La historia del siglo XX español contada por el eminente hispanista Paul Preston.

Paul Preston emprende en esta obra el reto más atractivo para cualquier historiador: condensar su objeto de investigación en un manejable libro, reflejo de tantos años de experiencia. Con una concisión abrumadora, estas páginas exponen la historia del siglo XX en España, con el tema subyacente del desajuste entre una población deseosa de progresar y unas elites que no cesan de bloquear sus intentos.

«Un pueblo traicionado» es, en definitiva, una crónica sobrecogedora de la devastadora deslealtad hacia los españoles por parte de su clase política, impasible ante la realidad social del país.

Paul Preston

Un pueblo traicionado

España de 1874 a nuestros días: corrupción, incompetencia política y división social

ePub r1.0

Titivillus 03-02-2020

Título original: A People Betrayed: Corruption, Political Incompetence and Social Divisions, Spain 1874-2014

Paul Preston, 2019

Traducción: Jordi Ainaud

Diseño de la cubierta: Marc Cubillas

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Para Linda Palfreeman

y María Jesús González Hernández.

Prefacio

Un pueblo traicionado:
España, 1874-2014

El filósofo José Ortega y Gasset escribió en 1921: «Empezando por la Monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí mismo. ¿Cuándo ha latido el corazón, al fin y al cabo extranjero, de un monarca español o de la Iglesia española por los destinos hondamente nacionales? Que se sepa, jamás. Han hecho todo lo contrario. Monarquía e Iglesia se han obstinado en hacer adoptar sus destinos propios como los verdaderamente nacionales[1]». En la misma línea, el poeta Antonio Machado, durante la Guerra Civil, le escribió a un amigo ruso, el novelista David Vigodski: «En España lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos —nuestros barinas— invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España, no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo. La demofilia es entre nosotros un deber elementalísimo de gratitud[2]».

En el siglo XIX, los viajeros románticos ingleses expresaron opiniones similares. El más célebre, Richard Ford, autor de A Handbook for Travellers in Spain (1845) y de Gatherings from Spain (1846), retrató a los españoles ordinarios como generosos y nobles, refiriéndose constantemente al mal gobierno y al desgobierno: «La causa real y permanente de la decadencia de España, de la falta de cultivo y de la tristeza y miseria, es el MAL GOBIERNO [sic, en mayúsculas], civil y religioso». Afirmó que, en todos los escalones de la Administración, había déspotas siempre dispuestos a aceptar sobornos[3]. Gerald Brenan se mostró de acuerdo hasta cierto punto: «Hay quien ve en España un país de paradojas, en el que un pueblo dotado de gran independencia de carácter se deja guiar por gobernantes corruptos y arbitrarios». Sin embargo, Brenan puntualiza que dichas críticas de Ford son producto de la imagen idealizada que tenía de Gran Bretaña en la época en que escribió sus obras: «Ford habla mucho del mal gobierno y la pobreza en España, pero en aquellos tiempos, ¿quién no habría preferido ser un bracero español en vez de un minero, un obrero industrial o un jornalero ingleses?»[4].

Esta es otra obra escrita por un historiador británico que ama a España y que se ha pasado los últimos cincuenta años estudiando su historia. Como se deduce del título, el libro se hace eco del espíritu de Richard Ford y de muchos comentaristas españoles como Lucas Mallada, Ricardo Macías Picavea, Joaquín Costa, Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. Pero, aunque se apoya en algunas de las observaciones de Ford, no comparte la interpretación simplista que se desprende de sus comparaciones entre una España oscurantista y una Gran Bretaña ideal. Del mismo modo, aunque aprovecha algunas de las ideas fruto del análisis crítico de los regeneracionistas, no comparte la opinión de Costa de que el problema de España exigiera una solución autoritaria: el «cirujano de hierro». Este libro no pretende insinuar que España sea un caso único por lo que se refiere a la corrupción o a la incompetencia gubernamental: existen otras naciones europeas a las que podrían aplicarse interpretaciones parecidas en diversos momentos históricos. Por ejemplo, mientras escribía el libro, he vivido a diario durante tres años a la sombra del proceso del Brexit en Gran Bretaña. Me ha dolido presenciar cómo una amalgama de mentiras, inepcia gubernamental y corrupción dividía profundamente al país y amenazaba con provocar la desintegración de Reino Unido.

La rica y trágica historia de España puede abordarse desde múltiples perspectivas. En el presente caso, el libro narra las deficiencias de la clase política española. Abarca desde la restauración de los Borbones con Alfonso XII en 1874 hasta el inicio del reinado de su tataranieto Felipe VI en 2014. Su objetivo es ofrecer una historia completa y fiable de España haciendo hincapié en la forma en que el progreso del país se ha visto obstaculizado por la corrupción y la incompetencia política y demostrando que estas dos características han provocado una ruptura de la cohesión social que a menudo se ha tratado y exacerbado mediante el uso de la violencia por parte de las autoridades. Los tres temas aparecen de forma recurrente en las tensiones existentes entre Madrid y Cataluña. Durante la Restauración, y de forma espectacular, con la dictadura de Primo de Rivera, la corrupción institucional y una asombrosa incompetencia política fueron la norma, lo que allanó el camino para la instauración de la primera democracia en España: la Segunda República.

Desde la instauración de la República en 1931 hasta su fin en 1939, la corrupción fue menos tóxica, sobre todo porque la nueva élite política se inspiró en muchas de las propuestas de los regeneracionistas. Esto no quiere decir que la corrupción no existiera. Un personaje recurrente en este libro, el multimillonario Juan March, que estuvo detrás de la corrupción más espectacular de la dictadura de Primo, permaneció activo durante la República, así como en las primeras décadas de la dictadura franquista. Lo mismo ocurrió con Alejandro Lerroux, un político destacado que estaba a sueldo de March. La trayectoria de corrupción descarada de Lerroux alcanzó su punto culminante en 1935, cuando, como presidente del Gobierno republicano, avaló sin recato alguno la instalación de un sistema de ruletas trucadas, una operación escandalosa que dio lugar al término «estraperlo», que se ha convertido en sinónimo de «malversación de caudales».

La victoria del general Franco supuso el establecimiento de un régimen de terror y pillaje que les permitió, a él y a una élite de secuaces, saquear con impunidad, enriqueciéndose, al mismo tiempo que daba rienda suelta a la ineptitud política que prolongó el atraso económico de España hasta bien entrados los años cincuenta. Irónicamente, a lo largo de su vida, Franco expresó un feroz desprecio por la clase política, a la que consideraba responsable de la pérdida del imperio colonial en 1898. En 1941, en un discurso pronunciado ante el Consejo Nacional de la Falange con motivo del quinto aniversario del estallido de la Guerra Civil, Franco proclamó: «Cuando nos asomamos a la vida, […] vimos nuestra infancia presidida por la torpeza de aquellos hombres que abandonaron al extranjero la mitad del territorio patrio[5]». De hecho, algunos de sus propios errores, fruto de su vanidad personal, superarían con creces a los de esos predecesores a los que escarnecía. El hecho de que Franco no tuviera escrúpulo alguno a la hora de situar su determinación de mantenerse en el poder por encima de los intereses nacionales resulta evidente en sus relaciones con el Tercer Reich y, más tarde, con Estados Unidos. Sus planes absurdos para hacerse rico por arte de magia, mediante la alquimia o la gasolina sintética a base de agua, así como el desastre de la autarquía, contribuyeron al atraso de España hasta que en 1959 le convencieron de que dejara en manos de otros la economía.

Al denunciar a los políticos en 1941, Franco no estaba ni mucho menos solo. Con breves intervalos de optimismo, entre 1931 y 1936 y durante la primera década del rey Juan Carlos en el trono, la actitud de los españoles hacia la clase política de su país ha sido a menudo de un desdén que roza el desánimo. El convencimiento de que los políticos son incompetentes y corruptos ha sido una constante habitual en la vida española desde la invasión napoleónica, si no antes. Franco utilizó la retórica sobre los políticos corruptos para justificar una dictadura bajo la cual la corrupción se extendió sin control y fue explotada sin escrúpulos por el propio Caudillo, tanto para su enriquecimiento personal como para manipular a sus partidarios.

El desastre de 1898 no fue más que la confirmación definitiva de un hecho que venía arrastrándose desde hacía casi un siglo: los problemas económicos internos de España no podían aliviarse mediante el saqueo imperial. El atraso de la economía agraria, la desigualdad y debilidad de la industria, la pesada influencia de la Iglesia católica, unas fuerzas armadas parasitarias y las crecientes divisiones regionales eran males endémicos, que se veían perpetuados —como observó el perspicaz polímata Joaquín Costa—, por un sistema político corrupto e incompetente que entorpecía el progreso social y económico y mantenía a los españoles en la servidumbre, la ignorancia y la miseria que se escondían tras la calumnia contemporánea de que «África comienza en los Pirineos». Sin embargo, la solución propuesta por Costa, el cirujano de hierro, demostraba poca confianza en el pueblo y en la democracia.

Otras características igualmente dañinas, e inextricablemente ligadas, de la política y la sociedad españolas han perdurado desde finales del siglo XIX. La suposición tácita de que los problemas políticos y sociales podían resolverse de forma más natural mediante la violencia que mediante el debate está firmemente arraigada en un país en el que, durante cientos de años, las luchas civiles no han sido ninguna rareza. En tiempos más recientes, ciertas formas de violencia social han sido consecuencia de la corrupción y la incompetencia del Gobierno. La corrupción electoral excluyó a las masas de la política organizada y las obligó a elegir entre la aceptación apática del sistema o la revolución violenta contra este. La guerra de 1936-1939 fue el cuarto conflicto de este tipo desde la década de 1830.

Entre 1814 y 1981, España fue testigo de más de veinticinco pronunciamientos[6]. Esa cruda estadística proporciona una indicación gráfica del divorcio entre militares y civiles. En el primer tercio del siglo XIX, esos pronunciamientos fueron políticamente liberales, pero se desarrolló con posterioridad una tradición de incomprensión y desconfianza mutuas entre el Ejército y la sociedad civil que hizo que los militares se consideraran más españoles que los civiles. A principios del siglo XX, los oficiales estaban maduros para que los políticos reaccionarios los convencieran de que tenían el derecho y el deber de entrometerse en la política para «salvar a España». Lamentablemente, ese objetivo de apariencia noble implicaba la defensa de los intereses y privilegios de sectores relativamente reducidos de la población. Por ello, un factor generador de odio en la sociedad española fue el hecho de que los conflictos sociales más arraigados, tras el declive imperial y la derrota militar, fueran reprimidos por el Ejército. El rencor de los militares hacia los políticos en general y hacia la izquierda y el movimiento obrero en particular era otra cara de la misma moneda.

El papel de la violencia en España se consolidó debido al modo en que las fuerzas armadas trataron el trauma posimperial. El resentimiento de la oficialidad, que culpaba de la humillación de 1898 a los políticos que no les habían prestado suficiente apoyo, hizo que los militares se considerasen los árbitros supremos de la política. Decididos a no perder más batallas, se obsesionaron, no con la defensa de España de los enemigos externos, sino con la defensa de la unidad nacional y el orden social existente contra los enemigos internos regionalistas y de izquierdas. Hasta cierto punto, no es de extrañar: después del desastre de Cuba, el Ejército era ineficaz, estaba agobiado por la burocracia y mal equipado. Una proporción absurdamente alta del gasto militar total se destinaba a salarios, administración y gastos de funcionamiento, lo que dejaba muy poco para formación o equipamiento.

Los gobernantes españoles intentaron lavar la afrenta de la posguerra con una nueva y desastrosa empresa imperial en Marruecos. Esta aventura africana, con una falta de preparación lamentable, fomentó la oposición popular general al reclutamiento forzoso, lo que intensificó el odio mutuo entre los militares y la izquierda. Mientras que los reclutas de clase obrera se convertían en pacifistas militantes en respuesta a las terribles condiciones imperantes en el norte de África, en el seno de las fuerzas armadas surgió un cuerpo de élite de oficiales profesionales encallecidos, los africanistas, cuyo paradigma era Francisco Franco. Estaban convencidos de que su grupo de guerreros heroicos y acosados por todas partes era el único preocupado por el destino de la patria, lo que inevitablemente exacerbó su desconexión de una sociedad que creían que los había traicionado. Los africanistas llegaron a dominar la oficialidad, sobre todo a finales de los años veinte, cuando Franco era director de la Academia Militar de Zaragoza. Fueron el motor del golpe de 1936 y luego aplicarían contra los civiles españoles las mismas tácticas de terror que habían perfeccionado en Marruecos.

Los africanistas serían un elemento privilegiado de la élite cleptócrata de Franco. La supervivencia de sus «valores» durante la dictadura y más allá de esta hizo que algunos sectores de las fuerzas armadas estuvieran decididos a hacer descarrilar la democracia recién instaurada también a finales de los años setenta. Por suerte, la desconfianza del pueblo hacia las fuerzas armadas llegó a su fin con la democratización del Ejército tras las reformas militares llevadas a cabo durante el primer gobierno socialista. El relevo generacional en el cuerpo de oficiales y la entrada de España en la OTAN supusieron un cambio radical en la percepción popular de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil, que se encuentran hoy entre las instituciones mejor valoradas de España; en cambio, la percepción popular de los problemas de España sitúa a la clase política en segundo lugar, detrás del desempleo[7].

Igualmente perjudicial para los intentos del país de alcanzar la modernidad fue la rémora de la Iglesia católica. En las guerras civiles de los siglos XIX y XX, esta tomó partido contra las amenazas del liberalismo y la modernización. Asediada por un violento anticlericalismo popular y empobrecida por la desamortización de sus tierras en las décadas de 1830 y 1850, la Iglesia se alió con los poderosos. Ya en la década de 1880, en su oferta educativa para las clases medias y altas, se había convertido en el agente legitimador del sistema socioeconómico y político. La historia de la Iglesia en España en el siglo XX es paralela a la del propio país. Casi todas las grandes convulsiones políticas de un periodo turbulento —con la posible excepción de la crisis revolucionaria de 1917-1923— tuvieron su trasfondo religioso y la jerarquía eclesiástica desempeñó en ellas un papel crucial y a menudo reaccionario.

El texto que sigue entrelaza los temas de la influencia militar y eclesiástica, el desprecio popular por la clase política, los enconados conflictos sociales, el atraso económico y el enfrentamiento entre el nacionalismo centralista y los movimientos independentistas regionales. También sitúa estos procesos en un contexto internacional. El colapso de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil son incomprensibles sin tener en cuenta la influencia de los acontecimientos internacionales, en particular el fascismo y el comunismo, en los acontecimientos internos. El curso de la Guerra Civil española se analizará prestando una especial atención a la interacción entre los factores nacionales e internacionales que determinaron su desenlace. En muchos aspectos, el conflicto español puede verse como un ensayo de la Segunda Guerra Mundial o como el lugar de sus primeras batallas. La neutralidad española en el conflicto bélico internacional desempeñó un papel clave en el resultado de la contienda en Europa. El proceso por el que la dictadura franquista se sacudió el ostracismo internacional para convertirse en el valioso aliado de las potencias occidentales se examinará de forma exhaustiva.

El libro muestra cómo España pasó de la desesperación absoluta de 1898 a una montaña rusa de acontecimientos que culminó en un actual estado de pesimismo muy similar al vivido a finales del siglo XIX. La Guerra Civil fue la más dramática de una serie de luchas desiguales entre las fuerzas de la reforma y la reacción que han marcado la historia de España desde 1808 hasta nuestros días. Existe una curiosa pauta en la historia moderna y contemporánea de España, que surge de un frecuente desfase o falta de sincronización entre la realidad social y la estructura de poder político que la gobierna. Tras largos periodos en los que los elementos reaccionarios han utilizado el poder político y militar para frenar el progreso social, se producen estallidos de fervor revolucionario. En la década de 1850, en la de 1870, entre 1910 y 1912, entre 1917 y 1923 y, sobre todo, durante la Segunda República, se realizaron esfuerzos para adecuar la política española a la realidad social del país. Esto implicó inevitablemente intentos de redistribuir la riqueza, especialmente la tierra, lo que a su vez despertó un afán reaccionario para detener el reloj y reimponer el orden tradicional del poder social y económico. Así, los movimientos progresistas fueron aplastados por el general O’Donnell en 1856, por el general Pavía en 1874, por el general Primo de Rivera en 1923 y por el general Franco entre 1936 y 1939. Fueron necesarios los horrores de la Guerra Civil y las casi cuatro décadas de dictadura que siguieron para romper esta pauta. La moderación compartida por la derecha progresista y la izquierda reprimida puso los cimientos de una transición incruenta a la democracia.

La pauta de conflicto entre la clase política y el desarrollo social —fuerzas progresistas que presionan a favor del cambio hasta que la violencia y la imposición de la dictadura las obligan a retroceder— cambió en 1977. Sin embargo, la restauración de la democracia estuvo contaminada por las viejas prácticas. Como afirma Baltasar Garzón, uno de los jueces que se han esforzado en eliminar la corrupción: «En España nunca ha dado miedo ser corrupto; en realidad, como se la daba por existente, la corrupción no ha sido algo que haya preocupado excesivamente a la ciudadanía. Esa indiferencia ha conseguido que las raíces de la misma se hayan vuelto profundas y sólidas, sosteniendo todo un entramado de intereses muy difícil de destruir». En opinión de Garzón, la justicia ha contribuido a dicha situación con «sentencias que llegan con lustros de retraso, con imposición de penas irrisorias, sobreseimientos o archivos incomprensibles, connivencias y maridajes inaceptables[8]».

A lo largo de todo el periodo que abarca este libro, la corrupción y la incompetencia política han tenido un efecto corrosivo sobre la coexistencia política y la cohesión social. La transición de España a la democracia ha suscitado la admiración general. Sin embargo, la magnitud de la corrupción constante y la ineptitud intermitente demostrada por la clase política en distintos ámbitos de la sociedad desde 1982 hasta hoy ha sido notable. Los políticos de derecha e izquierda no han podido o no han querido hacer frente a la corrupción y al choque pernicioso entre el nacionalismo centralista español y los deseos regionales de independencia. Solo durante breves periodos de tiempo, a principios de los años treinta del siglo XX y en los albores de la Transición, hubo cierto grado de respeto público por los políticos. Sin embargo, el desprecio y el resentimiento generalizados se han intensificado de nuevo durante la crisis económica de los últimos años. El desarrollo de los años noventa fomentó la corrupción y fue testigo de una incompetencia política sin precedentes. Desde finales de los ochenta hasta la actualidad, la corrupción endémica y la renovada ebullición del nacionalismo han llevado otra vez a la misma desilusión de siempre con la clase política. Aunque el desencanto no se encuentre en los mínimos irrepetibles de 1898, la población española valora a sus políticos muy por debajo de lo que habría podido suponerse cuando se ensalzaba la Transición como un modelo para otros países.

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El tópico español

Mapa del caciquismo en España, Joaquín Moya, 1897.
© ACI / ALAMY.

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Se suele contemplar a España desde los mitos sobre el carácter nacional. Uno de los más duraderos ha sido el de la corrupción y la deshonestidad, que debe mucho a las numerosas traducciones a otras lenguas europeas de las primeras e inmensamente populares novelas picarescas: el Lazarillo de Tormes (1554), de autor anónimo, y El Buscón (o Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños), de Francisco de Quevedo, escrita en 1604, pero publicada en 1626. Durante los siglos XVIII y XIX, España fue el escenario habitual, y convenientemente exótico, de óperas de compositores extranjeros. Entre los ejemplos más claros de óperas basadas en los mitos del carácter nacional, en el caso español, figuran sin duda el Don Giovanni de Mozart, Il trovatore y La forza del destino de Verdi y la Carmen de Bizet. Los artistas que deseaban retratar las pasiones violentas se basaban en una visión de España, su historia y su pueblo que encarnaba el fanatismo, la crueldad y las emociones desbocadas. Esta imagen se remonta a la Reforma, cuando una serie de panfletos de inspiración protestante denunciaron las actividades de la Inquisición española, el Tribunal del Santo Oficio y los horrores de los autos de fe. Más allá del conflicto religioso, la percepción europea de España se vio confirmada por la experiencia de un imperio en América, Italia y Flandes edificado sobre la codicia y alimentado por la sangre. Las guerras napoleónicas, conocidas en España como «guerra de la Independencia», y las guerras civiles a lo largo del siglo XIX no contribuyeron en absoluto a socavar unos tópicos que sobrevivieron hasta el siglo XX en la literatura generada por la Guerra Civil española.

En conjunto, esta visión del país constituye lo que los propios españoles llaman «la leyenda negra», cuyos casos más llamativos recogió el historiador Julián Juderías en su homónima y célebre obra. En su diatriba contra el tópico de la holgazanería y la violencia generalizadas, Juderías denuncia la leyenda sobre «la España inquisitorial, ignorante, fanática, sometida al yugo clerical, perezosa, incapaz de todo trabajo serio[9]». Juderías pensaba en definiciones de España como la de sir John Perrot, virrey de Irlanda (1584-1586) en tiempos de Isabel I de Inglaterra: «Esta nación medio morisca […] es hija de la inmundicia y la suciedad de África, los viles otomanos y los judíos proscritos[10]». Los estereotipos que más indignan a los españoles, sin embargo, son fundamentalmente los del Romanticismo. De 1820 a 1850, los viajeros británicos y franceses se sintieron atraídos por España debido a lo que consideraban el pintoresco salvajismo de sus paisajes y sus habitantes. Montañas escarpadas infestadas de bandoleros, caminos recorridos por recuas de contrabandistas armados hasta los dientes, el ritual sangriento de las corridas de toros, las ruinas de palacios y castillos moros y los encuentros eróticos (probablemente imaginados) con lánguidas bellezas de piel morena se convirtieron en clichés de la literatura romántica sobre España. Los estereotipos se mantendrían en los años veinte del siglo pasado, cuando los dueños de bares del barrio barcelonés del Raval explotaban la reputación del Barrio Chino para regocijo de turistas extranjeros: organizaban incidentes «espontáneos» en los que «gitanos», aparentemente enardecidos por los celos al ver a sus mujeres (las camareras) coqueteando con los turistas, sacaban a relucir sus navajas, tras lo cual el incidente se resolvía con algunas rondas de bebidas caras[11].

La Carmen de Bizet sigue siendo quizá la ópera «española» más famosa, en gran parte debido a su despliegue de la mayoría de los tópicos hispanos. Carmen presenta los arquetipos de la mujer andaluza ardiente, el asesino armado con navaja y el torero, en un contexto de contrabandistas, bandidos, sexo y violencia. La idea de que los españoles estaban obsesionados por el sexo es el motivo de que la sífilis se conociera en Francia como «le mal espagnol». El autor alemán August Fischer también escribió sobre la frenética y hasta fanática sexualidad de las mujeres andaluzas, visión compartida por lord Byron, que visitó Andalucía en 1809. El diplomático francés Jean-François de Bourgoing, en su Nouveau voyage en Espagne (1788) ampliado en 1803 en los tres volúmenes de su Tableau de l’Espagne moderne, se lamentaba de la sensualidad descarada del baile flamenco y criticaba los múltiples vicios que aquejaban la vida cotidiana de los gitanos[12]. Giacomo Casanova, el atleta sexual veneciano, elogió así el fandango: «Los [gestos] del hombre indicaban visiblemente el amor correspondido. Los de la mujer, el consentimiento, el arrebato, el éxtasis del placer. Me pareció que ninguna mujer podía negarle nada a un hombre con el que hubiera bailado el fandango[13]».

Con todo, fueron los Cuentos de la Alhambra (1832) de Washington Irving los que realmente pusieron a España en el mapa de los románticos. Al cabo de una década, lo superó Théophile Gautier, cuyo Voyage en Espagne (1843) describe las bellezas andaluzas de ojos oscuros y brillantes que le hacen hervir la sangre con sus bailes flamencos, así como los escalofriantes duelos gitanos a navajazos y sus cuchillos de fantasía[14]. Escritores ingleses como George Borrow —The Bible in Spain (1843)— y Richard Ford —A Handbook for Travellers in Spain (1845) y Gatherings from Spain (1846)— retrataron la presunta obsesión de los españoles por la honra, el fanatismo religioso, el amor y el odio extremos y la venganza llevada a cabo por asesinos proscritos. Esto se hizo aún más acusado con Alexandre Dumas, inmensamente famoso a raíz del éxito de Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo. El duque de Montpensier lo invitó a asistir a su boda el 10 de octubre de 1846 con la infanta Luisa Fernanda, hija del rey Fernando VII. Dumas pasó dos meses en España y a partir de sus experiencias escribió su enorme obra en cuatro volúmenes De Paris à Cadix, en la que plasma su disgusto por la comida española y por la lascivia y la depravación, a su juicio, de los bailes de los gitanos granadinos. Sin embargo, en Sevilla, se muestra encantado con la voluptuosidad de los bailarines de flamenco profesionales y observa complacido el coqueteo de las chicas guapas que trabajaban en la Real Fábrica de Tabacos con los jóvenes oficiales del Ejército[15]. La novela corta de Prosper Mérimée Carmen (1845) concentró todos los clichés románticos sobre Sevilla en un solo personaje, Carmen, que además de trabajar en la fábrica de tabacos, era bailarina de flamenco, amante de un torero, cómplice de contrabandistas y bandidos, voluptuosa, independiente, indómita, todo lo cual entusiasmaba a la burguesía parisina, que parecía ver en España una especie de zoológico humano[16]. La actitud de superioridad antropológica de Mérimée hacia sus personajes se hizo aún más popular gracias a la ópera de Bizet.

Ya hacía mucho tiempo que Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronesa de Aulnoy, había creado un marco de tópicos familiares sobre España. Su Mémoires de la Cour d’Espagne (1690), publicada en inglés con el título Memories of the Court of Spain written by an ingenious French lady, era la descripción de una corte real de Madrid donde parecía imperar la sífilis. Sin arredrarse por el hecho de que casi con toda seguridad nunca visitó España, esta fantasiosa viajera de sillón escribió luego su Rélation du voyage d’Espagne, una obra de una enorme influencia, como demuestra que, tras su primera edición de 1691, se reimprimiera asiduamente en varios idiomas hasta bien entrado el siglo XIX. Pese a afirmar que solo contaba lo que había visto, Madame d’Aulnoy describe un país lleno de animales exóticos, incluidos monos y loros. Su elenco de personajes inventados se basaba en otros libros de viajes, memorias diplomáticas y las obras de teatro de Calderón y otros dramaturgos españoles. En sus delirantes exageraciones, presenta a funcionarios corruptos, aristócratas siempre dispuestos a matar o morir por cuestiones de honor y mujeres promiscuas invariablemente henchidas de pasión[17]. Sin embargo, las caricaturas creadas por Madame d’Aulnoy, incluida la idea de que prácticamente toda la población padecía una u otra enfermedad venérea, permitieron a Bizet presentar la sexualidad insolente y primitiva de Carmen como algo típicamente español[18].

En Gran Bretaña, la imagen de una España exótica, semioriental, de catedrales y mezquitas, castillos y puentes, habitada por gente colorida, apasionada y sensual, se inspiraba en las exquisitas pinturas y dibujos de David Roberts y John Frederick Lewis de la década de 1830 y las de Charles Clifford veinte años después. Muchas de sus obras más características se hicieron inmensamente populares gracias a su reproducción en álbumes de litografías que cosecharon grandes éxitos de ventas. Su imagen de España la secundan muchos de los pintores románticos españoles, en particular Genaro Pérez Villaamil, cuya obra fue expuesta y publicada en París[19]. Nada simbolizaba la España romántica mejor que las bellezas andaluzas y las serranías infestadas de bandidos. Los viajeros extranjeros, al regresar a su país, eran la comidilla de las fiestas de sociedad contando las historias de los peligros que decían haber corrido[20]. Prácticamente todos los viajeros que habían ido a España, con independencia de su nacionalidad y de lo que pensaran del sexo, los bandidos, los toros y la Inquisición, se quejaban de los caminos de cabras llenos de baches, que allí denominaban «carreteras». A menudo afirmaban con toda contundencia que a España no llegaría nunca el ferrocarril[21]. De hecho, fue su introducción a partir de finales de la década de 1850 lo que cambió drásticamente los tópicos. Con la desigual introducción de la Revolución industrial en España, la inversión extranjera aumentó. A partir de entonces, los observadores y viajeros prestaron menos atención a los tópicos románticos y más a la inestabilidad política, la corrupción y la violencia social.

De hecho, los fundamentos de la sociedad española tenían poco que ver con los tórridos estereotipos eróticos que tanto apreciaban los foráneos. La realidad era mucho más prosaica: sus rasgos definitorios eran factores vinculados a la desigualdad social y la violencia, la incompetencia política y la corrupción. En 1883, el Tribunal Supremo tituló un apartado de su informe anual sobre la delincuencia «De las costumbres violentas de los españoles[22]». Es un síntoma de la disfuncionalidad social española que, entre 1814 y 1981, se produjeran más de cincuenta pronunciamientos o golpes militares. Esta fría estadística proporciona una indicación gráfica no solo del divorcio entre militares y civiles, sino también de la ineptitud del Estado español a la hora de servir a sus ciudadanos. La tradición de malentendidos y desconfianza mutua entre el Ejército y la sociedad civil llegó hasta el punto de hacer que los militares se consideraran más españoles que los paisanos. En 1833 estalló la primera de cuatro guerras civiles; una serie de conflictos que no terminó hasta 1939. De hecho, hasta cierto punto, la Guerra Civil de 1936-1939 es una contienda inacabada y, en algunos aspectos, España todavía padece algunas de las divisiones vigentes en 1936.

La década de 1830 arrancó con la pérdida de la mayor parte del otrora gran Imperio español y el comienzo de un conflicto dinástico. La muerte en 1833 de Fernando VII, al que sucedió en el trono su hija Isabel, y el intento del hermano del difunto rey, Carlos, por hacerse con la corona fueron la chispa que hizo estallar lo que se conoció como la «primera guerra carlista», que terminó en 1840. Carlos buscó el apoyo de terratenientes profundamente reaccionarios y de los católicos radicales ultramontanos para oponerse a la modernización de los liberales, liderados simbólicamente por la madre de Isabel, la regente María Cristina. La comandante suprema, aún más simbólica, de las fuerzas carlistas era la Virgen de los Dolores, un gesto teocrático que les garantizaba el apoyo de la jerarquía eclesiástica. La segunda guerra carlista, algo más localizada y episódica, se libró de 1846 a 1849 y la tercera, de 1872 a 1876. El papel activo de la Iglesia católica en dichas guerras carlistas, con algunos clérigos rasos que llegaron a tomar las armas, contribuyó a la posterior percepción popular de los sacerdotes como figuras profundamente reaccionarias[23]. En la década de 1860, había menos de 50.000 sacerdotes, frailes y monjas en España. En el periodo comprendido entre la restauración monárquica de 1875 y el final del siglo, la cifra aumentaría a más de 88.000. Cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera en 1930, los miembros del clero habían superado la barrera de los 135.000[24]. A ojos de los anarquistas, la Iglesia católica comerciaba con la religión pero no practicaba la moral. La consideraban una institución corrupta y rapaz que explotaba a la gente y obstaculizaba el progreso social.

Así, a pesar de que la España negra y reaccionaria se sobresaltara con la Revolución francesa y abandonara su letargo a raíz de la invasión napoleónica de 1808, muchos de los tópicos europeos acerca de España de los que se lamentaba Juderías, y desde luego los que se basaban en la violencia de su vida política, se vieron corroborados, y no precisamente aniquilados, por el ciclo de guerras civiles del siglo XIX. La idea de que los problemas sociales y políticos profundos podían resolverse mediante la violencia afligiría a España hasta bien entrado el siglo XX. El régimen de Franco que siguió a la Guerra Civil se basó en el terror, el saqueo y la corrupción. Ninguno de estos elementos fue inventado por Franco. De hecho, la tesis central de este libro es que la violencia, la corrupción y la incompetencia de la clase política han traicionado a la población al menos desde 1833 y casi con toda seguridad, desde antes. Existen numerosas razones históricas para ello, relacionadas con la religión y el imperio, pero quizá la más potente y duradera haya sido la falta de un aparato de Estado cuya legitimidad aceptara el pueblo. Después de encontrarse al borde de otra guerra civil entre la muerte de Franco en 1975 y el golpe militar de 1981, pareció que España asistiera a la creación de un Estado legítimo. La prosperidad de finales del siglo XX enmascaró el hecho de que la nueva política estaba tan sumida en la corrupción y la incompetencia como sus predecesoras. La extraordinaria pujanza de la economía, gracias al crédito barato facilitado por la adhesión de España al euro, hizo caer un tupido velo sobre una corrupción desenfrenada que alcanzaba hasta a la familia real. La recesión posterior provocó que dicho velo se rasgara, que la clase política perdiera su legitimidad y que problemas como el nacionalismo regional dividieran el país, por lo menos retóricamente, de forma violenta.

En el siglo XIX, el Estado español era débil a causa de los obstáculos geográficos, el lamentable estado de las vías de comunicación y las tradiciones históricas y lingüísticas totalmente opuestas a un Estado centralizado. A diferencia de Francia o de Italia después de 1871, los gobiernos españoles no lograron crear un patriotismo y un sentimiento nacional que conectara con todos los ciudadanos. En otros países, esta tarea fue asumida en gran medida por las fuerzas armadas. Sin embargo, en España, el Ejército era un motor de división, sobre todo debido a las condiciones espantosas a las que se enfrentaban los reclutas en las guerras coloniales. A principios del siglo XX, los oficiales del Ejército estaban más que dispuestos a escuchar a los ultraconservadores que insistían en el derecho y el deber de interferir en la política para «salvar a España». Por desgracia, ese objetivo en apariencia noble, en realidad, era sinónimo de la defensa de los intereses y privilegios de sectores relativamente reducidos de la sociedad. Por lo tanto, las fuerzas armadas no eran los servidores de la nación que la defendían de enemigos externos, sino los defensores de intereses sociales muy concretos en contra de sus enemigos internos: la clase obrera y los nacionalistas regionales. A lo largo de los cien años previos a 1930, puede discernirse la división gradual e inmensamente compleja del país en dos grandes bloques sociales antagónicos. La hostilidad popular hacia las fuerzas armadas creció en la misma medida en que los conflictos sociales —profundamente arraigados, en un momento de decadencia del imperio y derrotas militares— eran reprimidos por el Ejército. A la dialéctica entre violencia y descontento popular se añadió el aplastamiento del nacionalismo regional en nombre del centralismo patriótico. El resentimiento de los militares hacia los políticos en general, y hacia los de la izquierda y el movimiento obrero en particular, era otra cara de la misma moneda.

Irónicamente, fue en 1833 cuando se dio el mayor paso hacia la creación de un Estado con la adopción de un modelo territorial muy centralizado, a la francesa, con cincuenta provincias más o menos uniformes bajo la autoridad de un gobernador civil designado por Madrid, lo que sistematizaba el reparto de favores y, por lo tanto, fomentaba la corrupción. Aunque la idea de España existiera desde hacía mucho tiempo, el país parecía una amalgama poco compacta de provincias y regiones prácticamente independientes cuyas lenguas y dialectos a menudo eran ininteligibles entre sí. La definición de regiones y provincias de 1833 se modificó con posterioridad pero, a grandes rasgos, sigue siendo válida y puede reconocerse en el sistema actual de división de España en autonomías. De manera similar, otras medidas adoptadas en la década de 1840 marcaron el inicio de algo parecido a un Estado central, con un sistema tributario primitivo y divisorio y cuerpos de policía locales y nacionales. Sin embargo, con la excepción de la Guardia Civil, el proceso no llegó a culminar. Los impuestos no alcanzaban a financiar el Estado porque no gravaban las rentas, sino el consumo. Las formas antiguas de política, de influencia social y de patrocinio, como el caciquismo o el clientelismo, se impusieron a cualquier tipo de maquinaria política moderna, envenenando el desarrollo incipiente de la política electoral y dejando al Estado débil y sin más recursos que su capacidad de coerción.

Tras el proceso conocido como la «desamortización», España dejó de ser una sociedad feudal en términos jurídicos y económicos, pero continuó siéndolo en términos sociales y políticos. Las élites rurales tradicionales conservaron su poder incluso hasta después de 1874, tras la restauración de la monarquía y el intento de Antonio Cánovas del Castillo de crear un Estado moderno. Dicho Estado funcionaba únicamente en la medida en que interesaba a los caciques locales. Solo con el auge de la industria en el País Vasco, Asturias, Cataluña y Madrid surgió la remota posibilidad de un tipo diferente de política, más moderna, pero en ese momento los intereses creados de la oligarquía terrateniente consiguieron imponerse a la burguesía reformista, que, presionada a su vez por las primeras muestras de descontento de la clase obrera, se apresuró a forjar una alianza con los caciques en la que adoptaron el papel de socio minoritario. La pérdida del imperio provocó el debilitamiento de esa alianza, que volvería a consolidarse, sin embargo, cada vez que la burguesía industrial necesitara echar mano de la maquinaria represiva, que era el principal activo del Estado. La presión a favor de cambios políticos y del desarrollo social se tachaba de «subversión[25]».

Richard Ford escribió en la década de 1840: «Una vez vimos a un español embozado que paseaba tristemente por el camposanto de Sevilla, y, cuando abrieron la fosa común, sacó de debajo de su andrajosa capa el cadáver de un niño, lo echó al hoyo y desapareció. Y así, medio mundo vive sin saber cómo muere el otro medio[26]». En una tierra en la que convivían una pobreza angustiosa con un Gobierno y una Iglesia igual de parasitarios, la ley no era respetada y a los contrabandistas y bandidos se los adoraba como a héroes. Cuando Ford preguntaba a los españoles dónde se escondían los bandidos, solían decirle que «no los encontraríamos en los caminos, sino en los confesionarios, en los bufetes de los abogados y, mejor aún, en las oficinas del Gobierno». De la Guardia Civil, Ford escribió que no eran más que unos sinvergüenzas que «se han utilizado en las ciudades tanto como en el campo, y en funciones políticas más que de pura policía, empleándolos en calmar a la opinión pública indignada, y, en vez de perseguir malhechores, apoya a criminales de primera línea, nacionales y extranjeros, que se dedican ahora a despojar a la pobre España de su oro y de sus libertades[27]».

Fundada por dos reales decretos el 28 de marzo y el 13 de mayo de 1844, la Guardia Civil pretendía ser un cuerpo de policía disciplinado de ámbito nacional, formado por hombres adscritos a las fuerzas armadas. Su organizador fue el inspector general del Ejército, el duque de Ahumada[28]. Entre 1844 y la década de 1860, la Guardia Civil demostró ser un ejército de ocupación severo y brutal que protegía a los amos de los latifundios y las minas contra las iras de sus trabajadores. Pasó a formar parte del Ejército en 1878. El bandidismo se fue eliminando, pero la amenazante ubicuidad de la Guardia Civil obligó a los campesinos a dirigir su rebeldía contra ella y, por lo tanto, contra el Estado. «Todos y cada uno de los números de la Guardia Civil se convirtieron en promotores del anarquismo y, a medida que aumentaba la cifra de anarquistas, también aumentaban las filas de la Guardia Civil[29]». De hecho, desde el último cuarto del siglo XIX hasta la muerte del general Franco, muchos guardias civiles eran hijos de hombres que habían servido en el cuerpo.

La sensación de que la Guardia Civil era una institución hostil impuesta desde el exterior se intensificaba por el hecho de que los números tenían prohibida cualquier interacción social con los habitantes de la zona donde estuvieran destinados. No hace falta decir que esta prohibición no se hacía extensiva a los oficiales, que solían mantener relaciones cordiales con el clero local y con los propietarios de tierras, minas o fábricas. En los pueblos y aldeas, los guardias civiles y sus familias vivían en cuarteles fortificados conocidos como «casas cuartel». En Asturias, las empresas mineras a menudo mantenían la casa cuartel. En muchos lugares, era común que las «fuerzas vivas» locales y las organizaciones de la patronal obsequiaran a la casa cuartel con víveres, vino y, a veces, muebles. Estos regalos aparecían en la prensa local, así como en las publicaciones oficiales de la Guardia Civil, y reforzaban la percepción de que el cuerpo estaba al servicio de los ricos[30], una idea que se veía corroborada por el hecho de que los guardias civiles no podían estar destinados en la zona donde ellos o sus esposas hubieran nacido. En un país donde imperaba el sentimiento de la patria chica, donde a cualquier desconocido, más que como a un simple forastero, lo veían casi como a un extranjero, esta circunstancia aumentaba la animadversión hacia la Guardia Civil. En las aldeas mineras asturianas, por ejemplo, el odio hacia el cuerpo era intenso por razones políticas, pero también porque los agentes solían ser gallegos. No se les permitía desplazarse desarmados o solos, por lo que generalmente iban en parejas. Así, «sus relaciones con la clase trabajadora eran de abierta hostilidad y desconfianza. Viviendo como vivían entre sus enemigos, tenían el gatillo más que fácil[31]».

La Guardia Civil respondía agresivamente a cualquier agitación social. En particular, los difusores de la ideología anarquista se consideraban portadores de una doctrina extranjera especialmente perniciosa y bárbara. Los anarquistas eran «bestias dañinas», peores que los delincuentes comunes, debido a sus aspiraciones sociales utópicas. Por eso había que erradicar la influencia destructiva de «los que tienen ideas». Los anarquistas eran, pues, enemigos de la sociedad y, sobre todo, de la Guardia Civil[32].

Ford creía que el mal gobierno y las malas comunicaciones eran la causa principal de la pobreza y el atraso económico:

Se necesita, en verdad, una fuerza enorme de apatía y mal gobierno para neutralizar la abundancia de cualidades con que la Providencia ha favorecido pródigamente a este país, el cual, bajo la dominación de los romanos y de los árabes, semejaba un Edén, un jardín exuberante y delicioso, cuando, según las palabras de un autor, no había nada baldío ni estéril —nihil otiosum, nihil sterile in Hispania—. Este aspecto ha cambiado notablemente; y ahora la masa de la Península ofrece un aspecto de abandono y desolación moral y física que entristece el ánimo […]. España es un país que no ha sido hasta ahora capaz de construir o sufragar los gastos de caminos y canales suficientes por su pobre y pasivo comercio y su escasa circulación[33].

Para el hispanista, la esencia del mal gobierno en España era la corrupción:

La pobreza pública es el azote del país, y todos los empleados se excusan con la terrible necesidad, viejo argumento de quien no tiene respeto a la ley. Sin embargo, hay que perdonar en parte esta rapacidad que, con muy pocas excepciones, prevalece, teniendo en cuenta que los sueldos, casi siempre cortos, se pagan generalmente con retraso, y que los servidores públicos, por lo común, pobres diablos, aseguran que se ven obligados a cobrarse, poniéndose de acuerdo para defraudar al Gobierno, en lo que no sienten escrúpulos, pues todos saben que es injusto y que puede soportarlo; y como todos son igualmente culpables, difícilmente se admite que haya en eso delito. Cuando el robo y el agio están a la orden del día, los pícaros se protegen unos a otros […]. Un hombre que no hace su agosto cuando está empleado, no se le cree honrado, sino tonto; es preciso que cada uno coma de su oficio, y como el sueldo es pequeño y poco seguro, no se desperdicia tiempo ni ocasión de llenar la bolsa […]. Podemos presentar como ejemplo un individuo que ejercía un alto cargo en una de las principales ciudades de Andalucía. En una ocasión en que entramos en su despacho, acertaba a salir de él una persona envuelta en su capa; la mesa del gran hombre estaba llena de onzas de oro, que él trasladaba a un cajón con gran complacencia, deleitándose en la hermosa redada […]. Este caballero, que había estado cesante durante la constitución de Riego, las había pasado muy duras, y aprovechaba el tiempo tomando prudentes precauciones para evitar en lo futuro parecidas calamidades. Su sistema era perfectamente conocido en toda la ciudad, en donde la gente decía con la mayor sencillez: «está atesorando», cosa que hubieran hecho todos si se hubiesen encontrado en las mismas afortunadas circunstancias. […] «Donde no hay abundancia no hay observancia, y honra y provecho no caben en un saco o techo»; y allí la virtud sucumbe muchas veces a manos de la pobreza, empujados a ello por más de medio siglo de desgobierno, con la ruina y desolación de la invasión francesa y las discordias civiles por añadidura[34].

Por mucho que a los intelectuales españoles les molestara el menosprecio de su país por parte de autores extranjeros, hubo quien también lo manifestó, aunque de forma distinta. Existe una bibliografía sustancial que se lamenta de la pérdida del Imperio español, de los fracasos militares constantes, de la inestabilidad política y el atraso económico[35]. En noviembre de 1930, el intelectual Manuel Azaña, futuro presidente del Gobierno y de la Segunda República, se hizo eco del juicio de Richard Ford al afirmar que el sistema político funcionaba con dos motores: el autoritarismo despótico y la corrupción. El gran adepto del primero fue el general reaccionario Ramón María Narváez, quien fue siete veces presidente del Gobierno entre 1844 y 1868 y que pronunció en su lecho de muerte las célebres palabras: «No tengo enemigos, los he fusilado a todos». El mago de la falsificación electoral fue Luis José Sartorius quien, según Azaña, «eleva a sistema la corrupción política, y alcanza la maestría en el arte de fabricar parlamentos, sin diputados de oposición». En los años en los que Narváez y Sartorius colaboraron, según Azaña, «lo más granado de la sociedad española se aplica a vendimiar el poder[36]».

El ciclo de desastres se vio interrumpido por una serie de luchas desiguales entre las fuerzas reformistas y las reaccionarias. Se puede discernir una pauta en la historia moderna de España, que surge de un frecuente desfase entre la realidad social y la estructura del poder político que la gobierna. Los largos periodos durante los cuales los elementos conservadores o reaccionarios han intentado usar el poder político y militar para frenar el progreso social han sido seguidos por arrebatos de fervor revolucionario. En la década de 1850, la de 1870, entre 1917 y 1923, especialmente entre 1931 y 1936 y, finalmente y con éxito, de 1975 a 1977, se intentó alinear la política española con la realidad social del país. Los esfuerzos para introducir reformas fundamentales, especialmente en la tierra, y para redistribuir la riqueza, provocaron esfuerzos reaccionarios para detener el reloj y restaurar el equilibrio tradicional de poder social y económico. Así, los movimientos progresistas fueron aplastados por el general O’Donnell en 1856, por el general Pavía en 1874, por el general Primo de Rivera en 1923 y por el general Franco entre 1936 y 1939.

En ese sentido, la Guerra Civil de 1936-1939 representó el esfuerzo más denodado de los elementos reaccionarios de la política española para aplastar cualquier proyecto de reforma que pudiera amenazar su posición de privilegio. El dominio perdurable de las fuerzas reaccionarias reflejaba la continuidad del poder en manos de la oligarquía terrateniente y, en paralelo, la debilidad de la burguesía progresista. El desarrollo terriblemente lento y desigual del capitalismo industrial español explicaba la existencia de una clase mercantil y de industriales numéricamente pequeña y políticamente débil. España no experimentó una revolución burguesa clásica en la que se rompieran las estructuras del Antiguo Régimen. El poder de la monarquía, la nobleza terrateniente y la Iglesia se mantuvo más o menos intacto hasta bien entrado el siglo XX. A diferencia de Gran Bretaña y Francia, la España del siglo XIX no asistió al establecimiento de una política incipientemente democrática con la flexibilidad necesaria para absorber nuevas fuerzas y adaptarse a los grandes cambios sociales. La base legal del capitalismo se estableció sin que se diera una revolución política y pese a la supervivencia de elementos del feudalismo. Así pues, con la diferencia evidente de que su capitalismo industrial era extremadamente débil, España siguió el modelo político establecido por Prusia.

En el marco de este modelo autoritario, hasta los años cincuenta del siglo pasado, el capitalismo que predominó en España fue agrario, excepto en Asturias, Cataluña y el País Vasco. La agricultura es de una diversidad inmensa en cuanto a clima, cultivos y sistemas de propiedad de la tierra. Existen, desde hace mucho tiempo, zonas con explotaciones de tamaño pequeño y mediano y con éxito comercial, sobre todo en las verdes y húmedas montañas y valles de las regiones del norte que también experimentaron la industrialización. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, los sectores dominantes en cuanto a influencia política fueron, en general, los grandes terratenientes. En su mayoría, los latifundios se concentran en las regiones secas del centro y el sur, como Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, aunque también existan importantes latifundios dispersos en partes de Castilla la Vieja, sobre todo, en Salamanca. El monopolio político de la oligarquía terrateniente solo en alguna ocasión tuvo que hacer frente a tímidos desafíos de unas clases industriales y mercantiles carentes de energía, cuyos esfuerzos, debido a su dependencia del poder represor del Estado (en manos de la oligarquía), no servían de mucho. Hasta bien entrados los años cincuenta del siglo pasado, la alta burguesía urbana se vio obligada a desempeñar el papel de socio minoritario en una alianza con los grandes latifundistas. A pesar de la industrialización esporádica y el crecimiento constante de la importancia nacional de los representantes políticos de los industriales del norte, el poder se mantuvo firmemente en manos de los terratenientes.

En España, la industrialización y la modernización política no fueron de la mano. En la primera mitad del siglo XIX, los impulsos progresistas, tanto en lo político como en lo económico, de la burguesía española siguieron otros cursos. La desamortización consistió en la expropiación de grandes extensiones de tierras eclesiásticas y municipales y la abolición de las manos muertas, restricciones feudales a las transacciones de tierras. El proceso había arrancado a ritmo lento a fines del siglo XVIII, pero lo aceleró en 1836 el presidente del Consejo de Ministros liberal, Juan de Dios Álvarez Mendizábal. Este había cambiado su apellido original, Álvarez Méndez, para ocultar el hecho de que provenía de una familia de judíos que vendía ropa de segunda mano en Cádiz. Era un hombre de negocios hecho a sí mismo que había adquirido fama de genio de las finanzas tras amasar una fortuna en Londres. Para Mendizábal, la expropiación y venta de las tierras de las órdenes religiosas era una forma de resolver los problemas financieros de la monarquía, creados por las guerras carlistas de la década de 1830. Mendizábal creía que, con ellas, sentaba las bases de la futura prosperidad de España al crear un campesinado minifundista autosuficiente, «una copiosa familia de propietarios[37]». Sin embargo, en interés de la Corona, las propiedades confiscadas se subastaron en grandes lotes, que estaban fuera del alcance de los pequeños propietarios de la época. Además, el hecho de que los lotes se vendieran muy por debajo de su precio de mercado y, a menudo, a crédito —algo que solo podían obtener los ricos— provocó que una de las principales consecuencias de la desamortización fuese la consolidación del latifundismo. La otra fue que la privatización de la propiedad puso en explotación tierras que hasta entonces habían permanecido inactivas o escasamente cultivadas. Sin embargo, con esto no bastaba para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento constante, sobre todo en el sur[38].

En 1841, el general Baldomero Espartero extendió las expropiaciones a todas las propiedades de la Iglesia. Se liberaron enormes extensiones de tierras eclesiásticas y comunales para financiar el esfuerzo de guerra liberal. Este proceso se intensificó a partir de 1855 en virtud de la Ley Pascual Madoz, que abrió el camino a la adquisición de tierras comunales por los particulares, a menudo mediante una simple combinación de artimañas legales y mano dura. La aristocracia terrateniente se benefició porque así sus fincas salían de las manos muertas, pero sin ser expropiadas. De este modo, podían comprar y vender esos terrenos y racionalizar su patrimonio. En 1875, tres cuartas partes de las tierras que cuarenta años antes habían pertenecido a la Iglesia o a los municipios se hallaban ya en manos privadas. Esto no solo frenó todo impulso hacia la industrialización, sino que, al ayudar a expandir los latifundios, también fomentó el odio social en el sur. Las tierras recién liberadas fueron adquiridas por los terratenientes y aristócratas más sagaces, así como por abogados y miembros de la burguesía comercial y mercantil que se sintieron atraídos por su bajo precio y elevado prestigio social. El latifundismo se consolidó y, a diferencia de sus ineficientes antecesores, los nuevos propietarios estaban ansiosos por sacarle rendimiento a su inversión y consideraban la tierra como un activo que había que explotar para obtener el máximo beneficio. No obstante, ni los antiguos ni los nuevos propietarios estaban dispuestos a invertir en innovaciones técnicas. El juicio de Richard Ford en la década de 1840 sobre la «general dilapidación» seguía siendo válido al cabo de noventa años: «El terrateniente de la Península es poco más que un hierbajo del suelo; nunca ha observado ni apenas permitido que otros observen el gran partido que podría y debería sacarse de las cosas[39] Una consecuencia evidente fue el aumento de los robos de animales domésticos y los asaltos a panaderías y demás comercios. Eso no significa que todos los delitos violentos fueran provocados por las privaciones: los crímenes sexuales y de honor eran también muy frecuentes[40]».

El capital de los comerciantes de los grandes puertos marítimos y de los banqueros de Madrid se desvió de la industria para ir a parar a la compra de tierras con fines especulativos y también por el prestigio social que la acompañaba[41]. La inversión en tierras y los frecuentes enlaces matrimoniales entre los miembros de la burguesía urbana y de la oligarquía terrateniente rebajaron las ansias de reformismo de la primera. La debilidad de la burguesía española como clase potencialmente revolucionaria se puso de manifiesto durante el periodo de 1868 a 1874, que culminó en el caos de la Primera República. El crecimiento de la población a mediados de siglo había aumentado la presión sobre la tierra. La mano de obra no cualificada de las zonas rurales acudía en masa a las ciudades, donde pasaba a engrosar el número de desempleados que sobrevivían en la marginalidad. Así fue sobre todo en el caso de Barcelona, en gran parte debido al hundimiento del sector vinícola a consecuencia de la crisis de la filoxera a partir de 1880. El número de habitantes se duplicó con creces entre 1860, cuando representaba la octava parte de la población total de Cataluña, y 1900, cuando ya era más de una cuarta parte. El nivel de vida de la clase media baja urbana, integrada por maestros, funcionarios y tenderos, era casi tan miserable como el de los obreros no cualificados. Uno de los sectores más conflictivos en la región era la industria textil, en la que los horrores del capitalismo incipiente (largas jornadas laborales, explotación de la mano de obra infantil, hacinamiento en condiciones de vida insalubres y salarios de hambre) produjeron agudas tensiones sociales que pronto darían paso al terrorismo anarquista. En la década de 1860, cuando los suministros de algodón cayeron en picado debido a la Guerra de Secesión de Estados Unidos, el aumento del paro se vio agravado por el hundimiento de la construcción ferroviaria, todo lo cual llevó a la desesperación de la clase obrera en las ciudades. Hasta bien entrado el siglo XX, los gobiernos de Madrid, en cuanto que representantes de los intereses agrarios, mostraron una comprensión escasa o nula de los problemas del proletariado industrial creciente y militante de Cataluña. Por ello, el conflicto social se abordó exclusivamente como un problema de orden público. De los ochenta y seis años que median entre 1814 y 1900, durante sesenta Cataluña se encontró en estado de excepción, lo que en la práctica significaba bajo la autoridad militar. Además, la cuarta parte de las fuerzas armadas españolas estaban acuarteladas allí, donde vivía aproximadamente el diez por ciento de la población del país, una circunstancia que se debía tanto al carlismo rural como al anarquismo urbano[42].

En 1868, la clase trabajadora, cada vez más descontenta, se alió con la clase media y los militares, cada vez más desafectos debido a las tendencias clericales y ultraconservadoras de la monarquía, y a los escándalos económicos y sexuales en los que se vio involucrada la reina Isabel II. En septiembre de 1868, se produjeron varios pronunciamientos que culminaron en el del general Joan Prim, que coincidió con el estallido de disturbios en las ciudades. Todo ello provocó el derrocamiento y el exilio de la reina. En el fondo, las dos fuerzas que impulsaron la revolución que se conoce con el sobrenombre de Gloriosa eran hostiles entre sí. La clase media liberal y los oficiales del Ejército, que se habían propuesto reformar la estructura constitucional del país, descubrieron alarmados que habían despertado un movimiento revolucionario de masas a favor del cambio social y allanado el camino a seis años de inestabilidad, conocidos como el «Sexenio Revolucionario». Además, a dicha inestabilidad vino a sumársele, entre 1868 y 1878, el estallido en Cuba, la colonia más rica de España, de una rebelión contra la metrópolis. En noviembre de 1870, Prim acabó ofreciendo el trono a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia. Amadeo no tenía habilidades políticas ni lingüísticas como para lidiar con los problemas a los que se enfrentaba. Por si fuera poco, el 30 de diciembre, el mismo día de la llegada del nuevo rey a España, Prim fue asesinado. Desde el principio, Amadeo se encontró con la oposición de los republicanos, de los partidarios del hijo de trece años de Isabel II, Alfonso, y de los carlistas. En 1872, comenzó la tercera guerra carlista. El triunfo de la rebelión en el País Vasco y Cataluña permitió el afianzamiento de una especie de Estado carlista, desorganizado y basado en algo parecido a un bandolerismo de inspiración religiosa.

En el campo catalán, la mayoría de los pequeños propietarios y agricultores eran carlistas, no solo por el clericalismo del movimiento, sino también por su defensa de los fueros, es decir, de la autonomía. Así, en Cataluña, y también en el País Vasco, los vínculos de la Iglesia con los carlistas contribuyeron a apoyar a los independentistas de ambas regiones. Desde mediados del siglo XIX, hubo un resurgir del sentimiento catalanista, de la literatura catalana y de la lengua, cuyo uso oficial había sido prohibido desde el siglo XVIII. Este renacer, la Renaixença, se intensificó con el movimiento federalista desde 1868 hasta el hundimiento de la Primera República. En ninguna parte el federalismo fue tan fuerte como en Cataluña. Otro factor que contribuyó a la desafección de los catalanes fue el resquemor por su falta de influencia en el Gobierno central. Entre 1833 y 1901, fueron nombrados 902 ministros. Solo 24 de ellos, el 2,6 por ciento del total, eran catalanes. Como consecuencia, el catalanismo prosperó no solo en las zonas rurales, sino también en Barcelona, donde encontró adeptos entusiastas entre la burguesía. En 1892, se formó una federación de grupos catalanistas de clase media y alta, la Unió Catalanista. Su programa, las Bases de Manresa, pedía la restauración de un gobierno autónomo, un sistema fiscal propio, la protección de la industria catalana y la oficialidad del catalán. Con la excepción de un breve periodo de 1906 a 1909, desde 1868 hasta la dictadura de Primo de Rivera —en los años veinte del siglo pasado—, el nacionalismo catalán sería un movimiento en buena medida conservador[43].

En vista de la guerra civil, la revuelta colonial y las profundas divisiones de la clase política, un desesperado Amadeo de Saboya renunció al trono el 11 de febrero de 1873. Las divisiones políticas ya mencionadas provocaron que en las elecciones de mayo se impusieran los republicanos y el 1 de junio se proclamara la Primera República. Bajo la presidencia del federalista catalán Francesc Pi i Margall, se adoptó una estructura descentralizada y España se dividió en once cantones autónomos. Se propusieron una serie de reformas audaces, incluida la abolición del servicio militar obligatorio, la separación de la Iglesia y el Estado, la enseñanza obligatoria y gratuita universal, la jornada de ocho horas, la regulación del trabajo femenino y el trabajo infantil, la expropiación de las tierras sin cultivar y la creación de cooperativas agrarias. La combinación de unos cantones implantados a toda prisa, la confiscación de terrenos, una violenta huelga general revolucionaria en Alcoy, la rebelión carlista, la sublevación en Cuba, brotes de anticlericalismo y la alarma provocada por los proyectos de reforma hizo que el régimen federal de Pi i Margall fuera visto como una amenaza intolerable para el orden establecido. El Gobierno republicano fue derrocado por el general de artillería Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, que aplastó el movimiento cantonalista y estableció un gobierno conservador bajo el mando del general Francisco Serrano. Aunque los carlistas estaban prácticamente derrotados, Serrano no consiguió consolidar la República conservadora. El 29 de diciembre de 1874, en Sagunto, el joven brigadier Arsenio Martínez Campos proclamó rey de España al príncipe Alfonso, que a la sazón tenía diecisiete años. Uno de los rumores menos insidiosos sobre la vida sexual de su madre, la reina Isabel II, era que el padre de Alfonso había sido Enric Puigmoltó, un capitán valenciano de Ingenieros. Después de que su madre se exiliara, Alfonso se había educado sucesivamente en París, Viena y la academia militar británica de Sandhurst[44].

El 26 de junio de 1878, la esposa de Alfonso XII, María de las Mercedes de Orleans, murió de tifus, dos días después de haber cumplido dieciocho años. Alfonso quedó destrozado, y su posterior refugio en el alcohol y las aventuras sexuales no contribuyó precisamente a mejorar su precaria salud. De hecho, la muerte de su esposa fue simplemente la primera de una serie de desgracias. Los esfuerzos por sofocar la rebelión en Cuba acabaron suponiendo la pérdida de doscientas mil vidas humanas y una sangría insostenible de los recursos estatales. En agosto de 1878, se produjo una algarada republicana en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, que fue reprimida con facilidad; pero el simple hecho de que se produjera revelaba la existencia de problemas subyacentes. El 15 de octubre de 1878, Alfonso XII fue objeto de un intento de asesinato frustrado por parte de Joan Oliva i Moncusí, un tonelero anarquista de Cabra del Camp (Tarragona). Oliva le disparó dos veces con una pistola de dos cañones, pero falló. Fue ejecutado a garrote vil el 4 de enero de 1879. Al cabo de catorce meses, el 30 de diciembre de 1879, se produjo una segunda tentativa de asesinato. El rey se había vuelto a casar hacía apenas un mes, el 29 de noviembre. Regresaba de un paseo por el Retiro con su segunda esposa, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, cuando un pastelero gallego de veinte años, Francisco Otero González, les disparó. También erró el tiro, y fue ejecutado a garrote vil el 14 de abril de 1880[45].

Mientras tanto, Arsenio Martínez Campos había tenido cierto éxito contra los insurgentes cubanos. Gracias a una combinación de tácticas antiguerrilleras decididas, sobornos y negociaciones conciliatorias, había logrado la Paz de Zanjón. Como gobernador general, instó a una reforma profunda de la educación y la economía, sobre todo de la presión fiscal que soportaban los cubanos y de los aranceles españoles a las importaciones de azúcar, tabaco y café de la isla. Cánovas se alarmó muchísimo, porque las medidas propuestas constituían una grave amenaza para la economía española. Su solución fue invitar a Martínez Campos a formar gobierno en junio de 1879, un gabinete que Cánovas pretendía controlar entre bastidores. El experto en amaños electorales de Cánovas, Francisco Romero Robledo, tenía amigos entre los dueños de las plantaciones cubanas que se oponían rotundamente a las reformas propuestas por Martínez Campos e hicieron todo lo posible por desestabilizar al flamante presidente del Consejo de Ministros. Profundamente decepcionado, Martínez Campos dimitió al cabo de seis meses, el 7 de diciembre de 1879, y fue sustituido por Cánovas. En el transcurso de 1880 y 1881, solo se implementó una mínima parte de las reformas de Martínez Campos, lo que provocó que se reanudara la guerra de Cuba. El 7 de febrero de 1881, Alfonso XII ejerció su prerrogativa real y retiró la confianza a Cánovas en beneficio de Práxedes Mateo Sagasta, tras lo que promulgó un decreto de disolución de las Cortes[46]. Poco cambió con la caída de Cánovas. Los problemas económicos internos de España hicieron que Martínez Campos, quien se había convertido en ministro de la Guerra de Sagasta, no pudiera aplicar las reformas propuestas. Además de los dueños de las plantaciones, los productores de trigo temían la pérdida del mercado cubano en beneficio de los productores norteamericanos. Los industriales catalanes y los fabricantes de calzado de Valencia y Alicante también dependían del mercado cubano protegido por aranceles.

En muchos aspectos, la caótica etapa de 1873-1874 fue para España el equivalente de 1848-1849 para el resto de Europa. Tras hacer acopio de coraje para desafiar el orden antiguo y establecer una república efímera, la burguesía liberal renunció a sus pretensiones de reforma ante el espectro de la revuelta del proletariado. Cuando el Ejército restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII, las clases medias abandonaron sus ideales reformistas a cambio de la paz social. La subsiguiente relación de fuerzas entre la oligarquía terrateniente, la burguesía urbana y el resto de la población estuvo perfectamente representada por el sistema político de la restauración monárquica de 1876. De hecho, apenas difería del anterior en su composición, salvo por un elemento clave: que los partidos se irían turnando en el poder pacíficamente en lugar de por una combinación de insurrecciones y golpes militares. Se formó un gobierno provisional bajo el mandato del conservador Antonio Cánovas del Castillo, quien rápidamente comenzó a redactar una nueva Constitución. Tras sesenta años de guerras civiles, desgobierno militar y corrupción política, Cánovas estaba convencido de que hacía falta una etapa de tranquilidad en la que la industria pudiera desarrollarse.

Cánovas era un hombre culto y muy leído que creía que la prosperidad de la que disfrutaba la potencia hegemónica de la época, Gran Bretaña, era el resultado de la estabilidad que le proporcionaba su sistema bipartidista. Su admiración por el sistema parlamentario británico parece que llegó hasta el punto de empujarle a aprenderse de memoria algunos de los discursos de Gladstone y Disraeli. En un intento de emular el éxito británico, se había propuesto copiar, al menos en apariencia, lo que consideraba su secreto. Estaba decidido tanto a excluir al Ejército del poder político como a no correr el riesgo de que un electorado radical socavara su pretensión de consolidar la monarquía recién restaurada. Así, se elaboró un trasunto del sistema británico por el cual el Partido Conservador, dirigido por él mismo, y el Partido Liberal, encabezado por Práxedes Mateo Sagasta, se turnarían en el poder. La herramienta necesaria para que el sistema funcionara sin la interferencia del electorado era el fraude electoral[47]. El sistema se conocería con la denominación de «turno pacífico», la alternancia pactada de los dos partidos monárquicos o «dinásticos». Así, el turno, en palabras del reformista liberal Gumersindo de Azcárate, distaba mucho de ser una imitación del sistema británico, del que en realidad era «una parodia ridícula en que todo es farsa y mentira[48]». Salvador de Madariaga escribió que Cánovas «confió en la fuerza y la ficción» y lo describió como «personalmente honesto y honorable», pero «el más corrupto de la vida política que la España moderna ha conocido[49]».

La microgestión de las elecciones garantizó que, durante los casi cincuenta años que siguieron, el poder quedase en manos de las mismas familias que lo habían tenido antes de 1876. Dinastías enteras, padres, hijos y yernos, hermanos y cuñados monopolizaban los escaños de las Cortes, como demuestra el caso de la familia de Álvaro de Figueroa, conde de Romanones (Guadalajara), con tentáculos en Baeza y Úbeda (Jaén), Castuera (Badajoz) y Cartagena (Murcia). Un ejemplo igualmente notable es el de la familia de Eugenio Montero Ríos, el principal cacique de las cuatro provincias de Galicia, que fue ministro de Fomento desde 1885 hasta 1886, ministro de Gracia y Justicia entre diciembre de 1892 y julio de 1893 y, finalmente, presidente del Consejo de Ministros en 1905. Desde su residencia de Lourizán (Pontevedra), utilizó su influencia para promover las carreras políticas de sus hijos y su yerno. Sagasta estaba igualmente atento al bienestar parlamentario de sus yernos. Francisco Silvela y de Le Vielleuze, que acabaría sucediendo a Cánovas al frente del Partido Conservador, era el cacique todopoderoso de Ávila. Aunque criticase el fraude electoral del turno pacífico, colocó a los miembros de su familia en algunos de los cargos gubernamentales más importantes. Juan de la Cierva y Peñafiel, el omnipotente cacique de Murcia, promovió de manera similar a los de su estirpe. De hecho, no era raro que los escaños parlamentarios, los altos cargos administrativos del Gobierno y, a veces, incluso los ministerios se transmitieran hereditariamente de padres a hijos[50].

Los dos partidos políticos no tenían una ideología o unas políticas claramente definidas, sino que eran grupos de notables que representaban los intereses de dos sectores de la oligarquía terrateniente. Los conservadores velaban sobre todo por la tranquilidad de los viticultores y olivareros del sur, mientras que los liberales protegían los intereses de los cultivadores de trigo del centro. Las diferencias entre ellos eran mínimas. Eran conocidos como los partidos «dinásticos», porque ambos estaban comprometidos con la monarquía y no estaban divididos en cuestiones relacionadas con el orden social o la inviolabilidad de la propiedad privada. Como su nombre indicaba, los liberales eran menos autoritarios y, a diferencia de los conservadores, que eran firmemente católicos, solían mostrarse más críticos con la Iglesia. Las principales diferencias tenían que ver con el comercio. Los conservadores favorecían el libre comercio, tal como les exigían los productores de frutas y vinos para la exportación, que constituían su grupo de apoyo, mientras que los liberales representaban los intereses de los ineficientes productores de trigo, que querían estar protegidos frente a la gran competencia internacional que representaban Canadá, Argentina y Australia. Para ilustrar el problema, en 1884, en Barcelona, el 60 por ciento de todo el trigo que se consumía procedía de Castilla, pero dos años más tarde era solo un 10 por ciento. Los distintos sectores de la burguesía industrial del norte apenas estaban representados dentro del sistema, pero de momento se conformaban —tal y como esperaba Cánovas— con centrarse en exclusiva en la expansión económica en un clima de estabilidad. Hasta que, a principios del siglo XX, comenzaron a organizar sus propios partidos, los fabricantes textiles catalanes tendían a apoyar a los liberales debido a su interés común por los aranceles, en su caso, para proteger el mercado español de la competencia de los productos británicos e indios, más baratos. En cambio, los vascos, que exportaban mineral de hierro, solían apoyar a los conservadores librecambistas. Sin embargo, debido a su falta de representación, la burguesía industrial catalana se veía obligada a actuar como poco más que un grupo de presión. Así, a pesar de sus intereses comunes con los proteccionistas agrarios, tanto liberales como conservadores podían atacarlos como portavoces del nacionalismo catalán[51].

Era prácticamente imposible que las aspiraciones políticas encontraran expresión legal a menos que les interesara a los dos grandes partidos oligárquicos. Los gobiernos liberales y conservadores se sucedían con regularidad soporífera. Rafael Shaw, un periodista inglés que vivía en Barcelona, escribió en 1910:

Los cambios de gobierno en España son el resultado de un acuerdo tácito suscrito hace unos treinta años por Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, que por aquel entonces eran los líderes de los dos principales partidos, el liberal y el conservador, y que luego tendría continuidad con sus sucesores, que a cada bando tenía que corresponderle su parte justa de los panes y los peces. Después de que un bando gobernase durante tres o cuatro años, se decidía de común acuerdo que ya le correspondía el turno al otro bando. Así, como dice el comandante Martín Hume, «gobernantes deshonestos se enfrentan en un simulacro de combate a opositores deshonestos, y las instituciones parlamentarias, en lugar de poner coto públicamente a los abusos, son apenas una máscara tras la cual un gran número de políticos pueden practicar sus nefastos trapicheos con impunidad».

La impotencia del electorado para cambiar este sistema se debía a lo que Shaw describió como «los tentáculos de pulpo de la corrupción que atenazan por entero al país. La verdad pura y simple es que la gran masa de la gente no tiene ninguna voz en la elección de sus representantes. Se supone que las elecciones son libres; en realidad, no lo son[52]».

En teoría, los gobiernos permanecían en el poder durante cinco años, pero, en la práctica, dimitían debido a derrotas en unas votaciones concretas, a la hostilidad de la opinión pública, a la pérdida del apoyo del partido al presidente del Consejo de Ministros o a la perspectiva de algún problema social o económico insuperable. El rey, en teoría, como portavoz de la opinión pública o, en realidad, en función de sus prejuicios o caprichos, estaba facultado para cambiar de Gobierno, porque podía forzar la dimisión del gabinete, tras lo cual podía decidir a quién otorgaba un real decreto de disolución de las Cortes. El frívolo Alfonso XIII abusaba de dicha potestad[53]. El presidente del Gobierno recién elegido —a menudo, pero no siempre, el líder del partido de la oposición— formaba gobierno. A continuación, él y su ministro del Interior pasaban los meses siguientes amañando una victoria electoral que justificara la presencia de su partido en el poder y diera al partido saliente una presencia razonable en las Cortes. Tras examinar las solicitudes de ambos partidos, se confeccionaban listas de candidatos que garantizaran una mayoría sustancial. Este proceso se llamaba el «encasillado» porque cada candidato, al obtener un escaño, se colocaba en una casilla. Pronto se llegaba a un acuerdo entre ambos partidos de modo que el vencedor en las elecciones obtuviera, de promedio, el 65 por ciento de los escaños en las nuevas Cortes. A veces los resultados se falseaban en el Ministerio del Interior, pero lo más frecuente era que se amañasen a escala local o regional. La tarea de asegurar la elección de los candidatos seleccionados recaía en los gobernadores civiles de cada provincia, que a su vez se encargaban de negociar con los caciques locales. Estos proporcionaban los votos para los postulantes del Gobierno a cambio de recibir sus favores. A los candidatos seleccionados en Madrid que se lanzaban luego a la circunscripción correspondiente, los llamaban «cuneros». Por término medio, la mitad de los electos eran cuneros, o sea, que no tenían vínculos con el distrito al que representaban. Sin embargo, a veces los oligarcas locales aceptaban gustosos a un cunero porque su influencia política era buena para la zona[54].

Los dos partidos vivían así en un pacto de no agresión que era una parodia del sistema democrático, ya que la formación de gobierno no tenía nada que ver con la voluntad del electorado. Solo después de que los gobiernos fueran designados por el rey se celebraban las elecciones, cuyos resultados amañaba cuidadosamente el partido en el poder para conseguir, de promedio, esa holgada mayoría de dos tercios de los votos. La aparente humillación de semejante derrota del bando contrario resultaba aceptable, porque este tenía la certeza de que la próxima vez cosecharía una victoria igual de espectacular. Ambos partidos dinásticos obtuvieron entre el 98 por ciento de los escaños parlamentarios en 1884 y el 83 por ciento en 1901. Comparados con ellos, los republicanos y los carlistas tenían muchos menos representantes. El carácter relativamente uniforme de la alternancia lo ilustra el hecho de que, de todos los diputados «electos» entre 1879 y 1901, 1.748 fueran conservadores y 1.761, liberales[55]. El fraude electoral garantizaba que los intereses muy concretos por los que velaba el sistema no se vieran nunca seriamente amenazados. El entramado se basaba en el poder social de los caciques locales. En las zonas minifundistas del norte, el cacique podía ser un prestamista, un gran terrateniente, un abogado o incluso un sacerdote, que concediese hipotecas a las pequeñas explotaciones. La amenaza de una ejecución hipotecaria aseguraba el voto. En las zonas latifundistas, como Castilla la Nueva, Extremadura o Andalucía, el cacique solía ser el terrateniente o su representante, el hombre que decidía quién trabajaba y, por lo tanto, qué familias no pasaban hambre. Así pues, el cacique podía adquirir los votos de distintas formas, que iban desde la intimidación, gracias a un dominio férreo del mercado laboral local, hasta la concesión de favores y sobornos.

El control de los aparatos administrativos y judiciales locales permitía al cacique otorgar veredictos favorables en disputas de tierras, empleos, rebajas fiscales o exenciones del servicio militar a los miembros de su red clientelar. Cada vez que cambiaba el Gobierno se producía un trasiego en masa de puestos de trabajo, desde los porteros y barrenderos más humildes hasta los gobernadores civiles, los jueces y los altos funcionarios, todos los cuales debían votar siguiendo las instrucciones[56]. Después de que los comicios de 1875 fueran amañados por el ministro del Interior de Cánovas, Francisco Romero Robledo, sir Austen Henry Layard, embajador británico en España de 1869 a 1877, informó al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país de que la práctica totalidad de empleados a sueldo de la Administración habían sido sustituidos por partidarios de Alfonso XII[57]. No existía un funcionariado permanente o un poder judicial que se debiera solo a la nación. El propio sistema fomentaba la corrupción al garantizar que la Administración pública estuviera al servicio del beneficio particular. Así se creó la tradición, que perdura en la actualidad, según la cual pocos alcaldes salen de los ayuntamientos más pobres de lo que entraron.

El general Eduardo López de Ochoa escribió en 1930 que la mayoría de los jueces y magistrados debían el cargo a intrigas políticas y emitían sentencias que favorecían a sus patrocinadores. Lo mismo valía para secretarios y funcionarios judiciales. Del gran cacique Juan de la Cierva, se decía que en la provincia de Murcia no caía ni una sola hoja sin su permiso. López de Ochoa afirmaba que De la Cierva tenía a varios jueces del Tribunal Supremo en el bolsillo, por lo que siempre podía contar con sentencias favorables para él o sus amigos. El mismo López de Ochoa cita a un profesor de derecho según el cual «los delitos de hurto y de robo solo existían en España tratándose de cantidades inferiores a cien mil pesetas, de ahí en adelante los denominamos negocios financieros». En cualquier asunto, civil o penal, que pasara por los tribunales, había que reservar una cantidad para untar las ruedas de la «justicia[58]».

Acusaciones parecidas a las que hemos visto sobre Juan de la Cierva se formularon contra muchos otros caciques poderosos que también controlaban provincias enteras: Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, Guadalajara; el magnate del trigo Germán Gamazo, Valladolid; Juan Poveda y Antonio Torres Orduña, Alicante; Carlos O’Donnell, duque de Tetuán, Castellón; Pedro Rodríguez de la Borbolla, Sevilla; Manuel de Burgos y Mazo, Huelva; Gabino Bugallal, Orense, y Augusto González Besada, Lugo[59]. Con el recaudador de impuestos, el alcalde y el juez a sus órdenes, el cacique podía adueñarse de las tierras comunales, dejar que su ganado pastara en los terrenos de sus vecinos, dejar sin agua las fincas de sus enemigos y encauzarla hacia las suyas o las de sus amigos y realizar obras en sus propiedades a cargo del municipio. Un abogado terrateniente de Almería comentó en cierta ocasión: «Cuatro rateros con sombrero de copa y cuatro matones: esta suele ser la plana mayor de un partido». En la misma línea, el exministro de Justicia Pedro José Moreno Rodríguez dijo que «los que antaño perseguía la Guardia Civil forman hoy la guardia de las autoridades». Era sintomático del descaro con el que funcionaba el sistema que, a pesar de que la prensa publicara denuncias demoledoras sobre el caciquismo, la indignación de la opinión pública no cambiaba nada. La creencia general era que los estamentos inferiores del sistema caciquil, los alcaldes y los secretarios, solían haber pasado una temporada en la cárcel y, si no lo habían hecho, era por la influencia de los caciques que controlaban la judicatura local[60].

A escala provincial, el cacique era un intermediario privilegiado entre el Gobierno y los votantes. El nuevo ministro del Interior elegía a los gobernadores civiles de cada provincia y este cuadraba a los caciques[61]. La influencia que permitía al cacique suministrar los votos necesarios al Gobierno dependía en parte de la distribución de dádivas de las arcas públicas, que podían adoptar la forma de un nuevo trazado de una carretera o una vía férrea o la construcción de un puente, que extendieran la influencia del cacique sobre una localidad o incluso una provincia entera. La lealtad de la red clientelar del cacique también dependía de la protección de la familia y los amigos ante la ley, el fisco o el servicio militar. Se calcula que más de un tercio de la correspondencia escrita de los principales políticos de la Restauración consistía en peticiones de voto o cartas de recomendación para aquellos cuyos votos eran necesarios. Además, la mayor parte de esa correspondencia se escribió justo antes o justo después de unas elecciones. Se dice que los domicilios de Sagasta y Cánovas en Madrid se veían asediados a diario por aspirantes a cargos públicos o solicitantes de favores como obras públicas en su distrito. La construcción de carreteras en beneficio de los caciques locales era algo tan habitual que llegaron a llamarlas «carreteras parlamentarias[62]».

A veces, los funcionarios locales demasiado entusiastas producían mayorías de más del cien por cien del electorado. No era insólito que se publicaran los resultados antes de celebrarse las elecciones. A medida que avanzaba el siglo, a raíz de la introducción del sufragio masculino universal, el fraude se fue volviendo cada vez más difícil y, si no se podía reunir el número necesario de votos, los caciques a veces incluían a los muertos del cementerio local en el censo de votantes. Más corriente era que enviasen grupos de votantes a sueldo, las «cuadrillas de votantes», de aldea en aldea para que votaran al partido del Gobierno. En 1879, Romero Robledo usó la técnica de «escuadrillas volantes»: doscientos aragoneses que iban de un colegio electoral de Madrid a otro votando repetidamente. Se dijo que un hombre había votado cuarenta y dos veces. En Madrid, en 1896, los votantes ficticios, conocidos como «lázaros», utilizaban los nombres de electores ya fallecidos. La manipulación del censo electoral o la suma o resta de votos se llamaban «pucherazo» o, en catalán, «tupinada». A veces, la prensa local publicaba anuncios falsos en los que se informaba de que un candidato rival había retirado su candidatura. Algo más común era cambiar la fecha de las elecciones para que los votantes hostiles no llegasen a tiempo, o poner matones para que intimidaran a los electores rivales. En otras ocasiones, las urnas se colocaban en sitios donde los votantes no estuvieran dispuestos a ir, como hospitales de enfermos contagiosos, pocilgas o en lo alto de un tejado. En 1891, en un colegio electoral de Murcia, el presidente de mesa obligó a los participantes en los comicios a introducir las papeletas de votación por una ventana para que él pudiera cambiarlas con toda comodidad. También había quien se aprovechaba de los que sencillamente no se molestaban en votar. Si el recuento no iba por el cauce previsto, enviaban matones a atacar los colegios electorales y apoderarse de las urnas. A veces, a los que era más probable que votasen por candidatos no oficiales, los encarcelaban o los amenazaban con investigar su situación fiscal. Aunque lo más frecuente era el simple fraude en el recuento de votos[63].

Por todo lo expuesto, la política se convirtió en un paripé reservado a una minoría de privilegiados. Además de los caciques que estaban comprometidos con uno u otro de los partidos, como el conservador De la Cierva o el liberal Gamazo, había prohombres dispuestos a trabajar para ambos, como ilustra la anécdota del cacique de Motril (Granada). Cuando llegó la diligencia desde la capital de provincia con los resultados de las elecciones y se los trajeron al casino, este, tras hojearlos, declaró al público expectante: «Nosotros, los liberales, estábamos convencidos de que ganaríamos las elecciones. Sin embargo, la voluntad de Dios ha sido otra —y, tras una pausa, añadió—: Al parecer, hemos sido nosotros, los conservadores, quienes hemos ganado las elecciones». Excluidas de la política organizada, las masas hambrientas solo podían elegir entre la apatía o la violencia. Su apatía permitía a las autoridades locales falsear los resultados sin demasiada oposición. La resistencia violenta era sinónimo de detención, tortura y quizá ejecución. Desde 1876, el electorado estaba formado por hombres mayores de veinticinco años que podían registrarse como votantes pagando un impuesto de veinticinco pesetas sobre el patrimonio o un impuesto de cincuenta pesetas sobre sus actividades económicas. En las elecciones de 1879, 1881, 1884 y 1886, el censo electoral estaba integrado por aproximadamente 850.000 votantes. La introducción del sufragio masculino universal en 1890 hizo aumentar el censo a poco menos de cuatro millones de posibles votantes para las elecciones de 1891, 1893, 1896, 1898, 1899, 1901 y 1903. Al incrementarse el riesgo de que los electores votaran en función de sus inclinaciones particulares, la reforma provocó el aumento de la corrupción electoral en interés de la propiedad[64].

Sin embargo, el censo electoral tenía poco que ver con un auténtico registro de votantes. El control del poder judicial local facilitaba la supresión de los enemigos y la adición de los amigos. En 1879, el 40 por ciento de los que votaron en Barcelona eran funcionarios del Gobierno cuyos puestos de trabajo dependían del sentido de su voto. En 1881, en Valencia, el 75 por ciento de los que votaron no tenían derecho a hacerlo. En 1884, Romero Robledo logró reducir el número de posibles votantes en Madrid de 33.205 a 12.250. El hecho de que los alcaldes fueran nombrados por el Gobierno garantizaba que fueran agentes electorales dispuestos a seguir sus órdenes. Y quienes se negaran a cumplirlas podían ser destituidos u obligados a dimitir bajo la amenaza de multas exorbitantes por delitos inventados o triviales, como no haber contestado a una carta o no haber introducido el sistema métrico[65].

Todo esto funcionaba mejor en las zonas rurales pobres, sobre todo en Galicia y Andalucía, porque los votos de un electorado pobre y en gran parte analfabeto eran fáciles de falsificar. Por ello, la participación oficial en las elecciones en las zonas rurales se situaba en la increíble cifra de un 80 por ciento. En las ciudades, donde era mucho más difícil aplicar las técnicas del caciquismo, se registraba una participación mucho menor. A medida que avanzaba el siglo, los resultados electorales en las zonas urbanas eran cada vez más los únicos que podían aceptarse como genuinos. Así pues, para neutralizarlos, los ministros del Interior de los partidos dinásticos no tuvieron reparo alguno en recurrir a toda clase de manipulaciones, alterando descaradamente los límites de las circunscripciones electorales urbanas para poder inundarlas con los votos fraudulentos de las zonas rurales circundantes. Esto fue posible mientras las Cortes fueron pequeñas y las circunscripciones, grandes. Incluso entonces, la atrasada Galicia estaba sobrerrepresentada en las Cortes, mientras que la Cataluña industrial estaba dramáticamente infrarrepresentada. Entre 1876 y 1887, solo había 210 diputados a Cortes. A partir de 1891, pasaron a ser 348. A principios del siglo XX, el crecimiento de las ciudades conllevó la entrada en las Cortes de un número cada vez mayor de diputados de partidos no dinásticos e incluso republicanos[66].

La búsqueda de cargos en la Administración era constante. Las colas de buscadores de cargos que se formaban delante de la casa de Sagasta le obligaban a veces a dormir en un hotel. A las dos semanas de llegar al poder, ya había sustituido a todos los subsecretarios de todos los ministerios, a la práctica totalidad de los directores generales de los ministerios de Marina, de Ultramar, de Hacienda y de Fomento, a siete del Ministerio de Gobernación y cuatro del Ministerio de Guerra, a 47 gobernadores civiles, al presidente del Tribunal Supremo y a tres de los ocho capitanes generales de las regiones militares. El experto en fraude electoral de Sagasta, Venancio González, emuló a Romero Robledo y organizó una mayoría absoluta liberal en las elecciones de finales de verano de 1881, cuya consecuencia inmediata fue, en el ámbito provincial y municipal, el despido de multitud de burócratas[67].

Durante los gobiernos de Cánovas, los casinos de juego eran ilegales, pero se les permitía funcionar siempre que pagasen la mordida correspondiente. En Madrid, por ejemplo, cada casino pagaba 35.000 pesetas al gobernador civil, el marqués de Heredia Spínola. Teóricamente, el dinero era para obras benéficas, pero no se auditaba. El sucesor del marqués en el cargo, el conde de Xiquena, intentó cerrar los casinos, pero los propietarios organizaron una campaña de atentados con explosivos en junio de 1881 que hirió gravemente a varios niños. Más tarde, Xiquena alegó que Romero Robledo había sido uno de los beneficiarios de los sobornos que pagaban los empresarios del juego, pero se vio obligado a retirar la acusación cuando Cánovas amenazó con paralizar las Cortes mediante el abandono del hemiciclo del Partido Conservador[68].

Ante la ausencia de reformas de calado durante los gobiernos liberales, la oposición de la clase obrera al sistema fue en aumento. La sección española de la Primera Internacional, la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), comenzó a organizarse públicamente. Pronto tuvo 57.000 miembros, concentrados sobre todo en Andalucía y Cataluña, pero se mostró dividida en cuanto a la eficacia relativa de las huelgas o el terrorismo. El núcleo del movimiento socialista, la Asociación del Arte de Imprimir, fue ganando terreno gracias al éxito de la huelga de tipógrafos de 1882[69]. En enero de 1884, Alfonso XII mandó regresar a Cánovas, cuyo ministro de la Gobernación, Romero Robledo, supervisó unas elecciones particularmente corruptas el 27 de abril de 1884 y obtuvo una mayoría conservadora de 295 escaños frente a 90 de la oposición. El Gobierno de Cánovas se enfrentó a numerosos problemas: la subversión militar, la inquietud por las actividades de la presunta sociedad secreta llamada «Mano Negra», una epidemia de cólera, los disturbios en Cuba y el hecho de que el rey se encontrara cada vez más débil a causa de una tuberculosis galopante. Lo cierto es que el monarca no se cuidaba y ni siquiera llevaba ropa de abrigo cuando salía de caza con mal tiempo.

Con el apoyo de una mayoría tan avasalladora, la respuesta instintiva del nuevo gabinete a gran parte de los problemas fue reaccionaria. El propio Cánovas demostró una arrogancia insoportable. La situación cubana se vio agravada por el nuevo ministro de Ultramar, Manuel Aguirre de Tejada, que se negó a contemplar la abolición de la esclavitud, algo a lo que no eran ajenos los intereses de Romero Robledo, que era yerno del fabulosamente rico magnate del azúcar Julián de Zulueta y Amondo. El vasco Zulueta, apodado «el príncipe de los esclavistas», tenía enormes plantaciones y tres ingenios azucareros en Cuba y otros en Álava[70]. Esa conexión explica por qué Romero Robledo aspiraría más tarde, en noviembre de 1891, a la cartera de Ultramar. Poco después de las elecciones de 1884, una algarada republicana de poca monta en Santa Coloma de Farners (Gerona) fue reprimida sin dificultad. Sin embargo, cuando los consejos de guerra subsiguientes no condenaron a muerte a los dos cabecillas, un comandante y un capitán, el Gobierno los mandó fusilar de todos modos, pese a las protestas generalizadas, incluso del rey. El 20 de noviembre de 1884, una manifestación estudiantil de apoyo a un profesor, al que habían excomulgado por pronunciar un discurso a favor de las teorías de Charles Darwin, fue reprimida con cierta contundencia por la Guardia Civil. La Nochebuena de 1884, en Andalucía, una serie de terremotos dejó a miles de personas sin hogar, muchas de las cuales murieron de frío y otras por la epidemia de cólera. Tras visitar las zonas afectadas, el rey se mostró muy molesto por las muestras de negligencia institucional que había presenciado y, desoyendo los consejos del presidente del Gobierno, visitó los focos de la epidemia de cólera.

Alfonso XII se quejó al legado alemán de que Cánovas «sabe todo, decide todo, interfiere en todo, incluso en las materias militares, en la cual no hay nada que se tenga en cuenta en las opiniones y los deseos del monarca». Creía que Cánovas, en lugar de invertir en la necesaria modernización del armamento del Ejército, destinaba los recursos a fortificar los puertos, porque de la construcción era más fácil sacar tajada. El 25 de noviembre de 1885 murió Alfonso XII, a los 27 años. Al parecer, Cánovas se había enterado de la gravedad del estado del rey por su médico, quien le había dicho que un clima más cálido probablemente prolongaría la vida del monarca. Sin embargo, Cánovas obligó al médico a jurar que mantendría en secreto la noticia de la debilidad del rey para no inflamar el movimiento republicano[71]. La esposa del difunto, María Cristina, se convirtió en regente y al cabo de unos meses dio a luz a un hijo póstumo, el futuro Alfonso XIII. Para garantizar que el sistema creado por Cánovas perdurara, los dos líderes de los partidos dinásticos se reunieron en el Palacio del Pardo y firmaron un pacto que consolidaba el turnismo.

En el sur, el hambre de tierras acrecentaba unas ansias cada vez más desesperadas de cambio, sobre todo debido a la influencia creciente del anarquismo en los jornaleros andaluces. Esto se debe en parte al hecho de que, en noviembre de 1868, Giuseppe Fanelli, un discípulo italiano del anarquista ruso Mijaíl Bakunin, había sido enviado a España por la Primera Internacional. Su oratoria encontró un campo abonado y pronto inspiró a sus propios evangelistas a predicar el anarquismo por los pueblos. Parte del mensaje era que el alcoholismo, el trato con prostitutas y el juego eran degradantes. Pero, además de defender la moderación en las costumbres, Fanelli también sostenía que había que conquistar la justicia y la igualdad mediante la acción directa, una idea que encontró amplio eco entre los braceros hambrientos y dio un nuevo sentido y esperanza a las sublevaciones de campesinos, de carácter esporádico hasta la fecha. Los conversos entusiastas de Fanelli participaron en brotes puntuales de violencia, quemas de cultivos y huelgas. Sin embargo, por culpa de su deficiente organización, estos arrebatos revolucionarios eran fáciles de aplastar y alternaban con épocas de apatía[72].

Al comentar, en 1910, por qué tardaba tanto en prender el fuego de la revolución, Rafael Shaw escribió:

La sumisión paciente del jornalero a condiciones que cree inalterables se debe, en parte, a trescientos años de gobierno corrupto, durante los cuales lo han exprimido constantemente para que proporcionara dinero para las guerras, lujos y diversiones de las clases gobernantes; en parte también, al terror de la Inquisición y la tradición de silencio que dejó tras de sí; en parte, al fatalismo oriental; pero a lo que, sin duda, no se debe es a la indiferencia y la estupidez animales a las que la atribuyen sus «superiores». El campesino se abstiene de quejarse abiertamente, no porque esté contento y no tenga nada de qué quejarse, sino porque una larga experiencia le ha enseñado lo inútil y peligroso que es protestar. Puede ofender a quien le proporciona empleo y perderlo o, peor aún, puede ofender a la Iglesia y a los jesuitas, en cuyo caso será un hombre marcado, y nunca más podrá tener esperanzas de conseguir un puesto de trabajo permanente.

Otro elemento que explica la falta de protestas contra la impunidad con que la corrupción dominaba el sistema político era el hecho de que, a principios del siglo XX, alrededor del 75 por ciento de la población era analfabeta. Miles de pueblos carecían de escuela. Incluso en Madrid y Barcelona, había menos de la mitad de las escuelas que exigía la ley. Y donde las había, la asistencia no era obligatoria y los maestros estaban mal pagados hasta el punto de que, a menudo, no tenían ningún tipo de remuneración. En el Ejército, se enseñaba una rudimentaria alfabetización[73]. Al principio, el hambre y la injusticia habían encontrado a sus adalides en los bandoleros por los que el sur era famoso, pero los jornaleros no tardaron en hallar formas de rebelión más refinadas[74]. Cuando se producían los inevitables estallidos de protestas de la mayoría no representada, los reprimían con violencia las fuerzas del orden, la Guardia Civil y, en momentos de mayor tensión, el Ejército.

Los propietarios de los latifundios, que no estaban dispuestos a utilizar abonos químicos ni a emprender costosos planes de regadío, preferían obtener la mayor parte de sus ganancias de la explotación de las ingentes multitudes de obreros del campo sin tierra: los braceros y los jornaleros[75]. Los latifundios solían administrarlos capataces que aprovechaban al máximo el exceso de mano de obra. En temporada, los braceros y jornaleros se veían obligados a trabajar largas jornadas, a menudo de sol a sol y lejos de casa, lo que los obligaba a dormir en chozas insalubres que les proporcionaban los terratenientes. Soportaban duras condiciones laborales con salarios de miseria y largas temporadas en el paro. Después de que los clérigos y los aristócratas menos codiciosos de épocas anteriores hubieran vendido las fincas y se hubieran cercado las antiguas tierras comunales, la mayoría de los paliativos sociales que aliviaban la miseria rural se redujeron. La invasión de las tierras de las órdenes religiosas o de los aristócratas menos vigilantes había permitido a los sin tierra conseguir, por lo general, algo de leña o cosechar algún producto, cazar algún que otro conejo o ave y abrevar los animales domésticos, lo que no propiciaba que se sublevaran. Pero todo esto se acabó, y el paternalismo cedió su sitio a la represión y a la proletarización cada vez mayor de un inmenso ejército de campesinos sin tierra. Si el polvorín del rencor no llegaba a estallar, se debía a la violencia institucionalizada de la Guardia Civil y de los guardas jurados, matones a sueldo de los capataces.

También se recurría a otros mecanismos, como conspiraciones inventadas o exageradas para justificar la represión de la principal organización de la clase obrera: la Federación de Trabajadores de la Región Española, FTRE. Su semanario, la Revista Social, solía ser víctima de la censura y de algún que otro secuestro. En el segundo congreso de la FTRE, celebrado en Sevilla durante la última semana de septiembre de 1882, estuvieron representadas 209 secciones y cerca de 50.000 miembros, principalmente de Andalucía (30.000) y de Cataluña (13.000). Las autoridades mostraban a la FTRE como una banda de revolucionarios sedientos de sangre, cuando en realidad el objetivo a corto plazo de la organización era la jornada de ocho horas y su reivindicación a largo plazo era la colectivización de la agricultura y la industria. Sin embargo, esta relativa moderación se veía amenazada por el hecho de que los terratenientes e industriales discriminaban a los miembros de la FTRE. En numerosos pueblos, los alcaldes prohibían las asambleas públicas y la Guardia Civil consideraba subversivas las privadas. Como consecuencia, surgió un grupo disidente, Los Desheredados, que defendía la acción revolucionaria clandestina y el terrorismo[76].

La sequía del verano de 1881 arruinó las cosechas en Andalucía, sobre todo en las provincias de Cádiz y Sevilla. El hambre de los jornaleros sin tierra durante el invierno siguiente obligó a los trabajadores y sus familias a mendigar por las calles de las ciudades. Se produjo un drástico aumento del número de muertes por desnutrición y enfermedades relacionadas, como el sarampión, especialmente entre los niños. Hubo ataques puntuales violentos contra la propiedad, quema de cosechas, robos de ovejas, hurtos en panaderías y otras tiendas de alimentos y casos de bandidaje[77]. En algunas poblaciones, las autoridades intentaron en vano recaudar fondos para mejorar la situación de los trabajadores hambrientos y hubo casos aislados de donaciones caritativas para los pobres. En contadas ocasiones, se emplearon recursos municipales para financiar proyectos de reparación de carreteras o de riego para dar trabajo a los parados. Sin embargo, lo más habitual era que se recomendara a los jornaleros buscar empleo en otras provincias. En otoño de 1882, la tensión social se había incrementado ya notablemente. Se produjo una oleada de huelgas, que fue duramente reprimida por una Guardia Civil sustancialmente reforzada. En Jerez, las manifestaciones de jornaleros que exigían empleo pronto degeneraron en disturbios motivados por el hambre. En diciembre de 1892, se registraron cuatro asesinatos en la zona[78]. Presas del pánico, las autoridades aprovecharon la ocasión para afirmar que los asesinos de Jerez y los autores de muchos otros delitos, trifulcas y robos no relacionados eran integrantes de la Mano Negra, nombre que hacía referencia a las manos sucias de los obreros manuales. Se decía que la Mano Negra conspiraba para vengar los crímenes cometidos contra la clase trabajadora por los terratenientes. Al parecer, su objetivo era hacer la guerra a los ricos del sur mediante asesinatos, secuestros y robos. Además, se afirmaba que dicha organización secreta tenía más de setenta mil miembros. En este contexto, las denuncias sin pruebas de un propietario, un magistrado o un guardia civil podían provocar el encarcelamiento de multitud de trabajadores.

Según James Joll, la Mano Negra «puede que no existiese fuera de la imaginación de la policía, siempre dispuesta a atribuir actos de violencia aislados e inconexos a una sola organización criminal». De todos modos, es cierto que en 1880 algunas organizaciones miembros de la FTRE acordaron adoptar represalias contra los propietarios. En la primavera de 1883, las detenciones indiscriminadas de miembros de las asociaciones de trabajadores y lectores de periódicos anarquistas (legales) se saldaron con cinco mil detenidos en Cádiz y Jerez. Apenas se hacía distinción alguna entre la actividad sindical y la delincuencia, y las confesiones de presuntos miembros de la Mano Negra se arrancaban por medio de torturas. La FTRE negó la existencia de la Mano Negra y acusó al Gobierno de inventarse una presunta organización revolucionaria a partir de elementos criminales inconexos. De hecho, parece que, si bien pudo haber existido desde finales de la década de 1870 una pequeña banda criminal llamada Mano Negra, el vínculo entre ella y la transparente y moderada FTRE era una falacia para justificar la represión del movimiento de trabajadores del campo. En realidad, los documentos que se aportaron en el juicio de sus presuntos miembros, en el verano de 1883, revelaron que la «prueba» decisiva de la existencia de la Mano Negra había sido proporcionada por el comandante de la guarnición de Jerez de la Guardia Civil, que encontró por feliz casualidad un ejemplar de los estatutos de esta sociedad secreta oculto bajo una piedra en el campo. Muchos de los reos fueron condenados a cadena perpetua, lo que significaba su confinamiento en sucias mazmorras, y a siete los ejecutaron en público a garrote vil en junio de 1884[79]. La represión hizo que el número de afiliados a la FTRE disminuyera hasta el punto de que, en un congreso celebrado en Valencia en septiembre y octubre de 1888, la organización se disolvió[80].

El Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1879, apenas era rival para el movimiento anarquista. Sus sindicatos más poderosos eran el de impresores de Madrid (la Asociación General del Arte de Imprimir) y el de obreros textiles de Barcelona (las Tres Clases de Vapor). El fundador del partido, Pablo Iglesias, reconoció que, en la década de 1880, el PSOE tenía solo unos doscientos afiliados. Rígidamente marxista, el liderazgo del PSOE rechazaba la alianza con los republicanos burgueses y la violencia revolucionaria de los anarquistas, todo lo cual provocaba su aislamiento. No fue hasta 1886 cuando apareció su periódico El Socialista, y en 1888 cuando se fundó en Barcelona su sindicato, la Unión General de Trabajadores, cuyo crecimiento fue tan escaso que, en 1899, trasladó su sede a Madrid. La clave de la estrategia adoptada por Pablo Iglesias era lograr el poder político por medios electorales, lo que hacía discutible la negativa a forjar alianzas con los republicanos liberales. Para Iglesias, el fin de las huelgas no era revolucionario sino reformista —la mejora de las condiciones de trabajo— y, por lo tanto, no resultaba lo bastante combativo como para atraer a los obreros teniendo en cuenta la miseria de la España industrial de finales del siglo XIX. De todos modos, a finales de dicho siglo, la UGT empezó a adquirir importantes bases de apoyo en las zonas mineras del País Vasco y Asturias[81].

En la década de 1880, e incluso después, el movimiento anarquista, mucho más importante, se mostró dividido en cuestiones de táctica y estrategia. En términos generales, por un lado estaban los llamados «colectivistas», que propugnaban la construcción del poder económico a través de una actividad sindical legal que acabara aplicando la revolución social. Por el otro, estaban los llamados «comunistas», que rechazaban este reformismo por considerar que permitía la consolidación del sistema capitalista. En su lugar, abogaban por la violencia revolucionaria y, en vez de la ideología colectivista, la relativa moderación y el empleo de métodos legales de los colectivistas, surgió un anarquismo más individualista, partidario de la «propaganda por el hecho», llevada a cabo por células clandestinas fragmentadas o grupos de afinidad como Los Desheredados[82].

Las huelgas y las manifestaciones comenzaron a dar paso a actos de terrorismo. Mientras el anarquismo echaba raíces cada vez más profundas en las pequeñas fábricas de la industria textil catalana, altamente fragmentada, se desató una oleada de atentados con bomba que provocaron represalias brutales e indiscriminadas de las fuerzas del orden. Entre junio de 1884 y mayo de 1890, se produjeron veinticinco atentados con bomba en Barcelona. Los más frecuentes eran a consecuencia de disputas laborales, y tenían por objetivo las fábricas, las casas de los gerentes o propietarios, la sede de la asociación patronal, el Foment del Treball Nacional, y las comisarías de policía. Hubo tres muertos y numerosos heridos. De 1890 a 1900, habría 59 atentados más, con un balance de 35 muertos. Los peores años, por lo que a violencia se refiere, serían los que median entre 1893 y 1896. La intensificación de la violencia social no fue simplemente el resultado de la ideología de los revolucionarios anarquistas. Sus ideas encontraron un campo abonado en una Cataluña que experimentaba un profundo proceso de transformación social y económica. Los trabajadores del campo acudían a Barcelona y otras ciudades atraídos por el crecimiento de las industrias, especialmente la textil. Los recién llegados se veían obligados a vivir en barrios de chabolas espantosos, en condiciones insalubres, sin instalaciones sanitarias básicas ni una alimentación adecuada, con altos niveles de mortalidad infantil y, por supuesto, adulta; con los niños sin escolarizar y en condiciones laborales inseguras. La radicalización, parecida a la que tuvo lugar en Francia y Rusia, se vio facilitada por la reciente invención de la dinamita, que en Barcelona podía comprarse sin restricciones. No era raro que en las tabernas de los barrios más pobres de la capital catalana se encontraran hombres que pasaban el sombrero pidiendo «cinc centimets per a la dinamita» («cuatro perras para dinamita[83]»).

Los conflictos sociales derivados del avance penoso pero inexorable de la industrialización coincidieron con los surgidos en las zonas rurales del sur de las brutales injusticias sociales intrínsecas a la economía latifundista. El proletariado rural malvivía con la dieta de subsistencia más ínfima. En contadas ocasiones comía más de una vez al día, y por lo general, pan del malo y gazpacho. Semejante dieta no contenía más que fuentes secundarias de proteínas, ya que la carne, el pescado y los huevos estaban fuera del alcance de los jornaleros. Un simple resfriado podía ser desastroso[84]. La década de 1890 fue un periodo de depresión económica que exacerbó los agravios de las clases más humildes, tanto en los barrios marginales urbanos como en las zonas rurales.

La miseria del campesinado del sur era la fuerza motriz de la acción directa. La represión indiscriminada que se desató a raíz del pánico de la Mano Negra fomentó la creencia de que cualquier acción directa, incluido el terrorismo individual, era lícita contra la tiranía del Estado. En un contexto de malas cosechas, con la consiguiente inflación de precios y paro masivo, la violencia social fue en aumento, en forma de ocupaciones esporádicas de fincas, robos de ganado y cereales y ataques a propietarios y administradores de bienes. A fines de 1891, un obrero de la construcción madrileña, Félix Grávalo, el Madrileño, predicaba el anarquismo en los pueblos de los alrededores de Jerez. Entre sus discípulos surgió la ingenua ocurrencia de conquistar Jerez para crear un bastión anarquista como primer paso para hacerse con el dominio de la provincia de Cádiz entera. En la noche del 8 de enero de 1892, más de quinientos braceros de Arcos de la Frontera, Ubrique, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, el Puerto de Santa María y otras ciudades de Cádiz, así como de Lebrija, en Sevilla, se reunieron en las afueras de la ciudad. Armados solo con hoces, guadañas, horcas y palos, pero impulsados por el hambre, invadieron el centro de Jerez. En parte, pretendían liberar a decenas de trabajadores recientemente encarcelados después de los juicios de la Mano Negra, al grito de «¡Hermanos, venimos por vosotros!». Sin embargo, la existencia de alzamientos paralelos en otras ciudades de la provincia de Cádiz apunta a que las intenciones revolucionarias de Grávalo eran más ambiciosas. Los sublevados se apoderaron brevemente de Jerez, aunque su optimismo al creer que la guarnición militar local se uniría a ellos estaba completamente fuera de lugar. Su triunfo duró poco y la policía pronto controló la situación. Dos inocentes transeúntes, un viajante de comercio y un oficinista, murieron a manos de la multitud en un estallido de odio social. Como iban bien vestidos y llevaban guantes, los tomaron por opresores[85]. El temor al espectro de revolución provocado por los acontecimientos de Jerez hizo que la represión consiguiente fuera severa y se extendiera por toda Andalucía occidental. En los juicios militares posteriores, a pesar de la falta de pruebas concretas, aparte del testimonio de Grávalo, obtenido bajo coacción, cuatro trabajadores fueron condenados a cadena perpetua. Cuatro más fueron sentenciados a muerte y ejecutados a garrote en la plaza pública de Jerez[86].

Una de las consecuencias de la represión fue el nacimiento de un mártir anarquista en la venerable persona de Fermín Salvochea, que fue acusado de ser el cerebro del asalto a Jerez, a pesar de encontrarse ya entre rejas. Salvochea había sido alcalde de Cádiz en 1873 y hacía tiempo que estaba en el punto de mira de las autoridades, asustadas por su inmensa popularidad. En abril de 1891, clausuraron su periódico, La revolución social, y, después de las celebraciones del Primero de Mayo, lo arrestaron. Mientras estaba en la cárcel, lo habían visitado los organizadores de la toma de Jerez, a quienes había tratado de disuadir de lo que consideraba un proyecto suicida. Se dijo que había organizado el asalto a Jerez a través del Madrileño, al que consideraban su hombre de paja. Sacaron de la cárcel y torturaron a varios reclusos para que declararan que Salvochea había ofrecido el apoyo de los anarquistas gaditanos a la operación de Jerez. Fue condenado a doce años de trabajos forzados y en 1899, amnistiado[87].

El conocimiento de que las confesiones se habían obtenido mediante tortura intensificó la propagación del anarquismo en otras partes de España. En particular, en Barcelona hubo numerosos actos de solidaridad con los trabajadores andaluces que, a su vez, provocaron el ejercicio de la violencia de Estado en forma de detenciones indiscriminadas, torturas y ejecuciones en la capital catalana. Al principio, los intentos anarquistas de emular las campañas terroristas que tenían lugar en Francia y Rusia destacaron por su incompetencia[88]. El 24 de septiembre de 1893, como respuesta directa a la represión en Jerez, se produjo un atentado fallido contra el capitán general de Barcelona, Arsenio Martínez Campos, quien, como se recordará, había acaudillado el golpe militar que había restablecido la monarquía en diciembre de 1874. Martínez Campos destacaba por su manifiesta hostilidad con el movimiento obrero. El atentado con bomba durante una procesión en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Merced, marcó el comienzo de tres de los años más sangrientos del terrorismo en Barcelona. Murieron un guardia civil y varios caballos, y dieciséis personas resultaron gravemente heridas. A pesar de que Martínez Campos fue arrojado de su montura y recibió impacto de metralla en la pierna, no sufrió daños más graves. El asesino frustrado, un impresor de treinta y un años y padre de tres hijos, Paulí Pallàs, miembro de un grupo de afinidad, no intentó huir y fue detenido en el acto.

Que Pallàs fuera el primer autor de un atentado con bomba al que lograsen capturar es una demostración de la incompetencia policial. Lo juzgaron al cabo de cinco días, y en el juicio declaró en catalán que lo único que lamentaba era no haber logrado matar al representante «de la reacció i dels abusos del poder». Lo condenaron a muerte el 30 de septiembre y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 6 de octubre de 1893. La ejecución congregó una gran multitud y se oyó a algunos de los presentes gritar: «Visca la dinamita!» y «Visca l’anarquia!». La muerte de Pallàs fue el inicio de una gran represión. Durante los años siguientes, la policía acosó a su esposa, que no sabía nada de los planes de su marido. Inmediatamente después del intento de asesinato, sesenta anarquistas fueron detenidos y seis hombres inocentes fueron ejecutados el 21 de mayo de 1894, acusados falsamente de complicidad con Pallàs en el atentado al general Martínez Campos. Dos de ellos se encontraban en la cárcel en el momento del ataque y uno de ellos, Manuel Ars i Solanellas, sería vengado años más tarde por su hijo Ramon con el asesinato del primer ministro Eduardo Dato. Durante los dos años siguientes, más de veinte mil hombres y mujeres fueron encarcelados y muchos de ellos, torturados. La furia ciega de la policía confirmó la opinión de la clase obrera de que el Estado les había declarado la guerra. Al mismo tiempo, Pallàs fue considerado un mártir en círculos anarquistas. Sus últimas palabras fueron, al parecer, «La venjança serà terrible!», y entre los anarquistas comenzaron a escucharse los llamamientos a vengar su muerte, un resarcimiento que pronto se llevaría a cabo del modo más sanguinario posible en el templo de la burguesía catalana, el Gran Teatre del Liceu[89].

El terrorismo se vio facilitado por el hecho de que, hasta 1895, la policía mal pagada y mal dirigida de Barcelona careciera no solo de un archivo fotográfico, sino de un sistema básico de archivo. Su resultante incompetencia se veía compensada por su brutalidad. Despreciada por la clase obrera, recibía los apodos despectivos de l’embrolla («el embrollo») o la pudor («el hedor»). No fue hasta septiembre de 1896, después de uno de los atentados terroristas más brutales, el de la calle de Canvis Nous, cuando el Gobierno conservador de Cánovas del Castillo respondió a las protestas de los próceres barceloneses con la creación de una brigada especializada en la investigación de delitos políticos y sociales. En vista de la ineficacia policial, el Gobierno confiaba cada vez más en el Ejército. El alto mando consideraba que la única respuesta válida a la amenaza del terrorismo anarquista era la represión general. Se desencadenó una brutalidad indiscriminada contra elementos del movimiento anarquista que condenaban la violencia. Los anarquistas ya eran virulentos antimilitaristas tanto por motivos ideológicos como en respuesta a la espantosa experiencia de los reclutas y sus familias, que cargaban a sus espaldas el coste de unas guerras coloniales injustas. En palabras de un periódico anarquista: «Si los burgueses quieren la guerra, no tienen más que alistarse y partir hacia Cuba». La represión exacerbó la hostilidad anarquista hacia el Ejército[90].

Al cabo de menos de un mes de la ejecución de Paulí Pallàs, el 7 de noviembre de 1893 tuvo lugar en el Liceu de Barcelona, el teatro de la ópera frecuentado por la burguesía adinerada, uno de los ataques más trágicos. Tras varias alertas de atentado anarquista, asistir a la ópera en traje de gala era un acto de una irresponsabilidad casi provocadora. Con las tres mil seiscientas localidades de aforo llenas, la interpretación del Guillaume Tell de Rossini inauguraba la temporada. En el momento del segundo acto en que Guillermo Tell jura liberar a su país de la opresión, el anarquista Santiago Salvador i Franch arrojó dos bombas Orsini desde el gallinero del quinto piso a los caros asientos de platea. Afortunadamente, solo una explotó, pero, aun así, murieron veinte personas, entre ellas una niña de catorce años y nueve mujeres, y treinta y cinco más resultaron heridas por la metralla, fragmentos de vidrio y astillas de los asientos rotos. Se calculó en su momento que, de haber estallado ambas bombas, la cifra de muertos habría sido enorme[91].

La represión posterior fue dirigida de forma implacable por el general Valeriano Weyler, de cincuenta y ocho años de edad, quien fue nombrado capitán general de Cataluña el 5 de diciembre de 1893[92]. Tras practicar más de cuatrocientas detenciones arbitrarias, juzgaron a seis inocentes, a los que condenaron a muerte después de arrancarles mediante tortura confesiones de complicidad en el atentado contra Martínez Campos. Esas penas de muerte estaban pensadas para advertir a los anarquistas de la determinación con que las autoridades iban a reprimir el terrorismo. Santiago Salvador no fue detenido hasta el 1 de enero de 1894. Este pequeño delincuente de tendencias violentas había sido arrestado con anterioridad por robo y altercado público. De familia conflictiva, en 1878, cuando contaba trece años, había intentado asesinar a su padre, un hombre con fama de violento que posteriormente sería abatido por la Guardia Civil en 1891. A principios de 1893, la policía de Valencia propinó una brutal paliza a Salvador, a raíz de la cual, según parece, este anunció que «cada palo que recibía costaría lágrimas de sangre». Negó que su atentado fuera en venganza por la ejecución de Pallàs, pese a lo cual, en otro momento, afirmó: «La muerte de Pallàs me produjo un efecto terrible y, para vengarle, como tributo a su memoria, concebí el propósito de hacer un hecho que espantase a los que se habían gozado con su muerte y creían que ya nada tenían que temer; quise desengañarles y gozar también yo».

Salvador declaró a un periodista que, tras la explosión, se quedó en la calle, delante del Liceu, para regocijarse con el pánico de la burguesía. Esperaba ir al funeral de las víctimas el 9 de noviembre para lanzar más bombas a la multitud de dolientes, pero sus alarmados compañeros se negaron a suministrarle los explosivos necesarios. Él y dos cómplices no fueron juzgados hasta el 11 de julio de 1894. Mientras estaba en prisión, fingió reconciliarse con la Iglesia católica como artimaña para asegurarse una existencia más cómoda. En su celda, bien amueblada, estaba rodeado de libros devocionales, imágenes sagradas y crucifijos. Dejó de fingir cuando le confirmaron la condena, y afirmó que se había limitado a gastarle una última jugarreta a la burguesía. El 21 de noviembre de 1894, cuando fue ejecutado a garrote vil ante una gran multitud, murió gritando: «¡Viva la anarquía y la revolución social!» y «¡Abajo la religión!». A pesar de haber asesinado a numerosos inocentes y haber huido, algunos elementos de la prensa anarquista lo aclamaron como un héroe, aunque otros lo condenaron sin paliativos. Al igual que Pallàs antes que él, Salvador parecía ajeno al hecho de que, además de causar tantas muertes inocentes, sus acciones provocaron una feroz represión contra el movimiento anarquista, muchos de cuyos miembros se oponían al terrorismo[93].

El atentado del Liceu se produjo en medio de una serie de catástrofes que, en conjunto, no ayudaron a consolidar la confianza del público en la clase política. En octubre de 1893, estalló un conflicto de reducidas dimensiones en Marruecos. El gobernador militar de la guarnición de Melilla, el general Juan García Margallo, había iniciado obras de fortificación en suelo que las tribus bereberes locales consideraban sagrado. Después de que profanaran la tumba de un santo rifeño, seis mil cabileños armados con rifles Remington atacaron Melilla el 3 de octubre. Fueron rechazados por la artillería, que destruyó una mezquita, lo que intensificó el conflicto inicial y lo convirtió en una yihad, que hizo necesario el envío de considerables refuerzos desde España. A continuación, un error estratégico del general Margallo ocasionó numerosas bajas a las tropas españolas en un combate en el que él mismo resultó muerto. Se rumoreó que lo había matado a tiros con su revólver un joven teniente, Miguel Primo de Rivera, que en 1923 se proclamaría dictador. Al parecer, Primo de Rivera estaba indignado por el hecho de que los rifles con los que estaban armados los rifeños se los hubiera vendido el general Margallo. No se encontraron pruebas del asesinato, pero el rumor pone de manifiesto el convencimiento mayoritario, plenamente justificado, de que la administración militar era corrupta. Primo de Rivera, dicho sea de paso, recibió la condecoración militar más alta de España, la Cruz Laureada de San Fernando, y fue ascendido a capitán. La campaña terminó con una demostración de fuerza en toda regla que España apenas podía permitirse[94].

Cuatro días antes de la atrocidad del Liceu, se produjo el mayor desastre civil de la España del siglo XIX. El 3 de noviembre de 1893, el carguero Cabo Machichaco, que transportaba dinamita, se incendió en el puerto de Santander. Mientras los tripulantes de los barcos cercanos y los bomberos locales intentaban apagar el fuego, se congregó una gran multitud de curiosos. Cuando el barco explotó, la deflagración causó una enorme columna de miles de toneladas de agua que arrojó a numerosas personas al mar. La onda expansiva destruyó gran cantidad de edificios de la ciudad, y lanzó fragmentos de hierro y cuerpos mutilados a kilómetros de distancia. Murieron 590 personas y 525 más resultaron gravemente heridas, casi el 2 por ciento de los santanderinos. Entre los fallecidos se encontraban las principales autoridades civiles y militares, incluido el gobernador civil, cuyo bastón de mando fue a parar a varios kilómetros.

A raíz de la bomba del Liceu, se oyeron numerosas voces que exigían la aniquilación del movimiento anarquista. El 9 de noviembre de 1893, el Gobierno suspendió las garantías constitucionales en la provincia de Barcelona, situación que se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 1894. Durante un breve periodo, grupos de vigilantes patrullaron las calles de los barrios burgueses. En julio de 1894, se enmendó la ley para sancionar la colocación de bombas en lugares públicos, o la pérdida de vidas, con penas de cadena perpetua o muerte. También se incrementaron las sanciones contra los sospechosos de conspiración para cometer atentados terroristas. Las medidas excepcionales no solo limitaron los derechos de las personas de ideología anarquista, sino que también se utilizaron para justificar las detenciones de obreros republicanos, maestros de escuelas laicas y demás librepensadores. La severa aplicación de estas medidas por parte del general Weyler proporcionó a Barcelona casi dos años de tranquilidad, en gran parte debido al horror provocado por el atentado contra el Liceu, que acalló todas las críticas a los métodos policiales[95].

Después del traslado a Cuba de Valeriano Weyler, el 19 de enero de 1896 le sucedió en Barcelona el general Eulogi Despujol i Dusay, algo más moderado. Sin embargo, se produjeron nuevas detenciones en masa tras un ataque terrorista el 7 de junio de 1896, al explotar una bomba durante la procesión del Corpus Christi hacia la hermosa iglesia gótica de Santa Maria del Mar, en el barrio barcelonés del Born. Esta espectacular ceremonia anual era una tradición que servía de excusa a la gente para ataviarse con sus mejores galas y siempre atraía a grandes multitudes. El ostensorio con la hostia y los dignatarios eclesiásticos no encabezaban la procesión, hecho insólito en una ceremonia religiosa, sino que iban detrás del pendón principal, que siempre llevaban el capitán general, el gobernador civil y el alcalde. Cuando el pendón entraba en la basílica, se oyó una explosión en la cola de la procesión. La bomba explotó en la calle de Canvis Nous cuando la multitud estaba arrodillada ante el ostensorio. Poco antes había empezado a llover, de modo que el obispo y los demás dignatarios clericales se habían apresurado a entrar en la iglesia. La bomba mató a doce personas, incluidos una niña de seis años y un niño de once, e hirió de gravedad a otras cincuenta y cuatro. Como el obispo y las autoridades resultaron ilesos y todas las víctimas eran ciudadanos de clase trabajadora, se extendió la sospecha de que el culpable era un agente provocador de la policía. Otra teoría era que el autor, seguramente ignorante de la singular organización de la comitiva, había creído que las autoridades civiles y militares irían detrás del ostensorio. Más allá de las dudas, la atrocidad suscitó el rechazo unánime de la opinión pública en general y de la prensa burguesa de Barcelona y Madrid, tanto liberal como conservadora. La Ciudad Condal se declaró de luto oficial y oscurecieron el alumbrado público[96].

La exigencia de fuertes represalias contra los anarquistas, a los que se atribuyó el atentado, fue general. Los llamamientos casi unánimes a la venganza fueron el preludio de la brutal represión que se desataría en los meses posteriores. A pesar de la condena internacional, el 2 de septiembre de 1896 se endurecieron las medidas legales de que podían disponer las autoridades españolas con la introducción de una ley para la represión del anarquismo. Se creó una nueva brigada policial que imitaba las técnicas de la Ojrana rusa: sobornos, confidentes, agentes infiltrados y agentes provocadores, bajo la dirección del teniente de la Guardia Civil Narciso Portas Ascanio[97]. El capitán general puso la investigación en manos de un juez militar, el teniente coronel Enrique Marzo Díaz-Valdivieso, quien había presidido el juicio del atentado contra Martínez Campos que había concluido con la condena a muerte de seis anarquistas. La tortura de los prisioneros se llevó a cabo bajo la supervisión del teniente Portas. Las autoridades, tras reconocer que carecían de indicios, procedieron a detener a más de quinientos anarquistas, republicanos y librepensadores, entre los que figuraban las viudas de anarquistas previamente ejecutados, como Paulí Pallàs, escritores, mujeres que llevaban comida a los que ya estaban encarcelados e incluso el personal de los cafés frecuentados por izquierdistas. Los policías recibían una prima por cada detenido. Las cárceles locales estaban llenas a rebosar. Los centros obreros fueron clausurados en masa. La mayoría de los presos anarquistas y otros de izquierdas fueron detenidos e interrogados en la siniestra fortaleza de Montjuïc, la Bastilla española, que se cierne sobre Barcelona. El hecho de que entre ellos se encontrasen destacados intelectuales anarquistas como Anselmo Lorenzo, Federico Urales, Fernando Tarrida del Mármol y Teresa Claramunt y abogados como Pere Coromines hizo que las informaciones sobre el trato abominable dispensado a los reclusos llegasen al mundo exterior[98].

Uno de los que más eficaces se mostraron a la hora de captar la atención general sobre el escándalo fue Alejandro Lerroux. Nacido en Córdoba en 1864, comenzó su vida adulta como desertor del Ejército, después de pulirse la paga de la academia militar en un casino. Como periodista de pluma fácil, aunque más bien ligera, había adquirido una efímera fama en 1893 al haber salido vencedor casi sin querer en un duelo con el director de un periódico. Ascendido a la dirección de El País, que en aquel entonces era un diario amarillista de izquierdas, la denuncia de Lerroux de las torturas de la cárcel de Montjuïc le hizo muy popular, y obtuvo una popularidad aún mayor con una serie de revelaciones acerca de la represión militar y escándalos gubernamentales. En marzo de 1899, lanzó un nuevo semanario, El Progreso, en el que volvió a denunciar lo que sucedía en Montjuïc[99].

Es probable que el autor del atentado de la calle de Canvis Nous fuera un anarquista francés llamado Jean o François Girault, que posteriormente habría huido a Buenos Aires tras ocultarse un tiempo en Londres[100]. El presunto culpable, también francés, Tomás Ascheri, confidente de la policía, fue detenido dos días después del atentado. Sus denuncias llevaron a la detención de dos anarquistas catalanes, Josep Molas y Antoni Nogués, quienes, tras brutales torturas, aportaron más nombres. Entre otras horrendas crueldades, a los detenidos les rompieron huesos, les arrancaron las uñas de las manos y los pies, les aplicaron hierros al rojo vivo y les cortaron la lengua. Debido a los tormentos, un prisionero, Lluís Mas, se volvió loco, cinco murieron y otros veintiocho confesaron haber colocado la bomba. Con la excusa de que una de las víctimas era un soldado, los acusados fueron juzgados por un tribunal militar entre el 11 y el 15 de diciembre de 1896. El fiscal pidió 28 penas de muerte. Al final, sobre la base de confesiones arrancadas mediante tortura, se impusieron 66 largas condenas de cárcel y 8 penas de muerte. El Consejo Supremo de Guerra conmutó tres penas de muerte y 46 penas de prisión. Entre los 194 hombres condenados a destierro se encontraban numerosos prisioneros famosos, que contribuyeron a llamar la atención del público internacional sobre el comportamiento inquisitorial de las autoridades españolas. Al final, a pesar de las dudas planteadas por el hecho de que las confesiones se hubieran obtenido mediante la tortura, fueron ejecutadas cuatro personas. Ante una gran multitud, Ascheri —en calidad de presunto autor material— y Molas, Nogués, Mas y Joan Alsina, el presunto constructor de la bomba —en calidad de cómplices—, fueron fusilados por un pelotón al alba del 4 de mayo de 1897, en el foso de la fortaleza. Los cuatro presuntos cómplices murieron proclamando su inocencia. Los reos condenados a trabajos forzados sufrieron condiciones inhumanas en las colonias africanas de España[101].

La denuncia internacional de las torturas a la prensa provocó un enorme desprestigio de España, en paralelo a la represión de los movimientos independentistas en Cuba y Filipinas. En particular, la campaña que se hizo en Francia comparó la represión española con la de la Rusia zarista. En Gran Bretaña, el Spanish Atrocities Committee («Comisión sobre las Atrocidades en España») organizó manifestaciones masivas. Los presos exiliados participaban en mítines y provocaban indignación al enseñar sus heridas y relatar los horrores de Montjuïc. Estas campañas fomentaron el apoyo a los rebeldes cubanos y filipinos. Sin embargo, la represión logró poner fin al terrorismo en Barcelona al menos durante unos años. Algunos de los militantes más violentos habían huido. Intelectuales como Tarrida y Anselmo Lorenzo defendían la acción no violenta. Una de las últimas iniciativas violentas de este periodo tuvo lugar el 4 de septiembre de 1897. El periodista Ramon Sempau disparó e hirió a Narciso Portas y a su segundo, Joan Teixidó, en un urinario público de la plaza de Cataluña. Sin embargo, una indicación del impacto en la opinión pública de las revelaciones sobre las atrocidades de Montjuïc fue el hecho de que, aunque Sempau fue inicialmente condenado a muerte a los dos días por un tribunal militar, su caso pasó a la jurisdicción civil y, en octubre de 1898, ante la aprobación general, el veredicto fue que Sempau había actuado en defensa propia. Portas se convirtió en el blanco de la animadversión pública. Cuando entraba en un café, se vaciaba, y tras ser objeto de una tentativa de asesinato en Madrid, se vio obligado a ir a todas partes con varios guardaespaldas. Alejandro Lerroux, en el apogeo de su popularidad en Barcelona, lo llamó «verdugo» y «esbirro» y lo comparó con Nerón y Calígula. Portas desafió a Lerroux a duelo. Este se negó con el pretexto de que un caballero no podía tener nada que ver con un torturador. Finalmente, Portas se topó con él en la calle de Alcalá de Madrid y se enfrentaron a bastonazo limpio, sin que hubiera un vencedor claro en la lid[102].

El proceso de Montjuïc y la represión que lo precedió abrieron una nueva fase en la historia del movimiento anarquista. Una consecuencia directa del proceso de Montjuïc fue el asesinato por venganza, el 8 de agosto de 1897, del entonces presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, por un periodista anarquista italiano de 26 años, Michele Angiolillo. Era un rumor muy difundido que las torturas se habían llevado a cabo por órdenes directas de Cánovas, como se insinuó en las manifestaciones celebradas en París y Londres en protesta por los abusos con los prisioneros. Angiolillo había asistido a una gran manifestación en Trafalgar Square, en la que algunas de las víctimas enseñaron las quemaduras y cicatrices que llevaban desde su paso por Montjuïc. Después de conocerlos, viajó a España. Fue a Santa Águeda, cerca de Mondragón, en el País Vasco, donde Cánovas estaba tomando las aguas. Le pegó tres tiros. Cuando la esposa de Cánovas, Joaquina de la Osma, le gritó «asesino», Angiolillo se inclinó cortésmente y dijo: «A usted la respeto porque es una señora honrada, pero yo he cumplido con mi deber, y estoy tranquilo. He vengado a mis hermanos de Montjuïc». De hecho, las salvajadas cometidas contra los anarquistas consiguieron reducir el terrorismo individual e inclinar el movimiento hacia el uso de la huelga general[103]. Cánovas fue sustituido por Sagasta, de setenta y dos años de edad, que inmediatamente puso fin a la estrategia de guerra total en Cuba. En este sentido, puede que el asesinato de Cánovas diera alas a los movimientos de liberación en Cuba, Filipinas y Puerto Rico.

Según Joaquín Romero Maura,

el factor más importante de la represión de Montjuïc quizá sea otro. Porque los excesos cometidos por la policía no ocurrieron simplemente porque los hombres a cargo de la investigación resultaran ser despiadados y brutales. La Administración española era una estructura hipertrofiada, anquilosada, indisciplinada y, a menudo, corrupta. Lo único que reprimía los abusos, en el caso de los funcionarios escrupulosos, era su conciencia. La legislación relativa a las responsabilidades de la Administración era confusa y rara vez se aplicaba, y no existían mecanismos de control eficientes. En estas circunstancias, con una policía tan mal pagada como la mayoría de los funcionarios públicos de los últimos peldaños del escalafón, cuyo reclutamiento no seguía sistema alguno y a los que no se daba ninguna seguridad en el puesto, no cabía esperar que fueran escrupulosos. Pero las condiciones que en otras ramas de la Administración fomentaban el soborno y una lentitud exasperante, dieron pie a que la policía hostigara a las personas y practicara detenciones arbitrarias; la arbitrariedad se acentuó debido a la falta de seguridad fruto de la incompetencia[104].

La proliferación de la violencia social en España discurrió paralela —y, de hecho, se intensificó— al deterioro de la situación en lo que quedaba del imperio. La rebelión cubana había resurgido en 1895 y, a pesar del envío de un gran número de tropas, seguía siendo una pesada carga para las arcas españolas. Las guerrillas rápidas y flexibles, los denominados «mambises», eran un rival que superaba a las tropas españolas y que, además, contaba con suministros de armas, municiones y demás pertrechos de simpatizantes en Florida. A principios de 1896, prácticamente habían ganado la guerra. La respuesta de Madrid fue el nombramiento del despiadado general Weyler. Para privar a los mambises del apoyo logístico del campesinado, Weyler adoptó la política de «reconcentración»: un gran número de campesinos fueron desplazados por la fuerza a campos de concentración donde, sin alimentos, saneamiento ni atención médica adecuados, murieron alrededor de ciento sesenta mil personas, casi el 10 por ciento de la población de la isla. La estrategia brutal de Weyler incrementó el odio hacia el poder colonial y aumentó el apoyo estadounidense a los rebeldes. En octubre de 1897, las condenas internacionales y el afán de reconciliación de Sagasta con los rebeldes obligaron a Weyler a dimitir. Pero ya era demasiado tarde para que su marcha sirviera de algo[105].

En 1897, las Filipinas también se rebelaron, y su defensa se convirtió en otra sangría para las arcas españolas. Para rematar las cosas, el 15 de febrero de 1898, el acorazado Maine de la Marina de Estados Unidos explotó en el puerto de La Habana, lo que causó la muerte a 266 marineros estadounidenses. La explosión quizá fue accidental o posiblemente obra de anarquistas cubanos que pretendían echarle la culpa a España, algo que desde luego ocurrió, además de decantar la opinión pública estadounidense a favor de los rebeldes isleños. La indignación de Estados Unidos ante las medidas adoptadas por Weyler, así como ante el impacto de estas en el comercio estadounidense con Cuba, obligó al presidente William McKinley a reiterar la exigencia formulada por primera vez en 1848 de que España abandonara la isla, aunque vendiéndosela antes a Estados Unidos. En España, en un clima de patrioterismo general, con la excepción de los soldados de reemplazo que tenían que ir a luchar, todos estaban a favor de la guerra[106].

El 25 de abril, McKinley, presionado por Theodore Roosevelt, declaró la guerra a España. Los efectivos españoles en Cuba, Filipinas y Puerto Rico eran más numerosos que todo el Ejército de Estados Unidos, casi un cuarto de millón de soldados frente a 28.000. Pero las tropas estaban dispersas en un sinfín de guarniciones. En Cuba, las fuerzas estadounidenses, más eficaces, aliadas con la poderosa guerrilla local, apuntaron rápidamente a objetivos estratégicos clave. Armados con cañones Gatling de fuego rápido, los estadounidenses aprovecharon esta ventaja sobre los desmoralizados reclutas españoles. Además, las líneas de suministro de los estadounidenses eran muchísimo más cortas y contaban con la supremacía marítima de Gran Bretaña. En términos navales, la diferencia no se debía solo a la superioridad de recursos de Estados Unidos, sino a que su estrategia de utilización de acorazados con artillería de largo alcance había puesto al descubierto las debilidades de la opción estratégica española de cruceros rápidos con armas relativamente más ligeras. La mañana del 1 de mayo de 1898, en la base naval de Cavite, en la bahía de Manila, el comodoro Dewey aniquiló a la flota española del Pacífico. El 3 de julio, la flota española del Atlántico también fue destruida frente a la bahía de Santiago de Cuba. La guerra había durado menos de dos meses. Fue el fin del poderío y el prestigio naval españoles. El posterior tratado de paz hizo que España perdiera todas sus colonias excepto Marruecos[107].

A pesar de la realidad de que un Ejército español mucho más numeroso había sido derrotado, surgió el mito, tan grato al general Franco, de la heroica resistencia de los hispanos ante una superioridad enemiga abrumadora y el uso «tramposo» de una tecnología superior. Las imágenes españolas de la época de un cerdo capitalista grasiento pisoteando al león español moribundo contrastaban con la opinión estadounidense de que la superioridad moral y los conocimientos técnicos se habían impuesto a un enemigo decadente. La idea que Franco se hizo del conflicto sería un tema recurrente en su trayectoria. Tenía cinco años y medio cuando se produjo la gran derrota ante Estados Unidos. Aunque, a esa edad, es imposible que se diera cuenta de la importancia de los acontecimientos, tuvo que presenciar la llegada y el desembarco de los ataúdes y los heridos en la base naval de la localidad de Ferrol, donde vivía. A partir de entonces, el desastre lo marcó profundamente y para siempre. Muchos de sus compañeros de escuela llevaban luto, al haber quedado huérfanos o perdido familiares. Durante muchos años, fue habitual la presencia de hombres mutilados en la ciudad. Al vivir en una familia de militares, escuchó las indignadas conversaciones que su padre mantenía con sus colegas de la base naval, en las que la derrota se atribuía a fuerzas siniestras como la masonería. Posteriormente, cuando ingresó como cadete en la academia militar, se empapó de un ambiente que se había enconado desde 1898. Al igual que en Ferrol, en Toledo, el fracaso se achacaba a las maquinaciones de las masonerías estadounidense y británica y a la traición de los políticos españoles, que habían enviado a combatir a unas fuerzas navales y de tierra sin los recursos necesarios[108].

Las consecuencias de la derrota, con la destrucción del ilusorio estatus de España como gran potencia, fueron una mezcla de dolor privado y desazón pública. Los editoriales de la prensa, los intelectuales y los políticos dieron una y mil vueltas al discurso sobre las «naciones moribundas» que pronunció el 4 de mayo de 1898 el primer ministro británico lord Salisbury ante una asociación del Partido Conservador, la Primrose League, en el Royal Albert Hall de Londres. En dicho alegato, Salisbury había declarado que «las naciones vivas irán ocupando gradualmente el territorio de las moribundas». Sus palabras se consideraron proféticas sobre el futuro de España. Sin embargo, la monarquía constitucional, que había ido a la guerra convencida de que estaba en juego su propia supervivencia, no sufrió el destino de Napoleón III en 1870 ni del káiser Guillermo II en 1918, lo que refleja el hecho de que los principales árbitros de la política, los militares, se hallaban divididos, rehuían su responsabilidad del desastre y estaban muy ocupados administrando el complejo proceso de desmovilización.

Mientras seguían dando vueltas a las causas del desastre, la ruina económica que se esperaba que siguiera a la pérdida del imperio no se materializó. De hecho, se produjo una leve mejora de la economía, ya que la paz provocó la caída de la inflación y de la deuda pública y un aumento de la inversión en bienes de capital. La devaluación de la peseta a raíz de la derrota fomentó las exportaciones a otros países europeos. La demanda de algunos productos españoles, como el calzado, el aceite de oliva y el ajo, seguía siendo fuerte en Cuba y Puerto Rico. Además, tanto en 1898 como en 1899 las cosechas fueron inesperadamente buenas, lo que incrementó la demanda de productos industriales en el campo, y lo mismo ocurrió con el retorno de doscientos mil soldados de las colonias, que se gastaron las pagas atrasadas en la compra de ropa nueva. Y lo que es más importante: se produjo una repatriación en masa de capitales de las colonias españolas en América. El retorno de los colonos llevó inversiones y conocimientos empresariales a sus regiones de origen, como Galicia. No obstante, aunque las consecuencias de 1898 fueron menos dramáticas de lo que se podía temer, fueron muy negativas para los puertos atlánticos y para la industria textil catalana. Esta última, cuya base era una multitud de pequeñas empresas familiares que utilizaban maquinaria anticuada, había quedado obsoleta y sobrevivía frente a la competencia extranjera gracias al proteccionismo y a la existencia de un mercado exterior cautivo. Ambas ventajas desaparecieron con la pérdida de Cuba[109].

Además, las pocas circunstancias favorables que siguieron al desastre fueron de corta duración. Los soldados se gastaron pronto las pagas atrasadas y las cosechas siguientes fueron malas, lo que provocó el desplome de la demanda interna. En el otoño de 1900, ya habían cerrado en Cataluña más de treinta fábricas, mientras que en otras despedían a los empleados. La conflictividad social iba en aumento. Por todo ello, la pérdida de Cuba fomentó el resentimiento hacia Madrid y aceleró el desarrollo del nacionalismo catalán. Las medidas gubernamentales para equilibrar el presupuesto y pagar la deuda de guerra desencadenaron una huelga de contribuyentes, el tancament de caixes, y disturbios. También fomentó el crecimiento de un partido autonomista, la Lliga Regionalista. Al final, la industria catalana encontraría nuevos mercados, especialmente en Argentina, y también se diversificaría con la introducción de las industrias del automóvil, eléctrica y química. Sin embargo, el problema que no se logró resolver fue que el Ejército acallara su mala conciencia descargando sus iras sobre Cataluña. Desde mediados del siglo XVIII, el Ejército español no había conocido más que la derrota a manos de enemigos extranjeros, y había obtenido sus únicas victorias en guerras civiles. No es de extrañar, pues, que, tras la pérdida de los últimos restos importantes del imperio, el Ejército mostrase la férrea determinación de no perder la última batalla de la defensa de la integridad nacional. Irónicamente, la derrota que alimentó el fuego del nacionalismo español también dio vida a su mayor enemigo[110].

La respuesta a esta humillación monumental, conocida posteriormente como el «Desastre del 98», fue un examen nacional de conciencia, un análisis introspectivo de lo que no funcionaba en España que llevaron a cabo intelectuales y políticos en reuniones, artículos, libros y epistolarios. La generación del 98 lidió con el llamado «problema nacional». La agitación de las guerras civiles del siglo XIX, la revolución de 1868, el caos de la Primera República en 1873 y la pérdida de Cuba en 1898 habían estimulado una incesante exploración de las entrañas nacionales. El republicano progresista Ricardo Macías Picavea tildó a las instituciones aparentemente legítimas y al Parlamento democrático de la Restauración de «puro papel pintado con paisajes del sistema parlamentario, y el caciquismo, la verdadera pared maestra de cal y canto, bárbara fábrica de nuestro habitáculo gubernamental[111]». La figura más destacada del movimiento regeneracionista fue un visionario polímata aragonés, el abogado y agrónomo Joaquín Costa Martínez. Fue él quien respondió a la derrota con el grito de guerra: «Escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid»; es decir, basta de aventuras militares. En 1902, a la edad de cincuenta y seis años, presentó al Ateneo de Madrid su informe Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla. Denunció la clase y el sistema políticos, el caciquismo y la oligarquía como los principales problemas de España. Comparó al cacique con un cáncer o tumor, una excrecencia antinatural en el cuerpo de la nación. Por eso la clase política había podrido y arruinado a España mediante el caciquismo y sus prácticas corruptas, al obstruir las fuerzas del progreso y mantener así a la nación sumida en la servidumbre, la ignorancia y la miseria. La solución tenía que ser un cirujano de hierro que lo eliminara, para facilitar la reforma democrática: «Esa política quirúrgica, repito, tiene que ser cargo personal de un cirujano de hierro, que conozca bien la anatomía del pueblo español, y sienta por él una compasión infinita. […] Para que España pueda ser nación parlamentaria mañana, tiene que renunciar a serlo hoy[112]». De hecho, Costa insistió en que su solución quirúrgica era compatible con el Parlamento y no era sinónimo de dictadura[113]. En última instancia, el regeneracionismo era un recurso que podían utilizar tanto la derecha como la izquierda, ya que entre sus defensores había quienes buscaban barrer, con reformas democráticas, un sistema político degenerado que se basaba en el poder de los caciques locales, y quienes planeaban simplemente acabar con el caciquismo para sustituirlo por el autoritarismo del «cirujano de hierro», eliminando la democracia representativa y restaurando los valores que consideraban que habían contribuido a la grandeza de España: unidad, catolicismo y jerarquía.

El filósofo José Ortega y Gasset reflexionó así sobre Cánovas y el sistema que inventó: «La Restauración, señores, fue una panorama de fantasmas y Cánovas el gran empresario de la fantasmagoría. […] por encima de ser un gran orador, y un gran pensador, fue Cánovas, señores, un gran corruptor, como diríamos ahora, un profesor de corrupción. Corrompió hasta lo incorruptible[114]».

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Revolución y guerra: de la pérdida del imperio en 1898 a la crisis de 1917-1918

Manifestación en Barcelona después de los eventos de la Semana Trágica, 1909.
© ACI / ALAMY.

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Después de una derrota rápida y humillante en una guerra de ocho meses contra Estados Unidos, el esfuerzo por aplastar a los rebeldes en Cuba y Filipinas acabó en desastre. El fin del espejismo de España como gran potencia ocasionó una crisis nacional y la consternación íntima de una población otrora belicosa. Como ya se ha dicho, los editoriales de la prensa y las plataformas políticas se hicieron eco del discurso de lord Salisbury sobre las «naciones moribundas». En palabras de Sebastian Balfour, «la crisis se produjo en el apogeo de la época del imperialismo, cuando la posesión de colonias se consideraba el indicador de la capacidad de supervivencia de las naciones[115]». Pese a todo, la monarquía constitucional logró sobrevivir gracias a que los militares estaban demasiado ocupados lidiando con las consecuencias inmediatas de la guerra. Mientras tanto, el resto de la sociedad española seguía excluida de un sistema político corrupto que no ofrecía a los obreros y a los desposeídos del campo más opciones que la resistencia violenta o la apatía.

Las consecuencias dañinas del desastre de 1898 no tardaron mucho en tener un impacto sobre algunas partes de la economía española, especialmente en Cataluña, de cuyos productos Cuba había sido un mercado cautivo. Los sectores más dependientes del comercio colonial se vieron gravemente afectados, si bien la diversificación de las exportaciones y la renovación tecnológica lograron aliviar las dificultades. Como también hemos visto en el capítulo anterior, al principio la economía experimentó un repunte dado que la paz trajo consigo la caída de la inflación y de la deuda pública y mayores niveles de inversión en bienes de capital. La devaluación de la peseta ocasionada por la derrota impulsó las exportaciones, mientras que el regreso de los indianos supuso la llegada a España de conocimientos de gestión empresarial e importantes capitales. A pesar de todo, los industriales catalanes iniciaron una campaña a favor del cambio político y la modernización de España para aumentar el consumo interno. Además, el desastre de 1898 intensificó la desafección ya existente entre las clases medias catalanas hacia el Estado español. Barcelona, que ya era un hervidero de tensión social debido a la llegada de trabajadores anarquistas procedentes de los latifundios de Andalucía y Murcia y del interior de Cataluña, fue escenario de huelgas esporádicas y atentados terroristas de autoría anarquista y también de agentes provocadores gubernamentales. Aunque la economía española seguía siendo predominantemente agraria, a principios del siglo XX ya se estaba desarrollando una economía capitalista moderna en torno a las industrias textiles y químicas de Cataluña, las fundiciones de hierro y acero del País Vasco y las minas de Asturias[116]. El carbón asturiano era de peor calidad y más caro que el de las minas británicas. Los productos del sector textil catalán y de la metalurgia vasca no podían competir con los británicos o alemanes en el mercado internacional, y su avance estaba limitado por la pobreza del mercado nacional español. No obstante, pese a su carácter vacilante, el crecimiento de estas industrias hizo surgir un proletariado industrial politizado. Este desarrollo también dio pie a movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, originados por la sensación de agravio de los industriales de ambas regiones, que creían que contribuían con una proporción muy alta a los ingresos fiscales de España, sin tener apenas voz ni voto en un Gobierno dominado por la oligarquía agraria.

Las elecciones descaradamente fraudulentas del 19 de mayo de 1901 hicieron que la maquinaria del caciquismo pasara del intercambio de favores por votos a la compra directa o la violencia para forzar el voto en una u otra dirección o para impedirlo por completo. A pesar de todo, el partido catalanista, la Lliga Regionalista, obtuvo su primera victoria electoral. Se había fundado solo tres semanas antes con la fusión de los elementos más conservadores del nacionalismo catalán, y con la intención expresa de «trabajar por todos los medios legales para conseguir la autonomía del pueblo catalán dentro del Estado español». Uno de sus líderes era el joven y astuto abogado Francesc Cambó, que pronto destacaría en el mundo de la empresa y las finanzas. Entre 1901 y 1905, la Lliga y los republicanos liquidaron el turnismo en Barcelona. En las elecciones de 1901, los cuatro candidatos de la Lliga y los dos de los republicanos consiguieron sus escaños. A partir de entonces, las elecciones se disputarían, en el eje izquierda-derecha, entre la Lliga conservadora y catalanista y los radicales centralistas de izquierdas[117].

En el resto de España, el sistema corrupto de la Restauración sobrevivió, y el aumento de la competencia electoral hizo que se intensificaran las prácticas fraudulentas. A finales de siglo, las cuentas de la sociedad March Hermanos revelan pagos sustanciales a carabineros, guardias civiles y espías, así como gastos electorales en cigarros y ensaimadas[118]. En 1905, en Alicante secuestraron a electores que iban a depositar su voto. En el mismo año y en la mayoría de las elecciones de la época, en Guadalajara y otras provincias, el conde de Romanones utilizó su inmensa fortuna para crear un arsenal de favores y amenazas que sus agentes empleaban para comprar votos[119]. La disyuntiva entre la compra del voto y el ejercicio de la violencia dependía en parte de los recursos económicos del grupo político en cuestión. Los adinerados industriales y propietarios de minas del País Vasco solían recurrir a la compra, mientras que los cerealistas de Castilla la Vieja era más habitual que empleasen la coacción de uno u otro tipo, sobre todo la amenaza de ejecutar hipotecas o no comprar el trigo de los pequeños productores. Para que todo esto pudiera pasar, los candidatos primero tenían que recibir la autorización del Ministerio de la Gobernación, donde se llevaba a cabo el encasillado (la colocación de los candidatos escogidos en la casilla con más probabilidades de ganar un escaño), de acuerdo con las necesidades políticas del día y las recomendaciones de personajes influyentes[120]. Así pues, el fraude electoral implicaba un enorme trasvase de votos de una elección a otra, en especial en las zonas rurales. En algunas regiones pobres, como Andalucía o Galicia, los gobiernos de la época consiguieron mantener el control de las elecciones. Así, en Andalucía, entre 1899 y 1923, el 49 por ciento de los escaños de las Cortes fueron para los candidatos del Partido Liberal y el 44 por ciento, para los del Partido Conservador. Apenas el 7 por ciento de los escaños los «ganaron» candidatos de los partidos de la oposición y, aun así, solo porque el Ministerio de la Gobernación los había incluido en el encasillado[121].

El impacto del desastre de 1898 entre los intelectuales de derecha e izquierda desató las críticas más severas a las deficiencias del sistema político. El austero conservador Antonio Maura reaccionó a estas críticas con un intento de reformar la política española entre 1900 y 1910, mediante lo que se dio en llamar «la revolución desde arriba». Maura, que había nacido en Palma de Mallorca en 1853, cuando llegó a Madrid en 1868 para estudiar Derecho apenas hablaba español, pero ya antes de convertirse en una figura insigne de la política su elocuencia era legendaria. Llevaba mucho tiempo esforzándose en reformar la política de la Restauración, al principio como cuñado de Germán Gamazo, del Partido Liberal. Maura, que era de un catolicismo austero y rígido, se autocastigaba absteniéndose de fumar los días en que, al hacer examen de conciencia, descubría que había cometido algún pecado[122]. Su mordaz oratoria podía aplastar a los oponentes y hacía de él un personaje polémico. De hecho, su carácter arrogante y autoritario no casaba con su ideología relativamente liberal. De todos modos, su afán de reforma del sistema político se veía entorpecido por su temor a las masas[123].

Maura presidió el Consejo de Ministros en cinco ocasiones; la primera, del 5 de diciembre de 1903 al 16 de diciembre de 1904; la más larga (con una breve interrupción de un mes en marzo de 1907), desde el 25 de enero de 1907 hasta el 22 de octubre de 1909 y, finalmente, durante tres breves periodos durante la agonía del sistema de la Restauración: del 22 de marzo al 9 de noviembre de 1918, del 14 de abril al 20 de julio de 1919 y del 13 de agosto de 1921 al 8 de marzo de 1922. Sus éxitos, y aún más sus fracasos, ilustran los problemas de la Restauración. Quien había sido la gran esperanza blanca en sus primeros gobiernos, en 1918 ya era visto, en palabras de su amigo César Silió, como «el bombero de la monarquía[124]». En 1902, ya fallecido Gamazo, Maura y su sector de liberales pasaron a engrosar las filas del Partido Conservador de Francisco Silvela. El mallorquín había terminado por convencerse de que Silvela estaba más abierto a la regeneración nacional que los liberales. En 1899, Silvela había subrayado «la necesidad de una verdadera revolución hecha desde arriba; de empeños que representan profundas modificaciones de nuestra manera de ser política, administrativa y social». En julio de 1901, Maura declaró en las Cortes que era preciso que el Gobierno impusiera una revolución desde arriba para impedir que estallara una revolución catastrófica desde abajo[125].

En abril de 1903, en calidad de ministro de la Gobernación del gabinete Silvela, Maura supervisó las primeras elecciones «limpias» de la Restauración. Abrió un boquete en las redes clientelares con el nombramiento de gobernadores civiles sin vínculos con los caciques locales. Además, puso freno a los sobornos a la prensa y se abstuvo de utilizar el encasillado. Su desdén de toda la vida por la prensa era correspondido, lo que siempre le supuso un enorme inconveniente. Como los periódicos solían manipular sus discursos, Maura afirmó que «el Diario de Sesiones es mi rotativa». Aunque los conservadores obtuvieran una holgada mayoría gracias a que los caciques mantenían su dominio del territorio, la limitada intervención gubernamental en los comicios de 1903 hizo que treinta y cuatro candidatos republicanos obtuvieran escaños en las circunscripciones de Barcelona, Madrid y Valencia. La reina regente María Cristina montó en cólera, convencida de que Maura había puesto en peligro la monarquía con lo que ella consideraba su moralismo autocomplaciente. Valiéndose de la enorme influencia que conservaba sobre su hijo recién coronado, hizo que este se enfrentara a Silvela, a quien el joven monarca dijo que debía obligar a Maura a usar todo el arsenal de amaños electorales o destituirlo. Pero Silvela se negó, en especial porque, debido a su mala salud, era él quien estaba más que dispuesto a renunciar. Y así, irónicamente, su partida hizo que Maura se convirtiera en líder del Partido Conservador[126]. La tensión con la Corona y el talante austero de Maura explican que fuese el único ministro al que Alfonso XIII no tuteaba, sino que siempre lo trató de usted y se dirigía a él como «don Antonio». También explica la contradicción que entraña el hecho de que, según Ángel Ossorio y Gallardo, protegido de Maura, «el rey le mirase con respeto profundo y con antipatía irreprimible[127]».

Desde los comienzos de su relación, al joven Alfonso XIII le disgustaron profundamente los intentos de Maura de hacer que el monarca se comportara con la dignidad propia de su papel. El rey de dieciocho años se estaba obsesionando con los coches franceses de carreras. A principios de septiembre de 1904, varios ministros expresaron en el Gabinete su preocupación por el hecho de que Alfonso estuviera arriesgando su vida con vehículos tan potentes. Maura había dicho: «No tenemos más que él, y después de él, nada ni nadie». El rey siempre le guardaría rencor. Cuando el ministro de la Guerra designado por Maura intentó designar a un nuevo jefe del Estado Mayor, Alfonso insistió en que nombrasen a su propio candidato, el general Camilo García de Polavieja. Enfrentándose a todo el Gobierno, el monarca se negó a ceder y forzó la renuncia del Ejecutivo. Que su comportamiento obedecía a una especie de berrinche infantil se puso de manifiesto cuando Alfonso obligó a que el sucesor de Maura, el general Marcelo de Azcárraga Palmero, de 71 años, lo acompañara a verle conducir un automóvil sobre troncos ardientes y luego le dijo que procurase que Maura se enterase de lo que había presenciado. El Gobierno del general Azcárraga duró poco más de un mes[128].

Tras este breve paréntesis, Maura regresó al poder después de las elecciones del 21 de abril de 1907, amañadas por el ministro de la Gobernación, el facineroso Juan de la Cierva, y que figuran entre los comicios más corruptos de la historia de España. A Maura le desagradaba el uso descarado que De la Cierva hacía de la manipulación electoral, pero acabó por confiar en él, lo que resultaría un considerable e indeleble borrón en su carrera. Aunque los anarquistas se mantuvieran al margen de la política convencional, los socialistas y los republicanos se mostraban cada vez más eficaces a la hora de movilizar el voto de la clase obrera para obtener representación en las Cortes. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux también obtuvo cierto éxito en este sentido en Cataluña en las elecciones de 1901 y 1903[129]. Por eso las «habilidades» de De la Cierva parecían indispensables.

Al margen de las elecciones, en las dos décadas previas a la Primera Guerra Mundial, los principales desafíos a los que se enfrentó el sistema los planteaban un anarcosindicalismo cada vez más poderoso y un movimiento socialista de desarrollo más lento. Las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado en 1879, y de su sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT), se vieron engrosadas por la «aristocracia» de la clase trabajadora, impresores y artesanos de la industria de la construcción y el metal en Madrid, los obreros del metal y los astilleros de Bilbao y los mineros del carbón de Asturias. De todos modos, en vista de las diferencias ideológicas existentes entre el anarquismo y el socialismo, la unidad de acción del movimiento obrero organizado nunca tuvo posibilidades, y de haberlas tenido, las liquidó definitivamente la decisión, en 1899, del rígido líder del PSOE, Pablo Iglesias, de trasladar la sede de la UGT de la capital industrial, Barcelona, a la capital administrativa, Madrid, lo que hizo que, para muchos obreros catalanes, el socialismo dejara de ser una opción. Por otra parte, el PSOE se veía lastrado por su dependencia del marxismo francés más dogmático y simplista, en la rancia interpretación de Pablo Iglesias, que llevó el partido al aislacionismo, convencido, por una parte, de que los socialistas debían velar por los intereses de los trabajadores desde la legalidad, y, por la otra, del carácter inevitable de una revolución para la cual, desde luego, los socialistas no hacían ningún preparativo[130].

Las diferencias entre los socialistas y los anarcosindicalistas se hicieron patentes en la huelga general que paralizó Barcelona a mediados de febrero de 1902. En mayo de 1901, el Gobierno respondió a la huelga de trabajadores del tranvía con la declaración del estado de guerra. Detuvieron a tantos obreros que no cabían en las cárceles de la ciudad, y muchos quedaron encerrados en la bodega del acorazado Pelayo[131]. A esto siguió en diciembre una huelga de trabajadores del metal por la reducción de la jornada laboral de diez a nueve horas. Los obreros se habían enfrentado a obstáculos tremendos: carecían de caja de resistencia y el paro generalizado facilitaba a los dueños de las fábricas la contratación de esquiroles. Pese a todo, diez mil trabajadores lograron mantener la huelga viva durante ocho semanas. A continuación, el 17 de febrero de 1902, los sindicatos anarquistas declararon la huelga general en solidaridad con los sindicatos metalúrgicos. En pocos días, se unieron casi 80.000 de los 144.000 trabajadores de Barcelona. La ciudad se quedó sin transporte público, periódicos, tiendas, bancos y cafés durante una semana. La respuesta de las autoridades fue brutal: a los siete días, decretaron el estado de guerra, detuvieron a los dirigentes huelguistas y disolvieron los piquetes con cargas de caballería. Al menos doce trabajadores murieron y varias docenas resultaron heridos. Los huelguistas fueron derrotados y volvieron al trabajo el 24 de febrero. El movimiento obrero organizado en Cataluña quedó diezmado. Los sindicatos fueron ilegalizados y el movimiento anarquista tuvo que pasar a la clandestinidad. La dirección socialista había instado a sus militantes a mantenerse al margen por miedo a semejantes consecuencias. Pablo Iglesias denunció más tarde a los anarquistas por su irresponsabilidad, y el periódico del partido, El Socialista, los tachó de «auxiliares de la burguesía». Aunque fue un fracaso, la huelga de 1902 acabó reforzando a los anarquistas y consolidó su hostilidad hacia el movimiento socialista[132].

El antiguo monopolio del poder político por parte de la oligarquía terrateniente quedaba cada vez más debilitado por la modernización industrial, pero los oligarcas no estaban dispuestos a rendirse con facilidad. La industrialización trajo consigo los desafíos de los poderosos empresarios fabriles y el movimiento organizado de la clase obrera. También se oponía al sistema un grupo cada vez más influyente de republicanos de clase media. Aparte de personalidades individuales como Joaquín Costa, el filósofo Miguel de Unamuno y el novelista Vicente Blasco Ibáñez, surgieron agrupaciones políticas nuevas y dinámicas. En Asturias, el liberal moderado Melquíades Álvarez propugnaba la democratización del sistema monárquico, para la cual creó el Partido Reformista en 1912. El proyecto de modernización de Álvarez atrajo a muchos jóvenes intelectuales que más tarde ocuparían un lugar destacado en la Segunda República. El más notable de ellos fue un intelectual erudito, el futuro primer ministro y luego presidente de la Segunda República, Manuel Azaña.

Algunos elementos dentro del PSOE, en particular el joven periodista vasco de origen asturiano Indalecio Prieto, entendían que el triunfo no violento del socialismo exigía la consolidación previa de la democracia liberal. El auge del republicanismo los inclinaba a defender una alianza electoral con los republicanos de clase media, con los que compartían el anticlericalismo, el antimilitarismo y la oposición a la aventura colonial española en Marruecos. Las experiencias de Prieto en Bilbao habían demostrado que, en solitario, los socialistas tenían pocas posibilidades de éxito electoral, mientras que, con los republicanos, el triunfo estaba más cerca. Su defensa de esta alianza electoral en 1909 abrió la perspectiva a largo plazo de construir el socialismo legalmente desde el Parlamento. Sin embargo, también lo enfrentó a dirigentes socialistas locales como Facundo Perezagua, quien abogaba por una estrategia exclusivamente sindical de confrontación mediante huelgas. Después de una larga y enconada lucha interna en la Federación Provincial Socialista de Vizcaya, Prieto acabó derrotando a Perezagua, tras lo cual Bilbao se convirtió en un bastión de la colaboración entre socialistas y republicanos. Eso fue suficiente para granjearle a Prieto la hostilidad implacable del vicepresidente de la UGT, Francisco Largo Caballero, quien compartía la desconfianza de Perezagua hacia los republicanos burgueses. El rencor permanente de Largo Caballero sería una cruz que Prieto llevaría de por vida y que, en los años treinta, acabaría teniendo consecuencias funestas para España[133]. No obstante, la colaboración republicano-socialista sería la base del éxito del PSOE. De hecho, el mismo Pablo Iglesias fue elegido diputado a Cortes en 1910.

Otro movimiento republicano que parecía amenazar el sistema era el ideado por un redomado sinvergüenza y maestro del oportunismo, Alejandro Lerroux. Después de su éxito denunciando las torturas de Montjuïc, su popularidad se consolidó al revelar las provocaciones urdidas por un oficial de la Guardia Civil, el capitán Morales. En 1903, Morales se había inventado una presunta conspiración anarquista para atentar con bombas en Tarragona. Tras «descubrir» un arsenal de bombas y «frustrar» el complot, el capitán detuvo a numerosos obreros que, sometidos a torturas, confesaron su implicación. Lerroux llevó la voz cantante en la denuncia de la farsa y consiguió la liberación de los prisioneros y el arresto, el juicio y el encarcelamiento de Morales[134]. Sus habilidades como demagogo lo impulsaron al liderazgo de un movimiento republicano de masas en los barrios marginales de Barcelona, y sus dotes de organizador le permitieron construir una maquinaria electoral formidable. Lerroux cobraba del Gobierno, una práctica común en una época en que los políticos pagaban a cambio de que determinadas noticias aparecieran o desaparecieran de los periódicos. Esto dio alas a la creencia de que lo había enviado a Barcelona Segismundo Moret, el ministro de la Gobernación de Sagasta, con el fin de desplegar sus dotes de agitador para dividir a las masas anarcosindicalistas y frenar también el ascenso del nacionalismo catalán.

Sin embargo, solo a base de fondos reservados es difícil que se hubiera conseguido lo que Lerroux logró. Sus vínculos con los terroristas que conspiraban contra la monarquía tampoco habrían hecho de él un perfecto agente de Madrid. Lo habían llamado a Barcelona para presentarse como candidato republicano a las elecciones generales de 1901. Convertirse en el «Emperador del Paralelo», un barrio de Barcelona en que campaban la miseria, la delincuencia y la prostitución, exigía un atractivo más auténtico del que podían crear en cualquier ministerio de Madrid. La sincera preocupación de Lerroux por las injusticias que padecía la clase trabajadora no era algo que pudiera comprarse. Su popularidad se debía a los servicios públicos que los radicales prestaban a los barceloneses, como la creación de bibliotecas y ateneos, así como, de manera menos benéfica, al carácter casi pornográfico de su demagogia anticlerical. Lerroux compartía el profundo anticlericalismo de los obreros inmigrantes, para quienes la Iglesia era la defensora del orden social rural brutalmente injusto del que habían huido. No fue hasta más tarde cuando su venalidad provocó que en sus discursos aparecieran el anticatalanismo y el militarismo[135].

El proletariado rural y urbano creía que la Iglesia era la aliada y legitimadora de la opresión económica. Un factor que alimentaba esta idea era el profundo convencimiento de que los sacerdotes traicionaban sistemáticamente el secreto de confesión en beneficio de los ricos. Se creía que enviaban a los criados a confesarse para que las señoras pudieran enterarse por el cura de los pecados de las doncellas, y que los delitos cometidos por los hijos ilegítimos de los párrocos no se denunciaban nunca. Las órdenes religiosas se consideraban parásitos. Al comentar la «oposición silenciosa» de los obreros, Rafael Shaw escribió: «En los últimos años he notado que ningún miembro de la clase obrera saluda a los curas o a los frailes en la calle». Otro factor en la hostilidad popular era el hecho de que los monasterios y conventos hacían una competencia desleal a los pequeños empresarios que tenían panaderías, lavanderías o talleres de costura. La enemistad era mutua: desde sus periódicos y púlpitos, la Iglesia católica realizaba campañas virulentas e incendiarias contra la educación laica[136].

En 1904 hubo dos atentados contra la vida del presidente del Consejo Antonio Maura: el 12 de abril, en Barcelona, y el 26 del mismo mes, en Alicante. Con la esperanza de abrir una brecha entre los conservadores catalanes y los republicanos y anarquistas, Maura había decidido que era hora de que el rey Alfonso XIII visitara Cataluña. Por temor al terrorismo, María Cristina no había ido a Barcelona desde 1888 y, desde su coronación el 17 de mayo de 1902, tampoco lo había hecho su hijo. Era una apuesta arriesgada. El 4 de abril, Lerroux escribió un artículo en La Publicidad en el que instaba a «los pobres, los paralíticos y los mendigos» a formar en fila a lo largo del recorrido de la comitiva real vestidos con sus peores andrajos: «Que se acerquen, que le vean, que observen cómo el monstruo de la historia tiene cara de niño y ojos interrogadores». El centro de la ciudad quedó atestado de vagabundos y discapacitados envueltos en harapos. El rey hizo algunos gestos procatalanes, como pedir a los miembros de la asociación de terratenientes, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que se dirigieran a él en catalán. La apuesta de Maura dio sus frutos. Alfonso fue relativamente bien acogido y la visita parecía discurrir sin mayores incidentes. Sin embargo, el 12 de abril, cuando la comitiva real salía de la catedral después de un tedeum, un albañil anarquista de diecinueve años, Joaquim Miquel Artal, saltó al estribo del carruaje de Maura gritando: «¡Viva la anarquía!». Se inclinó y apuñaló e hirió a Maura con un cuchillo de cocina. Al parecer, Artal actuó en solitario, aunque llevaba un ejemplar de La Publicidad con el artículo de Lerroux citado más arriba. Le impusieron una condena de diecisiete años y murió en prisión en Ceuta en noviembre de 1909, presuntamente como resultado de una paliza salvaje. Maura no resultó herido en el segundo atentado que sufrió en Alicante al cabo de dos semanas, y sus autores, no identificados, nunca fueron capturados. Los atentados y el hecho de sobrevivir a estos reforzaron enormemente el prestigio de Maura[137].

Tras el éxito del viaje a Barcelona, Maura decidió que la imagen de Alfonso XIII podía mejorarse aún más con visitas al extranjero. Para los revolucionarios españoles, sobre todo Lerroux, esto constituía una amenaza a sus esfuerzos por presentar a la monarquía española como autoritaria y clerical, pero también era una oportunidad para matar al rey y acelerar el advenimiento de la república. Ya en 1903, Lerroux, cuya retórica era tan radical como la de los anarquistas, había logrado unir a la mayoría de los grupos republicanos en la Unión Republicana. Los revolucionarios españoles exiliados en París, encabezados por el republicano Nicolás Estévanez, que había sido brevemente ministro de la Guerra en el Gobierno de Pi i Margall, crearon un grupo similar, denominado Junta de Acción y Unión Republicana. Desde principios de 1904, habían estado publicando panfletos virulentos denunciando a la monarquía como culpable de las torturas de Montjuïc y pidiendo que se siguiera el ejemplo de Artal. Uno de los autores de atentados fue el estudiante de medicina anarquista Pedro Vallina, protegido de Fermín Salvochea. Había estado unos meses en prisión, después de que la policía lo acusara falsamente de estar involucrado en una presunta conspiración para asesinar a Alfonso XIII durante su coronación el 17 de mayo de 1902. Para esquivar a la policía, Vallina había huido a Francia en octubre de 1902 con una carta de recomendación de Salvochea a Nicolás Estévanez. En el país vecino, había adquirido cierta habilidad en la fabricación de bombas.

Ahora, en respuesta a la noticia de que Alfonso XIII iba a hacer una visita de Estado a Francia, el grupo comenzó a planear su asesinato. El autor intelectual y financiador de la conspiración fue el pedagogo ferozmente anticlerical Francesc Ferrer i Guàrdia, el rico director de la Escuela Moderna racionalista y de varias escuelas laicas en Barcelona. Ocultándose tras una apariencia erudita y respetable, Ferrer utilizaba su fortuna para patrocinar atentados terroristas de envergadura. Existían vínculos estrechos entre los grupos anarquistas y republicanos radicales de París y Barcelona. De hecho, en febrero de 1905, Vallina visitó Barcelona, donde convenció a Lerroux de que la muerte del rey soltero y sin hijos haría aflorar las divisiones en el Ejército y facilitaría un golpe republicano. Con este fin, Ferrer había pagado a Vallina para que montase un laboratorio en que pudiera fabricar una versión rudimentaria de las bombas Orsini en Barcelona. Lerroux y Estévanez también conspiraron con simpatizantes en el seno del Ejército. Asimismo, el primero envió a su amigo Ricardo Fuente, exdirector de El País, a París, para cubrir en apariencia la visita real, pero en realidad para telegrafiarle el resultado del intento de regicidio. Las bombas que se utilizaron en la capital francesa fueron preparadas por Vallina. El encargado de lanzarlas iba a ser Mateo Morral Roca, el austero y culto hijo de un acaudalado industrial textil catalán. Morral era un íntimo colaborador de Ferrer que trabajaba de bibliotecario y en el departamento de publicaciones de la Escuela Moderna. También era un devoto admirador de Estévanez, cuyo opúsculo Pensamientos revolucionarios había publicado, con el dinero de Ferrer. El 25 de mayo, la policía francesa detuvo a Vallina y a otros conspiradores. Sin embargo, en la noche del 31 de mayo de 1905, cuando Alfonso XIII y el presidente Émile Loubet regresaban de la ópera, Morral lanzó dos bombas a la comitiva a su paso por la rue de Rohan. Solo uno de los artefactos explotó, e hirió a diecisiete personas, mientras que el rey y el presidente resultaron ilesos[138].

Morral huyó, pero el golpe de Estado previsto en España se fue al garete. Entre los anarquistas detenidos junto a Vallina figuraban el italiano Carlo Malato, el inglés Bernard Harvey y el francés Eugène Caussanel. Aunque Harvey era profesor de inglés, fueron sus conocimientos de química los que ayudaron a Vallina y Morral a fabricar las bombas. Los detenidos pasaron seis meses en prisión antes de comparecer a juicio el 27 de octubre de 1906. Malato era masón y tenía amigos políticos influyentes en las altas esferas en Francia. Se montó una gran campaña que vinculaba el juicio con el escándalo por las torturas de Montjuïc y argumentaba que el intento de asesinato había sido una provocación preparada por la policía española para desacreditar a los republicanos en España. Entre quienes pronunciaron elocuentes discursos para la defensa, además de Lerroux y Estévanez, figuraron los socialistas franceses Jean Jaurès y Aristide Briand. A pesar de las pruebas contundentes que demostraban su participación en el complot, Vallina y los otros tres fueron absueltos[139].

En los primeros años del siglo XX se produjo un cóctel explosivo de intransigencia por parte de terratenientes, industriales y militares, y de subversión por parte de una variopinta amalgama de anarquistas, radicales lerrouxistas, republicanos moderados y nacionalistas regionales. Fue una época en que la rápida pero desigual industrialización y el auge de las organizaciones sindicales coincidió con el resurgimiento del terrorismo y el trauma posimperial de las fuerzas armadas. El Ejército, amargado y decepcionado por la derrota en Cuba y las restricciones presupuestarias subsiguientes, puso el punto de mira en el frente interior, decidido a no perder más batallas. El orgullo herido se convirtió en una susceptibilidad neurótica a lo que percibían como afrentas al honor militar. Inmediatamente después del desastre, el general Camilo García de Polavieja, ministro de la Guerra en la administración conservadora de Francisco Silvela, culpó de la derrota a la incompetencia de los políticos y planteó la idea de una dictadura militar.

Alfonso XIII, que se consideraba un rey soldado, contribuyó a fomentar el ya de por sí inflado sentido de la importancia propia de los militares en la política nacional. Alfonso había recibido una formación castrense y, al igual que a su admirado primo, el káiser Guillermo II, le encantaba vestirse de uniforme, presidir desfiles y conceder audiencias a sus oficiales favoritos. El rey animaba a los generales del alto mando a comentar los problemas directamente con él, en lugar de que recurrieran a los conductos oficiales del Ministerio de la Guerra. Se extralimitaba en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales interfiriendo en los nombramientos, promociones y condecoraciones militares, favoreciendo a sus hombres predilectos de una forma tan descarada que olía a corrupción. En palabras del entonces ministro y futuro presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, Alfonso se comportaba como si fuera el ministro de la Guerra, y usurpaba las funciones de dicho cargo para satisfacer sus caprichos personales. Llegó a cargar gastos de la depuesta monarquía austrohúngara al presupuesto del Ministerio. Debido a su identificación con el Ejército y a su insistencia en sus prerrogativas personales, el rey era un obstáculo para la modernización del sistema de la Restauración. En una serie de enfrentamientos entre el poder civil y el castrense, socavó la autoridad de varios gobiernos y fomentó la insubordinación de los militares[140].

El cuerpo de oficiales se obsesionó con la defensa de la unidad nacional y el orden social existente y, por lo tanto, se mostró cada vez más hostil tanto con la izquierda como con los nacionalistas regionales. Se produjeron enfrentamientos con nacionalistas vascos y catalanes. La actitud militar ante el catalanismo fue especialmente agresiva, rayando el racismo. Se tachaba a los catalanes de cobardes, traidores y avaros. La derecha antisemita solía describir a los catalanes como «los judíos» de España, calificativo del que se hacía eco la prensa militar. El periódico del Ejército, La Correspondencia Militar, exigió que se expulsara de España a los nacionalistas catalanes y vascos: «Que vaguen por el mundo, sin Patria, como la raza maldita de los judíos. Sea ese un castigo eterno[141]». Dado que Cuba se consideraba una parte de la nación que simplemente se hallaba en ultramar, su pérdida se percibió como una mengua para la patria. Miles de oficiales sirvieron en Cuba y Filipinas y muchos cayeron muertos o heridos en defensa de la hegemonía española. Traumatizados por su pérdida, los altos mandos coloniales veían ahora en el creciente movimiento nacionalista catalán y vasco una amenaza comparable al independentismo cubano y, por lo tanto, un desafío intolerable. Había otras consideraciones prácticas: las pretensiones castrenses de reconstruir las fuerzas armadas y regenerar España se verían seriamente amenazadas si perdían la riqueza de Cataluña y sus ingresos fiscales. Pero, aunque lograsen frenar sus ansias de autonomía, los catalanistas eran igualmente considerados antimilitaristas dispuestos a reducir el presupuesto del Ejército y el tamaño de un cuerpo de oficiales sobredimensionado[142].

A las denuncias de «separatismo», la burguesía barcelonesa respondió burlándose de los oficiales destinados en Cataluña como si fueran rústicos pipiolos. Los oficiales, de derechas y centralistas, se picaban fácilmente con los comentarios antimilitaristas de los políticos catalanistas y las parodias sarcásticas de su prensa. ¡Cu-Cut!, la revista satírica semanal de los regionalistas de la Lliga, solía publicar caricaturas burlonas que representaban a los oficiales del Ejército y la Marina como payasos grandilocuentes. En noviembre de 1905, la Lliga celebró su victoria en las elecciones municipales de Barcelona organizando un banquete de la victoria para 2.500 invitados. El reportaje de la celebración en ¡Cu-Cut! se ilustró con una caricatura en la que un soldado le preguntaba a un civil qué se celebraba. «El banquete de la victoria», respondía el civil, a lo que el soldado comentaba: «Ah, vaya, serán paisanos», en clara referencia a la derrota colonial de 1898 y al hecho de que el Ejército español hacía casi un siglo que no conocía la victoria. Como venganza, la noche del 25 de noviembre de 1905, trescientos oficiales armados y uniformados asaltaron la imprenta y la sede de ¡Cu-Cut! y las oficinas del diario La Veu de Catalunya, órgano de la Lliga; cuarenta y seis personas resultaron gravemente heridas[143]. Este fue el ataque más violento contra periódicos y revistas que habían criticado al Ejército, que ya contaban con precedentes como los que se habían producido en Madrid en 1895 contra El Globo y El Resumen, en 1900 contra El Progreso en Játiva y en 1901 contra El Correo de Guipúzcoa[144].

La respuesta al asalto del ¡Cu-Cut! tanto por parte del alto mando como del rey en persona fue congratularse por la indisciplina de la guarnición de Barcelona. No solo los culpables no fueron castigados, sino que recibieron mensajes de felicitación de parte de unidades de toda España y de la colonia marroquí. El capitán general de Barcelona, Manuel Delgado Zulueta, pronunció un discurso ante un grupo de oficiales felicitándolos como si el ataque a la prensa hubiera sido un heroico acto de guerra. Cuando los diputados debatieron qué medidas había que tomar, la guarnición de Madrid amenazó con asaltar las Cortes. Bajo el titular a toda plana «El Ejército en defensa de la patria», La Correspondencia Militar exigía que «los diputados y senadores catalanistas deben ser inmediatamente eliminados del Parlamento» con el argumento de que en las Cortes no tenían cabida quienes representaban ideas que se oponían a la unidad nacional[145]. La intervención más nociva fue probablemente la de Alfonso XIII, animando a los militares sediciosos y minando la credibilidad del Gobierno de distintas formas: como «primer soldado de la nación», mandó «un afectuoso saludo» y su aprobación a las que, según él, eran «las legítimas aspiraciones del Ejército». El monarca presionó al Gobierno de Eugenio Montero Ríos para que suspendiera las garantías constitucionales en la provincia de Barcelona. La prensa militar calificaba al Ejército de «encarnación sublime y augusta de la Patria». Según Romanones, cuando el Gabinete se reunió en sesión de emergencia bajo la presidencia del rey, «su cara reflejaba […] que su espíritu se hallaba muy lejos del despacho donde el Consejo se celebraba y muy cerca de las reuniones en aquellos momentos tenidas en los cuartos de banderas». En esos encuentros, un número de oficiales cada vez mayor pedía la ilegalización de los insultos a las fuerzas armadas. De hecho, este delito ya existía, pero era competencia de los tribunales de justicia ordinarios; lo que los oficiales exigían ahora era que aquello que consideraban ofensas al honor del Ejército, de la monarquía o de la patria, pasara a la jurisdicción de los tribunales militares.

Delegaciones de oficiales de mediana graduación acudieron a presionar al ministro de la Guerra. Montero Ríos estaba decidido a mantener la jurisdicción civil sobre las fuerzas armadas. Romanones comentaría posteriormente: «¡Pobre Poder civil! ¡Si no teníamos con qué defenderlo!». Montero Ríos, que no estaba dispuesto a apoyar el proyecto de Ley de Jurisdicciones, dimitió. Su sucesor, Segismundo Moret, fue nombrado por Alfonso XIII con el encargo específico de aprobar la legislación exigida. El Gobierno de coalición liberal de Moret era prácticamente un títere del Ejército. El general Agustín de Luque, quien, como capitán general de Andalucía, había enviado uno de los mensajes más exaltados de alabanza a la guarnición de Barcelona por los ataques contra la prensa catalanista, fue nombrado ministro de la Guerra. Al final, la Ley de Jurisdicciones no fue tan arrolladora como pretendía el alto mando militar, pero aun así, constituyó un paso peligroso en el proceso por el cual el cuerpo de oficiales llegaría a considerarse el árbitro supremo de la política. También tuvo unas consecuencias en Cataluña que no fueron las que el Gobierno esperaba[146].

Los militares recibieron un apoyo de origen insospechado. A su regreso de París, donde había ido a declarar a favor de Vallina, Lerroux publicó un artículo virulento, «El alma en los labios», en el que atacaba al separatismo catalán, «una cloaca rebosante que había reventado e infestado el ambiente moral de la ciudad» y alababa a los oficiales que habían vengado a la patria, proclamando que «si hubiera sido militar, hubiera ido a quemar La Veu, el ¡Cu-Cut!, la Lliga y el palacio del obispo, por lo menos». Lerroux instaba a los republicanos de Barcelona a no aliarse con «la chusma envilecida» de los regionalistas. Más tarde intentaría retractarse de sus palabras, pero ya era demasiado tarde. Había cometido un grave error. La revelación de su odio hacia el catalanismo, de raíz promilitarista y centralista, puso de manifiesto el fraude de su radicalismo y acabó con cualquier posibilidad de lograr el apoyo de la clase media[147].

El Ejército español no estaba dispuesto a ser un simple defensor de un régimen constitucional al que despreciaba. El cuerpo de oficiales quería reconstruir su reputación con una nueva empresa imperial en Marruecos, facilitada por el deseo de Gran Bretaña de disponer de un colchón de seguridad español que la protegiera del expansionismo francés en la orilla meridional del estrecho de Gibraltar. Las consecuencias difícilmente podrían haber sido peores para la estabilidad política en España. El derramamiento de sangre ocasionado por la nueva aventura provocó una hostilidad popular generalizada contra el servicio militar obligatorio y, de rebote, intensificó el desprecio castrense hacia la clase obrera. Además, los fracasos militares eran atribuibles a una lamentable falta de preparación, de lo que los oficiales, a su vez, culpaban a la clase política.

La inestabilidad en la política española no disminuyó. El plan de los anarquistas para asesinar al rey y desencadenar un golpe de Estado republicano no cayó en el olvido después del fracaso de mayo de 1905, sino que se retomó al año siguiente. Ferrer, Lerroux, Estévanez y Morral volvieron a participar en un complot para asesinar a Alfonso XIII el 31 de mayo de 1906, el día de su boda con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg en Madrid. Alegando que Estévanez se marchaba a Cuba y era poco probable que regresase a Europa, Lerroux había solicitado con éxito al gobernador civil de Cataluña, el duque de Bivona, que lo autorizara a entrar en España a mediados de mayo para salir desde Barcelona con rumbo a La Habana. Así, Estévanez, de sesenta y ocho años, pudo reunirse con los otros tres conspiradores y discutir el asesinato y la posterior toma de la fortaleza de Montjuïc como el primer paso hacia una insurrección de ámbito nacional. Se dice que Estévanez trajo la bomba que Morral debía usar para matar a la pareja real[148].

La presencia de fuerzas de seguridad en el recorrido de la comitiva desde la iglesia de San Jerónimo el Real, justo detrás del Prado, hasta el Palacio Real, era escasa o nula. Mientras el cortejo avanzaba por la calle Mayor, Morral lanzó al carruaje regio la bomba que llevaba escondida en un ramo de flores. La explosión mató a veintitrés personas e hirió gravemente a ciento ocho más, pero la pareja real resultó ilesa. Morral huyó. Más tarde, mató a un guarda jurado que le había dado el alto y luego se suicidó. El día de la boda del monarca, Ferrer había presidido una reunión de anarquistas a quienes había dado dinero para comprar armas para la ansiada sublevación. En Barcelona, él y Lerroux se sentaron en mesas separadas en el mismo café de la plaza de Cataluña esperando una noticia que estaban convencidos de que sería el detonante de un alzamiento republicano. Esperaron en vano. Ferrer fue detenido el 4 de junio y sus bienes quedaron embargados. Las autoridades solo tenían pruebas circunstanciales de su participación en los dos intentos de asesinato; sin embargo, sus numerosos e influyentes enemigos monárquicos y eclesiásticos estaban convencidos de su culpabilidad y se aseguraron de que permaneciera encarcelado durante un año bajo la amenaza de la pena de muerte. Finalmente, el Gobierno español cedió ante una gran campaña internacional a favor de Ferrer, en la que Lerroux desempeñó un papel clave, a través de El Progreso, que había convertido en diario. Después de un juicio de cuatro días, del 3 al 7 de junio de 1907, Ferrer salió absuelto[149].

El hecho de que el ataque a la pareja real hubiera sido posible reflejaba la circunstancia de que la policía española no era más eficiente de lo que lo había sido en el momento de las reformas introducidas tras el ataque con bomba de la calle de Canvis Nous en septiembre de 1896. Le faltaba experiencia técnica, equipamiento moderno y efectivos humanos. Además, carecía de fondos suficientes y los salarios eran tan bajos que los agentes solían ser personas sin formación alguna[150]. En 1903, Juan de la Cierva, flamante gobernador civil de Madrid, escribió en sus memorias: «La policía de entonces era un conglomerado peligroso e infecto de agentes nombrados y separados por el capricho del gobernador y del ministro. No tenían inamovilidad ni garantía de ninguna clase, pero tampoco se exigían condiciones especiales para el ingreso. Con sueldos de 1.250, 1.500 o 2.000 pesetas, puede imaginarse lo que harían aquellos funcionarios en contacto con todos los vicios y todas las corrupciones[151]». El jefe de la policía de Barcelona, Antoni Tressols, apodado «Vinagret», era prácticamente analfabeto, corrupto y odiado por su uso de la tortura y por falsificar pruebas contra los anarquistas. Tressols había trabajado primero como basurero, antes de conseguir empleo como confidente de la policía. En paralelo a su ascenso en el cuerpo, amasó una fortuna extorsionando a delincuentes. Pusieron una bomba en su casa el 18 de octubre de 1903, aunque es posible que el culpable no fuera una de sus víctimas, sino un policía rival que quisiera su puesto. La esposa de Tressols murió del ataque de nervios que le provocó la explosión[152].

Barcelona siguió siendo el centro de la actividad terrorista, algo que las autoridades locales atribuían en parte a la ineficacia de la policía. El nacionalista catalán Enric Prat de la Riba escribió en diciembre de 1906: «La Policía española, como todos los organismos del Estado, es impotente para funcionar en tierras de civilización intensa: es un aparejo de tipo primitivo, un fósil inservible. Tratar del mal moderno que padece Cataluña (es decir, el anarquismo) con estos organismos es como luchar con lanzas de sílex y hachas de piedra contra multitudes armadas de Mausers y de Krups. No debemos contar con la Policía: el Estado es impotente para organizarla de otra manera». La de Prat era apenas una voz más de un coro cada vez mayor que exigía una reorganización de las fuerzas policiales[153].

Se calcula que, en las calles de Barcelona, entre abril de 1904 y la caída del Gobierno de Maura en octubre de 1909, se pusieron al menos sesenta y seis bombas, que explotaron o fueron desactivadas antes de que llegaran a estallar. En estos atentados murieron once personas y otras setenta y una resultaron gravemente heridas. En febrero de 1906, un anarquista catalán llamado Joan Rull i Queraltó se dirigió al gobernador civil conservador de Barcelona, Tristán Álvarez de Toledo y Gutiérrez de la Concha, duque de Bivona, para ofrecerle sus servicios como confidente a sueldo. Rull acababa de salir de la cárcel, después de que lo juzgaran como sospechoso de haber colocado una bomba en un urinario público de la Rambla el 4 de septiembre de 1904. El artefacto fue llevado por un policía al Palacio de Justicia, donde explotó. El incidente había coincidido con el regreso, el día anterior, de Alejandro Lerroux de una gira de propaganda por Galicia, lo que dio pábulo al rumor de que este estaba involucrado. Después de quince meses de prisión preventiva, Rull fue absuelto el 19 de diciembre de 1905, pese a las pruebas irrefutables en su contra. La fiscalía había presentado mal el caso, varios camaradas anarquistas juraron que Rull estaba con ellos el día que explotó la bomba y, además, coaccionaron al jurado. Rull también fue acusado de ser el responsable de la explosión de otros artefactos en noviembre de 1904 y mayo de 1905, aun cuando en esos momentos se encontraba en la cárcel[154].

La carrera posterior de Rull ilustra de forma diáfana la relación existente entre la corrupción administrativa, la incompetencia política y la violencia social en España. En marzo de 1908, mientras se encontraba a la espera de juicio por otros delitos posteriores, Rull declaró que los años de cárcel lo habían cambiado y lo habían convencido de que los terroristas anarquistas eran «verdaderas hienas sedientas de sangre humana». En consecuencia, dijo, había decidido dedicar su vida a perseguirlos. La verdad era algo distinta. Un conocido de Rull, Antoni Andrés i Roig, alias «Navarro», le insinuó que podía ganar dinero como confidente y le presentó al rico industrial catalán Eusebi Güell. Este entregó a la pareja, no sin reservas, una carta de recomendación para el duque de Bivona. Con un traje comprado con dinero que le había dado Tressols, Rull se fue a ver a Bivona en compañía de Navarro. Le dijeron que sabían quiénes eran los culpables de los atentados con bomba más recientes y que podrían averiguar la hora y el lugar del próximo ataque, lo que permitiría a las autoridades atraparlos con las manos en la masa. Bivona les entregó una cuantiosa suma de dinero y, hasta que dejó el cargo de gobernador civil el 28 de junio de 1906, continuó pagando a Rull. Durante ese tiempo, en Barcelona solo explotó una bomba, que, colocada en un tranvía, no causó víctimas. La falta de incidentes no puede atribuirse a nada de lo que Rull hiciera o dejara de hacer, salvo, quizá, abstenerse de colocar bombas él mismo. Como no lograban detener a los autores de ningún atentado, Bivona se quejó pronto de la falta de resultados, pero fue reemplazado en el cargo antes de que pudiera presionar a Rull; y su sucesor, Francisco Manzano Alfaro, continuó pagándole durante varios meses[155].

Fue una época de tensión creciente en Cataluña. Seis semanas antes, en respuesta a la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, el veterano republicano Nicolás Salmerón había creado Solidaritat Catalana, una coalición de partidos catalanistas que unía a la Lliga Regionalista, los carlistas, los federalistas republicanos, otros nacionalistas catalanes y parte de la Unión Republicana. Debido al virulento anticatalanismo de Lerroux, sus seguidores abandonaron la Unión Republicana y formaron el Partido Radical. El 20 de mayo de 1906, se congregaron en Barcelona doscientas mil personas para dar la bienvenida a los diputados catalanes que habían votado en contra de la Ley de Jurisdicciones en las Cortes. Dadas las contradicciones internas de la coalición en el eje derecha-izquierda, Solidaritat Catalana duraría apenas cuatro años. Sin embargo, su creación marcó el inicio de un nacionalismo catalán influyente. En los comicios de noviembre de 1905, solo habían sido elegidos siete diputados catalanistas, mientras que en abril de 1907 obtuvieron cuarenta y uno de los cuarenta y cuatro escaños en juego. Habían hecho campaña tanto por la autonomía regional como por la regeneración nacional mediante elecciones honestas. Lerroux perdió su escaño, lo que aumentó su hostilidad hacia Solidaritat Catalana. A partir de entonces, la cuestión del separatismo catalán se convirtió en una preocupación mucho mayor de los gobiernos de Madrid. Además, el líder de la Lliga, Francesc Cambó, empezaba a ser visto como un actor importante en la escena política española[156].

Las elecciones de abril de 1907 fueron convocadas por Antonio Maura, que entonces contaba cincuenta y cuatro años, después del colapso del fugaz Gobierno del general Azcárraga. Maura, que era un gran orador, conocido por su integridad personal inquebrantable, llegó al poder en enero con la ambición de barrer el sistema electoral corrupto de la Restauración y fomentar una amplia participación electoral. Planeaba poner fin a la corrupción política mediante tres leyes: una ley de justicia municipal, una ley electoral y una ley de administración local. Para tener alguna posibilidad de que sus proyectos fueran aprobados, necesitaba la mayoría en las Cortes. En vista del desafío que representaban los catalanes, los socialistas y los republicanos, Maura se convirtió en rehén del gran experto en amaños electorales, Juan de la Cierva, un maestro en los métodos que Maura intentaba eliminar. A partir de entonces, a pesar de sus constantes elogios a su jefe, De la Cierva fue un lastre permanente para Maura[157]. El primero de los proyectos apuntaba a separar los poderes ejecutivo y judicial y eliminar una de las armas más poderosas del arsenal del cacique: la capacidad de presionar e incluso chantajear a los candidatos rivales gracias a su competencia a la hora de nombrar jueces y magistrados que luego dictarían sentencias favorables a los intereses de sus protectores. Con gran indignación de los caciques, que de ahora en adelante tendrían que recurrir al soborno, Maura anunció: «Se acabó semejante orgía». Pero, al final, la ley se quedó en una mera declaración de intenciones[158].

La ley electoral era muy complicada (tenía 409 artículos) y estaba llena de lagunas. El artículo 29, por ejemplo, permitía la elección directa de candidatos donde no hubiera candidaturas rivales, un regalo para los poderosos caciques. En 1910, 119 escaños de las Cortes, más de la cuarta parte del total, fueron adjudicados por el artículo 29; en 1923, salieron elegidos por este procedimiento 146 diputados. En muchos pueblos sencillamente no contaban con los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. El oponente liberal de Maura, José Canalejas, señaló que en un país donde, de promedio, más del 40 por ciento del electorado era analfabeto, y hasta el 70 por ciento en las zonas rurales del sur, primero era necesario educar a las masas. Los niveles de analfabetismo confirmaban la acusación de Costa de que el caciquismo mantenía a la mayoría de la población en la ignorancia para someterla mejor. Maura se enfrentaba al mismo problema que Cánovas en 1876: qué hacer si las masas votaban por opciones de izquierda. Además, al igual que a otros antes que a él, le preocupaba más controlar el descontento de la clase trabajadora que abrir el sistema a la participación de las clases bajas[159]. El proyecto de ley de la administración local, que pretendía conceder a los municipios mayor autonomía con respecto al Gobierno central, recibió un alud de enmiendas en las Cortes y al final no se aprobó[160].

Maura era un monárquico convencido y un patriota. Aunque nacido en Mallorca, era hostil al nacionalismo catalán y confiaba en poder explotar las divisiones en el seno de Solidaritat Catalana: su compromiso con las reformas políticas y su determinación de acabar con el terrorismo atraían a los industriales de la Lliga, y así fue como Maura trabó una estrecha relación con Cambó, mientras que la oposición de los republicanos de Solidaritat Catalana a las draconianas propuestas de orden público de Maura aceleró la ruptura de la coalición. De hecho, lo irónico fue que los ambiciosos planes de Maura para eliminar el fraude electoral perjudicaron los intereses de los partidos Liberal y Conservador y aumentaron la fuerza del desafío de la Lliga, los radicales y los socialistas. Por otra parte, el proyecto de ley antiterrorista ultrarrepresivo presentado por De la Cierva quedó aparcado ante la hostilidad general y, junto con la oposición a la guerra de Marruecos, inspiró una campaña contra Maura con el eslogan inmensamente popular de «Maura No[161]».

El conservadurismo social de los elementos dominantes de Solidaritat Catalana permitió que Lerroux convirtiera su anticatalanismo en una cínica búsqueda de apoyo de la clase obrera. En línea con su declaración a favor de los oficiales del Ejército que habían atacado los medios catalanes en noviembre, Lerroux estaba en guerra con Solidaritat Catalana desde su creación. Sus seguidores arrojaban piedras a los asistentes a los mítines catalanistas y rompían sus imprentas. El 18 de abril de 1907, el automóvil que llevaba a Nicolás Salmerón y a Cambó a un mitin electoral de Solidaritat Catalana cayó en una emboscada. Salmerón salió ileso, pero Cambó recibió un disparo y resultó gravemente herido. La opinión general era que detrás del atentado estaban Lerroux o sus partidarios. Aunque nunca pudo demostrarse, es probable que el rechazo a los partidarios de Lerroux contribuyera a la victoria electoral de Solidaritat[162].

Lerroux estaba en una posición ambigua. El público al que se dirigía era la clase obrera cada vez más radicalizada y la población inmigrante recién llegada que, como él, era anticatalana. Sin embargo, su férrea defensa del Ejército, que era el principal instrumento para la represión de la clase obrera, podía hacerle perder seguidores en beneficio de los anarquistas. En un intento desesperado por obtener el apoyo de la izquierda, el 1 de septiembre de 1906, en el periódico La Rebeldía de Unión Republicana, Lerroux publicó su infame artículo «¡Rebeldes!, ¡rebeldes!», en el que hacía un llamamiento que le acarrearía una infamia aún mayor:

Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie, penetrad en los registros de propiedad y haced hoguera con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social, entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos[163].

Es difícil saber qué impacto tuvo este llamamiento semipornográfico, sobre todo entre los obreros inmigrantes analfabetos. De aquí en adelante, Lerroux procuraría por todos los medios distanciarse, por lo general físicamente, de los incidentes que pudieran atribuirse a su agitación.

Mientras proseguía la lucha a tres entre Solidaritat Catalana, Madrid y Lerroux, el terrorismo continuaba siendo un problema en Barcelona. En el invierno de 1906, en vista de que las actividades como confidente de Rull no conducían a detenciones, Francisco Manzano le dijo que solo le pagaría a cambio de resultados. Rull se puso furioso y, como era de esperar, él y su banda, que incluía a miembros de su familia, empezaron a poner bombas. Su principal cómplice era su madre, Maria Queraltó. Entre la Nochebuena de 1906 y finales de enero de 1907, estallaron seis bombas, que mataron a una persona e hirieron a once[164]. Cuando el Gobierno conservador de Antonio Maura llegó al poder en enero de 1907, su nuevo ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva, destituyó a Manzano y lo reemplazó por el joven y brillante abogado Ángel Ossorio y Gallardo. Tanto De la Cierva como Ossorio estaban decididos a resolver el problema terrorista. Sin embargo, se enfrentaron a dos obstáculos principales. En primer lugar, el poder judicial se mostraba reacio a imponer duras condenas debido a las campañas internacionales a favor de los acusados, que a menudo estaban respaldadas por amenazas de represalias violentas. Se hicieron esfuerzos para presionar a los jueces y se redactó un proyecto de ley antianarquista más autoritario, la llamada «Ley Maura». Sin embargo, estas medidas chocaron con una fortísima oposición, que mermó el prestigio del Gobierno de Maura, y dejó sin resolver el tema de la laxitud del poder judicial[165]. El otro obstáculo era la ineficiencia y corrupción de la policía.

El 31 de enero, un día después de su llegada a Barcelona, Ossorio escribió a De la Cierva explicándole que la policía que se había encontrado estaba «en general compuesta, no de malhechores, sino de pobres diablos que no saben por dónde andan. Si hubiera de hacerse justicia seca, habría que dejar cesantes a todos. […] Y habría que ir tomando medidas». Pese a destituir a los oficiales más incompetentes y elevar el nivel general de exigencia, Ossorio se enfrentó con el obstruccionismo de la vieja guardia, encabezada por Tressols. Por otra parte, la difícil tarea de reformar una fuerza policial corrupta y caótica implicaba asimismo la eliminación de las redes de confidentes y organizaciones parapoliciales[166].

Rull ofreció sus servicios al nuevo gobernador civil, que, en su afán desesperado de encontrar cualquier medio para poner fin al terrorismo, los aceptó. En este punto, las bombas dejaron de estallar. Rull había reunido a una numerosa banda de lo que, según él, eran investigadores y confidentes, pero que, en realidad, eran una pandilla de parásitos y terroristas en potencia. El chantaje de Rull se volvió cada vez más descarado, al exigir este más dinero por sus servicios y para gastos de viaje y manutención. A principios de abril de 1907, Ossorio, harto de la falta de resultados y comenzando a sospechar que detrás de las bombas estaba su protegido, le ofreció solo la mitad de la cantidad que le exigía. Rull respondió que tenía que pagar «para evitar una cosa muy gorda». En cumplimiento de la amenaza, dos bombas explotaron el 8 de abril. A principios de julio, para deleite de muchos anarquistas barceloneses, Ossorio dio orden a la policía de detener a Rull, a su hermano Hermenegildo, a sus padres y a otros miembros de la banda, acusados de ser los autores de siete atentados cometidos en diciembre de 1906 y enero y abril de 1907, así como de extorsión. En realidad, durante dicho periodo, hubo otros ataques terroristas, de modo que, además de la atribución de su autoría a la banda de Rull y a otros anarquistas, circulaban teorías contradictorias.

En una carta escrita a De la Cierva el 9 de enero de 1908, Ossorio apuntaba a

los anarquistas mismos para destruir sin riesgos personales un pueblo burgués y poderoso. Los lerrouxistas como arma de combate contra el catalanismo. Los separatistas como medio de quebrantar la autoridad del Estado. (Personas muy serias y elevadas de la Unión Catalanista han sostenido siempre que la nacionalidad catalana no resurgiría sino después de la destrucción del actual bienestar catalán). Los anarquistas renegados, para perjudicar a sus compañeros. Los codiciosos, como Morales y Rull, para su particular conveniencia. Algunos de estos, han inspirado las bombas; quizá varios; quizá todos. Pero la mano ejecutora, los profesionales del crimen, los peritos en explosiones, no hay que buscarlos más que entre la morralla anarquista […]. Si no existiera esta mercancía no tendrían sus licitadores las facilidades que hoy disfrutan para adquirirla[167].

Tressols y los lerrouxistas sostenían que los culpables eran los separatistas, pero nunca consiguió demostrarse[168]. Había muchos catalanistas que creían que el Gobierno de Madrid pagaba a agentes provocadores para justificar la represión contra Solidaritat Catalana. Lerroux montó una campaña de prensa culpando a Rull del intento de asesinato de Cambó en abril. Lo más probable es que la mayoría de los incidentes fueran obra de los anarquistas y posiblemente de la policía. No hubo más atentados hasta el de diciembre de 1907, en el que murieron dos personas y otras siete resultaron heridas. Tras un juicio que duró doce meses, Rull fue condenado a muerte y sus principales compinches, a largas penas de cárcel. Este «traficant del terrorisme», en acerada expresión de Antoni Dalmau, fue ejecutado a garrote vil el 8 de agosto de 1908. El mismo día se produjo una explosión en el puerto de Barcelona. Nueve bombas más estallaron antes de la Semana Trágica de julio de 1909, y otras diecisiete en los tres meses que la siguieron hasta la caída del Gobierno de Maura, el 22 de octubre, como consecuencia de la represión posterior a los acontecimientos de julio[169]. Esto parece indicar que Rull fue ejecutado tanto por sus propios crímenes como por los de otros, de autoría desconocida[170].

A partir de mayo de 1907 hubo seis meses de tregua; luego, las bombas volvieron a estallar en diciembre y con una frecuencia cada vez mayor después de la formación del Gobierno de Maura en enero de 1907. Ya hacía tiempo que algunos políticos catalanes destacados dudaban de que la policía fuera capaz de proteger sus intereses. En abril de 1907, el presidente de la Diputación de Barcelona, el ilustre arquitecto Josep Puig i Cadafalch, viajó a Londres acompañado por el cónsul británico en Barcelona. Contrató al inspector jefe de Scotland Yard Charles Arrow, quien se jubiló anticipadamente y firmó un contrato de tres años para crear un cuerpo parapolicial secreto. Esta organización, con el nombre de Oficina de Investigación Criminal (OCI), tenía una magnífica sede en el centro de la ciudad. A Arrow y sus ayudantes les prometieron unos abultados salarios, que nunca llegaron a cobrar. El exinspector inglés, al que habían llegado a comparar con Sherlock Holmes, chocó con un primer obstáculo debido a su desconocimiento del catalán y el español. Además, su labor se vio asimismo entorpecida por la rivalidad entre sus partidarios y los miembros locales del equipo, por la oposición de los anarquistas, los republicanos y los radicales de Lerroux, así como de Tressols, que se reía de los métodos modernos importados de Londres. Según el anarquista moderado Joan Peiró, Arrow se asustó al averiguar que algunos de los atentados con bomba habían sido organizados por miembros de la alta burguesía catalana que querían fomentar la hostilidad contra el Gobierno central. Sin embargo, la creación de la OCI incrementó la determinación de Ossorio de reformar la fuerza policial. En una carta a Maura de marzo de 1908, describió los servicios de policía de la ciudad como un «verdadero estercolero hasta hace poco». Ossorio aumentó los salarios, mejoró la formación y, para disgusto de Tressols, procuró erradicar la tortura. Arrow fue despedido en agosto de 1909[171].

A mediados de 1907, un heterogéneo grupo de socialistas encabezado por Antoni Fabra Ribas y varias agrupaciones anarquistas lideradas por Anselmo Lorenzo y Tomás Herreros se unieron para formar un sindicato apolítico que denominaron «Solidaridad Obrera», al que sucedió, en septiembre de 1911, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Al principio, este sindicato sirvió de paraguas a todo el espectro que iba desde los anarquistas hasta los republicanos, pasando por los socialistas. Pero estos dos últimos rechazaban la opinión de los anarquistas de que las huelgas y el sabotaje industrial eran las mejores armas contra la sociedad burguesa. Por consiguiente, la CNT pronto se convirtió en una organización exclusivamente anarcosindicalista[172].

La relativamente breve luna de miel de Solidaritat Catalana llegó a su fin en mayo de 1909, cuando las contradicciones entre sus miembros provocaron su división y la derrota final a manos de Lerroux en las elecciones municipales. El destino de la organización quedó sellado por los acontecimientos que sucedieron en Barcelona a fines de julio de 1909. La violencia popular y la quema de iglesias que se produjeron durante esa fatídica semana endurecieron las tendencias conservadoras de la Lliga, lo que a su vez incrementó el apoyo de la clase obrera a Lerroux.

Los orígenes de la Semana Trágica se remontan al hecho de que el desastre de 1898 había alimentado el pacifismo de la clase obrera, y eso hacía que a España le resultara más difícil seguir el ejemplo de Francia, Gran Bretaña, Alemania o Italia, que recurrían a las aventuras imperialistas para desviar la atención de los conflictos sociales internos. Pocas eran las familias humildes que no hubieran sufrido la muerte o invalidez de uno de sus hombres o más durante los largos años de guerra colonial en Filipinas y Cuba. Los supervivientes habían traído relatos horripilantes de sus experiencias, que habían fomentado una hostilidad generalizada hacia la clase dirigente culpable de los desastres. La gente, sabedora de lo mal alimentado, mal armado y mal dirigido que estaba el Ejército, tenía el convencimiento de que los reclutas eran pura carne de cañón, víctimas de la corrupción política. Sin embargo, muchos oficiales del Ejército estaban ansiosos por hallar una empresa que pudiera compensar la humillación colonial de 1898. Pero, para muchos, la implicación de España en el embrollo de Marruecos era una maniobra impulsada por el monarca y por los propietarios de las minas de hierro, entre los que figuraban, según se rumoreaba, los jesuitas[173].

En la primera semana de julio de 1909, miembros de las cabilas del Rif atacaron el enlace ferroviario de Melilla que se estaba construyendo para facilitar el comercio con lo que, erróneamente, se creía que eran importantes yacimientos de hierro. El ministro de la Guerra del Gobierno de Maura, el general Arsenio Linares, presionado por oficiales del Ejército próximos a Alfonso XIII, por el propio rey y por los inversores de las minas, envió a regañadientes una fuerza expedicionaria y afirmó que se trataba de una mera «operación de policía», sin intención de convertirla en ofensiva militar. Las Cortes estaban cerradas para evitar que se hicieran preguntas incómodas. A partir del 11 de julio, llamaron a filas a una gran cantidad de reservistas, sobre todo hombres casados y con hijos, y los hicieron embarcar en Barcelona sin que se adoptara ningún tipo de medida para el mantenimiento de sus familias. Los ricos podían quedar exentos de ir a filas mediante un procedimiento llamado «rendición a metálico», de mil quinientas pesetas, el equivalente al salario de un año de un obrero. Era un privilegio profundamente impopular entre quienes carecían de recursos. El Partido Socialista lanzó la consigna «O todos o ninguno» y hubo olas de protesta en la prensa anarquista y republicana[174]. De hecho, el número de personas que evitaban así el servicio militar puede deducirse del hecho de que este mecanismo aportó entre nueve y doce millones de pesetas al Tesoro antes de 1895 y después de 1898; mientras que durante los tres años de la guerra de Cuba, aportó cuarenta millones de pesetas al año[175].

Sin tiempo para preparar adecuadamente la expedición, enviaban a los reservistas a una muerte más que probable, pero estos no querían morir para favorecer los intereses de lo que consideraban una oligarquía corrupta ni para satisfacer el deseo del Ejército de borrar el recuerdo del desastre de 1898. En Barcelona, el domingo 18 de julio de 1909, cuando los reclutas se dirigían hacia el puerto, se organizó una manifestación pacifista que forzó al Gobierno de Maura a anunciar que no se embarcarían más tropas. Pero una campaña de la prensa republicana fomentada por los radicales de Lerroux y los nacionalistas catalanes liderados por Antoni Rovira i Virgili mantuvo en ebullición el sentimiento antibélico. Los Jóvenes Bárbaros de Lerroux organizaron manifestaciones nocturnas tumultuosas que la policía no podía controlar. Al cabo de dos días, se produjeron disturbios similares en Madrid y otras ciudades, desde cuyas estaciones ferroviarias se transportaba a los reclutas a Barcelona. Mientras tanto, un amplio abanico de políticos catalanes envió un telegrama a Maura exigiendo que pusiera fin a la guerra, y el Partido Socialista empezó a preparar una huelga general. Maura se negó rotundamente y la tensión fue en aumento al saberse que a diez de los reservistas que habían participado en la manifestación del domingo los habían juzgado en consejo de guerra y podían ser ejecutados. Los anarcosindicalistas secundaron los planes de los socialistas. El gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, se negó a desplegar la odiada Guardia Civil, una postura que lo enfrentó con el brutal ministro de la Gobernación de Maura, Juan de la Cierva, quien creía que lo que se estaba planeando era una revolución total que debía ser aplastada[176].

Ese mismo domingo, los cabileños del Rif intensificaron su resistencia a las fuerzas expedicionarias españolas. Mal equipados y prácticamente sin instrucción, los reclutas españoles fueron sometidos a un constante acoso por unas fuerzas infinitamente más hábiles. En el transcurso de la semana siguiente, el sentimiento contrario a la guerra se extendió entre una población convencida de que los políticos corruptos tenían la culpa de que las tropas estuvieran mal equipadas. El comandante español en Marruecos, el general José Marina Vega, solicitó con éxito más refuerzos, pero estos fueron derrotados el martes 27 de julio en la batalla del Barranco del Lobo[177]. El día anterior, había estallado en Barcelona una huelga general que duró hasta el 1 de agosto; siete días que se dieron en llamar la «Semana Trágica». De la Cierva decidió tratar la huelga como una insurrección y ordenó al capitán general de la región que declarara el estado de guerra. En respuesta, los obreros formaron barricadas con los adoquines de las calles. Lo que había comenzado como una protesta contra el reclutamiento degeneró en disturbios anticlericales y quema de iglesias. Al principio, el mantenimiento del orden se vio dificultado por el hecho de que numerosos soldados confraternizaron con los huelguistas. Ardieron veintiuna iglesias y treinta conventos, pero las agresiones al clero fueron muy contadas. Cabe señalar que los edificios públicos, los bancos y las residencias de los ricos quedaron intactos. El jueves 29 de julio, los acontecimientos dieron un giro con la llegada de tropas de refuerzo y guardias civiles. Con el bombardeo artillero de los barrios de clase obrera, el movimiento fue sofocado por lo que Rafael Shaw llamó «el terrorismo ejercido por el Gobierno del señor Maura, al servicio de los curas». En el transcurso de la semana, murieron ciento cuatro hombres y seis mujeres, y unas trescientas personas fueron atendidas por lesiones. Cinco soldados y dos guardias civiles perdieron la vida. Tres monjes murieron durante los disturbios, uno de ellos, asfixiado al esconderse en la bodega del monasterio, aunque la mayor parte de la violencia no estaba dirigida a los clérigos sino a los símbolos del poder eclesiástico. Inflamados por la espeluznante propaganda de Lerroux, los manifestantes irrumpieron en conventos convencidos de que liberarían a las monjas de la tortura y la esclavitud sexual. En la mayoría de ciudades de Cataluña, la huelga prosiguió y, en algunas de ellas, se proclamó la República[178].

La Semana Trágica tuvo graves repercusiones en la política española. El cuerpo de oficiales del Ejército, decidido a ocultar su pésima actuación en el Barranco del Lobo, se convirtió en un lobby colonial cada vez más agresivo. El alto mando del Ejército en África impulsó con éxito la expansión de las operaciones militares en Marruecos, cuyos costes se incrementaron rápidamente y no solo en términos económicos: como los gobiernos tanto liberales como conservadores se veían obligados a recurrir al Ejército para reprimir el descontento de la clase trabajadora, provocado en buena medida por las pérdidas humanas de la aventura marroquí, el cuerpo de oficiales se mostró cada vez más contrario a la autoridad civil[179]. Además, los acontecimientos de julio y agosto fueron seguidos por una feroz represión que marcaría la estrategia futura de los obreros. En Barcelona, el reflexivo Ángel Ossorio y Gallardo fue sustituido en el cargo de gobernador civil por el halcón Evaristo Crespo Azorín, que impuso el estado de guerra, ilegalizó la mayoría de las organizaciones de izquierdas y fue particularmente duro con Solidaridad Obrera y los radicales. Mandó encarcelar a casi 3.000 personas, 1.725 de las cuales comparecieron ante un consejo de guerra. Diecisiete hombres fueron condenados a muerte, y cinco de ellos, ejecutados, incluidos Francesc Ferrer i Guàrdia y un carbonero cuyo delito era haber bailado en la calle con el cadáver momificado de una monja.

Las escuelas laicas de Ferrer, al igual que las pocas escuelas protestantes de España, fueron blanco de furiosos y constantes insultos en la prensa católica. Ferrer fue declarado culpable de ser el autor intelectual de los hechos de Barcelona, a pesar de que no había ni la más mínima prueba de ello, si bien había participado en la planificación y financiación de los dos atentados fallidos contra Alfonso XIII. Para el Gobierno y el alto mando militar, la represión era necesaria porque los disturbios combinaban elementos de antimilitarismo, anticlericalismo y separatismo catalán. En este sentido, durante la Semana Trágica, el enfrentamiento entre los militares y el movimiento obrero prefiguró las hostilidades violentas de la Guerra Civil. Irónicamente, la Semana Trágica también provocó que la atemorizada burguesía catalana pidiera amparo al Gobierno de Madrid.

La ejecución de Ferrer el 13 de octubre de 1909 desencadenó enormes manifestaciones de protesta en España y en varias capitales europeas. La campaña con el eslogan «Maura No» fue en aumento, como respuesta al matonismo de Juan de la Cierva. Cuando el líder liberal Segismundo Moret protestó en las Cortes por la represión y pidió la dimisión de Maura, De la Cierva replicó agresivamente que la oposición de Moret a sus métodos permitía hechos como los atentados contra el rey. El tono de De la Cierva fue condenado por casi todos, pero Maura lo felicitó por su discurso. Y a pesar de que Maura disfrutaba de una cómoda mayoría en las Cortes, el 21 de octubre, Alfonso XIII aprovechó la oportunidad para librarse de él aceptando precipitadamente una oferta de dimisión que el desolado presidente del Consejo pretendía que fuera meramente simbólica[180]. De este modo, el rey se aseguró de que el Partido Conservador estuviera, en lo sucesivo, en manos de elementos contrarios a la introducción de reformas de calado[181]. A continuación, Alfonso ofreció el Gobierno a Moret, que no consiguió superar las divisiones que minaban al Partido Liberal, por lo que, en febrero de 1910, fue reemplazado por José Canalejas, líder del ala izquierda de los liberales, un político genuinamente preocupado por la justicia social. En el verano de 1911 se produjo un atentado frustrado contra Maura en Barcelona[182].

Para esquivar la cárcel por su implicación en el intento de asesinato de Alfonso XIII, Lerroux se había trasladado en octubre de 1908 a Argentina, donde permaneció hasta julio de 1909. A su regreso a España, en agosto de ese mismo año, en loor de multitudes, era otro hombre. Durante su estancia en Argentina, había recibido cuantiosos donativos, incluidas acciones en empresas exportadoras de carne y parques de diversiones, así como en metálico. Comenzó, pues, a invertir en compañías de servicios que luego recibían lucrativos contratos por parte de los ayuntamientos controlados por los radicales. La corrupción de los miembros del partido con cargos en la administración local ayudó a Lerroux a hacerse muy rico al mismo tiempo que a financiar su partido. Y, a medida que iba acumulando posesiones, automóviles, joyas y una finca en San Rafael, su retórica se volvía cada vez más conservadora. También se vio involucrado en actividades fraudulentas en el comercio de cemento y suministros de materiales de construcción[183].

Las primeras elecciones convocadas por Canalejas, el 8 de mayo de 1910, otorgaron por primera vez un escaño en las Cortes a un diputado socialista. Se ha dicho que Canalejas era, en el fondo, un republicano cuya aceptación de la monarquía era puramente pragmática[184]. Lo cierto es que llegó al poder decidido a implementar un programa regeneracionista, con la esperanza de alejar a la clase trabajadora del anarquismo y el socialismo. Estaba dispuesto a apoyar el arbitraje estatal en los acuerdos salariales, a legislar sobre las condiciones laborales e incluso a contemplar la expropiación de los grandes latifundios por motivos de utilidad social. Introdujo varias reformas importantes, incluido el servicio militar universal, que puso fin a la práctica divisiva mediante la cual los ricos podían esquivarlo con el pago de una cantidad de dinero. También reemplazó el gravamen injusto sobre el consumo de alimentos, bebidas y combustible, denominado «impuesto de consumo», por otros tributos sobre las grandes fortunas.

Sin embargo, a pesar de sus ambiciones reformistas, se vio acosado por una creciente oposición. La agitación contra la guerra continuó y, en agosto de 1911, algunos tripulantes del buque de guerra Numancia se amotinaron y amenazaron con bombardear Málaga para apoyar un golpe de Estado republicano. La intensificación de la agitación de la izquierda y los sindicatos hizo aflorar el lado más autoritario de Canalejas, que recurrió al Ejército para reprimir las huelgas, sobre todo una general en todo el país, en septiembre de 1911, que provocó la ilegalización temporal de la CNT. Los anarquistas estaban convencidos de que el presidente del Consejo estaba conchabado con Lerroux para destruir primero Solidaridad Obrera y luego la CNT. De hecho, Canalejas era blanco del odio tanto de la izquierda como de la extrema derecha. El 12 de noviembre de 1912, un anarquista lo mató a tiros frente a la Librería San Martín, en la Puerta del Sol de Madrid[185].

Maura informó a Alfonso XIII de que no estaba dispuesto a colaborar con los liberales, porque los veía demasiado próximos a los republicanos. Esa decisión, junto con la muerte de Canalejas, provocó el caos interno en los dos partidos dinásticos y marcó el final de cualquier intento serio de reformar el sistema de la Restauración. En 1913, cuando cayó un Gobierno encabezado por el conde de Romanones, Alfonso XIII pasó por alto el hecho de que Maura era el líder del Partido Conservador y entró en conversaciones con un abogado de escaso prestigio, Eduardo Dato, que, a diferencia de Maura, sí estaba dispuesto a colaborar con los liberales. En protesta por lo que consideraban una falta de respeto hacia su líder, los seguidores más dinámicos de Maura formaron un grupo llamado los «Jóvenes Mauristas». A imagen y semejanza del movimiento regeneracionista, el maurismo se dividiría en dos alas incompatibles. Por un lado, liderados por Ossorio y Gallardo, se encontraban quienes seguían el deseo de su líder de llevar a cabo reformas políticas para poner fin al caciquismo. Por otro lado, la mayoría, liderada por Antonio Goicoechea, acabaría convirtiéndose en un grupo clave del antirrepublicanismo de derechas[186].

El Partido Liberal también se dividió en dos grandes facciones, encabezadas respectivamente por Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, y Álvaro de Figueroa, conde de Romanones y hábil cacique de Guadalajara, más ducho en la explotación que en la reforma del sistema. Sin embargo, en 1915, Romanones incorporó al dinámico Santiago Alba a su Gobierno como ministro de la Gobernación. Alba estaba decidido a reducir el tamaño de la burocracia y del Ejército para financiar inversiones tanto en la agricultura como en la industria, lo que sedujo a los republicanos reformistas de Melquíades Álvarez y los distanció de su alianza con los socialistas.

La CNT se iba radicalizando a medida que, poco a poco, socialistas y republicanos se volvían cada vez más moderados. En el curso de los enconados conflictos laborales que se produjeron durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un movimiento exclusivamente anarcosindicalista. Su cifra de afiliados se disparó, de los 15.000 iniciales a más de 700.000 en 1919, reflejo de la creciente base industrial del país. El número de trabajadores ocupados en actividades no agrícolas se había cuadruplicado hacia la misma época, al pasar de 244.000 en 1887 a 995.000 en 1900[187]. Los líderes de la nueva organización rechazaban tanto la violencia individual como la política parlamentaria y optaban por lo que se dio en llamar «sindicalismo revolucionario». Esto implicaba una contradicción básica que afectaría a la organización hasta la Guerra Civil: a medida que se engrosaban sus filas, la CNT tenía que actuar como un sindicato convencional que defendía los intereses de sus miembros dentro del orden existente y, al mismo tiempo, abogaba por la acción directa para derrocar ese orden. La participación de sus miembros en actos violentos de sabotaje industrial y huelgas revolucionarias implicaba que la nueva organización era a menudo ilegalizada.

No obstante, sorprendentemente, el siguiente desafío al sistema de la Restauración no lo plantearon los anarquistas rurales ni el proletariado urbano, sino que vino de mano de la burguesía industrial, aunque una vez comenzó la crisis, las aspiraciones del proletariado entraron en juego de tal manera que las hostilidades fundamentales en el seno de la política española se agudizaron más que nunca. Los problemas sociales a los que se enfrentaba la Restauración, con el poder político concentrado en manos de quienes también disfrutaban del monopolio del poder económico, se habían intensificado durante décadas y llegaron a un punto de ruptura con el estallido de la Primera Guerra Mundial. España se encontraba prácticamente en quiebra, con unas fuerzas armadas en un estado lamentable, y el Gobierno conservador dirigido por el rico abogado Eduardo Dato no tuvo más remedio que declararse estrictamente neutral. Con todo, en una carta a Maura en que justificaba su decisión, Dato revelaba sus simpatías por las Potencias Centrales[188]. El debate sobre si España tenía que intervenir en la contienda y, de ser así, en qué bando, despertaba las pasiones políticas. El Ejército, la mayoría de los conservadores, los mauristas y los carlistas admiraban lo que veían como la disciplina y la eficiencia prusianas y apoyaban a las Potencias Centrales. Los liberales, los radicales de Lerroux, la izquierda y la mayoría de los intelectuales equiparaban a Alemania con la barbarie y apoyaban a los aliados occidentales, a los que asociaban con la idea de civilización. Romanones, rotundamente aliadófilo, inspiró un controvertido artículo titulado «Neutralidades que matan», aunque rápidamente aceptó que no había alternativa a la neutralidad. Las acaloradas polémicas en los periódicos (muchos de los cuales eran propiedad de alemanes o recibían generosos subsidios de estos) y en los mítines intensificaron las crecientes divisiones internas de los partidos Liberal y Conservador. A pesar de la falta de opciones, el sistema político se desgarraba por las consecuencias económicas de la guerra, la tremenda agitación social que provocaba y los ecos de la Revolución rusa[189]. Entre los debates sobre la posible participación de España en el conflicto asombran los intereses personales de algunos políticos. Huelga decir que, donde hubiera corrupción, podía encontrarse a Alejandro Lerroux. Su entusiasta defensa de la intervención militar española en el bando aliado provocó que lo atacaran grupos proalemanes. Aunque es posible que fuese sincera, su postura no dejaba de tener relación con las exportaciones de sus empresas, sobre todo de carne, a la República francesa[190].

Como no beligerante, España estaba en la posición económicamente privilegiada de poder suministrar tanto a la Entente como a las Potencias Centrales productos agrícolas e industriales. Los fabricantes se beneficiaron de la sustitución de los productos de importación en el mercado nacional y de la posibilidad de llenar los vacíos dejados en sus propios mercados de exportación por las potencias en liza. Las minas de carbón de Asturias, las de hierro y la industria naviera del País Vasco, la industria textil y química catalana, la industria del cuero valenciana y mallorquina experimentaron un auge frenético que estimuló un despegue drástico de la economía española. Los beneficios de las navieras vascas pasaron de 4,43 millones de pesetas en 1913 a 52,69 millones en 1915. En Bilbao, la inversión en nuevas empresas se disparó de 14,5 millones de pesetas en 1913 a 427,5 millones al final de la guerra[191].

El auge había atraído mano de obra rural a las minas y fábricas, en ciudades donde prevalecían las peores condiciones del primer capitalismo, en especial en Asturias y el País Vasco. El aumento en el número de obreros industriales pronto constituiría un desafío abrumador para el sistema de la Restauración. Entre 1910 y 1918, el número de mineros aumentó de 90.000 a 133.000; el de obreros del metal, de 61.000 a 200.000, y el de obreros textiles, de 125.000 a 213.000. Al mismo tiempo, las exportaciones masivas provocaban el desabastecimiento del mercado nacional, disparaban la inflación y hundían el nivel de vida. El consumo per cápita de alimentos básicos, como el trigo, el arroz, los garbanzos y las patatas, se redujo drásticamente al dispararse sus precios durante los años de guerra. La burguesía catalana no reinvirtió los beneficios en la modernización de sus fábricas, sino que los derrochó construyendo residencias espectaculares, comprando vehículos de lujo y frecuentando los casinos, cabarets y burdeles que surgieron por doquier. La clase obrera se radicalizó debido a la irritación popular por semejante despilfarro, así como por la renuencia de la burguesía recién enriquecida a conceder aumentos salariales[192]. Por todo ello, en diciembre de 1915, el Gobierno de Dato cayó y el rey pidió a Romanones que lo sustituyera. A pesar de la promesa de elecciones limpias, los comicios del 9 de abril de 1916 se amañaron para que Romanones obtuviera una amplia mayoría. El nuevo Parlamento recibió el mote de «las Cortes de los parientes», porque los principales líderes conservadores y liberales habían logrado que sus familiares consiguieran escaños. De hecho, era bien sabido que los líderes de los partidos mantenían su posición gracias al nepotismo, el patronazgo y la vista gorda ante el saqueo de los recursos estatales. La prensa socialista reveló que los mismos grandes políticos figuraban en los consejos de administración de las empresas más prósperas del país, como prueba de que España estaba controlada por una pequeña élite de privilegiados.

Los ministros del Gobierno participaban activamente en la corrupción. Durante la guerra, el ministro de Hacienda, Santiago Alba, amasó una importante fortuna gracias a su alianza con el inescrupuloso magnate mallorquín Juan March, que obtenía ganancias colosales gracias a la exportación de alimentos a los beligerantes, así como de su negocio clave: el contrabando de tabaco, un negocio en el que March explotaba la adicción general de los españoles a la nicotina. Casi tres cuartos de siglo antes, Richard Ford había observado: «el cigarro es un sine qua non en la boca de todo español, que de lo contrario parecería una casa o un vapor sin chimenea[193] Tanto éxito tenía el contrabando de tabaco de March que los ingresos del Gobierno por los impuestos al tabaco cayeron en picado hasta tal punto que se decidió otorgar al mallorquín el monopolio oficial del tabaco a cambio del pago de un canon[194]». La fama de corrupto de Alba era tal que, cuando fue nombrado ministro, algunos periodistas dijeron a March: «Ahora sí que tendrá las puertas del Ministerio abiertas de par en par», y este sonrió y repuso: «No seré yo quien vaya a visitarlo, será él quien venga a verme cuando yo lo estime oportuno[195]».

La «amistad extrema» de March con el joven político liberal se manifestaba de múltiples formas. En una ocasión, March le organizó un banquete en Palma de Mallorca y regaló a la mujer de Alba un ramo de flores en el que había escondidos diez billetes de mil pesetas. Un ejemplo sorprendente de cómo Alba expresó su gratitud por la amistad fue el resultado de la aprobación en 1915 de la Ley de Subsistencias, cuyo objetivo era poner bajo control la exportación en masa y altamente lucrativa de productos alimentarios necesarios para las potencias beligerantes. Alba obtuvo para March varias licencias de exportación excepcionales que permitieron al plutócrata mallorquín pasar por alto legalmente las restricciones que imponía la ley. En 1916, el Gobierno prohibió la exportación de arroz desde Valencia. Los agentes de March en el País Valenciano comenzaron a acaparar cantidades enormes de arroz y solicitaron una licencia extraordinaria alegando que había un excedente que superaba la capacidad de absorción del mercado. Sin exigir prueba alguna ni realizar ninguna inspección, Alba logró para March el permiso que este quería y que le permitió vender el arroz en Europa a precios inflados, habiéndolo comprado previamente a precios extremadamente bajos. Alba y el conde de Romanones se congraciaron aún más con March al no hacer prácticamente nada por poner coto a sus actividades como contrabandista de tabaco a gran escala. Las ambiciones políticas de Alba contaban con un cuantioso apoyo económico por su parte, sobre todo en Mallorca. A cambio, el ministro de Hacienda lo arregló todo para que March obtuviera un escaño en las Cortes en 1923. Al parecer, varios funcionarios gubernamentales extremadamente importantes e influyentes estaban en la nómina del magnate. No es de extrañar que Alejandro Lerroux también cobrase de Juan March, que contribuía sustancialmente a sufragar sus gastos electorales[196].

Romanones no tuvo más éxito que Dato a la hora de abordar los problemas sociales provocados por la guerra mundial. En 1916, se perdieron 2.415.304 jornales en huelgas, una cifra seis veces superior a la del año anterior, y también hubo una serie de disturbios dramáticos provocados por el hambre[197]. Las huelgas consiguieron algunos aumentos salariales, pero no suficientes para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, por culpa de la inflación de los precios de los alimentos. De 1913 a 1917, los precios aumentaron en un 50 por ciento, los beneficios empresariales, el 88 por ciento, y los salarios, apenas un 10 por ciento. La presión de las bases hizo que, en su duodécimo congreso, celebrado el 12 y 13 de mayo, la UGT socialista decidiera pedir a la CNT la unidad de acción para resolver los problemas sociales. El acuerdo fue consagrado en el Pacto de Zaragoza, firmado el 17 de julio de 1916, que coincidió con una huelga de ferroviarios socialistas a favor del reconocimiento de su sindicato, que se vio coronada por el triunfo. Aunque la UGT rechazara las propuestas más revolucionarias de la CNT, el éxito de una jornada de huelga convocada por el sindicato socialista en diciembre de 1916 alentó las esperanzas de que una huelga general conjunta desembocase en la convocatoria de elecciones libres y en la introducción posterior de reformas. Así, la crisis económica provocó una alianza extraordinaria del sindicalismo reformista de la UGT con el revolucionario de la CNT. De todos modos, la naturaleza cautelosa de la UGT y el ímpetu militante de la CNT generaron fricciones[198]. La alianza sobrevivió gracias a que, en esa época, la dirección de la CNT estaba en manos de un dúo integrado por el relojero Ángel Pestaña y el pintor de paredes Salvador Seguí, apodado «el Noi del Sucre» («el Chico del Azúcar») por su afición a los dulces. El afable Seguí siempre se mostraba elegante en público, por lo general, con sombrero y cuello duro y pañuelo de seda en el bolsillo de la pechera. El arisco Pestaña era menos diplomático que su amigo Seguí, más sutil. Aunque más tarde los considerasen moderados, en 1917, creyendo que la monarquía estaba a punto de caer y que la revolución era inminente, ambos aceptaban la violencia para alcanzar dichos objetivos[199].

Con el auge de la economía, el equilibrio de poder dentro de la élite comenzó a cambiar. Aunque los intereses agrarios seguían siendo preeminentes, los industriales ya no estaban dispuestos a tolerar su subordinación política. Su descontento alcanzó un punto culminante en junio, cuando el ministro Alba propuso financiar unas reformas económicas radicales mediante un impuesto a los escandalosos beneficios que había obtenido la industria del norte gracias a la guerra, sin adoptar medidas equivalentes respecto a los beneficios de los latifundistas. En consecuencia, la medida fue denunciada por los industriales vascos, catalanes y asturianos como un intento tiránico de castigar a las clases productivas. De hecho, la indignación expresada en su nombre por Cambó y por el industrial vasco Ramón de la Sota se debía en gran parte a que les quisieran arrebatar sus beneficios. La iniciativa de Alba quedó bloqueada en diciembre en las Cortes, en gran parte por obra de Cambó, y así se frustró la posibilidad de aliviar la desesperada situación de una parte importante de la población[200]. No obstante, la propuesta de Alba revelaba tan claramente la arrogancia de la élite terrateniente que acabó precipitando una tentativa de la burguesía industrial de implementar la modernización política. Mientras tanto, Romanones se encontraba cada vez más presionado por la izquierda, debido a su incapacidad para resolver la crisis económica, y por la derecha, a causa de su postura aliadófila. Los ataques de submarinos alemanes a barcos mercantes españoles habían llevado a Romanones a proponer la ruptura de relaciones con las Potencias Centrales. La reacción del germanófilo Alfonso XIII fue obligarlo a dimitir e invitar a García Prieto a formar gobierno.

En 1917, la clase obrera, los militares y la burguesía industrial desafiaron el orden existente. Aunque su coincidencia en el tiempo parezca unirlos, sus objetivos eran, sin embargo, totalmente antagónicos. La oposición al sistema de la Restauración de los industriales vascos y catalanes ya había provocado el surgimiento de poderosos movimientos regionalistas respaldados por dichos industriales: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Lliga Regionalista. Su equivalente en Asturias fue el Partido Reformista liderado por Melquíades Álvarez. Si bien estos grupos tenían un aire revolucionario en lo relativo a su oposición a la inercia económica y la incompetencia política de la oligarquía rural, lo cierto es que también apoyaban políticas reaccionarias y opresivas contra sus trabajadores. El líder de la Lliga, el astuto financiero Cambó, se convirtió en portavoz de los industriales y banqueros del norte. Estaba convencido de que era necesaria una acción drástica para evitar que el sistema de la Restauración acabara engullido por un cataclismo revolucionario. Su visión de una revolución controlada desde arriba se basaba en la idea de una Cataluña autónoma como dinamo de una nueva España[201]. Irónicamente, el celo reformador de los industriales enriquecidos por la guerra los llevó a aliarse brevemente con el proletariado que se había empobrecido con el conflicto armado. Mientras la agitación a favor de cambios, que promovían los industriales y los trabajadores, con objetivos claramente distintos, iba en aumento, los oficiales de rango medio del Ejército protestaban por sus salarios bajos, unas estructuras de promoción anticuadas y la corrupción política. Se forjó una alianza efímera y engañosa entre los tres sectores, en parte porque los dos primeros interpretaron mal la postura política del Ejército.

En 1916, los sueldos ya exiguos de los militares se habían visto afectados de lleno por la inflación provocada por la guerra, incluso más que los de los obreros de la industria, que podían reivindicar aumentos salariales mediante las huelgas. Los oficiales subalternos y de rango medio en España tenían que buscar empleos civiles para mantener a sus familias. Esto, a su vez, alimentó la división en el seno del Ejército entre los que se habían presentado voluntarios a servir en Marruecos, los llamados «africanistas», y los que se habían quedado en la Península, los «peninsulares». Para los africanistas, los riesgos eran enormes, pero las recompensas, en términos de aventura y rápida promoción, eran muy elevadas. Encallecidos por los horrores de las guerras contra los cabileños, los africanistas tenían la sensación de pertenecer a una hueste de guerreros heroicos que eran los únicos que se preocupaban por el destino de la patria. Despreciaban a los políticos profesionales, a las masas pacifistas de izquierdas, a los catalanistas y, en cierta medida, a sus compañeros peninsulares, cuya vida al otro lado del Estrecho era sinónimo de una existencia peor remunerada pero más cómoda, sedentaria, en que los ascensos se alcanzaban por estricta antigüedad. Era inevitable que los peninsulares guardaran rencor a los africanistas, mejor pagados y con ascensos mucho más rápidos por méritos de combate[202]. Los peninsulares reaccionaron con la creación de las Juntas Militares de Defensa, una especie de sindicato con el doble objetivo de proteger su rígido sistema de ascensos por antigüedad y de conseguir mejoras salariales para evitar lo que llamaban «la miseria dosificada». En palabras de Cambó, las Juntas de Militares de Defensa «surgieron como ranas y mosquitos en aguas estancadas[203]».

Las quejas de las Juntas estaban formuladas en el lenguaje de moda del regeneracionismo, aunque el movimiento, al final, no fue más que un paso importante hacia la dictadura militar. A fines de mayo de 1917, García Prieto ordenó la disolución de las Juntas de Defensa y la detención de sus líderes. El 1 de junio, estas amenazaron con dar un golpe de Estado si sus compañeros no eran liberados y su movimiento no era reconocido como un sindicato militar legal. El 9 de junio, García Prieto fue expulsado del poder. El rey, siempre entrometido en política, había jugado con la idea de un Gobierno de coalición construido alrededor de Santiago Alba y Francesc Cambó, a pesar del odio mutuo que se profesaban, pero al final sustituyó a García Prieto por Dato, cuyo Gobierno conservador reconoció a las Juntas[204]. Sus tópicos regeneracionistas huecos fueron aclamados como faros de un gran movimiento de reforma nacional cuando, en realidad, no hacían más que reforzar el autoconvencimiento del Ejército de que eran el árbitro supremo de la vida política. Por un breve e ilusorio momento, los obreros, los capitalistas y los militares parecieron unirse para limpiar la política española de la corrupción del caciquismo. En el improbable caso de que ese movimiento de tres frentes hubiese logrado crear un sistema político capaz de permitir un ajuste social, podría haberse evitado la guerra civil. Pero lo cierto es que los acontecimientos de la crisis de 1917 apenas dieron algo más de poder a la burguesía industrial y bancaria sin socavar la hegemonía de una oligarquía terrateniente fuertemente atrincherada[205].

El largo desenlace de la crisis comenzó cuando Dato suspendió las Cortes. Cambó también empleaba la retórica regeneracionista, afirmando que el capitalismo progresista catalán podría modernizar la atrasada España agraria. Su proyecto tenía asegurada la hostilidad de Santiago Alba. Para impulsarlo y, en respuesta al cierre de las Cortes decretado por Dato, Cambó organizó una asamblea alternativa de diputados catalanes, que se reunió el 5 de julio de 1917 en el Ayuntamiento de Barcelona y pidió la reapertura de las Cortes. Anunciaron que, si el Gobierno no accedía, se convocaría en Barcelona una asamblea más amplia, con parlamentarios reformistas de toda España, a modo de Cortes. Dato declaró «facciosa» la primera asamblea. Cambó siguió adelante con sus amenazas y dispuso la reunión de la Asamblea para el 19 de julio. Ossorio y Gallardo creía que esta podría llevar a cabo la revolución de Maura desde arriba. Cambó estaba ansioso por asegurarse el apoyo del propio Maura para evitar que tacharan su iniciativa de separatista y revolucionaria. Pero, debido al carácter inconstitucional de la Asamblea, Maura se negó a colaborar con ella y, en una carta a su hijo, la calificó de «grotesca» y a sus miembros, de «zoco profesional».

Si Maura hubiera aceptado, habría conseguido la adhesión de las Juntas, y el impulso del movimiento reformista habría podido derribar a la monarquía. Sin embargo, este ya había tachado a las Juntas de «engendro monstruoso de depravación añeja instalada en las cumbres». A pesar de mantener correspondencia con Cambó, el coronel Benito Márquez, el líder de las Juntas, y sus compañeros no estaban dispuestos a colaborar con la Asamblea por su acento netamente catalán y, desde luego, tampoco a tolerar ningún tipo de huelga revolucionaria. Su esperanza era ver un Gobierno presidido por Antonio Maura, quien, para decepción de sus seguidores, no quería volver a la actividad política. En una carta a Ossorio, Maura se refirió al plan de Cambó como «la vía subversiva […] pero yo no soy de los que tienen la vocación de tales hazañas». Dato optó por la mano dura. La mayor parte de la prensa catalana fue clausurada y se obligó a la de Madrid a presentar la Asamblea como una iniciativa separatista catalana. Enviaron a Barcelona tropas de refuerzo y efectivos de la Guardia Civil, y atracaron en el puerto buques de guerra. A pesar de todo, la Asamblea, que se presentaba como el Parlamento progresista que España tendría si fueran posibles unas elecciones limpias, se reunió en el Palacio del parque de la Ciudadela e hizo un llamamiento a acabar con la hegemonía de la oligarquía corrupta y centralista. Dato ordenó disolver la Asamblea. Sus miembros fueron detenidos simbólicamente por el gobernador civil, que se limitó a ponerles la mano sobre el hombro para luego dejarlos libres de inmediato, y salieron del edificio entre los vítores de una gran multitud[206].

