los que denominaría «nuestros queridos amigos»¹. El grupo maurrasiano le parecía la organización más coherente y compacta de la derecha francesa, mientras que Maurras no solo podía ser considerado un agudo escritor político, sino «un admirable artista literario»². Azorín visitó los locales de L’Ation Française y tuvo ocasión de entrevistarse con Maurras, quien le invitó a comer con algunos de sus acólitos³. En palabras de Azorín, «Maurras representa hoy el orden en Francia. Para Maurras, gran pensador, admirable artista literario, el orden es hacer inteligibles las cosas. Y esto es, sencillamente, encarnar la honda y gloriosa Francia de un Descartes en filosofía y de un Le Nôtre en el arte de los jardines»⁴. De la misma forma, recordaba —y hacía suyas— las críticas de Renan a «la democracia superficial»⁵.

Salaverría: contra noventayochistas y nacionalistas

Otro escritor proclive al nuevo conservadurismo fue José María Salaverría. Periodista de acusada sensibilidad política, estuvo influido desde muy temprano por Schopenhauer y Nietzsche⁶. Más tarde, durante la Gran Guerra, descubrió en París a Maurras y L’Action Française⁷. Salaverría partía de idéntica problemática a la planteada por Azorín: la derecha española se encontraba, desde la muerte de Cánovas, en una suerte de apatía situacional que le había hecho perder no solo el norte ideológico, sino el favor y el apoyo de los intelectuales, todo lo cual contrastaba con el éxito que la derecha intelectual, a través de Maurras, Barrés y Peguy, había conseguido en Francia: «Este elemento cultural, fino, universitario y fogoso es lo que les falta a las derechas españolas»⁸.

En su obra La afirmación española, Salaverría hizo un dramático llamamiento a la movilización de los intelectuales y las clases medias frente a los nacionalismos periféricos y las izquierdas, y a favor de la edificación de una nación sólida y poderosa. Objeto preferido de sus diatribas fue la llamada «Generación del 98», a la que acusaba de europeísmo, de cosmopolitismo, de portavoz de un individualismo generador de posturas antipatrióticas, antimilitaristas, derrotistas, puramente negativistas y generadoras de la decadencia nacional: «Tenían el vicio de la revolución como buenos románticos que eran»⁹. Frente al negativismo noventayochista, era necesario imbuir a los jóvenes de una filosofía vitalista, patriótica, optimista; en definitiva, una fe nueva en las potencialidades de España como nación: «España te impone el deber de continuar su historia, de defenderla y engrandecerla»¹⁰.

La nación era para Salaverría una idea sobre todo moral: el asidero superior a la efímera vida personal, la inspiración, el móvil para una vida plenamente humana: «Todo lo que tienes, muchacho, pertenece a tu Patria; todo lo que eres se lo debes a ella. El idioma, la educación, los rasgos físicos, el traje que vistes, el aire que respiras»¹¹. Así, los enemigos a batir eran principalmente los nacionalismos periféricos, «grietas de donde se escapa la mejor fuerza de España», «torpes mezclas de rebelde irlandés y de filibustero tropical, envuelto todo en imitaciones simiescas de L’Action Française y alimentado con dinero de Navieras y de comerciantes barceloneses»¹². De igual modo, el movimiento obrero revolucionario suponía una clara amenaza, dado lo utópico de sus proyectos y su perspectiva internacionalista, para el porvenir nacional. Era el representante del «subpueblo»: «El obrerismo actual no admite esas leyes naturales; protesta contra todo abuso de la biología, y quiere dar al mundo el sentido de la igualdad absoluto que los dioses no se acordaron de crear desde el principio»¹³.

Maeztu: los horrores de la modernidad

Por su parte, la evolución intelectual y política de Ramiro de Maeztu fue la expresión nítida de la crisis de los valores liberales y de la fuerza de las nuevas ideas conservadoras en la Europa posterior a la Gran Guerra. El hecho fue significativo, porque Maeztu pasaba por ser uno de los portaestandartes intelectuales de la modernidad en la sociedad española. Durante sus primeros años de estancia en Gran Bretaña, Maeztu se sintió —bajo la influencia del fabianismo— seducido por el «nuevo liberalismo», soñando con la alianza de los intelectuales con la clase obrera y las clases medias mediante un avanzado programa social de nacionalización de los servicios públicos, la expansión de la enseñanza estatal y el impuesto sobre las grandes fortunas¹⁴.

Pronto se desengañó de aquella alternativa política, al entrar en contacto con los representantes del socialismo guildista de la revista The New Age y, sobre todo, con el filósofo derechista Thomas Ernest Hulme, muy influido por Maurras. A partir de tal experiencia Maeztu saldrá transformado, replanteando sus ideas religiosas y políticas. Ferviente aliadófilo durante la Gran Guerra, Maeztu justificó esta opción con motivos de orden religioso. Alemania representaba la «herejía germánica», es decir, la atribución al Estado de un valor autónomo por encima de los individuos, las creencias y las instituciones, lo que explicaba la crueldad con que se comportaban sus soldados y su imperialismo feroz¹⁵.

Bajo la impresión del desarrollo de la guerra, Maeztu comenzó a redactar su Authority, liberty and funtion in the light of the war, traducida posteriormente al castellano con el título de La crisis del humanismo. Desde esta nueva perspectiva ideológica, Maeztu consideraba la Gran Guerra como resultado de la aplicación de los principios de la modernidad dominantes en Europa desde el Renacimiento. Así, solo mediante el retorno a los valores propios del «clasicismo cristiano», superador del humanismo y del romanticismo, con su moral objetiva y su pesimismo antropológico, podían las sociedades europeas recuperar la estabilidad y la confianza en sí mismas. El «clasicismo cristiano» llevaba consigo una nueva visión de la sociedad basada en el principio comunitario-corporativo de «función», que conducía a una estructura sociopolítica de carácter gremial, como antídoto contra el individualismo liberal y el colectivismo socialista¹⁶.

Para Maeztu, tras la Gran Guerra y el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, el proyecto de la modernidad había dejado de ser socialmente operativo, por lo que resultaba preciso encontrar un nuevo ideal colectivo, nacido, no de la Europa liberal ya decadente, sino de la tradición nacional española: «Europa ha caído, amigos míos […]. ¿Somos capaces de sacarnos de nuestras entretelas un ideal original?»¹⁷.

Ortega y Gasset: elitismo y nuevo conservadurismo

Al igual que Maeztu, José Ortega y Gasset¹⁸, heredero en muchos aspectos del criticismo noventayochista y del institucionismo, podría pasar, a primera vista, dado su agnosticismo religioso y sus inmisericordes críticas al régimen de la Restauración, al que calificó despectivamente de «panorama de fantasmas»¹⁹, por izquierdista. Sin embargo, a poco que se profundice en su obra es evidente que el filósofo madrileño era un pensador político de rotundo signo conservador²⁰. Filosóficamente, Ortega lanzó un ataque frontal contra el racionalismo con el apoyo del historicismo y del vitalismo, y, en consecuencia, su perspectiva filosófica supuso una revaloración del mundo de las pasiones, de las fuerzas vitales que mueven la Historia, en contra de la abstracción cientifista y en pro de una nueva concepción de la razón, distante del intelecto formal y abstracto de los positivistas. Políticamente fue un liberal-conservador en cuyos escritos políticos se expresaron la mayoría de los motivos del pensar conservador y elitista: el realismo histórico; el sentimiento del valor de la continuidad; una concepción no pesimista, pero tampoco optimista de la Historia; una teoría de la nación como empresa integradora, y, sobre todo, un sentimiento fuertemente aristocrático de la sociedad y de la vida en el que los pocos —las minorías— están destinados a dirigir a los muchos.

Buena prueba de esta perspectiva conservadora fue la publicación en 1921 de su célebre e influyente España invertebrada, en la que el filósofo madrileño dará su diagnóstico de la situación española. En esta obra aparecen las posiciones conservadoras a las que hemos hecho referencia, y que, de una manera u otra, aproximan a Ortega al radicalismo intelectual que se generalizó en el período de entreguerras. La concepción cíclica de la Historia, el raciovitalismo, la valoración de la fuerza como signo de vitalidad histórica, la reivindicación del espíritu guerrero medieval frente a los valores burgueses, la crítica de la modernidad, el elitismo aristocrático y las referencias al pasado preindustrial son rasgos de la relación de Ortega con las corrientes intelectuales conservadoras de la época.

En su análisis de la situación española, Ortega partía de un concepto de nación como empresa colectiva suscitada por la acción proyectiva de las élites. En este sentido era evidente que en España existía una innegable ausencia de integración, dada la mediocridad y el espíritu particularista de las instituciones tradicionales, como la monarquía y la Iglesia católica, y de las élites sociales y políticas, carentes de la necesaria ejemplaridad. Por ello era necesario explicar el particularismo tanto de los nacionalismos periféricos como del movimiento obrero como meros casos específicos de «un particularismo más general existente en toda España», y que consistía en que «las partes del todo comienzan a vivir como un todo aparte». La única solución eficaz a esta problemática era remontar el proceso de desintegración a partir de un proyecto de vida en común suscitado por nuevas élites intelectuales²¹.

La aportación orteguiana no se redujo al análisis de la situación nacional. También se debe al filósofo madrileño, a través de su Revista de Occidente, la recepción española de autores conservadores alemanes como Sombart, Schmitt, Keyserling, Spann y, sobre todo, Spengler, cuya Decadencia de Occidente prologó y recibió como «la peripecia intelectual más estruendosa de los últimos años»²².

Eugenio D’Ors: del catalanismo al nacionalismo español

A diferencia de la mayoría de los intelectuales españoles de la época, Eugenio D’Ors intentó mantener una posición neutral durante la Gran Guerra, e incluso contribuyó a fundar una asociación pacifista llamada «Amigos de la Unidad Moral de Europa», si bien demostró una cierta inclinación hacia los imperios centrales, lo que le valió fuertes críticas de sus amigos franceses²³. «Xenius» intentó mediar entre ambos contendientes, destacando los aspectos positivos tanto del espíritu latino como del germano²⁴.

En una celebrada conferencia en la Residencia de Estudiantes, D’Ors se declaró partidario de un sistema corporativo:

El mal de las modernas democracias no es tanto que en ellas no esté presente el espíritu de los marqueses, como que no esté el espíritu de los herreros, de los médicos, de los curtidores, de los artistas, de los maestros de escuela, de los maestros sastres y de los maestros plateros. Bandas amorfas de hombres de profesión improvisada, indeterminada, múltiple o no muy conocida, deciden de la elección de otros hombres, también a menudo de oficio poco claro, si es que no sea equívoco o inconfesable, y delegan ellos una voluntad imprecisa²⁵.

La muerte en 1917 de Enrique Prat de la Riba, quien, como Cambó, había simpatizado con los imperios centrales, supuso para D’Ors el comienzo del fin de su situación de privilegio en la Mancomunidad y en la cultura catalanas. «Xenius» fue incapaz de entenderse con el nuevo presidente de la Mancomunidad Puig y Cadafalch, lo que provocó su famosa «defenestración» en enero de 1920²⁶. Tras su destitución, dictó un curso en Buenos Aires, que se publicó con el título de Introducción a la Filosofía. Posteriormente se relacionó con el partido anticatalanista Unión Monárquica Nacional, de Alfonso Sala²⁷, y a principios de 1923 se instaló en Madrid, donde fue recibido cordialmente por el grueso de la élite intelectual y de la alta sociedad madrileña, y donde comenzó a colaborar en el diario ABC. Pronto, Teresa, «La Bien Plantada», iba a dejar paso a Isabel la Católica como arquetipo de la nacionalidad española.

Desde entonces, su influencia intelectual no dejó de aumentar, y no solo en Madrid, sino particularmente en el País Vasco, donde fueron tributarios de su pensamiento Ramón de Basterra, Rafael Sánchez Mazas y Pedro Mourlane Michelena, grupo intelectual que recibiría la denominación de «Escuela Romana del Pirineo». La mayoría de estos escritores eran asiduos de la célebre tertulia del café Lion d’Or de Bilbao, cuyo gran animador cultural era Pedro de Eguillor y a la que, además de los ya mencionados, solían asistir Salaverría, Enrique Areilza, Gregorio Balparda, el cardenal Gomá, Ramiro de Maeztu y el propio D’Ors²⁸.

El pensador más importante de aquel grupo fue Basterra. Diplomático, escritor y poeta, se consideró discípulo de D’Ors, Maurras, Menéndez Pelayo y Spengler. Como D’Ors, Basterra fue el representante de una nueva forma de despotismo ilustrado, el «carlotercismo», que contravenía el sistema liberal. Como poeta, creó el personaje de Virulo, héroe obsesionado por el ímpetu de la acción y fascinado por la creación de grandiosos proyectos, como el imperio de la «Sobreespaña», luego recogido por algunos representantes del fascismo español²⁹.

Igualmente, tuvo alguna incidencia en la recepción de las teorías maurrasianas la estancia en España, a raíz de su exilio tras la fracasada rebelión monárquica de Monsanto, de Antonio Sardinha, líder intelectual del Integralismo Lusitano, que residiría en nuestro país hasta 1921. Sardinha colaboró en diarios como El Debate y El Pensamiento Español, y en revistas como Raza Española. Fue recibido en audiencia privada por Alfonso XIII y entabló amistad con Ramiro de Maeztu, Gabriel Maura, Manuel Ballesteros y Beretta, el marqués de Lozoya y, sobre todo, con el conde Santibáñez del Río³⁰. Futuro fundador de Acción Española, este fue un adelantado en la recepción del ideario integralista en España, con la publicación de su libro, prologado por el conde de Romanones, Portugal y el hispanismo, donde realizó una exposición sistemática de la historia y la ideología del nacionalismo integral portugués³¹.

De todas formas, es preciso no exagerar la influencia de estas ideas en el conjunto de la sociedad conservadora española de la época. En vísperas del golpe de Estado primorriverista, el maurrasiano Álvaro Alcalá Galiano no dudaba en denunciar la escasa capacidad receptiva del público conservador español con respecto a las nuevas ideas: «Les basta saber, sin leerlos, que las derechas católicas cuentan con gloriosos campeones literarios como Balmes y Menéndez Pelayo, y que las gentes bien pensadas pueden leer las novelas de Alarcón y Pereda sin caer en el pecado»³².

Mujeres, intelectuales y conservadoras

En este contexto aparecieron una serie de figuras femeninas intelectuales que poco a poco consiguieron espacio en la esfera pública. Junto a las militantes de izquierdas, liberales o socialistas, como Carmen de Burgos, María Lejárraga, Isabel de Palencia, Zenobia Camprubí o Margarita Nelken, la derecha intelectual femenina estuvo representada por Sofía Pérez Casanova, Blanca de los Ríos Lampérez, Concha Espina y Tagle, María de Echarri, Pilar Millán Astray, María de Maeztu —hermana de Ramiro—, Pilar Valderrama y Francisca Bohigas. Periodistas, novelistas, historiadoras y críticas literarias, las más conocidas fueron Concha Espina, quien recibió el Premio Fantesrath de la Real Academia Española por su novela La esfinge maragata y el Premio Nacional de Literatura por Altar Mayor; Pilar Millán Astray, que obtuvo el Premio Blanco y Negro por La hermana Teresa; Sofía Casanova, que fue corresponsal de ABC en Polonia y Rusia durante la Gran Guerra y la revolución bolchevique, temas de los que se ocupó en varios libros, como La Revolución rusa de 1917 y La Corte de los zares; Blanca de los Ríos, que se consideró siempre discípula de Menéndez Pelayo y fue la fundadora de la revista cultural Raza Española, destacando igualmente como gran experta en la obra de Tirso de Molina, y durante la Segunda República la veremos colaborando en Acción Española y en la Agrupación Menéndez Pelayo, y María de Maeztu, que se distinguió como pedagoga, muy afín a Ortega y Gasset, y directora de la Residencia de Señoritas³³.

LA DEFENSA DEL ORDEN SOCIAL

La aristocracia, ¿una clase residual?

Como ya adelantamos en otro capítulo, la nobleza española conoció, con el advenimiento de la Restauración, un período de amplio desarrollo e influencia social y política. La nobleza consiguió igualmente mantener sus posesiones agrarias³⁴. Junto a ello logró adecuarse paulatinamente a las nuevas exigencias socioeconómicas, integrándose en la sociedad capitalista financiera e industrial que iba emergiendo en la España finisecular³⁵.

La nobleza consiguió, además, otra base de afirmación en el atractivo que, a pesar de los cambios sociales, ejerció en el resto de las clases dirigentes españolas y, en concreto, en aquellos sectores que jugaban un papel predominante en la vida económica, lo que se tradujo en el ennoblecimiento masivo de las élites económicas y políticas³⁶.

Sin embargo, la nobleza española estaba escasamente representada en los cuadros políticos dirigentes —diputados, gobernadores, etc.— al no responder positivamente a las iniciativas de participación y movilización favorecidas incluso por los propios monarcas y, en particular, por Alfonso XIII³⁷. No obstante, es evidente que, dentro del sistema político de la Restauración, la nobleza tenía otras vías de influencia social y política, a través, por ejemplo, de la Corte o directamente en la persona del rey³⁸, y, por otra parte, era obvio que sus intereses económicos quedaban suficientemente protegidos por los políticos del turno, muy poco revolucionarios³⁹.

Los nobles militaron en los partidos del turno, preferentemente en el conservador, aunque no faltaron nobles que, como el conde de Romanones o el duque de Alba, hicieron profesión de fe liberal. Dentro del campo conservador hubo más simpatizantes de Dato que de Maura, si bien el maurismo no careció de nobles en sus filas ni de simpatías en el estamento nobiliario.

Ante la opinión pública, liberal y/o izquierdista, la aristocracia era contemplada como una clase ociosa, reproche que era compartido por algunos representantes del estamento como el historiador Francisco Fernández de Béthencourt, quien, en su discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua, hizo un balance muy negativo de la actuación política, social y cultural de la nobleza. A pesar de su riqueza, la nobleza española vivía ajena al país, vuelta de espaldas a las letras, al trabajo, al estudio, al sacerdocio, a la política, «al movimiento de ideas que agita y conmueve al mundo», y pasaba su existencia cotidiana «divirtiéndose, descansando, holgando y quejándose de lo que no tiene remedio, sin intentar hallarlo a lo que puede tenerlo todavía»⁴⁰.

Según especificaba una revista nobiliaria, sus actividades y diversiones típicas eran «la boda, el bridge, el banquete, el baile, la fiesta de caridad y de religión»⁴¹. Sus ideas políticas y sociales eran expresión de unos habitus característicos que la diferenciaban de la burguesía y del resto de la sociedad⁴². Eran, ante todo, ideas y sentimientos tradicionales heredados: religión, monarquía, familia, Patria: «La Patria y la familia deben ser nuestros amores. La religión nuestro ideal»⁴³. Sus espacios de sociabilidad eran, sobre todo, los salones de los palacios, entre los que destacaban los de la duquesa viuda de Bailén, de los marqueses de Hoyos, la marquesa de Linares, la marquesa de Squilache, de Aspinilos, Viana, de la Romana, etc. Eran reuniones íntimas, tertulias, comidas o pequeñas fiestas —en portugués, saraos—, que, por lo general, se celebraban los martes o los jueves. Solían servir para organizar obras de beneficencia, invitando al mismo tiempo a miembros de la élite política⁴⁴.

A comienzos de 1909 fue fundado por el conde de Torres Cabrera, próspero terrateniente cordobés cuyo linaje se remontaba al siglo XIII⁴⁵, el Centro de Acción Nobiliaria, como intento de movilización de la nobleza contra la legislación anticlerical y los primeros atisbos de crisis política del sistema. La ideología del Centro era tradicionalista y corporativa. Consiguió la adhesión, al menos nominal, de trescientos nobles, entre ellos Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella⁴⁶.

Torres Cabrera simpatizó con los proyectos y con la propia figura política de Antonio Maura, a quien solía enviar cartas en las que le incitaba a encabezar la reacción política que él propugnaba. El propio Maura, que rechazó la mayoría de sus proposiciones, participó, junto a Primo de Rivera y al obispo de Sion, en un acto de afirmación nobiliaria bajo la presidencia de Alfonso XIII, celebrado el 20 de febrero de 1916, en la Biblioteca Nacional de Madrid, instando a la nobleza a movilizarse políticamente⁴⁷.

Muerto Torres Cabrera en 1917 el Centro entró, según palabras de uno de sus miembros, «en relativa paralización»⁴⁸. Su sucesor fue el duque de Bailén, cuya ejecutoria al frente del Centro no resultó excesivamente brillante.

La crisis de 1917 y, sobre todo, el final de la Gran Guerra, que supuso la caída de la monarquía en Alemania, Rusia, Grecia, Austria, etc., fue vista por el conjunto de la nobleza como una grave amenaza para su situación social. En este sentido, fue significativo el discurso pronunciado por el duque del Infantado —íntimo de Alfonso XIII— en el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre de 1918, en el que atacó a los que pretendían reformar la Constitución, invitando a la unión de todas las fuerzas conservadoras para la defensa del orden social, sin distinción de fidelidades dinásticas: «Cuando los bárbaros están a las puertas de Roma y dan los aldabonazos que están dando, no hay derecho a perder el tiempo en discusiones bizantinas»⁴⁹.

Mientras tanto, los nobles más politizados, como el marqués de Comillas, organizaban la «Defensa Ciudadana», con la aquiescencia tácita del Gobierno, y otros nobles siguieron su ejemplo: la Junta Superior del Somatén Local de Madrid estaba presidida —y es solo un ejemplo entre muchos— por una larga lista de aristócratas, como el duque de Bailén, el marqués de la Mina, el duque de la Vega, el duque del Infantado, el conde de Gamazo, el marqués de Urquijo o el duque de Valencia⁵⁰.

Casi al mismo tiempo, el marqués de Lozoya, buen conocedor de las doctrinas contrarrevolucionarias europeas, instaba a la nobleza, desde las columnas de El Debate, a recuperar sus posiciones perdidas, mediante el retorno al «solar» de sus antepasados, abandonando el absentismo cortesano de Madrid en pos de la reconquista de la vida municipal⁵¹.

Pensamiento y mentalidad militar

Como señalamos anteriormente, la Restauración no supone un paréntesis en la tradición militarista que caracteriza a la sociedad española contemporánea. Ciertamente, el canovismo erradicó los pronunciamientos militares al viejo estilo, así como la intervención directa del Ejército en la vida política, pero no el militarismo en sí, que adquirió nuevos contenidos y nuevas formas. A lo largo de la Restauración, siguieron planteándose, e incluso se radicalizaron, los problemas que daban lugar a la aparición de las prácticas militaristas en la sociedad y en el Estado: las dificultades de las instituciones civiles —especialmente de la Administración y de los partidos políticos para consolidar un poder civil de ámbito nacional— relacionadas con la fragmentación de los territorios de la nación y las tensiones entre el centro y la periferia, así como la progresiva inoperancia de dichas instituciones para controlar y resolver los conflictos políticos y sociales.

La extracción social de la oficialidad a lo largo de la Restauración era de un predominio claro de oficiales provenientes de las clases medias, con un significado porcentaje de miembros de las clases bajas, y un número de miembros de la nobleza y de la alta burguesía en descenso. Por sus ingresos y consideración social, la oficialidad española podría integrarse en su mayoría dentro de esa mesocracia⁵². La práctica totalidad de los estudiosos del Ejército español de la época coinciden en señalar su mala organización, su hipertrofia y la precariedad económica de la mayoría de sus miembros. Naturalmente, existían diferencias sociales dentro de la institución militar: no era lo mismo la minoritaria élite de militares, de generales políticos progresivamente emparentada con la alta burguesía y la nobleza, que el típico oficial de clase media, como tampoco lo era pertenecer a los cuerpos de Artillería o Estado Mayor —los más elitistas— que un simple oficial de Infantería o Caballería. Estas diferencias dieron lugar a tensiones internas de indudable importancia⁵³.

La Constitución de 1876 aseguraba la presencia en el Senado de las altas jerarquías castrenses por razón de su cargo o por nombramiento real con carácter vitalicio de acuerdo con la lógica peculiar de la institucionalización corporativa. Disponía igualmente el Ejército de una prensa propia, cuyos órganos más representativos fueron El Correo Militar, El Ejército Español y La Correspondencia Militar. El primero desapareció en 1901, pero los otros dos tuvieron una larga existencia. La Restauración pretendió igualmente garantizar la relación de las Fuerzas Armadas y la Corona. La figura del «rey-soldado» y su prerrogativa de mando supremo de las Fuerzas Armadas fue un elemento esencial para la estabilidad del sistema. En ese sentido, suele decirse que la Restauración logró, por vez primera en el siglo XIX, una identificación entre el régimen político y el Ejército en su conjunto.

No obstante, aún antes del Desastre de 1898, afloraron, sobre todo a partir de los años ochenta y en la prensa militar, fuertes críticas a la institución parlamentaria, a la que, por la corrupción sistemática del sufragio, se acusaba de ilegitimidad, de ineficacia, egoísmo y espíritu antipatriótico. Ya por aquellas fechas algunos sectores militares se sintieron influidos por los planteamientos corporativistas, buscando la representación directa del Ejército en las Cortes. Así, por ejemplo, el general Cassola y sus partidarios, apoyados por La Correspondencia Militar, abogaron en 1889 por que la nueva ley electoral introdujera los colegios especiales militares. A fines de 1898, La Correspondencia Militar defendió el «sufragio por gremios y clases», también el Ejército, en la línea de las propuestas de la Asamblea de las Cámaras de Comercio⁵⁴.

Todo ello, unido a la aparición de los nuevos movimientos obreros de izquierda y al recuerdo de la experiencia del Sexenio, hizo que aumentaran los recelos militares ante la ineficacia del sistema parlamentario para salvaguardar el orden social y la unidad nacional. No faltaba en la prensa militar la preocupación por las condiciones de vida del proletariado, planteada, eso sí, desde una óptica muy paternalista, aunque la ideología pacifista y antimilitarista del movimiento obrero socialista y, sobre todo, anarquista resultaba inasimilable⁵⁵.

La mentalidad militar se caracterizaba por actitudes de claro sesgo aristocrático y conservador: al lado de conceptos tales como el valor físico y personal frente a los de carácter técnico y racional, podemos encontrar otros que, como el honor, eran considerados casi universalmente inherentes a la profesión militar, lo que no era, en el fondo, sino un reflejo de un claro tipo de moral estamental en el que cada estamento invocaba su propio código moral, en el que, en su tiempo, aparecería como privativo del noble, del guerrero, y de su epígono contemporáneo: el militar⁵⁶.

El Desastre de 1898 hizo que adquiriese nuevos bríos —aunque por el momento no tuviera consecuencias directas en el orden político— la corriente antiparlamentaria y la presión militar sobre las élites políticas. Tras el Desastre, las críticas de la clase política al estamento militar se redujeron a las intervenciones del conde de las Almenas en el Senado, que fueron contestadas por el general Weyler⁵⁷. El Ejército consiguió conservar lo esencial de sus prerrogativas; no hubo reforma militar y no se logró la disminución del presupuesto de Guerra propugnado por Fernández Villaverde. Por otro lado, la evolución misma de la situación social y política brindaría al Ejército la oportunidad de afirmarse en su vocación de defensa de la unidad nacional frente a los nacionalismos periféricos, sobre todo contra un catalanismo cada vez más pujante.

De hecho, el Desastre del 98 tuvo también importantes repercusiones psicológicas en el estamento militar. No en vano algunos autores han hablado de una «Generación del 98 militar» paralela a la literaria⁵⁸. Uno de sus claros representantes fue Ricardo Burguete, combatiente y laureado en Cuba, cuyos libros son tan numerosos como variados. En sus obras es patente una nueva perspectiva regeneracionista-nietzscheana, en cierta forma similar a la representada por Ramiro de Maeztu, que desemboca en la exaltación del valor guerrero, de la fuerza, del dinamismo, en la que Gonzalo Sobejano ha visto «uno de los eslabones entre la teoría de Costa y la práctica de Primo de Rivera», y en la que la solución al problema nacional se encuentra en el recurso a la autoridad militar⁵⁹.

Su personaje Zorrapastro —trasunto del Zaratustra nietzscheano— es el transgresor que se burla de los valores tradicionales, en pos de una perspectiva vitalista elemental, representada por «Nietzsche y sus discípulos, con D’Annunzio a la cabeza», exaltadores de «la guerra y los guerreros para formar un superhombre»⁶⁰.

Burguete admiraba, como el Maeztu juvenil, al Japón Meiji, que, mediante una auténtica revolución desde arriba, había logrado no solo derrotar a la decadente Rusia, sino aunar el vigor moral con las más adelantadas tecnologías, lo que contrastaba con «la resignación política» reinante en España⁶¹.

Gran interés tienen igualmente las reflexiones de otro militar-intelectual, el capitán Joaquín Fanjul y Goñi, más tarde diputado por Cuenca en las candidaturas mauristas y autor de Misión social del Ejército, donde expresó su pensamiento sobre la milicia, la política y la reforma social. Para Fanjul, el Ejército era, ante todo, el representante de la nación, la salvaguardia de la unidad nacional, «el pueblo mismo», «la nación», «el lazo de unión entre los elementos que, estando antes tan distanciados, deben estar confundidos», «la más hermosa y genuina representación de la democracia», y debía convertirse en el educador del pueblo, «enseñándole a trabajar, a ahorrar, a amar a la Patria, a respetar a las autoridades y a educar a sus hijos; en una palabra, a ser un buen ciudadano». Era, pues, el garante de una nueva religión, la del patriotismo, la «religión de la Patria, y, además, «el Padre del Pueblo», alejándole de la influencia de los movimientos revolucionarios, que, como el socialismo, persiguen ideales tan antisociales como antipatrióticos: «Borrar las fronteras, suprimir la idea de Patria; instituir la paz universal con la igualdad entre los hombres; hacer desaparecer el organismo ejército, el más odiado por los que comulgan con las doctrinas de Marx»⁶².

De hecho, otro de los elementos que contribuyó a la radicalización de las Fuerzas Armadas fueron las continuas críticas provenientes de los sectores de la izquierda y de los nacionalistas catalanes, que provocaron la generalización de los asaltos a las redacciones de los diarios por parte de los oficiales que se sentían ofendidos. El 1 de mayo de 1900, por ejemplo, fue destruida la imprenta del semanario valenciano El Progreso, que dirigía Blasco Ibáñez, y cinco años después este tipo de violencia tuvo su culminación en el asalto a las publicaciones catalanistas ¡Cu-Cut! y La Veu de Catalunya, y condujo a la célebre Ley de Jurisdicciones, que concedió al Ejército extensas facultades censoras sobre los periódicos⁶³. La ley fue, en general, mal recibida por las izquierdas, pero también por las derechas. Antonio Maura la criticó como violadora de los derechos individuales; mientras que Vázquez de Mella lo hizo aduciendo que «el Parlamento no puede legislar bajo amenaza del sable»⁶⁴.

Otro factor decisivo a la hora de perfilar la creciente influencia del estamento militar en la vida política, favorecida también por el propio Alfonso XIII, que tomó muy en serio su papel de «rey-soldado», fue la guerra de Marruecos. El conflicto reactivó el intervencionismo militar, pero esta vez en defensa de intereses corporativos. La arbitrariedad en la concesión de ascensos por méritos de guerra y la mala carrera general de los oficiales desataron rivalidades que posteriormente, como veremos, tendrán una importante incidencia en la rebeldía de las Juntas militares.

En otro orden de cosas, la guerra de Marruecos supuso la aparición de unos cuerpos de singular transcendencia posterior: el Tercio y el sector «africanista» del Ejército español ⁶⁵, donde destacaron Juan Yagüe, Gonzalo Queipo de Llano, Manuel Goded, José Millán Astray, Emilio Mola, José Sanjurjo, Enrique Varela y Francisco Franco.

Fundador de la Legión, José Millán-Astray, en cuyas obras y acciones bélicas vio el falangista Dionisio Ridruejo un «capítulo del d’annunzianismo español»⁶⁶, había sido profesor de ocho asignaturas en la Academia de Toledo y agregado después a la del Ejército francés. Se entusiasmó con el Bushido, código espiritual de los samuráis, escrito por el profesor cristiano tonkinés Inazo Nitobe, en el que apoyó gran parte de sus enseñanzas y que luego traduciría al español⁶⁷. Según todos los testimonios, era un hombre con gran capacidad para impresionar a las gentes por su sentido de lo teatral, su oratoria gesticulante y agresiva: «Quien una vez le vio ya no le olvida / estremecido como flexible arco / al lanzar la saeta, o cual acero / toledano; ardiéndole los ojos / bajo el chambergo, su noble corona […]», dijo el futuro falangista Luys Santa Marina⁶⁸.

Inspirado en la Legión Extranjera francesa, el Tercio inició —contra la opinión del ministro de la Guerra, pero con el apoyo de Alfonso XIII— su organización en septiembre de 1920. El ethos legionario era una amalgama de moral senequista, sentido ascético del servicio y espíritu hidalgo. A los soldados se les llamaba «caballeros legionarios, los esperanzados y los desesperados». Ser legionario era en sí mismo una manera de ser; suponía, ante todo, dureza, espíritu espartano: «No hay más remedio que ser fuerte», y la asunción de «la religión del valor, el compañerismo, amistad, unión y socorro, marcha, sufrimiento, endurecimiento a la fatiga, compañerismo en el fuego», del combate, la muerte y el amor a la bandera⁶⁹.

La acción social antirrevolucionaria

La actividad de los católicos no se limitó a la creación de las élites de orientación ni a órganos de difusión ideológica. De igual modo, la jerarquía eclesiástica trató de configurar formas de religiosidad interclasistas, creando estructuras en el seno de las clases trabajadoras que sirvieran de vínculo ideológico y organizativo.

Sin embargo, los primeros pasos de las organizaciones católicas y luego del sindicalismo confesional fueron decepcionantes, al menos en los ámbitos industriales, a causa de su paternalismo y de su directa dependencia de los patronos.

Es una constatación general la participación patronal y nobiliaria en todo tipo de sindicalización católica, aunque existieran diferencias en el método de influencia. La aceptación católica de esta intervención ha quedado plasmada en algunas expresiones como «patrono-ejemplar» o «patrono-modelo», que eran los calificativos católicos otorgados a los empresarios que financiaban aquellas obras⁷⁰.

En este sentido, la figura del marqués de Comillas, Claudio López Bru, arquetipo del burgués ennoblecido, resulta paradigmática. Íntima y afectivamente ligado a la familia real, su monarquismo, a decir de alguno de sus hagiógrafos, era «más del siglo XVI que de estos tiempos»⁷¹, y encarnó, en todo momento y para siempre como ningún otro aristócrata español de la época, el paternalismo característico de la nobleza como clase social. La Compañía Transatlántica, de la que era propietario, llevó a cabo, por su iniciativa, numerosas obras sociales: servicio médico, pensiones vitalicias, préstamos sin interés, escuelas de enseñanza primaria. Todo un modelo social paternalista, paradigmático en su género⁷².

No fue, por cierto, el único empresario español que orientó su actividad social desde ese prisma. Prensa Española, editora del diario monárquico ABC, propiedad de la familia Luca de Tena, ennoblecida en 1929 con un marquesado y muy ligada también a la familia real, fue igualmente paradigma de paternalismo sociolaboral. En la reglamentación de la sociedad se prohibía taxativamente la sindicación de sus redactores, empleados y obreros, y en compensación de lo cual la empresa implantó las jubilaciones, la asistencia médica, las pensiones, el seguro de enfermedad, la participación en los beneficios, etcétera⁷³.

Comillas impuso sus directrices al conjunto del catolicismo español. Obra suya fue el plan de Acción Católica, al igual que su reglamento. En 1909 ocupó la vicepresidencia de su Junta Central y fue redactor del programa católico-social aprobado en el congreso católico de 1902⁷⁴.

Los Círculos Católicos, de los que Comillas se mostraba partidario, fueron un fracaso. Se trataba de organizaciones «mixtas», formadas por los trabajadores y sus protectores, sometidos a un rígido control eclesiástico. Solo podían pertenecer a ellos los católicos practicantes, y estaban dedicados a fines más religiosos que propiamente reivindicativos, y en la mayoría de los casos su acción social se limitaba al reparto de limosnas⁷⁵.

Poco a poco, los seguidores de Comillas, como el padre Vicent, se dieron cuenta de que los Círculos resultaban anacrónicos. Así que el paso siguiente fue la organización de sindicatos obreros «puros», cuya aparición no recibió el consentimiento de la Iglesia hasta 1908. Los primeros fueron creados en Madrid, luego en Valladolid, Oviedo y Barcelona. El más importante fue el sindicato ferroviario de Valladolid, nacido para impedir la influencia de los sindicatos socialistas, que contó desde el principio con el apoyo de los patronos de la región. Su influencia en el conjunto de la clase obrera fue muy reducida, tildándosele, como al conjunto del sindicalismo católico, de «amarillo»⁷⁶.

No todos los católicos pensaban de la misma forma, y algunos no dudaron en criticar abiertamente las directrices de Comillas. Fue el caso de los padres Gerard, Gafo, Arboleya y de seglares como Severino Aznar.

Gerard fue el fundador de los Sindicatos Católicos Libres, siguiendo el ejemplo del padre Rutten en Bélgica. No obstante, su origen fue fundamentalmente reactivo. A causa de una huelga en Jerez de la Frontera, los patronos de la ciudad acudieron a Gerard para que pusiera en marcha los sindicatos católicos⁷⁷. A diferencia de Comillas, Gerard no era partidario de las pruebas de confesionalidad de los obreros y estimaba que debían ser reivindicativos. Igualmente rechazaba la presencia en ellos de los empresarios. Todo ello le valió la enemistad de los partidarios de Comillas y de los jesuitas. Los Sindicatos Libres se extendieron por Madrid, Pamplona y Zaragoza, formando una federación nacional en 1916, aunque en ese mismo año Gerard hubo de cesar en sus actividades por las presiones de sus enemigos⁷⁸.

El padre José Gafo compartió los esfuerzos de Gerard en la promoción del sindicalismo católico libre. Discípulo de Arintero, utilizó el evolucionismo de su maestro para legitimar a los ojos de los católicos las innovaciones «saludables» en el seno de la sociedad. La suya pretendía ser una vía intermedia entre el modernismo teológico y el integrismo, entre la pura reacción antisocial y la revolución. A diferencia de Gerard, Gafo simpatizaba con Maura y los mauristas, no con Dato. Y a partir de la muerte de Gerard, en 1919, pasó a ser «el doctor y mentor de los libres». Sus actividades dieron algún fruto en Madrid, Vergara y Oviedo, pero tuvo las mismas dificultades que su antecesor con los sectores obedientes a Comillas⁷⁹.

No mejor suerte tuvo el asturiano Maximiliano Arboleya, quizá el crítico más acerbo de los planteamientos de Comillas. El canónigo asturiano partía del supuesto de que el origen de la creciente irreligiosidad de la clase obrera era consecuencia directa de la perceptible alianza entre la jerarquía eclesiástica y las clases altas, por lo que pretendió atraerse a los trabajadores industriales «en una lucha continua contra el capitalismo, el marxismo y el integrismo tradicional católico»⁸⁰. Sin embargo, no dudaba en relacionarse con los aristócratas de Acción Nobiliaria. Sus proyectos alcanzaron cierto éxito en Asturias, pero no pudieron prosperar por la desconfianza de los patronos y la animadversión de los integristas, que torpedearon eficazmente sus iniciativas⁸¹.

Igualmente, el nacionalismo vasco quiso dotarse de un aparato sindical. Así, en 1911 nació la organización Solidaridad de Obreros Vascos, como reacción a las huelgas generales promovidas por los socialistas. Su objetivo era conseguir «el mayor bienestar material para los obreros vascos» frente al capitalismo «absorbente», «destructor material de nuestro pueblo» y «asesino de nuestro verbo», y frente al socialismo «antivasco» y negador de los valores tradicionales. Su programa tenía por base las encíclicas papales; y era una organización confesional, porque vasco es «sinónimo de católico». Fue una organización minoritaria hasta la Segunda República⁸².

Con todo, el catolicismo logró mayores éxitos en las zonas rurales. Basándose en la ley de 1906, se fueron creando sindicatos agrícolas católicos que no reunieron únicamente asalariados, sino pequeños propietarios y terratenientes, la mayoría en las zonas de mayor arraigo del catolicismo y de la pequeña propiedad, como Castilla la Vieja, Navarra y Aragón; no así en las principales zonas de latifundio, como Andalucía o Extremadura, o de minifundio, como Galicia. A comienzos de 1917, la organización católico-agraria cristalizó en la Confederación Católico-Agraria, constituyendo una organización interclasista integrada por pequeños agricultores y dirigida por los grandes propietarios, cuya existencia consiguió prolongarse a lo largo de veinte años, proporcionando a la derecha católica una nutrida base social⁸³. Su máximo dirigente, Antonio Monedero, fiel hombre de Comillas, era un integrista, para quien la base doctrinal de la organización agraria debía ser «la sumisión completa a las autoridades eclesiásticas»⁸⁴.

Al margen del conjunto de los sindicatos católicos surgió en 1919 una iniciativa nueva y más agresiva del sindicalismo derechista: los Sindicatos Libres de Barcelona, nacidos de las reuniones de obreros tradicionalistas celebradas en los locales del Ateneo Legitimista de la Ciudad Condal. Su presidente fue Ramón de Sales, antiguo requeté y dependiente de unos grandes almacenes de Barcelona. A pesar de su inicial carácter tradicionalista, pronto elementos ajenos al carlismo ocuparon su dirección. A diferencia de los sindicatos católicos, los Libres no eran confesionales; aceptaron la fiesta del 1 de Mayo, la huelga, el boicot y el contrato colectivo, pero sin asumir una etiqueta política explícita, aunque se opusieron violentamente a socialistas y anarquistas. Su programa era bastante impreciso: corporativismo, reformismo social, espiritualismo frente a materialismo, etcétera⁸⁵.

La «revolución organizativa empresarial»

Puede parecer discutible la inserción del conjunto del empresariado español en el lado conservador; tanto más si se tiene en cuenta que la historiografía actual ha puesto de relieve el pluralismo político de los afiliados a las asociaciones empresariales, así como su identificación con ningún partido político o ideología concreta. Sin embargo, nos parece obvia la existencia de lo que podríamos llamar un conservadurismo básico en el pensamiento y en la perspectiva social de los empresarios y patronos. Incluso en sus formulaciones más avanzadas, el pensamiento empresarial no puede cuestionar las relaciones capitalistas de producción y acepta la existencia de clases sociales, por más que trate, a través de expedientes diversos, de neutralizar los enfrentamientos sociales radicales. De acuerdo con esto, el hecho de la división en clases es considerado, de una u otra forma, como un hecho natural.

La sociedad es comprendida como un área concurrencial —como mercado— en la que el distinto lugar ocupado se legitima por la competencia de cada cual. La «revolución organizativa» que iba aceptando al conjunto de la sociedad española repercutió igualmente en los empresarios, cuyo asociacionismo y nivel de organización aumentó en esa coyuntura. Era obvio, por otra parte, que este fenómeno chocó con las inercias y con los desniveles propios de la sociedad española. No podía hablarse, en aquellos momentos, de una «gran patronal» española, dado que apenas se habían consolidado las estructuras capitalistas industriales y bancarias; y que se arrastraba aún el enorme peso de la agricultura en la renta nacional y no contaba con muchas figuras empresariales comprometidas en la modernización económica⁸⁶.

El asociacionismo empresarial había comenzado en el siglo XIX, en 1836, con la Asociación General de Ganaderos, continuadora de la Mesta, y cuarenta años después nació la Asociación General de Agricultores para la defensa de los intereses de las clases agrarias⁸⁷.

En cuanto a los intereses industriales, cabe decir que promovieron, al menos en dos ocasiones, procesos de integración de intereses, en ambos casos por razones de defensa de las políticas proteccionistas. El primer intento fue protagonizado por los industriales textiles catalanes, ya desde el Sexenio, y que, aunque se frustró en su intento de generalizarse para el conjunto nacional, acabó propiciando la aparición del Fomento del Trabajo Nacional en 1889 ⁸⁸. Cinco años después fueron los industriales vizcaínos los que promovieron un intento de integración tras un gran mitin contra la política de tratados comerciales del Gobierno, al que acudieron catalanes, vizcaínos y asturianos. La Liga Nacional que de allí salió tuvo una vida lánguida, pero lo que sí pudo consolidarse fue una Liga Vizcaína de Productores, que agrupó a los intereses siderúrgicos de la provincia, criticando en varias ocasiones las medidas económicas de los liberales y al nacionalismo vasco⁸⁹.

El crecimiento de los sindicatos obreros socialistas movió a los socios de la Liga a constituir, diez años más tarde, el Centro Industrial de Vizcaya, con la doble función de defensa patronal y de ejercer presión a los gobernantes respecto a las leyes sociales⁹⁰. Estas entidades se erigieron en defensoras del nacionalismo económico español, cuyos máximos teóricos fueron Pablo de Alzota, Julio Lazúrtegui y Joaquín Adán⁹¹.

La década de los diez supuso una reformulación del asociacionismo empresarial y patronal como consecuencia de los nuevos desafíos de la política social asumidos por el Estado desde principios de siglo y el crecimiento de las asociaciones obreras. Como respuesta a esta dinámica surgieron las organizaciones de defensa o de resistencia patronal. Este nuevo asociacionismo trató de promover la especialización funcional en la integración asociativa a nivel nacional y dio lugar a la Confederación Patronal Española, que pretendió ser una gran entidad representativa de los intereses de todo el empresariado, aunque solo logró agrupar a los pequeños y medianos patronos, liderados por los metalúrgicos y los de la construcción⁹².

Al mismo tiempo, surgió la Federación Gremial Española —Confederación desde 1921—, que logró agrupar a pequeños industriales y, sobre todo, comerciantes⁹³. De esta forma, la coyuntura comprendida entre 1914 y 1923 iba a resultar decisiva en la historia del proceso de corporativización de las fuerzas económicas españolas, tanto por el desarrollo que experimentaron como por el protagonismo que alcanzaron. No obstante, la estrategia seguida por las dos grandes organizaciones patronales fue muy distinta. La Federación Gremial de Barcelona fue mucho más radical en su lucha contra la CNT y en su enjuiciamiento del régimen político, al que acusó de débil e ineficaz, propugnando la representación corporativa⁹⁴.

LA LARGA MARCHA HACIA LA DICTADURA MILITAR

Los efectos de la Gran Guerra fueron letales para el régimen de la Restauración. Fue en la economía donde las repercusiones del conflicto resultaron más graves e inmediatas. El paso a una economía de guerra que sufrieron la mayoría de los países europeos permitió a la industria y al comercio españoles expandirse a una velocidad extraordinaria⁹⁵. Sin embargo, este crecimiento espectacular también dislocó la economía. En principio, alimentó una severa inflación y en 1920 el precio de los artículos básicos era mucho mayor que en 1914. Esto aumentó las diferencias socioeconómicas y regionales. La escasez de bienes en el interior y el hundimiento de los niveles de vida condujo al surgimiento de motines y sublevaciones populares. Se produjo un éxodo de los trabajadores rurales hacia las grandes ciudades, donde era más fácil encontrar trabajo. La inflación llevó a los trabajadores a repetidas huelgas y, como consecuencia, hubo un espectacular incremento de la afiliación sindical, sobre todo en el sindicato anarquista de la CNT. Conforme crecía la industria y cambiaba el tipo de trabajo y la morfología de las ciudades, los descontentos iban siendo captados por el movimiento obrero organizado⁹⁶.

Así, pues, las repercusiones de la Gran Guerra no hicieron sino exacerbar una crisis ya existente en España, para ensanchar la brecha entre la agricultura y la industria, la ciudad y el campo, los trabajadores y los patronos, el centro y la periferia. Además, el conflicto contribuyó a exacerbar las diferencias ideológicas dentro de la sociedad.

1917: las Juntas de Defensa

La crisis del régimen tuvo su fecha emblemática en 1917, y se produjo en sucesivas oleadas. La primera corrió a cargo del estamento militar, con la aparición de las Juntas de Defensa. El clima de agitación social extendido por toda España, junto con el consiguiente desgaste de la credibilidad del Gobierno, estimuló a los oficiales descontentos a montar su propia revuelta. No fue casual que su rebelión se iniciara en Barcelona, donde estaba localizado el movimiento obrero más agresivo del país. Por otra parte, y como ya hemos señalado, la guerra de Marruecos había procurado amplias oportunidades de ascenso en el escalafón a los oficiales en servicio activo. Los destinados en la Península, por el contrario, se veían rápidamente sobrepasados en graduación por los más jóvenes, y el consiguiente agravio comparativo produjo la aparición de las Juntas. Los manifiestos de los juntistas utilizaban un leguaje calcado de los regeneracionistas, acusando a «los políticos» y a los «oligarcas» de los males nacionales⁹⁷.

La creación de las Juntas en Barcelona y su expansión por el resto de España alarmaron al rey y al Gobierno, que pensaron en una situación semejante a la de Rusia con la aparición de los soviets de soldados. Las Juntas recibieron la orden de disolverse y sus jefes fueron arrestados. Pero lanzaron un ultimátum al Gobierno para que los pusiera en libertad y reconociese su existencia; de no ser así, se amenazaba con un golpe de Estado⁹⁸. La capitulación del Gobierno y su dimisión pusieron de manifiesto, una vez más, la debilidad del poder político y creó la falsa expectativa de que el régimen podía ser fácilmente derrocado.

1917: el nacionalismo periférico

Al mismo tiempo, se produjo otro desafío protagonizado por un sector de los parlamentarios dispuesto a actuar al margen del sistema para abrir un proceso constituyente, maniobra que tuvo su principal estratega en Cambó. El nacionalismo conservador catalán se sentía descontento de su participación en el sistema, cuya única contrapartida había sido la Mancomunidad. El rápido crecimiento económico de la industria catalana al socaire de la Gran Guerra ponía de manifiesto, por otra parte, el desfase entre su potencialidad económica y su escaso poder político. La rebeldía de la Lliga había tenido su primera incidencia en la oposición al proyecto de Gobierno liberal presidido por Santiago Alba de imposición de un impuesto extraordinario sobre los beneficios conseguidos gracias a la guerra por parte de la industria y el comercio⁹⁹.

En medio de la crisis creada por la aparición de las Juntas, Cambó trató de articular una alianza política alternativa a los partidos de la Restauración. Y, cuando estuvo seguro de contar con el apoyo de los diputados de izquierda, exigió la reapertura de las Cortes. Ante la negativa del Gobierno, organizó una asamblea de parlamentarios alternativa, que se reunió en Barcelona el 19 de julio. Contando con todas las fuerzas políticas adversas al sistema de «turno», la asamblea propuso la formación de un Gobierno nacional y la preparación de una Constitución democrática¹⁰⁰.

Mientras tanto, Alfonso XIII y el nuevo presidente del Gobierno, Eduardo Dato, concedieron la mayor parte de las demandas de los militares juntistas y se impuso el Estado de excepción. Por su parte, Maura se negó a considerar la posibilidad de sumarse a la asamblea, a la que calificó de «zoco profesional»¹⁰¹, mientras los mauristas descargaron todas sus baterías contra ella: «Nuestra obligación nos dice que debemos estar al lado del poder sin vacilaciones»¹⁰².

Por si fuera poco, en agosto estalló una huelga general, con la que el Partido Socialista y las dos grandes centrales sindicales, de acuerdo con los republicanos de Lerroux, intentaron poner a prueba la consistencia del Estado. La huelga fue un desastre para la izquierda obrera. El Ejército se mantuvo leal al sistema, mientras que la Lliga estuvo al margen. No obstante, la derrota del movimiento huelguístico fue una victoria pírrica para el Gobierno dinástico, puesto que reforzó tanto a las Juntas como a la asamblea. Los militares impusieron la dimisión de Dato, y Cambó, cada vez más asustado por el desarrollo de los acontecimientos, fue llamado por el rey para participar en un Gobierno de concentración.

En realidad, el único resultado a corto plazo fue una transitoria participación de los catalanistas en los Gobiernos de concentración de García Prieto y Maura. Desde entonces, los dirigentes de la Lliga imprimieron un cambio de orientación al partido. Bajo la consigna de «Per Catalunya i l’Espanya Gran», enfocó su estrategia en varias direcciones, siendo la más importante la de buscar una alianza con los nacionalistas vascos, que hasta entonces habían carecido de representación parlamentaria. Desde comienzos de 1917 los contactos habían sido intensos. El empresario nacionalista Ramón de la Sota había estado con Cambó en la oposición a los proyectos de Alba. Cambó viajó por toda España para realzar su proyecto regionalista y su petición de mayor nivel de autonomía para Cataluña.

En las elecciones de febrero, la Lliga logró veinticuatro escaños; mientras que los nacionalistas, en alianza con algunas fuerzas económicas, lograron cinco.

La expansión del principio de las nacionalidades y de autodeterminación, que tuvieron en el presidente Wilson su máximo adalid, produjo, tras la Gran Guerra, un incremento inusitado —en Cataluña y el País Vasco— de las reivindicaciones nacionalistas frente a las instituciones del Estado. No en vano puede hablarse de un auténtico «conflicto entre nacionalismos»¹⁰³.

En el mes de noviembre, una delegación de la Mancomunidad entregó al jefe del Gobierno un proyecto de autonomía para Cataluña que preveía un Gobierno, un parlamento bicameral y una amplia gama de competencias que coincidían con las peticiones de la asamblea de parlamentarios de 1917. En la discusión del proyecto, Antonio Maura se mostró partidario de la autonomía administrativa, pero no de la política¹⁰⁴. Ante ello, Cambó ordenó la retirada de sus parlamentarios, a los que se unieron algunos republicanos. Cinco días después, el líder catalanista explicó en un mitin su posición, fruto de una estrategia de presión para el logro de la autonomía «absoluta, completa, integral», y reafirmó el casi olvidado accidentalismo de su partido: «En esta situación. ¿República? ¿Monarquía? ¡Cataluña!»¹⁰⁵.

El conde de Romanones, como presidente del Gobierno, creó una comisión extraparlamentaria para estudiar un proyecto de Estatuto, pero fue boicoteada por la Lliga.

En las discusiones sobre el tema autonómico, se realzó la figura del tradicionalista Víctor Pradera, quien sometió a una severa crítica las peticiones nacionalistas, poniéndose al lado de Maura¹⁰⁶. Pradera figuró en la comisión extraparlamentaria convocada por Romanones y presentó las bases de carácter general para la autonomía de todas las regiones, compuesta de doce puntos, entre los que destacaban la petición de restauración de los organismos históricos de cada región; la delimitación de las competencias del Gobierno central a nivel nacional, regional y municipal; la creación de un Tribunal de la Corona para mediar entre el Estado, las regiones y los municipios, o la cooficialidad de las lenguas vernáculas¹⁰⁷.

La ofensiva dinástica

En aquellos momentos se inició una fuerte ofensiva de los dinásticos en contra del nacionalismo catalán y vasco. En Cataluña, esta ofensiva fue dirigida por Alfonso Sala y Argemí¹⁰⁸, fundador de la Unión Monárquica Nacional. Antiguo militante liberal, Sala había convertido Tarrasa en su feudo electoral frente a los catalanistas. El nuevo partido dinástico tuvo como pórtico la trilogía de «monarquía, unidad política y orden social»¹⁰⁹.

Aunque nunca pasó de ser un partido de notables, la Unión Monárquica reunió en su seno a importantes miembros de la alta sociedad catalana: José Milá i Camps —conde de Montseny—, Darío Rumeu i Freixá —barón de Viver—, conde de Caralt, conde de Figols, etc. Su objetivo era, según sus propias palabras, «anular la obra de la Lliga»¹¹⁰. El programa de la Unión Monárquica se definía frente a las «tres rebeldías»: catalanismo, republicanismo y sindicalismo revolucionario. Y, en el capítulo de afirmaciones, aparecía la monarquía, el corporativismo y el regionalismo, siguiendo la tradición que arrancaba en Balmes, Durán i Bas y Milá y Fontanals¹¹¹.

En el País Vasco, las fuerzas dinásticas lograron unirse en la Liga de Acción Monárquica. El 7 de enero de 1919 se celebró en el Círculo Maurista de Bilbao, bajo los auspicios del marqués de Buriel, la asamblea constitutiva de la Liga, en la que se integraron los partidos liberal, conservador y maurista, y que estuvo dirigida por un directorio formado por el datista Luis de Salazar, el albista Gregorio Balparda y el maurista Ramón Bergé¹¹².

Junto al problema nacionalista se encontraba el suscitado por las luchas sociales. La crisis de 1917 y, sobre todo, el final de la Gran Guerra, con la subsiguiente caída de la monarquía en Alemania, Rusia, Grecia, Austria, etc., fueron vistas por el conjunto de la aristocracia como un peligro cierto a su situación social. De ello fue testimonio —ya lo hemos señalado— el discurso pronunciado por el duque del Infantado en el Congreso en noviembre de 1918, donde atacó a los que pretendían la reforma de la Constitución, invitando a la unión de todas las fuerzas de la derecha sin distinción de fidelidades dinásticas¹¹³.

Dentro de aquel clima social, Acción Nobiliaria, que editó y se encargó de difundir el discurso de Infantado, sacó a la luz un manifiesto en el que se atacaba al liberalismo y al socialismo, enemigos del Trono y del Altar, propugnando una auténtica reacción política e instando a la aristocracia a que diera apoyo económico al sindicalismo católico como «sostén firmísimo del orden y apoyo de la legalidad»¹¹⁴. El mismo día, el 17 de noviembre de 1918, tuvo lugar una reunión de los grandes de España, bajo la presidencia del marqués de la Mina, y un mitin en el Teatro de la Comedia en defensa del «principio de autoridad», organizado por los propagandistas católicos, que contó con el apoyo del conjunto de las derechas: integristas, mauristas, ciervistas y carlistas¹¹⁵.

De hecho, hacía tiempo que los nobles más politizados, como el marqués de Comillas, organizaban la «Defensa Ciudadana». Y otros siguieron su ejemplo: la Junta Superior del Somatén de Madrid estaba presidida por una larga lista de aristócratas: el duque de Bailén, el marqués de la Mina, el duque de la Vega, el duque del Infantado, el conde de Gamazo, el marqués de Urquijo, el duque de Valencia, etc. Y es también en aquellos momentos cuando surgen, como réplica a la inoperancia estatal, las llamadas «guardias cívicas», de las cuales la más importante fue el ya mencionado Somatén, que actuó sobre todo en Cataluña y dependió, para sus acciones punitivas, del apoyo de las autoridades militares y policiales. Disponía de un boletín mensual titulado Paz y Tregua, en el que solían colaborar escritores derechistas como Álvaro Alcalá Galiano y Ramiro de Maeztu.

Su base social era heterogénea, de extracción burguesa y pequeñoburguesa, si bien no faltaban algunos obreros. La financiación corrió a cargo de miembros prominentes de la alta burguesía y de la aristocracia, con el marqués de Comillas a la cabeza. Tampoco faltaron organizaciones de parecido signo en Madrid, a pesar de la menor conflictividad social. Las más importantes fueron la Defensa Ciudadana y la Unión Ciudadana. La actividad de la primera no fue demasiado intensa, mientras que la segunda logró en cierta medida prefigurar algunos de los rasgos de la derecha radical que daría sus frutos años después. A diferencia del Somatén, asumió unas pautas organizativas modernas. Sus bases procedían del maurismo y del catolicismo social. Y su ideología era una mezcla de elementos tradicionalistas, social-católicos y mauristas: «Religión, Monarquía y Ejército»¹¹⁶.

El carácter de la ideología de estas organizaciones puso de relieve las dificultades de modernización ideológica y organizativa de la derecha y de la extrema derecha españolas. Su carácter fundamentalmente conservador, e incluso tradicionalista, su dependencia fundamental de las instituciones tradicionales, principalmente de la Iglesia católica, lo superficial de su nacionalismo y la ausencia de autonomía ideológica poco tenían que ver con las milicias que tan útiles fueron a Mussolini y su partido fascista para la conquista del poder en Italia. En ello incidió no solo el retraso relativo de la sociedad española en sus niveles económicos; igualmente, intervino —y de forma decisiva— la neutralidad española en la Gran Guerra.

Como señalara en su momento el escritor Ernst Jünger, la conflagración mundial, por su propia requisitoria radical, generó un nuevo tipo de hombre, «el hombre inquieto», y con él una nueva forma de acción política, la «movilización total», lo que trajo consigo la destrucción de las instituciones de los valores tradicionales, con la consiguiente necesidad de creación de nuevos valores y nuevas instituciones¹¹⁷.

En España, ausente de la Gran Guerra, estos fenómenos no se produjeron, al menos no con la radicalidad que en los países beligerantes. De ahí la incapacidad de las guardias cívicas españolas para ejercer su propia violencia y su dependencia estricta del poder militar. Los valores tradicionales, sobre todo religiosos, continuaron siendo muy operativos en la sociedad española. Y, en fin, todo ello demostró lo incipiente de la «nacionalización de las masas» en España y la consiguiente debilidad de nuestro nacionalismo a la altura de los años veinte¹¹⁸.

La vuelta al maurismo

El 15 de abril de 1919 volvió a sonar la hora de Antonio Maura, encargado de formar un nuevo Ejecutivo que ha pasado a la historia como «básicamente maurista», pero que, en realidad, no fue sino una concentración restringida y menos heterogénea del Gobierno de 1918. De los nueve ministros, solo tres eran mauristas —Goicoechea, Silió y Ossorio—, dos eran ciervistas y cuatro técnicos¹¹⁹. Poco después de su constitución, El Debate apostaba ya por una dictadura civil, que «acometa sin pérdida de momento todas las obras necesarias para el resurgimiento y prosperidad de España»¹²⁰.

Durante el Gobierno de Maura tuvo lugar un hecho de indudable trascendencia simbólica: la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que fue vista como una réplica a las campañas laicistas y anticlericales. Se levantó un monumento, que fue inaugurado el 30 de mayo, festividad de San Fernando, con asistencia del rey y de todo el Gobierno. Al acabar la ceremonia, Alfonso XIII hizo la consagración, renovando en cierta forma la alianza del Trono y del Altar: «España, pueblo de tu herencia, se postra hoy, reverente, ante ese trono de tus bondades, que para Ti se alza en el centro de la Península»¹²¹.

El Gobierno solo duró tres meses, porque, una vez formadas las Cortes con mayoría conservadora —pero no maurista—, fue derrotado en la famosa discusión sobre el acta de Coria, provocando la crisis total, lo que obligó a Maura a presentar la dimisión.

Pese a ese revés, el maurismo intentó organizarse como un partido moderno y celebró una asamblea en noviembre, intentando diferenciar sus posiciones respecto a las distintas facciones conservadoras. Fue una auténtica asamblea de partido, en la que se debatieron temas como el régimen administrativo, la cuestión social y la política agraria. Frente a los nacionalismos periféricos, se presentó como alternativa la ley de régimen local maurista; la integración regional, mediante la mancomunidad voluntaria de los ayuntamientos, y la descentralización administrativa. En cuanto a la política económica, hacían suyos el programa de la «democracia cristiana»: respeto a la propiedad privada «con exclusión de toda idea de dominio absoluto», participación del trabajador en los beneficios de la empresa; libertad sindical, siempre que no llevara a la creación del sindicato único, e intervencionismo estatal¹²².

La situación del tradicionalismo de raíz carlista no era excesivamente positiva en aquellos momentos. Las intervenciones de Víctor Pradera en las Cortes tuvieron gran resonancia nacional, pero también fueron objeto de fuertes críticas por parte de los carlistas partidarios de la autonomía y de pactos con los nacionalistas vascos. Tanto es así que, ante las críticas, el diputado navarro amenazó con renunciar a su escaño, porque no deseaba «representar a elementos antiespañoles»¹²³. La escisión no iba a tardar en llegar y vino de la mano de don Jaime, que, al finalizar la Gran Guerra, firmó una carta en la que se acusaba a Vázquez de Mella y sus partidarios de haber defendido posiciones germanófilas frente a sus deseos y directrices. La respuesta de Vázquez de Mella fue la de esgrimir la doctrina de las dos legitimidades, acusando a don Jaime de liberalismo tanto político como religioso¹²⁴.

Tras la escisión, la mayoría de los carlistas siguieron a don Jaime. Y Mella fundó en agosto de 1919 el Partido Tradicionalista, para lo cual contó con el apoyo de Pradera y de otros disidentes, como Sanz y Escartín, Mazarrasa, Ampuero, Careaga, etc. Para conseguir fondos vendió los derechos de una explotación minera que poseía y que empleó igualmente en la fundación del órgano periodístico del nuevo partido, El Pensamiento Español. Los conservadores dinásticos recibieron positivamente la aparición del movimiento mellista, en el que vieron el paralelo derechista del Partido Reformista de Melquíades Álvarez, cuya colaboración podía servir de refuerzo a la monarquía constitucional¹²⁵.

Pero no era esa la opinión de Mella y sus acólitos, para quienes la ofensiva revolucionaria tan solo podía ser contrarrestada mediante la dictadura militar¹²⁶. En este sentido, el líder tradicionalista rechazó las propuestas de Maura de cara a su participación en el Gobierno de concentración que auspiciaba, ofreciéndole, a él y a Pradera, la cartera de Instrucción Pública. E incluso obligó a Pradera a que rechazase igualmente las propuestas del líder conservador¹²⁷.

El Partido Tradicionalista nunca llegó a cuajar como alternativa política. En octubre de 1922 celebró una asamblea en Zaragoza, en la que Pradera fue la principal figura, pronunciándose por la concreción ideológica del nuevo partido en torno a los viejos principios de «Dios, Patria y Rey»¹²⁸.

La crisis total

Después del fracaso de Maura, y con la mayoría parlamentaria repartida entre mauristas y datistas, se sucedieron dos Gobiernos presididos por Sánchez de Toca y Manuel Allendesalazar. Figuras de segunda fila en la facción datista, tuvieron que enfrentarse a la grave crisis social, sobre todo en Cataluña. Asistido por Burgos y Mazo en Gobernación, Sánchez de Toca intentó abordar el reto desde una postura transaccionista. Sin embargo, se encontró con una patronal muy radicalizada, que había sufrido el terrorismo del sindicato anarquista y la célebre huelga de La Canadiense, y cuyo héroe era, en aquellos momentos, el capitán general Milans del Bosch. La patronal catalana abogaba por la sindicación obligatoria y la disolución de los sindicatos de clase. Burgos y Mazo creó una comisión paritaria de trabajo, presidida por el alcalde de Barcelona, y otra fue organizada en Asturias. Ni Sánchez de Toca ni Burgos y Mazo eran partidarios de las propuestas patronales¹²⁹.

En octubre se celebró en Barcelona un congreso empresarial, promovido por la Confederación Patronal, para fijar la posición empresarial ante los retos sociales y unir a las patronales dispersas. A lo largo de sus sesiones, la condena de la política seguida por el Gabinete conservador fue radical, acordando el lock-out indefinido y reafirmándose en la propuesta de sindicación obligatoria bajo la sanción del Estado¹³⁰.

Nada hizo el Gobierno en este sentido. Pero Sánchez de Toca no tardó en caer, por la presión de las Juntas militares. Le sucedió Allendesalazar con ministros liberales y conservadores. El nuevo Gobierno intentó apaciguar la irritación de los patronos, pero su celo represivo no evitó la ruptura. Una discusión en el Congreso sobre el problema social en Barcelona llevó a Milans del Bosch a presentar su dimisión, lo que provocó una inmediata reacción de solidaridad por parte de las clases conservadoras.

Dato volvió a presidir el Gobierno en mayo de 1920. De nuevo, su programa político tuvo un contenido de transacción social. Se creó el Ministerio de Trabajo, y se limitó la revisión de los alquileres, al tiempo que se creaban las Juntas de Fomento y de Casas Baratas. También se dictó un decreto sobre la aplicación del seguro obligatorio. En otro orden de cosas, disolvió la famosa «banda de los sesenta», grupo de pistoleros al servicio de la patronal, dirigido por el barón Köening¹³¹.

No obstante, Dato, tras obtener del rey el decreto de disolución y conseguir en las elecciones de diciembre una mayoría adicta, inició una política mucho más dura frente a los sindicatos. Nombró a Bugallal ministro de Gobernación, que respaldó abiertamente al gobernador civil de Barcelona Martínez Anido en su represión del terrorismo cenetista a través de la «ley de fugas» y del apoyo a los Sindicatos Libres, cuyas acciones tuvieron igualmente el apoyo de las asociaciones patronales¹³².

Eduardo Dato murió asesinado en Madrid el 8 de marzo de 1921. Y cinco meses después el desastre de Annual profundizó aún más la crisis. El Ejército acusó al Gobierno de falta de voluntad y de haber negado los fondos para costear la guerra. Incluso el rey fue acusado de complicidad en la derrota por haber incitado a Fernández Silvestre, que pasaba por ser su general favorito, al avance sin excesivas precauciones.

Y volvió a sonar la hora de Maura, que logró formar un Gobierno de concentración nacional en agosto de 1921. El nuevo Ejecutivo contó con el apoyo de los partidos dinásticos y de la Lliga. Sus principales figuras fueron Maura, Cambó y La Cierva. Lo más sobresaliente de este Gobierno fue la discutida gestión de Cambó al frente del Ministerio de Hacienda, con los empréstitos del Estado, la Ley de Ordenación Bancaria y, sobre todo, la elaboración del nuevo arancel con el que hacer frente a las nuevas condiciones económicas internacionales sobrevenidas tras la Gran Guerra. Igualmente se recuperaron en Marruecos los territorios perdidos en julio, y se intentó dar, por parte de De la Cierva, una solución a la crisis militar, integrando a las Juntas en el organigrama del Ministerio de la Guerra¹³³. Finalmente, el Gobierno cayó en febrero de 1922 a causa de las disensiones entre sus componentes en relación a la política marroquí, así como a la resistencia de los sectores agrarios a las medidas del ministro de Hacienda. Maura dimitió rechazando la sugerencia del rey, transmitida a través de Cambó, de que formara un nuevo Gobierno con el líder catalanista que gobernase por decreto¹³⁴.

En aquellos momentos, Alfonso XIII no dudaba en hacer públicas sus críticas a la política dinástica. Así lo demostró en su célebre discurso de Córdoba, en mayo de 1921, en el que, lamentando en el fondo no ser un rey absoluto, desautorizó a los partidos del «turno» e incluso al mismo sistema político:

Presenta un proyecto mi Gobierno; lo combaten y cae. Los ministros que suceden a los caídos tampoco pueden adelantar, porque los anteriores se han convertido en oposición y se vengan. ¡Cómo van a ayudar a los que les mataron! Así las cosas, se convocan y se disuelven los parlamentos, sin que se logre nada útil¹³⁵.

En realidad, desde 1917 Alfonso XIII pensaba que las sociedades europeas vivían una crisis sin precedentes ante la amenaza de la revolución rusa y las fuerzas obreras. El rey quedó, al parecer, vivamente impresionado por el desarrollo de los acontecimientos en Rusia y, según el embajador británico, consideró vergonzosa «la deserción con respecto al Emperador del Ejército, la nobleza y la propia familia imperial»¹³⁶. En este sentido, creía que los sistemas liberales eran incapaces de dar respuesta a unos restos de semejantes dimensiones. La salvación solo podría venir de la acción conjunta de la Corona y el Ejército.

El Partido Social Popular, ¿democracia cristiana o nueva derecha?

Maura, por su parte, rehusó dirigir el movimiento político que llevaba su nombre. Falto de dirección coherente, el maurismo acabó dividiéndose. Un sector, dirigido por Ángel Ossorio y Gallardo, abandonó su antigua militancia para fundar, junto a miembros del Partido Tradicionalista, como Pradera, y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, el Partido Social Popular. El nuevo movimiento político recibió el apoyo de El Debate, que vio en él la anhelada concreción de su proyecto de gran partido católico, aconsejándole que se declarara confesional y que buscara su base social en las masas católicas y campesinas¹³⁷.

Sin embargo, el Partido Social Popular, en el que algunos historiadores han creído ver la primera manifestación política de la democracia cristiana española¹³⁸, fue más que nada un movimiento de aluvión, donde sus discrepancias eran mayores que los acuerdos en no pocas cuestiones. No sin perspicacia, Manuel Azaña lo definió como «la posición reformista del absolutismo español»¹³⁹. Sus dos polos extremos eran Ossorio y Pradera. Mientras que el antiguo maurista criticaba el parlamentarismo no en sí mismo, sino en la fraudulenta concreción del momento y se oponía a la posibilidad de una dictadura militar¹⁴⁰, Pradera, que en el fondo vio en el partido una plataforma para difundir sus ideas mucho más eficaz que el viejo movimiento mellista, acusaba al Parlamento de ser «artículo de exportación» y propugnó reiteradamente unas Cortes corporativas, donde tendrían asiento no los partidos políticos, sino «agricultores, intelectuales, obreros y comerciantes, industriales y hombres dedicados a las profesiones liberales»¹⁴¹.

El otro sector maurista, acaudillado por Antonio Goicoechea, se negó a integrarse en el nuevo partido; y tuvo su órgano de expresión en La Acción, que dirigía Manuel Delgado Barreto. Goicoechea veía a España como «el país mejor preparado para el género de procedimientos que en Rusia se han empleado»¹⁴².

Fue entonces cuando los supuestos maurrasianos comenzaron a hacerse explícitos en sus intervenciones públicas. A esas alturas, L’Action Française era un grupo político e intelectual «digno de toda admiración»¹⁴³. Para Goicoechea, la solución a la crisis política estribaba en la organización del sufragio para que sirviera de base a la representación corporativa de las élites políticas y sociales. Para lograrlo, se mostraba partidario de modificar la reglamentación electoral a través de la representación proporcional combinada con la corporativa; y como complemento indispensable, la eliminación de la responsabilidad ministerial, instaurando la preponderancia indiscutible del Ejecutivo¹⁴⁴.

Las intervenciones públicas de Goicoechea iban acompañadas de frecuentes alabanzas al fascismo italiano, al que consideraba «una poderosa reacción contra el egoísmo de clase, no de la burguesía acobardada, sino del más amplio y generoso espíritu nacional»¹⁴⁵.

Menos comedidas fueron las alabanzas filofascistas del director de La Acción, para quien la subida al poder de Mussolini constituyó un auténtico aldabonazo. El fascismo era una revolución constructiva que pretendía cambiar «el sistema cogiendo del cuello a la miserable clase política dominante, a los de profesión que, en España como en Italia, se comen al país, desmoralizándolo y arruinándolo»¹⁴⁶.

Se iniciaba así, aunque de forma harto superficial, el proceso de «fascistización» de las derechas españolas, que cristalizaría definitivamente a lo largo de la Segunda República. En este sentido fue significativa la aparición, el 16 de diciembre de 1922, del único número de La Camisa Negra, periódico respaldado por el dirigente maurista Joaquín Santos Ecay y por el presidente de los sindicatos patronales Joaquín Benet¹⁴⁷.

Igualmente, en la prensa patronal abundaban las alabanzas al dirigente italiano, que era presentado como un «hombre modesto», «puro retrato de los nuestros» frente a «los vividores de la política». E incluso se barajó en la prensa el nombre de Ossorio y Gallardo como hombre llamado a dirigir un hipotético movimiento fascista español¹⁴⁸.

Tampoco en el nacionalismo catalán más radical estuvieron ausentes las posiciones filofascistas. Tal fue el caso del poeta vanguardista Josep Vicenç Foix y del escritor Josep Carbonell, fundadores en 1921 de la revista Monitor. Admiradores de Charles Maurras y del D’Ors catalanista, tanto Foix como Carbonell criticaron acerbamente la trayectoria de Cambó, a la que acusaban no solo de excesivamente contemporizador con la monarquía y el «españolismo», sino de no haber sabido captar la novedad y las excelencias del fascismo italiano como ejemplo a seguir por un catalanismo consecuente¹⁴⁹.

De hecho, los continuos fracasos de Cambó y sus cambios de postura provocaron por aquellas fechas una escisión en la Lliga con la aparición de un nuevo partido catalanista, Acción Catalana, surgido de la Conferencia Nacional Catalana organizada por las Juventudes Nacionalistas de la Lliga y por republicanos catalanistas independientes. Los organizadores pretendían crear un instrumento político que pusiera fin al colaboracionismo «españolista» de la Lliga y fomentara el desarrollo de una conciencia nacional catalana y trabara «Catalunya endins». Se reivindicaba el derecho a la independencia de Cataluña y su articulación en un Estado federal español. Entre sus promotores se encontraban importantes figuras de la intelectualidad catalana, como Jaime Bofill, Antonio Rovira y Virgili, Ramón d’Abadal y los ya mencionados Foix y Carbonell¹⁵⁰.

El pronunciamiento militar

Mientras tanto, José Sánchez Guerra sucedió a Maura en marzo de 1922, y la ejecutoria de su Gobierno se convirtió en la antítesis del anterior. Sánchez Guerra cesó a Martínez Anido; restableció las garantías constitucionales en Barcelona y disolvió por decreto las Juntas militares, que se atrincheraron de nuevo en la clandestinidad. Además, remitió el célebre «Expediente Picasso» a las Cortes, para tratar de las responsabilidades del desastre de Annual. El 30 de noviembre, el fracaso del antiguo datista era tan patente que Alfonso XIII llamó a Maura y a Cambó para articular una nueva alternativa conservadora, pero ambos rechazaron la proposición. Entonces el monarca encargó a Manuel García Prieto la presidencia de un Gobierno de concentración liberal, caracterizado por su debilidad. No obstante, sus objetivos eran, en principio, muy ambiciosos: garantizar la supremacía del poder civil —iniciada por Sánchez Guerra—; el establecimiento de la libertad de cultos, reformando el artículo 11 de la Constitución; la reducción del déficit presupuestario, y la modificación del régimen de sufragio¹⁵¹.

Respecto a la reforma del artículo 11, la respuesta de los obispos fue fulminante, y en un mensaje colectivo enviado al rey afirmaban que equivalía a la denuncia del Concordato. No menos impotente se vio el Gobierno en su determinación civilista. La política catalana, en la que el Gobierno había apoyado el nombramiento de gobernadores civiles no militares que llevaron a cabo una política negociadora, fue boicoteada permanentemente por la coalición formada por el nuevo capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, la Federación Patronal, el Fomento del Trabajo Nacional, la Lliga y los Sindicatos Libres¹⁵².

Para entonces, hacía tiempo que se iba fraguando un golpe de Estado militar, cuya jefatura parecía encarnarse, en un primer momento, en la figura del general Francisco Aguilera y Egea¹⁵³, aunque sus confrontaciones, en el Senado y en el Congreso, con Sánchez Guerra y Sánchez de Toca, y luego las denuncias de Arsenio Martínez Campos deshicieron la trama. Existían, sin embargo, otros militares disponibles, como Miguel Primo de Rivera, que había sido nombrado capitán general de Cataluña en marzo de 1922 y que, tras la marcha de Martínez Anido, se había distinguido por su celo antiterrorista, ganándose el apoyo de las clases conservadoras catalanas. El fracaso de Aguilera provocó una consulta de Alfonso XIII a Maura sobre la posibilidad de que él mismo —el rey— asumiera la dirección política del país por medio de la Junta de Defensa Nacional. Pero Maura no aconsejó una dictadura real, aunque sí que apoyase un eventual Estado de excepción avalado por el Ejército¹⁵⁴.

El 13 de septiembre Primo de Rivera declaró el Estado de guerra y exigió al rey la dimisión del Gobierno y la concesión de plenos poderes. Alfonso XIII conocía más o menos lo que se tramaba y avisó de ello al Gobierno, que no hizo nada para obstaculizar el golpe. Ante el pronunciamiento, el jefe del Gobierno exigió al monarca la destitución del general, pero al preguntarle el rey si disponía de medios para hacer efectiva la destitución, contestó negativamente. Falto de apoyo real, García Prieto presentó la dimisión y Alfonso XIII confió a Primo de Rivera el encargo de formar Gobierno.

La inmensa mayoría de las fuerzas derechistas recibieron favorablemente el pronunciamiento primorriverista. Excepcional fue la posición de La Época, que lo calificó de «funesto descarrilamiento»¹⁵⁵. Casi de inmediato, el nuevo Directorio militar contó con el beneplácito de la Iglesia. En circular del 27 de septiembre dirigida por el obispo de Madrid Eijo y Garay a sus diocesanos, ofrecía al general su adhesión y su apoyo moral¹⁵⁶. La opinión de El Debate era «decididamente favorable», y no de forma distinta se expresó La Acción¹⁵⁷. Vázquez de Mella calificó el pronunciamiento de «golpe de escoba»¹⁵⁸, mientras que su antagonista, don Jaime, no pudo por menos que recibirlo con «una mezcla de inquietud y regocijo», ofreciendo su colaboración «al esfuerzo del Directorio triunfante»¹⁵⁹.

Nobleza Española, nuevo órgano del Centro de Acción Nobiliaria, vio en el golpe de Estado una muestra del «fuego sagrado del enaltecimiento de la Patria»¹⁶⁰.

Se iniciaba, en aquellos momentos, un nuevo período de la historia de las derechas españolas.

12

LA HORA DE LOS CONTRARREVOLUCIONARIOS

MIGUEL PRIMO DE RIVERA, O EL ESTILO PERSONAL DE GOBERNAR

Con frecuencia, cierta historiografía ha considerado la dictadura primorriverista como un mero paréntesis sin especial transcendencia. Sin embargo, como han demostrado numerosos estudios, nada más alejado de la realidad¹. A diferencia de Italia, la crisis del sistema liberal en España no condujo a la constitución de un movimiento antiliberal unitario. Las distintas fuerzas autoritarias —tradicionalismo, maurismo y social-catolicismo— carecieron de cohesión y de liderazgo, lo que abrió el camino a la intervención del Ejército y luego a la instauración de una dictadura de carácter militar. En ese sentido, la dictadura de Primo de Rivera se configuró como un intento de encauzar la crisis del sistema liberal a través del corporativismo, el dirigismo económico, la política de obras públicas y el nacionalismo conservador.

Su advenimiento tuvo importantes consecuencias, tanto en el plano social como en el económico y político, a corto, medio y largo plazo. Por de pronto, supuso un profundo corte en la trayectoria del liberalismo español. Sin dudarlo, Primo de Rivera suspendió la Constitución de 1876, el pluralismo partidario y la libertad de prensa, y estableció la censura previa y un Directorio militar. Y, lo que es más significativo, el conjunto de la sociedad no se manifestó en su contra.

De la misma forma, la llegada de la dictadura supuso el ascenso de nuevas élites políticas derechistas formadas en el regeneracionismo, el catolicismo social, el maurismo y el tradicionalismo, en cuyo horizonte mental sobresalía el rechazo de la tradición liberal. Unas élites inclinadas al respeto de la disciplina, la debilidad por la conducción autoritaria de las masas, y que soñaban con una sociedad regimentada, lo que explica que se mostraran tan sensibles al encanto de los experimentos corporativos y dirigistas.

No obstante, la experiencia primorriverista fue igualmente reflejo de las contradicciones y la inmadurez política de estos nuevos sectores de la derecha. En su desarrollo, supuso la constatación de las insuficiencias de un poder político excepcional que, por emplear los términos de Carl Schmitt, nacido en un primer momento como meramente «comisario», intentó posteriormente convertirse en «soberano» sin conseguirlo².

La dictadura fue un sistema político personal y apenas institucionalizado, por lo que resultó inseparable de la personalidad de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella. Nacido en Jerez de la Frontera el 8 de enero de 1870, era miembro de la aristocracia militar y antiguo militante del Partido Conservador. Su mundo se configuró en torno a los cuarteles y los círculos de la alta sociedad madrileña y andaluza³. Primo de Rivera careció de inquietudes de tipo cultural e intelectual. Como le reprocharía el escritor conservador José María Salaverría, despreció a los intelectuales «desde el punto de vista de aristócrata y guerrero, en una reacción moral de hombre simple, leal y primitivo»⁴. Su mentalidad fue una curiosa amalgama de espíritu militar, arbitrismo regeneracionista, nacionalismo conservador y tradicionalismo aristocratizante.

Miembro del Centro de Acción Nobiliaria, tuvo ocasión de participar, al lado de Antonio Maura y el obispo de Sion, en un acto de afirmación nobiliaria, organizado por el conde de Torres Cabrera, con ocasión del centenario del Gran Capitán, el 20 de febrero de 1916. Allí, el futuro dictador exaltó la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba como representante de «la caballerosidad y de la hidalguía de los nobles de la época» e instó a los allí presentes a la búsqueda en el pasado de las cualidades vitales y significativas con el objetivo de contrarrestar «aquella letal propaganda que nos invitaba a dar vueltas al sepulcro del Cid como si para poner la despensa fuera preciso cerrar el relicario de nuestras glorias»⁵.

En su mentalidad subyacía una perspectiva fundamentalmente antipolítica que intentaba suplantar los conceptos políticos por categorías morales. Como señaló en su célebre manifiesto de septiembre de 1923, no quedaba a los auténticos patriotas otra salida que liberar a España de «los profesionales de la política», y es que la política no era otra cosa que una «entelequia y un enredo». Como aristócrata, destacaba en sus escritos el paternalismo social característico del estamento al que pertenecía. Primo de Rivera se mostraba partidario de una política de «nivelación social», «sin populachería, doctrinarismos, ni espíritu de desquite», «con espíritu cristiano y democrático, pero con disciplina»⁶.

Amigos y enemigos reconocieron a Primo de Rivera, sin embargo, ausencia de crueldad, bonhommie, intuición aguda, ímpetu e inspiración: «Pasión, voluntad, firme propósito de llegar a un fin»⁷. Así, el socialista Julián Zugazagoitia decía al respecto: «Aquella dictadura a la que tantas agresiones periodísticas le hicimos, circunstancia que prueba bastante bien el tono liberal y un tanto paternal con que era ejercida por Primo de Rivera»⁸. En este sentido, resulta muy significativa la libertad de que disfrutaron los socialistas para realizar las exequias de su fundador y guía Pablo Iglesias, cuya figura fue alabada por las jerarquías del régimen militar⁹.

La etapa primorriverista —apenas seis años— supuso un nuevo estilo de gobernar. Primo de Rivera, con afán de comunicación, simpático, flexible y expansivo, no gobernó por principios, sino que dio un carácter personal a la dirección del país. Este fue un factor que le dio popularidad y simpatía —sus célebres «Notas oficiosas» publicadas frecuentemente en la prensa fueron un rasgo de su política—, pero al mismo tiempo estableció un carácter igualmente personal a la hostilidad a su acción de gobierno, que no fue en principio ideológica, sino, sobre todo, de incompatibilidad de estilos vitales¹⁰.

Desde sus inicios, el Directorio militar emprendió una clara ofensiva contra el caciquismo, uno de sus emblemas. A este respecto fue importante la actuación de José Calvo Sotelo, al frente de la Dirección General de la Administración. Según expresó en una carta a Maura, intentaba llevar a la práctica sus antiguos proyectos de «descuaje del caciquismo», convertidos en «savia del nuevo régimen»¹¹. Para ello contó con un equipo procedente del catolicismo social y del propio maurismo: su hermano Leopoldo, José María Gil Robles, el conde de Vallellano, Luis Jordana de Pozas, lo mismo que de técnicos de prestigio, como Antonio Flores de Lemus. De sus trabajos salió a la luz el Estatuto Municipal de 1924, que al año siguiente se vio complementado por el Estatuto Provincial. Los dos introdujeron la autonomía provincial y municipal, pero no la regional, y el sufragio masculino y femenino, junto con elementos corporativos. Se consiguió el derecho al voto de las mujeres mayores de veintitrés años no sujetas a la patria potestad ni a la autoridad marital¹². Sin embargo, la mayoría de sus postulados no se llevaron a la práctica. La política del Directorio acabó con algunos cacicatos, pero no con la mayoría, algunos de los cuales se integrarían posteriormente en el partido oficial de la dictadura, la Unión Patriótica.

Otra de las características de la política de Primo de Rivera fue su anticatalanismo. Aunque el pronunciamiento fue bien recibido por la Lliga, el dictador, desdiciéndose de sus anteriores promesas regionalistas, emprendió una política que luego fue severamente censurada por Charles Maurras¹³. Poco después del pronunciamiento, se publicó un decreto por el que se prohibían la bandera catalana y cantar El Segadors, y se reafirmaba el uso del castellano como única lengua oficial¹⁴. La medida más dura fue, sin embargo, la transformación y luego supresión de la Mancomunidad. Primo de Rivera consideró más afín a sus supuestos políticos la Unión Monárquica Nacional de Alfonso Sala y Argemí, luego ennoblecido con el título de conde de Egara, y no a la Lliga, que, como tendremos oportunidad de ver, desapareció del escenario político hasta el final de la dictadura. Sala fue designado presidente de la Mancomunidad, pero duró poco en el cargo, ya que la promulgación del Estatuto provincial supuso el final de la Mancomunidad y Sala dimitió¹⁵. Primo de Rivera llegaría a enajenarse el apoyo del clero catalán, al suprimir posteriormente el uso de la lengua vernácula incluso en la liturgia, lo que tuvo importantes consecuencias políticas: el clero se convertiría en portaestandarte de las reivindicaciones culturales catalanistas.

LA VÍA FALLIDA HACIA EL NUEVO ESTADO

La Unión Patriótica: tradición y modernización

Lejos de pretender dejar cuanto antes el poder, Primo de Rivera quiso dar continuidad a su política más allá del transitorio Directorio militar. Para ello fundó la Unión Patriótica, que, fruto en un principio de los proyectos políticos de Ángel Herrera Oria y de los propagandistas católicos, pretendió ser algo semejante a un partido político moderno¹⁶. Mientras, el Somatén se extendió por toda España¹⁷. A fines de 1925, se constituyó un Gobierno compuesto casi exclusivamente por civiles y presidido por Primo de Rivera. El nuevo Ejecutivo se reclutó entre mauristas, social-católicos y conservadores burocráticos. Sus miembros fueron José Calvo Sotelo, en Hacienda; Eduardo Aunós, en Trabajo; Rafael Benjumea, en Fomento; José Yanguas Messía, en Estado; Severiano Martínez Anido, en Gobernación; Eduardo Callejo, en Instrucción Pública, y el almirante Cornejo, en Marina. El Gobierno se vio consolidado por el final de la impopular guerra de Marruecos, hábilmente llevada a cabo por Primo de Rivera, que logró la cooperación de Francia. En pocos meses, las operaciones militares concluyeron, y en mayo de 1926 quedó conclusa una campaña que había sido una sangría estéril durante décadas.

Respecto a la Unión Patriótica, Primo de Rivera tuvo siempre dificultades a la hora de dar una visión clara de lo que era —o debía ser— la formación. El dictador la definió, en alguna ocasión, con inepcias tales como «asociación de hombres de buena fe» o «liga de ciudadanos para un fin concreto». Más claro pareció ser su propósito de recoger la herencia no solo del regeneracionismo de Joaquín Costa, sino del conjunto de la derecha antiliberal, tradicionalista, social-católica y maurista. A su entender, la Unión Patriótica habría de convertirse en «la nueva forma derechista conservadora»¹⁸.

En torno al diario La Nación y la revista Unión Patriótica se gestó una especie de equipo intelectual en el que destacaron José María Pemán, José Pemartín, Vicente Gay, Manuel Bueno, Wenceslao González Oliveros, Eduardo Aunós, José Calvo Sotelo y luego Ramiro de Maeztu¹⁹. Finalmente, el ideario primorriverista se decantó por una suerte de «tradicionalismo ideológico», en el sentido que define este término el sociólogo Gino Germani, es decir, un proyecto político que surge en sociedades que, a través de un proceso de rápidos cambios, están pasando por una etapa de democratización fundamental, y cuyo objetivo no es el rechazo liso y llano del desarrollo económico y la modernización, sino la aceptación parcial de los mismos y el intento de limitar sus efectos socioculturales tan solo a la esfera técnico-económica. En este sentido, la situación social y política ideal consistía en una sociedad que, mientras puede valerse de una estructura capitalista más o menos desarrollada, mantiene todo el resto de la sociedad en las instituciones tradicionales: familia, monarquía, Iglesia, educación y estratificación social²⁰.

El punto de partida del ideario político de la Unión Patriótica fue la concepción del hecho nacional español dotado de una «constitución interna», dentro de la cual los valores histórico-institucionales y religiosos adquirían una dimensión normativa. Decir «nación española» equivalía, según José María Pemán, a monarquía y catolicismo, «las dos máximas realidades españolas». La nación engloba el conjunto social concebido de forma preestatal, como un orden de asociaciones, clases y gremios que se comprende desde una óptica general organicista y jerárquica, regida, en el fondo, por una lógica teológico-política²¹.

A ese respecto, los ideólogos de Primo de Rivera ignoraron por completo las innovaciones políticas características del fascismo italiano²². Mientras Mussolini defendía los principios del totalitarismo —«Todo en el Estado, nada contra el Estado»—, Primo de Rivera siguió anclado en los principios tradicionales de «Patria, Religión y Monarquía». En concreto, José María Pemán acusó al fascismo italiano de defender un «estatismo dogmático», imposible de trasplantar a una sociedad como la española²³.

No obstante, este tradicionalismo ideológico pretendía compaginarse con una política regeneracionista y de modernización económica. El recurso a la «tradición» no significaba el rechazo del desarrollo económico, sino, como ya adelantamos, la aceptación parcial del mismo. En este sentido, José Pemartín abundaba no solo en cifras y estadísticas relativas a la eficacia económica de la dictadura, sino en cantos líricos al «brillo plateado de pantanos y embalses». Del mismo modo, en los planteamientos primorriveristas subyacía una concepción «conservadora-burocrática» de la gestión del Estado, cuyo sentido último era reducir la actividad política al mínimo necesario, subordinándola a la actividad administrativa y al desarrollo económico. En palabras de Wenceslao González Oliveros, se trataba de «anteponer la gestión económica y estimular la producción nacional»²⁴.

Esto es igualmente perceptible en la producción intelectual de Ramiro de Maeztu a lo largo del período primorriverista. Tras su colaboración en el diario El Sol, el escritor vasco dio su apoyo a la dictadura, afiliándose a la Unión Patriótica y colaborando en La Nación²⁵. En aquellos momentos, Maeztu consideraba al Ejército como la única fuerza vertebradora de la sociedad española. En este sentido, el problema de la enseñanza era de singular importancia. Por ello realizó una campaña periodística en defensa de la reforma de la enseñanza media como vehículo de regeneración de la clase dirigente y de restauración de los valores tradicionales frente a la ofensiva de los socialistas. Con ese objetivo, juzgaba preciso implantar el modelo de bachillerato clásico europeo²⁶.

En su obra Don Quijote, Don Juan y la Celestina, Maeztu teorizó sobre su nuevo ideal político. Se trataba de un estudio sobre las tres figuras literarias, en el que don Quijote aparece como la encarnación del Amor; don Juan, del Poder, y la Celestina, del Saber o la Verdad. En definitiva, representan la versión española de los atributos divinos que Maeztu había establecido en La crisis del humanismo. A partir de este análisis, Maeztu buscaba la época histórica en la que España encontró la síntesis de estos atributos, y fijó su interés en el Siglo de Oro, que, con su arte, su arquitectura, su literatura y su política, reflejaba «una voluntad de idea y de creencia que sobrepone a la realidad a la evidencia de los sentidos y al natural discurso». Los sujetos sociales de este proyecto sobrehumano habían sido el hidalgo y el sacerdote.

No obstante, Maeztu consideraba que aquella época adoleció de «menosprecio de las cosas temporales», y la solución no era otra que la síntesis del ideal mundano y del ultramundano, tradición y modernidad, es decir, la canalización del progreso material y económico, a través de un ideal nacional basado en los principios católicos. Idea que teorizará con su discutida tesis del «sentido reverencial del dinero», un intento de compatibilizar el catolicismo tradicional con el liberalismo económico²⁷.

Mucho menos militante se mostró Eugenio D’Ors en defensa de Primo de Rivera y su régimen. Poco antes del triunfo del pronunciamiento militar, el filósofo catalán comenzó a colaborar en el diario ABC, donde intentaría divulgar entre el público español las doctrinas de Maurras, Antonio Sardinha y Carl Schmitt. Luego inició la publicación de su tragedia Guillermo Tell, cuya exaltación del principio de autoridad fue interpretado como un apoyo tácito al Directorio y, en consecuencia, muy mal recibido por liberales e izquierdistas.

La obra del Directorio civil

Constituido el Directorio civil, Eduardo Aunós creó la Escuela Social y nombró a D’Ors profesor de Ciencia de la Cultura. Con ocasión del traslado de los restos de Ángel Ganivet a España, se organizó un acto de clara intención antidictatorial en mayo de 1925, en el que participó el filósofo catalán, aunque discrepando radicalmente de las opiniones de los intelectuales disidentes. Al parecer, intentó por aquellas fechas aproximar a Vázquez de Mella, muy crítico con la política centralista del nuevo régimen, a Primo de Rivera, pero su empeño no tuvo éxito. En 1927, Primo de Rivera impuso a la Academia de la Lengua que se designara miembros regionales, y entre ellos fue elegido D’Ors. Se le nombró igualmente representante de España en el Instituto de Cooperación Intelectual, cuya sede se encontraba en París²⁸.

Sin embargo, las cuestiones de orden cultural e ideológico fueron uno de los talones de Aquiles del primorriverismo. El dictador fue incapaz de sacar provecho de la inicial actitud benevolente de un considerable número de intelectuales hacia su figura y sus proyectos. Esta actitud fue transformándose al socaire de los errores e intemperancias de Primo de Rivera, en un clima de impaciencia y luego de irritación. Primero, Miguel de Unamuno, desterrado a Fuerteventura y posteriormente exiliado en París; después, Vicente Blasco Ibáñez y Luis Jiménez de Asúa, y más tarde Ortega y sus más directos colaboradores. Incluso intelectuales conservadores como Benavente, Azorín o Salaverría expresaron su disgusto y su oposición a la política de la dictadura en lo referente a la universidad y a la cultura en general²⁹.

Por otra parte, los años de la dictadura fueron cruciales en el proceso de la formación de la sociedad capitalista española. Sus dirigentes se erigieron en acérrimos defensores del nacionalismo económico. Como habían defendido sobre todo los mauristas, el Estado debía participar directamente en la actividad económica, garantizando el proceso industrializador en un sentido abiertamente proteccionista, mediante el fomento de la iniciativa privada y el impulso a las industrias nacionales, lo que implicaba igualmente la transformación del aparato estatal, aumentando el nivel de burocratización y de sus exigencias administrativas.

A ese respecto fue muy significativa la creación en marzo de 1924 del Consejo de Economía Nacional, que «reunirá todas las funciones referentes a la formación de los aranceles y aduanas, defensa de la producción y gestión, y negociación de convenios comerciales, que se encuentran actualmente repartidos en los distintos departamentos ministeriales». Su política económica se caracterizó, pues, por el nacionalismo económico, el intervencionismo estatal, las prácticas de monopolio, el apoyo al poder financiero, los ensayos de nuevas fórmulas de fomento de la producción y de distribución de la renta, la ordenación corporativa, la creación de nuevas entidades crediticias y los retoques al sistema tributario.

En la dictadura, el poder estatal no se limitó a mantener, mediante la fuerza coactiva, un orden establecido y legitimado de relaciones de producción, sino que entró en la fase activa de cooperar mediante inversiones, subvenciones, ayudas administrativas, y grandes pedidos a las grandes industrias y a los servicios clave. De esta forma, el poder revistió un matiz social más preciso que cuando constituía un mero defensor de la propiedad³⁰.

Al frente del Ministerio de Hacienda, José Calvo Sotelo inició una discutida gestión que duró cuatro años. El antiguo maurista propugnó una política de reformismo audaz que chocó en más de una ocasión con los intereses de los sectores económicamente hegemónicos³¹. A juicio de Calvo Sotelo, la corrección por parte del Estado de los efectos disfuncionales de la sociedad capitalista competitiva no solo era una exigencia de justicia social, sino una necesidad política³². Sus proyectos de reforma tributaria y sus medidas contra el fraude fracasaron ante la oposición de las clases altas³³. Triunfó, en cambio, su empeño de creación del monopolio de petróleos, CAMPSA, encaminado al afianzamiento de la vía nacionalista del capitalismo español³⁴.

El proyecto corporativo de Eduardo Aunós

El proceso de nacionalización e intervención económica exigía la creación de nuevos mecanismos institucionales de distribución del poder social que implicaban un desplazamiento a favor de las fuerzas organizadas de la economía y de la sociedad, y a ello fueron encaminados los intentos de edificación del sistema corporativo de la dictadura. Así, el 26 de noviembre de 1926 se estableció la Organización Corporativa Nacional, cuyo principal objetivo era que los distintos elementos sociales «se articulen y colaboren» y «conseguir su concentración y convergencia en un esfuerzo general para el progreso, para la justicia».

Como ministro de Trabajo, correspondió a Eduardo Aunós Pérez³⁵ la plasmación de aquel proyecto. Antiguo militante de la Lliga y exsecretario de Cambó, luego miembro de la anticatalanista Unión Monárquica Nacional, Aunós era un hombre formado en las corrientes social-católicas, organicistas y tradicionalistas³⁶. Desde su juventud, fue lector de La Tour du Pin, y luego, durante sus estudios de Derecho en El Escorial, se familiarizó con Le Play, Ketteler y otros representantes del corporativismo católico. En ese sentido, Aunós siempre se mostró receloso y crítico respecto del corporativismo fascista, al que frecuentemente acusó por estar monopolizado por el partido único y, sobre todo, por su «exagerado estatismo»³⁷.

En realidad, el corporativismo primorriverista se mostró mucho más afín a la vertiente social que a la estatista. La organización corporativa española tuvo por eje el comité paritario sobre cuyos mecanismos de arbitraje y conciliación se establecía la corporación obligatoria, supeditada al Estado como «órgano de derecho público», que ejercía sus funciones por delegación estatal. De esta forma se creó una institución de conciliación y arbitraje obligatorios, que pretendía coordinar todos los comités paritarios locales y que funcionaba como un cuerpo profesional del Estado. La corporación no era una agrupación sindical, pero necesitaba a los sindicatos para su funcionamiento. En este sentido, el sistema español seguía el modelo social-católico basado en el «sindicalismo libre en la corporación obligatoria». A diferencia del sistema fascista —por entonces en proceso de edificación—, el modelo primorriverista careció de la presencia fundamental del partido único y de la Magistratura de Trabajo, al igual que del Consejo de Corporaciones³⁸. Se ofreció a las mujeres participar en los comités paritarios. Algunas lo rechazaron, como Clara Campoamor y Matilde Huici; otras aceptaron, como Victoria Kent³⁹.

A través del Ministerio de Trabajo, Aunós puso en marcha un amplio repertorio de medidas sociales: subsidio para las familias numerosas de obreros y funcionarios; promulgación de leyes que reglamentaban el retiro de los trabajadores, trabajo a domicilio, creación del Patronato, dependiente del Ministerio de Trabajo, encargado de aplicarlo equitativamente; ley de descanso dominical; medidas contra el trabajo nocturno de las mujeres o extensión del retiro obrero. El 23 de agosto de 1926 se promulgó el Código de Trabajo, donde, entre otras cosas, se sintetizó la legislación precedente y se estableció, por primera vez, la regulación del contrato de trabajo industrial y agrícola⁴⁰.

Por otra parte, Aunós buscó la colaboración de los socialistas de la UGT, intentando convertir ese sindicato en un órgano de gestión y colaboración de clases⁴¹. Algo que fue muy discutido y criticado por las organizaciones sindicalistas católicas, que lo interpretaron como una peligrosa concesión a los socialistas⁴². Lo mismo ocurrió con el conjunto de las clases conservadoras, que comenzaron a ver en el intervencionismo primorriverista una amenaza para sus intereses más inmediatos.

Un intento de nacionalización de las masas

De igual modo, Primo de Rivera quiso legitimarse mediante una dinámica política de obras públicas. A ese respecto, la gestión de Rafael Benjumea, ennoblecido con el título de conde de Guadalhorce, al frente del Ministerio de Fomento, resultó muy positiva. Significativa fue la creación de las Confederaciones Hidrográficas, organización que sobre la base de un río principal pretendía «confederar» todos los aprovechamientos existentes en él y sus afluentes, cualquiera que fuese su importancia, sentando así las bases de una planificación integral de la totalidad de los recursos disponibles con la participación activa, además, de los usuarios⁴³.

El Estado concedió subsidios a las empresas de obras públicas para este tipo de proyectos, como la Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, la Compañía de Marismas del Guadalquivir, la Unión Española de Explosivos, la Eléctrica de Castilla, etc. De hecho, la empresa más ambiciosa del régimen primorriverista fue el desarrollo del sistema hidráulico del país. Hay que señalar que, en un principio, de todas las confederaciones, solo las del Estado, bajo la dirección de Lorenzo Pardo, consiguieron resultados importantes⁴⁴.

La política modernizadora tuvo igualmente éxito en la construcción de carreteras y vías férreas. Se construyeron en todo el país 9.455 kilómetros de nuevas carreteras, mientras que el sistema ferroviario fue dotado de material nuevo y modernizado mediante ayuda directa del Estado. Se pusieron los fundamentos de la aviación comercial española y se fundó en 1927 Iberia. No menos importante fue la creación del Patronato Nacional de Turismo, que se encargó de establecer ayudas oficiales a la construcción de hoteles, establecimientos de nuevas reglas respecto a los cuartos de baño, la calefacción, etcétera⁴⁵.

Y junto a las reformas socioeconómicas, la nacionalización de las masas españolas. Uno de los primeros decretos del Directorio militar fue el de poner en práctica, en septiembre de 1923, una serie de medidas para la represión del «separatismo». En el texto se establecía que serían juzgados por tribunales militares «los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por medio de la palabra o por escrito». No se podría «izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, sean del Estado, de la provincia o municipios, ni en lugar alguno». Las penas oscilaban entre seis meses de arresto y multas de quinientas a cinco mil pesetas⁴⁶.

Coherentemente, la dictadura contempló a la escuela como el principal vehículo de socialización y nacionalización. A lo largo del período primorriverista, la enseñanza estatal experimentó una expansión extraordinaria. Entre 1924 y 1929, el número de escuelas primarias aumentó un 23 %, ascendiendo igualmente el número de profesores. La enseñanza media aumentó un 20 %. El crecimiento de la enseñanza superior fue notable: el alumnado universitario aumentó un 7 % anual en el curso 1925-1926, pero en los siguientes el crecimiento fue de un 20 %⁴⁷. En agosto de 1926, se puso en marcha la reforma del bachillerato, que incluyó la implantación de un texto único, medida que dividió al clero. Para un sector de la Iglesia constituía una ventaja económica para la familia, pero para otro se trataba de una imposición estatal intolerable. De todas formas, Primo de Rivera, de acuerdo con el ideario de «Patria, Religión y Monarquía», aumentó la influencia del clero en el aparato educativo. Se destituyó a maestros e inspectores librepensadores y se dieron órdenes para hacer obligatoria la asistencia a misa de profesores y alumnos.

Miembro de la ACNP y catedrático de Derecho Natural en la Universidad de Valladolid, Eduardo Callejo, ministro de Instrucción Pública, puso el énfasis en la educación tecnocientífica y en la de la Historia de España, estudiada y difundida desde una óptica tradicionalista. Asimismo, se declaró obligatoria la asignatura de Religión en los estudios secundarios. En noviembre de 1927, Callejo presentó un proyecto para la Reforma de los Estudios Universitarios, cuyo punto más polémico fue su artículo 53, donde se reconocía la concesión de títulos a las universidades confesionales, como la de los agustinos de El Escorial y la de los jesuitas de Deusto⁴⁸; lo que provocó un amplio rechazo en el profesorado universitario y graves revueltas estudiantiles⁴⁹.

Como vehículo de nacionalización se utilizaron un conjunto de fiestas patrióticas: el aniversario del golpe de Estado, el Día de la Raza, la Fiesta del Árbol o ceremonias de bendición de la bandera del Somatén. En muchos casos, los sacerdotes de la localidad ofrecían una misa en la que bendecían la bandera nacional, mientras que los alumnos cantaban himnos patrióticos. Se creó la Fiesta del Libro en 1926 para conmemorar el nacimiento de Cervantes. Tuvieron lugar desfiles militares o de los somatenes locales y discursos patrióticos de las autoridades militares y religiosas. Los delegados gubernamentales organizaron conferencias patrióticas y se publicaron catecismos ciudadanos⁵⁰.

En esa misma línea, la dictadura se esforzó en acercarse a los países iberoamericanos, patrocinando ampliamente una visión del hispanismo muy acorde con el sustrato tradicionalista de su proyecto político⁵¹, que había tenido su órgano de difusión en la revista Raza Española, dirigida por la escritora Blanca de los Ríos, cuya influencia reconoció el propio Primo de Rivera⁵². La dictadura procuró crear, entre otras cosas, una infraestructura diplomática, que no existía o que era muy precaria. A ello respondió el nombramiento de Ramiro de Maeztu como embajador en Argentina⁵³.

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSULTIVA Y EL ANTEPROYECTO CONSTITUCIONAL DE 1929

El 5 de septiembre de 1926, Primo de Rivera anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional en la que estuvieran representados «con debida ponderación todas las clases e intereses». Un año después se hacía público un Real Decreto estableciendo la Asamblea Nacional Consultiva⁵⁴. Esta nueva institución trabajaría normalmente, según el proyecto que le dio vida, en secciones y comisiones. Se dividía en dieciocho secciones, integradas por once asambleístas cada una, dirigidas por la Presidencia. La composición de la Asamblea estaba sujeta a las siguientes normas: un representante municipal y otro provincial por cada una de las provincias españolas; un representante de cada organización provincial de la Unión Patriótica; representantes del Estado, a quienes se confiriera carácter de asambleísta; representantes por derecho propio, y representantes de la cultura, la producción, el trabajo, el comercio y «demás actividades de la vida nacional»⁵⁵.

Con aquel Decreto, la dictadura pasaba de ser meramente «comisaria» a «soberana», lo que, naturalmente, fue muy mal recibido por los partidarios del retorno de la monarquía constitucional, que rechazaron cualquier participación en la Asamblea Nacional. La convocatoria provocó en el PSOE y en la UGT una serie de discusiones en torno al mantenimiento de la colaboración con la dictadura. En una nota oficiosa, se dio una lista de posibles asambleístas, en las que aparecían los nombres de personas consideradas de izquierda o liberales opuestos a Primo de Rivera, que rechazaron de inmediato su participación, y lo mismo hicieron los socialistas y los miembros de la UGT. De esta forma, nacida desde el poder y sin ninguna autonomía política, la Asamblea careció de legitimidad y de operatividad. La representación de redujo a grupos de interés corporativo, a miembros de la Unión Patriótica y a sectores conservadores.

No obstante, fue significativa la presencia de mujeres en la Asamblea. De hecho, Primo de Rivera y la Unión Patriótica hicieron suyos los ideales del feminismo católico. La concesión del sufragio administrativo municipal a las mujeres solteras o cabezas de familia vino acompañado del nombramiento de varias representantes femeninas para el puesto de concejal y miembros de la Asamblea Nacional, como Josefina Olóriz, Maite Echarri, Blanca de los Ríos, Teresa Luzzati, María López de Sagredo y Carmen Cuesta, todas ellas importantes líderes del movimiento católico femenino. Igualmente participaron María de Maeztu, Concepción Loring, Natividad Domínguez o Isidra Quesada⁵⁶. Según la socialista Margarita Nelken, «aquí, en España, quien más resueltamente ha amparado el derecho de sufragio de la mujer ha sido la dictadura de Primo de Rivera»⁵⁷.

La nonnata Constitución de 1929

Políticamente inoperante, la Asamblea Nacional Consultiva tuvo mayor trascendencia en su proyección constitucional. Su Sección Primera elaboró un anteproyecto de Constitución que sirviera para establecer una nueva legalidad política. Su composición fue netamente conservadora: José Yanguas Messía (presidente), José María Pemán (secretario), Ramiro de Maeztu, Antonio Goicoechea, Víctor Pradera, Alfonso Sala, Juan de la Cierva, César Silió, Gabriel Maura, Mariano Puyuelo, Diego Crehuet, Carlos María Cortezo, Carlos García Oviedo o el marqués de Santa Cruz, entre otros.

En una de las primeras sesiones intervino Primo de Rivera para establecer una especie de «guía» sobre el desarrollo de los temas que era preciso tratar en las discusiones. El dictador se mostraba partidario de una nueva Constitución en la que estuvieran presentes los principios de unidad nacional, confesionalidad católica del Estado, preeminencia del poder ejecutivo, monarquismo, independencia del poder judicial, unicamerialismo, instrucción obligatoria, intervencionismo estatal en las relaciones laborales y representación corporativa. Los miembros de la Sección Primera se dividieron en partidarios de una mera reforma de la Constitución de 1876 y los partidarios de un nuevo texto constitucional. Triunfaron los segundos. Los principales autores del anteproyecto fueron Antonio Goicoechea y Gabriel Maura⁵⁸.

El 17 de mayo de 1929 se hizo público su contenido. Se trataba de un producto híbrido que intentaba armonizar las corrientes corporativas y organicistas con el tradicionalismo ideológico y algunos elementos del liberalismo doctrinario. El régimen de gobierno seguía siendo la monarquía constitucional y se mantenía la confesionalidad católica del Estado. El sistema constitucional respondería «al doble principio de diferenciación y coordinación de funciones». El matrimonio y la familia estarían «bajo la especial protección del Estado».

La propiedad privada estaría garantizada, señalando que nunca se impondría la confiscación de bienes. El trabajo gozaría de «la especial protección del Estado», que proveería «con el concurso de las clases interesadas, por el seguro o por otros medios, a la conservación de la salud y capacidad de trabajo del obrero manual o intelectual, y a las consecuencias económicas de la enfermedad, la vejez y los accidentes que procedan del riesgo profesional». Se garantizaban los derechos de libertad de expresión y de reunión. Quedaba suprimido el Senado por una Cámara única de composición mixta; la mitad sería elegida por sufragio universal, en el que se incluían por vez primera a las mujeres, y la otra por derecho propio, por designación real o por elección corporativa.

El corporativismo laboral adquiría rango constitucional, y a tal efecto la ley podría estatuir «un sistema jerárquico de organismos paritarios u otros diversos con análoga finalidad, y atribuir a esos organismos la misión de reglamentar el trabajo, aprobar contratos individuales o colectivos y resolver con jurisdicción arbitral las diferencias que se produzcan entre patronos y obreros». Se establecía la posibilidad de considerar esos organismos como «instituciones de derecho público y gocen de plena capacidad jurídica». De igual modo, se podría atribuir «el carácter de servicio público a determinadas industrias o empresas que satisfagan las necesidades de interés general y reconocer al Estado el derecho de explotarlas, con monopolio o sin él, por sí mismo, mediante concesión o por arrendamiento».

El territorio español seguiría divido en provincias y se reconocía la «personalidad del municipio, como asociación natural de personas y bienes, determinadas por necesarias relaciones de vecindad». Las Diputaciones de dos o más provincias contiguas «podrían agruparse en mancomunidades administrativas, previo cumplimiento de los requisitos legales, para la realización, con carácter interprovincial, de los fines que la ley asigna a cada cual de ellas». Los establecimientos de enseñanza y educación estarían «bajo la inspección del Estado», y se garantizaba el derecho a la enseñanza pública con el fin de que «se facilite el acceso a la instrucción y a los grados a cuantos alumnos posean capacidad y carezcan de medios para obtenerlo».

Asimismo, los poderes del monarca salían reforzados. Y es que los temas referentes «a la política exterior y las concordatarias, defensa nacional o reforma constitucional, y las que impliquen rebaja de las contribuciones o aumento de los gastos públicos serían de exclusiva iniciativa del rey con su Gobierno responsable». La pieza clave del proyecto constitucional era el llamado Consejo del Reino, que acumulaba grandes poderes y cuya función era asesorar al monarca. La institución estaría compuesta por un presidente, de nombramiento real; un vicepresidente y un secretario general, elegido por los consejeros. La mitad de estos últimos ocuparían su puesto por derecho propio o por designación real; el resto por sufragio universal o corporativo, a partes iguales. Serían consejeros por derecho propio el heredero de la Corona, los hijos del rey, el arzobispo de Toledo, el capitán general del Ejército y de la Armada, el presidente del Consejo de Estado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el de Hacienda Pública, el del Consejo Supremo del Ejército y del decano-presidente de la Diputación Permanente de la Grandeza⁵⁹.

La supresión del Senado no gustó a ciertos representantes del estamento nobiliario, ya de por sí muy críticos con el desarrollo de la dictadura. Primo de Rivera proyectó —quizá para compensar aquella disidencia— un Estatuto Nobiliario que pretendió legislar sobre la colegiación automática y general de la clase nobiliaria, a cuyo fin se creó una comisión oficial de heráldica redactora del Estatuto, para lo cual el dictador recurrió a los duques de Alba y del Infantado y al conde de Atarés⁶⁰.

Contra la corriente

Una vez conocido el contenido del texto, fue rechazado por el conjunto de la opinión pública. Incluso ministros como Calvo Sotelo se mostraron contrarios, y el propio Primo de Rivera acabó rechazándolo⁶¹. Tan solo los social-católicos de la ACNP y El Debate dieron, al menos en un primer momento, y con matices, su apoyo al anteproyecto, para luego rechazarlo⁶².

Para entonces, los días de la dictadura estaban contados. A lo largo de su mandato, Primo de Rivera se había enemistado con sectores del Ejército, como el Cuerpo de Artillería, por la supresión de la escala cerrada; con un sector de la Iglesia católica, por su pretendido regalismo en materia educativa y por sus conflictos con el clero catalán; con los empresarios y la aristocracia, por su política social; con los sectores catalanistas, por su centralismo, y con los intelectuales y estudiantes universitarios, por su política universitaria.

Las protestas universitarias contra el artículo 53 fueron constantes y estuvieron dirigidas por la Federación Universitaria Española, dirigida por los estudiantes rebeldes Antonio María Sbert y Antolín Casares. Finalmente, algunas entidades beneficiadas, como el Colegio de Agustinos del Escorial, bajo presión, renunció al privilegio. Y progresivamente los rebeldes contaron con la simpatía y el apoyo de catedráticos e intelectuales, como Ramón Menéndez Pidal, Luis Jiménez de Asúa, Fernando de los Ríos, José Ortega y Gasset, Alfonso García Valdecasas y Wenceslao Roces, algunos de los cuales renunciaron a sus cátedras universitarias y cargos académicos. Ante tales presiones, el ministro Callejo decretó la derogación del artículo 53⁶³. Otra gran derrota del régimen.

Por su parte, los partidarios de la monarquía constitucional conspiraron contra la dictadura, recurriendo a los militares. El propio Alfonso XIII fue retirando progresivamente su apoyo al dictador. Sin el apoyo del Ejército y del monarca, sin haber podido crear un auténtico movimiento político, Primo de Rivera no tuvo otra salida que la dimisión, que presentó al rey el 28 de enero de 1930. Desde la vecina Francia, Charles Maurras expresó su decepción ante la escasa capacidad de respuesta de Primo de Rivera y los suyos. A diferencia del fascismo italiano, el régimen español no había pasado de ser «un largo y poderoso gabinete de funcionarios»⁶⁴.

CONSERVADURISMO Y PRIMORRIVERISMO

La dictadura supuso un auténtico desafío al statu quo de la Restauración, aunque no fuese por completo ajena a este. Lo cierto es que buena parte de las élites políticas de la monarquía constitucional fueron marginadas, aunque su actitud no fue unívoca en el desarrollo del régimen.

El retorno de la vieja política y el posibilismo de Cambó

Como sabemos, la Lliga no participó directamente en el pronunciamiento militar de septiembre, pero algunos de sus miembros colaboraron con la dictadura en sus primeros momentos. El propio presidente de la Mancomunidad, Puig i Cadafalch, dio su plena adhesión al manifiesto de Primo de Rivera. La posición de Cambó fue más ambigua. El líder catalanista atribuyó el advenimiento de la dictadura tanto a los fallos de las élites dinásticas como, y sobre todo, a «la demagogia sindicalista». En ese sentido llegó a señalar que el pronunciamiento militar había sido «lo único dulce que hemos podido saborear en un año amargo»⁶⁵. Su alejamiento de la dictadura fue producto de la supresión de la Mancomunidad y de la aprobación del Estatuto Municipal y Provincial, así como del apoyo primorriverista a la Unión Monárquica Nacional.

Ante ese nuevo contexto, la posición del líder catalanista fue la de «ni colaboración ni oposición y mucho menos aún conspiración en apoyo de la vieja política»⁶⁶. Por otra parte, Cambó fue muy crítico con la política económica de la dictadura. Inicialmente apoyó su intervencionismo, pero expresó sus reservas en torno al alcance de este, defendiendo una política deflacionista, sin monopolios estatales y con austeridad impuesta a los trabajadores⁶⁷. Con respecto al anteproyecto constitucional de 1929, el líder catalanista vio la posibilidad de una salida del período de excepción desde el poder sin los riesgos de una ruptura política o de subversión revolucionaria⁶⁸. Igualmente, la Lliga, como partido político, rechazó el retorno sin más a la Constitución de 1876.

A lo largo de la dictadura, Cambó meditó sobre el fenómeno fascista y sobre el significado del auge de los regímenes autoritarios en general. En su opinión, el fascismo italiano era producto de la crisis económica de la posguerra y de las convulsiones revolucionarias por el triunfo del bolchevismo, desafíos a los que el sistema liberal había sido incapaz de dar respuesta. Cambó alababa su «desarrollismo» y sus logros económicos y sociales, pero desconfiaba de los proyectos totalitarios de los sectores más revolucionarios del movimiento. Daba una imagen positiva de Mussolini, al que calificaba de político «idealista» y «patriota», interrogándose al mismo tiempo por el porvenir del fascismo. En este sentido, Cambó manifestaba su deseo de que perdurase, e incluso de que, consolidándose, pudiese servir de «ejemplo» a los pueblos europeos y, sobre todo, a los ibéricos⁶⁹.

No obstante, es preciso dejar claro que el fascismo al que Cambó hace referencia era, en cierta forma, un fascismo respetuoso con el parlamentarismo y no había dado todavía impulso a sus tendencias más totalitarias. En otros libros puede verse en el líder catalanista un cambio de perspectiva, sobre todo en sus referencias concretas a la dictadura española, declarándose partidario de la apertura de un «proceso constituyente» asumido por las élites del sistema, para evitar una ruptura revolucionaria⁷⁰. A este respecto, algunos interpretaron el anteproyecto constitucional de 1929 como una aceptación de los consejos de Cambó por parte del dictador.

Reivindicación de la Restauración

Distinta fue la actitud de los denominados «viejos políticos», auténticos perdedores de la nueva situación política inaugurada en septiembre de 1923, y cuyas bases habían sido destruidas por la presión y las medidas anticaciquiles de la dictadura. Primo de Rivera se había presentado, desde el primer momento, incompatible no tanto con el sistema de la Restauración como con los partidos dinásticos. Sin el apoyo del conjunto de la sociedad civil, soportando las burlas y chanzas no solo del dictador, sino de los intelectuales y del conjunto de la población, se vieron obligados a hacerse a un lado en actitud expectante, siempre que se respetase el texto constitucional de 1876 y confiando en la decisión final del monarca. Sin embargo, a medida que la dictadura comenzaba a perfilarse como «soberana» y que Alfonso XIII parecía identificarse con sus proyectos, se fue haciendo cada vez más ostensible la ruptura con el rey e incluso con la institución monárquica⁷¹.

Próximo a la muerte, Antonio Maura, cada vez más aislado de sus antiguos partidarios, comenzó, tras un período de benevolente expectativa, a distanciarse de Primo de Rivera. A mediados de octubre de 1923 se había entrevistado con el nuevo dictador en casa del duque de Fernán Núñez, recomendándole que siguiera por algún tiempo en el poder y que convocara una Asamblea Consultiva⁷². No obstante, ante el desarrollo de la nueva situación política, y con el maurismo dividido en su colaboración con la dictadura —Ossorio y Gallardo se mantuvo en una posición liberal⁷³, mientras que, como sabemos, Calvo Sotelo y otros mauristas ocupaban puestos de primera línea en el nuevo régimen—, el viejo líder conservador fue empujado a tomar una postura cada vez más adversa a Primo de Rivera. Llegó a considerar que el pronunciamiento había sido «funesto» y que, con el tiempo, abriría el camino, dando por sentado su fracaso político, a la dictadura de las Casas del Pueblo⁷⁴.

En el que fue considerado su testamento político estimaba que la dictadura era una situación «anormal y transitoria», y propugnaba una serie de reformas de carácter político de cara al retorno de la monarquía constitucional, como la elaboración de un censo electoral del que fuesen excluidos quienes demostrasen no merecer su pertenencia a él; el reforzamiento de los poderes del monarca, que tendría en sus manos la capacidad de disolver la porción electiva de las Cortes y podría anular la elección en caso de flagrante corrupción, y la consideración del Senado como Tribunal Constitucional, con una composición parcialmente corporativa y no electiva, mientras que el Congreso tendría en sus manos las cuestiones fiscales y económicas, y sería elegido por sufragio universal⁷⁵.

Antonio Maura falleció inesperadamente el 13 de diciembre de 1925, prácticamente en la misma fecha del óbito de su antagonista político, Pablo Iglesias Posse. Significativamente, las exequias de este fueron multitudinarias, mientras que las del líder conservador se hicieron en estricta intimidad. Con Maura desaparecía toda una etapa de la vida política española, y su herencia sería —y sigue siendo para los historiadores— objeto de controversia.

A la altura de aquel mismo año había comenzado a dibujarse en los restos del Partido Conservador una seria división política. De un lado, el conde de Bugallal y el marqués de Lema continuaban en una postura expectante, mientras que otra tendencia, vinculada a la figura de José Sánchez Guerra, no ocultaba su convicción de que resultaba imposible servir a una monarquía que había prescindido del Parlamento y de la Constitución. No obstante, se mantuvo al margen de la «Sanjuanada», intento de golpe de Estado fácilmente reprimido por Primo de Rivera, por la que el conde de Romanones fue multado con un millón de pesetas⁷⁶.

La formación del Directorio civil y la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva tuvieron como consecuencia la radicalización de los «viejos políticos». En septiembre de 1926, Sánchez Guerra se entrevistó con Alfonso XIII, quien le aconsejó un entendimiento con Primo de Rivera, lo que, como era de esperar, produjo una amarga decepción en el antiguo datista, que consideraba inaceptable cualquier salida política que no fuese el retorno a la Constitución de 1876⁷⁷.

Ante la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva, Sánchez Guerra redactó un manifiesto en defensa del «Parlamento y las libertades públicas», apoyándose en textos de Ríos Rosas, Cánovas y Dato⁷⁸. Sánchez Guerra recibió la adhesión de Villanueva, Bergamín, Burgos y Mazo, el marqués de Lema, el conde de Bugallal, Melquíades Álvarez y el conde de Romanones⁷⁹. El político conservador se exilió poco después en París, y en enero de 1929 apareció unido a los artilleros en un intento de pronunciamiento contra Primo de Rivera⁸⁰.

El centenario del nacimiento de Cánovas del Castillo sirvió a los políticos dinásticos para ejercer la crítica a la labor de la dictadura y demandar nuevamente el retorno a la Constitución de 1876. Joaquín Sánchez de Toca dio, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, una dimensión política inusitada a la conmemoración oficial, pidiendo, ante Alfonso XIII y Primo de Rivera, el retorno a la «normalidad constitucional». Primo de Rivera, en su contestación, dio su propia interpretación de Cánovas, cuyo talento político había consistido «en saber cambiar de pensamiento cuando así lo requería el interés del país»⁸¹.

Por su parte, el conde de Bugallal disertó en el Ateneo sobre las ideas fundamentales de la política canovista, finalizando su discurso con una nada velada amenaza hacia Alfonso XIII: si se violaba la Constitución de 1876, la existencia del rey y de la propia monarquía «dependerá, legítimamente, de la voluntad popular»⁸². José María Pemán contestaría a Bugallal, recordándole la vertiente tradicionalista del ideario canovista y su justificación de los estados de excepción frente al peligro revolucionario: «Yo creo que interesa más a la nación conocer lo que honda y honradamente pensaron sus mejores hombres, conductores del pensamiento nacional, que no conocer sus evoluciones oportunistas, ante necesidades tácticas de la política diaria»⁸³.

A la altura de 1925, el conde de Romanones había escrito una apasionada reivindicación del régimen de la Restauración, Las responsabilidades del Antiguo Régimen, en la que destacaba, en respuesta a las críticas primorriveristas, los progresos sociales, económicos y culturales experimentados por la sociedad española bajo su égida. Por el contrario, la dictadura aparecía como un régimen «sin opinión pública» y, por tanto, «sin eficacia». Se trataba de un «despotismo más o menos ilustrado»⁸⁴. Más crítico fue el contenido de Bosquejo histórico de la dictadura, obra de Gabriel Maura Gamazo, escrita en 1930, tras la caída de Primo de Rivera.

A pesar de su importante participación, junto a Goicoechea, en el orto del proyecto constitucional de 1929, Maura no dudó en burlarse de la Unión Patriótica, a la que calificaba de «masa gregaria coreadora del dictador». Como Romanones, contemplaba el régimen dictatorial como una regresión al «despotismo ilustrado», de lo que era reflejo el intento de articulación ideológica de la Unión Patriótica protagonizado por José María Pemán, producto de su «privilegiada fantasía política». Entre no pocos aciertos, el primogénito de Antonio Maura ponía el dedo en la llaga al enfatizar los errores de Primo de Rivera en sus relaciones con el Ejército⁸⁵.

Víctima de sus contradicciones, caía la dictadura y sonaba de nuevo la hora de los «viejos políticos».

LA «DICTABLANDA»: RESURRECCIÓN Y OCASO DEL CONSERVADURISMO LIBERAL

La caída de la dictadura dejó claro no solo las dificultades de continuidad del sistema de la Restauración, sino que, además, puso a prueba las posibilidades históricas del conservadurismo liberal, que pareció disponer de una nueva oportunidad para renovarse. Sin embargo, la sustitución de la dictadura por algo tan incierto que solo pudo designarse como un chiste —la «dictablanda»— fue el reflejo de la inercia de las élites políticas conservadoras y liberales.

El ocaso de los partidos dinásticos

Los partidos dinásticos se habían hundido, al ser destruido por la dictadura el sistema caciquil, y el régimen se encontraba sin organizaciones que asegurasen su funcionamiento. Las viejas maquinarias habían perdido su influencia e incluso su utilidad. Enmohecidas y desgarradas por sus rivalidades personales y políticas, no representaban ya a ninguna fuerza significativa de la sociedad española.

El Gobierno que sucedió a la Dictadura, presidido por el general palatino Dámaso Berenguer Fusté, reclutó sus ministros en los círculos más conservadores, aunque con el marchamo de una leve oposición y persecución por parte del primorriverismo. Sus pilares fueron el duque de Alba, Manuel Argüelles, Leopoldo Matos, Pedro Sangro Ros de Olano, el almirante Carvia y Julio Wais. Su programa no supuso —ni en el ámbito económico ni en el político— el menor intento de innovación. El propio Berenguer no ocultó su propósito de reconstruir el entramado caciquil y los partidos dinásticos⁸⁶.

Sin embargo, la unidad en el campo monárquico era ya inexistente. La estrecha colaboración del monarca con Primo de Rivera supuso la ruptura con la institución o, al menos, con la persona de Alfonso XIII de algunos políticos dinásticos. En primera línea de aquella posición se encontraba Sánchez Guerra, aureolado ahora por su inveterada oposición a la dictadura. Su discurso en el Teatro de la Zarzuela, pronunciado el 27 de febrero, puede considerarse como el canto del cisne de toda una tradición política. Allí, el viejo líder conservador expresó su nostalgia de los tiempos de la Restauración y clamó, empleando los conocidos versos del duque de Rivas, «no más servir a señores que en gusanos se convierten», su incompatibilidad con Alfonso XIII, a cuyo «impulso soberano» atribuyó el pronunciamiento militar de septiembre de 1923. Pidió «elecciones constituyentes» y, por último, manifestó no ser republicano, pero reconocía que «España tiene derecho a serlo, si quiere»⁸⁷.

El discurso de Sánchez Guerra, que tuvo gran repercusión en la opinión pública, no fue más que el comienzo de un permanente desfile de antiguos dinásticos agraviados por la actitud del rey a lo largo de la dictadura. Sánchez Guerra volvió pronto al redil monárquico, pero esa no fue la regla general. El primer monárquico que se declaró públicamente republicano fue Miguel Maura, en una conferencia en San Sebastián a mediados de febrero⁸⁸. Y lo mismo hizo dos meses después Niceto Alcalá-Zamora, quien prometió en Valencia, invocando la figura de Adolf Thiers, una república conservadora, bajo el patronato de san Vicente Ferrer, donde la Iglesia católica tendría un papel de primer orden, con «el cardenal de Toledo a la cabeza» de un futuro Senado⁸⁹. En su opinión, la monarquía española había sido incapaz de adaptarse a las nuevas tendencias democráticas, y lo mismo podía decirse de la actitud de las clases conservadoras, «no admitiendo siquiera en su intransigencia aquel avance de justicia social»⁹⁰.

Poco después, Alcalá-Zamora y Maura crearon la Derecha Liberal Republicana en una reunión celebrada en el domicilio madrileño del político cordobés. El 14 de julio salió a la luz un manifiesto, firmado por Alcalá-Zamora, Maura, Luis Recasens Siches, Rafael Sánchez Guerra, Luis Casuso, José Centeno, Manuel Ossorio Florit, Miguel Pastor Orozco, Manuel García Rodrigo y otros, donde se definía el proyecto político del nuevo partido republicano: República, equilibrio de poderes, libertad religiosa, reforma militar, autonomías regionales, etcétera⁹¹.

Por su parte, el antiguo datista Manuel Burgos y Mazo pidió Cortes Constituyentes y la abdicación de Alfonso XIII en el príncipe de Asturias⁹², mientras que Ángel Ossorio y Gallardo se autodefinió como «monárquico sin rey», propugnando igualmente la abdicación de Alfonso XIII por haber gobernado como un «monarca absoluto»⁹³.

La petición de Cortes Constituyentes fue rechazada por el conde de Romanones y el conde de Bugallal. Sin embargo, la incorporación de Alcalá-Zamora y Maura al republicanismo y la actitud crítica de los denominados «constitucionalistas» contribuyeron a una mayor deslegitimación del régimen monárquico.

Mientras tanto, los primorriveristas consiguieron aglutinarse en un nuevo partido, la Unión Monárquica Nacional. La idea había sido iniciativa del marqués de Quintanar, quien, en una carta a Primo de Rivera, a la sazón exiliado en París, hacía referencia a la constitución de un nuevo partido político, defensor de la unidad nacional y de la sociedad tradicional agraria⁹⁴. Ya muy enfermo, Primo de Rivera declinó el ofrecimiento de la dirección del nuevo partido y propuso al conde de Guadalhorce.

Primo de Rivera falleció el 16 de marzo en la capital francesa. Trasladados sus restos mortales primero a Madrid y luego a Jerez de la Frontera, Maeztu señaló, comentando las exequias, que el problema que se planteaba la sociedad española era la búsqueda de «otro salvador»⁹⁵. Y un mes después sus partidarios publicaron un manifiesto donde se resaltaba la adhesión a la obra y a la figura de Primo de Rivera, en lo que tenía de «sustancial» y «permanente». Se hacía una declaración tajante de monarquismo, de «legalismo» y de «constitucionalismo», aunque se propugnaba el robustecimiento del poder ejecutivo «sin merma de las prerrogativas y funciones de las Cortes con el rey». El manifiesto iba firmado por importantes figuras del mundo aristocrático, agrario y financiero, y por políticos e intelectuales adscritos anteriormente a la Unión Patriótica, como Calvo Sotelo, Vicente Gay, Maeztu, Pemán, Ibáñez Martín, y el hijo del fallecido dictador, José Antonio Primo de Rivera⁹⁶. Sin embargo, la Unión Monárquica Nacional no consiguió aglutinar al conjunto de los antiguos partidarios del dictador. Eduardo Aunós fundó el Partido Laborista Nacional, cuyo programa se hizo público el 11 de abril, con un manifiesto en el que se insistía en la construcción de un Estado corporativo, en los planos social y político, siguiendo las directrices social-católicas⁹⁷.

Poco después hacía su aparición el Partido Nacionalista Español, acaudillado por el doctor José María Albiñana Sanz, antiguo masón y liberal dinástico. En esta formación han creído ver algunos politólogos la primera expresión del fascismo español⁹⁸. Sin embargo, poco había en el programa y en los endebles escritos de su fundador y guía que avalen dicha opinión. En realidad, la supuesta tendencia fascistizante de Albiñana y los suyos incide más en el campo de la anécdota que en los síntomas históricos de envergadura⁹⁹. El 13 de abril, Albiñana lanzó un manifiesto-programa consistente en una amalgama de liberalismo y tradicionalismo. Constaba de veintidós puntos en los que se propugnaba, entre otras cosas, la defensa de la unidad nacional, el respeto al catolicismo, la monarquía constitucional y parlamentaria, facultades extraordinarias para el poder ejecutivo, mantenimiento «riguroso» del orden social, nacionalismo y proteccionismo económico¹⁰⁰. La característica más llamativa del Partido Nacionalista Español fue el recurso a la violencia, pero ello no fue ni original ni único.

Al lado de estos embriones de partido aparecieron, dentro del fragmentado campo monárquico, otras facciones de menor entidad, como Reacción Ciudadana, fundada en septiembre por un conjunto de aristócratas¹⁰¹, y la Juventud Monárquica Independiente, cuya dirección recayó en el joven integrista, admirador de Maurras, Eugenio Vegas Latapié, quien pretendió convertir aquella agrupación en algo semejante a los célebres Camelots du Roi de L’Act ion Française. Sus miembros, procedentes en su mayoría de la aristocracia y alta burguesía, intervinieron, bajo la dirección de Vegas, en algaradas callejeras contra sus enemigos de la Federación Universitaria Española; publicaron manifiestos contra las actividades políticas en el Ateneo, y organizaron conferencias en su sede, donde intervinieron Rafael Sánchez Mazas y Ramiro de Maeztu¹⁰².

Mientras tanto, las fuerzas republicanas consiguieron en agosto construir una plataforma unitaria con vistas al cambio de régimen. Las figuras de Miguel Maura y Alcalá-Zamora daban legitimidad conservadora a un republicanismo hasta entonces asociado a las izquierdas. El denominado «Pacto de San Sebastián» reunió a las diversas fuerzas republicanas al lado de nacionalistas de izquierdas y al sector reformista del PSOE. El republicanismo se vio reforzado, además, por la adhesión de un importante sector intelectual, con Ortega y Gasset al frente, quien el 15 de noviembre publicó en El Sol su célebre artículo «El error Berenguer», donde estigmatizaba al régimen de la Restauración como un sistema político caduco y agotado, incapaz de renovarse, como lo demostraba la actitud del Gobierno a la hora de pretender volver a los usos de la vieja política. El artículo finalizaba con el famoso «Delenda est Monarchia»¹⁰³. Le contestó, sin demasiada convicción, Gabriel Maura, en ABC, enfatizando las virtudes del jefe de Gobierno¹⁰⁴.

Sin embargo, a lo largo de aquellos meses, las fuerzas republicanas demostraron una gran inmadurez política y una notable ausencia de coordinación, como se demostró en el desarrollo y la mala organización del golpe de Estado, que, con un sector del Ejército, intentaron llevar a cabo y que culminó en las sublevaciones de Jaca y Cuatro Vientos, fácilmente reprimidas por el Gobierno. Sus más directos promotores, Fermín Galán y Ángel García Hernández, fueron rápidamente pasados por las armas, lo que los convirtió en mártires de la causa republicana¹⁰⁵. Detenidos los líderes, su enjuiciamiento fue transformado meses después en una plétora de acusaciones contra el Gobierno e incluso contra el régimen. Finalmente, su resultado fue, en la práctica, la absolución de los dirigentes republicanos y un mayor descrédito para la monarquía¹⁰⁶.

El 14 de febrero de 1931 caía el Gobierno Berenguer. La crisis surgió por el problema de las elecciones que el conde de Xauen pensaba convocar a diputados, en vez de precederlas de las municipales y las provinciales, como era habitual. Ante la crisis, Alfonso XIII se dirigió al antiguo liberal Santiago Alba, exiliado en París, que se negó a participar en un nuevo Gobierno, y luego a Sánchez Guerra y a Melquíades Álvarez, que fracasaron en sus gestiones. Finalmente se formó un Gobierno de concentración monárquica que excluyó a los primorriveristas, bajo la jefatura del almirante Juan Bautista Aznar¹⁰⁷, en el que aparecían las figuras de Gabriel Maura, Romanones, el marqués de Hoyos, el marqués de Alhucemas, el conde de Xauen, el almirante José Rivera, el catalanista Juan Ventosa, José Gascón y Marín, Juan de la Cierva y el conde de Bugallal.

Por otra parte, tras una reunión en el hotel Ritz se intentó forjar una nueva operación política para apuntalar la monarquía. Apareció entonces el llamado Centro Constitucional, mediante la alianza de la Lliga con los restos de los conservadores mauristas agrupados en torno a Gabriel Maura, Antonio Goicoechea, Montes Jovellar y César Silió. Su objetivo era la creación de un nuevo bipartidismo, compuesto por un partido conservador y un partido liberal renovados¹⁰⁸. El proyecto de Centro Constitucional era consecuencia de la nueva estrategia política diseñada por Cambó en su libro Por la concordia, en cuyas páginas analizaba el «problema hispánico», proponiendo una solución negociada.

Cambó remontaba «el hecho diferencial» a la época de Carlos V, recurriendo a factores como la lengua, y aduciendo que las políticas de asimilación siempre habían fracasado. Sin embargo, la realidad hispánica era igualmente irreversible, por lo que resultaba necesario buscar la confluencia. En este sentido, criticaba tanto el separatismo como «las virulencias asimilistas», y valoraba positivamente la función de la monarquía como vínculo unitario de pueblos diversos. El líder catalanista consideraba anacrónica la Constitución de 1876, por lo que debía abrirse un proceso constituyente bajo la dirección de un Gobierno fuerte y con un proceso ordenado de «normalización». Complementariamente, era necesario un nuevo ideal vertebrador, el iberismo, mediante una solución federativa con Portugal¹⁰⁹.

El proyecto de Cambó fue muy criticado en Cataluña, donde Jaume Bofill, líder de Acció Catalana, le acusó de querer apuntalar la monarquía, cuando la única solución al problema catalán era una república de carácter federal¹¹⁰.

En cualquier caso, ese proyecto no llegó a fructificar, en parte por la rápida sucesión de acontecimientos y en parte también por la enfermedad del líder catalanista, un cáncer de garganta, que le hizo apartarse momentáneamente de la política activa.

La conquista del espacio público y la revolución republicana

El Gobierno Aznar convocó, de acuerdo con su programa, la primera fase del proceso electoral el 12 de abril. En teoría, ni las elecciones municipales tenían el menor alcance plebiscitario sobre el sistema político, ni la legislación en virtud de la cual se convocaban dejaban el menor resquicio para ello. Sin embargo, la percepción social y política del significado último de aquellos comicios era muy distinta. El Debate anunciaba un día antes de las elecciones que, en el fondo, lo que se dilucidaba era la continuidad del orden político y social vigente¹¹¹.

A la hora de las elecciones, los sectores monárquicos se presentaron, al menos en algunas provincias, divididos. Liberales y conservadores se negaron a ir juntos con los primorriveristas en algunas circunscripciones, y la nobleza persistía en su habitual apatía situacional. El duque de Almenara Alta, nuevo líder de Acción Nobiliaria, denunciaba en la prensa «su inclinación a la pereza, a la flojera y a la comodidad»¹¹². Días después, la organización, que propugnaba la unidad efectiva de todas las derechas, publicaba un manifiesto incitando a los sectores nobiliarios a participar en las elecciones para la defensa del orden social y político¹¹³.

Los carlistas e integristas hicieron campaña contra los republicanos, lo que no significaba, desde su perspectiva, apoyo alguno al orden liberal, ya que el conflicto se había configurado en torno a los polos de revolución y contrarrevolución¹¹⁴.

La campaña de las derechas monárquicas puso de manifiesto, en su contenido, la escasa influencia del liberalismo en la configuración ideológica de las clases conservadoras. Más que en defensa del orden constitucional liberal, la campaña hizo hincapié en los valores tradicionales: religión, monarquía, Ejército, orden, trabajo, derecho y justicia. La voz cantante la llevaron los antiguos primorriveristas, mauristas y social-católicos. Ni Romanones, ni Bugallal, ni ninguno de los representantes de la vieja política parecían tener nada que decir. Ramiro de Maeztu profetizó una «horrorosa guerra civil», mientras que Goicoechea, Guadalhorce, el conde de Limpias y el social-católico Dimas de Madariaga atacaron a los intelectuales y apelaron al instinto conservador de las clases medias, de obreros y de católicos frente a las calamidades de la revolución¹¹⁵.

El resultado no pudo ser más desalentador para el conjunto de las derechas y, por ende, para la monarquía. Las candidaturas monárquicas consiguieron, de hecho, un mayor número de concejales en las zonas rurales, pero en las ciudades el triunfo de los republicanos fue rotundo. No existía ningún motivo legal para que Alfonso XIII renunciara al trono, aunque tampoco resultaba dudoso que la opinión más numerosa anunciaba, al término del proceso electoral, una decisión difícilmente compatible con la supervivencia de la monarquía, que corría el riesgo de enfrentarse a una votación favorable a la República en las próximas elecciones constituyentes. Tampoco era discutible la distinta representatividad de las ciudades, dadas las mayores facilidades que los pequeños distritos ofrecían a la influencia de los caciques.

La moral de la derrota apareció entre los representantes del mundo monárquico. No era posible ya el mantenimiento del trono apelando una vez más a la fuerza de las armas. Alfonso XIII se quedó prácticamente solo, y no fue él quien se entregó, sino sus ministros y las fuerzas que ellos representaban. Solo Juan de la Cierva era partidario de la resistencia, incluso apelando al Ejército. Sin embargo, las fuerzas de orden público pronto se pasaron a los republicanos. El general José Sanjurjo, en nombre de la Guardia Civil, fue a ofrecerse al Comité Revolucionario, mientras el monarca se encontraba todavía en Palacio.

La escasa capacidad de reacción de los políticos monárquicos contrastó con la decisión de los republicanos, que de inmediato se movilizaron en las principales ciudades en defensa de su victoria electoral, lo que determinó su transformación en una auténtica y aplastante victoria política¹¹⁶. Todo ello incidió decisivamente en el ánimo de Alfonso XIII y su Gobierno, quien dio a luz una proclama «Al País», redactada por Gabriel Maura, en la que se decía: «Las elecciones celebradas el domingo me revelan que no tengo el amor de mi pueblo»¹¹⁷.

De esta forma, la Segunda República se constituyó para llenar el vacío provocado por el exilio de Alfonso XIII al dejar el poder. No se trató, pues, de una «transición», como a veces se ha sostenido, sino de una auténtica ruptura política, de una revolución. La democracia republicana vino de golpe, no como producto de una lenta evolución¹¹⁸. Y como una revolución fue percibida por el conjunto de las derechas, que, como tendremos oportunidad de ver, obraron en consecuencia. Como diría el conservador liberal Gabriel Maura, para quien el advenimiento de la Segunda República significaba el triunfo del socialismo:

España debe contemplar cara a cara esta realidad, que es tan obra suya como la República. Dueños los socialistas de los resortes del mando, no será nunca factible a las clases burguesas resistir dentro de la ley a cuanto en virtud de ella se le ordene; es decir, a cuanto voten las Cortes, más o menos erigidas en Convención, y sea o no razonable y justo.

Por ello, el primogénito de Antonio Maura presagiaba para España una espantosa «guerra civil»¹¹⁹.

QUINTA PARTE

APOCALIPSIS REPUBLICANO

13

EL RETO REPUBLICANO Y EL TRIUNFO DE LA TEOLOGÍA POLÍTICA

UN INTENTO DE «REVOLUCIÓN LEGAL»

Dada la constelación de fuerzas políticas y sociales que propiciaron su advenimiento, la Segunda República nació escorada hacia la izquierda y, por tanto, con un claro afán de ruptura social y política. Por vez primera en sesenta años el republicanismo de izquierda y el socialismo ocupaban importantes parcelas de poder político. No obstante, pese a la facilidad aparente de su triunfo, las izquierdas españolas se hallaban divididas en sus proyectos políticos y sociales. Las dos grandes tendencias del movimiento obrero, socialistas y anarquistas, tenían ideas muy distintas sobre la naturaleza del proceso sociopolítico que se abrió paso en abril de 1931. Incluso en el propio PSOE existió una clara división entre reformistas y revolucionarios, como pudo verse a partir de 1933 y, sobre todo, en el desarrollo de la insurrección de octubre de 1934. Los anarquistas, por su parte, negaron cualquier tipo de colaboración a las nuevas instituciones y propugnaron la insurrección permanente y la revolución social.

La izquierda republicana adolecía no solo de una muy escasa base social, sino de una profunda ambigüedad ideológica: demoliberal y jacobina a un tiempo. Basta con leer los discursos o las memorias de Manuel Azaña, el principal ideólogo republicano de izquierdas, para contemplar lo que significa no solo operar en abstracto, sin contar seriamente con el conjunto de los condicionamientos en que se hallaba inserto el presente y soslayando las tensiones de todo tipo que necesariamente despertaba su proyecto político, sino con una concepción cerrada del régimen republicano como un ente intangible cuyos adversarios y enemigos debían quedar marginados de la vida pública¹. Leemos los discursos y escritos de Azaña y advertimos el olvido o la ignorancia de la fuerza social y política del catolicismo y del conjunto de las derechas —carlismo incluido—, y falta incluso una mención o intento de análisis del fascismo europeo. En el fondo, Azaña fue un racionalista político típico, un «constructivista». En su pensamiento, la Segunda República se configuraría como un régimen de pluralismo restringido. La «izquierda» del régimen estaría representada por el sector reformista del PSOE; el «centro», por su partido, Acción Republicana, y la «derecha», por el Partido Radical de Alejandro Lerroux². Ni la derecha católica, ni los monárquicos, ni los agrarios, ni los republicanos conservadores de Alcalá-Zamora o de Miguel Maura tenían nada que hacer en el modelo de República diseñado por Azaña y los suyos.

Y es que Azaña había negado en algunos de sus escritos la existencia de una auténtica revolución liberal en la España del siglo XIX. Los moderados habían sido los autores del pacto del liberalismo con los poderes tradicionales, «con la nobleza, más aún, con la dinastía. Transigieron con la Iglesia, […] y en apoyo del Estado, nacido de la Revolución, llamaron a las potestades en cuyo menoscabo la Revolución se había hecho». El precio de aquellas transacciones fue nada menos que «la libertad de conciencia, lo más valioso del principio liberal»³, y, como consecuencia, el liberalismo tenía que ser revolucionario.

El nuevo régimen nació de una clara voluntad de ruptura con el pasado más inmediato. El socialista Luis Jiménez de Asúa lanzó la siguiente proclama: «Si la República no hubiera venido para mudarlo todo, no merecería la pena haberla traído»⁴. No en vano, Luis Araquistáin, uno de los intelectuales del socialismo radical, definió el nuevo régimen como fruto de un proyecto de «revolución legal»⁵, es decir, con ayuda y no con la resistencia del poder estatal⁶. No resulta anecdótico que el nuevo régimen, a diferencia de otras repúblicas, aboliera los títulos nobiliarios. El Gobierno provisional hizo público un decreto por el que no se reconocían los títulos nobiliarios y no se podían utilizar en documentos públicos⁷, una medida que fue muy bien recibida por los socialistas⁸. Posteriormente, en el texto constitucional de 1931 se declaraba, en su artículo 25: «El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios».

La Segunda República supuso un serio intento de transformación de la sociedad y del Estado. Sentó los principios de igualdad ante la ley, el laicismo, la autonomía regional y reforma social y económica, aunque en muchos casos los intentos fueron puramente voluntaristas, dada la escasa base social, la división de las izquierdas o la precariedad del aparato estatal. Los grandes temas se convirtieron pronto en graves problemas generadores de conflictos. Así ocurrió con las relaciones Iglesia/Estado, ya que los proyectos secularizadores desembocaron en una clara ofensiva anticlerical, y lo mismo puede decirse de los intentos de reforma agraria o de descentralización estatal.

Todos estos proyectos de reforma, asumidos en el texto constitucional de 1931, provocaron, a derecha e izquierda, y desde el principio, grandes tensiones políticas y sociales, creando profundos resentimientos en los grupos de interés afectados que luego se extendieron al conjunto de la sociedad. Los dirigentes republicanos fueron incapaces de lograr un consenso básico en la mayoría de la población. De ahí que un analista político tan agudo como Guglielmo Ferrero afirmara en su célebre obra El poder que la Segunda República española se configuró, a lo largo de su precaria existencia, como un régimen político «prelegítimo»⁹. Y es que, en el fondo, como señaló Stanley Payne, la española era una sociedad que había experimentado en los últimos años un proceso de modernización económica y social que generó un conjunto de expectativas que el nuevo régimen iba a ser incapaz de satisfacer, lo que provocó profundas decepciones en amplias capas de la población, sobre todo en las clases trabajadoras¹⁰.

En consecuencia, la Segunda República se configuró como el reto más serio con el que tuvo que enfrentarse el conjunto de las derechas españolas, unas derechas —al menos en un primer momento— desbordadas por los acontecimientos, desorganizadas y, sobre todo, adversas a las nuevas realidades que se abrían paso. No obstante, las derechas, o, mejor dicho, un importante sector de estas, fueron capaces de adaptarse con rapidez a las nuevas circunstancias. El hecho de que la República acelerara el proceso de democratización y de socialización de la vida nacional impuso la configuración de nuevos partidos de masas, con afiliaciones amplias y estructuras articuladas. Ya no existía espacio para los viejos partidos de notables. Ahora, si se quería tener éxito, había que conseguir una implantación real en el conjunto del país. A este reto dio cumplida respuesta la derecha católica seguidora de las encíclicas papales y del pensamiento social católico. Ni la nueva derecha republicana ni los contrarrevolucionarios carlistas y alfonsinos fueron capaces de articular un partido de masas moderno, aunque, por la fuerza de la situación, hubieron de movilizarse.

En este sentido, uno de los grandes hándicaps del período fue la ausencia de una auténtica derecha republicana que aceptase sin reticencias el nuevo marco político, aunque es preciso reconocer, como ya hemos señalado, que se lo pusieron bastante difícil. Como denunció Ramiro de Maeztu, el nuevo régimen no tuvo, a diferencia de la III República francesa, su León Gambetta¹¹. Pudo haberlo sido Alejandro Lerroux, pero sus insuficiencias como líder político y la corrupción estructural de su partido lo impidieron¹². Del pasado no podía prescindirse mediante el sistema de borrón y cuenta nueva; tampoco de los sentimientos e intereses de las clases conservadoras.

Pero un régimen como el republicano podía y debía ser criticado desde una genuina continuidad propia de un auténtico dynamic conservatism. Sin embargo, el pensamiento liberal conservador fue incapaz de renovarse, y quien podía haber ejercido esa labor renovadora, como José Ortega y Gasset, rápidamente se desentendió de la vida política. La debilidad de la derecha republicana pronto se puso de manifiesto tanto a nivel ideológico como social y político. Y la derecha católica hegemónica nunca llegó a aceptar el nuevo régimen, como tampoco aceptó los componentes básicos de la cultura política liberal y democrática.

Esta actitud antiliberal fue igualmente hija de su tiempo. El advenimiento del fascismo a Italia y luego del nacional-socialismo a Alemania, unido a la profunda crisis de la democracia liberal y la indudable amenaza comunista, contribuyeron decisivamente a ello. Sin embargo, como tendremos oportunidad de ver, más que una influencia directa, el fascismo influyó en las derechas españolas en el sentido de fomentar la radicalización de su perspectiva católica antiliberal, teológico-política. Y es que, en aquellos momentos, parecía posible ser, a la vez, antiliberal y moderno.

EL FRACASO DE LA DERECHA REPUBLICANA

Tras el cambio de régimen, los partidos dinásticos y los demás grupúsculos que desde la caída de la dictadura de Primo de Rivera habían intentado reconstruir las fuerzas monárquicas desaparecieron por completo. En el campo monárquico, lo mismo que en el mundo aristocrático, la desbandada fue general. La emigración monárquica tuvo su centro en Francia (el conde de Bugallal, Cambó, Ventosa o el filósofo Eugenio D’Ors marcharon a París), aunque igualmente hubo monárquicos que, como el duque de Alba, huyeron a Gran Bretaña, y otros, como José Calvo Sotelo, que pasaron a Portugal.

La caída de la monarquía constituyó, como dijo José María Gil Robles, una «amarga sorpresa» para Ángel Herrera y los propagandistas católicos, que fueron incapaces de prever el resultado electoral¹³. No obstante, consideraron que era preciso respetar el hecho consumado de la caída del viejo régimen¹⁴. La Época, bajo la dirección de Mariano Marfil, propugnó igualmente el acatamiento a la República y la organización de «un gran partido conservador democrático»¹⁵. No fue de la misma opinión ABC, quien no recató su fidelidad a la monarquía caída: «La monarquía es el signo de todo cuanto defendemos, es la Historia de España»¹⁶. Poco después salió a la luz pública un manifiesto del pretendiente carlista don Jaime en el que se instaba a los tradicionalistas a organizarse en un solo partido que fuese «federativo, anticomunista, defensor de la grandeza de la Patria, intensamente progresista, amigo de las reformas sociales, que colocará a la Iglesia y al Ejército en el lugar que les corresponde»¹⁷.

Republicanos de orden y progresistas

En aquellos momentos, las expectativas de la nueva derecha republicana —con las derechas tradicionales desorganizadas y en dispersión— parecían inmejorables. La Derecha Liberal Republicana, dirigida por Alcalá-Zamora y Miguel Maura, tuvo una importante participación en el Gobierno provisional. Alcalá-Zamora ocupó la Presidencia, y Maura la cartera de Gobernación. Rafael Sánchez Guerra fue nombrado secretario de la Presidencia; Luis Recasens Siches, director gerente de Administración Local, y Manuel Ossorio Florit, subsecretario de Gobernación.

Sin embargo, la actuación de Maura al frente de Gobernación fue enormemente conflictiva y contribuyó a la devaluación de su capital político. Bajo su mandato, se creó la Guardia de Asalto, como un intento de organizar un cuerpo policial leal a la República. Sin embargo, no fue este el principal evento de su mandato. No tardó Maura en entrar en conflicto con los anarquistas de la CNT, que en su congreso de junio de 1931 habían acordado permanecer en guerra constante con el Estado. En su conflicto con el sindicato anarquista, Maura intentó dejar claro que la República iba a ser capaz de mantener el orden público y social, ofreciendo pruebas tangibles a las clases conservadoras de que sus derechos e intereses serían defendidos¹⁸. Prueba de ello fue la forma en que fue liquidado el conflicto de Casa Cornelio en Sevilla, almacén donde un comando anarquista se hizo fuerte, siendo bombardeado por un destacamento militar tras una violenta huelga general contra la cual el ministro de Gobernación había decretado el estado de guerra.

Sin embargo, aunque pueda parecer paradójico, el hijo del líder conservador tuvo choques de mucha mayor transcendencia tanto con los monárquicos como con la Iglesia católica. Y es que Maura suspendió algunos ayuntamientos monárquicos salidos de las elecciones municipales, lo que levantó una fuerte protesta en la prensa conservadora. Igualmente, expulsó del territorio español al obispo Mateo Múgica —notorio integrista— al haberse negado a cancelar una visita pastoral a Bilbao, que se temía pudiera provocar violentos choques entre carlistas, nacionalistas vascos y las izquierdas¹⁹.

Mayor transcendencia tuvo la tristemente célebre quema de conventos, cuyo desarrollo es hoy relativamente conocido. En mayo, Juan Ignacio Luca de Tena, director de ABC, se entrevistó con el exiliado Alfonso XIII en Londres, quien aconsejó a sus partidarios actuar dentro de la legalidad²⁰. A su regreso fundó una sociedad denominada Círculo Monárquico Independiente, cuyo propósito era aglutinar a todos los partidarios de la dinastía caída. Luca de Tena consiguió autorización para celebrar una junta el 10 de mayo. Y, celebrada la reunión, a la que asistieron unas trescientas personas, se escuchó la Marcha Real en un disco, y los monárquicos más arriscados salieron a la calle dando «vivas» a la monarquía y al rey.

Esto produjo serios incidentes que, al final, adquirieron todas las características de un motín popular. Varios centenares de personas se dirigieron al edificio de ABC con intención de asaltarlo. Maura envió a la Guardia Civil para proteger los locales y en la reyerta murieron dos personas por disparos de la Policía, e incluso se acusó a Luca de Tena de haber asesinado a un taxista²¹. Estos hechos, a su vez, provocaron manifestaciones de indignación y, al día siguiente, tuvo lugar una serie de incendios de iglesias y conventos en Madrid que luego se extendieron a otras ciudades. La fuerza pública no intervino, aunque patrulló las calles, lo que fue percibido como una muestra de complicidad tácita por parte de un Gobierno compuesto en su mayoría por notorios anticlericales. El Debate calificó los hechos de «bochorno afrentosísimo», que mantenía a Maura alejado de «lo más sano de la opinión española»²². El ministro de la Gobernación estuvo a punto de dimitir, y no solo por aquellas críticas, sino por la actitud de los sectores izquierdistas gubernamentales. No lo hizo por la intervención del nuncio Tedeschini, de Ossorio y Gallardo y de Alcalá-Zamora²³.

No acabaron aquí las cuitas de Maura. Puede haber pocas dudas de que la quema de conventos hizo un gran servicio histórico a los enemigos del nuevo régimen, que vieron en aquellos hechos, como dijo Ramiro de Maeztu, la confirmación de sus temores y vaticinios²⁴. La Iglesia católica había recibido el advenimiento del nuevo régimen de una forma cuando menos temerosa y reticente. En realidad, no era para menos, ya que el republicanismo español, al igual que el conjunto de las izquierdas, era profundamente anticlerical.

Sin embargo, del seno del catolicismo español surgieron, como respuesta al reto, dos posturas y estrategias contrapuestas. Mientras el nuncio Tedeschini y el cardenal Vidal y Barraquer dieron instrucciones a los obispos sobre la debida obediencia a las nuevas autoridades, el obispo de Tarazona, Isidro Gomá, y el primado, Pedro Segura, no hicieron el menor gesto en ese sentido. El caso del segundo fue paradigmático. Campeón de la intransigencia doctrinal, Segura, cuya única lectura era El Siglo Futuro, se encontraba profundamente ligado a la familia real, por lo que el advenimiento de la República fue especialmente desasosegador para él. Su pastoral del 1 de mayo resultó un auténtico panegírico de la monarquía y de la figura de Alfonso XIII²⁵, lo que causó una pésima impresión en el Gobierno y en los sectores republicanos. Poco después, tras un viaje a Roma, Segura fue expulsado del país, bajo la sospecha de que pretendía llevarse al extranjero, clandestinamente, una serie de objetos religiosos²⁶. Antes de tomar aquella decisión, Maura se aseguró la tolerancia de Tedeschini, quien le garantizó que no provocaría una ruptura entre el Estado español y el Vaticano.

Mientras tanto, la derecha católica intentaba organizarse. A dos semanas de la proclamación de la Segunda República, se constituyó Acción Nacional, y el 7 de mayo se hizo público su primer manifiesto bajo el lema tradicional de «Religión, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad». En esos momentos, Acción Nacional no se definió como partido político, sino como una «organización de defensa social» que se proponía actuar en la vida pública dentro del sistema político establecido «de hecho», para defender «instituciones y principios no esencialmente ligados a una forma de gobierno, sino fundamentales y básicos en cualquier sociedad que no viva de espaldas a veinte siglos de civilización cristiana»²⁷. El manifiesto, cuyo principal redactor fue Antonio Goicoechea, sirvió de pórtico doctrinal a la organización, cuya cabeza visible era Ángel Herrera.

El 24 de mayo apareció igualmente un nuevo partido republicano conservador, el Liberal-Demócrata, heredero del Partido Reformista, cuyo principal líder era Melquíades Álvarez. La formación se fundó en un banquete celebrado en el hotel Palace de Madrid, al que asistieron mil quinientas personas. El acto fue presidido por antiguas figuras del reformismo, como Álvarez Valdés, Filiberto Villalobos, Zulueta, Posada, Hoyos Sainz, José Manuel Pedregal y el propio Melquíades Álvarez. En los discursos, Pedregal señaló que el viejo reformismo se incorporaba a la República, «que siempre fue su ideal». Por su parte, Álvarez, que no pudo finalizar su intervención por sufrir un desvanecimiento, se encargó de exponer el programa de los liberal-demócratas: «orden y libertad», «conservación y progresos sociales», «culto a la soberanía popular como fuente de todos los poderes», «libertad de conciencia y de sindicación», Concordato con la Santa Sede, unidad nacional y descentralización²⁸.

El Partido Republicano Liberal-Demócrata nunca pasó de ser un grupo de notables con alguna fuerza e iniciativa en Asturias y Salamanca. Tampoco llegó a presentar un auténtico proyecto político ni contó con intelectuales de talla. Tuvo algunos órganos locales, como El Noroeste, de Gijón, y en su ideario básico destacaba una profunda antipatía hacia el intervencionismo estatal y el socialismo²⁹. Mariano Cuber, su principal ideólogo —aparte del propio Álvarez—, entendía que el mayor peligro para el desarrollo de la democracia liberal en la sociedad española eran las tendencias socializantes. En sus escritos, la sociedad aparece comprendida como un área de concurrencia en la que el distinto lugar ocupado por los individuos se legitima por la competencia de cada cual, por lo que el capitalismo era el sistema económico «natural» y el intervencionismo económico estatal debía de ser reducido al mínimo³⁰.

De la misma forma, la orteguiana Agrupación al Servicio de la República parecía en camino de configurarse como otra de las fuerzas conservadoras del nuevo régimen. Poco antes de la caída de la monarquía, publicó un manifiesto donde expresaba su deseo de «movilizar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República»³¹. Su primer acto político tuvo lugar en Segovia, donde intervinieron Antonio Machado, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón y el propio Ortega. Enlazando con las reflexiones de su obra La redención de provincias, el filósofo afirmó que la renovación de España solo podía venir del ámbito provincial; de ahí su llamada a los industriales, comerciantes y profesionales liberales para que se movilizasen frente a los «tiburones» de la Restauración³².

La Agrupación difundió igualmente una circular entre sus seguidores en la que se indicaban los puntos esenciales de su programa: Estatuto de Trabajo, declarando a todos los ciudadanos «trabajadores» y creando una sindicación forzosa de todos los españoles de ambos sexos; economía organizada; descentralización administrativa, y separación de la Iglesia y del Estado. La Agrupación aspiraba a «fundir los intelectuales y los obreros» y a crear una sección juvenil³³. Ortega contó con el apoyo económico del conocido empresario Nicolás María de Urgoiti, quien contribuyó con un millón de pesetas a la fundación del diario Crisol, que luego daría paso a Luz³⁴.

Una vez proclamada la República, Ortega saludó al nuevo régimen. Tras elogiar la forma pacífica de su instauración, le ofrecía «unos adavanes de doctrina»³⁵. Durante abril y mayo, tanto Ortega como el nuevo partido hablaron poco. Marañón y el propio Ortega protestaron enérgicamente ante la quema de conventos, que calificaron de «fetichismo primitivo y criminal», aunque ambos estimaban que la influencia de la Iglesia católica en la sociedad española era «prestada», no espontánea, y que procedía del Estado³⁶.

En esta situación tuvieron lugar las elecciones a Cortes Constituyentes, en las que la participación de las derechas tradicionales resultó particularmente limitada. Apenas asumido el cambio de régimen político y bajo la impresión de las jornadas anticlericales del mes de mayo, presentaron un reducido número de candidatos con la esperanza de lograr una minoría que les permitiera defender sus intereses en el nuevo Parlamento. Cerrados sus centros y órganos de difusión hasta poco antes de la celebración de los comicios, los monárquicos decidieron, en un primer momento, abstenerse de la lucha electoral³⁷. Solo quedaba en pie el grupo accidentalista de Acción Nacional, al que no tardaron en sumarse monárquicos, tanto alfonsinos como carlistas. Antonio Goicoechea fue requerido por Ángel Herrera para formar parte de la dirección, y fue nombrado presidente interino de la organización.

Las derechas, en minoría

En la mayor parte del país, la victoria de la conjunción republicano-socialista fue arrolladora. Ni Goicoechea ni Herrera consiguieron escaño por Madrid, donde se habían presentado. Calvo Sotelo consiguió representación por Orense, pero le fue negado el acta. El conde de Romanones fue el único candidato que se presentó a las elecciones con la etiqueta de monárquico, saliendo elegido por su feudo de Guadalajara. La Agrupación al Servicio de la República consiguió catorce actas. La Derecha Liberal Republicana, veinticinco. El católico accidentalista José María Gil Robles logró un escaño por Salamanca³⁸.

En Cataluña, la situación tuvo su propia especificidad. Las elecciones de abril constituyeron un doble triunfo de la República y de la Esquerra. La novedad de este partido es que modificaba la tradición catalanista anterior, al desplazar a la Lliga y unificar el disperso panorama del republicanismo catalán. Maciá y su partido proclamaron unilateralmente la República catalana como Estado integrante de la federación o confederación ibérica, lo que generó conflictos con el Gobierno provisional republicano de Madrid, ya que el dirigente catalanista había anunciado un determinado modelo político que aún no se había decidido y que fue entendido como imposición.

El triunfo republicano significó un duro golpe para la derecha catalana representada por Cambó y la Lliga; no en vano, el nuevo régimen fue proclamado bajo el grito de «¡Visca Maciá, mori Cambó!». La Lliga y su máximo líder se habían identificado con la monarquía hasta el final. Tras el 14 de abril, el partido entró en una etapa de suma complejidad, motivada no solo por la derrota, sino por el exilio de Cambó y Ventosa a Francia. Y esa perplejidad duró un par de años, hasta la reestructuración organizativa del partido y su redefinición ideológica y programática, hecha a principios de 1933, cuando pasó a denominarse Lliga Catalana³⁹. Cambó regresó a España el 10 de octubre de 1932, y la Lliga concurrió a las elecciones junto a los tradicionalistas. Su derrota fue absoluta: en toda Cataluña no consiguió más que tres diputados.

El 7 de noviembre apareció Unió Democrática de Catalunya, partido de tendencia democristiana y catalanista cuya actuación a lo largo del período republicano fue prácticamente testimonial. Algunos de sus integrantes procedían del tradicionalismo carlista, y su figura más emblemática, Manuel Carrasco i Formiguera, fue diputado en las Constituyentes. Su programa consistía en una amalgama de principios social-católicos, liberales y catalanistas, con una defensa a ultranza del principio de autodeterminación⁴⁰.

La situación en el País Vasco era distinta. Desde 1921, el nacionalismo se hallaba dividido en dos partidos, ambos seguidores de los planteamientos aranistas, la moderada Comunión Nacionalista Vasca y el radical Partido Nacionalista Vasco o «Aberri». Las dos formaciones se reunificaron de nuevo con las siglas de PNV en la Asamblea de Vergara del 16 de noviembre de 1930. Las bases de la unión repetían literalmente la doctrina de Sabino Arana: confesionalismo católico, antiliberalismo, independentismo, «Dios y Ley Vieja». El PNV clamaba por «la religión católica única verdadera», por una «Euzkadi» «Católica, Apostólica, Romana en todas las manifestaciones de su vida interna y en las relaciones con las demás naciones»; por la independencia, «la necesidad primordial de conservar y robustecer la raza vasca, base esencial de la nacionalidad»; por la difusión y conservación del idioma vasco; por el «restablecimiento de los buenos usos y costumbres tradicionales, combatiendo los exóticos que desvirtúen dañosamente nuestro carácter y personalidad»⁴¹.

Uno de sus ideólogos, el sacerdote José de Ariztimuño, más conocido por el pseudónimo de «Aitzol», defendía, en su obra La democracia en Euzkadi, bajo la influencia de las encíclicas papales, por el cardenal Billot —admirador de Maurras—, Vitoria, Suárez y Menéndez Pelayo, un sistema político corporativo, confesional y foral que hacía de la familia, los gremios y los municipios la base de la organización social y política de una futura sociedad regida por los moldes de la teología política católica⁴². Aitzol fue igualmente un hombre clave en la ofensiva nacionalista manifestada en la defensa del vascuence. A través de la institución Euskalzatek organizó todo tipo de actividades en lengua vasca. De ahí surgieron poetas como Orixe, Lizardi o Lauaxeta, entre otros, y numerosas revistas, como Argía, Ekin, Euskalduna, Revista Internacional de Estudios Vascos, etc.

Los nacionalistas vascos estuvieron ausentes del Pacto de San Sebastián y acudieron en solitario a las elecciones municipales. El PNV sufrió una nueva escisión con el surgimiento de Acción Nacionalista Vasca, que apostó claramente por la República. Sin embargo, el 14 de abril José Antonio Aguirre, alcalde nacionalista de Guecho, siguiendo al pie de la letra la declaración de Maciá en Barcelona, proclamó «la República vasca vinculada en federación a la República española». Sin embargo, su afinidad ideológica, sobre todo en materia religiosa, con el tradicionalismo llevó al PNV a una alianza electoral con las derechas en las elecciones a Cortes Constituyentes.

Con anterioridad a las elecciones se preparó un Estatuto de autonomía redactado por la Sociedad de Estudios Vascos, que fue sometido a la aprobación de una asamblea de alcaldes en la localidad navarra de Estella, siendo aceptado con modificaciones por 427 alcaldes de un total de 548. El Estatuto era producto de la reacción provocada en los católicos vascos por las primeras manifestaciones de anticlericalismo republicano. Tanto nacionalistas como tradicionalistas pensaron que una autonomía amplia era la mejor defensa del catolicismo y de las tradiciones vascas. Algunos tradicionalistas, como Víctor Pradera, se opusieron a la alianza con los nacionalistas. El socialista Indalecio Prieto hizo referencia al «Gibraltar vaticanista» para definir la nueva organización que el nuevo Estatuto configuraba. En el fondo, resultaba inconciliable con las exigencias mínimas del sistema demoliberal, y es que incluía restricciones inaceptables a los derechos políticos de los inmigrantes con menos de diez años de residencia en las provincias vascas, lo que, unido a la radical confesionalidad católica y el modo previsto para la elección de las Asambleas Provinciales (de hecho, un sistema de sufragio censitario), sentenciaría en las Cortes Constituyentes la inviabilidad del proyecto⁴³. A diferencia del resto de España, las derechas vascas se mantuvieron unidas y consiguieron una amplia representación. Triunfaron en tres de las cinco provincias vascas, consiguiendo quince diputados⁴⁴.

En el nuevo Parlamento, las derechas tradicionales se agruparon en dos minorías: la minoría Vasco-Navarra y la minoría Agraria, con 24 y 25 diputados, respectivamente. La primera estaba formada por carlistas, independientes de derechas y nacionalistas vascos; la segunda por una serie de diputados de diferentes filiaciones políticas, pero coincidentes en la defensa del catolicismo y su vinculación a los intereses agrarios. Dentro de la minoría agraria podían distinguirse, además, dos tendencias, la liberal, muy conservadora en materias sociales, y la católica, centrada en la defensa de la Iglesia. Su jefe parlamentario fue el antiguo canalejista José Martínez de Velasco, y en ella convivían católicos accidentalistas, como José María Gil Robles; integristas, como Lamamié de Clairac; liberal-conservadores, como Royo Villanova; monárquicos independientes, como Sainz Rodríguez, o militares, como Joaquín Fanjul. Por su parte, la minoría Vasco-Navarra, en la que figuraban carlistas, como Oreha, Urquijo, Beunza, Pildain, Oriol y Rodezno; antiguos alfonsinos, como Aizpún y Gortari, y nacionalistas vascos. Su heterogeneidad hizo que la minoría tan solo durara un año. La extrema beligerancia religiosa de alguno de sus miembros —el canónigo Pildaín amenazó con el estallido de una guerra civil en el caso de que se propiciara la legislación anticlerical— se atrajo la animadversión de casi todo el Parlamento y de la opinión republicana, que los tachó de «trogloditas» y «cavernícolas»⁴⁵.

En torno al voto femenino

Pronto se organizó una comisión para redactar el nuevo texto constitucional, y se planteó el tema del voto femenino, un asunto obligado, aunque el escepticismo al respecto de la mayoría de los partidos republicanos resultaba evidente. Sin embargo, como sabemos, la derecha católica había asumido la participación femenina en el campo político, aunque fuese de forma muy paternalista, y Primo de Rivera sacó a la palestra política el reto. La Segunda República no podía soslayarlo, pese al escaso interés que suscitaba en el grueso de la opinión pública el tema feminista. Por aquellas fechas, el poeta Antonio Machado decía:

Conviene que la mujer permanezca abacia, carente de voz y voto en la vida pública, no solo porque la política sea, como algunos pensamos, actividad esencialmente varonil, sino porque la influencia política de la mujer convertiría en breve el gobierno de los viejos en gobierno de las viejas, y el gobierno de las viejas en gobierno de las brujas. Y esto es lo que a toda costa conviene evitar⁴⁶.

Y es que, para un sector de las izquierdas españolas las mujeres no eran políticamente de fiar. Se las consideraba en su mayoría hegemonizadas por la Iglesia católica o por sus esposos o hermanos, y carentes, por tanto, de autonomía, madurez e iniciativa; menores de edad, en definitiva⁴⁷ y un peligro para la todavía incipiente Segunda República.

En la comisión constitucional, la diputada radical Clara Campoamor fue la portavoz de dicha iniciativa. En aquellos momentos, las mujeres no tenían derecho al voto, pero podían ser elegidas. En el proyecto constitucional se reconocía la igualdad de todos los españoles y la capacidad de ser elegibles. El artículo más complicado de aprobar fue el 34, en el que se reconocía el derecho de voto. Un republicano federal, Ayuso, pidió que mientras el varón pudiese votar a los veintitrés años, las mujeres lo hicieran a los cuarenta y cinco, edad en la que, según él, se llegaba a la madurez mental y al equilibrio emocional⁴⁸. El radical Guerra del Río propuso que se pospusiese el voto femenino a una ulterior regulación legislativa⁴⁹. Clara Campoamor se opuso, al igual que los representantes de la Derecha Liberal Republicana. El republicano de izquierdas Pedro Rico también consideró imprudente la concesión del voto femenino. El PSOE, en cambio, que gozaba de militancia femenina en el sindicato UGT, no se opuso. El diputado Cordero señaló que lo fundamental era la posibilidad de influir en la mujer. Otro socialista, Indalecio Prieto, se mostraba adverso, absteniéndose de las votaciones y llevándose del Parlamento a varios compañeros para que no votasen. Finalmente, Clara Campoamor ganó la partida gracias al apoyo de las derechas y de los socialistas. Votaron a favor 161, y en contra 121. Los más reacios eran los representantes de Acción Republicana, del Partido Radical y del Partido Republicano Radical-Socialista.

Las derechas presentes en el hemiciclo —Derecha Liberal Republicana, Agrarios y Vasco-Navarros— se mostraron partidarios en su mayoría, con alguna excepción. No deja de ser significativo que las otras dos diputadas presentes en el Parlamento, ambas militantes de izquierda, como Victoria Kent⁵⁰ y Margarita Nelken, participaran de los prejuicios antifemeninos, votando en contra de las iniciativas de Campoamor. Para Nelken, «el feminismo integral no solo sería muy prematuro en España, sino que constituiría una calamidad, un desastre social»⁵¹.

Pese a todo, la presencia femenina en las Cortes republicanas fue mínima. Tan solo una diputada derechista consiguió un escaño, a lo largo de todo el período, en las elecciones de 1933: Francisca Bohigas Gavilanes, licenciada en Filosofía y Derecho, inspectora de Enseñanza Primaria en Lérida, que había apoyado a la Unión Patriótica durante la dictadura de Primo de Rivera y luego militado en Acción Agraria Leonesa, integrada en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)⁵². Las demás diputadas, Campoamor, Kent, Nelken, Matilde de la Torre Gutiérrez, Veneranda García Blasco Manzano, María de la O Lejárraga García, Julia Álvarez y Dolores Ibárruri, militaron en el «centro» radical o en la izquierda republicana, socialista y comunista.

La guerra civil de la espiritualidad

El nuevo Gobierno presentó como medida deslegitimadora del régimen anterior un acta de acusación contra Alfonso XIII, al que se le atribuían, entre otras cosas, inclinaciones de carácter autoritario; responsabilidades en los desastres militares, como el de Annual; inspiración directa en el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera, y corrupción económica. El acta fue aprobada por aclamación de los diputados de la mayoría izquierdista, declarando a Alfonso XIII culpable de alta traición y retirándosele todos sus títulos y aprobando la incautación de sus bienes. El exiliado monarca fue defendido por el conde de Romanones, único diputado monárquico en el Parlamento. Manuel Azaña culminó la sesión con un discurso en el que afirmó: «[…] al condenar y excluir de la ley a Don Alfonso de Borbón, proclamamos una vez más la majestad de nuestra República»⁵³.

Mayor interés suscitaron los debates sobre la cuestión religiosa. A lo largo del período republicano, la sociedad española experimentó un claro y radical proceso de «guerra civil de la espiritualidad»⁵⁴, lo que se tradujo en una peligrosa red de dicotomías amigo/enemigo, donde las contradicciones ortodoxia/heterodoxia, clericalismo/anticlericalismo, laicismo/antilaicismo se convirtieron en una de las claves de la vida intelectual, política, social y cultural del período republicano. No en vano Manuel Bartolomé de Cossío, en una entrevista concedida a El Socialista, interpretó el advenimiento de la Segunda República a la labor social e intelectual del PSOE y de la Institución Libre de Enseñanza: «La fuerza de aquella disciplina austera e inteligente que impuso a la masa obrera Pablo Iglesias y la fuerza tenaz cultural y de afinamiento intelectual que emanaba de esta casa. Sería insincero no decirlo»⁵⁵.

A ello habría que añadir el gran número de diputados adscritos a la masonería, unos 150, presentes en las Cortes Constituyentes⁵⁶. Todo ello explica, al menos en parte, la dimensión y dureza de la ofensiva laicista, secularizadora y anticlerical del período. Los proyectos de secularización desembocaron en una clara e inmoderada, y a la larga perjudicial, ofensiva anticlerical e incluso antirreligiosa. Asumidos en la Constitución de 1931, provocaron grandes tensiones políticas y crearon un profundo resentimiento entre las masas católicas. Los dirigentes republicanos carecieron de prudencia y fueron incapaces de lograr un mínimo consenso básico con la mayoría de la población. Y es que pasar, en tan corto espacio de tiempo, de un Estado confesional y de una cultura cívica de raíz católica a otra de carácter radicalmente distinto, laica y anticlerical, no podía ser asumido por un importante sector de la población. De hecho, el tema religioso fue uno de los principales factores de deslegitimación del nuevo régimen político.

Como ya sabemos, la derecha católica no era liberal, pero, al mismo tiempo, siguiendo la doctrina del acatamiento al poder constituido, estaba abierta al pacto con las instituciones del nuevo régimen. En agosto, Manuel Azaña recibió la visita de Ángel Herrera Oria, director de El Debate, quien le manifestó, que, si bien él era monárquico, estaba dispuesto a servir a la República con «buena fe y voluntad», «siempre que se haga posible la vida de los católicos de la República». Se mostraba, según Azaña, favorable a la reforma agraria y al «control» obrero como «camino de la paz social», pero rechazaba la separación Iglesia/Estado, la expulsión de las órdenes religiosas, el divorcio y la supresión del presupuesto del clero. Azaña no le hizo el menor caso y lo calificó de «jesuita de capa corta, de mediana edad, delgado, nariz ganchuda, ojos sepultados en las órbitas, habla sin mirar al interlocutor, puesta la mirada en un punto vago del espacio». En definitiva, un personaje «risible y sin ningún interés»⁵⁷.

En cualquier caso, el conjunto de la nueva élite republicana fue implacable en la puesta en práctica de su viejo proyecto laicista y secularizador. Muy significativas fueron las intervenciones de Manuel Azaña, quien sostuvo, en su célebre discurso del 13 de octubre de 1931, no solo que «España ha dejado de ser católica», porque ya no lo era su élite intelectual, sino que resultaba irrelevante el número de católicos existente en la sociedad española de aquel momento. Por ello, la instauración de la Segunda República era inseparable de la implantación del laicismo de Estado, «con todas sus inevitables consecuencias», lo que llevaba, entre otras cosas, a la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas. Era esta una «cuestión de salud pública» sobre la que no se podía transigir ni pactar⁵⁸.

No menos agresivo se mostró el socialista e institucionista Fernando de los Ríos, para quien la legislación laicista y anticlerical significaba una especie de venganza histórica por parte de los heterodoxos contra la Iglesia católica. De esta forma, el ministro de Justicia asumía —aunque para volverlas del revés— las tesis menendezpelayanas acerca de la trayectoria histórica de España:

Llegamos a esta hora profunda para la historia española, nosotros, los heterodoxos españoles, con el alma lacerada y llena de desgarrones y de cicatrices profundas, porque viene desde las heridas del siglo XVI; somos los hijos de los erasmistas, somos los hijos espirituales de aquellos cuya conciencia disidente individual fue estrangulada durante siglos⁵⁹.

Mucha más altura moral y política tuvieron las intervenciones parlamentarias de Ortega y Gasset, quien defendió la separación de la Iglesia y el Estado, pero criticó el proyecto gubernamental, que le parecía de una «gran improcedencia», aconsejando actuar «con nobleza» en las relaciones con la Iglesia católica por «las fuerzas del pasado que representa, pero, además, con cautela»⁶⁰.

Los razonables consejos del filósofo no fueron escuchados por los republicanos de izquierda y los socialistas. La legislación anticlerical fue muy dura. Los artículos 26 y 27 de la Constitución estipulaban la expulsión de la Compañía de Jesús y la supresión del derecho a ejercer la enseñanza. Se secularizaban los cementerios y se estableció el divorcio. La Ley de Congregaciones de 1933 prohibió a las órdenes y congregaciones ejercer cualquier actividad política, el comercio, la industria, la explotación agrícola y sobre todo el ejercicio de la enseñanza. No menos polémicos resultaron ser los artículos referentes al modelo socioeconómico, estableciendo por ley que la iniciativa privada se encontraba limitada por el interés del pueblo, al igual que la intervención del Estado cuando lo exigiera la racionalización de la producción⁶¹.

Incluso representantes del institucionismo, como Manuel Bartolomé de Cossío, manifestaron su desacuerdo con el contenido de la legislación republicana, entre otras cosas porque atacaba los principios básicos de la libertad de enseñanza⁶².

La reacción de las derechas no se hizo esperar ante la legislación anticlerical y social. Agrarios y Vasco-Navarros anunciaron su retirada del Parlamento, con la denuncia de la intransigencia de las izquierdas «en el criterio relativo a la propiedad, la familia, la enseñanza y aún los fundamentos mismos de la ordenación social, común a los pueblos civilizados, con daño enorme para la economía general y para la paz pública»⁶³. Alcalá-Zamora y Miguel Maura abandonaron el Gobierno, alegando razones de conciencia.

Y es que la coalición de fuerzas políticas y sindicales que había contribuido a la instauración del nuevo régimen no dejó de sufrir importantes contradicciones en su seno. Por de pronto, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux había mostrado —desde el principio— su animadversión hacia la presencia de los socialistas en el Gobierno. El antiguo «emperador del Paralelo» aspiraba, en el fondo, a convertirse en el ala derechista del régimen, y dio cabida en sus filas a gentes procedentes de antiguas redes caciquiles y de los partidos dinásticos, comenzando a defender unos intereses que se consideraban lesionados por las decisiones políticas del Gobierno⁶⁴.

Movilizaciones contrarreformistas

Como consecuencia, la coalición republicana quedó limitada a una alianza de los partidos republicanos de izquierda y los socialistas. En ese sentido, el Gobierno llevó a cabo una importante legislación de reforma social y política. Manuel Azaña acometió la transformación de las Fuerzas Armadas⁶⁵ y se planteó igualmente la transformación de la cultura cívica de los españoles a través de la escuela. En este proyecto los republicanos de izquierda y los socialistas oscilaron entre las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y los planteamientos de la denominada «Nueva Escuela», que debía ser laica, mixta y estatal. Sus adalides fueron Fernando de los Ríos, Domingo Barnés, Marcelino Domingo, Lorenzo Luzuriaga y Rodolfo Llopis. Se identificaba, sobre todo entre los socialistas, una «escuela unificada» como atribución del Estado, y sería laica, democrática, basada en los ideales del trabajo y la cooperación⁶⁶.

En lo relativo a la difusión de valores y la interpretación de la trayectoria histórica de España. Los republicanos de izquierda se inspiraron en las obras de Rafael Altamira y en las del arabista Ángel González Palencia, que defendía una alternativa multicultural frente a la interpretación tradicionalista. Se enfatizaba como valor «la paz universal», la misión del proletariado como clase internacional, la historia de la civilización europea y los progresos experimentados por la Humanidad. Todo ello resultaba antagónico con el pasado católico, monárquico y colonial.

Al mismo tiempo, se intentó una reinterpretación de los mitos nacionales tradicionales: el Retógenes numantino no representaba ya la independencia, sino el sacrificio; el Cid, no las virtudes militares, sino el honor; los comuneros, no la xenofobia, sino la libertad; el califa Abd-el-Rahman III, la convivencia, etc. Y en los textos se introdujeron nuevos temas y figuras representativas: las Cortes de Cádiz, la Primera República, Mariana Pineda, Pi y Margall, Castelar, Costa, Giner de los Ríos, Pablo Iglesias o los capitanes Galán y García Hernández. En el ámbito catalán, no se hacía prácticamente referencia a España como nación, sino a «tierras ibéricas» o a «Hispania», haciendo hincapié en la importancia de figuras carismáticas como Pi y Margall o Francesc Maciá⁶⁷.

El socialista Francisco Largo Caballero, al frente de la cartera de Trabajo, puso en marcha una serie de medidas legislativas que afianzaron las posiciones de la clase obrera y del sindicato UGT en el campo laboral: salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, Ley de Contratos de Trabajo, Ley de Asociaciones Profesionales y Ley de Jurados Mixtos. El rasgo esencial de su proyecto político fue la pretensión de colocar la maquinaria de relaciones de trabajo en el centro del Estado, que implicaría un control global del mundo laboral desde el poder, abandonando así la concepción de la regulación de las relaciones laborales como una actividad subsidiaria o paliativa ejercida desde el poder, que era la idea del liberalismo intervencionista desde comienzos del siglo XX.

Largo Caballero prestó, en cambio, menos atención a los asuntos de la Seguridad Social. En cualquier caso, fue uno de los ministros más criticados por los partidos y la prensa de derechas, así como por las asociaciones empresariales. Y es que, desde la perspectiva del líder socialista, el sistema corporativo era un elemento instrumental que podría cumplir una función de primer orden hacia el control estatal de las relaciones laborales y la instauración del régimen socialista⁶⁸. Su proyecto de control obrero no llegó a ser discutido en el Parlamento. Muy polémica fue igualmente su Ley de Jurados Mixtos, objeto de resistencia por parte de las derechas, los empresarios y los anarquistas. No menos discutida fue la Ley de Contratos de Trabajo, tachada de amenaza para el orden social, y lo mismo ocurrió con la de Términos Municipales. Dada la oposición suscitada, los objetivos de la legislación no se cumplieron, hecho que, como luego veremos, desencadenó una profunda crisis en la dinámica futura del sector socialista.

Se intentaron igualmente medidas parciales para la desarticulación del poder de las élites financieras. Una de las primeras medidas fue, en noviembre de 1931, el cambio en las relaciones del Banco de España y el Estado. Además de aumentar la participación del Ministerio de Hacienda en los beneficios del banco, alteró de forma sustancial la composición de su consejo de administración al reducir a uno el número de vocales, que debían elegir los bancos y crear tres puestos designados por el Gobierno. Al año siguiente se prohibió que los consejeros de las empresas del ferrocarril participasen en más de tres sociedades⁶⁹. De momento, la efectividad de tales medidas fue bastante limitada. Menos discutida fue la política seguida por el también socialista Indalecio Prieto, al frente de Obras Públicas⁷⁰.

La ofensiva legislativa en materia social tuvo como consecuencia la movilización de las asociaciones empresariales. En un principio, la mayoría de los grupos económicos declararon su adhesión al nuevo régimen⁷¹, pero las medidas gubernamentales en general, y en particular las leyes sociales a las que hemos hecho referencia, o los anuncios de reforma agraria, provocaron la reacción patronal y el impulso para la reorganización de sus asociaciones. Su principal petición fue la salida de los socialistas del Gobierno. El proceso de reorganización fue especialmente llamativo en las asociaciones agrarias, ante las medidas de regulación del mercado laboral con la imposición desde el Ministerio de Trabajo de la organización corporativa, que, como sabemos, existía desde la dictadura de Primo de Rivera en los ámbitos industriales. Este proceso afectó sobre todo a las organizaciones católicas y acabó haciendo nacer una Confederación Española Patronal Agrícola, que pretendió acoger a todas las patronales agrarias. Surgió igualmente la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, cuyo objetivo fundamental era la defensa de los intereses amenazados por el anuncio de reforma agraria⁷².

La combinación de estos procesos produjo, en algunas regiones, movilizaciones importantes⁷³. Sin embargo, no pueden ser consideradas de forma homogénea, porque las organizaciones no fueron capaces de establecer una jerarquía entre ellas. Además, la «cuestión agraria» fue hegemónica en lo relativo a la movilización de los intereses, y el agrarismo entró a formar parte central del discurso económico. En este sentido, fue significativo el abandono de las manifestaciones del Fomento del Trabajo Nacional en favor de una cierta reforma agraria⁷⁴.

En noviembre de 1931 apareció la «patronal de patronales», la Unión Nacional Económica, cuyo objetivo era ordenar y neutralizar la presencia de las organizaciones económicas y propiciar la presentación de un proyecto económico común para todos los sectores y regiones. Sin embargo, la influyente patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, que acudió a la reunión inicial, manifestó de inmediato su firme voluntad de mantener su independencia. Y tampoco consiguió hegemonizar la Unión Económica a los pequeños industriales y comerciantes, que mantuvieron sus propias organizaciones, como la Confederación Gremial y la Confederación Patronal⁷⁵.

En la Agrupación al Servicio de la República, la voz cantante la llevó Ortega y Gasset y luego Alfonso García Valdecasas. Gregorio Marañón apenas intervino en las discusiones parlamentarias, hasta el punto de que algunos de sus enemigos publicaron un librito titulado Los discursos del doctor Marañón en el Parlamento, en el que la mayoría de las páginas aparecían en blanco y solo se insertaban cuatro únicas frases: «Sí», «No», «No es esto», «No hay derecho»⁷⁶. En sus intervenciones, Ortega hizo más expreso su sólido conservadurismo, acabando por autodefinirse por contraste frente a su antípoda el radicalismo, es decir, «la violencia y su arbitrariedad partidista»⁷⁷. De septiembre a noviembre, el filósofo intervino en el Parlamento, mientras iba revelándose el contenido del proyecto constitucional, en un sentido cada vez más crítico respecto del Gobierno y sus medidas sociales y económicas. Poco a poco, y a pesar de que en un primer momento alabó el contenido de la reforma militar de Azaña, fue distanciándose del régimen que tanto había contribuido a instaurar.

Ortega se mostraba partidario de un «Estado fuerte», de lo que se deducía el fortalecimiento de los poderes decisorios frente a los deliberativos: un Parlamento «magro y sobrio» y una democracia «poco parlamentaria y charladora, técnica y eficaz». De igual modo se declaró partidario de la generalización de las autonomías al conjunto de España, con el objetivo de desvalorizar el nacionalismo vasco y catalán, así como de la elección del presidente de la República por asambleas regionales. Finalmente, criticó el proyecto constitucional, la presencia de los socialistas en el Gobierno y su política económica y religiosa. Demandó la «rectificación de la República» y llamó a la fundación de un partido «de dimensión enorme, de rigurosa disciplina, que sea capaz de imponerse, de defenderse frente a todos los partidos partidistas», un partido que contase con los intelectuales, las clases medias y las nuevas organizaciones empresariales. Tal fue la tesis defendida en su discurso pronunciado en el Cine de la Ópera el 6 de diciembre. Sin embargo, el llamamiento fue desoído, entre otros, por Miguel Maura, a quien se había dirigido el filósofo⁷⁸.

Notable fue su discurso sobre el Estatuto de Cataluña, cuyo contenido se enlazaba directamente con las tesis defendidas en España invertebrada y La redención de provincias. El filósofo acusó a los nacionalismos periféricos de particularistas y de que su existencia demostraba la atomización de la vida nacional y la ausencia de un proyecto nacional común. Finalmente, votó favorablemente al Estatuto, considerando que el problema catalán resultaba insoluble y que era necesario «conllevarlo», dado lo cual era necesario ofrecer alguna satisfacción al «anhelo regionalista», sin merma de la soberanía nacional⁷⁹.

Sin embargo, la Agrupación no llegó a un acuerdo sobre su posición sobre el Estatuto catalán y optó finalmente por dejar fuera de la disciplina de la minoría tan polémico tema. En realidad, ni Ortega ni sus seguidores fueron capaces de organizar un auténtico partido político. Al final, el filósofo, desilusionado, sin el apoyo económico de Urgoiti, que había caído enfermo, optó por abandonar la vida política activa.

La débil representación parlamentaria de la Derecha Liberal Republicana acabó, en realidad, con el partido, que fue abandonado por Maura y por Joaquín Chapaprieta. En agosto, se había celebrado la primera asamblea de la formación, que cambió su nombre por el de Partido Republicano Progresista. En la asamblea se leyó un proyecto, sugerido por Alcalá Zamora, donde se propugnaba un régimen bicameral —con un senado corporativo—, la reforma de la gran propiedad agraria, un concordato con la Santa Sede, etc. El proyecto fue aprobado por aclamación y se designó un nuevo comité nacional, constituido por César Juarros, Federico Fernández Castillejo, Rafael Sánchez Guerra y otros. Alcalá Zamora fue nombrado presidente de honor⁸⁰.

Los republicanos progresistas tuvieron una actividad destacada en las Cortes Constituyentes, pero sus propuestas resultaban excesivamente avanzadas para el conjunto de las clases conservadoras. Tal fue el caso del proyecto de reforma agraria elaborado por Alcalá-Zamora, que preveía el asentamiento de entre sesenta y setenta y cinco mil campesinos al año en tierras expropiadas mediante indemnización. Las tierras expropiadas serían fincas no regadas, situadas en zonas regables, las propiedades de la nobleza que tuvieran su origen en señoríos o las sistemáticamente arrendadas⁸¹. El proyecto fue profundamente alterado por la comisión parlamentaria en un sentido mucho más izquierdista.

Los progresistas defendieron, al mismo tiempo, la existencia de un Senado; en materia de matrimonio y familia, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer a la hora de disolver el matrimonio, y el voto femenino, y con respecto a la cuestión religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de conciencia y de cultos. Pero, a diferencia de los republicanos de izquierda, se mostraban partidarios de permitir las actividades de las órdenes religiosas, con algunas limitaciones en defensa del poder civil, y eran favorables, como sabemos, a un Concordato. El problema autonómico intentaban zanjarlo mediante una enmienda que limitaba las materias en que la legislación y la ejecución eran competencia exclusiva del Estado español y aquellas otras que correspondían a las regiones autónomas⁸².

Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República el 11 de diciembre; lo cual privó al partido de su líder natural. Un día antes se había aprobado el texto constitucional, que no contó con el apoyo del conjunto de las derechas y no fue sometido a referéndum. Antonio Goicoechea, y con él otros muchos, calificó la Constitución de «carta otorgada» del Partido Socialista al conjunto de la sociedad española⁸³. En la misma línea, Ángel Herrera juzgó el texto constitucional de «muerto», y no solo por su contenido anticlerical y socializante, sino por su excesivo carácter parlamentario⁸⁴. El pretendiente carlista, Alfonso Carlos, sucesor de don Jaime, publicó el 6 de enero de 1932 un manifiesto en el que lo rechazaba de forma categórica, al considerarlo dictado «por el odio, el sectarismo, impuesto por el escándalo», «ateo en sus principios, anticristiano en sus dictadores [sic]»⁸⁵. Igualmente, Alfonso XIII condenó en otro manifiesto la Constitución y la política seguida hasta entonces por los Gobiernos republicanos, a las que acusaba de haber sido promulgadas por «unas Cortes sectarias inspiradas por el odio, amparadas en procedimientos de terror, de espaldas al verdadero sentir del pueblo español» y patrocinadas por «el comunismo, la masonería y el judaísmo»⁸⁶.

El propio Alcalá-Zamora quedó muy insatisfecho del contenido de la Constitución y, en vísperas de la Guerra Civil, publicó su obra Los defectos de la Constitución de 1931, en cuyas páginas denunciaba «la desnaturalización del 14 de abril» a que había llevado la actuación de las Cortes Constituyentes y el Gobierno presidido por Manuel Azaña, sobre todo por su política religiosa, el excesivo parlamentarismo, el unicameralismo y la consiguiente ausencia de Senado, y la socialización económica a que impelían algunos de sus artículos⁸⁷.

De la misma forma, Miguel Maura propugnó la revisión constitucional. El 10 de enero lanzó, en una conferencia pronunciada en el Cine de la Ópera, la idea de un nuevo partido conservador republicano. Criticó nuevamente las medidas de Azaña; pidió la salida de los socialistas del Gobierno y un Concordato con la Santa Sede, e hizo un llamamiento a los dirigentes del Partido Republicano Progresista, todavía sin líder, a que se le uniesen. Nació así el Partido Republicano Conservador, cuyos objetivos básicos eran la consolidación del nuevo régimen, la defensa del orden social «frente a los avances que sean extemporáneos de las fuerzas de extrema izquierda y de los partidos de la clase obrera»⁸⁸.

Los principios del nuevo partido fueron los de la revisión constitucional «desde el primer artículo hasta el último», sobre todo los del «odioso y odiado artículo 26», y la negociación de un Concordato que estableciera la «libertad absoluta, sin trabas ni limitaciones, de la enseñanza religiosa»⁸⁹. Nunca pasó de ser un partido político de notables. Tuvo un semanario, a modo de revista teórica, titulado Nueva Política, en cuyas páginas se publicaron los discursos de Maura y de algunos intelectuales adscritos al partido, como Luis Recasens Siches y Javier Gómez de la Serna.

LA RESURRECCIÓN DE LAS DERECHAS TRADICIONALES

El período de gestación del texto constitucional contribuyó a la reorganización de las fuerzas de la derecha tradicional. El 19 de octubre se designó la Junta de Gobierno de Acción Nacional, compuesta por tradicionalistas, como el conde de Rodezno, alfonsinos, como Goicoechea, el conde de Vallellano y Cirilo Tornos, y accidentalistas, como José María Gil Robles, Dimas de Madariaga y José Medina Togores. A Goicoechea, que tenía el cargo de presidente interino, se le encargó la redacción del programa de organización política. Sin embargo, muy pronto el antiguo maurista hubo de cesar en su cargo directivo. A finales de año fue requerido por Ángel Herrera para que abandonara la presidencia en favor de José María Gil Robles. Las razones de Herrera eran convincentes, ya que juzgaba que en aquellos momentos no era prudente que la dirección del nuevo partido recayera en un exministro de la Corona, con lo cual Goicoechea se vio obligado a aceptar su marginación.

El nuevo líder de la derecha católica, José María Gil Robles y Quiñones, había nacido en Salamanca el 27 de noviembre de 1898 y era hijo de Enrique Gil y Robles, el célebre doctrinario tradicionalista, a quien hemos hecho mención en otro capítulo de esta obra. Formado en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Gil Robles había participado en la gestación del Partido Social Popular y fue uno de los defensores de la colaboración de este con el Directorio militar. Igualmente, colaboró con José Calvo Sotelo en la elaboración del Estatuto Municipal⁹⁰. Su perspectiva política se encontraba inserta en el tradicionalismo ideológico muy influido por el magisterio de su progenitor. Según expresaría en su tesis doctoral, el liberalismo era la expresión de «un hábito extraviado de independencia», y la Revolución francesa era «errónea en sus principios y doctrinas, injusta en sus fines e inicua en sus procedimientos»⁹¹.

El 3 de diciembre se aprobó en una asamblea, bajo la presidencia de Gil Robles, el programa de Acción Nacional redactado por Goicoechea. A la cabeza, no el principio de accidentalidad de las formas de gobierno, sino la inhibición en torno a la cuestión. Lo prioritario era la defensa del catolicismo amenazado por el laicismo y el anticlericalismo republicano. A su lado, el nacionalismo español, amenazado tanto por «el universalismo pacifista y socialista» como por «la degeneración malsana del regionalismo extremista». Otro punto esencial era la defensa de la propiedad privada, sobre todo agraria, que se hallaba en peligro por los proyectos de reforma, que en sus puntos esenciales eran «un reflejo clarísimo de la colectivización de tierras que trata de implantar Stalin en Rusia». De acuerdo con aquellos supuestos, se consideraba que Constitución de 1931 era «imposible de salvar», al ser obra exclusiva de un solo partido, el socialista, presentado como enemigo radical de «todo conato de vida libre, digna y civilizada»⁹².

La derecha católica fue organizándose eficazmente en la mayoría de las provincias. Un ejemplo claro de ello fue Valencia, donde los sectores católicos fueron capaces, como ya señalamos en otro capítulo, de movilizarse desde principios de siglo frente a la ofensiva del republicanismo blasquista. La derecha valenciana contó con el liderazgo de Luis Lucia Lucia, antiguo carlista, paulatinamente convertido a los principios de la democracia cristiana y partidario del reconocimiento de la República como régimen legítimo. Su partido, la Derecha Regional Valenciana, consiguió en muy poco tiempo construir una sólida red de agrupaciones a lo largo de la geografía levantina. Tenía su origen en la experiencia de la Agrupación Regional de Acción Católica y del Partido Social Popular. Nacido en 1888, Lucia era director del Diario de Valencia y autor de una serie de artículos luego recogidos en el libro En estas horas de transición, publicado en 1930, donde se declaraba partidario de una nueva estrategia política por parte de los católicos tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera: Lucia propugnaba el accidentalismo, la defensa de los «principios básicos de la civilización cristiana», el regionalismo y las reformas sociales de acuerdo con los principios católicos⁹³.

Las bases sociales de la Derecha Regional Valenciana provenían en su mayoría de personas vinculadas a la propiedad agraria, comercial e industrial y al ejercicio de las profesiones liberales: abogados, profesores de universidad y médicos. Igualmente, militaban en sus filas una minoría de jornaleros y asalariados aportada por los sindicatos católicos⁹⁴. Hay que destacar la presencia de intelectuales católicos, provenientes en su mayoría del selecto colegio de Burjasot: Juan Beneyto, Manuel de Torres, José María Acosta, Mariano Puigdollers, José Corts Grau o el marqués de Lozoya, entre otros⁹⁵.

De igual modo, la derecha católica fue capaz de organizarse en Galicia, donde, con el apoyo de la Iglesia, fueron apareciendo nuevas asociaciones políticas, como la Unión Regional de Derechas, en Pontevedra, o Acción Nacional, en Vigo. El grupo más importante fue la Unión Regional. Sus dirigentes provenían del campo universitario, como Carlos Ruiz del Castillo, Gil Casares o Eugenio Vázquez Gundín⁹⁶. Siguiendo esta tendencia, la derecha católica se fue afianzando en Castilla La Nueva y Castilla La Vieja: Toledo, Zamora, Valladolid, etcétera⁹⁷.

Sin embargo, la actividad legal no era la única por la que iban a discurrir el conjunto de las fuerzas derechistas. Fue el caso de los monárquicos alfonsinos, cuyas actividades conspirativas eran coetáneas en algunos casos a su inserción en los grupos de la derecha católica. Poco después de la quema de conventos, algunos monárquicos alfonsinos iniciaron una labor de recaudación de fondos entre la aristocracia con el objetivo de ir organizando las fuerzas políticas leales a la monarquía. Así, Eugenio Vegas, el marqués de Quintanar y Santiago Fuentes Pila consiguieron en poco tiempo un millón de pesetas y la cooperación de militares monárquicos retirados por la ley de Azaña, como Orgaz, Cavalcanti, Ponte y otros. Orgaz se propuso agrupar a la masa de oficiales retirados a través del diario madrileño La Correspondencia Militar. Dirigido por el antiguo primorriverista Rodríguez Tarduchy, el periódico castrense había criticado abiertamente las reformas militares y la política religiosa azañistas, así como el contenido de la Constitución de 1931, a la que calificó de «inservible», haciendo una llamada explícita al pronunciamiento militar⁹⁸. El Gobierno republicano optó, en un primer momento, por suspender su publicación, para después ponerla fin. Su último número se publicó el 26 de marzo de 1932.

«Acción Española», matriz ideológica de la contrarrevolución

En diciembre de 1931 salió a la luz, gracias a las aportaciones económicas de los marqueses de Pelayo, el primer número de la revista Acción Española, organizada igualmente como sociedad de pensamiento monárquico y como editorial. Su principal promotor fue el joven integrista Eugenio Vegas Latapié. Su maître à pênser, Ramiro de Maeztu, quien, desde 1934, se ocupó de la dirección de la revista, tras una primera etapa en la que ejerció esa función el conde de Santibáñez del Río. La revista, cuyo título era de claras resonancias maurrasianas, pretendió ante todo actualizar el pensamiento tradicionalista español y servir de aglutinante al conjunto de las derechas tradicionales de cara al retorno de la monarquía, que, a diferencia de la de la Restauración, ya no seguiría el modelo liberal-constitucional, sino el tradicional y corporativo. No obstante, en modo alguno puede considerársele como un mero remedo de L’Action Française, de Charles Maurras, ya que el positivismo que servía de base a la construcción maurrasiana fue explícitamente condenado por Maeztu, al igual que su agnosticismo religioso y su nacionalismo omnicomprensivo. Su inspiración fue sobre todo católica. La revista consiguió congregar en sus páginas, lo mismo que en la sociedad de pensamiento homónima, a los diversos sectores de la derecha nacional: antiguos mauristas, como José Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea; carlistas, como Víctor Pradera y el conde de Rodezno; social-católicos, como el marqués de Lozoya; integristas, como Vegas Latapié, y primoriveristas, como Eduardo Aunós, José Pemartín y José María Pemán⁹⁹.

Partiendo de la percepción de que la democracia republicana llevaba, dada la situación social española, a la revolución social, sus promotores confiaban en el colapso más o menos próximo del régimen político y en la posibilidad de convertirse en la élite orientativa de una eventual dictadura militar previsible o preparada por ellos mismos. El núcleo esencial del proyecto político de Acción Española fue el de la «tradición» nacional. Según Ramiro de Maeztu, la nación no dependía del suelo, ni de la raza, ni de la economía, ni de la lengua, ni de otros factores singularmente tomados; lo que la nacía surgir y permanecer era el «espíritu» dominante, «un nexo, una comunidad espiritual, que es al mismo tiempo un valor de historia universal». Esa idea nacional se configura como una amalgama de universalismo cristiano, voluntad de afirmación dinástica y tradicionalismo católico.

En este aspecto, resulta esencial la figura de Marcelino Menéndez Pelayo como intérprete dotado de autoridad, ya que en su obra los monárquicos encontraron el paradigma historiográfico a través del cual frenar los avances de la secularización y las transformaciones sociales. La nación española era inseparable del catolicismo, y la pervivencia nacional se encontraba condicionada a la continuidad de su «espíritu». La Historia de España comprendía momentos verdaderos y falsos, que engendraban un proceso cíclico de decadencia y ascenso que siempre coincidía este último con el apogeo del catolicismo como religión de Estado y la forma de gobierno monárquica, pero con una clara preponderancia del factor religioso¹⁰⁰.

La nación española es hija de la herencia romana y cristiana. Tras la caída del Imperio romano, el cristianismo asume con Recaredo el papel de religión de Estado, lo que supone la definitiva cristalización política y simbólica de la nación española. La invasión árabe puso de manifiesto la capacidad integradora del ideal católico. La Reconquista se encarnó en Castilla, quien la condujo a través de su estilo y de su lengua. El papel desempeñado por árabes y judíos en la cristalización de la identidad española fue negativo, y la españolía auténtica rechazó ambas influencias. De hecho, el carácter nacional español se forjó en la lucha contra los dos pueblos. Con los Reyes Católicos se consigue la unidad nacional y espiritual. Fiel a su destino providencial, España fue la única nación europea que se mantuvo fiel a su sustancialidad católica. En 1492, no solo se logró la unidad nacional, sino que, con el descubrimiento de América, nació la «Hispanidad», base de la «cultura universal» y de la «unidad moral de todos los hombres».

A lo largo de los siglos áureos, España se convierte en un instrumento del catolicismo. La decadencia nacional se inicia en el siglo XVIII, a causa de la discontinuidad del ideal católico. Se trata de un siglo mimético, vulgar imitador de la cultura francesa y de los postulados secularizadores de la Ilustración. Esta decadencia se prolonga a lo largo del siglo XIX con el triunfo del liberalismo, sinónimo de fragmentación, disgregación y descomposición. Las guerras carlistas fueron consecuencia del conflicto entre catolicismo y liberalismo, y La Primera República resultó ser el punto de máxima dispersión de la historia española contemporánea. Pero la Restauración canovista tampoco llegó a ser una alternativa plausible y positiva a ese proceso degenerativo por su pacto con el liberalismo y su incapacidad para la defensa del orden frente a las fuerzas subversivas liberales, democráticas, socialistas y comunistas¹⁰¹.

La identificación de la nación española con el catolicismo llevaba igualmente a la condena de todas las tradiciones intelectuales juzgadas heterodoxas, tales como el krausismo, la Generación del 98, Ortega y Gasset, etcétera¹⁰².

La crisis de la modernidad exigía el retorno a la tradición hispánica, adaptada a la nueva situación social, política y económica. El fin del liberalismo económico, la crisis de la democracia, la emergencia de los fascismos y del comunismo habían puesto en cuestión los fundamentos de la sociedad liberal. En consecuencia, era necesario edificar un régimen político monárquico, intervencionista y corporativo. Frente a la República, la monarquía tradicional y católica era el garante de la unidad nacional y de la defensa social. Un poder político fuerte, como el de la monarquía, podría descentralizar sin peligro para la unidad nacional¹⁰³.

La monarquía tradicional se vincula al sistema corporativo. En las Cortes tendrían representación, no los individuos, a través del sufragio universal, sino las clases sociales, la magistratura, el Ejército, la Iglesia y la aristocracia. Pieza esencial sería el Consejo del Rey, que asesoraría al monarca¹⁰⁴.

Este régimen autoritario-corporativo defendería un nuevo modelo de capitalismo. En la revista, las páginas económicas corrieron a cargo de José Calvo Sotelo, para quien eran ya disfuncionales las fórmulas del capitalismo liberal, lo que hacía necesario la edificación de un Estado interventor, gestor colectivo en índole subsidiaria del capital privado. La «economía dirigida» operaría eficazmente como factor de racionalización del aparato productivo, de la supresión de los desequilibrios y de las crisis cíclicas que en el capitalismo liberal se producían periódicamente. El modelo económico debería seguir la orientación hacia adentro, junto al intervencionismo, el proteccionismo y el nacionalismo, lo que llevaba consigo el fomento de la iniciativa privada y el estímulo a las industrias nacionales¹⁰⁵.

Complemento e instrumento esencial de este proyecto era el corporativismo laboral, cuyo máximo teorizante fue Eduardo Aunós, quien defendió el modelo católico-social del período primorriverista con algunas modificaciones. La representación del trabajo y del capital convergería en el Consejo Superior de las Corporaciones, dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros. Cuatro clases de representaciones, aparte de la del Estado, se reunirían en ese Consejo: la patronal de las corporaciones de trabajo, agrícolas e industriales; la obrera; la de los consumidores —cooperativas, mutualidades, jefes de familia—, y la de los técnicos, elegidas por sus respectivos mandatarios en los consejos corporativos nacionales. Tal esquema corporativo era inseparable de un modelo de relaciones laborales, basado en el contrato colectivo de trabajo, en virtud del cual el Estado aceptaba a su lado, para la creación de derecho, a los grupos sociales interesados en la representación de los intereses de los miembros y llegar a acuerdos para fijar las normas que regularan las condiciones de trabajo¹⁰⁶.

A nivel internacional, la revista se mostró partidaria de la constitución de una comunidad hispánica de naciones, la «Hispanidad», basada en los principios católicos. No se trataba de un ideal imperialista; era el proyecto de «convertir en una sola familia a todos los pueblos de la tierra». La «Hispanidad» llevaba implícita la idea de pluralidad, a semejanza de la Cristiandad; era el conjunto de los pueblos hispánicos, dando a esa palabra «su sentido latino y general», sin que ninguno de ellos —y tampoco España— tuvieran derecho a monopolizarlo¹⁰⁷.

Acción Española ejerció una profunda influencia doctrinal, como veremos, en el conjunto de las derechas españolas, especialmente en la monárquica, representada primero por Renovación Española, bajo la dirección de Antonio Goicoechea, y, sobre todo, en el llamado Bloque Nacional, que intentó aglutinar a los monárquicos alfonsinos y carlistas, y cuyo máximo dirigente fue José Calvo Sotelo.

La Sanjurjada

Por otra parte, la nueva realidad republicana hizo que los grupos que en su día estuvieron integrados en la Comunión Tradicionalista descubrieran la conciencia de su unidad básica y llevaran a la práctica un proceso de concentración que devolvería a los carlistas su capacidad de acción política. Los contactos entre jaimistas, mellistas e integristas comenzaron a producirse a escala local y desembocaron, en cada caso, en actos de afirmación política unitaria¹⁰⁸. Los tradicionalistas carlistas fueron los primeros en abandonar Acción Nacional, en diciembre de 1931, y un mes después se creó una Junta Suprema Delegada que asumió la función de dirigir la Comunión a la muerte del marqués de Villores y que estuvo presidida por el conde de Rodezno y de la que formaban parte Víctor Pradera, José María Lamamié de Clairac y José Luis Oriol.

La línea seguida por la nueva Junta fue muy proclive a la unión de las dos dinastías. Tanto Rodezno como Pradera participaban frecuentemente en actos de la sociedad cultural Acción Española. En septiembre había tenido lugar un intento de aproximación entre alfonsinos y jaimistas. Se entrevistaron Alfonso y Jaime y, al parecer, el pretendiente carlista estaba dispuesto a abdicar siempre que Alfonso hiciera lo mismo y aceptara públicamente los principios tradicionalistas. A partir de ahí se iniciaron una serie de contactos en San Juan de Luz entre representantes de ambas ramas dinásticas, llegándose a la redacción de un documento que fue firmado por Alfonso y Jaime en la localidad suiza de Territet el 12 de septiembre de 1931.

En el pacto se insistía en la necesidad de unión dinástica; se rechazaba el recurso a la violencia para la restauración de la monarquía y se declaraban abiertos a la cooperación con «cualquier gobierno de orden puramente españolista, que tenga por finalidad la formación de unas Cortes Constituyentes que sean el fiel reflejo de los deseos de la ciudadanía española». Se hacía referencia igualmente a votar una nueva Constitución y, en el caso de que en esta se incluyese la monarquía, se aceptaría «incondicionalmente» la elección del soberano por las Cortes¹⁰⁹. Dado su indudable carácter liberal, el pacto nunca fue aceptado por los sectores más irreductibles del carlismo. Además, poco después falleció el pretendiente carlista, cuyos derechos dinásticos recayeron en el octogenario Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este, quien, sin embargo, se mostró, al menos en un primer momento, conciliador con los alfonsinos. Se iniciaron nuevas conversaciones entre los representantes de ambas dinastías, en las que se dio luz a un nuevo pacto, cuyas directrices eran mucho más afines a los postulados tradicionalistas¹¹⁰, pero que, finalmente, careció de transcendencia.

Mientras tanto, diversos sectores de la derecha y de las Fuerzas Armadas comenzaron a actuar en sentido abiertamente conspirativo. No eran solo los monárquicos alfonsinos, deseosos del retorno de su dinastía, sino también conservadores liberales, como Burgos y Mazo y Melquíades Álvarez, asustados por el sesgo radical y anticlerical de las políticas republicanas. Incluso Alejandro Lerroux sondeó al Ejército para acabar con la versión azañista del nuevo régimen.

Por otro lado, se encontraba el descontento de un importante sector del Ejército por el carácter de las reformas militares y por los proyectos de estatutos autonómicos para Cataluña; el temor de los grandes terratenientes a los proyectos de reforma agraria; la enemiga del conjunto de los católicos ante las leyes anticlericales, etcétera. Todos estos sectores confluirían en la figura del general José Sanjurjo, que había ocupado la dirección de la Guardia Civil y luego la del cuerpo de Carabineros, y cuya actitud era cada vez más crítica acerca de la nueva situación política y la conflictividad social.

Aunque algunos monárquicos alfonsinos fueron requeridos para participar en el pronunciamiento, y otros, como Calvo Sotelo, Eugenio Vegas, el marqués de Quintanar o Juan Antonio Ansaldo estaban al tanto de su organización y desarrollo, este se presentó ante todo como militar. Los carlistas no quisieron participar ni en su preparación ni en su realización, porque consideraban que sus fines no estaban excesivamente claros. Mal preparado, el Gobierno de Azaña, conocedor por varios conductos de las conspiraciones que se fraguaban en su contra, pudo reprimirlo con suma facilidad¹¹¹.

La sublevación estalló en 10 de agosto, aprovechando la próxima aprobación del Estatuto de Cataluña, y tan solo pudo triunfar, en un primer momento, en Sevilla y Jerez de la Frontera¹¹². En Madrid, el intento de asalto al Ministerio de la Gobernación y el Palacio de Comunicaciones se saldó con diez muertos. Las detenciones de los implicados no se hicieron esperar y la represión se cebó en los sectores nobiliarios. Un buen número de aristócratas fueron deportados a Villa Cisneros. Fueron suspendidos ciento cuarenta periódicos de derechas, entre ellos El Debate, ABC, El Siglo Futuro o El Correo Catalán, y la revista Acción Española, a los que se acusaba de ser los inductores de la sublevación por sus críticas sistemáticas a las decisiones gubernamentales¹¹³.

Lo que vino en llamarse posteriormente la «sanjurjada» provocó un claro refuerzo a la coalición republicano-socialista. Manuel Azaña hizo recaer sobre la nobleza el grueso de la responsabilidad del pronunciamiento. A su juicio, era la clase que «hay que poner en condición inerme contra la República», lo que llevaba a la profundización en el proceso de reforma agraria. Tras la emoción suscitada por la sublevación militar resultaba ya imposible la obstrucción permanente del proyecto de reforma agraria, como se había hecho hasta entonces por los grupos de la derecha. Así, el proyecto fue aprobado el 9 de septiembre. Azaña y su partido tomaron la iniciativa de presentar una enmienda que pedía la confiscación de las propiedades agrarias de la Grandeza de España, mediante la cual se destruiría el poder económico de la clase social que «más puede estorbar la marcha de la revolución»¹¹⁴. Posteriormente, la enmienda se suavizaría hasta aplicarse tan solo a las tierras de la Grandeza que ya se encontrasen sujetas a expropiación, según el texto de la base de la reforma¹¹⁵. Casi al mismo tiempo se aprobó el Estatuto de Cataluña¹¹⁶.

Tras el fracaso de la intentona golpista, los sectores accidentalistas se vieron obligados a una definición más clara de su actitud legalista. Tras dos meses de suspensión, El Debate publicó un editorial en el que condenó la insurrección y recomendó a los líderes de Acción Popular —nueva denominación del partido exigida por el Gobierno republicano— dar un paso más en el sentido de aclarar su relación respecto a la República, teniendo como norte las directrices de León XIII sobre el acatamiento al orden establecido, aunque absteniéndose de manifestaciones de republicanismo explícito y manteniendo la bandera de la revisión constitucional¹¹⁷. Se convocó para los días 22 y 23 de octubre la celebración de una asamblea del partido, a la que debían concurrir los representantes de los afiliados y de las entidades regionales y provinciales de carácter afín. En total, trescientos cincuenta delegados, unidos a más de un centenar de representantes de las organizaciones femeninas. El momento era de lo más propicio para el triunfo de los planteamientos accidentalistas, dado que la mayoría de los líderes monárquicos, como Goicoechea y el conde de Vallellano, se encontraban en la cárcel o en el exilio.

Las sesiones del primer día se dedicaron al problema concebido en torno al tema del accidentalismo. En este sentido, Ángel Fernández Ruano, en representación de las Juventudes de Acción Popular, se manifestó partidario de la «ratificación del leal acatamiento al régimen vigente en España en el sentido de no actuar contra él». Una proposición que fue criticada por José María Fernández Ladreda —conde de San Pedro, colaborador y suscriptor de Acción Española—, para quien la República era un régimen esencialmente revolucionario y anticatólico.

El historiador Jesús Pabón se mostró partidario de no variar en ningún punto el programa del partido. Medina Togores presentó una propuesta según la cual Acción Popular no se encontraba ligada a la «defensa de ninguna forma de gobierno». En ese mismo sentido se pronunciaron Leal y Dimas de Madariaga; en contra se declararon los monárquicos Sainz Rodríguez, Moutas, Ceballos y Cirilo Tornos. Este último manifestó que la táctica accidentalista había fracasado y defendió la doctrina del derecho a la rebelión. Las respuestas no se hicieron esperar. El canónigo Guallar reprochó a los monárquicos querer derrocar «el régimen por la violencia para continuar viviendo de sus egoísmos». Luis Lucia consideró que los problemas «verdaderamente trascendentales como el pan del obrero o la escuela para los hijos» se encontraban fuera de la alternativa monarquía/república. Federico Salmón abundó en los mismos argumentos. Finalmente, aunque no sin reticencias por parte de algunos sectores, triunfó la línea diseñada por Herrera y Gil Robles, que era la defendida por El Debate¹¹⁸.

Igualmente, se produjeron cambios en el ámbito de la derecha catalana. En octubre de 1932, Cambó regresó a Barcelona desde su exilio en París. Su llegada se produjo en vísperas de las elecciones convocadas por la Generalitat para el 20 de noviembre, unas elecciones de las que nació el primer Parlamento de Cataluña tras la aprobación del Estatuto. Durante el proceso electoral, la Lliga solo se presentó en alianza con los tradicionalistas en Tarragona. En cambio, ingresó en la formación la Derecha Liberal Republicana de Cataluña, e igualmente se integraron miembros de la Unió Democrática, del Partido Radical y de Acció Catalana. Triunfó de nuevo la Esquerra, pero la Lliga consiguió todos los puestos de las minorías excepto uno, y se consolidó como la única alternativa conservadora catalana. En total, consiguió quince diputados¹¹⁹.

El órgano máximo del partido fue la Asamblea, que se reunía en los períodos en que no estaba reunida en un Consejo de Gobierno, orientada políticamente por la Comisión de Acción Política, formada por Ramón de Abadal, Cambó, Puig i Cadafalch, Durán i Ventosa, Juan Ventosa y Jaume Bofill. La Secretaría General fue asumida por Cambó. En la Asamblea se fijaron unos estatutos organizativos y un programa general, inexistente hasta entonces. Lo más llamativo del programa fue la reorientación del partido hacia la República, proclamando su «incorporación sin reservas» al nuevo régimen. Se rechazó la monarquía, que «no estaba arraigada en los sentimientos del pueblo, sobre todo si se tiene en cuenta la historia desde el advenimiento de Felipe V, por lo que hace referencia a nosotros, los catalanes». Se reconocía el régimen autonómico y se proclamaba la necesidad de luchar por una «República conservadora; la defensa del catolicismo, derogando las leyes que «hieran, que contraríen ese criterio», y de la propiedad privada como «elemento esencial de progreso y civilización y, a la vez, uno de los pilares más sólidos de la libertad humana»¹²⁰.

Joan Estelrich manifestó, en uno de sus libros, el deseo de los catalanistas conservadores de armonizar la solución del problema catalán mediante la defensa del Estatuto, dentro de un proyecto de reforma y regeneración de la nación española¹²¹.

Mientras tanto, también iba reorganizándose la derecha específicamente monárquica. Acción Española, que tras su suspensión gubernativa de agosto volvió a salir a la luz en noviembre —aunque la sociedad cultural no sería reabierta hasta mayo de 1934—, dio su particular interpretación del 10 de agosto, negando el signo monárquico de la intentona, que si por algo se había caracterizado era «por su confusa ideología política». Sin embargo, se resaltaba su altura de miras y se rendía homenaje a Sanjurjo¹²². Poco después, el propio marqués del Rif escribió una carta a la revista monárquica en la que se identificaba con su proyecto político, y otro de los implicados en el pronunciamiento, Miguel García de la Herrán, publicó en sus páginas una serie de artículos¹²³.

A finales de septiembre de 1932, una comisión compuesta por Eugenio Vegas, Jorge Vigón y el marqués de la Eliseda se trasladó a Biarritz, donde se entrevistaron con José Calvo Sotelo. En esta reunión se coincidió en la necesidad de reanudar las actividades conspirativas y en nombrar una comisión para recaudar fondos, que sería presidida en el extranjero por el conde de los Andes, y en el interior por el marqués de Arriluce de Ibarra. Se constituyó igualmente una Junta Ejecutiva que posteriormente se trasladaría a París para entrevistarse con Alfonso XIII, quien dio su visto bueno a los planes de los conspiradores. Vegas, Juan Antonio Ansaldo y el marqués de la Eliseda elaboraron una lista de españoles residentes en Biarritz y otras localidades próximas a la región vasco-navarra, a los que, previa llamada telefónica, visitaban. Iniciaban sus contactos previos con una carta de Alfonso XIII, en la que se les confería poderes para aquellas gestiones en su nombre. En pocas semanas consiguieron grandes cantidades de dinero: más de veinte millones de pesetas¹²⁴.

Las dos vías: Renovación Española y la CEDA

Se habían puesto las bases económicas para la organización de las fuerzas monárquicas, eligiéndose a Antonio Goicoechea, tras el rechazo de Juan de la Cierva, como jefe político, y al general Sanjurjo como caudillo de un eventual golpe de Estado militar. Asimismo, se nombró al teniente coronel Valentín Galarza Morante —«el Técnico»— para reclutar altos jefes militares que se pusieran, en el momento preciso, al mando de la insurrección¹²⁵.

Desde su salida de prisión, Goicoechea no dejó de manifestar su desacuerdo con la táctica accidentalista preconizada por Herrera y Gil Robles. El 18 de noviembre, el antiguo maurista perfiló, con ocasión de un ciclo de conferencias organizado por la Comunión Tradicionalista, su programa y estrategia política. Goicoechea planteó el tema de la unidad de las derechas en torno a un programa común basado en los supuestos ideológicos del tradicionalismo y en una organización federativa que garantizara la autonomía de los diversos grupos políticos. Lo más llamativo de su discurso fue, sin embargo, su radical rechazo del accidentalismo: «Repugnamos el posibilismo. Somos intratables, hostiles, irreductibles; lo somos, no para beneficio nuestro, sino en beneficio de España, que quiere volver a sí misma, a la plenitud de su genio creador»¹²⁶.

Veinte días después salió a la luz una carta, firmada por importantes figuras de la aristocracia, el empresariado y la intelectualidad conservadora, en la que se instaba a Goicoechea a dirigir un partido político basado en los principios que Donoso Cortés había considerado inherentes a la nación española: catolicismo, monarquía y democracia. Catolicismo considerado como «el reverso y a la vez la curación del marxismo». Monarquía, no constitucional, sino tradicional, cuya instauración no implicaba el retorno al sistema de la Restauración, al que ahora se repudiaba sin matices como causante del advenimiento de la Segunda República. Monarquía, pues, limitada trascendentalmente por el derecho natural católico y presentada como el único sistema político que podía garantizar la armonía entre los poderes sociales y políticos, es decir, la sumisión del Estado al Derecho mediante frenos de carácter orgánico como los fueros. Esto implicaba igualmente la abolición de los supuestos implícitos en la idea de soberanía popular mediante la organización del sufragio en moldes de carácter corporativo¹²⁷.

Pocos días antes, Goicoechea había dimitido de sus cargos en Acción Popular, en una carta enviada a Gil Robles en la que expresaba su desacuerdo con una organización política que propugnaba el reconocimiento del régimen republicano y defendía la accidentalidad de las formas de gobierno¹²⁸.

El nuevo partido monárquico se constituyó en febrero de 1933 con el nombre de Renovación Española. En sus filas militaron importantes miembros de la aristocracia financiera y terrateniente, como el conde de Limpias; los marqueses de Valdeiglesias, de las Marismas del Guadalquivir, de Molins, de Quintanar, de Arriluce de Ibarra; el conde de Altea o el duque de Grimaldi, e intelectuales monárquicos, como Maeztu, Pedro Sainz Rodríguez o Álvaro Alcalá Galiano. La presidencia recayó en Goicoechea; la vicepresidencia, en el conde de Vallellano y Julio Danvila, y sus vocales eran Maeztu, Fuentes Pila, el marqués de Castronuevo, el marqués de Manzanedo, Pedro Sainz Rodríguez, Cirilo Tornos, Honorio Maura, César Silió y el conde de Gamazo¹²⁹.

Goicoechea hizo repetidas llamadas a los distintos partidos de la derecha —Comunión Tradicionalista, Partido Nacionalista Español, Agrarios, Acción Popular— para establecer alianzas. La excepción fue el Partido Republicano Conservador, de Miguel Maura, al que calificaba de traidor a España¹³⁰. Sin embargo, sus propuestas no fueron atendidas por ninguno de los partidos a los que se dirigía. Incluso algunos miembros de Acción Popular, como el historiador Jesús Pabón, definieron al nuevo partido monárquico con los más duros y desdeñosos epítetos: «Frivolidad, aristocratismo, ignorancia del campo y de la aldea»¹³¹.

La emergencia de Renovación Española desvaneció las esperanzas de un sector de la Comunión Tradicionalista de ver a los viejos alfonsinos, lejos ya del liberalismo, ingresar en sus filas. Y su prensa más exaltada se alzó contra cualquier proyecto de federación. Por su parte, los dirigentes de Acción Popular se negaron igualmente a secundar las propuestas de Goicoechea. De hecho, Gil Robles había lanzado ya su propio proyecto de federación de partidos accidentalistas. En su opinión, la alternativa preconizada por el líder monárquico haría retroceder la situación a los momentos fundacionales de Acción Nacional y establecería, además, una peligrosa confusión que imposibilitaría el acceso pacífico de las derechas al poder político, apareciendo junto a partidos declaradamente monárquicos e incompatibles, por tanto, con las instituciones republicanas¹³².

El 28 de febrero de 1933 tuvo lugar en Madrid, a instancias de Acción Popular y de la Derecha Regional Valenciana, el Congreso que dio lugar a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), al que asistieron delegaciones de los distintos grupos accidentalistas. El grupo de congresistas fue muy elevado, en torno a quinientos representantes de 735.058 militantes¹³³. El Congreso aprobó su programa político. La CEDA declaraba, en el primero de sus puntos, que «su finalidad principal y la razón fundamental de su existencia es laborar por el imperio de los principios del derecho público cristiano en la gobernación del Estado, de la región, de la provincia y del municipio, sin más límite que la posibilidad de cada momento político». En este sentido, expresaba «su más enérgica protesta contra el laicismo de Estado y contra las leyes de excepción, y de la persecución de que se ha hecho víctima a la Iglesia católica en España», demandándose la anulación de todas las leyes de carácter anticlerical y laicista, lo que llevaba a la revisión constitucional. Se propugnaba el régimen corporativo, tanto a nivel político como a nivel social; «el robustecimiento del poder ejecutivo», del regionalismo y del municipalismo; la defensa de la familia; la libertad de enseñanza, y el rechazo de la lucha de clases¹³⁴.

A lo largo de su existencia, la CEDA fue un conglomerado mal articulado de grupos y tendencias —conservadores autoritarios, tradicionalistas, democristianos, social-católicos— en el que el carisma de José María Gil Robles fue esencial. Los ideólogos del partido elaboraron una suerte de doctrina carismática en la que Gil Robles aparecía como «el Jefe», e incluso como «el Caudillo», cuya presencia en la vida pública adquiría un carácter providencial. Un caudillaje que para sus prosélitos enlazaba históricamente con los defensores de la tradición católica española, tales como el padre Ceballos y el «Filósofo Rancio», pasando por Balmes, Donoso Cortés, Aparisi y Nocedal¹³⁵. De hecho, Gil Robles fue el primer líder carismático de la derecha española¹³⁶, algo que no habían conseguido ni Antonio Maura ni Miguel Primo de Rivera.

La CEDA se estructuró en torno a secciones. Y, durante toda su existencia, contó con las Juventudes de Acción Popular, la Asociación Femenina, la Acción Obrerista, la Liga de Campesinos, el Círculo y el Secretariado de Administración Local, la Juventud Femenina, la Asistencia Social, la Asociación de Estudios Hispánicos y las Comisiones de Estudio de Política Española¹³⁷.

La perspectiva ideológica de la CEDA fue tradicionalista. Así lo demuestra la salida a la luz, en enero de 1935, de la Revista de Estudios Hispánicos, cuyo perfil ideológico, si excluimos el tema monárquico, fue similar a la de Acción Española. La revista nacía bajo el patronazgo de Menéndez Pelayo, del pensador integralista portugués Antonio Sardinha, de Milá y Fontanals y de Luis de Camoens. El enemigo era «la revolución, cuyo pensamiento es siempre antagónico de España, por lo que España representa»¹³⁸. El equipo intelectual de la revista fue reclutado sobre todo en torno a los miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, muchos de los cuales eran igualmente colaboradores de Acción Española, como su director, el marqués de Lozoya, Miguel Herrero García, Rafael García y García de Castro u Óscar Pérez Solís.

La Revista de Estudios Hispánicos defendió en todo momento, como Acción Española, una concepción teológica de la política, contraponiendo Donoso Cortés a Karl Marx, y estableciendo, al modo donosiano, analogías entre la metafísica de una época y la acción de los hombres en sociedad. Tal y como señaló el marqués de Lozoya, «es preciso que busquemos sus fundamentos en los principios eternos, que solo en Dios pueden tener origen»¹³⁹. Siguiendo el paradigma menendezpelayista, la revista desarrolló un concepto de cultura nacional antagónico de los supuestos laicistas y secularizadores. La identidad española era inseparable del catolicismo, y partir de este planteamiento fue desarrollándose en sus páginas la alternativa político-cultural: un Estado confesional, que garantizara la influencia católica en la sociedad, sobre todo en la enseñanza, y corporativo, según los parámetros de la doctrina social católica¹⁴⁰. La Revista de Estudios Hispánicos tuvo una existencia efímera; desapareció en febrero de 1936 y, en total, se publicaron catorce números.

Mención aparte merece las Juventudes de Acción Popular (JAP), rama juvenil del partido, fundadas el 22 de febrero de 1932 ¹⁴¹. Las JAP fueron protagonistas, con su activismo, compromiso y radicalismo ideológico, de una considerable parte de las respuestas de los sectores conservadores a la experiencia política del primer bienio republicano, y constituyeron un vehículo de extraordinaria importancia a la hora de proyectar, elaborar y difundir las pautas ideológicas tradicionalistas y social-católicas en el conjunto social. Sus ideólogos, Tomás de la Cerda y Torres Cava, eran unos menendezpelayistas radicales, cuyo proyecto político pretendía garantizar la continuidad del horizonte histórico de la España de los Austrias, ya que tan solo veían en la Ilustración y en la España liberal decadencia, disolución y mimetismo extranjerizante. Según decía su himno, «el pasado no es solo memoria, sino aliento, consigna y deber»¹⁴².

Frente a las izquierdas, la JAP negó en todo momento su carácter fascista, alegando no comprender «la deificación del Estado»¹⁴³. Su estadista favorito no era Mussolini y mucho menos Hitler; como en el caso de Gil Robles, admiraban a Oliveira Salazar, cuyo régimen político marcaba el camino a seguir. Un régimen autoritario, no totalitario, sin partido único y basado en las encíclicas papales. Se trataba, según los jóvenes católicos, del «justo medio sin caer en la democracia degenerada ni en el estatismo absorbente y panteísta»¹⁴⁴. Sus críticas hacia el partido fascista español, FE-JONS, fueron muy duras, asociándolo a la heterodoxia doctrinal de la Generación del 98 y de Ortega y Gasset, y cuyo programa político calificaba de «sencillamente monstruoso» y «enteramente revolucionario»¹⁴⁵.

Y es que, mientras tanto, surgía en el horizonte político español, al socaire de los vientos europeos, una nueva fuerza política: el auténtico fascismo español.

INTELECTUALES CONSERVADORES FRENTE A LA REPÚBLICA

El advenimiento del régimen republicano y, sobre todo, el desarrollo de la legislación reformista por parte del Gobierno presidido por Azaña provocaron no solo una profunda movilización social y política, sino la de los intelectuales de uno u otro signo. Ya hemos hecho referencia a Acción Española como lugar de encuentro de pensadores tradicionalistas y monárquicos, y a la Revista de Estudios Hispánicos, de los propagandistas católicos afines a la CEDA. Sin embargo, hubo igualmente intelectuales de signo conservador que actuaron independientemente de los partidos políticos. Fue el caso de Eugenio D’Ors, quien, a pesar de su colaboración en ABC, El Debate y la Revista de Estudios Hispánicos, con unos artículos sobre la significación histórica de la obra pictórica de Francisco de Goya, siguió siendo un outsider. D’Ors se autoexilió tras la caída de la monarquía y le repugnó «el plebeyo jolgorio en que una inconsciente muchedumbre se tragó quince siglos de tradición como pueden tragarse doce granos de uva, al punto de medianoche del Año Nuevo»¹⁴⁶.

Por aquellas fechas fue elaborando su propia filosofía de la historia y su alternativa política a la democracia liberal. En sus divagaciones historiológicas, D’Ors pretendía emancipar a la historia del tiempo, descubrir los elementos absolutos. Es lo que denominaba «Metahistoria» y que estaba compuesta de «eones» o «constantes». Pertrechado del concepto de «eón», Xenius sometió a criba el pasado de la humanidad y obtuvo una serie de parejas de constantes o categorías. Estos eones puros son lo Femenino y lo Viril; lo Clásico y lo Barroco; Roma, o la unidad del género humano, y Babel, o los cismas; el Ecúmeno, o la Cultura, y el Exótero, o la periferia en colonización.

A partir de tales categorías, existe una clara contraposición entre monarquía y república, en favor de la primera. La aparición de la monarquía era la señal de que un grupo humano ha cobrado conciencia de la Historia; y correspondía, en consecuencia, a los eones positivos de lo Viril y lo Clásico, a Roma, al Ecúmeno; mientras que la república es femenina, babélica, barroca, romántica y popular, es decir, equivale a la anarquía, al salvajismo, al régimen de partidos, al desorden¹⁴⁷. Nacida de esta situación es su obra Vida de Fernando e Isabel, donde presenta a la reina católica como arquetipo creador de la nacionalidad española¹⁴⁸. Su alternativa al desorden republicano era lo que denominaba «Política de Misión», una especie de retorno al despotismo ilustrado, cuyo representante contemporáneo era Oliveira Salazar¹⁴⁹.

José María Salaverría, por su parte, continuó colaborando en ABC, pero no entró en contacto con los intelectuales monárquicos de Acción Española ni con los accidentalistas de la CEDA. Sí dio, en cambio, su apoyo a Ledesma Ramos, colaborando en La Conquista del Estado con un artículo. Aparte de sus colaboraciones periodísticas, la obra antirrepublicana más importante del escritor vasco fue El instante dramático, en cuyas páginas presenta el advenimiento del nuevo régimen como una revolución nacida de la decadencia de la monarquía. En su desarrollo, la República significaba «la jubilación de Castilla», es decir, el separatismo; y la revolución social y política, una «mezcla de radicalismo francés del tipo dreyfuista envuelto en una especie de ensalada rusa». Salaverría profetizaba el estallido de «un período de barbarie», porque los republicanos de izquierda se veían forzados a una alianza con los socialistas. Su solución era «una dictadura severa e ilustrada», defensora de la unidad nacional, con base en «las minorías selectas» e independiente de la Iglesia católica¹⁵⁰.

El antiguo maurista Ricardo León hizo su contribución a la marea antirrepublicana a través de una serie de novelas, Bajo el yugo de los bárbaros y Rojo y gualda. En sus páginas, León presenta la República como producto de un monstruoso maridaje entre los intelectuales de izquierda, los antiguos caciques liberales y los socialistas, comunistas y anarquistas. Era la síntesis del «pancismo burgués» y «la barbarie demagógica», cuyo único objetivo era la revolución social y, por ende, la destrucción de la Iglesia católica¹⁵¹.

En Bajo el yugo de los bárbaros, estalla finalmente la revolución comunista, dando lugar a las «Repúblicas Ibéricas Proletarias» (RIP), que significaba el fin de las distinciones sociales y, en consecuencia, el triunfo de la mediocridad: «Ya no hay señoritos, ni damas elegantes […]». Frente a esta situación se alza el arquetipo del auténtico pueblo español, una especie de reencarnación del hidalgo, Alonso de Cepeda, llamado a restaurar el espíritu católico¹⁵².

En el ámbito teatral destacó sobre todo la figura de José María Pemán y Pemartín¹⁵³, monárquico de Acción Española. Sus obras El divino impaciente y Cuando las Cortes de Cádiz son una apología consciente de la sociedad tradicional y de los valores asociados a ella, en particular el catolicismo y las jerarquías sociales. El divino impaciente, conocido como «El Tenorio de las beatas»¹⁵⁴, es una apología de la Compañía de Jesús, del catolicismo español y de la Hispanidad¹⁵⁵. En Cuando las Cortes de Cádiz, Pemán se plantea los orígenes del liberalismo español, que él contempla como fruto de la conspiración de una minoría de masones y de afrancesados. Uno de los protagonistas, auténtica antítesis del masón Acuña, es nada menos que el Padre Alvarado, más conocido como «Filósofo Rancio». Ante la Constitución de 1812 algunos personajes afirman: «Dicen que no hay clases / ni las debe haber / y que todos somos iguales por ley / lo mismo el lacayo / que el señor marqués. / ¡Figúrese usted! / ¡Ay doña Pastora! / ¡Ay doña Isabel! / Perdida está España / Perdida la fe». El pueblo español, representado por Lola la Piconera, es engañada por Acuña y fusilada. Así, el liberalismo venía a ser interpretado como una especie de castigo divino y de traición contra el pueblo español¹⁵⁶.

Amigo personal de Alfonso XIII, Pedro Muñoz Seca¹⁵⁷ fue el más famoso representante del «astracán», género derivado del sainete, del que toma ambientes, tipos y recursos. El astracán consiste en el manejo de todos los recursos de la comicidad y de la caricatura; y su técnica fundamental consiste en preparar el chiste¹⁵⁸. Ante todo, se nutre de tipos populares. Su personaje casi único es el «fresco», manifestación moderna del pícaro. Muñoz Seca utilizó para satirizar la política republicana: en Anacleto se divorcia, las leyes secularizadoras, en particular la del divorcio. Sin embargo, el objeto preferido de sus sátiras fue la clase obrera y los sindicatos. Obras como La hora del reparto y, sobre todo, La OCA tenían ese objetivo. En una de ellas se dice:

Aunque zomos borcheviques

y aunque tú no te lo expliques,

ezo es cosa superió;

que lo tuyo es mío,

y lo mío tuyo no.

La OCA es la Libre Asociación de Obreros Cansados, Aburridos. Su líder es el «fresco» León, un embaucador, el inventor del «individualismo integral», es decir, vivir sin trabajar, a costa de los demás. El nuevo sindicato expropia las tierras del marqués de Zafrilla y las reparte entre los obreros, pero la mayoría de estos son reacios al trabajo y califican el nuevo sistema social de «suicidismo». Al final de la obra devuelven las tierras a su antiguo y legítimo dueño, quien les promete benevolencia¹⁵⁹.

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EL FASCISMO ESPAÑOL: DE JONS A FE

PROMOTORES Y PRINCIPALES REPRESENTANTES

Polémica sigue siendo hoy cualquier definición del fenómeno fascista. No obstante, la historiografía más solvente suele presentar el fascismo, según ya adelantamos, como una «derecha revolucionaria», cuya ideología consistió en una síntesis de nacionalismo y socialismo. Desde el punto de vista sociológico, fue la expresión de unas clases medias «emergentes», deseosas de una participación mayor en el poder social y político. En este sentido, tanto el movimiento como luego el régimen fascista se distinguen de los sistemas políticos conservadores clásicos en cuanto promueven la movilización de las masas y por su pretensión de mostrar una nueva faz de civilización, su idea de crear un hombre nuevo y una nueva sociedad bajo la égida del líder carismático y del partido único, y la instauración de una religión política, cívica, alternativa a la tradicional. Desde el punto de vista económico, fue un intento de lograr el desarrollo industrial capitalista mediante la intervención del Estado a gran escala y sobre nuevas bases centralizadas. Desde la óptica religiosa, el fascismo resultó ser un producto de la época de la secularización, ya que sus fundamentos filosóficos eran inmanentistas y activistas¹.

El fascismo español apareció en la escena política nacional a lo largo del período de la Segunda República como resultante de sucesivas fusiones, que, entre 1931 y 1934, protagonizaron una serie de movimientos políticos e intelectuales unidos por una común perspectiva nacionalista.

Se ha especulado mucho sobre los precedentes ideológicos del fascismo español, que algunos autores han visto en ciertos rasgos políticos del pensamiento de Joaquín Costa, Ortega y Gasset y Eugenio D’Ors, las Juventudes Mauristas y su ideario regenerador, o la Unión Patriótica. No obstante, si bien pueden establecerse ciertas continuidades, no es menos cierto que sería excesivamente osado afirmar una relación causa-efecto.

Tampoco puede aceptarse la hipótesis que ha visto en el Partido Nacionalista Español, de José María Albiñana, a quien ya hemos hecho referencia en otro capítulo de la obra, la primera expresión de nuestro fascismo. Ciertamente, Albiñana se declaró admirador de Mussolini y fue el primer político español en adoptar la camisa azul celeste y la Cruz de Santiago, pero su base social estaba compuesta por católicos tradicionales y antiguos primorriveristas. Su fundador y guía fue incapaz, por otra parte, de dotar de un mínimo contenido innovador, no ya revolucionario, a su proyecto político.

El albiñanismo no prevaleció ni era posible que prevaleciera. Basta considerar, en cualquier foto de la época, lo poco imponente y carismática faz del líder, al igual que lo endeble y chabacano de sus escritos y su proverbial falta de elocuencia. El Partido Nacionalista Español fue en todo momento un apéndice de la derecha monárquica alfonsina. Tras el advenimiento de la República, las nuevas autoridades no prohibieron sus actividades, pero a raíz de los sucesos de mayo de 1931 Albiñana fue detenido y su partido se autodisolvió. A finales de aquel año se intentó reorganizarlo, pero Albiñana comenzó de nuevo a conspirar con los monárquicos alfonsinos, siendo detenido y deportado a una aldea de las Hurdes por tiempo indefinido².

El fascismo español tuvo como principales promotores políticos e intelectuales a personalidades de mayor rigor, como Ramiro Ledesma Ramos, Ernesto Giménez Caballero y José Antonio Primo de Rivera, quienes, como tendremos oportunidad de ver, defendieron posiciones no siempre coincidentes desde el punto de vista ideológico y estratégico.

Ledesma Ramos: el fascismo revolucionario

A finales de febrero de 1931 se hizo público un manifiesto que llevaba por título La Conquista del Estado, y que servía, además, para preparar publicitariamente la aparición de un semanario homónimo, que saldría a la luz en marzo y cuyo director era Ramiro Ledesma Ramos. Nacido en 1905, en el seno de una familia de clase media baja, Ledesma Ramos era empleado de Correos por oposición y graduado en Filosofía y Letras por la Universidad Central.

Había sido discípulo de Ortega y Gasset, colaborador de la Revista de Occidente, y era un ávido lector de Nietzsche, Maurras, Heidegger, Gentile y Unamuno³. En 1924 publicó su primer libro, El sello de la muerte, una novela en cuyas páginas da rienda suelta a su concepción trágica de la existencia y sus críticas a la sociedad española de la época, muy influidas por la perspectiva regeneracionista y noventayochista. En el libro denuncia una sociedad «con agudas demostraciones de atraso, de incultura y de carencia de todo», a través de las figuras del «Conde» —Romanones, sin duda—, como arquetipo del político corrupto, o la de «Larrusse», claramente Lerroux, al que admiraba por su condición de rebelde, pero al que censuraba por las carencias de su proyecto político, son muestras de dicha inf luencia⁴. En otra de sus obras, El Quijote y nuestro tiempo, Ledesma arremetió contra el racionalismo y el catolicismo, acentuando su visión trágica de la existencia y una clara exaltación de los valores puramente vitales⁵.

Su ídolo intelectual fue, sin duda, Ortega y Gasset, a quien solía referirse en su correspondencia como «querido maestro»⁶, aunque la política terminó por separarles. Ledesma Ramos nunca transigió con el liberalismo orteguiano y fue ajeno a la gestación de la Agrupación al Servicio de la República. Políticamente, Ortega le parecía «un intelectual extrafino», un burgués, cuya perspectiva fundamentalmente conservadora le incapacitaba para percibir con claridad las nuevas fuerzas sociales, económicas y políticas que iban abriéndose paso en el horizonte⁷. La propuesta orteguiana de organizar un gran partido político nacional le pareció una quimera. Así, en una carta dirigida al filósofo, Ledesma dirá:

Ha resucitado usted eso del partido nacional. Solo comprendo un partido nacional a base de esgrimir como bandera ideales nacionales. ¿Pero no ocurre que usted llama a filas a gentes y grupos por esencia y definición antinacionales? ¿Es posible lo nacional sin un compromiso de guerra con lo masónico y marxista, por ejemplo?⁸.

Igualmente, su admiración se extendía hacia Miguel de Unamuno, cuyo voluntarismo irracionalista le atraía fuertemente. El rector salmantino era un «místico perfecto», «un teólogo imperial»⁹. Formado al margen de la Iglesia, Ledesma desdeñó la escolástica y, en general, toda la filosofía católica, a la que acusaba de ser un pensamiento esencialmente dogmático al servicio de los intereses eclesiásticos¹⁰. Sus simpatías no se dirigían a las derechas, y mucho menos hacia la dictadura de Primo de Rivera, sino hacia la Institución Libre de Enseñanza, la FUE y el republicanismo¹¹.

Ledesma Ramos fue, sin duda, el primer y más destacado teorizante del fascismo español. La mayor parte de lo que luego sería el corpus ideológico de Falange procede de su pensamiento, en particular su antiliberalismo, populismo y nacionalismo dinámico. Ledesma Ramos fue, además, un gran creador de símbolos: la bandera roja y negra, el grito «Arriba España» o los lemas «Una, Grande, Libre», «Patria, Pan y Justicia» y «Revolución nacional».

Ledesma tenía una concepción leninista del partido. La subversión contra el sistema liberal había de actuar bajo la dirección del partido, auténtico guardián de la conciencia nacional. Había de ser un partido centralizado y jerarquizado en torno a una élite. Su tarea fundamental era la de explotar todos los elementos y formas de oposición y canalizar todas las energías dirigidas contra el régimen republicano, utilizándolas para sus propios fines¹².

Ledesma Ramos definió el fascismo como producto de la rebelión política y social de las clases medias. Sus características eran las siguientes:

Idea nacional profunda. Oposición a las instituciones demoburguesas y al Estado liberal parlamentario. Desenmascaramiento de los verdaderos poderes feudales de la actual sociedad. Incompatibilidad con el marxismo. Economía nacional y economía del pueblo frente al gran capitalismo financiero y monopolista. Sentido de la autoridad, de la disciplina y de la violencia¹³.

Esencial en su proyecto político fue la definición del hecho nacional. En ese aspecto, Ledesma Ramos siguió a Ortega y Gasset, Renan, Hegel y Gentile. La nación era una realidad moral, el asidero superior a la efímera vida personal, porque el individuo solo adquiría plena realidad objetiva como miembro de la comunidad nacional. La nación no era un ente estático, cuya explicación pudiera darse con exclusiva referencia al pasado, sino un proyecto. Por ello, el objeto preferido de sus críticas fue la concepción tradicionalista de la identidad nacional, ligada al catolicismo.

Esta crítica era de principio, y ello debía ser así porque existía una contradicción fundamental entre el catolicismo y la idea moderna de nación. Legitimarse mediante la nación y no mediante Dios era una forma de preferir la propia nación en detrimento de los principios universales. A causa de su universalismo, el catolicismo era incompatible con la idea nacional. Además, Ledesma juzgaba que el catolicismo había sido en España un instrumento de «debilidad y resquebrajamiento».

Históricamente, la unidad nacional no podía considerarse en sí misma una aspiración; era una realidad desde los Reyes Católicos, pero se trataba de una unidad «en peligro, deficiente y a medias». La tarea de consolidación de la unidad nacional recaía en una nueva élite dirigente y en la construcción de un nuevo Estado. Y es que el problema de España era un problema de Estado, porque el régimen liberal no solo era un gestor y administrador ineficaz, sino que, además, se había mostrado incapaz de consolidar la unidad nacional; de ahí que el problema solo podría ser solucionado a partir de la elevación del Estado a la categoría de absoluto. Lo verdaderamente esencial era que el pueblo y la nación pudieran dotarse de unas estructuras de poder eficaces, porque los pueblos y las naciones no son sujetos de la Historia hasta que no se constituyen realmente en Estado. Así, el Estado totalitario y unipartidista no es sino un poder fuerte, capaz de llevar a cabo el desarrollo nacional, social y económico tardío de una sociedad dejada al desamparo por la inestabilidad gubernamental y la corrupción del pseudoestado parlamentario. Su objetivo era, pues, edificar un Estado moderno, cuyo designio esencial era reformar y modernizar la sociedad a escala nacional mediante el dirigismo económico, el corporativismo de Estado y el partido único como cauce de integración de las masas en la vida pública¹⁴.

Giménez Caballero: la invención de la estética fascista

Distinta fue la concepción del fascismo de otro de sus principales teóricos en España, Ernesto Giménez Caballero¹⁵, a quien conoció Ledesma en la redacción de La Gaceta Literaria. Escritor vanguardista, nacido en Madrid en 1899, en su pensamiento se impone la literatura a la dimensión práctica. Colaborador de la Revista de Occidente y discípulo de Ortega y Gasset, fue el fundador de La Gaceta Literaria, publicación asombrosamente plural en la que colaboraron escritores de las más variadas tendencias políticas: comunistas, socialistas, monárquicos, católicos, fascistas y republicanos¹⁶. Influido por el «futurismo» de Marinetti, Giménez Caballero evolucionó hacia el fascismo tras el advenimiento de la Segunda República¹⁷. Su primer libro, Notas marruecas de un soldado, fruto de su experiencia en Marruecos como soldado de cuota, fue no solo una crítica a la realidad española del período, sino una llamada a la unidad de todos los españoles en una «empresa común nacional», por encima de los conflictos de clases sociales y de las divisiones regionales que fraccionaban al conjunto de la sociedad española¹⁸.

Como en el caso de Ledesma Ramos, Giménez Caballero no simpatizó con la dictadura de Primo de Rivera, cuyas semejanzas con el fascismo eran, llegará a decir, pura coincidencia. Y es que, bajo el paternalismo militar, la sociedad española estaba viviendo «el momento más liberal de su historia desde el siglo XIX». Todo era fomento de las obras públicas, orden y progreso económico, nada de empresas o tareas colectivas¹⁹. Casado con una italiana, el escritor madrileño viajó a Italia, por Milán y Roma, conoció a intelectuales fascistas, como Giovanni Gentile y Giuseppe Bottai, y se sintió seducido por aquella experiencia política: «Cuando el fenómeno fascista irrumpió en mí me vi perdido. Tenía que admitirlo acríticamente como un mandato familiar, como una imperiosa mirada de obediencia»²⁰.

Su obra Genio de España, publicada en 1932, fue la primera teorización del fascismo español. Giménez Caballero partía del concepto unamuniano de «intrahistoria», en el sentido de una auténtica historia del pueblo español que discurre por debajo de la superficie. El «genio» es básicamente la acumulación de esencias históricas de una patria. Giménez Caballero reconoce tres vastos y fundamentales «genios»: el oriental, el occidental y, como mística asunción de ambos, el «genio» de Cristo o universo católico. Occidente es el individualismo, mientras que Oriente significa colectivismo. El «genio» de Cristo es la síntesis de ambos; incorpora el libre albedrío, la gracia, los progresos material, moral e intelectual, combinados, a su vez, con aspectos del «genio» oriental. El «genio» cristiano se identifica con la Roma de Mussolini, que había conseguido garantizar el equilibrio entre Oriente y Occidente a través de la síntesis dialéctica establecida por el fascismo entre capitalismo y socialismo, entre libertad y jerarquía, entre orden y libertad. Como nación, España no se identifica ni con Oriente ni con Occidente. Ocho siglos de Reconquista supusieron una lucha entre el islam y la tradición cristiana germánica; de ahí que España fuese una nación de síntesis, es decir, «Cristiandad», «Catolicidad», «Genio de Cristo», «Genio Romano-Germánico», «fundidor y antirracista». De esta forma, solo los partidarios del fascismo eran leales al «genio nacional».

La referencia de Giménez Caballero a la «Catolicidad» española no significaba una adhesión al catolicismo como fe religiosa o teología política. Así lo sostendrá en otra de sus obras, La Nueva Catolicidad, donde especifica que por «Catolicidad» no hay que entender «catolicismo», sino «universalidad». El fascismo es una «catolicidad», pero no un catolicismo. Se trata de una idea secular, propia de la cultura política del siglo XX. De hecho, el nuevo Estado fascista no sería confesional, ya que «la Iglesia no deberá mezclarse en el Estado, porque solo el Estado podrá garantizar la misión religiosa»²¹. Giménez Caballero llegaría a ver en Manuel Azaña al eventual caudillo de la revolución nacional española, cuya figura interpretaba como la de un auténtico «Rey natural»²².

También se debe a Giménez Caballero una teorización de la estética fascista, defendida en Arte y Estado. En sus páginas, el autor descalifica el principio liberal de autonomía del arte. La creación artística es, sobre todo, «propaganda», no mera imagen. Tampoco es la expresión de un ser en sí, sino de las características esenciales del «genio» nacional. El arte español era, como consecuencia, un arte sintético, «universo, integrador, fecundo, ecuménico, catolizal», y su expresión más genuina era el clasicismo cristiano, síntesis del misticismo asiático y del romanticismo occidental. El clasicismo cristiano era la respuesta a la crisis que padecía el arte europeo, debida a tres causas: el maquinismo, el «purismo» y la ausencia de mercado. La emergencia de artes mixtas, como el cine, la radio, las artes gráficas y de propaganda, demostraba que la máquina amenazaba el monopolio del artista en la expansión estética.

El «purismo» significaba la tendencia a elaborar un arte para iniciados, cuyo arquetipo era el «cubismo». La falta de mercado era fruto de la ausencia de poder adquisitivo por parte del público. Todo ello obligaba al artista a pedir protección al Estado, a convertirse en «funcionario» al servicio de la política. Al someterse al Estado, el artista lograría protección, saldría de la introspección y entraría en contacto con el «genio» nacional. El nuevo Estado totalitario debía practicar una política artística deliberadamente antiformalista, ligada a la vida social y a las masas. En ese contexto, la misión del artista español era crear un arte en consonancia con el «genio» nacional, un arte clásico, cristiano, sintético, cuyo paradigma arquitectónico no podría ser otro que El Escorial²³.

En marzo de 1931, el nombre de Giménez Caballero aparece en la lista de firmantes del manifiesto de La Conquista del Estado, al lado de Ledesma Ramos, Souto Vilas, Antonio Bermúdez Cañete, Emiliano Aguado, Ricardo Jaspe, Ramón Iglesia Parga y Juan Aparicio. El manifiesto puede considerarse el primer documento específicamente fascista español. Incidía en la crisis del Estado liberal y su concepción de la sociedad, inadecuados ante las nuevas realidades económicas, políticas y sociales, y planteando como alternativa la aplicación de los esquemas políticos del Estado totalitario, es decir, la reorganización de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, concediendo a este último el papel dirigente, una modificación que afectaría esencialmente a los ámbitos económicos, sociales y culturales²⁴.

Al mismo tiempo, Ledesma Ramos se esforzó en conseguir el apoyo de las élites económicas y culturales. A tales efectos se entrevistó con Cambó en el hotel Ritz, y consiguió una módica ayuda económica del maurista José Félix de Lequerica y de otros miembros de la élite económica vasca, como José Antonio de Sangróniz y Pedro de Eguillor²⁵. Tampoco tuvo excesiva suerte con los intelectuales. Ni Miguel de Unamuno, aunque concedió una entrevista a La Conquista del Estado y escribió una extensa carta a Ledesma Ramos criticando el fascismo, ni Eugenio D’Ors, ni Ortega y Gasset se identificaron con sus proyectos. Con Ramiro de Maeztu tuvo mayor relación, llegando a colaborar, aunque con un solo artículo, en Acción Española. Aun así, el escritor vasco consideraba a Ledesma excesivamente avanzado y nunca llegó a compartir sus fórmulas totalitarias, mientras que el segundo, aunque respetaba a Maeztu intelectualmente, juzgaba sus teorías como retrógradas²⁶.

Primo de Rivera: el fascismo conservador

Lo mismo ocurriría posteriormente con José Antonio Primo de Rivera y Falange Española. En ese sentido, la relación del fascismo español respecto a las élites intelectuales fue muy diferente a lo ocurrido en Alemania. Si, como ha sostenido Jürgen Habermas, no existió, propiamente hablando, una intelectualidad nacional-socialista en Alemania, fue debido a la mediocridad de la élite política hitleriana, que repelió a todos los intelectuales que en un primer momento recibieron su llegada al poder favorablemente y que, como Heidegger, Schmitt, Jünger o Freyer, hubieran querido aportar su granito de arena a la revolución nacional²⁷, los fascistas españoles buscaron afanosamente el apoyo de las élites culturales. aunque sin demasiado éxito, por lo menos hasta el estallido de la Guerra Civil. No obstante, sí se consiguió posteriormente, tras la fundación de Falange Española, la adhesión de jóvenes promesas de la literatura y de las artes, como Agustín de Foxá, Felipe Ximénez de Sandoval, Rafael Sánchez Mazas, José María Alfaro, Luys Santa Marina, Rafael García Serrano o el pintor Pancho Cossío.

Ledesma Ramos recibió positivamente el advenimiento de la Segunda República, que calificó de «subversión feliz»²⁸. Sin embargo, el grupo de La Conquista del Estado no tardó en disgregarse. La mayoría de sus componentes, como Giménez Caballero, Bermúdez Cañete, Aguado, etc., abandonaron la organización en beneficio de las más variadas militancias políticas. No obstante, el semanario anunció el 10 de octubre la aparición de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas (JONS), y Ledesma Ramos intentó captar a elementos militares subversivos, como Ramón Franco o el capitán Iglesias, y a izquierdistas, como los heterodoxos comunistas Bullejos, Maurín o Nin. De nuevo fracasó. Consiguió, en cambio, la adhesión de algunos antiguos miembros de la CNT, como Nicasio Álvarez de Sotomayor, Olalla o Guillén Salaya, así como de algunos comunistas, como Santiago Montero Díaz²⁹.

Poco después se incorporaron a las JONS las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, fundadas en Valladolid por el joven abogado católico Onésimo Redondo Ortega, y en las que militaron igualmente los hermanos Bedoya y José Antonio Girón de Velasco ³⁰.

A lo largo de 1932, la actividad de la nueva organización fascista fue prácticamente nula. Ledesma Ramos intentó dar una conferencia en el Ateneo de Madrid, «Fascismo contra marxismo», que fue reventada por militantes de izquierda. Y, con motivo de los sucesos del 10 de agosto, fue detenido unas semanas en Madrid, aunque no tuvo participación alguna en la gestación del golpe. Redondo, que estuvo implicado, huyó a Portugal. Posteriormente, Ledesma, una vez libre, viajó al País Vasco y consiguió de Lequerica y de otros banqueros monárquicos diez mil pesetas, gracias a las cuales logró sacar a la luz la revista JONS, donde colaboraron José Antonio Primo de Rivera, José María de Areilza, Redondo o Aparicio, y se insertaron artículos de intelectuales fascistas de «sinistra», como Ugo Spirito, Marinetti o Volpe.

Se organizaron al mismo tiempo las primeras fuerzas de choque jonsistas, que asaltaron las oficinas de los Amigos de la Unión Soviética y lograron dar, con ayuda de las derechas locales, su primer mitin en la ciudad extremeña de Cáceres³¹.

Al margen de las JONS, habían surgido, dentro del grupo de jóvenes intelectuales discípulos de Ortega y Gasset, desengañados por el mediocre final de la Agrupación al Servicio de la República, el denominado Frente Español, cuya principal figura era Alfonso García Valdecasas. Hasta entonces, la trayectoria de García Valdecasas había sido la de un liberal. Su proceso de radicalización política fue paralelo al viraje de Ortega y Gasset hacia posiciones muy críticas respecto a la Constitución de 1931. En este contexto, García Valdecasas fundó el Frente Español, cuyo primer y único manifiesto fue publicado el 7 de marzo de 1932, en el diario Luz, y que llevaba las firmas de María Zambrano, Eliseo García del Moral, Salvador de Lissarrague y José Antonio Maravall. En el manifiesto tuvieron pleno desarrollo los conceptos orteguianos de comunidad nacional, corporativismo y exaltación de los valores espirituales³².

El manifiesto no tuvo repercusión alguna en la opinión pública, pero sí las intervenciones públicas de García Valdecasas contra la política religiosa del Gobierno y la radicalización izquierdista del PSOE. En este sentido, las JONS llegaron a considerarlo una «voz casi afín»³³.

García Valdecasas comenzó a relacionarse con el hijo del fallecido dictador, José Antonio Primo de Rivera, quien, tras sus primeros escarceos políticos en la Unión Monárquica Nacional, se había presentado infructuosamente a diputado por Madrid en las elecciones de 1931 para reivindicar la memoria de su padre. Nacido en 1903, José Antonio Primo de Rivera³⁴ era el primogénito de Miguel Primo de Rivera, un hecho que marcó de forma indeleble su trayectoria vital. La reivindicación de la memoria de su padre fue, en el fondo, la razón profunda de su entrada en la vida política activa. Sus orígenes políticos fueron, por tanto, netamente conservadores. Sin embargo, era un lector entusiasta de Ortega y Gasset, Unamuno, D’Ors y Maeztu. No hay duda de que Primo de Rivera era más mesurado, más conservador que Ledesma Ramos, y que careció de la imaginación de Giménez Caballero. Nunca pretendió, como Ledesma Ramos, emanciparse de la tradición católica. Aunque partidario de la separación de la Iglesia y el Estado, siempre afirmó su catolicismo.

En aquellos momentos, el hijo del dictador aparecía como el candidato con más posibilidades a la hora de acaudillar el incipiente fascismo español. Y es que la llegada de Adolf Hitler al poder en enero de 1933 conmovió a la opinión pública española y marcó el comienzo de la carrera por la dirección del movimiento totalitario español.

El antiguo maurista y director del diario primorriverista La Nación, Manuel Delgado Barreto, lanzó a la plaza pública un semanario que llevaba el provocativo título de El Fascio y que fue rápidamente cercenado por el Gobierno republicano. Incluso sectores de izquierda publicaron un periódico alternativo denominado El Furcio. El semanario contó con la colaboración de Primo de Rivera, Ledesma Ramos, Julio Ruiz de Alda, Sánchez Mazas, Juan Aparicio y otros.

Poco después, Primo de Rivera formó un grupo al que denominó Movimiento Español Sindicalista (MES), al que concurrieron Sánchez Mazas, Ruiz de Alda y García Valdecasas. El Movimiento redactó una «proclama», que llevaba en su encabezamiento la expresión «Fascismo Español», en la que se enumeraban sus principios programáticos; antiliberalismo, sindicalismo, milicia, cultura, «estatismo nacional» y «aldeanería»³⁵. Tuvo lugar igualmente una reunión con Ledesma Ramos en San Sebastián para llegar a un acuerdo, pero el líder de las JONS rechazó cualquier posibilidad de pacto con Primo de Rivera y los suyos. Sin embargo, el hijo del dictador consiguió llegar a un acuerdo con los monárquicos alfonsinos en el mes de agosto, y él y Julio Ruiz de Alda viajaron a Biarritz para entrevistarse con los alfonsinos Juan Antonio Ansaldo y el marqués de la Eliseda, que dieron parte de los fondos recaudados entre la aristocracia para el nacimiento del nuevo partido, Falange Española³⁶.

La puesta de largo del fascismo español tuvo lugar el 29 de octubre en el emblemático Teatro de la Comedia, de Madrid, en un acto de «afirmación españolista» en el que participaron Julio Ruiz de Alda, García Valdecasas y Primo de Rivera. El primero se limitó a defender y exaltar la unidad de España, y el segundo criticó la política azañista, defendió como referencia histórica la España de la Contrarreforma, centrada en la figura prototípica del hidalgo, frente a la decadente modernidad característica del capitalismo y del socialismo. Sin embargo, el discurso más significativo fue el de Primo de Rivera.

En no pocos aspectos existe una clara influencia del tradicionalismo, perceptible en la referencia, frente a Rousseau, a una verdad política permanente, objetiva, anterior a la época liberal. El liberalismo había destruido un mundo estable, comunitario, en el que los hombres se hallaban seguros dentro de una realidad social espiritualmente unificada. A este respecto, Primo de Rivera reconocía virtualidad a los planteamientos socialistas: la crítica antiburguesa del marxismo coincidía con el tradicionalismo en su enemistad hacia los liberales partidarios de la racionalización a ultranza.

Su ataque al liberalismo puso mayor énfasis en acusarle de individualista y abstracto, de racionalista y antisocial, que olvidaba la concreta realidad humana practicando una inhibición que entregaba la vida social a la lucha de todos contra todos. No obstante, la legitimidad del socialismo acababa ahí, ya que resultaba inaceptable su insistencia en la lucha de clases y en una cosmovisión de carácter materialista. Frente al liberalismo y al marxismo, Primo de Rivera proponía, en su discurso fundacional de Falange Española, un modelo político-social conforme al cual el Estado practicara un programa de intervención en los intereses sociales bajo la dirección de un movimiento político, el «antipartido», que estableciera los lazos de «hermandad» entre las distintas clases sociales³⁷.

En escritos y discursos, Primo de Rivera iría desarrollando las claves filosóficas de su alternativa. La almendra de su proyecto político se encontraba en el concepto de nación. Siguiendo en buena medida a Ortega y Gasset, Primo de Rivera definió el hecho nacional como «unidad de destino en lo universal». Ser español no significa únicamente haber nacido en un lugar concreto del globo, sino ser llamado a una empresa específica que realizó y realizará España en la historia universal. La nación se justifica por su misión, consistente en defender en el mundo la preeminencia de los valores cristianos occidentales. Del concepto de «unidad de destino» se deriva un patriotismo que se presenta como «clásico», como racional, frente al patriotismo «romántico», basado en sentimientos elementales como la lengua, la raza, la geografía, etc. En este sentido, los nacionalismos periféricos catalán y vasco eran producto del espíritu romántico, sentimental, nativista, particularista y localista. Pero no solo ellos; igualmente entraba en la categoría de nacionalismo «romántico» el nacional-socialismo alemán, frente al «clasicismo» que caracterizaba al fascismo italiano³⁸.

Ledesma Ramos, que asistió al acto del Teatro de la Comedia, reiteró su negativa a fusionarse con Falange. Sin embargo, la aparición del grupo falangista no hizo sino debilitar aún más al jonsismo. Durante algunos meses los monárquicos siguieron la estrategia de sembrar la rivalidad entre ambos grupos, mediante la gradación de sus apoyos económicos³⁹. Finalmente, Ledesma hubo de ceder, y en el Consejo Nacional de las JONS, celebrado en Madrid los días 13 y 14 de febrero de 1934, se acordó la fusión con Falange, lo que provocó la disidencia de Montero Díaz. Además, la unidad nunca llegó a ser efectiva del todo. Falange asumió la simbología y el proyecto político de las JONS, el grito de «Arriba España», la síntesis de contrarios, el concepto de nacional-sindicalismo y la apelación a las masas trabajadoras, mientras que el grupo de Ledesma consiguió una mayor proyección pública. Con todo, la fisonomía social de ambas organizaciones era muy distinta. Falange Española se había formado, en sus inicios, en torno a la figura de Primo de Rivera y estaba integrada por miembros de la aristocracia y de la alta burguesía madrileña y andaluza, mientras que los jonsistas procedían, por lo general, de las clases medias bajas y obreras. Todo lo cual condicionaría fuertemente su ulterior trayectoria.

LAS DERECHAS ESPAÑOLAS ANTE EL FENÓMENO FASCISTA

El conjunto de las fuerzas políticas de la derecha y de la extrema derecha tradicional, pese a sus coyunturales alabanzas como eficaz destructor de las fuerzas revolucionarias, rechazó los contenidos del proyecto político fascista, ajeno en gran medida a los fundamentos de su cultura política⁴⁰. Como señaló Ledesma Ramos, las derechas eran «aparentemente fascistas y, en muchos extremos, esencialmente antifascistas». La «fascistización» que el mismo Ledesma analizó en una de sus obras consistió más bien en la radicalización de sus supuestos ideológicos antiliberales y tradicionalistas y en la asunción de cierto «estilo» político, sin asumir para nada los elementos esenciales de la cultura política fascista⁴¹.

Ambivalencia y crítica del fascismo y del nacionalsocialismo

Para los tradicionalistas carlistas, el fascismo era, en sus variantes italiana y alemana, un «sarampión», una coyuntural moda política que, en España, dada su contextura social tradicional, nunca podría triunfar⁴². El Siglo Futuro recibió la fundación de Falange Española con un chiste que reflejaba su desdén hacia el nuevo partido⁴³. Por supuesto, los carlistas condenaron el nacional-socialismo alemán como una «doctrina nebulosa», «repleta de venenos»⁴⁴, y al italiano por su excesivo dirigismo económico y por el estatismo de su corporativismo, muy distinto del sociedalismo mellista que seguía siendo, en gran medida, la doctrina oficial de la Comunión⁴⁵.

Por su parte, Víctor Pradera catalogaba ambos movimientos al mismo nivel que el bolchevismo, herederos todos de la perspectiva rousseauniana en su pretensión de transformar la sociedad siguiendo moldes y categorías abstractas y mecanicistas⁴⁶. Para los alfonsinos de Acción Española, el fascismo era la expresión propia de la modernidad, mecanicista, racionalista y atea⁴⁷. Uno de sus colaboradores, Eugenio Montes, corresponsal de ABC en Berlín, pudo contemplar los primeros pasos del nacional-socialismo, condenando reiteradamente su racismo y sus contenidos revolucionarios⁴⁸. El Debate y los órganos culturales de la CEDA contemplaron el advenimiento de los nuevos estados totalitarios como fruto del materialismo, «que brota de las siembras de rebelión antirreligiosa efectuadas en el siglo XVI por las manos del Renacimiento que somete al espíritu al dominio de la sensualidad»⁴⁹.

El fascismo, como fenómeno político y social, mereció igualmente el interés de los intelectuales liberal-conservadores, como Ortega y Gasset. Aunque algunos de sus conceptos de última hora, como la élite, el partido nacional o el corporativismo podrían entroncarse con perspectivas afines al fascismo, el filósofo madrileño siempre criticó sus contenidos totalitarios y antiliberales. Nunca interpretó el fascismo como una alternativa viable al liberalismo. Su posición era análoga, en el fondo, a la de otro liberal-conservador, Benedetto Croce: el fascismo podía ser, en principio, un movimiento restaurador de un orden liberal más sólido. Pero los movimientos fascistas eran en sí mismos movimientos típicos de «hombres-masa», sin posibilidad ni capacidad de futuro⁵⁰. Y, en este sentido, nunca se rindió a los cantos de sirena de Ledesma Ramos, Primo de Rivera o García Valdecasas, si bien ya en la postguerra se jactó de su influencia en la gestación del proyecto político de Falange⁵¹.

No fue ajeno a la influencia del fascismo otro liberal-conservador, Salvador de Madariaga. Defensor de una concepción organicista de la sociedad, a él se debe el concepto de «democracia orgánica», aunque ya fue utilizado por Miguel de Unamuno, tomado del krausismo español y del guildismo británico. Nombrado embajador en París y luego en Estados Unidos por la República, ocuparía después, bajo el Gobierno de Alejandro Lerroux en 1934, la cartera de Instrucción Pública, aunque por poco tiempo. Diputado en 1931 por el partido autonomista ORGA, cada vez se sintió, como Ortega y Gasset, más alejado del nuevo régimen, al que consideraba excesivamente escorado a la izquierda. Tanto es así que estimó plausibles las reformas corporativas llevadas a cabo por Mussolini en Italia:

Los ensayos de constitución corporativa del Estado que, con circunspección y perseverancia admirables, viene haciendo el Duce merecen la atención más sostenida de los verdaderos demócratas. Trátase de un organicismo, si se me permite la palabreja, de buena ley. Desde luego, nos alejamos así de la lucha de clases, de las huelgas y del lock-out⁵².

Fruto de esas experiencias y de su concepción de la vida pública, Madariaga publicará en 1934 Anarquía o jerarquía, en cuyas páginas propugnaba un nuevo régimen político, la Tercera República española, sin partidos políticos ni organizaciones sindicales de clase, basado en el corporativismo social y político⁵³. La obra fue bien recibida por intelectuales de signo liberal, como Gregorio Marañón —a quien iba dedicado el libro— y Américo Castro⁵⁴. Incluso tuvo Madariaga una entrevista con el general Francisco Franco, a quien entregó un ejemplar del libro⁵⁵.

Interesado igualmente por el fascismo lo estuvo el doctor César Juarros, psicólogo de prestigio, afiliado al Partido Republicano Progresista. Su libro Atalayas sobre el fascismo fue fruto de sus impresiones durante un viaje a Italia y, según sus propias palabras, suponía «una reacción contra el partidismo español, forja de egoísmos miopes». Juarros intentó dar una visión más o menos objetiva del fenómeno fascista. Ante todo, criticaba su recurso a la violencia, pero consideraba que su ideología «dibuja aires modernos y vivaces». Se trataba de una doctrina en «permanente evolución». De sus páginas se desprendía igualmente una cierta admiración por la figura de Mussolini, «un hombre dotado de sorprendente intuición». El fascismo, finalmente, se presentaba como una «fórmula de transición», encaminada a preparar un «Estado de mayor conciencia social», cuyos aspectos positivos eran la defensa de la economía nacional, el progreso social y la siembra del patriotismo. No obstante, destacaba, como aspectos negativos, la ausencia de libertad y el fomento del mesianismo⁵⁶.

Por su parte, Eugenio D’Ors no podía permanecer ajeno al desarrollo del fenómeno fascista. En un principio, el filósofo catalán solo vio en Mussolini a una «figura de film»⁵⁷. Posteriormente, comenzó a profundizar en el tema y llegó a decir: «Roma vive siempre como imperio en la estirpe discontinua, pero nunca abolida de los Carlomagno, León X, Luis XIV, Napoleón, quizá Mussolini»⁵⁸. El filósofo catalán recordaba entonces sus coincidencias doctrinales con el Duce, en particular su vieja admiración por Georges Sorel y Charles Maurras: «Mussolini era estudiante hacia el fin de la primera década del presente siglo; yo lo era también. ¿Quién podría decir qué papel ha representado en sendos juicios de los dos acerca de la democracia, por ejemplo, la lectura de una página de Anthinéa, el famoso libro maurrasiano?»⁵⁹. Y reconoció que su camino soreliano era «el mismo de Mussolini»⁶⁰. Sin embargo, su modelo político fue siempre el portugués, representado por António de Oliveira Salazar, ajeno al populismo y la demagogia características del fascismo:

Es una política de profesor, de técnico austero y desdeñoso, buscando y exigiendo en todo competencia, el estudio recogido, la preparación especializada, y no pareciendo hallar salvación fuera de ello, sus desviaciones, si las hubiera, no caerían del lado del mesianismo, sino del mandarinato⁶¹.

El fenómeno fascista ejerció igualmente influencia en los sectores izquierdistas del nacionalismo catalán, en una facción de la Esquerra y Estat Catalá, con figuras como Josep Dencás o los hermanos Badía, y su milicia, los escamots, en su lucha no solo contra el nacionalismo español, sino contra la CNT y los emigrantes⁶².

15

POSIBILISMO Y CATASTROFISMO

HACIA LA REPÚBLICA DE DERECHAS

Pese a las serias discrepancias ideológicas con el fascismo italiano y, sobre todo, con el nacional-socialismo alemán, el conjunto de las derechas recibió positivamente la llegada de Adolf Hitler al poder en enero de 1933¹. Y es que partían de una percepción certera del significado de tan transcendental acontecimiento. Era históricamente imposible que coexistieran al frente de la República española Manuel Azaña, y al frente de la República alemana Adolf Hitler. Con el ascenso de Hitler comenzaba el declive de Azaña y tan solo faltaba un pretexto para que se iniciase, y ese pretexto se llamó Casas Viejas.

Crisis de las izquierdas y auge de las derechas

El Gobierno republicano-socialista no solo tuvo que enfrentarse a las derechas, sino con la izquierda radical representada, sobre todo por la CNT, que protagonizó numerosas insurrecciones en Cataluña y otras zonas de la geografía española. En este sentido, ha podido hacerse referencia al «anarquismo militarizado»². Ante esa conflictividad incesante, a izquierda y derecha, el Gobierno promulgó una legislación de carácter sumamente represivo, como la Ley de Defensa de la República, luego la Ley de Orden Público y posteriormente la Ley de Vagos y Maleantes —conocida popularmente como «La Gandula»—. A partir de esa legislación se crearon nuevas formas de ilegalidad y de control de la sociedad por parte del Estado: prohibición de asambleas y mítines de partidos considerados antirrepublicanos, suspensión de las garantías constitucionales, cierre de periódicos, proceso a actos criminales protagonizados por mendigos, parados, proxenetas o creación de campos de internamiento³.

La masacre de Casas Viejas se inscribe en este proceso de permanente conflictividad social⁴. Poco importa, a efectos políticos e históricos, si Manuel Azaña fue o no el inductor directo —o el responsable— de la matanza de los anarquistas insurrectos; lo fundamental fue la interpretación que se dio de aquellos hechos por parte de la opinión pública y las fuerzas políticas. Para el conjunto de las derechas, la matanza de Casas Viejas fue la ocasión para hundir no solo a su gran enemigo, sino igualmente a las instituciones republicanas. En el campo de las izquierdas, contribuyó en gran medida a la crisis de la coalición republicano-socialista.

Al mismo tiempo, se celebraron varias asambleas empresariales, que reunieron al conjunto de los patronos en protesta por el contenido de la legislación laboral, social y de reforma agraria⁵.

La actividad de Gil Robles y su partido fue febril no solo en el tema organizativo, sino en la acción directa y propagandística. En alguna ocasión pronunció discursos en quince pueblos en menos de dos días⁶.

Las elecciones municipales de abril fueron el primer signo de que una parte importante de la opinión pública había acusado profundamente el golpe de Casas Viejas, al igual que el de la creciente conflictividad social y política, y que para el Gobierno republicano-socialista comenzaba un período de agónico declive. Fueron elegidos 5.048 concejales afectos al Gobierno, y 10.983 contrarios a su política.

A pesar de aquel descalabro, la ofensiva secularizadora y anticlerical continuó. En mayo, y tras un largo debate, quedó aprobada la Ley de Congregaciones Religiosas, con el apoyo de los radicales de Lerroux, que, si bien contrarios a la política de Azaña, seguían siendo, como en sus mejores tiempos, adalides del anticlericalismo. La presión de la Santa Sede y de la jerarquía española contra aquella ley fue enorme. Alcalá-Zamora intentó retrasar, con su firma, su sanción, que acabó ratificando el 2 de junio. Su principal objetivo era culminar el proceso de separación de la Iglesia y el Estado, controlar la economía de las órdenes religiosas y cerrar a estas el camino de la enseñanza. Como era de esperar, la reacción católica fue inmediata y en un doble frente: una declaración colectiva del episcopado y una encíclica papal, Dilectíssima nobis⁷.

Como respuesta a la legislación anticlerical y laicista, Acción Española actualizó en sus páginas, mediante la colaboración de eclesiásticos como Aniceto de Castro Albarrán y Pablo León Murciego, y de teólogos seglares como Marcial Solana, la doctrina del derecho a la rebeldía⁸. No obstante, el primero en teorizar sobre este tema fue el integrista Manuel Senante en una conferencia pronunciada en Valencia el 3 de abril de 1932⁹.

El Gobierno republicano-socialista recibió una nueva derrota en las elecciones de vocales regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales. Tan solo logró cinco vocales frente a los trece de sus adversarios, entre los que se encontraban enemigos tan radicales del nuevo régimen como el empresario Juan March y el tradicionalista Víctor Pradera. Para el Gobierno, el revés fue demasiado ostensible. Finalmente, Azaña dimitió, al no disponer del apoyo de Alcalá-Zamora. La presión de la calle, canalizada por la protesta y el auge de las derechas; los ecos de la masacre de Casas Viejas; la pleamar fascista en Europa…, todo ello había contribuido a la caída de un hombre que pocos meses antes parecía políticamente indestructible.