A pesar de la aparente coincidencia de su retórica reformista, los intereses últimos de los obreros, los industriales y los oficiales del Ejército eran contradictorios y Dato explotó hábilmente sus diferencias. Pese al apoyo popular al movimiento de la Asamblea, ya existían diferencias significativas entre este y las Juntas. La UGT y la CNT habían estado preparándose para una huelga revolucionaria, creyendo que disfrutarían del apoyo tanto de la Lliga como de las Juntas, algo muy improbable ya que los temores presentes desde la Semana Trágica se habían reavivado tras la Revolución de febrero en Rusia. Aún menos probable era que los oficiales del Ejército vieran una ofensiva revolucionaria con el más mínimo asomo de simpatía. En cualquier caso, la colaboración entre la UGT y la CNT era difícil. Si bien los anarquistas manifestaban aspiraciones extremas irreales, como la disolución de las fuerzas armadas y la nacionalización de la tierra, los objetivos máximos de los socialistas eran un Gobierno provisional capaz de poner fin a la corrupción política y hacer frente a la inflación y la escasez de alimentos. Sin embargo, en marzo de 1917, una delegación de la CNT, formada por Pestaña, Seguí y Ángel Lacort, fue a Madrid a reunirse con la UGT. Durante su estancia, participaron en un mitin en el que ellos y los representantes de la UGT lanzaron un manifiesto que denunciaba con vehemencia el hecho de que el Gobierno no hubiera respondido a las exigencias planteadas durante la jornada de huelga convocada por la UGT en diciembre de 1916. Se trataba de una declaración de guerra contra Dato, que hizo acuse de recibo ordenando detenerlos, aunque la indignación popular obligó al poco tiempo a la liberación de los sindicalistas[207].

La intransigencia del Gobierno empujó tanto a la CNT como a la UGT hacia posiciones más radicales, aunque los socialistas siguieron mostrándose más cautelosos. Su inquietud se debía al hecho de que, a partir de agosto de 1916, grupos de extremistas al margen de la CNT habían cometido atentados contra empresarios, capataces y esquiroles. Aunque los elementos más moderados de la CNT, como Pestaña y Seguí, no los aprobasen, tampoco podían condenarlos. Pestaña escribió: «ligados por nuestro amor a la organización, no solo no denunciaríamos tales desafueros, sino que, si fuera necesario, saldríamos a la calle a defender a la organización cuando se la atacase». El terror esporádico de la CNT se encontró con un antiterrorismo mucho más organizado, financiado generosamente por los industriales. Bajo la dirección del corrupto jefe de policía Manuel Bravo Portillo y de un agente alemán, Friedrich Stallmann, apodado «Barón Koenig», varios grupos armados cometieron numerosos asesinatos a lo largo de los siete años posteriores. El arrogante Bravo Portillo era alto y moreno, lucía un gran bigote rizado e intentaba hacerse pasar por aristócrata. Amasó una fortuna trabajando para los alemanes durante la guerra. Posteriormente fue despedido y encarcelado, aunque solo durante seis meses, cuando se descubrió que había revelado las horas de navegación de los barcos aliados que zarpaban de Barcelona, lo que permitía a los submarinos alemanes torpedearlos. Bravo Portillo y Koenig también cometieron atentados contra industriales que exportaban a Francia[208].

Cuando regresaron a Barcelona después de las reuniones de Madrid, Pestaña y Seguí encontraron a sus seguidores planeando febrilmente un levantamiento armado. Pestaña escribiría más tarde: «Se volcaron las cajas de los fondos de los Sindicatos, entregando hasta el último céntimo para comprar pistolas y fabricar bombas». El revolucionario ruso Victor Serge escribió sobre esos días:

En el Café Español del Paralelo, la ajetreada avenida, con su deslumbrante iluminación nocturna, situada junto al horrible Barrio Chino, cuyas callejuelas estaban llenas de chicas semidesnudas que acechaban en los portales de antros infernales, fue donde me encontré con militantes que se armaban para la lucha inminente. Hablaban con entusiasmo de los que caerían en el combate, repartían revólveres Browning y provocaban, como todos nosotros, a los inquietos espías de la mesa de al lado. En una calle adyacente a la avenida revolucionaria, que tenía un cuartel de la Guardia Civil a un lado y viviendas pobres al otro, me reuní con el héroe barcelonés del momento, el espíritu vivificante, el líder sin corona, el político intrépido que desconfiaba de los políticos: Salvador Seguí.

En largas conversaciones, Seguí y Serge discutieron sobre lo que este último consideraba la «dudosa alianza» entre los obreros y la burguesía catalana. Seguí se daba cuenta de que Cambó estaba utilizando a la CNT: «Somos útiles en su juego de chantaje político». Sin embargo, era optimista: «Sin nosotros, ellos no pueden hacer nada: tenemos las calles, las tropas de choque, los corazones valientes entre la gente. Lo sabemos, pero los necesitamos. Representan el dinero, intercambian la legalidad posible (al principio, de todos modos), la prensa, la opinión pública, etc.»[209].

En cambio, los socialistas habían planeado al principio limitarse a apoyar el movimiento de la Asamblea para el establecimiento de un Gobierno provisional encabezado por Melquíades Álvarez y con la participación de Lerroux, Pablo Iglesias y Largo Caballero, que convocaría elecciones para que las Cortes constituyentes decidieran sobre la futura forma del Estado. Tales objetivos eran compatibles con los de Cambó. Las discrepancias entre las aspiraciones limitadas de los socialistas y las de la CNT provocaron un aumento de la tensión[210]. Cuando la CNT estaba a punto de celebrar una asamblea, el 20 de junio, para decidir sobre la declaración inmediata de una huelga general revolucionaria, Largo Caballero se fue corriendo a Barcelona para tratar de contener a los anarquistas. Acostumbrado a actuar libremente en Madrid, le sorprendió tener que reunirse con ellos en la clandestinidad en Vallvidrera, en la sierra de las afueras de Barcelona, y aún se asombró más al encontrarse con una multitud de militantes armados con pistolas, que se manifestaban dispuestos a usarlas para luchar contra la policía o la Guardia Civil, acusaban a los socialistas de estar en connivencia con los políticos burgueses y exigían la convocatoria inmediata de la huelga. Al final, Largo Caballero logró persuadir a la asamblea de que no podía convocarse la huelga hasta que se hubieran hecho los preparativos adecuados. Solo la intervención de los moderados, Salvador Seguí y Ángel Pestaña, salvó la alianza[211]. El día en que la Asamblea estaba a punto de reunirse en Barcelona, el líder socialista Pablo Iglesias, de camino al acto en el parque de la Ciudadela, se reunió con Pestaña, Seguí y otros dos líderes de la CNT, Francesc Miranda y Enric Valero, quienes le comentaron que el sindicato anarquista estaba impaciente por convocar una huelga general en apoyo de la Asamblea. Para su mal disimulado disgusto, Iglesias los escuchó «con aire displicente». Tras expresar sorpresa por lo avanzados que estaban sus planes, y claramente asustado por la posibilidad de exacerbar la hostilidad de los militares, trató de disuadirlos de la huelga. Cuando argumentaron que era el momento oportuno, les respondió en tono condescendiente: «Ustedes, los obreros manuales, lo ven así; pero nosotros, los intelectuales, lo vemos de diferente manera». Se marcharon completamente desilusionados, por no decir asqueados, por la actitud de los socialistas[212].

Por otra parte, las bases de la CNT desconfiaban de los asambleístas, a los que consideraban un instrumento de la burguesía. En particular, sospechaban de Cambó, a quien veían como el representante de la odiada patronal. De todos modos, el sindicato se contuvo, esperando ver si la Asamblea exigía el derrocamiento de la monarquía. Los socialistas también habían planeado pasar a la acción solo si se empleaba la fuerza contra la Asamblea[213]. Sin embargo, en Valencia, los republicanos de izquierda Marcelino Domingo y Félix Azzati convencieron a los ferroviarios de que la Asamblea era la señal para lanzarse a la huelga general. También había agentes provocadores del Gobierno que enardecían a la militancia. La huelga posterior no contó con el apoyo de la UGT a escala nacional y fue reprimida por las autoridades a costa de dos muertos y varios heridos. La empresa ferroviaria adoptó severas represalias y despidió a cientos de trabajadores[214].

Recordando su éxito del verano anterior, el sindicato ferroviario de la UGT amenazó con una huelga nacional en apoyo de su reivindicación de que los empleados despedidos fueran readmitidos. El problema podría haberse resuelto fácilmente, pero el Gobierno de Dato aprovechó la oportunidad para abrir una brecha entre las fuerzas que se oponían al sistema. Presionó a los dueños de la empresa ferroviaria para que se negaran a negociar. Daniel Anguiano, secretario general del sindicato ferroviario, se vio obligado a cumplir la amenaza y declaró la huelga el 10 de agosto. Dato calculaba que la intransigencia de los propietarios de los ferrocarriles obligaría a la UGT a elevar la apuesta con una convocatoria de huelga general en solidaridad con los ferroviarios, y confiaba que esto desvinculara a las Juntas y la Lliga del movimiento de reforma. Así pues, con una confianza ciega y optimista en el apoyo de las Juntas y la Asamblea, los líderes de la UGT decidieron, al cabo de tres días, convocar una huelga general en solidaridad con los trabajadores ferroviarios. El instinto político de los militares hizo que los oficiales del Ejército, tanto peninsulares como africanistas, defendieran con entusiasmo el orden establecido[215].

El manifiesto de la huelga que estalló el 10 de agosto de 1917 difícilmente podría haber sido más moderado. Redactado por el vicepresidente del PSOE, el profesor de Derecho Julián Besteiro, se hacía eco de las demandas de la Asamblea y ordenaba a los obreros abstenerse de cualquier tipo de violencia. No obstante, el Gobierno presentó a los huelguistas como revolucionarios sedientos de sangre. Al haberse visto la UGT forzada a actuar precipitadamente en apoyo de los trabajadores ferroviarios, la huelga estaba mal preparada, no fue secundada en el campo y se enfrentó a una represión militar brutal. En Barcelona, el paro fue absoluto y se utilizó artillería contra los anarquistas, que sufrieron treinta y siete muertos. El lugar en que la huelga duró más fue Asturias, donde contaba con el apoyo de Melquíades Álvarez, a quien habían elegido para encabezar el Gobierno provisional. No obstante, fue reprimida con facilidad en el País Vasco, uno de los principales baluartes de los socialistas, junto con Asturias, siendo Madrid el tercero. Bilbao fue ocupada por tropas que, a las órdenes del general José Souza, lanzaron ataques indiscriminados contra la población. En Asturias, el gobernador militar, el general Ricardo Burguete y Lana, declaró el estado de guerra el 13 de agosto. Acusó a los organizadores de ser agentes a sueldo de potencias extranjeras y, tras anunciar que cazaría a los huelguistas «como bestias salvajes», envió columnas de tropas regulares y guardias civiles a los valles mineros, donde se entregaron a una orgía de violaciones, saqueos, palizas y torturas. Con ochenta muertos, ciento cincuenta heridos y dos mil detenciones, aseguraron el fracaso de la huelga[216].

Manuel Llaneza, el dirigente moderado del sindicato asturiano de mineros, habla de «odio africano» para describir la actuación de una de las columnas de Burguete, bajo el mando del joven comandante Francisco Franco, dando a entender que los africanistas trataban al proletariado exactamente igual que a la población indígena en Marruecos. En Madrid, los Jóvenes Mauristas actuaron como fuerzas parapoliciales, y obreros armados solo con piedras fueron abatidos por soldados equipados con ametralladoras. La estratagema de Dato había sido un éxito a corto plazo, pero a costa de intensificar el odio entre los militares y el proletariado y la hostilidad de ambos hacia el gabinete, lo que hirió de muerte tanto a su Gobierno como al sistema en general[217].

Haciendo caso omiso a su condición de diputado, agentes de la Guardia Civil detuvieron y maltrataron a Marcelino Domingo, y estuvieron a punto de ejecutarlo[218]. Los cuatro integrantes del comité de huelga nacional de la UGT —Besteiro, el vicepresidente de la UGT, Francisco Largo Caballero, Andrés Saborit, líder del sindicato de impresores y editor del periódico El Socialista del PSOE, y Daniel Anguiano, dirigente de los ferroviarios— fueron detenidos en un piso de Madrid, donde cenaban tranquilamente sin haber tomado las precauciones de seguridad adecuadas. Para desacreditarlos, el ministro de la Gobernación, José Sánchez Guerra, anunció de manera mendaz que se habían escondido, uno en un armario, otro debajo de la cama y otros dos en el interior de grandes macetas, y que se habían encontrado cantidades importantes de moneda española y divisas extranjeras entre sus pertenencias. Estuvieron a punto de someterlos a ejecuciones sumarias, y desde sus celdas insalubres podían oír cómo construían el patíbulo donde iban a ajusticiarlos. Los cuatro fueron juzgados en consejo de guerra. Las Juntas exigieron que los condenasen a muerte, aunque al final la pena fue de cadena perpetua y, en realidad, pasaron solo unos meses en prisión. La incapacidad de Dato para hacer frente a las Juntas dañó gravemente su reputación, mientras que la participación de estas en la represión acabó con la popularidad que habían adquirido en los meses anteriores. Después de una campaña nacional en favor de su amnistía, los cuatro miembros del comité de huelga fueron liberados al ser elegidos diputados a Cortes en los comicios generales del 24 de febrero de 1918: Besteiro por Madrid, Saborit por Oviedo, Anguiano por Valencia y Largo Caballero por Barcelona. Con todo, la experiencia tuvo un efecto negativo en la trayectoria posterior de los cuatro. La cúpula socialista en general y la burocracia de la UGT, en particular, quedaron tan traumatizadas que acabaron por considerar su participación en el movimiento de 1917 como una aventura absurda[219]. La derrota de la huelga liquidó durante algún tiempo la posibilidad de introducir reformas desde abajo. Sin embargo, se había demostrado que los partidos dinásticos solo podían resistir el desafío de la política de masas recurriendo al Ejército. En palabras de Francisco Romero, «el ejército había detenido la revolución, pero ¿quién iba a detener al ejército?»[220].

Al darse cuenta de que su papel en la represión había dañado fatalmente su imagen pública como elemento progresista, las Juntas negaron, sin credibilidad alguna, toda responsabilidad en la violencia ejercida contra la población civil. Emitieron una declaración en la que alegaban que el Gobierno los había colocado en una posición insostenible[221]. El 26 de octubre, a pesar de los esfuerzos de Dato por congraciarse con las Juntas, estas enviaron al rey una nota en la que denunciaban la incapacidad del sistema actual y lo instaban a formar un nuevo Gobierno nacional. De hecho, amplios sectores de la opinión pública estaban de acuerdo en la necesidad de liquidar el turnismo[222]. Pese a haber derrotado a los huelguistas, Dato no había resuelto ninguno de los problemas sociales a los que se enfrentaba desde antes de agosto. Alfonso XIII lo destituyó, aunque poco después le dijo: «Eduardito, he sido contigo un rufián». A pesar de su humillación, Dato intentó proteger al monarca y declaró a la prensa que su dimisión no había sido precipitada por el ultimátum de las Juntas. Romanones manifestó que aquello era el fin del turnismo. Cambó escribió en la prensa: «Creo firmemente que esta no es la caída de un gobierno, sino el fracaso, el derrumbamiento del sistema de los partidos turnantes[223]». Sin duda fue el fin de la credibilidad de Alfonso XIII como fuerza moderadora y confirmó que el verdadero poder fáctico era el Ejército.

En medio de la crisis subsiguiente, durante la cual España permaneció sin Gobierno durante ocho días, la Asamblea se reunió en el Ateneo de Madrid el 30 de octubre para exigir una nueva constitución. En plenas deliberaciones, Cambó fue invitado a una audiencia con el rey. Los miembros de la Asamblea creían que su movimiento había triunfado, pero en realidad de lo que se trataba era de comprar a Cambó. Para consternación de los asambleístas más liberales y de izquierdas, este se retiró del movimiento cuando Alfonso ofreció a la Lliga participar en un nuevo Gobierno de coalición. Las negociaciones sobre su composición se vieron complicadas por la exigencia de las Juntas de estar representadas por Juan de la Cierva, como ministro de la Guerra, algo a lo que se oponían la izquierda y la Asamblea. Finalmente, a cambio de la inclusión de dos ministros catalanes, Joan Ventosa en Hacienda y Felip Rodés en Instrucción Pública, Cambó descartó la idea de unas Cortes constituyentes y el 1 de noviembre aceptó la formación de una coalición nacional bajo el mando de García Prieto. Ante sus críticos furiosos en la Asamblea, Cambó alegó, de manera poco plausible, que iba a reformar el sistema desde dentro, y les aseguró que Cataluña sería la Prusia de una España regenerada. Pero, aparte de que muchos ya no le apreciaban por su talante brusco e imperioso, Cambó se convirtió en un traidor a las fuerzas comprometidas con la reforma. Lo que había hecho era aliar a la Lliga con la oligarquía agraria y el Ejército y, por lo tanto, poner fin a cualquier tipo de reforma legal del sistema. Y es que estaba convencido de que, después de las próximas elecciones, la Lliga obtendría entre setenta y ochenta diputados y se convertiría en presidente del Consejo de Ministros. Mientras tanto, se jactaba ante sus colegas de que podía controlar a García Prieto a través de Ventosa. Sin embargo, fue el presidente del Consejo quien logró maniatar por completo a los inexpertos Ventosa y Rodés. No pasó mucho tiempo antes de que Cambó se diera cuenta de que le habían engañado y se lamentara amargamente de no haberse incorporado él en persona al Gobierno[224].

De hecho, la coalición no tenía objetivos pactados y cada uno de sus componentes seguía su propio programa. Además, contaban con la oposición en bloque de toda la izquierda. Según Romanones, el cúmulo de errores cometidos por Dato que había heredado el nuevo Gobierno lo convertía en una empresa imposible[225]. El representante de las Juntas, Juan de la Cierva, hizo todo lo posible por frustrar las intenciones reformistas de los dos ministros catalanes. Las elecciones celebradas el 24 de febrero de 1918 figuraron entre las más corruptas y venales de toda la Restauración y demostraron que la capacidad de la oligarquía para amañar los resultados no había sido neutralizada en absoluto. Había zonas urbanas donde los comicios eran relativamente limpios, pero el poder del caciquismo rural seguía siendo sólido. Así, la Lliga de Cambó, aunque victoriosa en Cataluña, estaba lejos de obtener el número de escaños necesarios para permitirle implementar una reforma total del sistema. Ningún partido obtuvo la mayoría absoluta. Los conservadores de Dato fueron quienes más escaños obtuvieron, pero la suma de escaños de las formaciones liberales de Romanones y García Prieto los superó. Así, los resultados condujeron a un callejón sin salida en el que las Cortes se dividieron en facciones. Además, la Alianza de Izquierdas, un grupo liderado por Melquíadez Álvarez, del Partido Reformista (con nueve escaños) y varios partidos republicanos (veinte), los socialistas (seis) y la Lliga Regionalista (veintiuno) constituían un desafío importante para el statu quo.

Ante la indignación del resto del Gobierno y de Antonio Maura, De la Cierva presentó un real decreto que aumentaba el salario a todos los oficiales del Ejército y ascendía a los cabecillas de las Juntas. Sin consultar a las Cortes, en un país hambriento, De la Cierva estaba disparando el presupuesto militar y minando la autoridad civil sobre las fuerzas armadas. Su objetivo era afianzar el apoyo castrense a la monarquía. El ministro de la Guerra, que andaba siempre visitando cuarteles y elogiando el patriotismo de las Juntas, ilegalizó la Junta de suboficiales y eliminó a los elementos regeneracionistas liderados por Benito Márquez. Cuando Márquez se quejó de que la complacencia del ministro ante las Juntas acabaría por enfrentar al Ejército con el sistema político, De la Cierva hizo que lo expulsaran de las fuerzas armadas. En febrero de 1918, se inició una huelga de trabajadores de correos y telégrafos. Con su dureza habitual, De la Cierva respondió militarizando dichos servicios y, por lo tanto, convirtió a los huelguistas en culpables de rebelión. Como el Ejército carecía de la experiencia necesaria para desempeñar las tareas de los huelguistas, se produjo un caos total en las comunicaciones nacionales. La opinión pública estaba indignada también por el hecho de que De la Cierva cediera ante los militares mientras que recurría a la fuerza contra civiles. El ministro dimitió e hizo caer al Gobierno. Corrió el rumor de que planeaba implantar una dictadura con un grupo de coroneles, extremo que él mismo desmentiría más adelante[226].

Alfonso XIII amenazó con abdicar si no se formaba un Gobierno nacional a la altura de las circunstancias. El grave peligro de una dictadura encabezada por De la Cierva solo se evitó cuando, el 21 de marzo de 1918, convencieron a Maura, en gran parte por mediación de Cambó, de que presidiera un amplio gabinete de coalición nacional que incluía a los principales líderes de los partidos. Dato, irritado por el regreso de Maura, pasó a ser ministro de Estado; García Prieto asumió la cartera de Gobernación; Romanones, la de Gracia y Justicia; Cambó, la de Fomento, y Santiago Alba, el Ministerio de Instrucción Pública. La reacción popular fue entusiasta, como si España se hubiera salvado y se hubiera inaugurado una nueva era. Maura, en cambio, haciendo gala de un amargo pesimismo, escribió a su hijo: «Me han tenido clavado ahí durante casi diez años, que hubieran podido ser los más aprovechables de mi vida, sin dejarme hacer nada útil, y me requisan ahora para que los presida a todos. Vamos a ver cuánto dura esa monserga[227]».

Cambó defendió su participación en el Gobierno ante las Cortes el 17 de abril de 1918, alegando que era necesaria para evitar la anarquía[228]. Alarmados por la visión de los trabajadores revolucionarios en las calles, los industriales abandonaron sus exigencias de reformas políticas y, atraídos por las promesas de modernización económica de Maura, permitieron a sus líderes apoyar a su administración. Una vez más, la burguesía industrial había abandonado sus aspiraciones políticas y se aliaba con la oligarquía terrateniente por miedo a la revolución. La coalición implicó una ligera mejoría de la posición de los industriales en una alianza reaccionaria aún dominada por los intereses de los terratenientes.

En última instancia, pese a incorporar, en apariencia, a todos los hombres de talento, y con un inicio conciliatorio y muy prometedor, la coalición duró poco. Con la ausencia de De la Cierva, la huelga de los trabajadores de las comunicaciones se resolvió pronto. Su proyecto de reforma militar fue revisado y se aprobó una amnistía para los implicados en los hechos de agosto de 1917. Sin embargo, la desconfianza era la norma en el seno del Gobierno, sobre todo entre Dato y Maura y, peor aún, entre Alba y Cambó, que intentaba aumentar la autonomía de Cataluña y, al mismo tiempo, revitalizar la economía española. La intensificación de los ataques alemanes a los transportes marítimos españoles precipitó la crisis. El Gobierno emitió un ultimátum a Berlín, pero las divisiones internas se vieron exacerbadas por la negativa del rey germanófilo a que se adoptaran medidas adicionales. Además, la creciente hostilidad entre Alba y Cambó provocó el hundimiento del Gobierno de Maura el 6 de noviembre de 1918, dos días después de que el Imperio austrohúngaro solicitara el armisticio que puso fin a la Gran Guerra. Tras su sustitución por Romanones, un amargado Maura llegó aparentemente a la conclusión de que el único remedio era la dictadura militar. De hecho, la caída del segundo Gobierno nacional supuso el último clavo del ataúd de cualquier posibilidad de reforma efectiva del sistema desde arriba[229].

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Desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la dictadura (1918-1923)

El gobierno de salvación nacional, encabezado por Antonio Maura, Madrid, 1918.
© ACI / World History Archive.

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La llegada de la paz en noviembre de 1918 provocó una intensificación de la crisis política en España. Los enormes beneficios obtenidos en la minería, la siderurgia y el textil no se habían invertido, por lo general, en la introducción de nuevas tecnologías. De hecho, la amplia publicidad dada al gasto de los nuevos ricos en artículos de lujo en un momento de escasez de alimentos había aumentado el resentimiento de la clase trabajadora hacia lo que consideraban una plutocracia parasitaria. El retorno de las industrias británica, francesa y estadounidense a los niveles de producción anteriores a la guerra sumió a la economía española en la crisis[230]. Así, aunque la brutalidad de los militares había permitido que el desacreditado sistema político sobreviviera a la crisis de 1917, el hambre y el desempleo generalizados después del fin de la contienda intensificaron la presión sobre la clase dirigente. Ya en 1918 hubo huelgas, disturbios provocados por el hambre y saqueos de comercios. Sin embargo, la represión de la huelga de agosto de 1917 había dañado la relación entre los socialistas y los anarquistas y también dividido internamente ambos movimientos. El PSOE, demasiado traumatizado por los acontecimientos de ese mes de agosto como para colaborar con la CNT en nuevos actos revolucionarios, optó por una estrategia electoral de cooperación con los republicanos. Esto provocó la reacción de los elementos más extremistas, que acabarían escindiéndose del PSOE para fundar el Partido Comunista. Mientras a los líderes socialistas les inquietaba la victoria de los bolcheviques en Rusia, los anarquistas más radicales estaban encantados. Ajenos al carácter autoritario del leninismo, creían que los acontecimientos de Rusia anunciaban la llegada de una utopía anarquista mundial. Sin embargo, los sindicalistas más reflexivos como Ángel Pestaña y Salvador Seguí estaban dispuestos a organizar huelgas conjuntamente con la UGT[231].

Inmediatamente después de 1917, así como el número de afiliados de la UGT se estancó, el de la CNT creció de forma sustancial, entre otras razones, por el mayor radicalismo de los anarcosindicalistas. Hasta entonces, dicho radicalismo resultaba ineficaz porque la clase obrera catalana estaba dispersa en miles de pequeñas federaciones gremiales y locales. En 1917, solo en Barcelona, había 475 federaciones. La dificultad de organizar acciones colectivas beneficiaba a la patronal. La situación cambió cuando el congreso de la CNT catalana, la Confederació Regional del Treball, celebrado en Sants entre el 28 de junio y el 1 de julio de 1918, adoptó una estrategia mucho más eficaz: la creación de sindicatos únicos, que agrupasen en una misma organización a todos los trabajadores de cada sector. Además, se decidió que todos los sindicatos únicos de una zona determinada se congregaran en una federación local y, para evitar un aumento de la burocracia, se suprimieron las cuotas sindicales y se redujeron al mínimo los cargos administrativos remunerados. Mediante la intimidación violenta de los trabajadores más reticentes, los 475 sindicatos pequeños y débiles de Barcelona se redujeron a trece, mucho más poderosos. De ahora en adelante, habría menos huelgas, pero serían mucho más largas y, a menudo, exitosas. El sindicato único canalizó la irritación de los miles de trabajadores inmigrantes que habían llegado durante los años de la guerra, que vivían hacinados en viviendas antihigiénicas y cobraban salarios de miseria. La nueva estructura sindical impuso en la práctica el radicalismo de la mayoría de estos trabajadores no cualificados a la aristocracia laboral y provocó una rápida escalada de los conflictos laborales. Los sindicatos únicos, ideados por Seguí y Pestaña, fueron adoptados por la CNT a escala nacional. A finales de 1918, la CNT contaba con 70.000 afiliados en Cataluña y 114.000 en todo el Estado. Al cabo de un año, la cifra había aumentado hasta los 800.000[232].

Sin embargo, gracias a las divisiones de la clase obrera y a la colaboración de la Lliga, el turnismo aún no estaba del todo muerto. Tras la caída del segundo «Gobierno nacional», Alfonso XIII nombró un Gobierno liberal presidido por Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, que no sería más que el primero de diez gabinetes de corta vida —en algunos casos, de apenas semanas— que se sucedieron entre noviembre de 1918 y septiembre de 1923. La presencia en ellos de De la Cierva creaba divisiones, pero era necesaria para mantener al Ejército bajo control, aunque a un alto precio. Al aceptar a las Juntas como sindicato, De la Cierva toleraba de facto una indisciplina y unas exigencias que acercaban el país a la dictadura militar. Víctimas de sus divisiones internas, que no les permitían acordar un programa común, los gobiernos iban demostrando uno tras otro su incapacidad de resolver problemas cada vez más graves[233].

Las grietas del sistema de la Restauración se ensancharon por culpa de las maquinaciones del rey. Inquieto por la caída de otras monarquías europeas y temiendo que el estallido de la revolución en Barcelona pudiera precipitar la suya, el 15 de noviembre Alfonso XIII intentó hacerse con la lealtad de Cambó, a quien dijo que consideraba que la única forma segura de desviar la amenaza revolucionaria era concediendo la autonomía a Cataluña. Cambó cometió el error de caer en lo que no era más que una cínica estratagema y empezó a elaborar un proyecto de Estatuto de Autonomía, que, pese a contar con la simpatía de Romanones, que había formado un nuevo Gobierno, fue rechazado violentamente en las Cortes el 10 de diciembre de 1918 tanto por los liberales como por Maura. Niceto Alcalá Zamora se apuntó un tanto al señalar la contradicción entre las dos aspiraciones de Cambó: la autonomía de Cataluña y la hegemonía de esta en el Estado español; o, en sus propias palabras: «Cabe que [Cambó] dude entre ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España, pero es imposible que quiera ser ambas cosas al mismo tiempo», una frase que el propio Cambó aceptó más tarde como cierta. La derrota de sus aspiraciones para Cataluña amargó profundamente a Cambó y llevó a los diputados catalanes a retirarse de las Cortes durante seis semanas. El propio Cambó se vio obligado a romper con Alfonso XIII. El 16 de diciembre pronunció un discurso en Barcelona con el título de «Monarquia? República? Catalunya», en el que declaró que la Lliga, aunque no esperaba que una república lograra la autonomía, no abandonaría la campaña por la autonomía por temor a que esta provocara la caída de la monarquía: «Ni hipotequem l’autonomia a la República, ni esperem la República per a implantar l’autonomia, però no aturarem la nostra marxa perquè pugui caure la Monarquia» («Ni hipotecamos la autonomía por la República, ni esperamos la República para implantar la autonomía, pero no detendremos nuestro camino por si pudiera caer la monarquía[234]»).

En 1919, el senador liberal Amós Salvador, sin nombrarlo, comparó a Alfonso XIII con un niño travieso: «En el trato de los reyes pasa como con el trato de los niños: que se siente uno inclinado a dejarles hacer lo que quieran, aun convencido de que no hay modo de hacerles más daño[235]». En sus memorias, el conservador Manuel Burgos y Mazo escribe: «Desde 1919 yo me había prometido con toda resolución a mí mismo no volver a ser ministro con un rey desleal de quien no podía fiarse jamás ninguno de sus consejeros[236]». Cambó opinaba más o menos lo mismo: creía que el rey estaba detrás de la creación de la Unión Monárquica Nacional, una formación virulentamente anticatalana que acabaría desempeñando un papel clave en la conspiración que derrocó a la Segunda República. En última instancia, las interferencias de Alfonso XIII contribuirían a provocar la ruptura definitiva entre el catalanismo conservador y la monarquía[237].

A pesar de estas fisuras y de las aspiraciones de los gobiernos de coalición, al término de la Primera Guerra Mundial, España seguía dividida en dos grupos sociales hostiles entre sí: por un lado, terratenientes e industriales y, por el otro, obreros y campesinos sin tierra. Solo un colectivo social importante quedaba al margen de esta línea divisoria: los pequeños propietarios rurales, los minifundistas. Resulta significativo que, en el transcurso de la segunda década del siglo, los agricultores católicos de Castilla la Vieja se movilizaran en defensa de los intereses de los latifundistas. A medida que las ideologías de izquierda captaban a las clases trabajadoras urbanas, los terratenientes más previsores se dieron cuenta de que había que impedir que el veneno se extendiera al campo. Los sindicatos agrarios contrarrevolucionarios patrocinados por los terratenientes hicieron su aparición a partir de 1906. El proceso fue sistematizado por Ángel Herrera, el cerebro del catolicismo político en España, que fundó en 1909 la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), un grupo de profesionales católicos dinámicos y de alto nivel. A partir de 1912, Herrera y el terrateniente palentino Antonio Monedero Martín se propusieron apartar a los pequeños propietarios del socialismo y el anarquismo mediante la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, expuesta en las encíclicas del papa León XIII. En los cinco años siguientes, gracias al esfuerzo de los decididos activistas de la ACNP, aparecieron en León, Salamanca y Castilla una serie de Federaciones Agrarias Católicas que trataron de evitar que los campesinos empobrecidos se pasaran a la izquierda ofreciéndoles facilidades de crédito, conocimientos agronómicos, almacenes y maquinaria. Las ayudas dependían explícitamente de la adhesión de sus beneficiarios a un catolicismo conservador militante. Llevada a su extremo lógico, la retórica de las federaciones suponía un desafío a los intereses económicos de los latifundistas. Solo en las regiones más prósperas del norte era posible mantener un equilibrio entre la reducción de la pobreza y la defensa del statu quo socioeconómico. En 1917, las distintas federaciones locales se unieron en la Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA), pero su implantación fue desigual fuera de las provincias de Castilla la Vieja y León, un hecho muy comprensible, ya que, en el sur, el único paliativo que los terratenientes podían ofrecer a los braceros, la propiedad de la tierra, implicaba una transferencia de sus riquezas que los latifundistas no estaban dispuestos a aceptar[238]. A ojos de los hambrientos jornaleros, la credibilidad de los terratenientes ricos que se apeaban de sus limusinas para fundar un sindicato era, desde luego, mínima[239].

Es casi seguro que la CNCA habría permanecido confinada a las zonas de minifundios del centro y norte de España de no haberse producido un aumento enorme de la militancia revolucionaria del proletariado rural del sur a partir de 1917. Las tensiones sociales se habían intensificado desde la desamortización. Tanto la explotación inmisericorde de las tierras eclesiásticas y aristocráticas por parte de sus nuevos propietarios como el cercado de las tierras comunales habían puesto fin a muchas prácticas que aliviaban la miseria en el campo. El modelo económico del latifundismo del sur era la explotación laboral del proletariado rural sin tierra[240]. La mayoría solo podía trabajar durante la cosecha, en largas y agotadoras jornadas, a menudo de sol a sol, a cambio de salarios de miseria. La situación empeoró dramáticamente durante la Primera Guerra Mundial. Mientras que los terratenientes se enriquecieron con la exportación en masa de productos agrícolas, los jornaleros se vieron empobrecidos por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ante el alza de precios de los alimentos[241].

El resultado fue una oleada de huelgas, ocupaciones de tierras y disturbios que barrió Andalucía, con especial incidencia en Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, entre 1918 y 1920, época a la que bautizó como «trienio bolchevista» el gran cronista de los acontecimientos, Juan Díaz del Moral, un notario liberal de Bujalance (Córdoba). Los objetivos de las protestas, al principio, eran la introducción de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, aunque, inspirados por la Revolución rusa, algunos líderes radicales vieran la posibilidad de un «amanecer rojo[242]». A pesar de que las intenciones de la mayoría de los huelguistas eran mucho más reformistas que revolucionarias, los latifundistas veían en la agitación de los jornaleros una amenaza equivalente a la Revolución rusa. El miedo a la insurrección despertó en algunos un interés superficial por la CNCA, lo cual no es de extrañar ya que, como señaló un observador agudo de la agitación revolucionaria de ese momento, el distinguido agrónomo Pascual Carrión: «los que vivimos en Andalucía la primavera de 1919 no podemos olvidar la extensión e intensidad del movimiento obrero; la huelga en Córdoba, entre otras, fue verdaderamente general e impresionante, llegando a amedrentar a los propietarios de tal modo que estaban resignados a entregar sus cortijos[243]».

Desde principios de 1919 hasta finales de 1920, la CNCA había recibido mensualmente apoyo económico del propio Alfonso XIII. Sin embargo, al intensificarse el conflicto de clases, el rey pasó a apoyar a la más agresiva Liga de Terratenientes Andaluces, con la vana esperanza de que esta organización recaudara los fondos necesarios para combatir «la ola roja», aunque, durante el trienio bolchevista, recurriese a medidas más violentas. En toda Andalucía, los hijos de los terratenientes formaron unidades de caballería para apoyar a la Guardia Civil en sus enfrentamientos con los trabajadores[244]. En Andalucía, como en Cataluña, el rey no estaba interesado en fomentar la cohesión social, como tampoco lo estaba la mayoría de los latifundistas, cuya respuesta intransigente a las huelgas intensificó el odio social en las zonas rurales del sur. Las consecuencias del trienio bolchevista quedaron disimuladas tras la imposición de una dictadura militar entre 1923 y 1930, pero los conflictos de 1919-1921 pusieron fin al anterior modus vivendi del sur agrario. La represión recrudeció el odio de los braceros hacia los grandes terratenientes y sus administradores. Lo poco que quedaba del paternalismo que atenuaba la brutalidad cotidiana de la vida de los braceros desapareció abruptamente.

La CNCA emprendió una gran campaña propagandística en Andalucía en enero de 1919, denunciando el egoísmo ciego de los terratenientes que eran «católicos de los de limosna ruidosa y arrendamientos y salarios inconfesables». Grupos de representantes de la CNCA recorrían las provincias meridionales, jaleados por el periódico de la ACNP, El Correo de Andalucía, que afirmaba: «La anarquía se extiende entre los de abajo y la fomentan los de arriba con su apatía. Son momentos solemnes; o Andalucía se salva ahora, si os sigue, o morirá para siempre entre las garras del odio y la revolución […]. Si los propietarios y labriegos andaluces os siguen, se habrán salvado; si os repudian, morirán bañados en su propia sangre». En los primeros meses del año, la campaña de la CNCA tuvo mucho éxito entre los latifundistas, pero a los oradores enviados a los centros de trabajadores los expulsaron entre abucheos. Presas del pánico, algunos latifundistas pusieron dinero y parcelas de tierra baldía a disposición de trabajadores que mostrasen la deferencia debida. Sin embargo, la mayoría de los terratenientes no estaban dispuestos a hacer concesiones sustanciales, sino que preferían aplastar a los huelguistas con la violencia desatada de sus guardas jurados, que contaban con el apoyo de la Guardia Civil. En algunas poblaciones como Puente Genil, la burguesía local creó una milicia bien armada para ayudar a la Benemérita en sus enfrentamientos con los huelguistas, un antecedente de lo que ocurriría en muchas ciudades andaluzas en el verano y el otoño de 1936. Algunos terratenientes abandonaron sus fincas y huyeron a Madrid, mientras que los que se quedaron compraron armas para ellos y para sus sirvientes. La CNCA continuó predicando el evangelio de la colaboración interclasista, pero su posición real quedó en evidencia al agudizarse el conflicto[245].

El 18 de abril de 1919, el nombramiento de Antonio Monedero Martín como director general de Agricultura fue recibido por El Socialista con el siguiente titular: «El amarillismo en el poder». Los proletarios dudaban de la sinceridad de la CNCA en sus pretensiones de crear una clase de pequeños propietarios rurales. Monedero pronto confirmó que, tal como habían dicho los socialistas, era el títere de los terratenientes cuando pidió que ilegalizaran las organizaciones de trabajadores y deportaran o encarcelasen a los líderes de la huelga. A mediados de abril, el Gobierno de Antonio Maura intensificó la represión suspendiendo las garantías constitucionales, declarando el estado de guerra en Córdoba y enviando unidades de caballería a reforzar la Guardia Civil. Para hacer frente a los braceros y jornaleros sin tierra mandaron a veinte mil soldados, a las órdenes del general africanista Manuel de la Barrera, quien declaró que «el problema andaluz no se resolvía sin una persecución cruel y enérgica de los propagandistas que organizan a las masas[246]». Se practicaron más de dos mil detenciones, incluidas las de casi todos los líderes sindicales, excepto los católicos de Antonio Monedero. Expulsaron de la provincia de Córdoba a dirigentes republicanos y socialistas que no tenían nada que ver con la huelga, con la intención expresa de interferir en la campaña de las elecciones de abril de 1919. Con la zona prácticamente bajo ocupación militar y los propietarios libres para intimidar a los huelguistas, poco a poco, el movimiento revolucionario fue sofocado[247]. No obstante, la represión de 1919-1920 y la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 no hicieron más que amortiguar una agitación que continuó de forma soterrada hasta que la Segunda República resucitó el espectro de la reforma agraria.

De hecho, Pascual Carrión señaló que la intransigencia innata de los terratenientes y el recurso a la represión violenta durante el trienio bolchevista impidieron que la rebelión campesina quedase liquidada en poco tiempo:

Nadie que no conozca la historia de estos movimientos podría pensar que después de aquel periodo volviesen a dominar los caciques y terratenientes. El peso del poder público, las deportaciones y represalias de un conocido general [Manuel de la Barrera] que mandó el Gobierno en mayo de aquel año [1919] a Andalucía, acabaron con la organización proletaria. En vez de encauzar aquel movimiento se le aplastó con crueldad como tantas otras veces, y por ello no es extraño que se conserven en las clases humildes los odios a los latifundistas y ahora [1932] hayan surgido otra vez con más violencia las agitaciones y revueltas[248].

Mientras que el campo español estaba plagado de conflictos, los fracasos de los dos gobiernos «nacionales» en 1918 se vieron exacerbados por la crisis social en las ciudades industriales que siguió al término de la Primera Guerra Mundial. La industria siderúrgica vasca quedó afectada por el dumping de los excedentes de guerra acumulados en Gran Bretaña y Estados Unidos. La industria naviera, que dependía del transporte de mineral a Gran Bretaña, sufrió los efectos de la caída de la industria siderúrgica británica de posguerra. Durante el conflicto, las minas asturianas y la industria textil catalana se habían expandido, pero los beneficios no se habían reinvertido en darles mayor eficiencia. En todos los sectores fabriles y agrarios, el final de la contienda provocó recortes salariales y despidos de trabajadores[249]. La militancia de la clase obrera se intensificó, y, con ella, la intervención militar. El Estado español se enfrentaba a retos similares a los de las naciones beligerantes derrotadas de Europa. En Madrid, hubo huelgas y disturbios por alimentos durante los cuales se prendió fuego a los tranvías. Según cifras oficiales, que se quedan claramente cortas, el número de huelgas se incrementó de 71.440 en 1917 a 244.684 en 1920, mientras que el número de jornadas laborales perdidas en dichas huelgas aumentó de 1.784.538 a 7.261.764[250]. Las clases dominantes españolas, que ya estaban aterradas por la Revolución rusa y el hundimiento de las monarquías alemana y austrohúngara, se alarmaron aún más por la fundación de la Internacional Comunista (Comintern) en marzo de 1919. Aunque la derrota de 1917 había traumatizado a la dirección socialista, no marcó el final del asalto al sistema. Entre finales de 1918 y principios de 1921, los obreros industriales del norte de España siguieron el ejemplo de los jornaleros anarquistas del sur. Los industriales respondieron a la recesión económica limitando la producción, recortando los salarios y despidiendo a un gran número de trabajadores. Esto provocó inevitablemente una radicalización de los obreros, a la que los industriales de Cataluña y los terratenientes del sur reaccionaron recurriendo al Ejército.

En la Cataluña de 1919, los industriales intransigentes, decididos a aplastar a la CNT, contaban con el apoyo del capitán general de la IV Región Militar, el teniente general Joaquín Milans del Bosch y Carrió, quien, a su vez, tenía el respaldo de las Juntas Militares de Defensa. El conflicto se intensificó tras la huelga del 8 de febrero en la empresa anglocanadiense Barcelona Traction, Light and Power Company, o Riegos y Fuerzas del Ebro, conocida como «la Canadiense». Comenzó en protesta por el despido arbitrario de ocho administrativos por intentar afiliarse a un sindicato y escaló cuando fueron a la huelga primero el departamento de los despedidos, luego la fábrica entera y finalmente, en una demostración de poder del Sindicato Único de Gas, Agua y Electricidad, todos los trabajadores de la electricidad de Cataluña. El 21 de febrero, tres cuartas partes de la industria catalana se vieron obligadas a cerrar por falta de suministro eléctrico. Los tranvías se paralizaron en las calles y los cafés y los teatros tuvieron que echar el cierre. Milans del Bosch, un aristócrata catalán relacionado con los industriales, pidió la declaración del estado de guerra. El Gobierno de Romanones, no sin vacilaciones, se lo concedió el 1 de marzo. Movilizaron a todos los obreros de las empresas en huelga, una medida que amenazaba a los huelguistas con cuatro años de cárcel acusados de deserción. Pese a que detuvieron a tres mil trabajadores, la huelga no se desconvocó. Romanones nombró jefe de policía a un distinguido penalista, Gerardo Doval, y a un gobernador civil conciliador, Carlos Montañés, y envió al subsecretario de la Presidencia, José Morote, a negociar con los huelguistas. Gracias a la moderación de Seguí, estas iniciativas condujeron a mediados de marzo a que la Canadiense accediera a readmitir a los despedidos y aumentar los salarios. El 19 de marzo, ante una asamblea al principio hostil de casi treinta mil trabajadores, la oratoria de Seguí logró que se acordara volver al trabajo, a cambio de la libertad de los detenidos. Sin embargo, la tregua sería breve: a los cinco días, la ciudad volvía a paralizarse[251].

Curiosamente, en 1919, entre las múltiples fuentes de ingresos de Lerroux, figuraban pagos de la Canadiense, que confiaba en que las habilidades como agitador de masas del Emperador del Paralelo quebrasen la unidad de acción de la clase obrera y pusieran fin a la huelga. La empresa siguió pagándole un estipendio mensual durante por lo menos quince años más, y en 1934, cuando Lerroux ya era presidente del Consejo de Ministros, desde la sede de la Canadiense en Londres le pidieron que redujera la carga fiscal de la compañía, aunque no sabemos qué medidas adoptó[252].

Si bien la huelga de la primavera de 1919 no había sido violenta, los empresarios, conmocionados tras comprobar que la CNT tenía fuerza suficiente para paralizar Barcelona, decidieron destruir el sindicato. Además, Milans y las Juntas se enfurecieron por la disposición de Romanones a lograr una solución pacífica. Ya antes de la huelga de la Canadiense, gracias a la seguridad que les daba contar con el respaldo del Ejército, los industriales se habían ido radicalizando. En febrero de 1919, la recién formada Unión Monárquica Nacional había llamado a la acción tanto contra los huelguistas como contra los catalanistas. Temerosa de perder el apoyo de los conservadores, la organización patronal dominada por la Lliga, el Foment del Treball Nacional, suavizó sus aspiraciones catalanistas y apoyó la coalición del Ejército y los industriales decididos a destruir la CNT/CRT. La principal función de la organización empresarial, la Federació Patronal de Catalunya, presidida por el beligerante Félix Graupera, no era otra que luchar contra los sindicatos únicos y, para ello, imitó su estructura y su táctica. Frente a la huelga general, recurrirían al cierre patronal general. La federación catalana pertenecía a la Confederación Patronal Española, de ámbito nacional, capitaneada por el igualmente belicoso Francisco Junoy. En Barcelona, al igual que en Bilbao, Madrid y Valencia, los miembros más duros de la Confederación Patronal Española eran los pequeños y medianos empresarios del sector metalúrgico, de la construcción y de la madera, muy afectados por la crisis económica de la posguerra y la radicalización de los obreros[253].

Con el apoyo entusiasta de industriales y empresarios, Milans del Bosch declaró la guerra a la CNT. El 22 de marzo, autorizó la creación de una milicia ciudadana, el Somatén, de origen medieval, cuya función originaria era repeler las incursiones musulmanas (el término catalán original, sometent, se refería al toque de campanas que se empleaba para convocar a dicha milicia o para indicar su salida so emetent, literalmente «haciendo ruido», es decir, «tocando a rebato»). De hecho, la recuperación del Somatén como guardia cívica hacía tiempo que estaba en cartera. Pero después de que Milans del Bosch crease esta fuerza militar auxiliar de ocho mil efectivos, se convirtió en una grave preocupación para Romanones, que, sin embargo, no impuso la autoridad civil. El 25 de marzo, Milans decretó que cualquier individuo que no fuera miembro del Somatén y que llevara armas sería reo de rebelión militar[254]. El Somatén dirigía el transporte público, patrullaba las calles, detenía y maltrataba a los huelguistas y obligaba a las tiendas y cafés a permanecer abiertos. Milans también aprobó el uso de una fuerza parapolicial financiada por la Federació Patronal de Catalunya y dirigida por el recién liberado Manuel Bravo Portillo. Esta banda de pistoleros y asesinos a sueldo reclutados en las cloacas cometían toda clase de agresiones contra dirigentes sindicales, desde palizas hasta asesinatos. Para facilitar sus actividades, se sufragó con fondos del Ejército la compilación de un enorme archivo de cenetistas destacados, el llamado «Fichero Lasarte», reunido por un guardia civil, el capitán Julio de Lasarte Persino, quien había trabajado con el barón Koenig. Con el auspicio del nuevo gobernador militar, el general Severiano Martínez Anido, la información de Lasarte, a menudo inventada, se utilizaba para facilitar las detenciones y, a veces, los asesinatos[255].

Ni Milans del Bosch ni la Federación Patronal estaban interesados en la conciliación. Cuando Milans se negó a liberar a los detenidos, contraviniendo lo acordado con los huelguistas para que estos volvieran al trabajo, la CNT cayó en la provocación y convocó una huelga general para el 24 de marzo. Fue un desastre. Con el descarado apoyo de las tropas estacionadas en Barcelona, se reinstauró el estado de guerra, clausuraron las oficinas de la CNT y detuvieron a cientos de líderes sindicales, incluido Pestaña. El ataque a la CNT fue dirigido por Martínez Anido, un brutal africanista y favorito de Alfonso XIII, al que habían nombrado gobernador militar en febrero. Los sindicalistas moderados, así como Doval y Montañés, a los que había nombrado Romanones, se vieron desbordados por los militares. Milans se enfureció cuando Doval le exigió que disolviera la banda de Bravo Portillo, y envió al temible Martínez Anido y al coronel de la Guardia Civil Julio Aldir a que amenazaran a Montañés y Doval con la cárcel si no salían de Barcelona inmediatamente. Con la huelga casi desbaratada, Seguí tuvo que emplear su oratoria para convencer a los asistentes a otra asamblea masiva de que volver al trabajo era la única manera de evitar un desastre mayor. Como cabía esperar, el principal periódico del Ejército negó, en un lenguaje más bien ambiguo, que la guarnición de Barcelona hubiera tenido algo que ver con la expulsión de Montañés y Doval[256].

El trato dispensado a Montañés y Doval puso de manifiesto la impotencia de las autoridades civiles, provocó la caída del gabinete de Romanones y abrió una importante crisis política en la que Alfonso XIII desempeñó un papel clave[257]. Romanones pidió al rey que destituyera a Milans, pero Alfonso se negó a aceptar la simbólica dimisión del general. En vista del apoyo incondicional del monarca a Milans, Romanones no tuvo más remedio que renunciar al cargo[258]. La identificación de Alfonso con los elementos más reaccionarios del Ejército y de la Iglesia sería una rémora permanente que arrastraría cualquier intento del Gobierno de adoptar una política social más conciliadora. De hecho, el rey coqueteaba cada vez más con la idea de una dictadura militar. El 15 de abril decidió sustituir a Romanones por un Maura poco entusiasta. Sería una solución provisional, puesto que este ya no representaba al sector dominante del Partido Conservador, que dirigía ahora Eduardo Dato. El cambio de poder dentro del partido se debía a la inquietud que provocaban los métodos de Juan de la Cierva y sus vínculos con las Juntas de Defensa. Dato y otros se inclinaban por una política de negociación con los sindicalistas moderados. Aquejado de problemas de salud, este propuso que presidiera el Gobierno uno de sus aliados, el conservador moderado Joaquín Sánchez de Toca. Sin embargo, el rey concedió a Maura el decreto de disolución. A pesar de su fama de contrario a la corrupción electoral, para asegurarse la victoria en las elecciones del 1 de junio de 1919, Maura optó por recurrir al caciquismo de la peor especie. Fue en vano. Ante la oposición de gran parte de su propio Partido Conservador, no solo no alcanzó la mayoría absoluta, sino que su reputación quedó destrozada y dimitió el 20 de julio[259].

A pesar de la derrota de la huelga general de la CNT, en Cataluña continuó la guerra sucia contra el sindicato, dirigida en un primer momento por Maura, aunque continuaría tras su caída. A instancias de Milans del Bosch, la banda de Bravo Portillo mantuvo su ofensiva contra los sindicalistas, eliminando a los moderados para frustrar las negociaciones laborales. Entre los asesinados figuraba Pau Sabater, El Tero, un líder de gran prestigio del Sindicato Único Textil, cuyo cadáver encontraron cosido a tiros el 20 de julio. Era inevitable que se planteara la adopción de represalias. Además, la magnitud de la represión restaba credibilidad a los sindicalistas moderados entre los miembros del sindicato. Y, a medida que la coacción económica se endurecía y despedían a cada vez más trabajadores, había más hombres dispuestos a convertirse en pistoleros a cambio de una modesta paga[260]. Cuando Bravo Portillo fue asesinado el 5 de septiembre de 1919, pasó a encabezar su banda el siniestro prusiano Friedrich Stallmann, que detentaba el falso título de barón de Koenig. Calificado por el político conservador Francisco Bastos Ansart como «un príncipe de canallas», Koenig cobraba tanto del servicio secreto francés como de la patronal, que le pagaba para que asesinara a los dirigentes sindicales. Además, extorsionaba a los industriales ofreciéndoles «protección». El falso barón acabó expulsado de España el 18 de mayo de 1920[261].

Para deleite de industriales y terratenientes, en las doce semanas que Maura estuvo en el Gobierno, con la ayuda de Antonio Goicoechea, su ministro del Interior de línea dura, respondió con la fuerza bruta a la tensión social en Cataluña y en el sur. Se suspendieron las garantías constitucionales y se encarceló a los dirigentes sindicales. Como ya se ha visto, envió al general De la Barrera a Andalucía a aplastar la rebelión de los trabajadores del campo. Cuando Dato volvió a sugerir al moderado Joaquín Sánchez de Toca como sucesor de Maura, Alfonso XIII se resistió e insistió en volver a nombrar a Maura o, en su defecto, amenazó con designar al relativamente progresista Melquíades Álvarez. Al final, Dato consiguió el nombramiento de Sánchez de Toca, quien formó un equipo de hombres ilustrados junto con su ministro del Interior, el devoto católico social Manuel Burgos y Mazo, y un nuevo gobernador civil de Barcelona, Julio Amado, que adoptó una línea conciliadora hacia los sindicatos. Según Burgos y Mazo, había 43.000 sindicalistas encarcelados. Creyendo que la represión no haría más que dar alas al sector más extremista de la CNT, el Gobierno se inclinaba por reconocer a los sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores en diálogo con los industriales. Con este fin, liberaron a los presos, se levantó el estado de guerra y se implantó la jornada de ocho horas. La aplicación inteligente de la conciliación resolvió las huelgas en Valencia y Málaga y provocó una reducción significativa del número de asesinatos en Barcelona. A cambio, Seguí, Manuel Buenacasa y otros sindicalistas moderados emitieron un manifiesto en el que declaraban que, si se legalizaba la CNT, las huelgas serían pacíficas, y denunciaban la violencia de Estado como causante del terrorismo de izquierdas[262].

Esto coincidió con un discurso demoledor en las Cortes del diputado republicano por Sabadell Francesc Layret, de treinta y nueve años. El barbudo Layret estaba gravemente discapacitado a consecuencia de la polio desde los dos años de edad y necesitaba aparatos ortopédicos para la pierna y dos bastones para caminar[263]. Amigo íntimo de Seguí, Layret era un abogado brillante y solía defender a los sindicalistas ante los tribunales. En su discurso del 7 de agosto de 1919, denunció el papel dictatorial de Milans y las Juntas de Defensa en Barcelona. Reveló las amenazas de Martínez Anido y el coronel Aldir a Gerardo Doval y Carlos Montañés y explicó cómo la expulsión de ambos había precipitado la caída de Romanones. Acusó a este último de cobardía por dimitir en lugar de destituir a Milans del Bosch. Con este discurso, Layret firmó su propia sentencia de muerte, pero de momento, la respuesta de Burgos y Mazo, lejos de atacarlo, consistió en secundar su afán conciliador[264].

Los esfuerzos de Sánchez de Toca, Burgos y Mazo y del gobernador civil de Barcelona, Julio Amado, por llegar a un acuerdo con los sindicatos no tenían nada que ver con lo que pretendían De la Cierva, los alarmados industriales o el Ejército. El segundo congreso de la Confederación Patronal Española, celebrado en Barcelona en la última semana de octubre de 1919, decidió instituir el cierre patronal de la industria (a excepción de los servicios públicos y del sector alimentario) con el fin de obligar a los obreros a abandonar la CNT por la fuerza del hambre o provocar una reacción que justificara la intervención de los militares. El cierre patronal duró hasta enero de 1920, dejó a más de doscientos mil hombres sin trabajo e intensificó el odio de clase[265]. La credibilidad de los moderados de la CNT se vio mermada y los trabajadores depositaron cada vez más su fe en los llamados «grupos de afinidad», formados por activistas estrechamente unidos. Liderados por representantes del sector duro como Buenaventura Durruti, Juan García Oliver, Francisco Ascaso y Ricardo Sanz, grupos como Los Solidarios y Nosotros acabaron fusionándose en la Federación Anarquista Ibérica[266]. Mientras el extremismo aumentaba en la izquierda, las provocaciones de los industriales iban acompañadas por las actividades de las Juntas. Cuando varios capitanes que seguían un curso en la Escuela Superior de Guerra se negaron a unirse a las Juntas de Defensa, fueron sometidos a un tribunal de honor y finalmente expulsados del colegio, con el apoyo del ministro de la Guerra[267].

Esto último desencadenó la caída del Gobierno de Sánchez de Toca el 9 de diciembre de 1919. Este fue reemplazado por otro maurista, el conservador Manuel Allendesalazar, próximo a De la Cierva, que nombró gobernador civil de Barcelona al adusto Francisco Maestre Laborde-Bois, conde de Salvatierra de Álava, que se había ganado fama de brutal como gobernador civil de Sevilla. Su homólogo saliente, Julio Amado, se topó un día con Seguí y otros moderados de la CNT que regresaban de un congreso en Madrid. «Tengan mucho cuidado —les advirtió—: esos caballeros quieren sangre y yo no estaba dispuesto a derramarla[268]». Con el cierre patronal todavía en vigor, la política represiva de Salvatierra produjo un recrudecimiento de la violencia callejera. Debilitados por el cierre patronal y los meses sin cobrar, hambrientos ellos y sus familias, incapaces de pagar el alquiler, los anarcosindicalistas estaban cansados. La situación desacreditó a los dirigentes sindicales moderados y dio alas a los grupos de acción, el más decidido de cuyos dirigentes era Ramon Archs i Serra, secretario del sindicato del metal. El 4 de enero de 1920, se produjo un atentado fallido contra Salvador Seguí. Al día siguiente, el presidente de la Federació Patronal, Félix Graupera, resultó herido. El conde de Salvatierra de Álava detuvo a más de cien líderes sindicales y clausuró un gran número de locales obreros, así como el periódico de los sindicalistas, Solidaridad Obrera. El 23 de enero, Salvatierra decretó el cierre de todos los sindicatos que integraban la CNT/CRT. Sin consultar al Gobierno, Milans del Bosch lo apoyó con la implantación del estado de guerra y luego exigió plena autoridad militar para el Somatén. Presionado por las capitanías de toda España, así como por el Somatén, y muy en contra de su voluntad, Allendesalazar cedió a sus exigencias[269].

En febrero, la publicación de correspondencia en la que se revelaban sus nefastas actividades a lo largo de los años anteriores provocó la destitución de Milans del Bosch. Llegó a rumorearse que este preparaba un golpe de Estado, pero Milans no era tan ambicioso. Significativamente, el rey le recompensó con el prestigioso puesto de jefe de la Casa del Rey. Al frente de la Capitanía General de Cataluña, lo sustituyó durante un breve tiempo el anciano general Valeriano Weyler, que ya contaba ochenta y dos años[270].

Eduardo Dato se hizo con la presidencia del Consejo de Ministros el 5 de mayo de 1920 y Koenig fue expulsado de España. Tras el paréntesis represivo de Allendesalazar, Dato retomó la política moderada de Sánchez de Toca. Nombró ministro del Interior al moderado Francisco Bergamín y al igualmente razonable Federico Carlos Bas, gobernador civil de Barcelona. Bas constató que las víctimas de la mayoría de los intentos de asesinato eran los trabajadores, lo que le convenció de que era el afán de venganza de la Federació Patronal lo que mantenía vivo al terrorismo. Comenzó a liberar a los sindicalistas presos y levantó la censura de prensa. La oposición de los industriales provocó que no durase en el cargo más de seis meses. Así, la moderación de Dato apenas sirvió de nada. El 4 de agosto, el conde de Salvatierra de Álava, ex gobernador civil de Barcelona, fue asesinado en Valencia cuando regresaba del puerto en un coche de caballos[271]. Dato se vio obligado a sustituir a Bergamín por un halcón, el conde Gabino Bugallal. La tensión iba en aumento en Barcelona, donde a mediados de octubre estalló una huelga importante en la industria metalúrgica. Justo cuando Seguí acababa de poner fin a la huelga tras aceptar prácticamente todas las condiciones de la patronal, el 31 de octubre, Jaume Pujol, presidente de la federación de empresarios del sector eléctrico, fue asesinado.

Bas, que estaba negociando con Seguí, recibió la visita del gobernador militar, el general Severiano Martínez Anido. Este, enfrentándose a Bas con gran aspereza, afirmó que toda la violencia social de Barcelona era obra de anarquistas a sueldo de Rusia y le entregó una lista de 78 anarquistas, entre los que figuraban Seguí y Pestaña, exigiendo que los fusilaran de inmediato. Bas respondió: «No me siento ni verdugo ni déspota» y presentó la dimisión a Bugallal. El 8 de noviembre de 1920, Bas fue sustituido como gobernador civil por Martínez Anido, quien recibió órdenes de Dato de «obrar con entera libertad; pues el Gobierno no le creará dificultad alguna en sus iniciativas». Cuando Seguí se enteró del nombramiento, comentó: «Nos van a masacrar». De forma muy parecida a lo que ya antes que él había dicho Amado, Bas observó al marcharse de Barcelona: «Me echan porque no me presto a ser un gobernador asesino[272]».

La maniobra para deshacerse de Bas la había diseñado un grupo de empresarios y oficiales del Ejército, entre ellos el propio Martínez Anido, el jefe de policía, el coronel de la Guardia Civil Miguel Arlegui Bayonés y el capitán Lasarte. Con Bas fuera de juego, Martínez Anido se convirtió en gobernador civil y se indignó por un revelador artículo escrito por Andreu Nin, una joven promesa de la CNT, que afirmaba: «Ya tenemos gobernador asesino; la Patronal puede estar satisfecha[273]».

Pese al efímero triunfo de la huelga de la Canadiense, a principios de 1920, la CNT iba mal. Además de las distintas ofensivas emprendidas por los industriales, la economía de la posguerra había entrado en recesión. Las huelgas salvajes no eran la mejor táctica para prevenir los despidos y los recortes salariales. El cierre patronal había dejado a doscientos mil hombres sin trabajo. Las cosas empeoraron aún más con el nombramiento del cruel Martínez Anido como gobernador civil de Barcelona. Como responsable máximo del orden público y dispuesto a entablar batalla con la CNT, este, ayudado por Miguel Arlegui, instituyó un régimen de terror. El alto Arlegui, bajo cuya nariz aguileña lucía un bigotito, era aún más sádico que Martínez Anido. Disfrutaba torturando a los prisioneros. Las clases media y alta de Barcelona estaban entusiasmadas con el nombramiento de este dúo. A partir del Fichero Lasarte, identificaron y detuvieron a 64 sindicalistas y progresistas, incluidos Pestaña, Seguí y un amigo de este, el periodista Lluís Companys. A 36 los enviaron a la prisión de La Mola, en Mahón (Menorca); Martínez Anido tuvo el descaro de insinuar que era por su propia seguridad. En Barcelona, las cárceles quedaron desbordadas tras la detención de otros mil sindicalistas de rango inferior, por lo que tuvieron que recluir a muchos de ellos en barcos del puerto. Hubo un aumento de los tiroteos en las calles, que no podían atribuirse a los anarquistas, ya que la mayoría de los sospechosos habituales estaban en prisión. Cientos de miembros de la CNT fueron deportados a otras provincias españolas, obligados a emprender largos viajes cubiertos de cadenas y calzados únicamente con alpargatas, tras lo cual les dejaban sin sustento, para que se apañaran como pudiesen, pero con la obligación de presentarse todos los días en el cuartelillo de la Guardia Civil. Doscientos militantes huyeron de Barcelona y se enrolaron en la Legión. Mientras tanto, en los cuarteles adiestraban a los pistoleros de un sindicato amarillo de reciente creación, los Sindicatos Libres[274].

Poco después de la medianoche del 12 de septiembre de 1920, explotó una bomba en un local lleno de obreros, el Cabaret Pompeya del Paralelo. Seis trabajadores resultaron muertos y dieciocho, heridos graves, entre ellos muchos moderados que se oponían a la violencia. La CNT, convencida de que la bomba era obra de asesinos a sueldo de la patronal, se declaró dispuesta a ayudar a llevar a los culpables ante la justicia. Sin embargo, la policía comenzó a detener a los miembros del Sindicato Único. Cerca de 150.000 trabajadores asistieron al funeral de los asesinados. Finalmente se supo que el autor del atentado había sido Inocencio Feced Calvo, un exanarquista turolense enclenque y enfermizo que padecía tuberculosis. Durante el cierre patronal, Feced, que necesitaba desesperadamente dinero para comprar medicamentos, aceptó convertirse en confidente y luego, cuando lo amenazaron con denunciarlo ante sus camaradas, colaboró como agente provocador[275].

Arlegui aplicaba la «ley de fugas» (disparar por la espalda a prisioneros a los que se obligaba a correr, pero que, presuntamente, «intentaban fugarse»), táctica que contaba con la aprobación mayoritaria del alto mando militar. El general Miguel Primo de Rivera, a la sazón, capitán general de Valencia, escribió a Eduardo Dato el 21 de enero de 1921: «una redada, un traslado, un intento de fuga y unos tiros empezarán a resolver el problema. Al principio habrá recrudecimiento y repugna ver ciudades cultas entregadas a estos actos, pero no se ve otro remedio a una legislación y una injusticia impotentes[276]». Los principales objetivos de los pistoleros parecían ser los elementos más moderados de la CNT. El 17 de noviembre, por ejemplo, fue asesinado José Canela, íntimo amigo de Seguí. En las tres semanas posteriores a la toma de posesión de Martínez Anido, hubo veintidós muertos entre ambos bandos. El 30 de noviembre, el diputado republicano Francesc Layret fue asesinado cuando se dirigía a solicitar la liberación de Companys. Una gran multitud siguió su cortejo fúnebre[277]. Feced revelaría posteriormente que el asesinato de Layret había sido organizado por Martínez Anido y Arlegui, de acuerdo con los líderes de los Sindicatos Libres Ramón Sales Amenós y Juan Laguía Lliteras. Los tres pistoleros fueron pagados por el industrial Maties Muntadas, quien previamente había sufragado las actividades de Bravo Portillo[278]. Muntadas no era la única fuente de financiación de las turbias actividades de Martínez Anido. Luis Silvela, quien ocupó varios cargos ministeriales bajo el reinado de Alfonso XIII, incluyendo un breve periodo como ministro de la Gobernación a finales de 1918, alegó que Martínez Anido usaba los sobornos de los dueños de garitos ilegales para pagar a los pistoleros[279].

El novelista vasco Pío Baroja trazó un retrato tremendo de Martínez Anido: «El general don Severiano, bajo, achaparrado, rojizo, con su aire sombrío, verdaderamente de verdugo, presentaba un exterior poco tranquilizador: tenía la cabeza gruesa, el pelo al rape, los brazos cortos, las manos cuadradas. Torpe en el hablar, con los ojos turbios detrás de los lentes, no prometía nada bueno. Era el bull-dog de la Monarquía». Según Baroja, Martínez Anido era un «sátiro orangutanesco» que abusaba sexualmente de las esposas, hijas o hermanas de los presos que acudían a suplicarle que los liberase. Una vez satisfecha la lujuria del general, era tan probable que este ordenara la ejecución de los reclusos como su puesta en libertad. También se decía que era corrupto y que usaba su poder para negocios sucios[280].

En cuanto a Arlegui, Baroja se muestra aún más mordaz, al describirlo como «un hombre zafio, torpe, endiosado; el sargento de la Guardia Civil llevado a un alto cargo. Hablaba siempre echándoselas de bravucón y haciendo referencia a la virilidad de los hombres. En el fondo era un gallina; pusilánime y cobarde. Don Severiano es algo más interesante. Arlegui era un hombre sombrío, asustadizo, neurasténico, enfermo del estómago, del corazón y de los nervios». El 19 de enero de 1921, un grupo de acción encabezado por Ramon Archs y Pere Vandellós mató a tiros a Antonio Espejo, uno de los hombres de Arlegui que formaba parte de las bandas de Bravo Portillo y Koenig. Arlegui ordenó represalias. Luego se dirigió al depósito de cadáveres donde yacía el cuerpo de Espejo rodeado de una docena o más de anarquistas a los que había mandado asesinar. Histérico, Arlegui se dirigió así al cadáver: «Espejo, no te quejarás de mí. Ahí los tienes; son las flores con que adorno tu cadáver». Su mal genio estaba probablemente relacionado con el dolor de las úlceras de estómago, que le hacían vomitar sangre a menudo[281].

Una de las armas más efectivas a disposición de Martínez Anido eran los Sindicatos Libres. Como la CNT había quedado prácticamente paralizada debido a la represión que dirigía el gobernador civil, muchos trabajadores se afiliaron a los Sindicatos Libres que, durante siete años, fueron el segundo mayor sindicato de Cataluña a pesar de su pobre historial[282]. Los Sindicatos Libres estaban financiados en secreto por un grupo de magnates industriales que encabezaba uno de los hombres más ricos de España, Claudio López Bru, el marqués de Comillas. Con anterioridad, Comillas, asesorado por el nuncio papal, también había patrocinado los sindicatos católicos de mineros en Asturias y los sindicatos de ferroviarios en Valladolid, que habían actuado como esquiroles en 1917. Asimismo había financiado las llamadas «Uniones Profesionales», compuestas en gran parte por sus empleados, sobre todo dependientes de tiendas, que nunca se declaraban en huelga y que estaban controlados por elementos que no eran trabajadores, sino a menudo clérigos. Justo en el momento en que estas asociaciones empezaban a languidecer, se produjo un rebrote del carlismo en Barcelona como reacción a la demagogia populista y anticlerical de los radicales de Lerroux.

Fundados en octubre de 1919, los Sindicatos Libres desempeñaron el papel de un sindicato amarillo de matones a sueldo que actuaban como rompehuelgas y terroristas, a las órdenes tanto del Gobierno Civil como de las organizaciones patronales. Martínez Anido pidió a los Libres que mataran a diez anarquistas por cada uno de los suyos que cayese[283]. A lo largo de 1921, hubo cuatro asesinatos y nueve heridos en el bando de la patronal, mientras que, entre los obreros, fueron 69 asesinados y 59 heridos. Los grupos de acción de la CNT respondían del mismo modo. A medida que los elementos más moderados caían acribillados o encarcelados, los grupos de acción, formados por jóvenes militantes, iban adquiriendo influencia dentro de la CNT. Martínez Anido podía presumir legítimamente de haber destruido el ala terrorista de la CNT, pero las consecuencias serían duraderas: había provocado la división del movimiento anarquista entre sindicalistas moderados y grupos insurreccionales o terroristas que tanto daño haría a la Segunda República[284].

Debido a la severidad de la represión, a lo largo de los quince años posteriores a 1917, el movimiento socialista, a diferencia de la CNT, evitó cautelosamente arriesgarse a entrar en conflicto con el aparato del Estado. La derrota de la huelga de 1917 reforzó la estrategia gradualista y reformista de los socialistas. De hecho, mientras que los anarquistas saludaban a la Revolución rusa con entusiasmo, los socialistas la consideraban peligrosamente inoportuna. Al achacoso Pablo Iglesias le preocupaba más la probabilidad de que los bolcheviques buscaran una paz separada con Alemania que mermara las posibilidades de victoria de los aliados. Poco después de la Revolución de octubre, El Socialista afirmaba: «Las noticias que recibimos de Rusia nos producen amargura. Creemos sinceramente, y así lo hemos dicho siempre, que la misión de aquel gran país es poner su fuerza toda en la empresa de aplastar el imperialismo germánico». No apareció ningún comentario favorable a la revolución bolchevique hasta marzo de 1918, lo que refleja una división dentro del movimiento entre aquellos para quienes la derrota de 1917 significaba que había que insistir en el reformismo y los que creían que el movimiento debía prepararse mejor para la siguiente intentona revolucionaria[285].

Entre 1919 y 1921, el PSOE se enredó en una guerra interna por su relación con los bolcheviques. El secretario general de la Unión General de Trabajadores desde octubre de 1918, Francisco Largo Caballero, estaba más preocupado por el bienestar material inmediato de la organización sindical que por las posibles metas revolucionarias futuras. Estaba decidido a no volver a arriesgar nunca más los logros legislativos existentes y los edificios y el resto del patrimonio del movimiento en una confrontación directa con el Estado[286]. Tanto Julián Besteiro como Andrés Saborit también se volvieron cada vez menos radicales. Cada uno a su manera, los tres se daban cuenta de la inutilidad de que el débil movimiento socialista español emprendiera un ataque frontal contra el Estado. Pero la Revolución rusa, la constante inflación y el aumento del paro provocado por la depresión posterior a 1918 dieron alas a un sector revolucionario dentro del movimiento socialista, especialmente en Asturias y en el País Vasco. Daniel Anguiano y otros veían en los acontecimientos de Rusia y en el fracaso de la huelga de 1917 la prueba de que el reformismo carecía de sentido. Por ello, entre 1918 y 1921, el movimiento socialista se vio dividido por un amargo debate de tres años sobre la relación del PSOE con el Comintern. La tendencia probolchevique fue derrotada en tres congresos sucesivos del partido, celebrados en diciembre de 1919, junio de 1920 y abril de 1921. En una lucha muy reñida, la dirección del PSOE ganó apoyándose en los votos de la fuerte burocracia de la UGT, compuesta por cargos permanentes remunerados. Anguiano y los elementos prorrusos se fueron para formar el Partido Comunista Español[287]. Numéricamente, no supuso una pérdida grave, pero acentuó la debilidad ideológica de los socialistas en un momento de intensa crisis económica y social. La esencia moderada del partido salió reforzada y, bajo una dirección prudente y pragmática, se produjo una desmoralización general que duró casi diez años. La influencia de los comunistas se dejó sentir inmediatamente en una serie de huelgas en las minas de carbón asturianas y en la industria siderúrgica vasca. Tras la derrota de 1917, la división de 1921 dejó a la dirección socialista sin un rumbo claro que seguir y alejada, en muchos aspectos, de los temas candentes del momento. Las batallas sindicales que se libraban en otros lugares atraían menos la atención de los socialistas que la campaña parlamentaria contra la guerra de Marruecos y, finalmente, la participación del rey en dicho conflicto, mientras se consolidaba el reformismo moderado como rasgo esencial del movimiento socialista[288].

Sin embargo, en el verano de 1920, la UGT intentó buscar la unidad con la CNT. En este caso, las negociaciones no prosperaron porque la dirección de la CNT consideró que la estrategia parlamentaria de los socialistas era de «colaboración con el régimen capitalista». Sin embargo, a principios de septiembre se firmó un pacto provisional para responder a la represión, cuyo manifiesto proclamaba:

Los Gobiernos han respondido a todos los requerimientos de la burguesía y se han doblegado a todas las amenazas de sus organizaciones. Han suspendido las garantías constitucionales para clausurar los Sindicatos y disolver importantes núcleos obreros; han perseguido encarnizadamente y han retenido en prisión, contra toda justicia y toda ley, a miles de hombres por el solo delito de haberse agrupado para defender sus derechos a la vida; han accedido a suspender nuestros órganos en la Prensa en los lugares en que la protesta contra esas arbitrariedades podía constituir un peligro para los intereses bastardos de la camarilla política que se halla sometida a la Patronal; han dictado la vergonzosa disposición de considerar delito de estafa el cobro de cuotas para los Sindicatos. […] Los gobernantes han legalizado el armamento a la burguesía y la han dotado de facultades especiales que equivalen a una patente de impunidad para el crimen.

El pacto no llegó a consumarse, pues los socialistas se negaron a apoyar el llamamiento de la CNT a una huelga general en protesta por la represión que llevaba a cabo Martínez Anido en Barcelona, lo que provocó un profundo rencor en la CNT hacia Largo Caballero[289].

El caso más extremo de represalia por las políticas asesinas de Martínez Anido tuvo lugar el 8 de marzo de 1921, cuando el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, fue asesinado en la plaza de la Independencia de Madrid por tres anarquistas catalanes. Era el tercer presidente asesinado durante la Restauración. Sin embargo, a diferencia de Cánovas y de Canalejas, su muerte no fue obra de un individuo aislado. Se había producido un considerable debate dentro del movimiento anarquista sobre la necesidad de responder a la represión con «algo gordo». La intención original era matar al conde de Bugallal, pero era demasiado difícil. El asesinato de Dato fue cometido por tres militantes, porque el cuarto miembro de su grupo, que nunca fue identificado, abandonó el plan. Cosieron el coche en el que viajaba Dato a balazos, disparados desde una motocicleta con sidecar que conducía Ramon Casanellas, que fue quien tuvo la idea de que una moto con sidecar sería la mejor manera de pillar a Dato desprevenido. Los pistoleros fueron Pedro Matheu, que iba en el sidecar, y Luis Nicolau, que iba de paquete[290].

Pero este acto de venganza por las actividades de Martínez Anido y Arlegui había sido planeado por Ramon Archs, quien, a instancias de Casanellas, se hizo con la moto y el sidecar. Con anterioridad, Archs había sufrido varias detenciones y fuertes palizas a manos de la policía, pero tenía un motivo extra para su hostilidad: a los siete años, su padre, Manuel Ars i Solanellas, había sido uno de los ejecutados en mayo de 1898 en Montjuïc como consecuencia del intento frustrado de asesinato de Paulí Pallàs contra el capitán general de Barcelona, Arsenio Martínez Campos, en septiembre de 1893. Ramon Archs, como secretario del sindicato del metal de la CNT en Barcelona y jefe de los grupos de autodefensa de la CNT, se había convertido en un activo militante en la guerra contra la patronal, la policía y los Sindicatos Libres. Irónicamente, había entrado en contacto con líderes de los Sindicatos Libres, porque su madre trabajaba como cocinera en la casa de Martínez Anido. A finales de mayo de 1921, capturaron a Archs y Pere Vandellós y los torturaron antes de asesinarlos. Al cabo de unos días, apareció el cuerpo desfigurado de Archs tirado en la calle, acribillado, cosido a puñaladas y con los genitales cortados. Se decía que Miguel Arlegui se jactaba de haberse divertido clavando una daga en los testículos de Archs. De los tres autores materiales conocidos, Matheu fue detenido el 13 de marzo y Nicolau lo fue en Berlín al cabo de unos meses. Ambos se libraron de la pena de muerte gracias al acuerdo de extradición de Nicolau que negociaron las autoridades alemanas. Ramon Casanellas, el temerario conductor que había insistido en utilizar una moto con sidecar, huyó posteriormente a la URSS y se alistó en el Ejército Rojo, donde se hizo aviador. Regresó a España en 1931 para organizar el PC catalán y murió en 1933 en un accidente de moto mientras se dirigía a un congreso del PCE en Madrid[291].

Resulta significativo que fuera durante el periodo comprendido entre finales de 1920 y octubre de 1922, mientras Martínez Anido era gobernador civil, cuando los Sindicatos Libres despegaron como una organización sindical significativa, algo que solo fue posible después de que aplastaran a la CNT con brutal violencia. Martínez Anido autorizó detenciones en masa, la tortura de presos y el uso de la ley de fugas por parte de Arlegui. Puso a los Sindicatos Libres bajo su protección y de sus filas surgieron numerosos sicarios, mientras que Seguí y Layret figuraron entre sus víctimas[292]. Después de que ilegalizaran la CNT, detuvieran a muchos de sus militantes y deportasen al sur a otros, un buen número de anarcosindicalistas que se habían quedado sin organización sindical comenzaron a incorporarse a los Sindicatos Libres, que en octubre de 1921 contaban ya con 100.000 afiliados y, en julio de 1922, con 175.000. Solo entonces comenzaron a organizar huelgas reales. Sin embargo, los Libres nunca desafiaron seriamente a la CNT como defensores de los intereses de la clase obrera, lo cual no es de extrañar, en vista de su papel protagonista en la campaña de terror de Martínez Anido. Uno de sus líderes los describió como las «tropas de choque» del gobernador, «dispuestos a todo» para evitar que se fuera de Barcelona. En palabras del bien informado periodista Francisco Madrid, «tenían a su diestra el poder personal del general Martínez Anido[293]».

Sus líderes, siempre con la pistola en la mano, utilizaban la retórica de la violencia. El jefe de los Libres, el carlista catalán Ramón Sales Amenós, era bajito, gordo y conocido en los burdeles del Barrio Chino. A pesar de lo poco atractiva que era su figura, era un orador agresivo y eficaz. Su ayudante, el fanático exjesuita Juan Laguía Lliteras, acabó expulsado de los Sindicatos Libres en 1925 por su agresividad descontrolada, que tres años antes le había llevado a agredir físicamente a Indalecio Prieto en las Cortes. Al igual que Sales, Laguía era íntimo de Martínez Anido. Además, el general era presidente honorario de uno de los sindicatos con más afiliados de los que integraban los Libres, el de cocineros y camareros. Con la aprobación de Martínez Anido, los matones del sindicato eran protegidos por la policía, que solía entregarles pistoleros de la CNT para que los liquidaran rápidamente[294].

La «pacificación» pergeñada por Martínez Anido funcionaba. Había tantos militantes de la CNT en prisión que el sindicato apenas podía subsistir, y sus principales dirigentes eran blanco de ataques y asesinatos. Sin embargo, las bravuconadas de Martínez Anido, en el sentido de que podía hacer lo que quisiera sin la supervisión del Gobierno, despertaban una inquietud cada vez mayor en Madrid. Sospechaban, no sin motivo, que estaba implicado en el asesinato de Layret y que se había negado a intervenir para evitar que torturasen a Vandellós durante su detención. La influencia de los Libres alcanzó su punto álgido en el verano de 1922, cuando Martínez Anido fue finalmente destituido a raíz de su participación en un complot de los Sindicatos Libres para asesinar al líder de la CNT, Ángel Pestaña, y organizar un falso intento de atentado contra él mismo. Después de legalizar la CNT, el nuevo gobernador civil adoptó medidas enérgicas contra los pistoleros de los Sindicatos Libres, que sufrieron el abandono en masa de afiliados, y las luchas volvieron a las calles[295].

Los continuos disturbios que se vivían en Barcelona ponían de manifiesto que el sistema político de la Restauración ya no era un mecanismo adecuado para defender los intereses económicos de las clases dominantes. Entre bastidores, el rey, cada vez más comprensivo con las insinuaciones de los militares derechistas, hacía comentarios cada vez más hostiles sobre el sistema constitucional. En una visita a Córdoba en mayo de 1921, cenó en el Real Círculo de la Amistad con un grupo de latifundistas locales. En su discurso, reveló su enojo con un sistema parlamentario en el que su tarea se limitaba a la firma de proyectos de ley que nunca llegaban a entrar en vigor:

El Rey no es absoluto y no puede hacer otra cosa que autorizar con su firma que los proyectos vayan al Parlamento, pero no puede hacer nada para que salgan de allí aprobadas [las leyes]. Yo estoy muy satisfecho de no contraer responsabilidades. Prefiero a esas responsabilidades ofrecer mi vida al país. Esas responsabilidades que fueron quitadas a la Corona para entregarlas al Parlamento. Pero es muy duro, señores, que no pueda prosperar lo que interesa a todos por maquinaciones y mezquindades políticas. […] Presenta mi gobierno un proyecto, lo combaten y se hace una crisis y como consecuencia cae el Gobierno. Se forma uno nuevo y tampoco puede sacar nada adelante porque los mismos que cayeron se convierten entonces en oposición de su propio proyecto. ¡Cómo van a ayudar a los que los mataron! […] Algunos dirán que me estoy saliendo de mis deberes constitucionales pero llevo diecinueve años para que me vengan ahora a coger en una falta constitucional. […] Yo creo que las provincias deben comenzar un movimiento de apoyo a vuestro Rey y a los proyectos beneficiosos y entonces el Parlamento se acordará de que es mandatorio del pueblo […] Entonces la firma del Rey será una ejecutoria y una garantía de que se harán proyectos beneficiosos para España.

Para encubrir esta salida de tono del monarca, Juan de la Cierva, que estaba con él, garabateó rápidamente una versión anodina del discurso y convenció a los representantes de la prensa de que publicaran su texto. Sin embargo, la prensa local de Córdoba reprodujo las verdaderas palabras de Alfonso. En sus memorias, De la Cierva disculpó al rey alegando que este se había dejado llevar por el entusiasmo del público. Por supuesto, el rey tenía razón: el sistema parlamentario era totalmente ineficiente, pero sus palabras eran totalmente inapropiadas en boca de un monarca constitucional. De todos modos, recibió el aplauso de amplios sectores de la derecha, lo que alentó la deriva hacia la dictadura[296].

Por otra parte, la credibilidad del sistema se vio sacudida por la contundente derrota de las fuerzas españolas a manos de las cabilas rifeñas en Annual, en junio de 1921. Las hostilidades habían estallado en 1919 después de un largo periodo de tregua interrumpido de vez en cuando por escaramuzas esporádicas. La paz se había mantenido en gran medida gracias a la práctica del soborno a los jefes tribales, que fomentaba la venalidad y la complacencia entre el cuerpo de oficiales españoles. En ausencia de combates, había juegos de azar, prostitutas y negocios turbios, que iban desde la venta de material a los rifeños hasta el cobro de salarios de mercenarios nativos ficticios, pasando por la colusión con contratistas locales en los materiales empleados en proyectos de construcción de carreteras[297]. Cuando comenzó la resistencia local sistemática de la población indígena, las fuerzas de ocupación españolas estaban tan mal armadas y adiestradas como en 1909. La rebelión más amenazadora era la que tenía por cabecilla a El Raisuni, el carismático bandido, jefe de la cabila de Beni-Aros y líder de los bereberes de la zona noroccidental de Jibala[298]. Los ocupantes coloniales eran vulnerables porque controlaban algunas ciudades importantes pero casi nada del interior. Los pueblos estaban unidos por cadenas de blocaos de madera, con dotaciones de veintiún hombres que vivían en condiciones de aislamiento espantosas y cuya moral se veía minada por la irregularidad de los suministros de agua, alimentos y leña. La pérdida absurda de vidas provocó que la hostilidad popular se intensificara y Madrid se mostrara cada vez más reacia a malgastar recursos en una guerra colonial. El Gobierno no tenía ganas de ir más allá de intervenciones puntuales en las proximidades de los dos enclaves costeros de Ceuta y Melilla, lo que produjo una profunda división entre los políticos, que optaban por la defensa de las ciudades, y el cuerpo de oficiales africanistas, que ansiaban la plena ocupación del Rif. Las cosas mejoraron a finales de 1919, cuando el nuevo alto comisario, el general Dámaso Berenguer, inició una política de toma gradual del territorio a largo plazo a partir de Ceuta. Uno de los elementos de su estrategia era el compromiso de pacificar la colonia mediante la negociación con las cabilas[299].

Uno de los mayores éxitos de su política fue la ocupación, el 14 de octubre de 1920, del pintoresco pueblo de montaña de Xauen, la «Ciudad Sagrada», donde El Raisuni tenía su cuartel general. Sin embargo, el problema fundamental de controlar a las tribus hostiles del territorio situado entre Xauen y Tetuán, al norte, y El Araich (Larache) al oeste, obligaba a llevar a cabo operaciones de vigilancia de un coste prohibitivo. Entre los oficiales que pensaban que la solución era tomar rápidamente todo el territorio figuraba un amigo de Berenguer, el temerario comandante en jefe y general Manuel Fernández Silvestre. Era uno de los favoritos de Alfonso XIII, que alentaba su peligrosa imprudencia[300]. Mientras Berenguer se concentraba en irle arrebatando territorio a El Raisuni en el oeste, el impetuoso Silvestre emprendió una campaña más ambiciosa, por no decir arriesgada, a principios de 1921, en la que avanzó rápidamente hacia el oeste desde Melilla para ocupar Monte Arruit (Al Aaroui), situado a cuarenta kilómetros al sur. Al penetrar en territorios inaccesibles y hostiles, Silvestre entró en conflicto con Abd el-Krim, el agresivo líder de la cabila de los Beni Urriaguel del Rif, que había comenzado a unificar a las demás tribus bereberes de esa región montañosa. En la tercera semana de julio de 1921, Abd el-Krim infligió una contundente derrota a las fuerzas de Silvestre cerca de Melilla[301].

Empezando en el pueblo de Annual, las distintas posiciones españolas fueron cayendo una tras otra en un efecto dominó que duró tres semanas, durante las cuales la ocupación española retrocedió hasta la misma Melilla. A medida que las tropas españolas huían, los cabileños se unían entusiasmados a la revuelta y masacraban una guarnición tras otra. Las carencias de alimentación y equipamiento de las fuerzas españolas se pusieron de manifiesto con toda crudeza; unas deficiencias aún más escandalosas si se tiene en cuenta que en 1921 el presupuesto militar representaba más del 35 por ciento de los presupuestos generales del Estado[302]. La incompetencia de los políticos nacionales estaba a la misma altura que la de los militares, que se reflejaba en el tamaño excesivo, de hecho macrocefálico, del cuerpo de oficiales en relación con la tropa y con las verdaderas necesidades y capacidades militares de España. Había más generales y menos unidades de artillería por cada mil hombres en España que en los ejércitos de Rumanía, Montenegro y Portugal. Tocaban a un oficial por cada cuatro soldados rasos. Por eso el 70 por ciento del presupuesto militar correspondía al salario de los oficiales e impedía la actualización del material de guerra[303]. La larga contienda de España en Marruecos solo beneficiaba a quienes tenían intereses empresariales en el protectorado; entre ellos, Alfonso XIII. El corolario fue el debilitamiento del apoyo social a la monarquía. La hostilidad a la aventura africana intensificó la animadversión popular no solo hacia el Ejército sino hacia todas las instituciones del sistema de la Restauración[304]. La brutalidad de los ocupantes había encendido a las tribus locales, que ahora se vengaban con horribles matanzas en los puestos avanzados situados cerca de Melilla, como Dar Drius, Monte Arruit y Nador. En pocas semanas, más de nueve mil soldados españoles murieron y se perdieron grandes cantidades de material bélico. Se cree que Silvestre se suicidó. Los cabileños acamparon en las afueras de una Melilla asolada por el pánico, pero como estaban demasiado entretenidos con sus saqueos, no se molestaron en conquistarla, sin darse cuenta de que la ciudad estaba prácticamente indefensa[305]. Durante los dos años siguientes, los españoles fueron recuperando el territorio, pero el dilema ya estaba planteado con toda crudeza: o retirada u ocupación.

El asesinato de Dato había devuelto a la presidencia del Consejo a Manuel Allendesalazar el 13 de marzo, al frente de una coalición de halcones decididos a poner fin a la amenaza anarquista. Sin embargo, a los tres meses, el desastre de Annual, atribuido a la incompetencia de su gabinete, y en particular al ministro de la Guerra, el vizconde de Eza, agravó la crisis del sistema de la Restauración. Mientras en las calles de Barcelona se desataba casi una guerra civil, estalló una polémica nacional profundamente dañina sobre la responsabilidad de Annual. Los africanistas culpaban al Gobierno por no haber dedicado recursos suficientes para una actuación militar eficaz. La izquierda responsabilizaba al rey y al alto mando del Ejército por su incompetencia[306]. Desesperado, Alfonso XIII volvió a recurrir a Maura. Este, que había abandonado ya hacía mucho tiempo su gran ambición de reformar el sistema de la Restauración y era profundamente reacio a retornar a la política activa, lo hizo solo porque creyó que la monarquía peligraba, y se resignó a su papel de bombero del sistema. Maura se enfrentó a considerables dificultades para formar gobierno, entre otras cosas debido a la hostilidad mutua de los seguidores de Dato y de De la Cierva. Aún mayor era la antipatía mutua que se profesaban Cambó y De la Cierva, ferozmente anticatalanista. Por eso, el Gobierno extrañamente diverso de Maura, en el que figuraban De la Cierva como ministro de la Guerra y Cambó como ministro de Hacienda, no pudo formarse hasta el 14 de agosto[307].

De hecho, la derrota en una guerra colonial, ya de por sí muy impopular, había desatado una oleada de hostilidad contra el rey y los partidos dinásticos entre la opinión pública. En concreto, existía la creencia generalizada de que Alfonso XIII había animado a Silvestre a avanzar, con sus funestas consecuencias. La situación marroquí obligó a los sucesivos gobiernos a enfrentarse a exigencias económicas considerables[308]. Además, la derrota intensificó las divisiones entre los junteros y los africanistas. La consiguiente inestabilidad solo concluiría con la instauración de una dictadura militar en septiembre de 1923[309].

Maura se enfrentaba a una serie de problemas que hacía tiempo que se arrastraban: el descontento y la subversión de la clase obrera, sobre todo en Barcelona; la cuestión catalana y la profunda crisis económica provocada por el fin de la guerra mundial; y todo ello, agravado por la catástrofe marroquí. Había que hacer frente al coste de la aventura militar y a las responsabilidades que entrañaba. Maura escribió a su hijo el 26 de agosto de 1921: «Veremos lo que dura el pan de boda. Durará mientras no se disipen o no malrotemos con errores nuestros, las fuerzas de opinión que hoy son abrumadoras para gente del oficio, que nos vería estallar muy gozosa». Hasta octubre de 1921, gobernó con las Cortes cerradas. Sin embargo, en los meses siguientes, tuvo un éxito considerable. En el ámbito militar, el territorio perdido en julio de 1921 fue pronto reconquistado. Como ministro de Hacienda, Cambó reformó el sistema bancario[310]. Además, la virulenta oposición de la izquierda se apaciguó con uno de los últimos y más eficaces actos del vizconde de Eza, cuya principal preocupación había sido demostrar que no se le podía culpar de la debacle, por lo que, el 4 de agosto de 1921, designó al general Juan Picasso González, de sesenta y cuatro años, para que dirigiera una investigación sobre las responsabilidades del desastre de Annual. El prestigioso oficial, condecorado en múltiples ocasiones, era tío del pintor Pablo Picasso[311].

La campaña revanchista que consiguió recuperar el territorio perdido después de Annual contó con un amplio apoyo. El espectáculo de montones de cadáveres de soldados españoles horriblemente torturados dio pie a una venganza de un salvajismo desenfrenado. La brutal insensibilidad de los oficiales españoles tendría más adelante por víctimas a los izquierdistas durante la Guerra Civil[312]. No existía la misma unanimidad sobre los ambiciosos planes de reforma económica de Cambó, aunque la preocupación central era la reconquista de la colonia marroquí. Cambó se enfrentaba constantemente a De la Cierva que, con el apoyo del rey, practicaba una política de gestos para congraciarse con el Ejército y ofrecía muestras de apoyo a la Unión Monárquica Nacional. La tensión entre De la Cierva y Cambó y, de hecho, los demás ministros provocó la caída del Gobierno en la segunda semana de marzo de 1922[313]. Con la esperanza de evitar que Maura dimitiera, Alfonso XIII le había propuesto, a través de Cambó, que ambos formaran un nuevo gabinete y gobernaran por decreto. Maura se negó por razones de edad, alegando: «Es ya demasiado tarde para mí[314]».

Maura fue sustituido por José Sánchez Guerra, cuyo Gobierno temía la presentación inminente del informe de Picasso sobre la responsabilidad del desastre marroquí. El socialista Indalecio Prieto había viajado al norte de África el 24 de agosto de 1921 y recorrió la zona infatigablemente durante siete semanas entrevistando a los supervivientes, acompañando a las tropas y presenciando toda clase de horrores. Los 28 artículos que publicó, escritos con gran vivacidad, sobre la situación posterior al desastre de Annual, que vieron la luz en forma de serie en El Liberal entre el 30 de agosto y el 18 de octubre, fueron el primer relato fiable de la magnitud de la tragedia. Redactados con objetividad y con cierta simpatía por los militares destacados sobre el terreno, los artículos tuvieron un amplio eco en los demás periódicos. Además, Prieto pronunció en las Cortes discursos contundentes que, junto con los artículos, tuvieron un enorme impacto[315].

Al comenzar en las Cortes el debate sobre la investigación oficial dirigida por el general Picasso, había tres planteamientos distintos. El Gobierno de Sánchez Guerra quería limitar las responsabilidades al alto mando militar en Marruecos. La primera víctima del alto mando fue el general Berenguer, quien había dimitido del cargo de alto comisario el 10 de julio de 1922 y sería sustituido por el general Ricardo Burguete[316]. Los liberales deseaban ampliar las responsabilidades al Gobierno de Allendesalazar, en el poder en la época de Annual. Prieto y los socialistas, por su parte, anhelaban ir más allá e implicar al rey[317]. Prieto tomó la iniciativa pronunciando varios discursos vibrantes en las Cortes, el primero de ellos, a los ocho días de su regreso de Marruecos. El informe Picasso puso de manifiesto la incompetencia y la corrupción del alto mando en cuanto a la volatilización de los recursos y la venta de víveres a hoteles y restaurantes y de armas al enemigo. El asunto era aún más grave porque se utilizaba al Ejército para proteger los intereses de la oligarquía española, con sus inversiones en minas, electricidad y ferrocarriles, así como en transporte marítimo, sin que nada de ello redundara en beneficio de la nación. El alto mando militar mantenía relaciones corruptas con los poderes económicos a los que protegía[318]. Eso no era ninguna novedad. Durante años, la prensa de izquierdas había denunciado la corrupción, sobre todo La Lucha, el periódico del Partit Republicà Català, fundado en 1917 por Marcelino Domingo, Lluís Companys y Francesc Layret[319]. Sin embargo, que el informe Picasso llevara el asunto al primer plano de la escena nacional y de un modo que exigía respuesta era una auténtica bomba.

En Melilla, gran parte de los generosos fondos destinados a la construcción de carreteras y cuarteles, y a la compra de suministros, terminaban en los bolsillos de los coroneles y generales, que, en algunos casos, llegaron a apropiarse del dinero teóricamente destinado a sobornar a jefes bereberes que en realidad no existían. Con estas maniobras, junto con la venta a gran escala de armamento por parte de los oficiales superiores, se amasaron fortunas considerables. Al igual que los funcionarios gubernamentales mal pagados que vivían de los sobornos, los oficiales de menor graduación comerciaban con suministros del Ejército como jabón, materiales de construcción, alimentos, armas y municiones. Se descubrió que, en un solo depósito de munición, se habían gastado 77 millones de pesetas sin dejar rastro contable alguno. Los oficiales y sus esposas practicaban el trueque de armas y municiones a cambio de verduras frescas en los mercados del protectorado. La tropa solía ser la más perjudicada debido a la mala calidad de los alimentos y el equipamiento. De hecho, solían verse obligados a andar descalzos. Aún más escandaloso era el lamentable estado de los hospitales militares, donde la falta de productos farmacéuticos era pública y notoria. El monopolio que ejercían los militares sobre todos los aspectos de la administración colonial significaba que las contratas de obra para las guarniciones a menudo se otorgaban a parientes de los oficiales, y los particulares que deseaban construir casas se veían obligados a contratar a ingenieros militares, que cobraban honorarios exorbitantes por su trabajo. Mientras que la prensa denunciaba de vez en cuando la corrupción de los políticos, la Ley de Jurisdicciones hacía peligroso exponer las fechorías de los militares[320].

La demoledora oratoria de Prieto tuvo gran resonancia en toda España. Hablando de la «putrefacción» de Melilla, destacó la incompetencia del Gobierno, la corrupción de los militares y las atrocidades cometidas por oficiales del ejército de África contra la población marroquí, en especial, la frecuencia con que violaban a las mujeres. Según Prieto, «Melilla es un lupanar y una ladronera». Y acusó a De la Cierva —que había puesto toda clase de obstáculos a la gira de Prieto por Marruecos— de favorecer a las Juntas hasta el punto de perjudicar la eficacia castrense. Denunció al Gobierno por no dar cifras sobre el número de muertos, que, según él, eran ocho mil. Al buscar responsabilidades, culpó al rey por alentar a Silvestre y denunció «este desdichadísimo reinado», para concluir con estas palabras: «Aquellos campos de dominio son hoy campos de muerte; ocho mil cadáveres parece que se agrupan en torno a las gradas del trono en demanda de justicia[321]». Con el tiempo, el informe Picasso situaría las víctimas en más de trece mil.

Un indicio de la magnitud de la corrupción nos lo da el hecho de que, en 1921, siendo Santiago Alba ministro de Estado, con la ayuda de Juan March, amasó una fortuna considerable con la venta de armamento a los rebeldes marroquíes. Las armas eran transportadas desde puertos holandeses y portugueses y desde Gibraltar. En ese momento, la Compañía Trasmediterránea, de la que March era uno de los principales accionistas, tenía el monopolio del transporte de tropas y materiales a la costa norteafricana durante la guerra[322]. La corrupción de los militares no se limitaba a la colonia de Marruecos. Niceto Alcalá Zamora, quien sería ministro de la Guerra liberal en 1923, descubrió que el cuerpo de Intendencia estaba involucrado en un fraude colosal de compras ficticias de harina[323].

A pesar de las preocupaciones relativas a las responsabilidades por el desastre de Annual, Sánchez Guerra había emprendido una política social conciliadora. Con gran indignación de los industriales catalanes, y mayor aún de Martínez Anido, restableció las garantías constitucionales y abrió el camino a la legalización de la CNT. De hecho, esto coincidió con el paso a una mayor moderación del sindicato anarquista, que envió una delegación a Martínez Anido para solicitar la reapertura de los centros de trabajo y la legalización de los sindicatos, a lo que el general respondió violentamente: «Yo me cisco en la orden de levantamiento de las garantías constitucionales dada por Sánchez Guerra. Aquí, en Barcelona y en su provincia, mando yo y no él. Marchaos en seguida de mi presencia, si no queréis pasar un mal rato». Con tantos altos cargos muertos o encarcelados, la cúpula sindical era inestable, y la respuesta de Martínez Anido dio alas a los más radicales. Entre las nuevas figuras reinaba el entusiasmo por la Revolución rusa que dio pie a un enconado conflicto por la relación de la CNT con el Comintern[324].

El secretario general de la CNT, Evelio Boal López, había sido detenido en marzo de 1921 y posteriormente asesinado por la policía en un ejemplo de la aplicación de la ley de fugas. A Boal lo había reemplazado un joven periodista, Andreu Nin, que sentía por el Comintern las mismas simpatías que Joaquín Maurín, quien se convirtió en líder de la Federación de Lérida de la CNT en abril de 1921. Nin nació en 1892 en El Vendrell (Tarragona), donde había sido alumno del violonchelista Pau Casals. Maurín nació en 1896 en el pueblecito oscense de Bonansa. En abril de 1921 se decidió enviar una pequeña delegación de la CNT al congreso inaugural de la Internacional Sindical Roja (Krasnyi Internatsional Profsoyúzov) que tuvo lugar en Moscú en julio de 1921. La visita reafirmó a Nin y Maurín en la opinión de que la CNT debía unirse al Comintern. Nin se quedó en Rusia, donde acabaría siendo un estrecho colaborador de Trotsky. Maurín, por su parte, regresó a Cataluña y sustituyó a Nin como secretario general de la CNT, pero se enfrentó a una ola de hostilidad a la propuesta de adherirse al Comintern. Su detención, en febrero de 1922[325], fue seguida por un nuevo auge de los moderados, que se confirmó en el congreso celebrado en Zaragoza los días 11 y 12 de junio de 1922. Ángel Pestaña había visitado la Unión Soviética en 1920 y había vuelto profundamente desilusionado, pero como lo detuvieron en cuanto llegó a España, no pudo exponer sus opiniones a la organización. En junio de 1922, en cambio, él y Seguí consiguieron imponer sus argumentos en contra de unirse a la Internacional Sindical Roja. Creían que lo más importante era reunificar el movimiento anarquista y buscar su legalización. Incluso estaban dispuestos a cooperar con los grupos políticos liberales. El sindicalista moderado Joan Peiró sustituyó a Maurín[326].

Tanto Martínez Anido como la patronal observaron consternados el resurgimiento de la CNT, que atribuyeron a la política más progresista de Sánchez Guerra. Sin embargo, por culpa de la intransigencia del gobernador civil, el triunfo del ala sindical de la CNT se vio acompañado de un recrudecimiento del pistolerismo de los grupos de acción. Huelga decir que los Libres no tardaron en tomar represalias. Entre marzo y octubre de 1922, los Libres cometieron ocho asesinatos y los grupos de acción anarquistas, cinco. Martínez Anido fomentaba toda clase de provocaciones para inflamar la oposición a Sánchez Guerra. Las críticas de Indalecio Prieto a los Sindicatos Libres en las Cortes llevaron al vicepresidente del grupo, Juan Laguía Lliteras, a viajar a Madrid y agredir al diputado socialista el 16 de mayo. El 7 de agosto, Martínez Anido presentó una dimisión simbólica, ya que las amenazas de Primo de Rivera y las manifestaciones de apoyo de las organizaciones empresariales obligaron a Sánchez Guerra a rechazarla[327].

Al cabo de unas semanas, el gobernador civil se indignó al enterarse de que Pestaña iba a pronunciar un discurso en Manresa. El 25 de agosto, Pestaña fue atacado por una banda de pistoleros entre los que se encontraba Laguía Lliteras. La operación había sido ordenada por Martínez Anido y financiada por Muntadas. El líder cenetista fue gravemente herido después de que una bala le perforase un pulmón. Estuvo hospitalizado dos meses, durante los cuales Arlegui hizo que los Sindicatos Libres enviaran a una cuadrilla a vigilar el hospital para acabar con él en cuanto saliera, algo de lo que se jactaron los asesinos en los burdeles locales. Al trascender el caso gracias a la prensa de izquierdas y liberal, y tras las protestas de Prieto en las Cortes y de Gabriel Alomar en la prensa socialista, Sánchez Guerra, más para evitar un escándalo que para salvar la vida de Pestaña, dio orden al ministro de la Gobernación, Vicente Piniés, de que enviara a la Guardia Civil a rodear el hospital y mandó a Martínez Anido que informara diariamente sobre la salud de Pestaña. No se hizo nada para detener a los integrantes de la cuadrilla de asesinos de los Sindicatos Libres[328].

En ese sentido, hubo varios intentos fallidos de atentado de los grupos de acción anarquistas contra Martínez Anido. El más elaborado fue en realidad una trampa tendida por la policía. Con la esperanza de justificar una matanza de militantes anarquistas, Arlegui encargó al agente provocador Inocencio Feced y a Pere Màrtir Homs, abogado laboralista que tenía a sueldo, que montaran un falso intento de asesinato contra Martínez Anido. Según Ricardo Sanz, Homs había organizado el asesinato de Layret y, en coordinación con elementos del cuartel general de la policía, incluido el capitán Lasarte, era el enlace con los asesinos a sueldo de los Sindicatos Libres. En esta ocasión, Feced y un agente de policía llamado Florentino Pellejero se infiltraron en un grupo anarquista de Valencia liderado por José Claramonte y los convencieron de que sería fácil matar al gobernador civil. Feced les proporcionó bombas falsas llenas de serrín que los demás creían que serían lanzadas contra el coche de Martínez Anido al regresar de una función teatral. Pellejero abrió fuego contra el grupo y disparó a Claramonte, quien logró dispararle a su vez. Otro de los anarquistas, Amalio Cerdeño, fue capturado y recibió un disparo de la policía, en aplicación de la ley de fugas. Pero no murió de inmediato, y cuando él y otros anarquistas detenidos con anterioridad fueron interrogados por un juez, este se dio cuenta enseguida de lo que había planeado Arlegui e informó al fiscal jefe, Diego Medina. De madrugada, Medina llamó por teléfono a Sánchez Guerra, le contó los detalles de lo ocurrido y le reveló que Arlegui y Martínez Anido ya habían planeado matar a unos doscientos anarquistas como represalia por el «intento de asesinato». El presidente del Consejo aprovechó la excusa para deshacerse de ambos. Llamó por teléfono a Martínez Anido y le informó que, a la vista de esos lamentables acontecimientos, iba a destituir a Arlegui. Justificando el atentado contra Pestaña, el gobernador civil comentó: «Mientras en esta podredumbre que desde muchos años se cierne sobre Barcelona no se haga una depuración, expulsando toda la hez que de todas partes viene, poco útil se conseguirá». Totalmente fuera de sí, al no estar acostumbrado a que lo desafiaran, Martínez Anido ya había dicho que, si destituían a Arlegui, él dimitiría. Para su consternación, Sánchez Guerra le contestó que, en vista de las circunstancias, no podía sino aceptar con gran pesar su dimisión[329].

Las élites financieras e industriales catalanas se indignaron y la prensa conservadora de Barcelona declaró que la actuación de Sánchez Guerra había dejado a la ciudad indefensa. Al cabo de una semana, el 31 de octubre, la alta burguesía barcelonesa se reunió en el Ritz para despedir a Martínez Anido por todo lo alto[330]. Sin embargo, el efecto de la destitución del general se vio algo empañado por el hecho de que Sánchez Guerra hubiese nombrado a Miguel Primo de Rivera capitán general de Cataluña el 14 de marzo de 1922. Primo, ferozmente hostil a la CNT, estaba furioso por la destitución de sus íntimos amigos Martínez Anido y Arlegui. El 27 de octubre fue a visitar a Primo una delegación de organizaciones patronales, que se sintió tranquilizada al declarar el capitán general que compartía su angustia por la pérdida de dos «dignísimos» funcionarios. La tensión aumentó cuando el Gobierno reconoció el derecho de los trabajadores a la libre asociación y el nuevo gobernador civil, el general Julio Ardanaz, autorizó la apertura de centros obreros y las actividades de los sindicatos en Cataluña[331].

No obstante, los empresarios, que se sentían vulnerables, se animaron con el triunfo del fascismo en Italia. El Eco Patronal, la revista de la gran patronal madrileña de la construcción, declaró que el fascismo era un ejemplo que seguir en España. Mussolini fue elogiado como «un hombre modesto» y ensalzado con orgullo como «puro retrato de los nuestros», porque había sido obrero de la construcción. Lo elogiaron por «restaurar la normalidad» en la vida política italiana, una referencia eufemística al aplastamiento de la izquierda. El Somatén fue comparado con el partido fascista y hubo quien se preguntó: «¿Tan difícil sería hallar el Mussolini español?». El Duce era visto con envidia como el modelo del cirujano de hierro que España necesitaba. Ese entusiasmo provocó naturalmente temores en la izquierda. La Confederación Patronal Española incluso lanzó un periódico sin éxito llamado La Camisa Negra, con el apoyo editorial de un maurista de extrema derecha, Manuel Delgado Barreto. El presidente ultraconservador de la federación catalana, Félix Graupera, hizo un llamamiento a los empresarios de toda España para que emulasen a sus homólogos italianos. No era de extrañar que la prensa patronal aprobara la violencia utilizada por los fascistas para aplastar el movimiento de la clase obrera en Italia refiriéndose a él como «un mal inevitable… necesario[332]».

Cambó, sin embargo, subrayando el carácter antidemocrático del fascismo italiano, lo consideraba un fenómeno paralelo cronológicamente, pero inadecuado para España[333]. El conde de Romanones sabía que estaban intentando crear un partido fascista sobre la base de los Sindicatos Libres. El comandante de la guarnición de Barcelona, Bartolomé de Roselló, celebró una reunión de oficiales en el Casino Militar en la primavera de 1923, en la que «hablaron de crear el fascismo, cuya base será el Sindicato Libre, para lo cual el secretario está en Italia». El secretario de los Libres, Juan Laguía Lliteras, que estaba involucrado en varios asesinatos, había ido a Roma, pero, al parecer, las conversaciones que mantuvo con el Partido Popular italiano y con los fascistas no llegaron a ninguna parte. Personalidades civiles de derechas estuvieron presentes en la reunión del Casino Militar. Los oficiales profascistas de la guarnición de Barcelona formaron un grupo llamado «La Traza», que mantenía contactos con otras guarniciones. Emulando a los camisas negras de Mussolini, llevaban como uniforme una camisa azul. Pero su objetivo de convertirse en una organización de ámbito nacional no prosperó. Que no existiera un equivalente español del fascismo italiano hasta la Guerra Civil fue, en gran medida, consecuencia de la neutralidad española en la Gran Guerra y de la falta de excombatientes en la posguerra[334].

La inquietud de la élite catalana por la salida de Martínez Anido se vio exacerbada por la inestabilidad permanente del sistema político sobre el que pendía la espada de Damocles de la responsabilidad del desastre de Annual. Los dos partidos principales estaban divididos internamente y el gabinete de Sánchez Guerra no pudo reunir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar los presupuestos generales del Estado. Por otro lado, Prieto había mantenido vivo el asunto de Annual en las Cortes el 4 de mayo de 1922 con su severo análisis del fracaso del Ejército[335]. Sin embargo, su intervención más demoledora se produjo después de que Sánchez Guerra, que se había visto obligado a asumir la cartera de ministro de la Guerra, respondiera a la demanda generalizada de acción, acordando el 19 de julio que las conclusiones del general Picasso podrían debatirse en las Cortes después de que las estudiase una comisión parlamentaria especial. Prieto le agradeció este acto de respeto a las Cortes, pero Romanones, por su parte, se mostró consternado. Este planeaba regresar como miembro de una gran coalición de las cuatro principales facciones liberales: su propia agrupación conservadora, los liberaldemócratas centristas moderados de García Prieto, los partidarios del progresista —aunque personalmente corrupto— Santiago Alba y los reformistas de Melquíades Álvarez. En consecuencia, le horrorizó que Sánchez Guerra hubiera hecho esta concesión, exponiendo así a García Prieto y a otros ministros a acusaciones de complicidad en el desastre[336]. El informe final de Picasso se presentó a las Cortes el 15 de noviembre, pero no se debatió a fondo hasta una semana después[337]. Prieto, que era miembro de la comisión especial, pronunció un apasionado discurso ante las Cortes durante dos días, el 21 y 22 de noviembre de 1922. Encontró razones para culpar a todos los Gobiernos desde 1909, pero se reservó sus críticas más agudas para el de Allendesalazar. También criticó a los tres máximos comandantes generales de la época de Annual: Berenguer, Navarro —prisionero de Abd el-Krim— y Fernández Silvestre, ya fallecido. El presidente de las Cortes se escandalizó cuando Prieto citó a Silvestre diciendo que iba a Marruecos a capturar Alhucemas (la llave del Rif) «porque le había autorizado y le había excitado a ello el rey». Prieto terminó con una referencia sarcástica al sibaritismo del monarca en París y en las playas francesas de moda[338].

Romanones no era el único que ponía en duda la agudeza política del presidente del Gobierno. El rey dijo a Romanones que era «una temeridad» que el informe Picasso se debatiera en las Cortes[339]. En su busca desesperada de un Ejecutivo más estable, el monarca reveló otras dudas sobre Sánchez Guerra al compararlo implícitamente con Maura en un comentario a un amigo de este, César Silió: «Estábamos en el Hotel Ritz y nos hemos metido en la Posada del Peine», un establecimiento tradicional y muy humilde del Madrid de los Austrias[340]. La solución del rey fue recurrir a Cambó. Era uno de los pocos políticos destacados que parecía limpio de corrupción, electoral o de otro tipo. El 30 de noviembre, Alfonso XIII le ofreció el cargo de presidente del Consejo y le insinuó que podía gobernar con las Cortes o sin ellas. El rey se refirió al agotamiento de Maura, a la magnitud de los problemas de gobierno y a la brillante actuación de Cambó en los ministerios de Fomento y Hacienda. Sin embargo, su oferta de poder absoluto estaba condicionada a que Cambó renunciara al catalanismo y se instalara en Madrid. No era algo para tirar cohetes. Aunque Cambó renunciara a sus aspiraciones en relación con Cataluña, la oposición de los partidos dinásticos estaba garantizada y, si renunciaba al catalanismo, sería el fin de la Lliga. Profundamente ofendido porque Alfonso diera por sentado que traicionaría sus principios a cambio del poder, lo que le pareció una repetición del falso intento del rey de seducirlo en noviembre de 1918, Cambó iba a vengarse[341].

La oportunidad se le presentó en las Cortes esa misma noche. Cambó fue, como de costumbre, a la cámara, donde tenía lugar un debate sobre el informe Picasso. Escuchó a Maura declarar que, en cuanto se determinaran las responsabilidades, las Cortes deberían llevar el caso al Senado, que actuaría como un tribunal de justicia. En ese momento, Cambó vio, como escribiría más tarde, «que se me presentaba la ocasión de devolverle al rey la bofetada que me había dado por la mañana». Sabía que el monarca estaba desesperado por evitar que se investigaran las responsabilidades por el desastre de Annual. En consecuencia, esa misma noche y al día siguiente, el 1 de diciembre de 1922, Cambó pronunció en las Cortes discursos mesurados en los que aceptó que se examinara la posible responsabilidad del Gobierno de Allendesalazar que había estado en el poder en ese momento, pero insinuó en tono misterioso que la culpa era de otra persona: «Mientras el Senado no declare la exculpación de aquel Gobierno, en cuya gestión la catástrofe se ha producido, o no determine las responsabilidades concretamente en otras direcciones muy precisas y concretas, entiendo que el Senado, si quiere cumplir con su deber, ha de condenar, y que sería una gran desgracia para el país y para su prestigio si no condenara». Más tarde, en los pasillos de las Cortes, Romanones le preguntó qué había pasado entre él y el rey. Cambó, que ya no estaba seguro de si había ido demasiado lejos, se negó a contestarle[342].

Aunque su indignación fuese perfectamente comprensible, podría decirse que, al rechazar la oferta del rey, Cambó selló el destino del sistema de la Restauración[343]. Tres de sus ministros, y el presidente de las Cortes, todos los cuales habían servido en el Gobierno de Allendesalazar, se sintieron obligados a dimitir. En parte debido a esto y a la intervención de Cambó, el debate sobre el informe Picasso se volvió más acalorado cuando se reanudó el 5 de diciembre. Juan de la Cierva, que también había formado parte del gabinete de Allendesalazar, atacó con furia a Cambó, acusándolo de utilizar corruptamente su cargo de ministro de Hacienda para apoyar al Banco de Barcelona. Algunos diputados llegaron a las manos. El gabinete de Sánchez Guerra dimitió el 7 de diciembre[344]. Era el décimo Gobierno en caer desde el tercero de Antonio Maura en noviembre de 1918. Lo sucedió el quinto gabinete de García Prieto, un Gobierno de coalición en el que había estado trabajando con Romanones y Alba. El hombre fuerte de dicha coalición era Santiago Alba, que volvió a ocupar la cartera de Estado. Integraban el Ejecutivo representantes de las distintas facciones liberales y el reformista José Manuel Pedregal, como ministro de Hacienda. Romanones se convirtió en ministro de Justicia y presidente del Senado. Melquíades Álvarez sería presidente de las Cortes. El gabinete fue bien recibido, ya que parecía probable que la presencia de reformistas permitiera avanzar hacia la democratización e intentar en serio depurar responsabilidades por el desastre de Annual. Sin embargo, la mayoría de los ministros estaban mucho más interesados en sacarle partido al cargo que en resolver los grandes problemas de la época. En palabras de Romanones: «Nos repartimos las carteras como los chicos reparten las peras para una merienda». La consecuencia fue que, ante la magnitud de dichos problemas —Marruecos y el Ejército, anarquismo y agitación social, desempleo y alza del coste de la vida y separatismo catalán— la gran coalición estaba condenada a durar solo nueve meses[345].

Seguramente el problema más difícil era Marruecos. En un esfuerzo por limitar la sangría de las arcas públicas y el creciente descontento popular por las bajas de guerra, se ordenó a Burguete que intentara pacificar a los rebeldes mediante el soborno en lugar de a través de la acción militar. El 22 de septiembre de 1922, Burguete hizo un trato con el ahora obeso y exhausto El Raisuni, en virtud del cual, a cambio de mantener bajo control a las cabilas de Jibala, se le concedería autonomía y una cuantiosa suma de dinero. Teniendo en cuenta que El Raisuni ya estaba cercado en su nuevo cuartel general de Tazarut, los españoles habrían podido aplastarlo definitivamente de haber concentrado sus fuerzas contra él. La política de retirada de las tropas españolas del territorio de un hombre al borde de la derrota no hizo más que enriquecerlo y aumentar su fama y su poder.

El objetivo que perseguía Burguete con su componenda en el frente occidental era verse libre para aplastar a Abd el-Krim, que era mucho más peligroso, en el frente oriental. Después de empezar negociando el rescate de los 375 prisioneros de guerra retenidos desde Annual, en agosto Burguete pasó a la ofensiva[346]. Tenía la intención de atrincherarse a lo largo de una línea de frente situada al sur de Annual, utilizando como base de avanzada Tizzi Azza, una posición fortificada a la que era extremadamente difícil proporcionar suministros de alimentos, agua y municiones. En un sangriento enfrentamiento en la localidad próxima de Tifaruin, Abd el-Krim atacó una columna de suministros y fue repelido, aunque a costa de numerosas bajas. Las cabilas rifeñas lanzaron un contraataque a gran escala a principios de noviembre de 1922. Resguardándose en las colinas que dominaban la ciudad, disparaban desde lo alto contra la guarnición, a la que causaron dos mil bajas, lo que, a su vez, obligó a los españoles a atrincherarse en la posición durante todo el invierno[347].

Mientras tanto, la ruptura de Cambó con Alfonso XIII no solo impidió acabar con la inestabilidad gubernamental, sino que puso punto final a su propia carrera política. En junio de 1923, harto tanto de Alfonso XIII como de la esterilidad y las intrigas de la vida parlamentaria, Cambó acabó renunciando a su escaño en las Cortes y anunció su retirada de la política activa. Los observadores más agudos predijeron correctamente que su marcha provocaría la radicalización del catalanismo. De hecho, el regionalismo moderado de la Lliga ya estaba quedando arrinconado por los nacionalistas más radicales de Acció Catalana, procedentes de una escisión de la Lliga que se había producido el año anterior y que había cosechado cierto éxito en las elecciones provinciales. Acció Catalana fue una reacción tardía a lo que algunos veían como la traición de Cambó al movimiento de la Asamblea en 1917[348]. Resulta irónico que el hombre que había liderado los esfuerzos para hacer limpieza en la política española se concentrara en lo sucesivo en aumentar su ya considerable fortuna como presidente de CHADE-CADE, la principal compañía eléctrica de América Latina[349].

El Gobierno de García Prieto adoptó una línea algo más liberal, pero no supuso en absoluto un paso audaz hacia la democratización, como insinúa Raymond Carr al escribir, a propósito de su derrocamiento por el golpe militar de Primo de Rivera: «Ni por primera ni por última vez, un general afirmó que mataba a un cuerpo enfermo cuando, en realidad, estaba estrangulando a un recién nacido». En todo caso, parece más certero el juicio de Javier Tusell: «El capitán general de Cataluña no estranguló a un recién nacido sino que enterró a un cadáver; el sistema político murió de un cáncer terminal, de resultado conocido de antiguo, y no de un infarto de miocardio[350]». De hecho, los límites de las aspiraciones reformistas de García Prieto se hicieron patentes cuando anunció que su Gobierno no emprendería ninguna reforma de la Constitución. La falta de coraje del gabinete se puso aún más de manifiesto cuando los ataques del clero, apoyados por el rey, obligaron a Romanones a retirar un decreto que impedía la venta al extranjero de tesoros de arte que en su mayoría pertenecían a la Iglesia. Pero lo peor llegó cuando la jerarquía eclesiástica dejó claro que no toleraría intento alguno de reforma del artículo 11 de la Constitución, que negaba la libertad de culto público a las demás religiones. Cuando Romanones cedió, José Manuel Pedregal dimitió en protesta, pero el líder de su partido, Melquíades Álvarez, no lo hizo, subrayando así que a él, al igual que a sus colegas liberales, el poder le importaba más que los principios[351]. La prueba más clara de ello fueron las elecciones que el Gobierno finalmente convocó para abril de 1923. Se emplearon todas las artimañas de la manipulación electoral, en uno de los comicios más antidemocráticos de toda la Restauración. Se registró el máximo histórico de diputados elegidos directamente en ausencia de oposición, en virtud del artículo 29. Las diversas facciones liberales dentro del Gobierno se enfrentaron sin ningún rubor por el encasillado. Entre otras muchas maniobras corruptas, Santiago Alba logró proporcionar un escaño a su benefactor, Juan March, quien invirtió en el asunto fuertes sumas de dinero. Como tantas veces antes, el ganador fue el viejo zorro de Romanones. De hecho, tanto él como García Prieto consiguieron escaños en las Cortes para nueve parientes suyos. En irónico contraste, los socialistas no obtuvieron más que siete[352]. Cipriano de Rivas Cherif describe con gran viveza la magnitud de la corrupción en Puente del Arzobispo (Toledo), donde hacía campaña a favor de su amigo Manuel Azaña. En su lucha contra el cacique local, Azaña estaba financiado por un armador bilbaíno. Ambos contrincantes se dedicaron a comprar votos pero, cuando llegó el día de las elecciones, los funcionarios municipales, que eran hombres de confianza del cacique, se limitaron a falsificar los votos, tras lo cual el cacique se dedicó a arruinar a los que habían apoyado a Azaña[353]. En la práctica, el Gobierno seguía la ley no oficial que había esbozado en una anotación de su diario Natalio Rivas, para quien unas elecciones limpias eran la vía directa al olvido en política[354].

La coalición ganadora se esforzó en vano por hacer frente a los grandes problemas de la época. Santiago Alba esperaba resolver la cuestión marroquí mediante la instauración de un protectorado civil, para lo que era preciso resolver antes el conflicto colonial, que a su vez implicaba elegir entre la retirada y una campaña de conquista a gran escala. Como ninguna de las dos opciones era viable, Alba se convirtió en el blanco de la virulenta hostilidad de la derecha y del Ejército, que a finales de enero y a lo largo de febrero de 1923 expresaron su malestar por el hecho de que Alba, con la ayuda del financiero vasco Horacio Echevarrieta, hubiera conseguido la liberación de los presos de Abd el-Krim. La idea de que se habían entregado enormes sumas de dinero se consideraba una afrenta a la dignidad militar, porque implicaba que el Ejército era incapaz de rescatar a sus propios hombres. El rey no se molestó en saludar a los prisioneros cuando llegaron a Málaga, sino que optó por irse de caza a la finca del duque de Tarifa en Huelva, algo que tampoco resulta extraño, pues Alfonso no perdía oportunidad alguna de disfrutar de los placeres de la vida, sobre todo en el casino de Deauville. Se rumoreaba que había comentado con desdén cuando se enteró del rescate: «Resulta cara la carne de gallina». En cambio, no hizo nada para aplacar la sed de venganza de numerosos oficiales contra la población marroquí[355]. Contrasta con su actitud la carta de felicitación que el general Miguel Primo de Rivera escribió a Santiago Alba el 1 de febrero de 1923: «Aunque, como ha dicho usted muy bien, no sea caso de apoteosis ni de regocijo, lo es, sin duda, de congratularse por habernos aliviado de la pesadumbre que representaba tener cautivos a unos españoles sin la esperanza de liberarlos por medio mejor que el empleado y con temor de que se fueran extinguiendo. Dios quiera que este episodio de la desatinada empresa africana sea el último que nos duela y humille[356]».

Alba y el alto comisario de España en Marruecos, Luis Silvela, intentaban negociar la paz con la mediación de Dris-ben-Said, un amigo proespañol de Abd el-Krim. Con gran indignación de la mayoría de los altos mandos, Dris-ben-Said había sido autorizado a ofrecer la construcción de importantes obras públicas en el Rif. La voluntad de Alba de resolver pacíficamente el problema marroquí le llevó a entrar en conflicto con el ministro de la Guerra, Alcalá Zamora, que dimitió el 25 de mayo. Ese día, se produjeron feroces ataques de Abd el-Krim contra las posiciones españolas. El nuevo ministro de la Guerra, el general Luis Aizpuru, respondió con el nombramiento de Martínez Anido como comandante de Melilla el 7 de junio. A los pocos días, Dris-ben-Said fue asesinado en circunstancias misteriosas. Dada la trayectoria de Martínez Anido en Barcelona, muchos creyeron que él estaba detrás del crimen, cuyo objetivo era poner fin a las negociaciones de paz. El general trazó planes muy ambiciosos, que incluían la toma de Alhucemas mediante una expedición anfibia y que horrorizaron a Alba y provocaron protestas de la izquierda. Un influyente artículo de Pablo Iglesias denunció esta «loca aventura» y definió el proyecto marroquí como «una gran tumba para la juventud española». Después de un estudio detallado del Estado Mayor, que calculó que la operación implicaría un número inaceptable de bajas, el gabinete rechazó los planes de Martínez Anido, quien, furioso, dimitió el 10 de agosto. El grueso de la oficialidad, que se sentía profundamente ofendida por lo que consideraban una intromisión injustificada de los civiles en la política militar, tenía al general dimisionario por un héroe. La indignación que el caso provocó en la derecha pronto pasó a un segundo plano. Como las bajas iban en aumento a medida que se intensificaban los combates, los indignados partidarios de los africanistas empezaron a difundir el rumor alarmista de que podía producirse otro desastre como el de Annual, por culpa de la política pacifista y de recortes de Alba[357].

El 23 de agosto, como en un eco de la Semana Trágica, en el puerto de Málaga, un destacamento de reclutas que se embarcaban rumbo a Melilla se amotinó mientras las mujeres gritaban a coro: «No vayáis a Marruecos. Os llevan al matadero». Hubo empujones a civiles y agresiones a oficiales del Ejército. Algunos de los reclutas estaban simplemente borrachos, otros eran nacionalistas catalanes y vascos que llevaban a cabo una protesta política. La Guardia Civil acabó restaurando el orden. Este incidente estaba previsto que coincidiera con el estallido de una huelga general organizada por los comunistas en Bilbao. Un suboficial de ingenieros, José Ardoz, fue asesinado y el crimen fue atribuido a un gallego, el cabo José Sánchez Barroso, al que sometieron de inmediato a un consejo de guerra sumario y condenaron a muerte. En un contexto de repulsa pública generalizada contra la empresa marroquí, la sentencia de muerte desató una enorme indignación. El 28 de agosto, Sánchez Barroso recibió un indulto real, a petición del gabinete. El cuerpo de oficiales estaba encolerizado por la humillación de los incidentes de Málaga, por el posterior rechazo público a su causa en Marruecos y por lo que consideraban como un indulto ofensivo. Para el alto mando, era una prueba más de la debilidad del Gobierno liberal[358].

Del mismo modo que las tensiones continuaban, aunque soterradas, en Marruecos, la situación en Barcelona se había envenenado. Antes de las elecciones, García Prieto había nombrado gobernador civil de Barcelona a Salvador Raventós y Clivillés, diputado catalán de su propio Partido Liberal, para sustituir al general Ardanaz en el cargo. Esto, junto con la introducción de comités de arbitraje en los conflictos laborales, había permitido que los elementos más moderados de la CNT continuaran reconstruyendo los sindicatos bajo la dirección de Salvador Seguí. Después de una reunión clandestina con Juan Laguía Lliteras, Seguí presidió una tregua tácita con los Sindicatos Libres, que se inclinaban a mostrarse más conciliadores ahora que ya no tenían a Martínez Anido para protegerlos. El renacimiento de la CNT enfureció a los empresarios que, en ausencia de Martínez Anido, recurrieron al capitán general —su amigo—, Miguel Primo de Rivera. Además, el nombramiento de un coronel del sector duro, Heraclio Hernández Malillos, como jefe de la policía de Barcelona y su elección del capitán Julio de Lasarte como segundo los animaron aún más[359]. La hostilidad de Primo y el grueso del alto mando militar hacia la CNT se reafirmó después de que Seguí anunciara su disposición a colaborar con los socialistas en una campaña por la retirada de España de Marruecos. En cualquier caso, la breve tregua entre la CNT y los Sindicatos Libres terminó en marzo de 1923. El renacimiento de la CNT bajo la coordinación de Pestaña, Peiró y Seguí había provocado la vuelta al redil de muchos trabajadores que se habían refugiado en los Sindicatos Libres durante la persecución de Martínez Anido. Los halcones de los Sindicatos Libres estaban dispuestos a ir a la guerra de nuevo para frenar el auge de la CNT como sindicato legítimo y, para lograrlo, su objetivo eran los anarcosindicalistas moderados[360]. La reanudación de la violencia comenzó el 24 de febrero con el asesinato a tiros de Amadeu Campí, dirigente del Sindicato Libre del ramo del agua. Aunque se atribuyó el crimen a la CNT, es más probable que Campí fuera asesinado por Ramón Sales, con quien se había peleado. Otros dos miembros renegados de los Libres murieron a tiros[361].

El 10 de marzo, Seguí y su amigo Francesc Comas fueron asesinados por una banda de los Libres entre cuyos miembros figuraba Inocencio Feced. Les ayudaron a huir policías bajo la dirección del capitán Lasarte. El atentado fue organizado por Pere Màrtir Homs, que ya había orquestado el asesinato de Layret y el falso atentado contra Martínez Anido. Una vez más, la operación fue financiada por el empresario Maties Muntadas. Martínez Anido comentó: «No me ha sorprendido ni poco ni mucho. Quienes juegan con fuego, es natural que alguna vez se quemen». Posteriormente, Feced alegó que la Federación de Empleadores había costeado el tiroteo. Sin duda, Muntadas y otras figuras importantes de la patronal sabían que se avecinaba un golpe militar y creían que el asesinato de Seguí provocaría represalias de la CNT que, a su vez, consolidarían el apoyo a la toma del poder por parte del Ejército. La muerte de Seguí fue solo uno, aunque el más importante, de una serie de asesinatos de militantes de la CNT y de los Sindicatos Libres. En las diez semanas posteriores, dieciséis cenetistas y diez miembros de los Libres fueron acribillados y hubo numerosos heridos[362]. Para evitar manifestaciones multitudinarias, el gobernador civil Salvador Raventós, dispuso que sacaran del hospital el cuerpo de Seguí y lo enterraran clandestinamente, lo que provocó huelgas en Barcelona, Gijón y Zaragoza, con enfrentamientos entre la policía y los grupos de acción. Cuando Comas fue enterrado el 18 de marzo, casi doscientas mil personas siguieron el ataúd[363].

El asesinato de Seguí fue un golpe demoledor para la CNT, que se quedó prácticamente a la deriva, sin el único hombre capaz de salvar la brecha entre los sindicalistas y los grupos de acción[364]. Tras su muerte, Pestaña y el secretario general de la CNT, Joan Peiró, se esforzaron en vano por detener el derramamiento de sangre. Los anarquistas atacados por los Libres eran los que habían intentado poner fin a la violencia. El mismo Peiró fue objeto de dos atentados. Otros querían vengar las muertes de Seguí y Comas. Pestaña y Peiró lo aceptaron a regañadientes, en un desesperado anhelo de que los contraataques pusieran fin a la embestida de los Libres. Se creó un comité de acción para elegir objetivos importantes, uno de los cuales sería Martínez Anido. El trabajo sucio se confió a una unidad especializada, cuyos orígenes se remontaban a 1920, cuando Manuel Buenacasa y Buenaventura Durruti habían participado en la creación de un grupo llamado Los Justicieros, que había intentado sin éxito matar al rey en el País Vasco. Buenacasa y Durruti huyeron a Zaragoza a principios de 1921, donde se les unió Francisco Ascaso. En septiembre de 1922, el trío se trasladó a Barcelona y se puso en contacto con Juan García Oliver. Con Ricardo Sanz y Aurelio Fernández, formaron Los Solidarios a finales de 1922. Todos eran jóvenes. Durruti y Fernández eran mecánicos de oficio; Ascaso, camarero, y Sanz, obrero textil. En mayo de 1923, intentaron en vano cazar a Martínez Anido primero en San Sebastián y luego en La Coruña[365].

El 17 de mayo de 1923, en León, asesinaron a Faustino González Regueral, ex gobernador civil de Bilbao. El 4 de junio de 1923, Francisco Ascaso y Rafael Torres Escartín mataron a tiros al cardenal tradicionalista de Zaragoza, José Soldevila Romero. Profundamente impopular, Soldevila era un reaccionario feroz. En círculos anarquistas se creía que financiaba a los pistoleros de los Sindicatos Libres y que había conspirado con Martínez Anido y Arlegui para asesinar a Seguí. Se le acusaba de haber amasado una fortuna como propietario de burdeles, garitos de juego y una empresa de construcción, todo lo cual, decían, le permitía vivir con un lujo espectacular y rodeado de jóvenes novicias. Le dispararon durante su visita diaria a un convento donde se rumoreaba que tenía relaciones sexuales con una monja a la que dejó una fortuna[366]. El asesinato provocó una oleada de horror en la España de clase media y alta. Al darse cuenta de que el crimen favorecía los intereses de los industriales y oficiales del Ejército partidarios de un golpe de Estado, Pestaña y Peiró disolvieron el comité y ordenaron en vano a Los Solidarios que hicieran lo mismo. Estos, por su parte, pretendían crear un grupo revolucionario (la futura FAI) y se lanzaron a cometer una serie de espectaculares robos para financiarlo. Para empeorar las cosas para los moderados, se produjo una gran escalada de huelgas, porque los obreros luchaban por recuperar el nivel de vida perdido durante los años en que la CNT había sido ilegal[367]. Después de varios conflictos en la industria de la construcción, a principios de mayo estalló la mayor huelga desde la de la Canadiense: la de trabajadores portuarios. Precisamente con el fin de provocar un gran enfrentamiento, los empresarios respondieron con un cierre patronal de los puertos. El Sindicato Único del sector mordió el anzuelo y convocó una huelga general de los trabajadores del transporte, incluidos los del servicio de recogida de basura. Al amontonarse la basura en las calles y paralizarse la distribución de alimentos, la opinión de la clase media se fue inclinando hacia las soluciones autoritarias. Las clases altas y medias veían en Primo de Rivera el salvador que echaban de menos desde la marcha de Martínez Anido. Primo quería declarar el estado de guerra y autorizar el uso del Somatén. Los esfuerzos del gobernador civil, Salvador Raventós, por resolver la huelga fueron vistos como una debilidad intolerable. Este dimitió y fue sustituido por un diputado liberal de las Cortes, Francisco Barber[368].

El nuevo gobernador civil indignó rápidamente a los patronos al continuar los esfuerzos de su predecesor por resolver la huelga mediante la negociación. Y estos pasaron por encima de él y pidieron ayuda a Primo de Rivera. Se repetía la historia de lo acontecido durante la huelga de la Canadiense. Al igual que había hecho entonces Milans del Bosch, Primo expresó su simpatía por las opiniones de la patronal. El 8 de junio, el funeral de Josep Franquesa, miembro asesinado de los Sindicatos Libres y del Somatén, contó con la presencia de cinco mil miembros de ambas organizaciones. Barber fue amenazado y empujado y tuvo que ser rescatado por Primo. Alarmado por el apoyo de este a las posiciones más extremistas de los industriales catalanes y con la esperanza de destituirlo, García Prieto convocó a ambos a Madrid. El rey se negó a firmar el decreto en el que se apartaba a Primo de su cargo. Barber, que estaba ya destrozado, renunció después de solo tres semanas en el puesto y, traumatizado por la experiencia, murió a los dos meses. Pero Primo había aprovechado su estancia en Madrid para conseguir apoyo a un golpe militar. Se reunió con un grupo de cuatro generales, conocidos como «el Cuadrilátero» —José Cavalcanti, Antonio Dabán, Leopoldo Saro y Federico Berenguer, hermano de Dámaso—, así como con el gobernador militar de Madrid, el duque de Tetuán. Sus preocupaciones se centraban en que no se abandonara Marruecos y que se hiciera algo por atajar el desorden en Barcelona. Los cinco eran monárquicos convencidos. De hecho, el rey le dijo una vez a Alcalá Zamora que ni Dabán ni Saro moverían un músculo a menos que él se lo ordenara. Como el grupo Cuadrilátero mantenía contactos regulares con el monarca, Alfonso XIII estaba perfectamente al tanto del asunto y las únicas dudas que tenía para darles su aprobación se referían a la competencia de Primo. Este último confesó también sus planes a Romanones, aunque le insinuó que no haría nada a corto plazo[369].

De hecho, a lo largo de 1923, Alfonso XIII se vio más que animado a encabezar un golpe militar, hasta el punto de que, en algún momento indeterminado de ese mismo año, le dijo a Joaquim Salvatella, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del Gobierno de García Prieto, que la única solución que él alcanzaba a ver para los problemas del país era un Gobierno de coroneles. Circulaban insistentes rumores de que el hombre que encabezaría el golpe de Estado sería el general Francisco Aguilera y Egea, de sesenta y seis años, que había sido brevemente ministro de la Guerra en el Gobierno de García Prieto durante la primavera de 1917 y que gozaba de un apoyo considerable en todo el Ejército. Como presidente del Consejo Supremo de Guerra, Aguilera había aceptado que el alto mando colonial asumiera la responsabilidad del desastre, pero no estaba dispuesto a admitir que los políticos civiles quedaran impunes. Por eso, a principios de julio de 1923, escribió una insultante carta al expresidente del Consejo, el conservador Joaquín Sánchez de Toca, acusándolo de maniobrar para que la clase política no se enfrentara a la misma censura. Aguilera se negó a disculparse por su misiva y retó a Sánchez de Toca a un duelo. En este punto, Sánchez Guerra y Romanones trataron de actuar como mediadores. Los ánimos se crisparon hasta el punto de que Aguilera y Sánchez Guerra llegaron a las manos, y el peor parado de los dos fue el general. El escándalo resultante puso fin a su posible candidatura como dictador[370]. En cualquier caso, Aguilera ya le había dejado claro a Primo de Rivera que pensaba que la idea de un golpe de Estado era una locura[371].

En agosto de 1923, Alfonso XIII comentó la idea de un golpe de Estado con varias personas, incluido Gabriel Maura, quien informó a su padre. Antonio Maura sabía que el rey, obsesionado con el bolchevismo y preocupado por el informe Picasso, seguía jugando con la idea de una dictadura. Envió una nota al monarca con un análisis demoledor: «Todos mis juicios han de arrancar del convencimiento, que es añejo y cada día más firme, de que se han hecho incapaces para gobernar nuestros actuales partidos, sin exceptuar a ninguno y sin que su ineptitud colectiva provenga de culpas ni defectos personales de sus jefes y directores». Maura afirmaba que nada podía esperarse de otro Gobierno de coalición, ya que el problema se encontraba en la naturaleza del sistema corrupto de la Restauración. No obstante, estaba también convencido de que, «si el Rey tomase sobre sí las funciones del Gobierno para ejercerlas directamente, asumiendo día por día las responsabilidades personales», el desenlace sería «funesto»: «Ni la generosidad del móvil, ni los aciertos más constantes, evitarían la consumación del suicidio. […] Sería menos nocivo que quienes han venido imponiéndose en trances críticos asumiesen entera la función rectora bajo su responsabilidad[372]». El rey interpretó la carta como una autorización de Maura a que Alfonso permitiera al Ejército asumir la responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, hizo caso omiso del desastroso pronóstico que Maura auguraba a la monarquía si interfería en la dictadura.

Tras su dimisión, Barber fue sustituido por el gallego Manuel Portela Valladares, un hombre de cincuenta y seis años inmensamente rico, antiguo miembro del Foment de Treball Nacional y aficionado a tocar el trombón, que inmediatamente llevó a cabo una gran campaña contra la CNT. Mandó a las tropas a patrullar por las calles de día y autorizó al Somatén a que hiciera la ronda de noche. El resultado fue que Peiró perdió el control de la CNT frente a García Oliver y los grupos de acción, lo que, a su vez, creó un clima de guerra social desbocada e intensificó el deseo de la clase media de que se produjese una intervención militar[373].

Primo se fue de Madrid convencido de que habían descubierto su complot, pero le confesó a un amigo que «estaba maravillado al ver que ni le detuvieron en el camino ni se encontró al llegar con la noticia de su relevo[374]». Cuando llegó a Barcelona el 23 de junio, fue a recibirlo a la estación de tren una multitud de manifestantes, lo que tuvo un impacto considerable en su vanidad. En reuniones privadas, los grandes industriales instaron al general a que se convirtiera en el anhelado cirujano de hierro. Ya antes de que viajara a Madrid, los empresarios le habían enviado una carta abierta en la que le exponían sus exigencias de poner fin a la huelga y volver a unas condiciones laborales draconianas. La respuesta de Primo el 28 de junio fue ordenar el registro de la sede de la CNT y la detención de dieciocho de sus dirigentes, algo que no era de su competencia, aunque él argumentó que era una necesidad militar, ya que la CNT estaba a punto de iniciar un alzamiento revolucionario. Portela Valladares no se opuso. Y, en vista de las circunstancias, el 12 de julio la CNT suspendió una huelga en la que habían participado unos 140.000 trabajadores y que había dejado veintidós muertos[375].

El final de la huelga debido a las duras medidas de Primo convenció a la élite catalana de que era necesario más de lo mismo para acabar con la CNT. Mientras tanto, los grupos de acción continuaban la guerra social con una serie de atracos a bancos, el más espectacular de los cuales fue un asalto al Banco de España en Gijón, el 1 de septiembre de 1923[376] Muchos vieron la crisis ministerial del 3 de septiembre como una prueba de la debilidad del Gobierno[377].. Luego, la tensión se agudizó con los acontecimientos del 11 de septiembre, la Diada nacional de Cataluña, durante la cual grupos de nacionalistas catalanes, vascos y gallegos se reunieron en Barcelona y se manifestaron en demanda de autonomía para las tres regiones. Se gritaron consignas antiespañolas, incluso a favor de los rebeldes del Rif, y hubo enfrentamientos con la policía. Como era de esperar, los oficiales de la guarnición de Barcelona se indignaron. Como capitán general de la región militar de Cataluña, Primo de Rivera reaccionó declarando el estado de guerra[378].

Primo de Rivera no se había esforzado mucho por disimular sus planes. Al parecer, había ido a ver al rey a su residencia de verano en San Sebastián para hablar con él sobre la posibilidad de un golpe. Después, en una cena en Córdoba, Alfonso XIII había confiado a sus anfitriones que el militar estaba preparando un movimiento que resolvería los problemas del momento[379]. Primo regresó a Madrid el 7 de septiembre y se reunió con los generales del Cuadrilátero para ultimar los preparativos para dar un golpe de Estado una semana después, que obtuvo el apoyo de los principales africanistas y un vago compromiso del general José Sanjurjo, gobernador militar de Zaragoza. Inmediatamente después de su regreso de Madrid, el 23 de junio, se ganó el apoyo de los junteros. Primo reconoció ante el general Eduardo López de Ochoa, francmasón y republicano, que había utilizado argumentos diferentes para sus diferentes interlocutores. Le dijo a López de Ochoa que, para resolver los problemas de Marruecos, el pistolerismo y el nacionalismo catalán, el golpe impondría un gobierno civil competente con respaldo militar, pero que el Ejército solo permanecería en el poder brevemente. López de Ochoa afirmó más tarde haberse enterado de que Primo había hecho un trato con catalanistas de alto nivel a los que había ofrecido autonomía y un régimen arancelario favorable a cambio de su apoyo. Asimismo, Primo le dijo a otro alto oficial de la guarnición de Barcelona, el general Mercader, amigo del rey, que el plan era salvar la monarquía, al tiempo que insinuaba a López de Ochoa que «después irían las cosas de otra manera[380]». Esto parece ser corroborado por la afirmación de Portela Valladares de que, poco después de su llegada a Barcelona, Primo de Rivera le confió sus planes para dar un golpe de Estado. Supuestamente, Portela respondió que su plan encontraría un obstáculo insuperable en el rey, a lo que el militar replicó: «El día que me estorbe, le pongo en la frontera[381]». Durante esta segunda estancia en Madrid, Primo escribió cartas a los generales al mando de Ceuta (Enrique Marzo y Balaguer) y Melilla (Manuel Montero Navarro) para conseguir su apoyo. En dichas misivas, se comprometía a continuar las operaciones contra Abd el-Krim[382].

La madrugada del 13 de septiembre de 1923, Primo dio el golpe de Estado. Hacía tiempo que se había congraciado con la élite de Cataluña. En su momento, se dijo que había mantenido reuniones secretas con Puig i Cadafalch, Junoy y otros líderes empresariales catalanes en el balneario de Font-Romeu, en el lado francés de la frontera. Allí, al parecer, aceptó, a cambio de su apoyo, promover sus ambiciones en términos de mayor autonomía, políticas proteccionistas y orden público[383]. En lo que debe presumirse como una pantomima cínica, hizo el esfuerzo de hablar en catalán en los actos públicos y dio toda clase de muestras de admiración por la cultura catalana, en especial, por la sardana. Cuando coincidía con Cambó, siempre le preguntaba: «¿Qué tal, mi querido jefe?». Cenaba regularmente con los principales magnates industriales del sector más reaccionario de la Lliga, como Félix Graupera, de la Federació Patronal, Domingo Sert, del Foment de Treball Nacional, el marqués de Comillas y Ferran Fabra i Puig, marqués de Alella[384]. En ese sentido, el golpe de Primo fue más para cumplir con la determinación de la patronal catalana de aplastar a la CNT que para silenciar el informe Picasso sobre las responsabilidades de Annual, aunque sin duda eso le granjeó el apoyo tanto de los generales africanistas como de Alfonso XIII. El rey fue crucial, no porque desempeñara un papel activo, sino más bien porque cometió la irresponsabilidad de mantenerse pasivo. Cuando se produjo la crisis, la respuesta del Gobierno fue débil, en parte por la convicción de que la situación política general requería medidas desesperadas y, a pesar de saber lo que tramaban Primo y el Cuadrilátero, no hizo nada para impedirle regresar a Barcelona. De hecho, lejos de estar seguro del éxito, Primo temía, al igual que en junio, que a su regreso lo arrestaran. Según López de Ochoa, sus partidarios catalanistas tenían un coche listo para pasarlo al otro lado de la frontera con Francia si las cosas salían mal[385].

Mientras tanto, el despreocupado monarca estaba probando un nuevo coche deportivo en la carretera entre San Sebastián y Biarritz. Santiago Alba, el ministro delegado para acompañar al rey en sus vacaciones de verano, se enteró el 12 de septiembre de la inminencia del golpe de Estado. Sabiendo el odio que los militares le profesaban, dimitió. Además, Martínez Anido, un colaborador clave en el complot, estaba en San Sebastián con órdenes de detener a Alba, someterlo a un consejo de guerra y fusilarlo tan pronto como el golpe tuviera éxito. Advertido de este hecho y temiendo por su vida, Alba cruzó el puente internacional hacia Francia[386]. En Madrid, el Gobierno titubeó. García Prieto era partidario de arrestar a Primo, pero el ministro de la Guerra, el general Luis Aizpuru, se mostró reacio a creer que estuviera involucrado en un complot. Mientras García Prieto y Aizpuru mantenían su intrascendente conversación, Primo de Rivera ya había dado orden de proclamar el estado de guerra en Barcelona, ocupar todos los principales edificios públicos y autorizar patrullas del Somatén en las calles. Al mismo tiempo, publicó un manifiesto a la nación en el que se autodefinía como el tan esperado cirujano de hierro que barrería la incompetencia y la corrupción de los codiciosos políticos profesionales como primer paso hacia la regeneración nacional. Para ello, practicaría una cirugía radical en el cuerpo político enfermo. Entre los problemas que resolver, Primo mencionaba la subversión, la violencia social, el desorden público y el separatismo, pero era discreto sobre sus planes para Marruecos, declarando solo que su objetivo era encontrar una solución «rápida, digna y honorable[387]».

Sin el apoyo popular, el Gobierno no podría hacer mucho para interponerse en el camino del Ejército. Menos probable aún era que se enfrentara a Alfonso XIII, que tal vez no hubiera participado activamente en el golpe de Estado, pero sin duda estaba al tanto y no le disgustaba que prosperase. Durante mucho tiempo, el rey había revelado de forma indiscreta su irritación por la ineficiencia de varios gobiernos y su debilidad frente a las amenazas revolucionarias. Creía que él representaba la voluntad nacional mejor que cualquier Ejecutivo surgido de unas elecciones corruptas. En ese sentido, había pronunciado el discurso de tono inapropiado de Córdoba en mayo de 1921. En febrero y marzo de 1923, el rumor de que el rey pensaba en una dictadura fue alimentado por un diario, La Acción, cuyo director, Manuel Delgado Barreto, era una figura prominente de la ultraderecha. Y a esto hay que sumar la ventaja inmediata de impedir el debate parlamentario del informe Picasso[388]. No es de extrañar, pues, que el 14 de septiembre llegara a Madrid un radiante Alfonso XIII, vestido con el uniforme del Ejército, y anunciara su apoyo a los militares rebeldes. Se negó a destituir a los generales implicados y obligó así a su Gobierno civil a dimitir. Luego convocó a Primo de Rivera a Madrid y lo nombró jefe de un directorio militar con poderes ejecutivo y legislativo. García Prieto parecía más aliviado que nada al comentar a los periodistas: «Ya tengo un santo más a quien encomendarme: san Miguel Primo de Rivera, porque me ha quitado de encima la pesadilla del Gobierno[389]». Cerca de cuatro mil catalanes elegantemente vestidos, encabezados por el marqués de Alella, alcalde de Barcelona, por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, presidente de la Mancomunitat, y los industriales más eminentes se desplazaron a la estación la tarde del 14 de septiembre para despedir a Primo, que se dirigía a Madrid a tomar el poder[390]. Lo que acababa de ocurrir se ha expresado a menudo con metáforas médicas por el motivo evidente de que el mismo Primo adoptó la clásica imagen regeneracionista del cirujano de hierro. Para Raymond Carr y Shlomo Ben-Ami, Primo asesinó la democracia que acababa de alumbrar el gabinete de García Prieto, mientras que para Javier Tusell y José Luis García Navarro, se limitó a enterrar un cadáver. Ambas visiones prefieren dejar al margen a Alfonso XIII. Al fin y al cabo, sin su intervención, el golpe podría haberse detenido fácilmente. Al dar rienda suelta a su predilección por los gobiernos militares, el rey se quedó sin alternativa cuando los oficiales, a su vez, se quedaron también sin ideas. Resulta más sutil la brillante conclusión de Francisco Romero: «De hecho, el “cirujano de hierro” acababa de desconectar los aparatos que mantenían con vida al paciente en coma. Después de haber pensado en hacerlo él en persona, el jefe de planta, el rey Alfonso XIII, no tuvo inconveniente en firmar el certificado de defunción[391]».

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La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El rey con la Dirección General Militar tras la toma de posesión en el palacio. Miguel Primo de Rivera está a la izquierda del rey Alfonso XIII, 1923.
© ACI / Photos 12.

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El manifiesto que publicó Primo el 12 de septiembre era una diatriba contra el nepotismo y la corrupción del sistema político de la monarquía constitucional. Invitaba al pueblo a denunciar toda «prevaricación, cohecho o inmoralidad» con la promesa de abrir «proceso que castigue implacablemente a los que delinquieron contra la patria, corrompiéndola y deshonrándola[392]», loable ambición que no parecía casar con el hecho de que la meteórica carrera militar de Primo se hubiera beneficiado inmensamente de la protección de su tío, Fernando Primo de Rivera, y que hubiera intentado sin éxito conseguir un escaño en el Parlamento por Cádiz, no en unas elecciones justas y libres, sino mediante el encasillado. Ángel Ossorio tachó el manifiesto de «conjunto […] de zafiedades, groserías, frases comunes y vulgaridades necias» y criticó que ocultara la responsabilidad de los militares en la situación de España. El iracundo filósofo Miguel de Unamuno lo tildó de «pornográfico». Honorables políticos se indignaron; otros, como Juan de la Cierva, se limitaron a dar por sentado que las críticas iban dirigidas a los demás[393].

Es típico de la frivolidad de Alfonso XIII que no se diera cuenta de que, como rey que había elegido a los políticos del viejo sistema, parte del barro le salpicaba a él. Gabriel Maura escribió: «es muy posible que ni él [Primo] ni el rey se percatasen entonces, como positivamente no lo advirtió hasta mucho después el común de los españoles, que entre las instituciones derrocadas por el nuevo régimen se comprendía también la realeza[394]». Así, Alfonso XIII tomó alegremente la crucial decisión personal de no apoyar al Gobierno constitucional y de ofrecer el poder a Primo. Retrasó su regreso a Madrid, a pesar de las súplicas del Ejecutivo, alegando que se encontraba retenido por el mal tiempo. De hecho, estaba de visita en Burgos, Valladolid y Zaragoza para tomar el pulso a las guarniciones. Por consejo del general Sanjurjo, el rey mantuvo en secreto estas visitas y regresó a San Sebastián antes de emprender el viaje hacia Madrid[395].

Que el Gobierno de García Prieto no había pretendido en absoluto instaurar una democracia real se hizo patente por su poca oposición al golpe, que, de hecho, fue recibido sin grandes aspavientos. En las ciudades, en los cafés y alrededor de los quioscos de periódicos, la reacción oscilaba entre la indiferencia y el entusiasmo[396]. La alegría reinaba entre las clases acomodadas, muchos generales de alto rango y, sobre todo, en el rey. El Consejo Supremo de Guerra y Marina tenía que reunirse el 15 de septiembre para examinar la causa contra los oficiales acusados de ser los responsables del desastre de Annual. El 20 de septiembre, la comisión parlamentaria especial encargada de examinar el expediente Picasso también debía reunirse para ultimar sus conclusiones, que serían debatidas el 1 de octubre en las Cortes. No es de extrañar que el rey, después de pasar el verano inquieto, se alegrara por un golpe de Estado que ponía fin al proceso judicial. Como dijo uno de los cómplices de Primo, el general Cavalcanti: «Ya comprenderás, Miguel, que yo no he hecho una revolución para que me condenen».

De hecho, una de las primeras cosas que hizo Primo fue intentar confiscar el informe y la documentación que le servía de base; sin embargo, el presidente de la comisión, Bernardo Mateo Sagasta, anticipándose, retiró el material del archivo de las Cortes y lo escondió[397]. El 27 de junio de 1924 el Consejo Supremo de Guerra y Marina declaró al general Berenguer culpable de la catástrofe militar de la zona de Melilla y lo condenó a la separación del Ejército. Sin embargo, al cabo de una semana, una amplia amnistía anularía la condena y pondría punto final a las investigaciones sobre el desastre de Annual. Primo quitó hierro al desastre al atribuirlo a «la adversidad que alguna vez se presenta en los mejores ejércitos». La amnistía incluía a los responsables de delitos políticos[398].

La naturaleza del nuevo régimen se puso de manifiesto cuando, el primer día de Primo en Madrid, Alfonso XIII firmó un decreto por el que se creaba un Directorio Militar. Bajo la presidencia de Primo, este estaba formado por un general de cada una de las ocho regiones militares y un almirante, Antonio Magaz, que actuaría como vicepresidente oficial. Ese mismo día se impuso el estado de guerra, que no se levantaría hasta el 16 de marzo de 1925. La prensa fue sometida a una rígida censura. Las Cortes quedaron clausuradas y las garantías constitucionales, suspendidas. Los ministerios seguirían existiendo, pero tendrían al frente subsecretarios, mientras que Primo en persona sería una especie de superministro con la responsabilidad general de todos los departamentos. Sin embargo, el 22 de septiembre, cuando su amigo Severiano Martínez Anido fue nombrado subsecretario de la Gobernación, este se convirtió, en la práctica, no solo en titular de dicha cartera, sino en la mano derecha de Primo, en lugar del vicepresidente simbólico, el almirante Magaz. El exayudante de Martínez Anido, el antiguo jefe de policía de Barcelona caído en desgracia, el general Miguel Arlegui, volvió a ocupar un cargo importante como director general de Orden Público y, con él, el siniestro capitán Julio de Lasarte Persino, especialista, como hemos visto, en falsificar información[399].

Los tres principales problemas del nuevo régimen eran la guerra de clases de Barcelona, la corrupción del sistema político y las dificultades del protectorado marroquí, aunque la retórica de Primo se centrase en el anuncio de una campaña contra la corrupción, una lacra que no le sería fácil de erradicar a la banda de compinches, en gran parte inexpertos, que había reunido Primo, teniendo en cuenta el provecho que les sacaron a sus cargos. En expresión cáustica de Eduardo Ortega y Gasset, hermano mayor del filósofo José, «era demasiado divertido el libre ejercicio de la arbitrariedad para que dejase lugar en mentes tan oscuras a un más transcendente ejercicio[400]».

La incapacidad de los gobiernos constitucionales anteriores para resolver estos problemas explica el alivio con el que fue recibido el golpe de Estado de Primo de Rivera. El primer grupo que expresó su apoyo al nuevo régimen lo hizo motivado por el entusiasmo en el papel que creía que iba a desempeñar en la represión de los disturbios sociales y por la perspectiva de poner fin al caciquismo. Fomento Nacional del Trabajo se apresuró a informar a Primo de «su adhesión inquebrantable al programa de gobierno y de regeneración de nuestra patria, que traza con competencia innegable, con autoridad indiscutible, el manifiesto[401]». Las demás organizaciones de industriales y terratenientes catalanes no se quedaron muy atrás. En una serie de reuniones secretas con los altos mandos de la Lliga Regionalista y de Foment, Primo había hecho promesas explícitas de que, una vez en el poder, ampliaría la autonomía de Cataluña a cambio de su apoyo al golpe[402]. El presidente de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, envió una nota optimista a Primo en la que manifestaba: «La lucha se establece, pues, entre un hecho extralegal y la corrupción. En el dilema, optamos por el primero». No es nada extraño: Primo había realizado con anterioridad numerosas declaraciones favorables al catalanismo y al federalismo. Sobre esta base, Puig i Cadafalch estaba convencido de que se podía confiar en Primo para promover la importancia de Cataluña en España y, por ello, prometió con optimismo que «En estos términos, nuestra adhesión pasaría fácilmente a ser de la precisa y estricta que tenemos para el poder constituido, a la más íntima y cordial, base de la actividad fecunda con que colaboraríamos a la obra generosa iniciada[403]».

Francesc Cambó, sin embargo, fue mucho más cauteloso. A pesar de sugerir que el golpe era «la única dulzura que, en unos años amargos, hemos podido saborear», aconsejó a sus seguidores que no se comprometieran con el directorio. De hecho, sostuvo que siempre había creído que una dictadura sería un desastre para el país[404]. Astuto por naturaleza, vio claramente que el procatalanismo de Primo no era más que superficial, en el mejor de los casos, y, en el peor, un ardid para conseguir apoyo a sus planes. Era imposible que Primo vendiera la autonomía de Cataluña al resto del Ejército. Su movimiento contra todos los nacionalismos regionales, aunque Gabriel Maura lo llamara «la cruzada anticatalanista», comenzó el 18 de septiembre con un decreto que ordenaba que en los edificios públicos solo pudiera ondear la bandera española y que, en los actos públicos y en las escuelas, solo se pudiera utilizar el castellano. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y sus locales culturales, los batzokis, fueron prohibidos. En Cataluña se disolvieron los partidos nacionalistas más radicales, Estat Català y Acció Catalana. La sardana y el canto del himno no oficial, Els Segadors, fueron prohibidos y la parte en catalán de los rótulos bilingües fue retirada de las calles. Primo declaró que, de los delitos del sindicalismo, el comunismo y el separatismo, este último era el peor. Sustituyó a Puig i Cadafalch como presidente de la Mancomunitat por el unionista Alfonso Sala, de la Unión Monárquica Nacional y, después de que su sentimiento nacionalista español fuera en aumento, en contra de las recomendaciones de su director general de Administración, José Calvo Sotelo, Primo abolió la Mancomunitat en el verano de 1924. Desde el exilio, Cambó se convirtió en un acerbo crítico del Gobierno. Más importante aún para el futuro es que la indignación ante lo que se consideraba la traición de la Lliga hizo que el liderazgo del catalanismo pasara a las formaciones de izquierdas[405].

De hecho, el rápido incumplimiento de las promesas de autonomía para Cataluña y el papel destacado que Primo otorgó a Martínez Anido y Arlegui indican que la más importante de las tareas asumidas por el dictador era la contrarrevolucionaria. La promoción de Martínez Anido y Arlegui se tradujo en un nuevo auge de los Sindicatos Libres, cuyo número de afiliados pasó de 111.252 en 1925 a 197.853 en 1929, principalmente en las comarcas del interior de Cataluña y el País Valenciano. Esto parece indicar que, a consecuencia de la ilegalización de la CNT, los afiliados de base que no eran anarquistas ideológicamente doctrinarios buscaron refugio en cualquier organización que pudiera defender sus salarios. Sin embargo, las preferencias políticas de los trabajadores catalanes se verían con meridiana claridad cuando, tras la caída de Primo de Rivera en 1930, el apoyo a los Sindicatos Libres se desvaneció de nuevo para dispararse la afiliación a la CNT. La llegada al poder de Esquerra Republicana de Catalunya con los votos de la CNT marcó el fin de los Sindicatos Libres[406].

Con todo, en 1923, la burguesía catalana acogió con entusiasmo el decreto del 18 de septiembre que, como paso hacia la militarización de la sociedad, implantaba el Somatén en todas las ciudades de España. Se invitaba a los ciudadanos conservadores a incorporarse a estas milicias armadas bajo la supervisión del Ejército, para actuar como fuerza parapolicial que pusiera fin al desorden de los años del pistolerismo[407]. Como milicia armada, el Somatén formaría parte de la maquinaria represiva del régimen. Aunque la dictadura no fuera de ningún modo un régimen sanguinario, en muchos aspectos, incluido el margen de maniobra dado al Somatén, abusó constantemente del Estado de derecho. Un decreto del 14 de octubre de 1926 autorizaba al Gobierno a suspender toda sentencia que considerara «perjudicial» para los intereses de la Administración. Los miembros del Somatén cometían a menudo actos violentos. En algunos casos, la pertenencia a esta institución se utilizó para encubrir la práctica de la caza furtiva; en otros, para encubrir asesinatos. En una ocasión, un somatenista que se resistía a que lo desahuciasen por no pagar el alquiler mató al propietario. Cuando lo llevaron a juicio, preguntó: «Entonces, ¿para qué me han dado a mí este fusil?». Pero aunque los delitos cometidos por los miembros del Somatén fueran a juicio, el régimen los perdonó por decreto el 16 de mayo de 1927, un decreto denunciado por el distinguido criminólogo Quintiliano Saldaña como un «monstruo jurídico[408]». Fuera de Cataluña, el Somatén no tuvo el éxito que Primo esperaba. Muchas personas se unieron solo para ahorrarse el pago de un permiso de caza. En el momento de su implantación a escala nacional, el Somatén contaba con 21.868 miembros, tras lo que alcanzó su cota máxima de 100.425 en 1925 y luego disminuyó rápidamente hasta que, en 1928, se redujo a 22.492. Otra de sus funciones era engrosar el número de asistentes a los desfiles y ceremonias oficiales[409].

Un político que no podía tener dudas sobre los objetivos del manifiesto era Santiago Alba, ya que el texto anunciaba que se habían iniciado los preparativos para actuar contra este «depravado y cínico ministro». Primo y Alba, como partidario de abandonar la colonia marroquí, habían mantenido relaciones cordiales con anterioridad, pero ahora Primo acusó de forma rastrera e infundada a Alba de haber robado un coche del Gobierno para exiliarse, e incluso le culpó del golpe militar, al declarar a un periodista de El Imparcial: «La actuación de este hombre público ha sido la determinante de este movimiento. Tenemos pruebas concluyentes de sus inmoralidades y estas pruebas han de ser base del proceso[410]».

Estas veladas alusiones apuntaban a la turbia relación de Alba con Juan March. En una entrevista concedida a los tres días del golpe, Primo repitió su acusación de que Alba era quien lo había motivado a actuar: «El señor Alba ha firmado contratos comerciales en combinación con elementos capitalistas para su único provecho […]. El señor Alba está complicado en negocios de contrabando». Las actividades de contrabando de Juan March eran bien conocidas, pero Primo y sus colegas generales no tenían pruebas sólidas contra Alba. La policía registró su domicilio y le congeló las cuentas bancarias. Enviaron a Valladolid a un juez de instrucción para que realizara una investigación prospectiva, con el fin de implicar a Alba en supuestos actos de corrupción relacionados con un proyecto de ferrocarril de Valladolid a Toro, que estaba pagado pero no construido. Pero no se encontraron pruebas de que Alba estuviera involucrado en el asunto. El Tribunal Supremo acabó desestimando los cuarenta y un cargos que se presentaron contra él y de paso reprendió al magistrado por habérselos inventado; sin embargo, la censura del régimen impidió la publicación de su sentencia[411].

Dada su relación antes estrecha, la inquina con que Primo persiguió a Alba exige una explicación. Alba era odiado por los militares y por los industriales catalanes. Durante la Primera Guerra Mundial, como ministro de Hacienda, había enfurecido a los industriales del norte al proponer un impuesto a los espectaculares beneficios que habían obtenido gracias a la contienda, sin plantearse medidas equivalentes para las ganancias de sus aliados latifundistas. Los intentos de Alba de recortar el presupuesto militar tanto en Marruecos como en la Península se vieron cubiertos de oprobio por parte del Ejército. Más en concreto, los africanistas no le perdonaron que permitiese el pago de un rescate a Abd el-Krim por la liberación de los prisioneros tomados después de Annual. Según Francisco Franco, cuando los legionarios atacaban una posición marroquí, avanzaban al grito de: «¡Viva España, muera Alba!». Así, el ataque a Alba formaba parte de la estrategia de Primo para consolidar el apoyo entre sus primeros e importantes partidarios[412]. A todo ello se añadían los rencores personales, ya que Primo culpaba injustamente a Alba por no haber conseguido un escaño en las Cortes. Creía, erróneamente, que este se había negado a convencer a su principal contrincante en Cádiz —el cacique liberal de la provincia, uno de sus aliados políticos— de que abandonara su oposición a la candidatura de Primo[413]. No es de extrañar que, desde el exilio, Alba ofreciera financiar a los anarquistas y a todos los que se comprometiesen a derrocar el régimen[414].

Una de las primeras iniciativas de la guerra declarada de Primo a la corrupción y el contrabando fue la apertura de una investigación sobre el tráfico de tabaco a gran escala que reducía significativamente los ingresos del monopolio gubernamental, la Compañía Arrendataria de Tabacos. Inevitablemente, se centró en Juan March. El juez instructor recibió material de varios departamentos gubernamentales relacionado con el tema y se practicaron más de cuatrocientos registros domiciliarios en Mallorca. Según la prensa, Juan March —al igual que sus títeres, Alejandro Lerroux y Alba— había huido al exilio, donde le esperaban un millón de libras esterlinas (treinta y cuatro millones de pesetas de la época) en cuentas en el extranjero. La policía de la frontera había recibido órdenes de detenerlo, pero no lo consiguieron porque March se había quedado en Madrid. De hecho, ya el 19 o 20 de octubre, el empresario había tenido la audacia de pedir una entrevista con Primo. Sea lo que fuere que se dijeran en esa primera de las muchas reuniones que mantuvieron, March logró convencer a Primo de que su negocio de tabaco beneficiaba al Estado y que el régimen sacaría más provecho de la colaboración que del conflicto con él.

A pesar de las pruebas de que continuaba con sus actividades de contrabando, pronto quedó claro que la dictadura ya no lo consideraba uno de sus objetivos. La empresa naviera de March, la Compañía Trasmediterránea, comenzó a recibir importantes subvenciones del Gobierno, su empresa Petróleos Porto Pi se benefició de un cambio en los aranceles de los combustibles y, finalmente, se le concedió en 1927 el monopolio estatal del tabaco en Marruecos. En este último caso, Primo tuvo que superar los recelos de algunos ministros, en particular de José Calvo Sotelo. A cambio de estos favores, y a petición expresa del propio Primo, March surtió de tabaco a las fuerzas españolas en Marruecos, ayudó a financiar periódicos favorables al régimen como La Correspondencia Militar y La Nación, compró suelo en Tánger para el Estado español y pagó la construcción de una iglesia católica en dicha ciudad.

Las actividades corruptas de Juan March durante la dictadura y antes serían investigadas por la Comisión de Responsabilidades creada por las Cortes en 1931. El 8 de mayo de 1935 se produjo un acalorado debate en el Parlamento con motivo de un largo discurso de un miembro de la comisión, el socialista Teodomiro Menéndez, en el que se detallaba la larga historia de corruptelas de Juan March a partir de 1911 para hacerse con el monopolio del tabaco. Menéndez demostró que las investigaciones de la Comisión de Responsabilidades habían puesto de manifiesto que el dinero aportado por March para rescatar La Correspondencia Militar a petición de Primo coincidía exactamente con la renovación de los contratos para el monopolio del tabaco. También relató que March había pagado las enormes deudas contraídas por la reina Victoria Eugenia con varias joyerías de París.

En los pasillos de las Cortes, los periodistas oyeron a Cambó felicitar a Menéndez por su discurso, pero también señalar que él había sido el primer político en intentar poner fin a la corrupción de March. Cambó dijo luego a los periodistas que, cuando era ministro de Hacienda, descubrió que, para facilitar sus operaciones de contrabando, March tenía en nómina a numerosos oficiales de los Carabineros, de modo que, para poner fin a sus fechorías, Cambó se vio obligado a amenazar al alto mando con la disolución del cuerpo. Además, Cambó descubrió que, cuando la Marina apresaba un barco de March, las causas contra él eran sobreseídas por los tribunales de la Marina. Para evitarlo, Cambó introdujo un proyecto de ley que pasaba los delitos de contrabando a la jurisdicción civil. Al recibir quejas de oficiales de alto rango que temían perder los pagos que recibían de March, Cambó les envió el mensaje de que, si no se callaban, haría público sus actividades corruptas. Cambó también puso una vigilancia especial a March, fruto de la cual varios expresidentes del Consejo y exministros dejaron de visitarlo a domicilio. El político catalán terminó con unas declaraciones explosivas: «El asunto March ha sido el más escandaloso que ha habido en el mundo, porque durante once años ha tenido a su disposición a los expresidentes del Consejo y a los ministros y ha mandado en España. Destituía gobiernos a su antojo y su influencia llegaba al Parlamento[415]».

No obstante, durante la dictadura, garantizar la posesión de Tánger en manos de España había sido una de las aspiraciones de Primo, y la actuación de March al respecto le complació tanto que ofreció una cena en su honor. Al día siguiente, Primo fue a palacio a una audiencia con el rey y, a la salida, dijo a los cortesanos allí reunidos: «Ha habido un gran patriota que puso al servicio de la patria su dinero. Todos deben aprender de este ejemplo», un comentario que avivó el odio que sentían hacia Primo los aristócratas íntimos de Alfonso XIII. Además, a instancias del dictador, March no solo había pagado las deudas de joyas de la reina, sino que, lo que es más importante, había financiado tanto el Instituto del Cáncer, del que ella era presidenta de honor, como la construcción de un hospital para tuberculosos en Mallorca (que en 1936 aún estaba por terminar). March sería el beneficiario en 1924 de las intromisiones de Primo en el sistema judicial y también del reconocimiento público del dictador[416].

Unamuno pronto se dio cuenta de que la retórica sobre que la dictadura no era más que un proyecto de limpieza política a corto plazo encubría el objetivo principal de aplastar la revolución. Para el intelectual vasco, las promesas, redactadas en lenguaje regeneracionista, del «descuaje del caciquismo y el restablecer la autoridad» no eran más que «bambolla y bambolina y modo de atraerse a los pobres aturdidos que sueñan con los horrores del comunismo y del sindicalismo[417]». En todo caso, la tarea fue mucho más fácil de lo que parecía, ante la escasa oposición de las fuerzas de la clase obrera. Ninguna de las dos organizaciones sindicales tenía interés alguno en defender el corrupto sistema constitucional. La CNT ya no tenía capacidad de aguante[418].

La preocupación principal de los socialistas era la salvaguarda de sus estructuras sindicales. Su reacción inicial a la noticia del golpe fue cautelosa. Dada la agitación social de los años anteriores, la intensa hostilidad popular hacia la empresa marroquí y el furor por las responsabilidades de Annual, que se produjera una intervención militar era más que previsible. Sin embargo, los socialistas no previeron el golpe ni mostraron gran preocupación cuando este llegó, a pesar de que el nuevo régimen pronto comenzó a perseguir a otras organizaciones de trabajadores. Mientras el rey seguía tan tranquilo su trayecto de San Sebastián a Madrid y circulaban rumores de que Santiago Alba había sido detenido, en la portada de El Socialista apareció una nota conjunta de las ejecutivas del PSOE y de la UGT en la que declaraban que «ningún vínculo de solidaridad, ni siquiera simpatía política nos liga con los gobernantes» y les expresaban en cambio «los más duros reproches por haber incumplido desde el poder cuantas ofertas hicieron antes de escalarlo». Refiriéndose a la afirmación de Primo de que pondría fin a la corrupción y al favoritismo, la cúpula socialista se mostraba escéptica: «¿Con qué autoridad pueden hacer tales afirmaciones los que llegan a la cima gracias a los favores políticos influenciados a su vez por las sugerencias reales?». La nota terminaba ordenando a los trabajadores que no tomaran ninguna iniciativa sin instrucciones de los comités ejecutivos tanto del Partido Socialista como de la UGT. El nombramiento inmediato de Martínez Anido como ministro de la Gobernación a todos los efectos por parte de Primo era otro factor que aconsejaba cautela. Una segunda nota socialista dio orden a los obreros de abstenerse de iniciativas que pudieran «lanzar el proletariado a movimientos estériles que puedan dar pretexto a represiones que ansía para su provecho la reacción[419]».

Los socialistas se apresuraron a rechazar la invitación de la CNT y del Partido Comunista a sumarse a ellos en una huelga general. De hecho, la dirección socialista no solo no intentó impedir la instauración del régimen, sino que pronto colaboró con él, lo que refleja hasta qué punto la dirección había salido del trauma de 1917 convencida de la necesidad de atenerse a una táctica legalista, de no volver a arriesgar nunca más la existencia de los sindicatos en enfrentamientos directos con el Estado y de proteger a toda costa los logros de la legislación social existente[420].

La negativa de los socialistas a oponerse al golpe de Primo se basaba en su convencimiento de que, si bien la lucha política quedaba suspendida, la actividad sindical cotidiana tenía que continuar. Francisco Largo Caballero y la burocracia sindical creían que su primera tarea era utilizar todos los medios posibles para proteger los intereses materiales de sus afiliados. Pero pronto la colaboración con la dictadura pasó del realismo pragmático a un afán oportunista de ganar ventaja a los anarcosindicalistas. Desde la ruptura del pacto con la CNT en diciembre de 1920, Largo Caballero se había empeñado en atraer a las bases de la CNT a la UGT[421]. Por eso, cuando la CNT y el Partido Comunista fueron ilegalizados y cientos de sus militantes, encarcelados, Largo Caballero lo vio como su gran oportunidad.

Oficialmente, el dictador no era hostil a la clase obrera sino a sus elementos radicales. Sin embargo, bajo la vigilancia de Martínez Anido, los prisioneros anarquistas sufrían maltratos terribles. Les propinaban palizas salvajes, los mantenían en condiciones antihigiénicas y eran alimentados prácticamente con raciones de hambre[422]. De todos modos, Primo tenía planes paternalistas para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y fue él quien planteó la posibilidad de colaborar con el movimiento socialista, cuya pasividad inicial le hizo confiar en que obtendría una respuesta comprensiva.

El acercamiento se produjo en un manifiesto a los trabajadores el 29 de septiembre de 1923. El texto, que invitaba a los obreros a sentirse orgullosos de ser españoles y los instaba a ser buenos, se dirigía claramente a los socialistas. Tras propugnar la aprobación de leyes de contenido social, tan gratas a los reformistas de la UGT, llamaba a los trabajadores «a desligarse de organizaciones y lazos que, aparentando proporcionarles bienes, en definitiva los van llevando por caminos de ruina». Esta descalificación de la CNT y del PCE era una oferta mal disimulada a la UGT para que se convirtiera en la única organización obrera legal y, a cambio de colaborar con el régimen, eliminara a sus rivales anarquistas y comunistas. La respuesta inmediata de los socialistas fue pedir más detalles sobre la legislación social propuesta por el nuevo régimen[423].

Pronto Pablo Iglesias pronosticaría alegremente el hundimiento de la CNT, con lo que daba a entender que los trabajadores que militaban en ella se encontraban allí por error o por obligación. Al cabo de dos días de publicarse el manifiesto, Primo hizo personalmente una oferta a Manuel Llaneza, secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA), para que se sumara a una comisión que iba a examinar los problemas de la industria minera. Creyendo que el SOMA podría así defender sus conquistas salariales y sobre la jornada laboral, al día siguiente Llaneza convenció a una ejecutiva nacional conjunta del PSOE y la UGT —que ya estaba predispuesta a favor de su postura— de que apoyara la colaboración. Hubo tres votos en contra de la resolución, incluidos los de Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, un prestigioso catedrático de Derecho de la Universidad de Granada. De los Ríos y Prieto escribieron a Besteiro a finales de 1923 para protestar contra la colaboración, pero el 9 de enero de 1924 el Comité Nacional del PSOE ratificó la línea colaboracionista[424].

El grado de integración de la cúpula socialista en el nuevo régimen fue considerable y la UGT tuvo representantes en varias comisiones estatales[425]. Las Casas del Pueblo de los socialistas permanecieron abiertas y se permitió que la mayoría de las secciones de la UGT siguieran funcionando, en contraste con la represión total de las actividades de la CNT y el PCE. Sin embargo, en marzo de 1924, se prohibieron las manifestaciones de los trabajadores, antes de las previstas celebraciones del Primero de Mayo. A cambio de la docilidad de los trabajadores, la UGT recibió el premio de una plaza en el Consejo de Estado, para la que designó a Largo Caballero. Dentro de la propia UGT, esto no tuvo repercusiones desfavorables: Besteiro era vicepresidente y el propio Largo, secretario general del sindicato. Prieto y De los Ríos denunciaron el oportunismo de Largo advirtiendo que sería explotado por el dictador por su valor propagandístico. El 25 de abril de 1926, hablando en Alcalá de Henares, Primo citó la presencia de Largo en el Consejo de Estado como motivo para no restablecer la democracia: «¿Para qué queremos los elegidos?», se preguntó en tono retórico y, después de mencionar varios órganos consultivos, añadió: «tenemos el Consejo de Estado, organizado tan democráticamente, que forma parte de él el señor Largo Caballero, para que en nombre de los obreros diga todo lo que honradamente crea no está bien administrado. ¿Por qué, pues, vamos a resucitar ese artilugio que llaman Parlamento, que no saben qué hacer para desprenderse de él los pueblos que aún lo padecen?»[426].

El 10 de diciembre, un pleno del Comité Nacional del PSOE ratificó la aceptación de Largo por catorce votos a cinco. Prieto dimitió y De los Ríos pidió sin éxito que se convocara un referéndum entre las bases. Las consecuencias de estas divisiones se arrastrarían hasta la Guerra Civil debido a las enemistades personales que generaron. De hecho, ante los rumores de cisma dentro del partido, Prieto declaró públicamente que las discrepancias tácticas no habían afectado en modo alguno a la cordialidad y unidad entre los líderes del partido. Sin embargo, es evidente que, tanto en ese momento como con posterioridad, Largo Caballero albergó un tremendo rencor personal contra Prieto[427].

La colaboración se consolidó aun cuando en Asturias se había demostrado que servía de muy poco para proteger los intereses de los trabajadores. A pesar de las promesas de Primo a Llaneza, el sindicato de mineros no recibió ayuda alguna del régimen en respuesta a las maniobras agresivas de los propietarios de minas para reducir los salarios y para reprimir la huelga convocada como reacción a los recortes con el despido de trescientos cincuenta trabajadores. La UGT se negó a unirse a los movimientos de resistencia a la dictadura. Pablo Iglesias afirmó que, a pesar de la censura y las limitaciones a los derechos de reunión y de huelga, tanto la UGT como el PSOE prosperaban con el directorio. El año 1926 fue el momento culminante de la colaboración de la UGT con el régimen. Largo Caballero, en su intervención en la Casa del Pueblo de Madrid, condenó rotundamente el sabotaje industrial, las huelgas de celo y convencionales, porque podían provocar cierres patronales. Declaró que la oposición a la dictadura podía resultar desastrosa para la organización de la clase obrera. Besteiro no estaba dispuesto a autorizar ningún movimiento contra el régimen a no ser que no implicara riesgo alguno para los socialistas[428].

Tras esta neutralización de la clase obrera hasta mediados de los años veinte, la principal oposición al régimen vendría de intelectuales liberales como Unamuno, el rico novelista Vicente Blasco Ibáñez y los periodistas republicanos Carlos Esplá y Eduardo Ortega y Gasset, todos los cuales, a pesar de la amnistía decretada en julio de 1924, optaron por permanecer en el exilio. Se reunían en el Café Rotonde de París, que en su día fue la guarida de Lenin y que ahora frecuentaba una serie de opositores al dictador que iban desde Santiago Alba y los generales Dámaso Berenguer y José Millán Astray hasta Marcelino Domingo y Joaquín Maurín, pasando por Andreu Nin. Con el apoyo económico de Blasco Ibáñez, de diciembre de 1924 a noviembre de 1925, Esplá, Unamuno y Ortega produjeron una revista satírica abiertamente republicana, España con honra, con una tirada de cincuenta mil ejemplares, que gozó de una amplia difusión y numerosos lectores en España. Las espectaculares ventas del libro de Blasco Ibáñez Alphonse XIII démasqué, publicado en varios idiomas, tuvo un impacto aún mayor. Introducido de forma clandestina en España en grandes cantidades, el libro perjudicó gravemente la imagen del rey al acusarlo de tener responsabilidades directas en el desastre de Annual y de haber facilitado la instauración de la dictadura para impedir que las Cortes debatieran el expediente Picasso. El libro se burlaba de Alfonso por su frivolidad y por unas ambiciones autoritarias que lo hacían acreedor del apodo «Fernando Séptimo y Medio», una mala copia de su tatarabuelo, el irresponsable absolutista Fernando VII. Igual de dañina fue la inclusión en la obra de Blasco de los comentarios despectivos del rey sobre el alto precio de la carne de gallina, refiriéndose a los prisioneros de guerra rescatados en Marruecos. El libro causó un revuelo considerable en Francia debido a sus afirmaciones sobre la germanofilia de Alfonso XIII en la Primera Guerra Mundial. Gracias a la información que le proporcionó Santiago Alba, Blasco Ibáñez exponía que el rey había organizado activamente el reabastecimiento de submarinos alemanes en los puertos españoles y el suministro de informaciones sobre los movimientos de buques británicos, franceses, italianos y estadounidenses. El relato de sus actividades de ocio y esparcimiento —polo, vela, juegos de azar, sobre todo en el casino de Deauville, carreras de caballos, mujeres— contrastaba con las constantes lamentaciones del rey por su teórica pobreza. Alfonso, que gastaba mucho más de lo que recibía de la generosa asignación del Gobierno, había estado involucrado en negocios corruptos y había avalado con su nombre varias empresas turbias[429]. Las acusaciones de Blasco Ibáñez no eran las únicas. Se decía que Alfonso había sido sobornado por un estafador, Isidro Pedraza de la Pascua, para que el Gobierno financiara los desmesurados proyectos de construcción ferroviaria de la Sociedad Española de Industrias y Tracción Eléctrica[430].

En enero de 1925, la embajada de España en París emprendió acciones judiciales contra Blasco Ibáñez por injurias a Alfonso XIII. Se dice que el embajador, José María Quiñones de León, comentó a unos amigos: «Lo peor del caso es que todo lo que dice Blasco es verdad[431]». Después de un debate en el Parlamento francés que tuvo un gran eco y cuyo tono general fue ampliamente favorable a Blasco Ibáñez, se retiró la demanda, lo que no hizo más que incrementar la popularidad del libro y cubrir de ridículo a la dictadura. Por otra parte, que a Primo le preocupaba España con honra quedó muy claro en diciembre de 1925, cuando el régimen se querelló contra Blasco Ibáñez, Ortega y Unamuno por un delito de lesa majestad. Para entonces, Unamuno se había mudado a Hendaya, donde participaría junto con Ortega en la producción de la revista Hojas Libres a partir de abril de 1927. Los boletines y folletos críticos publicados en París contaban con una amplia distribución en España gracias a las redes de la CNT y de la masonería. Los torpes intentos del dictador de denunciarlos no hacían sino aumentar su demanda. Este fue, desde luego, el caso de Hojas Libres. Cuando apareció por primera vez, una desafortunada nota oficiosa que la denunciaba con todo lujo de detalles le proporcionó una publicidad impagable. Las posteriores denuncias de Primo hicieron que las acusaciones impresas en la revista fueran devoradas por los lectores en España[432]. Un ridículo internacional parecido lo provocó, en septiembre de 1926, la amenaza del dictador de que España se retiraría de la Sociedad de Naciones a menos que fuera nombrada miembro permanente del Consejo del organismo[433].

Pocos fueron los que se lamentaron de la promesa de desaparición del sistema caciquista. Primo de Rivera fue recibido como el «cirujano de hierro» de los sueños regeneracionistas, algo de lo que él estaba ávido. Después de asegurar a un grupo de periodistas que el Directorio Militar sería un mero «paréntesis constitucional» que no duraría más allá de tres meses, declaró: «Estamos realizando una operación quirúrgica. […] Pero no somos médicos y cuando el enfermo esté convaleciente, en el plazo aproximado de que antes he hecho mención, lo llevaremos a un sanatorio para que allí se fortalezca y logre su curación definitiva[434]». La afirmación de que el directorio sería efímero y daría paso a unas elecciones a Cortes Constituyentes chocó pronto con la realidad de que los cambios prometidos no podrían lograrse en tres meses.

Las dimensiones de la propuesta de guerra al caciquismo se hicieron evidentes en el decreto del 30 de septiembre que disolvía los ayuntamientos de toda España. Primo nombró a generales para ocupar el cargo de gobernador civil en todas las provincias. La mayoría de estos militares permanecería en el puesto incluso después de la instauración de un Gobierno civil en 1925. Las elecciones para los cargos de alcalde y concejal fueron supervisadas por casi quinientos oficiales del Ejército enviados como delegados gubernativos a las capitales de provincia. Las instrucciones de Martínez Anido a los delegados exigían que los nuevos ayuntamientos estuvieran formados por «personas de alto prestigio social, de solvencia acreditada y a ser posible con título profesional, o en su defecto, mayores contribuyentes», es decir, las personas que más se habían beneficiado de los acuerdos corruptos anteriores. Con esto se garantizaba que continuaran al mando de todos los pueblos y ciudades los mismos caciques de siempre mientras que no fueran enemigos conocidos del directorio. Se alentaba a los delegados gubernativos a investigar seriamente los casos de caciquismo, sobre todo si consideraban que el cacique en cuestión era crítico con el Gobierno. A los delegados que inspeccionaban a los amigos del Gobierno solían acabar trasladándolos. Ejemplos ilustres de caciques que se libraron de toda investigación fueron Leopoldo Saro en Jaén y Juan de la Cierva en Murcia, por más que en sus memorias afirmaran que habían sido perseguidos por el régimen, que sí investigó a fondo los feudos de sus críticos: Niceto Alcalá Zamora y José Sánchez Guerra en Córdoba, Santiago Alba en Valladolid, Romanones en Guadalajara y Manuel de Burgos y Mazo en Huelva. El directorio se arrogó el derecho a nombrar a los alcaldes de las ciudades de más de cien mil habitantes. En Madrid, Primo nombró a Alberto Alcocer y Ribacoba poco después de que lo despidieran de su cargo en el Ministerio de Fomento por absentismo[435].

Los oficiales enviados como delegados gubernativos eran, en teoría, comandos anticaciquistas, encargados de la monumental tarea de erradicar la corrupción y supervisar la administración local y las elecciones municipales. Como ejemplo característico del optimismo simplista de Primo sobre su misión regeneradora, se pidió a los delegados que inculcaran el patriotismo y la higiene personal a los niños de los pueblos, que convencieran a los aldeanos de que hicieran gimnasia y de que criasen abejas y gallinas. La invitación a los ciudadanos a que presentaran sus quejas sobre los funcionarios locales y sus abusos provocó oleadas de detenciones y juicios basados en denuncias en lugar de en pruebas. Las quejas a menudo no eran más que el reflejo de eternas disputas entre caciques rivales. Según el socialista Antonio Ramos Oliveira, ahora había dos caciques en cada pueblo en vez de uno: era la política de siempre, solo que ahora, con uniforme militar. Los detenidos no eran los grandes caciques provinciales, sino sus agentes o caciques de pueblo. Las denuncias de corrupción provocaron la devolución de grandes sumas de dinero a las arcas municipales. Al final, sin embargo, las penas de cárcel solían ser cortas y los juicios no daban lugar más que a pequeñas multas. La cruzada contra el caciquismo decayó porque el número de denuncias paralizó virtualmente la administración local y muchos delegados gubernativos fueron destituidos porque los caciques cuya corrupción denunciaban eran demasiado poderosos[436].

Muchos gobiernos municipales sometidos a inspección fueron acusados de irregularidades diversas. Durante el proceso de investigación hubo al menos tres suicidios de empleados municipales y aún más casos de funcionarios que huyeron a Sudamérica o de archivos que se quemaron antes de que pudieran ser consultados. Era inevitable que fueran pocos los caciques importantes que acabaran ante los tribunales, ya que los delegados acostumbraban a confiar en las fuerzas vivas existentes en los pueblos y ciudades: los mandos de la Guardia Civil, los párrocos, los jueces, los médicos y la alta burguesía local con los que se relacionaban. Esto a menudo significaba que los delegados, sin darse cuenta, hacían el trabajo sucio de un grupo de caciques contra otro. Las acusaciones más virulentas de abusos solían provenir de los que aspiraban a los puestos de los acusados. También hubo casos de delegados que se enriquecieron al emplear sus poderes para crear su propio sistema caciquil. El mismo Primo no renunció a emplear el nuevo sistema cuando se aseguró de que en su provincia natal, Cádiz, el partido único del dictador, la Unión Patriótica, estuviera dominado por amigos y familiares: su primo, el poeta de derechas José María Pemán, el conde de los Andes y los caciques de Cádiz, el almirante Ramón de Carranza, marqués de Villapesadilla, y su hijo Ramón de Carranza, marqués de Soto Hermoso[437]. Frente a tales alianzas, los nuevos delegados gubernamentales tenían pocas posibilidades de erradicar la corrupción. De hecho, en la mayoría de localidades, los delegados debieron elegir entre una facción de caciques o la facción rival. La amplia censura del régimen privó a los caciques perdedores de la posibilidad de hacer públicos los abusos cometidos contra ellos[438].

Otras medidas que adoptó el régimen ostensiblemente dirigidas a erradicar el caciquismo también consolidaron el sistema y permitieron la supervivencia de la corrupción. Se creó una Junta Inspectora de Personal Judicial para examinar los casos no resueltos después de cinco años, una tarea tan hercúlea que estaba destinada al fracaso. Quienes habían creído en las promesas iniciales de Primo de limpiar el sistema jurídico depositaron mayores esperanzas en la creación de la Junta Organizadora del Poder Judicial, que debía evaluar todos los nombramientos y ascensos en la judicatura, del presidente del Tribunal Supremo para abajo. Sin embargo, lo que parecía una medida destinada a dar mayor independencia al poder judicial surtió el efecto contrario. En todos los casos de conflicto entre la voluntad del dictador y la ley, el primero se impuso al poder judicial. Los casos más notorios fueron los de su amiga, la narcotraficante La Caoba, en febrero de 1924; un intento de enjuiciar a Juan March en abril del mismo año, y un importante fraude en el banco Crédito de la Unión Minera en 1925, ninguno de los cuales llegó a nada debido a las interferencias del Ejecutivo. Cuando se creó el Directorio Civil en diciembre de 1925, las facultades de la junta pasaron al Ministerio de Gracia y Justicia.

Otro decreto, de febrero de 1924, sobre las llamadas «incompatibilidades de jueces y magistrados» parecía poner coto a la capacidad de los caciques de controlar el sistema judicial a escala local. El decreto reforzaba los poderes gubernamentales existentes para trasladar al personal judicial fuera del territorio en el que trabajaba. En la práctica, solo facilitó que el Gobierno interfiriera en el funcionamiento de la justicia en su propio beneficio o en el de los caciques favorecidos. El verdadero alcance de estas medidas puede verse en la instrucción enviada por Martínez Anido el 5 de enero de 1925 a los delegados gubernativos, para que mandaran informes secretos sobre los jueces locales que fuesen negligentes en la aplicación de la política del Gobierno, y en el informe del delegado de Loja (Granada) que escribió: «El primer enemigo, el más importante que el Directorio tiene, es el PODER JUDICIAL. Es el mayor adversario de nuestra gestión[439]».

Los problemas principales a los que se enfrentaba el directorio eran imposibles de resolver en tres meses, sobre todo teniendo en cuenta lo que Gabriel Maura llamó «la enciclopédica incompetencia» del régimen[440]. En cualquier caso, el rey no estaba interesado en una solución a corto plazo. Así lo reveló su enojo el 12 de noviembre de 1923, cuando los presidentes de las Cortes y del Senado, el conde de Romanones y Melquíades Álvarez, tuvieron la ingenuidad de entregarle un documento que le recordaba la exigencia constitucional de reabrir ambas cámaras antes de que transcurrieran tres meses de su clausura. Sin invitarlos a entrar, los recibió apoyado en el marco de la puerta y los despidió fríamente. Alfonso pasó el documento al dictador, quien publicó una nota sarcástica: «Para repetir las compras de votos, las falsedades en el censo y las violencias de las últimas y de todas las elecciones que conocemos, no hemos derrocado toda una política de que el país, como bien claramente lo manifiesta a diario, abominaba porque le había sumido en el escepticismo y la habría llevado a la ruina[441]».

El proceso de consolidación del nuevo régimen se confirmó poco después con la visita de Primo y el rey a Italia, durante la última semana de noviembre de 1923. Alfonso XIII presentó a Primo a Víctor Manuel como «mi Mussolini» y Primo salió deslumbrado por el Duce, a quien elogió de este modo: «Vuestra figura ya no es italiana solamente, sino mundial. Sois el apóstol de la campaña dirigida contra la disolución y la anarquía que iba a iniciarse en Europa». En su audiencia con Pío XI, el catolicismo retórico militante de Alfonso XIII, que incluyó una oferta para dirigir nuevas cruzadas, escandalizó al pontífice. Sus elogios a Mussolini hicieron que la prensa francesa lo llamara «el rey con camisa negra[442]».

No es de extrañar que, el 22 de diciembre de 1923, apareciera un decreto que prorrogaba el estado de excepción. Una nota escrita por Primo afirmaba que era en respuesta a una demanda popular unánime[443]. Romanones y Melquíades Álvarez no fueron los únicos que plantearon la cuestión de la pervivencia de la dictadura más allá de los tres meses prometidos. Al cabo de pocos días, Unamuno escribió al director de Le Quotidien, el periódico parisino que publicaba sus frecuentes ataques al régimen:

un general vividor, de inteligencia por debajo de la media, devorado por su vanidad y su ambición, lanzó un manifiesto que era una suprema ignominia para la patria, en el que se apelaba a la pasión dominante de la turba inquisitorial: la envidia, la misma pasión que produjo en nuestro siglo XIV el terrible tribunal. Al igual que entonces, se ha invitado a la delación y se ha abierto así un periodo de persecución de la inteligencia. Desde entonces, la vida íntima de los españoles amantes de la libertad, la justicia y la humanidad ha sido un infierno[444].

Los artículos de Unamuno serían una china en el zapato del dictador. Al principio, lo que enfureció a Primo fue que Unamuno y Rodrigo Soriano, presidente del Ateneo de Madrid, destaparan la relación del dictador con La Caoba, una cabaretera andaluza (cuyo apodo aludía al color de su piel), presunta prostituta y drogadicta. Cuando la detuvieron por tráfico de morfina y cocaína, Primo ordenó a José Prendes Pardo, el juez que había ordenado la detención, que la liberara. Al negarse a ello, el magistrado fue expulsado de la judicatura y Buenaventura Muñoz, presidente del Tribunal Supremo, que lo apoyó, se vio obligado a jubilarse antes de tiempo[445]. En febrero de 1924, por haber dado a conocer el caso, Unamuno y Soriano fueron detenidos y desterrados a la árida y rocosa isla canaria de Fuerteventura, mientras que el Ateneo de Madrid era clausurado. Primo tenía una larga enemistad con Soriano, que lo había insultado en las Cortes en marzo de 1906, a raíz de lo cual Primo le retó a un duelo a espada en el que ambos resultaron heridos leves[446].

El directorio destituyó a Unamuno de su cargo de vicerrector y catedrático de Griego de la Universidad de Salamanca, en ambos casos sin consultar a las autoridades universitarias. Aunque motivada por el caso de La Caoba, la decisión se justificaba formalmente por una carta privada en la que Unamuno tildaba a la monarquía de «podrida». Primo declaró que «así volverá a proceder cuando la ocasión se presente, y tiene a gala de su carácter haberse sentido inclinado toda la vida a ser amable y benévolo con las mujeres[447]». Dos miembros de la junta del Ateneo, los destacados intelectuales Gregorio Marañón y el poeta Luis de Tapia, visitaron a Martínez Anido para protestar. El general, escupiendo de rabia, les dijo que Primo era demasiado bondadoso y que le había impedido emplear sus métodos habituales: «Yo cortaría varias cabezas de “intelectuales” para que no molesten más». Y añadió: «Si yo pudiera realizar mi programa, Unamuno no llegaría vivo a Fuerteventura. ¡A mí me tienen sin cuidado los “intelectuales”!». El desprecio era mutuo; en una carta enviada a un amigo el 29 de diciembre de 1925, Unamuno escribió que no se podría volver a la «libertad y normalidad sin procesar y castigar a los sediciosos del 13 de septiembre, sobre todo a M[artínez] Anido, el cerdo epiléptico cuyos crímenes y latrocinios exigen reparación[448]».

La estancia de Unamuno en Fuerteventura fue breve: en junio, una alianza entre varios francmasones, el director de Le Quotidien y la Ligue des Droits de l’Homme organizó su fuga[449]. En París, sus artículos para Le Quotidien enfurecieron a Primo, quien tomó la imprudente decisión de pedir al primer ministro francés Édouard Herriot que lo silenciara. Cuando Herriot dejó claro que no podía intervenir, Primo dio el paso aún más temerario de escribir directamente a Le Quotidien. Su carta comenzaba expresando su respeto por «la opinión ajena» y desmintiendo varias de las acusaciones de Unamuno, incluidas sus alusiones a la corrupción en el ejército de África. Se publicó en portada del periódico junto con la respuesta del escritor, en la que señalaba burlón que Primo respetaba tanto su opinión que lo había obligado a exiliarse y desposeído de su cátedra universitaria, tras lo cual se reiteraba en sus acusaciones originales. Mientras que el exilio de Unamuno mejoró su reputación, el talante arisco de Soriano lo convirtió en una figura aislada y marginal de la oposición[450].

La malhumorada intolerancia de Primo a las críticas se puso de manifiesto con la detención de Ángel Ossorio y Gallardo el 11 de septiembre de 1924 por haber escrito, en una carta privada a Antonio Maura: «la inmoralidad y la barbarie cunden por todas partes de modo vergonzoso. Ya habrá usted visto la adjudicación sin subasta ni concurso del servicio telefónico donde se asegura que ha entrado ¡de abogado! el joven hijo del Dictador con 20 o 25 mil pesetas de sueldo, y así en todas partes». José Antonio, de veintiún años de edad, acababa de terminar la carrera de Derecho y trataba de abrirse camino en la profesión jurídica. El incidente reveló que el Gobierno interceptaba la correspondencia de Maura y de muchas otras figuras políticas. Esto provocó un escándalo entre la abogacía que causaría un daño permanente al régimen. La respuesta ingenua de Primo, al afirmar que su hijo tenía un doctorado, era trilingüe en inglés, francés y español y siempre había sido el primero de su promoción, fue recibida con hilaridad. Durante su encarcelamiento, la cantidad de periodistas y políticos que hacían cola para solidarizarse con Ossorio obligó al rey a aconsejar al vicepresidente, el marqués de Magaz, que lo liberara. Al cabo de nueve días, justo cuando Ossorio quedaba en libertad bajo fianza, Rafael Sánchez Guerra, hijo del ex presidente del Consejo, era detenido por un artículo publicado en Cuba. El hostigamiento a prestigiosos intelectuales y a sus escritos desde el exilio favoreció el desarrollo del movimiento republicano[451].

Efectivamente, en agosto de 1924 el propio Primo había revelado que la policía interceptaba de forma ilegal la correspondencia privada cuando entabló una polémica con Antonio Maura. Un grupo de mauristas, encabezado por César Silió, había escrito al anciano estadista solicitando su opinión sobre la dictadura y la Unión Patriótica. La respuesta de Maura se distribuyó de forma clandestina, pero la policía la interceptó. En ella manifestaba abominar de la dictadura y criticaba sus irregularidades económicas así como su respuesta arbitraria a las críticas. También indicaba a aquellos de sus seguidores que se habían afiliado a la Unión Patriótica, pensando que era un instrumento de regeneración, que estaban equivocados. El 7 de agosto, el directorio se planteó encarcelar a Maura, pero Primo decidió publicar la carta del ex presidente del Consejo junto con lo que a él le parecía un comentario demoledor de su propia cosecha. La nada convincente refutación de las críticas de Maura dio a estas una publicidad tremenda[452].

El hecho de que al régimen no le interesase erradicar la corrupción, sobre todo la de los amigos y colaboradores del dictador, se hizo patente a raíz del intento fallido de procesar a Juan March por su participación en el asesinato de un rival. En abril de 1924, el juez Francisco Serra ordenó su detención en relación con el asesinato en Valencia, en septiembre de 1916, de Rafael, hijo de José Garau, socio de March en el negocio del tabaco de contrabando. Muchos creían que March estaba involucrado en el crimen, porque Rafael Garau había tenido una aventura con la esposa de March, Leonor Servera. También se habló de que el joven Garau estaba tratando de desbancar al empresario en sus negocios con Gibraltar. Después del homicidio, la policía no se esforzó demasiado en capturar al asesino. March había ido a ver al juez de instrucción para comprobar si tenía alguna prueba en su contra, como era el caso. Sin embargo, el juez fue trasladado poco después a otra provincia como consecuencia, según se dijo, de la intervención de los amigos de March en el Gobierno, lo que solo podía significar la interferencia de Alba. Los reporteros que seguían el caso fueron amenazados y les dijeron que lo abandonaran. Así quedaron las cosas hasta que, el 23 de diciembre de 1923, en una carta a Primo, el hermano de Rafael Garau, Francisco, renovó las acusaciones contra March. El dictador se sintió obligado a pasar el caso al Tribunal Supremo y el incorruptible Francisco Serra fue designado para instruir la causa. Sin embargo, March recibió el aviso y pudo huir a París disfrazado de sacerdote. Mientras estaba en dicho país, se las arregló para financiar el lujoso exilio de Alba en el hotel Le Claridge de los Campos Elíseos. Francisco Serra fue amenazado por emisarios de March, que también le ofrecieron una enorme suma para que callara. Serra fue destituido y el juez que lo sustituyó en julio archivó la causa. March pudo regresar así a España[453].

El intento más serio de erradicar la corrupción local se debió al director general de la Administración, José Calvo Sotelo. Como discípulo de Antonio Maura y exsecretario particular del mismo, creía que para librar al país del caciquismo era necesario introducir una reforma de la Administración municipal. Sostenía que Maura le había dicho que era su «sagrado deber» aceptar el cargo. Reunió a un equipo de colaboradores de gran talento, entre los que se encontraban los futuros democratacristianos de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas (ANCP), inspirados por Ángel Herrera, director del periódico católico El Debate. La ANCP era una organización de élite en la órbita de los jesuitas, integrada por unos quinientos derechistas católicos destacados y con talento, presentes en la prensa, la judicatura y las profesiones liberales[454]. El más relevante era un estrecho colaborador de Herrera, José María Gil Robles, quien más tarde sería el líder de la derecha legalista durante la República. El Estatuto Municipal de 1924 y el Estatuto Provincial de 1925 debieron mucho a los anteriores intentos de reforma de Maura (1907) y Canalejas (1911). Sin embargo, la loable aspiración de democratizar la vida local, permitiendo la elección de dos tercios de los ayuntamientos, se vio frustrada por la determinación del dictador de controlar todos los aspectos del devenir municipal a través de la presencia continua de los delegados gubernativos, combinada con el poder residual de los caciques[455].

Detrás de la retórica anticorrupción del régimen, había beneficios considerables en juego, y no solo en el ámbito local. En 1924, Primo creó el Consejo de Economía Nacional, un organismo que hizo más por proteger los intereses existentes tanto de la industria como de los grandes terratenientes que por promover el desarrollo. Su junta de gobierno estaba formada por una serie de grupos de presión que representaban a los industriales catalanes y vascos y a la élite agraria. De manera parecida, el Consejo Regulador de Producción Industrial creado en 1926 impuso el control del Estado sobre cualquier nueva empresa industrial, protegiendo eficazmente a las corporaciones existentes contra la nueva competencia. Ambos consejos tendían a la creación de monopolios y, con ellos, a la corrupción. La alegre concesión de monopolios hizo la fortuna de los aliados de Primo. José Juan Dómine, socio de Juan March en la Compañía Trasmediterránea, fletaba trenes especiales para llevar a las multitudes a Madrid a participar en manifestaciones a favor del régimen. No es de extrañar que la Trasmediterránea recibiera importantes subvenciones del Gobierno. Las empresas que tomaron parte en el ambicioso programa de construcción de ferrocarriles de la dictadura también recibieron subsidios desmesurados[456].

Un ejemplo increíble de la laxa actitud del Gobierno frente a las actividades irregulares y corruptas es el del marchante de arte estadounidense Arthur Byne, agente de William Randolph Hearst, un magnate espectacularmente rico y codicioso. Byne organizó la compra y exportación a Estados Unidos, piedra por piedra, a un coste astronómico, de varios edificios históricos, incluido el monasterio de Santa María la Real de Sacramenia (Segovia), lo que contravenía la legislación aprobada por Eduardo Callejo de la Cuesta, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, pese a lo cual, fueron autorizadas. Byne se jactó ante la arquitecta de Hearst, Julia Morgan, de que pudo superar los obstáculos legales gracias a sus fastuosos sobornos a funcionarios del ministerio, entre los que, al parecer, se encontraba el ministro en persona. La aquiescencia oficial a las actividades de Byne se hizo aún más evidente en 1927, cuando el marchante fue condecorado, de manera un tanto curiosa, con la Cruz de Mérito Militar por sus servicios a la cultura hispana[457].

Ministros, altos mandos militares y elementos del partido único del dictador, la Unión Patriótica, no dudaban en utilizar su posición, y la ausencia de una oposición enérgica, para conseguir sinecuras u obtener lucrativos contratos gubernamentales[458]. Según Calvo Sotelo, en la Unión Patriótica había «profesionales del dolo o de la cuquería que, llenos de reservas mentales, solo habían rendido su cerviz en sumisión hipócrita e interesada[459]».

Huelga decir que la corrupción facilitada por la Unión Patriótica palidecía en comparación con la que permitían los vínculos existentes entre las grandes empresas y el Gobierno. Rafael Benjumea y Burín, conde de Guadalhorce, por ejemplo, fue ministro de Fomento y miembro del consejo de administración de la empresa hidroeléctrica Canalización y Fuerzas del Guadalquivir que, en 1925, recibió fondos del Gobierno para pagar la mitad de sus gastos. El hermano de Guadalhorce, Carlos, se benefició de su inversión en la empresa que construyó las carreteras de Oviedo a Gijón, de Madrid a Valencia y de Madrid a Irún[460]. Se concedió un régimen fiscal igualmente favorable a otra empresa hidroeléctrica, la Sociedad Saltos del Alberche, que Guadalhorce creó para construir una presa en el río Alberche, al oeste de Madrid. En su consejo de administración se sentaba el ministro de la Guerra, Juan O’Donnell, duque de Tetuán, quien había entrado en el Gobierno cargado de deudas y moriría rico en 1928[461]. Otros tres ministros civiles tenían relaciones lucrativas con bancos, industriales y terratenientes: José Calvo Sotelo (Hacienda), con el Banco de Cataluña y el Banco Central, de cuyo consejo de administración se convirtió en presidente en cuanto salió del Gobierno; José María Yanguas Messía (Estado), con empresas mineras, y el conde de los Andes (Economía), con los terratenientes. Un amigo íntimo del dictador, José Sanjurjo, presidía la compañía que tenía la concesión del monopolio del transporte aéreo civil en España, Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas, SA (CLASSA), cuyos beneficios procedían en parte de subvenciones públicas. Se decía que Roberto Martínez Baldrich, hijo de Martínez Anido, tenía el monopolio del exterminio de ratas y trabajos de desinfección en todo el país, un apunte involuntariamente irónico teniendo en cuenta el entusiasmo con que Martínez Anido se dedicaba a exterminar a los rojos[462].

De Martínez Anido se rumoreaba también que había amasado una fortuna durante su etapa como gobernador civil de Barcelona. Ahora volvía a hacer uso de fondos gubernamentales para su beneficio personal. Tenía necesidad de silenciar a Pere Mártir Homs, uno de sus secuaces en la organización de asesinatos durante esa época, porque tenía información incriminatoria sobre él. Así, se le estableció sin coste alguno en un piso del Ministerio de la Gobernación y se le gratificó con un abultado salario por su teórico trabajo en la Telefónica[463].

Algunas de las repercusiones más curiosas de la obsesión del dictador por crear monopolios se encuentran en la creación de los estatales de telefonía y petróleo. La International Telephone and Telegraph Corporation de Nueva York recibió la concesión del monopolio de los servicios telefónicos españoles en agosto de 1924. Gracias a las generosas subvenciones y a la exención de impuestos, ITT y sus socios españoles, todos ellos relacionados con Primo —el Banco Urquijo, el Banco Hispano-Americano y financieros catalanes como el marqués de Comillas y el conde Güell— obtuvieron colosales beneficios de este generoso trato[464]. Cuando Calvo Sotelo decidió apoyar la creación de un monopolio del petróleo, dejó su aplicación práctica en manos de su fiel colaborador, el abogado Andrés Amado, que puso manos a la obra junto con José Juan Dómine y el secretario privado de Primo, el teniente coronel José Ibáñez García. El proyecto implicaba enfrentarse a la Royal Dutch Shell y a Standard Oil, huelga decir que con el apoyo entusiasta de la petrolera Porto Pi, propiedad de Juan March. A pesar de las amenazas del presidente de Shell, el angloholandés sir Henri Deterding, los activos e instalaciones de los gigantes extranjeros fueron nacionalizados para crear la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, SA (CAMPSA). Las entidades mercantiles a las que CAMPSA sustituyó recibieron generosas indemnizaciones, que, según se dijo, fueron a parar en parte a los bolsillos de los principales colaboradores de Primo. Por eso se bromeaba con que la sigla CAMPSA correspondía al Consorcio de Amigos de Martínez-Anido y Primo, SA. A pesar de todo, la operación fue un éxito a corto plazo porque los ingresos que CAMPSA proporcionó a las arcas del Estado fueron más del doble de los que anteriormente se recaudaban en concepto de aranceles aduaneros[465]. A largo plazo, no obstante, la operación acabó siendo un desastre porque los créditos concedidos por la banca extranjera, en particular, la Banca Rothschild, para financiar las indemnizaciones mencionadas se convirtieron en una rémora desastrosa para el Estado a raíz del hundimiento de la peseta en 1929. Un crédito de 1.100.000 libras esterlinas, suscrito cuando la libra cotizaba a 29,23 pesetas, venció el 24 de diciembre de 1930, momento en el cual el tipo de cambio había subido a 46,25 pesetas por libra. El asunto le costó al Estado 21.412.000 pesetas más de lo previsto. El reflejo más fiel de la mezcla de corrupción e incompetencia nos lo da la apertura de delegaciones de CAMPSA en cada provincia, que proporcionó empleos bien remunerados a amigos y parientes civiles y militares de los ministros de la dictadura que, como CAMPSA era un monopolio, apenas tenían trabajo que hacer. Todo esto sería denunciado en las Cortes, en mayo de 1934, por Prieto y el ministro radical de Hacienda, Manuel Marraco[466].

El suegro del hijo de Martínez Anido fue nombrado inspector del monopolio en una provincia y uno de sus amigos, en otra. El hijo de Sanjurjo fue designado inspector de Zaragoza. Primo se autoadjudicó León. El teniente coronel Ibáñez y otro de sus ayudantes, el teniente coronel Alfonso Elola Espín, fueron nombrados inspectores nacionales, con sueldos elevados además de su paga de militares[467]. Al ayudante de Martínez Anido, Roberto Bahamonde, se le asignó el recién creado cargo de director general de Abastos, que presuntamente le ofrecía grandes posibilidades de enriquecerse ilícitamente, ya que los proveedores del Gobierno tenían que pagarle sobornos a cambio de contratos. Se inventaron muchos cargos similares, igual de lucrativos, para los compañeros de armas del dictador, y resulta significativo que ninguno fuera ocupado por un oficial de artillería. Cuando los tribunales civiles examinaban algún caso de corrupción, se hacía todo lo posible por trasladarlo a la jurisdicción militar[468].

En una de sus notas oficiosas más desafortunadas, por no decir cómicas, el 5 de julio de 1929, el dictador elogiaba el patriotismo de March por haber puesto su fortuna al servicio del régimen. Hojas Libres estaba llevando a cabo una campaña contra los diversos negocios de March, que fue a protestar, furioso, al dictador y le pidió que diera órdenes a la policía de fronteras de impedir la entrada a España de la publicación. March recibió consternado la respuesta de Primo: «¡Nada, hombre! Eso lo arreglo yo con una nota oficiosa». Y al día siguiente, con gran horror por parte de March, apareció dicha nota, que afirmaba: «Podrá ser cualquiera el origen inicial de la cuantiosa fortuna de este señor; pero lo cierto es que desde que advino el Directorio la puso a su disposición para cuantos fines patrióticos o benéficos se le solicitara». Con ello se daba una publicidad inmensa tanto a Hojas Libres como a la flexibilidad moral financiera de Primo[469].

Ocurrieron diversos casos de fraude que no fueron perseguidos debido a la intervención del Gobierno. Uno de los más tristemente famosos fue el de un banco de Bilbao, el Crédito de la Unión Minera. Por culpa de la incompetencia de sus administradores, la especulación irresponsable y una política de inversión temeraria, el banco se hundió en 1925 con una deuda de 92 millones de pesetas. Algunos de los directivos de la entidad se habían apropiado del dinero de los depositantes, lo que provocó la ruina de muchísima gente. Se encargó al juez Pedro Navarro que investigara el papel del director del banco, Juan Núñez, y de algunos otros altos cargos que habían hecho una auténtica fortuna con el asunto. Entre los detenidos figuraban el conde de Abásolo, el marqués de Aldama y el conde de los Gaitanes, todos ellos amigos de Alfonso XIII. El conde de Floridablanca, yerno de Aldama, pidió la intervención del rey, que llamó inmediatamente al fiscal del Tribunal Supremo, el siempre obsequioso Galo Ponte y Escartín, y le dio orden de poner en libertad a Abásolo, Aldama y Gaitanes. Ponte fue a Bilbao, mandó a Navarro que los soltara, destruyó las pruebas que había contra ellos y castigó a Navarro con un traslado forzoso. El Tribunal Supremo anuló las enormes multas que se habían impuesto a los acusados. Se dijo que el rey recibió un millón y medio de pesetas por su intervención en el caso[470].

A medida que pasaba el tiempo, la corrupción gubernamental se hacía cada vez más habitual, por no decir frenética, ya que era evidente que el régimen tenía los días contados. Los ejemplos más descarados van desde la fortuna que se gastó en su domicilio el ministro de la Marina hasta la campaña de suscripción nacional que el régimen organizó para recompensar al dictador por sus «sacrificios» en pro de España: se informó oficialmente a las empresas y los bancos que su aportación teóricamente voluntaria estaría determinada por su volumen de negocios[471]. El 9 de marzo de 1929, Primo publicó una de sus notas oficiosas más ingenuas e hipócritas, en la que explicaba que el fin de la suscripción nacional era ofrecerle «una casa que fuera albergue decoroso de mi obligado descanso tras la ruda lucha de estos años y solución adecuada del vivir de mi familia». Los «donativos» ascendieron a más de cuatro millones de pesetas.

El motivo que alegaba Primo para traer a colación el tema era su presunta incomodidad por el hecho de que algunos de los responsables de la suscripción se hubieran entusiasmado tanto que los habían acusado de hacer obligatorias las aportaciones. Por eso, Primo invitaba a todos los que se hubieran sentido obligados a contribuir a pedir que les devolvieran el dinero. Y, para que no tuvieran miedo, les aseguró que una parte de los fondos se destinaría a la construcción de oficinas para la Unión Patriótica y el Somatén, cerca de su nuevo domicilio, y también en beneficio de los pobres. De todos modos, para justificar su aceptación del donativo, el dictador manifestó que había permitido a regañadientes que se llevara a cabo la suscripción porque

más que nada, me halagaba la idea de morir tan modesto de fortuna como he vivido y vivo hasta el día, pero procedo así, en primer término, porque creo en conciencia haber prestado al país servicios que justifican este hermoso homenaje; en segundo, porque ello entiendo servirá de ejemplaridad y estímulo en el porvenir; en tercero, porque creo legítimo evitar a mis hijos que anden con la carga de gloriosas preseas y pergaminos, propios y familiares, de piso en piso, como he andado yo cambiando en Madrid una docena de veces de domicilio, y en cuarto, porque tampoco quiero que vivan de precario y alquiladas las oficinas contra los de la Unión Patriótica y el Somatén.

La idea de que el marqués de Estella, terrateniente andaluz, se hubiera visto obligado a autorizar la suscripción para que él y su familia no acabaran en la indigencia provocó una considerable hilaridad[472] A finales de septiembre se anunció que una parte del dinero recaudado por la suscripción popular se había destinado a la adquisición de una casa para el dictador en Jerez[473].. Al cabo de cuatro meses, Primo volvió a poner de manifiesto su ingenuidad en lo relativo a las ventajas de su cargo: en respuesta a las críticas de Hojas Libres por el hecho de que sus hijos y los de Martínez Anido hubieran disfrutado de un viaje oficial a Estados Unidos como «representantes» del recién creado Patronato de Turismo, alabó a los jóvenes por el sacrificio que había representado para ellos dicho viaje[474].

La trayectoria de Primo como capitán general de Barcelona e íntimo de los magnates catalanes del sector textil, además de su pertenencia a una familia de latifundistas de Jerez, le convertía en el defensor pretoriano ideal de los intereses de los industriales y los terratenientes, pero no le aportaba la preparación necesaria para algunos de los problemas a los que se enfrentaba. Sin embargo, al principio Primo fue inmensamente popular. Afable y accesible, era un comilón, un jugador empedernido, aficionado a la bebida y a la jarana, que solía participar en juergas monumentales, pese a lo cual su hija realizó la inverosímil afirmación de que Primo no había probado ni una sola gota de alcohol en la vida[475]. Viudo desde el fallecimiento de su esposa, Casilda Sáenz de Heredia, en junio de 1909, no le hacía ascos a pagar a cambio de los favores de las mujeres. En una ocasión, resultó herido en una pelea provocada por sus excesivas atenciones a la camarera de un local nocturno[476]. Se jactaba de su éxito como galán, como pone de manifiesto el siguiente texto que él mismo escribió para que se incorporase a una biografía semioficial: «Ha sido muy amador. Entre sus amores los hubo altos y plebeyos. De los primeros, poco ha trascendido —es muy reservado en esta materia salvo el que tuvo a su esposa […]—. Más democrático, tuvo un nuevo amor, ya de viudo, una mujer muy chula y muy madrileña que lució su gracia y su garbo como camarera en una afamada cervecería madrileña. Se dice de él que ha sido un gran enamorado, que ha amado mucho; pero también se dice que ha preferido el mariposeo a la constancia». Según su amigo Jacinto Capella, el dictador afirmó que la pérdida de virilidad limitaba sus actividades amorosas[477].

Primo afirmaba que había aprendido lo que sabía de política en el casino de Jerez. En la misma línea, Salvador de Madariaga definió a Primo como un político de salón, «espontáneo, intuitivo, desinformado, impaciente con los retrasos, imaginativo, intensamente patriótico, con tendencia a adoptar una perspectiva simplista de la realidad[478]». El primo del dictador, José María Pemán, decía de la vida de su pariente que era «una locura patriótica y una ausencia de libros[479]». Típica de Primo fue su intención manifiesta de poner fin a la práctica de los funcionarios de ignorar los problemas con el mantra: «Vuelva usted mañana». Dos días después de la instauración del directorio, emitió un decreto ordenando a los departamentos gubernamentales que publicaran una lista de todos los asuntos sin resolver de los cinco últimos años con una justificación razonada del retraso. Como era inevitable, el problema de encontrar funcionarios eficientes y formados para solucionar estas cuestiones no llegó a resolverse. Además, Primo dedicaba un tiempo excesivo a recorrer el país para aprovechar su popularidad, y sobre todo disfrutar de la admiración de las mujeres que iban a verle, y pronunciar discursos patrióticos. También encontraba tiempo para escribir notas a la prensa prácticamente a diario[480].

La accesibilidad de Primo era tan pública y notoria como su locuacidad. Su ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, comentó que «las puertas del despacho de Primo de Rivera no se cerraron jamás a nadie» y que para el dictador «el reloj era un inútil cacharro». Mientras que Calvo Sotelo lo tenía por elocuente, Unamuno lo consideraba «el ganso real […] simplemente un loro[481]». Primo se veía a sí mismo como licenciado en «la universidad de la vida». Le concedieron un doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca el 1 de octubre de 1926, se supone que en agradecimiento al pago por parte del Gobierno de una importante suma que se debía a esta institución. En su discurso, Primo declaró: «Perdonadme la inmodestia, soy doctor en la ciencia de la vida, y en ella y de ella recogí las enseñanzas que me prepararon para el ejercicio del Gobierno[482]». Algunas de sus aparentemente sensatas soluciones a los problemas resultaban atractivas para el gran público. Por ejemplo, en 1927, Calvo Sotelo le convenció de que había conseguido un superávit presupuestario con el truco de escamotear los enormes déficits con la confección de dos presupuestos, uno ordinario y otro «extraordinario» en el que se consignaba el gasto desbocado en obras públicas y la preparación de las grandes exposiciones de Sevilla y Barcelona. Primo lo celebró dedicando parte del «superávit» a desempeñar colchones y ropa empeñados por los pobres. También dispuso que se concediera un subsidio a las familias numerosas y creó un «fondo de calamidades» al que podían acudir los necesitados. En otra ocasión, decidió imponer multas a los hoteles que cobraran de más[483].

Dos contribuciones importantes al periodo de gracia del dictador fueron la repulsión general causada por el caos de los seis años anteriores y el hecho de que su llegada coincidiera con los primeros signos de recuperación económica después de la crisis de la posguerra. La paz social impuesta por Martínez Anido mediante la represión a la CNT y el PCE, junto con la colaboración del movimiento socialista, perduró hasta 1928. Los incrementos salariales, la mejora de los servicios sociales y la reducción del paro —en parte gracias a los ambiciosos programas de obras públicas de Primo, entre los que se incluía el impulso a la construcción de viviendas baratas— neutralizaron la radicalización de la clase obrera, al disfrutar esta de cierta prosperidad. Los primeros años de la dictadura coexistieron con un auge de la economía internacional y fueron testigos de un desarrollo significativo de las industrias de la construcción, química, siderúrgica y de generación de electricidad. El régimen llevó a la práctica muchas de las demandas de los ideólogos del regeneracionismo, creando grandes infraestructuras de regadío y una modernización significativa de las redes de transportes y comunicaciones. En 1928 circularon graves acusaciones de que los amigos del rey y de Primo se habían enriquecido con negocios relacionados con grandes proyectos de regadío. Se comentaba que el precio oficial pagado por el Gobierno por el canal del Henares en Guadalajara y el canal del Esla en León estaba muy inflado en relación con el precio real y que la diferencia se la habían embolsado los implicados[484]. Las mejorías en comunicación se lograron mediante la construcción de puertos y aeropuertos y de un trazado de carreteras y ferrocarriles que tardaría treinta años en dar fruto. Se organizaron dos exposiciones que cosecharon gran éxito y prestigio, aunque resultasen muy caras: la Exposición Iberoamericana de Sevilla y la Exposición Internacional de Barcelona[485]. Sin embargo, el control financiero de los distintos planes de desarrollo era escaso, la corrupción estaba generalizada y las empresas de reciente creación obtenían enormes beneficios. Más tarde, el rey fue acusado de percibir sobornos para ayudar a dichas compañías a obtener contratos favorables, y el dictador, de lucrarse con el reparto de contratas del Gobierno. Cuando el marqués de Cortina denunció algunos de estos escándalos en un semanario económico especializado, clausuraron la publicación y a él lo detuvieron y lo desterraron a Canarias. Las referencias a los chanchullos eran silenciadas por la censura, pero las denuncias en las publicaciones del exilio eran devoradas con avidez por quienes podían conseguir ejemplares de contrabando[486].

José María Pemán comentaba que Primo tenía una necesidad patológica de adulación pública, lo que él denominaba «hambre de masas[487]». La popularidad relativamente efímera del dictador también debía mucho a la maquinaria gubernamental. La censura general y la organización de manifestaciones masivas de apoyo le permitieron proclamar que todos los españoles de verdad lo amaban y que «la opinión está conmigo», incluso después de 1926, cuando el descontento había empezado a aumentar. La organización de multitudes que aclamaban al dictador en los desfiles y manifestaciones del Somatén y de la Unión Patriótica podría considerarse parte de la corrupción oculta del régimen, ya que suponía un coste enorme para las autoridades municipales o provinciales, según el caso, o para el Gobierno nacional[488]. Se daba, pues, un proceso bidireccional en el que los esfuerzos por influir en la opinión pública retroalimentaban la convicción del dictador de que todos los españoles de bien le adoraban. Un elemento clave de este aparato de propaganda fue la expropiación forzosa de sesenta periódicos regionales y la creación por Martínez Anido del diario La Nación, cuyo director era el filofascista Manuel Delgado Barreto, operación que financió en parte Juan March; sin embargo, La Nación jamás superó los cincuenta mil ejemplares de tirada, muchos de los cuales se vendían o regalaban en las sucursales de la Unión Patriótica. De la revista bimensual oficial del partido, Unión Patriótica, nunca se vendieron más de quince mil ejemplares[489]. A pesar de estas malas ventas, el hermano de Delgado Barreto, Leoncio, con la aprobación de Martínez Anido, conseguía dinero para el periódico chantajeando a las autoridades locales con la amenaza de insertar artículos muy críticos sobre su ciudad o provincia[490].

Toda la prensa se convirtió en vehículo de la propaganda del régimen, sobre todo por lo que se refiere a las «notas oficiosas» diarias dirigidas a la población escritas por el dictador en persona, a menudo redactadas de madrugada después de volver borracho de una noche de jarana. Los editoriales de la prensa independiente quedaban anulados por las divagaciones egocéntricas de Primo. Su egolatría lo convirtió en blanco de numerosas burlas. Por ejemplo, en una de estas «notas oficiosas», el dictador afirmaba que el rey le había preguntado dónde había aprendido a gobernar, a lo que supuestamente él contestó: «En el casino de Jerez», y el rey, al parecer, fascinado, repuso: «Es verdad. Tú has vivido la vida del pueblo». En otra ocasión, Primo escribió: «A mi paso, las mujeres se abren, en dos filas para ver pasar al salvador de la patria». Su convencimiento de que las mujeres lo adoraban era constante. En enero de 1926, en un banquete celebrado en su honor, uno de los dignatarios presentes le rogó que no renunciara al poder. Primo contestó, sorprendido: «¿Por qué? Si cuando salgo por esos pueblos las mujeres alzan sus hijos para que me conozcan y vean en mí el Salvador de la patria; […] si cuando salgo todos los domingos solo, a pie, por esas calles, con mi capa española, son los días que tengo las ovaciones más claras, más populares, si en esos días es cuando veo alegres jóvenes y seductoras modistillas que vienen a tirarme de los pliegues de la capa, para ver si efectivamente soy el general Primo de Rivera». Incluso se quejaba en sus notas oficiosas de que la prensa no reflejaba adecuadamente la admiración y el afecto que le profesaban las mujeres[491]. Todos los periódicos españoles estaban obligados a publicar las notas gratuitamente y también se colocaban en la prensa extranjera, pese al coste exorbitante que esto suponía[492].

Primo prohibió las críticas al régimen fascista en la prensa española. Pero, aunque le encantaba que lo comparasen con Mussolini, no tenía interés alguno en emular el orden ostensiblemente anticapitalista del régimen fascista. El autoritarismo conservador de Primo se basaba en la idea de que el Ejército era la encarnación de la nación y, por lo tanto, se trataba de imponer un Estado fuerte para combatir las amenazas del anarquismo y el comunismo bolchevique y superar las ineficiencias y la corrupción del sistema parlamentario. Lo más parecido al partido fascista italiano era su partido único, la Unión Patriótica, cuyo modelo eran las distintas Uniones Patrióticas de varias provincias de Castilla, creadas por los seguidores de Ángel Herrera. La ideología de la Unión Patriótica se basaba, en teoría, en el socialcatolicismo de la Confederación Nacional Católico-Agraria y la Asociación Nacional Católica de Propagandistas. Herrera era un ferviente partidario del nuevo régimen y ardía en deseos de ver la creación de una organización de masas que lo sustentara. Sin embargo, gran parte de la retórica del partido era extremista, como la afirmación del amigo y primo del dictador, José María Pemán, de que «es tiempo de escoger definitivamente entre Jesús y Barrabás». Para Pemán, la nación estaba amargamente dividida entre la anti-España, que comprendía todo lo heterodoxo y extranjero, y la España auténtica de los valores religiosos y monárquicos tradicionales[493].

La creación de la Unión Patriótica, anunciada en abril de 1924 y organizada a lo largo de los dieciocho meses siguientes, pretendía consolidar los logros de Primo después de que el poder pasara de manos de los militares a los civiles. En el fondo, se trataba menos de un partido que de una organización de las clases altas y medias que deseaban manifestar su apoyo al régimen y así obtener los beneficios correspondientes. La cuota de afiliación, por la módica cantidad de una peseta al año, se convirtió en un requisito no oficial para contar con el favor del Gobierno. Su organización era tarea de los delegados gubernativos, cuya labor era especialmente fácil en las provincias en que la CNCA era más fuerte, es decir, en Castilla la Vieja y León, así como en las regiones dominadas por los caciques, como Andalucía y Extremadura. Casi la mitad del total de militantes procedían de Cáceres y Huelva. Los delegados a menudo acababan viéndose obligados a favorecer a los caciques de un bando o a los del bando rival. La Unión Patriótica era especialmente débil en las zonas donde el caciquismo no tenía arraigo. En Barcelona, por ejemplo, que representaba menos del 4 por ciento del total de militantes, muchos de ellos acudían a la sede de la UP a leer la prensa o jugar a las cartas[494].

Por otro lado, en lo que concierne a los esfuerzos de Romanones y otros por forzar el retorno a la normalidad constitucional irritaron severamente al rey. En abril de 1925, Alfonso declaró precipitadamente en una entrevista para el periódico Paris-Midi: «¡La Constitución! ¡Qué palabra más ligera ante la seguridad y la calma que vuelven a serle restituido al pueblo! […] Si se volviese a abrir el Parlamento, se vería cómo los viejos partidos que llevaban al país a la ruina, volverían a reanudar sus disputas y continuar con sus charloteos desde el punto preciso en que fueron interrumpidos por el general Primo». El rey comentó asimismo a los hijos de Romanones que estaba «resuelto a que sea permanente la situación actual». No se daba cuenta de que, al hacerlo, empujaba a muchos liberales y conservadores desde la pasividad hacia la oposición activa[495].

En cualquier caso, en los primeros meses de la dictadura, las amenazas a la posición de Primo era más probable que vinieran del Ejército que de los trabajadores. Los oficiales africanistas, y de hecho muchos otros, habían mostrado escaso entusiasmo por el golpe. Informaron al dictador de que, al enterarse del pronunciamiento, el general Queipo de Llano había exclamado: «¡Le dan el poder a Miguel Primo! ¡Nos llevará a la anarquía!». Queipo y Primo habían sido buenos amigos, pero en ese momento dio comienzo una enemistad que iría a más, porque el siempre irascible Queipo se negó a cumplir las exigencias de Primo de sumisión total[496]. Los africanistas sabían muy bien, para su consternación, que Primo, como era público y notorio, estaba convencido de que España tenía que abandonar el protectorado marroquí, y lo consideraban un insulto a la memoria de sus camaradas que habían muerto en glorioso sacrificio patriótico[497]. Un caso típico en este sentido era el de una estrella emergente de la Legión, el teniente coronel Francisco Franco Bahamonde, uno de los militares favoritos del rey, que, en enero de 1923, lo había nombrado gentilhombre de cámara, es decir, miembro de una reducida élite de cortesanos militares. Eso ayudó a que, cuando el lunes 22 de octubre de 1923 Francisco Franco se casó en Oviedo con María del Carmen Polo, Alfonso XIII fue su padrino in absentia. Por tradición, se exigía a los oficiales de alto rango que, al casarse, «besaran la mano» al rey, lo que Franco hizo a finales de ese mismo mes.

En años posteriores, el mismo Franco afirmaría que, al verse para el besamanos, el rey le preguntó por la opinión del ejército de África sobre el reciente golpe y la situación militar en Marruecos. Franco afirmó haberle dicho que el Ejército desconfiaba de Primo, porque este creía necesario abandonar Marruecos. Cuando el rey manifestó que el problema marroquí no tenía solución, la presunta respuesta de Franco fue que se podía derrotar a los «rebeldes» y consolidar el protectorado español. Franco habría argumentado que, hasta ese momento, las operaciones españolas habían sido inconexas, al limitarse a hacer retroceder a las tribus rebeldes de un trocito de territorio a otro, intentando conquistarlo para luego reconquistarlo cuando los expulsaban del lugar. Primo de Rivera había sido destituido como gobernador militar de Cádiz en 1917 por expresar esa misma opinión. En el Senado, el 25 de noviembre de 1921, había calificado con desdén la guerra como una serie de escaramuzas, para declarar: «Yo estimo, desde un punto de vista estratégico, que un solo soldado español más allá del Estrecho es perjudicial para España». Por haber afirmado que el único valor del protectorado marroquí era como moneda de cambio por Gibraltar, fue destituido como capitán general de la región militar de Madrid[498]. En su conversación con el rey, Franco defendió la misma idea que había provocado la dimisión de Martínez Anido en agosto: que, en lugar de resignarse a una sangría interminable de hombres y materiales, España debía emprender una ofensiva total contra el centro de operaciones de Abd el-Krim. La ruta más directa era por mar hasta la bahía de Alhucemas. Alfonso XIII se supone que reaccionó organizando una cena de Franco con Primo para que le contara su plan[499].

Suponiendo que esa cena tuviera lugar, las ideas típicamente africanistas de Franco no debieron de sorprender a Primo. El propio Franco ya había publicado un diario en el que expresaba su opinión de que todo podía resolverse en Alhucemas: «el foco de la rebelión antiespañola, es el camino a Fez[500]». Aunque más tarde el futuro dictador presentara la idea del desembarco de Alhucemas como de cosecha propia, los planes en la zona los había trazado el Estado Mayor mucho antes de la conversación de Franco con el rey[501]. El entonces teniente coronel no podía haberle dicho al dictador nada que este no supiera. Primo estaba profundamente preocupado por la sangría económica que suponía la guerra colonial, pero no era tan temerario como para creer que podía ir en contra del criterio de los africanistas. Por lo tanto, dio instrucciones al embajador en Londres, el marqués de Merry del Val, para que propusiera al Gobierno británico el intercambio de Gibraltar por Ceuta. Si se hubiera aceptado el plan, Primo habría podido presentar la retirada de Marruecos como un triunfo. Sin embargo, por razones estratégicas evidentes, Londres no tenía ningún interés en abandonar el Peñón, con sus defensas excepcionales[502]. Además, en la primavera de 1924, el poder de Abd el-Krim había crecido enormemente. Presentándose como caudillo de un amplio movimiento nacionalista bereber, se propuso instaurar una república socialista independiente. En marzo, volvió a atacar a Tizzi Azza. Numerosas tribus aceptaron su liderazgo y, después de autoproclamarse «emir del Rif», en 1924, solicitó formalmente el ingreso de la República del Rif en la Sociedad de Naciones[503].

La confianza de Abd el-Krim reflejaba el hecho de que, en el curso de las ofensivas posteriores al desastre de Annual, los españoles habían reconquistado la zona que rodeaba a Melilla, pero, aparte de eso, el territorio seguro español consistía solo en las plazas de Ceuta, Tetuán, Larache y Xauen. El alto comisario, el general Luis Aizpuru Mondéjar, había propuesto lanzar una importante ofensiva desde Melilla. Primo de Rivera le había respondido que era imposible, ya que España simplemente no podía permitirse mantener 115.000 soldados en Marruecos. Primo estaba convencido de que la pacificación total del protectorado estaba fuera del alcance de España y de que aferrarse a la soberanía de los territorios africanos contando solo con una serie de blocaos carentes de agua e indefendibles era ridículo; sin embargo, creía que noventa mil hombres eran suficientes para repeler el avance de Abd el-Krim. En un discurso pronunciado en Zaragoza, anunció la retirada inmediata de veinticinco mil efectivos. El número de soldados de reemplazo de 1924 se redujo en un 20 por ciento y se licenciaron anticipadamente más de cincuenta mil reclutas[504]. Muchas guarniciones se vieron seriamente perturbadas por los rumores de que estaban a punto de recibir órdenes de retirarse. Se habló de que, en caso de retirada de Xauen, muchos oficiales, incluido Franco, solicitarían el traslado a la Península. Primo, que estaba al tanto de la situación, decidió inspeccionar personalmente el territorio en julio de 1924, a pesar de los temores del alto mando local de que sería recibido con hostilidad. Más tarde se alegó que algunos oficiales, incluido Franco, habían conspirado para tomar al dictador como rehén si este defendía el abandono del protectorado[505].

Durante la visita de Primo al protectorado, en Ben-Tieb, el 19 de julio de 1924, se produjo una anécdota que se convirtió en la base de otro mito sobre Franco. Se trata de una cena en la que, según la leyenda, Franco dispuso que se sirviera al general un menú basado enteramente en huevos[506]. El mensaje estaba claro: el visitante no los tenía y a la Legión, le sobraban. En 1972, Franco negó que se hubiera servido ese menú, pero en su momento la anécdota circuló ampliamente. De lo que no cabe duda es de que Franco pronunció un vehemente alegato en defensa de que el Marruecos español no fuera abandonado. Haciendo gala de un valor considerable, dada la hostilidad del entorno, Primo reprendió tranquilamente a Franco por su insubordinación y le explicó con firmeza la lógica de los planes de retirada. Argumentó que las inevitables bajas eran un precio excesivo por la conquista de Alhucemas y preguntó: «¿Vosotros no creeréis que disfrutáis del monopolio del patriotismo?», lo que provocó silbidos y abucheos. Sanjurjo, que acompañaba a Primo, le diría más tarde a José Calvo Sotelo que, temiendo que las cosas se le fueran de las manos, había mantenido la mano en la culata de la pistola durante los discursos. El de Primo fue acogido con un silencio sepulcral. El principal testigo ocular de los hechos, el periodista Emilio Herrero, cuenta que vio a un legionario sacar la pistola con la intención de usarla. Más tarde, Herrero fue detenido en Madrid por haber publicado su relato sobre lo ocurrido en Ben-Tieb[507]. Años más tarde, en su inverosímil narración de los hechos, Franco le indicó a su biógrafo oficial, Ricardo de la Cierva, que Primo no había dado importancia al incidente, sino que lo había invitado a su alojamiento, donde comentaron durante dos horas la necesidad de un desembarco en Alhucemas. Eso es muy improbable. De hecho, otros oficiales creían que debería haber juzgado a Franco en consejo de guerra[508].

El abandonismo de Primo no pretendía la simple retirada y capitulación de los españoles ante Abd el-Krim, sino que seguía una complicada estrategia de enfrentar a El Raisuni con Abd el-Krim. Si dicha estrategia fracasaba, como fue el caso, las fuerzas españolas se retirarían tras una nueva línea defensiva. Se trataba de impedir que llegasen al enemigo municiones y alimentos y, al mismo tiempo, de aplicar una táctica de tierra quemada mediante el bombardeo de las aldeas del Rif y las granjas de los alrededores con bombas incendiarias, de fosgeno, de cloro y de gas mostaza, así como de dotar a las ametralladoras montadas en los aviones de cartuchos de gas tóxico. En su discurso de Zaragoza, Primo declaró: «En las próximas operaciones intervendrá activamente la Aviación, para imponer castigo a la morisma, con objeto de que reconozca nuestra soberanía. Hay que seguir actuando pero con los menos hombres posibles[509]».

La idea de que el comportamiento insubordinado de Franco y otros oficiales de la Legión debilitaba el compromiso de Primo de abandonar Marruecos acabó siendo desmentida. Con independencia de las opiniones de los africanistas, el abandonismo era inmensamente popular entre la población civil. La intención de Primo era reducir el número de efectivos a unos cincuenta mil hombres antes de finales de septiembre[510]. Sin embargo, los intentos españoles de llegar a un acuerdo con El Raisuni, que estaba muy enfermo, habían afianzado el apoyo a Abd el-Krim, con quien no habían fructificado las conversaciones de paz. Ya antes de su visita de reconocimiento a Marruecos, Primo había aceptado retirar las fuerzas españolas a una nueva línea de defensa y confiar más en la campaña de bombardeos. La consolidación del territorio español supuso el abandono de las posiciones próximas a Melilla por el este y una actividad mucho mayor al oeste. Hubo que realizar operaciones de socorro a varias posiciones asediadas cerca de la costa y de Tetuán, la más importante de las cuales era la ciudad santa de Xauen[511].

El abandono de las posiciones perdidas después de Annual y luego recuperadas a costa de una cifra enorme de bajas indignó a los africanistas, que tuvieron que reconocer, no obstante, que había que hacer algo para aliviar a los sitiados de Xauen. Una columna encabezada por el general Castro Girona tardó más de una semana en atravesar entre combates los sesenta kilómetros que separan Tetuán de Xauen, adonde llegaron el 2 de octubre. Durante las cuatro semanas siguientes, unidades de posiciones remotas se concentraron en esta localidad hasta que, a principios de noviembre, había reunidos diez mil hombres en Xauen, muchos de ellos heridos, la mayoría, agotados. Urgía evacuarlos. Primo asumió toda la responsabilidad y se autonombró alto comisario de España en Marruecos el 16 de octubre. Regresó a África y ubicó su Estado Mayor en Tetuán. La evacuación de los habitantes españoles, judíos y árabes proespañoles de Xauen era una tarea de enormes proporciones. Subieron a mujeres, niños, ancianos y enfermos en camiones y una larga y vulnerable columna partió de la ciudad el 15 de noviembre. Avanzaban lentamente y de noche, con la Legión cubriendo la retaguardia, bajo el mando de Franco. Después de cuatro semanas de constante hostigamiento de los cabileños, y con un retraso considerable debido a las tormentas que habían convertido los caminos en un barrizal, llegaron a Tetuán. La evacuación se llevó a cabo con un precio de casi 2.000 muertos y 5.800 heridos, pero impidió que Xauen se convirtiera en un segundo Annual[512].

Lo que cambió la política de Primo no fue la insubordinación de los africanistas, sino el grave error que cometió Abd el-Krim el 13 de abril de 1925. Después de entrar en Xauen, capturó a El Raisuni en enero de 1925 y, rebosante de confianza en su ambición de crear una república socialista, invadió el Marruecos francés, al principio, con éxito. Sus fuerzas llegaron a menos de treinta kilómetros de Fez. El mariscal Hubert Lyautey, el general residente en el protectorado francés, solicitó una alianza con España contra los rebeldes del Rif. La posterior conferencia francoespañola, celebrada en Madrid del 17 de junio al 25 de julio de 1925, estableció las condiciones de paz que debían ofrecerse a Abd el-Krim y, si se negaba, un acuerdo para realizar operaciones militares conjuntas contra él. Ambas partes temían la posibilidad de que Abd el-Krim crease un Estado rifeño independiente. Creyendo que Moscú estaba detrás de una sublevación general de los musulmanes contra la Europa cristiana, Primo finalmente decidió poner en práctica el plan de invasión de Alhucemas que había permanecido en letargo durante tanto tiempo[513] Escribió a Sanjurjo mientras se celebraba la conferencia: «me temo que Abd el-Krim sea inducido a formar un Estado independiente[514]».

Fue así que se celebraron conversaciones sobre la colaboración contra Abd el-Krim entre Primo y el mariscal Philippe Pétain, inspector general del Ejército francés, que sustituyó al gravemente enfermo Lyautey como comandante en jefe de las fuerzas francesas en Marruecos. El 8 de septiembre de 1925, una invasión desde el sur por una fuerza de ciento sesenta mil tropas coloniales francesas coincidió con el desembarco de setenta y cinco mil soldados españoles en Alhucemas, que precedió al victorioso asalto al cuartel general de Abd el-Krim en Axdir. El contingente español, bajo el mando del general Sanjurjo, fue transportado en barcos de la Compañía Trasmediterránea de Juan March. Franco estaba al mando del primer grupo de tropas que desembarcó y tenía la responsabilidad de establecer una cabeza de puente. En realidad, toda la operación estuvo caracterizada por la mala organización y la planificación inadecuada de Sanjurjo, pese a lo cual Axdir cayó el 2 de octubre y la casa de Abd el-Krim fue saqueada. A finales de noviembre, los rebeldes estaban en franca retirada, aunque el líder del Rif seguía libre y controlaba gran parte del territorio. Primo regresó a Madrid, tras nombrar a Sanjurjo alto comisario. Se inició un proceso de teórica «pacificación», que en la práctica fue de feroz represión. El 26 de mayo de 1926, Abd el-Krim se entregó a las autoridades francesas[515].

En 1926 se concedió al Rif una autonomía limitada en los ámbitos agrícola, económico y administrativo, aunque continuara bajo la autoridad militar de España. Así se resolvió el problema de Marruecos y, con él, la paralizante sangría de las arcas españolas. Esta victoria se consideraría más adelante el mayor logro de Primo y, en ese momento, abrió el camino a la conversión del Directorio Militar en un Directorio Civil[516]. Dicho esto, sería un error atribuir a Primo todo el mérito, como hizo, entre otros, José Calvo Sotelo: «Esta insuperable proeza fue obra personal, personalísima e intransferible, de Primo de Rivera. Todo el mundo se oponía al plan[517]». Gabriel Maura escribió que «ese triunfo de España no se alcanzara, de seguro, sin la personal intervención del Marqués de Estella». De hecho, las fuerzas españolas tuvieron mucha suerte, ya que el desembarco se produjo en un día diferente, a una hora diferente, en una playa diferente y con tácticas diferentes a las establecidas en los planes del Estado Mayor[518].

Es cierto que la idea de un desembarco en Alhucemas como paso previo a la invasión de las montañas de Beni Urriaguel se había considerado durante mucho tiempo como la única forma de controlar el Rif y que Primo de Rivera proporcionó la iniciativa necesaria para que esto ocurriera. Desde luego, se llevó el mérito, y escribió al duque de Tetuán que el rey lo había felicitado por la decisión de llevar adelante la operación y se disculpó por haberse opuesto a ella[519]. Gracias a su victoria, recibió numerosos honores, entre los que destaca la concesión de la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar de España, con una pensión anual hereditaria de diez mil pesetas. También fue nombrado «hijo adoptivo» de Madrid, Barcelona y otras ciudades. El Ayuntamiento de Jerez encargó una estatua suya y el Gobierno exigió a los consistorios que hicieran donaciones «espontáneas» para cubrir los gastos. Incluso se propuso que el rey lo nombrara príncipe del Rif[520]. Si Primo hubiera renunciado en 1926, cuando la economía todavía estaba boyante, habría sido recordado como un gran estadista y héroe nacional. Por desgracia, su éxito acabó de convencerle de que era una figura providencial capaz de resolver todos los problemas de España.

Irónicamente, el aparente apogeo de la popularidad de Primo coincidió con el surgimiento de la oposición. La ilegalización de las actividades sindicales de la CNT y los despiadados métodos de Martínez Anido para perseguir y detener a los activistas anarquistas provocaron un retorno a las tácticas insurreccionales. En 1927 se creó la Federación Anarquista Ibérica, de línea dura. La oposición de Ángel Pestaña a la medida prefigura las divisiones del movimiento anarquista durante los años treinta[521]. Ya se había producido una gran redada contra los anarquistas radicales a raíz del asesinato, el 7 de mayo de 1924, de Rogelio Pérez Vicario, el recién nombrado verdugo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Pérez Vicario era prácticamente desconocido y sus guardaespaldas salieron ilesos del atentado, por lo que este ataque tenía todas las características propias de las operaciones de Martínez Anido y puede afirmarse casi con toda seguridad que fue obra de agentes provocadores de la policía, que buscaban justificar la clausura de los locales sindicales y la detención de docenas de anarquistas que se produjeron ese mismo día[522].

En la no muy eficaz resistencia a la dictadura participaban no solo los anarquistas, sino también varios grupos republicanos en el exilio, liderados por Marcelino Domingo, así como la recién surgida oposición catalanista. Se constituyó en París un comité revolucionario extremadamente heterogéneo, que Santiago Alba prometió financiar[523]. Las esperanzas de la Lliga Regionalista y del Foment de Treball Nacional de que el apoyo al golpe de Primo proporcionara autonomía financiera a Cataluña habían sido traicionadas, pero eso no había disminuido su necesidad de las artes represivas de Martínez Anido. En consecuencia, las medidas anticatalanas del régimen hicieron que la bandera del nacionalismo pasara a formaciones de izquierda y republicanas como Esquerra Republicana de Catalunya y Estat Català. El líder de este último era un exingeniero militar, el coronel Francesc Macià. Católico practicante y de talante conservador, Macià se había convertido en ferviente nacionalista en reacción a lo que consideraba los engaños de Madrid. En su evolución, se había hecho amigo de Ángel Pestaña y de Seguí, cuyo asesinato había contribuido a radicalizarlo[524].

La actuación del flamante comité revolucionario parisino se vio perjudicada por dos acciones precipitadas de los anarquistas radicales, cuyas figuras más destacadas eran Durruti y Juan García Oliver. La primera fue un fatídico atentado contra el cuartel barcelonés de las Atarazanas que provocó numerosas detenciones, entre ellas la de Ángel Pestaña. Dos anarquistas fueron juzgados en consejo de guerra sumario y ejecutados a los tres días[525]. La otra acción, igualmente precipitada, revistió la forma de dos incursiones a través de la frontera. Después de recibir información falsa de agentes provocadores de la policía de que era inminente un levantamiento revolucionario de masas, varios grupos pequeños cruzaron la frontera con Francia cerca de Vera de Bidasoa (Navarra) el 6 de noviembre de 1924. Uno de los grupos se enfrentó a la Guardia Civil y a los Carabineros. En el tiroteo posterior, murieron tres paisanos y dos guardias civiles. Dos años más tarde, una invasión parecida, pero en este caso, en la provincia de Gerona, fue desarticulada por la policía francesa antes de que comenzara propiamente, como veremos más adelante[526].

Cuatro de los detenidos en Vera de Bidasoa fueron juzgados en consejo de guerra el 14 de noviembre y declarados inocentes de la muerte de los guardias civiles por falta de pruebas. El comandante de la Guardia Civil, el general Ricardo Burguete, se indignó con el veredicto. Convenció al capitán general de la región militar de Burgos de que encarcelara a los oficiales que habían actuado como jueces y destituyera al fiscal del cuerpo jurídico militar, Carlos Blanco Pérez. Se ordenó la celebración de un nuevo juicio en el que el capitán general exigió la pena de muerte para tres de los acusados y seis años de prisión para el cuarto. Los tres primeros fueron declarados culpables y condenados a muerte. Dos fueron ejecutados a garrote vil y el tercero, Pablo Martín, se suicidó lanzándose de cabeza desde un balcón al patio de la prisión[527]. Tanto la infiltración de grupos anarquistas en Francia como la participación del siniestro capitán Julio de Lasarte apuntaban a la manipulación policial del asunto. Tras su muerte el 29 de enero de 1924, Arlegui fue sustituido como director general de Seguridad por el general Pedro Bazán Esteban, otro amigo de Martínez Anido, que conservó al equipo de Arlegui, incluyendo, como jefe de la policía secreta (la Brigada de Investigación Social o BIS), a Santiago Martín Báguenas y a su adjunto, Luis Fenoll Malvasía[528].

La ejecución judicialmente discutible de los tres hombres declarados culpables de las muertes en el episodio de Vera de Bidasoa indica que el régimen, aunque ni por asomo tan sanguinario como el de Franco, utilizaba el código de justicia militar para facilitar el recurso a la pena de muerte. Se dictaron y ejecutaron penas de muerte para los autores del asalto al expreso Madrid-Andalucía, perpetrado cerca de Aranjuez la noche del 11 de abril de 1924, en el curso del cual un empleado del ferrocarril y uno de los ladrones fueron asesinados a tiros. Como Martínez Anido estaba decidido a presentar este caso de delincuencia común como parte de un complot comunista, era necesario que los hechos se juzgaran en consejo de guerra. Galo Ponte, fiscal del Tribunal Supremo, pasó encantado el caso a los militares, que dictaron tres sentencias de muerte, de las que al menos una era de dudosa validez. Los atracos a mano armada perpetrados el 12 de mayo de 1924 en un casino de Badalona y en Zaragoza, el 28 de julio de 1927, siguieron un curso parecido, y sus autores fueron condenados a muerte en consejo de guerra[529].

El 3 de diciembre de 1925, animado por la popularidad que le otorgaba la victoria de Alhucemas, Primo dio un paso más en la institucionalización de su régimen hasta entonces provisional. Con la entusiasta aprobación de Alfonso XIII, instituyó un Directorio Civil. Comprometiendo el futuro de la monarquía con Primo, el rey otorgó su confianza al directorio y dio a Primo plenos poderes para formar y presidir gobiernos[530]. Este mantuvo en su gabinete a Martínez Anido, en calidad de todopoderoso vicepresidente y superministro de la Gobernación. Un problema inmediato fue que algunos funcionarios civiles se mostraron menos dóciles que el personal militar al que sustituyeron. El subsecretario del Ministerio de Trabajo, Juan Flórez Posada, se tomó en serio la retórica anticorrupción del régimen. Lo destituyeron tras apenas seis semanas en el cargo, por escribir informes críticos sobre dudosas iniciativas financieras en las que participaban altos cargos del régimen, incluido el rey[531].

Los ministros civiles más poderosos fueron el ingeniero Rafael Benjumea y Burín, conde de Guadalhorce, titular de Fomento; José Calvo Sotelo, titular de Hacienda, y el catalán Eduardo Aunós, antiguo diputado de la Lliga Regionalista por Lérida, que se hizo con la cartera de Trabajo, Comercio e Industria. Aunós, antiguo secretario privado de Cambó, sería descrito por Amadeu Hurtado como «aquell jove gros i ensopit» («ese joven gordo y zonzo[532]»). El control de Primo sobre el poder judicial se remachó con el nombramiento del notoriamente incompetente y corrupto Galo Ponte, quien, siendo magistrado en Sevilla, había enviado en 1923 a Primo un entusiasta telegrama felicitándolo por el éxito de su golpe. Como recompensa por su adulación, Ponte fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo. Por sus servicios al régimen, incluida la elaboración del mecanismo por el cual el caso del robo del expreso de Andalucía pudo ser juzgado por un consejo de guerra y también por su papel en el caso del Crédito de la Unión Minera, fue recompensado de nuevo con el nombramiento de ministro de Justicia en el Directorio Civil[533].

La principal tarea de Galo Ponte como ministro era limitar la poca independencia que le quedaba al poder judicial. Un decreto del 16 de mayo de 1926 otorgó al Gobierno la facultad de imponer sentencias sin más límite que «el bien del país». Además, se suspendieron todos los obstáculos jurídicos a esta medida y no cabía interponer otro recurso a dichas sentencias que ante el propio Consejo de Ministros. Otro decreto del 14 de junio de 1926 creó el llamado «Consejo Judicial», con la facultad de revisar cualquier decisión de la judicatura y de destituir a cualquier juez cuyas acciones desagradaran al Ejecutivo. Otro decreto del 14 de octubre de 1926 otorgaba al Gobierno el poder de revocar los fallos del Tribunal Supremo, lo que eliminaba toda posibilidad de apelación judicial contra las decisiones gubernamentales. En respuesta a la creciente oposición al régimen, se eliminó cualquier vestigio de autoridad del poder judicial sobre el Ejecutivo. Otro decreto del 22 de diciembre de 1928 le concedía la facultad de destituir, trasladar o jubilar forzosamente a cualquier juez, magistrado o fiscal, unas atribuciones que amplió un nuevo decreto del 3 de febrero de 1929 que permitía al Gobierno trasladar, suspender o destituir a cualquier funcionario que manifestara hostilidad al régimen o que obstaculizara sus políticas de alguna manera[534].

Las distintas ilegalidades cometidas por Ponte provocaron su detención en los primeros días de la Segunda República. Con todo, el futuro presidente del Consejo de Ministros y posteriormente de la República, Manuel Azaña, había ocupado un cargo de segunda fila en el ministerio de Galo Ponte. Este escribiría en su diario el 2 de septiembre de 1931 que sentía lástima por él, ya que había perdido su empleo; la República había dejado a los ministros de Primo sin cesantía (es decir, sin indemnización por despido) y los abogados que habían sufrido su arrogancia hacían todo lo posible para que no pudiera conseguir trabajo: «está en la miseria y no hay nadie de sus antiguos colaboradores y sicarios que le socorra. Come del rancho de los presos». En el juicio contra Galo Ponte, lo defendió el hijo del dictador, José Antonio[535].

A principios de 1926, Primo comenzó a manifestar su cansancio y su voluntad de que el rey nombrara a un sucesor al frente del Directorio Civil, un asunto que abordó con Juan de la Cierva y el conde de Guadalhorce[536]. Pero sus conversaciones quedaron en nada y, al llegar el verano de 1926, Primo daba vueltas a la idea de un seudo-Parlamento que legitimase su régimen. Se trataría de una Asamblea Nacional corporativa, no electa, que «de ninguna manera compartirá la soberanía ni con el rey ni con el Gobierno, que seguirá ejerciendo la dictadura en la forma templada que hasta ahora lo ha hecho». En septiembre de 1926, en el aniversario del golpe original, se celebró un plebiscito para determinar si el plan contaba con apoyo popular. No había controles para evitar el fraude. Se distribuyeron papeletas en blanco en los centros de votación atendidos por miembros de la Unión Patriótica y el Somatén. A pesar de la falta de supervisión legal y la colosal propaganda a favor del régimen orquestada mediante la prensa controlada y la Unión Patriótica, solo consiguió el respaldo del 57 por ciento del electorado. La Asamblea sería solo un órgano consultivo, compuesto por miembros escogidos del Ejército, la Iglesia, la Administración, las universidades, los sindicatos socialistas y las organizaciones patronales. Es interesante que solo 14 de los 159 políticos que habían sido ministros entre 1902 y 1923 fuesen elegidos como miembros. Primo ofreció escaños a seis socialistas en su flamante organismo, y los seis rechazaron su oferta[537].

Sánchez Guerra le comentó a Alfonso XIII que el proyecto de Asamblea Nacional era «un acto ilegítimo y faccioso» que suponía un compromiso a largo plazo con un gobierno dictatorial. Advirtió al rey que la aprobación del plan restaría apoyo a la monarquía. La censura impidió la publicación de sus argumentos, pero Primo se hizo eco de ellos al publicar su respuesta a dichas críticas. Sin embargo, el propietario de ABC, Torcuato Luca de Tena, se negó a imprimir la nota de Primo sin que esta fuera acompañada del manifiesto de Sánchez Guerra. Cuando el rey aprobó el proyecto de la Asamblea, Sánchez Guerra se exilió. Su casa en París se convertiría en el centro de la oposición conservadora al régimen. En los dos años siguientes, comprobó que podía contar con el apoyo no solo de Romanones y otros exministros que anhelaban la restauración de la Constitución de 1876, sino también de los republicanos que querían que unas Cortes Constituyentes decidieran el futuro de España, de un amplio abanico de oficiales del Ejército, así como de algunos anarquistas como Pestaña. Otros, como Maurín, veían a Sánchez Guerra como un simple reaccionario[538].

El episodio de Vera de Bidasoa de 1924 había sido solo la primera de las incursiones transfronterizas de grupos de resistencia que operaban desde Francia. Algo más grave, sobre todo a largo plazo, fue la creciente implicación de la oposición catalanista liderada por el coronel Macià. Una de las primeras acciones de Estat Català fue un complot de jóvenes militantes de dos secciones de la organización: Bandera Negra y los Escamots. Se supone que planeaban asesinar a Alfonso XIII cuando regresara a Madrid tras una visita a Barcelona, volando el tren real el 4 de junio de 1925 a su paso por un túnel en las Costas del Garraf, cerca de Sitges. Los delató un confidente policial y fueron detenidos y permanecieron incomunicados durante varios meses, durante los cuales fueron torturados. Los juzgaron ilegalmente en consejo de guerra y cuatro de los responsables fueron condenados a cadena perpetua sobre la base de confesiones que, según ellos, habían sido obtenidas mediante la violencia[539].

Una segunda incursión en Vera de Bidasoa fue organizada por el general Bazán Esteban y Luis Fenoll, que había reemplazado a Martín Báguenas como jefe de la policía secreta, la segunda BIS. Crearon un falso incidente en la frontera con Francia para atribuírselo a Blasco Ibáñez, Unamuno y Ortega y utilizarlo para pedir a París su extradición. En diciembre de 1927, se demostraría que este había sido un objetivo fijo del régimen: a su regreso a España, tras visitar a Unamuno en Hendaya, su esposa Concha fue detenida en Irún y encarcelada brevemente en San Sebastián por el delito de posesión de cuatro ejemplares de Hojas Libres. Fue puesta en libertad al cabo de veinticuatro horas, pero le confiscaron el pasaporte para que, al no poder salir del país a visitar a su marido, Unamuno se viera obligado a regresar a España[540].

En Hojas Libres, Unamuno y Ortega y Gasset demostraron que «los segundos sucesos de Vera» habían sido una operación de bandera falsa de la policía. Denunciaron que, el 8 de octubre de 1925, un equipo de la policía secreta dirigido por Fenoll había comprado cincuenta pistolas en Hendaya. Dichas pistolas fueron «descubiertas» cuando se encontraban presuntamente en manos de unos anarquistas que cruzaban la frontera. El oficial al mando del cuartel de Carabineros de Vera, el capitán Juan Cueto, en cartas publicadas en el Diario de la Marina y en una entrevista posterior en Hojas Libres, corroboró que todo el asunto había sido una provocación policial en la que estaba involucrado Fenoll. En su momento, Cueto había comunicado lo que había descubierto a sus superiores, por lo que primero fue trasladado a Asturias y luego, cuando siguió denunciando a Fenoll, fue arrestado y sometido a consejo de guerra. El general Bazán fue galardonado con la Gran Cruz de Mérito Militar de Primo y Fenoll también sería condecorado por su participación en el «descubrimiento del complot[541]».

El fallido golpe militar del 24 de junio de 1926, conocido como la «Sanjuanada», demostró que la oposición al régimen iba en aumento. El general Valeriano Weyler, de 89 años, se volvió contra Primo por su flagrante interferencia en el sistema de ascensos. Hacía tiempo que le despreciaba por ser un «pelotillero palaciego, vocinglero y fanfarrón», y se indignó al verse apartado de la presidencia del comité principal que supervisaba los ascensos de generales y coroneles, la Junta de Clasificación[542]. Primo había puenteado sin ningún rubor al comité, dando instrucciones directamente al subsecretario de la Guerra, el duque de Tetuán, de que ascendiera a sus aliados y castigara a sus críticos, en particular al general Eduardo López de Ochoa. Primo aprovechaba asimismo cualquier oportunidad para humillar a Weyler, a quien el dictador, en una carta al capitán general de Madrid, Adolfo Vallespinosa, calificaba de «envidioso, chocho, un borrego vestido con piel de lobo». También el general Francisco Aguilera y Egea dimitió de la presidencia del Consejo Supremo de Guerra debido a las intromisiones arbitrarias de Primo[543]. Junto con Romanones y Melquíades, los dos veteranos generales planearon un golpe de Estado para restaurar la Constitución de 1876. Era un plan con escasas posibilidades de encontrar el apoyo del pueblo. En febrero de 1926, varios grupos republicanos, los catalanes de Marcelino Domingo, los radicales de Alejandro Lerroux, junto con Unamuno, Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, formaron la Alianza Republicana. Aunque simpatizaran con la trama golpista de los generales, sus vínculos con ellos eran escasos. Al final, los conspiradores no mantuvieron sus planes en el debido secreto y surgieron grandes discrepancias entre las aspiraciones de las partes involucradas, que iban desde los generales Queipo de Llano y López de Ochoa hasta Juan-Simeón Vidarte, de la Juventud Socialista, y Alejandro Lerroux (sospechoso de estar a sueldo de Primo y, casi con seguridad, de Juan March), pasando por Romanones y Blasco Ibáñez. El complot fue desarticulado fácilmente por las autoridades[544].

Personalmente, Primo se tomó a guasa la intentona golpista, que describió como obra de «un corto número de personas, cegadas, sin duda, por pasiones, ambición o despecho». Se mofó del «mosaico de los conspiradores», que no podía «ser más abigarrado y grotesco», y afirmó que se trataba de unos nostálgicos de la época anterior a su régimen, cuando España «disfrutaba del terrorismo, del separatismo, de la impiedad, del descrédito monetario, del desdén mundial, del desbarajuste en Marruecos y de la ruina y abandono de la producción agrícola e industrial». Se abstuvo astutamente de generar mártires, limitando el castigo de los culpables a multas exorbitantes, que en el caso de Romanones ascendió a la colosal suma de quinientas mil pesetas[545].

Poco después, en noviembre de 1926, el coronel Macià organizó con los anarquistas y algunos antifascistas italianos exiliados una incursión a través de la frontera desde su cuartel general, establecido en Prats de Molló. Al igual que en el caso de la incursión de Vera de Bidasoa, la esperanza era provocar una sublevación en España. Los preparativos eran bien conocidos por la policía tanto de París como de Madrid. La mayoría de los invasores, mal equipados, disfrazados de excursionistas, fueron detenidos sin dificultad por las autoridades francesas en la frontera y en Perpiñán, y los que lograron cruzar la frontera fueron detenidos por la policía española. Sin embargo, la publicidad que cosechó la intentona la convirtió en un golpe de propaganda a favor de Macià, que, junto con noventa compañeros más, fue deportado a Bélgica[546].

El régimen no se vio afectado por la Sanjuanada, pero esta puso de manifiesto que, además de un amplio espectro de oposición liberal y de izquierdas, algunos sectores del Ejército estaban volviendo la espalda al régimen, y aquí fue donde Primo cometió los errores que más le perjudicaron. Como antiguo abandonista, Primo sabía que el gasto militar era insostenible, en gran parte debido a la hipertrofia del cuerpo de oficiales. El régimen invirtió casi tanto en un enorme programa de modernización militar como en obras públicas, aunque el escaso aumento del número de unidades mecanizadas provocase una inmensa decepción[547]. Los esfuerzos realizados en paralelo para racionalizar el cuerpo de oficiales debilitaron enormemente al régimen. Los torpes intentos de Primo de resolver las divisiones en el seno de la oficialidad, entre los partidarios de los ascensos por méritos de combate y los que se oponían a ellos —un problema que había dado origen a las Juntas de Defensa en 1917—, tuvieron efectos desastrosos.

La fragmentación entre los africanistas y los oficiales artilleros e ingenieros, cuya formación era necesariamente superior, surgía del hecho de que a un oficial de infantería o de caballería que luchase contra los cabileños le resultaba mucho más fácil obtener un ascenso por méritos que a un oficial de ingenieros o de artillería. El cuerpo de artillería había jurado en 1901 no aceptar ningún ascenso, salvo por motivos de estricta antigüedad, y buscar en su lugar otras recompensas o condecoraciones. Con los decretos del 21 de octubre de 1925 y 30 de enero de 1926, Primo se autootorgó la facultad de ascender a oficiales valientes o capaces, aunque eso significara prescindir de las tradiciones de la artillería. Esto se percibió como una forma de abrir el camino a la corrupción. Primo, cuyo meteórico ascenso se debía en gran medida a la influencia de su tío, utilizaba ahora el sistema de ascensos, al igual que el sistema judicial, para favorecer a sus partidarios y castigar a sus críticos. La tensión ya existente aumentó cuando, el 9 de junio de 1926, el dictador emitió un decreto que obligaba a la artillería a aceptar el ascenso por méritos. Los que hubieran aceptado medallas en lugar de ascensos se consideraban ahora ascendidos con efectos retroactivos. La hostilidad dentro del cuerpo de oficiales peninsulares a toda una serie de intromisiones sin tacto en la sensibilidad militar por parte del dictador fomentaba los vínculos entre los oficiales y la oposición que se habían iniciado en la Sanjuanada[548].

En agosto, en respuesta a la imposición de las promociones por méritos, los oficiales de artillería estuvieron a punto de amotinarse. Con el apoyo del rey, Primo respondió declarando el estado de guerra y suspendiendo sin paga a todos los oficiales de artillería. En Pamplona, soldados de infantería enviados a poner fin a una de estas «huelgas» de artilleros efectuaron disparos. Los oficiales responsables del motín fueron detenidos y esposados por la Guardia Civil. Dirigió la represión Martínez Anido, que se empleó tan a fondo que Primo lo calificó de «monja con espuelas». Por negarse a entregar la Academia de Artillería de Segovia, donde los oficiales de artillería habían pronunciado el juramento de 1901, el director fue condenado a muerte, pena que posteriormente le fue conmutada por la de cadena perpetua[549]. En el conflicto desempeñó un papel secundario el general Queipo de Llano, al que habían destituido de su cargo de gobernador militar de Córdoba por repetir en una cena un chiste que circulaba por Sevilla, en el que se decía que la Unión Patriótica no tenía una oficina en la ciudad, pero sí un club en la plaza de San Fernando, en alusión al cartel con las letras UP (Urinario Público) que lucían los espléndidos mingitorios públicos de la plaza. A consecuencia de este hecho, negaron a Queipo el ascenso a general de división y, el 31 de marzo de 1928, pasó a la reserva con el argumento de que era «un poco indisciplinado, díscolo y difícil de ser mandado». Queipo rechazó con indignación las ofertas de Primo de cargos lucrativos de carácter civil. Además, como el rey le había prometido que no firmaría la orden que lo enviaba a la reserva, Queipo se unió al movimiento republicano y se instaló en Madrid, donde se dedicó a alentar activamente la oposición del arma de artillería al régimen[550].

El 6 de septiembre, los oficiales de artillería que no deseaban alzarse en armas contra el régimen acabaron cediendo; sin embargo, Primo obtuvo la victoria a costa de dividir al Ejército y de debilitar gravemente su lealtad al rey. El enfrentamiento fue el motivo por el que muchos oficiales de artillería, de ingenieros y del cuerpo médico militar se aproximaron al movimiento republicano. Así, en enero de 1930, importantes sectores del Ejército se mantendrían al margen de los acontecimientos que llevaron a la caída de Primo. El daño a la reputación de Alfonso XIII entre los oficiales fue tan enorme que ni siquiera los africanistas se mostraron dispuestos a impedir por las armas el advenimiento de la Segunda República en abril de 1931[551].

Pasó un año desde su creación antes de que la Asamblea comenzara a funcionar, lo que refleja en parte el efecto de la oposición que se manifestó en la Sanjuanada, los hechos de Prats de Molló y el conflicto con la artillería. Además, Primo estaba preocupado por el rechazo de muchos de quienes habían sido invitados a participar en una institución vacía de contenido. Los socialistas rechazaron participar en 1927 porque no se les permitía elegir a sus delegados y, de nuevo en 1929, al constatar que la colaboración con el régimen estaba provocando una caída cada vez más intensa de afiliados en la UGT. En noviembre de 1926, Eduardo Aunós constituyó la Organización Corporativa Nacional. A partir de la información recabada por Aunós en un viaje de estudio a la Italia fascista, e incorporando a esta recopilación gran parte de la legislación social existente, el objetivo a largo plazo de dicha entidad era eliminar la lucha de clases[552]. Su manifestación más práctica fue la creación de comités paritarios de arbitraje. La UGT decidió participar en esos comités, alegando que podían proporcionar beneficios materiales inmediatos: si las mejoras salariales y los convenios (las bases de trabajo) se negociaban en unos comités en los que la UGT era la representante exclusiva de los trabajadores, los obreros no socialistas se unirían a sus filas. La cúpula ugetista se equivocó en cuanto al impacto que tendría este hecho en el número de afiliados al sindicato. Por otra parte, los empresarios, sobre todo en Cataluña, recibieron con hostilidad el impulso que dichos comités daban a las organizaciones obreras[553].

Es curioso que la imagen del dictador se viera perjudicada por la publicidad que se dio a su propuesta de matrimonio con una enfermera aristocrática voluntaria llamada Mercedes «Nini» Castellanos. A principios de 1928, la prensa popular no hacía más que hablar del romance entre el corpulento viudo de 58 años y la hijastra del conde de San Félix, de cuarenta. Apenas pasó un día de abril y mayo sin que la prensa se refiriera a Mercedes. Se les veía juntos en actos sociales y ella lo acompañaba en sus viajes oficiales. Se convirtió en una figura popular y varios ayuntamientos, entre ellos, los de Murcia, Oviedo y Almagro, la nombraron alcaldesa honorífica. La boda debía celebrarse en septiembre, pero el 9 de junio se anunció sin más explicaciones que el matrimonio no tendría lugar. La brusquedad del anuncio y el abandono de Nini fue otro motivo de burla hacia Primo entre el pueblo y de desprecio entre la nobleza[554].

Durante todo este tiempo, la oposición fue creciendo. Se habían ido gestando disturbios estudiantiles debido a la persecución de notables profesores e intelectuales por parte del régimen. A finales de abril de 1926, por defender a seis estudiantes que habían protestado contra el nombramiento de un sacerdote para la cátedra de Griego de Unamuno en la Universidad de Salamanca, el catedrático socialista de Derecho Luis Jiménez de Asúa había sido detenido y desterrado durante tres meses a las diminutas islas Chafarinas, cerca de Melilla. Los estudiantes fueron encarcelados durante dos semanas. El líder estudiantil Antoni Maria Sbert fue detenido el 20 de mayo de 1925. El dictador le dijo a Sbert: «un estudiante es un soldado que no puede abrogarse la representación de sus compañeros ni dirigirse al Gobierno más que por medio de sus superiores». Sbert volvió a ser detenido en marzo de 1929[555].

En abril de 1929, la Federación Universitaria de Estudiantes protestó contra la decisión del Gobierno de permitir que las universidades privadas católicas otorgaran títulos. Dado que los títulos universitarios eran certificados esenciales para acceder a un puesto público, la iniciativa del Gobierno era contraria a la mayoría de los estudiantes laicos. La respuesta inmediata fue una oleada de huelgas, asambleas y manifestaciones. A principios de abril de 1928, la disputa se había extendido a todas las universidades excepto a la de Zaragoza. Primo reaccionó con desdén, ordenando la ocupación militar de algunos centros y encarcelando a los estudiantes más radicales. Las universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo fueron clausuradas. La oposición estudiantil apoyó en masa la resistencia de los intelectuales exiliados. Unamuno se convirtió en un héroe para los estudiantes rebeldes, al publicar cartas abiertas en las que se despachaba a gusto, en su estilo habitual, contra el dictador, al que definía como «el miserable bandolero, vil, rapaz, embustero, cobarde y felón que tiraniza a España». Primo declaró que había que reducir el número de universidades, aduciendo que España tenía demasiados abogados y médicos, que el absentismo estaba extendidísimo entre los cátedros y que los estudiantes eran vagos por naturaleza[556].

La gravedad de la amenaza que suponían los diversos grupos que se oponían al régimen resultaba cada vez más evidente. En parte por factores internacionales y en parte por el enorme déficit presupuestario, la peseta empezó a devaluarse. Juan March, preocupado por ello y procurando apostar sobre seguro, como siempre, no solo financiaba a Alba y Lerroux en el exilio, sino que también apoyaba las actividades de Sánchez Guerra. Un amplio abanico de opositores, que abarcaba desde los conservadores, pasando por Alianza Republicana y los catalanistas de Macià y Lluís Companys, hasta la CNT y oficiales del Ejército, tramó un pronunciamiento, que tendría al frente a Alberto Castro Girona, capitán general de Valencia, mientras que su cabeza política visible sería Sánchez Guerra. Eran tantos los grupos involucrados con distintos niveles de compromiso y con objetivos tan distintos que fue imposible mantenerlo oculto: la policía secreta seguía a muchos sospechosos y, el 11 de septiembre de 1928, Martínez Anido ordenó la detención de más de cuatro mil republicanos y oficiales del Ejército[557].

La noche del 19 de enero de 1929, Sánchez Guerra desembarcó en Valencia para ponerse al frente de dieciocho guarniciones de artillería. Al final, solo tuvo éxito la sublevación de Ciudad Real, donde, ante la alarma de Primo, no hubo resistencia del Somatén ni de la Unión Patriótica. El dictador manifestó a Calvo Sotelo su desengaño al descubrir que la Unión Patriótica no estaba dispuesta a luchar en defensa del régimen[558]. Sin embargo, tras comprobar que estaban solos, los oficiales de la guarnición de Ciudad Real se rindieron incluso antes de que llegaran las tropas de Madrid. El complot fracasó porque el capitán general de Valencia, Castro Girona, en cuyo apoyo habían confiado los conspiradores, dudando de su éxito, cambió de opinión en el último minuto. En lugar de huir, Sánchez Guerra se entregó a Castro Girona, que le había traicionado. Este, avergonzado, se ofreció a dejarle huir, a lo que Sánchez Guerra se negó. La nota oficiosa de Primo, al parecer redactada en plena borrachera, calificó de «cómico» el movimiento, alegando que había fracasado porque el Gobierno lo conocía de antemano, que estaba desorganizado, que los implicados eran «chusmas» y que a los valencianos les había interesado mucho más la final del concurso de Miss España, que ganó Pepita Samper, Miss Valencia. Indignado por el hecho de que los conspiradores alegaran que el régimen de Primo era ilegítimo, les respondió con una retahíla de éxitos propios: «Ningún Gobierno ha superado a la Dictadura en respeto a la tradición religiosa del país, en enaltecimiento de la mujer, en protección de los desvalidos» y presumiendo de lo que había hecho en defensa de viudas, huérfanos y ancianos.

Para presionar al Gobierno, Sánchez Guerra declaró en todo momento que su objetivo era un alzamiento y describió sus actividades con las palabras exactas con que el Código Penal definía la sedición, para la cual exigía la pena de muerte. Permaneció encarcelado en un buque de guerra hasta octubre de 1929, pero al final tuvieron que juzgarlo. Un consejo de guerra integrado por seis generales como togados militares lo declaró inocente, dando a entender así que no podía condenarse la rebelión contra un Gobierno ilegal. Una treintena de funcionarios implicados en la conspiración de Ciudad Real, condenados a penas de cárcel, fueron aclamados cada vez que el tren que los transportaba se detenía en las estaciones situadas entre Madrid y Pamplona, donde debían ingresar en prisión y donde también los recibió una gran manifestación. El veredicto sobre Sánchez Guerra fue un desafío al régimen y dejó claro que los más altos mandos del Ejército habían perdido la fe en Primo. La conspiración en sí indicaba que la monarquía se enfrentaba a una crisis muy importante, ya que muchas figuras destacadas de la vieja política —Melquíades Álvarez, Sánchez Guerra, Santiago Alba, Manuel de Burgos y Mazo, incluso Romanones— se habían mostrado dispuestas a colaborar con los republicanos[559].

A principios de marzo, señalando que los tres grandes grupos de la oposición estaban de acuerdo, Romanones instó sin éxito a Alfonso XIII a que volviera a la Constitución de 1876. La situación se acercaba a un punto crítico. Aunque su relación con Primo se estaba deteriorando, el rey estaba dispuesto a dejar de lado sus recelos con la esperanza de que los planes de reforma constitucional del general pudieran ofrecerle una salida[560]. Primo hablaba cada vez con más frecuencia de su disposición a dejar el Gobierno. Se sentía desilusionado y aislado a medida que iba perdiendo apoyos en todo el espectro social con el deterioro de la situación económica. La UGT se estaba volviendo en su contra, sobre todo debido a la pérdida de afiliados en su sección de trabajadores del campo. Las propuestas de Primo de un plan para proporcionar créditos a los campesinos no se habían concretado. Los intentos poco entusiastas de Aunós de establecer comités paritarios rurales cosecharon el rechazo frontal de los terratenientes del sur y de la CNCA[561]. En 1928 la UGT ya había tenido que cerrar 65 secciones rurales, que contaban con 15.000 afiliados. Antes de la dictadura, el sindicato estaba formado por más de 65.000 miembros; en diciembre de 1929 la cifra se había reducido a 30.000. El monopolio virtual de la UGT dentro del mecanismo de arbitraje industrial del Estado no había producido el aumento de afiliaciones previsto. Una de las secciones más fuertes, la de los mineros asturianos, había sufrido pérdidas apreciables durante la dictadura. Todo ello acabó por convencer a Largo Caballero de la necesidad de acercar sus posiciones a las de Prieto, favorable a aliarse con la oposición republicana al régimen[562].

La hostilidad de la derecha hacia los comités paritarios se intensificó con el hundimiento de la peseta. La recesión mundial provocó la disminución de las remesas de los emigrantes, la caída en picado de las exportaciones y que los precios se disparasen. Como era inevitable, la caída del nivel de vida afectó a todas las clases de la sociedad, especialmente a la obrera. Sin embargo, el impacto más inmediato sobre el régimen se produjo en el seno del cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas, que ya era el último pilar, aunque tambaleante, de la dictadura. Los oficiales, en palabras de Gabriel Maura, «se soliviantaban también por obra de las murmuraciones cada día más agresivas de contertulios y parientes paisanos, que los recriminaban a coro, unos por haber traído la dictadura y otros porque no se decidían a derribarla[563]».

A lo largo del otoño de 1929, Primo intentó en vano reforzar su régimen otorgando poderes adicionales a Sanjurjo, ahora jefe de la Guardia Civil, y reorganizando la Asamblea Nacional y la Unión Patriótica. Ningún ex jefe de Gobierno aceptó ingresar en la Asamblea. El Colegio de Abogados eligió en su lugar a figuras conocidas de la oposición. La Universidad de Valladolid escogió a Unamuno[564]. El 3 de diciembre, los miembros del directorio se reunieron para cenar en el restaurante Lhardy de Madrid, para celebrar su cuarto aniversario. Primo habló de dimitir y ceder la presidencia del directorio al conde de Guadalhorce[565]. Con la crisis en el aire, en una reunión del gabinete del 30 de diciembre, planteó una propuesta inaplicable de transición basada en la elección corporativa de algunos de los diputados de una Asamblea Nacional reformada, mientras que el resto serían designados por el Gobierno. Al día siguiente, presentaron las propuestas al rey, quien se dio cuenta de que la supervivencia de la monarquía exigía la eliminación de Primo. Al carecer de un sustituto claro, Alfonso no se atrevió a destituirle y respondió que necesitaba tiempo para reflexionar sobre dichas iniciativas. Sin embargo, en palabras de Calvo Sotelo, «aquel día quedó firmada la sentencia de muerte de la Dictadura[566]». Alfonso era cada vez más sensible a los cortesanos que despreciaban al dictador por sus toscos modales, sus innumerables desdenes de la aristocracia, sus vínculos con Juan March y su maltrato a Mercedes Castellanos[567].

Al día siguiente de su reunión con el monarca, en un artículo farragoso titulado «Hablemos claro», Primo reconoció que la sucesión apremiaba. Tras asumir que había perdido el apoyo de amplios sectores de la sociedad, lo atribuía a motivos egoístas: a la aristocracia, por la pérdida de privilegios; a los dirigentes de los viejos partidos, por sus ataduras a lo que él llamaba el «artilugio» de la Constitución de 1876; a los funcionarios, por el hecho de que, si bien se les pagaba mejor, se esperaba de ellos que acudieran a trabajar; a los banqueros, porque tenían que pagar impuestos; a los industriales, porque él reconocía los derechos de los trabajadores. Afirmó que «nadie, pese a la calumnia y a la difamación cobarde y clandestina, cree que yo ni mis colaboradores nos hayamos lucrado o permitido a sabiendas que otros lo hicieran, en ningún negocio público; ni que los cuatro millones de la suscripción, de que he podido disponer a mi antojo, los haya invertido en negocios en el extranjero o en España[568]».

A lo largo de enero de 1930, la crisis se intensificó. Cuando Primo se negó a levantar las sanciones contra estudiantes y profesores, hubo otra huelga. El rector de la Universidad de Madrid clausuró el centro para impedir la entrada de la Guardia Civil. Un equipo de los servicios de seguridad dirigido por Luis Fenoll estaba en el sur investigando una trama golpista dirigida por el general Manuel Goded, gobernador militar de Cádiz, con el apoyo de las fuerzas armadas, la oposición constitucionalista y los republicanos, así como con las simpatías del superior de Goded, el capitán general de la segunda región militar, Carlos María de Borbón-Dos Sicilias, quien instó al rey, su cuñado, a destituir a Primo. En lugar de arriesgarse a precipitar el golpe denunciando la trama, Primo optó por una nota oficiosa que la rebajaba a la categoría de «nimio incidente[569]».

Lo más perjudicial para el régimen fue el hundimiento de la peseta. Primo, que había cometido la imprudencia de considerar el tipo de cambio de la peseta con la libra esterlina como símbolo del prestigio nacional, animó a Calvo Sotelo a utilizar las reservas de oro y divisas de España para comprar pesetas en el mercado internacional. Después de que esta intervención permitiera a los especuladores amasar una fortuna, al final hubo que devaluar la divisa, que cayó de 29,50 pesetas por libra en julio de 1928 a 38 en enero de 1930. Cambó culpó de la devaluación a las políticas inflacionarias del régimen y a la ineptitud de Calvo Sotelo. Señaló lo absurdo de su «presupuesto extraordinario» y de la defensa de la moneda española, cuando hubiera sido más sensato vender pesetas y hacer acopio de reservas de libras esterlinas y dólares estadounidenses[570].

El 3 de diciembre de 1929, día de la cena de Lhardy, el Gobierno había decidido emitir bonos del Estado por valor de 350 millones de pesetas oro, en un esfuerzo vano por apuntalar la peseta. La emisión quedó sin cubrir, a pesar de lo cual, el 21 de diciembre, Primo se felicitó por el éxito de la operación. Al cabo de tres días, sin embargo, reconoció que, impulsado por el patriotismo —aunque ya era evidente que la estrategia más lógica habría sido vender pesetas y comprar libras y dólares—, él y Calvo Sotelo se habían comportado «ya metidos en ese camino, como pasa al jugador que pierde y va al desquite[571]». El 9 de enero, Primo publicó una nota oficiosa patética en la que afirmaba que había tres razones para la caída de la peseta: económicas, políticas e imponderables. En cualquier caso, declaró, el colapso únicamente afectaba a los ricos. También dijo a la prensa que no había nada que justificara la caída de la divisa. Confirmando las acusaciones de incompetencia de Cambó, Calvo Sotelo ofreció unas explicaciones igual de torpes, al atribuir el colapso a un caso temporal de «demencia bursátil», lo que provocó burlas generalizadas, hasta el punto de que La Vanguardia expresó el deseo de que el ministro recibiera algún tipo de iluminación divina[572]. El 20 de enero de 1930, Calvo Sotelo dimitía, alegando agotamiento, y era reemplazado por el conde de los Andes, quien, creyendo aún en la fórmula mágica del presupuesto extraordinario, afirmó que el Tesoro disponía de superávit y que la crisis de la peseta era la consecuencia de un «vendaval» internacional que pasaría pronto. La crisis ministerial acercó un poco más el fin del régimen[573].

Primo estaba agotado y sufría de diabetes relacionada con su alcoholismo. El 26 de enero de 1930, tras una noche de insomnio, confesó a los periodistas su preocupación por los disturbios estudiantiles y la peseta. Afirmó que la mayoría de la población aún lo apoyaba. Como esto no podía demostrarse y como había sido llevado al poder «por proclamación de los militares», propuso preguntar a los diez capitanes generales y a otros altos mandos del Ejército, la Armada y la Guardia Civil si aún contaba con su apoyo. Resulta muy revelador de su actitud hacia el rey que no lo consultara primero a él, a pesar de que era el único que tenía derecho a destituirle. Un indignado Alfonso convocó a Primo a palacio. Aturdido por la bronca del monarca, el dictador negó estar usurpando la prerrogativa real, sino que afirmó que se limitaba a debilitar el apoyo a la trama golpista de Goded. Poco importaba, ya que las respuestas que Primo recibió de los altos mandos militares a lo largo del 27 de enero, ninguno de los cuales quiso comprometerse a nada, ponían de manifiesto su afán de distanciarse del régimen. Incluso amigos íntimos del general como Emilio Barrera, capitán general de Cataluña, Severiano Martínez Anido y Sanjurjo afirmaron que ante todo debían su lealtad al rey. Sin embargo, aún convencido de que la opinión pública estaba de su lado, Primo no dimitió. En consecuencia, Alfonso envió al flamante ministro de Hacienda y amigo del dictador, el conde de los Andes, a convencerlo. Profundamente entristecido, Primo dimitió al día siguiente[574].

El tono del encuentro de Primo con Alfonso XIII puede deducirse de su última, y tragicómica, nota oficiosa. Empezaba disculpándose por unas palabras que podían alarmar al país con la explicación siguiente: «la madrugada del sábado, dando suelta al lápiz, escribí a toda prisa las cuartillas de la nota oficiosa publicada el domingo, y sin consultar con nadie, ni siquiera conmigo mismo, sin releerlas, listo el ciclista que había de llevarlas a la Oficina de Información de Prensa para no perder minuto, como si de publicarlas en seguida dependiera la salvación del país, sufrí un pequeño mareo». A continuación, agradecía a la cúpula militar sus respuestas «patrióticas» y, sin revelar su contenido, afirmaba que, junto con su crisis de salud, estas tenían «una consecuencia inevitable e inaplazable, que es mi retirada del Gobierno». El resto del directorio renunció con él. Primo entregó al rey una lista de nombres para el siguiente Gobierno. Para presidirlo, recomendaba que eligiera a uno de tres generales: Emilio Barrera, Martínez Anido o Dámaso Berenguer. Alfonso le pidió a Berenguer que formara gabinete y este, tras pensarlo mucho, aceptó. Durante la crisis, hubo manifestaciones prorrepublicanas frente al Palacio Real y en otras partes de Madrid[575].

A pesar de haber dimitido, no parece que Primo se diera cuenta de su fracaso. Se quedó en Madrid y el 31 de enero se reunió con sus exministros. En el transcurso de la reunión, lo telefonearon para comunicarle que habían nombrado a un crítico acérrimo, Santiago del Valle, fiscal jefe del Tribunal Supremo. Primo, revelando con ello que se daba perfecta cuenta de que había cometido graves irregularidades mientras estaba en el poder, dijo: «Tengo por seguro que viene a empapelarnos». Se habló en la prensa de investigaciones sobre las responsabilidades de su régimen y el general empezó a darle vueltas a la posibilidad de un nuevo golpe de Estado. El 13 de febrero se fue a Barcelona, donde Emilio Barrera le convenció de que era demasiado pronto para pensar en volver y le aconsejó que se marchara a París. Gravemente enfermo, Primo murió cuatro semanas después, el 16 de marzo[576].

Las manifestaciones republicanas subrayaron la magnitud de la crisis a la que se enfrentaba el rey, que entregó al honesto y culto Berenguer un cáliz envenenado. Dado que los proyectos de futuro de Primo, sobre la base de la Asamblea Nacional y la Unión Patriótica, se habían demostrado inviables, solo quedaban tres opciones posibles: una dictadura más represiva, un retorno paulatino al sistema constitucional anterior a 1923 o unas elecciones libres con el riesgo de que se proclamara la República. Con el Ejército dividido, lo primero era imposible y lo tercero, anatema, de modo que solo la segunda opción era aceptable. La oposición en el exilio no había derrocado al régimen, pero había fomentado el desprecio a la monarquía y el apoyo al republicanismo. La mala gestión del conflicto con la artillería y los ingenieros había debilitado el sostén de los militares a la Corona y había llevado a algunas figuras castrenses importantes a unirse a las filas de los republicanos. La crisis de la peseta había aniquilado el respaldo de las élites bancarias e industriales. La eficacia cada vez menor de los comités paritarios, aunque suficiente para irritar tanto a las grandes industriales como a los terratenientes, había acabado con el apoyo del movimiento socialista.

Los viejos partidos dinásticos se habían marchitado y las redes clientelares de los caciques, desgarrado. Sus líderes no podían perdonar el arrogante desprecio del rey a la Constitución de 1876. Durante la dictadura, el monarca los había despreciado o ignorado. Otro baluarte de la monarquía, la Lliga Regionalista, había quedado debilitada por las políticas anticatalanas del régimen. A mediados de marzo de 1931, los principales grupos catalanistas de izquierda, Acció Catalana y Estat Català, se unirían para formar Esquerra Republicana de Catalunya, bajo la dirección de Francesc Macià y Lluís Companys. La mayoría de los miembros del Partido Reformista de Melquíades Álvarez pronto se sumaron a las formaciones republicanas. La mayor parte de los miembros de la Unión Patriótica se limitaron a abandonarla y los más comprometidos se afiliaron a la CNCA y a la ACNP o a la Unión Monárquica Nacional, que, al carecer de estructuras de partido, apenas tendrían influencia en 1930[577].

Para los mauristas más de derechas, como Calvo Sotelo, que se habían puesto sin reservas al servicio del dictador, no cabía vuelta atrás. Se incorporaron a la UMN, creyendo que la única solución a los desafíos a los que se enfrentaba la derecha era una monarquía militar. Formarían el estado mayor de la extrema derecha durante la Segunda República y posteriormente aportarían gran parte de la ideología del régimen franquista. La escasez de apoyo de la UMN en 1930 se puso de manifiesto cuando Calvo Sotelo, Guadalhorce y José Antonio Primo de Rivera emprendieron una gira de propaganda por Galicia a finales del verano. Hubo numerosos incidentes violentos, el peor de los cuales fue en Lugo, donde les arrojaron piedras. La policía intervino e hirió a cinco manifestantes, lo que provocó huelgas en toda Galicia. En Valladolid, los estudiantes atacaron un mitin del Partido Nacionalista Español fundado por el Dr. José María Albiñana. El extremista Albiñana había abandonado la UMN porque la consideraba demasiado tibia para llevar a cabo la tarea fundamental de aniquilar a los enemigos ocultos de España[578].

Sin el escudo de la dictadura, Alfonso XIII comenzó su lucha por el trono con escasas esperanzas de éxito. Primo no había utilizado el respiro económico de los años 1923 a 1927 para construir un recambio político duradero a la decrépita monarquía constitucional. La oposición generalizada a su gobierno arbitrario se había traducido en un floreciente movimiento prorrepublicano. Los diversos grupos republicanos se habían unido en 1926 en una coalición informal, la Alianza Republicana, con redes locales, regionales y provinciales bien organizadas. Irónicamente, la modernización supervisada por el régimen había hecho que se duplicara el número de estudiantes universitarios y ahora las universidades se encontraban en el centro de la resistencia.

La primera dificultad de Berenguer fue formar gobierno. Cambó, que se recuperaba de un cáncer de garganta, declinó la invitación para convertirse en ministro de Hacienda. Tan pocos eran los candidatos dispuestos a participar en el Ejecutivo que por un momento se planteó la posibilidad de que el dentista del rey, Florestán Aguilar, asumiera la cartera de Educación[579]. Berenguer, que quiso comenzar haciendo gala de una mentalidad abierta, se tomó con deportividad una broma perpetrada por Manuel Fontdevila Cruixent, director del periódico republicano Heraldo de Madrid. Fontdevila, fingiendo que llamaba desde la oficina del presidente del Gobierno, telefoneó a los bomberos de Madrid y ordenó la retirada de la enorme placa de la Asamblea Nacional de la fachada de las Cortes. El periódico envió a un fotógrafo a inmortalizar el acto a la mañana siguiente.

Berenguer anuló las sanciones a profesores universitarios, oficiales del Ejército y estudiantes. Los exiliados regresaron. Numerosas autoridades provinciales y municipales destituidas por la dictadura fueron restauradas en sus cargos. El programa que hizo público Berenguer prometía el restablecimiento de la Constitución de 1876 y la convocatoria de elecciones. Unos comicios anticipados podrían haber salvado a la monarquía, pero las cautelosas vacilaciones de Berenguer por miedo al fracaso fomentaron el republicanismo[580].

Por desgracia, la recesión económica ocasionada por la depresión mundial se agravó involuntariamente por la actuación del nuevo ministro de Hacienda, Manuel de Argüelles. Como feroz crítico de las políticas inflacionarias de Calvo Sotelo, impuso una rígida austeridad presupuestaria y prohibió con efecto inmediato la realización de más obras públicas. Las consecuencias fueron catastróficas. Se interrumpió la construcción de todas las líneas ferroviarias nuevas y se cancelaron todos los pedidos de locomotoras modernas, en grave detrimento de la industria metalúrgica. La reducción de la actividad en este y otros sectores inflamó rápidamente a los elementos obreros más radicales. Además, la finalización de las obras de las exposiciones de Barcelona y Sevilla, coincidiendo con el retorno de los inmigrantes, ya había creado una situación peligrosa, en especial en el sector de la construcción. En Barcelona empezaron a producirse enfrentamientos entre la CNT y los Sindicatos Libres[581].

La monarquía pronto pareció sitiada. El 20 de febrero, en San Sebastián, Miguel Maura, segundo hijo de Antonio Maura, anunció su conversión al republicanismo. Unos días antes, había informado al rey de su decisión. Un autosatisfecho Alfonso XIII se burló de él: «¡Estás loco! […] Mientras yo viva, la Monarquía no corre ningún peligro. Après moi, le déluge». El discurso de Maura fue eclipsado por el que pronunció Sánchez Guerra el 27 de febrero en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde fue recibido como un héroe. Aunque no se declaró republicano, dijo que había perdido la confianza en Alfonso XIII y se pronunció a favor de unas elecciones a Cortes Constituyentes. Su afirmación de que el rey había «escarnecido, humillado y atropellado» la Constitución fue aclamada a voz en grito, al igual que su declaración de que «yo no soy republicano, pero reconozco el derecho que España tiene de serlo, si quiere». El acontecimiento fue seguido de una gran manifestación prorrepublicana en las calles circundantes. El nuevo director general de Seguridad, el general Emilio Mola, consideró el discurso y la reacción del público «la sentencia de muerte de la Monarquía[582]».

Aún más perjudicial fue el discurso pronunciado en Valencia el 13 de abril por el antiguo ministro de la Guerra y cacique de Priego en Córdoba, Niceto Alcalá Zamora. Con su característica oratoria florida, denunció la corrupción de la dictadura y llamó a convocar elecciones libres y a la instauración de una república. Su conversión se debió en gran medida al perjuicio que el régimen había causado a sus intereses particulares. Fue el primero de varios discursos en toda España que tuvo un gran impacto. El siguiente en la fila fue Ángel Ossorio y Gallardo que, el 4 de mayo en Zaragoza, se definió a sí mismo como «monárquico sin rey», pidió la abdicación de Alfonso XIII y exigió elecciones transparentes[583]. Estos conservadores conversos compartían el deseo instintivo de asegurarse de que el inevitable colapso de la monarquía no facilitara la revolución social. Cuando Alcalá Zamora habló en el Ateneo de Madrid el 30 de mayo, el diario ABC comentó alarmado: «Ha echado sobre sí el compromiso gigantesco de hundir la monarquía secular de España a fuerza de párrafos. Ha recorrido muchos kilómetros del territorio español, sembrándolos de sal y de maldiciones para secar las raíces del monarquismo. Por donde pasa su verbo devastador no vuelve a nacer la hierba monárquica[584]».

A pesar de su mala salud, Berenguer hizo lo que pudo para apaciguar a los diversos grupos que habían sido víctimas de la dictadura, pero fue incapaz de detener la marea republicana. El 14 de julio, Alcalá Zamora y Miguel Maura crearon la Derecha Liberal Republicana, como para materializar las sombrías profecías del ABC. Con los nuevos partidos republicanos aún en ciernes, el PSOE era la única formación política plenamente organizada. La UGT también estaba en una posición de fuerza, ya que la CNT y los comunistas necesitaban tiempo para recuperarse de la persecución de Martínez Anido. Por eso, un manifiesto conjunto de la UGT y el PSOE condenó el régimen de Berenguer como ilegítimo, pero sin oponerse de forma activa, sino limitándose a pedir el restablecimiento de las libertades políticas. El día en que Berenguer asumió el poder, recibió un informe del director general de Seguridad, el general Bazán, que describía el papel de los socialistas bajo la dictadura como «francamente gubernamental» y garante del orden político, a diferencia de la CNT y la FAI, aún entonces mucho más peligrosas[585].

El sucesor de Bazán, el general Mola, se había hecho un nombre en el contraespionaje durante las campañas marroquíes y consideraba que su principal tarea era reprimir la subversión política. El hermano de Francisco Franco, Ramón, el célebre aviador, creía que Mola trataría a la población española de la misma manera que había tratado a los cabileños del Rif[586]. Para ello, el nuevo director general mantuvo la mayor parte de la policía secreta heredada de Bazán, con la rebautizada División de Investigación Social, encabezada por Santiago Martín Báguenas y con Luis Fenoll como su adjunto. Mola confiaba, erróneamente, en que el resurgimiento de la Lliga Regionalista y la autorización de la lengua y la bandera neutralizarían a la oposición catalana. Creía que se podía confiar en que la burocracia sindical de la UGT frenara la actuación de los radicales, e incluso que ayudara a combatir la agitación anarquista y comunista. Estaba seguro de que muchos altos cargos de la UGT que tenían trabajos bien remunerados en los comités paritarios y otras organizaciones estatales albergaban un interés personal en que funcionara la maquinaria del arbitraje salarial[587].

Las incipientes fuerzas republicanas se iban fusionando para formar partidos políticos, y el primero en hacerlo fue el Partido Radical de Lerroux. A medida que acumulaba riqueza y años de vida, este demagogo ardiente se había reciclado a sí mismo hasta convertirse en portavoz de la oposición moderada a la Corona. Acción Republicana, dirigida por el intelectual Manuel Azaña, rivalizaba tanto con la tibia oposición de Lerroux como con la «monarquía sin rey» de los conversos recientes de las filas conservadoras. Francesc Macià regresó ilegalmente del exilio en septiembre como un héroe, para volver a exiliarse al cabo de unos días, lo que aumentó el apoyo a Estat Català. Otros grupos republicanos regionales importantes que surgieron fueron la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), de Santiago Casares Quiroga, y la Unión Republicana Autonomista de Valencia, formada por seguidores del difunto Blasco Ibáñez, bajo el liderazgo de su hijo Sigfrido. Ya a mediados de febrero, encabezados por el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, un amplio abanico de republicanos de izquierda, centristas y conservadores se incorporaron a la Alianza Republicana. Cuando en mayo se les unió la ORGA de Casares Quiroga, solo los socialistas y los catalanes quedaron fuera de la coalición[588].

Indalecio Prieto no era únicamente la figura más inspiradora del incipiente movimiento republicano, sino que también poseía una red única de contactos civiles y militares. Cuando las fuerzas republicanas presionaban a los socialistas para que añadieran su fuerza al movimiento contra la monarquía, su mayor aliado era Prieto. Su brillante discurso «El momento político», pronunciado el 25 de abril en el Ateneo de Madrid, tuvo un enorme impacto al vincular su anterior campaña de denuncia de las responsabilidades de Annual con la acusación sobre la corrupción de Primo y sus colaboradores, en la que estaba involucrado el mismo rey. Prieto lanzó críticas acerbas a su codicia, sobre todo en relación con el escándalo del ferrocarril y los monopolios de telefonía y petróleo. Denunciando los pagos realizados a los ministros de Primo y a sus familiares y parientes políticos, entusiasmó al público al mencionar el monopolio del exterminio de las ratas concedido al hijo de Martínez Anido, que, declaró, «ha permitido engordar, en vez de morir, a algunas ratas políticas y militares». Inevitablemente, las noticias sobre el discurso en la prensa sufrieron una férrea censura. Para disgusto tanto del grupo de Besteiro como de Largo Caballero, Prieto abogó por un movimiento revolucionario contra la monarquía con la participación de las masas socialistas[589].

Las tensiones aumentaron cuando Unamuno llegó a Madrid el 1 de mayo. Lo recibió una enorme multitud, que volvió a congregarse para escuchar sus discursos en el Ateneo y en el cine Europeo. La intervención de la policía desencadenó grandes manifestaciones estudiantiles. Esto provocó la clausura de las universidades de Madrid, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Granada[590]. Durante el verano, Largo Caballero comenzó a acercarse a las posiciones de Prieto sobre la colaboración de los socialistas con los republicanos. La intensificación de la crisis económica, especialmente en los sectores minero y agrícola, estaba desestabilizando las bases de la UGT. La CNT había sido legalizada el 30 de abril y recuperaba su antigua fuerza a una velocidad asombrosa. Mola y la policía estaban muy preocupados por la posibilidad de que se reanudara el conflicto con los Sindicatos Libres. Mola se entrevistó con el cenetista Ángel Pestaña y con Ramón Salas, de los Libres, y dejó claro que no toleraría que se volviera al pistolerismo por ninguna de las partes. También reforzó las unidades de la policía secreta que investigaban las actividades tanto del PCE como de la CNT, y amplió la red de confidentes de la DGS[591].

En junio, estalló una serie de huelgas promovidas por la CNT en Cataluña, Levante, Aragón y Andalucía. Los comunistas no eran tan influyentes, pero contaban con un número sustancial de militantes en el País Vasco y en Sevilla. En 1930, en comparación con 1929, se produjeron cuatro veces más huelgas, con cinco veces más huelguistas y la pérdida de diez veces más jornadas de trabajo. Fuertes tormentas primaverales provocaron una desastrosa cosecha de aceitunas en Andalucía, a la que siguió una terrible sequía estival que afectó gravemente la cosecha de cereales. El paro resultante osciló entre el 12 por ciento de Cádiz y el 50 por ciento de Jaén y Sevilla. En un contexto de huelgas constantes, crecía el sentimiento de que solo una república podía resolver los problemas económicos y sociales de España mediante una reforma agraria fundamental[592].

Por miedo a que sus afiliados los abandonaran para irse a la más agresiva CNT, sobre todo en el sur, la UGT se lanzó a convocar huelgas generales en Sevilla, Granada y Málaga. En septiembre, Galicia, Asturias y el País Vasco también se movilizaron con objetivos económicos que se vieron desbordados por las exigencias de un cambio de régimen[593]. A Largo le inquietaba que sus esfuerzos por frenar a los radicales contribuyeran a aumentar el número de militantes de la CNT y, en menor medida, del Partido Comunista. También era consciente de que la Federación Socialista Asturiana estaba siguiendo el ejemplo de Prieto en la creación de alianzas locales con republicanos[594]. Le molestaba el hecho de que, a título personal, Prieto hubiera asistido a la reunión celebrada en San Sebastián el 17 de agosto, en la que un amplio abanico de líderes republicanos, incluidos los catalanes, firmaron el Pacto de San Sebastián. Esta sería la base del comité revolucionario republicano y del futuro Gobierno provisional. Los delegados catalanes exigieron la autonomía total de Cataluña. Después de un tenso debate, se acordó que la República llevaría un proyecto de Estatuto de Autonomía a las futuras Cortes Constituyentes[595].

Al cabo de pocos días del encuentro, Azaña y Prieto coincidieron con Juan March en el famoso restaurante Nicolasa de San Sebastián. Prieto bromeó: «Ya podía usted desprenderse de dos millones para congraciarse con la revolución, y que no le haga nada». March, que iba acompañado, como tantas otras veces, de una hermosa joven rubia, se limitó a sonreír. En varios momentos de 1930, Maura y Lerroux se ofrecieron a hipotecar sus propiedades con March para financiar el movimiento republicano. Cuando Lerroux le comentó el asunto, March contestó: «Yo no puedo ni debo convertirme en el banquero de la revolución». March se negó porque, como Azaña comentaría más tarde, no creía que fueran a tener éxito. Sin embargo, se mantuvo en contacto con los republicanos más destacados para obtener información sobre sus planes y recursos e informar de ellos al Gobierno[596].

Con grandes reticencias, como hemos visto, Largo Caballero se acercó a la posición de Prieto en materia de colaboración con los republicanos. Más tarde, escribiría: «Nunca he creído que la República burguesa pudiera ser la panacea para curar todos los males del régimen capitalista; pero la consideraba una necesidad histórica[597]». El peso de la opinión pública, tal como se manifestó en una serie de enormes mítines prorrepublicanos, le aproximó más a esta idea. El 28 de septiembre, veinte mil personas de toda España escucharon en la plaza de toros de Madrid los discursos de Azaña, Maura, Alcalá Zamora, Lerroux, Marcelino Domingo y otros líderes republicanos, que insistieron todos ellos en la necesidad de unidad. Se celebraron en todo el Estado mítines parecidos, el más importante de los cuales fue el que reunió a veinticinco mil personas en Valencia el 20 de octubre. Así, los días 16 y 18 de octubre, las ejecutivas del PSOE y de la UGT aceptaron la oferta del comité revolucionario de otorgar dos ministerios al PSOE en un futuro Gobierno republicano, a cambio de que los socialistas apoyaran un golpe de Estado con una huelga general. Los anarcosindicalistas moderados dirigidos por Pestaña también se inclinaban por apoyar a la gran coalición republicana[598].

Los líderes republicanos no se fiaban de la promesa de Berenguer de celebrar elecciones, sobre todo debido al historial de amaños electorales de la monarquía constitucional. Estaban convencidos de que un golpe de Estado era el único camino que seguir. Eso exigía la cooperación de los oficiales del Ejército, que no fue difícil de conseguir tras el conflicto de Primo con la artillería y los ingenieros, su interferencia en los procedimientos de ascenso y su enemistad con figuras clave como López de Ochoa y Queipo de Llano. Se creó un comité militar revolucionario bajo la presidencia de Queipo que, junto con Ramón Franco, elaboró planes detallados para la toma de los principales centros de comunicaciones y cuarteles militares. Ramón Franco, que era vigilado por los agentes de Mola, recorrió España junto con otros conspiradores, tratando de convencer a sus amigos anarquistas de que se unieran al movimiento, intentando comprar armas y organizando la fabricación de bombas[599].

En octubre se anunció la composición del Gobierno provisional. Como garantía de que, a pesar de su nombre, el comité revolucionario no pretendía la revolución social, los dos principales cargos fueron para dos católicos conservadores, Alcalá Zamora como presidente del Consejo y Maura como ministro de la Gobernación. La propuesta de dar la cartera de Justicia a Lerroux fue rechazada después de que Maura comentara que esto llevaría a sus amigos corruptos a subastar juicios en la Puerta del Sol[600]. Reunido en el Ateneo o en casa de Maura, el comité acordó a finales de octubre preparar un golpe militar apoyado por la convocatoria de una huelga general a cargo de la UGT. Tras varios retrasos, estaba previsto que este tuviera lugar el 15 de diciembre, animados por el aumento constante del número de huelgas. Mola reconoció más tarde que el movimiento republicano estaba respaldado por trabajadores, estudiantes, altos cargos del Gobierno, oficiales del Ejército, empresarios, industriales, médicos, abogados, otros profesionales e incluso algunos sacerdotes. Sin embargo, su red de agentes secretos lo mantuvo bien informado de los preparativos de la sublevación[601].

El 13 de noviembre, el Gobierno recibió un duro golpe. Una gran manifestación de más de 150.000 personas acompañó al cortejo fúnebre de cuatro trabajadores de la construcción muertos al derrumbarse un edificio en la calle de Alonso Cano en Madrid. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego y mataron a dos personas e hirieron a 49. La respuesta fue una huelga general de 48 horas de ámbito nacional, convocada por la UGT, que sacudió al Gobierno[602]. A ello se sumó el 15 de noviembre un demoledor artículo de José Ortega y Gasset. Bajo el título «El error Berenguer», Ortega opinaba que, tras siete años de anormalidad, el proyecto de restauración de la normalidad estaba condenado al fracaso[603].

La clave de la trama republicana en Madrid era el aeródromo militar de Cuatro Vientos. Las perspectivas de éxito se vieron mermadas, sin embargo, por el alzamiento de la guarnición de la pequeña localidad pirenaica de Jaca, en el norte de la provincia de Huesca. El 12 de diciembre, los capitanes Fermín Galán, Ángel García Hernández y Salvador Sediles se adelantaron tres días a la fecha acordada para la acción a escala nacional. Proclamaron la República y luego se dirigieron a provocar la sublevación en las guarniciones de Huesca, Zaragoza y Lérida. La huelga prometida por la CNT en Zaragoza no se produjo. La columna de Galán, mal equipada, mal alimentada y calada hasta los huesos, fue detenida en Cillas, a tres kilómetros de Huesca, por tropas del capitán general de la región militar de Aragón, el general Fernández de Heredia. La revuelta de Jaca fue sofocada[604]. Galán y García Hernández, como los dos cabecillas, fueron juzgados en consejos de guerra sumarios el 13 de diciembre y condenados a muerte. Presionado por el rey, Berenguer cometió el desastroso error de ratificar la sentencia y fueron fusilados al día siguiente. Según Manuel de Burgos y Mazo, las ejecuciones convirtieron la sublevación de Jaca en un acto heroico con mártires cuando, de otro modo, hubiera significado un golpe mortal a las esperanzas republicanas[605].

Sin embargo, la derrota de los rebeldes de Jaca hirió de muerte al complot al provocar la retirada de numerosos oficiales, en particular, de artillería. Aunque la rebelión prevista siguió adelante para el 15 de diciembre, el pesimismo estaba justificado. Aviadores rebeldes se apoderaron de la base aérea de Cuatro Vientos, pero quedaron aislados al no materializarse la esperada huelga general. En un esfuerzo por tomar la iniciativa, Ramón Franco se dirigió a bombardear el Palacio Real de Oriente, pero, avistado por Alfonso XIII desde un balcón, regresó a Cuatro Vientos al ver que había niños jugando en los jardines. Otros aviones lanzaron pasquines llamando a la huelga general. Después del éxito inicial en el aeródromo, el siguiente paso era neutralizar la guarnición militar vecina de Campamento, pero Queipo se retrasó y, tras perder el elemento sorpresa, el aeródromo fue retomado. Todo el asunto terminó en fiasco, aunque más tarde sus protagonistas fueran aclamados como héroes. Los principales conspiradores huyeron primero a Portugal y luego a París[606].

El nulo entusiasmo de la dirección besteirista de la UGT a la hora de la verdad había hecho fracasar la huelga. El 10 de diciembre, Andrés Saborit se negó en redondo a imprimir el manifiesto de los revolucionarios para el día de la huelga en la imprenta de los socialistas[607]. Luego, la mañana del 14 de diciembre, Largo Caballero dio las instrucciones finales para la huelga en Madrid al besteirista Manuel Muiño, presidente de la Casa del Pueblo Socialista. Muiño no pasó las órdenes a los sindicatos y llegó a confiarle a Mola que la UGT no se uniría a la huelga al día siguiente. Años más tarde, Besteiro reconocería su responsabilidad en el fracaso de la intentona de diciembre de 1930[608]. Ninguno de los poderosos sindicatos controlados por la burocracia sindical besteirista dejó de trabajar en Madrid. En cuanto al resto de España, la UGT tuvo un papel relevante en los paros de Asturias y el País Vasco, e incluso en Barcelona, donde la CNT había dudado en convocar la huelga debido a las noticias que llegaban de Madrid[609].

El Gobierno detuvo a algunos miembros del comité revolucionario: Maura, Alcalá Zamora, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz y Casares Quiroga. Prieto logró evitar que lo detuvieran en Bilbao y llegó a Francia tras cruzar el golfo de Vizcaya. Consiguió malvivir en París donde, a fuerza de una voluminosa correspondencia y frecuentes reuniones con delegaciones de España, siguió siendo la fuerza dinámica que mantenía unida a la coalición republicano-socialista. Sospechosamente, no se dio orden de detener a Lerroux[610].

A pesar del fracaso, la indignación pública por la muerte de Galán y García Hernández hirió de muerte a la monarquía, aunque numerosos altos mandos militares, incluido Franco, consideraran legítimas las ejecuciones, sobre todo tras la muerte del general Las Heras, herido en el enfrentamiento entre sus fuerzas y los rebeldes de Jaca[611]. Berenguer dimitió el 14 de febrero, cuando los liberales Romanones y García Prieto retiraron su apoyo al Gobierno, en parte en respuesta a la indignación pública por las ejecuciones y en parte por su temor a que las elecciones previstas fueran amañadas a favor de los conservadores. Sánchez Guerra intentó formar gobierno e incluso visitó a los líderes republicanos encarcelados en un tanteo predeciblemente infructuoso de asegurar su colaboración[612].

El 17 de febrero, el capitán general de la Armada, el almirante Juan Bautista Aznar, formó un gabinete con los altos mandos de los antiguos partidos monárquicos, desde Romanones como ministro de Estado hasta De la Cierva como ministro de Fomento, pasando por Berenguer como ministro del Ejército y Gabriel Maura como ministro de Trabajo[613] Este último describió al ingenuo Aznar como «políticamente de la luna y geográficamente de Cartagena» y escribiría más tarde: «siempre había pronosticado que mi carrera política terminaría acompañando a la Corona hasta el cementerio». Miguel Maura tildó a los miembros del gabinete de Aznar de «sepultureros de la Monarquía[614]».

Entre el 13 y el 16 de marzo de 1931, tuvo lugar en Jaca el juicio del capitán Salvador Sediles y otros 71 oficiales y hombres que habían estado involucrados en la rebelión de diciembre. El almirante Aznar declaró que pediría clemencia al rey cualesquiera que fueran los veredictos. Sin embargo, la publicación de las condenas —pena de muerte para el capitán Sediles, cuatro cadenas perpetuas y otras penas menores— provocó una campaña pública masiva a favor de la clemencia. Las universidades de toda España estaban en constante ebullición. En la recta final de la campaña de las elecciones municipales, convocadas el 6 de marzo para el 12 de abril, no había tema más candente que el de las ejecuciones de Galán y García Hernández, por lo que todas las penas fueron conmutadas el 18 de marzo[615]. Dos días después, comenzaron los juicios de los firmantes civiles del manifiesto revolucionario. Las multitudes que jaleaban a los prisioneros, en la ruta que los llevaba desde la cárcel Modelo hasta el Palacio de Justicia en la plaza de las Salesas, convirtieron su paso en una triunfal procesión republicana. Los abogados enjuiciaron a la monarquía, argumentando que la rebelión contra un régimen ilegítimo no era delito. El presidente del tribunal, el general Ricardo Burguete, amigo del abogado de Maura, Ossorio y Gallardo, y enemigo de Berenguer, les dio barra libre. Los acusados fueron absueltos y salieron del tribunal a hombros de trabajadores y estudiantes entusiastas[616].

La preocupación principal del Gobierno era organizar las elecciones municipales previstas para el 12 de abril, aunque ni el almirante Aznar ni su ministro de la Gobernación, el marqués de Hoyos, invirtiesen mucha energía en el tema. El patricio Hoyos, que además era marqués de Zornoza y de Vinent y vizconde de Manzanera, estaba totalmente alejado de la política cotidiana. Romanones tuvo que hacer denodados esfuerzos para lograr una candidatura monárquica unitaria. Juntar a conservadores, liberales, la Unión Patriótica, la Unión Monárquica y grupos como los Legionarios de España de ultraderecha de Albiñana era una tarea muy ingrata. Los representantes de los viejos partidos se peleaban por el número de puestos que cada uno debía tener[617]. En todos los aspectos, la coalición republicano-socialista estaba más unida y llevaba su campaña con mayor eficiencia. Los argumentos a favor de la monarquía no podían compensar los razonamientos en su contra que aducían los republicanos, con hitos como la Semana Trágica, Annual y la dictadura. Las historias de miedo de los monárquicos, que pintaban a los republicanos como títeres de los bolcheviques judíos, empeñados en abolir la propiedad privada e imponer la propiedad común de las mujeres, se vieron neutralizadas por la presencia en la coalición republicano-socialista de conservadores católicos como Miguel Maura y Alcalá Zamora[618].

El exceso de confianza del rey y de sus partidarios era notable. Muchos miembros de la aristocracia simplemente no se molestaron en votar. El 12 de abril, domingo soleado, los madrileños más ricos se marcharon a la Sierra[619]. El resultado fue que la conjunción de republicanos y socialistas se alzó con la victoria en cuarenta y cinco capitales de provincia, mientras que los monárquicos se impusieron solo en las zonas rurales donde la dominación social de los caciques permanecía intacta. En las ciudades, sin embargo, aquello fue en la práctica un plebiscito contra la monarquía. Para total consternación de Romanones y De la Cierva, sus feudos de Guadalajara y Murcia cayeron en manos de la coalición republicana. El corpulento republicano Pedro Rico fue aclamado como el héroe del momento cuando apareció en la plaza de toros de Madrid[620]. En Barcelona, una amplia coalición de la izquierda catalana, liderada por Macià y Companys, se alzó con un triunfo abrumador. La Lliga Regionalista fue eclipsada y las multitudes gritaban: «Visca Macià!» y «Mori Cambó!»[621]. Sanjurjo informó a los miembros de los ministros del gabinete que no podía garantizar la lealtad de la Guardia Civil en caso de manifestaciones masivas contra la monarquía. En cualquier caso, el 13 de abril, en una reunión del Gobierno, Berenguer declaró su oposición al uso de la fuerza militar. Había enviado un telegrama a los capitanes generales de las ocho regiones militares dándoles orden de mantener la calma y la disciplina de los hombres bajo su mando, como «garantía de que los destinos de la Patria han de seguir sin trastornos que la dañen intensamente el curso lógico que les imponga la suprema voluntad nacional». Con las manifestaciones republicanas en las calles y ciudad tras ciudad proclamando la República, en el Gobierno se acabó imponiendo el parecer de que el rey debía exiliarse por una temporada. El propio Alfonso XIII parecía ajeno a la gravedad de su situación hasta el último momento, pero finalmente reconoció que tenía que marcharse de España. Al enterarse de la decisión, Sanjurjo visitó a Miguel Maura y se limitó a decirle: «A las órdenes de usted, señor ministro». Era el fin de la monarquía. El rey no abdicó, sino que se fue, confiando en que sus partidarios lograrían crear un contexto en el que le acabaran implorando que volviese. El 14 de abril se proclamó la Segunda República[622].

La dictadura de Primo de Rivera fue considerada en años posteriores como una edad de oro por las clases medias españolas y se convirtió en un mito central de la derecha reaccionaria. Eduardo Aunós se refirió al 13 de septiembre de 1923 como «el connubio de Primo de Rivera con la inmortalidad». Algunos años más tarde, sin ironía aparente, Franco aclamaría en 1942 ese periodo de corrupción generalizada como «los años venturosos del glorioso general Primo de Rivera, de buena administración: seis años ejemplares, de victorias marroquíes, de paz y de progreso[623]».

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La Segunda República (1931-1939)

Ilustración alegórica de la República con las efigies de los más ilustres miembros del Gobierno, 1931.
© Album / Universal Images Group / Universal History Archive \ UIG.

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La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931 en medio de estallidos de júbilo popular en las principales ciudades. Las multitudes coreaban insultos contra el rey por su presunta corrupción. El escritor Ramón del Valle-Inclán escribió: «Ahora no se le arroja a Alfonso XIII por anticonstitucional, sino por ladrón[624] La indignación por los abusos de la monarquía y la dictadura había alimentado expectativas exageradas en cuanto a lo que podría ofrecer el nuevo régimen[625]». De hecho, en un contexto de depresión mundial, la República se enfrentaba a problemas enormes. La riada de emigrantes de vuelta desbordaba a la España rural, al igual que los obreros de la construcción no cualificados que fueron despedidos al terminar el despilfarro de las obras públicas de la dictadura. Todo ello intensificó la necesidad de reformas en materia de protección social y propiedad de la tierra, pero la República tendría poca capacidad económica para introducir cambios debido a la pesada carga financiera heredada de Primo y a la desconfianza de la banca internacional.

El nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, declaró con orgullo en las Cortes que la monarquía había sido derrocada sin que se rompiera ni una ventana[626]. Las multitudes eufóricas en las plazas de las ciudades ignoraban el clima hostil en el que había nacido la República. Entre la extrema derecha, los devotos de la dictadura tanto de la Unión Monárquica, liderada por el conde de Guadalhorce, como los carlistas de la Comunión Tradicionalista empezaron a tramar desde el principio la destrucción del nuevo sistema. Los grupos algo más moderados de seguidores de Ángel Herrera utilizarían todos los medios para «dentro de la legalidad, reconquistar todo lo perdido[627]». Herrera fue descrito por Miguel Maura como «un pájaro de mal agüero». Los conservadores moderados esperaban que con un sacrificio simbólico, la sustitución del defenestrado Alfonso XIII por un presidente, bastara para pacificar a las masas que exigían reformas[628]. Como sus expectativas se vieron frustradas, depositaron sus esperanzas en los partidos de derecha. Además, la colaboración de Largo Caballero y la burocracia sindical de la UGT con la dictadura había generado una hostilidad antisocialista en la CNT de una magnitud que perjudicaría profundamente a la República. La actitud anarquista hacia el nuevo régimen se resumió en el titular: «Todos los gobiernos son detestables y nuestra misión es destruirlos[629]».

Las mayores tensiones inmediatas se generaron en el sur de España. La miseria de los trabajadores sin tierra se había agravado debido a las desastrosas inundaciones que habían destruido la cosecha de aceitunas del año y los había dejado con menos trabajo, mientras que los terratenientes habían decidido resarcirse de sus pérdidas recortando los salarios. El mecanismo de absorción del exceso de mano de obra mediante obras públicas no logró que las autoridades frenaran el desempleo. Los terratenientes se resistían ferozmente a la práctica del alojamiento obligatorio de jornaleros en las fincas. No tardaron en producirse alteraciones del orden público, como el saqueo de panaderías en pueblos de la provincia de Cádiz y de comercios en Jaén. Cerca de mil ochocientos jornaleros ocuparon Antequera (Málaga) del 5 al 20 de noviembre de 1930 hasta que fueron expulsados por la Guardia Civil y unidades de infantería y caballería del Ejército regular enviadas desde Marruecos[630]. Los brotes esporádicos de conflicto social en el sur redujeron drásticamente la capacidad de la República para lograr un régimen de coexistencia.

En abril de 1931, pocos españoles creían que los problemas del país pudieran resolverse solo mediante la violencia. La República, vista como una amenaza por los miembros más privilegiados de la sociedad, despertó esperanzas desmesuradas entre los más humildes. En última instancia, el nuevo régimen sería destruido por haber intentado la aplicación de reformas y haber fracasado en el empeño. A las pocas semanas de su proclamación, tanto los antiguos partidarios de Primo como una minoría significativa de anarquistas hacían lo posible por erosionarla. Cada uno por su lado, provocaron que, al cabo de cinco años y tres meses, amplios sectores de la población acabaran creyendo que la guerra era inevitable.

Y es que, en realidad, la instauración del nuevo régimen no alteró el equilibrio del poder social y económico. La riqueza y la influencia de terratenientes, industriales y banqueros no disminuyeron el 14 de abril. El poder político, en cambio, había caído en manos de una coalición más o menos moderada que integraban el sector más reformista de la clase obrera organizada, los socialistas, y una amalgama heterogénea de partidos republicanos de clase media. Su aparente fuerza ocultaba una debilidad fatal: unidos durante los últimos años de la dictadura por el objetivo inmediato de eliminar la monarquía, los integrantes de la coalición tenían proyectos diferentes. A la derecha, los conservadores, encabezados por un terrateniente y exministro de la Guerra liberal durante la monarquía, Niceto Alcalá Zamora, y por Miguel Maura, ya habían cumplido su principal ambición: la marcha de Alfonso XIII[631]. Algo más a su izquierda se situaba el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que había abandonado el fanatismo de antaño por la amistad con Juan March y seguía siendo tan corrupto como siempre, aunque ahora se dedicara a lanzar soflamas antirrevolucionarias, por todo lo cual los demás miembros del Gobierno provisional lo veían con suspicacia. No todos los radicales eran tan corruptos como su líder y su secuaz Emiliano Iglesias, pero muchos se dedicaban a la política para sacar provecho del acceso a los resortes del poder[632]. En el ala izquierda de la coalición, los socialistas y Alianza Republicana, que incluía al jacobino Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo, tenían ambiciosos objetivos de reforma que iban desde la destrucción de la influencia reaccionaria de la Iglesia y el Ejército hasta la reforma agraria y unas relaciones laborales más equitativas, pasando por el cumplimiento de las demandas de autonomía de los regionalistas vascos y catalanes. Sin embargo, republicanos como Manuel Azaña y Marcelino Domingo daban a los objetivos políticos mayor prioridad que a los cambios sociales, que eran la meta principal de los socialistas.

Dado que tanto el poder económico (los dueños de los bancos, la industria y la tierra) como el poder social (la prensa, la radio y el sistema educativo, que en su mayor parte eran de propiedad privada) permanecieron inalterados, las ambiciones reformistas de la coalición constituían una tarea de proporciones hercúleas. Por primera vez, unas elecciones relativamente libres habían permitido que la oligarquía se viera amenazada, pero sus defensas eran robustas y variadas. Mientras que el Ejército y la Guardia Civil seguían decididos a repeler los ataques a la propiedad, la religión y la unidad nacional, la Iglesia católica conservaba una inmensa influencia sobre los corazones y las mentes de una gran parte de la población. La combinación de estas fuerzas frustraría la reforma a costa de la radicalización de la izquierda, a la que responderían con el golpe militar de 1936.

Uno de los legados de la lucha contra la monarquía fue la exigencia de castigo a los beneficiarios del Antiguo Régimen. En julio de 1930 se había constituido en el Ateneo de Madrid una Comisión de Responsabilidades con la esperanza de llevar ante la justicia a Alfonso XIII y a los colaboradores de la dictadura. Seis miembros del Gobierno provisional —Azaña, Fernando de los Ríos, Prieto, Marcelino Domingo, Maura y Alcalá Zamora— habían pertenecido a la comisión, y Eduardo Ortega y Gasset, el azote de la corrupción de la dictadura, se convirtió en gobernador civil de Madrid. Las «responsabilidades» eran una causa simbólica, pero también un cáliz envenenado que dividía a la coalición republicana y creaba enemigos. El 8 de mayo de 1931, las conclusiones de la comisión fueron entregadas al nuevo fiscal de Estado, Ángel Galarza, que ordenó la confiscación de las propiedades del rey y la detención de Galo Ponte y de los generales Berenguer y Mola por su participación en las ejecuciones de Galán y García Hernández. El rey fue acusado de inmoralidad administrativa, pero se había llevado una fortuna de 85 millones de pesetas fuera de España antes de que la comisión pudiera impedirlo. Al igual que el depuesto monarca, otros posibles objetivos, como Calvo Sotelo y Martínez Anido, habían huido al exilio[633].

La labor de la Comisión de Responsabilidades en los primeros meses del régimen ayudó a mantener el fervor popular republicano, pero a la larga tuvo un alto coste. Pocas personas fueron procesadas con éxito y, aunque la comisión era independiente del Gobierno, su actuación daba la imagen de una República vengativa. El 2 de septiembre, Azaña se irritó por las numerosas detenciones de generales ya ancianos, motivadas, en su opinión, por un afán de sensacionalismo. Comentó que todos los amigos de Galo Ponte lo habían abandonado y ahora se jactaban de ser republicanos: «En las covachuelas de la Administración, se alberga la gente más abyecta». Los generales detenidos fueron presentados de inmediato como víctimas por la prensa de derecha. Azaña escribió: «De la mayoría de estos hombres ya nadie se acordaba. Ahora hemos creado una representación colectiva de la contrarrevolución y le hemos dado caudillos[634]».

Con Largo Caballero en la cartera de Trabajo, los braceros y jornaleros sin tierra afluyeron en masa a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), la sección agrícola de la UGT, de la que constituían casi el 40 por ciento de los afiliados a finales de 1932. Así, el antiguo sindicato de obreros cualificados se convirtió en el representante político de los braceros rurales que se encontraban en primera línea de la guerra de clases del sur[635]. Mientras que muchos terratenientes financiaban organizaciones comprometidas con la defensa del viejo orden mediante la violencia, otros buscaban soluciones más pragmáticas y legales. Algunos volvieron a interesarse por la CNCA y las organizaciones políticas surgidas de esta, primero Acción Popular y más tarde, en 1933, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Otros, más liberales, o quizá más cínicos, se adhirieron a los partidos republicanos conservadores, sobre todo al Partido Radical. Así, los antagonismos rurales contaban en la política madrileña con dos correas de transmisión: las aspiraciones de los trabajadores sin tierra de la FNTT, que se vehiculaban a través del PSOE, y las de los latifundistas, que, a partir de distintas organizaciones locales, lo hacían por medio de Acción Popular y la Minoría Agraria.

En 1931, el cambio fue mucho menor de lo que esperaban las multitudes que se regocijaban en las calles o de lo que temían las clases altas. Los dos cargos clave del Gobierno provisional los ocuparon Alcalá Zamora, como presidente del Consejo de Ministros, y Maura como ministro de la Gobernación. Se hizo cargo de Economía el catalán liberal Lluís Nicolau d’Olwer. Lerroux fue nombrado ministro de Estado (es decir, de Asuntos Exteriores), porque así tenía menos oportunidades de malversar fondos: en diciembre de 1930, cuando los miembros del comité revolucionario estaban en la cárcel, Lerroux había organizado una suscripción popular en beneficio de estos y el dinero recaudado había desaparecido. Según Largo Caballero, Alcalá Zamora «le tenía en un concepto deplorable». El lector recordará que, en octubre de 1930, Maura se había opuesto a que Lerroux fuera nombrado ministro de Justicia en el Gobierno provisional, alegando que esto llevaría a que sus amigos corruptos subastaran las sentencias en la Puerta del Sol[636]. Como ministro de Estado, Lerroux fue un desastre. En la sede ginebrina de la Sociedad de Naciones, resultaba ridículo. Su limitado francés le impedía seguir los debates o entender los discursos que le escribía Salvador de Madariaga[637]. El segundo de Lerroux, Diego Martínez Barrio, bastante más honrado que su jefe, fue nombrado ministro de Comunicaciones. El resto del gabinete estaba formado por cuatro republicanos de izquierda y tres socialistas reformistas, unánimes en su deseo de construir una República para todos los españoles. Sin embargo, Azaña pronto lamentaría que los dos líderes del Partido Radical Socialista, Álvaro de Albornoz en Fomento y Marcelino Domingo en Instrucción Pública, no pudieran controlar a los extremistas de su partido, apodados «jabalíes» por José Ortega y Gasset[638].

La dirección socialista confiaba en que el poder político permitiera mejorar las condiciones de vida de los braceros del sur, los mineros asturianos y otros sectores de la clase obrera industrial. Se daban cuenta de que el derrocamiento del capitalismo era un sueño lejano. Pero lo que no supieron ver de entrada fue que los latifundistas y los propietarios de las minas considerarían cualquier intento de reforma como un desafío revolucionario. Sin embargo, atrapados entre la exigencia apremiante y multitudinaria de reformas y la tenaz hostilidad al cambio de los ricos, los socialistas se entregaron a la República con espíritu abnegado y optimista. En Madrid, el 14 de abril, militantes de la Federación de Juventudes Socialistas impidieron que se incendiara la casa del general Mola y formaron una barrera humana alrededor del Palacio Real para proteger a la familia de Alfonso XIII[639]. Como ministro de Hacienda, Indalecio Prieto se aseguró de que la familia real dispusiera de tiempo e instalaciones para que sus pertenencias fueran debidamente embaladas para su envío desde el Palacio Real. Además, en un gesto de deferencia hacia las clases acomodadas, anunció que cumpliría con todas las obligaciones financieras de la dictadura[640]. Según Miguel Maura, en los primeros meses, Prieto fue la fuerza motriz del gabinete republicano-socialista. Sin embargo, al ir en aumento los obstáculos al progreso, el movimiento socialista pronto se sintió frustrado.

La hostilidad derechista hacia la República se manifestó enseguida. Prieto anunció en la primera reunión del gabinete que la peseta se veía debilitada por una fuga de capitales a gran escala. Invirtió fuertes sumas de dinero en un vano esfuerzo por mantener el valor de la moneda, pero no se atrevió a adoptar medidas de estabilización como las empleadas por el ministro de Berenguer, Argüelles, por miedo a perjudicar la actividad económica. La peseta se depreció un 22 por ciento frente al dólar estadounidense, pero esto favoreció las exportaciones y disminuyó algunos de los efectos de la crisis mundial en España. La determinación de Prieto de erradicar la corrupción le valió la hostilidad de la comunidad empresarial. Amenazaba e insultaba con frecuencia a los banqueros tachándolos de «ladrones» y formuló acusaciones reiteradas contra Juan March[641]. El 6 de noviembre, March respondía airadamente a las imputaciones de Galarza. Azaña lo comparó con un animal acorralado. Fue quizá el día en que March declaró la guerra a la República. Al cabo de una semana, el 13 de noviembre, al mencionarse el nombre de March en las Cortes, Prieto gritó desde la bancada del Gobierno: «Debieron ahorcarlo en la Puerta del Sol. Y yo me habría colgado con mucho gusto de sus pies». Este brusco alejamiento de sus relaciones, antes cordiales, ponía de manifiesto que Prieto se había dado cuenta del impacto de las actividades de March en las arcas públicas[642].

Desde el primer momento, la Unión Monárquica Nacional se dedicó a organizar la resistencia contra la República, recaudando dinero de aristócratas, terratenientes, banqueros e industriales para promover el autoritarismo, financiando actividades conspirativas y comprando armas. El compromiso de la República de mejorar las condiciones de vida de los miembros más pobres de la sociedad exigía una importante redistribución de la riqueza. En una época de depresión mundial, los aumentos salariales y el coste de unas mejores condiciones de trabajo no podían financiarse mediante el simple recorte de los beneficios. En una economía en contracción, planteaban un desafío revolucionario al orden económico.

La amenaza al latifundismo adoptó la forma de una serie de decretos aprobados entre finales de abril y principios de julio de 1931 por los ministros socialistas de Trabajo, Francisco Largo Caballero, y de Justicia, Fernando de los Ríos. Este último corrigió el desequilibrio en los contratos de arrendamientos rústicos que favorecía a los terratenientes. Los desahucios se volvieron casi imposibles y se congeló el incremento de los alquileres mientras bajaran los precios. Las medidas de Largo Caballero fueron mucho más drásticas. El Decreto de Términos Municipales impedía la contratación de mano de obra de fuera de un municipio mientras hubiera trabajadores en paro en esa localidad. Con esta iniciativa se atacaba el arma más potente de los terratenientes: su capacidad de romper las huelgas y mantener bajos los salarios mediante la importación de mano de obra barata. A principios de mayo, Largo Caballero hizo lo que Primo de Rivera había intentado sin éxito: introdujo comités de arbitraje, los jurados mixtos, para dirimir disputas salariales y sobre condiciones de trabajo en el campo. Uno de los derechos que a partir de ese momento quedaban protegidos era el de la nueva jornada laboral de ocho horas. Anteriormente, se esperaba que los braceros trabajaran de sol a sol, pero ahora los propietarios tendrían que pagar horas extras o emplear a más gente para hacer el mismo trabajo. Finalmente, el Decreto de Laboreo Forzoso impedía que los propietarios sabotearan estas medidas dejando sus tierras en barbecho. Sin embargo, ninguno de estos decretos se aplicó con contundencia. A los propietarios que hacían caso omiso de la nueva legislación no les pasaba nada, e incluso los guardias armados de las fincas agredían a los responsables sindicales que se quejaban. Por otra parte, los preparativos para redactar una ley de reforma agraria alarmaron a los terratenientes, que empezaron a quejarse ruidosamente de que estaban arruinando la agricultura[643].

La aplicación de los decretos de reforma dependía de la eficacia y el grado de compromiso personal del gobernador civil de cada provincia. Al Gobierno republicano le resultó muy difícil encontrar funcionarios competentes. Muchos de los nombres que los demás ministros recomendaron a Miguel Maura como posibles gobernadores civiles eran grotescamente inadecuados; así, por ejemplo, uno de los que Maura rechazó era un limpiabotas que había prestado dinero a Marcelino Domingo en momentos difíciles. Otro confesó que quería ser gobernador de Segovia para ayudar a un amigo a abrir un café en la plaza de la catedral. En sus memorias, Maura escribió: «¡Los gobernadores! ¡Solo evocarlos, al cabo de treinta años, aún me pone la carne de gallina!». Pocos gobernadores fueron capaces de enfrentarse a los terratenientes que incumplían flagrantemente la legislación. En su debilidad, a menudo acababan siendo más leales a las fuerzas vivas locales que al Gobierno central[644].

La derecha reaccionó de dos formas distintas al desafío reformista: por un lado, estaban los «accidentalistas» y, por el otro, los «catastrofistas». Inspirados por Ángel Herrera, editor de El Debate, el periódico de derechas más moderno de España, los accidentalistas adoptaron una táctica legalista basada en la idea de que las formas del régimen, republicanas o monárquicas, eran accidentales y no sustanciales. Lo que realmente importaba, y podía controlarse legalmente, era el contenido social del régimen. Los accidentalistas eran miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la mayoría de los cuales habían pertenecido a la Unión Patriótica de Primo de Rivera. Tenían influencia en la prensa, el poder judicial y las profesiones liberales. A partir de este caudal de talento, el astuto abogado José María Gil Robles —a quien Miguel Maura describió como «un joven de cara redonda, semejante a un garbanzo tallado, mal trajeado, pero sumamente pretencioso, casi pedante, con aires de tribuno»— creó una organización llamada Acción Popular. Integraban la base pequeños agricultores católicos de las agrupaciones provinciales de la Confederación Nacional Católico-Agraria. Sus pocos diputados electos utilizaron todos los medios posibles para bloquear la reforma en las Cortes. Enormes y hábiles campañas de propaganda convencieron a los pequeños agricultores católicos del norte y el centro de España de que las reformas agrarias republicanas perjudicaban sus intereses tanto como los de los latifundistas. La República fue presentada como un instrumento del comunismo soviético, ateo y demagógico, dispuesto a robarles las tierras y arrastrar a sus esposas e hijas a una orgía de amor libre obligatorio. Con sus votos, en 1933 la derecha legalista conseguiría arrebatar el poder político a la izquierda[645].

Los tres principales grupos catastrofistas no pretendían otra cosa que destruir la República por medio de un alzamiento militar. El más antiguo de los tres era la Comunión Tradicionalista de los carlistas, partidarios antimodernos de una teocracia gobernada por sacerdotes guerreros. Aunque sus ideas estuvieran desfasadas, la Comunión Tradicionalista tenía importantes apoyos entre los agricultores navarros y entre algunos terratenientes andaluces. Los carlistas contaban con una milicia fanática llamada Requeté que, entre 1934 y 1936, se adiestró en la Italia de Mussolini. Los mejor financiados y más influyentes de los catastrofistas eran los monárquicos alfonsinos. Con su revista Acción Española y su partido político Renovación Española, fueron el estado mayor y los financiadores de la extrema derecha. Tanto el alzamiento de 1936 como la estructura e ideología del Estado franquista les deben muchísimo. Por último, estaban los fascistas españoles, cuya creación resultó del esfuerzo conjunto del surrealista trastornado Ernesto Giménez Caballero, del excéntrico Dr. José María Albiñana, del admirador de los nazis y traductor del Mein Kampf Onésimo Redondo Ortega y del funcionario de correos y germanófilo Ramiro Ledesma Ramos[646]. El Partido Nacionalista Español de Albiñana y sus Legionarios de España, de camisa azul y saludo a la romana, a pesar de su retórica fascista y antisemita, acabaron fusionándose con los monárquicos[647]. La Conquista del Estado, de Ledesma Ramos, creada en febrero de 1931, fue la primera formación abiertamente fascista[648]. Al cabo de tres meses, Onésimo Redondo, dirigente del Sindicato de Cultivadores de Remolacha de Castilla la Vieja, fundó un grupo fascista en Valladolid con el nombre de Junta Castellana de Actuación Hispánica. En octubre de 1931, las minúsculas organizaciones de Ledesma Ramos y de Redondo se unieron en las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), un débil grupúsculo cuyo mayor activo era su símbolo, el yugo y las flechas[649]. Inspirados por Hitler, se fusionaron a principios de 1934 con la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, con el nombre de Falange Española de las JONS. Subvencionados tanto por los monárquicos alfonsinos como por Mussolini, los falangistas de base suministraban la carne de cañón de los catastrofistas, atacando a la izquierda y provocando luchas callejeras que permitían a otros grupos denunciar el «desorden» de la República[650].

Entre los enemigos de la República, dos de los más poderosos eran la Iglesia y el Ejército. Ambos acabarían siendo arrastrados hacia la derecha antirrepublicana sin grandes dificultades, en parte debido a los errores cometidos por los políticos republicanos, pero también por la actuación de los integristas de la Iglesia, firmes defensores de la necesidad de un «Estado confesional» que impusiera la práctica de la religión católica por la fuerza, mediante la guerra civil si hacía falta, y prohibiera todas las demás. Entre los integristas destacaban el cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, y el obispo de Tarazona (Zaragoza), Isidro Gomá, que sucedería a Segura en el arzobispado. Estos formaron un grupo semiclandestino dentro de la Iglesia, cuyos miembros se comunicaban entre sí en clave, como se descubrió cuando los izquierdistas encontraron los archivos secretos de Isidro Gomá en el palacio arzobispal de Toledo en julio de 1936[651].

El 1 de mayo se armó un gran revuelo con la pastoral que publicó el ambicioso e irascible arzobispo Segura, una de cuyas obsesiones era la prohibición de cualquier baile que implicara contacto físico entre las parejas. Su pugnacidad en materia teológica llevó al intelectual monárquico José María Pemán a definirlo como «un torero de dificultades doctrinales y pastorales[652]». La pastoral de Segura, dirigida a los obispos y fieles de España, llamaba a la movilización general en una cruzada de oraciones, de modo que los católicos «se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social». En el contexto del entusiasmo popular por la República, su elogio de la monarquía y de sus vínculos con la Iglesia era una provocación irresponsable. El también beligerante obispo de Barcelona, Manuel Irurita, declaró que la Iglesia necesitaba espadas y artillería[653].

El Gobierno solicitó al Vaticano la destitución de Segura pero, antes de recibir una respuesta, temiendo represalias, el prelado huyó a Roma. Sin embargo, el 11 de junio regresó para organizar encuentros clandestinos entre sacerdotes. Miguel Maura, sin consultar al resto del gabinete, ordenó su expulsión. La publicación en la prensa de fotografías del cardenal primado de España saliendo de un monasterio de Guadalajara escoltado por la policía y la Guardia Civil fueron presentadas inmediatamente como prueba de que el Gobierno republicano estaba formado por «masones, ateos y judaizantes» consagrados a la persecución de la Iglesia. Al cabo de una semana, Maura también expulsó al obispo de Vitoria, Mateo Múgica, euskaldún y nacionalista militante, cuando este se negó a desconvocar una manifestación de carlistas y nacionalistas vascos en Bilbao que podía provocar disturbios callejeros[654].

Los enfrentamientos con Segura y Múgica reforzaron la convicción de los republicanos de que la Iglesia era el baluarte del reaccionarismo. El domingo 10 de mayo, jóvenes del Círculo Monárquico Independiente habían provocado un tumulto en la calle de Alcalá de Madrid interpretando la Marcha Real desde la ventana de su sede y gritando: «¡Viva el rey!» y «¡Muera la República!». Después de intentar sin éxito irrumpir en el edificio, la multitud asaltó la sede del diario monárquico ABC. Maura quería emplear a la Guardia Civil, pero Azaña y Prieto lo disuadieron. En los dos días siguientes fueron incendiados iglesias y conventos en Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante. Una vez más, los compañeros de gabinete de Maura le impidieron movilizar a la Guardia Civil. Azaña proclamó que «todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». Al final, se restableció el orden sin dificultad con la declaración del estado de guerra. Los incendios fueron obra de jóvenes fanáticos del Ateneo y del movimiento anarquista, convencidos de que la Iglesia era la araña que urdía las tramas de la política reaccionaria en España. Tanto la prensa republicana de la época como Maura afirmarían más tarde que agentes provocadores de la derecha habían estado involucrados en los ataques. Algunos testigos confirmaban que miembros del Círculo Monárquico Independiente habían pagado a jóvenes para que compraran gasolina y quemaran edificios religiosos. El 22 de mayo se declaró la plena libertad religiosa. El diario monárquico ABC y el periódico católico El Debate lanzaron furibundas quejas, y fueron clausurados durante un breve tiempo por el Gobierno[655].

Entre la República y las fuerzas armadas había varios motivos de fricción, pero ninguno más grave que la disposición del nuevo régimen a conceder la autonomía regional. Las elecciones del 12 de abril habían dado la victoria a la Esquerra Republicana de Catalunya del coronel Macià, a la que habían votado muchos militantes de la CNT[656]. El 14 de abril, Lluís Companys proclamó la República y, poco después, Macià proclamó a su vez la República catalana, de la que fue declarado presidente. En épocas anteriores, e incluso posteriores, estas situaciones habían provocado o provocarían choques sangrientos. Esta vez, se resolvió de forma pacífica con la mediación de tres ministros del Gobierno de Madrid —Fernando de los Ríos y dos catalanes, Marcelino Domingo (Instrucción Pública) y Lluís Nicolau d’Olwer (Economía)— que propusieron dar a la administración catalana la denominación simbólica del antiguo gobierno medieval, la Generalitat, y prometieron la rápida aprobación de un Estatuto de Autonomía. Así convencieron a Macià de que hiciera lo que él describió como «el mayor sacrificio de mi vida». Un equipo de representantes de la Generalitat comenzó a redactar un Estatuto de Autonomía[657].

Como era inevitable, esto despertó las suspicacias de un Ejército ferozmente centralista. Además, Azaña, en calidad de ministro de la Guerra, deseaba reducir el Ejército a un tamaño acorde con las posibilidades económicas de la nación, para aumentar su eficiencia y erradicar la amenaza del militarismo en la política española. Azaña estaba influido por los sectores del Ejército que se habían opuesto a la dictadura, sobre todo las armas de Artillería y Aviación. Los africanistas, enfurecidos, comenzaron a murmurar que Azaña era esclavo de un grupo de oficiales conocidos como el «gabinete negro[658]». Su necesaria y generosa reforma permitió que se ofreciera a ocho mil oficiales la posibilidad de jubilarse voluntariamente con el sueldo íntegro. Sin embargo, la susceptibilidad de los militares se inflamó cuando el decreto de Azaña del 3 de junio de 1931 sobre la revisión de ascensos cuestionó algunas de las promociones por «méritos de guerra» otorgadas durante los conflictos de Marruecos. Muchos generales de derechas, incluido Francisco Franco, se enfrentaron a la posibilidad de verse degradados al rango de coronel. La comisión que llevó a cabo la revisión tardó más de dieciocho meses en presentar su informe, lo que causó una inquietud innecesaria a los casi mil oficiales afectados, de los que solo se revisaron los expedientes de la mitad. El 30 de junio de 1931, Azaña clausuró la Academia General Militar de Zaragoza, tanto por razones presupuestarias como por ser un hervidero de militarismo reaccionario. La medida le hizo acreedor de la enemistad eterna del entonces director de la academia, Franco[659].

Muchos oficiales consideraron las reformas de Azaña como un ataque brutal, porque abolían la jurisdicción militar sobre los civiles que presuntamente hubieran insultado al Ejército. Entretanto, los oficiales que habían pasado a la reserva por negarse a prestar juramento de lealtad a la República tenían tiempo para conspirar contra el régimen, algo que fomentaban los periódicos conservadores que leían la mayoría de los oficiales del Ejército —ABC, La Época y La Correspondencia Militar—, que presentaban a la República como culpable del quebrantamiento de la ley y el orden, la falta de respeto al Ejército y el anticlericalismo. En particular, se organizó una campaña en la que se alegaba que Azaña tenía intención de «triturar el Ejército», algo que este jamás había dicho. En realidad, lejos de privar a la clase castrense de recursos económicos y materiales, tras haber dedicado toda su vida al estudio de las relaciones entre civiles y militares, se limitó a asegurarse de que los fondos se utilizaran de manera más eficaz. Azaña quería dotar a España de un Ejército apolítico, mientras que los derechistas anhelaban un cuerpo que defendiera sus intereses sociales y económicos. Por eso, la propaganda derechista describía al ministro como un monstruo corrupto, decidido a destruir tanto al Ejército como a la Iglesia[660]. Desde los primeros días de la República, los extremistas de derechas difundieron la teoría de que el nuevo régimen era un títere en manos de una siniestra alianza extranjera, una conspiración judeomasónica-bolchevique, un sucio contubernio que había que exterminar[661].

El éxito de tal propaganda estaba por llegar. Las elecciones del 28 de junio de 1931 las ganaron los socialistas en coalición con varios grupos republicanos. Este considerable triunfo se logró porque la derecha estaba mal organizada y muchos católicos y conservadores no votaron o lo hicieron por el Partido Radical de Lerroux. Aunque formaba parte de la coalición de izquierdas, el Partido Radical ya estaba en vías de convertirse en antisocialista. Antes de las elecciones, El Debate había declarado que la derecha depositaba sus esperanzas en Lerroux y que lo apoyaría hasta que se organizaran sus propias fuerzas. Con una campaña descaradamente conservadora, los radicales obtuvieron noventa y cuatro escaños y se posicionaron como el segundo mayor partido de las Cortes Constituyentes. Sin embargo, Martínez Barrio le dijo a Azaña que no más de cuarenta o cincuenta de estos diputados eran republicanos y el resto eran «tanto o más monárquicos» que los seguidores de Gil Robles[662]. En este contexto, es comprensible que Lerroux denunciara la «utopía» de la reforma agraria. En agosto de 1931, reconocía sin rodeos que el Partido Radical era ahora fundamentalmente conservador y abría los brazos a los exmonárquicos. En muchas partes del sur, para horror de la prensa de derechas, numerosos monárquicos decidieron que podían defender mejor sus intereses desde dentro de un partido republicano y se afiliaron a los radicales[663].

En preparación para las elecciones de junio, y con gran disgusto de la derecha, Maura anuló el tristemente famoso artículo 29 de la Constitución de 1876, por el que se elegían directamente los candidatos que no tuvieran oposición, un regalo para los poderosos caciques. Se redactaron normas electorales que garantizaran una mayoría gubernamental fuerte y evitaran la fragmentación política que acabaría destruyendo la República de Weimar. En cada provincia, el 80 por ciento de los escaños se atribuía a la lista de candidatos que obtuviera más del 40 por ciento de los sufragios. El 20 por ciento restante se adjudicaba a la lista que se situara en segundo lugar. El sistema exigía inevitablemente la formación de alianzas. Las elecciones para ocupar los 470 escaños de las Cortes Constituyentes significaron una gran victoria para los partidos del Gobierno provisional. Todavía existen dudas sobre las cifras exactas pero, en términos generales, los socialistas obtuvieron 116 escaños, los republicanos de izquierda (es decir, el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo, con 56 y la Acción Republicana de Azaña, con 26) sumaron 82 escaños y los regionalistas catalanes y gallegos, 57. En el centro, los radicales consiguieron 94 escaños, la Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora, 22 y el grupo de intelectuales llamado Agrupación al Servicio de la República, 13. Las formaciones desunidas de la derecha solo obtuvieron 48 escaños. El grupo más numeroso estaba formado por Acción Popular y los 24 diputados castellanos que formaron el grupo parlamentario denominado «Minoría Agraria». En lo sucesivo, como las pequeñas oscilaciones en el número de votos que recibía cada partido se traducían en variaciones drásticas en el número de escaños parlamentarios, los cambios de Gobierno serían radicales. Y la polarización provocada por el efecto pendular de una gran victoria de la izquierda en las elecciones de 1931, seguida de un triunfo igual de espectacular de la derecha en 1933, se debió en parte al cambio de bando del Partido Radical[664].

Las Cortes de 1931 se enfrentaron a terribles dificultades. Para que la República sobreviviera, había que aumentar los salarios y reducir el desempleo, y eso en el contexto internacional de la Gran Depresión. Con la caída de los precios agrícolas, los terratenientes dejaron la tierra sin cultivar. Los trabajadores sin tierra, que sobrevivían al borde de la inanición en el mejor de los casos, se encontraban en un estado de tensión prerrevolucionaria. Los obreros de la industria y de la construcción se vieron afectados de forma parecida. Para empeorar las cosas, las clases adineradas atesoraban o exportaban su capital, en vez de invertirlo. Esto planteó un terrible dilema para el Gobierno republicano: si satisfacía las exigencias de los trabajadores y expropiaba los latifundios y las fábricas, el Ejército probablemente intervendría para destruir la República, pero si aplastaba los disturbios revolucionarios para apaciguar a las clases altas, los trabajadores se volverían contra el Gobierno. Al tratar de seguir el camino de en medio, la coalición republicana y socialista terminó enfureciendo a ambos bandos, como se puso de manifiesto una semana después de la primera sesión de las Cortes.

La breve luna de miel de los anarquistas con la República ya había terminado cuando las manifestaciones de la CNT-FAI del Primero de Mayo fueron reprimidas violentamente. Al cabo de unos meses, la convocatoria de huelga general de los anarquistas para el 18 de julio llevó a miles de telefonistas de la CNT a ausentarse de sus puestos de trabajo, sobre todo en Sevilla y Barcelona. El Gobierno estaba impaciente por demostrar su capacidad para mantener el orden y Largo Caballero, decidido a doblegar a la CNT, declaró ilegal la huelga. En Sevilla, cuando la CNT intentó convertir la huelga en una insurrección, Maura declaró el estado de guerra y envió al Ejército. El gobernador civil permitió que voluntarios de la derecha local formaran una «Guardia Cívica» que luego asesinó a varios izquierdistas, entre ellos cuatro anarquistas fusilados a sangre fría en el parque de María Luisa el 24 de julio. Maura también autorizó el bombardeo con artillería de un punto de encuentro de los anarquistas, la Casa Cornelio. Estos incidentes perjudicaron gravemente a la República. La huelga revolucionaria asustó a los ricos, mientras que la violencia de la represión —treinta muertos y doscientos heridos— confirmó la hostilidad de los anarquistas hacia la República[665].

La CNT estaba cada vez más dominada por los extremistas de la Federación Anarquista Ibérica, fundada en 1927. Algunos dirigentes de la FAI consideraban las huelgas como instrumentos revolucionarios y, por lo tanto, estaban decididos a hacerse con el control de la CNT. No fueron los únicos radicales anarquistas que esperaban sumergir a la CNT en fantasías revolucionarias y tildaban de «contrarrevolucionarios» a los sindicalistas pragmáticos, encabezados por Ángel Pestaña. Se convocaron algunas huelgas, no para mejorar los salarios o las condiciones laborales, sino como armas contra el Estado. La inevitable escisión comenzó en el congreso extraordinario de la CNT celebrado en junio de 1931. En respuesta a la victoria de la FAI en dicha asamblea, Ángel Pestaña, Joan Peiró y otros veintiocho sindicalistas publicaron el manifiesto de los «treintistas» en agosto, en el que propugnaban la creación de un movimiento sindical. Esto provocó el abandono o la expulsión de la CNT de algunos de los elementos reformistas, de modo que la mayor parte del movimiento anarcosindicalista quedó en manos de quienes solo aspiraban a hacer la revolución y a mantener una enconada rivalidad con la UGT como venganza por su colaboración con Primo de Rivera. El paro masivo había creado una situación potencialmente explosiva, y la reacción republicana a los desórdenes sociales fue parecida a la de la monarquía. En octubre de 1931 se aprobó la Ley de Defensa de la República con el apoyo entusiasta de Largo Caballero, a la que seguiría en agosto de 1933 la aún más draconiana Ley de Vagos y Maleantes. Era inevitable que la promulgación de estas leyes favoreciera a la línea dura de la FAI. A partir de entonces, y hasta la frágil reunificación de la CNT en 1936, la FAI siguió una política de huelgas insurreccionales que fracasó invariablemente debido a la mala coordinación y a la feroz represión, pero que permitió que la prensa de derechas identificara a la República con la violencia y la agitación[666].

En el otoño de 1931, sin embargo, antes de que se desatara la marea de agitación anarquista, las Cortes se ocuparon de redactar una nueva Constitución. El 28 de julio se formó una comisión, presidida por el catedrático socialista de derecho Luis Jiménez de Asúa, a la que dieron menos de un mes para redactar un texto, algunas de cuyas expresiones tajantes provocarían luego tres meses de acalorados debates. Al presentar el proyecto el 27 de agosto, Jiménez de Asúa lo describió como un documento democrático, liberal y de gran contenido social. El artículo 1 rezaba: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase». El artículo 44 establecía que «toda la riqueza del país» estaba «subordinada a los intereses de la economía nacional» y que la propiedad de toda clase de bienes podía «ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización». El texto aprobado el 9 de diciembre de 1931 era democrático, laico, reformador y liberal en materia de autonomía regional. Inevitablemente, horrorizó a los intereses más poderosos de España: terratenientes, industriales, eclesiásticos y oficiales del Ejército[667].

La oposición de derechas a la Constitución se aglutinó en torno a los artículos 44 y 26. Este último establecía el fin del apoyo económico del Estado al clero y a las órdenes religiosas; la disolución de las órdenes que, como los jesuitas, impusieran votos de obediencia a autoridades distintas de la del Estado, y la limitación del derecho de la Iglesia a la adquisición de patrimonio. La coalición de republicanos y socialistas creía que la creación de una España moderna exigía que se acabara con la hegemonía de la Iglesia en muchos aspectos de la sociedad. Esa convicción, pese a ser razonable, no tenía en cuenta el sentir de los millones de católicos españoles. No se atacaba la religión como tal, pero la embestida que suponía el artículo 26 a la posición privilegiada de la Iglesia se interpretó entre la derecha como una feroz ofensiva contra los valores tradicionales. El debate sobre el artículo 26, sumado a la reforma militar de Azaña, intensificó la polarización existente.

De hecho, la aprobación de la Constitución identificó dramáticamente al nuevo régimen con el jacobinismo de una mayoría en las Cortes que no era representativa del país en su conjunto. Las clases medias católicas se sintieron ofendidas gratuitamente por los discursos incendiarios de los «jabalíes» del Partido Radical Socialista, hombres como Juan Botella Asensi, José Antonio Balbontín, Eduardo Ortega y Gasset y Ramón Franco. Uno de ellos, Joaquín Pérez Madrigal, que más tarde sería un ferviente franquista, pidió que encarcelara a todo el clero. Azaña se alarmó ante «ese partido […] lleno de gentes díscolas y arrebatadas». Alcalá Zamora escribió más tarde que el mayor daño a la República se lo había hecho la «demencia insuperable» de este «efímero y funesto partido» (es decir, el Partido Radical Socialista[668]).

Maura y Alcalá Zamora, desesperados, veían en el proyecto constitucional una declaración de guerra religiosa. La aparente ferocidad de su anticlericalismo rompería poco después la coalición gubernamental de republicanos y socialistas y aceleraría el proceso de concentración de las fuerzas de derecha, hasta entonces divididas[669]. Durante el debate del 13 de octubre, más tarde calificado por Alcalá Zamora como «la noche más triste de su vida», la defensa de los artículos constitucionales relativos a la religión recayó en Azaña, que, en su discurso, señaló que «España ha dejado de ser católica[670]». Este comentario provocativo fue considerado por la derecha y por gran parte del clero como el grito de guerra satánico de un inquisidor laico vengativo. De hecho, la actitud de Azaña hacia la Iglesia era más razonable y —para disgusto de los radical-socialistas— su discurso convenció a la mayoría de izquierdas para que no pidiera la disolución de todas las órdenes religiosas. Las relaciones cordiales de Manuel Azaña con eclesiásticos liberales como el cardenal Vidal i Barraquer desmentían las protestas de que la Iglesia era objeto de una persecución despiadada. Sin embargo, incluso Vidal expresó su alarma por el carácter sectario de los artículos constitucionales de tema religioso[671].

El famoso comentario de Azaña fue inoportuno, pero reflejaba la realidad sociológica de que la religiosidad estaba en declive. La legitimación por parte de la Iglesia de las injusticias del sistema latifundista incitaba ocasionalmente a los trabajadores sin tierra a arrojar piedras a los sacerdotes misioneros. En Andalucía y Extremadura, la Iglesia tenía una posición bastante débil. Por ejemplo, en Azuaga (Badajoz), un pueblo de dieciocho mil habitantes, solo diez hombres y doscientas mujeres asistían a la misa dominical. Se decía que el 80 por ciento de la población extremeña no se sabía de memoria ni el avemaría ni el padrenuestro[672]. En el otoño de 1932, el cardenal Eustaquio Ilundáin, arzobispo de Sevilla, elaboró un informe para el papa sobre la práctica religiosa en su archidiócesis, a partir de la información que le proporcionaron los párrocos. De Lepe (Huelva), le informaron de que el 80 por ciento de los vecinos no asistía a misa dominical ni cumplía con sus deberes pascuales de confesión y comunión, mientras que en Palos de la Frontera no había hombres que asistieran a misa. Cuando Ilundáin dio instrucciones a los párrocos para que crearan comités de adultos católicos practicantes de conducta moral intachable con el objetivo de recaudar fondos en apoyo al clero, casi el cien por cien respondió que esas personas no existían. La aversión a la Iglesia era aún mayor en los barrios obreros de las ciudades industriales[673].

El discurso de Azaña salvó la Constitución, pero produjo una crisis de gabinete al dimitir los católicos más destacados del Gobierno: Alcalá Zamora y Maura. La actuación de Azaña, y los prolongados aplausos con los que fue recibido, le convirtieron en el candidato más claro a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, para lo que contaba con el apoyo tanto de los socialistas como de los republicanos de izquierda. La corrupción pública y notoria de Lerroux era un obstáculo insalvable para su elección, pero el Emperador del Paralelo se sintió ninguneado y escribió más tarde: «la República necesitaba al frente de su Gobierno un republicano de abolengo, de experiencia y de autoridad: todo eso lo tenía yo, y nadie en mejor medida que yo». Azaña aceptó el cargo a regañadientes, pero al hacerlo se ganó sin querer la enemistad no solo de Lerroux, sino también de Alcalá Zamora, que fue elegido presidente de la República el 10 de diciembre. Alcalá Zamora nunca perdonó a Azaña lo ocurrido el 13 de octubre. Por otra parte, la inmensa egolatría del primero le llevaría a ser apodado en círculos políticos «Alfonso XIV» y «Don Alfonso en rústica». Del Gobierno que se formó el 17 de diciembre, quedaron excluidos los radicales, que pasaron a la oposición. Azaña se vio obligado a depender más de los socialistas y de los radical-socialistas, lo que a su vez le hizo más difícil evitar la hostilidad de la derecha[674].

La brecha entre Lerroux y el resto de la coalición republicana y socialista se agrandó con la investigación de la Comisión de Responsabilidades sobre la corrupción, uno de cuyos principales objetivos era Juan March. A finales de abril, Maura había ordenado su detención y, el 10 de mayo, Galarza lo había acusado de contrabando y soborno en relación con el monopolio de tabaco que le había concedido Calvo Sotelo en 1927. Para evitar que lo procesaran, March había obtenido la inmunidad parlamentaria al emplear su considerable fortuna para hacerse con un escaño en las elecciones a Cortes de junio, como diputado independiente por las islas Baleares. Galarza y otros miembros de la comisión, Jerónimo Bugeda y Eduardo Ortega y Gasset, fueron informados repetidamente por emisarios de March que serían asesinados si no abandonaban el caso. A pesar de todo, la concesión del monopolio del tabaco fue anulada. En las Cortes, el 5 de noviembre, acusado por Galarza, a la sazón, director general de Seguridad, March se puso tan nervioso que reveló sin querer que estaba al tanto de las deliberaciones secretas de la comisión: el diputado radical por Las Palmas, Rafael Guerra del Río, le informaba del progreso de las investigaciones. Además, habían ofrecido a Jaume Simó i Bofarull —diputado radical por Tarragona que presidía la subcomisión que investigaba a March— 25.000 pesetas por obstruir el proceso. El intermediario fue el abogado de March en Barcelona, Emiliano Iglesias, probablemente el más corrupto de los compinches de Lerroux. Para sobornar a Simó, March había entregado 200.000 pesetas a Iglesias, que pensaba embolsarse la diferencia[675].

Todo el asunto acabó de convencer a los socialistas de que no podían colaborar en un gabinete con Lerroux. A falta de pruebas concluyentes, la inmunidad parlamentaria de March y Calvo Sotelo fue revocada hasta el 8 de junio de 1932. Calvo Sotelo, que se encontraba en el exilio en Francia, fue defendido a capa y espada por Gil Robles. Detenido en la cárcel Modelo a la espera de juicio, y posteriormente en la prisión provincial de Alcalá de Henares, March disfrutaba de unas condiciones de alojamiento más propias de un hotel de primera. Tenía una suite y un chef a sueldo y recibía «visitas conyugales» de profesionales del sexo. Hacía gala de su generosidad tanto con los celadores como con sus compañeros de prisión, incluidos miembros de la FAI. Se dijo que March tenía intención de utilizarlos para asesinar a Azaña. Uno de los empleados de March fue posteriormente secretario de Joaquín Ascaso, de la FAI. La República se había ganado un enemigo fabulosamente rico. Como dijo Jaume Carner en las Cortes el 14 de junio: «O la República le somete o él somete a la República». A partir de 1933, March utilizó su influencia económica en varios periódicos madrileños importantes —Informaciones, La Libertad, El Sol, La Voz y Luz— para enfrentarse al Gobierno de Azaña. Además de lanzar acusaciones absurdas contra Besteiro y De los Ríos, estos periódicos denunciaron que Azaña y Prieto habían amasado fortunas inmensas[676]. Lo cierto es que, al llegar el otoño, la Comisión de Responsabilidades estaba agotada. La única sentencia dura fruto de sus investigaciones —veinticuatro años de cárcel e inhabilitación, además de retirada de la pensión— fue la que se dictó contra Martínez Anido, que, por otra parte, se encontraba en el exilio, aunque se vengaría sin piedad durante la Guerra Civil desde su cargo de jefe de Seguridad Interior, Orden Público y Fronteras de Franco[677].

La enemistad de los radicales y de March aisló a la coalición de republicanos y socialistas en un momento difícil. La legalización del divorcio y la disolución de algunas órdenes religiosas con la entrada en vigor de la Constitución enfurecieron a la jerarquía católica, y la prensa de derechas atribuyó dichas medidas a un pérfido contubernio judeomasónico. Durante un debate celebrado en las Cortes la noche del 13 de octubre de 1931, Gil Robles espetó a la mayoría republicanosocialista: «Hoy, frente a la Constitución se coloca la España católica […] vosotros seréis los responsables de la guerra espiritual que se va a desencadenar en España». Al cabo de cinco días, el 18 de octubre de 1931, en la plaza de toros de Ledesma (Salamanca), el mismo Gil Robles llamaba a una cruzada contra la República alegando que «mientras las fuerzas anárquicas, pistola en mano, siembran el pánico hasta en círculos gubernamentales, el Gobierno trata sin miramiento a seres inofensivos como lo son las pobres monjas[678]». Durante la posterior campaña a favor de una reforma de la Constitución, la extrema derecha hostil a la República logró un apoyo popular considerable. El encono de la oposición a los artículos de temática religiosa de la Carta Magna fue igualado por el de los artículos referentes a la autonomía de Cataluña y a la reforma agraria.

Además de todo lo expuesto, la violencia agraria fue otro problema recurrente para el gabinete de Azaña. Alimentada por la miseria absoluta de los trabajadores rurales, los anarquistas la mantenían en constante ebullición. La CNT y la FNTT hacían frecuentes llamamientos a la expropiación de fincas y a la colectivización. Los republicanos de clase media respetaban la propiedad privada y no estaban dispuestos a llegar tan lejos. Largo Caballero había reducido un poco la tensión social gracias a la aprobación de los cuatro decretos de reforma a lo largo de la primavera de 1931. Sin embargo, los límites de esta reforma fragmentaria fueron claramente expuestos en diciembre del mismo año, cuando la sección de Badajoz de la FNTT convocó una huelga general, que, en conjunto, se desarrolló de forma pacífica; sin embargo, en el remoto pueblo de Castilblanco, se produjo un derramamiento de sangre. Los miembros de la FNTT de Castilblanco habían pasado todo el invierno sin poder trabajar. El 31 de diciembre, mientras realizaban una manifestación pacífica, la Guardia Civil se dispuso a disolver a los concentrados. Se produjo una refriega, durante la cual un guardia civil abrió fuego y mató a un hombre e hirió a otros dos. Los famélicos aldeanos, frenéticos por el miedo, la rabia y la desesperación, se abalanzaron sobre los cuatro números de la Guardia Civil y los mataron a golpes y cuchilladas[679].

El general Sanjurjo, a la sazón, director general de la Guardia Civil, comparó a los trabajadores locales con los cabileños con los que había luchado en Marruecos: «En un rincón de la provincia de Badajoz hay un foco rifeño» y mintió al afirmar que los cadáveres de los guardias civiles habían sido salvajemente mutilados. Esta identificación de los trabajadores rurales con los rebeldes del Rif indicaba que, para los africanistas, el proletariado español era «el enemigo». Quizá inflamados por las palabras de Sanjurjo, sus hombres tomaron sangrienta venganza matando a dieciocho personas. Tres días después de los acontecimientos de Castilblanco, la Guardia Civil mató a dos trabajadores e hirió a otros tres en Zalamea de la Serena (Badajoz). Dos días más tarde, un huelguista resultó muerto a tiros y otros dos heridos, uno en Calzada de Calatrava y otro en Puertollano (ambos pueblos de Ciudad Real), mientras que dos huelguistas más murieron y once resultaron heridos en Épila (Zaragoza), y dos murieron y diez resultaron heridos en Jeresa (Valencia). El 5 de enero, en Arnedo, un pueblo de la provincia de Logroño, tuvo lugar la más impactante de estas acciones. Varios trabajadores de la fábrica local de calzado habían sido despedidos a finales de 1931 por pertenecer a la UGT. Durante la manifestación pacífica de protesta, veintiocho guardias civiles abrieron fuego y mataron a un trabajador y a cuatro mujeres; una de ellas, de veintiséis años, estaba embarazada, y su hijo de dos años también fue asesinado. Otros cincuenta residentes en el pueblo sufrieron heridas de bala, entre ellos, muchas mujeres y niños, incluidos bebés. En los días siguientes, otras cinco personas murieron a causa de sus heridas y muchas sufrieron amputaciones, entre ellas, un niño de cinco años y una viuda con seis hijos[680].

Más tarde, a principios de 1932, una huelga anarquista fue reprimida con extremo rigor, sobre todo en el Alt Llobregat (Cataluña). Las detenciones y deportaciones que se llevaron a cabo hicieron que los obreros anarquistas y socialistas perdiesen la fe en la República y, en cambio, no convencieron a la derecha de que esta no era sinónimo de caos y violencia. En las zonas latifundistas de Salamanca, Extremadura y Andalucía, los trabajadores sindicados eran víctimas de una versión rural de los cierres patronales, ya fuese porque los terratenientes dejaban las tierras sin cultivar o, simplemente, porque les negaban el trabajo, al grito de «Comed República[681]». Las cadenas de periódicos de derechas lanzaban profecías agoreras sobre los desastres que producirían las reformas. No existía mecanismo alguno para hacer cumplir los nuevos decretos en las aldeas remotas del sur. Los latifundistas tenían en sus manos el poder social que les otorgaba el hecho de ser los proveedores exclusivos de trabajo, y la clase alta de las zonas rurales sabía congraciarse con la Guardia Civil, que le era fiel. Los diputados socialistas del sur se quejaban regularmente en las Cortes de que los gobernadores civiles de las provincias no hacían nada para aplicar la legislación o para impedir que la Guardia Civil defendiera los intereses de los terratenientes. En Jaén, prácticas como la recogida de bellotas, que solían destinarse a alimentar a los cerdos, de leña o de aceitunas caídas por el viento, así como abrevar el ganado, fueron denunciadas como muestras de «cleptomanía colectiva». Los campesinos que eran descubiertos realizando estas actividades acababan molidos a palos por la Guardia Civil o los guardas jurados de las fincas[682].

A lo largo de 1932, la FNTT hizo un gran esfuerzo por contener a sus bases del sur, cada vez más desesperadas. Se incumplía el Decreto de Laboreo Forzoso y no se contrataba a mano de obra para realizar las tareas esenciales de la siembra de primavera. A los braceros se les negaba el trabajo si pertenecían a la FNTT, pese a lo cual el sindicato mantuvo una línea moderada e hizo un llamamiento a los militantes de base a abstenerse de extremismos y a no depositar excesivas esperanzas en el proyecto de Ley de Bases para la Reforma Agraria cuya tramitación en las Cortes avanzaba a trompicones. A lo largo de 1933, Acción Popular y la Minoría Agraria —con Gil Robles al timón— obstaculizaron las reformas. En los debates del proyecto de Ley de Arrendamientos Rurales, presentaron doscientas cincuenta enmiendas como parte de una estrategia deliberada de obstruccionismo que generaba tal frustración entre los diputados a Cortes que, llegada la hora de las votaciones, hacía imposible alcanzar el quorum[683]. En cualquier caso, el proyecto de Ley de Bases para la Reforma Agraria prometía poco, porque su tímido articulado lo habían redactado para el Ministerio de Agricultura agrónomos conservadores y abogados especialistas en derecho a la propiedad. Después de una lenta y dolorosa singladura por las Cortes entre julio y septiembre, se creó un Instituto de Reforma Agraria para supervisar la división de las fincas que ocuparan más de 22,5 hectáreas, lo que no beneficiaba en absoluto a los pequeños agricultores del norte. Tampoco mejoró en nada la situación de los trabajadores del sur, en vista de los agujeros legales y exenciones previstas en el articulado de la ley. A pesar de todo, la hostilidad de los terratenientes derechistas hacia la República no disminuyó[684].

Otra fuente de encarnizada oposición fue el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, considerado por el Ejército y las clases conservadoras como un ataque a la unidad nacional. En las Cortes, un decidido Azaña tuvo que hacer frente al filibusterismo de unos cuarenta diputados de derechas y treinta radicales que presentaron doscientas enmiendas. En las provincias castellanas se produjo un boicot a los productos catalanes. Lo cierto es que el Estatuto de Autonomía catalana no era maximalista, pese a lo cual algunos ministros se mostraron reacios a conceder a la Generalitat, y en particular a Macià, una auténtica autonomía, ya que consideraban que Esquerra Republicana de Catalunya era una coalición oportunista que se alimentaba del voto prestado de las bases de la CNT. La derecha, en cambio, pintaba a Azaña como si estuviera decidido a acabar con la unidad de España[685].

Sin embargo, la religión era el arma más poderosa del arsenal de la derecha, y se vio reforzada por el anticlericalismo de republicanos y socialistas. En vista de los vínculos históricos de la Iglesia con los elementos más reaccionarios de la sociedad española y su legitimación de la injusticia social, el anticlericalismo estaba muy extendido entre las clases populares. Sin embargo, a los católicos de a pie les angustiaba la adopción gratuita de medidas que no iban dirigidas contra la Iglesia institucional, sino contra los rituales compartidos que desempeñaban un papel fundamental en la vida de pueblos y ciudades de provincias. Por ejemplo, algunos alcaldes de izquierda gravaron con un impuesto los entierros católicos o prohibieron las comitivas fúnebres. La retirada de crucifijos y estatuas religiosas de escuelas y hospitales públicos, junto con la prohibición de hacer sonar las campanas de las iglesias, hizo que muchos católicos de a pie consideraran la República como su enemigo. A las autoridades municipales se les prohibió hacer aportaciones económicas a la Iglesia o a sus celebraciones, y algunos pueblos prohibieron provocativamente las procesiones religiosas. En Sevilla, el miedo a las agresiones llevó a más de cuarenta de las cofradías tradicionales a retirarse de la procesión de Semana Santa. A pesar de los esfuerzos de las autoridades republicanas para proteger a las comitivas, el tema fue utilizado para crear una imagen de persecución religiosa. Miembros de las cofradías que eran asimismo militantes de Acción Popular y de la Comunión Tradicionalista carlista comenzaron a utilizar la expresión «Sevilla, la mártir». Todo ello contribuía a alimentar la patraña de que la República era un títere en manos del contubernio judeomasónico-bolchevique[686].

No hacía falta dar más que un pequeño paso para afirmar que era preciso destruir la República y exterminar a sus partidarios. A los oficiales del Ejército enfurecidos tanto por las reformas militares como por el Estatuto de Autonomía se unieron conspiradores monárquicos que convencieron al general Sanjurjo de que el país se hallaba al borde de la anarquía y dispuesto a sublevarse si él lo ordenaba. A raíz de los hechos acaecidos en Castilblanco y Arnedo, Sanjurjo había sido relevado del mando de la Guardia Civil en enero de 1932 y nombrado director general de los Carabineros[687]. Su intento de golpe de Estado, conocido como «la Sanjurjada», se produjo el 10 de agosto de 1932. Con el apoyo económico de Juan March y el aliento de Lerroux y Mussolini, estaba mal planeado y fue sofocado sin dificultad, tanto en Sevilla —gracias a una huelga general de la CNT, la UGT y los trabajadores comunistas— como en Madrid, donde el Gobierno, advertido de antemano, acorraló rápidamente a los conspiradores. En cierto modo, este ataque de uno de los héroes del Antiguo Régimen benefició al Gobierno al generar una ola de fervor republicano. Los radicales abandonaron su obstrucción al proyecto de Ley de Bases para la Reforma Agraria, que fue aprobado definitivamente por las Cortes, junto con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en septiembre. Eso sí: entre los involucrados en la intentona golpista estaban los mismos derechistas responsables de los tiroteos de 1931 en el parque de María Luisa, que pronto quedaron libres y a punto para repetir sus hazañas en 1936[688].

El prestigio del Gobierno estaba en su apogeo, pero la situación era menos favorable de lo que parecía. Gran parte de la prensa de derechas, incluida Acción Española, fue prohibida temporalmente, pero no hubo ejecuciones. En el gabinete, Azaña defendió con éxito que se adoptaran medidas de clemencia, de modo que Sanjurjo y otros fueron encarcelados y posteriormente amnistiados en abril de 1934[689]. En su celda, Sanjurjo recibía frecuentes visitas de admiradores derechistas. Escribió a la revista Acción Española para decirle lo mucho que había «confortado mi espíritu[690]». La levedad de las penas animó a los conspiradores a planear intentonas futuras que pudieran triunfar. Habían aprendido la lección. Al cabo de un mes del fracaso de Sanjurjo, los miembros de Renovación Española y el capitán del Estado Mayor Jorge Vigón crearon un comité para iniciar los preparativos de un golpe de Estado. Con el apoyo de Alfonso XIII desde el exilio, recaudaron una pequeña fortuna gracias a las aportaciones de simpatizantes derechistas para comprar armas y financiar la desestabilización política; para ello contrataron a agentes provocadores de la CNT-FAI. Juan March contribuyó con dos millones de pesetas. El comité estaba dotado de una red de inteligencia dirigida por Santiago Martín Báguenas, que había sido jefe de la policía secreta a las órdenes del general Mola. Trataron de involucrar a Martínez Anido, pero este se negó a abandonar su retiro dorado en Niza, pagado con el botín de sus actividades corruptas de los años veinte[691]. El objetivo clave del comité era la creación de células subversivas dentro del Ejército, tarea encomendada al teniente coronel Valentín Galarza Morante, del Estado Mayor. Galarza actuó de enlace entre los conspiradores monárquicos y la asociación clandestina de oficiales del Ejército, la Unión Militar Española (UME), creada a finales de 1933 por el coronel en la reserva Emilio Rodríguez Tarduchy, amigo íntimo de Sanjurjo y exmiembro de la Falange. Pronto sucedió a Tarduchy el capitán Bartolomé Barba Hernández, también integrante del Estado Mayor y amigo africanista de Franco[692].

El fracaso de Sanjurjo contrastó con el éxito que cosechó Gil Robles al retrasar la reforma mediante el filibusterismo parlamentario. La derrota del golpe demostró que la táctica catastrofista perjudicaba a los intereses materiales de la derecha y que los ataques frontales no hacían más que fortalecer a la República. El 22 de octubre se convocó una asamblea de Acción Popular para resolver las tensiones entre legalistas y catastrofistas en el seno de la organización. A pesar de que El Debate lo desmintiera, Gil Robles estaba enterado de la trama golpista y no hay razón para suponer que, de haber triunfado el golpe, habría sido a su pesar[693]. Después de un acalorado debate, la asamblea acordó que la rebelión violenta contra la República había sido contraproducente y votó a favor de la táctica legalista. En consecuencia, comenzaron los preparativos para la formación de un partido católico federal en otra asamblea, que se celebraría a principios de 1933, mientras que los conspiradores de derechas fundaban su propio partido, Renovación Española[694]. El cisma de la derecha se produjo sin acritud, y los miembros de ambos grupos continuaron relacionándose en sociedad, asistiendo a los mítines de los otros y leyendo sus periódicos, incluso afiliándose a ambas organizaciones.

Mientras la derecha se reorganizaba, la coalición del Gobierno se desmoronaba, un proceso acelerado por el insurreccionalismo de la CNT. La prensa de derechas no establecía distinciones sutiles entre la CNT, la UGT y la FNTT, y las calificaba a todas de «comunistas». A pesar de la hostilidad de la CNT hacia la República, se responsabilizaba de sus huelgas y sublevaciones a la coalición de republicanos y socialistas que hacía todo lo posible por controlarlas. La extrema derecha de las zonas rurales condenaba radicalmente el desorden, sobre todo a raíz de una huelga revolucionaria nacional convocada por la CNT para el 8 de enero de 1933 y de sus sangrientas repercusiones en el pueblo de Casas Viejas (Cádiz). Durante el cierre patronal de 1932, cuatro de cada cinco trabajadores de Casas Viejas habían permanecido en el paro durante la mayor parte del año, y habían sobrevivido gracias a la caridad de terceros, trabajos esporádicos de peones camineros y la búsqueda de espárragos trigueros y conejos de monte. En su desesperación, inflamada por el aumento de los precios del pan, reaccionaron de inmediato al llamamiento de la CNT a la revolución. La titubeante proclamación del comunismo libertario por parte de los aldeanos provocó una brutal represión en la que murieron 24 personas[695].

La prensa de derechas aplaudió al principio la represión de la huelga por parte de la Guardia Civil[696]. Pero cuando comprobó que podía sacar réditos políticos, derramó lágrimas de cocodrilo por las víctimas. Barba Hernández, de la UME, alimentó la campaña de difamación posterior al declarar en falso que Azaña en persona había ordenado la matanza. Los periódicos de derechas y la red de prensa de Juan March aullaban que la República era tan bárbara, injusta y corrupta como la monarquía que la había precedido. Lerroux, siempre ávido de poder, se había desplazado aún más a la derecha e inició una política obstruccionista en las Cortes. El Gobierno estaba virtualmente paralizado por los durísimos debates parlamentarios. Aunque los socialistas apoyaron lealmente a Azaña, Casas Viejas debilitó la coalición. Este estaba tan amargado por el comportamiento de los radicales y los «jabalíes» que se planteó abandonar la política[697].

Casas Viejas puso de manifiesto el precio que debía pagar el movimiento socialista por su participación en el Gobierno. La defensa de la República burguesa contra los anarquistas erosionaba la credibilidad de los socialistas ante sus partidarios del campo. Mientras tanto, los anarquistas aceleraban el ritmo de sus actividades revolucionarias.

La violencia latente en el ámbito local fue la base de la creciente hostilidad entre el PSOE y el nuevo partido de Gil Robles, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Inspirada por Ángel Herrera, su base estaba formada por Acción Popular, la Minoría Agraria y una cuarentena de formaciones de derechas. En el congreso fundacional de Madrid, celebrado a finales de febrero de 1933, Gil Robles comparó sus objetivos antirrevolucionarios con los de Hitler en Alemania. El mismo día, en otro mitin, también en Madrid, habló elogiosamente del fascismo como cura para los males de España[698]. Como era de esperar, los socialistas creyeron que el objetivo de la CEDA era implantar el fascismo en España, una acusación que Gil Robles negó sin gran insistencia. A su vez, esto aceleró la radicalización de los seguidores de Largo Caballero[699].

Los discursos de Gil Robles estaban salpicados de declaraciones de doble filo que alimentaban la susceptibilidad de los socialistas ante la amenaza del fascismo. La República de Weimar era citada constantemente; por la derecha como un ejemplo, mientras que por la izquierda como una advertencia. La prensa católica aplaudía la destrucción de los movimientos socialistas y comunistas alemanes a manos de los nazis. El nazismo era admirado por su énfasis en la autoridad, la patria y la jerarquía: tres consignas de la propaganda de la CEDA, repetidas hasta la saciedad. El Debate señaló de manera inquietante que Hitler había alcanzado el poder dentro de la ley. El periódico insistía una y otra vez en que España necesitaba una organización como las que habían aplastado a la izquierda alemana e italiana, insinuando que la CEDA podría cumplir ese cometido[700].

Aparte de la campaña de prensa en torno a Casas Viejas, la aplicación del artículo 26 de la Constitución mediante una Ley de Congregaciones enfureció a la jerarquía eclesiástica e intensificó la oposición de los conservadores al Gobierno. Consciente de la creciente oposición y personalmente descontento con la Ley de Congregaciones, Alcalá Zamora quería expulsar a Azaña. Sus relaciones eran cada vez más tensas, hasta el punto de que Azaña comentó: «a mí no puede tragarme[701]». Las maniobras del presidente para sustituirlo por Lerroux llevaron al periodista César Jalón a concluir que Alcalá Zamora era un «Maquiavelo de bolsillo». La oportunidad se le presentó a principios de junio cuando Azaña propuso un reajuste de gabinete para sustituir a su ministro de Hacienda, Jaume Carner, enfermo terminal. Se habló de un Gobierno de gran coalición presidido por Prieto, pero tanto Lerroux como Largo Caballero se negaron a participar juntos en el mismo gabinete. La antipatía de Largo Caballero hacia Prieto privó al PSOE de una oportunidad de oro tanto para impedir la convocatoria inmediata de elecciones como para tener un papel determinante en el momento y la forma de esta. Así, el 6 de junio Azaña se vio obligado a formar un gabinete de republicanos y socialistas, con escasos cambios, que le permitió continuar ejerciendo el gobierno durante el verano, aunque con dificultades cada vez mayores[702].

Los partidarios de Largo Caballero en la Federación de Juventudes Socialistas (FJS) exigían que el PSOE pusiera fin a su colaboración con los republicanos, ya que las reformas estaban cada vez más paralizadas por la derecha. En un discurso a la FJS pronunciado el 23 de julio en Madrid, Largo declaró que los socialistas deberían intentar gobernar en solitario[703]. El 6 de agosto, en la escuela de verano de la FJS en Torrelodones, cerca de Madrid, Prieto defendió la colaboración de los socialistas con los republicanos en el Gobierno y tachó de «pueril ilusión» las esperanzas de transformaciones sociales instantáneas. Destacando la inmensa fortaleza del resurgir de la derecha, argumentó que no era realista aspirar a la formación de un Gobierno exclusivamente socialista. Este discurso no era lo que los jóvenes oyentes de Prieto querían escuchar y El Socialista se negó a publicarlo[704].

A principios de septiembre se celebraron elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales, que debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes y sobre los conflictos entre las regiones autónomas y el Estado. Entre otros representantes de los conservadores, fueron elegidos como integrantes de dicho tribunal Calvo Sotelo y Juan March, aunque el nombramiento de este último se debió más al dinero que se había gastado en Baleares que a su experiencia jurídica. A pesar de todo, March continuó en prisión preventiva, acusado de cohecho y traición[705]. El 12 de septiembre, los socialistas vieron con alarma que Alcalá Zamora se apoyaba en los resultados de las elecciones al tribunal para justificar el encargo a Lerroux de la formación de un nuevo gabinete. Para evitar una derrota parlamentaria segura, Lerroux gobernó con las Cortes cerradas. El 19 de septiembre, la ejecutiva del PSOE votó a favor de romper sus compromisos con los republicanos de izquierda, decisión que Largo Caballero defendió apasionadamente en varias intervenciones en Madrid[706]. Cuando las Cortes reabrieron el 2 de octubre, Prieto asumió obedientemente la dolorosa tarea de anunciar el fin de la coalición republicana y socialista a la que había dedicado gran parte de su vida. Lerroux perdió una moción de confianza y Alcalá Zamora encargó a Martínez Barrio la formación de un Gobierno que convocara nuevas elecciones[707].

En los comicios convocados para el 19 de noviembre de 1933, a diferencia de lo ocurrido en 1931, la izquierda acudió dividida a las urnas, mientras que la derecha fue capaz de organizar una campaña unitaria. Gil Robles acababa de regresar de Núremberg, muy influido por lo que había presenciado. Decidido a ganar a cualquier precio, el comité electoral de la CEDA optó por un frente contrarrevolucionario único. Así, la CEDA se presentó a las elecciones, en algunas zonas, en coalición con grupos catastrofistas como Renovación Española y los carlistas; en otras, con los corruptos radicales. El filósofo católico francés Georges Bernanos escribió más tarde con sarcasmo que Gil Robles y Ángel Herrera, a los que Lerroux había ofrecido los restos gangrenados del Partido Radical, «no se niegan jamás a acoger al hijo pródigo, siempre y cuando sea él quien traiga el ternero cebado[708]».

Los socialistas estaban amargados por la facilidad con que, durante el verano, la legislación social de Largo Caballero había quedado prácticamente abandonada. La fe de las bases en la República disminuyó[709]. Los elementos radicales culpaban a los republicanos de izquierda de lo limitado de las reformas, mientras daban por sentado, erróneamente, que todos los votos obtenidos en junio de 1931 por la coalición de republicanos y socialistas se quedarían en el PSOE. El Partido Radical se había pasado a la derecha, y el resentimiento que generó buena parte de las leyes republicanas provocó la abstención de muchos anarquistas. La propuesta de coalición de Prieto fue rechazada de plano, por lo que el PSOE tomó la irresponsable decisión de presentarse en solitario a las elecciones. Fue un error estratégico fatal[710]. Como la ley electoral favorecía las coaliciones, las alianzas tácticas de Gil Robles con múltiples parejas de baile obligaban a los socialistas a conseguir el doble de votos que la derecha para asegurarse un escaño. Una de las pocas muestras de sentido común en los preparativos del PSOE fue la inclusión de Azaña y Marcelino Domingo, a propuesta de Prieto, en la lista electoral de los socialistas de Vizcaya[711].

Los recursos económicos de los que disponía la CEDA para la campaña eran enormes, gracias a las generosas donaciones de los ricos, sobre todo de Juan March. El punto álgido de su campaña fue un belicoso discurso que pronunció Gil Robles en Madrid: «Es necesario, en el momento presente, derrotar implacablemente al socialismo […]. Hay que fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la patria depurada de masones judaizantes […]. ¡Qué importa si nos cuesta hasta derramar sangre! […] Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer[712]».

Nada más empezar la campaña, el 3 de noviembre, March se fugó de la cárcel. Más tarde declaró a un funcionario de la embajada británica que, el 2 de noviembre, en presencia de un guardia, le dijo a un amigo que lo había ido a visitar: «Me fugo mañana a las seis de la mañana, ya te telegrafiaré desde Gibraltar». Cuando su amigo miró alarmado al guardia, March le tranquilizó diciendo: «He comprado a este señor y a los guardias de la puerta». Le acompañaban dos guardaespaldas, cortesía de la FAI. Su huida fue tratada por la prensa de derechas y anarquista como un acto heroico de un hombre perseguido (y generoso[713]). Al principio, March se refugió en Gibraltar, para luego instalarse en un hotel de lujo en París. Consiguió un escaño a golpe de talonario, por lo que pronto pudo regresar a España con inmunidad parlamentaria, como diputado por Mallorca, gracias al desembolso de una ingente suma[714].

El PSOE no pudo igualar la bien financiada campaña de la derecha, que fue dominada por Gil Robles, mientras que Largo Caballero controlaba la de los socialistas. Largo provocaba el entusiasmo de sus seguidores haciendo llamamientos a que la dictadura del proletariado llevase a cabo el desarme económico de la burguesía. Su radicalismo le granjeó la hostilidad del electorado de clase media y sirvió de justificación para las terribles advertencias de la derecha[715]. Los resultados electorales supusieron una amarga decepción para los socialistas. Después de que los pactos locales entre la CEDA y los radicales les permitieran sacar el máximo partido de la ley electoral, las dos formaciones de derechas terminaron con 115 y 104 diputados respectivamente. Con la connivencia de los radicales, la derecha había recuperado el control del aparato del Estado, que esta estaba decidida a utilizar para la liquidación de las reformas de los dos años anteriores. Pero las expectativas alimentadas durante ese tiempo no podían sino atraer las iras del pueblo sobre la derecha cuando esta intentó retrasar el reloj de la historia hasta 1930.

En los dos años posteriores a las elecciones de noviembre, conocidos posteriormente como el «bienio negro», los conflictos existentes en la política española se intensificaron de un modo dramático. El poder había pasado a una derecha decidida a vengar las heridas y las indignidades sufridas a manos de las Cortes Constituyentes. Era inevitable que se produjera una feroz polarización. Los obreros industriales y los trabajadores sin tierra estaban ya desesperados por la facilidad con que se había hecho caso omiso a las reformas de 1931-1933. La aplicación práctica de los decretos de Largo Caballero había quedado paralizada sin contemplaciones por culpa de los terratenientes del sur, a pesar de que los jurados mixtos habían evitado el 80 por ciento de las posibles huelgas[716]. La aniquilación completa de esas reformas no podía provocar más que violencia. A finales de 1933, 619.000 hombres —el 12 por ciento de la población activa española— estaban en paro, y en el sur las cifras se acercaban al 20 por ciento. El éxito de la UGT en la negociación salarial gracias a la mediación de los jurados mixtos provocó una reacción violenta de la patronal, en particular en el caso de la Federación Patronal Madrileña. En Madrid, la tasa media de paro era del 30 por ciento y en el sector de la construcción pronto alcanzaría el 40 por ciento. La patronal celebró la victoria en las elecciones recortando salarios y despidiendo a trabajadores, mientras que los propietarios desalojaban a los inquilinos y aumentaban los alquileres. Cuando los terratenientes, ignorando por completo la legislación social vigente, tomaron represalias por las molestias de los dos años anteriores, el paro aumentó aún más. En abril de 1934, el número de parados había llegado a 703.000[717].

La indignación de los socialistas alcanzó cotas máximas. Además del error táctico de no aliarse con los republicanos, hubo otros elementos que contribuyeron de forma decisiva a su derrota. La pérdida de cuarenta escaños pudo deberse a la abstención de los anarquistas, quizá relacionada con los subsidios de March a la prensa anarquista, en particular a La Tierra, cuyo director, Salvador Cánovas Cervantes, tenía fama de no desdeñar los sobornos. El exmilitante de la CNT, y posteriormente fundador del POUM, Joaquín Maurín escribió sobre la influencia de March en la prensa anarquista: «La CNT llevó a cabo varios putsch descabellados cuando el Gobierno era republicano-socialista. En la fase reaccionaria de Lerroux-Gil Robles, los anarquistas se abstenían de organizar putsch[718]».

Por supuesto, el abstencionismo de la CNT no se debía exclusivamente a Juan March, sino también a la indignación por la represión de las autoridades republicanas. En palabras del influyente médico Isaac Puente: «El que triunfe, sea de derecha o de izquierda, será nuestro enemigo, será nuestro encarcelador y nuestro degollador. Será el que tenga a su disposición las porras del Asalto, la oficiosidad de la Policía, los fusiles de la Benemérita y la mentalidad del cuerpo de prisiones. El proletariado tendrá exactamente todo lo que tiene hoy: sombra carcelera, espías, hambre, cardenales y verdugones». Denunciando a todos los candidatos como cínicos derechistas igual de miserables, la prensa de la CNT llamó a los trabajadores a no votar[719]. Tampoco March fue el único patrocinador de la abstención: en Cádiz, los seguidores de José Antonio Primo de Rivera financiaron la campaña a favor de la abstención de los anarquistas locales[720]. Por otra parte, la introducción del sufragio femenino en el artículo 36 de la Constitución hizo que la influencia reaccionaria del clero empujase a la mayoría de las mujeres católicas a votar por la derecha.

A pesar de todo, las bases socialistas estaban convencidas de que las elecciones habían sido fraudulentas. En el sur, tenían motivos fundados para creer que la fuerza de los caciques frente a los hambrientos braceros les había birlado sus escaños. En las zonas rurales donde la tasa de paro era altísima, era fácil obtener votos con promesas de empleo o amenazas de despido. La diputada por Badajoz Margarita Nelken vio a los caciques locales comprar votos a campesinos hambrientos a cambio de pan y chorizo, mientras que mujeres de clase alta, escoltadas por números de la Guardia Civil armados con metralletas, compraban votos en los burdeles y en los colegios electorales. Matones armados a sueldo de los caciques impidieron a los representantes socialistas intervenir en algunos mítines y estaban presentes junto a las urnas el día de las elecciones[721].

El millón y medio de votos que cosechó el PSOE le otorgó 58 escaños en las Cortes, mientras que los ochocientos mil votos de los radicales se vieron recompensados con 104 escaños. Según cálculos del PSOE, los partidos unidos de derechas habían obtenido 3.345.504 votos y 212 escaños, a 15.780 votos por escaño, mientras que la izquierda desunida había recibido 3.375.432 sufragios y solo 99 escaños, a 34.095 votos por escaño. En algunas zonas del sur —Badajoz, Córdoba y Málaga, por ejemplo—, el margen de victoria de la derecha era lo bastante estrecho como para que las malas prácticas electorales inclinaran la balanza. En Badajoz, la diferencia de votos suponía pasar de 3 a 11 escaños y, en este caso, el número de representantes del Partido Radical pasó de 2 a 10[722]. Azaña denunciaría más adelante la «miserable corrupción, la espantosa inmoralidad» de la derecha en su campaña electoral[723].

La contribución de Juan March a las arcas de la campaña de la derecha salió a relucir durante un acalorado debate en las Cortes el 8 de mayo de 1935. En un largo discurso, Teodomiro Menéndez, informando sobre el trabajo de la Comisión de Responsabilidades, enumeró los actos de corrupción llevados a cabo por el financiero a partir de 1911 y relacionó tan sombrío historial con los esfuerzos realizados por la derecha para obtener su apoyo económico: «No es más que un proceso contra los intereses de España en defensa de los intereses de un particular al que vosotros habéis consagrado en esta cámara, este Juan March que ha contribuido con su dinero a las últimas elecciones. […] El Sultán de España es don Juan March y vosotros sus súbditos[724]».

La amargura de las bases socialistas ante la cínica alianza de los radicales y la CEDA pronto se vio agravada por la ofensiva que desencadenó la patronal. La indignación popular fue aún mayor debido a la moderación y al sacrificio que habían caracterizado a la política socialista entre 1931 y 1933. Varios políticos, desde Azaña hasta Botella Asensi, ahora en el Partido Radical, exigieron la convocatoria de nuevas elecciones. La reacción más histérica fue la de Largo Caballero, sensible a las tensiones sociales que experimentaban las bases de la UGT. Largo puso en práctica un juego peligroso al adoptar una retórica aparentemente revolucionaria que no era más que un cúmulo de amenazas vanas con las que pretendía intimidar a la derecha para que limitara su beligerancia y convencer al presidente Alcalá Zamora de que convocara unos nuevos comicios; en ningún caso se planteaba una sublevación. Cuando el presidente se mantuvo firme ante estas presiones, los socialistas tuvieron que elegir entre aumentar el tono de sus amenazas o perder credibilidad ante la militancia. La situación no hizo más que beneficiar a la CEDA[725].

Aunque no estaba dispuesto a volver a convocar elecciones, Alcalá Zamora no invitó a Gil Robles a formar gobierno a pesar de que la CEDA fuera el partido con más escaños en las Cortes. El presidente temía que aspirase a instaurar un Estado autoritario y corporativo. En cualquier caso, la victoria de Gil Robles fue mucho más precaria de lo que parecía. Aunque Alcalá Zamora le hubiera invitado a formar gobierno, no lo habría logrado: la suma de las formaciones de derechas en las Cortes no alcanzaba la mayoría absoluta. Además, un gabinete con los enemigos declarados de la República no hubiera servido más que para galvanizar la izquierda, incluida una parte considerable del Partido Radical y, una vez superadas las divisiones de esta, cualquier gobierno de derechas se habría visto derrotado y se formaría un ejecutivo de coalición de republicanos de izquierda y de centro, o se iría a nuevas elecciones, porque era inconcebible que los socialistas cometieran dos veces el mismo error táctico. Inquieto, pues, ante la posibilidad de que su frágil victoria quedara anulada en unas nuevas elecciones, Gil Robles buscó otra solución. Al carecer de la fuerza para tomar el poder por medio de la violencia, recurrió a la idea de un gobierno teledirigido por la CEDA. Así, Lerroux, como líder del segundo partido con más escaños, se convirtió en presidente de un Consejo de Ministros en el que los radicales eran títeres de la CEDA. El Debate lo explicó con esta consigna: «Apoyar a Lerroux, primero; colaborar con Lerroux, después; sustituir a Lerroux, más tarde[726]».

Gil Robles le dejó meridianamente claro a Lerroux lo que esperaba a cambio de los votos de la CEDA. Sus exigencias no contribuirían precisamente a apaciguar las tensiones sociales. En un discurso pronunciado en las Cortes el 19 de diciembre, tras afirmar que los resultados de las elecciones habían revelado el rechazo de la nación a las políticas del primer bienio, Gil Robles pidió la amnistía para los encarcelados por el golpe de Estado de Sanjurjo, así como la reforma de las leyes sobre cuestiones religiosas aprobadas por las Cortes Constituyentes, la derogación de las medidas que más habían aliviado la angustia del campesinado sin tierra —los decretos de términos municipales y de laboreo forzoso, junto con los que fijaban la jornada en ocho horas e introducían los jurados mixtos— y la reducción de las tierras afectadas por las expropiaciones forzosas en aplicación de la ley de reforma agraria. A cambio de la implementación de las duras políticas sociales que deseaban los ricos patrocinadores de la CEDA, estos dejarían que los radicales se llenaran los bolsillos desde el Gobierno. Pero el Partido Radical había basado su campaña en una reforma que atemperase, sin destruirlas, las reformas del primer bienio y las exigencias de la CEDA iban en contra del progresismo de muchos de ellos, incluido Martínez Barrio. Sin embargo, a los 69 años, Lerroux no estaba dispuesto a rechazar su última oportunidad de tocar poder[727].

Los socialistas estaban horrorizados. Durante la campaña electoral, Largo Caballero había declarado que en el Partido Radical había gente que «si no han estado en presidio merecían estarlo», en referencia tanto al largo historial de corrupción económica de Lerroux como a su complicidad en el golpe de Estado de Sanjurjo de 1932[728]. Miguel Maura coincidía con Largo, y más tarde hablaría del filón «inagotable» de anécdotas e incidentes relacionados con la inmoralidad de los amigos y parientes de Lerroux. En el verano de 1933, anticipando que pronto estaría en el poder, Lerroux le había ofrecido a Maura un ministerio. Este lo rechazó, alegando que jamás participaría en un gobierno que él presidiera, «no precisamente por usted, sino por la gente que le rodea, que es totalmente indescriptible, y acabará perdiéndole a usted». Lerroux respondió tan tranquilo que él siempre cuidaba de sus amigos porque consideraba que era la rançon de la gloire («el precio de la fama») y sus actividades eran simples «pecadillos». Poco tiempo después, el secretario de Lerroux le preguntó a Maura si quería ganar una fortuna con un chanchullo relacionado con el Ministerio del Interior. Maura volvió a ver a Lerroux para informarle del asunto, pero este se limitó a responder: «¡Estos chicos! […] Voy a tirarle de las orejas[729]».

Maura no era el único político conservador inquieto por la despreocupación de Lerroux sobre la honradez de los servidores públicos. Compartían su inquietud Alcalá Zamora, Gil Robles y Joaquín Chapaprieta, diputado conservador independiente por Alicante. Era público y notorio que Lerroux siempre había ansiado llevar una vida de lujo. Una vez en el Gobierno, Lerroux bombardeó a los demás ministros con solicitudes de cargos oficiales para sus parientes y amigos. Alcalá Zamora lamentó que su criterio para tales nombramientos fuera la necesidad de dinero de los candidatos y su simpatía personal, algo que llegó al punto de alarmarle cuando se trató de cargos de responsabilidad en la banca[730].

Azaña recordaría más tarde con amarga sonrisa que, poco después de asumir el Gobierno, los diputados de Lerroux crearon una oficina para distribuir favores estatales, monopolios, licitaciones públicas, licencias, etc. Azaña lo llamó la oficina de «alumbramiento de empleos» y comparó la escala de la corrupción con los peores días de Romero Robledo: «No iban a contentarse con los cargos políticos que siempre mudan al variarse el Gobierno. Con método y paciencia grandes, proporcionados a su avidez, desmenuzaron toda la administración española y sus aledaños, dentro y fuera del país; no hubo ministerio, monopolio, delegación, comisaría, consorcio, confederación, compañía concesionaria o arrendataria, instituto, etcétera, etcétera, etcétera, donde no introdujesen el gatillo y extrajesen algo[731]». También Félix Gordón Ordás, que fundó junto con Diego Martínez Barrio el partido Unión Republicana en septiembre de 1934, declaró en Bilbao a finales de mayo de 1935 que «la mayoría de los Gobiernos presididos por el señor Lerroux, y singularmente el actual, son verdaderos sindicatos de negocios fabulosos[732]».

A lo largo de 1935, se fueron acumulando pruebas de dicha corrupción. El Socialista alegó que tres diputados radicales —Fernando Rey Mora, Basilio Álvarez y Emiliano Iglesias— habían exigido treinta mil pesetas cada uno a un tal Sr. Serrano Pérez para que su hijo fuera nombrado secretario del Tribunal de Garantías Constitucionales. Hubo múltiples acusaciones de malversación de fondos municipales en los ayuntamientos gobernados por los radicales y contra ediles del mismo partido —incluido el hijo adoptivo de Lerroux, Aurelio—, de los que se decía que «ponían el cazo» a cambio de permitir el funcionamiento de casinos ilegales. Entre los implicados se encontraban los compinches de Lerroux Emiliano Iglesias, Juan Pich i Pon y Manuel Marraco. Otras acusaciones se referían a la concesión de contratos públicos a empresas propiedad del mismo Lerroux, quien, irónicamente, se quejó a Sainz Rodríguez de que su personal era tan deshonesto que le habían robado hasta la camisa[733].

Los socialistas creían que los radicales habían traicionado los ideales básicos de la República al comprometerse a proteger los intereses económicos de la oligarquía agraria a cambio de que les dieran licencia para robar[734]. Aunque a una escala muy distinta, es cierto que, durante el primer bienio, hubo casos de socialistas y republicanos de izquierda que acumularon cargos oficiales. En febrero de 1933, Joaquín del Moral, abogado derechista con vínculos sospechosos con la CNT, publicó una diatriba contra la coalición republicano-socialista a la que acusaba de infringir la Constitución de 1931 y de enchufismo. Aclamado por la extrema derecha, el librito de Del Moral se convirtió en un éxito de ventas efímero. Calumnias más virulentas fueron las que publicó el Dr. Albiñana, del Partido Nacionalista[735]. De todos modos, el nepotismo del que se acusaba a los republicanos era una minucia en comparación con el que habían practicado durante la dictadura los mismos monárquicos que ahora aplaudían a Del Moral[736].

A pesar de la actitud amenazadora de Largo Caballero, la primera protesta violenta de los obreros se debió a los anarquistas, que, con una ingenuidad irresponsable, organizaron una absurda sublevación que debía producirse el 8 de diciembre de 1933. Pero el Gobierno estaba al tanto de sus planes y declaró de inmediato el estado de emergencia. Detuvieron a dirigentes de la CNT y de la FAI, se impuso la censura de prensa y clausuraron los sindicatos. En zonas tradicionalmente anarquistas, como Aragón, La Rioja, Cataluña, Levante, partes de Andalucía y Galicia, se produjeron huelgas esporádicas, se volaron algunos trenes y hubo asaltos a cuartelillos de la Guardia Civil. El movimiento fue sofocado rápidamente en Barcelona, Madrid y Valencia, mientras que en Zaragoza la sublevación llegó a adquirir cierto impulso. Los trabajadores levantaron barricadas, arremetieron contra edificios públicos y participaron en combates callejeros. El Gobierno envió al Ejército, que necesitó cuatro días y la ayuda de tanques para aplastar la insurrección[737].

Los incidentes violentos en los que participó la CNT desviaron la atención del recrudecimiento de los conflictos sociales en el sur, debido no solo a que los terratenientes redujeran los salarios y se negaran a dar trabajo a los jornaleros sindicados, sino también al importante encarecimiento de productos de primera necesidad. El Gobierno radical había liberalizado los precios del pan, que aumentaron entre un 25 y un 70 por ciento. Las manifestaciones de mujeres, niños y ancianos hambrientos que pedían pan se convirtieron en un espectáculo habitual. El incremento del paro, los fuertes recortes salariales y, como consecuencia de todo ello, el hambre provocaron una agudización de la incidencia de la anemia y la tuberculosis entre los niños de la región. Cuando los trabajadores sin tierra protestaban o intentaban recoger aceitunas u otros frutos caídos a causa de las inclemencias meteorológicas, la Guardia Civil los agredía. El aumento del hambre en el sur provocó la radicalización de la FNTT. Su presidente moderado, Lucio Martínez Gil, fue sustituido por uno de los jóvenes radicales seguidores de Largo Caballero, Ricardo Zabalza Elorga. A finales de 1933, Largo Caballero reaccionó al acentuamiento de la radicalización intensificando sus amenazas, aunque sus palabras no estuvieran acompañadas de hechos revolucionarios[738].

Con un gobierno radical y flexible a sus demandas en el poder, se hizo patente el éxito de las tácticas accidentalistas de Acción Popular. Sin embargo, para los catastrofistas, ni siquiera un gobierno recio de derechas era adecuado. Un amigo de Franco, Joaquín Arrarás, afirmó que la lucha a vida o muerte de «las fuerzas del orden y de la patria contra las fuerzas de la anarquía y de la antipatria» exigía el aplastamiento absoluto de la revolución. Calvo Sotelo se quejó de la falta de un Estado vigoroso capaz de «disciplinar» a la clase obrera[739]. Así pues, la extrema derecha se preparó para una confrontación definitiva y violenta, en tres frentes más o menos interrelacionados: la conspiración militar, las milicias carlistas y la guerrilla urbana fascista. La debilidad de las JONS había acabado empujando a esta formación a fusionarse con la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera a mediados de febrero de 1934[740]. Dos meses antes de su constitución, el domingo 29 de octubre de 1933, Falange Española había aceptado financiación de los monárquicos de Renovación Española. El llamado Pacto de El Escorial incorporaba a la Falange a la conspiración de los militares contra la República[741]. Debido a su retórica del «plomo y la sangre» y la exaltación de «la música de las pistolas y el tambor bárbaro de plomo», los monárquicos veían en la Falange el instrumento perfecto de desestabilización política. El hecho de que su líder fuera un aristócrata terrateniente, un miembro de la alta sociedad cosmopolita y, por supuesto, heredero político de su padre, calmaba la preocupación por que la Falange pudiera írseles de las manos y seguir la misma senda de sus partidos homólogos alemanes e italianos. La Falange funcionaría como carne de cañón de la alta burguesía, provocando altercados callejeros y ayudando a generar la anarquía que, exagerada por la prensa de derechas, iba a servir de justificación para el alzamiento militar[742].

En una iniciativa distinta, una delegación conjunta de monárquicos alfonsinos y carlistas viajó a Roma el 31 de marzo de 1934, en busca de ayuda económica y armamento. La comitiva estaba formada por Antonio Goicoechea, jefe de Renovación Española, el general Emilio Barrera, de la Unión Militar Española, y Antonio Lizarza Iribarren, reclutador del Requeté, la milicia armada carlista. Barrera comenzó diciendo que se sentía «honrado y conmovido por tener el honor de hablar» con Mussolini y «le agradeció la ayuda italiana al golpe de Estado del 10 de agosto, un golpe fallido pero rico en enseñanzas». El Duce ofreció una ayuda económica de un millón y medio de pesetas y veinte mil fusiles, veinte mil granadas de mano y doscientas ametralladoras que se entregaron a través de Trípoli y Portugal. También se organizó que varios cientos de requetés recibieran instrucción en el Ejército italiano para convertirse, a su vez, en instructores[743]. Bajo la dirección de su nuevo líder, Manuel Fal Conde, la Comunión Tradicionalista estaba creando un ejército de voluntarios de grandes dimensiones. Formada por el coronel africanista José Enrique Varela, esta fuerza bien adiestrada y armada de treinta mil boinas rojas estaría a disposición de los conspiradores militares en la primavera de 1936[744].

El objetivo inmediato de los monárquicos era lograr la amnistía para los colaboradores de la dictadura y los participantes en el golpe de Estado de Sanjurjo, y lo consiguieron el 24 de abril de 1934. A raíz de la amnistía, volvió a España su líder más dinámico, José Calvo Sotelo, que sustituyó al ineficaz dandy Goicoechea. Calvo Sotelo, al ver en la Falange un partido con perspectivas de futuro, intentó afiliarse a ella para poder controlarla. Pero José Antonio Primo de Rivera, que lo despreciaba, se negó, diciendo que Calvo Sotelo nunca podría aspirar a convertirse en caudillo «porque no sabía montar a caballo[745]». Pronto, la prensa monárquica, además de atacar a Gil Robles por su presunta debilidad, hablaría de la «instauración» de una nueva monarquía autoritaria en vez de la restauración de Alfonso XIII, lo que implicaba conquistar el Estado para después construir un nuevo régimen autoritario[746].

Los socialistas, muy afectados por el curso de los acontecimientos, estaban decididos a evitar el destino de la izquierda alemana y austriaca. A medida que avanzaba 1934 se produjo un incremento en el número de disturbios callejeros. Tampoco los acontecimientos en la política normal contribuían precisamente a calmar los ánimos. Una facción importante del Partido Radical, encabezada por Martínez Barrio, estaba disconforme con la deriva derechista de Lerroux y con el nombramiento como ministro de Comunicaciones del diputado del Partido Agrario por Zamora José María Cid Ruiz-Zorrilla, un hombre de un conservadurismo agresivo. Cuando el dirigente del Partido Agrario José Martínez de Velasco anunció que su formación reconocería a la República —algo a lo que Gil Robles siempre se negó—, ocho de sus 31 diputados se unieron a la CEDA en protesta. En una entrevista concedida a la revista monárquica Blanco y Negro de febrero, Martínez Barrio declaró que una amplia coalición de centro-derecha era preferible a un gobierno radical en minoría lastrado por sus compromisos. Sin embargo, para ello era preciso el reconocimiento inequívoco de la República por parte de la CEDA y el Partido Agrario. En las Cortes, Gil Robles insinuó que su partido ya había hecho demasiados sacrificios y amenazó veladamente con que cualquier intento de poner obstáculos legales en el camino de su programa provocaría violencia[747].

Mientras Gil Robles exigía una represión más dura de «delitos» como el robo de bellotas y aceitunas caídas por parte de los jornaleros hambrientos, los socialistas constataron que el Gobierno radical, para mantener el apoyo de la CEDA, seguía desmantelando las medidas progresistas introducidas a partir de 1931. Gil Robles iba eliminando, además, a los miembros moderados del gabinete. En sendos discursos pronunciados el 19 y 26 de febrero, amenazó con provocar la caída del Gobierno a menos que los críticos con la CEDA fueran silenciados. La inquietud de los socialistas aumentó aún más cuando El Debate afirmó ese mismo mes que la represión del movimiento socialista austriaco por parte de Dollfuss era un ejemplo que seguir[748]. El 1 de marzo, Gil Robles retiró su apoyo al Gobierno para provocar lo que llamó «la derrota del sector extremista del partido radical» y exigió un gabinete más acorde con el equilibrio de fuerzas de las Cortes. Martínez Barrio y otros dos ministros radicales moderados, Antonio Lara Zárate (Hacienda) y José Pareja Yébenes (Instrucción Pública), se vieron obligados a dimitir[749].

Para deleite de Gil Robles, el reaccionario y voluble Rafael Salazar Alonso, al que unían estrechos lazos personales con la oligarquía latifundista extremeña, se convirtió en ministro de la Gobernación. Salazar trazó de inmediato un plan para crear una «organización antirrevolucionaria» de todo el aparato de orden público: la Guardia Civil, la policía y la Guardia de Asalto[750]. Gil Robles declaró que, mientras el ministro de la Gobernación defendiera el orden social de esta forma, el Gobierno podría contar con el apoyo de la CEDA. De hecho, la prensa de la CEDA reclamaba una legislación antihuelga similar a la de la Italia fascista, la Alemania nazi, Portugal y Austria. Aunque Lerroux se abstuvo de ilegalizar todas las huelgas, entusiasmó a la derecha al anunciar que las huelgas de carácter político serían reprimidas sin piedad. Para la CEDA y Salazar Alonso, todas las huelgas eran políticas. Este último provocó una serie de huelgas a lo largo de la primavera y el verano de 1934 que le permitieron anular a los sindicatos más poderosos uno por uno, comenzando por el de Obreros de la Imprenta, en marzo. El Gobierno amplió su arsenal represivo aumentando el número de agentes de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto y reinstaurando la pena de muerte[751].

Sin embargo, esto no le bastaba a la CEDA, que presionó a Lerroux para que promulgara una ley que restableciera las ayudas del Estado al clero y sacara adelante el proyecto de ley de amnistía, algo en lo que Gil Robles tenía un particular interés debido a sus vínculos con Sanjurjo. El texto de la ley de amnistía fue redactado por Gil Robles, Antonio Goicoechea, José Martínez de Velasco y un dirigente carlista, el conde de Rodezno. Los socialistas y los republicanos de izquierda, temerosos de la reincorporación al Ejército de oficiales decididos a derrocar el régimen, se opusieron en vano. Alcalá Zamora se negó a sancionar la ley el fin de semana del 20 al 23 de abril, pero acabó estampando su firma en ella.

Mientras Alcalá Zamora vacilaba, Gil Robles seguía presionando. El 22 de abril de 1934, la Juventud de Acción Popular (JAP), organización juvenil de la CEDA, anunció que cincuenta mil militantes participarían en un mitin en el monasterio de El Escorial, construido por y para Felipe II, una provocación antirrepublicana. Seducidas por el ejemplo de Mussolini, las juventudes esperaban precipitar una «marcha sobre Madrid» para tomar el poder. Un preocupado Alcalá Zamora preguntó a Salazar Alonso: «¿Llevarán sus banderas? ¿Y harán sus saludos, extendiendo el brazo?». Los socialistas, que se temían un mitin al estilo nazi, intentaron detenerlo convocando una huelga general en Madrid y paralizando el transporte público. Al final, el mitin solo congregó a veinte mil personas, algunas de ellas aparceros pagados por sus propietarios. Ramón Serrano Suñer, diputado de la CEDA por Zaragoza y posteriormente arquitecto del Estado nacionalsindicalista de Franco, cargó contra la «democracia degenerada». Luciano de la Calzada, diputado de la CEDA por Valladolid, enumeró a los que no tenían derecho a llamarse españoles: «judíos, heresiarcas, protestantes, comuneros, moriscos, enciclopedistas, afrancesados, masones, krausistas, liberales, marxistas». El discurso de Gil Robles fue recibido con vítores de «¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe!», el equivalente español de «Duce[752]».

Tras su desacuerdo con Alcalá Zamora sobre la amnistía, Lerroux, de acuerdo con el protocolo, le presentó la dimisión simbólicamente. Para su sorpresa, Alcalá Zamora se la aceptó y ofreció la presidencia del Consejo al ministro de Trabajo, el oscuro e ineficaz Ricardo Samper[753]. Lerroux autorizó a Samper a formar gobierno, temiendo que, de lo contrario, Alcalá Zamora disolvería las Cortes y convocaría nuevas elecciones. Gil Robles vio una oportunidad para sacar partido de la situación. Su compañero de partido y diputado por Salamanca Cándido Casanueva propuso que la CEDA, los diputados monárquicos y los radicales sumaran sus votos en una cuestión de confianza sobre Lerroux que provocara la dimisión de Alcalá Zamora. La maniobra culminaría elevando a Lerroux a la presidencia de la República, para que luego este invitara a Gil Robles a formar gobierno. Pero Lerroux, que estaba seguro de que pronto volvería a presidir el Gobierno, era demasiado astuto para caer en la maniobra[754].

Alcalá Zamora había provocado mucho más que una mera crisis de gabinete. Su oposición a la amnistía estaba perfectamente justificada, pero se equivocó al eliminar a Lerroux. Nunca había confiado en él y es probable que lo considerase como un rival en potencia para el cargo de presidente de la República. La decisión más emocional que reflexiva de Alcalá Zamora tuvo una serie de consecuencias imprevistas que contribuyeron a la polarización de la República. Para empezar, se enemistó con Lerroux y provocó una crisis en el seno del Partido Radical. Veinte diputados, encabezados por Martínez Barrio, abandonaron el partido en mayo y dejaron a la formación aún más al albur de la CEDA[755].

El apoyo de Lerroux al proyecto de ley de amnistía había puesto de manifiesto sus vínculos con los conspiradores de 1932. Ahora, el Gobierno de Samper, con un ministro de la Gobernación beligerante, no podría ser más del agrado de Gil Robles. El 4 de mayo un decreto anuló las expropiaciones posteriores a la Sanjurjada y el 23 de mayo otro derogó el Decreto de Términos Municipales[756]. A la cúpula socialista cada vez le resultaba más difícil contener a sus seguidores. Largo Caballero solía complacer la impaciencia revolucionaria de las masas, aunque su retórica fuera poco más allá de los tópicos marxistas. En los discursos de Largo nunca se hacían referencias concretas al panorama político del momento ni se marcaba calendario alguno para la futura revolución. Sin embargo, la radicalización del movimiento socialista, especialmente de su rama juvenil, la FJS, y su organización madrileña, la Agrupación Socialista Madrileña, se intensificó a lo largo de 1934. Los esfuerzos de Besteiro por frenar el proceso de bolchevización le valieron la hostilidad de la juventud radical. Por lealtad al partido, Prieto aceptó de mala gana la táctica revolucionaria[757].

Los problemas se habían ido acumulando desde marzo. Los trabajadores del campo padecían inmensas dificultades debido al aumento de la agresividad patronal. La derogación del Decreto de Términos Municipales, que se produjo justo antes de la cosecha, permitió a los terratenientes importar mano de obra barata de Portugal y Galicia para rebajar los salarios locales. El proletariado rural se estaba quedando rápidamente sin defensas ante la ofensiva de la derecha. El último vestigio de protección con que contaban los trabajadores sin tierra para sus trabajos y salarios provenía de los alcaldes socialistas, que trataban de obligar a los terratenientes locales a cumplir la legislación social o utilizaban las arcas municipales para realizar obras públicas con el fin de proporcionar algún tipo de empleo a los lugareños. Salazar Alonso se dedicó a destituirlos sistemáticamente, alegando excusas tan endebles como «irregularidades administrativas» —que solían ser deudas heredadas de sus predecesores monárquicos— o que «no se tuviera confianza en el alcalde para el mantenimiento del orden público» —que normalmente significaba que el alcalde era socialista—.[758]

En Badajoz, los trabajadores hambrientos mendigaban por las calles de los pueblos. El raquitismo y la tuberculosis eran habituales. A los trabajadores que se negaban a romper sus carnés del sindicato les impedían trabajar. El boicot de la patronal a los campesinos sindicados y la tristemente famosa campaña de «Comed República» estaban concebidos para reafirmar las formas de control social anteriores a 1931. La dirección de la FNTT reaccionó moderadamente, enviando una serie de requerimientos razonados a los ministros de Trabajo, Agricultura e Interior, instándolos a aplicar los decretos de laboreo forzoso, los convenios laborales, la rotación estricta de puestos de trabajo y las bolsas de trabajadores[759].

Tras comprobar que no se hacía nada al respecto, el Comité Nacional de la FNTT, en una reunión celebrada los días 11 y 12 de mayo, decidió iniciar una huelga el 5 de junio para combatir la ofensiva patronal. Los más veteranos de la UGT se opusieron a lo que consideraban una iniciativa precipitada que podía quemar a la militancia. La época de la cosecha variaba en función del territorio, por lo que la selección de una fecha única para la huelga planteaba problemas de coordinación. Además, una huelga general, a diferencia de las huelgas puntuales limitadas a los latifundios, ocasionaría problemas también a los arrendatarios y aparceros que necesitaran contratar solo a uno o dos trabajadores. Largo Caballero señaló que una huelga de trabajadores de la tierra de ámbito nacional sería denunciada como revolucionaria y correría el riesgo de provocar una represión terrible, por lo que no cabía esperar que los obreros industriales convocaran huelgas solidarias. La FNTT se hallaba bajo la presión extrema de unas bases famélicas, al límite de la resistencia por culpa de las provocaciones constantes de los caciques y la Guardia Civil. La ejecutiva informó a la UGT que ignorar las demandas de acción de sus miembros sería condenarlos a salarios de miseria y abandonarlos al cierre patronal. Como dijo el periódico de la FNTT: «Toda España está siendo Casas Viejas». La convocatoria de huelga se realizó dentro del más estricto cumplimiento de la ley, con un preaviso de diez días, con la esperanza de que la mera amenaza de movilización bastase para obligar al Gobierno a hacer un gesto de respuesta al hambre generalizada[760].

Como cabía esperar, Salazar Alonso aprovechó la ocasión para asestar un golpe a la sección con más afiliados de la UGT. En una serie de reuniones con el jefe de la Guardia Civil y el director general de Seguridad, ya había trazado planes específicos para la represión de tal huelga. Por lo tanto, justo cuando estaban a punto de fructificar las esperanzas de Zabalza de alcanzar un compromiso entre la FNTT y los ministros de Agricultura y Trabajo, Salazar Alonso criminalizó a los huelguistas al declarar que la cosecha era un servicio público nacional y que la huelga era un «conflicto revolucionario». Hubo detenciones en masa de individuos progresistas y de izquierdas, incluidos cuatro diputados socialistas, en todas las provincias, en flagrante violación de los artículos 55 y 56 de la Constitución. Obligaron a punta de pistola a miles de campesinos a subir a camiones, que los trasladaron a cientos de kilómetros de sus hogares y los arrojaron sin comida ni dinero para que tuvieran que volver por sus propios medios. Clausuraron los centros obreros y muchos consistorios fueron disueltos y sustituidos por gestoras nombradas por el Gobierno. Aunque la mayoría de los trabajadores detenidos quedaron pronto en libertad, los tribunales de emergencia condenaron a dirigentes destacados a penas de cuatro o más años de cárcel. Los centros de reunión obreros de las villas, las Casas del Pueblo, fueron clausurados y la FNTT quedó prácticamente paralizada hasta 1936. En combate desigual, la federación había sufrido una terrible derrota. Salazar Alonso había devuelto la situación en el campo español a los años veinte[761].

Las acciones de Salazar Alonso no hicieron más que intensificar la convicción de la izquierda de que el gabinete de Samper no era más que el caballo de Troya de Gil Robles. La determinación de la CEDA y el Partido Radical de erosionar las bases más firmes de apoyo a la República se hizo evidente cuando el Gobierno se enfrentó sucesivamente a catalanes y vascos. La simpatía de las Cortes Constituyentes por las aspiraciones autonomistas fue sustituida por el centralismo de la derecha, sobre todo en el caso de Cataluña. En abril, la Generalitat aprobó una reforma agraria, la Llei de Contractes de Conreu, una medida inteligente para proteger a los arrendatarios contra el desalojo por parte de los latifundistas y darles el derecho a comprar las tierras que hubieran trabajado durante dieciocho años. El 8 de junio, para deleite de los terratenientes de la Lliga Regionalista, el Tribunal de Garantías Constitucionales, dominado por la derecha, declaró anticonstitucional la ley. Al volver a presentar el texto sin enmendar al Parlamento de Cataluña el 12 de junio, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, calificó la decisión del Tribunal de nuevo intento centralista de reducir la autonomía de la región[762]. La consiguiente tensión política fue hábilmente manipulada por Gil Robles para provocar a la izquierda. En un tenso debate en las Cortes, el jefe de la CEDA pidió que se aplicara la ley con la máxima severidad contra la Generalitat por enarbolar la bandera de la rebelión. En paralelo a las vacilaciones de Samper, el apoyo de Gil Robles al Gobierno también comenzó a tambalearse. Durante la crisis, El Debate exhortó repetidamente al Gobierno a someter a los catalanes. Mientras tanto, el Ejecutivo había empezado a infringir los privilegios fiscales de los vascos y, para acallar las protestas, canceló las elecciones municipales del 12 de agosto y encarceló a cientos de ediles vascos. Este centralismo arrogante confirmó los temores izquierdistas de una aceleración de la deriva hacia la derecha[763].

Las políticas de represalias estaban empezando a generar un clima, si no de guerra civil inminente, sí de violencia cada vez mayor. La izquierda veía el fascismo en cada acción de la derecha; la derecha olía la revolución en cada movimiento de la izquierda. Se pronunciaban discursos violentos en las Cortes e incluso se llegaron a esgrimir pistolas. En las calles, se produjeron tiroteos entre jóvenes socialistas y falangistas. Juan Antonio Ansaldo, un rico aviador y playboy monárquico, se había afiliado a la Falange en primavera para organizar los escuadrones terroristas denominados Falange de Sangre. Su plan de volar la Casa del Pueblo de Madrid se vio frustrado cuando la policía descubrió un gran alijo de armas y explosivos. Las acciones de los escuadrones falangistas provocaron represalias por parte de los extremistas de la FJS[764].

Los ataques a la autonomía regional y la retórica cada vez más amenazadora de Gil Robles formaban parte de una estrategia de presión a Alcalá Zamora para que invitara a la CEDA a incorporarse a un gobierno de coalición. Ya a mediados de agosto, Gil Robles le dijo a Samper que su gabinete no era del agrado de su grupo y que no contara con su apoyo parlamentario. El 5 de septiembre, advirtió tanto a Samper como a Salazar Alonso que, en un mitin de la JAP que se celebraría cuatro días después, anunciaría públicamente su descontento con la política de orden público del Gobierno. El 9 de septiembre el mitin se celebró en Covadonga (Asturias), punto de partida de la Reconquista de España contra los musulmanes. Este símbolo bélico remitía al paralelismo que Sanjurjo había establecido entre el proletariado rural y los cabileños del Rif y prefiguraba el uso franquista de una retórica de cruzada. Gil Robles habló apasionadamente de la necesidad de aniquilar la «rebelión separatista» de los catalanes y los nacionalistas vascos. Recreándose en la adulación de las masas reunidas de la JAP y dejándose llevar por un arrebato de retórica patriotera, el jefe supremo hizo un llamamiento a exaltar el nacionalismo «con locura, con paroxismo, con lo que sea; prefiero un pueblo de locos a un pueblo de miserables». Detrás de esta vehemencia aparentemente espontánea se ocultaba una fría determinación de provocar a la izquierda para que tratase de impedir que la CEDA llegase al poder[765].

Tanto él como Salazar Alonso estaban seguros del fracaso de la izquierda. Los preparativos revolucionarios de las juventudes socialistas consistían en gran medida en almuerzos campestres dominicales en la Casa del Campo de Madrid, durante los cuales practicaban ejercicios militares sin armas. La policía localizó fácilmente los pocos revólveres y fusiles que los socialistas habían adquirido en costosos encuentros con traficantes de armas sin escrúpulos. Gracias a la información de confidentes del mismo PSOE o de los propios traficantes, cuando la policía iba a registrar domicilios de militantes o Casas del Pueblo, sabía exactamente dónde estaban escondidas las armas, detrás de unos tabiques o bajo las tablas del suelo. La compra de armas más importante fue obra de Prieto. El armamento —encargado inicialmente por enemigos de la dictadura portuguesa en el exilio que no podían pagarlo— fue enviado a Asturias en el vapor Turquesa. En un extraño incidente, el cargamento cayó en gran parte en manos de la policía, aunque Prieto consiguió huir. Solo en Asturias la clase obrera estaba armada, con dinamita de las minas y armas cortas robadas de las fábricas locales[766].

Salazar Alonso, al igual que Gil Robles, confiaba en que la entrada de la CEDA en el Gobierno desencadenase una reacción socialista que, a su vez, justificara un golpe preventivo contra la izquierda. El 11 de septiembre, en un consejo de ministros, propuso que la CEDA se incorporase al Gobierno precisamente para provocar una huelga revolucionaria en previsión de la cual se declararía el estado de guerra. Tanto Samper como otros ministros se horrorizaron ante un cinismo tan irresponsable. Seis semanas antes, Salazar Alonso había escrito a su amante, la esposa de un latifundista extremeño, presumiendo de su intención de provocar una acción de la izquierda para aplastarla: «La opinión reacciona a mi favor, vuelven a mi desmedrada figura sus ojos y me consideran un hombre providencial que ha de salvarles». En la noche del 11 de septiembre, le escribió de nuevo contándole lo que había intentado hacer en la reunión del gabinete. En el relato que publicó sobre su papel en los hechos, declaró: «El problema era nada menos que iniciar la ofensiva contrarrevolucionaria, para acabar con el mal». Salazar Alonso estaba decidido a aplastar la intentona revolucionaria para asegurarse de que la izquierda no volviera a levantar cabeza[767].

Gil Robles reconocería más tarde que compartía las intenciones provocadoras de Salazar Alonso. Ambos sabían que los socialistas reaccionarían violentamente a lo que verían como un intento de instaurar un régimen como el del canciller Dollfuss en Austria, y confiaban en que las posibilidades de éxito de los revolucionarios eran escasas. En unas palabras pronunciadas en las oficinas de Acción Popular en diciembre, recordaba con satisfacción:

Yo tenía la seguridad de que la llegada nuestra al poder desencadenaría inmediatamente un movimiento revolucionario […] y en aquellos momentos en que veía la sangre que se iba a derramar me hice esta pregunta: «Yo puedo dar a España tres meses de aparente tranquilidad si no entro en el Gobierno. ¡Ah!, pero ¿entrando estalla la revolución? Pues que estalle antes de que esté bien preparada, antes de que nos ahogue». Esto fue lo que hizo Acción Popular: precipitar el movimiento, salir al paso de él; imponer desde el Gobierno el aplastamiento implacable de la revolución[768].

El 26 de septiembre, Gil Robles precipitó la crisis anunciando que no podía seguir apoyando a un Gobierno minoritario. Los republicanos —desde Martínez Barrio hasta Largo Caballero, pasando por Azaña— esperaban que Alcalá Zamora resolviera la situación convocando elecciones y los socialistas comenzaron a intensificar su retórica revolucionaria con la esperanza de convencerlo de los peligros de incorporar la CEDA al Gobierno[769]. El convencimiento de que no tendrían que desencadenar la revolución con la que amenazaban es la única explicación plausible de la falta de preparación de los socialistas para cualquier acción. Como ministro de la Gobernación, Salazar Alonso lo sabía muy bien, pero siguió afirmando que la revolución era inminente[770].

El 1 de octubre, en las Cortes, Gil Robles amenazó con exigir la participación de la CEDA en el Gobierno: «Nosotros tenemos conciencia de nuestra fuerza, aquí y fuera de aquí». Samper se vio obligado a dimitir y Alcalá Zamora invitó a Lerroux a formar gobierno. El líder radical vaciló, temeroso de que, en coalición con Gil Robles, fuera más difícil sacar tajada de los cargos públicos, e incómodo por el hecho de que su partido se viera empujado más hacia la derecha. Alcalá Zamora quería limitar la participación de la CEDA a una cartera, pero Gil Robles insistió en tres, sabiendo que así provocaría a la izquierda. Por consiguiente, en el gabinete de Lerroux, que se dio a conocer entrada la noche del 3 de octubre, figuraban tres ministros de la CEDA[771].

Los tres designados por la CEDA fueron Rafael Aizpún (Justicia), Manuel Giménez Fernández (Agricultura) y Josep Oriol Anguera de Sojo (Trabajo). Aizpún, diputado de la CEDA por Pamplona y simpatizante carlista, era cualquier cosa salvo un republicano convencido. Giménez Fernández, como diputado por Badajoz, era visto inevitablemente como un representante tan fiel de los agresivos terratenientes de esa provincia como Salazar Alonso; probablemente, como ministro de Agricultura, buscaría intensificar la terrible represión que había seguido a la huelga de la cosecha. No obstante, tales suposiciones eran erróneas, ya que este se consideraba democratacristiano moderado. La opción más alarmante a los ojos de la izquierda era Anguera de Sojo. Católico integrista, con su madre en proceso de beatificación por parte del Vaticano, era abogado de la abadía benedictina de Montserrat. Había sido el fiscal responsable de un centenar de confiscaciones y numerosas multas impuestas a El Socialista. Además, como catalán de derechas, era enemigo acérrimo de la Esquerra Republicana de Catalunya de Companys. Como gobernador civil de línea dura de Barcelona en 1931, su política inflexible de represión de las huelgas había acelerado el insurreccionalismo de la CNT. Esquerra había pedido a Alcalá Zamora la exclusión de Anguera. Cuando Gil Robles rechazó la intercesión del presidente de la República, este reaccionó exigiendo el cese de Salazar Alonso como ministro de la Gobernación. Lerroux compensó a Salazar por su amarga decepción nombrándolo alcalde de Madrid[772].

La izquierda veía en el nuevo gabinete el primer paso hacia la imposición del fascismo. Algunos líderes republicanos denunciaron la medida e incluso el conservador Miguel Maura rompió relaciones con el presidente. La Izquierda Republicana de Azaña declaró: «el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición[773] Los socialistas estaban atenazados por las dudas[774]». Sus amenazas de revolución no habían logrado convencer a Alcalá Zamora de que convocara nuevas elecciones. La UGT notificó con veinticuatro horas de antelación la convocatoria de una huelga general pacífica, lo que no hizo más que dar tiempo suficiente a la policía para detener a dirigentes obreros y a oficiales del Ejército sospechosos. La cúpula del sindicato rechazó las ofertas de colaboración revolucionaria de anarquistas y trotskistas. En la mayor parte de España, la huelga fue un fracaso, sobre todo debido a la rápida acción del Gobierno, que declaró el estado de guerra y militarizó los servicios esenciales. Los dirigentes socialistas que lograron evitar la detención pasaron a la clandestinidad, como Largo Caballero, o al exilio, como Prieto. Dejaron colgados así a sus seguidores, a la espera de instrucciones, y al cabo de una semana la huelga se acabó. El discurso de la toma del poder por parte de las milicias revolucionarias había demostrado ser una mera fanfarronada[775].

En otros lugares de España, los acontecimientos fueron más dramáticos. En Asturias, después de feroces enfrentamientos con la Guardia Civil los días 5 y 6 de octubre, los mineros se apoderaron de las minas de carbón y de Oviedo[776]. En Barcelona, en un intento de esquivar a los nacionalistas catalanes más extremos, Companys proclamó el Estado catalán «dentro de la República Federal de España», en protesta contra lo que consideraba la traición de la República. La CNT, por su parte, se mantuvo al margen —ya que consideraba a Esquerra un partido burgués puro—, de modo que, a la hora de la verdad, la rebelión de la Generalitat quedó sentenciada al negarse Companys a entregar armas a los trabajadores[777].

El 6 de octubre se celebró un consejo de ministros para evaluar la mejor forma de reaccionar ante los acontecimientos de Cataluña y Asturias. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, con el apoyo entusiasta de los tres ministros de la CEDA, propuso el envío del general Franco para hacerse cargo de las operaciones en Asturias. Sin embargo, se acabó imponiendo el criterio de Alcalá Zamora, Lerroux y sus compañeros de gabinete más liberales y, en su lugar, se envió al general Eduardo López de Ochoa[778], aunque el resultado fuera en la práctica el mismo, porque Diego Hidalgo puso a Franco al frente de la represión al nombrarlo extraoficialmente jefe del Estado Mayor. El ministro marginó a su propio personal y firmó obedientemente las órdenes redactadas por Franco, que disfrutó así de las embriagadoras mieles de un poder político-militar sin precedentes[779]. La declaración del estado de guerra trasladaba al Ministerio de la Guerra la responsabilidad en materia de orden público, que normalmente correspondía al Ministerio de la Gobernación. La total dependencia de Diego Hidalgo de Franco otorgó a este último el control efectivo de las funciones de ambos ministerios. La dureza extrema con la que el militar dirigió la represión desde Madrid dio un sesgo a los sucesos de Asturias que seguramente no habrían tenido lugar si Hidalgo hubiera dejado el asunto en manos de los funcionarios de su ministerio[780].

En Cataluña se evitó el derramamiento de sangre gracias a la cautela de Companys y del general Domingo Batet, capitán general de Cataluña. El general Batet hizo gala de moderación a la hora de restaurar la autoridad del Gobierno central. Ordenó a sus hombres que fueran «sordos, mudos y ciegos» a las provocaciones. Y suscitó por ello las iras de Franco, que había enviado buques de guerra a bombardear la ciudad y las tropas de la Legión. Batet se negó a recurrir a este cuerpo y así redujo al mínimo las bajas. Pero, al evitar la violencia ejemplar que Franco consideraba esencial, Batet allanó el camino para su propia ejecución durante la Guerra Civil[781].

La derecha se entusiasmó al ver que Franco trataba a los mineros rebeldes de Asturias como si fueran cabileños del Rif. Carente de los escrúpulos humanitarios que hacían vacilar a otros oficiales, Franco movilizó a los mercenarios endurecidos del ejército de África contra los mineros. Estos habían organizado una comuna revolucionaria con transporte, comunicaciones, instalaciones hospitalarias y distribución de alimentos, pero apenas tenían armas, aparte de dinamita. Los sometieron machacándolos con bombardeos de artillería pesada y aviación. La Legión, a las órdenes de un amigo de Franco, el coronel Juan Yagüe Blanco, se entregó a toda clase de atrocidades, incluidas violaciones de mujeres y torturas de prisioneros. Cuando cayeron las principales ciudades, Gijón y Oviedo, el Ejército llevó a cabo ejecuciones sumarias de izquierdistas[782]. Posteriormente, López de Ochoa lamentó no haber podido impedir estos desmanes. De hecho, en su momento, Yagüe se quejó tanto a Franco como a Gil Robles sobre el trato humano de López de Ochoa a los mineros. Franco comentó impasible a un periodista: «Esta guerra es una guerra de fronteras, y los frentes son el socialismo, el comunismo y todas cuantas formas atacan la civilización para reemplazarla por la barbarie[783]». El 17 de octubre, Juan March aportó cien mil pesetas a una colecta para recompensar a las fuerzas armadas por su participación en la represión de Asturias[784].

Los acontecimientos de Asturias demostraron que la izquierda solo podía implementar el cambio por medios legales y convencieron a la derecha de que la mejor manera de impedir el cambio era mediante la violencia de las fuerzas armadas. Mientras los socialistas recuperaban la fe en la democracia, la derecha se acercaba al golpismo. La revolución de octubre había aterrorizado a las clases medias y altas, la venganza que se cobraron obligó a la izquierda a aceptar la necesidad de aliarse para conquistar el poder en las urnas. De hecho, el movimiento socialista quedó muy marcado por los acontecimientos de octubre de 1934. La represión que se desató después fue verdaderamente brutal. Unos treinta mil trabajadores fueron encarcelados. Prácticamente toda la ejecutiva de la UGT estaba en prisión. La prensa socialista fue silenciada. El Estatuto de Autonomía de Cataluña quedó suspendido y Companys fue condenado a treinta años de cárcel. Azaña fue detenido con la absurda acusación de complicidad en los hechos de Cataluña, que se apoyaba en su presencia en Barcelona a finales de septiembre para asistir al funeral de Jaume Carner. De hecho, durante su estancia en la capital catalana, intentó convencer a los miembros de la Generalitat de que no respondieran a las provocaciones de Madrid con una insurrección. Vulnerando su inmunidad parlamentaria, detuvieron a Azaña en la Ciudad Condal el 8 de octubre y lo tuvieron encarcelado en un barco en el puerto hasta finales de diciembre. Vilipendiado por la prensa de derecha, Azaña se convirtió en un símbolo para todos aquellos que en España sufrían la política represiva de la coalición del Partido Radical y la CEDA. Su liberación al cabo de unos meses le granjeó un inmenso apoyo popular[785].

En los quince meses posteriores a octubre, no se hizo nada para apaciguar la hostilidad que habían suscitado la revolución en la derecha y la represión en la izquierda. Gil Robles presionó para obtener las máximas penas. En un consejo de ministros celebrado el 12 de octubre, Lerroux propuso indultar a los altos cargos implicados en la rebelión de la Generalitat. Alcalá Zamora se negó a sancionar sus condenas a muerte, al igual que había hecho con los implicados en la Sanjurjada de 1932. Resistió a las presiones de los tres ministros de la CEDA, que vieron consternados que Alcalá Zamora recibía sus amenazas de dimisión con lo que Giménez Fernández llamó «asombrosa tranquilidad». El 18 de octubre, tras ser el propio Alcalá Zamora quien amenazara con dimitir, el Gobierno accedió a indultar a los condenados. Furioso, Gil Robles se planteó apoyar un golpe de los militares, pero los generales Goded y Fanjul le respondieron que no estaban seguros de que pudiesen derrotar a la izquierda[786].

Cuando las Cortes reabrieron el 5 de noviembre, Gil Robles pidió una investigación sobre las responsabilidades de los sucesos de octubre, lo que dio pie a una ofensiva de los monárquicos contra el Gobierno anterior por supuesta negligencia. Goicoechea pidió a la cámara que anunciara su «incompatibilidad moral» con la izquierda, preludio de la ilegalización del Partido Socialista. Al día siguiente, Calvo Sotelo arremetió contra Samper y Diego Hidalgo. Después de que los ataques subieran de intensidad con la intervención de Gil Robles, Samper e Hidalgo dimitieron el 15 de noviembre. Gil Robles continuó exigiendo «el cumplimiento sereno, inflexible, pero no cruel, de la ley» y algún escarmiento ejemplar, pero los radicales tumbaron estas demandas, junto con la exigencia de disolución de los sindicatos que hubieran participado en la revuelta[787].

Gil Robles pronto daría un paso más allá en su estrategia de eliminar a los elementos «progresistas» y reestructurar el gabinete para darle una orientación más aceptable para la CEDA. Su siguiente objetivo fue el ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, cuyo progresismo, según el líder cedista, rayaba en lo sectario. El 21 de diciembre, Villalobos se vio obligado a dimitir tras poner en duda la lealtad de la CEDA a la República. Gil Robles declaró que «era la segunda crisis parcial que me veía obligado a provocar[788]».

Los tan cacareados —y totalmente insinceros— objetivos de Gil Robles de derrotar a la revolución mediante un programa de reformas sociales se vieron obstaculizados —con su connivencia— por la intransigencia de la derecha. El flamante ministro de Agricultura, Manuel Giménez Fernández, uno de los pocos católicos sociales sinceros de la CEDA, horrorizó a la derecha cuando la prensa informó de que este había declarado a su personal que «las alteraciones que se han producido contra el Estado no tienen origen en la acera de los revoltosos sino en la nuestra, porque muchos enemigos se los ha creado el Estado mismo por reiterada desatención de sus deberes para con todos los ciudadanos». Además, Giménez Fernández propuso una serie de medidas ligeramente reformistas entre noviembre de 1934 y marzo de 1935 que, sin abordar el problema clave de la distribución de la tierra, trataban de mitigar algunos de sus peores abusos. Dichas medidas provocaron la oposición frontal de los monárquicos y de un sector de la propia CEDA, en particular el de los diputados cedistas por Salamanca, que, cediendo a la presión de las organizaciones de terratenientes, bloquearon las propuestas de carácter más progresista, como la de dar a los arrendatarios de larga duración el derecho a comprar la tierra que cultivaban. Giménez Fernández fue objeto de ataques personales que él mismo calificó de «venenosos» en las Cortes, lo tacharon de «marxista disfrazado» e incluso le acusaron de leninista en los círculos de latifundistas de Sevilla. Cuando Gil Robles volvió a provocar una crisis de Gobierno a finales de marzo de 1935, sustituyó a Giménez Fernández por un ministro del Partido Radical más flexible, Juan José Benayas[789].

La siguiente crisis se produjo en marzo, después de que los tribunales militares dictaran veinte sentencias de muerte contra socialistas implicados en el levantamiento de octubre, entre ellos dos destacados seguidores de Prieto, Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña. Lerroux y Alcalá Zamora optaron por mostrarse clementes. Después de que la CEDA no lograse que se impusieran las penas de muerte, Gil Robles ordenó a sus tres ministros que dimitieran[790] La facilidad con la que este maniobraba arteramente para hacerse con el poder era aún mayor debido a la falta de interés de Lerroux por el día a día de la gestión de gobierno y por sus contadas comparecencias en las Cortes. Gil Robles tenía a Lerroux maniatado con sus frecuentes insinuaciones sobre el abuso de los fondos públicos por parte de los radicales[791]..

Durante las tortuosas negociaciones que tuvieron lugar a lo largo del mes de abril, un Gobierno formado por amigos de Lerroux y Alcalá Zamora gobernó con las Cortes cerradas. En un momento dado, al intentar incorporar al gabinete a un joven economista, Lerroux reveló su actitud hacia los cargos públicos diciéndole: «No crea usted que le he llamado para hacerle ministro, sino exministro», refiriéndose a las fastuosas pensiones vitalicias de que disfrutaban los ministros, con independencia del tiempo que hubieran permanecido en el cargo. Esta forma de actuar explica en parte la vertiginosa rotación de ministros en los gobiernos radicales[792]. Alcalá Zamora esperaba un gabinete de coalición amplio que incluyera más elementos republicanos, pero Gil Robles se mostró inamovible: quería presidir el Gobierno y que la CEDA tuviera seis carteras. Al final, temiendo que Alcalá Zamora convocase nuevas elecciones que, debido a la represión, iban a reflejar el aumento del apoyo a la izquierda, Gil Robles cedió un poco. Así, en el nuevo Ejecutivo de Lerroux, anunciado finalmente el 6 de mayo, figuraban cinco cedistas, incluido el propio Gil Robles como ministro de la Guerra, pero solo tres radicales[793]. Era el anuncio de una etapa abiertamente reaccionaria.

Los terratenientes recortaron los salarios a la mitad y el orden se impuso por la fuerza bruta en el campo. Gil Robles estaba decidido a reforzar la capacidad de represión gubernamental. Al recién nombrado ministro de la Guerra, que consideraba al Ejército un baluarte contra las aspiraciones sociales de las masas, lo habían inquietado los problemas de las fuerzas armadas para sofocar la rebelión en Asturias y la imposibilidad de que los generales le apoyaran en su proyecto de golpe de Estado en octubre de 1934. En consecuencia, purgó al Ejército de oficiales leales a la República y ascendió a los que sabía contrarios al régimen. Pese a la oposición de Alcalá Zamora, que señaló que «los generales jóvenes aspiran a ser caudillos fascistas», Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor, Manuel Goded, inspector general y Joaquín Fanjul, subsecretario de la Guerra. Reconociendo su propia ignorancia en asuntos castrenses, Gil Robles dejó en manos de Franco la dirección del ministerio. Las reformas militares de Azaña quedaron anuladas. Mucho de lo que se hizo facilitaría más adelante las cosas al bando rebelde, sobre todo la construcción de una serie de fortificaciones que dominaban Madrid y la realización de maniobras en Asturias contra teóricos enemigos de clase obrera. Con gran alegría de Sanjurjo, Franco llevó a Madrid en secreto al general Mola, jefe de las fuerzas armadas en Marruecos, para organizar el empleo del ejército colonial en la Península en caso de nuevos disturbios de izquierda. Franco fomentó también las actividades conspirativas de uno de sus ayudantes en el Estado Mayor, Valentín Galarza[794].

La CEDA hacía la vista gorda ante las corruptelas de los radicales y tampoco les andaba muy a la zaga en cuanto a las propias. Un amigo íntimo del ministro cedista Cándido Casanueva era Diego Martín Veloz, un rico tahúr que había comprado tierras y edificios en Salamanca. Gracias a sus inversiones en el juego y la prostitución, se convirtió en la figura clave de los burdeles y casas de juego salmantinos y de Valladolid, Zamora y Palencia. Era uno de los hombres más ricos de la región, dueño de una gran parte de la capital de la provincia, por lo que lo apodaban «el amo de Salamanca». Cuando el Gobierno comenzó a cerrarle los casinos, creó una plataforma política, para lo cual compró el periódico La Voz de Castilla y fundó la Liga de Agricultores y Ganaderos, un partido que contaba con amplio apoyo en toda la provincia. Casanueva era su factotum político y su vínculo con Gil Robles. Se creía que Martín Veloz compraba votos para Casanueva, al igual que se sospechaba que Casanueva compraba votos para Gil Robles. En la primavera de 1936, Martín Veloz y Casanueva colaboraron con los militares locales en los preparativos del alzamiento[795].

En el verano de 1935, Casanueva estuvo involucrado en otra operación turbia. Gil Robles estaba impaciente por aumentar la capacidad ofensiva del Ejército por medio de un enorme programa de rearme. Pretendía adquirir la mayor parte del material necesario en Alemania, empezando por ametralladoras, vehículos blindados y para el transporte rápido de artillería. En las negociaciones con la Federación de la Industria del Reich, Eduardo de Laiglesia actuó de enlace con la CEDA, siguiendo instrucciones de Casanueva. Su cometido era utilizar la transacción para conseguir recursos para financiar las campañas electorales de la confederación cobrando un sobrecoste al Ministerio de la Guerra. El acuerdo siguió adelante hasta que las empresas alemanas empezaron a preocuparse por las exigencias de comisiones astronómicas de De Laiglesia, que no está claro si buscaba lucrarse él también además de cumplir con las órdenes de Casanueva. Antes de que se pudieran urdir planes alternativos, se produjo una crisis de Gobierno ante la inminencia de nuevos comicios[796].

En cualquier caso, las maquinaciones de Casanueva y De Laiglesia se vieron eclipsadas por la revelación de una serie de escándalos en los que estaban involucrados, en expresión de Gordón Ordás, «Lerroux con toda su cuadrilla de ladrones». Los escándalos paralelos del Straperlo y Nombela, que estallaron en octubre de 1935, hundieron a Lerroux. Ya antes, Alcalá Zamora había descubierto alarmado que Lerroux planeaba embolsarse los beneficios de una colecta nacional lanzada a raíz de los acontecimientos de octubre de 1934. A las protestas del presidente de la República, Lerroux replicó que personalmente él solo aceptaría las donaciones de miembros de su propio partido, mientras que las aportaciones ya realizadas por parte de bancos, empresas y empleados de estas se utilizarían para «una aplicación particular» que Lerroux no quiso concretar y que Alcalá Zamora sospechaba que no era otra que llenarse los bolsillos[797].

Todo esto eran menudencias en comparación con lo que sucedió a mediados de septiembre. Se produjo una crisis de gabinete, sin que por una vez interviniera Gil Robles, cuyo resultado frustró los planes de este de utilizar a los radicales para asaltar el poder sin arriesgarse a pasar por las urnas. Las dimisiones de dos ministros del Partido Agrario coincidieron con la inminente implementación de un plan, ideado por el ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta, para recortar el gasto público mediante la reducción del número de ministerios. Sabiendo que el escándalo del Straperlo estaba a punto de estallar, Alcalá Zamora resolvió la crisis invitando a Chapaprieta a formar gobierno. Lerroux fue degradado a ministro de Estado. El plan de austeridad de Chapaprieta redujo el tamaño del Gobierno de trece a nueve carteras, y la participación de la CEDA, a tres. Sin embargo, gracias al aumento de competencias de las carteras ministeriales, la CEDA siguió controlando lo que antes habían sido cinco ministerios. Además, Chapaprieta estaba encantado de que fuera Gil Robles quien llevara la batuta[798].

La palabra estraperlo, que en adelante se usaría en español como sinónimo de «corrupción», deriva de una estafa en la que participaron tres individuos: Daniel Strauss, Joachim Perlowitz y Frieda Lowann. Habían inventado una ruleta eléctrica que podían manipular los dueños de los casinos. De hecho, la ruleta estaba prohibida legalmente en España, pero Strauss y Perlowitz habían conseguido instalar sus máquinas en dos casinos, el de Formentor (Mallorca) y el de San Sebastián, mediante sobornos en metálico y en forma de regalos caros, como relojes de oro para Lerroux, Salazar Alonso (cuando era ministro de la Gobernación) y otros personajes clave del Partido Radical, por mediación del hijo adoptivo de Lerroux, Aurelio, y de Juan Pich i Pon. El escándalo estalló cuando Salazar Alonso y otros sobornados incumplieron sus promesas y se procedió a retirar las ruletas. Strauss, tras afirmar que la operación le había costado una fortuna, reaccionó poniendo al descubierto todo el engranaje corrupto. Entregó un dosier incriminatorio a Alcalá Zamora, quien transmitió la información a Chapaprieta y a los dirigentes de los demás partidos. Lerroux se vio obligado a dimitir y Salazar Alonso fue destituido del cargo de alcalde de Madrid. Sin embargo, el Partido Radical se vio involucrado de inmediato en otro escándalo, provocado por el intento de pagar con fondos públicos a un amigo de Lerroux, Antonio Tayá, propietario de una naviera. El contrato de Tayá para conectar las colonias de Guinea Ecuatorial y Fernando Poo había sido cancelado en 1929 alegando falta de prestación del servicio, acusación que Tayá impugnó. Lerroux, que quería que indemnizaran a Tayá, pero evitando el control parlamentario, propuso que le pagaran directamente del Tesoro colonial. Sin embargo, Antonio Nombela, inspector general de Colonias, se negó a autorizar lo que consideraba un uso indebido de dichos fondos. La negativa de Nombela provocó su destitución en julio de 1935, y Nombela, al no obtener reparación, llevó el asunto a Chapaprieta, que ya tenía motivos suficientes para sospechar de la honradez de Lerroux porque sabía de un caso en el que este había intentado embolsarse una comisión sustanciosa en un turbio asunto relacionado con el monopolio del tabaco[799].

En el momento en que el escándalo llegaba a su apogeo, Chapaprieta, profundamente decepcionado porque la CEDA bloqueaba sus propuestas de reforma tributaria, dimitió el 9 de diciembre[800]. Gil Robles estaba convencido de que el poder estaba virtualmente a su alcance y se negó a colaborar con ningún gobierno que no fuera presidido por él en persona. Alcalá Zamora no se fiaba en absoluto de las convicciones democráticas del líder de la CEDA. Al fin y al cabo, solo unas semanas antes, los seguidores de Gil Robles de la JAP habían manifestado con toda crudeza que la táctica legalista no era más que un mecanismo para alcanzar el poder: «Con las armas del sufragio y de la democracia, España debe disponerse a enterrar para siempre el cadáver putrefacto del liberalismo. La JAP no cree en el sufragio universal ni en el parlamentarismo ni en la democracia[801]».

La desconfianza de Alcalá Zamora hacia Gil Robles era tal que, durante la crisis política posterior, hizo que la Guardia Civil rodeara el Ministerio de la Guerra y puso las principales guarniciones y aeropuertos bajo una vigilancia especial. Gil Robles estaba indignado y, como confesó más tarde al periodista portugués Armando Boaventura, él y su amigo Cándido Casanueva exploraron las posibilidades de organizar un golpe de Estado. De nuevo, los generales consultados, Fanjul, Goded, Varela y Franco, consideraron que, a la luz de la capacidad de resistencia de la clase obrera durante los acontecimientos de Asturias, el Ejército aún no estaba a punto[802]. Alcalá Zamora puso al descubierto el farol de Gil Robles el 11 de diciembre, comunicándole que no le invitaría a formar gobierno porque las Cortes eran incapaces de sostener gabinetes estables. Gil Robles no podía replicar que la inestabilidad, que él mismo había provocado artificialmente para facilitar su ascenso al poder, cesaría si lo nombraban presidente del Consejo de Ministros, de modo que, con gran indignación por su parte, Alcalá Zamora invitó a su amigo Manuel Portela Valladares a formar un ejecutivo que contase con el apoyo de una amplia coalición de partidos republicanos, para luego celebrar elecciones.

Los recelos de Alcalá Zamora hacia Gil Robles llegaron a tal punto que estaba dispuesto a poner en peligro su propia carrera. Constitucionalmente, Alcalá Zamora tenía derecho a convocar elecciones extraordinarias solo dos veces y ya lo había hecho una vez en noviembre de 1933. Aprovechar su segunda oportunidad era la única forma de detener a Gil Robles. Como Portela tenía fama de maestro de la gestión electoral, Alcalá confiaba que las elecciones permitieran la aparición de un nuevo partido de centro, fuertemente influido por él mismo, como árbitro de las Cortes, algo que solo podía hacerse a expensas de la CEDA, y Gil Robles estaba decidido a evitarlo. Efectivamente, el 30 de diciembre hizo caer al gabinete al declarar que la confederación no establecería alianzas electorales con ninguna formación que apoyara a Portela, y todas sabían que ir a las urnas con la oposición de la CEDA era un suicidio electoral. Se constituyó así un nuevo gabinete integrado por amigos de Portela, sin apoyo parlamentario y sin otra aspiración que la de organizar los próximos comicios. Para ello, Portela sustituyó a un gran número de gobernadores civiles[803].

En respuesta a la intransigencia de los dos años de colaboración del Partido Radical con la CEDA, la izquierda había crecido en fuerza, unidad y beligerancia. En la cárcel, los presos políticos se habían empapado de literatura revolucionaria. Afuera, la miseria económica de un gran número de campesinos y trabajadores, la brutal persecución de los rebeldes de octubre y los ataques a Manuel Azaña se conjuraron para consolidar la solidaridad entre todos los sectores progresistas. Azaña, tras su liberación, y Prieto, desde su exilio en Bélgica, hicieron campaña para que no se repitiera la desunión que había provocado la derrota electoral de 1933. Azaña se esforzó arduamente por reunir a los distintos partidos republicanos, mientras que Prieto se concentró en contrarrestar el extremismo revolucionario de la izquierda socialista de Largo Caballero. En tres gigantescos mítines —en Valencia el 26 de mayo, en Bilbao el 14 de julio y en Madrid el 20 de octubre—, cientos de miles de personas aplaudieron los llamamientos de Azaña a una coalición electoral. El entusiasmo por la unidad de izquierda de los que venían de toda España para escuchar estos «discursos en campo abierto» acabó de convencer a Largo Caballero de que abandonara su oposición a lo que acabaría convirtiéndose en el Frente Popular.

Otro elemento de presión sobre Largo, en su papel de conciencia de la clase obrera, fue el hecho de que las figuras clave del movimiento anarquista también estaban a favor del Frente Popular porque prometía liberar a los presos políticos[804]. Al mismo tiempo, los comunistas, motivados por el deseo de Moscú de aliarse con las democracias, y ansiosos por no ser excluidos, también usaron su influencia sobre Largo a favor del Frente Popular. Sabían que, para dar al frente el carácter proletario que él deseaba, Largo Caballero insistiría en la presencia de los comunistas, que por este motivo ocuparon un lugar en una coalición electoral que, contrariamente a lo que afirmaría la propaganda de derechas, no era una creación de la Comintern en España, sino una nueva versión del frente amplio de republicanos y socialistas de 1931. La izquierda y el centroizquierda cerraron filas con un programa de amnistía para los presos, de reforma social y educativa y de libertad sindical. De esta manera, pudieron aprovechar las normas electorales que no habían tenido en cuenta en 1933, con funestos resultados[805].

Se anunciaron elecciones para febrero, lo que impidió a Gil Robles forjar una coalición de derechas que contrarrestara al Frente Popular. El líder del Partido Nacionalista Vasco, José María Aguirre, no estaba dispuesto a colaborar con la CEDA porque Gil Robles se oponía a la concesión de un Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Así pues, los nacionalistas vascos no se incorporaron al Frente Popular, pero tampoco se aliaron con la CEDA[806]. Los monárquicos catastrofistas exigían una representación excesiva en las candidaturas conjuntas. Gil Robles se negó, porque se dio cuenta de que, en caso de victoria, la presencia de un número importante de diputados de Renovación Española podría hacerle a la CEDA lo mismo que él le había hecho al Partido Radical. Además, aceptar el programa de línea dura de RE impediría a la CEDA asociarse en muchas áreas con la derecha republicana y en otras con los carlistas o la Falange. Por lo tanto, la derecha entró en la campaña electoral con un caleidoscopio de alianzas locales. En territorios donde la izquierda era fuerte, como Badajoz, Jaén, Córdoba y Asturias, la CEDA se vinculó a cualquier grupo que no formara parte del Frente Popular. En las zonas más reaccionarias, como Salamanca, Navarra y la mayor parte de Castilla, Gil Robles se dio cuenta de que aliarse con formaciones que no fueran de extrema derecha le haría perder votos. En Badajoz, Giménez Fernández fue descartado como candidato, porque la derecha local consideraba su catolicismo social una especie de izquierdismo peligroso. En Salamanca, la CEDA solo pactó con carlistas y agrarios; en Asturias, con los liberales demócratas locales de Melquíades Álvarez; en Pontevedra, con los radicales; en Navarra, con los carlistas; en Baleares, con el todopoderoso Juan March. En los grandes bastiones republicanos de Cataluña, se presentó una coalición inverosímil formada por la CEDA, los radicales, los carlistas y la Lliga, unidos en un frente de defensa de la «ley y el orden[807]».

Como era de esperar, la campaña electoral se desarrolló en un ambiente frenético. Ya a finales de octubre, Gil Robles había pedido a los nazis que le enviaran un catálogo completo de panfletos y carteles de propaganda antimarxista para que sirvieran de modelo para el material publicitario de la CEDA. En términos prácticos, la derecha disfrutaba de una enorme ventaja sobre la izquierda. Juan March contribuyó con enormes sumas de dinero a sus fondos electorales, que superaban con creces los exiguos fondos de la izquierda[808]. Se imprimieron diez mil carteles y cincuenta millones de folletos para la CEDA, que, repartidos en los pueblos por flotas de camiones y arrojados desde aviones sobre caseríos aislados, presentaban las elecciones como una lucha a vida o muerte entre el bien y el mal, la supervivencia y la destrucción, y pronosticaban toda clase de saqueos y la propiedad común de las mujeres si la izquierda se alzaba con la victoria. El Frente Popular basó su campaña en la amenaza del fascismo y la necesidad de una amnistía para los presos de octubre[809]. Figuras clave del anarquismo, incluido Durruti, hicieron campaña contra la abstención tradicional entre los anarquistas y a favor del voto contra el fascismo[810].

En el transcurso de la campaña, 46 personas murieron en enfrentamientos entre grupos rivales o con las fuerzas del orden, o fueron asesinadas por pistoleros, y otras 40 resultaron gravemente heridas. Más de la mitad de las 86 víctimas eran militantes del PSOE o del PCE. En realidad, la violencia no fue significativamente mayor que en las elecciones de 1933, que suelen considerarse ideales. El día de los comicios, el 16 de febrero, gracias a las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno, las votaciones no se vieron alteradas por la violencia[811]. Gracias a que el sistema favorecía las coaliciones, la ajustada victoria del Frente Popular en número de votos se tradujo en un triunfo arrasador en escaños en las Cortes. El Frente Popular ganó en todas las grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza y Murcia— y en las principales poblaciones de Extremadura, Asturias, Andalucía (excepto en Granada capital), Cataluña, Canarias y en las ciudades costeras de Galicia. Incluso en varias provincias muy conservadoras, como Valladolid, León, Ciudad Real y Albacete, ganó el Frente Popular. De un total de 473 escaños, el Frente Popular obtuvo 259. En la segunda vuelta, celebrada el 4 de marzo para decidir los escaños en los que ningún candidato había obtenido una mayoría decisiva, sumó ocho más. Una tercera ronda electoral, con 41 escaños en disputa, agregó al balance del frente otros 19, con lo que el total fue de 286 escaños[812].

Los partidos de derechas aumentaron su voto en más de tres cuartos de millón de sufragios, en gran medida como resultado de la desintegración del Partido Radical y el trasvase de la mayoría de sus votantes a la CEDA o a los partidos republicanos de centro. Lerroux perdió su escaño y solo quedaron cinco diputados radicales en las Cortes[813]. A pesar del gasto de grandes sumas por parte de la derecha, la izquierda aumentó su número de partidarios en un millón. Teniendo en cuenta las cantidades invertidas en propaganda, cada voto de la derecha salía cinco veces más caro que uno de la izquierda. Por otra parte, la derecha siguió empleando todos los mecanismos tradicionales de fraude electoral, al disponer de muchos más recursos para presionar a los más desfavorecidos[814], pese a lo cual, en 1939, el régimen franquista victorioso afirmó que el golpe militar había sido en respuesta a unas elecciones fraudulentas[815].

La legitimidad de las elecciones y del resultado final se vio confirmada en 1971 por una investigación exhaustiva llevada a cabo por un equipo que dirigió Javier Tusell. Sus conclusiones se aceptaron durante casi cinco décadas hasta que, recientemente, las puso en duda un libro que provocó una encendida polémica: 1936. Fraude y violencia, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Al igual que la comisión franquista de 1939, el título y las conclusiones de dicho estudio insinúan que el Frente Popular llegó al poder mediante el fraude y la violencia, aunque su exhaustiva investigación no avale esa tesis. El minucioso análisis ciudad por ciudad de los autores ha revelado la manipulación de los resultados en algunas circunscripciones durante la segunda vuelta de los comicios, cuando la izquierda ya había recuperado el poder. Sin embargo, no examinan con el mismo detalle la manipulación del voto a favor de la derecha durante la primera vuelta, algo que reconoció el propio Gil Robles, quien escribió en sus memorias sobre su «infinita» repugnancia a aprovecharse de los mecanismos corruptos de Portela Valladares: «Pero ¿cómo impedir nuestra derrota en las circunscripciones de más elevado censo?»[816] Los autores del mencionado estudio no alteran de forma significativa las cifras de votos del estudio de Tusell y reconocen que los escaños adicionales obtenidos por manipulaciones posteriores al 19 de febrero no niegan la victoria del Frente Popular[817]..

Debido a que los resultados de las elecciones representaban una declaración inequívoca del afán popular de contar con un gobierno fuerte integrado por republicanos y socialistas, amplios sectores de la derecha los consideraron una demostración de la inutilidad del legalismo. La brutalidad de las políticas derechistas del bienio anterior logró impedir que la izquierda repitiera los errores de Largo Caballero de 1933 y rebajó la abstención entre los anarquistas. Precisamente porque la izquierda había acudido a las elecciones unida, para la elección de un diputado del Frente Popular se necesitaron un promedio de poco más de 19.150 votos, mientras que fueron necesarios 23.700 por cada escaño de derechas en las Cortes, justo al revés que en 1933, y suficiente para convencer a los catastrofistas de que había llegado su hora. Las juventudes de la CEDA y muchos de los ricos patrocinadores del movimiento también estaban seguros de la necesidad de obtener mediante la violencia lo que no habían podido conseguir mediante la persuasión. A partir de ese momento, la derecha se preocupó más de destruir la República que de tomar el poder, y los militares empezaron a conspirar en serio.