Las derechas lograron crear el 12 de octubre un comité de enlace integrado por los representantes de Acción Popular, Renovación Española, Comunión Tradicionalista y Agrarios, con Martínez de Velasco como presidente, y en el que aparecían Gil Robles, Pedro Sainz Rodríguez, Lamamié de Clairac, Abilio Calderón, Royo Villanova, José María Cid y Cándido Casanueva. Tres días después se llegó a un acuerdo que llevó a la constitución del Frente Único de Derechas para las elecciones, y en el que se fijaban una serie de puntos comunes: revisión de la leyes laicas y socializantes, defensa de los intereses económicos nacionales, especialmente en agricultura, y, por último, una amplia amnistía para los implicados en el pronunciamiento militar del 10 de agosto¹⁰.

El desarrollo de las elecciones puso de relieve cómo la derecha católica había sido capaz de asumir los supuestos de la política de masas. Su campaña electoral fue muy intensa, empleando todos los medios a su alcance: «Al ciudadano —dirá Joaquín Arrarás— se le acosaba en el cine, en la radio, en la calle con la proyección de letreros luminosos en las aceras». «Tienes que votar —se le repetía en cada momento— para librarse de la tiranía roja»¹¹. Gil Robles empleó, a lo largo de la campaña, buenas dosis de retórica contrarrevolucionaria, que no dejó de fascinar a sus auditorios. En los inicios de la campaña, el líder católico cifró sus esperanzas en la instauración de un nuevo Estado vuelto de espaldas a la tradición liberal: «La democracia para nosotros no es un fin, sino un medio para la conquista del Estado nuevo»¹².

Desde su exilio parisino, José Calvo Sotelo, cada vez más radicalizado, expresó su desacuerdo con la política republicana y profetizó el definitivo ocaso de la democracia liberal en España: «No sería honrado si ocultase esta convicción. Tengo por evidente que este Parlamento será el último en luengos años»¹³.

Carlistas y alfonsinos partían, en su propaganda electoral de un profundo maniqueísmo, identificando el «marxismo» con «la negación de Dios, lucha de clases, negación de la Patria, amor libre, derecho del Estado sobre los hijos, negación de la propiedad privada, exaltación de la fuerza, utopía», mientras que «antimarxismo» se identificaba con «Religión verdadera, paz social, exaltación de España, santificación del matrimonio, derecho de los padres sobre los hijos, respeto a la propiedad privada, imperio del derecho, realidades»¹⁴.

El Partido Republicano Conservador de Miguel Maura desarrolló igualmente una intensa campaña, pronunciando su líder discursos en Madrid, Burgos, Benavente, Tomelloso y Cuenca. En Burgos afirmó que, debido a la crisis económica, no era el momento de ensayos de política socialista ni para hacer la reforma agraria, pero criticó a quienes pretendían aplastar a los socialistas y prescindir del Parlamento. Sin embargo, Maura fue repetidamente atacado por católicos y monárquicos, acusándole de traidor por la expulsión del cardenal Segura y la quema de conventos¹⁵.

Candidato «independiente» de derechas por Cádiz, José Antonio Primo de Rivera pronunció, al lado de conocidos caciques y aristócratas, algunos de los discursos más reaccionarios de su vida política, atacando el Estatuto de Cataluña, las leyes secularizadoras y la reforma agraria¹⁶.

En Cataluña, la Lliga dirigió una amplia alianza flanqueada por listas concurrentes de Unió Democrática y de los monárquicos alfonsinos. La alianza incluía el tradicionalismo en Lérida y otras localidades. La acentuación de tensiones en el campo catalán durante el verano de 1933 hizo que el partido liderado por Cambó pasase a asumir la defensa de los propietarios agrarios, representados por el Instituto Agrícola de San Isidro, y a oponerse a los proyectos de reforma de la Esquerra¹⁷.

En el País Vasco, los nacionalistas acudieron en solitario, tras separarse de la derecha tradicionalista y monárquica por el rechazo de estas al Estatuto de autonomía. Las derechas propusieron en Bilbao al PNV la «unión sagrada» frente a republicanos y socialistas, con un programa centrado en el antimarxismo, el antilaicismo y el antiseparatismo. Por su parte, los nacionalistas se presentaron como la «candidatura del Estatuto», aunque recalcaban que la autonomía no era su aspiración última. Su propaganda resaltaba la identificación entre lo vasco y su opción política, definida como «pueblo que camina hacia la libertad», «la patria en marcha», y, en consecuencia, la definición de sus enemigos como la «anti-Euzkadi». Destacaba igualmente la identificación integrista entre nacionalismo y catolicismo, en «abrazo de Dios y Euzkadi»¹⁸.

Cambio de rumbo

Las elecciones de 1933 fueron las primeras elecciones generales en las que las mujeres españolas votaron. La participación femenina en las candidaturas fue, sin embargo, muy exigua: María Urraca Pastor, por la Comunión Tradicionalista; María Mayol, por Acción Republicana; Concha Peña y Clara Campoamor, por el Partido Radical; Belén de Sarraga, por el Partido Republicano; Catalina Salmón y Victoria Kent, por el Partido Radical-Socialista; Micaela Castro Bedoya, Obrera Independiente Frente Único; Begoña García, Margarita Nelken, Julia Álvarez, Leocadia Muñoz y Matilde de la Torre, por el PSOE, y Francisca Bohigas, por Acción Popular¹⁹.

El triunfo de las derechas fue arrollador. Al romperse la coalición republicano-socialista y acudir separadamente a las urnas, y al producirse una masiva abstención de los anarquistas, la izquierda republicana quedó literalmente barrida, y los socialistas no obtuvieron más que 58 diputados. La CEDA se convirtió en el primer partido de la República con 115 escaños, seguidos de los radicales de Lerroux, con 102. Los agrarios consiguieron 60; la Lliga, 36; los tradicionalistas, 20; Renovación Española, 15; el Partido Republicano Conservador, 18; los nacionalistas vascos, 12; el Partido Liberal-Demócrata, 9, y los albiñanistas, 1. Como independientes de derecha consiguieron escaño por Cádiz Ramón de Carranza, el marqués de la Eliseda, José María Pemán y José Antonio Primo de Rivera.

Sin embargo, las elecciones no habían dado el triunfo a una coalición estrictamente contrarrevolucionaria. El número de escaños logrados por la CEDA y por el Partido Radical y la base social que representaban impedían llevar a cabo una política decididamente contrarrevolucionaria, es decir, que propusiese de inmediato, además de la aniquilación pura y simple de la legislación promulgada en el primer bienio, la revisión constitucional y el cambio de régimen político. En el fondo, la única posibilidad era o una coalición CEDA/Partido Radical, o un Gobierno radical con el apoyo tácito o condicionado de la derecha católica. Imposibilitado para ocupar el poder por los resultados electorales, Gil Robles y sus mentores se decidieron por la segunda opción, elaborando una estrategia de apoyo a un Gobierno presidido por Lerroux sin participar en él, pero exigiendo que se llevara a cabo lo esencial del programa derechista²⁰.

No tardaron los sectores monárquicos y tradicionalistas en exteriorizar su malestar por la actitud de la derecha católica, cuya nueva táctica significaba, lisa y llanamente, «traicionar el sufragio»²¹.

Desde su atalaya intelectual, Ortega y Gasset, tras un prolongado silencio, publicó dos artículos comentando el resultado electoral. La victoria de las derechas le pareció una confirmación de sus críticas a la gestión republicano-socialista, que no vaciló en calificar de «dos años pesadillescos». Pese a ello, el filósofo continuaba afirmando su fe republicana. Y no faltaban advertencias a las derechas sobre una eventual exacerbación del «señoritismo» y, sobre todo, de cualquier tentación de carácter militar. Denunciaba, además, la ambigüedad de su propaganda electoral «sin claridad en lo más esencial». Su única alabanza era para Gil Robles, «joven atleta victorioso», pero le reprochaba haber hecho a lo largo de la campaña «una demagogia de beatas». Y, tras aconsejar a las derechas que se integraran sin reservas en las instituciones vigentes, hizo un llamamiento a los republicanos para que defendiesen el régimen, porque era el único sistema político que podía garantizar «el destino nacional»²².

ABC criticó las aseveraciones del filósofo, a quien motejó de «ilustre inquisidor», manifestando que la monarquía era consustancial al «ser histórico de España»²³.

Sin duda, la presencia a las mismas puertas del gobierno de una organización política como la CEDA, que no había aceptado la Constitución de 1931, que consideraba la República como una fórmula política meramente accidental y que traía en su propaganda la propuesta de revisión constitucional, en un sentido cuando menos autoritario, confesional y corporativo, abría, tras las elecciones, un claro período de incertidumbre.

El 18 de diciembre se constituyó un Gobierno presidido por Lerroux, con participación de radicales, liberal-demócratas y agrarios. En el debate parlamentario posterior, Gil Robles definió su alternativa política como «antimarxista», pero no antirrepublicana. En consecuencia, la CEDA apoyaría al Gobierno siempre que siguiera el camino marcado por su programa político, es decir, derogación de la Ley de Términos Municipales, la de Laboreo Forzoso y de Cultivo Intensivo, rectificación de la Ley de Reforma Agraria, amnistía a los implicados en el 10 de agosto y a los colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera, Concordato con la Iglesia católica y reforma integral de la Constitución²⁴.

El monárquico Antonio Goicoechea ofreció su apoyo al líder católico, coincidiendo en lo esencial con su programa político, pero pidiendo igualmente la derogación de las leyes militares, que habían puesto al Ejército en una situación calamitosa²⁵.

En una de sus intervenciones, el socialista Indalecio Prieto denunció la preparación de un golpe de Estado militar contra la República y amenazó, pistola en mano, con la revolución proletaria²⁶.

Y es que la derrota electoral no fue asimilada por los socialistas, para quienes, una vez fuera del Gobierno y perdidas las elecciones, era imposible realizar su proyecto político dentro de la democracia liberal republicana. El propio Indalecio Prieto elaboró un programa de acusados perfiles revolucionarios en el que, entre otras cosas, se propugnaba la disolución del Ejército y de la Guardia Civil, la socialización de la propiedad agraria y el fin de las órdenes religiosas. En marzo de 1934 apareció la revista Leviatán, órgano intelectual de caballerismo dirigida por Luis Araquistáin, que tendría su complemento en el periódico Claridad.

Largo Caballero hizo mención reiteradamente a la organización de milicias socialistas. Un prólogo de este proceso insurreccional fue la huelga campesina puesta en marcha por la Federación de Trabajadores de la Tierra y la reiterada amenaza de huelga general revolucionaria. Y es que, para Largo Caballero el nuevo Gobierno presidido por Lerroux podía ser un paso hacia la reacción fascistizante, y lo catalogó como «dictadura burguesa», frente a la cual propugnaba la «dictadura del proletariado»²⁷. Se iniciaba así, por parte de los socialistas, una política de lo que Carl Schmitt denomina de «enemistad absoluta»²⁸. Todo lo cual se vio agravado por la nueva situación internacional, no solo por la llegada de Adolf Hitler al poder, sino por la represión de las izquierdas en Austria por parte del canciller social-católico Engelbert Dollfuss, muy alabado por el conjunto de las derechas tradicionales españolas, y cuya figura no tardó en asociarse a José María Gil Robles²⁹. Su asesinato por parte de los nacional-socialistas austríacos en julio de 1934 contribuyó a aumentar la desconfianza de las derechas tradicionales hacia la Alemania hitleriana. Como diría el tradicionalista Eugenio Vegas: «La muerte de Dollfuss es la más hermosa que caberle pueda. Ha sucumbido luchando contra los enemigos de su Dios y de su Patria»³⁰.

Otros sectores de la derecha dieron, sin embargo, su adhesión a la República. Tras las elecciones se constituyó el Partido Agrario. Martínez de Velasco no pudo, sin embargo, aglutinar a todos los diputados que habían formado parte de la minoría «agraria», algunos de los cuales pasaron a engrosar las filas de otros partidos de la derecha. La mayoría de sus miembros procedían del liberalismo dinástico, antiguos canalejistas, garciprietistas y albistas. Martínez de Velasco había sido subsecretario de Gracia y Justicia en el último Gobierno de la monarquía. Otras figuras del partido eran Nicasio Velayos, Santiago Alba, José María Cid y Antonio Royo Villanova. Elegido presidente, Martínez de Velasco expuso su programa en un mitin celebrado en el Teatro de la Victoria de Madrid, el 4 de febrero de 1934: acatamiento al régimen republicano, «en un sentido enteramente conservador y derechista»; «defensa de la agricultura»; «separación y concordia entre la Iglesia y el Estado»; «unidad nacional y autonomía administrativa», y «mantener con toda decisión el principio de autoridad»³¹.

El 31 de enero, la minoría agraria había elaborado un programa provisional, en el que se propugnaba «la defensa y el fomento de la riqueza nacional en todas sus manifestaciones, y en especial la producción agrícola, forestal y ganadera, que estima es el sostén de la economía española»; la revisión de «aquellos preceptos del Código fundamental que atentan a la conciencia religiosa del pueblo español o imponen principios de socialización que pugnan con los fundamentos de nuestro régimen económico»; la instauración de una «segunda cámara, en la que las fuerzas sociales tengan orgánica representación»; el Concordato con la Santa Sede; el mantenimiento «intangible de la unidad nacional»; el «robustecimiento del principio de autoridad»; la estabilidad del régimen arancelario; la libertad de comercio; la «oposición a la creación de asentamientos»; el desarrollo de obras públicas, etc. El programa iba firmado por Martínez de Velasco, José María Cid, Ruiz Zorrilla, Luis Rodríguez de Viguri, Nicasio Velayos y Antonio Royo Villanova³².

La declaración de acatamiento a la República produjo en la minoría el abandono de los diputados más fervientemente monárquicos, como el conde de Romanones, Abilio Calderón y Joaquín Fanjul.

El ideario de los agrarios era débil y poco elaborado; básicamente, era un partido de intereses. Contaba con un órgano de expresión, Horizontes, y con el Boletín del Partido Agrario Español. Según Royo Villanova, el Partido Agrario se diferenciaba de los radicales en su rechazo del artículo 26 de la Constitución y del Estatuto de Cataluña, y de la CEDA, porque rechazaba su regionalismo y antiliberalismo. Tampoco tenía nada que ver con los nacionalistas vascos y catalanes, que «niegan a la patria»; ni con los socialistas, que «niegan la libertad»³³. Su líder, Martínez de Velasco, insistía en sus discursos en la defensa de los intereses agrarios, de los valores tradicionales, sobre todo de la institución familiar, «estímulo de todas las actividades, aliento en todas las amarguras, amparo en los vencimientos y desmayos que la vida lleva consigo», y de la enseñanza católica, considerando la escuela laica como una «imposición tiránica»³⁴.

El partido contó con una presidencia unipersonal, la del ya citado Martínez de Velasco, y un comité ejecutivo, en el que tenían voto los vocales. Sus bases sociales procedían sobre todo de las clases medias y altas de Castilla La Vieja, León y Aragón: propietarios agrarios, estudiantes, profesionales liberales, labradores por cuenta propia, etcétera³⁵. El partido contó con un intelectual de envergadura en la persona del poeta José María Hinojosa Lasarte, seguidor de las tendencias literarias del surrealismo³⁶.

DIVERGENCIAS MONÁRQUICAS

Desde los comienzos de la nueva legislatura, el objetivo fundamental de la minoría monárquica alfonsina fue el logro de la amnistía para algunos de los implicados y represaliados por los sucesos del 10 de agosto y para los colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera. Tras no pocas discusiones, la Ley de Amnistía se votó finalmente el 20 de abril. Y produjo fuertes tensiones en el Gobierno de Lerroux, e incluso el ministro de Justicia tuvo que dimitir. Alcalá-Zamora no admitió su firma hasta que no añadió una coletilla en la que expresaba su temor por la reintegración en el Ejército de los militares amnistiados. Finalmente, estalló la crisis gubernamental y Lerroux hubo de abandonar la jefatura del Gobierno, que recayó en el abogado valenciano Ricardo Samper, cuya debilidad terminó por convertirle en dócil instrumento de la derecha católica.

Con la amnistía, salió del castillo de Santa Catalina el general Sanjurjo, «entre vítores y aplausos, según afirmaba el corresponsal de ABC³⁷. Igualmente, José Calvo Sotelo pudo volver a España después de tres años de exilio en Portugal y Francia, lo que supuso un claro refuerzo para la derecha monárquica. En su exilio parisino, entabló contactos con Charles Maurras y miembros de L’Action Française, aunque las doctrinas del nacionalismo integral no ejercieron demasiada influencia en su pensamiento político. Más interesantes fueron sus contactos con la Italia fascista, cuyos experimentos corporativos suscitaron su interés, al igual que los proyectos socialdemócratas del belga Henri de Man y del «neosocialismo» francés³⁸.

Casi de inmediato le fue ofrecido un acto de homenaje por parte de Acción Española, donde Pedro Sainz Rodríguez lanzó la idea de una alianza entre los distintos sectores de la derecha, desde los accidentalistas hasta los tradicionalistas carlistas, pasando por la Falange de Primo de Rivera, y cuyo líder no podía ser otro que el propio Calvo Sotelo. El antiguo maurista prometió en aquel acto que su táctica estaría sometida a la dogmática proporcionada por Acción Española³⁹.

Nacía así el proyecto de Bloque Nacional, que no suscitó excesivas adhesiones entre las fuerzas políticas llamadas a su constitución. Y es que las alianzas entre alfonsinos y carlistas no terminaban de dar frutos tangibles. En este sentido, los nuevos tradicionalistas leales a la dinastía recientemente caída intentaron forzar la abdicación de Alfonso XIII, incompatible con los carlistas, en favor de su hijo, Juan de Borbón, su más directo heredero tras la renuncia de sus hermanos Alfonso y Jaime. Sin embargo, Alfonso XIII se negó taxativamente a la abdicación⁴⁰.

En marzo de 1934, alfonsinos y carlistas viajaron a Italia con el objetivo de lograr un acuerdo con los fascistas para derrocar a la República. Goicoechea, en representación de los alfonsinos, y Olazábal, en la de los carlistas, se entrevistaron primero con el mariscal Italo Balbo, y luego con el propio Mussolini. Después de la conversación, el Duce se comprometió a proporcionarles un millón y medio de pesetas, diez mil fusiles, doscientas ametralladoras y bombas de mano. A cambio, los conspiradores monárquicos dieron seguridades de que, una vez instaurada la monarquía, se declararía sin efecto el tratado entre España y Francia en caso de guerra en el Mediterráneo y a concertar un pacto de amistad con Italia. El acuerdo fue firmado el 31 de marzo por Goicoechea, el general Barrera, Lizarza, Olazábal y Balbo. Mussolini no firmó ningún documento⁴¹.

Durante la entrevista salieron a colación las divergencias entre carlistas y alfonsinos, cuando Mussolini preguntó por la persona destinada a presidir la nueva monarquía a la que aspiraban. Se rechazó de inmediato por parte de los carlistas la posibilidad de que fuera Alfonso XIII, mientras que Goicoechea señaló a Juan, lo que igualmente fue criticado por los carlistas⁴².

De hecho, la aproximación de ambas ramas dinásticas sufrió el 3 de mayo un rudo golpe cuando Alfonso Carlos nombró secretario general de la Comunión Tradicionalista a Manuel Fal Conde, antiguo integrista radicalmente contrario a los pactos con Renovación Española, y cuyo talento organizativo había dado buenos frutos en Andalucía, zona habitualmente reacia al carlismo. La clara política proalfonsina de la Junta Suprema presidida por el conde de Rodezno se hallaba muy desacreditada entre la militancia carlista, sobre todo en las juventudes. El 20 de abril tuvo lugar una reunión de la Junta de Jefes Regionales, que elevó sus peticiones al rey, entre las que se encontraban la reorganización del partido en todos sus niveles y una orientación clara ante los nuevos retos sociales y políticos. El nombramiento de Fal fue acompañado de una serie de instrucciones de Alfonso Carlos a Rodezno para que se suspendiera la relación con los alfonsinos⁴³.

La llegada de Fal Conde supuso un giro de ciento ochenta grados en la dirección política del carlismo. El nuevo líder carlista supo asimilar las técnicas políticas modernas y fue portavoz de una «modernización defensiva»⁴⁴. Lo que Rodezno y sus prosélitos representaban era, en este sentido, la antítesis de la modernidad. Fal era partidario de la acción directa y de la movilización política. En el terreno laboral, su Agrupación Gremial contaba con ocho mil afiliados, mientras que los Estudiantes Tradicionalistas podían enfrentarse sin dificultades con la republicana FUE. De la misma forma, Fal favoreció la paramilitarización carlista, dando una auténtica primacía al Requeté; y esa política se hizo extensiva al resto del territorio nacional, no solo a Andalucía.

Ideológicamente, Fal Conde fue, en cambio, representante de un tradicionalismo en estado puro, sin la menor concesión al espíritu del tiempo. Era portavoz de una concepción preburguesa, heril, de la familia, «integrada no solo por la sangre, sino por las relaciones de trabajo y servicios también: padres, hijos y criados»; la Patria concebida como «conjunto y asociación de familias», y un integrismo religioso radical: «En nuestra Patria no se concibe el régimen de libertad de cultos o de tolerancia»⁴⁵.

Al mismo tiempo, existió una cierta preocupación cultural e ideológica en la Comunión. En junio, Fal Conde creó el denominado Consejo de Cultura Tradicionalista, presidido por Víctor Pradera. Muestra de esta preocupación fue igualmente la salida a la luz de la revista Tradición, fundada en Santander en enero de 1933, que duraría dos años, y que fue financiada por sectores de la aristocracia. De la lectura de sus páginas se deduce, no obstante, la escasa capacidad de innovación ideológica del carlismo, a lo largo de los años republicanos. Biografías de generales carlistas, glorificación de gestas bélicas, denuncias de sociedades secretas, sociedalismo mellista, reivindicaciones de carácter estamental, tal fue, en rigor, su mensaje.

En 1933, la Comunión Tradicionalista había publicado un «Proyecto de Organización Social y Política», en el que, como de costumbre, se insistía en los viejos temas: unidad católica, foralismo, gremialismo, monarquía tradicional, Cortes estamentales y rechazo explícito del sufragio universal, al que se consideraba «postulado erróneo que equivale a suponer igual capacidad entre todos los ciudadanos». A este respecto, el proyecto incluía fuertes contenidos censitarios, ya que solo podían ser electores «los que acrediten cierto grado de cultura»⁴⁶.

No obstante, el hito doctrinal del carlismo en los años republicanos fue El Estado nuevo, de Víctor Pradera, publicado por entregas en Acción Española y luego en libro en 1935. La obra supuso, sin embargo, la reafirmación denodada, una vez más, de los viejos tópicos carlistas y tradicionalistas: organicismo, foralismo, monarquía tradicional y federativa, etcétera⁴⁷.

PERPLEJIDADES FASCISTAS

Como ya señalamos, el 13 de febrero de 1934 se había firmado el documento de unificación entre Falange Española y las JONS. Sin embargo, esta unidad fue en todo momento más aparente que real. El recelo de Ledesma Ramos hacia Primo de Rivera nunca llegó a desaparecer. Desde el primer momento salieron a la luz importantes diferencias ideológicas y tácticas. Ledesma Ramos era más revolucionario, más tajante, más impulsivo, más rudo; en una palabra, maximalista. Mientras que Primo de Rivera era más clásico y conservador. Con perspicacia no exenta de crueldad, Ledesma supo captar la contradictoria personalidad del líder falangista, cuyo carácter se encontraba muy lejos, en el fondo, de lo que pudiera ser el temple de un auténtico dirigente fascista, al estar movido en todo momento por tensiones internas que le era imposible superar, sobre todo a causa de sus orígenes sociales: «Pues ser hijo de un dictador y vivir adscrito a los medios sociales de la más alta burguesía son cosas con suficiente vigor para influir en su propio destino»⁴⁸.

Tras la unificación, el partido se rigió por un triunvirato, formado por Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Ledesma Ramos. El descontento de este último no tardó en hacerse patente respecto a la táctica diseñada por Primo de Rivera. Al contrario que el zamorano, el hijo del dictador dio una clara prioridad a la España agraria. Los mítines falangistas, a los que Ledesma terminó negándose a asistir, tuvieron lugar en Carpio del Tajo, Fuensalida, Callosa del Segura, Burriana, Puebla de Almuradiel, etc. El líder jonsista, por el contrario, con la vista puesta en el ejemplo italiano y alemán, juzgó necesario dotar al partido de sindicatos que canalizaran la adhesión de los trabajadores industriales. Discrepaba igualmente del carácter académico de las publicaciones falangistas, como FE, y, sobre todo, de la actuación parlamentaria de Primo de Rivera, que llegó a calificar de «desafortunada»⁴⁹.

El primer mitin falangista se celebró en el Teatro Calderón de Valladolid y finalizó con una dura refriega con los socialistas⁵⁰. Pronto se organizaron el Sindicato Español Universitario (SEU) y las milicias falangistas, al mando del aviador monárquico Juan Antonio Ansaldo⁵¹. Primo de Rivera rechazó, sin embargo, la adhesión de Calvo Sotelo al partido, e intentó diferenciarse del conjunto de las derechas, adoptando una estrategia política distinta a la seguida hasta entonces. De ese momento son sus alabanzas al 14 de abril y a la República como «movimiento que tenía todo un aire nacional»⁵².

Esta nueva estrategia, unida a las alabanzas del líder falangista al socialista Prieto en el Parlamento, provocó la crítica de los sectores más conservadores, capitaneados por Ansaldo, y que igualmente se tradujo en fuertes críticas de la prensa monárquica y derechista⁵³. El propio Ansaldo fraguó una conspiración contra Primo de Rivera para desbancarle de su posición dominante y exigirle un cambio total en la línea del partido. Enterado de la conspiración, Primo de Rivera expulsó al aviador monárquico, lo que provocó el abandono de Falange por parte de algunos miembros de la extinta Unión Patriótica. Posteriormente, el líder falangista volvió a requerir los servicios de Ansaldo, pero este se negó⁵⁴.

No obstante, Primo de Rivera logró suscribir, en agosto, un pacto con Antonio Goicoechea, quien se comprometió a financiar el partido fascista con diez mil pesetas mensuales⁵⁵. Con las cantidades aportadas por los monárquicos, que no cumplieron el pacto en sus términos más estrictos, los jonsistas fundaron la Central Obrera Nacional-Sindicalista, dirigida por el antiguo comunista Manuel Mateo y por el excenetista Nicasio Álvarez de Sotomayor. Si hemos de creer a Ledesma, el sindicato logró la adhesión, en un principio, de unos quince mil parados, pero se trataba, al parecer, de miembros del lumpen, esquiroles y «amarillos»⁵⁶.

En este sentido, la CONS, literalmente sitiada por los sindicatos de clase, fue incapaz de sobrevivir, tras suscitar varios altercados al facilitar a los parados unos volantes ilegales, habilitándolos para trabajar en distintas obras públicas, lo que no fue aceptado ni por la UGT ni por la CNT. Poco después, Ledesma se dolía de que los militantes del sindicato se hubieran visto reducidos a dos mil⁵⁷. Igualmente fracasó en el intento de organizar una Confederación de Empresarios Nacional-Sindicalistas⁵⁸. Falange tuvo presencia, aunque escasamente significativa, en la universidad, con la fundación del Sindicato Español Universitario (SEU)⁵⁹. Sin embargo, el partido fue extendiéndose por la geografía nacional, en Asturias, Málaga, Galicia, Aragón y Cataluña⁶⁰, aunque con escasa repercusión en la sociedad civil.

Y es que, en realidad, como luego se vería con mayor claridad, el fascismo español careció de sujeto social autónomo. Si en Italia y Alemania aquellos movimientos pudieron contar con una base social de sustentación en las clases medias emergentes, en la sociedad española esos sectores eran aún minoritarios, y las clases populares se encontraban ya firmemente adheridas bien a organizaciones católicas o, en el caso vasco y catalán, a los partidos nacionalistas o al movimiento obrero. Tampoco pudo contar con excombatientes, dada la neutralidad española en la Gran Guerra. Unido a ello es preciso señalar la ausencia en el partido de un liderazgo efectivo.

Ni Primo de Rivera, ni Ledesma Ramos, ni Redondo gozaron de la experiencia, ni de la astucia, la capacidad organizativa, el talento teatral y demagógico no ya de Mussolini o Hitler, prototipos del animal político, sino de un Corneliu Zelea Codreanu, quien, pese a tener que actuar en un país profundamente atrasado como Rumanía, logró articular un movimiento político de envergadura como fue la Guardia de Hierro. Ledesma fue, ante todo, un intelectual mucho más dotado para lo teorético que para la práctica política, mientras que Primo de Rivera nunca pudo desprenderse de su marcado origen aristocrático, fracasando a la hora de manejar y encontrar un lenguaje, un campo de comunicación expresivo común a la clase obrera y a las clases medias.

En lo relativo a la articulación ideológica, Primo de Rivera fue, en comparación con Ledesma, un mero epígono. No carecía de elegancia dialéctica y estilística, pero sus vacilaciones al estudiar los problemas sociales y políticos fueron muestras aisladas, pero significativas de unos planteamientos en los que siempre dominó la inconcreción. En gran medida, la historia de la Segunda República, hasta el estallido de la Guerra Civil, puede comprenderse en ausencia de Falange Española de las JONS⁶¹.

LAS DERECHAS ESPAÑOLAS Y LA FEMINIDAD DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Coma ya hemos señalado, en las elecciones de 1933 las derechas españolas tan solo lograron una diputada en el Parlamento, Francisca Bohigas, cuya actuación parlamentaria no resultó, por otra parte, excesivamente sobresaliente. Sin embargo, la mayor parte del campo político derechista apostó, en mayor o menor medida, por la movilización de las mujeres. No obstante, existieron diferencias entre los distintos partidos. Un sector siguió mostrándose reacio a la movilización; otro lo consideró necesario, pero impropio de la condición femenina, y un tercer sector se mostró partidario de la igualdad de participación política.

La Agrupación Femenina de Acción Popular tuvo como líderes principales a la marquesa de Villaverde como presidenta; a Pilar Velasco de Arana como secretaria, y a María Isabel de la Torre y Francisca Bohigas como vocales. Todas ellas se encontraban vinculadas al movimiento católico. De hecho, Acción Popular y la CEDA lograron hegemonizar a la Acción Católica de la Mujer, lo que provocó fuertes críticas de otros partidos de la derecha. Antiguas dirigentes de la entidad se convirtieron en líderes de Acción Popular, como Teresa Luzzati o Juana Salas. Sus ideales continuaron siendo los tradicionales de madre y esposa ejemplar. La Juventud Femenina de Acción Popular llegó a tener 70.000 socias⁶².

La Comunión Tradicionalista tenía sus «margaritas», y su figura más carismática fue la activista católica María Rosa Urraca Pastor, que dirigió el Secretariado Central Femenino, aunque no fue hasta diciembre de 1935 cuando las mujeres tradicionalistas contaron con un reglamento base a partir del cual organizar sus centros. En él, además de los elementos propiamente orgánicos, se definió con claridad el prototipo de la mujer tradicionalista y el objetivo esencial de la organización: «promover la formación de la mujer, bajo los principios de la Tradición, prestar apoyo moral y material a todos los afiliados de la Comunión y servir a los ideales de Dios, Patria y Rey». Urraca Pastor se autodefinía como seguidora fervorosa de Concepción Arenal y de las ideas del sacerdote Graciano Martínez, autor de El libro de la mujer española, publicado en 1921.

Pastor había militado en Acción Católica y sus antecedentes familiares no eran legitimistas, pero tras el advenimiento de la Segunda República decidió afiliarse a la Comunión Tradicionalista. Según el socialista Indalecio Prieto, en su figura «los cavernícolas habían encontrado ya a su miss», idea que fue asumida por las bases carlistas, que solían recibirla con el grito de «¡Viva la miss Cavernícola!». Aunque con matices, la activista carlista fue partidaria de la movilización femenina frente a la revolución y el laicismo. Su rol se vio reforzado cuando Manuel Fal Conde emergió como nuevo líder tradicionalista e intentó facilitar la movilización de las «margaritas», encomendando a Urraca Pastor la captación de las mujeres católicas y la formación de las féminas tradicionalistas. En total, las «margaritas» contaron con unas 23.238 militantes⁶³.

Renovación Española fletó su propia Sección Femenina, bajo la dirección de la marquesa de Valdeiglesias, quien se mostraba partidaria de una «política del hogar»⁶⁴. No obstante, entre sus militantes, se encontraba Pilar Careaga, la primera española que había conseguido el título de ingeniero. Su órgano doctrinal era la revista Ellas. Los arquetipos femeninos tanto del pasado —María Coronel, la princesa Juana, la marquesa de Campoverde, Rosalía de Castro, Isabel La Católica, Santa Teresa—, como las del presente —Blanca de los Ríos, la vizcondesa de San Enrique, la marquesa de Valdeiglesias— proporcionaban un arquetipo de mujer casta, virginal, religiosa, amante, espiritual y estudiosa. Sin embargo, en la revista la voz cantante la llevaban los hombres.

A ese respecto, el tradicionalista Víctor Pradera sostenía que la igualdad de sexos conducía a «la disolución social»⁶⁵. El proceso de incorporación laboral de la mujer era contemplado con profunda prevención y pesimismo en las páginas de la revista monárquica. Fuera del hogar, la mujer era juzgada incapaz de desempeñar funciones sociales que, por naturaleza, no le correspondían. «El trabajo de la madre —señalaba María de Echarri— es contra naturaleza»⁶⁶. José María Pemán consideraba, y en este sentido coincidía con Antonio Machado, que la acción política no formaba parte de lo que podríamos denominar «feminidad». Así, decía: «No elegirás gobiernos con vuestros votos, pero predestinareis con vuestra simpatía a los jefes nacionales. Y así, la política volverá a tener belleza y humanidad. Porque las grandes empresas humanas no se han realizado con vosotras, sino por vosotras»⁶⁷.

El Partido Agrario Español tuvo igualmente su Sección Femenina, cuya presidenta, Prado García Montón, se mostraba disconforme con que la mujer compitiese en el trabajo con el hombre, aunque aceptaba que pudiese conquistar «una vida propia e independiente» a fin de ser «menos gravosa» para el marido. García Montón advertía, por otra parte, a las mujeres de la posibilidad de que algún día quisieran arrebatarles los hijos «en nombre de una ley hecha por hombres sin corazón», aludiendo a la ley del divorcio, y les instaba a luchar por ellos «hasta perder la vida». El partido defendió el rol tradicional femenino, basado en el desempeño de las labores domésticas y la subordinación al marido⁶⁸.

El incipiente fascismo español no dio excesiva importancia, en un principio, a las mujeres en sus filas. La concepción femenina característica del fascismo en su versión italiana era profundamente ambigua y giró en torno al ideal tradicional de madre y esposa ejemplar, característico de la cultura católica, y la de «la cittadina militante», expresión de la cultura revolucionaria y vitalista del fascismo, colaboradora activa en la vida del régimen⁶⁹. En los escritos de Ledesma Ramos no aparece el tema feminista. Y las minoritarias JONS no tuvieron su Sección Femenina hasta enero de 1933.

La primera mujer que entró en las JONS fue Justina Rodríguez de Viguri, pero masculinizando su nombre. Y es que, en los primeros momentos, Ledesma se negaba a que las mujeres formaran parte de su proyecto político. No obstante, en enero de 1933, el líder jonsista autorizó la creación de una Sección Femenina dentro de la universidad. Así, la rama femenina de las JONS nació en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, dirigida por Rodríguez de Viguri, Carmen Rico y María Dolores Galvarriato. Tras la unión con Falange Española, las afiliadas se integraron en el Sindicato Español Universitario⁷⁰.

El Fascio publicó un artículo titulado «La mujer en el fascismo», según el cual «la gran misión» de la mujer era la de «educar» a «los hombres sanos del mañana, inteligente colaboradora en las grandes empresas, alentadora de todo lo noble y bueno»⁷¹.

En todo momento, José Antonio Primo de Rivera se declaró contrario al feminismo. Para el líder falangista, el auténtico feminismo «no debiera consistir en querer para la mujer las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad a las funciones femeninas»⁷². En julio de 1934 se constituyó la Sección Femenina del partido, y unos meses después siete mujeres formaban parte de ella. Cuatro tenían responsabilidades oficiales: Pilar Primo de Rivera —hermana de José Antonio— pasó a convertirse en la jefa nacional de la organización; Dora Maqueda, secretaria; Luisa María de Aramburu, directora provincial de Madrid, e Inés Primo de Rivera, secretaria provincial. Había igualmente tres integrantes sin cargo: Dolores Primo de Rivera, María Luisa Bonifaz y la británica Marjory Munden. Hay que destacar también la presencia de la abogada y escritora Mercedes Formica.

En un manifiesto escrito en 1934, Primo de Rivera decidió que correspondían a las mujeres las funciones de predicación, divulgación y ejemplaridad, lo que se traducía en que las mujeres debían de ocuparse de la asistencia a los presos del partido, del apoyo a las familias de los caídos y de la recaudación de fondos destinados a sostener la causa. Colaboraron, al mismo tiempo, como propagandistas del partido y en los enlaces cuando los dirigentes estuvieran encarcelados⁷³.

VIENTOS REVOLUCIONARIOS: OCTUBRE Y SUS CONSECUENCIAS

La CEDA en el Gobierno

Mientras tanto, las tensiones sociales iban en aumento. La radicalización política y de la lucha de clases en toda España, la ampliación y cantidad de huelgas obreras y, sobre todo, la nueva estrategia del PSOE hegemonizado ahora por su izquierda, eran producto de una situación y de un estado de ánimo cada vez más convulsos. Todo el PSOE es el que se encuentra detrás del anuncio de «atención al disco rojo», que, desde las columnas de El Socialista, proclamaba una y otra vez la necesidad de «superar la República burguesa»⁷⁴.

No eran, sin embargo, los únicos en manifestar sus temores y sus rechazos ante la presencia de la CEDA en los aledaños del poder político. Sectores republicanos conservadores, y, desde luego, Niceto Alcalá-Zamora, que siempre receló de Gil Robles, tenían la convicción de que la previsible formación de un Gobierno radical con la participación de la CEDA podría significar, en la práctica, un golpe de Estado legal.

A ello se unió la cuestión de la reforma agraria en Cataluña, tras la cual se encontraba al mismo tiempo el problema de la autonomía. El 14 de enero se celebraron elecciones municipales y la Lliga mantuvo su alza, aunque en Barcelona venció un frente impulsado por la Esquerra. La política del Gobierno estuvo encaminada a la continuación de las reformas sociales ya iniciadas, como la Ley de Contratos de Cultivo y un anteproyecto de ley especial para la resolución de los conflictos provocados por los mencionados contratos. Ambas leyes contaron con la oposición de los terratenientes y propietarios. Agrupados en torno al Instituto Agrícola San Isidro, los terratenientes intentaron que la Lliga defendiera sus intereses.

El partido de Cambó se ausentó del Parlamento que iba a votar la ley. El 24 de abril, Cambó presentó, con el apoyo de la CEDA, los agrarios y los monárquicos, y un sector de los radicales, una proposición incidental para que el Gobierno planteara la incompetencia del Parlamento catalán para legislar en materia social ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y este ratificó la incompetencia de la entidad autonómica. El Gobierno catalán, presidido por Lluys Companys, presentó otra ley idéntica y los diputados de la Esquerra abandonaron el Parlamento español.

El conflicto fue muy rentable para la CEDA, que consiguió capitalizarlo y apoderarse de la dirección del Instituto San Isidro, bajo la dirección de José Cirera Voltá, hombre que acabó siendo protagonista de la escisión que dio lugar a la génesis de Acción Popular de Cataluña. El 8 de septiembre se celebró en Madrid una Asamblea de terratenientes catalanes contarios a la Ley de Cultivos, que fue apoyada por el conjunto de las derechas, y en la que intervinieron Gil Robles, Martínez de Velasco y Melquíades Álvarez, que rechazaron el contenido de la ley⁷⁵.

La Asamblea sufrió el boicot de los socialistas, que declararon la huelga general en Madrid para impedir su celebración. También se declaró la huelga general en Asturias para impedir la celebración de un acto de las JAP en Covadonga, que finalmente pudo celebrarse, y en el que Gil Robles pronunció un discurso en el que anunció la muerte del débil Gobierno de Ricardo Samper⁷⁶.

La crisis estaba planteada, y su dilema no era otro que el de la entrada de miembros de la CEDA en el nuevo Gobierno o la disolución del Parlamento. Republicanos conservadores, como Miguel Maura, o izquierdistas, como Azaña, aconsejaron la segunda opción, ya que la derecha católica no había hecho una declaración explícita de republicanismo. Triunfó, sin embargo, la primera opción. Y el 4 de octubre quedó constituido un nuevo Gobierno presidido por Lerroux, con tres ministros de la CEDA: Rafael Aizpún, en Justicia; Oriol Anguera de Sojo, en Trabajo, y Manuel Giménez Fernández, en Agricultura.

La noticia sonó a declaración de guerra entre los socialistas y los catalanistas de izquierda. La respuesta de los socialistas fue la declaración de huelga general revolucionaria, es decir, una huelga general de la que habría de seguirse la toma del poder y que, por tanto, tendría que ir acompañada de una insurrección armada. No obstante, el desarrollo de los acontecimientos demostró que los socialistas carecían de una estrategia y de un proyecto social y político mínimamente coherente. Sin duda, el socialismo español era revolucionario, pero estaba dirigido por unos pésimos tácticos y estrategas. Quedó claro, sin embargo, su rechazo de los métodos democráticos a la hora de acceso al poder.

En aquel momento, la Segunda República quebró por la acción de un partido que pasaba por ser uno de los pilares del régimen. Hubo huelga general en toda España, pero la insurrección armada solo pudo triunfar, en un primer momento, en la Asturias hegemonizada por los sindicatos mineros. En Barcelona, Companys proclamó la República catalana dentro de la República federal española, pero su rebelión fue fácilmente reprimida por el Ejército⁷⁷. En Asturias, sin embargo, la rebelión de las Alianzas Obreras asumió todas las características de una guerra civil localizada, que tardó dos semanas en controlarse por parte de las Fuerzas Armadas⁷⁸.

Los monárquicos vieron entonces la ocasión propicia para su ansiado golpe de Estado militar. Incluso algunos se plantearon traer a Sanjurjo desde Estoril⁷⁹. Ramiro de Maeztu hizo una llamada a la unión de todas las derechas, desde «Lerroux hasta Rodezno», bajo la égida militar⁸⁰. Gil Robles basculó la posibilidad de un golpe de Estado, pero no encontró apoyo entre las jerarquías castrenses. Una vez socavada la rebelión, Alcalá-Zamora forzó el indulto de algunos dirigentes revolucionarios, medida que fue muy mal recibida por el conjunto de las derechas, incluso por un liberal como Melquíades Álvarez, quien evocó, como ejemplo a seguir, a Adolf Thiers y su represión de la Comuna de París. Goicoechea acusó a Lerroux de lenidad y demandó la anulación de toda la obra social y política elaborada a lo largo del anterior bienio⁸¹. Más radical fue la intervención de José Calvo Sotelo, quien pidió la instauración de una dictadura militar y la depuración del aparato estatal y del personal político, comenzando por el Consejo Nacional de Cultura y acabando en la jefatura del Estado⁸².

La alternativa monárquica: Calvo Sotelo y el Bloque Nacional

Después de los acontecimientos de octubre, el líder monárquico creyó que era el momento adecuado de relanzar su proyecto de Bloque Nacional, que hasta entonces no había sido recibido con excesiva simpatía por el resto de las fuerzas de la derecha. Primero intentó contactar con los carlistas. Calvo Sotelo contaba para ello con los apoyos de Pradera, Rodezno, Oriol, Bau y Araúz de Robles, dentro de la Comunión, pero no con el grueso de la opinión carlista. El 16 de noviembre se entrevistó con Fal Conde, quien, si bien era escéptico ante la viabilidad de la alianza, se comprometió a someterla a discusión entre las jerarquías carlistas⁸³. Tras no pocas discusiones, y gracias a la elocuencia de Pradera, se acordó la adhesión al Bloque, aunque con muchas reticencias⁸⁴. La constitución del Bloque Nacional tuvo igualmente dificultades en Renovación Española. A finales de año, Goicoechea logró la aquiescencia de Alfonso XIII. No obstante, algunos miembros del partido lograron arrancar a Calvo Sotelo el compromiso de que su organización nunca sería obstáculo para la total independencia de Renovación Española⁸⁵.

La negativa de Falange Española a sumarse al proyecto de Bloque Nacional fue, desde el principio, tajante. El I Congreso Nacional del partido se había celebrado el 4 de octubre y supuso el triunfo de Primo de Rivera por un solo voto. En el congreso se presentaron los estatutos y en una de las sesiones se proclamó el texto de los veintisiete puntos del programa falangista, obra conjunta de Primo de Rivera y Ledesma Ramos. De nuevo salieron a la superficie las discrepancias entre ambos dirigentes. Mientras Ledesma, cuya idea de nación era voluntarista en la línea del fascismo italiano, se mostraba partidario de una definición que mencionara la mancomunidad surgida de la Reconquista, Primo de Rivera, más metafísico, acogió la noción proyectiva, influida no solo por Ortega y Gasset, sino por Eugenio D’Ors, de la «unidad de destino en lo universal».

Los veintisiete puntos equivalían a un moderado proyecto de reforma y modernización social en sentido fascista. Falange daba, como el resto de las derechas, preeminencia a la España agraria, «vivero permanente» de la nación. El tema de la forma de gobierno brillaba por su ausencia. Y se hacía referencia a la nacionalización de la banca y a la reforma agraria, con una amenaza de expropiación de las tierras «cuya propiedad haya sido adquirida y disfrutada ilegítimamente». Uno de los puntos más debatidos fue el de las relaciones Iglesia/Estado, ya que en el partido era grande la diversidad de posturas sobre el tema⁸⁶. Finalmente, Primo de Rivera ejerció de mediador y el punto correspondiente quedó reducido de forma ecléctica, reconociendo «el sentido católico a la reconstrucción nacional», pero afirmando al mismo tiempo la separación de la Iglesia y el Estado. En el último punto se negaba la posibilidad de pacto con otros partidos políticos, como respuesta directa al fracaso de sus relaciones con los monárquicos⁸⁷.

Por otra parte, Primo de Rivera ensayó una estrategia política deliberadamente contradictoria respecto a los sucesos revolucionarios de octubre. De un lado, ofreció sus milicias y sindicatos al Gobierno a la hora de reventar la huelga general y sofocar la rebelión asturiana. Sin embargo, denunció, al mismo tiempo, el sistema social vigente como «esencialmente injusto», algo que, en cierta forma, legitimaba la subversión proletaria, cuyas justas reivindicaciones podrían ser encauzadas en sentido patriótico por Falange⁸⁸. Igualmente, escribió su «Carta a un militar español», donde se instaba al Ejército a reemplazar al «Estado inexistente»⁸⁹. Atacó al Bloque Nacional, cuyo proyecto político juzgaba incompatible con el desarrollo de su programa⁹⁰, lo que provocó la salida de Falange de Francisco Moreno y Herrera, marqués de la Eliseda, hombre de Acción Española, en cuyos escritos se interpretaba el fenómeno fascista como «tradicionalismo actualizado»⁹¹.

En realidad, el único grupo político que recibió positivamente la iniciativa de Calvo Sotelo fue el Partido Nacionalista Español, de José María Albiñana, que vio en ella una posibilidad de revitalizar su mortecina organización. Con tan menguados apoyos salió a la luz el 9 de diciembre el manifiesto del Bloque Nacional, obra de Calvo Sotelo, Pradera y Sainz Rodríguez, y cuyo contenido recogía, a grandes rasgos, el proyecto político de Acción Española. Frente a una situación que se definía como objetivamente revolucionaria, se afirmaba una España «unida y en orden», definida por el retorno a los valores encarnados en la monarquía y el catolicismo, así como por la superación del capitalismo liberal, causa de la lucha de clases, mediante el corporativismo y el intervencionismo estatal. Las Fuerzas Armadas aparecían como «columna vertebral de la Patria»⁹².

El comité ejecutivo del Bloque estaba compuesto por Calvo Sotelo, Pradera, Lamamié de Clairac y Juan Antonio Ansaldo. El manifiesto llevaba la firma de numerosos aristócratas, como el duque de Alba, el marqués de Castelbrabo, el conde de Altea, el marqués de Arriluce de Ibarra, etc. También la de escritores e intelectuales, como Maeztu, Jacinto Benavente, Manuel Bueno, José María Pemán o el padre José Gafo. Entre las firmas de los políticos destacaban Pradera, Albiñana, José María de Areilza, Eduardo Aunós, Goicoechea y José Félix de Lequerica. Las firmas de Fal Conde y de otras jerarquías carlistas brillaban por su ausencia.

La aparición del Bloque Nacional fue muy mal recibida por Gil Robles y su partido, que lo interpretaron como una innecesaria y peligrosa división de las fuerzas de la derecha, justo cuando la CEDA se encontraba a punto de lograr la hegemonía en el Gobierno. A partir de ahí se produjo un ácido cruce de cartas entre Calvo Sotelo y el líder social-católico, con mutuas acusaciones de división y de incumplimiento de los pactos suscritos en octubre de 1933 entre los distintos partidos de la derecha⁹³.

Sin embargo, las contradicciones no eran tan grandes como podían parecer a primera vista. Las Juventudes de Acción Popular se declararon partidarias de llevar a cabo «todo lo aceptable y realizable» del proyecto político defendido por el Bloque Nacional, en particular «su concepto de Democracia, la necesidad de una total revisión constitucional y la de declarar al marxismo incompatible con España»⁹⁴.

La insurrección socialista de octubre tuvo igualmente como consecuencia una serie de intentos de revitalización del alicorto sindicalismo católico, cuya evolución siguió, aunque tardíamente, la trayectoria de Acción Popular y de la CEDA. En este sentido, se creó un Comité de Enlace de Sindicatos No Marxistas, que anunció el 21 de octubre la fundación de un autodenominado Frente Nacional del Trabajo. A finales de noviembre se celebró en Salamanca el I Congreso Regional de Sindicatos de Castilla y León, con poco más de diez mil obreros representados. Los sindicatos católicos de Navarra, que enviaron una delegación, contaban con 7.800 afiliados. La organización comenzó a publicar un periódico, Trabajo, en enero de 1935. Y en diciembre de 1934 se celebró un Congreso de Unificación de los Sindicatos Católicos Obreros, donde quedó constituida la Confederación Española de Sindicatos Obreros. Al margen de la CESO quedaron las falangistas CONS, los Sindicatos Libres, dirigidos de nuevo por Ramón Sales, que acusaban a la central católica de estar al servicio de la CEDA, y que en algún momento pidieron ayuda económica al Bloque Nacional⁹⁵.

LA HORA DE LA ESPERANZA

La obra legislativa del primer bienio republicano fue sometida a profunda revisión por los sucesivos Gobiernos radical-cedistas. Los decretos de primavera y verano de 1931 con respecto al mundo agrario dejaron de aplicarse. En cuanto a la Ley de Reforma Agraria, se mantuvo hasta agosto de 1935, cuando se publicó la Ley de Reforma de la Reforma Agraria. Mientras tanto se tomaron algunas medidas más bien favorables a la orientación de la ley de 1932. El cedista Alfonso Rodríguez Jurado se convirtió en el ídolo de la aristocracia terrateniente por sus desvelos en la devolución de las tierras a sus antiguos propietarios y fue calificado por el marqués de Santa Cruz como «el esforzado paladín en la defensa de nuestros bienes», gracias a lo cual se habían salvado de la confiscación las posesiones de las esposas de los Grandes de España, cuyos bienes ascendían a unos quinientos millones de pesetas⁹⁶.

Sin embargo, el nuevo ministro de Agricultura, Manuel Giménez Fernández⁹⁷, mostró la faz de un conservador reformista. Su objetivo, según sus propias palabras, era convertir a «toda España en clase media» y, además, no dudaba en declararse republicano con todas las consecuencias⁹⁸. No trató de paralizar la aplicación de la reforma agraria, sino adaptarla a las premisas social-católicas, dando preferencia a los asentamientos. Para defender su proyecto reformista, el nuevo ministro de Agricultura solía recurrir a las encíclicas papales, lo cual soliviantó a tradicionalistas y monárquicos, que, desde La Época y Acción Española, le acusaron de «demagogo pseudocristiano», «liberal del siglo XIX» o «rojo cristiano»⁹⁹.

En abril estalló una nueva crisis de Gobierno, provocada por el indulto presidencial a Ramón González Peña, cabeza visible de la revolución asturiana, contra la opinión del conjunto de las derechas. Consumada la crisis, Lerroux intentó formar Gobierno con ausencia de la CEDA y, por tanto, con muy escaso apoyo parlamentario. Sin embargo, la situación no tardó en cambiar cuando Gil Robles, con su mayoría parlamentaria, consiguió imponer al presidente de la República el trágala del retorno de la CEDA al Gobierno con cinco carteras ministeriales y con él personalmente en el Ministerio de la Guerra. Se inició entonces el Gobierno «largo» de la CEDA, presidido por Lerroux y que fue bien recibido incluso por la derecha monárquica¹⁰⁰.

Desde su ministerio, Gil Robles se dispuso a neutralizar la labor efectuada por Manuel Azaña y a consolidar en puestos de mando a los militares conservadores. Joaquín Fanjul fue nombrado subsecretario del ministerio; Francisco Franco, jefe de Estado Mayor; Manuel Goded se impuso en Inspección; Severiano Martínez Anido fue reintegrado en el Ejército, lo mismo que Emilio Mola, mientras que los militares republicanos fueron desplazados de sus puestos. No es extraño que Sanjurjo, en una carta a Mola, se felicitara de la política militar del líder católico: «Dentro de la política actual se ve claramente que todo lo bueno se está haciendo en Guerra, que de seguir así, y lo veo confirmado por otros nombramientos, habrá saneado el Ejército, verdadera base de salvación de España, que tanto necesita»¹⁰¹.

En julio llegó a presentarse en el Parlamento un proyecto de reforma constitucional que coincidía con los planteamientos de Alcalá-Zamora. El proyecto aconsejaba la modificación de los artículos 26, 27, 40, 43 y 44, es decir, los más directamente implicados en la legislación anticlerical y reformista en materia socioeconómica. Se abogaba, además, por garantizar el derecho de la Iglesia católica a regentar escuelas y por el establecimiento de una segunda Cámara con «función fiscalizadora y hasta potestad para emitir votos de censura»¹⁰². Sin embargo, el proyecto no llegó a discutirse en el Parlamento y, en realidad, no convenció a nadie. Fue atacado por los monárquicos y por las JAP, que pedían «otra Constitución»¹⁰³.

Otro de los asuntos que polarizó la atención de la opinión pública fue el destino de la Ley de Reforma Agraria. En el nuevo Gobierno, Gil Robles prescindió de Giménez Fernández, y la cartera de Agricultura fue ocupada por el agrario Nicasio Velayos, cuyo proyecto derogó puntos esenciales de la legislación anterior¹⁰⁴. Contra la nueva ley pronunció uno de sus mejores discursos José Antonio Primo de Rivera, que defendió la redistribución de las zonas cultivables¹⁰⁵.

La crisis falangista

La situación de Falange en aquellos momentos era muy delicada. La defección del marqués de la Eliseda dejó sin fondos al partido. En este contexto, se reunió la Junta Política a finales de año, con asistencia de Primo de Rivera, Ledesma y Redondo. El líder falangista reconoció la gravedad de la situación y nuevamente Ledesma aprovechó la circunstancia para alentar las disidencias. En su opinión, la responsabilidad recaía en Primo de Rivera por su negativa a integrarse en el Bloque Nacional. A partir de ahí urdió, junto a Redondo, Álvarez de Sotomayor y Manuel Mateo, una conspiración contra el jefe nacional, intentando extender la disidencia al conjunto de los militantes. Sin embargo, Primo de Rivera fue advertido a tiempo y Ledesma se vio obligado a abandonar el partido, quedándose prácticamente solo, ya que Redondo no tardó en apoyar al líder falangista.

Una vez consumada la disidencia, Ledesma, aislado, fundó, con ayuda económica de los monárquicos, el semanario La Patria Libre e intentó organizar en Barcelona el Partido Nacional-Sindicalista, aunque sin éxito. Mientras tanto, tuvo tiempo de publicar en julio sus dos obras cumbres, ¿Fascismo en España? y Discurso a las juventudes de España. La primera, firmada bajo el pseudónimo de «Roberto Lanzas», es una historia política del jonsismo hasta su disolución, en la que hay, además, un breve capítulo inicial sobre el concepto de fascismo. Al mismo tiempo, considera que el fracaso «vertical» y «vertiginoso» de la Segunda República abría el paso a la «revolución nacional», aunque esta revolución carecía aún de asistencia popular. En este sentido, para Ledesma no existía «fascismo» en España; había, eso sí, «fascistizados», a saber, el Bloque Nacional, la CEDA, la propia Falange, así como un sector del Ejército. Con una «acción convergente del Ejército», tales fuerzas disfrutaban de «muchas posibilidades». Finalmente, Ledesma llegaba a la conclusión de que Primo de Rivera le había arrebatado las banderas.

Por su parte, Discurso a las juventudes de España, título de resonancias fichteanas, es una reflexión sobre la trayectoria nacional española. El nuestro era un país que llevaba «doscientos o más años ensayando el mejor modo de morir». Sin embargo, tal situación no era producto de un proceso de decadencia, sino de la derrota frente a imperios rivales, capaces de adaptarse mejor a las condiciones de la modernidad capitalista. A ese respecto, el siglo XIX suponía la insuficiencia de un liberalismo en permanente lucha con el tradicionalismo, y tampoco había tenido lugar un desarrollo económico y social auténtico. España carecía, además, de una identidad nacional arraigada, a diferencia de la mayoría de los países europeos. De ahí la debilidad del nacionalismo español y, por ende, de su movimiento fascista, que él mismo había pretendido acaudillar. Todo esto no podía suplirse, como pretendía el conjunto de la derecha, mediante el recurso a la religión católica, en parte porque un importante sector de la sociedad española no era ya católico, y en parte también porque el catolicismo español era en sí mismo «un instrumento de debilidad y resquebrajamiento»¹⁰⁶.

Ninguno de los dos libros fue bien recibido por las derechas. Ramiro de Maeztu criticó la disociación entre catolicismo e identidad nacional, que le parecía tan insostenible como peligrosa¹⁰⁷. Por su parte, José Antonio Primo de Rivera, líder ya indiscutible del fascismo español, continuó criticando al Bloque Nacional, y en uno de sus discursos, con gran disgusto de la derecha monárquica, declaró a la monarquía española «gloriosamente fenecida»¹⁰⁸.

Ernesto Giménez Caballero había iniciado, desde hacía tiempo, un claro giro a la derecha, criticando las veleidades izquierdistas del líder falangista¹⁰⁹, pasándose, con armas y bagajes, a la derecha, y colaborando en Acción Española¹¹⁰. Incluso pretendió fundar el Partido Patronal Español a fines de 1935, intento que se saldó con un rotundo fracaso¹¹¹.

La inestable alianza cedo-radical

Mientras tanto, se había producido una nueva crisis ministerial. El agrario Royo Villanova y su partido dimitieron de sus cargos de Gobierno. Y Alcalá-Zamora aspiraba a un Ejecutivo presidido por Santiago Alba, que abarcara desde el socialista Julián Besteiro hasta Abilio Calderón. Los planes del presidente de la República fueron muy criticados por el conjunto de las derechas, y, finalmente, tras no pocos cabildeos, se encargó a otro antiguo monárquico liberal, Joaquín Chapaprieta, la formación de un nuevo Gobierno, pero conservando la CEDA el conjunto de sus carteras ministeriales.

Chapaprieta intentó imponer un plan de estabilización, aspirando al ahorro presupuestario de cuatrocientos millones de pesetas y a la supresión de diversos tributos: territorial, de utilidades, timbre, renta y gas¹¹². Como ministro de Trabajo, el cedista y propagandista católico Federico Salmón Amorín trató de paliar el problema del paro mediante el fomento de las obras públicas. A través de la ley del 25 de junio se estableció que el Estado subvencionara en un 50 % como máximo las obras de carácter local destinadas a caminos vecinales, alumbrados, abastecimientos de agua, saneamientos e higiene de los municipios rurales¹¹³.

En octubre tuvo lugar un acontecimiento importante para los monárquicos alfonsinos: la boda del heredero al trono Juan de Borbón y Battenberg, quien tuvo oportunidad de hacer su primera declaración pública de orden político, haciendo suyo el proyecto de Acción Española. En aquel momento, algunos monárquicos intentaron lograr la abdicación de Alfonso XIII, pero este, de nuevo, se negó en redondo¹¹⁴. Los tradicionalistas no asistieron a la boda, y El Siglo Futuro se apresuró a dejar muy claro que nada podía dar legitimidad a una dinastía que «buscó su amparo en la revolución liberal»¹¹⁵.

Octubre fue igualmente el momento en que la alianza cedo-radical llegó a su fin como consecuencia de dos escándalos, los denunciados por Strauss y por Nombela, que hundieron definitivamente al Partido Radical y acabaron con el Gobierno presidido por Chapaprieta¹¹⁶. Gil Robles quedó entonces sin una mínima cobertura republicana; es más, tuvo que desprenderse de ella para no verse arrastrado por el lastre de la corrupción. El momento decisivo de la nueva situación política tuvo lugar el 11 de diciembre, cuando el líder católico, en su consulta con Alcalá-Zamora, intentó que se le entregase el poder con la amenaza de disolución de las Cortes. El presidente de la República lo rechazó y, poco después, el general Fanjul propuso a Gil Robles un golpe de Estado militar. Este se negó a encabezar el golpe, pero declaró a Fanjul que, si el Ejército quería darlo, él, como ministro de la Guerra, no se opondría. Según todos los indicios, fue el general Francisco Franco quien aconsejó desistir de ese intento, dada la división existente en las Fuerzas Armadas.

Finalmente, Alcalá-Zamora designó a un hombre de su confianza, Manuel Portela Valladares —antiguo liberal dinástico, masón y vizconde consorte de Brías— como jefe de Gobierno. No pudo conseguir, sin embargo, el apoyo de Miguel Maura¹¹⁷. La táctica política de Gil Robles no había dado, pues, sus frutos en el momento decisivo.

DE NUEVO EL GRAN MIEDO Y LA LLAMADA AL SOLDADO

El 7 de enero de 1936, Manuel Portela Valladares anunció la convocatoria de nuevas elecciones generales. En aquel momento, las derechas se enfrentaban a los comicios en una situación completamente distinta a la de noviembre de 1933. Por de pronto, su balance era decepcionante. Su política agraria, que había desechado los proyectos reformistas católicos de Giménez Fernández, no favoreció la paz social. Tampoco los recortes económicos del plan de estabilización promovido por Chapaprieta. El conjunto de las izquierdas siguió considerando legítima la sublevación de octubre de 1934, y una de sus reivindicaciones era la amnistía para los prisioneros y represaliados. Las campañas contra Manuel Azaña, a quien se intentó involucrar directamente con los sucesos revolucionarios, permitió que este volviera a encumbrarse como mediador entre las distintas fuerzas de izquierda. Buena prueba de ello fueron los multitudinarios mítines a campo abierto celebrados, bajo la égida del político alcalaíno, en Mestalla, Comillas y Lassesarre. El denominado Frente Popular se hallaba en ciernes¹¹⁸.

Desunión derechista

Por si fuera poco, lo que dominaba en el campo de las derechas era un profundo fraccionamiento. Sin embargo, la situación en que se hallaba Gil Robles, pese a su fracaso, no era en modo alguno desesperada. En aquellos momentos, todavía era posible la reivindicación de las posibilidades políticas de su táctica, ya que, hundidos los radicales de Lerroux, la CEDA era la única fuerza política de la derecha con sólidas bases en la sociedad civil gracias a una organización de masas moderna y activa. Debido a su posición hegemónica, la CEDA no excluyó, en un principio, a ninguno de los partidos que acudían a la búsqueda de consensos y pactos electorales. Gil Robles recibió a Miguel Maura, a Melquíades Álvarez y a otros dirigentes de los minoritarios partidos de la derecha republicana liberal. Estrategia que, desde luego, chocaba con las pretensiones de las derechas monárquicas lideradas por Calvo Sotelo y Fal Conde. Los monárquicos excluían de las alianzas tanto a los agrarios como a los partidarios de Miguel Maura, a quien se recordaba, por si alguien se había olvidado, la quema de conventos de mayo de 1931 y la expulsión del cardenal Segura¹¹⁹.

En este sentido, el programa defendido por Calvo Sotelo era taxativo: ilegalización de los partidos marxistas y separatistas, nuevo sistema de relaciones laborales, con prohibición de la huelga y del cierre patronal, y restablecimiento «a rajatabla» del orden público¹²⁰.

La CEDA no aceptó las condiciones de Calvo Sotelo, absteniéndose de construir una alternativa clara —republicana o monárquica— que aglutinara en torno suyo a otras fuerzas conservadoras. En lugar de un bloque o frente de derechas, Gil Robles prefirió la creación de tantos bloques como circunscripciones. En unos se presentaría al lado de los monárquicos, y en otros con las dispersas fuerzas republicanas conservadoras. Las negociaciones con Calvo Sotelo fueron muy duras, y es que los monárquicos perseguían que, tras la previsible destitución de Alcalá-Zamora, un militar, es decir, Sanjurjo, fuese elegido presidente de la República, propuesta que no fue aceptada por Gil Robles¹²¹.

Sin embargo, la unidad en el campo específicamente monárquico distaba mucho de ser efectiva. Buena prueba de ello era el hecho de que el 23 de enero Alfonso Carlos instituyera una regencia en favor del príncipe francés Javier de Borbón Parma con el objetivo de evitar que a su muerte la Comunión pudiese ser definitivamente hegemonizada por los partidarios de Alfonso XIII o Juan de Borbón¹²².

Falange Española, que anteriormente había lanzado sin éxito la idea de un Frente Nacional, quedó fuera de las alianzas electorales concertadas por las derechas. Primo de Rivera se acercó a Gil Robles, que estuvo de acuerdo en reservar a los falangistas una serie de actas, pero los jefes provinciales del partido, por motivos tanto políticos como personales, deseaban todos ser diputados, con notoria desproporción con la fuerza real del movimiento.

En Cataluña se formó por parte de las derechas el Front Catalá d’Ordre, en el que estaban incluidos la Lliga, los radicales, Acción Popular, Derecha de Cataluña y los carlistas. La Lliga proclamó su defensa de la legalidad y del régimen de autonomía, pero justificó su alianza con las restantes fuerzas de la derecha, cuyo proyecto político era antirrepublicano y antiautonomista, porque existía entre ellos no solo muchas coincidencias, sino todo un «patrimonio común»¹²³.

Distinta fue la situación en el País Vasco, donde los nacionalistas rechazaron cualquier alianza con el resto de las derechas, más que por motivos estrictamente ideológicos, porque estas se habían declarado adversas hacia la posibilidad de un régimen autonómico. Como ya hemos señalado, las divergencias venían de lejos. A finales de 1933, cuando se presentó un nuevo proyecto estatuario, fue torpedeado por las derechas con el pretexto de la cuestión alavesa. Para José Luis Oriol, Álava no había aprobado el Estatuto y, en consecuencia, debía retirarse del proceso autonómico. Gran parte de la CEDA se sumó a la campaña, pero el Parlamento no aprobó la retirada de Álava por escasa diferencia de votos, debido a que los regionalistas valencianos no siguieron en su mayoría a la derecha católica, al haber dejado Gil Robles libertad de voto¹²⁴.

En junio de 1934, los nacionalistas vascos abandonaron el Parlamento en solidaridad con Esquerra con motivo del pleito que enfrentaba a la Generalitat con el Gobierno central por la Ley de Contratos de Cultivo, que consideraba acordes con los principios social-católicos. Comenzó en ese momento su acercamiento a las izquierdas, y entre junio y septiembre se produjo el conflicto de los ayuntamientos vascos, de mayoría nacionalista y socialista, con el Gobierno de Ricardo Samper por los problemas suscitados por el concierto económico, que provocaron la ruptura definitiva del PNV con la CEDA. El 1 de octubre, los nacionalistas vascos, de acuerdo con Esquerra, retornarían a las Cortes. Su actitud ante los sucesos de octubre fue de neutralidad.

Algunos nacionalistas y sindicalistas, desobedeciendo las consignas del PNV, participaron en la huelga revolucionaria en la margen izquierda del Nervión, lo que provocó un torrente de críticas por parte de las derechas, que les acusaron de complicidad con la revolución¹²⁵. Poco antes de las elecciones, en enero de 1936, los nacionalistas vascos viajaron a Roma para entregar un «Memorándum» a Pío XI sobre la Iglesia católica en el País Vasco, pero el viaje resultó un fracaso, ya que los dirigentes no fueron recibidos ni por el Pontífice ni por el secretario de Estado, y se les recomendó una alianza con la CEDA, porque «primero es Dios y luego la Patria». Sin embargo, el PNV se negó a la aceptación de dicha alianza¹²⁶.

La propaganda electoral monárquica tuvo mucho de manual de Historia de España; había un cartel en el que aparecía una matrona —España— ahogándose, agarrada a una barca que simbolizaba la monarquía. Más espectacular fue la propaganda de la CEDA, de la que lo más llamativo resultó ser el enorme cartelón alzado sobre la pastelería madrileña La Mallorquina con el mofletudo y un tanto adiposo rostro de Gil Robles y un fondo de masas. Se trataba de una especie de remedo, entre stalinista y mussoliniano, de propaganda totalitaria.

El autor había logrado hacer anguloso y enérgico la faz del líder católico. Y un mensaje político, que recordaba la célebre frase del cardenal Cisneros: «Estos son mis poderes, dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande». El contenido de la propaganda fue, ante todo, negativo: antirrevolución, antilaicismo, antimarxismo y antiseparatismo. En los mítines monárquicos se daban «grandes vivas al Ejército y una ovación al glorioso general Sanjurjo». Calvo Sotelo manifestó, en un mitin celebrado en Madrid, que había sonado la hora de «la desobediencia conforme a nuestra filosofía católica, desde santo Tomás hasta el padre Mariana»¹²⁷. Manuel Portela Valladares hizo campaña desde el Gobierno, recurriendo a la radio, a través de la cual recurrió a un mensaje «centrista».

Victoria del Frente Popular: comienza el Gran Miedo

La mañana del 16 de febrero se celebraron las elecciones. Entre los distintos partidos de izquierda y de derecha existían diferencias muy profundas que afectaban, no ya el programa político ni a los propósitos del Gobierno, sino a verdaderos sistemas de creencias. Solo el sistema electoral pudo lograr que esas diferencias se borrasen, siquiera un día, y se impusiera la disciplina de voto. El Frente Popular, compuesto por republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, se impuso en la mayoría de las circunscripciones.

La ley electoral, que primaba a las mayorías, convirtió en holgado un triunfo que, según todos los indicios, debió ser muy estrecho. La sociedad española se hallaba profundamente dividida. A ello es preciso unir la mayor cohesión y rapidez en la formación de candidaturas por parte de las izquierdas, junto a los votos arañados por los «centristas» de Alcalá-Zamora y Portela Valladares a los partidos de la derecha y el masivo apoyo de los anarquistas a la coalición de izquierdas¹²⁸.

La CEDA consiguió 88 escaños; los «centristas» de Portela Valladares, 16; el Bloque Nacional, 12; la Lliga Catalana, 12; el Partido Agrario Español, 11; los nacionalistas vascos, 10; los carlistas, 10; los republicanos progresistas, 6; los republicanos conservadores, 3. Falange, al presentarse en solitario a las elecciones, no consiguió ningún escaño.

Al conocerse los primeros resultados electorales comenzaron a dispararse todas las expectativas acumuladas desde los inicios de la campaña. Para las izquierdas, ganar las elecciones suponía librar a los presos de octubre y readmitir a los despedidos con motivo de su participación en la huelga general. De inmediato tuvieron lugar marchas hacia las cárceles con el objetivo de liberar a los presos y concentraciones ante las obras y talleres para obligar a los empresarios a readmitir a los despedidos. Al mismo tiempo, los ayuntamientos destituidos en 1934 y regidos desde entonces por comisiones gestoras fueron repuestos entre aclamaciones de sus partidarios.

La reacción de la CEDA y de la derecha monárquica fue inequívoca. Gil Robles y Calvo Sotelo intentaron cerrar la situación potencialmente revolucionaria apoyándose en los generales Manuel Goded y Francisco Franco y declarando el estado de guerra. Presionaron a Portela en ese sentido, pero no consiguieron ni el apoyo del jefe de Gobierno, que dimitió prematuramente, ni del Ejército¹²⁹. La dimisión de Portela y el rápido traspaso de poderes a Manuel Azaña facilitaron, sin duda, la manipulación de algunas actas electorales por parte de las izquierdas triunfantes¹³⁰.

La victoria frentepopulista sembró el terror en las clases conservadoras. Los revolucionarios de octubre tomaban el poder, pensaron no pocos. El escritor José María Salaverría describía España como «una nación en fuga», ante la huida al extranjero de miembros de la aristocracia y de la alta burguesía¹³¹. Acción Española recibió el resultado electoral con una llamada a la rebelión armada: «La Verdad puede y debe imponerse por la fuerza, forma de proselitismo y deber de amor que obliga para con la nación a las clases directoras»¹³². Como en 1873, aunque ahora con más razón, dado que el peligro de revolución social era mucho mayor, se iniciaba el Gran Miedo, que tardaría muchos años en desaparecer¹³³. Un miedo que nacía de la incertidumbre respecto a lo que pudiera pasar, con el espectro de la revolución en el horizonte. En un artículo periodístico, Ramiro de Maeztu expresaba ese estado de ánimo, propio de aquellos que se sentían amenazados y en peligro:

Tenemos que ganar, y porque tenemos que ganar triunfaremos. Pero no triunfaremos sino cuando nos digamos de todo corazón que es necesario que ganemos. Que es necesario, que es cuestión de vida o muerte para la causa de Dios y de España que estamos manteniendo; que peleamos con la espalda en la pared y que las naves están quemadas y no hay más remedio que ganar. Cuando así lo creamos, empezaremos a ganar de veras¹³⁴.

En cierta forma, la derecha monárquica, lo mismo que el conjunto de las aterrorizadas derechas, evocaban, con sus llamadas a la intervención militar, a la figura apocalíptica del Katechon —recordada por Carl Schmitt en una de sus obras, presente en la segunda epístola de san Pablo a los Tesalonicenses—, una fuerza que impediría, en términos teológico-políticos, el triunfo del «Anti-Cristo»¹³⁵, personificado contemporáneamente en el triunfo de la revolución comunista en Rusia y su posible expansión al resto de Europa.

Por una vez, Manuel Azaña intentó apaciguar a las derechas, afirmando en un discurso radiado que el Gobierno no sería un mero instrumento del Frente Popular. En un primer momento, el contenido del discurso fue bien recibido por el conjunto de las derechas, incluso por los monárquicos¹³⁶. José Antonio Primo de Rivera saludó el triunfo político del alcalaíno como una nueva oportunidad de transformación de la sociedad española, siempre que fuese capaz de emanciparse de la influencia izquierdista y separatista¹³⁷. No obstante, fue en aquellos momentos en los que la violencia falangista llegaría a su apogeo. El carlismo, por su parte, interpretó la derrota derechista como una consecuencia de la «falta de programa» y de la táctica seguida por Gil Robles. Fal Conde se mostró partidario de dar por finalizado el pacto con los monárquicos alfonsinos, y mes y medio después se hizo público el nombramiento de Javier de Borbón Parma como regente y la ruptura del Bloque Nacional acordada en diciembre, aunque fue silenciada por motivos electorales hasta entonces¹³⁸.

Empiezan las conspiraciones

Tras el triunfo frentepopulista, un sector del Ejército actuó ya en sentido abiertamente conspirativo. El 8 de marzo tuvo lugar una reunión en casa de un miembro de la CEDA en la que participaron Francisco Franco, Emilio Mola, Orgaz, Joaquín Fanjul, Villegas, el coronel Antonio Aranda, Valentín Galarza y otros¹³⁹. José Antonio Primo de Rivera también estaba dispuesto a sumarse al complot, y los falangistas tirotearon al dirigente socialista Jiménez de Asúa, que resultó ileso, no así su guardaespaldas. Varios falangistas fueron detenidos, entre ellos el propio Primo de Rivera, junto a Sánchez Mazas, Ruiz de Alda, Fernández Cuesta y David Jato. Poco después, Falange fue declarada fuera de la ley, pasando a la clandestinidad.

El nuevo Gobierno, presidido por Azaña y compuesto por republicanos de izquierda, se apresuró a tomar medidas favorables hacia la clase obrera. Se legalizaron la liberación de presos y las readmisiones de despedidos, y, sobre todo, se activó la reforma agraria de forma mucho más rápida y radical. Tales medidas fueron muy criticadas por el conjunto de las derechas. A sus ojos, aquellas medidas significaban un claro hundimiento de las relaciones sociales y, sobre todo, de la incapacidad del Estado para manejar los resortes de la autoridad y de la represión. Parecía un Estado a remolque de los revolucionarios.

En ese contexto, el Parlamento se convirtió en la caja de resonancia de los profundos antagonismos que fraccionaban a la sociedad. La animosidad entre los diputados llegó a tal extremo que, para evitar males mayores, la Presidencia se vio obligada a someter a la Cámara al bochornoso procedimiento del cacheo antes de las sesiones parlamentarias, en vista de la frecuencia con que se esgrimían armas de fuego en el hemiciclo.

No resultó excesivamente tranquilizadora la destitución de Alcalá-Zamora como presidente de la República, al que las izquierdas nunca perdonaron su actuación en junio y septiembre de 1933, ni las derechas, las de octubre de 1934 o diciembre de 1935 ¹⁴⁰. La destitución abrió un período de interinidad —hasta la elección de Manuel Azaña como presidente— que para nada favoreció la estabilidad política, como tampoco lo hizo la actitud provocativa de las izquierdas. El Frente Popular dejó en la práctica de existir, y tuvo lugar una fuerte movilización reivindicativa sindical, el agravamiento de las disensiones socialistas, la unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas, y la ocupación de tierras por parte de los jornaleros y campesinos en Extremadura, Andalucía, Toledo y otras regiones. En muchos casos, la UGT y la CNT hacían referencia a la «revolución» y no faltaban quienes, como los anarquistas, la daban por hecha y discutían —como ocurrió en su congreso de Zaragoza— la organización de una sociedad libertaria¹⁴¹.

La situación de las derechas era también de profunda perplejidad y desorganización. El hasta entonces líder indiscutible, José María Gil Robles, fue incapaz de recuperarse del fracaso electoral de febrero. Nunca recobró su «carisma» ni su autoridad. Ni siquiera lo logró en la propia CEDA, que era, como ya señalamos, un conglomerado defensivo articulado en grupos y tendencias. El hundimiento moral del líder hizo que las diversas tendencias se dispersaran en direcciones contrarias. Las Juventudes corrieron a engrosar las filas de Falange; otros se fueron con los monárquicos, y una minoría, con el siempre bienintencionado Giménez Fernández, a un intento de contemporizar con las izquierdas republicanas representadas por Azaña. No les sirvió de nada. El desdeñoso Azaña, como había ocurrido cinco años antes con Ángel Herrera, no tomó en serio a Giménez Fernández, de quien escribió lo siguiente en sus diarios:

Nunca le he oído hablar, ni he leído nada suyo. Ignoro si vale para algo. Es hombre joven, de aspecto tosco, como de señoritón y por lo que hasta mí llega de sus ideas políticas, me parece un conservador utópico, para discursos de juegos florales, formado en academias escolares, con el aditamento de querer ser «moderno» y avanzado y no «asustarse de nada».

Y, con displicencia digna de mejor causa, Azaña, en la conversación, afirmó: «Tienen ustedes que convencerse –le dije riendo— que la derecha de la República soy yo y ustedes unos aprendices extraviados»¹⁴².

Tal situación provocó el avance de las posiciones claramente rupturistas de Calvo Sotelo, que a partir de entonces pudo dar rienda suelta a la proclamación, como única alternativa, de su proyecto político corporativo y autoritario. Calvo Sotelo, que había dado ya su apoyo a los planes de sublevación militar, se convirtió, en palabras del embajador norteamericano Claude Bowers, en «el provocador de las Cortes»¹⁴³. En sus múltiples intervenciones, el antiguo maurista atacó al Gobierno y su política social; a Manuel Azaña como nuevo presidente de la República; al Frente Popular, y nuevamente repudió el sistema demoliberal y pidió sin rebozo la intervención del Ejército¹⁴⁴.

En este conflictivo contexto, Miguel Maura publicó en El Sol una serie de artículos defendiendo, como alternativa, una comisaria «dictadura nacional republicana». El dirigente republicano conservador denunciaba la intransigencia tanto de las derechas como de las izquierdas. Las primeras nunca habían aceptado, en realidad, el orden republicano, pero tampoco parecían capaces de construir el nuevo Estado que prometían en su propaganda, mientras que las segundas hicieron una Constitución a su medida y en aquellos momentos defendían posturas abiertamente revolucionarias que destruían el equilibrio social y deslegitimaban el sistema parlamentario.

Maura no dudaba en alabar a Falange Española y a su líder, «vanguardia de una juventud magnífica de espíritu y de patriotismo, llena de abnegación y rebosante de valor personal». En una situación tan conflictiva, la única solución, para Maura, era una «dictadura nacional republicana», «no unipersonal y partidista», sino «apoyada en zonas extensas de las clases sociales que llegue desde la obrera socialista no partidaria de la vía revolucionaria hasta la burguesía conservadora que haya llegado ya al convencimiento de que ha sonado la hora del sacrificio y del renunciamiento en aras de la justicia social efectiva que haga posible la paz entre los españoles». Una dictadura regida por «republicanos probados», «de plenos poderes, limitándose a sí misma como lo hizo el gobierno provisional de la República»¹⁴⁵.

José Antonio Primo de Rivera envió, desde la cárcel, una carta al político conservador, agradeciéndole sus elogios y señalando que la dictadura que propugnaba tendría que «concluir aspirando a un régimen autoritario nacional capaz de hacer (¿recuerdas?) la revolución desde arriba, que es la única manera decente de hacer revoluciones». No obstante, el líder falangista se mostraba pesimista ante «la terrible incultura, o mejor aún pereza mental de nuestro pueblo (en todas sus capas) acaba por darnos o un ensayo de bolchevismo cruel y sucio o una representación flatulenta de patriotería alicorta a cargo de algún figurón de la derecha», refiriéndose a Calvo Sotelo¹⁴⁶.

En su respuesta, Maura afirmaba que el Estado republicano actual le parecía «inservible e ineficaz», pero que era preciso «salvar de la democracia su esencia que es la legitimidad de origen del poder en quienes lo ejerzan, del liberalismo, de las libertades individuales que se han llamado indispensables compensándolas con los deberes de disciplina que son correlativos, y dando por definitivamente muerto el parlamentarismo»¹⁴⁷.

Así, pues, monárquicos alfonsinos y carlistas, cedistas y falangistas, republicanos conservadores y agrarios se fueron sumando, aunque no sin reticencias respecto a su significación última a nivel social y político, a la conspiración militar, cuya cabeza visible era ya, sin duda alguna, el general Sanjurjo. Un hombre de su confianza, Ángel Rodríguez del Barrio, ostentó en un primer momento el mando supremo de la conspiración, aunque luego se apartó de su dirección, alegando enfermedad, lo que hizo ascender la figura del africanista Emilio Mola Vidal, cuyo proyecto no contemplaba la instauración de la monarquía, sino una especie de dictadura militar; tampoco el establecimiento de un Estado confesional, e incluso parecía estar dispuesto a unas ciertas concesiones al reformismo republicano. En todo momento, Mola se negó a suscribir un pacto con las fuerzas civiles: el movimiento era ante todo militar¹⁴⁸.

Sectores accidentalistas, como los de la Derecha Regional Valenciana, ofrecieron a los militares un nutrido contingente de militantes para apoyar la sublevación. No obstante, la derecha valenciana siguió una doble táctica. Un sector minoritario, con Luis Lucia al frente, continuó presentándose como un partido leal al orden político establecido, mientras que otro, el mayoritario, conspiraba abiertamente con el Ejército¹⁴⁹.

Las políticamente desbordadas derechas reconocían de facto a Calvo Sotelo como su jefe. Y se unían sociológicamente más que políticamente en la esperanza de que el Ejército se levantase contra el Frente Popular. El asesinato del líder monárquico el 13 de julio¹⁵⁰, si bien no determinó el estallido de la sublevación, sí empujó a los militares y políticos reacios a sumarse a ella; la dotó de una mayor legitimidad ante las clases conservadoras y fue, en definitiva, la expresión paradigmática de la virulencia del conflicto social que atenazaba al conjunto de la sociedad española. Un asesinato que guarda no pocas analogías con el de Giacomo Matteoti perpetrado por los fascistas en 1925.

Pronunciamiento cívico-militar e inicio de la Guerra Civil

Mal organizado, el pronunciamiento militar dividió al Ejército y fracasó en las grandes ciudades, degenerando en una cruenta guerra civil y en un proceso social de carácter revolucionario —inédito en la Europa occidental— dirigido por anarquistas, socialistas y comunistas, aunque desde distintos proyectos y estrategias. En este sentido, la Guerra Civil española no puede ser definida como una pugna entre democracia y fascismo, sino entre revolución y contrarrevolución.

Bajo el manto de la Segunda República, que dejó prácticamente de existir, se produjo una auténtica revolución social, basada en expropiaciones y colectivizaciones de tierras y fábricas, destrucción de iglesias y monumentos de carácter religioso y persecución sistemática de católicos y conservadores¹⁵¹. La represión revolucionaria se cebó en los estamentos tradicionales, la aristocracia y la Iglesia, símbolos del Antiguo Régimen. El marqués de San Juan de Piedras Albas contabilizó en más de doscientas las muertes entre la Grandeza de España¹⁵². No obstante, fue el clero quien sufrió la represión desatada. Se calcula un total de 6.832 muertos, distribuidos en 4.184 pertenecientes al clero secular y seminaristas; 2.365 religiosos y 283 monjas¹⁵³.

No fue menor el trágico balance de escritores, intelectuales y políticos de derecha asesinados por los revolucionarios: José María Albiñana, Manuel Bueno, Ramiro Ledesma Ramos, Álvaro Alcalá Galiano, Pedro Muñoz Seca, Honorio Maura, Víctor Pradera, Melquíades Álvarez, Ramiro de Maeztu, Onésimo Redondo, Manuel Delgado Barreto, Federico Salmón Amorín, José María Hinojosa, Francisco Valdés, Zacarías García de Villada, José Martínez de Velasco, José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda, Dimas de Madariaga, Manuel Rico Avello, Rafael Salazar Alonso, Pedro Poveda, etcétera¹⁵⁴.

La experiencia republicana y luego la de una guerra civil larga, brutal y sangrienta fueron, para el conjunto de las derechas españolas, un desastre tanto subjetivo como objetivo. Lo decisivo fueron tanto los hechos como su ulterior interpretación. Ambas experiencias generaron un estado de ánimo que tardaría muchos años en diluirse hasta desaparecer.

Las masas derechistas y el conjunto de sus élites actuaron no solo movidos por sus ideales más hondos, sino por un reflejo instintivo de autodefensa. A sus ojos, la democracia liberal se había mostrado, no solo en teoría, sino de la práctica social y política cotidiana, como un peligroso morbo que amenazaba, con la sola existencia, su modo de vida, sus intereses materiales, sus creencias y sus hábitos más arraigados. Por ello, a lo largo de muchos años, el conjunto de las derechas, incluida la liberal, se sintió protegida a la sombra de la espada y de un régimen autoritario. En este sentido, resultan muy significativas las palabras del conde de Romanones, representante prototípico del liberalismo político clásico:

No es solo en España donde los principios liberales y las democracias se hallan en evidente crisis. No muere el liberalismo solo por lo que tiene de esencialmente político; lo mata la profunda evolución que impone la economía moderna. La antigua estructura jurídica del Estado liberal resulta hoy, por lo estrecha, un molde inadecuado para dar solución a las necesidades sociales de la hora presente. Las dictaduras florecen y se extienden sobre la base del sistema corporativo al punto de si el siglo XIX fue el del régimen parlamentario, el siglo XX será el de las dictaduras. La libertad ha muerto, lo afirmo, con emoción verdadera, no en balde durante cincuenta años la rendí culto. Pero qué hacer, tal es el espectáculo que ofrece España en esta hora suprema de conmoción, la más profunda que registra la Historia en que la Democracia se ha convertido en Demagogia y la Libertad en Anarquía¹⁵⁵.

En este sentido, no dejó de alabar los planteamientos de monárquicos antiliberales como Alain de Benoist y Charles Maurras, criticando acerbamente el desarrollo y la decadencia del parlamentarismo de la Restauración, causante, a su juicio, del «proceso que condujo a la monarquía a su ruina»¹⁵⁶.

Sin duda, como ya hemos adelantado, las opiniones del conde de Romanones no eran solo individuales, sino que formaban parte de un estado de ánimo colectivo. De ahí que el régimen político nacido de la Guerra Civil y su persistencia a lo largo de varias décadas fuese consecuencia, como diría el sociólogo francés Raymond Aron, de una «necesidad trágica»¹⁵⁷, fruto de la inmadurez de la sociedad española a la hora de consolidar la democracia parlamentaria.

SEXTA PARTE

FRANQUISMO: LA GESTACIÓN DE MEDIO SIGLO

16

LA EDAD DE ORO ANTILIBERAL

LAS DERECHAS ANTE LA SUBLEVACIÓN

La Cruzada: apoyos y rechazos

Con las excepciones de las que luego hablaremos, el conjunto de las derechas españolas dio su apoyo a la sublevación del 18 de julio de 1936. No obstante, su situación era, en aquellos momentos, de una enorme complejidad. Los falangistas, con quienes apenas se había contado, se sentían huérfanos de liderazgo, con José Antonio Primo de Rivera prisionero primero y luego ejecutado, precisamente en un momento en que la militancia experimentaba un rápido y caótico crecimiento. A los monárquicos carlistas y alfonsinos, divididos por su distinta fidelidad dinástica, les faltaba un único dirigente capaz de aglutinarlos y formular una posición propia. El carlismo, cuya actuación había sido en los primeros momentos de la sublevación decisiva, sobre todo en Navarra, se encontraba dividido, como sabemos, en cuanto a estrategia política a seguir. Fal Conde continuaba defendiendo la autonomía de la Comunión y el Requeté, mientras que el conde de Rodezno pretendía actuar con los partidarios de Alfonso XIII y su hijo Juan de Borbón.

Tampoco era fácil la situación de Gil Robles, pese a que su partido se había sumado a la sublevación. El líder social-católico había quedado muy desprestigiado no solo por su derrota electoral, sino por su acatamiento al régimen republicano. Los alfonsinos, desde la exigüidad de sus efectivos, habían optado desde el principio por ponerse al servicio de los militares. Sin embargo, sus planes de hegemonizar la sublevación sufrieron un durísimo golpe con la muerte del general Sanjurjo en accidente de aviación cuando era trasladado, por el aviador Juan Antonio Ansaldo, de Lisboa a Burgos¹.

Los monárquicos alfonsinos intervinieron, por sus relaciones con el conjunto del cuerpo diplomático, en los intentos de lograr apoyo económico y militar en Italia. La influencia del pacto de 1934 fue nula y las nuevas negociaciones de Goicoechea fracasaron. No así, al parecer, las del propio Alfonso XIII, quien se entrevistó con Mussolini, tras lo cual los italianos enviaron aviones y luego tropas en apoyo de los rebeldes con el Cuerpo de Tropa Voluntaria ². Igualmente se consiguió el apoyo de la Alemania nacional-socialista, que envió la Legión Cóndor³. El bando nacional contó igualmente con el apoyo de voluntarios provenientes de países europeos, hispanoamericanos y asiáticos: franceses, irlandeses, portugueses, rusos blancos, rumanos, judíos, etc. En total, unos quince mil voluntarios⁴.

Por su parte, Juan de Borbón, heredero al trono, marchó, con el consentimiento paterno, al frente, pero pronto fue localizado y se le ordenó que pasara de inmediato la frontera francesa⁵.

De la misma forma, las élites supervivientes del Partido Agrario Español —cuyo líder, Martínez de Velasco, había sido asesinado en la zona republicana— dieron su apoyo explícito a la sublevación. En ese sentido, Royo Villanova hizo un llamamiento a la unidad de las distintas fuerzas políticas:

Yo tengo en común con los falangistas y con los Requetés la defensa de la Patria. Yo tengo en común con los viejos republicanos la defensa de la libertad. Con quienes no tengo nada en común es con los separatistas, que son enemigos de mi Patria, ni con los comunistas, que son enemigos de la libertad⁶.

Desde su exilio en Portugal, Alejandro Lerroux ordenó a sus partidarios que apoyaran a los sublevados⁷. Idéntica fue la posición de Cambó, quien, instalado en Rapallo, denunció la «dictadura de clase» implantada por el Frente Popular, afirmando que, de triunfar, instauraría una «República soviética». A partir de ahí, interpretó la Guerra Civil como una «Cruzada»⁸.

Su íntimo colaborador Joan Estelrich dirigió la propaganda del bando nacional en los países no fascistas, mediante la publicación de la revista Occident, financiada por Cambó, y que contó con la colaboración y ayuda de miembros de L’Action Française, y en cuyas páginas colaboraron los intelectuales que dieron su apoyo a la sublevación de julio: Unamuno, Ortega y Gasset, Ignacio Zuloaga, Ramón Menéndez Pidal, Maurice Legendre, Charles Maurras, Bernard Fay, Francis Jammes, Pierre Drieu La Rochelle, León Daudet, Henri Massis, Maurice Dennis, Georges Guyau, Ramón Fernández, Abel Bonnard, Louis Bertrand, Henri de Montherlant, Louis Madelin, René Benjamin, Igor Strawinsky, Paul Claudel, etcétera⁹.

En este sentido, fue memorable el poema de Paul Claudel titulado A los mártires españoles, en homenaje a los católicos masacrados en la zona frentepopulista¹⁰. Robert Brasillach y Henri Massis —ligados a L’Action Française— publicaron Les cadets de l’Alcazar, una exaltación de la epopeya nacionalista¹¹. El propio Brasillach y su cuñado, Maurice Bardèche, redactaron además una Historia de la Guerra Civil española, no publicada en España, por cierto, hasta 1966 ¹². Drieu La Rochelle escribió su novela Gilles, con referencias a la contienda española.

Sin embargo, en el campo de la derecha intelectual francesa existieron voces discrepantes. Fue el caso de Georges Bernanos, disidente de L’Action Française, quien, en 1938, publicó su esotérica obra Los grandes cementerios bajo la luna, una crítica de la actuación de los nacionales y de la Iglesia católica en la isla de Mallorca por su represión inmisericorde de las izquierdas, aunque, en realidad, el contenido del libro se centraba sobre todo en la crítica a la actuación política de Charles Maurras y L’Action Française¹³. En un primer momento, el novelista francés había apoyado el bando nacional —incluso escribió una necrológica de Ramiro de Maeztu¹⁴—, y su hijo había ingresado en Falange.

No menos graves fueron las controversias con el filósofo tomista Jacques Maritain —igualmente disidente de L’Action Française, convertido en teórico de la «Nueva Cristiandad» y de la democracia cristiana—, quien criticó la legitimación religiosa de «Cruzada»¹⁵. Junto al filósofo personalista Emmanuel Mounier, católico de izquierdas, firmó un «Manifiesto de Protesta de Escritores Cristianos contra los bombardeos de Guernica» y escribió un prefacio al libro Orígenes de una tragedia política (1923-1936), del democristiano Alfredo Mendizábal. Sus posiciones fueron muy criticadas, en el bando nacional, entre otros por Ramón Serrano Suñer y por el Padre Ignacio G. Menéndez Reigada, dominico que escribió el libro La guerra nacional española ante la Moral y el Derecho.

A diferencia de lo ocurrido en Francia, el bando nacional no contó con el apoyo militante de la intelectualidad de derechas británica. Grandes poetas, como el filofascista Ezra Pound o el conservador T. S. Eliot, se declararon neutrales en el conflicto. A favor de los nacionales se pronunciaron Gertrude Atherton, Edmund Blunde, Arthur Michien, Geoffrey Moss, Eleanor Smith y Evelyn Waugh ¹⁶. No obstante, en apoyo a los nacionales destacó el poeta sudafricano Roy Campbell, converso al catolicismo, con su obra Flowering the Battefield of Spain¹⁷.

A su vez, Estelrich se convirtió en uno de los propagandistas más lúcidos de los nacionales, con obras como La persecución religiosa en España y El drama del País Vasco, publicadas en 1937. Juan Ventosa pasó la mayor parte de la contienda en la España nacional. Durán i Ventosa marchó a Italia y colaboró en numerosas publicaciones nacionalistas. Fernando Valls Taberner residió igualmente en Italia y, finalizada la contienda, publicó una selección de artículos —con abundantes alabanzas a José Antonio Primo de Rivera y José Calvo Sotelo— en los que la denunciaba la «falsa ruta» seguida hasta entonces por el catalanismo¹⁸. El escritor y periodista Josep Pla, siguiendo las instrucciones de Cambó, colaboró en el Servicio de Información del Nordeste, que dirigía otro hombre de la Lliga, Bertrán i Musitu. Cambó le encargó una Historia de la Segunda República, publicada en 1940; y colaboró en el libro Tradición y revolución, que no llegó a publicarse¹⁹. Pese a todos estos servicios, los dirigentes de la Lliga estuvieron ausentes de la política activa de la zona nacional. «Les forzó a ello —señaló el falangista catalán José María Fontana— el riguroso esquema político del Movimiento y la total desbandada de sus afiliados, convertidos en fervorosos requetés y falangistas»²⁰. A ese respecto, fue muy significativa no solo el célebre Tercio de Montserrat, sino la fundación en Burgos, en 1937, de la revista Destino, cuyos colaboradores y creadores procedían de la burguesía catalana afín a la Lliga²¹.

Un sector del minoritario nacionalismo gallego apoyó igualmente a los sublevados. Fue el caso de Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, José Filgueira Valverde o Florentino Cuevillas, quienes colaboraron en la revista Misión y cuyos lemas eran «Viva Cristo Rey», «Viva España», «Viva Franco» y «Una Patria, un Estado y un Caudillo»²².

La posición de los nacionalismos vascos

Distinta fue la actitud de los nacionalistas vascos, aunque no exenta de ambigüedades y contradicciones. Como ya indicamos, los nacionalistas vascos habían entrado en abiertas discrepancias con las derechas españolas a causa de su oposición al Estatuto de autonomía. Por otra parte, un sector de la élite dirigente, como Aguirre e Irujo, había evolucionado hacia posiciones más cercanas a pactos con las izquierdas. Sin embargo, esto no puede extenderse al conjunto de la militancia, que permaneció inalterable en sus posiciones etnicistas, aranistas y antiliberales. En este sentido, no podía considerarse al PNV como un partido democristiano²³. Cuando se produjo la sublevación, hubo de tomar una decisión. Para algunos se trataba de una guerra entre españoles y, por tanto, ajena a sus sentimientos e intereses. Otros, como los nacionalistas de Navarra, manifestaron que no se unirían a los frentepopulistas. En Álava, el PNV llamó a sus afiliados para que no se opusieran a la sublevación, primero, y luego a sumarse a ella, e incluso muchos nacionalistas se encuadraron en unidades de la Falange y del Requeté en las primeras semanas del conflicto.

Las profundas dudas iniciales finalizaron cuando los sublevados triunfantes en Álava y Navarra comenzaron a represaliar a militantes peneuvistas. Además, los frentepopulistas estaban dispuestos a conceder un Estatuto, que fue aprobado en octubre de 1936. Se formó entonces un Gobierno de coalición PNV-Frente Popular, con clara hegemonía nacionalista. Desde ese momento, el PNV se volcó en la constitución de un Estado vasco independiente y en la defensa exclusiva de su territorio. Aun así, la actitud nacionalista distaba mucho de ser leal a la República frentepopulista. Prueba de ello fue el informe enviado por el padre Onaindía al Vaticano, en el que se destacaba el carácter católico del nacionalismo vasco, condenaba los «crímenes y sacrilegios» del Frente Popular y justificaba su apoyo a la República por el carácter «antivasco» de las derechas españolas, ya que estas no habían contado para nada con ellos en los planes subversivos, así como por el apoyo que recibían de la «banca judía»²⁴.

La actitud de los nacionalistas vascos supuso un serio hándicap para los sublevados. En primer lugar, porque había dividido a la Iglesia católica, y una parte importante del clero vasco apoyaba a los nacionalistas, lo que puso en cuestión la legitimación religiosa del alzamiento. De ahí las airadas polémicas entre José Antonio Aguirre y el cardenal Gomá. Además, el conflicto trajo consigo la existencia de sacerdotes vascos represaliados por el bando rebelde. Al parecer, hubo catorce fusilados, entre ellos José Ariztimuño —Aitzol—, paradójicamente contrario, dada su ideología marcadamente tradicionalista, al pacto con el Frente Popular. A ello se unió el escándalo del bombardeo de Guernica por parte de las aviaciones alemana e italiana aliadas de los nacionales. Pero tras la caída de Bilbao y la pérdida del efímero País Vasco autónomo en junio de 1937, la dirección peneuvista optó por abandonar la lucha en Santander y negociar la paz por separado con las tropas italianas, lo que finalizó con la rendición de los batallones nacionalistas en la localidad santanderina de Santoña²⁵. Naturalmente, este hecho fue interpretado por los frentepopulistas como una traición. Además, el pacto no fue aceptado por los nacionales²⁶.

Significativo fue también el apoyo a los frentepopulistas e incluso al proceso revolucionario del antiguo maurista Ángel Ossorio y Gallardo, totalmente identificado durante el período republicano con la figura de Manuel Azaña y muy crítico con la actuación del conjunto de las derechas. Su vida política acabó como embajador de la Segunda República en París, Bruselas y la Argentina²⁷.

Igualmente existió alguna que otra excepción en la nobleza. Fue el caso del excéntrico Antonio Hoyos y Vinent²⁸, que pasó de admirar a Antonio Maura a mostrar una abierta simpatía por el anarquismo. Grande de España y afamado novelista en su tiempo, Hoyos y Vinent acabó afiliándose, durante la Segunda República y la Guerra Civil, al Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, publicando, además, decididos manifiestos a favor de la causa revolucionaria²⁹. Murió solo y abandonado en una cárcel madrileña en 1940.

Intelectuales y clero

La sublevación contó con el apoyo de numerosos intelectuales liberales y conservadores, como Ortega y Gasset, Azorín, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Menéndez Pidal, Manuel García Morente, Clara Campoamor o Pío Baroja³⁰. El más activo fue Marañón, quien, desde París, redactó, sobre todo con vistas a la prensa hispanoamericana, decididos manifiestos en apoyo a los sublevados. Para Marañón, la República se encontraba en manos de los comunistas, y el mayor error de los liberales fue haber desoído las críticas de los sectores monárquicos de la derecha, cuyos temores se habían cumplido «por completo». La causa profunda de la Guerra Civil había sido el sistema demoliberal que «levanta sus fachadas barrocas sobre la irresponsabilidad de las muchedumbres»³¹. No muy lejos de aquellas opiniones se encontraba su amigo Ortega y Gasset, quien no dudó en criticar las opiniones de Albert Einstein sobre la Guerra Civil española. En aquel momento, el filósofo se mostraba partidario de una alianza entre liberales y «totalitarios» frente a la amenaza revolucionaria³². Dos de sus hijos luchaban en el bando acaudillado por Franco.

En la misma línea, la republicana y feminista Clara Campoamor denunció la violencia dominante en la España republicana y su carácter abiertamente revolucionario³³. Más militante fue la postura de un hombre tan próximo a Ortega y Gasset como Manuel García Morente. Aunque liberales, sus ideas políticas siempre habían sido conservadoras y, de hecho, era conocido como «el filósofo de las duquesas» por su amistad con la familia Alba. Había sido subsecretario durante la etapa Berenguer y no apoyó a Ortega cuando este se declaró republicano. Su adhesión al alzamiento data de octubre de 1936, cuando se enteró del asesinato de su yerno por los revolucionarios. Además, García Morente tuvo, en su exilio parisino, una visión mística en la noche del 29 al 30 de abril de 1937, lo que le condujo a su conversión al catolicismo y a la ordenación sacerdotal³⁴. Tomás de Aquino ocupó el lugar de Kant en su horizonte filosófico y, desde entonces, pasó a ser uno de los ideólogos más afamados del nacionalismo conservador español, en la línea de Acción Española y Menéndez Pelayo. Para el nuevo García Morente, ser español consistía en ser fiel a un estilo vital simbolizado en la figura del Caballero Cristiano³⁵.

A pesar de estar a punto de ser fusilado por los carlistas —fue salvado por Carlos Martínez de Campos y Serrano, duque de la Torre—, Pío Baroja no escatimó críticas a los frentepopulistas, a los que acusaba de haber instaurado un régimen que vivía en «plena dictadura, en plena arbitrariedad», desde 1931. En este contexto, se declaraba partidario de una dictadura militar libre de tutela eclesiástica³⁶. En 1938, se publicó en Valladolid un libro antológico del escritor vasco titulado Comunistas, judíos y demás ralea, con un prólogo de Ernesto Giménez Caballero, cuyo objetivo era facilitar su entrada en la España nacional³⁷.

Más conflictivo y ambivalente fue, como de costumbre, Miguel de Unamuno, quien en un primer momento se manifestó proclive a la sublevación, lo que tuvo como consecuencia su destitución como rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. Su célebre incidente con el general Millán Astray provocó igualmente su destitución como rector por parte de las nuevas autoridades. Murió poco después y su entierro tuvo rito falangista³⁸.

En un principio, el intelectual más comprometido con los sublevados fue Eugenio D’Ors, a quien el alzamiento le sorprendió en París. Consecuente con su pasado y con su ideología, optó por el bando nacional. Su Glosario reapareció desde 1937 en el diario Arriba España, que se publicaba en Pamplona, e ingresó en Falange tras una curiosa vela de armas. Luego fue nombrado jefe nacional de Bellas Artes. Sus textos y su ideología ilustraron los números de la revista Jerarquía, órgano intelectual de Falange, dirigida por el sacerdote Fermín Yzurdiaga Lorca, en la que colaboraron, entre otros, Pedro Laín Entralgo, Bruno Ibeas, Carlos Foyaca de la Concha o Gonzalo Torrente Ballester³⁹.

Los sublevados contaron con el apoyo de numerosos intelectuales conservadores ya consagrados, como Pemán, Manuel Machado, José María Salaverría, Wenceslao Fernández Flórez, Concha Espina, Ernesto Giménez Caballero, Eduardo Marquina, Ignacio Zuloaga, Ricardo León, o Jorge Santayana, así como jóvenes promesas, como Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Agustín de Foxá, Ángel María Pascual, Llorenç Vilallonga, Martín Almagro, Rafael García Serrano, Manuel Halcón, Francisco Cossío, Jacinto Miquelarena, Álvaro Cunqueiro, Eugenio Montes, Gerardo Diego, Miguel Asín Palacios, Víctor de la Serna, Antonio Lara Gavila («Tono»), Miguel Mihura, Edgard Neville, José María Sert, Antonio Tovar, Carlos Sáenz de Tejada, Tomás Borrás, Alfredo Marqueríe, Ana María de Foronda, Gonzalo Torrente Ballester, Felipe Ximénez de Sandoval, Josep Pla, Federico García Sanchiz, Carmen de Icaza, Manuel Ballesteros, Sofía Casanova, Blanca de los Ríos, Melchor Fernández Almagro, César González Ruano, o José María Alfaro, entre otros muchos.

No obstante, la legitimación del alzamiento no correspondió tanto a los intelectuales como al clero. La teología política de la sublevación se inició con la carta pastoral publicada por el cardenal Plá y Deniel el 30 de septiembre de 1936 titulada Las dos ciudades, donde se analizaban, desde una óptica providencialista agustiniana, los inicios del conflicto y la persecución de que habían sido víctimas el clero y el conjunto de los católicos en la zona frentepopulista, legitimando la acción de los rebeldes que estaban llevando a cabo una auténtica «Cruzada» religiosa contra la revolución y la impiedad moderna⁴⁰.

Sin embargo, fue el cardenal Isidro Gomá, primado de España, el teólogo por excelencia de la «Cruzada». La construcción ideológica del primado era impecable. Creía Gomá que la guerra era para España una catástrofe necesaria, según el giro tomado por la Historia, y que daría comienzo a una nueva era en la vida de los hombres. Continuamente aparecían en sus pastorales frases implacables para mostrar el carácter «satánico» de la revolución, su aspecto criminal, nihilista e inhumano. «Antidivina», «nihilista», «destructiva», «bárbara», «antiespañola» y «anticristiana». El revolucionario era el hereje moderno, el homo perversus, el ser luciferino, comisionado por el Maligno para introducir el Mal; era el «sin Dios», el «contra-Dios», frente al cual se encontraba el «Cruzado», símbolo de la lucha por Dios y los valores nacionales y religiosos⁴¹.

De hecho, la España nacional se articuló en torno a un imaginario social de carácter ontoteológico.

FRANCISCO FRANCO, DICTADOR TUTELAR Y KATECHON

Desde los inicios de la sublevación, una Junta de Defensa comenzó a actuar como mando supremo del Ejército; y también como Gobierno en ciernes. A lo largo de agosto y septiembre, se decretó la suspensión de la reforma agraria y la devolución de las tierras a sus antiguos propietarios, así como la ilegalización de los partidos políticos de izquierdas y los sindicatos de clase. Pronto, sus componentes se plantearon la cuestión del mando único. El 21 de septiembre se celebró una reunión en la que el monárquico Alfredo Kindelán tomó la iniciativa, con el apoyo de Emilio Mola, de proponer al general Francisco Franco como titular del nuevo mando. Solo el general Miguel Cabanellas, republicano y masón, se opuso a la iniciativa. La Junta se autodisolvió el 29 de septiembre, al tiempo que se nombraba a Franco, en una nota redactada por el monárquico José Yanguas Messía, exministro de la dictadura de Primo de Rivera, «jefe del Gobierno del Estado español» y «Generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire»⁴².

Nacido en la localidad gallega de El Ferrol el 4 de noviembre de 1892, Francisco Franco Bahamonde había sido, como sabemos, uno de los fundadores de la Legión Extranjera y prototipo del militar «africanista». Por sus acciones heroicas en las campañas africanas consiguió el generalato a los treinta y tres años. Era, además, uno de los más prestigiosos representantes del estamento militar⁴³, y ya desde los años veinte había adquirido fama y celebridad como líder legionario. En la prensa solía hacerse referencia a «los bravos muchachotes de Franco», al «bravo Franco», al «as» de la Legión, con fama de «modesto» y de disfrutar de «baraka». Era el «Caudillo heroico»⁴⁴.

Gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, nunca dejó de considerarse monárquico, pero acató disciplinadamente la Segunda República, pese al disgusto que le produjo la supresión de la Academia Militar de Zaragoza, que él había dirigido. En sus Diarios, Manuel Azaña lo consideraba el «más temible», el «único temible» de los militares sospechosos de antirrepublicanismo⁴⁵. A lo largo de la etapa republicana, fue votante de la CEDA y, al mismo tiempo, suscriptor de Acción Española, gracias a la influencia de su amigo el marqués de la Vega de Anzo. Disfrutó de la amistad de Víctor Pradera, a quien en 1945 prologaría una edición de sus Obras completas, y de Pedro Sainz Rodríguez. Su actuación frente al alzamiento revolucionario de octubre de 1934 le valió el apoyo de los sectores republicanos conservadores y de los católicos. El radical Diego Hidalgo, ministro de la Guerra en aquellos momentos, destacó su «capacidad de trabajo» y «su clara inteligencia»⁴⁶. Salvador de Madariaga, tras una entrevista, destacó, en el mismo sentido, su inteligencia «concreta» y «exacta»⁴⁷. El líder falangista José Antonio Primo de Rivera, que nunca simpatizó con él, le envió una significativa carta en la que denunciaba el peligro de una revolución socialista, ya que «el Estado español, en manos de aficionados, no existe»⁴⁸.

Cuando José María Gil Robles se hizo cargo del Ministerio de la Guerra, Franco fue nombrado jefe de Estado Mayor Central, y ante la victoria del Frente Popular, en las elecciones de febrero de 1936, presionó infructuosamente, como sabemos, al presidente del Gobierno, Manuel Portela Valladares, para que declarase el estado de guerra. No deja de ser significativo que el líder socialista Indalecio Prieto, en su célebre discurso de Cuenca el 1 de mayo de 1936, destacara su figura como candidato a posible caudillo de una insurrección militar contra el Gobierno del Frente Popular: «El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el Ejército, es hombre que, en un momento dado, puede acaudillar con el máximo de probabilidades —todas las que derivan de su prestigio personal— un movimiento de este género»⁴⁹.

Según parece, el propio Carl Schmitt reconoció al militar español como el Katechon que logró derrotar a la revolución comunista en la Guerra Civil española⁵⁰.

Para la mayoría de sus contemporáneos y de sus biógrafos, era un hombre frío, distante y reservado, de maneras suaves y corteses, gustos sencillos e imbuido profunda y sinceramente de una idea casi mesiánica de su misión histórica. Y, como luego demostraría, un político realista e implacable. En el fondo, fue un hobbesiano, un conservador escéptico hacia las ideologías, cuya convicción última era que, como había demostrado la experiencia republicana, el gobierno y el orden solo podían surgir de una autoridad omnipotente y de una comprensión astuta de las pasiones y debilidades de los hombres. Un pragmático que llegó a la conclusión de que, sin un Leviatán que castigase a los revolucionarios, la sociedad española era incapaz de escapar del caos. Seguramente se creyó llamado a ejercer no un caudillaje a la manera fascista, sino la función de «dictador tutelar» por la que tanto habían clamado los regeneracionistas finiseculares.

Perfil humano y político del Caudillo

Aparte de sus lecturas de Acción Española, el mundo ideológico de Franco era el del sector «africanista» del Ejército español, bien integrado en ese conjunto de posiciones que hemos descrito en alguno de los capítulos de esta obra: nacionalismo español, valor físico, defensa de la función política de las Fuerzas Armadas en la sociedad española, etc., y que pueden percibirse en algunos de sus escritos de juventud, como Diario de una bandera, publicada en 1922, Papeles de la guerra de África, y, posteriormente, en su obra Raza, llevada al cine. Era un militar de prestigio, no un intelectual. En sus primeros discursos y declaraciones se mostraba partidario de edificar un Estado en «armonía con el carácter nacional», donde estuviesen proscritos los partidos políticos y cuyos cauces de representación fuesen los cuerpos intermedios y las asociaciones naturales. No obstante, en un primer momento declaró reiteradamente el carácter republicano de la sublevación. De la misma forma, y en consonancia con el punto 25 del proyecto falangista, hacía referencia a un Estado no confesional. Aparecía igualmente el tema de la «Hispanidad» como configurador de la política exterior, y el modelo político a seguir sería, a juicio de Franco, el italiano o el portugués⁵¹.

Por la Ley del 1 de octubre se creó la Junta Técnica del Estado, la mayoría de cuyos integrantes fueron reclutados entre los miembros de Acción y Renovación Española: José María Pemán, Andrés Amado, Joaquín Bau, Eugenio Vegas, Alfonso García Valdecasas, Mariano Puigdollers, Eugenio Montes o Enrique Suñer Ordóñez, entre otros. Una de las decisiones de mayor trascendencia de su Comisión de Cultura y Enseñanza fue la creación de comisiones depuradoras para juzgar la conducta de los maestros y sancionarla en consecuencia. El promotor de aquella iniciativa fue Eugenio Vegas, y su más radical ejecutor, Enrique Suñer, autor del libro-denuncia Los intelectuales y la tragedia española, en cuyas páginas hacía recaer la responsabilidad del estallido de la Guerra Civil en la Institución Libre de Enseñanza y el conjunto de la intelectualidad liberal e izquierdista⁵². La represión fue muy dura. Tanto es así que José María Pemán se vio obligado a interceder a favor del poeta Gerardo Diego, que había dado su apoyo a la sublevación, ante el general Gómez Jordana, porque a Suñer todo le parecía poco en materia de represión del profesorado⁵³.

El 20 de febrero de 1937 llegó a Salamanca Ramón Serrano Suñer, cuñado del general Franco, abogado de prestigio, antiguo diputado de la CEDA, amigo de José Antonio Primo de Rivera y admirador de Mussolini. Relacionado con Falange y con Acción Española, había sido uno de los portavoces más cualificados del sector antiparlamentario de la derecha social-católica. Nunca ocultó, por otra parte, su admiración por el fascismo italiano: «La aparición de Mussolini en la política de Europa —señala en sus memorias— nos deslumbró»⁵⁴. Poco después de incorporarse a la zona nacional, Serrano tomó para sí, con facultades prácticamente absolutas, la solución de los problemas políticos de aquel Estado hasta entonces «campamental», mientras que Franco se ocupaba de los militares. En todo momento, su objetivo fue afianzar el poder de su cuñado, convirtiéndose, como diría el monárquico Eugenio Vegas, en el «valido», en la «ninfa Egeira» de Franco⁵⁵. Y es que Serrano Suñer supo rodearse de una élite de jóvenes intelectuales falangistas, como Dionisio Ridruejo, Pedro Laín, Antonio Tovar, Gonzalo Torrente Ballester, José Antonio Giménez Arnau y otros, que progresivamente fueron desbancando a los supervivientes de Acción Española de su influencia en los aparatos de propaganda del nuevo régimen.

La Unificación

El principal problema que, desde el punto de vista político, se planteaba a los sublevados era la coordinación de las distintas fuerzas políticas que habían secundado el alzamiento militar. Hacía tiempo que habían surgido voces en los partidos en pro de la unificación. Antonio Goicoechea hizo referencia a ello en la temprana fecha del 30 de octubre de 1936, y en el mismo sentido se habían expresado carlistas como Román Oyarzun⁵⁶. Sin embargo, la situación de las dos fuerzas políticas ahora hegemónicas, Falange y Comunión Tradicionalista, seguía siendo caótica. Fal Conde fue obligado a exiliarse a Lisboa, a causa de sus intentos de preservar la autonomía de su partido, creando una Academia de Requetés, iniciativa muy mal recibida en el Cuartel General.

Tampoco Falange pasaba por el mejor de sus momentos, dividida entre sus distintas facciones: una acaudillada por Manuel Hedilla Larrey, jefe nacional designado por el propio José Antonio Primo de Rivera, representante en cierta manera de una fascismo radical y populista, y otra, dirigida por Sancho Dávila —conde de Villafuente Bermeja— de tendencia aristocratizante y monárquica. Ante el crecimiento del partido, Hedilla procedió a centralizar las decisiones y crear un aparato de propaganda que contribuyó a realzar su figura como la de un hombre del pueblo, austero y patriota⁵⁷. No obstante, nunca llegó a ejercer un auténtico liderazgo en Falange.

Existieron una serie de reuniones en Lisboa entre carlistas y falangistas, de cara a una posible unificación, pero las diferencias eran demasiado grandes para llegar a un acuerdo. Los falangistas no respetaban excesivamente a los carlistas y su único objetivo era absorberlos en el interior del partido único. No se llegó a pacto alguno⁵⁸.

Para entonces, Franco era ya el auténtico árbitro de la situación y tenía decidida la operación política unificadora. El 19 de abril de 1937 se hizo público el Decreto de Unificación. Poco dado a especulaciones ideológicas, que le parecían, a lo sumo, escolásticas sutilezas, Franco era del todo consciente de que, para ganar una guerra que todavía se preveía larga, necesitaba un frente y una retaguardia perfectamente unidos. El decreto, redactado por Serrano Suñer, establecía el partido único y se nombraba a Falange y Requeté como «los dos exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional». Se daba por hecho que en España se establecía un «régimen totalitario», cuya norma programática eran los veintiséis puntos de Falange. La nueva entidad era definida como «movimiento», no explícitamente como partido, y sería una organización intermedia entre la sociedad y el Estado. Su nombre era Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas, cuyos órganos rectores serían un Secretariado o Junta Política, y el Consejo Nacional. El decreto dejaba abierta la posibilidad de «instauración» de la monarquía⁵⁹.

Sin embargo, la Unificación no dejó de producir tensiones entre los dirigentes de ambas organizaciones. Fal Conde siguió desterrado, y Manuel Hedilla detenido y condenado a dos penas de muerte tras las luchas intestinas entre los diversos grupos falangistas, que se saldaron con algunos muertos y varios heridos⁶⁰. Sin embargo, Franco logró controlar la situación sin demasiadas dificultades, a diferencia de lo ocurrido en la zona frentepopulista en mayo de 1937 con la CNT y El POUM⁶¹.

Acción Española fue integrada en el nuevo partido el 8 de mayo, y Antonio Goicoechea disolvió Renovación Española⁶². Gil Robles dio igualmente su apoyo a la Unificación y se declaró partidario de un modelo político semejante al portugués⁶³.

NUEVO RÉGIMEN

No debemos interpretar, sin embargo, el nuevo régimen como una mímesis estricta del totalitarismo fascista. En realidad, el partido único iba a tener escasa influencia en la configuración del sistema político nacido de la Guerra Civil. Algunos sociólogos y politólogos, como Raymond Aron, han clasificado al sistema español, al lado de la Francia de Vichy o el Portugal salazarista, como «apartidista»⁶⁴. Por su parte, Ernst Nolte señaló que la Unificación decretada por Franco fue «más allá de lo que un partido fascista puede soportar en síntesis, por la misma razón, el partido estatal de la España franquista no debe contarse entre los partidos fascistas»⁶⁵. No sin razón, el joven intelectual católico José Luis López Aranguren señalaba, a mediados de 1937, que la Unificación estaba aún por realizarse en el orden doctrinal⁶⁶. Y es que, en realidad, resultaba imposible, porque tradicionalismo y fascismo eran antitéticos.

En este sentido, la caracterización más aproximada del régimen fue la elaborada años después por el constitucionalista Rodrigo Fernández Carvajal, que lo definió como «dictadura constituyente»⁶⁷, porque lo que posteriormente se denominaría «franquismo» iba a ser un sistema político más personal que institucionalizado, una dictadura «soberana», es decir, que no reconoce ni puede reconocer una normativa preexistente y, en rigor, se atiene al auctoritas non veritas facit legem de Thomas Hobbes⁶⁸. Al igual que toda dictadura, la soberana está sujeta y, en última instancia, referida a la figura de un hombre. Esa incapacidad de disociar la estructura del régimen de la personalidad que se encuentra en el poder —que no es órgano o figura jurídica— marca a fuego toda dictadura soberana, y fue el talón de Aquiles del régimen nacido de la Guerra Civil, un régimen que hasta el final de sus días se identificó con la figura de Francisco Franco.

El papel de su autoridad como Caudillo fue decisivo. Franco acertó a situarse por encima de todas las tendencias políticas y luego, gracias a su imagen de vencedor de la Guerra Civil y de «Salvador de España», le fue atribuida una personalidad carismática, de la que se aprovechó para afianzar su poder. Su «carisma» estuvo impregnado de un claro componente religioso: La fórmula «Caudillo de España por la gracia de Dios» fue producto no solo del propio contexto social, sobrecargado de instancias y simbologías religiosas, sino de la propia situación en la que hubo de perfilarse su liderazgo. No era el jefe de un partido político, ni por su condición de militar podía ser exaltado como tribuno del pueblo. La legitimidad religiosa contribuyó a enfatizar su carácter irresponsable. En tales circunstancias, las fuerzas políticas concurrentes en el alzamiento no pudieron tener otra estrategia que la de, por emplear la expresión de Carl Schmitt, «el acceso al poderoso»⁶⁹.

Y es que, lejos de ser monolítico, el nuevo régimen fue, de hecho, plural, una maraña inextricable de organizaciones rivales que frecuentemente se hostilizaban entre sí. En la España de Franco se podía ser falangista, monárquico de Juan de Borbón, monárquico carlista, social-católico, incluso liberal-conservador, siempre que se respetara la figura del jefe del Estado. El predominio de una u otra corriente cambiaría, según los períodos, las coyunturas, y, sobre todo, dependía de la voluntad de Franco, que tuvo desde el primer momento el papel de árbitro y mediador entre aquella abigarrada constelación de fuerzas políticas y sociales.

A ese respecto, lo que luego se denominó «franquismo» resultó ser el recipiente en el que confluyeron todas las corrientes políticas de la derecha española, viejas y nuevas, de modo que en un primer momento pudo presentar las dos caras de un movimiento que, por un lado, al menos retóricamente, auspiciaba un nuevo orden regido según el modelo de la Italia mussoliniana, y, por otro, incorporaba a unos sectores conservadores que deseaban la preservación del orden social tradicional. La influencia ideológica del nacional-socialismo alemán fue nula. En sus diarios, el ideólogo Alfred Rosenberg se quejaba no solo de la excesiva influencia del clero católico en la España nacional, sino de la ausencia de contenido racista y antisemita en su proyecto político:

En España, el general Franco no quiere saber nada de antisemitismo. No está claro si por respeto a los judíos marroquíes, que tienen que pagar diligentemente, o porque todavía no ha comprendido que, hoy en día, el judaísmo se está vengando de Isabel y Fernando […]. Es comprensible que los españoles sientan rabia hacia la Iglesia, que ha embrutecido y explotado a su pueblo y lo han consolado con la promesa del cielo. Ahora, el bolchevismo judío está azuzando esa lógica rabia para sus propios intereses. Si los generales ganan, ¿sabrán distanciarse de la Iglesia?⁷⁰.

La obra de Rosenberg El mito del siglo XX no fue publicada ni traducida al español por estar en el Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia católica.

Los monárquicos alfonsinos recibieron nuevas promesas de Franco en una entrevista concedida al diario ABC de Sevilla, donde contemplaba la posibilidad de «instauración» de una nueva monarquía muy distinta a la de la Restauración, y que no podía estar encarnada en la figura de Alfonso XIII, haciendo una mención explícita a Juan de Borbón, que debía venir como «pacificador y no debe encontrarse en el número de los vencedores»⁷¹. El contenido de estas declaraciones no gustó al rey exiliado, que envió poco después una carta a Franco señalando «la enorme sorpresa y pena mayor aún» por la marginación de que iba a ser objeto. Alfonso XIII se esforzó, no obstante, en hacerse merecer a Franco, alegando su ayuda económica y política a la sublevación: «Te ruego que consideres que a este sacrifico contraproducente y extemporáneo no estoy obligado ni creo mucho menos merecerlo»⁷². Franco tardó en contestarle, y lo hizo para señalarle su desconocimiento de la realidad de la España nacional, donde no solo combatían monárquicos, sino también republicanos, y en la que el liberalismo no podía tener cabida. La única alternativa monárquica era su heredero, libre de las hipotecas de la Restauración⁷³.

El marqués de Quintanar manifestaba en la prensa su esperanza de que Franco se convirtiera, como Nicolás von Horthy en Hungría, en el «Regente de España»⁷⁴. Por su parte, José Pemartín señalaba, en su libro ¿Qué es lo nuevo?, que el dictador era, en aquellos momentos, la única personalidad con capacidad para tomar una decisión de tanta transcendencia histórica. Y es que, en el fondo, existían dos formas de monarquía: el caudillaje y la institución. De tal modo que el Caudillo hacía la Historia, y la monarquía era la Historia. Y, sobre todo, el Caudillo se convertía así en «Hacedor de Reyes», cuya misión histórica era la instauración, aunque por vía decisoria, del régimen tradicional español. Pemartín criticaba la posibilidad de instauración de un régimen de partido único y propugnaba como alternativa «la monarquía religioso-militar» de Acción Española⁷⁵.

No faltaron gestos de desagravio hacia la familia real. El primer Gobierno de Franco dictó una ley por la que se restituyó a Alfonso XIII la condición de sujeto de derechos, la nacionalidad y las propiedades⁷⁶. Por su parte, Juan de Borbón no cejó en sus intentos de entrar en combate, y escribió a Franco ofreciéndose para una plaza en el crucero Baleares, hundido en 1938, pero el Caudillo lo rechazó de nuevo⁷⁷. El heredero de Alfonso XIII hubo de conformarse con firmar un significativo prólogo a una traducción al inglés de la obra de Víctor Pradera titulada El Estado nuevo, publicada en Londres en 1939, donde interpretaba la revolución de octubre de 1934 como producto, al igual que el Frente Popular, de una trama urdida en Moscú, al tiempo que el bombardeo de Guernica —y la matanza de Badajoz— no pasaban de ser invenciones de la Internacional Comunista⁷⁸. Por aquel entonces, Juan de Borbón era presentado, en una de sus primeras biografías, como un ferviente partidario de la concepción fascista y tradicional del Estado⁷⁹.

Sin embargo, en aquellos momentos, el retorno de la monarquía no pasaba de ser una quimera. El general Franco sabía muy bien que el simple hecho de la existencia de un monarca reconocido constituía, por sí mismo, un debilitamiento de su propia autoridad. Según se deducía de su contestación a Alfonso XIII, él, y solo él, era el «soberano» y, en consecuencia, él, y solo él, era el llamado a dirigir y decidir con respecto a la cuestión sucesoria.

La Iglesia católica y Falange

Tras la Unificación —al menos en apariencia—, la gran beneficiada había sido Falange, cuyos puntos programáticos y simbología eran predominantes. Sin embargo, aquella hegemonía era más aparente que real. Se trataba de un nuevo partido que, esencialmente, tenía poco que ver con el fundado en 1933. Falange se convirtió, de hecho, en un instrumento de Franco para su política interior y para asegurarse el poder. En este sentido, no solo influyó la mímesis fascista, propiciada por la ayuda militar y económica de Italia y de Alemania a los sublevados. Los elementos populistas de su ideario le servían como contrapeso a la derecha tradicional; su antimonarquismo, heredado de sus fundadores, actuaba contra los monárquicos, y podría utilizarse sobre todo como instrumento para garantizar el consenso de las masas. Los militares sublevados, en general, y Franco en particular, necesitaban establecer vínculos positivos con amplias capas de la población. A este respecto, Falange pudo proporcionar cuadros orgánicos, propaganda, símbolos y consignas movilizadoras.

Las apariencias fascistizantes del nuevo régimen fueron en un principio indiscutibles, y así fue hasta, por lo menos, 1942. Sin embargo, las pretensiones de los auténticos fascistas chocaron con otros poderes y tendencias políticas de mayor raigambre histórica y más decisivos, por su influencia social y económica, a la hora de configurarlo. No eran solo los sectores de la derecha tradicional —monárquicos, social-católicos y carlistas—, cuyas críticas al fascismo ya conocemos; eran nada menos que el Ejército y, sobre todo, la Iglesia católica, los dos pilares fundamentales de la sublevación y del propio régimen naciente. Los choques entre falangistas, tradicionalistas y jerarquías eclesiásticas, como el cardenal Segura, fueron constantes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial⁸⁰.

Las jerarquías de la Iglesia católica desconfiaban de la aparente hegemonía falangista. Al cardenal Gomá le preocupaba el sentimiento laicista y aconfesional que creía percibir en Falange. En uno de sus informes al Vaticano, el primado expresaba sus temores con respecto a FET, en cuyas filas se habían enrolado «muchos miles de socializantes», y cuyo programa educativo juzgaba estatista y heterodoxo. No menos problemático era el punto relativo a las relaciones Iglesia-Estado, que, en su opinión, no debían «caber en un programa de gobierno». Gomá temía, además, que Falange se convirtiera en un vehículo de penetración en España, no solo del nacional-socialismo, sino del protestantismo⁸¹.

El apoyo de la Iglesia católica al nuevo régimen político no fue ni podía ser gratuito. Y no dudó en presentar reivindicaciones imperiosas. Pretendió reglamentarlo todo: dirigir la sociedad, regimentar los ánimos, cerrarlos a las oleadas de mutaciones que trastornaban, desde su perspectiva, el mundo y la sociedad. En los escritos de Gomá subyacía la pretensión, común a todo el catolicismo español de la época, de convertir a la Iglesia en la definidora monopolística del ser ético y espiritual de España como portadora de una verdad objetiva: «La Iglesia es la Maestra, instituida por Jesucristo, de la moral, de toda moral, por cuanto ella ha recibido del Hijo de Dios la regla del vivir»⁸².

Sus reivindicaciones fueron oídas por las jerarquías del nuevo régimen y los símbolos católicos expresaron, en el fondo y en la forma, el consenso normativo de la España nacional. En realidad, la originalidad del régimen radicó en sus pretensiones de ser el exponente más claro en la Europa de la época del intento restaurador del catolicismo. Nunca, salvo en el Antiguo Régimen, estuvieron tan imbricados Estado e Iglesia. Las leyes y la legislación iban a tener un acusado carácter confesional. El régimen reprimió y excluyó de los puestos docentes a protestantes, masones, agnósticos, marxistas o anarquistas. Orientó en sentido católico la legislación e incluso cedió la jurisdicción en el área de separación de cuerpos y bienes de matrimonios entre católicos y los tribunales eclesiásticos. Suprimió el divorcio, y la Iglesia católica ejerció el control y la vigilancia estricta en materia de enseñanza moral y religiosa en todo tipo de escuelas, tanto estatales como privadas, y la censura de obras literarias y artísticas⁸³. En definitiva, la Iglesia católica no se alió con el nuevo régimen, sino que era parte esencial de él. De ahí que apenas hubiera intentos serios de instaurar una religión política, al modo fascista, en la España nacional. El vigor de la religión tradicional lo impedía⁸⁴.

A su vez, el régimen naciente tuvo sus héroes y sus mártires. La figura de José Antonio Primo de Rivera ocupó, al lado de Franco, el centro de referencia de la totalidad de los textos ideológicos del nuevo régimen. El fundador de Falange fue objeto de un culto cuasireligioso; se convirtió en «el Ausente», quien no ha muerto del todo, quien está y no está. En un primer momento, José Calvo Sotelo, denominado «protomártir de la Cruzada», pareció poder compartir esa dimensión simbólica, aunque su figura, por influencia falangista, no tardó en pasar a un segundo plano.

Tradicionalismo cultural

El 30 de enero de 1938 Franco dio forma a su primer Gobierno, en el que los elementos conservadores tuvieron una clara preponderancia. El monárquico Francisco Gómez Jordana, en Asuntos Exteriores y en la Vicepresidencia; el carlista Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, en Justicia; Ramón Serrano Suñer, en Interior; el alfonsino Pedro Sainz Rodríguez, en Educación Nacional; otro alfonsino, Andrés Amado, en Hacienda; el tecnócrata colaborador en la dictadura de Primo de Rivera y monárquico Alfonso Peña Boeuf, en Obras Públicas; el neofalangista Pedro González Bueno, en Organización Sindical; el general Fidel Dávila, próximo a Acción Española, en Defensa; el viejo primorriverista Severiano Martínez Anido, en Orden Público; el militar Juan Antonio Suanzes, en Industria y Comercio, y Raimundo Fernández Cuesta —el único falangista «camisa vieja»—, en Agricultura⁸⁵. El nombramiento de Sainz Rodríguez supuso el triunfo de los sectores conservadores y tradicionalistas en la enseñanza, y tomó como norte ideológico los supuestos teológico-políticos de Acción Española a través de la subsidiariedad estatal, el menendezpelayismo y el humanismo clásico⁸⁶.

En su intento de legitimarse históricamente, el nuevo régimen echó mano del tradicionalismo cultural tan caro a las derechas españolas. Basta consultar cualquier publicación de la época para leer, desde la perspectiva menendezpelayana, alabanzas a los Reyes Católicos, a la España de los Austrias, al Siglo de Oro, a Carlos I, a Felipe II o a la Hispanidad al lado de inmisericordes denuestos contra la Ilustración y el siglo XVIII, el liberalismo, el krausismo o la Institución Libre de Enseñanza⁸⁷. Significativamente, uno de los libros de cabecera de los nuevos profesores sería La Historia de España, contada con sencillez, obra de José María Pemán, fiel seguidor del paradigma menendezpelayano. No menos relevante fue la labor del periodista Joaquín Arrarás, también miembro de Acción Española, como coordinador de la Historia de la cruzada española, en la que se ofrecía la versión oficial del significado de la Guerra Civil y donde destacaba la labor de Carlos Sáenz de Tejada como dibujante e ilustrador de sus páginas.

El espíritu contrario a la Institución Libre de Enseñanza característico de la inmensa mayoría del catolicismo español tuvo su manifestación más ruidosa en la obra colectiva Una poderosa fuerza secreta: La Institución Libre de Enseñanza, en cuyas páginas colaboraron Miguel Artigas, Fernando Martín-Sánchez Juliá, Antonio Gregorio Rocasolano, Miguel Allué Salvador, Carlos Riba, Ángel González Palencia, José Guallart, Roumaldo de Toledo y el marqués de Lozoya, entre otros. Siguiendo las pautas de Menéndez Pelayo, los colaboradores analizaron la trayectoria histórica de la institución, sus procedimientos a la hora de lograr la hegemonía en el campo universitario, la promoción de cátedras, la Residencia de Estudiantes, los cursos de verano, el Instituto Escuela o sus relaciones con la política⁸⁸.

Además, la filosofía escolástica adquirió el rango de filosofía cuasioficial en los claustros universitarios, sobre todo en las universidades de Madrid y Barcelona, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Instituto Juan Luis Vives, donde destacaron las figuras de Juan Zaragüeta, Adolfo Muñoz Alonso, Ángel González Álvarez, Leopoldo Eulogio Palacios, Santiago Ramírez, Tomás Carreras Artau, Manuel Mindán, Joaquín Carreras Artau, Manuel Barbado Viejo o Víctor García Hoz. El orteguismo sufrió una clara marginación en los claustros universitarios, primero por el forzado exilio de José Gaos, y luego por el rechazo de la tesis doctoral de Julián Marías, La filosofía del Padre Gratry, aun siendo avalada por Manuel García Morente y Xavier Zubiri.

El propio Zubiri tuvo que abandonar su cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad de Madrid, aunque no por motivos políticos, sino eclesiásticos, dada su condición de sacerdote secularizado. El nuevo régimen le concedió otra cátedra en Barcelona, pero finalmente el filósofo vasco abandonó la vida universitaria, por motivos personales, dedicándose a cursos privados y a la especulación filosófica. La oficial Editora Nacional publicó en 1944 su obra Naturaleza, Historia, Dios, un conjunto de ensayos. Sin embargo, la élite intelectual afín al régimen, como Pedro Laín, Tovar, Díez del Corral, Francisco Javier Conde, José Luis López Aranguren o, posteriormente, Gonzalo Fernández de la Mora, siempre se sintieron más afines a Ortega y Zubiri que a la escolástica tradicional⁸⁹.

Poco después de finalizada la guerra, el 24 de noviembre de 1939, se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como alternativa católica a la Junta de Ampliación de Estudios, obra de los institucionistas, que fue desmantelada a partir de un decreto del Gobierno nacional de 19 de mayo de 1938, traspasando sus recursos al Instituto de España y a las universidades. El espíritu de la nueva institución fue claramente definido por José Ibáñez Martín, nuevo ministro de Educación Nacional⁹⁰, colaborador de Acción Española, propagandista católico y militante de la CEDA. En su discurso «Hacia una nueva ciencia española», Ibáñez Martín sostuvo que la ciencia no podía ser un saber operativo autónomo o neutral, sino que debía estar subordinado a la teología. No otro era el fundamento, tomado de Menéndez Pelayo, de la denominada «ciencia española»:

Concebimos así la ciencia española como esfuerzo de la inteligencia para la posesión de la verdad, como aspiración hacia Dios, como unidad filosófica, como realización del progreso […]. Nuestra ciencia repudia la tesis kantiana del racionalismo absoluto y no se degrada en reconocer que el hombre no puede llegar por continuo progreso a la posesión de la verdad⁹¹.

La idea de creación del CSIC había partido del sacerdote y científico José María Albareda, miembro de la asociación religiosa Opus Dei, que pronto, como tendremos oportunidad de ver, se convertiría en vivero de intelectuales y doctrinarios tradicionalistas. Albareda era amigo de Ibáñez Martín, con quien había coincidido en la embajada de Chile como refugiados en el Madrid de comienzos de la Guerra Civil⁹².

Además, el 23 de abril de 1938 se promulgó una dura Ley de Prensa, redactada por un equipo dirigido por José Antonio Giménez Arnau, que establecía la censura previa; las «consignas» emanadas del Gobierno; directores de confianza del Estado, que podrían ser sustituidos siempre que el mismo estimase que su presencia fuese nociva para las conveniencias del régimen; la «responsabilidad solidaria de la empresa» con los actos y omisiones del director, y el castigo por vía gubernativa de «todo escrito que, directa o indirectamente, tienda a mermar el prestigio de la nación, o del Régimen, entorpezcan la labor del Gobierno en el nuevo Estado o siembren ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles»⁹³.

Las primeras leyes

No menos importante fue la promulgación, en marzo de 1938, del denominado «Fuero del Trabajo», que aunó las tendencias conservadoras, social-católicas y falangistas. Influencias católicas eran el salario mínimo, el subsidio familiar, el fomento del artesanado, el acceso de la propiedad y el papel subsidiario del Estado. Se prescribía la instauración de la Magistratura de Trabajo y, además, contenía numerosas consideraciones sobre la familia, a la que se veía como célula básica de la sociedad. Igualmente se planteaba una taxativa condena de la huelga, a la que se calificaba de «delito de lesa patria». El Fuero asumía parte del legado falangista, considerando al Estado como «instrumento totalitario al servicio de la integridad patria». El sindicato se configuraba como un ente unitario, exclusivamente de «productores», y, a la vez, como organismo de carácter político integrado en el Estado⁹⁴.

Desde el punto de vista económico, el nuevo régimen no hizo sino reforzar drástica y radicalmente las tendencias autárquicas del capitalismo español. El proteccionismo arancelario, el nacionalismo económico y el intervencionismo estatal crecieron hasta niveles inigualados gracias a diversas disposiciones, como la Ley de Creación del Instituto Nacional de Industria en 1940. En plena coherencia con el proceso apuntado, resultó reforzada y consolidada la banca privada nacional, es decir, el capital financiero, principal impulsor de la vía nacionalista. Fue obvia, desde el primer momento, la adhesión al régimen de la élite financiera, defensora, por otra parte, de la institucionalización monárquica. En marzo de 1938 fue nombrado gobernador del Banco de España Antonio Goicoechea, el antiguo dirigente de Renovación Española⁹⁵.

Pese a la concurrencia de los carlistas en la sublevación y de los consejos de Charles Maurras, que visitó la España nacional en mayo de 1938⁹⁶, la concepción nacionalista del nuevo régimen no admitió hechos diferenciales, ni la pluralidad lingüística en pie de igualdad, ni la descentralización de los poderes del Estado, ni concesiones de autogobierno.

Tras una dura y cruenta lucha, el triunfo nacionalista no tardó en llegar y Alfonso XIII se apresuró a felicitar a Franco, poniéndose «a sus órdenes como siempre para cooperar». Más vehemente aún se mostraría su hijo Juan, que no dudó en utilizar el falangista «¡Arriba España!»⁹⁷. Unos pintorescos versos del marqués de la Cadena servían de pórtico a la adhesión de la nobleza española al hombre que, con su victoria, la había salvado de la pesadilla republicana y revolucionaria:

El sol luce con firmeza:

ya es nuestro otra vez el campo.

De dentro salgan dos vivas:

¡Viva España! ¡Viva Franco!⁹⁸.

Y es que, aunque suele decirse que en una guerra civil todos son perdedores, un criterio más realista nos dice que hubo vencedores y vencidos. Los vencedores fueron las derechas sociales y políticas: el capital en todas sus manifestaciones, los grandes terratenientes, las burguesías conservadoras, amplios sectores de las clases medias y del campesinado propietario y, por supuesto, el conjunto de los católicos. En este sentido, el régimen acaudillado por Francisco Franco no llegó a ser nunca lo que habría deseado un fascista español. Fue, en líneas generales, el sistema sociopolítico deseado por el conjunto de las derechas antiliberales. Supuso la edad dorada del conservadurismo español: la religión católica, la patria, la familia, el orden, la unidad nacional, la propiedad privada fueron los valores más protegidos y las columnas vertebrales del régimen. Los perdedores fueron, sin duda, la clase obrera revolucionaria, los campesinos sin tierra, las burguesías y clases medias laicas, los intelectuales afines al socialismo o a la Institución Libre de Enseñanza y los republicanos de izquierdas. Todos ellos sufrieron una larga represión física y simbólica, aunque sea de todo punto improcedente hacer referencia a un genocidio o a un «Holocausto» español⁹⁹.