El propio Gil Robles aceptó que la táctica legalista había dejado de ser útil. A primera hora de la mañana del 17 de febrero, despertó a Portela y, autoerigiéndose en portavoz de todas las fuerzas de la derecha, le dijo que el triunfo del Frente Popular era sinónimo de anarquía y le pidió que declarara el estado de guerra. Portela se resistió, pero accedió a proclamar el estado de alerta (un grado por debajo del estado de guerra) y discutir con Alcalá Zamora la imposición del estado de guerra. Al mismo tiempo, a través de su secretario, Gil Robles instó a Franco, aún jefe del Estado Mayor, a suplicar a Portela que no dimitiera y desplegara al Ejército. A continuación, Franco tomó una serie de iniciativas. Ordenó a Valentín Galarza que alertara a los oficiales clave de la UME en las guarniciones provinciales de que estuvieran listos para la acción. Franco también intentó sin éxito convencer al director general de la Guardia Civil, Sebastián Pozas, de que comprometiera a sus hombres a favor de un golpe de Estado. También pidió al ministro de la Guerra, el general Nicolás Molero, que declarara el estado de guerra. Molero se negó, pero accedió a instar a Portela a convocar un consejo de ministros para discutir su declaración.

El siguiente paso de Franco fue convencer a Portela de que ordenara a Pozas que movilizara a la Guardia Civil contra la población, pero no pudo verle hasta las siete de la tarde del día 18. Antes, a mediodía, el gabinete se reunió, bajo la presidencia de Alcalá Zamora, y declaró el estado de alerta durante ocho días. También aprobó, y el presidente de la República sancionó, un proyecto de decreto de ley de estado de guerra que se mantendría en suspenso y se activaría solo cuando Portela lo considerase necesario. Mientras tanto, el general Goded intentó sacar las tropas del cuartel de la Montaña en Madrid, pero los oficiales de esta y de otras guarniciones se negaron a rebelarse si no les aseguraban la colaboración de la Guardia Civil. Franco, informado por Molero del decreto en suspenso, utilizó su existencia para justificar que se ordenara a los comandantes locales declarar el estado de guerra. De este modo, asumía con arrogancia y sin estar autorizado los poderes de facto tanto del ministro de la Guerra como del ministro de la Gobernación, que ya había ejercido durante la crisis de Asturias. Pese a actuar en la ilegalidad, se declaró por orden suya el estado de guerra en Zaragoza, Valencia, Oviedo y Alicante y estuvo a punto de declararse en Huesca, Córdoba y Granada. Mientras tanto, Gil Robles esperaba en la sede de la CEDA las noticias del ansiado golpe de Estado para tomar el poder. Sin embargo, la mayoría de los comandantes de la Guardia Civil se pusieron en contacto con Pozas, quien les dijo que el Gobierno no había declarado el estado de guerra. Cuando Franco vio a Portela esa misma tarde, le instó a activar el decreto y le mintió al afirmar que él no estaba involucrado en conspiración alguna.

Entre rumores de un golpe inminente, Pozas, apoyado por el general Miguel Núñez de Prado, inspector general del Ejército, ya había asegurado a Portela el 18 que la Guardia Civil se opondría a cualquier intentona. Pozas rodeó todas las guarniciones sospechosas con destacamentos de la Benemérita. Poco antes de la medianoche del día 18, José Calvo Sotelo y el militante carlista Joaquín Bau visitaron a Portela y le instaron a que autorizara a Franco, a los oficiales de la guarnición militar de Madrid y a la Guardia Civil a imponer el orden. Cuando Portela se negó, Gil Robles hizo un último intento desesperado y se reunió en secreto con Portela en las afueras de Madrid a las 8.30 de la mañana del día siguiente[818]. Las gestiones de Gil Robles, Calvo Sotelo y Franco no apartaron a Portela y al resto del Gobierno, presa del pánico, de su determinación de dimitir, sino que probablemente los empujaron a hacerlo antes. A las 10.30 horas, acordaron ceder el poder a Azaña de inmediato, en lugar de esperar a la apertura de las Cortes. Con la victoria electoral del Frente Popular aparentemente asegurada, Alcalá Zamora pidió a Azaña que formara gobierno. Como Portela no informó a Azaña de la deslealtad de Franco, sus actividades sediciosas quedaron impunes y, al cabo de cinco meses, estaba en disposición de desempeñar un papel clave en el golpe militar[819].

Tras su fracaso a la hora de orquestar el golpe, Gil Robles no hizo nada para detener el trasvase de militantes de la CEDA a organizaciones más extremistas. De hecho, estaba perfectamente informado del desarrollo de la conspiración militar porque el enlace clave entre los elementos militares y civiles eran los cedistas. El 8 de marzo se celebró una reunión crucial de los generales Mola, Franco, Orgaz, Villegas, Fanjul y Varela en casa de José Delgado, un destacado corredor de bolsa que había sido, sin éxito, candidato de la CEDA en las elecciones de febrero[820]. Juan March, que se enteró de dicho encuentro, bien a través de sus antiguos contactos marroquíes con los generales africanistas, bien por Francisco Herrera y Gil Robles, proporcionó a los conspiradores un apoyo moral y económico inestimable[821]. A lo largo de la primavera de 1936, Gil Robles se esforzó denodadamente, en el Parlamento y en la prensa, por generar el ambiente que hiciera que un alzamiento militar apareciera, a los ojos de las clases medias, como la única alternativa a la catástrofe[822].

La victoria del Frente Popular supuso la vuelta casi instantánea a los cierres patronales en el campo de 1933 y la reanudación de las hostilidades de los industriales y terratenientes, que también trasladaron su apoyo económico a la derecha conspirativa. Las clases trabajadoras rurales e industriales también se habían radicalizado y estaban decididas a resarcirse de la represión antisindical del bienio precedente. El Gobierno estaba atrapado en mitad del conflicto. De hecho, el factor clave en la primavera de 1936 fue la debilidad fatal del gabinete del Frente Popular, no solo debido a la animadversión de la derecha, sino también a la oposición de Largo Caballero a la participación de ministros socialistas en el Gobierno. Prieto sabía que la situación exigía la colaboración del PSOE, pero Largo Caballero, temeroso de que las bases se pasaran en masa a la CNT, bloqueó la formación de una coalición firme entre republicanos y socialistas. Había apoyado la coalición electoral solo para asegurar la amnistía política a las víctimas de la represión de octubre, pero estaba convencido de que solo un gabinete monocolor socialista podría transformar la sociedad, y por eso insistió en que los republicanos gobernaran en solitario para implementar el programa electoral del Frente Popular. Los socialistas los reemplazarían cuando llegaran todo lo lejos que les permitieran sus limitaciones burguesas. Si eso provocaba un levantamiento fascista, Largo creía ingenuamente que lo derrotarían sin dificultad gracias a la revolución del proletariado[823].

La hueca retórica revolucionaria de Largo Caballero intensificó los temores de una clase media ya aterrorizada tanto por la propaganda derechista como por el creciente desorden en las calles. En las zonas rurales del sur, donde la persecución derechista había llegado más lejos, comenzaban a volverse las tornas. Azaña escribió sobre su «desesperación negra» ante los ataques a las cárceles, los incendios de iglesias y las agresiones a derechistas. Tras algunas manifestaciones a favor de la amnistía para los encarcelados a raíz de las huelgas de campesinos de 1934, se produjeron actos de pillaje contra casinos de los terratenientes y locales de Acción Popular. En los consistorios nombrados a dedo en 1934 por Salazar Alonso a instancias de los caciques, los socialistas y republicanos, al recuperar sus cargos, y con gran indignación de los terratenientes, restablecieron los jurados mixtos e implantaron impuestos locales para proporcionar trabajo a los desempleados. Algunos prohibieron las celebraciones religiosas. La FNTT, tras su legalización, promovió las ocupaciones de fincas que invadiesen ilegalmente las tierras comunales. Hubo casos de manifestantes que quemaron escrituras de propiedad en las oficinas del catastro municipal[824].

La tarea a la que se enfrentaba Azaña era enorme. En la primera quincena de marzo se inició una campaña de ataques armados contra destacados políticos de izquierda y progresistas para provocar represalias. El terrorismo de los escuadrones integrados por falangistas y financiados por los monárquicos se vio facilitado por el hecho de que, en los dos años anteriores, se habían expedido más de 270.000 licencias de armas a los derechistas. La operación de este tipo que tuvo mayor repercusión se llevó a cabo en Granada los días 9 y 10 de marzo. Pistoleros falangistas dispararon contra un grupo de trabajadores y sus familias e hirieron a numerosas mujeres y niños. En respuesta, los sindicatos locales convocaron una huelga general durante la cual incendiaron los locales de la Falange y de Acción Popular, destruyeron la sede del diario Ideal, de la ACNP, y quemaron dos iglesias. En Granada y en otros lugares, los responsables de esta clase de incidentes eran a menudo desconocidos que desaparecían tan rápidamente como habían aparecido, y más tarde se descubrió que muchos «anarquistas» y «comunistas» eran, en realidad, falangistas disfrazados. El 12 de marzo, estos intentaron asesinar al catedrático socialista de derecho Luis Jiménez de Asúa y, al cabo de cuatro días, la casa de Largo Caballero fue atacada por un comando de terroristas de derechas[825]. Mientras tanto, la derecha imprimía panfletos, atribuyéndoselos a la UGT, que contenían planes detallados para la revolución y listas negras de los enemigos de la izquierda[826].

Los debates celebrados por la Comisión de Actas, encargada de validar las elecciones, fueron utilizados por la CEDA en ese momento y por el régimen franquista más tarde para convencer a la opinión de derechas de que la coexistencia democrática era imposible. Dicha comisión añadió alrededor de 37 escaños a la mayoría del Frente Popular, aunque muchos de ellos fuesen para corregir abusos que se habían producido durante la campaña y en el proceso electoral propiamente dicho[827]. La comisión, si bien fue a menudo partidista, en algunos casos benefició a la derecha. En Santander y Albacete, por ejemplo, las acusaciones de intimidación de los votantes republicanos se desestimaron por falta de declaraciones formales de testigos y se confirmó la victoria de la derecha. Otras decisiones favorables a la derecha se dieron en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Ávila, por motivos parecidos. En la provincia de Zaragoza, aparte de las pruebas de intimidación, los resultados de 78 pueblos sencillamente se los había inventado el gobernador civil, pese a lo cual se sancionó la victoria de la derecha por falta de pruebas documentales. Los resultados en Baleares, el feudo de Juan March, ni siquiera se discutieron[828].

La CEDA se las ingenió para ocultar su propia participación en la mala praxis electoral, alegando que era víctima de persecución. Gil Robles y Cándido Casanueva en Salamanca, Calvo Sotelo en Orense y Goicoechea en Cuenca corrían el riesgo de perder sus escaños. Si se invalidaban las elecciones más flagrantemente fraudulentas de todas, las de Granada, la CEDA perdería cinco escaños. Para intentar evitarlo, Giménez Fernández, representante de la CEDA en la Comisión de Actas, provocó la retirada temporal de los diputados de la CEDA de las Cortes, que el diario ABC presentó como si se hubiera expulsado del Parlamento a la derecha[829].

El gabinete de Azaña apenas estaba a la altura de los problemas a los que se enfrentaba. El simpático ministro de la Gobernación, Amós Salvador, era incapaz de detener la espiral de provocaciones y represalias. El 15 de abril, Azaña presentó su programa a las Cortes, donde fue objeto de un ataque concertado, primero por parte de Calvo Sotelo y luego por parte de Gil Robles. Calvo Sotelo declaró que cualquier Gobierno que dependiera de los votos del PSOE estaba prácticamente en manos de los rusos. Gil Robles, por su parte, afirmó que la impotencia del Gobierno hacía que las soluciones de fuerza resultaran inevitables. En lenguaje apocalíptico, exagerando tremendamente la amenaza de la anarquía y pasando por alto la responsabilidad de la derecha en la violencia política, lanzó la siguiente amenaza: «La mitad de la nación no se resigna implacablemente a morir. […] Si no puede defenderse por un camino, se defenderá por otro». Afirmó que los elementos revolucionarios del Frente Popular fomentaban un clima de guerra civil y declaró en tono beligerante: «Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un Gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad. […] Es preferible saber morir en la calle a ser atropellado por cobardía[830]».

Los conservadores ricos que antes habían financiado a Gil Robles como defensor más eficaz de sus intereses dirigieron ahora sus donativos a la Falange y a los Sindicatos Libres de Ramón Sales, que mantenían estrechas relaciones con Calvo Sotelo. A principios de marzo, ABC inició una colecta para financiar la nueva Federación Española de Trabajadores que proyectaba Sales. A finales de abril se habían recaudado 350.000 pesetas, donadas por aristócratas, terratenientes, industriales y muchos fascistas y falangistas anónimos. El dinero nunca se utilizó para fines sindicales y, dado que muchas personas detenidas por actos de violencia resultaron ser miembros de los Sindicatos Libres, no cabe duda de que se destinó a pagar a pistoleros profesionales[831].

Las denuncias de violencia de Gil Robles y Calvo Sotelo eran totalmente cínicas. Dado que los debates parlamentarios disfrutaban de plena cobertura de la prensa, sin censuras de ningún tipo, ambos políticos se dedicaban a enumerar toda clase de actos delictivos y disturbios, con independencia de si obedecían a motivos políticos, para demostrar que la República estaba siendo devorada por la violencia de la izquierda, olvidando deliberadamente el papel de los comandos terroristas de la Falange. En Madrid, el embajador estadounidense Claude Bowers fue obsequiado por los derechistas con escalofriantes historias de turbas incontroladas que masacraban a los monárquicos y tiraban sus cadáveres a los cerdos para que los devorasen[832]. Es indiscutible que se produjeron numerosas alteraciones del orden público durante la primavera de 1936, pero es imposible repartir las culpas con la seguridad con que lo hicieron ambos bandos en su momento. Ahora bien, después de ganar las elecciones, ningún elemento del Frente Popular tenía necesidad de recurrir a la violencia para hacerse con el poder. En cambio, la creación de un clima de caos y desorden podía justificar el recurso a la fuerza para establecer una dictadura de derechas.

Investigaciones recientes han demostrado que la izquierda fue la víctima principal de la violencia. De hecho, solo dos grupos se beneficiaban de la anarquía: la extrema izquierda y la derecha catastrofista. El Partido Comunista no tenía ningún plan de conquista del poder mediante el colapso del orden público, sino que su política se orientaba a ampliar el apoyo de las clases medias a la República, como parte de la táctica del Frente Popular impuesta por Moscú, así como a apoderarse gradualmente del movimiento socialista a través de la unificación con la Federación de Juventudes Socialistas, la UGT y, por último, el ala izquierda del PSOE. Los periódicos socialistas El Socialista y Claridad advertían constantemente a sus lectores de que ignoraran las provocaciones de la derecha. Algunos anarquistas estaban más dispuestos a usar la violencia ciega, pero sin que formara parte de su estrategia general[833]. Sin embargo, las respuestas parlamentarias a Calvo Sotelo, con una retórica beligerante, de Casares Quiroga, primero como ministro de la Gobernación y luego como presidente del Consejo de Ministros, permitían a la derecha argüir que el Gobierno del Frente Popular era tan sectario que habría que derrocarlo por la fuerza si era preciso[834].

Mientras Azaña permaneció en el cargo de presidente del Consejo, el Gobierno mantuvo cierto grado de autoridad, pero la situación pronto dio un vuelco desastroso. Con el fin de formar un equipo de gobierno fuerte, Azaña y Prieto conspiraron para apartar de la presidencia de la República a Alcalá Zamora, que interfería constantemente en la labor del Gobierno y sentía poca simpatía por Azaña. La izquierda lo detestaba por haber invitado a la CEDA a incorporarse al Ejecutivo en octubre de 1934 y la derecha lo despreciaba por no haber nombrado a Gil Robles presidente del Consejo de Ministros a finales de 1935. El 7 de abril de 1936, en las Cortes, Azaña y Prieto se unieron para pedir la destitución de Alcalá Zamora por haberse extralimitado en sus poderes constitucionales al disolver las Cortes. Su destitución pareció abrir la perspectiva de superar la hostilidad de Largo Caballero a la participación del PSOE en el Gobierno. Entre Prieto y Azaña tenían la habilidad y la popularidad necesarias para estabilizar la tensa situación de la primavera de 1936. Con el primero en la presidencia del Gobierno y el segundo, en la de la República, tal vez se hubiera podido llevar a cabo una política lo bastante reformista para frenar la radicalización de la izquierda y, al mismo tiempo, enfrentarse decididamente a las conspiraciones y el terrorismo de derechas[835].

En su optimismo, a ninguno de los dos se le ocurrió la posibilidad de que no fuesen a presidir el gabinete. La primera parte de su plan funcionó, pero no la segunda. Azaña fue elevado a la presidencia de la República el 10 de mayo y ofreció de inmediato la presidencia del Gobierno a Prieto, quien había trazado minuciosos planes para la introducción de reformas sociales y para la represión de la extrema derecha. Sin embargo, Prieto necesitaba el apoyo de Largo Caballero, que era presidente de la UGT, de la poderosa Agrupación Socialista Madrileña y también del grupo parlamentario socialista, que dirigía con puño de hierro. Prieto se enfrentó a sus compañeros de grupo en dos ocasiones, los días 11 y 12 de mayo. Al apoyar a Azaña para la presidencia, sabía que Largo Caballero y sus seguidores se opondrían a que formara gobierno. Prieto habría podido constituir un gabinete con los republicanos y cerca de un tercio de los diputados socialistas, pero no se atrevió a dividir el partido al que había dedicado su vida. Además, según manifestaría más adelante con harto pesar, al final Azaña había optado por otro candidato, su amigo Santiago Casares Quiroga, de carácter más dúctil[836]. Las consecuencias no podrían haber sido más funestas. Se renunció a un presidente del Gobierno astuto y fuerte y, al asumir la presidencia de la República, Azaña se fue distanciando cada vez más de la política cotidiana para recrearse en sus funciones protocolarias, en la restauración de monumentos y palacios y en el mecenazgo artístico[837].

Los desastres naturales agravaron la miseria social del sur. Después de la sequía de 1935, el año 1936 empezó con fuertes lluvias que diezmaron la producción de aceitunas, trigo y cebada. Con el aumento del paro, la FNTT instó a sus miembros a creer en las promesas de reformas instantáneas del Frente Popular. En Salamanca y Toledo, en Córdoba y Jaén, se produjeron invasiones de fincas por parte de campesinos que robaban aceitunas o talaban árboles. Las ocupaciones de tierras más importantes tuvieron lugar en Badajoz. El 29 de mayo, en Yeste (Albacete), diecisiete campesinos murieron y muchos más resultaron heridos a manos de la Guardia Civil. Habían intentado cortar leña en tierras antaño comunales pero que habían sido arrebatadas al pueblo mediante triquiñuelas legales en el siglo XIX. Lo que más alarmó a los terratenientes fue la firmeza de los trabajadores, antes serviles y ahora decididos a no dejarse estafar con las reformas como lo habían hecho entre 1931 y 1933. Muchos terratenientes se retiraron a Sevilla, Madrid o incluso a Biarritz o París, desde donde se adhirieron con entusiasmo a los complots ultraderechistas contra la República, los financiaron o se limitaron a esperar el resultado de tales tramas[838].

El papel de Gil Robles en la preparación del golpe fue considerable. Como más tarde se jactó, contribuyó de un modo incalculable a la creación de un movimiento de masas radical de derechas: «Cooperé con el consejo, con el estímulo moral, con órdenes secretas de colaboración e incluso con auxilio económico, tomado en no despreciable cantidad de los fondos electorales del partido». Esta aportación, que más tarde negaría, consistió en medio millón de pesetas, que entregó al general Mola. Sus esfuerzos por bloquear, y luego desmantelar, las reformas habían contribuido en gran medida a erosionar la confianza de los socialistas en las posibilidades de la democracia burguesa, pero ahora que ya había pasado su momento de gloria, sus esfuerzos se concentraron en facilitar la conspiración militar. Nada demostró de modo más palpable el cambio de ambiente que el ascenso de la Falange. Aprovechando la desilusión de la clase media con el legalismo de la CEDA, la Falange se expandió rápidamente con la incorporación de la mayor parte de las JAP[839].

Los escuadrones terroristas de la Falange hacían todo lo posible por acelerar una espiral de violencia gratuita que imposibilitase el diálogo racional. Con jóvenes activistas de derecha e izquierda chocando en las calles y la UME conspirando para derrocar al régimen, era absolutamente necesario contar con una acción de Gobierno decidida que Casares Quiroga, aquejado de tuberculosis, era incapaz de promover. Mientras Prieto aconsejaba cautela, Largo Caballero hacía todo lo contrario. Embriagado por la adulación de los comunistas —Pravda lo llamó «el Lenin español»—, realizó una gira por España, profetizando el triunfo de la revolución venidera a multitudes de obreros que lo vitoreaban. Sus leales seguidores estaban decididos a expulsar a Prieto del PSOE y convertir el partido en un instrumento al servicio de la revolución[840]. La máxima aspiración de Largo Caballero era situar a todo el movimiento obrero bajo la égida del PSOE; sin embargo, cometió el ingenuo error de permitir la fusión de los movimientos juveniles socialistas y comunistas. Los comunistas estuvieron de acuerdo en que la nueva organización debía llevar un nombre que diera la impresión de que los socialistas estaban al mando, por lo que se denominó Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Pero la JSU pronto cayó totalmente bajo el dominio de los comunistas, más dinámicos, lo que acabó provocando el trasvase de cuarenta mil jóvenes socialistas de la Federación de Juventudes Socialistas a la órbita del PCE. Santiago Carrillo, el líder de la FJS, hacía tiempo que sintonizaba con Moscú, donde, de hecho, había empezado a asistir a las reuniones del Comité Central del Partido Comunista[841].

Largo Caballero, que siempre se había mostrado pragmático en la defensa de los intereses de los afiliados a la UGT, estaba acostumbrado a «dirigir desde atrás», siguiendo el ritmo de las bases para no perder la sintonía con ellas. A pesar de toda su retórica, la única arma real a disposición de la izquierda a principios de 1936, la huelga general revolucionaria, no se utilizó en ningún caso. Cuando en abril Joaquín Maurín, uno de los líderes del semitrotskista POUM, propuso hacer la revolución, los partidarios de Largo Caballero lo tacharon de utopista peligroso. Las frecuentes declaraciones de los caballeristas sobre la agonía del capitalismo y el inevitable triunfo del socialismo le parecían a Prieto delirios provocadores. Sin embargo, las marchas del Primero de Mayo, los saludos con el puño en alto, la retórica revolucionaria y los violentos ataques a Prieto contribuyeron a alarmar a la clase media. El 31 de mayo, este y otros moderados del PSOE fueron recibidos con una lluvia de balas, piedras y botellas por miembros de las juventudes caballeristas en un mitin celebrado en la localidad sevillana de Écija[842].

Aunque las amenazas de revolución de Largo Caballero fueran bravatas, empujaron a los votantes conservadores a aprobar las estrategias violentas que prometían rescatarlos de su perdición en apariencia inminente. Mientras las disensiones políticas y personales entre Largo y Prieto paralizaban en la práctica al partido más fuerte del Frente Popular, Casares Quiroga no parecía darse cuenta de la necesidad de utilizar el aparato del Estado para defender a la República. Bajo el ataque constante en las Cortes de una airada derecha, acosado por la destrucción del orden público por parte de la Falange y los anarquistas, y debilitado por la falta de apoyo del PSOE, Casares parecía, sin embargo, ajeno a la gravedad de la situación. Desdeñó las advertencias de Prieto sobre los conspiradores militares con el ofensivo comentario: «No toleraré tus arrebatos menopáusicos», y le dijo a Largo Caballero que ignorara las historias de terror de funcionarios aburridos y amargados[843].

Poco podía hacer el Gobierno para evitar que la política degenerara en un conflicto abierto. Los vínculos entre los conspiradores de la UME y la Falange, los carlistas, las JAP y sectores de la CEDA eran cada vez más estrechos. El hermano de Ángel Herrera, Francisco, permitió que su casa fuera utilizada por los conspiradores. Gil Robles les servía de escudo, y él mismo reconoció más adelante que sus actuaciones en las Cortes estaban coordinadas con los disidentes: «Mi tarea fue el agotamiento de la izquierda en las Cortes[844]». En respuesta a las profecías llenas de humo de Largo Caballero sobre la revolución, Calvo Sotelo hablaba con una frialdad aterradora de la contrarrevolución violenta y proporcionó al Ejército el marco teórico de una intervención política contra la doble amenaza del comunismo y el separatismo, que presentó como consustanciales con la República. Sus discursos provocaron peleas en las Cortes. El día que Casares Quiroga presentó su nuevo Gobierno, Calvo Sotelo llamó al diputado socialista por Santander Bruno Alonso «una pequeñez, un pigmeo», a lo que el airado socialista respondió al grito de: «Su señoría es un chulo», e invitó a Calvo Sotelo a salir a la calle a discutir con él a puñetazos[845]. En su último discurso importante, pronunciado el 16 de junio, Calvo Sotelo, tras declararse fascista, lanzó una indirecta clarísima al Ejército: «Sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía[846]».

Muchos oficiales de alto rango, testigos del desorden atribuido al Frente Popular, en gran parte orquestado por sus aliados de derecha, estaban encantados de intervenir en política. Tras la reunión del 8 de marzo, el alzamiento militar del 17-18 de julio de 1936 se planeó de forma mucho más cuidadosa que cualquier golpe anterior. Habían aprendido la lección de la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932. El general Mola, el «director» de la conspiración, había preparado la toma coordinada de las guarniciones de las cincuenta provincias de España y una rápida aniquilación de la clase obrera organizada. La primera de sus instrucciones secretas, emitida en abril de 1936, reconocía la importancia del terror: «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas[847]». En su primer discurso al comienzo de la guerra, Mola manifestó: «Hay que sembrar el terror, hay que dar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros[848]».

Para impedir la preparación de un golpe de Estado, el 21 de febrero, Franco había sido destituido de su cargo de jefe del Estado Mayor y enviado a Canarias como comandante militar. Goded cesó en el cargo de inspector general y fue trasladado a Baleares como comandante militar, mientras que Mola quedó apartado del ejército de África al convertirse en gobernador militar de Pamplona. Este último traslado fue un error de bulto. Pamplona era el cuartel general de los carlistas y de su milicia, el Requeté. Así, Mola se encontró en un lugar excelente para organizar planes para la insurrección en la Península. La cabeza obvia del alzamiento era Sanjurjo, veterano de las guerras africanas y de los golpes de Estado anteriores; sin embargo, el impulso crucial para la conspiración vino de oficiales jóvenes, muchos de los cuales se habían formado a las órdenes de Franco cuando este dirigía la Academia Militar de Zaragoza[849].

La confabulación se vio facilitada por la actitud indiferente del Gobierno ante las repetidas advertencias. El director general de Seguridad, José Alonso Mallol, trabajaba incansablemente para combatir el terrorismo falangista y vigilar las actividades de los oficiales hostiles. En mayo, entregó a Azaña y Casares Quiroga una lista de más de quinientos conspiradores que, a su juicio, debían ser detenidos inmediatamente. Temerosos de las posibles reacciones, Azaña y Casares no intervinieron. Mallol señaló con el dedo a Mola, sin que nadie hiciera nada al respecto. Poco después de su nombramiento como presidente del Consejo de Ministros, Casares no dio mayor importancia a las informaciones del comunista navarro Jesús Monzón sobre la acumulación de armamento en manos de los carlistas. De manera similar, ignoró los informes regulares sobre actividades conspirativas en unidades militares, recogidos por miembros del Partido Comunista y enviados por Enrique Líster[850]. Su ayudante militar, el comandante de aviación Ignacio Hidalgo de Cisneros, le informó que un grupo de pilotos antirrepublicanos estaban haciendo acopio de ametralladoras y bombas. Cuando se lo comunicó a Azaña, el presidente de la República interrumpió a Hidalgo, diciendo bruscamente que era peligroso hacer tales acusaciones. De regreso a Madrid, Casares le dijo: «Después de lo que usted ha presenciado, podrá darse cuenta de lo difícil que es para mí tomar medidas contra los sospechosos».

El 12 de junio, en respuesta a los atronadores (y acertados) rumores de que el coronel Juan Yagüe, comandante de la Legión en Ceuta, estaba organizando la conspiración militar en Marruecos, Casares lo convocó al Ministerio de la Guerra. Hidalgo de Cisneros le instó a sustituir a Yagüe por un oficial de confianza. Cuando se le ofreció el traslado a puestos muy apetecibles en la España peninsular o como agregado militar en el extranjero, Yagüe respondió que quemaría su uniforme antes que abandonar la Legión. Después de una larga reunión, Casares salió para manifestarle a Hidalgo: «Yagüe es un caballero, un perfecto militar, tengo la seguridad que jamás hará traición a la República. Me ha dado su palabra de honor y su promesa de militar de que siempre la servirá con lealtad, y los hombres como Yagüe mantienen sus compromisos sin más garantía que su palabra». Al permitir que Yagüe regresara a Marruecos, Casares cometió un error político capital[851].

Al cabo de tres días, Casares remachó el fallo. El 15 de junio, en el monasterio de Irache, cerca de Estella (Navarra), Mola mantuvo una reunión secreta con los comandantes de las guarniciones de Pamplona, Logroño, Vitoria y San Sebastián. El alcalde de Estella, al enterarse, informó al gobernador civil de Navarra, que rodeó el monasterio con unidades de la Guardia Civil. Cuando el gobernador llamó por teléfono a Casares Quiroga para pedirle más instrucciones, este le ordenó indignado que las retirara, diciendo: «El general Mola es un leal republicano, que merece, por lo tanto, respeto de las autoridades[852]».

No pasaba una semana sin que se cometiera otro aparente error. Se dijo que el propio general Franco había enviado al Gobierno una extraña advertencia: semanas después del golpe militar, la prensa franquista publicó el texto de una carta supuestamente enviada por el general a Casares Quiroga el 23 de junio. La misiva, de una ambigüedad laberíntica, parecía indicar que el Ejército se mantendría leal si se le trataba adecuadamente y, al mismo tiempo, sugería que era hostil a la República. Con ello se daba a entender que si Casares ponía a Franco al mando, liquidaría las tramas golpistas. En años posteriores, los defensores de Franco presentaron la carta como un hábil intento de desviar la atención de Casares o como un último y magnánimo gesto de pacificación. No hay pruebas de que Casares llegara a recibirla. Y si la recibió, no hizo más caso de Franco del que había hecho de las demás advertencias y no aprovechó la oportunidad para neutralizar al general, comprándolo u ordenando que lo arrestaran[853]. Del mismo modo, Casares bloqueó un plan de los oficiales de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) para secuestrar a conspiradores militares de alta graduación en Marruecos. Los líderes de la UMRA denunciaron las actividades de Goded, Mola, Fanjul, Varela, Franco, Yagüe y otros, pero Casares les aseguró que era imposible que se produjese un alzamiento[854].

Los conspiradores monárquicos ya habían dado pasos de gigante en su tarea de garantizar el éxito del golpe de Estado. Goicoechea había mantenido contactos asiduos con el Gobierno de Mussolini en el marco del acuerdo de 1934. A mediados de junio, redactó un informe en nombre de Renovación Española y la Falange para Ernesto Carpi, amigo mutuo de don Juan de Borbón y del destacado fascista Italo Balbo. Carpi era el enlace de los monárquicos con el régimen fascista. El informe confirmaba que los planes del golpe de Estado estaban muy avanzados y pedía un millón de pesetas para proporcionar apoyo económico a las familias de los conspiradores indecisos en caso de que la intentona fracasara. Una semana antes, el agregado militar italiano en Tánger había informado a Roma de que el golpe en Marruecos era inminente. El 1 de julio, Pedro Sainz Rodríguez firmó contratos con el Gobierno de Mussolini para la compra de una gran cantidad de armamento, incluyendo cuarenta aviones, bombas, proyectiles de artillería y ametralladoras. El pago corría a cuenta de Juan March. Estos preparativos demuestran que los conspiradores preveían una tarea más difícil que un mero pronunciamiento[855].

La posición de Franco era extremadamente ambigua, pero Mola y los demás conspiradores se resistían a proceder sin él. Tenía una enorme influencia en el cuerpo de oficiales, gracias, como se ha dicho, a su etapa como director de la Academia Militar de Zaragoza y también como jefe del Estado Mayor con Gil Robles. En particular, lo adoraban las tropas de Marruecos. El golpe no tenía posibilidad alguna de triunfar sin el ejército colonial y Franco era el hombre ideal para dirigirlo. Además, su papel en el aplastamiento de la rebelión de Asturias de 1934 le había convertido en un héroe entre los sectores más conservadores de la clase media y alta. Sin embargo, Sanjurjo, aún resentido por el hecho de que Franco no le hubiera apoyado en 1932, comentó con recelo: «Franco no hará nada que le comprometa; estará siempre en la sombra, porque es un cuco[856]». Mola y Sanjurjo estaban exasperados por el riesgo de trazar planes en relación con un elemento dudoso, pero intuían acertadamente que su compromiso arrastraría al de muchos otros.

Cuando por fin Franco decidió sumarse al golpe, le dieron un papel de vital importancia, pero aun así, de segundo orden. El jefe del Estado después de que el golpe triunfara iba a ser Sanjurjo. Se esperaba que Mola, como cerebro de la trama, desempeñara un papel decisivo en la política del régimen victorioso. Luego se situaban varios generales, a cada uno de los cuales se les adjudicó una región; en el caso de Franco, Marruecos. En principio debían tener mayor protagonismo Joaquín Fanjul, que era el encargado del alzamiento en Madrid, y Manuel Goded, al frente de los sublevados en Barcelona. Sin embargo, la situación cambió con una rapidez asombrosa y, a los ojos de algunos observadores, con una simetría siniestra.

La logística de la implicación de Franco en el golpe se organizó incluso antes de que este confirmara su participación. Francisco Herrera, amigo de Gil Robles, se encargó de que Juan March cubriera los gastos de fletar un avión que llevara a Franco de Canarias a Marruecos, donde asumiría el mando del ejército de África[857]. De los preparativos, hechos en Londres a principios de julio, se encargaron el ingeniero aeronáutico español Juan de la Cierva y Luis Antonio Bolín, corresponsal del diario monárquico ABC, que había entablado relación con Franco en Marruecos en los años veinte. Bolín alquiló un De Havilland Dragon Rapide en Croydon y organizó un grupo de pasajeros aparentemente de vacaciones para disimular el verdadero propósito del avión. El Foreign Office estaba al corriente del asunto y persiste la sospecha de que el Servicio de Inteligencia Secreto Británico supiera lo que ocurría. Tras despegar de Croydon el 11 de julio, el avión tardó cuatro días en aterrizar en el aeropuerto de Gando, cerca de Las Palmas de Gran Canaria[858].

Mientras tanto, sin embargo, se habían producido acontecimientos dramáticos en la península Ibérica. En la tarde del 12 de julio, unos pistoleros falangistas habían asesinado a tiros al teniente José del Castillo, de la Guardia Republicana de Asalto. Del Castillo era el número dos en una lista negra de oficiales prorrepublicanos confeccionada por la UME. El primer hombre de la lista, el capitán Carlos Faraudo, el oficial que había ayudado a entrenar a las milicias socialistas, ya había sido asesinado el 7 de mayo por un comando conjunto de la UME y la Falange. Esta vez, los enfurecidos compañeros de Del Castillo respondieron con una represalia de enormes repercusiones e irresponsabilidad: la madrugada del 13 de julio, se dispusieron a vengar su muerte apresando a un político destacado de derechas. Al no encontrar a Gil Robles, que estaba de vacaciones en Biarritz, secuestraron y asesinaron a Calvo Sotelo. El enorme escándalo político que siguió al descubrimiento del cadáver jugó a favor de los conspiradores militares. La noche del 13, Indalecio Prieto encabezó una delegación de socialistas y comunistas para exigir que Casares Quiroga distribuyera armas a los obreros antes de que se levantara el Ejército. El jefe del Gobierno se negó, pero la situación era prácticamente de guerra abierta[859].

Algunos elementos extravagantes de la ultraderecha trazaron planes descabellados. Así, Eugenio Vegas Latapié (más tarde preceptor del futuro rey Juan Carlos), junto con otros miembros de Renovación Española y jóvenes oficiales del Ejército, planearon el asesinato de Azaña y un ataque suicida a las Cortes con gas venenoso. Ninguno de los dos proyectos llegó a buen puerto, el primero porque los conspiradores no consiguieron una ametralladora y el segundo porque no consiguieron el gas[860]. El asesinato de Calvo Sotelo justificó de manera contundente el argumento de que solo la intervención militar podía salvar a España de la anarquía. Fue lo que inclinó la balanza de muchos aún vacilantes, incluido Franco, y sirvió para encubrir que los preparativos del golpe hacía mucho tiempo que se habían fraguado. También privó a los conspiradores de un líder importante. Como figura de prestigio, con numerosos contactos internacionales, Calvo Sotelo podría haber sido el líder civil de mayor rango después del golpe, pero su muerte eliminó a un importante rival político de Franco.

A corto plazo, el asesinato aceleró la conspiración. Franco tenía graves y urgentes dificultades que resolver antes de pensar en sus aspiraciones a largo plazo. Como el alzamiento estaba programado para el 18 de julio, tenía que partir hacia Marruecos el día 17 a más tardar. La sede de la Capitanía General de Canarias, donde estaba destinado, se hallaba en Santa Cruz de Tenerife, pero el Dragon Rapide procedente de Croydon había aterrizado en Gran Canaria, quizá debido a las nieblas habituales en Tenerife o por miedo a que vigilaran a Franco. De todos modos, es extraño que el Dragon Rapide se dirigiera a Gran Canaria confiando en que el militar se las arreglaría para llegar hasta allí. Pero para ir a Gran Canaria, Franco necesitaba la autorización del Ministerio de la Guerra, y su solicitud de cursar una visita de inspección a Gran Canaria fue rechazada. Que el futuro Caudillo consiguiera subir al avión fue, por lo tanto, el resultado de una sorprendente coincidencia o de malas artes.

El 16 de julio por la mañana, el general Amado Balmes, comandante militar de Gran Canaria, y excelente tirador, recibió un disparo en el estómago, supuestamente mientras probaba varias pistolas en un polígono de tiro. La historiografía franquista presentó el suceso como un accidente trágico, pero de lo más oportuno. Para contrarrestar las sospechas de que Balmes había sido eliminado por los conspiradores militares, el biógrafo oficial de Franco afirmó que Balmes era una figura importante en la trama, cuando, en realidad, era un oficial leal a la República que había resistido a intensas presiones para unirse a la sublevación y que, al hacerlo, se había jugado la vida. Investigaciones recientes han demostrado que murió asesinado. En cualquier caso, Franco se vio «obligado» a presidir su funeral, la excusa perfecta para viajar a Las Palmas el 17 de julio[861]. A la mañana siguiente estaba previsto que se produjese el alzamiento coordinado de las guarniciones militares de toda España. Sin embargo, el miedo a que los conspiradores marroquíes estuvieran a punto de ser detenidos hizo que la acción se adelantara allí a la noche del 17 de julio, cuando se sublevaron las guarniciones de Melilla, Tetuán y Ceuta. La madrugada del 18 de julio, Franco y el general Luis Orgaz se apoderaron de Las Palmas.

Cuando la noticia del alzamiento en Marruecos llegó a Madrid, Azaña le preguntó a Casares qué hacía Franco, a lo que el presidente del Gobierno respondió con complacencia: «Está bien guardado en Canarias». Casares telefoneó a su amigo, el distinguido fisiólogo Juan Negrín, para decirle: «Está garantizado el fracaso de la intentona. El Gobierno es dueño de la situación. Dentro de poco todo estará terminado». El corresponsal anarquista Salvador Cánovas Cervantes afirmó que un grupo de periodistas detuvo a Casares Quiroga en los pasillos de las Cortes y le dijeron que estaba a punto de producirse un levantamiento militar, a lo que él, al parecer, respondió: «¡Que se levanten! Yo, en cambio, me voy a acostar[862]». Había estallado la Guerra Civil y el Gobierno llevaba ya una gran desventaja.

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España en guerra (1936-1945)

Mujeres desoladas tras la purga realizada por el comandante Castejón en el barrio de Triana, en Sevilla, el 21 de julio de 1936.
© ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, Fondo Serrano.

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El alzamiento se produjo el 17 de julio por la tarde en el Marruecos español y a la mañana siguiente en la Península. Los conspiradores confiaban en que todo terminara al cabo de unos días. Si se hubieran enfrentado solo al Gobierno republicano, sus predicciones podrían haberse hecho realidad. De hecho, el golpe triunfó en las zonas católicas rurales que votaban a la CEDA: las capitales de provincia de León y Castilla la Vieja, y sedes episcopales y mercados como Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid. Sin embargo, en los bastiones de izquierdas de la España industrial y en los latifundios del sur, el alzamiento fue derrotado por la acción espontánea de las organizaciones obreras, aunque en ciudades como Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, la resistencia de la izquierda fuese rápida y brutalmente aplastada.

Un elemento fundamental de los planes y preparativos de los militares rebeldes era una campaña de terror y exterminio. Para combatir la superioridad numérica de las clases trabajadoras urbanas y rurales, creían indispensable imponer el pánico de inmediato. Con el uso de tropas insensibilizadas por la guerra colonial en África y el apoyo de los terratenientes locales, el general Gonzalo Queipo de Llano se encargó de supervisar este proceso en el sur. En las regiones profundamente conservadoras de Navarra, Galicia, Castilla la Vieja y León, donde el golpe militar tuvo un éxito casi instantáneo y la resistencia de izquierdas fue mínima, la aplicación del terror por parte del general Mola también fue de un rigor desproporcionado[863].

En todos los lugares en los que triunfaron los sublevados, comenzó una sangrienta represión contra los republicanos, desde la izquierda revolucionaria —anarquistas, comunistas y trotskistas— hasta los socialistas moderados y los republicanos de centro-izquierda, de la que fueron víctimas todos los que pudieran representar un desafío al orden social, económico y político anterior a 1931, incluidas, por lo tanto, las mujeres: penas capitales, torturas y violaciones fueron los castigos que se aplicaron de forma generalizada a las militantes progresistas y de izquierdas que habían abrazado la causa de la liberación femenina durante el periodo republicano. Miles de mujeres fueron sometidas a abusos sexuales extremos, a la humillación de raparse la cabeza y ensuciarse en público tras verse obligadas a ingerir aceite de ricino. Las que salieron vivas de la cárcel sufrirían graves traumas físicos y psíquicos de por vida[864].

La fe de Mola en la utilidad del terror resulta evidente en su discurso, ya mencionado en el capítulo anterior, ante una asamblea de alcaldes de la provincia de Pamplona: «Hay que sembrar el terror […] hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros[865]». A finales de julio, al enterarse de que, según la prensa francesa, Prieto había propuesto un acuerdo negociado para evitar más derramamiento de sangre, Mola aulló: «¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España[866]». La crueldad de la represión rebelde reflejaba la fuerza derivada de la imposición de la disciplina militar, en contraste con las flaquezas del Gobierno del Frente Popular a consecuencia del rechazo de Largo Caballero a que el Partido Socialista participara en un gabinete presidido por Prieto.

El Gobierno liberal moderado de Santiago Casares Quiroga estaba totalmente paralizado. A pesar del alud de noticias inquietantes, no supo ver la gravedad de la situación. El 18 de julio, a las 18 horas, rechazó el llamamiento de Largo Caballero a armar a los trabajadores, una medida que podría haber impedido el éxito del alzamiento en muchas zonas. A las 21 horas, Casares había dimitido y Azaña sondeó al republicano moderado Diego Martínez Barrio, al republicano conservador Felipe Sánchez Román y a Largo Caballero y Prieto para que formasen gobierno. Largo Caballero bloqueó obstinadamente el llamamiento de Prieto a la participación de los socialistas, mientras que Sánchez Román propuso, como guiño a los rebeldes, que se prohibiesen las huelgas y se actuara contra las milicias de izquierda. Al final se formó un gabinete de centro presidido por Martínez Barrio, cuya propuesta de negociación, comunicada por teléfono a Mola a las dos de la madrugada del 19 de julio, fue rechazada de plano[867].

De todos modos, la idea de una negociación era inaceptable para las masas de izquierdas. Al cabo de pocas horas, Martínez Barrio fue sustituido por el ministro de la Marina, el catedrático de química José Giral, amigo de Azaña. Giral tomó la decisión valiente y clave de armar a los trabajadores[868]. Sin ella, el golpe de Estado, que encabezaba en Madrid el general Joaquín Fanjul desde el cuartel de la Montaña, habría triunfado[869]. Lo mismo sucedió con la derrota del general Goded en Barcelona, después de que los obreros anarquistas se apoderaran de los depósitos de armas, lo que dejó a la Generalitat de Lluís Companys prácticamente impotente[870]. Con el poder en las calles en manos de los trabajadores, apenas había diferencia alguna entre el Ejecutivo de Giral y el de Casares Quiroga: debido al veto de Largo Caballero, y en vista asimismo del hostil contexto internacional, este no contaba con la participación de ministros de partidos obreros. Sin embargo, con gran enojo de Largo Caballero, del 20 de julio al 4 de septiembre, Prieto actuó como presidente del Gobierno entre bastidores, aunque en apariencia fuera un simple asesor del gabinete de Giral, trabajando sin tregua desde un despacho del Ministerio de la Marina para imponer orden y dirección al caos de la acción gubernamental[871].

A los pocos días, el país quedó dividido en dos zonas de guerra. Los rebeldes controlaban un tercio de España, un bloque en el norte que incluía Galicia, León, Castilla la Vieja, Aragón y parte de Extremadura, y en el sur, un triángulo en tierras andaluzas que iba desde Huelva hasta Sevilla y Córdoba. Suyas eran las grandes zonas de cultivo de trigo, mientras que los principales centros industriales seguían en manos de los republicanos. El gabinete de Giral tenía a su favor el control de las reservas de oro y divisas de España, así como la mayor parte de la capacidad industrial del país. Pero la revolución que los militares rebeldes afirmaron que estaban impidiendo, se precipitó con el golpe de Estado. En todas las ciudades no conquistadas por los insurgentes, el golpe provocó el hundimiento del aparato estatal y la toma del poder por los obreros que habían ayudado a derrotar a los rebeldes. Pasarían varios meses antes de que la izquierda republicana de clase media, los socialistas moderados y el Partido Comunista pudieran unir fuerzas para minimizar la revolución y recuperar el poder para la República burguesa. Mientras tanto, el colapso de la maquinaria del Estado facilitó inevitablemente la violencia popular de todo tipo contra los considerados partidarios de los rebeldes. Los partidos políticos, los sindicatos y las milicias crearon tribunales «revolucionarios», fuerzas policiales autónomas y centros de detención (las famosas checas). En ausencia de la mayoría de las estructuras que garantizaban la ley y el orden, la delincuencia pura y dura también desempeñó un papel importante: el odio y el resentimiento acumulados durante años de injusticia social, la apertura de las cárceles y la liberación de miles de delincuentes comunes se combinaron para producir una situación que pronto causaría un grave quebranto al prestigio internacional de la República[872].

Los rebeldes, que esperaban obtener un éxito casi instantáneo, quedaron conmocionados por la magnitud de la resistencia republicana. Las columnas enviadas por Mola contra Madrid fueron detenidas por las milicias obreras en la sierra de Guadarrama, al norte de la capital. Los milicianos compensaban su falta de formación con un entusiasmo que no podían igualar las tropas de reemplazo del ejército rebelde. En la Marina, los marineros de izquierdas se amotinaron contra sus oficiales de derechas[873]. Sin embargo, hubo otra serie de elementos que acabarían resultando decisivos en el conflicto: el ejército de África, la división geográfica del cuerpo de oficiales en la Península y el papel de las grandes potencias. Al principio, la baza principal de los rebeldes, el feroz ejército colonial de Franco, quedó bloqueado en Marruecos por la Armada republicana; sin embargo, la situación se revirtió gracias a un transporte aéreo de tropas sin precedentes y al «convoy de la victoria» de barcos pesqueros que rompió el bloqueo y transportó otra parte de las tropas africanas[874] La noticia de que la sanguinaria Legión y los mercenarios Regulares Indígenas habían desembarcado en la Península hizo que cundiera el pánico en toda la zona republicana[875]..

Solo cuatro de los dieciocho generales que integraban la cúpula militar de la República secundaron el golpe. Ahora bien, 18 de los 32 generales de brigada, la mayor parte del Estado Mayor, más del 80 por ciento de los coroneles y oficiales de graduación inferior, 44 de las guarniciones principales y la mitad de las fuerzas del orden público se pusieron del lado de los rebeldes. El ejército de África formaba parte de los 150.000 hombres armados y entrenados con los que contaban los conspiradores. En cambio, la República disponía fundamentalmente de milicias de voluntarios sin instrucción, a menudo ineficaces, aunque las dirigiesen oficiales republicanos leales, de quienes los milicianos desconfiaban hasta el punto de que, a veces, los asesinaban. Alrededor de la mitad de los 600.000 fusiles que había en España al comienzo de la guerra se encontraban en la zona republicana, pero, sobre todo en las zonas controladas por los anarquistas, no solían utilizarse para combatir en el frente de batalla, sino en actividades revolucionarias y represivas en la retaguardia. La discrepancia en las fuerzas navales era igualmente dramática. La República disfrutó por poco tiempo de la superioridad aérea: sus viejos aviones pronto se vieron superados por los modernos modelos alemanes e italianos que después de un tiempo tuvieron a su disposición los rebeldes. Las estructuras militares preexistentes, que los rebeldes consiguieron aprovechar en beneficio propio, junto con un amplio número de oficiales profesionales, facilitaron la creación de nuevas unidades de voluntarios y reclutas, algo que a la República le resultó imposible durante varios meses[876].

Aunque Franco solo era uno más de los conspiradores, sus ambiciones iban más allá de la victoria inmediata. A los pocos días de llegar a Marruecos, creó oficinas diplomáticas y de prensa. La prensa internacional pronto recibiría comunicados que lo calificaban de comandante supremo de las fuerzas nacionalistas. Franco convenció rápidamente a los representantes locales de la Alemania nazi y de la Italia fascista de que él era el hombre al que apoyar. El 25 de julio, declaró al agregado militar italiano en Tánger, el comandante Giuseppe Luccardi, que cinco de las ocho regiones militares de España, Baleares, Canarias y todo el Marruecos español estaban «en su poder» (in suo possesso). A finales de julio, los aviones de transporte Junkers 52 y Savoia-Marchetti 81 realizaron el primer gran transporte aéreo de tropas de la historia[877]. Quince mil hombres cruzaron el estrecho de Gibraltar rumbo a Sevilla en diez días y un golpe de Estado que iba camino de frustrarse se convirtió en una larga y sangrienta guerra civil. En pocos días, las tropas franquistas avanzarían hacia el norte, en dirección a Madrid, bajo el mando del despiadado coronel Juan Yagüe. Saliendo de Sevilla, el ejército de África fue conquistando pueblo tras pueblo, dejando a su paso un horrible reguero de matanzas[878].

Tras la ayuda inicial y decisiva de las potencias del Eje, estas aportaron una asistencia constante a los rebeldes en todo lo relativo a la tecnología más moderna. Llegaron equipos de última generación de Alemania e Italia, con técnicos y repuestos. En cambio, hasta que llegó la ayuda soviética, el rechazo de las democracias a la República la obligó a recurrir a lo que le ofrecían traficantes de armas a menudo deshonestos. Los políticos responsables de comprar armamento a menudo adquirían inocentemente material obsoleto y a precios excesivos. Para acabar de empeorar la situación, las autoridades republicanas tenían que trabajar con bancos cuyos directores simpatizaban con los militares rebeldes[879]. El papel preponderante de los sindicatos y sus milicias en la España republicana perjudicó al Gobierno de Giral en su intento de obtener ayuda de las democracias occidentales.

A Franco le resultó más fácil lograr apoyo financiero. Hizo un llamamiento amenazador a los banqueros y a los empresarios: «¡CAPITALISTA! El Movimiento Nacional, Salvador de España, te permite en estos momentos seguir disfrutando de tus rentas. Si vacilas un solo momento en prestarle tu ayuda moral y material con largueza y desprendimiento, además de mal patriota serás un desgraciado indigno de convivir en la España fuerte que empieza a renacer. Tu oro y alhajas deben pasar a engrosar inmediatamente el Tesoro Nacional del Gobierno de Burgos». A los poco entusiastas los tacharon de judíos[880].

Un capitalista que no le escatimó su generosidad fue Juan March. Franco se apresuró a enviarle un telegrama pidiéndole apoyo económico que fue publicado en la prensa republicana con comentarios como: «El canalla March era el financiero del movimiento faccioso […]. Juan March era el banquero de la rebelión[881]». Estas acusaciones, del todo fundadas, impulsaron a Franco a salir en defensa tanto de March como de sí mismo: «Los que han prestado su apoyo a nuestro movimiento como Juan March, no lo han hecho por obtener ventajas, que en ningún momento se les ha prometido, lo han hecho para que se llegue a una España mejor, y dan su óbolo por una España más justa». Huelga decir que, en los años venideros, March sacaría el máximo partido de su contribución[882]. En un discurso pronunciado en Lugo el 21 de agosto de 1942, Franco reveló más de lo que pretendía sobre su concepto de «una España más justa» cuando declaró que «nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos[883]».

March se había exiliado en París ya antes de las elecciones de febrero, temiendo que una victoria del Frente Popular lo sometiera a renovada persecución. Dada su hostilidad a la República, recibió con entusiasmo la noticia de la reunión del 8 de marzo de los generales conspiradores, pero se alarmó al enterarse de los temores de los militares sobre los riesgos del plan, en particular en el caso de Mola, a quien March envió el siguiente mensaje: «Usted no debe preocuparse por su familia. Si algo le sucede, Juan March se ocupará de ellos. Además este le garantiza a usted, por adelantado, la suma de un millón de pesetas». Esto permitió a Mola instalar a su esposa y a sus cuatro hijos en Biarritz, y a Franco, unos días más tarde, enviar a Le Havre a su esposa y a su hija a bordo del buque alemán Waldi. El intermediario de March con Mola fue el coronel retirado Tomás Peire y, con Franco, el diplomático José Antonio de Sangróniz. March había logrado que Peire consiguiera escaños en las Cortes como diputado del Partido Radical en 1931, por Huesca, y en 1933, por Ceuta[884].

Ya a mediados de junio, en una carta dirigida al agente secreto Ernesto Carpi, su principal contacto con las autoridades italianas, el monárquico Antonio Goicoechea había reconocido la importancia del apoyo económico de March a la hora de convencer a muchos oficiales indecisos y valoraba así lo que se había hecho hasta el momento: «A estos se ha dirigido una captación especial de tipo financiero garantizándoles el riesgo económico que pueden correr los suyos. No se mueven por dinero, pero no actúan si no ven cubierta su retirada económica». Por todo ello, Goicoechea pedía a Carpi que repartieran otro millón de pesetas entre los escépticos[885]. Durante la primavera de 1936, March había ofrecido su aval para superar las reticencias de varios generales clave y que mantuvieran su compromiso con la conspiración. Además, March había concedido a Franco y Mola un crédito por importe de medio millón de libras esterlinas a través del banco Kleinwort para la compra de armas. Dicho importe pasó a 800.000 libras esterlinas en agosto y a 942.000 libras esterlinas en diciembre. En Biarritz, durante la primavera de 1936, la compra de armas figuraba en el orden del día de las frecuentes reuniones de Mola con March, quien, por lo general, imponía duras condiciones de amortización e intereses[886] El magnate mallorquín también pagó más de veinte mil libras por el Dragon Rapide que llevó a Franco de Canarias a Marruecos[887] La generosa contribución de March a los preparativos del golpe desmiente rotundamente las afirmaciones de los franquistas de que el alzamiento se llevó a cabo con muy pocos recursos[888]. March se jactó más tarde ante un alto cargo de la embajada británica de su aportación a la victoria de Franco, afirmando que él era «el principal responsable de convencer a los financieros y a los potentados dubitativos de que arriesgaran su dinero apoyando al general Franco, y en muchos casos fue el hecho de saber que March estuviera dispuesto a triplicar sus aportaciones (y no la situación militar del general Franco) lo que les infundió la confianza necesaria[889]».

Al dar comienzo la sublevación, March transfirió fondos del banco Kleinwort de Londres para pagar al Gobierno italiano los doce aviones Savoia Marchetti que iban a transportar las tropas de Franco desde Marruecos a la Península. Según el historiador oficial del banco, depositó «cantidades asombrosas de oro en el Banco de Italia para financiar la participación de dicho país en la guerra». El 3 de septiembre, March depositó 49,5 toneladas de oro (una tonelada valía el equivalente actual de 1.235.000 euros) y 72 toneladas más al cabo de seis días[890]. Se ha sugerido que, para garantizar las entregas de aviones a Franco, March compró la mayoría de acciones de la empresa Savoia-Marchetti. Casi con toda seguridad fue el principal financiador del alzamiento durante los primeros meses de la guerra. Con un beneficio considerable para sí mismo, utilizó sus reservas de divisas para comprar material para los rebeldes. Se calcula que March adelantó aproximadamente entre el 8 y el 10 por ciento del coste del esfuerzo bélico de Franco[891]. Pese a los desmentidos de este último, esto era más que un simple «óbolo» y no fue una aportación desinteresada. Cuando March reclamó el pago de la deuda, se dice que Franco autorizó la venta de los fabulosos tesoros de la catedral de Zaragoza. Además, gracias a su apoyo económico a los rebeldes, al final de la contienda su fortuna se había duplicado con creces, a lo que no es ajeno que los enormes donativos a la causa rebelde de los aristócratas españoles en efectivo, acciones y joyas se canalizaran a través de la cuenta de March en el banco Kleinwort[892]. Gil Robles, que más tarde sería uno de los principales representantes legales de March, era el agente de los rebeldes en Lisboa. Sus actividades, junto con las del hermano de Franco, Nicolás, como embajador extraoficial, eran financiadas por March. De hecho, en opinión de Diego Hidalgo, que había sido ministro de la Guerra cuando Franco era comandante militar de Baleares, Franco era en realidad una marioneta de March, con quien por aquel entonces mantenía frecuentes contactos. Y lo cierto es que Nicolás, como ingeniero naval, había trabajado para la naviera de March ya en 1914[893].

Fueron los aviones de combate y el resto del material militar enviados desde Italia y pagados por March los que mantuvieron Mallorca en manos de los rebeldes. De hecho, el propio Mussolini estaba particularmente interesado en una isla que era clave para el tráfico marítimo en el Mediterráneo. Al principio, el golpe de Estado había tenido éxito en Mallorca, aunque no en las demás islas Baleares. El 5 de agosto comenzó una ofensiva republicana dirigida por el capitán Alberto Bayo, que logró asegurar las islas menores. La ofensiva de Bayo en Mallorca empezó bien, y gran parte de la propaganda que la acompañaba iba dirigida contra March, con afirmaciones como: «Ens anima solament l’afany de treure de les urpes del bandit March aquesta terra» («Solo nos mueve el afán de quitarle de encima las garras del bandido March a esta tierra»). Sin embargo, a causa de la desorganización de las fuerzas invasoras, en particular del contingente anarquista, y gracias a los aviones italianos y al resto del material que había adquirido March, a principios de septiembre los rebeldes consiguieron reconquistar Mallorca, que posteriormente fue una base militar clave para los bombardeos rebeldes del litoral catalán y valenciano, y para que la marina franquista impidiera la entrega de alimentos y armas a los puertos republicanos[894]. Durante los cuatro meses siguientes, tuvo lugar una terrible represión dirigida por el jefe de la reducida fuerza invasora italiana, el demente fascista Arconovaldo Bonacorsi, alias conte Rossi[895].

Un buen amigo de March, Alejandro Lerroux, no participó en la guerra. Sus contactos con los conspiradores militares le habían puesto sobre aviso del alzamiento. Salió de su casa en San Rafael el 17 de julio por la tarde camino de Portugal. Mientras estuvo allí, gran parte de su fortuna en los bancos españoles fue confiscada por la República, pero al parecer pudo vivir bien en el exilio gracias a los fondos que las autoridades republicanas no habían descubierto y a la ayuda de Juan March. A lo largo de la contienda, escribió cartas aduladoras a Franco con la vana esperanza de poder regresar a España. Después de la guerra, mientras todavía intentaba conseguir permiso para volver, escribió unas memorias en las que justificaba el golpe militar[896].

La ayuda económica concedida a los rebeldes por Francesc Cambó fue casi tan importante como la de Juan March. El político catalán se enteró del alzamiento mientras se encontraba de crucero por el Adriático en su yate Catalònia, de cien toneladas, y se dice que reaccionó a la noticia diciendo: «Los que tengan dinero, que lo den, y los de edad militar, que luchen». Puso su considerable fortuna a disposición de los rebeldes, que la emplearon para crear una oficina de propaganda con sede en París que tuvo una enorme influencia. A través de su colaborador José Bertrán y Musitu, Cambó financió uno de los servicios de espionaje de los rebeldes, el Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España[897] Cambó se convirtió en una pieza clave para convencer a la opinión internacional moderada de la justeza de la causa rebelde[898].. Más tarde, lamentaría en privado que el interés económico le hubiera obligado a apoyar la «política de petulancia y analfabetismo» de Franco, por quien sentía poco más que desprecio, considerándolo una especie de Primo de Rivera «pero con mucho menos talento». A medida que la guerra avanzaba, Cambó vio con preocupación cada vez mayor que, si salían victoriosos, los rebeldes fueran a adoptar una política anticatalana. Sin embargo, antepuso sus intereses económicos a su catalanismo[899].

En buena medida, la reacción de las potencias extranjeras fue determinante para el curso de la Guerra Civil. Las políticas de cuatro de los cinco principales actores internacionales —Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia— se vieron sustancialmente influidas por su hostilidad a la quinta, la Unión Soviética. La desconfianza hacia esta última era un factor determinante de la diplomacia internacional de las potencias occidentales desde la Revolución de Octubre de 1917 y el conflicto español iba a ser la batalla más reciente en una guerra civil europea[900].

La opinión dominante en Londres —fomentada por el embajador británico en Madrid, el ferozmente derechista sir Henry Chilton, y por el cónsul radicalmente antirrepublicano de Reino Unido en Barcelona, Norman King— era que el triunfo del Frente Popular en febrero había desatado una crisis prerrevolucionaria. En un despacho tras otro, Chilton sostenía que el gabinete del Frente Popular era un títere de la extrema izquierda socialista y comunista. El 26 de marzo, menos de tres semanas después de la reunión de los conspiradores, Chilton escribió: «Si fracasa el golpe de Estado militar que, según la opinión general, se está planeando, las cosas se pondrán pero que muy feas[901]». Estas notas diplomáticas caían en campo abonado. El 20 de julio, Maurice Hankey, el secretario del Gobierno, profundamente conservador, redactó un memorando para el Gobierno británico sobre la Sociedad de Naciones que concluía: «en el estado actual de Europa, con Francia y España amenazadas por el bolchevismo, no es inconcebible que antes de que pase mucho tiempo nos compense aliarnos con Alemania e Italia, y cuanto menos involucrados estemos en los enredos de Europa, mejor[902]». Esto allanó el camino para que la política británica respecto a la crisis española fuera de no intervención. Esta hipocresía institucionalizada fue la respuesta a una sugerencia de los franceses. El 19 de julio, Giral había enviado un telegrama al primer ministro del Gobierno del Frente Popular en París, Léon Blum: «Sorprendido por el peligroso golpe militar. Suplico nos ayude inmediatamente con armas y aviones. Fraternalmente, Giral». La reacción inicial de Blum fue ayudar al Gobierno legítimo del Frente Popular, lo que favorecía los intereses estratégicos de Francia, pues la seguridad tanto de la frontera pirenaica como de las colonias norteafricanas dependía de la existencia de un régimen amistoso o neutral en España. Si los militares rebeldes ganaban, existía el grave peligro de que la derecha española estableciera vínculos estrechos con los enemigos de Francia, la Italia fascista y la Alemania nazi. El 22 de julio, Giral envió una solicitud formal y más concreta, en la que pedía veinte bombarderos, cincuenta ametralladoras ligeras, ocho piezas de artillería, mil fusiles, 250.000 balas de ametralladora, cuatro millones de cartuchos y veinte mil bombas[903].

El Gobierno británico recibió la información de la solicitud de Giral y de la respuesta de Blum a través de Charles Corbin, embajador de Francia en Londres. Blum fue a Londres el 25 de julio para discutir la respuesta conjunta de Gran Bretaña, Francia y Bélgica a la ocupación alemana de Renania. Durante su estancia, el primer ministro Stanley Baldwin y su ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, no dejaron lugar a dudas sobre sus preocupaciones. Según el propio Blum, en el vestíbulo del hotel Claridge, Eden, en quien confiaba implícitamente, le preguntó si pensaba enviar armas a Madrid. Cuando Blum confirmó que esa era su intención, Eden le dijo: «Es asunto suyo, pero le pido una sola cosa: que sea prudente[904]».

La inevitable inquietud de Blum fue en aumento debido a los dramáticos acontecimientos que se produjeron en Francia. El agregado militar español, el teniente coronel Antonio Barroso, simpatizante de los rebeldes, filtró a la prensa derechista francesa la respuesta positiva del primer ministro francés a Giral, lo que provocó una feroz campaña mediática contra Blum y la República española. Después de un consejo de ministros celebrado el 25 de julio, en un clima de preocupación por que los sucesos de España produjeran brotes de violencia civil entre la izquierda y la derecha, el Gobierno francés emitió un comunicado manifestando que Francia no entregaría material de guerra a España. Fue el comienzo de un proceso que, al cabo de dos semanas, llevó a Blum a retractarse por completo de su compromiso de ayudar a la República. El 1 de agosto, el Gobierno de Francia propuso un vago acuerdo de no intervención y el 8 de agosto optó por un embargo total de armas[905].

No cabe duda de que hubo insinuaciones claras y decisivas de que, en caso de guerra, Francia perdería el indispensable apoyo de Gran Bretaña[906]. En Londres confiaban que, si se lograba imponer la no intervención, la guerra de España se interrumpiría por falta de armas y municiones. El 15 de agosto, Londres y París intercambiaron notas diplomáticas acordando la no intervención en el Estado español. Se anunció que comenzaría un embargo estricto de armas y municiones tan pronto como los gobiernos de Alemania, Italia, la Unión Soviética y Portugal suscribieran el acuerdo[907].

Al igual que los franceses, el Gobierno británico pretendía evitar a toda costa el peligro de una guerra de dimensión europea. Además, en lo que respecta a la guerra de España, los gobernantes conservadores de Londres solían dejar que sus prejuicios de clase se impusieran a los intereses estratégicos de Gran Bretaña. Un diplomático británico declaró al periodista Henry Buckley que «lo esencial que hay que recordar en el caso de España es que se trata de un conflicto civil y que es absolutamente necesario que apoyemos a nuestra clase[908]». Mussolini y su ministro de Asuntos Exteriores, el conde Galeazzo Ciano, confiaban en que Gran Bretaña aprobara su actuación. El 28 de julio de 1936, Ciano le dijo al embajador francés que «debido a que Portugal había expresado su simpatía por los insurgentes y como los portugueses casi nunca hacían nada sin contar con el apoyo británico debido a la larga alianza anglo-portuguesa, Gran Bretaña estaba a favor de los rebeldes[909]». Incluso cuando los primeros aviones italianos se dirigían hacia Marruecos, el encargado de negocios de la embajada de Italia en Londres, Leonardo Vitetti, informó de que había encontrado a numerosos simpatizantes de los rebeldes españoles y del fascismo italiano en las más altas esferas del Partido Conservador[910].

Franco nunca reconoció en público que la «pérfida Albión» hubiera desempeñado un papel decisivo en su victoria final. Sin embargo, dentro de la administración rebelde creada apresuradamente, la Junta de Defensa Nacional, se dio más que por sentado que contaban con la simpatía de Gran Bretaña en vista de la tolerancia de Londres con respecto al apoyo que Portugal prestaba a los rebeldes[911]. A principios de agosto, Juan de la Cierva, el inventor español del autogiro (precursor del helicóptero), que había ayudado a organizar el vuelo de Franco de Canarias a Marruecos, dijo a Vitetti que había comprado todos los aviones disponibles en el mercado libre británico para el general Mola y que «las autoridades británicas le habían dado toda clase de facilidades, aunque sabían muy bien que los aviones estaban destinados a los rebeldes españoles[912]».

Debido a sus considerables intereses económicos en España, los británicos tendían a mostrarse hostiles a la República. La comunidad empresarial creía que los anarquistas y demás revolucionarios españoles podían confiscar y colectivizar las empresas británicas[913]. Igualmente, miembros del Gobierno de Gran Bretaña y del cuerpo diplomático, por motivos de clase y educación, simpatizaban con los objetivos antirrevolucionarios de los nacionales, igual que con los de Hitler y Mussolini. Además, era habitual que los aristócratas españoles y los descendientes de las principales familias exportadoras de jerez se educaran en internados privados católicos ingleses como Beaumont, Downside, Ampleforth y Stonyhurst. La existencia de conocidos comunes y lazos de amistad entre la clase alta intensificaron la hostilidad previa de los conservadores británicos hacia la República española[914]. Con la intención ostensible de neutralizar y localizar la guerra civil, la no intervención perjudicó a la República española mucho más que a los militares rebeldes. La forma en que las autoridades financieras hicieron la vista gorda ante las operaciones de los bancos británicos en favor de los rebeldes lo pone aún más de manifiesto[915].

En este contexto internacional cada vez más favorable a su causa, los rebeldes llevaron a cabo dos campañas que mejoraron drásticamente su situación. Las fuerzas africanas de Franco avanzaron rápidamente utilizando las técnicas de terror que habían perfeccionado durante las guerras coloniales en Marruecos. Sus únicos oponentes eran trabajadores del campo sin instrucción militar, armados solo con escopetas, trabucos, cuchillos y hachas. Las unidades de choque del ejército colonial español, equipadas con artillería y con total superioridad aérea, gracias a los aviones Savoia-81 con pilotos de las fuerzas aéreas italianas y los Junkers Ju 52, con pilotos de la Luftwaffe, conquistaron pueblos y ciudades de las provincias de Sevilla y Badajoz. El 10 de agosto, ya habían tomado Mérida y unido las dos mitades de la España nacional, y, a continuación, las tropas de Yagüe retrocedieron para conquistar Badajoz, la capital de Extremadura, situada cerca de la frontera con Portugal. No era una necesidad estratégica, ya que Badajoz estaba aislada y los rebeldes podían hacer que cayera en sus manos cuando quisieran. Tras fuertes bombardeos de artillería y aviación, cedieron las defensas de la ciudad y comenzó una salvaje represión durante la cual casi dos mil personas, entre ellas muchos civiles inocentes, fueron asesinadas a tiros. Por las calles corría la sangre a torrentes y las pilas de cadáveres ofrecían un espectáculo que el periodista portugués Mário Neves calificó de «desolación y pavor». Franco enviaba así un mensaje a los madrileños sobre lo que les esperaba si no se rendían antes de que llegaran las columnas africanas[916].

Mientras tanto, a principios de agosto, Mola inició una campaña para aislar el País Vasco de la frontera francesa. Irún y Fuenterrabía fueron bombardeadas desde el mar y atacadas diariamente por bombarderos alemanes e italianos, que también dejaban caer panfletos rebeldes amenazando con repetir allí lo que habían hecho en Badajoz. Los milicianos que defendían Irún, mal armados y sin formación militar, lucharon con valentía, pero el 3 de septiembre se vieron desbordados. Presas del pánico, miles de refugiados huyeron a Francia por el puente internacional que cruza el río Bidasoa. El País Vasco, Santander y Asturias estaban ahora aislados de Francia y del resto de la España republicana. Las fuerzas rebeldes ocuparon San Sebastián el domingo 13 de septiembre de 1936[917].

Los rebeldes consolidaron su posición durante los meses de agosto y septiembre después de que el general José Enrique Varela enlazara Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz. En el bando republicano, no hubo más que retiradas y dos operaciones frustradas que fueron una pérdida de recursos. Durante más de dos meses a partir del 21 de julio, la guarnición rebelde de Toledo que se había refugiado en la fortaleza del Alcázar fue asediada infructuosamente por milicianos republicanos que desperdiciaron tiempo, energía y municiones tratando de capturar este objetivo de escasa importancia estratégica[918]. Del mismo modo, el 23 de julio, unas entusiastas columnas de milicianos anarquistas habían partido de Barcelona para reconquistar Zaragoza. Al igual que Sevilla, la capital aragonesa era un bastión de la CNT y también había caído rápidamente en manos de los rebeldes. Por eso para la CNT la toma de Zaragoza era una cuestión de honor. Pero los milicianos, después de tener la ciudad a tiro, se detuvieron por falta de armamento. Mientras tanto, camino de la ciudad, habían intentado colectivizar por la fuerza pequeñas explotaciones agrícolas, lo que no hizo sino provocar divisiones internas[919].

A finales de agosto, las columnas africanas de Franco avanzaban rápidamente hacia el noreste, en dirección a Talavera de la Reina. Giral, consciente de las deficiencias de un Gobierno que careciera del apoyo de la CNT y la UGT, instó a ampliar la base del gabinete: para sobrevivir era necesario contar con representantes de las fuerzas de la clase obrera que habían defendido a la República contra el golpe. Eso implicaba la participación de Largo Caballero, quien —a pesar de la hostilidad internacional hacia la República— no compartía la opinión de Prieto de que para contentar a las potencias occidentales y, al mismo tiempo, consolidar el apoyo popular era preciso un gabinete que tuviera el apoyo tanto de los partidos de la clase obrera como de los republicanos burgueses. El 26 de agosto, en una entrevista con el reportero soviético Mijaíl Koltsov, Prieto habló sin tapujos sobre Largo Caballero: «Es un tonto que quiere pasar por listo. Es un burócrata frío que hace el papel de fanático arrebatado, es un desorganizador y un enredón, que se finge burócrata metódico. Es un hombre capaz de echarlo a perder todo y a todos. […] Y, a pesar de todo, por lo menos hoy, es el único hombre, mejor dicho, es el único nombre apropiado para encabezar un nuevo gobierno[920]».

Largo Caballero se negó a unirse al Gobierno como un simple ministro de la Guerra y exigió la presidencia del gabinete. La idea de nombrarlo presidente del Consejo de Ministros horrorizó a Azaña, quien comentó a su cuñado, Cipriano de Rivas Cherif: «No es el Lenin español; y se hundirá; pero la República con él[921]». Cuando su nombramiento parecía inevitable, Koltsov escribió sobre lo extendida que estaba la inquietud por que «su brusquedad, su insociabilidad y su impaciencia harán imposible la colaboración normal con él». Un amigo de Prieto, el renombrado fisiólogo Juan Negrín, comentó sobre el posible nombramiento de Largo Caballero: «No conozco mayor disparate, considerado nacional e internacionalmente. ¿Es que se busca resueltamente que se pierda la guerra? ¿Se trata de un desafío a Europa?»[922].

Para Azaña, Prieto, los comunistas españoles y Stalin, la opción realista era una simple coalición de republicanos y socialistas, pero Largo Caballero, que se consideraba el héroe de la clase obrera y confiaba en que podría unirla, puso como condición para aceptar el cargo la inclusión de dos comunistas en el Gobierno e insistió también en la participación de tres socialistas, lo que alentó la esperanza de que Prieto pudiera ser ministro de Guerra. Sin embargo, Largo Caballero quería el ministerio para sí y, por lo tanto, en el Ejecutivo que se dio a conocer el 4 de septiembre, los tres socialistas fueron Prieto como ministro de la Marina y el Aire, el brillante Negrín como ministro de Hacienda y Anastasio de Gracia como ministro de Industria[923]. Por muy popular que fuese entre los trabajadores, Largo Caballero carecía de la energía, la determinación y la visión necesarias para dirigir con éxito el esfuerzo de guerra. De hecho, su incompetencia sería profundamente perjudicial para la República. No fue fácil formar un gabinete a causa del conflicto de intereses entre las distintas fuerzas de la izquierda, pero Largo Caballero no consultó ni siquiera a sus compañeros del PSOE el reparto de carteras[924]. Al hacerse cargo del Ministerio de la Guerra, su primera orden fue que se retirara la mesa llena de teléfonos, mapas y planos que utilizaba su predecesor, el general Juan Hernández Saravia. No permitía que el Estado Mayor lo molestara sin cita previa, lo que impedía solucionar de forma rápida y flexible los problemas. Su número de teléfono era un secreto celosamente guardado. Largo tenía un horario extremadamente rígido: llegaba al despacho a las ocho en punto de la mañana, hacía una breve pausa para almorzar y a las ocho de la noche se acostaba, después de dar órdenes estrictas de que no le importunaran nunca, salvo en caso de máxima emergencia[925].

Giral, que no solo luchaba contra Franco y sus ejércitos, sino también contra el poderío militar y económico de Hitler y Mussolini, tras el desaire de Francia y Gran Bretaña, había recurrido a Moscú. La reacción inicial de la Unión Soviética fue de profunda incomodidad. El Kremlin no quería que los acontecimientos de España frustraran sus planes, cuidadosamente trazados, de establecer una alianza con Francia. Sin embargo, a mediados de agosto, la ayuda de Hitler y Mussolini a los rebeldes amenazaba con provocar un desastre aún mayor si caía la República española, lo que provocaría una grave alteración del equilibrio de poder en Europa, que dejaría a Francia con tres estados fascistas hostiles en sus fronteras[926]. Stalin también quería asegurarse el cobro de la ayuda soviética. De hecho, a finales de septiembre, Negrín había decidido enviar las reservas de oro de España a Rusia debido a las maquinaciones hostiles del sistema bancario internacional, la inseguridad de las reservas de oro dentro de España y el hecho de que la Unión Soviética era la única gran potencia capaz de ayudar a la República. Esto llevó al Kremlin a lanzar lo que se llamó la «Operación X»[927]. La distancia y el caos organizativo hicieron que hasta finales de septiembre no saliera ningún material para territorio español. El primer cargamento de fusiles y ametralladoras anticuados llegó el 4 de octubre. Entonces Stalin tomó la decisión de enviar aviones y tanques modernos, que la República tuvo que pagar a precios inflados[928].

Mientras la República se tambaleaba en busca de ayuda exterior y sus milicias desorganizadas retrocedían sobre la capital, los rebeldes reforzaban su estructura de mando. El 21 de septiembre, en un aeródromo próximo a Salamanca, los principales generales sublevados se reunieron para elegir a un comandante supremo por razones militares evidentes y para facilitar las negociaciones en curso sobre la ayuda de Hitler y Mussolini. Franco dejó que tanto los monárquicos, a través del general Alfredo Kindelán, como los falangistas, a través del coronel Juan Yagüe, creyeran que él favorecería sus objetivos. Kindelán organizó la reunión en la fecha indicada. Todos, excepto el jefe de la Junta de Burgos, Miguel Cabanellas, coincidieron en que era necesario que un comandante en jefe sustituyera a Sanjurjo, que había muerto en un accidente aéreo en Portugal el 20 de julio. En la reunión de Salamanca, Franco fue elegido comandante único pese a la reticencia de algunos otros generales[929].

Ese mismo día, sus columnas africanas habían llegado a Maqueda, donde la carretera del sur se dividía para ir hacia el norte a Madrid o hacia el este a Toledo. Las columnas podían continuar hacia la capital, o desviarse hacia Toledo, para socorrer a la guarnición asediada. Franco optó por enviarlas a la segunda, una decisión que reveló que su máxima prioridad no era una victoria militar rápida. Así perdió una oportunidad irrepetible de asaltar Madrid antes de que los defensores republicanos estuvieran a punto; sin embargo, el fin del asedio del Alcázar el 26 de septiembre selló su autoridad con una emotiva victoria y un gran golpe de efecto mediático, al que siguió un baño de sangre[930]. La liberación se repitió al día siguiente para las cámaras de los noticieros. Después de que el público de los cines de todo el mundo lo viera recorrer los escombros del Alcázar, Franco se convirtió en el símbolo internacionalmente reconocido del esfuerzo bélico de los rebeldes. El 28 de septiembre, en una segunda reunión de los generales en la que Kindelán y el hermano de Franco, Nicolás, recurrieron a toda clase de artimañas, se acordó otorgar a Franco el rango de generalísimo y el papel de «Jefe de Gobierno del Estado español mientras dure la guerra». Ahora bien, con su artería característica, este hizo modificar el texto oficial del nombramiento y, en adelante, se arrogó plenos poderes de jefe del Estado[931].

El 7 de octubre, el ejército de África reanudó su marcha sobre Madrid. Atenazado por la indecisión, Largo Caballero no había hecho planes para la defensa de la capital más allá de la militarización de las milicias[932]. En un esfuerzo por infundir coraje a la población, el 4 de noviembre incorporó a dos ministros anarcosindicalistas a su gabinete. Sin embargo, el retraso de Franco había permitido que la moral de los defensores se fortaleciera con la llegada a principios de noviembre de aviones y tanques de la Unión Soviética, junto con las columnas de voluntarios conocidas como las «Brigadas Internacionales», motivadas por la inquietud de lo que la derrota de la República española podría significar para el resto del mundo, en el caso de los voluntarios procedentes de países democráticos, mientras que, para los italianos, alemanes y austriacos huidos del fascismo y el nazismo, España era la primera oportunidad real de contraatacar para volver algún día a su país. Los primeros voluntarios llegaron a territorio español en octubre y recibieron instrucción en Albacete. Algunos eran trabajadores en paro, otros eran intelectuales, algunos aventureros, pero todos habían venido a luchar contra el fascismo[933].

Llegaron a un Madrid asediado por el terror, inundado de refugiados y que padecía graves problemas de suministro. Los refugiados del sur contaban historias horribles sobre las atrocidades cometidas por las columnas africanas que ahora se encontraban a las afueras de la ciudad[934]. El 6 de noviembre, Largo Caballero, en previsión de la caída de la capital, evacuó el Gobierno a Valencia, una decisión prudente, pero que causó un daño irreparable a su prestigio. La ciudad quedó en manos de un gobierno semindependiente, la Junta de Defensa de Madrid, bajo el mando del general José Miaja[935]. En este contexto, anarquistas y comunistas colaboraron en la eliminación de los prisioneros de derecha, especialmente los oficiales del Ejército que se habían comprometido a unirse a sus camaradas rebeldes. La mayor atrocidad en la zona republicana fue el asesinato de 2.500 prisioneros en el pueblo de Paracuellos de Jarama, a las afueras de la capital, cometido conjuntamente por anarquistas y comunistas[936].

Con el apoyo de la Junta de Defensa, dominada por los comunistas, el desaliñado Miaja infundió ánimos a la población mientras su brillante jefe de Estado Mayor, el coronel Vicente Rojo, organizaba las fuerzas de la ciudad. Las primeras unidades de las Brigadas Internacionales llegaron a Madrid el 8 de noviembre. Algunos habían luchado en la Primera Guerra Mundial o tenían alguna experiencia en el servicio militar. Los brigadistas, entremezclados con los defensores españoles a razón de un brigadista por cada cuatro españoles, elevaron la moral de estos últimos y les proporcionaron conocimientos militares básicos. Las columnas africanas de Franco no consiguieron doblegar su resistencia y, a finales de noviembre, el Generalísimo tuvo que reconocer su fracaso. La capital sitiada resistiría aún dos años y medio.

Sin embargo, dividida por disensiones internas y aún sin un ejército convencional, la República no consiguió capitalizar la victoria de Madrid. Los constantes bombardeos exacerbaron el problema de los refugiados. En un solo día, el 4 de diciembre, aviones alemanes descargaron 36 toneladas de bombas. Mucha gente perdió su hogar, mientras que otros pasaban un hambre atroz y se veían obligados a hacer cola durante horas para obtener una ración escasa de legumbres, arroz y pan, o a menudo ni eso[937]. Por el contrario, las fuerzas de Franco pronto se vieron reforzadas por casi cincuenta mil «voluntarios» italianos enviados a España entre mediados de diciembre de 1936 y mediados de febrero de 1937. El Corpo di Truppe Volontarie (CTV) estaba compuesto por milicianos fascistas, trabajadores reclutados apresuradamente y tropas regulares[938].

Franco intentaría rodear la capital varias veces. En las batallas de Boadilla (diciembre de 1936), Jarama (febrero de 1937) y Guadalajara (marzo de 1937), sus fuerzas fueron derrotadas, aunque a un coste enorme para la República. La defensa de Madrid supuso el abandono de otros frentes republicanos, como fue el caso de Málaga, que, defendida solo por milicianos mal armados, cayó ante el CTV a principios de febrero. El hecho de que Mussolini se adjudicara esta victoria causó a Franco un profundo disgusto[939]. Por otro lado, la pérdida de Málaga hizo añicos el mito de Largo Caballero como líder de guerra eficaz: las últimas horas de la Málaga republicana, Largo se las había pasado durmiendo. Tras esta manifestación de incompetencia, los comunistas estaban decididos a destituirlo[940].

Franco no obtuvo ninguna victoria fácil cerca de Madrid. En el Jarama, las líneas rebeldes avanzaron unos pocos kilómetros, pero sin alcanzar el objetivo estratégico clave de cortar la carretera de Valencia. Entre fuertes lluvias y vendavales, con pésimas comunicaciones, los rebeldes perdieron 20.000 soldados y los republicanos, 25.000; entre ellos, algunos de los mejores brigadistas británicos y estadounidenses. El contingente británico quedó prácticamente aniquilado en una tarde[941]. En marzo, Franco volvió a intentar rodear Madrid con una ofensiva cerca de Guadalajara, a unos sesenta kilómetros al noreste de la capital. Estaba dividido entre la necesidad que tenía de la ayuda de Italia y la preocupación por que una ofensiva italiana imparable dirigida desde Roma le obligara a agradecer las victorias que tuviera a bien concederle Mussolini. El Duce quería un triunfo espectacular; Franco actuó como si los italianos fueran solo una distracción para sus tropas atascadas en el Jarama, de modo que no pudo proporcionar el apoyo que esperaban los italianos para lo que ellos entendían como una operación conjunta de gran envergadura. Atrapados en la nieve y la lluvia, los poco entusiastas voluntarios italianos estaban mal preparados y equipados, muchos de ellos vestidos con uniformes coloniales. Sus aviones inmovilizados en aeródromos improvisados y llenos de barro eran blancos perfectos para los cazas republicanos, que despegaban de pistas de aterrizaje permanentes. El resultado fue la derrota del CTV[942].

El fracaso de los rebeldes en Guadalajara impuso a Franco un cambio estratégico trascendental. La constatación de que la República concentraba a sus mejores tropas en el centro de España y descuidaba los demás frentes le llevó a abandonar, no sin reticencias, su obsesión por Madrid para dedicarse a la destrucción paulatina de las fuerzas republicanas en el resto del territorio. A finales de marzo, se dio prioridad a las operaciones militares en el norte, destinadas a la incautación de las fábricas de armamento y de las reservas de carbón, hierro y acero de las provincias vascas[943]. En marzo, Mola lanzó una ofensiva contra el País Vasco con cuarenta mil soldados, acompañada de un bloqueo naval destinado a someter por el hambre a la población de Bilbao, una práctica que consintió el Gobierno conservador británico hasta que su hipocresía fue denunciada por el periodista de The Times George Steer y por diputados laboristas y liberales[944].

Incluso después de la derrota de Guadalajara, los rebeldes mantuvieron la iniciativa, ya que cada revés de Franco provocaba que sus aliados del Eje aumentaran su apoyo. De todos modos, Italia y Alemania, en su afán de acelerar el esfuerzo de guerra rebelde, abogaron por recurrir a bombardeos de terror, y así, en un ensayo de la Blitzkrieg contra Polonia y Francia, Guernica fue aniquilada el 26 de abril de 1937. Que la operación estaba diseñada para causar el mayor número posible de víctimas civiles es algo que puede deducirse de la elección de los proyectiles, una combinación de bombas explosivas e incendiarias. Los primeros objetivos fueron los depósitos de agua municipales y el cuartel de bomberos para evitar que apagaran los incendios. Los ciudadanos que huían aterrados a los campos de las afueras volvían corriendo a refugiarse de las ametralladoras de los cazas Heinkel He 51 que rodeaban la ciudad con lo que el comandante alemán, Wolfram von Richthofen, llamó «un anillo de fuego» (Feuerring). El bombardeo de Guernica minó la moral de los vascos y afectó la defensa de su capital, Bilbao, que cayó el 19 de junio[945].

La victoria en el País Vasco fue acompañada de un triunfo político para Franco que eliminó las divisiones existentes entre sus partidarios y, al mismo tiempo, creó un movimiento político de masas. Fue un proceso planeado por su hermano Nicolás y su cuñado Ramón Serrano Suñer, astutos artífices de la unificación de las dos organizaciones principales de la alianza rebelde: la Falange y la Comunión Tradicional Carlista. En primer lugar, se aprovecharon de la enconada lucha por el poder que mantenían los dos principales grupos de la Falange: los fascistas más radicales, liderados por el proletario Manuel Hedilla, y los llamados «legitimistas», es decir, los parientes y amigos de José Antonio Primo de Rivera, encabezados por Agustín Aznar. A mediados de abril de 1937, Nicolás Franco y Serrano Suñer orquestaron un enfrentamiento entre ambas facciones en Salamanca que proporcionó a Franco la excusa para detener a los integrantes de la facción de Aznar. El 18 de abril, Hedilla fue nombrado jefe nacional de la Falange. Sin embargo, al día siguiente, un Decreto de Unificación, redactado sin consultar ni a Hedilla ni a los carlistas, anunciaba la creación de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Después de que Hedilla protestara, fue detenido el 25 de abril, juzgado y condenado a muerte, pena que le sería conmutada por cuatro años de cárcel. A partir de entonces, el Movimiento, como se conocería al nuevo partido único, gozó de poca o ninguna autonomía política y se convirtió en una máquina corrupta al servicio del clientelismo[946]. Franco tenía pocos rivales dentro del Ejército. Sanjurjo había muerto poco después del alzamiento, y Goded y Fanjul fueron ejecutados por los republicanos en agosto de 1936. Su único rival en potencia era Mola, que murió en un accidente aéreo el 3 de junio de 1937.

Mientras Franco eliminaba la disidencia interna, la República, además del ambiente internacional hostil, se enfrentaba a ingentes problemas propios. El colapso del Estado burgués en los primeros días de la guerra había provocado la rápida aparición de órganos revolucionarios de poder paralelo: los comités y milicias vinculados a sindicatos y partidos de izquierdas. Se colectivizaron la agricultura y la industria en una serie de grandes experimentos colectivistas iniciados en el otoño de 1936 que, por muy emocionantes que resultaran para los implicados y para los observadores extranjeros como George Orwell, no contribuyeron en nada a crear una maquinaria de guerra. El enfrentamiento ideológico sobre si se debía dar prioridad a la guerra o a la revolución provocó una mini guerra civil larvada que acabó con la derrota de los elementos revolucionarios en mayo de 1937[947]. Los republicanos liberales y los socialistas moderados creían que un aparato de Estado convencional, con una economía centralizada y la movilización de masas bajo control, era esencial para que el esfuerzo bélico fuera eficaz. Los comunistas y los asesores rusos estaban de acuerdo y esperaban que detener las actividades revolucionarias de los trotskistas y anarquistas tranquilizara a las democracias burguesas a las que cortejaba la Unión Soviética[948].

Sin embargo, la personalidad del presidente del Consejo de Ministros era un verdadero problema. El corresponsal británico Philip Jordan definió a Largo Caballero como «ese mito de pacotilla cuya vanidad contribuyó tanto a disipar las energías iniciales de la España republicana[949]». A partir de febrero de 1937, los comunistas buscaban la manera de expulsarlo del Gobierno, pero sabían que los anarquistas estaban decididos a mantener al «Lenin español» en el poder[950], lo cual resulta irónico, teniendo en cuenta que Largo Caballero fue el adalid de la pacificación de los elementos revolucionarios. El 1 de febrero de 1937, en un discurso pronunciado en las Cortes, puso al descubierto los límites de su fanfarronería revolucionaria al afirmar que «ya se ha ensayado bastante». Largo había recuperado para el Estado central las conquistas revolucionarias del verano de 1936, tras nacionalizar las industrias colectivizadas y militarizar las milicias[951]; sin embargo, ahora se enfrentaba a una alianza de republicanos, socialistas moderados y comunistas decididos a frenar aún más la revolución proletaria.

La derrota de Málaga había convencido a los comunistas y a sus asesores rusos de que no solo tenían un problema de incompetencia, sino también de sabotaje y traición. Esto puso el foco en los «trotskistas» locales, el Partido Obrero de Unificación Marxista, liderado por Andreu Nin, exsecretario de Trotsky, de quien luego Nin se había distanciado. Los acontecimientos llegaron a su punto culminante en mayo de 1937 en Barcelona, donde el conflicto político se intensificó debido a las dificultades económicas y sociales. La llegada de 350.000 refugiados había provocado inevitablemente carestías e inflación, y se habían producido disturbios por hambre. La Generalitat y el PSUC ya estaban en rumbo de colisión con la CNT y el POUM por el control de las industrias de guerra, las colectivizaciones agrícolas e industriales, la autonomía de las milicias anarquistas y el orden público. Decidido a poner coto a los excesos anarquistas, Companys ya había restablecido las fuerzas policiales convencionales en octubre de 1936[952].

El 3 de mayo, la crisis estalló en Barcelona cuando la Generalitat envió a sus efectivos a apoderarse de la central telefónica, que estaba en manos de la CNT. Fue el detonante de una serie de enfrentamientos callejeros; una guerra civil a pequeña escala dentro de la Guerra Civil. Se levantaron barricadas en el centro de la ciudad. La CNT, el POUM y el grupo anarquista revolucionario Amigos de Durruti se enfrentaron durante varios días a las fuerzas de la Generalitat y del PSUC. Lejos de obedecer a un plan de los comunistas, los informes que estos enviaron de Barcelona a Moscú demuestran que los acontecimientos los sorprendieron. Sin embargo, los comunistas y socialistas moderados aprovecharon la oportunidad para acabar con el poder de la CNT y limitar el de la Generalitat. La CNT se enfrentaba al dilema de que ganar en Barcelona significaba combatir a la Generalitat y derrotar tanto al Gobierno central republicano como a los franquistas. La Consejería de Defensa de la Generalitat estaba en manos de Francesc Isgleas Piarnau, de la CNT, y de su adjunto, Juan Manuel Molina, que, muy confiados, dieron orden a las milicias de la CNT de no regresar a Barcelona desde Aragón, ya que controlaban las principales guarniciones de la ciudad y también tenían baterías de artillería antiaérea y costera apuntando al edificio de la Generalitat. Sin embargo, ante la enormidad de lo que estaba en juego, la cúpula de la CNT ordenó a regañadientes a sus militantes que depusieran las armas. El 7 de mayo, el Gobierno de Valencia proporcionó los refuerzos policiales que decidieron el resultado. Todo esto ocurrió mientras el País Vasco caía en manos de Franco[953].

Todo el gabinete, los republicanos, los ministros socialistas y comunistas y el presidente Azaña estaban exasperados por la ineptitud de Largo Caballero. Giral le dijo a Azaña que, cuando él y otros ministros le habían preguntado a Largo Caballero por el progreso de la guerra, este les había respondido: «Se enterará usted por los periódicos[954]». En un tenso consejo de ministros celebrado el 13 de mayo, los del PCE, Jesús Hernández y Vicente Uribe, exigieron medidas más firmes de orden público, la disolución del POUM y la detención de sus líderes. Largo Caballero, decidido a destituir a los comunistas, se negó y, como él esperaba, los dos ministros comunistas dimitieron. Pero entonces Prieto y Negrín anunciaron que no podían permanecer en el Gobierno sin ellos. Largo también se vio obligado a dejar el cargo[955]. Stalin estaba dispuesto a que Largo Caballero continuara como presidente del Consejo de Ministros, pero no como ministro de la Guerra. Sus colegas socialistas también querían que fuera sustituido por Prieto en esta cartera[956]. La presidencia del Gobierno le fue ofrecida al Dr. Juan Negrín después de que Prieto la rechazara, prefiriendo hacerse cargo del esfuerzo bélico en un nuevo Ministerio de Defensa Nacional, que combinaba los de la Guerra, de la Marina y del Aire. Al cabo de dos semanas, Azaña se mostró satisfecho con la energía y la decisión de Negrín: «Ahora, cuando hablo con el jefe del Gobierno, ya no tengo la impresión de que estoy hablando con un muerto[957]».

A partir de entonces, Largo Caballero dedicó sus esfuerzos a debilitar el gobierno de la República. El secretario general del PSOE después de la guerra, Ramón Lamoneda, escribió: «El cazurro de Caballero, maestro de cazurros, pícaro de barrios bajos que ha hecho escuela, resolvía además otro problema: el de colgar la etiqueta de sus responsabilidades de 1933 a 1937 —bien graves— a la chaqueta del vecino. Entraba además en el exilio como exento de responsabilidades en el periodo de la guerra, para sumarse también a las críticas de los enemigos de la República contra Negrín como si España hubiera sido un paraíso terrenal mientras él gobernó». Lamoneda concluyó que el comportamiento de Caballero después de haber perdido el poder tenía por objetivo preparar un exilio cómodo para él y sus seguidores rezumando anticomunismo «para entrar en el exilio desteñido de rojo, renegando de su reciente rusofilia —¡oh, el Lenin español!— y haciéndose gratos a la Policía, a la burguesía, a los gobiernos reaccionarios[958]».

A raíz de los hechos de mayo de 1937, se produjeron detenciones de militantes de la CNT y, sobre todo, del POUM. Andreu Nin y los demás dirigentes de este partido habían superado con creces a la CNT en el radicalismo de sus manifestaciones revolucionarias. Sin embargo, el POUM quedó meramente suspendido a la espera de una investigación sobre su posible actividad delictiva y no fue disuelto oficialmente hasta después del juicio de octubre de 1938[959]. Los servicios de seguridad rusos hicieron de la eliminación de Nin un objetivo primordial. El jefe del NKVD en España, Aleksandr Orlov, orquestó un complejo plan para incriminar al líder poumista como agente de los nazis. Nin fue detenido y, puesto bajo la custodia de Orlov en Alcalá de Henares, fue asesinado por agentes del NKVD en esta localidad a finales de julio de 1937, tras preparar un montaje con el que se fingió que lo había liberado la Gestapo[960].

Aunque Azaña reconocía que Prieto era, desde luego, la persona indicada para dirigir el esfuerzo de guerra, le preocupaba que su volubilidad hiciera de él un mal candidato a presidir el Gobierno, por lo que prefirió dar el puesto a Negrín: «joven aún, es inteligente, cultivado, conoce y comprende los problemas, sabe ordenar y relacionar las cuestiones[961]». La magnitud de la tarea a la que se enfrentaba Negrín pronto resultó evidente. Apenas dos semanas después, Bilbao cayó y este tuvo que lidiar con la reacción de un Prieto, que, inconsolable, afirmaba: «He medido tan severamente lo que juzgo mi responsabilidad que, aparte de haber enviado al jefe del Gobierno una carta con mi dimisión, pensé en el suicidio[962]». Negrín logró convencerlo de que permaneciera al frente del Ministerio de Defensa Nacional. Ante la ventaja cada vez mayor de Franco, Negrín confió en un brillante estratega, el coronel Vicente Rojo, que intentó frenar el inexorable avance de los rebeldes con una serie de ofensivas de distracción. En Brunete, en una zona de estepa árida situada al oeste de Madrid, el 6 de julio, 50.000 soldados atravesaron las líneas enemigas, pero Franco contaba con suficientes refuerzos para tapar la brecha y con una considerable superioridad aérea. Durante diez días, en uno de los choques más sangrientos de la guerra, los republicanos se enfrentaron a ataques aéreos y de artillería. Con un coste humano y material enorme, la ofensiva de Brunete solo retrasó ligeramente la caída definitiva del norte en manos de Franco. En una batalla en la que participaron 90.000 hombres, casi 40.000 resultaron muertos o heridos. La localidad de Brunete fue arrasada por completo[963]. Como en batallas posteriores, Franco pudo traer refuerzos con una flota de camiones, suministrados por la Ford Motor Company a crédito. El presidente pronazi de la compañía petrolera Texaco, Thorkild Rieber, proporcionó combustible a los rebeldes también a crédito. De cubrir todos los riesgos se encargaba March, que también compraba para los rebeldes combustible de otros proveedores[964].

La llegada de Negrín a la presidencia del Gobierno atajó en parte, aunque no del todo, el caos, la ineficiencia y la corrupción características de la etapa de Largo Caballero. El gabinete de Negrín contaba con nueve ministros frente a los dieciocho de Largo. José Giral, al hacerse cargo del Ministerio de Estado, descubrió que casi no había archivos. Se horrorizó al darse cuenta de que se habían expedido seiscientos pasaportes diplomáticos en los primeros cinco meses de 1937 y que la valija diplomática se utilizaba para asuntos personales, incluido el contrabando. Aún más alarmante fue su descubrimiento de los enormes beneficios que obtenían las embajadas extranjeras a cambio de certificados de nacionalización, pasaportes y asilo para los franquistas. Negrín le comentó a Azaña que persistían los hábitos corruptos asociados con el Partido Radical al señalar que Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, usaba su influencia para conseguir lucrativos cargos públicos para sus compañeros de Unión Republicana. Azaña no se sorprendió, porque todos los grupos políticos, incluida la CNT-FAI, hacían lo mismo[965].

Azaña creía que las fuerzas armadas republicanas estaban tan plagadas de quintacolumnistas que el Estado Mayor franquista solía conocer de antemano los planes de Rojo[966], pero no siempre era así. En agosto de 1937, el coronel hizo un audaz movimiento de tenaza contra Zaragoza. En la pequeña ciudad de Belchite, como en Brunete, los republicanos obtuvieron una ventaja inicial, pero no contaron con la fuerza necesaria para asestar el golpe definitivo. A continuación, el ejército rebelde, generosamente equipado con tropas y material italianos, tomó Santander el 26 de agosto, donde capturó 45.000 prisioneros[967], y barrió por completo Asturias durante los meses de septiembre y octubre. La industria del norte estaba ahora al servicio de los rebeldes, lo que les proporcionaba una ventaja decisiva que añadir a su ya considerable superioridad en hombres, tanques y aviones. Prieto volvió a presentar la dimisión, pero Negrín se la rechazó. El hecho de que la balanza militar se inclinara cada vez más hacia el bando franquista puede deducirse del traslado del Gobierno republicano de Valencia a Barcelona a principios de noviembre de 1937, un movimiento que se justificaba porque hacía más fácil la movilización de los recursos de Cataluña para el esfuerzo bélico, pero algo de derrotismo sí que había en esa partida del Ejecutivo hacia un lugar más próximo a la frontera francesa ante la inminente ofensiva de los rebeldes contra Valencia[968].

En diciembre de 1937, Rojo lanzó un ataque preventivo contra Teruel, con la esperanza de desviar el último ataque de Franco a Madrid. En medio de un frío glacial, de entrada, su plan funcionó. Gracias al factor sorpresa, los rebeldes, desprevenidos, no pudieron contar con sus aviones, que permanecían en tierra debido a las circunstancias meteorológicas. Por primera vez, las fuerzas republicanas capturaban una capital de provincia enemiga, Teruel, que cayó el 8 de enero. Desde el punto de vista estratégico, lo más lógico habría sido que Franco abandonara Teruel y siguiera adelante con sus planes de aislar Madrid. La captura de la capital habría acelerado el final de la guerra a un coste inferior, ya que Rojo había puesto toda la carne en el asador para conquistar Teruel; sin embargo, Franco no podía permitir al enemigo un éxito de esta clase. En abril de 1937, le había dicho al embajador italiano que su objetivo era «la necesariamente lenta tarea de redención y pacificación», y eso significaba aplastar por completo al Ejército republicano, un proyecto que, junto con la represión en las zonas capturadas, pretendía sentar las bases de una dictadura duradera. Era una visión estratégica que horrorizaba a sus aliados del Eje y a muchos de sus propios generales[969]. Aunque a un coste enorme para sus propias fuerzas, Franco no podía resistir la tentación de destruir un gran número de las mejores unidades de la República. En consecuencia, el triunfo republicano duró poco y las fuerzas de Rojo fueron desalojadas después de seis semanas de fuertes ataques de artillería y bombardeos aéreos. Tras otra costosa defensa de un pequeño avance, los republicanos tuvieron que retirarse el 21 de febrero de 1938, cuando Teruel estaba a punto de ser cercada. Las bajas en ambos bandos fueron enormes. En su intento de mantener una conquista de escasa importancia estratégica, la República sufrió pérdidas humanas y materiales catastróficas[970].

Los republicanos estaban agotados, faltos de armas y municiones y desmoralizados después de Teruel. La serie de fracasos de las tres ofensivas de Rojo en Brunete, Belchite y Teruel demostró que la superioridad material pura y dura de las fuerzas franquistas siempre se impondría al coraje de las tropas leales a la República. En todos estos casos, los republicanos no lograron mantener su ventaja inicial. A principios de 1938, Franco tenía una superioridad numérica del 20 por ciento y una ventaja abrumadora en aviones, artillería y equipamiento en general[971]. El uso de dicha superioridad para recuperar Teruel convirtió la batalla por esta localidad en el punto de inflexión de la guerra. Franco tomó la iniciativa y lanzó una ofensiva en toda regla con el objetivo de atravesar todo Aragón y la provincia de Castellón para llegar al mar. Cien mil soldados, doscientos tanques y casi mil aviones alemanes e italianos iniciaron un rápido avance el 7 de marzo de 1938. A principios de abril, los rebeldes alcanzaron Lérida y luego prosiguieron su avance por el valle del Ebro, con lo que aislaron a Cataluña del resto de la República. El 15 de abril ya habían conquistado 6.400 kilómetros cuadrados de territorio y habían llegado al Mediterráneo. Las bajas en el bando franquista fueron de unos 350 muertos y 1.200 heridos. En el bando republicano, los muertos fueron casi 5.000, y más de 5.500 hombres cayeron prisioneros[972] La brutal represión infligida por las fuerzas franquistas al invadir primero Lérida y luego Tarragona reveló su salvaje anticatalanismo. Un Cambó consternado comentó en tono profético que eso envenenaría las futuras relaciones entre Cataluña y España[973]..

En paralelo a las derrotas militares de la República, en el frente interno se recrudeció la escasez de alimentos, agravada por el alud de refugiados[974] En la costa mediterránea los bombardeos cada vez más frecuentes e intensos minaban la moral de la población. Barcelona sufrió un brutal castigo aéreo en diciembre de 1937 y marzo de 1938. El objetivo de estos ataques eran zonas civiles repletas de refugiados[975].. Como las exiguas reservas de oro y divisas de la República se dedicaban a la compra de armas, las importaciones de alimentos eran escasas. Los rebeldes, en cambio, controlaban las zonas productoras de trigo y ganado de Andalucía occidental, Extremadura y Castilla. Durante la frenética retirada de Aragón a Cataluña de la primavera de 1938, las fuerzas armadas recogieron desesperadamente huevos, aves, frutas y verduras ante la pérdida de tierras agrícolas para la República. La limitación de las raciones a 150 gramos de arroz, judías o lentejas provocó que, a pesar de la ayuda de los cuáqueros, las muertes por desnutrición entre niños y ancianos se cuadruplicaran entre 1936 y 1938[976].

Tras su triunfo en Aragón, Franco, más interesado en la destrucción total de las fuerzas republicanas que en una victoria rápida, desdeñó la oportunidad de dirigirse hacia una Barcelona mal protegida[977] para lanzar en julio una gran ofensiva contra Valencia. La tenaz defensa republicana hizo que el avance franquista fuera lento y agotador, pero el 23 de julio de 1938, Valencia estaba ya directamente amenazada por las tropas rebeldes, que se hallaban a solo cuarenta kilómetros de la ciudad[978]. Vicente Rojo respondió con una espectacular ofensiva de distracción que llevó a las tropas de la República a atravesar el Ebro para intentar reconectar Cataluña con el resto del territorio republicano. El ejército del que disponía Rojo incluía soldados de reemplazo de 16 a 35 años de edad que habían recibido instrucción militar durante apenas cinco días, lo que repercutió negativamente en la economía y la sociedad catalanas: al cansancio de la guerra, debido al hambre y a la obligación de alojar y mantener a las tropas, se añadió la pérdida de mano de obra por culpa del reclutamiento obligatorio.

En la batalla más dura de la guerra, ochenta mil hombres cruzaron el río y atravesaron las líneas franquistas, a un altísimo coste para las Brigadas Internacionales. El 1 de agosto habían llegado a Gandesa. Pero la flota de camiones del ejército de Franco transportó refuerzos hacia el nuevo frente a toda prisa. La inmensa superioridad aérea y artillera de los rebeldes hizo que los republicanos sufrieran tres meses de feroces bombardeos en medio de un calor sofocante. A mediados de noviembre, a un precio espantoso en bajas, los franquistas habían expulsado a los republicanos del territorio conseguido en julio. Murieron aproximadamente 6.100 franquistas y 7.150 republicanos y unos 110.000 resultaron heridos, en proporciones similares entre ambos bandos. Además de las pérdidas humanas, el Ejército de la República sufrió pérdidas materiales preciosas[979].

Pero la mayor derrota para la República, más que en ningún campo de batalla, fue en Múnich. Parte de la lógica de la ofensiva del Ebro era seguir luchando hasta que las democracias occidentales se dieran cuenta del peligro que suponía el Eje. Negrín confiaba en que el estallido de una guerra general europea hiciera que Francia, Gran Bretaña y Rusia se alinearan con la República contra Alemania e Italia. Sus esperanzas se vieron frustradas cuando esta quedó prácticamente condenada a muerte por la reacción británica a la crisis de los Sudetes, en Checoslovaquia. Hacía tiempo que la política exterior británica había adoptado una orientación favorable a una victoria franquista. En lugar de arriesgarse a una guerra con Hitler, Chamberlain entregó Checoslovaquia a Alemania en los Acuerdos de Múnich del 29 de septiembre de 1938. Eso llevó a Stalin a replantearse su estrategia sobre España. La República se enfrentaba ahora a la derrota. La superioridad logística de Franco en cuanto a cobertura aérea, artillería y número de soldados era mayor que nunca. Confiado en que, después de Múnich, la República no encontraría la salvación en una guerra europea, Franco reclutó a más de treinta mil soldados de refresco y otorgó importantes concesiones mineras al Tercer Reich a cambio de cuantiosos suministros de material[980]. La batalla del Ebro fue un desastre estratégico para la República, ya que consumió cantidades ingentes de material y allanó a los rebeldes el camino para conquistar Cataluña. Barcelona cayó el 26 de enero de 1939 y 450.000 republicanos se exiliaron[981].

Alrededor del 30 por ciento del territorio del centro y sureste de España seguía en manos de la República. Negrín todavía alimentaba la esperanza de resistir hasta que estallara una guerra en Europa. Sin embargo, en Madrid, el 5 de marzo de 1939, el comandante del Ejército Republicano del Centro, el coronel Segismundo Casado, se rebeló contra el Gobierno. En sus memorias, llenas de falsedades, afirmó que lo hacía para poner fin a una carnicería sin sentido, pero, como han revelado sus estrechos vínculos con la quinta columna franquista, su principal objetivo era asegurar su propio futuro. Se aprovechó del rencor de los partidarios de Largo Caballero y de los anarquistas contra Negrín y los comunistas. También convenció a muchos oficiales del Ejército de que podía asegurar sus pensiones en el futuro Estado franquista. Su acción recibió un amplio apoyo porque se aprovechó del hambre y la desmoralización generalizadas. El golpe consiguió un barniz de legitimidad gracias a la participación en el mismo del distinguido catedrático socialista de derecho Julián Besteiro. Este, en contacto con la quinta columna, creyó ingenuamente que la represión de la posguerra sería mínima. El putsch de Casado desencadenó una guerra civil de seis días dentro de la zona republicana y convirtió en inútiles el derramamiento de sangre y los sacrificios de los tres años anteriores. Negrín se vio obligado a exiliarse y Casado derrotó a las fuerzas procomunistas. Sus promesas de benevolencia de los franquistas quedaron en nada y su Consejo Nacional de Defensa no logró organizar la evacuación de las decenas de miles de personas amenazadas por los rebeldes, lo que provocó un desastre humanitario de enormes proporciones[982].

El 27 de marzo, las fuerzas franquistas entraron en Madrid en medio de un silencio espeluznante. Su victoria fue institucionalizada en la dictadura franquista. La represión a los derrotados aglutinó a sus partidarios en lo que se dio en llamar «el pacto de sangre», uniéndolos en el miedo a las represalias en caso de que los republicanos regresaran.

Pero para muchos españoles, la guerra no había terminado. Hasta principios de los años cincuenta, las fuerzas armadas de Franco participaron en operaciones contra grupos armados que intentaban en vano revertir el resultado de la guerra. Es notable que existiera alguna oposición que no fuera puramente pasiva: la izquierda española había sido derrotada militarmente y sus cuadros más dinámicos y representativos, diezmados tras tres años de conflicto bélico. Medio millón de republicanos se exiliaron y los que no tuvieron la suerte de llegar a América Latina se vieron pronto engullidos por el torbellino de la Segunda Guerra Mundial. Los que se quedaron en España enseguida se dieron cuenta de que la política del franquismo hacia los derrotados sería tan brutal como las purgas del territorio capturado durante la guerra. A todo esto hay que añadir que las fuerzas antifranquistas se vieron lastradas por las divisiones internas. Los conflictos preexistentes en el seno de la izquierda republicana se multiplicaron con amargas recriminaciones mutuas sobre la responsabilidad de la derrota. La historia de la oposición antifranquista en los años cuarenta es la crónica de una continua y agotadora fragmentación.

La lucha armada contra la dictadura entre 1939 y 1944 la protagonizaron los «huidos» o «rezagados», republicanos que se echaron al monte en lugar de rendirse. La represión, el hambre, las familias destruidas por la muerte y el exilio y, sobre todo, el profundo cansancio que había provocado el esfuerzo titánico de los tres años anteriores llevaron a que no se produjera ningún alzamiento popular. Los huidos nunca constituyeron una amenaza para el régimen. Su objetivo principal era sobrevivir[983]. Las cosas cambiarían en 1944, cuando los exiliados que habían desempeñado un papel clave en la Resistencia francesa pusieron sus ojos en España ante la inminente derrota alemana.

Hasta entonces, la principal preocupación de Franco fueron sus rivales internos. El militar hizo gala de una habilidad magistral para manipular a las «familias», involucrándolas en la corrupción y fomentando la desconfianza mutua para ejercer de árbitro supremo. La capacidad de evaluar casi al instante las debilidades o el precio de la gente le permitió asegurarse su lealtad, con la promesa de un ministerio, una embajada, un ascenso militar, un cargo en una empresa del Estado, una condecoración, una licencia de importación o una simple caja de puros. Elegía a sus ministros no tanto por su competencia potencial como en función de sus movimientos en el tablero de ajedrez político. Francesc Cambó constató que la base del éxito de Franco era «su agilísima mano izquierda. Juega con los hombres —sobre todo con los generales…— con habilidad consumada[984]».

Franco, objeto de sistemática adulación, se veía a sí mismo como el heredero imperial de Carlos V y Felipe II, como el aliado natural de Hitler y Mussolini, capaz de construir un nuevo imperio colonial en el norte de África. Se arrogó el poder absoluto mediante la Ley de la Jefatura del Estado de 8 de agosto de 1939, que le otorgaba «la suprema potestad de dictar normas de carácter general» y promulgar decretos y leyes «aunque no vayan precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando razones de urgencia así lo aconsejen[985]». Era un poder del que solo habían disfrutado los monarcas de la España medieval. Su percepción de sí mismo como heredero de los grandes reyes guerreros de un glorioso pasado imperial se consagró en las ceremonias y coreografías de su régimen. Sin embargo, incluso antes de que terminara la guerra, el 9 de febrero se aprobó una ley (que no se publicó en el Boletín Oficial del Estado, como debería haberse hecho a efectos legales) que creaba un «fondo de retorno». Este, aparentemente, debía servir para estimular las exportaciones y, en la práctica, conceder al ministro de Industria y Comercio la facultad de repartir «bonificaciones, compensaciones o retornos» para contrarrestar el impacto negativo en las exportaciones de una serie de factores misteriosos, atribuidos a la destrucción causada por el enemigo, aunque eran, en realidad, consecuencia de la inflación interna y de la enorme sobrevaloración de la peseta. Dado que todas las operaciones de importación y exportación estaban sujetas a autorización ministerial, las oportunidades de lucro para los que concedían dichos permisos eran enormes[986].

El pilar central del régimen hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial fue la represión. Más de un millón de personas pasó tiempo en la cárcel o en campos de trabajo, y hubo decenas de miles de ejecuciones. Como pusieron de manifiesto la deliberada lentitud del esfuerzo de guerra de Franco y el mismo general en varias entrevistas, estaba invirtiendo en terror. Terminadas las hostilidades en el campo de batalla, la guerra contra la República continuaría en los tribunales militares, en las cárceles y campos de concentración, en los batallones de trabajo y, con la ayuda de la Gestapo, en la persecución y posterior ejecución de exiliados ilustres como Lluís Companys o Julián Zugazagoitia. Las tareas inmediatas eran la clasificación y el castigo de los atrapados en los puertos de Levante y la purga de las provincias recién conquistadas. Cientos de miles de prisioneros fueron confinados en campos en condiciones antihigiénicas de hacinamiento y en prisiones improvisadas donde un número incalculable de ellos murieron de desnutrición, enfermedades, torturas y palizas. Las mujeres encarceladas también sufrieron horrendos abusos sexuales y el robo de sus hijos. La institucionalización a largo plazo de la victoria de Franco exigió el perfeccionamiento de la maquinaria de terror del Estado para proteger y supervisar la inversión original. Por este motivo, el estado de guerra declarado en julio de 1936 no fue revocado hasta el año 1948[987].

Dado que cientos de miles de trabajadores se hallaban en el exilio o en prisiones o campos de concentración, España se enfrentaba a una importante escasez de mano de obra. La respuesta del régimen fue la despiadada explotación de los prisioneros, una medida justificada por la retórica seudorreligiosa del régimen de la necesidad de que los derrotados obtuvieran la redención mediante el sacrificio. El mecanismo de redención de las penas por el trabajo facilitó una acumulación de capital que explica el auge económico de los años sesenta. Los prisioneros se alquilaban a empresas privadas. El empleo de mano de obra forzada —en la práctica, esclava— de columnas de presos en la minería, en el tendido del ferrocarril y en la reconstrucción de las llamadas «regiones devastadas» permitió a los gigantes de la construcción —empresas como Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agroman o Dragados y Construcciones—; empresas ferroviarias —Norte, MZA o Renfe—; mineras —Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minera Industrial Pirenaica o Minas de Sillada—, y metalúrgicas y de la construcción naval —Babcock & Wilcox, Astilleros de Cádiz o La Maquinista Terrestre y Marítima— amasar fortunas inmensas. Muchos represaliados murieron trabajando en condiciones extraordinariamente peligrosas en minas de carbón y mercurio[988].

Un sistema de regadío colosal, el Canal de Riegos del Bajo Guadalquivir, fue construido por presos que malvivían en condiciones espantosas. El regadío incrementó exponencialmente la productividad de los latifundios de la región y los beneficios de los terratenientes, que hasta entonces no habían hecho prácticamente nada para resolver el problema de la sequía constante[989]. La destrucción de los sindicatos permitió que los salarios de los trabajadores fueran de pura miseria, lo que a su vez facilitó que la banca, la industria y las clases terratenientes registraran aumentos de beneficios espectaculares. Un ejemplo extremo de la explotación corrupta de los presos republicanos fue el capricho personal de Franco: la gigantesca basílica y la imponente cruz del mausoleo del Valle de los Caídos, un monumento a su victoria que revela su concepto megalómano de su lugar en la historia. En su construcción se emplearon veinte mil prisioneros con un salario ínfimo. Muchos murieron de desnutrición y otros fallecieron o resultaron gravemente heridos en accidentes[990].

El sistema judicial represivo se basaba en la maquinaria administrativa y en el marco seudolegal desarrollados a lo largo de la guerra. La aberrante premisa de los juicios posteriores al alzamiento sería calificado por Ramón Serrano Suñer de «justicia al revés[991]». A los que se habían opuesto al golpe, se les consideraba culpables de rebelión militar, por lo que debían ser sometidos a consejo de guerra y a la pena de muerte. Pero la pirueta jurídica fue aún más allá al considerar todas las actividades de izquierda o sindicales desde principios de octubre de 1934 englobadas en el delito de «adhesión a la rebelión militar», ya que habían contribuido al supuesto desorden que hizo necesario el alzamiento de los militares[992]. Esta ficción fue la base de los miles de consejos de guerra sumarios que tuvieron lugar después de la contienda. A los acusados se les solía negar la posibilidad de defenderse. Los militares elegían al juez, al fiscal y al abogado defensor, que era siempre un oficial subalterno del juez y del fiscal. Se juzgaba en bloque a presos que no se conocían entre sí, acusados de delitos muy diferentes. La fiscalía solía limitarse a la lectura del acta de acusación, sin aportar pruebas. A los acusados no se les permitía llamar a testigos ni presentar prueba alguna. En los consejos sumarísimos, el acta de acusación ni siquiera se leía en voz alta. En ningún caso cabía apelar[993].

La represión no se limitó al terror. La dictadura franquista era también un régimen de pillaje. Cientos de miles de personas perdieron su medio de vida cuando los empleos públicos se convirtieron en monopolio de los partidarios del régimen, a menudo no cualificados. Se produjo una incautación en masa de propiedades mediante la aberración jurídica de la Ley de Responsabilidades Políticas, anunciada en Burgos el 9 de febrero de 1939, que garantizaba el castigo de cualquier republicano que se hubiera opuesto a la rebelión militar o que hubiera cometido un «delito» de «pasividad grave» al no apoyarla. Las sanciones consistían en multas exorbitantes o la confiscación de bienes que iban desde empresas y casas hasta muebles, vajilla y cubiertos, pasando por cuentas bancarias y acciones. La ley era un mecanismo de extorsión sistemática que no solo castigaba a los vencidos, sino que les hacía pagar el coste de la guerra que les habían infligido. Se aplicó de forma retroactiva y se tipificaron como delito actividades que eran perfectamente legales en su momento, desde la pertenencia a un partido político hasta el ejercicio de algún cargo gubernamental. Las multas impuestas a los republicanos muertos o exiliados se cobraban mediante la confiscación del patrimonio de sus familias[994].

La persecución sistemática continuó en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana hasta bien entrados los años cincuenta. Los republicanos vivían en la miseria absoluta: sus familias se habían quedado sin apenas hombres, sus mujeres a menudo se veían obligadas a prostituirse y los trabajadores, a aceptar salarios de hambre y un sistema de racionamiento que intensificaba la división social. El impacto sobre los derrotados debe verse en el contexto de las consecuencias económicas de la contienda. La destrucción de la infraestructura y el número de víctimas de la guerra y el exilio constituyen un coste incalculable. Castigados por las sequías y las malas cosechas, los años de la Segunda Guerra Mundial en España se caracterizaron no solo por un hambre intensa, sobre todo entre los represaliados, sino también por una corrupción generalizada. Las privaciones sociales y económicas eran un mecanismo adicional de humillación hacia los vencidos[995].

La producción agrícola cayó a los niveles anteriores a 1914 como consecuencia de la pérdida de maquinaria y tracción animal, las condiciones meteorológicas hostiles y también el desmembramiento del mercado laboral. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, se exportaron productos agrícolas que se necesitaban con urgencia para pagar la deuda de Franco con Hitler. Franco, que se consideraba un economista genial, adoptó precipitadamente políticas de autarquía al estilo fascista, sin tener en cuenta que España no poseía la base tecnológica e industrial necesaria[996]. Su primer Gobierno en tiempo de paz se formó el 9 de agosto de 1939. A un amigo de toda la vida del dictador, el ministro de Industria y Comercio Juan Antonio Suanzes, lo sustituyó el aún más incompetente Luis Alarcón de la Lastra, un aristócrata latifundista que había sido comandante de artillería durante la Guerra Civil. El nuevo responsable de Hacienda, José Larraz, un ministro bastante competente, contempló alarmado como unos días antes de que Alarcón tomara posesión del cargo, se dedicaba a estudiar a toda prisa nociones de economía básica. En un contexto de ineptitud general, Alarcón resultó ser uno de los ministros más incompetentes y solo duró catorce meses. No fue ajeno a su ineficiencia el hecho de que obedeciera a Franco en todo[997].

Cuando el Caudillo explicó a Larraz su compromiso con la autarquía y su convicción de que España pronto sería una gran potencia militar, el nuevo ministro se quedó atónito. Franco le contó con todo lujo de detalles que se negaba a solicitar créditos en el extranjero y que, para pagar la modernización general de los ejércitos de tierra, mar y aire, bastaba con imprimir dinero. Larraz se horrorizó ante la combinación de ignorancia y prejuicios del Caudillo, y se alarmó aún más por unos consejos de ministros inútiles en los que Franco exponía sus planes y la única deliberación era sobre asuntos como el precio de las alpargatas. Los intentos de Larraz de imponer una política económica austera y realista chocaban con las delirantes fantasías de Franco[998]. Por ejemplo, el 1 de septiembre de 1939, el dictador anunció la construcción de casi doscientos buques de guerra, incluidos cuatro acorazados, cincuenta y cuatro destructores y cincuenta submarinos. El Generalísimo solía comentarle a Larraz que imprimir dinero para destinarlo a obras públicas no causaba inflación. Entre otros proyectos de Franco nunca realizados, que Larraz compararía con las ocurrencias de Julio Verne, figuran un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, un canal desde el golfo de Vizcaya hasta el Mediterráneo y un proyecto de construcción de viviendas de gran envergadura[999]. Al atónito ministro, el hecho de que el Caudillo estuviera convencido de ser omnisciente en cuestiones económicas le parecía grotesco. Como se dio cuenta de que era inútil discutir con él, Larraz se dedicó a introducir una reforma básica del sistema tributario y a unificar los sistemas monetarios de las dos zonas de guerra, un proceso que provocó la desaparición de los ahorros de los republicanos vencidos al perder todo su valor los billetes de banco emitidos en la zona republicana durante la guerra y aplicar un descuento abusivo a las cuentas bancarias en las oficinas de territorio republicano. Larraz fue sustituido en mayo de 1941[1000].

En octubre de 1939, Franco anunció un plan decenal rudimentario para garantizar la prosperidad futura de España, basado en un optimismo sin fundamento sobre la capacidad del país para sustituir las importaciones, aumentar las exportaciones, depender de sus propias materias primas y hacerlo todo sin inversión extranjera, a pesar de la escasez de fuentes de energía. Por razones ideológicas y por consejo de Suanzes, con quien compartía su defectuosa comprensión de la economía, Franco dio la espalda al crecimiento económico que había proporcionado a España su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. El Caudillo creía que podía convertir al país en una gran potencia militar mediante una combinación de autarquía y grandes proyectos de obras públicas financiados simplemente imprimiendo dinero. Su desastrosa decisión de mantener la peseta a un tipo de cambio escandalosamente sobrevalorado debilitó las exportaciones, mientras que la falta de divisas limitó las importaciones y provocó una grave escasez[1001].

Estos errores atroces se vieron agravados por la fe conmovedora e ingenua de Franco en las ocurrencias milagrosas. A finales de los años treinta, le convencieron de que podía convertirse en una gran figura internacional gracias a las reservas ilimitadas de oro que le proporcionaría un alquimista, un misterioso hindú llamado Savarpoldi Hammaralt, que tal vez fuera agente británico. Para facilitar el trabajo de Hammaralt, Franco puso a su disposición los laboratorios científicos de la Universidad de Salamanca. Es posible que esto explique su audaz afirmación, en su mensaje de fin de año de 1939, de que España contaba con enormes reservas de oro, lo que no era en absoluto cierto[1002]. Igual de asombroso fue que creyera en la existencia de una gasolina sintética ficticia que le ofreció un ratero y estafador austriaco llamado Albert von Filek. Franco estaba seguro de que la ilimitada admiración que Von Filek le profesaba era el motivo por el que el austriaco había rechazado espectaculares ofertas internacionales por su invento, para brindárselo al Caudillo. Entre los entusiastas de la idea se encontraban Alarcón de la Lastra, la esposa de Franco, Carmen Polo, y su cuñado, Felipe. Se dice que la familia del dictador esperaba obtener importantes beneficios del proyecto. Finalmente, después de que el Gobierno invirtiera sumas considerables en él, cuando Larraz y el empresario falangista Demetrio Carceller expresaron sus dudas, se llevaron a cabo las indagaciones pertinentes, se descubrió el engaño y Filek acabó en la cárcel[1003].

Las consecuencias de la autarquía para la mayoría de la población se vieron agravadas por la incapacidad del Estado para redistribuir la riqueza o incluso paliar el fraude fiscal sistemático[1004]. El principal instrumento de autarquía era el Instituto Nacional de Industria, bajo la dirección de Suanzes, quien comunicó a Franco el 25 de septiembre de 1941 que podía industrializar fácilmente España e informó a los representantes de la industria alemana de que su intención era «eliminar la influencia del capital británico». Sus políticas intervencionistas, en particular en materia de control de las importaciones, tuvieron efectos desastrosos[1005].

La escasez hizo necesario el racionamiento, lo que provocó la aparición del mercado negro y de una corrupción de dimensiones espectaculares. El sufrimiento del pueblo español durante los años de hambre de la década de los cuarenta, en gran parte como consecuencia de los delirios económicos de Franco, fue incalculable. Los vencidos vivían al borde de la inanición[1006]; en cambio, los que financiaron el esfuerzo de guerra franquista se vieron generosamente recompensados. Los franquistas más destacados obtuvieron como premio contratos de suministro de bienes o servicios a los ministerios o contratas de obras públicas. Otros se beneficiaron de la concesión de cargos públicos, a menudo a personas sin formación e incompetentes que eran incapaces de reemplazar a sus predecesores muertos, exiliados, en la cárcel o muertos de hambre. La mayor corrupción institucionalizada fue el uso del aparato del Estado para el provecho particular. Sus principales beneficiarios fueron los que tenían contactos en los ministerios y los que directamente sobornaban a los ministros. Las personas que controlaban el acceso a Franco eran su hermano Nicolás, su hermana Pilar y su cuñado, Felipe Polo, que estaban dispuestos a ofrecer cartas de presentación a los ministros a cambio de dinero[1007].

Quienes tenían permisos de importación de productos escasos conseguían beneficios espectaculares, como, por supuesto, Juan March. Un ejemplo de ello es la empresa de calzado Segarra que, gracias al monopolio de los suministros a las fuerzas armadas, podía importar cuero que utilizaba en su producción de calzado para la población civil. Uno de los generales más austeros del régimen, Rafael Latorre Roja, comentó sobre Nicolás Franco: «Además de la magnífica breva de la Embajada de Lisboa, donde se divierte demasiado y paganamente, es presidente, vicepresidente o consejero de un sinfín de empresas creadas al arrimo y bajo la protección del régimen. ¡Qué de enormidades e inmoralidades pudieran contarse a este respecto! ¡Quién era Nicolás Franco en el campo industrial y financiero y cuál era su posición económica en 1936! Un ejemplo: una fábrica de cuyo Consejo de Administración era presidente en Valladolid marchaba de mal en peor y un buen día se decreta que los productos que importe del extranjero tengan cierta protección arancelaria[1008]».

La corrupción estaba en todas partes. Los servicios de espionaje de la Falange informaron a Franco de que el gobernador civil de Madrid, Miguel Primo de Rivera, usaba los fondos de una colecta en beneficio de la División Azul para sufragar su fastuoso tren de vida[1009]. Cuando el utópico poeta falangista Dionisio Ridruejo fue recibido por Franco después de regresar de la División Azul a finales de abril de 1942, repatriado debido a una enfermedad pulmonar, informó que, entre sus compañeros, había muchas críticas a la corrupción en España, a lo que Franco respondió sin inmutarse que, en otros tiempos, los vencedores eran recompensados con títulos nobiliarios y tierras, pero como eso era difícil en la actualidad, tenía contentos a sus seguidores haciendo la vista gorda ante la venalidad. El 7 de julio, Ridruejo escribió a Franco reiterando sus críticas y afirmando que los que dominaban el régimen eran mediocres ineptos, reaccionarios e hipócritas. Ridruejo renunció a todos sus cargos debido a lo que para él era «la burla trágica» que el régimen le estaba haciendo a España. La recompensa de Ridruejo por su franqueza fueron ocho meses de destierro en Ronda[1010].

De hecho, Franco hacía la vista gorda tanto en lo que se refiere a la corrupción de sus partidarios como en lo tocante al sufrimiento de los pobres como consecuencia de la autarquía. La desnutrición provocó el rebrote de enfermedades que se creía erradicadas desde hacía mucho tiempo. Tanto los diplomáticos británicos como los alemanes y el propio servicio de seguridad de Franco comentaban con horror el espectáculo de personas hambrientas escarbando entre los cubos de basura y los fétidos montones de desperdicios[1011]. El ministro de la Guerra, el general José Varela, recibió cartas de altos funcionarios quejándose de la escandalosa insuficiencia de las raciones para los soldados[1012]. Para los pobres, el mercado negro, el llamado «estraperlo», era una estrategia contraproducente de supervivencia. Aunque no se hubiera concebido deliberadamente como tal, el comercio ilegal era un instrumento más de la represión. Las autoridades locales corruptas hacían poco para frenar a los que más se beneficiaban de él, mientras que imponían castigos draconianos a quienes se dedicaban a trapicheos menores. Para los ricos, el estraperlo era una garantía de alimentación decente y lujos y, para muchos productores agrícolas, de enormes beneficios[1013].

El mercado negro facilitó la aparición de una clase completamente nueva de empresarios corruptos que, gracias a su proximidad al régimen, pudieron amasar fortunas. Uno de los más tristemente famosos fue Julio Muñoz Ramonet. Debido a los estrechos vínculos de su familia con el general Luis Orgaz, Muñoz Ramonet y su hermano recibieron cupos para la distribución de algodón. Su especulación con estos permisos los llevó a arruinar una veintena de empresas textiles que luego compraron a precios de saldo y relanzaron. Tenían funcionarios y jueces en nómina y construyeron un imperio empresarial que incluía el Hotel Ritz de Barcelona, así como cadenas de grandes almacenes y compañías de seguros en España y bancos en Suiza y la República Dominicana[1014].

Franco no se sentía magnánimo en absoluto con los republicanos vencidos y consideraba la represión una empresa a largo plazo. De hecho, su proyecto nacional era coherente con su identificación con el antisemitismo del Tercer Reich. En Madrid, el 19 de mayo de 1939, en sus espectaculares celebraciones de la victoria, proclamó la necesidad de permanecer alerta ante «el espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital con el marxismo» y que «no se extirpa en un día[1015]». Esto reflejaba las normas explícitamente racistas para la entrada en España promulgadas ocho días antes por el Ministerio de Asuntos Exteriores. A los españoles y a los extranjeros se les exigía la obtención de un visado que se denegaba a todo aquel que no hubiera apoyado la causa franquista. La negativa era automática para quienes «tuvieran marcado carácter judío; a los masones; a los judíos, excepto aquellos en que concurrían especiales circunstancias de amistad a España y adhesión probada al Movimiento Nacional», aunque a los cónsules a los que presentasen las solicitudes de visado no se les indicaba cómo identificar un «marcado carácter judío[1016]». En septiembre de 1939, Franco comparó las atrocidades contra el clero realizadas por «las hordas rojas» con la «crueldad sin límites de una raza maldita». En su alocución de Año Nuevo, dio gracias en términos virulentamente antisemitas por la expulsión de los judíos realizada por Isabel la Católica. El 29 de mayo de 1942, se comparó jactanciosamente con Isabel, a la que elogió por lograr la «unidad racial» y sentar las bases de «una política totalitaria y racista[1017]».

Franco estaba convencido de la existencia de una conspiración o contubernio judeomasónico-bolchevique. Creía que el judaísmo era aliado tanto del capitalismo estadounidense como del comunismo ruso[1018]. Aunque, de los tres, el mayor enemigo para él siempre fue la masonería, los medios de comunicación del régimen proyectaron un feroz antisemitismo. El establishment franquista estaba al tanto del trato que recibían los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Aunque no se conociera en todo su horror hasta 1944, el lenguaje utilizado —«inmundos e infectos», «en concepto de parásitos, no hay quien gane a los individuos de origen judío»— y la reiteración de expresiones como «la destrucción», «el final» o «la disolución» del judaísmo dejan pocas dudas sobre el antisemitismo del régimen[1019].

El 5 de mayo de 1941, en respuesta a la presunta peligrosidad de los judíos residentes en España, el director general de Seguridad, el pronazi José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, ordenó la creación de un archivo con sus nombres. Se envió la «Circular n.º 11» a todos los gobernadores civiles solicitando informes individuales sobre «los israelitas, nacionales y extranjeros avecindados en esa provincia», indicando sus opiniones políticas, sus ingresos, su peligro potencial y cualquier información sobre ellos que obrase en poder de la policía. El documento especificaba que debía prestarse especial atención a los judíos sefardíes nacidos en España, porque su asimilación de la cultura y las costumbres españolas les permitía «ocultar su origen» y facilitaba así sus «manejos perturbadores[1020]». De hecho, el 24 de junio de 1940, las autoridades franquistas españolas habían bloqueado el paso desde Francia de varios miles de refugiados judíos en posesión de visados portugueses. Además, se habían practicado detenciones de judíos desde finales de 1940. Es probable que el archivo se estuviera preparando para facilitar la deportación de judíos en caso de que España entrara en guerra del lado del Eje. Al parecer, cuando Mayalde llegó a Berlín como embajador en junio de 1941, le dio la lista a Himmler[1021]. Por otra parte, desde 1937 la policía franquista y la Gestapo colaboraban estrechamente[1022]. Durante la República, el padre Juan Tusquets había confeccionado obsesivamente listas de presuntos judíos y masones. A instancias del propio Franco, su cuartel general creó la Sección Judeo-masónica del Servicio de Información Militar[1023].

A pesar del demostrable antisemitismo del dictador y su administración, se construyó cuidadosamente un mito para afirmar que el régimen había salvado a muchos judíos del exterminio[1024]. El mito resulta aún menos creíble por el hecho de que la dictadura franquista proporcionó refugio a cientos de criminales de guerra nazis y a miles de miembros de la milicia francesa de Vichy. Mediante la concesión de la nacionalidad española, el franquismo pudo negar que les hubiera concedido asilo. Los españoles que habían estado al servicio de la Gestapo se incorporaron a los servicios de seguridad de Franco[1025]. El mismo Caudillo se dedicó sin ningún escrúpulo a reinventar el pasado. El 18 de agosto de 1947 le soltó esta absoluta mentira al periodista estadounidense Merwin K. Hart en San Sebastián: «Habiendo sido pedido que se acogiese unos millares de niños judíos, España ofreció instalaciones modelo para recibirlos, garantizándoles su libertad confesional con la dirección y presencia de aquellos doctores de su fe que quisieran acompañarles. Si intrigas internacionales lo evitaron, con perjuicio grave para tantos seres desdichados, la posición noble y tolerante de España no pudo ser más clara[1026]».

La preocupación de Franco por borrar el estigma del antisemitismo se puso de manifiesto en el otoño de 1949 con la publicación, en francés, inglés y español, de un largo panfleto, España y los judíos, en respuesta a las afirmaciones formuladas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por el embajador de Israel, Abba Eban, de que la dictadura de Franco había sido «un aliado activo y comprensivo del régimen» responsable del exterminio de los judíos y «había acogido favorablemente, aceptado, abrazado y defendido la causa de la supremacía nazi en Europa y en el mundo[1027]». El panfleto respondía con la afirmación de que Franco había salvado a miles de judíos de Francia, Marruecos, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Grecia, en contraste con la indiferencia de Gran Bretaña[1028]. Inmediatamente después del hundimiento del Tercer Reich, estos mitos fueron un elemento crucial en la operación montada en España para probar la perspicacia de inspiración divina del Caudillo y su consiguiente providencialidad. En el plano internacional, esa propaganda le ayudó a mantenerse en el poder, al proporcionar una excusa para que las potencias occidentales, deseosas de incorporar a Franco al frente anticomunista de la Guerra Fría, se olvidaran de sus innumerables actos hostiles de palabra y obra durante la guerra. La neutralidad española fue, en efecto, clave para el resultado final de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue el heroico logro de Franco, sino más bien la consecuencia de la diplomacia de los Aliados en materia alimentaria y de combustible[1029].

Las denuncias franquistas de la avaricia de los judíos coinciden con la acumulación, entre 1937 y 1940, de una fortuna personal de 34 millones de pesetas de la época (equivalentes a 388 millones de euros de 2010). El comienzo de lo que acabaría siendo una considerable cartera inmobiliaria se produjo en noviembre de 1937. José María del Palacio y Abárzuza, conde de las Almenas, en agradecimiento por «su grandiosa Reconquista de España», legó a Franco la finca del Canto del Pico, en la sierra de Guadarrama, cerca de Torrelodones, con una superficie de 820.000 metros cuadrados, donde se alzaba una mansión llamada la Casa del Viento que contenía numerosas obras de arte de gran valor. El conde de las Almenas murió en 1940. La finca fue vendida por la familia Franco en 1988 por 320 millones de pesetas[1030].

Mientras ese regalo aguardaba a la muerte del conde, el 5 de diciembre de 1938 Franco hizo una pausa en la dirección de la guerra para visitar su provincia natal de La Coruña y tomar posesión de un «regalo» que era el resultado de una mezcla de corrupción y adulación servil. Julio Muñoz Aguilar, gobernador civil de la provincia, y Pedro Barrié de la Maza, empresario local, habían organizado una suscripción «popular», en teoría para que la gente de la provincia pudiera expresar a Franco su gratitud por haberlos salvado. Los beneficios se destinaron a la compra y amplia renovación de una espléndida casa solariega, el Pazo de Meirás, que había pertenecido a la novelista gallega Emilia Pardo Bazán. La casa estaba en un terreno de 110.000 metros cuadrados. Supervisó las reformas Carmen Polo, quien, durante el proceso, recibió numerosos obsequios. Algunas de las aportaciones a la suscripción fueron voluntarias, aunque muchas de las donaciones se consiguieron mediante la coacción y, en el caso de los empleados públicos, el importe de sus «donativos» se les dedujo directamente del salario. Otros contribuyeron por miedo a que los acusaran de desleales. Muñoz Aguilar fue recompensado con los lucrativos cargos de jefe de la Casa Civil del Generalísimo y administrador del Patrimonio Nacional de los bienes y tesoros artísticos de la familia real. Barrié de la Maza más tarde recibiría de Franco un título nobiliario. En mayo de 1939, el propagandista de Franco Víctor Ruiz Albéniz, El Tebib Arrumi, escribió un artículo alabando la austeridad del líder y afirmando que su única riqueza era su paga de militar de 1.500 pesetas al mes. El Pazo de Meirás, que recibía ayudas de la Diputación y del Estado, se convirtió en una explotación agrícola lucrativa y en residencia de verano de la familia Franco[1031], con la excusa de que se trataba de la residencia del jefe del Estado, aunque luego se demostró que, en 1941, Franco puso fraudulentamente la finca a su nombre[1032].

Una fuente importante de liquidez para Franco era su apropiación de suscripciones teóricamente organizadas para cubrir el coste del esfuerzo bélico de los rebeldes. Por lo general, la contribución a estas iniciativas era obligatoria. Los ingresos se mantenían normalmente en secreto, lo que facilitaba la transferencia de fondos a una de las cuentas bancarias de Franco bajo el nombre de «Suscripción Nacional a Disposición del General Don Francisco Franco Bahamonde». Este nombre de cuenta se cambió posteriormente por el de «Donativos a disposición del Jefe del Estado». Después de la Guerra Civil, con parte de este dinero, Franco compró una gran finca conocida como Valdefuentes, cerca de Móstoles, en las afueras de Madrid, de diez millones de metros cuadrados, por importe de dos millones y medio de pesetas. En 1953, Franco ya llevaba invertidos casi ocho millones de pesetas en reformas, maquinaria y edificios, lo que hizo que la finca le proporcionara pingües beneficios. La familia Franco vendió mucho más tarde un tercio de la propiedad por diez millones de euros.

Estas fincas son la punta de un iceberg colosal. Hubo regalos de muchos tipos, desde medallones de oro hasta automóviles de lujo, incluyendo dos Hispano Suizas, un Chrysler, un Mercedes, un Cadillac, un Packard y un Lincoln. Franco recibió de Hitler un vehículo de tracción a las cuatro ruedas Daimler-Benz valorado, a precios de 2015, en casi cuatrocientos mil euros[1033]. En 1940, la Compañía Telefónica Nacional de España comenzó a realizar pagos mensuales de diez mil pesetas al Generalísimo, equivalentes a cien mil euros de 2010. Franco también obtuvo más de siete millones y medio de pesetas de la venta de café en el mercado negro, en su mayor parte, gracias a las seiscientas toneladas de café que había donado al pueblo español el dictador brasileño Getúlio Vargas y que Franco vendió a la Comisaría de Abastecimientos del Ministerio de Industria. El monto en términos modernos es difícil de calcular, pero no sería inferior a cuatrocientos millones de euros. Las diversas propiedades continuaron revalorizándose y generando ingresos considerables después de 1945. Del mismo modo, el efectivo acumulado del dictador se invirtió en acciones y participaciones. La fortuna que dejó al morir ascendía al equivalente de más de mil millones de euros de 2010[1034].

Franco no fue el único general que se enriqueció espectacularmente durante la Guerra Civil. En Sevilla, el reinado de terror de Queipo de Llano estuvo acompañado de un empobrecimiento sistemático de la población de Andalucía occidental. Queipo creó lo que Rúben Serém ha llamado el «Estado cleptocrático», «el equivalente económico de la política militar de tierra quemada adoptada por el ejército de África», en el que Sevilla sirvió de campo de pruebas para el resto de la España rebelde[1035]. Las donaciones de oro y plata por parte de los más acomodados solían ser voluntarias, pero mediante la intimidación pura y dura incluso las asociaciones locales de trabajadores acababan aportando fondos. También se inventaron numerosos mecanismos más formales para facilitar el saqueo económico. La aportación obligatoria de fondos, que en la práctica era pura extorsión organizada, tenía el doble objetivo de financiar el esfuerzo bélico y castigar a los republicanos. Se promovieron suscripciones por varias causas: en teoría, para comprar aviones, para apoyar al Ejército, para comprar el crucero España. Sin atisbo de ironía, Queipo elogió el espíritu patriótico de los obreros que entregaban sus salarios para las suscripciones. Claro que la negativa a contribuir se consideraba subversión, punible con multas para los ricos y cárcel o ejecución para los pobres[1036].

Queipo fue uno de los mayores beneficiarios del sistema. En agosto de 1937, se lanzó una suscripción, aparentemente por iniciativa privada, para rendirle homenaje en forma de donativos. En sus alocuciones, declaraba constantemente que no tenía necesidad de homenajes. Sin embargo, el 16 de agosto, al hablar de «la suscripción del homenaje hecho a mi persona», se le escapó la coletilla «según feliz iniciativa que yo tuve». En cuatro meses, las aportaciones —incluidas las de los pobres— alcanzaron la asombrosa cifra de dos millones de pesetas. Esto le permitió la compra de un magnífico cortijo llamado Gambogaz, en Camas, a las afueras de Triana. Para enmascarar su ganancia personal, utilizó el dinero restante para comprar tierras para los mutilados de guerra y los pobres. También afirmó, en su alocución del 24 de diciembre de 1937, que Gambogaz serviría «para aplicarlo a fines sociales, de auxilio y remedio al obrero campesino. Servirá ese cortijo como base para establecer la Reforma Agraria». De hecho, era su finca de recreo particular, donde, sobre todo a partir de su jubilación, se dedicó a la cría de caballos y ganado[1037].

El enriquecimiento de Franco y sus partidarios estaba asegurado. Sus esperanzas de conseguir algún beneficio para el conjunto de la nación estaban en manos del Eje. De hecho, incluso antes del estallido de la guerra mundial, en agosto de 1939, Franco, por iniciativa propia, había hecho preparativos para atacar Gibraltar. Al cabo de un año, negoció con Portugal tener vía libre para la operación y se jactó ante Hitler de sus preparativos en una carta del 22 de septiembre de 1940[1038]. Apenas dos meses después de la invasión alemana de Polonia, propuso al jefe del Estado Mayor y a los tres ministros del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea un ambicioso plan de rearme, la movilización de dos millones de hombres y preparativos para el cierre del estrecho de Gibraltar con el objetivo de hundir el comercio marítimo de los dos países considerados como principales enemigos de España: Gran Bretaña y Francia[1039]. Franco estuvo a punto de llevar a España a la guerra del lado del Eje en el verano de 1940 y en varias ocasiones posteriores. Aunque el momento más factible había pasado a finales de ese mismo año, el Caudillo sintió la «tentación del Eje» con especial intensidad después de que los alemanes invadieran la Unión Soviética en el verano de 1941. Sin embargo, en última instancia, sus ambiciones en política exterior se vieron frenadas por dos consideraciones primordiales: su propia supervivencia interna y la limitada capacidad económica y militar de España para la guerra. El aparato de propaganda del franquismo convirtió la incapacidad de su líder para participar en lo que deseaba fervientemente que fuera una victoria del Eje en el mito de que, a fuerza de «hábil prudencia», Franco había engañado a Hitler y se había atrevido a mantener a España al margen de la Segunda Guerra Mundial[1040].

Era inevitable que, en 1940, la importancia estratégica de la Península convirtiera a Franco en objeto de cortejo por ambas partes: los alemanes, para atraerlo a la guerra y los británicos, para mantenerlo al margen. Estos últimos utilizaron el palo y la zanahoria que les proporcionaba la supremacía naval, que les permitía controlar los suministros de alimentos y combustible a España. Por su parte, los alemanes dieron por sentado que Franco haría lo que ellos quisieran sin tener que ofrecerle nada especial a cambio. Esta actitud se debía en gran medida al entusiasmo del Generalísimo, expresado con frecuencia y exhaustivamente, por la causa del Eje y una de sus consecuencias fue que los alemanes reclamasen, sin pararse en consideraciones, que Franco les pagara la deuda que había contraído con Alemania durante la Guerra Civil mediante exportaciones de alimentos y minerales españoles al Reich. En 1941, por ejemplo, la producción española de aceite de oliva se envió en su totalidad a Alemania[1041]. El régimen franquista también facilitó el contrabando de narcóticos procedentes de Argentina a la Alemania nazi. Así, se ha señalado que, en 1940, durante las negociaciones de un acuerdo comercial con Argentina, cursaron orden de detención contra el jefe de la delegación española, Eduardo Aunós, por exportar ilegalmente cinco kilos de cocaína[1042].

En los últimos días de la guerra, Franco todavía alimentaba la secreta esperanza de que las milagrosas armas de Hitler dieran la vuelta a la situación a favor del Tercer Reich, y creía que los científicos nazis habían logrado dominar la energía de los rayos cósmicos[1043]. Cuando Berlín cayó, la prensa férreamente controlada por el régimen publicó escritos rindiendo homenaje a la presencia inspiradora de Hitler en la defensa de la ciudad e Informaciones declaró que el Führer había preferido sacrificarse por Europa en lugar de recurrir a sus armas secretas. La victoria aliada se presentó como el triunfo del materialismo sobre el heroísmo. Franco no rompió relaciones diplomáticas con el Tercer Reich hasta el 8 de mayo, el día de la capitulación de Alemania. Solo entonces se retiraron las esvásticas del edificio de la embajada alemana[1044].

El servicio que Franco había prestado presuntamente a España y a los Aliados al detener heroicamente a las hordas nazis sería un tema central de la propaganda franquista hasta la muerte del dictador. Pero el mito tenía poco que ver con la realidad. El 10 de junio de 1940, confiando en una rápida victoria alemana, Franco envió a Berlín a su jefe de Estado Mayor, el general Juan Vigón, con una efusiva carta de felicitación al Führer[1045]. De hecho, Hitler mantuvo las distancias con España[1046], ya que esperaba que Gran Bretaña se rindiera de forma inminente y, por lo tanto, no tenía intención de pagar un alto precio por servicios de los que creía que no tenía necesidad. Franco sabía que una España económicamente postrada no podía sostener un esfuerzo bélico prolongado, pero, si Francia y Gran Bretaña resultaban aniquiladas por un nuevo orden mundial alemán, esperaba entrar en la guerra a último momento para obtener plaza en el reparto del botín.

Franco repitió su oferta de entrada en la guerra en el otoño de 1940. Hitler, que solo necesitaba pasar por España para atacar Gibraltar, no estaba dispuesto a pagar el coste exorbitante de convertir a España en un aliado eficaz mediante la reconstrucción de su economía y sus fuerzas armadas. Tampoco podía satisfacer las pretensiones de Franco, que aspiraba a obtener un trozo considerable del imperio francés, sin perjudicar las relaciones de Alemania con la Francia de Vichy e Italia. Pese a no ofrecer nada a Franco, Alemania disfrutó de la generosa benevolencia española. La prensa controlada por el régimen abrazó con entusiasmo la causa del Eje. El esfuerzo bélico alemán en el Atlántico se vio impulsado por el aprovisionamiento y repostaje de destructores y submarinos en los puertos españoles. Los aviones de reconocimiento alemanes volaban con distintivos españoles. Había centros de navegación aérea al servicio de la Luftwaffe en el noroeste, en Lugo, y en el suroeste, en Sevilla. La exportación de materias primas valiosas al Tercer Reich, aunque disminuyó en la primavera de 1944, continuaría hasta 1945. La flota mercante española se utilizó para transportar suministros a las fuerzas alemanas en el norte de África y la marina española escoltó convoyes alemanes en el Mediterráneo. A la inteligencia militar alemana se le permitió organizar operativos sustanciales en suelo español para actividades de espionaje y sabotaje contra Gibraltar[1047]. Del mismo modo, a los bombarderos italianos que realizaban ataques de largo alcance contra Gibraltar se les concedieron instalaciones de reabastecimiento de combustible en España para permitir su regreso a Italia[1048].

La inesperada tenacidad de la resistencia británica y la derrota de la Luftwaffe en la batalla de Inglaterra llevaron a Hitler a abandonar su plan de invasión, la Operación León Marino, para depositar sus esperanzas de victoria en la intensificación de la guerra submarina y la toma de dos centros neurálgicos del Imperio británico: Gibraltar y Suez. La necesidad de capturar Gibraltar hizo que la entrada de España en la guerra fuera en apariencia más atractiva[1049]. Sin embargo, el análisis de los costes y beneficios mitigó el entusiasmo de los alemanes por la participación de Franco en la contienda. La beligerancia española podía facilitar el control del Estrecho, pero también provocar posibles contraataques ingleses en Canarias, Tánger y las Baleares y una extensión de la zona de Gibraltar, así como el desembarco de tropas británicas en Portugal o Marruecos, y la sangría de recursos que supondría mantener el esfuerzo bélico de España conllevaría una merma intolerable de los suministros de alimentos y combustible del Eje. El alto mando alemán informó de que el Ejército español solo podía resistir unos pocos días de hostilidades[1050]. Responsables alemanes iniciaron el proceso de cuantificación de las necesidades civiles y militares esenciales españolas. Las cifras presentadas por Madrid solo para las necesidades civiles, en cuanto a combustible, trigo y una amplia gama de materias primas, eran colosales pero realistas, es decir, no eran un invento para asustar a los alemanes[1051]. En el invierno de 1940, la resistencia británica y el deterioro de la economía española hicieron a Franco cada vez más vulnerable a las presiones y tácticas de ablandamiento angloamericanas[1052].

La precariedad de la posición española fue puesta de manifiesto por Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, en Berlín a mediados de septiembre de 1940. Ribbentrop le informó que, a cambio de los suministros alemanes de material militar, España tenía que hacer frente al pago de sus deudas de la Guerra Civil con Alemania mediante la entrega de materias primas y le exigió que les transfiriesen la titularidad de explotaciones mineras francesas e inglesas en España y Marruecos y bases en territorio español. España se integraría en una economía europea dominada por los alemanes, con un papel subordinado, limitado a la agricultura, la producción de materias primas y las industrias «autóctonas de España». Las pretensiones coloniales españolas fueron rechazadas sin ambages por Ribbentrop, quien exigió la cesión de una de las islas Canarias para instalar en ella una base alemana, así como otras bases en el Marruecos español[1053]. Franco, pese a que Serrano Suñer le informara de que, en el nuevo orden de Hitler, España sería un mero satélite, no vaciló en su empeño de asegurar la participación hispánica en el reparto del botín. Lejos de mantener astutamente a raya a los alemanes, se mostró impaciente por convencerlos de que era un aliado en el que podían confiar[1054]. Las cartas que Franco envió a Serrano durante la estancia de este en Berlín revelan que el Caudillo no solo creía ciegamente en la victoria del Eje, sino que estaba totalmente decidido a participar en la guerra a su lado. Su tono era de adulación untuosa al Führer[1055]. El ardor bélico de Franco se vio frenado por la creciente oposición a la entrada en la guerra dentro de su propio alto mando, en respuesta a la tenaz resistencia británica. El Estado Mayor informó que la marina no tenía combustible, que las fuerzas aéreas no eran operativas ni disponían de unidades mecanizadas eficaces y que, después de la Guerra Civil, el hambre general significaba que la población no podía soportar más sacrificios. Además, se estaban gestando tensiones entre monárquicos y falangistas. Sin embargo, Franco estaba más convencido que los mismos alemanes de que el final de la guerra se acercaba[1056].

El 28 de septiembre, Hitler le dijo a Ciano en Berlín que la intervención española «costaría más de lo que vale». Hitler tenía que equilibrar las exigencias contradictorias entre sí de Franco, Pétain y Mussolini[1057]. Mientras tanto, el agravamiento de la escasez de víveres en España obligó a Franco a hacer propuestas a los británicos y estadounidenses. El 7 de octubre, envió un telegrama a Roosevelt diciendo que España se mantendría neutral si Estados Unidos enviaba trigo[1058]. Sin embargo, al cabo de una semana, el compromiso de Franco con el Tercer Reich se hizo patente con la destitución de sus dos ministros más aliadófilos. Beigbeder fue reemplazado en la cartera de Asuntos Exteriores por Serrano Suñer, mientras que el sustituto de Luis Alarcón de la Lastra —un hombre tan analfabeto económicamente como su maestro— al frente del Ministerio de Industria y Comercio fue el astuto Demetrio Carceller. La marcha de Alarcón se precipitó al denunciar Carceller la estafa de Filek[1059]. España reiteró sus promesas de incorporación al Eje, aunque sin plasmarlas en forma de compromiso vinculante, en el histórico encuentro entre Hitler y Franco que tuvo lugar en Hendaya el 23 de octubre de 1940. Hitler no acudió a la cita para exigir a Franco que fuera a la guerra de inmediato, sino que se trataba más bien de una misión exploratoria del Führer, preocupado por el hecho de que Mussolini estuviera a punto de involucrarse en una costosa guerra en los Balcanes atacando a Grecia. Hitler se entrevistó con Pierre Laval el 22 de octubre en Montoire-sur-le-Loir, cerca de Tours, camino de su cumbre con Franco, y luego con Pétain el 24 de octubre, de nuevo en Montoire, en el trayecto de vuelta. El Führer empezó a pensar que era preferible que los franceses defendieran sus colonias antes que satisfacer a Franco[1060] El alto mando alemán estaba convencido de que la economía española estaba al borde del colapso y que su situación interna era tan desastrosa que la hacía inviable como aliada[1061]..

La cumbre de los dos dictadores sería la viga maestra en la construcción del mito de un Franco que se atrevió a mantener la neutralidad de España al resistir las amenazas de Hitler. En palabras de sus hagiógrafos, «la habilidad de un hombre contuvo al que no consiguieron contener todos los ejércitos de Europa, incluido el francés[1062]». En realidad, el austriaco apenas insistió en que España participase en la guerra, y fue Franco quien anhelaba incorporarse a un futuro orden mundial dominado por el Eje. Fracasó porque Hitler creía que Vichy le ofrecía un trato más ventajoso. A este no le entusiasmó en absoluto la irritante lista de exigencias de Franco y sus bravatas de que España podía conquistar Gibraltar sin ayuda de nadie[1063]. Después de estar en compañía del Generalísimo durante casi nueve horas, Hitler le dijo a Mussolini: «Antes que volver a pasar por eso, prefiero que me arranquen tres o cuatro muelas[1064]». Serrano Suñer insinuaría años más tarde que las pretensiones africanas de Franco eran tales que, si Hitler le hubiera ofrecido el Marruecos francés, habría entrado en la guerra[1065]. La cumbre de Hendaya, por lo tanto, no fue decisiva. Se firmó un protocolo por el cual España se comprometía a unirse a la causa del Eje en una fecha que solo se decidiría una vez concluidos los preparativos militares, lo que en la práctica dejaba la decisión en manos de Franco. Serrano Suñer repitió tres veces al embajador estadounidense el 31 de octubre de 1940 que «no había habido ninguna presión, ni siquiera una insinuación por parte de Hitler o de Mussolini, de que España debía entrar en la guerra[1066]».

Alemania no se mostró hostil a España en ningún momento. La obsesión central de Hitler era la destrucción de la Unión Soviética. La Wehrmacht, que llevaba planeando la ofensiva a Rusia desde el verano de 1940, tenía poca capacidad disponible para atacar a España. Hitler, que ya contaba con una valiosa colaboración de Franco, no tenía necesidad de plantearse una acción como esa[1067]. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, España nunca estuvo más cerca de unirse al Eje que en 1940 y las simpatías del Caudillo hacia Alemania e Italia continuaron. Si Hitler hubiera pagado el precio que se le pedía, es casi seguro que Franco habría entrado en liza. Sin embargo, su propia supervivencia fue siempre la ambición suprema del general y las tensiones entre el Ejército y la Falange sobre la conveniencia de ir o no a la guerra hacían necesario mantener la cautela. El ejemplo más claro de la circunspección de Franco a causa de la coyuntura interna fue su no injerencia en los preparativos aliados para la invasión de los territorios franceses del norte de África en noviembre de 1942, la Operación Antorcha.

El dictador seguía manifestando su fervor hacia el Eje, pero la crisis económica en España se había agravado dramáticamente y había señales de que los triunfos de sus aliados se estaban ralentizando. Hitler, estupefacto por la victoria de la marina británica sobre los italianos en Tarento, mostró un mayor entusiasmo ante la idea de un ataque a Gibraltar[1068]. Sin embargo, como pronto averiguaron los responsables de planificación alemanes, Franco no había exagerado sobre la debilidad de la economía española. Los diferentes anchos de vía a ambos lados de la frontera francoespañola y el mal estado general de la vía férrea y de los trenes peninsulares eran inconvenientes públicos y notorios. Además, una cosecha desastrosa hizo que España necesitara aún más cereales de los que había pedido a los germanos. Debido al hambre que asolaba buena parte del país, Franco no tuvo más remedio que tratar de comprar alimentos a Estados Unidos y eso implicaba necesariamente posponer toda declaración de guerra. Lo máximo que el Caudillo podía hacer por Hitler era permitir que petroleros alemanes fondearan en bahías remotas de la costa norte para reabastecer de combustible a los destructores de la Kriegsmarine. La colosal escasez de alimentos en España obligó a Franco a reconocer que el país solo podría entrar en la guerra cuando Inglaterra estuviera a punto de hundirse[1069].

Pese a haber tenido que dar marcha atrás en el momento crucial, el 20 de enero de 1941 el Caudillo todavía declaró vehementemente al embajador alemán Eberhard von Stohrer que su fe en la victoria germana no había disminuido y que «no se trataba en absoluto de si España entraría en la guerra, ya que eso se había decidido en Hendaya, sino solo de cuándo[1070]». El 5 de febrero de 1941, Hitler escribió a Mussolini para pedirle que intentara convencer a Franco de que cambiara de opinión[1071]. Debido al deterioro diario de la situación económica en el Estado español, había pocas posibilidades de que eso ocurriera. Los cónsules alemanes informaron de que no se encontraba ni una miga de pan en parte del país y de que habían aparecido salteadores de caminos y bandidos. El director del Departamento de Política Económica de Berlín consideró que las peticiones posteriores de apoyo económico de España eran totalmente irrealizables[1072].

La cumbre de Franco con Mussolini tuvo lugar los días 12 y 13 de febrero en Bordighera[1073]. Poco antes, Franco se había enterado de la aniquilación del ejército del mariscal Graziani a manos de los británicos en Bengasi. La derrota italiana en Cirenaica en un enfrentamiento con tropas británicas muy inferiores en número y el bombardeo naval británico de Génova el 8 de febrero tuvieron un impacto significativo en la opinión de la cúpula franquista[1074]. En Bordighera, Franco se jactó ante Mussolini de que podía conquistar fácilmente Gibraltar, pero reconoció: «España quiere entrar en la guerra; lo que teme es entrar demasiado tarde». El Duce le preguntó a Franco si declararía la guerra si le daban suficientes provisiones y un compromiso vinculante sobre sus pretensiones coloniales. El Caudillo respondió que, aunque se entregaran todos los suministros solicitados, lo que era imposible, en vista de los demás compromisos de Hitler, la falta de preparación militar y la situación de hambre en España implicaban que el país tardaría varios meses antes de poder entrar en la contienda[1075]. El Duce informó a Hitler de que no tenía sentido tratar de convencer a Franco para que se uniera al esfuerzo bélico del Eje a corto plazo, justo cuando el Departamento de Planificación Económica alemán informaba de que las demandas españolas no podían satisfacerse sin poner en peligro la capacidad militar del Reich. Ribbentrop le ordenó a Von Stohrer que no tomara más medidas para asegurarse de la intervención de España[1076].

Hitler no pretendía en absoluto forzarla, puesto que ya había comprometido su maquinaria militar para rescatar a Italia de su desastrosa aventura en los Balcanes[1077]. Sin embargo, a finales de febrero se percibió un cambio de actitud hacia Franco en la insistencia alemana para que España pagara a Alemania las deudas de la Guerra Civil, que se fijaron en 372 millones de marcos alemanes[1078]. En marcado contraste, para aislar a Serrano Suñer, el 7 de abril de 1941 el Gobierno británico concedió a España créditos por valor de dos millones y medio de libras esterlinas[1079]. La presión sobre Franco aumentó cuando a finales de abril estalló una lucha intestina de reducidas dimensiones, pero de vital importancia, después de que Vigón le comunicara que, si no ponía coto al poder de Serrano Suñer, los ministros militares dimitirían en bloque[1080].

El resultado de la crisis fue uno de los primeros frutos de un plan británico, trazado diez meses antes, para sobornar a elementos importantes del alto mando español. Como era inevitable, tratándose de sobornos, Juan March no andaba muy lejos de la trama. Con su infalible habilidad para apuntarse al equipo ganador, March creía que Gran Bretaña acabaría venciendo en la guerra y decidió prestar su apoyo económico al Gobierno de Londres. El cerebro del plan era el capitán Alan Hillgarth, agregado naval de la embajada de Reino Unido en Madrid desde 1939 hasta el otoño de 1943, y en la práctica jefe de la inteligencia británica en España. Hillgarth aprendió mucho sobre Juan March durante su estancia como cónsul en Mallorca y lo consideraba «un canalla integral[1081]». El embajador británico, sir Samuel Hoare, poco después de su llegada a Madrid, había recibido de Hillgarth un análisis de una brutal sinceridad sobre el derrotismo del personal de la embajada y sus defectos de seguridad. Hoare escribió a Churchill para comentarle lo mucho que el informe le había impresionado[1082].

La relación de Hillgarth con March, su amistad anterior con Churchill y el respeto de Hoare hicieron posible montar la operación de soborno para reforzar la oposición de generales clave tanto a Serrano Suñer como a la entrada de España en la guerra. Por mediación de Antonio Aranda, al final repartieron catorce millones de dólares entre los generales José Varela, Luis Orgaz, Alfredo Kindelán y Carlos Asensio, el coronel Valentín Galarza y el hermano de Franco, Nicolás[1083]. La idea de corromper a los oficiales españoles es probable que se le ocurriese a March, que tan bien conocía el poder del soborno, más que a Hillgarth[1084]. Las garantías financieras de March a los conspiradores militares en la primavera de 1936 le habían demostrado que estaban dispuestos a aceptar su dinero. Hoare adoptó con entusiasmo la idea de repartir una suma tan colosal que sir Anthony Eden se referiría más tarde a sus beneficiarios como una «banda de generales corruptos», «un hatajo de desgraciados». Los primeros pagos se organizaron en junio de 1940, aunque los receptores creían que el dinero provenía, no del Gobierno británico, sino de March: Nicolás Franco recibió dos millones de dólares, Aranda otros dos, al igual que Varela; Galarza, un millón, y Kindelán, la mitad[1085]. La cantidad total gastada por Londres en la operación equivaldría, a día de hoy, a entre 270 y 899 millones de libras esterlinas, es decir, entre trescientos y mil millones de euros[1086].

Entre septiembre de 1941 y febrero de 1942, surgió un problema derivado del hecho de que el dinero tenía que llegar de un banco de Nueva York. La entrada de Estados Unidos en la guerra supuso un embargo de las cuentas en dólares que los residentes no estadounidenses tenían en Estados Unidos y en el resto del mundo, lo que irónicamente incluía una de las cuentas ilegales que Franco poseía, en contravención de su propia Ley de Delitos Monetarios. A dicha cuenta habían ido a parar una parte de los fondos donados a la causa rebelde. La cuestión de los fondos bloqueados acabó resolviéndose mediante un proceso de una complejidad enorme en el que intervinieron March, Hoare, Hillgarth, Churchill, Halifax y Eden, entre otros[1087].

Cuando Vigón lanzó su amenaza, los generales sobornados ya eran hostiles a la entrada de España en la guerra en el lado del Eje[1088]. Kindelán y Varela habían recopilado información sobre las limitaciones del Ejército español. El peso cada vez mayor de los informes alarmistas, inspirados solo en parte por los sobornos, llevó a Serrano Suñer a sospechar de «alguna influencia oculta[1089]». Desde que sustituyera a Beigbeder como ministro de Asuntos Exteriores el 17 de octubre de 1940, Serrano Suñer había mantenido el control de su anterior ministerio, el de la Gobernación, a través de su subsecretario José Lorente Sanz, y también dominaba la Falange. Era inevitable que Franco comenzara a sospechar que su cuñado se estaba volviendo demasiado poderoso, y la exigencia de Serrano de que la Falange asumiera mayor poder, así como sus esfuerzos para lograr que sus protegidos entraran en el Gobierno, pusieron sobre alerta al Caudillo. Ante las crecientes críticas del alto mando contra Serrano Suñer, el 5 de mayo de 1941 Franco nombró a Valentín Galarza ministro de la Gobernación y designó para sustituirlo como subsecretario de la Presidencia al capitán Luis Carrero Blanco, de 36 años, que entonces era jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada[1090]. Hugh Dalton, el ministro de Economía de Guerra, comentó: «En España, la Caballería de San Jorge se ha lanzado a la carga, de ahí algunos de los cambios recientes; de ahí también la preocupación del Agregado H por la hojalata de J. M.» («H» era Hillgarth y «J. M.», Juan March[1091]).

Cuando Galarza sustituyó a los hombres clave de Serrano Suñer —como el subsecretario de Gobernación, Lorente Sanz, el director general de Seguridad, el conde de Mayalde, así como a los falangistas que estaban al frente de Prensa y Propaganda—, este dimitió de su cargo. La hostilidad entre el Ejército y la Falange llegó al punto de ebullición con enfrentamientos entre la policía y los falangistas que debilitaron gravemente la posición de Serrano Suñer a ojos de Franco[1092]. Tras la intervención de Von Stohrer, Serrano Suñer recuperó el control de la prensa y retiró su dimisión[1093]. La crisis se resolvió finalmente con cambios en el gabinete, el 19 de mayo, que parecían apuntar a su victoria, pero que acabaron por debilitar su posición. Temiendo que la destitución de Serrano Suñer lo convirtiera en rehén de los generales monárquicos, Franco nombró a otros dos ministros falangistas: Miguel Primo de Rivera, ministro de Agricultura, y José Luis de Arrese, ministro secretario de la Falange. El también falangista pronazi José Antonio Girón ya era ministro de Trabajo. Franco se aseguró la lealtad de los tres con promesas de ascensos[1094]. La crisis de mayo de 1941 fue el comienzo del fin de Serrano. Además, durante ese episodio, Franco aprendería lo barato que salía comprar a la Falange[1095].

Sin embargo, las victorias alemanas de la primavera de 1941 en el norte de África, Yugoslavia y Grecia reavivaron el fervor pronazi del Caudillo y fortalecieron la posición de Serrano Suñer. Hoare escribió a Eden el 31 de mayo que, tras la crisis, Serrano estaba «decidido a hacerse con el control absoluto del Gobierno y a llevar al país a la guerra antes de que finalice el verano. Una de nuestras mejores fuentes informa que para lograr estos dos objetivos está conspirando con los alemanes para eliminar a Franco[1096]». Después de la evacuación británica de Creta en la última semana de mayo, Franco creyó que Suez pronto caería en manos del Eje[1097]. El 8 de junio, Hoare escribía a Eden: «Los generales, incluido Vigón, están convencidos de que la política de Suñer está poniendo en peligro la neutralidad de España y que debe ser eliminado. Están estudiando a fondo el modo de hacerlo, teniendo en cuenta el peligro de permanecer inactivos, por un lado, y por otro, el de provocar a Alemania[1098]». La fe de Franco en la victoria del Eje se vio exacerbada por la invasión nazi de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, que contrarrestó los reveses sufridos en la crisis de mayo por Serrano, quien informó a Von Stohrer que él y Franco deseaban enviar unidades voluntarias de falangistas para luchar en Rusia[1099].

La prensa del régimen se regocijó y la embajada de Reino Unido fue asaltada por falangistas el 24 de junio, un ataque facilitado por un camión cargado de piedras, cortesía de las autoridades. Al cabo de tres días, España pasó de la no beligerancia a lo que Serrano Suñer llamó «beligerancia moral» y comenzaron los preparativos para enviar a la División Azul de casi cincuenta mil voluntarios falangistas a luchar junto a los invasores alemanes. Además, el 21 de agosto de 1941 se firmó un acuerdo entre el Deutsche Arbeitsfront y los sindicatos falangistas para el envío de cien mil trabajadores españoles a Alemania. Se enviaron entre quince y veinte mil «voluntarios» teóricos —en su mayoría, reclutados por la fuerza por la Falange— para satisfacer las necesidades industriales germanas[1100]. Con la División Azul, Franco pretendía demostrar suficiente compromiso con la causa del Eje como para hacerse un sitio en el futuro reparto del botín. Del mismo modo, con el pleno apoyo del dictador, los alemanes continuaron llevando a cabo actividades de espionaje y sabotaje contra los Aliados en territorio español[1101].

El 9 de julio, Hoare informó a Eden sobre una conversación entre David Eccles, representante del Ministerio de Economía de Guerra en la península Ibérica, y Demetrio Carceller y su segundo en el ministerio. Ambos le dijeron a Eccles «que Suñer era tan insufrible que había que liquidarlo, y con esta horrible expresión es evidente que querían decir “asesinarlo”». Hoare continuó: «de una fuente casi de la misma importancia he obtenido información adicional de que los generales se plantean liquidar a Suñer dentro de una o dos semanas y, para evitar represalias alemanas tras la liquidación, mediante la firma inmediata de la Triple Alianza con el Eje». Su fuente era casi con toda seguridad Aranda o Kindelán. Hoare envió un mensaje a los generales para decirles que su plan era suicida[1102]. De hecho, Carceller había reconocido ante Eccles que el asesinato de Serrano sería peligroso por las posibles reacciones tanto de los alemanes como del propio Franco.

Los comentarios de Carceller reflejaban su deseo de mantener vínculos comerciales con el bloque anglosajón en un momento en que la política favorable al Eje de Franco y Serrano Suñer amenazaba unos suministros indispensables de trigo y combustible que precisaban el visto bueno de Londres y Washington. Esto se confirmó al cabo de unas semanas cuando Carceller se entrevistó con Willard Beaulac, consejero económico de la embajada de Estados Unidos. Sin mencionar ningún proyecto de asesinato, Carceller le dijo que Serrano era «un hombre malo de ambiciones sin límites» al que había que reemplazar[1103]. En septiembre, Carceller le comentó a Emil Karl Josef Wiehl, director de Política Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que la supervivencia inmediata del régimen franquista exigía un acercamiento al bloque angloamericano[1104]. En cada una de sus conversaciones, Carceller expresaba su entusiasmo por el país de su interlocutor.

Franco, en cambio, seguía afirmando que los Aliados habían perdido la guerra. En el quinto aniversario del estallido de la Guerra Civil española, el 17 de julio de 1941, se dirigió al Consejo Nacional de la Falange y aplaudió la aventura rusa de Hitler en «estos momentos en que las armas alemanas dirigen la batalla que Europa y el Cristianismo desde hace tantos años anhelaban, y en que la sangre de nuestra juventud va a unirse a la de nuestros camaradas del Eje». También dijo no tener «dudas de los resultados de la contienda. La suerte está echada. En nuestros campos se dieron y ganaron las primeras batallas. […] Se ha planteado mal la guerra y los Aliados la han perdido». Habló de su desprecio por las «democracias plutocráticas», de su convicción de que Alemania ya había ganado el enfrentamiento y de que la intervención estadounidense sería una «criminal locura» que solo conduciría a la prolongación inútil del conflicto y al desastre para Estados Unidos[1105].

Los frecuentes ataques de la prensa del régimen a Gran Bretaña y Estados Unidos y los elogios a Alemania por sus victorias hicieron que las importaciones de bienes esenciales comenzaran a menguar, ya que a España le resultó más difícil obtener permisos de exportación estadounidenses y navicerts británicos (los salvoconductos para el paso de barcos neutrales a través del bloqueo[1106]). La escasez de carbón, cobre, estaño, caucho y fibras textiles presagiaba una desintegración inminente de la industria española. Como los suministros solicitados a Alemania no se materializaron, el 6 de octubre de 1941, Franco se vio obligado a admitir ante el embajador de Estados Unidos Alexander Weddell que, en vista de la escasez de trigo, algodón y gasolina en España, deseaba una mejora de las relaciones económicas con el gigante americano[1107].

La alegría inicial del Caudillo por el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 se vio truncada cuando los estadounidenses entraron en guerra. Además, el rebrote de su entusiasmo por el Eje pronto se marchitaría en paralelo a la fortuna de los ejércitos alemanes en Rusia. De todos modos, Franco tardó mucho tiempo en aceptar que la participación estadounidense significaba que Alemania se enfrentaba ahora a una lucha larga y titánica. Es difícil determinar el momento exacto en el que el dictador aplazó sine die la entrada de los españoles en la guerra, por la sencilla razón de que nunca fue una decisión definitiva. El 13 de febrero de 1942, todavía Franco podía decirle al primer ministro portugués, António de Oliveira Salazar, en Sevilla, que una victoria aliada era imposible y que enviaría un millón de soldados españoles a defender a Alemania de los bolcheviques[1108]. Al día siguiente, aparentemente despreocupado por la catastrófica situación de los alemanes en Rusia, expresó a un grupo de altos oficiales del Ejército su «absoluta seguridad» de que el Reich sobreviviría y repitió públicamente lo que le había dicho a Salazar, que «si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles lo que allí fuese, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían[1109]».

La neutralidad, lejos de ser el resultado de un brillante arte de gobernar o de la previsión, fue la afortunada consecuencia de que Alemania no quisiera o no pudiera pagar el precio que Franco le exigía para entrar en la guerra. La situación política interna en España también desempeñó su papel. La hostilidad militar hacia Serrano Suñer estaba llegando a su punto álgido[1110]. Además, tras el entusiasmo inicial de Franco por el ataque japonés a Estados Unidos, se impuso el realismo económico y político. La prensa empezó a publicar menos artículos antiamericanos. El talento político clave del Caudillo era su habilidad para equilibrar las fuerzas internas de la coalición del régimen. Hacía tiempo que Serrano era blanco de las quejas de altos mandos militares, especialmente de los beneficiarios de la «Caballería de San Jorge». Sin embargo, la balanza se inclinó en su contra cuando Franco se irritó por los rumores de que Serrano Suñer era quien mandaba de verdad en España. Dichos rumores, que empezaron con una pregunta inocente de la hija de Franco, Carmen, fueron cuidadosamente propagados por dos rivales de Serrano: Arrese y Carrero Blanco. Además, la esposa del Caudillo, Carmen Polo, que era aún más susceptible a estas insinuaciones, estaba furiosa porque en la alta sociedad madrileña corrían toda clase de chismes sobre la relación de Serrano con Consuelo (Sonsoles) de Icaza y León, casada con el teniente coronel Francisco Díez de Rivera, marqués de Llanzol.

La crisis se desencadenó debido a un incidente en el santuario de la Virgen de Begoña en Bilbao, a mediados de agosto, cuando un atentado falangista contra el general Varela hirió gravemente a 72 transeúntes. Los ministros de la Guerra y de la Gobernación, Varela y Galarza, aprovecharon la oportunidad para intentar poner coto al poder de la Falange. Franco reaccionó a su plan destituyéndolos, lo que supuso un revés a la trama de sobornos británica, en la que ambos ministros desempeñaban un papel fundamental. Sin embargo, el secretario del gabinete, Luis Carrero Blanco, susurró al oído de Franco que la crisis debería tener «vencedores y vencidos», ya que el cese de ambos ministros podría interpretarse como una prueba de la preeminencia de Serrano Suñer. El 3 de septiembre de 1942, Serrano cesó como ministro de Exteriores y fue sustituido por el general Francisco Jordana. Esto no significó que el dictador adoptara una posición favorable a los Aliados, y ni los alemanes ni los italianos se sintieron molestos, pues consideraban a Serrano Suñer una persona «demasiado difícil[1111] Franco escribió a Mussolini el 18 de septiembre de 1942 y le indicó que la decisión estaba motivada por la política interna y «no afectaba en lo más mínimo nuestra posición en asuntos exteriores[1112]».

En el otoño de 1942, cuando los preparativos visibles de los Aliados para la Operación Antorcha suscitaban dudas sobre la victoria final del Eje, Franco reaccionó, no profetizando el resultado de la contienda, sino más bien con una comprensible cautela[1113], seguramente debido a la influencia de los generales que cobraban sobornos exorbitantes de Londres precisamente para eso. (Kindelán, por ejemplo, se embolsó cuatro millones de pesetas, el equivalente a más de treinta y cuatro millones de euros en 2017; Orgaz probablemente el cuádruple de esa cifra)[1114]. Justo cuando se estaban concentrando tropas en las fronteras de España, no era el mejor momento para enfrentarse a los Aliados, sobre todo tras la derrota de Rommel en Egipto. El 8 de noviembre de 1942, cuando las fuerzas angloamericanas desembarcaron en los territorios franceses marroquíes y argelinos codiciados por Franco, este ordenó a su embajador en Londres que buscara un acercamiento a los Aliados occidentales. Eso no significa que hubiera perdido la fe en la victoria final del Eje, sino más bien que pretendía aprovecharse cínicamente de las dificultades de los alemanes.

La estrategia de Franco fue exigir a Berlín ayuda militar que le permitiera resistir a los Aliados. Cuatro días después de los desembarcos, el Ministerio de Asuntos Exteriores español redactó un documento en el que pedía a los alemanes que entregaran armas sin condiciones, sin ningún pago a cambio y sin la supervisión de oficiales o técnicos. El 4 de diciembre, el embajador español trató el asunto con Hitler y el 29 de diciembre Jordana dijo al almirante Canaris, emisario del Führer, que si Alemania no les suministraba armas, España se las pediría a otros países. Franco intentaba explotar las dificultades del Eje exactamente igual que exageraba las amenazas de los alemanes para obtener beneficios de los Aliados[1115]. Así, le manifestó al flamante embajador alemán, Hans Adolf von Moltke, a finales de enero de 1943, que Alemania era su aliado y Gran Bretaña, Estados Unidos y los «bolcheviques», sus enemigos, y le juró que «apoyaría a Alemania en la lucha que el destino le había impuesto». Sin embargo, las armas alemanas no llegaron[1116]. Por otra parte, a raíz de la Operación Antorcha y del cese de Serrano Suñer, la labor de la Caballería de San Jorge se hizo más fácil. En ausencia de Varela y Galarza, se encargaba de ella el hermano de Franco, Nicolás[1117].

A principios de 1943, era evidente que el contexto internacional había cambiado de forma radical. La Operación Antorcha había modificado el equilibrio estratégico, pero hasta la caída de Mussolini en el verano, Franco seguía convencido de que los Aliados no podían ganar y que sus éxitos en África eran de una importancia relativa. No obstante, tras la derrota de Alemania en Stalingrado en febrero y marzo, envió a Berlín una delegación encabezada por el general Carlos Martínez Campos con una lista de peticiones de armamento. El hecho de que Alemania no pudiera prescindir de tal material quedó enmascarado por una gira de diez días por las industrias de guerra nazis durante la cual Martínez Campos quedó maravillado por lo que le contaron sobre las nuevas y maravillosas armas con las que el Tercer Reich ganaría fácilmente la guerra. A su regreso a España, convenció a un deslumbrado Caudillo de que la máquina de guerra alemana seguía siendo invencible[1118]. Impresionado por el informe de Martínez Campos, Franco expresó un renovado entusiasmo por la causa del Eje justo cuando los Aliados preparaban la invasión de Italia en el verano de 1943. En sus esfuerzos por ayudar al Tercer Reich, el Generalísimo desempeñó sin saberlo un papel perjudicial para los alemanes, que aseguró el éxito espectacular del plan británico para ocultar los preparativos del desembarco en Italia, la Operación Mincemeat («Carne Picada»), popularmente conocida como «el hombre que no existió». El engaño consistió en dejar flotando en aguas españolas cerca de Huelva el cadáver de un tal «mayor Martín» ficticio, que llevaba documentos que parecían demostrar que la ofensiva aliada se produciría en el Mediterráneo oriental. Franco autorizó personalmente la entrega de dichos documentos, con información falsa, al capitán Wilhelm Leissner, el especialista en contraespionaje de la embajada de Alemania, para su posterior transmisión a Berlín[1119].

En enero de 1943, José María Doussinague, director de Política Exterior de Jordana, había ordenado a los diplomáticos españoles que no se comprometieran a salvar a los judíos y evitaran que los sefarditas fueran identificados como españoles. Sin embargo, también les ordenó que tomaran nota de sus patrimonios, «que, en cierto modo, forman parte del patrimonio nacional». Unas semanas más tarde, la embajada alemana en Madrid informó al Gobierno de Franco que el Tercer Reich iba a suspender el trato especial concedido a los judíos españoles que, a partir de finales de marzo, tendrían que abandonar los territorios ocupados alemanes o esperar el mismo trato que los no españoles. Doussinague comentó a Jordana que esto planteaba un grave dilema. Si España permitía que los sefardíes se sometieran a las leyes alemanas, corría el riesgo de que la acusaran, sobre todo en Estados Unidos, de complicidad en el asesinato. La nota de Doussinague revela que estaba perfectamente al tanto de las atrocidades de los nazis contra los judíos y que no le parecían condenables; al contrario, escribió que «no es tampoco aceptable la solución de traerlos a España, donde su raza, su dinero, su anglofilia y su masonería los convertirían en agentes de toda clase de intrigas».

Doussinague propuso que solo se les permitiera pasar por España de camino a cualquier otro país que les concediera un visado de entrada. Al cabo de dos meses, con evidentes reticencias, amplió su propuesta inicial para permitir que los judíos permanecieran en España hasta que hubieran negociado dichos visados, ya que no permitirlo podía dañar la imagen internacional de España. En un consejo de ministros se decidió que «solo con garantía absoluta y escrita de que únicamente en tránsito y por muy escasos días pasarían por España y podría accederse a su entrada». El ministro de la Gobernación, Blas Pérez, exigió garantías de que se aplicaría el control más estricto a los judíos en tránsito. Todo el proceso estuvo sujeto a largas demoras burocráticas. Solo se permitiría la entrada a 25 personas a la vez y solo después de su partida se admitirían otras 25 personas. Mientras estuvieran en España, los judíos tenían que ser atendidos por agencias internacionales de refugiados. Franco estaba preocupado por su imagen en la prensa internacional y aceptó muy a regañadientes la recomendación de su hermano Nicolás y de Jordana de que había que mejorar las relaciones con el Congreso Judío Mundial. Pero esta política de Franco no tenía una dimensión humanitaria. Aceptó el consejo de Jordana porque temía que la derrota del Tercer Reich provocara que el mundo cayera en manos del contubernio judeomasónico-bolchevique[1120]. Y si hubo judíos salvados, no fue por Franco, sino por la valiente acción individual de los cónsules españoles en Atenas, Sebastián Romero Radigales, y en Budapest, Ángel Sanz Briz[1121].

A principios de mayo, durante una gira por Andalucía, Franco pronunció discursos sobre su neutralidad y su deseo de paz[1122]. La invasión aliada de Sicilia y la subsiguiente caída de Mussolini en julio habían convencido a los generales de alto rango de la necesidad de replantearse con urgencia el futuro. Ocho de ellos, incluidos los principales destinatarios de los sobornos británicos, Kindelán, Varela y Orgaz, presentaron el 15 de septiembre una tímida carta a Franco en la que le pedían que considerara la posibilidad de una restauración monárquica. Gil Robles creía que dicha timidez se debía a su reticencia a separarse de los beneficios del «tinglado franquista». Franco, que también estaba preocupado por la situación y era consciente de las maquinaciones de los monárquicos, anunció la retirada de la División Azul, aunque permitiendo a los voluntarios permanecer en las unidades alemanas. El 1 de octubre de 1943, en un discurso a la Falange, el Caudillo describió la posición de España como de «neutralidad vigilante», lo que no impidió que se produjeran incidentes como las agresiones falangistas al vicecónsul británico en Zaragoza y al consulado de Estados Unidos en Valencia[1123]. Tampoco frenó las exportaciones españolas de wolframio, vital para el Tercer Reich.

La corrupción de los ministros era conocida de sobra, en especial en los casos de Carceller y Girón. Se cree que Carceller creó una empresa a la que concedió, como ministro, dos mil licencias de importación de vehículos. A una tasa de cambio de once pesetas por dólar, su empresa compró en Estados Unidos por cinco mil dólares, es decir cincuenta y cinco mil pesetas, unos camiones que luego fueron vendidos en España por un millón de pesetas. Juan March, nada menos, se quejó el 10 de enero de 1944 a Gil Robles de «nuevos y tremendos casos de inmoralidad administrativa, perfectamente comprobados». Al cabo de dos meses, March le comentaba a Gil Robles que «la inmoralidad administrativa aumenta en tales términos que los anglosajones informan a sus gobiernos de que ciertos ministros se están llevando el patrimonio nacional[1124]». A principios de abril de 1944, March le dijo al agregado de prensa británico Tom Burns que la enemistad de Girón y Carceller había llevado a que ordenaran a Galarza que le retirase el pasaporte a March y lo pusiera bajo arresto domiciliario. Galarza había advertido a March a tiempo para que saliera de España. Y el magnate había escrito a Franco negando las acusaciones en su contra y ofreciéndose a refutarlas, pero solo ante el Consejo de Ministros, en el que se vería obligado a demostrar la corrupción de tres ministros y luego le correspondería al gabinete decidir quién iba a la cárcel, si él o los funcionarios públicos. La carta quedó sin respuesta, pero retiraron a March la vigilancia policial y él conservó su pasaporte. El mallorquín le comentó en detalle a Burns la magnitud de la corrupción en el Gobierno de Franco[1125]. Esto plantea la cuestión de cómo es posible que Franco no se enterara de la operación de soborno británica. Las sumas recibidas eran colosales; su hermano Nicolás estaba involucrado y, en cualquier caso, el dictador tenía vigilados a todos sus generales. De Aranda, por ejemplo, que tenía fama de chismoso, Franco sabía que estaba en contacto tanto con los británicos como con los alemanes y con la oposición al régimen. Sus frecuentes afirmaciones de que era inminente un golpe antifranquista llevaron a los diplomáticos británicos a considerarlo como «una veleta», «poco fiable e irracional[1126]». Sea como fuere, la conspiración monárquica en la que participaban Aranda y Gil Robles en Lisboa se benefició de la contribución de Juan March, con un millón de francos suizos, a sus actividades[1127].

Orgaz pertenecía a la «oposición» monárquica, pero seguramente era poco de fiar porque, desde principios de septiembre de 1943, Franco tenía sobre su mesa un informe sobre la participación de este en negocios corruptos en el norte de África[1128]. Ya en 1944, el Caudillo recibió la noticia de que Orgaz se quejaba de la preocupación de Varela por su patrimonio e inversiones[1129]. Desde luego, el patrimonio de Varela tampoco se limitaba al de su esposa, Casilda Ampuero. Así pues, Franco tenía que estar al tanto de la acumulación de riquezas entre sus generales. Sin duda sabía que algunos aceptaban sobornos de los alemanes. Varios oficiales superiores recibieron comisiones sustanciales por aparecer fraudulentamente como directores de empresas mineras en manos germanas para que parecieran de titularidad española[1130]. De hecho, Franco no solo estaba al corriente de la corrupción, sino que utilizaba su conocimiento para controlar a los miembros de su coalición. No tenía interés alguno en prevenirla; más bien prefería utilizar su información sobre estas prácticas como palanca con los involucrados. De hecho, a menudo pagaba a quienes le hablaban de la corrupción, no tomando medidas contra los culpables, sino haciéndoles saber quién los había delatado[1131]. En el Ejército, muchos oficiales con intereses comerciales utilizaban a sus soldados, así como a los prisioneros de guerra republicanos, como mano de obra barata o gratuita. Otros usaban vehículos militares con fines privados. Era habitual que los oficiales de alta graduación practicasen el contrabando. El general Joaquín Ríos Canapé, amigo de Franco, era dueño de un bar en la Gran Vía madrileña, y utilizaba aviones de las fuerzas aéreas españolas para traer licores, café y tabaco del puerto franco de Tánger, mientras su esposa se dedicaba a vender vales de gasolina en el bar. Otros generales importaban productos de contrabando de Canarias. El presupuesto del Ejército se dedicaba a gastos particulares, como la suntuosa puesta de largo de la hija del general Carlos Asensio cuando este era titular del Ministerio del Ejército. Los espectaculares regalos de los capitanes generales los pagaban a escote y obligatoriamente todos los oficiales. Los oficiales superiores conseguían duplicar o triplicar su paga con empleos bien remunerados en la administración civil o en los consejos de administración de empresas privadas. El lujoso tren de vida de algunos capitanes generales como Rafael García Valiño escandalizaba a algunos de sus compañeros de armas, más austeros[1132]. En un nivel inferior, los oficiales subalternos utilizaban a los reclutas como sirvientes domésticos, obreros, niñeras y similares. Franco lo sabía y le parecía perfecto que se supiera que lo sabía. Solo en dos ocasiones utilizó ese conocimiento para expulsar del Ejército a un oficial de alto rango. Uno era el general Francisco de Borbón y de la Torre, acusado de tráfico ilegal de alimentos. El otro fue el destacado general africanista Heli Rolando de Tella y Cantos. A pesar de su distinguido historial, Tella fue despojado de todos los honores militares por las «irregularidades administrativas» cometidas en el uso de vehículos y personal militar en relación con su fábrica de harina y la reconstrucción de su pazo, mientras era gobernador militar de Lugo. Como Franco no consideraba que la corrupción fuese un delito grave, las agresiones posteriores y un intento de asesinato convencieron a Tella de que había sido perseguido por sus actividades promonárquicas[1133].

Un campo abonado para la corrupción era la extracción y exportación de wolframio, un ingrediente crucial en la fabricación de acero de alta calidad para armamento. La política norteamericana había sido tratar de convencer a Franco de que limitara las exportaciones a Alemania mediante la compra anticipada de wolframio español. El 3 de diciembre de 1943, Franco le dijo al sucesor de Von Moltke, Hans Heinrich Dieckhoff, que su supervivencia dependía de una victoria del Eje y que un triunfo aliado «entrañaría su propia aniquilación». Manifestó que «una España neutral que proporcione a Alemania wolframio y otros productos es en este momento de mayor valor para Alemania que una España que se vea arrastrada a la guerra[1134]». Las restricciones a la exportación de wolframio por parte de los Aliados abrieron un mundo de oportunidades a la corrupción. Se ha alegado que Carceller hizo mucho dinero a cambio de permitir exportaciones ilícitas al Reich, aunque fue solo una parte de la fortuna que acumuló durante su etapa como ministro[1135]. March le diría a Tom Burns: «El wolframio ha sido un elemento comparativamente pequeño, y casi todas las importaciones y exportaciones de España han pagado el tributo correspondiente a los bolsillos del Sr. Carceller. Basta recordar que el Sr. Carceller era un hombre sin gran fortuna hasta el momento de convertirse en ministro, mientras que, desde entonces, pese a no dedicarse en apariencia a negocios en beneficio propio, ha amasado una fortuna. Es cierto que J.M. critica al Sr. Carceller igual que un atracador de bancos a un carterista, pero la crítica no deja de ser certera[1136]». A principios de 1944, con el norte de África consolidado e Italia fuera de la guerra, Washington estaba furioso por la continuación de las importaciones alemanas de wolframio español pagado con el oro robado a los prisioneros de los campos de exterminio[1137]. En Estados Unidos se armó un gran revuelo cuando Franco felicitó a José P. Laurel por su nombramiento por parte de los japoneses como gobernador títere de Filipinas. El 27 de enero de 1944, Hoare visitó a Franco para quejarse de que Madrid ofreciera nuevas facilidades a los alemanes para la compra de wolframio; de que, a pesar de la retirada formal de la División Azul, la Falange continuara enviando reclutas a la pequeña Legión Española que aún se encontraba en Rusia, al igual que una unidad de la Fuerza Aérea Española; y de que agentes alemanes siguieran realizando actividades de espionaje y sabotaje antiaéreo con la ayuda de personal militar español[1138].

En respuesta a la agresividad de Franco sobre el wolframio, los estadounidenses redujeron bruscamente las exportaciones de petróleo a España[1139]. El dictador se vio obligado a restringir las exportaciones mensuales de wolframio a una cantidad casi simbólica. El 2 de mayo de 1944, Franco firmó un acuerdo para cerrar el consulado alemán en Tánger, retirar las unidades españolas de Rusia y expulsar a los espías y saboteadores alemanes de España. Durante el resto de 1944, Hoare protestó casi a diario porque Franco continuaba sin expulsar a los agentes alemanes. Los puestos de observación germanos y las estaciones de intercepción de radio se mantuvieron en España hasta el final de la guerra[1140] Muchos exmiembros de la División Azul se ofrecieron como voluntarios a la Wehrmacht y a las Waffen SS y participaron en la defensa de Berlín y de la Cancillería del Reich[1141]..

Franco también desdeñó una oportunidad para disminuir la hostilidad hacia él en círculos aliados. La muerte de Jordana el 3 de agosto de 1944 y la necesidad de nombrar a un nuevo ministro de Asuntos Exteriores habría permitido romper limpiamente con su pasado favorable al Eje; en cambio, Franco sustituyó a Jordana por José Félix de Lequerica, el ferozmente pronazi embajador español en Vichy. Sin embargo, se puso en marcha una iniciativa diplomática poco entusiasta para convencer a los Aliados de que el Caudillo nunca había querido hacerles daño y que sus vínculos con el Eje se debían a su hostilidad a la Unión Soviética. El 18 de octubre de 1944, Franco propuso una futura alianza antibolchevique angloespañola para destruir el comunismo y restó importancia a su actuación a favor del Eje como una serie de incidentes aislados, para afirmar, increíblemente, que el único obstáculo para mejorar las relaciones angloespañolas en los años anteriores había sido la injerencia británica en los asuntos internos de España[1142].

Irónicamente, al día siguiente, 19 de octubre de 1944, unos cinco mil guerrilleros o maquis penetraron en territorio español desde el otro lado de los Pirineos, con el valle de Arán en el centro de la ofensiva. La invasión pecó de optimista y se saldó a favor de las enormes fuerzas terrestres de Franco. Durante las tres semanas siguientes, los invasores cosecharon algunos éxitos, como la penetración de algunas unidades cientos de kilómetros en territorio enemigo, la derrota de varios destacamentos del Ejército español y la captura de un gran número de prisioneros. Sin embargo, cuarenta mil soldados marroquíes dirigidos por generales franquistas experimentados —José Monasterio, Juan Yagüe, Rafael García Valiño y José Moscardó— superaron al relativamente reducido ejército invasor. Nunca hubo una esperanza real de desencadenar un levantamiento antifranquista. El férreo control de la prensa por parte del régimen logró que la invasión de los maquis se llevara a cabo en un silencio atronador[1143].

Dejando a un lado su guardia pretoriana, lo que salvó a Franco de sus propias ambiciones no fue una inmensa habilidad o visión, sino más bien una combinación fortuita de la habilidad de la diplomacia económica angloamericana del palo y la zanahoria y el hecho de que Hitler tuviera que dedicar recursos ingentes de Alemania a rescatar a los italianos y a su obsesión por atacar a Rusia. En palabras del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Peche, «no entramos en la guerra no porque Franco se defendiera de una presión alemana para ello, sino porque Hitler no quiso o no entraba en sus cálculos[1144]».

No era de extrañar que, como el embajador alemán Eberhard von Stohrer comentó al general Krappe en octubre de 1941, el Führer concluyera que España era más útil para Alemania bajo la máscara de la neutralidad, como su única salida del bloqueo británico. Así lo confirmó Hitler en persona a su secretario, Martin Bormann, el 10 de febrero de 1945:

España ardía en deseos de seguir el ejemplo de Italia y subirse al carro de los vencedores. Franco, por supuesto, tenía ideas muy exageradas sobre el valor de la intervención española. Sin embargo, creo que, a pesar del sabotaje sistemático perpetrado por su cuñado jesuita, habría accedido a hacer causa común con nosotros en condiciones bastante razonables: la promesa de un trocito de Francia para halagar su vanidad y una parte sustancial de Argelia como activo real y tangible. Pero, como España no tenía nada material que aportar, llegué a la conclusión de que su intervención directa no era deseable. Es cierto que nos habría permitido ocupar Gibraltar. Por otro lado, la entrada de España en la guerra habría añadido sin duda muchos kilómetros a la costa atlántica que hubiéramos tenido que defender, desde San Sebastián hasta Cádiz. […] Garantizando la neutralidad de la península ibérica, España ya nos ha prestado el único servicio en este conflicto que estaba a su alcance. Tener a Italia a nuestras espaldas ya es carga suficiente; y cualesquiera que sean las cualidades del soldado español, España en sí, en su estado de pobreza y falta de preparación, habría sido una pesada carga más que una ventaja[1145].

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El franquismo: corrupción y terror (1945-1969)

Franco saludando desde el balcón del Palacio Real, Madrid, 1946.
© O.d.P./ullstein bild vía Getty Images.

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Cuando la Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin, los medios de comunicación controlados por el régimen comenzaron a proclamar la «Victoria de Franco[1146]». Sin embargo, ese relato resultaba más fácil de vender a la población española que a los victoriosos Aliados. En España, la maquinaria propagandística del dictador difundía la absurda idea de que el país era objeto de un despiadado asedio internacional[1147]. Los diplomáticos británicos se daban perfecta cuenta de que Franco suministraba a las últimas guarniciones alemanas del sur de Francia alimentos y municiones procedentes de los puertos españoles del Cantábrico. También sabían que, a pesar de la difusión internacional de los horrores de los campos de exterminio alemanes, se concedía la nacionalidad española a altos cargos nazis y la prensa franquista elogiaba el heroísmo de Hitler durante la batalla de Berlín. El régimen no rompió formalmente las relaciones diplomáticas con el Tercer Reich hasta el 8 de mayo, día de la capitulación de Alemania[1148].

Detrás de los esfuerzos que Franco y su maquinaria propagandística invertían en reescribir su papel en la Segunda Guerra Mundial, había cierto miedo. Por eso se propagó una sarta de mentiras sobre las actividades del Generalísimo durante el conflicto bélico. Así, durante el resto de su vida, el dictador mantuvo la ficción de su firme defensa de la neutralidad española, hasta el punto de decirle a su médico, Ramón Soriano: «Yo nunca pensé en entrar en la contienda mundial». También le comentó a su amigo Max Borrell que, en la cumbre de octubre de 1940 en Hendaya, había disfrutado poniendo nervioso a Hitler, cuando existen numerosas fotos y filmaciones que demuestran que quien cayó presa de los nervios en presencia del otro fue Franco[1149].

La derrota del Tercer Reich acabó con las pretensiones del dictador de construir un nuevo imperio. Sin embargo, como pragmático redomado, su defensa de la supervivencia del régimen no estaba condicionada por ninguna ideología a largo plazo. Y, como no se sentía obligado a morir en las ruinas de un búnker, Franco supo defenderse de la hostilidad de los Aliados con una astucia que hace difícil subestimar su extraordinaria inteligencia política. No perdía ocasión de recordar a los españoles lo que había sacrificado por ellos. Las imágenes de sus apariciones públicas, que siempre abrían los noticiarios de cine diarios controlados por el Estado, el Noticiario Español y su posterior reencarnación, el No-Do (Noticiarios y Documentales), proyectaban con insistencia la imagen del incansable y vigilante Caudillo, «el jefe del Estado, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, [que] se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo[1150]».

De 1945 a 1950, Franco se autoconvenció de que él y España padecían un asedio mortal. El resurgir de la oposición, a la espera del apoyo de los Aliados, hizo que muchos de los seguidores del Caudillo vacilaran durante lo que se ha llamado «la noche negra del franquismo[1151]». La estrategia franquista con respecto a las grandes potencias fue reescribir su papel en la Segunda Guerra Mundial, y con respecto a la población española, reescribir lo que sucedía fuera. Después de casi diez años de adulación diaria, Franco era incapaz de distinguir entre sus necesidades políticas personales y las de España. Consideraba que las críticas extranjeras a su figura eran fruto de una conspiración masónica contra el Estado español. A lo largo de la Guerra Fría, utilizó descaradamente la prensa como instrumento para garantizar su propia supervivencia, repitiendo casi a diario que el hombre que había coqueteado sin rubor con Hitler había salvado personalmente a España de la Segunda Guerra Mundial. El ostracismo internacional provocado por sus vínculos con el Eje se presentaba como un acoso internacional perverso motivado por la envidia de las democracias ante lo que el Caudillo había hecho por el país.

Aunque se estaba librando una guerra de guerrillas contra su régimen y a pesar de que el hambre aquejaba a amplios sectores de la población, Franco se felicitaba por «este orden, esta paz y esta alegría, que hace que en esta Europa atormentada seamos uno de los poquísimos pueblos que aún puede sonreír[1152]». Creía que la angustia popular no tenía una causa objetiva, sino que era el mero producto de la agitación comunista y de la siniestra masonería. Este alejamiento de la realidad proporcionaba a Franco una confianza absoluta en sí mismo. Ajeno a la autocrítica, su convencimiento de estar en posesión de la verdad le dio la flexibilidad necesaria para adaptarse constantemente a la evolución de la coyuntura nacional e internacional.

En política interior, Franco procuró consolidar la lealtad de los tres pilares del régimen: la Iglesia, el Ejército y la Falange. Al mismo tiempo, su política exterior subrayaba los elementos católicos y monárquicos de un régimen que se presentaba como singularmente español. Mientras proyectaba esta imagen, el dictador tomó la precaución de rodearse de una guardia pretoriana de incondicionales del Eje. A los generales monárquicos los mantenía alejados de los puestos de máxima responsabilidad, mientras que a los militantes falangistas los nombraba oficiales subalternos. También creó la Guardia de Franco, un cuerpo paramilitar formado por fanáticos falangistas[1153]. La Falange, que para él era «un baluarte contra la subversión, una válvula de seguridad a la que se inculpa por errores del Gobierno», era asimismo el instrumento para movilizar a las multitudes que recibían al Caudillo en sus giras por España[1154].

Franco tenía el don de creerse sus propias mentiras. No tardó en presentar su régimen como una especie de monarquía constitucional. Se anunció una seudoconstitución, el Fuero de los Españoles, que, más allá de una aparente garantía de las libertades civiles, no permitía oponerse a los «principios fundamentales del Estado» ni la existencia de partidos políticos o sindicatos. Franco declaró que a su régimen lo acabaría sucediendo una monarquía tradicional. El 18 de julio de 1945, retiró de su gabinete a los ministros más estrechamente relacionados con el Eje e incorporó a democratacristianos conservadores como Alberto Martín Artajo como ministro de Asuntos Exteriores, lo que dio credibilidad a su nueva imagen como católico autoritario. La designación de Juan Antonio Suanzes como ministro de Comercio e Industria era un mal augurio para el desarrollo de la economía. El nombramiento clave fue el ya mencionado de Martín Artajo, a quien Franco aseguró que podría facilitar una transición a la monarquía prometida. El flamante ministro no se dio cuenta de que, al mismo tiempo, Franco había prometido a los falangistas que nada cambiaría. De hecho, el Caudillo mantuvo el control de la política exterior y se limitó a usar a Artajo como la cara aceptable de su régimen ante la comunidad internacional[1155].

Para neutralizar a los monárquicos de su coalición y presentar una apariencia más grata a las potencias occidentales, planeó aprobar una ley para hacer de España un reino; sin embargo, no tenía intención de permitir el retorno de una familia real que consideraba mancillada por el constitucionalismo, además de ser un estorbo para su poder[1156]. Estaba seguro de que su propia supervivencia estaría asegurada por la inevitable ruptura de la alianza que habían forjado durante la guerra los Aliados con la Unión Soviética, lo que convertiría a España en un activo potencialmente valioso para Occidente[1157]. Se necesitaría mucha paciencia. En la conferencia fundacional de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945, México propuso con éxito la exclusión de cualquier país cuyo régimen hubiera llegado al poder con la ayuda de los estados que habían luchado contra las Naciones Unidas. La propuesta solo podía aplicarse a la España de Franco[1158], que respondió negando la mayor sin ningún recato. En una entrevista a United Press, el dictador declaró: «cuando Alemania parecía estar ganando la guerra, algunos miembros de la Falange trataron de identificar a España con Alemania e Italia, pero destituí de inmediato a todas las personas que se inclinaban por ello. Nunca tuve la menor intención de llevar a España a la guerra[1159]». La resolución mexicana fue adoptada por las tres grandes potencias en la conferencia de Potsdam cuando, el 2 de agosto de 1945, España fue excluida de las Naciones Unidas debido a los orígenes, naturaleza, antecedentes y vínculos con el Eje del régimen de Franco[1160].

La insolente respuesta de Franco, el 5 de agosto de 1945, fue proclamar que su país no suplicaría que lo admitieran en ninguna organización internacional y que solo aceptaría una posición acorde con su importancia histórica, el tamaño de su población y sus servicios a la paz y la cultura. Además, el dictador elogió la neutralidad de España en tiempos de guerra como una «destacada ejecutoria[1161]» y, en reiteradas declaraciones, pintó al Estado español como un oasis unido de paz en un mundo turbulento en el que las hordas comunistas estaban al constante acecho[1162]. Martín Artajo compartía el convencimiento de Franco de que la posición geoestratégica de España la hacía inestimable para las potencias occidentales: «No tiene España […] sino esperar sentada a su puerta a que pase el cadáver de sus enemigos derrotados en 1939[1163]».

En agosto, el cada vez más influyente ayudante de Franco, Luis Carrero Blanco, presentó un ditirámbico informe sobre la supervivencia del régimen, que elogiaba los logros de Franco y se hacía eco de sus prejuicios. Así, los monárquicos aparecían como un puñado de egoístas ambiciosos, y las actitudes críticas de Londres y Washington se atribuían al resentimiento porque «la España actual es libre políticamente, porque es vigorosa y va para arriba». Carrero Blanco estaba seguro de que Gran Bretaña y Estados Unidos nunca se arriesgarían a abrir la puerta al comunismo en España apoyando a los republicanos exiliados. Aconsejó a Franco que «la única fórmula para nosotros no puede ser otra que: orden, unidad y aguantar. Buena acción policial para prevenir cualquier subversión; enérgica represión si se produce, sin temor a las críticas de fuera, pues más vale castigar duramente una vez que no dejar de corregir el mal». Franco consideraba que cualquier presión extranjera a favor de cambios democráticos era parte de «la ofensiva masónica». En un consejo de ministros celebrado el 8 de septiembre, dijo que había quince millones de masones en Inglaterra que votaban todos por el Partido Laborista[1164]. Sin embargo, con su doblez característica, ganó tiempo permitiendo que Martín Artajo asegurara a los diplomáticos extranjeros que entregaría el poder a don Juan «dentro de dos años[1165]».

En el memorando de Carrero Blanco se proponía una estrategia totalmente razonable. Churchill y Bevin habían dejado claro que Gran Bretaña nunca intervendría en España. A pesar de la intensa hostilidad pública hacia Franco, el general presidente De Gaulle le envió un mensaje secreto para asegurarle que resistiría la presión y mantendría relaciones diplomáticas con él[1166]. Sin oposición externa, Franco pudo concentrarse en su posición interna. A finales de 1945 y principios de 1946, pronunció discursos clave ante la plana mayor del Ejército en los que pedía que se defendiera la unidad de la patria, lo que en la práctica implicaba la defensa de su posición[1167]. Al mismo tiempo, rechazó las propuestas de limitar su dependencia de la Falange[1168]. El Día del Caudillo, el 1 de octubre de 1945, noveno aniversario de su exaltación al poder supremo, tuvieron lugar ceremonias en toda España —en las que participaron la Iglesia, las fuerzas armadas y contingentes de falangistas— concebidas para proyectar una imagen de apoyo popular e institucional al franquismo[1169].

La disolución de la Falange apenas hubiera atenuado la hostilidad popular hacia Franco en las democracias occidentales, mientras que su mantenimiento le aseguraba la adulación constante de los cientos de miles de chupópteros que vivían de la burocracia tentacular del Movimiento, un aparato gigantesco formado por gente que no tenía otro recurso y cuya supervivencia dependía de la lealtad hacia el Caudillo. En un consejo de ministros de una semana de duración, del 3 al 11 de octubre, descartó cualquier reforma más allá de cambios cosméticos como la prohibición del saludo fascista. Después de hablar de «vestir traje democrático asegurándonos riesgos», Franco ordenó que se reforzara la propaganda sobre el Fuero de los Españoles y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Cuando Artajo propuso una amnistía parcial para los presos políticos, Franco respondió: «Nosotros no borramos[1170]» y, en relación con el mismo asunto, amenazó con que todo intento de derrocarlo conduciría a una nueva guerra civil[1171]. Para deshacerse de Franco era necesario el apoyo del Ejército, que el dictador se había ganado con creces insinuando constantemente que, si él desaparecía, se acabaría «la época de las vacas gordas[1172]».

Contra la izquierda, aplicó una represión implacable. La cárcel, las ejecuciones, la tortura y el exilio ya habían hecho estragos en la oposición republicana. El hambre y la dificultad de conseguir trabajo sin salvoconductos para viajar y certificados de buena conducta —es decir, de lealtad política— mermaban aún más la capacidad de resistencia. El impacto de la autarquía, la corrupción y la incompetencia puede verse en los precios de los alimentos. En 1936, un kilo de carne de vacuno costaba 2 pesetas con 40 céntimos; un kilo de patatas, 30 céntimos, y un litro de aceite de oliva, 1 peseta con 70 céntimos. En 1945, suponiendo que pudieran encontrarse, un kilo de carne de vacuno costaba entre 35 y 40 pesetas; un kilo de patatas, 5 pesetas, y un litro de aceite de oliva, 68 pesetas con 70 céntimos. En el caso del aceite, toda la producción de aceite de oliva se exportó durante la Segunda Guerra Mundial y, en su lugar, se importó aceite de soja de mala calidad, lo que provocó varios casos de intoxicación alimentaria[1173].

Entre 1945 y 1951, se libró una guerra sin cuartel contra la guerrilla de izquierdas. En el presupuesto de 1946, del que apenas el 6 por ciento se destinó a la educación, los instrumentos de represión, la policía, la Guardia Civil y el Ejército, recibieron el 45 por ciento[1174]. La política de tierra quemada en la guerra contra la resistencia llevó a la Guardia Civil a arrasar pueblos enteros. El rechazo de los campesinos a la guerrilla se aceleró debido a la actuación de unidades especiales de agentes provocadores de la Guardia Civil que, disfrazados de guerrilleros, entraban en los pueblos en busca de comida y refugio y, cuando aparecían simpatizantes, los detenían o los ejecutaban. A veces, estos falsos guerrilleros atacaban pueblos y se entregaban a la violación y el saqueo. A finales de los años cuarenta, los verdaderos guerrilleros ya no podían contar con la simpatía de los campesinos y tenían que robar, solo para sobrevivir[1175].

La economía continuó languideciendo, pero las críticas a las políticas franquistas se desdeñaban, calificándolas de algo «propio de los papanatas en lo económico[1176]». La publicación en Estados Unidos de documentos alemanes que revelaban el compromiso de Franco con el Eje se consideró con desprecio una prueba más del contubernio masónico-bolchevique que tenía por objeto la destrucción de España. En un extraño discurso pronunciado en septiembre de 1945, el Caudillo afirmó que, a pesar de haber derrotado las «maquinaciones satánicas» de los masones perversos, España estaba siendo atacada por «el super Estado masónico», que controlaba la prensa y las emisoras de radio del mundo, así como a muchos políticos clave de las democracias occidentales. Franco transmitía este mensaje al pueblo en largos viajes a lo largo y ancho de todo el país, en los que sus discursos eran aclamados por las multitudes movilizadas por la Falange[1177].

Pese a presentar su régimen al mundo exterior como monárquico, el dictador se enfureció cuando el heredero real, don Juan, se negó a venir a España a no ser que fuera para acceder al trono. A principios de febrero de 1946, don Juan se instaló en Estoril, cerca de Lisboa. 458 de las figuras más importantes del establishment español —incluidos veinte exministros, los presidentes de los cinco bancos principales del país, muchos aristócratas y destacados profesores universitarios— firmaron una carta colectiva a don Juan expresando su deseo de ver restaurada la monarquía, «encarnada en Vuestra Majestad[1178]». Franco montó en cólera y manifestó en un consejo de ministros celebrado el 15 de febrero: «Esto es una declaración de guerra; hay que aplastarlos como gusarapos». Planeaba encarcelar a todos los firmantes de la carta sin juicio hasta que algunos altos cargos le explicaron las repercusiones internacionales negativas de semejante proceder. Así, se contentó con algunas retiradas de pasaportes, inspecciones fiscales o destituciones. A Kindelán, al que Franco consideraba el cabecilla del movimiento, lo desterró a Canarias[1179].

El trato de Franco a los monárquicos era suave en comparación con el que reservaba a la izquierda. El 21 de febrero, uno de los líderes de la guerrilla y héroe de la resistencia francesa, Cristino García, fue ejecutado junto con otros nueve maquis, después de un juicio sumarísimo[1180]. Franco rechazó las peticiones de clemencia del Gobierno francés para reforzar el mensaje proyectado durante su gira de mítines falangistas. Al cabo de pocos días, treinta y siete miembros del Partido Socialista Obrero Español fueron condenados a duras penas de cárcel por intentar reorganizar el partido[1181].

El Gobierno francés estaba indignado y quería incluir la cuestión española en el orden del día del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Decididos a no hacer nada que pudiera fomentar una guerra civil en España, los gobiernos británico y estadounidense convencieron a los franceses de que aceptaran un acuerdo de compromiso más suave. El 4 de marzo de 1946, una declaración tripartita de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia anunciaba: «Mientras el general Franco continúe en el poder de España, el pueblo español no podrá aspirar a una asociación plena y cordial con las naciones del mundo que, con su esfuerzo común, han derrotado al nazismo alemán y al fascismo italiano, que ayudaron al actual régimen español a hacerse con el poder», a lo que la declaración añadía: «No se pretende interferir en los asuntos internos de España. A la larga, será el pueblo español quien deba decidir su destino». La piadosa esperanza de que, sin arriesgarse a una guerra civil, «los principales patriotas y liberales españoles puedan encontrar pronto los medios para lograr una retirada pacífica de Franco, la abolición de la Falange y el establecimiento de un Gobierno interino o provisional» ilustraba la rebaja de tono respecto a la Declaración de Potsdam[1182]. En el gabinete, Franco se enfadó porque «Rusia maneja todo y Francia es su Quisling» y se refirió a los líderes de las democracias como «esos bandidos[1183]».

Franco se daba cuenta de que la política angloamericana de no intervención se debía a su decisión de impedir que la península Ibérica cayera bajo la influencia soviética[1184]. El día después de la declaración tripartita, el célebre discurso de Churchill en Fulton (Misuri) sobre el Telón de Acero le convenció de que era solo cuestión de tiempo que Occidente reconociera su valor. Al cabo de dos días, en el Museo del Ejército, Franco recordó a sus seguidores que la mejor defensa contra el regreso de una izquierda vengativa era unirse en torno a él. Habló de «sacrificios e incomodidades, de austeridad y largas vigilias, de servicios y de centinelas. Pero en este servicio, a vosotros os corresponde alguna vez el descanso, y a mí, no; yo soy el centinela que nunca es relevado, el que recibe los telegramas ingratos y dicta las soluciones; el que vigila mientras los demás duermen». De la autoglorificación pasó a la autocompasión, lamentando el coste de su dedicación desinteresada: «Yo, como jefe del Estado, veo limitadas mis intimidades y mis recreos: toda mi vida es trabajo y meditación[1185]».

El 1 de abril, el desfile anual de la victoria en la Guerra Civil se convirtió en una manifestación multitudinaria de apoyo a Franco[1186]. El 6 de abril, el ministro de Trabajo falangista, José Antonio Girón de Velasco, y una delegación de excombatientes de la Guerra Civil entregaron a Franco cincuenta álbumes con trescientas mil firmas en prenda de lealtad y agradecimiento[1187]. A mediados de abril, una propuesta conjunta rusopolaca para la suspensión de las relaciones diplomáticas con España, con el argumento de que un aliado del Eje era un peligro para la paz mundial, fue neutralizada por los representantes británicos y estadounidenses en las Naciones Unidas, que recomendaron que una simple subcomisión investigara las alegaciones polacas[1188]. El 14 de mayo de 1946, Franco respondió en las Cortes. En un discurso de más de dos horas, negó haber llegado al poder con la ayuda del Eje y afirmó que España estaba siendo atacada porque había suprimido la masonería y derrotado al comunismo. En referencia a los acontecimientos de 1940, se autoelogió por su generosidad hacia una Francia vencida y afirmó que España había salvado a Gran Bretaña de la derrota[1189].

En su informe del 31 de mayo de 1946, el subcomité de la ONU confirmó que la ayuda del Eje había permitido la instauración del régimen de Franco, de naturaleza fascista, así como su conducta favorable al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, su constante apoyo a los criminales de guerra nazis y la ejecución, encarcelamiento y represión de sus oponentes políticos. Sin embargo, como Franco no había amenazado la paz internacional, el subcomité no podía recomendar que el Consejo de Seguridad interfiriera en los asuntos de España. No obstante, al concluir que la España de Franco representaba «una amenaza potencial para la paz y la seguridad internacionales», el subcomité sugirió que las Naciones Unidas pidieran a sus miembros que rompieran las relaciones diplomáticas con España[1190]. Franco, a través de Artajo, sugirió con una indignada protesta que esto constituía una injerencia intolerable en los asuntos internos de España. De hecho, el informe del subcomité no contenía más que un tímido compromiso en el sentido de que la cuestión española debía ser objeto de una vigilancia constante por parte del Consejo de Seguridad[1191].

Mientras tanto, el aparato propagandístico de Franco hacía frenéticos esfuerzos para convencer a los españoles de que eran víctimas de un «cerco internacional» que era el responsable de la espantosa situación económica del país, cuando la culpa podía atribuirse a la autarquía, que solo permitía a los fabricantes españoles importar materias primas y maquinaria básicas con la autorización del Gobierno, un sistema tan corrupto como ineficiente[1192]. Para compartir los beneficios de la reconstrucción económica internacional de la posguerra, Franco habría tenido que aceptar unas reformas políticas que se negó a introducir. El «cerco» era una excusa muy práctica para casi todos los fracasos del régimen[1193].

Cada vez más autosatisfecho, Franco le comentó a Artajo que «el mundo se pelea y nos deja en paz[1194]». El caudal del torrente de adulación no disminuyó. El décimo Día del Caudillo, el 1 de octubre de 1946, durante las fastuosas celebraciones que tuvieron lugar en Burgos, tras un tedeum en la catedral, Franco recibió un escudo de oro y platino con incrustaciones de rubíes, diamantes y esmeraldas, regalo de las autoridades de las cincuenta provincias españolas[1195]. A finales de ese mismo año, Franco tildó de «complot de inspiración soviética» el llamamiento de las Naciones Unidas a que cediera el poder a un Gobierno representativo provisional[1196] Los ministros falangistas Girón y Fernández Cuesta organizaron una gran campaña de propaganda para transmitir una imagen de unidad nacional absoluta[1197].. Una multitud de falangistas y excombatientes se congregó en la plaza de Oriente el 9 de diciembre de 1946 ondeando pancartas con consignas que atacaban a Rusia, a los franceses y a los extranjeros en general. Franco se dirigió a la muchedumbre como si España estuviera todavía en plena Guerra Civil, atacando virulentamente al comunismo y a las democracias. Invitó a sus partidarios a sumar «a la gran fuerza de nuestra razón la fortaleza de nuestra unidad» y terminó jactándose de que «la prueba de nuestro resurgimiento es llevar al mundo colgado de los pies». Los gritos de «¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!» resonaron durante una hora después de que concluyera el discurso[1198].

La resolución final sobre España, adoptada en la Asamblea General el 12 de diciembre de 1946, excluía a España de las Naciones Unidas y pedía a todos los miembros que retiraran del país a sus embajadores[1199]. Al cabo de cuatro días, en una ceremonia en Zaragoza para celebrar la resistencia española contra la invasión napoleónica, Franco declaró que su sistema superior situaba a España diez años por delante de las demás naciones en cuanto a autoridad moral y evolución social. También autorizó que se acuñaran nuevas monedas en las que apareciera su efigie con las palabras «Caudillo por la gracia de Dios[1200]». A pesar de la pretensión de que España se enfrentaba a la agresión internacional, en la práctica las Naciones Unidas apoyaron la política angloamericana de no intervención. No se impusieron sanciones económicas ni militares, y la mayoría de los países retiraron a sus embajadores, pero mantuvieron las relaciones diplomáticas como de costumbre, aunque bajo la dirección de encargados de Negocios. A Franco, en cambio, le iba de perlas utilizar una inocua hostilidad internacional para crear el mito que lo representaba como el heroico capitán de una guarnición asediada[1201]. A los dos días de la resolución de las Naciones Unidas, comenzó a publicar una serie de artículos esporádicos en Arriba, que aparecerían a lo largo de los cinco años siguientes con el seudónimo de Jakim Boor (los dos pilares del templo masónico), en los que revelaba su permanente hostilidad hacia «los judíos del mundo, el ejército de especuladores» y los masones[1202]. En sus artículos, Franco vilipendiaba al secretario general de la ONU, el noruego Trygve Lie, y al presidente de la Asamblea General, el belga Paul-Henri Spaak, tachándolos de «masones» y «lacayos de Moscú». Los artículos argumentaban que la masonería, que para Franco era inseparable de la democracia liberal, conspiraba con el comunismo para destruir España[1203]. La obsesión del dictador por la masonería se alimentaba de una red de espías, a cuya información, aunque extremadamente dudosa, Franco daba un crédito absoluto[1204].

A pesar de su desprecio por las democracias occidentales, Franco estaba trazando planes con Carrero Blanco para que su régimen fuera aceptable en el panorama internacional, lo que implicaba institucionalizar el régimen como una monarquía y que él permaneciera como jefe del Estado y regente vitalicio. Cambiar el nombre del régimen por el de «reino» no alteraría su contenido. El 22 de marzo de 1947, Carrero Blanco propuso que Franco nombrara al monarca que lo sucedería[1205].

Por aquel entonces, tras una visita a España, Juan March comentó a Gil Robles que no había visto más que «cobardía, egoísmo, corrupción[1206]». El propio Caudillo lo reconoció a principios de enero de 1947. El venerable Andrés Saliquet, que encabezaba una delegación de generales de mayor edad, le expresó su inquietud por la decisión de las Naciones Unidas, a lo que Franco respondió cruelmente: «No hay nada de qué preocuparse. Además, ¿no marcha bien tu fábrica de jabón?». Este comentario demostraba que el dictador era consciente de que su causa se sostenía gracias a redes corruptas. Muchos generales disfrutaban de cargos directivos en empresas que estaban dispuestas a pagar su influencia para conseguir materias primas escasas o energía eléctrica. A continuación, les dijo a los generales que el creciente antagonismo ruso-estadounidense garantizaba que pronto Washington estaría a sus pies[1207] Tenía informes diplomáticos sobre la mesa que confirmaban que los conservadores británicos y elementos importantes del Pentágono lo veían como un baluarte contra el avance soviético[1208]..

Pronto empezaron a soplar nuevos vientos más favorables al franquismo. El 12 de marzo de 1947, en respuesta a la incapacidad de los británicos de mantener la ayuda militar a Grecia y Turquía, se anunció la Doctrina Truman de apoyo a «los pueblos libres para que forjen su propio destino[1209]». En un contexto internacional cada vez más favorable, Franco seguía revistiendo su régimen de una apariencia de respetabilidad. A principios de abril se anunció el proyecto de Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que declaraba a España reino católico cuyo jefe de Estado era Franco. El proyecto corrió un tupido velo sobre el coqueteo del régimen con el Eje, mientras que en la letra pequeña se apreciaba que nada había cambiado en la dictadura: Franco gobernaría hasta que se lo impidiera la muerte o la incapacidad y tendría derecho a nombrar a su propio sucesor real. Idealmente, el plan exigía la conformidad de don Juan de Borbón, quien, en cambio, el 7 de abril de 1947, publicó indignado el Manifiesto de Estoril, en el que denunciaba la ilegalidad de la Ley de Sucesión, ya que no se había consultado para ella ni al heredero del trono ni al pueblo. Franco, Artajo y Carrero coincidieron en que don Juan se había autodescartado como sucesor idóneo del Caudillo. El manifiesto de don Juan hizo que la prensa franquista le acusara de ser un instrumento al servicio de la masonería internacional y el comunismo[1210]. Tanto Londres como Washington se mostraban totalmente escépticos ante el plan de Franco pero, en el contexto de la Guerra Fría, no tenían intención de hacer nada al respecto[1211].

En respuesta a la caída en picado de las condiciones de vida de la clase obrera, y a pesar de la fuerte represión policial, acabaron estallando conflictos laborales a principios de mayo de 1947, cuando se produjo una serie de huelgas en todo el país, principalmente en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid y en los astilleros de El Ferrol[1212]. El régimen respondió con su brutalidad característica. Bilbao se llenó de unidades de la Legión, la Guardia Civil y 2.500 policías armados adicionales. Se ordenó a los empresarios que despidieran a los huelguistas y se encarceló a los que se negaron[1213]. En lugar de ver la ola de huelgas como la acción popular contra el régimen a la que animaba la condena de la ONU de diciembre de 1946, Londres y Washington optaron por considerarla una campaña de sabotaje de inspiración comunista[1214].

El 5 de junio de 1947, el general George C. Marshall, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el Programa de Recuperación Europea, del que España quedaba excluida. El Gobierno español reaccionó repartiendo panfletos en Washington en los que se afirmaba que, sin España, el Plan Marshall estaba condenado al fracaso[1215]. Irónicamente, el Plan Marshall, pese a excluir a España, favoreció la supervivencia de Franco, ya que, al impedir Moscú que sus satélites de la Europa del Este aceptaran la ayuda estadounidense, aceleró la división de Europa en dos bloques y, por lo tanto, aumentó el valor estratégico de la Península para Occidente.

Mientras tanto, la llegada de alimentos de Argentina resultaba crucial para apuntalar el régimen hasta que cambiara la actitud de Estados Unidos. Juan Domingo Perón había desobedecido la resolución de la ONU y, en enero de 1947, envió un nuevo embajador cuya llegada fue recibida con manifestaciones nada espontáneas y una eufórica cobertura de prensa[1216]. Una propaganda aún más espectacular fue la que generó la visita a España de la glamurosa María Eva Duarte de Perón, Evita, ese mismo verano. La Falange movilizó a enormes multitudes en cada una de las apariciones públicas conjuntas de Evita y Franco[1217]. El viaje coincidió con la consulta de ratificación de la Ley de Sucesión organizada por el ministro de la Gobernación, Blas Pérez[1218]. Los llamamientos a favor del «sí» en la consulta aparecían en la prensa junto a la cobertura de la gira de Evita, a cuyo término se firmó el Protocolo Franco-Perón, que garantizaba nuevos créditos y entregas de trigo hasta 1951[1219].

La propaganda en bloque para el referéndum afirmaba que el voto negativo obligaría a dejar la España católica en manos del marxismo internacional[1220]. Se movilizó todo el poder de la Iglesia a favor del «sí», y altos cargos del Gobierno insistieron en que las cartillas de racionamiento no serían válidas a menos que se presentaran y sellaran en los centros de votación. Según las discutibles cifras oficiales, en la consulta celebrada el lunes 6 de julio de 1947 votaron 15.219.565 españoles, el 89 por ciento del censo, de los que 14.145.163, el 93 por ciento, optaron por el «sí»; el 4,7 por ciento (722.656) votaron «no» y hubo un 2,3 por ciento (351.746) de votos en blanco o nulos. Incluso teniendo en cuenta la abstención en las grandes ciudades, el aluvión de propaganda, la intimidación y la falsificación, los resultados mostraron que Franco disfrutaba ahora de un considerable apoyo popular[1221]. Aunque la validez democrática del referéndum no convenciera en exceso a los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, desde mediados de julio de 1947 su política demostraba que ya se habían hecho a la idea de que el dictador seguiría al mando durante unos cuantos años[1222]. Tanto los responsables políticos británicos como los estadounidenses reconocían a regañadientes su valor en la Guerra Fría. En octubre de 1947, el Departamento de Estado estadounidense optó por una rápida normalización de las relaciones económicas y políticas con España[1223].

Así, cuando la cuestión de España se debatió en la Asamblea General celebrada en la sede provisional de la ONU en Lake Success, a pesar de las pruebas de que la Ley de Sucesión de Franco era una farsa, de que miles de opositores al régimen estaban encarcelados en condiciones inhumanas y de que seguía concediendo asilo a un gran número de criminales de guerra nazis, las propuestas de sanciones económicas contundentes no tuvieron éxito. Muchos embajadores regresaron a Madrid y, en enero de 1948, funcionarios del Departamento de Estado discutían el envío de un embajador estadounidense. Franco había sobrevivido a lo peor, y la toma del poder por parte de los comunistas en Checoslovaquia en febrero de 1948 y el bloqueo de Berlín desde el 24 de junio de 1948 hasta el 4 de mayo de 1949 harían el resto[1224]. El Caudillo consideró entonces que podría dedicar cada vez más tiempo a su solaz y esparcimiento. Así, pasaba las vacaciones de Semana Santa pescando en Asturias, mientras que gran parte del verano se entregaba a la pesca de altura en el Atlántico a bordo de su yate Azor. Además de eso, encontraba siempre el tiempo necesario para cacerías en las que se cerraban buena parte de los tratos corruptos del régimen[1225].

Aunque el Congreso de Estados Unidos aprobó la inclusión de España en el Plan Marshall el 30 de marzo de 1948, el presidente Truman señaló que esa decisión solo podían tomarla los miembros del Programa de Recuperación Europea. Truman estaba consternado por la falta de libertad religiosa en la España franquista y también tenía en cuenta la opinión popular en Gran Bretaña y Francia[1226]. Mientras tanto, Franco concertó un encuentro con don Juan en el Azor, en el golfo de Vizcaya, el 25 de agosto de 1948[1227]. Hablaron solos durante tres horas, aunque fue el Generalísimo quien llevó la voz cantante. Su objetivo era asegurar que el hijo de don Juan, Juan Carlos, de diez años, completara su educación en España. Quería que el muchacho fuera rehén tanto para justificar su papel de regente como para controlar la restauración de la monarquía[1228]. Don Juan le comentó a un funcionario de la embajada de Estados Unidos que antes de la reunión no había hecho ningún progreso en sus relaciones con Franco y que ahora había puesto «el pie en la puerta», aunque sabía que cualquier acuerdo sobre Juan Carlos sería manipulado por el dictador para dar a entender que don Juan había abdicado[1229].

El único que salió beneficiado del encuentro fue Franco, que logró impedir el acercamiento de monárquicos y socialistas[1230]. El Caudillo filtró la noticia de que Juan Carlos se educaría en España y don Juan se vio obligado a enviar a su hijo al país, al que llegó el 9 de noviembre, para encontrarse con un grupo de preceptores de lealtad inquebrantable a Franco. Cuando Juan Carlos visitó a Franco en El Pardo, los medios de comunicación controlados por el régimen dieron la impresión de que la monarquía estaba subordinada al dictador[1231]. En el contexto de deterioro de la situación internacional, esta aparente «normalización» de la política española fue recibida con entusiasmo por las potencias occidentales. Don Juan pronto se dio cuenta de que lo habían engañado, pero ya era demasiado tarde. Franco había sacado todo el jugo posible, hasta la última gota, a la aparente cercanía entre el dictador y don Juan[1232].

Para consolidar su posición frente a Estados Unidos, en marzo de 1948 Franco envió a José Félix de Lequerica a Washington con el engañoso cargo de «inspector de Embajadas y Legaciones» y cantidades ingentes de dinero en efectivo para conseguir apoyo político, militar, religioso y financiero para el régimen. Lequerica cultivó un entusiasta lobby franquista de influyentes católicos, anticomunistas, planificadores militares, republicanos antitrumanianos y empresarios con intereses en España[1233] Y consiguió organizar la visita de una misión militar estadounidense a El Pardo el 30 de septiembre de 1948[1234].. Al coincidir con las celebraciones anuales del Día del Caudillo, los medios de comunicación presentaron dicha visita como un aval de Estados Unidos al Gobierno franquista[1235]. Lo peor había quedado atrás. Don Juan estaba domesticado. Militares estadounidenses de alta graduación empezaban a llamar a la puerta. El 4 de octubre de 1948 en París, el general Marshall anunció a los ministros de Asuntos Exteriores británico y francés, Ernest Bevin y el Dr. Robert Schuman, que el reconocimiento de Franco no representaba ningún problema para Estados Unidos. Era demasiado pronto para que la opinión pública de Gran Bretaña y Francia aceptara ir tan lejos, pero el ingreso de España a las Naciones Unidas pronto estaría en la agenda[1236].

Tan ansioso estaba el Caudillo por estrechar relaciones con Estados Unidos que propuso sin éxito un acuerdo económico bilateral con la potencia americana que incluía la posibilidad de autorizar bases militares estadounidenses en España y en las islas Canarias y Baleares[1237]. Con el Partido Laborista en el poder en Gran Bretaña, Franco concentró sus esfuerzos diplomáticos en Estados Unidos y el Vaticano. El devoto católico Joaquín Ruiz-Giménez fue enviado como embajador ante la Santa Sede a finales de noviembre de 1948 con la tarea de conseguir un Concordato con el que Franco quería sellar públicamente la aprobación divina de su régimen.

El aparato represivo del franquismo era tan poderoso que el dictador prácticamente no pensaba en la izquierda. En los barrios obreros de las principales ciudades, se podía ver a gente vestida con harapos que rebuscaba entre la chatarra y las calles estaban abarrotadas de mendigos. La mayoría de las grandes urbes tenían barrios de chabolas en sus afueras, donde la gente vivía en condiciones terriblemente primitivas. En la periferia de Barcelona y Málaga, unos vivían en chozas de cartón y chapa ondulada y otros en cuevas. Los servicios médicos y de bienestar del Estado eran prácticamente nulos. La situación empeoró con las migraciones internas en masa a partir de 1945 y el crecimiento descontrolado de las ciudades industriales. Ante la falta de planificación urbana, la necesidad de alojar a la población recién llegada permitió a los empresarios de la construcción amasar grandes fortunas edificando barrios de bloques de viviendas de mala calidad y superpoblados, que, por lo general, carecían de servicios básicos, hospitales, escuelas, transporte público, ascensores e instalaciones de seguridad; era lo que se dio en llamar el «chabolismo vertical». Las posibilidades de corrupción eran casi ilimitadas, pues había que sobornar a los funcionarios públicos para conseguir las recalificaciones necesarias, así como los permisos para materiales básicos de construcción como el cemento, el acero y la madera, sometidos a racionamiento hasta el Plan de Estabilización de 1959[1238]. Las penurias, la malnutrición, las epidemias, el aumento de la prostitución, el mercado negro y la corrupción eran consecuencias de las políticas del régimen franquista, pero la difícil situación de sus víctimas no inquietaba a Franco[1239]. Aun así, y a pesar de los discursos en los que afirmaba que había traído la prosperidad a España, en las conversaciones sobre la posible adhesión del país a la OTAN, Franco incluía, a cambio de la cooperación militar, ayuda para animar el deprimente panorama de la economía española[1240].

La situación financiera de España era tan desesperada que el ministro de Industria y Comercio, Juan Antonio Suanzes, predijo que, sin la ayuda económica de Estados Unidos, se produciría el colapso total del país en un plazo de seis meses. La pertinaz sequía causaba severas restricciones eléctricas que afectaban a la producción industrial. Las predicciones de la cosecha de trigo eran cada vez más negativas. La ración de pan se redujo a 150 gramos por día después de que Perón se negara a enviar más trigo si España no cumplía los compromisos contraídos con Argentina[1241]. Sin embargo, el ilimitado optimismo de Franco en unas condiciones tan terribles se vio reforzado por el éxito del lobby español en Estados Unidos. Así, el 8 de febrero de 1949, se anunció que dos bancos de Nueva York habían prestado al Gobierno español 25 millones de dólares[1242]. A principios de abril de 1949, se creó la OTAN, sin España, pero con el Portugal de Salazar como Estado miembro, lo que reflejaba el valor estratégico de las Azores, la hostilidad hacia Franco de la opinión pública de la mayoría de los países de Europa y el hecho de que Salazar hubiera manejado su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial con una sutileza infinitamente mayor que su par español[1243]. Sin embargo, había indicios esperanzadores para el Caudillo. Cuando la Asamblea General de la ONU se reunió en Nueva York a principios de mayo de 1949 para debatir la continuidad del ostracismo de España, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se abstuvieron[1244]. Al cabo de dos días, el Generalísimo pronunció un discurso ante las Cortes en el que justificaba su trayectoria y reclamaba un lugar de privilegio en la comunidad internacional. Presumió de haber llevado a España a convertirse en un líder mundial cuyos logros sociales lo distinguían tanto del capitalismo liberal como del materialismo marxista. El discurso repasaba la lista de unos éxitos económicos imaginarios. También insinuaba que el único obstáculo para su deseado entendimiento con Estados Unidos era la malicia de Gran Bretaña y Francia[1245].

El Gobierno español de la época se vio involucrado en una turbia operación con Juan March, gracias a la cual este obtuvo una inmensa fortuna[1246]. El asunto tenía que ver con la empresa Barcelona Traction, Light and Power Co. (La Canadiense - BTLP), la principal empresa generadora de electricidad de Cataluña. Pese a tener el domicilio social en Canadá, su principal accionista era una compañía belga, SOFINA, que también era propietaria de la Compañía Hispano-Americana de Electricidad (CHADE), la mayor generadora de electricidad de América Latina. Aunque no operase en España, los beneficios de CHADE en Latinoamérica se repatriaban a su sede central en nuestro país y disfrutaban de un trato fiscal muy favorable por parte de Franco. March llevaba comprando acciones de BTLP desde el final de la Segunda Guerra Mundial a través de una sociedad con sede en Tánger. En abril de 1947, sus emisarios informaron al presidente de CHADE, el estadounidense Daniel Heineman, que si su empresa no le vendía BTLP, el Gobierno español atacaría a CHADE. Previamente a esta operación, March había abandonado su defensa de la causa de don Juan para restaurar sus relaciones con El Pardo. Su primer objetivo fue Blas Pérez, quien recibió autorización de Franco para recibir a March con la excusa de hablar de la sanidad pública en Mallorca, ya que Blas Pérez también era ministro de Sanidad. March declaró al salir de la entrevista: «Es el ministro más inteligente que tiene Franco. Estoy enamorado de él». Se desconocen los incentivos de los que hablaron, pero CHADE comenzó enseguida a ser blanco de las críticas del Gobierno y de representantes en las Cortes como Pérez y Suanzes, con quien March tenía estrechos vínculos. March le dijo a Heineman que podría detener los ataques a cambio de ofrecerle una participación de control en la BTLP. Cuando Heineman se negó, en julio de 1947, Suanzes aplicó medidas fiscales restrictivas contra CHADE. Se ha dicho que March entregó un paquete de acciones al Gobierno español. Lo cierto es que Blas Pérez se incorporaría más tarde al consejo de administración de la naviera Trasmediterránea, propiedad de March.

La BTLP era una empresa rentable. Sus activos ascendían a unos diez millones de libras esterlinas (equivalentes a unos quinientos millones de euros de 2010). Sin embargo, para comodidad de algunos de sus inversores extranjeros, BTLP había emitido algunas obligaciones en libras esterlinas cuyos intereses se pagaban asimismo en libras. La defensa de la autarquía por parte de Suanzes hizo que el Instituto Español de Moneda Extranjera impusiera restricciones monetarias, por lo que era imposible adquirir las libras esterlinas necesarias para pagar los intereses de las obligaciones denominadas en esta divisa. BTLP tenía suficientes activos como para pagar los intereses más la demora en cuanto se relajaran las restricciones monetarias, pero agentes de March compraron en secreto estas obligaciones aprovechando que el aumento de los intereses pendientes de pago provocó la caída de la cotización de las acciones. Cuando tuvo obligaciones suficientes (el 21 por ciento), March exigió el pago de los intereses que se adeudaban. En febrero de 1948, sus agentes presentaron una demanda en un tribunal de Reus, alegando que BTLP no había cumplido el pago de la deuda y exigiendo una reparación inmediata. El juez, de quien se dijo que había sido sobornado, sentenció a favor de los demandantes (en realidad, a favor de March) y les adjudicó la propiedad de todos los activos de la Barcelona Traction. Los propietarios extranjeros de la empresa recurrieron la sentencia, pero los tribunales españoles rechazaron el recurso. A pesar de que los recurrentes contaban con el apoyo de los gobiernos de Bélgica, Canadá y Estados Unidos, sus iniciativas fueron hábilmente bloqueadas por los abogados de March. En junio de 1951, March tenía en su poder la mayoría de las acciones y presionó para que se vendiera la empresa. Las condiciones de la subasta eran que el comprador tenía que pagar todos los intereses pendientes, la mayoría de los cuales se adeudaban a March. En todo este proceso, el mallorquín contó con el apoyo de Blas Pérez, Suanzes y Franco, quienes creían que se trataba de una operación para nacionalizar la empresa. Cuando Suanzes fue reemplazado por Arburúa en julio de 1951, March también lo puso en nómina. El único licitador que pudo cumplir las condiciones de la subasta fue Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA, que pertenecía a March. De este modo, el financiero mallorquín consiguió por diez millones de pesetas una empresa que estaba valorada entre 1.500 y 6.000 millones. La reacción inmediata de Franco fue calificar esta operación de «audaz triunfo del nacionalismo». Se ha dicho que el apoyo del dictador fue su forma de recompensar a March por su ayuda durante la Guerra Civil. Suanzes montó en cólera cuando la empresa no se nacionalizó, ya que todos los beneficios fueron al bolsillo de March. Larraz lo consideraba como «uno de los mayores affaires del siglo[1247]». El Gobierno belga recurrió en vano ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en 1958. Serrano Suñer, que actuó como uno de los abogados del Gobierno belga, lo calificó de «el más fabuloso artilugio que se conoce en la historia del derecho procesal y mercantil[1248]».

Aunque los beneficios de BTLP se los embolsara March, la situación era favorable al Caudillo en otros frentes. Cuando don Juan insinuó que impediría el regreso de su hijo a España después de las vacaciones de verano de 1949, Franco respondió con la amenaza de aprobar una ley que lo excluyera específicamente del trono, y don Juan capituló[1249] Las noticias del estallido de una bomba atómica soviética en agosto intensificaron la presión dentro de Estados Unidos a favor de un acercamiento con España que les proporcionara bases aéreas y navales[1250].. Un poderoso defensor de la alianza con Franco fue el almirante Forrest Sherman, quien estaba convencido de la importancia geoestratégica de España para su país. Como comandante en jefe de la Sexta Flota de Estados Unidos, visitó numerosos puertos españoles. Su yerno fue agregado naval adjunto en Madrid en 1947. Cuando Sherman y su esposa visitaron a su hija en la capital española, fueron agasajados por las autoridades[1251]. Otras figuras clave en el sistema de defensa estadounidense estaban impacientes por conseguir bases en España. El lobby de Lequerica en Washington obtuvo el apoyo de varias personalidades políticas y militares influyentes y, gracias a los fondos autorizados por Franco, un número cada vez mayor de senadores y congresistas desfilaron por Madrid con todos los gastos pagados por España[1252].

La proclamación de la República Popular China por Mao Zedong el 1 de octubre de 1949 benefició aún más al franquismo. Para los políticos occidentales, parecía como si otra enorme área del mundo hubiera caído en la órbita soviética, aunque Mao no fuese un títere de Moscú. En este contexto, del 22 al 27 de octubre de 1949 se organizó una operación para mostrar a los aliados occidentales el valor de la península Ibérica. Franco visitó Portugal a bordo del crucero Miguel de Cervantes, a la cabeza de una flotilla de once buques de guerra. En el estuario del Tajo, fue recibido por cuatro destructores portugueses y escoltado hasta Lisboa, donde se celebró un desfile aéreo de Hurricanes y Spitfires y otro terrestre de quince mil soldados portugueses. El 27 de octubre fue declarado festivo en España y, para celebrar el regreso de Franco, las calles de Madrid se llenaron de multitudes de falangistas y campesinos llegados en autobús desde las provincias castellanas[1253].

Mientras tanto, la crisis alimentaria se agudizaba. Poco después de la Navidad de 1949, Varela le comentó a Franco su inquietud tanto por la corrupción administrativa como por la alarmante escasez de trigo. El Caudillo respondió autosatisfecho que podría obtener sin problema créditos en el extranjero para comprar alimentos, pero que no estaba dispuesto a pagar a cambio con reformas políticas, sino que prefería esperar, seguro de que «el mundo necesita más de España, que España del mundo». Varela le propuso que pusiera coto a la corrupción del régimen otorgando más libertad a la prensa y a las Cortes. Franco objetó que las consecuencias negativas serían peores. La corrupción era un instrumento central de su poder. La entrevista terminó con estas palabras de Franco a Varela: «Yo no daré a España ninguna libertad en los próximos diez años. Pasado ese plazo, abriré algo la mano[1254]».

La confianza del dictador se debía a que era conocedor de las presiones que se ejercían tanto en el Gobierno británico como en el estadounidense para que se adoptara una política más favorable a España[1255]. Reconociendo que la resolución de 1946 había fracasado, el 18 de enero de 1950, el secretario de Estado de Truman, Dean Acheson, declaró en una carta a la que se dio la máxima difusión que Estados Unidos estaría dispuesto a votar a favor de una resolución de la ONU que permitiera a los países miembros enviar embajadores a Madrid y admitiera el ingreso de España en organismos técnicos internacionales. Acheson indicó que una mayor integración en las instituciones de Europa occidental, incluida presumiblemente la OTAN, exigiría una liberalización política en el Estado español[1256]. El caso estaba visto para sentencia. Cuando la carta de Acheson se publicó en España, se consideró la prueba de que Estados Unidos reconocía que el Caudillo tenía razón desde el principio, si bien su llamamiento a la liberalización fue denunciado como una injerencia impertinente en los asuntos internos del país[1257]. Franco sabía que las peores dificultades del régimen ya eran cosa del pasado. Además, pese a las declaraciones críticas sobre sus vínculos con el Eje, los gobiernos de Europa occidental querían tener acceso a los productos agrícolas españoles[1258].

Detrás de la cortina de humo mediática de la dedicación de Franco a su país, las terribles condiciones de vida de la clase obrera coexistían con la buena vida y la corrupción de las élites, lo que provocó las protestas de algunos de los generales más austeros. Sin embargo, como indican los comentarios ya mencionados de Franco a Saliquet, la austeridad en las altas esferas era la excepción, sobre todo en la familia del Caudillo. En un discurso pronunciado en marzo de 1950, el general Juan Yagüe, capitán general de la VI Región Militar (con sede en Burgos), se quejó amargamente de los «incultos, ineducados, sin más bagaje que su habilidad para comprar conciencias, que se enriquecen rápidamente y además hacen alarde de su desvergüenza; otros son encumbrados a puestos distinguidos, sin que nadie sepa cuál es la mano negra que los eleva y los mantiene[1259]».

Franco se consideraba de una austeridad ejemplar. Ciertamente, no era mujeriego, no fumaba, bebía vino con moderación en las comidas y no apostaba más allá de algún dinerillo a la lotería nacional o cuando jugaba a las cartas con los amigos y, más tarde, a las quinielas. Sin embargo, todos los recursos, antigüedades y obras de arte, palacios y haciendas del antiguo patrimonio real estaban a disposición exclusiva de su familia, privilegio que aprovechó al máximo, sobre todo para la caza. Los gastos de sus expediciones de caza y pesca eran enormes. La pesca de altura exigía el mantenimiento durante todo el año del yate Azor, así como la presencia de escoltas navales cuando perseguía atunes y ballenas en el Atlántico. Tanto la caza como la pesca de agua dulce implicaban el desplazamiento de grandes séquitos por toda España. Además, estaban los costes ocultos de desatender los asuntos de gobierno, ya que no solo Franco sino también varios de sus ministros participaban en estas expediciones. También había que propiciar que sus escapadas tuvieran éxito lanzando cebo en grandes extensiones del mar y alimentando a ciervos y otras posibles presas en puntos estratégicos de las reservas de caza.

La corrupción de la familia Franco aumentó de forma significativa cuando su hija Carmen, Nenuca, se casó, el 10 de abril de 1950, con un playboy menor de la sociedad jiennense, el doctor Cristóbal Martínez Bordiú, que pronto sería marqués de Villaverde[1260] Los preparativos y la acumulación de regalos fueron tales que se ordenó a la prensa que no dijera nada por miedo a provocar contrastes indeseados con la hambruna y la pobreza que afligían a gran parte del país[1261].. Quienes deseaban congraciarse con doña Carmen siguieron los consejos de su inseparable compañera, Pura, la marquesa de Huétor de Santillán, sobre los regalos más adecuados. La boda supuso un dispendio difícil de sufragar para cualquier familia real europea: guardias de honor, bandas militares y cientos de invitados —entre ellos, el Gobierno en pleno, el cuerpo diplomático y un deslumbrante elenco de aristócratas— participaron en la solemne ceremonia de Estado. Las crónicas de la boda, que se celebró en la capilla de El Pardo, no mencionaron los regalos; sin embargo, los editoriales de prensa que alababan la austeridad del evento estaban en chirriante contradicción con la cobertura, en otras páginas, del banquete ofrecido en El Pardo para ochocientas personas.

La atención popular se centró en las hermosas joyas que llevaba la novia y el singular uniforme del novio, de caballero del Santo Sepulcro, con espada y casco empenachado incluidos. El Caudillo, vestido con el uniforme de gran gala de capitán general de las fuerzas armadas, entregó así a su hija[1262]. El matrimonio de Nenuca cambiaría la vida de Franco. Entre 1951 y 1964, le daría siete nietos a los que prodigaría un afecto y unos mimos hasta entonces ausentes de su vida. Martínez Bordiú trocó la vieja moto en la que iba a ver a su novia por una serie de Chryslers y Packards descapotables y pronto fue conocido por los madrileños como el «marqués de Vayavida». Este aprovechó al máximo su vínculo con la familia del dictador para promover sus intereses empresariales. El general Latorre Roca lo comparó con Nicolás Franco: «No es manco el pomposo marqués de Villaverde que aun deja chico al anterior [Nicolás] en muchos aspectos, pero, principalmente, como viajante de comercio aventajado para ostentar la representación de varias casas extranjeras cuyas producciones guardan íntima relación con los servicios públicos estatales». Junto con el marido de Pura, el marqués de Huétor de Santillán, jefe de la Casa Civil de Franco, Martínez Bordiú amasó una fortuna de diversas fuentes, sobre todo con la adquisición de la licencia exclusiva para importar motos de la marca Vespa de Italia, en una época en la que España tenía pocas divisas para las importaciones. Las motos venían de serie pintadas de verde, lo que provocó que, en Madrid, Martínez Bordiú recibiese un nuevo apodo, el de «marqués de Vespaverde», a lo que algunos madrileños agudos añadieron que VESPA eran las siglas de Villaverde Entra Sin Pagar Aduana[1263].

Se formó un clan de los Villaverde, cuyo cerebro económico era el tío y padrino de Martínez Bordiú, José María Sanchiz Sancho. El padre de Sanchiz, José Martínez Ortega, conde de Argillo, había trabajado para el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial y luego ayudó a ocultar fondos de los nazis a los Aliados[1264]. Sanchiz pronto se ocupó de los intereses económicos de Franco. Hizo una fortuna para el clan de los Villaverde con la especulación inmobiliaria y las licencias de importación y exportación, y su éxito le permitió adquirir considerables participaciones en la banca. Sanchiz ayudó a Franco en la compra, y luego actuó como administrador de una importante finca en Valdefuentes, cerca de Móstoles, en la carretera de Extremadura a la salida de Madrid. Con el tiempo, el numeroso clan de los Villaverde llegó a desplazar a las familias de los hermanos de Franco, Nicolás y Pilar, en el Pardo[1265]. Un falangista destacado que llevaba registros de sobornos y corrupción dentro de la élite franquista describió a Sanchiz como «un aventurero con alma de chacal» para quien «la política no puede ser admitida como una abnegada servidumbre al bien común, sino como la artera manipulación sobre un sucio mostrador cuyo pingüe resultado ha de reflejarse inmediatamente en el fondo bancario personal, en la cuenta corriente. Enfanga todo lo que toca y deja un rastro viscoso de limaco allí por donde pasa[1266]». El clan de los Villaverde fue probablemente el que más éxito tuvo de los muchos que explotaron sus conexiones personales con Franco. Se desconoce la opinión que el dictador tenía de Sanchiz aunque, a pesar de las lucrativas gestiones que este hizo por él, nunca le eximió de la obligación de dirigirse a él como «Excelencia» y de tratarlo de «usted».

Franco no tenía interés alguno en investigar la corrupción, dada su implicación en tal red clientelar y en la medida en que le aseguraba la lealtad de la élite. En conjunto, se ha calculado que recibió cuatro mil millones de pesetas (unos 24 millones de euros) en regalos durante su mandato. Este cálculo probablemente no incluye el valor de los cientos de medallas de oro conmemorativas que entregaron al dictador poblaciones y entidades de toda España y que doña Carmen mandó fundir para producir lingotes[1267]. Además de la finca de Valdefuentes, la familia Franco acumuló otras quince propiedades. En 1945, doña Carmen compró un bloque entero de pisos en Madrid y, en 1962, el magnífico palacio de Cornide en La Coruña. Las complejas y sospechosas maquinaciones que esto involucraba incluían una subasta amañada facilitada por Pedro Barrié de la Maza y el alcalde de La Coruña[1268].

Solo después de sellar la conexión con los Villaverde, doña Carmen dio rienda suelta a su pasión por las antigüedades y la joyería, en la que contó con la colaboración de Pura Huétor, quien le aseguró que todos los que disfrutaban de un buen tren de vida en España se lo debían al Caudillo[1269]. La tacañería y la codicia de la Señora eran legendarias. Se ha afirmado que las joyerías de Madrid y Barcelona crearon consorcios de seguros no oficiales para indemnizarse después de sus visitas. En La Coruña y Oviedo, los joyeros y anticuarios solían bajar la persiana cuando se enteraban de que estaba en la ciudad. A los comerciantes que recibían sus visitas se les pedía que enviaran la factura a la Casa Civil de El Pardo y a los que se atrevían a hacerlo les pagaban puntualmente; eso sí, hay que puntualizar que, pese a la tan cacareada probidad y austeridad de la familia Franco, dichas facturas —de artículos destinados a la colección particular de Carmen Polo— se pagaban con fondos del Estado[1270]. Los miembros de la corte de El Pardo, encabezados por Pura, eran la avanzadilla que negociaba con los anticuarios las piezas que tenían que entregar a la Señora. Pura y el segundo de su esposo en la Casa Civil, el general Fernando Fuertes de Villavicencio, también asesoraban a los cobistas ambiciosos sobre el tipo de regalo que podía resultar aceptable. Los obsequios no deseados se cambiaban por otros más deseables[1271]. Los Huétor aprovecharon sus vínculos con doña Carmen para beneficiarse de su aparente intimidad con Franco. José Antonio Girón, un hombre poco exigente en cuestiones éticas, se quejó a Pacón (Francisco Franco Salgado-Araujo, primo del dictador) de los tejemanejes de Pura Huétor. Pacón le dijo resignado que a doña Carmen le divertían y que no les daba importancia. La hermana de Franco, Pilar, que tampoco era reacia a los negocios turbios, decía estar escandalizada por la relación de doña Carmen con Pura Huétor[1272].

Pilar siempre se presentó como una viuda pobre que nunca se aprovechó de ser la hermana del dictador. En realidad, la relación con su hermano le aseguró puestos en los consejos de administración de varias empresas que prosperaron debido a la suposición de que el propio Franco tenía una participación en estas. Pese a contar solo con una exigua pensión de viudedad en 1941, cuando murió su marido, en los años cincuenta, Pilar se convirtió en una mujer muy rica. Su domicilio, en un elegante barrio madrileño, le costó doce millones de pesetas. Consiguió comprar pisos para cada uno de sus diez hijos; pudo alquilar otros dos; era propietaria de una finca en Puentedeume, cerca de La Coruña; y tenía una importante cartera de valores. Su negocio más rentable lo llevó a cabo en 1957. Un estafador de 81 años, Manuel Bruguera Muñoz, falsificó mapas y documentos que le permitían vender un terreno en Madrid que ya tenía otros propietarios. Se trataba de un fraude similar a los de los timadores que venden la torre Eiffel o la estatua de la Libertad. Por cien mil pesetas, Pilar Franco compró para ella y para su amiga María Queipo de Llano, sobrina del general Gonzalo Queipo de Llano, los terrenos de una zona en pleno desarrollo urbanístico (la prolongación de las calles O’Donnell y Sainz de Baranda por Doctor Esquerdo). El bufete de José María Gil Robles fue encargado de defender los intereses de los verdaderos propietarios. Según Jaime Sánchez-Blanco, el abogado que se ocupó del caso, Pilar utilizó su influencia política para sacar el máximo partido de la operación fraudulenta. En primer lugar, se hizo que el ayuntamiento de Madrid y el Registro de la Propiedad inscribieran los terrenos como pertenecientes a Pilar. Cuando se iniciaron las investigaciones, los documentos que establecían la propiedad legítima desaparecieron por ensalmo del Tribunal Supremo justo cuando un amigo de Franco de toda la vida, Camilo Alonso Vega, era ministro de la Gobernación. Al fallecer el estafador Bruguera, el delito de falsificación fue declarado prescrito. En 1964, cuando, a raíz de la urbanización inminente de la zona, se procedió a la expropiación forzosa de terrenos, los ministros de Obras Públicas y Hacienda se aseguraron de que Pilar obtuviera una jugosa indemnización de tres millones de pesetas por una parte del terreno y de quince millones por otra. En julio de 1973, Pilar percibió una indemnización complementaria de 134 millones de pesetas, una cifra muy superior a la inicial, después de que se informara a los tasadores de que los terrenos «pertenecían» a Pilar Franco[1273].

Este fue uno de los casos más espectaculares de fortunas logradas a través de turbias recalificaciones de terrenos. Otro ejemplo fue el de la riqueza acumulada por el falangista José Antonio Girón. Nombrado ministro de Trabajo en mayo de 1941, permaneció en el cargo durante dieciséis años. Dentro del régimen, se le acusó de malversación de fondos públicos en su programa de creación de colegios técnicos, en el que sus amigos se enriquecieron gracias a generosas contratas de construcción. José Solís lo acusó de ser peor que la mafia siciliana. Antes de dejar el ministerio, preparó con sumo cuidado su carrera posterior. Había comprado una casa en Fuengirola (Málaga), desde donde se dedicó a los negocios inmobiliarios, para los que contó con la ayuda de Hans Hoffmann, un alemán con quien Girón había estrechado amistad durante la Segunda Guerra Mundial. Hoffmann había trabajado como intérprete para la División Azul y luego fue asignado a la embajada del Tercer Reich, desde donde utilizaba sus vínculos con Girón para recabar información sobre el Gobierno español, que luego enviaba a Berlín. Después de 1945, fue un miembro destacado de la comunidad nazi exiliada en España y el eslabón clave entre el canciller Konrad Adenauer y el Gobierno de Franco. Por estos servicios, fue recompensado con el nombramiento de cónsul de Alemania, primero en Algeciras y luego en Málaga.

Durante los años sesenta, Hoffmann fue el intermediario en la compra de numerosas parcelas a nombre de la esposa de Girón, María Josefa Larrucea Samaniego. Girón se estableció en Fuengirola en 1949 después de que su amigo el alcalde y jefe de la Falange local, Salvador Sáenz de Tejada Moreno, coaccionara a algunos campesinos para que vendieran la finca Santa Amalia a la esposa de Hoffmann por quince mil pesetas. La esposa de Girón compró los terrenos al cabo de un año por la misma cifra. Su marido procedió entonces a construir una suntuosa casa en parte del terreno que invadía la zona de protección arqueológica del castillo árabe de Sohail. Hoffmann y Girón comenzaron sistemáticamente a adquirir chalets, apartamentos, locales comerciales y tierras[1274]. El precio del suelo se disparó después de que este último utilizara su influencia política para recalificar unos terrenos hasta entonces rústicos y convertirlos en urbanos. También le ayudó su amistad con otro alcalde falangista, Clemente Díaz Ruiz. El patrimonio de Girón aumentó aún más de valor después de que en 1964 lo nombraran presidente de la recién creada Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol, que trajo a la zona a importantes promotores, banqueros y hoteleros, como los Banús, Marsans, Meliá y el banquero Ignacio Coca García-Gascón, que tenía estrechos vínculos con la familia Franco[1275] Este fue el comienzo del proceso por el cual grandes extensiones de la costa española se convirtieron en una muralla de hormigón[1276]..

La corrupción del régimen español no afectó en absoluto la disposición del establishment militar de Estados Unidos y del Partido Conservador británico a favor de incorporar a Franco a la órbita defensiva de Occidente; sin embargo, tanto el Partido Laborista como el presidente Truman continuaron considerando al régimen franquista como un repugnante Estado policial[1277]. El Caudillo atribuía indignado la hostilidad británica y estadounidense a conspiraciones masónicas, opinión que corroboraban los informes de Lequerica[1278]. Sin embargo, la hostilidad occidental hacia Franco pronto sería historia. La noticia de que los soviéticos habían conseguido la bomba atómica, la victoria de Mao Zedong y varios escándalos de espionaje ya habían alimentado los temores estadounidenses de que el comunismo amenazaba su patria[1279]. Ante la perspectiva de que Europa cayera en manos de los soviéticos, el Estado Mayor Conjunto presionó para forjar una alianza con España como «último bastión de Europa continental» desde donde lanzar un contraataque. Al principio, a Truman no le parecía políticamente realista, pero sus dudas se disiparon cuando, el 24 de junio de 1950, las tropas norcoreanas invadieron Corea del Sur, que estaba bajo el control de Estados Unidos desde 1945[1280].

La especulación desaforada sobre el alcance de las aspiraciones imperiales soviéticas hizo que la administración Truman pasara de una estrategia de contención a una respuesta más agresiva. Si, como muchos suponían, estallaba la Tercera Guerra Mundial, no cabía ni plantearse cualquier intervención en contra de Franco[1281]. El 26 de septiembre de 1950, mientras las tropas estadounidenses intervenían en Corea y las Naciones Unidas reconsideraban sus relaciones diplomáticas con España, Franco ofreció enviar medio millón de soldados a combatir en Corea[1282]. El 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de autorizar el regreso de los embajadores a Madrid, y España fue admitida en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con la abstención de Gran Bretaña y Francia y el voto favorable de Estados Unidos. Franco aclamó la decisión como un espaldarazo internacional en toda regla a sus políticas[1283].

Decidido a sacar el máximo partido al cambio de situación, el Caudillo afirmó que a España se le debía una indemnización por las dificultades económicas de la posguerra, de las que culpó al ostracismo internacional[1284], lo cual era ridículo. Las complicaciones financieras fueron en gran medida la consecuencia de su negativa a autorizar las reformas políticas que habrían permitido la llegada de ayuda internacional. Todo lo contrario: habían persistido en una política asfixiante de autarquía y peseta sobrevalorada. Al final, la ayuda económica llegó, porque Washington aceptó que el Ejército de Franco necesitaba rearmarse. A mediados de noviembre de 1950, la administración Truman autorizó un préstamo de 62.500.000 dólares a España y acordó en secreto nombrar un embajador en Madrid[1285]. A finales de mes, doscientos mil soldados chinos obligaban a las tropas de las Naciones Unidas a regresar a las fronteras de Corea del Sur. La incorporación formal de España al bloque antisoviético comenzó con el nombramiento de Stanton Griffis como embajador de Estados Unidos el 27 de diciembre[1286].

La decisión fue aclamada en España como prueba de que Franco había superado heroicamente el asedio extranjero. En su mensaje de fin de año del 31 de diciembre de 1950, el dictador se felicitó por los grandes avances sociales y económicos logrados frente a una conspiración foránea para mantener débil a España. Afirmó que ningún régimen en la historia de España había creado más riqueza que el suyo. Al presentar un escarnio internacional inofensivo como un asedio despiadado que pretendía desatar los horrores de otra guerra civil, el dictador obtuvo un considerable aumento del apoyo popular. Había domesticado a la oposición monárquica, aplastado la resistencia de los maquis y hecho que la Iglesia y el Ejército se volvieran cada vez más franquistas y leales. El régimen mantuvo así su temible aparato de represión. La seguridad de Franco en sí mismo se puso de manifiesto cuando nombró a Lequerica embajador en Washington para borrar la afrenta que había sentido cuando Truman se había negado a dar el placet a Lequerica en 1945[1287]. El intercambio de embajadores fue el inicio de un proceso que llevó a España a ingresar en la UNESCO el 17 de noviembre de 1952, firmar un Concordato con el Vaticano el 27 de agosto de 1953, suscribir el Pacto de Madrid con Estados Unidos el 26 de septiembre de 1953 y entrar en las Naciones Unidas en diciembre de 1955.

Consciente de que la adhesión a la OTAN era difícil debido a la hostilidad política europea, Franco se concentró en consolidar la relación bilateral con Estados Unidos[1288]. El 13 de febrero de 1951, entrevistado por el conglomerado de medios de comunicación Hearst, el Caudillo presumía de que España era el único país europeo que había erradicado el comunismo; afirmaba que admiraba la grandeza de Estados Unidos y pedía una colaboración directa con Norteamérica al margen de la OTAN[1289]. No tanto por la propaganda franquista como por motivos de geopolítica, Estados Unidos buscaba la cooperación futura del Ejército español y el establecimiento de bases aéreas y navales estadounidenses en este territorio. En vista de la combinación de debilidad militar e importancia estratégica del país, y dadas las objeciones políticas a su adhesión a la OTAN, los jefes del Estado Mayor británico coincidieron en que la única solución era un acuerdo bilateral por separado entre Estados Unidos y España[1290].

En contraste con los alardes de Franco sobre sus éxitos nacionales y en el extranjero, la represión y unas políticas económicas desastrosas se traducían en escasez de alimentos, inflación y el aumento de la militancia de la clase obrera. El consumo de carne per cápita en España en 1950 era solo la mitad de lo que había sido en 1926 y el consumo de pan también la mitad que en 1936. Desde 1939, los precios habían aumentado más del doble que los salarios de los trabajadores. Además, la insuficiencia de las raciones obligaba a las familias de clase obrera a comprar alimentos en el mercado negro, donde las tarifas duplicaban con creces las oficiales[1291]. La ineficiencia de la agricultura hizo que España dependiera de las importaciones de alimentos en un momento en que las reservas de divisas disminuían. Los precios de las materias primas se dispararon en el contexto de la guerra de Corea. La escasez de energía estaba dejando a las fábricas inactivas y a los obreros sin trabajo. Para Franco, los disturbios laborales consiguientes eran un problema de orden público causado por agitadores comunistas, pero sorprendentemente, el empeoramiento de las condiciones de vida lo llevó a reconocer, en un discurso pronunciado ante el Congreso Nacional de los Trabajadores el 11 de marzo de 1951, que, en abierta contradicción con sus absurdas pretensiones de que había traído a España una prosperidad sin precedentes: «Necesitamos borrar de la conciencia de los españoles aquel pueril equívoco de que España es una nación rica[1292]».

Inevitablemente, la caída en picado de los niveles de vida de la clase obrera provocó el desbordamiento de las tensiones sociales acumuladas en Barcelona. El Gobierno de Franco había autorizado al odiado gobernador civil de la provincia, el falangista Eduardo Baeza Alegría, a aumentar las tarifas de los tranvías decrépitos de la Ciudad Condal en un 40 por ciento, el doble que en Madrid. A finales de febrero, se organizó un boicot al transporte público y los tranvías fueron apedreados[1293]. El 12 de marzo, la ciudad estaba paralizada con más de trescientos mil trabajadores en huelga, entre los que había comunistas, algunos falangistas, activistas de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y gente de clase media. Cuando los huelguistas volcaron algunos coches y autobuses, Baeza Alegría pidió tropas y Franco reaccionó de forma exagerada enviando tres destructores y un dragaminas a Barcelona y haciendo que la infantería de marina patrullara por las calles. Por suerte, el capitán general de Cataluña, el general monárquico Juan Bautista Sánchez, se negó a utilizar al Ejército para reprimir los tumultos provocados por la irresponsabilidad de Baeza y evitó el derramamiento de sangre confinando tranquilamente a la guarnición en los cuarteles. De hecho, al cabo de dos o tres días, la mayoría de los trabajadores, que temían perder el empleo, ya habían vuelto a sus puestos, pese a lo cual hubo casi mil detenidos[1294].

Baeza fue destituido el 17 de marzo. Cuando el conde de Mayalde, la primera opción para sustituirlo, preguntó si podía poner en circulación suministros de pan y aceite de oliva, el ministro de la Gobernación, Blas Pérez, le dijo que se olvidara de medidas conciliatorias y recurriera a la Guardia Civil. Mayalde se retiró, de modo que el sustituto de Baeza fue un militar de línea dura, el general Felipe Acedo Colunga[1295]. El paro de los tranvías provocó huelgas de solidaridad de los estudiantes de Granada y Madrid. La industria textil de Manresa seguía cerrada cuando, el 23 de abril de 1951, 250.000 hombres iniciaron una huelga de 48 horas en los astilleros, acerías y minas del País Vasco. Una vez más, los falangistas y los miembros de la HOAC se unieron a los izquierdistas y nacionalistas vascos. El régimen denunció la huelga como obra de agitadores extranjeros. Los empresarios, que no estaban dispuestos a perder mano de obra calificada, hicieron caso omiso a las órdenes del régimen de despedir a los huelguistas. A pesar de la brutalidad policial y el encarcelamiento de los líderes obreros en un campo de concentración cerca de Vitoria, la huelga se prolongó varias semanas. A finales de mayo, hubo otro paro de transportes en Madrid.

En un consejo de ministros celebrado el 5 de abril, Franco culpó de la situación económica a los enemigos extranjeros de España y calificó la conflictividad laboral de «motín[1296]». En mayo, tachó de «criminales» las huelgas y afirmó que la BBC había emitido noticias falsas sobre los paros por orden de la masonería. Una campaña de prensa denunció las huelgas como obra de francmasones franceses y británicos[1297]. En el clima de la Guerra Fría, la reacción de Franco contó con el aplauso de Estados Unidos al demostrarse así el feroz anticomunismo del régimen, cuya legislación laboral represiva, por otra parte, al favorecer los elevados márgenes de beneficio de las empresas, hacía que España resultara atractiva para los inversores extranjeros. Mientras tanto, el dictador negociaba con Stanton Griffis si España podría adherirse a la OTAN. Cuando Griffis le dijo que un pacto bilateral con Estados Unidos sería difícil, Franco aceptó incorporarse a una estructura defensiva más amplia y entregar a Estados Unidos bases aéreas, terrestres y navales[1298].

Don Juan, enterado de la proximidad cada vez mayor entre Franco y Washington, escribió al Caudillo el 10 de julio de 1951 que las recientes huelgas, la situación económica y la corrupción del Gobierno le obligaban a negociar una transición a la monarquía. Franco le contestó al cabo de dos meses afirmando que su régimen estaba libre de corrupción y que la coyuntura económica era totalmente favorable[1299].

A finales de junio de 1951, el general Eisenhower —comandante supremo de la OTAN—, el Pentágono y el Estado Mayor Conjunto acordaron que se podría enviar una misión militar estadounidense a España a negociar un pacto bilateral. Las necesidades castrenses pesaron más que los recelos de británicos, franceses y demás miembros europeos de la OTAN[1300]. Truman le dijo al almirante Sherman, que por aquel entonces era el jefe de Operaciones Navales: «No me gusta Franco y nunca me gustará, pero no dejaré que mis sentimientos personales prevalezcan sobre las convicciones de vosotros los militares[1301]». A mediados de julio de 1951, Sherman y su equipo estaban en España discutiendo el arrendamiento de las bases aéreas y navales. Franco afirmó que, dado que las bases de Estados Unidos en España pondrían al país en el punto de mira de los soviéticos, las fuerzas armadas españolas tenían que contar con un nivel de preparación y equipamiento que les permitiera resistir a los rusos, algo que no iba a salir barato, ya que las fuerzas armadas españolas no contaban con radares y andaban escasas de aviones, carros de combate pesados, equipos antiaéreos y antitanques. También le dijo a Sherman que la colaboración militar era imposible debido a que España no tenía suficientes reservas de combustible, trigo y otros productos básicos para poder ir a la guerra. Sherman prometió que el Estado Mayor de Estados Unidos y el Departamento de Defensa pedirían créditos al Congreso. A pesar de sus regateos, Franco ansiaba desesperadamente cerrar el acuerdo y, cuando Sherman le preguntó cuándo podría empezar su labor la misión militar, le respondió: «Inmediatamente». En menos de un mes, grupos de estudio militares y económicos estadounidenses del más alto nivel se encontraban ya en España[1302].

A los dos días de la entrevista con Sherman, Franco remodeló su gabinete. Además de nombrar al ferviente católico Joaquín Ruiz-Giménez ministro de Educación, su creciente confianza le hizo reafirmar la orientación falangista del régimen. Así, el Ministerio del Ejército se asignó al general Agustín Muñoz Grandes, comandante de la División Azul condecorado con la Cruz de Hierro por Hitler. Él sería el encargado de negociar el acuerdo militar con los estadounidenses. Un Ministerio de Información de nuevo cuño vendería dicho acuerdo a la nación. La cartera fue para Gabriel Arias Salgado, que había dirigido la prensa del régimen con una orientación a favor del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Franco estaba haciendo a los falangistas cómplices de la entrega de la soberanía a Estados Unidos para disminuir cualquier posible reacción nacionalista. Carrero Blanco fue ascendido a ministro. Debido a las presiones de los estadounidenses para que se liberalizara la economía, Suanzes, el arquitecto de la autarquía, retuvo la presidencia del INI, pero fue sustituido al frente del Ministerio de Industria y Comercio por el agudo economista Manuel Arburúa, en Comercio, y en Industria por un general de artillería, Joaquín Planell[1303].

El nuevo gabinete emprendería una tímida apertura de la economía a las fuerzas externas del mercado: Franco, que no pretendía en absoluto suicidarse con reformas políticas, compró el apoyo de Estados Unidos con el sacrificio de la autarquía. Los beneficios fueron enormes: de entrada, la amistad americana; a largo plazo, el crecimiento económico[1304]. Sin embargo, el cambio revelaba cierto distanciamiento entre Franco y su régimen. Pronto fue preciso contar con tecnócratas bien formados, en lugar de antiguos camaradas de armas, para que se encargaran de una gestión económica cuya complejidad superaba la capacidad de comprensión del dictador. Los equipos estadounidenses enviados a investigar la economía y la preparación militar de España se horrorizaron al comprobar el lamentable estado de ambas. Las esperanzas de Franco de que el dinero de Estados Unidos lo arreglaría todo, fomentadas por Lequerica, dilataron las negociaciones[1305]. En su discurso de apertura de las Cortes el 17 de mayo de 1952, el Caudillo anunció que el acuerdo traería ayuda económica y militar sin disminución alguna de la soberanía y elogió lo que él consideraba el sistema democrático único de España, un comentario cruel en vista de la brutal represión que estaba llevando a cabo el régimen tras las huelgas del año anterior[1306].

Tras asumir la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 1953, Eisenhower envió como embajador en Madrid a James C. Dunn, que era partidario de firmar un tratado con España. De todos modos, aunque Franco paralizó las negociaciones con la esperanza de forzar unas mejores condiciones, ante la presión de los norteamericanos y para no perder su alianza, se vio obligado a abandonar sus exigencias más desmedidas y aceptar lo que, en la práctica, era un texto íntegramente redactado por Estados Unidos[1307]. A Franco le preocupaba la perspectiva de conceder bases a una potencia extranjera, con la consiguiente pérdida de soberanía nacional. Por ello, utilizó como cortina de humo la noticia de la visita a Gibraltar de la recién coronada Isabel II en 1954. Los ciudadanos británicos en España fueron acosados. Franco concedió una entrevista furiosamente antibritánica a Arriba como una forma barata y eficaz de conseguir apoyo nacionalista, subrayando las aviesas intenciones de la Gran Bretaña imperialista y desviando la atención de los costes del tratado suscrito con Estados Unidos[1308].

A finales de agosto de 1953, concluyeron con éxito las largas negociaciones del Concordato con el Vaticano. Aunque menos importante de lo que el régimen afirmaba, el tratado fue un paso importante hacia el reconocimiento internacional de Franco, quien, a cambio, dio a la Iglesia un papel preponderante en la educación y la moral social, además de confirmar el catolicismo como religión oficial del Estado[1309]. El dictador obtuvo el sello de legitimidad de su Gobierno semimonárquico, que le permitía justificar tanto las monedas acuñadas con la leyenda «Caudillo por la gracia de Dios» como la asunción del papel de monarca al entrar y salir de las iglesias bajo el palio antes reservado a los reyes de España. Sin embargo, sus relaciones con la Iglesia a veces eran conflictivas. Su asunción de la prerrogativa real de elegir los obispos de una terna que le presentaba el nuncio provocaría enfrentamientos, especialmente en zonas de fuerte sentimiento nacionalista como Cataluña y el País Vasco[1310].

La importancia del Concordato quedó eclipsada por la firma, el 26 de septiembre de 1953, de los Pactos de Madrid con Estados Unidos en materia de defensa. Quedaban muchos detalles por resolver sobre las condiciones de uso de las bases en tiempo de guerra por parte de la potencia americana y la jurisdicción española final sobre estas[1311]. Las ambigüedades y las zonas grises del acuerdo final favorecían a los estadounidenses. Por mucho que lo negara, Franco había renunciado a una gran parte de la soberanía nacional. Una emergencia en caso de guerra, que apenas daría unos minutos para que los cazas pudieran despegar, impediría cualquier negociación, como reconocían las cláusulas adicionales secretas del tratado, de conformidad con las cuales, en caso de agresión soviética, Estados Unidos solo estaba obligado a «comunicar la información de la que dispusiera y sus intenciones» a Madrid. Si España era atacada por un agresor no comunista, Estados Unidos no estaría obligado a acudir en su ayuda. De hecho, grandes zonas del territorio español seguían sin contar con una cobertura defensiva adecuada. Franco no había aceptado el papel de satélite, pero había revelado el alto precio que estaba dispuesto a pagar para mantenerse en el poder[1312].

En los momentos finales del regateo, les había dicho a sus negociadores: «Y en último término, si no consiguen ustedes lo que quieren, firmen lo que les pongan delante. El acuerdo lo necesitamos[1313]». Cuando los pactos se hicieron públicos, Franco olvidó esa desesperación. Se publicaron fotomontajes que le presentaban como socio paritario de Eisenhower. Los medios de comunicación afirmaron que las naciones del mundo contemplaban con asombro el triunfo del Caudillo[1314]. El pacto de defensa mutua supuso la aportación de 226 millones de dólares en ayuda militar y tecnológica. La ayuda económica general se limitaba a proyectos de infraestructura de uso castrense, construcción de carreteras, puertos e industrias de defensa. Las entregas de material militar consistían principalmente en armas, aviones y vehículos ya utilizados en la Segunda Guerra Mundial o en Corea. A cambio, Franco permitió el establecimiento de bases aéreas estadounidenses en Torrejón de Ardoz (Madrid), Sevilla, Zaragoza y Morón de la Frontera, y una pequeña base naval en Rota (Cádiz), así como una amplia variedad de instalaciones menores de las fuerzas aéreas y de reabastecimiento naval en puertos españoles. El personal militar estadounidense destinado en España quedaba fuera de la jurisdicción española en materia de leyes e impuestos. El Caudillo había negociado la neutralidad y la soberanía sin distinguir entre el bien de España y el bien de Francisco Franco. En particular, la ubicación de bases junto a las grandes ciudades constituía un acto de pura irresponsabilidad[1315].

El ostracismo internacional terminó a costa de una merma de la soberanía y del peligro de guerra en la era atómica. A cambio, España se integró en el sistema occidental, con gran entusiasmo de la cúpula militar. La ayuda económica llegó acompañada de exigencias como un tipo de cambio realista para la peseta y un equilibrio presupuestario que implicaba cambios en la propia naturaleza del régimen[1316]. En realidad, no fue la presión de Estados Unidos sino el colapso de la economía española lo que obligó a Franco a permitir la liberalización económica, aunque el dictador se aferró a la autarquía durante seis años más, y acabó abandonándola a regañadientes y con perplejidad. Irónicamente, los Pactos de Madrid proporcionaron el estímulo financiero que pondría al descubierto las rigideces estructurales de la autarquía franquista y constituyeron un paso hacia el desarrollo económico y social que acabaría convirtiendo en irrelevante al Caudillo.

El 1 de octubre de 1953, Franco presentó el acuerdo de cesión de bases a las Cortes como la cúspide de su compromiso desinteresado desde 1936 en defensa de la civilización occidental. En esa ocasión, el Día del Caudillo, la Falange organizó un gran mitin en la plaza de Oriente. Trabajadores y campesinos llegaron en autobús desde toda España, con un día de paga y comida. Luis de Galinsoga lo proclamó «Caudillo del Oeste», el único gran hombre del siglo XX, un gigante al lado de enanos como Churchill y Roosevelt[1317] No mencionó el hecho de que España fuese ahora más vulnerable a una agresión soviética[1318].. Sin embargo, al convertirse en aliado, aunque subalterno, de Estados Unidos, Franco había salido del atolladero y había despejado el camino de entrada a las Naciones Unidas y al pleno reconocimiento internacional.

Para que la sumisión a Washington y al Vaticano no ofendiera la sensibilidad de los falangistas, el dictador organizó una enorme manifestación pública de su compromiso con el Movimiento. El 29 de octubre de 1953, vigésimo aniversario de la fundación de la Falange Española, Franco se dirigió a 125.000 falangistas en el estadio del Real Madrid de Chamartín. El corresponsal de Le Monde calculó que el 80 por ciento de la multitud eran campesinos o jornaleros en paro traídos de provincias a cambio de un día de paga. Ante este público, el Caudillo presentó triunfalmente los acuerdos como una segunda victoria sobre el comunismo[1319].

Los Pactos de Madrid redujeron la presión sobre Franco al frenar la caída del nivel de vida. También sirvieron de excusa para revivir la propaganda anticomunista y mantener la llama del espíritu de la Guerra Civil. Además, la enorme inversión en el terror realizada entre 1936 y 1945 empezó a dar sus frutos en forma de apatía política de la mayoría de la población. Los opositores franquistas habían aprendido la lección, y la tortura, las cárceles y las ejecuciones esporádicas servían de recordatorio para los que la olvidaban. La Guardia Civil, la Policía Armada y la policía secreta se empleaban en su espantoso trabajo, aplastando incansablemente los esfuerzos para reconstruir partidos y sindicatos.

La confianza de Franco en sí mismo se tradujo en una mayor dedicación a sus aficiones: la caza, la pesca en agua dulce y de altura con Max Borrell, el golf, las películas del Oeste que veía en su cine particular de El Pardo, la pintura y la gestión de su finca de Valdefuentes, donde cultivaba trigo, patatas e incluso tabaco. Como podía disponer de la mano de obra y la maquinaria del Ministerio de Agricultura, Valdefuentes se convirtió en una empresa inmensamente rentable. Cuando residía en El Pardo, Franco iba a Valdefuentes la mayoría de las tardes para tomar el aire después de comer a la hora española[1320]. Siempre había dejado que sus ministros se ocuparan de la parte técnica de sus ministerios, para enriquecerse o simplemente para ser eficientes o incluso incompetentes, mientras él dictaba las grandes líneas de la política, especialmente de la política exterior. Después de 1953, dejó cada vez más a otros la monotonía del gobierno cotidiano y siguió haciendo caso omiso de la corrupción, ya fuera de sus cargos políticos o de su familia, siempre que los corruptos le demostraran una lealtad absoluta.

En 1954 finalizó la construcción de la cripta del Valle de los Caídos, que, desde el inicio de las obras en 1940, había sido una obsesión para Franco, una especie de pasión secreta. Más que cualquier otro legado de su régimen, reflejaba la idea que el dictador tenía de sí mismo como una figura histórica a la par de Felipe II. La cripta, que duplicaba el tamaño del proyecto original, se terminó el 31 de agosto. Fue una empresa colosal, tallada en granito macizo, de 262 metros de longitud y 41 de altura en el crucero. Muchas de las grandes constructoras del boom franquista comenzaron allí: Banús, Agromán y, sobre todo, Huarte, que recibió la contrata de construcción de la cruz monumental, que no se terminó hasta septiembre de 1956, con un peso de 181.620 toneladas, 150 metros de altura y brazos de 46 metros de longitud, con anchura suficiente como para albergar dos berlinas[1321].

El mayor problema al que se enfrentaba Franco era la callada oposición de los monárquicos que le recordaban, ante su incomodidad, que había incumplido la promesa de restaurar la monarquía. En julio de 1954, bajo la influencia de Gil Robles, don Juan se enfrentó al Caudillo por la educación de Juan Carlos. Don Juan deseaba que su hijo comenzara sus estudios universitarios en Lovaina, mientras que Franco quería que pasara primero por la Academia General Militar de Zaragoza, después por la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire de San Javier, luego por las facultades de Derecho y Economía de la Universidad Complutense y, por último, a la sombra del propio Franco en el Gobierno. El Generalísimo informó a don Juan que los que pretendieran gobernar España debían educarse en España, lo que implicaba que don Juan no figuraba en sus planes de restauración y constituía una amenaza de no restablecer la monarquía. De hecho, Franco empleaba el término «instauración» para subrayar que no se produciría una restauración de la línea legítima borbónica, sino solo la imposición de un monarca franquista que debía ser elegido y formado para garantizar la continuidad de su régimen. Alarmado ante la perspectiva de una ruptura total con Franco, don Juan se echó atrás[1322].

No obstante, el Concordato y los Pactos de Madrid hicieron más difícil mantener el mito del asedio que Franco llevaba explotando desde 1945. Su mayor habilidad, la manipulación de sus seguidores, era otro activo que se había ido devaluando. Había jugado con la rivalidad por los cargos y las promociones entre la Falange y los militares monárquicos hasta 1945 y entre la Falange y los monárquicos católicos en la posguerra. Ahora llegaba a la madurez una generación que no había luchado en la Guerra Civil y a la que no impresionaban demasiado los éxitos del Caudillo como «salvador» de España. Hombres más jóvenes y menos fascinados por la aureola del Generalísimo comenzaban a disputarse abiertamente los puestos. Junto con los falangistas y los democratacristianos conservadores de Martín Artajo, había partidarios de don Juan y destacados banqueros, abogados y profesores de un instituto secular católico cada vez más poderoso, el Opus Dei, que aspiraban a liberalizar la Administración y modernizar la economía[1323].

Muchos franquistas habían empezado a pensar en el futuro, y a Franco le preocupaban los que apoyaban a don Juan. En febrero de 1954, el Caudillo recibió la visita de varios generales, entre ellos Juan Bautista Sánchez, que le exhortaron a hacer preparativos para la sucesión monárquica a su muerte. Franco se alarmó cuando muchos españoles de clase alta y media fueron a Estoril a celebrar la puesta de largo de la hija de don Juan, la infanta María Pilar[1324]. Aunque la posición de Franco no estuviera en absoluto amenazada, la celebración de elecciones municipales en Madrid el 21 de noviembre de 1954, las primeras desde la Guerra Civil, sugería que las cosas estaban cambiando. Aunque el electorado fuese extremadamente reducido, los cuatro candidatos monárquicos fueron intimidados por los matones falangistas y por la policía. Para asegurar la victoria de los cuatro candidatos del Movimiento, Carrero Blanco, Blas Pérez, Gabriel Arias Salgado y el ministro secretario de la Falange, Raimundo Fernández Cuesta, habían pactado el amaño de los comicios. Los resultados oficiales dieron una clara victoria a los candidatos falangistas, pero los monárquicos afirmaron haber ganado con más del 60 por ciento de los sufragios[1325]. Blas Pérez le dijo a Franco que los resultados eran un aval del pueblo al régimen por aclamación, pero algunos monárquicos influyentes protestaron airadamente, entre ellos el ministro de Justicia, el tradicionalista Antonio Iturmendi. Para empeorar las cosas, los Servicios de Inteligencia Militar descubrieron que la mayor parte de la guarnición de Madrid había votado por la monarquía. Franco aceptó que Blas Pérez había mentido y que el régimen había perdido las elecciones y, para neutralizar a los militares monárquicos, se reunió con don Juan[1326].

Después de consolidar su posición internacional y con la seguridad interna garantizada por el aparato represivo del régimen, la principal preocupación de Franco era asegurarse de que lo sucediera una monarquía falangista. Sin embargo, la Falange era cada vez más anacrónica, mientras que la opción monárquica liberal de don Juan parecía más acorde con el mundo exterior. Además, la autarquía asociada a la Falange agravaba los problemas económicos de España. Franco se reunió con don Juan solo para convencer a los monárquicos de su propia sinceridad. Los límites de su buena fe se hicieron patentes en una carta enviada a don Juan el 2 de diciembre de 1954 en la que reiteraba que solo cedería el poder a su muerte o en caso de incapacidad total, y únicamente a un monarca que prometiera mantener de forma incondicional la dictadura, por lo que insistió en que Juan Carlos fuera educado en los principios del Movimiento. La misiva terminaba con un reproche a don Juan porque sus partidarios se hubieran presentado contra los candidatos del Movimiento en las elecciones municipales[1327].

La entrevista tuvo lugar en Las Cabezas, la finca del representante de don Juan en España, el conde de Ruiseñada. Franco repitió lo que había dicho en su carta y tachó de «masones» a los asesores de don Juan por el hecho de que este abogara por la libertad de prensa, la independencia del poder judicial, la justicia social, la libertad sindical y la representación política. Su mensaje inequívoco era que, si no permitía que Juan Carlos fuera educado bajo la tutela de Franco, estaría renunciando al trono. Don Juan accedió a que su hijo estudiara en las tres academias militares, en la Universidad Complutense y junto a Franco. Con enormes reticencias, el dictador aceptó un comunicado conjunto que reconocía implícitamente los derechos hereditarios al trono de los Borbones[1328]. La cumbre había dado la impresión de progreso pero, en su mensaje de fin de año del 31 de diciembre de 1954, Franco dejó claro que no había concedido nada a don Juan. Utilizando la primera persona del plural, insistió en que no se restauraría la monarquía constitucional y subrayó su derecho a elegir un sucesor que garantizara la continuidad de su régimen. Denunció los llamamientos a la introducción de reformas como obra de los malos españoles que estaban al servicio de siniestros enemigos extranjeros y, en una entrevista posterior, pulverizó toda esperanza de una transición inminente a la monarquía[1329].

A los funcionarios de la Falange se les garantizaron empleos bien remunerados y prebendas varias, así como la continuación del partido único, a cambio de aceptar la sucesión monárquica[1330]. Del mismo modo, los monárquicos tuvieron que aceptar que la monarquía sería restaurada solo dentro del Movimiento. Don Juan sintió una profunda desazón cuando la prensa del régimen publicó una entrevista inventada en la que daba la impresión de avalar el Movimiento[1331]. La apatía política generada por la aplicación a fondo del terror de Estado durante años se había ido traduciendo en la aceptación general del régimen, el «franquismo sociológico[1332] Franco podía delegar cada vez más y dedicar más tiempo a la caza y la pesca. Sus allegados empezaron a notarlo reacio a prestar atención a los acontecimientos políticos cotidianos[1333]». Todavía habría que superar alguna crisis, pero, aparte de momentos puntuales, el Caudillo perdía el mínimo de tiempo posible en cuestiones políticas. Una gran parte de su dedicación a los asuntos oficiales era de tipo ceremonial. No parecían importarle los grandes problemas del Estado, el más grave de los cuales era la persistencia de la inflación combinada con el estancamiento económico[1334]. A finales de 1954, durante la temporada de caza, Franco dedicaba a esta actividad los sábados, domingos y lunes y en ocasiones, semanas enteras. Se organizaban cacerías con su asistencia, que se hicieron famosas como epicentro de la corrupción del régimen. Los ministros tenían que aficionarse a ellas, porque no podían permitirse el lujo de estar ausentes de la camarilla del Generalísimo, a quien no parecía importarle que con eso descuidaran los asuntos del Gobierno. Mientras cazaba, los presentes lo adulaban y le contaban chismes maliciosos sobre los ausentes, además de solicitarle toda clase de favores. Los empresarios patrocinaban costosas cacerías para poder acercarse a los ministros[1335].

A mediados de los años cincuenta, Franco dedicaba menos tiempo a la política y más a su familia y sus aficiones. Sin embargo, a pesar de estar convencido de que todos los problemas eran obra de minorías satánicas teledirigidas por logias masónicas e internacionales izquierdistas desde el extranjero, las elecciones municipales de noviembre de 1954 y la entrevista de Las Cabezas habían situado en primer lugar del orden del día la sucesión posfranquista. El dictador no tenía ningún deseo de renunciar al poder, pero vivía ajeno a la realidad de las transformaciones sociales y las aspiraciones de gran parte de la población española. Su cantinela de los buenos españoles que habían ganado la Guerra Civil y de los malos perdedores antifranquistas se había convertido en irrelevante debido al cambio generacional. Animado por Carrero Blanco y otros, creía en una España en la que era el padre amado de su pueblo, al que protegía de los masones y los comunistas.

El 7 de abril de 1956, Franco firmó con hondo pesar la declaración de independencia del protectorado marroquí de España[1336]. Además de la crisis de Marruecos, surgieron problemas políticos internos que le recordaron que autorizar cualquier sucedáneo de pluripartidismo era demasiado arriesgado. Desde la cumbre de Las Cabezas, había tratado de ignorar las muestras esporádicas de descontento en el seno de la Falange. Había elementos impacientes por el interminable aplazamiento de la llamada «revolución pendiente» y la relegación de la Falange al papel de comparsa del Caudillo. En febrero de 1955, la milicia extremista de la Falange, la Guardia de Franco, profirió insultos contra Juan Carlos y presuntamente llamó traidor al Caudillo por coquetear con don Juan[1337], lo que constituía una prueba fehaciente del desgaste de la lealtad hasta entonces incuestionable del Movimiento.

Las cosas estaban cambiando detrás de la fachada represiva y uniforme del régimen. Las iniciativas liberales en las universidades del ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, exacerbaron las tensiones dentro del Movimiento. Los rumores sordos de mediados de los cincuenta eran muy distintos de las rivalidades anteriores entre militares monárquicos y jerarcas falangistas. Los estudiantes españoles, incluso de izquierdas y liberales, procedían casi exclusivamente de familias acomodadas de la clase media y no se les podía aplicar la brutal represión con que se castigaba de forma rutinaria a los huelguistas de clase obrera. Pero Franco no tenía ni el tiempo ni la flexibilidad necesarios para informarse sobre estas nuevas fuerzas, por lo que no se tomó en serio ni el malestar estudiantil ni el rechazo de los falangistas al monarquismo conservador por el que se inclinaba el régimen. En noviembre de 1955, en El Escorial, a raíz del aniversario de la muerte del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, una voz de entre la guardia de honor gritó: «¡No queremos reyes idiotas!», sin que a Franco le importara demasiado[1338]. Sin embargo, el dictador interpretó de modo absolutamente erróneo el malestar estudiantil al no considerarlo un síntoma del desfase del régimen respecto a la sociedad española. La idea tranquilizadora de que detrás de cualquier oposición estaban los comunistas o los masones ya no era válida.

Poco a poco, el Caudillo se vio obligado a enfrentarse a la evidencia de que la mayoría de los estudiantes consideraban a las autoridades políticas y militares incompetentes e inmorales[1339]. En su mensaje de fin de año de 1955 se refirió a las tensiones universitarias. La pretensión de que la unidad era la respuesta esencial a un asedio internacional inexistente ya no era verosímil. Como no contemplaba la introducción de reformas, en lugar del habitual resumen de sus grandes logros, Franco dedicó este mensaje anual a los peligros de la subversión. Dio a entender que el éxito de su liderazgo había permitido que los españoles se convirtieran en presa fácil y complaciente de los extranjeros que querían dividirlos, y se refirió al «libertinaje de las ondas[1340]». El tono negativo del Generalísimo solo fue aplaudido por los sectores más duros de la Falange. El dictador coincidía con los elementos antiliberales, antimasónicos y anticomunistas de la retórica falangista y sabía que cualquier concesión a los monárquicos debilitaría su posición, ya que estos últimos no le debían lealtad. La Falange, en cambio, dependía de Franco para subsistir. Pero el descontento no se limitaba a las rabietas de los falangistas, también aumentaba el malestar de la clase obrera por la lamentable situación de la vivienda y del descenso del nivel de vida[1341].

Tras la publicación de un manifiesto universitario de inspiración comunista el 1 de febrero, el 8 del mismo mes se produjeron manifestaciones de estudiantes progresistas de la Universidad de Madrid que fueron disueltas por grupos violentos de falangistas[1342]. Los radicales de la Guardia de Franco elaboraron listas negras de «traidores», entre los que figuraba Ruiz-Giménez, lo que provocó la indignación de varios generales ilustres, incluido el ministro del Ejército, Muñoz Grandes, que expresaron personalmente a Franco su descontento[1343]. El Caudillo, que simpatizaba con los falangistas y estaba convencido de que la crisis era obra de agitadores comunistas, al principio no se mostró dispuesto a hacer nada al respecto[1344]. Sin embargo, cuando Muñoz Grandes le dijo que, si alguno de los que estaban en la lista negra resultaba herido, el Ejército tomaría Madrid, parece ser que Franco prometió que detendría a los conspiradores falangistas[1345]. Sin embargo, el asunto no le inquietó tanto como para no salir inmediatamente de caza con el mismo Muñoz Grandes, Arburúa y un grupo de aristócratas y empresarios.

Franco estaba muy molesto con Ruiz-Giménez porque creía que sus tendencias progresistas habían favorecido que prosperaran elementos izquierdistas en las universidades, y con Fernández Cuesta por permitir la aparición de tendencias antifranquistas dentro del Movimiento[1346]. Le molestaba especialmente que el resurgimiento de la hostilidad entre la Falange y la cúpula militar interrumpiera sus cacerías. Sustituyó a Fernández Cuesta por el siempre ambicioso José Luis de Arrese, y a Ruiz-Giménez por Jesús Rubio García-Mina, un catedrático falangista cuya opinión sobre los recientes disturbios se resumía en su consigna «estudiantes a estudiar[1347]». Los acontecimientos de febrero de 1956 demostraron que Franco estaba perdiendo el contacto con una realidad en proceso de transformación. Había subestimado la gravedad de la crisis solo en parte porque estaba preocupado por el problema marroquí. Su solución fue a corto plazo. No le quedaba más remedio que aferrarse a la Falange, ya que de lo contrario pondría su destino en manos de los mandos del Ejército que querían restaurar la monarquía[1348].

El malestar del ala dura del falangismo se había ido incubando desde la entrevista de Las Cabezas. A finales de 1955, presentaron un memorando a Franco en el que le exigían la rápida implementación de la revolución falangista en la forma de una estructura de Estado de partido único más totalitaria[1349]. Franco permitió que su régimen quedara aún más desfasado respecto a la evolución de la escena nacional e internacional al autorizar a Arrese, como ministro secretario, a llevar a la práctica las exigencias del memorando. En abril, el dictador, desolado por la pérdida de Marruecos, se aferró al proyecto de Arrese para la «refalangistización» del régimen como forma de revitalizar su Gobierno[1350]. Lejos de resolver las divisiones, los planes de Arrese provocaron una intensa polarización. Los tradicionalistas, los monárquicos juanistas y los católicos lo consideraban un proyecto neonazi para impedir cualquier liberalización futura, tras la restauración de la monarquía, y así perpetuar la dominación falangista del régimen.

Era sintomático de la pérdida de agudeza de Franco que no sospechara de la ambición de Arrese, quizá seducido por la adulación con que este había envuelto su proyecto. Como la decadencia de la monarquía liberal era uno de los temas favoritos del dictador, Arrese le convenció de que estaba preparando medidas protectoras indispensables para conjurar el peligro de que un monarca débil introdujera reformas democráticas[1351]. Arrese elaboró sus planes mientras Franco estaba distraído durante todo el mes de marzo con la inminente descolonización del Marruecos español y el creciente descontento económico y social. El índice interanual del coste de la vida había aumentado un 50 por ciento. Cuando el gabinete se reunió el 3 de marzo para analizar el aumento de la militancia obrera, Girón, el ministro de Trabajo falangista, con el apoyo de Arrese, instó a incrementar los salarios en un 23 por ciento. El ministro de Comercio, Manuel Arburúa, fue destituido después de que señalara las consecuencias inflacionistas de semejante propuesta[1352] Las subidas salariales no llegaron a tiempo de retrasar una serie de huelgas que comenzaron en abril en la industria del calzado en Pamplona y luego se extendieron a la siderurgia vasca y a las minas de carbón en Asturias[1353]..

La mayor habilidad de Franco fue siempre hacer creer a todos los grupos de la coalición franquista que realmente los apoyaba. Es significativo que en 1956 permitiera a Arrese cerrar todas las opciones para la sucesión excepto la falangista. El dictador quería disfrutar del presente y asegurar el futuro de su administración. Cuanto más se instalaba Franco en la rutina, más activamente trataban de asegurar su propio futuro las distintas fuerzas del régimen. Esto, paradójicamente, confirmó al Caudillo como el árbitro que mantenía unido el sistema. Franco, por supuesto, estaba encantado de seguir siendo indispensable. Los planes de Arrese a favor de un monopolio falangista en el futuro del régimen provocó la respuesta de los monárquicos. Ruiseñada preparó un plan para una pronta restauración de la monarquía en el que Franco actuaría de regente temporal, mientras que asumiría la gestión del Gobierno el general Bautista Sánchez, una figura muy respetada cuya participación en el proyecto le granjeó el apoyo de otros generales monárquicos contrarios a Arrese[1354].

Conocedor de estas maniobras, Franco emprendió una gira propagandística por Andalucía. Animado por Arrese, sus discursos se volvieron cada vez más militantes en favor de la Falange. En Sevilla, el 24 de abril, declaró que su régimen era equiparable a los mejores regímenes conocidos o incluso imaginables. Arrese se aseguró de que el Generalísimo fuera recibido por multitudes de falangistas delirantes y luego lo convenció de que esto reflejaba el entusiasmo de las masas por una línea falangista más firme. En Huelva, el 25 de abril, el Caudillo deleitó a su público con alusiones insultantes a los monárquicos y a Juan Carlos. Declaró que «no hacemos caso de las torpes intrigas de unas docenas de politicastros ni de sus retoños» y amenazó con dar rienda «suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas, que los arrollarían». En un mitin falangista celebrado en Sevilla el 1 de mayo, denunció también apasionadamente a los enemigos de la revolución falangista como instrumentos de las logias masónicas y del comunismo internacional, y fue subiendo de tono hasta proclamar que «la Falange puede vivir sin la monarquía. ¡Ah! La que no podría vivir sería ninguna monarquía sin la Falange[1355]».

Es sorprendente que Franco, que había mantenido el equilibrio político camuflando sus intenciones con nebulosa vaguedad, llegara tan lejos. Entusiasmado por la descripción de Arrese del glorioso porvenir del falangismo, Franco hizo unas declaraciones en un tono explícito tan raro en él que alarmaron a muchos monárquicos que estaban dispuestos a aceptar el régimen, siempre y cuando existiera la posibilidad de que se cumplieran sus aspiraciones. Ahora, además, la inquietud fue en aumento debido a la arrogancia de Arrese, que parecía poder dictar los próximos cambios en el Gobierno[1356] Fernández Cuesta comentó al embajador británico que el proyecto de constitución de Arrese daría a la Falange una preeminencia comparable a la del Partido Comunista en Rusia[1357].. Incluso Carrero Blanco estaba preocupado, al igual que el ministro de Justicia, el tradicionalista Antonio Iturmendi, que seguía con hostilidad los esfuerzos de Arrese, sobre el cual encargó un informe al brillante monárquico catalán y profesor de derecho administrativo Laureano López Rodó, del Opus Dei[1358].

Al principio, Franco apoyó los planes de Arrese[1359]. Sin embargo, algunos generales ilustres se sintieron inquietos por el discurso del 1 de mayo. El general Antonio Barroso, el nuevo jefe de la Casa Militar del Caudillo, protestó ante el dictador el 1 de julio de 1956 por el plan de Arrese. Él y otros dos generales plantearon el proyecto de Ruiseñada al Caudillo. Le propusieron que un directorio militar se hiciera cargo del Gobierno y se celebrara un plebiscito para decidir entre monarquía y república, confiando en un apoyo abrumador a la monarquía[1360]. Preocupado, Franco comenzó a tratar a Arrese con notable frialdad[1361]. Sin embargo, el discurso que pronunció ante el Consejo Nacional de la FET y de las JONS el 17 de julio de 1956, a raíz del vigésimo aniversario del Alzamiento, redactado en parte por Arrese, fue de tono falangista. El Consejo Nacional no se había reunido desde 1945 y su reactivación formaba parte de los planes de este último como guardián de la pureza ideológica del sucesor de Franco[1362] El discurso confirmaba el papel central del Movimiento en la sucesión y calmó los temores falangistas de que un futuro rey pudiera usar sus poderes para lograr una transición a la democracia[1363].. No obstante, Martín Artajo estaba alarmado por las alabanzas de Franco a la Italia fascista y a la Alemania nazi y por su desdén a los sistemas democráticos de la posguerra «impuestos» a las potencias derrotadas del Eje por los cobardes y envidiosos aliados occidentales. Estos comentarios antidemocráticos se omitieron en la versión que se publicó del discurso[1364].

Al general Barroso también le inquietaba la ostentación descarada de la familia Franco, al igual que de otros miembros del alto mando, que en su mayoría se caracterizaba por su austeridad. Desde que Nenuca se casara con Martínez Bordiú en 1950, doña Carmen se había lanzado de cabeza a la alta sociedad y se había entregado a su pasión por la joyería y las antigüedades, que la llevó a adquirir el popular apodo de «doña Collares[1365]». Incluso adulteró el pasado de su marido, remodelando y amueblando la casa de la familia Franco en El Ferrol cuando se convirtió en museo. La vivienda y su modesto mobiliario reflejaban los ingresos de un oficial de la marina de mediana graduación con cuatro hijos. Al llenarla de antigüedades y porcelana caras, doña Carmen se propuso dotar a su esposo de un pasado de clase media alta o semiaristocrático[1366].

El 29 de septiembre se celebró en Salamanca una gran concentración falangista para conmemorar el ascenso del Caudillo a la Jefatura del Estado. El discurso de Franco no había mencionado las «leyes fundamentales» que preparaba Arrese[1367], y cuando el dictador puso en circulación el borrador definitivo del proyecto, se armó un considerable revuelo entre el establishment franquista. Aunque en él se reconocía su poder absoluto vitalicio, su sucesor estaba a merced del Consejo Nacional y del secretario general de la Falange, un cargo al que Arrese aspiraba. Monárquicos, católicos, arzobispos y generales se unieron para oponerse a un texto que daba al Movimiento un control totalitario sobre todos los aspectos de la vida española[1368]. El Ejército estaba indignado por lo que parecía un intento de bloquear el regreso de la monarquía. Tres de los cuatro cardenales españoles enviaron a Franco una carta denunciando el texto de Arrese por desacatar las encíclicas papales con un proyecto de Constitución similar al nazismo, el fascismo y el peronismo[1369]. En respuesta a las diversas protestas, Franco, pese a ver con buenos ojos la propuesta de Arrese, le obligó a diluirla[1370], lo que indicaba que el dictador ya no era el árbitro supremo de la política del régimen.

Entre los dos extremos de la transición pactada de Ruiseñada a la monarquía con don Juan al frente y el repliegue en el búnker falangista de Arrese, surgió una tercera vía favorecida por Carrero Blanco y que Franco acabaría adoptando. Consistía en crear el marco legislativo para una monarquía autoritaria que garantizara la supervivencia del franquismo tras la muerte del dictador. La elaboración del proyecto se confió a López Rodó[1371]. Como ministro subsecretario de la Presidencia, Carrero Blanco era el jefe de gabinete del dictador y había ido asumiendo algunas de las funciones propias del presidente del Gobierno. López Rodó, a su vez secretario general técnico de Carrero, estaba creando una máquina administrativa que permitiera hacer frente a los complejos problemas técnicos de una economía moderna que eran del todo incomprensibles para Franco.

Mientras tanto, Bautista Sánchez recababa apoyos para el plan de Ruiseñada de marginar al Caudillo y colocar a don Juan en el trono. Franco, que curiosamente sospechaba que el devoto católico Sánchez era masón, ordenó que lo siguiera el servicio secreto[1372]. La situación llegó a su punto crítico a mediados de enero de 1957, cuando estalló en Barcelona una huelga de usuarios del transporte público, seguida de manifestaciones de los estudiantes contra el régimen[1373]. El gobernador civil, el general Felipe Acedo Colunga, desalojó la universidad con violencia para impedir manifestaciones a favor de los huelguistas. Franco se enfadó cuando Bautista Sánchez criticó los métodos expeditivos de Acedo Colunga[1374] Creía que Sánchez fomentaba la huelga para tener una excusa que permitiera dar un golpe de Estado a favor de la monarquía[1375].. El dictador envió dos regimientos de la Legión a las maniobras militares que supervisaba Sánchez, y a Muñoz Grandes para que le notificara su destitución del cargo de capitán general de Cataluña[1376]. Al día siguiente, 29 de enero, Sánchez fue hallado muerto. Pese a los rumores de que había sido asesinado, es probable que muriese de un ataque al corazón después de su dolorosa entrevista con Muñoz Grandes[1377].

La combinación de la oposición provocada por Arrese, la huelga de Barcelona y los graves problemas económicos obligó a Franco a remodelar el Gobierno. Pese a apoyar a Girón en contra de Arburúa, tuvo que reconocer que España, además de una inflación desbocada, presentaba una balanza de pagos igual de catastrófica, en parte debido a la ineptitud de sus ministros, pero también a su empecinamiento en mantener la autarquía y el protagonismo del Instituto Nacional de Industria de Suanzes. Los proyectos emblemáticos del INI exigían recursos de capital y materiales de los que el país andaba muy escaso. La falta de atención de Franco a los detalles administrativos permitió que el exceso de gastos ministeriales se resolviera mediante la impresión de dinero. Además, los aumentos salariales aprobados por Girón habían incrementado los costes industriales y agrícolas en más de un 40 por ciento[1378]. El ministro de Obras Públicas, el general José María Fernández Ladreda, le prevenía en unos términos severos: «No bastarían todo los dineros del presupuesto de la nación, al transcurrir del tiempo, para sacar a flote a tan diabólico engendro[1379]».

Franco dudó a la hora de emprender la remodelación, por miedo a que Manuel Arburúa fuera irremplazable como ministro de Comercio. Estaba deslumbrado por la experiencia de Arburúa en lo que para él eran los misterios del comercio y las finanzas internacionales[1380]. De hecho, le parecía admirable que este hubiera comenzado su vida laboral como botones de un banco para acabar siendo multimillonario, aunque se dijera que debía su fortuna a la concesión de permisos de importación a amigos y contactos influyentes. Dichos permisos podían revenderse por sumas fabulosas, porque había una demanda anual de 40.000 coches, pero solo 6.000 licencias, lo que dio lugar a la expresión «Gracias, Manolo». En un momento dado, la Subsecretaría de Comercio reconoció que muchas licencias de importación otorgadas «por orden superior» se habían concedido sin la documentación necesaria[1381]. Franco no entendía el daño que causaba la autarquía ni que España tuviera necesidad de técnicas económicas complejas. Aceptó a regañadientes la idea de la liberalización del comercio y la integración de España en la Organización para la Cooperación Económica Europea y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, al remodelar su Gobierno, renunció aún más a su control personal de la política española.

La crisis de gabinete de febrero de 1957 marcó el inicio de la transición de Franco de dictador activo a figura simbólica. Los detalles se elaboraron en colaboración con el cada vez más influyente Carrero Blanco, cuyo dominio de la economía era tan rudimentario como el de su jefe. Sin embargo, podía confiar en el talento de López Rodó[1382]. Las implicaciones a largo plazo de los cambios en el gabinete que recomendó el joven opusdeísta iban más allá de lo previsto por Franco. Provocaron no solo el desarme político de la Falange, sino también, en dos años, el abandono de la política económica del franquismo y la adopción del capitalismo moderno, lo que trajo consigo una inversión enorme de capitales extranjeros, la industrialización, desplazamientos de la población, la urbanización y un gran desarrollo de la educación. Las consecuencias sociales convirtieron a Franco y a la Falange en anacronismos históricos, aunque el dictador acabaría atribuyéndose el mérito del desarrollo económico, como había hecho con su neutralidad en tiempos de guerra y por haber sobrevivido a la Guerra Fría.

Arrese fue sustituido como ministro secretario por el adulador José Solís Ruiz, jefe de los sindicatos falangistas[1383]. Al frente del Ministerio de Trabajo, en sustitución de Girón, Franco puso al gris Fermín Sanz Orrio. Arrese se mantuvo en el Gobierno, como concesión a la Falange, aunque en el inocuo puesto de ministro de Vivienda[1384]. Martín Artajo fue reemplazado por Fernando María de Castiella, un exfalangista que se reinventó como democratacristiano. El fin de la autarquía se concretó con la inclusión de los «tecnócratas», cuya misión era integrar a España en la economía mundial. El nuevo ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, era abogado católico y director del Banco Popular, controlado por el Opus Dei. Arburúa fue sustituido como ministro de Comercio por Alberto Ullastres Calvo, catedrático de economía y, al igual que López Rodó, miembro del Opus Dei, cuyos votos de pobreza lo distinguían de su predecesor. Se dijo que este trío formaba un bloque siniestro controlado por una especie de masonería católica. Lo cierto es que, en los años posteriores, sentaron las bases para la supervivencia del régimen mediante su transformación económica y política, lo que fomentó el resentimiento de la Falange, ahora marginada, que los acusó de secuestrar al Caudillo y al Movimiento[1385].

La llegada de los tecnócratas fue una respuesta pragmática al hecho de que en 1957 el régimen se enfrentaba a la bancarrota política y económica. Franco y Carrero Blanco necesitaban sangre e ideas nuevas. López Rodó fue el candidato de Carrero Blanco. Navarro Rubio fue el elegido por el Caudillo. Ullastres vino recomendado por López Rodó y Navarro Rubio. Sin ser una unidad monolítica, a pesar de roces ocasionales, los tres trabajaron en equipo para impulsar la modernización administrativa y económica del régimen[1386]. López Rodó no era ministro, pero su influencia sería inmensa, y contribuyó a acelerar la retirada de Franco de la política activa: el dictador, aunque fuera algo más que un jefe de Estado con funciones meramente protocolarias, tendría menos participación en la gestión diaria del Gobierno. El Decreto-Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, redactado por López Rodó, reorganizó el Gobierno. Ratificado por las Cortes a mediados de julio de 1957, elevó la subsecretaría de Presidencia de Carrero Blanco a categoría de ministerio. Con López Rodó como secretario técnico, se convirtió en una oficina de presidencia del Gobierno con capacidad de iniciar, redactar y programar leyes. La Oficina de Coordinación y Planificación Económica, encabezada por López Rodó, prestaría servicios técnicos a los principales ministerios de economía. El Gobierno se volvió más administrativo y menos político. La pasión de Franco por la caza y la pesca hizo que, en adelante, lo más habitual fuera que quienes se ocuparan de la estrategia política fuesen Carrero Blanco y López Rodó[1387].

Al principio, los tecnócratas se esforzaron por resolver los problemas económicos heredados de sus incompetentes predecesores. La aceptación por parte de Franco en 1956 de la idea de Girón de que las huelgas podían evitarse mediante aumentos salariales considerables sin que eso tuviera impacto alguno en los precios había desatado una vertiginosa espiral inflacionaria. En la primavera de 1957, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores generó otra oleada de huelgas. Franco veía detrás de los conflictos laborales la mano de agitadores comunistas y masones. Consideraba que hablar de salarios insuficientes y de hambre era propaganda extranjera[1388]. Los tecnócratas sabían que la modernización económica exigía la marginación del dictador. Poco después de la remodelación del Gobierno, López Rodó le dijo a Ruiseñada que «a Franco no se le puede hablar de política porque esto le da la impresión de que le están moviendo de su sillón o preparándole el reemplazo. El único truco a intentar es hacerle admitir un plan económico desconcentrador administrativo. Eso le parecerá que no va contra él. Dejará la vía libre y una vez dentro de la Administración, ya veremos hasta dónde se pueden lograr los objetivos políticos, que conviene disimular lo más posible[1389]». El plan de López Rodó era crear una estructura sólida de instituciones y leyes constitucionales para que Juan Carlos fuera proclamado oficialmente sucesor real en 1968, cuando cumpliera treinta años, edad en que la Ley de Sucesión le permitía asumir el trono[1390].

Los falangistas apartados del poder sospechaban que la liberalización económica enmascaraba un proyecto de transformación política, especialmente después de que Ullastres devaluara la moneda de 5 pesetas por dólar a una cotización más realista de 42 pesetas por dólar y anunciara la liberalización de los precios. Franco parecía indiferente a estos cambios económicos o a la redacción por parte de López Rodó, siguiendo instrucciones de Carrero Blanco, de textos constitucionales que permitieran la instauración de la monarquía[1391]. Como López Rodó explicó a don Juan en Lisboa el 17 de septiembre, dichos textos tenían por objeto calmar los temores de Franco de que, a su muerte, su sucesor pudiera desmantelar la obra de su vida. Así, según la Ley de Sucesión, el elegido para sucederlo tendría que aceptar los principios básicos del Estado franquista, algo a lo que don Juan se resistía[1392].

En la primavera de 1958, hubo otra oleada de huelgas en las minas asturianas y en Cataluña, que Franco volvió a atribuir a los agitadores extranjeros y a la holgazanería de la clase obrera[1393]. El dictador dejaba cada vez más en manos de sus ministros las tareas de gobierno mientras él se dedicaba a la caza y la pesca. Sus funciones eran cada vez más y más protocolarias. En las Cortes, el 17 de mayo de 1958, en un discurso escrito por López Rodó, dio a conocer el primer fruto del proyecto constitucional, la Declaración de los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, que proclamaban que «la forma política del Estado español es la monarquía tradicional, católica, social y representativa» y disociaban así el régimen del falangismo[1394].

El 10 de junio de 1958, con las reservas de divisas de España bajo mínimos, Navarro Rubio presentó al gabinete el informe que describía el duro plan de estabilización monetaria sobre el que se construiría el posterior desarrollo económico español. Aunque no se diera cuenta de que el plan suponía dar marcha atrás a veinte años de franquismo, el dictador se alarmó tanto por sus implicaciones políticas que insistió en que el informe de Navarro Rubio se mantuviera en secreto[1395]. Sin embargo, al llegar el verano, sus pensamientos se habían vuelto a centrar en la caza y la pesca[1396]. Mientras se entregaba a sus aficiones, se avecinaban contratiempos. A finales del otoño, el nuevo papa Juan XXIII emprendió una liberalización de la Iglesia católica que causaría graves problemas a Franco y que, combinada con la creciente participación de los clérigos españoles en el movimiento de los «curas obreros», marcó el fin del profranquismo monolítico de la Iglesia.

Un problema más inmediato era el colapso de la economía española entre una inflación vertiginosa y el descontento creciente de la clase obrera. Franco no parecía darse cuenta de la gravedad de la situación[1397]. Le preocupaba más que, el 29 de enero de 1959, los seguidores de don Juan fundaran una asociación conocida como Unión Española en una cena en el Hotel Menfis de Madrid. Inspirados por un abogado e industrial monárquico, Joaquín Satrústegui, los discursos pronunciados en la cena defendían que la monarquía, para sobrevivir, no podía venir de la mano de un dictador, sino que debía ser restaurada con el apoyo popular de la mayoría de los españoles. Franco impuso una multa de cincuenta mil pesetas a Satrústegui[1398] Pero Unión Española era solo uno de los varios grupos más o menos democratacristianos que aparecieron junto con la oposición izquierdista y regionalista en las universidades y el movimiento obrero. Algunos falangistas alarmados organizaron como respuesta la Vieja Guardia y los Círculos José Antonio[1399]..

El dictador parecía contento de dejar el Gobierno en manos de sus tecnócratas hasta la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional a principios de 1959 para investigar los problemas de la economía española. Tanto la delegación como Navarro Rubio consideraron la libre convertibilidad de la peseta como un paso clave para la necesaria integración de la economía española en el sistema internacional[1400]. Franco se opuso a cualquier devaluación de la moneda y el 18 de febrero se negó a autorizar a Ullastres que aceptara una oferta del FMI para elaborar un plan de estabilización de la economía española, porque desconfiaba de los extranjeros. Solo después de que Navarro Rubio lo bombardeara con pruebas de la lamentable situación financiera de España, Franco se encogió de hombros y permitió la apertura de conversaciones formales con el FMI[1401]. Sospechaba que, una vez que dependiera económicamente de la buena voluntad internacional, podrían presionarlo para que realizara reformas políticas o incluso dimitiera[1402]. Tras formalizar la relación con el FMI, las presiones para devaluar aún más la peseta, de 42 a 60 por dólar, se hicieron irresistibles. Pero Ullastres superó la hostilidad de Franco al mostrarle lo cerca que estaba España de la bancarrota[1403].

El Plan de Estabilización adoptado el 6 de marzo de 1959, la nueva devaluación de la peseta y la reducción del gasto público tuvieron graves consecuencias sociales. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar, lo que hizo aumentar el paro. Sin embargo, a pesar de la oposición ministerial a los recortes presupuestarios, Franco apoyó la política[1404]. Aceptó los argumentos técnicos, porque los temas eran de una complejidad que superaba su capacidad de comprensión[1405]. Al mismo tiempo, permitió que los monárquicos de su gabinete elaboraran su propio esquema constitucional para la sucesión. Carrero Blanco le entregó el primer borrador el 7 de marzo de 1959 junto con una nota aduladora en la que le instaba a que se completara el proceso constitucional para que el rey no heredara los poderes del Caudillo y pudiera cambiarlo todo. Como si se dirigiera a un rey medieval, Carrero escribió: «Hay que ratificar al mismo tiempo el carácter vitalicio de la magistratura de S. E., que es Caudillo más que rey, porque funda Monarquía[1406]». No deseando hacer nada que pudiera acelerar su propia partida, Franco dejó sin tocar el proyecto de Constitución durante otros ocho años.

Su convencimiento de que en el fondo nada había cambiado se vio corroborado por las celebraciones del vigésimo aniversario del final de la Guerra Civil, que incluyó la inauguración del Valle de los Caídos el 1 de abril. El deleite de Franco no reflejaba en absoluto el estado de ánimo de la mayoría de los españoles. El Plan de Estabilización, trazado con la supervisión del FMI y la OECO, tenía por objeto reducir el consumo interno mediante una devaluación masiva de la peseta, fuertes restricciones crediticias y recortes en el gasto público. La devaluación pretendía impulsar las exportaciones, introducir divisas para financiar las importaciones de bienes de capital y acelerar la modernización económica. De esta forma, la clase obrera pagó los costes sociales cuando se congelaron los salarios, aumentó el desempleo y hubo escasez de bienes de consumo básicos. A finales de los años cincuenta, se dio un resurgimiento de la actividad sindical clandestina, organizada por grupos católicos, así como por el Partido Comunista y otras formaciones de izquierda. Franco creía que España estaba de nuevo asediada por el comunismo internacional y la masonería[1407].

El 21 de diciembre, un emocionado Caudillo recibió la fugaz visita del presidente Eisenhower. Sus expresiones de admiración por Estados Unidos hicieron que la hermana del dictador comentara: «¡Si Hitler y Mussolini pudieran oírle!»[1408]. Los esfuerzos de Ullastres y Navarro Rubio comenzaron a dar sus frutos a partir de 1960. Franco, y sus partidarios, atribuyeron a su genio y previsión un «milagro económico» que era el resultado de la economía liberal y la integración en el sistema capitalista internacional, que Franco había fustigado a partir de 1939. Además, tanto él como Carrero Blanco seguían ansiando el retorno a la autarquía[1409].

El boom de España se produjo en una época de crecimiento económico internacional sostenido. Ese contexto permitió la exportación del exceso de mano de obra, en gran medida al norte de Europa. Los trabajadores emigrantes enviaban remesas en moneda extranjera. Los ingresos disponibles en los bolsillos de los empleados alemanes, franceses y británicos dieron alas a un turismo que proporcionó a España valiosas divisas. La aportación de Franco fue involuntaria: al anticomunismo que trajo la ayuda estadounidense a mediados de los años cincuenta se sumó el atractivo para los inversores extranjeros de una legislación laboral represiva. Al añadir a la represión de las huelgas las facilidades a la repatriación de beneficios, España se convirtió en un destino goloso para las inversiones extranjeras a principios de los años sesenta. Al claudicar ante los tecnócratas, Franco contribuyó a su propia marginación, pero estaba contento de apuntarse unos éxitos económicos debidos a políticas que no alcanzaba a comprender.

La inquietud por el futuro del régimen aumentó a causa de los rumores sobre la mala salud del Caudillo, que ya rondaba los setenta años. La noticia de que se había programado una tercera entrevista con don Juan para el 29 de marzo de 1960 avivó rumores infundados de que el dictador planeaba entregarle el poder, cuando en realidad Franco no confiaba en él por su intención declarada de ser el rey de todos los españoles, tanto de izquierdas como de derechas. Se fiaba más de Juan Carlos porque se había educado en la España franquista[1410]. La entrevista fue breve e intrascendente. Franco no hizo mención de sus intenciones para no perder el apoyo de los monárquicos. Sin embargo, reiteró su denuncia de que don Juan estaba rodeado de masones[1411]. Pactaron una declaración conjunta de que las conversaciones habían sido cordiales y que la educación de Juan Carlos en España no prejuzgaba la cuestión de la sucesión. Sin embargo, al regresar a Madrid a última hora del 29 de marzo, Franco modificó unilateralmente el texto para que pareciera que don Juan había aceptado los términos de la Ley de Sucesión. Don Juan, como es lógico, se sintió molesto por esta jugarreta[1412].

Lo cierto es que el dictador se alejaba imperceptiblemente del centro de la vida política. En respuesta a la modernización económica, estaba surgiendo una sociedad con preocupaciones incomprensibles para alguien encerrado en la mentalidad de la Guerra Civil y sus secuelas. Además, en parte como resultado de su obsesión por sus aficiones y en parte como respuesta a la pura complejidad del Gobierno, Franco dejaba cada vez más el detalle de la gestión a Carrero Blanco y a los tecnócratas. A lo largo del verano, el conflicto entre estos últimos y los ministros falangistas se agudizó debido a los recortes presupuestarios que impuso el Plan de Estabilización a los ministerios de Trabajo, Educación, Gobernación y Movimiento, que reducían la capacidad políticamente crucial de la Falange para mantener una red clientelar. Con los españoles preocupados por el nivel de vida y deseosos de olvidar la Guerra Civil y sus secuelas, la cantinela de Franco sobre victorias del pasado hacía que pareciera irrelevante. La élite política aún necesitaba al Caudillo como árbitro supremo, pero cada vez menos como gobernante cotidiano. Los tecnócratas se vieron significativamente reforzados gracias al éxito relativo del Plan de Estabilización. Los cambios políticos y económicos implícitos en sus políticas provocaron la desesperación de la Falange y débiles expresiones de malestar durante las ceremonias oficiales[1413].

El 19 de diciembre de 1960, Navarro Rubio anunció el primer Plan de Desarrollo, que se había elaborado en colaboración con el Banco Mundial. Franco seguía anhelando la autarquía y creía que la misión de asesoramiento del Banco Mundial sobre el Plan de Desarrollo era parte de un complot masónico[1414]. Obsesionado con la masonería y la Guerra Civil y fiel admirador de Hitler y Mussolini, el dictador estaba cada vez más aislado de sus ministros, muchos de los cuales eran entre veinte y treinta años más jóvenes que él. Creía que el Gobierno estadounidense estaba dominado por masones dispuestos a abrir la puerta al comunismo y consideraba que el recién elegido presidente John F. Kennedy era un liberal peligroso[1415]. En febrero de 1961, Carrero Blanco presentó un informe en el que advertía de la necesidad de rechazar toda presión estadounidense a favor de la liberalización política[1416].

En 1961, el Plan de Estabilización comenzó a dar sus frutos. Pero, al tratarse del vigésimo quinto aniversario de la rebelión militar de 1936, los discursos de Franco fueron nostálgicos y alejados de la realidad nacional e internacional de los años sesenta. Parecía ignorar que sus enemigos no eran los de 1936, sino jóvenes obreros dispuestos a ir a la huelga contra las largas jornadas, los bajos salarios y las condiciones peligrosas, y estudiantes y sacerdotes progresistas vascos y catalanes que denunciaban la represión antinacionalista. En comparación con un Kennedy decidido a derrotar al comunismo proyectando agresivamente los beneficios del capitalismo, el Caudillo parecía un superviviente fosilizado. El 3 de junio, en la sesión de apertura de las nuevas Cortes, en un discurso de casi dos horas de duración, Franco se jactó de sus logros y denunció a los partidos políticos[1417].

Las celebraciones de 1961 se organizaron para recalcar que el Generalísimo no iba a renunciar en un futuro inmediato. El 1 de octubre inauguró una serie de ceremonias cuidadosamente orquestadas para celebrar su elección como Caudillo con un nostálgico y autocomplaciente discurso en Burgos[1418]. Mientras tanto, López Rodó y Carrero Blanco lo presionaron para que anunciara que la ley constitucional redactada en 1957, la Ley Orgánica del Estado, se presentaría a las Cortes. Sin embargo, él no estaba dispuesto a elegir una opción particular para una sucesión que, según su punto de vista, aún quedaba muy lejos[1419] como se puso de manifiesto el 2 de octubre de 1961 en una reunión del Consejo Nacional de la Falange en su honor[1420]., La abyecta subordinación del Movimiento se hizo patente cuando José Solís, el ministro secretario, inició la sesión dirigiéndose a Franco simplemente como «señor», un tratamiento reservado a los reyes. En su discurso arrogante y jactancioso, el dictador se atribuyó todo el mérito del reciente desarrollo económico[1421].

El conflicto entre la Falange y los tecnócratas se convirtió en una especie de concurso para «amueblarle de ideas el cerebro» a Franco[1422]. De hecho, el Movimiento había sido completamente domesticado por Arrese, Fernández Cuesta y Solís. Empezaban a aparecer funcionarios brillantes y trabajadores que estaban más preocupados por conseguir puestos de responsabilidad en el aparato del Estado que por poner en práctica la ideología del falangismo. Hombres como López Rodó y Navarro Rubio se definían como pertenecientes al Opus Dei, pero sería más adecuado considerarlos ejemplos de lo que se llamó «la burocracia de los números uno», los que habían ganado en su juventud oposiciones a la función pública o a una cátedra universitaria. De manera similar, otros administradores prominentes del régimen en la década de 1960, como Manuel Fraga y Torcuato Fernández-Miranda, solían definirse como falangistas, cuando hubiera sido más exacto describirlos como funcionarios meritocráticos[1423].

Los funcionarios técnicamente competentes que empezaron a destacar entre 1957 y 1973 se consideraban «apolíticos» en el sentido de que su preocupación fundamental era la administración eficiente en lugar de la lealtad a una facción particular del Movimiento. Su competencia profesional apartó a Franco de la cada vez más compleja gestión diaria del Gobierno, pero, paradójicamente, fortaleció la posición del dictador de dos maneras. En primer lugar, este se apuntó el tanto de sus logros económicos y, en segundo lugar, al no tener clientela política, los tecnócratas debían íntegramente al Caudillo su bien remunerado protagonismo. Las facciones seguían existiendo, pero ninguna tenía el peso de los tiempos anteriores. La posición del dictador como piedra angular del arco franquista era inatacable. Mientras las políticas de los tecnócratas funcionaran, ninguna facción del franquismo se arriesgaría a desestabilizar una situación de la que se beneficiaban todos. Cada uno esperaba el apoyo de Franco contra los demás. En una coyuntura de prosperidad creciente, la única amenaza a la continuidad del Caudillo parecía ser su salud, aunque la agitación social desencadenada por las transformaciones económicas diera alas a la oposición en las fábricas, las universidades y las regiones.

Un accidente de caza que se produjo a finales de 1961 desató el pánico a la muerte de Franco. Al dictador le explotó la escopeta, lo que le ocasionó graves lesiones en la mano izquierda[1424]. No obstante, él no activó ninguno de los mecanismos establecidos en la Ley de Sucesión, sino que se limitó a telefonear a Carrero Blanco y ordenarle que informara solo a los ministros militares y al Estado Mayor del Ejército. Además, advirtió a su amigo Camilo Alonso Vega, el duro que estaba al frente del Ministerio de la Gobernación: «Ten cuidado de lo que ocurra». Franco tenía la confianza, plenamente justificada, de que entre Alonso Vega, el director general de Seguridad, Carlos Arias Navarro, y el director general de la Guardia Civil podrían mantener el orden público. Los rumores de que había sido objeto de un intento de asesinato eran infundados. La explosión se atribuyó a que Franco había cargado por error su escopeta con munición del arma de su hija[1425]. Sin embargo, el incidente hizo que muchos franquistas se plantearan el tema de la sucesión[1426]. Su inquietud por el futuro aumentó cuando en la primavera de 1962 se produjeron huelgas a gran escala en Asturias y en gran parte de la industria del norte.

El propio Franco no daba muestras de preocupación en público. Las instrucciones a Alonso Vega presagiaban el nombramiento de un regente de línea dura para garantizar que el futuro monarca no se desviara del camino autoritario. Ese papel de guardián se confiaría primero a Muñoz Grandes y luego a Carrero Blanco, aunque el dictador sobreviviría a ambos. Mientras tanto, a pesar de la estrecha relación de Franco con Carrero, que era partidario de Juan Carlos, todavía había dudas sobre la elección del candidato al trono. Mientras tanto, en enero de 1962, López Rodó fue nombrado comisario del Plan de Desarrollo, al frente de un organismo de planificación central creado por recomendación de los asesores del Banco Mundial. El ascenso de López Rodó hizo que la Falange perdiera una batalla clave en la guerra por el futuro posfranquista. López Rodó creía que la reforma administrativa y económica eran mejores garantías para la supervivencia del sistema que el inmovilismo que se percibía en las reticencias del Caudillo a resolver la sucesión[1427].

A partir de los setenta años, Franco se alejó aún más del centro de gravedad. Como ni él ni Carrero entendían toda la complejidad de lo que López Rodó estaba haciendo, este gozaba de una autonomía considerable en su cargo de comisario. Además, en los años siguientes, llegó a dominar la subcomisión de asuntos económicos del gabinete, formalmente presidida por Franco. En la comisión pronto participaron no solo los distintos ministros responsables de asuntos económicos, sino que, al convertirse en el verdadero núcleo del poder, donde se debatían otros temas aparte de la economía, los demás ministros buscaban excusas para asistir a sus reuniones. Del mismo modo en que antes, como secretario de la Presidencia, López Rodó había preparado y priorizado los asuntos del Gobierno, ahora tenía un papel similar, e incluso más poderoso, en la iniciativa y coordinación de la política económica. Franco solo se enteraba de los problemas cuando llegaban, precocinados, a la subcomisión[1428]. Como no tenía motivos para dudar de la lealtad del protegido de Carrero Blanco, se alegraba de no tener que preocuparse por los molestos detalles económicos y volvía así a sus frecuentes cacerías. Además, el dictador pasaba también muchas horas viendo películas y deportes en los muchos televisores que había desperdigados por El Pardo. Comenzó a echar la quiniela cada semana, y salió premiado en dos ocasiones[1429].

Para mantener el impulso de las reformas económicas iniciadas por los tecnócratas, Castiella y los ministros de economía convencieron a un reticente Franco de que permitiera solicitar la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. El dictador, que creía que la Comunidad Europea estaba en manos de los masones, temía que la adhesión fuera acompañada de un chantaje para obligar a España a una liberalización política. Al final, la CEE aceptó negociar un acuerdo económico, pero insistió en que, antes de contemplar cualquier vínculo político, sería necesario introducir en España cambios constitucionales importantes[1430]. La negativa de la Comunidad Europea a entablar negociaciones políticas no hizo más que convencer a Franco de que España seguía rodeada de fuerzas hostiles decididas a derrocarlo, una idea que se vio reforzada por el estallido de huelgas en la minería asturiana y en la siderurgia vasca en la primavera de 1962. Se llevó a cabo un despliegue masivo y brutal de la Guardia Civil y la policía armada contra los mineros y sus mujeres, pese a lo cual las huelgas se extendieron a Cataluña y Madrid, y no se detuvieron debido a la represión, sino a los aumentos salariales, en lo que constituyó un éxito para el incipiente movimiento obrero en la clandestinidad[1431]. En la reactivación económica que siguió a la dura austeridad del Plan de Estabilización de 1959 a 1961, la victoria de los trabajadores demostró que las empresas estatales y los industriales del sector privado estaban dispuestos a pagar a cambio de no interrumpir su valiosa producción. Franco volvió a atribuir el malestar a los agitadores externos y quedó perplejo por el apoyo de muchos sacerdotes a los obreros, sobre todo en el País Vasco. En privado y en público, para referirse al conflicto, recuperó el vocabulario de la Guerra Civil sobre el «enemigo» y los agitadores comunistas y masónicos extranjeros[1432].

El fracaso del régimen en sus intentos de acercamiento a la CEE y las huelgas de 1962 atrajeron las simpatías de Europa hacia la oposición antifranquista. Para capitalizarlas, unos ochenta monárquicos, católicos y falangistas arrepentidos, residentes en España, se reunieron con 38 socialistas y nacionalistas vascos y catalanes exiliados en Múnich en el IV Congreso del Movimiento Europeo del 5 al 8 de junio de 1962. El encuentro, financiado por el Congreso para la Libertad Cultural controlado por la CIA, concluyó con un comunicado moderado y pacífico en el que se pedía la evolución política de España. Franco montó en cólera ante lo que para él no era más que una conspiración para socavar el régimen por parte de masones, judíos y católicos e insistió en suspender las escasas garantías constitucionales del Fuero de los Españoles[1433]. Muchos de los delegados españoles, entre ellos Dionisio Ridruejo y José María Gil Robles, fueron detenidos y deportados por su participación en lo que se dio en llamar despectivamente «el Contubernio de Múnich», tanto en los medios de comunicación públicos como en los discursos de Franco[1434]. El mito de la invulnerabilidad del régimen ya había quedado en entredicho por el accidente de tiro del Caudillo y la oleada de huelgas. Múnich parecía justificar las afirmaciones comunistas de que su política de «reconciliación nacional», adoptada en 1956, estaba a punto de dar sus frutos con la creación de un frente amplio de fuerzas antifranquistas. Además, a partir del Concilio Vaticano II, en 1959, se habían producido amagos de conflicto con la Iglesia católica. La encíclica del Papa de 1961 Mater et Magistra había alarmado a los duros del gabinete franquista con su discurso sobre salarios justos y condiciones humanas para los trabajadores industriales y agrícolas, impuestos redistributivos y derechos sindicales[1435].

La reacción de Franco al Contubernio de Múnich sería un grave error. Castiella y los embajadores de España en París, José María de Areilza, y en Washington, Antonio Garrigues, le informaron de los daños causados. Siempre alerta a las amenazas a su supervivencia, el dictador respondió con una importante remodelación del Gobierno el 10 de julio[1436]. La línea económica de los tecnócratas se consolidó con el nombramiento del dinámico Gregorio López-Bravo, de 38 años, como ministro de Industria. Otros tecnócratas más «progresistas» del Opus Dei reemplazaron a los falangistas: Manuel Lora Tamayo, como ministro de Educación y Jesús Romeo Gorría como ministro de Trabajo. Solís se mantuvo, tanto como concesión a la Falange como para recompensarlo por la energía que había demostrado durante las huelgas. A los setenta años, Franco necesitaba caras familiares además de tecnócratas dinámicos. Así, mantuvo en el cargo de ministro de la Gobernación a Alonso Vega, de 73 años, nombró al almirante Nieto Antúnez, de 74 años, ministro de la Marina, y al general de línea dura de 66 años Agustín Muñoz Grandes, vicepresidente del Gobierno, aunque ese cometido correspondiera en gran parte a Carrero Blanco, que de esta forma acumuló más poder[1437]. Un cambio clave fue la promoción de Manuel Fraga Iribarne, de 40 años de edad, al Ministerio de Información para remediar el daño causado por la reacción de la prensa al Contubernio de Múnich. El enérgico y ambicioso Fraga era un apparatchik versátil y flexible. Junto con los cambios económicos acelerados por los tecnócratas, su liberalización parcial de la prensa lo convertiría, igual que a ellos, en uno de los enterradores involuntarios del régimen[1438].

Para asegurar su permanencia en el poder, Franco depositó sus esperanzas en una combinación de represión brutal y más crecimiento económico. Las detenciones y torturas a militantes de izquierda continuaron siendo habituales. Una nueva oleada de huelgas en Asturias y Cataluña durante los meses de agosto y septiembre fue contrarrestada por medidas policiales draconianas. En el marco de los planes de desarrollo, el PIB se duplicó en el curso de los años sesenta, pero siguió rezagado con respecto al de Italia. España seguía siendo tremendamente pobre. Además, la industrialización creó problemas sociales, ya que la migración interna provocó el crecimiento de polígonos de viviendas de construcción precaria. Inevitablemente, la nueva clase obrera que vivía en estos bloques reaccionó a sus privaciones sociales con un mayor activismo[1439]. Mientras tanto, los especuladores de la construcción que se confabularon con altos cargos públicos amasaron cuantiosas fortunas. En Barcelona, por ejemplo, durante el mandato del alcalde Josep Maria Porcioles, el ayuntamiento recalificó propiedades privadas y públicas como campos de deportes y terrenos expropiados. A continuación, la notaría de Porcioles gestionaba los permisos de obra necesarios para la empresa constructora de Josep Maria Figueras, cuyo cuñado daba la casualidad de que era el delegado de los Servicios de Urbanismo del ayuntamiento[1440]. En la provincia de Valencia, entre 1960 y 1975, en la época en que ejerció como gobernador civil el falangista Adolfo Rincón de Arellano, el número de habitantes aumentó en un millón, hasta alcanzar los tres millones. La expansión urbana consiguiente provocó una gran especulación inmobiliaria y la aparición de fortunas logradas mediante el tráfico de permisos y licencias[1441].

Fraga relajó la censura y manejó más hábilmente la imagen de Franco y del régimen. En público, aunque no en privado, el dictador hablaba más de los éxitos económicos que de los masones y de los enemigos de la verdadera España. Junto a la afirmación de que el crecimiento actual había sido planificado desde el principio, el mantra creado por Fraga y López Rodó fue el del «milagro español[1442] Los éxitos de los modernizadores permitieron a Franco dedicar cada vez más tiempo a sus actividades de ocio y dejar la administración diaria a sus ministros[1443]». Sin embargo, en el nuevo gabinete había dos grupos con planes de futuro diferentes. La restauración de la monarquía era el objetivo de Carrero Blanco, los militares conservadores y los tecnócratas que veían en la modernización económica un requisito previo a un contexto de estabilidad política[1444]. Castiella, Fraga, Solís y Nieto Antúnez se mostraban más partidarios de la modernización política. Fraga estaba impaciente por abrir el régimen con una política de información más liberal y Solís hablaba de un pluralismo limitado dentro del Movimiento con «asociaciones políticas». Las tensiones entre Solís y Carrero Blanco eran toleradas por Franco, quien intervenía en contadas ocasiones para apaciguar los ánimos[1445]. Convencido por el Concilio Vaticano de que la curia estaba infiltrada por masones y comunistas y disgustado por la determinación de don Juan de ser rey de todos los españoles, el dictador no tenía ningunas ganas de introducir reformas. «Es inimaginable que los vencedores de una guerra cedan el poder a los vencidos[1446]».

La dislocación social que acompañó al progreso económico, alimentando las huelgas y los disturbios, se enfrentaba a una dura represión. Sin embargo, Franco no albergaba dudas de que su España era un paraíso de libertades individuales[1447]. De hecho, el carácter bárbaro del régimen en general y de Franco en particular se puso de manifiesto con el juicio y la ejecución del comunista Julián Grimau García en 1963[1448], que provocó una ola de manifestaciones contra el franquismo en las principales ciudades de Europa y América. Por desgracia para el régimen, el juicio de Grimau coincidió con la gran encíclica reformista Pacem in Terris del papa Juan XXIII, que defendía derechos humanos como las libertades de asociación, de expresión y de participación política, lo que reafirmó a Franco en su convicción de que el Vaticano era un nido de masones y comunistas[1449]. El Caudillo ignoró las súplicas de clemencia de dignatarios eclesiásticos y dirigentes políticos como Nikita Jruschev, Willy Brandt, Harold Wilson y la reina Isabel II. A pesar de las repercusiones internacionales, Franco insistió en que Grimau muriese[1450]. La consiguiente reacción de rechazo internacional minó los esfuerzos por mejorar la imagen del régimen. En Francia, la indignación popular saboteó los planes del general De Gaulle de impulsar una asociación más estrecha de España con la Comunidad Económica Europea[1451]. Al cabo de cuatro meses, tras un breve juicio, dos anarquistas, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez, fueron ejecutados a garrote vil por su presunta implicación en un atentado con bomba en la jefatura de policía de Madrid. El clamor internacional, aunque más leve que en el caso de Grimau, fue considerable[1452]. Tales errores políticos, junto con el cambio económico, estaban perjudicando al régimen. Incluso la Falange era menos de fiar: su cúpula estaba formada por una gerontocracia corrupta y sus miembros más jóvenes eran funcionarios cínicos y ambiciosos. La liberalización de la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II también tendría su impacto. La noticia de que el cardenal progresista Montini había sido elegido como papa, con el nombre de Pablo VI, le llegó a Franco durante un consejo de ministros el 21 de junio de 1963 y le hizo exclamar amargamente: «Un jarro de agua fría[1453]».

Con un lema inventado por Manuel Fraga, «Veinticinco años de Paz», a lo largo de 1964 se organizaron celebraciones colosales, a un coste enorme, del aniversario del final de la Guerra Civil. Se publicaron un aluvión de libros y artículos hagiográficos que pretendían transformar a Franco, cuya legitimidad se había basado anteriormente en la guerra, en paradigma de la paz[1454]. El año 1964 habría sido un momento apropiado para que anunciara la elección de un sucesor, pero no lo aprovechó. Confiando en que sus tecnócratas proporcionaran al país mayor prosperidad y una administración eficiente, su principal preocupación, más allá de sus aficiones, era asegurar la continuidad del régimen después de su muerte. Franco tardó muchísimo en decidirse, en parte debido a la dificultad de encontrar un candidato dispuesto a aceptar la perpetuación del franquismo y aceptable, a su vez, para todas las familias del régimen. Tampoco le gustaba pensar en la muerte o en el abandono del poder. Sin embargo, que el Caudillo pudiera pasar años reflexionando sobre el tema indica lo sólida que era su posición, algo que cambiaría drásticamente en menos de cinco años.

El 9 de abril de 1964, el dictador ofreció al Consejo Nacional una valoración autocomplaciente de su mandato, atribuyendo el desarrollo económico a su previsión. Subrayó sus esfuerzos por garantizar la continuidad del régimen tras su desaparición, pero no hizo ningún anuncio específico sobre el futuro[1455]. Para los reformistas del gabinete que esperaban que las celebraciones de «paz» pudieran animarle a promulgar la Ley Orgánica del Estado y nombrar a su sucesor, fue una decepción. Al verlo leer el discurso, Fraga se quedó impresionado por cómo había envejecido. Una semana más tarde, en una audiencia privada, la mayoría de los asistentes concluyeron que Franco se estaba apagando a toda velocidad[1456]. El 30 de abril de 1964, el Generalísimo recibió una medalla para conmemorar los veinticinco años de paz. En su discurso de agradecimiento, dijo que esperaba «que dentro de veinticinco años volvamos a reunirnos[1457]».

En abril, las celebraciones se vieron empañadas por el resurgimiento de las huelgas en las minas de Asturias en protesta contra una nueva legislación laboral. La brutal represión provocó el despido de muchos hombres y la detención de los huelguistas, muchos de los cuales permanecieron en prisión hasta 1970. Además, fue motivo de enfrentamientos en el Gobierno. El ministro de Trabajo, Romeo Gorría, acusó al ministro de Industria, López-Bravo, de estar predispuesto a comprar a los huelguistas. Franco apoyó a López-Bravo y comentó que el Ministerio de Trabajo y la Organización Sindical de la Falange estaban infiltradas por comunistas. Le dijo a su primo, Pacón, que muchos mineros «obedecen a poderes ocultos». Alonso Vega quería intensificar la represión, pero Fraga, Castiella y los reformistas consiguieron convencer a Franco de que más violencia sería contraproducente[1458].

La alegría del Caudillo por las celebraciones de 1964 aumentó tanto su renuencia a planificar el futuro como su convencimiento de que su figura era indispensable. Durante el verano, mencionó los aplausos con que lo saludaban en sus comparecencias públicas como argumento destacado cuando sus ministros le propusieron un cambio. Adicto a la adulación de las masas, el dictador cada vez estaba menos interesado en las reformas[1459]. La aclamación popular en España hacía que Franco fuera más susceptible a las críticas del extranjero. La creciente oleada de huelgas, manifestaciones estudiantiles y agitación en Cataluña y el País Vasco gozó de una amplia cobertura en la prensa europea, incluyendo algunas publicaciones católicas[1460]. Franco daba por sentado que la subversión en España era obra de siniestras fuerzas extranjeras y estaba perplejo por las críticas implícitas a su Gobierno que emanaban del Concilio Vaticano. Su convicción de ser un instrumento de la divina providencia era inquebrantable, y a menudo esta era confirmada por los elogios ditirámbicos de algunos sectores de la jerarquía eclesiástica española[1461]. Consideraba el malestar del Vaticano por el encarcelamiento, la tortura, el destierro e incluso la ejecución de los enemigos del régimen, junto con el crecimiento de la organización de trabajadores católicos HOAC, prueba de la infiltración comunista. Los reformistas del régimen volvieron a sentirse decepcionados con la apertura de las Cortes el 8 de julio de 1964, cuando Franco denunció la democracia liberal como un sistema agotado y repudiado por las masas[1462] La mentalidad de asedio de Franco y Carrero Blanco era contraria a la renovación humanista y plural del catolicismo que se estaba elaborando en Roma[1463].. La evolución de las actitudes de muchos miembros superiores de la jerarquía fue acompañada por la radicalización de los sacerdotes obreros, que experimentaban de primera mano las privaciones de los trabajadores inmigrantes que vivían en los suburbios de las grandes ciudades industriales. En el País Vasco y en Cataluña, la estrecha relación entre el clero y los fieles se reflejaba en la creciente simpatía de la Iglesia por las aspiraciones regionalistas[1464]. En septiembre de 1964, cuando el Concilio aprobó una resolución en la que pedía a los estados que renunciaran al privilegio de intervenir en la designación de obispos, Franco se negó categóricamente a negociar por miedo a que el nuncio apostólico nombrara obispos más preocupados por el interés de sus comunidades regionales que no por servir al Estado.

A pesar de su continua pasión por la caza y la pesca, la salud de Franco presentaba signos de deterioro, con síntomas de la enfermedad de Parkinson[1465]. En público, hablaba con menos frecuencia y durante menos tiempo a medida que se hacía más difícil ocultar los síntomas de la enfermedad: una postura rígida, una forma de caminar insegura y una expresión facial vacía y con la boca abierta. Con todo, él hizo caso omiso de las sugerencias de todos los sectores del régimen para proceder con la Ley Orgánica del Estado, con la excusa de que estaba en ello[1466]. La urgencia del tema se hizo patente tras los graves disturbios universitarios de la primavera de 1965 en Madrid y Barcelona. En el consejo de ministros del 5 de marzo, Carrero Blanco, con el apoyo de todos los ministros, propuso que se redactara la ley orgánica lo antes posible. Franco afirmó que se había retrasado por la dificultad de encontrar una solución que satisficiera a todos[1467]. El 1 de abril de 1965, el dictador le leyó a Carrero Blanco un borrador casi definitivo de la ley, pero al cabo de unas semanas apenas había hecho progresos[1468]. En julio de 1965, tras un sinfín de dudas y vacilaciones, Franco remodeló el Gobierno. Para dar mayor prioridad a las relaciones con la CEE, Ullastres se convirtió en embajador ante la Comunidad Europea y fue sustituido como ministro de Comercio por otro opusdeísta, Faustino García Moncó. López Rodó permaneció en el cargo de comisario del Plan de Desarrollo y se convirtió en ministro sin cartera, con lo que la lucha que había enfrentado a Carrero contra Solís pasaba ahora a ser responsabilidad suya[1469].

En el consejo de ministros del 13 de agosto de 1965, se iniciaron las deliberaciones sobre la Ley de Prensa de Fraga. Durante los meses siguientes, el texto fue objeto de debate, con una fuerte oposición por parte de Alonso Vega y otros elementos reaccionarios que trataron de convencer a Franco de que el proyecto amenazaba los cimientos del régimen. Pese a todo, en febrero de 1966, la ley estaba lista para su tramitación en las Cortes[1470]. Una cuestión aún más polémica era la posible designación de Juan Carlos como sucesor de Franco. A lo largo de 1966, el dictador observó sin pronunciarse los acérrimos enfrentamientos entre López-Bravo y López Rodó, por un lado, y Solís y Romeo Gorría, por otro. Los falangistas apoyaban la discutible candidatura a la sucesión de Alfonso de Borbón-Dampierre, hijo del hermano de don Juan, Jaime. Por una parte, por apatía y renuencia a enfrentarse a otra crisis gubernamental y, por otra, por despecho a don Juan, Franco dejó que las disputas continuaran. No hizo nada cuando la política económica del Gobierno fue atacada por la prensa del Movimiento que controlaba Solís[1471]. Girón se quejó de que el Caudillo estaba perdiendo su autoridad, porque los consejos de ministros eran cada vez más espaciados y breves[1472].

El futuro del régimen seguía siendo la cuestión más polémica. El 9 de febrero de 1966, López Rodó presionó a Franco para que resolviera la sucesión y evitara el caos tras su muerte. El dictador se mostró de acuerdo, pero luego se quejó de tener que elegir entre tantos candidatos, una excusa que le servía para mantener abiertas todas las opciones[1473]. Sabía que, una vez nombrado su sucesor, habría un aluvión de oportunistas deseosos de congraciarse con el candidato, lo que no haría más que disminuir su poder. Además, le preocupaban los informes de la policía secreta sobre los contactos de Juan Carlos con elementos progresistas[1474]. No estaba dispuesto a actuar sin estar seguro de que Juan Carlos juraría atenerse a los principios del Movimiento. Le dijo a Fraga, a principios de junio, que don Juan estaba totalmente descartado[1475]. Franco estaba furioso porque este, que había perdido toda esperanza de que el dictador lo nombrase sucesor, había creado un Consejo Privado, una especie de contragobierno, a cuyo frente se encontraba José María de Areilza. Este último se había convencido, tras el escándalo internacional por el Contubernio de Múnich y la ejecución de Grimau, así como a raíz de una gélida entrevista con Franco, de que el régimen estaba en un callejón sin salida[1476]. El deterioro de la salud de Franco saltaba a la vista, aunque las muestras de senilidad alternasen con largos periodos de buena forma física[1477]. Sin embargo, con la edad y la sucesión en su mente, el 13 de junio de 1966, Franco entregó a Carrero el borrador final de la Ley Orgánica del Estado[1478] La ley no se sometería a debate. Se presentaría primero a su aprobación por las Cortes y luego al pueblo español sin ninguna justificación o explicación públicas[1479]..

Cuando el Caudillo presentó la Ley Orgánica del Estado a las Cortes el 22 de noviembre de 1966, con voz débil, leyó un discurso en el que se ufanaba de los éxitos de su trayectoria. El tono era de despedida, pero proclamó que no tenía intención de retirarse. Su voz se fue apagando poco a poco hasta convertirse en un murmullo ininteligible. El dictador se limitó a pedir a los procuradores que aprobaran la ley sin debatir sus diez secciones, sus sesenta y seis artículos y las numerosas cláusulas adicionales, algo que hicieron por aclamación[1480]. Tres semanas más tarde, Franco se dirigió a la nación en un discurso radiotelevisado para pedir el «sí» en un próximo referéndum. En línea con el lema oficial «¡Franco sí!», convirtió la consulta en un plebiscito a su persona. Afirmó que la democracia era una ficción y que la hostilidad extranjera era la prueba de la admiración internacional hacia su régimen. Pidió un «sí» como recompensa por todo lo que él había hecho por España[1481]. El discurso fue el pistoletazo de salida de una campaña masiva montada por Fraga con todo el peso de los medios de comunicación. En todas las calles y carreteras había carteles gigantes con la imagen de un radiante y benévolo patriarca. Se repitió hasta la saciedad que votar «no» era votar por Moscú. El 14 de diciembre de 1966, acudió a las urnas el 88 por ciento del censo electoral y menos del 2 por ciento optó por el «no», sin que se debatiera en ningún momento una ley prácticamente incomprensible. La oposición había sido silenciada. Hubo casos de voto múltiple e incluso lugares en los que la eficiencia de las autoridades consiguió que optara por el «sí» más del 120 por ciento del electorado. En otros, no se hizo el recuento de las papeletas, sino que se limitaron a anotar el resultado que quisieron. El mayor nivel de abstenciones y de votos en contra se registró en las ciudades industriales[1482]. Pero, a pesar del fraude electoral masivo y de las presiones sociales, el referéndum fue una victoria para Franco. Muchos votaron «sí» en agradecimiento por el pasado y por la prosperidad creciente, pero muchos lo hicieron también con la esperanza de acelerar la transición de la dictadura franquista a la monarquía.

En 1967, con la puesta en marcha de los preparativos técnicos para la sucesión, a Franco le quedaba poco por hacer, salvo nombrar a un legatario. A sus 74 años de edad, a veces parecía la sombra de sí mismo. En los noticiarios, era cada vez más perceptible la rigidez de sus movimientos y la falta de energía en sus discursos. Incluso después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Estado, la incertidumbre sobre la sucesión hizo que muchos de los integrantes de la élite del régimen continuaran comportándose como si Franco fuera el único que estuviera al mando, cuando la maquinaria de gobierno estaba en manos de Carrero Blanco y López Rodó. La inversión en terror de Estado realizada entre 1936 y 1944 había dado sus frutos en forma de una apatía política generalizada. La cuestión central era el futuro después de Franco y eso dio lugar a unas rivalidades en las que el dictador desempeñó un papel marginal. El hecho de que ya no fuera el gran protagonista de la política española se reflejaba en el hecho de que se le fotografiase más a menudo jugando con sus nietos, cazando o pescando. Con su tímida sonrisa, Franco era ahora el patriarca lejano, el abuelo de su pueblo.

Los tecnócratas esperaban que, de acuerdo con lo dispuesto en la nueva Ley Orgánica del Estado, el dictador nombrara a Carrero Blanco presidente del Consejo de Ministros. Finalmente, Franco lo nombró vicepresidente el 21 de septiembre de 1967 y le entregó las riendas del Gobierno. Carrero le había servido lealmente desde 1941 y sus opiniones eran casi indistinguibles de las del dictador. Sin embargo, su compromiso con la causa de Juan Carlos disparó las alarmas de los falangistas. Temían que, si el Caudillo apoyaba a Juan Carlos, allanaría el camino a una monarquía liberal y al fin de sus privilegios, y por eso se enfrentaron al Opus a mediados de los años sesenta, utilizando para ello la prensa del Movimiento[1483]. Un círculo de derechistas que se reunían en El Pardo llevó a cabo su propia e insidiosa campaña a favor del inmovilismo, para la que intentaron captar a un Franco cada vez más decrépito. Integraban dicho círculo Cristóbal Martínez Bordiú, doña Carmen y falangistas duros como Girón, que tenían contactos con militares ultras que consideraban al Ejército como la guardia pretoriana del régimen. A finales de los años sesenta, algunos de los más destacados generales falangistas, también llamados «azules», como Alfonso Pérez Viñeta, Tomás García Rebull, Carlos Iniesta Cano y Ángel Campano López, ocupaban puestos operativos clave. En sus últimos años, en gran parte debido a su enfermedad y a los medicamentos que tomaba para mitigar los síntomas, Franco se convirtió en un puente pasivo entre estos grupos. El dictador compartía en líneas generales el proyecto de Carrero Blanco y López Rodó de una transición a una monarquía autoritaria, pero, a medida que envejecía, su instinto se mostraba más proclive a prestar oído a los relatos alarmistas de los acontecimientos que le presentaba esta camarilla[1484].

Recién cumplidos los 75 años y rabioso por los disturbios universitarios de principios de 1968, Franco estaba convencido de que los tumultos eran obra de agitadores extranjeros y que los curas radicales eran comunistas disfrazados. Se alegró de la violenta represión de los sacerdotes y estudiantes universitarios de izquierda y liberales impuesta por el general Pérez Viñeta, capitán general de Cataluña[1485] No cabía la reconciliación con sus enemigos. Le desconcertaba el progresismo cada vez mayor de la Iglesia y las actividades de los obispos que condenaban la represión policial[1486].. Como cada vez más y más sacerdotes prestaban su apoyo a los trabajadores y a la oposición regionalista al régimen, en el verano de 1968, Franco autorizó la creación de una cárcel para sacerdotes en Zamora, con capacidad para más de cincuenta religiosos[1487]. Debido al desplazamiento de una parte de la Iglesia hacia la izquierda, en el seno del régimen hizo su aparición un anticlericalismo de ultraderecha, entre la Falange, los carlistas y los militares. Varios grupúsculos neonazis, como el Partido Español Nacional Sindicalista, la Fuerza Nueva de Blas Piñar, los Guerrilleros de Cristo Rey y el Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), promovieron ataques de escuadrones terroristas armados contra todo lo que pareciera liberal o de izquierdas, ya fueran curas u obreros[1488].

Franco no parecía preocupado por el hecho de que el Gobierno estuviera prácticamente paralizado por la hostilidad entre los falangistas y los tecnócratas. En el segundo semestre de 1968, hizo caso omiso de los llamamientos de Carrero, Fraga y otros a renovar el Ejecutivo[1489] Los síntomas de su energía decreciente eran imposibles de soslayar[1490] Tardó cinco años en atender a las peticiones de varios ministros de que nombrara a un presidente del Gobierno[1491]. En una reunión con Dean Rusk celebrada el 18 de noviembre de 1968, para discutir la renovación del acuerdo sobre las bases estadounidenses, un Franco apenas lúcido no hizo más que gruñir monosílabos[1492]. Su mensaje de fin de año, el 30 de diciembre de 1968, fue una débil condena de los disturbios en las universidades[1493]. Desde luego, su decisión de aferrarse al poder le había pasado factura, y ahora solo podía celebrar un consejo de ministros cada quince días.

Sus dudas sobre la sucesión se resolvieron en gran parte en el otoño de 1968[1494]. El 8 de enero de 1969, entrevistado por la agencia oficial de noticias EFE, Juan Carlos aceptó sin reservas la idea de la instauración de una monarquía franquista. Franco estaba encantado y, el 15 de enero, insinuó al futuro monarca que lo nombraría sucesor antes de fin de año[1495]. Sin embargo, la reacción de Alonso Vega, Carrero Blanco, Nieto Antúnez y Solís ante la renovada agitación universitaria estuvo a punto de frustrar las posibilidades de una sucesión sin contratiempos. En un consejo de ministros celebrado el 24 de enero de 1969, exigieron la declaración del estado de emergencia, un reconocimiento tácito de impotencia ante el creciente clamor de trabajadores, estudiantes y activistas vascos. Aparte de lo absurdo que era que los dinosaurios del régimen intentaran frenar las consecuencias del cambio social, López Rodó y los modernizadores temían que esto volviera a retrasar la decisión de Franco, ya que Juan Carlos no podía ser nombrado sucesor mientras el estado de emergencia continuara vigente[1496]. En el consejo de ministros del 21 de marzo de 1969, después de que Fraga afirmara que la continuación del estado de emergencia perjudicaría al sector turístico, Franco lo levantó de mala gana, pues siempre había preferido el orden público a las simpatías internacionales. Aun así, no se decidía a designar sucesor[1497].

Surgieron otros problemas. A principios de mayo, Carrero habló con el dictador sobre la creciente amenaza de la organización revolucionaria separatista vasca Euskadi ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad). Carrero señaló que la destrucción de ETA requería una enorme delicadeza para no perjudicar las relaciones con el País Vasco y con la Iglesia[1498]. Franco, que no estaba muy al tanto de los acontecimientos, dejó la lucha contra ETA en manos de los halcones del Ejército, y las predicciones pesimistas de Carrero se hicieron realidad.

A finales de mayo, el dictador le dijo a Carrero Blanco que nombraría a Juan Carlos sucesor antes del verano[1499]. Luego, presionado por los falangistas para que no hiciera nada, volvió a dudar, según le comentó a Carrero Blanco, por miedo a abandonar a sus leales seguidores. Ante la impaciencia de los ministros tecnócratas, optó por hacer efectivo el anuncio el 17 de julio. Pero al no decirle nada sobre el tema a Juan Carlos, que se disponía a visitar a su padre en Portugal, hasta su regreso el 12 de julio, Franco provocó astutamente la ruptura entre padre e hijo, ya que don Juan supuso que Juan Carlos le había engañado, y las relaciones entre ellos siguieron siendo tensas durante algún tiempo[1500]. A Juan Carlos se le concedió el título de príncipe de España, y no el de príncipe de Asturias, tradicional del heredero al trono. Así, Franco interrumpía tanto la continuidad como la legitimidad dinástica de los Borbones. La nueva monarquía era suya[1501]. En su intervención ante las Cortes del 22 de julio, el dictador se enorgulleció de la precisión de los instrumentos creados para la sucesión[1502]. El príncipe juró fidelidad a los principios del Movimiento, después de que su consejero Torcuato Fernández-Miranda le asegurase que el juramento no impediría un futuro proceso de reforma democrática. Franco confiaba lo suficiente en Juan Carlos como para darle carta blanca[1503]. Parece que el príncipe, que había aprendido de su mentor a no descubrir nunca sus cartas, planeó engañarle desde el principio, trabajando a favor de la transición a la democracia después de su muerte.

Poco después de la designación de Juan Carlos, Solís presentó un Estatuto de Asociaciones al Consejo Nacional en julio, en un intento de introducir el «pluralismo limitado» del régimen y evitar cambios más significativos. El estatuto permitía la creación, no de partidos políticos, sino de asociaciones en las que podría haber un «contraste de pareceres legítimos». No había ningún contexto en el que pudieran votarse dichas asociaciones. Tenían que tener un mínimo de veinticinco mil miembros y contar con la autorización del Consejo Nacional del Movimiento. La idea, rechazada por la oposición democrática, solo fue aceptada por algunas facciones franquistas, la más reaccionaria de las cuales era Fuerza Nueva, liderada por Blas Piñar. Franco no se opuso a dar al régimen un barniz cosmético de liberalismo para consumo extranjero, pero su odio obsesivo a los partidos políticos hizo que la reforma de Solís careciera de trascendencia[1504].

El convencimiento de Franco de que, una vez resuelta la sucesión, podría disfrutar de un futuro libre de problemas se haría añicos en la segunda mitad de 1969. ETA era una nube negra amenazante, pero en un entorno más próximo, a mediados de agosto de 1969, estalló la bomba política del escándalo Matesa (Maquinaria Textil del Norte de España, Sociedad Anónima), un fabricante de maquinaria textil con sede en Pamplona. Bajo la dirección de Juan Vilá Reyes, Matesa había desarrollado un telar sin lanzadera que exportaba a Europa, América Latina y Estados Unidos. El aparente éxito de Vilá Reyes lo convirtió en uno de los referentes de los tecnócratas. Para poder obtener créditos a la exportación, la empresa abrió filiales en América Latina que encargaron un gran número de telares. A finales de 1968 se descubrieron irregularidades financieras y se alegó que las filiales y sus pedidos eran un mecanismo fraudulento para acceder a los créditos y que se habían malversado unos diez mil millones de pesetas de fondos estatales para financiar las operaciones del Opus Dei en el extranjero, así como para enriquecer a Vilá Reyes. Los ministros acusados de complicidad en la trama fueron Faustino García Moncó (Comercio), Juan José Espinosa San Martín (Hacienda) y Gregorio López-Bravo (Industria), junto con el gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio[1505]. Franco no se preocupó, ya que Vilá Reyes le había convencido de que la empresa se limitaba a saltarse una normativa obsoleta para impulsar unas exportaciones muy necesarias para el país[1506].

Sin embargo, los problemas de la compañía se agravaron cuando la prensa del Movimiento utilizó el tema para desencadenar una campaña violenta contra el Opus, en la que el diario Arriba denunciaba un desastre nacional[1507]. Solís esperaba romper la hegemonía de los tecnócratas del Opus Dei antes de que comenzara el futuro posfranquista de Juan Carlos, pero le salió el tiro por la culata. Franco y Carrero, profundamente puritanos, ya estaban inquietos por la liberalización de la prensa que había promovido Fraga, y se indignaron ante el descarado intento de alterar los planes que habían trazado los opusdeístas para la sucesión de Franco por Juan Carlos. Así pues, Carrero y López Rodó lograron sacar provecho de la crisis de Matesa, que hubiera podido perjudicarlos. El informe de Carrero para Franco contrastaba la «lamentable negligencia» de los ministros implicados con el daño a la credibilidad internacional de España causado por la campaña mediática. Franco no consideró que las infracciones fueran graves y se alegró de la lealtad absoluta de los ministros del Opus. Fuertemente medicado por el párkinson, no siguió todas las ramificaciones del asunto y el informe de Carrero lo convenció sin dificultad alguna de que la red de prensa de Solís y el Ministerio de Información de Fraga estaban tratando de perjudicar al Gobierno. Espinosa San Martín y García Moncó dimitieron, pero Franco no dudó de su honradez[1508].

Carrero Blanco estaba decidido a que Fraga y Solís también se fueran. Convenció a Franco de que este último intentaba construir una plataforma de poder independiente y que la Ley de Prensa de Fraga permitía la pornografía y la propaganda comunista[1509]. El dictador respondió con una remodelación del gabinete el 29 de octubre de 1969 en la que, por primera vez, Carrero, con la ayuda de López Rodó, desempeñó un papel decisivo en la elección de los ministros. La presidencia de Franco era poco más que simbólica. El dinámico Gregorio López-Bravo sustituyó a Castiella como ministro de Asuntos Exteriores. Fraga fue reemplazado por el opusdeísta Alfredo Sánchez Bella; Solís, por el escurridizo e inteligente Torcuato Fernández-Miranda, también del Opus Dei y asesor clave de Juan Carlos. El Opus controlaba la educación, la información, las relaciones exteriores y los cuatro ministerios de economía: Hacienda, Comercio, Industria y el Plan de Desarrollo. Alonso Vega fue sustituido por un militar togado burocrático, Tomás Garicano Goñi. El «Gobierno monocolor» coincidía en su apoyo a Juan Carlos[1510].

Las disputas internas del régimen por el caso Matesa iban mucho más allá de las rivalidades por las prebendas del poder. También reflejaban el creciente malestar por los disturbios laborales, estudiantiles y regionalistas. Los partidarios de Franco estaban empezando a dividirse en facciones que no reproducían las divisiones tradicionales entre falangistas, monárquicos y católicos, sino que se trataba de grupos de composición variable en busca de opciones de supervivencia tras la muerte del dictador. Los tecnócratas creían que la prosperidad y una Administración eficiente permitirían una transición sin problemas a una monarquía franquista dirigida por Juan Carlos. Otros creían que la modernización había abierto las puertas a la oposición y, por lo tanto, abogaban por el retorno al franquismo más duro. Ciego ante la incapacidad de su dictadura para hacer frente a una España dramáticamente distinta, Franco creyó que el Gobierno monocolor sería capaz de resolver los graves problemas que ya se anunciaban. Sin embargo, pronto la incapacidad del nuevo equipo para frenar la ebullición de la sociedad española hizo que Franco y Carrero volvieran instintivamente a la mentalidad de asedio de los años cuarenta. A pesar de todo, en su mensaje de fin de año del 30 de diciembre de 1969, el Caudillo declaró con confianza —utilizando la que se convertiría en la frase clave de sus años crepusculares— que «todo ha quedado atado, y bien atado», fiel reflejo de su opinión de que Juan Carlos estaría obligado a mantener el régimen. En otras palabras, creía que era el príncipe quien había quedado bien atado[1511].

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La larga marcha hacia la democracia (1969-1982)

Adolfo Suárez recibe al rey Juan Carlos en el aeropuerto de Barajas tras un viaje oficial a China, 24 de junio de 1979.
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La señal más evidente del giro radical que estaban tomando los acontecimientos para los intereses de Franco fue el nombramiento de monseñor Vicente Enrique y Tarancón como primado de España a instancias del papa Pablo VI en febrero de 1969. El cardenal Tarancón, comprometido con el espíritu progresista del Concilio Vaticano II, sería el instrumento con el cual Roma se distanciaría del régimen. Al mismo tiempo, el aumento de la oposición en las universidades, fábricas y nacionalidades históricas reflejaba las limitaciones del crecimiento económico de los años sesenta. Los planes de desarrollo habían ido acompañados de ineficiencia, corrupción y altos costes sociales y no contribuyeron en absoluto a redistribuir la riqueza ni a disminuir los desequilibrios territoriales. Una vez iniciado el impulso económico derivado de la apertura de España al comercio mundial, la planificación a largo plazo fue sustituida por políticas cortoplacistas de control de la inflación y del déficit de la balanza de pagos. Por eso, cuando el desarrollo de los años sesenta comenzó a frenarse, los tecnócratas respondieron con medidas de austeridad, lo que inevitablemente aumentó el número de huelgas. El crecimiento había creado una nueva clase obrera cuya militancia solo podía controlarse mediante la mejora constante del nivel de vida o con una represión mayor.

Incluso los falangistas derrotados veían en Carrero al mejor garante de las esencias del franquismo. A pesar de los vínculos que le unían a los tecnócratas, creían que sería capaz de frenar las aspiraciones reformistas de Juan Carlos y, desde luego, el Gobierno monocolor de Carrero tenía intención de dar continuidad al franquismo después de Franco mediante la prosperidad económica, pero sin liberalización política alguna. Así, antes de que terminara el año 1969, Fernández-Miranda se vio obligado a descartar el proyecto de Solís de legalización de asociaciones políticas, presumiblemente por temor a que pudieran dar lugar a auténticos partidos. Al final, los planes de Carrero terminarían con su asesinato en 1973 y una crisis económica galopante. La combinación de la recesión mundial y las debilidades estructurales de la economía española provocó que en 1974 los antiguos franquistas se plantearan la liberalización política como sucedáneo de la prosperidad frustrada. La incapacidad del equipo de Carrero a la hora de resolver las contradicciones entre el régimen y una sociedad en proceso de transformación se tradujo en un deterioro de las relaciones laborales a lo largo de 1970. El año comenzó con una huelga de veinte mil mineros en Asturias, lo que obligó a importar el carbón necesario para mantener en marcha la industria siderúrgica. Antes del verano, ya se habían producido conflictos laborales graves en los astilleros, las empresas de la construcción de Granada y Madrid y el metro de la capital española, donde 3.800 empleados se vieron obligados a volver al trabajo cuando el gabinete decretó su movilización militar, lo que permitía someterlos a consejo de guerra por motín. Esas respuestas brutales eran sintomáticas de la crisis de autoridad del régimen. Durante la huelga de Asturias, el arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, condenó las represalias del Gobierno contra los mineros. El 21 de julio, la policía disparó contra una manifestación de unos dos mil trabajadores de la construcción en Granada y causó tres muertos y varios heridos. La catedral granadina y algunas iglesias de la misma población proporcionaron asilo a los huelguistas frente a la policía. Mientras la prensa del Movimiento acusaba al clero local de provocar la huelga, el 28 de julio el arzobispo de Granada, Emilio Benavent Escuín, condenó la violencia policial contra los trabajadores[1512]. Los juicios a sacerdotes por apoyar las aspiraciones obreras o regionalistas también abrieron brechas entre los católicos y el Estado franquista. La inquietud que provocaban los disturbios en los círculos financieros e industriales se extendió a la clase política, que dudaba de la capacidad del régimen para hacer frente a tantos problemas, sobre todo en el País Vasco, donde las actividades terroristas de ETA estaban destruyendo el mito de la invulnerabilidad del franquismo. Sin embargo, a pesar del deterioro en su salud, a Franco le traía sin cuidado que en su entorno ya se estuvieran tomando posiciones para el día después de que muriera.

Al dispararse los precios en otoño, se produjo otra oleada de huelgas. El aumento de los costes de transporte, calefacción, ropa y alimentos hizo que las familias medias con dos hijos necesitasen unos ingresos mensuales de doce mil pesetas para sobrevivir. El salario mínimo legal era de 120 pesetas al día y muchos empleados cobraban menos. La situación más precaria se daba entre los trabajadores no cualificados y eventuales. Hubo huelgas en todo el país, la más virulenta de las cuales fue la de veinte mil obreros de la construcción en Madrid. La mentalidad de sitio del régimen provocó una respuesta brutal que convenció a muchos trabajadores y profesionales de clase media de la necesidad de cambios políticos.

El Partido Comunista vio las huelgas como una prueba del apoyo popular a su estrategia de una amplia alianza de fuerzas contrarias al régimen, el «Pacto por la Libertad». A lo largo de los años sesenta, el número de afiliados al partido había aumentado en las universidades y las fábricas donde el sindicato comunista clandestino, Comisiones Obreras, se enfrentaba a los sindicatos verticales falangistas[1513]. El desarrollo de movimientos estudiantiles altamente politizados y de poderosas agrupaciones semiclandestinas refleja el vertiginoso crecimiento económico de esa década. El PCE se involucró cada vez más en la lucha de masas contra el régimen. En 1970, el líder comunista Santiago Carrillo ya decía que el partido había salido de las catacumbas para colaborar con otros grupos progresistas y de izquierdas en asociaciones estudiantiles, obreras y vecinales. Los miembros del PCE se comprometieron más a fondo en las asociaciones legales de amas de casa, consumidores, residentes, padres y maestros, mientras que los abogados del partido destacaban en la defensa judicial de los sindicalistas[1514].

El partido convocó una gran huelga nacional el 3 de noviembre para exigir la amnistía de los presos políticos. Sin una motivación económica inmediata y dada la magnitud de la represión de las fuerzas de orden público, la respuesta popular fue desigual. La mayor incidencia se dio entre los trabajadores metalúrgicos de Madrid y Barcelona, en los astilleros del País Vasco y El Ferrol y entre los obreros de la construcción de Sevilla. Sin embargo, incluso las cifras oficiales exageradamente bajas recogieron la existencia de 25.000 huelguistas en todo el país. El apoyo público a la huelga que manifestaron por primera vez abiertamente muchos intelectuales, artistas, estudiantes y amas de casa fue una prueba de la profundización de la solidaridad en las fuerzas de la oposición[1515]. En cambio, las divisiones en el seno del establishment franquista eran cada vez mayores. Con un dictador que mostraba una senilidad creciente y una situación económica en claro deterioro, los tecnócratas se pusieron nerviosos. Carrero se dejaba llevar por sus tendencias ultraconservadoras. En marzo, escribió un artículo en el que comparaba los esfuerzos por democratizar España con el intento de conseguir que un alcohólico rehabilitado se tomara una copa[1516]. El caso Matesa había eliminado la opción del falangismo reformista e incluso un franquista impenitente como Manuel Fraga comenzó a adoptar una postura más progresista.

Entre 1969 y 1975, la inminencia de la muerte de Franco provocó divisiones entre los distintos sectores del régimen. Funcionarios jóvenes y brillantes y políticos con cargos directivos y consultorías en empresas dinámicas coincidían en la necesidad de un cambio. En contraste con estos elementos más previsores, otros estaban atenazados por el temor de que los buenos tiempos de la corrupción y la represión impune tocaran a su fin. Las fuerzas franquistas se dividieron entre los llamados «aperturistas», liderados por Fraga, los tecnócratas grises, denominados «continuistas», y los ultras o «inmovilistas» intransigentes. Los falangistas veteranos y más radicales, la Fuerza Nueva de Blas Piñar, los oficiales de la policía, el Ejército y la Guardia Civil y, lo que es más importante, el círculo familiar de Franco se unieron para luchar contra el progresismo hasta el final, por lo que fueron bautizados con el apodo hitleriano de «búnker». En oposición a la defensa de Juan Carlos por parte de los tecnócratas, el búnker era partidario de Alfonso de Borbón-Dampierre, hijo del hermano mayor de don Juan, Jaime, y prometido de la nieta mayor de Franco, María del Carmen Martínez Bordiú, niña de los ojos de doña Carmen[1517].

A finales de septiembre de 1970, Richard Nixon aterrizó en Madrid acompañado por Henry Kissinger, quien encontró la España franquista «como en suspenso, esperando a que terminara una vida para poder regresar a la historia de Europa». Washington seguía teniendo un interés estratégico en España y ansiaba una evolución moderada del régimen tras la muerte de Franco. La política de Estados Unidos consistía en mantener la colaboración con el franquismo mientras ampliaba sus contactos con la oposición moderada. Hubo discretas presiones estadounidenses para convencer al dictador de que cediera el poder a Juan Carlos antes de que se viera incapacitado para controlar la transición. Cuando Nixon y Kissinger se reunieron con Franco para lo que se suponía que serían «conversaciones sustanciales», descubrieron con asombro que el dictador de 78 años dormitaba mientras Nixon tomaba la palabra. Pronto el Caudillo y Kissinger roncaban plácidamente mientras Nixon conversaba con López-Bravo[1518].

Es sintomático de la pérdida de discernimiento de Franco y de la insensibilidad política de Carrero que los generales más ultraconservadores, apodados «azules», convencieran al dictador de que respondiera a ETA con un simulacro de proceso de dieciséis presos vascos, incluidos dos sacerdotes. Las farsas judiciales del régimen solían celebrarse a puerta cerrada, pero como había eclesiásticos entre los acusados, el Vaticano presionó para que el juicio fuera público. El proceso que se inició el 3 de diciembre en Burgos fue de los más largos jamás celebrados por la dictadura. La postura de los fiscales militares centró la atención mundial en las aspiraciones nacionalistas compartidas por los dieciséis acusados y muchos otros vascos. El régimen lo confirmó de manera involuntaria imponiendo el estado de emergencia en Guipúzcoa. En la sala del tribunal, los acusados destacaron la brutalidad de la que habían sido víctimas en la cárcel. De hecho, el propio régimen acabó siendo juzgado por los acusados de ETA y por la prensa mundial. Cuando la jerarquía vasca condenó el proceso y pidió el indulto para los condenados a muerte, los medios de comunicación del Movimiento se pusieron histéricos[1519].

Tras violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sevilla y Pamplona, el 14 de diciembre, cuatro capitanes generales fueron a ver a Franco para exigir una actuación gubernamental más enérgica. Presionado por el ministro de la Gobernación, el general Garicano Goñi, y los tres ministros militares, Franco aceptó la suspensión de las garantías constitucionales[1520]. Fue el comienzo de una contraofensiva de los duros del régimen que ahondó las divisiones del gabinete. Los ultraconservadores atrajeron a los elementos del régimen que veían amenazados sus privilegios y que culpaban al Opus Dei tanto como a los «rojos» y a los «separatistas» de la oposición. Los días 16 y 17 de diciembre se celebraron enormes manifestaciones profranquistas en Burgos y Madrid. A los trabajadores públicos se les dio el día libre para que asistieran. Llegaron a Madrid en autobús campesinos procedentes de la Castilla rural, con un día de paga y un almuerzo en la fiambrera. Esta jornada de «afirmación nacional» fue organizada por un grupo de altos falangistas, oficiales del Ejército y exministros que habían sido sustituidos por los tecnócratas. En la plaza de Oriente de Madrid, la multitud vitoreó a Franco. El desconcertado dictador y su esposa acudieron desde El Pardo. Doña Carmen hizo el saludo fascista y él levantó ambas manos en señal de reconocimiento hacia las consignas contrarias al Opus Dei que coreaba la multitud[1521].

El proceso de Burgos terminó con una doble condena a muerte para tres etarras y una condena de muerte ordinaria para otros tres de los quince declarados culpables. López Rodó y Carrero Blanco coincidieron en que sería políticamente desastroso que Franco las ratificara. En el consejo de ministros del 30 de diciembre de 1970, López-Bravo abogó por la conmutación. Franco, a regañadientes, hizo un gesto magnánimo y conmutó las penas de muerte por penas de cárcel[1522] Su mensaje de fin de año de ese día terminaba con esta promesa: «La firmeza y la fortaleza de mi ánimo no os faltarán mientras Dios me dé vida para seguir rigiendo los destinos de nuestra Patria[1523]».

La torpeza del régimen en el manejo del proceso y la actitud de la Iglesia dieron alas a la oposición. Los elementos franquistas más progresistas empezaron a abandonar lo que veían como un barco que se hundía. La dependencia de Franco y Carrero de los inmovilistas más reaccionarios era un mal presagio a corto plazo para los modernizadores, pero en realidad supuso la pérdida de control de la situación por parte del dictador al agotarse las opciones del régimen. Rodeado por los ultras de El Pardo, al Caudillo las cosas se le iban de las manos. A principios de la década de 1970, los síntomas de la enfermedad de Parkinson —temblores de las extremidades, movimientos rígidos, rostro inexpresivo— eran cada vez más visibles. En febrero de 1971, el general Vernon A. Walters, subdirector de la CIA, fue enviado por Nixon a Madrid para preguntarle a Franco qué pasaría después de su muerte. El dictador respondió que Juan Carlos le sucedería sin alteraciones y que «el Ejército no permitiría que las cosas se desmandaran». Walters encontró a Franco «viejo y débil. La mano izquierda le temblaba a veces con tanta violencia que se la cubría con la otra mano. En ocasiones parecía ausente y al cabo de un momento iba directo al grano[1524]».

En enero de 1971, Juan Carlos y la princesa Sofía visitaron Washington. El príncipe concedió entrevistas a la prensa sobre el futuro insinuando su voluntad de cambio. Al regresar a España, Juan Carlos, que se imaginaba que Franco habría montado en cólera, se sorprendió al descubrir que el dictador había supuesto que el príncipe pretendía engañar al público con sus declaraciones[1525]. De hecho, atrapado entre los tecnócratas grises y la ultraderecha del búnker, Franco se volvió más susceptible a la presión de la camarilla de El Pardo y de los falangistas más duros, especialmente de Girón. Él y Carrero recurrían al Ejército para defender al régimen, como demuestra el auge de los generales azules: Tomás García Rebull fue nombrado capitán general de Madrid; Carlos Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil, y Ángel Campano López, gobernador militar de Madrid[1526].

El refuerzo del arsenal defensivo del régimen no contribuyó en absoluto a resolver los enormes problemas sociales a los que se enfrentaba el Gobierno. La brutalidad policial contra los trabajadores era una práctica común. Durante las huelgas de Sevilla, la policía entró en las fábricas y detuvo a los obreros. Una coalición de abogados, profesores, médicos, arquitectos y trabajadores presentó al cardenal-arzobispo de Sevilla una denuncia detallada de los excesos policiales. En Pamplona, en enero, la huelga de obreros metalúrgicos fue reprimida de forma violenta por la policía. El 8 de abril de 1971, Jueves Santo, se leyó en el 80 por ciento de las iglesias de Navarra un documento firmado por doscientos sacerdotes, en el que se describía la tortura de los trabajadores. En la catedral de Pamplona, en presencia de dignatarios franquistas locales, el obispo auxiliar declaró: «Yo he visto con mis propios ojos, aquí en Pamplona, las torturas, los interrogatorios arbitrarios y las detenciones injustificadas e inexplicables. Los que las practican, ordenan, toleran o simplemente las ignoran, se apartan de la Iglesia[1527]».

La frustración por el repliegue del régimen a los hábitos de los años cuarenta hizo que incluso franquistas destacados expresaran en público su alarma por la falta de progreso hacia la evolución política. En julio, Ramón Serrano Suñer habló en Burgos sobre la necesidad de un retorno gradual a un sistema de partidos. En noviembre, Juan Manuel Fanjul Sedeño, elemento destacado del Movimiento y miembro monárquico del Opus Dei, afirmó que la supervivencia del sistema exigía una reforma democrática. Fue él quien contribuyó sin querer, pero de forma decisiva, a acuñar la expresión «el búnker» cuando declaró, al cabo de seis meses, que «lo único que produce encerrarse en los sótanos de la Cancillería es provocar el hundimiento de la Cancillería». Poco después, Manuel Cantarero del Castillo, antiguo jefe del Frente de Juventudes de la Falange, exhortó a los gobernantes a reconocer la necesidad de una apertura[1528].

Todo fue en vano. En respuesta a la oposición creciente, Carrero introdujo medidas más estrictas y amplió el número de delitos sujetos a la jurisdicción militar. Las multas, suspensiones y clausuras de periódicos progresistas se hicieron cada vez más frecuentes[1529]. El 1 de octubre de 1971, el Ministerio de la Gobernación utilizó las estructuras del Movimiento para organizar una celebración multitudinaria del trigésimo quinto aniversario de la llegada de Franco al poder. Los falangistas ansiaban una reafirmación del franquismo más radical, que se cumplió con las declaraciones del dictador de que «el enemigo no ha desaparecido, intenta dividirnos». Al día siguiente, el entusiasta editorial de Arriba comentaba que «los vivos y también los muertos gritan y saludan con nosotros». Los tecnócratas, por su parte, pretendían poner fin al escándalo de Matesa. Se decía que Vilá Reyes había amenazado con revelar información perjudicial para los tecnócratas del Opus Dei si no salía de la cárcel[1530].

Cientos de trenes y autobuses ofrecieron transporte gratuito a Madrid y miles de soldados acudieron vestidos de paisano. El Movimiento afirmó que había un millón de personas presentes, pero en la plaza de Oriente apenas cabe la cuarta parte de dicha cifra. Sin embargo, Franco, encantado con los vítores y las pancartas, se sintió impulsado a pronunciar un discurso en el que se mezclaban los viejos tópicos con la convicción de que el futuro estaba asegurado. Tal como estaba previsto, anunció el indulto para la mayoría de los procesados por el caso Matesa, confirmando así su actitud frente a la corrupción: «Si, por razones políticas, he tenido que indultar a los asesinos de ETA, por qué no puedo hacerlo con buenos colaboradores, que simplemente se han equivocado o pecado de negligencia[1531]».

En su alocución de apertura de las Cortes del 19 de noviembre de 1971, Franco citó la manifestación del 1 de octubre como un aval a sus años en el poder. Se mostró deferente con el plan de Solís de un «contraste de pareceres» de las asociaciones y fraternidades en el seno del Movimiento, pero cerró la puerta a todo lo que pudiera llevar a la creación de partidos políticos. En su línea habitual, citó las recientes huelgas en la fábrica de automóviles de SEAT, de titularidad pública, como prueba del pertinaz asedio internacional[1532].

La cúpula del régimen sufrió una sacudida con la acelerada liberalización de la Iglesia española bajo la autoridad del cardenal Enrique y Tarancón, que el 13 de septiembre de 1971 inauguró una asamblea conjunta de obispos y sacerdotes que rechazó la ideología divisiva y guerracivilista de la dictadura con estas palabras: «Reconocemos humildemente y pedimos por ello perdón, por no haber sabido ser, cuando fue necesario, verdaderos ministros de la reconciliación». En diciembre de 1971, el Vaticano nombró a Tarancón arzobispo de Madrid-Alcalá, subrayando así que la diócesis era el centro del poder de la Iglesia. Fue sustituido como primado por el arzobispo de Barcelona, Marcelo González Martín, que cedió la archidiócesis al catalán progresista Narcís Jubany i Arnau[1533]. Bajo la dirección del obispo de Huelva, Rafael González Moralejo, la comisión Pax et Justitia de la Iglesia denunció la brutalidad del régimen. Franco reaccionó ante Tarancón, Jubany y González Moralejo como si la Iglesia se hubiera unido al enemigo. En su mensaje de fin de año de diciembre de 1971, insinuó que el régimen tomaría medidas contra las posiciones aperturistas adoptadas por los obispos progresistas. Sus amenazas no hicieron más que reafirmarlos en sus posiciones. Así, el obispo de Málaga declaró que no silenciarían a la jerarquía[1534].

El descontento de la clase obrera siguió aumentando debido a los bajos salarios, las infraviviendas y la insuficiencia de los equipamientos educativos. El Partido Comunista invirtió un gran esfuerzo en ayudar a resolver los problemas sociales cotidianos a través de asociaciones vecinales ostensiblemente apolíticas que se convertirían en un elemento cada vez más poderoso de oposición. Las huelgas de Madrid, Barcelona y Asturias se saldaban con violencia policial[1535]. Muchos empresarios se inquietaron por la intensificación de los conflictos laborales provocada por la intervención del Gobierno. En las industrias más avanzadas, los mecanismos represivos franquistas ya se consideraban un obstáculo a unas relaciones laborales eficaces. Muchos comenzaron a eludir las estructuras sindicales oficiales y a negociar directamente con Comisiones Obreras. La intransigencia del régimen daba alas a la estrategia del Partido Comunista del Pacto por la Libertad, sobre todo en Cataluña, donde a lo largo de 1971 se fueron uniendo representantes de las principales formaciones opositoras hasta que, el 7 de noviembre, unos trescientos delegados se reunieron en secreto en Barcelona para celebrar la primera Assemblea de Catalunya. En representación de un amplio espectro político, que iba desde el Partit Socialista Unificat de Catalunya y Comisiones Obreras hasta monárquicos progresistas, católicos, organizaciones profesionales y grupos de mujeres, la Assemblea adoptó un programa de amnistía y libertad política que fue apoyado por varios miembros destacados de la burguesía industrial y financiera catalana[1536]. Mientras el régimen volvía al pasado, sectores influyentes de las oligarquías económicas españolas adoptaban medidas para el futuro. Pronto surgieron formaciones a imagen y semejanza de la Assemblea en el resto de España, sobre todo en Madrid y Sevilla.

Carrero autorizaba un uso de la violencia cada vez mayor contra los que se consideraban enemigos del régimen. En torno a la revista Fuerza Nueva y su editor y amigo de Carrero, Blas Piñar, surgieron varios grupos terroristas neofascistas con denominaciones como Guerrilleros de Cristo Rey, Partido Español Nacional-Socialista, Comandos de Lucha Antimarxista y otras organizaciones aparentemente espontáneas, que asaltaban las iglesias de sacerdotes progresistas y agredían a los miembros del clero y de congregaciones renovadoras. En las universidades, los liberales y los izquierdistas estaban aterrorizados. En los barrios obreros, agredían a los dirigentes sindicales. Fueron destruidas galerías de arte y librerías. Estas bandas, formadas por matones a sueldo, radicales falangistas y algunos policías fuera de servicio, actuaban con una impunidad que apunta a la connivencia de las autoridades. En realidad, estaban organizadas por el servicio de inteligencia de Carrero, el Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno. La actuación de una extrema derecha violenta y de apariencia independiente hacía que el Gobierno pareciera ocupar el centro político. El ministro de la Gobernación, Garicano Goñi, llegó a protestar ante Franco por el peligro que representaban dichos extremistas[1537].

El terrorismo de ultraderecha era un síntoma de que la sociedad estaba cambiando sin que el franquismo institucionalizado pudiera controlarla. Otro síntoma era el aumento de la brutalidad policial contra huelguistas y estudiantes. En marzo de 1972, durante una huelga en los astilleros estatales Bazán, en El Ferrol, la policía abrió fuego contra una manifestación de tres mil obreros, de los que mató a dos e hirió a otros quince. Esto provocó huelgas solidarias en toda Galicia, en la minería asturiana, en Cataluña y en el País Vasco[1538]. A mediados de enero, más de cincuenta personas resultaron heridas en enfrentamientos en la Universidad de Madrid[1539]. El régimen se sentía vulnerable debido a las campañas de bombas, robos y atentados contra empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad llevadas a cabo por los activistas de ETA. El 16 de enero de 1973, el industrial Felipe Huarte fue secuestrado en apoyo a los trabajadores en huelga en la empresa Torfinasa, de Pamplona, propiedad de Huarte. Fue un ardid publicitario inteligente, ya que las obras de la constructora Huarte eran visibles en la mayoría de las ciudades españolas. El régimen veía la lucha contra ETA como un asunto militar que había que dejar en manos del Ejército y la Guardia Civil más que de la Policía Nacional. La respuesta de ETA fue urdir un plan para secuestrar a Carrero Blanco[1540].

Mientras tanto, en 1972, el hedor a corrupción en la corte de Franco era cada vez más fuerte. Su hermano, Nicolás, tenía una extensa red de intereses comerciales gracias a su parentesco con el Caudillo. Nicolás estuvo implicado en uno de los mayores escándalos financieros de la dictadura, el «caso del aceite de Redondela». Se descubrió que faltaban cuatro millones de litros de aceite de oliva, almacenados como reservas del Estado en depósitos pertenecientes a la empresa de refinado de grasas y aceites comestibles REACE (Refinerías del Noroeste de Aceites y Grasas, SA). La compañía, que no había previsto que fuera necesario recurrir a dichas reservas, había estado especulando con el aceite. Nicolás era uno de los principales accionistas de REACE. En el curso de la investigación judicial subsiguiente, seis personas involucradas en la denuncia del caso murieron de forma violenta, y se organizó una campaña de encubrimiento para ocultar los vínculos entre Nicolás y los acusados de estafa[1541].

Que a Franco no le preocupaba la corrupción lo pone de manifiesto el hecho de que sus largas jornadas de trabajo, cuando no estaba de caza y pesca, habían cedido su lugar a largas horas frente al televisor. Franco necesitaba prolongadas siestas. En los consejos de ministros y en las audiencias, no decía prácticamente nada y, a menudo, se quedaba dormido. Cuando estaba despierto, se veía que las manos le temblaban sin control. Su vista empeoraba, sufría de infecciones de hongos en la boca y de dolores en la pierna que limitaban sus expediciones de caza. La recepción anual del 1 de octubre se acortó, porque no podía permanecer de pie durante mucho tiempo. La medicación para la enfermedad de Parkinson hizo que el dictador se volviera cada vez más indeciso[1542]. En privado, le obsesionaban los «traidores» o los «ingratos», expresión con la que solía referirse a los tecnócratas[1543]. Su familia era cada vez más hostil a la opción Carrero Blanco-López Rodó-Juan Carlos. Al agravarse las dolencias de Franco, las esposas de los generales azules y de los franquistas ultras como Girón —a los que doña Carmen invitaba a merendar en El Pardo una vez a la semana— convencieron a la mujer del dictador de que asumiera un papel más dominante. Doña Carmen sostuvo con vehemencia ante Carrero que Garicano Goñi era débil y López-Bravo, desleal. En El Pardo, ella y Cristóbal Martínez Bordiú tachaban abiertamente a Carrero Blanco de pusilánime y a Juan Carlos, de traidor[1544].

El 4 de diciembre de 1972, Franco cumplió ochenta años. Su respuesta a los temores de doña Carmen fue ver más televisión[1545]. Tenía las piernas hinchadas y hubo que interrumpir varias veces la grabación de su discurso de fin de año para que pudiera descansar. En su alocución, pese a su aspecto decrépito, con un murmullo de voz casi inaudible, repitió su prohibición de que la Iglesia se atreviera a juzgar las actividades del régimen y aseguró a los telespectadores que se mantendría en el poder indefinidamente: «Aquí me tendréis, con la misma firmeza que años atrás, el tiempo que Dios quiera pueda seguir sirviendo con eficacia los destinos de la Patria[1546] El recurso de Carrero a escuadrones terroristas de ultraderecha pone de manifiesto hasta qué punto la inquietud por la salud de Franco se veía agravada por el empeoramiento de las tensiones sociales y políticas[1547]». El endurecimiento de la violencia represiva, tanto oficial como parapolicial, no hizo más que intensificar las divisiones entre las fuerzas del régimen y fortalecer a la oposición.

En vista de que la represión de las huelgas provocaba acciones de solidaridad cada vez más extendidas en las ciudades industriales, los comunistas confiaban en que un Pacto por la Libertad que contara con el apoyo de una huelga general nacional precipitaría la transición de la dictadura a la democracia. La secuencia de acontecimientos que se esperaba era la caída del régimen debido a la huelga y la formación de un gobierno provisional de las fuerzas del Pacto, que convocarían elecciones constituyentes[1548]. El Partido Socialista Obrero Español, en cambio, no tenía un proyecto concreto y seguía en proceso de reconstrucción tras años de debilidad. En su XII Congreso, celebrado en Toulouse a mediados de agosto de 1972, un influyente grupo de militantes del interior, encabezado por el sevillano Felipe González y el bilbaíno Nicolás Redondo, sustituyó a los ancianos dirigentes en el exilio. Al igual que los comunistas, su estrategia, recordando cómo el PSOE había llegado al poder en 1931, se basaba en que la clase obrera desempeñara el papel protagonista mientras la dirección buscaba alianzas con otras fuerzas opositoras[1549].

La quiebra política del franquismo, manifestada por la incapacidad de Carrero para resolver las tensiones sociales por cualquier otro medio que no fuera la violencia, hizo que los desertores del régimen engrosaran las filas de la oposición moderada, buscando, en general, una transición sin la ruptura implícita en las estrategias izquierdistas. Comenzó a surgir la idea, entre teóricos académicos y políticos, de que existían lagunas en la Constitución franquista que podían aprovecharse para permitir una evolución real[1550]. Uno de sus principales representantes era Torcuato Fernández-Miranda, que había sido profesor de Derecho Político de Juan Carlos y se había convertido en su estrecho asesor. Al mismo tiempo, De Areilza, Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, quien renunció a su cargo de embajador ante la Santa Sede, y otras figuras destacadas de la oposición moderada comenzaron a ver en Juan Carlos la clave para asegurar una evolución «legal» de la democracia. En 1976, ya con la complicidad del príncipe, este proyecto sería fundamental.

A principios de abril de 1973, la muerte de un huelguista por disparos de la policía en Sant Adrià de Besòs desencadenó huelgas de solidaridad en toda Cataluña[1551]. Durante la manifestación del Primero de Mayo en Madrid, un inspector de la policía secreta, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, murió apuñalado por un miembro de la organización ultraizquierdista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que más tarde resultaría estar plagada de agentes provocadores de la policía. Otros dos policías secretos también resultaron heridos. El incidente proporcionó la excusa perfecta para las represalias de los duros del régimen. Se produjeron detenciones en masa de izquierdistas, que fueron torturados. Los acontecimientos más significativos tuvieron lugar en el funeral de Fernández Gutiérrez, cuyo cortejo estuvo encabezado por el general Iniesta, y que dio pie a una manifestación de policías exigiendo más represión, mientras tres mil veteranos de guerra falangistas clamaban venganza con pancartas que alababan a los ultras neonazis y pedían el paredón para los «arzobispos rojos». El hecho de que se tolerara un motín policial en presencia de Carrero Blanco era un claro indicio de un viraje a favor de los ultras, que se confirmó el 7 de mayo, cuando Garicano Goñi dimitió, frustrado por la falta de voluntad de reformas y alarmado por la creciente influencia de la extrema derecha[1552].

La camarilla de El Pardo acabó convenciendo a Franco de que el gabinete había fracasado en la tarea primordial de mantener el orden público. El 3 de mayo, el dictador le dijo a un poco entusiasta Carrero Blanco que lo iba a nombrar presidente del Gobierno y que empezara a planificar su gabinete. El reparto de carteras que hizo Carrero marcó el fin del dominio de los tecnócratas. Para complacer a doña Carmen, López Rodó fue desterrado al Ministerio de Asuntos Exteriores con el cometido de dar un barniz de moderación a un Gobierno reaccionario en lo fundamental. Otra prueba de la influencia de dicha camarilla fue el nombramiento de dos falangistas ultras seguidores de Girón, José Utrera Molina en Vivienda y Francisco Ruiz-Jarabo en Justicia, así como del beligerante Julio Rodríguez como ministro de Educación. Sorprendentemente, Carrero eligió como vicepresidente y ministro secretario general del Movimiento a Torcuato Fernández-Miranda. Franco aceptó la lista con un solo cambio: convencido por su esposa y yerno de que el Gobierno era demasiado blando, insistió en el nombramiento como ministro del Interior del antiguo director general de Seguridad a las órdenes de Camilo Alonso Vega, Carlos Arias Navarro. Como alcalde de Madrid desde 1963, Arias se había convertido en uno de los favoritos de doña Carmen. Durante la Guerra Civil, su crueldad como fiscal le había valido el apodo de «carnicero de Málaga». Carrero tenía setenta años y no contaba con apoyo popular ni de los militares. La composición de lo que los madrileños más agudos bautizaron como «el gabinete funerario» frustró las esperanzas de un cambio progresista[1553].

Si Franco hubiese muerto primero, es difícil imaginar que Carrero hubiera tenido la voluntad, la autoridad o las ideas como para poder gobernar mucho tiempo sin él. En noviembre de 1973, su gabinete se encontraba a la deriva en un mar de conflictos laborales en Cataluña, Asturias y el País Vasco, provocados por las medidas de austeridad adoptadas para frenar la inflación. Con la llegada de la primera crisis energética y la fuerte dependencia de España de la energía importada, la estrategia de los tecnócratas de comprar el descontento político con el aumento de la prosperidad quedó anulada. La única respuesta de Carrero Blanco fue el aumento de la represión, simbolizada por el Proceso 1.001, un simulacro de juicio a diez miembros de Comisiones Obreras acusados de asociación ilegal con el objetivo de demostrar la determinación del Gobierno de aplastar a los sindicatos clandestinos. A primera hora de la mañana del 20 de diciembre, un comando de ETA asesinó a Carrero Blanco al detonar una carga explosiva bajo su coche cuando volvía de la misa diaria. ETA calculaba que su asesinato destruiría los planes de Franco para la continuación de su régimen y exacerbaría las divisiones internas[1554].

El Caudillo parecía anonadado. Incapaz de comer, se refugió en su despacho. Ahora era más vulnerable a la camarilla de El Pardo que seis meses antes[1555]. Fernández-Miranda se convirtió automáticamente en presidente del Gobierno en funciones. Sin embargo, empezaron los preparativos para la lucha de poder que se avecinaba. En un flagrante abuso de autoridad, el director general de la Guardia Civil, Carlos Iniesta, envió un telegrama ordenando a sus hombres el uso ilimitado de armas de fuego para reprimir a los manifestantes y subversivos. Dos ministros, Julio Rodríguez y José Utrera Molina, se presentaron en el despacho del jefe de la policía de Madrid, el coronel Federico Quintero Morente, para proponerle que se uniera a un comando de vengadores que localizara y matara a los asesinos de Carrero. Pero se impuso el sentido común de las cabezas más frías: tras consultar con el jefe del Estado Mayor, Manuel Díez-Alegría, Fernández-Miranda, Arias Navarro, el almirante Gabriel Pita da Veiga y el jefe del servicio privado de inteligencia de Carrero, el teniente coronel José Ignacio San Martín, unieron esfuerzos para evitar un baño de sangre. Iniesta se vio obligado a anular su telegrama y fue puesto brevemente bajo arresto domiciliario. Blas Piñar recibió órdenes de mantener a sus seguidores bajo control[1556].

El día después del asesinato, los ánimos estaban agitados: en la misa por Carrero, elementos de extrema derecha empujaron e insultaron al arzobispo Enrique y Tarancón. Franco presidió un consejo de ministros en el que se echó a llorar y durante el cual miró fijamente la silla vacía de Carrero. Pero pronto se serenó y abrió la reunión cuyo único punto del orden del día era la concesión, a título póstumo, del título de duque de Carrero Blanco al presidente del Gobierno asesinado. Al día siguiente, 22 de diciembre, el dictador asistió a otra misa fúnebre en la iglesia de San Francisco el Grande, y pasó el día entero llorando y gimiendo en voz baja. Tras la conmoción inicial, llegado el momento de tomar decisiones sobre el futuro, Franco recibió presiones de la camarilla de El Pardo, cuyo resultado final debió más a sus integrantes que al Caudillo: en lo tocante a la sucesión de Carrero Blanco, doña Carmen y Cristóbal Martínez Bordiú intervinieron de forma decisiva para bloquear el ascenso de Fernández-Miranda, a quien consideraban cómplice de lo que ellos suponían que sería la liberalización del régimen que auspiciaba Juan Carlos[1557]. Tras dejarse convencer sin dificultad para no nombrar a Fernández-Miranda presidente del Gobierno, Franco se inclinaba por manipular los complejos procedimientos de sucesión para asegurar el nombramiento de su viejo amigo el almirante Pedro Nieto Antúnez, Pedrolo, que, como militar franquista de alto rango, parecía una opción segura. Sin embargo, los ultras del régimen y la camarilla de El Pardo veían las cosas de otro modo. Pedrolo era solo seis años menor que Franco y cinco años mayor que Carrero Blanco. El problema de la sustitución volvería a presentarse pronto. También se alarmaron porque Franco planeaba nombrar vicepresidente a Manuel Fraga, ahora reformista declarado.

Así pues, Franco recibió las presiones de doña Carmen y de Vicente Gil para que cambiara de opinión a favor del ultra Arias Navarro, por su reputación de duro en materia de seguridad[1558]. En sus seis meses al frente del Ministerio de la Gobernación, la política de orden público de Arias Navarro había sido inspirada por su mentor, el general Alonso Vega. Había emprendido grandes ofensivas contra ETA, de la que fusiló a nueve militantes; contra el PCE, del que desmanteló varias redes regionales, y contra Comisiones Obreras. Por otro lado, Arias había sido el ministro responsable de los fallos de seguridad anteriores y posteriores al asesinato. No se impusieron controles en el aeropuerto de Barajas ni en las carreteras de Madrid durante las cinco horas posteriores a la explosión. Se expresaron sospechas por la facilidad con la que el comando de ETA había excavado un túnel bajo una calle cerca de la embajada de Estados Unidos y otros edificios oficiales. No obstante, Arias se salvó en parte porque Carrero hizo caso omiso a sus advertencias de cambiar su ruta diaria, que mantenía con rígida regularidad[1559].

En su mensaje de fin de año de 1973, Franco rindió un breve homenaje a Carrero Blanco. Después de tachar el asesinato de obra de una minoría teledirigida desde el extranjero, se enorgulleció del funcionamiento de las instituciones franquistas durante la crisis. Refiriéndose a sus treinta y siete años en el poder, se ofreció a continuar indefinidamente en la Jefatura del Estado: «Siempre ha contado España con mi dedicación, que no le faltará, puesto que mi vida entera ha estado, está y estará al servicio de los españoles». Las palabras «no hay mal que por bien no venga» fueron insertadas de su puño y letra en el texto mecanografiado del mensaje, lo que en los círculos más íntimos del régimen se consideró un reconocimiento de que Franco ahora veía la etapa de Carrero Blanco como un error[1560]. El nombramiento de Arias y su gabinete constituyó la última gran decisión política de Franco, que se convirtió en gran medida en espectador secundario de la transición a la democracia que ya había comenzado. El proceso se desencadenó, no por el asesinato de Carrero, sino porque el franquismo había quedado obsoleto por las reformas económicas de los tecnócratas. Ahora, la disminución de sus facultades físicas y mentales coincidía con una oposición en alza y un contexto internacional más crítico.

El Gobierno de Arias, anunciado el 3 de enero de 1974, constituyó un frágil puente entre reaccionarios y progresistas. La creación de tres vicepresidencias —correspondientes a los ministros del Interior, Hacienda y Trabajo— apuntaba a que las principales preocupaciones gubernamentales serían las cuestiones estrictamente relacionadas con el orden público, la inflación y el malestar de la clase obrera. Arias retuvo a ocho de los ministros de Carrero en su nuevo gabinete e incorporó a algunos falangistas de línea dura. En el ala liberal, se encontraban Antonio Carro, como ministro de la Presidencia, y Pío Cabanillas, como ministro de Información, ambos seguidores de Fraga, así como Antonio Barrera de Irimo con la cartera de Hacienda y la vicepresidencia de Asuntos Económicos, una figura representativa de los sectores más dinámicos del capitalismo español y devoto de Juan Carlos. Los elementos más reaccionarios eran dos falangistas fanáticos: José Utrera Molina, que pasó a ministro secretario del Movimiento, y Francisco Ruiz Jarabo como ministro de Justicia, que reflejaban la influencia de Girón. Utrera tenía el objetivo concreto de impedir cualquier reforma de las instituciones del Movimiento en la línea tímidamente planteada por el anterior ministro secretario, Torcuato Fernández-Miranda. José García Hernández, ministro del Interior y vicepresidente responsable de la seguridad interna, había sido, al igual que el propio Arias, ayudante de Alonso Vega[1561]. La propuesta de Arias de que Fraga ocupase la cartera de Asuntos Exteriores fue vetada por Franco, que quería que continuara López Rodó. Como Arias insistió en que no lo quería, la solución de compromiso fue el diplomático Pedro Cortina Mauri, otro de los favoritos de El Pardo[1562].

La influencia de Girón en El Pardo determinó el nombramiento de Utrera Molina, quien le dijo a Arias que no permitiría que el Movimiento fuera un rebaño de ovejas políticas. En su toma de posesión del cargo, Molina contó con la presencia de una serie de celebridades del búnker: los falangistas Arrese, Fernández Cuesta, Solís y Girón y generales azules como Iniesta Cano y García Rebull[1563]. La camarilla de El Pardo se alegró de que Arias no se hubiera molestado en consultar con Juan Carlos la composición de su gabinete. Sin embargo, Arias Navarro no cumpliría con sus expectativas. Los problemas estructurales del régimen le obligaron a aceptar más cambios de los que Carrero había hecho nunca. Heredó disputas en la minería asturiana, la siderurgia vasca y el sector textil catalán, así como también en Zaragoza, Valladolid y Alcoy.

Eran las consecuencias del cóctel de una inflación que rozaba el 25 por ciento anual y unos aumentos salariales congelados en torno al 15 por ciento. Los precios del crudo se dispararon y afectaron gravemente a España debido a su falta de reservas energéticas nacionales. Los costes de la energía repercutieron directamente en los consumidores. En el primer trimestre de 1974, los precios de la electricidad aumentaron un 15 por ciento, los de la gasolina un 70 por ciento, los del gas butano, el combustible más utilizado para la calefacción y la cocina, un 60 por ciento y los de los transportes, un 33 por ciento. La oleada de huelgas no amainó y, para empeorar las cosas, dos de las principales fuentes de divisas, el turismo y las remesas de los trabajadores emigrantes, pronto cayeron drásticamente al afectar la crisis energética al norte de Europa[1564]. Para afrontar la situación, Arias retuvo al ministro de Trabajo de Carrero, el falangista Licinio de la Fuente, como vicepresidente de Asuntos Sociales. A pesar de su reputación de sensible a las preocupaciones sociales, el gabinete de Arias no permitió que De la Fuente ejerciera esa flexibilidad tan urgentemente necesaria en el frente laboral[1565].

El ministro de la Presidencia y, en la práctica, jefe de la Administración pública, Antonio Carro Martínez, estaba vinculado al grupo de presión llamado «Tácito», al igual que muchos de los funcionarios de más talento del régimen. La identidad colectiva de estos democratacristianos conservadores, partidarios de la reforma pacífica del sistema y vinculados al lobby Asociación Católica Nacional de Propagandistas, procedía de una serie de influyentes artículos periodísticos publicados a partir de 1972 en el diario católico Ya con la firma de Tácito, que abogaban por la reforma del sistema desde dentro. Sus vínculos con el mundo bancario e industrial y con la jerarquía eclesiástica no permitían que Arias los ignorara. Cuando el líder del grupo, Alfonso Osorio García, ofreció a Arias el apoyo del grupo si se comprometía a reformar el régimen, el presidente del Gobierno aceptó y, por recomendación de Carro, nombró subsecretarios a cuatro de sus miembros[1566].

A pesar de sus instintos autoritarios, Arias era lo bastante vanidoso como para preocuparse por su imagen pública. Carro, Osorio y Pío Cabanillas le convencieron de que, para sobrevivir, él y el franquismo necesitaban un cambio de imagen. Así, el 12 de febrero de 1974, hizo público un programa tímidamente aperturista. El texto, redactado por la oficina de Carro, y luego conocido como el «espíritu del 12 de febrero», proponía una participación política más amplia, aunque dentro de los límites de la legalidad franquista. Los alcaldes y los funcionarios locales debían ser elegidos y no nombrados por el Gobierno. El porcentaje de los procuradores a Cortes no designados a dedo, sino elegidos por sufragio estrictamente limitado, aumentó del 17 al 35 por ciento. A los sindicatos verticales se les prometió mayor poder de negociación. Se convino asimismo la creación de asociaciones políticas, aunque no de partidos. Los elogios rituales a Franco fueron seguidos por la afirmación de que la responsabilidad del cambio político ya no podía corresponder en exclusiva al Caudillo. A pesar de su contundente afán de acabar con la «subversión», era la declaración más liberal jamás realizada por un ministro de Franco, pero a la oposición le pareció insuficiente[1567].

La actitud más liberal hacia la prensa y las editoriales del Ministerio de Información de Pío Cabanillas y la tolerancia demostrada hacia los grupos opositores más moderados parecían corroborar el discurso de Arias. En la práctica, sin embargo, detrás de la promesa de liberalización, Arias respondió a los disturbios sociales con una dureza inquebrantable, que reflejaba tanto sus propios instintos como la facilidad con la que el búnker podía movilizar a Franco contra las reformas solo con afirmar que los masones empujaban a España al abismo de la pornografía y el caos. Después de Arias, la persona más próxima a Franco en el Gobierno era Utrera Molina. En enero de 1974, cuando este esbozó sus planes para el rearme ideológico del Movimiento, Franco se mostró encantado. Tras el discurso de Arias, el dictador pidió a Utrera que le explicara «el espíritu del 12 de febrero» y, profundamente alarmado por sus explicaciones, Franco manifestó que «si el régimen permite que se ataque a su sustancia doctrinal y sus servidores no aciertan a defender lo fundamental, habrá que pensar en una cobarde voluntad de suicidio[1568]».

Con los precios disparados a raíz de la crisis energética, la radicalización de la clase obrera fue en aumento a principios de 1974. Incapaz de ofrecer un cambio importante, la posición de Arias era insostenible. Paradójicamente, la primera intervención de Franco fue para frenar los instintos reaccionarios de su presidente del Gobierno. El periódico de ultraderecha El Alcázar había instado incluso a la violencia contra lo que consideraba la «traición» al régimen por parte de la jerarquía progresista de la Iglesia, en gran medida como reacción a la presencia de muchos vascos entre el clero opositor. Los vínculos tradicionalmente estrechos entre la clerecía vasca y sus feligreses hicieron que se vieran afectados por las consecuencias de la guerra entre ETA y el régimen. Arias estuvo a punto de expulsar de España al obispo de Bilbao, monseñor Antonio Añoveros, por permitir la publicación el 24 de febrero de homilías en las que citaba palabras del papa Juan XXIII en defensa de las minorías étnicas. Defendieron a Añoveros tanto Tarancón como el papa Pablo VI, y Franco, que no estaba dispuesto a arriesgarse a que excomulgaran al presidente del Gobierno, obligó a Arias a dar marcha atrás[1569].

Esta fue la excepción. Ya en los dos primeros meses de 1974, la policía había detenido a más de ciento cincuenta militantes de organizaciones obreras, ETA y grupos de izquierda. Franco se negó a conmutar las penas de muerte impuestas al anarquista catalán Salvador Puig Antich y al polaco Heinz Chez, ambos acusados de matar a miembros de las fuerzas del orden. A pesar de un escándalo internacional que recordó el de los juicios de Grimau y Burgos —con protestas del Vaticano, la CEE y varios jefes de Estado—, las ejecuciones a garrote vil se llevaron a cabo el 2 de marzo[1570], lo que provocó la condena del régimen por parte del Parlamento Europeo. Si esto no preocupó a los habitantes del búnker, más debió de hacerlo la caída de la dictadura portuguesa el 25 de abril, que animó enormemente a la oposición en España. Al cabo de tres días, el 28 de abril, el miedo de los ultras al impacto de los acontecimientos lusitanos se reflejó en un vehemente ataque de Girón en el periódico Arriba contra Arias y los liberales de su gabinete. Franco hizo saber a Utrera que no le disgustaba el «Gironazo[1571]».

Como parte de la misma operación, el general en la reserva García Rebull denunció a los partidos y a los políticos. Fue el pistoletazo de salida de una operación destinada a permitir a Iniesta eludir su inminente pase a la reserva como jefe de la Guardia Civil para sustituir al liberal Manuel Díez-Alegría como jefe del Estado Mayor. El búnker temía que Díez-Alegría pudiera hacer en España lo que el general António de Spínola había hecho en Portugal. De hecho, se informó de que, desde el estallido de la revolución portuguesa, Díez-Alegría había recibido por correo cientos de monóculos como los que usaba Spínola. El general Ángel Campano se haría cargo de la Guardia Civil y se purgarían los oficiales sospechosos de liberalismo. El plan contaba con el apoyo de la camarilla de El Pardo, aunque no se informó de estos propósitos al cada vez más enfermo Caudillo. Arias Navarro, al enterarse del complot gracias al ministro del Ejército, el general Francisco Coloma Gallegos, corrió a ver a Franco y le amenazó con dimitir. Alarmado, el dictador, que consideraba que el respeto a la jerarquía y la veteranía era sacrosanto, apoyó a Arias y obligó a Iniesta a retirarse el 12 de mayo, tal como estaba previsto[1572].

Arias intentó en vano encontrar una vía intermedia entre el búnker y la oposición, que experimentó un nuevo auge tras los acontecimientos de Portugal. Por un lado, aumentaron las detenciones de izquierdistas. Por otro, presentó un proyecto poco entusiasta para la legalización de asociaciones políticas estrictamente limitado a formaciones dentro del Movimiento[1573]. Mientras tanto, Franco parecía ignorar lo que estaba pasando. El 26 de junio, Fraga lo encontró cansado y distante[1574]. El 9 de julio el dictador ingresó en el hospital con flebitis en la pierna derecha. El tratamiento se complicó por el hecho de que la medicación para aliviar la enfermedad de Parkinson le causaba úlceras gástricas que empeoraban con los anticoagulantes necesarios para tratar el trombo de sangre de la flebitis. A medida que su estado de salud empeoraba, el 19 de julio, Arias y el presidente de las Cortes convencieron a Franco de que aplicara el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, en virtud del cual Juan Carlos asumiría el cargo de jefe de Estado en funciones. Doña Carmen y Villaverde montaron en cólera. El propio Juan Carlos no estaba dispuesto a tomar el poder al cabo de tan poco tiempo de la ejecución de Puig Antich y del caso Añoveros. Le preocupaba quedar empañado por la asociación con un Gobierno impopular que no había elegido y cuyo presidente no le había consultado nada[1575]. Sin embargo, tenía pocas opciones si no quería que su sucesión peligrara.

Resultó una experiencia humillante. Cristóbal Martínez Bordiú, que se había arrogado el papel de cabeza de familia, fue abiertamente grosero con el príncipe[1576]. Franco pudo salir del hospital el 30 de julio, aunque no volvió al trabajo. Vicente Gil le instó, por el bien de su salud, a renunciar al poder. Un furioso Martínez Bordiú agredió físicamente a Gil y luego lo despidió como médico del Caudillo. Preocupado por la perspectiva de perder sus privilegios, la camarilla de El Pardo convenció a Franco de que no se podía confiar en Juan Carlos y le presionó para que retomara sus poderes, lo que este hizo el 2 de septiembre[1577]. Su pánico estaba justificado. La enfermedad del dictador había levantado la moral de la oposición, como puso de manifiesto la formación de juntas y mesas redondas democráticas. La que más éxito tuvo de ellas fue la Assemblea de Catalunya que, además de gozar de un importante apoyo popular, incluía entre sus líderes a banqueros e industriales. La noticia de la enfermedad de Franco había provocado la creación, por Santiago Carrillo, de la Junta Democrática, en París el 30 de julio de 1974, integrada por Comisiones Obreras, el minúsculo Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, varios grupos regionalistas, los carlistas y algunas personalidades destacadas, como el opusdeísta Rafael Calvo Serer[1578]. El programa de la Junta pedía que un gobierno provisional asumiera el poder; una amnistía política total; la legalización de los partidos políticos y los sindicatos; la libertad de expresión y de los medios de comunicación; la independencia del poder judicial; la autonomía regional; la separación de la Iglesia y el Estado, y la celebración de elecciones libres en un plazo de dieciocho meses. A pesar de la ausencia de los democratacristianos y del Partido Socialista Obrero Español, la Junta y su programa de ruptura democrática con el régimen dinamizaron los círculos de la oposición e intensificaron la sensación de que el búnker estaba sitiado[1579].

Los socialistas se negaron a unirse a la Junta debido a las diferencias sobre la estrategia. Tras años de letargo, el PSOE se encontraba en un proceso de revitalización. La vieja guardia sería marginada en el XIII Congreso en el exilio del partido, celebrado en Suresnes, cerca de París, a mediados de octubre de 1974. La dinámica alianza formada por Enrique Múgica y Nicolás Redondo de Bilbao y Felipe González y Alfonso Guerra de Sevilla asumió la dirección del partido. Los nuevos dirigentes consideraban que el plan del PCE para derrocar al régimen de Franco con una huelga general nacional era poco realista. El flamante secretario general, Felipe González, estaba convencido, muy a su pesar, de que haría falta negociar con los reformistas del régimen[1580].

La victoria de la camarilla de El Pardo sobre Juan Carlos al lograr el rápido retorno de Franco al poder fue seguida por un ataque al ministro más liberal del gabinete, Pío Cabanillas. Entregaron a Franco un dosier de páginas de revistas españolas que contenían anuncios de artículos de playa y material de camping con modelos vestidas con bikini, hábilmente intercalados con páginas de Playboy, para dar la impresión de que dicho material se había publicado en España. Fue fácil convencer al dictador de que Pío Cabanillas tenía que irse. Franco estaba especialmente indignado por las pruebas que el expediente presentaba de que Pío Cabanillas, siguiendo el ejemplo de Fraga con el caso Matesa, había permitido que la prensa airease el caso del aceite de Redondela al salir a juicio. El 24 de octubre, el Caudillo ordenó a Arias que lo destituyera. En solidaridad con él, Antonio Barrera de Irimo presentó su dimisión. Arias propuso equilibrar el Gobierno suprimiendo a Utrera y Francisco Ruiz Jarabo, pero Franco se negó en redondo con el argumento de que ambos eran «muy leales[1581]».

Fue una victoria pírrica para los ultras, ya que no hizo más que acelerar el desmoronamiento del régimen. Con la caída de las cotizaciones bursátiles, sectores influyentes de la oligarquía empezaron a exigir reformas. A lo largo de 1974, hubo reuniones prácticamente públicas de destacados industriales y financieros con miembros de la oposición moderada. Entre las más destacadas figuraban las que celebró el abogado Joaquín Garrigues Walker, yerno de De Areilza y figura clave en el mundo empresarial[1582]. La crisis que conllevó la salida de Barrera y Cabanillas puso de manifiesto la quiebra del régimen. Confirmó que Arias era incapaz de introducir cambios reales y fue seguida por la renuncia de los funcionarios clave pertenecientes al grupo Tácito, liderado por el subsecretario de Pío Cabanillas, Marcelino Oreja. Su veredicto sobre el proyecto de reforma de Arias publicado el 12 de febrero lo declaró muerto[1583].

El búnker reaccionó movilizando sus fuerzas mediante la multitudinaria Confederación Nacional de Ex-Combatientes encabezada por Girón. Que a Arias la situación se le iba de las manos quedó demostrado a finales de noviembre cuando la policía, sin su autorización, detuvo a los líderes de la oposición moderada, que se habían reunido en Madrid para discutir la creación de un frente que compitiera con la Junta Democrática. El incidente causó otro escándalo internacional parecido al del caso Añoveros. Al cabo de unos días, los detenidos quedaron en libertad, pero la posición de Arias Navarro había sufrido un daño inmenso[1584].

Franco parecía ajeno a todo esto. A finales de 1974, presentaba signos cada vez más acusados de senilidad. Tenía la boca siempre abierta en un bostezo permanente. De vez en cuando actuaba con normalidad, pero, en general, permanecía en un ensimismamiento impenetrable[1585]. Sin embargo, por razones políticas, le obligaban a mantener un ritmo de actividades que alarmaba a sus médicos. Su pasión por la caza y la pesca, combinada con la determinación de la camarilla de El Pardo de que se le viera activo, le llevó a realizar agotadoras salidas pese a las inclemencias meteorológicas. Durante el invierno de 1974-1975, participó en varias cacerías con temporal de viento y lluvia y temperaturas próximas a los cero grados o incluso inferiores. Durante la primera de estas salidas de 1975, a principios de enero, en Sierra Morena, la necesidad de permanecer inmóvil durante largos periodos de tiempo para no asustar a las presas, le provocó una nefritis (una inflamación de los riñones[1586]). Su salud se estaba deteriorando rápidamente, y lo que más preocupación le ocasionaba eran los problemas dentales[1587]. En su mensaje radiotelevisado de fin de año, el 30 de diciembre de 1974, dio las gracias por haberse recuperado del todo de su reciente enfermedad y se jactó de lo bien que habían funcionado las instituciones durante su ausencia[1588]. Parecía desconocer la desintegración de la coalición franquista.

La primera escaramuza de 1975 tuvo lugar en febrero. Arias se enfureció cuando la prensa del Movimiento no conmemoró el aniversario de su discurso del 12 de febrero y ordenó a Utrera que despidiera a Antonio Castro Villacañas, director de las cadenas de prensa y radio del Movimiento, y a Antonio Izquierdo, editor de Arriba. Utrera se negó y se apresuró a informar a un Franco solitario, débil y temeroso, que le pidió que obedeciera a Arias para evitar problemas[1589]. La medicación para la enfermedad de Parkinson lo había vuelto tímido. Utrera presentó al dictador pruebas de los planes de Arias de disolver el Movimiento y grabaciones en las que se le oía criticar a Franco. Cuando Utrera dijo: «Arias es un traidor», el Caudillo rompió a llorar y replicó: «Sí, sí, Arias es el traidor, pero que no se entere nadie. Hay que obrar con cautela[1590]». La campaña ultra redobló su intensidad. Los ministros radicales del Gobierno bloquearon las medidas legales que pretendían introducir un derecho limitado a la huelga. El 24 de febrero, Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo desde 1969, y un franquista fuera de toda sospecha de liberalismo, dimitió frustrado[1591].

Por fin, Arias se vio obligado a contraatacar al búnker. Le dijo a Franco que quería reemplazar no solo a De la Fuente, sino también a otros ministros. Cuando Franco se negó, Arias le amenazó con dimitir, alegando que Utrera había falsificado pruebas en su contra, e intimidó a un anciano débil para que aceptara una reorganización ministerial para expulsar del Gobierno tanto a Ruiz Jarabo como a Utrera. Así, Fernando Herrero Tejedor, fiscal jefe del Tribunal Supremo, hizo su entrada en el gabinete como la nueva gran promesa del liberalismo con el cargo de ministro secretario general del Movimiento. Oportunista flexible, con una buena relación con Franco, Herrero Tejedor era un opusdeísta con unas credenciales irreprochables en el Movimiento. Todo apuntaba a que sería el sucesor de Arias y el hombre que organizara la transición a la monarquía. Herrero se puso en contacto con la oposición moderada y tolerada de la Democracia Cristiana y de los socialdemócratas de Ridruejo. También se dedicó a la ingrata tarea de dar credibilidad al vacío proyecto de las asociaciones políticas[1592]. Cuando Franco leyó el borrador de la propuesta de asociaciones de Fraga, se dice que le preguntó a Nieto Antúnez en qué país pensaba Fraga[1593].

El 11 de marzo, cuando Utrera fue a El Pardo para despedirse, un emocionado Caudillo elogió su lealtad. Al llegar a su fin la audiencia, el dictador le pidió que no cambiara nunca. Profundamente conmovido, Utrera prometió permanecer en su puesto hasta su último suspiro, tras lo que Franco lo abrazó y lloró copiosamente. Utrera dio un paso atrás, se puso firmes y, con el brazo en alto en el saludo fascista, soltó: «Caudillo, a tus órdenes. ¡Arriba España!». Franco respondió patéticamente levantando a su vez un brazo tembloroso[1594]. Otra demostración de la decadencia del dictador fue que la política del Departamento de Estado se distanció del Caudillo para centrarse en Juan Carlos. Cuando el presidente de Estados Unidos Gerald Ford llegó a España el 31 de mayo para una visita de dos días, pasó más tiempo con el príncipe que con Franco[1595].

El 23 de junio de 1975, Herrero Tejedor murió en un accidente de automóvil. A Franco le afectó mucho la noticia, que consideró una señal de la Providencia de que el experimento con las asociaciones no contaba con la aprobación divina[1596]. Su lógico sucesor era el ambicioso segundo de Herrero, Adolfo Suárez, que se había acercado al Opus Dei y había utilizado la amistad con su mentor para establecer vínculos con figuras clave del régimen. El general Alonso Vega lo había nombrado gobernador civil de Segovia en 1968. A medida que se acercaba a la cima, Suárez se esforzó por atraer la atención de Franco y hacerse amigo de Juan Carlos. El príncipe lo recomendó a Carrero Blanco, quien en 1969 lo designó director general de Radio Televisión Española, un cargo desde el cual se dedicó a promover la imagen de Juan Carlos. Suárez también se ganó el favor de ministros y generales de alto rango, ofreciéndoles minutos en pantalla y enviando flores a sus esposas. En febrero de 1975, ya había ascendido al puesto clave de vicesecretario del Movimiento[1597].

Habiendo visto la intervención divina en la muerte de Herrero Tejedor, Franco no estaba dispuesto a ascender a Suárez, sino que insistió en que el nuevo ministro secretario fuera José Solís, lo que reflejaba el convencimiento de la camarilla de El Pardo de que, para repeler a la oposición, Franco debía rodearse de su vieja guardia de confianza. Martínez Bordiú y doña Carmen, en connivencia con Girón y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes, convencieron a Franco de que prorrogara seis meses la legislatura de las Cortes. Esperaban así ganar el tiempo necesario para expulsar a Arias y asegurar el ascenso de Solís, Rodríguez de Valcárcel o incluso Girón, a la presidencia[1598]. Sin embargo, otros creían que Suárez era el futuro. El perspicaz comentarista Luis María Anson lo nombró «político del mes» en la revista Blanco y Negro el 2 de julio. En ese momento, la futura reforma significaba trabajar dentro del sistema franquista según lo previsto por Torcuato Fernández-Miranda. El peso de las presiones de la clase obrera, los regionalistas y el movimiento estudiantil durante los dieciocho meses siguientes sería lo que situaría el cambio democrático general en la agenda política[1599].

Los que querían bloquear incluso las reformas más limitadas vivían angustiados por su futuro y necesitaban a Franco con vida[1600]. El dictador estaba agotado e impaciente por descansar, y llegó a comentar la posibilidad de imitar a Carlos V y retirarse a un monasterio para morir. Presa del pánico, su esposa lo convenció de que no abandonara la política, mientras su yerno, igualmente preocupado, lo mantenía con vida artificialmente[1601]. En sus últimos meses, el búnker se aprovechó de los temores y prejuicios del dictador, cosa que se vio facilitada por la inquebrantable convicción de Franco de que la siniestra amenaza de la masonería seguía existiendo[1602]. El 15 de julio, el Caudilo comentó a una delegación de la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales, un bastión del búnker, que debían defender a muerte la victoria en la Guerra Civil[1603].

En el verano de 1975, la sensación general de que el régimen se desmoronaba hizo que los planes de creación de asociaciones resultaran irrelevantes. Los escuadrones terroristas de ultraderecha intensificaron sus ataques a abogados y sacerdotes de izquierdas, a librerías y trabajadores, sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa, donde se había declarado el estado de excepción, de forma provocadora, el 26 de abril, aniversario del bombardeo de Guernica. El estado de excepción era una respuesta al éxito de la campaña de terror de ETA, pero la medida resultó contraproducente ya que reforzó la unidad de la oposición y confirmó la determinación de los elementos progresistas de la Iglesia de distanciarse del régimen[1604]. El estado de excepción desató el terror policial contra las dos provincias. Las casas y oficinas de los sospechosos fueron objeto de actos de vandalismo. Hubo que recurrir a la plaza de toros de Bilbao para alojar al gran número de detenidos. Las torturas y las palizas fueron la norma. Las mujeres de los hombres a quienes buscaban las fuerzas policiales fueron tomadas como rehenes y maltratadas. La intimidación masiva se intensificó con las actividades de los escuadrones terroristas de ultraderecha, que, con nombres como Antiterrorismo ETA o Batallón Vasco-Español, ametrallaban y atacaban con bombas los bares frecuentados por nacionalistas vascos o aberzales, los bufetes de abogados, las editoriales y las empresas propiedad de simpatizantes de ETA. Lejos de asustar a la población, esta campaña provocó una reacción masiva en el País Vasco que contó con el apoyo de acciones solidarias en toda España[1605].

La rígida censura provocó el secuestro de numerosos periódicos y revistas. El regreso a la represión sin límites no pudo frenar las oleadas de huelgas. Los elementos más liberales del franquismo se alarmaron por el salvajismo del búnker y su impacto internacional. FEDISA, la «sociedad de estudios» políticos fundada por Fraga, De Areilza y Cabanillas, hizo un llamamiento a avanzar hacia la democracia que reflejaba el estado de ánimo de un número cada vez mayor de banqueros e industriales. La posibilidad de un baño de sangre provocó el desplome de la bolsa y que las probabilidades de España de entrar en la CEE disminuyeran[1606].

Mientras Franco estaba de vacaciones en Galicia, empezó a correr el rumor de que, a su regreso, sustituiría a Arias por Solís. Un consejo de ministros celebrado en el Pazo de Meirás el 22 de agosto introdujo una dura ley antiterrorista que abarcaba a toda forma de oposición al régimen[1607]. Los primeros resultados fueron una serie de juicios que condujeron al episodio negro final de la vida de Franco: el 28 de agosto, un consejo de guerra celebrado en Burgos condenó a muerte a dos miembros de ETA y, el 19 de septiembre, otro en Barcelona aprobó una tercera pena de muerte. En el ínterin, otros dos consejos de guerra, celebrados los días 11 y 17 de septiembre en una base militar de la periferia de Madrid, condenaron a muerte a ocho miembros del FRAP. Como parte de una oleada mundial de indignadas protestas, quince gobiernos europeos retiraron a sus embajadores. Hubo manifestaciones y ataques a los edificios de las embajadas españolas en la mayoría de los países de Europa. El presidente de México, Luis Echevarría, pidió la expulsión de España de las Naciones Unidas. El papa Pablo VI y todos los obispos españoles apelaron a la clemencia. Don Juan envió la misma petición a través de su hijo. Llegaron demandas similares de gobiernos de todo el mundo. Franco, indignado, las ignoró todas. En un consejo de ministros que tuvo lugar el 26 de septiembre, presidido por un Caudillo extremadamente enfermo, se confirmaron cinco sentencias de muerte. Al amanecer del día siguiente, los procesados fueron fusilados. Las condenas internacionales —entre las que destacó, por su franqueza, la de Pablo VI— se intensificaron, y la Comisión Europea pidió la suspensión del comercio con España. La embajada española en Lisboa fue saqueada[1608].

El prestigio de la oposición aumentaba en proporción inversa a la indignación provocada por la brutalidad del régimen. La creación de la Junta Democrática fue seguida, en junio de 1975, por el nacimiento de la Plataforma de Convergencia Democrática, que unió al PSOE con la Unión Social Demócrata Española de Dionisio Ridruejo, la Izquierda Demócrata Cristiana de Joaquín Ruiz Giménez y varios grupos regionalistas, incluido el Partido Nacionalista Vasco. La Plataforma estaba más abierta al diálogo con los reformistas del régimen que la Junta Democrática, que se adhería a la estrategia de huelgas y manifestaciones masivas del PCE. Sin embargo, las ejecuciones llevaron a ambos bandos a superar las suspicacias e iniciaron conversaciones con vistas a su fusión. El apoyo de don Juan de Borbón a la Plataforma provocó el pánico entre los reformistas del régimen[1609].

El final de Franco se acercaba. Enfermo y bajo la influencia del búnker, adelgazó y empezó a padecer de insomnio. El 1 de octubre, en el trigésimo noveno aniversario de su ascenso a la Jefatura del Estado, compareció ante una gran multitud congregada en la plaza de Oriente. Muchos de los asistentes habían llegado en autocares fletados por el Movimiento y, en los días anteriores, la radio y la televisión estatales habían instado a la gente a concurrir a la manifestación. Oficinas, fábricas y tiendas cerraron oficialmente para facilitar la asistencia. En su última aparición pública, el ahora diminuto y encorvado Caudillo soltó sus eternos clichés paranoicos: el problema de España, declaró, era «una conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social». El dictador se despidió de la multitud llorando y con las dos manos en alto[1610].

El mismo día, cuatro policías murieron acribillados por un grupo terrorista marxista-leninista de reciente creación, el GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre). Durante los cinco años siguientes, el GRAPO actuaría como un peligroso agente provocador con sospechosas conexiones policiales[1611]. Mientras tanto, manifestaciones, huelgas y atentados fueron marcando el rápido deterioro de la salud de Franco. A los asesinatos cometidos por el FRAP y ETA los seguían las represalias inmediatas de los terroristas de ultraderecha. La exposición del dictador a los fuertes vientos otoñales de Madrid en su intervención en la plaza de Oriente el 1 de octubre desencadenó la escalada de crisis médicas que culminarían con su muerte. El 14 de octubre, el Caudillo manifestó síntomas agudos de gripe. La mañana del 15 de octubre, Franco se despertó con dolores en el pecho y en los hombros: había sufrido un grave ataque de corazón. A pesar de ello, continuó trabajando, y celebró once audiencias formales el jueves 16 de octubre[1612]. Contra las recomendaciones de sus médicos, insistió en presidir un consejo de ministros al día siguiente. Sus médicos, alarmados, insistieron en que por lo menos estuviera monitorizado. Durante el consejo, la noticia de la «marcha verde» marroquí sobre el Sáhara español le provocó una recaída[1613].

El 18 de octubre, Franco se levantó y trabajó por última vez en su despacho, probablemente en la redacción de su testamento. El domingo 19 de octubre, oyó misa y comulgó. A las 11 de la noche del 20 de octubre, tuvo otro ataque de corazón leve y, en los días siguientes, su estado comenzó a deteriorarse gravemente. Tuvo un tercer ataque el 22 de octubre y un cuarto el 24. Sus problemas dentales volvieron a aparecer y también empezó a sufrir distensión abdominal como consecuencia de una hemorragia de estómago. El sábado 25 de octubre recibió la extremaunción. Después de una nueva hemorragia interna, el 29 de octubre tuvieron que hacerle transfusiones constantes de sangre. A lo largo de este tiempo, pese a los agudos dolores que el Caudillo padecía, Martínez Bordiú trató de impedir que se hiciera público su verdadero estado de salud. El 30 de octubre, el dictador presentó síntomas de peritonitis. Cuando se le informó de la gravedad de su estado, Franco ordenó que se aplicara el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, lo que puso fin a su regencia y pasó la Jefatura del Estado a Juan Carlos. Martínez Bordiú y Arias, ahora unidos en el pánico, intentaron en vano que Juan Carlos aceptara un nombramiento provisional, pero este se negó. A los pocos días, el príncipe declaró a la revista Newsweek que deseaba ser «el símbolo de la unidad nacional y la reconciliación». La prensa más liberal empezó a promover su imagen y a hablar de Franco en pasado[1614].

La residencia de Juan Carlos, el Palacio de la Zarzuela, se convirtió en lugar de peregrinación para los franquistas liberales. La solución poco entusiasta de Arias al problema del franquismo después de Franco se había estrellado contra las rocas de la intransigencia del búnker. Las ejecuciones de septiembre habían puesto al descubierto la obsolescencia del régimen y despertado unas ansias generales de cambio que unían a la oposición democrática con amplios sectores de la oligarquía económica, las clases medias y la Administración. Las esperanzas se centraban ahora en Juan Carlos. A lo largo del mes de noviembre, las cotizaciones de la Bolsa de Madrid subieron. La izquierda albergaba dudas sobre hasta qué punto Juan Carlos estaría cautivo de la clase dirigente franquista. Sin embargo, en las últimas semanas de Franco, los contactos del príncipe con emisarios europeos y con personalidades liberales del interior sugirieron que era probable que intentara dirigir a España hacia la democracia[1615].

En la noche del 2 al 3 de noviembre, Franco sufrió intensos dolores debido a problemas cardíacos, dentales y abdominales. La medicación que debía servir para aliviar uno empeoraba los otros. Sus hemorragias intestinales se agravaron. Los veinticuatro especialistas que lo atendían estaban convencidos de que no podían hacer ya nada más por él. Sin embargo, Martínez Bordiú los presionó para que realizaran una operación de emergencia en un improvisado quirófano de El Pardo. En el transcurso de una intervención de tres horas, descubrieron que una úlcera le había roto una arteria. Franco sobrevivió, pero ahora sufría de uremia (una enfermedad de la sangre debida a la retención de productos tóxicos que normalmente se eliminarían por los riñones con la orina[1616]). Al necesitar diálisis, lo llevaron en una ambulancia militar a un hospital debidamente equipado, la Ciudad Sanitaria de La Paz. Al cabo de tres días, con la intensificación de la uremia, a las 17.30 horas del 5 de noviembre, se inició otra operación que duró cuatro horas y media y en la que le extirparon dos tercios del estómago[1617]. A partir de entonces, se mantuvo con vida gracias a un enorme despliegue de máquinas de soporte vital, que le permitía recobrar la conciencia de vez en cuando para murmurar: «¡Qué duro es morir!». Vicente Gil enfureció a Martínez Bordiú cuando comentó que a Franco debería permitírsele morir con dignidad[1618]. El hospital estaba asediado por la prensa, que ofrecía enormes sumas por las fotografías del dictador moribundo. El Dr. Pozuelo rechazó con indignación las fabulosas ofertas para descubrir más adelante que el marqués de Villaverde ya había hecho un uso lucrativo de su cámara[1619]. El 15 de noviembre se produjo una nueva hemorragia masiva. El vientre de Franco se hinchó a consecuencia de la peritonitis. De madrugada dio comienzo una tercera operación, tras la cual el equipo de Hidalgo Huerta se mostró profundamente pesimista[1620]. La determinación del séquito de El Pardo de mantener vivo a Franco a pesar de sus intensos sufrimientos estaba ligada al hecho de que el mandato de Alejandro Rodríguez de Valcárcel como presidente del Consejo del Reino y de las Cortes expiraba el 26 de noviembre. Si Franco podía recuperarse lo suficiente como para prorrogar el mandato de Rodríguez de Valcárcel, la camarilla tendría un hombre clave en condiciones de asegurar que el primer ministro elegido por Juan Carlos fuera «de confianza[1621]».

Franco estaba vivo, pero a duras penas: casi no era consciente y dependía del todo de la compleja maquinaria de soporte vital. Finalmente, su hija Nenuca insistió en que le permitieran morir en paz. El 19 de noviembre, a las 23.15 horas, se retiraron los distintos tubos que le conectaban a las máquinas, siguiendo las instrucciones dictadas a regañadientes por Martínez Bordiú. El dictador probablemente murió poco después. La hora oficial de la muerte fueron las 5.25 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, y la causa oficial del fallecimiento, choque endotóxico provocado por peritonitis bacteriana aguda, insuficiencia renal, bronconeumonía, paro cardíaco, úlceras estomacales, tromboflebitis y enfermedad de Parkinson[1622]. Murió rico, con una fortuna de unos cuatrocientos millones de euros, a precios de 2015[1623].

Los temores de represalias de doña Carmen eran infundados. A los pocos días de su investidura como rey, Juan Carlos le concedió el título de señora de Meirás, y el de duquesa de Franco a su hija. La señora tuvo tiempo de supervisar el proceso de embalaje y carga en camiones de innumerables cajas de joyas, antigüedades, cuadros y tapices, junto con los papeles del Caudillo, para trasladarlos a las diversas propiedades de la familia en España o bien a refugios seguros en el extranjero. Se alega que algunos de los objetos de valor incalculable pertenecían a la nación, pero que no hubo vigilancia alguna de los responsables de Patrimonio Nacional[1624]. Pese al fallecimiento de Franco, la familia siguió siendo inmensamente rica. La colección de joyas de doña Carmen era colosal. En su piso, había una habitación en la que las paredes estaban forradas, desde el suelo hasta el techo, con cuarenta columnas de veinte cajones estrechos que contenían «un amasijo revuelto de joyas: collares, diademas, pendientes, guirnaldas, broches, camafeos» y luego había otros cajones llenos de oro y plata y piedras sueltas: perlas, diamantes, rubíes, esmeraldas y topacios. Y las piezas más valiosas estaban en cajas de seguridad en entidades bancarias. Eran regalos de españoles y extranjeros que pretendían ganarse la buena voluntad del dictador. En el caserón de la finca de Canto del Pico, que la familia Franco había recibido como donativo en 1937, se amontonaban toneladas de regalos para el Caudillo y su esposa[1625]. En otros lugares, había almacenes enteros que contenían los regalos que habían sido enviados a Franco. Y, además de las riquezas acumuladas, doña Carmen recibió espléndidas pensiones del Estado como viuda del jefe del Estado, capitán general y titular de varias medallas. Se calcula que el valor combinado de las pensiones le proporcionaba unos ingresos que duplicaban los del presidente del Gobierno (unos 350.000 euros anuales en 2019[1626]).

Cuando se anunció la muerte de Franco, la gente bailaba en las calles de los pueblos y ciudades vascos. Aunque había una gran aprensión en el aire, en Madrid y Barcelona se agotaron las existencias de champán. Ningún jefe de Estado importante, salvo el dictador chileno, el general Pinochet, asistió al funeral. Por el contrario, la coronación de Juan Carlos contaría con la presencia de los presidentes de Francia y Alemania Occidental, el duque de Edimburgo, el vicepresidente de Estados Unidos y el primer ministro de Alemania Occidental, Willy Brandt, que había luchado en las Brigadas Internacionales. Los inicios del reinado de Juan Carlos fueron acogidos con una enorme buena voluntad, tanto dentro como fuera de España. Sin embargo, había enormes obstáculos en el camino. El legado de odio en el País Vasco acosaría a la política española en los años venideros. El búnker estaba atrincherado en el Ejército, la policía y la Guardia Civil. Más de cien mil falangistas seguían autorizados a llevar armas. El problema se puso claramente de manifiesto el 22 de noviembre en la ceremonia en las Cortes en la que Juan Carlos fue proclamado rey. Tal como se le pidió, juró fidelidad a las leyes fundamentales y a los principios del Movimiento pero, en un discurso ligeramente progresista, omitió toda referencia al 18 de julio de 1936. Esto fue recibido con frialdad por los procuradores. En su coronación, el búnker se indignó porque el cardenal Enrique y Tarancón lo llamó a ser «rey de todos los españoles[1627]».

El progreso sin derramamiento de sangre dependía de las habilidades de Juan Carlos —sobre todo en relación con las fuerzas armadas—, de los ministros que eligiera y de los líderes de la oposición. Sus asesores le habían mantenido informado del deseo de importantes sectores del capitalismo español de deshacerse de los mecanismos políticos del franquismo. Casado con una princesa griega, era consciente de las consecuencias de que su familia no siguiera la corriente del sentimiento democrático popular. Por otra parte, era asimismo sabedor de la fuerza y la mala voluntad del búnker. Además, todo lo que hiciera tendría que estar dentro de los estrechos límites de la Constitución franquista, a la que debía su ascenso al trono. Por consiguiente, en los primeros días de su reinado, caminó con cautela. Mientras la presión popular por la reforma se intensificaba en las calles, Juan Carlos estaba involucrado en complejas negociaciones a puerta cerrada. Consiguió sustituir a Rodríguez de Valcárcel como presidente de las Cortes por su candidato y asesor de confianza, Torcuato Fernández-Miranda. Para el cargo de presidente del Gobierno, mantuvo a regañadientes a Arias, pese a considerarlo terco y cerril, porque se daba perfecta cuenta de que el búnker consideraría una provocación sustituir al mismo tiempo a Rodríguez de Valcárcel y a Arias Navarro[1628].

Se ha insinuado que Franco conocía y aprobaba los planes de Juan Carlos para democratizar España. Si es así, es extraño que no hiciera nada para preparar a sus partidarios para tal resultado. De hecho, el dictador aseguró a sus ministros que sus instituciones atarían al futuro rey a los principios del Movimiento y al espíritu del 18 de julio de 1936[1629]. Arias aceptó el cargo, declarando con condescendencia que a él lo había nombrado Franco y no Juan Carlos. Eso, junto con una redada contra izquierdistas y la aprobación de una amnistía que liberó a pocos presos políticos, infundió al búnker la esperanza de que Juan Carlos se mantuviera fiel a sus juramentos y a su mentor. Al nombrar a su propio sucesor prescindiendo del legítimo heredero al trono, Franco parecía haber destruido la neutralidad política de Juan Carlos[1630] La prensa clandestina de izquierda adoptó un punto de vista parecido y acogió la coronación con titulares que proclamaban: «No a un rey impuesto» y «No al rey franquista[1631]». El hecho de que los primeros actos de Juan Carlos tuvieran por objetivo consolidar su posición dentro del Ejército confirmó las sospechas de la oposición. El 22 de noviembre, el flamante rey envió un mensaje a las fuerzas armadas, renovando su juramento de fidelidad a la bandera y reconociendo el papel del Ejército como garante de las leyes fundamentales de Franco[1632].

El Gobierno cuya composición hizo pública Arias el 10 de diciembre incluía a suficientes miembros del sector ultra franquista como para complacer al búnker y preocupar a la oposición. Sin embargo, por presiones del rey, aconsejado a su vez por Fernández-Miranda, Arias había incluido también a algunos reformistas notables. Fraga como ministro del Interior, De Areilza como ministro de Asuntos Exteriores y Antonio Garrigues como ministro de Justicia, entre otros, tenían vínculos con destacadas empresas españolas e importantes multinacionales como United States Steel, IBM, Rank Xerox y General Electric[1633]. Por recomendación de Juan Carlos, Alfonso Osorio recibió el crucial Ministerio de la Presidencia, que le daba el control de la agenda del gabinete y la responsabilidad del Patrimonio Nacional, una excusa perfecta para despachar a menudo con el rey. Sin embargo, la clave de todos los planes de Juan Carlos residía en el nombramiento de Fernández-Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Sus conocimientos tanto del derecho constitucional franquista como de toda la élite del régimen le permitiría a Juan Carlos seguir adelante con la reforma sin faltar a sus juramentos. El monarca se aseguró de tener un topo en el gabinete, convenciendo a Arias de que le diera a su protegido, Adolfo Suárez, el puesto clave de ministro secretario general del Movimiento. Arias creía que Franco hubiera querido que José Solís permaneciera en el cargo, pero Fernández-Miranda resolvió el problema proponiendo que diera a Solís la cartera de Trabajo. A ojos del búnker, Suárez era del todo aceptable, pero las apariencias engañaban. Lo mismo ocurría con el joven falangista Rodolfo Martín Villa, nombrado ministro de Relaciones Sindicales[1634].

Las dimensiones del reto que aguardaba a Juan Carlos y Fernández-Miranda se hicieron patentes en el discurso franquista de Arias pronunciado ante el Consejo Nacional del Movimiento el 19 de enero de 1976. Arias elogió los logros de Franco y anunció su determinación de seguir su ejemplo. Aseguró a sus oyentes que no alimentaba «ningún torpe afán de revisionismo ni suicidas propósitos de remover nuestro sistema institucional por un prurito de novedad o de arbitrismo irresponsable». Llegó aún más lejos, el 28 de enero, cuando presentó su programa en un discurso televisado a las Cortes. Lo máximo que cabía esperar era que intentara hacer un gesto democrático suficiente para neutralizar a la izquierda sin provocar al búnker[1635].

Se creó una Comisión Mixta integrada por altos cargos del gabinete y miembros del Consejo Nacional para examinar una posible reforma institucional. En su primera reunión, el 11 de febrero de 1976, Arias reafirmó su determinación de perpetuar el franquismo y combatir a sus enemigos. Solo preveía cambios cosméticos[1636]. La oposición exigía la plena amnistía política, la legalización de todos los partidos políticos, la libertad sindical, el desmantelamiento del Movimiento y de los sindicatos verticales y la celebración de elecciones libres. Los seis meses posteriores fueron testigos de un pulso entre la intransigencia de Arias y las ambiciones reformistas de Fernández-Miranda y el rey. La balanza se inclinaría a favor de la reforma gracias a la participación de las masas en toda España y la violencia en el País Vasco. Las manifestaciones en pro de la amnistía y las huelgas industriales a gran escala se extendieron por todo el país a principios de 1976, y alcanzaron un nivel en el País Vasco como no se vio en ninguna otra parte. La magnitud de la participación popular fue un legado de la violencia de las fuerzas del orden durante el estado de excepción de 1975. Igualmente, los instintos franquistas de Arias y Fraga, como ministro del Interior, se reflejaron en la violenta actuación policial contra las manifestaciones proamnistía y contra grupos de huelguistas. Los carteros, los trabajadores del metro de Madrid y los de los ferrocarriles nacionales fueron militarizados y el Ejército se hizo cargo a menudo de los servicios[1637].

Entre bastidores, los liberales del gabinete trataban de atraerse a la oposición y buscaban apoyo extranjero. El propio Juan Carlos se hizo muy popular en una gira por Cataluña[1638]. Sin embargo, la credibilidad reformista se vio socavada por el autoritarismo de Arias y Fraga. Las huelgas de Madrid fueron seguidas en febrero por manifestaciones proamnistía con más de ochenta mil participantes en varios domingos sucesivos en Barcelona[1639]. El despliegue fue aún mayor en el País Vasco. El indulto del día de la coronación había afectado a menos del diez por ciento de los 750 presos vascos. Muchos vascos creían que la violencia de ETA era una respuesta justificada a la violencia institucional del franquismo. A la intensa campaña de manifestaciones a favor de la amnistía contribuyeron paros, sentadas, huelgas de hambre y dimisiones en masa de funcionarios municipales. ETA se mantuvo activa. En los primeros tres meses de 1976, varios guardias civiles fueron asesinados cuando retiraban ikurriñas conectadas a bombas trampa, así como presuntos confidentes policiales, a los que hay que añadir el secuestro y posterior asesinato de un industrial. Como era inevitable, todo ello suscitó las iras tanto del búnker como de Fraga, cuya hostilidad hacia los vascos se había puesto de manifiesto ya a principios de marzo: una huelga de dos meses en la ciudad de Vitoria culminó el 3 de marzo en una gran manifestación, durante la cual se produjo una carga de la policía antidisturbios que mató a cinco personas e hirió a más de setenta. En respuesta, se convocó una huelga general en todo el País Vasco. Los acontecimientos de Vitoria destruyeron la credibilidad del Gobierno en la región. Fraga declaró la guerra a ETA el 8 de abril. La intensificación de la actividad policial, con el sostén de unos resurgidos escuadrones de ultraderecha, reforzó el apoyo popular a ETA. Así, mientras que en el resto de España la radicalización tendería a disminuir con la instauración de la democracia, el retorno a la normalidad en Euskadi suponía un problema a largo plazo[1640]. Los frentes democráticos establecidos en el resto de España, que se ampliaban constantemente para dar cabida a los moderados, nunca arraigaron en el País Vasco[1641].

Mientras tanto, el Partido Comunista tuvo que aceptar que sus esperanzas de una «acción nacional democrática» para derrocar el sistema franquista eran irrealizables más allá de Madrid y Barcelona. Santiago Carrillo vio que la ruptura democrática solo podía venir de un proceso de negociación entre los reformistas del Gobierno y los elementos opositores más moderados. A pesar de la superioridad numérica y de la mayor disciplina de las bases del PCE en relación con el resto de la oposición, las negociaciones favorecieron a los socialistas y democratacristianos, ostensiblemente más «respetables». Para evitar que el PCE quedara al margen, Carrillo aceptó la necesidad de unidad entre la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Esto significaba abandonar la ruptura democrática en favor de la estrategia de reforma pactada de la Plataforma. A finales de marzo, ambas iniciativas se unieron en la Coordinación Democrática, popularmente llamada la «Platajunta». Aunque su diversidad política disminuyó la capacidad de acción decisiva de la coalición, su creación allanó el camino para negociar con los reformistas del sistema y expuso las divisiones existentes en el seno del gabinete[1642].

Arias era ajeno a estos acontecimientos. Los ministros más flexibles, como De Areilza, Suárez y Osorio, estaban abiertos al diálogo, pero Fraga hizo caso omiso de sus consejos. Dando rienda suelta a sus tendencias autoritarias, detuvo a los dirigentes de la oposición que se reunieron el 29 de marzo para lanzar la Platajunta[1643]. Desacreditado por los acontecimientos de Vitoria, empezó a ganarse el favor de los franquistas de línea dura, especialmente dentro del Ejército. Le dijo al democratacristiano valenciano Emilio Attard que tenía previsto «moler a palos» a los manifestantes en un mitin a favor de la amnistía que iba a celebrarse en Valencia. Su autoritarismo se reveló con toda crudeza en una cena en la que le dijo a Felipe González que los socialistas no serían legalizados en ocho años y los comunistas, nunca, palabras que remachó con esta advertencia: «Recuerde que yo soy el Poder y usted no es nada». El abandono del reformismo fue un error de cálculo que lo eliminó como posible sucesor de Arias[1644]. Por el contrario, la crisis de Vitoria unió a la izquierda e impulsó la carrera de Adolfo Suárez. Como ministro del Interior en funciones (Fraga estaba ausente, en Alemania), Suárez impidió una intervención militar y posteriormente, con la ayuda de Alfonso Osorio, convenció al rey de que su firme manejo de los acontecimientos había evitado un mayor derramamiento de sangre[1645].

Suárez estaba consolidando su posición sin despertar las sospechas de Arias o del búnker, que estaban convencidos de que era un falangista que solo pretendía utilizar el aparato del Movimiento para dar un barniz democrático al régimen. Sin embargo, los contactos con Fernández-Miranda habían convencido a Suárez de que su futuro residía en un mayor apoyo a la democracia, por lo que había empezado a tender puentes con la «oposición tolerada» de los democratacristianos vinculados a Fernando Álvarez de Miranda. El grupo estaba muy cerca del rey, quien comenzó a ver a Suárez como alguien que podría atraer a sectores dispares de la política franquista[1646]. Esta opinión se vio corroborada cuando Suárez presentó a las Cortes, con gran elocuencia, la Ley de Asociaciones Políticas de Arias. Tenía el hándicap temporal de su falta de contactos en la izquierda en el preciso momento en que la Platajunta abría el abanico de oposición para incluir a formaciones de centro y hasta de derechas, con lo que aislaba al Gobierno[1647].

Aunque temeroso de provocar al búnker, Juan Carlos se enfureció por la arrogancia de Arias, que se consideraba irremplazable, y por su obstruccionismo a las reformas. Arias no ocultaba su desprecio por el rey. Con la esperanza de forzar la dimisión de Arias, Juan Carlos concedió una entrevista a Newsweek en la que describió al presidente del Gobierno como «un desastre absoluto», porque representaba los intereses del búnker. El 9 de junio, después del discurso de Suárez, las Cortes aprobaron la Ley de Asociaciones Políticas, pero se negaron a enmendar el Código Penal para permitir la legalización de los partidos políticos según lo previsto por la ley. Juan Carlos sabía que su propia supervivencia dependía de una transición a la democracia y que esta, a su vez, precisaba de un político capaz de lidiar tanto con el búnker como con la oposición. En consecuencia, a principios de junio, en un viaje a Estados Unidos que fue todo un éxito, el rey pidió garantías de apoyo a la Casa Blanca. El 1 de julio, Juan Carlos exigía la dimisión de Arias[1648].

La tardanza con que el rey había planteado esta exigencia hizo que muchos observadores sospecharan que su compromiso con la democratización era débil. Pero subestimaban el poder del búnker en general y de las fuerzas armadas en particular. El posterior surgimiento del golpismo pone de relieve que Juan Carlos tuvo que maniobrar con extrema cautela en lo que respecta al Ejército. Su éxito en ese sentido fue una aportación crucial al advenimiento de la democracia. Del mismo modo, la escala limitada de las reformas de Arias y la resistencia del búnker a estas desacreditaron a la ultraderecha a los ojos del resto de la élite franquista. La insuficiencia de los planes de Arias convenció a muchos burócratas y empresarios franquistas de la necesidad de unirse al bando reformista. Al mismo tiempo, la torpeza represora de Fraga consolidó la unidad de la oposición. Dicha unidad, y el apoyo popular que tenía detrás, proporcionaron la presión que empujó a los altos cargos del régimen más flexibles y reformistas a pensar en el futuro. El oprobio que cubrió a la extrema derecha en el periodo de Arias también inclinó a la opinión internacional a favor de la izquierda democrática.

El éxito del proyecto de cambio dependía de la persona elegida para suceder a Arias. Tanto De Areilza como Fraga daban por sentado que sería uno de ellos, pero Juan Carlos los consideraba inadecuados; el primero, por su arrogancia, y el segundo, por su autoritarismo. Las reglas exigían que el rey eligiera un nombre de una terna propuesta por el Consejo del Reino, que presidía Fernández-Miranda. Este organizó hábilmente su reunión clave el 3 de julio para asegurar la inclusión de Adolfo Suárez junto al tecnócrata del Opus Gregorio López-Bravo y Federico Silva Muñoz, un democratacristiano profundamente conservador. El Consejo presentó la terna con la confianza de que el elegido sería uno de los dos candidatos de mayor rango. Para gran decepción de De Areilza y Fraga, Suárez fue nombrado presidente el 3 de julio[1649]. Su ascenso se debió a que su conocimiento del Movimiento le permitiría, con la orientación de Fernández-Miranda, utilizar el sistema para iniciar la reforma. A corto plazo, sus credenciales franquistas neutralizaron al búnker, aunque alarmasen a la oposición. Como reconoció Suárez más tarde, las manifestaciones de la segunda semana de julio a favor de la amnistía le convencieron de la urgencia de una reforma rápida y profunda[1650].

La dificultad más inmediata fue formar gobierno después de que De Areilza y Fraga se negaran a participar en el nuevo Ejecutivo. Suárez tenía que evitar el paso fatal de formar un equipo con sus colegas del Movimiento. Fernández-Miranda y el rey convencieron a Alfonso Osorio de que fuera vicepresidente del gabinete y ministro de la Presidencia. Osorio, a su vez, persuadió a otros «tácitos» para que aceptaran carteras. La lista de Suárez de católicos conservadores vinculados a los sectores más progresistas del capitalismo español, como Marcelino Oreja, en Asuntos Exteriores, y Landelino Lavilla, en Justicia, tuvo más éxito a la hora de introducir reformas de lo que sus críticos creían posible[1651]. Su programa, presentado elocuentemente en televisión, reconocía la soberanía del pueblo y prometía un referéndum sobre la reforma política, así como elecciones antes del 30 de junio de 1977. Suárez se ganó una simpatía popular considerable, pero tuvo que maniobrar entre la oposición y un búnker hostil. Carrillo vivía clandestinamente en España y el Partido Comunista estaba a la vanguardia de la presión de las masas en favor del cambio. Ese año hubo diez veces más huelgas que en 1976. Sin provocar al Ejército, la estrategia de Suárez fue introducir medidas antes de que los duros del régimen pudieran reaccionar; sin embargo, aún tenía que conseguir que la oposición aceptara que la democratización solo podía tener lugar dentro de la «legalidad» franquista[1652].

Para arrebatar la iniciativa a la izquierda, Suárez hubo de hacer concesiones sustanciales mientras dividía el frente opositor unido. La prioridad era obligar a los comunistas a que dejaran de marcar el ritmo de las reivindicaciones de la oposición y adoptasen una postura más defensiva para no quedarse aislados. Suárez dedicó con éxito el mes de agosto a contactar con una amplia gama de personalidades opositoras, entre ellas Felipe González. El líder del PSOE ya había aceptado que una constitución elaborada por unas Cortes libremente elegidas constituiría en sí misma una ruptura, pero que sería necesario negociar con el Gobierno. Le impresionó gratamente la disposición de Suárez a escuchar y a contemplar la creación de un régimen genuinamente democrático[1653]. Por medio de terceros, el presidente obtuvo garantías de Carrillo de que no interrumpiría una transición pacífica.

El 4 de septiembre, varios grupos liberales, socialdemócratas y democratacristianos se reunieron en Madrid para abordar con la Platajunta y otros frentes regionales de oposición la elaboración de una estrategia unificada. La oposición estaba reclutando cada vez a más náufragos del franquismo. La creación de un comité de enlace fue suficiente para obligar a Suárez a acelerar su proyecto de reforma política[1654]. Esto a su vez provocó inquietud en el Ejército. El general reaccionario Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, en su cargo de vicepresidente y ministro de Defensa, fue un eslabón clave entre los militares y los civiles en sus esfuerzos por obstruir la reforma democrática. Su influencia fue contrarrestada en cierta medida por el nombramiento del general aperturista Gutiérrez Mellado como jefe del Estado Mayor. El 8 de septiembre de 1976, Suárez solicitó apoyo a su proyecto de reforma a los ministros militares, a los nueve capitanes generales y a los jefes del Estado Mayor de las tres armas del Ejército. Gracias a contar con el respaldo de Juan Carlos, los planes de Suárez, expuestos de forma convincente, fueron aceptados con renuencia, aunque con la exigencia de que el Partido Comunista quedara excluido de cualquier reforma futura. Suárez aseguró que las lealtades internacionales consagradas en los estatutos del PCE impedirían su legalización. No les dijo que, a través de sus contactos secretos con Carrillo, estaba trabajando en la modificación de dichos estatutos y en la ulterior legalización del Partido Comunista[1655].

Al cabo de dos días, el Gobierno aprobó la Ley de Reforma Política sin oposición de los cuatro ministros militares. Sin embargo, pocos días más tarde, el general De Santiago se opuso tan vehementemente a un proyecto de reforma sindical que, el 21 de septiembre, Suárez le obligó a dimitir y lo sustituyó por Gutiérrez Mellado. A Osorio le preocupaba que esto fuera un error dada la inmensa influencia de De Santiago entre la oposición de derechas a la reforma. Estaba en lo cierto. A partir de entonces, las relaciones de Suárez con los militares se deterioraron rápidamente. La airada reacción de De Santiago y del general Iniesta Cano constituyó una declaración de guerra contra Gutiérrez Mellado. En un consejo de ministros celebrado el 1 de octubre se decidió castigar a De Santiago e Iniesta con el pase a la reserva. Iniesta recurrió la sanción con éxito y la acción del Gobierno fue declarada nula. El búnker se mostró encantado después de que el gabinete de Suárez quedara en ridículo como un Gobierno vengativo. A partir de ese momento, Iniesta y De Santiago se dedicaron a fomentar el golpismo en las fuerzas armadas a través de artículos en El Alcázar[1656]. Sin embargo, Gutiérrez Mellado pudo iniciar la urgente tarea de ascender a una nueva generación de oficiales leales al inminente régimen democrático[1657].

Cuando el texto de la reforma se hizo público, las reacciones de la oposición fueron variadas. El hecho de que las elecciones prometidas se celebrasen bajo la vigente presidencia del Gobierno suscitó temores de pucherazo. El Partido Comunista denunció el texto como un «fraude antidemocrático». Otros grupos estaban más dispuestos a dejarse convencer, al ver la evidencia de la reforma en el funcionamiento de la prensa y en la libertad de que disfrutaba la izquierda no comunista. Al PSOE se le permitió prepararse para celebrar su XXVII Congreso. Martín Villa, ahora ministro del Interior, había prohibido todas las actividades públicas comunistas, pero en realidad se hacía la vista gorda con el PCE. Suárez insinuó a los socialistas y a los democratacristianos de izquierda que haría concesiones aún mayores, siempre y cuando no provocaran al Ejército insistiendo en la legalización del PCE. Logró hábilmente que Felipe González aceptara que una legalización prematura no era realista[1658].

A fuerza de astucia y de la habilidad de Fernández-Miranda, Suárez logró llevar a buen puerto el proyecto de reforma a través de las instituciones franquistas. El 8 de octubre fue aprobado con pequeñas modificaciones por el Consejo Nacional y, a mediados de noviembre, se ratificó en las Cortes, en ambos casos por amplísimas mayorías. A algunos elementos de la línea dura se les envió en viaje oficial a Panamá, pasando por el Caribe, y a otros se les prometieron escaños en el futuro Senado. Muchos procuradores creyeron ingenuamente que serían reelegidos en los próximos comicios. Fue, en posteriores palabras de Suárez, el suicidio colectivo de los «procuradores del harakiri[1659]».

No obstante, la oposición seguía desconfiando. En una reunión celebrada el 4 de noviembre en Las Palmas, un amplio frente de opositores rechazó los planes de Suárez de someter a referéndum su proyecto de reforma política. Pero el llamamiento a la abstención sería en vano. La convocatoria de una oleada de huelgas no interrumpió el calendario de reformas, ya que la mayoría de la población aprobaba los cambios introducidos por el presidente. La huelga general del 12 de noviembre no se convirtió en la gran acción nacional contra la reforma de Suárez que esperaban los comunistas, en buena parte debido a las meticulosas precauciones que adoptó el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que ordenó la detención de dirigentes obreros en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla; algo que neutralizó los centros neurálgicos del movimiento y redujo sensiblemente la incidencia de la huelga[1660].

El fracaso relativo de la huelga contribuyó al éxito de Suárez al cabo de tres días, cuando presentó su proyecto a las Cortes. Muchos grupos de la oposición aceptaron en ese momento que tratar con Suárez podría conducir a una verdadera reforma[1661]. El PSOE se inclinó por la moderación, como se puso de manifiesto en su XXVII Congreso celebrado en Madrid a principios de diciembre. La dirección del partido temía que, aunque se negaran a participar en las elecciones, en solidaridad con los comunistas, la gente acudiera a las urnas de todos modos y los votos del PSOE fueran a parar a grupos rivales. La presencia de los principales líderes socialistas de Europa se utilizó para respaldar la línea inequívocamente moderada de Felipe González, quien dejó claro que su formación participaría en las elecciones aunque no se hubieran legalizado previamente todos los partidos[1662].

El acierto de la moderación de los socialistas se confirmó el 15 de diciembre, cuando el referéndum sobre la reforma política se saldó con el voto favorable del 94 por ciento de los participantes. Los llamamientos a la abstención de la oposición fueron ignorados por las bases de las formaciones de izquierdas. El resultado fue una victoria para Suárez, pero también para la presión de las masas que a lo largo de 1976 habían empujado al Gobierno hacia la democratización[1663]. Suárez aún se enfrentaba a dos problemas importantes en relación con su frágil tregua con el Ejército: la legalización del PCE y el terrorismo. El primero se resolvería con sus características componendas, aunque a costa de un resentimiento tóxico en los círculos militares. El segundo, en cambio, iba a resultar intratable y, a la larga, sería la perdición de Suárez, que, inmerso en la monumental tarea de trazar el camino hacia la democracia, era incapaz de entender las exigencias de ETA o darse cuenta de que tenían sus raíces en los excesos y atrocidades del franquismo. Desgraciadamente, dejó la cuestión del terrorismo a Martín Villa, que había sido gobernador civil de Barcelona en septiembre de 1975, cuando había sido ejecutado allí Txiki Paredes, con lo que se ganó una profunda hostilidad en Euskadi. Para resolver el problema habría sido necesaria la amnistía de todos los presos etarras y la legalización de la bandera vasca, la ikurriña, pero semejantes gestos conciliadores eran más de lo que Suárez o Martín Villa, por no hablar del búnker, estaban dispuestos a consentir[1664].