DE LA MÍMESIS FASCISTA A LA INSTITUCIONALIZACIÓN MONÁRQUICA

Mientras duró la Segunda Guerra Mundial, iniciada inmediatamente después del final del conflicto civil español, el falangismo logró influir de manera importante en la gestación del régimen. Por de pronto, consiguió que se creasen organismos como el Instituto de Estudios Políticos y su órgano intelectual, la Revista de Estudios Políticos, así como la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. El 31 de julio de 1939 se aprobaron por decreto los estatutos de FET de las JONS, atribuyendo al jefe nacional del Movimiento el título de Caudillo, bajo cuya autoridad funcionaba el Consejo Nacional del Partido. Por otra parte, completando el Fuero del Trabajo, se promulgó la Ley de 26 de enero de 1940 de Unidad Sindical, que prohibía explícitamente toda organización sindical que no fuese de FET de las JONS. La Ley de Bases de la Organización Sindical, de diciembre de ese mismo año, estructuró el nuevo sindicalismo vertical, partiendo del principio de considerar «a todos los productores españoles como miembros de una gran comunidad nacional y sindical». Bajo el mando de las jerarquías del partido, las centrales sindicales debían reunir en «hermandad cristiana las diversas categorías sociales del trabajo» y servir de marco de «encuadramiento y disciplina» a los intereses económicos¹⁰⁰.

Falange: una aparente hegemonía

La organización de FET de las JONS se perfeccionó tras el final de la Guerra Civil mediante el decreto de 21 de julio de 1939, que delimitaba su composición y estructura orgánica. Se crearon varios servicios imitando las estructuras existentes en los partidos fascistas, como el Servicio Exterior, Prensa, Propaganda, Auxilio Social, Obras Sociales, Educación y Descanso, etcétera¹⁰¹. Las juventudes fueron organizadas en el famoso Frente, siguiendo el modelo italiano y alemán, en su estructura formal y acción¹⁰². La influencia falangista fue importante también en el mundo universitario, ya que por la Ley de Ordenación Universitaria, profesores y alumnos quedaron alistados en el Sindicato Español Universitario, con clases obligatorias de formación política y religiosa impartidas por profesores designados directamente por el partido o por la jerarquía eclesiástica. Se crearon, además, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y el Instituto de Estudios Políticos¹⁰³.

La Sección Femenina pretendió, al mismo tiempo, servir de vehículo de adoctrinamiento de las mujeres siguiendo la doctrina católica de exaltación de los valores tradicionales de madre y hogar. En un principio, la Sección Femenina, liderada a lo largo de toda su existencia por Pilar Primo de Rivera (hermana del fundador de Falange), significó un claro triunfo de la doctrina católica tradicional. Si, como hemos señalado anteriormente, la cultura política fascista giraba en torno a los polos del ideal católico tradicional y el de la ciudadana militante, no existe la menor duda de que el primero gozaba de una clara hegemonía sobre el segundo. Primo de Rivera impuso en la Sección Femenina un claro sesgo antifeminista, diseñando unos modelos y arquetipos y pautas de comportamiento que mezclaban, siguiendo los modelos clásicos de Juan Luis Vives, Fray Luis de León y del Siglo de Oro, la fragilidad física y la fortaleza moral, la capacidad intelectual y la necesidad de tutela, la clara sumisión al varón y la capacidad de entrega familiar¹⁰⁴.

En definitiva, fue el triunfo del patriarcalismo. Y es que el divorcio fue suprimido y se revalorizó el poder del marido sobre la mujer en los ámbitos social, jurídico, económico y simbólico¹⁰⁵. Sin embargo, existieron otras líderes femeninas falangistas más dinámicas que Primo de Rivera, como fue el caso de Mercedes Sanz-Bachiller Izquierdo, viuda de Onésimo Redondo y fundadora del Auxilio Social¹⁰⁶, Mercedes Formica, Carmen Werner, Lula de Lara o Carmen de Icaza, junto a otras figuras como María Lafitte, condesa de Campo Alange, o Lilí Álvarez.

Al estallar la guerra entre Alemania, Francia y Gran Bretaña por la invasión de Polonia, a la que luego se sumaría la Italia fascista, la posición de los sectores falangistas —y de la mayoría de las jerarquías del régimen— fue claramente pro-Eje. En un primer momento, España se colocó en una posición de neutralidad para poco después, al entrar Italia en la contienda en favor de Alemania, declararse no-beligerante y ocupar Tánger. En algún momento Franco se planteó la entrada de España en el conflicto. Sin embargo, la ambigüedad, el cálculo y el realismo político fueron la tónica general en una situación sumamente problemática, con una Alemania que llegó a dominar el conjunto del continente europeo. Finalmente, y ante la negativa de Hitler a dar satisfacción a las reivindicaciones territoriales de Franco —quizá deliberadamente desorbitadas—, la pésima situación social y económica de España y las presiones de Gran Bretaña y de Estados Unidos, el dictador español se limitó a enviar en 1941 la denominada «División Azul» a Rusia, como tributo a la ayuda prestada por Alemania a lo largo de la Guerra Civil¹⁰⁷.

Por otra parte, no resultaba extraña la simpatía de las jerarquías del nuevo régimen hacia el Eje. Y no era solo su afinidad ideológica o su agradecimiento por la ayuda durante la contienda civil, sino que era fruto igualmente de la tradicional antipatía hacia Gran Bretaña y Francia por la cuestión de Gibraltar y la posición subsidiaria de España en el concierto internacional, siempre hegemonizada por ambas naciones.

Obra fundamental en ese sentido fue Reivindicaciones de España, escrita por el versátil político vasco José María de Areilza y por el también vasco Fernando María Castiella¹⁰⁸. La obra atribuía, siguiendo a Ledesma Ramos, la decadencia de España a la influencia de Gran Bretaña y Francia, los dos imperios rivales. Sin embargo, las reivindicaciones eran Gibraltar, Marruecos, Argelia, África occidental y territorios del Mar Rojo y de la Conchinchina¹⁰⁹.

El nuevo régimen extendió igualmente sus ojos hacia Hispanoamérica. La idea de Hispanidad fue una de las grandes aportaciones de Acción Española a su acervo ideológico. La creación del Consejo de la Hispanidad en noviembre de 1940 fue, de hecho, su punto de partida. El Consejo se erigió como institución impulsora de la unidad de los pueblos hispánicos en torno al espíritu de la Hispanidad como ideal común¹¹⁰. Sin embargo, los primeros pasos de la diplomacia española hacia América del Sur no fueron excesivamente brillantes, sobre todo por las suspicacias de Estados Unidos, al igual que de las naciones americanas, que desconfiaban de la retórica imperial de los falangistas¹¹¹. Posteriormente, una vez finalizado el conflicto mundial, se creó, en 1945, el Instituto de Cultura Hispánica, que patrocinó congresos hispanoamericanos, editó libros y revistas, como Cuadernos Hispanoamericanos y Clavileño, y concedió becas para ampliar estudios en España a los intelectuales americanos.

El sector falangista contó con un selecto grupo de intelectuales, algunos de los cuales se consideraban discípulos de Ortega, D’Ors o Xavier Zubiri, o habían estudiado en Alemania o Italia, sintiéndose seducidos por la experiencia fascista. Este sector contribuyó a la legitimación del régimen desde una perspectiva totalitaria. Entre ellos es preciso destacar las figuras de los teóricos del partido único, como Luis Legaz Lacambra y Francisco Javier Conde. El primero se había formado en la escuela de Hans Kelsen, pero acabó influido por su antagonista Carl Schmitt¹¹². En sus escritos, Legaz partía de la crisis del Estado liberal, «un Estado desintegrado en falsos antagonismos». Su contraste, el Estado unipartidista, no tenía su fundamento en la polémica, sino en el criterio opuesto, en la exclusión del principio de alteridad. Para Legaz, el partido único no es un órgano del Estado, ni un ente autárquico, ni una corporación de derecho público; es una ecclesia, es decir, que guarda con el Estado una relación ontológica y jerárquica a la que, en tesis católica, mantiene el Estado confesionalmente católico con la Iglesia. De esta idea se deducen una serie de conclusiones: el credo y el dogma deben ser respetados por el Estado, que constituyen el movimiento político; y adquieren el compromiso de protegerlo jurídicamente, persiguiendo la «herejía» política y exigiendo a los cargos lealtad a los ideales¹¹³.

No menos significativa fue la labor de Francisco Javier Conde, el principal discípulo español de Carl Schmitt¹¹⁴. Desde la perspectiva schmittiana, Conde criticaba el formalismo de Kelsen y las doctrinas pluralistas del Estado, cuyas consecuencias eran «la tiranía de los grupos sociales que pretendían arrancar su soberanía al Estado»¹¹⁵. Sin embargo, Conde, como católico, no fue nunca un schmittiano incondicional y no escatimó críticas al concepto de lo político de su maestro, acusándole de «psicologismo».

En este aspecto, su error radical se encontraba en los fundamentos filosóficos en los que descansaba y que carecían por completo de dimensión trascendente¹¹⁶. Edificado sobre una concepción inmanente del mundo y de la vida, el Estado totalitario schmittiano no suponía, en el fondo, la superación del liberalismo, sino la continuidad de su proyecto secularizador. Por ello, solo el Estado español, dado su carácter católico, suponía un auténtico desafío a la configuración de las formas políticas modernas¹¹⁷. No obstante, la aportación más reseñable de Conde a la legitimación del nuevo régimen fue, empero, su teoría del caudillaje, a la que no fue ajena la influencia de Max Weber y de Carl Schmitt, sobre todo con la crítica de este último al intento kelseniano de sustituir el mando y el poder de los hombres concretos, capaces de acaudillar carismáticamente, por el imperio de las normas abstractas¹¹⁸.

A su lado, es preciso destacar la labor intelectual de Pedro Laín Entralgo. Nacido en 1908, Laín controlaba, al final de la Guerra Civil, el departamento de ediciones de Editora Nacional y había colaborado en la prensa falangista, en Jerarquía, Vértice, Arriba España y en la revista doctrinal FE. Admirador de Ortega y D’Ors, sus primeras obras tuvieron como objetivo perfilar una ética nacional falangista acorde con los valores católicos. Pero su punto de partida era más acorde con la perspectiva defendida por Ledesma Ramos que la de Primo de Rivera, sobre todo en la crítica al conservadurismo tradicional español y del catolicismo de la época. En aquellos momentos, para Laín no era viable la alianza del Trono y del Altar, por «la total pérdida de vigencia social por parte de la idea monárquico-dinástica». De igual modo, criticaba la democracia cristiana como fórmula política adecuada para la realización de los valores católicos. Y es que de lo que se trataba, en el fondo, era de una interpretación no tradicionalista de la declaración falangista de «incorporar el sentido católico a la reconstrucción nacional». La solución era el Estado totalitario y, en este sentido, criticaba las suspicacias del catolicismo oficial hacia la Alemania nacional-socialista, cuya «estrecha amistad» resultaba vital para la nueva España¹¹⁹.

«Escorial», las paradojas del «falangismo liberal»

No obstante, la principal labor de Laín Entralgo fue la que efectuó al lado del poeta Dionisio Ridruejo y el filólogo Antonio Tovar con la creación de la revista Escorial, órgano cultural ligado a Falange, cuyo objetivo no era otro que la búsqueda de fundamentos teóricos, ideológicos y culturales para el nuevo régimen totalitario que se proyectaba¹²⁰. El principal referente de la revista eran las ideas de José Antonio Primo de Rivera —«director supremo de nuestras empresas»—, cuyos textos solían publicarse como editoriales¹²¹.

Los promotores de Escorial se manifestaron favorables a la entrada de España en el conflicto mundial en defensa del «nuevo orden» europeo y de las seculares reivindicaciones del nacionalismo español —Gibraltar, África, Riotinto— y de los ejes radicales de la europeidad: la Antigüedad clásica, el cristianismo y la germanidad¹²². En este sentido, el joven Luis Díez del Corral celebraba la creación del Frente de Juventudes y de los sindicatos verticales como pasos decisivos hacia la edificación de la comunidad nacional-sindicalista, superadora de la abstracta sociedad liberal basada en las relaciones contractuales entre individuos: «La comunidad nacional no está ya integrada por ciudadanos abstractos, unidos por un vago vínculo de pertenencia a un mismo Estado, sino que está formada por hombres enteros y vivos con sus ideas y con su espíritu»¹²³. Francisco Javier Conde expresó su interpretación del Estado totalitario, en el que veía «el modo de organización de la gran potencia en su plenitud»¹²⁴.

Esta perspectiva totalitaria se encontraba matizada en todo momento por la presencia católica y la consiguiente defensa del iusnaturalismo y la reivindicación de las figuras de Luis Vives, Francisco Vitoria o Francisco Suárez ¹²⁵. No obstante, los objetivos de Escorial iban más allá. La revista aspiró a integrar a los miembros de la comunidad intelectual que no se exiliaron tras el final de la Guerra Civil y pretendía ser «residencia y mirador de la intelectualidad española, donde pudieran congregarse y mostrarse algunas muestras de la obra del espíritu español no dimitido de las tareas del arte y la cultura a pesar de las muchas aflicciones y rupturas que en los años y años le han impedido vivir y actuar en empresas», lo que, por supuesto, llevaba implícita la colaboración en la tarea de «ofrecer a la Revolución Española y a su misión en el mundo, un arma y un vehículo más, sea modesto o valioso», para «rehacer la comunidad española, realizar la unidad de la Patria y poner a esa unidad —de modo trascendente— al servicio del destino universal y propio, afrontando y resolviendo para ello los problemas que, en orden al hombre, a la sociedad, al Estado y al universo nos plantea el tiempo de nuestra historia más propia: el tiempo presente»¹²⁶.

En este sentido, Laín advertía sobre «los límites del arrepentimiento» de los intelectuales: «Ni más sermones religiosos insinceros, ni más estrenos demagógicamente derechistas y estúpidos, ni más defensores del orden que no conocen o de las fuerzas que no entienden»¹²⁷.

Este ideal de síntesis, tan característico del falangismo, podía percibirse igualmente en la selección y el contenido de los denominados «Breviarios de Pensamiento Español», publicados por Ediciones FE a lo largo de los años cuarenta. Se trataba de una colección de antologías comentadas por intelectuales del régimen, como Gonzalo Torrente Ballester, Antonio Tovar, Juan Beneyto, Emiliano Aguado, etc. En los «Breviarios» se publicaron textos de Séneca, Isidoro de Sevilla, Alfonso X El Sabio, Francisco Vitoria, Bernal Díez del Castillo, Sor María de Ágreda, Pedro de Rivadeneira, Juan Huarte de San Juan, Don Juan Manuel, Luis Vives, Juan Pablo Forner, Jovellanos, Feijoo, El Filósofo Rancio, Balmes, Donoso, Benito Pérez Galdós, Ramón Mesonero Romanos, Cánovas del Castillo, Ángel Ganivet, Juan Valera, Aparisi y Guijarro, etc.

Por todo ello se ha solido apellidar al grupo Escorial como representante de un «falangismo liberal»¹²⁸, aunque, aparte de ser una contradicción en los términos, nunca existió tal liberalismo; es más, ni tan siquiera podía existir en tales momentos, a menos que se otorgue a las palabras una extensión que llegue a privarlas de un contenido mínimamente preciso. La estrategia seguida por Laín y sus compañeros de empresa encajaba a la perfección en la línea cultural fascista —seguida por Giovanni Gentile en Italia, a la que también se la apellidó de «liberal»¹²⁹— de integración en el régimen de los intelectuales en principio no afectos. Gracias a esta estrategia, que iba a encontrar críticos acerbos en los sectores tradicionalistas, se consiguió preservar el legado noventayochista y orteguiano, que, como ya indicamos, formaba parte de la genealogía del pensamiento falangista.

Fue así como en la revista comenzaron a ponerse en cuestión algunos de los lugares comunes del tradicionalismo cultural triunfantes tras el final de la Guerra Civil. Emiliano Aguado comparó a Unamuno y Maeztu, en detrimento del segundo¹³⁰. Laín rechazó el término «Cruzada» a la hora de designar a la Guerra Civil¹³¹. Gonzalo Torrente Ballester cuestionó la interpretación tradicionalista de la Historia de España, sobre todo en sus críticas al siglo XVIII y a la Ilustración¹³². Carmelo Viñas y Mey describió la vida intelectual de posguerra en términos muy negativos, caracterizada por «la escasez, por no decir casi total inexistencia, del libro creador, de originalidad substantiva»¹³³. Entre los colaboradores de la revista destaca igualmente José Luis López Aranguren, con sus estudios sobre el tema protestante, y quien por entonces pasaba por ser discípulo de Eugenio D’Ors, a cuya obra dedicó su primer libro, destacando la «filosofía militante» del catalán, una Aufklärung católica, esto es, religioso-universal y tradicional¹³⁴.

La revista dio audiencia a las viejas glorias de la literatura, la historia y la filosofía españolas de la época liberal. Y en sus páginas colaboraron Azorín, Ramón Menéndez Pidal, Pío Baroja, Gregorio Marañón, etc. Se glosó elogiosamente los nuevos trabajos de Ortega y Gasset, objeto de especial predilección por parte de los intelectuales falangistas¹³⁵. Igualmente se dio audiencia a las jóvenes promesas de la intelectualidad española del momento, como Eugenio Montes, Eduardo Aunós, Alfonso García Valdecasas, Rafael Calvo Serer, Dámaso Alonso, Julián Marías, Melchor Fernández Almagro, Ricardo Gullón, Emilio García Gómez, Emilio Orozco, José Antonio Maravall, Antonio Tovar, Francisco Javier Conde, Rafael Sánchez Mazas, Dionisio Ridruejo, Luis Díez del Corral, etc. Tampoco estuvieron ausentes de sus páginas pensadores extranjeros, como Martin Heidegger —de quien se publicó su genial Hölderlin y la esencia de la poesía—, Eduard Spranger, Ernst Cassirer, Romano Guardini e incluso algún texto de Goethe. Sobresalió también la presencia de poetas, como José Luis Cano, José García Nieto, José Luis Hidalgo, Gerardo Diego, José María Valverde, Vicente Aleixandre o Leopoldo Panero.

Entre los colaboradores de Escorial destacó igualmente el historiador José Antonio Maravall, hombre próximo a Ortega y Gasset y uno de los firmantes del manifiesto del Frente Español de 1932. En aquellos momentos, su interés se centró en la búsqueda de fundamentos históricos y teóricos de legitimación del nuevo régimen. En sus primeras obras resulta llamativa la utilización de conceptos de raigambre schmittiana, como «teología política», «ordinalismo» y «amigo/enemigo» para analizar la teoría del Estado de la España de la Contrarreforma como modelo histórico a seguir¹³⁶. Lo mismo puede decirse de su interpretación de la Reconquista, en la que se presentaba al sarraceno como enemigo existencial¹³⁷. Y es que Maravall se mostraba entonces como fervoroso adalid del Estado totalitario, cuyo objetivo se cifraba en la organización y creación de «un nuevo orden moral». El totalitarismo se había convertido en la «razón de Europa», porque unía el ímpetu revolucionario de las masas con el respeto a las jerarquías¹³⁸. A semejanza del liberalismo del siglo XIX, el régimen totalitario era la fórmula política característica de la Europa posterior a la Gran Guerra, y, una vez consolidado, serviría de modelo «a los pueblos de los restantes continentes»¹³⁹. Como en el caso de Conde, el historiador valenciano daba una gran importancia a la función de carisma de Franco como Caudillo:

El Caudillo, que, al ganar la guerra, ha asegurado firmemente la libertad de España, nos ha dado, además, la posibilidad de ser permanentemente libres. Por eso, el poder de Franco se asienta en la Historia, en razón del valor nacional de España y personal de los españoles. Franco, Caudillo de la Libertad, es el nombre efectivo que forma hoy la libertad posible de todos y cada uno de los españoles¹⁴⁰.

Escorial sobrevivió, mal que bien, hasta 1950, pasando a dirigirla, tras Laín y Ridruejo, otro falangista, José María Alfaro Polanco, y luego Pedro Mourlane Michelena. Poco a poco, a partir de 1942, fue perdiendo su carácter político, centrándose en temas de carácter literario e histórico. Sus primeros promotores, Laín, Ridruejo y Tovar, pasarían posteriormente, como tendremos oportunidad de ver, por diversas peripecias de carácter intelectual y político.

FACCIONES EN CONFLICTO

Pero Falange, como es sabido, exhibió más poder que el que realmente poseía, lo que generó resentimientos en el resto de las fuerzas políticas insertas en el nuevo régimen. El carlismo salió perdiendo en la fusión y, andando el tiempo, rompería con el sistema, declarando heterodoxos a quienes siguieran colaborando con él. Sin embargo, sus reivindicaciones religiosas —que eran, en realidad, lo más significativo de su proyecto político, y lo que movía la acción de sus partidarios— tuvieron plena vigencia en la legislación y en las instituciones del régimen. De hecho, el Ministerio de Justicia siempre estuvo presidido por un tradicionalista.

Tampoco faltaron conflictos esporádicos entre la potestad eclesiástica y la del Estado. Y es que el ideal de la Iglesia española no era otro que la subordinación pura y simple del Estado a los dictados del aparato eclesiástico, aunque tuvo que aceptar la absorción de los sindicatos agrarios católicos y sus federaciones de estudiantes en los sindicatos verticales y en el SEU. De ahí la existencia de ciertas reticencias del cardenal Gomá con respecto a la situación política en la última de sus pastorales, titulada Lecciones de la guerra y deberes de la paz, en la que el insaciable primado pedía un mayor poder para la Iglesia frente al partido, al que oponía un «totalitarismo divino»¹⁴¹.

En efecto, existieron conflictos entre la Iglesia y el Estado, entre la autoridad militar y los gobernantes civiles en algunas diócesis catalanas en los años cuarenta por la predicación en lengua vernácula, en particular en las diócesis de Seo de Urgell y Vich. En la revista Ecclesia, órgano de expresión de Acción Católica, aparecieron críticas al nacional-socialismo e indirectamente al apoyo que el régimen le prestaba mediante el envío de la División Azul al frente ruso¹⁴².

Por otra parte, los monárquicos alfonsinos se sintieron igualmente preteridos. En otoño de 1939, por encargo del general Juan Vigón, Eugenio Vegas Latapié redactó un proyecto de Ley Fundamental en cuyo preámbulo se condenaba tanto el sistema demoliberal como el totalitario, «una concepción cesarista y tiránica, pero también escéptica y atea». El proyecto tenía como base la monarquía tradicional, católica y corporativa, con un Consejo Real y un Parlamento orgánico¹⁴³.

Las contradicciones entre Falange y los monárquicos se hicieron visibles en un ciclo de conferencias dedicado a la figura de José Calvo Sotelo, en el que intervinieron la mayoría de los supervivientes de Acción Española, como Aunós, Goicoechea, Yanguas Messía, Vegas Latapié, José Pemartín y José María Pemán. Sus intervenciones tuvieron como objetivo mostrar que los auténticos precursores de la «Cruzada» habían sido ellos, y, en particular, Calvo Sotelo y no José Antonio Primo de Rivera o Falange. La intervención más estruendosa fue, sin duda, la de Pemán, que demandó públicamente a Franco el retorno de la monarquía; se burló de la ideología falangista y criticó la mitificación de que era objeto el fundador de Falange, en detrimento de la figura de Calvo Sotelo¹⁴⁴.

Presionado por la mayoría de sus partidarios y próximo a la muerte, Alfonso XIII abdicó en su hijo Juan de Borbón y Battenberg el 15 de enero de 1941. El heredero al trono se mostró, en su carta de aceptación, como un consumado discípulo de Acción Española. Abominó de la monarquía constitucional de la Restauración; felicitó a su padre por haber organizado el Ejército de África, donde se habían forjado los hombres que habían de «salvar a España»; hizo referencia a la Guerra Civil como «la Gran Cruzada Nacional», y se comprometió a restaurar «el sentido político y social de nuestra monarquía tradicional»¹⁴⁵. En sus sucesivas cartas y declaraciones, el pretendiente, a cuya causa se sumó el tradicionalista Rodezno, siguió mostrándose influido por Eugenio Vegas. Tanto es así que el conde de Romanones se vio obligado a recordarle la tradición constitucional y liberal de su dinastía¹⁴⁶.

Las posiciones de los monárquicos partidarios de Juan de Borbón con respecto al desarrollo de la guerra mundial fueron, en un principio, ambiguas. No faltaron contactos con el Eje. El conde Ciano, a diferencia de su suegro, era partidario del retorno de la monarquía a España. Germanófilos notorios en este campo eran el marqués de Valdeiglesias, José María de Areilza y Juan Vigón¹⁴⁷. Incluso se planteó la posibilidad de que el pretendiente se alistase en la División Azul¹⁴⁸.

Al celebrarse el primer aniversario de la muerte de Alfonso XIII, el pretendiente pronunció unas palabras ante sus partidarios en las que se mostró como un franquista prácticamente incondicional. La monarquía suponía la continuación del Movimiento Nacional, su consolidación política e institucional, «con el impulso juvenil que quiere una España nueva y vigorosa, a cuya cabeza me sitúo con entusiasmo»¹⁴⁹.

En abril de 1942 comenzaron a desarrollarse una serie de conspiraciones monárquicas contra Franco, al constituirse en Madrid un comité secreto encargado por el propio conde de Barcelona de preparar el retorno de la monarquía, y del que formaban parte Sainz Rodríguez, José María de Areilza, los condes de Cadagua y Fontanar, el marqués de la Eliseda, Eugenio Vegas, José María Troncoso y el duque de Francavilla. El conde de Barcelona esperaba un «nuevo Martínez Campos». Contaba, al parecer, con la adhesión en el Ejército de Kindelán, Aranda y Beigbeder¹⁵⁰. Sin embargo, no eran ya los tiempos de la débil Primera República, y Franco tardó poco tiempo en desactivar aquellas conspiraciones y ordenó detener a Vegas y Sainz Rodríguez, que, sin embargo, lograron escapar. La sociedad monárquica Cultura Española, sita en el domicilio de Vegas Latapié, y su editorial fueron clausuradas.

En otro orden de cosas, dentro de los aparatos del Estado se manifestaron los primeros conflictos serios entre facciones rivales. Serrano Suñer comenzó a caer en desgracia. En mayo de 1942, Franco nombró ministro de la Gobernación al monárquico Valentín Galarza Morante, y subsecretario de la Presidencia, al también monárquico y antifalangista notorio Luis Carrero Blanco. Poco a poco fue haciéndose perceptible un cambio ideológico y político del régimen con respecto a las potencias del Eje. En las páginas de la Revista de Estudios Políticos comenzaron a tomar cuerpo las diferencias entre los regímenes de Italia y Alemania y el instaurado en España. Para Alfonso García Valdecasas, la diferencia esencial era el catolicismo que impregnaba las instituciones españolas. Y es que, mientras que los regímenes totalitarios eran producto de la secularización y el maquiavelismo, el español estaba inspirado en la filosofía católica, que sostenía la existencia de valores por «encima del Estado»¹⁵¹.

Apurado por el giro de la guerra mundial, Franco comenzó a dar perfil institucional a su régimen. Rechazó la proposición de Serrano Suñer y José Luis de Arrese de convertir el Consejo Nacional en cámara legislativa única, y presentó la Ley de Constitución de las Cortes Españolas el 17 de julio de 1942. Las Cortes se configuraban como un «instrumento de colaboración» en la tarea legislativa, que era atribución del jefe del Estado. Su función era esencialmente deliberativa y auxiliar, y su propia composición las convertía en un instrumento dócil del Ejecutivo, ya que los denominados «procuradores» se dividían en dos categorías: natos y electivos, con gran diferencia entre los primeros y los segundos. Existía, además, un número de «procuradores» —no superior a cincuenta— directamente designados por el jefe del Estado¹⁵². Franco nombró a varios monárquicos, como Galarza, Larraz, los duques de Alba, Infantado y Arión, el marqués de Huétor, Pablo Garnica o Juan Ventosa, y fue significativa la presencia del clero: Segura, Plá y Deniel, Justo Pérez de Urbel, Fermín Yzurdiaga, Modrego, Ballester, etc.

Y no tardó en caer Serrano Suñer, notorio germanófilo, por los sucesos del santuario de la Virgen de Begoña, en Bilbao, donde se produjo una reyerta entre falangistas y carlistas que se saldó con la muerte de tres personas. Los sucesos fueron aprovechados por los militares monárquicos y antifalangistas para asestar un golpe decisivo a Falange, presentándolo, por parte del general Varela, como un ataque directo al Ejército. Como de costumbre, Franco medió entre ambas partes, y Serrano Suñer fue cesado de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores, que ocupó el anglófilo conde de Jordana, mientras que Varela y Galarza fueron sustituidos por Asensio y Blas Pérez.

El régimen fue abandonando progresivamente su anterior posición «no beligerante» para retornar a una neutralidad estricta que, por otra parte, no se hizo patente hasta 1944. En aquellos momentos, el conde de Barcelona comenzó a jugar la carta aliadófila y a perfilar una táctica de ruptura con Franco y su régimen. En unas declaraciones al Journal de Géneve manifestó su deseo de ser «el rey de una España en la que todos los españoles, definitivamente reconciliados, podrán vivir en común», mostrándose partidario de una «neutralidad absoluta» en el conflicto mundial¹⁵³.

La causa monárquica

Fue entonces cuando volvió a la escena política José María Gil Robles, quien manifestó al diario bonaerense La Nación su apoyo a la fórmula política representada por Juan de Borbón: monarquía tradicional, de «autoridad robusta», «con un sano sentido representativo y orgánico», y que «no cayera en utopías de un igualitarismo contrario a la razón y a la naturaleza»¹⁵⁴.

A finales de junio, un grupo de procuradores monárquicos, entre los que destacaban el duque de Alba, Goicoechea, Ventosa, Garnica y Yanguas, firmaron un documento en el que se pedía a Franco la restauración de la monarquía tradicional, capaz de garantizar la neutralidad en la guerra mundial y la necesaria institucionalización política¹⁵⁵.

La correspondencia entre Franco y el conde de Barcelona reflejó igualmente estos cambios de situación. Tras la caída de Mussolini, el pretendiente instó a Franco a «una incondicional restauración de la monarquía». El dictador confiaba en la estabilidad del régimen y juzgó gravísimo el cambio de estrategia del heredero de Alfonso XIII¹⁵⁶. El 15 de septiembre de 1943, ocho tenientes generales firmaron una carta colectiva en la que instaban a Franco a la restauración de la monarquía¹⁵⁷. Pero la carta causó muy poca impresión en Franco; tanto es así que no la contestó, e individualmente se entrevistó con cada uno de los firmantes y les dijo que no había llegado la hora de la monarquía. Según un informe del conde de los Andes, la pretensión de los militares era que Franco pasara a la categoría de «ex Jefe del Estado», con «sus honorarios y respetos correspondientes, ocupando la presidencia de la Junta de Defensa Nacional», «con el acceso consiguiente a la persona del monarca»¹⁵⁸.

Gil Robles escribió al general Asensio pidiéndole su apoyo a la restauración monárquica¹⁵⁹. Sin embargo, no existía en las filas monárquicas una clara unidad de criterio y de estrategia. El conde de los Andes abominaba de los «jóvenes ambiciosos e impacientes», como el duque de Sotomayor, de cuyas actividades daba una opinión absolutamente negativa. El general Orgaz, al parecer, había pedido plenos poderes del conde de Barcelona para sublevarse, plan que Andes calificaba de «locura». Vigón estimaba que no se podía prescindir de Franco y tachaba a Gil Robles de «aventurero», idea compartida por Andes, que acusaba al antiguo líder de la CEDA de «impaciencia irreflexiva»¹⁶⁰.

Juan de Borbón volvió a mostrar su desacuerdo con Franco en unas declaraciones al diario bonaerense La Prensa, donde definía su alternativa política como «un Estado de Derecho en el que gobernantes y gobernados debían someterse a las leyes dadas por el rey, de acuerdo con los organismos constituidos por la auténtica representación nacional»¹⁶¹.

Sin embargo, los monárquicos continuaban colaborando en las instituciones del régimen. El 3 de agosto de 1944 murió el conde de Jordana, que fue sustituido por el antiguo maurista y militante de Renovación Española José Félix de Lequerica. No obstante, el conde de Barcelona dio un paso más, y el 19 de marzo de 1945 hizo público el denominado «Manifiesto de Lausana», donde denunciaba el régimen de Franco por estar «inspirado en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, tan contrarios al carácter y la tradición de nuestro pueblo» y por ser «fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo». Como alternativa, ofrecía de nuevo un «Estado de Derecho, basado en la concepción cristiana del Estado», es decir, la monarquía tradicional, como garante de una serie de reformas, una Constitución, libertades públicas, reconocimiento de las diversidades regionales, etcétera¹⁶².

La reacción del régimen no se hizo esperar y tampoco la de muchos monárquicos, que no dudaron en criticar abiertamente al conde de Barcelona. Solo el duque de Alba, el conde de Vallellano —futuro ministro de Obras Públicas de Franco— y el infante Alfonso de Orleans dimitieron de sus cargos en el Estado. Especialmente dura fue la contestación de Antonio Goicoechea, que calificó el Manifiesto de Lausana de «delito de lesa Patria» y de «daño irreparable» a la causa monárquica. Y no fue el único: Medina Vilallonga, Ramón de Carranza, el marqués de Sotohermoso, el duque de Alcalá y otros monárquicos se negaron a abandonar sus cargos, alegando que el pretendiente no se hallaba «suficientemente informado de la situación interna del país»¹⁶³.

Juan Ignacio Luca de Tena salió en defensa del conde de Barcelona, frente a Goicoechea, alegando que el objetivo de aquel no había sido la demanda de «democracia pura, sufragio universal y desintegración de la Patria», todo lo cual se había demostrado «nefasto» para España, sino poner a la monarquía en «situación de relevo» para que la República no se convirtiera en la única alternativa al régimen de Franco, al que ante la nueva situación internacional no pocos daban ya por muerto y enterrado¹⁶⁴.

Católicos frente a falangistas

Mientras tanto, Franco comenzó a maniobrar políticamente. Los cambios ministeriales del 18 de julio de 1945 supusieron un auténtico salto cualitativo en la influencia y el poder de los sectores católicos integrados en el régimen. Franco renovó los titulares de ocho ministerios y dejó de cubrir la secretaría de FET, todo un símbolo político. El nuevo Gobierno contó con los miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, como Ibáñez Martín, Fernández Ladreda y Alberto Martín Artajo, nuevo ministro de Asuntos Exteriores¹⁶⁵, y, por supuesto, con la Iglesia católica como principal legitimadora, tanto a nivel nacional como internacional. Se inició un claro proceso de desfasticización de las instituciones que pronto se reflejaría en nuevas leyes. El 17 de julio, Franco promulgó el Fuero de los Españoles, en cuya redacción tuvo un especial papel el cardenal Plá y Deniel. Se trataba de una especie de declaración de derechos fundamentales, entre los que se reconocían la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de residencia, el habeas corpus, la libertad de asociación, la seguridad jurídica, etc. Al mismo tiempo, se hacía una declaración explícita de confesionalidad estatal, gozando el catolicismo de «protección oficial», que se hacía compatible con la libertad de cultos. Por otra parte, el reconocimiento de estos derechos se hallaba condicionado por la protección de los «principios fundamentales del Estado» y de la «unidad espiritual, nacional y social, de España». Igualmente se daba apoyo a la doctrina social de la Iglesia católica¹⁶⁶.

Incluso en el seno de Falange existieron intentos de acomodación al nuevo contexto político e internacional. José Luis de Arrese intentó demostrar que la doctrina falangista nada tenía que ver con el totalitarismo nazi o fascista. Y es que, según él, cuando José Antonio Primo de Rivera hacía referencia al Estado totalitario no era en el sentido lato, sino en lo referente a un Estado que se proclama totalizando en su gestión a todos los ciudadanos, sin discriminación de origen, religión, raza o lengua¹⁶⁷. De la misma forma, Francisco Javier Conde no dudó en someter a crítica los fundamentos de la teoría nazi de representación, «doctrina medio romántica, medio hegeliana, cuya consecuencia es el aniquilamiento del mismo concepto de representación»¹⁶⁸.

En cualquier caso, el sueño falangista de un Estado totalitario pleno se disolvió pronto en retórica inútil, dada la realidad no solo internacional, sino interior de una España en ruinas y tutelada por un clero sumamente conservador, y que, además, vio deshacerse en humo las empresas políticas de Alemania e Italia. No obstante, Falange continuó ejerciendo influencia en las instituciones del régimen, que siguió utilizando sus símbolos políticos, su retórica y el contenido de algunas de sus propuestas sociales para conseguir la adhesión de las clases medias y trabajadoras. En gran medida siguió siendo la representación del populismo franquista. De ahí la relevancia de la figura de José Antonio Girón de Velasco. Nacido en la localidad vallisoletana de Herrera de Pisuerga, en 1911, Girón había militado en las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, de Onésimo Redondo, siendo uno de sus miembros más activos¹⁶⁹. Héroe de la Guerra Civil, se hizo, tras la Unificación, un franquista incondicional. Y en mayo de 1941, Franco le nombró ministro de Trabajo, cargo que ocuparía hasta febrero de 1957. Puede haber pocas dudas de la importancia de su labor legislativa: seguros de enfermedad, seguridad social —vejez, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, paro forzoso, etc.—, mutualismo laboral, reglamentación de trabajo, viviendas, sanatorios, jurados de empresa, universidades laborales, etcétera¹⁷⁰.

Ocaso de la aristocracia tradicional

Mientras tanto, se iniciaba la decadencia irreversible de la aristocracia tradicional. En la medida en que poseyera aún cierto tipo de coherencia social, los restos de la nobleza tradicional se encontraban divididos respecto al régimen nacido de la Guerra Civil. La sangría sufrida por sus miembros a lo largo del conflicto empujó a la mayoría de sus componentes, por mera prudencia, a colaborar con Franco. Otros, más militantes, aunque mucho más minoritarios, optaron por la restauración más o menos inmediata de la monarquía, vital para sus intereses y para el retorno de su hegemonía social y política.

El régimen de Franco no fue en modo alguno pronobiliario. Para el dictador, la auténtica aristocracia social no eran los nobles; tampoco los intelectuales, sino el Ejército. A su entender, «la aristocracia española no se forjó en los salones, haciendo reverencias y besando manos, sino en las batallas, en la lucha abierta y viril». En su opinión, existía «una aristocracia militar de mayor importancia que la de la sangre»¹⁷¹. Franco casó a su hija Carmen con el marqués de Villaverde, hijo del conde de Arguillo, pero seguiría considerando a la nobleza tradicional como una clase social decadente y ociosa: «Don Alfonso XIII —dijo en una conversación privada— iba al Tiro de Pichón alternando casi siempre con muchos de estos parásitos, que nada hacían por el prestigio del monarca, al contrario, ya que le incitaban a entregarse a juegos prohibidos»¹⁷².

En este sentido, el nuevo régimen no supuso sin más el retorno de las jerarquías del orden social tradicional característico de la Restauración. La nobleza consiguió cierto poder en algunas alcaldías y en la diplomacia. Sin embargo, progresivamente fue perdiendo representación y espacios sociales de influencia en el Estado y en el campo específicamente político¹⁷³. La nobleza recelaba del proyecto político falangista, en particular de su voluntad de nacionalización de la banca y sus ataques a los rentistas. De igual modo rechazaba el intervencionismo estatal, la creación de empresas públicas, la regulación de los arrendamientos o el control de los tipos de interés. Por ello, algunos aristócratas, como el marqués de la Eliseda, el conde de Campo Alange o el vizconde de Eza, elaboraron algunos proyectos políticos que amalgamaban principios corporativos, conservadores liberales y tradicionalistas, pero que, en realidad, como luego se vería, no significaban una alternativa real a la configuración institucional del régimen, como quedó claro con la Ley de Sucesión o en las futuras Leyes Fundamentales¹⁷⁴.

No deja de ser significativo que, poco después de finalizar la Guerra Civil, se creara un Juzgado Especial Militar de Actuación de la Banca Privada, cuyo objetivo era investigar la posible colaboración de las instituciones financieras con la Segunda República, en particular de aquellos consejeros y directivos que permanecieron en Madrid durante la guerra y que se vieron obligados a tratar con las autoridades republicanas. Entre los investigados se encontraban los marqueses de Urquijo, Valentín Ruiz Senén, el marqués de Aledo, Pablo Garnica, el conde de Gamazo, Ildefonso Fierro, el marqués de Manzanedo o el duque de Arión. La mayoría fueron absueltos, aunque encontraron sospechas en la actuación del duque de las Torres, sobrino del conde de Romanones, si bien no hubo represalias¹⁷⁵.

Ciertas medidas económicas llevadas a cabo por el nuevo régimen en nada beneficiaron a la nobleza tradicional, como la regulación de los alquileres, el control de las asociaciones empresariales a través del sindicato vertical, los ataques al rentismo, las transformaciones de las formas de explotación rural, el control del Banco de España o la regulación de los bancos. A partir de ahí, se promovió el ascenso de nuevas élites económicas y sociales, industriales, propietarios agrarios emergentes, promotores inmobiliarios, etc. Significativamente, a partir de comienzos de los años cincuenta la nobleza fue abandonando sus palacios y hoteles¹⁷⁶.

En abril de 1948 se restableció la legislación anterior a 1931 en lo relativo a los títulos nobiliarios y a la posibilidad de que Franco, como jefe del Estado, pudiera concederlos, a pesar de no ser de linaje real. En favor de esta legislación se manifestó en las Cortes Antonio Goicoechea, que adujo los ejemplos históricos del duque de la Torre y del general Espartero¹⁷⁷. A lo largo de su etapa como jefe de Estado, Franco concedió treinta y nueve títulos nobiliarios: José Antonio Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Moscardó, Onésimo Redondo, Víctor Pradera, Saliquet, Dávila, Queipo de Llano, Francisco Moreno Fernández, el médico Hermenegildo Arruga, Julio Arteche, Joaquín García Morato, Enrique Varela, Joaquín Benjumea, Ramiro de Maeztu, García Escámez, Santiago Ramón y Cajal, Juan Yagüe, Rodezno, monseñor Tedeschini, Juan de la Cierva, Juan Vigón, Pedro Barrié de la Maza, Pilar Primo de Rivera, Juan Antonio Suanzes, Juan Cervera, Kindelán, Esteban Bilbao, Eduardo Torroja y un largo etcétera¹⁷⁸.

17

AUTORITARISMO POLÍTICO Y DESARROLLO ECONÓMICO

CONSOLIDACIÓN Y CONTROVERSIAS DOCTRINALES

Hacia la hegemonía del catolicismo político

Como hemos visto, la derrota del Eje supuso el ascenso de los miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y de la Editorial Católica. A diferencia de los falangistas y de los herederos de Acción Española, no eran doctrinarios, sino hombres de acción, tal y como pedía su fundador, Ángel Ayala. Aparte de Ángel Herrera, destacaban en sus filas Fernando Martín-Sánchez Juliá, Joaquín Ruiz-Giménez, José Larraz o Alberto Martín Artajo. Tras la Guerra Civil, su Boletín y el diario YA, heredero de El Debate, continuaron desarrollando su proyecto político, corporativo, autoritario, antitotalitario, tradicionalista en lo cultural y anticomunista¹.

La principal figura del nuevo Gobierno fue Martín Artajo. Nacido en Madrid en 1905 en una familia vinculada a la monarquía y al catolicismo social, había sido profesor de Derecho Administrativo y letrado del Consejo de Estado. Siempre estuvo vinculado a Ángel Herrera, mostrándose partidario, durante la República, de un régimen corporativo y autoritario. Igualmente, fue vicepresidente de Acción Católica y redactor de El Debate². Por su parte, Ángel Herrera actuó decisivamente en favor de Franco y de Artajo en los círculos del Vaticano. Influyente en la gestación del nuevo Gobierno fue Luis Carrero Blanco, que ya pasaba por ser la «eminencia gris» de Franco³. Otros miembros sobresalientes del Ejecutivo eran Ibáñez Martín y Fernández Ladreda, que, además de propagandistas católicos, habían colaborado en Acción Española.

A pesar del contenido del Manifiesto de Lausana, las relaciones de Franco con Juan de Borbón no se encontraban totalmente rotas. En unas conversaciones con José María Oriol, el pretendiente negó haberse opuesto a que el necesario cambio se hiciera de mutuo acuerdo, y se mostraba partidario de entrevistarse con Franco⁴. En febrero de 1946, el conde de Barcelona se trasladó a una localidad portuguesa de Estoril y enseguida un nutrido grupo de aristócratas, intelectuales, banqueros y hombres de empresa le dirigió un escrito, «El Saluda», en el que se hacía una declaración de fe monárquica y de adhesión a su persona. Y es que solo la monarquía, se decía, «puede ser base sólida de un régimen estable y definitivamente conforme a la tradición histórica, adecuado a las necesidades del tiempo presente, apto para colaborar con las demás naciones»⁵. Poco después se hicieron públicas las «Bases Institucionales de la Monarquía Española», obra de José María Gil Robles, Pedro Sainz Rodríguez, el conde de Rodezno, Eugenio Vegas y Antonio Iturmendi, futuro ministro de Franco. Según afirmó Juan de Borbón en una carta a Yanguas Messía, su objetivo era «presentarlas al Generalísimo, incitándole a que, con la legislación adecuada, se fuese perfilando la estructura del futuro Estado monárquico»⁶.

Las Bases eran la expresión genuina de los planteamientos tradicionalistas de Acción Española. Por exigencia de la Historia, la vida pública española debía descansar en los «postulados esenciales» e «inalterables» del catolicismo y de la monarquía, no constitucional, sino representativa. Se hacía explicita la confesionalidad del régimen y, al modo carlista, hincapié en la «autarquía» de las regiones. El monarca ejercería sus prerrogativas asistido por el Consejo del Reino, como entidad consultiva, integrado por miembros de derecho propio, de nombramiento real y electivo. Existiría una sola Cámara corporativa, cuya función sería deliberativa y auxiliar⁷. Tal era el «Estado de Derecho» de Juan de Borbón y sus partidarios. Bastante próximo a la tradición de un Aparisi y Guijarro, Gil Robles padre o al anteproyecto constitucional de la dictadura de Primo de Rivera.

LA NUEVA DERECHA MONÁRQUICA

Pronto, sin embargo, vendría a caldear el ambiente un nuevo litigio. El 31 de marzo, el conde de Barcelona recibió en Estoril a Luis Carrero Blanco, como portador de un proyecto de Ley de Sucesión, coincidente con las bases en la confesionalidad católica, la monarquía representativa, el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia. Sin embargo, la ley atribuía a Franco la Jefatura del Estado y no al rey. Además, algunos de sus puntos eran un arma de doble filo de Franco contra Juan de Borbón, en particular aquellos que resucitaban la teoría de las dos legitimidades. Y es que el jefe del Estado podía excluir de la sucesión a las personas que se desviasen de «los principios fundamentales del Estado», e incluso el Consejo de Regencia podría proponer un regente en lugar de un príncipe⁸.

Naturalmente, el contenido de la ley fue rechazado por el conde de Barcelona y sus consejeros, acusándola de acabar con todas las ventajas de la monarquía, es decir, legitimidad, continuidad y estabilidad⁹. Sin embargo, aquella denuncia apenas fue conocida por la sociedad española, salvo por un círculo muy restringido. Ni tan siquiera los sectores sociales afines a la monarquía, como la aristocracia tradicional. Ciertamente, la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España rechazó el contenido de la ley y envió una carta de adhesión al conde de Barcelona, si bien reconocía a Franco «servicios eminentes, recordados por todos los españoles e inolvidables para la gratitud nacional»¹⁰. No obstante, según una carta enviada a los Grandes de España, y significativamente titulada «Imperativo de Lealtad», se pedía a la aristocracia un mayor apoyo al heredero al trono, ya que el grueso de la nobleza seguía colaborando en las instituciones del régimen y prestando al general Franco «el juramento de lealtad de deben al rey».

Cuantos también dan pruebas de un inexplicable conformismo, encontrándose tan contentos en esta situación, tan bien avenidos con sus representantes, tan cordiales con los que atacan al rey y a la monarquía, disputándose a veces el honor de recibirlos o de acudir a sus invitaciones¹¹.

Y no era solo eso. En el plano internacional se impuso al régimen, por parte de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, un claro aislamiento, aunque las potencias hegemónicas occidentales —Gran Bretaña y Estados Unidos— no estuvieron dispuestas a desestabilizar a Franco, temiendo el estallido de una nueva revolución en la Península¹².

Y es que el versátil conde de Barcelona no ofrecía suficiente seguridad a las élites económicas y sociales, y tampoco a las potencias occidentales. Prueba de ello fue la conversación entre los juanistas conde de los Andes y Quiñones de León, quienes, a la altura de 1947, habían llegado a la conclusión de que ni el Ejercito, ni la Iglesia, ni tan siquiera la aristocracia, estaban dispuestos a mover un dedo para traer a Juan de Borbón. La única esperanza de recambio era la muerte de Franco, y el conde de los Andes señalaba que, al parecer, este padecía una «coliscistitis con serias repercusiones cardíacas. Ha sufrido varios colapsos»¹³.

Sin embargo, el conde de Barcelona, al menos en un primer momento, no se resignó y en unas declaraciones al diario The Observer, en abril de 1947, señaló su «insolidaridad absoluta» con el régimen, mostrándose partidario de la reconciliación nacional, si bien se negaba a someter, ante un eventual cambio de sistema político, a referéndum la legitimidad de la monarquía¹⁴.

Para entonces, la Ley de Sucesión había sido aprobada en referéndum, y España se convertía en Reino. Sin embargo, los conflictos entre Franco y el conde de Barcelona favorecieron que Gil Robles propiciara un entendimiento e incluso un pacto con los socialistas que dirigía Indalecio Prieto desde su exilio mexicano. Tras no pocas dificultades y controversias, se logró articular un pacto que contemplaba la amnistía, un reajuste de la economía, la eliminación del partido único y la incorporación a las instituciones europeas¹⁵. Sin embargo, el conde de Barcelona no siguió a su consejero por aquel camino y, por cuenta propia, se entrevistó con Franco en el yate Azor, accediendo después a que su hijo Juan Carlos viniese a España para iniciar sus estudios. Como contrapartida, Franco hizo unas vagas promesas de mayor permisividad a la propaganda monárquica en el interior. El artífice de aquella reunión había sido Julio Danvila, antiguo militante de Renovación Española, que, como otros monárquicos, en particular el conde de Rodezno, Gabriel Maura y Oriol, eran contrarios a la estrategia seguida por el antiguo líder de la CEDA. Al enterarse, Gil Robles se negó a creer la noticia, calificándola de «absurda»¹⁶. En una carta al conde de los Andes, el pretendiente justificó su actuación alegando que el objetivo era «agotar por mi parte todas las posibilidades de conciliación con Franco»¹⁷.

Se abría así un nuevo período en las relaciones del conde de Barcelona con Franco, etapa en la que se inició igualmente un proceso de renovación ideológica del conservadurismo tradicional a través de las actividades de una nueva generación de intelectuales que sustituiría progresivamente a los supervivientes de Acción Española. La nueva alternativa monárquica comenzó a manifestarse a través de la revista Arbor, uno de los órganos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convertido, en buena medida, en el feudo de una nueva élite de orientación católica, el Opus Dei, a través de la figura, como ya hemos señalado, de José María Albareda. El Opus Dei, poco a poco, iría ocupando un buen número de cátedras universitarias.

La institución había sido fundada en octubre de 1925 por el sacerdote José María Escrivá y Albás¹⁸. Nacido en Barbastro el 9 de enero de 1902, en el seno de una familia de comerciantes con raíces hidalgas, cambió su su apellido por el de Escrivá de Balaguer, que posteriormente ennoblecería con el marquesado de Peralta¹⁹. Seguramente, Escrivá no fue inmune a la influencia de Acción Española, como no lo fueron algunos de sus primeros miembros, en particular Rafael Calvo Serer, Juan José López Ibor o Leopoldo Eulogio Palacios. De hecho, Eugenio Vegas hizo mención en sus memorias a algunos de los encuentros que tuvo con el padre Escrivá en su sede de la calle Ferraz²⁰. Su célebre obra Camino, publicada por vez primera en Cuenca con el título de Consideraciones espirituales, en el año 1934, volvió a editarse en Valencia en 1939, considerablemente aumentada.

La obra consta de 999 puntos de meditación en honor de la Santísima Trinidad y es la expresión de sus ideas religiosas, sociales y políticas. Como guía de élites católicas es, sin duda, superior a Formación de selectos, del padre Ángel Ayala. El militante del Opus Dei ha de ser un creyente viril, ambicioso, a la par que sumiso a la Iglesia católica y sus directrices. «Tienes ambiciones de saber, de acaudillar, de ser audaz. Bueno, bien. Pero […] por Cristo, por Amor». «Ese espíritu crítico […] no debes ejercitarlo con nuestro apostolado, ni con sus hermanos». «Director —lo necesitas— para entregarte, para darte […] obedeciendo». «Aconfesionalismo. Neutralidad. Vagos mitos»²¹.

Al decir de algunos autores, Escrivá fue a lo largo de su vida un monárquico convencido y estaba a favor de que el conde de Barcelona reinara después de Franco, aunque igualmente mantuvo relaciones con la familia Borbón-Parma²². Resultan igualmente llamativas sus coincidencias con algunos de los planteamientos defendidos en su día por Ramiro de Maeztu, en particular su discutida idea del «sentido reverencial del dinero». La teología moral de Escrivá se apoya, muy en esa línea, en un activismo intramundano, una constante defensa de lo corpóreo, de lo secular, de lo terrenal, un deseo de «materializar lo espiritual».

El Opus Dei no solo esperaba —y espera— de sus miembros que siguiesen ejerciendo su profesión civil, sino que cumplan de manera ejemplar las tareas relacionadas con su trabajo. De esa disposición de ánimo surge una ética laboral coincidente, como pretendía Maeztu, con el espíritu puritano-calvinista: «Estar ocioso es algo que no se comprende en un varón con alma de apóstol. Pon un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor profesional y habrás santificado tu trabajo […]. Me gusta tu lema: Trabajar sin descanso»²³. En el fondo, el proyecto del padre Escrivá era la creación, en el interior del catolicismo español, de nuevas élites de orientación cuyo objetivo fuera articular una simbiosis entre la mentalidad tradicional católica y el pragmatismo característico de la nueva burguesía empresarial.

El primer número de la revista Arbor salió a la luz en enero de 1944. La mayoría de sus colaboradores pertenecían a la Obra, como Rafael Calvo Serer, Raimundo Panikkar, Rafael de Balbín, Víctor García Hoz, Rafael Gibert, Vicente Rodríguez Casado, Álvaro d’Ors, Ángel González Álvarez, Florentino Pérez-Embid, Federico Suárez, Ángel López-Amo, Vicente Marrero, etc. Tampoco faltaban firmas de supervivientes de Acción Española, como José Pemartín, o Eugenio Vegas. Hubo igualmente colaboradores que no pertenecían al Opus Dei, como Gonzalo Fernández de la Mora²⁴.

Los grandes animadores de Arbor fueron Calvo Serer y Pérez-Embid. Ninguno de los dos era un pensador profundo. Nacido en Valencia en 1916, Calvo Serer nunca fue un intelectual creador. En sus obras existen fragmentos especulativos, pero lo preponderante son las interpretaciones históricas y los criterios concretos; en el fondo, más que un pensador, fue un hombre de acción, cuya vocación era ante todo política, como consejero del príncipe²⁵. Por su parte, Pérez-Embid, andaluz nacido en 1918²⁶, fue un historiador erudito, cuyas ideas políticas carecían de originalidad. Mayor prestancia intelectual tuvieron Ángel López-Amo Marín, murciano nacido en 1917, profesor del príncipe Juan Carlos y teórico de la monarquía «social» en la línea de Lorenz von Stein²⁷, y, sobre todo, Gonzalo Fernández de la Mora, barcelonés nacido en 1924, descendiente de una importante familia de la burguesía tradicional que había proporcionado a la Corona prohombres de la talla de Alejandro Mon y Alejandro Pidal y Mon²⁸.

Arbor no fue la única plataforma ideológica de la nueva élite monárquica. También lo fueron los diarios ABC e Informaciones, las revistas Nuestro Tiempo y Ateneo, así como la Biblioteca del Pensamiento Actual, editada en Rialp, muy ligada al Opus Dei. Desde 1948, la Biblioteca fue dirigida por Calvo Serer y recibió el apoyo de «Su Majestad el Rey» —es decir, el conde de Barcelona— y de importantes personalidades financieras, como Ignacio Vilallonga, Emilio Botín, el conde de Gamazo o el conde de la Mortera²⁹.

En la Biblioteca se publicaron una serie de obras de afamados escritores y filósofos conservadores, tanto españoles como extranjeros. De un lado, los clásicos del pensamiento tradicionalista español: Donoso, Aparisi, Vázquez de Mella, Menéndez Pelayo, Maeztu, etc. De otro, antiguos colaboradores de Acción Española, como Jorge Vigón, Leopoldo-Eulogio Palacios, José Corts Grau, José Ignacio Escobar, Eugenio Vegas, José María Pemán, Pedro Sainz Rodríguez, etc., y por otro, jóvenes promesas de la intelectualidad conservadora, como Calvo Serer, Vicente Palacio Atard, Federico Suárez, José María García Escudero, Juan José López Ibor, José Vila Selma, Ángel López-Amo, Gonzalo Fernández de la Mora, Antonio Millán Puelles, Rafael Gambra, Francisco Elías de Tejada, José María Jover, Adolfo Muñoz Alonso, etc. Tampoco faltaron intelectuales extranjeros de la talla de Romano Guardini, Theodor Haecker, Etienne Gilson, Carl Schmitt, Amintore Fanfani, Christopher Dawson, Reinhart Koselleck, Aurelio Kolnai, Peter Wust, Henri Massis, Rusell Kirk, Karl Löwith, Eric Voegelin, etcétera³⁰.

De la misma forma, contaron con el Ateneo de Madrid, cuando lo dirigieron Pérez-Embid y Vicente Rodríguez Casado, y allí se organizaron frecuentes cursos con la presencia e intervención de importantes intelectuales españoles. Por el Ateneo pasaron, entre otros, Carl Schmitt, Christopher Dawson, Alois Dempf, Alexander Parker, Edmund Schramm, Aurelio Kolnai, Michele Federico Sciacca, Gustave Thibon, Friz Valjavec, Luis Sánchez Agesta, José María Jover, Pedro Laín, Álvaro d’Ors, Ángel López-Amo, Gerardo Diego, Federico Sopeña, Rafael Gambra o Gonzalo Fernández de la Mora, entre otros muchos.

Los conservadores monárquicos lograron contactar también con las derechas europeas a través de instituciones como el Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI)³¹.

El caso es que la nueva élite monárquica se hizo defensora de la herencia de Acción Española, tratando de mantener incólume el depósito de la tradición y, al mismo tiempo, modernizar las estructuras económicas y administrativas sin poner en cuestión la estabilidad global del sistema político. Favorables al entendimiento entre Franco y Juan de Borbón, su alternativa institucional seguía siendo la monarquía «tradicional, hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada»³². Esta invocación a una monarquía de resonancias maurrasianas se veía complementada por las aportaciones de la concepción «social» de un Von Stein, acogidas por primera vez en España por Ángel López-Amo. El régimen monárquico era, a su modo de ver, el poder legítimo capaz de llevar a cabo la reforma social. Su legitimidad no estaba fundamentada en el contrato; tampoco en la voluntad del pueblo, sino en la «Historia», es decir, en la legitimidad tradicional, y, en consecuencia, podía erigirse en un poder neutral, independiente de las discusiones civiles y de los intereses materiales en liza, capaz de servir de moderador de los demás poderes del Estado y la sociedad³³.

La institucionalización del régimen monárquico era inseparable de la profundización en el proceso de articulación de la «conciencia nacional unitaria», iniciada tras la Guerra Civil y basada en los supuestos del tradicionalismo cultural de Menéndez Pelayo, con su identificación entre catolicismo y espíritu nacional³⁴. Gracias a la aportación de Menéndez Pelayo y a la victoria militar sobre la revolución y la heterodoxia, España había dejado de ser, por fin, un problema. Y, una vez puesta fuera de discusión la identidad nacional y solucionado el problema institucional, podría darse solución a los asuntos concretos de carácter económico y social, asumiendo los supuestos del neocapitalismo e intentando compatibilizarlos con la concepción católico-tradicional del mundo. Como diría Pérez-Embid, se trataba de lograr «la españolización de los fines y la europeización de los medios»³⁵.

No obstante, existieron en los escritos de los jóvenes monárquicos claras innovaciones respecto al esquema tradicional menendezpelayano de la historia nacional. Frente a la condena expresa del siglo XVIII, se intentó la revalorización de la monarquía borbónica como vehículo institucional de modernización económica, sin por ello romper con las tradiciones nacionales más arraigadas. Así, el historiador Vicente Rodríguez Casado sostuvo que en el siglo XVIII se produjeron en España importantes cambios en la estructura social análogos a los iniciados en Francia o Gran Bretaña. Se trataba de un intento de «revolución burguesa» desde arriba, cuyo gran campeón fue Carlos III. En el fondo, era un proyecto que intentaba aunar la perspectiva católica con la Ilustración.

Rodríguez Casado denominaba a la élite que propiciaba estas transformaciones «los ilustrados cristianos» o «reformistas tradicionales»³⁶. En un sentido análogo tuvieron audiencia en Arbor y en las publicaciones de Rialp los planteamientos del sacerdote e historiador Federico Suárez Verdeguer y su interpretación del carlismo y de la crisis del Antiguo Régimen. Suárez interpretaba el carlismo como un movimiento político «renovador» de la tradición nacional frente a los conservadores fernandinos, los afrancesados y los liberales, marginales todos ellos del pasado español³⁷.

La revalorización del tradicionalismo carlista llevaba a planteamientos descentralizadores. España era definida como una «pluralidad solidaria», cuya realidad histórica poco tenía que ver con la artificiosa división administrativa de la España liberal. El castellanismo era, en este sentido, uno de los más tristes «inventos» de la Generación del 98, un conjunto de tópicos que habían llevado a «confundir» el destino de España con «una delirante exhibición de empresas desmesuradas». La interpretación castellanista de España era históricamente insostenible. Castilla había carecido de la capacidad de asimilación necesaria, aunque no de poderío. Por tanto, si se quería dar solución al problema regional, la primera tarea era «desmontar tanto la literatura panegirista como las partidistas e iracundas estridencias verbales que son su contrapartida»³⁸.

De igual modo, Arbor asumió los supuestos de la economía de mercado e insertó en sus páginas las críticas de Friedrich von Hayek al historicismo y al constructivismo contemporáneos como fundamentos filosóficos y políticos del intervencionismo estatal y del socialismo³⁹. La economía capitalista era, sin duda, el marco más adecuado para acrecentar la productividad y asegurar la innovación tecnológica, asegurando el consumo de las masas: «Todo el progreso social del siglo XIX —señalaba Salvador Milet— se basa en el hecho de que durante el período en cuestión predominaron más que en otra época cualquiera el sistema de mercado y el sistema de competencia»⁴⁰.

No obstante, se reconocía que la libertad de mercado tendría que sufrir una serie de limitaciones que se juzgaban necesarias para eliminar sus efectos disfuncionales tanto de naturaleza social como económica. Era necesario, señalaba Francesco Vito, armonizar los principios del mercado con los de equilibrio social y las mejoras económicas mediante políticas de distribución y redistribución de ingresos, pleno empleo, etc., pero bien entendido que el supuesto básico del desarrollo social era el funcionamiento de la economía capitalista, frente a lo cual todas las demás medidas tenían una significación accesoria y complementaria⁴¹.

Ángel López-Amo criticaba los supuestos del sindicalismo vertical y del intervencionismo estatal. La sociedad civil era distinta del Estado y lo social era el ámbito ante el que lo estatal debía permanecer, si no inactivo, sí respetuoso de su autonomía esencial. López-Amo condenaba, en cierta medida, al Estado a la pasividad, confinada en el desarrollo orgánico de las formas sociales y en el sentido positivo de las comunidades «naturales»⁴².

El antisocialismo tenía su correlato en una clara oposición al totalitarismo, cuyos fundamentos no eran solo económicos, sino éticos. El Estado totalitario tenía como objetivo modelar la vida privada, el alma, el espíritu, la economía, las costumbres de acuerdo con una ideología y un proyecto político y teniendo como elemento y sujeto imprescindible el partido único, identificado con el aparato estatal y la nación, todo lo cual no solo era fácticamente imposible en una sociedad diferenciada, sino moralmente injustificable, porque significaba, según Gonzalo Fernández de la Mora, «la consagración de la tiranía y la amputación de las más inalienables libertades del hombre»⁴³.

Sin embargo, la nueva derecha monárquica se caracterizó, en el ámbito cultural e ideológico, por un profundo antiliberalismo. La instauración de la «conciencia nacional unitaria» exigía una labor censora en el campo cultural, una «cultura dirigida». La censura debía considerarse, según señalaba José María García Escudero, como «la defensa de una serie de libertades, y esencialmente la libertad de ser lo que somos, y de unos valores más altos que los mismos valores estéticos»⁴⁴.

EL RETORNO DE ORTEGA Y GASSET: ENTRE EL APOYO DE LOS INTELECTUALES Y LA CRÍTICA CLERICAL

La aparición de la nueva derecha monárquica coincidió con el regreso España de José Ortega y Gasset, el 4 de mayo de 1946, tras diez años de exilio en Europa y en Argentina. Lo hizo con una conferencia sobre «Idea del teatro», impartida en el Ateneo madrileño, a la que asistieron, entre otros, Ramón Serrano Suñer, Fernando María Castiella, Gregorio Marañón, Eugenio D’Ors, José María Pemán, Pedro Laín y otros miembros de la élite del régimen⁴⁵. Sin duda, Ortega no estaba cómodo ante la situación política española, pero sus Obras completas fueron publicadas en 1946 y la editorial Revista de Occidente reapareció. Además, el filósofo fue restituido en su cátedra universitaria, aunque no volvió a ejercer la docencia⁴⁶. Ernesto Giménez Caballero comentó el retorno de Ortega y Gasset señalando la postura falangista ante su magisterio, «admirar su cerebro privilegiado, criticar sus veleidades políticas y desear que lo serio suyo y lo serio nuestro se encontrasen al fin ante un común camino por recorrer»⁴⁷.

Con todo, la España a la que regresaba no le era enteramente hostil; más bien lo contrario. Sus discípulos, tras la Guerra Civil, se encontraban dispersos. Recasens Siches, María Zambrano y José Gaos, en el exilio. García Morente, fallecido en 1942, en plena evolución filosófica y religiosa, como sabemos. Durante su ausencia, y posteriormente, se había producido una auténtica ofensiva clerical en su contra, sobre todo por parte de los jesuitas. Autores como Joaquín Iriarte, Juan Roig Gironella y Miguel Oromí coincidían en sus críticas, acusando a su filosofía de relativismo, historicismo y nihilismo⁴⁸.

Sin embargo, en sus intervenciones públicas se hizo más explícito su conservadurismo. En 1948, Ortega fundó, con algunos colaboradores fieles, el Instituto de Humanidades, donde impartió un curso sobre la filosofía de la historia de Arnold Toynbee, luego publicado bajo el título de Una interpretación de la Historia Universal. Este curso le sirvió al filósofo para jactarse de su influencia en Falange, «un grupo de la juventud española que ha ejercido una intervención muy enérgica en la existencia española». Criticó, además, la democracia, cuya legitimidad calificó de «deficiente y feble». Y, quizá arrepentido de sus anteriores veleidades republicanas, exaltó la legitimidad de la monarquía, «la primigenia, prototípica y ejemplar»⁴⁹.

En otro de sus cursos, titulado «El hombre y la gente», Ortega y Gasset desarrolló su teoría sociológica, cuyo fundamento era un pesimismo antropológico en el que pueden verse ecos de Thomas Hobbes y de Carl Schmitt. Para el filósofo, el hombre padecía una radical soledad constitutiva, derivada de que su vida es por completo intransferible. Desde sí mismo, el ser humano se abre al mundo y a los otros. Lo que distingue a los otros hombres de los demás elementos mundanos, como los animales, es el ser «capaz de responderme tanto como a él», de un modo recíproco.

En la descripción del proceso de relación entre los hombres aparece la noción de violencia como factor que rige las relaciones humanas. La conducta humana tiene, para Ortega, «un contenido terrible», porque el hombre es «capaz de todo, ciertamente de lo egregio y lo perfecto, pero también, y no menos, de lo más depravado», lo que siempre lleva a ponerse «en lo peor y anticipar que su reacción puede darme una puñalada». El Otro es «constitutivamente peligroso», y quien prescinde de la noción de peligrosidad del extraño cae en la ingenuidad, porque la convivencia implica lucha.

En ese curso, Ortega fue uno de los primeros intelectuales españoles en someter a crítica la obra de Simone de Beauvoir El segundo sexo, aunque, la verdad sea dicha, con escasa fortuna. En opinión del filósofo, sus tesis eran producto de «la manía igualitaria» que minimizaba el hecho de «la dualidad sexual». Para Ortega, el destino de la mujer era «ser vista por el hombre». Como pensador historicista, creía que nuestro ser futuro emergía de nuestra libertad, pero que esta libertad presuponía la elección de proyectos de comportamiento que solo podían formarse usando «del pasado —nuestro y ajeno— como de un material que nos inspire nuevas combinaciones». La mujer no era un producto de la naturaleza, sino «una invención de la Historia, como lo es el arte». La visión de la mujer como «sexo débil» era «fuente y origen del valor peculiar que la mujer posee referida al hombre», «porque, gracias a ella, la mujer nos hace felices y es feliz ella misma, es feliz sintiéndose débil. En efecto, solo un ser inferior al varón puede afirmar radicalmente el ser básico de esto —no sus talentos, ni sus triunfos, ni sus logros—, sin la condición elemental de la persona»⁵⁰.

No obstante, en alguna ocasión el filósofo no vaciló en criticar a Menéndez Pelayo, a quien «por grotescas e inoperantes razones no intelectuales se ha querido estos años galvanizar»⁵¹.

En el interior, su discípulo más fiel fue, sin duda, Julián Marías Aguilera, representante de lo que podríamos denominar la derecha orteguiana. Conservador y católico, Marías militó en el bando republicano, ejerciendo de secretario del socialista Julián Besteiro, lo que le hizo sospechoso ante las jerarquías del nuevo régimen. En ese sentido, Marías tuvo que pagar un duro precio por su fidelidad al legado orteguiano, lo que le impidió desarrollar una vida académica normal⁵². Su tesis doctoral sobre el padre Gratry, dirigida por García Morente, fue suspendida y no obtuvo el grado de doctor hasta 1951.

Fue Marías el defensor de Ortega por antonomasia frente a los críticos tradicionalistas e integristas⁵³. Y es que su objetivo fue, ante todo, garantizar la continuidad del orteguismo y mostrar su compatibilidad con el catolicismo. En este sentido, no dudó en criticar la escolástica como filosofía⁵⁴. Al mismo tiempo, Marías intentó reconstruir la tradición liberal-conservadora, reivindicando La España posible en tiempos de Carlos III, la Ilustración católica de Jovellanos, la figura de Moratín, etc., y también a Juan Valera y a Unamuno frente a Donoso. Postura que no le impidió someter a crítica la opinión despectiva de un hispanista norteamericano sobre la situación cultural de España tras la Guerra Civil. A su entender, pese a ciertas dificultades, existía «una floreciente vida intelectual, que no es, en su conjunto, inferior a la del período equivalente al de antes de la guerra»⁵⁵.

Marías colaboró en las empresas culturales de los «falangistas liberales», algunos de los cuales, como Laín, Díez del Corral o Maravall, fueron, como sabemos, defensores del legado orteguiano.

De hecho, Laín Entralgo había iniciado anteriormente una reinterpretación de la figura de Menéndez Pelayo y del espíritu del 98. A su juicio, el polígrafo santanderino no había sido nunca el tradicionalista dogmático e intransigente que habían dibujado los colaboradores de Acción Española y sus herederos intelectuales. Hombre de su tiempo, Menéndez Pelayo supo sobrepasar, en su madurez y gracias a su experiencia intelectual de la cultura moderna, tanto el «extremismo progresista» como el «extremismo reaccionario»⁵⁶. En esa misma línea integradora, Laín reivindicó el legado noventayochista frente a su supuesta significación negativista y anticatólica. En realidad, Laín era, en este sentido, un continuador de la genealogía del pensamiento falangista iniciado por Ledesma Ramos, Primo de Rivera y Giménez Caballero, autodefinidos como «nietos del 98». Su meditación sobre el 98 se sintetizaba en «el problema de España». Y es que fue el primer grupo intelectual que supo sustituir el amor declamatorio y pasadista de la historia española por un patriotismo crítico y proyectivo, cuyo principal heredero fue Ortega y Gasset, que asumió el auténtico «ideal de eficacia» tendente a la europeización, aunque, a juicio de Laín, cometió el error de no tener en cuenta la importancia de la tradición católica española⁵⁷.

La reacción de los tradicionalistas, como Calvo Serer, no se hizo esperar y acusaron a Laín de seguir una política de «mano tendida»; era un ingenuo, preocupado esencialmente por una indeseable integración de los «alejados», de los «discrepantes» y «marginales». Arremetían igualmente contra su interpretación de la obra y de la figura de Menéndez Pelayo, que, en realidad, nunca cambió en sus posiciones ideológicas⁵⁸.

EXCLUYENTES Y COMPRENSIVOS

La polémica entre «la España sin problema» y «la España como problema», entre «excluyentes» y «comprensivos», lo fue en los límites intelectuales del régimen. Además, el ámbito de coincidencia entre ambos sectores era, en el fondo, bastante amplio. No se trataba de una pugna entre liberalismo y tradicionalismo, sino entre dos sectores del régimen que compartían el hispanismo, el catolicismo y la fidelidad al «destino» nacional.

Laín y sus seguidores iban a influir directamente en los proyectos del nuevo ministro de Educación Nacional, el católico Joaquín Ruiz-Giménez, quien, a partir de 1951, intentó llevar a la práctica un proyecto de apertura intelectual basado en los supuestos lainianos. Nacido en Madrid en agosto de 1913, el nuevo ministro procedía de una familia de tradición monárquica y católica⁵⁹. Había sido secretario de los Estudiantes Católicos durante el período republicano y luego presidente de Pax Romana Internacional. De la mano de Martín Artajo, ocupó el cargo de director de Instituto de Cultura Hispánica y, dos años después, el de embajador en la Santa Sede.

En aquellos momentos, Ruiz-Giménez era todo lo contrario de un liberal; era un franquista incondicional, cuyo horizonte ideológico era el del catolicismo oficial de la época⁶⁰. No obstante, juzgó necesaria la normalización de la vida intelectual y cultural españolas. En torno a su figura se agruparon Laín, Tovar, Pérez Villanueva, Ridruejo, Torcuato Fernández Miranda, Federico Sopeña, Gaspar Gómez de la Serna, López Aranguren, Maravall, Luis Rosales, Zubiri, etc. Bajo su dirección se organizaron homenajes a Menéndez Pidal, Unamuno, Antonio Machado y Ortega, muy criticados por los tradicionalistas de Arbor ⁶¹. Se promovió el regreso de algunos catedráticos exiliados, como Arturo Duperier, Recasens Siches, Miaja de la Muela o Boix Raspail y se constituyó una asesoría dedicada a revisar los expedientes de depuración de los maestros de enseñanza primaria.

En ese período se llevó a término el proceso iniciado por Eugenio D’Ors en la Academia Breve de Crítica de Arte de asunción de las vanguardias artísticas, y se llevaron a cabo las Bienales Hispanoamericanas de Arte o el Primer Congreso de Arte Abstracto en Santander, que supusieron la consagración de nuevas promesas, como Tapies, Chillida, Feito, Cuixart, Oteiza, etc. El propio Franco galardonó en 1959, con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, a Joan Miró, que había hecho propaganda en favor de la República durante la Guerra Civil⁶².

Por su parte, Calvo Serer atacó a los falangistas, acusándolos de «estatismo heterodoxo», que enlazaba directamente con todas las herejías modernas: enciclopedistas, afrancesados, institucionistas, orteguianos y unamunianos⁶³. Y, en el fragor de la batalla intelectual, el impetuoso valenciano, que había recibido críticas por parte de los sectores falangistas, y en particular de las revistas Alcalá, La Hora y Alférez, publicó un artículo en la revista maurrasiana Ecrits de Paris, sobre la situación política española, donde se sometía a crítica a los distintos sectores convergentes en el régimen. A los social-católicos de Herrera les acusaba de carecer de proyecto político, mientras que a los falangistas les tachaba de totalitarios y de enemigos de las instituciones tradicionales.

Además, Ruiz-Giménez había cometido el error de iniciar una nueva política cultural de mano tendida, dando el poder a los falangistas de izquierda. El programa del falangismo seguía siendo el mismo, «la tolerancia con el error de la ideología anticristiana vencida en 1939». Frente a todo ello se alzaba lo que él denominaba «Tercera Fuerza», constituida por los herederos de Acción Española, caracterizada por «la solidaridad con cuanto de positivo se ha realizado en la España de Franco»⁶⁴.

El artículo costó a su autor la expulsión de todos sus cargos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque no de su cátedra universitaria. Furioso, Laín envió a Calvo Serer una misiva en la que daba por terminada su anterior amistad, mantenida hasta entonces a pesar de sus discrepancias políticas e intelectuales⁶⁵. En cualquier caso, la caída de Calvo Serer supuso la dispersión del grupo político-intelectual organizado en torno a Arbor, si bien su proyecto político tendría una cierta continuidad en revistas como Punta Europa, dirigida por Vicente Marrero, y luego por Atlántida, cuya dirección recayó en Pérez-Embid.

El 29 de octubre se celebró el Primer Congreso Nacional de FET de las JONS. Cien mil personas llegadas de toda España aclamaron a Franco. Un grupo de jóvenes falangistas, como Juan Velarde, Enrique Fuentes Quintana, Agustín Cotorruelo Sendagorta, Juan Plaza y otros redactaron un proyecto de transformación socioeconómico, que pronto fue abandonado⁶⁶. El discurso de apertura corrió a cargo del escritor Eugenio Montes, quien afirmó que José Antonio Primo de Rivera había rechazado el apelativo de «fascista», porque, en realidad, «fascismo» equivalía a «socialismo»⁶⁷. Franco pronunció el discurso de clausura, denunciando a los «traidores» que defendían una «Tercera Fuerza»⁶⁸. Con su peculiar astucia, Franco se servía ahora de los falangistas frente a las pretensiones monárquicas. En cualquier caso, no tuvieron lugar nuevos congresos del partido único.

Mientras tenían lugar estas escaramuzas intelectuales y políticas, el régimen de Franco vivía una de sus etapas cenitales. Ciertamente, la situación económica distaba de ser positiva, como consecuencia de la política todavía autárquica e intervencionista seguida por el Estado, que había producido un descenso generalizado del estandar de vida. España continuaba siendo un país agrario, con una industria aún no competitiva. En 1951 se había puesto de manifiesto el fracaso de un decenio de aislamiento económico. En marzo de aquel mismo año, con motivo de la subida de las tarifas de los servicios públicos, tuvieron lugar una serie de huelgas, frente a las cuales Franco reaccionó con la remodelación del Gobierno, anunciando una política económica más libre.

Pero el Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en 1952 reflejó el apoyo que el régimen disfrutaba ya a nivel internacional. Lo mismo podía decirse de la admisión de España en la UNESCO aquel mismo año, y luego en la ONU. No menos trascendente fue la ayuda económica de Estados Unidos, en 1953, con el Acuerdo de Bases, que igualmente dio el espaldarazo definitivo de las democracias liberales al régimen español. Junto a la ayuda norteamericana vino la del Vaticano: el 27 de agosto de 1953 firmaba Martín Artajo y Castiella con el cardenal Tardini el Concordato con la Santa Sede, que no hizo más que confirmar el estatus dominante de la Iglesia católica en la sociedad española⁶⁹.

El 14 de diciembre de 1955 España ingresaba en la ONU. La llegada al poder del general Charles de Gaulle en Francia y el final de la IV República fueron muy bien recibidas por el conjunto de las élites políticas e intelectuales del régimen⁷⁰. Algunos intelectuales afines al régimen de Franco, como Gonzalo Fernández de la Mora, celebraron el final de la IV República como el ocaso del sistema parlamentario clásico, y la instauración por parte de los nuevos dirigentes galos del presidencialismo⁷¹. Y el 21 de diciembre de 1959, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower fue recibido por Franco en Madrid, con todos los honores ⁷².

Entonces retornaron las declaraciones del conde de Barcelona en un sentido abiertamente tradicionalista y adulatorio de Franco, en pura línea de Acción Española. El pretendiente no dudaba en presentarse como defensor a ultranza de la monarquía tradicional y confesional, solo responsable «ante Dios y ante la Historia». Y es que don Juan había conseguido la adhesión de un sector del tradicionalismo carlista —conocido como «los estoriles»—, movimiento, por otra parte, inmerso en una profunda crisis de disgregación política, social y doctrinal. El 1 de diciembre de 1957 este sector carlista, dirigido por el conde de Rodezno, celebró una asamblea en Madrid, y veinte días después sus representantes viajaron a Estoril para reconocer al conde de Barcelona como monarca legítimo. El pretendiente se solidarizó con el tradicionalismo carlista, invocando la figura de Carlos VII y el contenido de sus manifiestos. El régimen monárquico sería, en este sentido, «nacional y no de imitación, nutriéndose de nuestras tradiciones y a la medida de la España de hoy»⁷³.

Sin embargo, sus declaraciones profranquistas más concluyentes habían tenido lugar dos años antes, en una entrevista concedida al diario ABC, donde señaló que la monarquía «siempre se ha sentido solidaria con los ideales del Movimiento», al que llegó a comparar nada menos que con la Guerra de la Independencia⁷⁴. Este tipo de declaraciones se prodigaron a lo largo de los años siguientes. En una peregrinación a Lourdes, el conde de Barcelona, acompañado de los tradicionalistas, invocó «aquel glorioso espíritu del 18 de julio» y «la sustantividad propia de la monarquía», que «fue desconocida por el régimen liberal de partidos». Y es que su monarquía era la que se perfilaba en la Ley de Sucesión, que tanto había criticado anteriormente: «tradicional, católica, social y representativa»⁷⁵.

No resulta extraño que el viejo líder socialista Indalecio Prieto, que tanto había luchado por lograr un pacto con los monárquicos, dedicara al pretendiente los más duros epítetos: «mendicante» «títere de Franco», etcétera⁷⁶.

Uno de los artífices del nuevo viraje político del conde de Barcelona era Juan Claudio Güell y Churruca, conde de Ruiseñada, antiguo suscriptor y seguidor de Acción Española. Su planteamiento fundamental era la identificación de la monarquía con el régimen nacido de la Guerra Civil: «No seremos nunca totalitarios ni admitiremos que cualquier minoría trate de arrogarse en exclusiva la representación nacional y detentar el poder. Y tampoco seguiremos los pasos de quienes, con visibles anacronismos, se proclaman partidarios del liberalismo doctrinario»⁷⁷.

Por influencia de Ruiseñada, Franco y el conde de Barcelona se entrevistaron en su finca extremeña de Las Cabezas, donde se llegó a un acuerdo sobre la nueva fase de la educación del príncipe Juan Carlos. En 1957 apareció igualmente la Asociación de Amigos de Maeztu, presidida por Ruiseñada, que contó con la revista Reino como órgano doctrinal. Por su parte, la muy minoritaria Juventud Monárquica fletó la revista Círculo, en 1958, e igualmente la Colección de Doctrina Monárquica, en la que se publicaron algunos escritos de Eugenio Vegas, la Encuesta sobre la Monarquía, de Charles Maurras, así como obras de idéntico sesgo ideológico escritas por el periodista Luis María Anson Oliart: Maurras, razón y fe, Acción Española y La hora de la monarquía⁷⁸.

1956: PUNTO DE INFLEXIÓN

Mientras tanto, había tenido lugar una grave crisis política en el seno del régimen. La muerte de Ortega y Gasset, en Madrid, el 18 de octubre de 1955, tuvo un fuerte impacto en la juventud universitaria. Un sector de los estudiantes se hallaba ya alienado del régimen. El entierro del filósofo, al que asistieron algunos miembros del Gobierno, como Ruiz-Giménez y Raimundo Fernández Cuesta, y un millar de estudiantes, fue el preludio de un cambio de situación. En octubre, el psicólogo José Luis Pinillos había revelado el contenido de una encuesta entre la juventud universitaria, cuyos resultados reflejaban un profundo malestar respecto al régimen. Un 60 % esperaba un cambio político que permitiese una mayor libertad; el 70 % se declaraba descontento con las estructuras socioeconómicas, y el 85 % consideraba sus maestros a los intelectuales liberales⁷⁹.

Laín Entralgo tuvo acceso a los resultados de la encuesta, lo que le sirvió para analizar la situación espiritual de los universitarios y sacar conclusiones. A su entender, la situación era de «inquietud», al menos en los sectores más activos. Creía que todavía no existía una adhesión clara al marxismo, pero era preciso ser consciente de la problemática que suscitaba ese estado de ánimo. Entre las causas de la inquietud se encontraban la escasa ejemplaridad de los sectores hegemónicos de la sociedad, el paternalismo «meramente prohibitivo y condenatorio» de las autoridades y el constante halago a la juventud. En cuanto a las soluciones, el rector de la Complutense propugnaba «un riguroso y perspicaz examen de conciencia» por parte de las élites, la apertura y el enriquecimiento del horizonte de la juventud, un enlace entre disciplina y magisterio, y la apertura a «todo lo importante que en el mundo intelectual, literario y artístico acontezca dentro y fuera de nuestras fronteras»⁸⁰.

Poco después se proyectó reunir un Congreso de Escritores Jóvenes, que contó con el apoyo de Laín como rector de la Universidad Complutense. Luego se pidió la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes y se rechazaron los candidatos oficiales del SEU para los puestos de delegados de curso. Finalmente se suspendieron las elecciones y los estudiantes antifalangistas se apoderaron de la Facultad de Derecho y asaltaron los locales del SEU. Todo ello culminó en los sucesos del 9 de febrero de 1956, con motivo de las ceremonias del estudiante caído, en homenaje a Matías Montero, uno de los primeros asesinados de Falange⁸¹.

Pero aquellos sucesos eran igualmente reflejo de las pugnas entre los distintos sectores del régimen. Los falangistas veían con inquietud el progreso de los social-católicos y de los monárquicos en los aparatos del Estado, sobre todo porque en una monarquía como la que se perfilaba en la Ley de Sucesión no existía lugar alguno para el partido único, fundamento institucional del proyecto falangista. Franco resolvió la crisis despidiendo a Ruiz-Giménez y al secretario general del Movimiento Raimundo Fernández Cuesta.

En los sucesos de febrero habían participado miembros de algunas de las familias más vinculadas al régimen, como Javier Pradera —nieto del doctrinario tradicionalista—, Miguel Sánchez Mazas —hijo del escritor y fundador de Falange—, Gabriel Elorriaga o José María Ruiz Gallardón. También fue detenido Dionisio Ridruejo, y destituidos Laín Entralgo y Antonio Tovar como rectores de la Universidad Complutense de Madrid y de la de Salamanca, respectivamente. Algunos, como Elorriaga y Ruiz Gallardón, volvieron al redil conservador y franquista, pero de aquellos sucesos surgiría una nueva oposición interior al régimen. En concreto, Dionisio Ridruejo se convirtió en uno de los representantes de esta oposición, abrazando un proyecto político muy personal de carácter socialdemócrata⁸².

Por su parte, Laín Entralgo rompió sus relaciones políticas con el régimen, criticando moderadamente su política cultural y universitaria⁸³, aunque no dio testimonio de su disidencia hasta después de la muerte de Franco⁸⁴. Igualmente alejado de sus ideales falangistas de juventud, Tovar abandonó cualquier veleidad de carácter político, dedicándose a sus estudios y docencia filológicos, aunque, como Laín Entralgo, criticó la vida cultural y universitaria española auspiciada por el franquismo⁸⁵.

En su posterior producción historiográfica, José Antonio Maravall ofreció a sus lectores una crítica indirecta de la sociedad y del régimen político imperante. No solo intentó hacerse olvidar sus anteriores veleidades totalitarias y su colaboración directa con el franquismo, sino que rechazó contundentemente el legado de Menéndez Pelayo, en pro de los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza⁸⁶; criticó a los nuevos equipos tecnocráticos y su ideal desarrollista, como máscara de un conservadurismo reaccionario⁸⁷; resucitó la vieja interpretación liberal de las Comunidades de Castilla como movimiento revolucionario, citando expresamente a Manuel Azaña⁸⁸; evaluó la trayectoria histórica de la derecha española, defendiendo que en nuestro país nunca había existido un conservadurismo moderno, como el británico, sino reaccionarios, entre los que citaba a Cánovas y Maura⁸⁹; estableció analogías entre la cultura barroca y el régimen de Franco⁹⁰, y abogó por un sistema federal para España⁹¹.

JOSÉ LUIS DE ARRESE: EL CANTO DEL CISNE DEL PARTIDO ÚNICO

Volviendo a la situación de 1956, resulta interesante la movilización de los restos del falangismo. Tras la caída de Fernández Cuesta, el nuevo secretario general del Movimiento, José Luis de Arrese y Magra⁹², creyó llegado el momento de relanzar el partido y detener, en lo posible, la operación restauradora. Nacido en Bilbao en abril en 1905, Arrese fue siempre, pese a su apoyo a Manuel Hedilla en 1937, un falangista fiel a Franco que había intentado, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, renovar el ideario falangista en un sentido social-católico. Franco le confió la elaboración de un proyecto de Leyes Fundamentales, para lo cual contó con la colaboración de Diego Salas Pombo, Francisco Javier Conde, José Antonio Elola-Olaso, Rafael Sánchez Mazas, Emilio Lamo de Espinosa y Luis González Vicén⁹³. Conde abandonó pronto sus labores de doctrinario político para iniciarse en la diplomacia, llegando a ser embajador en Filipinas y en la República Federal Alemana.

Trascurridos unos meses, la comisión entregó un dictamen detallado, acompañado de varios anteproyectos. En su exposición, Arrese destacaba como dogmas esenciales del régimen la aceptación de la moral católica como norma individual y colectiva de la vida; la organización democrática de la sociedad a través de las entidades naturales de convivencia; la estructura económica anticapitalista y antimarxista; la estructura social de la empresa con la participación del obrero en los beneficios y dirección; la estructura sindical de la colectividad, y la proclamación del pueblo como depositario del poder.

Frente a los monárquicos, el dirigente falangista no consideraba que la monarquía fuera algo esencial para el régimen, ni podía entrar, por tanto, en «lo incuestionable desde el punto de vista del dogma político»; a lo sumo, era accidental. El órgano encargado de la definición de los dogmas permanentes era el Consejo Nacional. Esta función no podía recaer en el futuro jefe del Estado, porque esa jefatura se ejercería «con valor simbólico». El jefe de Gobierno sería elegido libremente por el jefe del Estado entre los militantes del Movimiento y este respondería de sus actos ante el Consejo Nacional, al igual que los ministros responderían de los suyos ante las Cortes⁹⁴.

El proyecto suscitó una oposición cerrada en los demás grupos políticos, desde el militar hasta el social-católico, pasando por los monárquicos, y cuando los documentos pudieron conocerse, se desató una auténtica tormenta política. La oposición monárquica, capitaneada por el conde de Vallellano y por Jorge Vigón, fue rotunda. En el mismo sentido, se expresaron Martín Artajo y los tradicionalistas ⁹⁵.

Entonces, una de las eminencias grises del Opus Dei, Laureano López Rodó, catalán, nacido en 1920, presentó a Carrero Blanco, por mediación del tradicionalista Antonio Iturmendi, un informe que suponía una alternativa conservadora al proyecto falangista. En el informe se agrupaban cuatro tipos de leyes con el objetivo de institucionalizar en sentido monárquico al régimen: definición de los principios esenciales del Movimiento Nacional, establecimiento de los poderes del futuro monarca —y articularlos con los del Gobierno y el Consejo del Reino—, organización de la administración pública y funciones del Consejo Nacional⁹⁶.

No obstante, el golpe de gracia al proyecto falangista vino de la mano de la jerarquía católica, que presentó a Franco una declaración en la que se rechazaba las pretensiones de Arrese, al que se comparaba con los programas totalitarios del nacional-socialismo, del fascismo y del peronismo, «formas todas ellas condenadas por la Iglesia»⁹⁷.

Era el final de Falange como fuerza política influyente en el seno del régimen. El pensamiento falangista, que, tras la derrota del Eje, había entrado en una profunda crisis epistemológica, fue incapaz de articular un auténtico proyecto político de futuro y acabó limitándose a repetir las viejas fórmulas sin posibilidad de renovación. Y es que su alternativa autárquica, proteccionista y totalitaria chocaba, además, con las necesidades de la economía española y con las líneas generales diseñadas por los organismos internacionales en los que España se había ido integrando.

El cambio de Gobierno de febrero de 1957 fue el comienzo de un giro radical en la política económica, que culminaría en el Plan de Estabilización de 1959, y de la adquisición de nuevos criterios de legitimidad por parte del régimen. Hacienda y Comercio fueron ocupadas por dos miembros del Opus Dei, Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio. Además, el gran aliado de los monárquicos y del Opus Dei, Carrero Blanco, fue nombrado subsecretario de la presidencia del Gobierno. Laureano López Rodó obtuvo la cartera de Administración Pública y la Oficina de Coordinación y Programación Económica, y José Antonio Girón fue cesado como ministro de Trabajo. Aun así, la línea populista tendría su continuidad en las figuras de José Solís Ruiz y Licinio de la Fuente.

MODERNIZACIÓN SIN MODERNIDAD

En la primavera de ese mismo año, Laureano López Rodó se reunió con Gonzalo Fernández de la Mora en El Escorial para elaborar las primeras bases de la Ley de Principios del Movimiento Nacional y de lo que luego sería la Ley Orgánica del Estado. Fernández de la Mora influyó sobre todo en el modo de designación del jefe del Gobierno.

López Rodó y Fernández de la Mora partían de la base de que el desarrollo económico implicaba, por un lado, una mayor libertad en el aparato productivo, y, por otro, autoridad política como instrumento eficaz para la reforma, capaz de vencer obstáculos que a ella se opusieran. Una fórmula política que tenía sus antecedentes en la Ilustración y en los teóricos españoles del despotismo ilustrado, así como en ciertos escritos de Jaime Balmes o Bravo Murillo. En cierto modo, era una fórmula que había sido resucitada por los teóricos del desarrollo económico, como Walt Whitman Rostow, cuyas traducciones al español fueron prologadas por el propio López Rodó. Curiosamente, en los textos del político catalán aparecía una nueva legitimación de la figura de Franco, en la que ya no aparecían factores de carácter religioso, sino utilitarios y pragmáticos. Desde esta nueva perspectiva, Franco desempeñaba el papel de los grandes hombres, como Bismarck, catalizadores, a través de su carisma, de los impulsos endógenos que garantizaban el «despegue» económico de las naciones⁹⁸.

Promulgada el 17 de mayo de 1958, la Ley de Principios del Movimiento Nacional suponía el triunfo final de los conservadores autoritarios sobre los restos del falangismo. La Ley suponía la continuación de la de Sucesión de 1947, ratificando como forma política la monarquía tradicional. No se reconocía ningún papel especial a Falange, y el Movimiento Nacional pasó a definirse como «comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada». Se garantizaba la confesionalidad del Estado y hacían suyos los postulados de la doctrina social de la Iglesia: primacía de la iniciativa privada e intervención política subsidiaria. La representación orgánica era la única legal. Y los Principios eran definidos, por su esencia, como «permanentes» e «inalterables»⁹⁹.

Sin embargo, como no tardaría en ponerse de manifiesto, las aporías de este proyecto político radicaban, al menos en parte, en la afirmación de una absoluta discontinuidad entre las estructuras socioeconómicas y las instituciones sociales y políticas. Y es que, bajo la égida de los denominados tecnócratas o conservadores burocráticos, la sociedad española iba a experimentar transformaciones cualitativas en sus estructuras sociales, e iba a perfilarse un periodo fundamental en la evolución del sistema capitalista español.

El Plan de Estabilización y los subsiguientes planes de desarrollo tuvieron como consecuencia un proceso de «destrucción creativa»¹⁰⁰ sin precedentes en la sociedad española, que agudizó la desintegración de la sociedad agraria tradicional y alimentó la espiral del movimiento de concentración urbana, que supuso el cambio espacial de la población, constituyendo la base demográfica de la industrialización y la terciarización de la estructura económica. En palabras de los historiadores Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz, el período que va de 1960 a 1973 fue «uno de los más brillantes de la historia contemporánea española», iniciándose entonces «la edad de oro del capitalismo español», con un 7 % de crecimiento anual.

El desarrollo español se debió a la combinación de un cúmulo de fuerzas: el deseo social de desarrollo, el atraso relativo acumulado, la incorporación de la tecnología a través de la importación de bienes, el rápido aumento de la demanda de consumo y de la tasa de inversión, la apertura al exterior, la disponibilidad de recursos productivos y la creación de relaciones de intercambio favorables.

Sin embargo, la libertad económica nunca fue plena, porque el régimen recurrió —siguiendo el ejemplo de la Francia gaullista— a la planificación indicativa¹⁰¹, cuyos resultados más favorables se alcanzaron donde existía una presencia significativa de la empresa pública; por el contrario, donde esta disponía de una escasa presencia los logros fueron relativamente modestos. Por otra parte, las relaciones laborales fueron objeto de una exhaustiva regulación, porque el régimen intentó paliar la ausencia de libertades formales con la garantía del pleno empleo mediante una legislación que impedía prácticamente el despido. Sin embargo, el sistema fiscal siguió siendo regresivo¹⁰².

A pesar de ello, el régimen pudo sentar las bases de lo que algunos sociólogos han denominado «Estado autoritario del bienestar», continuando la legislación instaurada por José Antonio Girón, con la extensión de los seguros de enfermedad, la estabilidad en el empleo, los convenios colectivos, los seguros de paro o la edificación de redes hospitalarias¹⁰³.

En el fondo, una de las originalidades del régimen fue la consolidación en España del Estado como forma política. A lo largo de la vida del régimen, el Estado se consolidó y tuvo un papel central en la industrialización y, como consecuencia de ello, de la posterior racionalización burocrática. Solo con la consolidación del franquismo, el centralismo legal se convirtió en real, económico, a la par que político.

El nuevo régimen fue nacional en el sentido más mediato del término: centraliza recursos suficientes para erigirse no solo en depositario único de la violencia legal, sino para convertirse en agente de la industrialización del país. Mantener el orden público y sustituir importaciones fueron las dos primeras tareas del Estado que dieron a este unas dimensiones desconocidas al centralizar en él las competencias nunca antes asumidas y al conferirse una determinada estructura capaz de garantizar el cumplimiento de esas funciones en todo el territorio bajo su control¹⁰⁴.

Uno de los factores del desarrollo económico fue el turismo. Antes de la consolidación del régimen, el turismo no llegaba a representar una décima parte del 1 % del PIB. A partir de 1951, Franco decidió elevar el turismo a nivel de cartera ministerial, y el fomento del turismo tuvo como objetivos básicos el obtener divisas y romper con la reputación antimoderna del régimen de Franco y de la propia España. Sus efectos aportaron al régimen la fuerza y la confianza necesarias para poner en marcha importantes reformas económicas, como la mejora de las carreteras, de los servicios municipales, de los hoteles y de los restaurantes. A nivel cultural, la incidencia turística implicaba una mayor tolerancia en los ámbitos de las costumbres, de los hábitos y de las pautas religiosas¹⁰⁵.

Todo ello produjo una profunda mutación de la estructura de las clases sociales. No solo tuvo lugar un incremento masivo de la clase obrera cualificada, empleada en industrias manufactureras, y de las clases profesionales y técnicas asalariadas. La vieja España del latifundio agonizaba, y la propia nobleza se fue transformando, en algunos casos, en una burguesía financiera e industrial de tipo moderno.

Destacaba igualmente el desarrollo de la investigación científica en la sociedad española. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas logró crear una minoría dirigente no solo a nivel político e intelectual, sino también científico. A ese efecto, los diferentes patronatos, institutos y secciones fueron creando, poco a poco, un ejército de rectores, vicerrectores, secretarios, subsecretarios, becarios y, más adelante, colaboradores e investigadores. Los patronatos Alfonso el Sabio, Ramón y Cajal y Juan de la Cierva agruparon las ciencias positivas: medicina, biología, física, industria y tecnología.

Aparte de los órganos del CSIC, se desarrollaron el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica —luego Aeroespacial— y la Junta de Energía Nuclear, dependiente del Ministerio del Aire y de Industria. En este proceso de modernización tuvieron un papel de primer orden los ingenieros, aunando catolicismo y ciencia moderna¹⁰⁶. Franco se planteó seriamente la fabricación de la bomba atómica, para lo cual se elaboró el denominado «Proyecto Islero», cuya dirección se encargó al general Guillermo Velarde¹⁰⁷. Sin embargo, este tipo de proyectos, que contaron con el apoyo de la Francia gaullista, no fueron bien recibidos por parte de Estados Unidos y serían finalmente abandonados bajo el reinado de Juan Carlos I.

CRISIS DE LEGITIMACIÓN

La teología política democristiana

Naturalmente, la modernización social y económica no iba a limitarse a esos cambios, sino que acabó por abrir las puertas a la secularización cultural, deslegitimando progresivamente la tradición católica, fundamento que se consideraba de la identidad nacional, que fue erosionada de forma radical. La tradición iría perdiendo plausibilidad en el proceso en que la sociedad burguesa industrial se consolidaba definitivamente y quedaba despojada de su carácter paradigmático. A la altura de 1972, el sociólogo Peter L. Berger, tras una visita al Valle de los Caídos y contemplar las transformaciones que experimentaba la sociedad española, aventuró la hipótesis de que el futuro de España no sería «la España de la libertad fraternal» de los revolucionarios frentepopulistas, pero tampoco el de «la grandeza restaurada, la fe, el honor y la hombría por la que caminó el holocausto del otro bando». «Lo más probable es que sea una España que se integre gradualmente en el dinámico mundo del Mercado Común, regida no por visionarios, sino por tecnócratas, y con la vista puesta no en la gloria, sino en los indicadores económicos»¹⁰⁸.

Sin embargo, en este proceso de cambio no tuvieron solo incidencia factores de orden socioeconómico, sino también religioso y teológico. Y es que, por aquellas fechas, se produjo un auténtico acontecimiento, como fue el Concilio Vaticano II, del que emergería una nueva situación religiosa, cultural y política. La nueva teología política conciliar resultó ser antitética de la anteriormente dominante. Significó el triunfo del ecumenismo; la apertura hacia la izquierda, comunismo y marxismo incluidos; la aceptación final de la democracia liberal como marco político legítimo para los católicos; la experiencia de los sacerdotes obreros; la opción pacifista y la no-violencia; el aggionarmento general; el cosmopolitismo; la modificación radical de la liturgia; la nueva escenografía del proceso eucarístico, etcétera¹⁰⁹. Las conclusiones del Vaticano II dejaron a la mayoría del episcopado español en «actitud defensiva y perpleja»¹¹⁰. Y es que, dentro de la propia Iglesia católica se inició un proceso de resquebrajamiento de la unidad reafirmada tras la Guerra Civil. No era extraña la alarma de los guardianes de la ortodoxia, como Aniceto de Castro Albarrán, superviviente de Acción Española, quien, al conocer el contenido del Concilio, no pudo por menos que gritar: «¡Pobre Iglesia! ¡Pobre España!»¹¹¹.

Para la sociedad española y, sobre todo, para el sistema político, la situación inaugurada por el Concilio resultaba enormemente problemática. Porque el catolicismo no era en España solamente una religión; era un sistema de creencias y mores que había marcado a todo el país, sus ideas, su política, su mentalidad y que había sido objeto de luchas internas y externas. Por eso, la crisis del catolicismo tradicional, y por ende de la vieja teología política antimoderna, fue una crisis de carácter nacional y, ante todo, política. De hecho, las modificaciones introducidas por el Concilio conmovieron toda la vida política española como en pocas partes. Desde entonces, un considerable sector del catolicismo español terminó enfrentándose al régimen, levantando la voz a favor de lo que curiosamente había juzgado hasta entonces incompatible con la esencia dogmática del catolicismo: la democracia liberal, los derechos humanos y cívicos, incluso, para algunos, el socialismo marxista.

El nuevo pontífice, Juan Bautista Montini, Pablo VI, era un hombre formado en las corrientes de la democracia cristiana, admirador de Jacques Maritain, hijo de un diputado del Partido Popular Italiano, antiguo secretario de la Federación Universitaria de Católicos Italiano y discípulo del padre Giulio Bevilacqua, destacado sacerdote antifascista¹¹². Consecuentemente, nunca simpatizó con el régimen de Franco. Incluso, al final de la Segunda Guerra Mundial, Montini se había mostrado partidario de la restauración de la monarquía y de la eliminación de Franco. El filósofo Leopoldo-Eulogio Palacios, autor de El mito de la Nueva Cristiandad, una crítica a Jacques Maritain, sostuvo que Pablo VI era quien estaba llevando a la práctica el proyecto político-religioso del filósofo galo¹¹³.

Al conocer su elección como pontífice, Franco lo recibió como «un jarro de agua fría». Sin embargo, añadió con su habitual realismo político: «Ahora no es el cardenal Montini, ahora es el papa Pablo VI»¹¹⁴. No podía existir la menor duda de que Montini y la jerarquía vaticana tenían como proyecto poner fin al régimen político nacido de la Guerra Civil en pro de una Iglesia católica española inserta en el contexto de la Europa demoliberal.

La teología política tradicionalista debía dejar paso a la teología política democristiana. No se trataba de una estrategia rupturista a nivel social, aunque sí en el plano político. Giraba en torno a un proyecto muy próximo a lo que Antonio Gramsci denominaba «revolución pasiva»¹¹⁵, garante de un nuevo equilibrio entre las fuerzas políticas y religiosas. O, lo que venía a ser lo mismo, garantizar en un nuevo contexto político los privilegios de la Iglesia católica en materia social y educativa, logrados desde el final de la Guerra Civil. Cambiar lo que se consideraba accesorio, por lo que el aparato eclesiástico juzgaba esencial para sus intereses. No sin razón desde su perspectiva, Franco consideró la nueva actitud de la Iglesia católica como «una puñalada por la espalda»¹¹⁶.

A partir de entonces, el catolicismo español experimentó una profunda mutación de tipo intelectual y religioso. Emergió un progresismo católico, cuyos principales adalides fueron José María Díez Alegría, José María González Ruiz, José María Llanos; posteriormente José Luis López Aranguren, José Luis Martín Vigil, Enrique Miret Magdalena, Alfonso Álvarez Bolado, Alfonso Carlos Comín, etc., partidarios del diálogo cristiano/marxista, e incluso de la militancia en el PCE. Contaron con órganos de expresión como Cuadernos para el Diálogo o El Ciervo.

Frente a ellos, el catolicismo tradicional estuvo representado por revistas como Punta Europa y Verbo, en cuyas páginas colaboraron Vicente Marrero, Álvaro d’Ors, Francisco Elías de Tejada, Blas Piñar, Gabriel de Armas, Rafael Gambra, Francisco Canals Vidal o José Guerra Campos¹¹⁷.

Catolicismo y liberalismo

A finales de los años cincuenta, la derecha tradicionalista seguía obsesionada con el tema de la ortodoxia y de la defensa de la unidad católica. Y, en el ámbito intelectual, tardó en percibir la influencia creciente del marxismo en la juventud universitaria.

Su enemigo a batir seguía siendo Ortega y Gasset. La última ofensiva católico tradicional contra el filósofo madrileño tuvo lugar en 1958, con la publicación de la obra del dominico Santiago Ramírez titulada La filosofía de Ortega y Gasset. Tras un análisis exhaustivo de sus Obras completas, Ramírez llegaba a las mismas conclusiones a las que habían llegado Iriarte, Roig Gironella, Oromí o Sánchez Villaseñor. La filosofía orteguiana era incompatible con el catolicismo por su relativismo, historicismo y nihilismo, además de laicismo, aunque matizaba que, a diferencia del defendido por los republicanos, no era «un anticlericalismo persecutorio»¹¹⁸.

El libro no era más que el mascarón de proa de una ofensiva más radical, cuyo objetivo último era conseguir la condena de Ortega como heresiarca y colocar el conjunto de su obra en el Índice de Libros Prohibidos. Su promotor, según el historiador jesuita Miguel Batllori, era el obispo de Canarias, Antonio Pildain, que también había atacado a Unamuno. Ramírez fue requerido, además, por la Congregación de la Fe para la valoración de la producción filosófica orteguiana¹¹⁹.

La ofensiva fue apoyada, sobre todo, por la revista Punta Europa y su director Vicente Marrero, biógrafo de Maeztu y admirador del padre Ramírez, a quien dedicó una encomiástica biografía¹²⁰, y Nuestro Tiempo, con un significativo artículo del tradicionalista Rafael Gambra, que interpretaba, no sin razón, el libro como una polémica en contra de la modernidad representada en España por Ortega y sus discípulos.

Sin embargo, otras revistas católicas rechazaron su contenido, como Religión y Cultura, órgano de los agustinos. Tampoco estuvo ausente una contundente contraofensiva de los católicos admiradores o discípulos de Ortega, como Marías, Laín, López Aranguren o Maravall. Filósofos oficiales del régimen, como Adolfo Muñoz Alonso, rechazaron igualmente el contenido del libro y el apoyo de Marrero a sus tesis. El régimen optó por parar la ofensiva tradicionalista, que en nada le beneficiaba, y el embajador español en la Santa Sede, Francisco Gómez de Llano, acudió ante el cardenal Ottaviani, para impedir la condena. Finalmente, la operación fue paralizada¹²¹.

No obstante, autores como Vicente Marrero no cejaron en su posición antiorteguiana, con su libro Ortega, filósofo «mondain», en cuyas páginas reiteraba las acusaciones de nihilista, relativista y «esteticista amoral»¹²². Muy distinta fue la valoración de la figura del filósofo, por parte de Gonzalo Fernández de la Mora, en Ortega y el 98, donde señalaba que el madrileño era un pensador de «rotundo signo conservador», elitista, españolista, antirrevolucionario y superador del anárquico espíritu noventayochista¹²³. Y es que, a la altura de los años sesenta, para la juventud universitaria más contestataria, Ortega y Gasset no era ya un filósofo liberal, sino un prefascista¹²⁴.

De la misma forma, la joven intelectualidad conservadora y católica comenzó a interpretar de manera muy distinta el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. En 1962, Vicente Cacho Viu, miembro del Opus Dei, publicó, bajo la dirección de Florentino Pérez-Embid, su tesis doctoral sobre «La Institución Libre de Enseñanza» desde una perspectiva bastante aséptica y, en el fondo, positiva, basada en «respeto, comprensión y amor», en su análisis de las figuras de Sanz del Río, Castro o Giner de los Ríos¹²⁵. Publicada por Rialp, recibió el Premio Nacional de Literatura.

Cuatro años después, María Dolores Gómez Molleda, de la Institución Teresiana, sacaba a la luz su obra Los reformadores de la España contemporánea, desde una perspectiva próxima a la de Cacho Viu. La autora criticaba el laicismo institucionista, pero reconocía valores positivos en las aportaciones de Giner de los Ríos y sus seguidores:

A nuestro juicio no se rechazaron las novedades metodológicas del grupo ni su espíritu de trabajo, ni su afán de alcanzar un nivel europeo, ni su dedicación a la investigación científica, ni sus deseos patrióticos de contribuir a la mejora de la patria, a través de una remozada política pedagógica. Se rechazan las profundas negaciones con que todo esto venía a ensamblarse.

Es decir, la negación tácita del catolicismo y la expresa de la trayectoria histórica nacional¹²⁶.

UN NUEVO FEMINISMO DENTRO DEL RÉGIMEN: MERCEDES FORMICA, CAMPO ALANGE, LILÍ ÁLVAREZ

En otro orden de cosas, la condición femenina comenzó a experimentar en la sociedad española cambios importantes a la luz de las transformaciones sociales y económicas del momento. Sin embargo, hacía tiempo que la perspectiva intelectual había comenzado a cambiar en torno a la problemática del papel de la mujer en la sociedad española. En ese sentido, fue un hito la aparición del libro La guerra secreta de los sexos, de María Lafitte, condesa de Campo Alange, publicada por la editorial Revista de Occidente en 1948. Nacida en agosto de 1902, María Lafitte y Pérez del Pulgar era hija de los condes de Lugar Nuevo y esposa de José Salamanca, conde de Campo Alange. Escritora y ensayista autodidacta, Lafitte entró en la vida cultural de la mano de tres intelectuales radicalmente antifeministas, como D’Ors, Marañón y Ortega y Gasset, pero siempre mostró una gran admiración por Concepción Arenal. El filósofo catalán la acogió en la Academia Breve de Crítica de Arte, y su primer libro estuvo dedicado a la pintora Marie Blanchard, publicado en 1944¹²⁷.

El título estaba tomado de la obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. La guerra de los sexos era presentada por la autora como «una guerra eterna, que existe desde que hay sexos, guerra silenciada, amarga, sin cuartel, sin merced». «Hay en ella política, batallas, ligas, contratos y traiciones», y es que la cultura se había elaborado con un signo exclusivamente viril, «eliminado de ella el vencedor al sexo vencido», lo que había provocado el desposeimiento de la obra cultural. «Pero ¿qué es la feminidad?», llegaba a preguntarse la autora.

En aquellos momentos, lo femenino se identificaba con «lo maternal». Campo Alange reclamaba, en ese sentido, la «recuperación de la verdadera feminidad», que se encontraba «encubierta y casi ignorada». Para ello distinguía entre «maternidad física, consciente y deseada» y la «maternidad psíquica», que podía concretarse en los hijos o extenderse a la humanidad entera. Esta distinción servía a la autora para extender la acción femenina fuera del ámbito de lo estrictamente doméstico. La «maternidad psíquica» podía servir de plataforma desde la que auparse a la hora de actuar, como mujer y como madre en los espacios de lo público. Esta doble naturaleza de lo maternal era la que debía de luchar contra la opresión de «lo viril» para lograr su influencia más allá del hogar¹²⁸.

De la misma forma, es preciso destacar las campañas de la abogada falangista Mercedes Formica, una de las primeras militantes de la Sección Femenina en la etapa republicana y escritora, autora de la novela de clave feminista Bodoque. Formica conocía El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, e hizo una recensión que fue publicada en la Revista de Estudios Políticos, donde resaltó la injusta situación de las mujeres universitarias y trabajadoras. Poco después, la abogada publicó en el diario ABC un artículo titulado «Un domicilio conyugal», en el que denunciaba los malos tratos a una mujer casada por parte de su marido, y señalaba la necesidad de dotar a los jueces de mayores atribuciones para conceder el «domicilio conyugal» —y no la casa del marido— al conyugue y no siempre al marido, fuera culpable o inocente. El artículo tuvo gran repercusión y suscitó el apoyo de ABC, de otros medios de comunicación y de figuras importantes del mundo académico y jurídico¹²⁹.

Se desencadenó una campaña en pro de la reforma jurídica que, finalmente, en 1958, llevó a la reforma del Código de 1889, vigente todavía, suprimiendo los artículos referentes a la patria potestad. En ese mismo año se publicó la tercera edición de La guerra secreta de los sexos, y tres años después, La mujer como mito y ser humano, obra igualmente de la condesa de Campo Alange.

Otra representante del feminismo conservador fue Elia María González-Álvarez y López-Chicheri, más conocida por el pseudónimo de Lilí Álvarez, pionera en el deporte femenino, la primera mujer española que participó en unas Olimpiadas, destacando como tenista y patinadora. En sus diarios, el desdeñoso Manuel Azaña no dudó en calificarla de «señorita bastante tonta», «no entiende de nada»¹³⁰. Su obra Feminismo y espiritualidad era una meditación en torno a la situación de la mujer en el mundo moderno desde la perspectiva católica.

Según Álvarez, el problema se reducía a que «el varón hasta ahora era el instalado y representaba —y se creía representante— de la suma de lo humano». Por ello, la mujer aparecía como «una especie de apéndice y coletilla, de excrecencia suya: una matriz para perdurar la especie», «un aparato reproductor, que de paso sirve para repos du guerrier». Frente a esta actitud patriarcal, la autora niega la plena diferenciación sexual hombre y mujer. Somos, según ella, «unos seres andróginos, ya que estamos dotados de los dos elementos: el masculino y el femenino». Además, sostenía que hombres y mujeres eran igual de creadores, «pero no de la misma manera». Ambas afirmaciones llevaban a una serie de consecuencias prácticas, como la necesidad de emancipar a la mujer, es decir, proporcionarle un ideal de «adulta» y «responsable», y con «independencia e iniciativa»; la exaltación de los valores femeninos, como «la capacidad de amor, gracia, delicadeza, amabilidad, don de sí, receptiva, intuicionismo contemplativo, maternidad», y, sobre todo, la «exigencia de paridad con el hombre». En síntesis, el varón tenía que volverse «humilde y nosotras humanas». Al traducir el esquema en términos de espiritualidad, Álvarez llegaba a la conclusión de que «una bautizada que no fuese feminista no sería una auténtica cristiana en la que a su postura se refiere al sexo de sí misma»¹³¹.

En 1960, el XX Consejo de la Sección Femenina y, un año después, el I Congreso General de Sindicatos retomaron el debate iniciado en 1958, acordando respectivamente proponer el acceso de las mujeres a las oposiciones y concursos que precisaban de título universitario en las mismas condiciones que los varones y favorecer el trabajo profesional femenino. En este sentido, se decidió proponer y llevar a cabo un proyecto de ley que abordara los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer.

En julio de 1961 se aprobó la Ley de Derechos Públicos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, donde se reconocían a las féminas los mismos derechos que a los hombres, aunque con algunas restricciones, como no poder opositar ni a la carrera judicial ni a las Fuerzas Armadas¹³². Por su parte, la abogada María Telo abordó nuevas reformas del Código Civil, y por la Ley de 2 de mayo de 1975, la mujer recuperaba su plena capacidad de obra, alcanzaba la mayoría de edad al desaparecer la licencia marital y mantenía su propia nacionalidad si se casaba en el extranjero. Quedaba todavía, sin embargo, el tema de la administración de los bienes gananciales y la patria potestad de los cónyuges¹³³.

EL OCASO DE LA DERECHA TRADICIONAL

Aquellos vertiginosos cambios sociales y religiosos exigían una transformación en las instituciones políticas y en el sistema de legitimación. Desde los aledaños del régimen no faltaron partidarios de una evolución paulatina hacia el sistema demoliberal. Así, el siempre inquieto Calvo Serer comenzó a evolucionar ideológicamente hacia el liberalismo-conservador. En aquel momento pensaba que ya no era posible «seguir estando ciegamente contra la democracia actual, pues esta ha sido rectificada, ha abandonado como un cadáver el radicalismo y responde a muchas de las ideas y valores por los que los antidemócratas lucharon a lo largo de todo un siglo, inspirados por los principios tradicionales del religión, autoridad y orden»¹³⁴.

No muy lejos de aquellos planteamientos se encontraba el antiguo jonsista Javier Martínez de Bedoya, que, en plena evolución liberal, se mostraba partidario de un sistema democrático, bicameral y presidencialista¹³⁵.

No era de la misma opinión Gonzalo Fernández de la Mora, que, consciente de las nuevas circunstancias y de la consiguiente necesidad de elaboración de nuevos esquemas institucionales y de legitimación, confiaba aún en la estabilidad y posibilidades históricas del régimen autoritario. Veterano monárquico, había participado en las escaramuzas intelectuales de los años cincuenta, y no dudaba en considerarse heredero de Acción Española. Sin embargo, en su obra existe una clara redefinición del conservadurismo tradicional y burocrático. No se trataba de una mera refundición de lo anterior, sino que se proponía integrar unos elementos de las tradiciones —y otros no—, y elevarlos de nivel y proyectarlos en una realidad social distinta, donde ejercieran una función diferente.

Fernández de la Mora aceptó la conciencia moderna, que es tanto como decir la racionalidad funcional del cálculo y la eficacia; la racionalidad que acepta el «desencanto del mundo», aunque de manera más optimista que Max Weber, y con ello la fragmentación de cosmovisiones, la pérdida de la unidad cosmovisional religiosa y, sobre todo, la experiencia del relativismo. Diplomático de carrera, filósofo y jurista, Fernández de la Mora se había distinguido en las páginas del diario ABC como crítico del pensamiento español contemporáneo, enfatizando su admiración hacia Ortega y Gasset, Zubiri, Ángel Amor Ruibal, Menéndez Pelayo y Maeztu, y por sus críticas a López Aranguren, Enrique Tierno Galván y, en general, todos los críticos de izquierdas de la situación política del momento, aunque tampoco escatimó críticas a tradicionalistas como Marrero, Vegas Latapié o Juan Vallet de Goytisolo¹³⁶.

En 1965, Fernández de la Mora publicaba en Rialp El crepúsculo de las ideologías, obra que supuso un claro cambio de paradigma en la trayectoria doctrinal de la derecha española. Su concepción del proceso histórico, tomada directamente de Auguste Comte, era decididamente progresista. La Historia era el «laboratorio del mithos al logos», y progreso era sinónimo de racionalización de los distintos aspectos de la vida humana. En este sentido, el pensamiento de Fernández de la Mora giraba en torno a los esquemas correlativos de logos/pathos, racional/irracional.

Complemento de esta concepción racionalista del proceso histórico es la afirmación explícita de la necesidad de modernización social y de desarrollo económico. El ideal por antonomasia de la edad contemporánea era el desarrollo económico, «motor primigenio de la Humanidad», cuyas consecuencias sociales eran sumamente importantes: homogenización de las clases sociales, pragmatismo, bienestar y moderación política. En consecuencia, eran necesarias formas más racionalizadas de organización política y económica. La organización política evolucionaba desde el estadio «carismático» al «ideológico» para culminar en el «científico» o «positivo».

En aquellos momentos, las sociedades más avanzadas se encontraban en período de transición entre la edad «ideológica» y la «científica». Fernández de la Mora definía las ideologías, al modo de Pareto, como «derivaciones», es decir, conjuntos de razonamientos pseudológicos que construye el hombre para persuadirse y persuadir a los demás para que crean ciertas cosas o ejecutar diversas acciones; son «mitos», «creencias», filosofías políticas «vulgarizadas», «popularizadas», «patetizadas», «simplificadas». Las ideologías en decadencia eran el liberalismo, el socialismo marxista, la democracia cristiana y el nacionalismo.

Para demostrarlo, Fernández de la Mora recurría a una serie de apreciaciones sobre hechos sociales contemporáneos: la despolitización, el alto nivel técnico y asistencial de las sociedades desarrolladas, el fin de la lucha de clases y, en consecuencia, la «convergencia, entre ideologías hasta entonces en apariencia incompatibles, como eran el liberalismo y el socialismo. Por otra parte, la religión iba siendo desplazada a la periferia social y política, recluyéndose en la «intimidad». Era el momento de la «interiorización de las creencias». A ese respecto, la democracia cristiana no era testimonio de religiosidad genuina, sino producto de una táctica política que, además, resultaba anacrónica. El nacionalismo venía a ser la afirmación sentimental, polémica e irracional, que respondía a una mentalidad primitiva.

La progresiva racionalización de la vida política impelía a la construcción de instituciones supranacionales, como el Mercado Común, la CECA, etc. El socialismo, sobre todo en su versión marxista, era insostenible racionalmente, como habían demostrado Keynes y otros economistas. El sistema demoliberal había degenerado en partitocracia y, como consecuencia, distaba de ser representativo. Tampoco el liberalismo económico, después de Keynes, podía sostenerse. Así, tal era el diagnóstico: se imponía en la vida económica, el intervencionismo estatal, la planificación indicativa y las políticas de bienestar; en la vida política, la preeminencia de los «expertos» sobre los ideólogos y los políticos profesionales; la autoridad del ejecutivo sobre el legislativo, al igual que la representación de intereses, no de ideologías abstractas, y en la política internacional, el cosmopolitismo¹³⁷.

El tipo de Estado que se correspondía con la nueva «edad positiva» no era el demoliberal, ni el socialista, ni el nacionalista; era lo que Fernández de la Mora denominaba «Estado de Razón», plenamente desideologizado, sustituyendo las ideologías por la «ideocracia», es decir, por la soberanía de las ideas rigurosas y exactas, basadas en las aportaciones de las ciencias sociales, y cuya élite dirigente serían los «expertos». Su legitimidad no descansaba en la voluntad nacional, ni en la utopía de la sociedad sin clases, ni en la nación, sino en la «eficacia», es decir, en la capacidad de garantizar «el orden, la justicia y el desarrollo»¹³⁸. Como ideal regulativo, el Estado de razón se concretaba en la situación española, en el régimen de Franco, a quien llegó a denominar «Estado de obras», por su capacidad de modernizar la sociedad española a lo largo de su existencia¹³⁹.

Secularización y racionalización

La salida a la luz de El crepúsculo de las ideologías provocó una intensa polémica intelectual y política que duraría varios años. En general, los representantes de la izquierda intelectual emergente, como José Vidal Beneyto, Gonzalo Puente Ojea, Raúl Morodo o Elías Díaz, acusaron a su autor de representar un espíritu elitista y antidemocrático y de tener alergia al pluralismo político y unidimensionalidad ética, mientras que tradicionalistas y falangistas como Adolfo Muñoz Alonso, Luis García Arias, Rafael Gambra o Juan Vallet de Goytisolo le reprocharon su secularismo, antipatriotismo, visión abstracta y cuantitativista de la realidad, y espíritu ilustrado y positivista¹⁴⁰.

Por primera vez aparecía en España una derecha genuinamente laica en su visión del mundo y de la vida política. Fernández de la Mora logró renovar, sin duda, las bases doctrinales y filosóficas de la derecha tradicional española, pero no dejaba de ser cierto, como afirmaban sus críticos más conservadores, que la «eficacia» como criterio legitimador colocaba al régimen nacido de la Guerra Civil sobre un basamento muy inestable y peligroso, pues ya no tenía justificación en sí mismo, sino que se le entregaba a consideraciones relativas, de utilidad, que podían ser llevadas a cabo por otro tipo de sistema político, socialista o liberal. Además, la limitación de su concepción de la vida era evidente. Fernández de la Mora abstraía la «razón» de la compleja personalidad humana y se ocupaba de ella como si se tratara de una facultad independiente y autosuficiente. Al hacer esto, dejaba de percibir las sutiles y complejas formas en que los valores, los intereses, el lenguaje y las formas de pensamiento del individuo configuran su «razón». Y es que la racionalidad no puede definirse en términos «objetivos» y abstractos.

Mientras tanto, en enero de 1963 había salido a la luz la revista Atlántida, editada por Rialp, bajo la dirección de Florentino Pérez-Embid. Se trataba, en el fondo, del contrapunto conservador al tradicionalismo ya caduco representado por Punta Europa. Entre sus colaboradores predominaban miembros del Opus Dei y afines: Pérez-Embid, Millán Puelles, López Ibor, Mario Hernández Sánchez-Barba, José Manuel Cuenca Toribio, Valentín Vázquez de Prada, Fernández de la Mora, Carlos Amable Baliñas, Gambra, Palacios, etc. Contó igualmente con las firmas de intelectuales exiliados, como Eduardo Nicol o Luis Recasens Siches, y de pensadores europeos como Eric Voegelin, Werner Heisenberg, Reinhardt Kosselleck, Zbignew Brzenszinski, Werner Jaeger, Etienne Gilson, etc. A diferencia de Punta Europa, la revista aceptó los principios de libertad religiosa del Concilio Vaticano II, e incidió en factores como la economía, la sociología, la ciencia y del desarrollo económico¹⁴¹.

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NINGÚN CANTO HEROICO: LA OPOSICIÓN CONSERVADORA AL FRANQUISMO

¿Existió una oposición conservadora al régimen de Franco? Sin duda alguna, pero es preciso hacer una serie de distinciones. Con frecuencia se ha hecho referencia —y se sigue haciendo— a una oposición monárquica representada por el conde de Barcelona y sus partidarios¹. No obstante, y como hemos tenido oportunidad de ver, esta interpretación resulta sumamente cuestionable. Y es que los mismos defensores de esa tesis han demostrado, frecuentemente muy a su pesar, hasta qué punto la pretendida oposición monárquica estaba compuesta más por individuos que por colectivos, e implicaba, en la mayoría de los casos, acciones de carácter alegal más que propiamente ilegales. Resulta difícil, por otra parte, considerar «oposición» a los miembros del Consejo Privado de Juan de Borbón, compuesto por la flor y la nata de la gran propiedad agraria y financiera². Una realidad sociológica que provocó que algunos partidarios de la alternativa monárquica protestaran ante el nulo papel concedido por el conde de Barcelona a las clases medias y obreras, al igual que a la intelectualidad contestaria³.

Liberales, monárquicos y viejos falangistas en Múnich

No obstante, José María Gil Robles y otros monárquicos liberales continuaron —tras el fracaso de su táctica antifranquista— sus actividades, bien es verdad que con más pena que gloria. En 1957 surgió un nuevo grupo monárquico, Unión Española, cuya cabeza visible era Joaquín Satrústegui. Su ideario era liberal, conservador y anticomunista, y no ocultaba su animadversión hacia el régimen de Franco. Su presentación en sociedad tuvo lugar en una cena en el hotel Menfis, en enero de 1959, un acto en el que intervinieron el propio Satrústegui, Jaime Miralles y Enrique Tierno Galván. Los oradores fueron multados, y el acto tuvo alguna repercusión, incluso en el extranjero⁴. Pero se trataba, en realidad, de una oposición de «notables», sin conexiones reales con la sociedad civil ni organización propiamente dicha. En alguna ocasión, el conde de Barcelona no dudó, en plena estrategia profranquista, en contestar desdeñosamente cuando Satrústegui y los suyos demandaron una declaración de signo contrario a la que se hizo en ocasión de su adhesión al ideario carlista:

El rey no puede estar haciendo constantemente declaraciones políticas sobre cuestiones concretas. Últimamente entregó a la Comunión Tradicionalista un documento en que mi pensamiento va dirigido al pueblo español. En él creo que encuentran explícita respuesta las preocupaciones que acabáis de expresarme⁵.

En octubre de 1956 se había constituido la Unión Demócrata Cristiana, pronto presidida por el antiguo ministro de la CEDA Manuel Giménez Fernández. Su secretario general era Jesús Barros de Lis. Poco después Gil Robles formó un grupo de idéntica denominación, lo que obligó a Giménez Fernández a cambiar la suya por la de Izquierda Demócrata Cristiana. Mientras tanto se creó la Democracia Social Cristiana, cuyo secretario era Fernando Álvarez de Miranda. Joaquín Ruiz-Giménez fundó, por su parte, la revista Cuadernos para el Diálogo e, impulsado por los nuevos vientos conciliares, propiciaría su propia facción democristiana⁶.

Esta oposición democristiana fue muy minoritaria y escasamente operativa a nivel político. De inmediato chocaron con la posición dominante de los social-católicos de ACNP y nunca pasaron de ser un grupo de notables, escasamente cohesionados y divididos por razones personales de liderazgo. Gil Robles y Ruiz-Giménez nunca se entendieron, y Giménez Fernández falleció en 1968. Sus militantes eran, sobre todo, abogados y universitarios de clase media. Ruiz-Giménez nunca quiso, en realidad, romper con el mundo católico oficial, e intentó relacionarse con Martín Artajo. Su estrategia fue tratar con sus homólogos europeos para obstaculizar las relaciones de la España de Franco con el Mercado Común⁷.

Pese a todo, la democracia cristiana, debido a su auge en Europa e Hispanoamérica, parecía tener porvenir en una España posfranquista. Así lo interpretó el sociólogo Juan José Linz en un célebre estudio⁸. Historiadores conservadores como Carmen Llorca vieron en la figura de Emilio Castelar los antecedentes de la democracia cristiana en España⁹. Y el político Óscar Alzaga interpretó al Partido Social Popular como la primera manifestación política de la democracia cristiana en nuestro suelo¹⁰. Más tarde, el historiador Javier Tusell llegó a la conclusión de que en España nunca había existido algo parecido a la democracia cristiana, al no darse el contexto social y político favorable a su aparición. En realidad, su defensa había estado asociada a individualidades aisladas —«los solitarios»— y a partidos políticos minoritarios en Cataluña y el País Vasco¹¹.

No obstante, la participación de algunos de sus miembros en el congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Múnich en junio de 1962, provocó un claro rechazo por parte del mundo oficial. Allí concurrieron el monárquico Joaquín Satrústegui, los democristianos Gil Robles, Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero, y el ahora socialdemócrata Dionisio Ridruejo, al lado de exiliados como el socialista Rodolfo Llopis, el republicano Fernando Valera, el liberal Salvador de Madariaga, el nacionalista vasco Manuel de Irujo, etc. El congreso votó una resolución basada en los trabajos de dos comisiones de españoles, una presidida por Gil Robles y la otra por Madariaga, en la que se estipulaban las condiciones para la adhesión de España al Mercado Común: instituciones democráticas, derechos humanos, libertad sindical, etc. Se trataba, en fin, de mostrar a los países europeos que existía una oposición democrática y liberal con suficiente fuerza para bloquear la entrada de España en las instituciones económicas europeas, que la Francia gaullista había apoyado; y la exclusión de los «totalitarios» —comunistas y hombres de Franco— de cara a una futura vida política española.

La respuesta del régimen no se hizo esperar. Suspendió al artículo 14 del Fuero de los Españoles, y la mayoría de los asistentes a la reunión muniquesa residentes en España fueron deportados a las islas Canarias. La campaña de la prensa del Movimiento en su contra fue especialmente brutal.

Ahora bien, la trascendencia del denominado «contubernio de Múnich» fue más aparente que real. Con su habitual sentido de la oportunidad, el conde de Barcelona se encargó rápidamente de dejar clara su ignorancia de la reunión y de los propósitos que la guiaban. Gil Robles fue expulsado del Consejo Privado. Satrústegui nunca perteneció a él y fue deportado a Canarias. Su intervención en el congreso de Múnich tuvo un contenido muy significativo. En realidad, lo que hizo fue sacar renta del resultado de la Guerra Civil. Y es que estaba «seguro de que la monarquía va a ser restaurada» por la acción no del pueblo español, sino del Ejército, la Iglesia y la alta burguesía, los auténticos vencedores de la contienda, que nunca propiciarían el retorno de la República.

Según el líder de Unión Española, lo fundamental era la «superación» de la Guerra Civil y la integración de España en las instituciones europeas, para lo cual solo podría contarse con la monarquía, porque, según él, la República había estado en «el centro de la Guerra Civil», y porque no podía contar con un solo general del Ejército para instaurarla. La monarquía, en cambio, sostenía Satrústegui, «quedó al margen de nuestra cruenta contienda». A ese respecto se oponía a cualquier forma de plebiscito sobre la forma de gobierno, ya que a legitimidad de la monarquía descansaba en «la Historia». Solo podría ser sometida a referéndum una vez restaurada. Y es que mediante un eventual plebiscito podría fomentarse la peligrosa creación de «una minoría fortísima frente a la solución que en definitiva prevaleciera». Sobre la actitud del conde de Barcelona, Satrústegui sostenía que deseaba ser «el rey de todos los españoles», y que no existía ningún acuerdo político entre él y Franco¹².

En un plano quizá más anecdótico no dejaba de resultar paradójica la actitud de uno de los miembros más activos de la reunión, Salvador de Madariaga, ya que, pese a su ferviente oposición al régimen vigente en España, siguió defendiendo las ideas que había sostenido en su libro Anarquía o jerarquía, con críticas radicales a los fundamentos de la democracia liberal, al sufragio universal, a la existencia de partidos políticos y, por supuesto, al Estado del bienestar, antesala, según él, del comunismo. Su alternativa política seguía siendo la «democracia orgánica»¹³.

En cualquier caso, como señala Santos Juliá, la oposición liberal, conservadora o democristiana no logró superar, tras la reunión de Múnich, su situación abiertamente minoritaria:

Había más monárquicos colaborando con El Pardo que peregrinando a Estoril; había más católicos, democristianos o no, en los ministerios que en los partidos de Giménez Fernández, Gil Robles o Ruiz-Giménez juntos; había más falangistas en el Movimiento que entre los seguidores de Ridruejo. La capacidad de cooptación de personalidades de esas familias por parte del régimen era tan ilimitada como reducida era la capacidad de crecimiento de una verdadera oposición al sistema en torno a dirigentes procedentes del interior del sistema¹⁴.

Además, como luego se vería, ninguno de los participantes en la reunión de Múnich tuvo un papel relevante en el ulterior proceso de transición a la democracia liberal. Fueron, precisamente, «los totalitarios» —comunistas y franquistas— los que llevaron la batuta a lo largo de todo aquel período.

No obstante, el contenido ideológico de la reunión muniquesa y la desproporcionada reacción de las autoridades españolas contra unos disidentes conservadores y más bien inofensivos, tuvo consecuencias negativas para el régimen. No solo obstaculizaron las negociaciones de adhesión al Mercado Común, que la Francia gaullista avalaba, sino que empeoró la imagen de España en el exterior. Un intelectual afín al régimen, como Fernández de la Mora, lo consideró un error, y no solo él¹⁵. Los errores de Múnich tuvieron como consecuencia la caída del integrista Rafael Arias Salgado en el Ministerio de Información y Turismo, y el ascenso de Manuel Fraga Iribarne. Con todo, el régimen logaría, en 1970, un Acuerdo Preferencial con el Mercado Común, obra de Alberto Ullastres. El Acuerdo constaba de veinte artículos en los que se planteaba el desarme arancelario, la regulación del comercio, las cláusulas de salvaguardia, etcétera¹⁶.

EL NACIONALISMO VASCO

La actuación de los nacionalismos periféricos catalán y vasco en sus variantes conservadoras merece párrafo aparte. Desde hace tiempo, suele sostenerse por parte de una cierta historiografía que Cataluña y el País Vasco perdieron, de una u otra forma, la Guerra Civil. No obstante, creemos que esta opinión solo puede sostenerse desde una perspectiva nacionalista que concibe tanto a Cataluña como al País Vasco como una nación perfectamente articulada en pugna con otra nación, en este caso España. Sin embargo, como hemos tenido oportunidad de ver, la Guerra Civil en ambos territorios fue, como en el resto de la nación, la traumática desembocadura de una serie de luchas sociales, políticas y religiosas enlazadas: católicos contra anticlericales, ricos contra pobres; en fin, derechas contra izquierdas.

Tanto en Cataluña como en el País Vasco, las burguesías, los católicos, las clases medias, etc., ganaron, con alguna matización en el caso vasco, la guerra a las izquierdas, republicanas y revolucionarias. Por supuesto, todo ello tuvo su precio y no podía ser de otra forma. La Guerra Civil fue considerada por los vencedores no solo como la victoria del orden católico-tradicional, sino igualmente, y, sobre todo, de la unidad nacional sobre los separatistas. Y, al menos en los primeros años de la posguerra, la represión de las lenguas vernáculas fue muy dura, lo que ha servido a los nacionalistas para sostener una visión victimista de las consecuencias de la contienda, visión en muchos casos no solo errónea, sino deliberadamente distorsionada.

Como hemos señalado, durante la guerra una de las tres provincias vascas, Álava, apoyó a los rebeldes, y ello por no mencionar Navarra, cuyo carácter vasco —o no— ha sido objeto de interminables polémicas. Por lo que se refiere a las otras dos, en Vizcaya no hubo rebelión, y en Guipúzcoa, las vacilaciones de los conspiradores permitieron a los frentepopulistas controlar la situación. Franco tuvo a su lado a las clases medias no nacionalistas y a la alta burguesía vasca, que recuperó no solo el poder político provincial, sino la influencia en el Estado que no había alcanzado en otras épocas. Y, sobre todo, la impronta popular del carlismo. Como señaló Jon Juaristi: «La del 36 fue, de hecho, la primera carlistada que ganaron. E impusieron al resto del pueblo vasco su moral social, sus símbolos, sus monumentos a los tercios. No consiguieron recuperar los Fueros, es verdad. Tampoco hicieron nada por reclamarlos»¹⁷.

El nuevo régimen suprimió tanto el Estatuto autonómico de 1936 como la autonomía fiscal de la que gozaban las provincias vascas desde 1878, supresión que salvó únicamente la autonomía foral de Álava y Navarra, lo que se tradujo en una política deliberada de centralización y unificación político-administrativa apoyada por los vascos no nacionalistas y ciertamente compensada por el nuevo impulso al crecimiento económico que el conjunto del País Vasco y Navarra experimentaron desde la década de los años cincuenta y que haría de la región una de las zonas más industrializadas y de mayor renta per cápita de España.

Por otra parte, a fines de los años cuarenta la represión cultural de la lengua vasca se aminoró. En 1947, apareció el vascuence en Radio San Sebastián, y un año después la revista Egan, de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Siete años después reapareció la revista Zeruko Argia, y luego Jakin, Olerti y Goiz-Argi. Se crearon los cuartetos Emarak y Soroak, en Bilbao. Al lado de los movimientos revivió la Academia de la Lengua Vasca, que celebró su primer congreso en 1956. Antonio Tovar creó la cátedra Manuel Larramendi en la Universidad de Salamanca, y el Seminario de Filología Julio Urquijo de la Diputación de San Sebastián, en 1953¹⁸. Como señaló Jon Juaristi,

Que el régimen franquista solo tolerara expresiones culturales en vasco de un inocuo carácter folklórico es así mismo discutible: gracias a las revistas y publicaciones subvencionadas por las instituciones de entonces pudimos leer los de mi generación los primeros ensayos y novelas de Txillardegui o los poemarios juveniles de Gabriel de Aresti. En general, y por los años cincuenta y sesenta se refiere, cualquiera que se interesase en ello podía adquirir una más que respetable formación en distintos aspectos de la cultura eusquérica a través de revistas a las que uno podía suscribirse y libros que podía adquirir fácilmente sin necesidad de pasar por la trastienda de determinadas librerías¹⁹.

De lo que no existe la menor duda es que el régimen de Franco supuso un serio retroceso para el desarrollo del nacionalismo vasco, cuya actividad política fue muy escasa. Tras su salida de la cárcel, Juan Ajuriaguerra encabezó la lucha nacionalista vasca contra Franco. A partir de 1943, los nacionalistas estructuraron la oposición a Franco organizando tres brazos: el político, con la reorganización de las Juntas Municipales; el militar con el Eusko Naia, y el servicio de información. Se publicó clandestinamente Euzkadi. Pero la mayoría de sus actividades, en esa época, fueron propagandísticas: interferencias en las radios, pintadas, reparto de pasquines, creación de coros y grupos de danza o clubes de montaña. En algunos casos, sus relaciones con la oposición de izquierdas no fueron buenas. Manuel de Irujo fundó y dirigió el Consejo Nacional Vasco en Londres, que elaboró un polémico proyecto de «Constitución de la República de Euzkadi», tachado de imperialista por el socialista Indalecio Prieto, al incluir territorios no vascos. En 1949 se hizo pública la primera gran declaración política de posguerra, en la que se consagró la autodeterminación como «única fuente jurídica del estatus político vasco»²⁰.

En esa época, el PNV consumó su evolución político-ideológica al integrarse en la democracia cristiana, siendo fundador de los Nuevos Equipos Internacionales, origen de la Unión Europea de Demócratas Cristianos. Y se declaró partidario de una Europa federal. No obstante, como tendremos oportunidad de ver, los supuestos etnicistas y secesionistas en modo alguno desaparecieron de su horizonte. A partir de 1951, sus actividades antifranquistas fueron reduciéndose. A la muerte de José Antonio Aguirre, la jefatura del partido recayó en Jesús María Leizaola. Años después, una vez muerto Franco, la dirección del PNV hubo de disculparse por su escasa actividad política en los años del franquismo: «El Gobierno vasco —dijo Irujo en una entrevista— no ha hecho más que ir subsistiendo […]. Con Franco solo se podía empezar a tiros o dejarlo en paz. Como nosotros no íbamos a empezar a tiros con él, le dejamos en paz hasta que se marchara». Curiosamente, la opinión del veterano dirigente nacionalista sobre Franco podía considerarse, en cierta forma, elogiosa: «general con valor militar indiscutible», «poseedor de una frialdad absoluta», «no tenía un pelo de tonto», «patriota español», «creyó en su sino, trató de imponerlo, y contó con la inmensa mayoría de España para realizar sus propósitos»²¹.

A diferencia del catalanismo, el nacionalismo vasco no contó con intelectuales o historiadores de altura. En un plano meramente divulgativo destacó la figura del periodista Martín Ugalde, autor de algunos ensayos como Unamuno y el vascuence o Historia de Euzkadi.

La pasividad del PNV radicalizó a ciertos sectores juveniles, que en 1959 fundaron la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA, País Vasco y Libertad). En 1961, poco después de que 339 sacerdotes vascos firmaran un manifiesto contra Franco, ETA cometió su primera acción violenta: un fallido atentado contra un tren que transportaba excombatientes de Franco. En 1965, su IV Asamblea adoptó los principios marxistas-leninistas, y tres años después realizó su primer atentado mortal, con el asesinato del comisario Melitón Manzanas. Desde entonces, ETA se convirtió en el brazo armado del nacionalismo vasco. De todo el nacionalismo vasco.