En cambio, la legalización del PCE fue relativamente sencilla. Consciente de que el resto de la oposición probablemente no arriesgaría sus propias ganancias para ayudar a los comunistas, Carrillo se atrevió a recuperar parte de la iniciativa de manos de Suárez. El líder comunista, que residía clandestinamente en Madrid, decidió forzar el paso con la celebración de una rueda de prensa el 10 de diciembre, con más de setenta periodistas españoles y extranjeros acreditados. Fue una provocación que incomodó profundamente a Martín Villa, pero las palabras de Carrillo a los periodistas reunidos fueron conciliadoras. Afirmó que, si se permitía al PCE participar en las elecciones, los comunistas cooperarían en la elaboración de un contrato social para hacer frente a la crisis económica, una oferta significativa dada la influencia comunista en Comisiones Obreras. Martín Villa ordenó la detención de Carrillo, que permaneció arrestado durante ocho días, pero al final Suárez tuvo que ponerlo en libertad, ya que un juicio habría dañado su credibilidad como reformista. Con esta liberación, Suárez estaba dando un paso sustancial hacia la legalización del PCE[1665].

Eso solo podía enfurecer al búnker, especialmente a la cúpula de las fuerzas armadas, a quienes la actividad terrorista mantenía los nervios de punta. Después de que Suárez anunciara por primera vez su proyecto de reforma, el GRAPO emprendió una campaña perfectamente diseñada para desestabilizar España, en la línea de la extrema derecha en Sudamérica e Italia. Comenzó con una serie de atentados con bombas, que fueron in crescendo y que, ya en vísperas del referéndum, culminaron con el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. La decepción por no haber logrado impedir que el referéndum sobre la reforma democrática se saldara con el voto favorable de la inmensa mayoría de los electores hizo que la campaña del GRAPO diera un salto cualitativo el 24 de enero de 1977 con el secuestro del general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. El mismo día, terroristas de extrema derecha asesinaron a cinco personas, cuatro de las cuales eran abogados laboralistas comunistas, en un bufete del barrio madrileño de Atocha. Carrillo no mordió el anzuelo y, en vez de eso, hizo llamamientos a la calma. En el funeral de las víctimas, el PCE organizó una gigantesca muestra de solidaridad silenciosa. Esta exhibición de fuerza y disciplina comunista no solo impresionó profundamente a Suárez, sino que disipó gran parte de la hostilidad popular hacia la legalización del partido. A cambio de promesas de acción contra la violencia del búnker, una delegación opositora ofreció a Suárez una declaración conjunta denunciando el terrorismo y pidiendo el apoyo de la nación al Gobierno. El reconocimiento implícito de que Suárez pertenecía a las fuerzas democráticas dio alas a su posición[1666].

Suárez avanzaba hacia las prometidas elecciones, pero eso era solo un paso hacia su meta final. El objetivo del proyecto era garantizar los intereses políticos y económicos del amplio espectro del establishment franquista que, a diferencia del búnker, se había aliado con la monarquía. Para ello, sería necesario crear un partido de centro-derecha con buenas perspectivas electorales. Los exfranquistas progresistas que ahora militaban en las filas democráticas se prepararon así frenéticamente para los siguientes comicios[1667]. Fraga optó por crear un partido de derechas en colaboración con otras seis figuras exfranquistas, entre ellas Laureano López Rodó. Los apodados «siete magníficos» esperaban atraer al sector de la sociedad que había sido moldeado por casi cuarenta años de propaganda franquista. El rígido control de los medios de comunicación y del sistema educativo había creado lo que se denominó «el franquismo sociológico». Con el apoyo sustancial de los bancos, la formación de Fraga, Alianza Popular, se había fundado ya en la segunda mitad de septiembre de 1976[1668]. Parte de su financiación provenía ilegalmente de la Unión Social Cristiana de Franz Josef Strauss. Hans Hoffmann, un destacado miembro de la comunidad nazi exiliada en España y factótum de Girón en Málaga, creó la Fundación Hanns Seidel en dicha ciudad, a través de la cual se canalizaba dinero hacia Alianza Popular[1669]. De hecho, al igual que su sucesor, el Partido Popular, el partido de Fraga sería objeto de frecuentes acusaciones de corrupción. El PSOE también recibió dinero alemán de la Stiftung Friedrich Ebert. Con el tiempo, la búsqueda de financiación electoral haría que otras formaciones políticas se vieran involucradas en la corrupción[1670].

La estrategia de Fraga convenció a Suárez de que su mejor oportunidad de éxito residía en un partido de centro. Creó la Unión de Centro Democrático (UCD) explotando la necesidad desesperada de alianzas de muchos pequeños partidos de centro-derecha. Su baza ganadora era el control de Radio Televisión Española y de la maquinaria de la administración local[1671]. La UCD era una fusión de cinco grupos principales, cada uno a su vez compuesto por varios. El segmento más importante estaba formado por dos grupos de democratacristianos conservadores: los seguidores de Alfonso Osorio y Fernando Álvarez de Miranda, junto con algunos «tácitos» y el Partido Popular de la época, incluido el abogado valenciano Emilio Attard, fundado por Pío Cabanillas y De Areilza. Todos se unieron como Centro Democrático a mediados de enero. A la izquierda de la UCD, estaban los socialdemócratas liderados por Francisco Fernández Ordóñez y varios grupos liberales encabezados por Joaquín Garrigues. Con el tiempo, ambos contribuirían a la desintegración de la UCD, pero en 1977 estaban todos ansiosos por formar parte de un partido viable electoralmente. Las consideraciones ideológicas, personales y morales pasaron a un segundo plano en la despiadada búsqueda de alianzas rentables. El quinto grupo clave, apodado «los azules» por su pasado falangista, lo formaban altos cargos del Movimiento tentados a unirse con la promesa de puestos en el futuro régimen[1672].

El acuerdo formal para la constitución de la coalición electoral conocida como UCD se firmó el 3 de mayo de 1977 y, dado que las listas de candidatos debían presentarse antes del 9 de mayo, las negociaciones de los cinco días siguientes fueron frenéticas. El control de Suárez sobre la maquinaria electoral del Estado le daba un poder enorme. Eliminó a De Areilza, pero se habían contraído compromisos previos con muchos azules a cambio de sus votos para sacar adelante el proyecto de reforma en las Cortes. Inevitablemente, las listas de candidatos de la UCD se llenaron de hombres que habían sido procuradores en las Cortes de Franco, cargos de gobiernos civiles y municipales, de industrias del Estado, de RTVE o funcionarios de alto rango. El poder real en la UCD recaería en Suárez y en sus antiguos colegas del Movimiento y, en menor medida, en los «barones» de los distintos grupos que integraban la formación. El círculo íntimo de Suárez llegó a conocerse como «la empresa[1673]». En el poder, los diputados de la UCD eran hombres ambiciosos comprometidos con poco más que sus propias carreras. La mayoría mantenía estrechas relaciones con el mundo empresarial, la industria y, sobre todo, la banca. La UCD era, por tanto, el instrumento ideal para garantizar que, en la transición de un régimen dictatorial a un régimen democrático, el verdadero poder del Gobierno quedara en manos, si no de las mismas personas que antes, al menos de individuos suficientemente conservadores como para garantizar la estructura existente de poder económico y social[1674].

En paralelo a la formación de la UCD, se fueron legalizando otros partidos. El problema seguía siendo el PCE. El búnker y el Ejército se oponían rotundamente a su legalización, pero sin él la democracia quedaba incompleta. Suárez lo retrasó todo lo que pudo, pero el 27 de febrero se reunió con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo se comprometió a reconocer la monarquía, adoptar la bandera monárquica rojigualda y ofrecer su apoyo a un futuro pacto social. El 9 de abril, mientras la mayoría de la élite política y militar madrileña se encontraba fuera de la capital disfrutando del fin de semana de Pascua, Suárez, confiando alegremente en la aquiescencia del Ejército, anunció la legalización del PCE, con lo que se hizo acreedor del odio implacable del búnker, que lo consideró una vil traición a la victoria de Franco en la Guerra Civil. El ministro de la Marina, el almirante Pita da Veiga, dimitió. A pesar de los esfuerzos de Suárez el 11 de abril para justificar ante el alto mando lo que había hecho, resultaba evidente que la oposición de los militares era considerable. Como medida de seguridad, se dejó casi sin gasolina a las unidades militares clave. La legalización del PCE fue una parte necesaria de la transición, pero también un regalo para los ultras. En los cuarteles, una serie de «juntas patrióticas» repartieron propaganda, presuntamente creada por extremistas como Girón, Utrera Molina y Blas Piñar, que denunciaba la «traición» de Suárez. Sectores del Ejército habían llegado a la conclusión de que era necesario intervenir en la política. En la prensa del búnker —El Alcázar, El Imparcial y Fuerza Nueva— se publicaban a diario exhortaciones a la subversión militar[1675].

Aunque la persistencia de ETA intensificó la oposición del búnker al proceso democrático, la campaña electoral se desarrolló en un ambiente festivo. Hubo mítines multitudinarios organizados por el PSOE y el PCE. La campaña de la UCD se centró en la televisión, la prensa y la radio[1676]. Dieciocho millones de personas votaron, casi el 80 por ciento del censo electoral, y el 90 por ciento de ellos votaron claramente a favor del cambio. Este deseo popular de cambio pero no de confrontación favoreció a Suárez y Felipe González. En cambio, Carrillo y Fraga despertaron recuerdos del pasado. A pesar de sus abundantes recursos económicos, la alineación de ilustres franquistas en Alianza Popular no ayudó a su causa, sobre todo debido a la nostalgia sin remordimientos de Arias Navarro y a la vehemencia de Fraga[1677]. La prensa de derechas se aprovechó de la presencia de figuras comunistas de la guerra en las listas del PCE, como Carrillo o Dolores Ibárruri, para despertar el temor a una guerra civil. En cambio, la moderna imagen de Felipe González y el prestigio que le confería el apoyo de los líderes socialistas europeos lo convirtieron en un serio rival para el líder de la UCD[1678].

Suárez se negó a participar en cualquier debate con los líderes de otros partidos, apoyándose en los medios de comunicación y en una enorme campaña publicitaria bien financiada. El aparato de propaganda de la UCD trabajó con denuedo para atraer a las mujeres, aprovechando el aspecto de galán de cine de Suárez y creando una imagen de hombre de familia devoto y católico practicante. Como era de esperar, la UCD ganó las elecciones, con un 34,3 por ciento de los votos; pero los socialistas no anduvieron muy a la zaga, con el 28,5 por ciento. El PCE ocupó el tercer lugar con un 9,3 por ciento y Alianza Popular, el cuarto, con un 8,4 por ciento[1679].

El 15 de junio de 1977 se puso fin al régimen de Franco, pero no al franquismo. Cuarenta años de lavado de cerebro garantizaron la pervivencia de las actitudes franquistas durante décadas. La creación de un sistema de gobierno democrático, en este contexto, fue posible gracias a la habilidad de Adolfo Suárez y sus asesores, a la determinación de Juan Carlos pero, sobre todo, a la moderación de González, Carrillo y los demás líderes de una oposición que hizo grandes sacrificios en aras del objetivo inmediato de la democracia. La democracia política formal fue un gran logro después de 38 años de dictadura, pero solo un tímido primer paso. Además, no contribuyó en absoluto a erradicar las prácticas corruptas heredadas del régimen franquista y sus predecesores. El simple problema de presentar candidatos a las elecciones de ámbito nacional y local significaba a menudo que la ética de los nuevos reclutas no podía controlarse adecuadamente. Prácticas que se consideraban normales bajo el franquismo, como el uso particular de vehículos oficiales y dietas de viaje y de representación, persistieron con el argumento de que «ahora nos toca a nosotros». Con la victoria en las elecciones como prioridad principal, esto era inevitable, especialmente cuando se trataba de recaudar fondos para los partidos. Las esperanzas de reforma social y económica fueron abandonadas discretamente. No hubo castigo para quienes se habían beneficiado de los frutos de la victoria en la Guerra Civil ni justicia para sus víctimas. Muchos cuadros franquistas permanecieron en posiciones de poder mediante el simple traspaso del Movimiento a la UCD. Quizá inevitablemente, en un contexto de inflación y desempleo cada vez mayores, a lo largo de los cuatro años siguientes el entusiasmo popular se convirtió en desencanto[1680].

El 15 de junio, la inmensa mayoría de los votantes optaron por la moderación. En las encuestas, el 80 por ciento de los españoles se situaba políticamente entre el centro-derecha y el centro-izquierda[1681]. Sin embargo, los problemas que desgastarían la democracia en los cuatro años siguientes —golpismo, terrorismo y estancamiento económico— no podían resolverse con la simple existencia de un electorado moderado. Inevitablemente, dados sus estrechos lazos con la élite financiera e industrial, la UCD tenía poco interés en llevar a cabo reformas estructurales. La prioridad del nuevo gabinete era mantener la unidad de un partido dividido cuyos cuadros se ocupaban principalmente de conseguir cargos oficiales muy bien remunerados. Los amigos personales de Suárez estaban bien representados en el Gobierno; destacaba entre ellos el nuevo vicepresidente para Asuntos Políticos, Fernando Abril Martorell, un ingeniero agrónomo al que Suárez había conocido en Segovia durante su etapa de gobernador civil de la provincia[1682].

La capacidad del presidente para satisfacer las expectativas del electorado se vio limitada por los costes de mantener unido a su heterogéneo partido, por la falta de una mayoría absoluta en las Cortes, por la necesidad de elaborar un marco constitucional que todos pudieran aceptar, por las exigencias de autonomía de nacionalidades y regiones y, sobre todo, por la pérdida diaria de energías a causa de la violencia antidemocrática de la extrema derecha y la extrema izquierda. Siempre era necesario llegar a acuerdos previos antes de las votaciones de mayor trascendencia en las Cortes, tanto en el seno de la UCD como con los demás partidos. Su propio carácter y los problemas a los que se enfrentaba hicieron que Suárez soliera encerrarse en despachos llenos de humo. Su forma habitual de pactar, en secreto y entre bambalinas, y el nerviosismo y el miedo cotidianos que desató la espiral terrorista de ETA convirtieron el optimismo de 1977 en el desencanto de 1980.

Las enconadas tensiones en el País Vasco surgidas durante el franquismo se vieron afectadas en gran medida por el comportamiento de unas fuerzas del orden sin reformar. En el resto de España, la gente estaba dispuesta a creer que, a pesar de los antecedentes franquistas de muchos miembros del Gobierno, se estaban produciendo cambios reales. Sin embargo, muchos vascos creían que la opresión fascista seguía existiendo, aunque con otro nombre. Los hábitos de violencia policial se resistían a desaparecer e, incluso fuera de Euskadi, en 1977 hubo varios escándalos. El 27 de agosto, el diputado socialista por Santander, Jaime Blanco, fue golpeado por la policía en un mitin. En diciembre, la policía abrió fuego contra una concentración de nacionalistas andaluces en Málaga, mató a un hombre e hirió a otros seis. Al cabo de pocos días, un estudiante fue asesinado a tiros en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Cuando Martín Villa apoyó a la policía y no hizo nada contra los responsables, fue denunciado nuevamente como franquista en las Cortes por Alfonso Guerra. Martín Villa con la policía y Gutiérrez Mellado con el Ejército se enfrentaban al mismo problema de personal con una formación antidemocrática. Se eludieron las reformas necesarias por temor a los motines. Hasta 1979, Martín Villa fue incapaz de imponer reformas de calado en la policía[1683].

La legalización del PCE intensificó las conspiraciones antidemocráticas en las altas esferas de las fuerzas armadas, jaleadas por la prensa ultra, mientras los cuarteles, como ya se ha dicho, se llenaban de panfletos que llamaban a la intervención militar. Los servicios de inteligencia no transmitían información sobre los conspiradores. Creada originalmente para erradicar el liberalismo en el Ejército, la inteligencia militar era radicalmente franquista en su composición, objetivos y métodos, por lo que los enemigos militares del régimen democrático contaban con una ayuda inestimable. Elementos de los diversos servicios de inteligencia militar participaron posteriormente en el intento de golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981. El Gobierno de Suárez intentó reformar los servicios de inteligencia creando el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Heredero del personal de sus diversos predecesores franquistas, el CESID formó una estructura de poder paralela que no compartía la lealtad al rey de la jerarquía militar de Gutiérrez Mellado. A pesar de las pruebas de que el CESID espiaba a ministros y otros políticos mientras que no investigaba a los golpistas, el Gobierno hacía la vista gorda[1684].

El hervor antidemocrático en el Ejército era perceptible en el otoño de 1977. Se alimentaba del resentimiento por la legalización del PCE, la incapacidad del Gobierno para aplastar el terrorismo vasco y los rumores de una inminente purga de oficiales de mayor edad que les privaría de perspectivas de carrera y retiro. Ya a mediados de septiembre de ese año, el general Fernando de Santiago acogió un encuentro de tres días de duración de destacados generales en Játiva (Valencia). Querían que el rey nombrara un Gobierno de salvación nacional presidido por De Santiago. A pesar del desmentido oficial, los rumores generalizados sobre este intento de golpe de Estado sin derramamiento de sangre pusieron al descubierto la amenaza de una intervención militar[1685]. En paralelo, se estaban organizando redes de apoyo civil a la subversión. Los organizadores de las campañas de propaganda de las «juntas patrióticas» supuestamente estaban preparando a sus seguidores para asumir el control de la Administración pública, el gobierno local y las comunicaciones en caso de golpe de Estado[1686]. Temeroso de precipitar la intervención militar, el Gobierno no adoptó medida alguna contra los participantes en la reunión de Játiva.

En su lugar, Gutiérrez Mellado trató de controlar a los militares por medio de traslados estratégicos y promociones, como la retirada del mando de la División Blindada de Brunete del ultraderechista Jaime Milans del Bosch. La División Acorazada (DAC) era clave para cualquier intentona golpista. Milans fue nombrado capitán general de la Tercera Región Militar, con sede en Valencia, lo que, paradójicamente, le situó en una posición de mayor poder. Los cambios de Gutiérrez Mellado no hacían más que alimentar las sospechas de los militares de que el Gobierno era indeciso, entrometido y rencoroso. Otra demostración de debilidad fue que solo castigaran al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero con un mes de arresto en el cuartel, pese a haber estado a punto de provocar una matanza en Málaga el 8 de octubre, cuando, bajo sus órdenes, una manifestación autorizada a favor de la reducción de la edad legal para votar a los dieciocho años fue disuelta por guardias civiles armados hasta los dientes. Su brutalidad irresponsable le estaba convirtiendo en una figura de culto entre los ultras[1687].

A pesar del enquistamiento del golpismo y del terrorismo vasco, Suárez realizó notables progresos en la resolución del problema potencial de Cataluña. Gracias a la mediación del banquero Manuel Ortínez, Suárez entabló una estrecha relación con el presidente en el exilio de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, de 77 años de edad, lo que facilitó un golpe de efecto político. Los resultados de las elecciones del 15 de junio en Cataluña habían hecho que Suárez tomara conciencia del «problema catalán». La UCD había sido desbancada por dos de los partidos llamados «sucursalistas», el PSC y el PSUC, las agrupaciones catalanas de los partidos socialista y comunista. Así, a finales de junio, Tarradellas fue invitado a Madrid e inició arduas negociaciones con el presidente del Gobierno. El rey Juan Carlos desempeñó un papel clave para allanar el camino del acuerdo. A cambio del restablecimiento de la Generalitat, mediante una adaptación del Estatuto de 1932, Tarradellas prometió la lealtad de Cataluña a la monarquía, la aceptación de la unidad de España y el respeto a las fuerzas armadas. El encuentro fue un gesto teatral que restaba importancia a la victoria electoral de los partidos de izquierda catalanes y reafirmaba la tendencia de Suárez a gobernar mediante negociaciones ocultas. El acuerdo con Tarradellas supuso un gran éxito popular, pero se consiguió al precio del rencor de los militares. Tarradellas regresó triunfalmente a Barcelona el 23 de octubre, para pronunciar su mítica frase: «Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí[1688]».

Los progresos con los vascos serían mucho más lentos debido a la cuestión de la amnistía para los presos etarras. A principios de octubre, la oposición presionaba para que se concediera una amnistía no solo a los etarras, sino también a los oficiales del Ejército que habían luchado por la República durante la Guerra Civil e incluso a los terroristas de ultraderecha responsables de la matanza de Atocha. Suárez se reunió con representantes de todos los partidos los días 8 y 9 de octubre, pero les advirtió que se enfrentaba a lo que llamó los «poderes fácticos», es decir, los elementos poderosos que vigilaban al régimen democrático: el Ejército, los bancos y, en menor medida, la Iglesia. Esto explica que de la amnistía aprobada en las Cortes el 14 de octubre quedaran excluidos tanto los oficiales republicanos como los miembros de la Unión Militar Democrática. Sin embargo, esta amnistía, ratificada con el voto casi unánime de las Cortes, parecía simbolizar la reconciliación. Como base del llamado «pacto del olvido», sería uno de los pilares de la transición a la democracia. En la práctica, la ley establecía que los actos de terrorismo en oposición a la dictadura franquista y los crímenes contra los derechos humanos en defensa del régimen no podían ser objeto de procedimientos judiciales. Se basaba en la renuncia colectiva tácita de la gran mayoría del pueblo español a cualquier ajuste de cuentas con el franquismo. Dada la discrepancia numérica entre las relativamente pocas personas involucradas en actos de violencia contra el régimen y las muchas involucradas en su brutal imposición y posterior defensa, supuso un gran sacrificio de las fuerzas democráticas para evitar un nuevo derramamiento de sangre. La ley también fue acompañada por la destrucción sistemática de los archivos del aparato represivo del régimen franquista[1689].

Con todo, el fantasma del resentimiento de los militares se cernía sobre las negociaciones relativas a la autonomía vasca. El gobierno vasco en el exilio era una entidad más sustancial que la simbólica Generalitat representada por Tarradellas. Suárez no contemplaba llegar a un acuerdo con el lendakari vasco, Jesús María de Leizaola, como el que había cerrado con Tarradellas. En cambio, en circunstancias complicadas, el ministro adjunto para las Regiones, el andaluz Manuel Clavero Arévalo, pactó con representantes parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y de las agrupaciones vascas del PSOE y de la UCD la creación del Consejo General Vasco, con el que el Gobierno negociaría las cuestiones de la autonomía. De este modo, los separatistas más radicales quedaban excluidos, por lo que contemplaban el proceso con recelo[1690]. El tema más conflictivo fue la situación de Navarra. Para los nacionalistas vascos, la provincia formaba parte de Euskadi; para el Ejército, la UCD y la derecha en general y la derecha navarra en particular, era la cuna del nacionalismo español. Además, ni el PSOE ni el PCE estaban a favor de la inclusión de Navarra en el País Vasco. En consecuencia, el Estatuto de Autonomía del País Vasco que acabó entrando en vigor el 25 de octubre de 1979 se limitó a las tres provincias indudablemente vascas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Aunque fue un paso hacia la paz en Euskadi, se encontró con la abierta hostilidad tanto del Ejército como de los aberzales[1691].

Para la mayoría de los oficiales del Ejército, cualquier concesión de autonomía era un ataque a la unidad española. Para los aberzales, la UCD volvía inocua la autonomía vasca diluyéndola en un mar de autonomías. De hecho, desde las zonas más inverosímiles de España surgían demandas de autonomía como respuesta tanto a la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos locales bajo el franquismo como a los desequilibrios económicos heredados del régimen. Clavero Arévalo trató de satisfacer las aspiraciones locales sin provocar a los militares, mediante la creación de un sistema de dos niveles. A las tres nacionalidades históricas, Cataluña, Euskadi y Galicia, se les permitió redactar estatutos de autonomía que luego serían sometidos a referéndum local. Otras trece regiones, algunas pequeñas como Cantabria, otras grandes como Andalucía, se regían por normas menos precisas. Ni que decir tiene que el proceso contribuyó a inflamar el descontento de los militares con el régimen democrático.

En otras cuestiones, sin embargo, el otoño y el invierno de 1977 fueron testigos de la cooperación y el sacrificio entre los principales partidos políticos, como simbolizó el acuerdo social firmado a finales de octubre por 31 representantes de prácticamente todos los partidos, que se dio en llamar «los Pactos de la Moncloa». Suárez aprovechó que Santiago Carrillo había aceptado que el país era demasiado débil económicamente y la salud de la recién nacida democracia, demasiado frágil para soportar la polarización derecha-izquierda[1692]. Los Pactos de la Moncloa eran esencialmente un paquete de austeridad, aunque su objetivo era establecer una respuesta común al terrorismo, así como a la inflación, el desempleo y el creciente déficit comercial[1693]. Con una inflación del 29 por ciento, la izquierda aceptó topes salariales del 20-22 por ciento y varias medidas monetarias para restringir el crédito y el gasto público. A cambio, el Gobierno prometió una importante reforma estructural, sobre todo en la agricultura y el sistema fiscal, la reorganización de la policía y la devolución de los edificios, periódicos y fondos de los sindicatos confiscados por los franquistas después de la Guerra Civil. En realidad, el Gobierno cumplió pocas de sus promesas y la clase obrera fue la más afectada por la crisis económica. Durante los tres años siguientes, la inflación descendió al 15 por ciento, aunque siguió siendo casi el doble de la media de la OCDE, y el desempleo se disparó del 7 por ciento a casi el 13 por ciento, debido a las quiebras y cierres de fábricas provocados por las políticas monetarias[1694]. Tras las expectativas de que la democracia resolvería todos los males de España, una austeridad tan dura contribuyó a originar una desilusión tan generalizada que se conoció como «el desencanto».

La redacción de una Constitución era una tarea jurídica minuciosa que, como era inevitable, no logró captar el entusiasmo del fin del franquismo y de la campaña electoral. El pacto constitucional supuso una tregua entre los partidos políticos que facilitó esta labor trascendental. A principios de agosto de 1977, el Comité Constitucional de las Cortes eligió un comité de redacción o ponencia. Lo integraban siete diputados, tres de la UCD y uno de PSOE, Convergència i Unió, el PSUC y Alianza Popular, que ya habían elaborado un borrador a mediados de noviembre y que trabajaron con espíritu de compromiso. A principios de 1978, se presentó un proyecto más refinado a los 36 miembros del Comité Constitucional. A pesar de algunas fricciones sobre temas como el aborto, las autonomías, la enseñanza privada y la pena de muerte, se mantuvo un progreso constante bajo la presidencia de Emilio Attard[1695]. Las deliberaciones concluyeron el 20 de junio. No satisfaría a la ultraderecha ni a los nacionalistas vascos de la época ni a los catalanistas de cuarenta años más tarde, pero la moderación del texto y la garantía de las libertades básicas le aseguraron una acogida popular ampliamente favorable[1696].

La trayectoria de éxito de Suárez tocó a su fin en el transcurso de 1978. El aumento de la delincuencia callejera a consecuencia del paro desbocado fue explotado por la prensa para fomentar el pánico de la clase media ante el colapso de la ley y el orden. La ultraderecha afirmó que los delincuentes eran izquierdistas que habían salido de la cárcel gracias a la amnistía. La izquierda argumentó que la policía estaba tratando de erosionar la democracia permitiendo que los delitos se descontrolaran. Desde luego, existía un contraste notable entre la brutal eficacia de la policía bajo el franquismo y su aparente impotencia en el régimen democrático[1697]. El asunto de la ley y el orden estaba erosionando la credibilidad popular del Gobierno de Suárez, aunque serían el terrorismo de ETA y la respuesta militar a los actos perpetrados por la banda los que acabarían por destruirlo. La convicción general en Euskadi de que Martín Villa aprobaba la brutalidad de la policía y la Guardia Civil impulsó el apoyo a ETA. El 11 de enero de 1978, un policía y dos etarras murieron en un tiroteo en Pamplona. Cuando los periodistas le pidieron su opinión, Martín Villa hizo este desafortunado comentario: «Van dos a uno. A nuestro favor[1698]».

A más corto plazo, el continuo aumento del desempleo y el fracaso del Gobierno en la aplicación de las reformas prometidas por los Pactos de la Moncloa llevaron al PSOE y a la prensa liberal a concluir que la UCD era el títere de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), una organización patronal de derechas. La popularidad de Suárez comenzó a caer en picado[1699].

Muchos oficiales del Ejército lo detestaban, y el paso del tiempo no había reconciliado a las fuerzas armadas con el régimen democrático. Los esfuerzos necesarios de Gutiérrez Mellado para ascender a oficiales progresistas le obligaban a saltarse el rígido sistema de ascensos por estricta antigüedad, lo que ofendía a los tradicionalistas que no eran necesariamente golpistas. El enorme aumento del gasto en defensa, con un incremento salarial del 21 por ciento, apenas sirvió para fomentar la lealtad de los militares. El Gobierno se encontraba atrapado entre la hostilidad de los oficiales veteranos hacia el proceso de descentralización regional y la presión de los vascos para que dicho proceso se acelerara. Las 85 víctimas del terrorismo en 1978 triplicaron la cifra de los dos años anteriores. El ala militar de ETA era la principal, si no la única, responsable. Decidida a crear un Estado vasco independiente que incluyera las cuatro provincias vascas españolas y las tres francesas, la intensificación de la violencia de ETA contra policías y militares provocaba una respuesta brutal de las fuerzas de seguridad que, a su vez, le proporcionaba apoyos. ETA-Militar y la extrema derecha formaban un contrapunto de represión y terror. En la segunda mitad de 1978, la policía y la Guardia Civil escapaban en parte al control del Gobierno. Martín Villa manifestó en las Cortes que se iba a atrever a purgar a la policía, para luego afirmar que solo podía fiarse de veinte oficiales[1700].

Su impotencia ante los actos de brutalidad confirmó la idea muy extendida en el País Vasco de que las fuerzas del orden españolas eran un ejército extranjero de ocupación ante el cual las acciones de ETA constituían una legítima defensa. El Gobierno parecía paralizado ante los asesinatos casi semanales de policías o guardias civiles por parte del grupo. Los actos de terrorismo indiscriminado comenzaron a restar apoyo popular a ETA, aunque no lo suficiente como para ayudar a Suárez. La ola de asesinatos llevó al Gobierno a efectuar varias tentativas de negociación de una tregua. Fueron en vano porque ETA-M quería provocar al Ejército para que ocupara Euskadi y así, confiaba, provocar un levantamiento revolucionario nacional[1701]. La intervención militar era totalmente posible, mientras que una acción revolucionaria popular resultaba muy improbable. La simpatía hacia los etarras se mantuvo en gran medida debido a las actividades de los escuadrones terroristas de ultraderecha y a la indisciplina de la policía. ETA-M no se dejó intimidar e instauró un «impuesto revolucionario» a los empresarios vascos y reiteró sus atentados contra oficiales del Ejército durante el otoño y el invierno de 1978. La prensa ultraderechista empezó a comparar la situación con la que había precedido al alzamiento de 1936 y denunció la nueva Constitución como un ataque a la unidad nacional de inspiración comunista. En un contexto de disminución de la violencia, las Cortes aprobaron la Constitución el 31 de octubre de 1978, con 363 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones[1702].

Aunque las agresiones continuadas favorecían la causa de los ultras, la política de ascensos estratégicos de Gutiérrez Mellado fue mermando gradualmente su fuerza en el Ejército. Algunos creían que tenían que actuar antes de que se consolidara aún más la democracia mediante el referéndum constitucional fijado para el 6 de diciembre. Así, trazaron un plan para secuestrar a Suárez y a su Gobierno el 17 de noviembre como primer paso hacia la imposición de un gabinete de «salvación nacional» que suspendiera las Cortes e intensificara la guerra sucia contra ETA. El proyecto se llamó Operación Galaxia, por la cafetería donde idearon la intentona el teniente coronel Tejero de la Guardia Civil y el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas, de la Policía Nacional. La fecha se eligió porque ese día estaba previsto que el rey y muchos oficiales clave se encontrasen fuera de Madrid, y se esperaba la llegada de un gran número de ultras, muchos de ellos armados, para la conmemoración del aniversario de la muerte de Franco el 20 de noviembre. En este caso, el complot fue descubierto a tiempo. Tejero y Sáenz de Ynestrillas fueron detenidos, pero no se hizo nada para impedir las actividades relacionadas con el golpe proyectado. Muchos oficiales y los servicios de inteligencia estaban enterados de la trama, pero no informaron porque preferían esperar a ver qué pasaba. La aparente impunidad de Tejero alimentó la creencia de que él y sus afines eran inmunes a la investigación. Además, por puro miedo, los políticos de todo el arco parlamentario, incluido el Gobierno, se mostraban cada vez más deferentes con la jerarquía militar[1703].

Los rumores acerca del golpe no disuadieron a ETA-M de intensificar sus atentados contra policías y guardias civiles. Así, el referéndum del texto constitucional se celebró el 6 de diciembre en un clima de tensión. Sin embargo, a pesar de una abstención a escala nacional del 32,3 por ciento, el resultado fue un claro aval popular a la Constitución[1704]. La abstención fue un síntoma del creciente desencanto con la política. El Gobierno se mostró preocupado por los resultados en Euskadi, donde la abstención alcanzó el 51,1 por ciento del electorado y el «no» supuso un 23,54 por ciento de los sufragios. En muchos lugares del País Vasco, los votantes se arriesgaban a que los acusaran de colaboración con el Gobierno central. Sin embargo, el 76,46 por ciento de los votos afirmativos contradecían la pretensión de ETA de que Euskadi había rechazado la Constitución[1705]. Seguía siendo necesario que el Gobierno redactara rápidamente un Estatuto de Autonomía satisfactorio para Euskadi. Para obtener la autoridad parlamentaria indispensable, Suárez convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. La campaña se desarrolló en un ambiente tensionado por las actividades de los golpistas de ultraderecha y por los ataques de ETA a policías, guardias civiles y oficiales del Ejército. La desilusión popular se reflejó en la elevada abstención. Sin embargo, la UCD ganó gracias al apoyo de la jerarquía eclesiástica y a la hábil apelación de Suárez al voto del miedo, explotando la autodefinición del PSOE como partido marxista[1706].

Los ataques de Suárez aceleraron un proceso por el cual el PSOE abandonó el marxismo, consolidó el liderazgo de Felipe González y reconoció que la prioridad inmediata debía ser ganar las elecciones y no la instauración del socialismo. La victoria electoral de Suárez fue seguida de un declive inexorable. La UCD obtuvo malos resultados en las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, mientras que el PSOE y el PCE se hicieron con 27 capitales de provincia, con 10.500.000 habitantes. En contraste, la UCD ganó solo en 23, con un total de apenas 2.500.000 de habitantes. Cuando Suárez presentó su programa de gobierno en las Cortes, su prestigio se vio gravemente dañado al citar Felipe González los discursos franquistas que había pronunciado como secretario general del Movimiento[1707]. El nuevo gabinete carecía de la energía y la imaginación necesarias para resolver los problemas de las autonomías regionales, el terrorismo, el paro y el golpismo, una sensación de incapacidad derivada de la marcha de figuras destacadas como Rodolfo Martín Villa, agotado después de tres años en el Ministerio del Interior. Además, Suárez estaba cada vez más ausente como resultado de un problema dental agudo. El terrorismo, la delincuencia y el golpismo llenaban los periódicos la mayoría de los días. ETA-M estaba cada vez más volcada en la violencia y los ultras eran muy dominantes en el Ejército y, sobre todo, en los servicios de inteligencia y unidades clave como la DAC[1708].

El desencanto con Suárez se intensificó como resultado de su incapacidad para resolver los abrumadores problemas políticos y económicos que acosaban a España. Sus numerosas dificultades se vieron agravadas por la falta de mayoría absoluta en las Cortes de la UCD, cuya frágil unidad se veía constantemente amenazada al empezar a aflorar las diferencias ideológicas entre los diversos grupos componentes de la cínica coalición electoral de 1977[1709]. Los atentados de ETA contra altos mandos militares y las atrocidades cometidas por agentes provocadores como el GRAPO daban pie a llamamientos cada vez más sonoros a un golpe de Estado. En general, la respuesta del Gobierno fue siempre apaciguar a los ultras militares. Las excepciones, que intensificaron la furia de los ultras, fueron los nombramientos del liberal José Gabeiras Montero como jefe del Estado Mayor del Ejército y de Guillermo Quintana Lacaci como capitán general de Madrid[1710]. Las negociaciones del Estatuto de Autonomía del País Vasco dejaron a Suárez atrapado entre las aspiraciones de los aberzales y la hostilidad de los ultras. Al final, se pactó un texto con la mayoría del Partido Nacionalista Vasco, que luego se aprobó en referéndum en Euskadi el 25 de octubre de 1979[1711]. Aunque esto constituía una esperanza de paz, ETA-M se mantuvo activa y con apoyo popular debido a las actividades de los escuadrones terroristas de ultraderecha, en los que a menudo participaban policías y guardias civiles fuera de servicio[1712].

No es de extrañar que los principales generales de derechas como Milans del Bosch y Jesús González del Yerro, capitán general de Canarias, denunciasen abiertamente al régimen democrático como responsable del terrorismo, la inseguridad, la inflación, el paro y la pornografía[1713]. Se había iniciado la planificación de un golpe de Estado en el que participaría la unidad clave con sede en Madrid, la División Acorazada Brunete. La DAC estaba bajo el mando de un ultra, el general Luis Torres Rojas, quien organizó unas maniobras para practicar la toma de los centros neurálgicos de Madrid y el control de las principales vías de acceso[1714]. Torres Rojas participó en los planes de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, la BRIPAC, para tomar el Palacio de la Moncloa con apoyo de helicópteros, mientras los vehículos blindados de la DAC neutralizaban la capital. Los conspiradores no pudieron conseguir suficiente apoyo para su plan y, el 24 de enero de 1980, Torres fue apartado del mando de la DAC y enviado como gobernador militar a La Coruña[1715], con lo cual el Gobierno mantenía su política de halagos al ego de los militares. En el juicio a los conspiradores de la Operación Galaxia, que se celebró a principios de mayo de 1980, Tejero y el recién ascendido comandante Sáenz de Ynestrillas fueron condenados a solo siete y seis meses de arresto, respectivamente. Una vez computado el tiempo que habían permanecido detenidos en espera del juicio, quedaron libres de inmediato. Era difícil imaginar un estímulo mayor para los conspiradores.

Acosado por sus graves problemas dentales, la popularidad de Suárez estaba en declive por el desgaste del terrorismo, la delincuencia callejera, la inflación y el paro. Además, el PSOE le atacaba sin cesar en las Cortes y en la prensa por su inactividad y su aislamiento[1716]. En privado, los socialistas negociaban con el ala socialdemócrata de la UCD, liderada por Fernández Ordóñez. La posibilidad de que los socialdemócratas abandonaran el partido no era más que un síntoma de su descomposición. Los cuatro principales grupos de la UCD —democratacristianos exburócratas del Movimiento asociados con Rodolfo Martín Villa, socialdemócratas y los liberales de Joaquín Garrigues— estaban divididos en lo tocante a una serie de temas sociales, económicos y religiosos. A medida que la popularidad de Suárez declinaba, se plantearon si no tendrían más posibilidades sin él. Fernández Ordoñez estaba reconsiderando su futuro. Los democratacristianos, la familia más coherente de la UCD, querían que el partido fuera más abiertamente conservador y confesional y se oponían al proyecto de ley del divorcio de Suárez[1717]. Las divisiones internas, la impotencia del Gobierno y las campañas mal planeadas contribuyeron a una serie de retrocesos electorales que perjudicaron a la UCD en Andalucía, el País Vasco, Cataluña y Galicia[1718].

El apoyo popular a la UCD se estaba desmoronando y casi la mitad de sus votantes en 1979 declaró que no volvería a votar por el partido. El aumento del desempleo y las restricciones energéticas se sumaron a las tensiones de un sistema acosado por el miedo al terrorismo vasco y a la subversión militar. La sensación general de desgobierno se vio exacerbada por la escasez de comparecencias de Suárez en las Cortes, en conferencias de prensa e incluso en los consejos de ministros. El presidente se encerró en el Palacio de la Moncloa, protegido del mundo político real, e incluso de sus propios compañeros de la UCD, por un círculo íntimo de asesores conocidos como los «fontaneros[1719]». Ya en la primavera de 1980, era imposible ocultar las disensiones internas de la UCD. El nuevo gabinete anunciado el 2 de mayo excluyó a los liberales de Garrigues y a los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, y los democratacristianos se convirtieron en la facción dominante. La UCD sobrevivió a duras penas a una moción de censura del PSOE en un debate televisado en las Cortes entre el 28 y el 30 de mayo, en el que Felipe González brilló como candidato presidencial viable[1720].

Los barones conspiraban para reemplazar a Suárez, quien evitó la amenaza temporalmente dándoles más control sobre la política. Sin embargo, las divisiones internas le hicieron perder a su mayor aliado, Abril Martorell, que dimitió en el verano de 1980[1721]. Ese otoño, el presidente se encontró aislado de su gabinete, de su partido y la prensa, luchando con la hostilidad manifiesta de Felipe González e incapaz de hacer frente al rápido aumento del paro. La determinación de ETA-M de incorporar Navarra a Euskadi constituía una declaración de guerra al Ejército. El golpismo se había mantenido en ebullición constante durante la primavera y el verano de 1980 debido a los intentos de asesinato de generales de alto rango por parte de ETA-M y el GRAPO[1722].

En una última tentativa de recuperar el control de su partido, el 9 de septiembre, Suárez remodeló su gabinete para crear un «Gobierno de los barones», cuya lealtad temporal se aseguró en algunos casos. Sin embargo, el nombramiento de Francisco Fernández Ordoñez como ministro de Justicia, responsable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, le enemistó con los democratacristianos debido al proyecto de ley del divorcio de este último. Además, la pérdida de Abril Martorell, que había sido su escudo parlamentario, expuso a Suárez a ataques más frecuentes en las Cortes. Sin Abril como bombero, según José Oneto, «el incendio llega a las mismas puertas del palacio[1723]». Los encuentros con González, el 1 de octubre, con Carrillo, el 6 de octubre, y con el lendakari vasco Carlos Garaikoetxea, el 12 de octubre, permitieron albergar esperanzas de que Suárez estuviera a punto de lograr un nuevo Pacto de la Moncloa[1724]. Sin embargo, las llamas estaban siendo avivadas por los ataques de ETA y la conspiración militar. La iniciativa de Suárez llegaba demasiado tarde.

La situación pronto comenzó a deteriorarse inexorablemente. Los militares conspiraban casi a cara descubierta. La prensa de derechas especulaba sobre los candidatos militares más adecuados para formar gobierno. El 17 de octubre, 26 de los ultras más destacados de España se reunieron en Madrid para debatir sobre las finanzas y el apoyo civil a un golpe de Estado. Se habló de la «Operación De Gaulle», una velada alusión a las actividades del general Alfonso Armada, antiguo jefe de la casa militar del rey y a la sazón gobernador militar de Lérida, que buscaba apoyo para sustituir de forma no violenta el Gobierno de la UCD por un gabinete de salvación nacional presidido por él mismo. El 22 de octubre, en un almuerzo en casa del alcalde socialista de Lérida, Antoni Siurana, Armada abordó la idea con Enrique Múgica del PSOE y Joan Reventós del PSC. Felipe González fue informado de inmediato y transmitió dicha información a Suárez. El 17 de noviembre, insinuando que actuaba siguiendo instrucciones del rey, Armada habló en términos similares con Milans del Bosch[1725].

Suárez quedó paralizado al intensificarse la hostilidad socialista. El 23 de octubre, 48 niños y tres adultos murieron en una explosión accidental de gas propano en la escuela del pueblo de Ortuella (Vizcaya) y tres militantes vascos de la UCD fueron asesinados por una facción escindida de ETA-M. Suárez respondió con aparente indiferencia. Permaneció frío en el Palacio de la Moncloa, sin hacer declaración alguna en el Parlamento ni sobre la catástrofe ni sobre los atentados terroristas, y no visitó el pueblo afectado ni asistió a los funerales de sus compañeros de partido[1726]. Además, los asesinatos fueron seguidos de más violencia gratuita en el País Vasco. El 31 de octubre, ETA-Político-Militar asesinó a otro militante de la UCD y, el 3 de noviembre, ETA-M mató a cuatro guardias civiles y a un miembro del PNV e hirió a otros seis clientes de un bar de Zarauz. Una vez más, Suárez no asistió a los funerales. De hecho, la violencia del otoño de 1980 acabó provocando una reacción anti-ETA en el propio País Vasco. El 9 de noviembre, una manifestación silenciosa de treinta mil personas de todos los partidos marchó por las calles de San Sebastián, con los dirigentes locales del PSOE, la UCD y el PNV codo con codo. Cada vez eran más numerosos los empresarios que se negaban a pagar el «impuesto revolucionario» que ETA exigía. La conciencia de que el asalto de ETA al régimen democrático español tenía que ser contrarrestado antes de que fuera demasiado tarde llevó a la creación de un Frente por la Paz vasco en el que participaron el PSOE, el PCE, los partidos vascos moderados, la UCD y los carlistas. Sin embargo, este tímido comienzo no sirvió para rebajar la hostilidad de los militares[1727].

Los comentarios de un grupo de oficiales a un informe sobre el golpe militar que había tenido lugar en Turquía el 12 de septiembre hicieron que la prensa hablara de la «tentación turca» y del «síndrome de Ankara[1728]», algo que preocupaba tanto a Manuel Fraga como a Felipe González, que informaron al rey de su disposición a incorporarse a un Gobierno de gestión en circunstancias de extrema gravedad. Lo veían como un sacrificio que podía ser necesario para evitar un golpe de Estado[1729]. A Suárez le preocupaban las especulaciones sobre una amplia coalición encabezada por Armada o por su amigo Alfonso Osorio, quien ya había planteado la idea de un Gobierno fuerte y multipartidista a miembros clave del PSOE, a sus compañeros democratacristianos de la UCD e incluso a Jaime Ballesteros del PCE. Ante los alarmantes rumores sobre un violento golpe de los coroneles y frente a la incapacidad de Suárez para resolver los problemas de ETA y el paro, la coalición liderada por un general comenzó a parecer una opción casi atractiva[1730].

En este contexto, la UCD era un hervidero de intrigas. Suárez estaba siendo atacado por los democratacristianos que también estaban en connivencia con la Alianza Popular de Fraga. El 12 de enero de 1981, Landelino Lavilla, en una entrevista periodística contundente que obtuvo un amplio eco, acusó a Suárez de acumular y abusar del poder de forma arbitraria. Se esperaba un enfrentamiento en el II Congreso de la UCD, que iba a celebrarse en Mallorca el 29 de enero[1731]. Agotado física y psicológicamente después del esfuerzo titánico de los cuatro años y medio anteriores, durante el fin de semana del 24 al 25 de enero de 1981, Suárez decidió dimitir. Sabía que diecisiete generales de la cúpula militar se habían reunido el 23 de enero para comentar una intervención militar en la política y que el rey se había alarmado tanto que había vuelto antes de lo previsto de una cacería. Una victoria en el congreso solo le daría un breve respiro. Con un partido que se desintegraba, Suárez no tenía ganas de encabezar un Gobierno de coalición. Además, las encuestas de opinión le daban solo el 26 por ciento del apoyo popular, frente al 43 por ciento de Felipe González. Tras concluir que no tenía alternativa, planeó anunciar su dimisión en el congreso de la UCD[1732].

Cuando una huelga de controladores aéreos obligó a aplazar el congreso, Suárez comunicó su decisión a su Gobierno, a la dirección del partido y al rey y luego anunció su partida en un mensaje televisado el 29 de enero. La ultraderecha estaba exultante. A Juan Carlos —a quien su antiguo mentor, Armada, entre otros, había informado del sentir antidemocrático del Ejército— le preocupaba, al igual que a Suárez, una intervención de los militares contra el régimen democrático[1733] Por todo Madrid corrían rumores sobre dos posibilidades: una opción blanda —el plan de un Gobierno de coalición presidido por Armada— y otra dura —un golpe de Estado de los coroneles al estilo turco—.[1734].

El ignominioso final de Suárez, el deterioro de su imagen, su incomodidad en las Cortes y su aislamiento tras un muro de fontaneros no deben oscurecer sus logros. A pesar de todos los problemas que había heredado, entre 1977 y 1980 contribuyó sustancialmente a la creación de una democracia constitucional, al fomento de la coexistencia parlamentaria y a la concesión de la autonomía a las nacionalidades y regiones. Cualesquiera que fueran sus defectos, Suárez tenía un lugar de honor asegurado en la historia de la democracia española.

Por otra parte, su marcha no logró detener la desintegración de la UCD. Como los «barones» rivales se neutralizaban mutuamente, su sucesor fue el vicepresidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, cuyos buenos contactos en la banca y su competencia administrativa lo convertían en un candidato de compromiso razonable[1735]. Sin embargo, Calvo Sotelo se enfrentaba a conspiraciones internas y a la voluntad del Ejército de intervenir en política, que se reforzó a raíz de la visita conciliadora del rey Juan Carlos y la reina Sofía al País Vasco del 3 al 5 de febrero de 1981. El viaje se vio gravemente empañado por manifestaciones antiespañolas poco concurridas en el aeropuerto de Vitoria y en la Casa de Juntas de Guernica. El rey manejó con gran dignidad y aplomo las interrupciones y vituperios a su discurso por parte de los miembros de la coalición aberzale Herri Batasuna. Su respuesta tuvo un impacto enormemente favorable en la opinión pública vasca. Sin embargo, los insultos al comandante supremo del Ejército enardecieron a los golpistas[1736].

Dos secuestros de ETA exacerbaron aún más la situación. El del rico industrial Luis Suñer fue un simple acto de extorsión. Un caso muy distinto fue el de José María Ryan, ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz. Tras denunciar la central como símbolo de la explotación española, ETA-M exigió su demolición. La organización terrorista hizo caso omiso de los llamamientos internacionales y las manifestaciones a favor de la liberación de Ryan, al que asesinaron el 6 de febrero. Entre las protestas contra las acciones etarras hubo una huelga general y manifestaciones multitudinarias en Euskadi[1737]. La furia ultraderechista del Ejército en respuesta al asesinato de Ryan, tal como parecía esperar ETA-M, se expresó en un artículo incendiario del general retirado Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, que, con el título «Situación límite», se lamentaba de la impotencia del Estado ante la larga lista de secuestros y asesinatos de la organización. De Santiago citaba la creciente abstención electoral como prueba de que el pueblo había rechazado «el contubernio político» y quería que el Ejército salvara a España[1738].

Desde mediados de diciembre de 1980, El Alcázar venía publicando llamamientos prácticamente abiertos a un golpe de Estado militar con la firma de «Almendros», un indicio de que se estaba tramando algo para la segunda quincena de febrero, cuando normalmente florece el almendro. Además del personal del periódico, el colectivo Almendros incluía a varios oficiales ultraderechistas muy conocidos, incluidos el general De Santiago y el coronel San Martín, ahora jefe del Estado Mayor de la DAC. El grupo contaba con el apoyo de influyentes ultras civiles, entre ellos Girón de Velasco y Juan García Carrés. Anhelaban un golpe más abiertamente franquista que la opción blanda de Armada o el plan «turco» de los coroneles. Sus esperanzas estaban depositadas en Milans del Bosch[1739]. La convicción de los militares en cuanto a la incompetencia del Gobierno no disminuyó tras el Congreso de la UCD, que finalmente tuvo lugar en Palma de Mallorca el 6 de febrero. Suárez, fuera del Ejecutivo, ya no tenía los recursos clientelares, ni quizá la voluntad, como para mantener unida a su heterogénea coalición. Las profundas divisiones saltaban a la vista. Los democratacristianos querían empujar a la UCD hacia una dirección más confesional y reaccionaria, en contra de las ideas más reformistas del aparato del partido. Su frágil unidad no hizo más que avivar las sospechas de los militares sobre la inutilidad del gabinete[1740].

Calvo Sotelo compareció ante las Cortes para el procedimiento formal de investidura el 20 de febrero, en un contexto de rumores ensordecedores de golpe de Estado. La sospechosa muerte del presunto etarra Joseba Iñaki Arregi Izagirre mientras estaba detenido por la policía anuló el sentimiento anti-ETA despertado en el País Vasco por el asesinato de Ryan y desencadenó vehementes manifestaciones antiespañolas. También privó a Calvo Sotelo de los votos del PNV. Este obtuvo la mayoría simple, con 169 votos a favor, 158 en contra y 17 abstenciones, pero no la mayoría absoluta de 176 votos necesaria para confirmarlo como presidente en primera vuelta[1741], por lo que se vio obligado a esperar dos días a una segunda votación, para la que solo se requería la mayoría simple. Dichas votaciones acababan de comenzar el 23 de febrero cuando, a las 18.20 horas, 320 guardias civiles bajo el mando del coronel Tejero irrumpieron en el Congreso y, afirmando que actuaban en nombre del rey, tomaron como rehén a toda la clase política. Tejero llamó por teléfono al cuartel general de Milans del Bosch y confirmó que el objetivo se había cumplido, y un compañero suyo anunció al Congreso que, en breve, llegaría una autoridad militar de alto rango para hacerse cargo de la situación[1742].

Poco después de que Tejero llegara a las Cortes, Milans del Bosch declaró el estado de emergencia en la Comunidad Valenciana, decretó la militarización de todo personal afecto a los servicios públicos, impuso el toque de queda a las nueve en punto y prohibió todas las actividades políticas. Los tanques ocuparon posiciones junto a importantes edificios públicos. Hubo movimientos de tropas en varias partes de España. En Madrid, por ejemplo, los estudios de radiotelevisión de Prado del Rey fueron ocupados brevemente por una unidad de la DAC, que insistió en que la radio emitiera solo marchas militares. La eminencia gris que estaba detrás de todo esto era el general Armada, quien, en su papel de segundo al mando del Estado Mayor, intentaba en apariencia que Tejero liberara a los diputados de las Cortes, cuando, en realidad, estaba llevando a cabo una jugada de alto riesgo, aprovechándose del fanático Tejero para instaurar su propio Gobierno de salvación nacional al estilo de De Gaulle. Para poner fin a la peligrosa situación en las Cortes, Armada haría el «sacrificio patriótico» de formar un Gobierno sin que pareciera que había sido uno de los instigadores del asalto.

El golpe fracasó porque la acción decisiva del rey y sus colaboradores íntimos puso al descubierto las ambigüedades y los preparativos inadecuados de los conspiradores. Los tres complots principales que hirvieron a fuego lento a lo largo de 1980 se habían conjugado de manera precipitada. Milans y los coroneles de la DAC planeaban un golpe al estilo turco, con una brutal purga de la izquierda, una «guerra sucia» contra ETA y un retorno al centralismo rígido. Sus esperanzas de lograr la aprobación real les llevaron a conectar con Armada, que quería usar la amenaza de los coroneles para chantajear a la clase política y que esta apoyara su plan de un Gobierno multipartidista de salvación nacional. El convencimiento tanto de Tejero como de Milans de que contaban con la aprobación del rey solo podía venir de Armada[1743].

La tentativa fue desmantelada por un triunvirato formado por el propio rey, el secretario general de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campo, y el flamante director general de Seguridad, Francisco Laína García. Contaban con el apoyo del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general José Gabeiras Montero; el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci; el inspector general de la Policía, el general José Sáenz de Santamaría, y el director general de la Guardia Civil, el general José Luis Aramburu Topete. Se formó un Gobierno provisional compuesto por los subsecretarios de cada ministerio, bajo la dirección de Laína en el Ministerio del Interior. Juan Carlos y sus ayudantes libraron una batalla telefónica para asegurar la lealtad de los capitanes generales del resto de regiones militares. La mayoría simpatizaba con Milans y solo el rey se interponía entre la democracia española y su destrucción. La tarea del equipo real en la Zarzuela se vio obstaculizada por el complejo juego de Armada.

Resultó que Armada era, de hecho, la «autoridad competente, militar, por supuesto» que Tejero había estado esperando. Entró en las Cortes a las 00.30 de la madrugada del 24 de febrero y habló con Tejero durante aproximadamente tres cuartos de hora. Quería proponer su Gobierno de salvación nacional a los diputados secuestrados, que a su vez debían proponer esta «solución constitucional» al rey. Tejero deseaba que una junta al estilo Pinochet aplastara a la izquierda y revocara las autonomías regionales, por lo que rechazó airadamente la idea de un Gobierno de coalición con Felipe González como vicepresidente e incluso un comunista, Jordi Solé Tura, como ministro de Trabajo, lo que sugiere que Tejero no estaba al tanto de las intenciones de Armada. En cualquier caso, el golpe comenzó a flaquear cuando Juan Carlos apareció en televisión a la 1.15 de la madrugada del 24 de febrero y anunció que la Corona se oponía a cualquier intento de derrocar por la fuerza la Constitución ratificada democráticamente. Cuando el rey informó a Milans que se oponía al golpe, que no abdicaría ni abandonaría España y que, para tener éxito, los rebeldes tendrían que matarlo, Milans retiró sus tropas de las calles. Eran las cuatro de la madrugada[1744]. Cansado y frustrado, Tejero finalmente negoció su rendición con Armada, quien fue arrestado unos días después[1745].

Los acontecimientos del 23 de febrero han generado una gran cantidad de especulaciones y polémicas. El tema más importante ha sido el papel de Juan Carlos. Son muchos, entre los que me incluyo, los que consideran que arriesgó su prestigio y su seguridad personal para salvar la democracia[1746]. Otros lo han acusado de complicidad en un golpe de Estado que estaba preparando el CESID para asustar a la clase política, de modo que aceptase un Gobierno de coalición bajo la presidencia de Armada. El rey, desde luego, era conocedor tanto del descontento de los militares debido a la cuestión vasca como del desencanto público con la situación económica y con la aparente incapacidad de la UCD para hacer frente a los problemas de la nación. También es probable que tuviera alguna idea de lo que preparaban Armada y Milans y que su silencio al respecto animara a los golpistas. Sin embargo, aunque todo esto sea cierto, no constituye una complicidad activa. El objetivo de un Gobierno de coalición presidido por Armada podría haberse logrado legalmente cuando Suárez dimitió. Al fin y al cabo, los ministros propuestos en la lista que Armada le enseñó a Tejero en las Cortes ya habían expresado su voluntad de colaborar. Siendo así, es difícil ver cómo un golpe militar, con todas las consecuencias negativas para la posición internacional de España, podría haber beneficiado a Juan Carlos[1747].

La investidura de Calvo Sotelo fue aprobada en la votación siguiente por 186 votos a favor y 158 en contra. El 27 de febrero, tres millones de personas se manifestaron a favor de la democracia en Madrid y otras ciudades, aunque no en el País Vasco. La derrota del llamado «Tejerazo» o «23-F» no resolvió los problemas del régimen democrático, pero sí le brindó una segunda oportunidad. Cuando Juan Carlos recibió a los principales líderes políticos en la noche del 24 de febrero, señaló que no debería haber sido necesario que arriesgara su prestigio y su seguridad. La tibia reacción de la clase política española en general, y de la UCD en particular, ante el golpismo había fallado. Después de los logros del periodo 1976-1979, los diversos gobiernos de Suárez habían sido incapaces de hacer frente a la inflación, el desempleo, el terrorismo y la subversión militar.

El primer gabinete de Calvo Sotelo repartió el poder equitativamente entre las distintas familias de la UCD. Sin embargo, la hostilidad de los democratacristianos a la legalización del divorcio propuesta por Fernández Ordóñez provocó divisiones profundas y, en última instancia, fatales. A corto plazo, la prioridad principal debía ser la eliminación del golpismo, una tarea encomendada al nuevo ministro de Defensa, Alberto Oliart Saussol. Tras los acontecimientos del 23 de febrero, el rey advirtió a los dirigentes de los grupos parlamentarios de que una respuesta dura podría provocar una nueva reacción militar. Sin embargo, Oliart se mostró tan conciliador que generó la sospecha de que Armada había logrado que las autoridades militares se convirtieran en una especie de Gobierno en la sombra[1748].

De hecho, el golpe tuvo algunos resultados positivos imprevistos. El pueblo español comenzó a apreciar más sus instituciones democráticas. Calvo Sotelo era más accesible que Suárez y comparecía con más frecuencia en las Cortes y ante la prensa. También consultaba regularmente con los líderes de los demás partidos y con la cúpula militar. González, Fraga y Carrillo correspondieron apoyando al Gobierno en las Cortes. ETA-PM anunció un alto el fuego indefinido. La revelación de la disposición de Tejero, Milans y otros a recurrir al derramamiento de sangre, junto con la magnitud de los enormes problemas económicos de España, pusieron fin a las eufóricas expectativas de 1977-1979. La democracia era ahora algo que había que tomarse muy en serio. Sin embargo, la capacidad de Calvo Sotelo para aprovechar el nuevo espíritu de cooperación nacional se vio fatalmente perjudicada por las divisiones en la UCD y el carácter poco ilusionante de sus propuestas políticas: entrada en la OTAN, recorte del gasto público, más inversión privada, moderación salarial, una renovada campaña antiterrorista y una ralentización del progreso hacia la autonomía regional que quedó consagrada en la tristemente famosa Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) del 29 de septiembre de 1981, que concedía a los militares una de sus principales exigencias[1749].

El Gobierno solicitó la adhesión a la OTAN con la esperanza de que la integración en el sistema de defensa occidental distrajera a las fuerzas armadas de su obsesión por la política interna. El PSOE se opuso a la entrada y muchos oficiales que veían con satisfacción el acceso al armamento moderno de la OTAN estaban descontentos con lo que consideraban la humillante disposición de la UCD a adherirse, sin obtener el debido reconocimiento a lo que España aportaría a dicha organización internacional[1750]. Sin embargo, la sensación de que la democracia estaba bajo tutela militar se intensificó cuando muchos de los participantes secundarios del 23-F quedaron en libertad a lo largo de marzo y abril, mientras los conspiradores más destacados se alojaban en condiciones de extrema comodidad y El Alcázar justificaba abiertamente el golpe[1751] El miedo a la subversión militar se veía alimentado por los constantes atentados terroristas de ETA-M y las provocaciones del GRAPO[1752]..

La inquietud de la población se disparó por culpa de numerosos incidentes, entre ellos el secuestro del Banco Central de Barcelona por parte de hombres armados (se rumoreó que eran guardias civiles) que exigieron la puesta en libertad de Tejero y otros implicados en el golpe del 23-F. El banco fue finalmente liberado por los GEO (Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional[1753]). Se expresó la preocupación por el hecho de que solo treinta de los casi trescientos oficiales involucrados en la intentona fueran a ser juzgados. Además, los rumores de presunta complicidad del rey y de algunos políticos en el episodio comenzaron a socavar la fe en el monarca y en la clase política. Luego, el 21 de junio, dos coroneles fueron arrestados por intentar organizar otro golpe de Estado[1754]. Un nuevo mazazo para el Gobierno fue un escándalo relacionado con la salud pública. Desde principios de mayo, 48 personas, entre ellas varios niños, habían muerto a causa de una misteriosa enfermedad diagnosticada como «neumonía atípica». Más de ocho mil más estaban hospitalizadas y padecían síntomas terriblemente dolorosos. La causa de la epidemia era el aceite de colza desnaturalizado, que había sido adulterado con aceite industrial y varios productos químicos para que pareciese aceite de oliva y pudiesen venderlo en puestos callejeros. El Ministerio de Agricultura había hecho caso omiso de las advertencias sobre el aceite de cocina ilegal. Las limitadas leyes españolas de protección al consumidor y la inacción del Ministerio de Sanidad desataron la hostilidad pública contra el Gobierno[1755].

Además, salieron a la luz detalles alarmantes sobre el intento de golpe desarticulado en junio. Pretendía organizarse una campaña de atentados con bomba que debía culminar con la sangrienta interrupción de un gran mitin catalanista programado para el 23 de junio en Barcelona, en el estadio de fútbol del Camp Nou. Simultáneamente, el rey sería capturado y forzado a abdicar. Se constituiría una junta militar y se habían confeccionado listas negras de demócratas a los que había que liquidar[1756]. Los problemas de Calvo Sotelo iban en aumento a medida que la unidad de la UCD después del Tejerazo comenzaba a fragmentarse. En noviembre, mientras los democratacristianos avanzaban hacia un acuerdo con la Alianza Popular de Fraga, los socialdemócratas de Fernández Ordóñez abandonaban la UCD para incorporarse al PSOE[1757]. El declive de la UCD se puso de manifiesto en las elecciones regionales celebradas en Galicia el 20 de octubre, cuando sufrió una hemorragia masiva de votos. El PSOE avanzaba a pasos agigantados, con Felipe González en cabeza de las encuestas de opinión como el líder más popular de España[1758].

El papel del PSOE como oposición responsable se vio reforzado por su denuncia del inepto manejo por parte del Gobierno del escándalo del aceite de colza, cuyo número de víctimas mortales superó las 130. La campaña de los socialistas contra la OTAN también aumentó su popularidad. Además, el PSOE no tenía rivales por la izquierda, porque el Partido Comunista de Carrillo estaba inmerso en luchas intestinas[1759]. A lo largo del mes de noviembre, la UCD empezó su agonía[1760]. Mientras el partido se desmoronaba, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, mostraba una adulación sonrojante hacia los militares ultras. Durante los preparativos para el juicio de los implicados en el golpe de febrero, los arrebatos contra el rey quedaron impunes. Los mandos de dudosa lealtad fueron ascendidos y Milans del Bosch recibió una medalla por Sufrimientos por la Patria. Los firmantes de los artículos del colectivo Almendros impulsaron un manifiesto, denunciando la Constitución, que se creía que estaba vinculado a un intento de resucitar la conspiración de los coroneles o forzar el nombramiento de un Gobierno de coalición bajo la presidencia del general González del Yerro, parecido al que había propuesto Armada[1761].

Los renovados rumores de golpe coincidieron a principios de 1982 con una campaña de extorsión masiva lanzada por ETA-M que generó una oleada de indignación en el País Vasco. Y, mientras tanto, la UCD continuaba su proceso de desintegración con deserciones cada vez más frecuentes[1762]. Irónicamente, la constante amenaza golpista y el terrorismo de ETA empezaron a cambiar el estado de ánimo de la población. La confianza en el rey y en las instituciones democráticas de España se consolidó, a pesar de los golpistas, durante el juicio a militares involucrados que comenzó el 19 de febrero de 1982 y que dominó los medios de comunicación durante los tres meses y medio posteriores[1763]. Los acusados se revelaron como matones maleducados, cuya arrogancia y nulidad moral resultaban sonrojantes. A pesar de los esfuerzos de El Alcázar por presentar el proceso como un juicio a todo el Ejército, muchos oficiales estaban asqueados por el intento de los acusados de trasladar la culpa del 23-F al rey[1764]. Como concesión a la susceptibilidad de los militares, fueron juzgados por un consejo de guerra y no por un tribunal civil. Aunque no era esa la intención, esto impidió que pudiera afirmarse que el estamento militar estaba siendo juzgado por la sociedad civil. Tras el juicio, las declaraciones antidemocráticas que antes habían suscitado una aprobación tácita, cuando no una admiración manifiesta, era más probable que merecieran severas reprimendas de las autoridades militares. El cambio de actitud fue también fruto de la política de ascensos iniciada por el general Gutiérrez Mellado.

La posición de Calvo Sotelo se deterioraba día a día. La campaña de extorsión de ETA-M y las tremendas molestias que ocasionó la destrucción de la central de teléfonos de Madrid a raíz de uno de sus atentados aumentaron la sensación de incapacidad del Gobierno. Las encuestas de opinión mostraban que el PSOE podía ganar fácilmente las próximas elecciones generales. En los comicios del Parlamento andaluz del 23 de mayo, el PSOE obtuvo el 52 por ciento de los votos y 66 escaños. Alianza Popular quedó en segundo lugar, con 17 escaños, y la UCD en tercera posición, con solo 15[1765]. Desgarrada por las recriminaciones mutuas de sus dirigentes, la UCD agonizaba. Los bancos trataban al partido con una frialdad cada vez mayor e inyectaban dinero a Alianza Popular, que captaba militantes al vertiginoso ritmo de mil afiliados nuevos por semana. La posición de Calvo Sotelo no se vio favorecida por la publicación el 3 de junio de las sentencias relativamente leves a los conspiradores del 23-F. Aunque Tejero y Milans del Bosch recibieron la pena máxima posible, treinta años, Armada fue condenado a solo seis. Veintidós de los treinta y dos acusados fueron sentenciados a tres años o menos, lo que les permitió reingresar en el Ejército tras el cumplimiento de las penas. Después de recurrir al Tribunal Supremo, las condenas se incrementarían sustancialmente, sobre todo en el caso de Armada. Sin embargo, en su momento, una clase política aturdida percibió las sentencias como prueba de que nada había cambiado[1766].

El lúgubre Calvo Sotelo parecía tan aislado como Suárez en enero de 1981. Durante el verano de 1982, su popularidad cayó en picado al tiempo que la de Fraga y González se disparaba. Al no pretender forzar elecciones anticipadas e insistir en que la misión del PSOE era asegurar la supervivencia del régimen democrático, Felipe González construyó una imagen de moderación y fortaleza que le hizo ganar credibilidad. Se sabía que estaba discutiendo una posible coalición de centro-izquierda con Suárez, quien anunció su salida de la UCD el 28 de junio. Calvo Sotelo comunicó el 30 de julio que no sería el candidato presidencial de la UCD en las siguientes elecciones[1767]. Por el contrario, Felipe González tenía un aire cada vez más presidenciable. La autodestrucción de la UCD rivalizaba con la del PCE. Las disputas internas entre los comunistas habían llegado a tal punto que Carrillo consiguió aferrarse al poder mediante el peligroso gesto de una dimisión efímera el 7 de junio[1768].

El caos de la UCD alcanzó su punto más dramático a finales de julio de 1982, cuando comenzó a dividirse en sus componentes. Los democratacristianos más conservadores formaron el Partido Demócrata Popular y anunciaron una coalición electoral con Fraga. Suárez creó una nueva formación política, el Centro Democrático y Social, y anunció que, después de las elecciones, apoyaría un gobierno socialista[1769]. La UCD se presentó muy disminuida a los comicios, para los cuales las encuestas predecían una amplia victoria socialista, así como un buen resultado de Alianza Popular[1770]. El programa del PSOE era moderado, con la promesa de crear ochocientos mil nuevos puestos de trabajo a través de la inversión estatal respaldada por un acuerdo con la empresa privada[1771]. Tras la autodestrucción del centro, el único rival con cierta entidad para el PSOE era la Alianza Popular de Fraga, con un programa conservador tradicionalista de orden público, economía de libre mercado y defensa de la familia y la unidad nacional.

El 3 de octubre de ese año se conoció la noticia de un proyecto de golpe de Estado previsto para la víspera de las elecciones del 28 de octubre. Descubierto por los servicios de inteligencia militar, era una versión cuidadosamente preparada del golpe de los coroneles inspirado por Milans del Bosch. Los palacios de la Zarzuela y la Moncloa, la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), varios ministerios, edificios públicos clave, estaciones de tren, aeropuertos, emisoras de radio y televisión y oficinas de periódicos debían ser ocupados y la élite política «neutralizada» en sus hogares. El rey sería depuesto, por haber traicionado su juramento de lealtad al Movimiento[1772]. Las elecciones se celebraron bajo la amenaza constante de la intervención militar, pero el voto del pueblo supuso un rechazo masivo a los golpistas y su afirmación de que estaban haciendo lo mejor para España. Los socialistas obtuvieron 10.127.092 votos, el 47,26 por ciento de los sufragios emitidos, y 202 escaños. Alianza Popular quedó en segundo lugar con 5.548.335 votos, el 25,89 por ciento, y 107 diputados. La UCD quedó por detrás de la coalición autonómica catalana Convergència i Unió, con 1.323.339 votos, un 6,17 por ciento y 11 diputados. Calvo Sotelo no consiguió escaño. Y, aunque Carrillo fue elegido, el PCE cayó de casi el 11 por ciento al 3,6 por ciento y perdió tres cuartas partes de sus diputados[1773].

La contundencia de la victoria del PSOE puso fin a la pretensión de que el Ejército podía interpretar mejor la voluntad nacional que los políticos electos. Sin embargo, las tareas que le aguardaban a Felipe González eran colosales. Los problemas relacionados con el terrorismo de ETA y la subversión militar requerían habilidad y autoridad. Gracias a sus buenas relaciones con las fuerzas moderadas vascas, el PSOE tenía quizá más posibilidades de éxito contra ETA que la UCD. El astuto y discreto Narcís Serra, como ministro de Defensa, inauguraría un programa de modernización, redespliegue y profesionalización militar que finalmente erradicaría la mentalidad golpista tercermundista de las fuerzas armadas. La reconversión de la industria española, con sus sectores obsoletos, su alta dependencia energética, sus desequilibrios regionales y sus deficiencias tecnológicas, exigía visión y sacrificio. Lo mismo puede decirse de la reforma agraria. Nadie esperaba triunfos a corto plazo. Sin embargo, el hecho de que el PSOE estuviera preparado para hacer frente a las tareas que la UCD había eludido le hizo acreedor de una notable tolerancia de la opinión pública hacia medidas inmediatas como la devaluación de la peseta, el aumento de los impuestos y la subida de los precios de los carburantes. Los socialistas habían sido elegidos por un electorado serio que había sufrido las agonías del terrorismo y el golpismo.

El camino desde 1969 había sido accidentado. Sin embargo, a pesar del contexto hostil legado por Franco, se habían creado un marco constitucional y unas estructuras de autonomía regional con espíritu de abnegación y cooperación. A pesar de los enormes obstáculos del golpismo y el terrorismo ultranacionalista, las elecciones del 28 de octubre de 1982 fueron un triunfo de la voluntad popular. La transición había terminado. La clase política podría empezar ahora a enfrentarse a problemas sociales y económicos a largo plazo, así como a las divisiones relacionadas con el legado de la Guerra Civil, las hostilidades entre el nacionalismo español y los periféricos y la lacra permanente de la corrupción.

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La España contemporánea: consolidación y crisis de la democracia española (1982-2014)

Conmemoración en el Congreso de los Diputados del cuarenta aniversario de la Constitución, con la presencia de los cuatro últimos expresidentes: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, 6 de diciembre de 2018.
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La entrada de España en la OTAN, en junio de 1982, supuso un gran avance en cuanto al apoyo exterior a la democracia española. Fue un paso clave para la posterior adhesión a la CEE y, de hecho, para apartar a los militares de su obsesión por la política nacional. Inicialmente, el PSOE se había opuesto a la integración en la OTAN pero, una vez en el poder, Felipe González no retiró a España de la Alianza Atlántica, aunque sí detuvo el proceso de incorporación a la estructura militar integrada. A lo largo del año posterior a la tentativa de golpe de Estado, el rey fue el más firme defensor de la disciplina militar, al igual que un entusiasta de la entrada de España en la CEE[1774]. La época del apaciguamiento de los militares por parte de la UCD, en la que el rey, como él mismo comentaba con amargura, había tenido que actuar a menudo como «bombero», finalizó con las elecciones del 28 de octubre de 1982 y la amplísima mayoría obtenida por los socialistas. En total, Felipe González ganaría cuatro elecciones generales, en 1982, 1986, 1989 y 1993, las tres primeras por mayoría absoluta.

La contundencia de esa primera victoria del PSOE puso fin a la pretensión de que el Ejército podía interpretar mejor la voluntad nacional que los políticos electos. Sin embargo, las tareas que aguardaban a Felipe González eran colosales. Solo habían transcurrido seis años desde la legalización del PSOE y tres desde que este abandonara el marxismo. Los problemas relacionados con el terrorismo de ETA y la subversión militar requerían habilidad y autoridad. Gracias a sus buenas relaciones con las fuerzas moderadas vascas, el PSOE tenía quizá más posibilidades de éxito contra ETA que la UCD. El astuto y discreto Narcís Serra, como ministro de Defensa, inauguraría un programa de modernización, redespliegue y profesionalización militar que finalmente erradicaría la mentalidad golpista tercermundista de las fuerzas armadas. La reconversión de la industria española, con sus sectores obsoletos, su alta dependencia energética, sus desequilibrios regionales y sus deficiencias tecnológicas, exigía visión y sacrificio. Lo mismo puede decirse de la reforma agraria. Nadie esperaba triunfos a corto plazo. Sin embargo, el hecho de que el PSOE estuviera preparado para hacer frente a las tareas que la UCD había eludido le hizo acreedor de una notable tolerancia de la opinión pública hacia medidas inmediatas como la devaluación de la peseta, el aumento de los impuestos y la subida de los precios de los carburantes. Los socialistas habían sido elegidos por un electorado serio que había sufrido las agonías del terrorismo y el golpismo.

El Gobierno socialista heredó un aparato del Estado y una economía que necesitaban reformas urgentes. González había llegado al poder abandonando las aspiraciones de una transformación socialista en favor del pragmatismo o, como se dijo en su momento, de «reconciliación con la realidad[1775]». Tanto él como Alfonso Guerra estaban convencidos de que para que la democracia pudiera sobrevivir era necesario introducir políticas de austeridad e incluso tolerar la supervivencia de algunos elementos del franquismo. Por eso no hubo investigaciones judiciales ni sanciones del golpe militar ilegal de 1936 ni de las atrocidades de la represión franquista. Los altos mandos del Ejército y de las fuerzas de seguridad continuaron siendo mayoritariamente franquistas. Así se perpetuaron los problemas relacionados con el terrorismo de ETA y el golpismo. De hecho, el pragmatismo de los socialistas les llevó a seguir la política de sus predecesores y a consentir el terrorismo de Estado contra ETA, una guerra sucia que acabaría siendo uno de los factores que propició su caída.

La consolidación de la democracia en España tras las elecciones de 1982 traería consigo una larga lista de éxitos, sobre todo por lo que se refiere al control de la amenaza golpista y las reformas económicas. Gracias al tacto y la autoridad de Serra, que había sido alcalde de Barcelona, la modernización y la profesionalización fueron erradicando lentamente el golpismo de las fuerzas armadas. Otra prioridad fue la reconversión industrial de España. Las tasas de paro (16 por ciento) y de inflación (14 por ciento) eran inadmisibles. La política conservadora del ministro de Hacienda, Miguel Boyer, provocó que la peseta se devaluara un 8 por ciento, que la política monetaria se endureciera y que los sindicatos se vieran obligados a practicar la moderación salarial. La mayor parte de la industria pesada española —que en buena medida pertenecía al enorme conglomerado estatal autárquico de Franco, el Instituto Nacional de Industria— no era competitiva. El proceso de reconversión industrial eliminó el peso muerto del INI mediante la privatización de algunas empresas públicas y el cierre de otras. La también conservadora política del ministro de Industria, Carlos Solchaga, logró la venta de algunas divisiones deficitarias, incluida la empresa automovilística SEAT a Volkswagen. El dramático proceso de desindustrialización desembocó en el cierre de Altos Hornos y de varias acerías del País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Valencia, lo que provocó la pérdida de medio millón de puestos de trabajo, con los consiguientes costes sociales. El fin del paternalismo heredado del Movimiento para flexibilizar el mercado laboral ocasionó que en tres años el paro aumentara hasta el 21,5 por ciento y que la inflación bajara hasta el 8,8 por ciento. Cuando los socialistas abandonaron el Gobierno en 1996, la inflación rondaba el 2 por ciento, pero el paro seguía por encima del 20 por ciento[1776].

Sin embargo, durante los tres primeros años del Gobierno socialista, aumentaron las exportaciones y la inversión extranjera. Las tasas de crecimiento del PIB entre 1986 y 1990 se situaron en torno al 5 por ciento, muy por encima de las registradas por los miembros de la Comunidad Económica Europea. En 1988, el entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, presumía de que «España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de Europa y quizá del mundo». Quizá sin darse cuenta apoyaba con sus palabras la proliferación de la búsqueda del beneficio a corto plazo, a menudo mediante prácticas corruptas relacionadas con la especulación, algo que más tarde se denominaría «la cultura del pelotazo[1777]». El éxito económico se consolidó con la adhesión de España a la CEE en enero de 1986. Dado que ese éxito se había visto facilitado por su pertenencia a la OTAN, era preciso resolver el problema de la oposición del PSOE a la Alianza Atlántica, por lo que, en cumplimiento de la promesa hecha en la campaña electoral de 1982, el 12 de marzo de 1986 se celebró un referéndum. No sin fricciones internas, el PSOE hizo campaña a favor del «sí» con el lema «OTAN en el interés de España». Con una participación del 59,4 por ciento, el voto a favor de la permanencia en la OTAN ganó con un 53 por ciento frente al 40,3 en contra. El mayor porcentaje de votos negativos, el 67,55 por ciento, se registró en el País Vasco. Felipe González aprovechó la ocasión para adelantar al 22 de junio las elecciones previstas para finales de noviembre. Con 184 escaños, dieciocho menos que en 1982, el PSOE retuvo una holgada mayoría absoluta[1778].

Además de aumentar el comercio exterior y la inversión, la pertenencia a la CEE trajo consigo otros beneficios. La creación del Fondo de Cohesión de la CEE en diciembre de 1992, destinado a situar las economías de los países más pobres a la escala media de la CEE, y la afluencia de fondos estructurales supusieron una transformación de las infraestructuras de transporte españolas en lo que se refiere a las redes de carreteras y los aeropuertos, así como la introducción de un sistema ferroviario de alta velocidad. Sin embargo, también facilitaron la corrupción. El éxito económico fue a menos a partir de 1993, con la aplicación de medidas de austeridad tras una leve recesión. Además, España padecía unos niveles de corrupción que afectaban a la práctica totalidad de las instituciones del país, desde la monarquía hasta los principales partidos políticos, pasando por la banca, la patronal, los sindicatos y las administraciones locales. Con los socialistas, el gasto público casi se duplicó, en parte debido a un aumento del 40 por ciento en el empleo en el sector público. Alrededor del 70 por ciento de los miembros del PSOE y sus simpatizantes fueron recompensados con algunos de los quinientos mil puestos de trabajo creados entre 1982 y 1994. Esta práctica fomentó y consolidó la idea de que podían obtenerse beneficios particulares del funcionariado[1779]. El gasto también creció entre 1982 y 1996 como resultado del fructífero esfuerzo por mejorar la exigua cobertura social del Estado franquista, sobre todo en los ámbitos de la asistencia sanitaria, las pensiones y la educación[1780].

Por desgracia, los éxitos de los socialistas se vieron empañados por dos grandes problemas: el terrorismo y la corrupción. La UCD, primero, y los socialistas, después, recurrieron a unas fuerzas de seguridad sin reformar, en particular la Guardia Civil, que no redujeron los hostilidades de ETA contra el Estado. En respuesta a los asesinatos terroristas, la UCD había tolerado las acciones a ambos lados de la frontera francoespañola de escuadrones de la muerte de ultraderecha relacionados con los servicios de seguridad. Dichos escuadrones, que integraban ultraderechistas franceses, italianos y argentinos, así como asesinos a sueldo, utilizaron distintas denominaciones, de las que la más habitual era «Batallón Vasco Español». El ministro socialista del Interior, José Barrionuevo, y su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, contrataron a agentes de la policía secreta franquista. Entre octubre de 1983 y julio de 1987, financiaron con fondos reservados del Gobierno a estas bandas, que ahora operaban con el nombre de Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Los asesinatos de veintisiete etarras en el País Vasco francés pretendían obligar a las autoridades francesas a poner fin al santuario de ETA en la zona. El 4 de diciembre de 1983, el GAL secuestró por error a Segundo Marey, un ciudadano francés inocente sin relación alguna con ETA. Finalmente se supo que la operación contaba con la complicidad de Vera y Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya, y había sido dirigida por un subcomisario de la policía franquista, José Amedo Fouce. Después de una investigación exhaustiva del juez de instrucción Baltasar Garzón sobre la financiación del GAL y sus actividades, incluido el secuestro de Marey, Barrionuevo, Vera, Sancristóbal y Amedo acabarían en la cárcel. El escándalo político que rodeó al GAL y la complicidad del Gobierno reforzaron la hostilidad hacia Madrid en el País Vasco y causaron un daño inmenso a Felipe González, quien siempre rechazó las insinuaciones de que él había sido el «Señor X», la figura de quien Garzón sospechaba, aunque sin darle nombre, que era el más alto mando que había autorizado las actividades del GAL. El célebre comentario de González de que «el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas» no contribuyó precisamente a acallar estos rumores[1781].

Uno de los primeros casos de corrupción socialista se produjo cuando, para aliviar el subempleo en el campo, se incrementaron las ayudas y se crearon los subsidios del Plan de Empleo Rural (PER), que fomentó el fraude como ilustra el típico caso denunciado en Pinos Puente (Granada). El alcalde de esta localidad entre 1987 y 1991, Juan Ferrándiz, abrió una cuenta en un banco local; quien le hiciera un ingreso de 300 pesetas recibía a cambio la certificación de haber trabajado los 60 días necesarios para tener derecho al subsidio de desempleo de 28.000 pesetas previsto por el PER. Entre 1988 y 1990, el Ayuntamiento certificó que 4.000 residentes locales habían trabajado 200.000 días a un coste para el Instituto Nacional de Empleo de 990 millones de pesetas. En junio de 1996, Ferrándiz fue condenado a dieciocho meses de cárcel y a una multa de 100.000 pesetas. Hubo otros casos similares[1782].

En Andalucía, donde los socialistas gobernaron ininterrumpidamente hasta 2018, hubo muchos escándalos, pero todos ellos palidecen en comparación con el asunto de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, en el que se estafaron cerca de mil millones de euros entre 2000 y 2012 de fondos supuestamente destinados a ayudar a las personas que se enfrentaban al despido o a la jubilación anticipada. En un caso especialmente conocido, el importe de la jubilación que había que pagar a un hombre se calculó partiendo del supuesto de que había trabajado para la misma empresa desde el día de su nacimiento. Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, era el cerebro de la trama. Sus generosas subvenciones incluían 1,3 millones de euros para su chófer y 430.000 euros para su suegra. Sin embargo, otras 266 personas, entre ellas dos expresidentes de la Junta, numerosos altos cargos políticos y gestores del gobierno regional, fueron acusados de malversación de fondos públicos[1783].

Uno de los mayores escándalos de corrupción se descubrió en 1985. Su protagonista fue el financiero catalán Javier de la Rosa Martí, un hombre aficionado a los yates, los aviones privados y los coches de lujo que pertenecía a una dinastía de estafadores. Su padre, Antonio, se escondió en Sudamérica después de que se descubriera que, entre 1975 y 1979, había malversado 1.200 millones de pesetas mediante la compra ficticia de terrenos inexistentes para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, del que era secretario. Esta entidad, con financiación del Ayuntamiento y del Gobierno central, se embarcó en la construcción de un gran centro logístico e industrial a medio camino entre la Zona Franca de Barcelona y el aeropuerto. El dinero robado se gastó, entre otras cosas, en prostitutas y en la compra de una flotilla de coches de lujo. El hijo de Javier se vería involucrado en las presuntas prácticas corruptas de Jordi Pujol, que presidió la Generalitat de Cataluña de 1980 a 2003[1784].

En 1974, tras un meteórico ascenso en el mundo de las finanzas, Javier de la Rosa había conseguido el puesto de director de la Banca Garriga Nogués, una entidad de inversión, filial del Banco Español de Crédito (Banesto). Su gestión fue ruinosa, sobre todo a causa de una inversión en Quash-Tierras de Almería, una empresa agroindustrial de carácter especulativo. En 1988, una investigación de Banesto sobre la Banca Garriga Nogués descubrió que esta presentaba un agujero de 98.500 millones de pesetas, dieciséis veces mayor que el capital nominal del banco[1785]. Tras la quiebra de la entidad, el nuevo jefe de Banesto, Mario Conde, archivó las investigaciones, al parecer después de que De la Rosa amenazara con hacer público un dosier que contenía pruebas de los turbios manejos de Conde[1786]. Por aquel entonces, De la Rosa se había convertido en el representante en España de la Oficina de Inversiones de Kuwait (KIO), para la que adquirió una amplia gama de compañías, algunas rentables, dedicadas a la fabricación de productos químicos, fertilizantes, papel, alimentos, así como al sector inmobiliario; otras, en cambio, estaban en crisis, y se aprovechó para vaciarlas de activos. El conglomerado resultante, dirigido por De la Rosa, se denominó Grupo Torras. Tras la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en agosto de 1990, se transfirieron 167.000 millones de pesetas de Torras a los paraísos fiscales de Jersey, Gibraltar, las Islas Caimán, Suiza y Panamá. De este dinero, al parecer 70.000 millones fueron a parar a cuentas propiedad de De la Rosa, quien luego afirmó haber entregado el dinero a partidos políticos para que apoyaran la causa kuwaití. La Oficina de Inversiones de Kuwait declaró que había invertido 5.000 millones de dólares en Torras, de los que 950 habían sido robados y el resto, perdidos por la mala gestión de De la Rosa. Tras la quiebra del grupo Torras, su director protagonizó el hundimiento del holding Grand Tibidabo que, entre otras cosas, estaba detrás del parque de atracciones de Port Aventura. Miles de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo y 10.500 accionistas, sus ahorros. De la Rosa y algunos miembros de la familia real kuwaití fueron acusados de fraude, malversación de caudales públicos y soborno de políticos. En octubre de 1994, De la Rosa fue hallado culpable de fraude, falsedad documental y apropiación indebida de mil millones de pesetas de la empresa Grand Tibidabo. Fue encarcelado, pero en febrero de 1995 quedó en libertad bajo fianza de mil millones de pesetas[1787].

La mancha de la corrupción acabaría extendiéndose a la familia real, pero, en los primeros años de Gobierno socialista, la popularidad del rey aumentó a pesar de la constante hostilidad de ETA y de varios intentos de asesinato[1788]. El proceso se vio facilitado por las visitas reales al País Vasco y el matrimonio en la catedral de Barcelona de la infanta Cristina con la estrella vasca del FC Barcelona de balonmano Iñaki Urdangarín Liebaert el 4 de octubre de 1997. La boda, junto con el hecho de que la infanta residiera en la Ciudad Condal y hablara catalán, hizo salir a las calles a doscientas mil personas para vitorear a la pareja y a sus padres[1789]. Las relaciones del rey con Cataluña, aunque no sin dificultades, fueron mucho más fáciles que con el País Vasco y se vieron favorecidas por su apoyo entusiasta a la candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de 1992[1790]. Juan Carlos también colaboraría plenamente con Narcís Serra en los esfuerzos por resolver el problema del golpismo. En los actos de celebración de la Pascua Militar del 6 de enero de 1984, por ejemplo, como comandante supremo de las fuerzas armadas, hizo un llamamiento a que estas permanecieran unidas y colaboraran «sin dudas ni reservas» en las reformas castrenses del Gobierno. Al año siguiente, el monarca hizo hincapié en las ventajas de la modernización que implicaba entrar en la OTAN[1791]. Con gran energía, y con el pleno apoyo del rey, Serra se propuso incorporar la administración militar a la administración civil del Estado, lo que se vio facilitado por la adhesión de España a la Alianza Atlántica, que puso a las fuerzas armadas en contacto cada vez más habitual con los oficiales de otros países democráticos. Serra también redujo el exceso de personal en el Ejército, especialmente en los niveles más altos del escalafón[1792].

A largo plazo, la situación militar experimentaría una mejora más que considerable. Pero antes, durante la Semana Santa de 1985, la principal agencia de inteligencia española, el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), desactivó un golpe de Estado previsto para el 2 de junio. Los golpistas planeaban detonar una bomba bajo la tribuna desde la que el rey iba a presidir la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en La Coruña. Si el complot hubiera prosperado, Juan Carlos, Sofía y las infantas, así como Felipe González, Narcís Serra, los altos mandos de las fuerzas armadas y otros invitados habrían sido asesinados. La explosión se habría atribuido a ETA, lo que hubiera servido de excusa para la imposición de una junta militar. Fue el último complot serio contra el rey[1793].

Después de la victoria socialista de 1986, los siguientes comicios no debían celebrarse hasta julio de 1990. Sin embargo, Felipe González los adelantó a octubre de 1989 en respuesta a un malestar creciente en varios ámbitos, el más sorprendente de los cuales eran las tensiones entre el Gobierno socialista y la UGT. El crecimiento económico del periodo comprendido entre 1985 y 1992 se estaba logrando mediante la liberalización del mercado laboral, el cierre de las industrias obsoletas, despidos generalizados con indemnizaciones reducidas, una menor seguridad en el empleo y la moderación salarial. El aumento de diez a quince años cotizados como mínimo para contar con una pensión, los retrasos en la introducción de la semana de cuarenta horas y la generalización de los contratos basura provocaron descontento en la clase obrera y conflictos entre los trabajadores y las fuerzas del orden. El enfrentamiento abierto del secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, con el Gobierno condujo a una huelga general multitudinaria, el 14 de diciembre de 1988, en la que UGT y Comisiones Obreras unieron fuerzas para sacar a la calle a ocho millones de trabajadores y paralizar todo el país[1794].

En las elecciones de 1989, el PSOE obtuvo 175 escaños, 9 menos que en 1986 y uno por debajo de la mayoría absoluta. Felipe González pudo gobernar como si la tuviera, porque los cuatro diputados de Herri Batasuna se negaron a ocupar sus escaños. Alianza Popular se había reorganizado y había adoptado el nuevo nombre de Partido Popular, ahora bajo el liderazgo de José María Aznar, de 43 años. Carente de carisma y elocuencia, exinspector de Hacienda y franquista en su juventud, Aznar era presidente del gobierno autonómico de Castilla y León. Un antiguo colaborador íntimo de Fraga y secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, declaró que había abandonado el PP porque Aznar «se refería cada vez más a sus diálogos con santa Teresa y terminaba descalificando a sus adversarios tratándolos de “perros judíos”», aunque admiraba a Aznar como gestor serio y eficiente[1795].

En esos comicios, el PP obtuvo 107 escaños, dos más que en 1986. El declive del apoyo al PSOE reflejaba el enfrentamiento con la UGT, la inquietud por las revelaciones cada vez más graves sobre el GAL y el desencanto por la corrupción. Que el deterioro de la posición del PSOE no fuese peor se debió a que el electorado era reacio a votar por el Partido Popular, una formación a la que consideraban franquista[1796]. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, era duro aceptar que mientras la mejora económica nacional afectaba negativamente al nivel de vida de la clase obrera, individuos como Mario Conde y Javier de la Rosa amasaban grandes fortunas gracias a la cultura del pelotazo.

Las cosas empeoraron pronto al salir a la luz una serie de espectaculares escándalos de corrupción. El caso de Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso, fue el primero en golpear directamente al PSOE y fue el detonante que impulsó a los periodistas a investigar otros. Cuando los socialistas habían llegado al poder, Juan, que entonces estaba en el paro, recibió un modesto salario como ayudante de su hermano y el uso de un despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla. El escándalo estalló a mediados de 1989, cuando su esposa a la que este había abandonado, reveló a Manuel Fraga —para vengarse— que su marido se había convertido en un importante accionista de varias empresas y que había adquirido una finca, caballos y automóviles de gama alta. A finales de año, la prensa se llenó de revelaciones sobre su actuación como intermediario en nombre de empresas e individuos que pretendían conseguir contratas, recalificaciones de terrenos o permisos de construcción de la administración autonómica, provincial o local. Juan Guerra fue acusado de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y prevaricación. Aunque al principio negara que su hermano hubiera cometido delito alguno, Alfonso se vio obligado a dimitir como vicepresidente en enero de 1991, lo que supuso el comienzo de una división entre el PSOE, que él controlaba, y el Gobierno. Juan Guerra contó de entrada con el apoyo inicial del partido, que argumentaba que, hasta 1994, no había sido declarado culpable por los tribunales. Entonces, como ahora, el poder judicial actuó con enorme lentitud y fue acusado de injerencia en la política. Tanto ese Gobierno socialista como los posteriores del Partido Popular y del PSOE han podido designar a simpatizantes de sus formaciones para puestos de responsabilidad en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y, sobre todo, en el Consejo General del Poder Judicial, órgano que tiene la máxima responsabilidad sobre el sistema jurídico español. Así, a principios de los años noventa, se atribuyó a la presencia de socialistas en el aparato judicial el hecho de que Juan Guerra saliera relativamente bien parado de su paso por los tribunales, lo que tensó en extremo las relaciones entre el PSOE y el Partido Popular; sin embargo, tanto el nombramiento de simpatizantes como el mecanismo de tratar de defender a los acusados de corrupción subordinando las responsabilidades políticas a las penales serían luego utilizados también por el PP al llegar al poder[1797].

Además de los casos de lucro personal, por esa época estalló una serie de escándalos relacionados con la financiación tanto del PSOE como del Partido Popular. En el caso de los socialistas, a finales de mayo de 1991, a partir de los datos que aportó un exempleado descontento, El Mundo reveló que, entre 1988 y 1991, se habían canalizado fondos ilegales por un importe próximo a los mil millones de pesetas a través de tres pequeñas empresas ficticias, conectadas entre sí y denominadas Filesa, Malesa y Time Export; esta última, una firma sin apenas trabajadores en plantilla, que Filesa había comprado por cuatrocientas pesetas. Los enormes beneficios generados por la venta de informes ficticios de consultoría para grandes empresas públicas y privadas, incluidos los grandes bancos, sirvieron para pagar la publicidad de la campaña electoral socialista de 1989. Se dijo que Guillermo Galeote, el responsable de las finanzas del partido, había supervisado la operación. En un caso, en un informe de diecisiete páginas elaborado para una cadena de hipermercados a cambio de unos doscientos mil euros de la época, había catorce páginas que no eran sino meras fotocopias de planes urbanísticos. La instrucción del caso duró seis años, y el juicio culminó con penas de cárcel para varios altos cargos del PSOE[1798]. En un caso parecido, pero de menor importancia, en 1992, se alegó que, durante la licitación del trazado de la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, se habían intentado llenar las arcas del PSOE con comisiones de las empresas que pugnaban por las contratas. Julián García Valverde, presidente de RENFE entre 1985 y 1991, y a la sazón ministro de Sanidad y Consumo, se vio obligado a dimitir, aunque luego fuera absuelto de toda responsabilidad[1799].

A pesar del largo tiempo empleado en la investigación del caso Filesa y de la desaparición de pruebas clave, los detalles habían sido publicados por la prensa. El asunto perjudicó menos al PSOE de lo que habría podido hacerlo, porque lo precedió —luego discurrió en paralelo a este— un escándalo parecido de financiación ilegal en el Partido Popular. En abril de 1990, un juez instructor ordenó la detención de varios altos cargos del Partido Popular, entre ellos el tesorero nacional, Rosendo Naseiro, su predecesor, Ángel Sanchís, y el concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop, que era el jefe de la comisión municipal de compras. Fueron acusados de utilizar información privilegiada proporcionada por Palop para organizar la adjudicación de contratos de obras públicas a las empresas constructoras a cambio de aportaciones sustanciales a las arcas del partido en forma de comisiones a cuenta de las contratas. La estafa salió a la luz a consecuencia de las escuchas telefónicas de una investigación separada sobre narcotráfico en la que estaba involucrado el hermano menor de Palop, Rafael, que destapó sin querer el sistema de financiación del PP en Valencia. Sin embargo, el caso se vino abajo porque las escuchas telefónicas fueron anuladas por el Tribunal Supremo y, posteriormente, destruidas. Aunque esto significara que los implicados del PP no tuvieron que ir a juicio, sus carreras políticas quedaron truncadas y las esperanzas de Aznar de una victoria electoral inmediata se vieron frustradas después de que la prensa divulgara las grabaciones de las escuchas. Nunca quedó del todo claro qué parte de los ingresos de la estafa fue a parar realmente a las arcas del PP[1800]. Tras una breve estancia en prisión, Naseiro depositó ante un abogado alicantino una serie de documentos que demostraban la existencia de la caja B del Partido Popular. Entre dichos documentos había una declaración jurada de que «allí donde haya adoptado alguna decisión lo ha sido siempre bajo la supervisión, directrices y criterios de don José María Aznar». Luego, desde el fax de la oficina del abogado, envió copia a Aznar dejando claro que lo publicaría todo si el partido le convertía en el chivo expiatorio del caso[1801].

Una de las revelaciones más tremendas de las cintas anuladas fue una conversación grabada el 11 de febrero de 1990 entre Palop y Eduardo Zaplana, quien al cabo de poco sería presidente del PP de Alicante y luego, sucesivamente, alcalde de Benidorm en 1991, presidente de la Generalitat Valenciana en 1995 y ministro de Trabajo en 2002, en el segundo gabinete de Aznar. En una larga charla en la que hablaron de comisiones ilegales sobre la venta de propiedades, Zaplana confesó a Palop que necesitaba hacerse rico porque «me lo gasto todo en política»: «Me tengo que hacer rico […] tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche[1802]». En mayo de 2018, en la denominada «Operación Erial», Zaplana fue detenido por cargos de corrupción que se remontaban a su mandato como presidente de la Generalitat entre 1995 y 2002. Se trataba, en concreto, de comisiones ilegales y facturas falsas durante la construcción del enorme y, en última instancia, fallido parque temático Terra Mítica. Las acusaciones incluían cohecho continuado, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, pertenencia a grupo criminal y delito fiscal, con dinero en cuentas bancarias extranjeras no declaradas en Andorra, Uruguay y Paraguay[1803].

La UGT estaba recaudando dinero a través de una cooperativa, Promoción Social de Viviendas, en teoría para construir veintidós mil viviendas asequibles para los afiliados al sindicato. La cooperativa se declaró en quiebra en febrero de 1994, entre revelaciones de fraude contable y especulación con sus fondos en proyectos que no tenían nada que ver con las viviendas. El secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, se vio obligado a dimitir[1804]. Estas revelaciones sobre la corrupción, junto con la renovada actualidad del caso GAL, crearon la impresión de que el PSOE estaba podrido. De hecho, cuando se publicó el informe sobre Filesa del Ministerio de Hacienda en marzo de 1993, Felipe González fue insultado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid al grito de «ladrón» y «chorizo». Las elecciones del 6 de junio de 1993 fueron muy disputadas. Para contrarrestar los escándalos emergentes, el PSOE basó su campaña en sus considerables logros en el poder, entre los que figuraban, en fecha reciente, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla de 1992, en cuya preparación se habían invertido grandes cantidades en la infraestructura de ambas ciudades. Los socialistas, además, insistieron en los orígenes franquistas del Partido Popular. Para convencer al electorado de que se estaban tomando medidas contra la corrupción, Baltasar Garzón, magistrado instructor del caso GAL, fue incluido como independiente en las listas del PSOE. El resultado fue que los socialistas ganaron los comicios, pero perdieron la mayoría absoluta, con 159 escaños y el 38 por ciento de los sufragios. El aumento del apoyo al PP, que rozó el 35 por ciento de los votos y obtuvo 141 escaños, subrayó su posición como firme candidato a ocupar el poder[1805].

Tras las elecciones generales de junio de 1993, el cuarto gobierno socialista se debilitó por las diferencias entre los renovadores de Felipe González en el gabinete y los partidarios de Alfonso Guerra (los «guerristas») en el partido. Además, el PSOE padecía las revelaciones casi diarias de casos de corrupción que involucraban a la beautiful people, un grupo de personajes famosos por alardear de su opulento estilo de vida, varios de los cuales estaban relacionados con el partido. Entre ellos figuraba el exministro de Hacienda Miguel Boyer, casado con Isabel Preysler, la glamurosa y rica exesposa del cantante Julio Iglesias. Otro personaje vinculado al Gobierno socialista era el aventurero presidente de Banesto, Mario Conde, cuyo fulgurante y despiadado ascenso le hizo acreedor del apodo de «El Tiburón». Tras el caso de Juan Guerra, las revelaciones entre abril y mayo de 1994 debilitaron al Gobierno con una serie de escándalos que provocaron la dimisión de varios ministros en funciones o ya retirados. En los más graves estuvieron implicados los máximos responsables de instituciones nacionales hasta entonces muy respetadas: Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y Luis Roldán, el primer director general de la Guardia Civil ajeno al mundo militar. En palabras de Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, «el jefe de los guardias huyó con el dinero y al jefe del dinero se le vio entre dos guardias». En el acto de celebración del 150.º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, González fue abucheado y se oyeron gritos de «chorizo[1806]».

Rubio cumplió una breve condena de prisión por fraude fiscal y por proporcionar información privilegiada al «chiringuito financiero» Ibercorp. También fue encarcelado el presidente de Ibercorp, Manuel de la Concha, expresidente de la Bolsa de Madrid. Entre los beneficiarios de la estafa se encontraban Miguel Boyer, Isabel Preysler y varias personalidades del mundo de las finanzas. Esto llevó a la dimisión de Carlos Solchaga, portavoz parlamentario del Gobierno que, como ministro de Hacienda, había nombrado a Rubio. También provocó la dimisión de Vicente Albero, ministro de Agricultura, quien reconoció haber cometido fraude fiscal con su participación en la estructura defraudadora creada por De la Concha[1807].

La caída de Mario Conde también fue espectacular. En el llamado caso Banesto, el banco fue intervenido en diciembre de 1993 y una auditoría de urgencia descubrió un agujero negro de 3.000 millones de euros en las cuentas de la entidad. Mario Conde fue detenido y condenado a veinte años de cárcel por fraude y apropiación indebida y se le ordenó devolver 22,6 millones de euros a los accionistas estafados[1808].

Luis Roldán era un político municipal zaragozano que, con títulos académicos falsos, había ascendido a través de la administración provincial hasta llegar a delegado del Gobierno en Navarra. En este difícil puesto, había cultivado el favor de la Guardia Civil, de la que fue nombrado director en noviembre de 1986 con el objetivo de modernizar la institución[1809]. Uno de sus proyectos fue la remodelación de las casas-cuartel de la Benemérita. En noviembre de 1993, una investigación de sus actividades realizada por periodistas de Diario 16 reveló que, en el transcurso de siete años, había acumulado una fortuna de 400 millones de pesetas, una importante cartera de propiedades en España y Francia y una cuenta bancaria en Suiza. El dinero era de procedencia muy variada: comisiones por la construcción de edificios de la Guardia Civil, dinero pagado a confidentes que no existían, fondos de la Escuela de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, pagos de empresarios a cambio de una protección inexistente contra ETA y venta de armas a Angola. A principios de diciembre, Roldán había sido destituido y estaba siendo investigado. Su huida de España en abril de 1994 provocó la dimisión del ministro del Interior, Antoni Asunción[1810].

En una entrevista concedida a El Mundo en París el 29 de abril de ese año, Roldán afirmó que el uso de fondos reservados para pagar sobresueldos a altos cargos del Ministerio del Interior había sido autorizado por el director general de seguridad Rafael Vera, quien, según Roldán, era uno de los principales beneficiarios. El mismo Roldán alegó, aunque sin aportar pruebas, que los dos ministros del Interior que habían precedido a Asunción —José Barrionuevo y José Luis Corcuera— habían cobrado también de dichos fondos. Roldán fue capturado por fin en febrero de 1995, teóricamente en Laos, pero casi con toda seguridad en París, devuelto a España y condenado a 31 años de prisión por soborno, falsedad documental, malversación de fondos públicos, chantaje y fraude fiscal. Solo se recuperó alrededor de un tercio del dinero robado[1811].

Por aquel entonces, el nombre del rey empezó a aparecer en algunos escándalos. La salida de Sabino Fernández Campo como jefe de la Casa Real en enero de 1993 había eliminado una barrera entre el rey y Mario Conde y otros financieros de la jet set que querían explotar el favor del monarca[1812]. Además de Mario Conde, otro personaje que había intentado, sin éxito apreciable, acercarse al rey era Javier de la Rosa. Cuando tanto Conde como De la Rosa cayeron en desgracia ante las autoridades a partir de finales de 1993, creyeron que, gracias a sus negocios con el amigo y representante extraoficial de Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal, podían contar de alguna manera con la protección del monarca frente a la justicia. Sus esperanzas de que el rey los salvara se vieron frustradas. Se ha dicho que, después de que los encarcelaran a mediados de octubre de 1994 por apropiación indebida, un enfurecido De la Rosa intentó chantajear a Prado y Colón de Carvajal por el dinero desaparecido de KIO, y que, para dar mayor empaque al asunto, pronunció veladas amenazas de revelar información comprometedora sobre el rey. En 1997, De la Rosa afirmó que había donado parte del dinero desaparecido a la delegación del Partido Popular en Cataluña[1813].

Tras las elecciones de 1993, la hostilidad entre el PSOE y el Partido Popular llegó a tal punto que los tres años siguientes de gobierno socialista se conocieron como la «legislatura de la crispación». La unidad interna del PSOE se reforzó gracias a la ausencia de Alfonso Guerra y la creación de un núcleo directivo fuerte con Narcís Serra en la Vicepresidencia, Javier Solana en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Pedro Solbes como ministro de Economía y Hacienda. Sin embargo, como era inevitable, José María Aznar utilizó las dimisiones de Solchaga, Corcuera, Asunción y Albero para formular graves acusaciones contra el Gobierno y exigir elecciones anticipadas. Sus constantes ataques dieron fruto en las elecciones europeas de junio de 1994, en las que el voto al PSOE cayó del 39,6 por ciento, de 1989, al 30,7 por ciento, mientras que el voto al PP aumentó del 21,4 por ciento, de 1989, al 40,2 por ciento. La inercia pasó a favorecer claramente al PP y comenzó a parecer probable que Aznar presidiera el próximo Ejecutivo. Al cabo de unas semanas, en la Escuela de Verano Jaime Vera del PSOE, Felipe González aceptó que los malos resultados de su partido se debían a los escándalos de corrupción e indicaban, sobre todo, la preocupación pública cada vez mayor por la implicación del Gobierno en el caso GAL, que había salido a la luz en documentos robados por el recientemente destituido subdirector del CESID, el coronel Juan Alberto Perote[1814].

Tras ser elegido diputado en 1993, Baltasar Garzón fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, cargo al que renunció en mayo del año siguiente, en protesta por la falta de dinamismo del Gobierno en la lucha contra la corrupción, y volvió a investigar los casos GAL y Roldán. Garzón se sintió decepcionado porque no le hubieran nombrado ministro de Justicia para estar al mando del proceso[1815]. Dicha responsabilidad recayó en otro juez, Juan Alberto Belloch, quien creó en 1995 la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Mientras Garzón proseguía con su actividad investigadora, probablemente las filtraciones sobre el caso GAL que publicaron los periódicos El Mundo y ABC hicieron más daño al Gobierno que cualquier otro escándalo. El hecho de que coincidieran con el caso de fraude contra Mario Conde llevó a sospechar que este se valía de su fortuna para influir en la prensa y chantajear al Ejecutivo. Conde estaba en contacto con el resentido coronel Perote, que se había llevado del CESID no solo numerosos documentos clasificados, sino también grabaciones de conversaciones telefónicas de altos cargos del Gobierno. La revelación a la prensa de dicho material coincidió en el tiempo con las acciones judiciales contra Conde y Perote y perjudicó gravemente al PSOE. No deja de ser significativo que el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, estuviera en contacto con el futuro vicepresidente del PP de Aznar, Francisco Álvarez Cascos. Las revelaciones provocaron la dimisión del jefe del CESID, el general Emilio Alonso Manglano, así como del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, que era ministro de Defensa en el momento en que se habían realizado las grabaciones, y también de su sucesor al frente de dicho ministerio, Julián García Vargas[1816].

El Gobierno también sufría a consecuencia de una profunda recesión. La peseta se había devaluado tres veces desde junio de 1992 y el paro se había disparado hasta el 23 por ciento. Gracias a la llegada de fondos de la Unión Europea y a varias reformas estructurales llevadas a cabo por Pedro Solbes, lo peor de la recesión había pasado a finales de 1994. Sin embargo, las derrotas en las elecciones autonómicas de Galicia y en las europeas y el aumento masivo de los votos del PP en muchos municipios indicaban que la hegemonía socialista tocaba a su fin. A principios de 1996, Felipe González se vio obligado a convocar elecciones para el 3 de marzo, aunque no debían celebrarse hasta julio de 1997. El detonante fue, en otoño de 1995, la retirada del apoyo al proyecto de presupuestos generales del Estado del Gobierno socialista para el año siguiente por parte de su aliado parlamentario, la coalición catalana Convergència i Unió (CiU) de Jordi Pujol. El PSOE perdió por un estrecho margen, con un 37,6 por ciento de los votos y 141 escaños en las Cortes frente al 38,8 por ciento y los 156 escaños del PP, al que le faltaron veinte diputados para conseguir la mayoría absoluta. La credibilidad del PSOE se había visto muy tocada por la participación de figuras del partido en los casos Ibercorp, Roldán y GAL y la percepción general de que las espectaculares fechorías de Mario Conde y Javier de la Rosa se habían visto facilitadas por la negligencia del Gobierno.

Una serie de atentados de ETA, cometidos en teoría para obligar al PSOE a acelerar la independencia del País Vasco, redundaron en beneficio del PP. En concreto, el adusto Aznar ganó cierta popularidad por el aplomo del que hizo gala tras escapar por los pelos de un intento de asesinato por parte de ETA en abril de 1995. Sin embargo, a pesar de las predicciones de una gran victoria del PP, la derrota del PSOE fue mucho menor de lo que se había previsto, ya que González seguía superando en popularidad y carisma a Aznar[1817].

Felipe González dimitió por sorpresa como secretario general del PSOE en el XXXIV Congreso en junio de 1997. Lo sustituyó Joaquín Almunia, que heredó un partido dividido y tuvo que hacer frente al renovado oprobio popular cuando se hicieron públicas las sentencias de los casos Filesa, Roldán y GAL[1818].

Sin mayoría absoluta, José María Aznar tuvo que buscar en las Cortes el apoyo de la CiU de Pujol con 16 escaños, del PNV con 5 y de Coalición Canaria con 4, lo que haría que tanto el País Vasco como Cataluña mejoraran su autogobierno. Durante casi dos meses, Macià Alavedra, conseller de Economía de Pujol, y Joaquim Molins, portavoz de CiU en el Congreso, negociaron un acuerdo con Mariano Rajoy y Rodrigo Rato. Lo que se dio en llamar el «Pacto del Majestic» fue sellado por Aznar y Pujol en una cena celebrada en el hotel del mismo nombre el 28 de abril. Negociaciones similares tuvieron lugar entre el PP y el PNV. El pacto supuso la supresión del cargo de gobernador civil y el fin del servicio militar obligatorio, además de duplicar el porcentaje de la recaudación del IRPF que se cedía a Cataluña (del 15 al 30 por ciento), y traspasó las competencias de policía, infraestructuras viarias y puertos[1819].

El vicepresidente y ministro de la Presidencia de Aznar fue Francisco Álvarez Cascos y su vicepresidente segundo, y ministro de Economía y Hacienda, fue Rodrigo Rato. El futuro sucesor de Aznar, Rajoy, se convirtió en ministro de Administraciones Públicas. El PP puso en marcha un programa de liberalización y desregulación económica. Para facilitar las relaciones con Pujol y compensar la debilidad del PP en Cataluña, el economista catalán Josep Piqué fue nombrado ministro de Industria, con la misión de privatizar una parte del sector público. Se mantuvo el tono de crispación en las relaciones con el PSOE presente en la legislatura anterior, y todo el personal de la Administración del Estado que tuviera alguna relación con los socialistas fue rápidamente depurado.

La primera tarea práctica que emprendió el Gobierno popular fue la liquidación total del Instituto Nacional de Industria, iniciada ya por Carlos Solchaga y Pedro Solbes, quienes habían dividido las empresas del INI en dos apartados. Por un lado, estaban los activos vendibles, como Telefónica, el gigante petrolero Repsol, las corporaciones estatales de electricidad y gas Endesa y Enagás y la entidad bancaria estatal Argentaria. Todos ellos se situaban bajo el paraguas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Las empresas deficitarias pasaron a formar parte de la Agencia Industrial del Estado. En total, se privatizaron 43 empresas, con una pérdida de unos sesenta mil puestos de trabajo. Las ventas de activos estatales contribuyeron, durante el primer mandato del PP, al crecimiento económico, con una caída de la inflación hasta llegar a menos del 2 y una disminución del paro, que pasó del 23 al 15 por ciento[1820].

A pesar del Pacto del Majestic, la clara voluntad del Gobierno central de limitar el proceso de descentralización provocó un gran descontento en Cataluña, el País Vasco y Galicia. En julio de 1998, representantes de CiU, el PNV y el Bloque Nacionalista Galego firmaron la Declaración de Barcelona en protesta contra el evidente centralismo españolista del Gobierno de Aznar. Los tres firmantes querían que se reconociera a sus territorios la condición de nacionalidades y no de simples regiones, distinción que se veía difuminada por el uso oficial del término «comunidades autónomas». Esto no significaba que los partidos ultranacionalistas estuvieran en auge en Cataluña: en las elecciones autonómicas de octubre de 1999, el considerable aumento del voto al PSC, liderado por el popularísimo exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, hizo que paradójicamente CiU solo pudiera mantenerse en el poder gracias al apoyo del PP catalán[1821].

Aznar llegó al poder con el compromiso de ofrecer un «Gobierno limpio» y de encontrar a personas para dirigir las empresas públicas que fueran lo bastante ricas como para no robar. Sin embargo, los nombramientos —a menudo, de amigos personales de Aznar— pusieron en tela de juicio la sinceridad de su lucha contra la corrupción. Por ejemplo, había sospechas acerca de las conexiones de Josep Piqué con Javier de la Rosa. Piqué había presidido de 1989 a 1992 la empresa de aceites y lubricantes Ertoil, filial de la empresa petrolera Ercros, que formaba parte del Grupo Torras-KIO, y existían dudas sobre cuál había sido su papel en la venta de Ertoil en 1991, una operación laberíntica tras la que estaba la mano de Javier de la Rosa. El caso fue finalmente investigado al cabo de una década, pero el juez lo archivó en 2007 por falta de pruebas. Entretanto, Piqué desempeñó varias carteras ministeriales y abandonó el Gobierno en 2003, después de lo cual aún tuvo un futuro próspero como presidente, director o asesor de hasta veinticinco empresas públicas y privadas[1822].

Uno de los amigos de Aznar, Juan Villalonga, fue nombrado presidente de Telefónica. Este convirtió la compañía en una potente multinacional de las telecomunicaciones gracias a su expansión en Latinoamérica y a varios acuerdos con empresas de telecomunicaciones de Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que provocó que se disparara su cotización en bolsa. Sin embargo, en junio del 2000, una investigación de El Mundo concluyó que Villalonga, junto con el magnate de la banca y la construcción Alberto Cortina Alcocer —uno de los miembros más destacados de la beautiful people de los ochenta— había amasado una fortuna mediante el uso de información privilegiada en 1998, utilizando sus opciones sobre acciones para comprar títulos de la empresa antes de la gran expansión de Telefónica y así poder venderlas después de que su cotización hubiera subido espectacularmente. El 24 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inició sus propias pesquisas. Los rumores consiguientes provocaron que el Gobierno de Aznar presionara a Villalonga para que dimitiera de la presidencia de Telefónica, si bien la investigación de la CNMV se cerró el 2 de agosto tras concluir que no había pruebas suficientes de uso de información privilegiada para justificar «la incoación de un procedimiento sancionador[1823]».

Villalonga fue sustituido al frente de Telefónica por César Alierta, hasta entonces presidente del monopolio estatal del tabaco, Tabacalera, cuya trayectoria no era muy diferente de la de su predecesor. A principios de 2002, otra investigación de El Mundo reveló que Alierta y su esposa habían formado una sociedad de inversiones que, en 1997, vendieron a su sobrino Luis Javier Plácer. A finales de 1997, la cotización de Tabacalera se disparó con su adquisición por parte de la empresa estadounidense Havatampa de Florida. Gracias a la información privilegiada sobre la compra inminente, la compañía que Alierta había vendido a Plácer adquirió gran cantidad de acciones de Tabacalera, que le proporcionaron un beneficio de 309 millones de pesetas cuando las vendió al cabo de seis meses. Como resultado de las acusaciones de El Mundo, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada comenzó a investigar a Alierta por tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El caso se presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero fue sobreseído en noviembre de 2005 por haber prescrito. Sin embargo, el Tribunal Supremo insistió en que el caso debía ir a juicio. Tras una serie de aplazamientos, en julio de 2009 el caso quedó definitivamente archivado, y Alierta prosiguió con su carrera de gran éxito en Telefónica[1824].

Pero en ese momento todo esto aún no había ocurrido. El 10 de marzo de 1999, en respuesta a la difusión de dosieres con acusaciones de corrupción por parte de miembros del PP, Aznar replicó a los socialistas en las Cortes: «A diferencia de cuando ustedes gobernaban, en España no existe un gran problema de corrupción». Ese mismo día y también al cabo de una semana, Aznar afirmó que la corrupción del PSOE había sido peor y que los casos actuales de corrupción de los populares eran meros «errores[1825]». De hecho, las cotas de corrupción que se alcanzaron mientras el PP estuvo en el poder fueron tales que las afirmaciones de Aznar resultan ridículas. La crispación entre los partidos aumentó en septiembre de 1999, cuando el PP fue el único partido de las Cortes que se negó a condenar el alzamiento militar de 1936[1826].

Durante el primer Gobierno del PP, se declaró la guerra a ETA, para lo que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, consiguió la cooperación de Francia. En enero de 1996, el secuestro por parte de la banda terrorista de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones y militante del PP, y su posterior y horrendo cautiverio en un zulo durante 532 días suscitaron el rechazo de la población. ETA exigió sin éxito el traslado de todos los presos de la organización a cárceles del País Vasco. Ortega Lara fue rescatado el 1 de julio de 1997. Al cabo de poco más de una semana, los terroristas buscaron otra víctima: secuestraron a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua, y formularon la misma demanda, que fue rechazada por el Gobierno. ETA respondió con el asesinato a sangre fría de Blanco el 13 de julio. El crimen inspiró grandes manifestaciones y provocó la aparición del llamado «espíritu de Ermua», una ola de rechazo popular que redujo drásticamente el apoyo a ETA. Sin embargo, pese a la dureza retórica, durante el primer Gobierno del PP, 135 presos de ETA fueron trasladados a cárceles de Euskadi y otros 207, de un total de 535 presos pertenecientes a la organización, fueron liberados[1827].

Aznar convocó elecciones para el 12 de marzo del 2000 para aprovechar la positiva situación económica, el aura de corrupción que aún rodeaba al PSOE y el hecho de que los trapos sucios de importantes figuras del PP aún no hubiesen llegado a los titulares. Obtuvo la mayoría absoluta en las Cortes con 10,3 millones de votos y 183 escaños, 27 más que en 1996. El PSOE solo consiguió 125, 16 menos que cuatro años antes. El partido sucesor de los comunistas, Izquierda Unida, también cayó de 21 a 8 escaños[1828]. Joaquín Almunia dimitió como secretario general del PSOE y fue sucedido por José Luis Rodríguez Zapatero.

En septiembre de 2001, Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del PP, declaró que la corrupción era imposible mientras su partido gobernara. No pasaría mucho tiempo antes de que altos cargos del PP se vieran involucrados en acusaciones de soborno y corrupción, incluido Martínez Pujalte en 2016[1829]. Ya antes de las elecciones de marzo del 2000, los medios de comunicación dieron amplia cobertura a lo que se llamó «el fraude del lino».

El cultivo del lino, para la producción de aceite de linaza y uso textil, estaba subvencionado por la Unión Europea a razón de 120.000 pesetas (aproximadamente 720 euros) por hectárea. Mientras Loyola de Palacio y del Valle Lersundi fue ministra de Agricultura, de 1996 a 1998, se sembraron grandes extensiones de lino en tierras pertenecientes a familiares de altos cargos del Ministerio de Agricultura y a personalidades como la duquesa de Alba y Mario Conde. La cifra de hectáreas plantadas de lino, que en 1994 apenas eran doscientas, se disparó hasta llegar a las treinta mil en 1998, pese a tratarse de un cultivo inadecuado para las zonas en cuestión, que se había extendido a tierras que antes se dedicaban al trigo y otros cultivos útiles. La mayor parte del lino cultivado, que no podía venderse, se dejaba pudrir en los campos o se quemaba. En abril de 1999, Nicolás López de Coca, director general de la entidad encargada de negociar las subvenciones con la Unión Europea, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dimitió cuando se supo que miembros de su familia se encontraban entre los beneficiarios de las subvenciones. En diciembre del 2000, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar posibles delitos e informó a la Comisión Europea de la existencia de un fraude en las subvenciones de la Unión Europea al lino textil. El PP negó vehementemente que Loyola de Palacio, que en ese momento era vicepresidenta de la Comisión Europea, hubiera cometido delito alguno. En abril de 2007, la Audiencia Nacional consideró que quienes se habían beneficiado de las subvenciones europeas no habían hecho nada ilegal[1830].

La corrupción relacionada con el Gobierno se mantuvo en primera plana con los casos Gescartera en 2001 y BBVA en 2002. En junio de 2001, la CNMV descubrió que una sociedad gestora de inversiones, Gescartera, había estafado a sus clientes, entre los que figuraban varios obispos, treinta órdenes religiosas y el fondo de inversión de la Policía, por un importe de 88 millones de euros. El viceministro de Hacienda del PP, Enrique Giménez-Reyna, dimitió el 21 de julio. Su hermana Pilar era la presidenta de Gescartera, y fue acusada de apropiación indebida. En septiembre, Giménez-Reyna fue investigado por haber facilitado los contactos entre su hermana y Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, lo que provocó la dimisión de Valiente el 21 de septiembre, después de que la acusaran de proporcionar información reservada a Gescartera y recibir regalos de la empresa. Cuando el caso finalmente llegó a juicio en 2007, el tribunal condenó al propietario de la empresa, Antonio Camacho Friaza, a once años de prisión y a su presidenta, Pilar Giménez-Reyna, a tres[1831]. En enero de 2002, se reveló que Baltasar Garzón había iniciado una importante investigación sobre las cuentas secretas que tenía el BBVA en paraísos fiscales. Dos consejeros de la entidad dimitieron en diciembre de 2001, seguidos de otros cuatro en abril de 2002, tras verse implicados en presuntos delitos de fraude fiscal, apropiación indebida del fondo de pensiones y tenencia de cuentas secretas en paraísos fiscales[1832].

La tan cacareada austeridad de Aznar fue sometida a escrutinio público tras la boda de su hija Ana con uno de sus asesores, Alejandro Agag. El enlace, celebrado en el monasterio de El Escorial el 5 de septiembre de 2002, fue un acontecimiento parecido a una boda real. Entre los mil cien invitados figuraban los reyes de España, los jefes de Gobierno de Gran Bretaña, Italia y Portugal, así como varias personalidades y políticos españoles. Hubo veinticinco testigos en la ceremonia, uno de los cuales fue Francisco Correa, el hombre que más tarde sería el protagonista del famoso caso Gürtel. Agag negó en 2009 haber tenido relación comercial alguna con Correa, pero su nombre apareció en la contabilidad secreta de uno de los socios clave de Correa, su contable, José Luis Izquierdo López. Correa era propietario de varias agencias de viajes y de gestión de eventos que gozaban de cierto éxito y ya había organizado las vacaciones de algunos altos cargos del PP, a los que había sido presentado por sus amigos de las juventudes del partido, Nuevas Generaciones, de las que Agag era secretario. Ya entonces hubo quien se preguntó cómo un exinspector de Hacienda como Aznar podía permitirse un banquete de boda tan espléndido, que incluía el obsequio del vino de varios bodegueros. Al cabo de once años, las investigaciones del caso Gürtel revelaron que Correa había dado 32.452 euros para pagar los gastos de iluminación y sonido y que varios regalos para la pareja se habían cargado a las cuentas de Gürtel. Aznar siempre negó que se hubiera gastado dinero público en la boda; sin embargo, con independencia de los costes del banquete nupcial, el Ayuntamiento de El Escorial se hizo cargo del importante dispendio en transporte, control de aglomeraciones y aparcamiento para los invitados[1833].

Como telón de fondo, reinaba la corrupción a menor escala, sobre todo en el sector inmobiliario y de la construcción. Una de las medidas clave —y en última instancia la más perjudicial— adoptadas por el primer Gobierno de Aznar fue la liberalización del suelo. Este cambio legislativo, combinado con la llegada de crédito barato tras la entrada de España en el euro, generaría el boom de la construcción que sería el motor del crecimiento económico español en los diez años siguientes. La disponibilidad de dinero fácil desencadenó toda una serie de prácticas cuestionables, como la recalificación fraudulenta de terrenos, la adjudicación de contratas de servicios a cambio de comisiones para los responsables políticos y la construcción de infraestructuras y obras emblemáticas innecesarias como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Esta última costó cerca de 1.300 millones de euros, más del cuádruple de lo presupuestado, y es un ejemplo de lo que Antonio Muñoz Molina llamó «las arquitecturas más inútiles y más caras de Europa». En el ámbito municipal, surgieron un batiburrillo de entidades públicas y privadas a las que, sin control ni vigilancia institucional, se subcontrataron actividades de planificación urbana, recogida de basuras, limpieza de calles, suministro de agua y energía, transporte público y montaje de eventos públicos. Uno de los operadores más hábiles en este contexto fue Francisco Correa, quien convencía a los funcionarios municipales de que amañaran ciertos contratos a favor de las empresas que controlaba. El precio de la contrata se inflaba y los políticos cobraban su mordida[1834]. A menudo, la afiliación a un partido político proporcionaba a candidatos sin cualificación alguna cargos de responsabilidad en cajas de ahorros provinciales, en los que su avaricia o la de sus amos políticos acabaría provocando el hundimiento de las entidades y la pérdida de los ahorros de los pequeños inversores[1835].

España malgastó entre 80.000 y 90.000 millones de euros en «infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal planificadas» entre 1995 y 2016, según una investigación reciente sobre los complejos vínculos entre el despilfarro, el uso ineficiente de los recursos públicos y la corrupción. La falta de regulación, transparencia y contabilidad permitió que los contratos de obras públicas innecesarias fueran adjudicados a precios inflados a los cárteles, en lo que se ha llamado «capitalismo de amiguetes». Un tercio de este importe (26.200 millones de euros) se destinó a tramos innecesarios de la red ferroviaria de alta velocidad, incluidas las estaciones de ferrocarril de líneas que cerraron rápidamente por falta de uso o que quedaron inacabadas. El aeropuerto de Castellón se inauguró en marzo de 2011 sin los permisos de vuelo pertinentes y tuvo que enfrentarse, como es lógico, a grandes pérdidas durante varios años. La pista de cuatro kilómetros del aeropuerto de Ciudad Real es la más larga de España. Aunque la ciudad tiene menos de 74.000 habitantes, el aeropuerto se preveía que atendiera a 2,5 millones de pasajeros al año. Inaugurado en octubre de 2008, acumuló una deuda de 300 millones de euros, cerró cuatro años más tarde y se vendió en 2016 por una vigésima parte del coste original de mil millones de euros[1836].

Las empresas constructoras entregaban maletines llenos de dinero a los funcionarios municipales a cambio de la recalificación de terrenos. Durante las dos legislaturas de Aznar en el poder, el paro cayó al 11,5 por ciento debido a los empleos creados durante el auge de la construcción. La liberalización que supuso la Ley del Suelo de abril de 1998 aumentó espectacularmente la superficie disponible para el desarrollo urbanístico, pero no lo suficiente como para evitar que las constructoras buscasen más terrenos, a menudo por medios corruptos, como refleja el hecho de que el número de viviendas iniciadas se cuadruplicase bajo el mandato del Partido Popular. En 2010, más de 150 ayuntamientos estaban siendo investigados por la Agencia Tributaria por fraude fiscal, blanqueo de capitales o cohecho de funcionarios públicos. La mayoría se encontraba en el litoral mediterráneo de Andalucía y la Comunidad Valenciana[1837]. La forma más común de corrupción en el sector inmobiliario y de la construcción era el soborno de funcionarios municipales o provinciales por parte de propietarios de suelo rústico para que lo recalificaran ilegalmente como «urbano», lo que aumentaba enormemente su valor. Los funcionarios también vendían a los promotores permisos de construcción ilegales, lo que facilitó la construcción ilícita de miles de viviendas en suelo agrícola.

Los compradores de estas viviendas se enfrentaban más tarde a las amenazas de demolición de otros funcionarios municipales. En el caso de Catral (Alicante) se construyeron más de 1.200 viviendas después de que funcionarios del Ayuntamiento hubieran concedido permisos ilegales a los promotores, con algunos de los cuales estaban emparentados[1838] Muchas de las víctimas eran extranjeros que habían sido engañados por abogados a sueldo de esos promotores[1839].. La Junta de Andalucía ha reconocido que hay aproximadamente 250.000 propiedades ilegales en la región, lo que deja a sus dueños en un limbo jurídico[1840].

Otro caso paradigmático fue el de Andratx, en la isla de Mallorca. En noviembre de 2006 fueron detenidos el alcalde, Eugenio Hidalgo, el director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot, el responsable municipal de obras públicas, Jaume Gibert, y el asesor jurídico del Ayuntamiento, Ignacio Mir. Se les acusó de aceptar sobornos a cambio de proporcionar certificados para permitir la construcción en un terreno rústico protegido de un chalet para el alcalde, un restaurante y once casas con piscinas. Al principio, el Govern balear, encabezado por el notoriamente corrupto Jaume Matas, del Partido Popular, se había negado a actuar ante las denuncias de los delitos[1841]. Acusados de falsedad documental, cohecho, prevaricación urbanística y delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, entre otros, Hidalgo, Massot y Gibert fueron condenados a penas de cárcel, mientras que Mir tuvo que hacer frente al pago de una multa[1842].

Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente de Aznar del 2000 a 2003 y presidente de Baleares de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007, y su esposa, María Teresa Areal, destacaban por sus inversiones en suntuosas propiedades y artículos de lujo, incluido un Rolex de 23.000 euros. Como presidente del Govern balear, Matas estuvo involucrado en varios casos de corrupción. El más conocido fue el del velódromo del Palma Arena, cuyo presupuesto inicial de 27 millones se superó en 83 millones de euros. Además de para su enriquecimiento personal, el dinero se utilizó para pagar los gastos electorales del PP en 2007. Por el caso Palma Arena, Matas fue juzgado por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación, pero se trataba de un asunto laberíntico en el que estuvieron involucrados, además de Matas, muchos otros, incluido el yerno del rey, Iñaki Urdangarín[1843].

Otro escándalo que salpicó gravemente al PP fue el llamado caso Brugal. «Brugal» era el acrónimo que la policía dio al caso de corrupción en la adjudicación de contratos lucrativos para la recogida de basuras en la provincia de Alicante: Basuras Rurales Gestión Alicante. La investigación comenzó en marzo de 2006, pero pronto se amplió para incluir el chantaje y el soborno de funcionarios públicos, no solo en relación con los contratos de recogida de basuras, sino también con el área considerablemente más rentable de recalificación de terrenos agrícolas para la construcción. En el centro del caso se encontraba Ángel Fenoll, propietario de varias empresas inmobiliarias y de recogida de basuras en Orihuela, quien sería a la vez un protagonista clave y el confidente cuyas revelaciones dieron lugar a una enorme investigación de trece años sobre la corrupción en Alicante. Durante muchos años, Fenoll había grabado con una cámara oculta en su oficina sus conversaciones de negocios con las autoridades municipales y de la Diputación. El momento decisivo fue en 2006, cuando se convocó un concurso para la licitación del contrato de recogida de basuras en Orihuela con la empresa de Fenoll y otras cuatro, entre las que se encontraba Urbaser, su rival más acérrimo. Fenoll creyó entonces que el resultado no le sería favorable, sino que ganaría Urbaser gracias a los sobornos ofrecidos al alcalde, José Manuel Medina, del Partido Popular, y a otros concejales. Además, le preocupaba que Medina estuviera a punto de recalificar unos terrenos agrícolas para permitir la construcción de tres mil viviendas. Una ilegalidad de este tipo no le habría molestado normalmente, pero, en este caso, los terrenos lindaban con el predio donde Fenoll tenía el vertedero y su gran zoo particular de animales africanos y asiáticos.

Así, para presionar a Medina, Fenoll apoyó a Mónica Lorente como candidata a alcaldesa en las siguientes elecciones al Ayuntamiento de Orihuela y amenazó con publicar cintas comprometedoras. Las cosas le salieron bien a medias: Lorente fue elegida alcaldesa en junio de 2007 pero, unas semanas antes, el empresario y otras cinco personas, entre ellas su hijo, fueron detenidos por chantaje. Tras quedar en libertad bajo fianza, Fenoll, profundamente resentido, insinuó en tono amenazador que podía publicar sus grabaciones de entrevistas con empresarios y políticos de Alicante. Para dar credibilidad a sus amenazas, y como botón de muestra de su arsenal, recordó su relación con Luis Fernando Cartagena, alcalde del PP en Orihuela de 1986 a 1995 y también consejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana de 1995 a 1998 bajo la presidencia de Eduardo Zaplana. En 1997, Cartagena había adjudicado a Fenoll el contrato de recogida de basuras para toda la costa de la región, a cambio de encubrir un delito: Fenoll le había proporcionado facturas falsas por un importe de 49.000 euros que Fernando Cartagena había robado en 1993 del dinero que habían donado a Orihuela las monjas carmelitas del asilo municipal de ancianos de San Juan de Dios destinados a proyectos sociales. Cuando el caso se destapó en 1997, Cartagena necesitaba facturas para que pareciera que el dinero se había gastado en esos proyectos sociales. Ambos habían sido juzgados por este fraude y Cartagena fue encarcelado y Fenoll, multado. Después de recibir el enorme contrato de Cartagena, el empresario había mostrado su agradecimiento proporcionando prebendas en sus empresas a los parientes de altos cargos del PP, como Carmen Zaplana, hermana de Eduardo; financiando una emisora de radio local que apoyaba al PP, y, en una ocasión, pagando dos autobuses llenos de militantes populares para que votaran en una reunión clave. Diez años después, en 2007, Fenoll declaró en tono de amenaza: «Tengo más grabaciones. Ojalá no las tenga que utilizar. Eso querrá decir que mis negocios no corren peligro».

En febrero de 2010, el caso se complicó cuando Fenoll y otros diecisiete empresarios y funcionarios municipales fueron acusados de fraude fiscal mediante la elaboración de miles de facturas falsas. En junio fueron detenidas nueve personas más, entre las que figuraban José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial de Alicante y jefe del Partido Popular en la provincia. La fiscalía anticorrupción acusó a Ripoll, a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su predecesor en la alcaldía, Luis Díaz Alperi, de corrupción en la aplicación de las nuevas disposiciones para la recalificación de terrenos en la provincia, el Plan General de Ordenación Urbana. Fueron acusados de exigir sobornos, tráfico de influencias y venta de información privilegiada a Enrique Ortiz, un magnate de la construcción local famoso por sus corruptelas. Entre otros negocios, Ortiz era el principal accionista del Hércules CF, y fue acusado de sobornar al Córdoba CF y a otros equipos para que perdieran contra el Hércules durante la temporada 2009-2010 con el fin de asegurar el ascenso de su equipo a Primera División. Sonia Castedo negó los cargos, aunque reconoció haber aceptado un viaje a Baleares en el yate de Ortiz. La fiscalía anticorrupción también acusó a directivos de Bancaja y al expresidente y a un director de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de estar implicados en una turbia recalificación de terrenos. En 2012, la investigación se extendió a 29 personas, entre las que figuraban el exalcalde y la alcaldesa de Orihuela, José Manuel Medina y Mónica Lorente. Se alegó que Lorente había aceptado sobornos para garantizar a Fenoll el contrato de recogida de basuras que Medina le había negado. Fueron tantas y tan complejas las ramificaciones del caso que este no llegó a juicio hasta marzo de 2019, cuando todos los acusados negaron los cargos[1844].

En el verano de 2008 se inició una investigación judicial sobre las cuentas y el patrimonio de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón de 1995 a 2011, figura importante del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y aliado de Zaplana. Fabra era un cacique hereditario: su padre, su abuelo, su bisabuelo, dos hermanos de su bisabuelo y un tío abuelo habían sido presidentes de la Diputación antes que él. Se descubrió que había ingresado quince millones de euros en sus más de cien cuentas bancarias, de los que por lo menos seis millones se habían ingresado en efectivo sin justificación documental alguna de su procedencia y sin declararlos al fisco. En total, se calcula que los numerosos depósitos en efectivo de entre cuarenta y cien mil euros multiplicaban por treinta sus ingresos declarados a Hacienda. En 1999, por ejemplo, sus ingresos declarados fueron de 73.000 euros, pero había ocultado a Hacienda otros 800.000. Afirmó haber ganado 2,2 millones de euros en la lotería en siete ocasiones entre 2000 y 2004. Esta inverosímil buena suerte era el fruto de un mecanismo habitual de blanqueo de capitales mediante el cual se compra un billete premiado por una cantidad superior al importe del premio, lo que permite ingresar el dinero del premio limpio y libre de impuestos. Cuando Fabra fue acusado por primera vez, Rajoy acudió en su ayuda, calificándolo de ciudadano ejemplar. Fabra se hizo tristemente famoso por haber promovido la construcción del aeropuerto de Castellón, un proyecto inútil a mayor gloria personal que costó una fortuna a la provincia. En noviembre de 2013 fue condenado a cuatro años de cárcel por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal[1845].

Otros partidos, aparte del PSOE y el PP, estaban asimismo involucrados en prácticas corruptas. Los delitos de CiU salieron a la luz después de que perdiera apoyo en Cataluña debido a sus estrechos vínculos con el PP. El principal beneficiario de esta pérdida de apoyo a CiU entre las fuerzas catalanistas fue Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En las elecciones de noviembre de 2003, el socialista Pasqual Maragall derrotó al sucesor de Pujol, el bien parecido economista Artur Mas, pero no obtuvo la mayoría absoluta[1846]. En diciembre, Maragall se convirtió en presidente de la Generalitat al frente de una coalición del PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds (a su vez, una coalición de comunistas y verdes). El tripartito estuvo en el poder desde 2003 hasta 2010[1847].

Al igual que el Partido Popular, Convergència i Unió se había financiado ilegalmente mediante comisiones a cambio de contratas públicas, un hecho que se convirtió en noticia como resultado de un debate en el Parlamento catalán el 24 de febrero de 2005 sobre el hundimiento del túnel del metro que se estaba construyendo en el barrio barcelonés del Carmel. En respuesta a las acusaciones de negligencia gubernamental del líder de CiU, Artur Mas, el presidente socialista de la Generalitat, Pasqual Maragall, declaró: «Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por ciento», en referencia a los rumores de que CiU cobraba una comisión del 3 por ciento por la adjudicación de contratos de obras públicas. Cuando Mas amenazó con poner fin al apoyo a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Maragall se vio obligado a retirar la acusación. Investigaciones judiciales posteriores revelaron que Convergència había recibido comisiones por contratos de obras públicas adjudicados a empresas constructoras. Cuando la compañía recibía un contrato, realizaba un «donativo» equivalente al 3 por ciento del contrato a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, propietaria y gestora del célebre edificio modernista barcelonés, que a su vez transfería luego una parte al think tank de Convergència, la Fundació Trias Fargas. Por ejemplo, Ferrovial, a través del Palau, pagó comisiones por un total de 5,1 millones de euros por contratos como el complejo de edificios destinados a alojar juzgados y servicios complementarios conocido como la Ciutat de la Justícia o la ambiciosa línea 9 del metro de Barcelona[1848].

En 2013, las investigaciones sobre la financiación ilícita de CiU, que ya llevaban tiempo en marcha, pusieron al descubierto la corrupción personal de Jordi Pujol. El escándalo salió a la luz cuando María Victoria Álvarez, examante de su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, reveló que la familia tenía importantes cuentas bancarias en el paraíso fiscal de Andorra. En respuesta a las revelaciones mediáticas, en julio de 2014, Jordi Pujol afirmó que se refería a una herencia recibida de su padre y que, simplemente, había estado demasiado ocupado para declararla a las autoridades fiscales. Sin embargo, María Victoria Álvarez afirmó que era dinero derivado de las comisiones recibidas a cambio de la adjudicación de obras públicas. Esto provocó un pequeño terremoto en la política catalana. El escándalo se relacionó en su momento con la quiebra de Banca Catalana, pero se asoció con más frecuencia con la acusación de que el clan Pujol había estado cobrando comisiones a empresarios durante los veintitrés años de su presidencia de Cataluña. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, José de la Mata, vino a dar la razón a Maragall cuando identificó a más de un centenar de empresas que habían sido adjudicatarias de contratos de la Generalitat y de ayuntamientos gobernados por CiU que habían pagado a cambio comisiones por valor de 11,5 millones de euros a la familia Pujol[1849].

En otro gran escándalo en Cataluña estuvieron involucradas importantes figuras de Convergència i Unió y del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). En 2009, Baltasar Garzón comenzó a investigar el caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística que afectaba a tres ayuntamientos de la provincia de Barcelona y a varios ex altos cargos de Convergència i Unió y del PSC. La red, en activo desde 2002, se dedicaba a amañar contratos públicos y recalificar ilegalmente terrenos de municipios del norte del área metropolitana de Barcelona; en especial, Santa Coloma de Gramenet, pero también Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Entre cargos municipales y autonómicos, veinte personas fueron imputadas como integrantes de una compleja trama. Entre ellas, figuraban Lluís Prenafeta, antiguo brazo derecho y secretario general de Presidencia de Jordi Pujol, y Macià Alavedra, que había sido conseller de Pujol durante quince años, de Gobernación de 1982 a 1987, de Industria de 1987 a 1989 y de Economía de 1989 a 1996. Ambos fueron acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. También fue detenido el exalcalde de Santa Coloma, el socialista Bartomeu Muñoz, acusado de asociación ilícita, exigencia y cobro de sobornos, fraude y falsificación documental. Además fueron imputados el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, y Pascual Vela, gerente de Servicios Municipales de la misma localidad, que presuntamente pactaba con las empresas el pago de comisiones. El cerebro de la trama era Luis García Sáez, «Luigi», exdiputado del PSC, que, además de los mismos cargos que Muñoz, fue acusado de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. También fueron imputados los directivos de las empresas que habían pagado mordidas y parientes de algunos de los implicados, como las esposas de Alavedra y Prenafeta. El caso avanzó lentamente por el sistema judicial hasta resolverse por fin en 2018, cuando los principales encausados recibieron importantes condenas de cárcel y cuantiosas multas[1850].

Durante la presidencia de Aznar, comenzaron a gestarse algunos grandes escándalos que tardarían más de una década en salir a la luz. Aznar eligió a Luis Bárcenas como gerente del PP en 1989. Encumbró a Rodrigo Rato en el Gobierno. Eduardo Zaplana era su protegido[1851]. Los tres estarían en el centro de escándalos de corrupción multimillonaria, el primero de los cuales arrancó en 2009 cuando, como parte de la investigación de la trama Gürtel sobre la financiación del PP, el juez Garzón preguntó a las autoridades suizas si Luis Bárcenas tenía fondos en bancos de Ginebra. Con gran alarma de la dirección del PP, se supo que allí tenía una fortuna personal de 48,25 millones de euros, amasada durante los años en los que Bárcenas había trabajado con Álvaro Lapuerta, tesorero del PP entre 1993 y 2008 hasta que Bárcenas le sucedió en el cargo. Ambos habían utilizado la contabilidad paralela del partido —que ya había salido a relucir en el caso Naseiro— para canalizar enormes donaciones ilegales en efectivo y no declaradas al PP. Aparte de las sumas que Bárcenas se guardó para sí, este dinero servía para pagar varios gastos de la formación política, incluidos sobresueldos para sus altos cargos. Cuando Bárcenas fue investigado por primera vez, el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que se trataba de un ataque políticamente motivado contra el partido. Pero tras la revelación de las cuentas en Suiza, obligó a Bárcenas a dimitir de sus cargos de tesorero del PP y de senador. Para suavizar el golpe, el partido acordó darle el título de asesor, con un salario anual de 255.600 euros, cubrir sus gastos legales hasta 200.000 euros y seguir proporcionándole un coche y una secretaria[1852].

Las investigaciones de las autoridades anticorrupción españolas fueron avanzando, lo que propició un aumento de la colaboración entre los juzgados españoles y las autoridades suizas a partir de 2012. El resultado fue que el Partido Popular, ya presionado por el comienzo de la crisis de Bankia, en la que estaba involucrado Rodrigo Rato, decidió no apoyar a Bárcenas[1853]. El 31 de enero de 2013, El País publicó una serie de páginas manuscritas con la contabilidad paralela de Bárcenas entre 1990 y 1993 y entre 1996 y 2008. Los ingresos, principalmente donativos de compañías constructoras, pero también de dinero del imperio empresarial de Francisco Correa, violaban la ley de financiación de partidos. Los gastos, igualmente ilegales, adoptaban la forma de sobresueldos para los altos cargos del PP. El principal beneficiario era Mariano Rajoy, que aparecía 35 veces en la contabilidad de Bárcenas, con un total de cobros de 322.231 euros en once años, incluyendo tres años en los que había sido ministro del Gobierno de Aznar. Entre 1990 y 2008, otros grandes beneficiarios fueron Álvarez Cascos, que presuntamente percibió el equivalente a 321.391 euros; Rodrigo Rato, con 216.711 euros, y Jaime Mayor Oreja, con 181.440 euros. José María Aznar cobró la cifra más modesta de 9.198 euros en 1990, cuando era uno de los seis vicepresidentes del PP y era el responsable general de las finanzas del partido. Más tarde, el mismo día en que se publicaron los llamados «papeles secretos» o «papeles de Bárcenas», este negó que se hubieran realizado tales pagos. Pero a principios de junio de 2012, Bárcenas admitió ante el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, que los documentos eran auténticos. Reconoció que tanto él como su predecesor en el cargo de tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, habían creado un fondo ilícito con el dinero que recibían de los empresarios. Durante los cinco años siguientes, Rajoy afirmó desconocer las actividades de Bárcenas, amigo de la familia y compañero de partido, a pesar de las pruebas de connivencia que había publicado El Mundo, en forma de mensajes de móvil (SMS) de apoyo que Rajoy había enviado en su momento a Bárcenas y a su mujer, Rosa, con palabras como «Ánimo» y «Sé fuerte[1854]».

Gürtel es el caso más importante en el que se han visto implicados altos cargos del PP y está estrechamente relacionado con el caso Bárcenas. Se destapó a principios de 2009, aunque los juicios de los acusados no comenzaron hasta octubre de 2016 como resultado de los reiterados intentos del PP de recusar a los jueces. La policía utilizó la palabra clave «Gürtel» («correa», en alemán) en alusión al apellido del principal sospechoso, Francisco Correa Sánchez. La habilidad de Correa para complacer a los ricos y poderosos hizo que su influencia creciera hasta el punto de obtener comisiones para organizar eventos electorales, incluyendo espectaculares mítines en plazas de toros. La investigación de Baltasar Garzón se inició después de que dos denunciantes —José Luis Peñas, de Majadahonda, y Ana Garrido Ramos, de Boadilla del Monte— informaran a la policía. La consiguiente acusación del alcalde popular de Boadilla, Arturo González Panero, llevó a su dimisión y exilio, y la policía pidió la detención de su sucesor, Juan Siguero. Los alcaldes del PP de Majadahonda, Boadilla, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey y antiguos consejeros del gobierno de la Comunidad de Madrid del PP fueron acusados de haber cobrado más de cuatro millones de euros por la adjudicación ilegal de contratos y la concesión también fraudulenta de permisos de construcción[1855].

Como en la mayoría de estos casos, los principales cargos eran cohecho, blanqueo de capitales y evasión de impuestos. En esta ocasión, los implicados constituían una extensa red supervisada por Correa, que estaba formada por empresarios y políticos del PP, partícipes en actividades ilegales relacionadas con la financiación del partido y la manipulación de licitaciones para contratos públicos en comunidades autónomas gobernadas por el PP, sobre todo la Comunidad Valenciana y Madrid, pero también Galicia[1856]. A través de Orange Market, una empresa de organización de eventos propiedad de Correa, se hicieron regalos y pagos en efectivo a políticos populares, incluido el pago de trajes para Francisco Camps, Ricardo Costa y otros altos cargos del PP valenciano. Estos y otros pagos los realizaba en efectivo, con billetes de quinientos euros, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, administrador de Orange Market y uno de los principales socios de Correa. El sastre que destapó la trama al denunciar los regalos de trajes perdió su empleo[1857]. Se ha calculado que las actividades de la red, en concepto de evasión fiscal y de contratos innecesarios o inflados para obras de construcción y servicios municipales, costaron no menos de 120 millones de euros al erario público[1858] Las ganancias personales de Correa se situarían en torno a los nueve millones de euros[1859]..

Los ingresos en efectivo eran tan cuantiosos que Correa —apodado «Don Vito» por sus amigos— contaba grandes sumas de dinero sin recato alguno mientras cenaba en el exclusivo restaurante madrileño Sorolla, del que era cliente habitual. Al parecer, también organizaba orgías para políticos y pasaba tanto tiempo en un burdel cercano llamado Pigmalión que él y sus socios se referían al prostíbulo como «la ofi[1860]». Para gestionar su imperio cada vez más complejo, Correa reunió a un equipo de asesores, contables que llevaban la contabilidad de los sobornos y regalos, y de abogados que creaban sociedades pantalla en España y en el exterior con el fin de ocultar el dinero. Por mediación de Pablo Crespo, la red, que inicialmente operaba en torno a Madrid, se amplió asimismo al PP valenciano.

Las investigaciones comenzaron después de que José Camarasa Albertos, diputado socialista en las Cortes Valencianas, expresara sus sospechas sobre los negocios irregulares de Orange Market. La empresa, dirigida en Valencia por el socio de Correa, Álvaro Pérez Alonso («El Bigotes»), organizaba mítines, conferencias y congresos, además de contratar a expertos en publicidad para las campañas del PP en las elecciones autonómicas valencianas de 2007 y en las elecciones generales de 2008. En el juicio de 2018, El Bigotes declaró que, cuando la empresa comenzó a trabajar para José María Aznar, «le dimos una imagen fresca y dinámica; la gente pensaba que se había hecho un lifting; transformé su cara de mala leche». La investigación se centró en Pablo Crespo y en el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. La defensa del PP fue que todo era un montaje del PSOE[1861].

Correa fue detenido junto con varios de sus colegas en febrero de 2009. No pudo pagar la astronómica fianza, fijada en quince millones de euros, por lo que permaneció en la cárcel durante tres años mientras continuaban las investigaciones, tras lo cual la fianza se redujo a un millón[1862]. En junio de 2009, se inició la investigación de las actividades de Luis Bárcenas. El proceso fue acompañado de numerosos cambios en los jueces implicados, empezando por Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial por haber autorizado escuchas telefónicas ilegales de conversaciones entre los acusados y sus abogados.

Finalmente, en enero de 2016, comenzó el juicio de 37 de los implicados. Correa testificó que su relación con el PP se había iniciado en 1993 gracias a sus contactos con Álvarez Cascos y Bárcenas. Confesó haber entregado sobres con dinero al alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, a Luis Bárcenas y a otros altos cargos populares, así como haber contribuido a financiar las campañas electorales del PP en Pozuelo, Majadahonda y Valencia. También hizo importantes regalos —entre ellos, dos coches de lujo— a Sepúlveda y a su esposa Ana Mato, diputada del PP y, de 2011 a 2014, ministra de Sanidad. Correa, refiriéndose a la sede del PP en la madrileña calle Génova, declaró: «Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho. Era mi casa, vamos». Manifestó asimismo que, a propuesta de Bárcenas, actuaba como intermediario entre el PP y las grandes empresas, negociando importantes contratos públicos a cambio de cuantiosas comisiones en efectivo, de las que se embolsaba una parte y el resto se lo daba a Bárcenas[1863]. Uno de los momentos estelares del juicio se produjo en junio de 2017 con la comparecencia de Mariano Rajoy. Fue el primer presidente del Gobierno obligado a declarar en una corte judicial, aunque lo hizo solo como testigo. A pesar de los papeles de Bárcenas, Rajoy negó haber recibido sobresueldo alguno y afirmó desconocer la participación del PP en los chanchullos confesados por Correa. Insistió en que él se limitaba a fijar la política del partido y no tenía nada que ver con sus finanzas[1864]. En enero de 2019, Bárcenas afirmó que la policía se había incautado de documentación que probaba que Rajoy y otros dirigentes del PP habían recibido dinero[1865].

El 17 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional declaró a 27 personas físicas y al Partido Popular como persona jurídica culpables de estafa y blanqueo de capitales. A Correa le cayeron 51 años y once meses; a Crespo, 37 años y seis meses; a Bárcenas, 33 años y cuatro meses y una multa de 44 millones de euros; a su esposa, Rosalía Iglesias Villar, 15 años y un mes; a Guillermo Ortega (exalcalde de Majadahonda), 38 años y tres meses; a José Luis Izquierdo López, 17 años y siete meses; a Jesús Sepúlveda (exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato), 14 años y cuatro meses; a José Luis Peñas (exconcejal de Majadahonda y denunciante de la Gürtel), 4 años y nueve meses; Álvaro Pérez Alonso fue absuelto. El PP fue multado con 245.492,80 euros como beneficiario de la red Gürtel gracias a la caja B, mediante la cual las comisiones que pagaban las empresas a cambio de contratos públicos se utilizaban para financiar al partido y enriquecer a algunos particulares. El juez declaró que la afirmación de Rajoy de que no sabía nada de este dinero ilícito no era «suficientemente creíble». El daño a la reputación del partido fue incalculable e hizo que perdiera el Gobierno tras presentar y ganar el PSOE una moción de censura el 1 de junio[1866]. Durante el debate de la moción de censura, la diputada de Podemos Irene Montero enumeró sesenta casos importantes de corrupción en los que estaba implicado el PP. En la sentencia del juicio sobre la financiación ilegal del PP valenciano, se afirmó que se habían utilizado tres millones y medio de euros para gastos electorales del partido, incluida la organización de una campaña de desprestigio contra el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero[1867].

En 2005, durante la operación Ballena Blanca, una enorme investigación policial sobre el blanqueo de capitales del crimen organizado procedentes del narcotráfico, la prostitución, el tráfico de armas y el secuestro, se registraron varios bufetes de abogados en Marbella. Entre los implicados figuraba el alcalde de Manilva (Málaga), Pedro Tirado, que fue detenido el 13 de octubre de 2005 junto con su cuñado, Francisco Calle. Cuando se registraron sus domicilios, se comprobó que Pedro Tirado tenía 770.000 euros en bolsas de plástico y Francisco Calle, 20.000. Ambos estaban relacionados con Royal Marbella Estates, una empresa que presuntamente servía para blanquear dinero del narcotráfico. Tirado había sancionado en 2003 la recalificación como terreno edificable de un predio agrícola de 1.300.000 metros cuadrados, el cortijo La Parrada, y aumentó drásticamente el número de permisos de construcción de viviendas. Royal Marbella Estates, que había comprado la finca mencionada por 12 millones de euros, la vendió a cinco promotores por 160 millones. Tirado fue acusado de prevaricación y cohecho, tráfico de influencias y aceptación de dádivas para dictar una determinada resolución. Afirmó que el dinero provenía de donaciones anónimas y, finalmente, fue condenado a una multa de 12.000 euros[1868].

El principal descubrimiento de la operación Ballena Blanca fue el llamado «caso Malaya» en el Ayuntamiento de Marbella, conocido por su corrupción durante los años en que estuvo gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), el partido creado por el turbio magnate inmobiliario Jesús Gil, que sería alcalde entre 1991 y 2002. En abril de este último año, fue inhabilitado para el ejercicio de cargo público durante 28 años, obligado a dimitir como alcalde y encarcelado durante seis meses por una serie de delitos que incluían el tráfico de influencias, la falsedad documental y la malversación de caudales públicos, además de por estafa al Atlético de Madrid y al Ayuntamiento de Marbella. Gil se había apropiado de 450 millones de pesetas (2,7 millones de euros) del Ayuntamiento alegando que eran para pagar que el nombre de la ciudad figurase en las camisetas del club. La estafa no solo le benefició económicamente, sino que también impulsó su campaña electoral para convertirse en alcalde en 1991. Entre 1991 y 1995, Gil y seis cómplices más estafaron al Ayuntamiento de Marbella 35,2 millones de euros como pago de gastos a cuatro empresas inexistentes. Uno de los colaboradores fue Juan Antonio Roca, asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella[1869].

Gil murió antes de que las investigaciones de las autoridades anticorrupción comenzaran en noviembre de 2005. Bajo su protección, en los años noventa, Juan Antonio Roca, a través del soborno y el chantaje, había creado una red de empresarios, abogados, policías e incluso jueces, utilizando los contactos creados por el cónsul alemán en Málaga, Hans Hoffmann, y su hijo Juan. Cabe recordar que Hans Hoffmann había sido el pionero de los negocios inmobiliarios en la cercana localidad de Fuengirola que enriquecieron a José Antonio Girón de Velasco[1870]. Durante el boom inmobiliario, Roca fue el autor intelectual de las infracciones de la normativa urbanística que les enriquecieron a él y a varios alcaldes y concejales. El dinero en efectivo de los empresarios era utilizado por Roca para pagar a los concejales y conseguir la aprobación de planes urbanísticos y permisos de construcción de los que se beneficiaban tanto Gil como él. Las pesquisas sobre sus actividades dieron lugar a un centenar de investigaciones sobre otros casos de corrupción con nombres como Saqueo I, Saqueo II, Minutas, Belmonsa, Urquía y, la más importante, Malaya, que llevaron a Roca a la cárcel durante once años. Durante el primero de varios juicios, se demostró que Roca había amasado una fortuna ilegal de más de mil millones de euros[1871].

En marzo de 2006, la policía practicó redadas en viviendas y oficinas de Marbella, Málaga, Madrid, Murcia, Cádiz y Huelva, en las que se incautó de documentos, enormes cantidades de objetos de valor y dinero en efectivo por valor de 2.400 millones de euros. Se registraron numerosas propiedades de Roca, desde grandes fincas hasta hoteles y bloques de apartamentos. En su enorme finca de Marbella, La Caridad, en marzo de 2006 se encontraron cajas de joyas, varios coches de lujo, 245 valiosos cuadros —entre ellos, un Miró colgado en un baño—, un helicóptero, un pabellón lleno de trofeos de caza —elefantes, cebras, jirafas y leopardos disecados— y una cuadra con más de cien caballos de pura sangre. En la finca La Morisca de Jimena de la Frontera (Cádiz) había cien toros de lidia y una valiosa colección de parafernalia taurina histórica[1872]. En el registro de la casa madrileña del exconcejal de Tráfico de Marbella, Victoriano Rodríguez, se hallaron entre trescientos y cuatrocientos mil euros presuntamente preparados para el pago de sobornos, ya que el dinero estaba metido en sobres etiquetados con cantidades y nombres. Estos descubrimientos llevaron a las detenciones de Roca, Rodríguez, la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y la teniente de alcalde Isabel García Marcos. El Gobierno tomó la decisión sin precedentes de disolver el Ayuntamiento en abril y sustituirlo por una gestora provisional hasta las elecciones municipales de mayo de 2007, que ganó el PP[1873].

Una segunda fase de la operación tuvo lugar el 27 de junio, cuando trescientos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraron en locales de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona. Detuvieron a treinta personas, incluidos trece exconcejales del Ayuntamiento de Marbella y magnates de la construcción[1874]. El 17 de julio de 2006 se practicaron nuevas detenciones, entre ellas la del sucesor de Jesús Gil en la alcaldía, Julián Muñoz. Posteriormente, la amante de Muñoz, la tonadillera Isabel Pantoja, fue condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales. Otros políticos y famosos estuvieron involucrados en el caso, cuya notoriedad hizo que fuera llevado a la pequeña pantalla en forma de miniserie televisiva[1875]. El 14 de noviembre de 2006, en la tercera fase de la investigación, fueron detenidas otras once personas, entre las que se encontraba la exesposa de Muñoz, Maite Zaldívar, quien cometió el desliz de comentar en una aparición televisada que en su casa «entraban bolsas y bolsas repletas de dinero[1876]». En julio de 2007, se presentaron cargos contra 95 personas, 52 de las cuales fueron declaradas culpables en octubre de 2013. Roca fue condenado a once años de cárcel y al pago de una multa de 240 millones de euros; Yagüe, a seis años, y Muñoz, a dos[1877].

A pesar del torrente de corrupción y de la antipatía que algunas decisiones y cierta soberbia habían generado, Aznar, que no se presentaba como candidato por decisión propia, confiaba en que Mariano Rajoy obtuviera la victoria en las elecciones previstas para el 14 de marzo de 2004. No contaba con el voto de castigo fruto de la impopular decisión de participar en la guerra de Irak con George W. Bush y Tony Blair[1878]. Tampoco contaba con que, tres días antes, las bombas puestas en cuatro trenes de cercanías madrileños de la línea que une la estación de Atocha con la de Alcalá de Henares iban a matar a 193 personas y herir a otras dos mil. El atentado fue obra de una célula de Al Qaeda, como represalia por la participación de España en la guerra de Irak. Una web relacionada con Al Qaeda defendía ataques contra España y afirmaba que asegurarían la victoria del PSOE y la retirada de las tropas españolas de Irak, lo que se basaba en unas declaraciones del socialista José Luis Rodríguez Zapatero realizadas en 2003, en el sentido de que, si ganaba las próximas elecciones, retiraría las tropas españolas del país. Al principio, el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, culpó del atentado a ETA, al igual que el propio Aznar, que telefoneó personalmente a los directores de varios periódicos para asegurarles dicha autoría. Los embajadores españoles recibieron instrucciones de hacer hincapié en este punto. Era una deducción razonable, ya que ETA había atacado previamente las estaciones de tren de Madrid, aunque sin éxito. Sin embargo, pronto se acumularon pruebas forenses que incriminaban a Al Qaeda. El descubrimiento de una cinta de audio con grabaciones del Corán y de una furgoneta que contenía siete detonadores condujo a la detención de tres marroquíes. El Gobierno se guardó esta nueva información y, cuando finalmente la difundió, crecieron las sospechas de que había buscado favorecer electoralmente al PP. Los resultados fueron un espectacular correctivo a las expectativas de Aznar. Los socialistas ganaron las elecciones con 164 escaños, 39 más que en el 2000, y 16 más que el PP de Rajoy, que se quedó en 148, con una pérdida de 35[1879].

La información comprometida que el Gobierno no había difundido era que el 13 de marzo se había encontrado cerca de la mezquita principal de Madrid un vídeo en el que un portavoz de Al Qaeda reivindicaba los asesinatos perpetrados en respuesta al papel de España en Afganistán e Irak. En las manifestaciones que tuvieron lugar ante las sedes del PP de toda España, los participantes coreaban: «¡Vuestras guerras, nuestros muertos!». Una comisión investigadora creada por iniciativa del PSOE, la llamada «Comisión 11-M», demostró que los atentados fueron obra de terroristas islámicos y no de ETA. También concluyó que el Gobierno de Aznar había ocultado la verdad con fines electoralistas y que había subestimado la amenaza terrorista islámica para España. Cuando el informe de la Comisión 11-M se presentó ante las Cortes, sus conclusiones fueron aprobadas por todos los partidos salvo el PP. De hecho, dos años después, altos cargos del PP seguían negándose a aceptar que la atrocidad no había sido obra de ETA[1880].

Sin mayoría absoluta, Zapatero tuvo que buscar el apoyo de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya. Esa fue una de las varias razones que lo inclinaron a adoptar políticas progresistas. Otra fue el hecho de que su abuelo paterno, capitán del Ejército español en 1936, había sido ejecutado por los militares rebeldes porque se negó a luchar contra la República. En el gabinete de Zapatero había tantas mujeres como hombres y su vicepresidenta era María Teresa Fernández de la Vega. Se aprobó una Ley de Igualdad con el fin de que los partidos políticos incluyeran como mínimo a un 40 por ciento de mujeres en sus listas electorales y que las empresas con más de 250 empleados asignasen a mujeres el 40 por ciento de los puestos en sus consejos de administración. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tenía por objeto proteger y apoyar a las víctimas e introducir penas severas para los infractores. El número de mujeres asesinadas a causa de la violencia de género se desplomó durante los ocho años en los que gobernó Zapatero. El matrimonio homosexual fue legalizado en 2005, con gran indignación de la derecha. Se liberalizaron las leyes sobre el aborto y se introdujo el divorcio exprés, así como una Ley de Dependencia para ayudar a las personas dependientes por enfermedad, discapacidad o edad. Estas medidas progresistas chocaron con una feroz oposición de la Iglesia católica. El conservador cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, acusó a Zapatero de convertir a España en Sodoma y Gomorra[1881].

Una de las medidas más polémicas fue la Ley de la Memoria Histórica. Era demasiado poco y llegaba demasiado tarde, pese a lo cual fue sistemáticamente bloqueada y saboteada por el Partido Popular[1882]. En los primeros años de la Transición, el miedo a un nuevo conflicto armado y al retorno a la dictadura había inhibido toda inclinación a investigar los crímenes de los franquistas durante la Guerra Civil y la posguerra. A pesar del velo de silencio que se corrió sobre el pasado en aras de una democracia aún frágil, muchos historiadores continuaron investigando sobre la contienda bélica y la represión posterior. Las atrocidades cometidas por los izquierdistas en la zona republicana fueron investigadas a fondo por el régimen franquista y sus víctimas, vindicadas; en cambio, tanto la generación de republicanos que habían padecido la guerra como sus hijos seguían viviendo con miedo. El hecho de que la policía, la Guardia Civil y el poder judicial no fuesen reformados durante años fue un factor significativo. Incluso cuando el PSOE llegó al poder en 1982, no quiso satisfacer la demanda latente de investigación. Lo consideraba demasiado peligroso. Además, desentrañar el destino de los bienes saqueados durante y después de la guerra y anular los miles de casos de personas injustamente ejecutadas o encarceladas planteaba numerosísimos problemas y complicaciones legales.

El impulso de hacer algo vino de los nietos de las víctimas. En el clima hostil generado por el Gobierno de Aznar, poco a poco surgió la sensación de que la democracia era lo bastante fuerte como para soportar un debate sobre el pasado reciente. A partir del año 2000, e inspirado por los esfuerzos de un joven sociólogo navarro, Emilio Silva Barrera, que pretendía investigar el destino de su abuelo desaparecido en León en los primeros meses de la guerra, nació y creció un movimiento de masas a favor de lo que se ha dado en llamar «la recuperación de la memoria histórica». En toda España aparecieron secciones locales de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que recibían miles de peticiones de ayuda para localizar los restos de familiares, y cuyos voluntarios comenzaron a excavar fosas comunes y a anotar los testimonios de los supervivientes. Algunas televisiones autonómicas (ninguna de ámbito nacional) produjeron inquietantes documentales sobre la represión. El Gobierno de Zapatero declaró el 2006 «Año de la Memoria Histórica». En 2007, el Parlamento español aprobó la Ley de la Memoria Histórica. Hubo importantes iniciativas regionales, como la creación por parte de la Generalitat de Cataluña de la entidad conocida como «Memorial Democràtic», la dotación en Galicia de recursos públicos para la investigación de la memoria histórica y la creación en Andalucía del gran proyecto Todos los Nombres. Sin embargo, las esperanzas suscitadas por la ley se fueron desvaneciendo poco a poco. Los ayuntamientos conservadores no financiaban las excavaciones. Además, el poder judicial español se mostró poco dispuesto a investigar la desaparición de decenas de miles de personas entre 1936 y 1939[1883].

Este movimiento de memoria histórica generó incomodidad no solo a los perpetradores, o sus familiares, sino también entre quienes sentían nostalgia por Franco y entre los sectores más amplios de la sociedad que, con el tiempo, se acabaron beneficiando de la dictadura. Una serie de obras polémicas y de gran éxito han buscado complacer a este público. Criticando a los numerosos investigadores serios de España, un reducido grupo de autores y emisoras los abuchean ruidosamente desde una posición marginal a la manera de ultras del fútbol. Afirman que las penurias de las víctimas republicanas no son más que exageraciones fruto de una siniestra conspiración de historiadores políticamente correctos y añaden que dichos sufrimientos fueron, en cualquier caso, culpa suya. En estas obras que se autodefinen como «revisionistas» apenas se encuentran investigaciones nuevas, sino que se limitan a reciclar en lo esencial las tesis de la propaganda franquista. En sus libros y tertulias difamatorias, tachan de mentirosos e idiotas a los autores de la nueva historiografía crítica[1884]. Cuando el Partido Popular volvió al poder en 2011, la financiación ya de por sí insuficiente para la mayoría de las actividades posibilitadas por la Ley de la Memoria Histórica llegó a su fin. Por eso aún no existe un censo nacional de los muertos ni financiación para las pruebas de ADN; en cambio, el Gobierno del PP contribuyó al mantenimiento de las tumbas de los voluntarios falangistas que lucharon junto a los alemanes en el frente oriental[1885].

Rodríguez Zapatero heredó una economía fuerte en buena parte gracias a la pertenencia de España al euro. La incorporación a la moneda única había exigido la liberalización del mercado y provocó la afluencia de crédito barato, fondos de la Unión Europea e inversión extranjera directa. Una gran parte del crecimiento del PIB se debió al auge de la construcción, que creó millones de puestos de trabajo y fomentó la corrupción. La época del dinero fácil comenzó cuando los tipos de interés de los países de la Eurozona bajaron del 14 a cerca del 3 por ciento. Los bancos alemanes y franceses prestaban dinero a los bancos españoles, lo que permitía a sus clientes comprar bienes de consumo alemanes y franceses y una primera o segunda residencia. Durante la primera legislatura de Zapatero, la economía creció alrededor de un 3 por ciento anual y el desempleo cayó del 11,5 por ciento en marzo de 2004 al 8 por ciento en 2007. La renta per cápita superó la media de la Unión Europea y se situó por encima de la de Italia, pero tanto la deuda pública como la privada estaban fuera de control y toda la riqueza dependía en exceso de la construcción. Las primeras señales de crisis surgieron a mediados de 2007, cuando la economía española ya se estaba desacelerando. La burbuja estalló después de la crisis financiera internacional de 2008 y el PIB se redujo un 4,6 por ciento a finales de 2009. España entró en una recesión que duraría hasta 2013. El crecimiento económico cayó del 3,6 por ciento en 2007 a menos del 1 por ciento en 2008. El sector de la construcción se contrajo un 35 por ciento entre 2007 y 2010. Se perdió un millón de puestos de trabajo, con el consiguiente impacto en el resto de la economía. El desempleo se disparó hasta el 25 por ciento y el desempleo juvenil alcanzó el 55 por ciento[1886].

Aparte de la crisis económica, durante el primer periodo de Gobierno de Zapatero también se sembraron las semillas de una crisis política en Cataluña que desgarraría a España. En Cataluña vive el 16 por ciento de la población española, pero representa aproximadamente el 20 por ciento de su economía. Como era inevitable, la lenta y reticente transferencia de competencias de Madrid a Barcelona había generado insatisfacción en Cataluña. En paralelo, Jordi Pujol seguía una política de consolidación del sentimiento de identidad nacional basado en la lengua y la cultura. En 1990, había encargado a un equipo de intelectuales catalanes la redacción de una «Estratègia per a la recatalanització[1887]». Se trataba de un programa destinado a demostrar a la población que Cataluña se veía perjudicada cultural y económicamente por la discriminación del Estado español. El desarrollo de un sistema educativo autónomo y la radio y la televisión en lengua catalana fomentaron el independentismo, al igual que el hecho de que los puestos de trabajo de muchos catalanes dependieran de la Generalitat[1888] Había un creciente deseo de resolver lo que desde Barcelona se veía como las deficiencias tanto de la Constitución española de 1978 como del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979. Alrededor del 14 por ciento de los catalanes estaban a favor de la plena independencia de España en 2005-2006 y otro 34 por ciento estaba a favor de la independencia dentro de una España federal[1889].. El primer gobierno tripartito de Maragall promovió la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía, que fue debatido y aprobado por el Parlamento de Cataluña y luego sometido a la aprobación de las Cortes españolas. Todos los partidos, excepto el Popular, dieron su visto bueno a la propuesta llegada del Parlamento catalán, aunque la mayoría del PSOE se sintiera incómoda porque el texto definía a Cataluña como nación. Mariano Rajoy, sin embargo, fue inequívoco: en un mitin celebrado en diciembre de 2005 en la Puerta del Sol de Madrid ante casi cincuenta mil militantes y simpatizantes del PP, declaró: «Solo hay una nación: la española[1890]».

Tras arduas negociaciones, el Estatuto catalán fue aprobado por las Cortes españolas en junio de 2006. A pesar de las concesiones hechas durante el proceso, sobre todo en materia de financiación, los principales partidos catalanes aceptaron el texto aprobado en Madrid al reconocer que Cataluña era una nación. Posteriormente fue aprobado por los catalanes en un referéndum celebrado el 18 de junio, con un elevado nivel de abstención, que superó el 50 por ciento del electorado. El 74 por ciento de quienes votaron optaron por el «sí». De hecho, el principal partido nacionalista, Esquerra Republicana de Catalunya, hizo campaña a favor del «no» alegando que el texto no era lo bastante ambicioso. El PP argumentó que los resultados indicaban que la independencia no era una cuestión candente[1891]. Incluso la versión «cepillada» del Estatuto de Cataluña, en expresión de Alfonso Guerra, fue objeto de duras críticas por parte de la prensa de derechas de gran parte de España. El PP invirtió medio millón de euros en una campaña divisiva a favor de un boicot a los productos catalanes y, en algunos medios de comunicación, como la popularísima COPE, la emisora de radio de la Conferencia Episcopal, se oyeron expresiones de hostilidad que rayaban en el odio étnico[1892].

A finales de julio de 2006, cuando este estaba a punto de convertirse en ley, el PP recurrió el Estatuto ante el Tribunal Constitucional, un ente judicial profundamente conservador[1893]. El consiguiente retraso de cuatro años en su entrada en vigor fomentó el independentismo más radical. La sentencia de 881 páginas, publicada por fin el 28 de junio de 2010, declaró la inconstitucionalidad de 14 de los 233 artículos de la ley, entre los que figuraban los que concedían la condición de preferente a la lengua catalana y otorgaban a Cataluña el control de sus ingresos fiscales. En dicha sentencia, además, se hacía referencia a la «unidad indisoluble de la nación española». Ernest Benach, presidente del Parlamento catalán, acusó a la sentencia del Constitucional de provocar una «crisis de Estado» y alegó que «rompe el pacto entre Cataluña y España y menosprecia la voluntad del pueblo catalán». El consiguiente endurecimiento del sentimiento independentista se reflejó en una manifestación multitudinaria de protesta en Barcelona el 10 de julio con el lema: «Som una nació. Nosaltres decidim» («Somos una nación. Nosotros decidimos[1894]»).

La sentencia del Tribunal coincidió con el inicio de la austeridad impuesta por el Gobierno de Madrid a causa de la crisis financiera, el aumento del paro y una inquietud creciente por la corrupción. El apoyo a la independencia de Cataluña dentro de una España federal disminuyó ligeramente hasta el 31 por ciento. El apoyo a la plena independencia se incrementó significativamente hasta el 24,5 por ciento y de forma sostenida a partir de entonces[1895]. En las elecciones catalanas del 28 de noviembre de 2010, CiU obtuvo 62 escaños, seis menos de los necesarios para la mayoría absoluta en un Parlamento catalán de 135 escaños[1896]. Mas, que había heredado del tripartito un elevado endeudamiento, se vio obligado a hacer recortes profundamente impopulares, con el apoyo del PP catalán, que exacerbaron la irritación por el hecho de que, con apenas el 16 por ciento de la población española, Cataluña aportase casi el 20 por ciento de los ingresos fiscales del Estado y, sin embargo, solo recibiera el 14 por ciento del gasto total (una desigualdad parecida se daba en la comunidad más rica de España, Madrid[1897]).

El Gobierno de Zapatero había tardado en responder a los signos de la crisis económica mundial. Medidas como una rebaja sustancial de los impuestos para todos los contribuyentes le proporcionaron la victoria en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, en las que el PSOE obtuvo 169 escaños, 5 más que en 2004; el PP, 154, lo que supuso un incremento de 4. Sin mayoría absoluta, Zapatero necesitaba alianzas puntuales y, sin embargo, exudaba confianza. En Nueva York, el 24 de septiembre de 2008, nueve días después de que el hundimiento de Lehman Brothers hiciera estallar la crisis financiera, habló con un grupo de directivos de empresas multinacionales y bancos de inversión. Basándose en los informes que le habían facilitado el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se jactó de que «quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor[1898]». Al hacerse sentir los efectos de la recesión, los ingresos tributarios empezaron a caer y el déficit presupuestario se elevó al 11,1 por ciento del PIB en 2009. El 11 de mayo de 2010, Barack Obama telefoneó a Zapatero, que en esos momentos presidía la Unión Europea, para instarle a emprender las reformas necesarias para hacer frente a los problemas económicos de España y de la Unión Europea. Justo cuando el Tribunal Constitucional estaba a punto de publicar su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, la presión adicional de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional obligó a Zapatero a adoptar políticas de austeridad para reducir el déficit, que se concretaron en 2011 en un recorte salarial del 5 por ciento a 2,8 millones de funcionarios, el aumento del IVA del 16 al 18 por ciento, la reducción de las indemnizaciones por despido y la congelación del aumento anual de las pensiones[1899].

Zapatero tardó en darse cuenta de que el sistema bancario español se enfrentaba a una crisis monumental. Numerosas cajas de ahorros estaban dramáticamente sobreexpuestas al crédito promotor, a menudo relacionado con la corrupción. Cuando llegó la recesión, muchos promotores y empresas de la construcción suspendieron pagos, lo que debilitó a todo el sector bancario, pero fue especialmente desastroso para las 45 cajas de ahorros provinciales y regionales, que constituían casi el 50 por ciento del sistema bancario español. Gobernadas por consejos de administración que estaban formados en su mayoría por cargos políticos y empresarios locales, habían caído en la tentación de proyectos que parecían prometer beneficios fáciles o prestigio político. En marzo de 2009, la primera en quebrar fue la Caja Castilla La Mancha debido a sus enormes créditos al sector de la construcción y a la financiación del innecesario aeropuerto de Ciudad Real. A finales de junio de 2009, el Gobierno se vio obligado a adoptar medidas para reorganizar y restablecer la solvencia de las entidades pequeñas y medianas más comprometidas. Para ello, creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Las siguientes entidades en quebrar fueron CajaSur, propiedad de la Iglesia, con sede en Córdoba, y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con sede en Valencia, sobreexpuestas al crédito promotor tóxico y con unos ejecutivos y consejeros que se beneficiaban de salarios espectaculares, a pesar de sus escasas cualificaciones, así como de enormes créditos a interés cero[1900].

Los dos principales bancos comerciales, Santander y BBVA, sobrevivieron a la crisis, pero la difícil situación de las cajas se vio agravada por la ineptitud como supervisor del Banco de España. La actividad del FROB provocó la reducción del número de cajas de 45 a 11 en 2012, en gran medida mediante fusiones aprobadas por el Banco de España. La CAM fue vendida a Banco Sabadell[1901]. En diciembre de 2010, siete cajas, incluida Caja Madrid, se fusionaron en un gran banco, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). La filial minorista de esta entidad, Bankia, fue lanzada a bolsa por su recién nombrado presidente, Rodrigo Rato, exministro de Economía de Aznar y expresidente del Fondo Monetario Internacional. Rato se vanaglorió de la calidad de los activos con los que presuntamente contaba Bankia, cuando en realidad arrastraba un problema de activos tóxicos por valor de 31.800 millones de euros que se habían segregado para que la matriz, BFA, hiciera de «banco malo». Lo que debería haber sido la solución a la crisis de las cajas provocó una catástrofe bancaria de proporciones colosales. En marzo de 2012, pocos días después de que se anunciara que los beneficios de Bankia en 2011 habían ascendido a 305 millones de euros, se supo que en realidad el banco había sufrido pérdidas por valor de 2.790 millones. Los 347.338 pequeños inversores que habían comprado acciones de Bankia perdieron la mayor parte de sus ahorros cuando la cotización de los títulos cayó un 80 por ciento. El banco necesitaba un rescate de 23.500 millones de euros, por lo que en mayo de 2012 se nacionalizó y la fiscalía abrió una investigación por fraude mercantil y falsedad contable presuntamente cometidos por Rodrigo Rato y 32 directivos más del banco[1902].

Mientras tanto, la indignación pública por el incremento del paro, los recortes y el hundimiento de las cajas de ahorros convergió con la rabia por los salarios desorbitados que los ejecutivos bancarios se pagaban a sí mismos y la percepción de impunidad de los implicados en casos de corrupción[1903], todo lo cual condujo, el 15 de mayo de 2011, a la ocupación de la Puerta del Sol de Madrid por más de mil jóvenes —en su mayoría, pero no exclusivamente—, desilusionados con los políticos y banqueros. Esta ocupación, que se prolongaría durante un mes, dio origen al movimiento de los «indignados» o del 15-M, que tuvo réplicas en toda España, como la acampada de indignados en la plaza de Catalunya de Barcelona, y que contó con el apoyo de trabajadores en paro, personas mayores afectadas por la congelación de las pensiones y propietarios de viviendas desahuciados. Estos últimos eran víctimas de la draconiana legislación hipotecaria española, en virtud de la cual el incumplimiento de los pagos implicaba no solo la pérdida de la propiedad, sino también la obligación de devolver el importe pendiente del crédito. El movimiento del 15-M se basaba en el hastío general por la rapacidad de la clase política e inspiró al movimiento estadounidense «Occupy Wall Street[1904]». Provocó la aparición, bajo el liderazgo del pugnaz Pablo Iglesias, del partido de izquierda Podemos, que se dedicó a denunciar los delitos de la élite política y empresarial a la que denominaba «la casta». El descontento con la clase política y las instituciones económicas no solo dio sus frutos en la izquierda. También dio alas al partido españolista Ciudadanos, que se dio a conocer primero en Cataluña en 2006 como partido centrista antinacionalista bajo la égida de Albert Rivera, un joven y dinámico abogado.

En un contexto de declive económico y escándalos financieros, Zapatero convocó elecciones para el 20 de noviembre de 2011, pero decidió no presentarse; el candidato socialista fue Alfredo Pérez Rubalcaba. En la campaña, Mariano Rajoy reclamó persuasivamente que la situación económica exigía un cambio drástico. El PSOE se hundió espectacularmente: Rubalcaba solo obtuvo 110 escaños en las Cortes, 59 menos que en 2008. El PP de Rajoy ganó 186, una holgada mayoría absoluta. Bajo presiones de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, Rajoy continuó con la política de austeridad ya introducida por Zapatero. De hecho, la crisis bancaria se había agravado debido a una negligencia del Banco de España y de la CNMV en el ejercicio de una necesaria vigilancia. En julio de 2012, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, compareció ante el Comité Económico de las Cortes y reconoció que la supervisión había sido insuficiente por culpa de «una especie de euforia que llevaba a no ver, o no querer ver, los riesgos que se estaban acumulando». La deuda externa de España, del 92 por ciento del PIB, era equivalente a la de Portugal, Irlanda y Grecia. Linde pidió la reestructuración del sistema bancario de modo que las instituciones «sin pulso suficiente» para garantizar su futuro tuvieran que fusionarse o liquidarse[1905].

El crecimiento del independentismo comenzó a acelerarse cuando, tras su aplastante victoria en las elecciones generales españolas de noviembre de 2011, el Partido Popular exacerbó la incipiente crisis catalana mediante la combinación de políticas de recentralización y austeridad que obligaron a la Generalitat a recortar el gasto en servicios públicos, especialmente en sanidad y educación. El paro estaba en el origen de muchos desahucios. Haciéndose eco de la indignación del movimiento nacional del 15-M por los efectos de la recesión y la austeridad, en marzo de 2012 se creó la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que encauzó estas quejas socioeconómicas para presionar a favor de un referéndum sobre la plena independencia de Cataluña. Las circunstancias económicas alimentaron el independentismo, que se elevó al 34 por ciento, mientras que el apoyo al federalismo caía hasta el 28,7 por ciento[1906]. El paro aumentó en parte a consecuencia de la dureza de la política de recortes impuesta por Artur Mas, con el apoyo del PP catalán. Para compensar la pérdida de popularidad consiguiente y como respuesta a la decepción generalizada ante la castración de la autonomía a manos del Tribunal, Mas adoptó un tono más belicoso al subrayar el carácter desproporcionado de la aportación fiscal de Cataluña a la economía española. Atrapado entre tratar de lidiar con las circunstancias económicas y conservar el apoyo a CiU, su respuesta fue intensificar la retórica separatista. El 11 de septiembre de ese año la ANC convocó en la Diada a más de un millón de personas para que se manifestaran a favor de la independencia bajo el lema «Catalunya, nou estat d’Europa» («Cataluña, nuevo Estado de Europa»). Mas intentaba negociar un pacto fiscal con Madrid pero, antes de una reunión prevista para el 20 de septiembre, Rajoy declaró en tono provocador que no era momento de «algarabías, líos, polémicas y disputas» teniendo en cuenta el volumen de la deuda de Cataluña y sus setecientos mil parados. Esto fue visto en Barcelona como incendiario ya que la Generalitat creía que Cataluña necesitaba solicitar un paquete de rescate de cinco mil millones de euros precisamente porque, desde la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional, la comunidad estaba siendo estrangulada por un sistema de financiación injusto. Cuando se celebró la reunión, Rajoy descartó rotundamente cualquier posible cambio en la relación fiscal[1907].

Mas respondió a la negativa de Rajoy estrechando los lazos de CiU con los independentistas de ERC y con la izquierda ecologista de Iniciativa per Catalunya Verds. El apoyo popular a una solución federal se había reducido al 25,5 por ciento y el apoyo a la plena independencia había aumentado al 44 por ciento[1908]. El 27 de septiembre, CiU se unió a ERC e ICV para apoyar una moción que pedía una consulta popular sobre la independencia de Cataluña y Mas convocó elecciones anticipadas[1909]. En la campaña de esas elecciones autonómicas del 28 de noviembre de 2012, el socio conservador de Mas, Josep Antoni Duran i Lleida, líder del partido democratacristiano Unió Democràtica de Catalunya (UDC), manifestó su indignación por la negativa de Rajoy a negociar un pacto fiscal en el contexto de la corrupción del PP con estas palabras: «l’Estat és una claveguera» («el Estado es una cloaca[1910]»). Sin embargo, la intensificación del independentismo de Mas le hizo perder el apoyo de los miembros de su partido que se oponían a la separación de España. El número de escaños de CiU cayó de 62 a 50, mientras que ERC ganó 21 (11 más que en 2010) e ICV, 13 (3 más). La formación separatista más radical, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), mantuvo sus tres escaños. En conjunto, el voto combinado de CiU, ERC, ICV y CUP había aumentado de 85 a 87 escaños. Mas fue investido presidente el 19 de diciembre de 2012, tras firmar un pacto con las otras dos formaciones mencionadas que incluía el compromiso de realizar una consulta pública sobre el futuro estatus de Cataluña[1911].

A pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, a lo largo de 2013, los partidos nacionalistas siguieron adelante con los preparativos para un referéndum de independencia que debía celebrarse en noviembre de 2014. Cuando la propuesta de celebrar este plebiscito se presentó a las Cortes españolas, en abril de 2014, fue derrotada por 299 votos frente a 47. Los partidos independentistas del Parlamento catalán elaboraron entonces una ley que permitía la celebración de consultas no referendarias. Rajoy reaccionó recurriendo la ley al Tribunal Constitucional, que prohibió la consulta. Mas respondió con el ardid de declarar que se trataba de una consulta ciudadana gestionada por voluntarios[1912]. Al final, el 9 de noviembre, día del referéndum, la participación fue solo del 37 por ciento del electorado, lo que refleja el hecho de que muchos catalanes de la clase trabajadora eran de origen inmigrante de habla castellana. Ciudadanos se había aprovechado de la debilidad del corrupto PP con una vehemente oposición al plebiscito. Aunque el voto a favor de la independencia de Cataluña fue del 80,76 por ciento, la escasa participación no avalaba la afirmación de Mas de que se abría el camino a un proceso de plena independencia[1913]. Al cabo de pocos días, el fiscal general del Estado presentó cargos de desobediencia civil, prevaricación y malversación de fondos públicos contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau[1914].

Para aprovechar la consulta del 9 de noviembre, Mas volvió a convocar elecciones anticipadas para el 27 de septiembre de 2015, con el argumento de que podían convertirse en un plebiscito si los partidos independentistas incluían la escisión en sus programas[1915]. El 30 de marzo, CiU, ERC y representantes de los grupos cívicos independentistas —Carme Forcadell por la ANC y Muriel Casals por Òmnium Cultural— pactaron una «hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán», que incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de dieciocho meses si su coalición, que se presentaba como Junts pel Sí, ganaba las elecciones. Al día siguiente, Rajoy advirtió que el Gobierno central no permitiría violación alguna de la integridad nacional[1916]. Como Duran i Lleida se oponía a cualquier acción separatista ilegal en contra del Gobierno de Madrid, en junio de 2015 Unió Democràtica retiró a sus consejeros de la Generalitat y CiU se disolvió. Convergència y UDC se presentarían por separado a las elecciones[1917]. Nueve días antes de los comicios, El Mundo reavivaba el escándalo de que las empresas adjudicatarias de contratos públicos se veían obligadas a realizar una «donación benéfica» equivalente al 3 por ciento del contrato al Palau de la Música Catalana, dinero que se transfería luego a la Fundació CatDem. Ahora bien, en el periódico se afirmaba falsamente que parte de ese dinero se había depositado en cuentas bancarias particulares de Artur Mas y de su padre, de Jordi Pujol y también de la esposa de este, Marta Ferrusola[1918].

El 27 de septiembre, con el 39 por ciento de los votos y 62 escaños, Junts pel Sí obtuvo la mayoría del Parlament, lejos del esperado aval a la independencia. La coalición de Podemos e ICV, denominada Catalunya Sí Que Es Pot, que aspiraba a una reforma del Estatuto de Autonomía, obtuvo el 8,94 por ciento de los votos y 11 escaños. Los socialistas del PSC, que abogaban por una solución de corte federal, consiguieron el 12,72 por ciento de los sufragios y 16 escaños. Se oponían frontalmente a cualquier avance hacia la independencia el partido de centroderecha Ciudadanos, que cosechó el 17,9 por ciento del voto y 25 escaños, y el PP catalán, que obtuvo un 8,49 por ciento y 11 escaños. Mas creía que sería posible seguir adelante con el proceso soberanista en colaboración con la CUP, formación nacionalista radical y ferozmente anticapitalista que había conseguido el 8,21 por ciento de los sufragios y 10 escaños. Esos diez escaños convirtieron a la CUP en el árbitro de la política catalana, decidida a otorgar su apoyo parlamentario solo a cambio del compromiso de una rápida declaración de independencia. En el Parlament de Catalunya, el 27 de octubre, Junts pel Sí y la CUP presentaron una resolución instando a iniciar el proceso de creación de una república catalana independiente. Con la oposición del PP, Ciudadanos y el PSC, la resolución fue aprobada el 9 de noviembre. Rajoy la recurrió de inmediato al Tribunal Constitucional, que la declaró contraria a la Constitución[1919].

Fuera cual fuese el calendario de Mas para avanzar hacia la independencia, las cosas se aceleraron desde el momento en que la Generalitat se vio empujada por la CUP y las bases de ANC y Òmnium Cultural. En palabras de un comentarista, el proceso no tenía ni volante ni frenos. Como represalia por haber aplicado una política de recortes, la CUP se negó a apoyar la investidura de Artur Mas y exigió que Junts pel Sí presentara a otro candidato. Así, Mas fue sustituido en enero de 2016 por el antiguo alcalde de Girona, Carles Puigdemont[1920]. En el congreso de Convergència de julio de 2016, se decidió cambiar el nombre del partido, como respuesta al daño causado por las revelaciones de 2014 del escándalo de corrupción relacionado con la fortuna escondida por Pujol en varios paraísos fiscales y por la ruptura de 2015 con Unió Democràtica de Catalunya. Tras largas negociaciones, en septiembre de 2016 el partido se convirtió en el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat[1921]). En enero de 2017, cuando estaba a punto de ser juzgado por la celebración de la consulta ilegal de 2014, Artur Mas dimitió como presidente del PDeCat para centrar sus energías en su defensa[1922] Fue hallado culpable de desobediencia y prevaricación y condenado a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. También se le exigió que pagara los costes de celebración de la consulta al erario público[1923]..

Mientras tanto, en el resto de España, la indignación pública por el escándalo de Bankia aumentó cuando se supo en octubre de 2014 que, entre 2003 y 2012, los directivos de Caja Madrid y Bankia habían disfrutado del uso de tarjetas de crédito «negras» que habían utilizado para gastos personales opacos fiscalmente, por un total de 15,5 millones de euros. Además de los salarios y las cuentas de gastos vinculados a sus actividades profesionales, las tarjetas se usaban para viajes, actividades de ocio, ropa y retiradas de efectivo. Por ejemplo, Rodrigo Rato había gastado 54.800 euros y Miguel Blesa, anterior presidente de Caja Madrid, 436.700. En febrero de 2017, sesenta y cinco miembros de los consejos de administración de ambos bancos fueron condenados a un total de 120 años de prisión, con Blesa a la cabeza de la lista con seis años, seguido de Rato con cuatro años y medio. Blesa se suicidó en julio de 2017[1924].

La crisis de Cataluña, pese a su creciente gravedad, no creó la alarma debida porque la atención de los medios se centraba en los vínculos entre el jefe del Estado y la corrupción. El tabú que solía inhibir las críticas públicas a la monarquía dejó de funcionar después de 2007. De hecho, la crisis económica y la reducción del Estado del bienestar provocaron que diputados del PNV y de ERC empezaran a hacer preguntas hostiles sobre el presupuesto de la Corona[1925]. El desencanto con la monarquía se extendió durante la crisis económica posterior a 2010 como parte del resentimiento general por la corrupción. El 8 de mayo de 2010, Juan Carlos se sometió a una operación de pulmón que al principio se creyó que era de cáncer. Fue el comienzo de un deterioro progresivo de su salud que incluyó intervenciones para implantarle prótesis de rodilla y cadera. La posición del rey empeoró en 2012 con la investigación de los negocios fraudulentos de su yerno Iñaki Urdangarín. La situación se agravó aún más después de que el monarca se lesionara a consecuencia de una caída durante una cacería de elefantes en Botsuana en abril de 2012, lo que provocó críticas vehementes, entre otras cosas porque destapó su relación con la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, de cuarenta años de edad, que le acompañaba en aquel viaje. Se habían conocido en febrero de 2004, cuando Corinna aún estaba casada con el príncipe Casimiro zu Sayn-Wittgenstein, de quien se divorciaría al cabo de poco[1926]. En el contexto de crisis económica, con un paro superior al 25 por ciento, la ausencia del rey de España por estar en un safari con una relación adúltera causó un tremendo daño a su popularidad[1927].

Con el creciente sentimiento prorrepublicano, el «caso Urdangarín» afectó aún más a la credibilidad de la monarquía. El escándalo fue provocado por el papel de la familia real en la empresa consultora de Urdangarín, teóricamente sin ánimo de lucro, llamada Instituto Nóos. En 2004, Urdangarín, que a raíz de su matrimonio con la infanta Cristina había recibido el título de duque de Palma, era el director del Instituto Nóos, del que su esposa figuraba como administradora. Entre 2004 y 2006, Urdangarín y su socio, Diego Torres, organizaron eventos por los cuales percibían honorarios astronómicos[1928]. Su papel se descubrió inicialmente en el marco del famoso caso de corrupción del Palma Arena, en el que estaba implicado el expresidente del PP en Baleares, Jaume Matas. La investigación reveló que, gracias a la percepción de la influencia real de Urdangarín y sin mediar concurso público alguno, el Instituto Nóos había recibido cantidades ingentes de dinero público en Baleares y la Comunidad Valenciana por servicios ficticios o escandalosamente caros: dos conferencias en 2005 y 2006 sobre turismo y deporte para el llamado «Illes Balears Forum» costaron más de un millón de euros cada una[1929]. Los gastos facturados incluían ochenta mil euros por «cuatro almuerzos, tres cenas y seis coffee breaks» para los asistentes[1930]. Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana, la Generalitat y el Ayuntamiento pagaron más de tres millones de euros por la organización de tres congresos «Valencia Summit» sobre las ventajas para las ciudades de acoger eventos deportivos, cuando el coste real de cada congreso era de apenas cien mil euros[1931]. Según las autoridades fiscales, el Instituto Nóos y empresas vinculadas a este facturaron al menos 16 millones de euros a diversas entidades públicas y privadas, y casi el 40 por ciento de sus beneficios procedían de las arcas públicas. Los documentos incautados a Nóos revelaron que grandes cantidades de dinero habían sido desviadas a paraísos fiscales como Belice[1932].

En 2005, Urdangarín y su esposa compraron una residencia de lujo en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes por 6 millones de euros, lo que despertó sospechas sobre el desvío de fondos públicos a través de Nóos[1933]. La Casa Real estaba lo suficientemente preocupada por la probidad de Urdangarín como para organizar un exilio de oro para él y su familia en Washington, como representante de Telefónica, en abril de 2009, con un salario de un millón de euros[1934]. En junio de 2011, el socio de Urdangarín, Diego Torres, fue imputado y el 7 de noviembre los fiscales anticorrupción registraron la sede del Instituto Nóos en Barcelona. Al cabo de dos días, tanto Torres como Urdangarín fueron acusados de falsificación documental, fraude y malversación de caudales públicos. En abril de 2012, después de que Urdangarín rechazara participar en una estrategia común de defensa, el desairado Torres comenzó a publicar correos electrónicos comprometedores de su exsocio.

Dichos correos, publicados a lo largo de los meses siguientes, insinuaban que el rey había ayudado a Urdangarín a conseguir contratos y revelaban que Corinna zu Sayn-Wittgenstein estaba involucrada en la organización de los Valencia Summit. En una célebre entrevista con la periodista Ana Romero, Corinna negó estar involucrada en Nóos, pero reconoció que el rey le había pedido que le consiguiera trabajo a Urdangarín en el mundo del patrocinio deportivo internacional en el que ella se movía. Cuando se imputó a la infanta Cristina, la Casa Real decidió dejar que Urdangarín se defendiera por su cuenta. La estrategia de la defensa de Cristina fue que ella no sabía nada y que había actuado cegada de amor por su marido[1935]. La inquietud que todo esto provocó al rey se puso de manifiesto en su mensaje de Navidad de 2011. En respuesta a las crecientes críticas de la izquierda y de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos habló de corrupción, sin mencionar a Urdangarín, y afirmó que la justicia era igual para todos[1936]. El 29 de diciembre de 2011, Urdangarín fue acusado formalmente de prevaricación, malversación de fondos, fraude a la Administración y evasión fiscal. En junio de 2018, fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel[1937] El daño a la Corona fue inmenso. El rey tuvo que consentir que acusaran a su hija en aras de la supervivencia de la monarquía[1938]..

Cada vez parecía más evidente que el monarca había dilapidado el enorme capital político que había acumulado entre 1975 y 1982. El sentimiento republicano iba en aumento, sobre todo entre los menores de 35 años[1939]. Sin embargo, en la primavera de 2012, pareció que la reacción firme, aunque tardía, al caso Urdangarín empezaba a remediar la situación. Irónicamente, el 14 de abril, en el 81.º aniversario de la proclamación de la Segunda República, estalló la mencionada crisis en la que el rey tuvo que ser operado de una triple fractura de fémur con implante de prótesis de cadera derecha como resultado de su caída en Botsuana[1940]. Sus actividades cinegéticas ya habían provocado la indignación de los animalistas, así como preguntas de los diputados del PNV y del ERC por su elevado coste, en un momento de recortes en los presupuestos de salud y educación[1941].

En realidad, los 750.000 euros que había costado la cacería de Botsuana los pagó un amigo saudí del monarca, aunque esta información de carácter relativamente positivo quedó eclipsada por la revelación de la acompañante de Juan Carlos. Cuando se conocieron, Corinna trabajaba para Boss & Co, fabricantes de armas a medida de Londres, organizando safaris de lujo para clientes ricos. En 2006, Corinna abrió su propia empresa de consultoría, Apollonia Associates, que organizaba el patrocinio de acontecimientos deportivos de alto nivel. Los elefantes y la princesa alemana se conjuraron para reventar el dique mediático que había protegido hasta entonces la vida privada del rey[1942]. Durante años, los rumores sobre las dificultades de su matrimonio con la reina Sofía habían ido erosionando la popularidad de la monarquía. A medida que el rey estrechaba su relación con Corinna, su trato hacia Sofía se volvía más hostil, hasta el punto de que, al parecer, oyeron al monarca decir, refiriéndose a su esposa: «No puedo soportarla. La odio[1943]». El doble escándalo de la cacería en Botsuana y el adulterio intensificaron las críticas. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, declaró que estaba «estupefacto y abochornado» por el comportamiento del rey y denunció la cacería de Botsuana como «de frivolidad absoluta». La UGT y Comisiones Obreras calificaron el viaje de inoportuno y exigieron explicaciones[1944]. El 30 de mayo de 2012, IU, ERC y BNG se unieron en las Cortes para pedir una comisión de investigación que estableciera mecanismos de control parlamentario y transparencia sobre las actividades públicas del rey y la familia real[1945]. Junto con las críticas a la irresponsabilidad de la aventura de Botsuana y de Urdangarín, circulaban chismes y cotilleos sobre el deterioro de la situación matrimonial del monarca. Los reproches más ásperos concernían a la relación de Juan Carlos con Corinna y al hecho de que ella lo acompañara a menudo en viajes al extranjero, en los que a veces asumía funciones oficiales e incluso estaba en posesión de un pasaporte diplomático[1946].

Durante su estancia en el hospital, el rey y sus asesores se vieron muy afectados por la ola de críticas públicas y estos últimos aconsejaron al monarca que se dirigiera a la nación. Así pues, cuando Juan Carlos salió de la clínica, las cámaras de televisión le esperaban. Pronunció unas palabras jamás oídas de los labios de cualquier jefe de Estado español, real o republicano: «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir». Su arrepentimiento facilitó que el Gobierno, el PP, el PSOE y CiU le manifestaran su apoyo. La primera vez que se mencionó oficialmente a Corinna fue cuando se dijo a los periodistas: «Don Juan Carlos mantendrá a partir de ahora una mayor discreción con respecto a las amistades personales que le acompañan en sus actividades particulares y desplazamientos. No obstante, añaden fuentes oficiales, el rey no renunciará a esas amistades, que incluyen la estrecha relación que desde hace años mantiene con la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, empresaria y organizadora de safaris, que también acompañaba al Monarca en la cacería de Botsuana[1947]». En septiembre de 2013, Corinna declaró a un periodista estadounidense que el rey y ella habían sido amantes, pero ahora eran «amigos íntimos. Algunas personas no entienden que en un momento dado pueden suceder cosas que luego se acaban, pero la amistad no se acaba[1948]».

En paralelo a su popularidad, la salud de Juan Carlos también se deterioraba. En noviembre de 2012, le implantaron una prótesis en la cadera izquierda; en marzo de 2013, sufrió una hernia de disco y a los seis meses volvió a ingresar en el hospital cuando se le infectó la prótesis de la cadera izquierda. Se desataron las especulaciones sobre la necesidad de que el rey abdicara no solo por sus problemas de salud, sino también porque la crisis económica se consideraba una prueba de la incompetencia y corrupción de la clase política de la que Juan Carlos era la piedra angular. El 5 de enero de 2014, cuando el rey cumplía setenta y seis años, El Mundo publicó una encuesta que indicaba que el 62 por ciento de la población estaba a favor de que abdicase. El 6 de enero, posiblemente con resaca después de un viaje a Londres, apenas pudo completar su discurso en la celebración anual de la Pascua Militar. Al día siguiente, 7 de enero, Cristina fue imputada. Ante esta sucesión de desastres mediáticos, Juan Carlos comenzó a sopesar la abdicación y se dejó aconsejar por Felipe González. Había cierta inquietud, porque solía decirse que España era más juancarlista que monárquica, y se temía que su marcha supusiera el fin de la monarquía[1949] Un artículo de Santos Juliá en El País tuvo una gran influencia tanto en la opinión pública como en el propio rey[1950]..

Convencido de que tenía pocas posibilidades de recuperar la popularidad que debía ser la base de la supervivencia de la Corona, o simplemente demasiado cansado como para intentarlo, Juan Carlos decidió pasar página y dar a su hijo Felipe VI la mejor oportunidad de permanecer en el trono durante mucho tiempo: abdicó el 2 de junio de 2014[1951]. Posteriormente, su imagen se vio aún más empañada por la publicación en julio de 2018 de grabaciones de una conversación que había tenido lugar en Londres en 2015 entre Corinna, Juan Villalonga y el siniestro expolicía José Manuel Villarejo. El corrupto Villarejo había amasado una fortuna con el blanqueo de capitales y el chantaje, en el curso de operaciones turbias para clientes privados y públicos[1952]. Corinna, que luego afirmó que no sabía que la estaban grabando, dijo que Juan Carlos le había pedido que se casara con él. También hizo revelaciones comprometedoras sobre los negocios del monarca. Corinna afirmó que este había fomentado las actividades de Urdangarín en el Instituto Nóos, que tenía cuentas bancarias secretas en Suiza, que había puesto propiedades a nombre de ella en Mónaco y que había ganado una fortuna en comisiones por negocios varios en Arabia Saudita, incluida la construcción de la línea de tren de alta velocidad entre La Meca y Medina[1953].

El consiguiente deterioro de la imagen de la monarquía no fue el único problema que Juan Carlos legó a su hijo. Si en 2014 aún no era evidente, en 2018 se vio con claridad meridiana que Felipe VI había heredado el trono de un país encarnizadamente dividido, con un sistema político averiado, fruto de la corrupción y la incompetencia política. Incluso antes del desgaste final de la posición de su padre, la indignación por la corrupción generalizada de la clase política había empezado a pesar en la opinión pública. El resultado pudo comprobarse en 2015 con el ascenso de los populistas de izquierdas de Podemos. En las elecciones generales del 20 de diciembre de ese año, los votos sumados del PSOE y del PP cayeron a un mínimo histórico del 51 por ciento. El PP consiguió 123 de los 350 escaños del Congreso (63 menos que en la legislatura anterior) y el PSOE 90 (20 menos). Su hegemonía en las Cortes fue puesta en entredicho por Podemos, con 42 escaños, y por el partido de centroderecha Ciudadanos, con 40. Las Cortes quedaron bloqueadas y no se llegó a un acuerdo sobre la formación de gobierno. Rajoy continuó ejerciendo de presidente del Ejecutivo en funciones hasta que el 26 de junio se celebraron nuevos comicios[1954]. El PP volvió a ganarlos, pero con solo 137 escaños se situó lejos de la mayoría absoluta. Los socialistas quedaron en segundo lugar, aunque habían perdido cinco escaños. El frente anticorrupción Unidos Podemos, integrado por Podemos, Izquierda Unida y varias formaciones regionalistas, tenía 71 escaños[1955].

La debilidad del Gobierno de Madrid, fruto de la corrupción, dio alas al independentismo en Cataluña, donde el apoyo a un Estado totalmente independiente se elevó al 47 por ciento[1956]. Empujada por la CUP, en julio de 2016, la coalición nacionalista de Puigdemont intentó aprovechar la endeblez del Gobierno central para impulsar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, que ya había sido prohibido por el Tribunal Constitucional. Se abría así la vía a un proceso calamitoso de enfrentamiento entre Madrid y Barcelona, cuyas ramificaciones dividirían no solo a España, sino también a Cataluña. La pésima gestión del problema catalán tanto por parte de Rajoy como de Puigdemont solo podía llevar al desastre. La temeridad de este último permitió a Rajoy reforzar su posición adoptando una actitud firmemente anticatalana en lugar de apelar a la mayoría de los catalanes que no habían abrazado la causa del separatismo[1957]. Rajoy inicialmente pensó en explotar el anticatalanismo que había fomentado en España a lo largo de la década precedente, calculando que una actitud intransigente reforzaría la popularidad del PP en el resto del Estado. Para cuando se dio cuenta de que esa actitud ya no le favorecía, era demasiado tarde. Con su proceder, hizo caso omiso de una constante de los últimos cien años de historia de España: que el separatismo catalán se alimenta de la intransigencia centralista de Madrid[1958].

Tras un polémico referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y la desafortunada actuación de la policía española para intentar impedirlo, la crisis catalana alcanzó su punto de ebullición. Aunque votó un porcentaje muy reducido del censo, y no había ningún sistema de control fiable, el resultado fue mayoritariamente partidario de la independencia. El estado de incertidumbre y tensión llevó al rey Felipe VI a pronunciar un discurso televisado el 3 de octubre para manifestar su apoyo a los catalanes no independentistas y a la unidad del país. Eventualmente, el Gobierno activó el artículo 155 de la Constitución, cesó al gobierno catalán y convocó elecciones en el plazo más breve. A finales de 2017, después de que la fiscalía acusara al gobierno de la Generalitat de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, Puigdemont y cuatro de sus consellers huyeron al extranjero, mientras que otros miembros del gabinete catalán fueron detenidos y se enfrentaron a cargos que podían conllevar penas de treinta años de cárcel[1959]. Después de las elecciones al Parlamento de Cataluña de diciembre de 2017, ganadas por Ciudadanos, y de tortuosas negociaciones, en mayo de 2018 fue investido presidente de la Generalitat un independentista radical, Joaquim Torra, quien rechazó todo compromiso con Madrid y se mostró decididamente partidario de la plena independencia[1960].

El PP se aferró al poder en Madrid con el apoyo de Ciudadanos hasta mayo de 2018, cuando el comentario del juez del caso Gürtel de que el testimonio de Rajoy no era «suficientemente creíble» justificó la audaz maniobra de Pedro Sánchez de presentar una moción de censura el 1 de junio. La posición de Rajoy ya se había debilitado por su mala gestión de la crisis catalana y las encuestas de opinión mostraban que el PP se estaba desplomando. Y el presidente perdió la moción de censura. Al final, Gürtel había acabado con la indiferencia hacia la corrupción hasta el punto de minar gravemente la confianza en las instituciones públicas y en la clase política[1961], lo que dio pie al éxito electoral, por primera vez desde el restablecimiento de la democracia, de la extrema derecha. En las elecciones generales del 28 de abril de 2019, un partido de ultraderecha relativamente nuevo, Vox, se benefició de la espectacular pérdida de 71 escaños del PP. Vox obtuvo el 10,6 por ciento de los votos y 24 diputados después de una campaña basada en el anticatalanismo y el antifeminismo radicales y en una actitud contraria a la inmigración. El PSOE volvió al poder, aunque sin mayoría absoluta, en unas Cortes que volvían a estar bloqueadas[1962].

Habían cambiado muchas cosas desde 1982. Juan Carlos de Borbón ya no era un héroe nacional. El Partido Popular ya no era el partido que se había alternado en el poder con el PSOE durante casi cuarenta años. El PSOE había recuperado el poder de forma más que precaria. Ambas formaciones habían sucumbido a una mezcla de corrupción y arrogancia. La falta de una separación clara entre la élite política y el poder judicial —que, por supuesto, había sido especialmente escandalosa durante los años del franquismo— fomentó una sensación de invulnerabilidad y el arrogante convencimiento de que, tras la corrupción institucionalizada de la dictadura franquista, ahora les tocaba a ellos sacar tajada del poder. En cierto sentido, la cultura del pelotazo fue una reacción al pillaje del que se había beneficiado la élite del franquismo. Después de la Transición, el enorme crecimiento económico de la etapa de gobierno del PSOE, impulsado por la entrada en la CEE, facilitó una considerable inversión interna. Se gastaron cantidades ingentes de dinero negro en especulación, que se vio favorecida por las medidas de desregulación financiera derivadas de la entrada de España en la Comunidad Europea. La corrupción fue también una respuesta al hecho de que la política democrática en la era de la televisión y los medios de comunicación de masas es enormemente cara. Algunos de los primeros y más notorios escándalos de corrupción —como los casos Filesa y Naseiro— se debieron originariamente a las necesidades de financiación electoral de los partidos políticos. Por supuesto, en cuanto el dinero empezó a circular, una parte fue desviada a bolsillos de particulares de todos los escalafones de la pirámide política, desde el trono hasta el ayuntamiento más humilde. Y aunque con una lentitud exasperante el poder judicial se ha enfrentado al problema de la corrupción, está por ver si alguien consigue solucionar el mal endémico de la incompetencia política. Hasta que se resuelvan ambos, sus consecuencias sociales seguirán dividiendo la política española.

Agradecimientos

Este libro se basa en las investigaciones que he realizado sobre España a lo largo de los últimos cincuenta años, durante los cuales he tenido la suerte de hacer algunas amistades maravillosas y de aprender muchísimo de numerosos y admirados colegas. Como es inevitable, las deudas en las que he incurrido son numerosas.

Durante los largos años que he invertido en escribir este libro, he recibido consejos, comentarios y documentos valiosísimos de los siguientes amigos y colegas: Fernando Arcas Cubero, Sebastian Balfour, Francisco Camas García, Julián Casanova, Luis Castro Berrojo, Ángela Cenarro, Javier Cervera Gil, Soledad Fox Maura, Eduardo González Calleja, José Luis de la Granja, Harold Heckle, Santos Juliá, Frances Lannon, Martin Minchom, Ricardo Miralles, Enrique Moradiellos, Francisco Moreno Gómez, Josep Palomero, Manuel Pérez Lorenzo, Alberto Reig Tapia, Michael Richards, Panxo Borja de Riquer, Josep Sánchez Cervelló, Ismael Saz, Angel Smith, Josep Maria Solé i Sabaté, Joan Maria Thomàs, Sandra Souto Kustrín, Joan Villarroya i Font, y Boris Volodarsky.

En particular, me gustaría agradecer a Carlos Barciela su ayuda en asuntos relacionados con la economía; al difunto Gabriel Cardona, sus conocimientos sobre el ejército español; a William Chislett, su comprensión de la España actual; a Jaume Claret, su material sobre la corrupción militar. Doy las gracias a Antoni Dalmau por abrirme los ojos al pistolerismo y la represión en Cataluña durante el periodo de la Restauración; a Carlos García Santa Cecilia, por el material sobre el exilio durante la dictadura de Primo de Rivera; a Paul Heywood, por su ayuda en la comprensión de la mecánica de la corrupción; a Josep Massot i Muntaner, por todo lo que tiene que ver con Cataluña y Baleares; a Hilari Raguer, por su constante asesoramiento en asuntos relacionados con la Iglesia católica; a Ricardo Robledo, por su conocimiento enciclopédico de los problemas agrarios. Mención aparte se merece Estanislao Sánchez Méndez, «Tani», cuyo portentoso dominio de los más arcanos recursos digitales me ha resultado de extrema utilidad.

Durante muchas décadas, el intercambio de ideas y opiniones con Paco Espinosa Maestre, Helen Graham y Ángel Viñas ha sido constante y, para mí, indispensable.

Estoy especialmente agradecido a varios amigos que han leído y comentado el original de este libro y me han librado de cometer múltiples errores: Nicolás Belmonte, Chris Ealham, Lala Isla, Linda Palfreeman y Francisco Romero Salvadó. También estoy en deuda con Peter James, cuyo buen ojo como corrector y revisor mejora siempre mis libros. Asimismo me complace dejar constancia de mi agradecimiento por la espléndida traducción al castellano de Jordi Ainaud.

Debo agradecer especialmente a mis colegas del Centro Cañada Blanch de la London School of Economics, Susana Grau, Álvaro Cepero y Stephen Rainbird, su apoyo incondicional y positivo. Al principio de mi estudio sobre la historia de la corrupción en España, tuve la suerte de contar con la asistencia de Jaume Muñoz Jofre.

El libro está dedicado a María Jesús González Hernández y Linda Palfreeman, cuya amistad y amabilidad durante todos estos años me ha ayudado tanto a no desfallecer.

Índice alfabético

Abásolo, conde de

ABC, diario

Abd el-Krim

liberación de prisioneros por

aborto, liberalización de leyes sobre el

Abril Martorell, Fernando, vicepresidente

Academia Militar de Zaragoza

Acció Catalana

Acción, La, diario

Acción Española, revista

Acción Popular

Acción Republicana

Acedo Colunga, Felipe, general

aceite de colza, epidemia por el

Acheson, Dean, secretario de Estado

Adenauer, Konrad, canciller

Agag, Alejandro

Agencia Industrial del Estado

agricultura

caída de la producción en la posguerra

consolidación del latifundismo

minifundismo

Agromán, constructora

Aguilar, Florestán

Aguilera y Egea, Francisco, general

Aguirre, José María

Aguirre de Tejada, Manuel, ministro de Ultramar

Ahumada, duque de

Aizpún, Rafael, ministro de Justicia

Aizpuru Mondéjar, Luis, general, ministro de la Guerra

Al Qaeda

Alarcón de la Lastra, Luis, ministro de Industria y Comercio

Alavedra, Macià

Alba, Cayetana, marquesa de

Alba, Santiago

contra el régimen de Primo

exilio de

ministro de Estado

ministro de Hacienda

ministro de Instrucción Pública

ministro de la Gobernación

Albero, Vicente, ministro de Agricultura

Albiñana, José María

Albornoz, Álvaro de

ministro de Fomento

Alcalá Zamora, Niceto

despreciado por izquierdas y derechas

ministro de la Guerra

presidente de la República

presidente del Consejo

Alcázar, El, diario

Alcocer y Ribacoba, Alberto

Aldama, marqués de

Aldir, Julio, coronel de la Guardia Civil

Alella, Ferran Fabra i Puig, marqués de

Alemania nazi

véase también Hitler, Adolf

Alfonso XII de Borbón, rey

intentos de asesinato de

muerte de (1885)

muerte de su esposa

proclamado rey

y las guerras carlistas

Alfonso XIII de Borbón, rey

acusado de inmoralidad administrativa

atentado contra (1905)

como germanófilo

contra el sistema constitucional

corrupción y

en el exilio

exilio de

otorga a Primo plenos poderes

petición de dimisón de Primo

relación con Cambó

relación con Franco

relación con Maura

restauración de

sobre la libración de presos de Abd el-Krim

y el golpe de Estado de Primo de Rivera

y el régimen de Primo de Rivera

y la dictadura militar

Alfonso de Borbón-Dampierre

Alhucemas, marqués de, véase García Prieto, Manuel

Alianza de Izquierdas

Alianza Popular

Alianza Republicana

Alierta, César

alimentos, inflación del precio de los

Allendesalazar, Manuel

Gobierno de

Almenas, José María del Palacio y Abárzuza, conde de las

Almendros, colectivo

Almunia, Joaquín

Alonso, Bruno, diputado socialista

Alonso Vega, Camilo, ministro de la Gobernación

Alsina, Joan

Álvarez, María Victoria

Álvarez, Melquíades

presidente de las Cortes

Álvarez Cascos, Francisco

Álvarez de Miranda, Fernando

Álvarez Mendizábal, Juan de Dios, presidente

desamortización de

Álvarez Tardío, Manuel: 1936. Fraude y violencia

Amadeo de Saboya, rey

Amado, Andrés

Amado, Julio, gobernador civil de Barcelona

Amedo Fouce, José, subcomisario

Amigos de Durruti

Ampuero, Casilda

analfabetismo

caciquismo y

en el electorado

anarcosindicalismo

anarquismo

en la industria textil catalana

anarquistas

actos de terrorismo por

atentado en el Liceu

intento de asalto de Jerez (1892)

Andalucía

burguesía de

terratenientes de

trienio bolchevista en

Andes, conde de los, ministro de Economía

Andratx, caso de corrupción en

Andrés i Roig, Antoni «Navarro»

Angiolillo, Michele, asesinato de Cánovas por

Anguera de Sojo, Josep Oriol, ministro de Trabajo

Anguiano, Daniel

Annual, desastre de (1921)

véase también Picasso, informe

Ansaldo, Juan Antonio

Anson, Luis María

anticlericalismo

antimilitarismo

antisemitismo

Antiterrorismo ETA

Añoveros, Antonio, obispo

Aramburu Topete, José Luis, general

Arán, incursión de los maquis por el valle de (1944)

Aranda, Antonio

Arburúa, Manuel, ministro de Comercio

Archs i Serra, Ramon

Ardanaz, Julio, general

Ardoz, José, asesinato de

Areal, María Teresa

Areilza, José María de

embajador en París

en el Consejo Privado de don Juan

ministro de Exteriores

Argentina, llegada de alimentos de

Argüelles, Manuel de, ministro de Hacienda

Arias Navarro, Carlos

director general de Seguridad

ministro de la Gobernación

presidente del Gobierno

reformas del 12 de febrero

Arias Salgado, Gabriel, ministro de Información

Arlegui Bayonés, Miguel, coronel

aplicación de la ley de fugas

Armada, Alfonso, general

Armada republicana

Arregi Izagirre, Joseba Iñaki, muerte de

Arrese, José Luis de

ministro de Vivienda

ministro secretario

Arriba

artículos de Franco con seudónimo Jakim Boor

Arrow, Charles, inspector

Ars, Ramon, y el asesinato de Dato

Ars i Solanellas, Manuel

Artal, Joaquim Miquel, atentado a Maura de

Ascaso, Francisco

Ascheri, Tomás

Asensio, Carlos, general

Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP)

Asociación General del Arte de Imprimir

asociaciones políticas, legalización de

Assemblea de Catalunya

Assemblea Nacional Catalana (ANC)

Asturias, revolución de 1934

Asunción Antoni, ministro del Interior

Ateneo de Madrid clausura del

Atocha, atentado de

Atocha, matanza de

Attard, Emilio

Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronesa de

Mémoires de la Cour d’Espagne

Rélation du voyage d’Espagne

Aunós, Eduardo, ministro de Trabajo, Comercio e Industria

autarquía, desastre de la

Azaña, Manuel

detención en 1934

Gobierno de

ministro de la Guerra

presidente de la República

sobre los ministros de Primo

unidad de la izquierda y

Azcárate, Gumersindo de, reformista liberal

Azcárraga Palmero, Marcelo de, general, gobierno de

Aznar, Agustín

Aznar, José María, líder del PP

presidente del Gobierno

y la guerra de Irak

Aznar, Juan Bautista, almirante

Aznar Botella, Ana, boda de

Azor, yate

Azzati, Félix

Badajoz, represión en

Baeza Alegría, Eduardo

Bahamonde, Roberto

Bakunin, Mijaíl

Balbo, Italo

Baldwin, Stanley, primer ministro británico

Balfour, Sebastian

Ballena Blanca, operación

Ballesteros, Jaime

Balmes, Amado, general

Banca Catalana

Banca Garriga Nogués

Banca Rothschild

Banco Central

Banco Central de Barcelona, secuestro en el

Banco de Barcelona

Banco de Cataluña

Banco de España

Banco de Italia

Banco Español de Crédito (Banesto)

Banco Financiero y de Ahorros (BFA)

Banco Hispano-Americano

Banco Mundial

Banco Sabadell

Banco Urquijo

Bankia

crisis de

Banús, constructora

Barber, Francisco, gobernador civil de Barcelona

Barcelona

atentado en el Liceu (1893)

atentado en Santa Maria del Mar

atentados con bombas en

caída de (26 de enero de 1939)

comercio de dinamita en

huelga general de 1902

terrorismo anarquista en

véase también Semana Trágica

Barcelona Traction, Light and Power Company, véase Canadiense, la

Bárcenas, Luis

Baroja, Pío

sobre Arlegui

sobre Martínez Anido

Barrera, Emilio, general

Barrera, Manuel de la, general africanista

Barrera de Irimo, Antonio, ministro de Hacienda

Barrié de la Maza, Pedro

Barrionuevo, José, ministro del Interior

Barroso, Antonio, general

Bas, Federico Carlos, gobernador civil de Barcelona

Bastos Ansart, Francisco

Batallón Vasco-Español

Batet, Domingo, general, capitán general de Cataluña

ejecución de

Bau, Joaquín

Bayo, Alberto, capitán

Bazán Esteban, Pedro, general

BBVA, fraude en el

Beaulac, Willard

Beigbeder, Juan Luis

Belloch, Juan Alberto

Benach, Ernest, presidente del Parlamento catalán

Ben-Ami, Shlomo

Benavent Escuaín, Emilio, arzobispo

Benayas, Juan José, ministro de Agricultura

Berenguer, Dámaso, general

dimisión de

Gobierno de

Berenguer, Federico

Bergamín, Francisco, ministro del Interior

Berlín, bloqueo de

Bertrán y Musitu, José

Besteiro, Julián

Bevin, Ernest, ministro Exteriores británico

Bivona, Tristán Álvarez de Toledo y Gutiérrez de la Concha, duque de

Bizet, Georges: Carmen

Blair, Tony

Blanco, Jaime, diputado socialista

Blanco, Miguel Ángel, secuestro y asesinato de

Blanco Pérez, Carlos

Blanco y Negro, revista

Blasco Ibáñez, Vicente

Alphonse XIII démasqué

querella del régimen de Primo contra

Blesa, Miguel

Bloque Nacionalista Galego

Blum, Léon, primer ministro francés

Boadilla, batalla de

Boal López, Evelio, secretario general de la CNT

Boaventura, Armando

Bolín, Luis Antonio

Bonacorsi, Arconovaldo, conte Rossi

Borbón y de la Torre, Francisco, general

Borbón-Dos Sicilias, Calos María de

Borbones, restauración de los

Bormann, Martin, secretario de Hitler

Borrell, Max

Borrow, George: The Bible in Spain

Bourgoing, Jean-François de: Nouveau voyage en Espagne

Bowers, Claude, embajador estadounidense

Boyer, Miguel, ministro de Hacienda

Brandt, Willy, canciller

Bravo Portillo, Manuel, jefe de policía

asesinato de

Brenan, Gerald

Briand, Aristide

Brigada de Investigación Social (BIS)

Brigadas Internacionales

Brugal, caso

Bruguera Muñoz, Manuel

Brunete, ofensiva republicana en

Buckley, Henry

Buenacasa, Manuel

Bugallal, Gabino

Burgos, proceso de

Burgos y Mazo, Manuel de

burguesía

industrial catalana

industrial del norte

Burguete y Lana, Ricardo, comandante de la Guardia Civil

Burns, Tom

Bush, George W.

Byne, Arthur

Byron, George Gordon, lord

Cabanellas, Miguel, general

Cabanillas, Pío

ministro de Información

Cabo Machichaco, explosión del carguero

caciquismo en España

analfabetismo de la población y

mapa del

poder social de

Caja Castilla La Mancha, quiebra de

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)

quiebra de

Caja Madrid

CajaSur, quiebra de

Calderón de la Barca, Pedro

Calle, Francisco

Callejo de la Cuesta, Eduardo

Calvo Serer, Rafael

Calvo Sotelo, José

director general de la Administración

en el exilio

ministro de Hacienda

secuestro y asesinato de

sobre la guerra de Marruecos

Calvo Sotelo, Leopoldo

presidente del Gobierno

vicepresidente

Calzada, Luciano de la, diputado de la CEDA

Cambó, Francesc, líder de la Lliga Regionalista

atentado contra

ayuda económica al alzamiento

discurso «Monarquia? República? Catalunya»

en el exilio

ministro de Fomento

ministro de Hacienda

rechazo del ofrecimiento de Alfonso XIII

retirada de la política activa

sobre el fascismo italiano

sobre el golpe de Primo

sobre Franco

sobre la autonomía de Cataluña

sobre la represión en Cataluña

Camisa Negra, La, periódico

Campano López, Ángel, general

campesinos

miseria en el sur del

ocupaciones de tierras

proletarización de los

sindicados, boicot de la patronal a los

Campí, Amadeu, asesinato de

Camps, Francisco

CAMPSA

Canadiense, la

huelga de febrero de 1919 en

turbia operación de March en

Canal de Riegos del Bajo Guadalquivir

Canalejas, José

muerte de

Canaris, Wilhelm, almirante

Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

Canela, José, asesinato de

Cánovas Cervantes, Salvador

Cánovas del Castillo, Antonio

asesinato de

sistema bipartidista y

y la muerte de Alfonso XII

Cantarero del Castillo, Manuel

Capella, Jacinto

capitalismo agrario

Carceller, Demetrio

carlistas

Carlos, hermano de Fernando VII, pretendiente

Carner, Jaume

Carpi, Ernesto, agente secreto

Carr, Raymond

Carranza, Ramón de, almirante, marqués de Villapesadilla

Carranza, Ramón de, marqués de Soto Hermoso

Carrero Blanco, Luis, almirante

asesinato por ETA de

plan para secuestrar a

presidente del Gobierno

subsecretario de Presidencia

Carrillo, Santiago

líder de la FJS

secretario general del PCE

Carrión, Pascual

Carro, Antonio, ministro de la Presidencia

Cartagena, Luis Fernando

Casado, Segismundo, coronel

Casals, Muriel

Casanellas, Ramon

Casanova, Giacomo

Casanueva, Cándido

Casares Quiroga, Santiago

presidente del Consejo de Ministros

Castedo, Sonia

Castejón, comandante

Castellanos, Mercedes «Nini»

Castiella, Fernando María de, ministro de Exteriores

Castillo, José del, teniente de Asalto, asesinato de

Castro Girona, Alberto, general

Castro Villacañas, Antonio

Catalunya Sí Que Es Pot, coalición

Cataluña

anarquistas en la industria textil

años en estado de excepción en

burguesía industrial de

carlistas en

crisis política en

cruzada anticatalanista de Primo de Rivera

Diada nacional de 1923

federalismo en

guerra civil dentro de la Guerra Civil en

industriales contra la CNT

nacionalismo en

pérdida de Cuba y

prohibición de Els Segadors

referéndum sobre la independencia de

reforma del Estatuto de Autonomía de 1979

Renaixença en

suspensión del Estatuto de Autonomía (1934)

tancament de caixes en

tensiones entre Madrid y

Caussanel, Eugène

Cavalcanti, José

Centro Democrático y Social (CDS)

CESID (Centro Superior de Información de la Defensa)

CHADE-CADE, compañía eléctrica

Chamberlain, Neville, primer ministro británico

Chapaprieta, Joaquín, Gobierno de

Chez, Heinz, ejecución de

Chilton, sir Henry, embajador británico

China, República Popular, proclamación de

Churchill, Winston

discurso sobre el Telón de Acero

Ciano, conde Galeazzo, ministro de Exteriores

Cid Ruiz-Zorrilla, José María

Cierva, Juan de la, ayuda al alzamiento de

Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE)

Círculo Monárquico Independiente

Círculos José Antonio

Ciudad Real, conspiración de

Ciudadanos, partido

Claramunt, Teresa

Claridad, periódico

Clavero Arévalo, Manuel

Clifford, Charles

CNT-FAI

Coalición Canaria

Coca García-Gascón, Ignacio

Coloma Gallegos, Francisco, general

Comandos de Lucha Antimarxista

Comas, Francesc, asesinato de

Comillas, Claudio López Bru, marqués de

Comisión 11-M

Comisión de Responsabilidades

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Comisiones Obreras

Proceso 1.001 y

Comité sobre las Atrocidades en España

Companys, Lluís

condena de 1934

detención de (1920)

ejecución de

presidente de la Generalitat

proclamación de la República

proclamación del Estado catalán

Comunidad Económica Europea (CEE)

Fondo de Cohesión de la

Comunión Tradicionalista

Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas, SA (CLASSA)

Concha, Manuel de la

Concilio Vaticano II

Conde, Mario

Confederació Regional del Treball, CNT catalana

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA)

Confederación Nacional de Ex-Combatientes

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

hostilidad antisocialista de

ilegalización de

intentos de destruir la

legalización de

número de afiliados

radicalización de

renacimiento de la

y el asesinato de Seguí

Confederación Patronal Española

Congreso Judío Mundial

Consejo de Estado

Consejo General del Poder Judicial

Consejo Supremo de Guerra

Consejo Supremo de Guerra y Marina

Constitución

de 1876

de 1931

de 1978

de Cánovas del Castillo

de Riego

proyecto franquista de

contrabando, lucha contra el

Convergència i Unió

Corbin, Charles

Corcuera, José Luis, ministro del Interior

Corea, guerra de

Corinna, véase Larsen, Corinna

Coromines, Pere

Corpo di Truppe Volontarie (CTV)

Correa, Francisco

Correo de Andalucía, El, periódico de la ACNP

Correo de Guipúzcoa, El

Correspondencia Militar, La, periódico del Ejército

corrupción

caso de los ERE

caso del PER

de cultivo de lino

de Javier de la Rosa

de la familia Franco

de la familia real

del PSOE

durante el franquismo

durante el régimen de Primo

electoral

institucional

Cortes

clausura por el Directorio Militar

Comisión de Responsabilidades

Cortina, marqués de

Cortina Mauri, Pedro, ministro de Exteriores

Costa, Ricardo

Costa Martínez, Joaquín

Crédito de la Unión Minera, fraude en el banco

Crespo Azorín, Evaristo, gobernador civil de Barcelona

Crespo, Pablo

crisis del sistema bancario

crisis económica de 2007-2013

crisis energética, primera

crisis revolucionaria de 1917-1923

Cristina de Borbón, infanta

Cuadrilátero, grupo

Cuatro Vientos, rebelión en la base aérea de

Cuba

abolición de la esclavitud y

hundimiento del Maine

Paz de Zanjón

pérdida de

rebelión contra la metrópoli (1870)

regreso de los indianos

¡Cu-Cut!, semanario satírico, asalto al

Cueto, Juan, capitán

Dabán, Antoni

Dalmau, Antoni

Dalton, Hugh

Darwin, Charles

Dato, Eduardo

asesinato de (1921)

Gobierno de

ministro de Estado

De la Cierva y Peñafiel, Juan

anticatalanismo de

en el régimen de Primo

ministro de Fomento

ministro de la Gobernación

ministro de la Guerra

De la Rosa Martí, Javier, financiero

Debate, El, diario

Decreto de Laboreo Forzoso

Decreto de Términos Municipales

Delgado, José

Delgado Barreto, Leoncio

Delgado Barreto, Manuel

Delgado Martínez, Joaquín

Delgado Zulueta, Manuel, capitán general de Barcelona

Derecha Liberal Republicana

desamortización

de tierras eclesiásticas

de tierras municipales

desempleo en la crisis económica de 2007-2013

Desheredados, Los, grupo disidente

Despujol i Dusay, Eulogi, general

Deterding, sir Henri

Dewey, comodoro, en la guerra de Filipinas

Diario 16, periódico

Diario de la Marina

Díaz Alperi, Luis

Díaz del Moral, Juan

Díaz Merchán, Gabino, arzobispo de Oviedo

Díaz Ruiz, Clemente

dictadura de Primo de Rivera

Consejo de Economía Nacional

Consejo Judicial

Consejo Regulador de Producción Industrial

decreto de disolución de todos los ayuntamientos

Directorio Civil

Junta Inspectora de Personal Judicial

Junta Organizadora del Poder Judicial

Organización Corporativa Nacional

proyecto de la Asamblea Nacional

resistencia a la

Dieckhoff, Hans Heinrich

Díez-Alegría, Manuel, jefe del Estado Mayor

dinásticos, partidos, véase Partido Conservador; Partido Liberal

Directorio Civil

Directorio Militar, creación del

Disraeli, Benjamin, primer ministro

División Azul

División de Investigación Social

divorcio, legalización del

Dobarco, Manuel

Dollfuss, Engelbert, canciller austriaco

Dómine, José Juan

Domingo, Marcelino

ministro de Instrucción Pública

Doussinague, José María

Doval, Gerardo

Dris-ben-Said

Duarte de Perón, María Eva, Evita

Dumas, Alexandre

De Paris à Cadix

El conde de Montecristo

Los tres mosqueteros

Dunn, James C., embajador estadounidense

Duran i Lleida, Josep Antoni

Durruti, Buenaventura

Eban, Abba

Ebro, batalla del

Eccles, David

Echevarría, Luis, presidente de México

Echevarrieta, Horacio

Eco Patronal, El, revista

economía

aumento del índice del coste de la vida

balanza de pagos catastrófica

costes de infraestructuras innecesarias

crecimiento de la tasa del PIB

créditos estadounidenses a España

de posguerra

pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores

plan de estabilización monetaria

reconversión industrial

situación desesperada

Eden, Anthony, ministro de Asuntos Exteriores británico

Edim burgo, duque de

Eisenhower, Dwight D., general

presidente estadounidense

visita a Franco

Ejército español

africanistas

como enemigo de la República

como uno de los tres pilares del régimen

corrupción en

democratización del

en la pérdida de Cuba

en las guerras coloniales

Junta de Clasificación

ofensas al honor del

oposición a Primo de Rivera229

programa de modernización, redespliegue y profesionalización militar

elecciones

candidatos cuneros

de 16 de febrero de 1936

de 1933

de 8 de mayo de 1910

de abril de 1907

de junio de 1993

de octubre de 1989

del 12 de marzo del 2000

del 14 de marzo de 2004

del 15 de junio de 1977

del 20 de noviembre de 2011

del 24 de febrero de 1918

del 28 de abril de 2019

del 28 octubre de 1982

del 9 de marzo de 2008

europeas de junio de 1994

fraudes en las

municipales de 1979

municipales de Barcelona (1905)

municipales en Madrid (1954)

proceso del encasillado

Elola Espín, Alfonso, teniente coronel

«encasillado», proceso electoral del

Enrique y Tarancón, Vicente, cardenal

ERE, expedientes de regulación de empleo, fraude en

Ermua, espíritu de

Escorial, monasterio de El

Escuela Moderna

escuelas

laicas de Ferrer i Guàrdia

protestantes

España con honra, revista satírica

Espartero, Baldomero, general

Espejo, Antonio, asesinato de

Espinosa San Martín, Juan José, ministro de Hacienda

Esplá, Carlos

Esquerra Republicana de Catalunya

Estados Unidos

ataque japonés a Pearl Harbor

bases aéreas de

declara la guerra a España por la guerra de Cuba

Plan Marshall

relación de Franco con

Estat Català

Estella, marqués de

Estévanez, Nicolás

estraperlo, escándalo del

ETA (Euskadi ta Askatasuna)

ETA-Militar (ETA-M)

ETA-Político Militar (ETA-PM)

véase también Blanco, Miguel Ángel; Ortega Lara, José Antonio

Exposición Iberoamericana de Sevilla

Exposición Internacional de Barcelona

Exposición Universal de Sevilla de 1992

Eza, vizconde de, ministro de la Guerra

Fabra, Carlos

Fabra Ribas, Antoni

Falange, Consejo Nacional de la

Falange de Sangre, escuadrones terroristas de

Falange Española

Falange Española de las JONS

Falange Española Tradicionalista y de las JONS

como un pilar del régimen

Consejo Nacional de

desarme político de

memorando a Franco (1955)

familia real

corrupción y

protección en el Palacio Real para

Fanelli, Giuseppe

Fanjul, Joaquín, general

Fanjul Sedeño, Juan Manuel

Faraudo, Carlos, capitán

fascismo italiano

Feced Calvo, Inocencio

en el asesinato de Seguí

Federació Patronal de Catalunya

Federación Anarquista Ibérica (FAI)

Federación de Empleadores

Federación de Juventudes Socialistas

Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE)

disolución de (1888)

semanario Revista Social

Federación Española de Trabajadores

Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT)

Federación Universitaria de Estudiantes

Federaciones Agrarias Católicas

federalista, movimiento

FEDISA

Felipe II, rey

Felipe VI de Borbón, rey

coronación

Fenoll, Ángel

Fenoll Malvasía, Luis

Fernández, Aurelio

Fernández Campos, Sabino, general

Fernández Cuesta, Raimundo, ministro del Movimiento

Fernández de Heredia, general

Fernández de la Vega, María Teresa, vicepresidenta

Fernández Gutiérrez, Juan Antonio, asesinato de

Fernández Ladreda, José María, general

Fernández Ordóñez, Ángel

Fernández Ordóñez, Francisco

ministro de Justicia

Fernández Silvestre, Manuel, general

Fernández-Miranda, Torcuato

vicepresidente

Fernando VII, rey

Ferrándiz, Juan, alcalde de Pinos Puente

Ferrer i Guàrdia, Francesc

ejecución de (1909)

Ferrovial

Ferrusola, Marta

Filek, Albert von

Filesa, caso

Filipinas

movimiento independentista de

pérdida de

filoxera, crisis de la

Fiscalía Anticorrupción

Fiscalía Especial contr la Corrupción y la Criminalidad Organizada

Fischer, August

Flórez Posada, Juan

Floridablanca, conde de

FNTT, véase Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra

Foment de Treball Nacional

Fomento Nacional del Trabajo

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Fontdevila Cruixent, Manuel

Forcadell, Carme

Ford, Gerald

Ford, Richard

A Handbook for Travellers in Spain

Gatherings from Spain

Fraga Iribarne, Manuel

en Alianza Popular

Ley de Prensa de

ministro de Información

ministro del Interior

Francia

contra España en las Naciones Unidas

en la Guerra Civil española

ingreso de España en la ONU y

Francia de Vichy

Franco Bahamonde, Francisco, general

acumulación de una fortuna personal

adopción de políticas de autarquía

austeridad de

comandante

como militar africanista

control de la política exterior

convencimiento de estar en posesión de la verdad

desprecio por las democracias occidentales

director de la Academia Militar de Zaragoza

elegido comandante único en Salamanca

en la guerra de Marruecos

en la revolución de Asturias

en los preparativos del golpe

entrevista con Eisenhower

entrevista con Hitler en Hendaya

entrevista con Juan de Borbón en el Azor

entrevista con Mussolini

entrevista con Nixon (1970)

funeral de

golpe de Estado de

jefe del Estado Mayor

muerte de

obsesión por la masonería

oposición de los monárquicos

planes de Arrese y

poder absoluto después de la Guerra Civil

política interior de

problemas de salud

relaciones con Estados Unidos

rivales internos de

según Cambó

sobre la clase política

sobre la dictadura de Primo de Rivera

sucesión de 438

sufre un accidente de caza (1961)

tecnócratas y

visita a Portugal (1949)

y el asesinato de Carrero Blanco

Franco Bahamonde, Nicolás

Franco Bahamonde, Pilar

Franco Bahamonde, Ramón

Franco Polo, Carmen, marquesa de Villaverde

boda de

Franco Salgado-Araujo, Francisco

Franquesa, Josep, asesinato de

franquismo

antisemitismo del

aparato propagandístico del

explotación de los prisioneros

«noche negra» del

régimen de pillaje

represión como pilar central del régimen

represión contra la izquierda

sistema judicial durante el

sociológico

tres pilares del régimen

«Veinticinco años de Paz», lema

FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota)

Frente Popular

Frente por la Paz vasco

Fuente, Licinio de la, ministro de Trabajo

Fuente, Ricardo

Fuero de los Españoles

Fuertes de Villavicencio, Fernando, general

Fuerza Nueva

Fuerza Nueva, revista

Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.

Fundació Orfeó Catalá-Palau de la Música

Fundació Trias Fargas

Fundación Hanns Seidel

Gabeiras Montero, José, general

Gaitanes, conde de

GAL, véase Grupos Antiterroristas de Liberación

Galán, Fermín, ejecución de

Galarza, Ángel, fiscal del Estado

Galarza Morante, Valentín, teniente coronel

Galeote, Guillermo

Galinsoga, Luis de

Gamazo, Germán, liberal

Garaikoetxea, Carlos, lendakari vasco

Garau, Francisco

Garau, José

Garau, Rafael

García, Cristino, ejecución del maqui

García Carrés, Juan

García de Polavieja, Camilo, general

García Hernández, Ángel, ejecución de

García Hernández, José, vicepresidente

García Marcos, Isabel

García Margallo, Juan, general

García Moncó, Faustino, ministro de Comercio

García Navarro, José Luis

García Oliver, Juan

García Prieto, Manuel

Gobiernos de

ministro de Gobernación

García Rebull, Tomás, general

García Sáez, Luis «Luigi»

García Valiño, Rafael, general

García Valverde, Julián

García Vargas, Julián

Garicano Goñi, Tomás, ministro de la Gobernación

Garrido Ramos, Ana

Garrigues Walker, Joaquín

Garrigues y Díaz-Cañabate, Antonio

embajador en Washington

ministro de Justicia

Garzón, Baltasar, juez

como diputado socialista

sancionado por el caso Bárcenas

sobre el GAL

sobre la corrupción

Gaulle, Charles de, general

Gautier, Théophile: Voyage en Espagne

Generalitat

enfrentamientos con la CNT y el POUM

Llei de Contractes de Conreu

restablecimiento de la

Gescartera, fraude de

Gestapo

Gibert, Jaume

Gibraltar, ocupación de

Gil, Jesús

Gil, Vicente

Gil Robles, José María

deportado por el Contubernio de Múnich

ministro de Guerra

papel en el golpe de 1936

sobre la restauración monárquica

Giménez Caballero, Ernesto

Giménez Fernández, Manuel

ministro de Agricultura

Giménez-Reyna, Enrique

Giménez-Reyna, Pilar

Giral, José, Gobierno de

ministro de Estado

solicitud de ayuda a Francia y Reino Unido

Girault, Jean o François

Girón de Velasco, José Antonio

ministro de Trabajo

riqueza acumulada por

Gladstone, William, primer ministro británico

Globo, El

gobernadores civiles, relación con los caciques

Goded, Manuel, general

ejecución de

gobernador militar de Cádiz

inspector general

y el alzamiento

Goicoechea, Antonio

Gomá, Isidro, obispo

Gómez-Jordana, Francisco, general, ministro de Exteriores

González, Felipe, secretario general del PSOE

dimisión como secretario general

presidente del Gobierno

victorias electorales de

y las actividades del GAL

González, Venancio

González Besada, Augusto

González del Yerro, Jesús, general

González Martín, Marcelo, arzobispo

González Moralejo, Rafael, obispo

González Panero, Arturo

González Peña, Ramón

González Regueral, Faustino, asesinato de

Gordón Ordás, Félix

Gracia, Anastasio de, ministro de Industria

Gran Bretaña

contra el expansionismo francés

sistema bipartidista en

véase también Reino Unido

Granados Gata, Francisco

Grand Tibidabo, hundimiento del holding

GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre)

Graupera, Félix

Grávalo, Félix, el Madrileño

Graziani, Rodolfo, mariscal

Griffis, Stanton, embajador estadounidense

Grimau García, Julián, ejecución de

Grupo Independiente Liberal (GIL)

Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)

Guadalajara, batalla de

Guadalhorce, Rafael Benjumea y Burín, conde de

Guardia Civil

animadversión contra la

fundación de la

violencia institucionalizada de la

Guardia de Franco

Güell, conde

Guernica, bombardeo de

Guerra, Alfonso

Guerra, Juan

guerra de Cuba

guerra de guerrillas contra el régimen

Guerra de Secesión de Estados Unidos

Guerra Fría

Guerra Mundial, Primera

crisis al final de la

neutralidad española en

Guerra Mundial, Segunda

campos de exterminio alemanes

final de la

neutralidad española en

Operación Antorcha

guerras carlistas

primera

segunda

tercera

Guerrero, Javier

Guerrilleros de Cristo Rey

Guillermo II, káiser

Gürtel, caso

Gutiérrez Mellado, Manuel, general

Halifax, lord

hambre

compra de alimentos a Estados Unidos

consecuencias de la desnutrición

crisis alimentaria de 1949-1950

disturbios en 1918 por el

en el asedio de Madrid

Protocolo Franco-Perón de compra de alimentos

sistema de racionamiento

Hammaralt, Savarpoldi

Hankey, Maurice

Hart, Merwin K.

Harvey, Bernard

Hearst, William Randolph

Hedilla, Manuel, jefe nacional de la Falange

Heineman, Daniel

Heraldo de Madrid

Heredia Spínola, marqués de

Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Hernández, Jesús, ministro de Instrucción Pública

Hernández Malillos, Heraclio, jefe de la policía

Hernández Saravia, Juan, general

Herrera, Ángel, fundador de la ACNP

Herrera, Francisco

Herrero, Emilio

Herrero Tejedor, Fernando, fiscal jefe

Herreros, Tomás

Herri Batasuna

Herriot, Édouard, primer ministro francés

Hidalgo, Diego, ministro de la Guerra

Hidalgo, Eugenio, alcalde de Andratx

Hidalgo de Cisneros, Ignacio, comandante de aviación

Hidalgo Huerta, equipo médico de

Hillgarth, Alan, capitán

Hitler, Afolf

encuentro con Franco

neutralidad de España y

Hoare, sir Samuel, embajador británico

Hoffmann, Hans

Hojas Libres, revista

Homs, Pere Màrtir

Hoyos, marqués de, ministro de la Gobernación

Huarte, constructora

Huarte, Felipe, secuestro de

huelgas

de 1916

de agosto de 1917

de junio de 1930

de mineros asturianos (1970)

de trabajadores portuarios (1923)

en Barcelona de 1901-1902

en Barcelona de transporte público (1957)

en la SEAT

en los astilleros Bazán (1972)

en minas asturianas y Cataluña (1958)

general de diciembre de 1988

general para la amnistía de presos políticos (1970)

huelgas de mayo de 1947

incremento de 1917 a 1920 de la Canadiense (febrero de 1919)

oleada en otoño de 1882

Huétor de Santillán, marqués de

Huétor de Santillán, Pura, marquesa de

Hume, Martín, comandante

Hurtado, Amadeu

Ibáñez García, José, teniente coronel

Ibarretxe, Juan José, lendakari vasco

Ibárruri, Dolores, la Pasionaria

Ibercorp

Icaza y León, Consoles

Ideal, diario

Iglesia católica

bajo el cardenal Enrique y Tarancón

como enemiga de la República

como uno de los pilares del régimen

desamortización de sus tierras

en las guerras carlistas

expropiación de propiedades de

liberalización por Juan XXIII

poder de la

Iglesias, Emiliano

Iglesias, Julio

Iglesias, Pablo

como diputado

y la fundación del PSOE

Iglesias, Pablo, líder de Podemos

Iglesias Villar, Rosalía

Imparcial, El, diario

imperio colonial

desastre de 1898 del

pérdidas de la década de 1830

incompetencia política

industrialización

conflictos sociales en el avance de la

consecuencias del aumento de

incremento durante la Primera Guerra Mundial

reconversión industrial de España

Informaciones, diario

Inglaterra, batalla de

Iniciativa per Catalunya Verds

Iniesta Cano, Carlos, general

director general de la Guardia Civil

Inquisición española

Instituto Agrícola Catalán de San Isidro

Instituto Español de Moneda Extranjera

Instituto Nacional de Industria (INI)

liquidación del

Internacional, Primera

Internacional Comunista (Comintern)

fundación de la

Internacional Sindical Roja

Irak, guerra de

Irurita, Manuel, obispo de Barcelona

Irving, Washington: Cuentos de la Alhambra

Isabel I, reina de Inglaterra

Isabel II, reina de España

derrocamiento y exilio de

escándalos económicos y sexuales de

Isabel la Católica, expulsión de los judíos por

Isgleas Piarnau, Francesc

Italia fascista

ITT (International Telephone and Telegraph Corporation)

Iturmendi, Antonio, ministro de Justicia

Izquierda Democrática

Izquierda Republicana

Izquierda Unida

Izquierdo López, José Luis

Izquierdo, Antonio

Jaca, sublevación de

Jaime de Borbón, infante

Jarama, batalla del

Jaurès, Jean

Jerez, asalto anarquista a (1892)

Jiménez de Asúa, Luis

Joll, James

Jordan, Philip

Jordana, véase Gómez-Jordana, Francisco

Jóvenes Mauristas

Jruschev, Nikita

Juan de Borbón

Consejo Privado de

entrevistas con Franco

Manifiesto de Estoril

negativa a volver a España

Juan XXIII, papa

encíclica Mater et Magistra

encíclica Pacem in Terris

Juan Carlos de Borbón

abdicación de (2014)

cacería en Botsuana

como Jefe de Estado en funciones

como sucesor de Franco

educación de

en el intento de golpe del 23-F

en los últimos días de Franco

Ley de Sucesión y

problemas de salud

proclamación como rey

promete fidelidad a los principios del Movimiento

relación con Arias

viaje a Washington

Jubany i Arnau, Narcís, cardenal

Juderías, Julián

judíos, expulsión de los

Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona

Juliá, Santos

Junoy, Francisco

Junta Castellana de Actuación Hispánica

Junta de Acción y Unión Republicana

Junta de Defensa de Madrid

Junta de Defensa Nacional

Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM)

Junta Democrática

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS)

Juntas Militares de Defensa

Junts pel Sí, coalición

Justicieros, grupo de Los

Juventud de Acción Popular (JAP)

Juventud Socialista

Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)

Kennedy, John F.

Kindelán, Alfredo, general

King, Norman, cónsul británico en Barcelona

Kissinger, Henry, secretario de Estado

Koenig, barón, véase Stallmann, Friedrich

Koltsov, Mijaíl

Krappe, general

Lacort, Ángel

Laguía Lliteras, Juan

Laiglesia, Eduardo de

Laína García, Francisco

Lamoneda, Ramón, secretario general del PSOE

Lapuerta, Álvaro

Lara Zárate, Antonio, ministro de Hacienda

Largo Caballero, Francisco

atentado contra

en la clandestinidad

evacuación del Gobierno a Valencia

ministro de la Guerra

ministro de Trabajo

presidente del Gobierno

rivalidad con Prieto

Larraz, José, ministro de Hacienda

Larrucea Samaniego, María Josefa, esposa de Girón

Larsen, Corinna

Las Heras, general

Lasarte Persino, Julio de, capitán

latifundismo

amenaza al

consolidación del

Latorre Roca, general

Latorre Roja, Rafael, general

Laurel, José P., líder filipino

Laval, Pierre

Lavilla, Landelino, ministro de Justicia

Layard, sir Austen Henry, embajador británico

Layret, Francesc, diputado republicano

asesinato de

Lazarillo de Tormes

Ledesma Ramos, Ramiro

Legión

en la guerra de Marruecos

Legionarios de España

Leguina, Joaquín

Lehman Brothers, crisis de

Leissner, Wilhelm, capitán

Leizaola, Jesús María de, lendakari vasco

lengua catalana

León XIII, papa

Lequerica, José Félix de, ministro de Exteriores

Lerroux, Alejandro

anticatalanismo de

corrupción de

derrota en las elecciones de 1936

en el exilio

en el intento de asesinato de Alfonso XIII

Jóvenes Bárbaros de

ministro de Estado

no participación en la guerra

presidente del Consejo

sobre la reforma agraria

y el atentado a Cambó

y la Canadiense

Lewis, John Frederick

Ley de Asociaciones Políticas

Ley de Delitos Monetarios. 385

Ley de Dependencia

ley de fugas

Ley de Igualdad

Ley de Jefatura del Estado (1939)

Ley de Jurisdicciones

Ley de la Memoria Histórica

Ley de Prensa de Fraga

Ley de Responsabilidades Políticas (1939)

Ley de Subsistencias (1915)

Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado

Ley del Suelo (1998)

«Ley Maura», ley antianarquista

Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA)

Ley Orgánica del Estado

Ley Pascual Madoz

«leyenda negra»

Liberal, El, periódico

liberalismo

Lie, Trygve, secretario general de la ONU

Liga de Aghricultores y Ganaderos

Liga de Terratenientes Andaluces

Ligue des Droits de l’Homme

Linares, Arsenio, ministro de la Guerra

Linde, Luis

Líster, Enrique

Llaneza, Manuel, líder sindical

Llanzol, Francisco Díez de Rivera, marqués de

Lliga Regionalista

López de Coca, Nicolás

López de Ochoa, Eduardo, general

López Rodó, Laureano

López-Bravo, Gregorio

ministro de Exteriores

ministro de Industria

Lora Tamayo, Manuel, ministro de Educación

Lorente Sanz, José

Lorente, Mónica

Lorenzo, Anselmo

Loubet, Émile, presidente

Lowann, Frieda, estraperlo y

Luca de Tena, Torcuato

Luccardi, Giuseppe, comandante

Lucha, La, periódico

Luisa Fernanda, infanta

Luque, Agustín de, general, ministro de la Guerra

Lyautey, Hubert

Machado, Antonio

Macià, Francesc, coronel

líder de Estat Català

presidente de la Generalitat

proclamación de la República

retorno del exilio

Macías Picavea, Ricardo

Madariaga, Salvador de

sobre Miguel Primo de Rivera

Madrid, defensa de

caída de (27 de marzo de 1939)

Madrid, Francisco

Magaz, Antonio, almirante

Maine, hundimiento del

Majestic, Pacto del

Málaga, derrota republicana en

Malato, Carlo

Malaya, caso

Mallada, Lucas

Mallol, José Alonso, director general de Seguridad

Mancomunitat, abolición de la (1924)

Manglano, Emilio Alonso, general

Mano Negra, sociedad secreta

manos muertas, abolición de las

Manzano Alfaro, Francisco

Mao Zedong

Maragall, Pasqual

Marañón, Gregorio

March, Juan

adquisición de una fortuna en la Canadiense

corrupción de

March Hermanos, sociedad

Marey, Segundo, secuestro por el GAL de

María Cristina de Habsburgo-Lorena, segunda esposa de Alfonso XII

como reina regente

muerte de Alfonso XII

nacimiento del futuro Alfonso XIII

María de las Mercedes de Orleans, esposa de Alfonso XII

María Pilar de Borbón, infanta

Marina Vega, José, general

Márquez, Benito, coronel

Marraco, Manuel, ministro de Hacienda

Marruecos, desastre militar en

Alfonso XIII a favor de la salida de

alzamiento (1936) en

batalla del Barranco del Lobo (1909)

declaración de independencia del protectorado de

guerra de

inicio de la rebelión en

liberación de prisioneros

negociaciones de paz

plan del desembarco de Alhucemas

véase también Abd el-Krim

Marshall, George C., secretario de Estado

Martín, Pablo

Martín Artajo, Alberto, ministro de Exteriores

Martín Báguenas, Santiago

Martín Veloz, Diego

Martín Villa, Rodolfo

ministro de Relaciones Sindicales

ministro del Interior

Martínez Anido, Severiano, general

comandante de Melilla

en el exilio

gobernador militar de Barcelona

subsecretario de la Gobernación

Martínez Baldrich, Roberto

Martínez Barrio, Diego

Gobierno de

ministro de Comunicaciones

presidente de las Cortes

Martínez Bordiú, Cristóbal, marqués de Villaverde

Martínez Bordiú, María del Carmen

Martínez Campos, Arsenio, general

atentado como capitán general de Barcelona

como ministro de la Guerra

como presidente

en el restablecimiento de la monarquía

en la rebelión cubana

Martínez Campos, Carlos, general

Martínez de Velasco, José

Martínez Ortega, José

Martínez Pujalte, Vicente

Marzo Díez-Valdivieso, Enrique, teniente coronel

Marzo y Balaguer, Enrique, general

Mas, Artur, presidente de la Generalitat

Mas, Lluís

masonería

Massot, Jaume

Mata, José de la, juez

Matas, Jaume, presidente de Baleares

Matesa, escándalo

Matheu, Pedro

Mato, Ana

matrimonio homosexual, legalización del

Maura, Antonio

«revolución desde arriba» de

atentados contra

dimisión de (1909)

durante el régimen de Primo

en la guerra de Marruecos

Gobierno de coalición nacional (1918) de

Gobiernos de

presidente del Consejo de Ministros

relación con Alfonso XIII

sobre el golpe de Estado de Primo de Rivera

y la ley electoral

Maura, Gabriel

ministro de Trabajo

Maura, Miguel

ministro de la Gobernación

Maurín, Joaquín

fundador del POUM

Mayalde, José Finat y Escrivá de Romaní, conde de

Mayor Oreja, Jaime, ministro del Interior

McKinley, William, presidente estadounidense

Medina, Diego, fiscal jefe

Medina, José Manuel

Memorial Democràtic

Mendizábal, véase Álvarez Mendizábal, Juan de Dios

Menéndez, Teodomiro

Mercader, general

mercado negro

Mérimée, Prosper: Carmen

Merry del Val, marqués de

Miaja, José, general

Milans del Bosch, Jaime, general

Milans del Bosch y Carrió, Joaquín, teniente general

jefe de la Casa del Rey

Millán Astray, José, general

Minoría Agraria

Mir, Ignacio

Miranda, Francesc, líder de la CNT

Mola, Emilio, general

director general de Seguridad

en la Guerra Civil

muerte de

preparativos del alzamiento

Molas, Josep

Molero, Nicolás, ministro de la Guerra

Molina, Juan Manuel

Molins, Joaquim

Moltke, Hans Adolf von

Monarquía

hundimiento de la alemana y la austrohúngara

poder de la

ruptura entre el catalanismo conservador y la

véase también familia real

Monasterio, José, general

Moncloa, Pactos de la

Monedero Martín, Antonio

Montañés, Carlos

Montero Navarro, Manuel, general

Montero, Irene, dfiputada de Podemos

Montero Ríos, Eugenio

Gobierno de

Montjuïc, represión en el castillo de

Montpensier, duque de

Monzón, Jesús

Morales, capitán de la Guardia Civil

Moreno Rodríguez, Pedro José

Moret, Segismundo

líder liberal

ministro de la Gobernación

presidente del Gobierno

Morgan, Julia

Morote, José

Morral Roca, Mateo, atentado contra Alfonso XIII por

Moscardó, José, general

Movimiento, burocracia tentacular del

Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni

Múgica, Enrique

Múgica, Mateo, obispo de Vitoria

Muiño, Manuel

Mundo, El, diario

Múnich, Acuerdos de (1938)

Múnich, Contubernio de (1962)

Muntadas, Maties

Muñoz, Bartomeu

Muñoz, Buenaventura, juez

Muñoz, Julián

Muñoz Aguilar, Julio

Muñoz Grandes, Agustín

ministro del Ejército

vicepresidente

Muñoz Molina, Antonio

Muñoz Ramonet, Julio

Mussolini, Benito

encuentro con Franco

caída de

Nación, La, diario

nacionalismo regional

catalán

Naciones Unidas, Organización de las

Asamblea General de las

conferencia fundacional de las (1945)

Consejo de Seguridad de

exclusión de España de (1946)

ingreso en (1955)

Napoleón III, emperador

Narváez, Ramón María, general, presidente del Gobierno

Naseiro, Rosendo, tesorero del PP

Navalmoral de la Mata, algarada republicana en

Navarro, general

Navarro, Pedro, juez

Navarro Rubio, Mariano

gobernador del Banco de España

ministro de Hacienda

Negrín, Juan

exilio de

ministro de Hacienda

presidente del Consejo

Neves, Mário

Newsweek, revista

Nicolau, Luis

Nicolau d’Olwer, Lluís

ministro de Economía

Nieto Antúnez, Pedro, ministro de Marina

Nin, Andreu, líder del POUM

asesinato de

Nixon, Richard, visita a Franco

NKVD, asesinato de Nin por el

nobleza terrateniente

No-Do (Noticiarios y Documentales)

Nogués, Antoni

Nombela, Antonio, inspector general de Colonias

Nóos, Instituto

Numancia, motín en el

Núñez, Juan

Núñez de Prado, Miguel, general

O’Donnell, Carlos, duque de Tetuán

O’Donnell, Juan, duque de Tetuán, ministro de la Guerra

O’Donnell, Leopoldo, general

Obama, Barack

Oficina de Coordinación y Planificación Económica

Oficina de Inversiones de Kuwait (KIO)

Oficina de Investigación Criminal (OCI)

Oliart Saussol, Alberto, ministro de Defensa

oligarquía terrateniente

Oliva i Moncusí, Joan, anarquista

Òmnium Cultural

Oneto, José

Operación, Galaxia

Opus Dei

Orange Market

Oreja, Marcelino

ministro de Exteriores

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entrada de España en

Organización para la Cooperación Económica Europea

Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA)

Orgaz, Luis, general

Oriol y Urquijo, Antonio María de, secuestro de

Orlov, Aleksandr, jefe del NKVD en España

Ortega, Guillermo

Ortega, Joana

Ortega Lara, José Antonio, secuestro de

Ortega y Gasset, Eduardo

Ortega y Gasset, José

«El error Berenguer»

querella del régimen de Primo contra

Ortínez, Manuel

Ortiz, Enrique

Orwell, George

Osorio García, Alfonso

ministro de la Presidencia

Ossorio y Gallardo, Ángel

como gobernador civil de Barcelona

Otero González, Francisco

Pablo VI, papa

País, El, diario

País Vasco

burguesía industrial del

carlistas en

Consejo General Vasco

durante la Guerra Civil

en la dictadura de Primo

en la transición

Estatuto de Autonomía del

explosión en Ortuella

visita de los reyes al (1981)

Palacio, Loyola de, ministra de Agricultura

Pallàs, Paulí

Palma Arena, caso

Palop, Salvador

Pantoja, Isabel

Paracuellos de Jarama, matanza de prisioneros en

Pardo Bazán, Emilia

Paredes, Txiki, ejecución de

Pareja Yébenes, José, ministro de Instrucción Pública

Parlamento Europeo

Partido Agrario

Partido Comunista de España (PCE)

Comité Central del

en la lucha de masas contra el régimen

en las elecciones de octubre de 1982

legalización del

matanza de Atocha y

y el Pacto por la Libertad

Partido Conservador

fraudes electorales del

Partido Conservador británico

Partido Demócrata Popular

Partido Español Nacional Sindicalista

Partido Español Nacional-Socialista

Partido Laborista británico

y la masonería

Partido Liberal

fraudes electorales del

Partido Nacionalista Español

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)

Partido Popular

casos de corrupción en

condenado por el caso Gürtel

financiación ilegal del

Nuevas Generaciones del

pérdida de las elecciones de abril de 2019

Partido Popular italiano

Partido Radical

Partido Reformista

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

XIII Congreso en Suresnes

Casas del Pueblo de

casos de corrupción del

colaboración con el régimen de Primo

condenas a militantes de (1946)

derrota electoral

dimisión de Felipe González

financiación ilegal del

participación en el Gobierno del Frente Popular

proyecto de reconstrucción del

victoria electoral (28 de octubre de 1982)

y el golpe de Primo

y la entrada en la OTAN

Partido Socialista Popular (PSP)

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat)

Partit Republicà Català

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)

Pavía y Rodríguez de Albuquerque, Manuel, general, golpe de

Pax et Justitia, comisión

Pazo de Meirás, familia Franco y el

Peche, Juan

Pedregal, José Manuel

Peire, Tomás, coronel

Peiró, Joan

atentados contra

Pemán, José María

Peñas, José Luis

Pérez, Blas, ministro de Gobernación

Pérez Alonso, Álvaro, «El Bigotes»

Pérez Rubalcaba, Alfredo

Pérez Vicario, Rogelio, asesinato del verdugo

Pérez Villaamil, Genaro

Pérez Viñeta, Alfonso, general

Perezagua, Facundo

Perlowitz, Joachim, estraperlo y

Perón, Juan Domingo

Perote, Juan Alberto, coronel, director del CESID

Perrot, sir John, virrey de Irlanda

peseta

cambio sobrevalorado de la

devaluación de la

hundimiento de la

Pestaña, Ángel, líder de la CNT

Pétain, Philippe

Petróleos Port Pi

Pi i Margall, Francesc, presidente

Picasso, Pablo

Picasso González, Juan, general, informe de

Pich i Pon, Juan

Pinochet, Augusto, general

Piñar, Blas

Pío XI, papa

Piqué, Josep

Pita da Veiga, Gabriel, almirante

Plácer, Luis Javier

Plan de Desarrollo, Primer (1960)

Plan de Empleo Rural (PER), corrupción en el

Plan de Estabilización (1959)

Planell, Joaquín, ministro de Industria

Plataforma de Convergencia Democrática

Platajunta, Coordinación Democrática

Podemos

Polo, Felipe, cuñado de Franco

Polo, María del Carmen, esposa de Franco

fortuna de

Ponte y Escartín, Galo, fiscal

detención de

ministro de Justicia

Porcioles, Josep Maria, alcalde de Barcelona

Portas Ascanio, Narciso, teniente

Portela Valladares, Manuel

gobernador civil de Barcelona

Gobierno de-315

Portugal, como miembro de la ONU

Potsdam, conferencia de

Poveda, Juan

Pozas, Sebastián, director de la Guardia Civil

Pozuelo, doctor

Prado y Colón de Carvajal, Manuel

Prat de la Riba, Enric

Prats de Molló, incursión por

Pravda, periódico

Predregal, José Manuel, ministro de Hacienda

Prenafeta, Lluís

Prendes Pardo, José, juez

prensa

durante el régimen de Primo

liberalización de la

véase también Ley de Prensa de Fraga

Pretoria, caso

Preysler, Isabel

Prieto, Indalecio

en el exilio

ministro de Defensa Nacional

ministro de Marina y Aire

Prim, Joan, general

asesinato de

Primo de Rivera, Fernando

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, José Antonio

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Miguel

gobernador civil de Madrid

ministro de Agricultura

Primo de Rivera y Orbaneja, Miguel, general

acusaciones de corrupción

capitán general de Cataluña

capitán general de Valencia

carta de felicitación a Santiago Alba

contra Alba

desconfianza del Ejército

dictadura de (1923-1930)

dimisión de

doctorado honoris causa por Salamanca

elogios a Mussolini

en la guerra de Marruecos

golpe militar de (13 de septiembre de 1923)

movimiento contra los nacionalismos regionales

muerte de (1930)

pérdida de apoyos

según Madariaga

sobre la guerra de Marruecos220

visitas a Marruecos

Principios Fundamentales del Movimiento Nacional

Proceso 1.001

Progreso, El, semanario

pronunciamientos en España

Prusia

Publicidad, La, diario

Puig Antich, Salvador, ejecución de

Puig i Cadafalch, Josep, presidente de la Mancomunitat

Puigdemont, Carles, presidente de la Generalitat

Puigmoltó, Enric, amante de Isabel II

Pujol, Jaume, asesinato de

Pujol, Jordi, presidente de la Generalitat

Pujol Ferrusola, Jordi

Queipo de Llano, Gonzalo, general

enriquecimiento de

Quepio de Llano, María

Queraltó, Maria

Quevedo, Francisco: El Buscón

15-M, movimiento del

Quintana Lacaci, Guillermo, general

Quintero Morente, Federico, coronel

Quiñones de León, José María, embajador en París

Quotidien, Le, periódico

racionamiento, sistema de

Radio Televisión Española, control de

Raisuni, El, jefe de cabila

Rajoy, Mariano, presidente del Gobierno

pérdida de la moción de censura

Ramírez, Pedro J.

Ramos Oliveira, Antonio

Rato, Rodrigo

Raventós y Clivillés, Salvador, gobernador civil de Barcelona

Rebeldía, La, periódico

reclutamiento obligatorio

Redondo, Nicolás, secretario general de la UGT

Redondo Ortega, Onésimo

reforma agraria,

Reforma protestante

Régimen Jurídico de la Administración del Estado

Regulares Indígenas

Reich, Tercer

Reino Unido

Foreign Office

ingreso de España en la ONU y

Servicio de Inteligencia Secreto Británico

y la Guerra Civil

Renaixença catalana

Renovación Española

República, Primera

hundimiento de la

República, Segunda

proclamación de la

véase también reforma agraria

Requeté

Resistencia francesa

Restauración monárquica de 1876

agonía del sistema de la

modernización del sistema

Resumen, El

Reventós, Joan, líder del PSC

Revolución francesa

Revolución Gloriosa

Revolución industrial

Revolución rusa

Ribbentrop, Joachim von, ministro de Exteriores

Richthofen, Wolfram von, comandante

Rico, Pedro

Ridruejo, Dionisio

Rieber, Thorkild, presidente de Texaco

Rigau, Irene

Rincón de Arellano, Adolfo

Ríos, Fernando de los

ministro de Justicia

Ríos Canapé, Joaquín, general

Ripoll, José Joaquín

Rivas, Natalio

Rivas Cherif, Cipriano de

Rivera, Albert, líder de Ciudadanos

Roberts, David

Roca, Juan Antonio

Rodés, Felip, ministro de Instrucción Pública

Rodríguez, Julio, ministro de Educación

Rodríguez de la Borbolla, Pedro

Rodríguez de Valcárcel, Alejandro, presidente de las Cortes

Rodríguez Zapatero, José Luis

presidente del Gobierno

secretario general del PSOE

Rojo, Vicente, coronel

Roldán, Luis

Romanones, Álvaro de Figueroa, conde de

en la huelga de la Canadiense

Gobiernos de

ministro de Estado

ministro de Gracia y Justicia

Romanticismo

Romero, Ana

Romero, Francisco

Romero Gorría, Romeo, ministro de Trabajo

Romero Maura, Joaquín

Romero Radigales, Sebastián

Romero Robledo, Francisco, ministro del Interior

Rommel, Erwin, mariscal

Roosevelt, Franklin D.

Roosevelt, Theodore W.

Roselló, Bartolomé de, comandante

Rouco Varela, Antonio, arzobispo

Rovira i Virgili, Antoni

Royal Marbella States

Rubio, Mariano

Rubio García-Mina, Jesús, ministro de Educación

Ruiseñada, conde de

Ruiz Albéniz, Víctor

Ruiz-Giménez, Joaquín

embajador en el Vaticano

ministro de Educación

Ruiz-Jarabo, Francisco, ministro de Justicia

Rull i Queraltó, Hermenegildo

Rull i Queraltó, Joan

ejecución de

Rusia

en la Segunda Guerra Mundial

reservas de oro enviadas a

Revolución de febrero en

victoria de los bolcheviques en

zarista

véase también Unión Soviética

Rusk, Dean

Ryan, José María, secuestro y asesinato de

Sabater, Pau, El Tero, asesinato de

Saborit, Andrés

Sáenz de Heredia, Casilda, esposa de Miguel Primo de Rivera

Sáenz de Santamaría, José, general

Sáenz de Tejada Moreno, Salvador

Sáenz de Ynestrillas, Ricardo, capitán

Sagasta, Bernardo Mateo

Sagasta, Práxedes Mateo

Sainz Rodríguez, Pedro

Sala, Alfonso

Salazar, António de Oliveira, primer ministro portugués

Salazar Alonso, Rafael, ministro de la Gobernación

Sales Amenós, Ramón, jefe de los Sindicatos Libres

Saliquet, Andrés, general

Salisbury, lord, primer ministro británico

Salmerón, Nicolás

Salvador, Amós

ministro de Gobernación

senador liberal

Salvador i Franch, Santiago

atentado del Liceu por

ejecución de

Salvatella, Joaquim, ministro de Instrucción Pública

Salvatierra de Álava, Francisco Maestre Laborde-Bois, conde de

asesinato de

Salvochea, Fermín, líder anarquista

Samper, Ricardo, presidente del Consejo

San Félix, conde de

San Martín, José Ignacio, teniente coronel

San Sebastián, Pacto de (1930)

Sánchez, Juan Bautista, general

Sánchez, Pedro, presidente del Gobierno

Sánchez Barroso, José

Sánchez de Toca, Joaquín

Sánchez Guerra, José

exilio de

Gobierno de

ministro de la Gobernación

Sánchez Román, Felipe

Sánchez-Bella, Alfredo, ministro de Información

Sánchez-Blanco, Jaime

Sanchís Ángel, tesorero del PP

Sanchiz Sancho, José María

Sancristóbal, Julián

Sangróniz, José Antonio de

Sanjuanada, intento de golpe de la

Sanjurjo, José, general

alto comisario de Marruecos

en el alzamiento

golpe de Estado de 1932

jefe de la Guardia Civil

muerte de

Santa Coloma de Farners, algarada republicana en

Santiago y Díaz de Mendívil, Fernando de, general

Sanz, Ricardo

Sanz Briz, Ángel

Sanz Orrio, Fermín, ministro de Trabajo

Saro, Leopoldo

Sartorius, Luis José

Satrústegui, Joaquín

Savoia-Marchetti, empresa

Sayn-Wittgenstein, Casimiro zu, príncipe

Sbert, Antoni Maria

Schuman, Robert, ministro de Exteriores francés

Sediles, Salvador, capitán

Seguí, Salvador, «el Noi del Sucre»

asesinato de

detención de

en la huelga de la Canadiense

Segura, Pedro, arzobispo de Toledo

Semana Trágica de Barcelona (1909)

Sempau, Ramon

Sepúlveda, Jesús

Serge, Victor

Serra, Francisco, presidente del Supremo

Serra, Narcís, ministro de Defensa

Serrano, Francisco, general

Serrano Súñer, Ramón

diputado de la CEDA

ministro de Exteriores

ministro de Gobernación

sobre la justicia franquista

Sert, Domingo

Servera, Leonor

servicio militar obligatorio, abolición del

Servicios de Inteligencia Militar

Sevilla, represión en

Sexenio Revolucionario

Shaw, Rafael

Shell, Royal Dutch

Sherman, Forrest, almirante

sífilis, como «le mal espagnol»

Silió, César

Silvela y de Le Vielleuze, Francisco

Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA)

Sindicato Único de Gas, Agua y Electricidad

Sindicato Único Textil

sindicatos

anarquistas

consecuencias de la destrucción de los

ferroviario de la UGT

verticales

véase también Comisiones Obreras; Confederación Nacional del Trabajo; Unión General de Trabajadores

Sindicatos Libres

Siurana, Antoni, alcalde de Lérida

Socialista, El, periódico

Sociedad de Naciones

Sociedad Española de Industria y Tracción Eléctrica

Sofía de Grecia

Solana, Javier, ministro de Exteriores

Solbes, Pedro, ministro de Economía

Solchaga, Carlos, ministro de Industria

Soldevila Romero, José, cardenal

Solé Tura, Jordi

Solidaridad Obrera, periódico

Solidaridad Obrera, sindicato

Solidarios, grupo de Los

Solidaritat Catalana

Solís Ruiz, José

ministro de Trabajo

ministro secretario

Somatén, milicia ciudadana

Soriano, Ramón, médico de Franco

Soriano, Rodrigo

Sota, Ramón de la

Souza, José, general

Spaak, Paul-Henri

Stalin, Josef Vissarionovic Dzugasvili

Stallmann, Friedrich, «barón Koenig», agente alemán

expulsado de España

Standard Oil

Steer, George

Stohrer, Eberhard von, embajador alemán

Strauss, Daniel, estraperlo y

Strauss, Franz Josef

Suanzes, Juan Antonio, ministro de Industria y Comercio

Suárez, Adolfo

declive de UCD y

dimisión de UCD

director de RTVE

legalización del Partido Comunista y

ministro secretario

presidente del Gobierno

relación con Tarradellas

vicesecretario del Movimiento

Sudetes, crisis de los

Suñer, Luis, secuestro de

Tácito, grupo de presión

Tánger, posesión de

Tapia, Luis de

Tarifa, duque de

Tarradellas, Josep, presidente de la Generalitat

Tarrida del Mármol, Fernando

Tayá, Antonio

Tejero Molina, Antonio, teniente coronel, y el 23-F

Teléfonica

Tella y Cantos, Heli Rolando de, general

Teruel, batalla de

Tetuán, duque de, gobernador militar de Madrid

Tierno Galván, Enrique

Tirado, Pedro

Toledo, asedio del Alcázar de

Torra, Joaquim, presidente de la Generalitat

Torras, Grupo

Torres, Diego

Torres Escartín, Rafael

Torres Orduña, Antonio

Torres Rojas, Luis, general

Trasmediterránea, Compañía

Tres Clases de Vapor, sindicato

Tressols, Antoni, jefe de policía de Barcelona

Tribunal Constitucional

Tribunal de Garantías Constitucionales

Tribunal Internacional de Justicia de La Haya

Tribunal Supremo

Trotsky, Lev Davidovic Bronstein

Truman, Harry S.

Truman, Doctrina

«turno pacífico», sistema de

Tusell, Javier

Ullastres Calvo, Alberto

embajador ante la CEE

ministro de Comercio

Unamuno, Miguel de

contra la dictadura de Primo

desterrado en Fuerteventura200

querella del régimen de Primo contra

UNESCO, ingreso de España en la

Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

Unió Catalanista

Bases de Manresa

Unió Democràtica de Catalunya (UDC)

Unión de Centro Democrático (UCD)

constitución de

desintegración de

victoria electoral (1979)

Unión Española

Unión Europea

Unión General de Trabajadores (UGT)

colaboración con el régimen de Primo

corrupción de la Promoción Social de Viviendas

fundación de la

rivalidad con la CNT

tensiones con el PSOE

Unión Militar Democrática

Unión Militar Española (UME)

Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA)

Unión Monárquica Nacional

Unión Patriótica

Unión Patriótica, revista bimensual

Unión Republicana

Unión Republicana Autonomista de Valencia

Unión Social Cristiana

Unión Social Demócrata Española

Unión Soviética

ayuda militar a la República

invasión nazi de la

Universidad de Madrid

Universidad de Salamanca

Universidad de Valladolid

Urales, Federico

Urdang

Urdangarín Liebaert, Iñaki

Uribe, Vicente, ministro de Agricultura

Utrera Molina, José

ministro de Vivienda

ministro secretario

Valero, Enric, líder de la CNT

Valiente, Pilar, presidenta de la CNMV

Valle de los Caídos, construcción del

Valle, Santiago del, fiscal jefe

Valle-Inclán, Ramón María del

Vallespinosa, Adolfo

Vallina, Pedro, en el atentado contra Alfonso XIII

Vandellós, Pere

Vanguardia, La

Varela, José Enrique, general

ministro de la Guerra

Vargas, Getúlio, dictador brasileño

Vaticano

Concordato con el

véase también Concilio Vaticano II

Vegas Latapié, Eugenio

23-F, intento de golpe del

Vela, Pascual

Ventosa i Calvell, Joan, ministro de Hacienda

Vera, Rafael, secretario de Estado de Seguridad

Vera de Bidasoa, incursiones por

Verdi, Giuseppe

Il trovatore

La forza del destino

Verstrynge, Jorge

Veu de Catalunya, La, diario

Vichy, régimen de

Víctor Manuel II, rey de Italia

Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII

March paga sus deudas

Vidarte, Juan-Simeón

Vieja Guardia

Vigodski, David

Vigón, Juan, general

Vilá Reyes, Juan

Villa García, Roberto: 1936. Fraude y violencia

Villaescusa Quilis, Emilio, general, secuestro de

Villalobos, Filiberto, ministro de Instrucción Pública

Villalonga, Juan, presidente de Teléfonica

Villarejo, José Manuel

Villaverde, clan de los

Villegas, general

Vitetti, Leonardo

Vitoria, sucesos de

Vox

Voz de Castilla, La, periódico

Walters, Vernon A., general

Weddell, Alexander, embajador estadounidense

Weyler, Valeriano, general

capitán general de Cataluña

en la guerra de Cuba

Wiehl, Emil Karl Josef

Wilson, Harold, primer ministro

wolframio, exportaciones para el Tercer Reich de

Xiquena, conde de

Yagüe, Marisol

Yagüe Blanco, Juan

coronel

general

Yanguas Messía, José María, ministro de Estado

Zanjón, Paz de

Zaplana, Carmen

Zaplana, Eduardo, presidente de la Generalitat valenciana

Zugazagoitia, Julián, ejecución de

Zulueta y Amondo, Julián de

PAUL PRESTON (Liverpool, 1946) ocupa la cátedra Príncipe de Asturias de historia contemporánea española de la London School of Economics & Political Science. Educado en Liverpool y en la Universidad de Oxford, de 1973 a 1991 fue sucesivamente profesor de historia en la Universidad de Reading, en el Centro de Estudios Mediterráneos de Roma y en el Queen Mary College de la Universidad de Londres, donde obtuvo la cátedra de historia contemporánea en 1985, antes de pasar a la London School en 1991. Analista de asuntos españoles en radio y televisión tanto en Gran Bretaña como en España y colaborador de diversos periódicos y revistas, en 1986 le fue otorgada la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, en 1994 fue elegido miembro de la Academia Británica y en 2007 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Además, en 2006 ingresó en la Academia Europea de Yuste, con la cátedra Marcel Proust, y en 1998 ganó el I Premio Así Fue con su obra Las tres Españas del 36, un gran éxito de crítica y público.

Entre sus libros más importantes destacan Franco (Debate, 2015), Juan Carlos (Debate, 2013) y El holocausto español (Debate, 2011). Su obra más reciente es El final de la guerra (Debate, 2015).

Notas

[1] José Ortega y Gasset, España invertebrada, Madrid, Revista de Occidente, 1967¹⁵, pp. 68-69. <<

[2] Antonio Machado, «Carta a David Vigodski, Valencia, 20 de febrero de 1937», Hora de España, n.º IV, abril de 1937, pp. 5-10. <<

[3] Richard Ford, A Handbook for Travellers in Spain, 2 vols., Londres, John Murray, 1855³, vol. I, pp. 28, 74, 155, 162, 253, vol. II, pp. 598, 660, 838; Richard Ford, Gatherings from Spain, Londres, John Murray, 1861, pp. 8-9, 46, 55, 332 [la versión española citada en este caso y en los siguientes, salvo que se indique lo contrario, es la de Enrique de Mena (seudónimo de Enrique de Mesa), Cosas de España (el país de lo imprevisto), 2 vols., Madrid, Jiménez Fraud, 1922, que puede leerse en el Proyecto Gutenberg, http://www.gutenberg.org/files/57828/57828-h/57828-h.htm]; Raymond Carr, «Spain through true blue eyes», The Spectator, 4 de marzo de 2004; Tom Burns Marañón, Hispanomanía, Barcelona, Plaza y Janés, 2000, pp. 130-133; María Jesús González, Raymond Carr. The Curiosity of the Fox, Brighton, Sussex Academic Press, 2013, pp. 133-138. <<

[4] Gerald Brenan, «Hispanophilia», New York Review of Books, 26 de enero de 1967. <<

[5] La Vanguardia Española, 18 de julio de 1941. <<

[6] El País, 24 de febrero de 1981. <<

[7] Véanse http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html; http://sociometrica.es/category/valoracion-de-instituciones/. <<

[8] Baltasar Garzón, El fango. Cuarenta años de corrupción en España, Barcelona, Debate, 2015, pp. 19, 25. <<

[9] Julián Juderías, La leyenda negra y la verdad histórica. Contribución al estudio del concepto de España en Europa, de las causas de este concepto y de la tolerancia política y religiosa en los países civilizados, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1914. Las citas y alusiones proceden de la cuarta edición, corregida y muy aumentada: La leyenda negra. Estudios acerca del concepto de España en el extranjero, Barcelona, Araluce, 1917, pp. 208, 333. <<

[10] John Walter Stoye, English Travellers Abroad, 1604-1667, Nueva York, Octagon Books, 1968, p. 326. <<

[11] Adolfo Bueso, Recuerdos de un cenetista II. De la Segunda República al final de la guerra civil, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 74-79. <<

[12] David Mitchell, Travellers in Spain, Londres, Cassell, 1990, pp. 25, 36. <<

[13] The Memoirs of Jacques Casanova De Seingalt, 1725-1798, vol. 6, Spanish Passions, cap. 3. Primera edición en inglés, 1894, reimpresa por Londres, Elek Books, 1960. Utilizo la edición digital del Proyecto Gutenberg en <https://www.gutenberg.org/files/2981/2981-h/2981-h.htm>. La cita pertenece a la p. 3082 [trad. del texto original en francés de Giacomo Casanova, Histoire de ma vie, Wiesbaden-París, Brockhaus-Plon, 1961, t. X, p. 329]. Véase también Fernando Royuela, «Casanova o la pasión de amar», El País (Babelia), 12 de abril de 2008. <<

[14] Théophile Gautier, A Romantic in Spain, Oxford, Signal Books, 2001, pp. 157-158, 266-268; Mitchell, Travellers in Spain…, pp. 62-64. <<

[15] Alexandre Dumas, From Paris to Cadiz, Londres, Peter Owen, 1958, pp. 25, 37-38, 124-127, 198-199. <<

[16] Prosper Mérimée, Carmen and Other Stories, Oxford, Oxford University Press, 1989, pp. 14-15. <<

[17] Madame d’Aulnoy, The Ingenious and Diverting Letters of the Lady***. Travels into Spain, Londres, Routledge, 1930, pp. 3, 47-48, 222-223, 289-291, 309, 326-333. El largo artículo introductorio de R. Foulché-Delbosc analiza sus fuentes y llega a la conclusión de que la autora no estuvo nunca en España. Véanse sobre todo las pp. XXXII-XXXVII, LXI-LXVII. <<

[18] D’Aulnoy, The Ingenious and Diverting Letters…, pp. 294-295. <<

[19] María Dolores Cabra Loredo, España en la litografía romántica, Madrid, Compañía Literaria, 1994, pp. 34-35, 40-41, 44-46, 51, 53-55, 58, 73-75, 79-81, 107; David Howarth, ed., The Discovery of Spain. British Artists and Collectors – Goya to Picasso, Edimburgo, National Galleries of Scotland, 2009, pp. 46-81. <<

[20] Dumas, From Paris to Cadiz…, pp. 42-43. <<

[21] Germà Bel, Infrastructure and the Political Economy of Nation Building in Spain, 1720-2010, Brighton, Sussex Academic Press/Cañada Blanch, 2012, pp. 11-12, 17-18, 40-42. [Título original español: España, capital París, Barcelona, Destino, 2010.] <<

[22] «Exposición que dirige al Gobierno de SM el Fiscal del Tribunal Supremo», 15 de septiembre de 1883, Madrid, Ministerio de Justicia, 1883, pp. 17-18, citada por Gutmaro Gómez Bravo: «“De las costumbres violentas de la sociedad española”: visiones y enfoques para el siglo XIX y primer cuarto del siglo XX», Bulletin of Spanish Studies, 2017, p. 1. <<

[23] Maria Thomas, The Faith and the Fury. Popular Anticlerical Violence and Iconoclasm in Spain, 1931-1936, Brighton, Sussex Academic Press/Cañada Blanch, 2012, pp. 71-72. <<

[24] Ángel Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social. Violencia y represión en la España de entre siglos (1868-1909), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011, pp. 129-130; Nigel Townson, «Anticlericalism and Secularization: A European Exception?», en Nigel Townson, ed., Is Spain Different? A Comparative Look at the 19th and 20th Centuries, Eastbourne, Sussex Academic Press, 2015, p. 74. <<

[25] Juan José Linz y Miguel Jerez, «Los diputados en las Cortes de la Restauración y de la Segunda República», en Obras escogidas, vol. 6, Partidos y elites políticas en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013, p. 31; Linz, «Continuidad y discontinuidad en la elite política española: de la Restauración al régimen autoritario», ibid., pp. 753-755. <<

[26] Richard Ford, Gatherings from Spain, Londres, John Murray, 1846, p. 248 (edición Everyman, p. 269) [la versión española citada en este caso y en los siguientes, salvo que se indique lo contrario, es la de Enrique de Mesa, publicada con el pseudónimo de Enrique de Mena, Cosas de España (el país de lo imprevisto), 2 vols., Madrid, Jiménez Fraud, 1922, que puede leerse en el Proyecto Gutenberg, <https://www.gutenberg.org/files/58916/58916-h/58916-h.htm>]. <<

[27] Ford, Gatherings from Spain…, p. 188 (edición Everyman, p. 204). <<

[28] Diego Garrido López, La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Barcelona, Crítica, 1982, pp. 46-59, 73-113, 168-184. <<

[29] Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth: An Account of the Social and Political Background of the Spanish Civil War, Cambridge, Cambridge University Press, 1943, pp. 156-157. <<

[30] Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998, pp. 43-45; Michael M. Seidman, Workers against Work: Labor in Paris and Barcelona during the Popular Fronts, Berkeley, University of California, 1991, p. 24. <<

[31] Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983, pp. II-IV, 141-154; Adrian Shubert, The Road to Revolution in Spain: The Coal Miners of Asturias, 1860-1934, Urbana y Chicago, University of Illinois Press, 1987, pp. 72, 86; Julian A. Pitt-Rivers, The People of the Sierra, Chicago, University of Chicago Press, 1971², pp. 130-131, 156. <<

[32] Gerald Blaney, The Civil Guard and the Spanish Second Republic, 1931-1936, tesis doctoral inédita, London School of Economics, 2010, cap. 1. <<

[33] Ford, Gatherings from Spain…, pp. 2-8, 47-49 (edición Everyman, pp. 10-17, 58-60); Bel, Infrastructure…, pp. 34-43. <<

[34] Ford, Gatherings from Spain…, pp. 280-282 (edición Everyman, pp. 303-306). <<

[35] Por ejemplo, Ángel Ganivet, Idearium español, Granada, Vda. e Hijos de Sabatel, 1897; Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Urgencia y modo de cambiarla, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1901. <<

[36] Manuel Azaña, «Tres generaciones del Ateneo», 20 de noviembre de 1930, Obras completas, 4 vols., México, Oasis, 1966-1968, vol. IV, pp. 619-637. <<

[37] Francisco Martí Gilabert, La desamortización española, Madrid, Rialp, 2003, p. 151. <<

[38] Francisco Tomás y Valiente, El marco político de la Desamortizacion en España, Barcelona, Ariel, 1972, pp. 44-91; Richard Herr, An Historical Essay on Modern Spain, Berkeley, University of California Press, 1974, pp. 68, 84-85; Gabriel Tortella, «Agriculture, A Slow-moving Sector 1830-1935», en Nicolás Sánchez-Albornoz, ed., The Economic Modernization of Spain, 1830-1930, Nueva York, New York University Press, 1987, pp. 44-48; Gabriel Tortella, The Development of Modern Spain. An Economic History of the Nineteenth and Twentieth Centuries, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2000, pp. 53-61. <<

[39] Herr, An Historical Essay…, pp. 102-103; Tomás y Valiente, El marco político…, pp. 97-127; Ford, Gatherings from Spain…, p. 268 (edición Everyman, p. 290). <<

[40] Gómez Bravo, «“De las costumbres violentas”…», pp. 6-8, 12-13, 16-18. <<

[41] Herr, An Historical Essay…, pp. 93-94. <<

[42] Albert Balcells, Cataluña contemporánea I (Siglo XIX), Madrid, Siglo XXI, 1979², pp. 85-86, 92; Albert Balcells, Historia contemporánea de Cataluña, Barcelona, Edhasa, 1983, p. 93-97. <<

[43] Edgar Allison Peers, Catalonia Infelix, Londres, Methuen, 1937, pp. 93-94, 136-142; Balcells, Cataluña contemporánea I…, pp. 73-74, 89-100; Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth: An Account of the Social and Political Background of the Spanish Civil War, Cambridge, Cambridge University Press, 1943, pp. 27-29. <<

[44] Raymond Carr, Spain 1808-1939, Oxford, Oxford University Press, 1966, pp. 303-342; Brenan, The Spanish Labyrinth…, pp. 147-154; Juan Avilés Farré, La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo, Barcelona, Tusquets, 2013, pp. 73-77. <<

[45] Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 89-90; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 46-47; Josep Termes, Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881), Barcelona, Crítica, 1977, pp. 240-241. <<

[46] Earl R. Beck, A Time of Triumph and of Sorrow. Spanish Politics during the Reign of Alfonso XII, 1874-1885, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1979, pp. 101-125. <<

[47] Brenan, The Spanish Labyrinth…, pp. 2-5; Mercedes Cabrera y Miguel Martorell, «El Parlamento en el orden constitucional de la Restauración», en Mercedes Cabrera, ed., Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 1998, pp. 23-64; Linz, «Continuidad y discontinuidad…», p. 754. <<

[48] Gumersindo de Azcárate, La constitución inglesa y la política del continente, Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa de los Ríos, 1878, pp. 136-138; Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Urgencia y modo de cambiarla, 2 vols., Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975, vol. 1, p. 81. <<

[49] Salvador de Madariaga, Spain. A Modern History, Londres, Jonathan Cape, 1961, p. 69. <<

[50] Javier Moreno Luzón, Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998, pp. 31-33, 190-192. <<

[51] Balcells, Cataluña contemporánea I…, p. 84. <<

[52] Rafael Shaw, Spain from Within, Londres, T. Fisher Unwin, 1910, pp. 228-233. <<

[53] Linz y Jerez, «Los diputados en las Cortes…», pp. 15-18; Cabrera y Martorell, «El Parlamento en el orden constitucional de la Restauración…», pp. 33-36; Borja de Riquer, Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político, Barcelona, RBA, 2013, pp. 27-32. <<

[54] José Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977, pp. 404-405; Salvador Forner y Mariano García, Cuneros y caciques, Alicante, Patronato Municipal del V Centenario de la Ciudad de Alicante, 1990, pp. 67-72; Ramón Villares y Javier Moreno Luzón, Restauración y Dictadura, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2009, pp. 116-118. <<

[55] Villares y Moreno Luzón, Restauración y Dictadura…, pp. 96-102; Maria Gemma Rubí i Casals, Els catalans i la política en temps del caciquisme. Manresa, 1875-1923, Vic, Eumo, 2006, pp. 29-36. <<

[56] Villares y Moreno Luzón, Restauración y Dictadura…, pp. 110-111. <<

[57] Varela Ortega, Los amigos políticos…, pp. 121-122, 415; Costa, Oligarquía y caciquismo…, vol. 1, pp. 25-27. <<

[58] Juan de la Cierva y Peñafiel, Notas de mi vida, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pp. 22-23; Eduardo López de Ochoa, De la Dictadura a la República, Madrid, Zeus, 1930, pp. 63-65. <<

[59] Carlos Dardé, Rogelio López Blanco, Javier Moreno Luzón y Alicia Yanini, «Conclusiones», en José Varela Ortega, ed., El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/Marcial Pons, 2001, pp. 563-565. <<

[60] La definición clásica del caciquismo la ofreció Joaquín Costa en el Ateneo de Madrid en 1902. La versión que aquí se emplea es la de Costa, Oligarquía y caciquismo…, vol. 1, pp. 21-26. <<

[61] Costa, Oligarquía y caciquismo…, vol. 1, pp. 35-40. <<

[62] Carr, Spain 1808-1939…, pp. 366-369; Moreno Luzón, Romanones…, pp. 445-448; Villares y Moreno Luzón, Restauración y Dictadura…, pp. 104-107, 118. <<

[63] Varela Ortega, Los amigos políticos…, pp. 411-416; Forner y García, Cuneros y caciques…, pp. 135-139. <<

[64] Linz y Jerez, «Los diputados en las Cortes…», p. 9; Rubí i Casals, Els catalans i la política…, pp. 36-46; Raymond Carr, Modern Spain 1875-1980, Oxford, Oxford University Press, 1980, p. 12; Gemma Rubí y Josep Armengol, Vots, electors i corrupció. Una reflexió sobre l’apatia a Catalunya (1869-1923), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, pp. 145-152. <<

[65] Varela Ortega, Los amigos políticos…, pp. 406-411, 415. <<

[66] Forner y García, Cuneros y caciques…, p. 13; Dardé et al, «Conclusiones…», p. 562; Carr, Modern Spain…, pp. 10-15; Rubí i Casals, Els catalans i la política…, p. 49; Varela Ortega, Los amigos políticos…, pp. 403-404. <<

[67] Beck, A Time of Triumph…, pp. 126-132. <<

[68] Beck, A Time of Triumph…, p. 133. <<

[69] Manuel Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus, 1972, pp. 276-282; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 53-64; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 131-137. <<

[70] Hugh Thomas, Cuba or the Pursuit of Freedom, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1971, pp. 136-137, 155; Villares y Moreno Luzón, Restauración y Dictadura…, p. 18. <<

[71] Beck, A Time of Triumph…, pp. 165, 170-172, 191-193. <<

[72] Anselmo Lorenzo, El proletariado militante, Madrid, Alianza, 1974, pp. 38-44; José Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 483-510. <<

[73] Shaw, Spain from Within…, pp. 30-31, 263-282. <<

[74] E. J. Hobsbawm, Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movements in the 19th and 20th Centuries, Manchester, Manchester University Press, 1959, pp. 74-92. <<

[75] Pascual Carrión, Los latifundios en España, Madrid, Gráficas Reunidas, 1932, p. 45. <<

[76] George R. Esenwein, Anarchist Ideology and the Working Class Movement in Spain, 1868-1898, Berkeley, University of California Press, 1989, pp. 86-92; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 132-137; Max Nettlau, La Première Internationale en Espagne (1868-1888), Dordrecht, Reider, 1969, pp. 343-344. <<

[77] Demetrio Castro Alfín, Hambre en Andalucía. Antecedentes y circunstancias de la Mano Negra, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1986, pp. 93-114; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 137-139. <<

[78] Castro Alfín, Hambre en Andalucía…, pp. 117-126, 141-146, 151-152. <<

[79] La existencia o no de la Mano Negra, así como su definición en caso de existir, son asuntos polémicos. En un célebre ensayo publicado originariamente en 1919, Constancio Bernaldo de Quirós, El espartaquismo agrario y otros ensayos sobre la estructura económica y social de Andalucía, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1978, pp. 162-167, manifestaba creer en la existencia de la Mano Negra, aunque los presuntos delitos que le atribuye es fácil que se debieran a disputas aisladas y sin relación entre sí o con banda alguna. Clara E. Lida, «Agrarian Anarchism in Andalusia. Documents on the Mano Negra», International Review of Social History, vol. 14, 3 de diciembre de 1969, pp. 315-352, aporta pruebas documentales de la existencia de la sociedad secreta, pero cuestiona sus vínculos con la FTRE y reconoce que la mayoría de los detenidos no tenían nada que ver con la federación. Véanse también Clara E. Lida, Anarquismo y revolución en la España del XIX, Madrid, Siglo XXI, 1972, pp. 247-260; Castro Alfín, Hambre en Andalucía…, pp. 153-163; González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 234-236, y Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 139-166. Está igual de extendida la opinión de que la Mano Negra era una invención de las autoridades. Véanse, por ejemplo, James Joll, The Anarchists, Londres, Methuen, 1979², pp. 110, 214; Tuñón de Lara, El movimiento obrero…, pp. 278-282; Diego Abad de Santillán, Contribución a la historia del movimiento obrero, Puebla (México), Cajica, 1962, p. 321; Temma Kaplan, Anarchists of Andalusia, 1868-1903, Princeton, Princeton University Press, 1977, pp. 126-134; Esenwein, Anarchist Ideology…, pp. 85-97; María García Alonso, «Historias de la mano negra», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, n.º 40-41, 2001, pp. 149-165. <<

[80] Esenwein, Anarchist Ideology…, pp. 93-96, 117-122. <<

[81] Esenwein, Anarchist Ideology…, p. 162; Paul Heywood, Marxism and the Failure of Organised Socialism in Spain 1879-1936, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. Véanse Juan José Morato, El Partido Socialista Obrero, Madrid, Ayuso, 1976²; idem, La cuna de un gigante. Historia de la Asociación General del Arte de Imprimir, edición facsímil de la hecha en Madrid por el impresor José Molina en el año 1925, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984; idem, Líderes del movimiento obrero español, 1868-1921, Madrid, Edicusa, 1972; idem, Pablo Iglesias Posse. Educador de muchedumbres, Barcelona, Ariel, 1968²; Santos Juliá Díaz, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997. <<

[82] Esenwein, Anarchist Ideology…, pp. 98-116; Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español…, pp. 341-374; González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 236-246; Antoni Dalmau, El procés de Montjuïc. Barcelona al final del segle XIX, Barcelona, Ajuntament de Barcelona/Base, 2010, pp. 23-25; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 274-275. <<

[83] Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 26-28, 38-50; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 274-280; Temma Kaplan, Red City, Blue Period. Social Movements in Picasso’s Barcelona, Berkeley, University of California Press, 1992, pp. 28-35. <<

[84] José Aguilar Villagrán, El asalto campesino a Jerez de la Frontera en 1892, Jerez, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1984, p. 9-11. <<

[85] Aguilar Villagrán, El asalto campesino a Jerez…, pp. 28-29, afirma que participaron en dicho asalto más de mil quinientos campesinos. Enrique Montáñez, «El anarquismo en Andalucía. De la FRE a la Mano Negra y el asalto campesino a Jerez», en Manuel González de Molina y Diego Caro Cancela, eds., La utopía racional. Estudios sobre el movimiento obrero andaluz, Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 53-79; Kaplan, Anarchists of Andalusia…, pp. 170-175; Carrión, Los latifundios en España…, pp. 27-28; Bernaldo de Quirós, El espartaquismo agrario…, pp. 169-170. <<

[86] Aguilar Villagrán, El asalto campesino a Jerez…, pp. 79-104; Kaplan, Anarchists of Andalusia…, pp. 175-185; Bernaldo de Quirós, El espartaquismo agrario…, pp. 171-172; Gérard Brey, coord., Seis estudios sobre el proletariado andaluz (1868-1939), Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1984, pp. 113-118; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 213-222. <<

[87] Esenwein, Anarchist Ideology…, pp. 176-183; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 222-226. <<

[88] José Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo, Madrid, Alianza, 1990, p. 147. <<

[89] Rafael Núñez Florencio, El terrorismo anarquista, 1888-1909, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 31-33, 41-42, 48-50; Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 52-92, 203-213; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 280-283; Angel Smith, Anarchism, Revolution and Reaction. Catalan Labour and the Crisis of the Spanish State, 1898-1923, Nueva York, Berghahn Books, 2007, pp. 107-108. <<

[90] Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 28-36, 247; Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español…, pp. 255-265; Carlos Serrano, El turno del pueblo. Crisis nacional, movimientos populares y populismo en España (1890-1910), Barcelona, Península, 2000, pp. 143-164. <<

[91] Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 99-110, 115-121; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 283-287. Diseñadas por el nacionalista italiano Felice Orsini, estas bombas se usaron por primera vez en el atentado que Orsini cometió contra Napoleón III en 1858. <<

[92] Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada, Weyler. Nuestro hombre en La Habana, Barcelona, Planeta, 1997, p. 139. <<

[93] Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 121-140, 148-184, 187-197, 216-220, 223-235; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 287-295; Esenwein, Anarchist Ideology…, pp. 186-188. <<

[94] David S. Woolman, Rebels in the Rif: Abd el Krim and the Rif Rebellion, Stanford, Stanford University Press, 1969, pp. 33-34; Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, Stanford University Press, 1967, pp. 62-63; Manuel Leguineche, Annual 1921. El desastre de España en el Rif, Madrid, Alfaguara, 1996, pp. 166-168; Brenan, The Spanish Labyrinth…, p. 61; Manuel Ciges Aparicio, España bajo la dinastía de los Borbones, Madrid, M. Aguilar, 1932, p. 377. <<

[95] Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 141-148, 185-187; Cardona y Losada, Weyler…, pp. 146-151; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 148-150; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 295-297. <<

[96] Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 249-274; Amadeu Hurtado, Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps, 1894-1936, Barcelona, Edicions 62, 2011, pp. 25-43; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 130-131; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 299-303; Esenwein, Anarchist Ideology…, pp. 191-194; Joaquín Romero Maura, «Terrorism in Barcelona and its Impact on Spanish Politics 1904-1909», Past and Present, n.º 41, diciembre de 1968, pp. 130-183, esp. pp. 131-132. <<

[97] González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 281-283; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 318-324. <<

[98] Esenwein, Anarchist Ideology…, pp. 194-197; Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 364-381; Antoni Dalmau i Ribalta, Per la causa dels humils. Una biografia de Tarrida del Mármol (1861-1915), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, pp. 63-78. <<

[99] Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 148-170; Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 456-458; Joan B. Culla i Clarà, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, Curial, 1986, p. 16. <<

[100] Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», p. 131, nota 1; Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 424-443; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 338-339; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 147-152; Joan Peiró, Escrits 1917-1939, Barcelona, Edicions 62, 1975, pp. 473-474. <<

[101] Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 275-284, 387-390, 432; para listas de detenidos, pp. 285-340; sobre las torturas y condiciones de detención, pp. 341-360; sobre Marzo Díaz-Valdivieso, pp. 364-368; sobre las consecuencias jurídicas, pp. 382-386; sobre Ascheri, pp. 391-399; sobre el juicio y las ejecuciones, pp. 405-420; Hurtado, Quaranta anys d’advocat…, pp. 31-36; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 303-318. <<

[102] Dalmau, El procés de Montjuïc…, pp. 373-379; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, p. 79; Joan B. Culla, El republicanisme lerrouxista…, p. 61; Alejandro Lerroux, Mis memorias, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963, p. 390-394; González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 290-292; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 167-172. <<

[103] González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 293-295; Esenwein, Anarchist Ideology…, pp. 197-199; Avilés Farré, La daga y la dinamita…, pp. 324-326; Robert Hughes, Barcelona, Londres, Harvill, 1992, pp. 418-422; The Times, 5 de mayo de 1897; Francesco Tamburini, «Michele Angiolillo, el anarquista que asesinó a Cánovas del Castillo», Historia 16, 1997, pp. 28-39; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 157-161. <<

[104] Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 130-183, esp. pp. 131-133. <<

[105] Cardona y Losada, Weyler…, pp. 173-237; Thomas, Cuba…, pp. 331-353; Fernando J. Padilla Angulo, «Reconcentración in Cuba (1895–1898): An Uncomfortable Past», en Fernando Puell de la Villa y David García Hernán, eds., War and Population Displacement. Lessons of History, Brighton, Sussex Academic Press, 2018, pp. 117-135. <<

[106] Sebastian Balfour, The End of the Spanish Empire, 1898-1923, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 11-28; conde de Romanones, Las responsabilidades políticas del antiguo régimen, 1875-1923, Madrid, Renacimiento, 1924, p. 33. <<

[107] Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 33-46. <<

[108] Pilar Jaraiz Franco, Historia de una disidencia, Barcelona, Planeta, 1981, p. 37; Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols., Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, vol. I, pp. 71-73; George Hills, Franco: The Man and His Nation, Nueva York, Macmillan, 1967, p. 24. <<

[109] Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 50-55; R. J. Harrison, «Catalan Business and the Loss of Cuba, 1898-1914», The Economic History Review, 2.ª serie, XXVII, 3 de agosto de 1974, pp. 431-435. <<

[110] Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 56-63; R. J. Harrison, «Catalan Business and the Loss of Cuba…», pp. 435-441. <<

[111] Ricardo Macías Picavea, El problema nacional. Hechos, causas, remedios, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1899, pp. 251-252. <<

[112] Costa, Oligarquía y caciquismo…, vol. 1, pp. 5-6, 12-21, 67-75, 152-153; Manuel Azaña, «El cirujano de hierro, según Costa», España, n.º 397, 24 de noviembre de 1923. <<

[113] Costa, Oligarquía y caciquismo…, vol. 1, pp. 152-153. <<

[114] José Ortega y Gasset, Vieja y nueva política, Madrid, Renacimiento, 1914, reproducido en Obras completas, Madrid, Revista de Occidente, 1950, vol. 1, pp. 281-282. <<

[115] Sebastian Balfour, The End of the Spanish Empire 1898-1923, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 49, 92-131. <<

[116] Xavier Cuadrat, Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911). Los orígenes de la CNT, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1976, pp. 51-74; Joaquín Romero Maura, «La rosa de fuego». El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, col. Historia Contemporánea, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1975, pp. 87-93. <<

[117] Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 145-148. <<

[118] Pere Ferrer, Juan March. El hombre más misterioso del mundo, Barcelona, Ediciones B, 2008, pp. 26, 34. Véase también Frank Jellinek, The Civil War in Spain, Londres, Left Book Club, 1938, pp. 76-82. <<

[119] Salvador Forner y Mariano García, Cuneros y caciques, Alicante, Patronato Municipal del V Centenario de la Ciudad de Alicante, 1990, p. 139; Javier Moreno Luzón, Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998, pp. 139, 157-158, 349-351. <<

[120] Juan José Linz y Miguel Jerez, «Los diputados en las Cortes de la Restauración y de la Segunda República», en Juan José Linz, Obras escogidas. Partidos y élites políticas en España, vol. 6, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013, p. 16. <<

[121] M. A. Peña Guerrero y M. Sierra, «Andalucía», en José Varela Ortega, ed., El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/Marcial Pons, 2001, p. 39. <<

[122] María Jesús González Hernández, El universo conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto de Estado, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, pp. 7-28; Raymond Carr, Modern Spain 1875-1980, Oxford, Oxford University Press, 1980, pp. 72-73. <<

[123] Para un resumen esclarecedor de la personalidad y la trayectoria de Maura, véanse Francisco J. Romero Salvadó, «Antonio Maura from Messiah to Fireman», en Alejandro Quiroga y Miguel Ángel del Arco, eds., Right-Wing Spain in the Civil War Era. Soldiers of God and Apostles of the Fatherland, Londres, Continuum, 2012, pp. 1-26, y María Jesús González Hernández, «“Neither God Nor Monster”: Antonio Maura and the Failure of Conservative Reformism in Restoration Spain (1893-1923)», European History Quarterly, vol. 32, n.º 3, 2002, pp. 307-334. <<

[124] María Jesús González Hernández, Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurista 1907-1923, Madrid, Siglo XXI, 1990, p. 217. <<

[125] Duque de Maura y Melchor Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII, Madrid, Ambos Mundos, 1948, pp. 40-42. <<

[126] Idem, pp. 49-51; González Hernández, El universo conservador…, pp. 47-57. <<

[127] Ángel Ossorio y Gallardo, Mis memorias, Buenos Aires, Losada, 1946, p. 67. <<

[128] Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 71-79; Romero Maura, «La rosa de fuego»…, pp. 382-383. <<

[129] Carr, Modern Spain…, pp. 73-75; Joaquín Romero Maura, «Terrorism in Barcelona and its Impact on Spanish Politics 1904-1909», Past and Present, n.º 41, diciembre de 1968, pp. 130-183. <<

[130] Paul Heywood, Marxism and the Failure of Organised Socialism in Spain 1879-1936, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 9-28. <<

[131] Cuadrat, Socialismo y anarquismo en Cataluña…, p. 74. <<

[132] Idem, pp. 75-92; Romero Maura, «La rosa de fuego»…, p. 207; Alfonso Colodrón, «La huelga general de Barcelona de 1902», Revista de Trabajo, n.º 33, 1971, pp. 99-109; El Socialista, 21 de febrero de 1902. <<

[133] Juan Pablo Fusi, Política obrera en el País Vasco, Madrid, Turner, 1975, pp. 333-358; Octavio Cabezas, Indalecio Prieto, socialista y español, Madrid, Algaba, 2005, pp. 56-71. <<

[134] Alejandro Lerroux, Mis memorias, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963, pp. 390, 646-647 <<

[135] José Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo, Madrid, Alianza, 1990, pp. 151-169, 315-398; Romero Maura, «La rosa de fuego»…, pp. 111-127; Joan B. Culla Clarà, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, Curial, 1986, p. 16; Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998, p. 401. <<

[136] Rafael Shaw, Spain from Within, Londres, T. Fisher Unwin, 1910, pp. 73-86, 91-108; Romero Maura, «La rosa de fuego»…, pp. 190-195, 521-522. <<

[137] Lerroux, Mis memorias…, pp. 452-459; Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 135-137; González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 414-415; Ángel Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social. Violencia y represión en la España de entre siglos (1868-1909), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011, pp. 214-217; González Hernández, El universo conservador…, pp. 75-76; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 292-294. <<

[138] Juan Avilés Farré, Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 145-157, 170, 174, 188-191; Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 137-144; Lerroux, Mis memorias…, pp. 449-451, 535; Pedro Vallina, Mis memorias, Madrid/Sevilla, Libre Pensamiento/Centro Andaluz del Libro, 2000, pp. 65-79, 232, 267; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 217-223; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 295-298. <<

[139] Avilés Farré, Francisco Ferrer…, pp. 157-163; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 223-224; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 298-300. <<

[140] Carolyn P. Boyd, «El rey-soldado. Alfonso XIII y el ejército», en Javier Moreno Luzón, ed., Alfonso XIII. Un político en el trono, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 215-219, 222-226; María Jesús González Hernández, «El rey de los conservadores», en ibid., p. 124; Conde de Romanones, Notas de una vida, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 160-162; Niceto Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 74-78. <<

[141] La Correspondencia Militar, 4 de octubre de 1905. <<

[142] Sobre los conceptos militares del honor, véanse Emilio Mola Vidal, Obras completas, Valladolid, Librería Santarén, 1940, pp. 991-995; Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 41-43, 47-50; Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 175-178. <<

[143] Claudi Ametlla, Memòries polítiques 1890-1917, Barcelona, Pòrtic, 1963, pp. 238240; Amadeu Hurtado, Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps 1894-1936, Barcelona, Edicions 62, 2011², pp. 79-80; Joaquín Romero Maura, The Spanish Army and Catalonia: The “Cu-Cut! Incident” and the Law of Jurisdictions, 1905-1906, Londres, Sage, 1976, pp. 5-7, 13, 18-21; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 317-318; Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 178-181. <<

[144] Juan Antonio Lacomba Avellán, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970, p. 105. <<

[145] La Correspondencia Militar, 28 de noviembre de 1905. <<

[146] Romanones, Notas de una vida…, pp. 208-211; Ametlla, Memòries polítiques…, pp. 241-242; Romero Maura, The Spanish Army and Catalonia…, pp. 18-29; Cardona, El poder militar…, pp. 50-52; Borja de Riquer, Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político, Barcelona, RBA, 2013, pp. 49-50. <<

[147] La Publicidad, 9 de diciembre de 1905; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 320-326, 356-357. <<

[148] Avilés Farré, Francisco Ferrer…, pp. 167-196; Lerroux, Mis memorias…, pp. 459-467; Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 145-146; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 220-227; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 304-306. <<

[149] Avilés Farré, Francisco Ferrer…, pp. 170-196; Romanones, Notas de una vida…, pp. 220-223; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 306-307. <<

[150] Richard Bach Jensen, The Battle Against Anarchist Terrorism. An International History, 1878-1934, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 315-324. <<

[151] Juan de la Cierva y Peñafiel, Notas de mi vida, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pp. 56-58. <<

[152] Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 135, 165, 172-173; González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 279, 283-284, 351, 354-355, 393; Antoni Dalmau Ribalta, El cas Rull. Viure del terror a la ciutat de les bombes (1901-1908), Barcelona, Columna, 2008, p. 33. Existe cierta confusión sobre la ortografía del apellido. Dalmau lo escribe «Tresols»; mientras que prácticamente todos los demás historiadores escriben «Tressols». <<

[153] González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 390-392. <<

[154] Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 149-152; González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 390, 398; Rafael Núñez Florencio, El terrorismo anarquista 1888-1909, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 81-82; Dalmau Ribalta, El cas Rull…, pp. 61-66, 81, 109-113, 118-152. <<

[155] Dalmau Ribalta, El cas Rull…, pp. 153-172; Núñez Florencio, El terrorismo anarquista…, pp. 207-209. <<

[156] Ametlla, Memòries polítiques…, pp. 242-247; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 102-108; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 50-53. <<

[157] Romero Salvadó, «Antonio Maura…», pp. 4-5; González Hernández, Ciudadanía y acción…, pp. 24-25. <<

[158] González Hernández, El universo conservador…, pp. 134-137, 143-145. <<

[159] Idem, pp. 146-150. <<

[160] Idem, pp. 153-159. <<

[161] González Hernández, Ciudadanía y acción…, pp. 14-15. <<

[162] Romero Maura, «La rosa de fuego»…, pp. 427-430; Ametlla, Memòries polítiques…, pp. 248-254; Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 155-157. <<

[163] La Rebeldía, 1 de septiembre de 1906; Joan B. Culla i Clarà, «Ni tan jóvenes, ni tan bárbaros. Juventudes en el republicanismo lerrouxista barcelonés», Ayer, n.º 59, 2005; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 324-328; Dalmau Ribalta, El cas Rull…, pp. 186-187. <<

[164] Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 156-157; González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 392-393, 397-399; Dalmau Ribalta, El cas Rull…, pp. 177, 181-202, 211-233; Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 265-266. <<

[165] Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 176-182. <<

[166] Idem, pp. 170-174. <<

[167] Idem, pp. 158-160. <<

[168] Dalmau Ribalta, El cas Rull…, pp. 332-335. <<

[169] Herrerín López, Anarquía, dinamita y revolución social…, pp. 267-272; Dalmau Ribalta, El cas Rull…, pp. 236-237, 244-247, 255-260. <<

[170] Dalmau Ribalta, El cas Rull…, pp. 329-330. <<

[171] Idem, pp. 234-244, 265-298, 307-325; González Calleja, La razón de la fuerza…, pp. 399-417; Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 163-167, 171-173; Núñez Florencio, El terrorismo anarquista…, pp. 101-102; Joan Peiró, Escrits 1917-1939, Barcelona, Edicions 62, 1975, pp. 473-474. <<

[172] Cuadrat, Socialismo y anarquismo en Cataluña…, pp. 179-209. <<

[173] Shaw, Spain from Within…, pp. 18, 199-203. <<

[174] González Hernández, El universo conservador…, pp. 108-109, 309-213; Romero Maura, «La rosa de fuego»…, pp. 501-506; María Rosa de Madariaga, En el Barranco del Lobo. Las guerras de Marruecos, Madrid, Alianza, 2005, pp. 43-52, 60-64; Sebastian Balfour, Deadly Embrace. Morocco and the Road to the Spanish Civil War, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 8-27. <<

[175] Balfour, The End of the Spanish Empire…, p. 93. <<

[176] De la Cierva, Notas…, pp. 136-142; Joan Connelly Ullman, The Tragic Week. A Study of Anti-Clericalism in Spain 1875-1912, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1968, pp. 132-136, 142-163; González Hernández, El universo conservador…, pp. 320-322; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 375-378; De Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 62-66. <<

[177] De Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 53-57. <<

[178] Connelly Ullman, The Tragic Week…, pp. 141-158, 167-282, 326-328; Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 379-383; Shaw, Spain from Within…, p. 35; Romero Maura, «La rosa de fuego»…, pp. 509-519. <<

[179] Carolyn P. Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1979, pp. 23-25. <<

[180] De la Cierva, Notas…, pp. 146-152; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 145-159; Connelly Ullman, The Tragic Week…, pp. 284-304; Romero Maura, «Terrorism in Barcelona…», pp. 141-146; Shaw, Spain from Within…, pp. 147-148, 190-191; Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 128-131, 160-162. <<

[181] González Hernández, El universo conservador…, pp. 174-175. <<

[182] Lerroux, Mis memorias…, pp. 467-469. <<

[183] Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 419-422. <<

[184] Morgan C. Hall, «El rey imaginado. La construcción política de la imagen de Alfonso XIII», en Moreno Luzón, ed., Alfonso XIII…, p. 65. <<

[185] Romanones, Notas de una vida…, pp. 286-288, 292-298; Raymond Carr, Spain 1808-1939, Oxford, Oxford University Press, 1966, pp. 492-495; Balfour, The End of the Spanish Empire…, pp. 204-209; Cuadrat, Socialismo y anarquismo en Cataluña…, pp. 457-462, 535-585. <<

[186] Ossorio y Gallardo, Mis memorias…, pp. 102-104; Romanones, Notas de una vida…, pp. 369-371; González Hernández, Ciudadanía y acción…, pp. 22-23, 44-67, 122. <<

[187] Cuadrat, Socialismo y anarquismo en Cataluña…, pp. 179-209, 462-492; Manuel Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus, 1972, pp. 305-307. <<

[188] Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 472-473. <<

[189] Francisco J. Romero Salvadó, Spain 1914-1918. Between War and Revolution, Londres, Routledge/Cañada Blanch, 1999, pp. 6-19, 68-70. <<

[190] Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo…, pp. 424-425; Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, Madrid, Giner, 1976, p. 108. <<

[191] Santiago Roldán, José Luis García Delgado y Juan Muñoz, La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920, 2 vols., Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1973, vol. I, pp. 48-53, 70-74; Joseph Harrison, An Economic History of Modern Spain, Manchester, Manchester University Press, 1978, pp. 89-95; Joseph Harrison, «Heavy Industry, the State and Economic Development in the Basque Region, 1876-1936», The Economic History Review, 2.ª serie, vol. 36, n.º 4, noviembre de 1983, pp. 540-541; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 22-26. <<

[192] Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 31-39; Pedro Gual Villalbí, Memorias de un industrial de nuestro tiempo, Barcelona, Sociedad General de Publicaciones, 1923, pp. 104-121; Ángel Pestaña, Terrorismo en Barcelona (Memorias inéditas), Barcelona, Planeta, 1979, pp. 101-102. <<

[193] Richard Ford, Gatherings from Spain, Londres, John Murray, 1846, p. 335 (edición Everyman, p. 362). <<

[194] Jehanne Wake, Kleinwort Benson. The History of Two Families in Banking, Nueva York, Oxford University Press, 1997, p. 251. <<

[195] Ferrer, Juan March…, p. 74. <<

[196] Idem, pp. 75-77; Mercedes Cabrera, Juan March (1880-1962), Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 60-62, 103, 108-111, 126; Bernardo Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, Sedmay, 1977, pp. 31-34, 98-100, 115; Fabián Estapé, Sin acuse de recibo, Barcelona, Plaza y Janés, 2000, p. 58. <<

[197] Roldán, García Delgado y Muñoz, La formación de la sociedad capitalista…, vol. I, pp. 127-143, 239-251. <<

[198] Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, México DF, Editores Unidos, 1954, pp. 51-52; Andrés Saborit, Julián Besteiro, Buenos Aires, Losada, 1967, pp. 86-89; Angel Smith, Anarchism, Revolution and Reaction. Catalan Labour and the Crisis of the Spanish State, 1898-1923, Nueva York, Berghahn Books, 2007, pp. 264-265; Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 216-221; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 30-40, 86; Benjamin Martin, The Agony of Modernization. Labor and Industrialization in Spain, Ithaca, Cornell University Press, 1990, p. 179; Chris Ealham, «An Impossible Unity. Revolution, Reform and Counter-Revolution and the Spanish Left, 1917-1923», en Francisco J. Romero y Angel Smith, eds., The Agony of Spanish Liberalism. From Revolution to Dictatorship, Londres, Palgrave/Macmillan, 2010, pp. 108-109. <<

[199] Sobre Seguí, véase Antonio Soler, Apóstoles y asesinos. Vida, fulgor y muerte del Noi del Sucre, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016, pp. 75, 112, 120 y passim; Martin, The Agony of Modernization…, pp. 184-187. <<

[200] Roldán, García Delgado y Muñoz, La formación de la sociedad capitalista…, pp. 255-322, 459-477; Francesc Cambó, Memòries (1876-1936), Barcelona, Alpha, 1981, pp. 236-237, 242-249; José Varela Ortega, Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 286. <<

[201] Jesús Pabón, Cambó, 3 vols., Barcelona, Alpha, 1952-1969, vol. I, pp. 501-507; Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 169-170. <<

[202] Para una crítica de las Juntas desde la perspectiva africanista, véanse Mola Vidal, Obras completas…, pp. 997-1016; Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, Stanford University Press, 1967, pp. 125-145; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 51-60. <<

[203] Pabón, Cambó…, vol. I, p. 491; Cambó, Memòries…, pp. 259-260. <<

[204] Boyd, Praetorian Politics…, pp. 61-66; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 81-83; Cambó, Memòries…, pp. 231-232, 247-249. <<

[205] Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 150-160; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 298-308; J. M. Capo, Las Juntas Militares de Defensa, La Habana, Los Rayos X, 1923, pp. 23-33. <<

[206] Pabón, Cambó…, vol. I, pp. 512-519; Cambó, Memòries…, pp. 261-265; Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 172-187, 190-209; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 298, 486-489, 494-497, 505; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 79-82; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 45-54, 105-115. <<

[207] Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 226-229; Ángel Pestaña, Lo que aprendí en la vida, Madrid, M. Aguilar, 1933, pp. 57-58. <<

[208] Pestaña, Lo que aprendí…, pp. 79-80, 171-177; Pestaña, Terrorismo en Barcelona…, pp. 98-104; Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth, Cambridge, Cambridge University Press, 1943, pp. 69, 72; Smith, Anarchism…, pp. 250-253; Francisco J. Romero Salvadó, The Foundations of Civil War. Revolution, Social Conflict and Reaction in Liberal Spain, 1916-1923, Londres, Routledge, 2008, pp. 60-61; Capo, Las Juntas Militares…, pp. 128-134; Pío Baroja, El cabo de las tormentas, Madrid, Caro Raggio, 1974, pp. 93-97. <<

[209] Pestaña, Lo que aprendí…, p. 59; Victor Serge, Memoirs of a Revolutionary 1901-1941, Londres, Oxford University Press, 1963, pp. 54-57. <<

[210] Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 101-104. <<

[211] Largo Caballero, Mis recuerdos…, pp. 52-54; Pestaña, Lo que aprendí…, pp. 59-61. <<

[212] Pestaña, Lo que aprendí…, pp. 62-63. <<

[213] Smith, Anarchism…, pp. 278-281. <<

[214] Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 229-233; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 120-121; Juan-Simeón Vidarte, No queríamos al rey. Testimonio de un socialista español, Barcelona, Grijalbo, 1977, pp. 73-74. <<

[215] Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 233-247; Largo Caballero, Mis recuerdos…, pp. 54-57; Saborit, Julián Besteiro…, pp. 89-102; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 123-124; Gerald H. Meaker, The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923, Stanford, Stanford University Press, 1974, pp. 82-86. Para el manifiesto de huelga de los socialistas, véase Vidarte, No queríamos al rey…, pp. 74-76. <<

[216] Smith, Anarchism…, pp. 275-283; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 84-85, 286; Enrique Moradiellos, El Sindicato de los Obreros Mineros Asturianos 1910-1930, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1986, pp. 58-59; Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 247-272; Antonio Bar, La CNT en los años rojos (del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo 1910-1926), Madrid, Akal, 1981, pp. 417-427; Meaker, The Revolutionary Left…, pp. 86-91. <<

[217] Llaneza, cartas desde la prisión, publicadas en El Minero de la Hulla, agosto y septiembre de 1917, reeditadas en Manuel Llaneza, Escritos y discursos, Oviedo, Fundación José Barreiros, 1985, pp. 206-214; Romero Salvadó, The Foundations of Civil War…, pp. 91-95. Sobre el papel de Franco, véanse Francisco Aguado Sánchez, La revolución de octubre de 1934, Madrid, San Martín, 1972, p. 193; Luis Galinsoga y Francisco Franco Salgado-Araujo, Centinela de Occidente. (Semblanza biográfica de Francisco Franco), Barcelona, AHR, 1956, pp. 35-36; Brian Crozier, Franco. A Biographical History, Londres, Eyre and Spottiswoode, 1967, p. 50. <<

[218] Capo, Las Juntas Militares…, pp. 61-65; Ametlla, Memòries polítiques…, pp. 388-389. <<

[219] Romero Salvadó, The Foundations of Civil War…, p. 91; Largo Caballero, Mis recuerdos…, pp. 56-63; Vidarte, No queríamos al rey…, pp. 78-79, 99-102; Heywood, Marxism…, pp. 53-54; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 137-140. <<

[220] Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, p. 135; Martin, The Agony of Modernization…, p. 195. <<

[221] Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 307-308; Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 272-274; Pabón, Cambó…, vol. I, pp. 546-549. <<

[222] Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, p. 507; De la Cierva, Notas…, pp. 186-187; Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 296-301; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 142-145. <<

[223] González Hernández, «El rey de los conservadores…», p. 144; Romanones, Notas de una vida…, pp. 419-420; Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 301-304. <<

[224] Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 315-320; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 88-97; Romanones, Notas de una vida…, pp. 420-422; Cambó, Memòries…, pp. 269-271; Pabón, Cambó…, vol. I, pp. 563-582; Ametlla, Memòries polítiques…, pp. 384-387; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 149-155. <<

[225] Romanones, Notas de una vida…, p. 420. <<

[226] Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, p. 320; Capo, Las Juntas Militares…, pp. 88-89, 103-119; Lacomba Avellán, La crisis española de 1917…, pp. 323-344; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 94-98; Payne, Politics and the Military…, pp. 140-145; Romero Salvadó, Spain 1914-1918…, pp. 157-163, 215-216; Romero Salvadó, The Foundations of Civil War…, pp. 106-110. <<

[227] Romanones, Notas de una vida…, pp. 427-430; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 309-311; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 99-102; Cambó, Memòries…, pp. 272-275; De la Cierva, Notas…, pp. 187-207; Pabón, Cambó…, vol. I, pp. 595-609. <<

[228] Diario de Sesiones de las Cortes, 17 de abril de 1918, reproducido en Francesc Cambó, Discursos parlamentaris (1907-1935), Barcelona, Alpha, 1991, pp. 485-488. <<

[229] Cambó, Memòries…, pp. 275-297; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 312-323; Romanones, Notas de una vida…, pp. 422-424; Pabón, Cambó…, vol. I, pp. 640-678; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 103-109, 136. <<

[230] Juan Antonio Lacomba Avellán, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970, pp. 47-50; José Peirats, Los anarquistas en la crisis política española, Buenos Aires, Alfa, 1964. <<

[231] Gerald H. Meaker, The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923, Stanford, Stanford University Press, 1974, pp. 103-108; Angel Smith, Anarchism, Revolution and Reaction. Catalan Labour and the Crisis of the Spanish State, 1898-1923, Nueva York, Berghahn Books, 2007, pp. 284-286. <<

[232] Antonio Bar, La CNT en los años rojos (del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo 1910-1926), Madrid, Akal, 1981, pp. 356-358, 367-380; Benjamin Martin, The Agony of Modernization. Labor and Industrialization in Spain, Ithaca, Cornell University Press, 1990, pp. 196-200; Smith, Anarchism…, pp. 245-250; Albert Balcells, El sindicalismo en Barcelona 1916-1923, Barcelona, Nova Terra, 1965, pp. 51-65; Joaquín Romero Maura, «The Spanish Case», Government and Opposition, vol. 5, n.º 4, 1970, pp. 469-472. <<

[233] Francesc Cambó, Memòries (1876-1936), Barcelona, Alpha, 1981, pp. 275-297; Duque de Maura y Melchor Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII, Madrid, Ambos Mundos, 1948, pp. 312-320; Jesús Pabón, Cambó, 3 vols., Barcelona, Alpha, 1952-1969, vol. I, pp. 640-678; Borja de Riquer, Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político, Barcelona, RBA, 2013, pp. 103-109, 136. <<

[234] Diario de Sesiones de las Cortes, 10 de diciembre de 1918; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 323-324; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 111-126; Cambó, Memòries…, pp. 298-304; Pabón…, Cambó, vol. II, pp. 15-20. <<

[235] Javier Moreno Luzón, «El rey de los liberales», en Javier Moreno Luzón, ed., Alfonso XIII. Un político en el trono, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 153. <<

[236] María Jesús González, «El rey de los conservadores», en idem, pp. 141, 146. <<

[237] De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 128-136; Cambó, Memòries…, pp. 328. <<

[238] Juan José Castillo, «Notas sobre los orígenes y primeros años de la Confederación Nacional Católico Agraria», en José Luis García Delgado, ed., La cuestión agraria en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1976, pp. 203-248; Josefina Cuesta, Sindicalismo católico agrario en España (1917-1919), Madrid, Narcea, 1978, passim. <<

[239] Juan José Castillo, El sindicalismo amarillo en España, Madrid, Edicusa, 1977, p. 41. <<

[240] Pascual Carrión, Los latifundios en España, Madrid, Gráficas Reunidas, 1932, p. 45. <<

[241] Francisco Cobo Romero, «“The Red Dawn” of the Andalusian Countryside: Peasant Protest during the “Bolshevik Triennium”, 1918-20», en Francisco J. Romero y Angel Smith, eds., The Agony of Spanish Liberalism: From Revolution to Dictatorship, Londres, Palgrave/Macmillan, 2010, pp. 121-143. <<

[242] Juan Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, Alianza, 1973³, pp. 265-286; Ángeles González, «La construcción de un mito. El trienio bolchevique en Andalucía», en Manuel González de Molina y Diego Caro Cancela, eds., La utopía racional. Estudios sobre el movimiento obrero andaluz, Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 175-219; Francisco Cobo Romero, Conflicto rural y violencia política. El largo camino hacia la dictadura (Jaén, 1917-1950), Jaén, Publicaciones de la Universidad de Jaén, 1999, pp. 114-127; Sebastian Balfour, The End of the Spanish Empire, 1898-1923, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 223-224. <<

[243] Carrión, Los latifundios en España…, p. 415; Constancio Bernaldo de Quirós, El espartaquismo agrario y otros ensayos sobre la estructura económica y social de Andalucía, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1973, pp. 183-192. <<

[244] González, «El rey de los conservadores…», p. 146; María Jesús González, El universo conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto de Estado, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, p. 379; Juan José Castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 1979, pp. 140-142; Eduardo González Calleja, El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, pp. 44-45; Francisco J. Romero Salvadó, The Foundations of Civil War. Revolution, Social Conflict and Reaction in Liberal Spain, 1916-1923, Londres, Routledge/Cañada Blanch, 2008, p. 199. <<

[245] Castillo, Propietarios muy pobres…, pp. 202-208. <<

[246] El Socialista, 23 de julio de 1919. <<

[247] Díaz del Moral, Historia de las agitaciones…, pp. 361-376; Edward E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, Yale University Press, 1970, pp. 147-152; Castillo, Propietarios muy pobres…, pp. 209-220; Ricardo Robledo, «El Trienio Bolchevique de Díaz del Moral y su visión conservadora del cambio social», en Francisco Acosta Ramírez, ed., El Trienio Bolchevique, Granada, Comares, en prensa. <<

[248] Carrión, Los latifundios…, p. 415. <<

[249] Joseph Harrison, «Heavy Industry, the State and Economic Development in the Basque Region, 1876-1936», The Economic History Review, 2.ª serie, vol. 36, n.º 4, noviembre de 1983, pp. 541-542; Adrian Shubert, The Road to Revolution in Spain. The Coal Miners of Asturias 1860-1934, Urbana, University of Illinois Press, 1987, pp. 48-51, 85-86, 114-128; Antonio L. Oliveros, Asturias en el resurgimiento español (apuntes históricos y biográficos), Gijón, Silverio Cañada, 1989², pp. 113-177. <<

[250] Martin, The Agony of Modernization…, p. 206. <<

[251] «Historia de la huelga de “La Canadiense”»; «El Sr. Morote explica a los lectores de “El Sol” la historia de todo lo ocurrido»; «Declaraciones del Sr. Doval», El Sol, 3 y 20 de marzo, 1 de agosto de 1919; Amadeu Hurtado, Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps 1894-1936, Barcelona, Edicions 62, 2011², pp. 341-342; Pere Foix, Apòstols i mercaders. Seixanta anys de lluita social a Catalunya, Barcelona, Nova Terra, 1976², pp. 69-71; Balcells, El sindicalismo…, pp. 73-84; Smith, Anarchism…, pp. 290-296; Conde de Romanones, Notas de una vida, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 432-436; Javier Moreno Luzón, Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998, pp. 367-369. <<

[252] Lo descubrió en 1958, al examinar los archivos de la empresa, el abogado y economista Fabián Estapé, que se encontraba redactando un informe para el Tribunal Internacional de La Haya sobre un dilatado asunto en el que estaba implicada la Barcelona Traction, Light and Power Company. Véase Fabián Estapé, Sin acuse de recibo, Barcelona, Plaza y Janés, 2000, pp. 122-125. <<

[253] Manuel Burgos y Mazo, El verano de 1919 en Gobernación, Cuenca, Imprenta de Emilio Pinos, 1921, pp. 500-535; Soledad Bengoechea y Fernando del Rey, «En vísperas de un golpe de Estado. Radicalización de la patronal e imagen del fascismo en España», en Javier Tusell, Julio Gil Pecharromán y Feliciano Montero, eds., Estudios sobre la derecha española contemporánea, Madrid, UNED, 1993, pp. 301-326, esp. p. 304; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 194-195. <<

[254] Eduardo González Calleja y Fernando del Rey Reguillo, La defensa armada contra la revolución. Una historia de las Guardias Cívicas en la España del siglo XX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, pp. 71-80, 91-96. <<

[255] Pere Foix, Los archivos del terrorismo blanco. El fichero Lasarte 1918-1936, Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1978, p. 54; Manuel Casal Gómez, La Banda Negra. Origen y actuación de los pistoleros en Barcelona (1919-1921), Barcelona, Icaria, 1977², pp. 66-68, 153-155; González Calleja, El máuser…, pp. 80-81, 146-147, 152-159, 165; José Peirats, La CNT en la revolución española, 3 vols., París, Ruedo Ibérico, 1971², vol. I, p. 34. <<

[256] Discurso de Francesc Layret, Diario de Sesiones de las Cortes, 7 de agosto de 1919, pp. 841-842; Smith, Anarchism…, pp. 297-299; «Afirmaciones Terminantes», La Correspondencia Militar, 17 de abril de 1919; «Declaraciones del Sr. Doval», El Sol, 1 de agosto de 1919; «Nota de Montañés», reimpresa en Romanones, Notas de una vida…, pp. 436-440; Casal Gómez, La Banda Negra…, pp. 59-62. <<

[257] Balcells, El sindicalismo…, pp. 85-99; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 343-346; Smith, Anarchism…, pp. 294-295. <<

[258] Carolyn P. Boyd, «El rey-soldado. Alfonso XIII y el ejército», en Moreno Luzón, ed., Alfonso XIII…, pp. 232-233. Véase el ambiguo relato de los hechos en Romanones, Notas de una vida…, p. 436. <<

[259] Moreno Luzón, Romanones…, pp. 370-371; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 199-200; Moreno Luzón, «El rey de los liberales…», pp. 178-179. <<

[260] González Calleja, El máuser…, pp. 118-122; Smith, Anarchism…, pp. 300-302; Ángel Pestaña, Lo que aprendí en la vida, Madrid, M. Aguilar, 1933, pp. 76-78, 81-84, 165-167; Casal Gómez, La Banda Negra…, pp. 68-77; Ángel Pestaña, Terrorismo en Barcelona (Memorias inéditas), Barcelona, Planeta, 1979, pp. 105-112. <<

[261] Casal Gómez, La Banda Negra…, pp. 62-68, 153-155; Francisco Bastos Ansart, Pistolerismo (Historia trágica), Madrid, Espasa Calpe, 1935, pp. 35-41; Pestaña, Terrorismo en Barcelona…, pp. 94-96, 102-116; Manuel Buenacasa, El movimiento obrero español, 1886-1926, Gijón, Júcar, 1977, p. 55; Adolfo Bueso, Recuerdos de un cenetista I. De la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931), Barcelona, Ariel, 1976, pp. 126-128; González Calleja, El máuser…, pp. 146-147, 152-155; Pío Baroja, El cabo de las tormentas, Madrid, Caro Raggio, 1974, pp. 93-98. <<

[262] Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 202-205; Salvador de Madariaga, Spain. A Modern History, Londres, Jonathan Cape, 1961, pp. 328-331; Smith, Anarchism…, pp. 302-308. <<

[263] Antonio Soler, Apóstoles y asesinos. Vida, fulgor y muerte del Noi del Sucre, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016, pp. 27-28. <<

[264] Diario de Sesiones de las Cortes, 7 de agosto de 1919; Romero Salvadó, The Foundations…, p. 202; Burgos y Mazo, El verano de 1919…, pp. 305-313. <<

[265] Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 205-209; Smith, Anarchism…, pp. 308-315. <<

[266] Ricardo Sanz, El sindicalismo y la política. Los «Solidarios» y «Nosotros», Toulouse, Imprimerie Dulaurier, 1966, pp. 51-56; Balcells, El sindicalismo…, pp. 104-106; Juan García Oliver, El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978, pp. 31-32; Pestaña, Lo que aprendí…, pp. 186; González Calleja, El máuser…, pp. 226-236. <<

[267] Madariaga, Spain…, pp. 331-332. <<

[268] Smith, Anarchism…, p. 315. <<

[269] ABC, 7, 8, 11 y 13 de enero de 1920; García Oliver, El eco…, pp. 30-31; Meaker, The Revolutionary Left…, pp. 314-319; Smith, Anarchism…, pp. 315-317, 336-337; Romero Salvadó, The Foundations…, p. 236. <<

[270] Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada, Weyler. Nuestro hombre en La Habana, Barcelona, Planeta, 1997, pp. 289-291; Balcells, El sindicalismo…, pp. 135-136. <<

[271] ABC, 5 y 6 de agosto de 1920; El Globo, 6 de agosto de 1920; Foix, Apòstols…, pp. 39-40; Robert Kern, Red Years/Black Years. A Political History of Spanish Anarchism, 1911-1937, Filadelfia, Institute for the Study of Human Issues, 1978, pp. 54-56. <<

[272] Francisco Madrid, Ocho meses y un día en el gobierno civil de Barcelona, Barcelona, La Flecha, 1932, pp. 78-93 (para el relato del propio Bas sobre su experiencia en el cargo) y pp. 93-102 (para el enfrentamiento de Bas con Martínez Anido); Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 222-225; Smith, Anarchism…, pp. 329-330; Roberto Muñoz Bolaños, «Severiano Martínez Anido (1862-1937). Militar y represor», Anatomía de la Historia, 2013, pp. 7-9. <<

[273] González Calleja, El máuser…, p. 168; Pelai Pagès i Blanch, Andreu Nin. Una vida al servicio de la clase obrera, Barcelona, Laertes, 2011, p. 101. <<

[274] González Calleja, El máuser…, pp. 182-183; Meaker, The Revolutionary Left…, pp. 328-336; Albert Pérez Baró, Els «feliços» anys vint. Memòries d’un militant obrer 1918-1926, Palma de Mallorca, Moll, 1974, pp. 88-106; Jacinto León-Ignacio, Los años del pistolerismo, Barcelona, Planeta, 1981, pp.150-154. <<

[275] Smith, Anarchism…, pp. 329, 335; León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, pp. 102, 148, 167. Sobre Feced, véanse Romero Salvadó, The Foundations…, p. 261; Paco Ignacio Taibo II, Que sean fuego las estrellas. Barcelona (1917-1923), Barcelona, Crítica, 2016, pp. 269-270. <<

[276] Romero Salvadó, The Foundations…, p. 231. [Texto original reproducido en Carlos Seco Serrano, Perfil político y humano de un estadista de la Restauración. Eduardo Dato a través de su archivo, Madrid, Real Academia de la Historia, 1978, pp. 106-107.] <<

[277] Bueso, Recuerdos de un cenetista…, p. 139; Madrid, Ocho meses…, pp. 107-110; Burgos y Mazo, El verano de 1919…, pp. 553-565; Foix, Apòstols…, pp. 76-77, 82-83; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 225-232; Casal Gómez, La Banda Negra…, pp. 143-149; Smith, Anarchism…, pp. 331-333, 356; León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, pp. 156-161. <<

[278] Las confesiones de Feced se reproducen en Peirats, La CNT en la revolución española…, vol. I, pp. 33-36. <<

[279] Carta de Miguel de Unamuno a Le Quotidien, París, 29 de diciembre de 1923, reproducida en Valentín del Arco López, «Unamuno frente a Primo de Rivera. De Salamanca al exilio, 1923-1924», en Dolores Gómez Molleda, ed., Actas del Congreso Internacional, Cincuentenario de Unamuno, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1986, pp. 150-151. <<

[280] Baroja, El cabo…, pp. 75, 79, 103-106. <<

[281] Baroja, El cabo…, pp. 79-80, 104-110; Andreu Navarra Ordoño, «Pistolas, carnavales y pronunciamientos. Baroja y las rebeliones sociales de los años veinte y treinta», en Sancho el Sabio, n.º 36, 2013, pp. 47-60; Smith, Anarchism…, pp. 334-337. <<

[282] Pestaña, Terrorismo en Barcelona…, pp. 159-163; Smith, Anarchism…, pp. 337-339; Colin M. Winston, Workers and the Right in Spain, 1900-1936, Princeton, Princeton University Press, 1985, pp. 185-208. <<

[283] Madrid, Ocho meses…, p. 67; Winston, Workers and the Right…, pp. 49-50, 108-136; Castillo, El sindicalismo amarillo…, pp. 37-39, 89-90, 126-143. Sobre el imperio económico de Comillas, véase ibid., pp. 253-273. <<

[284] Balcells, El sindicalismo…, p. 162; Smith, Anarchism…, pp. 335, 337; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 227-230. <<

[285] «Sería bien triste…», El Socialista, 10 de noviembre de 1917; «Los revolucionarios rusos», El Socialista, 1 de marzo de 1918; Meaker, The Revolutionary Left…, pp. 108-109. <<

[286] Julio Aróstegui, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013, pp. 122-133. <<

[287] Aróstegui, Largo Caballero…, pp. 148-159; Meaker, The Revolutionary Left…, pp. 225-384; Paul Heywood, Marxism and the Failure of Organised Socialism in Spain 1879-1936, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 54-83; Manuel Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus, 1972, pp. 681-717. <<

[288] Heywood, Marxism…, pp. 54-84; Chris Ealham, «An Impossible Unity. Revolution, Reform and Counter-Revolution and the Spanish Left, 1917-23», en F. J. R. Salvadó et al., eds., The Agony of Spanish Liberalism, Londres, Palgrave/MacMillan, 2010. <<

[289] Francisco Largo Caballero, Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores de España, Madrid, Javier Morata, 1925, pp. 135-159, 176-184; Smith, Anarchism…, pp. 335-336; Buenacasa, El movimiento obrero…, pp. 74-80. <<

[290] Antonio Sánchez, «Anatomía de un magnicidio. Pedro Mateu: “Yo maté a Dato”», Interviú, 11-17 de noviembre de 1976, pp. 35-36; Bueso, Recuerdos de un cenetista…, pp. 139-145; Sanz, El sindicalismo y la política…, pp. 73-74; León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, pp. 180-195; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 211-212; Smith, Anarchism…, p. 337. <<

[291] Juan Ruiz, «Manuel y Ramón Archs. Dos militantes de acción», Tierra y Libertad, n.º 233, diciembre de 2007; Antoni Dalmau i Ribalta, «Manuel Ars i Solanellas (1859-1894), l’estampador afusellat injustament a Montjuïc», Revista d’Igualada, n.º 28, abril de 2008, pp. 16-41, respecto a Ramón, pp. 38-40; Abel Rebollo, «Dos generaciones: Paulí Pallàs i Latorre (1862-1893) y Ramón Archs (1887-1921)», en Manel Aisa et al., La Barcelona rebelde. Guía de una ciudad silenciada, Barcelona, Octaedro, 2004, pp. 277-278; García Oliver, El eco…, pp. 30-36, 625-626. <<

[292] Meaker, The Revolutionary Left…, pp. 331-334, 338-339; Winston, Workers and the Right…, pp. 139-141. <<

[293] Madrid, Ocho meses…, pp. 108-109. <<

[294] Madrid, Ocho meses…, pp. 118-119; Winston, Workers and the Right…, pp. 112-114, 132-133, 142-163. <<

[295] Foix, Apòstols…, pp. 43-44; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 234-236. <<

[296] El Defensor de Córdoba, 24 de mayo de 1921; ABC, 24 de mayo de 1921; Juan de la Cierva y Peñafiel, Notas de mi vida, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pp. 233-235; Madariaga, Spain…, pp. 337-339; González, El universo…, p. 379; José María García Escudero, «¿Rey autoritario o rey constitucional?», Historia y Vida, n.º 56, 1972, pp. 52-62; José Luis Gómez Navarro, El régimen de Primo de Rivera, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 115-116; Rafael Borràs Betriu, El rey perjuro. Don Alfonso XIII y la caída de la monarquía, Barcelona, Los Libros de Abril, 1997, pp. 85-87; Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2001, pp. 379-384. <<

[297] Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 237-241; Pablo La Porte, La atracción del imán. El desastre de Annual y sus repercusiones en la política europea (1921-1923), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 60-62; Arturo Barea, The Forging of a Rebel, Londres, Davis-Poynter, 1972, pp. 244-248, 262-265; Arturo Barea, La forja de un rebelde, Buenos Aires, Losada, 1951, pp. 253-259, 276-281. <<

[298] Sobre El Raisuni, véanse David Woolman, Rebels in the Rif. Abd el Krim and the Rif Rebellion, Stanford, Stanford University Press, 1969, pp. 46-51; María Rosa de Madariaga, En el Barranco del Lobo. Las guerras de Marruecos, Madrid, Alianza, 2005, pp. 104-106, 119-125. <<

[299] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 70-71; Carolyn P. Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1979, pp. 160, 286. <<

[300] Tusell y García Queipo de Llano, Alfonso XIII…, pp. 391, 395-397. <<

[301] Para un análisis elocuente del contexto de la derrota, véase Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 242-247. <<

[302] Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 118-154; Woolman, Rebels…, pp. 83-90; Juan Pando, Historia secreta de Annual, Madrid, Temas de Hoy, 1999, pp. 101-169; Manuel Leguineche, Annual 1921. El desastre de España en el Rif, Madrid, Alfaguara, 1996, pp. 169-182, 212-221; La Porte, La atracción del imán…, pp. 63-73. <<

[303] Fernando Reinlein García-Miranda, «Del siglo XIX a la Guerra Civil», en Colectivo Democracia, Los Ejércitos… más allá del golpe, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 13-33; Pando, Historia secreta…, pp. 78-79; Carlos Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984, p. 233. <<

[304] Pablo La Porte, «The Moroccan Quagmire and the Crisis of Spain’s Liberal System, 1917-1923», en Romero y Smith, The Agony of Spanish Liberalism…, pp. 246-247; Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria, 1923-1930, Madrid, Alianza, 2005, p. 31; Alberto Bru Sánchez-Fortún, «Padrino y patrón. Alfonso XIII y sus oficiales (1902-1923)», en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 6, 2006, p. 2. <<

[305] Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 155-163; Pando, Historia secreta…, pp. 169-171; Woolman, Rebels…, pp. 90-95; Sebastian Balfour, Deadly Embrace. Morocco and the Road to the Spanish Civil War, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 71-75. <<

[306] Las acusaciones que encontraron mayor eco fueron las de Vicente Blasco Ibáñez, Alfonso XIII. Unmasked, Londres, Eveleigh, Nash & Grayson, 1925, pp. 78-83, y Eduardo Ortega y Gasset, España encadenada. La verdad sobre la dictadura, París, Juan Dura, 1925, pp. 39-43. <<

[307] Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 338-344; Fidel Gómez Ochoa, «El gobierno de concentración en el pensamiento y la acción política de Antonio Maura (1918-1922)», Revista de Estudios Políticos (nueva época), n.º 69, julio-septiembre de 1990, pp. 244-249. <<

[308] De la Cierva, Notas…, pp. 239-240; Carlos Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Barcelona, Ariel, 1969, pp. 142-145. <<

[309] La Porte, La atracción del imán…, pp. 83-88; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 173, 189-194. <<

[310] Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 347-351; Fidel Gómez Ochoa, «La alianza Maura-Cambó de 1921. Una experiencia de reformismo conservador durante el reinado de Alfonso XIII», Revista de historia contemporánea, n.º 5, 1991, pp. 96-97; Gómez Ochoa, «El gobierno de concentración…», pp. 249-251; De la Cierva, Notas…, pp. 242-258; María Jesús González Hernández, Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurista 1907-1923, Madrid, Siglo XXI, 1990, pp. 113-118; Francisco J. Romero Salvadó, «Antonio Maura from Messiah to Fireman», en Alejandro Quiroga y Miguel Ángel del Arco, eds., Right-Wing Spain in the Civil War Era. Soldiers of God and Apostles of the Fatherland, Londres, Continuum, 2012, pp. 16-17; Cambó, Memòries…, pp. 337-350. <<

[311] Pando, Historia secreta…, pp. 268-272. <<

[312] Indalecio Prieto, Con el Rey o contra el Rey, México DF, Oasis, 1972, pp. 101-103; Balfour, Deadly Embrace…, pp. 84-88; Pando, Historia secreta…, pp. 272-297. <<

[313] De la Cierva, Notas…, pp. 250-264; Cambó, Memòries…, pp. 352-354. <<

[314] Pabón, Cambó…, vol. II, pp. 349-355; Cambó, Memòries…, p. 353; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 137-142. <<

[315] Los artículos se reproducen en Prieto, Con el Rey…, pp. 9-117. <<

[316] Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 316-317. <<

[317] Moreno Luzón, Romanones…, p. 388. <<

[318] María Teresa González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar, Madrid, El Arquero, 1987, pp. 185-186. <<

[319] Soler, Apóstoles y asesinos…, pp. 138-139. <<

[320] Alfred Mendizábal, Aux origines d’une tragédie. La politique espagnole de 1923 à 1936, París, Desclée de Brouwer, s. d. [1937?], pp. 69-70; Woolman, Rebels…, pp. 97-100; Balfour, Deadly Embrace…, pp. 215-217; Leguineche, Annual 1921…, pp. 142-143; Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth, Cambridge, Cambridge University Press, 1943, pp. 61-62. <<

[321] Diario de Sesiones de las Cortes, 27 de octubre de 1921; Prieto, Con el Rey…, pp. 121-158; Octavio Cabezas, Indalecio Prieto, socialista y español, Madrid, Algaba, 2005, pp. 125-129. <<

[322] Jaume Muñoz Jofre, La España corrupta. Breve historia de la corrupción en España. De la Restauración a nuestros días (1875-2016), Granada, Comares, 2016, pp. 38-39; Pere Ferrer, Juan March. El hombre más misterioso del mundo, Barcelona, Ediciones B, 2008, pp. 177-178. <<

[323] Niceto Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977, p. 83. <<

[324] Joan Manent i Pesas, Records d’un sindicalista llibertari català 1916-1943, París, Edicions Catalanes, 1976, pp. 75-104; Buenacasa, El movimiento obrero…, pp. 73-74, 81; Meaker, The Revolutionary Left…, pp. 390-392. <<

[325] Pagès i Blanch, Andreu Nin…, pp. 98-111; Antoni Monreal, El pensamiento político de Joaquín Maurín, Barcelona, Península, 1984, pp. 11-18; Meaker, The Revolutionary Left…, pp. 392-403, 417-426, 440-441; Andrew Charles Durgan, BOC 1930-1936. El Bloque Obrero y Campesino, Barcelona, Laertes, 1996, pp. 21-25. <<

[326] Pere Gabriel, «Introducció», en Joan Peiró, Escrits, 1917-1939, Barcelona, Edicions 62, 1976, p. 13-14; Durgan, BOC 1930-1936…, pp. 25-28; Ángel Pestaña, Lo que yo pienso. Setenta días en Rusia, Madrid, Doncel, 1976², passim; García Oliver, El eco…, pp. 66-69. <<

[327] Manent i Pesas, Records…, pp. 76-78; González Calleja, El máuser…, pp. 211-212. <<

[328] Foix, Apòstols…, pp. 188-189; Peirats, Los anarquistas…, p. 35; Manent i Pesas, Records…, pp. 78-79; León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, pp. 225-236. <<

[329] «La torva historia de Anido», Hojas Libres, vol. 2, mayo de 1927, pp. 85-86; Manent i Pesas, Records…, pp. 79-100; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 398-399; Sanz, El sindicalismo y la política…, pp. 56-57, 71-72; Juan Oller Piñol, Martínez Anido. Su vida y su obra, Madrid, Librería Victoriano Suárez, 1943, pp. 151-157; Peirats, Los anarquistas…, pp. 36-39; González Calleja, El máuser…, pp. 197, 212-217; León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, pp. 238-246. <<

[330] La Correspondencia Militar, 27 de octubre de 1922. <<

[331] Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 261-263, 369 (notas 18, 19 y 20); Smith, Anarchism…, pp. 344-345; Buenacasa, El movimiento obrero…, pp. 83-88. <<

[332] ABC, 19 de diciembre de 1922; Bengoechea y Del Rey, «En vísperas de un golpe…», pp. 304-312. <<

[333] Francesc Cambó, «Entorn del feixisme italià», en Llibres, Barcelona, Alpha, 1984, p. 211, 225-236. <<

[334] Bengoechea y Del Rey, «En vísperas de un golpe…», pp. 317-324; Winston, Workers and the Right…, pp. 157-159; González Calbet, La Dictadura…, pp. 130-131; Javier Tusell, Radiografía de un golpe de Estado, Madrid, Alianza, 1987, p. 52; Stanley G. Payne, «Fascist Italy and Spain, 1922–45», Mediterranean Historical Review, vol. 13, n.º 1-2, p. 100. <<

[335] Diario de Sesiones de las Cortes, 4 de mayo de 1922. <<

[336] Diario de Sesiones de las Cortes, 19 de julio de 1922; Romanones, Notas de una vida…, pp. 464-466; Moreno Luzón, Romanones…, pp. 387-390; Ramón Villares y Javier Moreno Luzón, Restauración y Dictadura, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2009, pp. 491-492. <<

[337] Diario de Sesiones de las Cortes 15 de noviembre de 1922. <<

[338] Diario de Sesiones de las Cortes 21 y 22 de noviembre de 1922; reimpreso como Dictamen de la Minoría Socialista, El desastre de Melilla. Dictamen formulado por Indalecio Prieto como miembro de la Comisión designada por el Congreso de los Diputados para entender en el expediente Picasso, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1922, y en Prieto, Con el Rey…, pp. 201-263. <<

[339] Romanones, Notas de una vida…, p. 465. <<

[340] Pabón, Cambó…, vol. II, p. 405. <<

[341] Cambó, Memòries…, pp. 364-365; Pabón, Cambó…, vol. II, pp. 399-407; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, pp. 143-150; Tusell y García Queipo de Llano, Alfonso XIII…, pp. 364-365. <<

[342] Cambó, Memòries…, p. 364; Diario de Sesiones de las Cortes, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1922; Francesc Cambó, Discursos parlamentaris, Barcelona, Alpha, 1991, pp. 783-788; Pabón, Cambó…, vol. II, pp. 407-416. <<

[343] Cambó, Memòries…, p. 365; Seco Serrano, Alfonso XIII…, p. 148; De Riquer, Alfonso XIII y Cambó…, p. 151. <<

[344] Diario de Sesiones de las Cortes, 5 de diciembre de 1922; De la Cierva, Notas…, pp. 287-289; Cambó, Memòries…, pp. 365-366; Pabón, Cambó…, vol. II, pp. 416-418. <<

[345] Romanones, Notas de una vida…, pp. 467-468; Francisco Hernández Mir, La dictadura ante la Historia. Un crimen de lesa patria, Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930, pp. 14-20; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 269-270; Moreno Luzón, Romanones…, pp. 389-391. <<

[346] Véanse entrevistas con los prisioneros y con Abd el-Krim en Luis de Oteyza, Abd-el-Krim y los prisioneros, La Coruña, Ediciones del Viento, 2018³, pp. 45-57, 67-81. <<

[347] Woolman, Rebels…, pp.106-108, 120; Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 228-229, 317-319. <<

[348] Pabón, Cambó…, vol. II, pp. 369-392; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 387-388. <<

[349] Borja de Riquer, Cambó en Argentina. Negocios y corrupción política, Barcelona, Edhasa, 2016, pp. 56 y ss.; Balcells, El sindicalismo…, pp. 164-165. <<

[350] Raymond Carr, Spain 1808-1975, Oxford, Clarendon Press, 1982, p. 523; Shlomo Ben-Ami, Fascism from Above. The Dictatorship of Primo de Rivera in Spain 1923-1930, Oxford, Oxford University Press, 1983, pp. 19-26; Gómez Navarro, El régimen de Primo…, pp. 490-494; Tusell, Radiografía…, p. 267. <<

[351] Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 271-272; Romanones, Notas de una vida…, pp. 468-473; Moreno Luzón, Romanones…, pp. 390-394; Alcalá Zamora, Memorias…, p. 82. <<

[352] Moreno Luzón, Romanones…, pp. 393-396; Tusell, Radiografía…, pp. 2122; Mercedes Cabrera, Juan March (1880-1962), Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 123-130. <<

[353] Cipriano de Rivas Cherif, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Barcelona, Grijalbo, 1980, pp. 118-124. <<

[354] Francisco J. Romero Salvadó, «Building Alliances against the New? Monarchy and the Military in Industrializing Spain», en Helen Graham, ed., Interrogating Francoism. History and Dictatorship in Twentieth-Century Spain, Londres, Bloomsbury, 2016, p. 50. <<

[355] ABC, 28, 29 y 31 de enero, 2 y 24 de febrero de 1923; Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 230-231; Pando, Historia secreta…, p. 338; Woolman, Rebels…, pp. 112-113; Balfour, Deadly Embrace…, p. 91. Sobre el sibaritismo del rey, véase Javier Moreno Luzón, «Fernando siete y medio. Los escándalos de corrupción de Alfonso XIII», en Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján, dirs., La corrupción política en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons Historia, 2018, pp. 262-265. <<

[356] Hernández Mir, La dictadura…, p. 21. <<

[357] «Cómo fue asesinado Dris-ben-Said», Hojas Libres, vol. 5, agosto de 1927, pp. 50-58; Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 73-77; Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 286-288; Óscar Pérez Solís, Memorias de mi amigo Óscar Perea, Madrid, Renacimiento, s. d. [1930?], pp. 318-319. <<

[358] Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 71-72, 86-88; Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 178-179, 324-332; Tusell, Radiografía…, pp.110-112; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 258-260; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 273-277. <<

[359] León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, p. 253; González Calleja, El máuser…, p. 306. <<

[360] Pestaña, Terrorismo en Barcelona…, pp. 148-152. <<

[361] Smith, Anarchism…, pp. 345-347; Soler, Apóstoles y asesinos…, pp. 400-408. <<

[362] ABC, 13 y 15 de marzo de 1923; Pestaña, Terrorismo en Barcelona…, pp. 148-151; Manent i Pesas, Records…, pp. 264-274; Foix, Apòstols…, pp. 111-118; González Calleja, El máuser…, pp. 216-217; Soler, Apóstoles y asesinos…, pp. 415-435; Peirats, La CNT en la revolución española…, vol. I, p. 34. <<

[363] ABC, 13, 14 y 20 de marzo de 1923; La Vanguardia, 13, 14, 15, 16 y 20 de marzo de 1923; Manent i Pesas, Records…, pp. 100-104; León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, pp. 265-270. <<

[364] Bueso, Recuerdos de un cenetista…, pp. 175-176. <<

[365] Sanz, El sindicalismo y la política…, pp. 95-109; García Oliver, El eco…, pp. 628-632; Abel Paz, Durruti en la revolución española, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 1996, pp. 92-93; Smith, Anarchism…, pp. 343-344. <<

[366] Jesús Cirac, «El asesinato del Cardenal Soldevila por Francisco Ascaso y Rafael Torres Escartín. Noventa años después», El Agitador, 12 de junio de 2013; Carlos Forcadell, «El asesinato del Cardenal Soldevila», Tiempo de Historia, n.º 47, octubre de 1978, pp. 16-23; Paz, Durruti…, pp. 47, 92-106; García Oliver, El eco…, pp. 631-632; León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, pp. 284-289. <<

[367] Smith, Anarchism…, pp. 347-350; León-Ignacio, Los años del pistolerismo…, pp. 287-288; Foix, Apòstols…, pp. 114-116; García Oliver, El eco…, pp. 119, 630-635; Paz, Durruti…, pp. 94-106; Sanz, El sindicalismo y la política…, pp. 103-118. <<

[368] Hurtado, Quaranta anys…, pp. 419-420; Smith, Anarchism…, pp. 350-351. <<

[369] Romanones, Notas de una vida…, pp. 473-474; González Calleja, El máuser…, pp. 260-261; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 253-254; Tusell, Radiografía…, pp. 74-78. <<

[370] Romanones, Notas de una vida…, pp. 473-476; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 418-419; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 255-257; Francisco Alía Miranda, Duelo de sables. El general Aguilera, de ministro a conspirador contra Primo de Rivera (1917-1931), Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pp. 127-145; Tusell, Radiografía…, pp. 74-75. <<

[371] Pabón, Cambó…, vol. II, p. 447. <<

[372] Gabriel Maura, Bosquejo histórico de la Dictadura, Madrid, Tipografía de Archivos, 1930, t. I, pp. 28-31. <<

[373] González Calleja, El máuser…, p. 224; Tusell, Radiografía…, pp. 80-81; Smith, Anarchism…, pp. 350-354; Manuel Portela Valladares, Memorias. Dentro del drama español, Madrid, Alianza, 1988, pp. 100-103; acerca del trombón, véase la p. 19. <<

[374] Hernández Mir, La dictadura…, pp. 40-41. <<

[375] La Vanguardia, 23 de junio de 1923; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 287-288. <<

[376] ABC, 8 de septiembre de 1923; Paz, Durruti…, pp. 110-115. <<

[377] ABC, 5 de septiembre de 1923. <<

[378] Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 288-289; Alejandro Quiroga, Making Spaniards. Primo de Rivera and the Nationalization of the Masses, 1923-1930, Londres, Palgrave/Macmillan, 2007, pp. 32-33. <<

[379] Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, Stanford University Press, 1967, pp. 195, 491, n. 17. <<

[380] General E. López de Ochoa, De la Dictadura a la República, Madrid, Zeus, 1930, pp. 22-27; Hernández Mir, La dictadura…, pp. 42-44; Gonzalo Queipo de Llano, El general Queipo de Llano perseguido por la dictadura, Madrid, Javier Morato, 1930, p. 32; Pabón, Cambó…, vol. II pp. 447-450; Tusell, Radiografía…, p. 154; Boyd, Praetorian Politics…, 262-265; González Calbet, La Dictadura…, pp. 55-59; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 288-289. <<

[381] Portela Valladares, Memorias…, pp. 102-103. <<

[382] Hernández Mir, La dictadura…, pp. 44-46. <<

[383] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 328-330; Artur Perucho i Badia, Catalunya sota la dictadura (Dades per a la Història), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018² [edición original de 1930], pp. 53-57; Enrique Ucelay-Da Cal, Estat Català. The Strategies of Separation and Revolution of Catalan Radical Nationalism (1919-1933) [tesis doctoral, Universidad de Columbia, 1979], Ann Arbor (Michigan), University Microfilms International, 1979, p. 139. <<

[384] Cambó, Memòries…, p. 375; Maura, Bosquejo…, pp. 101-102; Pabón, Cambó…, vol. II pp. 449-450; Francesc Cambó, «Per la concòrdia», en Llibres, Barcelona, Alpha, 1984, pp. 465-515, esp. p. 469; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 45-46. <<

[385] López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 30-32; Tusell, Radiografía…, pp. 71-83, 94; González Calbet, La Dictadura…, pp. 65-72. <<

[386] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 81-90, 171-175; Francisco Villanueva, La dictadura militar (Crónica documentada de la oposición y la represión bajo el directorio) (1923-1926), Madrid, Javier Morata, 1931, pp. 75-76; Perucho, Catalunya sota la dictadura…, pp. 57-59; Ángel Ossorio y Gallardo, Mis memorias, Buenos Aires, Losada, 1946, p. 130; Madariaga, Spain…, pp. 339-340. <<

[387] ABC, 14 de septiembre de 1923; Tusell, Radiografía…, pp. 151-157, 163-172; González Calbet, La Dictadura…, pp. 77-80; Romero Salvadó, The Foundations…, pp. 290-291. <<

[388] Tusell y García Queipo de Llano, Alfonso XIII…, pp. 411-412; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 361-362; Gómez Navarro, El régimen de Primo…, pp. 107-121; Tusell, Radiografía…, pp. 127-133, 236-239, 268-269. <<

[389] ABC, 15 de septiembre de 1923; Tusell, Radiografía…, pp. 230-231. <<

[390] Fernando del Rey, «El capitalismo catalán y Primo de Rivera. En torno a un golpe de Estado», Hispania, vol. 48, n.º 168, 1988, pp. 289-308. <<

[391] Romero Salvadó, The Foundations…, p. 294; Boyd, Praetorian Politics…, pp. 236-237. <<

[392] ABC, 14 de septiembre de 1923. <<

[393] Ángel Ossorio y Gallardo, Mis memorias, Buenos Aires, Losada, 1946, pp. 131-132; Dionisio Pérez, La Dictadura a través de sus notas oficiosas, Madrid, CIAP, 1930, pp. 13-21; Juan de la Cierva y Peñafiel, Notas de mi vida, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pp. 295-296; Eduardo Ortega y Gasset, España encadenada. La verdad sobre la dictadura, París, Juan Dura, 1925, pp. 160-163. <<

[394] Gabriel Maura, Bosquejo histórico de la Dictadura, Madrid, Tipografía de Archivos, 1930, t. I, pp. 45-47. <<

[395] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 97-112; Shlomo Ben-Ami, Fascism from Above. The Dictatorship of Primo de Rivera in Spain 1923-1930, Oxford, Oxford University Press, 1983, pp. 63-65. <<

[396] Francisco Villanueva, La dictadura militar (Crónica documentada de la oposición y la represión bajo el directorio) (1923-1926), Madrid, Javier Morata, 1931, pp. 29-32; Pedro Sainz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 82-83. <<

[397] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 31, 35-46, 149; Salvador de Madariaga, Spain. A Modern History, Londres, Jonathan Cape, 1961, pp. 346-347; Juan Pando, Historia secreta de Annual, Madrid, Temas de Hoy, 1999, pp. 312-313. <<

[398] ABC, 28 y 29 de junio, 5 de julio de 1924; Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 138-140. <<

[399] María Teresa González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar, Madrid, El Arquero, 1987, pp. 117-121, 206-207; Ramiro Gómez Fernández, La dictadura me honró encarcelándome, Madrid, Javier Morata, 1930, pp. 24-25. <<

[400] Ortega y Gasset, España encadenada…, p. 236. <<

[401] Joaquín Maurín, Los hombres de la Dictadura, Madrid, Cenit, 1930, pp. 122-126. <<

[402] Artur Perucho i Badia, Catalunya sota la dictadura (Dades per a la Història), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018, pp. 52-56. <<

[403] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 332-334; González Calbet, La Dictadura…, pp. 81-84; Jesús Pabón, Cambó, 3 vols., Barcelona, Alpha, 1952-1969, vol. II, p. 448-453, 469; Perucho, Catalunya sota la dictadura…, pp. 82-83. <<

[404] Francesc Cambó, Memòries (1876-1936), Barcelona, Alpha, 1981, pp. 375-379. <<

[405] Perucho, Catalunya sota la dictadura…, pp. 131-151; Pabón, Cambó…, vol. II, pp. 459-461; Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 101-105; José Calvo Sotelo, Mis servicios al Estado. Seis años de gestión. Apuntes para la Historia, Madrid, Imprenta Clásica Española, 1931, pp. 66-71; González Calbet, La Dictadura…, pp. 171-182. <<

[406] Colin M. Winston, Workers and the Right in Spain, 1900-1936, Princeton, Princeton University Press, 1985, pp. 284-290. <<

[407] ABC, 18 de septiembre de 1923; El Socialista, 15 y 18 de septiembre de 1923; Eduardo González Calleja y Fernando Rey Reguillo, La defensa armada contra la revolución. Una historia de las Guardias Cívicas en la España del siglo XX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, pp. 177-200. <<

[408] Q. Saldaña, Al servicio de la justicia. La orgía áurea de la dictadura, Madrid, Javier Morata, 1930, pp. 28-29, 34-39; Eduardo González Calleja, El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, pp. 166-169, 178-182. <<

[409] Véanse, por ejemplo, ABC, 21 de enero y 26 de noviembre de 1925, 18 de agosto de 1927; La Vanguardia, 1 de junio de 1926, 13 de diciembre de 1927, 4 de septiembre de 1928 y 28 de marzo de 1929; González Calleja y Rey Reguillo, La defensa armada…, pp. 200-201; González Calbet, La Dictadura…, pp. 157-162; Ortega y Gasset, España encadenada…, p. 231; Rosa Martínez Segarra, El Somatén Nacional en la Dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1984, pp. 263-277; Alejandro Quiroga, Making Spaniards. Primo de Rivera and the Nationalization of the Masses, 1923-1930, Londres, Palgrave/Macmillan, 2007, pp. 146-164. <<

[410] Villanueva, La dictadura militar…, pp. 76-77. <<

[411] Bernardo Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, Sedmay Ediciones, 1977, pp. 114-115; Rafael Salazar Alonso, La justicia bajo la dictadura, Madrid, CIAP, 1930, pp. 31-42; Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 263-266; Villanueva, La dictadura militar…, pp. 77-105. <<

[412] Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 56-57; Javier Tusell, La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931), Madrid, Cupsa Editorial, 1977, p. 18. <<

[413] Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 14-15; Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 177-179. <<

[414] Eduardo González Calleja, El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, p. 319. <<

[415] Diario de Sesiones de las Cortes, 8 de mayo de 1934; El Socialista, 9, 11 y 12 de mayo; El Progreso, 11 de mayo; El Diario de la Marina, La Habana, 11 de mayo de 1934. <<

[416] Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 114-130, 142-149; Manuel Benavides, El último pirata del Mediterráneo, Barcelona, Imprenta Industrial, 1936, pp. 231-236, 253-254, 296-298; Ramón Garriga, Juan March y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 186-192, 200-204, 211-216; Pere Ferrer, Juan March. El hombre más misterioso del mundo, Barcelona, Ediciones B, 2008, pp. 202-209; Mercedes Cabrera, Juan March (1880-1962), Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 134-137, 150-166, 170-185. <<

[417] Julián Casanova y Carlos Gil Andrés, Historia de España en el siglo XX, Barcelona, Ariel, 2009, p. 92; Valentín del Arco López, «Unamuno frente a Primo de Rivera. De Salamanca al exilio, 1923-1924», en Dolores Gómez Molleda, ed., Actas del Congreso Internacional. Cincuentenario de Unamuno, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1986, pp. 129-179; Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 235-237. <<

[418] José Peirats, La CNT en la revolución española, 3 vols., París, Ruedo Ibérico, 1971², vol. I, p. 37. <<

[419] El Socialista, 13, 14, 18 y 27 de septiembre de 1923; Antonio Ramos Oliveira, Nosotros los marxistas. Lenin contra Marx, Madrid, Júcar, 1979², pp. 145-147; Amaro del Rosal, Historia de la UGT de España 1901-1939, 2 vols., Barcelona, Grijalbo, 1977, vol. I, pp. 260-270; Julio Aróstegui, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013, pp. 171-174; José Luis Martín Ramos, Historia de la UGT. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931, Madrid, Siglo XXI, 2008, vol. II, pp. 143-146. <<

[420] El Socialista, 15 de septiembre de 1923. <<

[421] Francisco Largo Caballero, Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores, Madrid, Javier Morata, 1925, pp. 42-43, 176-184; Enrique de Santiago, La UGT ante la revolución, Madrid, Tipografía Sáez Hermanos, 1932, pp. 24-25, 44; Manuel Cordero, Los socialistas y la revolución, Madrid, Imprenta Torrent, 1932, p. 64; Convocatoria y orden del día para el XII Congreso Ordinario del PSOE, Madrid, Gráfica Socialista, 1927, p. 91. <<

[422] Juan García Oliver, El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978, pp. 77-79. <<

[423] El Socialista, 29 de septiembre y 1 de octubre de 1923; ABC, 29 de septiembre de 1923. <<

[424] El Socialista, 2 de octubre y 1 de noviembre de 1923; David Ruiz, El movimiento obrero en Asturias, Oviedo, Amigos de Asturias, 1968, pp. 188-189; Martín Ramos, Historia de la UGT…, pp. 146-148; Convocatoria…, p. 96. <<

[425] De Santiago, La UGT…, p. 39; Ramos Oliveira, Nosotros los marxistas…, pp. 158-160; Manuel Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus, 1972, p. 776. <<

[426] ABC, 27 de abril de 1926; Tuñón de Lara, La España del siglo XX…, p. 151. <<

[427] Convocatoria…, p.103; El Socialista, 11 y 13 de diciembre de 1923; Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos. Los problemas del socialismo democrático, Madrid, 1974, p. 77; Largo Caballero, Presente y futuro…, pp. 42-47; Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, México DF, Editores Unidos, 1954, pp. 90-92. <<

[428] Ruiz, El movimiento obrero en Asturias…, pp. 190-191; Cordero, Los socialistas…, p. 74; Ramos Oliveira, Nosotros los marxistas…, pp. 151-153; El Socialista, 12 de mayo de 1925 y 26 de febrero de 1926. <<

[429] Vicente Blasco Ibáñez, Alfonso XIII. Unmasked, Londres, Eveleigh, Nash & Grayson, 1925, pp. 24-28, 40-50, 60-65, 73-83. <<

[430] «La veritat sobre la SEITE o el negoci dels tres millions», en Pasquin Rev. 000, n.º 1, vol. 3, Leipzig, 1924, reproducido en Jordi Casassas Ymbert, La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Textos, Barcelona, Anthropos, 1983, pp. 226-230. <<

[431] Casassas Ymbert, La dictadura…, p. 126. <<

[432] España con honra, 5, 6, 7, 8, 17, 24, 31 de enero y 7 de febrero de 1925; Francisco Madrid, Los desterrados de la Dictadura, Madrid, España, 1930, pp. 15-16, 28-34, 130-160; Eduardo Comín Colomer, Unamuno, libelista. Sus campañas contra Alfonso XIII y la Dictadura, Madrid, Vasallo de Mumbert, 1968, pp. 88-89; Valentín del Arco López, «La prensa como fuente: España con honra. Un semanario contra la Dictadura de Primo de Rivera», Studia Histórica. Historia Contemporánea, n.º 6, 1988, pp. 113-142. <<

[433] Madrid, Los desterrados…, pp. 170-176, 182-190; Yolanda Gamarra Chopo, «La ilusión española de la Sociedad de Naciones», en Yolanda Gamarra Chopo y Carlos R. Fernández Liesa, eds., Los orígenes del Derecho internacional contemporáneo. Estudios conmemorativos del Centenario de la Primera Guerra Mundial, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015, pp. 289-293. <<

[434] ABC, 18 de septiembre de 1923. <<

[435] Tusell, La crisis del caciquismo…, pp. 77-84; González Calbet, La Dictadura…, pp. 152-157, 219-224, 235-236; De la Cierva, Notas…, pp. 295-297; Carmelo Lisón-Tolosana, Belmonte de los Caballeros. A Sociological Study of a Spanish Town, Oxford, Clarendon Press, 1966, pp. 216-217. <<

[436] José Tomás Valverde, Memorias de un alcalde, Madrid, Talleres Gráficos Escelicer, 1961, pp. 51-54; Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 224-229; Ramos Oliveira, Nosotros los marxistas…, pp. 147-148; Tusell, La crisis del caciquismo…, pp. 85-116; González Calbet, La Dictadura…, pp. 128-129, 221-226; Casanova y Gil Andrés, Historia…, pp. 90-92; James H. Rial, Revolution from Above. The Primo de Rivera Dictatorship in Spain, 1923-1930, Fairfax, George Mason University Press, 1986, pp. 80-83. <<

[437] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 295-298; Gonzalo Álvarez Chillida, José María Pemán. Pensamiento y trayectoria de un monárquico (1897-1941), Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1996, pp. 22-29; Javier Tusell Gómez, «The Functioning of the Cacique System in Andalusia, 1890-1931», en Stanley G. Payne, ed., Politics and Society in Twentieth-Century Spain, Nueva York, New Viewpoints, 1976, pp. 22-23. <<

[438] Carlos Blanco, La Dictadura y los procesos militares, Madrid, Javier Morata, 1931, pp. 119-121. <<

[439] José Pemartín, Los valores históricos en la dictadura española, Madrid, Publicaciones de la Junta de Propaganda Patriótica y Ciudadana, 1929², pp. 405-418; Saldaña, Al servicio de la justicia…, pp. 46-51; González Calbet, La Dictadura…, pp. 228-237; General E. López de Ochoa, De la Dictadura a la República, Madrid, Zeus, 1930, pp. 63-67. <<

[440] Maura, Bosquejo…, t. I, p. 110. <<

[441] ABC, 14 de noviembre de 1923; Maura, Bosquejo…, t I, pp. 78-81; Conde de Romanones, Notas de una vida, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 480-483; Javier Moreno Luzón, Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998, p. 402. <<

[442] ABC, 20, 21, 23, 24 y 25 de noviembre de 1923; Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 86-92; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 131-132; González Calbet, La Dictadura…, pp. 124-125; Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2001, pp. 446-449. <<

[443] ABC, 22 de diciembre de 1923; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, p. 40. <<

[444] Del Arco López, «Unamuno frente a Primo de Rivera…», pp. 150-151. <<

[445] ABC, 6 de febrero de 1924; Salazar Alonso, La justicia…, pp. 21-25; Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 112-115; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 42-48; Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 269-270; López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 68-69. <<

[446] ABC, 23 de septiembre de 2015; Primo al general Federico Madariaga, 2 de abril de 1925, en José Manuel y Luis de Armiñán Odriozola, eds., Epistolario del Dictador. La figura del general Primo de Rivera, trazada por su propia mano, Madrid, Javier Morata, 1930, pp. 87-88. <<

[447] ABC, 21, 23, 27, 28 de febrero y 22 de marzo de 1924; Villanueva, La dictadura militar…, pp. 111-134; Salazar Alonso, La justicia…, pp. 298-307; Comín Colomer, Unamuno, libelista…, pp. 56-62. <<

[448] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 251-258; Arco López, «La prensa como fuente: España con honra…», p. 120. <<

[449] Comín Colomer, Unamuno, libelista…, pp. 65-68. <<

[450] Madrid, Los desterrados…, pp. 42-51, 237-342. <<

[451] ABC, 12 y 20 de septiembre de 1924; Blanco, La Dictadura y los procesos…, pp. 113-130; Salazar Alonso, La justicia…, pp. 27-30, 267-269; Ossorio y Gallardo, Mis memorias…, pp. 138-141; Antonio Miguel López García, Ángel Ossorio y Gallardo. Biografía política de un conservador heterodoxo, Madrid, Editorial Reus, 2017, pp. 166-167; Julio Gil Pecharromán, José Antonio Primo de Rivera. Retrato de un visionario, Madrid, Temas de Hoy, 1996, pp. 69-72; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, p. 60. <<

[452] ABC, 8 de agosto de 1924; Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 149-155; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, p. 58; «Policiaquismo», Hojas Libres, n.º 5, 1 de agosto de 1927, pp. 84-86. <<

[453] Ferrer, Juan March…, pp. 32, 103-113, 164-165, 189-200; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 42-55, 135-141; Benavides, El último pirata…, pp. 255-274; Madrid, Los desterrados…, pp. 32-34; Cabrera, Juan March…, pp. 62-75, 139-141, 144-150. <<

[454] A. Sáez Alba (seudónimo de Alfonso Colodrón), La otra «cosa nostra». La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, París, Ruedo Ibérico, 1974, pp. IX-XXII; José María García Escudero, Conversaciones sobre Ángel Herrera, Madrid, Rialp/Biblioteca de Autores Cristianos, 1986, pp. 16-20; Juan José Castillo, «Notas sobre los orígenes y primeros años de la Confederación Nacional Católico Agraria», en José Luis García Delgado, ed., La cuestión agraria en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1976, pp. 203-248; Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Tecnos, 1998, pp. 97-100. <<

[455] Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 14-21; González Calbet, La Dictadura…, pp. 238-246. <<

[456] España con Honra, 9 y 14 de febrero de 1925; «Van saliendo los chanchullos», Hojas Libres, n.º 6, 1 de septiembre de 1927, pp. 84-87; Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 340-346; Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 256-260; José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez, Un siglo de España. La economía, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 62-72; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 243-245. <<

[457] ABC, 9 de junio de 1927; David Mitchell, Travellers in Spain, Londres, Cassell, 1990, p. 127; Josefa Paredes, «El americano que expolió España», El Mundo, 4 de diciembre de 2005. <<

[458] «Algunas sinecuras de los renovadores», Hojas Libres, n.º 7, 1 de octubre de 1927, pp. 75-78. <<

[459] Calvo Sotelo, Mis servicios…, p. 332. <<

[460] «Relación de chanchullos de la Dictadura (continuación)», Hojas Libres, n.º 8, 1 de noviembre de 1927, pp. 7-10. <<

[461] «La inmoralidad de la Dictadura», Hojas Libres, n.º 15, junio de 1927, pp. 65-70; Maura, Bosquejo…, t I, p. 345; López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, p. 161; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 245-246. <<

[462] José Luis Gómez Navarro, El régimen de Primo de Rivera, Madrid, Cátedra, 1991, p. 170; Jaume Muñoz Jofre, La España corrupta. Breve historia de la corrupción (de la Restauración a nuestros días, 1976-2016), Granada, Comares, 2016, p. 47. <<

[463] «La torva historia de Anido», Hojas Libres, n.º 2, 1 de mayo de 1927, pp. 81-86. <<

[464] «Los últimos chanchullos», Hojas Libres, n.º 12, marzo de 1928, pp. 59-61. <<

[465] Saldaña, Al servicio de la justicia…, pp. 169-176. <<

[466] Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 194-203; «Grandes negocios. El monopolio petrolífero», Hojas Libres, n.º 4, 1 de julio de 1927, pp. 74-76; «Primo y sus amigos. Estafa de más de dos millones de pesetas», Hojas Libres, n.º 9, diciembre de 1927, pp. 24-25; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 248-250; Ramón Tamames, Ni Mussolini ni Franco. La dictadura de Primo de Rivera y su tiempo, Barcelona, Planeta, 2008, pp. 329-331. <<

[467] Diario de Sesiones de las Cortes, 18, 22 y 23 de mayo de 1934. <<

[468] «La Dictadura de Monipodio», Hojas Libres, n.º 9, diciembre de 1927, pp. 45-48; Perucho, Catalunya sota la dictadura…, pp. 308-310. <<

[469] «Primo y sus amigos», Hojas Libres, n.º 9, diciembre de 1927, pp. 24-29. <<

[470] Miguel de Unamuno, «Democracia y cleptocracia», Hojas Libres, n.º 19, 1 de enero de 1929; Maura, Bosquejo…, , t. II, pp. 71-72; Perucho, Catalunya sota la dictadura…, nota de Josep Palomero, pp. 308-309; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 272-273. <<

[471] «Van saliendo los chanchullos», Hojas Libres, n.º 6, 1 de septiembre de 1927, pp. 82-84; Salazar Alonso, La justicia…, pp. 177-184; López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 69-70; Pedro María Velarde y Fermín Allende Portillo, «Un año selectivo para la banca en Bilbao», en Pablo Martín Aceña y Montserrat Gárate Ojanguren, eds., Economía y empresa en el norte de España. Una aproximación histórica, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994, pp. 171-174. <<

[472] «La inmoralidad de la Dictadura», Hojas Libres, n.º 15, junio de 1927, pp. 70-71; «El homenaje bochornoso al Dictador», Hojas Libres, n.º 11, febrero de 1928, pp. 7481; «La casa del homenaje y el Código Penal», Hojas Libres, n.º 12, marzo de 1928, pp. 65-66. <<

[473] Francisco Hernández Mir, La dictadura ante la Historia. Un crimen de lesa patria, Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930, pp. 245-258; ABC, 9 de marzo de 1929. <<

[474] ABC, 29 de septiembre de 1929. <<

[475] Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 270-272; «Los últimos chanchullos», Hojas Libres, n.º 12, marzo de 1928, p. 62. <<

[476] Pilar Primo de Rivera, Recuerdos de una vida, Madrid, Dyrsa, 1983, p. 29. <<

[477] Miguel de Unamuno, «Psicología de tafetán», Hojas Libres, n.º 2, 1 de mayo de 1927, pp. 1-9. <<

[478] Jacinto Capella, La verdad de Primo de Rivera. Intimidades y anécdotas del dictador, Madrid, Imprenta Hijos de Tomás Minuesa/Librería San Martín, 1933, pp. 16-17, 27-30, 101-102; Andrés Révész, Frente al dictador, Madrid, Biblioteca Internacional, s. d. [1926], p. 44. <<

[479] José María Pemán, Mis almuerzos con gente importante, Barcelona, Dopesa, 1970, pp. 17-18; Madariaga, Spain…, pp. 342-345; Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth, Cambridge, Cambridge University Press, 1943, pp. 78-80. <<

[480] Pemán, Mis almuerzos…, p. 17. <<

[481] Ortega y Gasset, España encadenada…, p. 236; González Calbet, La Dictadura…, pp. 120-121. <<

[482] Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 236-237; Antonio Cordón, Trayectoria. Recuerdos de un artillero, Sevilla, Espuela de Plata, 2008, p. 249; Tusell y García Queipo de Llano, Alfonso XIII…, p. 452; Brenan, The Spanish Labyrinth…, pp. 79-80. <<

[483] ABC, 1, 2 y 3 de octubre de 1926; «Vanidad triangular», Hojas Libres, n.º 1, abril de 1927, p. 71; Gabriele Ranzato, El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, 1931-1939, Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 103. <<

[484] Saldaña, Al servicio de la justicia…, pp. 109-111; Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 244 (desempeños de los montes de piedad), 391 (doble presupuesto); Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 267-268. <<

[485] Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XX, París, Librería Española, 1973², pp. 135-151; Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War. Reform Reaction and Revolution in the Second Spanish Republic, Londres, Routledge, 1994², pp. 12-19; Germà Bel, Infrastructure and the Political Economy of Nation Building in Spain, 1720-2010, Brighton, Sussex Academic Press, 2012, pp. 70-71, 78, 118. <<

[486] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 237-245, 298-303; Saldaña, Al servicio de la justicia…, pp. 179-255; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 41-42. <<

[487] Pemán, Mis almuerzos…, p. 41. <<

[488] Hernández Mir, La dictadura…, pp. 237-239. <<

[489] Ibid., pp. 237-238; Alejandro Quiroga, «Cirujano de Hierro. La construcción carismática del general Primo de Rivera», Revista Ayer, vol. 3, n.º 91, 2013, pp. 154, 159, 163; Cabrera, Juan March…, pp. 156-157. <<

[490] «La gira de “La Nación”», Hojas Libres, n.º 5, 1 de agosto de 1927, pp. 86-89. <<

[491] ABC, 24 de junio de 1924; Saldaña, Al servicio de la justicia…, p. 96; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 75-76, 258. <<

[492] Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 17-18, 316-318; Saldaña, Al servicio de la justicia…, pp. 93-98; Brenan, The Spanish Labyrinth…, p. 79; Quiroga, Making Spaniards…, p. 34. <<

[493] José María Pemán, El hecho y la idea de la Unión Patriótica, Madrid, Imprenta Artística Sáez Hermanos, 1929, pp. 28-29, 105, 308-309. <<

[494] Quiroga, Making Spaniards…, pp. 165-171; González Calbet, La Dictadura…, pp. 130-141; Gómez Navarro, El régimen de Primo…, pp. 230-234. <<

[495] González Calleja, El máuser…, pp. 274-275; Moreno Luzón, Romanones…, pp. 406-408. <<

[496] Hernández Mir, La dictadura…, p. 97; Primo al general Madariaga, 2 de abril de 1925, en De Armiñán Odriozola, Epistolario…, pp. 89-94. <<

[497] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mi vida junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1977, p. 66; Emilio Mola Vidal, Obras completas, Valladolid, Librería Santarén, 1940, pp. 1.024-1.025; Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo (Memorias), 2 vols., Bucarest, Colección Ebro, 1964, vol. I, pp. 108-109; Arturo Barea, The Forging of a Rebel, Londres, Davis-Poynter, 1972, pp. 449, 459-461. <<

[498] Francisco Hernández Mir, La Dictadura en Marruecos. Al margen de una farsa, Madrid, Javier Morata, 1930, p. 145; Pabón, Cambó…, vol. II, pp. 261, 309; Duque de Maura y Melchor Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII, Madrid, Ambos Mundos, 1948, p. 356; Javier Tusell, Radiografía de un golpe de Estado. El ascenso al poder del general Primo de Rivera, Madrid, Alianza, 1987, pp. 35-36. <<

[499] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 62-63, 377-378; George Hills, Franco. The Man and His Nation, Nueva York, Macmillan, 1967, pp. 133-135. <<

Notas 2

[500] Comandante Franco, Diario de una bandera, Madrid, Pueyo, 1922, p. 278. <<

[501] Exageran el papel de Franco sus hagiógrafos, como Joaquín Arrarás, en Franco, Burgos, Imprenta Aldecoa, 1938, pp. 113-114; Brian Crozier, Franco. A Biographical History, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1967, p. 83. Véase David S. Woolman, Rebels in the Rif. Abd el Krim and the Rif Rebellion, Stanford, Stanford University Press, 1969, p. 187. <<

[502] Primo a Merry del Val, 7 de junio de 1925, en De Armiñán Odriozola, Epistolario…, pp. 151-159; Susana Sueiro Seoane, España en el Mediterráneo. Primo de Rivera y la «cuestión marroquí», 1923-1930, Madrid, UNED, 1992, pp. 134-135. <<

[503] Hernández Mir, La Dictadura en Marruecos…, pp. 144-146; Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols., Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, vol. I, p. 171. <<

[504] González Calbet, La Dictadura…, p. 194; Hernández Mir, La Dictadura en Marruecos…, p. 149; Shannon E. Fleming y Ann K. Fleming, «Primo de Rivera and Spain’s Moroccan Problem, 1923-27», Journal of Contemporary History, vol. 12, n.º 1, enero de 1977, p. 87. <<

[505] Gómez Fernández, La dictadura me honró…, pp. 115-116; Gonzalo Queipo de Llano, El general Queipo de Llano perseguido por la dictadura, Madrid, Javier Morato, 1930, p. 105; González Calbet, La Dictadura…, pp. 195-196; Ricardo de la Cierva, Francisco Franco. Biografía histórica, 6 vols., Barcelona, Planeta, 1982, vol. I, pp. 225-226, 236-237. <<

[506] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 311-314; De la Cierva, Francisco Franco…, vol. I, pp. 232-235; Arturo Barea, La forja de un rebelde, Buenos Aires, Losada, 1951, pp. 472-473; Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, Stanford University Press, 1967, p. 211. <<

[507] Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 238-239; Gómez Fernández, La dictadura me honró…, pp. 116-121, 128-129. <<

[508] Cordón, Trayectoria…, pp. 249-251; Arrarás, Franco…, pp. 100-101; Luis de Galinsoga y Francisco Franco Salgado-Araujo, Centinela de Occidente (semblanza biográfica de Francisco Franco), Barcelona, AHR, 1956, pp. 88-91; General Francisco Javier Mariñas, General Varela (de soldado a general), Barcelona, AHR, 1956, pp. 35-36; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 137-138; De la Cierva, Francisco Franco…, vol. I, pp. 235, 238-240. <<

[509] Cordón, Trayectoria…, pp. 251-255; Hernández Mir, La Dictadura en Marruecos…, p. 149; Fleming, «Primo de Rivera…», pp. 87-88; Sebastian Balfour, Deadly Embrace. Morocco and the Road to the Spanish Civil War, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 94-96. Para un relato demoledor de la guerra química empleada por los españoles y sus consecuencias, véanse Balfour, Deadly Embrace…, pp. 131-156 y María Rosa de Madariaga, En el Barranco del Lobo. Las guerras de Marruecos, Madrid, Alianza, 2005, pp. 351-354; Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo…, vol. I, pp. 132-135. <<

[510] Fleming, «Primo de Rivera…», pp. 88-89. <<

[511] Hernández Mir, La dictadura…, pp. 172-179; Informe del general Primo de Rivera, noviembre de 1924, en De Armiñán Odriozola, Epistolario…, pp. 39-47; Balfour, Deadly Embrace…, pp. 96-103. <<

[512] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. I, pp. 175-180; Galinsoga y Franco Salgado, Centinela…, pp. 93-100; Payne, Politics and the Military…, pp. 214-217; Fleming, «Primo de Rivera…», pp. 89-90; González Calbet, La Dictadura…, p. 197; Balfour, Deadly Embrace…, pp. 103-104. El general José Millán Astray, en Franco. El Caudillo, Salamanca, M. Quero y Simón, 1939, p. 14, afirma absurdamente que la operación entera había sido diseñada por Franco. <<

[513] Primo a Magaz, 21 de junio, y a Jordana, 23 de junio de 1925, en De Armiñán Odriozola, Epistolario…, pp. 227-238; Fleming, «Primo de Rivera…», pp. 90-91; González Calbet, La Dictadura…, p. 198-200; Balfour, Deadly Embrace…, pp. 104-108. <<

[514] Primo a Sanjurjo, 4 de junio de 1925, en De Armiñán Odriozola, Epistolario…, pp. 123-126. <<

[515] Madariaga, En el Barranco del Lobo…, pp. 346-350; Balfour, Deadly Embrace…, pp. 109-120; Cabrera, Juan March…, pp. 170-171. <<

[516] Sobre el coste astronómico de la guerra de Marruecos, véanse Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 416-417; Villanueva, La dictadura militar…, pp. 203-204; Pemartín, Los valores históricos…, gráficos n.º 19 y 22, pp. 176-177; González Calbet, La Dictadura…, pp. 201-203. <<

[517] Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 233-234. <<

[518] Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 231-233; Balfour, Deadly Embrace…, pp. 110-111; Francisco Franco, entrada de diario correspondiente al 8 de septiembre de 1925, «Diario de Alhucemas», Revista de Historia Militar, n.º 40, 1976, p. 229; Woolman, Rebels…, pp. 191-193. <<

[519] Woolman, Rebels…, p. 187. Sobre la opinión de Primo acerca del desembarco, véanse sus cartas desde Tetuán, a Magaz, 1, 10 y 12 de septiembre; al duque de Tetuán, 11 de septiembre, y a Sanjurjo, 15 de septiembre de 1925, en De Armiñán Odriozola, Epistolario…, pp. 257-304. El comentario sobre el rey se encuentra en la p. 77. <<

[520] ABC, 13 de octubre de 1925; De Armiñán Odriozola, Epistolario…, pp. 327-330; «Vanidad triangular», Hojas Libres, n.º 1, abril de 1927, pp. 68-70. <<

[521] Antonio Elorza, «El anarcosindicalismo español bajo la dictadura (1923-1930). La génesis de la Federación Anarquista Ibérica», Revista de Trabajo, n.º 39-40, 1972, pp. 123-477; González Calleja, El máuser…, pp. 321-344. <<

[522] Ricardo Sanz, El sindicalismo y la política. Los «Solidarios» y «Nosotros», Toulouse, Imprimerie Dulaurier, 1966, pp. 150-152; Adolfo Bueso, Recuerdos de un cenetista I. De la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931), Barcelona, Ariel, 1976, p. 203. <<

[523] González Calleja, El máuser…, pp. 306-314. <<

[524] Madrid, Los desterrados…, pp. 193-200; Enrique Ucelay-Da Cal, Estat Català. The Strategies of Separation and Revolution of Catalan Radical Nationalism (1919-1933) [tesis doctoral, Universidad de Columbia, 1979], Ann Arbor (Michigan), University Microfilms International, 1979, pp. 74-91, 95-103, 130-138; Edgar Allison Peers, Catalonia Infelix, Londres, Methuen, 1937, pp. 168, 175; Enric Jardí, Francesc Macià. El camí de la llibertat (1905-1931), Barcelona, Aymà, 1977, pp. 76-123. <<

[525] Sanz, El sindicalismo y la política…, pp. 140-142; Madrid, Los desterrados…, pp. 245-250; González Calleja, El máuser…, p. 315. <<

[526] José Peirats, La CNT en la revolución española…, vol. I, pp. 37-42; García Oliver, El eco…, pp. 99, 111, 115-116; Pío Baroja, La selva oscura. La familia de Errotacho, Madrid, Espasa Calpe, 1932, pp. 111-180; González Calleja, El máuser…, pp. 315-320. <<

[527] Baroja, La selva oscura…, pp. 201-202, 244-248, 269-282; Gómez Fernández, La dictadura me honró…, pp. 24-29; Ernest Hemingway, Death in the Afternoon, Londres, Jonathan Cape, 1966, p. 258. Las ramificaciones del asunto se estudian con gran lucidez en Miriam B. Mandel, Hemingway’s «Death in the Afternoon». The Complete Annotations, Lanham (Maryland), Scarecrow Press, 2002, pp. 113-121. <<

[528] ABC, 30 de enero de 1924; González Calleja, El máuser…, pp. 221 (nota 370), 286-287; José Luis Vila-San Juan, La vida cotidiana en España durante la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Argos Vergara, 1984, pp. 263-266; Tuñón de Lara, La España del siglo XX…, pp. 157-158. <<

[529] ABC, 13 y 15 de mayo de 1924; Blanco, La Dictadura y los procesos…, pp. 73-112, 209; Salazar Alonso, La justicia…, p. 86; Villanueva, La dictadura militar…, pp. 164-173; González Calbet, La Dictadura…, pp. 208-210. <<

[530] ABC, 3 de diciembre de 1925. <<

[531] González Calbet, La Dictadura…, p. 127. Sobre las inversiones del rey, véase Guillermo Cortázar, Alfonso XIII. Hombre de negocios, Madrid, Alianza, 1986. <<

[532] Sobre Aunós, véanse Amadeu Hurtado, Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps 1894-1936, Barcelona, Edicions 62, 2011², p. 488; González Cuevas, Acción Española…, pp. 102-105. Sobre Calvo Sotelo, véanse Aurelio Joaniquet, Calvo Sotelo. Una vida fecunda, un ideario político, una doctrina económica, Madrid, Espasa Calpe, 1939, pp. 44-91; Eduardo Aunós, Calvo Sotelo y la política de su tiempo, Madrid, Ediciones Españolas, 1941, pp. 33-55; Alfonso Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo, Barcelona, Ariel, 2004. <<

[533] «Figuras del régimen. Don Galo Ponte», Hojas Libres, n.º 13 y 14, mayo de 1928, pp. 63-64; Saldaña, Al servicio de la justicia…, pp. 21-22; Salazar Alonso, La justicia…, pp. 84-87. <<

[534] Gómez Navarro, El régimen de Primo…, pp. 153-157. <<

[535] Manuel Azaña, Obras completas, 4 vols., México, Oasis, 1966-1968, vol. 4, p. 116; «Informe en la defensa de don Galo Ponte», en José Antonio Primo de Rivera, Obras, Madrid, Sección Femenina de FET y de las JONS, 1966⁴, pp. 15-36. <<

[536] De la Cierva, Notas…, pp. 298-300, 305-306. <<

[537] Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 123-126; Juan José Linz, «Continuidad y discontinuidad en la elite política española: de la Restauración al régimen autoritario», en Obras Escogidas. Partidos y elites políticas en España, 7 vols., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008-2013, vol. VI, p. 765; Tusell, La crisis del caciquismo…, pp. 156-164. <<

[538] José Sánchez Guerra, Al servicio de España. Un manifiesto y un discurso, Madrid, Javier Morato, 1930, pp. 11-38; Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 15-26; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 143-149; Gómez Navarro, El régimen de Primo…, pp. 265-268; González Calleja, El máuser…, pp. 471-480; «Una entrevista con el Conde de Romanones», Hojas Libres, n.º 7, 1 de octubre de 1927, pp. 30-38; Maurín, Los hombres…, pp. 51-54, 60-66. <<

[539] Blanco, La Dictadura y los procesos…, pp. 131-137; Joan Crexell i Playà, El complot de Garraf, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, pp. 51-74, 92-98; Perucho, Catalunya sota la dictadura…, pp. 289-290. <<

[540] Miguel de Unamuno, «A mis hermanos de España, presos en ella», Hojas Libres, n.º 10, enero de 1928, pp. 1-10. <<

[541] «Los sucesos de Vera», Hojas Libres, n.º 1, abril de 1927, pp. 16-26; «Un interviú con el capitán Cueto», Hojas Libres, n.º 3, junio de 1927; Blanco, La Dictadura y los procesos…, pp. 20-72, 207; Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 274-281; Perucho, Catalunya sota la dictadura…, pp. 284-288; Madariaga, Spain…, pp. 356-357; Villanueva, La dictadura militar…, pp. 174-180; Vicente Marco Miranda, Las conspiraciones contra la Dictadura, Madrid, Tebas, 1975², pp. 35-38; González Calleja, El máuser…, pp. 288-289; Aurelio Gutiérrez, «Juan Cueto, Bera sucesos octubre 1925», <http://bidasoaikerketazentroa.blogspot.co.uk/2013/11/juan-cueto-bera-sucesos-octubre-1925.html>. <<

[542] Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada, Weyler. Nuestro hombre en La Habana, Barcelona, Planeta, 1997, pp. 297-301. <<

[543] Primo al duque de Tetuán, 2, 23 de abril y 8 de octubre; a Jordana, 5 de junio; a Magaz, 6 de octubre; a Vallespinosa, 8 de octubre de 1925, en De Armiñán Odriozola, Epistolario…, pp. 77-83, 131-137, 241-245, 309-311, 319-323, 327-330; López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 78-105; Gómez Fernández, La dictadura me honró…, pp. 167-173. <<

[544] Marco Miranda, Las conspiraciones…, pp. 53-63; Gómez Fernández, La dictadura me honró…, pp. 174-175, 189-192; Cardona y Losada, Weyler…, pp. 302-305; Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930, Madrid, Alianza, 2005, pp. 365-367; González Calleja, El máuser…, pp. 451-466; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 360-361; Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 86-91. <<

[545] ABC, 26 de junio de 1926; Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 317-322; Gómez Fernández, La dictadura me honró…, pp. 27-47; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 86-87; Moreno Luzón, Romanones…, pp. 405-411; Romanones, Notas…, pp. 487-488; Pemán, Mis almuerzos…, pp. 46-49. <<

[546] Blanco, La Dictadura y los procesos…, pp. 73-95, 207; Madrid, Los desterrados…, pp. 225-233; Jardí, Francesc Macià…, pp. 136-154; Ucelay-Da Cal, Estat Català…, pp. 268-277; Peers, Catalonia Infelix…, pp. 184-185; González Calleja, El máuser…, pp. 388-402. <<

[547] Michael Alpert, La reforma militar de Azaña (1931-1933), Madrid, Siglo XXI, 1982, pp. 106-109, 120; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 356-358. <<

[548] López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 106-124; Hernández Mir, La dictadura…, pp. 259-272; Marco Miranda, Las conspiraciones…, pp. 75-77. <<

[549] López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 118-124; Maura, Bosquejo…, t. I, pp. 325-337, 360-377; González Calleja, El máuser…, pp. 466-470. <<

[550] Queipo de Llano, El general Queipo de Llano perseguido…, pp. 214-229; Antonio Olmedo Delgado y general José Cuesta Monereo, General Queipo de Llano. Aventura y audacia, Barcelona, AHR, 1958, p. 71. <<

[551] Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 361-364; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 368, 395. <<

[552] Eduardo Aunós, La política social de la Dictadura, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1944, pp. 46-63. <<

[553] Maurín, Los hombres…, pp. 188-191; Boletín de la Unión General de Trabajadores de España, agosto y septiembre de 1929; El Socialista, 1 de septiembre de 1929; Juan Andrade, La burocracia reformista en el movimiento obrero, Madrid, Gleba, 1935, pp. 208-209; Sanz, El sindicalismo y la política…, p. 149; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 330-334. <<

[554] Entrevista a Mercedes Castellanos, Estampa, 24 de abril de 1924; ABC, 24, 28, 29 de abril, 1, 2, 8,15, 22, 23, 27, 29, 30 de mayo, 1 y 9 de junio de 1924; Garriga, Juan March…, pp. 236-238. <<

[555] Luis Jiménez de Asúa, Notas de un confinado, Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930, pp. 33-59; Gómez Fernández, La dictadura me honró…, pp. 134-140, 200-222; Comín Colomer, Unamuno, libelista…, pp. 74-79. <<

[556] «La reforma universitaria», Hojas Libres, n.º 15, junio de 1926, pp. 89-95; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 239-249; Saldaña, Al servicio de la justicia…, pp. 119-140; Comín Colomer, Unamuno, libelista…, pp. 79-83; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 351-354. <<

[557] Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 168-170; López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 136-142; González Calleja, El máuser…, pp. 476-481, 494; Cabrera, Juan March…, pp. 184-186. <<

[558] Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada española, 8 vols., 36 tomos, Madrid, Ediciones Españolas, 1939-1943, vol. I, p. 177. <<

[559] ABC, 30 de enero y 3 de febrero de 1929; Rafael Sánchez Guerra, El movimiento revolucionario de Valencia. Relato de un procesado, Madrid, CIAP, 1930³, pp. 63-72, 89-97, 107-111, 127-133; Madariaga, Spain…, pp. 358-360; Blanco, La Dictadura y los procesos…, pp. 163-169; Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 206-220, 294-297, 329-330; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 226-233; López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 143-168; González Calleja, El máuser…, pp. 482-493. <<

[560] ABC, 5, 27 de noviembre y 17 de diciembre de 1929; Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 78-86; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 253, 274-275, 293-300; Calvo Sotelo, Mis servicios…, p. 338. <<

[561] Juan José Castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 1979, pp. 337-359; Eduardo Aunós, Itinerario histórico de la España contemporánea, Barcelona, Bosch, 1940, pp. 377-379; Eduardo Aunós, España en crisis (1874-1936), Buenos Aires, Librería del Colegio, 1942, pp. 289-293. <<

[562] De Santiago, La UGT…, p. 45; Gabriel Morón, El Partido Socialista ante la realidad política española, Madrid, Cénit, 1929, pp. 124-135; Maurín, Los hombres…, pp. 188-189. <<

[563] Maura, Bosquejo…, t. II, p. 309. <<

[564] Dámaso Berenguer, De la Dictadura a la República, Madrid, Plus Ultra, 1946, pp. 9-10; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 365-371, 378-382. <<

[565] ABC, 4 y 10 de diciembre de 1929; Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 338-341; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 380-384. <<

[566] Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 324-328; Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 341-352. <<

[567] Ortega y Gasset, España encadenada…, pp. 246-247; Aunós, España en crisis…, pp. 310-313; Julián Cortés Cavanillas, La caída de Alfonso XIII. Causas y episodios de una revolución, Madrid, Librería de San Martín, 1933⁷, pp. 58-59, 62. <<

[568] 1 de enero de 1930. <<

[569] Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 331-332; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 305-307; González Calleja, El máuser…, pp. 494-497; Aunós, España en crisis…, pp. 313314. <<

[570] Francesc Cambó, La valoració de la pesseta, Barcelona, Llibreria Catalonia, 1929; los números de página corresponden a la edición de Llibres, Barcelona, Alpha, 1984, pp. 302-306, 318-321. <<

[571] ABC, 4, 21 y 24 de diciembre de 1929; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 301-334; Calvo Sotelo, Mis servicios…, p. 214; Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 274-276; Ben-Ami, Fascism from Above…, pp. 342-343. <<

[572] La Vanguardia, 8 y 10 de enero de 1930; ABC, 9 de enero de 1930; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 314-316. <<

[573] ABC, 21 y 22 de enero de 1930; Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 354-358; Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 310-312; Cabrera, Juan March…, pp. 185-186. <<

[574] ABC, 26 de enero de 1930; Maura, Bosquejo…, t. II, pp. 334-336; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 369-370; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 320-331; Francisco Villanueva, ¿Qué ha pasado aquí?, Madrid, Javier Morata, 1930, pp. 173-179; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 17-18; Ana de Sagrera, Miguel Primo de Rivera. El hombre, el soldado y el político, Jerez de la Frontera, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 1974, p. 348; Ossorio y Gallardo, Mis memorias…, p. 154. <<

[575] ABC, 29 y 30 de enero de 1930; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, pp. 324-331; Villanueva, ¿Qué ha pasado aquí?…, pp. 185-186; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 20-34. <<

[576] Eduardo Aunós, Primo de Rivera. Soldado y gobernante, Madrid, Alhambra, 1944, pp. 219-225; Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 370-373. <<

[577] Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII, México DF, Imprenta Mañez, 1966, pp. 44-45; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 112-113; Gómez Navarro, El régimen de Primo…, pp. 520-529. <<

[578] ABC, 9 de septiembre de 1930; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 396-397; Gil Pecharromán, José Antonio…, pp. 109-113; Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo… pp. 261-262; Julio Gil Pecharromán, «Sobre España inmortal, solo Dios». José María Albiñana y el Partido Nacionalista Español (1930-1937), Madrid, UNED, 2000, pp. 77-94. <<

[579] Berenguer, De la Dictadura…, pp. 44-49, 58-63; Ossorio y Gallardo, Mis memorias…, p. 155. <<

[580] ABC, 7 de febrero de 1930; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 531-532; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 68-75, 81-93; López de Ochoa, De la Dictadura a la República…, pp. 219-222. <<

[581] Calvo Sotelo, Mis servicios…, pp. 361-370, 375-461; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 70-71; Ricardo Robledo, «Mercado de trabajo, guerra social y “complot” anarquista en el campo sevillano. Las bombas de mayo (1932)», Historia Social, n.º 92, 2018, pp. 23-24. <<

[582] Maura, Así cayó…, pp. 50-57; Sánchez Guerra, Al servicio…, pp. 53-92; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 98-104; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 254-256; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 535-536. <<

[583] El Sol, 13, 15, 29 y 30 de abril, 1, 6, 25, 29, 30 y 31 de mayo de 1930; Niceto Alcalá Zamora, Discursos, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 474-496; Niceto Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 127-132; Ossorio y Gallardo, Mis memorias…, pp.165-166. <<

[584] ABC, 1 de junio de 1930; Shlomo Ben-Ami, The Origins of the Second Republic in Spain, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp. 56-57. <<

[585] Berenguer, De la Dictadura…, pp. 49-54; Carlos Sambricio, Memorias inéditas de Secundino Zuazo, 1919-1940. Madrid y sus anhelos urbanísticos, San Sebastián, Nerea, 2003, pp. 181-182. <<

[586] Comandante Franco [Ramón], Madrid bajo las bombas, Madrid, Zeus, 1931, p. 102. <<

[587] Mola Vidal, Obras completas…, pp. 240-251, 259-260, 276-277, 352-355; González Calleja, El máuser…, pp. 509-511. Sobre los cargos oficiales que ocupaban los socialistas, véase Andrade, La burocracia reformista…, pp. 242-248. <<

[588] Ben-Ami, The Origins…, pp. 49-51, 54-56, 59-63, 73-76; Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, Madrid, Giner, 1976, pp. 139-147; Nigel Townson, The Crisis of Democracy in Spain. Centrist Politics under the Second Republic 1931-1936, Brighton, Sussex Academic Press, 2000, pp. 12-14; Azaña, Obras…, vol. 2, pp. 7-17, vol. III, pp. 573-576. <<

[589] El Sol, 26, 27 y 29 de abril de 1930; Indalecio Prieto, Con el Rey o contra el Rey, México DF, Oasis, 1972, pp. 289-306; Berenguer, De la Dictadura…, p. 126; Maura, Así cayó…, pp. 57-59; Gabriel Mario de Coca, Anti-Caballero. Crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista, Madrid, Engels, 1936, p. 18. <<

[590] El Sol, 2, 3, 4 y 6 de mayo de 1930; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 329-333. <<

[591] Mola Vidal, Obras completas…, pp. 282-289, 308-309, 314-325. <<

[592] Constancio Bernaldo de Quirós, «Informe acerca del paro de los jornaleros del campo de Andalucía durante el otoño de 1930», en Ministerio de Trabajo y Previsión Social, La Crisis andaluza de 1930-1931, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1931, pp. 8-35; Cordero, Los socialistas…, pp. 93-94. <<

[593] Cordero, Los socialistas…, p. 88; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 353-354, 373, 394, 399, 404, 421, 437-446. <<

[594] Tuñón, El movimiento obrero…, p. 790; Ruiz, El movimiento obrero en Asturias…, pp. 214-217. <<

[595] El Sol, 19 de agosto de 1930; Maura, Así cayó…, pp. 70-72; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 382-383, 394; Alejandro Lerroux, La pequeña historia. Apuntes para la Historia grande vividos y redactados por el autor, Buenos Aires, Cimera, 1945, pp. 54-56; Ben-Ami, The Origins…, pp. 76-84. Sobre el carácter heterogéneo del comité, véase Joaquín Pérez Madrigal, Pérez. Vida y trabajos de uno, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pp. 68-79. <<

[596] Azaña, anotación del diario del 3 de abril de 1923, Obras…, vol. 4, p. 367; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 63-64; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 164-170. <<

[597] Coca, Anti-Caballero…, pp. 20-23; Largo Caballero, Mis recuerdos…, p. 109; Ben-Ami, The Origins…, pp. 76-84. <<

[598] El Sol, 27, 30 de septiembre y 21 de octubre de 1930; Ben-Ami, The Origins…, pp. 84-86; Aróstegui, Largo Caballero…, pp. 215-222; José Peirats, Los anarquistas en la crisis política española, Buenos Aires, Alfa, 1964, pp. 53-65. <<

[599] Mola Vidal, Obras completas…, pp. 349, 394-395, 408-412, 435; Franco, Madrid bajo las bombas…, pp. 87, 104-114; Ramón Garriga, Ramón Franco, el hermano maldito, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 173-178, 182-189; Carmen Díaz, Mi vida con Ramón Franco, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 94-153; Gonzalo Queipo de Llano, El movimiento reivindicativo de Cuatro Vientos, Madrid, Tipografía Yagües, 1933, pp. 54-55, 63-64. <<

[600] Maura, Así cayó…, pp. 81-85, 92-93; Indalecio Prieto, Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes sucesos, 3 vols., México DF, Oasis, 1967-1969, vol. II, pp. 323-325. <<

[601] Maura, Así cayó…, pp. 102-104; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 417-421, 429-435, 471-482. <<

[602] Mola Vidal, Obras completas…, pp. 437-449; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 212-215; González Calleja, El máuser…, pp. 555-558. <<

[603] El Sol, 15 de noviembre de 1930; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 126-128; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 554-556; Ossorio y Gallardo, Mis memorias…, pp. 157-159. <<

[604] José María Azpíroz Pascual y Fernando Elboj Broto, La sublevación de Jaca, Zaragoza, Guara, 1984, pp. 33-40, 81-87; Graco Marsá, La sublevación de Jaca. Relato de un rebelde, Madrid, Zeus, 1931², pp. 57-81, 159-189; Maura, Así cayó…, pp. 109-112; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 471-475; Berenguer, De la Dictadura…, p. 237; Franco Salgado-Araujo, Mi vida…, p. 92; Manuel Tuñón de Lara, «La sublevación de Jaca», Historia 16, n.º 1, pp. 57-64; Ben-Ami, The Origins…, pp. 94-96. <<

[605] Ossorio y Gallardo, Mis memorias…, pp. 161-163; Henry Buckley, Life and Death of the Spanish Republic, Londres, Hamish Hamilton, 1940, pp. 29-30; Azpíroz y Elboj, La sublevación…, pp. 109-117; Julio Álvarez del Vayo, The Last Optimist, Londres, Putnam, 1950, pp. 197-198; Manuel de Burgos y Mazo, ¿De la República a…?, Madrid, Javier Morata, 1931, pp. 83-84. <<

[606] Franco, Madrid bajo las bombas…, pp. 164-175; Garriga, Ramón Franco…, pp. 202-204; Queipo de Llano, El movimiento reivindicativo…, pp. 91-113, 121-128; Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo. Memorias, 2 vols., Bucarest, Colección Ebro, 1964, vol. I, pp. 214-224; Maura, Así cayó…, pp. 112-113. <<

[607] El Socialista, 8-13 de octubre de 1932; Álvarez del Vayo, The Last Optimist…, p. 198. <<

[608] Mola Vidal, Obras completas…, pp. 447, 543; Largo Caballero, Mis recuerdos…, pp. 111-113; Andrés Saborit, Julián Besteiro, Buenos Aires, Losada, 1967, pp. 195-198; Diario de Sesiones de las Cortes, 11 de abril de 1934. <<

[609] Peirats, Los anarquistas…, pp. 67-68; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 544545, 557-565; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 253-254; Rafael Sánchez Guerra, Proceso de un cambio de régimen. Historia y murmuración, Madrid, CIAP, 1932, pp. 42-44, 49-57, 61-87. <<

[610] Maura, Así cayó…, pp. 105-109; Buckley, Life and Death…, p. 168; Indalecio Prieto, De mi vida. Recuerdos, estampas, siluetas, sombras…, 2 vols., México DF, Oasis, 1968, vol. I, pp. 101-105. <<

[611] Azpíroz y Elboj, La sublevación…, p. 66; ABC, 14 y 15 de febrero de 1931. <<

[612] Maura, Así cayó…, pp. 119-125; Sánchez Guerra, Proceso…, pp. 141-146; Joaquín Chapaprieta Torregrosa, La paz fue posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1971, pp. 146-148; De Burgos y Mazo, ¿De la República a…? pp. 85-95. <<

[613] ABC, 17, 18 y 19 de febrero de 1931; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 320-333; Marqués de Hoyos, Mi testimonio, Madrid, Afrodisio Aguado, 1962, pp. 47-51; Ben-Ami, The Origins…, pp. 202-205. <<

[614] Maura, Así cayó…, pp. 126-127; Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII…, pp. 382-385. <<

[615] ABC, 14, 17 y 19 de marzo de 1931; Azpíroz y Elboj, La sublevación…, pp. 144-149; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 735-738; Maura, Así cayó…, pp. 131-132; Hoyos, Mi testimonio…, pp. 73-74. <<

[616] ABC, 21, 22 y 25 de marzo de 1931; Maura, Así cayó…, pp. 132-138; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 739-750; Berenguer, De la Dictadura…, pp. 345-348; Hoyos, Mi testimonio…, pp. 77-100. <<

[617] ABC, 7, 8, 10, 20, 21, 24 y 25 de marzo de 1931; Hoyos, Mi testimonio…, pp. 107-110; De la Cierva, Notas…, pp. 359-360; Ben-Ami, The Origins…, pp. 218-227. <<

[618] ABC, 8, 10 y 12 de abril de 1931; El Debate, 8, 9 y 10 de abril de 1931; Ben-Ami, The Origins…, pp. 228-237. <<

[619] Ramón de Alderete, …y estos borbones nos quieren gobernar, París, edición del autor, 1974, p. 31; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 825-831, 836-843, 850-851. <<

[620] Maura, Así cayó…, pp. 146-150; Conde de Romanones, Y sucedió así. Aportación para la Historia, Madrid, Espasa Calpe, 1947, pp. 23-38; De la Cierva, Notas…, pp. 361-362; Conde de Romanones, Las últimas horas de una monarquía. La República en España, Madrid, Javier Morata, 1931, pp. 91-93. <<

[621] Hurtado, Quaranta anys…, pp. 576-577; Peers, Catalonia Infelix…, pp. 190-192; Arnau González i Vilalta, Lluís Companys. Un home de govern, Barcelona, Base, 2009, pp. 145-146. <<

[622] Berenguer, De la Dictadura…, pp. 355-358, 361-371; Hoyos, Mi testimonio…, pp. 126-143; Maura, Así cayó…, pp. 165-169; Ben-Ami, The Origins…, pp. 238-252; Rafael Borràs Betriu, Cambio de régimen. Caída de la Monarquía y proclamación de la República, Barcelona, Flor de Viento Ediciones, 2001, p. 233. <<

[623] Eduardo Aunós, Calvo Sotelo y la política de su tiempo, Madrid, Ediciones Españolas, 1941, pp. 46-47; Palabras del Caudillo 19 abril 1937 – 7 diciembre 1942, Madrid, Vicesecretaría de Educación Popular, 1943, p. 214. <<

[624] Javier Moreno Luzón, «Fernando siete y medio. Los escándalos de corrupción de Alfonso XIII», en Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján, dirs., La corrupción política en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons Historia, 2018, pp. 259-260. <<

[625] Rafael Cruz, Una revolución elegante. España 1931, Madrid, Alianza, 2014, pp. 74-101. <<

[626] Discurso de Azaña, 19 de noviembre de 1931, Manuel Azaña, Obras completas, 4 vols., México, Oasis, 1966-1968, vol. III, pp. 81-83. <<

[627] Shlomo Ben-Ami, The Origins of the Second Republic in Spain, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp. 169-174, 183-186; Martin Blinkhorn, «Right-wing Utopianism and harsh reality. Carlism, the Republic and the Crusade» y Paul Preston, «Alfonsist monarchism and the coming of the Spanish Civil War», ambos en Martin Blinkhorn, ed., Spain in Conflict 1931-1939. Democracy and its Enemies, Londres, Sage, 1986, pp. 160-163, 183-190; Julio Gil Pecharromán, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Madrid, Eudema, 1994, pp. 69-86; Miguel Platón, Alfonso XIII. De Primo de Rivera a Franco. La tentación autoritaria de la Monarquía, Barcelona, Plaza y Janés, 1998, pp. 271-274. <<

[628] Diego Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, Planeta, 1983, p. 77; Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII. De una dictadura a otra, edición de Joaquín Romero Maura, Madrid, Marcial Pons Historia, 2007², p. 404. <<

[629] Tierra y Libertad, 15 de septiembre de 1933. <<

[630] Constancio Bernaldo de Quirós, «Informe acerca del paro de los jornaleros del campo de Andalucía durante el otoño de 1931», reimpreso en El espartaquismo agrario y otros ensayos sobre la estructura económica y social de Andalucía, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1978, pp. 99-126; El Socialista, 14 y 29 de enero, 18 de marzo de 1931; Jacques Maurice, La reforma agraria en España en el siglo XX, Madrid, Siglo XXI, 1975, pp. 22-24. <<

[631] Niceto Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 170-174, 203-204; Joaquín Romero Maura, «Introducción», Maura, De una dictadura a otra…, pp. 109-111. <<

[632] Nigel Townson, The Crisis of Democracy in Spain. Centrist Politics under the Second Republic 1931-1936, Brighton, Sussex Academic Press, 2000, pp. 13-16. <<

[633] Carolyn P. Boyd, «Responsibilities and the Second Spanish Republic 1931-1936», en European History Quarterly, vol. 14, 1984, pp. 151-182; Moreno Luzón, «Fernando siete y medio…», pp. 260-261, 272-274; Ángel Ossorio y Gallardo, Mis memorias, Buenos Aires, Losada, 1946, pp. 185-188. <<

[634] El Debate, 3 de septiembre de 1931; ABC, 5 de septiembre de 1931; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 178-179; Azaña, anotaciones de sus diarios correspondientes al 2 y el 11 de septiembre de 1931, Obras…, vol. IV, pp. 115-116, 124; Boyd, «Responsibilities…», p. 164. <<

[635] El Obrero de la Tierra, 10 y 17 de septiembre de 1932; Boletín de la UGT, noviembre de 1931. El PSOE también experimentó un crecimiento espectacular en el sur; véanse las Actas de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Fundación Pablo Iglesias, AH-20-1, 26 de mayo, 4 y 10 de septiembre de 1931, 14 y 28 de enero y 11 de febrero de 1932. <<

[636] Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, México DF, Editores Unidos, 1954, p. 121; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 141-144; Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII, México DF, Imprenta Mañez, 1962, pp. 84-85. <<

[637] Azaña, anotación correspondiente al 9 de octubre de 1931, Obras…, vol. IV, p. 163. <<

[638] Azaña, anotación correspondiente al 28 de agosto de 1931, Obras…, vol. IV, p. 107; Joaquín Pérez Madrigal, Pérez. Vida y trabajos de uno, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, pp. 84-102, 108-116. <<

[639] Renovación, 20 de abril y 10 de mayo de 1931; Largo Caballero, Mis recuerdos…, p. 117; Juan-Simeón Vidarte, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933, Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 22. <<

[640] Maura, Así cayó…, Imprenta Mañez, pp. 209-210, 216-222; Jordi Palafox, Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española, 1892-1936, Barcelona, Crítica, 1991, p. 180. <<

[641] Santos Juliá Díaz, Historia del socialismo español (1931-1939), Barcelona, Conjunto, 1989, pp. 43-44; Palafox, Atraso económico…, pp. 155, 192-193, 209; Maura, Así cayó…, Imprenta Mañez, p. 201; Azaña, anotaciones correspondientes al 9 de enero y 11 de mayo de 1932, Obras…, vol. IV, pp. 302, 382. <<

[642] Azaña, anotaciones correspondientes al 6 y el 13 de noviembre de 1931, Obras…, vol. IV, pp. 216-217, 227. <<

[643] Edward E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, Yale University Press, 1970, pp. 166-171; Boletín de la UGT, mayo y junio de 1931; Alejandro López López, El boicot de las derechas a las reformas de la Segunda República. La minoría agraria, el rechazo constitucional y la cuestión de la tierra, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 1984, pp. 245-262. <<

[644] Maura, Así cayó…, Imprenta Mañez, pp. 264-272. <<

[645] El Debate, 21 de abril, 9 y 30 de mayo y 17 de junio de 1931; José Monge Bernal, Acción Popular. Estudios de biología política, Madrid, Imprenta Sáez Hermanos, 1936, pp. 114-115, 122, 126-129; Manuel Álvarez Tardío, José María Gil-Robles. Leader of the Catholic Right during the Spanish Second Republic, Brighton, Sussex Academic Press, 2018, pp. 30-49; Maura, De una dictadura a otra…, pp. 404, 423-425. <<

[646] Ismael Saz Campos, Mussolini contra la II República. Hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936), Valencia, Alfons el Magnànim, 1986, pp. 97-101; Enrique Selva Roca de Togores, «Giménez Caballero en los orígenes ideológicos del fascismo español», Estudis d’Història Contemporània del País Valencià, n.º 9, 1991, pp. 183-213. <<

[647] José María Albiñana, Después de la dictadura. Los cuervos sobre la tumba, Madrid, CIAP, 1930², pp. 252-259; Julio Gil Pecharromán, «Sobre España inmortal, solo Dios». José María Albiñana y el Partido Nacionalista Español (1930-1937), Madrid, UNED, 2000, pp. 133-137. <<

[648] Ramiro Ledesma Ramos, ¿Fascismo en España?, 2.ª ed., Barcelona, Ariel, 1968, pp. 77-81; Ferran Gallego, Ramiro Ledesma Ramos, Madrid, Síntesis, 2005, pp. 64-92; Tomás Borrás, Ramiro Ledesma Ramos, Madrid, Editora Nacional, 1971, pp. 216, 248-250; Herbert Rutledge Southworth, «The Falange. An Analysis of Spain’s Fascist Heritage», en Paul Preston, ed., Spain in Crisis. The Evolution and Decline of the Franco Regime, Hassocks, Harvester Press, 1976, p. 6. <<

[649] Anónimo (Javier Martínez de Bedoya), Onésimo Redondo. Caudillo de Castilla, Valladolid, Libertad, 1937, pp. 18-37; Ledesma Ramos, ¿Fascismo…?, p. 99; Gallego, Ramiro Ledesma Ramos…, pp. 94-115. <<

[650] Raffaele Guariglia, Ambasciata in Spagna e primi passi in diplomazia 1932-1934, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1972, pp. 304-305; Saz Campos, Mussolini contra la II República…, pp. 111-112, 140-145; Pedro Sainz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 220-222; José María Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 1968, pp. 442-443. <<

[651] Hilari Raguer, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española, Barcelona, Península, 2001, pp. 43-45; Arxiu Vidal i Barraquer, Església i Estat durant la Segona República espanyola 1931-1936, 4 vols., 8 t., Monestir de Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1971-1990, vol. I, 1.ª parte, p. 24. <<

[652] José María Pemán, Mis almuerzos con gente importante, Barcelona, Dopesa, 1970, p. 143. <<

[653] Santiago Martínez Sánchez, Los papeles perdidos del cardenal Segura, 1880-1957, Pamplona, Universidad de Navarra, 2004, pp. 238-247; Hilari Raguer, «“España ha dejado de ser católica.” La Iglesia y el “alzamiento”», en Francisco Sánchez Pérez, ed., Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 244-247. <<

[654] Maura, Así cayó…, Imprenta Mañez, pp. 293-307; Juan de Iturralde (seudónimo de Juan José Usabiaga Irazustabarrena), La guerra de Franco. Los vascos y la Iglesia, 2 vols., San Sebastián, Clero Vasco, 1978, vol. I, pp. 201-203; Raguer, La pólvora y el incienso…, pp. 48-51. <<

[655] Maura, Así cayó…, Imprenta Mañez, pp. 240-264; Azaña, anotación correspondiente al 10 de enero, Obras…, vol. IV, pp. 302-305; Henry Buckley, Life and Death of the Spanish Republic, Londres, Hamish Hamilton, 1940, pp. 64-66; entrevista a Miguel Maura, en Gabriel Jackson, Historian’s Quest, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1969, pp. 114-115; declaración del testigo n.º 30 en la recopilación del clero vasco El pueblo vasco frente a la cruzada franquista, Toulouse, Editorial Egi-Indarra, 1966, pp. 23-24; Ossorio y Gallardo, Mis memorias…, pp. 183-185; Pérez Madrigal, Pérez…, pp. 102-107. <<

[656] John Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España 1930-1937, Barcelona, Ariel, 1974, p. 57; Joan Peiró, Escrits 1917-1939, Barcelona, Edicions 62, 1975, pp. 303-306. <<

[657] ABC y La Vanguardia, 15 de abril de 1931; Enric Jardí, Francesc Macià. President de Catalunya, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981, pp. 15-91; Amadeu Hurtado, Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps 1894-1936, Barcelona, Edicions 62, 2011², pp. 592-599; Carles Pi Sunyer, La República y la guerra. Memorias de un político catalán, México DF, Oasis, 1975, pp. 30-34. <<

[658] Ramón Salas Larrazábal, Historia del Ejército popular de la República, 4 vols., Madrid, 1973, vol. I, pp. 7, 14, 19-23; Felipe Díaz Sandino, De la conspiración a la revolución 1929-1937, Madrid, Libertarias, 1990, pp. 78-82; Santos Juliá Díaz, Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940, Madrid, Taurus, 2008, pp. 279-284. <<

[659] Emilio Mola Vidal, Obras completas, Valladolid, Librería Santarén, 1940, pp. 1.056-1.058; Michael Alpert, La reforma militar de Azaña (1931-1933), Madrid, Siglo XXI, 1982, pp. 133-150, 216-228; Mariano Aguilar Olivencia, El Ejército español durante la Segunda República, Madrid, Econorte, 1986, pp. 65-83. <<

[660] La Correspondencia Militar, 18 de junio, 17 y 31 de julio de 1931; Mola Vidal, Obras completas…, pp. 1.045-1.065; Eduardo Espín, Azaña en el poder. El partido de Acción Republicana, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1980, pp. 323-334; Alpert, La reforma militar…, pp. 293-297; Maura, Así cayó…, Imprenta Mañez, p. 227. <<

[661] Juan Tusquets, Orígenes de la revolución española, Barcelona, Vilamala, 1932, pp. 30-44, 137-142; Martin Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain 1931-1939, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 46, 179; Gonzalo Álvarez Chillida, El antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002), Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 181, 334-338. <<

[662] Azaña, anotación correspondiente al 7 de agosto de 1937, Obras…, vol. IV, p. 717. <<

[663] El Debate, 23, 24, 26, 30 de junio y 25 de agosto de 1931; ABC, 12, 24 y 28 de junio de 1931; El Socialista, 26, 28 de noviembre y 1 de diciembre de 1933; El Pueblo Católico, 4 de mayo de 1933; Joaquín Chapaprieta Torregrosa, La paz fue posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1971, pp. 149-158; Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, Madrid, Giner, 1976, pp. 186-191, 205-206; Azaña, anotación de diario correspondiente al 2 de octubre de 1931, Obras…, vol. IV, p. 161; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 54-57; Fernando del Rey, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 107-111. <<

[664] Maura, De una dictadura a otra…, pp. 393-394, 399-407; Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República Española 1931-1936, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 55-58; Javier Tusell, Octavio Ruiz-Manjón, Genoveva García Queipo de Llano, «Las Constituyentes de 1931. Unas elecciones de transición», Revista de Derecho Político, Madrid, UNED, 1981-1982, vol. 12, pp. 189-236 y vol. 13, pp. 137-195, 237-270. <<

[665] José Manuel Macarro Vera, La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1985, pp. 147-160; Eduardo de Guzmán, Sevilla la trágica. Ocho días que estremecieron a España, Madrid, Minuesa, 1931, pp. 16-21, 32-48; Francisco Espinosa Maestre, La justicia de Queipo. (Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936) Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, Barcelona, Crítica, 2005², pp. 19-21; Maura, De una dictadura a otra…, pp. 365-372, 417-421; Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional 1812-1983, Madrid, Alianza, 1983, pp. 322-323. <<

[666] Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997, pp. 20-31; Chris Ealham, Class, Culture and Conflict in Barcelona 1898-1937, Londres, Routledge/Cañada Blanch, 2004, pp. 90-101, 131-132; Ballbé, Orden público…, pp. 317-323; José Peirats, La CNT en la revolución española, 3 vols., París, Ruedo Ibérico, 1971², vol. I, pp. 51-73; Eulàlia Vega, El Trentisme a Catalunya. Divergències ideològiques en la CNT (1930-1933), Barcelona, Curial, 1980, pp. 132-148; Eulàlia Vega, Anarquistas y sindicalistas durante la Segunda República. La CNT y los Sindicatos de Oposición en el País Valenciano, Valencia, Alfons el Magnànim, 1987, pp. 145-167; Joaquín Romero Maura, La romana del diablo. Ensayos sobre la violencia política en España (1900-1950), Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 201-203; Richard Purkiss, Democracy, Trade Unions and Political Violence in Spain. The Valencian Anarchist Movement, 1918-1936, Brighton, Sussex Academic Press, 2010, pp. 139-140. <<

[667] Luis Jiménez de Asúa, Anécdotas de las Constituyentes, Buenos Aires, PHAC, 1942, pp. 21-45; Niceto Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional, Madrid, Civitas, 1981², pp. 42-48. <<

[668] Azaña, anotación correspondiente al 28 de agosto de 1931, Obras…, vol. IV, p. 107; Alcalá Zamora, Memorias…, p. 175; Martínez Barrio, Memorias…, pp. 70-71; Fernando Vázquez Ocaña, Pasión y muerte de la Segunda República española, París, Norte, 1940, p. 41; Gabriel Morón, El fracaso de una revolución, Madrid, Gráfica Socialista, 1935, pp. 121-125. <<

[669] Maura, De una dictadura a otra…, pp. 433-435. <<

[670] Azaña, discurso ante las Cortes, 13 de octubre de 1931, en defensa del artículo 26 de la Constitución, Obras…, vol. III, pp. 49-58; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 190-194; Raguer, «“España ha dejado de ser católica”…», pp. 239-241; Martínez Barrio, Memorias…, pp. 70-77. <<

[671] Carta del cardenal Vidal i Barraquer a Pacelli, 16 de octubre de 1931; a Azaña, 24 y 25 de noviembre de 1931, Arxiu Vidal i Barraquer, Església i Estat…, vol. II, 1.ª parte, pp. 159-163, 2.ª parte, pp. 391-397; Víctor Manuel Arbeloa, La semana trágica de la Iglesia en España (1931), Barcelona, Galba Edicions, 1976, pp. 257-267. <<

[672] William J. Callahan, «Was Spain Catholic?», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. 8, n.º 2, 1984, pp. 167-171. <<

[673] Juan Ordóñez Márquez, La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva 1931-1936, Madrid, Instituto Enrique Flórez, 1968, pp. 26-31, 90, 101, 148-149, 161-162, 172; Frances Lannon, Privilege, Persecution, and Prophecy. The Catholic Church in Spain 1875-1975, Oxford, Clarendon Press, 1987, pp. 9-19; William J. Callahan, The Catholic Church in Spain 1875-1998, Washington DC, The Catholic University of America Press, 2000, pp. 240-250, 289-290. <<

[674] Azaña, anotación correspondiente al 14 de octubre de 1931, Obras…, vol. IV, pp. 183-186; Maura, De una dictadura a otra…, pp. 437-443; Vidarte, Las Cortes Constituyentes…, pp. 284-289; César Jalón, Memorias políticas. Periodista, ministro, presidiario, Madrid, Guadarrama, 1973, p. 76; Alejandro Lerroux, La pequeña historia. Apuntes para la Historia grande vividos y redactados por el autor, Buenos Aires, Cimera, 1945, pp. 118-121; Martínez Barrio, Memorias…, pp. 77-81, 90-91; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 77-82. <<

[675] Boyd, «Responsibilities…», pp. 169-172; Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 5, 6 y 10 de noviembre de 1931; Azaña, anotaciones correspondientes a los días 5, 6, 7 y 13 de noviembre de 1931, Obras…, pp. 215-223; Ramón Garriga, Juan March y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 298-313; Bernardo Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, Sedmay, 1977, pp. 183-210; Pere Ferrer, Juan March. El hombre más misterioso del mundo, Barcelona, Ediciones B, 2008, pp. 241-262; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 83-86; Mercedes Cabrera, Juan March (1880-1962), Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 206-213. <<

[676] Manuel Benavides, El último pirata del Mediterráneo, Barcelona, Imprenta Industrial, 1936, pp. 358-360; Manuel Azaña, anotaciones correspondientes a los días 30 de abril y 3 de mayo de 1933, 19 de julio de 1937, Diarios, 1932-1933. «Los cuadernos robados», Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1997, pp. 251-252, 261; Azaña, Obras…, vol. IV, p. 685; Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 y 14 de junio de 1931; Morón, El fracaso…, pp. 118-121; Garriga, Juan March…, pp. 321-331; Ferrer, Juan March…, pp. 268-277; Cabrera, Juan March…, pp. 217-232, 243-244; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 210-216, 223-250. <<

[677] Paul Preston, The Spanish Holocaust. Inquisition and Extermination in Twentieth Century Spain, Londres, HarperCollins, 2012, pp. 440, 486, 490-492. <<

[678] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 13 de octubre de 1931; El Debate, 20 y 23 de octubre de 1931; Maura, De una dictadura a otra…, pp. 435-437; Mary Vincent, Catholicism in the Second Spanish Republic. Religion and Politics in Salamanca 1930-1936, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 180-181. <<

[679] Manuel Albar, «Sobre unos sucesos. El verdadero culpable», El Socialista, 2 de enero de 1932; Vidarte, Las Cortes Constituyentes…, pp. 290-309. Las actas del proceso se publicaron en Luis Jiménez de Asúa, Juan-Simeón Vidarte, Antonio Rodríguez Sastre y Anselmo Trejo, Castilblanco, Madrid, España, 1933. <<

[680] El Socialista, 6 de enero de 1932; La Rioja, 6, 8, 9, 10 y 12 de enero de 1932; El Debate, 6 de enero de 1932; Carlos Gil Andrés, La República en la Plaza. Los sucesos de Arnedo de 1932, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, pp. 24-33, 43-49; Malefakis, Agrarian Reform…, pp. 310-311. <<

[681] López López, El boicot de las derechas…, p. 254; Ricardo Robledo y Luis Enrique Espinosa, «“¡El campo en pie!” Política y reforma agraria», en Ricardo Robledo, ed., Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 23-25. <<

[682] La Mañana (Jaén), 1 de octubre de 1932, 21 y 27 de enero, 3 y 18 de febrero, 5 de abril de 1933 y 16 de enero de 1934; El Adelanto (Salamanca), 19 de octubre de 1932; Región (Cáceres), 24 de febrero de 1933; El Obrero de la Tierra, 14 de enero y 4 de marzo de 1933, 6, 13, 20 de enero y 17 de febrero de 1934; El Socialista, 21 de enero, 20 de abril y 1 de julio de 1933. Véase también Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War. Reform Reaction and Revolution in the Second Spanish Republic 1931-1936, Londres, Routledge, 1994², pp. 101-102, 111, 134-135, 140, 148-149, 184-185. <<

[683] Malefakis, Agrarian Reform…, pp. 268-273; José María Gil Robles, Discursos parlamentarios, Madrid, Taurus, 1971, pp. 263-267. <<

[684] El Obrero de la Tierra, 19 de noviembre de 1932, 14, 28 de enero y 4 de marzo de 1933; Boletín del Instituto de Reforma Agraria, marzo de 1933; Región (Cáceres), 24 de febrero de 1933; El Pueblo Católico, 14 de marzo de 1933; ABC, 26 de enero y 26 de marzo de 1933; La Mañana, 21 y 27 de enero, 3 y 18 de febrero, 5 de abril de 1933; El Socialista, 21 de enero, 20 de abril y 1 de julio de 1933. <<

[685] Jardí, Francesc Macià…, pp. 213-306; Hurtado, Quaranta anys…, pp. 685-702. <<

[686] Leandro Álvarez Rey, La derecha en la II República. Sevilla, 1931-1936, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993, pp. 203-206, 215-235; Vincent, Catholicism…, pp. 185-186; Lannon, Privilege, Persecution…, pp. 15, 181-189. <<

[687] Azaña, anotación correspondiente al 8 de enero de 1932, Obras…, vol. IV, pp. 299-301. <<

[688] Espinosa Maestre, La justicia de Queipo…, pp. 33, 77-79; Álvarez Rey, La derecha…, pp. 252-260; Martínez Barrio, Memorias…, pp. 138-148; Emilio Esteban Infantes, La sublevación del general Sanjurjo, Madrid, Imprenta de J. Sánchez Ocaña, 1933, pp. 24-37; Eduardo González Calleja, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza, 2011, pp. 82-102; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 136-145; Cabrera, Juan March…, pp. 235-237. <<

[689] Julio Álvarez del Vayo, The Last Optimist, Londres, Putnam, 1950, p. 228; Manuel Azaña, anotaciones del diario correspondientes al 24-28 de agosto de 1932, Diarios, 1932-1933…, pp. 41-51; Joaquín del Moral, Lo del «10 de agosto» y la justicia, Madrid, CIAP, 1933, pp. 99-108; Maura, De una dictadura a otra…, pp. 457-463. <<

[690] Carta de Sanjurjo, 12 de diciembre de 1933, Acción Española, n.º 43, diciembre de 1933, p. 629; Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Tecnos, 1998, p. 172. <<

[691] Juan Antonio Ansaldo, ¿Para qué…? (de Alfonso XIII a Juan III), Buenos Aires, Vasca Ekin, 1951, pp. 47-51; Eugenio Vegas Latapié, Memorias políticas. El suicido de la monarquía y la Segunda República, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 150-152, 156-158; Azaña, anotaciones del diario correspondientes al 29 de agosto de 1932 y 5 de marzo de 1933, Diarios, 1932-1933…, pp. 53, 206; González Cuevas, Acción Española…, pp. 173-176. <<

[692] Antonio Cacho Zabalza, La Unión Militar Española, Alicante, Egasa, 1940, pp. 13-19, 30; Julio Busquets y Juan Carlos Losada, Ruido de sables. Las conspiraciones militares en la España del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 50-60; Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 193-195; Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, Stanford University Press, 1967, pp. 293-294. <<

[693] Gil Robles, No fue posible…, pp. 82-91; El Debate, 8 de octubre de 1933. <<

[694] El Debate, 21, 23 y 25 de octubre de 1932; José R. Montero, La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, 2 tomos, Madrid, Revista de Trabajo, 1977, t. I, pp. 259-271. <<

[695] Ramón J. Sender, Viaje a la aldea del crimen, Madrid, Pueyo, 1934, pp. 33-42, 70-130; Eduardo de Guzmán, La tragedia de Casas Viejas, 1933. Quince crónicas de guerra, 1936, Madrid, Vosa, 2007, pp. 15-48; Gérald Brey y Jacques Maurice, Historia y leyenda de Casas Viejas, Bilbao, Zero/ZYX, 1976, pp. 65-75; Jerome R. Mintz, The Anarchists of Casas Viejas, Chicago, University of Chicago Press, 1982, pp. 189-225. <<

[696] El Debate, 15 de enero de 1932. <<

[697] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 3, 23 y 24 de febrero, 2, 3 y 16 de marzo de 1933; El Debate, 24 de febrero de 1933; Azaña, anotación correspondiente al 13 de enero y el 23 de febrero de 1933, Diarios, 1932-1933…, pp. 136, 186; Maura, De una dictadura a otra…, pp. 483-488; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 153-157; Cabrera, Juan March…, pp. 247-249. <<

[698] El Debate, 1, 2, 3, 5, 7 y 8 de marzo de 1933; CEDA, 1 de mayo de 1933; Gil Robles, No fue posible…, pp. 86, 90; Montero, La CEDA…, vol. I, pp. 271-303. <<

[699] El Socialista, 31 de enero, 5, 10 y 11 de febrero, 10 de marzo, 2 y 21 de abril, 1, 4 y 6 de mayo de 1933. <<

[700] El Debate, 28 de junio, 16 y 25 de julio, 4, 17 y 25 de agosto de 1933; El Socialista, 21 de julio y 7 de septiembre de 1933. <<

[701] Azaña, anotaciones del diario correspondientes al 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 1933, Diarios, 1932-1933…, pp. 316-317, 323-327. <<

[702] Azaña, anotaciones del diario correspondientes al 5, 10 y 11 de junio de 1933, Diarios, 1932-1933…, pp. 328-329, 345-355; Martínez Barrio, Memorias…, pp. 176-184; Jalón, Memorias políticas…, pp. 69-77; Morón, El fracaso…, pp. 232-240; Vázquez Ocaña, Pasión y muerte…, pp. 41-42; Santos Juliá Díaz, Manuel Azaña. Una biografía política, Madrid, Alianza, 1990, pp. 262-270; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 162-165. <<

[703] El Socialista, 25 de junio de 1933; Julio Aróstegui, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013, pp. 314-317. <<

[704] Indalecio Prieto, Discursos fundamentales, Madrid, Turner, 1975, pp. 160-180; Indalecio Prieto, Cartas a un escultor. Pequeños detalles de grandes sucesos, Buenos Aires, Losada, 1961, pp. 83-88. <<

[705] Cabrera, Juan March…, pp. 251-254; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 256-258; Ferrer, Juan March…, pp. 311-316. <<

[706] El Socialista, 20 y 24 de septiembre, 3 de octubre de 1933; Francisco Largo Caballero, Discursos a los trabajadores, Madrid, Gráfica Socialista, 1934, pp. 69-85; Aróstegui, Largo Caballero…, pp. 317-323. <<

[707] Lerroux, La pequeña historia…, pp. 172-184; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 244-246; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 180-183; Juliá Díaz, Historia del socialismo…, pp. 196-198. <<

[708] Georges Bernanos, Les grands cimitières sous la lune, París, Plon, 1938, p. 93. <<

[709] El Debate, 15, 17, 22, 23 y 29 de agosto, 2, 15 y 19 de septiembre de 1933; El Socialista, 13 de agosto, 3 y 8 de octubre de 1933; El Obrero de la Tierra, 12 y 20 de agosto, 9, 16 y 23 de septiembre de 1933; Malefakis, Agrarian Reform…, pp. 268-273. <<

[710] Juliá Díaz, Historia del socialismo…, pp. 197-198. <<

[711] Juan-Simeón Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 21; Fundación Pablo Iglesias, Actas, AH-20-1, 24, 25, 27 y 31 de octubre, 22 y 29 de noviembre de 1933, Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias, Madrid. <<

[712] El Debate, 3 de noviembre de 1933; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 271-272; Cabrera, Juan March…, pp. 265-266. <<

[713] T. F. Burns, Memorando para Hoare, 11 de abril de 1944, Templewood Papers, Biblioteca de la Universidad de Cambridge, XIII/6/28; Tierra y Libertad, 10 de noviembre de 1933; Benavides, El último pirata…, pp. 56-57; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 258-260. <<

[714] El Socialista, 5 de noviembre y 10 de diciembre de 1933; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 260-275; Cabrera, Juan March…, pp. 257-264; Ferrer, Juan March…, pp. 322-336; David Jato, Gibraltar decidió la guerra, Barcelona, Acervo, 1971, pp. 198-200. <<

[715] El Debate, 12, 17, 18 y 24 de octubre, 7, 17 y 18 de noviembre de 1933; El Socialista, 7, 14 y 15 de noviembre de 1933; Aróstegui, Largo Caballero…, pp. 327-333; Santiago Carrillo, Juez y parte. 15 retratos españoles, Barcelona, Plaza y Janés, 1996, pp. 44-45. <<

[716] El Obrero de la Tierra, 30 de enero, 5, 13 y 20 de febrero, 5, 12, 26 de marzo y 8 de octubre de 1932, 8 de octubre de 1933; La Mañana, 1, 2, 6, 7 y 16 de abril, 11 de mayo, 24 de junio y 18 de noviembre de 1932, 27 de enero y 18 de febrero de 1933; Vázquez Ocaña, Pasión y muerte…, p. 44; Manuel Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979, pp. 111-118, 155-170; Francisco Moreno Gómez, La República y la guerra civil en Córdoba I, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1982, pp. 117-119, 131-134, 147-153, 163-174, 199-213; Mario López Martínez, Orden público y luchas agrarias en Andalucía, Madrid, Libertarias/Ayuntamiento de Córdoba, 1995, pp. 273-308. <<

[717] Boletín del Ministerio de Trabajo, enero de 1935; Santos Juliá Díaz, Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 1984, pp. 295-306, 452-453; Malefakis, Agrarian Reform…, p. 288; Francisco Cobo Romero, Labradores, campesinos y jornaleros. Protesta social y diferenciación interna del campesinado jiennense en los orígenes de la Guerra Civil (1931-1936), Córdoba, Publicaciones del Ayuntamiento de Córdoba, 1992, pp. 400-405. <<

[718] Andrew Durgan, The 1933 Elections in Spain, tesina de máster inédita, Queen Mary College, Universidad de Londres, 1981, p. 40; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 276-277. Sobre la presunta corrupción de Cánovas Cervantes, véase Guillermo Cabanellas, La guerra de los mil días. Nacimiento, vida y muerte de la II República española, 2 vols., Buenos Aires, Grijalbo, 1973, vol. I, p. 239. <<

[719] «Ante la agudización del mito electoral, abstención a toda costa», CNT, 24 de octubre de 1933; «Ahora toca hablar a los abstenidos», 6 de noviembre de 1933; «¡Trabajadores, no votar!», Tierra y Libertad, 10 de noviembre de 1933. <<

[720] Francisco Bravo Martínez, José Antonio. El hombre, el jefe, el camarada, Madrid, Ediciones Españolas, 1939, pp. 31-32. <<

[721] Margarita Nelken, «Con el fango hasta la boca», El Socialista, 30 de noviembre de 1933; Margarita Nelken, Por qué hicimos la revolución, Barcelona, París y Nueva York, Ediciones Sociales Internacionales, 1936, pp. 69-71. <<

[722] Apéndice de Largo Caballero, Discursos…, pp. 163-166. Las conclusiones del PSOE, con una orientación algo distinta, aparecen confirmadas en Roberto Villa García, La República en las urnas. El despertar de la democracia en España, Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 336-352, 533-564. Véase también Vidarte, El bienio negro…, pp. 32-36; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 192-195. <<

[723] Azaña, discurso pronunciado en Barcelona, 7 de enero de 1934, Obras…, vol. II, p. 904. <<

[724] Diario de Sesiones de las Cortes, 8 de mayo de 1935; El Progreso, 11 de mayo de 1934; El Diario de la Marina (La Habana), 11 de mayo de 1934. <<

[725] Martínez Barrio, Memorias…, pp. 211-212; Alcalá Zamora, Memorias…, p. 260. <<

[726] El Debate, 15 de noviembre de 1934. <<

[727] Diario de Sesiones de las Cortes, 19 de diciembre de 1933; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 184-188, 196-198, 201-204. <<

[728] El Socialista, 16 de noviembre de 1933; Largo Caballero, Discursos…, pp. 54-59. <<

[729] Maura, Así cayó…, Imprenta Mañez, pp. 88-93. <<

[730] Alcalá Zamora, Memorias…, p. 310; Chapaprieta, La paz fue posible…, pp. 243-245; Gil Robles, No fue posible…, pp. 163-164. <<

[731] Azaña, anotación correspondiente al 28 de junio de 1937, Obras…, vol. IV, pp. 635-636. <<

[732] La Libertad, 29 de mayo de 1935. <<

[733] Rafael Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, Madrid, San Martín, 1935, p. 265; Sainz Rodríguez, Testimonio…, p. 157; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 208-211. <<

[734] El Socialista, 17, 19 y 23 de enero de 1934. <<

[735] ABC, 10 de febrero de 1933; Joaquín del Moral, Oligarquía y «enchufismo», Madrid, Imp. Galo Sáez, 1933, pp. 72-81; Doctor Albiñana, Prisionero de la República, Madrid, Imprenta El Financiero, 1932, pp. 215-224; Doctor Albiñana, Confinado en las Hurdes. Una víctima de la Inquisición republicana, Madrid, Imprenta El Financiero, 1933, pp. 193-197, 231-232, 362-363; Morón, El fracaso…, pp. 106-107; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 205-210; Raymond Carr, Spain 1808-1939, Oxford, Oxford University Press, 1966, pp. 625-626, tacha de «despreciables» las alegaciones. <<

[736] Véase el discurso de Prieto, Diario de Sesiones de las Cortes, 18 de mayo de 1934. <<

[737] Enrique Montañés, Anarcosindicalismo y cambio político. Zaragoza, 1930-1936, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1989, pp. 98-100; José María Azpíroz Pascual, Poder político y conflictividad social en Huesca durante la II República, Huesca, Ayuntamiento de Huesca, 1993, pp. 161-169; Enrique Pradas Martínez, ed., 8 de diciembre de 1933. Insurrección anarquista en La Rioja, Logroño, Cuadernos Riojanos, 1983, passim; Salvador Forner Muñoz, Industrialización y movimiento obrero. Alicante (1923-1936), Valencia, Alfons el Magnànim, 1982, pp. 354-357; Pérez Yruela, La conflictividad campesina…, pp. 169-171; Moreno Gómez, La República…, pp. 244-248; Macarro, La utopía…, p. 368. <<

[738] Véase el discurso de Margarita Nelken, Diario de Sesiones de las Cortes, 25 de enero de 1934. <<

[739] Joaquín Arrarás, «Actualidad española», Acción Española, n.º 42, 1 de diciembre de 1933, p. 574; José Calvo Sotelo, «Principios informadores de un programa de Gobierno», Acción Española, n.º 43, diciembre de 1933, pp. 664-667. <<

[740] Anónimo (Javier Martínez de Bedoya), Onésimo Redondo…, pp. 85-90. <<

[741] La única fuente fiable de la época sobre este pacto es Guariglia a MAE, 1 de septiembre de 1933, en Guariglia, Ambasciata in Spagna…, pp. 304-305; Saz Campos, Mussolini contra la II República…, pp. 111-112, Sainz Rodríguez, Testimonio…, pp. 220-222, 375-376; Gil Robles, No fue posible…, pp. 442-443; Ansaldo, ¿Para qué…?, p. 89. <<

[742] Emmet John Hughes, Report from Spain, Londres, Latimer House, 1947, pp. 34-35; Herbert Rutledge Southworth, Antifalange. Estudio crítico de «Falange en la guerra de España» de Maximiano García Venero, París, Ediciones Ruedo Ibérico, 1967, pp. 26-29; Felipe Ximénez de Sandoval, «José Antonio» (Biografía apasionada), Barcelona, Juventud, 1941, pp. 204-205, 210-212, 299, 316-317, 330, 358, 437-440; Francisco Bravo Martínez, Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, Editora Nacional, 1943², pp. 213-214; Sainz Rodríguez, Testimonio…, p. 220. <<

[743] Colloquio del Capo del Governo con i rappresentanti de la destra spagnola, 31 de marzo de 1934, I Documenti Diplomatici Italiani, 7.ª serie, vol. XV (18 marzo – 27 settembre 1934), Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato/Libreria dello Stato, 1990, pp. 64-68; Antonio Lizarza Iribarren, Memorias de la conspiración, Pamplona, Gómez, 1969⁴, pp. 34-341; How Mussolini Provoked the Spanish Civil War. Documentary Evidence, Londres, United, 1938, pp. 5-10; González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 184-187; José Ángel Sánchez Asiaín, La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica, Barcelona, Crítica, 2012, pp. 77-89; Ángel Viñas, ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración, Barcelona, Crítica, 2019, pp. 85-95. <<

[744] Javier Ugarte Tellería, La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 74-78, 266-271; Eduardo González Calleja, «La violencia y sus discursos. Los límites de la “fascistización” de la derecha española durante el régimen de la Segunda República», Ayer, n.º 71 (3), 2008, pp. 98-102; Jordi Canal, Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, 1876-1939, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 44-46; Blinkhorn, Carlism…, pp. 116-118, 131-140. <<

[745] Gil Pecharromán, Conservadores subversivos…, pp. 178-183; González Cuevas, Acción Española…, pp. 230-253; Felipe Ximénez de Sandoval, «José Antonio». Biografía apasionada, Barcelona, Juventud, 1941, pp. 420-427; Vegas Latapié, Memorias políticas. El suicidio de la monarquía…, pp. 217-218; Ansaldo, ¿Para qué…?, pp. 63-65. <<

[746] Joaquín Arrarás, «Actualidad española», Acción Española, n.º 55, 16 de junio de 1934, p. 74. <<

[747] Diario de Sesiones de las Cortes, 7 de febrero de 1934; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 216-221, 232-236; Martínez Barrio, Memorias…, p. 217. <<

[748] El Debate, 7, 14-17, 20, 22 y 28 de febrero de 1934; El Socialista, 13, 18 y 20 de febrero, 4 y 7 de marzo de 1934. <<

[749] Gil Robles, No fue posible…, p. 118; El Debate, 20, 28 de febrero y 2 de marzo de 1934; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 216-238; Martínez Barrio, Memorias…, pp. 216-217. <<

[750] Salazar Alonso, Bajo el signo…, pp. 33-35. <<

[751] El Debate, 2, 8, 10, 11, 22 y 27 de marzo de 1934; El Socialista, 29 de marzo de 1934; Diario de Sesiones de las Cortes, 8 de marzo de 1934. <<

[752] El Debate, 22 y 24 de abril de 1934; El Socialista, 22 y 24 de abril de 1934; Monge Bernal, Acción Popular…, pp. 258-260; Salazar Alonso, Bajo el signo…, pp. 75-78; Buckley, Life and Death…, pp. 126-127; Sid Lowe, Catholicism, War and the Foundation of Francoism. The Juventud de Acción Popular in Spain, 1931-1939, Brighton, Sussex Academic Press, 2010, pp. 15-19. <<

[753] Gil Robles, No fue posible…, pp. 119-122; Salazar Alonso, Bajo el signo…, pp. 85-93; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 247-259; Diario de Sesiones de las Cortes, 20 de abril de 1934; El Debate, 12 y 21 de abril de 1934; El Socialista, 12 de abril de 1934. <<

[754] Lerroux, La pequeña historia…, pp. 260-262; Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical…, pp. 424-432. <<

[755] Martínez Barrio, Memorias…, pp. 223-228. <<

[756] Diario de Sesiones de las Cortes, 17 y 23 de mayo de 1934. <<

[757] Gabriel Mario de Coca, Anti-Caballero. Crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Engels, 1936, pp. 137-142; Renovación, 10, 17 de febrero y 8 de marzo de 1934; El Sol, 20 y 21 de abril de 1934. <<

[758] El Debate, 26 de mayo de 1934; El Socialista, 24 y 25 de mayo de 1934; Salazar Alonso, Bajo el signo…, pp. 121-129; Cobo Romero, Labradores…, pp. 17-20; López Martínez, Orden público y luchas agrarias…, pp. 330-345. <<

[759] El Obrero de la Tierra, 24 de febrero, 3, 24 y 31 de marzo, 14 y 21 de abril de 1934. <<

[760] El Obrero de la Tierra, 19 y 26 de mayo de 1934. <<

[761] Diario de Sesiones de las Cortes, 30 de mayo de 1934; Vidarte, El bienio negro…, pp. 151-159; Preston, The Coming of the Spanish Civil War…, pp. 147-153. <<

[762] Frederic Escofet, Al servei de Catalunya i de la República, 2 vols., París, Edicions Catalanes, 1973, vol. I, pp. 199-205; Edgar Allison Peers, Catalonia Infelix, Londres, Methuen, 1937, pp. 222-228; Manuel Azaña, Mi rebelión en Barcelona, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, pp. 28-38. <<

[763] Diario de Sesiones de las Cortes, 25 de junio y 4 de julio de 1934; El Debate, 13, 19 de junio y 8 de julio de 1934; Azaña, Obras…, vol. II, pp. 902, 977-998; Gil Robles, No fue posible…, pp. 124-126; El Socialista, 2 de mayo, 9, 13, 17 de junio y 3 de julio de 1934; José Luis de la Granja Sainz, El oasis vasco. El nacimiento de Euskadi en la República y la Guerra Civil, Madrid, Tecnos, 2007, pp. 116-117; Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodríguez Ranz, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco I, 1895-1936, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 258-260. <<

[764] Ansaldo, ¿Para qué…?, pp. 71-73; Ledesma Ramos, ¿Fascismo…?, pp. 161-164; Miguel Ramos González, La violencia en Falange Española, Oviedo, Ediciones Tarfe, 1993, pp. 75-76; David Jato, La rebelión de los estudiantes. Apuntes para una Historia del alegre SEU, Madrid, CIES, 1953, p. 109. <<

[765] El Debate, 11 de septiembre de 1934; CEDA, 15 de septiembre de 1934; El Socialista, 11 y 20 de septiembre de 1934; Gil Robles, No fue posible…, pp. 127-130; Manuel Grossi, La insurrección de Asturias. Quince días de revolución socialista, Barcelona, Gráficos Alfa, 1935, pp. 17-18. <<

[766] Francisco Largo Caballero, Escritos de la República, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1985, pp. 143-149; Amaro del Rosal, 1934. El movimiento revolucionario de octubre, Madrid, Akal, 1983, pp. 233-249; Bernardo Díaz Nosty, La Comuna asturiana. Revolución de octubre de 1934, Bilbao, ZYX, 1974, pp. 105-107; Indalecio Prieto, «La noche del Turquesa», en Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes sucesos, 3 vols., México DF, Oasis, 1967-1969, vol. I, pp. 109-111; Grossi, La insurrección…, p. 23; Salazar Alonso, Bajo el signo…, pp. 226-251; Manuel Benavides, La revolución fue así (octubre rojo y negro) reportaje, Barcelona, Imprenta Industrial, 1935, pp. 9-20. <<

[767] El Sol, 12 de septiembre de 1934; Salazar Alonso, Bajo el signo…, pp. 316-320; Salazar a Amparo, 30 de julio y 11 de septiembre de 1934, reimpreso en José García Pradas, «La conversión ejemplar de un “pobre hombre” que llegó a Ministro de la República», CNT, 17 de enero de 1937. <<

[768] CEDA, n.º 36-37, diciembre de 1934. <<

[769] El Socialista, 25, 27 y 30 de septiembre de 1934. <<

[770] Salazar Alonso, Bajo el signo…, pp. 324-325. <<

[771] El Debate, 26, 27 y 28 de septiembre; Diario de Sesiones de las Cortes, 1 de octubre de 1934; Gil Robles, No fue posible…, pp. 134-139; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 285-286; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 265-269. <<

[772] Vidarte, El bienio negro…, p. 233; Coca, Anti-Caballero…, p. 107; Lerroux, La pequeña historia…, p. 302. Sobre Anguera, véanse Francisco Madrid, Ocho meses y un día en el gobierno civil de Barcelona, Barcelona, La Flecha, 1932, pp. 185-198; Ramon Corts Blay, Joan Galtés Pujol y Albert Manent Segimon, dirs., Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, 3 vols., Barcelona, Generalitat de Catalunya/Claret, 1998-2001, vol. III, p. 459; Salazar Alonso, Bajo el signo…, pp. 324-326. <<

[773] El Sol, 3 de octubre de 1934; Antonio Ramos Oliveira, La revolución española de octubre, Madrid, España, 1935, pp. 55-61; Martínez Barrio, Memorias…, pp. 251-253. <<

[774] El Socialista, 3 y 4 de octubre de 1934. <<

[775] Grandizo Munis, Jalones de derrota, promesa de victoria, México DF, Lucha Obrera, 1948, pp. 130-140; Joaquín Maurín, Hacia la segunda revolución. El fracaso de la República y la insurrección de octubre, Barcelona, Gráficas Alfa, 1935, pp. 147-167; testimonio del secretario de la CNT en Madrid, Miguel González Inestal, al autor; Enrique Castro Delgado, Hombres made in Moscú, Barcelona, Luis de Caralt, 1965, pp. 176-183; Andrés Nin, Los problemas de la revolución española, París, Ruedo Ibérico, 1971, pp. 156-157; Santos Juliá Díaz, «Fracaso de una insurrección y derrota de una huelga. Los hechos de octubre en Madrid», Estudios de Historia Social, n.º 31, octubre-diciembre de 1984. <<

[776] Díaz Nosty, La Comuna asturiana…, pp. 169-199; Adrian Shubert, «The epic failure. The Asturian revolution of October 1934», en Paul Preston, ed., Revolution and War in Spain, 1931-1939, Londres, Routledge, 1984, pp. 128-131. <<

[777] Escofet, Al servei…, vol. I, pp. 109-117; J. Costa i Deu y Modest Sabaté, La nit del 6 d’octubre a Barcelona. Reportatge, Barcelona, Tipografía Emporium, 1935, pp. 43-55; Enrique de Angulo, Diez horas de Estat català. Reportage, Valencia, Librería Fenollera, 1934, pp. 41-45. <<

[778] General López de Ochoa, Campaña militar de Asturias en octubre de 1934 (narración táctico-episódica), Madrid, Yunque, 1936, pp. 26-30; Gil Robles, No fue posible…, pp. 140-141; Vidarte, El bienio negro…, pp. 358-359; Jalón, Memorias políticas…, pp. 128-131; Coronel Francisco Aguado Sánchez, La revolución de octubre de 1934, Madrid, San Martín, 1972, pp. 188-193. <<

[779] Diego Hidalgo, ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra? Diez meses de actuación ministerial, Madrid, 1934, pp. 77-81; Concha Muñoz Tinoco, Diego Hidalgo. Un notario republicano, Badajoz, Diputación Provincial, 1986, pp. 93-95; Elsa López, José Álvarez Junco, Manuel Espadas Burgos y Concha Muñoz Tinoco, Diego Hidalgo. Memoria de un tiempo difícil, Madrid, Alianza, 1986, pp. 171-175; Alcalá Zamora, Memorias…, p. 296; Vidarte, El bienio negro…, pp. 290-291. <<

[780] Alcalá Zamora, Memorias…, p. 296; Vidarte, El bienio negro…, pp. 290-291; Ballbé, Orden público…, pp. 371-372; Paul Preston, Franco. Caudillo de España, Barcelona, Debate, 2015³, pp. 132-135. <<

[781] Enric Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939), Barcelona, La Magrana, 1982, pp. 208-220; Maurín, Hacia la segunda revolución…, pp. 123-144; Escofet, Al servei…, vol. I, pp. 109-144; Josep Dencàs, El 6 d’octubre des del Palau de Governació, Barcelona, Mediterrània, 1935, pp. 70-89; Hilari Raguer, El general Batet. Franco contra Batet. Crónica de una venganza, Barcelona, Península, 1996, pp. 135-186. <<

[782] Díaz Nosty, La Comuna asturiana…, pp. 355-369. Entre los relatos más convincentes de testigos presenciales de las atrocidades cometidas por el ejército de África en Asturias, figuran los que recogieron en su momento dos personajes relativamente conservadores, Vicente Marco Miranda, fiscal de la República, y Félix Gordón Ordás, de la Unión Republicana de Martínez Barrio. Se reproducen en Nelken, Por qué hicimos la revolución…, pp. 172-255. Véanse también Narcís Molins i Fàbrega, UHP. La insurrección proletaria de Asturias, Gijón, Júcar, 1977², pp. 169-174, 184-187, 196-219; Leah Manning, What I Saw in Spain, Londres, Gollancz, 1935, pp. 167-221; Fernando Solano Palacio, La revolución de octubre. Quince días de comunismo libertario en Asturias, Barcelona, El Luchador, 1936, pp. 176-182. <<

[783] López de Ochoa en Vidarte, El bienio negro…, pp. 358-362; Franco en Claude Martin, Franco, soldado y estadista, Madrid, Fermín Uriarte, 1965, pp. 129-130; Francisco Franco Bahamonde, «Apuntes» personales sobre la República y la guerra civil, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1987; Juan José Calleja, Yagüe. Un corazón al rojo, Barcelona, Juventud, 1963, pp. 63-67. <<

[784] La Vanguardia, 18 de octubre de 1934. <<

[785] Diario de Sesiones de las Cortes, 5 de noviembre de 1934; Azaña, Mi rebelión…, pp. 133-164; Cipriano de Rivas Cherif, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Barcelona, Grijalbo, 1980, pp. 294-299; A. C. Márquez Tornero, Testimonio de mi tiempo. Memorias de un español republicano, Madrid, Orígenes, 1979, pp. 115-116; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 278-279. El relato mendaz de Lerroux puede leerse en La pequeña historia…, pp. 318-320. <<

[786] El Debate, 24 de octubre de 1934; Gil Robles, No fue posible…, pp. 149-148; Jalón, Memorias políticas…, pp. 141-149; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 333-340; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 292-294; Javier Tusell y José Calvo, Giménez Fernández. Precursor de la democracia española, Sevilla, Mondadori/Diputación de Sevilla, 1990, pp. 60-61. <<

[787] El Debate, 16 y 17 de noviembre de 1934; Diario de Sesiones de las Cortes, 5, 6 y 15 de noviembre de 1934; Gil Robles, No fue posible…, pp. 149-153; Hidalgo, ¿Por qué fui lanzado…?, pp. 19-36; Alfonso Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 462-464. <<

[788] Diario de Sesiones de las Cortes, 21 de diciembre de 1934; El Debate, 28 de diciembre de 1934; Gil Robles, No fue posible…, pp. 157-158; Santos Juliá Díaz, «Gil Robles contra Villalobos. La cuestión educativa (1934)», en Robledo, ed., Esta salvaje pesadilla…, pp. 53-69; Antonio Rodríguez de las Heras, Filiberto Villalobos. Su obra social y política 1900-1936, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1985, pp. 218-220, 233-234, 257-265. <<

[789] El Debate, 24 de noviembre, 1, 5, 7, 20 y 21 de diciembre de 1934, 2 y 6 de febrero, 1 y 19 de marzo de 1935; Diario de Sesiones de las Cortes, 5, 11, 12 y 13 de diciembre de 1934, 23 de enero, 27 de febrero y 14 de marzo de 1935; Gil Robles, No fue posible…, pp. 172-188; Malefakis, Agrarian Reform…, pp. 347-355; Tusell y Calvo, Giménez Fernández…, pp. 57-60, 70-106, 110; Álvarez Rey, La derecha…, p. 420. <<

[790] El Debate, 10 de febrero, 19, 27 y 30 de marzo de 1935; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 369-375; Gil Robles, No fue posible…, pp. 212-217; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 301-304. <<

[791] El Debate, 20 de octubre y 8 de noviembre de 1934; 5 y 26 de febrero, 19, 24, 26 y 27 de marzo de 1935; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 282-283, 287. <<

[792] Buckley, Life and Death…, pp. 186-187; Townson, The Crisis of Democracy…, p. 290. <<

[793] El Debate, 2, 3, 21, 23, 28 y 30 de abril, 4 y 7 de mayo de 1935; Gil Robles, No fue posible…, pp. 218-231; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 387-391. <<

[794] Gil Robles, No fue posible…, pp. 234-262; Franco, «Apuntes» personales…, pp. 13-15; José María Iribarren, Mola. Datos para una biografía y para la historia del alzamiento nacional, Zaragoza, Librería General, 1938, p. 44; González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 290-296; Ricardo de la Cierva, Francisco Franco. Un siglo de España, 2 vols., Madrid, Editora Nacional, 1973, pp. 392-398; ABC, 31 de julio de 1936. <<