EL CATALANISMO CONSERVADOR

Distinta fue la situación del catalanismo conservador. Como sabemos, su apoyo a la sublevación de julio del 36 fue considerable, aunque posteriormente hubo disensiones. Hasta su muerte, Valls Taberner se mostró como un franquista incondicional; Juan Ventosa fue procurador en Cortes; Joan Estelrich participó igualmente en instituciones franquistas, mientras que el conde de Güell se autoexilió. En general, los supervivientes de la Lliga apostaron, a partir de 1943, por la alternativa monárquica.

Ventosa se mostró partidario de la construcción de un Partido Nacional Español «para salvar el espíritu del Movimiento», donde estarían integrados los falangistas, Renovación y Acción Española y los tradicionalistas. Su programa político era conservador, corporativo y regionalista. Sus planes chocaron con los propósitos de Gil Robles, partidario, como sabemos, de la confrontación con Franco. Cambó, sin embargo, se mostró mucho más escéptico, aunque era favorable de la reconstrucción de la Lliga y de un pacto con el líder de la CEDA. Poco antes de su muerte, el dirigente catalanista era optimista respecto a un posible resurgir del sentimiento nacionalista catalán y subrayaba la importancia de emprender una ambiciosa política cultural. Una eventual reaparición de la Lliga tendría por norte «un repudio enérgico y constante de toda veleidad separatista», la aceptación «sin reservas del régimen constitucional, tanto si es monárquico como republicano», y «la decisión de intervenir constantemente en la política general»²². El dirigente catalanista falleció el 30 de abril de 1947, y la Lliga nunca reapareció.

Durante bastante tiempo, el nacionalismo conservador catalán hubo de recluirse sobre todo en la Iglesia. En este sentido tuvo un importante papel el monasterio de Montserrat, donde se publicaba la revista Serra D’Or, en la que colaboraron nacionalistas radicales como J. V. Foix, Mauricio Serrahima, Josep Benet o Albert Manent. Figura emblemática de Montserrat fue el abad Aureli Escarré, muy identificado, en un principio, con el régimen de Franco. Hombre autoritario y megalómano, que en algún momento acarició la posibilidad de convertirse en el Makarios catalán, luego evolucionó hacia posiciones contestatarias y procatalanistas, hasta hacer unas explosivas declaraciones al diario Le Monde que originaron su exilio en Italia²³.

El Club de Fútbol Barcelona canalizó igualmente los, por entonces, aún difusos sentimientos catalanistas y anticentralistas.

A comienzos de los años sesenta se hizo evidente la emergencia de un nuevo nacionalismo catalán conservador y católico, en cuya gestación intervinieron jóvenes agrupados en torno a asociaciones como el Grupo Universitario Torras i Bages, la Federación de Estudiantes Cristianos, la Cofradía de la Madre de Dios de Montserrat, el escultismo católico dirigido por Antonio Batlle, la acción de escritores e intelectuales —como Mauricio Serrahima, Joan Sales y Raimond Gali—, y las actividades de la Academia de Lengua Catalana y de la Congregación Mariana de los jesuitas.

Este incipiente nacionalismo pudo contar, a diferencia del País Vasco, con figuras intelectuales de una cierta altura, entre las que destacó el historiador Jaume Vicens Vives. Nacido en Gerona en junio de 1910, Vicens había entrado en polémica —siendo aún muy joven— con figuras del catalanismo, como Rovira i Virgili, reprochándole su diletantismo e ideologismo. Durante la Guerra Civil colaboró en las instituciones autonómicas republicanas, lo que luego provocó que fuese represaliado. No obstante, como hombre pragmático, pudo desenvolverse con cierta holgura en la nueva situación, publicando artículos en Destino, dedicados al tema de la geopolítica, claramente influidos por autores alemanes. En ese mismo sentido, su libro España. Geopolítica del Estado y del Imperio enlazaba con la ideología por entonces oficial del régimen. Pronto estabilizó de nuevo su situación universitaria, entrando en contacto con Fernand Braudel, Lucien Febvre y la Escuela de los Annales, de donde tomó el interés por la cuantificaciones económicas y demográficas. Igualmente, sintió gran admiración por los planteamientos del filósofo de la historia Arnold Toynbee²⁴.

A este respecto, hay que distinguir en la obra de Vicens dos vertientes, la de competente historiador y la del ideólogo catalanista. Su obra Noticia de Cataluña intentó ser una renovación de los planteamientos catalanistas mediante la interpretación de la mentalidad colectiva catalana. El Principado era un país de «marca», como un «pasillo» entre continentes y culturas diversas. La clave de la historia catalana era «el pactismo», considerado por el catalán como «una ley moral».

Vicens nunca puso en duda la existencia de una entidad orgánica catalana, de un ser colectivo, de un espíritu de la raza que transcendía las diferencias sociales, y no estaban ausentes en la obra sentimientos profundamente anticastellanos, con sus críticas a Ortega y Gasset y a los noventayochistas, a quienes comparaba con la generación noucentista. Afirmaba que la misión de los catalanes había sido la de industrializar y modernizar al resto de España, al parecer incapaz de llevar a término, ni siquiera de plantear, esa misión histórica.

En realidad, el conjunto de su obra es una mitificación de la burguesía catalana como élite social y política. Nada más revelador que su análisis de la historia del movimiento obrero en Cataluña, cuando distingue una clase obrera inmigrante y portadora de gérmenes revolucionarios, sobre todo anarquistas, y una clase obrera autóctona, «pactista», reformista, partidaria de un enfoque corporativo de las relaciones sociales²⁵.

Muerto prematuramente a los cincuenta años, Vicens ejerció una importante influencia en algunos círculos políticos y empresariales catalanes, particularmente en Jordi Pujol y el Club Comodín, lugar de encuentro de «los jóvenes leones de la burguesía catalana»: Carlos Ferrer Salat, Güell de Sentmenat, etcétera²⁶.

Notable fue la polémica entre Julián Marías y el catalanista Mauricio Serrahima en sus obras Consideración de Cataluña y La realidad de Cataluña, respectivamente²⁷.

La figura más emblemática del nuevo catalanismo conservador fue Jordi Pujol Soley. Nacido en Barcelona en junio de 1930, Pujol fue desde su juventud un católico y un catalanista convencido. Participo en las campañas contra el director de La Vanguardia Española, Luis de Galinsoga, y en los sucesos de mayo de 1966, con motivo de la visita de Franco a Barcelona, como redactor de un manifiesto antifranquista donde denunciaba la política autoritaria y anticatalanista del régimen. Finalmente, Pujol fue procesado por un tribunal militar y condenado a siete años de prisión²⁸.

Intelectualmente, Pujol no solo se sintió influido por los clásicos del catalanismo, como Torras i Bages o Prat de la Riba, sino también por intelectuales franceses, como Charles Peguy, Maurice Barrés o Enmanuel Mounier. El suyo es un nacionalismo personalista y comunitario, entendido como defensa del conjunto de los elementos que proporcionan a los hombres, a las personas concretas «una manera de ser». La nación es un «hecho natural» que se encuentra por encima de las estructuras socioeconómicas y de los planteamientos ideológicos, «un hecho de mentalidad y de lengua, de sentimiento», de «vocación histórica», de «etnia espiritual», un «hecho de voluntad».

Para Pujol, Cataluña había sido derrotada en la Guerra Civil ante Castilla, y era necesario reconstruir la nación, imbuyéndola de una «mística colectiva». En este sentido, la identidad catalana se enfrentaba a una serie de enemigos: el españolismo, el europeísmo, el catolicismo español, el lerrouxismo y la inmigración. Fue precisamente la inmigración el tema más tratado por Pujol en esta época. La inmigración podía ser un factor de «desnacionalización», introduciendo costumbres y mentalidades ajenas al «ser» catalán, particularmente en el ámbito lingüístico. A este respecto se mostraba partidario de la integración de los forasteros mediante la inmersión lingüística. Existía también, para Pujol, una inmigración que consideraba inasimilable, «el que viene con prejuicios anticatalanes», contra el que la hostilidad es «la única actitud aceptable». Asimismo, Pujol era partidario de la intervención económica catalana en las regiones menos desarrolladas con el objetivo de frenar la inmigración²⁹.

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LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL RÉGIMEN

EL CONSENSO DE LOS FELICES SESENTA

La década de los sesenta fue uno de los períodos en los que el régimen de Franco disfrutó de un mayor consenso entre amplias capas de la población, que paulatinamente iban accediendo al estatus mesocrático y a los alicientes de la civilización de consumo. Por aquellos años pudo observarse, además, una nada desdeñable renovación de los equipos dirigentes, y se sentaron por primera vez en las Cortes Manuel Fraga Iribarne, Jesús Fueyo, Blas Piñar, Adolfo Muñoz Alonso, Federico Silva, Pío Cabanillas, López Bravo, etc. Según el filósofo marxista Manuel Sacristán, en aquellos momentos «la tasa de crecimiento del PNB rebasaba ampliamente la media europea y el régimen alcanzaba sus puntos más altos de adhesión pasiva (la llamada “despolitización” popular) y la correlación de fuerzas era tal que ni siquiera se podía resistir medianamente la represión fascista»¹.

Sin duda, el más notable representante de la nueva élite del régimen fue Manuel Fraga Iribarne. Nacido en la localidad gallega de Villalba en noviembre de 1922, Fraga, hombre ambicioso, enérgico, de actividad pasmosa, hizo una rápida y brillante carrera universitaria y política². A los cuarenta años accedió a la cartera de Información y Turismo. Tanto en su pensamiento como en su acción política, la trayectoria de Fraga es una curiosa amalgama de autoritarismo y liberalismo.

Admirador de Carl Schmitt, no suscribía en su totalidad la crítica de este al sistema parlamentario, al que, en su opinión, todavía quedaban posibilidades de futuro, «la fe en el hombre, el principio de negociación, el interés general, la certidumbre jurídica, el estímulo de la publicidad, el equilibrio social de las instituciones». En este sentido, el Parlamento podía convertirse «en un elemento de limpia aristocracia, que, en lugar de encarnar elementos clasistas, los supere en la idea de servicio y bien común»³. Frente a los partidarios de la tecnocracia, Fraga, admirador del sistema británico, se mostraba partidario de reformas políticas. Ante las transformaciones de carácter económico y social, era necesaria «una intensa acción política»: «Lo primero es acertar el tipo de régimen que conviene a cada fase de su desarrollo», y es que lo social y lo político eran, en el fondo, aspectos de la acción política⁴.

Durante los siete años que duró su mandato se produjeron varios hechos importantes: el triste fusilamiento de Julián Grimau, la promulgación de la Ley de Prensa y de la Ley Orgánica del Estado, la fallida independencia de Guinea Ecuatorial, el boom turístico, el accidente de Palomares, el affaire Matesa y la expulsión de la universidad de los catedráticos José Luis López Aranguren, Enrique Tierno y Agustín García Calvo.

En este proceso destaca, sin embargo, la conquista, como señala Juan Pablo Fusi, de «nuevos espacios de libertad»⁵. En alguna medida, la nueva legislación iba encaminada a la evolución del régimen autoritario español hacia lo que el filósofo John Rawls denomina «sistema político jerárquico decente»⁶. La Ley de Prensa de marzo de 1966 supuso la derogación de la dura Ley de 1938; declaraba la libertad de expresión y suprimía la censura de prensa. No obstante, limitaba el ejercicio de esos derechos, en relación al respeto a la verdad y a la moral, al acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional, a las exigencias de la defensa nacional, etcétera⁷.

Al socaire de esta nueva legislación liberalizadora aparecieron nuevas revistas y editoriales mayoritariamente liberales y/o de izquierdas, como Ayuso, Ciencia Nueva, Tecnos, Anagrama, Akal, Alianza, Magisterio Español, Triunfo, Revista de Occidente, Edicusa o Cuadernos para el Diálogo. Otras leyes, como la de Asociaciones y la de Representación Familiar, favorecieron un mayor pluralismo social y político, apareciendo nuevas asociaciones como CEISA, ANEPA y GODSA en años posteriores⁸. En este nuevo contexto, los líderes del Movimiento Nacional comenzaron a formular un nuevo lenguaje corporativo de participación de las masas, favoreciendo un asociacionismo no ideológico. A la muerte de Franco, figuraban en el Registro Nacional 4.251 asociaciones de amas de casa, padres de familia y de alumnos y de vecinos⁹.

Poco después se aprobó en referéndum la Ley Orgánica del Estado, con lo que se llegaba a la culminación del proceso institucional del régimen en la línea trazada por la Ley de Sucesión y la de Principios del Movimiento Nacional. En la nueva ley, España se constituía en Reino, basado en los principios de «unidad de poder y coordinación de funciones». Se subrayaba la asistencia que prestaría el Consejo del Reino al jefe del Estado, cuya designación debía recaer en una persona de nacionalidad española que profesara la religión católica. El monarca reinaba y gobernaba «por medio del Consejo de Ministros» y aparecía la figura del presidente del Gobierno, que sería designado por el jefe del Estado «a propuesta en terna del Consejo del Reino»¹⁰. Sin embargo, era preciso tener en cuenta que la ley no abría totalmente el camino a la instauración de la monarquía tradicional. Y es que el Estado español podía evolucionar, como predicaban algunos falangistas, hacia una república presidencialista si se nombraba un regente. Una posibilidad que se hallaba, por supuesto, en manos de Franco, y no olvidemos que en aquellos momentos las relaciones entre este y el conde de Barcelona pasaban por un período de crisis.

Cesado Gil Robles, fue nombrado el historiador Jesús Pabón delegado del pretendiente en España. Su objetivo era un mayor acercamiento entre Franco y Juan de Borbón; pero chocó con la enemistad de Pedro Sainz Rodríguez y José María de Areilza, que boicotearon todas sus iniciativas¹¹. Finalmente, la jefatura de la causa monárquica recayó en Areilza, que había evolucionado, tras haber ocupado importantes cargos en el régimen, hacia el liberalismo. En ese nuevo contexto, el conde de Motrico polemizó con Fernández de la Mora y con el propio Carrero Blanco, abogando por la evolución del régimen hacia la democracia liberal bajo la égida de la monarquía presidida por el conde de Barcelona. A su entender, no existía una vía específicamente española a la democracia, sino la democracia liberal sin más, dado el contexto internacional, económico, político y social. Cualquier otro planteamiento pecaba de utopismo¹².

De igual modo, el inquieto Calvo Serer, en permanente evolución ideológica, no dudaba, en las columnas del diario Madrid, en criticar a Franco, demandando su dimisión y defendiendo la candidatura del conde de Barcelona¹³. El diario monárquico fue cerrado por el Gobierno en 1972 y, finalmente, el ideólogo valenciano se exilió en París.

Por entonces, Franco ya había descartado como titular del trono al conde de Barcelona, de cuyas vacilaciones y ambigüedades siempre había desconfiado. Como consecuencia, tan solo quedaba a los monárquicos leales a Franco la posibilidad de convencer a este de que instaurara la monarquía en la persona de Juan Carlos, cerrando así el paso a cualquier veleidad regencialista. Fue la «Operación Salmón», de la que fueron autores principales López Rodó, Carrero Blanco y Antonio Oriol y Urquijo¹⁴. El 23 de junio de 1969, por decisión soberana de Franco, Juan Carlos fue designado sucesor suyo a título de rey, jurando los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales. La reacción del conde de Barcelona fue rechazar la decisión de Franco, alegando que no se había contado con «la voluntad libremente expresada del pueblo español», tras lo cual disolvió el Consejo Privado y el Secretariado Político¹⁵.

FRACCIONAMIENTO, CHOQUES Y DISIDENCIAS

Fuerza Nueva

Por otra parte, el distanciamiento de la Iglesia católica con respecto al régimen comenzaba a ser ostensible. En la Ley Orgánica del Estado se asumía la «protección de la libertad religiosa», y poco después, a comienzos de 1967, se promulgó la Ley de Derecho Civil a la Libertad Religiosa, auspiciada por Fernando María Castiella, en la que se declaraba que las creencias religiosas no constituían motivo de desigualdad entre los españoles.

La ley contó con la oposición de los más tradicionales, entre los que destacó el notario Blas Piñar López. Nacido en Toledo 1918, Piñar, hijo de un militar defensor del Alcázar de Toledo y próspero notario de Madrid, no era falangista ni partidario de los tecnócratas, sino que había militado en Acción Católica. Designado director del Instituto de Cultura Hispánica en 1957, ocupó el cargo hasta enero de 1962, fecha en que fue cesado por un artículo periodístico en el que criticaba la política internacional de Estados Unidos¹⁶. No obstante, fue nombrado por Franco consejero nacional del Movimiento, y fundó, junto a otros católicos tradicionalistas, la revista y editorial Fuerza Nueva, cuyo primer número salió a la luz a finales de 1966.

Con frecuencia se ha interpretado a Fuerza Nueva como un conato de fascismo a la española, pero, en realidad, nunca hubo tal cosa. A lo largo de su existencia, Fuerza Nueva, primero como revista y editorial y luego como grupo de presión y partido, se identificó plenamente con la figura de su fundador y guía. Y, pese a su admiración por el fundador de Falange, Piñar nunca fue falangista, sino un tradicionalista católico. Su ideología bebía en las fuentes de Donoso Cortés, Sardá y Salvany, García Morente, Acción Española y el propagandista católico Manuel Siurot¹⁷.

Según uno de sus militantes y luego disidente, en Fuerza Nueva dominaba un «fundamentalismo casi talibanesco», donde el tema religioso «arrinconaba cualquier otro elemento en la ecuación personal de Piñar». Su aspiración era, sobre todo, «realizar una tarea pastoral y difundir mucho más la religión católica que pensamiento político alguno, por más que para ellos el catolicismo fuera en sí mismo una definición política»¹⁸. En consecuencia, su posición fue de inmovilismo total. Tanto es así que hizo pasar por progresistas a los miembros del Gobierno. Se opuso no solo a la libertad religiosa, sino a la objeción de conciencia, a las relaciones con los países del Este y a la independencia de Guinea. En el primer número de la revista se denunciaban las desviaciones doctrinales del régimen y se pretendía un retorno a los orígenes¹⁹.

La aparición de Fuerza Nueva fue una prueba más de la crisis de identidad que padecía el régimen. Las distintas fuerzas políticas que le habían dado aliento aparecían ahora dispersas. Tras la derrota de 1957, Falange aparecía, en la medida que existía, profundamente dividida entre «movimientistas» y «antimovimientistas», y comenzaron a aparecer grupos y grupúsculos que reivindicaban su fidelidad a la doctrina del fundador. Dentro de esta corriente tan solo son reseñables, a nivel ideológico o filosófico, los intentos del filósofo agustinista Adolfo Muñoz Alonso, cuya peculiar dialéctica, plagada de inconcreciones y paradojas, era un reflejo de la profundidad de la crisis epistemológica padecida por el falangismo. Muñoz Alonso intentó enfatizar aún más el carácter católico del pensamiento falangista, en la línea de las corrientes personalistas que arrancaban de Mounier²⁰.

Por su parte, algunos antiguos miembros del Frente de Juventudes, como Manuel Cantarero del Castillo y otros, intentaron, con escaso provecho, ofrecer una lectura socialista de José Antonio Primo de Rivera²¹, y aparecieron nuevos grupos falangistas, como los Círculos Doctrinales José Antonio, el Frente Sindicalista Revolucionario, Falange Española Independiente, el Frente Nacional de Alianza Libre, y luego la denominada Falange «Auténtica», dirigida por Narciso Perales, Manuel Hedilla y su hijo Miguel.

Revistas como Índice, Criba y No Importa se erigieron en portavoces de una ambigua tendencia de «izquierda falangista» o «reformismo azul», que solía identificarse con la herencia no solo de José Antonio Primo de Rivera o Manuel Hedilla, sino de los socialistas de Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Indalecio Prieto, e incluso con la de Largo Caballero; con el sindicalismo de Ángel Pestaña, y con los populismos hispanoamericanos o el socialismo chileno acaudillado por Salvador Allende. Su bête noire eran los tecnócratas, el Opus Dei y figuras como López Rodó y Fernández de la Mora²². Sin embargo, nadie tomó demasiado en serio esta tendencia. En plena evolución izquierdista, el filósofo José Luis López Aranguren la tachó de «demagogia fácil»²³.

Algún que otro falangista, como José María Nin de Cardona —discípulo de Muñoz Alonso—, mostró interés por los planteamientos e ideas del neomarxista Herbert Marcuse²⁴.

En un plano más anecdótico surgió, a la altura de 1966, el Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), como extraña manifestación de un nacional-socialismo a la española, cuyos promotores fueron, en un principio, falangistas barceloneses pertenecientes a la Guardia de Franco, excombatientes de la División Azul y militares. Contó con el apoyo de exiliados como Léon Degrelle y Otto Skorzeny. Sus principales figuras fueron Jorge Mota, autor del libro Hacia un socialismo europeo, Ángel Ricote y luego Pedro Varela. En realidad, se trató de una especie de sociedad de pensamiento difusora de clásicos de la literatura nacional-socialista y negacionista del Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial²⁵. El grupo contó con la simpatía y la adhesión de algún intelectual de prestigio, como el poeta y ensayista Juan Eduardo Cirlot, fascinado por el esoterismo y el paganismo²⁶.

Otra vez la lucha dinástica

La situación del tradicionalismo carlista no era mucho mejor. Como el falangismo, el carlismo entró en una profunda crisis, provocada por la industrialización, la crisis irreversible de la sociedad tradicional y, sobre todo, por las consecuencias del Concilio Vaticano II. Contó con algunos intelectuales, como Francisco Elías de Tejada y Rafael Gambra, teóricos de la monarquía tradicional y críticos del «derrotismo católico», incapaz de defender, tras el Concilio, la unidad religiosa de la nación²⁷.

Como de costumbre, Franco jugó de vez en cuando la carta de la familia Borbón-Parma para atemorizar al conde de Barcelona. En 1962 concedió a Carlos Hugo —hijo de Javier— el título de duque de San Jaime. Como sabemos, el conde de Rodezno había apostado por Juan de Borbón, mientras que otro tradicionalista, Esteban Bilbao, presidente de las Cortes, lo hacía por Carlos Pío de Habsburgo, pronto conocido como «Carlos VIII», que falleció en 1953 ²⁸

Javier hizo pública en 1952 su pretensión al trono, y solía jurar en Guernica y Montserrat los Fueros vascos y catalanes. Su hijo Carlos Hugo siguió, en un principio, los dogmas tradicionalistas, esperando que Franco tuviera en cuenta su candidatura al trono. Sin embargo, la familia Borbón-Parma fue expulsada de territorio español. En 1968, unas declaraciones de Carlos Hugo que no gustaron al régimen, junto a la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey, sellaron su ruptura con el dictador²⁹.

Desde entonces, Carlos Hugo se erigió en portavoz de una confusa y contradictoria alternativa «socialista autogestionaria» basada en el autogobierno a nivel provincial, local y comunitario, el control obrero de las empresas y una monarquía que descansaría en un «pacto» entre la dinastía y el pueblo³⁰. La Comunión Tradicionalista pasó a denominarse Partido Carlista, e incluso se intentó avalar ideológicamente este cambio radical mediante una reinterpretación histórica del legitimismo español —defendida, entre otros, por el periodista Josep Carles Clemente— en la que este aparecía como un movimiento eminentemente popular y anticapitalista contrario al oligárquico y centralista régimen liberal español³¹. Sin embargo, Carlos Hugo no controlaba la totalidad del movimiento carlista, Frente a él se encontraba su hermano Sixto Enrique de Borbón-Parma, portaestandarte del tradicionalismo.

Crisis del catolicismo tradicional

Más importante para el régimen era un frente eclesiástico cada vez más amenazador. Entre 1966 y 1968, se produjo la crisis de la Acción Católica, que la llevó prácticamente a su desaparición³². Se constituyó, en marzo de 1966, la Conferencia Episcopal Española, cuyo primer presidente fue el cardenal Quiroga Palacios, contando con Casimiro Morcillo como secretario general. Ambos se mostraron leales a Franco. Sin embargo, la estrategia vaticana no tardó en hacerse perceptible. Desde 1969 a 1971, la presidencia recayó en Morcillo, pero a su muerte ocupó el cargo Vicente Enrique y Tarancón, el hombre de Montini en España. Nacido en Burriana en 1907, el sacerdote levantino había sido un férvido adalid de la «Cruzada»³³. Posteriormente fue nombrado obispo de Solsona; y el propio Franco lo presentó para que ocupara las sedes de Oviedo, Toledo y Madrid³⁴.

Pablo VI le entregó el capelo cardenalicio en 1969. Hasta entonces, no había mostrado veleidad progresista alguna; en realidad, fue un pragmático, un representante típico del aparato eclesiástico. Y, en el contexto político del momento, logró colocarse en un relativo «centro» entre progresistas y tradicionales con el objetivo de llevar a cabo el proyecto de «revolución pasiva» auspiciado por Montini y la jerarquía vaticana³⁵. Su antagonista en el campo eclesiástico fue el ascético e intelectual José Guerra Campos, pronto conocido, en los ámbitos tradicionales, como «el Obispo de España»³⁶.

No era un pragmático como Tarancón, sino un intelectual interesado por la obra de Kant, Marx y Teilhard de Chardin. En sus escritos negó reiteradamente que el Concilio Vaticano II significase una ruptura con la doctrina tradicional de la Iglesia. Su crítica se centró en aquello que denominaba una «ruidosa manipulación del Concilio» y en la defensa sin fisuras del Estado confesional. Ante la crisis de secularización padecida por el conjunto de las sociedades occidentales, incluida España, sostenía que el catolicismo seguía siendo la respuesta a la angustia provocada por las ideologías seculares, como el marxismo, el existencialismo y el cientificismo³⁷.

Como respuesta a la crisis del catolicismo tradicional surgió la Hermandad Sacerdotal de San Antonio María Claret y San Juan de Ávila, conocida igualmente como Hermandad Sacerdotal Española, cuya salida a la luz pública tuvo lugar el 19 de noviembre de 1968. Su Junta Rectora quedó formada por el franciscano Miguel Oltra como presidente; Venancio Marcos como secretario, y Pablo María de la Sierra como tesorero. Su principal figura fue Oltra³⁸. En su Declaración de Principios, la Hermandad declaraba su «firme adhesión a la Silla de Pedro», y que sus fuentes doctrinales eran la Tradición y el Magisterio. Criticaba el progresismo, al que se acusaba de marginar «el orden sobrenatural», y denunciaba los denominados «Grupos Proféticos». Su órgano de expresión fue la revista Dios lo quiere³⁹. El frente tradicional se vio reforzado por la aparición de otras revistas, como Iglesia-Mundo, cuyo primer número salió a la luz en abril de 1971. Y poco después, ¿Qué pasa?, dirigida por el converso Joaquín Pérez Madrigal, auténtico adalid del integrismo. El Alcázar se convirtió igualmente en órgano de la Confederación de Excombatientes, cuyo líder era José Antonio Girón⁴⁰.

El conflicto más decisivo del régimen y los sectores tradicionales con la jerarquía católica tuvo lugar con la celebración de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes en septiembre de 1971 ⁴¹. Su objeto era dar un paso más en la desvinculación del aparato eclesiástico respecto a Franco y su régimen. Los tradicionalistas criticaron desde el primer momento su convocatoria, y, como respuesta, la Hermandad Sacerdotal celebró una Asamblea alternativa⁴².

Las conclusiones de la Asamblea Conjunta consistieron en hacer públicas las demandas del Vaticano al régimen de Franco, reclamando que el Estado dejara de intervenir en la designación de los obispos, libertad de prensa, de religión, la objeción de conciencia, los derechos fundamentales, etc. Sin embargo, la proposición más polémica —y políticamente más decisiva— fue la que instaba a la Iglesia a pedir perdón por su actitud en la Guerra Civil, «porque no siempre supimos ser ministros de reconciliación en el pueblo dividido por una guerra entre hermanos». Después de los debates, la votación quedó en 123 a favor; 113, en contra, y diez votos nulos, lo que provocó que no fuera aprobada, porque para ello se requerían dos terceras partes.

Carrero Blanco no dudó en criticar lo que consideraba una traición por parte de la Iglesia. El almirante recordó las ayudas materiales prestadas a la Iglesia desde el final de la Guerra Civil a cargo del Estado, que había gastado «unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento de culto, etc.». Se habló, por ello, en toda la prensa del «Mazazo Carrero»⁴³.

Oposición intelectual

La situación no era menos problemática en el campo cultural. Al socaire del proceso de desarrollo económico y de modernización social se produjo una clara expansión de la enseñanza secundaria y universitaria, de la que fueron beneficiarias, sobre todo, las clases medias nacidas del desarrollismo y la urbanización iniciados a finales de los años cincuenta. Desde 1956, el régimen había perdido realmente el control de la universidad, con la crisis y luego desaparición del SEU, y la evolución ulterior no hizo sino agravar el problema. Sin duda, el régimen seguía teniendo el apoyo de un sector de la élite intelectual: Emilio Romero, José María Pemán, Juan Antonio Zunzunegui, Manuel Halcón, Mercedes Salisachs, Adolfo Muñoz Alonso, Gonzalo Fernández de la Mora, Ana Mariscal, José Luis Sáenz de Heredia, Manuel Alcántara, Pedro de Lorenzo, Eugenio Montes, Ignacio Agustí, Ángel Palomino, Álvaro de la Iglesia, Alfonso Paso, José García Nieto, Antonio Millán Puelles, Rafael García Serrano, Ismael Herraiz, Joaquín Calvo Sotelo, José María Gironella, Ernesto Giménez Caballero, Tomás Borrás, Juan de Ávalos, Salvador Dalí, etc. Sin embargo, los intelectuales preferidos por la nuevas generaciones universitarias y los sectores más dinámicos de la oposición de izquierda emergente eran personalidades algunas surgidas del propio régimen, como los antiguos falangistas «liberales», o como José Luis López Aranguren, cuya evolución hacia el progresismo católico se hizo evidente en obras como Ética y política, La crisis del catolicismo o El marxismo como moral, donde se mostraba partidario del diálogo cristiano/marxista y de un proyecto político de carácter socializante. Su expulsión de la cátedra de Ética y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en 1965, no hizo sino radicalizar sus posiciones políticas⁴⁴.

Y es que, en el campo filosófico, como en el resto de los ámbitos sociales, se había producido una importante transformación. Tanto el tomismo como el orteguismo sufrieron un fuerte retroceso entre los estudiantes y las nuevas generaciones intelectuales en beneficio de nuevas tradiciones, como la filosofía analítica anglosajona, el marxismo y luego el neonietzscheanismo, con figuras carismáticas como López Aranguren, Gustavo Bueno, Manuel Sacristán, Enrique Tierno Galván, Eugenio Trías y luego Fernando Savater. Incluso la tradición escolástica experimentó una modernización con la asunción, por parte de autores como Antonio Millán Puelles, de algunos aspectos de la fenomenología de Husserl⁴⁵.

En el campo historiográfico, los desafíos a la ideología oficial del régimen en torno no solo a la trayectoria histórica de España, sino al significado de la Segunda República y la Guerra Civil eran ya muy notorios. El periodista falangista Maximiano García Venero había publicado una serie de obras, como Historia de las Internacionales en España, Historia del nacionalismo catalán y una Historia del nacionalismo vasco, pero acabó enemistándose con el régimen por la publicación, en la editorial antifranquista Ruedo Ibérico, de una apología de falangismo hedillista titulada Falange en la guerra de España: la Unificación y Hedilla. El veterano periodista Joaquín Arrarás, primer biógrafo oficial de Franco, publicó cuatro tomos de una Historia de la Segunda República española.

Sin embargo, el historiador más carismático de esta tendencia fue Ricardo de la Cierva y Hoces. Nacido en Madrid en 1926, era nieto de Juan de la Cierva, sobrino del inventor del autogiro e hijo de un miembro de Acción Española asesinado en Paracuellos del Jarama⁴⁶. Bajo los auspicios de Manuel Fraga, De la Cierva fue nombrado jefe de la Sección de Estudios sobre la Guerra Civil, director de Editora Nacional, y luego director de Cultura Popular en el tardofranquismo.

Su misión era contrarrestar la ofensiva de los nuevos historiadores, sobre todo anglosajones, pero también españoles, en torno a la Segunda República y la Guerra Civil, representada por figuras como Raymond Carr —cuya obra España, 1808-1939 se publicaría en nuestro suelo en 1968—, Stanley G. Payne, Hugh Thomas, Edward Malefakis, Herbert R. Southworth, Manuel Tuñón de Lara, Gerald Brennan, etcétera⁴⁷. Muchos de estos historiadores no eran revolucionarios, ni tan siquiera de izquierdas, pero sus obras ponían en cuestión los fundamentos de la interpretación histórica del régimen y, en definitiva, su legitimidad.

De la Cierva no era un historiador profesional, pero sí un apasionado de la historiografía que se sentía influido por Tucídides, Raymond Carr, Vicens y Jesús Pabón. Sin poner en cuestión las bases ideológicas del régimen, las sometió a una cierta revisión. En este sentido, su libro más innovador fue Historia de la Guerra Civil. Perspectivas y antecedentes, que se abría con una cita de Manuel Azaña de su discurso «Paz, Piedad y Perdón».

Nos presenta la Guerra Civil como un «asunto español», la culminación de un proceso que remonta a 1898, en el contexto de un país «inculto» y «pobre», plagado de «mininacionalismos», un Ejército hipertrofiado y una Iglesia convertida en «actor negativo». Se mostraba muy favorable al tándem Maura-La Cierva, como reformistas de la Restauración, y presentaba la crisis de 1917 como «una revolución fracasada» cuyo radio de acción se extendería hasta 1936. El retrato de Primo de Rivera era más bien favorable, pero le reprochaba sus «hachazos a las libertades constitucionales» y su fracaso como «organizador político». Acusaba de inacción a los monárquicos en 1931 y afirmaba que la Segunda República era una «fórmula imposible», porque cada grupo pretendía utilizarla para sus fines.

Las dos figuras históricas con quien más se identificaba eran Azaña y Gil Robles. Denunciaba el camino de los socialistas hacia la revolución y consideraba octubre de 1934 como «el antecedente esencial y determinante de la Guerra Civil». Al mismo tiempo, De la Cierva se mostraba muy crítico con Falange, de la que destacaba su escasa influencia social, de carecer de doctrina seria y de defender un programa social «bien pobre». Criticaba, además, el «vértigo fascista» experimentado por las derechas a lo largo del período republicano. Y, en definitiva, sostenía que los auténticos promotores del alzamiento fueron los militares y su líder Emilio Mola⁴⁸.

De la Cierva adquirió de nuevo notoriedad con la publicación, en 1972, de Francisco Franco, un siglo de España, primero en fascículos y luego en una lujosa edición patrocinada por Editora Nacional. Era el nuevo biógrafo oficial de Franco. En su trama narrativa presentaba al personaje como un patriota español, un militar profesional preocupado por la unidad nacional y la estabilidad social. La obra se dividía en dos partes, la primera de 1892 a 1937, que era la de «ascenso», y la segunda, de 1937 a 1972, de «incertidumbre y victoria en la Guerra Civil, frustrada esperanza de entreguerras, resistencia alternativa durante la Segunda Guerra Mundial, cerco numantino de la postguerra en Europa, rehabilitación y reintegración internacional, recuperación, despegue y desarrollo económico, concreción institucional y redención cultural del pueblo español que, desde 1951, por vez primera en su historia, no tiene hambre»⁴⁹.

Bajo la dirección de Vicente Palacio Atard y De la Cierva se publicaron, por la Universidad Complutense, los Cuadernos bibliográficos de la Guerra Civil española. Sin embargo, la obra más vigorosa de esta tendencia historiográfica fue la Historia del Ejército Popular de la República, del general Ramón Salas Larrazábal.

EL FIN DEL RÉGIMEN

El imposible reformismo

Mientras tanto, seguían las pugnas políticas entre los distintos sectores del régimen. El estallido del escándalo «Matesa» produjo, al contrario de lo pretendido por Fraga, su caída y la de los miembros más reformistas del Gobierno. Fue un triunfo total de los tecnócratas y de los sectores más afines a Carrero Blanco y al Opus Dei. Gregorio López Bravo, Alberto Monreal Luque, López de Letona, Allende y García-Baxter, Fontana Codina, Federico Silva Muñoz, López Rodó, Sánchez Bella, José Luis Villar Palasí y luego Fernández de la Mora ocuparon la totalidad de las carteras ministeriales. Importante fue la reforma educativa implantada por Villar Palasí, que estableció enseñanza general básica, única y obligatoria para todos, desde los seis hasta los trece años, ambos incluidos, y un bachillerato de tres años. Se estableció, además, el trabajo en equipo, la atención individualizada, los métodos activos y la evaluación continua. Afirmó las competencias del Estado en materia educativa y propició una mayor participación de los padres de alumnos en los centros docentes⁵⁰.

El nuevo Gobierno hubo de enfrentarse a una creciente conflictividad laboral, a la ofensiva terrorista de ETA —cuya impronta social y política llegó a su culmen en el proceso de Burgos— y al patente distanciamiento de la Iglesia católica. Los años setenta iban a ser un período de quiebra de la paz social y del consenso.

Sin embargo, las tendencias reformistas habían crecido en los aparatos del Estado. Y es que el proceso de modernización y burocratización estatal ligado al desarrollo económico-social configuró un sistema muy complejo en el que las posiciones políticas no estaban ya necesariamente obligadas a identificarse con el régimen, constituyéndose, de hecho, como grupos situados entre este y la oposición. Algunos de los miembros de esta buffer zone iban a patrocinar una alternativa evolucionista sin cuestionar la estabilidad del Estado⁵¹.

En este sentido fue interesante la aparición del grupo «Tácito». Surgido en 1973, la mayoría de sus miembros precedían de la Asociación Católica de Propagandistas, que, por aquellas fechas, habían suprimido la palabra «Nacional», «huyendo —se dirá— del nacional-catolicismo»⁵². Su órgano de expresión fue el diario YA, y entre sus componentes destacaban José Luis Álvarez, Luis Apostua Palos, Fernando Arias Salgado, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, José Manuel Otero Novas, Alfonso Osorio, etc. Su proyecto fue definido como «reformismo legal»⁵³.

Los miembros de Tácito polemizaron con Girón y Fuerza Nueva en pos de la evolución del régimen a la democracia liberal. Y es que la legislación vigente conducía necesariamente a «una sociedad pluralista en la que el concepto de libertad es esencial y la idea de participación democrática constituye el pilar de todas las instituciones». En el modelo evolutivo tenía especial relevancia la institución monárquica, y se ponía como ejemplo el manifiesto canovista de Sandhurst, cuya lectura resultaba «de extraordinario interés y suscita, al mismo tiempo, gran número de reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de España». Era necesario, por tanto, «un nuevo pacto entre un príncipe fiel y un país libre».

Las reivindicaciones de los miembros de Tácito eran las siguientes: incorporación al ordenamiento español de los derechos humanos, derogación de las leyes incompatibles con estos, Cámara legislativa elegida por sufragio universal, unidad jurisdiccional y reconocimiento de la diversidad regional⁵⁴.

Tras su cese como ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga retornó a su cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y comenzó a elaborar una serie de proyectos de carácter reformista. Fraga no recató sus críticas a los tecnócratas y, sobre todo, a la tesis del crepúsculo de las ideologías, que consideraba no solo escasamente válida a la hora de describir la realidad social y política del momento, sino excesivamente conservadora a la hora de enfrentarse al marxismo. Se trataba de una «mezcla de empirismo, autocomplacencia y justificación del statu quo».

Para el político gallego, la única alternativa era «la democracia posible», y elaboró su teoría del «centro» político. Fraga consideraba que el conservadurismo español había sido «uno de los más cerrados y excluyentes de Europa» y que el régimen se encontraba, en aquellos momentos, excesivamente escorado a la derecha. La sociedad española atravesaba una crisis global, de representación, de legitimidad y de secularización. Nuevamente, preconizaba la adecuación de la realidad política a la realidad social, algo que solo podría lograrse mediante una auténtica política de «centro», basada en «objetivos moderados, realistas y graduales», cuya base social serían las clases medias, como mayoría sociológica del país⁵⁵.

Reivindicó, además, la figura de Cánovas como político de «centro» e incluso estableció una genealogía de su proyecto político en una línea que iba de Jovellanos a Maura, pasando por Cánovas. Claro que, al mismo tiempo, no recataba su admiración por Balmes, Donoso y Maeztu⁵⁶.

Fue igualmente el momento del retorno a la vida política activa de José Antonio Girón de Velasco, a través de la Confederación Nacional de Excombatientes. En el trascurso de un mitin en Valladolid pronunció el discurso de «las tres tendencias», en el que se mostró partidario de la puesta en práctica de un asociacionismo político dentro del —o basado en— una tendencia «progresista», representada por Falange; otra conservadora y tradicional, por los católicos, y otra «templada y moderada», cuyo líder podría ser López Rodó⁵⁷.

La designación del almirante Carrero Blanco como presidente del Gobierno en junio de 1973 suscitó, entre los reformistas, pocas expectativas de cambio, ya que en alguna ocasión afirmó coincidir ideológicamente con Blas Piñar. Carrero seguía siendo un católico tradicional. Escritor prolífico, fue autor de algunos libros de Historia, como España y el mar y El Cristo de Lepanto. Igualmente, había sido asiduo en la prensa, donde escribía bajo los pseudónimos de «Juan de la Cosa» y «Ginés de Buitrago», destacando su obsesión antimasónica y anticomunista. Fueron célebres sus polémicas con Manuel Fraga y José María de Areilza. Ante todo, sobresalía su fidelidad absoluta a la figura de Franco y su deseo de «simplemente continuar» su obra⁵⁸. No era un hombre popular ni pretendía serlo. Según Fernández de la Mora, era un «político sin publicidad» y «antirretórico»⁵⁹.

Sin embargo, el almirante no disfrutó demasiado tiempo de su posición dominante. El 20 de diciembre de 1973 fue asesinado, mientras comenzaba el «Proceso 1001» contra el sindicato clandestino Comisiones Obreras, por un comando terrorista de ETA, lo que fue celebrado por el conjunto de la oposición. El entierro, presidido por el príncipe Juan Carlos, fue el momento propicio para una ruidosa, aunque no excesivamente nutrida, manifestación en la que miembros de Fuerza Nueva y de otras organizaciones vitorearon al Ejército y a la Guardia Civil, demandando un golpe de Estado militar. Sin embargo, el Gobierno de mostró sereno y no cedió a las peticiones de los extremistas. Idéntico desarrollo tuvieron los funerales oficiados por el cardenal Tarancón, que fue objeto de todas las miradas y de todas las críticas por parte de los presentes. La muerte de Carrero Blanco supuso, como señaló Fernández de la Mora, «la proscripción de su política»⁶⁰.

La muerte de Franco: el final de una época

El nuevo presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, nacido en 1908, había sido director general de Seguridad, exgobernador civil de León, alcalde de Madrid y ministro de la Gobernación cuando se produjo el magnicidio. Su nuevo Ejecutivo incluyó a figuras de segunda fila y a un sector liberalizante capitaneado por Pío Cabanillas en Información y Turismo. Preocupado por el orden público y la paz social, Arias hizo referencia, en un discurso preparado por el reformista Gabriel Cisneros, el 12 de febrero de 1974, a un proceso de apertura, de participación política, y fijó fechas concretas para «llegar a soluciones más generosas e integradoras».

También lanzó un programa político: elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Régimen Local, que incluía la elección de alcaldes y presidentes de Diputación y un Estatuto de Asociaciones que pudiera regular «el contraste de pareceres»⁶¹. A la apertura política se unió la apertura cultural, y Ricardo de la Cierva fue nombrado director de Cultura Popular⁶², bajo cuyo mandato la izquierda consiguió una mayor influencia social. No deja de ser curioso que De la Cierva declarara de «interés nacional» las obras de dos militantes del Partido Comunista, Carlos París y Manuel Vázquez Montalbán, La Universidad española. Posibilidades y frustraciones y La penetración americana en España. Los libros de historia contemporánea de Manuel Tuñón de Lara pudieron ser publicados en España, purgados, eso sí, de referencias críticas al régimen⁶³. En cambio, los intelectuales afines a Franco se sintieron preteridos, y autores como Alfonso Paso, Rafael García Serrano o José María Ruiz Gallardón sometieron a crítica las medidas de De la Cierva. Ernesto Giménez Caballero señaló que «España no aparta y silencia a los intelectuales disidentes del Estado, sino a aquellos que lo defienden»⁶⁴.

El proyecto de Arias Navarro fue muy criticado igualmente por los sectores más ortodoxos del régimen. Fernández de la Mora comparó al nuevo presidente del Gobierno con Dámaso Berenguer, llegando a la conclusión de que se estaba preparando la destrucción del régimen desde el Estado: «No era un programa creador y continuista, sino de abdicación y ruptura»⁶⁵. Menos sereno, Blas Piñar rompió estrepitosamente, desde las columnas de Fuerza Nueva, con el Gobierno Arias y se autoexcluyó de su política⁶⁶.

A estos conflictos se sumó la crisis provocada por el arresto domiciliario del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, después de que publicase una homilía en defensa de la lengua vasca, decisión que empeoró aún más las relaciones con la Iglesia católica. No obstante, Franco hizo rectificar al presidente del Gobierno. No menos trascedente fue la ejecución del anarquista Puig Antich por el asesinato de un policía, lo que provocó una oleada de manifestaciones y protestas en toda Europa.

Para colmo, en abril había estallado en Portugal una revolución acaudillada por un sector del Ejército que puso fin a cincuenta años de régimen autoritario⁶⁷. Como era de esperar, las repercusiones en España fueron inmediatas. Una de las primeras víctimas fue el ministro Cabanillas. El 29 de abril, José Antonio Girón publicó en el diario Arriba un discurso, conocido como el «gironazo», denunciando la permisividad del régimen con la prensa y advirtiendo que no toleraría ni el olvido de la Guerra Civil ni la traición a Franco. Días después, Blas Piñar aludió a los «enanos infiltrados» en el sistema para subvertirlo y denunció a «la prensa canallesca». Cabanillas y De la Cierva fueron cesados en otoño.

El régimen parecía haber perdido todo horizonte. Fernández de la Mora se dolía de que, en aquellos momentos, el mundo cultural y universitario se encontrase impregnado mayoritariamente de liberalismo y de marxismo: «El Estado no se ha defendido doctrinalmente; ha dejado el campo a sus contradictores, los cuales están lavando el cerebro a la burguesía». En su opinión, la única forma civilizada de contrarrestar esa ofensiva era el «rearme intelectual»⁶⁸.

Ciertamente, la situación era muy parecida a la descrita por Fernández de la Mora. Nadie leía ya, ni recordaba, a Sánchez Mazas, Foxá, D’Ors, Agustí, García Serrano o Conde. Los autores más leídos por la juventud universitaria, como ya hemos señalado, eran Antonio Machado, Miguel Hernández, Max Aub, López Aranguren, Enrique Tierno, Ramón Tamames, Tuñón de Lara, etc. Sin embargo, la situación no era tan grave como a primera vista podía parecer. Nadie siguió a Fernández de la Mora en su proyecto de defensa doctrinal del régimen. Las revistas culturales de la derecha, como Punta Europa y Atlántida, desaparecieron por falta de financiación. Sin embargo, no eran solo problemas financieros o de carácter estrictamente económico.

Y es que las nuevas generaciones conservadoras y católicas no comulgaban ya con el universo simbólico del tradicionalismo ideológico. Por ello resultaba significativo el contenido de la carta del historiador Vicente Cacho Viu a Antonio Fontán, miembros ambos del Opus Dei, cuya evolución hacia el liberalismo resultó arquetípica. A juicio de Cacho Viu, no existía otra tradición en España que el liberalismo, «la nuestra, la humanista, la cristiana y occidentalizante, de siempre, pero en su justo momento: el mundo liberal que arrancaba de las transformaciones del Antiguo Régimen». Frente a ella, el tradicionalismo resultaba tan anacrónico como ya inexistente. Balmes tan solo era un «clérigo que sabía leer»; a Donoso Cortés confesaba no haberlo leído nunca; Menéndez Pelayo era «un liberal al que hicieron la vida imposible los mismos que le secuestraron después de su muerte», y a Maeztu solo lo consideraba presentable mientras fue «heraldo» de las campañas políticas de Ortega y Gasset a comienzos del siglo XX⁶⁹. Afirmaciones históricamente muy discutibles, pero que reflejaban todo un cambio de mentalidad en las jóvenes élites intelectuales españolas.

Pese a ello, la derecha franquista podía contar con una amplia base social, el denominado «franquismo sociológico»⁷⁰. Las transformaciones de los años sesenta permitieron que muchos ciudadanos depositaran su confianza en el régimen por lo que consideraban una gestión eficaz, lo que quedó reflejado en una suerte de cultura política que había ido imponiéndose en una parte importante de la población, un pragmatismo vital, cuya reivindicación más perentoria era no tanto una mayor libertad como el mantenimiento de los logros del desarrollismo y la paz. En ese sentido, puede decirse que el discurso tecnocrático caló hondo en el tejido social. Por ello, el reto de los partidarios de un cambio de régimen político era convencer a esas mayorías de que una transformación gradual era compatible con el mantenimiento del bienestar y la seguridad alcanzados.

En julio, Franco cayó enfermo, y Arias puso en marcha, bajo su responsabilidad, el mecanismo sucesorio. Juan Carlos ascendió interinamente a la Jefatura del Estado, pero el dictador recuperó el poder en septiembre sin previa consulta al Gobierno. Por aquel entonces, la ofensiva terrorista de ETA y de un nuevo grupo violento, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) se recrudeció con mayor virulencia, y el Gobierno tuvo que actuar aprobando una nueva ley antiterrorista en agosto de 1975. En septiembre fueron ejecutados cuatro miembros del FRAP y uno de ETA. La protesta internacional no se hizo esperar. Las embajadas españolas fueron asaltadas, y los consulados destruidos. Era ya el final. Para colmo, Marruecos aprovechaba la enfermedad de Franco para organizar la denominada «Marcha Verde», reivindicando, con el apoyo implícito de Estados Unidos, la soberanía sobre el Sahara⁷¹. Y la crisis del petróleo, fruto de la guerra de Yom Kippur, iniciaba el ocaso del desarrollismo español.

Franco volvió a caer enfermo y falleció el 20 de noviembre de 1975. Su testamento fue el resumen de sus ideas: catolicismo, patriotismo español y anticomunismo. Sin embargo, lo más significativo de aquel mensaje fue su petición de apoyo a su sucesor, Juan Carlos. Con él moría no solo toda una época, sino una larga etapa de la trayectoria histórica de las derechas españolas.

SÉPTIMA PARTE

TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA: LA NUEVA DERECHA LIBERAL

20

REFORMA, RUPTURA, REINVENCIÓN

LA «CULPA»: DE LA REFORMA A LA RUPTURA

Tras la muerte del Caudillo —grandes colas ante la capilla ardiente, solemnes exequias en la Plaza de Oriente y luego en el Valle de los Caídos—, la sensación general era que, además de morir Franco, con él se enterraba su propio régimen. Las nuevas generaciones se encontraban ante una estructura política muy débilmente institucionalizada y, por tanto, de lealtades personales más que institucionales. En este sentido, la muerte de Franco significó la culminación del proceso de fraccionamiento de la unidad de la derecha que el general, con sumo cuidado, había sabido mantener. Como hemos visto, Franco dio pruebas, a lo largo de cuarenta años, de su gran habilidad y astucia en el arte de aprovechar la heterogeneidad de los elementos que la componían, aunque, una vez desaparecido y agotados todos los recursos, la única opción era la escisión de la derecha a la búsqueda cada cual de su mejor acomodo. Por lo menos, una ruptura que venía perfilándose desde hacía tiempo parecía inevitable. Por un lado, iba a marchar una derecha utópicamente continuista, y, por otro, una realistamente reformadora. Pero con el paso del tiempo —y en ello insistiremos luego— los reformadores, a su vez, terminaron por escindirse.

El cambio estaba en la mente de la mayoría. En Historia no hay que ser en modo alguno determinista, aunque en ciertos casos, como el que nos ocupa, resulta preciso aceptar, como señalaba Raymond Aron, un cierto «determinismo probabilístico»¹, ya que la libertad de elección humana siempre funciona dentro de entornos, contextos y situaciones provenientes del pasado. Desde el contexto social, económico, político e internacional, estaba claro que el destino de España se encontraba en la democracia liberal. El desarrollo económico de los años sesenta, la expansión de las clases medias y de las clases obreras cualificadas, las consecuencias políticas del Concilio Vaticano II, el contexto de una Europa dominada por liberales, democristianos y socialdemócratas, la emergencia del Mercado Común y luego de la Unión Europea y la influencia militar, diplomática y política de Estados Unidos abocaban en esa dirección.

Por tanto, Juan Carlos I y las élites políticas provenientes del régimen de Franco —cualesquiera que fuesen sus convicciones más íntimas— tuvieron que aceptar la instauración de la democracia liberal por falta de alternativas. Dadas las circunstancias, lo extraño hubiera sido la supervivencia sin más del régimen político nacido de la Guerra Civil. En cierta forma, la situación española recordaba a la que analizara Max Weber después del cese de Otto von Bismarck en la dirección del Estado alemán. Para el célebre sociólogo, una parte de la alta burguesía alemana seguía sintiendo nostalgia de «un nuevo César que la proteja», mientras que la pequeña burguesía se encontraba hundida en el «filisteísmo político», y, al mismo tiempo, cabía dudar igualmente de la madurez de la clase obrera². En cualquier caso, todo quedaba a merced de la capacidad política de las nuevas élites políticas y de las clases económicamente dominantes.

La muerte de Franco hizo más patente otro fenómeno que iba adquiriendo forma desde hacía tiempo, pero que en ese momento alcanzó mucha más virulencia; era lo que podríamos llamar la «culpa», un sentimiento predominante en los sectores de la derecha —no de la extrema derecha—, una curiosa mezcla de consternación, perplejidad, temor y autocrítica. Una especie de mala conciencia basada en la certeza de haber abusado demasiado y durante excesivo tiempo del poder. En algunos casos, la palinodia se tituló, como sabemos, Descargo de conciencia, aunque su autor, Pedro Laín Entralgo, hacía mucho tiempo que, como sabemos, se encontraba distanciado del régimen. Otros, como Dionisio Ridruejo, desearon encontrarse entre los vencidos, como dijo en Casi unas memorias³. Perfiles aún más dramáticos ofreció la película El desencanto, dirigida por Jaime Chávarri, donde se narraba la experiencia de la familia de uno de los poetas oficiales del régimen, Leopoldo Panero⁴.

En otros casos, la autocrítica tuvo un carácter histórico. Ricardo de la Cierva sometió, desde su propia perspectiva conservadora, a una acerada crítica la trayectoria de la derecha española. Su balance era, en el fondo, negativo. «Casi todo el mundo prefiere titularse de izquierdas; solo la extrema derecha se confiesa normalmente de derechas, mientras la derecha se refugia en el cómodo disfraz de centro e incluso proclama impúdicamente su condición de izquierda». Y es que la derecha española contemporánea había actuado «más bien como extrema derecha que como derecha civilizada». Sus dos grandes vicios habían sido intentar «prescindir excluyentemente de la izquierda como alternativa; y recurrir, ante la crisis de la nación, al arbitraje dictatorial de la espada»⁵.

En cualquier caso, ser de «derechas» no era ya bien visto por un considerable sector de la sociedad española. «Derechista» y/o «derechización» adquirieron de inmediato un sentido abiertamente peyorativo, que significaba posiciones particularistas de clase o ideología básicamente incompatibles con el sistema y los valores democráticos: autoritarismo, orden, conservadurismo, mientras que la izquierda se asociaba con progresismo, libertad, idealismo, etcétera⁶.

Invención de la tradición

En tan desfavorable contexto era evidente que cualquier proyecto conservador con vocación de futuro necesitaba con urgencia un nuevo edificio espiritual, un alma nueva de ideas que sirviera para unir un pasado que tenía que persistir con los factores de innovación que habían aparecido, de modo que pudiera mantenerse una sustancial continuidad histórica. La «transición» hacia la democracia liberal llevaba consigo un proceso de «invención de la tradición» para legitimar un proyecto de futuro que rompiera con el pasado tácticamente a rescatar. En el caso de la derecha española, este proceso implicó, no sin dificultades, una revalorización y reinvención de la tradición conservadora liberal.

Intento pionero en ese sentido fue la obra del propagandista católico José María García Escudero titulada Historia política de las dos Españas, donde, sin abandonar un talante profundamente conservador, se intentaba dar una visión histórica más autocrítica y una mayor apertura a las razones de la izquierda, valorando más las figuras de «conciliación», como Cánovas, Fraga, etcétera⁷.

Otro historiador, el joven democristiano Javier Tusell, intentó buscar en la historia reciente algunos modelos de derecha liberal y democrática, y su interés se centró en los antecedentes de una eventual democracia cristiana española. Igualmente intentó perfilar un referente institucional adecuado en la monarquía constitucional de la Restauración, tarada, sin duda, por sus deficiencias caciquiles, pero susceptible de reforma. Finalmente, Tusell realizó un estudio pionero sobre la oposición democrática al franquismo, en el que, al tiempo que se excluía a los comunistas, se enfatizaba el papel de la llamada «oposición monárquica» y de Juan de Borbón⁸.

De otro lado, la figura de Juan Carlos I era, tras la muerte de Franco, un enigma para la mayoría de los españoles, consecuencia, en parte, de la naturaleza equívoca de las relaciones de la institución monárquica y sus representantes con el régimen de Franco. Como había señalado con anterioridad José Luis López Aranguren, aquel equívoco, aquella ambigüedad no desaparecería hasta el día siguiente de la coronación del rey, y, en efecto, así fue. Lo que estaba claro para la inmensa mayoría de los analistas políticos —Aranguren incluido— es que «una monarquía conservadora y palatina no podría resistir una contestación directa de la opinión pública». «Si los monárquicos —añadía el intelectual católico— no se resignan a pasar a un segundo plano, si el rey no se decide a dejarles a un lado, la monarquía, tras una más o menos larga decadencia, está condenada a morir. Solo una monarquía no monárquica es viable»⁹.

Nacido en Roma en 1938, la educación de Juan Carlos había sido muy conservadora; la mayoría de sus maestros procedían del Opus Dei, como Ángel López-Amo, Federico Suárez, Antonio Fontán o Florentino Pérez-Embid. Sin embargo, también influyeron en su trayectoria hombres que no pertenecían a la Obra, como Vicente Palacio Atard o Torcuato Fernández Miranda, el general Martínez Campos o Alfonso Armada. Sus biógrafos lo describen como «un gran intuitivo», cuya acción política viene presidida «por una cierta idea de misión o destino»; «modesto», «paciente», «llano en el trato», bien dotado para el deporte, apasionado por la técnica, pero poco amante de la lectura y de los temas de índole cultural, y, en consecuencia, «carente de formación para diseñar un plan concreto» e, igualmente, con una considerable «falta de seguridad en sí mismo»¹⁰.

En alguna ocasión, Juan Carlos I se refirió a la influencia que sobre él ejerció el propio Franco: «Franco me influyó en la manera de ver las cosas con tranquilidad, tomando distancia, con cierto despego». En cualquier caso, cualquiera que fuesen sus convicciones más profundas, era lo suficientemente lúcido como para darse cuenta de que, tras la muerte de Franco, las cosas tenían que cambiar. En un contexto nacional e internacional como aquel, no existía la menor duda de que una institución tan contestada como la monarquía hereditaria solo tendría un cierto adarme de futuro en la democracia liberal; no fuera de ella. «Sabía —dijo en una entrevista con el escritor José Luis de Vilallonga— que incluso si juraba mantenerlos, los principios del franquismo no podían seguir vigentes, pues ello equivalía a admitir que el régimen precedente seguía en su lugar»¹¹.

No obstante, es preciso huir de cualquier trama narrativa de carácter teleológico que crea ver en esta disposición básica la consecución de un proyecto preconcebido. Más que el producto de un plan elaborado por una mente preclara, el cambio político sería un proceso largo y en gran medida contradictorio con un alto grado de incertidumbre¹². Que el horizonte de lo posible era la democracia liberal estaba muy claro; otra cosa era el perfil que habría de tener el nuevo régimen. Pese a lo inevitable del cambio, Juan Carlos siempre ha sido consciente de que el franquismo aportó a la institución monárquica unas bases sociales en las que asentarse con holgura: «Todo lo que hice en cuanto me vi con las manos libres pude hacerlo porque habíamos tenido cuarenta años de paz […] que me transmitió unas estructuras en las que me pude apoyar». En este sentido, destaca el apoyo que obtuvo, siempre como heredero de Franco, de las Fuerzas Armadas: «En los días que siguieron a la muerte de Franco el Ejército hubiera podido hacer lo que le diera la gana; pero obedeció al rey. Seamos claros, le obedeció porque yo había sido nombrado por Franco, y en el Ejército las órdenes dadas por Franco, incluso después de muerto no se discutían»¹³.

No menos crucial fue el apoyo de la Iglesia católica. En su célebre homilía de noviembre de 1975, el cardenal Tarancón ofreció al rey la colaboración eclesiástica; le pidió que fuese el rey de todos los españoles, que se establecieran los derechos humanos y que las estructuras jurídico-políticas favoreciesen la participación ciudadana. En diciembre, la Conferencia Episcopal definió su posición en un documento titulado «La Iglesia en el momento actual», donde se defendía el sistema demoliberal y basaba su posición en el lema «Ni partidismo ni neutralidad», es decir, no se apoyaba a ninguna fuerza política concreta, pero tampoco se quería ser neutral respecto al tipo de ordenamiento político y ético-social de la nueva sociedad española¹⁴.

Y es que para todas estas fuerzas sociales la monarquía no era negociable, porque representaba la garantía de un cambio político controlado.

Por otra parte, el nuevo monarca logró desembarazarse de las presiones de su padre, que no renunciaba a reinar. Cuando la muerte de Franco era inminente, el conde de Barcelona, asesorado por Calvo Serer y el republicano García Trevijano, quiso sacar a la luz un manifiesto para alzar su bandera. Tal rumor causó una gran preocupación al entonces príncipe, que decidió enviar al teniente general Manuel Díez Alegría a París para comunicarle, en nombre del Ejército, que este le apoyaba a él y que cualquier actitud discrepante sería contraproducente. Al comprobar que tenía al Ejército en su contra, el conde de Barcelona renunció al manifiesto, pero hizo pública una nota el 21 de diciembre como «heredero de Alfonso XIII» y depositario de deberes «irrenunciables». En la primavera de 1977, Juan llegó a la conclusión de que ya no tenía ninguna posibilidad de reinar, y el 14 de mayo leyó ante su hijo una declaración de renuncia que el Gobierno no consideró oportuna. Fue en el palacete de la Zarzuela con «una publicidad mínima y una frialdad glacial», según denunció el propio don Juan¹⁵. A partir de entonces, el pretendiente abandonó la vida política española hasta su muerte en abril de 1993.

El nuevo reinado comenzó con Carlos Arias en la presidencia del Gobierno. Aunque el monarca, en uno de sus primeros despachos con Arias, le aceptó la dimisión, la decisión se reconsideró por consejo de su antiguo preceptor, Torcuato Fernández Miranda. El rey confirmó a Arias en su puesto, pero las líneas generales que le dieron al primer ministro para formar Gobierno iban a producir su aislamiento. Las dos grandes figuras del Ejecutivo fueron Fraga y Areilza. Arias se vio oscurecido por la fogosidad del vicepresidente gallego y la brillantez de su ministro de Asuntos Exteriores vasco. Igualmente se designó a Fernández Miranda para la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino.

Fraga planteaba una reforma política que no rompiera con las Leyes Fundamentales, y era contrario, por tanto, a cualquier proceso de carácter constituyente. Su modelo de monarquía sería el perfilado por el Principio VIII del Movimiento Nacional: tradicional, católica, social y representativa; es decir, una monarquía «acorde con la doctrina social de la Iglesia», «no aristocrática en el sentido de una aristocracia de privilegios no justificados», «protectora del pueblo», «promotora de la justicia social», «representante supremo de la Nación». En este sentido, cualquier planteamiento de convocatoria de Cortes Constituyentes era «claramente peligroso y lleno de riesgos»¹⁶.

A partir de tales planteamientos, Fraga se mostraba partidario de la reforma gradual de algunas Leyes Fundamentales con objeto de convocar elecciones para una Cámara elegida por sufragio universal, que luego se encargaría de determinar el contenido y el alcance de las demás reformas. Las propuestas se contemplaban con una amnistía política y la negociación con algunos partidos políticos hasta entonces ilegales, con vistas a su reconocimiento en el caso de que aceptaran las condiciones establecidas por el Gobierno, así como una política regional destinada a conseguir un mayor grado de descentralización administrativa. Así, se permitió la celebración del congreso de la UGT, lo que provocó, desde las fuerzas de la extrema derecha, críticas a Fraga, que al mismo tiempo se entrevistó con el socialista Felipe González en casa de Miguel Boyer. El político gallego era partidario de la legalización de los partidos, excepto —en un primer momento— el comunista, pero no toleraría que se cuestionaran ni la monarquía ni la unidad nacional¹⁷.

Por otra parte, Fraga intentó negociar con los sectores continuistas en una Comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional del Movimiento creada a tal efecto. Sin embargo, aquel proyecto se enfrentó con poderosos enemigos, tanto en el interior como en la oposición al régimen. En mayo de 1976, el Gobierno envió a las Cortes un proyecto de reforma constitucional y otro de reforma de la ley constitutiva de las Cortes y de la Ley Orgánica del Estado. Estos proyectos preveían la elección por sufragio universal de un Parlamento bicameral, con un Congreso de trescientos diputados —que representaban a las familias— y un Senado de doscientos ochenta y cinco escaños que ocuparían, además de los elegidos por provincias, cuarenta senadores vitalicios y hasta veinticinco de nombramiento real.

Mientras estos proyectos pasaban por la discusión del Consejo Nacional, Fraga presentó en las Cortes dos proyectos de ley de reunión y asociación, que exigían, a su vez, la reforma de los artículos 172 y 173 del Código Penal, que tipificaban como asociaciones ilícitas los partidos políticos. En lo que las Cortes se mostraron inflexibles fue en la reforma del Código Penal y devolvieron el proyecto para nuevo estudio a la Comisión de Justicia. Se aprobaron, en cambio, la ley de Reunión y la de Asociación.

La oposición intentó presionar al Gobierno mediante una serie de huelgas y manifestaciones, a lo que este respondió con medidas represivas. Especialmente duros fueron los procesos de Vitoria, con algunos muertos. En Pamplona tuvo lugar una huelga general con nuevos enfrentamientos que desembocaron en una muerte más en Basauri. No menos graves fueron los sucesos de Montejurra, donde se produjo un ajuste de cuentas entre las dos ramas rivales del carlismo, la «autogestionaria», liderada por Carlos Hugo, y la tradicionalista de su hermano Sixto. El enfrentamiento se saldó con treinta heridos y dos seguidores de Carlos Hugo muertos¹⁸.

EL MOMENTO SUÁREZ

El rey comenzó a mostrar inquietud por las actuaciones del Gobierno y, particularmente, por el presidente Arias, al que no dudó en calificar en una revista extranjera de «desastre sin paliativos». Aconsejado, según parece, por Torcuato Fernández Miranda, el rey obligó a Carlos Arias a dimitir de la Presidencia. Fernández Miranda se mostraba partidario de un proyecto de reforma más radical que el defendido por Fraga, intentando desmantelar las Leyes Fundamentales desde ellas mismas. Caído Arias, se barajaban los nombres de Fraga y Areilza para la Presidencia. Sin embargo, Fernández Miranda apoyó el nombramiento por parte del Consejo del Reino de un político hasta entonces prácticamente desconocido, Adolfo Suárez González, y parece que no por sus capacidades sobresalientes, sino porque lo consideraba «dirigible», «disponible y abierto a las ideas directivas», es decir, un instrumento que consideraba dócil y sin ideas propias¹⁹.

Nacido en la localidad abulense de Cebreros en 1932, Adolfo Suárez González no era, como hemos dicho, un hombre conocido. En los comienzos de su carrera política había sido un falangista de segunda fila y, gracias al apoyo de hombres influyentes como Fernando Herrero Tejedor, escaló cargos importantes en la última etapa del régimen, llegando a ser secretario general del Movimiento y director de Radiotelevisión Española. Amigo del rey Juan Carlos y abogado, era ajeno a los ambientes financieros, académicos y profesionales de la clase dirigente²⁰. Suárez había militado en Unión del Pueblo Español, asociación fundada en 1974, cuyo objetivo era «lograr la continuidad esencial de las instituciones del 18 de julio», y que contaba entre sus promotores con José Solís Ruiz, Carlos Pinilla, Emilio Romero, Alberto Ballarín Marcial, Pablo Porta, Pelayo Ros, etcétera²¹.

El nombramiento de Suárez no fue bien recibido por el conjunto de la prensa. Cambio 16 habló de «presidente por sorpresa». «¡Qué error, qué inmenso error!», gritó el historiador Ricardo de la Cierva, que posteriormente modificaría su impresión sobre Suárez, militando en su partido y llegando a ser ministro de Cultura²².

La mayoría esperaba el nombramiento de Fraga o de Areilza. Sin duda, aquellos dos pesos pesados de la política gozaban de un mayor prestigio político y social, y, sobre todo, de una mayor formación intelectual. Sin embargo, el desconocido hombre de Cebreros tenía sobre ellos una ventaja. Como vio muy bien López Aranguren, no era solo su juventud, sino, además, su capacidad, en plena era de la imagen, de comunicación televisiva, su dominio de los mass media: «Adolfo Suárez es la imagen que de él ha sido forjada, nada más y nada menos. Adolfo Suárez es “Adolfo Suárez”, en el mismo sentido, aunque naturalmente una mitificación mucho más pobre, en que James Dean es el “James Dean” de la leyenda, ya a estas alturas bastante trasnochada». A su lado, Fraga pertenecía a la «era pretelevisiva», a la «Galaxia Gutenberg», y a ese tipo de políticos los medios de comunicación de masas no les servían, más bien les perjudicaban²³.

El socialista Enrique Tierno Galván le presentó, en sus memorias, como un político ideal para la democracia, «flexible y maleable», «hombre bidimensional, o lo que es lo mismo, sin profundidad»²⁴, mientras que el católico conservador García Escudero vio en él la reencarnación de Sagasta, una suerte de «Práxedes Mateo Suárez», el hombre de las «artes menores»: el diálogo, la persuasión, el pacto, los buenos modales²⁵. En este sentido, López Aranguren caracterizó la «esencia del suarismo» como un sistema de «mera transacción»²⁶.

El primer Gobierno de la Transición

Por de pronto, tanto Areilza como Fraga rehusaron la colaboración en el nuevo Gobierno, y Suárez hubo de reclutarlo entre antiguos falangistas, «tácitos», democristianos, etc., donde destacaban Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Enrique de la Mata y Rodolfo Martín Villa. En su declaración programática afirmó sus convicciones democráticas y su propósito de presentar una amnistía política al rey. Igualmente se comprometió a someter a referéndum las cuestiones de la reforma constitucional y elecciones legislativas antes del 30 de junio del año siguiente.

Al mismo tiempo comenzó a negociar con la oposición para intentar desactivar cualquier posibilidad de ruptura radical. El objetivo principal del nuevo Gobierno fue la aprobación de la Ley de Reforma Política, cuyos puntos esenciales eran: 1) el Gobierno regularía las primeras elecciones a Cortes con el fin de constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 204 senadores; 2) el rey podría designar en cada legislatura un número de senadores no superior a la quinta parte de los elegidos; 3) la duración del mandato de diputados y senadores sería de cuatro años; 4) los presidentes de las Cortes y del Consejo del Reino serían nombrados por el rey; 5) la iniciativa de reforma constitucional correspondía al Gobierno y al Congreso; 6) cualquier reforma constitucional requería la aprobación absoluta de los miembros del Congreso y del Senado; 7) el rey, antes de sancionar una ley de reforma constitucional, debería someter el proyecto a referéndum; 8) el rey podría someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, y 9) las elecciones al Congreso se inspirarían en un sistema de representación proporcional, mientras que las elecciones al Senado lo harían en criterios de escrutinio mayoritario²⁷.

Naturalmente, Suárez no ignoraba que el principal dique para que aquel proyecto fructificase era el Ejército, la base fundamental del régimen de Franco. El 8 de septiembre convocó a los altos mandos. Era el momento crucial. En conversación con el vicepresidente, general Fernando de Santiago y Díaz de Mendíbil, Gonzalo Fernández de la Mora le sugirió que no cayera en la trampa de la reforma, que en el fondo llevaba a la ruptura, y que se replicara ante las propuestas de Suárez con la frase: «No soy partidario». Además, Fernández de la Mora redactó una cuartilla con ideas para la reunión, resumidas en el planteamiento de que convenía ir a la actualización, no a la ruptura, del régimen político vigente. Sin embargo, nadie leyó la nota. Los altos mandos militares aceptaron la propuesta de Suárez, que, al parecer, prometió no legalizar el Partido Comunista. Para Fernández de la Mora, aquella actuación pasiva de las jerarquías castrenses supuso «la entrega de la Victoria»²⁸.

Poco después se dio vía libre a un anteproyecto de la Ley Sindical, que prácticamente desmantelaba a los sindicatos verticales y abría la puerta al reconocimiento del sindicalismo de clase, Comisiones Obreras y UGT, lo que provocó la dimisión del teniente-general De Santiago, que fue sustituido por el general Manuel Gutiérrez Mellado como vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa. Igualmente se decretó el pase a la reserva de los tenientes generales De Santiago y Carlos Iniesta, que no habían recatado sus críticas a los planteamientos reformistas.

El 8 de octubre, el Gobierno remitió al Consejo Nacional el proyecto de reforma. En su intervención, Suárez presentó la Ley de Reforma como el intento de crear un «orden institucional democrático», y el método elegido para ello era el de ir «de la ley a la ley», a través de una norma institucional, manteniendo «la paz social». En su turno, Fernández de la Mora sostuvo que el proyecto era rupturista, por lo que proponía una serie de cambios: existiría una Cámara elegida por sufragio universal y otra de representación orgánica con iguales poderes que la anterior; el Consejo del Reino debería tener facultades que limitasen la facultad regia de convocar consultas, y el sistema electoral sería el mayoritario²⁹.

El Consejo Nacional aprobó un informe en el que se recomendaba «la presencia de la representación de intereses económicos, sociales y profesionales»; la supresión del preámbulo, por entender que en este se concebía la democracia más como un «orden político» que como una «organización política», y se sugería una disposición derogatoria que determinara «con suficiente claridad los preceptos de las Leyes Fundamentales vigentes afectadas».

Tras las consultas al Consejo Nacional, el debate se trasladó a las Cortes, donde se tramitó —por decisión de Fernández Miranda— por el procedimiento de urgencia. Los debates comenzaron el 16 de noviembre y se prolongaron hasta el 18. El informe de la presidencia fue defendido por Miguel Primo de Rivera, sobrino del fundador de Falange, que lo definió como un intento de «pasar de un régimen personal a un régimen de participación, sin rupturas y sin violencias, pero con esa nueva y clara legitimidad que el soberano pueblo español proclame su libre expresión». En contra intervino Blas Piñar, quien afirmó que «el proyecto de reforma se halla en conflicto con la filosofía política del Estado que surgió de la Cruzada», y no era, en consecuencia, un proyecto de reforma, sino de ruptura. La contestación correspondió al exministro Fernando Suárez, quien reconoció que la reforma modificaba algunos preceptos del ordenamiento político y afectaba a las siete Leyes Fundamentales, e insistió en la posibilidad de modificar los Principios por decisión popular³⁰.

El resultado final fue favorable a la reforma. De un total de 497 «procuradores» presentes, votaron a favor 425 y negativamente 59, entre ellos Blas Piñar, Fernández Cuesta, Girón, monseñor Guerra Campos o Fernández de la Vega.

Fraga y la aparición de Alianza Popular

Mientras tanto, en octubre apareció, de la mano de Manuel Fraga, Alianza Popular, frente electoral creado para aglutinar a todos los grupos de la derecha franquista. Aparte de Fraga, las principales figuras de la coalición —conocidas como «los Siete Magníficos»— eran Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Licinio de la Fuente, Enrique Thomas de Carranza, Cruz Martínez Esteruelas y Gonzalo Fernández de la Mora. Sus respectivos partidos —más bien grupos de notables en torno a sus jefes— eran: Reforma Democrática, dirigida por Fraga, y heredera de los grupos Godsa y Fedisa; Acción Regional Catalana, de López Rodó; Democracia Social, de Licinio de la Fuente; Unión Democrática Española, de Silva Muñoz; Unión Nacional Española, de Fernández de la Mora; Unión Social Popular, de Thomas de Carranza, y un sector de la Unión del Pueblo Español, alejado de Suárez y dirigido por Martínez Esteruelas.

La mayoría de estos grupos eran partidarios de una reforma gradual que no pusiese en cuestión la estabilidad de las instituciones del régimen nacido de la Guerra Civil³¹. De todas formas, el más identificado con aquellas instituciones era Unión Nacional Española, compuesta fundamentalmente por tradicionalistas, y que fue definida, con notoria impropiedad, por Ricardo de la Cierva como «el ala neofascista de la gran alianza de derechas»³².

Por otra parte, las relaciones entre sus distintos líderes no habían sido, como ya sabemos, buenas: Fraga había atacado al Opus Dei y a los tecnócratas; López Rodó nunca mantuvo buenas relaciones con los propagandistas católicos, representados por Silva, y Fernández de la Mora había sido criticado por Fraga. La presentación pública tuvo lugar el 11 de octubre, con una acogida muy negativa por parte de la prensa y de las restantes fuerzas políticas. El País vio en la coalición la unión de todas las fuerzas franquistas, la mayoría de cuyos líderes, a excepción de Fraga, podían ser considerados antiliberales, integristas y antidemócratas³³.

La coalición contó con el apoyo de algunos sectores de la banca: Banesto, Popular, Atlántico, Coca y Fierro. Igualmente parece que disfrutó de la ayuda de la CSU alemana, cuyo líder, Franz Josef Strauss, era amigo de Silva³⁴. El conjunto de la prensa conservadora —ABC, Noticiero Universal, Diario de Barcelona, Día 32, El Alcázar, La Gaceta del Norte— le dio su apoyo.

Su primer congreso tuvo lugar en marzo de 1977, y en él Alianza Popular dijo compartir su filosofía con «los partidos populistas, centristas y conservadores de Europa, de cuyo ideario nos sentimos afines, lejos de toda actitud extremosa y radical». El punto de partida de su acción política debía ser «la España actual». «Rechazamos —se dirá— toda ruptura y exigimos respeto para la obra de un pueblo durante casi medio siglo». «Solo nos opondremos a la legalización de los grupos comunistas y terroristas o separatistas que atentan contra el Estado español y que no respetan las reglas del juego democrático». «Defenderemos en todo momento la unidad de la Patria, así como el reconocimiento de la personalidad y la autonomía de sus regiones». «Apoyaremos la monarquía, clave de nuestras instituciones tradicionales y de las Leyes Fundamentales, como forma de Estado. La Corona será entendida como un órgano constitucional del mismo». Se defendía la economía social de mercado y el régimen de libre empresa, así como una democracia «plena, fuerte y representativa por la vía de la reforma, rechazando tanto el inmovilismo como la ruptura»³⁵.

Alianza Popular logró la adhesión de importantes personalidades de las finanzas, la política, la cultura y el espectáculo: Alfonso Álvarez Miranda, Luis Emilio Calvo Sotelo, Paco Camino, Jaime Morey, María Ostiz, Javier de Carvajal, José Luis Cerón, Agustín Cotorruelo, Ricardo Díez Hochleitner, Víctor D’Ors, Vintila Horia, Ramón Hermosilla, Álvaro Domeq, Félix Pastor Ridruejo, Emilio Romero, Jorge Verstrynge, Juan Velarde, José Solís, Manuel Jiménez Quílez, Abel Matutes, Rafael Pérez Escolar, etc.

La creación de UCD

El 15 de septiembre fue sometida a referéndum la Ley de Reforma Política. Solo el Gobierno hizo campaña a favor de la aprobación y Suárez apareció como principal gestor de la reforma. La oposición izquierdista —comunistas y socialistas— propugnó la abstención. Por su parte, la extrema derecha —Fuerza Nueva, FE-JONS y Confederación Nacional de Excombatientes— hizo campaña a favor del «no», e identificó, al modo integrista, liberalismo con «apostasía». El Gobierno obtuvo un gran éxito: votó un 70 % del electorado, pronunciándose a favor un 95 %, y solo un 2 % en contra. El llamado «búnker» era tan solo un tigre de papel que el Gobierno parecía necesitar como espantajo, para mostrar que existía alguien más a su «derecha».

La Iglesia católica se mantuvo neutral, afirmando que todas las opciones eran legítimas. Monseñor Guerra Campos se opuso, en cambio, como había hecho en las Cortes, al contenido de la Ley³⁶.

Con aquel gran éxito Suárez se dedicó a negociar, en una situación de fuerza, con la oposición de izquierdas. El PSOE celebró su primer congreso en diciembre, en condiciones de completa permisividad tras cuarenta años. El problema fundamental era el Partido Comunista. Su líder, Santiago Carrillo, ya se encontraba en territorio nacional y concedió una rueda de prensa en Madrid. Detenido, fue poco después puesto en libertad. El 24 de enero de 1977 un grupo de terroristas de extrema derecha asaltó un despacho de abogados laboralistas, cuya militancia comunista era conocida. Ocho abogados y un conserje fueron llevados contra la pared y fusilados con ráfagas de ametralladora, que causaron la muerte de cinco de ellos. El atentado produjo una intensa emoción en la sociedad española, que favoreció a los comunistas³⁷.

El nuevo clima social aceleró las negociaciones entre Suárez y Carrillo. El 1 de abril, el Consejo de Ministros suprimió la Secretaría General del Movimiento, y ocho días después el Gobierno decidió legislar el Partido Comunista. La derecha y el Ejército reaccionaron de inmediato. Algunas coincidencias —la retirada del yugo y las flechas en Alcalá 44, mientras se alzaba el rótulo del PCE en su sede— crisparon los ánimos de la extrema derecha, que organizó algunas algaradas en las calles. Cundió el desasosiego en los cuartos de banderas, sobre todo entre los marinos.

Fraga habló de golpe de Estado y de reforma convertida en ruptura, aunque más grave fue la reunión del Consejo Superior del Ejército. Dimitió el ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, y el Consejo Superior sacó a la luz una durísima nota en la que se mostraba contrario a la legalización de los comunistas. Y es que había sido una medida política tomada sin la aprobación de las Fuerzas Armadas y aún en contra de su opinión. Suárez había jugado fuerte, y, con el apoyo del rey, ganó. Pero la animadversión militar hacia su figura llegó a ser permanente. En cualquier caso, Suárez se encontraba en la etapa cenital de su vida política. Y la evolución de Fraga hacia posiciones más conservadoras dejó al Gobierno una amplia zona del espectro político, la de la derecha moderada.

José María de Areilza —tras su salida del Ministerio de Asuntos Exteriores— había propiciado la fundación del llamado Partido Popular, junto a Pío Cabanillas y José Pedro Pérez-Llorca. Esta nueva formación pretendía, además, servir de núcleo de convergencia entre distintos grupos liberales, democristianos y socialdemócratas, bajo el nombre de Centro Democrático. Del conjunto de estos grupos, los liberales de Ignacio Camuñas y Joaquín Garrigues consiguieron la simpatía del Partido Popular. A la iniciativa se sumó el grupo socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez, antiguo presidente del Instituto Nacional de Industria (INI).

Mayor dificultad tuvo con los democristianos; solo Fernando Álvarez de Miranda y la Unión Democrática Española se decidieron a colaborar. Izquierda Democrática, de Joaquín Ruiz-Giménez, y la Federación Popular Democrática, del veterano José María Gil Robles, rechazaron cualquier posibilidad de pacto. Pronto, Suárez, que carecía de partido propio, manifestó su interés por la operación y su propósito de participar en ella. Areilza presentó su dimisión y desde entonces el abulense tuvo vía libre para culminar su iniciativa, transformando el proyecto centrista en una coalición electoral con una nueva denominación, Unión de Centro Democrático (UCD), en la que se incorporaron hasta quince grupos democristianos, liberales, socialdemócratas y regionalistas.

De esta forma la UCD se convirtió en una coalición asombrosamente plural: Partido Popular, de Pío Cabanillas; Partido Demócrata Cristiano, de Fernando Álvarez de Miranda; Partido Demócrata Popular, de Ignacio Camuñas; Federación de Partidos Demócratas-Liberales, de Joaquín Garrigues; Partido Liberal, de Enrique Larroque; Partido Progresista-Liberal, de J. García Madariaga; Partido Social-Demócrata, de Francisco Fernández Ordóñez; Federación Social-Demócrata de José Ramón Lasuén; Partido Socialdemócrata Independiente, de Gonzalo Casado; Unión Social Demócrata Española, de Eurico de la Peña; Partido Social-Liberal Andaluz, de Manuel Clavero; Unión Demócrata de Murcia, de Pérez Crespo; Partido Gallego Independiente, de José Luis Meilán Gil; Unión Canaria, de Lorenzo Olarte, y Acción Regional Extremeña, de Enrique Sánchez de León.

A todo ello había que añadir buena parte del personal político del Movimiento Nacional, el sector llamado «azul», cuya principal figura era el antiguo jefe del SEU Rodolfo Martín Villa. Entraron familias enteras y grupos compactos de representantes de la vida pública local del régimen de Franco. En realidad, nunca llegó a constituirse en un auténtico partido político; era un conglomerado de pequeños grupos alrededor de personalidades, y que, sobre todo, pudo contar con la «imagen» de Adolfo Suárez³⁸.

De buscar un precedente histórico a la UCD tendríamos que remontarnos a la Unión Liberal, de O’Donnell. En gran medida puede hablarse de historias paralelas. En este sentido, parece hecha para la UCD la definición que de la Unión Liberal hizo el moderado Antonio Alcalá Galiano cuando la denominó «la familia feliz», recordando una feria de su pueblo en sus años mozos, con una gran jaula en la que convivían ovejas, lobos, perros, gatos, gallinas, zorros y toda clase de animales antitéticos en la más cordial amistad, gracias al hábil domador que les daba la comida y los manejaba con el látigo³⁹. Una de las grandes tragedias de la UCD fue la de no haber encontrado ese hábil domador que tanta falta le hizo en aciagos momentos.

No obstante, la UCD gozó de la simpatía de algunos intelectuales de prestigio, como Julián Marías, Carlos Seco Serrano, Luis González Seara, Salvador Pániker, Javier Tusell y, luego, Ricardo de la Cierva.

De igual modo contó con el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Ciertamente, el cardenal Tarancón —y su eminencia gris, José María Martín Patiño— rechazaron la baza de crear un partido confesional, y en particular no quiso apoyar a Izquierda Democrática, de Ruiz-Giménez, o al partido de Gil Robles. Pero como denunció lúcidamente José Luis López Aranguren, apoyó a la UCD y a los propagandistas «tácitos» presentes en el partido. El llamado «taranconismo» y los propagandistas favorecieron el desarrollo y posterior el triunfo de la UCD con su «seudodemócrata-cristianismo», que lo convertía en «un partido entre posfranquistas y CEDA». López Aranguren afirmaba que esta maniobra arrancaba de la constantiniana homilía de Tarancón ante el rey en noviembre de 1975⁴⁰.

Pero la UCD nunca se preocupó demasiado por hacer una declaración de principios ideológicos y programáticos. Durante la campaña de 1977, publicó solo un documento ideológico, «Manual para 22 millones de electores», que fue dado a conocer cinco días antes de las elecciones, comprometiéndose en la búsqueda de «reforma, moderación, democracia, libertad y, como alma de todo ello, justicia»⁴¹. Posteriormente, el programa ucedista —en su primer congreso— se perfiló como una yuxtaposición de aspectos ideológicos aportados por sus distintos sectores. Se definió como «un partido democrático, interclasista, reformista y progresista, de ámbito nacional y con organización regional, provincial y local».

De un lado, reconocimiento de la tradición cristiana, enfatizada por los democristianos; de la libertad y los valores del individuo, enfatizada por los liberales, y de una economía mixta, auspiciada por los socialdemócratas. UCD no tuvo nunca, pues, una auténtica y definida ideología, sino tres de difícil coexistencia: liberal, democristiana y socialdemócrata, lo que se tradujo en su posterior labor de Gobierno. La Ley de Reforma Fiscal y la de Divorcio fueron producto de la voluntad de su sector socialdemócrata, liderado por Francisco Fernández Ordóñez; la libertad de enseñanza, del sector democristiano, y la defensa de la libertad individual y de la economía de mercado, de los liberales⁴².

El pacto entre los distintos componentes de la UCD se firmó el 3 de mayo de 1977, justo el día en que Suárez anunció su decisión de presentarse a las elecciones, que se convocaron para el 15 de junio.

Primeras elecciones democráticas

Dentro de la derecha las opciones eran muy variadas: Partido Nacionalista Vasco, Equipo de la Democracia Cristiana, Unión del Centro Democrático, Convergencia Democrática de Cataluña y Alianza Popular. La extrema derecha formó una Alianza Nacional del 18 de julio, con Fuerza Nueva y un sector de Falange, presidida por Raimundo Fernández Cuesta, cuyo partido, de todas formas, mantuvo su candidato independiente en Madrid, y la Confederación Nacional de Excombatientes, de José Antonio Girón. Otro sector falangista, el autodenominado «Auténtico», se presentó en solitario en treinta circunscripciones.

Los resultados fueron muy negativos para la Alianza Popular de Manuel Fraga, cuyas aspiraciones, debido sobre todo a la presencia de UCD con Suárez al frente, se vieron frustradas: tan solo consiguió 16 escaños. La eliminación de la extrema derecha —Blas Piñar no logró escaño por su localidad natal, Toledo— y de las diversas falanges era segura. La gran triunfadora fue UCD, que consiguió 165 escaños. La democracia cristiana, sin el apoyo de la Iglesia, fue literalmente barrida del juego político: no obtuvo un solo escaño. Quedaron fuera del Parlamento todos los nietos del clan Gil Robles —cinco candidatos—, y don José María, el veterano luchador, abandonó definitivamente la vida política activa.

No obstante, la mayoría de los analistas políticos relativizaron la victoria del partido de Adolfo Suárez, entre otras cosas, porque a su juicio no se trataba de un auténtico partido político. Para José Luis López Aranguren había triunfado «una entelequia, un partido inexistente, que, en el mejor de los casos, se constituirá como partido en las Cortes, y por la vía extrademocrática será una unión parlamentaria». Sus votantes habían votado, antes que nada, «a la imagen televisivo-internacional que nos han dado de Adolfo Suárez»⁴³.

No muy distinta era la opinión del socialista Ignacio Sotelo, quien denunciaba un grupo político «formado sin ninguna clarificación programática y recogiendo las más variadas tendencias». «Los tácticos, los realistas, los oportunistas de todas las tendencias y colores, se han abrazado a la sombra del poder para mejor superar la competición electoral». UCD era «la derecha franquista evolucionada»⁴⁴. «Los votos de Suárez son —diría el incisivo periodista Emilio Romero— una diligente y caciquil operación de Martín Villa; y cierta admiración estética por su figura y sus pósteres; y el prestigio del poder, y el afecto que supone que le tiene el rey; y sectores numerosos de la derecha que se sienten más a gusto, o más tranquilos, o más representados o más camuflados, por Suárez». «Solamente los recursos o los mecanismos del poder han convertido a la Unión de Centro Democrático en una fuerza mayoritaria. El verdadero partido político triunfador moral es el que dirige Felipe González. En este caso no ha habido trapacería»⁴⁵. Y es que los socialistas, contra no pocos pronósticos, habían conseguido más de cinco millones de votos. Y había que contar igualmente con la presencia importante de una veintena de diputados nacionalistas periféricos: 13 catalanes y ocho vascos.

En este sentido, el resultado electoral hacía prácticamente imposible el proyecto aliancista de una reforma de las Leyes Fundamentales. Por ello, Fraga y sus partidarios no tuvieron más remedio que apoyar a la UCD para la elaboración de un nuevo texto constitucional. Ciertamente, y así lo denunciaron algunos sectores de la derecha, las nuevas Cortes no tenían carácter constituyente, pues en todo momento se había rehuido dotarlas de él. Pero, en realidad, todos los sectores políticos habían llegado a la conclusión de que, dada la correlación de fuerzas, tendrían que tenerlo. Una vez más hubo que imponerse, por pura necesidad, la «decisión» política por encima del marco jurídico formal.

Mientras tanto, en septiembre se intentó dar una fórmula de consenso a la conflictiva situación social mediante los llamados «Pactos de la Moncloa». Los sindicatos y los partidos de izquierda se comprometieron a una congelación de salarios a cambio de contrapartidas que iban desde la reforma fiscal hasta la creación de un mayor número de puestos escolares o la ampliación de las prestaciones de la Seguridad Social.

Entre los acuerdos destacaban las reformas en las instituciones políticas y jurídicas: compromisos sobre el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, la revisión del Código de Justicia Militar y de la Ley de Orden Público, y la reorganización de los cuerpos de seguridad y orden público. Igualmente, se llegó a compromisos concretos en lo referente a cuestiones socioeconómicas: control y vigilancia de la gestión de las entidades gestoras de la Seguridad Social y de las oficinas de desempleo; participación de las organizaciones y sindicatos profesionales agrarios en la elaboración de los criterios de ordenación de los cultivos, la política de precios, la democratización de las cámaras agrarias y de las cajas rurales; nueva regulación de los órganos rectores del Banco de España y del crédito oficial y reforma del sistema financiero, etc. Hubo también acuerdos en lo referente al funcionamiento de las instituciones autonómicas: incorporación a los niveles educativos de las lenguas vernáculas, regionalización de la actividad pesquera y marisquera, e incorporación de los mecanismos de control parlamentario tanto en la elaboración como en la ejecución de la política económica.

Pero, sobre todo, los Pactos de la Moncloa definieron un nuevo funcionamiento de la economía española, al crear o desarrollar instituciones fundamentales del Estado del Bienestar y la posibilidad de poner en marcha una política económica homologable con la practicada por el resto de las democracias liberales europeas. La reforma fiscal era una de las piezas básicas de esta nueva política. Obra de Francisco Fernández Ordóñez, con ella introdujo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter global, personal y progresivo; el impuesto sobre el Patrimonio, y se reformaron el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones⁴⁶. Puede decirse que estos pactos pusieron las bases del sistema demoliberal español.

En junio, como consecuencia de una serie de iniciativas para construir una organización-cúpula para el mundo empresarial español, había surgido la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo primer presidente fue el catalán Carlos Ferrer Salat, luego sustituido por José María Cuevas. La CEOE se configuró como una organización empresarial y patronal a la vez; es decir, defiende ambas clases de intereses. Entre sus posibles afiliados se encuentran también las empresas públicas, y las pequeñas y medianas empresas. Paulatinamente fue absorbiendo otras organizaciones, entre las que hay que destacar el veterano Fomento del Trabajo Nacional, CEPYME, CONFEMETAL, CEIM, CNC, etcétera⁴⁷. En este sentido, se convirtió en un importante grupo de presión, cuya relación con las distintas fuerzas políticas de la derecha ha sido en muchos casos fundamental.

LA CONSTITUCIÓN DE 1978

Se formó una comisión constitucional en el Congreso, con 17 diputados de UCD, 17 de la oposición —socialistas, comunistas, nacionalistas catalanes y vascos— y de Alianza Popular. Y luego se optó por una ponencia de siete personas, de las que tres eran de UCD —Miguel Herrero, José Pedro Pérez-Llorca y Gabriel Cisneros—, un socialista —Gregorio Peces-Barba—, un catalanista —Miquel Roca—, un comunista —Jordi Solé Tura— y un aliancista —Manuel Fraga—. De los ponentes centristas, quien tuvo un papel más destacado fue Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a quien se debe, junto a Roca, la inclusión del término «nacionalidades» en el texto constitucional. Desde una posición muy próxima al tradicionalismo, Herrero defendió igualmente las tesis de los «derechos históricos» para Cataluña y el País Vasco. España es, para él, lo que resta de la separación de estos dos fragmentos, Cataluña y el País Vasco, dependiendo la unidad política del conjunto de la débil unión con la monarquía⁴⁸.

Sin embargo, los ucedistas con frecuencia se apoyaron en Manuel Fraga, cuya actuación como ponente contribuyó a realzar su figura política tras el fracaso electoral. El líder aliancista habría preferido la elaboración de varias leyes básicas en materia de organización de las instituciones, de modo que se prolongara la vigencia de algunas Leyes Fundamentales del régimen de Franco, pero ello era, como sabemos, inviable por su escasa representación parlamentaria. De modo que apoyó un acuerdo con UCD para la elaboración de un texto constitucional breve, limitado al aspecto organizativo y sin mención expresa de derechos y libertades. La UCD también había expresado su pretensión de una Constitución breve, limitada a la organización de las instituciones⁴⁹.

La primera y más importante de las cuestiones fue la aceptación de la monarquía por la oposición, algo innegociable para UCD y Alianza Popular. Los catalanistas de Convergencia Democrática y el PNV defendieron el accidentalismo, que subordinaba a la aceptación de una nueva distribución territorial del poder. A cambio de la aceptación de la monarquía, la derecha ucedista y aliancista renunciaron a su preferencia de una Constitución breve y sin derechos.

UCD tendió al intercambio de votos con Alianza Popular, según la intensidad de sus preferencias en cada tema. El ala derecha estaba por los pactos con Alianza Popular, mientras que su «izquierda» lo estaba con la oposición. «En términos generales —señala Josep María Colomer— hubo intercambio de votos entre UCD y AP en varios temas relacionados con cuestiones militares y religiosas, bajo poder de los poderes fácticos; entre UCD, PSOE y PCE en temas económicos y sociales; y entre UCD y CDC en los temas lingüísticos, culturales y de descentralización»⁵⁰.

Gran número de artículos se gestaron en cenas en restaurantes y reuniones en despachos privados entre la UCD y el PSOE. Ante las protestas de otros grupos, representantes de los comunistas, nacionalistas catalanes y vascos fueron incorporados a las negociaciones. Alianza Popular fue excluida del llamado consenso, y, dirigida temporalmente, ante la ausencia de Fraga, por Federico Silva y Fernández de la Mora, se retiró formalmente de la Comisión Constitucional. Al cabo de seis días Fraga volvió a participar en las tareas de esta, pero el partido conservador ya no formaría parte de la Comisión del Senado ni de la Comisión mixta Congreso-Senado⁵¹.

La Constitución de 1978 supuso la consagración de la ruptura política con respecto al régimen de Franco. A juicio de Francisco Tomás y Valiente, esta nueva Constitución se halla inserta en la tradición progresista española, la que arranca de las Constituciones de 1812, 1869 y 1931, en contraposición a las de 1837, 1845 y 1876, «conscientemente antidemocráticas»⁵². El Estado se declara aconfesional; pero al mismo tiempo reconoce el papel social de la Iglesia católica. La monarquía, pese a los intentos de los líderes de Alianza Popular, se encuentra dotada de escasos poderes, inferiores a los de otras monarquías europeas, si bien disfruta del mando supremo de las Fuerzas Armadas. Establece la economía social de mercado y la posibilidad de planificación. El legislativo se basa en un bicameralismo, aunque la función del Senado ha sido frecuentemente puesta en duda. El título VIII es, sin duda, y como luego veremos, el más conflictivo, sobre todo por su inconcreción. El término «nacionalidades» resulta enormemente ambiguo y ha dado lugar a numerosos conflictos⁵³.

Importantes fueron las definitivas conquistas femeninas en el texto constitucional. Las Constitución de 1978 condena la discriminación de los españoles ante la ley en razón de sexo, y reconoce la plena igualdad jurídica del hombre y la mujer (artículos 14 y 32).

En el sector derechista de la época, UCD y Alianza Popular no solo asumieron, en mayor o menor grado, los supuestos del feminismo reivindicativo y los principios igualitarios, sino que fueron incorporando progresivamente a la mujer en sus élites dirigentes. Figuras importantes fueron Carmen Díaz de Rivera, Carmela García Moreno, Soledad Becerril (UCD), María Victoria Fernández España (Alianza Popular), María Belén Landáburu (senadora de designación real) y, posteriormente, ya en el Partido Popular, Isabel Tocino, Loyola de Palacio (proveniente de Alianza Popular, sector de Unión Nacional Española), Ana Palacio, Celia Villalobos, Luisa Fernanda Rudi, Rita Barberá, Esperanza Aguirre, María San Gil, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristina Cifuentes, Ana Botella, etc.

Por otra parte, como sabemos, el feminismo había conquistado ya espacios de influencia en el tardofranquismo. Sin embargo, el discurso teórico feminista fue, ya en el régimen de partidos, monopolizado prácticamente por las izquierdas. En la democracia liberal, las derechas no tuvieron su Mercedes Formica, su María Lafitte o su Lilí Álvarez⁵⁴.

La Constitución de 1978, pese a su dimensión rupturista, no suscitó excesivos entusiasmos en algunos sectores de la intelectualidad de izquierdas. Para José Luis López Aranguren, era «el fiel reflejo de esa transición en la que el suarismo consiste», y, en el fondo, no dejaba de ser la superestructura política del poder social y político real, articulado en torno a la monarquía y al Ejército, garante en última instancia de la unidad nacional y del sistema económico vigente. En definitiva, «un mero texto escrito que no constituye nada, que lo deja todo entreabierto y entrecerrado, a lo sumo prendido con alfileres». Y de ahí igualmente el «desencanto» que, en su opinión, dominaba en el conjunto de la sociedad española ante la nueva realidad política⁵⁵.

La Iglesia católica no tuvo una postura unitaria ante el texto constitucional. El 26 de septiembre de 1978, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal publicó una nota sobre el referéndum convocado para el 6 de diciembre. Los obispos reconocían el valor del proyecto constitucional, pero mostraron su reserva sobre los artículos referentes a la enseñanza y el matrimonio, así como en lo referente a la posibilidad de legalización del aborto, aunque dejaron a los fieles libertad de voto.

Monseñor Guerra Campos publicó, en contra, una pastoral donde comparaba el proyecto constitucional con las Leyes Fundamentales, que, a diferencia de aquel, hacían referencia a Dios y a sus leyes. Pero el principal punto de apoyo de los católicos contrarios al texto constitucional fue la carta pastoral del cardenal Marcelo González Martín, primado de España, en la que se afirmaba que en el proyecto se omitía el nombre de Dios; no se hacía referencia alguna a la ley natural, amparando en el fondo una «sociedad permisiva», y abría las puertas al aborto, a la inestabilidad familiar y a la falta de libertad de enseñanza. El Alcázar, órgano de la Confederación Nacional de Excombatientes, consideró la carta como «irrefutable» desde una perspectiva católica⁵⁶.

La extrema derecha centró, en general, su rechazo del texto constitucional en motivos de carácter religioso y en el peligro que el título VIII suponía para la unidad nacional. El proyecto era, para Fuerza Nueva, «anticatólico», «inmoral» y «antiespañol». Más sutil fue la crítica del catedrático de Derecho Eustaquio Galán, desarrollada también en las columnas de El Alcázar, donde sostenía que el proyecto constitucional era nulo, pues las elecciones no habían sido a Cortes Constituyentes. En este sentido, la Constitución podía ser llamada la «Constitución del nihilismo»⁵⁷.

La valoración de Fraga fue mucho más ambigua. El proyecto constitucional le parecía «demasiado largo, farragoso y omnicomprensivo», en su opinión, su punto más conflictivo era el de las autonomías, que se habían convertido en «la cuestión capital de esta Constitución; la que determinará su éxito o su fracaso, y el juicio de la Historia». El término «nacionalidades» iniciaba un «camino peligroso» y llevaba consigo la autodeterminación y la discriminación entre nacionalidades de primera y regiones de segunda. Por otra parte, el modelo económico hacía excesivas concesiones al socialismo, que podía dar lugar a «planteamientos de tipo socializante muy radicales», y el modelo político daba lugar a una democracia «a la vez débil y partitocrática»⁵⁸. No obstante, se mostró partidario del voto afirmativo y luego de su reforma.

Las elecciones de 1979

De hecho, Alianza Popular intentó cambiar de imagen en su segundo congreso, celebrado en enero de 1978. Seguía insistiendo en la defensa del orden público y de la unidad nacional; pero añadía que «Alianza Popular no se confunde en modo alguno con la extrema derecha. […]. Nosotros no aceptamos ni planteamientos integristas, ni métodos violentos […]. Entendemos que toda radicalización es contraproducente»⁵⁹. El Congreso designó a Federico Silva presidente del partido, y a Félix Pastor Ridruejo, presidente del Partido Unificado de Alianza Popular. Fraga sería secretario general, con López Rodó como adjunto, y Carlos Argos e Isabel Barroso como vicepresidentes. Entró también como secretario de organización Jorge Verstrynge Rojas, discípulo de Fraga y relacionado en un principio con las tendencias ideológicas de la Nueva Derecha francesa.

Pero Alianza Popular estaba dividida respecto a la Constitución. Siete diputados votaron, con Fraga, a favor, pero cinco lo hicieron en contra: Federico Silva, Alberto Jarabo, José Martínez Emperador, Pedro Mendizábal y Gonzalo Fernández de la Mora. Otros tres se abstuvieron: Licinio de la Fuente, Álvaro Lapuerta y Modesto Piñeiro.

Silva y Fernández de la Mora votaron en contra del texto constitucional sobre todo porque consideraban que la descentralización política y el reconocimiento de las «nacionalidades» llevarían a la destrucción de la unidad nacional. Además, rechazaban el modelo «partitocrático» y la monarquía meramente «simbólica»⁶⁰.

Tras su posterior salida de Alianza Popular, Fernández de la Mora, Thomas de Carranza, Silva y José Martínez Emperador fundaron el partido Derecha Democrática Española e intentaron, en diciembre, la formación de una coalición de derechas con Blas Piñar, Raimundo Fernández Cuesta, los tradicionalistas de Sixto de Borbón y los pequeños partidos Unión Regional Andaluza, de Luis de Jaudenes —hombre de Arias Navarro—, y el antiguo democristiano antifranquista Jesús Barros de Lis. La alianza resultó imposible y, finalmente, ninguno de ellos pudo presentarse a las elecciones de 1979⁶¹.

Por su parte, Fraga intentó virar hacia posiciones más moderadas, rechazó cualquier pacto con la extrema derecha y constituyó una nueva alianza llamada Coalición Democrática, cuyos principales integrantes eran, aparte de Alianza Popular, Acción Ciudadana Liberal, de José María de Areilza; el Partido Demócrata Progresista, de Alfonso Osorio, quien finalmente había roto con Suárez; Reforma Social Española, del antiguo falangista Manuel Cantarero del Castillo; Renovación Española, y el grupo de los Demócratas Independientes Vascos. Fraga pensó que la inclusión de Areilza y Osorio acabaría con la imagen de derecha autoritaria que sufría su partido. Pero esta inclusión se hizo a costa de alguno de los líderes fundadores del partido, como López Rodó, que abandonó Alianza Popular por haber sido desplazado de la cabeza de lista provincial por Antonio de Senillosa, antiguo juanista y colaborador de Areilza.

En realidad, el llamado «Pacto de Aravaca» no representó beneficio alguno para Fraga y sus partidarios. Ni Areilza ni Osorio tenían partidos y, sin embargo, por el complejo de derecha que aquejaba por aquel entonces a Fraga, la dirección de la campaña electoral corrió a cargo en buena parte de los socios de Alianza Popular⁶².

Coalición Democrática fue la gran perdedora de las elecciones de 1979. No solo no aumentó el número de diputados, sino que vio reducida su representación parlamentaria a casi la mitad. En lugar de recoger los votos del electorado conservador descontento con la política de UCD, obtuvo cuatrocientos mil votos menos de los que Alianza Popular había conseguido en 1977, pasando de 16 escaños a nueve. Había sufrido no solo la estrategia del voto útil propugnada por Suárez, sino la emergencia de Blas Piñar y su Unión Nacional, que consiguió casi cuatrocientos mil votos y un escaño por Madrid.

Pero el triunfo de UCD fue, en el fondo, y como luego se vería, más aparente que real. Nuevamente, el voto «centrista» fue más que nada suarista, ya que las encuestas daban como ganador al PSOE. Como consecuencia, las derechas hicieron una auténtica campaña del miedo al triunfo de un partido que no había renunciado todavía al marxismo y a la utopía autogestionaria. La periodista Pilar Cambra⁶³ y el catedrático Andrés de la Oliva⁶⁴ publicaron sendos libros en los que se denunciaba el gran peligro que suponía tener en los aledaños del poder a un partido auténticamente revolucionario y nada socialdemócrata. Todos los analistas políticos destacaron la trascendencia del discurso televisivo de Adolfo Suárez en la noche del 17 de febrero, donde denunció las contradicciones y los peligros del Partido Socialista desde una perspectiva fundamentalmente conservadora. El programa del PSOE era, denunciaba Suárez, «marxista», «colectivista», defensor del «aborto libre», de la «desaparición de la enseñanza religiosa», de «una economía colectivista y autogestionaria», de «la disolución de lo que denominan cuerpos represivos del Estado» y de la exigencia de responsabilidades, y aconsejando públicamente la negociación con ETA». Frente a ello se alzaba UCD, cuya alternativa política tenía por base «el humanismo cristiano»⁶⁵.

Las perspectivas socialistas, que eran grandes en un primer momento, se vieron frustradas, lo que produjo en el seno del partido la percepción de que era imposible el acceso al poder mientras no se abandonara el marxismo en sus declaraciones programáticas.

A ello tampoco resultaba ajeno la evolución del contexto internacional y la decadencia del modelo socioeconómico vigente en aquellos momentos. Tras la crisis del petróleo, el modelo keynesiano comenzó a entrar en crisis, al igual que el modelo socialdemócrata de Estado benefactor. Del otro lado, el denominado socialismo real no suscitaba adhesión activa ni entre las poblaciones bajo su égida ni como alternativa al capitalismo en el exterior. No era ya un modelo para el comunismo occidental, que, sobre todo en Italia, fraguó un ambiguo proyecto político denominado «eurocomunismo», que fue seguido, aunque no sin reticencias, por los Partidos Comunistas de Francia y de España. Sin embargo, el «eurocomunismo» no llegó a cuajar como una alternativa político-social coherente y desapareció víctima de sus propias contradicciones⁶⁶. La denominada «Perestroika», forjada bajo la égida de Mijaíl Gorbachov, no fue más que, como luego se vería, el canto del cisne del ya obsoleto modelo leninista de régimen comunista.

En este contexto tomaron nuevo vigor las alternativas neoliberales, teorizadas por los representantes más carismáticos de la Escuela Austríaca, como Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises y, posteriormente, Milton Friedman en Estados Unidos⁶⁷. El primer ensayo neoliberal fue puesto en práctica por el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile. Las victorias electorales de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos supusieron, al menos parcialmente, el triunfo del proyecto neoliberal, reduciendo las funciones y el tamaño del Estado benefactor, privatizando las empresas estatales, anulando el sistema neocorporativo basado en las fuerzas sindicales y sustituyendo el proteccionismo del mercado interior por el libre mercado.

El derrumbe de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín dieron lugar a la hegemonía prácticamente absoluta del paradigma neoliberal, que abarcó no solo al conjunto de las derechas, sino a una socialdemocracia en permanente crisis ideológica y política. De ahí que el politólogo Francis Fukuyama pudiese hacer referencia a un presunto «fin de la Historia», con el triunfo final y definitivo de la economía capitalista y del régimen político demoliberal⁶⁸. Claro que, frente a esta tesis optimista, se encontraba la de Samuel P. Huntington, que hacía referencia a un más que posible «choque de civilizaciones» por la hegemonía mundial, que fue, como veremos, el que finalmente triunfó en 2001⁶⁹. Desde entonces, como tendremos oportunidad de ver, el conjunto de las derechas, salvo la más tradicional, abandonó progresivamente la doctrina social católica abrazando las doctrinas de Karl R. Popper, Hayek y Friedman.

Este proceso coincidió con los nuevos vientos dominantes en el Vaticano. Pablo VI falleció en agosto de 1978 y, tras el efímero pontificado de Albino Luciani, Juan Pablo I, un auténtico proceso restaurador se puso en marcha de la mano de Karol Wojtyla, Juan Pablo II, un pontífice que había sufrido los rigores del régimen comunista en su Polonia natal y que no comprendía —ni tenía por qué comprender— el diálogo con los marxistas ni la permisividad ética, moral y política dominante el en el período de Pablo VI. En este nuevo contexto, Tarancón y sus acólitos resultaban ya perturbadores. Según algunas fuentes, Juan Pablo II, al recibir al prelado español cuando este cumplió los setenta y cinco años, le acusó de ser el responsable del retroceso católico en España, «mientras nos esforzamos para doblegar al comunismo cada vez más débil»⁷⁰.

En España, Wojtyla se apoyó en una nueva generación de obispos, entre los que destacaron Ángel Suquía y Antonio María Rouco Varela, que rectificaron, en la medida de lo posible, los efectos de la situación anterior. Sin embargo, el proceso de secularización avanzó de manera ostensible. Los seminarios quedaron en gran parte vacíos; el número de católicos practicantes cayó en picado, y la vida política fue progresivamente constituyéndose al margen de la Iglesia católica⁷¹.

Sin embargo, la Iglesia como institución siguió disfrutando en España de numerosos privilegios económicos, políticos, educativos y simbólicos. Y es que, en gran medida, el proyecto de «revolución pasiva» de Pablo VI y Tarancón había triunfado. Como sabemos, el texto constitucional nombraba a la Iglesia católica y obligaba al Estado a «cooperar» con ella. Además, se garantizaba la libertad de enseñanza. El Estado no era, en realidad, laico, sino aconfesional. Posteriormente llegaron los acuerdos de 1979, entre el gobierno de la UCD y el Vaticano, en los que se trataron a nivel jurídico la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, el servicio militar de los eclesiásticos, la enseñanza religiosa, la financiación del clero y de la Iglesia por el Estado, etcétera⁷². Y es que la Iglesia católica española era —y sigue siendo— incapaz de autofinanciarse.

LA OFENSIVA NACIONALISTA

No obstante, la peculiaridad española más llamativa seguía siendo la cuestión nacional. Como hemos visto en otro capítulo, el nacionalismo vasco y el catalán se mantuvieron semialetargados durante el franquismo en los caseríos e iglesias⁷³, si bien despertó sobre todo a partir de 1974, cuando el obispo Añoveros publicó su célebre homilía, que marcó la reconciliación eclesiástica con el clero nacionalista vasco. Por otra parte, no hay dudas de que la oposición de izquierdas sintió, antes de la muerte de Franco, una indudable simpatía ante el activismo de ETA, como lo demostraron sus campañas en contra del célebre proceso de Burgos y su silenciosa, pero indudable aprobación del asesinato de Carrero Blanco a manos de la organización terrorista vasca. Como señala López Aranguren, «lo cierto es que muchos demócratas, que hoy se rasgan las vestiduras ante los crímenes de ETA, vieron con agradecimiento aquel saltar por los aires, pues, sin mancharse las manos, habían de beneficiarse de él»⁷⁴.

Además, el grueso de la intelectualidad española —mayoritariamente de izquierdas en aquel momento— propagó, a lo largo de la Transición, un nuevo discurso político en el que «lo» español se asimiló al franquismo. El «entusiasmo filonacionalista» de los partidos de izquierda —PSOE, PCE y PSP— fue evidente a lo largo de los años setenta. Se evitó la utilización del nombre de España, empleando en su lugar el de «Estado español» y se propugnó la «República federal» y el «derecho de autodeterminación de las nacionalidades»⁷⁵. De hecho, hasta hace poco un sector importante de la izquierda española —sobre todo, sus intelectuales— no ha querido abandonar estos planteamientos, herencia de la oposición a Franco, y recuperar la idea de soberanía nacional⁷⁶.

Igualmente, en el campo de la derecha existía ese complejo de culpa, esa mala conciencia en relación al País Vasco y Cataluña, que obligaba a una actitud receptiva hacia las demandas nacionalistas y que impidió, de hecho, la articulación de una nueva idea nacional española. Como ha señalado Carlos Seco:

La democracia española ha tirado por la ventana —y ha hecho bien— el arsenal de tópicos en que desde el principio hasta el final se apoyó el aparato propagandístico del franquismo, a veces ha dejado escapar en ese repudio, por exceso de precipitación, conceptos —ideas, valores— que no tenían nada de desdeñable, por mucho que las bastardeara el viejo régimen; y por añadidura lo ha hecho potenciando simultáneamente otras ideas, otros valores similares, solo que de distinta talla o entidad histórica: así, los nacionalismos regionales […]. Resucitar esencias disgregadoras de la esencial unidad conseguida a lo largo de los últimos siglos es exactamente, como decía Ortega, un proceso de retrogradación⁷⁷.

De hecho, Suárez otorgó muy pronto —aun cuando todavía no eran hegemónicos en sus respectivas comunidades— a los nacionalistas catalanes y vascos el papel de interlocutores privilegiados, lo que fue en detrimento de las fuerzas políticas no nacionalistas y contribuyó decisivamente a la ascensión del PNV y Convergencia en los años sucesivos.

El nacionalismo vasco

Para el Gobierno Suárez, Cataluña fue, en un principio, objeto de viva preocupación. Allí la izquierda había ganado en las primeras elecciones, e inmediatamente la mayoría de los parlamentarios catalanes reclamaron la vigencia del Estatuto de 1932. Suárez optó por restablecer la Generalidad y trajo a su exiliado presidente, Josep Tarradellas, que sirvió de elemento estabilizador. Como ya hemos señalado, los nacionalistas catalanes intervinieron, y aprobaron, en el texto constitucional de 1978. Distinta fue la actitud de los nacionalistas vascos.

El PNV logró escamotear su imagen primigenia de movimiento integrista–tradicionalista-racista y su ambigua actuación a comienzos de la Guerra Civil gracias sobre todo a la colaboración de la izquierda y sus intelectuales. Ser nacionalista vasco equivalía, al menos entonces, a ser progresista. La adscripción del PNV a la Internacional Democristiana consumaba, además, su imagen democrática. Sin embargo, tanto en su estilo como en su ideología, el nacionalismo conservador vasco —y lo mismo ocurre, por supuesto, con el revolucionario— dista mucho de haber abandonado sus perfiles hondamente tradicionalistas y antiliberales, en un estilo que combina el nacionalismo —himno, bandera— con el fundamentalismo nacionalista-étnico. El PNV sigue considerándose como «un pueblo en marcha», embrión de una futura «Euzkadi» independiente, unificada y euskaldún. Su máximo ideal, por tanto, sería hacer coincidir la sociedad real —muy plural, como ha demostrado Juan Pablo Fusi⁷⁸— con su concepción holista y totalizadora del pueblo vasco⁷⁹.

Es obvio, pues, que el PNV no ha sometido aún a una necesaria autocrítica los fundamentos de su ideología ni su propia trayectoria histórica. Su fundador y guía, Sabino Arana, continúa siendo una figura absolutamente intocable, cuya vida sigue siendo valorada en términos providencialistas. «Sabino —dirá Martín Ugalde— vive en espíritu en nosotros». Era «un patriota que tenía una fe inquebrantable en su país, y era un patriota católico, un hombre que tenía una fe inagotable en Dios». Su «antimaketismo» era una respuesta lógica ante la «situación desesperada de su pueblo amenazado de desaparecer como pueblo» por la «emigración masiva» de una «clase trabajadora emigrante ajena a ese problema nacional, factor real de desvasquización». Incluso se harán panegíricos de su visión orgánica y preliberal de la democracia, «esa democracia popular, siendo la democracia vasca, y oponerse a los conatos de centralismo de un Estado que entonces se creía moderno y que actualmente resulta anticuado»⁸⁰.

El fundamento «biocultural», o «etnopolítico» de la nación vasca sigue siendo defendido por los ideólogos del partido:

Las características que distinguen a los vascos comenzaron a desarrollarse en el mismo lugar que actualmente habitan las vertientes norte y sur de los Pirineos occidentales. Fue el resultado de la adaptación del hombre de Cromagnon en esta zona a los grandes cambios ambientales que se produjeron tras el final de la última glaciación hace aproximadamente diez mil años. El Pueblo Vasco, conformado como tal desde entonces, con su propia cultura e idioma, el euskera, posiblemente el más antiguo de Europa, ha logrado sobrevivir manteniendo su propia identidad⁸¹.

Al lado de Arana existen en el PNV otras figuras carismáticas, como el sacerdote nacionalista José de Ariztimuño, «Aitzol», conocido, como ya sabemos, por sus planteamientos antiliberales y contrarrevolucionarios. Aitzol es «el héroe de Euzkadi», la «leyenda del nacionalismo vasco», el «verdadero maestro en la formación nacionalista del estilo y contenido sabiniano»⁸².

Otra de las características de la publicística vasca más reseñable es su revalorización del fenómeno carlista. En su interpretación del carlismo, los nacionalistas vascos —en particular, Xabier Arzalluz, Román Basurto, Federico Zabala, etc.— sigue la perspectiva tradicional que ve en este, al menos en el caso vasco, una defensa de la identidad y de la independencia frente al centralismo del liberalismo español⁸³.

En este sentido hay una crítica axial al nacionalismo liberal, al que acusa de defender una concepción de la nación abstracta cuantitativa, inorgánica y, en consecuencia, ajena a las realidades históricas y étnicas del pueblo vasco.

No existía, pues, en ese concepto de nación ninguna connotación étnica, ninguna referencia a una cultura o a un origen común, sino que se trataba de un concepto adscrito a una doctrina política concreta cuya esencia consistía en liberar al hombre del arbitrio absolutista y garantizar esa libertad individual por medio de una nueva estructuración del poder. Bajo este concepto concreto de nación perdieron su personalidad política Laurdi, Bembarra y Zuberoa, y por la aplicación del mismo concepto fue suprimido asimismo el régimen propio e histórico de Alaba, Guipúzcoa, Navarra y Bizkaia⁸⁴.

De esta forma, existe en su proyecto político una clara identificación entre cultura vasca y «cultura euskaldún», sobre todo en el ámbito de la lengua. La cultura es, para los nacionalistas vascos, «un medio de diferenciación», y «ningún pueblo tiene derecho a suicidarse culturalmente, ni a prostituirse ni a aniquilarse». Por ello, la misión del nacionalismo vasco es «reconquistar la cultura perdida, olvidada o destruida bien por la irresponsabilidad propia, bien por culturicidio de otro pueblo invasor». «Considerará ajeno a la cultura vasca al que atente, por coalición de clase, de grupo de interés, de partido político, de fidelidad institucional, importar culturas ajenas contra la voluntad de los vascos; estos han de aceptarla de forma libre, consciente y responsable».

A ese respecto se acusa al castellano y al francés de haber ejercido su «colonialismo cultural» en el País Vasco, por lo que es fundamental la promoción del vascuence hasta convertirlo, tras un proceso de «bilingüismo progresivo», en la única lengua de los vascos. Los residentes no vascos, los emigrantes deben ser sometidos a «un programa de culturización», y lo mismo para funcionarios y personal docente⁸⁵.

A la altura de 1977, su modelo de Estatuto no era el de 1936, «un Estatuto mediatizado y capitidisminuido tanto en la expresión territorial, por la exclusión de Navarra, como en lo que respecta a las facultades del ente autónomo», «parcialmente democrático y fundamentalmente otorgado en el marco del artículo de la Constitución de la Segunda República Española». Muy al contrario, su referente histórico era el de Estella, de 1931, «que por su profunda interpretación de los derechos del país, fue aprobado por la inmensa mayoría de los ayuntamientos de Euzkadi, entre ellos los navarros, e incluye en su ámbito a la provincia de Navarra»⁸⁶. Igualmente, algunos dirigentes nacionalistas, como Xabier Arzalluz, han defendido el concepto de «soberanía originaria» y de «pacto condicionado con la Corona, es decir, con el Estado»⁸⁷.

La presión política nacionalista vasca se vio, además, fortalecida por la ofensiva terrorista de ETA. No hay duda de que el terrorismo —y no solo el etarra— aumentó considerablemente con la llegada de la democracia liberal. Si en 1973, año del asesinato de Carrero Blanco, se produjeron un total de cuatro atentados, cinco años después, en 1978, se produjeron 71 atentados con 85 muertos; y en 1980, 91 atentados y 124 muertos. Además, ETA apuntó con frecuencia a la cúpula militar, con el objetivo de provocar una escalada de violencia. En el caso de la derecha vasca no nacionalista, la sangría fue muy importante, y, en un principio, se cebó en los sectores de la alta burguesía vizcaína. El secuestro y asesinato de Javier de Ybarra fue el comienzo de dicha ofensiva. En este sentido, el periodista Gregorio Morán ha podido hacer referencia al «final del II Imperio de Neguri», cuyo sucesor no ha sido otro que el PNV⁸⁸. Primero UCD, y luego Alianza Popular y el Partido Popular —al igual que el PSOE, por la izquierda— sufrieron a lo largo de esos años una intensa sangría.

La ambigüedad del catalanismo

En Cataluña, el nacionalismo conservador se ha visto representado, de forma mucho menos virulenta, aunque no menos eficaz, por la coalición electoral Convergència i Unió —formada por los partidos Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática—, que se constituyó en 1978 para participar en las elecciones legislativas y municipales de 1979. Convergencia Democrática había sido fundada en 1974, bajo el liderazgo carismático de Jordi Pujol, mientras que Unió, como ya sabemos, se creó en 1931. Tanto Convergencia como Unió compartían un espacio político similar. Si Unió se define, ante todo, como democristiana —si bien, paradójicamente, no confesional-, Convergencia intentó recoger tendencias liberales, social-demócratas y nacionalistas radicales y conservadoras⁸⁹.

Su principal figura fue Jordi Pujol, cuya trayectoria política e ideológica ya conocemos, y cuya impronta ha sido determinante en la proyección del catalanismo conservador en la circunstancia actual. A diferencia del PNV, Convergencia fue un grupo político creado en torno a un líder indiscutible e indiscutido, no como un partido fuertemente estructurado, que, como en el caso del PNV, proyecta su inserción en la sociedad vasca sin apoyarse en la imagen de un único líder.

El fundamento de su proyecto político es la «construcción de Cataluña». Como sabemos, Pujol parte de la idea de que Cataluña perdió la guerra en 1939, y que es preciso reconstruirla en cuanto nación. «Convergencia Democrática de Cataluña recibe —se señalará— la herencia histórica del catalanismo y es la principal expresión política moderna de un sentimiento nacional con más de mil años de historia»⁹⁰.

Sin embargo, el catalanismo conservador no desarrolló un discurso coherente y omnicomprensivo, sino que, ante todo se caracterizó por el pragmatismo. Su objetivo fue el de la consolidación del Estado autonómico y plasmar jurídicamente la máxima autonomía posible, sobre todo en el ámbito financiero y cultural, aspirando en este último al logro del monolingüismo. Unas veces ha reivindicado la autodeterminación y otras la ha rechazado. Igualmente, reivindicó en un principio el Estatuto de 1932, para luego abandonarlo. Ha rechazado el sistema federal, prefiriendo el autonómico, pero tampoco ha renunciado a la independencia. Su posición ante la realidad nacional española tampoco estaba clara: en algunas ocasiones ha hablado de una «nación de naciones», de un «país plurinacional», y no pocas veces ha negado que España sea una nación⁹¹.

Los Estatutos de Autonomía

En cualquier caso, los nacionalismos periféricos consiguieron una gran victoria con la inclusión en el texto constitucional del concepto de «nacionalidades», término ambiguo que provocó no pocas controversias políticas e intelectuales. Desde el campo de la derecha liberal, uno de sus más radicales críticos fue Julián Marías, que ya había dejado clara su posición del problema catalán en su obra Consideración de Cataluña de 1966. Nacionalidad no era, a su juicio, «el nombre de ninguna unidad social y política, sino un nombre abstracto, que significa una propiedad, afección o condición». Era, simplemente, un «anglicismo», «una moda recentísima, imprecisa, que aparece con alguna frecuencia en nuestros periódicos y en los discursos de algunos políticos que no saben muy bien de qué hablar», y que podría convertirse en un «semillero de ambigüedades políticas»⁹².

No menos crítico fue el democristiano José María Gil Robles, para quien el concepto de nacionalidad presuponía el «reconocimiento de una entidad que puede aspirar a constituirse en Estado». Igualmente, la admisión en el texto constitucional de los «derechos históricos» le pareció «desdichada»⁹³.

Por su parte, López Rodó la condenó no solo por su imprecisión, sino por «su carga peligrosísima en la doctrina y en la práctica del Derecho Internacional». El concepto de autonomía, tal y como se desarrollaba en la Constitución, podía llevar al «desguace del Estado mismo», y, además, no permitía cerrar la Transición, «pues mantiene indefinidamente abierto el período constituyente». Se trataba del problema más grave que se planteaba a la sociedad española, «porque toca a la subsistencia de España como nación». Las autonomías conducían «a la ruptura de la unidad económica, de la unidad de la Hacienda Pública, de la unidad del ordenamiento jurídico, de la unidad cultural y de la unidad política de España»⁹⁴.

Sin embargo, todo esto no sirvió para que los nacionalistas vascos votaran afirmativamente la Constitución de 1978. Si bien reconocían los logros democráticos y, sobre todo, la inclusión del término «nacionalidades» —a su entender, «un reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado»—, denunciaban la oficialidad del castellano y la influencia de las Fuerzas Armadas en la gestación del texto, la «uniformidad legislativa» —es decir, «la igualdad mal entendida—, así como que la disposición adicional sobre los derechos históricos no pasaba de ser «un reconocimiento puramente formal». En definitiva, la Constitución de 1978 perfilaba «un Estado unitario con autonomía uniforme para las nacionalidades y regiones, basada en el temor y la desconfianza; una unidad que rezuma incomprensión casi agresiva, […] una autonomía insuficiente para nuestros planteamientos, pero posibilista en cuanto al objetivo prioritario de reconstrucción de nuestro pueblo y de la recuperación de la identidad a través de una moderada capacidad de autogobierno». «Pobre bagaje, sí, pero vale como instrumento de lucha, de trabajo, de ir consiguiendo con la fuerza de la razón y de la práctica política cotas cada vez más altas de libertad»⁹⁵.

Finalmente, los nacionalistas vascos optaron por la abstención. Por su parte, los catalanistas dieron el voto afirmativo. Y, de una forma u otra, resulta evidente que la posición política de los partidos nacionalistas —tanto de los ya establecidos como de los emergentes— en el llamado «Estado de las autonomías» resulta muy cómodo, porque este configura un marco muy abierto y poco perfilado que permite practicar permanentemente una política victimista y movilizadora, aglutinando a extensos sectores sociales.

Poco a poco, los nacionalistas han conseguido el monopolio casi absoluto de la cultura social, es decir, los códigos impuestos que todos los ciudadanos deben respetar, los juicios políticos sobre lo bueno y lo malo y la definición de los objetivos sociales. La mejor expresión de ello ha sido la transformación de los símbolos nacionalistas vascos clásicos —la ikurriña o el léxico sabiniano— en símbolos oficiales de la comunidad autónoma. No menos significativa fue la adopción del término «Euzkadi» para designarla.

Las negociaciones de los Estatutos de autonomía para el País Vasco y Cataluña fueron duras, particularmente en el caso vasco. El proyecto fue elaborado por los diputados y senadores desde noviembre de 1978, mientras se aprobaba la Constitución, reunidos en la emblemática localidad de Guernica. El artículo primero establecía que los poderes del País Vasco emanaban del pueblo, lo que entraba en contradicción con los supuestos de la Constitución. De igual modo establecía el derecho «imprescindible» de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya a formar parte de la comunidad autónoma vasca, cuando los parlamentarios navarros no habían suscrito el proyecto. La relación de competencias marginaba a las del Estado. En materia económica, otorgaba el concierto económico una amplitud tal que permitía la creación de un marco fiscal privilegiado. Una disposición adicional, presentada por el PNV, establecía, además, que la aceptación del Estatuto no implicaba «la renuncia del pueblo vasco a los derechos que, como tal, le puedan corresponder en virtud de su historia y de su voluntad de autogobierno».

La negociación recayó en el Gobierno y en la UCD. La discusión comenzó el 9 de julio. Se suprimió la declaración de soberanía. Navarra se sacó de la relación alfabética, añadiendo luego «así como Navarra». La disposición adicional sobre los derechos históricos se redactó de manera ambigua. Estos derechos podían ser «actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico», lo que parecía un intento de enlazar con la doctrina de la soberanía originaria. Aprobado el 25 de octubre de 1979, tras una larga negociación entre el nacionalista Carlos Garaicoechea y Adolfo Suárez, el Estatuto de Guernica confirió al País Vasco el mayor grado de autogobierno de toda su historia. La autonomía supuso la creación de un Gobierno y un Parlamento propios, el restablecimiento del concierto económico y de las Juntas Forales, y amplísimas transferencias en materia de educación, cultura, orden público, sanidad, universidades, transportes y comunicaciones⁹⁶.

El Estatuto de Cataluña tuvo una negociación más rápida. El de Guernica había fijado tanto un precedente como un techo, con la excepción de los conciertos económicos, que se entendían como privativos del régimen foral. La cuestión más espinosa fue la de Hacienda. El artículo 44 del proyecto establecía que la recaudación por impuestos estatales cedidos o participados no podía ser inferior a la medida de coeficiente de población y renta de Cataluña sobre el total de ingresos impositivos del Estado, menos una cantidad proporcional a los servicios que el Estado continuase asumiendo como propios, lo que, como es evidente, favorecía a las comunidades con mayor renta. Por ello se consideró que esta fórmula vulneraba el principio de solidaridad, así que la regulación de la Hacienda sería remitida a la futura Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En marzo de 1979, el proyecto fue presentado a las Cortes españolas, y en diciembre fue sancionado y promulgado por el rey.

Desde las elecciones de 1980, Convergència i Unió iba a ejercer una auténtica hegemonía política e ideológica en el conjunto de la sociedad catalana.

El tema autonómico tendría igualmente mucho que ver con la crisis que atenazó al partido del Gobierno, la UCD.

EL FIN DE LA UCD

Fue en aquel momento cuando Adolfo Suárez perdió las riendas de la UCD. Como señala Carlos Huneeus,

Desarrolló un estilo político caracterizado por privilegiar las relaciones personales a nivel individual, tuvo la tendencia a encerrarse en la Moncloa, desatendió el papel de la prensa, sin preocuparse de tener una relación fluida y constante con ella y tuvo un temor inexplicable a participar en debates en el Congreso de los Diputados. Cuando participó, siempre lo hizo con textos escritos; las preguntas que le dirigían eran respondidas por sus ministros⁹⁷.

En este sentido, era imposible que pudiera articular un partido tan plural como la UCD, donde primaban las ambiciones, las expectativas individuales, de relaciones y de odios personales. Los «barones» ucedistas no tomaron en serio a Suárez, que era considerado por la mayoría de ellos como un «personaje ocasional», un parvenu⁹⁸.

Los problemas del partido del Gobierno no vinieron solo de la negativa situación económica o de la ofensiva del terrorismo etarra, sino de la cuestión autonómica de las regiones donde no habían tenido un sistema de autogobierno. El ejemplo del País Vasco y Cataluña y la actitud de la clase política de las regiones hicieron emerger una serie de reivindicaciones generalizadas. El Gobierno intentó canalizar el proceso autonómico, aduciendo que se había ido demasiado lejos. Sin embargo, esta suposición no supo llevarse a buen puerto, sino todo lo contrario. En febrero de 1980, al plantearse el acceso de Andalucía a la autonomía con un techo de competencias inferior al de otras regiones, se cometió un agravio comparativo, y el procedimiento por el que se optó, mediante una pregunta de difícil comprensión, hizo crecer la indignación del conjunto de la sociedad andaluza. Finalmente, el referéndum andaluz resulto una auténtica catástrofe para la UCD, que nunca volvió a ejercer influencia en esta región⁹⁹.

Pero más grave resultó el nacimiento de disputas internas en el seno del partido. Tras una larga gestación, se formó, en mayo de 1980, un nuevo Gobierno bajo la égida de Fernando Abril Martorell, que impulsó una política que fue caracterizada como de «centro-izquierda» y rechazada por el sector democristiano.

Pero las disensiones en la cúpula ucedista se precipitaron a causa de la presión de los socialistas, sobre todo a partir de la célebre moción de censura de mayo de 1980. Suárez quedó en evidencia ante Felipe González y Manuel Fraga, grandes oradores parlamentarios. González, lejos de maximalismos, expuso un programa de Gobierno moderado y bien fundamentado. Y Fraga aprovechó la ocasión para emitir un duro juicio sobre la labor de Suárez y su Gobierno: paro, inflación, inseguridad, caos autonómico, etc. Incluso González y Fraga se intercambiaron elogios. Suárez, en cambio, participó muy poco, en su lugar intervinieron los ministros, de tal manera que el abulense quedó muy debilitado, no solo ante la opinión pública, sino ante su propio partido¹⁰⁰.

Las diversas facciones ucedistas comenzaron a acusar a Suárez de dirigir la formación de forma personalista. Se formó una comisión permanente del partido que, en septiembre, se convirtió en nuevo Gobierno. Algunos dirigentes, como Landelino Lavilla, no dudaron en cuestionar abiertamente el liderazgo de Suárez, asumiendo el reto de presentarse como sucesor. Fernández Ordóñez, Martín Villa y Garrigues eran partidarios de que Lavilla fuera el sucesor de Suárez, mientras que otros, como Abril, Arias Salgado o Pío Cabanillas, lo eran de mantener al abulense. En la reunión de la Comisión permanente con Suárez, en la denominada «Casa de la Pradera», se llegó a un acuerdo por el cual el entonces presidente se comprometió a cambiar el estilo político, a impulsar la participación de los principales dirigentes —los «barones»— e impulsar una política coherente para salir de la crisis. El 8 de septiembre se anunció un nuevo Gabinete, que prescindió de Abril, pero no pocos de los «barones» —Martín Villa, Lavilla, Marcelino Oreja— quedaron insatisfechos. Y no era solo eso: al descontento de los «barones» se sumaba el de los parlamentarios, que favoreció el desarrollo de una oposición interna: los llamados «jóvenes turcos». Desde el mes de octubre, los sectores más conservadores del partido pidieron una definición ideológica, y fue nombrado portavoz parlamentario Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Unas semanas más tarde surgió un sector crítico en el seno del partido, que, en enero de 1981, logró el liderazgo de Landelino Lavilla, presidente del Congreso. Acosado, Suárez dimitió el 29 de enero de 1981 ¹⁰¹.

Horas después, UCD iba a celebrar su segundo congreso, que hubo de retrasarse por una huelga de controladores aéreos que hizo imposible el traslado de los compromisarios a Palma de Mallorca. La dimisión de Suárez no alivió la conflictividad en el partido y pronto se vio que estaba dividido en dos bloques que compitieron vehementemente por el liderazgo. Finalmente, el nuevo presidente de la formación fue Agustín Rodríguez Sahagún.

Todo ello, unido a la persistencia del terrorismo etarra y a los graves incidentes protagonizados por los diputados de la coalición independentista Herri Batasuna con motivo de la visita de los reyes a la Casa de Juntas de Guernica, creó una clara sensación de vacío de poder, lo que fue aprovechado para un intento de golpe de Estado militar. El malestar de las Fuerzas Armadas ante las nuevas realidades políticas fue, desde el primer momento, ostensible. El Ejército nunca perdonó a Suárez la legalización del Partido Comunista, si bien no está todavía claro que influyese directamente en su caída.

En lo que a la Constitución se refiere, el conjunto de las Fuerzas Armadas consideró una auténtica agresión el término «nacionalidades»; de hecho, los tres senadores militares de designación real no influyeron para nada en la gestación del texto constitucional y todas sus enmiendas fueron rechazadas. En la revista militar Reconquista se estimaba que aquel término intentaba «colar, con las mejores palabras y modos, una cuña secesionista en la hoy centenaria y monolítica unidad española para cuando la ocasión permita ensanchar la hoy inocente e intranscendente fisura»¹⁰². En otro artículo, dedicado al mismo tema, se estimaba que lo que se pretendía con la inclusión de aquel término era «abrir un período de plurinacionalismo» y que «sobre el suelo de España cada uno de los grupos que se considere naciones tenga su propio Gobierno». La conclusión era obvia: a la larga, «la afirmación de las nacionalidades desemboca en el separatismo». Del autonomismo se pasaría al federalismo, y de este a «la atomización de nuestra Patria y la liquidación de la unidad nacional». «A los Ejércitos —se concluirá— corresponde primariamente la defensa de la unidad nacional frente a los enemigos interiores y exteriores»¹⁰³.

El malestar de los militares

El principal hándicap para un eventual golpe de Estado militar estaba no solo en la figura del rey o en la progresiva eliminación, dada la evolución social y tecnoburocrática, de muchas de las funciones hasta entonces privativas del Ejército, sino en la ausencia en sus filas de un líder indiscutible. A lo largo del régimen de Franco, la abrumadora presencia del Caudillo oscureció y suprimió cualquier posibilidad de liderazgo que hubiera podido surgir. Tan solo Carrero Blanco, directamente nombrado por Franco, habría podido encarnar el liderazgo que expresara el sentir de grandes sectores de las Fuerzas Armadas.

La ausencia de operaciones bélicas desde la Guerra Civil y la División Azul no dio nuevas oportunidades para la aparición de nuevos líderes. Además, el Ejército no era monolítico, dentro de un claro componente de genérico conservadurismo en su mentalidad, en sus expectativas y en sus adscripciones ideológicas¹⁰⁴. Además, la propia presencia del «rey-soldado» heredero de Franco inhibía a los disidentes.

Sin embargo, existieron desde el principio conspiraciones militares en contra del cambio político. En una de ellas, un grupo de generales —De Santiago, Pita da Veiga, Álvarez Arenas, Iniesta, Coloma Gallegos y Milans del Bosch—, tras una reunión en Játiva en septiembre de 1977, acordaron proponer al rey un Gobierno de salvación nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas y presidido por un teniente general.

En octubre del mismo año, un grupo de políticos civiles, entre los que destacaba el exministro falangista José Antonio Girón, diseñó un plan, llamado de «los Cien Mil Hijos de San Luis», destinado a dar apoyo a un previsible golpe de Estado militar. Igualmente existió un plan del entonces jefe de la división acorazada Brunete, el general Luis Torres Rojas, de tomar el palacio de la Moncloa, secuestrar al Gobierno y nombrar uno nuevo presidido por el general Vega, que fue desbaratado en enero de 1980.

La mayor parte de estos grupos se coordinaron bajo la cabeza visible del general Jaime Milans del Bosch y de quien se expresó, desde noviembre de 1980, a través del seudónimo de «Almendros», bajo el cual escribía el general Manuel Cabeza Calahorra¹⁰⁵ en las páginas del diario El Alcázar, órgano de la Confederación Nacional de Excombatientes¹⁰⁶. Al parecer, su plan era dar un golpe instaurando un gobierno militar, a semejanza del que había tenido lugar en Turquía.

Otra tendencia era la acaudillada por un grupo de coroneles y tenientes coroneles, como Ibáñez Inglés, San Martín y Pardo Zancada, que comenzaron a conspirar en octubre de 1980 para dar un golpe semejante al de Grecia de 1967.

Además, existía la labor conspirativa de algunos jefes de la Guardia Civil, como el teniente coronel Antonio Tejero Molina¹⁰⁷, que ya había organizado, junto con algunos militares, la «Operación Galaxia», orientada a ocupar la Moncloa y detener al Gobierno, y que fue desarbolada la víspera de la aprobación del texto constitucional. Tras cumplir una leve pena de prisión, Tejero contactó en junio con Milans del Bosch.

Pero estas no eran las únicas alternativas para un eventual golpe de Estado, sino que existía un tercer plan para la formación de un Gobierno de gestión, presidido por un militar, cuya cabeza visible era el general Alfonso Armada, antiguo preceptor del príncipe Juan Carlos. Armada pretendía la formación de un Gobierno de «unión nacional», presidido por él y no contrario, al menos en teoría, a la Constitución, inspirándose en el golpe de Estado de Charles de Gaulle contra la IV República francesa en 1958.

En enero de 1981, Milans y Armada se pusieron de acuerdo para trazar un plan de golpe que habría de culminar en marzo. La dimisión de Suárez y la designación de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, aceleró los planes golpistas. Improvisadamente se acordó dar el golpe aprovechando la reunión de las Cortes para la votación de investidura del nuevo candidato ucedista el 23 de febrero de 1981. El teniente coronel Tejero, con un grupo de guardias civiles, ocupó el Congreso; Milans del Bosch se sublevó en Valencia y animó a que otros le siguieran, y Armada trató de aparecer como mediador con la pretensión de ser nombrado presidente por el Parlamento para resolver la situación. El desarrollo de los acontecimientos demostró la falta de coordinación entre los conspiradores. Tampoco contó con el apoyo, que algunos como Armada presuponían, del rey, que, a las diez horas de haberse iniciado —ni un minuto antes— desautorizó el pronunciamiento¹⁰⁸.

Pero el golpe de Estado fracasó igualmente porque se encuadró en un confuso proyecto, mejor dicho, en varios proyectos, desconectados y a veces contrapuestos. Ninguna victoria militar o ningún éxito táctico, como fue el asalto al Congreso, tiene significado alguno si no existe un proyecto político consecuente. El golpe se ahogó en la propia incompetencia de quienes carecían de objetivo, de definición y de capacidad de explotación del éxito. Sea cual fuere el carácter de la trama civil —aún no aclarado— o el papel real o ficticio de su desactivación por parte del rey, lo importante del 23-F fueron sus consecuencias.

El Gobierno de Calvo-Sotelo

Por de pronto, supuso la consolidación de la monarquía constitucional y, sobre todo, de la figura del rey entre amplios colectivos que en un principio no lo habían aceptado. Para López Aranguren, la actuación del monarca reemplazó la estructura «Monarquía-Ejército» por la de «Monarquía-Pueblo», que se imponía al Ejército para deber ser aceptada por este: «El rey asumió un rol, un papel, el de rey demócrata. No lo tuvo desde el principio. Al comienzo desempeñó el de “Príncipe de España”. Luego, y antes que rey, fue capitán general. Enseguida, rey para la transición a la democracia. Finalmente, rey constitucional»¹⁰⁹.

Desde entonces no volvería a producirse una contestación político-militar contra el sistema demoliberal, y, sobre todo, tras la adhesión de España a la OTAN, la oposición militar se centró en cuestiones estrictamente corporativas y los intentos de resistencia se convirtieron en estrategias de adaptación.

El nuevo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, sobrino de José Calvo Sotelo, era la antítesis de Suárez. De carácter frío y distante, y nacido en Madrid el 14 de abril de 1926, había militado en las Juventudes Monárquicas y fue partidario de Juan de Borbón, lo que no le impidió ocupar cargos en el régimen de Franco como procurador en Cortes por el tercio sindical. Era uno de los pocos dirigentes de la UCD con vocación intelectual y fue asistente asiduo a las conferencias de Zubiri y Ortega¹¹⁰. Bien relacionado con los círculos financieros y las grandes empresas, no era un populista, como Suárez. Tampoco era miembro activo de ninguna de las facciones del partido. Había sido ministro en el primer Gobierno de la monarquía y el organizador de la campaña electoral ucedista en las elecciones de 1977. Pero no parecía ambicionar el puesto de Suárez. Su «imagen» no despertó en las filas del partido —ni en el conjunto de la sociedad— fuertes adhesiones, lo que le impidió lograr la cohesión de la UCD.

Tras el intento de golpe de Estado, su posición no era, desde luego, cómoda. Sin embargo, pudo liquidar las secuelas del pronunciamiento de febrero. Un año después, fueron juzgadas una treintena de personas por un tribunal militar, pero las penas que les fueron atribuidas se consideraron demasiado leves. Suárez publicó, a ese respecto, un artículo en ABC titulado «Yo disiento» y, tras la intervención del Gobierno, el Tribunal Supremo las agravó de forma considerable.

Por otra parte, la decisión de Calvo-Sotelo de integrar a España en la OTAN fue muy controvertida. El PSOE hizo una campaña en contra, con el ambiguo lema de «OTAN: de entrada no». Poca fortuna tuvo también su intento —que contó con el apoyo de los socialistas— de dar una solución definitiva a la cuestión autonómica mediante la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que posteriormente acabó por ser rechazada por el Tribunal Constitucional¹¹¹.

El desarrollo de la legislación provocó una mayor fragmentación en el partido. La Ley del Divorcio, elaborada por el socialdemócrata Fernández Ordóñez, tuvo, al parecer, como objetivo crear un conflicto en el seno de la UCD, provocando el rechazo de los democristianos y el apoyo del sector liberal, al tiempo que la aquiescencia de la izquierda¹¹². Anteriormente, el partido del Gobierno había preparado en el Ministerio del democristiano Íñigo Cavero una Ley del Divorcio consultando su opinión a la Iglesia, pero no llegó a ser aprobada en el Parlamento. La ley de Fernández Ordóñez provocó el agravamiento del conflicto interno, sobre todo en el sector democristiano. Óscar Alzaga la consideró un «fraude a nuestro electorado», y para otro democristiano, Álvarez de Miranda, esa ley demostraba que UCD no era un partido. La Ley de Autonomía Universitaria se pactó con los socialistas, lo que provocó la ira de los sectores conservadores y no se llegó a aprobar. Tampoco pudieron introducirse las televisiones privadas, ya que era otra cuestión que dividía al partido.

UCD perdió las elecciones gallegas ante una Alianza Popular reforzada tras su congreso de 1979. A causa de este resultado, se produjo un relevo en la dirección ucedista, pasando a ocupar la presidencia el propio Calvo-Sotelo. Pero a comienzos de 1982 empezaron a producirse las primeras incorporaciones de diputados del partido a Alianza Popular: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Ricardo de la Cierva, y luego los democristianos de Óscar Alzaga fundaron el Partido Demócrata Popular. Hacia el PSOE se fueron los de Fernández Ordóñez. Otros pasaron al nuevo partido fletado por Adolfo Suárez, el Centro Democrático y Social, y Landelino Lavilla asumió la dirección de la UCD. El partido «centrista» se cuarteaba ya irremisiblemente.

La CEOE impulsó igualmente una acción política contraria a la UCD. Ante la agudización de la crisis del partido gubernamental, Ferrer Salat criticó acerbamente «la ilógica concepción del centro como una mezcla de ideologías dispares y, a veces, contrapuestas». José Antonio Segurado afirmó que la UCD debía depurarse de socialdemocracia. En Cataluña, el Fomento del Trabajo Nacional apoyó indirectamente a Convergència i Unió; en Galicia, las organizaciones empresariales lo hicieron a Alianza Popular, y en Andalucía no eludieron la confrontación directa con los socialistas¹¹³.

Las asociaciones empresariales eran partidarias de una alternativa unitaria de derechas. Por aquellas fechas, Fraga había lanzado el proyecto de la «Gran Derecha», basado en la convicción de que la sociedad española era mayoritariamente conservadora, lo que exigía una perspectiva unitaria. Según Fraga, la unidad de las fuerzas políticas a la derecha del PSOE —excluidos los partidos nacionalistas— no solo era posible, sino necesaria. Hacía un par de años que Alianza Popular había celebrado —en diciembre de 1979— su III Congreso Nacional, donde se decidió la formación de un partido de masas y se formuló la tesis de la «mayoría natural». En este congreso, el partido se dotó de una estructura presidencialista que consagró el liderazgo de Fraga. Se definió a Alianza Popular como un partido «liberal-conservador», concepto al que se añadieron los términos «reformista», «popular» y «democrático»¹¹⁴.

El Partido Demócrata Popular, del democristiano Óscar Alzaga, y luego la Unión Liberal, del economista Pedro Schwartz, así como el Partido Liberal, del empresario José Antonio Segurado, se integraron en la llamada «Coalición Popular».

Las elecciones andaluzas de mayo de 1982 supusieron otro serio revés para la UCD. En ellas, Alianza Popular ganó trescientos mil votos más, y, abrumado por la derrota, Calvo-Sotelo disolvió las Cortes en agosto y convocó elecciones para octubre. En estos comicios, el PSOE —con su divisa de «Por el cambio»— venció de manera aplastante, consiguiendo el 48 % de los votos y 202 escaños. Alianza Popular, 105 escaños, un 26 % de votantes; UCD, dirigido por Landelino Lavilla, dos escaños y un 3 %. De este modo desparecía la UCD, dejando un legado de rechazo del debate político e intelectual, de pragmatismo y de ambigüedad ideológica. Aquellas elecciones supusieron igualmente el fin de la extrema derecha como fuerza política.

EL FINAL DE LA EXTREMA DERECHA TRADICIONAL: FALANGISTAS Y FUERZA NUEVA

El cambio político sorprendió al conjunto de la extrema derecha española en una profunda crisis de identidad y de organización, una crisis que se ha prolongado hasta nuestros días. A lo largo de la Transición proliferaron grupos y grupúsculos organizados en torno a las distintas tradiciones de la extrema derecha: integristas y tradicionalistas, como la Asociación Cultural Covadonga, seguidora de las doctrinas del ideólogo Plinio Correa de Oliveira¹¹⁵; Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas, o la Comunión Tradicionalista, representantes de un carlismo ya marginal. Mas innovadora fue la aparición en Barcelona, en los años sesenta, del llamado Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) como expresión tardía y utópica de un nacional-socialismo español, que acabó disolviéndose tras un período de relativo auge¹¹⁶.

Los falangistas: una unidad inviable

Muy fragmentado aparecía el campo falangista: Círculos Doctrinales José Antonio, dirigidos por Diego Márquez Horrillo¹¹⁷; Falange Española Independiente, cuya cabeza visible era Sigfredo Hillers de Luque, y que era la continuación de otros grupúsculos, como el Frente de Estudiantes Sindicalistas; Falange Española, acaudillada por el exministro Raimundo Fernández Cuesta y donde militaba el grueso de la «Vieja Guardia», como Valdés Larrañaga, Elola, Suevos, etc.; Falange Española de las JONS (Auténtica), cuyas cabezas visibles eran Narciso Perales, Pedro Conde y el hijo de Manuel Hedilla, Miguel, que se consideraba seguidora de la genuina doctrina del «Fundador»¹¹⁸.

En junio de 1976 se celebró en Madrid el I Congreso Nacional-Sindicalista, cuya junta coordinadora quedó configurada por los miembros de Círculos Doctrinales José Antonio; Agrupación de Antiguos Miembros del SEU y del Frente de Juventudes —que habían formado un nuevo partido político, Reforma Social Española, dirigido por Manuel Cantarero del Castillo—; Asociación Juvenil Amanecer; Círculos 4 de Marzo; Agrupación Juvenil Bandera Roja y Negra; Jóvenes Falangistas, y Antiguas Banderas de Falange.

Parecía que podía llegarse a la unidad y, de hecho, a comienzos de julio, los principales grupos falangistas, a excepción de los «auténticos», firmaron un documento en ese mismo sentido. Un mes después le fue concedida la denominación de FE-JONS al grupo de Fernández Cuesta, lo que provocó fuertes críticas en el sector autodenominado «auténtico», que protagonizó acciones espectaculares, como el asalto a la Secretaría General del Movimiento, altercados con Fuerza Nueva; participaron en las celebraciones del 14 de abril con el conjunto de las izquierdas, etcétera¹¹⁹.

Que la unidad falangista no era viable pudo verse en el transcurso del XLIII aniversario de la fundación de Falange celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid, donde se produjeron graves altercados entre las diversas facciones¹²⁰. Desde entonces, Falange no tuvo papel alguno en la vida política española, convirtiéndose en un mero apéndice, en su sector más tradicional, dirigido por Raimundo Fernández Cuesta, de Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar.

Fuerza Nueva, los últimos tradicionalistas

Y es que hablar de extrema derecha durante la Transición es hablar, sobre todo, de Fuerza Nueva. Fundada, como sabemos, en 1966 como revista, asociación cultural y grupo de presión, y, desde 1976, como partido político, Fuerza Nueva nunca tuvo un ideario excesivamente complejo. Ante todo, fidelidad «a los ideales del 18 de julio», es decir, a la doctrina religiosa, política, social y económica que dio origen al «Alzamiento Nacional» y «recuerdo a la obra de Francisco Franco, Caudillo de la Cruzada y artífice del Estado nuevo», y «a la monarquía católica, social, tradicional, y representativa, instaurada por el régimen que nació de la Cruzada».

Estas fidelidades suponían un programa mínimo de actuación: confesionalidad católica del Estado, «respetando el derecho civil a la libertad religiosa de los no católicos»; unidad de la Patria, «concebida como unidad de historia, de conciencia y de destino en lo universal», «dentro del respeto a la rica variedad de sus regiones, lenguas, usos y costumbres», y economía «al servicio del hombre», estimando como «un logro definitivo de la comunidad política, aunque perfectible, el Sindicato único y vertical», donde se armonizaban los distintos factores de la producción¹²¹.

Como puede verse, se trataba de una mezcla de falangismo, tradicionalismo de Acción Española y catolicismo integrista, donde resaltaba una actitud ante el proceso histórico: la nostalgia. Como dijo en su día Ricardo de la Cierva, la raíz principal de su ideario y, por ende, de su seguro fracaso era «su vinculación absoluta al pasado»¹²², lo que, por otra parte, no dejaba de ser curioso, dado que Piñar y sus seguidores nunca ocuparon en el régimen de Franco cargos de especial relieve. El viejo fascista Ernesto Giménez Caballero estimaba que Piñar quería hacer del falangismo «un nuevo Tradicionalismo, como un heredero de lo que defendieron Mella y Aparisi y Guijarro, oradores formidables y colectores de tiempos otros para ensoñaciones hacia un porvenir inseguro»¹²³.

En este sentido, más que eje de un proyecto neofascista, Fuerza Nueva debe ser considerada, al menos en nuestra opinión, la última expresión de la tradición «teológico-política», inserta en un proceso de crisis epistemológica irreversible.

Como ya dijimos en otro capítulo, la historia de Fuerza Nueva es inseparable de Blas Piñar. Era un orador inspirado, pero excesivamente grandilocuente y crispado, y, en el fondo, carecía de las cualidades de gran líder político. Le faltaba, ante todo, la iniciativa, la autoconfianza, la audacia y el oportunismo de los auténticos profesionales de la política. López Aranguren vio en él «una mala imitación física de José Antonio Primo de Rivera» y, no sin razón, se preguntaba por qué un hombre tan probo y religioso podía meterse en aquellas encrucijadas extremistas que tan mal le iban¹²⁴. En fin, un proyecto, como luego se vio, sin capacidad alguna de futuro, sin llegar a arrancar como expresión de una extrema derecha moderna, semejante a la representada, en aquellos momentos en Francia, por Jean Marie Le Pen o en Italia por Giorgio Almirante y Gianfranco Fini.

Sin embargo, la extrema derecha española pudo tener, en un momento de incertidumbre social y política, la oportunidad de consolidarse como fuerza política. Así lo creyó en algún momento, Ricardo de la Cierva, quien llegó a decir que el fascismo en España empezaba «ahora», es decir, a finales de 1977. Y no era el único; el socialista Ignacio Sotelo estimaba que la extrema derecha española «en un plazo medio, si se acentúa la crisis económica, puede convertirse en una amenaza seria para el enraizamiento de una democracia en nuestro país»¹²⁵.

A la altura de 1978, y pese a lo exiguo de sus apoyos electorales, Fuerza Nueva —y sus satélites de extrema derecha— consiguió importantes movilizaciones. El partido de Piñar fue uno de los grupos políticos más activos en cuanto a convocatoria de manifestaciones. Según cálculos del sociólogo Sastre García, el porcentaje de manifestaciones convocadas por la extrema derecha entre 1979 y 1981 superaba claramente al de la izquierda. En cuanto a participación, fue la segunda fuerza movilizadora, solo por detrás de las centrales sindicales¹²⁶. Ciertamente, aquella masa era movida por la nostalgia o por el miedo a las consecuencias del cambio político en lo que a revancha de la izquierda se refiere. Cuando se vio que aquellos peligros eran más teóricos que reales —dada la moderación con que se realizó la ruptura política con el régimen anterior—, aquellos sectores terminaron integrándose o votando a Alianza Popular.

Especialmente importantes fueron las concentraciones en la Plaza de Oriente en conmemoración de la muerte de Franco y de José Antonio Primo de Rivera; los célebres «20-N», cuya trascendencia política fue muy escasa dada la ineficacia de Piñar y su partido para canalizar políticamente aquellos niveles de movilización¹²⁷.

En 1975, Fuerza Nueva carecía de militantes y simpatizantes, pero dos años más tarde, ante las continuas frustraciones de Alianza Popular, su militancia fue creciendo. Como ya señalamos, su actuación en las primeras elecciones fue muy poco brillante. La Alianza Nacional del 18 de Julio apenas consiguió apoyos. Fue a partir de 1977 cuando se inició una auténtica expansión y movilización del partido y el conjunto de la extrema derecha. En sus mejores momentos, Fuerza Nueva llegó a tener unos cuarenta mil militantes, y la revista, quince mil suscriptores. Su base social provenía de la clase media alta, aunque no faltaban obreros, funcionarios, profesionales autónomos, militares, etc. Especial éxito tuvo entre la juventud, que disfrutaba con los uniformes y dando palizas a otros jóvenes de izquierda.

El militante-tipo de Fuerza Joven —rama juvenil del partido— era un adolescente en perfecta forma física, violento, docto en artes marciales y en el uso de armas de fuego. Los jóvenes fuerzanovistas se distinguieron por su agresividad, protagonizando en no pocas ocasiones altercados, asaltos a facultades universitarias, e incluso algún que otro homicidio.

El partido se dotó igualmente de una central sindical, Fuerza Nacional del Trabajo, dirigida por el antiguo falangista «auténtico» José Antonio Assiego Verdugo, luego expulsado del partido. El sindicato se decía heredero de la doctrina social de la Iglesia y del corporativismo franquista, y alcanzó cierta implantación en algunas grandes empresas de Madrid, en el Ayuntamiento de la capital y, sobre todo, entre los taxistas¹²⁸.

Fuerza Nueva no contó en sus filas con intelectuales de prestigio. Militante del partido fue el autor de teatro Pablo Villamar, célebre entonces por sus ataques a Jesucristo Superstar, por considerarla una obra blasfema. Como réplica, puso en escena Jesucristo Libertador. Pero pronto fue expulsado de Fuerza Nueva por ser autor de obras de teatro de carácter pornográfico. Afines al partido fueron algunos filósofos tomistas, como Francisco Canals Vidal o Victorino Rodríguez, o el comediógrafo Eloy Herrera.

El órgano por excelencia de la extrema derecha fue, sin duda, El Alcázar, propiedad de la Confederación Nacional de Excombatientes. Poco después de la muerte de Franco, su situación era muy precaria y su tirada no pasaba de trece mil ejemplares. Pero su nuevo director, el falangista gironiano Antonio Izquierdo, logró imprimirle un nuevo dinamismo¹²⁹. Sus páginas reflejaron en toda su pureza la actitud del franquismo militante. Durante el período de la Transición, la democracia liberal no conoció un enemigo más enconado. Su redacción contaba con un nada desdeñable plantel de colaboradores, como Vintila Horia, Fernando Vizcaíno Casas, Rafael García Serrano, Ismael Medina, Marta Portal, Manuel García Viñó, José María Fontana, Juan Aparicio, Joaquín Aguirre Bellver, Ángel Palomino, Alfonso Paso, etc. Cinco conceptos principales constituían la bandera del diario: «Dios, España, familia, honor, libertad»¹³⁰.

El Alcázar utilizó todas las armas habidas y por haber en contra del régimen naciente, desde la crítica doctrinal a la sátira, pasando por la justificación —ya lo hemos señalado— de la intervención militar. En sus páginas solía incluirse una sección denominada «El Parte», como si de una guerra se tratase, en la que se daba cuenta detallada de los atentados terroristas, de los ultrajes a la bandera o de las manifestaciones separatistas. El diario fue muy atacado a raíz de la intentona golpista de 23 de febrero, sobre todo por los artículos firmados bajo el pseudónimo de «Almendros» a favor de la intervención militar, lo que explica el elevado número de querellas que recibió a lo largo de su trayectoria. No obstante, fue el boicot a la publicidad institucional por parte del Estado lo que a la larga acabaría ahogando económicamente al diario. A mediados de 1987, El Alcázar no tuvo otra salida que interrumpir su publicación. Años más tarde, el Tribunal Supremo condenó al Estado a pagar más de 2.500 millones de pesetas a la empresa editora por la discriminación publicitaria de que fue víctima entre 1981 y 1986.

Menos importante fue El Imparcial, cuyo primer director, Emilio Romero, no duró mucho al frente del diario debido a sus discrepancias con los principales accionistas. En su lugar, Julio Merino asumió la dirección. La mayoría de sus redactores procedían de la antigua Prensa del Movimiento, y entre sus colaboradores destacaban Vizcaíno Casas, José Luis Alcocer, Rodrigo Royo, «Summers», etc. Y, lo que no dejaba de resultar paradójico, comunistas como Francisco García Salve —el otrora famoso «Cura Paco»— y Adolfo Lucas Reguilón.

Con todo, la extrema derecha fue incapaz de contrarrestar la imagen que de ella se hizo tanto en la prensa, como en la televisión o el cine, una imagen no solo construida por los sectores de la izquierda, sino que, todavía en tiempos de Franco, el humorista Mingote satirizaba la figura del hombre pétreo, el inmovilista a ultranza. Muerto Franco, otros humoristas, como Forges, Ops, Chumi Chúmez, etc., satirizaron al «facha», al «ultra», con bigote, gafas negras y pistola o navaja. Quizá el personaje más significativo fue Martínez el facha, de Kim. Tampoco el cine fue parco en la creación del estereotipo del «ultra»: el brutal falangista de La prima Angélica, de Carlos Saura; la familia fascista de Camada negra, de Manuel Gutiérrez Aragón; el inequívoco Blas Piñar, inductor de la matanza de Atocha, en Siete días de enero, de Juan Antonio Bardem, o el racista de Taxi, también de Carlos Saura, son prueba de ello.

Sin embargo, la extrema derecha no careció tampoco de recursos a la hora de dar respuesta a una situación cada vez más adversa. Las novelas del abogado Fernando Vizcaíno Casas¹³¹, particularmente De camisa vieja a chaqueta nueva…, Al tercer año resucitó, La boda del señor cura o Hijos de papá fueron las más vendidas durante mucho tiempo, un buen reflejo de esa difusa pero real nostalgia de amplios sectores de la sociedad española, que, sin embargo, nunca dieron el voto a la extrema derecha. Existió igualmente un teatro de extrema derecha, cuyo objeto fue la sátira de la mayoría de los aspectos de la nueva situación política, cuyas obras más reseñables —por su efímero éxito más que por su calidad, que fue muy escasa— fueron Un cero a la izquierda y El avispero, de Eloy Herrera, o Cara al Sol con la chaqueta nueva, de Antonio D. Olano. El humor de este sector estuvo representado por «Summers», «Tip» o Manolo de Vega. La canción, por el dúo formado por De Raymond y José María.

Cantos de cisne

El gran año de Fuerza Nueva fue 1979. Como ya sabemos, Alianza Popular se había dividido ante el proyecto constitucional. Federico Silva y Fernández de la Mora habían rechazado su contenido, y se habló de la organización de un frente anticonstitucional. Silva y Fernández de la Mora, junto a Martínez Emperador y otros, formaron Derecha Democrática Española y plantearon la unidad de la derecha, desde Alianza Popular hasta Fuerza Nueva pasando por FE-JONS¹³². Finalmente, Fraga rechazó cualquier posible alianza con Fuerza Nueva, pues solo había una derecha posible, la que había aceptado la democracia y la Constitución de 1978¹³³.

Ante tal actitud, Fuerza Nueva constituyó, junto a los Círculos José Antonio, FE-JONS y la Agrupación de Juventudes Tradicionalistas, la coalición Unión Nacional. Derecha Democrática Española no suscribió ningún pacto, y Fernández de la Mora atribuyó el fracaso a la intransigencia de las partes¹³⁴. Federico Silva afirmó que la derecha estaba rota desde el mismo día en que, instaurada la democracia liberal, las fuerzas políticas se configuraron bajo los supuestos que «hoy la presiden»¹³⁵.

Unión Nacional dio lugar a la fusión de los Círculos José Antonio con FE-JONS; pero no aportó ningún beneficio político a los falangistas, pues tan solo Fuerza Nueva consiguió un escaño, el del propio Piñar por Madrid. La coalición nunca fue estable ni funcionó como tal. La antipatía entre Piñar y Diego Márquez era proverbial. En marzo, Piñar planteó la posibilidad de que Unión Nacional se convirtiera en partido político, integrando a «todos los que no están de acuerdo con la Constitución, precisamente porque excluye la concepción cristiana del hombre y de la política, y porque destruye la unidad de la Patria»¹³⁶. La respuesta del resto de los grupos fue negativa. Falange se desmarcó rápidamente de la coalición, resaltando sus discrepancias con Piñar¹³⁷.

Con un solo escaño, y formando parte del variopinto grupo mixto, donde estaban también miembros de la extrema izquierda, como Fernando Sagaseta o Juan María Bandrés, la actuación parlamentaria de Piñar no pudo ser —y no lo fue— excesivamente brillante; tan solo unas intervenciones que no suscitaron demasiados comentarios ni a favor ni en contra. Más significativas fueron sus visitas a Paraguay, donde fue recibido por el presidente-dictador Stroessner; a la Argentina, donde el general Videla se negó a recibirle, y a Chile, donde sí fue recibido por el general Pinochet. Al parecer, Piñar veía en aquellas dictaduras militares el ejemplo a seguir.

Además, el líder de Fuerza Nueva se enemistó aún más con los sectores conservadores moderados cuando en septiembre de 1979 rompió ruidosamente con la monarquía, declarándose partidario de una república de carácter presidencialista¹³⁸. El hecho no dejaba de ser significativo, ya que, en un primer momento, Piñar había apostado, frente a los falangistas-regencialistas, por el príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco. La plana mayor de Fuerza Nueva fue recibida en la Zarzuela por el príncipe en diciembre de 1973¹³⁹. Naturalmente, la actuación del monarca no podía ser del agrado de los partidarios de la continuidad del régimen franquista. La afirmación republicana de Piñar fue contestada por el aliancista Ruiz Gallardón, que consideró aquella alternativa como «falsa y, además, funesta», porque, entre otras cosas, hacía el juego a la izquierda¹⁴⁰. Piñar contestó al dirigente aliancista con una serie de artículos en El Imparcial, luego insertos en un libro que llevó por título ¿Hacia la III República?, donde razonaba su posición política. Piñar venía a resucitar la teoría de las dos legitimidades de la princesa de Beira, acusando, de facto, al monarca de traidor a los principios del Movimiento Nacional que había jurado¹⁴¹. Pero no hubo ni podía haber acuerdo. Los alegatos de Piñar no hicieron mella en Ruiz Gallardón, quien se mostraba partidario de la reforma constitucional, pero siguiendo las reglas de la democracia liberal¹⁴².

Piñar continuó sus actividades, y su partido intentó imponer una nueva festividad en el calendario patriótico: el Día de la Bandera o de la Patria Española, como réplica al Aberri Eguna del Partido Nacionalista Vasco. En 1979, las manifestaciones en Madrid, Valencia e incluso Barcelona fueron un éxito, pero fracasaron en el País Vasco ante la ofensiva de Herri Batasuna. Un mitin de Piñar en el frontón de Anoeta estuvo a punto de finalizar en una auténtica masacre. Además, el asesinato de la izquierdista Yolanda González en Madrid a manos de un antiguo miembro de Fuerza Nueva contribuyó a dar una imagen negativa del partido. Los auditorios de Piñar siguieron siendo entusiastas y ruidosos, pero su incidencia en las urnas era mínima. Expulsado del partido el sindicalista Assiego, el sindicato entró en crisis, y un sector de las juventudes abandonó el partido para fundar el Frente de la Juventud¹⁴³.

Cuando se produjo el golpe de Estado del 23 de febrero, Fuerza Nueva estuvo al margen y los militares no contaron para nada con Piñar y su partido. No deja de resultar paradójico que el líder político que con mayor claridad había instado a los militares a la sublevación —en los mítines de Piñar siempre podía escucharse por parte del público gritos de «¡El Ejército al poder!»— fuese un marginado en los proyectos golpistas. Quien sí estuvo inmerso en ellos fue José Antonio Girón¹⁴⁴. Todo ello contribuiría a su desprestigio entre los sectores más activistas de su propio partido.

Las elecciones autonómicas andaluzas supusieron un serio revés: tan solo consiguieron 34.000 votos. Buena parte de la militancia y del dinero fue hacia el partido de Fraga, de modo que la convocatoria electoral de octubre cogió a toda la extrema derecha en una profunda división. Nada menos que cinco agrupaciones de esa tendencia se presentaron a las elecciones. Piñar tuvo que competir incluso con el teniente coronel Tejero, quien formó desde la cárcel un grupo llamado Solidaridad Española. El líder de Fuerza Nueva rechazó la coalición con Tejero por miedo a que le tacharan de golpista, y el resultado no pudo ser más descorazonador para el partido, que solo consiguió cien mil votos en Madrid, perdiendo su único diputado.

La desbandada fue general. Por iniciativa de la Confederación de Excombatientes, no se celebró ese año la concentración del 20-N. Y aquel mismo día, Piñar optó por disolver Fuerza Nueva, al parecer por miedo a las represalias de los socialistas vencedores. Atribuyó su fracaso a la falta de apoyo moral y material de la Iglesia y el Ejército, y a la influencia de Alianza Popular, cuyo voto había sido «tan solo útil para destrozar a Fuerza Nueva […], pero inútil hasta la saciedad para contener y barrer al socialismo»¹⁴⁵.

La disolución de Fuerza Nueva arrastró a toda la extrema derecha española a lo que podríamos llamar «la nada política» y al exilio interior. Desde entonces no levantó cabeza. Hace algunos años, el politólogo neoderechista Marco Tarchi, antiguo militante del Movimiento Social Italiano (MSI), acuñó el término esuli in patria, exiliado en patria, para describir la situación psicológica de la extrema derecha en Italia. Ahora bien, el neofascismo italiano ha disfrutado, pese a todo, de una influencia política infinitamente mayor que los sectores de la extrema derecha española¹⁴⁶. En este sentido, si alguien merece el nombre de esuli in patria, es el español.

No deja de resultar paradójico que, poco después de la victoria del PSOE en las elecciones generales, tuviera lugar la primera visita de Juan Pablo II a España, con gran entusiasmo de unas masas que en su gran mayoría habían votado por una opción laica y secularizadora. La figura del nuevo pontífice podía fascinar a un importante sector de los católicos españoles, aunque igualmente suscitaba las críticas de los progresistas¹⁴⁷. Significativamente, mientras Wojtyla pisaba tierra española fallecía en Madrid el padre Miguel Oltra, uno de los fundadores de la Hermandad Sacerdotal Española¹⁴⁸, que coincidió con la autodisolución de Fuerza Nueva. Años después, fallecía, marginado y olvidado por la Iglesia, José Guerra Campos, en julio de 1997¹⁴⁹.

21

HACIA LA ALTERNATIVA LIBERAL CONSERVADORA

INTENTOS DE RENOVACIÓN DOCTRINAL

La debacle política de la extrema derecha propició importantes intentos de renovación ideológica, al menos en sus núcleos intelectuales más conscientes. Por otra parte, el hecho no era nuevo, y, en cierta medida, fue anterior al propio desastre político. Hacía tiempo, como sabemos, que la extrema derecha tradicional se encontraba intelectualmente muerta. Subsistía, sin embargo, el viejo integrismo católico representado desde los años sesenta por la revista Verbo, órgano de los Amigos de la Ciudad Católica, cuyo punto de referencia era el tradicionalismo de monseñor Marcel Lefebvre. En las páginas de Verbo colaboraron Eugenio Vegas, que vio en la revista una resurrección de Acción Española; Blas Piñar, Rafael Gambra, Elías de Tejada, Álvaro d’Ors, Juan Vallet de Goytisolo, Francisco José Fernández de la Cigoña, y otros representantes del iusnaturalismo católico. La revista contó con la editorial Speiro, donde se publicaban obras de intelectuales integristas como Jean Ousset, Correa de Oliveira, etcétera¹.

Fernández de la Mora y «Razón Española»

Sin embargo, la opción de Verbo era marginal en el seno de la derecha española. Mucha mayor importancia tuvo la aparición, en octubre de 1983, de Razón Española, revista dirigida por Gonzalo Fernández de la Mora, quien intentó, una vez más, actualizar el legado ideológico de la derecha tradicional, aunque con numerosos cambios en su discurso. En rigor, su discurso supuso una ruptura epistemológica con la extrema derecha, pasando a convertirse en un representante de un nuevo paradigma conservador, aunque muy crítico con la democracia. En estos momentos, Fernández de la Mora pensaba que dicha actualización solo podía ser parcial. Tras el Concilio Vaticano II, la confesionalidad del Estado ya no era defendible, y lo mismo ocurría con el monarquismo tradicional, porque era «la propia dinastía la que no solo no se adhiere a tal modelo, sino que ha optado por el constitucional, en el que el rey reina, pero no gobierna». Lo todavía actualizable, a su juicio, era la concepción menendezpelayista de la Historia de España y el principio de representación corporativa, que se encontraba «profundamente arraigada en la realidad social»².

Entre sus colaboradores, la revista contó con el grueso de la intelectualidad afín al régimen de Franco, así como de las jóvenes generaciones neoconservadoras: Gonzalo Fernández de la Mora, Ricardo de la Cierva, José Luis Comellas, Manuel Fernández Galiano, Laureano López Rodó, Jesús Fueyo, José García Nieto, Vintila Horia, Juan José López Ibor, Carmen Llorca, Antonio Millán Puelles, Francisco Puy, Luis Suárez Fernández, Juan Velarde, Juan Beneyto, Joaquín Blanco Ande, Franco Díaz de Cerio, Juan Pablo D’Ors, Antonio Fernández-Cid, Ernesto Giménez Caballero, Alfonso López Quintás, Vicente Marrero, Dalmacio Negro Pavón, José Orlandis, Vicente Palacio Atard, José Luis Pinillos, Aquilino Duque, Esteban Pujals, José Javier Esparza, etcétera³.

Razón Española contó con la ayuda de la fundación Hans Seidel, supeditada a la CDU alemana, dirigida hasta su muerte por Franz J. Strauss, y dependía de la Fundación Balmes, en cuyo patronato figuraban el marqués de Santa Rita, José María Fernández Pirla, Carlos de la Mora, Julio Iranzo y Felipe Ruiz de Velasco⁴.

Junto a los temas tradicionales del conservadurismo español, la revista —y en particular, Fernández de la Mora— asumió la perspectiva racionalista crítica de Karl Popper, las aportaciones de Hayek al campo de las ciencias sociales y de la economía, la etología de Konrad Lorenz, la public choice de James Buchanan, la sociobiología de Edward Osborne Wilson, la antropología de Arnold Gehlen y las teorías de Michael Novak sobre el capitalismo.

Fiel a su paradigma «razonalista», Fernández de la Mora estimaba que el «racionalismo es un método conservador», y proponía una crítica inmanente, no basada en principios teológicos, a la democracia liberal y, en general, a los supuestos de la izquierda. Pero, además, pretendía dar a la derecha española una visión del mundo diferente a la católica. Su crítica a la actual democracia liberal no buscaba ya un utópico regreso a la etapa franquista. Como ya hemos señalado, Fernández de la Mora aceptó, ya en su intervención ante el Consejo Nacional en 1976, la existencia de partidos políticos y de elecciones, pero combinándolas con la representación corporativa⁵.

A la hora de explicar el cambio político, Fernández de la Mora desdeñaba cualquier interpretación de carácter infraestructural. A su juicio, el desarrollo económico no llevaba implícito la instauración de la democracia liberal: ni los empresarios, ni ninguna clase social concreta pedían un cambio institucional. La reforma primero y luego la ruptura se hizo «desde arriba»; fue una operación de «cambio otorgado», que se debió en gran medida a la voluntad soberana del rey y de Adolfo Suárez, cuyas motivaciones últimas no eran otras que «satisfacer a una parte de la clase política, la que no estaba integrada dentro del Estado vigente, la que se había autoexiliado en el interior y adherido ya a la ideología demoliberal, ya a la socialista, ya a la comunista»⁶.

Por supuesto, su valoración del camino era muy negativa. La transición había traído como consecuencia, a su juicio, un innecesario entreguismo político, que había significado la crisis de muchos valores sociales y morales que deberían haber permanecido: «Reaparecen y se rinden culto a los demonios familiares: el patriomasoquismo, el repudio del pasado, la desilusión, el amor amargo, la chabacanería, la retórica mendaz, el fulanismo, los tópicos ideológicos y la balcanización del alma y del cuerpo patrios»⁷.

Pero el cambio político no invalidaba su tesis del «crepúsculo de las ideologías». Más bien todo lo contrario. Tras un período de superficial politización de la sociedad, las aguas habían vuelto a su cauce, sobre todo a partir del triunfo de los socialistas. La drástica reducción del espectro político a las opciones liberal-conservadoras y socialistas; el consenso dominante, solo posible «cuando la materia pactada se ha objetivado y desideologizado»; la «moderación» en la práctica política cotidiana y en los programas de los partidos; la desideologización de la clase política en pleno, y, sobre todo, la actitud del grueso de la población, que, después de su tangencial período de politización, se había sentido desencantada con respecto al régimen político y sus dirigentes: «Versatilidad del voto, abstención y pasotismo son síntomas complementarios del crepúsculo ideológico. Tras el sarampión desencadenado por el cambio, todavía activo, el hecho universal del crepúsculo de las ideologías ha vuelto a iniciarse entre nosotros»⁸.

El grueso de sus críticas se centraba en lo que Fernández de la Mora llamaba la «partitocracia», degeneración del sistema liberal de partidos. En su opinión, la evolución histórica de la democracia liberal había ido destruyendo las características que ideológicamente se le atribuía y, para probarlo, recurría a las aportaciones de algunos sociólogos elitistas —Mosca, Pareto, Michels o Schumpeter, entre otros—, desde cuya perspectiva la voluntad general es solo un mito; son las élites, las minorías, las que guían a las masas, y estas son manipuladas. En otras palabras: la oligarquía es la «forma trascendental de Gobierno».

A partir de ahí, Fernández de la Mora desmitificaba el carácter representativo de la democracia liberal, que no equivalía a un utópico gobierno por el pueblo, sino que se trataba de un método más de selección de élites. La evolución del sistema liberal clásico hacia la democracia de masas llevaba a un nivel mayor de oligarquización del sistema político, y el punto esencial se encontraba en que el control decisivo de la vida política, que antes residía en el Parlamento, había pasado a manos de los partidos. En este sentido, la democracia liberal desembocaba inevitablemente en la partitocracia, cuyo efecto en la vida política era altamente destructivo, ya que anulaba la división de poderes, el diálogo parlamentario, la autodeterminación de los electores e incluso el Gobierno de la mayoría⁹.

Fernández de la Mora proponía una serie de correctivos a la partitocracia: independencia de los distintos poderes, democratización interna y transparencia en el interior de los partidos; ruptura del monopolio partitocrático de la representación, «facilitando las candidaturas independientes, prohibiendo la disciplina de partido, y asegurando el voto secreto en todas las asambleas»; promoción de otras formas de canalización del voto a través de la representación de los intereses sociales; recurso al referéndum; circunscripciones electorales unipersonales o, al menos, listas abiertas, y fiscalización de los miembros de la clase política¹⁰.

No deja de ser significativo su revalorización del organicismo krausista, cuyo correlato político era un corporativismo compatible con el pluralismo social y político: «La representación partitocrática y corporativa son compatibles, ya en una Cámara única, ya en Cámaras diferentes. En rigor, son complementarias […]. La representación partitocrática tiende a ser oligopolista y cerrada, mientras que la corporativa tiende a ser pluralista y abierta»¹¹.

Estos intentos de renovación fueron paralelos, aunque no sincrónicos, a la recepción en nuestro suelo de los planteamientos de la llamada «Nueva Derecha», movimiento intelectual surgido en Francia que intentaba renovar los temas de la derecha radical europea. Su líder intelectual, Alain de Benoist, director de La Nouvelle École, afirmaba que las ideas centrales de la derecha radical —entre ellas, la genética, la raza y la desigualdad— han sido desacreditadas por su vinculación al nacional-socialismo, de modo que trataba de insuflarles nueva vida mediante el injerto en ellas de elementos de la sociobiología, la etnología y la etología¹². Como Maurras, Benoist adoraba el politeísmo pagano, porque consagraba las diversidades naturales, y deploraba el cristianismo, al que calificaba de «bolchevismo de la Antigüedad», porque había preparado la homogeneización del mundo, luego recogida por el liberalismo y el comunismo¹³.

Este nuevo paradigma no fue asumido —ni podía serlo— por Fuerza Nueva, y Fernández de la Mora criticó su reivindicación del paganismo y su anticristianismo. Sí lo fue, en cambio, por algunos miembros de Alianza Popular, capitaneados por Jorge Verstrynge, y, al menos en parte, por el propio Fraga, quien invitó a Benoist a dar unas conferencias en el Club del Sable¹⁴. El aliancista Verstrynge publicó un libro, Entre la cultura y el hombre, en el que asumía, con algunas matizaciones, los supuestos de Benoist. Dichas matizaciones venían, naturalmente, aunque luego Verstrynge no dudó en declararse ateo, de la perspectiva anticristiana del ideólogo galo. Como sabemos, algo parecido ocurrió con Maurras. En cualquier caso, Verstrynge valoraba positivamente la etología, la sociobiología y la psicología de los pueblos¹⁵. Los intentos de recepción de los planteamientos de la Nueva Derecha en suelo español fueron continuados por publicaciones como Futuro-Presente, dirigida por el escritor rumano Vintila Horia, El Martillo o Hespérides, y más tarde por otras publicaciones, aunque sin demasiado éxito.

DEL VÍA CRUCIS A LA VICTORIA

Entre la desunión y la impotencia

La aplastante victoria de los socialistas en las elecciones de octubre de 1982 supuso, sin la menor duda, todo un cambio histórico. Significó en principio un relevo generacional en la élite política y una auténtica ruptura con respecto al pasado, ya que los dirigentes socialistas no habían tenido nada que ver con el régimen anterior, aunque tampoco desempeñaron un papel relevante en la oposición hasta los años setenta. En cualquier caso, la victoria traía como consecuencia más llamativa el fin de la prolongada preponderancia conservadora en la política española. Nunca la derecha española iba a estar, por lo menos a nivel político, tan alejada y por tanto tiempo del poder. La magnitud de la hegemonía socialista no dejó de intranquilizar al conjunto de las derechas, tanto liberales como conservadoras. Así, el orteguiano Julián Marías temía que la victoria socialista implicara «partidismo», es decir, «un desbordamiento, una extensión indebida, una exageración de algo justificado y legítimo»¹⁶.

La derecha acaudillada por Fraga tenía la esperanza de haber conseguido un segundo puesto prometedor para convertirse en relevo inmediato, pero debía conquistar al electorado, algo nada sencillo, dadas las circunstancias y las peculiaridades del liderazgo de Fraga. El gallego continuaba dando la imagen de un político duro y dudosamente democrático. Para uno de los líderes de la opinión de izquierdas, Fraga no era un auténtico demócrata, y, en consecuencia, debía ser sustituido. «AP —señaló Aranguren— puede y debe civilizarse, es decir, convertirse en una derecha civilizada. Falta haría esa civilización de la derecha que, alejándose del extremismo, se correspondería con la desaparición del espíritu revolucionario en la izquierda»¹⁷. Pero no era solo en la izquierda donde el liderazgo de Fraga suscitaba temores y suspicacias. El liberal-conservador Seco Serrano estimaba que Fraga no era el representante del «centrismo», sino del «derechismo duro»¹⁸.

Sin embargo, aquellas críticas pecaban de apresuradas e incluso de injustas, porque, como luego se vio, el papel histórico de Fraga fue precisamente el de integrador del conjunto de la derecha española —incluso de la extrema derecha—en el régimen demoliberal, y ello solo podía conseguirlo un hombre de sus características.

De todas formas, pronto pudo verse que Fraga, nombrado jefe de la leal oposición, no podía competir con Felipe González. Sin duda, el gallego era superior al andaluz cultural e intelectualmente, pero Fraga, aparte de su pasado político, seguía perteneciendo a la «Galaxia Gutenberg», a la etapa pretelevisiva, con el agravante de que, ahora, a diferencia de Suárez, González era un auténtico líder político y disponía de un grupo cohesionado bajo su dirección. En el fondo, González era el líder ideal para una sociedad como la española. Buen orador y comunicador, capaz de situarse hábilmente por encima de las disputas de los partidos, a la vez pragmático y sutil, y con unas grandes dosis de cinismo. Un político en estado puro.

En aquellos momentos González supo dar la imagen de un joven idealista, soñador, proveniente de la clase media —que es la clase a que la inmensa mayoría de los españoles desea pertenecer— y de orígenes enteramente democráticos. Pronto pretendió encarnar el papel de «héroe modernizador», y no hay duda de que su carisma fue de larga duración. Como observó el sociólogo Víctor Pérez-Díaz, una parte considerable de la sociedad española asistió estupefacta a la destrucción de UCD, y su horror al vacío, o a la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, le impulsó a brazos de los socialistas, cuyo eslogan «Por el cambio» venía matizado por el de «queremos que las cosas funcionen» o queremos la modernización, todo lo cual cubría una estrategia fundamentalmente prudente, conservadora y acomodaticia de un amplio espectro de la población¹⁹.

El primer Gobierno socialista duró hasta el verano de 1985, y promovió una serie de medidas políticas de indudable trascendencia, como la Ley de Reforma Universitaria, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), además de una ley para la regulación del aborto.

La LODE suscitó las suspicacias de la educación privada, fundamentalmente en manos de la Iglesia. Así, en noviembre de 1984 la Coordinadora Pro Libertad de Enseñanza convocó una gigantesca manifestación para protestar contra la ley socialista y, en general, contra toda la política del ministro José María Maravall, convertido en auténtica bestia negra de los sectores conservadores a lo largo de su mandato. La manifestación fue apoyada por el conjunto de la derecha, aunque los obispos españoles no participaron y el presidente de la Conferencia Episcopal de Enseñanza, Elías Yanes, preconizó la negociación con el Gobierno para salvaguardar los intereses educativos de la Iglesia. Otros, como el cardenal Suquía, se mostraban más proclives a desatar una guerra de púlpitos contra la LODE. De la misma forma, Alianza Popular se opuso frontalmente a la ley sobre el aborto. Fraga calificó el aborto de un «mal innecesario»²⁰.

Pero fue la expropiación de Rumasa, en febrero de 1983, la que suscitó mayores protestas de la oposición conservadora. Miguel Herrero, como portavoz de la Coalición Popular, pronunció un resonante discurso cuestionando la medida por saltarse varios principios jurídicos, pero la mayoría absoluta de los socialistas se impuso con todas sus consecuencias. Los conservadores acudieron entonces al Tribunal Constitucional, el cual, con claras presiones gubernamentales, convalidó la medida. José María Ruiz Mateos, propietario del holding, fue sometido a una implacable campaña periodística, provocada, al menos en parte, por el peculiar carácter del empresario jerezano. Con el tiempo, Ruiz Mateos llegaría a convertirse en objeto de adoración por parte de algunos sectores de la derecha y la extrema derecha, y en 1989 conseguiría, en las elecciones europeas, dos escaños por la Agrupación que llevaba su nombre.

Ante la aplastante mayoría absoluta poco se podía hacer, e incluso se acuñó el término «rodillo» para calificar la política parlamentaria socialista. El papel de la oposición conservadora quedó muy deslucido. No obstante, el propio Fraga y su grupo cometieron, incluso desde su propia perspectiva conservadora, graves errores que contribuyeron a invalidarles políticamente. De ello fue toda una muestra su actitud ante el referéndum sobre la OTAN convocado por González en marzo de 1986. Fraga, y con él la mayoría de la derecha, era ferviente partidario de la adhesión española a la organización militar²¹.

Sin embargo, la convocatoria de aquella consulta electoral, que reflejaba las contradicciones políticas de los socialistas, fue vista por Fraga y sus aliados como la ocasión propicia para provocar una crisis gubernamental, y, al parecer aconsejado por los democristianos del Partido Demócrata Popular, el gallego propugnó la abstención. No fue el único en tomar esa decisión; lo mismo hizo el conjunto de la derecha: Convergència i Unió, PNV y Partido Reformista Democrático. De esta forma, el referéndum llegó a convertirse en una especie de plebiscito sobre el Gobierno, de manera que lo que en él se verificó fue un refrendo de la política socialista meses antes de las elecciones generales. El resultado fue dudoso hasta el último momento, pero al final resultó satisfactorio para los socialistas. Votó un 60 %, del cual solo un 52 % lo hizo a favor, frente a un 40 % que lo hizo en contra y un 6,5 % en blanco.

El irresistible declive de Manuel Fraga

Las consecuencias fueron muy negativas para el liderazgo de Fraga. González convocó de inmediato elecciones y volvió a revalidar, con algunos escaños menos, la mayoría absoluta de 1982. La Coalición Popular obtuvo un diputado menos, 104. De inmediato, el democristiano Óscar Alzaga declaró ante los periodistas que había cumplido sus objetivos de convertir al PDP en una fuerza política y que en la próxima legislatura pensaba distanciar a su grupo de Alianza Popular. Dentro del propio partido conservador surgieron posturas disidentes, como la del hasta entonces delfín de Fraga, Jorge Verstrynge, que trató de apartar al gallego de la dirección del partido. Algo parecido ocurrió con José Luis Barreiro en Galicia. Enterado, Fraga cesó a Verstrynge, pero la disidencia de este tan solo fue seguida por el empresario Luis Olarra, Carlos Ruiz Soto y Gabriel Camuñas²².

Sin embargo, la debilidad de la derecha dirigida por Fraga no era solo política, sino social. Incluso llegó a hablarse del PSOE como la auténtica derecha del país o, por lo menos, la «derecha inteligente». Por de pronto, la Iglesia apenas contaba con el partido y prefería negociar con los socialistas los asuntos de educación. Tampoco banqueros y empresarios parecían estar cercanos a Fraga. El nuevo dirigente de la CEOE, José María Cuevas, mantenía una buena relación con González y sus ministros de Economía²³.

Y es que, como ya se vio en el caso del referéndum de la OTAN, el grueso de la oposición a la política económica, social e incluso educativa del Gobierno socialista vino más que nada de la izquierda, sobre todo de los sindicatos, incluida la UGT, tradicionalmente ligada al PSOE, que llevaron a cabo, ante la posibilidad de una eventual liberalización del mercado del trabajo, la célebre huelga general del 14 de diciembre de 1988, que obtuvo un éxito total, reflejo del profundo malestar social provocado por la prepotencia socialista, y que influyó en el rumbo de la política económica. Pero, en ese como en otros aspectos, la derecha tenía poco o nada que decir, salvo, como afirmaron sus portavoces, que los socialistas les habían robado su programa económico liberal²⁴.

Las elecciones autonómicas vascas del 30 de noviembre de 1986 supusieron un rudo golpe para AP, que solo logró dos escaños. Ante esta situación, y las presiones que se ejercían ya en el seno de su partido, Fraga decidió, con gran pesar de sus partidarios, dimitir el 1 de diciembre. Y poco después hubo de convocarse un congreso extraordinario, que se celebró en febrero. La lucha se centró entre Miguel Herrero, presidente en funciones, que contó con el apoyo de José María Aznar, Rodrigo Rato, Juan Ramón Calero, Trillo, etc. Frente a ellos se alzó Antonio Hernández Mancha, con quien se identificaron sobre todo las juventudes del partido, Nuevas Generaciones, las bases y los órganos provinciales. Las Nuevas Generaciones controlaban, gracias a su participación estatutaria, la elección de los compromisarios para el congreso, y, finalmente, Hernández Mancha ganó la votación. Tras su victoria, el nuevo líder propuso a los militantes el compromiso de proceder a una «radical renovación de personas y de estilo». En sus primeras declaraciones anunció que «no pensaba introducir cambios ideológicos, pero sí estratégicos»²⁵. La nueva imagen de Alianza Popular parecía ponerse en marcha. Nacía, a juicio de Cambio 16, la «derecha light».

Antonio Hernández Mancha había nacido en Guareña, Badajoz, en 1952, en el seno de una familia de magistrados. Abogado del Estado, participó en la fundación de Alianza Popular, convirtiéndose luego en presidente provincial de Córdoba y presidente regional de Andalucía. En 1982 accedió al Parlamento andaluz, donde fue portavoz del partido. El periodista Federico Jiménez Losantos le describía como un «chico feíllo y gracioso», «parece Guillermo el Travieso después de haber aprobado el COU»:

Sobre literatura tiene ideas limitadas y convencionales; Historia sí que ha leído bastante; de leyes parece saber; las citas en latín son como una gracia provinciana que le gusta oírse; en el terreno del pensamiento se confiesa orteguiano «a tope», le prefiere a Unamuno por seducir en vez de apabullar al lector. Le encantan los libros de Jean François Revel y quiere conocerle personalmente; también admira a Raymond Aron y anda buscando libros de Novak. […] Guarda la añoranza de lo que habría sido una derecha, hoy, con Ortega, Azaña y Unamuno de mentores ideológicos […]. Pocas veces habrá caído una responsabilidad tan grande sobre unos hombres tan aparentemente frágiles²⁶.

«Fraguita rompetechos», como le llamó el periodista Lorenzo Contreras, suscitó igualmente la esperanza de la derecha conservadora. El historiador Ricardo de la Cierva veía en Mancha a un continuador de la derecha populista de Maura, Gil Robles y Franco, y creía que podía «tomarle la medida política a Felipe González»²⁷.

Pronto, muy pronto, la esperanza de Hernández Mancha se fagocitó. Su debut parlamentario en una moción de censura contra Felipe González en el Congreso fue el principio del fin. Su discurso duró dos horas. Prometió crear cincuenta mil empresas, controlar la presión fiscal e integrar plenamente a España en la estructura militar de la OTAN; se opuso al despido libre, propuso la creación del bono escolar, etc. Felipe González se mostró más bien conmiserativo con Hernández Mancha y, según todos los comentaristas, le destrozó en la réplica. Jiménez Losantos veía ya en el líder de Alianza Popular «un verdadero alarde de incapacidad política»²⁸. Un hombre de Alianza Popular, Alfonso Osorio, hizo unas declaraciones a la prensa en las que afirmaba que Hernández Mancha «llegará a la madurez dentro de diez años», y que, en aquel momento, los únicos líderes nacionales eran Felipe González y Adolfo Suárez²⁹. Además, el extremeño no lograba superar, en las encuestas, a Fraga: para los electores de la derecha, el gallego continuaba siendo su líder por excelencia³⁰.

La impotencia política de la oposición conservadora abrió el paso a la oposición de los periodistas y publicistas, protagonizada sobre todo por los diarios ABC, dirigido por Luis María Anson, y El Mundo, de Pedro J. Ramírez. Entre las requisitorias antisocialistas de esos momentos destacaron Nuestra democracia puede morir, del antiguo ucedista José Manuel Otero Novas; España: una sociedad violada, de Ricardo de la Cierva; La rosa y el capullo, de Pedro J. Ramírez; La ambición del César, de José Luis Gutiérrez y Amando de Miguel, o El secuestro del cambio, de José Oneto.

En este sentido, una de las figuras más reseñables del periodismo español y de la ofensiva antisocialista fue Federico Jiménez Losantos, cuyos libros y artículos periodísticos han tenido la virtud de provocar fuertes polémicas. Nacido en 1951 y antiguo militante comunista, Jiménez Losantos, cuando era profesor en un instituto de Santa Coloma de Gramanet, se dio a conocer con su obra Lo que queda de España, que ganó en 1978 el premio de la prestigiosa revista de izquierdas El Viejo Topo. Su tesis, que suscitó fuertes debates en Cataluña, es bien sencilla: existe un nacionalismo español liberal, en buena medida olvidado por las izquierdas, y que no es identificable con el franquismo.

Al mismo tiempo, Jiménez Losantos planteó la protesta de un escritor en castellano que vive en Cataluña y que se opone a la obligatoriedad del catalán y a la política de «normalización lingüística» propugnada —y llevada a cabo— por los nacionalistas catalanes. En este sentido, arremetió contra la izquierda catalana acusándola de haber cometido «el desgraciado error de aceptar lo español como finca del franquismo»³¹. Desde entonces, sus críticas al catalanismo fueron constantes, lo que tuvo como consecuencia el ser víctima de un atentado y su salida de Cataluña.

Frente a los nacionalismos periféricos, Jiménez Losantos estimaba entonces que la obra de Manuel Azaña debía ser la fórmula política del nuevo nacionalismo español. A su entender, Manuel Azaña era «el primer gran predicador laico español» del nacionalismo liberal, que arranca de las Cortes de Cádiz, «una idea de España identificada con la libertad y la continuidad histórica». De este modo, interpretaba el legado azañista en un sentido liberal-conservador, «aunque —señalaba— su actuación política pueda desmentirlo más que su ideología». «El Dios de Azaña es la Nación entendida al modo republicano, es decir, como Estado soberano que justifica el culto a su pasado mediante las libertades que garantiza en el presente»³².

Ante todo, su crítica se centraba en la actuación del Gobierno socialista y la de los nacionalistas periféricos. Estimaba que la sociedad española vivía bajo una «dictadura silenciosa, en un régimen autoritario matizado por la corrupción», y aducía para demostrarlo hechos tales como la expropiación de Rumasa, el referéndum sobre la OTAN y la política económica seudoliberal —en realidad, intervencionista y controladora— de los socialistas. Todo ello había consagrado un «caudillismo mediático», cuya cabeza visible era, naturalmente, Felipe González. No menos grave —y totalitaria— era la política seguida por Jordi Pujol y Arzalluz en Cataluña y el País Vasco, cuyas consecuencias se resumían en «limpieza lingüística», silenciamiento definitivo de lo español, antiinmigración y racismo³³.

Como tendremos oportunidad de ver, algunos de los planteamientos de Jiménez Losantos han tenido influencia en la derecha española y, particularmente, en José María Aznar, como la contradictoria revalorización —más bien invención— de un Manuel Azaña liberal-conservador, la apelación al liberalismo y la llamada «segunda transición».

Mientras tanto, la impotencia y la debilidad de Fraga ante el socialismo propiciaron la aparición de fórmulas alternativas de derecha, como la del Partido Reformista Democrático, de Miguel Roca, y el Centro Democrático y Social, de Adolfo Suárez. En alguna medida, Roca pretendió actualizar el programa camboniano de intervención catalanista en la sociedad española. Se trataba, dirá, de «transformar España en un Estado moderno» y de acabar con «un Estado centralista, intervencionista, dirigista, corporativista y asistencial». Todo ello se traducía en una serie de medidas: reforma administrativa y estructural del Estado; definición de un modelo económico liberal; profundización en las libertades democráticas; aceptación de «una auténtica política de calidad de vida», es decir, agilización de los servicios públicos en el medio rural, la administración de justicia, la enseñanza, etcétera³⁴.

Las propuestas de Roca fueron bien recibidas por algunos sectores de la alta sociedad madrileña. Y Jordi Pujol fue objeto de todas las miradas. Era el único líder conservador que había logrado vencer a los socialistas en todas las elecciones catalanas convocadas desde 1980. A mediados de 1985, el jefe catalanista fue proclamado español del año por el diario ABC, y poco antes uno de los más influyentes miembros de Convergència, el economista Ramón Trías Fargas había hecho unas polémicas declaraciones en las que se declaraba partidario de una Cataluña independiente. De hecho, la prensa conservadora —sobre todo, ABC— apoyó a Pujol cuando en mayo de 1984, tras la victoria de Convergència i Unió en las elecciones, se anunció la presentación de una querella criminal por el caso Banca Catalana, que implicaba al propio presidente de la Generalitat. El anuncio de la querella exasperó a los votantes de Convergència, pero fue de inmediato aprovechada por Pujol y su partido para rematar su victoria electoral y dar a esta un contenido plebiscitario³⁵.

Antonio Garrigues Walker ejerció de representante del reformismo en la capital, pero luego sería desplazado, en las elecciones de 1986, por el jurista Federico Carlos Sainz de Robles. Igualmente, obtuvo el apoyo de Pujol, de importantes sectores de la banca y de la CEOE. Incluso se pensó en la unión de la derecha bajo el liderazgo de Roca o de Pujol. El historiador Carlos Seco vio en el programa reformista una reedición de la UCD, que podría canalizar el voto de los descontentos con la política socialista y del «neofranquismo» de la Coalición Popular. No obstante, Seco era consciente de los peligros de la alternativa reformista, en particular por su carácter catalanista y, por tanto, no vinculado a «la gran política nacional». En el fondo, a Roca se le planteaba el mismo problema que a Cambó: «¿Cabe proponer un esquema bismarckiano en Madrid —mediante figura interpuesta— desde una soterrada vocación bolivariana en Cataluña?»³⁶.

En cualquier caso, la alternativa encarnada en el Partido Reformista Democrático no llegó ni tan siquiera a nacer. En las elecciones de 1986, desapareció de la vida política española sin haber conseguido un solo escaño.

El fin de Suárez en política

Menos efímera pero no mucho más trascendente fue la resurrección política de Adolfo Suárez a través de su Centro Democrático y Social (CDS). Como sabemos, Suárez, tras su dimisión, consiguió en las elecciones de 1982 dos escaños con su nuevo partido: uno de ellos fue el suyo y otro el de su fiel Agustín Rodríguez Sahagún, que se integraron en el variopinto grupo mixto. Entonces, Suárez dio su apoyo a la investidura de Felipe González. En 1984 se creó el Club de Estudios Políticos, cuyos promotores fueron los antiguos miembros de UCD Juan José Rosón, Carlos Bustelo, García Díez y Luis González Seara. Por su parte, Suárez se negó a participar en la operación reformista de Roca. En el referéndum de la OTAN dejó libertad de voto a sus militantes. Pero ante la estrepitosa derrota de Roca y el estancamiento de Fraga, el CDS adquirió nuevos bríos. Consiguió la adhesión de personalidades de prestigio, como el antiguo socialista Raúl Morodo o el excomunista Ramón Tamames, y de algunos supervivientes de la UCD, como Rafael Calvo Ortega, Eduardo Punset, Carmen Díez de Rivera, Federico Mayor Zaragoza, etc. Logró siete eurodiputados, la presencia en algunas comunidades autónomas y superó la barrera del 10 % de los votos. Su electorado provenía de las clases medias bajas. Como señaló Jiménez Losantos:

El electorado suarista es totalmente distinto del de Roca. Tal vez en algún sitio compitan por el mismo sector sociológico, pero en Madrid parece imposible. Esta de la cena es gente de origen humilde y que no ha prosperado demasiado en la vida. Al margen de los profesores universitarios y profesionales liberales que ha conservado el Duque de tiempos de la UCD […], lo que se sienta en las mesas del restaurante de la calle Almansa es buena gente, de la que te echa una mano, que en muchos casos conserva en el rostro las huellas de un pasado rural. Son seguramente católicos, de origen ideológico inequívocamente derechista, pero que, como el caso de Suárez, se han echado al monte de «lo social». Serían neofalangistas si no tuvieran a gala representar o ser representados por el hombre que hizo posible que la libertad volviera y floreciera en España en mucho mayor grado que ahora³⁷.

Como UCD, el CDS carecía de ideología y de proyecto político preciso. En su programa electoral se hacía cargo de las «ilusiones rotas» por el Gobierno socialista, su prepotencia, su intolerancia, su «soberbia política», al tiempo que denunciaba «la impotencia de una oposición conservadora para alcanzar la suficiente asistencia popular para convertirse en alternativa de Gobierno». Frente a ambos, el CDS se presentaba como una «nueva fuerza necesaria» para la articulación política de «anchas capas medias que incluyen desde el trabajador manual o agricultor al profesional liberal, al intelectual y al pequeño y mediano empresario»; es decir, los grupos sociales que «protagonizaron la Transición y con sus votos contribuyeron decisivamente a la construcción de la democracia». En este sentido se abogaba por una economía para el pleno empleo, la defensa del Estado de bienestar, etcétera³⁸.

El mayor capital político del CDS seguía siendo la imagen de Adolfo Suárez. En 1991 se adhirió a la Internacional Liberal. Pero sus campañas electorales no carecieron de un cierto contenido demagógico, y en algunos casos incluso pretendían rivalizar con el PSOE en izquierdismo. En las elecciones de 1986, Suárez propuso un servicio militar de tres meses; llamó a la banca «la Madrastra», y clamó a «la guerra contra el paro». En el País Vasco llegaría a afirmar que el Estatuto de Guernica era solo un punto de partida, y su íntimo colaborador, Rodríguez Sahagún, que «el Ejército de ahora es como el de Franco: un Ejército de ocupación»³⁹.

Uno de los grandes admiradores de Suárez, Carlos Seco, hubo de reconocer que el líder del CDS no había llegado a comprender nunca «el lugar que en la política de la postransición parecía estarle reservado: lugar muy parecido al de la Democracia Cristiana en los países de Europa occidental tras la Guerra Mundial». Y continuaba:

En lugar de eso se empeñó en apropiarse de los flancos que, en su gestión práctica de Gobierno, iría dejando descubierto Felipe González, precisado a abandonar ciertas utopías del socialismo «tradicional»; quiere demostrar que él estaba más a la izquierda que los socialistas […] y montó su propaganda electoral sobre promesas demagógicas irrealizables⁴⁰.

En la mayoría de los casos, la trayectoria del CDS fue errática. Tras sus soflamas demagógicas, pactó con la derecha en algunos ayuntamientos, como el de Madrid, donde contribuyó a la caída del socialista Juan Barranco, ocupando Rodríguez Sahagún la alcaldía. Además, apoyó al aliancista José María Aznar en la comunidad de Castilla-León. Pero también se solidarizó con la huelga general del 14 de diciembre. El partido comenzó entonces a perder militantes y dirigentes, como Fernando Castedo y Abel Cádiz. Otros, como Enrique Sánchez de León, fueron expulsados.

Los resultados de las elecciones municipales de 1991 resultaron desastrosos. Perdió en Madrid sus ocho concejales y los dieciocho de la Asamblea. Y quedó fuera de todos los Parlamentos autonómicos, salvo en Asturias, Canarias y Castilla-León. El 26 de mayo de aquel año, Suárez dimitió como presidente del partido. El CDS trató de sobrevivir sin su fundador, pero no pudo. Suárez apostó por Raúl Morodo como sucesor. Sin embargo, el congreso extraordinario dio la victoria a Calvo Ortega, su antagonista. En las elecciones de 1993, el CDS se convirtió en extraparlamentario⁴¹.

Y es que, mientras Suárez pretendía ubicarse en el mirífico «centro izquierda», Fraga había conseguido controlar y reconvertir Alianza Popular. Ni que decir tiene que Hernández Mancha no fue enemigo para él. El gallego se presentó primero en la cabeza de lista de las elecciones europeas, cuyo resultado fue muy satisfactorio. No obstante, la situación del partido era cada vez peor.

En el feudo conservador de Galicia había caído el aliancista Fernández Albor a manos del antiguo fraguista José Luis Barreiro en coalición con los socialistas, tras una discutidísima moción de censura. Fraga se presentó como candidato a la Xunta y, de paso, se propuso acabar con la errática jefatura de Hernández Mancha. Con los antiguos adversarios del extremeño, Rato, Aznar, Trillo, Calero y Álvarez Cascos, inició lo que vino en llamarse la «refundación del partido».

Hernández Mancha se negó, en un principio, a aceptar el regreso de Fraga, pero este, sin vacilar demasiado, presentó su candidatura al IX Congreso, y Hernández Mancha hubo de renunciar. Cuando se celebró el congreso, Fraga nombró secretario general a Francisco Álvarez Cascos, y con tres personalidades importantes como adjuntos: Rodrigo Rato, Federico Trillo y Juan José Lucas. El día antes del congreso pidieron su alta en el partido antiguos miembros de UCD, como Rodolfo Martín Villa y Marcelino Oreja, y luego vendrían muchos más. Igualmente se contó con José María Aznar, Isabel Tocino, Miguel Herrero, Abel Matutes, Félix Pastor Ridruejo y José Antonio Segurado. Se cambió el nombre de la formación, que pasó a llamarse Partido Popular; hubo nuevos símbolos: un charrán azul, y una nueva homologación internacional: la democristiana. Fraga no pretendió quedarse al frente del partido, sino reforzarlo y ganar él las elecciones gallegas, así como designar un nuevo presidente que, al mismo tiempo, tendría que ser el candidato a las elecciones generales⁴².

Fraga consiguió la mayoría absoluta en Galicia: 38 de 75 escaños. Y el sucesor del impetuoso gallego fue un político hasta entonces prácticamente desconocido, José María Aznar, cuya investidura formal se produjo en el X Congreso del Partido Popular, celebrado en octubre de 1989, poco antes de las elecciones generales.

LA LUZ EN EL HORIZONTE: JOSÉ MARÍA AZNAR

Nacido en Madrid el 25 de febrero de 1953, José María Alfredo Aznar López procedía de una familia de clase media alta. Alumno del famoso colegio del Pilar, Aznar fue un estudiante normal. Admirador de José Antonio Primo de Rivera, estudió Derecho en Madrid y ganó las oposiciones a Inspector de Finanzas del Estado. Ingresó en Alianza Popular en 1979, si bien había votado en las elecciones a UCD. Pronto consiguió el puesto de secretario regional del partido en La Rioja y un acta de diputado en 1982 por Ávila. Cinco años después fue nombrado presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León⁴³.

La nueva derecha liberal

Con Aznar iba a tomar cuerpo una clara alternativa política de derecha liberal. En primer lugar, supo mantener unido al partido. Destituyó o forzó a abandonar sus puestos a los seguidores de Fraga y, sobre todo, a los de Hernández Mancha; acabó echando a Miguel Herrero de Miñón, su antiguo jefe de filas, de quien no se fiaba, y se rodeó de sus partidarios, sobre todo del llamado «clan de Valladolid», grupo de jóvenes liberales muy influyentes luego en el partido⁴⁴.

Su bautismo de fuego vino en las elecciones de octubre de 1989. La convocatoria no pudo ser más negativa para las fuerzas conservadoras, que se encontraban en pleno proceso de cambio de líder electoral, y Fraga, concentrado en la preparación de la campaña gallega. Con todo, Aznar anduvo contundente en sus críticas a los socialistas y pidió apoyo contra «los golfos podridos, borrachos y enchufados». Su programa electoral proponía la disminución gradual en tres puntos porcentuales en las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social, nueve mil kilómetros de autopistas en ocho años; desaparición de seis ministerios; privatización de grandes empresas públicas, etc. El Partido Popular consiguió 107 escaños. Aznar había logrado romper el famoso «techo» de Fraga, pero los socialistas tenían de nuevo la mayoría absoluta, con 175 escaños.

En sus intervenciones parlamentarias, Aznar pidió la reforma del Estatuto de RTVE para garantizar el pluralismo informativo; la modificación de la elección del Consejo General del Poder Judicial; la presentación de un proyecto de ley sobre el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo, etc. Pero, en lo sucesivo, la derecha iba a insistir en otro factor de singular trascendencia: el fracaso del modelo educativo, el de la corrupción.

Cuando el PSOE parecía «morir de éxito» y en su haber se encontraban logros de gran importancia, como las mejoras en infraestructura, la reforma de las Fuerzas Armadas, la universalización —que no creación— de la Seguridad Social, la ampliación —que no creación— del Estado de Bienestar o la culminación del proceso de entrada en el Mercado Común, tuvo lugar un poderoso rebrote de uno de los males endémicos de la sociedad española: la inmoralidad pública, una corrupción entreverada de la más castiza picaresca: el asunto Juan Guerra, Filesa, etc., y, para colmo, el retorno del caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organización anti-ETA que había protagonizado cierto número de atentados en Francia y al que se suponía financiado por el Estado. Fue en ese momento cuando Aznar y el Partido Popular comenzaron a hablar de «segunda transición».

Al mismo tiempo, Aznar se propuso llevar a cabo una renovación del proyecto político liberal-conservador. Es obvio que Aznar no era un hombre de pensamiento, sino un político muy apegado al terreno, que variaba el rumbo con reflejos cuando lo consideraba oportuno. En cualquier caso, Aznar se sentía portavoz y miembro de una nueva generación de políticos cuya sensibilidad vital se diferenciaba fundamentalmente de la generación anterior, la que él llamaba de los «nietos de Franco», marcados todavía por la experiencia del franquismo. Se trataba de una generación que «mira hacia atrás sin ira», que «no tiene que justificar cambios de ideologías, ni padece de mala conciencia democrática», y que, por tanto, podía asumir eficazmente la dirección de la sociedad española⁴⁵.

En este sentido, Aznar pretendía dar una nueva cultura política a la derecha española, valorando ante todo los elementos de consenso en la vida política y comprendiendo el importante papel de las ideas y de la opinión pública en la sociedad. Aznar se consideraba «heredero de la tradición liberal y constitucional española»⁴⁶. Fue introducido en el pensamiento liberal por miembros del llamado «clan de Valladolid», como Lorenzo Bernaldo Quirós, y luego por Alejandro Muñoz Alonso, Antonio Fontán, Luis Miguel Enciso, Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo, Federico Jiménez Losantos, Enrique de Diego, Miguel Ángel Cortés, etc. Siguiendo a Francis Fukuyama, Aznar consideraba que el liberalismo no era ya una ideología entre otras ideologías, sino el último punto de llegada del pensamiento moderno, que ofrecía a la acción práctica una idea moral —la libertad como principio universal no particularista de acción política— y que resultaba ser, por ello, «la única ideología con derecho de ciudadanía en el mundo contemporáneo»⁴⁷.

La asunción del liberalismo implicaba una nueva interpretación de la idea de España, de la identidad nacional, distinta del tradicionalismo cultural legitimador del régimen de Franco. A este respecto, Aznar no dudaba en hacer suyo el concepto orteguiano de nación. El hecho nacional no es esencialmente la revelación de una tradición histórica, sino un proyecto, una empresa colectiva articulada por las élites intelectuales y políticas a partir del conocimiento de la realidad⁴⁸.

De igual modo, el líder del Partido Popular pretendía enlazar —contradictoriamente, a mi juicio— su perspectiva liberal-conservadora con la liberal-radical de Manuel Azaña, en cuyo proyecto veía un deseo de «integración nacional e integración democrática», «un patriotismo crítico, creativo, activo, digno y liberal»⁴⁹. También son abundantes en sus obras las citas de Sánchez-Albornoz, Américo Castro, Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo, este último con la matización del «Menéndez Pelayo de la madurez», supuestamente de vuelta de sus exageraciones tradicionalistas de juventud. En este sentido, Aznar apenas insistía en los factores religiosos configuradores de la nacionalidad española, e incluso condenaba «la intransigencia religiosa» que «ha alejado de nuestro seno a grupos cuya ausencia nos ha empobrecido humana y materialmente»⁵⁰.

A tenor de estas consideraciones, su punto de partida era la afirmación de la existencia de la nación española como un claro y acabado ejemplo de nación política, lo que no es incompatible, a su entender, con la existencia de profundas diferencias culturales en su interior; «es una nación históricamente compleja, pero una nación»⁵¹. La gestación de España es el resultado de un largo devenir histórico en el que intervinieron igualmente instituciones tradicionales, como la monarquía, «vínculo y vértice de ese edificio nacional»⁵².

Aznar se declaraba partidario del «Estado de las autonomías» como medio de encauzar las reivindicaciones históricas de los nacionalismos vasco y catalán. Rechazaba, pues, el término de «nación de naciones» o «Estado español», al igual que el federalismo, que consideraba ineficaz, y el principio de autodeterminación, al que calificaba de «extremismo antihistórico y simplista»⁵³. Su punto de referencia histórico era la España de la Restauración, bajo cuya égida, la sociedad española vivió, a su juicio, «unos niveles de paz, estabilidad, prosperidad y civilidad hasta entonces desconocidos». El régimen canovista permitió «la creación de un Estado legítimo», compatible con el proceso de democratización y modernización que estaba experimentando la sociedad española desde comienzos de siglo, y que fue cercenado por el golpe de Estado del general Primo de Rivera. En consecuencia, el líder popular se mostraba muy crítico con la llamada Generación del 98, a la que acusaba de mantener «un ambiente intelectual en el que prevalecía una interpretación pesimista»⁵⁴.

El régimen de Franco aparecía en este discurso como una especie de paréntesis, de anomalía histórica, tras el cual la modernización liberal continuaría su marcha; se trataba de «un largo período de excepción» o de «dictadura»⁵⁵. Curiosamente, Aznar se identificaba más con la experiencia de Gobierno de la UCD que con la actuación de Alianza Popular a lo largo del período de la Transición, y estimaba que las posibilidades de la derecha para ganar las elecciones estaban en relación directa con la medida en que pudiera aproximarse a lo que UCD fue en su momento, «nuestro referente político inmediato»⁵⁶.

Este discurso se enriquecía a su vez con las aportaciones de las ciencias sociales y de la historiografía. Por un lado, la revalorización, a través de la obra de Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Karl Popper, etc., del liberalismo, tanto político como económico. Y no era solo la crítica al socialismo o al Estado de Bienestar, o la valoración de la economía de libre mercado. Se trataba igualmente de una nueva serie de argumentos de carácter filosófico, como el racionalismo crítico o el individualismo metodológico.

En mayo de 1992 se presentó en sociedad la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), creada por Aznar a imagen y semejanza de la Fundación Adam Smith, para defender el liberalismo. Igualmente, la Unión Editorial se ha ocupado, desde los años setenta, de la promoción del pensamiento liberal, con la publicación de las obras de Hayek, von Mises, etc. Estos argumentos han tenido eco en las revistas afines al Partido Popular, como Nueva Revista y Cuadernos de Pensamiento Político, órgano de FAES, y Veintiuno, más ligada al pensamiento conservador, y que es el órgano de la Fundación Cánovas del Castillo, fundada por Fraga. Finalmente, Aznar acabó con la Fundación Cánovas del Castillo y con Veintiuno.

Igualmente, la derecha liberal se ha beneficiado de la crítica ejercida por las nuevas generaciones de historiadores a la historia marxista tradicional, tan influyente en los años setenta y ochenta. Frente a una Historia basada en la economía y en la lucha de clases, la nueva historiografía, basada en los supuestos liberales, ha dado mayor papel en el proceso histórico a los individuos, a las ideas y al factor político. Particularmente significativa es la valoración del régimen de la Restauración, que, lejos de ser una mera farsa, supuso un perfeccionamiento de los mecanismos representativos del régimen liberal basado en el civilismo y el pluralismo político⁵⁷.

De la misma forma, el Partido Popular inició en Cataluña y el País Vasco una auténtica ofensiva ideológica y política en contra de los excesos del nacionalismo. En ese aspecto, resulta crucial la mención a Alejo Vidal-Quadras, líder hasta 1996 del Partido Popular en Cataluña y único líder político catalán que ha configurado una auténtica oposición al programa y los objetivos de Convergència i Unió. Desde 1993, los populares se convirtieron en la tercera fuerza, si bien todavía a mucha distancia de los nacionalistas y socialistas. Esta posición se confirmó en las elecciones de 1995, consiguiendo en Barcelona un 20 % de los votos y recogiendo apoyos de todas las direcciones del espectro político⁵⁸.

Pero Vidal-Quadras se distinguió sobre todo como un crítico corrosivo de los fundamentos ideológicos del catalanismo conservador. Desde una posición ideológica basada en los supuestos del racionalismo crítico popperiano, Vidal-Quadras consideraba todo nacionalismo como un producto ideológico culturalmente «inferior», y a los ideólogos del catalanismo, como Torras i Bages o Prat de la Riba, como intelectuales de «segunda fila», cuyas bases doctrinales eran, además, muy débiles, como lo demostraba la mitificación de la Cataluña medieval o del sistema gremial. Especialmente grave es, a ese respecto, el tema lingüístico, porque el nacionalismo catalán es incapaz de reconocer el «sincretismo cultural» que caracteriza el conjunto de la sociedad catalana⁵⁹.

En este sentido, el político catalán analizaba el problema planteado por la influencia de los nacionalismos periféricos en el conjunto de la vida política española, influencia muy negativa que llevaba a la disgregación nacional. La solución radicaba, a su juicio, en la construcción de un nuevo patriotismo español y en el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, para que la investidura como presidente del Gobierno del candidato más votado no dependiera de unos pocos votos nacionalistas. Bastaría con que el partido nacional menos votado en las elecciones se abstuviese automáticamente en la votación del candidato más votado⁶⁰.

Sin embargo, en los escritos de Vidal-Quadras podía percibirse igualmente un nuevo talante. Fue uno de los pocos políticos españoles que no mostraba ningún empacho en autodenominarse de «derechas» y que propugnaba una derecha democrática y liberal, que no tuviera «la menor vacilación en asumir plenamente sus orígenes y su historia, porque hallará en ellos, además de episodios indudablemente poco edificantes, motivos sobrados de satisfacción y de afirmación». El «centro», en cambio, era simplemente «una praxis a la que estorba la doctrina», «un asomo de inseguridad y de mala conciencia, y una cierta concesión a su adversario»⁶¹.

En el País Vasco, el atentado etarra que costó la vida al dirigente del Partido Popular Gregorio Ordóñez se convirtió a la postre en un resorte espectacular para el crecimiento del partido. Jaime Mayor Oreja supo administrar el legado del líder asesinado por ETA, y el Partido Popular recogió la herencia conservadora-liberal y apareció, frente al nacionalismo vasco, como «un partido que tiene a gala su mesura y su moderación»⁶².

La victoria electoral

La campaña de 1993 fue mucho más reñida que la anterior. El Partido Popular insistía, en su programa, en la contención del gasto público, y pedía un plan de choque para las pequeñas y medianas empresas, lucha contra el fraude fiscal, reducción del número de organismos públicos, coordinación entre las comunidades autónomas, etc. Al mismo tiempo, se denunciaba al PSOE como un partido «cesarista», corrupto, elitista y despilfarrador. También se intentó contrarrestar la propaganda socialista sobre el porvenir del Estado de Bienestar y las pensiones: «Nadie —se señalaba— quedará desamparado. España saldrá de los miedos a la miseria y a la pobreza, porque el Partido Popular creará suficiente riqueza para que nadie vuelva a tener miedo». Se insistía también en la recuperación del funcionamiento de las instituciones demoliberales, condicionadas, a su juicio, por la amplitud e intensidad del poder socialista.

El programa recibió la adhesión de antiguos miembros de la UCD, como García Díez, Carlos Bustelo, Lamo de Espinosa, Pérez-Llorca, Sánchez Terán, y de académicos, intelectuales e historiadores, como José Antonio Escudero, Fernando Chueca Goitia, Palacio Atard, Lucas Beltrán, Pedro Schwartz, José Luis Varela, Rafael Abella, Fernando Sánchez Dragó, Luis Racionero, etcétera⁶³.

Hubo dos debates públicos en televisión entre Aznar y González cuyo resultado fue, según la mayoría de los comentaristas, nulo. El primero fue ganado por el líder popular y el segundo por el socialista. González, ante la cada vez más real posibilidad de victoria popular —reflejada en las encuestas—, comenzó a utilizar un mensaje catastrofista, advirtiendo del peligro que suponía para el futuro del Estado de Bienestar y las pensiones de los jubilados. Además, el aparato de propaganda socialista dio una imagen de pesadilla de Aznar y su partido. El PP eran los «franquistas», «los de siempre», «los alumnos de Fraga», «la derecha de siempre, con algún maquillaje, pero cuando se rasca, se le cae», una derecha que «genera intolerancia», porque «era la extrema derecha», y Aznar un líder «incompetente, sin mensaje», «un robot».

Y, en un rápido y magistral gesto político, González seleccionó para segundo de la lista socialista al juez-estrella Baltasar Garzón, que se hizo célebre por sus investigaciones sobre los crímenes de los GAL. Finalmente, las urnas, contra todo pronóstico, volvieron a dar la victoria a los socialistas, aunque por escaso margen y perdiendo la mayoría absoluta⁶⁴.

Sin mayoría absoluta, González escogió a Convergència i Unió, cuyo concurso se la proporcionó, aunque de manera muy exigua. Y, como de costumbre, el partido de Pujol apoyó al nuevo Gobierno, pero sin participar en él y exigiendo importantes contrapartidas, como la diferenciación entre nacionalidades y regiones, dando a Cataluña un peso especial, y luego numerosas transferencias: puertos, aeropuertos, autopistas, etc. No obstante, los escándalos continuaron: Mariano Rubio, cuyo irregular comportamiento económico en el Banco de España provocó la dimisión del antiguo ministro de Economía y líder parlamentario socialista Carlos Solchaga; la huida del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán; la grabación de conversaciones privadas llevadas a cabo por la inteligencia militar (CESID), etc. Todo ello provocó la retirada del apoyo parlamentario de los nacionalistas catalanes y la disolución de las Cortes, convocándose nuevas elecciones para marzo de 1996.

La campaña electoral fue de nuevo, y sobre todo por parte de los socialistas, muy dura. Felipe González volvió a utilizar la imagen del franquismo y de nuevo acusó al PP de intentar desmantelar el Estado de Bienestar y el sistema público de pensiones. Incluso utilizó el «no pasarán» de la Guerra Civil. Pero su mensaje más tremebundo fue el incluido en el vídeo del dóberman, donde se daba una imagen terrorífica de la derecha, en blanco y negro, con hombres gesticulantes, crispados, agresivos. Luego sacaron un segundo vídeo en el que se identificaba al líder del PP con la «derecha de siempre»: Miguel Primo de Rivera y Franco.

En contraste, los vídeos y, en general, la campaña del PP fue infinitamente más anodina y aséptica, cuasitecnocrática, preocupada, ante todo, de no parecer de «derechas» y de dar una imagen «centrista», desideologizada, eficaz. Su programa electoral insistía, siguiendo los criterios de Aznar, en la necesidad de un «proyecto nacional para España»: austeridad; compromiso anticorrupción; reducción de impuestos; pacto por el empleo; mantenimiento de las pensiones; firmeza ante el terrorismo, con el cumplimiento íntegro de las penas, y reducción del servicio militar a seis meses⁶⁵. Su insistencia en dar una imagen centrista fue tan extrema que le quitó incluso credibilidad. Cambio 16 llegó a decir, no sin una cierta sorna, que la derecha había «desaparecido».

En el XII Congreso del partido, Aznar, rodeado de antiguos miembros de la UCD, con Leopoldo Calvo-Sotelo a la cabeza, afirmó una y otra vez que estaba en el «centro»⁶⁶. La mayoría de la nueva jerarquía del partido —Álvarez Cascos, Mayor Oreja, Mariano Rajoy, etc.— se autodefinieron, en una encuesta, como de «centro», mientras que otros, más precisos, y seguramente más sinceros e inteligentes, como Gabriel Cisneros o Vidal-Quadras, lo hicieron como «liberal-conservadores». Celia Villalobos se definió como de «centro-izquierda», sin explicar por qué militaba en el Partido Popular y no en el PSOE⁶⁷.

El viejo líder de la extrema derecha, Blas Piñar, acusó al Partido Popular de «complejo de inferioridad» ante la izquierda. Más pragmático, Fernández de la Mora anunció su voto para Aznar, «porque me parece el medio menos ineficaz de expresar mi repudio de la gestión felipista»⁶⁸.

En los mítines, Aznar recibió el apoyo de famosos de derechas, como Julio Iglesias, Manolo Escobar o Raphael. Pero en Mestalla, lugar simbólico donde los haya, Aznar, en un gesto más, invocó a Manuel Azaña⁶⁹.

Con todo, los resultados de las elecciones no confirmaron las expectativas del Partido Popular, que aspiraba a la mayoría absoluta. Solo algo más de trescientos mil votos separó al PP del PSOE. Como luego se dijo una y otra vez, era una victoria amarga y una dulce derrota. El PP había conseguido 156 escaños, y los socialistas, 141.

OCTAVA PARTE

EL SIGLO XXI

22

DE JOSÉ MARÍA AZNAR A MARIANO RAJOY: VICTORIA, DESLEGITIMIZACIÓN Y VACÍO DOCTRINAL

UNA VICTORIA INSUFICIENTE

El resultado de las elecciones de marzo de 1996 demostró no solo la eficacia del discurso deshumanizador y alarmista fraguado y difundido por los socialistas, sino, igualmente, y a un nivel mucho más profundo, la desconfianza de un sector de la sociedad española hacia la derecha, a la que, pese a sus continuos cambios de imagen y programa, se seguía asociando a la imagen más negra del régimen del general Franco. Sin embargo, no se trataba solo de un problema de imagen. Otro de los obstáculos consistía en que la derecha era incapaz de organizarse a nivel nacional a causa de la pervivencia y el arraigo de los nacionalismos periféricos en Cataluña y en el País Vasco. Este último factor fue esencial para el desarrollo del Gobierno del PP, como lo fue anteriormente con los socialistas, y de inmediato hizo saltar por los aires cualquier posibilidad de puesta en práctica del ambiguo y, en gran medida, contradictorio proyecto nacional que Aznar y sus acólitos se habían declarado defensores y depositarios. Recordaba el escritor y periodista Ignacio Peyró que, antes de llegar al Gobierno, Aznar solía afirmar que «jamás —jamás— iba a pactar, que nunca iba a ser la puta en Madrid de los nacionalistas catalanes»¹. Para su desdicha, la negociación política con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios se hizo necesaria si se quería gobernar tras catorce largos años en la oposición.

Hacer de la necesidad virtud: política de pactos

Ciertamente, pudieron pensarse otras alternativas, como disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, o pactar con los socialistas. Pero la primera alternativa resultaba peligrosa para la élite del PP, dada su inseguridad ante los socialistas y, sobre todo, ante la figura de Felipe González, y la segunda era, por muchas razones, del todo inviable. Pronto los españoles tuvieron la oportunidad de descubrir que José María Aznar hablaba «catalán en la intimidad», y que Alejo Vidal-Quadras iba a pasar, sin solución de continuidad, al ostracismo dentro de su propio partido. Triunfó de nuevo el pragmatismo. Las negociaciones se prolongaron a lo largo de dos meses, llegando al llamado «pacto del Majestic» por una cena celebrada en ese hotel barcelonés, donde se llegó a un entendimiento entre populares y convergentes. Como resultado del pacto, Aznar fue investido el 4 de mayo gracias a los votos de CIU, PNV y Coalición Canaria. A cambio, Pujol exigió el apoyo del PP en Cataluña, lo cual supuso la salida de Vidal-Quadras de la dirección, su exilio en el Parlamento Europeo y el ascenso del anodino Alberto Fernández Díaz.

Los nacionalistas catalanes impusieron una reforma de las finanzas de las comunidades autónomas que profundizó en la senda de la corresponsabilidad fiscal, aumentando su capacidad de ingresos. A partir de 1996, el IRPF pasó a ser un impuesto compartido, pudiendo participar las autonomías tanto en su gestión como en su regulación, a consecuencia de la cesión de hasta el 30 % de rendimiento de la misma, así como el recuento de la capacidad normativa de las comunidades en los impuestos ya cedidos. Por otra parte, la reforma del concierto económico vasco y del cupo dotó al País Vasco de una mayor autonomía financiera, superior a la catalana. De igual modo tuvieron lugar nuevas transferencias de competencias a Cataluña por la vía excepcional del artículo 150.2 de la Constitución, en materia de política de tráfico y de enseñanza. Y se llevó al Parlamento la Ley Orgánica del Fomento de la Administración General del Estado, que suprimió la figura del gobernador civil.

Igualmente, los nacionalistas demandaron una mayor participación de las comunidades en la política europea, y el Gobierno creó, en respuesta, la figura del consejero autonómico en el seno de la representación de España en Bruselas. La administración autonómica creció a lo largo del período, con casi 700.000 funcionarios, y la local, en 400.000². La influencia de los nacionalistas catalanes se extendió más allá. Aunque en el programa del Partido Popular no figuraba la abolición del servicio militar obligatorio, Aznar se decidió a abordar el reto, bajo la presión de CIU, y también por razones de cálculo electoral y por motivos de política exterior. El Proyecto de Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, presentado en agosto de 1998, contó con el apoyo de CIU y contemplaba el futuro del Ejército profesional antes del 31 de diciembre de 2002, aunque luego se adelantó un año³. Finalmente, el servicio militar obligatorio fue suspendido por la Ley 17/1999 de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, y el Real Decreto 247/2001 adelantó esa supresión al 31 de diciembre de 2001⁴.

Gracias a esos pactos y a una onerosa alianza en Cataluña, Aznar y su partido pudieron consolidar su victoria electoral y formar Gobierno. Aznar impuso su estilo político y sus planteamientos al nuevo Ejecutivo. Un historiador democristiano y filonacionalista, Javier Tusell, tituló uno de sus últimos libros El Aznarato, obra enormemente discutible desde el punto de vista historiográfico, que más que nada se asemejaba a una especie de venganza personal hacia el líder del Partido Popular. A la hora de establecer una serie de paralelos históricos a su figura, Tusell señaló que Aznar no era Maura; tampoco Gil Robles, ni Fraga, y mucho menos José María de Areilza. A su modo de ver, el paralelo histórico era Francisco Franco, por «su frialdad, su sentido del tiempo, su capacidad de arbitraje entre los adictos y una aparente inanidad que le procuraba el desdén de los adversarios, pero ocultaba una poderosa ambición y una hostilidad insuperable en el regate corto intrapartidista». Desde su postura, autodefinida como «centrista», el historiador catalán consideraba que la posición política de Aznar se encontraba más próxima al «neoconservadurismo que al liberalismo» y que había gobernado el Partido Popular con «guante de raso y mano de hierro»⁵.

Bajo su inflexible batuta, Álvarez Cascos ocupó la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Presidencia; la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Economía recayó en Rodrigo Rato; Mariano Rajoy Brey ocupó la cartera de Administraciones Públicas; Loyola de Palacio, Agricultura y Pesca; Isabel Tocino, Medio Ambiente; Javier Arenas, Trabajo y Seguridad Social; Jaime Mayor Oreja, Interior; Arias Salgado, Fomento; Esperanza Aguirre, Educación y Cultura; Abel Matutes, Exteriores; José Manuel Romay, Sanidad; Josep Piqué, Industria; Eduardo Serra, Defensa, y Margarita Mariscal de Gante, Justicia.

Una vez formado el Gobierno, Aznar centró su interés en la economía. El contexto le era favorable, ya que podía darse por finalizada la crisis de 1992-1994. Se elaboró un presupuesto para 1997, creando para ello una Oficina Presupuestaria adscrita a la Presidencia y dirigida por el economista y profesor José Barea, cuyos objetivos fueron el control del gasto público y la reducción del déficit y de la inflación. Además, el líder del PP adoptó una ambiciosa política hacia Europa, optando por estar entre las naciones fundadoras de la Unión Monetaria, ingresando en la moneda única, el euro. España fue admitida en mayo de 1998 como miembro fundador de la Unión Monetaria Europea, junto a Bélgica, Austria, Finlandia, Francia, Holanda, Luxemburgo, Italia y Portugal⁶. Al mismo tiempo, Aznar se mostró como un negociador muy duro en defensa de los intereses españoles en la Unión Europea, y no dudó durante el Consejo Europeo de Berlín en prolongar la negociación hasta altas horas de la noche, enfrentándose en solitario a los jefes de Gobierno europeos más importantes y logrando, de esta manera, considerables transferencias de fondos para España⁷.

Destacó igualmente la política de privatizaciones de empresas públicas, como Argentaria, Enagás, Repsol, Endesa y Telefónica, que, por otra parte, ya se había iniciado bajo la égida de los socialistas. También se vendieron Hunosa, Tabacalera, Aceratia y el Grupo Potasas. El Gobierno auspició otra reforma fiscal, aprobada en 1999, que suponía una reducción media del IRPF del 11 % y eximió a un millón y medio de contribuyentes con rentas bajas —600.000 eran pensionistas— de la obligación de pagar impuestos.

En el plano político-social, el Gobierno popular apostó —con Javier Arenas como ministro de Trabajo— por el diálogo entre las patronales y los sindicatos, lo cual hizo posible el Acuerdo de Estabilidad del Empleo y el de la Negociación Colectiva, firmados por los agentes sociales en abril de 1997. Se creó un nuevo tipo de contrato indefinido de fomento del empleo, y la patronal y los sindicatos firmaron un acuerdo sobre trabajo a tiempo parcial. En febrero de 1998 se instauró un nuevo Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, que permitió la puesta en marcha del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales. La evolución del empleo fue muy positiva, creándose 1.800.000 nuevos puestos de trabajo⁸.

Sin duda, el gran fracaso del Gobierno popular tuvo lugar en el campo político-cultural. Bajo el mandato del PP se generalizó en las televisiones privadas y públicas la denominada «telebasura», con programas como Tómbola, Salsa Rosa o Crónicas Marcianas⁹. Espacialmente grave fue el fracaso del proyecto de Real Decreto de Geografía e Historia, y Lengua y Literatura castellanas, defendido por la ministra Esperanza Aguirre, para el cual contó con el asesoramiento de una comisión en la que participaron importantes historiadores, como Antonio Domínguez Ortiz, Julio Valdeón, José Varela Ortega y Fernando García de Cortázar¹⁰. De inmediato, el proyecto fue acusado por los nacionalistas y los socialistas de ofrecer una interpretación unitarista y centralista de la Historia de España¹¹.

Al mismo tiempo se trasladaron algunas competencias estatales en materia cultural a las comunidades autónomas. Y se organizaron exposiciones, bajo la dirección de la historiadora Carmen Iglesias, sobre la figura de Cánovas del Castillo y de las consecuencias del Desastre de 1898, desde una perspectiva claramente apologética del régimen político de la Restauración¹².

Pese a los obligados pactos con los nacionalistas, estos —ante una coyuntura muy favorable— se mostraron prácticamente insaciables en sus demandas y reivindicaciones. Buena prueba de ello fue el contenido de la Declaración de Barcelona, firmada en julio 1998 por CIU, PNV y BNG, cuyos representantes volvieron a reunirse en Bilbao y Santiago de Compostela en septiembre y octubre. En la Declaración se denunciaba el agotamiento del modelo autonómico y se reivindicaba el derecho de Cataluña, País Vasco y Galicia a ser reconocidas como «naciones», ofreciendo como alternativa un acuerdo de carácter confederal en los ámbitos simbólicos, institucionales y competenciales¹³.

En aquel contexto, el PP se vio obligado a no recurrir la Ley de Política Lingüística impulsada por Pujol y su partido en enero de 1998. En Cataluña, el PP votó en contra, pero Aznar impidió que esta decisión le enemistara con sus aliados¹⁴. La Ley consagraba el catalán como lengua vehicular, lo que fue cuestionado tanto por algunos juristas, como por el Foro de Babel, organización que agrupaba a los intelectuales de izquierda contrarios al nacionalismo, como Francesc de Carreras, Miguel Riera, José Ribas, Félix de Azúa, Ana María Moix, Rosa Regás, etcétera¹⁵.

Sin embargo, la auténtica pesadilla del período fue la situación del País Vasco, donde se produjo un recrudecimiento del terrorismo de ETA y de la ofensiva política del nacionalismo vasco. Con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior, se produjeron detenciones de importantes dirigentes etarras, como José Luis Urrusolo Sistiaga; la desarticulación de varios comandos en Andalucía, Vizcaya y Álava, y, sobre todo, la casi milagrosa liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, militante del PP, que había permanecido casi dos años secuestrado en un minúsculo zulo.

Como respuesta, ETA secuestró a otro militante del PP, Miguel Ángel Blanco, concejal de la localidad vizcaína de Ermua, bajo la amenaza de asesinarlo si en cuarenta y ocho horas no se producía un traslado de los presos etarras al País Vasco. La amenaza, y poco después el asesinato del concejal, produjo —al menos por un momento— una intensa emoción en la sociedad vasca y en el conjunto de España. En este sentido, la prensa hizo referencia al «espíritu de Ermua». Por una parte, parecía que ETA, Herri Batasuna e incluso el nacionalismo conservador representado por el PNV se encontraban contra las cuerdas, aunque, en realidad, la ira popular y el «espíritu de Ermua» duraron muy poco.

Y es que el conjunto del nacionalismo vasco se sintió asediado, pero supo reaccionar a tiempo. Al PNV nunca le había interesado el final de ETA ni de Herri Batasuna, sino todo lo contrario. Resulta significativo que la Fundación Foro de Ermua fuese a medio plazo políticamente inoperante, en parte por los desacuerdos tácticos y estratégicos de populares y socialistas, y, sobre todo, por la fuerza social y política del nacionalismo. El lendakari José Antonio Ardanza apostó claramente por un pacto con Herri Batasuna y ETA. Se ensayó entonces la denominada «vía Ollora», teorizada por el diputado nacionalista José María Ollora, que propugnaba el abandono del Estatuto y la creación de un frente nacionalista con Herri Batasuna y ETA, a cambio de que la organización terrorista dejara de matar¹⁶. En esa línea, el PNV suscribió el llamado Pacto de Estella o de Lizarra el 12 de septiembre de 1998¹⁷. La alianza del PNV con los sectores extremistas provocó su expulsión de la Internacional Demócrata-Cristiana¹⁸.

Con todo, la situación del PP era relativamente cómoda, porque su estabilidad gubernamental se vio favorecida por la división y las disensiones experimentadas por el PSOE tras la derrota electoral. González abandonó la dirección del partido en junio de 1997, y se designó a Joaquín Almunia como nuevo líder, aunque fue derrotado en unas primarias por Josep Borrell. Sin embargo, poco después el catalán se vio obligado a renunciar a su candidatura y liderazgo tras ser procesados dos de sus antiguos colaboradores en la Secretaría de Estado de Hacienda. Finalmente, fue elegido Almunia, quien planteó un pacto con los comunistas de Izquierda Unida. Su principal dirigente, Francisco Frutos, aceptó. Sin embargo, nunca se llegó a un pacto o a una coalición efectiva, aunque sí contribuyó a sembrar la alarma en el electorado conservador y favoreció la movilización y la ulterior victoria del Partido Popular.

Aunque pudiera parecer paradójico, Aznar llegó a tener buena prensa entre algunos sectores de la izquierda. Muy alabada fue, en este sentido, su decisión —aunque luego careciese de consecuencias— de aceptar la petición del juez-estrella Baltasar Garzón de extraditar a España al general Augusto Pinochet, detenido en Londres, bajo la acusación de violación de los derechos humanos y genocidio bajo su mandato en Chile¹⁹. El intelectual socialista Ignacio Sotelo, ciertamente muy crítico con el PSOE en su etapa de gobierno, destacaba sus éxitos en materia social y económica «sin haber desmontado el Estado del Bienestar»: «una leve reducción del paro, una Administración un poco más eficiente», «un proceso avanzado de profesionalización de las Fuerzas Armadas, una mayor presencia económica en América Latina»²⁰.

Aznar convocó las elecciones legislativas para marzo de 2000. Su campaña tuvo por lema «Vamos a más», incidiendo en los éxitos de su gestión económica y social. Sin embargo, la mayoría de los analistas políticos no esperaban una mayoría absoluta, aunque sí una nueva victoria del PP. A este respecto, el historiador socialista Santos Juliá afirmó que el PP «no quería ganar por goleada», sino por «una mayoría minoritaria», porque «aspirar a todo el poder causa alarma social»²¹. Se equivocó: El PP obtuvo el 44,5 % de los votos y 184 escaños, mientras que el PSOE se quedó en 125. El voto de Izquierda Unida se redujo a ocho diputados. «En el cielo: toca la derecha», afirmaba Javier Tusell, a la hora de describir el segundo período de Aznar, caracterizado, según él, por un «estilo bronco que consistía en la demonización del adversario y una actitud propia esquinada y prepotente»²².

Para los nuevos Gobiernos Aznar siguió contando con Rajoy en la Vicepresidencia; Federico Trillo ocupó el Ministerio de Defensa: Álvarez Cascos fue a Fomento; Economía siguió en manos de Rato; Josep Piqué fue designado para Asuntos Exteriores, luego ocupado por Ana de Palacio. Prescindió de Tocino y de Celia Villalobos. Ascendió a Pilar del Castillo, en Educación; Ana Pastor, en Sanidad; Cristóbal Montoro, en Hacienda; Ángel Acebes en Interior; Juan Carlos Aparicio, en Trabajo; Miguel Arias Cañete, en Agricultura, Pesca y Alimentación, y Javier Arenas, en Administraciones Públicas.

Una mayoría absoluta asediada

Desde luego la segunda legislatura de Aznar tuvo poco que ver con la primera. Por de pronto, el PSOE logró superar, a duras penas, la crisis que padecía desde 1996. Gracias a los apoyos del PSC, un desconocido y hasta entonces silente José Luis Rodríguez Zapatero logró vencer, aunque por escaso margen, a José Bono en el XXXV Congreso del partido. Un desconocido que, en un principio, no pareció alarmar demasiado a los líderes del PP. Según Santos Juliá, estableciendo un paralelo histórico con su admirado Manuel Azaña, Rodríguez Zapatero, había logrado con un discurso «crear la emoción de lo que está por llegar y merece la pena»²³. En sectores de su propio partido, como el acaudillado por Alfonso Guerra, se le apellidó, al menos en un primer momento, como «Bambi», por su imagen de político blando, utópico y carente de realismo. Luego, como tendremos oportunidad de ver, demostraría lo contrario, convirtiéndose, a lo largo de ocho años, en una auténtica pesadilla para las derechas.

De igual modo, la paz social finalizó a lo largo de la nueva legislatura. Buena prueba de ello fueron las vicisitudes del proyecto del Plan Hidrológico Nacional, consistente en transferir agua desde la cuenca del Ebro a Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Huelva, Murcia y Almería, que provocó grandes polémicas. Tanto el PP como el PSOE defendieron posiciones distintas según la región en que se encontraran. Sin embargo, Rodríguez Zapatero encabezó con su partido la lucha contra el Plan²⁴.

En junio de 2002, el Gobierno tuvo que enfrentarse a su primera huelga general, convocada por Comisiones Obreras y UGT, como medida de presión contra el denominado «decretazo», que propugnaba recortes en el subsidio de desempleo y que finalmente fue retirado, lo que supuso la dimisión del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Las manifestaciones más multitudinarias tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, León y Salamanca, y los sectores que más secundaron la huelga fueron la industria, la construcción y el transporte. Aparicio fue sustituido por Eduardo Zaplana, que logró encauzar el conflicto mediante el diálogo con los sindicatos, eliminado los puntos más conflictivos de la polémica reforma laboral²⁵.

Sin embargo, la movilización social y política de las izquierdas no paró ahí. Continuó, aprovechando la mala gestión del Gobierno popular en la catástrofe ecológica provocada por el hundimiento del petrolero Prestige, en noviembre de 2002, en las costas gallegas, provocando el vertido al mar de una parte del fueloil que transportaba y que, en los primeros días, contaminó las aguas con toneladas de chapapote. El escándalo no solo provocó numerosas manifestaciones, encabezadas por movimientos como Nunca Máis, sino que debilitó al Gobierno en las figuras de Álvarez Cascos y Manuel Fraga²⁶.

Muy contestada fue igualmente la Ley de Calidad de la Educación (LOCE), promulgada en diciembre de 2002 por la ministra Pilar del Castillo, en cuyo articulado se establecían diferentes itinerarios en la ESO y en el bachillerato, cambios en el contenido de la educación infantil, una prueba de reválida al final del bachillerato y la asignatura de religión evaluable y computable²⁷. No menos contestada fue su Ley Orgánica de Universidades, que creaba un Consejo de Coordinación Interuniversitario y una Agencia Nacional de Educación de la Calidad y Acreditación, acababa con la selectividad, era favorable a las universidades privadas y establecía el sistema de habilitación para acceso del profesorado a los cuerpos de funcionarios doctores. Además, los rectores serían elegidos por sufragio universal ponderado y los claustros estarían formados por trescientas personas, de las cuales un 70 % serían profesores. Unos ocho mil docentes universitarios, encabezados entre otros por Javier Tusell, firmaron un manifiesto en contra. La Ley tuvo sus apoyos en el mundo académico, pero menores. Como era ya costumbre, las asociaciones estudiantiles de izquierda se movilizaron para rechazar su contenido²⁸.

En la nueva legislatura, el PP comenzó a asumir los preceptos de lo que posteriormente se denominaría «memoria histórica». Aprovechando el 20.º aniversario de la muerte de Francisco Franco, el PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista y Euzko Alkartasuna promovieron en la Comisión Constitucional del Congreso varias propuestas no de ley en las que se reclamaba la condena moral del régimen de Franco y el recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. El vicepresidente Mariano Rajoy acordó con el PSOE un texto en el que, además de reivindicar la reconciliación nacional, rechazaba la utilización de la violencia para establecer regímenes totalitarios «como en el pasado»²⁹.

Por otra parte, la situación del País Vasco seguía siendo muy conflictiva. Frente al Pacto de Estella o de Lizarra, el PP y el PSOE decidieron la firma de un Pacto Antiterrorista al que no se sumaron los nacionalistas vascos. El pacto, junto a un claro cerco legal a Herri Batasuna y la creciente eficacia policial, debilitó a ETA. Sin embargo, el enfrentamiento entre nacionalistas y constitucionalistas se hizo más explícito, porque los primeros siguieron defendiendo sus posiciones «soberanistas», aunque sus pactos con Herri Batasuna quedaron en suspenso al no condenar el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa por parte de ETA. El momento de máxima tensión se alcanzó en las elecciones vascas de mayo de 2001, en las que triunfó el frente nacionalista, aunque por estrecho margen, lo que aseguró la continuidad del Gobierno nacionalista de Juan José Ibarretxe gracias al apoyo de Izquierda Unida, Ezquer Batua, liderada por el cristiano progresista Javier Madrazo³⁰. Tras el fracaso del frente constitucionalista, el PP planteó la ilegalización de Herri Batasuna, para lo cual presentó con el PSOE y CIU una nueva Ley de Partidos Políticos. Y, tras un atentado de ETA en Santa Pola, en agosto de 2002, que Batasuna no condenó, se inició un proceso de ilegalización. A comienzos de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegal al partido secesionista, como «brazo político» de ETA, lo que provocó la reacción de los partidos nacionalistas. Y como alternativa, Ibarretxe propuso un «plan de pacificación» basado en la celebración de un referéndum que regulara «la libre asunción de Euskalerría al Estado Plurinacional Español»³¹.

La situación de Cataluña no era mucho mejor. En noviembre de 2003, las elecciones autonómicas llevaron a las izquierdas al Gobierno, mediante una coalición del PSC con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, bajo la presidencia del socialista Pascual Maragall. La coalición fue muy mal recibida por el Gobierno de Aznar, ya que implicaba la entrada en el Ejecutivo catalán de un partido como Esquerra, abiertamente secesionista, lo que se sumaba al reto del País Vasco. La situación se agravó cuando se conoció, por el diario ABC, que el líder de Esquerra, Josep-Lluís Carod Rovira, consejero de la Generalidad, se había entrevistado en Perpiñán con la cúpula dirigente de ETA para negociar una tregua exclusivamente para Cataluña. Carod tuvo que presentar su dimisión, pero el PSOE no rompió con los partidos de la coalición³².

Sin embargo, el factor más conflictivo de la legislatura fue el de la política internacional. Desde el principio Aznar se mostró como un fervoroso atlantista y había propugnado la inserción plena de España en la nueva estructura de la OTAN. A juicio del líder popular, era necesario superar la imagen de España como aliado reticente, por lo que se decidió la plena incorporación de España en la estructura militar. De ahí su rapidez en la supresión del servicio militar obligatorio, que no fue únicamente consecuencia de la presión de los catalanistas, sino una necesidad para poder ampliar la presencia española en el exterior. Sin embargo, como veremos, Aznar fue mucho más lejos, rompiendo de hecho algunos de los consensos básicos del nuevo régimen, como era el europeísmo.

En este sentido, el giro más radical fue consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, momento en el que se esfumó para siempre el hipotético «fin de la Historia» y la hegemonía liberal en el planeta. Aznar aprovechó la nueva situación para establecer una alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña, el eje atlántico, frente a la hegemonía de Francia y Alemania en el continente europeo. De manera unilateral, Aznar se convirtió en una especie de «halcón» respecto a la guerra de Irak, manifestando su apoyo incondicional a la política del presidente norteamericano George Bush. En más de una ocasión, el líder popular se había quejado de que la política exterior española se encontrara mediatizada por los intereses del eje franco-alemán. Aznar apoyó la invasión de Afganistán en octubre de 2001 y luego, como veremos, la de Irak. Este giro político se vio reforzado por el incidente del islote Perejil, que enfrentó a España con Marruecos.

El tema del Sahara y la españolidad de Ceuta y Melilla seguían siendo contenciosos históricos entre España y Marruecos, y cualquier gesto en esa dirección podía ser objeto de conflicto. El 11 de junio de 2002 un grupo de militares marroquíes ocuparon el islote Perejil, izaron sus banderas y pretendieron instalarse allí. Además, encañonaron a una lancha de la Guardia Civil. El incidente tenía ante todo un valor simbólico. La Unión Europea apoyó a España, y algo más reticentemente la OTAN. Marruecos se negó a un repliegue, y el Gobierno español decidió retirar su embajada en Rabat. Se elaboró una operación de desalojo y recuperación del territorio y, sin apenas resistencia, un comando de operaciones español ocupó el islote. El PSOE, CIU y Coalición Canaria apoyaron la decisión, mientras que PNV e Izquierda Unida la condenaron. Colin Powell, secretario de Estado norteamericano, demandó diálogo entre ambos países, al fin y al cabo, aliados de Estados Unidos. Finalmente, se llegó a una especie de pacto sin demasiada convicción por parte de Mohamed VI³³.

Como extensión de ese apoyo y de esas nuevas relaciones con Estados Unidos, Aznar participó, junto a George Bush y el británico Tony Blair, en marzo de 2003, en la reunión de las Azores, donde se dio un ultimátum a Sadam Hussein para que entregara unas armas de destrucción masiva que, como luego se demostró, el dictador irakí no poseía, e hicieron una llamada a todos los países del mundo para que se sumasen a la nueva «Alianza Trasatlántica» contra el terrorismo internacional. Poco después se inició la invasión de Irak. En la sociedad española ese tipo de decisiones no fueron entendidas ni por la opinión pública —salvo por una minoría³⁴— ni por el conjunto de la sociedad española, derechas incluidas.

El viejo líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, condenó la actuación del Gobierno español en el conflicto con Irak en un discurso en la sala Isis de Madrid, el 20 de marzo, porque no se adecuaba a los preceptos del derecho de gentes elaborado por Francisco de Vitoria³⁵. Las manifestaciones en contra del Gobierno se multiplicaron en toda la geografía española, y fueron capitalizadas por Rodríguez Zapatero. En un primer momento, la nueva política exterior de Aznar no pareció tener un coste electoral para el PP, como se demostró en las elecciones autonómicas de mayo. Después de los comicios, Aznar envió a Irak 1.300 soldados para la «reconstrucción» del país ocupado, mientras que el líder socialista anunció que, de ganar las elecciones generales, haría volver a las tropas.

Frente al acoso de las izquierdas y de los nacionalistas, Aznar y su Gobierno recibieron el apoyo del Vaticano. En mayo de 2003, Juan Pablo II visitó por última vez España. El pontífice había sido muy crítico con la guerra de Irak, pero a su llegada a España no hizo ninguna referencia al conflicto. Aznar y su esposa, Ana Botella, asistieron a las grandes ceremonias celebradas en Madrid. En la Plaza de Colón, tuvo lugar la canonización, entre otros, del padre Pedro Poveda, fundador de la Orden Teresiana, asesinado en la Guerra Civil. Con anterioridad, el líder popular había visitado al pontífice en el Vaticano para explicarle su posición en la guerra de Irak³⁶.

Mientras tanto, Aznar elegía a su sucesor como líder del PP. Hombre de palabra, cumplió su promesa de no presentar su candidatura a más de dos legislaturas. Los candidatos eran Mayor Oreja, Rato y Rajoy. Finalmente, eligió al tercero, en agosto de 2003³⁷. Según Ignacio Peyró, autor de algunos de los discursos del político gallego, Rajoy poseía «un temperamento conservador que huye del reaccionarismo por la melancólica necesidad de hacer política, por la cautela, por ese pesimismo antropológico que lleva en sí esa fatalidad de la Historia, por la desconfianza hacia las construcciones y los grandes proyectos políticos acabados, por una mezcla de patriotismo y conciencia de los déficits de España»³⁸. Javier Tusell, en cambio, celebró por una vez la decisión de Aznar, porque Rajoy era, a su entender, un representante de su añorado horizonte utópico centrista. Se trataba del «mejor candidato», «en las antípodas del estilo malencarado con el que Aznar se exhibía cada vez con mayor asiduidad y desenfreno»³⁹.

Finalmente, Aznar convocó elecciones para marzo de 2004. Las expectativas electorales de su partido eran, según todas las encuestas, bastante prometedoras, y en la prensa tan solo se discutía si el PP ganaría por mayoría absoluta o por mayoría simple. Incluso una periodista de izquierdas, como Soledad Gallego Díaz, presentaba a José María Aznar como un «presidente satisfecho», y se congratulaba de que, a pesar de sus choques con los sindicatos y con los nacionalistas en la segunda legislatura, el PP hubiera aceptado el divorcio, el aborto y el Estado de las autonomías, sin pretender modificar la legislación socialista anterior⁴⁰.

Sin embargo, la historia corrió por otros cauces. El 11 de marzo de 2004 se produjo un hecho de singular trascendencia que condicionó la ulterior trayectoria política y social española. Un atentado proyectado y llevado a cabo por fundamentalistas islámicos no solo asesinó a 192 personas, e hirió a muchas más, sino que propició, contra todo pronóstico, la derrota electoral del Partido Popular en las elecciones legislativas celebradas tres días después. Sin embargo, como suele decirse, conviene no confundir la chispa con el combustible. Las claves de la derrota electoral no fueron tan coyunturales como muchos creyeron en un principio.

La chispa que llevó al incendio fue el atentado, pero el combustible permanecía allí, en el seno de la sociedad española, desde hacía mucho tiempo. El que una mayoría de españoles reaccionara de la manera en que lo hizo fue producto, entre otras cosas, de la fragilidad político-intelectual de la derecha española. Y es que, como ya señalamos, a lo largo de ocho años de gobierno —cuatro de ellos con mayoría absoluta— el Partido Popular fue incapaz no ya de llevar a cabo, ni tan siquiera de plantear una auténtica reforma intelectual y moral de la sociedad española, limitándose a una más o menos exitosa gestión económica.

Sin embargo, no fue solo esa incapacidad a la hora de tutelar y transformar el «sentido común» de los españoles lo que determinó esa derrota. En un nivel más coyuntural, pero efectivo, destacó la escasa altura de miras a la hora de gestionar la crisis provocada por el cruento atentado. De hecho, José María Aznar se comportó —ya lo señalamos— a lo largo de su segundo mandato como un líder político soberbio e imprudente, es decir, todo lo contrario de lo que debería ser un auténtico político conservador, cuya principal virtud, como ya habían indicado Aristóteles o Edmund Burke, es la prudencia.

Hacía tiempo, por otra parte, como hemos visto, que el Partido Popular en general y José María Aznar en particular sufrían una radical campaña de deslegitimación por parte de los medios de comunicación de la izquierda y del PSOE. La triunfalista y ostentosa boda de la hija del líder popular en El Escorial, presidida por los reyes; la crisis del chapapote en Galicia, tras el hundimiento del buque Prestige, y, sobre todo, el apoyo a la guerra de Irak, favorecieron ese proceso deslegitimador, que el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero supo aprovechar de forma eficaz. En su apoyo a la guerra de Irak, José María Aznar no solo desoyó a los sectores más lúcidos y competentes de la opinión pública conservadora y de su propio partido, sino a la mayoría de la sociedad española.

Contó, sin embargo, con el apoyo de un curioso remedo del neoconservadurismo norteamericano representado por el Grupo de Estudios Estratégicos para la Defensa, que, contra no pocas racionalidades y contra todo realismo político, apoyó la intervención en Irak⁴¹. La opción no pudo ser más negativa y demostraba que un sector del liberalismo conservador español desconocía no solo la realidad internacional, sino las posibilidades e intereses de su propio país. Y es que, como señaló John Gray, los denominados «neoconservadores» estadounidenses no eran, en realidad, hombres de derecha, sino jacobinos de nueva planta, «intelectuales revolucionarios con una visión muy confusa del mundo en el que la mayoría de la humanidad vive realmente»⁴².

En un principio, el Gobierno atribuyó el atentado a la organización terrorista ETA, pero, al descubrirse la autoría islamista, la suerte estuvo echada para el Partido Popular. En realidad, el gran perdedor de las elecciones no iba a ser Mariano Rajoy Brey, sino el propio José María Aznar, quien finalizaba de una manera trágica su carrera política. Las izquierdas supieron movilizarse pronto y eficazmente, gracias a las informaciones proporcionadas por la Cadena Ser y el Grupo PRISA. Incluso sectores de la izquierda llegaron a asediar, en plena jornada de reflexión, las sedes del Partido Popular, sobre todo en Madrid y Barcelona.

El PP calificó aquellos actos de antidemocráticos e ilegítimos. Como señaló Luis de Grandes, «así llegó Zapatero al poder, un personaje que, pese a la apariencia de moderación, puso las bases del intento de destrucción del consenso constitucional y una política que generó paro y destrucción de la economía»⁴³. La indefensión mediática de los conservadores resultó igualmente decisiva, lo mismo que su pasividad. En las elecciones, el PSOE, con casi once millones de votos, obtuvo 166 escaños; el Partido Popular, con 9,6 millones, 148.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO: LA DESLEGITIMACIÓN HISTÓRICA DE LAS DERECHAS ESPAÑOLAS

La derrota del Partido Popular provocó el ascenso al Gobierno del líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato se puso en marcha todo un proceso de deslegitimación histórica de las derechas españolas. Nacido en 1961, Rodríguez Zapatero es descrito por sus biógrafos como un político profesional, que tan solo había ejercido de profesor no numerario de Derecho Constitucional en la Universidad de León. En sus primeros pasos como militante del PSOE estuvo al lado de los sectores partidarios de no abandonar el marxismo; igualmente se declaraba, por aquel entonces, patriota español y muy crítico con los nacionalismos periféricos⁴⁴.

En su madurez, Rodríguez Zapatero se perfiló como un representante de lo que Jean Bricmont ha denominado «izquierda moral», cuyo centro de interés no es ya la transformación económica de la sociedad, sino los discursos donde se estigmatizan enemigos tales como el racismo, la xenofobia o la extrema derecha, y se hace una defensa de los homosexuales o del feminismo radical⁴⁵. En este nuevo discurso, el feminismo experimentó una drástica transformación, pasando de una etapa reivindicativa a una especie de constructivismo social y político que ha dado lugar a la denominada «ideología de género». Ahora se pretende la construcción de una sociedad en la que el sexo —mera construcción social e ideológica— no origine consecuencias prácticas o físicas, personales o sociales. Por decirlo en lenguaje marxista, la «izquierda moral» apela a la conciencia y no al ser social, a las superestructuras y no a la infraestructura.

Esta tendencia es fruto de la crisis del proyecto socialdemócrata europeo, basado en el gasto público creciente y sin límites. La crisis fiscal que empezó a manifestarse en Europa hace tres décadas, el final de la Guerra Fría y las necesidades competitivas que acarrea la globalización han provocado la obsolescencia de ese discurso y la creciente aceptación de la economía de libre mercado⁴⁶. Ideológicamente, Rodríguez Zapatero decía estar influido por el republicanismo cívico de Philippe Pettit, por Serge Lakoff, María Zambrano —a quien cree superior a Ortega y Gasset—, Julián Besteiro, la Institución Libre de Enseñanza, Anselmo Carretero, etc. Según su biógrafo José García Abad, su ideario político se sintetiza en «Memoria Histórica y Modernidad»⁴⁷.

Hijo de socialistas y nieto de un militar, Julio Rodríguez Lozano, fusilado por los nacionales en la Guerra Civil, la opinión de Rodríguez Zapatero acerca de las derechas españolas era radicalmente hostil. Según su propio testimonio, el testamento de su abuelo le marcó el camino a seguir, su «obligación ética». Rodríguez Zapatero estimaba que «nos hace falta una derecha liberal», aunque señalaba que «con este PP no hay extrema derecha». Calificaba a José María Aznar de «ultraconservador» y argumentaba que la esencia del nacionalismo español es la sumisión al «imperio americano». El líder socialista se mostraba, además, como un partidario incondicional de la descentralización, porque, a su entender, el crecimiento económico español era consecuencia de ese modelo. La centralización, en cambio, suponía un «freno». Y señalaba: «Aún nos queda un terreno importante que avanzar en el reconocimiento de la pluralidad lingüística y de la riqueza cultural. España es más rica porque tiene el gallego, el euskera, el catalán. El castellano tiene una potencia de convivencia y crecimiento al lado de estas lenguas», y la cuestión política era, por tanto, «la integración en la diversidad».

El papel de la Iglesia católica en la sociedad española había generado, según Rodríguez Zapatero, «vacíos notables en nuestro ser colectivo». Su valoración de la experiencia de la Segunda República era muy positiva:

La República era más que un cambio de gobierno, era un cambio profundo, democrático, nacional, real. […] Pasábamos de una tradición muy conservadora para abordar de pronto el voto de la mujer, la reforma social, la separación entre la Iglesia y el Estado […]. Se plantearon todos los grandes temas en muy poco tiempo, lo cual trajo muy pronto la reacción de la Reacción.

Sin embargo, consideraba la monarquía de Juan Carlos I como promotora de la democracia⁴⁸. A través de la propuesta ideológica que se deriva de esos principios, Rodríguez Zapatero planteó un proyecto político que suponía, a grandes rasgos, la transformación cultural de la sociedad española. Por de pronto, no se hizo esperar el retorno de las tropas españolas enviadas a Irak ni la derogación de la Ley de Educación, preparada por la ministra popular Pilar del Castillo, y el Plan Hidrológico Nacional. Igualmente, el líder socialista se dispuso, para asegurarse el poder, a cumplir las promesas hechas al Partido Socialista de Cataluña y a su dirigente Pascual Maragall, a partir de su proyecto de federalismo asimétrico, además de un pacto con los nacionalistas catalanes y vascos, mientras que las leyes de matrimonios homosexuales y del aborto supusieron un claro desafío a la jerarquía católica.

De la concordia al antifranquismo

De inmediato, Rodríguez Zapatero comenzó a plantear la aprobación de una Ley de Memoria Histórica con el claro objetivo de inducir al Partido Popular a oponerse a ella y que apareciera ante la opinión pública como defensor o heredero del régimen anterior. En realidad, el hecho no era tan novedoso. El recurso a la «memoria histórica» ya había sido utilizado, como sabemos, por Felipe González cuando vio peligrar su hegemonía política ante un Partido Popular renovado por José María Aznar. Entonces, González dijo recuperar el «antifranquista sentimental» que llevaba dentro, reafirmando «el orgullo de una generación que se resiste a dar por acabada su tarea y que sabe que la derecha siempre llega al poder de España para instalarse en él con dilatada comodidad»⁴⁹. El Partido Popular recibió el desafío como si se tratara de la ruptura del denominado «pacto» de la Transición. Y lo mismo hizo, en este nuevo contexto, Mariano Rajoy.

Lo novedoso de Rodríguez Zapatero fue su clara intención de tensar mucho más el conflicto que albergaba esa iniciativa. A modo de gesto, en marzo de 2005 Rodríguez Zapatero ordenó retirar —como una especie de felicitación a Santiago Carrillo por su cumpleaños— la estatua ecuestre de Franco sita en la madrileña plaza de Santa Cruz. Sin embargo, no fue Franco el único objetivo de aquella fiebre vengativa. Rosa Regás, directora de la Biblioteca Nacional, pretendió retirar la estatua de Menéndez Pelayo de la entrada principal al edificio. El antiguo comunista César Alonso de los Ríos interpretó aquel gesto como fruto de «la miseria cultural que anida en la izquierda y el resentimiento»⁵⁰. En el mismo sentido se expresó el filósofo Fernando Savater, demandando respeto hacia el insigne polígrafo santanderino⁵¹.

El PSOE y sus aliados nacionalistas y de Izquierda Unida acordaron que el año 2006 sería el de la Memoria Histórica en homenaje a la Segunda República, a la que se vinculaba la Transición. El Partido Popular rechazó la iniciativa acusando de nuevo al PSOE de buscar legitimidades políticas ajenas a la Constitución de 1978. En el fondo, se trataba de aludir «a memorias parciales y revanchistas»⁵². Para el historiador Fernando García de Cortázar, la Segunda República se había convertido para Rodríguez Zapatero y su partido en un mito; era una «República imaginada», en la que desaparecían las responsabilidades del PSOE en el estallido de la Guerra Civil⁵³. Sin embargo, el PSOE llevó la iniciativa al Parlamento Europeo. En su intervención, Josep Borrell aludió a la imagen de «los obispos saludando al modo fascista rodeados de generales», mientras que el popular Jaime Mayor Oreja, cuyo abuelo había sido asesinado durante la revolución socialista de octubre de 1934, defendió la reconciliación perfilada en la Constitución de 1978⁵⁴.

El conjunto de la prensa conservadora vio en aquellas iniciativas un claro afán de revancha. Manuel Fraga manifestó: «El régimen permitió a muchos españoles vivir con tranquilidad […]. La sociedad española notó una cierta mejoría en el nivel de vida. Franco nunca soportó una presión popular fuerte»⁵⁵. Según una encuesta de El Mundo, el 76,4 % de los españoles confesaba no haber hecho nada para derribar a la dictadura: solo el 23 % creía que se debía haber luchado contra ella, y la mayoría consideraba a Franco «fanático» y «cruel», pero igualmente «hábil» e «inteligente»⁵⁶. El Partido Popular, por boca de Mariano Rajoy, rechazó cualquier proyecto de Ley de Memoria Histórica, acusando a Rodríguez Zapatero de «dividir a la gente y generar tensiones en vez de buscar la reconciliación»⁵⁷.

Un sector de la historiografía de izquierdas se movilizó en apoyo de las iniciativas del Gobierno. El historiador Ricard Vinyes demandó la instauración de una «memoria de Estado», «una política pública de memoria»⁵⁸. De hecho, en la Cataluña dominada por el tripartito de izquierdas, se instauró el denominado «Memorial Democrático», donde se intentó imponer, según señala Jordi Canal, «una visión única y maniquea de la historia catalana del siglo XX»⁵⁹.

Las librerías se llenaron de libros sobre la Guerra Civil y el franquismo, escritos desde una perspectiva de izquierdas: Españoles en el Holocausto, de David Wingt; Maquis: el puño que golpeó al franquismo, de José Sánchez Cervelló; Exterminio. El terror de Franco, de Francisco Sevillano Calero; Trece rosas rojas, de Carlos Fonseca; Los años del terror. La estrategia de dominación y represión del general Franco, de Mirta Núñez Díaz-Balart; Las fosas del silencio. ¿Hubo un Holocausto español?, de Montse Armengou y Ricard Belisa, con prólogo de Santiago Carrillo, etc. En estos textos coyunturales, el franquismo fue perdiendo su perfil histórico concreto para convertirse en una categoría moral, es decir, en el mal radical. Todo este proceso historiográfico tuvo su culminación, en 2011, con la publicación del libro de Paul Preston El Holocausto español, en cuyas páginas se defendía la existencia de un auténtico plan de exterminio por parte de las derechas para acabar con las izquierdas, defensoras del régimen republicano.

Pero no fue solo la Historia; la Guerra Civil se convirtió, sobre todo para las izquierdas, en moda literaria: Rosa Regás, Luna lunera; Ángeles Caso, Largo silencio; Rafael Chirbes, La caída de Madrid; Javier Cercas, Soldados de Salamina; Juan Eslava Galán, La mula; Ignacio Martínez de Pisón, Enterrar a los muertos; Benjamín Prado, Mala gente que camina; Andrés Sorel, El falangista vencido y desarmado; Almudena Grandes, El corazón helado, etc. Fenómeno que se extendió al cine: Los girasoles ciegos y La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda; El viaje de Carol, de Imanol Uribe; El laberinto del fauno y El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro; Las trece rosas, de Martínez Lázaro; La buena nueva, de Helena Taberna, etc.

El discurso de la «memoria histórica» fue monopolizado por las izquierdas y no hubo respuesta artística ni literaria por parte de las derechas, al menos a un nivel de militancia política. Significativamente, el escritor católico Juan Manuel de Prada señalaba: «La derecha española no es creativa; ha renunciado a ofrecer una alternativa estéticamente atractiva que deje al desnudo la roña progre. Y esta falta de creatividad se traduce en una actitud siempre defensiva, mohína, casi acorralada»⁶⁰.

El 26 de diciembre de 2007 salía a la luz, finalmente, en el Boletín Oficial del Estado, sancionada con su firma por el jefe del Estado Juan Carlos I, la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica. Su contenido reflejaba los supuestos ideológicos e historiográficos de los movimientos de reivindicación de la «memoria histórica» de las izquierdas. Así, en la «Exposición de Motivos», se invocaba el «espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guio la Transición», la Proposición No de Ley del Congreso de 20 de noviembre de 2002 y la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de mayo de 2006. En cualquier caso, su objetivo principal era «la conservación y fomento de la memoria democrática».

El régimen de Franco es calificado de «doloroso período de nuestra historia», y entre los defensores de «los valores democráticos» se encuentran, según los redactores de la ley, no solo los exiliados o los represaliados por el régimen de Franco, sino «los integrantes del Cuerpo de Carabineros», los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros o los miembros de la Unión Militar Democrática. Y no solo eso; en la Ley se establece el «carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal provocadas por motivos inequívocamente políticos o ideológicos durante la Guerra Civil, así como los que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la dictadura posterior»; «la ilegitimidad de los tribunales», y la «ilegitimidad de las sanciones y condenas». Medidas en relación «con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentros y no de enfrentamientos, ofensa o agravio».

Esto no impide, a continuación, «hacer un reconocimiento singularizado» a los voluntarios de las Brigadas Internacionales, a los que se permitirá «acceder a la nacionalidad española». En este sentido, fue muy significativo que en lo relativo a los símbolos, la Ley de Memoria Histórica singulariza, en su artículo 16, al Valle de los Caídos, donde no podrían «llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltaciones de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo»⁶¹.

El conflicto llegó hasta la Real Academia de la Historia, cuando se presentó la primera parte del Diccionario biográfico, proyecto de Estado dirigido por aquella institución. Las entradas sobre Franco, Azaña y Carrillo suscitaron un acalorado debate sobre la frontera entre interpretación y desfiguración de los hechos del pasado. Y es que Luis Suárez Fernández, autor del artículo sobre Franco, omitía la palabra «dictadura» a la hora de catalogar el carácter político del régimen que este encarnó, presentándolo como «autoritario». Algunas asociaciones de la «memoria histórica» se manifestaron con banderas republicanas ante el edificio de la Academia⁶². Como respuesta, Ángel Viñas convocó a un grupo de historiadores de izquierda para elaborar un «contradiccionario» que luego llevó por título En el combate por la Historia.

Uno de los últimos episodios de la batalla sobre la «memoria histórica» tuvo por objeto el Valle de los Caídos. A lo largo de la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero, el monumento sufrió una fortísima campaña de desprestigio y de abandono. Por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2011, se creó la denominada «Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos», con el encargo de preparar un informe sobre las posibles actuaciones, de acuerdo con las disposiciones que para ese lugar establecía el artículo 16 y la disposición adicional 6.ª de la Ley de Memoria Histórica. Nombrada por el Consejo de Ministros, la Comisión de Expertos estuvo presidida por Ramón Jáuregui Atondo, y compuesta por Virgilio Zapatero Gómez, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Carmen Molinero Ruiz, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Alicia Alted Vigil, Manuel Reyes Mate, Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, Hilari Raguer i Suñer, Feliciano Barrios Pintado, Ricard Vinyes Ribas, Francisco Ferrándiz Martín y Carlos García de Andoain⁶³. La inmensa mayoría de los componentes eran representantes de la izquierda intelectual y del progresismo católico.

La Iglesia católica española rechazó su presencia en la Comisión. El cardenal Rouco Varela decidió que no se debía dar legitimidad alguna a los trabajos de la Comisión, si bien en un principio se había optado por nombrar dos personas que representaran a la Iglesia católica. Sin embargo, según parece, el Gobierno solo aceptó a uno de los nombres propuestos, monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, y, además, quiso imponer a un eclesiástico afín al proyecto gubernamental. Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal, junto a Fernando Sebastián, se negó a formar parte de la Comisión. En este sentido, Infocatólica señalaba:

El Gobierno puede engañarse a sí mismo y a los ciudadanos pretendiendo que la Comisión creada tiene algún tipo de legitimidad. Sin embargo, si el futuro del Valle se va a decidir sin contar con la opinión de la Iglesia, al no haber aceptado esta las imposiciones gubernamentales injustas y arbitrarias, es claro que la decisión que se tome será fuente del sectarismo de un gobierno anticlerical, que en vez de solucionar los problemas de España se dedica a abrir heridas pasadas y a crear conflictos donde no los hay⁶⁴.

Tras las deliberaciones, la Comisión dirigió al Gobierno una serie de recomendaciones. En primer lugar, el logro de «los más amplios consensos sociales y políticos». En segundo lugar, detener el deterioro del conjunto monumental, para lo cual era necesario «una pacificación social y política» del Valle de los Caídos «que legitime el mantenimiento y cuidado» y haga de este «un lugar de encuentro de todos los españoles, fueren cuales fueren sus ideologías», lo que hacía precisa «una tarea de resignificación del conjunto».

La «resignificación» implicaba «una actuación integral que proporcione la relectura completa del conjunto monumental, lo que debería realizarse a partir de la utilización de la explanada delantera y las zonas adyacentes, como espacio simbólicamente óptimo y materialmente adecuado, al que llamaremos Memorial del Valle y que articularía en un mismo proyecto la instalación o actuación artística que evoque la resignificación de la jerarquía funeraria establecida desde su constitución». Es decir, un espacio destinado a la «meditación de carácter cívico, que actúe de conector teórico entre la instalación artística, el Centro de Interpretación y el Cementerio». Un Centro de Interpretación que «constituya la resignificación histórica, disciplinar y empíricamente documentada del conjunto monumental, por medio de la comunicación informativa y educativa».

La Comisión estimaba que debería mantenerse el nombre de «Valle de los Caídos». Al Centro de Interpretación correspondería «una fuerte tarea de explicación de su sentido original por la dictadura y el que tiene en el marco de nuestra democracia». El Centro debería nutrirse de los resultados de un Programa de Investigación sobre las personas allí enterradas, sobre los trabajos de los prisioneros republicanos, y promover «los valores constitucionales conectados con la resignificación del conjunto: defensa del pluralismo, promoción de los derechos, etcétera». La Comisión consideraba la Basílica «inviolable», pero los religiosos deberían «evitar cualquier tipo de actos políticos en su interior».

Sobre el enterramiento de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, la Comisión recomendaba que los restos del segundo fueran «trasladados al lugar que designe la familia o, en su caso, el lugar que sea considerado digno y más adecuado». Con respecto al fundador de Falange Española, se estimaba que «dada la igual dignidad de los restos de todos los allí enterrados, aquellos no deben ocupar un lugar preminente en la Basílica». Se recomendaba un nuevo convenio con la Iglesia católica, ya que el actual, dado el tiempo trascurrido, era «un anacronismo y por ello debe ser denunciado para renegociar un nuevo Convenio en el que las partes adapten sus actuaciones civiles y religiosas al espíritu de la nueva resignificación que se pretende».

Por su parte, la minoría conservadora de la Comisión, representada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios Pintado, suscribieron un voto particular en el que manifestaban su desacuerdo con la propuesta de traslado de los restos de Francisco Franco, que, a su juicio, «resultaría hoy impropia en nuestro contexto europeo y occidental, donde no se ha dado nada semejante». Además, resultaba incoherente con la decisión de no intervenir en la Basílica. Y concluían:

Una parte no pequeña de los españoles considerarían que la exhumación supone una descalificación de un largo período de la Historia de España y a otra parte resultaría muy ingrato el traslado de los restos del general Franco con la dignidad que corresponde a un jefe del Estado. Y todo ello en una circunstancia en que la opinión está y estará más dividida y radicalizada por las graves circunstancias económicas, sociales y políticas presentes⁶⁵.

Sin embargo, convocada poco antes de las elecciones de noviembre de 2011, las decisiones de la Comisión carecieron de trascendencia inmediata.

Hacia la hegemonía de la «gauche moral»

Una segunda ofensiva cultural contra las derechas en general y contra la Iglesia católica en particular fue la modificación del Código Civil y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y, como consecuencia, otros derechos como la adopción conjunta, herencia y pensión. Tras no pocos debates, la ley fue aprobada en julio de 2005, y su tramitación se vio acompañada de movilizaciones sociales a favor y en contra.

Mientras los partidarios de la medida estimaban que la verdadera igualdad solo se conseguiría si se equiparaban todas las parejas en una misma figura jurídica, el matrimonio, los opuestos sostenían que el término «matrimonio» debía reservarse a la unión del hombre y la mujer. A la hora de equiparar los derechos de las parejas homosexuales a los de las parejas constituidas en matrimonio, habría sido suficiente una ley de parejas de hecho de ámbito nacional que recogiera los mencionados derechos, pero eso no bastaba porque para Rodríguez Zapatero la prioridad política se encontraba en el desafío a la Iglesia católica, que se opuso a la ley, considerándola un ataque a la institución familiar⁶⁶. El Foro de la Familia expresó su preocupación sobre la posibilidad de que las personas homosexuales pudieran adoptar menores⁶⁷.

Tras su aprobación, el Partido Popular presentó un recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional⁶⁸. La lucha cultural continuaría posteriormente, ya en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, con las nuevas leyes sobre el aborto, obra de la ministra Bibiana Aído. Según el proyecto, la mujer podría interrumpir el embarazo libremente hasta la semana catorce, siempre que hubiera recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que pudiera disponer para la maternidad si tal fuese su decisión al menos tres días antes. Uno de los puntos más polémicos y que más de debatió fue el que proponía que las menores de dieciséis y diecisiete años podrían abortar sin el consentimiento de los padres. Como era de esperar, el contenido de la ley fue muy criticado por la Iglesia católica y las asociaciones antiabortistas.

El Partido Popular presentó, de nuevo, un recurso ante el Tribunal Constitucional⁶⁹, aunque la medida fue más simbólica que efectiva, ya que, cuando el Partido Popular volvió al gobierno, en 2011, no derogó ninguna de esas leyes, lo que demostraba el ocaso de la influencia de la Iglesia católica en la sociedad española, que avanzaba en un imparable proceso de secularización, de «irreligión natural», que diría el filósofo italiano Augusto del Noce⁷⁰. Años después, así lo reconocía Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, para quien «en estos años de vida democrática se ha debilitado la vida cristiana de los españoles». La Iglesia católica

[…] se ha visto reducida a una minoría de miembros practicantes, ha perdido significación e influencia social, vive en una situación bastante marginal, y es a veces minusvalorada por la opinión y por los poderes públicos […]. Desde la década de los setenta, la práctica sacramental de los españoles ha descendido a menos de la mitad durante los últimos treinta o cuarenta años. Venimos padeciendo una dura crisis vocacional que ha reducido drásticamente el número de sacerdotes y religiosos de nuestras iglesias e instituciones, y las tendencias dominantes se inclinan por el laicismo y el permisivismo moral⁷¹.

Muy criticado igualmente fue, sobre todo por la derecha liberal, el proyecto de Alianza de Civilizaciones defendido por Rodríguez Zapatero, cuyo objetivo era fomentar el diálogo y la cooperación entre diferentes comunidades, culturas y civilizaciones. El proyecto fue presentado por el líder socialista ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2004. Su propuesta consistía en una alianza entre Occidente y el mundo árabe y musulmán para combatir el terrorismo internacional por métodos no violentos: cooperación antiterrorista, corrección de desigualdades económicas y diálogo cultural⁷².

El plan fue rechazado por los expertos en política internacional próximos al Partido Popular. Para Rafael Bardají, la iniciativa era consecuencia de la necesidad de «reconocimiento internacional» que experimentaba Rodríguez Zapatero tras la salida de las tropas españolas de la guerra de Irak, y afirmaba que se trataba de un mero plagio de las iniciativas del líder iraní Jatamí. En definitiva, el proyecto resultaba inaceptable porque el terrorismo era un fenómeno que se encontraba más allá de las civilizaciones y era producto de «la enseñanza fundamentalista del islam militante»⁷³.

En opinión de Gustavo de Arístegui, el proyecto de Rodríguez Zapatero tenía como fundamento el relativismo cultural, algo inaceptable para los occidentales que defendían valores, como los derechos humanos, que debían ser considerados de carácter universal e irrenunciables y, en consecuencia, innegociables. En este sentido, la iniciativa del líder socialista era «potencialmente peligrosa y debilitaba esos fundamentos sobre los que se asienta la democracia, es decir, los derechos y libertades fundamentales»⁷⁴.

Por su parte, José María Aznar propugnó una «Alianza de los Civilizados», porque la civilización era una, con distintas expresiones culturales, con diferentes experiencias históricas, bajo diversas creencias y raíces religiosas⁷⁵.

Las tensiones territoriales

Aun así, el conflicto por excelencia a lo largo del Gobierno de Rodríguez Zapatero fue el territorial. En las elecciones autonómicas de 2003, el candidato de Convergència i Unió Artur Mas fue derrotado por una coalición de izquierdas que dio la presidencia de la Generalidad al socialista Pascual Maragall, que presidió un Gobierno tripartito de socialistas, independentistas de izquierdas y excomunistas «verdes» fundado en el llamado «pacto del Tinell».

El gran proyecto de Maragall fue la elaboración de un nuevo Estatuto para aumentar la cuota de autogobierno. Rodríguez Zapatero prometió en un mitin que, si ganaba las elecciones generales, aprobaría el texto que viniese del Gobierno catalán⁷⁶. El Parlament aprobó la propuesta en septiembre de 2005 por amplia mayoría y aquella fue enviada al Congreso. Se trataba de un proyecto muy extenso y socialmente intervencionista que reconocía a Cataluña como nación. El Partido Popular votó en contra, ya que, según su líder, Josep Piqué, modificaba «la naturaleza del Estado» y buscaba «alejar a Cataluña de España»⁷⁷.

Mariano Rajoy, en un artículo titulado «Una cierta idea de España», acusó a Rodríguez Zapatero de dejarse «arrastrar» por la «voluntad de quienes no quieren saber nada de España», y se manifestó opuesto a la concepción de España defendida por Maragall y los socialistas catalanes con «un Estado plurinacional». «España, la nación española —afirmó— es algo más que el diseño caprichoso, maleable, a disposición de cualquier ingeniero constitucional voluntarioso. Es una realidad obstinada que nadie podrá cambiar a capricho»⁷⁸.

El 2 de noviembre se celebró en el Congreso el debate sobre el proyecto de reforma del Estatuto. En el hemiciclo estuvieron presentes la socialista Manuela de Madre, el independentista Carod Rovira y el convergente Artur Mas, quienes defendieron el contenido de la reforma. Rodríguez Zapatero criticó los «excesos de centralismo» de la etapa Aznar y sostuvo que Cataluña tenía «identidad nacional». Rajoy negó que se estuviera ante una reforma estatutaria, porque el texto proclamaba la «existencia de una nación y reclama para sí las competencias de un Estado». El proyecto defendía una «comunidad autárquica que adopta con franqueza las hechuras de una constitución para una región emancipada». Y es que, en el fondo, Cataluña no era más que «una coartada para que el señor Rodríguez Zapatero lleve a delante sus fantasías federalistas y comience a caminar hacia la España plurinacional, el Estado Federal asimétrico o la Confederación Ibérica de Naciones», un proyecto que retrotraería a España a los albores del siglo XVII⁷⁹.

En el Congreso se introdujeron algunas modificaciones, a pesar de las antiguas promesas de Rodríguez Zapatero, que afectaban sobre todo al financiamiento propio y a la definición nacional de Cataluña. La nueva versión, pactada por Rodríguez Zapatero con Artur Mas, fue aprobada en las Cortes en marzo de 2006 y ratificada por el Parlamento catalán, con el voto en contra del Partido Popular, que hizo campaña para su modificación, recogiendo firmas en el resto de España. El Estatuto fue sometido a referéndum en Cataluña, en junio de 2006, con una abstención superior al 50 % y casi tres de cuatro votantes optaron por el «sí». El Partido Popular envió al Tribunal Constitucional una serie de recursos contra el nuevo texto. La sentencia del Tribunal se retrasó hasta junio de 2010, y supuso un pequeño recorte de su contenido. La reacción por parte de los nacionalistas fue radical. El 10 de julio de 2010 tuvo lugar una gran manifestación impulsada por la organización independentista Omniun Cultural bajo el lema: «Som una nació. Nosaltres decidim».

Para entonces, el nacionalismo conservador representado por Convergència i Unió, liderado por Artur Mas, optó ya claramente por la independencia. Como señala Francesc de Carreras, la táctica gramsciana seguida por Jordi Pujol de «fer país» y de «Paciencia e independencia» había dado sus frutos, con un control muy estricto de la sociedad civil catalana⁸⁰.

Artur Mas i Gavarró formaba parte del llamado «pinyol» (hueso), el núcleo de Convergència formado por jóvenes pospujolistas, como David Madi, Francesc Homs, Lluís Corominas y Oriol Pujol. Mas se mostraba partidario de una Commonwealth catalano-valenciana y se declaraba independentista. En una entrevista señaló: «Sigo siendo Prat de la Riba, porque creo en la obra de gobierno. Cada vez más Maciá, [porque] la vía de España está cerrada: […] Las gentes son medio negras. Castilla es muy seca y dura»⁸¹. Elegido presidente de la Generalidad en diciembre de 2010, Mas no tendrá ya otro horizonte político que la independencia.

En el País Vasco, el lehendakari Juan José Ibarretxe propuso igualmente un nuevo Estatuto. Se trataba de una propuesta basada en la «libre asociación» entre el País Vasco y España, en la soberanía compartida y en el derecho de autodeterminación⁸². En 2004, el proyecto fue aprobado en el Parlamento vasco, con la oposición del Partido Popular y el PSOE, y enviado al Congreso. El propio Ibarretxe defendió la propuesta en el Parlamento español, siendo derrotado por 313 votos en contra, 29 a favor y dos abstenciones⁸³.

Sin embargo, lo que resultó más insidioso fueron las negociaciones que el Gobierno estableció con la organización terrorista ETA para lograr la paz en el País Vasco, algo que fue interpretado por el Partido Popular como una traición. De hecho, fue un gran error, porque elevó al nacionalismo violento a la categoría de interlocutor del Gobierno, fortaleciéndolo. Al final, Rodríguez Zapatero llegó a una especie de «Pacto de Vergara» —a la manera de los carlistas y liberales en el siglo XIX— con el nacionalismo radical de izquierdas, legalizando las «marcas» de ETA.

Con todo, el PSOE volvió a ganar las elecciones el 9 de marzo de 2008, consiguiendo 169 escaños, y el Partido Popular, 158, lo que provocó un cierto debate en el seno de la formación conservadora. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, pretendió articular una alternativa a Rajoy, manifestando en un discurso que las posiciones ideológicas que dividían a las sociedades europeas eran el socialismo y liberalismo. A su entender, las causas de la derrota popular en marzo radicaban en la habilidad del PSOE para dar una imagen negativa de su partido, «un partido antipático, anticuado, al que cuesta mucho ganar terreno entre sus contrincantes» un nasty party.

Tanto la Ley de Matrimonios Homosexuales como la de Memoria Histórica habían supuesto unas «trampas ideológicas» de las que Rodríguez Zapatero había sabido sacar ventaja. Con la primera, la actitud del Partido Popular había resultado «antimoderna»; con la segunda, se había situado en «el lado malo de la Historia», es decir, como heredero de «un régimen antidemocrático, antiliberal y antinacional como el franquismo», un «régimen que abominaba de la libertad y negaba la nación como sujeto de soberanía. Un régimen con el que el Partido Popular no tiene nada que ver». La negativa de su partido a entrar en el fondo de ese debate ideológico había llevado a los socialistas a «aparecer como paladines de la libertad y de una democracia en la que no creían y ayudaron a destrozar». Como conclusión, Aguirre afirmó: «No me resigno a que el Partido Popular no dé batallas ideológicas y sea capaz de ganárselas a los socialistas»⁸⁴.

El giro centrista del PP

Los populares convocaron su XVI Congreso en Valencia en el mes de junio y, finalmente, Esperanza Aguirre no presentó su candidatura frente a Rajoy, que consiguió desprenderse de los sectores todavía fieles a José María Aznar. Entonces comenzó a hablarse de «giro centrista». La nueva imagen del Partido Popular la ofrecían Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, así como Alberto Ruiz-Gallardón tras su incorporación al Comité de Dirección. A la hora de proponer la renovación de su candidatura, Rajoy afirmó que no cambiaría los principios del Partido Popular, pero que sí modificaría los procedimientos. Se trataba de dar respuesta a las acusaciones de la izquierda de fomentar la crispación y el combate político.

El resultado de este cambio de estrategia debía ser un «partido grande, unido y de centro», definido el centro «no como una ideología ni como una doctrina política, sino como la voluntad de sacar el mejor partido de las cosas sin prejuicios doctrinarios»⁸⁵. Uno de los intelectuales afines a Rajoy dentro del partido, José María Lassalle, clamó contra «el liberalismo antipático», afirmando que el proyecto político había de ser «un espacio de encuentro para los que comparten una longitud de onda moderada y centrada en torno a un liberalismo igualitario que trata de sintonizar con la compleja fisonomía ideológica y afectiva que irradian las sociedades abiertas después del derribo del Muro de Berlín»⁸⁶. Muy crítico con este giro se mostró el influyente periodista Federico Jiménez Losantos —partidario de Esperanza Aguirre—, para quien el congreso de Valencia recordaba a los congresos del Partido Comunista Búlgaro en tiempos del socialismo real⁸⁷.

Sin embargo, la victoria electoral de Rodríguez Zapatero y su partido fue, a la larga, una victoria pírrica, y pronto pudo percibirse que su talón de Aquiles era la gestión económica. Según García Abad, el líder socialista era un hombre de muy escasa formación económica, cuyos intereses se centraban casi en exclusiva a los temas de carácter político⁸⁸.

El Gobierno socialista fue incapaz de prevenir y encauzar la crisis económica que arrancaba de 2008, lo que provocó su caída en 2011. En un primer momento, la crisis fue calificada por Rodríguez Zapatero como una simple desaceleración; luego se obstinó en negar incluso su propia existencia. Sin embargo, la crisis económica se convirtió en la depresión más grave de los últimos ochenta años. Poco a poco, el capital simbólico del líder socialista fue difuminándose hasta prácticamente desaparecer incluso entre sus propios partidarios. Y es que cada vez el conjunto de la sociedad era más consciente de la dimensión de la crisis, del crecimiento del paro, de la subida del coste de los servicios públicos y de la electricidad y, en definitiva, de la falta de confianza en el futuro, en los políticos y en los partidos tradicionalmente hegemónicos.

RESPUESTAS E INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL DERECHISTA

Los medios de comunicación

Desde la llegada al poder de Rodríguez Zapatero, algunos sectores sociales conservadores dieron la voz de alarma sobre los proyectos del nuevo presidente socialista. En gran medida, las iniciativas corrieron a cargo de la sociedad civil derechista, ya que el Partido Popular se encontraba, desde su derrota electoral, en auténtico estado de shock. Durante la negociación del Gobierno con ETA, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), dirigida por Francisco José Alcaraz, se convirtió en un referente de la protesta cívica conservadora frente a las iniciativas de Rodríguez Zapatero. La AVT logró sacar a la calle, sobre todo en Madrid, en repetidas ocasiones a cientos de miles de personas en defensa de la unidad nacional y contra cualquier pacto con los nacionalistas periféricos. En un principio, no fue esta la iniciativa del Partido Popular, pero luego, ante el éxito de las convocatorias, se sumó a ellas. Posteriormente, como reacción a la legislación abortista y a las iniciativas en pro del matrimonio homosexual, la Iglesia católica movilizó a sus fieles y aparecieron asociaciones como Hazte Oír y su plataforma Derecho a Vivir⁸⁹.

En este conflictivo contexto adquirió especial relieve de nuevo la figura del periodista y escritor Federico Jiménez Losantos, quien, a través de la plataforma mediática de la Cadena de Ondas Populares (COPE), propiedad de la Conferencia Episcopal, se convirtió en el auténtico azote del Gobierno socialista. En poco tiempo, su programa La Mañana se convirtió en la estrella de la cadena y en el segundo por número de oyentes en España, después de Hoy por Hoy, de la cadena Ser. Por méritos propios, Jiménez Losantos se convirtió en la bête noire del conjunto de la izquierda, que, con notable distorsión de la realidad, llegó a compararlo con Ernesto Giménez Caballero. Según algún autor, era «el (anti) intelectual (sic) de derechas más influyente de la España democrática»⁹⁰.

Como ya sabemos, Jiménez Losantos había fundado en 1999 La Ilustración Liberal, que aunaba la defensa de la unidad nacional con la teorización del liberalismo económico de Hayek y Von Mises. Entre sus principales colaboradores se encontraban Javier Rubio, José María Marco, Cristina Losada, Carlos Semprún Maura, Juan Ramón Rallo, Rafael Bardají, Florentino Portero, Alberto Recarte, Pío Moa y César Vidal. Un año después Jiménez Losantos fundó Libertad Digital, de la que es editor.

En su opinión, el atentado del 11 de marzo de 2004 constituyó un auténtico golpe de Estado que facilitó al PSOE alcanzar el poder y aliarse con los nacionalistas periféricos. En realidad, a su parecer, los islamistas eran solo la «coreografía de un atentado que realmente llevó a cabo ETA», y «el atentado se perpetró para echar al PP del poder y cambiar la Historia de España». Desde el principio cuestionó la legitimidad del triunfo electoral de Rodríguez Zapatero⁹¹ y en sus críticas llegó a la propia Jefatura del Estado, acusando a Juan Carlos I, de connivencia con los planes del líder socialista:

El futuro de la monarquía está como el de la nación, pero un poco peor […]. La figura del rey está profundamente erosionada. Por muchas razones, pero sobre todo porque a la hora de la verdad solo se lleva bien con los socialistas y muy mal con la derecha. La derecha cree que les ha traicionado, porque no ha ejercido el poder moderador⁹².

Gran comunicador, Jiménez Losantos mostró su eficacia a la hora de movilizar a los sectores conservadores, aunque su proyecto político-cultural resultó muy limitado.

La difusión del pensamiento conservador y la crítica a Zapatero

Por su parte, FAES centró su labor cultural en la reivindicación de la España liberal y de la Restauración canovista. De ahí las biografías de Cánovas, obra de Carlos Dardé; de Silvela, de Luis Arranz; de Canalejas, de Salvador Forner; de Maura, de José María Marco, y de Javier de Burgos, de Juan Gay Armenteros. La fundación también ha publicado libros de alcance teórico, como El Gran Debate. Edmund Burke, Thomas Paine y el nacimiento de la derecha y de la izquierda, de Yuval Levin, y biografías de estadistas europeos como Konrad Adenauer y Ricardo Martín de la Guardia. Muy exitoso fue el ensayo de Manuel Álvarez Tardío titulado El camino de la democracia en España: 1931 y 1978, en cuyas páginas analiza los procesos de transición hacia la democracia liberal en la Segunda República y en la monarquía de Juan Carlos I, destacando las virtudes políticas de reformismo frente a los intentos rupturistas o revolucionarios⁹³.

El órgano intelectual de FAES, Cuadernos de Pensamiento Político, ha contado con la colaboración de Roger Scruton, Gianfranco Pasquino, Jordi Canal, Jon Juaristi, Miguel Ángel Quintanilla Navarro o Rogelio Alonso, entre otros.

En febrero de 2007 salió a la luz la revista de pensamiento Chesterton, dirigida por el periodista José Antonio Fuster. Entre sus colaboradores se encontraban Javier Badía, Pedro Fernández Barbadillo, José Barros, Emilio Campmany, David Gistau, Kiko Méndez-Monasterio, Pío Moa, Ignacio Peyró, Luis del Pino, Ana Samboal, César Vidal o Alejo Vidal-Quadras. El título de la revista hacía referencia al célebre escritor católico inglés Gilbert Keith Chesterton, creador, entre otros, del célebre Padre Brown, réplica católica a Sherlock Holmes⁹⁴. Para los editores de la revista, Chesterton era, ante todo, «el apóstol del sentido común» y el representante de la «visión cristiana del mundo»: «Fue consecuente porque su fe tocó todo. Escribió sobre todos los temas y todo lo que escribió estaba imbuido de su fe». En este sentido, Chesterton era «una revista cristiana, constitucionalista y libre […]. Solo esos cuantos principios son inamovibles en esta publicación»⁹⁵. La revista tuvo escaso éxito y, como consecuencia, su duración fue muy efímera: tan solo tres números, centrados en la crítica a la gestión de Rodríguez Zapatero, la defensa de la economía de mercado, la unidad nacional y la moral católica.

Contra no pocos pronósticos, Razón Española logró sobrevivir a la muerte de Gonzalo Fernández de la Mora, ocurrida en febrero de 2002. En octubre de 2013 cumplió 32 años de existencia y el pensamiento de su fundador y guía ha suscitado el interés de diversos investigadores del pensamiento político, como Luis Sánchez de Movellán, Carlos Goñi Apesteguía o Álvaro Rodríguez Núñez⁹⁶. Incluso se reeditó una de sus obras más significativas de la última etapa de su vida, La envidia igualitaria, por la editorial Áltera.

Entre los colaboradores de la revista destacaban las aportaciones de Dalmacio Negro Pavón —discípulo del gran historiador Luis Díez del Corral—, tanto en el ámbito de la historia de las ideas políticas, con sus semblanzas de Hobbes, Comte, Ranke, Tocqueville, o Schmitt, como en la teorización del liberalismo conservador. Para Negro Pavón, el liberalismo no es la expresión de la revolución, sino de la tradición política de Occidente, que se remonta a la Grecia del siglo V, y cuyo curso sigue, a través de Roma, el cristianismo medieval, el absolutismo renacentista y moderno, la Reforma, la Ilustración, el despotismo ilustrado, el individualismo romántico, el nacionalismo, el Estado de Derecho, etc.

No se trata, pues, de una mera ideología, sino de una categoría política fundamental. Para que esta categoría sea suficientemente comprensiva se desdobla en liberalismo regalista o estatista y en político o tradicional. En opinión de Negro Pavón, este último es el auténtico liberalismo. Y es que existe una fuerte tensión entre ambas modalidades, puesto que, en último término, el liberalismo solo puede tolerar el Estado, forma política no natural, aparato técnico que acaba teniendo vida propia, condicionando expresiones de la vida natural política⁹⁷. Tomando en consideración tales planteamientos, Negro Pavón somete a crítica todas las tendencias constructivistas y totalitarias de la modernidad, ajenas a las profundidades de la naturaleza humana y de las sociedades concretas. Y señala:

La destrucción del sentido común y de las tradiciones de la conducta, la politización totalitaria de la naturaleza humana, la amoralidad nihilista, el predominio de la religiosidad secular que da pábulo a toda clase de utopías y supersticiones —sobre todo, las cientificistas-, la alianza de la demagogia de la política con la ciencia, en especial con la biología utilizando los pretextos de le da el igualitarismo pseudodemócratico— y, en suma, la pérdida de la realidad, todo ello podría llevar de la mano del estatismo —el Estado como iglesia de la democracia totalitaria—, no a un tipo humano nuevo de la era tecnológica, como podría ser el cuarto hombre de Alfred Weber, sino a experimentos de desenlaces imprevisibles⁹⁸.

A este respecto, nuestro autor se muestra muy crítico con el sistema político español. La Constitución de 1978 es, a su juicio, una Carta otorgada que «garantiza el consenso» de las diversas fuerzas estatistas y anticonservadoras, estableciendo «un típico Estado de Partido». En ese contexto, «la derecha oficial» tan solo tiene la tarea de «impedir la formación de algún partido nacional, liberal o conservador, disconforme con el consenso». En el fondo, el objetivo profundo de ese sistema es la destrucción de «la conciencia y el ethos nacional reescribiendo el pasado a gusto del consenso político que sustituye al natural consenso social, base de la confianza y amistad civil»⁹⁹.

Igualmente, destacaba entre los colaboradores de Razón Española el politólogo Jerónimo Molina Cano como expositor de los grandes representantes del realismo político no solo Julien Freund, sino Raymond Aron y Carl Schmitt¹⁰⁰. A lo largo de ocho años, Molina Cano, dirigió la revista Empresas Políticas, en cuyas páginas colaboraron Alain de Benoist, Montserrat Herrero, Estanislao Cantero y Carlos Goñi, entre otros.

Tras la desaparición de la revista Hespérides, la Nouvelle Droite española dio nuevos impulsos a la difusión de su ideario en la sociedad española. En junio de 2002 salió a la luz, en el diario El Mundo, el «Manifiesto contra la Muerte del Espíritu y la Tierra», obra del escritor colombiano Álvaro Mutis —Premio Cervantes— y del editor y ensayista Juan Ruiz Portella. El Manifiesto denunciaba el «desencantamiento del mundo», la «aniquilación de la vida del espíritu» en una sociedad dominada por el materialismo y el ansia de lucro. Tanto era así que la propia palabra «espíritu» se encontraba «automáticamente cargada de despectivas connotaciones religiosas, si ya no esotéricas».

Sin embargo, no era la cuestión religiosa lo que preocupaba a los autores del Manifiesto; lo que, en su opinión, resultaba más inquietante era «la desaparición de ese aliento por el que los hombres se afirman como hombres y no solo como entidades orgánicas». Su objetivo era cambiar el malestar de las minorías intelectuales y abrir el debate entre las distintas sensibilidades. El problema no era otro que «la necesidad de que se abra un destino para los hombres privados de destino y que han de seguir estándolo». Retirado lo sagrado de los ámbitos que le habían servido tradicionalmente de residencia, la religión y el poder, solo cabía depositar una débil esperanza en la capacidad del arte en cuanto dador de sentido, lo que podría conseguirse tan solo si el arte cambiase su trayectoria y rumbo actuales. Lo mismo podría decirse de las culturas populares, inmoladas «en el altar de la igualdad que mide todo por el mismo rasero»¹⁰¹.

El Manifiesto suscitó la adhesión de distintas figuras de la intelectualidad, como Albert Boadella, Carmen Posadas, Zoé Valdés, Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca, Aquilino Duque, Fernando Sánchez Dragó, Isidro Juan Palacios, José Luis Molinuevo, Eugenio Trías, José Javier Esparza, Alain de Benoist, Alejandro Sanz, Ignacio Sánchez Cámara, etc.

En octubre de 2004 apareció la revista El Manifiesto, que contó igualmente con el apoyo de la editorial Áltera. La dirección recayó en Ruiz Portella, y en su consejo de redacción aparecían antiguos colaboradores de Hespérides, como Abel Posse, Jerónimo Molina, Esparza, Palacios, Martínez Cava o Sánchez Dragó. La nueva revista se presentó como portavoz del «pensamiento crítico» ante la sociedad actual, y significativo fue el ajuste de cuentas de Esparza con el anticristianismo de Benoist, que juzgaba «bastante decepcionante» y que conducía a una serie de «callejones sin salida». Esparza no cree que el cristianismo sea la matriz del universo simbólico característico de la modernidad, ya que no es igualitario, sino selectivo, y puede implicar la renuncia a todas las cosas de este mundo. A su entender, el catolicismo es «la última gran reserva de sacralidad en Occidente»¹⁰².

La revista contó con numerosos colaboradores, como Benoist, Pascual Tamburri, Esparza, Sánchez Dragó, César Alonso de los Ríos, Eugenio Trías, Abel Posse, Alvaro Mutis, Stanley Payne, Alain Finkielkraut, etc. Los temas básicos de la revista fueron la crítica de la modernidad, la crisis de la conciencia nacional española, la crítica del arte moderno, el asunto de la «memoria histórica», los problemas de la juventud actual, la emigración y la ecología. La editorial Áltera ha publicado algunas obras de Benoist, como Comunismo y nazismo y Más allá de la derecha y la izquierda; El bienio necio, de José Javier Esparza; Crónicas anacrónicas, de Aquilino Duque, o Así hablaba Nietzsche, de Fernando Savater.

Ligada igualmente al pensamiento de la Nouvelle Droite se encontraba la revista Nihil Obstat, dirigida en un principio por Jordi Garriga y posteriormente por Josep Alsina Calvés. Ligada al Movimiento Nacional Republicano, la editorial de la revista, Fides, ha publicado algunas obras de Benoist: ¿Cómo se puede ser pagano?, ¿Es un problema la democracia?, Nosotros y los otros, El derecho a la diferencia, ¿Qué es el Eurasismo? Conversaciones de Alain de Benoist con Alexander Duguin, y el volumen colectivo Alain de Benoist. Elogio a la disidencia.

En 2007, apareció en Valencia, Identidad, autodefinida como «revista independiente contra el pensamiento único y políticamente correcto», cuyo director era Enrique Revello y su jefe de redacción Ernesto Milá —antiguo miembro de Fuerza Nueva¹⁰³—, quien ha traducido al español, para las ediciones de la revista, el libro de Benoist Mañana el decrecimiento. Para pensar la ecología hasta sus últimas consecuencias. El mismo año salía a la luz en Madrid el primer número de Disidencias, bajo la dirección de Juan A. Aguilar, y entre sus colaboradores figuraban Alberto Buela, Jorge Verstrynge, Laureano Luna, Ernesto Milá o Giorgio Locchi. La revista propugnaba la Tercera República, y, de cara a la defensa de la unidad nacional, celebraba las aportaciones de José Ortega y Gasset y de Claudio Sánchez-Albornoz¹⁰⁴.

En el aspecto de la recepción del pensamiento de la Nouvelle Droite en España es significativo el libro de Rodrigo Agulló, Disidencia perfecta. Una aproximación a la Nueva Derecha, en cuyas páginas se expone la historia del movimiento intelectual, la evolución de Benoist, sus ideas y la cuestión del «fascismo». Para Agulló, la Nouvelle Droite es «la única escuela de pensamiento metapolítico surgida fuera del campo de la izquierda tras la Segunda Guerra Mundial»; una derecha en «las antípodas de la derecha hoy en día existente», radicalmente enfrentada «con la derecha economicista y liberal de nuestros días»¹⁰⁵.

El falangismo no destacó, en esa etapa, por ninguna aportación teórica o por algún intento de renovación de su proyecto político. En 2007, la revista Nihil Obstat publicó una encuesta sobre «Falangistas cara al siglo XXI», en la que participaron algunos militantes y dirigentes de las diversas facciones en las que se ha dividido el movimiento, ninguno de los cuales aportó nada nuevo. Más interesante fue la participación en la encuesta de los historiadores Stanley G. Payne y Ferrán Gallego. El primero consideraba inviable el proyecto económico nacional-sindicalista, apoyaba su defensa de la unidad nacional, pero sin el recurso al autoritarismo, y creía que la única viabilidad de renovación del falangismo era articular una alternativa cultural al sistema económico y político vigente. El segundo solo veía posibilidad de futuro si se abandonaba el sindicalismo y se sometía a crítica el proceso de globalización en la defensa de la nación y de los sectores sociales afectados por la precariedad laboral¹⁰⁶.

Tampoco los herederos de Fuerza Nueva han sido capaces de superar la nostalgia del régimen anterior y de la tradición teológico-política. En consecuencia, su presencia en el mundo intelectual y político ha sido cuando menos testimonial¹⁰⁷. Heredero en cierta forma de Fuerza Nueva ha sido el partido social-católico Alternativa Española, dirigido por el yerno de Blas Piñar, Rafael López-Diéguez, que, hasta ahora, ha sido incapaz de conseguir un espacio político propio. Blas Piñar falleció el 28 de enero de 2014.

Bajo la dirección del jurista Miguel Ayuso Torres, el tradicionalismo católico ligado a la revista Verbo y a los Amigos de la Ciudad Católica recibió nuevos impulsos doctrinales y organizativos. Fundó el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, al igual que los Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada y la revista Fuego y Raya. En las reuniones organizadas en torno al Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II participaron una serie de intelectuales tradicionalistas españoles, hispanoamericanos y europeos, en particular italianos, como Miguel Ayuso, Dalmacio Negro Pavón, Felipe Window Lira, Danilo Castellano, Bernard Dumont, Juan Fernando Segovia, Juan Antonio Villalta, Javier Barraycoa, Giovanni Turco, etc. Una de las figuras más celebradas fue Danilo Castellano, filósofo iusnaturalista del Derecho, a quien Verbo ha dedicado un número monográfico¹⁰⁸.

En general, estas reuniones se han dedicado a la crítica de las ideologías tecnocráticas y a la democracia liberal, lo mismo que al problema de la res publica christiana¹⁰⁹.

Significativa y sorprendente, dada la trayectoria filosófica del autor, fue la labor crítica y analítica de Gustavo Bueno, convertido en un auténtico outsider conservador, implacable en su rechazo de la situación política, social y cultural dominante en la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero¹¹⁰. El filósofo materialista había fundado en 2002 la revista digital El Catoblepas, en cuyas páginas se han suscitado no pocas polémicas. En principio, hay que destacar su intento de definición de la derecha. Frente a la izquierda, siempre utópica, que pretende abolir para siempre los conflictos entre los seres humanos, la derecha en todo momento ha sido consciente de la perennidad del conflicto a todos los niveles¹¹¹.

De igual modo, Bueno fue un defensor de la unidad nacional española, como construcción histórica y política digna de ser conservada, frente a los nacionalismos periféricos de carácter étnico y cultural. El auge de los nacionalismos particularistas en España se encuentra relacionado, a su juicio, con las apetencias materiales de «las clases políticas respectivas que recibirían honores de jefe de Estado (ellos y los de su esposa o pareja) en lugar de recibirlos como presidentes autonómicos»¹¹².

Su crítica a los proyectos de Rodríguez Zapatero fue tan descarnada como radical. Gustavo Bueno relaciona los planteamientos del líder socialista con lo que denomina «Pensamiento Alicia», es decir, producto de la representación de «un mundo distinto del mundo real», «un mundo al revés de nuestro mundo, como es propio del mundo de los espejos». No es un pensamiento utópico, ya que este «mantiene la conciencia de las dificultades que median para llegar a él, dificultades que exigen incluso una o muchas revoluciones sangrientas».

En el «Pensamiento Alicia se tiene la voluntad de pasar a ese mundo al revés y basta», «una suerte de ensoñación infantil», «ensoñación simplista, propia de adolescentes», que se deja llevar por «las razones abstractas», «encubriendo la realidad en lugar de analizarla», «un racionalismo simplista» que Bueno relacionaba con el krausismo, un «simplismo masónico». Todo ello tenía como manifestación su proyecto de Alianza de Civilizaciones; su voluntad de diálogo con los nacionalistas periféricos; sus críticas históricas al régimen de Franco, que no fue, a juicio de Bueno, un paréntesis social y político, sino la gran época de la «acumulación capitalista»; su reivindicación de la «memoria histórica», etcétera¹¹³.

En esa misma línea, no dudó en someter a crítica la democracia «realmente existente». A su juicio, la democracia es una ideología que se corresponde con la «sociedad de consumo pletórico», fundada «no tanto en la igualdad cuanto en la desigualdad entre bienes ofrecidos (mercancías, incluyendo en esta rúbrica la fuerza de trabajo) y compradores (consumidores usuarios) de esos bienes». En este contexto, el individuo no decide como tal; quienes deciden son «las estructuras supraindividuales que moldean las decisiones de los propios individuos». Así, en el fondo, las democracias «realmente existentes» son, en el fondo, «plutocracias u oligarquías», «partitocracias», «en las que los individuos propiamente dichos carecen de toda iniciativa»¹¹⁴.

Por otra parte, diversas asociaciones conservadoras, como el Instituto de la Democracia y el Foro de la Sociedad Civil, propugnaron una serie de alternativas reformistas a lo que ya consideraban «el final de una época», con la crisis del sistema político y, sobre todo, del Estado de las autonomías. Para los miembros del Instituto de Estudios de la Democracia, cuya principal figura es el antiguo ministro de la UCD José Manuel Otero Novas, el gran problema nacional es el de las autonomías. Y es que la sociedad española asistía a un claro proceso de «desintegración», en el que el poder central se había convertido en «algo mínimo, con tendencia a lo residual, que puede ser ignorado y fácilmente sorteado por nuestros competidores dentro y fuera de la Unión Europea; pone en riesgo la paz», y resulta «moralmente inaceptable», ya que algunos territorios pretendían «disfrutar ahora separadamente el bienestar que alcanzaron gracias al esfuerzo proteccionista arancelario del resto de España durante siglos».

Para Otero Novas, ya no era posible ceder más competencias a las comunidades autónomas, porque prácticamente se había llegado a una «confederalización» del Estado. Otero Novas seguía creyendo en el autonomismo, pero juzgaba necesarias una serie de reformas en la Constitución de 1978 que «reduzca las aguas desbordadas». El antiguo ministro de la UCD defendía un Gobierno de coalición Partido Popular-PSOE que llevara a cabo esas necesarias reformas: recuperación del control de la enseñanza por parte del Estado, defensa de la lengua común, defensa de la unidad de mercado, regulación de la intervención del Estado en las comunidades autónomas, cierre del reparto competencial, la Justicia como servicio estatal, reforma de la ley electoral, etcétera¹¹⁵.

Presidido por otro antiguo ministro de la UCD, Gabriel Camuñas, el Foro de la Sociedad Civil denunciaba igualmente la degeneración del sistema autonómico, la partitocracia; un modelo económico que «hace aguas de forma manifiesta en un mundo globalizado y altamente competitivo»; la politización de la Justicia; la Ley de Memoria Histórica, la confrontación permanente con la Iglesia católica, etc. Como respuesta a todo ello, el Foro propugnaba una nueva ley electoral, la rectificación de aquellos puntos de la Constitución referentes al Estado autonómico; reformar y garantizar la independencia del poder judicial; pacto de Estado para la dirección de la política exterior; nuevo modelo de crecimiento económico; revisión de la política fiscal y laboral, y, por último, «invertir masivamente en educación y cuidar y potenciar nuestra cultura y nuestra lengua»¹¹⁶.

En agosto de 2009, aparecía en sociedad el diario La Gaceta, auspiciado por el Grupo Intereconomía, que igualmente controlaba Intereconomía TV y Radio Inter. La Gaceta, dirigida en un primer momento por el periodista Carlos Dávila, fue el único diario que blasonaba de su ideario conservador¹¹⁷. Una de sus divisas fue: «Orgullosos de ser de derechas». Su presidente y propietario era el político y empresario navarro Julio Ariza, antiguo diputado del Partido Popular por Barcelona. En su ideario, el Grupo Intereconomía afirmaba su compromiso con «la dignidad innata e inviolable de cada persona humana y con el respeto efectivo a sus derechos y libertades fundamentales en el marco de una sociedad libre, justa, solidaria y democrática» y se identificaba, además, «con las raíces cristianas de la civilización», lo mismo que con la unidad nacional española, la familia y la libertad de educación y de empresa.

En Intereconomía Televisión destacaba el programa El gato al agua, en el que solían participar Mario Conde, Javier Horcajo, José Javier Esparza, Eduardo García Serrano —hijo del célebre escritor falangista—, Alejo Vidal-Quadras, militantes del Partido Popular y del grupo social católico Alternativa Española. En sus momentos de esplendor, incluso Mariano Rajoy acudió para ser entrevistado en el programa. Igualmente, y como respuesta a las campañas de la «memoria histórica», el periodista Alfonso Arteseros dirigía y presentaba el programa España en la memoria, en el que se describía la vida cotidiana a lo largo de la etapa franquista. De igual modo destacó el programa cultural Lágrimas en la lluvia, dirigido por el escritor Juan Manuel de Prada. En la Biblioteca de Intereconomía destacaba su contenido tradicional: Historia de España contada con sencillez, de José María Pemán; Historia de los heterodoxos españoles, de Marcelino Menéndez Pelayo; Diccionario para un macuto y Plaza del Castillo, de Rafael García Serrano; Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, de Juan Donoso Cortés, etc.

En La Gaceta colaboraron Amando de Miguel, Mario Conde, Joaquín Leguina, José Javier Esparza y Susana Burgos, entre otros. El diario comenzó a entrar en decadencia a partir de 2012, al igual que Intereconomía Televisión. Según su primer director, Carlos Dávila, se debió a su «hipercatolicismo»¹¹⁸. Con posterioridad, fue dirigido por García Serrano, Esparza y Maite Alfageme. Durante algún tiempo, apareció en Internet, y, posteriormente, con el título de La Gaceta de la Iberosfera, se convirtió en el órgano periodístico de VOX, el nuevo partido de la derecha identitaria española.

Mientras tanto, al calor de la crisis económica, social, política y cultural crecía no una derecha radical, como profetizaban algunos periodistas, sino un populismo de izquierdas, luego representado por el partido Podemos, cuyos primeros atisbos pudieron percibirse en los sucesos ocurridos a partir del 15 de mayo de 2011, donde se hizo explícito y visible el malestar de un importante sector de la población, sobre todo de una juventud maltratada por el paro y por la inseguridad vital, sin proyecto de vida. En Madrid, el 17 de mayo se escenificó la protesta en la Puerta del Sol, cuando cientos de personas instalaron sus tiendas de campaña y se quedaron a dormir allí a lo largo de varios días.

La plaza madrileña se convirtió en el símbolo de aquellas protestas. Una enorme pancarta, de contenido radical y republicano, aparecía en una de las paredes del recinto: «Madrid será la tumba del neoliberalismo. No pasarán»¹¹⁹, mientras en las librerías cada vez era más visible la presencia de autores adscritos a la extrema izquierda, como Toni Negri, Michel Foucault, Alain Badiou, Jacques Derrida, Noam Chomsky, Pierre Bourdieu, etc. Incluso Carl Schmitt era monopolizado por las izquierdas radicales a través de su lectura por parte de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau¹²⁰. Autores de derechas o liberales, como Alasdair MacIntyre, Michael Oaskhesott, Karl Popper, John Gray o Alain de Benoist, brillaban por su ausencia.

EL PARTIDO POPULAR DE NUEVO EN EL PODER: DE LA EUFORIA AL VACÍO DOCTRINAL

La crisis del Régimen del 78

Finalmente, se convocaron elecciones para el 20 de noviembre de 2011. En esta ocasión, el candidato socialista no fue Rodríguez Zapatero, ya amortizado políticamente, sino Alfredo Pérez Rubalcaba. Frente a él, Mariano Rajoy. La victoria del Partido Popular fue aplastante: consiguió un 46 % de los votos y 186 diputados, lo que suponía la mayoría absoluta. Contaba, además, con el control de la mayoría de las comunidades autónomas¹²¹. El candidato popular generó en un principio grandes expectativas, sobre todo en el ámbito de la economía. Sin embargo, la situación era extremadamente complicada, porque la sociedad española no solo padecía una profunda crisis económica, con casi seis millones de parados, sino igualmente política, social y cultural. Significativamente, poco después de esa victoria, fallecía, en enero de 2012, Manuel Fraga Iribarne, en una sociedad y en un Partido Popular que ya no eran los suyos.

Y es que, tras la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero, muchas de las certezas sobre la supuesta fortaleza del régimen político y de la sociedad española en su conjunto se habían evaporado. Muchos de los problemas que se creían superados salían de nuevo a la luz con singular virulencia. La cuestión religiosa continuaba viva, ya que permanecía el enfrentamiento entre católicos y laicistas, aunque ambos grupos fuesen minoritarios. En la sociedad española, el proceso de «irreligión natural» continuaba, y eso que es una de las sociedades más secularizadas de Europa. Pero el laicismo seguía siendo una de las señas de identidad del conjunto de las izquierdas, al igual que sus críticas a la Iglesia católica. Tampoco parece que la cuestión de la forma de gobierno haya encontrado una solución definitiva.

En junio de 2014, Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe VI. La institución y la figura del monarca fueron incapaces de resistir la erosión de las críticas de que fueron objeto por su tormentosa vida privada y la corrupción que caracterizaba a no pocos miembros de la familia real. La infanta Cristina fue finalmente imputada por su implicación en el caso Nóos, y el tabú de la monarquía se había roto¹²². En febrero de 2014, salió a la luz un «Manifiesto del Mundo Intelectual y Académico por la III República», en el que se consideraba «obsoleta» la monarquía y se la acusaba de ser una institución impuesta por «el dictador»¹²³. Y la mejor forma de manifestar la oposición al régimen actual, especialmente en la juventud, fue sacar a la calle una bandera de la Segunda República. Incluso un sector de la derecha, como ya hemos visto, no perdonó a Juan Carlos I su apoyo a la instauración del Estado de las autonomías o su condescendencia con los socialistas.

Además, en estos momentos, asistimos, como puso de relieve José Ramón Parada, al fracaso del modelo de descentralización política¹²⁴. El modelo autonómico no solo no consiguió integrar a los nacionalismos periféricos catalán y vasco, sino que favoreció las tendencias centrífugas; además, implica unos costes económicos excesivos, que lo hacen, a medio plazo, inviable. Su dialéctica intrínseca lleva a la «confederalización» y luego a la fragmentación del Estado¹²⁵. Este proceso ha dado la razón a aquellos que, en las discusiones previas a la aprobación del texto constitucional de 1978, como Julián Marías, Gonzalo Fernández de la Mora, José María Gil Robles, o Laureano López Rodó, se mostraron escépticos, cuando no opuestos, a la solución autonomista. Por otra parte, el sistema político tampoco ha sido capaz de crear una simbología integradora como expresión de la unidad nacional.

Respecto al modelo económico, el Estado benefactor ha salido muy dañado de la crisis económica y ha mostrado su impotencia a la hora de garantizar el nivel de empleo y de evitar las disfunciones más dolorosas debidas al desempleo, la enfermedad, la invalidez o la vejez. España era igualmente uno de los países que más se había desindustrializado desde finales de los años setenta, pasando de un 39 % del PIB en 1975 a un 19 % en la actualidad, y, junto a ello, el denominado «invierno demográfico» español¹²⁶, que ponía en cuestión, entre otras cosas, la continuidad social, cultural y los fundamentos del Estado benefactor.

Al mismo tiempo, se ahondaba en la crisis de representación del régimen político. Hoy, el modelo de democracia liberal representativa se encuentra en crisis en la mayoría de las sociedades desarrolladas a causa del proceso de globalización económica y del cuestionamiento del modelo de Estado-nación¹²⁷. Progresivamente, el sistema político nacido en 1978 se presentaba, sobre todo ante las nuevas generaciones, como cerrado y oligárquico. La democracia española seguía siendo plana y partitocrática¹²⁸; de ahí el auge actual de los movimientos populistas de izquierda en nuestro suelo, en particular Podemos, un fenómeno hasta ahora prácticamente inédito en la vida política española¹²⁹.

Como supuesto contrapunto a Podemos surgió Ciudadanos, que, en realidad, pese a que así se le percibiera por parte de un sector de la opinión pública, nunca fue un partido de derechas, sino más bien el represente español de lo que la filósofa norteamericana Nancy Fraser denomina «neoliberalismo progresista», caracterizado por su defensa de la desregulación económica y de las políticas de reconocimiento de homosexuales, lesbianas y LGTBI¹³⁰.

El grupo había nacido de una serie de reuniones de intelectuales de izquierda antinacionalistas, como Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Félix de Azúa, Xavier Pericay, Teresa Giménez Barbat, Félix Ovejero, entre otros, que dieron lugar a la Plataforma de Ciudadanos de Catalunya. Con posterioridad, bajo la dirección de abogado Alberto Carlos Rivera Díaz, se convirtió en un partido de incierto proyecto político, aunque muy definido en su oposición al nacionalismo catalán. Ciudadanos giró desde un matizado perfil socialdemócrata al neoliberalismo progresista e incluso, en una pirueta más, intentó, ante la crisis del PP, hegemonizar al espacio político conservador¹³¹.

Pese a todas sus ambigüedades y contradicciones, Ciudadanos logró articularse como partido político con representantes, aparte de Rivera, como Juan Manuel Villegas, Francisco Hervías, Carlos Carrizosa, Ignacio Aguado, Begoña Villacís e Inés Arrimadas. Su programa recordaba al de UCD y CDS y se sintetizaba en el concepto de «cambio sensato», cuyos principales puntos eran la reforma de la ley electoral, listas abiertas, reforma fiscal, progresividad en los impuestos, educación pública concertada, defensa del castellano en Cataluña, rechazo del cupo vasco, europeísmo, defensa de la diversidad sexual y de los derechos de homosexuales y lesbianas, vientres de alquiler, etcétera¹³².

El Gobierno de Mariano Rajoy

En este contexto tan problemático, Mariano Rajoy Brey no parecía, desde luego, y ya lo hemos señalado anteriormente, ni el líder político más indicado ni un modelo de estadista. Uno de sus biógrafos lo describió como «el hombre impasible»¹³³. El líder del Partido Popular era un político de gestión. En alguna ocasión se ha identificado con el legado de Adolfo Suárez¹³⁴, pero este era, ante todo, un hombre de acción, un político audaz, en ocasiones voluntarista. En contraste, Rajoy tiene fama de lento, de proclive al inmovilismo. Con frecuencia, igualmente se le ha relacionado con la tecnocracia de Gonzalo Fernández de la Mora¹³⁵.

Ciertamente, Rajoy fue amigo de este, e incluso dedicó un artículo periodístico a la glosa de su obra La envidia igualitaria¹³⁶, pero Fernández de la Mora fue, ante todo, un intelectual que, cuando percibió que su proyecto político resultaba inviable en el contexto de la democracia liberal, abandonó la vida política activa para centrarse en la creación cultural. Además, dedicó, como sabemos, los últimos años de su vida a la elaboración de una alternativa regeneradora de la partitocracia: listas abiertas, reforma de la ley electoral, independencia del poder judicial, neocorporativismo, etcétera¹³⁷, un proyecto que no ha ejercido ninguna influencia en el pensamiento ni en la práctica política del líder popular. No obstante, hay algo de tecnocrático en el pensamiento de Rajoy, como lo demostró lo que denominó «política para adultos», cuyo fundamento es la «racionalidad» y el rechazo del populismo, tanto de derechas como de izquierdas, el socialismo, el nacionalismo o las perspectivas identitarias¹³⁸.

Por todo ello es preciso profundizar más en el análisis. Y es que la ejecutoria de Rajoy, al igual que la de su partido, es, en realidad, producto de las contradicciones que caracterizan a la praxis de los partidos conservadores en la actual situación social y política. Y lo mismo podríamos decir de los partidos social-demócratas. En el caso de la derecha existe, por un lado, un importante sector de su base social y política que se muestra partidario del respeto a las tradiciones, al orden moral católico, a la estabilidad vital o a las ideas de patria y religión, y, por otro, estos principios chocan cada vez más con la realidad de un orden socioeconómico global que necesita fluidez, ausencia de fronteras y de tradiciones; un orden que, en el fondo, se base en el cambio permanente¹³⁹.

Mariano Rajoy y su partido no han podido o no han querido sintetizar ambas perspectivas. En lo fundamental, han optado por la segunda opción en detrimento de la primera. En esta actitud subyace igualmente el triunfo de lo que el filósofo Peter Sloterdijk ha denominado «razón cínica», una actitud difusa muy característica de ciertos sectores sociales y de ciertas elites fatigadas, escépticas. Se trata de un «nuevo cinismo», que, según el filósofo alemán, actúa como «una negatividad madura que apenas proporciona esperanza alguna, apenas a lo sumo un poco de ironía y de compasión». Un «cinismo» que Sloterdijk describe como la «falsa conciencia ilustrada», la de aquellos que saben que todo ha sido desenmascarado y no pasa nada¹⁴⁰.

En su Gobierno destacaron figuras de un declarado perfil funcionarial, sobre todo abogados y economistas, como Soraya Sáenz de Santamaría, José Manuel García Margallo, Fátima Báñez, Alberto Ruiz-Gallardón, Cristóbal Montoro, Ana Pastor, Arias Cañete, José Ignacio Wert, etc. Su perfil era, en principio, netamente «centrista»¹⁴¹. No en vano García Margallo se autodefinió como representante del «extremo centro»¹⁴².

Así, el Partido Popular centró su actividad en la economía, siguiendo a rajatabla los parámetros establecidos por la Comunidad Económica Europea, a través de la reforma del sistema tributario y del mercado de trabajo, así como en el logro de la estabilidad presupuestaria¹⁴³. Las reformas políticas y de carácter moral y cultural brillaron por su ausencia. Nada se hizo en lo referente a las garantías para el logro de la independencia del poder judicial. Tampoco se derogó, ni se sometió a reforma, la Ley de Memoria Histórica. En lo relativo al aborto, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón presentó un anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, que fue finalmente rechazado por el propio Mariano Rajoy, lo que provocó la dimisión del ministro de Justicia¹⁴⁴.

El Estado de las autonomías, pese a las quejas de los insaciables partidos nacionalistas, tampoco sufrió reforma alguna y la ley electoral permaneció intacta. Las medidas pronatalistas brillaron por su ausencia. El Partido Popular dio una adhesión tácita a las medidas de Rodríguez Zapatero con respecto a ETA, y la excarcelación de algunos terroristas etarras fue todo un símbolo de esa política. El Partido Popular abordó, sin embargo, el tema de la reforma de la enseñanza, con la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, elaborada por el ministro José Ignacio Wert. La ley introducía algunas novedades en el sistema educativo español, como pruebas de evaluación para obtener el título de graduado en ESO y el título de bachiller, mayor importancia de las asignaturas troncales, obligatoriedad de la enseñanza, cuya lengua vehicular fuese el castellano, educación plurilingüe, asignatura de religión, etc., pero no se consiguió el apoyo de ningún grupo de la oposición. Como denunciaba el periodista Ignacio Camacho, la derecha aparecía con esta ley como «el monstruo deshumanizado que desmantela la igualdad de oportunidades». Y concluía: «El ministro se ha quedado solo con su reforma, por un lado, hasta los padres y profesores más simpatizantes de su causa se sienten desoídos y abandonados, por otro, ni el Gobierno ni el partido encuentran quien salga a hacerle un quite a capotazos»¹⁴⁵.

Bajo el gobierno del Partido Popular se produjo una clara desmovilización de la sociedad civil derechista. Asociaciones como Hazte Oír, Derecho a Vivir o Asociación de Víctimas del Terrorismo prácticamente desaparecieron del espacio público. En Cataluña, la ofensiva secesionista no cesó. Artur Mas y sus aliados de la izquierda nacionalista continuaron su ofensiva separatista. Significativamente, se celebró un simulacro de referéndum sobre la independencia de Cataluña, en el que la participación no llegó al 40%. El Gobierno, pese a su ilegalidad, prácticamente no hizo nada ni movilizó a los sectores catalanes antiindependentistas. A finales de 2014, se celebró en la Universidad de Barcelona, un simposio historiográfico, presidido por el historiador Josep Fontana, titulado España contra Cataluña¹⁴⁶.

A esta inacción se sumó la corrupción en que una parte de sus élites dirigentes se hallaba inserta. Todo ello se tradujo en una ostensible pérdida de votos, tanto en las elecciones al Parlamento Europeo como en las autonómicas y luego en las generales. En estas últimas su presencia en el Parlamento quedó reducida a 123 escaños¹⁴⁷, consecuencia de la indignación y, al mismo tiempo, de la desmovilización de su base electoral y política. El escritor católico Juan Manuel de Prada profetizaba, en este sentido, la desaparición del Partido Popular, utilizando un fragmento del Apocalipsis: «Porque no eras frío ni caliente, te vomitaría mi boca»¹⁴⁸. No muy lejos de las razones últimas de aquellas críticas, pero desde una perspectiva más sosegada, Miguel Ángel Quintanilla Navarro —hombre de la FAES— ajustaba cuentas con Mariano Rajoy y su equipo de gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, afirmando que los malos resultados electorales del Partido Popular eran consecuencia directa del «nuevo liberalismo paradójico» triunfante en el Congreso de Valencia de junio de 2008. Y es que, lejos de haber entrado en una era pospolítica, las sociedades europeas desarrolladas se enfrentaban a «la vuelta de Marx y ante todo tipo de visiones fuertes de sectarismos, nacionalismos, radicalismos y populismos»¹⁴⁹.

Y, mientras tanto, surgía un nuevo partido en el campo político conservador: VOX.

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GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA DERECHA IDENTITARIA

CRISIS DEL PARTIDO POPULAR Y SURGIMIENTO DE VOX

El proceso de globalización económica y la aparición de proyectos globalistas, que no son identificables, pero sí consecuencia del desarrollo del neoliberalismo¹, han generado, a derecha e izquierda, alternativas políticas que ponen en cuestión sus virtualidades. En el caso de las fuerzas conservadoras, ya hemos hecho mención al surgimiento de lo que denominamos «derecha identitaria», a la hora de distinguirla de otras tendencias y tradiciones políticas e ideológicas². En un mundo donde los bienes y los capitales, las epidemias y las imágenes, la contaminación y las personas fluyen a través de las fronteras nacionales con una facilidad nunca antes conocida, la política tiende a asumir formas transnacionales —incluso globales, la célebre Gobernanza—, aunque solo sea para mantenerse a la par de esa movilidad³. Sin embargo, continúa sin ser evidente que estas unidades políticas puedan inspirar la identificación y la lealtad —la cultura y la moral cívica, de la que depende, en última instancia, la legitimidad democrática—.

No sin razón, algunos representantes de la denominada «izquierda lacaniana» han señalado que las formas políticas globales no generan en la población la jouissance, el goce. Y es que, pese a todo el proceso de globalización económica, la nación sigue siendo, frente a los proyectos globalistas, «objeto deseable y a menudo irresistible de identificación»⁴. Además, el proceso de globalización económica ha tenido, y tiene, sus propias víctimas, entre las clases medias y las clases obreras, a través del globalismo, la deslocalización de empresas, la emigración masiva y el multiculturalismo. La instauración del modelo neoliberal ha provocado mucha destrucción, no solo en los marcos y poderes privados o institucionales, como la soberanía estatal sobre los asuntos político-económicos, sino en la división del trabajo, las relaciones sociales, las prestaciones sociales, los componentes tecnológicos, las formas de vida, los apegos a la tierra, las costumbres ancestrales, las formas de pensamiento, etc. En definitiva, el modelo neoliberal ha provocado un auténtico proceso de «destrucción creativa», como habría dicho Joseph Schumpeter⁵. En este sentido, el politólogo Ivan Krastev ha señalado que el conflicto fundamental que fragmenta a las sociedades actuales es el de la lucha entre «cosmopolitas» y «arraigados»⁶.

La derecha identitaria no deriva directamente del fascismo⁷, ni puede ser conceptualizada sin más entre las familias de la extrema derecha, ya que no cuestiona en sus proyectos políticos el pluralismo político demoliberal. Tampoco es una realidad homogénea, ya que existen partidos de esta tendencia que aceptan, por ejemplo, el matrimonio homosexual o el aborto, y otros no. Sus proyectos políticos dependen de sus respectivos contextos sociales, políticos y culturales. Su interés se centra en la defensa de la identidad nacional tradicional de sus países, amenazada tanto por el proceso de globalización económica y los modelos federales de construcción de la Unión Europea, como por la emigración masiva, sobre todo la de raíz musulmana, y, en algunos casos, las nuevas modalidades culturales y antropológicas propias de la «gauche moral».

A ese respecto, manifiesta una posición nacionalista, que se traduce en la recuperación del poder de dirección de los Estados nacionales; plantea la transformación de la Unión Europea en una confederación de naciones; son proteccionistas desde el punto de vista económico, priorizando el mercado interior para que los empleos que se generen los ocupen los obreros nacionales; rechaza el multiculturalismo, como destructor de la especificidad cultural europea, y se muestra partidaria del control de la emigración⁸. Además, los partidos de la derecha identitaria se caracterizan por su rechazo del «consenso» y su práctica de lo que la politóloga Chantal Mouffe ha denominado «pluralismo agonístico»⁹, es decir, la lucha por la hegemonía en la esfera pública.

Entre los representantes de esta tendencia política se encuentran el Frente Nacional Francés —hoy Reagrupamiento Nacional—, Alternativa por Alemania, UKIP británico, el Partido de la Libertad en Holanda, Unión Cívica Húngara, el Partido Liberal Austriaco, Ley y Justicia en Polonia, La Liga Norte y Hermanos de Italia, y un sector del Partido Republicano de Estados Unidos dirigido por Donald Trump, vencedor en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017¹⁰. La manifestación española de esta tendencia ha sido VOX, partido fundado en 2013, pero que no tendría presencia pública importante hasta 2018.

La inacción del PP en la crisis secesionista

La escasa capacidad de iniciativa de Rajoy se puso de relieve ante el reto secesionista catalán. En Cataluña, el proceso secesionista no solo no cesó, sino que se radicalizó. Entre septiembre y octubre de 2017 se produjo en el principado un auténtico proceso de carácter revolucionario, con la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación de la República catalana, que el Gobierno de Rajoy fue incapaz de controlar de manera eficaz¹¹. El Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia. Y el día 1 de octubre se produjo un referéndum ilegal. El Gobierno español decidió apelar, con la aprobación muy condicionada de Ciudadanos y del PSOE, y la consabida oposición de Podemos, a las medidas excepcionales que la Constitución contemplaba en el artículo 155, lo que provocó la fuga de Carles Puigdemont, el sucesor de Artur Mas al frente de la Generalidad catalana, a Bélgica, y la detención preventiva de los líderes de la revuelta.

Dos días después del referéndum, Felipe VI se había visto obligado a intervenir por televisión para demandar la defensa de la legalidad constitucional y denunciar «la deslealtad inadmisible «de las autoridades catalanas¹². El domingo 8 de octubre, una gigantesca manifestación constitucionalista en Barcelona movilizó a los sectores catalanes antisecesionistas, mientras los balcones de numerosas ciudades españolas se llenaron de banderas nacionales. Sin embargo, el conflicto puso de relieve, al mismo tiempo, la precariedad del poder del Estado en la comunidad autónoma. El Gobierno de Rajoy prometió que no habría ni urnas ni votos, y hubo las dos cosas. El plan previsor de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría resultó inexistente, y los servicios de inteligencia fracasaron en la detección e interceptación de dos mil urnas de plástico.

Hoy sabemos, por las declaraciones de quien fue secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, que el Gobierno del PP, en las negociaciones con los separatistas, les ofreció, para burlar las resoluciones del Tribunal Constitucional, que la Generalidad pudiera situar el referéndum en plazas y lugares abiertos, donde no habría intervenido la policía¹³. Para colmo, la actitud pasiva de los Mossos de Escuadra ante los colegios electorales abiertos provocó cargas de las fuerzas nacionales de seguridad enviadas para desarticular la votación, todo lo cual sirvió a los secesionistas para lograr una clara victoria mediática a nivel internacional¹⁴.

Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión parcial de la autonomía de Cataluña, se convocaron elecciones en diciembre de 2017. El partido más votado fue Ciudadanos, liderado por Inés Arrimadas, con 1.109.732 votos, y 36 escaños. Sin embargo, los partidos nacionalistas lograron de nuevo mayoría absoluta, ante la caída del PP, que solo logró cuatro escaños. La presidencia de la Generalidad recayó, gracias al voto conjunto de los nacionalistas, en la figura de Joaquín Torra Pla, un nacionalista radical de base étnica que se autodefinía como «independentista emocional»¹⁵. Torra nunca ocultó su antiespañolismo radical. Su pesadilla era que Cataluña acabara convirtiéndose en «una inmensa Feria de Abril» como consecuencia de la emigración¹⁶. Y es que, a su entender, el fundamento último de la nación catalana es el idioma. Por ello, calificaba a los españoles y a los catalanes que no hablan en catalán de «bestias» El español era, a su juicio, el «idioma de las bestias»¹⁷.

Por otra parte, Ciudadanos no supo sacar rédito político de su victoria en las elecciones. No solo rechazó plantear una moción de censura al nuevo Gobierno nacionalista, sino que Inés Arrimadas abandonó Cataluña por un escaño en el Parlamento de Madrid. Craso error que no tardaría en pagar.

Significativamente, en diciembre de 2017, el grupo parlamentario del PSOE presentó en las Cortes una Proposición de Reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007, en la que, entre otras cosas, se propugnaba una «Comisión de la Verdad» y se imponían fuertes sanciones de carácter económico y laboral a los que disintieran de sus directrices¹⁸, lo que fue impugnado en el «Manifiesto por la Historia y la Libertad» firmado por más de 250 historiadores, políticos e intelectuales a mediados de 2018¹⁹. El jurista José María Ruiz Soroa señaló que el proyecto marcaba un salto cualitativo en lo referente a la legitimación histórica del régimen actual. Desde 1978, se había legitimado en la «inclusión»; ahora se intenta legitimarlo en «el pasado antifranquista»²⁰. No hay la menor duda de que el jurista tiene toda la razón. Con varias décadas de retraso, las izquierdas españolas resucitaron el fantasma antifascista/antifranquista como vehículo de legitimación no del actual régimen político, sino de una alternativa de carácter revolucionario, cuyo marco histórico no es otro que la República frentepopulista de 1936-1939, y, de paso, salvar su propia conciencia mediante la insostenible identificación entre antifascismo y democracia, entre izquierda radical y libertad.

El nacimiento de VOX

No resulta extraño que, ante la clara inacción del Partido Popular frente a la dinámica secesionista catalana y vasca, unida a las políticas «centristas» de Mariano Rajoy en materia moral y cultural, surgieran intentos de articular una nueva derecha. La alternativa emergió, aunque no sin dificultades de todo tipo, en aquel conflictivo contexto. Por vez primera en muchos años apareció una disidencia en el Partido Popular con alguna expectativa de futuro. El 22 de noviembre de 2013, Santiago Abascal Conde, militante del PP en el País Vasco, envió una carta a Mariano Rajoy en la que anunciaba su salida del partido, debido, entre otras cosas, a la política de excarcelaciones derivadas del final de la doctrina Parot. En la misiva, Abascal hacía referencia a la figura del asesinado Gregorio Ordóñez, «nuestro héroe» y «nuestro mártir»; a Jaime Mayor Oreja, «nuestro padre político»; a Carlos Iturgaiz y María San Gil, «nuestros mejores compañeros», y a José María Aznar, al que presentaba como el político que «tuvo la valentía para liderar la difícil tarea de gobierno que necesitábamos —y demandamos—, los vascos del Partido Popular».

Todo ello era, a partir del liderazgo de Rajoy, «historia pasada», por lo que manifestaba «un sentimiento de desgarro interior» y «la conclusión definitiva de que no hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas desde dentro y de que el Partido Popular, su estructura, sus abnegados militantes y su generosa y patriota base social, a la que no os merecéis, están secuestrados por la invisible cúpula dirigente, a la que representas, cúpula que ha traicionado nuestros valores y nuestras ideas». Denunciaba la «excarcelación de terribles criminales», la «inacción de toda la legislación ideológica de Zapatero», y «la negativa a democratizar internamente nuestro partido y el pisoteo de nuestros propios estatutos internos». La carta terminaba con una dura requisitoria por parte del político vasco: «al final, la voz de la mayoría de los españoles se oirá entre las tinieblas a las que el sectarismo de Rodríguez Zapatero y su fatalismo, presidente, nos ha condenado, sectarismo y fatalismo que hoy nos impiden divisar el futuro prometedor que la España del presente merece, y que la España por venir, tendrá»²¹.

No se trataba de una tendencia improvisada, salida de la nada. Sus antecedentes se encontraban en la Fundación para la Defensa de la Nación Española, dirigida por Santiago Abascal, Gustavo Bueno y su hijo Gustavo Bueno Sánchez, Iván Vélez, etc., así como en la plataforma Reconversión, bajo la tutela de Alejo Vidal-Quadras, González Quirós, Ortega Lara, Abascal, Sánchez Dragó e Iván Espinosa de los Monteros²². De buscar un paralelo histórico, podríamos recurrir a la disidencia maurista dentro del Partido Conservador dinástico a la altura de 1913.

El 12 de diciembre surgía un nuevo partido con el nombre de VOX, cuyos principales promotores eran Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal Conde, José Luis González Quirós, Ignacio Camuñas y José Antonio Ortega Lara. Ninguno de ellos había militado en partidos que podríamos denominar identitarios. Su militancia política era liberal-conservadora, e incluso algunos lo habían hecho en UCD o en el CDS.

En aquel momento, su principal figura era Alejo Vidal-Quadras, un político que, como sabemos, se había distinguido como líder del PP en Cataluña por su crítica a Jordi Pujol y al nacionalismo catalán, pronunciándose por una derecha liberal sin complejos. Consideraba, en cambio, el «centro» como «una simple praxis a la que estorba la doctrina», que delataba «inseguridad y mala conciencia y una cierta concesión a su adversario». La derecha se definía, según él, por la defensa de la «libertad negativa»²³. Y es que Vidal-Quadras era básicamente un seguidor de Karl Popper y de Isaiah Berlin.

Como sabemos, Vidal-Quadras fue una de las grandes víctimas del pacto entre José María Aznar y Jordi Pujol en 1996, tras el cual fue defenestrado de su liderazgo en el PP catalán. En compensación, se le recluyó en el Parlamento Europeo, donde ocupó una vicepresidencia desde 1999. Esto nunca se lo perdonó a José María Aznar. Sin embargo, continuó propugnado la regeneración del sistema político español, desde su perspectiva liberal y cientifista. Su crítica a la etapa de Rodríguez Zapatero fue muy dura: lo consideraba «extremista, iconoclasta, revanchista y sectario», un «populista».

Sin embargo, tampoco Aznar escapaba a sus censuras: «El aznarato se caracterizó por sus concesiones gratuitas al nacionalismo catalán». Su período de gobierno se había caracterizado por bajar la guardia frente a los «enemigos de la sociedad abierta y de sustituir plácidamente el ingrato combate de las ideas por la plácida administración de las cosas que no llega nunca». No menos grave fue su designación de Mariano Rajoy como sucesor. Vidal-Quadras proponía un ambicioso proyecto de regeneración en cuatro frentes: el modelo territorial, el modelo institucional, el modelo económico y el modelo de sociedad. Es decir, la renacionalización de España y la reforma social, financiera y cultural: «Hemos de devolver a nuestros compatriotas la fe en España, la cohesión y la autoestima perdidas. Hemos de vivir acogidos a referencias seguras —el trabajo, la unidad, el esfuerzo, la austeridad, la honradez, el altruismo y el patriotismo— que el socialismo doctrinario y el nacionalismo excluyente han erosionado sin descanso»²⁴.

Muy significativa era la presencia de José Antonio Ortega Lara, antiguo militante del PP y funcionario de prisiones, que permaneció, como sabemos, secuestrado por la organización terrorista ETA a lo largo de 522 días entre 1996 y 1997. Durante algunos años, el burgalés se convirtió en un símbolo para el PP. Sin embargo, cuando comenzó a someter a crítica la política de Rajoy y se pronunció a favor de una «reconversión» del Estado de las autonomías, fue muy criticado por algunos miembros del PP, como Elvira Rodríguez, que, en el programa televisivo El gato al agua, lo tachó de «patético»²⁵. La excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, que había participado en su secuestro, le impulsó a abandonar el PP y a dar su apoyo a VOX²⁶.

La figura de Santiago Abascal Conde, por su ulterior papel en VOX, merece párrafo aparte. Nacido en Bilbao en abril de 1976, su infancia, adolescencia y juventud trascurrieron en el municipio de Anorno. Es nieto de Manuel Abascal Pardo, que entre 1963 y 1979 fue alcalde y jefe local del Movimiento. En 1946, se casó con Pilar Escuza Olabarrieta, asentándose en Amurrio y estableciendo un negocio textil. Su padre, Santiago Abascal Escuza, fue militante de Alianza Popular, dentro del sector liderado por Gonzalo Fernández de la Mora. A través de Unión Nacional Española, consiguió ser elegido concejal de Amurrio, en un ayuntamiento con fuerte presencia nacionalista y proetarra: su alcalde militaba en Herri Batasuna.

Así, pues, Abascal creció en un contexto marcado por el terrorismo de ETA y tuvo ocasión de contemplar cómo eran asesinados varios vecinos de su pueblo y cómo era atacado su negocio familiar. Esta etapa de su vida sirve, entre otras cosas, para explicar sus posiciones ante los nacionalismos periféricos catalán y vasco. En este sentido, el sociólogo Amando de Miguel lo comparó nada menos que con Ramiro de Maeztu²⁷. Tomó conciencia política cuando fue asesinado el cartero de su pueblo, amigo de la familia²⁸. En un libro de entrevistas, afirma:

Para mí era muy difícil llevar la vida de un joven normal. Yo me echaba novia con escolta. Toda mi vida ha estado determinada por eso: me he casado con escolta, los primeros que recibieron a mis hijos en el paritorio fueros los escoltas […] y al final a todo te acostumbras.

A ese respecto denunciaba haberse visto sumido en «un cerco de odio», por lo cual se vio obligado a llevar pistola. No es extraño que juzgue muy negativamente la labor y comportamiento del clero vasco, en general y en particular la figura del obispo Setién: «Es que nos maltrataron. Setién tuvo un comportamiento diabólico en el alejamiento de muchos católicos vascos de su propia Iglesia. Me acuerdo que llegué a llamarle en unas declaraciones “demonio del alzacuellos” […]. Estábamos muy solos, y Setién nos hacía sentir traicionados y abandonados»²⁹. Abascal, en su etapa vasca, protagonizó gestos de desafío al nacionalismo vasco, como cuando en el Parlamento regional, en pleno debate sobre el Plan Ibarretxe, lo acusó de «dividir a la sociedad» y rompió en dos trozos las preguntas de la consulta. En la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Llodio el 14 de junio de 2003 fue agredido, junto a otros concejales del PP, por miembros de Herri Batasuna, que finalmente fueron condenados nueve años después. Estudiante de sociología, uno de sus libros más doctrinarios versó significativamente sobre ¿Derecho de autodeterminación? Sobre el pretendido derecho de secesión del Pueblo Vasco. Y es que Abascal es fundamentalmente, un nacionalista, un patriota español.

Abascal ocupó varios cargos en el Partido Popular. Fue presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco; miembro de la junta directiva nacional; secretario de Educación del Partido Popular del País Vasco; miembro de la Ejecutiva del Partido Popular del País Vasco; concejal en el Ayuntamiento de Llodio; asesor de la subdelegación del Gobierno en Álava; juntero de las Juntas Generales de Álava; diputado del Parlamento Vasco en sustitución de Carlos Urquijo; asesor del alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y diputado del Parlamento Vasco en sustitución de Encina Regalado. A causa de la persecución de la que fue víctima, él y su familia, por parte del nacionalismo radical y de ETA, tuvo que abandonar el País Vasco, siendo nombrado director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y gerente de la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid. Siempre se sintió identificado con las figuras de María San Gil, Carlos Iturgaiz, Jaime Mayor Oreja, José María Aznar y Alejo Vidal-Quadras o Esperanza Aguirre. El Congreso de Valencia y el giro «centrista» del partido marcaron un antes y un después en su trayectoria política:

Los compromisarios eran peones elegidos de mala manera […]. Esperanza Aguirre vio aquello y no quiso salir derrotada. Y yo creo que esa ha sido la mayor equivocación de su vida política. Ella tenía fuerza entonces para hacer un papel más digno pugnando en el congreso de valencia para enarbolar todas aquellas banderas que Rajoy arrojaba al suelo. La derrota hubiera sido la antesala de una futura victoria. Pero se equivocó […]. El PP no tiene remedio y la melancolía no conduce a nada. La única opción es reconstruir la derecha española³⁰.

Los primeros pasos

VOX se presentó ante la opinión pública el 16 de enero de 2014 a través de una rueda de prensa de sus promotores: Vidal-Quadras, González Quirós, Abascal, Camuñas e Iván Espinosa de los Monteros. Pero ¿por qué el nombre de VOX? Según Iván Espinosa de los Monteros, se buscaba «un nombre rompedor, que no se pareciera al de ningún otro partido»:

De hecho, no podía contener la palabra «partido», pero tampoco «España», «español» o «nacional». Al fin y al cabo, lo que queríamos era darle voz a los que no la tenían; un poco lo de ahora. […] El logo pretendía mostrar que estás ante un partido que te invita a elegir por la «V» (con forma de tick); la «X», a su vez, según como la mires, puede tener también una cruz, un pequeño guiño a nuestras raíces cristianas. […] Y la «O» representa una boca abierta, con lo que invitamos a quien quiera unirse a que exprese unas opiniones que en el resto de los partidos están mal vistas, cuando no prohibidas³¹.

Como color de sus emblemas, se eligió el verde, quizá como símbolo de esperanza. En un manifiesto denunciaba la actitud del Gobierno de Rajoy, porque, a su juicio, un «enfoque meramente economicista de nuestras dificultades es insuficiente y nos lleva al fracaso»: «Si las ideas que nos conducen son equivocadas, si las concepciones morales que nos inspiran son débiles, nunca conseguiremos volver a la senda del crecimiento material». El objeto principal de sus críticas era el Estado de las autonomías, que «no ha cumplido los fines para los que fue concebido y su coste ha alcanzado proporciones alarmantes». Al mismo tiempo denunciaba que «el Estado constitucional ha degenerado en Estado de partidos»:

Un grupo reducido, cooptado y oligárquico de dirigentes de partido maneja a su arbitrio el Estado. La separación de poderes, base de la democracia constitucional, está seriamente dañada. La politización de la justicia es escandalosa y los dos grandes partidos coinciden en su voluntad de mantenerla.

Por ello, VOX consideraba que había «sonado la hora de emprender una reforma profunda de carácter estructural que afronte de verdad los defectos de un sistema político, jurídico, institucional y económico que está irreversiblemente agotado». En este sentido, sus principios inspiradores eran «la libertad individual, el Estado de Derecho y el imperio de la ley», «la indisoluble unidad de la nación y la atribución de la soberanía nacional al pueblo español». Y enfatizaba la dimensión europea e iberoamericana de España y su posición en la Unión Europea, «conjugando nuestro compromiso con el proceso de integración y el interés comunitario con la defensa de nuestros legítimos intereses nacionales» y propugnando una «nueva Ley de Partidos, que garantice el vínculo directo entre representantes y representados».

Así, el sistema proporcional debía ser sustituido por «otro que libere a la sociedad del patológico dominio de los partidos sobre la vida pública y sobre la estructura institucional del Estado»; consideraba «fallido» el Estado de las autonomías, propugnando, en su lugar, un «Estado unitario», «fuerte y eficiente, administrativamente descentralizado y capaz de acomodar y reconocer la pluralidad histórica y cultural de nuestra Nación»; defendía la separación de poderes; la economía de mercado; «la libre iniciativa y el pleno reconocimiento del derecho de propiedad», y la libertad de enseñanza.

Respecto a la universidad, «una institución que sepa ser competitiva, abierta, plural, capaz de impulsar las humanidades, la ciencia y la tecnología y capaz de propiciar una potente reflexión crítica sin la cual la cultura languidece y se politiza», y la promoción de la «cultura de la vida», la protección de la familia como «institución básica que ha de mostrar su solidaridad con los sectores más vulnerables» y, por último, propugnaba un patriotismo crítico, ambicioso y sereno y una política cultural que promoviera «la excelencia».

Como agenda para el cambio, el nuevo partido proponía «una nueva Ley Electoral» basada en un «sistema mixto mayoritario-proporcional con circunscripciones de una dimensión que posibilite un vínculo real entre representantes y representados»; una nueva Ley de Partidos y la supresión de las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y organizaciones patronales; la evolución del Estado de las autonomías hacia un «Estado unitario», «con un único Gobierno, un único Parlamento depositario exclusivo de la soberanía nacional y un Tribunal Supremo que actúe como última instancia jurisdiccional»; la reforma de la composición de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, «volviendo a la fórmula prevista en la Constitución de 1978»; la atribución de la jurisdicción constitucional al Tribunal Supremo; la despolitización completa de la forma de elección del Tribunal de Cuentas y de los Órganos Reguladores; la reforma del Régimen Local sobre la base de «una descentralización administrativa provincial e insular conducente a una mayor eficacia y eficiencia de la administración territorial compatible con el de legalidad a cargo de las instancias centrales del Estado», y una nueva Ley de Transportes y Buen Gobierno «que establezca plenas garantías de control de la gestión y administración de los recursos públicos por parte de los ciudadanos, posibilitando el ejercicio efectivo de sus derechos como administrados, de tal forma que queden protegidos frente a eventuales arbitrariedades o abusos del poder político»³².

En esos primeros momentos, Vidal-Quadras fue el líder por antonomasia de VOX, siendo elegido, a través de primarias, presidente de la formación y cabeza de lista para las elecciones europeas. VOX cifró sus esperanzas en el logro de un escaño en el Parlamento Europeo para Vidal-Quadras. Algunas encuestas auguraban un 2%, es decir, unos 400.000 votos, y un eurodiputado. Sin embargo, el partido quedó a un poco más de 1.500 votos de conseguirlo. En total, la candidatura de VOX obtuvo 246.833 votos, que suponían un 1,5 % del total de los emitidos. La formación rozó el 6 % en Melilla y superó el 3,64 % en Madrid gracias a los 80.557 sufragios recibidos³³.

El político catalán anunció que no se presentaría a la reelección como presidente del partido en la asamblea de septiembre de 2014 y declaró que era mejor «dejar paso a otras personas y que se abra un período nuevo, porque no creo que eternizarse en los sitios sea conveniente». Dos meses después se manifestó dispuesto a una posible coalición entre Unión-Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, y Ciudadanos, independientemente de la postura que tomara VOX³⁴. Esta postura fue rechazada por Santiago Abascal, entonces secretario general de la formación, que le animó a presentar su dimisión, recordándole las diferencias entre VOX, Ciudadanos y Unión-Progreso y Democracia³⁵.

El 3 de septiembre se produjo la dimisión de Ignacio Camuñas y luego la de González Quirós, que resultaron muy beneficiosas para el nuevo partido; entre otras cosas, porque favorecían la presencia en su seno de una nueva generación de políticos conservadores, como Javier Ortega Smith-Molina, Rocío Monasterio San Martín, Iván Espinosa de los Monteros, Ignacio Garriga, Rafael Bardají López, Mazaly Aguilar o Francisco José Contreras, al lado de conocidos intelectuales y escritores, como Amando de Miguel, Fernando Sánchez Dragó, Gustavo Bueno Sánchez, José María Marco, Rafael Sánchez Saus, etcétera³⁶.

Sin embargo, la trayectoria de VOX no resultó nada fácil. Tras su fracaso en las elecciones europeas y el abandono de Vidal-Quadras, no pocos comentaristas políticos dieron por amortizado al nuevo partido. Los medios de comunicación conservadores —no digamos los más progresistas o izquierdistas— silenciaron sus pasos. ABC, El Mundo y, sobre todo, La Razón apostaron claramente por seguir apoyando al PP de Mariano Rajoy o a Ciudadanos. Para TVE, VOX no existía, y lo mismo ocurría con las cadenas privadas, como Antena 3, Tele 5 o La Sexta. En contraste, los líderes de Podemos, en particular Pablo Iglesias, eran las estrellas mediáticas del momento.

La COPE o su filial televisiva, Trece Televisión, se convirtieron en los órganos mediáticos del PP y del mantenimiento del bipartidismo. Tan solo diarios digitales como Libertad Digital, La Tribuna del País Vasco, okdiario o el debilitado, pero ideológicamente combativo, Grupo Intereconomía, muy enemistado con el PP de Mariano Rajoy, dio una audiencia continuada e incluso entusiasta al partido de Santiago Abascal. El 26 de junio de 2016, el empresario Julio Ariza, su presidente, participó en la asamblea extraordinaria de VOX como invitado especial, felicitándose por la existencia del nuevo partido: «Qué bueno que exista», afirmó³⁷. Su diario, La Gaceta, dio cumplida información de sus actos, de su programa político y de la figura de Abascal. Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith se convirtieron en rostros habituales de su canal de televisión, particularmente en su conocido programa de opinión El gato al agua y en Radio Intereconomía. Los periodistas Gonzalo Altozano y Kiko Méndez-Monasterio, director de La Gaceta, muy ligados ambos al Grupo Intereconomía, publicaron sendos libros de entrevistas con el líder de VOX, No me rindo y Hay un camino a la derecha. En alguna ocasión, Abascal se ha referido a Méndez-Monasterio como «mi gurú»³⁸.

Ligada al grupo Intereconomía se encuentra Tizona Comunicación, fundada en julio de 2018 y encargada de suministrar a los presidentes provinciales y a los responsables de Comunicación de VOX de un argumentario, que luego debía ser difundido en las redes, y de un dossier de prensa. Miembros del grupo Intereconomía son igualmente Juan Ernesto Pflüger, jefe de prensa de VOX; Kiko Méndez-Monasterio; Fernando Paz; Yulen Ariza Rossy; Gabriel Ariza Rossy, con la web oficial del partido verde, y las editoriales Homo Legens, Kalma y Lectura. Otros medios afines son eldebate, periódico digital dirigido hasta hace poco por el historiador Fernando Paz.

El 19 de diciembre de 2015, Ariza explicó, en El gato al agua, las razones que le habían llevado a votar a VOX en las elecciones generales del 21 de diciembre de aquel año. En su opinión, era preciso votar a VOX porque le había convencido «su rotundidad y su firmeza en la defensa de aquellos valores por los que votó en el año 2011 al Partido Popular»³⁹.

Sin embargo, VOX no despegaba. En las elecciones autonómicas de mayo de 2015 no consiguió ningún diputado y perdió más de 40.000 votos tan solo en Madrid respecto a los cosechados en las europeas. A nivel municipal, VOX tuvo que conformarse con 22 concejales y dos alcaldías en un total de 13 municipios. Sin embargo, consiguió un éxito importante al lograr que el partido Derecha Navarra y Española se integrarse en VOX, pasando a denominarse VOX Navarra. Derecha Navarra y Española era una escisión del PP, que se autodefinía como católica, defensora de la españolidad de Navarra y de la cadena perpetua para los terroristas, al igual que del control de la inmigración irregular⁴⁰.

Pero el nuevo partido iba de fracaso en fracaso. En las elecciones al Parlamento andaluz de marzo de 2015, solo consiguió 18.017 votos, y, por consiguiente, no obtuvo representación (un 0,45% del total, acabando como novena fuerza). En las elecciones autonómicas de mayo de 2015, el partido se presentó en nueve comunidades de las trece en que se celebraron —Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias— y en una de las ciudades autónomas —Ceuta—, sin obtener representación. Donde mejores resultados obtuvo fue en Ceuta, con un 1,27% de los votos, y en la Comunidad de Madrid, con 37.420 votos, un 1,17 % del total. En las elecciones municipales se presentó en 12 municipios, obteniendo 22 concejales y dos alcaldes. En las elecciones generales, VOX presentó candidaturas en 31 circunscripciones y obtuvo un total de 57.753 votos, un 0,23% en las elecciones al Congreso, y no consiguió ningún escaño; tampoco en el Senado. Pese a todo, Abascal fue reelegido presidente del partido en la Asamblea Extraordinaria de marzo de 2016, con el apoyo del 98% de la militancia⁴¹.

Ante los malos resultados electorales, Abascal envió una carta a sus afiliados y simpatizantes denunciando la estrategia del PP en su contra:

Nuestros resultados electorales han sido decepcionantes, y una vez más nos ponemos en pie y nos disponemos a seguir adelante. La manipulación de las encuestas con el «sorprasso» de Podemos han surtido efecto. La estrategia del miedo de Mariano Rajoy, en definitiva, ha triunfado. Millares de españoles han votado presos del miedo con la nariz tapada⁴².

El encaje en Europa

Ante la certidumbre de que el espacio liberal y conservador estaba monopolizado por el PP y por Ciudadanos, la dirección de VOX se aproximó, por iniciativa de Kiko Méndez-Monasterio, director de La Gaceta, a los partidos de la derecha identitaria. Abascal recibió positivamente el Brexit: «El Brexit es un no a la Europa de los burócratas y los lobistas, y un sí a la libertad y a la identidad de las naciones europeas»⁴³.

El 9 de noviembre de 2016, Abascal se reunió con Louis Aliot, presidente del Frente Nacional, en el Parlamento Europeo de Bruselas. El líder español conversó con Aliot sobre las semejanzas entre su partido y el Frente Nacional: defensa de los intereses nacionales frente a los organismos supranacionales y mayor control de la emigración y de las fronteras, así como la importancia de garantizar las identidades nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Ambos dirigentes analizaron la «demonización» que hacían los grandes medios de comunicación y quienes los controlaban de sus candidatos y propuestas: «Una estrategia que les está empezando a fallar, vistos los resultados de la victoria de Trump, el “sí” en el Reino Unido al Brexit y el “no” en Colombia a la rendición de Santos ante las FARC. Los ciudadanos están diciendo “no” a la prepotencia del establishment y “sí” a lo que verdaderamente les importa»⁴⁴.

En enero de 2017, Abascal participó en la cumbre celebrada en la ciudad de Coblenza. Tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el grupo parlamentario europeo ENF (Europa de las Naciones y de las Libertades), formado por los partidos de derecha identitaria, convocó en enero de 2017 una conferencia en la ciudad alemana para aunar fuerzas ante las elecciones que se preparaban ese año en Francia, Alemania y Holanda, con la presencia de los respectivos partidos: Frente Nacional, Alternativa por Alemania y Partido por la Libertad, además de la Liga Norte de Italia y el Partido de la Libertad de Austria.

A lo largo de dos jornadas, Abascal mantuvo encuentros con Marine Le Pen, Geert Wilders, Frauke Petry, y con el vicepresidente del Frente Nacional, Jean-François Jalkh, con el vicepresidente del Grupo Parlamentario de Las Naciones y de las Libertades Eduard Ferrand, y con Matteo Salvini, presidente de la Liga Norte, con quien discutió sobre la posición de su partido ante los planteamientos separatistas en Cataluña. Y es que la Liga siempre estuvo muy relacionada con Jordi Pujol y con Ángel Colom, de Esquerra Republicana. Para Salvini, la detención de Carles Puigdemont en Alemania mostraba el fracaso de la Unión Europea y que se sentía «ciudadano de Cataluña»⁴⁵. En un tuit, Salvini había manifestado su «totale solidaritá al 14 cittadini arrestati in Catalogna del governo spagnolo por motivo “politici”»⁴⁶. A lo que Abascal respondió: «Hace muy mal Matteo Salvini mostrando el afán por entrometerse en las soberanías nacionales. Parece Juncker. ¡Viva la unidad de España!»⁴⁷. Abascal le reprochó en Coblenza su posición ante el secesionismo catalán: «Pareció entenderlo. Pero luego hizo unas declaraciones a favor de los separatistas absolutamente inaceptables, que fueron contestadas duramente por nosotros»⁴⁸.

El líder de VOX se fotografió con Frauke Petry —líder de Alternativa por Alemania—, Geert Wilders, del Partido de la Libertad de Holanda, y con Jean-François Jalkh y Eduard Ferrand, del Frente Nacional Francés⁴⁹. Con frecuencia, Marine Le Pen había manifestado su contrariedad por la ausencia de una alternativa identitaria en España, y, en ese sentido, afirmó en una entrevista: «Podemos solo existe por falta de alternativas, porque no existe un Frente Nacional en España. Su éxito es por sustitución»⁵⁰.

En abril, Abascal se entrevistó con Marine Le Pen en Perpiñán. Tras la conversación, la líder del Frente Nacional, afirmó: «Tenéis todo nuestro apoyo». Abascal volvió a señalar sus coincidencias con el Frente Nacional en tres puntos clave: defensa de la soberanía nacional, protección de la identidad cristiana de Europa y reacción frente a «la dictadura de la corrección política». Finalmente, señaló que «los resultados de las elecciones francesas serán trascendentales para el futuro de Europa»⁵¹.

Estos contactos fueron presentados por La Gaceta y el Grupo Intereconomía como la plasmación de una alianza entre VOX y el Frente Nacional⁵². Sin embargo, según otras informaciones, esta alianza nunca se materializó. VOX nunca fue miembro del grupo parlamentario de la Eurocámara representado por el Frente Nacional Francés⁵³. En una entrevista, Santiago Abascal, afirmó:

Que quede claro que nos reunimos con el Frente Nacional después de consultarlo con nuestros afiliados […]. No fue un error. Lo que sí puede ser es algo difícil de explicar. El FN es un partido importante —la segunda fuerza más votada en Francia— con el que VOX tiene importantes puntos de contacto. ¿Significan esas coincidencias que VOX se halla casado con el FN? Que Le Pen tenga un discurso no significa que nosotros tengamos que copiarlo. Ellos se deben a Francia. Nosotros a España. Y ahí puede haber, y hay, intereses contrapuestos. Además, si analizamos los programas hay muchas diferencias. Pero en la elección de civilización y en las propuestas migratorias estamos de acuerdo. Y no es poco⁵⁴.

Iván Espinosa de los Monteros señaló en otra ocasión que VOX se encontraba más en la línea de los tories británicos y se autodefinió como «liberal-conservador»⁵⁵. Más pragmático se mostraba Santiago Abascal:

Nosotros no tenemos modelos. Buscamos soluciones propias, aunque podemos picotear por aquí y por allá sin atender a afinidades ideológicas ni simpatías personales. Lo que funciona, funciona, y ya está, hágalo quien lo haga. Si es Trump, pues Trump, y si Orbán, pues Orbán, y si nadie, pues nosotros. Cuando me pregunten por mis modelos, pues digo que es Isabel La Católica⁵⁶.

Por su parte, Rafael Bardají manifestó sus preferencias por Trump y no por Le Pen: «Con Le Pen hay pocas coincidencias, no podemos olvidar que los franceses nos invadieron. Y la cultura francesa es estatista. Nos parecemos más a Trump, en su guerra cultural con lo establecido, con lo políticamente correcto […]. Coincidimos en el “América primero” y España y los españoles primero»⁵⁷. Gustavo Bueno Martínez señaló igualmente sus diferencias con la derecha identitaria de Francia y Alemania: «No, Francia y Alemania son realidades distintas de España, que es católica, supo crear un Imperio generador y no es racista»⁵⁸. Abascal ha manifestado también su respeto hacia la figura de Viktor Orbán:

Tenemos cierta admiración por Viktor Orbán, por el ejemplo que da resistiendo a las intolerables presiones que el Parlamento Europeo y la Comisión ejercen contra Hungría. Siempre estaremos al lado de los partidos que defienden el carácter inviolable de la soberanía de las naciones y que rechazan de verse imponer el multiculturalismo⁵⁹.

Cuando Marine Le Pen logró consolidar su posición en la segunda vuelta de las elecciones francesas, VOX sacó a la luz un comunicado felicitando a la líder del Frente Nacional:

VOX muestra su satisfacción al conocer que casi cuatro de cada diez franceses han apostado por la candidata que representa un modelo de civilización que aspira a mantener los valores cristianos de Europa, frente al multiculturalismo y la islamización de Occidente, y respeta la soberanía de las naciones frente a la Europa confederal que desean los burócratas de la Unión Europea⁶⁰.

Grietas en la derecha

En el ámbito específicamente español, VOX no ha sido bien visto, por razones de tipo político e ideológico, en otros partidos y grupos de derecha tradicional. El director de Alerta Digital, Antonio Robles, lo definió como un «partido de pijos oportunistas», mientras que Santiago Abascal aparecía como un político sin carisma, carente de un «mínimo de formación intelectual», aunque con instinto político para percibir la nueva situación política y social que se abría paso tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y los éxitos electorales de Marine Le Pen en Francia⁶¹.

Para el historiador Fernando Torres, militante de Fuerza Nueva y luego de Alternativa Española, VOX seguía la misma estela de otros efímeros partidos políticos a la derecha de Mariano Rajoy⁶². Despierta intro, acusaba al líder de VOX de apropiarse de «parte del discurso patriota» para obtener votos⁶³. El periódico digital tradicionalista Hispanidad publicó un documento en el que se señalaba que el Frente Nacional Francés estaba más cerca de Podemos que de VOX. Y es que el partido liderado por Abascal, a diferencia del Frente Nacional, no propugnaba la salida de la Unión Europea ni del euro; tampoco la salida de la OTAN, ni la subida de impuestos, ni la supresión del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el incremento del gasto público o el control de los medios de comunicación⁶⁴.

Por su parte, Rafael López-Diéguez, yerno de Blas Piñar y líder del partido social-católico Alternativa Española, heredero de Fuerza Nueva, manifestaba no poder apoyar a VOX —lo mismo que al PP— por no representar «los valores católicos», basados en el «Derecho Natural y la Moral Objetiva»: la vida, la familia, la unidad de la patria. A su entender, VOX, como el PP, Ciudadanos, socialistas y comunistas, querían una patria «portadora de contravalores». López-Diéguez condenaba, además, el liberalismo económico, ya que, a diferencia de lo sustentado por los otros partidos, «el libre mercado no basta para asegurar la justicia social». A ese respecto, VOX y el PP defendían «proyectos ultraliberales»⁶⁵.

No obstante, VOX consiguió hegemonizar los restos del partido identitario Plataforma per Catalunya, que el 15 de febrero de 2019 acordó autodisolverse y recomendar a sus militantes que se integraran en la formación de Santiago Abascal⁶⁶. Al mismo tiempo, este y sus partidarios entraron en contacto con grupos de interés del mundo rural, muy marginados por el resto de los partidos políticos, sobre todo los cazadores, los ganaderos y agricultores, así como el mundo taurino. En realidad, ha sido VOX el partido político que ha descubierto las potencialidades de lo que el escritor Sergio del Molino ha denominado «la España vacía»⁶⁷.

Abascal asistió al foro lacazatambienvota, una campaña organizada por la Federación Andaluza de la Caza (FAC) y, sobre todo, por su presidente, José María Mancheño. La FAC tiene registrados unos 100.000 federados y 250.000 licencias. VOX fue el único partido que tomó la iniciativa de solicitar una reunión con la FAC, y Abascal el único político presente en las concentraciones simultáneas a favor de la caza celebradas en diferentes ciudades de España el 15 de abril de 2018 bajo el lema «Sí a la caza, nuestra forma de vida», y que se manifestaban contra «el yugo del ecologismo de lobby» y «los animalistas totalitarios», así como en pro de una reforma del Código Penal para castigar los delitos de odio en Internet de los que los cazadores suelen ser víctimas.

Según la periodista Emilia Landaluce, el autor de la nueva estrategia de VOX fue el montañero y maestro rural Antonio de Miguel, quien explicó a Santiago Abascal y a Javier Ortega su percepción del descontento del mundo rural ante el talante de los políticos y, sobre todo, de los ecologistas. A comienzos de 2018 se iniciaron contactos con los distintos sectores, grupos, asociaciones y movimientos populares. VOX se mostró partidario de «un plan que evite la desruralización del país, el éxodo y el abandono del espacio rural y la agresiva migración selectiva hacia la ciudad».

El mundo del toro fue igualmente objeto del interés del nuevo partido. Para ello tuvo un aliado crucial en la figura del diestro Morante de la Puebla, quien brindó un toro al líder de VOX en la localidad abulense de Arévalo: «Santiago, va por ti y por España», le dijo. Igualmente, VOX centró su interés en el mundo de los agricultores del Levante, planteando, frente a las políticas del PP y del PSOE, la reelaboración del Plan Hidrológico Nacional⁶⁸. No menos significativos fueron sus contactos con la Asociación Nacional del Arma de España (ANARMA), el lobby armamentístico español. Abascal hizo suya la «doctrina del Castillo», en pro de la defensa propia y el derecho al uso de armas para defenderse⁶⁹.

Según algunas informaciones, VOX ha sabido igualmente atraerse a sectores católicos procedentes del Camino Neocatecumenal, los Kikos, Hazte Oír y del Opus Dei, muy descontentos con las políticas seguidas por el PP en general y por el Gobierno de Mariano Rajoy en particular, sobre todo en los temas del aborto y de la ideología de género. Uno de los ejemplos más claros de ello es la figura de Lourdes Méndez, miembro del Opus Dei, que, entre 1990 y 2016, fue, con el PP, concejal, diputada autonómica por Murcia, consejera y diputada nacional. En el Congreso fue portavoz de Asuntos Sociales. Abandonó el PP, según sus propias palabras, por «haber hecho dejación de la defensa de la vida, al permitir las leyes LGTBI y la imposición de una ideología de género que vulneran la libertad ideológica»⁷⁰.

En un mundo católico como el español, bastante dividido, algunos sectores analizaron el programa político de VOX. Francisco Serrano Oceja celebraba su defensa de la derogación de las leyes de género, la creación de un Ministerio de la Familia, la protección de la familia natural, el rechazo del aborto, el apoyo a las familias numerosas y a la natalidad, la prohibición de los vientres de alquiler, la defensa de la libertad de educación, etc. Sin embargo, la «cuestión más peliaguda» eran sus opiniones referentes a la emigración⁷¹.

No obstante, la auténtica oportunidad de VOX vino de la mano de la gravísima crisis institucional provocada por la actitud abiertamente separatista del nacionalismo catalán y la feble actitud del Gobierno de Mariano Rajoy ante la celebración del referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017⁷². Según señalaba El Mundo, la intervención de la autonomía catalana no fue considerada «lo suficientemente firme» para amplios sectores de la derecha sociológica y política, lo que favoreció que VOX recogiera el guante, logrando nuevas afiliaciones, «de 3.400 a 5.300 militantes» y para recuperar «cierta presencia mediática» al haberse personado en las causas contra los líderes independentistas⁷³.

Poco después de la celebración del referéndum secesionista, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, cuya secretaría nacional ostentaba Abascal, convocó una concentración el 7 de octubre en la Plaza de Colón para apoyar la unidad nacional. A la convocatoria no solo acudieron VOX y DENAES, sino dirigentes del PP, como Pablo Casado, y medio centenar de entidades, incluyendo Hazte Oír. El número de asistentes estuvo entre las 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y los 250.000 señalados por VOX. La estrella del acto fue Abascal, que ofreció a los concurrentes un discurso en clave política en el que juró no abandonar las calles «hasta que se encarcele y detenga a los que todavía, hoy mismo tienen secuestrada nuestra soberanía y a millones de catalanes», y alabó «la actitud valiente del jefe del Estado, Su Majestad Felipe VI»⁷⁴. En una entrevista concedida a El Mundo, el líder de VOX defendió, entre otras cosas, la ilegalización de los partidos independentistas⁷⁵.

Al mismo tiempo aprovechó la coyuntura política para conseguir mayor presencia mediática a través de la interposición de numerosas querellas y denuncias contra la Generalidad catalana, contra los partidos favorables al proceso independentista y contra los dirigentes separatistas. VOX amplió su denuncia a los jefes de los Mossos de Escuadra por no informar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El TSJ catalán admitió la querella del partido contra Puigdemont por delito de rebelión, y la formación denunció, además, que el juez Llarena recibiera presiones del Gobierno. A raíz de unas declaraciones del exjuez Santiago Vidal, que se jactaba de que el Gobierno autónomo tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, VOX se querelló contra él. Finalmente, a causa de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre por parte del Gobierno catalán y de la proclamación de la república, VOX se presentó como acusación popular contra el antiguo Ejecutivo autónomo y la mesa del Parlamento catalán⁷⁶.

EL GOBIERNO SÁNCHEZ: PROBLEMAS PARA EL PP

Al PP se le siguieron acumulando los problemas. En las elecciones municipales de mayo de 2015, el PP, con Esperanza Aguirre como candidata, perdió el Ayuntamiento de Madrid frente a Manuela Carmena. Su hegemonía hasta entonces indiscutida en la Comunidad de Madrid comenzó a flaquear a causa de los continuos casos de corrupción, lo que provocó la caída en desgracia de Ignacio González como presidente de la Comunidad. En su lugar fue elegida como candidata Cristina Cifuentes Cuencas, que logró la victoria en las elecciones autonómicas de 2015. Mujer dinámica y plenamente inserta en el universo simbólico posmoderno, Cifuentes era una militante un tanto heterodoxa del PP, que no dudó en autodefinirse como agnóstica y republicana. Sin embargo, fue vista como una figura política con un futuro prometedor. Incluso se llegó a pensar en ella como sucesora de Mariano Rajoy, aunque no era bien vista por los sectores conservadores del partido, sobre todo por su asunción de los supuestos de la ideología de género y LGTBI⁷⁷.

Pero la estrella de la presidenta madrileña pronto comenzó a palidecer. En abril de 2018 hubo de comparecer de forma extraordinaria ante el pleno de la Asamblea de Madrid ante el requerimiento de explicaciones por presuntas irregularidades de su expediente académico en lo relativo a la adquisición de su título de máster de Derecho autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus explicaciones no fueron convincentes, pero Cifuentes no presentó su dimisión hasta que no salió a la luz un vídeo del año 2001 en el que se mostraba que había sido sorprendida robando dos botes de cremas cosméticas de un supermercado, un golpe mortal para su emergente carrera política⁷⁸. Gracias al apoyo de Ciudadanos, el PP pudo conservar el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, no acabaron aquí los problemas para el PP. Algo mucho más transcendente se fraguaba en el horizonte. Inesperadamente, el 2 de junio de 2018 cayó el Gobierno de Mariano Rajoy a consecuencia de una moción de censura propugnada por el PSOE con el apoyo de los grupos independentistas catalanes y vascos, junto a Podemos. Contra todo pronóstico, el líder socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón conseguía la presidencia del Gobierno.

No hacía mucho tiempo Rajoy había logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado, dando una teórica estabilidad al Ejecutivo por lo menos durante dos años, hasta las elecciones de 2020. El PP había logrado una mayoría parlamentaria de 176 escaños gracias al apoyo de Ciudadanos, PNV, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Sin embargo, se produjo al mismo tiempo la sentencia sobre el caso Gürtel y otros escándalos de corrupción en los que se encontraba implicado el PP, que fue condenado como partícipe a título lucrativo a pagar 245.000 euros.

Pedro Sánchez aprovechó la nueva situación para retomar la iniciativa política mediante una moción de censura con escasas posibilidades de éxito en un principio. Llevado por ese impulso, Sánchez no tuvo el menor escrúpulo en aliarse no ya con Podemos, sino con el PDCat —nueva versión de Convergència i Unió—, PNV, ERC y Bildu. Gracias al apoyo de última hora del PNV, que hasta entonces había sido aliado de Rajoy, la moción de censura prosperó. Se hizo referencia entonces, utilizando una frase del líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, de la posibilidad de un «Gobierno Frankenstein»⁷⁹. Toda una tragedia para el PP y el final de la errática carrera política de Mariano Rajoy. Su caída abrió un nuevo período en la política española y, sobre todo, en el proceso separatista catalán.

La crisis del régimen de 1978 se agudizó aún más. Sánchez abandonó la vía judicial contra el procès y pretendió instaurar una «política de diálogo» con el independentismo catalán. Y no solo eso: Sánchez reinició la política de «memoria histórica», con su decisión de exhumar el cadáver de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos; mitificó la Segunda República; radicalizó la ofensiva feminista y propugnó políticas económicas de carácter típicamente populista. Por su parte, Pablo Iglesias ejerció, de facto, la función del vicepresidente del Gobierno. La gestión del nuevo Ejecutivo fue, como ha señalado Andrés Villena, un auténtico paradigma de «tecnocracia demoscópica»⁸⁰.

El máximo aliado de Sánchez fue, sin duda, Podemos. Sin embargo, el movimiento político acaudillado por Pablo Iglesias Turrión no pasaba entonces por sus mejores momentos. Iglesias cometió graves errores políticos en aquella legislatura. No fue solo su apoyo prácticamente incondicional a los secesionistas catalanes, sino, además, su increíblemente torpe gesto a la hora de comprar un lujoso chalet en el pueblo madrileño de Galapagar. Ahora, el supuesto hijo y tribuno del pueblo pasaba a vivir de forma lujosa y burguesa. Por otra parte, dirigentes de la primera hora como Carolina Bescansa o Íñigo Errejón tuvieron que abandonar finalmente Podemos ante las presiones de Iglesias. Poco a poco, el líder neocomunista iba perdiendo tanto su capacidad de dirección en el interior del movimiento como la adhesión de las masas⁸¹.

No mucho mejor era la situación del PP, que, naturalmente, salió muy debilitado de tan dramática derrota. El 20 de julio se convocó un congreso en el que la vieja guardia «centrista», con Soraya Sáenz de Santamaría al frente, fue derrotada por la corriente conservadora, representada por Pablo Casado Blanco⁸², con el 57,21 % de los votos. Solo votaron 60.000 militantes. Significativamente, el «centrista» Núñez Feijóo, líder del PP gallego y presidente de la Xunta, rehusó presentarse como candidato. En realidad, la posición de Casado resultaba muy débil en el seno del partido y dependía de su capacidad para solventar la crisis de la formación y recuperar su hegemonía en el campo conservador⁸³. La periodista Verónica Fumanal ha señalado en ese sentido: «Cada vez que Casado nombraba a VOX, los elevaba de fuerza marginal sin posibilidades a rival político»⁸⁴.

En ese nuevo contexto volvió a emerger VOX como alternativa.

24

LA CONSOLIDACIÓN DE VOX COMO DERECHA IDENTITARIA

UN PROYECTO POLÍTICO

En aquel nuevo contexto, VOX se dotó de un nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, en el que Santiago Abascal figuraba como presidente. La Vicesecretaría de Presidencia fue ocupada por Enrique Cabanas; en la Vicesecretaría del Portavoz figuraba el odóntologo Ignacio Garriga; en la de Recursos, Víctor González; la Vicesecretaría de Relaciones Institucionales recayó en Mazaly Aguilar; en la Vicesecretaría de Relaciones Internacionales figuraba Iván Espinosa de los Monteros; la Vicesecretaría de Comunicación estaba dirigida por Manuel Mariscal; la Secretaría General recayó en Javier Ortega Smith Molina; la Vicesecretaría Jurídica, en Pedro Fernández Hernández; la Vicesecretaría de Acción Social, en Rocío Monasterio; la Vicesecretaría de Movilización, en Alicia Rubio; la Vicesecretaría de Organización, en Salud Anguita; la Vicesecretaría de Mayores, en José Sánchez Hernando, y la Tesorería, en Andrés Porto Monedero. Vocales eran Jorge Buxadé, Rafael Bardají, y María Ruiz¹.

La puesta de largo de VOX tuvo lugar el 7 de octubre de 2018, en la emblemática plaza de toros de Vistalegre. Asistieron unas diez mil personas en el interior, y unas tres mil se quedaron fuera por falta de espacio². Intervinieron Rocío Monasterio, Ignacio Garriga, María Ruiz, Pablo Sáez, Alicia Rubio, Mazaly Aguilar, Pedro Fernández, Javier Ortega y Santiago Abascal, que cerró el acto con un discurso centrado en explicar el proyecto nacional de VOX bajo el eslogan «La España Viva». El partido era «un instrumento al servicio de España» y señalaba que en VOX «hemos venido para que España gane con nosotros». «Estamos demostrando que la España viva es mucho más fuerte que aquellos que quieren ver a España muerta». «La España viva tiene su genio, tiene a su pueblo y tiene su rey. Y ahora también a VOX».

Abascal definió, además, al líder de Podemos como «Pablo Mezquitas», señalando que había definido a su partido como «fascista». «Llámalo como quieras, Pablo, VOX es la España grande, la España alegre, la España viva, la España libre ante la que no podéis ni podréis». «No podréis lograr nunca que sintamos vergüenza por aquello que merece orgullo». Y finalizó: «No lo olvidéis, no hemos venido a ganar en España, hemos venido para que España gane con nosotros». En el acto estuvieron presentes el escritor Fernando Sánchez Dragó, el torero Morante de la Puebla, los periodistas Hermann Terstch y Luis del Pino, Ana Velasco Vidal-Abarca —miembro de COVITE— y Jaime Alonso, y el general Juan Chicharro, directivos de la Fundación Nacional Francisco Franco³.

De inmediato, la opinión pública se hizo eco del significado y del carácter de aquel exitoso acto político, Casi por unanimidad VOX fue presentado como «la ultraderecha». Según La Vanguardia, el partido estuvo centrado en «la petición de mano dura en la cuestión catalana y el discurso antiinmigración». Para El Mundo, el acto de Vistalegre tuvo como contenido el odio a los extranjeros, al independentismo y al feminismo. No obstante, este diario tranquilizaba al resto de los partidos políticos señalando que, según algunos expertos, como José Miguel de Elías o Narciso Michavila, en la «extrema derecha no hay votos», porque en la sociedad española el problema de la emigración carecía de relevancia⁴. Según El País, el barómetro del CIS tan solo otorgaba a VOX un escaño⁵.

El programa de los 100 puntos

Al mismo tiempo salió a la luz el programa político de VOX, elaborado por Tizona Comunicación, que constaba de cien puntos: «Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades»; ilegalización de los partidos, asociaciones u ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y su soberanía; promoción de los símbolos y del idioma español; supresión de las policías autónomas; transformación del Estado autonómico en un «Estado de Derecho unitario»; devolución de Gibraltar; difusión y protección de la «identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales»; «derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica»; «supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro»; reforma del sistema electoral, para que una parte de los diputados sean elegidos en distrito único nacional; control de los cargos públicos; «deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen»; acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y, por tanto, no podrá recibir cualquier tipo de ayuda de la administración; ayuda a los países en desarrollo; cierre de las mezquitas fundamentalistas; fortalecimiento de las fronteras: levantar «un muro infranqueable en Ceuta y Melilla»; suspensión del espacio Schengen «hasta que exista la garantía europea de que no utilizarán los criminales para huir de la justicia (como han hecho los golpistas separatistas) ni los aprovechen las mafias de inmigración ilegal para introducir personas»; nuevo Plan Hidrológico Nacional; drástica reducción del gasto público; fusión de ayuntamientos; desarrollo de un Plan de Energía; «rebaja radical del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Sociedades al 20 % con una reducción del 5 % en el caso de que los beneficios no se distribuyan y se mantenga en la empresa como reserva»; reducción del IVA al 4 % para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos; reducción del impuesto de sociedades para las PYMES al 15 %; fomento de la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa-Estado; sistema de beneficios fiscales para las familias y en especial para las numerosas; supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones en todo el territorio nacional; liberalización del suelo; apoyo a los trabajadores autónomos; apoyo a los desempleados mayores de cincuenta años y a los desempleados de larga duración; pensiones contributivas exentas en el IRPF; nuevo modelo de pensiones mixto de capitalización y reparto; revisión de la Ley del Suelo; concepción integral de la Sanidad; tarjeta sanitaria única; calendario único de vacunación; suspensión en la sanidad pública de las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto); eliminación del acceso gratuito a la sanidad para los inmigrantes ilegales; cheque escolar; el español como lengua vehicular; exámenes de control a nivel nacional; becas para familias con menos recursos; leyes de mecenazgo, de protección a la tauromaquia y de protección a la caza; derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro, sustituida por una «ley de violencia intrafamiliar que proteja igual a ancianos, hombres, mujeres y niños»; creación de un Ministerio de la Familia; apoyo a las familias numerosas y a la natalidad en general; defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural; protección especial de la infancia; conciliación entre vida familiar y laboral; integración de las personas con síndrome de Down; prohibición de los vientres de alquiler; defensa de la custodia compartida; fin de las subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales, etc.; ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo; leyes antiokupación y antiusura; nuevo tratado europeo en la línea del grupo de Visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto a los valores de la cultura europea; bilateralidad en las relaciones internacionales; «gran Plan Nacional de Cooperación internacional con las naciones de la comunidad histórica hispánica»⁶.

Identidad, liberalismo y conservadurismo

El proyecto político defendido por VOX gira, básicamente, en torno a tres ideas: identidad, liberalismo y conservadurismo. Como ya hemos señalado, una de las constantes de la trayectoria política de Santiago Abascal es la defensa de la unidad nacional frente a los nacionalismos periféricos. Abascal desconfía de las definiciones de nación defendidas por Ortega y Gasset y José Antonio Primo de Rivera: «Me chirría un poco»; «me gusta más la idea de la nación como algo lineal y no como proyecto»⁷. Muy significativa, en ese sentido, es su obra ¿Derecho de autodeterminación? Sobre el pretendido derecho de secesión del Pueblo Vasco, en cuyas páginas somete a crítica los fundamentos del proyecto nacionalista vasco. Su objetivo era «determinar la legitimidad y la plausibilidad de la aplicación del derecho de autodeterminación de los pueblos en el caso vasco», una alternativa que considera «social y políticamente conflictiva y disparatada».

Su impugnación se desarrolla desde una perspectiva claramente liberal-conservadora. Y es que para Abascal el derecho de autodeterminación tiene una serie de costes —a nivel político, social, moral y económico— que lo hacen inviable. Supone, en primer lugar, la negación explícita o velada de la condición vasca a un sector importante de la sociedad por su origen español o su sentimiento no nacionalista. Con un referéndum de autodeterminación se excluiría a muchos vascos de su condición de ciudadanos. Por otra parte, analizando la trayectoria histórica del pueblo vasco, resultaba evidente su «vinculación al resto de España» y «la participación de numerosos vascos en la construcción de España como nación antes de que existiera una identidad nacional vasca». Tampoco desde el punto de vista democrático podía legitimarse el derecho a la secesión, ya que, «en función de qué área geopolítica identifiquemos con el concepto de pueblo, la mayoría puede significar una cosa u otra». «Probablemente, si el pueblo es el español, la mayoría dirá una cosa distinta a si el pueblo es el vasco».

Además, el derecho de autodeterminación implicaba «una radicalización democrática sin límites territoriales y sin un demos indivisible, representa la disolución imparable de cualquier unidad estatal, la institucionalización del derecho a la rebelión democrática y, por tanto, el suicidio del sistema democrático tal como lo conocemos». Y es que, a juicio de Abascal, debe haber «elementos fundamentales al margen de las decisiones mayoritarias». Al igual que los derechos humanos no pueden ser sometidos a debate o decisión de las mayorías, «la integridad territorial del Estado democrático tampoco es un elemento cuestionable democráticamente». El Estado democrático ha de fundamentarse «en su propia unidad indiscutible». Abascal rechaza, consecuentemente, el argumento étnico, porque se aleja de los «parámetros democráticos» y porque la homogeneidad étnica no es una de las características de la sociedad vasca; antes al contrario, se caracteriza por «los estrechos lazos familiares, de sangre, que unen a los vascos con el resto de los españoles».

Desde el punto de vista del Derecho internacional, el principio de autodeterminación se refiere exclusivamente a «situaciones coloniales o a casos en los que una parte de la población de un Estado sea perseguida, por ejemplo, por motivos ideológicos o étnicos». Desde el Derecho constitucional español, tampoco era defendible, ya que la Constitución española era «trasparente al referirse a la integridad territorial y la unidad de España, mientras que el Estado no hace sino reconocer y recordar la supremacía normativa de la Constitución». A lo que habría que añadir la pluralidad constitutiva de la sociedad vasca, visible en las distintas sensibilidades dominantes en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Por último, la secesión implicaba, entre otras cosas, la «salida de la Unión Europea, y en forma de penuria económica: pérdida de competitividad de los productos vascos, descenso de las exportaciones, aumento del paro y decrecimiento del PIB»⁸.

Junto a Gustavo Bueno Sánchez, hijo del filósofo riojano, Abascal publicó su libro En defensa de España. Razones para el patriotismo español, en cuyas páginas incidía en la problemática de la unidad nacional. Su concepto de nación seguía siendo liberal, en otras palabras, «la reunión, libre de privilegios, de todas las partes que constituyen el cuerpo social, esto es, como el conjunto de los “ciudadanos” libres y jurídicamente iguales una vez disueltos los privilegios que, a su vez, justificaban la división estamental». «La sociedad, pues, se reorganiza nacionalmente cuando se instala en su seno la Igualdad política entre sus partes y, como poder soberano ya nacional, comienza a través de sus representantes a promulgar y hacer cumplir leyes frente al poder del absolutismo real». España es, por tanto, una nación política que nace con las Cortes de Cádiz y cuyos antecedentes se encuentran en la Edad Media con su lucha contra el islam. Sin embargo, la nación debe su realización a la «gran empresa imperial» con su respuesta al islam y su expansión en América.

Ambos autores defienden que el idioma español es el único para toda España; es «el resultado del desarrollo de España como Imperio a partir del siglo XV»; y rechazan, por tanto, la expresión «castellano» para definir la lengua oficial, porque lo consideran un dialecto del español. La expresión «castellano» facilita, en su opinión, la disolución de España en distintas naciones fraccionarias a través de las distintas lenguas y, por tanto, su «babelización». En este sentido, la denominada «normalización lingüística» tiene como objetivo la erradicación del español.

Abascal y Bueno defienden la existencia de una cultura específicamente española, común al conjunto de las regiones que constituyen la nación. Y es que las culturas regionales tienen «una relación con la cultura española semejante a la relación que un género tiene con sus especies, de tal modo que la cultura catalana, andaluza, murciana, castellana, etc., no forman recintos censados impermeables a la “cultura española”, sino que está filtrada, difundida a través de distintas especies locales o regionales formando la cultura española una totalidad distributiva que manifiesta presente tanto en Cataluña como en Murcia, Galicia, el Bierzo, Canarias, Andalucía».

Por otra parte, la visión de España como un ente «plurinacional» es «la identidad de su balcanización y, por lo tanto, el fin de su existencia nacional». Y lo mismo ocurre con la expresión «nación de naciones», a la que tachan de «pseudoconcepto, o mejor, de aborto conceptual con el que, de nuevo, se quiere poner de manifiesto la falta de consistencia de España como Nación». Tanto Abascal como Bueno rechazan el federalismo, ya que este tiene como proyecto unir lo que permanecía separado cuando España es ya una unidad; por tanto, se trata de otro cómplice del secesionismo.

Aunque el federalismo se identifica en España con la izquierda, existe, a juicio de los dos autores, un federalismo de derechas, como el defendido por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, con sus tesis sobre los «derechos históricos», y que lleva a un «acuerdo constitucional completamente asimétrico y confederal», «pura ingenuidad frente a los separatismos. Igualmente, rechazan el concepto de «patriotismo constitucional», ya que España es anterior a su constitución jurídica. Bueno y Abascal estiman, además, que la nación española se encuentra amenazada no solo por los separatismos, sino por el federalismo; por el «panfilismo», que niega esas amenazas; por el europeísmo; por el «fundamentalismo democrático o democratismo»; por el anarquismo, el yihadismo, Marruecos, etcétera⁹.

La interpretación de Abascal y de VOX de la identidad nacional es, básicamente, una simbiosis entre tradicionalismo y liberalismo, la heredada de Menéndez Pelayo, Claudio Sánchez-Albornoz y Gustavo Bueno. En cambio, las tesis e interpretaciones de Américo Castro brillan por su ausencia. Abascal sostiene que a lo largo de la Edad Media existió «la conciencia de que algo se había perdido y el deseo de recuperarlo» tras la caída del reino visigodo. «Ese sentimiento se mantuvo desde don Pelayo hasta los Reyes Católicos», y hace referencia al «poso emocional de la Reconquista», «el legítimo derecho a recuperar una propiedad que nos había sido arrebatada». Se muestra el líder de VOX muy compenetrado con la idea de Hispanidad de Ramiro de Maeztu. En su opinión, ser racista es «ser antiespañol». Con respecto a la monarquía, Abascal se muestra posibilista, defendiendo ante todo la legitimidad de ejercicio: «Prefiero la Corona siempre y cuando esté al servicio de España y no al de cuatro soberanías diferentes»¹⁰.

Junto a la defensa de la unidad nacional, otra de las señas de identidad de VOX ha sido y es su crítica a la denominada ideología de género. La experta en materia de ideología de género en VOX es la filóloga y profesora de educación física Alicia Rubio, autora de un polémico libro titulado Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres. Para entender cómo nos afecta la ideología de género. Para Rubio, la ideología de género representa una suerte de constructivismo social y político cuyo objetivo es la destrucción de la familia y de la sociedad liberal. Se trata de una ideología totalitaria carente de fundamentos científicos, pero que «se hace invulnerable por el sistema de no permitir el análisis ni la confrontación con la realidad, como sería exigible en cualquier teoría».

La ideología de género no puede apoyarse ni en las ciencias biológicas ni en la noción de naturaleza humana; tampoco en la experiencia cotidiana de las personas concretas. A la hora de su refutación, Rubio recurre, sobre todo, a la biología y a la etología, «a las raíces biológicas que nos dictan comportamientos exitosos para lo más importante, para lo que estamos diseñados, configurados y programados desde hace millones de años: la supervivencia de la especie». No se trata de una perspectiva biologicista, porque Rubio sostiene que la naturaleza interactúa con la cultura. Su objetivo es, en fin, denunciar las mentiras y falacias de la ideología de género, que intenta ocultar la dimensión biológica de los seres humanos, «reivindicar a la mujer real, la mujer biológica y mentalmente mujer que en este momento intentan eliminar con el argumento de ayudarla y equipararla al hombre, y al varón real, con todas las características antropológicas masculinas por las que es acusado, culpado y perseguido».

La autora acepta el feminismo en tanto que movimiento que reivindica la equiparación social, política y económica de la mujer, mientras que la ideología de género es un pretexto para la defensa de «algunas mujeres y algunos homosexuales, y los pretextos para poner en práctica sus medidas en la igualdad, la defensa del homosexual discriminado y la defensa de la mujer oprimida e incluso agredida por el varón». «Naturalmente, el varón heterosexual es el principal enemigo de la fidelidad de estos colectivos, al igual que la mujer que no quiere ser ayudada por estar liberada de yugos ancestrales». Entre los precursores de esta ideología, Rubio señala a Engels, Marx, Reich, Beauvoir, Friedan, Greer, Millet, etc., y sostiene: «El desprecio a la función biológica de la mujer y a su función social es también determinante para lo que luego vendrá: La mujer casada es esclava. El ama de casa no hace nada».

Rubio denuncia sus manipulaciones ideológicas, su influencia social y sus técnicas totalitarias a la hora de impregnar el conjunto social. Su capacidad de difusión se centra en organizaciones como la ONU, la Unión Europea y multitud de organizaciones nacionales e internacionales, así como la mayoría de los medios de comunicación. Se trata de una «hidra de mil cabezas». Frente a tal ofensiva, la autora propugna la afirmación de «la igualdad de derechos y dignidad de los hombres y mujeres y negar la igualdad neurofisiológica y antropobiológica de ambos sexos»; exigir «libertad en las funciones sociales de ambos sexos respetando los deseos individuales»; reivindicación del «organigrama social natural y negarse a admitir la existencia de un heteropatriarcado operativo en las sociedades igualitarias», de la «mujer natural y biológica y el respeto a sus características, su esencia y sus condicionantes», del «hombre biológico y natural», de la «unión de sexos, del amor, de la procreación como forma de excelencia de unificar nuestras naturalezas y alcanzar la plenitud y la felicidad, al margen de la libertad individual de los que elijan otras opciones», el derecho a la vida, la heterosexualidad como «forma natural y biológica de organización social y de convivencia»; analizar la «transexualidad como problema médico»; «eliminar los derechos inherentes al matrimonio de uniones que no lo son; respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y exigir al Estado que «no imponga una moral y una ética por encima de otras igualmente democráticas y respetables»; luchar contra el «neolenguaje» y «no relativizar los valores éticos»¹¹.

El liberalismo conservador de Francisco José Contreras

Sin embargo, quien pasa por ser el pensador por excelencia de VOX es Francisco José Contreras¹², teórico del liberalismo conservador. Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, Contreras es autor de varios libros dedicados a la historia de las ideas y del pensamiento político: La filosofía del derecho en la historia, Liberalismo, catolicismo y ley natural, Derechos sociales, teoría e ideología, La filosofía de la historia de Johann G. Herder, Savigny y el historicismo jurídico, Tribunal de la razón: el pensamiento jurídico de Kant, etc. En un primer momento, Contreras militó en la izquierda socialdemócrata, para pasar luego, tras la lectura de las obras de Hayek, Von Mises, Revel, Friedman, Berger, Norberg, Rodríguez Braun, etc., a la defensa del liberalismo conservador. Siguiendo la tipología elaborada por el sociólogo italiano Carlo Gambescia, el liberalismo defendido por Contreras es una mezcla de liberalismo microárquico, basado en un rechazo explícito del intervencionismo económico, y de liberalismo árquico, cuyo fundamento es el realismo político¹³.

En sus escritos denuncia la hegemonía cultural de la «nueva izquierda postsocialista», con sus reivindicaciones del aborto, la homosexualidad, el matrimonio gay, la ideología de género, etcétera¹⁴. A ese respecto, Contreras hace referencia a la «guerra civil occidental», entendiendo por tal una «escisión cultural interna» en el conjunto de las sociedades europeas y en Estados Unidos. Hoy, el campo de batalla se desarrolla entre «conservadores», que se identifican con la tradición cultural y moral judeo-cristiana, y la «izquierda posmoderna», relativista, hedonista, liberacionista y posreligiosa. A partir de ahí, los centros de confrontación se encuentran en la bioética, la ética sexual y el modelo de familia, así como en el lugar que la religión ha de ocupar en la vida pública¹⁵.

Y es que, en el fondo, la supuesta tolerancia característica de las sociedades secularizadas posmodernas excluye claramente «de hecho a los conservadores, y muy especialmente a los cristianos, que son apartados del debate público —cuando no llevados a tribunales por “homofobia” o “discurso del odio”— con el pseudoargumento de que no «deben imponer creencias a los demás»¹⁶. Contreras es consciente de que la derecha española «ha renunciado a la batalla de las ideas desde la Transición»: «La derecha española de los últimos cuarenta años está implícitamente convencida de la superioridad moral de la izquierda, o en todo caso de su imbatibilidad cultural. Se avergüenza de ser de derechas, y huye de sí misma en un interminable y patético “giro al centro”»¹⁷.

En su alternativa a la izquierda posmoderna, Contreras rechaza el tradicionalismo, el fascismo y la nueva derecha populista¹⁸. A su entender, la respuesta debe venir de la mano del liberalismo conservador o «liberalismo clásico», que, según él, presenta muchos elementos de continuidad con la philosophia perennis aristotélico-tomista y la concepción clásica del mundo. Este liberalismo tiene su genealogía en las obras de Locke, Montesquieu, Smith, Burke, Acton, Hayek, Novak, Scruton, Bell, etc., un movimiento político-intelectual que considera un ejemplo para el «centro-derecha europeo»¹⁹. En este sentido, el liberalismo actual ha de ser, a juicio de Contreras, «liberal en economía y política, pero conservador en familia y bioética». Su antítesis es el «libertarismo», cuyo padre espiritual es John Stuart Mill, como lo demuestra su defensa de los «nuevos modelos de familia», es decir, el matrimonio homosexual, el derecho al aborto o la maternidad subrogada²⁰.

Para nuestro autor, el liberalismo y el capitalismo exigen una «ecología moral», que solo puede proporcionarles la religión en general y el catolicismo en particular. Y es que la lógica del mercado no solo no debe regir todos los órdenes de la existencia, sino que debe respetar «recintos sagrados» como la moral sexual tradicional, «un orden moral objetivo», «impuesto desde fuera por la voluntad heterónoma de Dios». Desde esta perspectiva, la libertad no es incondicional y autorreferencial, sino «libertad para la virtud», «el sujeto debe ser educado para la persecución de lo excelente y una vida dedicada al vicio es una vida fracasada». La familia es presentada como «una institución natural», que fundamenta «la perpetuación de la sociedad y el bienestar de los hijos», guiada por «los deberes naturales».

El modelo social y económico propugnado por Contreras es básicamente el norteamericano, basado en «la convicción de que un sistema democrático-liberal requiere ciudadanos virtuosos, la importancia del patriotismo y de un potente sentido nacional (compatible con el plural origen étnico de un país de colonos e inmigrantes», «nutrido de una dialéctica de continuidad y ruptura», «una profunda religiosidad», «la idea del ciudadano no solo virtuoso, sino también autoprevisor, responsable de su propio bienestar». «De ahí que la intervención redistributiva del Estado no goce tampoco de la legitimidad automática de que disfruta en Europa. Estados Unidos es un país en el que el capitalismo goza de mejor prensa, y el único en el que “socialista” es una descalificación»²¹.

Otro ejemplo exterior para seguir, según Contreras, es el de Hungría, cuyo modelo constitucional valora positivamente. Ante todo destaca «su audaz toma de posición en materias como el reconocimiento de la importancia del pasado cristiano en la forja de la identidad nacional, el valor de la aportación de las iglesias a la vida pública, la protección del nasciturus o la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer». No obstante, señala que se trata de un texto «impecablemente laico, que no proclama una religión oficial y garantiza solemnemente la libertad de conciencia, al tiempo que prohíbe la discriminación por razones religiosas». Sin embargo, no es una Constitución laicista, porque no contempla la religión como «una amenaza para la democracia y la convivencia pacífica, y espera del Estado una actitud de completa indiferencia hacia las iglesias». En este sentido, celebra que el texto constitucional húngaro haya «blindado el carácter heterosexual del matrimonio» y rechazado el aborto²². Y es que uno de los temas que más le preocupa es el invierno demográfico europeo y español, fruto, a su juicio, de la influencia del feminismo radical, del ecocentrismo, del nihilismo y el epicureísmo dominante en las sociedades desarrolladas occidentales, que han conducido a las políticas antinatalistas de sus Gobiernos.

A ese respecto, Contreras rechaza la inmigración, ya que considera imposible la integración cultural-moral de la población extranjera, especialmente la de origen musulmán. Además, opina que la propia decadencia de las sociedades europeas las hará poco atractivas para las poblaciones inmigrantes²³. El caso español es análogo al europeo y adquiere perfiles trágicos. Contreras atribuye el fenómeno a «la ignorancia, la incuria, la falta de información», a la influencia del ecologismo, al relativismo moral, al antinatalismo de la izquierda española y a «una cultura presentista del egoísmo absoluto». Por ello se muestra muy preocupado por la influencia social del matrimonio homosexual y las tendencias «transhumanistas» y «poshumanistas» destructoras de la moral tradicional²⁴.

Contreras ha entrado también en el tema y la problemática de la memoria histórica, sobre todo en el tema de la caracterización del régimen de Franco. Por supuesto, niega que fuese un sistema político de carácter totalitario. En su opinión, se configuró como un autoritarismo que posteriormente derivó en «una tecnocracia desideologizada, limitada a lo burocrático y poco invasiva de la esfera privada». Siguiendo la tipología de John Rawls, lo considera un «régimen no liberal decente», cuya representación tenía por base el corporativismo; que admitió, desde los años sesenta, la libertad religiosa, el derecho a la vida, la propiedad y la igualdad ante la ley²⁵.

El soberanismo de Jorge Buxadé

La defensa de la soberanía nacional, que es otro de los dogmas de VOX, ha sido teorizada por Jorge Buxadé, quien toma el concepto de Jean Bodin, «un tipo de poder concreto, específico, que se ejerce por el soberano, sobre una comunidad humana, que se llama Nación». Su idea de nación es la burkeana, historicista: «El pueblo y sus instituciones históricas y presentes, el pueblo que fue y está por hacerse. Se trata de un sujeto político previo a la Constitución, preexistente y por ello superior».

Desde esa perspectiva, Buxadé se muestra enemigo del Estado de las autonomías, al que califica de «Caja de Pandora», y aboga por su desaparición «conforme a la ley», mediante la recuperación de las competencias transferidas a las comunidades autónomas y luego a partir de una reforma constitucional. Su objetivo es la construcción de un «Estado descentralizado administrativamente, pero concentrado en todo lo relativo al ejercicio de los poderes soberanos; un solo Parlamento, un solo Gobierno titular del poder ejecutivo, un único sistema educativo y sanitario, un solo Poder Judicial, un solo Ejército y una Administración Judicial».

Al mismo tiempo critica la partitocracia, ya que, a su entender, más que en una democracia, nos encontramos en un Estado de partidos, hegemonizado por el Partido Popular y el PSOE. Somete a crítica lo que denomina «consenso progre», con temas como el aborto, el animalismo, el multiculturalismo, la ideología de género, el cambio climático y el ecosocialismo, un «proyecto totalitario» que intenta la instauración de una «Gobernanza Mundial» y que garantiza la hegemonía de las «falsas élites» contra el pueblo llano y las clases medias, con el objetivo de crear un ser humano «sin raíces, solitario, descarnado, atropelladamente extraído de su familia, de su entorno cultural y sentimental, sin ligazón». Frente a ello propugna el concepto de «Desarrollo Sostenible» y una «Ecología Humana y Nacional». El único modelo europeo, a su juicio, es de la «Europa de las Patrias», y no una Europa federal²⁶.

DE LA SORPRESA ANDALUZA A LA ELECCIÓN PERMANENTE

La campaña electoral y el éxito de VOX

Tras el éxito del mitin de Vistalegre, el 18 de octubre el Comité Ejecutivo de VOX decidió presentarse a las elecciones autonómicas andaluzas. Al parecer, fue una decisión de Santiago Abascal, ya que no pocos dirigentes manifestaban que el partido no estaba preparado para semejante reto. Sin embargo, el líder se mantuvo firme. En el anuncio, se decía:

Una gran parte del electorado andaluz se encuentra huérfano de representación política ante un PP que se ha mostrado ineficaz para combatir el socialismo en Andalucía, un Ciudadanos que ha sido responsable de que haya continuado el PSOE en la Junta durante la última legislatura, así como muchos votantes del PSOE hartos de tantas promesas incumplidas que finalmente se han convertido en más paro, más corrupción y más impuestos.

La entrada en liza de Santiago Abascal fue impactante. El líder de VOX aparecía en un vídeo montado en un caballo blanco por la serranía andaluza. «La Reconquista comenzará en tierras andaluzas»²⁷.

La comunidad autónoma andaluza era el prototipo, al lado de las dominadas por el nacionalismo vasco y catalán y en Galicia por el Partido Popular, del sistema clientelista de partido. El PSOE había ejercido su dominio político y social a lo largo de treinta y seis años. Lo más significativo de ese sistema era la utilización de los fondos y empleos públicos para la prestación de favores como base para la formación de clientelas. El control y la asignación de recursos eran la clave del ejercicio del poder, caracterizado, además, por la corrupción y el nepotismo²⁸. Andalucía era la comunidad autónoma con mayor nivel de paro y de fracaso escolar. Pese a ello, y a las críticas que suscitó, el poder socialista parecía inexpugnable. Y nadie confiaba en que los anodinos candidatos del PP o de Ciudadanos pudieran vencer a la aparentemente imbatible Susana Díaz, la líder del PSOE. Podemos se presentaba bajo la denominación de Adelante Andalucía y defendía el nacionalismo andaluz.

VOX lanzó su campaña basándose en cuatro propuestas «inamovibles»: suspensión de la autonomía catalana y transformación del Estado autonómico en Estado de derecho; deportación de la inmigración ilegal y levantamiento de un muro en Ceuta y Melilla; derogación de la Ley de Violencia de Género y de «toda norma que discrimine a un sexo de otro», y, por último, rebaja radical del IRPF, de sociedades y supresión del impuesto de sucesiones²⁹. VOX se dirigió a los sectores marginados por la política socialista: los votantes hastiados por la ineficacia del PP y Ciudadanos para acabar con la hegemonía socialista; los descontentos con la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género; el sindicato policial Jusapol, y el medio rural de la caza y de los agricultores³⁰.

Las figuras más importantes de la campaña fueron, además de Abascal, el juez Francisco Serrano, Ortega Smith y Manuel Mariscal como responsable de comunicación del partido, que coordinó la estrategia de redes desde Madrid. Su comunicación fue vía WhatsApp y rehuyó conceder entrevistas con el canal La Sexta. Siguiendo sus argumentaciones y lemas de tipo historicista, el líder de VOX contrapuso en Córdoba la Andalucía de Fernando III, los Reyes Católicos y las Cortes de Cádiz, a la Andalucía de Blas Infante, Almanzor, Abderramán y al-Ándalus. Defendió el carácter católico de la catedral de Córdoba y la «libertad religiosa». Atacó a quienes «dicen que el voto de VOX es inútil» y que «van a dividir». «Si están tan preocupados por la división del voto, le ofrecemos una solución: que no se presenten y que se rindan ante la evidencia de lo que VOX representa»³¹.

Todas las encuestas daban por ganadora a la líder socialista Susana Díaz. Y, en un primer momento, el nombre de VOX apenas apareció en el debate político. Sin embargo, a las dos semanas de iniciada la campaña, VOX entró de lleno en la confrontación política y sirvió de arma arrojadiza de los partidos de izquierda, tildándole de «extrema derecha» y «populista». Durante uno de los debates televisivos, la líder socialista preguntó a sus adversarios del PP y Ciudadanos si en caso de sumar tras los comicios pactarían con VOX para arrebatarle la presidencia de la Junta. Una pregunta que ninguno de los interpelados contestó con claridad: «Imagino que si no me contestan a mi pregunta sobre si van a pactar con VOX es porque contemplan unir sus votos a VOX para ir contra el PSOE, algo que sería una pena». En una entrevista el líder del PP andaluz, Moreno Bonilla afirmó que de VOX «se puede pensar que ha logrado una cierta movilización, pero no sabemos si es autóctono o de fuera», y se mostró «un tanto escéptico» al respecto. Por su parte, el representante de Ciudadanos descartó, en un principio, a «todas las formaciones que no compartan los principios de Ciudadanos».

Más incisiva se mostró la podemita Teresa Rodríguez quien reprochó a la líder del PSOE haber «abierto las puertas» a la ultraderecha y advirtió que «no todo vale en campaña». Sin embargo, pronosticó que VOX no entraría en el Parlamento andaluz, porque «somos una comunidad resistente a la derecha»³². Susana Díaz acusó a VOX de ser «una extrema derecha racista y xenófoba y que no condena la violencia contra la mujer». Por su parte, Pedro Sánchez subrayó su sintonía política con Díaz y afirmó que no se estaba ante «la primera vuelta de las generales». Identificó al PP y a Ciudadanos con VOX, criticando que «en vez de rebatir a la ultraderecha abrazan sus argumentos». Por eso «agitan el espantajo de la inmigración, de la recentralización y del recorte de la autonomía». «Conscientes de la derrota, las derechas a lo único que aspiran es a sumar para recortar y bloquear la acción política»³³.

Ante tal cúmulo de ataques, Abascal afirmó en un mitin celebrado en Sevilla: «Que nos ilegalicen o nos fusilen». Frente a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que le acusó de defender planteamientos anticonstitucionales, el líder de VOX denunció que el Gobierno socialista se apoyaba en «terroristas y golpistas». «Esos son anticonstitucionales, no nosotros»³⁴.

Mientras tanto, en la opinión pública conservadora dominaba el pesimismo. Para ABC, Andalucía estaba abocada de nuevo «a seguir gobernada por el PSOE, por su red clientelar de nepotismo y enchufismo y por una corrupción institucional que paradójicamente no le causa excesivo daño en las urnas»³⁵. Ignacio Camacho señalaba que «la gran incógnita» era «el alcance de la irrupción de VOX, que puede provocar un deslizamiento en la correlación de fuerzas». Sin embargo, estimaba que la actitud dominante era «un clima de resignación continuista» y «la falta de optimismo sociológico sobre las mejoras de las condiciones de vida»³⁶.

Ya en la fase final de la campaña, las encuestas señalaban que VOX estaba en condiciones de acaparar los titulares de la noche electoral andaluza. Los sondeos le otorgaban ya representación parlamentaria, aunque escasa. El PP se sentía alarmado: «Un voto a VOX supone cuatro años más de Susana Díaz»³⁷. Sin embargo, el llamamiento al «voto útil» distaba mucho de ser convincente para un sector cuantitativamente importante de antiguos votantes del PP, ya que la experiencia de las legislaturas presididas por Mariano Rajoy había demostrado una clara ineficacia.

Mucho más emocionante, comenzaron a pensar no pocos, era la utilización del voto para pegarle una patada al viejo tablero político. Y, finalmente, los resultados no pudieron ser más sorprendentes. La abstención fue alta: votó en torno al 58,65 %, unos 3.691.859, y se abstuvo un 41,3 5 %, 2.602.546. El PSOE fue el partido más votado, con 1.010.889 sufragios; el PP consiguió 750.778; Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 661.371; Adelante Andalucía, la fracción de Podemos, 585.949, y la gran sorpresa de la jornada, VOX, 396.607, un 10,97 %. Con estos resultados la izquierda no lograba la mayoría absoluta, y la derecha, con la sorpresiva irrupción de VOX, podía lograrla mediante un pacto de legislatura³⁸. Desde Francia, Marine Le Pen celebró el ascenso de VOX, que calificó de «absolutamente espectacular»³⁹.

Para El Mundo, el 15 % de los votos de VOX procedían de la izquierda. Eran producto del «desencanto, la rabia y el voto de castigo que la ciudadanía andaluza había querido propinar a los partidos tradicionales». Según estos cálculos, VOX había «robado» 178.000 votantes al PP; 58.000 a Ciudadanos; 28.000 a Podemos; 26.000 al PSOE, y 5.000 a Izquierda Unida⁴⁰.

Como era de esperar, la ascensión de VOX sirvió a Pablo Iglesias y Podemos para intentar resucitar, siguiendo los dictados de un manual elaborado por Mark Brey⁴¹, el fantasma antifascista, pidiendo un «cordón sanitario» contra el nuevo partido emergente. Podemos y los grupos antifascistas protagonizaron en diversas ciudades andaluzas, como Sevilla y Málaga, actos de carácter vandálico⁴².

Poco después de su triunfo, Abascal señaló que VOX no pretendía entrar en el nuevo Gobierno andaluz, porque no deseaba «cargas ni cargos». Su objetivo era conseguir el cambio para acabar con treinta y seis años de «régimen socialista». Su lucha no era por cargos, sino por «ideas». Para el líder de VOX la mejor manera de acabar con el Estado de las autonomías era «estar dentro», y consideró prioritaria la reforma del Estatuto andaluz para comenzar a devolver al Estado las competencias en educación y sanidad. Además, propugnaba que Andalucía dejara de ser una «realidad nacional» y se convirtiera en «región autónoma».

Abascal se mostraba abierto a un pacto con PP y Ciudadanos a partir de la negociación de una serie de medidas que consideraba prioritarias, como la derogación de las leyes autonómicas de memoria histórica y de violencia de género, así como la eliminación del impuesto de sucesiones. Asimismo, propugnaba el cierre de Canal Sur; una auditoría para controlar el fraude en el Plan de Empleo Rural (PER); un estudio detallado de los «organismos superfluos» en la Administración, y medidas de protección para el «modo de vida rural» y en defensa de la caza y de la tauromaquia⁴³.

Ante un eventual pacto de legislatura, VOX tensó la cuerda, presentando diecinueve peticiones que la cúpula dirigente del PP juzgó, en un principio, «inaceptables». Se trataba de una táctica maximalista que tenía como objetivo marcar territorio y presionar a sus interlocutores. Sin duda, las peticiones suponían un claro desafío al progresismo dominante: declaración institucional de la presidencia de la Junta de condena del «discurso de odio y exclusión» del que había sido víctima VOX; derogación de las leyes autonómicas feministas y de protección del colectivo LGTBI; creación de nuevas leyes de protección de la caza y la tauromaquia y de la cultura popular y las tradiciones; expulsión de 52.000 inmigrantes sin papeles; eliminación de las ayudas al «feminismo supremacista» y de las «asociaciones islámicas», y en educación, la implementación de un «pin parental» para que los padres pudieran excluir a los hijos de las enseñanzas contrarias a sus convicciones⁴⁴.

Ciudadanos, que tenía ya muy avanzado su acuerdo de legislatura con el PP, no quiso asistir a la reunión con VOX y rechazó sus peticiones. En el mismo sentido se expresaron dirigentes populares de Galicia, Madrid y Castilla-León. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo se sumó a las voces que desconfiaban o simplemente rechazaban el pacto. Javier Ortega, Rafael Bardají y Francisco José Contreras entregaron poco antes de las cinco de la tarde del 8 de enero al secretario general del PP, Teodoro García Egea y a otros representantes del PP, como Javier Maroto y Maite González, el documento con las diecinueve proposiciones. El PP las rechazó: «A VOX parece importarle más VOX que los andaluces». «Este documento demuestra que no quiere un acuerdo. Si no cambia su postura, estará desperdiciando una oportunidad histórica». «VOX está bloqueando el cambio en Andalucía»⁴⁵.

Finalmente, VOX y el PP llegaron a un acuerdo de treinta y siete puntos, por el cual la formación de Santiago Abascal apoyaría la investidura de Moreno Bonilla: instauración de una Conserjería de Familia, derogación de la Ley de Memoria Histórica por otra Ley de «concordia» que apelase al «espíritu de la Transición»; «firme voluntad de colaborar» contra la inmigración ilegal para convertirla en «ordenada, legal y respetuosa con la cultura occidental», vinculada siempre al mercado laboral; revertir las subastas de medicamentos, mediante concursos para que los laboratorios abaraten el costo de los medicamentos genéricos implantados en 2011; defensa de la educación diferenciada; libre elección de modelo educativo; supresión de las «embajadas» económicas de la Junta en el extranjero y su integración en las oficinas que ya tiene el Gobierno central; reducción del gasto y mejora de la eficiencia en Canal Sur, garantizando su «neutralidad ideológica e informativa», y compromiso para auditar las licencias de radio y televisión ya en marcha y otorgar las nuevas asegurando su imparcialidad⁴⁶.

Finalmente, el 16 de enero de 2019, José Manuel Moreno Bonilla logró la investidura como presidente de la Junta de Andalucía gracias a los votos de PP, Ciudadanos y VOX. Manuel Gavira, miembro de VOX, ocupó la Secretaría Tercera de la Junta⁴⁷.

La foto de Colón

Mientras tanto, el Gobierno socialista celebró una reunión con el Gobierno de la Generalidad catalana el 20 de diciembre de 2018. En un comunicado conjunto se reconocía la existencia de un conflicto en Cataluña, la necesidad de «desfranquización» del Estado español y España, e incluso se hizo referencia a la posibilidad de establecer un «mediador»⁴⁸.

El conocimiento público de aquellos puntos, la cesión a los nacionalistas en las negociaciones y la aceptación implícita de un «mediador» o relator entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña generaron un auténtico terremoto político que volvió a convulsionar la vida pública. PP y Ciudadanos acusaron al líder socialista de «traición al Estado»⁴⁹. El constitucionalista Jorge de Esteban opinaba que Sánchez podía incluso incurrir en un «delito de traición», y solo le quedaban dos salidas: o dimitir o convocar inmediatamente elecciones⁵⁰. Santiago Abascal consideraba igualmente que la figura del relator era «un acto de traición y un reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña»⁵¹.

Acorralados, Sánchez y su Gobierno se vieron obligados a detener la negociación con Torra, y el líder socialista rechazó cualquier propuesta de referéndum. La polémica coincidió con la negociación de los Presupuestos del Estado, para cuya aprobación era necesario el apoyo no solo de Podemos y el PNV, sino de los independentistas catalanes. El PDCat exigió más y presentó una enmienda a la totalidad. «Cuando las dos partes —dirá la vicepresidenta Carmen Calvo— sostienen posiciones inconciliables hay que parar»⁵².

Ante esa deriva, el conjunto de la oposición conservadora o liberal —PP, Ciudadanos y VOX— convocó una concentración contra el Gobierno y por «la unidad de España» el domingo 10 de febrero en la Plaza de Colón. A la convocatoria se unieron otros partidos, como Unión-Progreso y Democracia, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Partido Aragonés Regionalista. El lema era «Por una España Unida. ¡Elecciones ya!». Los líderes de los distintos partidos políticos no intervinieron directamente en el acto, que se presentó como nacional. Quienes protagonizaron el acto fueron los periodistas Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón, que expusieron el contenido de un manifiesto cuyos puntos esenciales eran la defensa de la unidad nacional «sin complejos», el «hartazgo de las cesiones de Sánchez a quienes quieren romper España» y la convocatoria de elecciones.

Pablo Casado manifestó que el tiempo de Sánchez «ya ha pasado»; Rivera señaló que los asistentes a la concentración decían «no a Sánchez y sí a España, no a los indultos y los privilegios, no al separatismo»; Abascal sostuvo que «el golpe debe sofocarse hasta las últimas consecuencias con la detención de los responsables», y Cristiano Brown, de UPyD, pidió a «los socialistas con sentido de Estado y experiencia que se rebelen contra Sánchez». Sin embargo, la unanimidad era más teórica que real. La foto conjunta de Casado, Abascal y Rivera se produjo, pero con bastantes matices. No subieron a la palestra solo los líderes políticos, sino sus equipos correspondientes, y al final, entre Abascal y Rivera se situó Casado. Juntos, pero no revueltos. Detrás del líder naranja se ubicaron varios dirigentes y militantes de Ciudadanos con las banderas europeas y del colectivo LGTBI para diferenciarse de VOX.

Mientras tanto, se produjo en el Parlamento la discusión sobre los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez fracasó en sus expectativas al no conseguir apoyos parlamentarios. A partir de ahí, la estrategia del presidente del Gobierno cambió por completo. Fue cuando tomó la decisión de convocar nuevas elecciones. «Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales»⁵³, aseguró cuando anunció la disolución de las Cortes el día 5 de marzo para celebrar las elecciones generales el 28 de abril de 2019.

Santiago Abascal recibió positivamente el anuncio de adelanto electoral, que coincidía con un claro auge del partido, y en un tuit celebró «el fin de la legislatura infame que empezó con un gobierno incapaz y cobarde, y termina con un Gobierno ilegítimo y traidor». Su objetivo era reeditar los pactos con PP y Ciudadanos en el resto de España⁵⁴. En la última encuesta de GAD3 se estimaba que, en aquellos momentos, una coalición de PP, Ciudadanos y VOX sumaría una mayoría absoluta con 181 escaños⁵⁵.

Las generales de 2019: los comicios del miedo

Al mismo tiempo, VOX estableció, en una reunión celebrada el 23 de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid, unos nuevos estatutos que suprimieron la obligación de elegir a los candidatos autonómicos y municipales en primarias por los afiliados, atribuyendo al Comité Ejecutivo Nacional la aprobación definitiva de las listas que propusieran los comités provinciales, que aumentaban su capacidad de decisión. En las normas todavía vigentes se recogía, en su artículo 24, sobre el procedimiento para la designación de candidatos a cargos públicos electos, que en las circunscripciones en las que el partido, por decisión del Comité Ejecutivo Nacional, decidiese presentarse, se elegirían en primarias por los afiliados⁵⁶.

La modificación de este artículo tenía por objetivo reformar el papel y la capacidad de decisión de los comités provinciales, elegidos directamente por los afiliados a través de elecciones internas, porque tenían un conocimiento más directo de los candidatos de sus territorios al ser los que dirigían el partido. Por ello, serían los encargados de proponer las listas electorales que después revisaría el Comité Ejecutivo Nacional, que podría modificarlas y que sería quien diera el visto bueno definitivo. Los nuevos estatutos especificaron, además, que la dirección nacional del partido aportaría, previa consulta a los comités provinciales, las listas de candidatos a las elecciones generales y europeas⁵⁷.

Las elecciones de abril de 2019 pueden muy bien conceptualizarse como los comicios del miedo. Y es que el miedo es político, porque se ubica en el centro de las relaciones políticas. En el contexto español se perfiló —y por partida doble— en el miedo a un enemigo interior, que no era el mismo para derechas e izquierdas. Y es que para retomar la distinción entre amigo/enemigo⁵⁸, el miedo se bifurcó en dos tendencias antagónicas. En el caso de las derechas, era el miedo al nacionalismo separatista catalán; en el de las izquierdas, el miedo a las derechas o, si se quiere, al fantasma del «fascismo», de la «extrema derecha», personificado en VOX. Quien lograra hegemonizar uno de los dos miedos sería, sin duda, el ganador de las elecciones.

La concentración de la Plaza de Colón sirvió a los estrategas del PSOE para unificar y simplificar la figura del enemigo. En este sentido, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo referencia en una entrevista a la «derecha trifálica»: PP, Ciudadanos y VOX ⁵⁹, y, posteriormente, Miquel Iceta y algunos periodistas de TV3 al «trifachito»⁶⁰. Sin embargo, el principal problema para las izquierdas era convertir la dialéctica izquierda/derecha, fascismo/antifascismo en la clave electoral. Para ello sirvió la peculiar demonización que, desde la prensa y los medios de comunicación de la izquierda, pero igualmente de cierta derecha, se hizo de VOX. El problema para Sánchez y su partido era dejar en un segundo plano el conflicto nacional y centrarlo en la dialéctica derecha/izquierda o, si se quiere ir más lejos, fascismo/antifascismo, democracia/antidemocracia, todo ello aderezado con una imagen «centrista» del PSOE y de Pedro Sánchez. Así se perfiló claramente en un editorial de El País:

Casado y Rivera han tenido pruebas suficientes durante esta áspera precampaña de que ni siquiera son los beneficiarios de una estrategia que está envileciendo la vida pública, así como creando una asimetría irreductible entre los problemas del país y las necesarias soluciones. La desigualdad de rentas, la falta de horizonte de los más jóvenes o la pobreza infantil no se resuelven con más invocaciones a España, sino más acuerdos parlamentarios acerca de programas para emplear los recursos del Estado. Con más nacionalismo de una nación solo se confirma en sus estériles obsesiones a quienes están dispuestos a sacrificarlo todo a una nación diferente. Incluidas fuerzas como VOX, para las que el nombre de España designa un país que nada tiene que ver con el que los ciudadanos han forjado bajo una Constitución democrática con el compromiso de mujeres y hombres por igual e inspirada en los mejores valores europeos⁶¹.

Sin embargo, ya anteriormente El Mundo perfiló ese cambio de estrategia con su insistencia en la movilización contra «la derecha», una «agresiva línea discursiva», que recordaba al peor Rodríguez Zapatero⁶². Desde ABC, Ignacio Camacho señalaba que las derechas solo conseguirían ganar las elecciones si lograban convertir a Cataluña en el eje del debate político, es decir, «si habla de España como proyecto colectivo»⁶³.

VOX pretendió repetir su éxito de Las Ventas, esta vez en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, lo que chocó de inmediato con la oposición de la alcaldesa de la Ciudad Condal, la podemita Ada Colau. Desde el principio, el Ayuntamiento denegó el permiso para la celebración del acto, alegando los trabajos de mantenimiento de las instalaciones entre los días 28 y 30 de marzo. VOX denunció la decisión de Colau, calificándola de «ilegal, arbitraria e injusta», ya que durante la firma del contrato esos trabajos no fueron mencionados. Por ello, VOX acusó a Colau de delito de prevaricación administrativa y denegación de servicios públicos⁶⁴. Finalmente, VOX consiguió congregar en Barcelona a entre 5.000 y 15.000 simpatizantes, y Abascal pronunció un discurso contra «los enemigos de España»⁶⁵.

A finales de marzo, VOX hizo más explícitas sus preferencias internacionales, cuando Abascal y Espinosa de los Monteros visitaron Polonia para entrevistarse con el jefe del partido de Gobierno, Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynsky. Los líderes de VOX fueron recibidos en la Cancillería por Adam Lipinski, secretario de Estado, y Lukasz Schreiber, secretario de Estado del primer ministro. A continuación, lo serían en la Cancillería de Exteriores, donde se reunieron con el viceministro de Exteriores y Política Europea, Szymon Szynkowski vel Sek, con quienes trataron temas sobre el futuro de la Unión Europea, el control de la inmigración ilegal, la relación con la OTAN y la defensa de los Estados-nación. En la reunión con el líder polaco se manifestaron las coincidencias en el concepto de Europa y en la defensa de los Estados-nación, rechazando el modelo federal y la pérdida de soberanía nacional que se perfilaba, a su juicio, en la evolución de las instituciones europeas. «Especial importancia en la reunión —se señalaba en un informe— ha tenido el común interés en frenar el proyecto de modelo europeo que pretende implantar y liderar Macron y que se ve como una amenaza contra las naciones europeas»⁶⁶.

PP-VOX: el pacto imposible

El 7 de abril, Pablo Casado presentó en Barcelona su programa electoral de 500 medidas para las elecciones generales, en las que no pocos vieron una mímesis de VOX. Durante su intervención, el líder popular cargó contra Pedro Sánchez, al que acusó de «liquidar la nación», «implorar el voto de los terroristas» y «preferir las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco»: «Es un peligro público para España, el presidente más radical y sectario en la historia democrática de España». En este sentido, El País acusó a Casado de radicalizar al PP promoviendo la recentralización del Estado; atacar a la ley del aborto; pedir la derogación de la Ley de Memoria Histórica; demandar la elección por parte de los padres del colegio de sus hijos, o la defensa de los toros y la caza⁶⁷.

Según la usanza más tradicional e historicista, Abascal y VOX iniciaron la campaña electoral en Covadonga, cuna de la Reconquista, con una ofrenda floral a la «Santina». Su lema: «Por España». Al acto asistieron unas trescientas personas y el líder verde se dirigió a sus partidarios bajo la sombra de la estatua del rey astur Pelayo. Y es que VOX pretendía presentar la Historia de España en positivo. Por ello, poco después convocó a sus simpatizantes la noche de la pegada de carteles en Madrid al lado de la estatua del almirante Blas de Lezo en la Plaza de Colón. Las elecciones servían para iniciar la «reconquista» de España contra sus enemigos, es decir, los «progres» e «islamistas»⁶⁸.

Sin embargo, lejos de formar un bloque político e ideológico compacto u homogéneo, las diferencias entre la denominada «derecha trifálica» o «trifachito» eran muy notables. El diario ABC preguntó a tres de los dirigentes del PP, Ciudadanos y VOX, Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Carlos Girauta e Iván Espinosa de los Monteros, si les preocupaba la fragmentación del campo político conservador. Álvarez de Toledo señaló que su principal diferencia con VOX era el «nacionalismo». Con Ciudadanos, las afinidades eran mayores: «Siempre he defendido un espacio no de derecha, sino abiertamente ilustrado, racional, moderno, liberal». Por su parte, Girauta negaba cualquier afinidad con VOX: «No tenemos nada que ver con VOX y con el PP lo justo. Cada cual tiene su proyecto. Una de las cosas más definitorias de un político es la actitud hacia Europa. Es vital, y en eso VOX y Ciudadanos no tienen nada que ver». A Iván Espinosa de los Monteros tampoco le preocupaba la fragmentación: «La idea es que cada uno vote a aquel con el que más se sienta identificado […]. Lo que decimos es que nosotros somos otra cosa. Y nosotros vamos a estar siempre en la defensa clara de nuestra patria»⁶⁹.

Por aquellas fechas, VOX hizo público su programa económico, elaborado por Rubén Manso. Se trataba de un programa neoliberal, absolutamente distante de los defendidos por los partidos identitarios en Europa, y, en realidad, más liberal que el de Ciudadanos y PP, y le aproximaba a Donald Trump, al Tea Party o al brasileño Jair Bolsonaro. Proponía un plan de privatizaciones que pasara por vender la participación estatal en AENA, REE y ENAGAS, además de ampliar la participación del sector privado en las infraestructuras ferroviarias. El sector de los ferrocarriles debía seguir en manos públicas, pero no se descartaba abrirlo a la iniciativa privada. Además, juzgaba necesario avanzar hacia la privatización de AENA. Igualmente, criticaba la participación accionarial del Estado en REE y ENAGAS. VOX ponía también en el punto de mira a la tecnológica INDRA. Y sentenciaba: «El Estado accionista debe desaparecer del panorama empresarial español». Además, calificaba de imprescindible la privatización de canales de televisión como TV3 y Canal Sur.

Otros ejes de su proyecto eran la supresión de altos cargos y de empleo no funcionarial; ajustes en la plantilla pública y la reducción de subvenciones al empleo y transferencias a ayuntamientos para gasto discrecional; definición extensiva de la base imponible del IRPF, y racionalización de las deducciones generales. Y proponía establecer un tipo nominal del 22 % para todas las empresas⁷⁰.

En los últimos días de la campaña, tanto en un mitin en Valencia como en una entrevista con Jiménez Losantos, Pablo Casado abrió a VOX la posibilidad de formar parte de un nuevo Gobierno nacido de las urnas y presidido por él: «Al final VOX y Ciudadanos, logren diez escaños o logren cuarenta, van a tener la influencia que ellos quieran tener en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura»⁷¹.

Sin embargo, el resultado electoral no pudo ser peor para el PP. El éxito del PSOE resultó indudable, aunque muy relativo. De menos de 5,5 millones de votos y 84 escaños en las elecciones generales de 2016, los socialistas, con el mismo candidato, subieron a casi 7,5 millones y 123 escaños. El gran derrotado fue el PP, que descendió a 66 escaños. Sin embargo, Ciudadanos fracasó en su objetivo de destronar al PP del liderazgo del campo conservador. Consiguió un buen resultado, ganando 25 diputados y dos millones de votos, con lo que quedó a nueve escaños y 200.000 votos de un PP en plena decadencia. En realidad, como señaló el historiador Gabriel Tortella, los auténticos triunfadores de las elecciones fueron los partidos separatistas, «que han visto reforzadas sus posiciones»⁷².

Finalmente, VOX consiguió una amplia representación parlamentaria; 2,5 millones de votos, y en torno a un 10,26 %. En total, 24 escaños.

El liberal Jesús Cacho incidía en la contribución de VOX a la movilización de las izquierdas y en que la derecha no había conseguido denunciar el peligro de ruptura de la unidad nacional ni los riesgos de la influencia de Podemos en un posible Gobierno presidido por Sánchez⁷³. En opinión de Isabel San Sebastián, VOX se había quedado en «un bluf movilizador de la izquierda»: «24 escaños inútiles para otra misión que la de servir de espantajo, si bien es verdad que, en el escenario que se perfila, tiene margen para crecer en el desastre que se avecina»⁷⁴. El escritor Juan Manuel de Prada juzgaba «excesivo» culpar a VOX del descalabro del PP, porque Casado y su gente habían sido víctimas de su moderado liberalismo⁷⁵. Enric Juliana señalaba, en cambio, que el eclipse de VOX era completamente «falso». Sin duda, sus líderes y votantes esperaban «más, mucho más», y tenían motivo para ello, dado que el propio Pablo Casado les había ofrecido carteras en su Gobierno; Albert Rivera «hablaba con tonos de Santiago Abascal», y Federico Jiménez Losantos ya se imaginaba «el Kingmaker de la nueva situación»⁷⁶.

Como era de esperar, tras su desastroso resultado en las elecciones, Pablo Casado cambió súbitamente de estrategia. Tras haber ofrecido carteras a VOX en un hipotético Gobierno conservador, el líder del PP consideraba ahora al partido verde de «ultraderecha», y a Ciudadanos, «socialdemócrata». Por supuesto, el PP seguía siendo «la única alternativa posible a Sánchez» y era preciso, en consecuencia, recuperar el insondable espacio de «centro». Los barones del partido comenzaron a plantear un cambio en las directrices y en las tácticas. Criticaron a Santiago Abascal, al que acusaron de nuevo de haber sido un paniaguado del PP: «Ha estado cobrando de chiringuitos hasta antes de ayer»; Ciudadanos era un «partido de tránsfugas»; «Si esta es la nueva política, viva la vieja política». Núñez Feijóo no asistió a la reunión, pero era, sin duda, el objeto de interés de los medios de comunicación, ya que era el único dirigente popular que gobernaba una comunidad autónoma con mayoría absoluta. El político gallego propuso «ensanchar» el PP y declaró apoyar a Casado «por ahora». Hizo una llamada para abarcar «hasta el centro izquierda» y a los «votantes de Ciudadanos»⁷⁷. Mariano Rajoy pidió un retorno al centro y «ampliar equipos»⁷⁸.

No tardó Abascal en contestar a su amigo Casado, tachando al PP de «veleta azul»: «Toda la campaña plagiando nuestro mensaje y tratando de imitar nuestro estilo y ahora, como los progres, insultáis a los votantes de VOX por tener principios». Y sentenciaba: «Se os está poniendo cara de UCD». El líder de VOX celebró el resultado electoral e interpretó la debacle del PP por ser «la derechita cobarde», «sus bandazos y su falta de firmeza». Con respecto a Ciudadanos, Abascal reconoció que le habían sorprendido sus resultados: «No lo vimos venir». Aunque estimaba que «con Rivera puede pasar cualquier cosa» en materia poselectoral, ya que no descartaba un pacto con Sánchez. En cualquier caso, el objetivo de VOX era «pasar de 24 a 180 escaños»⁷⁹.

El 8 de mayo de 2019 se celebró el primer debate electoral entre los candidatos al ayuntamiento de Madrid. En representación de VOX, intervino Ortega Smith, frente a Manuela Carmena, por Más Madrid; Martínez Almeida, por el PP; Pepu Hernández, por el PSOE; Begoña Villacís, por Ciudadanos, y Carlos Sánchez Matos, por Madrid en Pie. Según ABC, Ortega Smith desempeñó «el papel más bronco contra la regidora y el PP o quien quiere arrebatar papeletas tras la guerra que le ha declarado Pablo Casado al declararlo de extrema derecha». «VOX trae —dijo el candidato— el Madrid de la libertad, de la limpieza, de la gestión y de las calles y la seguridad»⁸⁰.

Para la Comunidad de Madrid fue elegida Rocío Monasterio como candidata. Sus competidores fueron Ángel Gabilondo, por el PSOE; Isabel Díaz Ayuso, por el PP; Íñigo Errejón, por Más Madrid, e Ignacio Aguado, por Ciudadanos. Las encuestas daban a VOX un 14 % de los votos, lo que les hacía decisivos para el futuro. Algunos candidatos, sobre todo los de izquierdas, y en particular Errejón, no estuvieron cómodos con la presencia de la candidata de VOX. Algunos ni se saludaron. En el ese sentido, ABC hizo referencia a «la cita del desafecto»⁸¹.

El 9 de mayo se inició igualmente la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo, municipales y autonómicas. El lema de VOX fue «Por España» y su programa político insistía en «la rebaja fiscal para compensar la presión impositiva anunciada por Sánchez, la reducción del gasto público, la mejora de la seguridad ciudadana, la defensa de la libertad de los padres para decidir la educación que quieren para sus hijos y la eliminación de las “leyes ideológicas” impuestas por los Gobiernos socialistas y populares, la lucha contra la inmigración irregular, etcétera». La dirección de la campaña recayó en Iván Espinosa de los Monteros⁸².

Ante los nuevos comicios, el electorado de VOX dio claras señales de cansancio y desencanto, lo que favorecía, en principio, la abstención o el voto a los partidos tradicionales del sistema, como PP y Ciudadanos. Todo ello pudo comprobarse en la menor asistencia a los mítines del partido. VOX inició su campaña —con Abascal, Rocío Monasterio, Jorge Buxadé y Ortega Smith— en Paracuellos del Jarama. En su intervención, Abascal propuso un «giro obrero», «atraer a la España que madruga» y la «reconquista de la moral». En realidad, el problema que se planteaba era la forma de consolidarse políticamente, su 10 % de votos el 28-A. Su objetivo era ser «imprescindible para una alternativa a la izquierda y situar a la región en la primera línea de oposición a Pedro Sánchez». Madrid debía ser un «laboratorio para la consolidación y el crecimiento del partido», «desactivar el miedo a VOX y reivindicar su utilidad»⁸³.

El candidato al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, definía la alternativa de VOX como «euroexigente»; «El futuro de Europa no pasa por diluir a las grandes naciones y socavar la soberanía para rendirse ante las exigencias de Alemania y Francia ni caer en políticas inmigratorias falsas e injustas»⁸⁴.

Uno de los fichajes más sobresalientes de VOX para el Parlamento Europeo fue el conocido periodista Hermann Terstch, quien señaló que su entrada en liza electoral era su convicción de considerar «ya insufrible que España viva bajo el permanente cuestionamiento de su existencia como Nación y Estado. […] Es intolerable. Por mucho que la hegemonía mediática de la izquierda engañe al electorado»⁸⁵.

Por su parte, Francisco José Contreras negó que VOX fuese un partido «euroescéptico», pero señaló que se oponía a «la visión eurofederalista que aspira a convertir a la UE en un verdadero superestado en el que se diluyan las soberanías nacionales». El proyecto de VOX consistía en «replantear la UE desde un espíritu más fiel a los tratados fundacionales, que proyectaban una zona de libre comercio (mercado único) y no un superestado»⁸⁶.

Finalmente, se celebraron las elecciones municipales, autonómicas y europeas. VOX consiguió en los comicios europeos tres diputados: Jorge Buxadé, Mazaly Aguilar y Hermann Terstch. En las autonómicas, tres diputados en Aragón; dos en Asturias; tres en Baleares; dos en Cataluña; uno en Castilla y León; 12 en Madrid; cuatro en Murcia; seis en Ceuta, y dos en Melilla. En las municipales consiguió 530 concejales. En Andalucía, 104; en Asturias, uno; en Castilla-La Mancha, 74; en Valencia, 48; en Aragón, 20; en Madrid, 140; en Baleares, 17; en Murcia, 35; en Cantabria, cuatro; en Castilla-León, 64; en Melilla, dos; en Ceuta, seis; en Extremadura, 17; en La Rioja, uno⁸⁷.

VOX había pasado de 2.667.173 votos en las elecciones generales a 1.388.681 en las europeas, y a 655.983 en las municipales. Algo justificable, al menos en parte, por su todavía escasa implantación territorial. Francisco José Contreras atribuyó el resultado a la clara hegemonía cultural de la izquierda y la inanidad del «centro»⁸⁸.

Sin embargo, pese a las apariencias, el resultado de las elecciones no fue favorable a la estrategia del PSOE y de Pedro Sánchez. Los socialistas ganaron claramente las europeas, con 20 diputados. Sin embargo, el fracaso de Ángel Gabilondo y de Manuela Carmena en Madrid fue un hueso difícil de roer para el líder socialista. Sánchez se dirigió al PP y Ciudadanos para que no pactaran con VOX, «porque no es lo que han votado los españoles y porque en Europa los partidos liberales y los conservadores europeos no lo iban a entender»⁸⁹.

A pesar de su indudable pérdida de votos, VOX volvió a descolocar tanto a Ciudadanos como al PP. El partido verde seguía siendo decisivo nada menos que en Madrid y otras comunidades y ayuntamientos importantes⁹⁰.

La apuesta de Santiago Abascal era, como en Andalucía, un pacto con el PP y Ciudadanos. En una entrevista, Isabel Díaz Ayuso, contestó a la pregunta «¿Y si no hay otra alternativa?» con un «No lo sé en estos momentos». Begoña Villacís no dudó en invitar al candidato socialista al ayuntamiento madrileño a formar parte de un pacto Ciudadanos, PP y PSOE. Ignacio Aguado no hizo referencia a este tipo de pactos, pero señaló que rechazaba cualquier relación con VOX: «Nosotros vamos a sentarnos con el PP»⁹¹.

La prueba de fuego vino a la hora de las negociaciones. A pesar de haber perdido en Madrid 335.000 votos, el PP se mostraba un tanto triunfalista. Y es que en las elecciones autonómicas había superado en 100.000 a Ciudadanos y en 400.000 a VOX. Además, según afirmaba la prensa más afín, había mejorado en tres puntos su resultado respecto a las generales⁹².

Las negociaciones entre PP, Ciudadanos y VOX fueron muy duras, sobre todo por el boicot de los de Rivera a cualquier pacto con el partido verde. Sin el apoyo de VOX era imposible un Gobierno conservador en Madrid, Murcia y otras localidades. No obstante, y a pesar de todas las dificultades, se llegó a una serie de pactos que hicieron posible que Isabel Díaz Ayuso gobernase en Madrid; que el PP con Ciudadanos ocupara el Ayuntamiento de Madrid, y que el PP triunfase en Murcia⁹³.

Los eurodiputados de VOX decidieron finalmente ingresar en el grupo europeo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por los católicos polacos de Ley y Justicia. Se descartó, por tanto, unirse en el Parlamento Europeo con Marine Le Pen y Matteo Salvini. Sin embargo, existían algunas dificultades para esta integración, dado que los nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca habían demostrado sus simpatías por Carles Puigdemont. Para vencer esa resistencia, el copresidente de ECR, el polaco Ryszard Legutko remitió una carta en la que se garantizaba «el respeto a la integridad constitucional, democrática y soberana y a la independencia de los Estados miembros», como un «valor fundamental». La declaración concluía que el éxito de la Unión Europea dependía del «respeto a la independencia de los Estados»⁹⁴.

La fallida investidura de Sánchez

El 22 de julio comenzó el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Parlamento. El líder socialista no había conseguido, hasta ese momento, ningún acuerdo con Podemos ni con ninguna otra fuerza de izquierdas; tan solo con los regionalistas de Cantabria. PP y Ciudadanos anunciaron desde el principio su voto negativo. A las doce y veinte minutos, Sánchez subió a la tribuna y planteó seis objetivos clave para la legislatura: empleo digno; sostenibilidad de las pensiones; pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución, para impedir el bloqueo en la formación de gobierno; política europea: «Europa en paz. Necesitamos más Europa», y la ley de eutanasia. Denunció la pobreza infantil, destacando que la causa del fracaso escolar eran «los niños mal nutridos».

No podía faltar un ataque solapado a VOX: «Quien quiera retroceder en derechos y contra la violencia de género nos va a tener enfrente». Hizo referencia a la desigualdad social, al cambio climático y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Otra de sus obsesiones seguía siendo Francisco Franco: «No puede haber un mausoleo dedicado a un dictador», dijo Sánchez entre aplausos de la bancada socialista. Propuso afrontar el problema educativo con un 5 % del PIB. Celebró la mejora en las perspectivas de crecimiento económico y empleo, aunque admitió una cierta desaceleración económica y propuso un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, lo más significativo del discurso no es lo que dijo, sino sus silencios. No hubo la más mínima mención a la crisis de Cataluña. En cambio, amenazó al ayuntamiento de Madrid por su puesta en cuestión del proyecto Madrid-Central: «Es una irresponsabilidad absoluta dar marcha atrás». Por último, hizo una llamada a PP y Ciudadanos para que se abstuviesen o apoyaran su investidura: «Les pido que retiren las barreras». «Estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un acuerdo».

El conjunto de las fuerzas políticas criticó el contenido del discurso. El PP lo calificó de «vacío». Espinosa de los Monteros le reprochó no haber hecho mención al problema catalán. De «farsa» habló Inés Arrimadas. El catalanista de izquierdas Gabriel Rufián señaló que era «irresponsable y negligente» no haber hecho referencia a Cataluña.

Por la tarde intervino Pablo Casado, quien abogó por la restauración del bipartidismo entre PSOE y PP. «Usted y yo tenemos una tarea común por delante, que es ensanchar el espacio central de la moderación». Luego acusó a Sánchez de ser «rehén» de los socios de la moción de censura, reprochándole no haber mencionado el tema catalán. «¿Quién es usted realmente?», le preguntó Casado, porque, dadas «tantas metamorfosis», ya era imposible saber «si estamos en el “no es no” o en el “sí porque sí”». Le acusó de «impostura». Advirtió de los «signos de desaceleración muy graves en economía». «La historia de su gobierno es la historia de un gran vacío» y apeló a una urgente «alternativa de gobierno». Negó cualquier posibilidad de pacto, porque no era «persona de fiar».

En su réplica, Sánchez espetó a Casado la ausencia de diputados del PP en Cataluña y el País Vasco, al tiempo que le acusó de vivir del «conflicto territorial». Volvió a pedirle la abstención para no depender de las fuerzas independentistas y señaló que el Tribunal Constitucional se equivocó con su dictamen sobre el Estatuto de Cataluña.

Por su parte, Casado afirmó que el líder socialista carecía de «altura para ser investido presidente del Gobierno en esta sesión, porque sigue contemporizando con aquellos que quieren romper España». Sánchez insistió en querer pactar «muchas políticas» con el PP y le acusó de nuevo de «bloquear España». Sin embargo, el líder conservador se mantuvo impermeable alegando el problema catalán: «Es el primero que dice en esta Cámara que el Tribunal Constitucional se equivocó y hay un conflicto político»; «no pretenda que seamos sus cómplices».

En parecidos términos se expresó, aunque de un modo más radical, Albert Rivera, reprochando a Sánchez sus tratos con Podemos y los independentistas: «A usted nadie le ha obligado a pactar con Bildu en Navarra, usted se ha tirado en plancha»; «usted solo quiere perpetuarse en el poder». Le acusó de «estigmatizar a toda España»: «Todo el que se opone a usted es fascista»; «se trata de demonizar a los moderados y brindar con los radicales». Denunció la existencia de un «plan Sánchez» con comunistas y separatistas: «Nos trae un discurso que no se cree ni usted mientras reparte sillas con Podemos y cesiones a los independentistas»; «a usted nadie le ha obligado a pactar con Bildu en Navarra». El líder naranja criticó igualmente a la derecha sus reticencias hacia las «familias» LGTBI, y a la izquierda su oposición a la ley de custodia compartida y la regulación de los vientres de alquiler. No solo acusó a Sánchez de corrupción y de intento de control de las instituciones, sino de no haber hecho mención alguna al problema catalán. «No tener ni una palabra para el principal desafío a la democracia española es decirlo todo».

Muy duro fue Sánchez con Rivera, a quien acusó de aliarse con PP y VOX; de dejar sola a Cataluña, y volvió demandarle su abstención.

Por su parte, Pablo Iglesias incidió, sin demasiada dificultad, en las contradicciones del líder socialista. De un lado, llamamientos a Podemos para llegar a pactos y Gobiernos; de otro, peticiones de apoyo a PP y Ciudadanos: «Si pide su apoyo a la derecha, los ciudadanos van a pensar que lo que a usted le interesa es el poder, no formar un Gobierno de izquierdas». En el fondo, Sánchez quería ser «presidente a toda costa». Le reprochó el veto a su persona a la hora de formar Gobierno, algo «inédito en democracia»; «no pedimos nada que no nos corresponda».

Sánchez reconoció las diferencias entre su partido y Podemos, sobre todo en el tema catalán. En su opinión, solo existía la posibilidad de solventarlas «defendiendo el Estado de las autonomías». «Hemos estado doce meses cooperando y les pido que estemos cooperando cuatro años más».

En su contrarréplica Iglesias acusó a Sánchez de intentar chantajearlo con la amenaza de nuevas elecciones. El dilema era el siguiente: «Darles un apoyo gratis o situarnos con VOX». «España puede ser una referencia europea y mundial de un Gobierno de coalición progresista que ponga por delante los derechos de los ciudadanos […], no desprecie, por mucho que las encuestas de Tezanos le digan que le favorece un adelanto electoral». Iglesias justificó el proceso secesionista catalán definiéndolo como un «ejercicio de desobediencia masiva» y dijo que «la desobediencia la ampara la Constitución». Criticó al líder socialista por no querer compartir el poder: «No nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie […] nunca». Algo que, en su contrarréplica, negó Sánchez: «Nunca he tenido ningún ánimo como político de poder, lo quiero compartir»; «piénselo, medítelo».

Por fin, a las ocho y dos minutos de la tarde, llegó la hora de Santiago Abascal en el debate. En realidad, fue la auténtica novedad de la jornada. Comenzó su intervención recordando a los guardias civiles heridos en un asalto a la frontera de Melilla. Denunció que Sánchez quisiera ser investido con el apoyo de comunistas y separatistas, y anunció que VOX votaría en contra. Criticó los halagos del líder de Bildu Arnaldo Otegi a Sánchez y la entrevista que RTVE concedió al antiguo etarra. Denunció la «incomprensible impunidad» de la Generalidad de Cataluña. Hizo referencia a la «dictadura progre» en la cultura y a la gran cantidad de impuestos que «arruinan a la España viva, la España que madruga», para sostener «el disparate autonómico». Recordó a los autónomos que no podían tomar vacaciones y a los empresarios que tenían que cerrar sus empresas por culpa de los políticos, ya que el Gobierno se dedica a «destruir riqueza».

Denunció «los comisariados políticos» que se «apropian de sectores de la población como si fueran sus legítimos representantes y se atreven a dictaminar quien puede acudir o no a una manifestación». En este sentido pidió la dimisión de Grande Marlaska como ministro del Interior, y censuró los ataques y amenazas de que era víctima VOX. Afirmó que su partido defendía el «derecho a disentir del consenso progre de todos los partidos y de la mayoría de los medios de comunicación». Protestó por la «falta de solidaridad» de la mayoría de los dirigentes políticos con los miembros de VOX que habían sufrido agresiones en los últimos meses como consecuencia de la «alerta antifascista» de Podemos. Criticó las actividades de las ONG, que colaboraban con las mafias que traficaban con seres humanos. Abogó por «el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña, la disolución de los partidos golpistas y la ilegalización de cualquier proyecto separatista de ruptura de la unidad nacional y de la democracia».

Defendió «promover la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte», en referencia a los planes de Sánchez de legalización de la eutanasia. Defendió «el derecho a nacer». Hizo referencia al «suicidio demográfico que estamos viviendo» y criticó la «indiferencia» del resto de los partidos ante el envejecimiento de la población. Sometió a crítica el «multiculturalismo» y manifestó su oposición a la inmigración ilegal. Igualmente criticó la Ley de Memoria Histórica, a la que tachó de «totalitaria», y que consistía en que «con el dinero de todos se dicta a los españoles lo que tienen que pensar sobre nuestro pasado». Y finalizó el discurso con un «¡Viva España!».

Sánchez intentó humillar al líder de VOX. No le contestó, dirigiéndose a Casado y Rivera, para reprocharles su alianza con el partido de Abascal en Andalucía, Murcia y Madrid. En este sentido, denunció la «anomalía democrática» española por no levantar un «cordón sanitario» contra la «ultraderecha» y sí contra el PSOE. «Señor Rivera, ¿escucha?; es la ultraderecha». «Hoy, desgraciadamente, en España desde hace muchos años hemos vuelto a escuchar desde la tribuna un discurso cargado de intolerancia, de nostalgia de épocas predemocráticas».

En sus réplicas, Casado y Rivera no variaron en nada sus posiciones y votaron negativamente la investidura de Sánchez. Podemos se abstuvo. El líder socialista se lo puso muy fácil a Santiago Abascal a la hora de contestarle y razonar su voto negativo. En su intervención no se dirigió a Sánchez, sino a Rufián, Esteban y otros líderes nacionalistas. Presentó al líder socialista como «la marioneta a la que quieren colocar al frente de España y contra España». Denunció la «complicidad» entre socialistas y podemitas. Enarboló la bandera de la unidad nacional y contra «los que querían destruir la convivencia entre españoles, discriminar el español y espiar a los escolares». «No apoyaremos un Gobierno en contra del orden constitucional y la prosperidad de nuestra patria». «Nos vamos a la oposición frontal y total y sin cuartel contra cualquiera de los testaferros que ustedes quieran colocar al frente de España»⁹⁵.

Finalmente, Sánchez tan solo consiguió el voto afirmativo del diputado del Partido Regionalista de Cantabria Juan José Mazón, y los 124 socialistas. Frente a ello, 155 noes y 67 abstenciones.

Mientras tanto, Rocío Monasterio daba su aprobación a la vía murciana de pacto con PP y Ciudadanos. Aceptaba que el acuerdo fuese verbal, siempre que existiese un compromiso de todas las partes: «No estoy cerrada a solo un modelo, lo que importa es el acuerdo y estoy dispuesta a ser flexible». VOX remitió una nueva versión del documento de exigencias, donde renunciaba a la eliminación de determinados aspectos de las leyes autonómicas del colectivo LGTBI, a cambio de la aplicación del pin parental. Igualmente, no renunciaba a la reducción del peso de la estructura de la administración autonómica y a la eliminación de los «chiringuitos». Por eso criticaba que el acuerdo entre PP y Ciudadanos incluyese el aumento de nuevas conserjerías autonómicas hasta trece⁹⁶.

Santiago Abascal intervino, de hecho, para que los dirigentes madrileños de VOX dejasen en un segundo plano algunos de los puntos más conflictivos de su proyecto para poder desbloquear la negociación. El objetivo principal era «impedir que la izquierda se hiciese con la Comunidad»⁹⁷.

El 1 de agosto se desbloquearon las negociaciones. Según El Mundo y ABC, finalmente había triunfado Ciudadanos, por la cesión de VOX ante las leyes LGTBI. El País opinaba lo contrario: en realidad, VOX salía reforzado, ya que había conseguido insertar en el acuerdo partes esenciales de su proyecto político en temas como educación, familia e inmigración⁹⁸.

Naturalmente, el pacto fue muy mal recibido por las izquierdas. El socialista Ángel Gabilondo, aunque sin excesiva convicción, lo tachó de «inquietante». En parecidos términos se expresaron los representantes de Podemos y Más Madrid⁹⁹.

VOX consiguió otro éxito, esta vez en el Parlamento Europeo, cuando su europarlamentaria Mazaly Aguilar fue nombrada vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, algo que supuso un duro golpe para la estrategia de socialistas y liberales de vetar a VOX en favor de Clara Aguilera, que fue derrotada por 27 votos a favor y 20 en contra¹⁰⁰.

LAS DOS DERECHAS FRENTE A FRENTE

Desde el final de las elecciones, Pedro Sánchez entendió que su resultado había sido negativo. Su aspiración seguía siendo un Gobierno monocolor en el que tuviera las manos libres para ejercer su dominio sin tener que compartirlo con otras fuerzas políticas. El presidente del Gobierno llegó a afirmar en una entrevista televisiva que «no dormiría por la noche» con un Ejecutivo en el que estuviera Pablo Iglesias¹⁰¹. Según algunos estudios sociológicos, los nuevos comicios no eran deseados por la mayoría de la población: un 67 % consideraba que lo mejor era que se formara un Gobierno y, por tanto, evitar la repetición electoral, y un 76 % opinaba que esta era consecuencia de la falta de esfuerzo e interés por llegar a pactos entre los distintos partidos. Para el 51 % la culpa recaía en el PSOE¹⁰². El PP propugnó una alianza con Ciudadanos, que denominó España Suma, que Rivera y su partido rechazaron, y lo mismo hizo VOX, a pesar de no ser requerido¹⁰³.

Ante la nueva convocatoria electoral, la situación de VOX no parecía espacialmente favorable tras los resultados de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. La prensa de izquierdas ya pronosticaba su próximo ocaso. El politólogo Fernando Vallespín auguró que el partido verde sería un fenómeno político «más efímero» de lo que en un primer momento parecía; un fenómeno «muy inflado»¹⁰⁴.

Sin embargo, nuevos retos de carácter simbólico contribuyeron a realzar su papel político. El 24 de septiembre, el Tribunal Supremo decidió definitivamente sobre la exhumación del cadáver de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos. Tras año y medio de luchas entre el Gobierno y la familia Franco¹⁰⁵, la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decidió por unanimidad que era medida conforme a derecho no solo exhumar los restos del finado, sino enterrarlos, como pretendía el Gobierno socialista, en el cementerio de Mingorrubio, sito en madrileño pueblo de El Pardo. El conjunto de las izquierdas y de las fuerzas nacionalistas celebraron la decisión judicial. Para Pedro Sánchez se trataba de «una victoria de la democracia española»¹⁰⁶.

El PP se limitó a respetar, «como siempre», las sentencias de los tribunales, y lo mismo hizo Ciudadanos. No obstante, el portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid acusó al PSOE de «afán de dividir a los españoles»¹⁰⁷. Nuevamente, VOX manifestó su discrepancia, calificando de «profanación» y «ataque a la libertad» de los familiares la decisión del Tribunal Supremo y del Gobierno. Abascal afirmó: «Empieza la campaña socialista: profanar tumbas, desenterrar odios, cuestionar la legitimidad de la monarquía. Solo VOX se opondrá frontalmente, porque solo VOX tiene el valor para defender la libertad y el sentido común frente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral»¹⁰⁸. Llamó igualmente la atención el silencio de la familia real y, sobre todo, el de la Iglesia católica, que dejó completamente solo al prior de la basílica, Santiago Cantera, que hasta el último momento se opuso a la exhumación.

Poco después se produjo otra decisión judicial no menos polémica desde el punto de vista político. El Tribunal Supremo hizo pública la sentencia sobre el procés catalán, en la que se establecieron penas de nueve y trece años de prisión por delitos no de «rebelión», sino de «sedición» y «malversación» a los principales líderes de la intentona independentista. Como en el caso de la exhumación del cadáver de Franco, la sentencia resultó muy polémica y reflejaba la escasa autonomía del aparato judicial frente al poder ejecutivo, ya que, en el fondo, coincidía con los intereses del Gobierno.

La oposición derechista interpretó la sentencia como una puerta abierta a una eventual amnistía. Pablo Casado señaló que quien «la hace la paga»; Rivera aseguró que se «ha hecho justicia» y VOX calificó la sentencia de «vergüenza para España», porque había reducido el intento secesionista «a poco más que una algarada callejera». Para Abascal, la responsabilidad del fallo recaía en el PSOE y el PP por haberse escondido durante largos años tras las togas de los jueces para no afrontar el desafío separatista: «Su cobardía tiene una gravísima responsabilidad en el clima de debilidad de las instituciones del Estado del que no se puede responsabilizar solo a la judicatura»¹⁰⁹.

Como muestra de fuerza, VOX convocó nuevamente un acto político en la plaza de toros de Vistalegre, al que asistieron unas 13.000 personas. Intervinieron Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Ignacio Garriga, Jorge Buxadé, Hermann Tersch y, por último, Abascal, quien atacó la exhumación del cadáver de Franco, que servía para hacer una campaña «burda y lamentable», cuyo leit motiv era, en el fondo, desprestigiar a la monarquía y derrocar a Felipe VI. Arremetió contra el PSOE recordando su trayectoria histórica, desde su fundación, la revolución de octubre de 1934, la Guerra Civil, los GAL, la corrupción, la legalización de las «marcas de ETA» y sus pactos con los nacionalistas catalanes y vascos. Denunció el giro al «centro» del PP y pidió la ilegalización de los movimientos secesionistas¹¹⁰.

Finalmente, y con gran regocijo del Gobierno y del conjunto de las izquierdas, la exhumación de los restos de Francisco Franco tuvo lugar el 24 de octubre. El Gobierno quiso convertirlo en un espectáculo mediático de cara a las elecciones, y no en una ceremonia de carácter familiar e íntimo. Todos los medios de comunicación españoles y extranjeros, y en particular la televisión pública, fueron convocados. «Es la primera victoria de los vencidos», señaló la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que tuvo que asistir como representante del Estado a la ceremonia. Desde la ONU, Pedro Sánchez volvió a interpretar aquel hecho como una «victoria de la democracia». Otros, como el exministro de Franco Fernando Suárez, interpretaron aquella decisión como el final de un período histórico marcado por el principio de reconciliación nacional:

Lo que yo sé —y sabe toda España— es que las permanentes invocaciones teóricas al «reencuentro de los españoles», a «la cultura de la reconciliación», a los «homenajes igualitarios», al «cierre de heridas», a la «vocación integradora» y al «espíritu de concordia» se compadecen mal con la eliminación de cualquier recuerdo de Franco, de José Antonio, de Moscardó, Girón, de Fraga o de Pemán y la simultánea exaltación de Companys, de Largo Caballero, de Prieto, de Azaña, de Ibárruri o de las Brigadas Internacionales¹¹¹.

Sin embargo, la transmisión de las imágenes no tuvo las consecuencias que el Gobierno deseaba. Tanto es así que el portavoz del PNV denunció que la ceremonia había terminado convirtiéndose en una «fiesta de exaltación» de Franco y del franquismo¹¹². La imagen de la familia dolorida y vestida de riguroso luto al lado del prior Cantera guardando compostura y serenidad, unida a la actitud cabizbaja de la ministra y de sus acólitos, dio una sensación de fracaso del plan gubernamental. La familia y el finado aparecían, ante no pocos, como víctimas de una decisión tan arbitraria como revanchista. Federico Jiménez Losantos calificó la ceremonia de «sórdido exorcismo histórico tras la derrota del Frente Popular ochenta años antes, retrasmitido por la televisión como el Día D en Normandía y que reabre simbólicamente la Guerra Civil»¹¹³. Santiago Abascal no solo rechazó de nuevo la exhumación, sino que criticó la actitud del PP y de Ciudadanos: «Ahora irán a por la Cruz, esparciendo el odio desde las instituciones y todos seréis responsables»¹¹⁴.

El electorado de Ciudadanos y del PP expresaron en las encuestas su disconformidad con la medida. En el caso del PP, solo la apoyaban un 11,8 %, mientras que en Ciudadanos lo hacía un 38 %. Entre el conjunto de los españoles la exhumación era aprobada por un 50,9 %¹¹⁵. Monseñor Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal, señaló que el Estado «estaba en su derecho» de exhumar a Franco de acuerdo con las leyes y afirmó el respeto de la Iglesia hacia las mismas. Además, criticó a los católicos que habían manifestado su rechazo ante el silencio del episcopado: «Vemos, por parte de algunos ciudadanos, quizá algunos con intereses ideológicos, otros desde su mirada sencilla, que les ha podido parecer que la Iglesia no se ha pronunciado o no ha respondido conforme a las expectativas que tuvieran, pero creo que en los diversos ámbitos de la Iglesia se ha expresado su opinión»¹¹⁶.

Finalmente, tuvieron lugar las elecciones el 10 de noviembre, sin incidentes dignos de mención, pese a lo que se temía en la conflictiva Cataluña independentista. La participación descendió de un 75 % al 69,87 %, es decir, seis puntos, lo que demostraba un significativo cansancio del electorado en comparación con los comicios de abril. Los resultados mostraron que la convocatoria había resultado inútil de cara a garantizar la estabilidad política: el PSOE seguía siendo el partido más votado, pero con uno de los apoyos más bajos de su historia, tanto en votos como en escaños. Perdió 760.000 votos y tres diputados, y, además, la mayoría absoluta en el Senado.

El PP se mantuvo como segunda fuerza política; subió 23 diputados; y aumentó 650.000 votos. Por su parte, VOX se convirtió en la tercera fuerza política y resultó ser la que más creció. Subió cerca de un millón de votos y multiplicó sus escaños, de 24 a 52. Ciudadanos fue el partido más penalizado, con una pérdida de más de la mitad de los votos y nada menos que 47 diputados, quedando con diez. Dos días después Rivera dimitía de sus cargos en el partido y abandonaba la vida política activa.

Para no pocos analistas, los graves sucesos de Cataluña seguían teniendo un efecto negativo sobre el PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que favorecían sin lugar a dudas las expectativas de VOX, aumentando del 8,9 % hasta el 11,3 %, y lo mismo ocurrió con la exhumación de los restos mortales de Franco¹¹⁷. El resultado electoral de VOX fue celebrado por las derechas identitarias como propio. El más veloz en felicitar a Santiago Abascal fue Geert Wilders, que fue seguido por Salvini y Le Pen¹¹⁸.

Entre los diputados de VOX predominaban las clases medias profesionales, empresarios, profesores de instituto y de universidad, abogados, militares y exdiputados del PP¹¹⁹.

Pese a lo sustentado por el heterodoxo teólogo Juan José Tamayo¹²⁰, hay que dejar constancia de que VOX no contaba con el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Abascal ha dejado clara su escasa simpatía hacia el actual pontífice, Jorge Mario Bergoglio, Francisco, y se entrevistó con uno de sus adversarios más encarnizados, el cardenal Robert Sarah¹²¹. Tras las elecciones de noviembre, la revista Vida Nueva informaba que los obispos consideraban que el partido verde no solo disponía del apoyo de las élites sociales, sino igualmente de «la gente sencilla, gente que quiere pasar página de temas como la Memoria Histórica o la exhumación de Franco; gente que está preocupada por la situación de Cataluña, que sin duda ha influido mucho en esta subida».

Sin duda, VOX había echado «redes en un sector del catolicismo», lo que resultaba preocupante. Y señalaba: «Su discurso sobre la defensa de la vida y la familia lo hace desde la política, no desde el Evangelio». Se consideraba rechazable, además, su discurso sobre la inmigración: «La inmigración a quien realmente le interesa y preocupa de verdad es a la Iglesia, que tiene un discurso auténtico y de denuncia». «La inmensa mayoría de los obispos no suscriben los postulados de VOX», señalaba un anónimo prelado. «La inmensa mayoría está en el centro y alguno en el centro izquierda». «Sabe que hay gente de Iglesia, sobre todo en mayores y jóvenes, que le votan, pero Abascal no está con este papa. Le llama ciudadano Bergoglio»¹²².

25

ANTAGONISMOS EN LA DERECHA

En cualquier caso, tras las elecciones de noviembre estaba claro que la derecha identitaria representada por VOX, convertida en tercera fuerza nacional, había consolidado su espacio social, político y simbólico. Su voto era aún minoritario, pero parecía muy fiel y convencido. Según un diario tan hostil a su proyecto como El País, la mayoría de la población lo consideraba un partido de «extrema derecha» (70 %) y un 30 % lo identificaba con el «fascismo». Sin embargo, un 42 % creía que debía ser considerado como un partido político más, mientras que un 21 % era partidario de impedir que formase parte del Gobierno, es decir, del denominado «cordón sanitario», mientras que un 47 % deseaba que lo declarasen ilegal¹.

La mayoría de la prensa apostaba, tras las elecciones, por un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos². El PP seguía considerando a VOX una suerte de advenedizo político que, en el fondo, garantizaba la hegemonía socialista y del conjunto de las izquierdas. José María Aznar recomendó a Casado actuar como si el partido verde no existiera³. Según Jiménez Losantos, el ascenso de VOX y la caída de Ciudadanos habían provocado en el PP un «estado de pánico» entre sus dirigentes⁴.

Finalmente, Pedro Sánchez decidió, contra todas sus promesas electorales, establecer un pacto con Podemos que llevara a un Gobierno de coalición entre ambas fuerzas. El anuncio fue recibido positivamente por el conjunto de las izquierdas y los nacionalistas vascos y catalanes⁵. Pablo Casado calificó el pacto de «radical», mientras que Abascal acusó al PSOE de abrazar al «comunismo bolivariano». La nueva dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, hizo un llamamiento al PP y al PSOE para llevar a cabo un acuerdo «moderado y constitucionalista»⁶.

El 5 de enero, Sánchez consiguió, por fin, la investidura con 167 votos a favor y 166 en contra y 18 abstenciones. Incluso algunos representantes de la izquierda intelectual, como el economista Juan Francisco Martín Seco, expresaron su desacuerdo, considerándola una auténtica traición:

¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible que las mismas personas que han dado un golpe de Estado en Cataluña continúen gobernando la Generalidad y mantenga a sus órdenes un cuerpo armado de 17.000 hombres? Y —lo que es más grave—, ¿cómo puede ser que el gobierno de España acepte negociar de tú a tú, de nación a nación, de Estado a Estado, con el gobierno de la autonomía y este gobierno esté formado precisamente con unos partidos que se habían rebelado contra el Estado, contra la Constitución y contra el propio Estado de las autonomías? ¿Cómo se ha podido llegar al extremo de que el Partido Socialista de Euzkadi, cuyos militantes fueron constantemente amenazados y más de uno asesinado por ETA, compadree ahora con los sucesores de la banda terrorista? ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez haya llegado a ser presidente del gobierno? Nunca lo hubiese creído⁷.

Los acuerdos de PSOE y Podemos dieron lugar a uno de los Gobiernos más numerosos de la historia del régimen de 1978: 22 ministerios repartidos entre ambos movimientos, aunque los socialistas, como socio mayoritario, acapararon las carteras más estratégicas, como Hacienda, Economía o Interior.

Sin embargo, la sociedad española iba a enfrentarse a retos infinitamente más graves que un mero cambio de Gobierno, por radical que fuese su programa político. A finales de 2019 se detectó en China, concretamente en la localidad de Wuhan, un nuevo virus que pasó a conocerse como Sars-covid-2, o Covid-19. Se trataba de un tipo de coronavirus transmisible de animales a humanos, y con este término se popularizó al comenzar a tratarlo en las noticias de los medios de comunicación del mundo. Ante la preocupación que desató por parte de la Organización Mundial de la Salud y en países cercanos a China, donde comenzaron a darse casos positivos y numerosas muertes, el Gobierno español designó al epidemiólogo Fernando Simón para informar y no alarmar a la población.

El discurso gubernamental intentó ser tranquilizador, acusando de «alarmistas» a los científicos, médicos y militares que alertaban de su gravedad. Durante algo más de un mes, el Gobierno retrasó deliberadamente la aplicación de medidas, con el objetivo de no desconvocar las manifestaciones del Día de la Mujer, convocadas para el 8 de marzo, que, finalmente, se celebraron al grito de «¡El machismo sí es un virus y no el coronavirus!»⁸. Significativamente, algunas de las ministras asistentes a la manifestación en Madrid, como Carmen Calvo o Irene Montero, no tardaron en caer enfermas por contagio del virus. En aquellos momentos, Italia ya había confinado a la población de algunas de sus regiones. Sin embargo, en España no se tomaron medidas hasta después del 8 de marzo.

El número de positivos por Covid-19 comenzó a extenderse de forma alarmante, sobre todo en las residencias de ancianos. El desarrollo de los acontecimientos demostró, nuevamente, las precariedades y disfunciones del Estado autonómico. Y es que el Ministerio de Sanidad apenas contaba con atribuciones, ya que sus competencias habían sido transferidas a las comunidades autónomas. Los errores y las insolidaridades entre las regiones se multiplicaron. En pocos días se pasó de relativizar los peligros epidemiológicos a la instauración de uno de los estados de alarma más severos del mundo, un confinamiento total, de una autoridad única y con fuertes multas a los infractores⁹.

La irrupción de la epidemia y las medidas gubernamentales paralizaron la economía, sobre todo a causa de las restricciones impuestas en muchos sectores productivos en pos de la seguridad y prevención de los contagios. Las comunidades autónomas regidas por nacionalistas, como País Vasco y Cataluña, acusaron al Gobierno central de imponer un «155 encubierto», mostrándose más preocupadas por la salvaguardia de sus competencias que por los fallecidos a causa de la epidemia. El Ejecutivo socialista centró, sin embargo, sus críticas en la comunidad de Madrid, regida por el PP, convirtiendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la heroína por antonomasia de la derecha madrileña, como había ocurrido anteriormente con Esperanza Aguirre.

La moción de censura

El Gobierno de Sánchez no dejó de estar cuestionado por la oposición conservadora, pero disfrutó del apoyo del conjunto de las izquierdas y de los nacionalistas. Sin embargo, en los primeros momentos, PP, Ciudadanos y VOX apoyaron el estado de alarma. No obstante, VOX no tardó en desmarcarse de esa estrategia, convirtiéndose, de hecho, en la única oposición militante al Ejecutivo. El partido verde pudo así apuntarse el éxito de sus recursos planteados contra los decretos de estado de alarma, que fueron aceptados por el Tribunal Constitucional¹⁰.

En aquel contexto, VOX se mostró como un movimiento político mucho más dinámico y agresivo que el PP, no digamos del decadente Ciudadanos. Fundó el sindicato Solidaridad y el think tank Disenso. En cuanto pudo, convocó manifestaciones en contra del Gobierno, y, lo que fue más significativo, anunció una moción de censura en vísperas de las vacaciones de 2020, que tendría lugar a finales de octubre. Sin duda, la moción no tenía ninguna posibilidad de triunfo, ya que los votos del PP y de Ciudadanos no eran suficientes para lograr la caída del Gobierno en el improbable supuesto de que ambos partidos la apoyasen.

Sin embargo, no era ningún secreto que, en realidad, el principal objetivo de aquella maniobra, de aquel gesto, no era el Gobierno, sino el PP, a quien de nuevo se ponía en evidencia. Así lo interpretaron Casado y los suyos. VOX sondeó a posibles candidatos ajenos al partido, se habló de Jaime Mayor Oreja e incluso de Rosa Díez, pero no encontró a nadie a quien presentar como candidato alternativo. Sin embargo, el interés histórico de esa moción de censura fue el choque que provocó entre VOX y PP, demostrando la existencia de dos derechas muy diferentes, con los mismos enemigos, pero no con idénticos amores. De hecho, la iniciativa de VOX fue muy criticada por el conjunto de la prensa conservadora.

Y llegó el día 21 de octubre de 2020. Santiago Abascal fue presentado por Ignacio Garriga, futuro candidato de VOX a la Generalidad catalana. En una larga intervención, el líder verde abandonó por completo el liberalismo conservador para desarrollar un discurso plenamente inserto en el universo simbólico de la derecha identitaria. Calificó al Gobierno como «el peor en ochenta años de historia… y quizá me quede corto». Y es que era «un frente popular social-comunista en alianza con los separatistas y terroristas», una «mafia». Denunció el incumplimiento de las promesas de Sánchez de no pactar con Podemos y los nacionalistas. El presidente era «un mentiroso sin escrúpulos capaz de cualquier cosa —asusta imaginarlas— con tal de permanecer en el poder». Auguró un futuro muy problemático y negativo para la sociedad española, «menos libertad y más pobreza», «menos ley y orden y más golpismo y más violencia política». Censuró el no haber pedido responsabilidades a China por la epidemia, que el Gobierno español había gestionado de la peor manera.

Ante aquella caótica situación demandó nuevas elecciones, presididas por «un Gobierno de emergencia nacional, reducido, con personas de distintas sensibilidades ideológicas», que tomara las decisiones «técnicas y políticas necesarias sin interferencias de caciques locales ni de ideólogos de repúblicas bananeras» y con el único objetivo de «proteger la salud, la seguridad y la economía de los españoles y convocar de inmediato elecciones». Criticó la ocupación de las instituciones por parte del Gobierno, el poder judicial, el CIS, RTVE, la Junta Electoral, porque de ese modo «no habrá alternativa política».

Muy duro estuvo igualmente con el PNV y con Bildu, sobre todo, por el blanqueamiento de la violencia de ETA, y es que nadie sabía ya entre la juventud quién era Miguel Ángel Blanco. Audaz fue su crítica al europeísmo, cuya hegemonía en las élites políticas e intelectuales era un reflejo de la escasa fe que depositaban en el conjunto del pueblo español, «poniendo sus esperanzas en Bruselas». «Tenemos el deber —dijo— de asumir nuestra responsabilidad histórica». «A España solo la pueden rescatar los españoles. Dependamos exclusivamente de nosotros mismos para superar este momento». Y es que el conjunto de las élites políticas, sociales y empresariales estaban sumidas en «una pegajosa melancolía fruto de haber consumido hasta el hartazgo todos los tópicos y leyendas negras fabricadas contra nuestra nación».

Frente a Ortega y Gasset, reivindicó a Unamuno, porque veía en España «una esperanza para España», y reivindicó como clave de futuro el concepto de «Iberosfera» como organización del conjunto de las naciones sudamericanas. Su crítica al europeísmo oficial se centró en la denuncia de «una oligarquía europea insaciable, con aspiraciones soviéticas, que devora sumas astronómicas de dinero mientras produce frenéticamente directivas y reglamentos de una maquinaria que ya tiene vida propia al margen de la democrática y soberana voluntad de sus naciones y que pretende imponer planes de control y de dirección de las conductas e injerencias en la vida de las naciones, las familias y los individuos, como nosotros solo aceptamos en las distopías literarias y cinematográficas», «una máquina deshumanizada que aspira a controlarlo todo promoviendo la división y la ruina de los pueblos» Frente a esto, Abascal propugnaba «retornar a los orígenes fundamentales de la Unión Europea».

No menos importante era la cuestión migratoria, abogando por «blindar las fronteras y nuestros mares, expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes que entren de manera ilegal en nuestro territorio». Y es que la política de inmigración debía estar «subordinada a las necesidades económicas de España y a la capacidad y voluntad de integración del inmigrante». Censuró la política de inmigración de los nacionalistas catalanes, que llevaba a la «creación de una república islámica catalana». A continuación incidió en la crisis económica, el paro juvenil, la caída de las exportaciones, el derrumbe del turismo, el retroceso del comercio: «Han abandonado a los asalariados, a los pequeños comerciantes, a la España que madruga, a quienes no viven de los intereses mafiosos y, por tanto, no aplauden ni acuden corriendo a las llamadas de un presidente que es el principal responsable de la ruina económica».

Propugnó pagar las nóminas de los trabajadores y autónomos. Profetizó la ruina del Estado del bienestar y la aparición de una pobreza de dimensiones hasta entonces desconocidas, por el déficit público y el gasto de las comunidades autónomas. En vez de ayudar a las clases medias y a los autónomos, el Gobierno se reunía y negociaba con las «grandes multinacionales y los grandes bancos». Como solución, abogó por la «eliminación del gasto político ineficaz», «la eliminación de los excesos, sus legiones de asesores, su carísima propaganda», «el derroche autonómico, miles de millones despilfarrados en fomentar divisiones entre los españoles, produciendo duplicidades e incluso triplicidades y asfixiando a los españoles con trabas, impuestos, reglamentos y el 3 % de corrupción inherente a los caciques locales». «Se han cargado la unidad de mercado y aun así siguen defendiendo el sistema autonómico», «Un sistema en el que solo pueden operar grandes empresas, puesto que son las únicas que disponen de los suficientes servicios jurídicos para poder crecer y que excluye a las pymes y a los trabajadores». En consecuencia, era necesaria la superación del Estado autonómico, pero, mientras tanto, propugnaba la devolución al Estado central la dirección de la enseñanza, la sanidad y el orden público, y la recuperación del mercado único nacional.

No menos necesaria era la «reindustrialización» de España y la defensa del turismo. En ese sentido, hizo hincapié en la industria del automóvil, incluyendo la industria auxiliar en la que España era un líder a nivel mundial. Propugnó la inversión en energías inagotables —fotovoltaica, eólica e hidráulica— y nuclear, «para que España sea autosuficiente en el consumo electrónico». Asimismo, defendió la implantación de un plan hidrológico.

Con respecto al tema de la «memoria histórica», Abascal se mostró partidario de la exhumación, a petición de las familias y con todos los honores, de los muertos de ambos bandos de la Guerra Civil; libertad de mercado audiovisual, y extirpación del pensamiento único como imposición del Gobierno a base de censura y subvención del mundo de la cultura. «Debemos denunciar la mafia intelectual que pretende decir quién puede escribir, cantar, actuar o realizar una película». Defensa de la familia, recuperación de las competencias educativas por el Estado, refuerzo de la inspección y de un currículum nacional. Por último, Abascal se dirigió al PP para pedirle su apoyo: «[…] en sus manos está demostrar que, entre todos, pese a enormes diferencias, se puede construir una alternativa a este desalmado que tenemos enfrente», e incluso a los diputados socialistas: «Tengo la certeza de que muchos comparten el diagnóstico sobre este Gobierno que han hecho varios de sus antiguos dirigentes»¹¹.

La reacción del PP

En realidad, el interés de la moción de censura no radicaba en su resultado, que era previsible; tampoco en la respuesta de las izquierdas, que fue el esperado y tópico. Lo fundamental era la reacción del PP. Por de pronto, el conjunto de la prensa liberal y conservadora censuró la iniciativa y el contenido del discurso del líder de VOX. ABC denunció su contenido por «emocional» y por estar basado «en la exacerbación ideológica y en su identificación con lo que denominó “partidos patrióticos”, que, paradójicamente, han hecho del antieuropeísmo su causa y bandera». Alabó, no obstante, sus críticas a la izquierda y al independentismo. Como era de esperar, lo más negativo era situar en un peligroso dilema al PP. Sin embargo, Abascal, con su extremismo, había dejado a Casado «una vía muy ancha» para desarrollar su proyecto centrista y liberal¹². No muy diferente fue el mensaje de El Mundo, para quien Abascal acertaba en sus críticas a la izquierda, pero censuró su euroescepticismo. En fin, VOX dejaba al PP la oportunidad de mostrar su faz «gestora y moderada»¹³.

Mientras tanto, se había hecho público un manifiesto, que la prensa de izquierdas calificó de «histórico», en contra de VOX, firmado por PSOE, Podemos, ERC, JXCat, EH Bildu, Más País, la CUP, Compromís y el BNG, y en favor de los «derechos humanos, la democracia, la justicia social y la igualdad» y contra «los discursos racistas, xenófobos, machistas que hemos escuchado en lo que va de legislatura por parte de la extrema derecha y derecha extrema son incompatibles con los valores propios de un sistema democrático y suponen un peligro para la convivencia»¹⁴. VOX se convertía así en poco menos que el enemigo público, en el sentido schmittiano del término.

Sin embargo, la incógnita seguía siendo el sentido del voto de Casado y su grupo. El diario La Razón adelantó que el voto popular sería negativo¹⁵. No obstante, la mayoría de los analistas se inclinaban por una posible abstención. Pronto se vería que el diario dirigido por Francisco Marhuenda estaba en lo cierto. En realidad, era algo que se había ido gestando desde tiempo atrás. Y es que el factor sorpresa resultaba crucial. Los responsables de la decisión fueron Pablo Hispán —director de gabinete de Casado—, María Pelayo, Pablo Montesinos, Teodoro García Egea, Pablo Cano e Isabel Gil¹⁶. Sin embargo, luego se supo que se trataba de una decisión de onda mucho más larga, auspiciada por la FAES, de José María Aznar y Javier Zarzalejos. Su objetivo no era solo el voto negativo a la moción de censura, sino la destrucción sistemática de VOX como partido político; una auténtica declaración de guerra¹⁷.

Consecuentemente, el contenido del discurso de Pablo Casado fue de una dureza inusitada, tan brutal como demoledor, en el que no estuvieron ausentes argumentos ad hominem. A su lado, las críticas de las izquierdas resultaron débiles, casi amables. Incluso en su lenguaje corporal, Casado se mostró radical: gesticulaba, se retorcía, accionaba con brío. Comenzó recordando al líder de VOX una cita de Cánovas del Castillo: «En política lo que no es posible es falso», y calificó la moción de «impostura». Le reprochó a Abascal sus actitudes ante la pandemia: «Vista Alegre y un autobús descapotable. Mucho ruido y pocas nueces. Como todo lo que hacen ustedes».

Con la moción, Abascal se había convertido en «el monosabio de Iglesias». Defendió la estrategia de su partido ante la crisis de la pandemia, «no recitando hazañas bélicas y cabalgando en ejércitos de trolls en las redes». Recordó al líder de VOX su militancia en el PP y que su iniciativa iba contra su partido y no contra el Gobierno, al que fortalecía. VOX era, en este sentido, «el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino de la Moncloa». Le acusó de dividir a la derecha y de pretender suplantar al PP: «Pero abandone toda esperanza. No es el primero que lo intenta, pero sí le aseguro que será el último». Se dirigió a los votantes de VOX: «Primero, porque no merecen pasar por radicales y extremistas, porque no lo son. Segundo, porque no merecen ser utilizados para una agencia que aleja la gran alternativa centrada y ganadora que España necesita». Votar VOX era «votar Sánchez» y solo ofrecía «fracturas, derrotas y enfados». Despectivamente, calificó a Abascal de «populista». Y señaló:

No somos equiparables, son muchas nuestras diferencias. Tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antiliberal. Entre el patriotismo integrador y el antipluralismo. Entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico. Entre la vocación europea y atlántica y el aislacionismo. Entre el interés general y el oportunismo demagógico.

Por todo ello anunció que su voto sería negativo. Y es que lo que se imponía era un sí a la «convivencia y tolerancia», a la «globalización y el libre mercado», a la «Unión Europea de derechos y libertades», a «la unidad nacional y a la Constitución entera, no por fascículos», al «Estado de derecho, a la ley, a la seguridad, pero sin atajos ni demagogias». Casado continuó con sus diatribas personales, acusando al líder de VOX de «trayectoria desleal» y, lo que fue más grave para un veterano luchador contra el secesionismo vasco y ETA, de pisotear la memoria de los asesinados del PP: «Podrá medirse con nosotros cuando haya acreditado tanto coraje y servicio a España como ha hecho el partido que derrotó a ETA, con la ley, que creó siete millones de empleos, que metió a España en el euro y que paró el Plan Ibarretxe y el Plan Puigdemont». Y le emplazó: «Usted pasará, y solo habrá dejado escombros, igual que Sánchez; pero el PP seguirá aquí, construyendo día a día el país mejor y para todos. Y va para cuarenta años». «Usted llamó a romper filas, pero nosotros seguimos reclutando sueños y esperanzas para los españoles. Sin ustedes». Como colofón, reivindicó el «centro»¹⁸.

En su respuesta, Santiago Abascal confesó sentirse «perplejo» ante la catarata verbal de su antiguo correligionario. Sin embargo, supo reaccionar con serenidad, dejando claro que no rompería sus pactos con el PP en Madrid, Murcia y Andalucía. Acusó a Casado de haberse unido a «la brutal caricatura» que de VOX hacían sus enemigos de las izquierdas. Por otra parte, el contenido de aquel discurso significaba «una patada a la esperanza y ha generado una desesperanza brutal en millones de españoles de que nosotros pudiéramos hablar, llegar a acuerdos». «Se ha colocado en una equidistancia imposible y falsaria en la que no cree ni usted mismo»¹⁹.

El conjunto de la prensa conservadora celebró —con mayor o menor énfasis y convencimiento— el contenido del discurso del líder popular, que significaba, nuevamente, un giro al «centro»²⁰. En el mismo sentido se expresó el conjunto de la prensa de izquierdas. «Derecha democrática» contra «fascismo», tal era el mensaje, según ellos, del discurso del líder popular²¹.

Federico Jiménez Losantos fue de los pocos que criticó aquella aparente unanimidad²².

* * *

Aquí finaliza, al menos de momento, nuestra historia. En cualquier caso, la existencia de las dos derechas se había consolidado en España para un próximo futuro, lo que resulta muy positivo. La dialéctica entre las dos fuerzas continuará, porque es un signo de los tiempos. Lo estamos viendo no solo en España, sino en el conjunto de Europa e incluso en Estados Unidos, cuando se escriben estas páginas. La derrota aplastante del PP en Cataluña, con solo tres diputados, y el ascenso de VOX con 11; la lucha y la victoria en Madrid, con la desaparición de Ciudadanos y el pacto entre VOX y el PP; una nueva alianza entre las dos derechas en Castilla-León; la mayoría absoluta de PP en Andalucía, y la subida de votos de VOX en aquella región; la caída de Casado y el ascenso de Núñez Feijóo en la dirección del PP. La relación sigue vigente. La Historia es siempre un proceso abierto. Como decía Oswald Spengler: «Ahí están los dados del tremendo juego. ¿Quién se atreve a echarlos?»²³.

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Notas

1. Pedro Carlos González Cuevas, Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días, prólogo de Andrés de Blas Guerrero, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.

2. Wilhelm Dilthey, Mundo histórico, FCE, México, D. F., 1944, pág. 319.

3. F. A. Hayek, «Historia y política», en El capitalismo y los historiadores, Unión Editorial, Madrid, 1996, págs. 16-17.

4. Véase Peter Novick, Ese noble sueño. La objetividad y la historia profesional en los Estados Unidos, Instituto Mora, México, D. F., 2012.

5. Richard Rorty, Forjar nuestro país. El pensamiento de izquierdas en los Estados Unidos, Paidós, Barcelona, 1998, págs. 25 y sigs.

6. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, tomo I, BAC, Madrid, 1986, pág. 24.

7. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, «Derechas y derecha en España», Babelia, suplemento de El País, 15 de abril de 2000. Gonzalo Fernández de la Mora, Razón Española, núm. 102, mayo de 2000.

8. José Manuel Cuenca Toribio, Historia de la derecha en España, Almuzara, Córdoba, 2017, págs. 13 y sigs. Antonio Rivera, Historia de las derechas en España, Catarata, Madrid, 2022, págs. 20 y sigs.

9. Jordi Canal, 25 de julio de 1992. La vuelta al mundo de España, Taurus, Madrid, 2021.

10. Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992.

11. Max Weber, «Estado nacional y política económica», en Escritos políticos, tomo I, Folios Ediciones, Buenos Aires, 1982, pág. 16.

12. Raymond Aron, Introduction a la philosphie politique, Seuil, París, 1997, pág. 97.

13. Robet Kagan, El retorno de la historia y el final de un sueño, Taurus, Madrid, 2007, pág. 12.

14. Dalmacio Negro Pavón, El fin de la normalidad y otros ensayos, Dykinson, Madrid, 2021, pág. 247.

15. Emilio Gentile, La mentira del pueblo soberano en la democracia, Alianza, Madrid, 2018, pág. 17. Véase igualmente Adam Przeworski, La crisis de la democracia, Clave Intelectual, México, 2022.

16. Christophe Guilluy, No society. El fin de la clase media occidental, Taurus, Madrid, 2019, págs. 21 y sigs., y 95 y sigs.

17. Byung-Chul Han, La digitalización y la crisis de la democracia. Infocracia, Taurus, Madrid, 2022.

18. Véase Stephan Lessenich, Límites de la democracia. La participación como problema de distribución, Herder, Barcelona, 2022, págs. 103 y sigs.

19. Olivier Lecrerc, «L'apparition des democraties iliberales», en Elisabeth Dutartre-Michault (dir.), Raymond Aron. Cahiers de L'Herne, Editions de l'Herne, París, 2022, págs. 256 y sigs.

20. Andrea Ricardi, La Iglesia arde, Arpa Editores, arcelona, 2022, págs. 74 y sigs., 91 y sigs.

21. Alain Badiou, Contra Trump, Clave Intelectual, Barcelona, 2021, págs. 32 y sigs.

22. Véase Pedro Carlos González Cuevas, VOX. Entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria, La Tribuna del País Vasco, San Sebastián, 2019, págs. 97-105.

23. Jean Bricmont, La republique des censeurs, L'Herne, París, 2014, págs. 12-13.

24. Véase Bruno Bosteels, La actualidad del comunismo, Prometeo, Buenos Aires, 2021, págs. 53 y sigs.

25. Daniel Barredo, El tabú real. La imagen de una monarquía en crisis, Berenice, Córdoba, 2013.

26. José Ramón Parada, «El fracaso de la descentralización política», en Revista de Occidente, núm. 414, enero de 2014, págs. 5-39.

27. Véase Ignacio Sotelo, España a la salida de la crisis. La sociedad dual del capitalismo financiero, Icaria, Barcelona, 2014.

28. Pedro Carlos González Cuevas, VOX. Entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria, ob. cit.

29. Marta Rovira Martínez, La transició franquista. Un exercici d'apropiació de la história, Portic, Barcelona, 2014.

30. Josep Fontana, prólogo a El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda en el proceso de cambio político, Siglo XXI, Madrid, 2012, págs. 7-12.

31. Véase Gonzalo Pasamar, La Transición a la democracia ayer y hoy. Memoria cultural, historiográfica y política, Marcial Pons, Madrid, 2019.

32. Véase al respecto el significativo y discutible libro de Paloma Aguilar Fernández y Leigh A. Payne, El resurgir del pasado en España. Fosas y confesiones de verdugos, Taurus, Madrid, 2018.

33. Hayden White, Metahistoria. La imaginación histórica en el siglo XIX, FCE, México, D. F., 2010.

34. Véanse las distintas posiciones epistemológicas en Verónica Tozzi, La historia según la nueva filosofía de la historia, Prometeo, Buenos Aires, 2009. Marisa González de Oleaga, Itinerarios. Historiografía y posmodernidad, Post, Madrid, 2019. Richard J. Evans, In Defence of History, Granta, Londres, 2000.

35. Michael Oakheshott, El racionalismo en política y otros ensayos, FCE, México, D. F., 2008.

36. Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, tomo I, Página Indómita, Barcelona, 2017, pág. 89.

37. Fernand Braudel, «La larga duración», en La historia y las ciencias sociales, Alianza, Madrid, 1979, págs. 60-105.

38. Véase, en ese sentido, la crítica de Jo Goldi y David Amitage, Manifiesto por la Historia, Alianza, Madrid, 2016.

39. Raymond Aron, Introducción a la filosofía de la Historia, Losada, Buenos Aires, 2014.

40. George L. Mosse, Haciendo frente a la Historia. Autobiografía, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2014, pág 127. Véase igualmente Roger Griffin, Fascismo, Alianza, Madrid, 2019.

41. Renzo de Felice, Entrevista sobre el fascismo con Michael Leeden, Sudamericana, Buenos Aires, 1979, págs. 27 y sigs.

42. Renzo de Felice, Scritti giornalistici, vol. III, Luni Editrice, Milán, 2019, págs. 40 y sigs.

43. Enzo Traverso, La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX, FCE, México, D. F., 2012.

44. Véase Pedro Carlos González Cuevas, «Los guardianes de la Historia, presencia, persistencia y retorno», en Guillermo Cortàzar (ed.), Bajo el dios Augusto. El oficio de historiador ante los guardianes parciales de la Historia, Unión Editorial, Madrid, 2017, págs. 143 y sigs.

45. Noam Chomsky, Lucha de clases. Conversaciones con David Barsamiav, Crítica, Barcelona, 2022, pág. 85.

46. Un ejemplo claro de este tipo de literatura son los libros del hispanista británico Paul Preston, El Holocausto español, Debate, Barcelona, 2011, y Los arquitectos del terror. Franco y los artífices del odio, Debate, Barcelona, 2021. Otro ejemplo de este tipo de pseudohistoriografía son las obras de Ángel Viñas, como La otra cara del Caudillo, Crítica, Barcelona, 2015.

47. «Proyecto de Ley de Memoria Democrática», en Boletín Oficial del Estado, 7 de julio de 2022, págs. 4 y sigs.

48. Peter Sloterdijk, Ira y tiempo. Estudio psicopolítico, Siruela, Madrid, 2006, págs. 290-291.

49. Jacques Pluyène y Raymond La Serra, El complejo de derecha, Kairós, Barcelona, 1969.

50. Timothy Garton Ash, Los hechos son subversivos, Tusquets, Barcelona, 2011, pág. 231.

51. Allan Megill, «Grand Narrative and The Discipline History», en Franz Arkemitt y H. Kellner (eds.), A New Philosophie of History, University of Chicago Press, Chicago, 1995, págs. 132 y sigs.

52. Herbert Butterfeld, La interpretación whig de la historia, Plaza y Valdés, Madrid, 2000.

53. «Las futuras consecuencias del colonialismo británico sobre la India», en New York Tribune, 8 de agosto de 1853. Inserto en Karl Marx, Llamando a las puertas de la revolución. Antología, Penguin Clásicos, Barcelona, 2017, págs. 420-426.

54. Jules Barbey D'Aurevilly, Les prophètes du passé, Sandre, París, 2006.

55. Johann Baptist Metz, La fe en la Historia y en la sociedad, Cristiandad, Madrid, 1992, págs. 53 y sigs.

56. Ernst Nolte, Después del comunismo. Aportaciones a la interpretación de la historia del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1995, págs. 21 y sigs.

57. Véase Hayden White, «Hegel: el historicismo como realismo trágico», en La Lógica de Hegel como Teoría de la Conciencia Figurativa y otros ensayos sobre filosofía hegeliana, Prometeo, Buenos Aires, 2021, págs. 51-61.

58. Benedetto Croce, La historia de Europa en el siglo XIX, Ariel, Barcelona, 2000.

59. Marcel Gauchet, La religión en democracia, Universidad Complutense, Madrid, 2003.

60. Karl Polanyi, La gran transformación, FCE, México, D. F., 2019.

61. Alasdair MacIntyre, Justicia y racionalidad, Eiunsa, Pamplona, 1994, págs. 350 y sigs.

62. Véase Guillermo Araya, El pensamiento de Américo Castro, Alianza, Madrid, 1983.

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65. Manuel Fraga, «La derecha», en Papeles y Memoria de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, núm. VI, octubre de 1990, págs. 16-17.

66. Véase Pedro Carlos González Cuevas, «Alain de Benoist en España», en De Historia y Política. Escritos polémicos, SND Editores, Madrid, 2022, págs. 185-208.

67. Santos Juliá Díaz, «Liberalismo temprano, democracia tardía», en John Dunn (dir.), Democracia. El viaje inacabado, Tusquets, Barcelona, 1995, pág. 258. Stanley G. Payne, España, una historia única, Temas de Hoy, Madrid, 2008, págs. 227-228.

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2. Robert Hertz, «La preeminencia de la mano derecha», en La muerte y la mano derecha, Alianza, Madrid, 1990, págs. 105 y sigs.

3. Ibíd., pág. 108.

4. P. Denoville, «Izquierda y derecha en China», en R. Kourilsky, Mano derecha y mano izquierda. Norrma y lateralidad, Proteo, Buenos Aires, 1972, págs. 163 y sigs.

5. Gershom Scholem, Las grandes tendencias de la mística judía, Madrid, 1966, págs. 77 y sigs.

6. Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Siruela, Madrid, 1997, págs. 169 y sigs.

7. En los diccionarios españoles aparece igualmente la preeminencia de la mano derecha, por lo menos hasta hace relativamente poco tiempo. El Diccionario de la Lengua Española, en la edición de 1927, definía el término «derecha» como «la parte más moderada o que en su doctrina guarda más respeto a las tradiciones». Y «derechamente», «con prudencia, discreción, destreza y justicia». En cambio, «izquierdear» significaba «apartarse de lo que dicta la razón y el juicio», e «izquierda», la tendencia política que «guarda menos respeto a las tradiciones del país». En el Diccionario Ideológico de la Lengua Española, de 1942, se definía «derecha» como «la parte más moderada» del espectro político, mientras que la «izquierda» era «la que más se aparta de las tradiciones del país». La edición de 1992 del Diccionario de la Lengua Española cambió ya el sentido de las palabras: «derecha» es ya el «conjunto de personas que profesan ideas conservadoras», e «izquierda» el «conjunto de personas que profesan ideas reformistas o, en general, no conservadoras».

8. Jean François Sirinelli, Histoire des droites en France. 1. Politique, Gallimard, París, 1995, págs. III y sigs. Marcel Gauchet, La droite et la gauche. Histoire et destin, Gallimard, París, 2021, págs. 34 y sigs. Gustavo Bueno, El mito de la izquierda. El mito de la derecha, Pentalfa, Oviedo, 2021, págs. 261 y sigs.

9. Ernst Nolte, «Alemania», en Hans Rogger y Eugen Weber, La derecha europea, Luis de Caralt, Barcelona, 1971, pág. 181. Marcel Gauchet, La droite et la gauche. Histoire et destin, Gallimard, París, 2021, págs. 18-33.

10. Karl Mannheim, «El pensamiento conservador», en Ensayos sobre sociología y psicología social, FCE, México, D. F., 1963, pág. 84. Del mismo autor, Ideología y utopía, FCE, México, D. F., 1987, págs. 107 y sigs. Donald M. Lowe, Historia de la percepción burguesa, FCE, México, D. F., 1986, págs. 86 y sigs.

11. Anna Elizabetta Galeotti, «L'opposicione destra-sinistra. Riflessioni analitiche», en VV. AA., La destra radicale, Feltrinelli, Milán, 1984, págs. 266 y sigs.

12. Julien Freund, «Socialismo, liberalismo, conservadurismo», en Veintiuno, núm. 33, primavera de 1997, pág. 103.

13. Víctor Pérez Díaz, La esfera pública y la sociedad civil, Taurus, Madrid, 1997, págs. 116 y sigs.

14. George L. Mosse, Hacia la Solución final. Una historia del racismo europeo, La Esfera de los Libros, Madrid, 2023, págs. 19 y sigs.

15. George L. Mosse, La cultura europea del siglo XIX, Ariel, Barcelona, 1996. Charles Taylor, Las fuentes del yo, Paidós, Barcelona, 1997, págs. 250 y sigs.

16. León Poliakov, Historia del antisemitismo. El siglo de las Luces, Muchnik Editores, Barcelona, 1981, págs. 105 y sigs. León Poliakov, Historia del antisemitismo. La emancipación y la reacción racista, Muchnik Editores, Barcelona, 1982, págs. 115 y sigs.

17. Véase su intervención en Oligarquía y caciquismo, tomo II, Revista del Trabajo, Madrid, 1975, págs. 139 y sigs. Diego Nuñez Ruiz, La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis, Tucar, Madrid, 1975, págs. 208 y sigs.

18. Francisco Javier Navarro, El Paraíso de la Razón. La revista Estudios (1928-1937) y el mundo cultural anarquista, Ediciones Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1997.

19. León Poliakov, La causalidad diabólica. Ensayo sobre el origen de las persecuciones, Ariel, Barcelona, 1980, págs. 41 y sigs.

20. Simone de Beauvoir, El pensamiento político de la derecha, Edhasa, Barcelona, 1971, págs. 23 y sigs.

21. Karl Mannheim, «El pensamiento conservador», ob. cit., págs. 110 y sigs.

22. En este sentido, destaca la perspectiva rígidamente economicista de Manuel Tuñón de Lara, para quien la derecha española se identifica con «las clases o fracciones de clases, capas y categorías sociales que se benefician de una situación dominante o privilegiada en orden a la distribución de renta nacional, propiedad de los medios de producción y de otros bienes o/y de situaciones de privilegio residuales de anteriores regímenes», en Manuel Tuñón de Lara, «Las razones de la derecha en la España del siglo XX», en Cultura, sociedad y política en el mundo actual, Guadalajara, 1981, págs. 37 y sigs.

23. Leszek Kolakowski, «El significado del concepto izquierda», en El hombre sin alternativa, Alianza, Madrid, 1970, págs. 165-166. Véase también Darrow Schecter, La historia de la izquierda desde Marx a nuestros días. Perspectivas teóricas, Tecnos, Madrid, 2014.

24. Thomas Sowell, Conflictos de visiones. Orígenes ideológicos de las luchas políticas, Gedisa, Barcelona, 1990, págs. 15 y sigs.

25. Carl Schmitt, Escritos políticos, Alianza, Madrid, 1975, págs. 42 y sigs.

26. «Teoría del conservatismo», en Razón Española, núm. 4, abril-mayo de 1984, pág. 404. Fernando Simón Yarza, presentación de Rousseau: ciudadano sin Patria, de Robert Spaemann, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013, pág. XV.

27. Karl Mannheim, «El pensamiento conservador», ob. cit., pág. 122.

28. Joseph de Maistre, Consideraciones sobre Francia, Rialp, Madrid, 1955, pág. 142. Este planteamiento no es únicamente válido para la derecha tradicionalista y antiliberal, sino para el conservadurismo liberal. Véase en este sentido John Gray, Isaiah Berlin, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1996, págs. 131 y sigs.

29. Robert Nisbet, Conservadurismo, Alianza, Madrid, 1994, pág. 106.

30. Thomas Sowell, Conflicto…, ob. cit., pág. 87.

31. «Teoría del conservatismo», en Razón Española, núm. 4, abril-mayo de 1984, pág. 391.

32. Giacomo Marramao, Cielo y tierra. Genealogía de la secularización, Paidós, Barcelona, 1997, págs. 36 y sigs.

33. Gonzalo Fernández de la Mora, «Acción Española», en Pensamiento Español 1963, Madrid, 1964, pág. 150.

34. «Los principios conservadores», en Razón Española, núm. 4, abril-mayo de 1984, pág. 411.

35. Robert Nisbet, Conservadurismo, ob. cit., págs. 42-43.

36. Mircea Eliade, El mito del eterno retorno, Alianza, Madrid, 1972.

37. Rafael Díaz Salazar, El proyecto de Gramsci, Anthropos, Madrid-Barcelona, 1991, págs. 174 y sigs.

38. Gonzalo Fernández de la Mora, Maeztu y la teoría de la revolución, Rialp, Madrid, 1956, págs. 60 y sigs.

39. Albert O. Hirschman, Retóricas de la intransigencia, FCE, México, D. F., 1992, págs. 8 y sigs.

40. Albert O. Hirschman, «La retórica de la reacción dos años después», en Tendencias autosubversivas. Ensayos, FCE, México, D. F., 1996, págs. 75 y sigs.

41. Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución francesa, Alianza, Madrid, 1980, pág. 84.

42. Jaime Balmes, Obras, tomo VIII, BAC, Madrid, 1948, pág. 342.

43. «Los principios conservadores», ob. cit., pág. 417.

44. Karl R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Barcelona, 1981, págs. 99 y sigs. Del mismo autor, La miseria del historicismo, Alianza, Madrid, 1972, págs. 57 y sigs. Hans Albert, Tratado sobre la razón crítica, Sur, Buenos Aires, 1980, págs. 77 y sigs.

45. Norberto Bobbio, Derecha e izquierda. Razones de una distinción política, Taurus, Madrid, 1995, págs. 26 y sigs. Marcel Gauchet, La droite et la gauche. Histoire et destin, Gallimard, París, 2021, págs. 139 y sigs.

46. Alain de Benoist, La nueva derecha, Planeta, Barcelona, 1979, pág. 46. Véase también Gonzalo Fernández de la Mora, La envidia igualitaria, Planeta, Barcelona, 1982.

47. Tom Bottomore, Elites y sociedad, Talasa, Madrid, 1994, págs. 57 y sigs.

48. Virgilio Zapatero, Derecha e izquierda. Las claves del debate, Madrid, 1994, págs. 31 y sigs. Ralph Miliband, El Estado en la sociedad capitalista, Siglo XXI, México, D. F., 1979, págs. 72 y sigs. Véase también, para el concepto de «revolución pasiva», Massimo Modonesi (coord.), La revolución pasiva. Una antología de estudios gramscianos, Bellaterra, Barcelona, 2022.

49. Alasdair MacIntyre, Justicia y racionalidad, Eunsa, Pamplona, 1994, págs. 394 y sigs.

50. Véase Raymond Williams, Sociología de la comunicación y del arte, Paidós, Barcelona, 1981, págs. 189 y sigs.

51. Seymour Martin Lipset y Earl Raab, La política de la sinrazón, FCE, México, D. F., 1981, págs. 19 y sigs.

52. Javier Tusell, presentación a Javier Tusell, Julio Gil Pecharromán, Feliciano Montero García (coords.), Estudios sobre la derecha española contemporánea, UNED, Madrid, 1992, pág. 11.

53. Julien Freund, Sociología del conflicto, Ediciones Ejército, Madrid, 1995, págs. 95 y sigs.

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55. René Rémond, Les droites en France, Aubier Montagne, París, 1982.

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13. Antonio Morales Moya, Reflexiones sobre el Estado español del siglo XVIII, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1988, págs. 30 y sigs.

14. Ibíd., págs. 60-62.

15. José Antonio Maravall, «Espíritu burgués y principio de interés personal en la Ilustración española», en ob. cit., págs. 245 y sigs.

16. José Antonio Maravall, «La fórmula política del despotismo ilustrado», en ob. cit., págs. 61 y sigs.

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19. Ibíd., págs. 46-49.

20. Carlos Seco Serrano, Godoy. El hombre y el político, Madrid, 1978, págs. 62-63. Emilio La Parra, Manuel Godoy, Tusquets, Madrid, 2019.

21. Jovellanos disfrutó de una profunda simpatía entre los liberales moderados de mediados del siglo XIX, como Donoso Cortés, Pacheco, Pastor Díaz, etc., que no dudaron en apellidarse «jovellanistas». (Véase El Piloto, 2 de febrero de 1840), e incluso de conservadores autoritarios y tradicionalistas, como Nocedal, Menéndez Pelayo, o Gumersindo Laverde, para quienes el asturiano era un liberal, pero un «liberal a la inglesa», innovador, pero respetuoso de las tradiciones (Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, tomo II, BAC, Madrid, 1968, pág. 737). Para los carlistas, sin embargo, «jovellanista» equivalía a algo mucho peor que un liberal exaltado; era un conservador hipócrita y equívoco que abría las puertas a la revolución (véase Pedro Rujula, «El soporte ideológico de la insurrección carlista», en Hispania, núm. 195, 1997, págs. 253-254).

22. Véase. J. M. Caso, Vida y obra de Jovellanos, Fundación Foro Jovellanos, Gijón, 1994. Javier Varela, Jovellanos, Alianza, Madrid, 1988.

23. Gaspar Melchor de Jovellanos, «Carta a Lord Holland», en Obras, tomo 86, Atlas, Madrid, 1956, pág. 377.

24. Javier Varela, ob. cit., págs. 229 y sigs. Hans Juretschke, Los afrancesados en la Guerra de la Independencia, Sarpe, Madrid, 1986, págs. 11 y sigs. Alberto Gil Novales, «Burke en España», en Del Antiguo al Nuevo Régimen, Academia de Historia de Venezuela, Caracas, 1986, págs. 93 y sigs. Esteban Pujals, El pensamiento político de Edmund Burke, Editora Nacional, Madrid, 1954, págs. 32 y sigs.

25. Gaspar Melchor de Jovellanos, «Tratado teórico-práctico», en Obras, tomo 46, Atlas, Madrid, 1956, págs. 253.

26. Gaspar Melchor de Jovellanos, «Informe sobre la Ley Agraria», en Obras, tomo 86, Atlas, Madrid, 1956, págs. 49 y sigs. Sobre este tema, véase también Fernando Baras Escolá, El reformismo político de Jovellanos (Nobleza y poder real en la España del siglo XVIII), Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1993.

27. Gaspar Melchor de Jovellanos, «A desconocida persona», en Obras publicadas e inéditas, tomo 50, Ribadeneyra, Madrid, 1952, pág. 367.

28. Gaspar Melchor de Jovellanos, «Informe…», en ob. cit., págs. 457 y sigs.

29. José Jiménez Lozano, «La percepción castiza del ilustrado», en Friedrich Niewöhner y Manuel Reyes-Mate (coords.), La Ilustración en España y Alemania, Anthropos, Barcelona, 1989, págs. 143 y sigs.

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31. Ibíd., págs. 795 y sigs.

32. Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Ariel, Barcelona, 1990, págs. 359 y sigs.

33. François Lopez, ob. cit., págs. 821 y sigs.

34. Francisco Puy, El pensamiento tradicional en la España del siglo XVIII, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1966, págs. 56 y sigs. Francisco Sánchez-Blanco, ob. cit., págs. 256 y sigs.

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36. Sobre esta obra, véase Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Alianza, Madrid, 1994, págs. 125 y sigs. François Lopez, ob. cit., págs. 869 y sigs. Luis Sánchez Agesta, El pensamiento político del despotismo ilustrado, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, págs. 262 y sigs.

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38. Antonio Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, Alianza, Madrid, 1996, págs. 84 y sigs.

39. Miguel Batllori, La cultura hispanoitaliana de los jesuitas expulsos, Gredos, Madrid, 1966, págs. 99 y sigs.

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41. Sobre Forner, véase François Lopez, Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVIII siécle, Université de Lille, Lille, 1977. José Antonio Maravall, «El sentimiento de nación en el siglo XVIII. La obra de Forner», en ob. cit., págs. 42-60.

42. Teófanes Egido, «Los antiilustrados españoles», en Friedrich Niewöhner y Manuel Reyes-Mate (coords.), La Ilustración en España y Alemania, Anthropos, Barcelona, págs. 115 y sigs.

43. Véase María Victoria López-Cordón, «Predicación e inducción política en el siglo XVIII: Fray Diego de Cádiz», en Hispania, núm. 138, 1978, págs. 71 y sigs. Guillermo García Pérez, La economía y los reaccionarios, Edicusa, Madrid, 1974, págs. 75 y sigs.

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45. Véase Javier Varela, «La élite ilustrada ante las nuevas ideas: actitudes y contradicciones», en Enrique Moral Sandoval (dir.), España y la Revolución francesa, Pablo Iglesias, Madrid, 1989, págs. 58 y sigs.

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49. Javier Varela, Jovellanos, Alianza, Madrid, 1988, págs. 95 y sigs.

50. Véase Alberto Gil Novales, «Burke en España», ob. cit., págs. 91-92.

51. Javier Varela, «La élite…», ob. cit., pág. 68.

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53. Esteban Pujals, El pensamiento político de Edmund Burke, Editora Nacional, Madrid, 1954, págs. 46-47.

54. Carlos Seco Serrano, Godoy. El hombre y el político, Espasa-Calpe, Madrid, 1979, págs. 50-51. Emilio La Parra, Manuel Godoy, Tusquets, Barcelona, 2015.

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56. Carlos Seco Serrano, ob. cit., págs. 75 y sigs. Victoria López-Cordón, ob. cit., págs. 117 y sigs.

57. Carlos Seco Serrano, ob. cit., págs. 121 y sigs.

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72. Javier Varela, Jovellanos, ob. cit., págs. 212-214.

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79. Ibíd., págs. 19-20.

80. Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, ob. cit., 271 y sigs. Federico Suárez, Las Cortes de Cádiz, ob. cit., págs. 55 y sigs.

81. Juan Manuel Cuenca Toribio, Don Pedro de Inguanzo y Rivero. Ultimo prelado del Antiguo Régimen, Eunsa, Pamplona, 1965, págs. 87 y sigs. Los tradicionales editaron un Diccionario razonado. Manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España, Cádiz, 1811, donde criticaban el conjunto de los planteamientos liberales. La obra ha sido reeditada recientemente, con una introducción de Marieta Cantos Casemare, Sevilla, 2021.

82. Federico Suárez, Las Cortes…, ob. cit., págs. 75 y sigs.

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93. Sobre esta discusión, véase José Fernández de la Cigoña, El liberalismo y la Iglesia española. Historia de una persecución, vol. II: Las Cortes de Cádiz, Fundación Elías de Tejada, Madrid, 1996, págs. 194-237.

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105. Brian R. Hamnett, ob. cit., pág. 207. Emilio La Parra, Fernando VII, Tusquets, Barcelona, 2018.

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114. Antonio Elorza, ob. cit., pág. 610.

115. Ibíd., pág. 612. Manuel Morán, ob. cit., págs. 294-295.

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16. José Madariaga y Ángel Tamayo, ob. cit., págs. 667-668.

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14. Ibíd., págs. 324 y sigs.

15. Benito García de los Santos, Vida de Balmes, ob. cit., 1848, pág. 440.

16. Jaime Balmes, Obras completas, tomo VII, ob. cit., 1950, pág. 129.

17. Ibíd., tomo VI, pág. 381.

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19. Ibíd., pág. 461.

20. Jaime Balmes, El protestantismo…, ob. cit., págs. 475-476.

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24. DSC, 30 de octubre de 1844.

25. DSC, 16 de noviembre de 1844. Ángel Garrorena, ob. cit., págs. 131 y sigs.

26. DSC, 1844-1845, págs. 488-489.

27. DSC, 18 de noviembre de 1844.

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17. DSC, 6 de noviembre de 1871. Antonio Cánovas del Castillo, Discursos parlamentarios, ob. cit., págs. 192 y sigs.

18. DSC, 6 de noviembre de 1871, Antonio Cánovas del Castillo, Discursos parlamentarios, ob. cit., pág. 178.

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20. Antonio Cánovas del Castillo, «Soberanía popular y democracia», en Discursos en el Ateneo, ob. cit., pág. 213.

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23. DSC, 17 de julio de 1889, 6 de junio de 1870.

24. DSC, 21 de febrero de 1861.

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29. DSC, 8 de abril de 1869.

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34. DSC, 8 de abril de 1869, 3 de noviembre de 1871. Antonio Cánovas del Castillo, Discursos parlamentarios, ob. cit., págs. 73 y sigs., y 163 y sigs.

35. DSC, 8 de abril de 1869, 6 de noviembre de 1871. Antonio Cánovas del Castillo, Discursos parlamentarios, ob. cit., págs. 7 y 185.

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41. DSC, 15 de diciembre de 1881.

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53. DSC, 6 de abril de 1876.

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66. Ignacio de Hoces, De progresista a carlista. Cándido Nocedal, ob. cit., págs. 577 y sigs. José Luis Agudín Menéndez, El Siglo Futuro (1914-1936), órgano del Integrismo y de la Comunión Tradicionalista, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2021. María Obieta Villalonga, Los integristas guipuzcoanos, 1888-1898, Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria, Guipúzcoa, s/f.

67. Domingo Benavides, Democracia y cristianismo en la España de la Restauración, Editora Nacional, Madrid, 1978, págs. 39 y sigs.

68. Véase Joaquín Fernández, El Zar de Asturias. Alejandro Pidal y Mon (1846-1913), Universidad de Oviedo, Oviedo, 2005.

69. John W. O'Malley, El Vaticano I. El Concilio y la formación de la Iglesia ultramontana, ST, Santander, 2019, págs. 112-114.

70. Alejandro Pidal y Mon, «El Padre Zeferino», en Discursos y artículos literarios, M. Tello, Madrid, 1887, págs. 288-289.

71. Véase Franco Díaz de Cerio, Un cardenal filósofo de la Historia, Roma, 1968.

72. John W. O'Malley, El Vaticano I, ob. cit., págs. 63-65, 103-104, 198 y sigs.

73. Alejandro Pidal y Mon, De la metafísica contra el naturalismo, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1887, pág. 46.

74. «La crisis de la filosofía en España», en La España Católica, núm. 13, 18 de junio de 1874.

75. DSC, 9 de marzo de 1876.

76. Alejandro Pidal y Mon, «Balmes y Donoso Cortés. Orígenes y causas del ultramontanismo», La España del siglo XIX, tomo III, Madrid, 1887, pág. 23.

77. DSC, 16 de junio de 1880.

78. La Ciencia Cristiana, tomo XVI, 1881, págs. 178 y sigs.

79. Domingo Benavides, Democracia y cristianismo, ob. cit., págs. 57 y sigs.

80. José María Magaz, La Unión Católica (1881-1885), Instituto de Historia Eclesiástica, Roma, 1990.

81. Reglamento General de la Unión Católica aprobado por la Junta Superior Directiva, Madrid, 1881, págs. 5-6 y 12. Revista de Madrid, tomo I, Madrid, 1881, pág. 91.

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83. «La Unión Católica y el nuevo Gobierno», El Fénix, 1 de marzo de 1881. «Por donde llega la muerte», El Fénix, 2 de marzo de 1881.

84. Revista de Madrid, tomo I, Madrid, 1881, pág. 167.

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88. Félix Sardá y Salvany, El liberalismo es pecado, Barcelona, 1885, págs. 8-9, 29-30, 86-87.

89. Zeferino González, Historia de la Filosofía, tomo IV, Madrid, 1887, págs. 327 y sigs. Estudios sobre la Filosofía de Santo Tomás, tomo III, Madrid, 1887, págs. 405 y sigs. «La economía política y el cristianismo», en Estudios científicos, filosóficos y sociales, tomo II, Madrid, 1873, págs. 9-10.

90. Constantino Lascaris Conmeno, Eduardo Hinojosa, político e historiador del Derecho, Publicaciones Españolas, Madrid, 1954.

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98. Véase Mónica Burguera, Las damas del liberalismo respetable. Los imaginarios sociales del feminismo liberal en España (1834-1850), Cátedra, Madrid, 2012. Anna Caballé, Concepción Arenal, Taurus, Madrid, 2020. Alba González Sanz, Contra la destrucción teórica. Teorías feministas en la España de la modernidad, ob. cit., págs. 340 y sigs.

99. Véase Rebeca Arce Pinedo, Dios, Patria y Hogar. La construcción social de la mujer española por el catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX, Universidad de Cantabria, Santander, 2008, págs. 33-35, 38, 40 y sigs.

100. Véase Isabel Burdiel, Emilia Pardo Bazán, Taurus, Madrid, 2019.

101. Emilia Pardo Bazán, La cuestión palpitante, Trasantier, Madrid, 1989.

102. Emilia Pardo Bazán, Teoría del sistema absoluto, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2016.

103. Emilia Pardo Bazán, La literatura francesa. 1, El romanticismo, La Biblioteca del Laberinto, Madrid, 2014, págs. 77 y sigs.

104. Emilia Pardo Bazán, La mujer española y otros escritos, Cátedra, Madrid, 2018, págs. 88-89, 101-102, 106, 109, 144 y sigs.

105. Véase José Manuel Lucía Mejías, Defensa de lo contemporáneo. Emilia Pardo Bazán, catedrática de la Universidad Central (1916-1921), Ollero y Ramos, Madrid, 2022.

106. José María Jover, «El nacionalismo español, 1854-1874», en Zona abierta, núm. 31, abril-junio de 1984, págs. 4-11. Andrés de Blas Guerrero, Sobre el nacionalismo español, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.

107. Paloma Cirujano Marín, Teresa Elorriaga Planes y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español, 1844-1868, CSIC, Madrid, 1985, págs. 77 y sigs. José Álvarez Junco (coord.), Gregorio de la Fuente, Carolyn Boyd y Eduardo Baker, La historia de España. Visiones del pasado y construcción de identidad. Historia de España, vol. 12, Crítica, Barcelona/Madrid, 2013, págs. 233 y sigs.

108. Jesús Torrecilla, España al revés. Los mitos del pensamiento progresista (1790-1840), Marcial Pons, Madrid, 2019.

109. Antonio Cánovas del Castillo, Bosquejo histórico de la Casa de Austria, ob. cit., pág. 2.

110. Resulta significativo que en la obra de George Peabody Gooch, Historia e historiadores del siglo XIX, tan solo aparezcan dos españoles, Menéndez Pelayo y Modesto Lafuente (G. P. Gooch, Historia e historiadores del siglo XIX, FCE, México, D. F., 1942, págs. 475 y sigs.).

111. Pedro Laín Entralgo, Menéndez Pelayo. Historia de sus problemas intelectuales, Editora Nacional, Madrid, 1944. Marta Campomar, La cuestión religiosa en la Restauración. Historia de los heterodoxos españoles, Universidad de Cantabria, Santander, 1984. Antonio Santoveña, Menéndez Pelayo y las derechas españolas, Universidad de Cantabria, Santander, 1994. Manuel Serrano Vélez, Menéndez Pelayo, un hombre contra su tiempo, Almuzara, Córdoba, 2012.

112. «Historia de los heterodoxos españoles», El Día, 2 de marzo de 1882.

113. Marcelino Menéndez Pelayo, Estudios sobre la prosa del siglo XIX, CSIC, Madrid, 1956, pág. 26.

114. Gumersindo Laverde, Ensayos críticos sobre filosofía, literatura e instrucción pública, Lugo, 1868, págs. 259 y sigs.

115. Marcelino Menéndez Pelayo, La ciencia española, 3 vols., CSIC, Madrid, 1956.

116. Epistolario Morel-Fatio Menéndez Pelayo, Hermanos Bedia, Santander, 1953, págs. 95-96.

117. Epistolario Clarín-Menéndez Pelayo, Hermanos Bedia, Santander, 1953, pág. 75.

118. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, tomo I, BAC, Madrid, 1968, pág. 43.

119. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, tomo II, BAC, Madrid, 1968, págs. 117 y sigs.

120. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de España, Madrid, 1945, págs. 82 y sigs. La ciencia española, tomo II, ob. cit., págs. 82 y sigs.

121. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, tomo II, ob. cit., pág. 341. Estudios sobre la prosa del siglo XIX, ob. cit., págs. 20-21.

122. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, ob. cit., págs. 886-887.

123. Ibíd., págs. 949-950, 992-993.

124. Sobre este concepto, véase Martin Krygier, «Tipología della tradizione», en Intersezioni, núm. 2, agosto de 1985, págs. 244 y sigs.

125. El Siglo Futuro, 12 de abril de 1886.

126. Jordi Canal, «La masonería en el discurso integrista español a fines del siglo XIX; Ramón Nocedal y Romea», en J. A. Ferrer Benimeli (coord.), La masonería, revolución y reacción, tomo II, Diputación de Alicante, Alicante, 1990, págs. 773 y sigs.

127. «Manifestación de la Prensa Tradicionalista», en Ramón Nocedal, Obras. Discursos, tomo II, Madrid, 1907, págs. 1-42.

128. Félix Sardá y Salvany, Cosas del día…, ob. cit., pág. 24.

129. Jordi Canal, «La masonería en el discurso integrista español a fines del siglo XIX», ob. cit., págs. 777-778.

130. Casimiro Martí, «Congresos católicos», en Diccionario de historia eclesiástica de España, tomo I, Madrid, 1972, págs. 604-605.

131. «Deberes de la aristocracia en nuestro tiempo para llevar su misión en las naciones católicas», Crónica del III Congreso Católico Nacional Español, Sevilla, 1893, págs. 113 y sigs. «Necesidad de que la agremiación de las clases obreras esté basada en la religión católica para contrarrestar la propaganda del socialismo y del anarquismo», Crónica del IV Congreso Católico Español, Tarragona, 1894, págs. 204-205.

132. «Impulso por el Dr. Jaime Balmes a los modernos estudios sociológico», en Crónica del IV Congreso Católico Español, ob. cit., págs. 120-121.

133. «Sobre la unión de España y de los pueblos de toda América española para el desarrollo de los intereses católicos», en Crónica del III Congreso Nacional Español, págs. 174 y sigs.

134. «Misión civilizadora de la Iglesia católica y de la nación española en el descubrimiento del Nuevo Mundo», Crónica del III Congreso Nacional Español, págs. 222 y sigs.

135. José Luis López Aranguren, Moral y sociedad, Edicusa, Madrid, 1974, págs. 163 y sigs.

136. «La doctrina de la evolución de las modernas escuelas científicas», en Revista Contemporánea, XXI, 1879, págs. 55 y sigs.

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139. Juan José Gil Cremades, El reformismo español, ob. cit., págs. 319 y sigs.

140. Montserrat Figueres Pamies, El pensamiento filosófico-jurídico de Manuel Durán i Bas, tesis doctoral, Barcelona, 1981, págs. 31 y sigs.

141. Ibíd., págs. 44-45, 14-15, 52-53.

142. Juan Bautista Solervicens, Manuel Durán i Bas, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1965, págs. 64-66.

143. Antonio Cánovas del Castillo, «El juicio por jurado y el partido liberal-conservador», en Problemas contemporáneos, tomo III, ob. cit., págs. 198-199.

144. DSC, 18 de noviembre de 1889.

145. DSC, 15 de noviembre de 1889.

146. Véase Antonio María Calero, «La prerrogativa regia en la Restauración. Teoría y práctica», en Revista de Estudios Políticos, núm. 55, enero-marzo de 1987, págs. 312 y sigs. Del mismo autor, «Los precursores de la Monarquía democrática», en La España de la Restauración, Madrid, 1985, págs. 20 y sigs.

147. DSC, 17 de enero de 1884.

148. Antonio Cánovas del Castillo, Problemas contemporáneos, tomo II, ob. cit., págs. 491 y sigs.

149. Antonio Cánovas del Castillo, «Concepto de nación», en Discursos en el Ateneo, ob. cit., pág. 144.

150. Antonio Cánovas del Castillo, «Estudios económico-sociales», en Problemas contemporáneos, tomo III, ob. cit., pág. 338.

151. Véase Alberto Martín Artajo y Máximo Cuervo, Doctrina social católica. De León XIII a Pío XI, Labor, Barcelona, 1933.

152. Feliciano Montero, Rerum novarum. Escriture, contenue et reception d'une encyclique, École Française de Rome, Roma, 1997, pág. 431.

153. Antonio Cánovas del Castillo, «La cuestión obrera y su nuevo carácter», en Discursos en el Ateneo, ob. cit., págs. 226 y sigs. «De los resultados de la Conferencia de Berlín y del estado social de la cuestión obrera», en Problemas contemporáneos, tomo III, ob. cit., págs. 535 y sigs.

154. Feliciano Montero, El primer catolicismo social y la Rerum novarum en España (1891-1902), Gredos, Madrid, 1982, págs. 75-78.

155. «El liberalismo y los pobres», El Siglo Futuro, 5 de enero de 1891.

156. Florentino del Valle, El Padre Antonio Vicent S. J. y la Acción Social Católica, Editorial Bibliográfica Española, Madrid, 1947.

157. Antonio Vicent, Socialismo y anarquismo, Narcea, Madrid, 1972.

158. José Andrés-Gallego, Un 98 distinto. Restauración, desastre, regeneracionismo, Encuentro, Madrid, 1998, págs. 230 y sigs.

159. DSC, 13 de julio de 1893. Antonio María Fabié, ob. cit., págs. 312 y sigs.

160. Carlos Serrano, Final de Imperio. España, 1895-1898, Siglo XXI, Madrid, 1984, págs. 64 y sigs.

161. «Juicio de Dios», El Siglo Futuro, 9 de julio de 1897.

162. Citado en Melchor Ferrer, Historia del Tradicionalismo Español, tomo XXVIII, Editorial Católica, Sevilla, 1959, pág. 220.

163. «Duelo nacional», La Unión Católica, 9 de agosto de 1897.

164. Charles Maurras, «Cánovas del Castillo», en Dictionnaire politique et critique, tomo I, Cité des Livres, París, 1931, pág. 233.

165. Alejandro Pidal y Mon, Discurso en el Círculo Conservador, Madrid, 1897, pág. 46.

1. Manuel Tuñón de Lara, España, la quiebra del 98 (Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo), Sarpe, Madrid, 1986, pág. 13. En el mismo sentido se pronuncia, aunque desde una perspectiva distinta, Gonzalo Fernández de la Mora, en Ortega y el 98, Rialp, Madrid, 1979, págs. 67-68. Vicente Cacho Viu, Repensar el 98, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997.

2. Jesús Pabón, «El 98, acontecimiento internacional», en Días de ayer. Historia e historiadores contemporáneos, Alpha, Barcelona, 1963.

3. H. Stuart Hughes, Conciencia y sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo, 1890-1930, Aguilar, Madrid, 1972, págs. 25 y 55. Fritz Stern, Politique et désespoir. Les ressentiments contre la mondernité dans L'Allemagne phrehitlerienne, Armand Colin, París, 1990, págs. 29 y sigs.

4. Sobre Maurras y su ideología véase Pierre Boutang, Maurras, Plon, París, 1994. Victor Nguyen, Aux origines de L'Action Française. Intelligence et politique á láube du XX siècle, París, 1991. Eugen Weber, L'Action Française, Fayard, París, 1985. Sobre Barrés, véase Albert Thibaudet, La vie de Maurice Barrés, Novelle Revue Française, París, 1921. Zeev Sternhell, Maurice Barrés et le nationalisme français, Les Presses de Sciences Po, París, 1973.

5. Véase Carlos Ferrao, O Integralismo Lusitano e a Republica (Autopsia dum mito), Inquerito, Lisboa, 1964. Leao Ramos Ascensao, O Integralismo Lusitano, Edições Gama, Oporto, 1943. Jesús Pabón, La revolución portuguesa, tomo II, Espasa-Calpe, Madrid, 1944, págs. 273 y sigs. Conde de Santibáñez del Río, Portugal y el hispanismo, Sindicato de Publicidad, Madrid, 1920.

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8. George L. Mosse, La nacionalización de las masas, Marcial Pons, Madrid, 2004.

9. Joaquín Romero Maura, La Rosa de Fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, RBA, Madrid, 1989, págs. 13 y sigs. José Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), ob. cit., págs. 319 y sigs.

10. Oligarquía y caciquismo. Urgencia y modo de cambiarla, tomo II, Informes y testimonios (1902), Madrid, 1975, págs. 11-12.

11. Ibíd., págs. 391-392.

12. Ibíd., págs. 157 y sigs.

13. Ibíd., pág. 209.

14. Ibíd., pág. 198.

15. Ibíd., pág. 81.

16. Véase Melchor Fernández Almagro, «Polavieja», en En torno al 98. Política y literatura, Ediciones Jordán, Madrid, 1948, págs. 49 y sigs. Carmen Gallego Fresnillo, Estudio historiográfico del general Polavieja, Memoria de licenciatura inédita, Madrid, 1995. José Andrés-Gallego, «Regeneracionismo y política confesional», en Archivo Hispalense, núm. 166, 1971, págs. 52 y sigs. Joaquín Romero Maura, La Rosa de Fuego, ob. cit., págs. 13 y sigs.

17. José Andrés-Gallego, «Regeneracionismo y política confesional», ob. cit., págs. 55 y sigs. Melchor Ferrer, Historia del tradicionalismo español, tomo XXVIII, vol. I, ob. cit., págs. 232 y sigs.

18. José Andrés-Gallego, «Regeneracionismo y política confesional», ob. cit., págs. 72 y sigs. Melchor Fernández Almagro, «Polavieja», ob. cit., pág. 43.

19. Véase E. Tapia, Francisco Silvela, gobernante austero, Afrodisio Aguado, Madrid, 1968. Félix de Llanos y Torriglia, «Notas», en Francisco Silvela, Artículos. Discursos. Cartas, tomo I, Mateu, Madrid, 1922. Florentino Portero, «Francisco Silvela, jefe del conservadurismo español», en Revista de Historia Contemporánea, núm. 2, diciembre de 1983, págs. 147 y sigs. Luis Arranz, Francisco Silvela, FAES, Madrid, 2008.

20. Francisco Silvela, «El catolicismo y Spencer», en Artículos. Discursos. Conferencias. Cartas, tomo III, ob. cit., págs. 177 y sigs.

21. Francisco Silvela, «La propiedad y las cuestiones sociales», ob. cit., págs. 450 y sigs.

22. Florentino Portero, «Francisco Silvela, jefe del conservadurismo español», ob. cit., págs. 155 y sigs.

23. Ibíd., pág. 159. José Andrés-Gallego, «Regeneracionismo y política confesional», ob. cit., págs. 58 y sigs.

24. Carlos Seco Serrano, «Regeneracionismo y tensiones sociales (En torno al Gobierno Silvela de 1899 a 1900)», en Revista de la Universidad Complutense. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea. Homenaje a Don Jesús Pabón, julio-septiembre de 1978, págs. 221 y sigs.

25. José Varela Ortega, Los amigos políticos, ob. cit., págs. 324 y sigs.

26. José Andrés-Gallego, «Regeneracionismo y política confesional», ob. cit., págs. 104 y sigs. Carlos Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Rialp, Madrid, 1979, págs. 72 y sigs.

27. Feliciano Montero García, Orígenes y antecedentes de la previsión social, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1988, págs. 142 y sigs. Carlos Seco Serrano, Semblanza política y humana de un estadista de la Restauración, Eduardo Dato, a través de su archivo, Real Academia de la Historia, Madrid, 1978, págs. 45 y sigs.

28. Carlos Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, ob. cit. Guillermo Cortázar, Alfonso XIII, hombre de negocios, Alianza, Madrid, 1986. Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Taurus, Madrid, 2001. Javier Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII. Un político en el trono, Marcial Pons, Madrid, 2004.

29. Melchor Almagro San Martín, Crónica de Alfonso XIII y su linaje, Ediciones Atlas, Madrid, 1946, págs. 146 y sigs.

30. En este sentido, se insistido mucho en la influencia que pudo ejercer en su pensamiento y en sus actitudes la figura del padre Fernández Montaña, integrista, expositor del «Syllabus» y biógrafo de Felipe II. También resultan interesantes, como síntoma y testimonio, los ejercicios espirituales que el joven monarca recibió en 1902 del célebre padre Luis Coloma, en los que la realeza aparecía como fruto de la gracia divina, y la potestad real tan solo estaba limitada por Dios y el Bien Común. Por el contrario, Coloma establecía que uno de los mayores enemigos de la monarquía eran «los políticos», al lado de los «palaciegos» (Luis Coloma, Ejercicios espirituales dados en abril de 1902 a S. M. el Rey Don Alfonso XIII antes de cumplir su mayoría de edad, Talleres de Unión Poligráfica, Madrid, 1935, págs. 43 y sigs.).

31. Véase José María García Escudero, «¿Rey autoritario, o Rey constitucional?», en Historia y Vida, núm. 56, noviembre de 1972, págs. 52 y sigs.

32. César Silió, Vida y empresas de un gran español: Maura, Espasa-Calpe, Madrid, 1934. Javier Tusell, Antonio Maura. Una biografía política, Alianza, Madrid, 1994. Mercedes Cabrera, «Antonio Maura», en J. Antón y M. Caminal, Pensamiento político en la España contemporánea, 1800-1950, Trotta, Barcelona, 1992, págs. 453 y sigs. María Jesús González Hernández, El universo conservador de Antonio Maura, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997.

33. Archivo Antonio Maura, legajo 378. Pedro Carlos González Cuevas, «El pensamiento socio-político de la derecha maurista», en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CXC, cuaderno III, Madrid, 1993, págs. 365 y sigs.

34. Antonio Maura, Estudios jurídicos, Madrid, 1916, págs. 28-29. Conferencia resumen pronunciada en el Teatro Real de Madrid el día 22 de abril de 1915, Madrid, 1915, págs. 19 y sigs. Pedro González Cuevas, «El pensamiento socio-político de la derecha maurista», ob. cit., págs. 375 y sigs.

35. Ibíd., pág. 28.

36. Antonio Maura, Treinta y cinco años de vida pública, Biblioteca Nueva, Madrid, 1953, pág. 488.

37. Ibíd., págs. 290-291.

38. Archivo Antonio Maura, legajo 115, 11 y 16 de marzo de 1901.

39. Antonio Maura, Treinta y cinco años de vida pública, ob. cit., págs. 300-301.

40. Véase Javier Tusell y Diego Chacón Ortiz, La reforma de la Administración Local en España (1900-1936), INAP, Madrid, 1973.

41. Véase Teresa Carnero, «Política sin democracia en España», en Revista de Occidente, núm. 83, abril de 1988.

42. Jesús Pabón, Cambó, tomo I, Alpha, Barcelona, 1952, págs. 129 y sigs.

43. María Dolores Gómez Molleda, Los reformadores de la España contemporánea, CSIC, Madrid, 1982, págs. 471 y sigs. Manuel Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea, Tecnos, Barcelona, 1991, págs. 264 y sigs. Joan Connelly Ullman, La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912), Ariel, Barcelona, 1972, págs. 81 y sigs.

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133. Fidel Gómez Ochoa, El Gobierno de concentración en el pensamiento y la acción política de Antonio Maura (1918-1922), ob. cit., págs. 248 y sigs.

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158. ABC, 3 de enero de 1925.

159. El Correo Catalán, 27 de septiembre de 1923.

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1. Véase Shlomo Ben Ami, La Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Planeta, Barcelona, 1983. María Teresa González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio militar, Revista de Occidente, Madrid, 1987. José Luis Gómez Navarro, El régimen de Primo de Rivera, Cátedra, Madrid, 1991. Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria, 1923-1930, Alianza, Madrid, 2005. Juan Manuel Vera Santos, Primo de Rivera (1923-1930): de la monarquía decadente a la «deseada» república, Depalma, Madrid, 2019.

2. Carl Schmitt, La dictadura, Alianza, Madrid, 1968.

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4. José María Salaverría, El instante dramático, Espasa-Calpe, Madrid, 1934, pág. 17. En el mismo sentido, véase Emilio Rodríguez Tarduchy, Psicología del dictador, Imp. Sáez Hermanos, Madrid, 1929, págs. 43 y sigs.

5. Epistolario de la Nobleza Española, Madrid, 1916, págs. 97 y sigs.

6. Miguel Primo de Rivera, El pensamiento de Primo de Rivera. Sus notas, artículos y discursos, Imp. Sáez Hermanos, Madrid, 1929, págs. 19, 33, 68 y sigs.

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8. Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles (1940), Tusquets, Barcelona, 2001, pág. 44. Un historiador simpatizante del anarquismo como Chris Ealham señala que Primo de Rivera no quiso ejercer una «represión feroz» sobre los sindicalistas. Véase La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto, 1898-1937, Alianza, Madrid, 2005, pág. 102.

9. Véase Francisco de Luis Martín, Pablo Iglesias. Muerte y memoria de un mito, Almuzara, Córdoba, 2021, págs. 183 y sigs.

10. Según señala José María de Areilza, el rechazo del maurista José Félix de Lequerica, futuro ministro de Franco, respecto a la dictadura fue por motivos de estilo. Véase José María de Areilza, «José Félix de Lequerica», en Así los he visto, Planeta, Barcelona, 1974, págs. 74 y sigs.

11. Archivo Antonio Maura, legajo 18, s/f.

12. María Teresa González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera, ob. cit., págs. 240 y sigs. E. Orduña Rebollo, «La Administración española en el siglo XX», en Antonio Morales Moya (coord.), La organización del Estado, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2001, págs. 68-70.

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14. María Teresa González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera, ob. cit., págs. 170 y sigs.

15. Aurelio Joaniquet, Alfonso Sala y Argemí, conde de Egara, ob. cit., págs. 223 y sigs. Shlomo Ben Ami, La Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, ob. cit., págs. 133 y sigs.

16. Véase José Luis Gómez Navarro, «La Unión Patriótica: análisis de un partido del poder», en Estudios de Historia Social, núms. 32-33, enero de 1987, págs. 152 y sigs.

17. Fernando del Rey Reguillo y Eduardo González Calleja, La defensa armada contra la revolución, ob. cit., págs. 135 y sigs.

18. Miguel Primo de Rivera, El pensamiento de Primo de Rivera…, ob. cit., págs. 51 y sigs.

19. Véase Carlos Gregorio Hernández Hernández, Manuel Delgado Barreto (1878-1936), tesis doctoral, Madrid, 2016, págs. 494 y sigs.

20. Gino Germani, Política y sociedad en una época de transición, Paidós, Buenos Aires, 1979, págs. 79 y sigs.

21. José María Pemán, El hecho y la idea de la Unión Patriótica, Imp. Sáez Hermanos, Madrid, 1929, págs. 135 y sigs. José Pemartín, Los valores históricos en la Dictadura española, Arte y Ciencia, Madrid, 1929, págs. 215 y sigs.

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60. Véase Estatuto Nobiliario, Madrid, 1945.

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73. Véase Antonio M. López García, Ángel Ossorio y Gallardo. Biografía política de un conservador heterodoxo, ob. cit., págs. 153 y sigs.

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77. Carlos Seco Serrano, «El cerco de la Monarquía…», ob. cit., págs. 238 y sigs. Miguel Martorell, José Sánchez Guerra…, ob. cit., págs. 185 y sigs.

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118. Santos Juliá, «De cómo Madrid se volvió republicano», en José Luis García Delgado (dir.), Los orígenes culturales de la Segunda República, Siglo XXI, Madrid, 1993, págs. 337 y sigs.

119. Gabriel Maura, Dolor de España. Madrid, 1932, págs. 71, 101 y sigs.

1. Véase Manuel Zafra Víctor, Manuel Azaña. República antes que democracia. Más razones que votos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2021.

2. Véase Santos Juliá, Introducción a Diarios completos, de Manuel Azaña, Crítica, Barcelona, 2004, págs. XXXVII y sigs.

3. Manuel Azaña, Tres generaciones del Ateneo, Imp. Sáez Hermanos, Madrid, 1930.

4. Citado en Manuel Ramírez Jiménez, La legislación de la Segunda República (1931-1936), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pág. 11.

5. Luis Araquistáin, Prólogo a Discursos a los trabajadores, de Francisco Largo Caballero, Madrid, 1934, pág. 18. Según señala Manuel Azaña en sus Diarios, Araquistáin y otro socialista, Juan Negrín, eran partidarios de «una dictadura bajo formas de apariencia democrática que haga posible la preparación del pueblo para el futuro» (Manuel Azaña, 28 de agosto de 1931, en Diarios completos, ob. cit., pág. 245).

6. Sobre el concepto de «revolución legal», véase Carl Schmitt, La revolución legal mundial, Revista de Estudios Políticos, Madrid, 2014.

7. Boletín Oficial del Estado, 1 de junio de 1931.

8. El Socialista, 3 de junio de 1931.

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12. Véase Nigel Towson, La República que no pudo ser: la política de centro en España (1931-1936), Taurus, Madrid, 2002.

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14. El Debate, 15 de abril de 1931.

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20. ABC, 5 de mayo de 1931.

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31. «Manifiesto», El Sol, 10 de febrero de 1931.

32. José Ortega y Gasset, Rectificación de la República, Revista de Occidente, Madrid, 1973, págs. 68 y 70.

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35. José Ortega y Gasset, Rectificación…, ob. cit., pág. 33.

36. Crisol, 14 de mayo de 1931.

37. ABC, 6 de junio de 1931.

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48. DSC, 30 de septiembre de 1931.

49. Ibíd.

50. DSC, 1 de octubre de 1931.

51. Margarita Nelken, La condición social de la mujer en España (1919), Horas y Horas, Madrid, 2013, págs. 132-133. La mujer en las Cortes Constituyentes, Renacimiento, Madrid, 1931, pág. 56.

52. Véase Juan M. Álvarez, «Francisca Bohigas, una diputada de derechas en la Segunda República», en Historia 16, núm. 359, 2005, págs. 88-103. Francisco Vázquez Hidalgo, Nueve mujeres en las Cortes de la Segunda República. El perfil humano de las primeras diputadas españolas, Ediciones Áltera, Madrid, 2015, págs. 111-121.

53. DSC, 11 de noviembre de 1931 y 19 de noviembre de 1931.

54. Marcel Gauchet, La religión en la democracia, El Cobre, Madrid, 2003, págs. 63 y sigs.

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58. DSC, 13 de octubre de 1931.

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60. Ortega y Gasset, «Proyecto de Constitución», en Rectificación…, ob. cit., págs. 111 y sigs.

61. Véase Santos Juliá Díaz, La Constitución de 1931, Iustel, Madrid, 2007. Manuel Ramírez Jiménez (ed.), La legislación de la Segunda República española (1931-1936), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, págs. 51 y sigs., 139 y sigs.

62. Véase Antonio Jiménez-Landi Martínez, Breve historia de la Institución Libre de Enseñanza, Tebar, Madrid, 2011, págs. 136-142. Véase, en este sentido, Manuel Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003.

63. El Debate, 15 de octubre de 1931.

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67. Véase Carolyn Boyd, Historia patria. Política, historia e identidad nacional, 1875-1975, Pomares, Barcelona, 2000, págs. 175 y sigs.

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69. Miguel Artola Blanco, El fin de la clase ociosa. De Romanones al estraperlo, 1900-1950, ob. cit., págs. 187-188.

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77. «Un aldabonazo», Crisol, 9 de septiembre de 1931.

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79. Ortega y Gasset, Rectificación…, ob. cit., págs. 111 y sigs.

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82. Juan Avilés, «La derecha republicana, 1930-1935», ob. cit., pág. 92.

83. Antonio Goicoechea, Posición de las derechas ante el momento actual, Madrid, 1931, pág. 20.

84. Ángel Herrera Oria, Obras selectas, ob. cit., págs. 36 y sigs.

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88. ABC, 11 de enero de 1931.

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92. Inserto en Juan Monge Bernal, Acción Popular (Estudios de biología política), Madrid, 1936, págs. 163-164.

93. Véase VV. AA., En el cincuentenario de la muerte de Luis Lucia. La derecha católica en los años treinta, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1996, págs. 105-178. Javier Tusell, Historia de la Democracia Cristiana en España. I. La CEDA y la Segunda República, Sarpe, Madrid, 1974, págs. 149 y sigs. Rafael Valls, La derecha regional valenciana, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992. Vicente Comes, En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943), Biblioteca Nueva, Madrid, 2013.

94. Rafael Valls, La derecha regional…, ob. cit., págs. 117-130.

95. Véase María Fernanda Mancebo, «La derecha católica en la Universidad», en Cincuentenario de la muerte de Luis Lucia…, ob. cit., págs. 147 y sigs.

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97. Véanse Miguel Ángel Mateos Rodríguez, «Formación y desarrollo de la derecha católica en la provincia de Zamora durante la Segunda República»; Pablo Pérez López, «La derecha vallisoletana ante la proclamación de la II República: el fracaso de una modernización política», y Carlos Rodríguez López Brea, «Dos claves de la política de Acción Popular durante la Segunda República: agrarismo y catolicismo. El ejemplo de Toledo», en Javier Tusell et al., Estudios sobre la derecha española contemporánea, ob. cit., págs. 445-466. 485-501 y sigs.

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99. Véase Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), ob. cit.

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109. Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, tomo I, Editora Nacional, Madrid, 1968, pág. 251.

110. Véase José Gutiérrez-Ravé, España en 1932. Anuario, Madrid, 1933, págs. 92-93.

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113. Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española…, ob. cit., págs. 165-172.

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117. El Debate, 8 de octubre de 1932.

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121. Juan Esteirich, Catalanismo y reforma hispánica, Montaner y Simón, Barcelona, 1932.

122. Acción Española, núm. 17, 16 de noviembre de 1932, pág. 451.

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124. Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española…, ob. cit., págs. 173 y sigs.

125. Ibíd., págs. 175-176.

126. ABC, 20 de diciembre de 1932.

127. «Hacia un frente español contrarrevolucionario», Acción Española, núm. 21, 16 de enero de 1933. ABC, 13 de enero de 1933.

128. Véase José María Gil Robles, No fue posible la paz, ob. cit., págs. 860 y sigs.

129. Véase Julio Gil Pecharromán, Renovación Española. Una alternativa monárquica a la Segunda República, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1985.

130. ABC, 31 de enero de 1933.

131. Jesús Pabón, Palabras en la oposición, Sevilla, 1935, pág. 209.

132. José María Gil Robles, No fue posible la paz, ob. cit., págs. 810 y sigs.

133. José Ramón Montero, La CEDA…, ob. cit., tomo I, págs. 290 y sigs.

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158. Archivo del conde de los Andes, 25 de octubre de 1943.

159. José María Gil Robles, La monarquía…, ob. cit., pág. 362.

160. Archivo del conde de los Andes, 25 de octubre de 1943.

161. Pedro Sainz Rodriguez, Un reinado…, ob. cit., págs. 362 y sigs.

162. Ibíd., págs. 365 y sigs.

163. Archivo Gabriel Maura, legajo 122, s/f.

164. Archivo Gabriel Maura, legajo 122, 11 de abril de 1945.

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4. Archivo del conde de los Andes, 12 de octubre de 1945.

5. Archivo del conde de los Andes, s/f.

6. Archivo del conde de los Andes, 10 de junio de 1959.

7. Archivo Gabriel Maura, legajo 122, 28 de febrero de 1946.

8. Leyes Fundamentales del Reino, Madrid, 1971, págs. 40 y sigs. Carl Schmitt se jactaba de haber aconsejado a su discípulo Conde y al propio Franco de restaurar la monarquía como poder legítimo, de hacer una «corona» (Carl Schmitt, Glossarium. Acotaciones desde 1947 hasta 1958, El Paseo Editorial, Madrid, 2021, págs. 161-162.

9. Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado…, ob. cit., págs. 325 y sigs.

10. Archivo Gabriel Maura, legajo 122, 10 de abril de 1947.

11. Archivo Gabriel Maura, legajo 122, s/f.

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13. Archivo del conde de los Andes, s/f.

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30. Un trabajo muy mediocre sobre el tema es el de Mercedes Montero, Historia de ediciones Rialp. Orígenes, contextos, aciertos y errores, Rialp, Madrid, 2019.

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38. Florentino Pérez-Embid, Ambiciones…, ob. cit., págs. 99 y sigs. «Sobre el castellano y España», Arbor, núm. 35, noviembre de 1948, págs. 77 y sigs.

39. «El común influjo de Hegel y Comte en el pensamiento social», Arbor, núm. 66-67, julio-agosto de 1951, págs. 439 y sigs.

40. «Limitaciones económicas de la política social», Arbor, núm. 38, febrero de 1949, pág. 3.

41. «Libertad económica y seguridad social», Arbor, núm. 37, enero de 1949, pág. 15.

42. «El proletariado y el problema social», Arbor, núm. 95, noviembre de 1953, págs. 244 y sigs.

43. «Esquema y ética de la colaboración», Arbor, núm. 91-92, julio-agosto de 1953, pág. 445.

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50. José María Aznar, España. La segunda…, ob. cit., pág. 29.

51. José María Aznar, La España en que yo creo…, ob. cit., pág. 140.

52. José María Aznar, España. La segunda…, ob. cit., pág. 28.

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38. Ignacio Peyró, Ya sentarás la cabeza…, ob. cit., pág. 135.

39. Javier Tusell, El Aznarato…, ob. cit., págs. 279-280, 283.

40. «Historia de un presidente satisfecho», El País, 26 de enero de 2004.

41. Véase Grupo de Estudios Estratégicos, Qué piensan los «neocon» españoles, Ciudadela Libros, Madrid, 2007, págs. 121 y sigs.

42. John Gray, «Los neojacobinos de Washington», en Contra el progreso y otras ilusiones, Paidós, Barcelona, 2004, págs. 155 y sigs.

43. Luis de Grandes, Testigo de un tiempo…, ob. cit., pág. 229.

44. José García Abad, El Maquiavelo de León. Cómo es realmente Zapatero, La Esfera de los Libros, Madrid, 2010, págs. 23-41.

45. Jean Bricmont, La republique des censeurs, L'Herne, París, 2014, págs. 12-13.

46. Véase Ignacio Sotelo, España a la salida de la crisis. La sociedad española dual del capitalismo financiero, Icaria, Barcelona, 2015, págs. 73-74.

47. José García Abad, ob. cit., págs. 210 y sigs. Suso de Toro, Madera de Zapatero, RBA, Barcelona, 2007, págs. 180 y sigs.

48. Suso de Toro, Madera de Zapatero…, ob. cit., págs. 30-33, 152, 155, 157, 164, 167, 207-208, 209.

49. Citado en Santos Juliá, Elogio de la Historia en tiempos de Memoria, Marcial Pons, Madrid, 2011, pág. 147.

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52. ABC, 23 de junio de 2006.

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54. ABC, 5 de julio de 2006.

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82. Sobre este tema, véase Javier Ortiz, Ibarretxe, ob. cit.

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88. García Abad, El Maquiavelo de León…, ob. cit., págs. 134 y sigs.

89. Véase Ignacio Arsuaga y M. Vidal Santos, PZ. Proyecto Zapatero, Hazte Oír, Madrid, 2010.

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91. El Mundo, 22 de junio de 2005.

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100. Véase Jerónimo Molina Cano, Raymond Aron, realista político. Del maquiavelismo a la crítica de las religiones seculares, Sequitur, Madrid, 2013. Contra el mito de Carl Schmitt, Renacimiento, Murcia, 2014.

101. «El Manifiesto contra la Muerte del Espíritu y la Tierra», en El Cultural de El Mundo, 19 de junio de 2002.

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103. Véase Ernesto Milá, Ultramemorias. Retrato pintoresco de 40 años de extrema derecha, 2 vols., ob. cit.

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105. Rodrigo Agulló, Disidencia perfecta. Una aproximación a la Nueva Derecha, Áltera, Madrid, 2011, págs. 38, 117.

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107. Véase al respecto el libro de entrevistas de María del Pilar Amparo Pérez García, Hacia el futuro. Preguntas políticamente incorrectas por España, Buenos Aires, 2003.

108. «La inteligencia de la política. Un primer homenaje a Danilo Castellano», en Verbo, núms. 537-538, agosto-septiembre de 2015.

109. Véase Miguel Ayuso (ed.), La res publica christiana como problema político, Fundación Francisco Elías de Tejada, Madrid, 2014. Miguel Ayuso (ed.), Política católica e ideologías. Monarquía, tecnocracia y democracia, Madrid, 2015.

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111. Gustavo Bueno, El mito de la derecha, Martínez Roca, Madrid, 2008.

112. Gustavo Bueno, España no es un mito. Claves de una defensa razonada, Temas de Hoy, Madrid, 2005. Junto a Santiago Abascal, En defensa de España. Razones para el patriotismo español, Encuentro, Madrid, 2008.

113. Gustavo Bueno, Zapatero y el Pensamiento Alicia. Un presidente en el País de las Maravillas, Temas de Hoy, Madrid, 2006, págs. 10-11, 12, 15, 90 y sigs.

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125. Véase Ignacio Sotelo, España a la salida de la crisis. La sociedad dual del capitalismo financiero, Icaria, Barcelona, 2014.

126. Véase Alejandro Macarrón, El suicidio demográfico español, Homo Legens, Madrid, 2011.

127. Véase Carlo Galli, El malestar de la democracia, FCE, México, D. F., 2013. Danilo Zolo, Democracia y complejidad. Un enfoque realista, Nueva Visión, Buenos Aires, 1994. Guy Hermet, El invierno de la democracia. Auge y decadencia del gobierno del pueblo, Los Libros del Lince, Madrid, 2008.

128. Véase José Miguel Ortí Bordás, Oligarquía y sumisión, Encuentro, Madrid, 2013. Desafección, posdemocracia, antipolítica, Encuentro, Madrid, 2015.

129. Véase Ignacio Torreblanca, Asaltar los cielos. Podemos o la política después de la crisis, Debate, Barcelona, 2015.

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133. Graciano Palomo Cuesta, El hombre impasible. Historia secreta del PP de Rajoy camino del poder, La Esfera de los Libros, Madrid, 2011.

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29. Abascal, Hay un camino…, ob. cit., págs. 140, 141, 137. No me rindo, ob. cit., págs. 83 y sigs.

30. Ibíd., pág. 68.

31. Gonzalo Altozano y Julio Llorente, «Iván Espinosa de los Monteros», en La España Viva, ob. cit., pág. 135.

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39. VOX. La tentación…, ob. cit., págs. 35-36.

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5. El País, 8 de octubre de 2018.

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7. Fernando Sánchez Dragó, Santiago Abascal…, ob. cit., págs. 127-128.

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10. Fernando Sánchez Dragó, Santiago Abascal…, ob. cit., págs. 124, 125, 221, 256.

11. Alicia V. Rubio Calle, Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres. Para entender como nos afecta la ideología de género, 2.ª edición, Madrid, 2017, págs. 5, 14, 16, 18, 19, 29, 49, 59, 188-189, 374, 379-381.

12. Véase José María Ruiz Soroa, «¿Lo que piensa VOX?», en Revista de Libros, 25 de marzo de 2019. José Francisco Serrano Oceja, A la caza del voto católico, ob. cit., pág. 59.

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14. Francisco José Contreras, «Hostilidad anticristiana en España, en ¿Democracia sin religión? El derecho de los cristianos a influir en la sociedad, Stella Maris, Barcelona, 2013, págs. 94-95.

15. Francisco José Contreras, «Por qué la izquierda ataca a la Iglesia», en Nueva izquierda y cristianismo, Encuentro, Madrid, 2012, págs. 25 y sigs.

16. Francisco José Contreras, La fragilidad de la libertad, IVAT, Madrid, 2018, pág. 17.

17. Ibíd., pág. 436. Francisco José Contreras, Liberalismo, catolicismo y ley natural, Encuentro, Madrid, 2013, pág. 221.

18. Ibíd., págs. 41, 237 y sigs.

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20. Francisco José Contreras, Una defensa del liberalismo conservador, Unión Editorial, Madrid, 2018, págs. 21-28.

21. Ibíd., págs. 32, 42, 51, 53, 71, 75, 81, 92, 94.

22. Francisco José Contreras, Liberalismo…, ob. cit., págs. 145-146, 149, 152 y sigs.

23. Ibíd., págs. 67-97. Contra el totalitarismo blando, LibrosLibres, Madrid, 2022, págs. 91 y sigs.

24. Francisco José Contreras, La fragilidad…, ob. cit., págs. 21-39, 115-147, 149 y sigs.

25. Ibíd., págs. 455-456.

26. Jorge Buxadé, Soberanía, IVAT, Madrid, 2021.

27. Fernando Sánchez Dragó, Santiago Abascal…, ob. cit., pág. 43.

28. Véase José Cazorla Pérez, «El clientelismo de partido en la España de hoy», en Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo en la España contemporánea, Siglo XXI, Madrid, 1996, págs. 303-305. Francisco Rosell, Treinta años de nada. Anatomía del régimen andaluz, Almuzara, Sevilla, 2008.

29. Telecinco.es/elprogramadeanarosa/VOX, propuestas.

30. Véase Berta González de Vega, «Autonómicas en Andalucía: ¿A qué votante que estaba huérfano se dirigió VOX para conseguir 12 escaños?», en John Müller, ob. cit., págs. 95-96.

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Historia de la derecha española

Pedro Carlos González Cuevas

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