[795] Sobre Martín Veloz, véanse Javier Infante, «Sables y naipes. Diego Martín Veloz (1875-1938). De cómo un matón de casino se convirtió en caudillo rural», en Robledo, ed., Esta salvaje pesadilla…, pp. 264-279, 425, 428; José Venegas, Andanzas y recuerdos de España, Montevideo, Feria del Libro, 1948, pp. 74-85; Indalecio Prieto, De mi vida. Recuerdos, estampas, siluetas, sombras…, 2 vols., México DF, Oasis, 1965, vol. I, pp. 183-192. <<

[796] Informes de la Federación de la Industria del Reich y del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, 24 de septiembre, 4 de octubre y 4 de diciembre de 1935, Documents on German Foreign Policy, Series C, vol. IV, Londres, HMSO, 1964, pp. 641-650, 698-699, 880-886. <<

[797] Félix Gordón Ordás, Mi política fuera de España, 5 vols., México DF, autor, 1965-1972, vol. II, pp. 131; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 310-311. <<

[798] El Debate, 20, 24-26 de septiembre de 1935; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 411-440; Chapaprieta, La paz fue posible…, pp. 207-230, 246-248; Gil Robles, No fue posible…, pp. 286-291; Jalón, Memorias políticas…, pp. 219-228. <<

[799] Diario de Sesiones de las Cortes, 28 de octubre de 1935; El Debate 23, 27, 29 y 30 de octubre de 1935; Gil Robles, No fue posible…, pp. 304-312; José Antonio Primo de Rivera, Obras, Madrid, Sección Femenina de FET y de las JONS, 1966⁴, pp. 665-668; Lerroux, La pequeña historia…, pp. 446-455; Chapaprieta, La paz fue posible…, pp. 243-280; Jalón, Memorias políticas…, pp. 228-232; Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 315-329, 332-337. <<

[800] Chapaprieta, La paz fue posible…, pp. 292-309; Gil Robles, No fue posible…, pp. 341-358. <<

[801] JAP, 12 de octubre de 1935; El Debate, 10 de noviembre de 1935; González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 285-289; Lowe, Catholicism, War and the Foundation…, pp. 78-80. <<

[802] Armando Boaventura, Madrid-Moscovo – Da Ditadura à República e à Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1937, pp. 191-192; Ansaldo, ¿Para qué…?, pp. 110-111; Tusell y Calvo, Giménez Fernández…, pp. 148, 153-159; Chapaprieta, La paz fue posible…, pp. 315-330; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 340-345; Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada española, 8 vols., 36 tomos, Madrid, Ediciones Españolas, 1939-1943, vol. II, t. 8, p. 277; Gil Robles, No fue posible…, pp. 145-148. <<

[803] El Debate, 10-15, 17, 18 y 28 de diciembre de 1935; Gil Robles, No fue posible…, pp. 358-403; Chapaprieta, La paz fue posible…, pp. 324-332, 343-377; Manuel Portela Valladares, Memorias. Dentro del drama español, Madrid, Alianza, 1988, pp. 152-160; José Luis Martín Ramos, El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado y Presente, 2015, pp. 141-144. <<

[804] Ealham, Class, Culture and Conflict…, pp. 167-168. <<

[805] Sobre el papel de Azaña y el de Prieto, véase Paul Preston, ¡Comrades! Portraits from the Spanish Civil War, Londres, HarperCollins, 1999, pp. 217-220, 256-258. Para más detalles, véanse Santos Juliá Díaz, La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977, pp. 53-111; Vidarte, El bienio negro…, pp. 387-514; Manuel Azaña, Discursos en campo abierto, Madrid, Espasa-Calpe, 1936, pp. 103-242; Azaña, Obras…, vol. III, pp. 229-293; Márquez Tornero, Testimonio de mi tiempo…, pp. 118-121; Buckley, Life and Death…, pp. 182-185; Azaña a Prieto, 7 de agosto de 1935, Azaña, Obras…, vol. III, pp. 603-604. <<

[806] José Luis de la Granja Sainz y Luis Sala González, Vidas cruzadas. Prieto y Aguirre. Los padres fundadores de Euskadi en la República y la Guerra Civil, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017, p. 43; De la Granja, El oasis vasco…, pp. 72-73. <<

[807] Gil Robles, No fue posible…, pp. 404-430; Javier Tusell, Las elecciones del Frente Popular, 2 vols., Madrid, Edicusa, 1971, vol. I, pp. 42-133; El Socialista, 11 y 18 de enero de 1936; Tusell y Calvo, Giménez Fernández…, pp. 162-165; Blinkhorn, Carlism…, p. 204. <<

[808] Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 290-295; Gil Robles, No fue posible…, p. 472. <<

[809] El Socialista, 18, 19 y 30 de enero, 9 y 13 de febrero de 1936; El Debate, 3, 10, 11, 15 y 17 de enero, 2, 7, 9, 11, 14 y 16 de febrero de 1936; JAP, 21 y 28 de diciembre de 1935, 4 de enero y 14 de febrero de 1936; ABC, 7 de febrero de 1936; Ideal, 3, 14, 15, 28 y 29 de enero, 11, 12, 14 y 16 de febrero de 1936; El Defensor 14, 19, 22, 23, 24 y 28 de enero, 1, 11, 6 y 15-20 de febrero, 5-7 de marzo de 1936; Ideal, 3, 14, 15, 28 y 29 de enero, 11, 12, 14 y 16 de febrero de 1936; Gil Robles, No fue posible…, pp. 464-473; Tusell, Las elecciones…, vol. I, pp. 150, 211-219, 229-247, 273-285, vol. II, pp. 123-191, apéndice 7, pp. 371-401; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 290-291. <<

[810] Chris Ealham, Living Anarchism. José Peirats and the Spanish Anarcho-Syndicalist Movement, Oakland (California), AK Press, 2016, pp. 82-83. <<

[811] Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Barcelona, Espasa, 2017, pp. 254-273, 279-284, 353-361. <<

[812] Eduardo González Calleja, Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y Francisco Sánchez Pérez, La Segunda República Española, Barcelona, Pasado y Presente, 2015, pp. 832-836; Martín Ramos, El Frente Popular…, pp. 144-146. <<

[813] Townson, The Crisis of Democracy…, pp. 339-343; Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical…, pp. 556-577; Jalón, Memorias políticas…, pp. 236-242; Martín Ramos, El Frente Popular…, pp. 144-150. <<

[814] El Debate, 3 de enero de 1936; El Socialista, 30 de enero de 1936; Claude G. Bowers, My Mission to Spain, Londres, Gollancz, 1954, pp. 182-187; Buckley, Life and Death…, pp. 190-191; Constancia de la Mora, In Place of Splendour, Nueva York, Harcourt, Brace & Co., 1939, p. 207. <<

[815] Ministerio de la Gobernación, Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, Barcelona, 1939, pp. 31-45. <<

[816] Gil Robles, No fue posible…, pp. 431-435. <<

[817] Álvarez Tardío y Villa García, 1936. Fraude y violencia…, pp. 380-381, 408-409, 419, 423, 491-498, 515-516; Enrique Moradiellos, «Las elecciones generales de febrero de 1936. Una reconsideración historiográfica», Revista de Libros, 13 de septiembre 2017, pp. 1-38; Santos Juliá Díaz, «Las cuentas galanas de 1936», El País (Babelia), 1 de abril de 2017, p. 8; Stanley G. Payne, «1936. Fraude y violencia», ABC, 7 de mayo de 2017. <<

[818] El Sol, 19 de febrero de 1936; El Socialista, 19 de febrero de 1936; Gil Robles, No fue posible…, pp. 492-498, 500-502; Azaña, anotación de diario correspondiente al 19 de febrero de 1936, Obras…, vol. IV, pp. 563-564; Portela Valladares, Memorias…, pp. 175-190; Franco, «Apuntes» personales…, pp. 25-30; Ricardo de la Cierva, Historia de la guerra civil española, Madrid, San Martín, 1969, vol. I, pp. 639-642; Arrarás, Historia de la Cruzada…, vol. II, pp. 440-443; Juan-Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista español, México DF, FCE, 1973, pp. 40-42, 47-49; Servicio Histórico Militar, Historia de la guerra de liberación, Madrid, San Martín, 1945, vol. I, p. 421; Manuel Goded, Un «faccioso» cien por cien, Zaragoza, Heraldo, 1938, pp. 26-27; Martínez Barrio, Memorias…, pp. 303-307. <<

[819] De Rivas Cherif, Retrato…, pp. 320-322. <<

[820] Gil Robles, No fue posible…, pp. 719-720; Arrarás, Historia de la Cruzada…, vol. II, t. 9, p. 467; Franco, «Apuntes» personales…, pp. 33-34; Iribarren, Mola…, pp. 45-46; José María Iribarren, Con el general Mola. Escenas y aspectos inéditos de la Guerra Civil, Zaragoza, Librería General, 1937, pp. 14-15; Felipe Bertrán Güell, Preparación y desarrollo del alzamiento nacional, Valladolid, Librería Santarén, 1939, pp. 116-117. <<

[821] Gil Robles y March estuvieron en contacto en tiempos de la República, y más adelante mantuvieron relaciones de negocios; véase Gil Robles, No fue posible…, pp. 772, 780, 789-790, 794, 798. Sobre los contactos directos de March con los generales, véase Gustau Nerín, La guerra que vino de África, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 132-133. <<

[822] Lowe, Catholicism, War and the Foundation…, pp. 139-147. <<

[823] Louis Fischer, Men and Politics. An Autobiography, Londres, Jonathan Cape, 1941, p. 309. <<

[824] Azaña a De Rivas Cherif, 17 de marzo de 1936, en De Rivas Cherif, Retrato…, pp. 665-666; Moreno Gómez, La República…, pp. 352-368; Pérez Yruela, La conflictividad campesina…, pp. 205-207; Cobo Romero, Labradores…, pp. 445-453; Malefakis, Agrarian Reform…, pp. 364-369. <<

[825] El Socialista, 7, 8 y 15 de marzo de 1936; discurso de Rodolfo Llopis, Diario de Sesiones de las Cortes, 15 de abril de 1936; El Debate, 18 y 19 de marzo de 1936; Gil Robles, No fue posible…, pp. 575-576; Vidarte, Todos fuimos culpables…, p. 53; Lowe, Catholicism, War and the Foundation…, pp. 111-124; González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 307-329. <<

[826] El Socialista, 22 de marzo de 1936; Claridad, 6 de abril y 30 de mayo de 1936. <<

[827] Ministerio de la Gobernación, Dictamen…, pp. 33-46, 128-129; Richard A. H. Robinson, Origins of Franco’s Spain. The Right, the Republic and the Revolution, 1931-36, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1970, pp. 255-257; Stanley G. Payne, Spain’s First Democracy. The Second Republic, 1931-1936, Madison (Wisconsin), University of Wisconsin Press, 1993, pp. 296-301; Tusell, Las elecciones…, vol. II, pp. 190-191; Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 350-353; Gil Robles, No fue posible…, pp. 541-547; Álvarez Tardío y Villa García, 1936. Fraude y violencia…, pp. 383-409, 454-473, 491-498. <<

[828] Diario de Sesiones de las Cortes, 20, 24 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 1936; El Debate, 28, 29 y 31 de marzo de 1936; Vidarte, Todos fuimos culpables…, p. 71; José Venegas, Las elecciones del Frente Popular, Buenos Aires, PHAC, 1942, pp. 47-48; Gil Robles, No fue posible…, pp. 548-549; Prieto, prólogo a Luis Romero Solano, Vísperas de la Guerra de España, Madrid, FCE, 2012, pp. 6-7. <<

[829] Diario de Sesiones de las Cortes, 31 de marzo de 1936; ABC, 1 de abril de 1936; Tusell y Calvo, Giménez Fernández…, pp. 184-187. <<

[830] Diario de Sesiones de las Cortes, 15 de abril de 1936; Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo…, pp. 598-603. <<

[831] ABC, 4, 5 y 11 de marzo, 2, 19 y 29 de abril de 1936; Colin M. Winston, Workers and the Right in Spain, 1900-1936, Princeton, Princeton University Press, 1985, pp. 306-322; Ansaldo, ¿Para qué…?, pp. 76-78; Buckley, Life and Death…, p. 129; De la Mora, In Place of Splendour…, pp. 214-215; Stanley G. Payne, Falange. A History of Spanish Fascism, Stanford, Stanford University Press, 1961, pp. 98-105; Stanley G. Payne, Fascism in Spain 1923-1977, Madison (Wisconsin), Wisconsin University Press, 1993, pp. 185-201. <<

[832] Bowers, My Mission…, pp. 200-210, 224-225. <<

[833] Para un análisis de la violencia política en la primavera de 1936, véanse Eduardo González Calleja, Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015, pp. 285-293; Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 164-170. <<

[834] Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo…, pp. 612-625, 634-642. <<

[835] Alcalá Zamora, Memorias…, pp. 359-361. <<

[836] Vidarte, Todos fuimos culpables…, pp. 115-118; Prieto, Cartas a un escultor…, pp. 44-45. <<

[837] Manuel Azaña, Apuntes de memoria inéditos y cartas 1938-1939-1940, Valencia, Pre-Textos, 1990, pp. 17-18. <<

[838] El Obrero de la Tierra, 18 de abril, 16, 23 y 30 de mayo, 13, 20 y 27 de junio de 1936; Claridad, 6, 9 y 18 de junio de 1936; Diario de Sesiones de las Cortes, 5 de junio de 1936; Manuel Requena Gallego, Los sucesos de Yeste (mayo 1936), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1983, pp. 83-100; Manuel Ortiz Heras, Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 58-63. <<

[839] Gil Robles, No fue posible…, pp. 719, 728-730, 789, 798; Gil Robles a Mola, 29 de diciembre de 1936 y 1 de enero de 1937, en Francisco Franco Salgado-Araujo, Mi vida junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 202-203; Sánchez Asiaín, La financiación…, pp. 1.143-1.147. <<

[840] El Socialista, 26 de marzo de 1936; Claridad, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 y 22 de abril de 1936; 11 de mayo, 1, 6, 9 y 18 de junio, 1, 2 y 13 de julio de 1936. <<

[841] Paul Preston, The Last Stalinist. The Life of Santiago Carrillo, Londres, William Collins, 2014, pp. 58-66. <<

[842] Claridad, 20 de mayo y 1 de junio de 1936; Prieto, Convulsiones…, vol. III, pp. 159-160; Vidarte, Todos fuimos culpables…, pp. 199-200, 859-861; Helen Graham, Socialism and War. The Spanish Socialist Party in Power and Crisis, 1936-1939, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 28-40; José María Varela Rendueles, Rebelión en Sevilla. Memorias de un Gobernador rebelde, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1982, pp. 51-56. <<

[843] Vidarte, Todos fuimos culpables…, pp. 93-95, 99-100, 146-147, 190-192; Prieto, Convulsiones…, vol. III, pp. 143-144; Largo Caballero, Escritos…, pp. 304-306; Prieto, Cartas a un escultor…, p. 57. <<

[844] Payne, Falange…, pp. 104-105; Blinkhorn, Carlism…, pp. 234-235; Rafael Valls, La Derecha Regional Valenciana 1930-1936, Valencia, Alfons el Magnànim, 1992, pp. 227-234; Lowe, Catholicism, War and the Foundation…, pp. 131-140; Ugarte Tellería, La nueva Covadonga insurgente…, p. 67; Vincent, Catholicism…, pp. 242-233; Vicent Comes Iglesia, En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 350-361. <<

[845] Diario de Sesiones de las Cortes, 19 de mayo y 16 de junio de 1936; ABC, 20 de mayo y 17 de junio de 1936. <<

[846] Diario de Sesiones de las Cortes, 16 de junio de 1936; ABC, 17 de junio de 1936. <<

[847] Fernando Puell de la Villa, «La trama militar de la conspiración», en Sánchez Pérez, Los mitos…, pp. 71-77. Pueden verse todas las instrucciones de Mola en ibid., pp. 341-367. <<

[848] Juan de Iturralde, La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, 2 vols., San Sebastián, Publicaciones del Clero Vasco, 1978, vol. I, p. 433. <<

[849] B. Félix Maíz, Alzamiento en España, Pamplona, Editorial Gómez, 1952², pp. 53-56, 61-63, 67. <<

[850] Pedro Luis Angosto, José Alonso Mallol. El hombre que pudo evitar la guerra, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2010, pp. 199, 212-214; Dolores Ibárrurri, El único camino, Madrid, Castalia, 1992, p. 349; Enrique Líster, Nuestra guerra, París, Colección Ebro, 1966, pp. 30-31. <<

[851] Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo (Memorias), 2 vols., Bucarest, Colección Ebro, 1964, 1970, vol. II, pp. 131-135; Calleja, Yagüe…, pp. 75-76. <<

[852] Mariano Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 122-123; Carlos Fernández Santander, Casares Quiroga. Una pasión republicana, Sada-La Coruña, Ediciós do Castro, 2000, pp. 235-240. <<

[853] Gaceta de Tenerife, 26 de agosto de 1936; The Times, 7 de septiembre de 1936. <<

[854] Para opiniones diferentes sobre el papel de Romerales, véanse Busquets y Losada, Ruido de sables…, pp. 63-68; Joaquín Gil Honduvilla, «La sublevación de julio de 1936. Proceso militar al general Romerales 2004», Historia Actual Online, n.º 4, primavera de 2004, pp. 107-108. <<

[855] Saz Campos, Mussolini contra la II República…, pp. 166-174; Morten Heiberg, Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2004, p. 51; Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo, La trama oculta de la guerra civil. Los servicios secretos de Franco 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 30-38; Sainz Rodríguez, Testimonio…, pp. 232-233; Ángel Viñas, «La connivencia fascista con la sublevación y otros éxitos de la trama civil», en Sánchez Pérez, Los mitos…, pp. 90-106. Los contratos se reproducen en ibid., pp. 169-181. <<

[856] Vegas Latapié, Memorias políticas. El suicidio de la monarquía…, p. 184; Sainz Rodríguez, Testimonio…, p. 247; Ansaldo, ¿Para qué…?, p. 121. <<

[857] Gil Robles, No fue posible…, p. 780; José Ignacio Luca de Tena, Mis amigos muertos, Barcelona, Planeta, 1971, p. 164; Torcuato Luca de Tena, Papeles para la pequeña y la gran historia. Memorias de mi padre y mías, Barcelona, Planeta, 1991, pp. 207-208. <<

[858] Entrevistas a Bebb y Pollard, The Guardian, 7 de julio de 1966; Douglas Jerrold, Georgian Adventure, Londres, Right Book Club, 1937, pp. 367-373; Antonio González Betes, Franco y el Dragón Rapide, Madrid, Rialp, 1987, pp. 96-121; Peter Day, Franco’s Friends. How British Intelligence Helped Bring Franco to Power in Spain, Londres, Biteback Publishing, 2011, pp. 15-26, 70-88; Graham D. Macklin, «Major Hugh Pollard, MI6, and the Spanish Civil War», The Historical Journal, n.º 49, vol. 1, 2006, pp. 277-280. El análisis forense definitivo de las pruebas es obra de Ángel Viñas, La conspiración del general Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada, Barcelona, Crítica, 2012², pp. 30-74. Sobre la presencia de Bolín en África, véase Nerín, La guerra…, p. 136. <<

[859] Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, 2 vols., París, Librería Española, 1968, vol. I, pp. 28-32; Prieto, Convulsiones…, vol. I, pp. 157-163; Vidarte, Todos fuimos culpables…, pp. 213-217; Ian Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, Argos Vergara, 1982, pp. 15-22. <<

[860] Vegas Latapié, Memorias políticas. El suicidio de la monarquía…, pp. 310-315. <<

[861] Ángel Viñas, Miguel Ull Laita y Cecilio Yusta, El primer asesinato de Franco. La muerte del general Balmes y el inicio de la sublevación, Barcelona, Crítica, 2018, pp. 110-124, 175 ss. <<

[862] Gil Robles, No fue posible…, p. 743; Solidaridad Obrera, 24 de febrero de 1937; S. Cánovas Cervantes, Apuntes históricos de Solidaridad Obrera, Barcelona, CNT, 1937, p. 447. <<

[863] Sobre la represión en la retaguardia, véase Paul Preston, The Spanish Holocaust. Inquisition and Extermination in Twentieth Century Spain, Londres, HarperCollins, 2012. [Traducción española: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011.] <<

[864] Preston, The Spanish Holocaust…, pp. 137, 139, 156, 169, 187, 212, 310, 315, 321, 326; Pura Sánchez, Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958), Barcelona, Crítica, 2009, pp. 215-231. <<

[865] Juan de Iturralde, La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, 2 vols., San Sebastián, Publicaciones del Clero Vasco, 1978, vol. I, p. 433. <<

[866] José María Iribarren, Con el general Mola. Escenas y aspectos inéditos de la Guerra Civil, Zaragoza, Librería General, 1937, p. 169. <<

[867] Iribarren, Con el general Mola…, pp. 64-66; Diego Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 358-364; Carlos Blanco Escolá, General Mola. El ególatra que provocó la Guerra Civil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002, pp. 284-286. <<

[868] Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, 2 vols., París, Librería Española, 1968², vol. I, p. 65; Helen Graham, The Spanish Republic at War 1936-1939, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 82-83; Indalecio Prieto, Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes sucesos, 3 vols., México DF, Oasis, 1967-1969, p. 149; Manuel Azaña, Obras completas, 4 vols., México DF, Oasis, 1966-1968, pp. 487-489. <<

[869] Maximiano García Venero, El general Fanjul. Madrid en el alzamiento nacional, Madrid, Cid, 1967, pp. 338-344; Luis Enrique Délano, Cuatro meses de guerra civil en Madrid, Santiago de Chile, Panorama, 1937, pp. 12-13; Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada española, 8 vols., 36 tomos, Madrid, Ediciones Españolas, 1939-1943, vol. IV, t. 17, pp. 403-409, 434-468; José Martín Blázquez, I Helped to Build an Army. Civil War Memoirs of a Spanish Staff Officer, Londres, Secker & Warburg, 1939, pp. 111-117; Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. I, pp. 69-71; Luis Romero, Tres días de julio (18, 19 y 20 de 1936), Barcelona, Ariel, 1968², pp. 414-416, 432-435, 457-462, 469-491, 543-558. <<

[870] Frederic Escofet, Al servei de Catalunya i la República, 2 vols., París, Edicions Catalanes, 1973, vol. II, pp. 205-435; Manuel Goded, Un «faccioso» cien por cien, Zaragoza, Librería General, 1939, pp. 44-59. <<

[871] Mijaíl Koltsov, Diario de la guerra de España, París, Ruedo Ibérico, 1963, p. 55; Juan-Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 476. <<

[872] Para más detalles sobre las consecuencias del golpe en la zona republicana, véase Preston, The Spanish Holocaust…, caps. 7 y 8. <<

[873] Michael Alpert, La guerra civil española en el mar, Madrid, Siglo XXI, 1987, pp. 40-55; Daniel Sueiro, La flota es roja. Papel clave del radiotelegrafista Benjamín Balboa en julio de 1936, Barcelona, Argos Vergara, 1983, passim; Manuel D. Benavides, La escuadra la mandan los cabos, México DF, Roca, 1976², pp. 123-158. <<

[874] Arrarás, Historia de la Cruzada…, vol. III, pp. 118-119; Francisco Franco SalgadoAraujo, Mi vida junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 181-182; José Manuel Martínez Bande, La campaña de Andalucía, Madrid, San Martín, 1986², pp. 55-58; Alfredo Kindelán Duany, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1981², pp. 176-177. <<

[875] María Rosa de Madariaga, Los moros que trajo Franco, Madrid, Alianza, 2015, pp. 187-198; Francisco Sánchez Ruano, Islam y Guerra Civil española. Moros con Franco y con la República, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, pp. 149-150; Gustau Nerín, La guerra que vino de África, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 169-191, 237-242; Sebastian Balfour, Deadly Embrace. Morocco and the Road to the Spanish Civil War, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 285-294; Ali Al Tuma, Guns, Culture and Moors. Racial Perceptions, Cultural Impact and the Moroccan Participation in the Spanish Civil War, Londres, Routledge, 2018, pp. 110-116. <<

[876] Gabriel Cardona, «Factores militares esenciales de la Guerra Civil española», en Enrique Fuentes Quintana y Francisco Comín Comín, eds., Economía y economistas españoles en la Guerra Civil, 2 vols., Barcelona, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Círculo de Lectores, 2008, pp. 279-299. <<

[877] Paul Preston, Franco. A Biography, Londres, HarperCollins, 1993, pp. 153-163; Ángel Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil. Antecedentes y consecuencias, Madrid, Alianza, 2001, pp. 335-402; Paul Preston, «Mussolini’s Spanish Adventure. From Limited Risk a War», en Paul Preston y Ann Mackenzie, eds., The Republic Besieged. Civil War in Spain 1936-1939, Edimburgo, Edinburgh University Press, 1996, pp. 21-51. <<

[878] El estudio más exhaustivo sobre el tema es el de Francisco Espinosa Maestre, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica, 2017². <<

[879] Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. I, pp. 102-103; Gerald Howson, Arms for Spain. The Untold Story of the Spanish Civil War, Nueva York, St. Martin’s Press, 1999², pp. 75-80; Ángel Viñas, El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 89-121. <<

[880] Rafael Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil. 1) La España Nacional, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 51-54. <<

[881] El Socialista, 25 de julio de 1936; Mercedes Cabrera, Juan March (1880-1962), Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 277-278, 295-307. <<

[882] Bernardo Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, Sedmay, 1977, p. 303. <<

[883] Francisco Franco Bahamonde, Palabras del Caudillo 19 abril 1937 – 7 diciembre 1942, Madrid, Vicesecretaría de Educación Popular, 1943, pp. 231-235. <<

[884] Arturo Dixon, Señor Monopolio. La asombrosa vida de Juan March, Barcelona, Planeta, 1985, p. 134; Romero, Tres días de julio…, p. 20; Franco Salgado-Araujo, Mi vida…, p. 150; Pilar Franco Bahamonde, Nosotros los Franco, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 98-100; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 303-307; Ramón Garriga, Juan March y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 373-376. Sobre March y Sangróniz, véanse Ramón Garriga, La Señora de El Pardo, Barcelona, Planeta, 1979, pp. 90, 120; José Antonio Vaca de Osma, La larga guerra de Francisco Franco, Madrid, RIALP, 1991, pp. 117-120. Sobre March y Peire, véase Ricardo de la Cierva, Historia de la guerra civil española, vol. I, Madrid, San Martín, 1969, p. 748. <<

[885] Ismael Saz Campos, Mussolini contra la II República. Hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936), Valencia, Alfons el Magnànim, 1986, pp. 166-174. <<

[886] Jehanne Wake, Kleinwort Benson. The History of Two Families in Banking, Nueva York, Oxford University Press, 1997, pp. 250-254; José Ángel Sánchez Asiaín, La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica, Barcelona, Crítica, 2012, pp. 119-120, 180-185, 199-204. <<

[887] José Ignacio Luca de Tena, Mis amigos muertos, Barcelona, Planeta, 1971, pp. 83, 162-164; Torcuato Luca de Tena, Papeles para la pequeña y la gran historia. Memorias de mi padre y mías, Barcelona, Planeta, 1991, pp. 200, 207, 210; Cabrera, Juan March…, pp. 293-294; Sánchez Asiaín, La financiación…, pp. 186-190; Ángel Viñas, «La connivencia fascista con la sublevación y otros éxitos de la trama civil», en Francisco Sánchez Pérez, ed., Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 114-118; Wake, Kleinwort Benson…, pp. 252-253. <<

[888] Francisco Franco Bahamonde, «Apuntes» personales sobre la República y la guerra civil, Madrid, Fundación Francisco Franco, 1987, p. 35; «La historia del Alzamiento Nacional contada por su Jefe de Estado Mayor», Falange, 15 de marzo de 1939. <<

[889] T. F. Burns, Memorando para Hoare, 11 de abril de 1944, Templewood Papers, Biblioteca de la Universidad de Cambridge, XIII/6/28, p. 2. <<

[890] Wake, Kleinwort Benson…, p. 252. <<

[891] Sobre la negociación y el pago de los aviones italianos, véanse Preston, «Mussolini’s Spanish Adventure…», pp. 33-35; José Gutiérrez Ravé, Antonio Goicoechea, Madrid, Celebridades, 1965, pp. 34-36; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 307-318, 325-334; Ángel Viñas, Las armas y el oro. Palancas de la guerra civil, mitos del franquismo, Barcelona, Pasado y Presente, 2013, pp. 360-364; Cabrera, Juan March…, pp. 276-287; Sánchez Asiaín, La financiación…, pp. 168-169, 177-185, 190-193 199-205, 222-225; Garriga, Juan March…, pp. 379-382. <<

[892] Wake, Kleinwort Benson…, pp. 253-254; Mariano Sánchez Soler, Ricos por la guerra de España, Madrid, Raíces, 2007, pp. 41-44; Viñas, Las armas…, pp. 368-370. <<

[893] Cabrera, Juan March…, pp. 278-279, 287-288, 302-304; Sánchez Soler, Ricos…, pp. 85-89; Ramón Garriga, Nicolás Franco, el hermano brujo, Barcelona, Planeta, 1980, pp.19-20. <<

[894] Tomeu Ferrer, Vint dies de guerra, Palma de Mallorca, Documenta Balear, 2005, pp. 216-218; Alberto Bayo, Mi desembarco en Mallorca (de la guerra civil española), Palma de Mallorca, Miquel Font Editor, 1987, pp. 85-150; Josep Massot i Muntaner, El desembarcament de Bayo a Mallorca. Agost – setembre de 1936, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987, pp. 60, 92, 110, 138-140, 252, 268; José Manuel Martínez Bande, La invasión de Aragón y el desembarco en Mallorca, Madrid, San Martín, 1989², pp. 143-211; Sánchez Asiaín, La financiación…, pp. 206-222. <<

[895] Bayo, Mi desembarco…, pp. 134-135; Josep Massot i Muntaner, Arconovaldo Bonacorsi. El «conde Rossi». Mallorca, agost – desembre 1936. Màlaga, gener – febrer 1937, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017, pp. 127-170; Josep Massot i Muntaner, Guerra civil i repressió a Mallorca, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 59-126. <<

[896] Alejandro Lerroux, Mis memorias, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963, pp. 637-639; Lerroux a Franco, 18 de julio de 1937, 25 de febrero de 1938 y 29 de marzo de 1939, publicadas en Franco Salgado-Araujo, Mi vida…, pp. 373, 375, 381-382; Alejandro Lerroux, La pequeña historia. Apuntes para la Historia grande vividos y redactados por el autor, Buenos Aires, Cimera, 1945, pp. 588-591. <<

[897] Sánchez Asiaín, La financiación…, pp. 138-149; Borja de Riquer, L’últim Cambó (1936-1947). La dreta catalanista davant la guerra civil i el franquisme, Vic, Eumo, 1996, pp. 52-65, 99-102, 178-189; Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo, La trama oculta de la guerra civil. Los servicios secretos de Franco 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 17, 59-60, 100-103, 258-259. El estudio de José Bertrán y Musitu, Experiencias de los Servicios de Información del Nordeste de España (SIFNE) durante la guerra, Madrid, Espasa Calpe, 1940, no menciona a Cambó. <<

[898] Véanse, por ejemplo, Francesc Cambó, «Democracy and Spanish Conflict» y «Spain Under Shadow of Anarchist Rule», The Daily Telegraph, 28 y 29 de diciembre de 1936. <<

[899] Francesc Cambó, anotaciones de diario correspondientes al 13 de julio de 1937, 23 y 24 de marzo de 1938, Meditacions. Dietari (1936-1940), Barcelona, Alpha, 1982, pp. 147, 303-304. <<

[900] Paul Preston, «The Great Civil War. European Politics, 1914-1945», en Tim Blanning, ed., The Oxford History of Modern Europe, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 153-184. <<

[901] Chilton a Eden, 10 de enero (FO371/20520, W344/62/41), 21 de febrero (FO371/20520, W1639/62/41), 3 de marzo (FO371/20520, W2014/62/41), 24 de marzo (FO371/20520, W2868/62/41), 26 de marzo (FO371/20520, W2888/62/41), 7 de abril (FO371/20521, W3224/62/41), 18 de abril (FO371/20521, W3449/62/41) y 2 de mayo de 1936 (FO371/20521, W3947/62/41); Ogilvie-Forbes a Eden, 3 de marzo (FO371/20520, W2015/62/41) y 17 de junio (FO371/20522, W5670/62/41); Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión. El Gobierno británico y la guerra civil española, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 64-87; Douglas Little, Malevolent Neutrality. The United States, Great Britain, and the Origins of the Spanish Civil War, Ithaca, Cornell University Press, 1985, pp. 184-220. <<

[902] Sir M. Hankey, «The Future of the League of Nations», actas del Consejo de Ministros, 20 de julio de 1936, CAB 63-51. <<

[903] Jean Lacouture, Léon Blum, Nueva York, Holmes & Meier, 1982, pp. 305-306; Hugh Thomas, The Spanish Civil War, Londres, Hamish Hamilton, 1977³, pp. 337, 343-344; Julian Jackson, The Popular Front in France. Defending Democracy, 1934-1938, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 202. <<

[904] David Carlton, «Eden, Blum and the origins of Non-Intervention», Journal of Contemporary History, vol. VI, n.º 3, 1971, pp. 41-45; Anthony Eden, Facing the Dictators, Londres, Cassell, 1962, p. 405; Joel Colton, Léon Blum. Humanist in Politics, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1966, p. 241. <<

[905] David Wingeate Pike, La Galia dividida. Los franceses y la Guerra Civil española, La Coruña, Ediciones del Viento, 2016, pp. 54-57; The Times, 26 de julio de 1936; Carlton, «Eden, Blum…», pp. 47-52; John E. Dreifort, Yvon Delbos at the Quai d’Orsay. French Foreign Policy During the Popular Front, Lawrence (Kansas), University Press of Kansas, 1973, pp. 44-49; Moradiellos, La perfidia…, pp. 64-87; Eden, Facing the Dictators…, pp. 401-403. <<

[906] Lacouture, Léon Blum…, pp. 311-312; Dreifort, Yvon Delbos…, pp. 50-51. <<

[907] Moradiellos, La perfidia…, pp. 71-72. <<

[908] Zara Steiner, The Triumph of the Dark. European International History 1933-1939, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 202-203; Henry Buckley, Life and Death of the Spanish Republic, Londres, Hamish Hamilton, 1940, p. 321. <<

[909] Ingram a Eden, 28 de julio de 1936, Documents on British Foreign Policy, 2.ª serie, Londres, HMSO, 1979, vol. XVII, pp. 31-32; Nino D’Aroma, Un popolo alla prova. Dieci anni di guerra (1935-1945), 4 vols., Palermo, Cusimano, 1967, vol. I, pp. 282-283. <<

[910] Vitetti a Ciano, 29 de julio y 3 de agosto de 1936, Ciano a Vitetti, 30 de julio de 1936, I Documenti Diplomatici Italiani, 8.ª serie, vol. IV (10 maggio – 31 agosto 1936), Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato/Libreria dello Stato, 1993, pp. 711-713, 719-720, 736-737; Saz Campos, Mussolini contra la II República…, pp. 204-205; Enrique Moradiellos, Neutralidad benévola. El Gobierno británico y la insurrección militar española de 1936, Oviedo, Pentalfa, 1990, pp. 172-173. <<

[911] Enrique Moradiellos, «El mundo ante el avispero español. Intervención y no intervención extranjera en la guerra civil», en Santos Juliá Díaz, ed., Historia de España Menéndez Pidal. Tomo XL. República y guerra civil, Madrid, Espasa Calpe, 2004, p. 253; Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, legajo R-981, expediente 5 (AMAE: R-981, E-5); José Antonio Durango, La política exterior del general Franco, 1938-1940, tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 1992, pp. 1-5; Francisco Serrat Bonastre, Salamanca, 1936. Memorias del primer «ministro» de Asuntos Exteriores de Franco, Barcelona, Crítica, 2014, pp. 162-163. <<

[912] Vitetti a Ciano, 7 de agosto de 1937, I Documenti Diplomatici Italiani, 8.ª serie, vol. IV…, p. 774. <<

[913] Moradiellos, Neutralidad benévola…, pp. 95-103; Steiner, The Triumph…, p. 201. <<

[914] Paul Preston, «The Answer lies in the Sewers. Captain Aguilera and the Mentality of the Francoist Officer Corps», Science & Society, vol. 68, n.º 3, otoño de 2004, p. 289; Peter Day, Franco’s Friends. How British Intelligence Helped Bring Franco to Power in Spain, Londres, Biteback Publishing, 2011, pp. 10-14. <<

[915] Jean-François Berdah, La democracia asesinada. La República española y las grandes potencias, 1931-1939, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 247-274; Viñas, Las armas…, pp. 254-255. <<

[916] Espinosa Maestre, La columna de la muerte…, pp. 8-95, 205-234; Preston, The Spanish Holocaust…, pp. 304-324; Mário Neves, La matanza de Badajoz, Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 1986, pp. 43-53; Herbert Rutledge Southworth, El mito de la cruzada de Franco, París, Ruedo Ibérico, 1963, pp. 217-231. <<

[917] The Times, 29 y 31 de agosto, 1, 2, 4 y 5 de septiembre de 1936; José Manuel Martínez Bande, Nueve meses de guerra en el norte, Madrid, San Martín, 1980, pp. 64-86. <<

[918] José María Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo (1936-1939), 2 vols., Ciudad Real, Almud, 2004, vol. I, pp. 166-185; Rafael Casas de la Vega, El Alcázar, Madrid, G. del Toro, 1976, pp. 38-77; Antonio Vilanova Fuentes, La defensa del Alcázar de Toledo (epopeya o mito), México DF, Editores Mexicanos Unidos, 1963, pp. 107-192; Gregorio Gallego, Madrid, corazón que se desangra, Madrid, G. del Toro, 1976, pp. 154-158. <<

[919] José Peirats, La CNT en la revolución española, 3 vols., París, Ruedo Ibérico, 1971², vol. I, pp. 157-162; Preston, The Spanish Holocaust…, pp. 242-251; Josep Termes, Misèria contra pobresa. Els fets de la Fatarella del gener de 1937. Un exemple de la resistència pagesa contra la collectivització agrària durant la Guerra Civil, Catarroja, Afers, 2005, pp. 53-74, 81-107. <<

[920] Koltsov, Diario…, p. 55; Franz Borkenau, The Spanish Cockpit, Londres, Faber & Faber, 1937, pp. 130-132. <<

[921] Cipriano de Rivas Cherif, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Barcelona, Grijalbo, 1980, p. 351. <<

[922] Dolores Ibárruri et al., Guerra y revolución en España 1936-1939, 4 vols., Moscú, Progreso, 1966-1977, vol. 2, pp. 46-48; Koltsov, Diario…, p. 65; Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. I, pp. 144-145. <<

[923] Ángel Viñas, La soledad de la República. El abandono de las democracias y el viraje hacia la Unión Soviética, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 198, 206-209; Vidarte, Todos fuimos culpables…, pp. 478-485; Enrique Moradiellos, Negrín. Una biografía de la figura más difamada de la España del siglo XX, Barcelona, Península, 2015, pp. 194-200. <<

[924] Julio Álvarez del Vayo, Freedom’s Battle, Londres, Heinemann, 1940, pp. 202-203. <<

[925] José Martín Blázquez, I Helped to Build an Army. Civil War Memoirs of a Spanish Staff Officer, Londres, Secker & Warburg, 1939, p. 190; Antonio Cordón, Trayectoria. Recuerdos de un artillero, París, Colección Ebro, 1971, p. 258. <<

[926] Yuri Rybalkin, Stalin y España. La ayuda militar soviética a la República, Madrid, Marcial Pons Historia, 2007, pp. 40-56. <<

[927] La obra de referencia sobre el oro sigue siendo Ángel Viñas, El oro español en la guerra civil, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1976. Para un estudio más amplio y actual del mismo autor, véase La soledad de la República…, pp. 197-398. Véanse también Boris Volodarsky, Stalin’s Agent. The Life and Death of Alexander Orlov, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 156-167; Moradiellos, Negrín…, pp. 200-213. <<

[928] Howson, Arms for Spain…, pp. 128-145, 278-284; Viñas, La soledad de la República…, pp. 345-358. <<

[929] Preston, Franco…, pp. 173-179; Garriga, Nicolás Franco…, pp. 97-104; Guillermo Cabanellas, La guerra de los mil días, 2 vols., Buenos Aires, Grijalbo, 1973, pp. 196, 305-306; José María Iribarren, Mola. Datos para una biografía y para la historia del alzamiento nacional, Zaragoza, Librería General, 1938, pp. 232-233. <<

[930] H. R. Knickerbocker, The Seige of Alcazar. A War-Log of the Spanish Revolution, Londres, Hutchinson, s. d. [1937], pp. 172-173; Webb Miller, I Found No Peace, Londres, The Book Club, 1937, pp. 329-330, 335-337; Herbert L. Matthews, The Yoke and the Arrows. A Report on Spain, Londres, Heinemann, 1958, p. 176; Alberto Risco S. J., La epopeya del Alcázar de Toledo, Burgos, Editorial Española, 1937², pp. 216-218, 225-226. <<

[931] Preston, Franco…, pp. 179-186; Ramón Garriga, La España de Franco. Las relaciones con Hitler, Puebla (México), Cajica, 1970², p. 73; Charles Foltz, Jr., The Masquerade in Spain, Boston, Houghton Mifflin, 1948, p. 178; Jean Créac’h, Le coeur et l’épée. Chroniques espagnoles, París, Librairie Plon, 1958, p. 182; Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 163-164. <<

[932] Julio Aróstegui y Jesús A. Martínez, La Junta de Defensa de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 1984, pp. 26-45; Gallego, Madrid…, pp. 164-165. <<

[933] La bibliografía sobre las Brigadas Internacionales es enorme. El estudio de referencia sobre las brigadas en conjunto sigue siendo el de Andreu Castells, Las Brigadas Internacionales de la guerra de España, Barcelona, Ariel, 1974. Los mejores estudios, país por país, están en Rémi Skoutelsky, L’Espoir guidait leurs pas. Les volontaires français dans les Brigades internationales, 1936-1939, París, Bernard Grasset, 1998; Peter N. Carroll, The Odyssey of the Abraham Lincoln Brigade. Americans in the Spanish Civil War, Stanford, Stanford University Press, 1994; Richard Baxell, Unlikely Warriors. The British in the Spanish Civil War and the Struggle Against Fascism, Londres, Aurum Press, 2012; Franco Giannantoni y Fabio Minazzi, eds., Il coraggio della memoria e la guerra civile spagnola, 1936-1939. Studi, documenti inediti e testimonianze, Milán, Arterigere/Amici del Liceo Scientifico di Varese, 2000. <<

[934] Koltsov, Diario…, pp. 182, 200. <<

[935] Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, p. 189; Aróstegui y Martínez, La Junta de Defensa…, pp. 54-61; Antonio López Fernández, Defensa de Madrid. Relato histórico, México DF, A. P. Márquez, 1945, pp. 82-84. <<

[936] Preston, The Spanish Holocaust…, pp. 341-75; Julius Ruiz, «Paracuellos. The Elimination of the “Fifth Column”», en Republican Madrid during the Spanish Civil War, Brighton, Sussex Academic Press, 2017, passim. <<

[937] Koltsov, Diario…, p. 275; Virginia Cowles, Looking for Trouble, Londres, Hamish Hamilton, 1941, p. 18; Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya i Font, España en llamas. La guerra civil desde el aire, Madrid, Temas de Hoy, 2003, pp. 45-60; Anthony Beevor, The Battle for Spain. The Spanish Civil War (1936-1939), Londres, Weidenfeld & Nicolson, 2006, pp. 182-184. <<

[938] Paul Preston, «Italy and Spain in Civil War and World War, 1936-1943», en Sebastian Balfour y Paul Preston, eds., Spain and the Great Powers, Londres, Routledge, 1999, pp. 160-167. <<

[939] Preston, Franco…, pp. 205-219; Emilio Faldella, Venti mesi di guerra in Spagna, Florencia, Le Monnier, 1939, pp. 230-251; Alberto Rovighi y Filippo Stefani, La partecipazione italiana alla guerra civile spagnola, 2 vols., cada uno con dos partes: Testi (textos) y Allegati (apéndices), Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, 1992-1993, vol. I, Testi, pp. 185-216. <<

[940] Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. I, pp. 236-243. <<

[941] José Manuel Martínez Bande, La lucha en torno a Madrid, Madrid, San Martín, 1968, pp. 71-111; Jesús González de Miguel, La batalla del Jarama. Febrero de 1937. Testimonios desde un frente de la Guerra Civil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009, pp. 37-48 y, sobre las bajas, pp. 707-717; Luis Díez, La batalla del Jarama, Madrid, Oberón, 2005, pp. 27-58, 241-244; Beevor, The Battle…, pp. 189-196, 208-215. <<

[942] Faldella, Venti mesi di guerra…, pp. 252-275; Rovighi y Stefani, La partecipazione italiana…, vol. I, Testi, pp. 238-317; Olao Conforti, Guadalajara. La prima sconfitta del fascismo, Milán, Mursia, 1967, pp. 51 y ss.; Preston, Franco…, pp. 221-236; Martínez Bande, La lucha en torno a Madrid…, pp. 117-170; Leonardo Pompeo D’Alessandro, Guadalajara 1937. I voluntari italiani fascisti e antifascisti nella guerra di Spagna, Roma, Carocci Editore, 2017, pp. 143-172. <<

[943] Alfredo Kindelán Duany, Mis cuadernos de guerra, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 120-123; General Jorge Vigón, General Mola (el conspirador), Barcelona, AHR, 1957, pp. 303-304. <<

[944] Paul Preston, «Britain and the Basque Campaign of 1937. The Government, the Royal Navy, the Labour Party and the Press», European History Quarterly, vol. 48, n.º 3, 2018, pp. 490-515; James Cable, The Royal Navy and the Siege of Bilbao, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 35-36, 46-53, 66-76, 88-98. <<

[945] Xabier Irujo, El Guernica de Richthofen. Un ensayo de bombardeo de terror, Guernica-Lumo, Guernicako Bakearen Museoa Fundazioa, 2012, pp. 14, 59-60, 73-74, 257-301; Paul Preston, The Destruction of Guernica, e-book, 2.ª ed., Londres, William Collins, 2017, pp. 11-22, 31-36; Herbert Rutledge Southworth, Guernica! Guernica! A Study of Journalism, Propaganda and History, Berkeley, University of California Press, 1977, pp. 239-325, 368-384. <<

[946] Preston, Franco…, pp. 248-271; Martin Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain 1931-1939, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 279-293; Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1983, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 90-110; Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, pp. 165, 169-187; Maximiano García Venero, Falange en la guerra de España. La Unificación y Hedilla, París, Ruedo Ibérico, 1967, pp. 338-427; Herbert Rutledge Southworth, Antifalange. Estudio crítico de «Falange en la guerra de España» de Maximiano García Venero, París, Ediciones Ruedo Ibérico, 1967, pp. 179-218. <<

[947] Para una exposición convincente de las posiciones revolucionarias, véanse, desde el punto de vista del anarquismo, Vernon Richards, Lessons of the Spanish Revolution, Londres, Freedom Press, 1972, y desde la perspectiva del POUM, Grandizo Munis, Jalones de derrota, promesa de victoria, México DF, Lucha Obrera, 1948, pp. 237-319. <<

[948] Helen Graham, «“Against the State.” A Genealogy of the Barcelona May Days (1937)», European History Quarterly, vol. 29, n.º 4, 1999, pp. 485-542; Paul Preston, «Lights and Shadows in George Orwell’s Homage to Catalonia», Bulletin of Spanish Studies, 2018, DOI: 10.1080/14753820.2018.1388550. <<

[949] Philip Jordan, There Is No Return, Londres, Cresset Press, 1938, p. 18. <<

[950] Borkenau, The Spanish Cockpit…, pp. 195-196. <<

[951] Munis, Jalones…, p. 296; Helen Graham, «The Spanish Popular Front and the Civil War», en Helen Graham y Paul Preston, eds., The Popular Front in Europe, Londres, Macmillan, 1987, pp. 122-125. <<

[952] Josep Maria Bricall, Política econòmica de la Generalitat (1936-1939). Evolució i formes de la producció industrial, Barcelona, Edicions 62, 1978, pp. 33-40, 44-50, 138-155; Graham, The Spanish Republic…, pp. 254-261; Rafael Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil. 2) La España Republicana, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 192-196. <<

[953] Graham, The Spanish Republic…, pp. 261-276; Manuel Cruells, Mayo sangriento. Barcelona 1937, Barcelona, Juventud, 1970, pp. 50-91; Agustín Guillamón, Barricadas en Barcelona. La CNT de la victoria de julio de 1936 a la necesaria derrota de mayo de 1937, Barcelona, Espartaco Internacional, 2007, pp. 148-170; Juan García Oliver, El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978, pp. 420-431; Adolfo Bueso, Recuerdos de un cenetista II. De la Segunda República al final de la guerra civil, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 229-446; Burnett Bolloten, The Spanish Civil War. Revolution and Counterrevolution, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1991, pp. 414-461, 899; Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. I, pp. 268, 270-272; Peirats, La CNT en la revolución española…, vol. II, pp. 138-143. Sobre la artillería, véase Diego Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra. Una contribución a la historia de la tragedia española, Madrid, G. del Toro, 1975², pp. 164-169. <<

[954] Azaña, Obras…, vol. IV, pp. 591-592. <<

[955] Ibid., pp. 592-598; Viñas, El escudo de la República…, pp. 549-562; Ibárruri et al., Guerra y revolución…, vol. III, pp. 79-84; Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, México DF, Editores Unidos, 1954, pp. 217-222; Julio Aróstegui, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013, pp. 580-606; Graham, The Spanish Republic…, pp. 299-305. <<

[956] Georgi Dimitrov, The Diary of Georgi Dimitrov, New Haven, Yale University Press, 2003, pp. 58, 60; Fernando Hernández Sánchez, Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 191-206. <<

[957] Azaña, Obras…, vol. IV, p. 603. <<

[958] Ramón Lamoneda, «El secreto del anticomunismo», manuscrito, Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, ARLF-166-40, pp. 1-4. <<

[959] Bueso, Recuerdos de un cenetista II…, pp. 244-251; García Oliver, El eco…, pp. 431-435; Josep Coll y Josep Pané, Josep Rovira. Una vida al servei de Catalunya i del socialisme, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 173-175; Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. I, p. 272; Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, Planeta, 1999, pp. 362-373. <<

[960] Volodarsky, Stalin’s Agent…, pp. 280-289; John Costello y Oleg Tsarev, Deadly Illusions, Nueva York, Crown Publishers, 1993, pp. 288-292, 470; Preston, The Spanish Holocaust…, pp. 407-415; Javier Cervera Gil, Madrid en guerra. La ciudad clandestina 1936-1939, Madrid, Alianza, 2006², pp. 304-310; Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. I, pp. 291-294; Vidarte, Todos fuimos culpables…, pp. 727-729; Pelai Pagès i Blanch, «El asesinato de Andreu Nin. Más datos para la polémica», en Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil 1936-1939, n.º 4, 2010, pp. 57-76. <<

[961] Azaña, Obras…, vol. IV, p. 603. <<

[962] Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. II, p. 14. <<

[963] Enrique Líster, Nuestra guerra, París, Colección Ebro, 1966, pp. 132-148; Rafael Casas de la Vega, Brunete, Madrid, Fermín Uriarte, 1967, passim; José Manuel Martínez Bande, La ofensiva sobre Segovia y la batalla de Brunete, Madrid, San Martín, 1972, pp. 101-233; Beevor, The Battle…, pp. 276-286; Severiano Montero Barrado, La batalla de Brunete, Madrid, Raíces, 2010, pp. 42-208; Juan Barceló, Brunete. El nacimiento del Ejército Popular, La Coruña, Ediciones del Viento, 2018, pp. 97-293. <<

[964] Sánchez Asiaín, La financiación…, pp. 194-196; Díaz Nosty, La irresistible ascensión…, pp. 318-321; Pere Ferrer, Juan March. El hombre más misterioso del mundo, Barcelona, Ediciones B, 2008, pp. 361-362; Dixon, Señor Monopolio…, p. 144. <<

[965] Azaña, anotación de diario correspondiente al 28 de junio de 1937, Obras…, vol. IV, pp. 635-636. <<

[966] Ibid., p. 636. <<

[967] José Manuel Martínez Bande, El final del frente norte, Madrid, San Martín, 1972, pp. 39-105. <<

[968] Martínez Bande, El final del frente norte…, pp. 107-197; Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, vol. II, p. 44. <<

[969] Roberto Cantalupo, Fu la Spagna. Ambasciata presso Franco. Febbraio – Aprile 1937, Milán, Mondadori, 1948, pp. 230-233; Gabriel Cardona, Historia militar de una guerra civil. Estrategias y tácticas de la guerra de España, Barcelona, Flor del Viento, 2006, p. 198. <<

[970] General Vicente Rojo, España heroica. Diez bocetos de la guerra española, Barcelona, Ariel, 1975³, pp. 117-125; Beevor, The Battle…, pp. 316-322; José Manuel Martínez Bande, La batalla de Teruel, Madrid, San Martín, 1990², pp. 52-64; Vicente Aupí, El General Invierno y la batalla de Teruel, Teruel, Dobleuve Comunicación, 2015, pp. 93-122; Milagros y Fernando Lloréns Casani, Héroes o traidores. Teruel, la verdad se abre camino, Linares, Lloréns, 2005, pp. 127 y ss. <<

[971] Documents on German Foreign Policy, Series D, Londres, HMSO, 1951, vol. III, pp. 554-557; Gerald Howson, Aircraft of the Spanish Civil War 1936-1939, Londres, Putnam, 1990, pp. 20-28. <<

[972] José Manuel Martínez Bande, La llegada al mar, Madrid, San Martín, 1975, pp. 25-179. <<

[973] Preston, The Spanish Holocaust…, pp. 458-461; Cambó, anotaciones de diario correspondientes al 1 y 6 de abril, 24 de diciembre de 1938 y 1 de enero de 1939, Meditacions. Dietari (1936-1940)…, pp. 308-309, 311, 454-455, 461. <<

[974] Joan Serrallonga i Urquidi, Refugiats i desplaçats dins la Catalunya en guerra 1936-1939, Barcelona, Editorial Base, 2004, pp. 29-69, 163-212. <<

[975] Solé i Sabaté y Villarroya i Font, España en llamas…, pp. 139-197; Joan Villarroya i Font, Els bombardeigs de Barcelona durant la guerra civil (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999², pp. 211-280; Pedro Payá López, «Guerra total y propaganda», en Roque Moreno Fonseret, ed., La aviación fascista y el bombardeo del 25 de mayo de Alicante, Alicante, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2018, pp. 107-128; Gaspar Díez Pomares, «25 de mayo de 1938. El trágico bombardeo de Alicante en la documentación italiana», Historia Actual Online, n.º 46, junio de 2018, pp. 123-136. <<

[976] Graham, The Spanish Republic…, pp. 351-354; Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, Princeton, Princeton University Press, 1965, pp. 446-450; Julián Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa 1936-1938, Madrid, Siglo XXI, 1985, pp. 110-113. Sobre los cuáqueros, véase Farah Mendlesohn, Quaker Relief Work in the Spanish Civil War, Lewiston, Edwin Mellen Press, 2002, passim. <<

[977] Cardona, Historia militar…, pp. 229-237. <<

[978] José Manuel Martínez Bande, La ofensiva sobre Valencia, Madrid, San Martín, 1977, pp. 11-41. <<

[979] José Manuel Martínez Bande, La batalla del Ebro, Madrid, San Martín, 1988², pp. 103-269; Beevor, The Battle…, pp. 349-359; Jorge Martínez Reverte, La batalla del Ebro, Barcelona, Crítica, 2003, passim. <<

[980] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. III, pp. 760-761, 767-768, 775-779, 782-788, 802. <<

[981] José Manuel Martínez Bande, La campaña de Cataluña, Madrid, San Martín, 1979, pp. 41-53, 189-214; General Vicente Rojo, ¡Alerta los pueblos! Estudio político-militar del periodo final de la guerra española, Barcelona, Ariel, 1974², pp. 79-154; Paul Preston, L’anticatalanisme dels rebels militars. De la batalla de l’Ebre a l’ocupació total del país, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2013, pp. 9-23. <<

[982] Sobre el golpe de Casado y sus consecuencias, véanse Paul Preston, The Last Days of the Spanish Republic. The Final Betrayal, Londres, William Collins, 2016; Ángel Bahamonde Magro y Javier Cervera Gil, Así terminó la Guerra de España, Madrid, Marcial Pons, 1999; Ángel Bahamonde Magro, Madrid 1939. La conjura del coronel Casado, Madrid, Cátedra, 2014; Helen Graham, «Casado’s Ghosts. Demythologizing the End of the Spanish Republic», Bulletin of Spanish Studies, vol. 89, n.º 7-8, 2012, pp. 255-278; Ángel Viñas, «Playing with History and Hiding Treason. Colonel Casado’s Untrustworthy Memoirs and the End of the Spanish Civil War», Bulletin of Spanish Studies, vol. 91, n.º 1-2, 2014, pp. 295-323. <<

[983] Francisco Moreno Gómez, La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 31-238; Julio Aróstegui y Jorge Marco, eds., El último frente. La resistencia armada antifranquista en España 1939-1952, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, passim. <<

[984] Francesc Cambó, anotación de diario correspondiente al 8 de mayo de 1944, Meditacions. Dietari (1941-1946), Barcelona, Alpha, 1982, p. 1.449. <<

[985] Boletín Oficial del Estado, 9 de agosto de 1939; Arriba, 9 de agosto de 1939; Ya, 9 de agosto de 1939; Enrique Moradiellos, Franco. Anatomía de un dictador, Madrid, Turner, 2018, pp. 174-176. <<

[986] Ángel Viñas, Julio Viñuela, Fernando Eguidazu, Carlos Fernández Pulgar y Senen Florensa, Política comercial exterior en España (1931-1975), 2 vols., Madrid, Banco Exterior de España, 1979, vol. I, pp. 210-211, 258-267. <<

[987] Preston, The Spanish Holocaust…, cap. 13. Sobre el trato a las mujeres, véanse Fernando Hernández Holgado, Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas. De la República al franquismo, 1931-1941, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 113-182; Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Belis, Los niños perdidos del franquismo, Barcelona, Plaza y Janés, 2002, pp. 59-71, 89-92; Antonio D. López Rodríguez, Cruz, bandera y caudillo. El campo de concentración de Castuera, Badajoz, CEDER-La Serena, 2007, pp. 226-263, 325-345. <<

[988] Isaías Lafuente, Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo, Madrid, Temas de Hoy, 2002, pp. 57-63, 121-129, 135-170; Rafael Torres, Los esclavos de Franco, Madrid, Oberón, 2000, pp. 134-145; Javier Rodrigo, Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Madrid, Alianza, 2008, pp. 138-157; Juan Miguel Baquero, «¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?», eldiario.es, 26 de abril de 2014, <https://www.eldiario.es/andalucia/empresas-usaron-esclavos-franquismo_0_251975222.html>. <<

[989] Gonzalo Acosta Bono, José Luis Gutiérrez Molina, Lola Martínez Macías y Ángel del Río Sánchez, El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados. De la represión política a la explotación económica, Barcelona, Crítica, 2004, pp. XXXII-XXXVI, 173-188, 204-231. <<

[990] Fernando Olmeda, El Valle de los Caídos, Barcelona, Península, 2009, pp. 25, 43, 46-48, 54-78; Daniel Sueiro, El Valle de los Caídos. Los secretos de la cripta franquista, Barcelona, Argos Vergara, 1983², pp. 8-24, 44-73, 118-143, 184-205. <<

[991] Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, pp. 244-248. <<

[992] Mónica Lanero Táboas, Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, pp. 318-319; Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983, pp. 402-409. <<

[993] Lanero Táboas, Una milicia de la justicia…, pp. 320-321; Pablo Gil, La noche de los generales. Militares y represión en el régimen de Franco, Barcelona, Ediciones B, 2004, pp. 143-145; Peter Anderson, The Francoist Military Trials. Terror and Complicity, 1939-1945, Nueva York, Routledge, 2010, pp. 53-59. <<

[994] Manuel Álvaro Dueñas, «Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo.» La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, pp. 68-80, 97-110; Manuel Ortiz Heras, Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 393-409; Julián Chaves Palacios, La represión en la provincia de Cáceres durante la Guerra Civil (1936-1939), Cáceres, Universidad de Extremadura, 1995, pp. 87-91; Elena Franco Lanao, Denuncias y represión en años de posguerra. El Tribunal de Responsabilidades Políticas en Huesca, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005, pp. 43-52, 98-119; Santiago Vega Sombría, De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 179-196; Glicerio Sánchez Recio, Las responsabilidades políticas en la posguerra española. El partido judicial de Monóvar, Alicante, Universidad de Alicante, 1984, pp. 6-40; Conxita Mir, Fabià Corretgé, Judit Farré y Joan Sagués, Repressió econòmica i franquisme. L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 63-80; Mercè Barallat i Barés, La repressió a la postguerra civil a Lleida (1938-1945), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, pp. 347-356; Óscar J. Rodríguez Barreira, Migas con miedo. Prácticas de resistencia en el primer franquismo. Almería 1939-1952, Almería, Universidad de Almería, 2008, pp. 81-101; Juan Carlos Berlinches Balbacid, La rendición de la memoria. 200 casos de represión franquista en Guadalajara, Guadalajara, Bornova, 2004, pp. 97-128; Julius Ruiz, Franco’s Justice. Repression in Madrid after the Spanish Civil War, Oxford, Clarendon Press, 2005, pp. 131-164. <<

[995] Dionisio Ridruejo, Escrito en España, Buenos Aires, Losada, 1964², pp. 98-104; Conxita Mir, «El sino de los vencidos. La represión franquista en la Cataluña rural de posguerra», en Julián Casanova, ed., Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 123-133; Ángela Cenarro, «Matar, vigilar y delatar. La quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (1936-1948)», Historia Social, n.º 44, 2002, pp. 65-86. <<

[996] Borja de Riquer, La dictadura de Franco, Barcelona/Madrid, Crítica/Marcial Pons, 2010, pp. 247-289. <<

[997] José Larraz, Memorias, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2006, pp. 256-257. <<

[998] Ibid., pp. 181-186. <<

[999] Ibid., pp. 239-240, 249-255, 260. <<

[1000] Ibid., pp. 166-174, 213-238, 283-308, 339-341, 350-351; Carlos Barciela, Inmaculada López, Joaquín Melgarejo y J. A. Miranda, La España de Franco (1939-1975). Economía, Madrid, Síntesis, 2001, pp. 46-52. <<

Notas 3

[1001] Francisco Franco Bahamonde, «Fundamentos y directrices de un Plan de saneamiento de nuestra economía, armónico con nuestra reconstrucción nacional», Historia 16, n.º 115, noviembre de 1985, pp. 44-49; Viñas et al., Política comercial exterior…, vol. I, pp. 268-281; Manuel Jesús González, La economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, mercado y planificación, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 46-47. <<

[1002] Sobre Savarpoldi Hammaralt, véase Garriga, Nicolás Franco…, pp. 128-130. Sobre el oro, véanse Mensaje del Caudillo a los españoles. Discurso pronunciado por S. E. el Jefe del Estado la noche del 31 de diciembre de 1939, Madrid, s. d., 1940, p. 27; Garriga, La España de Franco. Las relaciones…, pp. 58, 126. <<

[1003] Sobre el timo de la gasolina sintética, véanse La Voz de Galicia, 8 de febrero de 1940; La Vanguardia Española, 21 de enero y 8 de febrero de 1940; Foltz, The Masquerade…, pp. 258-260; Juan Antonio Ansaldo, ¿Para qué…? (de Alfonso XIII a Juan III), Buenos Aires, Vasca Ekin, 1951, pp. 254-256; Larraz, Memorias…, pp. 248-249; Ignacio Martínez de Pisón, Filek. El estafador que engañó a Franco, Barcelona, Seix Barral, 2018, pp. 141-199, (sobre Felipe Polo) pp. 171-174. <<

[1004] Francisco Comín Comín, «La corrupción permanente. El fraude fiscal en España», Hispania Nova, n.º 16, 2018, pp. 481-521. <<

[1005] Klaus-Jörg Ruhl, Franco, Falange y «Tercer Reich». España en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Akal, 1986, pp. 49-50; José María Doussinague, España tenía razón, Madrid, Espasa-Calpe, 1949, pp. 85-86; Viñas et al., Política comercial exterior…, vol. I, pp. 306-312. <<

[1006] Ángel Viñas, «Hambre, corrupción y sobornos en el primer franquismo, 1939-1959», en Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján, dirs., La corrupción política en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons Historia, 2018, pp. 146-152. <<

[1007] Garriga, Nicolás Franco…, pp. 167-184; Carlos Barciela, «Franquismo y corrupción política», Historia Social, n.º 30, 1998, pp. 83-96; «El trágico final de la reforma agraria. La revolución “fascista” en el campo español», en Ángel Viñas, ed., En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo, Barcelona, Pasado y Presente, 2012, pp. 335-354; Ángel Viñas, «Autarquía y política exterior en el primer franquismo 1939-1959», Revista de Estudios Internacionales, enero-marzo de 1980, pp. 61-92; Francisco Comín Comín, «Presupuesto y corrupción en la España contemporánea (1808-2017). Lecciones de la historia», en Borja de Riquer et al., La corrupción política…, pp. 93-100. <<

[1008] Barciela, «Franquismo y corrupción…», p. 91; Viñas, «Hambre, corrupción y sobornos…», pp. 153-160; Jaume Claret, Ganar la guerra, perder la paz. Memorias del general Latorre Roca, Barcelona, Crítica, 2019, p. 288. <<

[1009] Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1992, vol. II-2, p. 370. <<

[1010] Ramón Garriga, Los validos de Franco, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 163, 189; Jesús Aguirre, ed., Dionisio Ridruejo. De la Falange a la oposición, Madrid, Taurus, 1976, pp. 91-94, 323-324; Ridruejo a Blas Pérez, 18 de octubre de 1942, reimpreso en Dionisio Ridruejo, Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 244-245; Ramón Garriga, Franco-Serrano Suñer. Un drama político, Barcelona, Planeta, 1986, p. 178. <<

[1011] David Eccles, ed., By Safe Hand. Letters of Sybil and David Eccles 1939-1942, Londres, Bodley Head, 1983, p. 206; Documents on German Foreign Policy, Series D, Londres, HMSO, 1962, vol. XII, pp. 36-37; Dirección General de Seguridad Informe, 16 de enero de 1941, Documentos inéditos…, vol. II-2, pp. 19-22. <<

[1012] Carlos Martínez Campos a Varela, 28 de agosto de 1940; Fidel Dávila a Varela, 2 de septiembre de 1940, publicados en Federico Martínez Roda, Varela. El general antifascista de Franco, Madrid, La Esfera de los Libros, 2012, pp. 529-531. <<

[1013] José Martí Gómez, La España del estraperlo (1936-1952), Barcelona, Planeta, 1995, pp. 127-145; Miguel Ángel del Arco Blanco, «La corrupción en el franquismo. El fenómeno del “gran estraperlo”», Hispania Nova, n.º 16, 2018, pp. 620-645; Laura de Andrés Creus, El preu de la fam. L’estraperlo a la Catalunya de la postguerra, Badalona, Ara Llibres, 2010, pp. 51-58, 63-66, 123-127; Rodríguez Barreira, Migas con miedo…, pp. 167-281; Rafael Abella, La vida cotidiana bajo el régimen de Franco, Barcelona, Planeta, 1985, pp. 49-60; Rafael Abella, Por el Imperio hacia Dios. Crónica de una posguerra (1939-1950), Barcelona, Planeta, 1978, pp. 101-132. <<

[1014] Barciela, «Franquismo y corrupción…», p. 91; Jaume Muñoz Jofre, La España corrupta. Breve historia de la corrupción (de la Restauración a nuestros días, 1875-2016), Granada, Comares, 2016, pp. 77-78. <<

[1015] Franco Bahamonde, Palabras del Caudillo…, p. 102. <<

[1016] «Normas para el paso de las fronteras españolas y modelo de solicitud de autorización para entrar en España», Equipo Nikor: <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/franco9.html>; Bernd Rother, Franco y el holocausto, Madrid, Marcial Pons Historia, 2005, pp. 131-133. <<

[1017] Franco Bahamonde, Palabras del Caudillo…, pp. 145, 213; Mensaje del Caudillo…, p. 16. <<

[1018] José Antonio Ferrer Benimeli, El contubernio judeo-masónico-comunista, Madrid, Istmo, 1982, pp. 136-150, 191-193, 273-333; Javier Domínguez Arribas, El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista (1936-1945), Madrid, Marcial Pons Historia, 2009, pp. 84-97. <<

[1019] Alfonso Lazo, La Iglesia, la Falange y el fascismo. Un estudio sobre la prensa española de postguerra, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, pp. 179-220; Rother, Franco y el holocausto…, pp. 127-129. <<

[1020] Jacobo Israel Garzón, «España y los judíos (1939-1945). Una visión general», en Jacobo Israel Garzón y Alejandro Baer, España y el Holocausto (1939-1945). Historia y testimonios, Madrid, Hebraica, 2007, pp. 18-23. <<

[1021] Pilar Vera, «La huida silenciosa», Diario de Cádiz, 30 de agosto de 2009; Javier Dale, «El éxodo de un judío catalán», La Vanguardia, 26 de marzo de 2010; Jorge M. Reverte, «La lista de Franco para el Holocausto», El País, 20 de junio de 2010; Pedro Teotónio Pereira, Memórias. Postos em que servi e algumas recordações pessoais, 2 vols., Lisboa, Verbo, 1973, vol. II, pp. 219-221. <<

[1022] Manuel Ros Agudo, La guerra secreta de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 178-205. <<

[1023] Sobre las medidas contra los judíos y los masones durante la Guerra Civil, véase Paul Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011, pp. 633-634. <<

[1024] Marta Simó Sànchez, La memòria de l’Holocaust a l’Estat espanyol, tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2018, pp. 118-148, 212-228. <<

[1025] Naciones Unidas, Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, año I, 2.ª serie, suplemento especial, Report of the Sub-Committee on the Spanish Question, Nueva York, Hunter College, 1946, pp. 17-21; Carlos Collado Seidel, España, refugio nazi, Madrid, Temas de Hoy, 2005, pp. 25-53; Heleno Saña, El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, Barcelona, Grijalbo, 1982, pp. 305-308; Foltz, The Masquerade…, pp. 283-285; Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols., Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, vol. 4, pp. 107-108. <<

[1026] Franco ha dicho. Primer apéndice (contiene de 1.º enero 1947 a 1.º abril 1949), Madrid, Voz, 1949, pp. 159-160; Antonio Marquina Barrio y Gloria Inés Ospina, España y los judíos en el siglo XX, Madrid, Espasa Calpe, 1987, p. 212. <<

[1027] Foreign Relations of the United States 1949, Washington, U. S. Government Printing Office, 1975, vol. IV, pp. 742-743; Raanan Rein, In the Shadow of the Holocaust and the Inquisition. Israel’s Relations with Francoist Spain, Londres, Frank Cass, 1997, p. 35. <<

[1028] España y los Judíos, Madrid, Oficina de Información Diplomática, 1949, pp. 29, 43, 47; Isabelle Rohr, The Spanish Right and the Jews, 1898-1945. Antisemitism and Opportunism, Brighton, Sussex Academic Press, 2007, pp. 1-2; Rein, In the Shadow…, pp. 36-47; Federico Ysart, España y los judíos en la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Dopesa, 1973; Franco ha dicho…, pp. 159-160. <<

[1029] Sobre la importancia estratégica de España, véase Denis Smyth, Diplomacy and Strategy of Survival. British Policy and Franco’s Spain, 1940-1941, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 1-4. <<

[1030] Mariano Sánchez Soler, Villaverde. Fortuna y caída de la casa Franco, Barcelona, Planeta, 1990, pp. 39-42; Javier Otero, «El patrimonio oculto de Francisco Franco», Tiempo, 11 de junio de 2010; Ángel Viñas, La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Barcelona, Crítica, 2015, pp. 295-296. <<

[1031] Carlos Babío Urkidi y Manuel Pérez Lorenzo, Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio, La Coruña, Fundación Galiza Sempre, 2017, pp. 57-85, 121-147, 162-183, 223-267; Sánchez Soler, Villaverde, pp. 45-48; Garriga, La Señora, pp. 122-126. <<

[1032] El País y La Voz de Galicia, 12 de julio de 2019 en ambos casos. <<

[1033] Javier Otero, «El patrimonio oculto de Francisco Franco», Tiempo, 11 de junio de 2010; María Luz de Prado Herrera, La contribución popular a la financiación de la Guerra Civil. Salamanca, 1936-1939, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2012, pp. 156-271, 367-377; Viñas, La otra cara…, pp. 289, 292-293, 297-310, 316-330, 333; Sánchez Asiaín, La financiación…, pp. 157-163, 712, 948-951. <<

[1034] Javier Otero, «La familia Franco, inmune a la crisis», Tiempo, 15 de noviembre de 2012. <<

[1035] Julio de Ramón-Laca, Bajo la férula de Queipo. Cómo fue gobernada Andalucía, Sevilla, Imprenta Comercial del Diario FE, 1939, pp. 36-37; Rúben Serém, A Laboratory of Terror. Conspiracy, Coup d’état and Civil War in Seville, 1936-1939. History and Myth in Francoist Spain, Brighton, Sussex Academic Press, 2017, pp. 149-189. <<

[1036] La Unión, 26 de julio de 1936, 11 de febrero y 27 de mayo de 1937; ABC (Sevilla), 10 de agosto, 5 de septiembre y 16 de noviembre de 1936. <<

[1037] ABC (Sevilla), 17 de agosto, 18 y 22 de septiembre, 9, 24 y 25 de diciembre de 1937; La Unión, 18 y 22 de septiembre de 1937; Ana Quevedo y Queipo de Llano, Queipo de Llano. Gloria e infortunio de un general, Barcelona, Planeta, 2001, pp. 496-498; Antonio Olmedo Delgado y general José Cuesta Monereo, General Queipo de Llano. Aventura y audacia, Barcelona, AHR, 1958, pp. 335-339. <<

[1038] Documents on German Foreign Policy, Series D, Londres, HMSO, 1957, vol. X, pp. 514-515; ibid., 1961, vol. XI, pp. 153-155; Informe del Estado Mayor a Franco, octubre de 1940, Documentos inéditos…, vol. II-1, pp. 371-374. <<

[1039] Gustau Nerín y Alfred Bosch, El imperio que nunca existió. La aventura colonial discutida en Hendaya, Barcelona, Plaza y Janés, 2001, pp. 19-35; Ros Agudo, La guerra secreta…, pp. XXIII-XXVI, 35-51, 56-57, 66-71. <<

[1040] David Wingeate Pike, «Franco and the Axis Stigma», Journal of Contemporary History, vol. 17, n.º 3, 1982. Acerca del mito de la neutralidad, véanse, entre otros, José María Sánchez Silva y José Luis Sáenz de Heredia, Franco… ese hombre, Madrid, Difusión Librera, 1975, p. 139; José María de Areilza, Embajadores sobre España, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1947, pp. 4-5, 575-578; Doussinague, España tenía razón…, passim; Brian Crozier, Franco. A Biographical History, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1967, pp. 313-375. <<

[1041] David Wingeate Pike, Franco and the Axis Stigma, Londres, Palgrave/Macmillan, 2008, pp. 11-15; E. O. Iredell, Franco, valeroso caballero cristiano, Buenos Aires, Americalee, 1945, pp. 166-182. <<

[1042] Víctor Alba, Historia de la Segunda República española, México DF, Libro Mex, 1961, p. 287. <<

[1043] Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, p. 358. <<

[1044] Arriba, 2, 3, 5 y 10 de mayo de 1945; ABC, 3 y 11 de mayo de 1945; Informaciones, 3 y 7 de mayo de 1945; The Times, 11 de mayo de 1945. <<

[1045] Documents on German Foreign Policy, Series D, Londres, HMSO, 1956, vol. IX, pp. 396, 509-510, 620-621; Xavier Moreno Julià, Hitler y Franco. Diplomacia en tiempos de guerra (1936-1945), Barcelona, Planeta, 2007, pp. 135-147. <<

[1046] Manuel Ros Agudo, La gran tentación. Franco, el imperio colonial y los planes de intervención en la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Styria de Ediciones, 2008, pp. 141-155; Jesús Albert Salueña, «Protectorado español de Marruecos. Aspectos militares durante la II Guerra Mundial», Ayeres en discusión. Temas claves de Historia Contemporánea hoy. IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia, ACH, 2008, pp. 111-115; Nerín y Bosch, El imperio…, pp. 95-102. <<

[1047] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. IX, pp. 449-453 y vol. XI, p. 445; Ros Agudo, La guerra secreta…, pp. 72-85, 96-132, 205-217, 231-239, 248-251. <<

[1048] Mussolini a Franco, 9 de junio de 1940, I Documenti Diplomatici Italiani, 9.ª serie, vol. IV (9 aprile – 10 giugno 1940), Roma, Libreria dello Stato, 1960, p. 60; Galeazzo Ciano, L’Europa verso la catastrofe, Milán, Mondadori, 1948, pp. 559-560. <<

[1049] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. X, p. 396; Samuel John Gurney Hoare Templewood, Ambassador on Special Mission, Londres, Collins, 1946, p. 44; Ramón Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar, Madrid, Ediciones y Publicaciones Españolas, 1947, p. 65. <<

[1050] Memorando de Von Stohrer, 8 de agosto de 1940; nota del alto mando, 10 de agosto de 1940, Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. X, pp. 442-445, 461-464. <<

[1051] Ibid., pp. 466-467, 499-500, 521. <<

[1052] Ibid., pp. 484-486, 514-515, 521, 561; Franco a Mussolini, 15 de agosto de 1940, I Documenti Diplomatici Italiani, 9.ª serie, vol. V, Roma, Libreria dello Stato, 1965, pp. 403-405; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar…, pp. 103-410. <<

[1053] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. X, pp. 561-565 y vol. XI, pp. 37-40, 81-92; Walter Schellenberg, The Schellenberg Memoirs. A Record of the Nazi Secret Service, Londres, André Deutsch, 1956, pp. 135, 143. <<

[1054] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XI, pp. 83-102, 166-174; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar…, pp. 1.651-1.683; Norman J. W. Goda, Tomorrow The World. Hitler, Northwest Africa, and the Path toward America, College Station, A & M University Press, 1998, pp. 71-78; Gerhard L. Weinberg, World in the Balance. Behind the Scenes of World War II, Hanover (New Hampshire), University Press of New England, 1981, p. 122; Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, pp. 335-337. <<

[1055] Franco a Serrano Suñer, 21 y 23 de septiembre de 1940, publicado en Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, pp. 331-342; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar…, p. 183. <<

[1056] Paul Preston, The Politics of Revenge. Fascism and the Military in 20th Century Spain, Londres, Unwin Hyman, 1990, pp. 91-93; Denis Smyth, «The Moor and the Money-lender. Politics and Profits in Anglo-German Relations with Francoist Spain», en Marie-Luise Recker, ed., Von der Konkurrenz zur Rivalität. Das Britische-Deutsche Verhältnis in den Länden der Europäischen Peripherie, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1986, pp. 171-174. <<

[1057] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XI, pp. 211-214; Galeazzo Ciano, Diario 1939-1940, Milán, Rizzoli, 1946, pp. 310-313; entrevista MussoliniSerrano Suñer, 1 de octubre de 1940; entrevista Mussolini-Hitler, 4 de octubre de 1940, I Documenti Diplomatici Italiani, 9.ª serie, vol. V…, pp. 639-640, 655-658; MacGregor Knox, Mussolini Unleashed 1939-1941. Politics and Strategy in Fascist Italy’s Last War, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. 189, 196. <<

[1058] Hugh Dalton, The Second World War Diary of Hugh Dalton, Londres, Jonathan Cape, 1986, p. 89 (7 de octubre de 1940); Foreign Relations of the United States 1940, Washington, U. S. Government Printing Office, 1957, vol. II, pp. 812-817. <<

[1059] I Documenti Diplomatici Italiani, 9.ª serie, vol. V…, pp. 720-722; Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XI, pp. 331-334; Foltz, The Masquerade…, p. 260. <<

[1060] Norman Rich, Hitler’s War Aims. Ideology, the Nazi State, and the Course of Expansion, 2 vols., Londres, André Deutsch, 1973-1974, vol. I, pp. 169-170. <<

[1061] Franz Halder, The Halder War Diary 1931-1942, edición de Charles Burdick y Hans-Adolf Jacobsen, Londres, Greenhill, 1988, pp. 262, 273, 277-278. <<

[1062] Sánchez Silva y Sáenz de Heredia, Franco…, p. 139. <<

[1063] Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, pp. 283-301; Paul Schmidt, Hitler’s Interpreter. The Secret History of German Diplomacy 1935-1945, Londres, Heinemann, 1951, p. 196; Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XI, pp. 371-379. <<

[1064] Ciano, L’Europa verso la catastrofe…, pp. 603-604. <<

[1065] Saña, El franquismo sin mitos…, p. 193. Véase asimismo la polémica entre Serrano Suñer y Antonio Marquina en El País, 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de noviembre de 1978. <<

[1066] Foreign Relations of the United States 1940, vol. II, p. 824. <<

[1067] Halder, The Halder War Diary…, pp. 244-246 (31 de julio de 1940); Alan Bullock, Hitler and Stalin. Parallel Lives, Londres, HarperCollins, 1991, pp. 754-755; Alan Clark, Barbarossa. The Russian-German Conflict 1941-1945, Londres, Hutchinson & Co., 1965, pp. 17-26. Agradezco al profesor Brian Bond sus explicaciones al respecto. <<

[1068] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XI, pp. 452, 478-479; directiva n.º 18, 12 de noviembre de 1940, en H. R. Trevor-Roper, ed., Hitler’s War Directives 1939-1945, Londres, Sidgwick & Jackson, 1964, pp. 39-42. <<

[1069] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XI, pp. 528-530, 574-576, 581-582, 787-788, 812, 816-817, 852-853, 990-994; Foreign Relations of the United States 1940, vol. II, pp. 829-838; Charles B. Burdick, Germany’s Military Strategy and Spain in World War II, Syracuse, Syracuse University Press, 1968, pp. 77 y ss.; Heinz Höhne, Canaris, Londres, Secker & Warburg, 1979, pp. 440-441; André Brissaud, Canaris, Londres, Weidenfeld y Nicolson, 1973, pp. 224-226; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar…, pp. 258-259. <<

[1070] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XI, pp. 1.140-1.143, 1.157-1.158, 1.171-1.175. <<

[1071] Ibid., vol. XII, p. 30. <<

[1072] Von Stohrer a Wilhelmstrasse, 6 de febrero de 1941, Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XII, pp. 37-42, 51-53, 58, 78-79. <<

[1073] Ciano a Serrano Suñer, 22 de enero de 1941, I Documenti Diplomatici Italiani, 9.ª serie, vol. VI (29 ottobre 1940 – 23 aprile 1941), Roma, Libreria dello Stato, 1986, p. 485; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar…, pp. 262-263; Cantalupo, Fu la Spagna…, pp. 288-289. <<

[1074] Hoare Templewood, Ambassador…, pp. 95, 104. <<

[1075] Entrevista Mussolini-Franco, 12 de febrero de 1941, I Documenti Diplomatici Italiani, 9.ª serie, vol. VI…, pp. 568-576; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar…, pp. 261-264; Cantalupo, Fu la Spagna…, pp. 291-293. <<

[1076] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XII, pp. 96-97, 131-132. <<

[1077] Burdick, Germany’s Military Strategy…, pp. 103 y ss. <<

[1078] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XII, pp. 194-195. <<

[1079] Foreign Relations of the United States 1941, Washington, U. S. Government Printing Office, 1959, vol. II, pp. 886-887. <<

[1080] Pereira a Salazar, 1 de mayo de 1941, en Pedro Teotónio Pereira, Correspondência de Pedro Teotónio Pereira para Oliveira Salazar (1940-1941), Lisboa, Presidência do Conselho de Ministros, 1989, vol. II, pp. 286-287. <<

[1081] Denis Smyth, «Hillgarth, Alan Hugh», en Dictionary of National Biography 1971-1980, Oxford, Oxford University Press, 1986, pp. 409-410; Josep Massot i Muntaner, El cònsol Alan Hillgarth i les Illes Balears (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, passim; Ángel Viñas, Sobornos. De cómo Churchill y March compraron a los generales de Franco, Barcelona, Crítica, 2016, p. 82. <<

[1082] Alan Hillgarth, Memorando para Hoare, 2 de junio de 1940, Templewood Papers, Biblioteca de la Universidad de Cambridge, XIII/2/3; Hoare a Churchill, 12 de junio de 1940, Templewood Papers, XIII/16/1. <<

[1083] Denis Smyth, «Les Chevaliers de Saint-George. La Grande-Bretagne et la corruption des généraux espagnols (1940-1942)», Guerres mondiales et conflits contemporains, n.º 162, abril de 1991, pp. 29-54; Cabrera, Juan March…, pp. 328-335; Viñas, Sobornos…, pp. 75-78; Smyth, Diplomacy…, pp. 225-226 <<

[1084] Gran parte de la documentación relevante se encuentra en dos grandes carpetas de la TNA, Permanent Undersecretary of State, Foreign Office, TNA, FO 1093-233 y FO 1093-234. <<

[1085] Viñas, Sobornos…, pp. 83-84, 96-105, 109-113, 119-120, 157-159, 290-293; Richard Wigg, Churchill and Spain. The Survival of the Franco Regime, 1940-1945, Brighton, Sussex Academic Press, 2008, pp. 45-46, 97, 113. <<

[1086] Viñas, Sobornos…, pp. 454-465. <<

[1087] Ibid., pp. 318-333. <<

[1088] Von Stohrer a Wilhelmstrasse, 22 de abril de 1941, Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XII, pp. 611-616. <<

[1089] Kindelán Duany, La verdad de mis relaciones…, pp. 117-118; Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini. La política española durante la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Península, 2006, pp. 97-98; Viñas, Sobornos…, pp. 236-240, 270. <<

[1090] Preston, Franco…, pp. 427-435; Stanley G. Payne, The Franco Regime 1936-1975, Madison, University of Wisconsin Press, 1987, pp. 285-290. <<

[1091] Smyth, Diplomacy…, pp. 226-227. <<

[1092] Pereira a Salazar, 11 de mayo de 1941, Teotónio Pereira, Correspondência…, vol. II, p. 310. <<

[1093] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XII, pp. 795-796; Pereira a Salazar, 18 de junio de 1941, Teotónio Pereira, Correspondência…, vol. II, p. 366; Hoare Templewood, Ambassador…, p. 112. <<

[1094] Pereira a Salazar, 18, 20 y 22 de mayo, 9 de junio de 1941, Teotónio Pereira, Correspondência…, vol. II, pp. 314-316, 321-323, 327-328, 349-350. <<

[1095] Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, pp. 200-201. <<

[1096] Hoare a Eden, 31 de mayo de 1941, TNA FO/954/27A/162. <<

[1097] Foreign Relations of the United States 1941, vol. II, pp. 891-903; Arriba, 31 de mayo de 1941; ABC, 31 de mayo, 6 y 9 de junio de 1941. <<

[1098] Hoare a Eden, 8 de junio de 1941, TNA FO/954/27A/165. <<

[1099] Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XII, pp. 1.080-1.081. <<

[1100] Hoare Templewood, Ambassador…, p. 140; José Luis Rodríguez Jiménez, Los esclavos españoles de Hitler, Barcelona, Planeta, 2002. <<

[1101] Denis Smyth, Deathly Deception. The Real Story of Operation Mincemeat, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 150-151. <<

[1102] Hoare a Eden, 9 de julio de 1941, TNA FO/954/27A/172. <<

[1103] 14 de agosto de 1941, Foreign Relations of the United States 1941, vol. II, pp. 911-913. <<

[1104] Wiehl, 6 de septiembre de 1941, Documents on German Foreign Policy, Series D, vol. XIII, pp. 459-460. <<

[1105] Foreign Relations of the United States 1941, vol. II, pp. 908-911; Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, pp. 348-349. <<

[1106] Foreign Relations of the United States 1941, vol. II, pp. 913-925. <<

[1107] Ibid., pp. 924-929. <<

[1108] I Documenti Diplomatici Italiani, 9.a serie, vol. VIII (12 dicembre 1941 – 20 luglio 1942), Roma, 1988, pp. 322-323, 335-338; Documents secrets du Ministère des Affaires Etrangères d’Allemagne. Espagne, París, Éditions Paul Dupont, 1946, pp. 86-95; Foreign Relations of the United States 1942, Washington, U. S. Government Printing Office, 1961, vol. III, pp. 281-283; The Times, 13 de febrero de 1942; ABC, 13 de febrero de 1942; testimonio de Serrano Suñer al autor. <<

[1109] Garriga, La España de Franco…, pp. 345-346; Franco Bahamonde, Palabras del Caudillo…, pp. 203-205. <<

[1110] I Documenti Diplomatici Italiani, 9.a serie, vol. VIII…, pp. 113, 116-117, 123-124; Arriba, 13 de enero de 1942. <<

[1111] Preston, Franco…, pp. 464-469; Saña, El franquismo sin mitos…, pp. 271-276; Hoare Templewood, Ambassador…, pp. 140, 164-171; Doussinague, España tenía razón…, pp. 130-131; Antonio Marquina Barrio, «El atentado de Begoña», Historia 16, n.º 76, agosto de 1982, pp. 11-19; Martínez Roda, Varela…, pp. 338-349. Sobre los rumores acerca de Serrano, véanse Larraz, Memorias…, p. 340; Garriga, Franco-Serrano Suñer…, p. 120. <<

[1112] I Documenti Diplomatici Italiani, 9.ª serie, vol. IX (21 luglio 1942 – 6 febbraio 1943), Roma, Libreria dello Stato, 1989, pp. 138-139; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar…, pp. 211-218. <<

[1113] Denis Smyth, «Screening “Torch”: Allied Counter-Intelligence and the Spanish Threat to the Secrecy of the Allied Invasion of French North Africa in November, 1942», Intelligence and National Security, vol. 4, n.º 2, abril de 1989, pp. 335-356, esp. pp. 344, 350-351. <<

[1114] Viñas, Sobornos…, pp. 377-389. <<

[1115] Doussinague, España tenía razón…, pp. 203-206. <<

[1116] Pedro Teotónio Pereira, Correspondência de Pedro Teotónio Pereira para Oliveira Salazar (1942), Lisboa, Presidência do Conselho de Ministros, 1990, vol. III, pp. 280-281; François Piétri, Mes années d’Espagne 1940-1948, París, Librairie Plon, 1954, p. 86; Ruhl, Franco, Falange y «Tercer Reich»…, pp. 49-50; Von Moltke a Wilhelmstrasse, 13 y 24 de enero de 1943, Documents secrets…, pp. 127-134; Ramón Garriga, La España de Franco. De la División Azul al pacto con los Estados Unidos (1943 a 1951), Puebla (México), Cajica, 1971, p. 30. <<

[1117] Viñas, Sobornos…, pp. 417-421. <<

[1118] Carlos Martínez de Campos, Ayer 1931-1953, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1970, pp. 213-252; Gerald R. Kleinfeld y Lewis A. Tambs, Hitler’s Spanish Legion. The Blue Division in Russia, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1979, pp. 310-313. <<

[1119] Smyth, Deathly Deception…, pp. 216-218; TNA, ADM 223/794, «Mincemeat», Naval Intelligence, Division 12 («Special Naval Section») History of Naval Intelligence and the Naval Intelligence Department 1939-1945, vol. III, «Naval Deception», pp. 1-22; Documentos inéditos…, vol. IV, pp. 223-225; Ruhl, Franco, Falange y «Tercer Reich»…, p. 223. <<

[1120] Javier Tusell, Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 585-589; Eduardo Martín de Pozuelo, El franquismo, cómplice del Holocausto, Barcelona, La Vanguardia, 2012, pp. 39-40; Rohr, The Spanish Right and the Jews…, pp. 123-156. <<

[1121] Rother, Franco y el holocausto…, pp. 128-129, 408-409; Marquina Barrio y Ospina, España y los judíos…, pp. 212-222; Diego Carcedo, Un español frente al Holocausto. Así salvó Ángel Sanz Briz a 5.000 judíos, Madrid, Temas de Hoy, 2000, pp. 199-268; Rohr, The Spanish Right and the Jews…, pp. 149-152; Juan Diego Quesada, «Franco lo Supo – Excelencia, esto ocurre en Auschwitz», El País, 21 de marzo de 2010. <<

[1122] Arriba, 18, 19, 20 y 21 de marzo, 2, 5 y 12 de mayo de 1943; The Times, 18 de marzo de 1943; ABC, 2, 5, 7, 8 y 9 de mayo de 1943; Doussinague, España tenía razón…, pp. 207-209. <<

[1123] Bulletin of Spanish Studies, vol. XXI, n.º 82, abril de 1944, p. 85; Hoare Templewood, Ambassador…, pp. 239-240; Preston, The Politics of Revenge…, pp. 100-104; José María Gil Robles, La monarquía por la que yo luché. Páginas de un diario (1941-1954), Madrid, Taurus, 1976, p. 55. <<

[1124] Abraham Guillén, 25 años de economía franquista, Buenos Aires, Periplo, 1963, p. 145. Payne, The Franco Regime…, pp. 285, 399, 425; Gil Robles, La monarquía…, pp. 74, 83, 86. <<

[1125] Burns, Memorando…; Viñas, Sobornos…, pp. 444-446. <<

[1126] Ruhl, Franco, Falange y «Tercer Reich»…, p. 68; Smyth, Diplomacy…, p. 215; Foltz, The Masquerade…, pp. 126-129; Gil Robles, La monarquía…, pp. 28, 72, 77, 85. <<

[1127] Ibid., pp. 28, 33, 37-38, 53-59, 71, 74, 83. <<

[1128] Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols., Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, vol. III, p. 432, Claret, Ganar la guerra…, pp. 277-278. <<

[1129] Documentos inéditos…, vol. IV, pp. 679-680. <<

[1130] Collado Seidel, España, refugio nazi…, pp. 145-150, 223-225, 277-286. <<

[1131] Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda…, p. 230; Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 37, 178. <<

[1132] Claret, Ganar la guerra, perder la paz, pp. 244-246, 267, 287-288. <<

[1133] Ridruejo, Escrito en España…, p. 104; Carlos Fernández Santander, Tensiones militares durante el franquismo, Barcelona, Plaza y Janés, 1985, pp. 77-85. <<

[1134] Departamento de Estado, The Spanish Government and the Axis, Washington, U. S. Government Printing Office, 1946, pp. 34-37; Hoare Templewood, Ambassador…, p. 258. <<

[1135] Rafael García Pérez, Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispanoalemanas durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, pp. 453-473; Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, pp. 338-342; Christian Leitz, Economic Relations Between Nazi Germany and Franco’s Spain 1936-1945, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 190-192; Viñas et al., Política comercial exterior…, vol. I, p. 354, 362-363, 393-395, 410, 463-464; Viñas, Sobornos…, p. 446. <<

[1136] Burns, Memorando…, p. 3. <<

[1137] Ramón J. Campo, El oro de Canfranc, Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2002, pp. 65-69, 79-85. <<

[1138] Foreign Relations of the United States 1943, Washington, U. S. Government Printing Office, 1964, vol. II, pp. 631-632, 722-738, 727-731; Doussinague, España tenía razón…, pp. 88-89, 280-290; Hoare Templewood, Ambassador…, pp. 249-256. <<

[1139] Warren F. Kimball, ed., Churchill y Roosevelt. The Complete Correspondence, 3 vols., Princeton, Princeton University Press, 1984, vol. II, pp. 725-726, 728, 751; sir Alexander Cadogan, The Diaries of Sir Alexander Cadogan 1938-1945, Londres, Cassell, 1971, pp. 602-603; Edward R. Stettinius Jr., The Diaries of Edward R. Stettinius Jr., 1943-1946, Nueva York, New Viewpoints, 1975, pp. 28-29; Hoare Templewood, Ambassador…, pp. 257-262. <<

[1140] Kimball, ed., Churchill y Roosevelt…, vol. III, pp. 66-68, 99, 106-108, 114; Cadogan, The Diaries…, pp. 622-623; Hoare Templewood, Ambassador…, pp. 262-268; Joan Maria Thomàs, Roosevelt, Franco and the End of the Second World War, Londres, Palgrave/Macmillan, 2011, pp. 67-125. <<

[1141] Xavier Moreno Julià, La División Azul. Sangre española en Rusia, 1941-1945, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 204-209, 295-305; Miguel Ezquerra, Berlín, a vida o muerte, Barcelona, Acervo, 1975, pp. 15, 105-147; Fernando Vadillo, La gran crónica de la División Azul. Los irreductibles, Granada, García Hispán, 1993, pp. 225-265. <<

[1142] Hoare Templewood, Ambassador…, pp. 283, 300-304. <<

[1143] Daniel Arasa, La invasión de los maquis, Barcelona, Belacqua, 2004, pp. 243-245, 299-306; Secundino Serrano, Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista, Madrid, Temas de Hoy, 2001, pp. 129-140; Tomás Cossias, La lucha contra el «maquis» en España, Editora Nacional, Madrid, 1956, pp. 60-63; Fernando Martínez de Baños, Hasta su total aniquilación. El Ejército contra el maquis en el Valle de Arán y en el Alto Aragón, 1944-1946, Madrid, Almena, 2002, pp. 137-138, 155-156. <<

[1144] Tusell, Franco, España y la II Guerra Mundial…, p. 200. <<

[1145] The Testament of Adolf Hitler. The Hitler-Bormann Documents, Londres, Cassell, 1961, pp. 47-49. <<

[1146] Arriba, 8 de mayo de 1945; ABC, 8 de mayo de 1945. <<

[1147] Francisco Franco Bahamonde, Textos de doctrina política. Palabras y escritos de 1945 a 1950, Madrid, Publicaciones Españolas, 1951, pp. 612-613. <<

[1148] Bowker a Eden, 8, 14 y 31 de mayo de 1945, FO371/49550, Z6008/2/41, Z6421/7/41 y Z7213/7/41; ABC, 26 de abril, 3 y 11 de mayo de 1945; Arriba, 3, 5 y 10 de mayo de 1945; Informaciones, 3 y 7 de mayo de 1945; The Times, 3 y 11 de mayo de 1945. <<

[1149] Ramón Soriano, La mano izquierda de Franco, Barcelona, Planeta, 1981, p. 159; entrevista a Borrell, en María Mérida, Testigos de Franco. Retablo íntimo de una dictadura, Barcelona, Plaza y Janés, 1977, p. 225. <<

[1150] Rafael R. Tranche, «La imagen de Franco “Caudillo”, en la primera propaganda cinematográfica del Régimen», en Vicente Sánchez Biosca, coord., Materiales para una iconografía de Francisco Franco, 2 vols., Madrid, Archivos de la Filmoteca, n.º 42-43, octubre de 2002 – febrero de 2003, pp. 92-93. <<

[1151] Max Gallo, Spain Under Franco. A History, Londres, Allen & Unwin, 1973, pp. 153-159. <<

[1152] La Vanguardia Española, 18 de julio de 1945; The Times, 18 de julio de 1945; Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 15-25. <<

[1153] Paul Preston, Franco. A Biography, Londres, HarperCollins, 1993, pp. 532-533. <<

[1154] Javier Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza, 1984, pp. 56-58. <<

[1155] Ibid., pp. 61-77, 84-94, 118; Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols., Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, vol. IV, p. 44; José María Gil Robles, La monarquía por la que yo luché. Páginas de un diario (1941-1954), Madrid, Taurus, 1976, pp. 126-127; Ramón Garriga, La España de Franco. De la División Azul al pacto con los Estados Unidos (1943 a 1951), Puebla (México), Cajica, 1971, pp. 334-533; Florentino Portero, Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989, pp. 106-110. <<

[1156] Tussell, Franco y los católicos…, pp. 58-59. <<

[1157] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. I, p. 19. <<

[1158] Alberto J. Lleonart y Anselem y Fernando María Castiella y Maíz, España y ONU I (1945-46), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1978, pp. 30-33. <<

[1159] The Times, 18 de junio de 1945. <<

[1160] Qasim Ahmad, Britain, Franco Spain, and the Cold War, 1945-1950, Nueva York, Garland, 1992, pp. 33-40. <<

[1161] Lleonart y Castiella, España y ONU…, vol. I, pp. 42-44; Foreign Relations of the United States 1945, Washington, Government Printing Office, 1967, vol. V, p. 683. <<

[1162] Discursos, 20 de mayo, 20 de junio, 2 y 17 de julio de 1945, Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 5-25. <<

[1163] Ángel Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda económica, recortes de soberanía, Barcelona, Grijalbo, 1981, p. 27. <<

[1164] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, Noguer, 1977, pp. 57-59; Tusell, Franco y los católicos…, pp. 99-100. <<

[1165] Mallet a Bevin, 22 de septiembre y 6 de octubre de 1945, FO371/49590, Z10932/233/41, Z11432/233/41. <<

[1166] Portero, Franco aislado…, pp. 133-134; Randolph Bernard Jones, The Spanish Question and the Cold War 1944-1953, tesis doctoral inédita, Universidad de Londres, 1987, pp. 49-51. <<

[1167] Véanse también sus discursos a la cúpula militar, 7 de enero de 1946; al Estado Mayor, 16 de febrero de 1946, en Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 539-549. <<

[1168] Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, pp. 382-386; Heleno Saña, El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, Barcelona, Grijalbo, 1982, pp. 289-292, 301-303; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 52-53, 58-59; Tusell, Franco y los católicos…, pp. 100-102. <<

[1169] La Vanguardia Española, 2 de octubre de 1945; Arriba, 2 de octubre de 1945. <<

[1170] Tusell, Franco y los católicos…, pp. 102-106; ABC, 12 de octubre de 1945. <<

[1171] ABC, 27 de octubre de 1945; Arriba, 27 de octubre de 1945; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, p. 102; Foreign Relations of the United States 1946, Washington, Government Printing Office, 1969, vol. V, p. 1.039. <<

[1172] Mallet a Bevin, 3 de diciembre de 1945, FO371/49629, Z13504/1484/G41. <<

[1173] «Informe Económico Octubre de 1946», Archivo Acción Republicana Democrática Española, Fundación Universitario Español, ARDE, ind. 1-2. Agradezco a Ricardo Robledo esta información. <<

[1174] Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, pp. 415-416. <<

[1175] Francisco Moreno Gómez, La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 471-479, 506-545, 549-551; Mercedes Yusta Rodrigo, Guerrilla y resistencia campesina. La resistencia armada contra el franquismo en Aragón (1939-1952), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, pp. 169-173, 180-181; Secundino Serrano, Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista, Madrid, Temas de Hoy, 2001, pp. 231-239; Mundo Obrero, 11 de septiembre de 1947, 5 y 19 de agosto, 30 de septiembre de 1948. <<

[1176] Tusell, Franco y los católicos…, p. 113. <<

[1177] Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 334-335; Arriba, 5 de enero, 17, 19 y 20 de febrero de 1946; ABC, 5 y 9 de enero, 22 y 23 de febrero de 1946; The Times, 11 de febrero y 20 de mayo de 1946. <<

[1178] Mallet a Bevin, 15 de febrero de 1946, FO371/60373, Z2125/41/41; Gil Robles, La monarquía…, pp. 161-169; López Rodó, La larga marcha…, p. 62; Javier Tusell, La oposición democrática al franquismo 1939-1962, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 114-116. <<

[1179] Memorando Torr, 20 de febrero de 1946, FO371/60373, Z1741/41/41; Alfredo Kindelán Duany, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 128-130, 254; Tusell, Franco y los católicos…, pp. 150-151; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 127-132, 153-157, 301. <<

[1180] Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 103, 107; David Wingeate Pike, Jours de gloire, jours de honte. Le Parti Comuniste d’Espagne en France depuis son arrivée en 1939 jusqu’à son départ en 1950, París, Société d’Édition d’Enseignement Supérieur, 1984, p. 59; Carlos Fernández Rodríguez, Madrid clandestino. La reestructuración del PCE (1939-1945), Madrid, Fundación Domingo Malagón, 2002, pp. 370-376. <<

[1181] Memorando Hoyer-Millar, 3 de marzo de 1946, FO371/60352, Z210/36/41. <<

[1182] The Times, 5 de marzo de 1946; Arthur P. Whitaker, Spain and the Defense of the West. Ally and Liability, Nueva York, Harper & Brothers, 1961, pp. 25-27; Portero, Franco aislado…, pp. 151-155. <<

[1183] Tusell, Franco y los católicos…, p. 115. <<

[1184] Ahmad, Britain, Franco Spain…, pp. 40-53. <<

[1185] Arriba, 8 de marzo de 1946; ABC, 8 de marzo de 1946. <<

[1186] Arriba, 2 de abril de 1946. <<

[1187] Arriba, 7 de abril de 1946; Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 551-552. <<

[1188] Edward R. Stettinius Jr., The Diaries of Edward R. Stettinius Jr., 1943-1946, Nueva York, New Viewpoints, 1975, pp. 466-469; Lleonart y Castiella, España y ONU…, vol. I, pp. 81-83. <<

[1189] Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 31-59; The Times, 15 de mayo de 1946. <<

[1190] Naciones Unidas, Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, año I, 2.ª serie, suplemento especial, Report of the Sub-Committee on the Spanish Question, Nueva York, Hunter College, junio de 1946; Foreign Relations of the United States 1946, vol. V, pp. 1.072-1.074; Portero, Franco aislado…, pp. 174-176. <<

[1191] Bonsal a Byrnes, Foreign Relations of the United States 1946, vol. V, pp. 1.075-1.077; Lleonart y Castiella, España y ONU…, vol. I, pp. 104-120, 130-196. <<

[1192] Agustín del Río Cisneros, Política internacional de España. El caso español en la ONU y en el mundo, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1946, passim. <<

[1193] Tusell, Franco y los católicos…, p. 153. <<

[1194] Ibid., p. 116. <<

[1195] Arriba, 1 y 2 de octubre de 1946; ABC, 1 y 2 de octubre de 1946; La Vanguardia Española, 1 y 2 de octubre de 1946; The Times, 2 de octubre de 1946. <<

[1196] Lleonart y Castiella, España y ONU…, vol. I, pp. 215, 240-294; Arriba, 14 de noviembre de 1946; Foreign Relations of the United States 1946, vol. V, pp. 1.0801.082. <<

[1197] Arriba, 30 de noviembre de 1946; Tusell, Franco y los católicos…, p. 154. <<

[1198] Arriba, 10 de diciembre de 1946; La Vanguardia Española, 10 de diciembre de 1946. <<

[1199] ABC, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1946; Lleonart y Castiella, España y ONU…, vol. I, pp. 310-389. <<

[1200] The Times, 17 de diciembre de 1946; Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, p. 469. <<

[1201] José María Pemán, Mis encuentros con Franco, Barcelona, Dopesa, 1976, pp. 118-119. <<

[1202] Jakim Boor (seudónimo de Francisco Franco Bahamonde), Masonería, Madrid, Gráficas Valera, 1952, p. 96. <<

[1203] Arriba, 14 de diciembre de 1946; Boor, Masonería…, pp. 8-9. <<

[1204] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 239, 366; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. III, pp. 323-324, 394; Javier Domínguez Arribas, El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista (1936-1945), Madrid, Marcial Pons Historia, 2009, pp. 123-152. <<

[1205] López Rodó, La larga marcha…, pp. 73, 529-532; Gil Robles, La monarquía…, pp. 138, 173-174. <<

[1206] Gil Robles, La monarquía…, p. 173. <<

[1207] Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, pp. 472-474. <<

[1208] Portero, Franco aislado…, p. 182. <<

[1209] Kenneth O. Morgan, Labour in Power 1945-1951, Oxford, Clarendon Press, 1984, pp. 251-253; Dean Acheson, Present at the Creation. My Years in the State Department, Nueva York, Norton, 1969, pp. 294-301; Herbert Feis, From Trust to Terror. The Onset of the Cold War 1945-1950, Londres, Anthony Blond, 1970, pp. 191-198. <<

[1210] López Rodó, La larga marcha…, pp. 75-89, 89-99; Gil Robles, La monarquía…, pp. 206-214, 388-393; Tusell, La oposición democrática…, pp. 161-169; Tusell, Franco y los católicos…, pp. 161-162. <<

[1211] Foreign Relations of the United States 1947, Washington, Government Printing Office, 1972, pp. 1.066-1.080; Ahmad, Britain, Franco Spain…, pp. 163-164; Bevin a Sargent, 25 de abril de 1947, FO371/67868, Z4093/3/41. <<

[1212] Mundo Obrero, 8 de mayo de 1947; El Socialista, 16 de mayo de 1947; José María Lorenzo Espinosa, Rebelión en la Ría. Vizcaya 1947: obreros, empresarios y falangistas, Bilbao, Universidad de Deusto, 1988, pp. 17-69. <<

[1213] Juan Carlos Jiménez de Aberasturi y Koldo San Sebastián, La huelga general del 1.º de Mayo de 1947 (artículos y documentos), San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1991, pp. 48-61. <<

[1214] Le Monde, 9 de mayo de 1947. <<

[1215] Ángel Viñas, Guerra, dinero, dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 265-287; A. J. Lleonart y Anselem, España y ONU II (1947), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983, p. 117. <<

[1216] Arriba, 1 de noviembre de 1946 y 14 de enero de 1947; ABC, 14, 15, 16 y 17 de enero de 1947. <<

[1217] Arriba, 9 y 10 de junio de 1947; ABC, 10 de junio de 1947; The Times, 9 de junio de 1947; The Observer, 13 de junio de 1947; Ramón Garriga, La Señora de El Pardo, Barcelona, Planeta, 1979, pp. 211-212. <<

[1218] José María de Areilza, Memorias exteriores 1947-1964, Barcelona, Planeta, 1984, p. 28. <<

[1219] Whitaker, Spain and the Defense…, p. 25; De Areilza, Memorias exteriores…, pp. 216-218. <<

[1220] Ya, 6 de julio de 1947; Arriba, 5 y 6 de julio de 1947. <<

[1221] Tusell, Franco y los católicos…, pp. 163-165; Stanley G. Payne, The Franco Regime 1936-1975, Madison, Wisconsin University Press, 1987, p. 375; J. W. D. Trythall, Franco, Londres, Hart-Davis, 1970, pp. 203-206. <<

[1222] Foreign Relations of the United States 1947, vol. III, pp. 1.084-1.087; FO a la embajada británica (Washington), FO371/67869, Z7004/3/41. <<

[1223] Foreign Relations of the United States 1947, vol. III, pp. 1.091-1.095; Walter Millis, ed., The Forrestal Diaries, Nueva York, Viking Press, 1951, p. 328; Walter LaFeber, America, Russia and the Cold War 1945-1975, Nueva York, Wiley, 1976³, pp. 66-67. <<

[1224] Foreign Relations of the United States 1947, vol. III, pp. 1.096-1.097; Lleonart, España y ONU…, vol. II, pp. 230-313; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 212-214, 226; Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 111-114. <<

[1225] S. F. A. Coles, Franco of Spain, Londres, Neville Spearman, 1955, p. 63; Francisco Franco Salgado-Araujo, Mi vida junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1977, p. 319. <<

[1226] La Vanguardia Española, 31 de marzo de 1948; The Times, 1 y 2 de abril de 1948; Portero, Franco aislado…, pp. 309-313; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 239-240. <<

[1227] Tusell, La oposición democrática…, pp. 197-202; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 249-251. <<

[1228] Gil Robles, La monarquía…, pp. 265-273; Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 220-222; Foreign Relations of the United States 1948, Washington, Government Printing Office, 1974, vol. III, pp. 1.050-1.051, 1.059-1.063; Foreign Relations of the United States 1949, Washington, Government Printing Office, 1975, vol. IV, p. 755; Ramón de Alderete, …y estos borbones nos quieren gobernar, París, Ruedo Ibérico, 1974, pp. 56-58; The Times, 28 y 29 de agosto de 1948. <<

[1229] Gil Robles, La monarquía…, pp. 272-275. <<

[1230] Tusell, La oposición democrática…, pp. 203-205. <<

[1231] ABC, 10 de noviembre de 1948; Gil Robles, La monarquía…, pp. 276-281, 286. <<

[1232] Gil Robles, La monarquía…, pp. 298-301. <<

[1233] María Jesús Cava Mesa, Los diplomáticos de Franco. J. F. de Lequerica, temple y tenacidad (1890-1963), Bilbao, Universidad de Deusto, 1989, pp. 265-310; Theodore J. Lowi, «Bases in Spain», en Harold Stein, ed., American Civil-Military Decisions. A Book of Case Studies, Birmingham (Alabama), University of Alabama Press, 1963, pp. 675-676; R. Richard Rubottom y J. Carter Murphy, Spain and the United States Since World War II, Nueva York, Praeger, 1984, pp. 10-11; Viñas, Guerra, dinero, dictadura…, pp. 284-287; Whitaker, Spain and the Defense…, pp. 32-34. <<

[1234] Johnston a FO, 2 de octubre de 1948, FO371/73337, Z7957/84/41. <<

[1235] Arriba, 2 de octubre de 1948; ABC, 2 de octubre de 1948; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 266-269. <<

[1236] Foreign Relations of the United States 1948, vol. III, pp. 1.053-1.054; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 273-275. <<

[1237] Foreign Relations of the United States 1948, vol. III, p. 1.063. <<

[1238] Moisés Llordén Miñambres, «La política de vivienda del régimen franquista. Nacimiento y despegue de los grandes constructores y promotores inmobiliarios en España, 1939-1960», en Glicerio Sánchez Recio y Julio Tascón Fernández, eds., Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-1957, Barcelona, Crítica, 2003, p. 149. <<

[1239] Bartolomé Barba Hernández, Dos años al frente del Gobierno Civil de Barcelona y varios ensayos, Madrid, Javier Morata, 1948, pp. 45-50; Rafael Abella, Por el Imperio hacia Dios. Crónica de una posguerra (1939-1950), Barcelona, Planeta, 1978, pp. 101-132. <<

[1240] Portero, Franco aislado…, pp. 316-317; The Daily Telegraph, 1 de febrero de 1949; Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 277-281. <<

[1241] Foreign Relations of the United States 1949, vol. IV, pp. 729-730; Hankey a Bevin, «Spain. Annual Report for 1949», 27 de enero de 1950, FO371/89479, WS1011/1. <<

[1242] Whitaker, Spain and the Defense…, pp. 34-35; Gil Robles, La monarquía…, pp. 291-292. <<

[1243] Whitaker, Spain and the Defense…, pp. 36-37. <<

[1244] Foreign Relations of the United States 1949, vol. IV, pp. 721-724, 730-735, 742-743; A. J. Lleonart y Anselem, España y ONU III (1948-1949). La cuestión española, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985, pp. 54-58, 148-372. <<

[1245] Franco Bahamonde, Textos de doctrina política…, pp. 147-173. <<

[1246] Mercedes Cabrera, Juan March (1880-1962), Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 347-392; Arturo Dixon, Señor Monopolio. La asombrosa vida de Juan March, Barcelona, Planeta, 1985, pp. 178-199; Ramón Garriga, Los validos de Franco, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 198-202; Ramón Garriga, Juan March y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 384, 388-394; Fabián Estapé, Sin acuse de recibo, Barcelona, Plaza y Janés, 2000, pp. 122-124, 202; Bernardo Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, Sedmay, 1977, pp. 366-380; Pere Ferrer, Juan March. El hombre más misterioso del mundo, Barcelona, Ediciones B, 2008, pp. 415-427. <<

[1247] José Larraz, Memorias, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2006, pp. 530-531. <<

[1248] Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 379-388. <<

[1249] Gil Robles, anotaciones de diario correspondientes al 25 y 26 de septiembre de 1949, La monarquía…, pp. 304-306. <<

[1250] Foreign Relations of the United States 1949, vol. IV, p. 761. <<

[1251] Benjamin Welles, Spain. The Gentle Anarchy, Londres, Pall Mall, 1965, pp. 286-287; Lowi, «Bases…», p. 692. <<

[1252] Cava Mesa, Los diplomáticos de Franco…, pp. 310-312; Lowi, «Bases…», pp. 677-680; Whitaker, Spain and the Defense…, pp. 23, 36-37; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 43-44; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 366-367; Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, pp. 548-549, 563-567. <<

[1253] The Times, 22, 24, 25 y 28 de octubre de 1949; Arriba, 22, 23, 25, 26 y 27 de octubre de 1949; Gil Robles, La monarquía…, pp. 308-312; Franco Salgado-Araujo, Mi vida…, pp. 327-328. <<

[1254] Gil Robles, La monarquía…, pp. 318-319. <<

[1255] Lowi, «Bases…», p. 683. <<

[1256] Foreign Relations of the United States 1950, Washington, Government Printing Office, 1977, vol. III, pp. 1.549-1.555; Franks a FO, 19 de enero de 1950, FO371/89496, WS10345/3, WS10345/4; Hoyer-Miller a Bevin, 13 de febrero de 1950, FO371/ 89496, WS10345/13. <<

[1257] Hankey a Shuckburgh, 25 de enero de 1950, FO371/89496, WS10345/9; Arriba, 24 y 25 de enero de 1950. <<

[1258] Fernando Guirao, «Spain and the “Green Pool”. Challenge and Response, 1950 to 1955», en Richard T. Griffiths y Brian Girvin, eds., The Green Pool and the Origins of the Common Agricultural Policy, Londres, Lothian Press, 1995, pp. 261-287. <<

[1259] Indalecio Prieto, Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes sucesos, 3 vols., México DF, Oasis, 1967-1969, vol. I, pp. 307-308. <<

[1260] Mariano Sánchez Soler, Villaverde. Fortuna y caída de la casa Franco, Barcelona, Planeta, 1990, pp. 36-37, 52-53. <<

[1261] Embajada de Reino Unido en Madrid al FO, 16 de abril de 1950, FO371/ 89487, WS1021/15. <<

[1262] La Vanguardia Española, 11 y 12 de abril de 1950; Arriba, 11 y 14 de abril de 1950; ABC, 11 y 12 de abril de 1950; Garriga, La Señora…, pp. 222-224. <<

[1263] Garriga, La Señora…, pp. 224-227, 243-244; Sánchez Soler, Villaverde…, pp. 56-70, 76, 110-116; Jaume Claret, Ganar la guerra, perder la paz. Memorias del general Latorre Roca, Barcelona, Crítica, 2019, p. 288. <<

[1264] Carlos Collado Seidel, España, refugio nazi, Madrid, Temas de Hoy, 2005, pp. 184-185, 203-204. <<

[1265] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 9, 17-18, 189; Pilar Franco Bahamonde, Nosotros los Franco, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 144-146, 215-220; Mariano Sánchez Soler, Ricos por la guerra civil de España, Madrid, Raíces, 2007, pp. 66-67; Andrés Martínez-Bordiú Ortega, Franco en familia. Cacerías en Jaén, Barcelona, Planeta, 1994, pp. 26-28; Julián Lago, Las contra-memorias de Franco, Barcelona, Zeta, 1976, pp. 63-73. <<

[1266] Ángel Viñas, «Hambre, corrupción y sobornos en el primer franquismo (1939-1959)», Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján, dirs., La corrupción política en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons Historia, 2018, pp. 165-167. <<

[1267] Sánchez Soler, Villaverde…, pp. 39-51, 92-94, 122-124, 127, 131-139; Jaime Peñafiel, El General y su tropa. Mis recuerdos de la familia Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1992, p. 149. <<

[1268] Javier Otero, «El patrimonio oculto de Francisco Franco», Tiempo, 11 de junio de 2010; Carlos Babío Urkidi y Manuel Pérez Lorenzo, Meirás. Un pazo, un caudillo, un expolio, La Coruña, Fundación Galiza Sempre, 2017, pp. 271-275. <<

[1269] Ramón Garriga, Franco-Serrano Suñer. Un drama político, Barcelona, Planeta, 1986, p. 179. <<

[1270] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 174, 195; Peñafiel, El General y su tropa…, pp. 140-141; José Antonio Vaca de Osma, Paisajes con Franco al fondo, Barcelona, Plaza y Janés, 1987, p. 189; Pilar Jaraiz Franco, Historia de una disidencia, Barcelona, Planeta, 1981, p. 41. <<

[1271] Garriga, La Señora…, pp. 225-227; Suárez Fernández, Francisco Franco…, pp. 271-273. <<

[1272] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 189, 195; Franco Bahamonde, Nosotros los Franco…, p. 237. <<

[1273] Sánchez Soler, Ricos…, pp. 108-111; Jaime Sánchez-Blanco, La importancia de llamarse Franco. El negocio inmobiliario de doña Pilar, Madrid, Edicusa, 1978, pp. 13-16, 21-49, 108-120, 139-158, 172-198, 243-284, 294-323, 337-341, 365-397. <<

[1274] Sobre Hoffmann, véanse Collado Seidel, España, refugio nazi…, pp. 130, 312-315; Klaus-Jörg Ruhl, Franco, Falange y III Reich, Madrid, Akal, 1986, p. 208; José María Irujo, «Un presunto nazi es el cónsul general de Alemania en Málaga desde 1974», El País, 1 de abril de 1997; José Antonio Girón de Velasco, «La casa de Girón legalmente edificada», El País, 31 de octubre de 1976; José Luis de Arrese, Una etapa constituyente, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 59, 87, 92; Sánchez Soler, Ricos…, pp. 143-148. <<

[1275] Mariano Sánchez Soler, Los banqueros de Franco, Madrid, Oberón, 2005, pp. 143-149; Víctor Mellado y Vicente Granados, coords., Historia de la Costa del Sol, Málaga, Prensa Malagueña, s. f., pp. 115-116. <<

[1276] Sánchez Soler, Ricos…, pp. 247-248; Rafael Porras, «Franco y el “skyline” de Marbella», El Mundo, 8 de diciembre de 2013. <<

[1277] Foreign Relations of the United States 1950, vol. III, pp. 1.557-1.560; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 408-409. <<

[1278] Viñas, Los pactos secretos…, p. 59; Boor, Masonería…, pp. 121-129, 137-141; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 431-433. <<

[1279] David Caute, The Great Fear. The Anti-Communist Purge under Truman and Eisenhower, Londres, Secker & Warburg, 1978, pp. 58-69, 566-567. <<

[1280] Memorando del jefe del Estado Mayor Conjunto al secretario de Defensa, 3 de mayo de 1950; Truman a Acheson, 16 de junio de 1950, Foreign Relations of the United States 1950, vol. III, pp. 1.560-1.562. <<

[1281] Younger a Bevin, 3 de agosto de 1950, FO371/89502, WS1031/39; W. I. Mallet a Bevin, 2 de agosto de 1950, FO371/89502, WS1051/39; W. I. Mallet a Hankey, 11 de septiembre de 1950, FO371/89503, WS1051/63. <<

[1282] Burrows (Washington) a Young, 4 de septiembre de 1950, FO371/89503, WS1051/58. <<

[1283] A. J. Lleonart y Anselem, España y ONU IV (1950). La «cuestión española», Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991, pp. 269-310; Ahmad, Britain, Franco Spain…, pp. 197-198; Arriba, 5 de noviembre de 1950. <<

[1284] ABC, 7 de noviembre de 1950. <<

[1285] Foreign Relations of the United States 1950, vol. III, pp. 1.573-1.574; Franks al FO, 18 de noviembre de 1950, FO371/89507, WS1051/129. <<

[1286] Viñas, Los pactos secretos…, pp. 59-60; Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, pp. 577-585. <<

[1287] Lequerica a Franco, 25 de octubre de 1950, en Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, pp. 440-441. <<

[1288] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. IV, p. 413. <<

[1289] Francisco Franco Bahamonde, Discursos y mensajes del Jefe del Estado 1951-1954, Madrid, Publicaciones Españolas, 1955, pp. 33-37; Trythall, Franco…, p. 211. <<

[1290] Bernard Jones, The Spanish Question…, pp. 195-211, 215-226. <<

[1291] Hankey a Young, 20 de diciembre de 1950, FO371/89509, WS1051/170; Sebastian Balfour, Dictatorship, Workers, and the City. Labour in Greater Barcelona since 1939, Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 20-22. <<

[1292] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1951-1954)…, pp. 43-48. <<

[1293] La Vanguardia Española, 3 de marzo de 1951; Félix Fanés, La vaga de tramvies del 1951, Barcelona, Laia, 1977, pp. 28-33, 48-51. <<

[1294] La Vanguardia Española, 13 y 14 de marzo de 1951; Fanés, La vaga…, pp. 59-157; Gregorio López Raimundo, Primera clandestinidad. Segunda parte, Barcelona, Antártida/Empúries, 1995, pp. 208-227; Balfour, Dictatorship…, pp. 22-30; Michael Richards, «Falange, Autarky and Crisis. The Barcelona General Strike of 1951», European History Quarterly, octubre de 1999, pp. 543-585. <<

[1295] Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, pp. 595-600. <<

[1296] Balfour a Morrison, 23 de mayo de 1951, FO371/96158, WS1016/56/51. <<

[1297] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1951-1954)…, pp. 50-51, 57; Arriba, 13, 15 y 19 de mayo de 1951. <<

[1298] Stanton Griffis, Lying in State, Nueva York, Doubleday, 1952, pp. 269-270, 287-289; Balfour a Young, 28 de marzo de 1951, FO371/96183, WS1071/36; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 73-79. <<

[1299] López Rodó, La larga marcha…, pp. 112-113; 550-554; Pemán, anotación de diario correspondiente al 20 de enero de 1951, citado por Tusell, Franco y los católicos…, p. 287. <<

[1300] Viñas, Los pactos secretos…, pp. 87-91; FO a Washington, 7 de julio de 1951, Francks al FO, 12 de julio de 1951, FO371/96185, WS1071/69G y WS1071/71. <<

[1301] Welles, Spain. The Gentle Anarchy…, p. 287; Lowi, «Bases…», p. 692; Antonio Marquina Barrio, España en la política de seguridad occidental 1939-1986, Madrid, Ejército, 1986, pp. 420-422; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 92-94; Boris N. Liedtke, Embracing a Dictatorship. US Relations with Spain, 1945-53, Londres, Macmillan, 1998, pp. 119-128. <<

[1302] ABC, 17 de julio de 1951; The Times, 19 de julio de 1951; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 95-102; Griffis, Lying in State…, pp. 294-295; Marquina, España en la política…, pp. 422-424; Lowi, «Bases…», pp. 692-695; Cava Mesa, Los diplomáticos de Franco…, p. 323. <<

[1303] Equipo Mundo, Los 90 ministros de Franco, Barcelona, Dopesa, 1970, pp. 203-246; Garriga, La España de Franco. De la División Azul…, pp. 624-629. <<

[1304] Ángel Viñas, Julio Viñuela, Fernando Eguidazu, Carlos Fernández Pulgar y Senen Florensa, Política comercial exterior en España (1931-1975), 2 vols., Madrid, Banco Exterior de España, 1979, vol. I, pp. 635-639, 671-672. <<

[1305] Balfour a Eden, 10 de julio de 1952, Steel a Cheetham, 22 de agosto de 1952, Murray a Cheetham 28 de agosto de 1952, FO371/1020222, WS1102/21, WS1102/ 24G, WS1102/25; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 120-121, 177; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 56. <<

[1306] Balfour a Eden, 29 de mayo de 1952, FO371/102000, WS1015/2; Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1951-1954)…, p. 173. <<

[1307] Lowi, «Bases…», pp. 696-697; Makins (Washington) a Eden, 18 de febrero de 1953, FO371/107687, WS1073/1; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 165-169, 183-193, 252; Marquina Barrio, España en la política…, pp. 498-554. <<

[1308] Balfour a Cheetham, 29 de abril, 24 de mayo y 31 de julio de 1953; Bellotti al FO, 26 de junio de 1953; Balfour a Young, 11 de diciembre de 1953; memorando de Young, 8 de diciembre de 1953, Harrison al ministro de Estado, 17 de diciembre de 1953, memorando de Balfour, 17 de diciembre de 1953, FO371/107682, WS1051/9, WS1051/19WS1051/24, WS1051/38; FO371/107686, WS10/2/6; FO371/107690, WS1081/50; Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1951-1954)…, pp. 360-364. <<

[1309] Balfour a Eden, 21 de marzo de 1953, FO371/107731, WS1782/2; Tusell, Franco y los católicos…, pp. 258-282; Guy Hermet, Les Catholiques dans l’Espagne Franquiste, 2 vols., París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1980-1981, vol. II, pp. 204-218; José Ángel Tello, Ideología y política. La Iglesia católica española (1936-1959), Zaragoza, Libros Pórtico, 1984, pp. 111-116. <<

[1310] José Chao Rego, La Iglesia en el franquismo, Madrid, Felmar, 1976, pp. 93-102; Norman B. Cooper, Catholicism and the Franco Regime, Beverly Hills, Sage, 1975, pp. 16-18; Rafael Gómez Pérez, El franquismo y la Iglesia, Madrid, Rialp, 1986, pp. 66-70; Feliciano Blázquez, La traición de los clérigos en la España de Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975), Madrid, Trotta, 1991, pp. 103-105. <<

[1311] Lowi, «Bases…», pp. 696-697; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 165-169, 183-193, 252; Liedtke, Embracing a Dictatorship…, pp. 204-213; Arturo Jarque Íñiguez, «Queremos esas bases.» El acercamiento de Estados Unidos a la España de Franco, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1998, pp. 351-363. <<

[1312] Minuta de Hood, 5 de noviembre de 1953, FO371/107686, WS1072/43; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 195-202, 313-314; Ángel Viñas, En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González (1945-1995), Barcelona, Crítica, 2003, pp. 243-268. <<

[1313] José María de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Barcelona, Planeta, 1977, p. 45. <<

[1314] ABC, 27, 29 y 30 de septiembre de 1953; Arriba, 27, 29 y 30 de septiembre de 1953. <<

[1315] Viñas, Los pactos secretos…, pp. 181-182, 203-250, 292; Lowi, «Bases…», pp. 697-698. <<

[1316] Viñas, Los pactos secretos…, pp. 261-275; Viñas et al., Política comercial…, vol. I, pp. 497-501, 532-545. <<

[1317] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1951-1954)…, pp. 376-384; La Vanguardia Española, 1 de octubre de 1953; Arriba, 1 de octubre de 1953; The Times, 1 de octubre de 1953; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 299-301. <<

[1318] ABC, 27 y 30 de septiembre de 1953; Arriba, 27 y 29 de septiembre de 1953; Viñas, Los pactos secretos…, pp. 277-284. <<

[1319] The Times, 30 de octubre de 1953; Jean Créac’h, Le coeur et l’épée. Chroniques espagnoles, París, Librairie Plon, 1958, pp. 319-320; Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1951-1954)…, pp. 414-415. <<

[1320] Sánchez Soler, Villaverde…, pp. 63-68; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 9, 90-92, 111, 132. <<

[1321] Daniel Sueiro, El Valle de los Caídos. Los secretos de la cripta franquista, Barcelona, Argos Vergara, 1983², pp. 123-143. <<

[1322] Gil Robles, anotaciones de diario correspondientes al 13 de mayo, 21 y 22 de junio, 25 de julio y 7 de septiembre de 1954; don Juan a Franco, 16 de julio, Franco a don Juan 17 y 20 de julio de 1954, en Gil Robles, La monarquía…, pp. 327-328, 411-418; López Rodó, La larga marcha…, pp. 115-117, 554-555. <<

[1323] Rafael Calvo Serer, Franco frente al Rey. El proceso del régimen, París, autor/Ruedo Ibérico, 1972, pp. 29-30; Créac’h, Le coeur…, pp. 317-318. <<

[1324] ABC, 20 de octubre de 1954; Créac’h, Le coeur…, pp. 332-337; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, p. 157; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 18, 23. <<

[1325] Arriba, 23 de noviembre de 1954; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, pp. 29-30; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 30; López Rodó, La larga marcha…, p. 117; Créac’h, Le coeur…, pp. 338-339; José María Toquero, Franco y Don Juan. La oposición monárquica al franquismo, Barcelona, Plaza y Janés, 1989, pp. 253-255. <<

[1326] Créac’h, Le coeur…, pp. 339-340; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, p. 159. <<

[1327] Franco a don Juan, 2 de diciembre de 1954, en Sainz Rodríguez, Un reinado…, pp. 383-384. <<

[1328] Mallet a Eden, 11 de enero de 1955, FO371/117914, RS1942/4; Stirling a Macmillan, 19 de abril de 1955, FO371/117914, RS1942/15; Sainz Rodríguez, Un reinado…, pp. 222-235; Créac’h, Le coeur…, pp. 341-345; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 59-64; Pemán, Mis encuentros…, p. 232; Tusell, La oposición democrática…, pp. 235-236. <<

[1329] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1951-1954)…, pp. 551-553; Arriba, 23 y 27 de enero de 1955; ABC, 1 de marzo de 1955; Mallet a Eden, 26 de enero de 1955, FO371/117914, RS1942/6. <<

[1330] Arriba, 20 de junio de 1955; Mallet a Macmillan, 5 de julio de 1955, FO371/ 117914, RS1942/21. <<

[1331] ABC, 24 de junio de 1955; Stirling a Macmillan, 26 de julio de 1955; memorando de Balfour, 7 de septiembre de 1955, FO371/117914, RS1942/25; RS1942/27; Créac’h, Le coeur…, pp. 353-354. <<

[1332] Mary Vincent, Spain 1833-2002. People and State, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 161-169; Antonio Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 43-60, 98-110; Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, Spain. Dictatorship to Democracy, Londres, George Allen & Unwin, 1979, pp. 47-48. <<

[1333] Francisco Salva Miquel y Juan Vicente, Francisco Franco (historia de un español), Barcelona, Ediciones Generales, 1959, pp. 293-297; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 84-85. <<

[1334] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 23, 32-33, 71-72; entrevista a Carlos Rein Segura, en Ángel Bayod, Franco visto por sus ministros, Barcelona, Planeta, 1981, p. 78. <<

[1335] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 32-33, 36-37, 126; Garriga, La Señora…, pp. 249-253; Peñafiel, El General y su tropa…, pp. 61-66. <<

[1336] The Times, 5 de abril de 1956; Miguel Martín, El colonialismo español en Marruecos (1860-1956), París, Ruedo Ibérico, 1973, pp. 227-239; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, pp. 193-205; Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo. Aislamiento, transformación, agonía (1945-1975), Barcelona, Planeta, 1978, vol. II, pp. 138, 146; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 170-173. <<

[1337] Cancillería (Madrid) a Southern Department, 18 de febrero de 1955, FO371/ 117914, RS1942/10. <<

[1338] Calvo Serer, Franco frente al Rey…, p. 14; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 146-147; Créac’h, Le coeur…, p. 358. <<

[1339] Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia, Barcelona, Barral, 1976, pp. 414-418; Créac’h, Le coeur…, pp. 359-360. Los informes de la época sobre el tema pueden leerse en Roberto Mesa, ed., Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Universidad Complutense, 1982, pp. 45-53, 58-64. <<

[1340] Cancillería en Washington a la cancillería en Madrid, 14 de enero de 1956, FO371/124127, RS1015/4; Francisco Franco Bahamonde, Discursos y mensajes del Jefe del Estado 1955-1959, Madrid, 1960, p. 136. <<

[1341] Mallet a Macmillan, 10 de enero de 1956, Mallet a Lloyd, 17 de enero de 1956, FO371/124127, RS1015/2, RS1015/3, RS1015/6. <<

[1342] Mesa, ed., Jaraneros…, pp. 109-112; Laín Entralgo, Descargo…, pp. 418-423; Pablo Lizcano, La generación del 56. La Universidad contra Franco, Barcelona, Grijalbo, 1981, p. 142; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 163-164; Tusell, Franco y los católicos…, p. 382; Franco Salgado-Araujo, Mi vida…, p. 343; Créac’h, Le coeur…, pp. 362-363. <<

[1343] Pilcher a Young, 12 de octubre de 1956, FO371/124128, RS1015/43; Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, Stanford University Press, 1967, p. 443. <<

[1344] Arriba, 9 y 10 de febrero de 1956; Mallet a Lloyd, 11 de febrero de 1956, FO371/124127, RS1015/12. <<

[1345] Declaraciones de Rafael Calvo Serer al autor, Londres, 1976; Créac’h, Le coeur…, pp. 364-365. <<

[1346] Créac’h, Le coeur…, pp. 364-365; Tusell, Franco y los católicos…, pp. 382-383; Franco Salgado-Araujo, Mi vida…, p. 343; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 159. <<

[1347] Tusell, Franco y los católicos…, pp. 383-384; Raimundo Fernández Cuesta, Testimonio, recuerdos y reflexiones, Madrid, Dyrsa, 1985, pp. 241-245; Arrese, Una etapa…, pp. 16-22; Equipo Mundo, Los 90 ministros…, pp. 249-253. <<

[1348] Mallet a Lloyd, 17 y 18 de febrero de 1956, FO371/124127, RS1015/13, RS1015/14. <<

[1349] Cancillería en Madrid a Southern Department, 24 de febrero de 1956, FO371/124127, RS1015/18. <<

[1350] Franco Bahamonde, Nosotros los Franco…, pp. 147-148. <<

[1351] Cancillería en Madrid a Southern Department, 10 de marzo de 1956, FO371/ 124127, RS1015/21; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 166; Arrese, Una etapa…, pp. 34-38; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, pp. 264-265; Arriba, 6 de marzo de 1956. <<

[1352] Arrese, Una etapa…, pp. 32-33. <<

[1353] Mallet a Lloyd, 29 de mayo de 1956, FO371/124128, RS1015/30; Llibert Ferri, Jordi Muixí y Eduardo Sanjuán, Las huelgas contra Franco (1939-1956), Barcelona, Planeta, 1978, pp. 226-238; Faustino Miguélez, La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo, Barcelona, Laia, 1976, pp. 94-95. <<

[1354] Sainz Rodríguez, Un reinado…, p. 163; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, pp. 153, 266. <<

[1355] Arrese, Una etapa…, pp. 42-45; Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1955-1959)…, pp. 158-159, 163-165, 181-190; cancillería en Madrid a Southern Department, 5 de mayo de 1954, FO371/124128, RS1015/23. <<

[1356] Arrese, Una etapa…, pp. 44-48, 64, 66, 86-93. <<

[1357] Mallet a Young, 21 de junio de 1956, FO371/124128, RS1015/34. <<

[1358] Laureano López Rodó, Memorias, Barcelona, Plaza y Janés, 1990, pp. 51-52; López Rodó, La larga marcha…, pp. 124-130; Arrese, Una etapa…, pp. 71, 80. <<

[1359] Arrese, Una etapa…, p. 81; López Rodó, Memorias…, pp. 58-59. <<

[1360] Payne, Politics and the Military…, p. 443; Whitaker, Spain and the Defense…, pp. 141-142. <<

[1361] Arrese, Una etapa…, pp. 82-83. <<

[1362] Ibid., pp. 98-104. <<

[1363] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1955-1959)…, pp. 214-215; Mallet a Lloyd, 20 de julio de 1956, FO371/124128, RS1015/39A. <<

[1364] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, p. 293. <<

[1365] Garriga, La Señora…, p. 11. <<

[1366] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 174-179. <<

[1367] The Times, 1 de octubre de 1956; Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1955-1959)…, pp. 233-238; Arrese, Una etapa…, pp. 124-131; cancillería en Madrid a Southern Department, 6 de octubre de 1956, FO371/124128, RS1015/42; López Rodó, Memorias…, pp. 64-65; López Rodó, La larga marcha…, pp. 132-133. <<

[1368] Arrese, Una etapa…, pp. 132-135, 144-192; López Rodó, Memorias…, pp. 65-77; López Rodó, La larga marcha…, pp. 133-135; Créac’h, Le coeur…, pp. 386-387. <<

[1369] Tusell, Franco y los católicos…, pp. 409-425; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, pp. 306-312. <<

[1370] Mallet a Lloyd, 15 de enero de 1957, FO371/130325, RS1015/3; Arrese, Una etapa…, pp. 234-242, 253-265; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, pp. 314-315; Tusell, Franco y los católicos…, pp. 426-428. <<

[1371] López Rodó, Memorias…, pp. 66-69; López Rodó, La larga marcha…, pp. 120-121. <<

[1372] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 184; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, p. 36; Sainz Rodríguez, Un reinado…, p. 164; López Rodó, La larga marcha…, pp. 123-124; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, pp. 319-320; Toquero, Franco y Don Juan…, p. 266. <<

[1373] Cancillería en Madrid a Southern Department, FO371/130325, RS1015/5; Créac’h, Le coeur…, pp. 387-388. <<

[1374] Luis Ramírez, Nuestros primeros veinticinco años, París, Ruedo Ibérico, 1964, pp. 111-112; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 200; Jaume Fabre, Josep M. Huertas y Antoni Ribas, Vint anys de resistència catalana (1939-1959), Barcelona, La Magrana, 1978, pp. 208-211. <<

[1375] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 176, 195-198; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, pp. 269, 319; López Rodó, La larga marcha…, p. 124; Sainz Rodríguez, Un reinado…, p. 166. <<

[1376] Calvo Serer, Franco frente al Rey…, p. 37; De la Cierva, Historia del franquismo…, vol. II, p. 155. <<

[1377] Franco Salgado-Araujo, anotación de diario correspondiente al 6 de abril de 1957, en Mis conversaciones…, pp. 198, 209; Sainz Rodríguez, Un reinado…, p. 166; Ramírez, Nuestros primeros…, p. 117. <<

[1378] Mallet a Lloyd, 16 de enero de 1957, FO371/130349, RS1106/1; Créac’h, Le coeur…, pp. 369-372. <<

[1379] Claret, Ganar la guerra…, p. 204. <<

[1380] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 191; Viñas et al., Política comercial…, vol. I, p. 665. <<

[1381] Garriga, La Señora…, pp. 240-242; Arrese, Una etapa…, pp. 87-88, 282; Sánchez Soler, Ricos…, pp. 132-134; Equipo Mundo, Los 90 ministros…, pp. 223-226; Borja de Riquer, La dictadura de Franco, Barcelona/Madrid, Crítica/Marcial Pons, 2010, pp. 401-402; Viñas, «Hambre, corrupción y sobornos…», p. 165. <<

[1382] López Rodó, Memorias…, pp. 89-99; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. V, pp. 320-321. <<

[1383] Mallet a Lloyd, 1 de marzo de 1957, FO371/130325, RS1015/9; López Rodó, Memorias…, pp. 93-94; Welles, Spain. The Gentle Anarchy…, p. 127; Arrese, Una etapa…, p. 281. <<

[1384] Arrese, Una etapa…, pp. 275-282; López Rodó, Memorias…, pp. 92-93. <<

[1385] Mariano Navarro Rubio, Mis memorias. Testimonio de una vida política truncada por el «Caso MATESA», Barcelona, Plaza y Janés, 1991, pp. 64-65; Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, París, Ruedo Ibérico, 1970, pp. 163-207, 233-235; Daniel Artigues, El Opus Dei en España 1928-1962. Su evolución ideológica y política de los orígenes al intento de dominio, París, Ruedo Ibérico, 1971, pp. 181-195. <<

[1386] Ynfante, La prodigiosa aventura…, pp. 177-178; López Rodó, Memorias…, pp. 66, 91; Navarro Rubio, Mis memorias…, pp. 59-79; entrevista a Alberto Ullastres, en Diario 16, Historia del franquismo, edición de Justino Sinova, 2 vols., Madrid, Información y Prensa, 1985, vol. II, p. 471. <<

[1387] Navarro Rubio, Mis memorias…, p. 240; López Rodó, Memorias…, pp. 80-88, 96-108; Artigues, El Opus Dei…, pp. 185-187. <<

[1388] Manuel Jesús González, La economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, mercado y planificación, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 134-137; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 203, 228. <<

[1389] Toquero, Franco y Don Juan…, p. 267. <<

[1390] López Rodó, Memorias…, pp. 105-106; Ynfante, La prodigiosa aventura…, pp. 178-179. <<

[1391] Mariano Navarro Rubio, «La batalla de la estabilización», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 53, 1976, pp. 175-178; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VI, p. 8; Navarro Rubio, Mis memorias…, p. 78. <<

[1392] López Rodó, La larga marcha…, pp. 145-148; Toquero, Franco y Don Juan…, pp. 267-270. <<

[1393] Mallet al FO, 28 de marzo de 1958, FO371/136711, RS2183/1; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 228. <<

[1394] López Rodó, Memorias…, pp. 139-144; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 236. <<

[1395] Navarro Rubio, «La batalla de la estabilización»…, pp. 178-186. <<

[1396] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 248, 270. <<

[1397] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1955-1959)…, pp. 557-568. Véase cancillería a Southern Department, 2 de enero de 1959, FO371/144927, RS1015/1. <<

[1398] Informe del Bank of London and South America, Madrid, 3 de marzo de 1959, FO371/144927, RS1015/9; Toquero, Franco y Don Juan…, pp. 297-300; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VI, pp. 78-82. <<

[1399] Tusell, La oposición democrática…, pp. 314-336, 340-357; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, pp. 55-58; Javier Tusell y José Calvo, Giménez Fernández. Precursor de la democracia española, Madrid, Mondadori, 1990, pp. 269-280; Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1983, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 220-228. <<

[1400] Navarro Rubio, «La batalla de la estabilización»…, pp. 188-196; Mallet al FO, 5 y 11 de febrero de 1959, FO371/144927, RS1015/4, FO371/144926, RS1013/1; Mallet a Selwyn Lloyd, 17 de febrero de 1959, FO371/144950, RS1102/1. <<

[1401] Navarro Rubio, «La batalla de la estabilización»…, pp. 196-199; Navarro Rubio, Mis memorias…, pp. 124-126; informe del Bank of London and South America, Madrid, 3 de marzo de 1959, FO371/144927, RS1015/9; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, p. 79. <<

[1402] López Rodó, Memorias…, p. 184; entrevista a Navarro Rubio, en Bayod, Franco visto por…, p. 89; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, p. 79. <<

[1403] Navarro Rubio, «La batalla de la estabilización»…, pp. 201-202. <<

[1404] Navarro Rubio, Mis memorias…, pp. 140-141; entrevista a Arrese y a Navarro Rubio, en Bayod, Franco visto por…, pp. 59-61, 89; entrevista a Ullastres, en Diario 16, Historia del franquismo…, vol. II, p. 473. <<

[1405] Navarro Rubio, Mis memorias…, pp. 141-148; Mariano Navarro Rubio, «La batalla del desarrollo», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 54, 1977, pp. 198, 205-207; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 246-247; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, pp. 77-79. <<

[1406] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VI, p. 96; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 259. <<

[1407] José María Maravall, El desarrollo económico y la clase obrera, Barcelona, Ariel, 1970, pp. 91-92; Javier Domínguez, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1975), Bilbao, Biblioteca Educación y Acción Social, 1985, pp. 47-66; The Times, 1 de julio de 1959; Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1955-1959)…, pp. 641-643. <<

[1408] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1955-1959)…, pp. 699-705; memorando de las conversaciones Eisenhower-Franco, en Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VI, pp. 140-152; Welles, Spain. The Gentle Anarchy…, pp. 247-252; Franco Bahamonde, Nosotros los Franco…, p. 115. <<

[1409] Joan Clavera, Joan M. Esteban, Maria Antònia Monés, Antoni Montserrat y Jacint Ros Hombravella, Capitalismo español. De la autarquía a la estabilización, 2 vols., Madrid, Edicusa, 1973, vol. I, pp. 78-90; Juan Muñoz, Santiago Roldán y Ángel Serrano, La internacionalización del capital en España 1959-1977, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978, pp. 17-43. <<

[1410] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 277, 280. <<

[1411] Franco a don Juan, 12 de marzo de 1960, en Sainz Rodríguez, Un reinado…, pp. 236-237, 400-401; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 280-281, 304, 334; Toquero, Franco y Don Juan…, pp. 280-283. <<

[1412] The Times, 31 de marzo de 1960; Toquero, Franco y Don Juan…, pp. 280-284; Sainz Rodríguez, Un reinado…, pp. 238-239; López Rodó, Memorias…, pp. 214-215; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 286; don Juan a Franco, 11 de abril de 1960, Franco a don Juan, 27 de abril de 1960, en Sainz Rodríguez, Un reinado…, pp. 402-403. <<

[1413] Sueiro, El Valle…, pp. 223-230; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 302-303. <<

[1414] López Rodó, Memorias…, pp. 257-259. <<

[1415] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VI, pp. 202-203; Franco SalgadoAraujo, Mis conversaciones…, pp. 307, 311-312, 324. <<

[1416] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VI, pp. 261-265; Marquina Barrio, España en la política…, pp. 746-749; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, pp. 58-66. <<

[1417] Francisco Franco Bahamonde, Discursos y mensajes del Jefe del Estado 1960-1963, Madrid, Publicaciones Españolas, 1964, pp. 207-253. <<

[1418] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1960-1963)…, pp. 291-306. <<

[1419] López Rodó, La larga marcha…, pp. 189-190, 198-199. <<

[1420] Gregorio Morán, Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Barcelona, Planeta, 1979, pp. 140-141. <<

[1421] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1960-1963)…, pp. 317-341. <<

[1422] Morán, Adolfo Suárez…, p. 141. <<

[1423] López Rodó, Memorias…, pp. 262-263; López Rodó, La larga marcha…, p. 199. <<

[1424] ABC, 26 y 27 de diciembre de 1961; The Times, 27 de diciembre de 1961; Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1981, p. 131; Soriano, La mano izquierda…, pp. 14-20. <<

[1425] López Rodó, La larga marcha…, pp. 195-196; Soriano, La mano izquierda…, pp. 29-35. <<

[1426] José María de Areilza, Crónica de libertad, Barcelona, Planeta, 1985, pp. 36-37; López Rodó, La larga marcha…, pp. 195-198; López Rodó, Memorias…, pp. 301-302. <<

[1427] López Rodó, Memorias…, pp. 306-311; Navarro Rubio, Mis memorias…, pp. 227-230; López Rodó, La larga marcha…, pp. 199-201. <<

[1428] López Rodó, Memorias…, pp. 312-315, 538. <<

[1429] Franco Salgado-Araujo, Mi vida…, p. 345; Soriano, La mano izquierda…, pp. 87-93; Vicente Pozuelo, Los últimos 476 días de Franco, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 35, 109, 178; Gil, Cuarenta años…, pp. 84-85, 132; Carlos Fernández Santander, El fútbol durante la guerra civil y el franquismo, Madrid, San Martín, 1990, pp. 196-197. <<

[1430] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 322; López Rodó, Memorias…, pp. 315-317; De Areilza, Memorias exteriores…, pp. 169-170. <<

[1431] Mundo Obrero, 1 de mayo de 1962; The Times, 12 de mayo de 1962; Gregorio Morán, El cura y los mandarines. Historia no oficial del Bosque de los Letrados. Cultura y política en España 1962-1996, Madrid, Akal, 2014, pp. 63-68; Ignacio Fernández de Castro y José Martínez, España hoy, París, Ruedo Ibérico, 1963, pp. 67-97, 103-128, 140-192; Parti Communiste Français, Dos meses de huelgas, París, PCF, 1962, pp. 41-95; Miguélez, La lucha de los mineros…, pp. 103-113. <<

[1432] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 337-341; Arriba, 27 de mayo de 1962; Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1960-1963)…, pp. 389-397. <<

[1433] ABC, 9 de junio de 1962; Morán, El cura y los mandarines…, pp. 66-74; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 343; Soriano, La mano izquierda…, pp. 151-152; López Rodó, Memorias…, pp. 335-336; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VI, pp. 357, 377. <<

[1434] De Areilza, Memorias exteriores…, pp. 170-182; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, pp. 112-113; Joaquín Satrústegui et al., eds., Cuando la transición se hizo posible. El «contubernio de Múnich», Madrid, Tecnos, 1993, pp. 23-41; Morán, El cura y los mandarines…, pp. 77-83; Arriba, 9, 10 y 12 de junio de 1962; ABC, 9, 11 y 12 de junio de 1962; La Vanguardia Española, 17 de junio de 1962; The Times, 18 de junio de 1962; Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1960-1963)…, pp. 399-404, 412, 423-424, 427. <<

[1435] Partido Comunista de España, Declaración por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español, París, PCE, 1956, pp. 3, 5, 29-31, 37-40; Paul Preston, The Last Stalinist. The Life of Santiago Carrillo, Londres, William Collins, 2014, pp. 217-232; Hilari Raguer, Réquiem por la cristiandad. El Concilio Vaticano II y su impacto en España, Barcelona, Península, 2006, pp. 385-394. <<

[1436] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VI, pp. 394-395; Franco SalgadoAraujo, Mis conversaciones…, pp. 343-344. <<

[1437] ABC, 11 de julio de 1962; Le Monde, 11 de julio de 1962; López Rodó, Memorias…, pp. 339-347; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 344; Mérida, Testigos de Franco…, pp. 68-70; Welles, Spain. The Gentle Anarchy…, pp. 88-99. <<

[1438] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 29-32. <<

[1439] Gabriel Tortella, The Development of Modern Spain, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2000, pp. 327-337; Joseph Harrison, The Spanish Economy in the Twentieth Century, Beckenham, Croom Helm, 1985, pp. 144-157; Inbal Ofer, Claiming the City and Contesting the State. Squatting, Community Formation and Democratization in Spain (1955-1986), Nueva York, Routledge, 2017, cap. 2; Michael Richards, After the Civil War. Making Memory and Re-Making Spain since 1936, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 156-178. <<

[1440] Maria Dolors Genovès, Josep M. Huertas, Salvador Tarragó, Manuel Campo Vidal, Eugeni Giral y Rafael Pradas, «La Barcelona de Porcioles», L’Avenç, n.º 295, octubre de 2004, pp. 28-40; De Riquer, La dictadura de Franco…, pp. 653-656. <<

[1441] Ernest Lluch, La vía valenciana, Valencia, Afers, 2003, p. 251; Jaume Muñoz Jofre, La España corrupta. Breve historia de la corrupción (de la Restauración a nuestros días, 1875-2016), Granada, Comares, 2016, p. 83. <<

[1442] Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 59; López Rodó, Memorias…, pp. 359-360. <<

[1443] Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 52; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 382, 397; Gil, Cuarenta años…, pp. 107-136. <<

[1444] Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 33, 41-42. <<

[1445] Manuel Fernández Areal, La libertad de prensa en España 1938-1971, Madrid, Edicusa, 1971, pp. 69-75; Javier Terrón Montero, La prensa de España durante el régimen de Franco, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981, pp. 166-175; López Rodó, Memorias…, pp. 364-365, 518-519. <<

[1446] Franco Bahamonde, notas mecanoscritas sobre la masonería, 1963, Fundación Francisco Franco, legajo 246, n.º 4, en Manuscritos de Franco, doc. 45; Franco SalgadoAraujo, Mis conversaciones…, pp. 366-369; Jaraiz Franco, Historia…, p. 191. <<

[1447] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 376. <<

[1448] Le Monde, 13, 18 y 19 de abril de 1962; Amandino Rodríguez Armada y José Antonio Novais, ¿Quién mató a Julián Grimau?, Madrid, Ediciones 99, 1976, pp. 17-103, 110-114. <<

[1449] Frances Lannon, Privilege, Persecution, and Prophecy. The Catholic Church in Spain 1875-1975, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 246-249; Franco SalgadoAraujo, Mis conversaciones…, pp. 381-382. <<

[1450] ABC, 28 de abril de 1962; López Rodó, Memorias…, p. 379; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 69-70; Rodríguez Armada y Novais, ¿Quién mató…?, pp. 109-159. <<

[1451] De Areilza, Memorias exteriores…, pp. 164-165. <<

[1452] Octavio Alberola y Ariane Gransac, El anarquismo español y la acción revolucionaria 1961-1974, París, Ruedo Ibérico, 1975, pp. 107-112; Edouard de Blaye, Franco and the Politics of Spain, Harmondsworth, Pelican, 1976, p. 221. <<

[1453] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VII, pp. 88-91; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, pp. 132-135; Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 77; Vincent, Spain…, pp. 188-198. <<

[1454] Richards, After the Civil War…, pp. 187-191, 198-201; Antonio Cazorla Sánchez, Franco. Biografía del mito, Madrid, Alianza, 2015, pp. 263-266; Morán, El cura y los mandarines…, pp. 251-278. <<

[1455] Francisco Franco Bahamonde, Discursos y mensajes del Jefe del Estado 1964-1967, Madrid, Publicaciones Españolas, 1968, pp. 19-40. <<

[1456] Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 107; López Rodó, Memorias…, pp. 458-459. <<

[1457] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1964-1967)…, p. 43. <<

[1458] Miguélez, La lucha de los mineros…, pp. 121-126; López Rodó, Memorias…, p. 456; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 108-110; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 424. <<

[1459] Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 112, 115; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 426; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, p. 145. <<

[1460] Pere Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por la supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 17-46, 76-109. <<

[1461] Gómez Pérez, El franquismo…, pp. 104-106. <<

[1462] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1964-1967)…, pp. 51-92. <<

[1463] Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 117-116; López Rodó, Memorias…, pp. 475-478. <<

[1464] Ysàs, Disidencia…, pp. 161-175; Blázquez, La traición…, pp. 158-164; Lannon, Privilege…, pp. 250-251. <<

[1465] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 407; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 89, 99, 103, 123-125. <<

[1466] López Rodó, Memorias…, p. 498. <<

[1467] López Rodó, La larga marcha…, pp. 226-228; Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 133; López Rodó, Memorias…, p. 512. <<

[1468] López Rodó, Memorias…, pp. 519-520; López Rodó, La larga marcha…, pp. 229-230; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 135-138. <<

[1469] López Rodó, Memorias…, pp. 532-529; López Rodó, La larga marcha…, pp. 235-236; Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 142. <<

[1470] Franco Bahamonde, notas mecanoscritas, borrador de Ley de Prensa, 1964, Fundación Francisco Franco, legajo 157, n.º 1, en Manuscritos de Franco, doc. 46; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 144-145, 151, 158-159. <<

[1471] Joaquín Bardavío, La rama trágica de los Borbones, Barcelona, Plaza y Janés, 1989, pp. 62-71, 111-118; Laureano López Rodó, Memorias. Años decisivos, Barcelona, Plaza y Janés, 1991, pp. 22, 33-34, 43. <<

[1472] López Rodó, Memorias…, pp. 539-543, 564; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 455-456; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 159-160; entrevista a Espinosa San Martín, en Bayod, Franco visto por…, pp. 150-151. <<

[1473] López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 18-20, 93; López Rodó, La larga marcha…, pp. 238-243; Bardavío, La rama trágica…, pp. 95-107; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 465, 506, 514. <<

[1474] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VII, pp. 328-329; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 41-42. <<

[1475] Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 172. <<

[1476] De Areilza, Crónica…, pp. 19-21, 42-44; Toquero, Franco y Don Juan…, pp. 343-348; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VII, pp. 171-172. <<

[1477] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 469; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 64, 170-172. <<

[1478] Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 174-175; López Rodó, La larga marcha…, p. 248. <<

[1479] Calvo Serer, Franco frente al Rey…, pp. 169-170; Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 183. <<

[1480] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1964-1967)…, pp. 219-251; Payne, The Franco Regime…, p. 495. <<

[1481] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1964-1967)…, p. 259. <<

[1482] Cuadernos de Ruedo Ibérico, n.º 10, diciembre de 1966 – enero de 1967, pp. 27-63; Blaye, Franco and the Politics of Spain…, pp. 236-238; De Riquer, La dictadura de Franco…, pp. 506-510. <<

[1483] Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 194; López Rodó, La larga marcha…, pp. 263-265; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, p. 207; Calvo Serer, Franco frente al Rey…, p. 171; Espinosa San Martín, en Bayod, Franco visto por…, p. 154. <<

[1484] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 530, 533, 537; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 215-216, 243. <<

[1485] Le Monde, 14 de marzo de 1969; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 513-514, 540-541, 547. <<

[1486] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 538-539. <<

[1487] Francesc Amover, Il carcere vaticano. Chiesa e fascismo in Spagna, Milán, Gabriele Mazzotta, 1975, pp. 28-47; Fernando Gutiérrez, Curas represaliados en el franquismo, Madrid, Akal, 1977, passim. <<

[1488] José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España. Del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994, pp. 95-129; Xavier Casals i Meseguer, Neonazis en España. De las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1995), Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1995, pp. 57-65; Sophie Baby, El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), Madrid, Akal, 2018, pp. 104-109. <<

[1489] López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 308-318, 325. <<

[1490] Rafael Calvo Serer, La solución presidencialista, Barcelona, Plaza y Janés, 1979, p. 39. <<

[1491] López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 346-349, 355-357, 362-364. <<

[1492] López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 366-367; Marquina Barrio, España en la política…, pp. 814-821. <<

[1493] Francisco Franco Bahamonde, Discursos y mensajes del Jefe del Estado 1968-1970, Madrid, Publicaciones Españolas, 1971, pp. 52-69. <<

[1494] López Rodó, Memorias…, p. 542; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 234, 241; entrevista a López Rodó, en Bayod, Franco visto por…, p. 167; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 358-359. <<

[1495] López Rodó, La larga marcha…, pp. 279, 291-293, 301; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 381-384; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 236-237; Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VIII, pp. 66-72. <<

[1496] López Rodó, Memorias. Años decisivos…, p. 386. <<

[1497] López Rodó, La larga marcha…, pp. 303-311; entrevista a Espinosa San Martín, en Bayod, Franco visto por…, p. 160; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 245-246; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 544-545. <<

[1498] López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 423-426. <<

[1499] López Rodó, La larga marcha…, pp. 320-325. <<

Notas 4

[1500] Joaquín Bardavío, Los silencios del Rey, Madrid, Strips, 1979, p. 35; López Rodó, La larga marcha…, pp. 325-336; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 456-466. <<

[1501] Sainz Rodríguez, Un reinado…, p. 276. <<

[1502] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1968-1970)…, pp. 85-97. <<

[1503] Bardavío, Los silencios…, pp. 27, 49-52. <<

[1504] Carr y Fusi, Spain…, pp. 179-188. <<

[1505] Navarro Rubio, Mis memorias…, pp. 345-431; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 494-521, 553-563. <<

[1506] Suárez Fernández, Francisco Franco…, vol. VIII, pp. 158-159. <<

[1507] Arriba, 24 y 27 de agosto de 1969. <<

[1508] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, pp. 527, 530; Jaraiz Franco, Historia…, p. 204; Franco Bahamonde, Nosotros los Franco…, p. 158; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 507-509, 682-690; entrevista a Espinosa San Martín, en Bayod, Franco visto por…, pp. 161-163. <<

[1509] López Rodó, La larga marcha…, pp. 654-659; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones…, p. 549; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 252-253; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 499-505. <<

[1510] López Rodó, La larga marcha…, pp. 390-395; Navarro Rubio, Mis memorias…, p. 245; López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 520-523, 534-537; entrevista a LópezBravo, en Bayod, Franco visto por…, p. 120; ABC, 29 de octubre de 1969; Equipo Mundo, Los 90 ministros…, pp. 420-500; Rafael Calvo Serer, La dictadura de los franquistas. El «affaire» del MADRID y el futuro político, París, Autor/Ruedo Ibérico, 1973, pp. 166, 168; Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 68, 72, 78, 93-94, 100-101, 119, 121, 135; José Ignacio San Martín, Servicio especial. A las órdenes de Carrero Blanco, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 198, 253; López Rodó, La larga marcha…, p. 200; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 198-199, 204-205. <<

[1511] Franco Bahamonde, Discursos y mensajes (1968-1970)…, pp. 107-121. <<

[1512] ABC, 22 de julio de 1970; Ya, 29 de julio de 1970; Mundo Obrero, 9 de septiembre de 1970; Horizonte español 1972, 3 vols., París, Ruedo Ibérico, 1972, vol. I, pp. 203-212. <<

[1513] Fernando Claudín, «Dos concepciones de la “vía española al socialismo”», Horizonte español 1966, París, Ruedo Ibérico, 1966, pp. 59-100; Paul Preston, The Last Stalinist. The Life of Santiago Carrillo, Londres, William Collins, 2014, pp. 275-277. <<

[1514] Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, París, Colección Ebro, 1971, pp. 56-66; Nuestra Bandera, n.º 62, octubre-noviembre de 1969, pp. 22-25; Ignacio Gallego, El partido de masas que necesitamos, París, Éditions Sociales, 1971, pp. 7-9. <<

[1515] Le Monde, 1, 5, 9 y 12 de septiembre, 3, 5 y 6 de noviembre de 1970; Mundo Obrero, 9 y 30 de septiembre, 14 de noviembre de 1970. <<

[1516] Ginés de Buitrago, «¡Un poco de formalidad!», ABC, 2 de abril de 1970; Mundo Obrero, 29 de abril de 1970. <<

[1517] Ramón Garriga, La Señora de El Pardo, Barcelona, Planeta, 1979, pp. 235, 289-292, 297-301; Joaquín Giménez-Arnau, Yo, Jimmy. Mi vida entre los Franco, Barcelona, Planeta, 1981, p. 26; Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, Noguer, 1977, pp. 274-275, 286-289; Laureano López Rodó, Memorias. Años decisivos, Barcelona, Plaza y Janés, 1991, p. 307; Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 268, 272. <<

[1518] Laureano López Rodó, El principio del fin. Memorias, Barcelona, Plaza y Janés, 1992, pp. 84-85; Henry Kissinger, The White House Years, Londres, Weidenfeld & Nicolson/Michael Joseph, 1979, pp. 930-932. <<

[1519] ABC, 22 y 26 de noviembre de 1970; Le Monde, 5 y 8 de diciembre de 1970; Kepa Salaberri, El proceso de Euskadi en Burgos. El sumarísimo 31.69, París, Ruedo Ibérico, 1971, pp. 102-110, 165-167. <<

[1520] Le Monde, 2, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 1970; Horizonte español 1972…, vol. I, p. 235. <<

[1521] Le Monde, 18, 19 y 21 de diciembre de 1970; Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 98-103; Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, p. 560; López Rodó, El principio…, pp. 113-115; Salaberri, El proceso…, pp. 263-272; Horizonte español 1972…, vol. I, pp. 266-271. <<

[1522] Le Monde, 29, 30 y 31 de diciembre de 1970; entrevistas a López-Bravo y Garicano Goñi, en Ángel Bayod, ed., Franco visto por sus ministros, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 124, 201-202, 239; López Rodó, La larga marcha…, pp. 405-406; López Rodó, El principio…, pp. 122-129, 579-582; Francisco Franco Bahamonde, Discursos y mensajes del Jefe del Estado 1968-1970, Madrid, Publicaciones Españolas, 1971, pp. 167-178; Salaberri, El proceso…, pp. 293-318. <<

[1523] Francisco Franco Bahamonde, Pensamiento político de Franco, 2 vols., Madrid, Ediciones del Movimiento, 1975, vol. II, pp. 718-719. <<

[1524] Vernon A. Walters, Silent Missions, Nueva York, Doubleday, 1978, pp. 555-556. <<

[1525] López Rodó, El principio…, p. 146; Joaquín Bardavío, Los silencios del Rey, Madrid, Strips, 1979, pp. 53-54. <<

[1526] Mundo Obrero, 22 de enero de 1971; Le Monde Diplomatique, enero de 1971. <<

[1527] Mundo Obrero, 6 y 19 de febrero de 1971; Horizonte español 1972…, vol. I, pp. 279, 288. <<

[1528] Le Monde, 31 de enero de 1971; Mundo Obrero, 3 de abril de 1971; Madrid, 24 de noviembre de 1971; Luis Ramírez (seudónimo de Luciano Rincón), «Morir en el búnker», Horizonte español 1972…, pp. 3-4. <<

[1529] Le Monde, 11 de noviembre de 1971; Horizonte español 1972…, vol. I, p. 289; Rafael Calvo Serer, Franco frente al Rey. El proceso del régimen, París, autor/Ruedo Ibérico, 1972, pp. 205-218. <<

[1530] Arriba, 2 de octubre de 1971; Cuadernos de Ruedo Ibérico, n.os 33-35, octubre de 1971 – marzo de 1972, pp. 3-19; Horizonte español 1972…, vol. I, pp. 326-335. <<

[1531] Franco Bahamonde, Pensamiento político…, vol. II, pp. 719-720; ABC, 2 de octubre de 1971; Mundo Obrero, 15 de octubre de 1971; Rafael Calvo Serer, La dictadura de los franquistas. El «affaire» del MADRID y el futuro político, París, autor/Ruedo Ibérico, 1973, pp. 190-193; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 280-281. <<

[1532] Franco Bahamonde, Pensamiento político…, vol. I, pp. 3-17. <<

[1533] Norman Cooper, «The Church. From Crusade to Christianity», en Paul Preston, ed., Spain in Crisis. Evolution and Decline of the Franco Regime, Hassocks, Harvester Press, 1976, pp. 72-74. <<

[1534] Franco Bahamonde, Pensamiento político…, vol. I, p. 270, vol. II, pp. 720-721; ABC, 1 de enero de 1972; Ya, 6 de enero de 1972; Horizonte español 1972…, vol. I, p. 336. <<

[1535] Le Monde, 12 y 22 de octubre, 2, 17 y 24 de noviembre de 1971; Mundo Obrero, 15 de julio, 17 de septiembre, 2 y 27 de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre de 1971. <<

[1536] Mundo Obrero, 10 de diciembre de 1971; Horizonte español 1972…, vol. I, pp. 315-316. <<

[1537] Le Monde, 1-2 de febrero de 1970; Informaciones, 6 de noviembre de 1971, 17 de abril de 1972, 26 y 30 de abril de 1973; ABC, 7 de noviembre de 1971; Mundo Obrero, 15 de abril de 1972 y 9 de junio de 1973; José Ignacio San Martín, Servicio especial. A las órdenes de Carrero Blanco, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 23-42; Ramírez, «Morir en el búnker»…, pp. 1-20; Paul Preston, The Politics of Revenge. Fascism and the Military in 20th Century Spain, Londres, Unwin Hyman, 1990, pp. 165-174; Horizonte español 1972…, vol. I, pp. 311-314. <<

[1538] The Observer, 19 de marzo de 1972; Mundo Obrero, 14, 30 de marzo y 15 de abril de 1972. <<

[1539] Mundo Obrero, 5 de febrero, 10 y 22 de junio de 1972; Horizonte español 1972…, vol. I, p. 370. <<

[1540] Ángel Amigo, Pertur. ETA 71-76, San Sebastián, Hordago Publikapenak, 1978, pp. 44-48; José María Garmendia, Historia de ETA, 2 vols., San Sebastián, L. Haranburu, 1980, vol. II, pp. 164-173; Ortzi, Historia de Euskadi. El nacionalismo vasco y ETA, París, Ruedo Ibérico, 1975, pp. 397-401. <<

[1541] Ramón Garriga, Nicolás Franco, el hermano brujo, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 311-317; Gil, Cuarenta años…, pp. 87, 93-96; Mariano Sánchez Soler, Ricos por la guerra de España, Madrid, Raíces, 2007, pp. 89-102; Carlos Barciela, «Franquismo y corrupción política», Historia Social, n.º 30, 1998, pp. 83-96. <<

[1542] Gil, Cuarenta años…, pp. 42-43, 60, 87-88, 91; López Rodó, La larga marcha..., pp. 323, 419, 435; López Rodó, El principio…, pp. 280-281; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 285-292; Rafael Calvo Serer, La solución presidencialista, Barcelona, Plaza y Janés, 1979, pp. 38-39. <<

[1543] Pilar Jaraiz Franco, Historia de una disidencia, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 156, 162-163, 174, 205. <<

[1544] Gil, Cuarenta años…, pp. 50-51; Torcuato Fernández-Miranda, «Diario inédito», ABC, 20 de diciembre de 1983, pp. 5-6; Carlos Fernández Santander, El almirante Carrero, Barcelona, Plaza y Janés, 1985, pp. 238-239; Javier Tusell, Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1993, pp. 399-400; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 277, 288-289. <<

[1545] López Rodó, El principio…, p. 325. <<

[1546] Franco Bahamonde, Pensamiento político…, vol. I, pp. 27-34; López Rodó, El principio…, pp. 336-338. <<

[1547] López Rodó, El principio…, p. 345. <<

[1548] Mundo Obrero, 3 de marzo y 8 de julio de 1972, 26 de abril de 1973. <<

[1549] Le Monde, 15 de agosto de 1972; Le Socialiste, 21 de septiembre de 1972; PSOE, Congresos del PSOE en el exilio, 2 vols., Madrid, Pablo Iglesias, 1981, vol. II, pp. 179-204. <<

[1550] Dionisio Ridruejo, Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 427-434; Calvo Serer, La solución…, pp. 48-53; Pilar Fernández-Miranda Lozana y Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, Lo que el Rey me ha pedido. Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política, Barcelona, Plaza y Janés, 1995, pp. 29-42; Miguel Herrero, El principio monárquico, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1972, passim; Jorge de Esteban et al., Desarrollo político y Constitución española, Barcelona, Ariel, 1973, passim. <<

[1551] Mundo Obrero, 28 de abril y 23 de mayo de 1973. <<

[1552] López Rodó, La larga marcha…, pp. 440-442. <<

[1553] Le Monde, 4, 5-6 y 7 de agosto de 1973; Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición (1973-1976), Barcelona, Crítica, 2003, pp. 39-48; Ismael Fuente, Javier García y Joaquín Prieto, Golpe mortal. Asesinato de Carrero y agonía del franquismo, Madrid, El País, 1983, p. 164; entrevista a Carlos Arias, en Bayod, Franco visto por…, p. 308; Bardavío, Los silencios…, pp. 61-62; López Rodó, La larga marcha…, pp. 440-453. <<

[1554] Julen Agirre (seudónimo de Eva Forest), Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, Hendaya/París, Ruedo Ibérico, 1974, p. 139; Joaquín Bardavío, La crisis. Historia de quince días, Madrid, Sedmay, 1974, pp. 47-56; Fuente et al., Golpe mortal…, p. 172. <<

[1555] José Utrera Molina, Sin cambiar de bandera, Barcelona, Planeta, 1989, pp. 70-74; Pilar Franco Bahamonde, Nosotros los Franco, Barcelona, Planeta, 1980, p. 150. <<

[1556] Pueblo, 22 de diciembre de 1973; El Socialista, 2.ª quincena de enero de 1974; Marcel Niedergang, «Le franquisme et ses ultras», Le Monde, 5-8 de enero de 1974; Bardavío, La crisis…, pp. 111-116; Fuente et al., Golpe mortal…, pp. 184-187; Carlos Iniesta Cano, Memorias y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 218-222; San Martín, Servicio especial…, pp. 90-114. <<

[1557] Jaraiz Franco, Historia…, p. 208; Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo. Aislamiento, transformación, agonía (1945-1975), Barcelona, Planeta, 1978, vol. II, pp. 391-392. <<

[1558] Tusell y García Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre…, pp. 53-69; Rafael Borràs Betriu et al., El día en que mataron a Carrero Blanco, Barcelona, Planeta, 1974, pp. 252-256; Mundo Obrero, 5 de enero de 1974; Gil, Cuarenta años…, pp. 139-163; Utrera, Sin cambiar…, pp. 83-85; Bardavío, Los silencios…, pp. 65-69; Fuente et al., Golpe mortal…, pp. 172-173, 282-301; López Rodó, La larga marcha…, pp. 459-461; Julio Rodríguez, Impresiones de un ministro de Carrero Blanco, Planeta, 1974, p. 96; Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 309-310. <<

[1559] Borràs Betriu, El día en que mataron a Carrero…, pp. 252-256; Le Monde, 26 de diciembre de 1973; Informaciones, 21 de diciembre de 1973; The Daily Telegraph, 31 de diciembre de 1973; The Guardian, 31 de diciembre de 1973 y 4 de enero de 1974; Financial Times, 4 de enero de 1974; Le Monde, 4 de enero de 1974; Mundo, 5 de enero de 1974; Fuente et al., Golpe mortal…, pp. 50-51, 70. <<

[1560] Franco Bahamonde, Pensamiento político…, vol. I, pp. 35-38; Bardavío, Los silencios…, p. 74. <<

[1561] The Times, 4 de enero de 1974; Le Monde, 4 de enero de 1974. <<

[1562] Fuente et al., Golpe mortal…, p. 283. <<

[1563] Utrera, Sin cambiar…, pp. 85-92; De la Cierva, Historia del franquismo…, vol. II, p. 395. <<

[1564] Mundo Obrero, 28 de noviembre y 31 de diciembre de 1973; Frente Libertario, diciembre de 1973; Financial Times, 13 de febrero de 1974; Cambio 16, 18 de marzo de 1974; Treball, 12 de marzo de 1974; Wilebaldo Solano, «Le développement des conflits sociaux», y Ramon Tamames, «Expansion économique et démocratie», en Le Monde Diplomatique, febrero de 1974; Charles F. Gallagher, Spain, Development and the Energy Crisis, Nueva York, AUFS, 1973, p. 3. <<

[1565] Licinio de la Fuente, «Valió la pena» Memorias, Madrid, EDAF, 1998, pp. 207-211. <<

[1566] A. Sáez Alba, La otra cosa nostra. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el caso de EL CORREO de Andalucía, París, Ruedo Ibérico, 1974, pp. CX-CXII, 293-323; Fernando Jáuregui y Manuel Soriano, La otra historia de UCD, Madrid, Emiliano Escolar, 1980, pp. 41-42; ABC, 3 de marzo de 1974; Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 26-27. <<

[1567] The Times, 13 de febrero de 1974; Le Monde, 14 de febrero de 1974; Carlos Arias Navarro, Discurso del presidente del Gobierno a las Cortes Españolas, 12.II.1974, Madrid, 1974; entrevista a Carro Martínez, en Bayod, Franco visto por…, pp. 348-349; De la Fuente, «Valió la pena»…, pp. 211-212; Ferran Gallego, El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica, 2008, pp. 40-54. <<

[1568] Utrera, Sin cambiar…, pp. 98, 103; De la Cierva, Historia del franquismo…, vol. II, pp. 395-397. <<

[1569] Jose María de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Barcelona, Planeta, 1977, p. 71; Le Monde, 26 de febrero, 5 y 9 de marzo de 1974; El Alcázar, 7 y 8 de marzo de 1974; The Observer, 10 de marzo de 1974; The Guardian, 11 de marzo de 1974; Ortzi, Historia de Euskadi…, pp. 404-407; «Il bastone e la garrota», Panorama, Roma, 14 de marzo de 1974. <<

[1570] Francesc Escribano, Cuenta atrás. La historia de Salvador Puig Antich, Barcelona, Península, 2001, pp. 151-155; Gutmaro Gómez Bravo, Puig Antich. La Transición inacabada, Madrid, Taurus, 2014, pp. 111-135. <<

[1571] Arriba, 28 de abril de 1974; ABC, 30 de abril de 1974; Cambio 16, 13 de mayo de 1974; Utrera, Sin cambiar…, pp. 116-122; Gallego, El mito…, pp. 64-66. <<

[1572] Le Monde, 15 de mayo de 1974; Financial Times, 29 de mayo de 1974; Manuel Gutiérrez Mellado, Un soldado para España, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pp. 47-49; Paul Preston, The Triumph of Democracy in Spain, Londres, Methuen, 1986, pp. 60-62. <<

[1573] ABC, 29 de mayo y 16 de junio de 1974; Ya, 16 de junio de 1974; El Alcázar, 16 de junio de 1974. <<

[1574] Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 330. <<

[1575] Laureano López Rodó, Claves de la transición. Memorias IV, Barcelona, Plaza y Janés, 1993, pp. 57-58; Joaquín Bardavío, La rama trágica de los Borbones, Barcelona, Plaza y Janés, 1989, pp. 203-204. <<

[1576] José Oneto, Arias entre dos crisis, 1973-1975, Madrid, Cambio 16, 1975, p. 141; José Luis de Vilallonga, El Rey. Conversaciones con D. Juan Carlos I de España, Barcelona, Plaza y Janés, 1993, p. 215; Bardavío, Los silencios…, pp. 95-101; Utrera, Sin cambiar…, p. 147; Javier Figuero y Luis Herrero, La muerte de Franco jamás contada, Barcelona, Planeta, 1985, p. 130. <<

[1577] Gil, Cuarenta años…, pp. 193-202, 209, 212; Vicente Pozuelo, Los últimos 476 días de Franco, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 22-23; Jaime Peñafiel, El General y su tropa. Mis recuerdos de la familia Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1992, pp. 155-156, 160. <<

[1578] Le Monde, 4-5 de agosto de 1974; Mundo Obrero, 31 de julio de 1974; Rafael Calvo Serer, Mis enfrentamientos con el Poder, Barcelona, Plaza y Janés, 1978, pp. 119-121; intervención de Santiago Carrillo en un seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984. <<

[1579] Calvo Serer, Mis enfrentamientos…, pp. 248-265. <<

[1580] Le Monde, 19 de octubre de 1974; The Guardian, 18 de octubre de 1974. <<

[1581] Le Monde, 4, 8, 18, 30 y 31 de octubre de 1974; Oneto, Arias entre dos crisis…, pp. 149-153; entrevista a Carro Martínez, en Bayod, Franco visto por…, pp. 354-356; Mariano Sánchez Soler, Villaverde. Fortuna y caída de la casa Franco, Barcelona, Planeta, 1990, p. 100; Utrera, Sin cambiar…, pp. 173-175; De la Cierva, Historia del franquismo…, vol. II, p. 402; Gallego, El mito…, pp. 103-107. <<

[1582] Cambio 16, 10 de junio de 1974; Ramon Pi, Joaquín Garrigues Walker, Madrid, Cambio 16, 1977, p. 40. <<

[1583] Ya, 30 y 31 de octubre de 1974; ABC, 30 de octubre de 1974; Cambio 16, 11-17 y 18-24 de noviembre de 1974; Le Monde, 7 de noviembre de 1974. <<

[1584] Le Monde, 20, 29 y 30 de noviembre de 1974; The Guardian, 28 de noviembre de 1974; The Times, 28 de noviembre de 1974; Financial Times, 28 de noviembre de 1974; Fernando Álvarez de Miranda, Del «contubernio» al consenso, Barcelona, Planeta, 1985, p. 83. <<

[1585] Bardavío, Los silencios…, p. 102. <<

[1586] Pozuelo, Los últimos 476 días…, pp. 126-129, 133-136, 141-147. <<

[1587] Ibid., pp. 133, 177-178. <<

[1588] Franco Bahamonde, Pensamiento político…, vol. I, pp. 39-43. <<

[1589] Utrera, Sin cambiar…, pp. 226-233. <<

[1590] Figuero y Herrero, La muerte…, pp. 19-21. <<

[1591] De la Fuente, «Valió la pena»…, pp. 223-228; entrevista a Licinio de la Fuente, en Bayod, Franco visto por…, pp. 240-242. <<

[1592] Le Monde, 5 de marzo de 1975; Utrera, Sin cambiar…, pp. 248-259; Gregorio Morán, Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Barcelona, Planeta, 1979, pp. 286-287; entrevista a Carro Martínez, en Bayod, Franco visto por…, pp. 356-357. <<

[1593] Fraga Iribarne, Memoria breve…, pp. 346-349. <<

[1594] Utrera, Sin cambiar…, pp. 266-273. <<

[1595] R. Richard Rubottom y J. Carter Murphy, Spain and the United States Since World War II, Nueva York, Praeger, 1984, pp. 113-114. <<

[1596] Cambio 16, 23-29 de junio de 1975; Pozuelo, Los últimos 476 días…, pp. 178-180; Gallego, El mito…, pp. 133-139. <<

[1597] Osorio, Trayectoria…, p. 183; Javier Figuero, UCD. La «empresa» que creó Adolfo Suárez, Barcelona, Grijalbo, 1981, pp. 19-22; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 74-75, 103-108, 121-127, 169-185; Jonathan Hopkin, Party Formation and Democratic Transition in Spain. The Creation and Collapse of the Union of the Democratic Centre, Londres, Macmillan, 1999, pp. 43-44. <<

[1598] Pedro J. Ramírez, El año que murió Franco, Barcelona, Plaza y Janés, 1985, pp. 51-52, 68-69; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 295-296; Gallego, El mito…, pp. 145-152. <<

[1599] ABC, 20 de mayo de 1975; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 297-300. <<

[1600] Pozuelo, Los últimos 476 días…, p. 157. <<

[1601] Franco Bahamonde, Nosotros los Franco…, pp. 236-237. <<

[1602] Pozuelo, Los últimos 476 días…, p. 187; Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 363. <<

[1603] Arriba, 16 de julio de 1975. <<

[1604] Cooper, «The Church…», pp. 79-81. <<

[1605] The Times, 15 de mayo de 1975; Noticias del País Vasco, Euskadi. El último estado de excepción, París, Ruedo Ibérico, 1975, pp. 25-30, 45-77, 143-151; Javier Sánchez Erauskin, Txiki-Otaegi. El viento y las raíces, San Sebastián, Hordago Publikapenak, 1978, pp. 260-261, 283-293. <<

[1606] The Guardian, 27 de agosto de 1975; Mundo Obrero, 4.ª semana de junio y 3.ª semana de julio de 1975. Cotizaciones bursátiles publicadas por Cambio 16 a lo largo del otoño de 1975. <<

[1607] Ramírez, El año…, pp. 112, 118-121. <<

[1608] Ya, 30 de septiembre de 1975; Sábado Gráfico, 24-30 de septiembre de 1975; The Guardian, 26 y 30 de septiembre, 3 y 7 de octubre de 1975; The Observer, 5 de octubre de 1975; Sunday Times, 5 de octubre de 1975; Pozuelo, Los últimos 476 días…, pp. 208-210; Ramírez, El año…, pp. 204-206. <<

[1609] Cambio 16, 23-29 de junio de 1975; Mundo Obrero, 4.ª semana de septiembre de 1975; Álvarez de Miranda, Del «contubernio»…, p. 88. <<

[1610] Arriba, 2 de octubre de 1975; Cambio 16, 6 de octubre de 1975; Pozuelo, Los últimos 476 días…, pp. 210-212. <<

[1611] Pío Moa Rodríguez, De un tiempo y de un país, Madrid, Ediciones de la Torre, 1982, pp. 217-233. <<

[1612] Pozuelo, Los últimos 476 días…, pp. 215-216; Rogelio Baón, La cara humana de un Caudillo, Madrid, San Martín, 1975, p. 227; José Luis Palma Gámiz, El paciente de El Pardo, Madrid, Rey Lear, 2004, pp. 19, 55, 59-60, 68-78; Jesús Palacios y Stanley G. Payne, Franco, mi padre. Testimonio de Carmen Franco, la hija del Caudillo, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, pp. 677-678. <<

[1613] Franco Bahamonde, Nosotros los Franco…, pp. 167-168; Pozuelo, Los últimos 476 días…, pp. 218-221; Figuero y Herrero, La muerte…, p. 26. <<

[1614] Palma Gámiz, El paciente…, pp. 118-123, 135-136; Palacios y Payne, Franco, mi padre…, p. 679; Julio González Iglesias, Los dientes de Franco, Madrid, Fénix, 1996, pp. 366-369; ABC, 2 y 7 de noviembre de 1975; Ya, 29 y 30 de octubre, 9, 14 y 18 de noviembre de 1975; «As Juan Carlos Sees It», Newsweek, 3 de noviembre de 1975. <<

[1615] The Guardian, 2 y 31 de octubre, 7 y 12 de noviembre de 1975; Sunday Times, 26 de octubre y 9 de noviembre de 1975; ABC, 7 de noviembre de 1975; The Times, 21 de noviembre de 1975. <<

[1616] Manuel Hidalgo Huerta, Cómo y por qué operé a Franco, Madrid, Garsi, 1976, pp. 18-34; Pozuelo, Los últimos 476 días…, pp. 231-236; González Iglesias, Los dientes…, p. 366; Palma Gámiz, El paciente…, pp. 146-149; Juan Cobos Arévalo, La vida privada de Franco. Confesiones del monaguillo del Palacio de El Pardo, Córdoba, Almuzara, 2009, pp. 270-275. <<

[1617] Hidalgo Huerta, Cómo y por qué operé…, pp. 35-55. <<

[1618] Gil, Cuarenta años…, p. 212; Hidalgo Huerta, Cómo y por qué operé…, pp. 55-58; Palma Gámiz, El paciente…, pp. 176-181. <<

[1619] Peñafiel, El General y su tropa…, pp. 29-35; Ramírez, El año…, p. 255; Palma Gámiz, El paciente…, pp. 187-192. <<

[1620] Hidalgo Huerta, Cómo y por qué operé…, pp. 59-69. <<

[1621] Arriba, 14 y 18 de noviembre de 1975; Figuero y Herrero, La muerte…, pp. 35-36, 50-51. <<

[1622] Arriba, 20 de noviembre de 1975; Ya, 20 de noviembre de 1975; Pozuelo, Los últimos 476 días…, pp. 224-241; Baón, La cara humana…, pp. 26-50; Figuero y Herrero, La muerte…, pp. 102-112; Palacios y Payne, Franco, mi padre…, pp. 684-685, 689-690; Hidalgo Huerta, Cómo y por qué operé…, pp. 68-70; Luis Herrero, El ocaso del régimen. Del asesinato de Carrero a la muerte de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 274-280; Pilar Cernuda, 30 días de noviembre. El mes que cambió la historia de España, Barcelona, Planeta, 2000, pp. 133-140; Palma Gámiz, El paciente…, pp. 205-212. <<

[1623] Juan Miguel Baquero, «Franco acumuló una fortuna de 400 millones gracias a su entramado corrupto», 40 años de desmemoria, Madrid, eldiario.es, 2015, en <https://desmemoria.eldiario.es/fortuna-franco/>. <<

[1624] Peñafiel, El General y su tropa…, pp. 132-136. <<

[1625] Giménez-Arnau, Yo, Jimmy…, pp. 84, 164-165. <<

[1626] Inmaculada G. Mardones, «Sin Franco no viven peor», El País, 20 de noviembre de 1985; Interviú, n.º 614, 17 de febrero de 1988; Giménez-Arnau, Yo, Jimmy…, pp. 164 y ss.; Julia Navarro, Señora Presidenta, Barcelona, Plaza y Janés, 1999, p. 118. <<

[1627] The Guardian, 21, 26 y 28 de noviembre de 1975; The Daily Telegraph, 21 de noviembre de 1975; The Times, 28 de noviembre de 1975; Newsweek, 1 de diciembre de 1975; Figuero y Herrero, La muerte…, pp. 135-137; Victoria Prego, Así se hizo la Transición, Barcelona, Plaza y Janés, 1995, pp. 332-336; Cernuda, 30 días…, pp. 165-169; Gallego, El mito…, pp. 210-216. <<

[1628] Paul Preston, Juan Carlos. Steering Spain from Dictatorship to Democracy, Londres, Harper Perennial, 2005, pp. 318-328. <<

[1629] Federico Silva Muñoz, Memorias políticas, Barcelona, Planeta, 1993, pp. 228-229; Cernuda, 30 días…, pp. 12-13, 221. <<

[1630] Cambio 16, 17 de noviembre de 1975; Le Monde, 29 de enero y 2 de febrero de 1974; José Luis Aranguren, La cruz de la monarquía española actual, Madrid, Taurus, 1974, passim. <<

[1631] Mundo Obrero, 25 de noviembre de 1975; Servir al Pueblo, n.º 45, noviembre de 1975; Correo del Pueblo, 18 de noviembre y 6 de diciembre de 1975; Frente Libertario, n.º 57, diciembre de 1975. <<

[1632] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta, 1983; Carlos Fernández, Los militares en la transición política, Barcelona, Plaza y Janés, 1982, pp. 51-54. <<

[1633] Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, Diálogos conmigo mismo, Barcelona, Planeta, 1978, p. 163; De Areilza, Diario…, pp. 13-16, 38; Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, pp. 20-22. <<

[1634] Fernández-Miranda, Lo que el Rey…, pp. 119-121; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 15-20; The Guardian, 12 de diciembre de 1975; Joaquín Bardavío, El dilema. Un pequeño caudillo o un gran rey, Madrid, Strips, 1978, pp. 79-84; Preston, Juan Carlos…, pp. 331-334; Gallego, El mito…, pp. 217-225. <<

[1635] Fernández-Miranda, Lo que el Rey…, pp. 121, 147-151; Osorio, Trayectoria…, pp. 54-62; Arriba, 29 de enero de 1976; De Areilza, Diario…, pp. 73-76; Prego, Así se hizo…, pp. 391-394. <<

[1636] De Areilza, Diario…, p. 84; The Observer, 1 de febrero de 1976; Bardavío, El dilema…, p. 105; Osorio, Trayectoria…, pp. 55, 65. <<

[1637] Cambio 16, 19-25 de enero de 1976; The Guardian, 5, 7, 8, 9, 14, 15 y 20 de enero de 1976; Sunday Times, 11 y 18 de enero de 1976; Mundo Obrero, 20 y 27 de enero de 1976; Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 16-17; Víctor Díaz Cardiel et al., Madrid en huelga. Enero 1976, Madrid, Ayuso, 1976, pp. 91-150; De Areilza, Diario…, p. 51. <<

[1638] Preston, Juan Carlos…, pp. 336-339. <<

[1639] Mundo Obrero, 4 y 11 de febrero de 1976; Cambio 16, 9-15 de febrero y 1-7 de marzo de 1976. <<

[1640] Jose María Portell, Euskadi. Amnistía arrancada, Barcelona, Dopesa, 1977, pp. 37-42, 61-98; Mario Onaindía, La lucha de clases en Euskadi (1939-1980), San Sebastián, Haranburu, 1980, pp. 121-126; Gasteiz, Vitoria. De la huelga a la matanza, París, Ruedo Ibérico, 1976, pp. 117-132, 185-202; Martín Villa, Al servicio…, pp. 26-28. <<

[1641] Cambio 16, 29 de marzo – 4 de abril, 19-25 de abril, 9-15 de agosto y 23-29 de agosto de 1976 y 12 de febrero de 1978; Amigo, Pertur…, pp. 94-109, 124-128, 253-274; Garmendia, Historia de ETA…, vol. II, pp. 178-186; Natxo Arregi, Memorias del KAS: 1975/78, San Sebastián, Hordago Publikapenak, 1981, pp. 49-53; Sophie Baby, El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), Madrid, Akal, 2018, pp. 222-241. <<

[1642] Mundo Obrero, 27 de enero, 4 y 11 de febrero de 1976; Fernando Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 231-234; Preston, The Last Stalinist…, pp. 290-298; De Areilza, Diario…, p. 51. <<

[1643] Mundo Obrero, 9 de abril de 1976; Osorio, Trayectoria…, pp. 91-94; De Areilza, Diario…, p. 122. <<

[1644] De Areilza, Diario…, pp. 119-120, 122, 136-138, 146, 153; Emilio Attard, Vida y muerte de UCD, Barcelona, Planeta, 1983, p. 49; conversación del autor con Felipe González. <<

[1645] Cambio 16, 15-21 de marzo de 1976; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 31-32; Osorio, Trayectoria…, pp. 86-91; Martín Villa, Al servicio…, pp. 28-29; Gasteiz, Vitoria…, pp. 117-132; Preston, Juan Carlos…, pp. 343-345. <<

[1646] Figuero, UCD…, pp. 23-26; De Areilza, Diario…, p. 165; Antonio Izquierdo, Yo, testigo de cargo, Barcelona, Planeta, 1981, p. 41. <<

[1647] Actas de la reunión de Coordinación Democrática, 9 de abril de 1976, Oposición Española, Documentos secretos, Madrid, Sedmay, 1976, pp. 108-112. <<

[1648] Newsweek, 26 de abril de 1976; The Guardian, 3 de julio de 1976; De Areilza, Diario…, pp. 105, 118, 124, 133-134, 146-148, 161-168, 178; José María de Areilza, Cuadernos de la transición, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 23-26; Preston, Juan Carlos…, pp. 346-353; Tusell y García Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre…, pp. 321-326; entrevista a Arias, en Bayod, Franco visto por…, p. 313; Gallego, El mito…, pp. 383-410. <<

[1649] El País, 2 y 4 de julio de 1976; Osorio, Trayectoria…, pp. 126-129; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 55-61; Bardavío, El dilema…, pp. 150-155; Izquierdo, Yo, testigo…, p. 41; Preston, Juan Carlos…, pp. 351-356; Gallego, El mito…, pp. 411-420. <<

[1650] Cambio 16, 12-18 y 19-25 de julio de 1976; Mundo Obrero, 14 de julio de 1976; intervención de Adolfo Suárez en el seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984. <<

[1651] El País, 6 y 21 de julio de 1976; Cambio 16, 12-18 de julio de 1976; Álvarez de Miranda, Del «contubernio»…, pp. 107-109; De Areilza, Cuadernos…, pp. 15-16, 39-40, 47-48, 56-58, 71-74; Osorio, Trayectoria…, pp. 129-138; Bardavío, El dilema…, pp. 173-174. <<

[1652] Intervención de Adolfo Suárez en el seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984; Cambio 16, 9-15 y 23-29 de agosto de 1976; Mundo Obrero, 26 de julio – 2 de agosto y 1 de septiembre de 1976; Joaquín Bardavío, Sábado Santo rojo, Madrid, Uve, 1980, pp. 42-44, 52; Morán, Adolfo Suárez…, p. 337; J. A. Sagardoy y David León Blanco, El poder sindical en España, Barcelona, Planeta, 1982, p. 161. <<

[1653] Morán, Adolfo Suárez…, pp. 235-244, 331-332; Osorio, Trayectoria…, pp. 141-142, 155, 162-164, 171-174; Figuero, UCD…, pp. 48-51; Cambio 16, 26 de julio – 1 de agosto y 16-22 de agosto de 1976; comentarios de Suárez, González y Carrillo en el seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984. <<

[1654] Cambio 16, 13-20 de septiembre de 1976; Mundo Obrero, 8 de septiembre de 1976. <<

[1655] Fernando Puell de la Villa, Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995), Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, pp. 187-191; Manuel Gutiérrez Mellado, Un soldado para España, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pp. 40-41, 47; De Areilza, Diario…, pp. 76-77, 81, 152; Fernández, Los militares…, p. 63; Preston, Juan Carlos…, pp. 33-36. <<

[1656] El Alcázar, 23 y 27 de septiembre de 1976; Cambio 16, 4-10 y 11-17 de octubre de 1976; Osorio, Trayectoria…, pp. 183-189; Fernández, Los militares…, pp. 109-113; Colectivo Democracia, Los Ejércitos… más allá del golpe, Barcelona, Planeta, 1981, p. 63; Iniesta Cano, Memorias…, pp. 242-250; Bardavío, El dilema…, pp. 184-192. <<

[1657] El País, 24 de diciembre de 1976; El Alcázar, 28 de diciembre de 1976; Cambio 16, 3-9 de enero de 1977; Martín Villa, Al servicio…, p. 60. <<

[1658] Mundo Obrero, 15 de septiembre de 1976; Osorio, Trayectoria…, p. 206; De Areilza, Cuadernos…, pp. 47-48, 71, 78; Morán, Adolfo Suárez…, p. 334; Claudín, Santiago Carrillo…, pp. 238-240; Eduardo Chamorro, Felipe González. Un hombre a la espera, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 133-136; Gallego, El mito…, pp. 482-498. <<

[1659] Intervención de Adolfo Suárez en el seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984; El País, 18 y 19 de noviembre de 1976; Cambio 16, 22-28 de noviembre de 1976; Emilio Attard, La Constitución por dentro, Barcelona, Argos Vergara, 1983, p. 76; Osorio, Trayectoria…, pp. 230-246; De Areilza, Cuadernos…, p. 67; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 312-316. <<

[1660] Mundo Obrero, 1-7, 15-21 y 22 de noviembre de 1976; Cambio 16, 22-28 de noviembre y 5 de diciembre de 1976; Osorio, Trayectoria…, pp. 208-209; Martín Villa, Al servicio…, pp. 54-57. <<

[1661] El País, 28 de noviembre de 1976; Mundo Obrero, 6-12 de diciembre de 1976. <<

[1662] Cambio 16, 19 de diciembre de 1976; Chamorro, Felipe González…, pp. 136-143; PSOE, XXVII Congreso, Madrid, Avance, 1977, passim; Fernando Barciela, La otra historia del PSOE, Madrid, Emiliano Escolar, 1981, p. 19. <<

[1663] El País, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1976; Cambio 16, 26 de diciembre y 27 de diciembre de 1976 – 2 de enero de 1977; Osorio, Trayectoria…, pp. 252-253; intervención de Felipe González en el seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984. <<

[1664] Osorio, Trayectoria…, pp. 212-213; Manuel Durán, Martín Villa, San Sebastián, Hordago Publikapenak, 1979, passim; Cambio 16, 19-25 de julio, 2-8 y 23-29 de agosto, 11-17 y 18-24 de octubre de 1976; Portell, Euskadi…, pp. 170-174. <<

[1665] Mundo Obrero, 20-26 de diciembre de 1976; Bardavío, Sábado…, pp. 88-111; Osorio, Trayectoria…, pp. 254-258; Claudín, Santiago Carrillo…, pp. 2-9, 239-241; Preston, The Last Stalinist…, pp. 302-305. <<

[1666] El País, 12 de diciembre de 1976; Cambio 16, 31 de enero – 6 de febrero de 1977; Mundo Obrero, 31 de enero – 6 de febrero de 1977; Moa Rodríguez, De un tiempo…, pp. 217-233; Durán, Martín Villa…, p. 79; Bardavío, Sábado…, pp. 142-147; Preston, The Last Stalinist…, pp. 302-305. <<

[1667] Morán, Adolfo Suárez…, pp. 43-44, 324-328; Osorio, Trayectoria…, pp. 97-108, 190-197, 291-299. <<

[1668] Cambio 16, 27 de septiembre – 3 de octubre, 18-24 de octubre de 1976; De Areilza, Cuadernos…, pp. 43-44, 50, 56; Osorio, Trayectoria…, pp. 200-205; Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 92-108; Cristina Palomares, The Quest for Survival after Franco. Moderate Francoism and the Slow Journey to the Polls, 1964-1977, Brighton, Sussex Academic Press, 2004, pp. 165-180. <<

[1669] Jorge Verstrynge, Memorias de un maldito, Madrid, Grijalbo, 1999, pp. 211-213; Sánchez Soler, Ricos…, pp. 143-144; Fernando Jáuregui, La derecha después de Fraga, Madrid, El País, 1987, p. 181; Melchor Miralles, Dinero sucio. Diccionario de la corrupción en España, Madrid, Temas de Hoy, 1992, pp. 293-294. <<

[1670] Carlos Dávila y Luis Herrero, De Fraga a Fraga. Crónica secreta de Alianza Popular, Barcelona, Plaza y Janés, 1989, pp. 105-112. <<

[1671] Preston, The Triumph…, pp. 109-114. <<

[1672] Attard, Vida y muerte…, pp. 34-53; Osorio, Trayectoria…, pp. 190-197, 300-302; Álvarez de Miranda, Del «contubernio»…, pp. 112-120; Jáuregui y Soriano, La otra historia…, pp. 43-48, 61-64; El País, 25 de marzo de 1977; Cambio 16, 4-10 de abril de 1977; De Areilza, Cuadernos…, pp. 92-94, 108-123; Ramírez, Así se ganaron…, pp. 29-31; Figuero, UCD…, pp. 57-61. <<

[1673] Cambio 16, 16-22 de mayo de 1977; El País, 6, 7 y 8 de mayo de 1977; Diario 16, 28 de enero de 1978; Figuero, UCD…, pp. 232-234; Attard, Vida y muerte…, pp. 52-57; Ramírez, Así se ganaron…, pp. 116-121, 139-149, 158-159; Álvarez de Miranda, Del «contubernio»…, pp. 127-129. <<

[1674] Preston, The Triumph…, pp. 108-114. <<

[1675] Mundo Obrero, 7-13 y 21-27 de marzo, 4-10 y 11-17 de abril de 1977; Cambio 16, 18-24 de abril, 25 de abril – 1 de mayo y 2-8 de mayo de 1977; El País, 15 y 16 de abril de 1977; ABC, 14 de abril de 1977; intervención de Adolfo Suárez en el seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984; Morán, Adolfo Suárez…, pp. 320-321, 338; Claudín, Santiago Carrillo…, pp. 245-248; Bardavío, Sábado…, pp. 158-168, 196-200; Izquierdo, Yo, testigo…, pp. 29, 63-64; Osorio, Trayectoria…, pp. 288-291; Martín Villa, Al servicio…, p. 69; Colectivo Democracia, Los Ejércitos…, pp. 94-102; Pilar Urbano, Con la venia. Yo indagué el 23-F, Barcelona, Argos Vergara, 1982, p. 16; Preston, The Last Stalinist…, pp. 306-312. <<

[1676] Cambio 16, 6-12 de junio de 1977. <<

[1677] Ramírez, Así se ganaron…, pp. 52, 127-132, 228-244, 304-306. <<

[1678] Cambio 16, 13-19 de junio de 1977. <<

[1679] Cambio 16, 20-26 de junio y 27 de junio – 3 de julio de 1977; El País, 15, 22 y 29 de mayo de 1977; Ramírez, Así se ganaron…, pp. 208-211, 248-249, 284-290. <<

[1680] Juan Luis Cebrián, La España que bosteza, Madrid, Taurus, 1981, pp. 22-25. <<

[1681] Juan J. Linz et al., IV Informe FOESSA. Informe sociológico sobre el cambio político en España: 1975-1981, Madrid, Euramérica, 1981, vol. I, pp. 161-163. <<

[1682] Álvarez de Miranda, Del «contubernio»…, pp. 138-144; Jáuregui y Soriano, La otra historia…, pp. 48-49, 75-92; Figuero, UCD…, pp. 82-84; Osorio, Trayectoria…, pp. 331-336. <<

[1683] Durán, Martín Villa…, pp. 113-125; Cambio 16, 19-25 de septiembre, 26 de septiembre – 2 de octubre y 3-9 de octubre de 1977; Álvarez de Miranda, Del «contubernio»…, pp. 157-159, 165; Martín Villa, Al servicio…, pp. 150-158. <<

[1684] Unión Militar Democrática, Los militares y la lucha por la democracia, s. l., s. f. [Madrid, 1976], p. 47; José Luis Morales y Juan Celada, La alternativa militar. El golpismo después de Franco, Madrid, Revolución, 1981, pp. 67-85; Urbano, Con la venia…, pp. 23-25; Fernández, Los militares…, pp. 190-191. <<

[1685] El País, 20 de septiembre de 1977; Cambio 16, 3-9 de octubre de 1977; Fernández, Los militares…, pp. 181-183; Amadeo Martínez Inglés, La transición vigilada. Del Sábado Santo «rojo» al 23-F, Madrid, Temas de Hoy, 1994, pp. 95-104. <<

[1686] Juan Pla, La trama civil del golpe, Barcelona, Planeta, 1982, p. 85; Urbano, Con la venia…, p. 16; Alejandro Muñoz Alonso, El terrorismo en España, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 245-246; Colectivo Democracia, Los Ejércitos…, p. 96. <<

[1687] Cambio 16, 24-30 de octubre y 14-20 de noviembre de 1977. <<

[1688] Cambio 16, 11-17 de julio y 10-16 de octubre de 1977; intervención de Adolfo Suárez en el seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984; Osorio, Trayectoria…, pp. 319-327; Martín Villa, Al servicio…, pp. 174-178; Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 48-53, 282-320; Josep Tarradellas, «Ja sóc aquí» Recuerdo de un retorno, Barcelona, Planeta, 1990, pp. 34-39, 110-158, 218-230; Preston, Juan Carlos…, pp. 407-410. <<

[1689] Cambio 16, 17-23 de octubre de 1977; El País, 4 y 11 de octubre de 1977; Francisco Espinosa Maestre, «Desclasifiquen las vergüenzas del franquismo», Público, 20 de noviembre de 2015. <<

[1690] Miguel Castells Arteche, El mejor defensor el pueblo, San Sebastián, Ediciones Vascas, 1978, pp. 197-199; Txiki Benegas, Euskadi. Sin la paz nada es posible, Barcelona, Argos Vergara, 1984, pp. 80-82. <<

[1691] Cambio 16, 12-18 de diciembre, 26 de diciembre de 1977 – 1 de enero de 1978 y 9-15 de enero de 1978; Manuel Clavero Arévalo, España, desde el centralismo a las autonomías, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 46-50. <<

[1692] Véanse los discursos de Carrillo en las Cortes del 27 de julio, 14 de septiembre y 24 de septiembre de 1977, publicados en Santiago Carrillo, Escritos sobre Eurocomunismo, 2 vols., Madrid, Forma, l977, vol. II, pp. 83-128; Victoria Prego, Presidentes. Veinticinco años de historia narrada por los cuatro jefes de Gobierno de la democracia, Barcelona, Plaza y Janés, 2000, pp. 70-73. <<

[1693] Mundo Obrero, 16 de junio, 16 de agosto, 8-14 de septiembre y 2-19 de diciembre de 1977; Cambio 16, 17-23, 24-30 de octubre, 31 de octubre – 6 de noviembre y 7-13 de noviembre de 1977; Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, pp. 741-747; Claudín, Santiago Carrillo…, pp. 275-279; Jesús Sánchez Rodríguez, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004, pp. 286-289; Paul Heywood, «Mirror Images. The PCE and the PSOE in the Transition to Democracy in Spain», West European Politics, vol. 10, abril de 1987, pp. 193-210. <<

[1694] Informe Económico 1981, Bilbao, Banco de Bilbao, 1982, pp. 154-161. <<

[1695] Cambio 16, 21-27 de noviembre de 1977; Attard, La Constitución…, pp. 77-90, 119-123, 223; Antonio Hernández Gil, El cambio político español y la Constitución, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 283 y ss. <<

[1696] Attard, La Constitución…, pp. 92-107; Martín Villa, Al servicio…, p. 86; Álvarez de Miranda, Del «contubernio»…, pp. 179-195; El Alcázar, 6 de julio de 1978. <<

[1697] Cambio 16, 5 de febrero y 26 de noviembre de 1978. <<

[1698] El País, 13 de enero de 1978; Cambio 16, 23 de julio de 1978; Preston, The Triumph…, pp. 138-141; Durán, Martín Villa…, pp. 127-129. <<

[1699] Cambio 16, 5, 12 y 19 de marzo, 29 de abril, 28 de mayo y 4 de junio de 1978; Attard, Vida y muerte…, p. 67; Jáuregui y Soriano, La otra historia…, pp. 88, 115, 125. <<

[1700] Cambio 16, 23 de julio, 3, 10 y 17 de septiembre de 1978; Durán, Martín Villa…, pp. 139-148, 167-194; Martín Villa, Al servicio…, pp. 147-148; Benegas, Euskadi…, pp. 102-103. <<

[1701] Cambio 16, 28 de mayo y 9 de julio de 1978; El País, 29 de junio de 1978; Luciano Rincón, ETA (1974-1984), Barcelona, Plaza y Janés, 1985, pp. 163-166; Benegas, Euskadi…, pp. 105-108; entrevista del autor a Rodolfo Martín Villa en Madrid en octubre de 1984. <<

[1702] Cambio 16, 28 de mayo, 4 de junio, 9 y 30 de julio, 29 de octubre, 12 y 19 de noviembre de 1978; El País, 30 de junio, 29 de julio y 1 de noviembre de 1978; Izquierdo, Yo, testigo…, pp. 99-102; Rincón, ETA…, pp. 21-22; Muñoz Alonso, El terrorismo…, pp. 133-140; Benegas, Euskadi…, pp. 88-89. <<

[1703] El País, 17 y 19 de noviembre de 1978; Cambio 16, 3 y 10 de diciembre de 1978; El Alcázar, 23 de noviembre de 1978; Colectivo Democracia, Los Ejércitos…, pp. 78-85; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 43-48; Martín Villa, Al servicio…, pp. 134-135, 148-150; Urbano, Con la venia…, p. 19; Izquierdo, Yo, testigo…, pp. 49, 68-69; José Oneto, La noche de Tejero, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 27-34; Antonio Izquierdo, Claves para un día de febrero, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 28-29. <<

[1704] El País, 8 y 9 de diciembre de 1978; Cambio 16, 17 de diciembre de 1978; Ministerio del Interior, Referéndum Constitucional. Información sobre resultados provisionales de la votación, Madrid, 1978. <<

[1705] Benegas, Euskadi…, pp. 89-91. <<

[1706] Preston, The Triumph…, pp. 150-157; Cambio 16, 14 de enero, 11 de febrero, 4, 11 y 18 de marzo de 1979; El País, 4 de marzo de 1979; Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones 1979, Madrid, Prensa Española, 1979, pp. 179-263; Josep Melià, Así cayó Adolfo Suárez, Barcelona, Planeta, 1981, p. 29. <<

[1707] El País, 30 y 31 de marzo, 28, 29 y 30 de septiembre, 2 y 7 de octubre de 1979; Diario 16, 1 de octubre de 1979; Mundo Obrero, 2 de octubre de 1979; Cambio 16, 15 de abril y 7 de octubre de 1979. <<

[1708] El País, 4, 5 y 6 de abril de 1979; Cambio 16, 15 de abril de 1979; intervención de Adolfo Suárez en el seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en mayo de 1984. <<

[1709] Cambio 16, 14 y 28 de mayo, 5 y 12 de octubre de 1978; Ramírez, Así se ganaron… 1979, pp. 81, 103-116; Jáuregui y Soriano, La otra historia…, pp. 101-104; Preston, The Triumph…, pp. 160-161. <<

[1710] El País, 12 de mayo de 1979; Armada, Al servicio…, p. 215; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 51-53. <<

[1711] Cambio 16, 24 de junio, 1, 15, 22 y 29 de julio, 5 de agosto, 30 de septiembre, 7 y 14 de octubre, 4 de noviembre de 1979; Attard, Vida y muerte…, pp. 70-72; Jáuregui y Soriano, La otra historia…, pp. 129-130. <<

[1712] Cambio 16, 13 y 20 de mayo, 21 de octubre de 1979; Miguel Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, San Sebastián, Ediciones Vascas, 1982, pp. 33-38, 129-130. <<

[1713] El Alcázar, 21 de septiembre de 1979; Cambio 16, 7 de octubre de 1979. <<

[1714] Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 74-77; Armada, Al servicio…, pp. 216-217; Urbano, Con la venia…, p. 21. <<

[1715] El Alcázar, 20 de octubre de 1979; El País, 27 de enero de 1980; Diario 16, 25 de enero de 1980; Cambio 16, 10 de febrero de 1980; Colectivo Democracia, Los Ejércitos…, pp. 85-91; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 57-61; Urbano, Con la venia…, pp. 21-23. <<

[1716] Martín Villa, Al servicio…, p. 90. <<

[1717] Cambio 16, 16 de diciembre de 1979 y 27 de enero de 1980. <<

[1718] Cambio 16, 3, 17 y 24 de febrero, 16 y 30 de marzo de 1980; El País, 18 de febrero, 2, 3 y 22 de marzo de 1980; Martín Villa, Al servicio…, p. 90. <<

[1719] Preston, The Triumph…, pp. 172-174; Cambio 16, 2 de marzo, 6 y 13 de abril, 18 y 25 de mayo, 21 de septiembre de 1980; Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 22, 39; Jáuregui y Soriano, La otra historia…, pp. 31-36; José Oneto, Los últimos días de un presidente, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 27, 35, 82; Martín Villa, Al servicio…, p. 91. <<

[1720] El País, 3, 4, 21, 22, 23, 29 y 30 de mayo de 1980; Cambio 16, 16 de marzo, 18 de mayo, 1, 8 y 29 de junio, 3 de agosto de 1980; Martín Villa, Al servicio…, p. 94; Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 36-37; Oneto, Los últimos días…, p. 50; Preston, The Triumph…, pp. 174-175. <<

[1721] El País, 8, 9, 30 y 31 de julio de 1980; Diario 16, 8 de julio de 1980; Cambio 16, 13, 20 y 27 de julio, 3, 10 y 17 de agosto de 1980; Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 42-58; Oneto, Los últimos días…, pp. 50-53; Jáuregui y Soriano, La otra historia…, pp. 15-20, 34-37, 150-156; Hopkin, Party Formation…, pp. 151-169. <<

[1722] El País, 22 de junio de 1980; Cambio 16, 13 y 20 de julio, 17 y 24 de agosto, 7 de septiembre de 1980; Rincón, ETA…, p. 63. <<

[1723] El País, 10 de septiembre de 1980; Cambio 16, 21 de septiembre, 5 y 12 de octubre de 1980; Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 51-59; Oneto, Los últimos días…, pp. 67-68. <<

[1724] Cambio 16, 12 y 19 de octubre de 1980; El País, 2 y 13 de octubre de 1980; Muñoz Alonso, El terrorismo…, p. 227. <<

[1725] El Alcázar, 16 y 21 de septiembre, 2 de diciembre de 1980; conversación del autor con Felipe González en marzo de 1981; Cambio 16, 9 de marzo de 1981; Armada, Al servicio…, pp. 216, 223-227; Santiago Segura y Julio Merino, Jaque al rey. Los «enigmas» y las «incongruencias» del 23-F, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 53-54, 77-78; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 122-125; Santiago Segura y Julio Merino, Las vísperas del 23-F, Barcelona, Plaza y Janés, 1984, pp. 297-301; Urbano, Con la venia…, pp. 33-35; Jesús Palacios, 23-F. El rey y su secreto, Madrid, Libros Libres, 2010, pp. 187-196. <<

[1726] Cambio 16, 5, 12, 19 y 26 de octubre, 3 de noviembre de 1980; El País, 24, 25 y 26 de octubre de 1980. <<

[1727] Cambio 16, 10, 17 y 24 de noviembre de 1980; El País, 11 de noviembre de 1980; Benegas, Euskadi…, pp. 110-111; Muñoz Alonso, El terrorismo…, pp. 229-231. <<

[1728] Cambio 16, 17 de noviembre de 1980; Urbano, Con la venia…, pp. 24-25; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 89-91, 122-125; Jesús Palacios, 23-F. El golpe del CESID, Barcelona, Planeta, 2001, pp. 25-30. <<

[1729] Fraga Iribarne, En busca…, pp. 223-224; Urbano, Con la venia…, pp. 42-43. <<

[1730] Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 59-63; Oneto, Los últimos días…, pp. 69-70; Diario 16, 12 de enero de 1981; Cambio 16, 26 de enero de 1981. <<

[1731] Jáuregui y Soriano, La otra historia…, pp. 195-199; Attard, Vida y muerte…, pp. 180-181; Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 59-63; Oneto, Los últimos días…, pp. 69-70; Diario 16, 12 de enero de 1981; Cambio 16, 26 de enero de 1981. <<

[1732] Attard, Vida y muerte…, p. 189; Cambio 16, 2 de febrero de 1981; Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 13-19, 68-74. <<

[1733] El País, 30 de enero de 1981; El Alcázar, 30 de enero de 1981; Diario 16, 30 de enero de 1981; Oneto, Los últimos días…, pp. 113, 119, 152; Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 74-75; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 125-126; Urbano, Con la venia…, pp. 52-57. <<

[1734] El Alcázar, 24 de enero de 1981; ABC, 31 de enero de 1981; Oneto, Los últimos días…, pp. 74-75; Figuero, UCD…, p. 4. <<

[1735] Cambio 16, 9 de febrero de 1981; Melià, Así cayó Adolfo Suárez…, pp. 96-99, 118-119; Oneto, Los últimos días…, pp. 124-126, 152-153, 159-163; Prego, Presidentes…, pp. 113-121. <<

[1736] Cambio 16, 16 de febrero de 1981; Benegas, Euskadi…, pp. 132-134; Urbano, Con la venia…, pp. 73-75. <<

[1737] Cambio 16, 16 y 23 de febrero de 1981; Rincón, ETA…, pp. 123-124, 172-176. <<

[1738] El Alcázar, 8 de febrero de 1981. <<

[1739] El Alcázar, 17 de diciembre de 1980, 22 de enero y 1 de febrero de 1981; Cambio 16, 22 de junio de 1981; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 127-130; Pla, La trama civil…, pp. 59-69; Francisco Medina Ortega, 23F. La verdad, Barcelona, Plaza y Janés, 2006, pp. 119-145; Urbano, Con la venia…, pp. 47-48; Ricardo Pardo Zancada, 23-F. La pieza que falta. Testimonio de un protagonista, Barcelona, Plaza y Janés, 1998, pp. 151-155; Javier Fernández López, Diecisiete horas y media. El enigma del 23-F, Madrid, Taurus, 2000, pp. 238-243; Pilar Cernuda, Fernando Jáuregui y Manuel Ángel Menéndez, 23-F. La conjura de los necios, Madrid, Foca Ediciones, 2001, pp. 54-56; Palacios, 23-F. El golpe…, pp. 266-272. <<

[1740] El País, 7, 8 y 22 de febrero de 1981; Diario 16, 9 de febrero de 1981; Cambio 16, 16 de febrero de 1981; Hopkin, Party Formation…, pp. 179-192; Attard, Vida y muerte…, pp. 193-207; Martín Villa, Al servicio…, pp. 94-96. <<

[1741] El País, 3, 10, 13 y 14 de febrero de 1981; Cambio 16, 16 y 23 de febrero de 1981; Izquierdo, Claves…, pp. 99-103, 121-128, 135, 143; Morales y Celada, La alternativa militar…, p. 132; Castells, Radiografía…, pp. 31, 95, 159; Pla, La trama civil…, pp. 46-50; Urbano, Con la venia…, pp. 76-77. <<

[1742] El País, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 1981; Cambio 16, 2 y 9 de marzo de 1981; Colectivo Democracia, Los Ejércitos…, pp. 140 y ss.; Preston, Juan Carlos…, pp. 467-472; Oneto, La noche de Tejero…, passim; Urbano, Con la venia…, pp. 143, 365-367; Armada, Al servicio…, pp. 240-295; Segura y Merino, Jaque al rey…, pp. 75-188, 220-232; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 135-146. <<

[1743] Armada, Al servicio…, pp. 231, 236; Segura y Merino, Jaque al rey…, pp. 56-58, 145-146; Martín Prieto, Técnica de un golpe de Estado. El juicio del 23-F, Barcelona, Grijalbo, 1982, pp. 88-94; José Oneto, La verdad sobre el caso Tejero. El proceso del siglo, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 90, 116, 205-235. <<

[1744] Entrevistas del autor con Sabino Fernández Campo y Alfonso Armada; notas del general Quintana Lacaci, El País, 17 de febrero de 1991; informe de Alberto Oliart al Congreso, El País, 18 de marzo de 1981; Fernando Reinlein, Capitanes rebeldes. Los militares españoles durante la Transición. De la UMD al 23-F, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002, pp. 319-338; Cernuda, Jáuregui y Menéndez, 23-F. La conjura…, pp. 135-136, 142-148, 151-158, 200-202, 210, 216; Urbano, Con la venia…, pp. 167-174; Fernández López, Diecisiete horas y media…, pp. 133-135, 138-139, 147-157, 165-166; Palacios, 23-F. El rey…, pp. 63-65, 212-219; Gabriel Cardona, Las torres del honor. Un capitán del Ejército en la Transición y el golpe de Estado del 23-F, Barcelona, Destino, 2011, pp. 248-299; Andreu Farràs y Pere Cullell, El 23-F a Catalunya, Barcelona, Planeta, 1998, pp. 79-85: José Luis de Vilallonga, Le Roi. Entretiens, París, Fixot, 1993, pp. 169-170, 186, 195; Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del «Elefante». La conspiración del 23-F, Madrid, El País-Aguilar, 1991, pp. 172-175; 300-301; Armada, Al servicio…, pp. 240-243, 246-247; Javier Fernández López, El rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España (1969-1982), Madrid, Trotta, 1998, pp. 167, 174-177; Manuel Soriano, Sabino Fernández Campo, La sombra del rey, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 351, 353-357; Diego Carcedo, 23-F. Los cabos sueltos, Madrid, Temas de Hoy, 2001, pp. 345-351, 356-359, 371-372, 375-376; Pardo Zancada, 23-F. La pieza…, pp. 330-332, 340-365, 368-370; Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, El pacto del capó. El testimonio clave de un militar sobre el 23-F, Madrid, Temas de Hoy, 1994, pp. 105-136; Medina Ortega, 23-F. La verdad…, pp. 367-381. <<

[1745] Gregorio Morán, Adolfo Suárez. Ambición y destino, Barcelona, Debate, 2009, pp. 298-303; Oneto, La verdad…, pp. 321-322; Cernuda, Jáuregui y Menéndez, 23-F. La conjura…, pp. 158-161. <<

[1746] Preston, Juan Carlos…, pp. 473-485; Medina Ortega, 23-F. La verdad…, pp. 402-409. Véase también Javier Cercas, Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, 2009. <<

[1747] Patricia Sverlo (seudónimo de Rebeca Quintans), Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón, Pamplona, Ardi Beltza, 2000, pp. 181-208; Rebeca Quintans, Juan Carlos I. La biografía sin silencios, Madrid, Akal, 2016, pp. 219-222; Amadeo Martínez Inglés, 23-F. El golpe que nunca existió, Madrid, Foca, 2001, pp. 99-119, 191-197; Palacios, 23-F. El golpe…, pp. 338-343; Juan Blanco, 23-F. Crónica fiel de un golpe anunciado, Madrid, Fuerza Nueva, 1995, pp. 364-374; Palacios, 23-F. El rey…, pp. 28-47, 196-229. <<

[1748] Ricardo Cid Cañaveral et al., Todos al suelo. La conspiración y el golpe, Madrid, 1981, pp. 205-207; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 146-148. <<

[1749] Cambio 16, 23 de febrero, 9 y 16 de marzo, 8 de junio de 1981. <<

[1750] Paul Preston y Denis Smyth, Spain, the EEC and NATO, Londres, Routledge, 1984, pp. 15-21, 53-54. <<

[1751] El Alcázar, 26, 27 y 28 de febrero de 1981; Cambio 16, 23 de marzo y 20 de abril de 1981; El País, 6, 7, 20, 21 y 22 de marzo de 1981; ABC, 12 de abril de 1981; Morales y Celada, La alternativa militar…, pp. 166-168. <<

[1752] El País, 5, 6, 8 y 9 de mayo de 1981; Cambio 16, 11 y 18 de mayo de 1981. <<

[1753] El País, 22, 24 y 26 de mayo de 1981; Cambio 16, 1 y 8 de junio de 1981; El Alcázar, 27 de mayo de 1981. <<

[1754] Cambio 16, 29 de junio y 6 de julio de 1981. <<

[1755] Cambio 16, 25 de mayo, 29 de junio y 6 de julio de 1981. <<

[1756] Cambio 16, 29 de junio, 6 y 20 de julio, 17 de agosto de 1981; El Alcázar, 27 de mayo de 1981. <<

[1757] Cambio 16, 3, 10 y 17 de agosto, 7 y 14 de septiembre, 23 de noviembre de 1981; El País, 2 de septiembre y 4 de noviembre de 1981; Martín Villa, Al servicio…, p. 96; Attard, Vida y muerte…, pp. 232-252; Hopkin, Party Formation…, pp. 193-194. <<

[1758] El País, 21 y 22 de octubre de 1981; Cambio 16, 26 de octubre y 2 de noviembre de 1981; Attard, Vida y muerte…, pp. 263-265. <<

[1759] El País, 20, 21, 22 y 23 de abril de 1978; Mundo Obrero, 20, 23 y 27 de abril de 1978. <<

[1760] Cambio 16, 9, 16, 23 y 30 de noviembre, 7 de diciembre de 1981; El País, 3, 14, 15 y 23 de noviembre, 7 y 8 de diciembre de 1981; Attard, Vida y muerte…, pp. 269-275; Martín Villa, Al servicio…, pp. 100, 117. <<

[1761] Cambio 16, 3 y 31 de agosto, 7, 14 y 21 de diciembre de 1981. <<

[1762] Cambio 16, 18 y 25 de enero, 1 de febrero de 1982. <<

[1763] Para una crónica del juicio, día a día, véase Martín Prieto, Técnica…, pp. 13-310. Para un estudio exhaustivo de los procesados y los testigos, véase Oneto, La verdad…, pp. 3-259, 263-314. Véase también Francisco Mora, Ni héroes ni bribones. Los personajes del 23-F, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 19-199. En Segura y Merino, Jaque al rey..., puede leerse una versión descaradamente progolpista. <<

[1764] Cambio 16, 29 de marzo de 1982; Pla, La trama civil…, p. 28; Preston, The Triumph…, pp. 218-220. <<

[1765] Cambio 16, 17, 24 y 31 de mayo de 1982; Martín Villa, Al servicio…, p. 100. <<

[1766] El País, 4 y 5 de junio de 1982; Cambio 16, 31 de mayo, 7 y 14 de junio de 1982; Oneto, La verdad…, pp. 379-406; Martín Prieto, Técnica…, pp. 382-383; Segura y Merino, Jaque al rey…, pp. 214-240. <<

[1767] El País, 31 de julio de 1982; Cambio 16, 26 de julio y 2 de agosto de 1982; Prego, Presidentes…, pp. 168-171. <<

[1768] Preston, The Last Stalinist…, pp. 326-329. <<

[1769] El País, 1, 26, 27 y 28 de agosto de 1982; Cambio 16, 2, 9, 23 y 30 de agosto de 1982. <<

[1770] El País, 14 y 15 de septiembre de 1982; Cambio 16, 6, 13 y 20 de septiembre de 1982. <<

[1771] PSOE, Por el cambio. Programa electoral, Madrid, 1982; Cambio 16, 27 de septiembre de 1982. <<

[1772] El País, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 14 de octubre de 1982; El Alcázar, 6 y 7 de octubre de 1982; Cambio 16, 11 y 18 de octubre de 1982; Cernuda, Jáuregui y Menéndez, 23-F. La conjura…, pp. 255-263. <<

[1773] El País, 29 y 30 de octubre de 1982; Cambio 16, 1 de noviembre de 1982. La mejor descripción de la campaña y de los resultados electorales puede hallarse en Alejandro Muñoz Alonso et al., Las elecciones del cambio, Barcelona, Argos Vergara, 1984. <<

[1774] Paul Preston y Denis Smyth, Spain, the EEC and NATO, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1984, pp. 75-80; Paul Preston, Juan Carlos. Steering Spain from Dictatorship to Democracy, Londres, Harper Perennial, 2005, pp. 495-500. <<

[1775] Javier Pradera, Corrupción y política. Los costes de la democracia, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014, pp. 64-65. <<

[1776] «Evolución del desempleo», El País, 20 de noviembre de 2015; tasas de inflación obtenidas de <http://inflation.eu>; Vicent Soler, «Epíleg», en Ernest Lluch, La via valenciana, Valencia, Afers, 2003, pp. 252-253. <<

[1777] El País, 5 de febrero de 1988; ABC, 19 de abril de 1994; Pradera, Corrupción y política…, pp. 66-67. <<

[1778] Charles T. Powell, España en democracia, 1975-2000, Barcelona, Plaza y Janés, 2001, pp. 417-424. <<

[1779] Paul Heywood, «Analysing Political Corruption in Western Europe: Spain and the UK in comparative perspective», en Donatella della Porta y Susan Rose-Ackerman, eds., Corrupt Exchanges. Empirical themes in the Politics and Political Economy of Corruption, Baden-Baden, Nomos, 2002, pp. 49-52. <<

[1780] David Ruiz, La España democrática (1975-2000). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2002, pp. 95-96. <<

[1781] Baltasar Garzón, El fango. Cuarenta años de corrupción en España, Barcelona, Debate, 2015, pp. 98-104; Paddy Woodworth, Dirty War, Clean Hands. ETA, the GAL and Spanish Democracy, Cork, Cork University Press, 2001, pp. 46-48, 66-83, 101-114, 220-221, 240-241, 268-276; Melchor Miralles y Ricardo Arques, Amedo. El Estado contra ETA, Barcelona, Plaza y Janés/Cambio 16, 1989, pp. 149-239, 322-364, 405-415; Paul Heywood, «Corruption, democracy and governance in contemporary Spain», en Sebastian Balfour, ed., The Politics of Contemporary Spain, Londres, Routledge, 2005, pp. 43-44. <<

[1782] El País, 8 de junio de 1996; ABC (Sevilla), 23 de junio de 1996; Melchor Miralles, Dinero sucio. Diccionario de la corrupción en España, Madrid, Temas de Hoy, 1992, p. 280. <<

[1783] El País, 11 y 13 de marzo de 2011, 11 de septiembre de 2013, 14 de agosto de 2014 y 10 de septiembre de 2015; El Mundo, 16 de septiembre de 2016 y 10 de diciembre de 2018; Garzón, El fango…, pp. 192-199. <<

[1784] El País, 25 de julio de 1997; Carles Llorens, «La gran estafa del postfranquisme», Sàpiens, n.º 153, 2015, pp. 25-31; Garzón, El fango…, pp. 307-308. <<

[1785] El País, 12 de julio de 1986; Garzón, El fango…, p. 586. <<

[1786] El País, 2 de julio de 2006. <<

[1787] José Díaz Herrera e Isabel Durán Doussinague, Los secretos del Poder. Del legado franquista al ocaso del felipismo. Episodios inconfesables, Madrid, Temas de Hoy, 1994, pp. 380-398; Roger Cohen, «Missing Millions – Kuwait’s Bad Bet. A Special Report, Big Wallets and Little Supervision», New York Times, 28 de septiembre de 1993; Garzón, El fango…, pp. 309-310. Sobre el caso Grand Tibidabo, véanse El Mundo, 27 de junio y 18 de octubre de 1999; El País, 28 de junio del 2000 y 15 de marzo de 2001, 15 de enero, 15 de febrero y 14 de junio de 2008. <<

[1788] Interviú, 21 de agosto de 1995; Tiempo, 30 de julio de 1996; El País, 22 de julio de 1995 y 4 de agosto de 1996. <<

[1789] El País, 12 de marzo, 3 y 4 de junio de 1996, 1, 3, 4 y 5 de abril, 3, 5 y 6 de octubre de 1997. <<

[1790] El País, 5, 16, 17 y 18 de mayo de 1985. <<

[1791] El País, 7 de enero de 1984 y 7 de enero de 1985; Narcís Serra, The Military Transition. Democratic Reform of the Armed Forces, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 138-139, 178-180. <<

[1792] Numerosas conversaciones del autor con Narcís Serra durante su mandato como ministro, así como también más adelante; Serra, The Military Transition…, pp. 93-99, 103-134, 148-174, 181-185. <<

[1793] El País, 17 de febrero de 1991 y 9 de diciembre de 1997. <<

[1794] Sergio Gálvez Biesca, La gran huelga general. El sindicalismo contra la «modernización socialista», Madrid, Siglo XXI, 2017, passim; Ruiz, La España democrática…, pp. 89-93; Santos Juliá Díaz, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 269-270. <<

[1795] Jorge Verstrynge, Memorias de un maldito, Barcelona, Grijalbo, 1999, pp. 121, 164, 283. <<

[1796] Juliá Díaz, Un siglo de España…, pp. 270-271; Pedro J. Ramírez, La rosa y el capullo. Cara y cruz del felipismo, Barcelona, Planeta, 1989, pp. 221-226. <<

[1797] Pradera, Corrupción y política…, pp. 34-35, 75-83; Garzón, El fango…, pp. 171-176; Juliá Díaz, Un siglo de España…, pp. 264-265, 271-273; Miralles, Dinero sucio…, pp. 304-311; Paul Heywood, «Sleaze in Spain», Parliamentary Affairs, vol. 48, n.º 4, octubre de 1995, pp. 726-728, 735-736. <<

[1798] El Mundo, 29 de mayo de 1991; Miralles, Dinero sucio…, pp. 280-288; Garzón, El fango…, pp. 92-97; Powell, España en democracia…, pp. 510-512; Heywood, «Sleaze in Spain»…, pp. 729-730; William Chislett, Spain. What Everyone Needs to Know, Nueva York, Oxford University Press, 2013, p. 128. <<

[1799] El País, 14 de enero de 1992 y 28 de junio de 2006; El Mundo, 22 de septiembre de 1994; José Díaz Herrera e Isabel Durán Doussinague, El saqueo de España, Madrid, Temas de Hoy, 1996, pp. 241-280. <<

[1800] Garzón, El fango…, pp. 116-120; Miralles, Dinero sucio…, pp. 369-371; Powell, España en democracia…, pp. 510-511; José Díaz Herrera e Isabel Durán Doussinague, Aznar. La vida desconocida de un presidente, Barcelona, Planeta, 1999, pp. 460-473; Miguel Herrero de Miñón, Memorias de estío, Madrid, Temas de Hoy, 1993, pp. 340-341; Heywood, «Sleaze in Spain»…, pp. 730-737; Ernesto Ekaizer, Queríamos tanto a Luis, Barcelona, Planeta, 2015, pp. 137-150. <<

[1801] eldiario.es, 5 de mayo de 2015, <https://eldiario.es>. <<

[1802] Alfredo Grimaldos, Zaplana. El brazo incorrupto del PP, Madrid, Foca, 2007, pp. 25-27, 289-297. <<

[1803] El Mundo, 25 de mayo de 2018; Grimaldos, Zaplana…, pp. 139-162. <<

[1804] El País, 7 de noviembre de 1998; Díaz Herrera y Durán Doussinague, Los secretos…, pp. 399-416. <<

[1805] Ruiz, La España democrática…, pp. 103-108; Powell, España en democracia…, pp. 442-463, 515-518. <<

[1806] Juliá Díaz, Un siglo de España…, p. 274; El País, 14 de mayo de 1994. <<

[1807] El País, 5 de mayo de 1994; Díaz Herrera y Durán Doussinague, Los secretos…, pp. 338-347. <<

[1808] Garzón, El fango…, pp. 316-324; Heywood, «Sleaze in Spain»…, pp. 726-731; Ruiz, La España democrática…, pp. 111-112. <<

[1809] El País, 29 de mayo y 25 de octubre de 1983, 1 de noviembre de 1986. <<

[1810] El País, 8 de diciembre de 1993, 2, 5 y 15 de mayo de 1994. <<

[1811] El Mundo, 3 de mayo de 1994; Garzón, El fango…, pp. 106-116; Díaz Herrera y Durán Doussinague, Los secretos…, pp. 329-338. <<

[1812] El País, 7 y 8 de enero de 1993; El Mundo, 10 de enero de 1993; Manuel Soriano, Sabino Fernández Campo. La sombra del rey, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 491-502; Jesús Cacho, El negocio de la libertad, Madrid, Foca, 1999, pp. 413-416, 430-434; Rebeca Quintans, Juan Carlos I. La biografía sin silencios, Madrid, Akal, 2016, pp. 374-385. <<

[1813] El País, 10, 14 y 17 de noviembre de 1995, 4 de noviembre de 1997; Diario 16, 10 de noviembre de 1995; Cacho, El negocio…, pp. 387-406, 434-438; Soriano, Sabino Fernández Campo…, pp. 480-485; Díaz Herrera y Durán Doussinague, El saqueo…, pp. 19-87; Quintans, Juan Carlos I…, pp. 409-423. <<

[1814] Powell, España en democracia…, pp. 519-521; Heywood, «Sleaze in Spain»…, pp. 733-734, 737; Juliá Díaz, Un siglo de España…, pp. 275-277. <<

[1815] Garzón, El fango…, pp. 96-97. <<

[1816] El País, 20 de abril, 17 y 29 de junio de 1995; Woodworth, Dirty War…, pp. 259, 265, 271-273, 304-310, 350-351; Ramírez, La rosa y el capullo…, pp. 96-98. <<

[1817] Powell, España en democracia…, pp. 522-546; Díaz Herrera y Durán Doussinague, Aznar…, pp. 525-526. <<

[1818] El País, 21 de junio de 1997, 24 de enero y 28 de febrero del 2000; Juliá Díaz, Un siglo de España…, pp. 280-282; Ruiz, La España democrática…, pp. 125-128. <<

[1819] El País, 27 de abril de 1996. <<

[1820] Powell, España en democracia…, pp. 573-590; Ruiz, La España democrática…, pp. 128-129. <<

[1821] Powell, España en democracia…, pp. 596-598. <<

[1822] El País, 21 de febrero de 1991; El Mundo, 31 de agosto de 1999; El Plural, 12 de agosto de 2014; Díaz Herrera y Durán Doussinague, Aznar…, pp. 526-527, 532. <<

[1823] El Mundo, 16 de junio del 2000; Informe del Consejo de la CNMV, Madrid, 2 de agosto del 2000, <https://www.elmundo.es/economia/cnmv/index.html>. <<

[1824] El Mundo, 4 de diciembre de 1997 y 9 de enero de 2002; The Wall Street Journal, 18 de julio de 2009; <https://www.elmundo.es/especiales/2007/10/comunicacion/18elmundo/telefonica.html>. <<

[1825] El Mundo, 2 de marzo de 1996; El País, 11 y 18 de marzo de 1999. <<

[1826] El País, 15 de septiembre de 1999. <<

[1827] El Mundo, 3 de julio de 1997; El País, 8 de julio de 1997; Powell, España en democracia…, pp. 599-601; Ruiz, La España democrática…, p. 121. <<

[1828] Powell, España en democracia…, pp. 616-625. <<

[1829] Heywood, «Corruption, democracy and governance…», p. 40; El Mundo, 23 de abril y 24 de junio de 2015; El Periódico, 10 de mayo de 2016; eldiario.es, 27 de noviembre de 2016, <https://eldiario.es>. <<

[1830] El País, 24 de mayo de 1997, 24 de abril, 31 de agosto, 2, 8 y 9 de septiembre de 1999, 20 de diciembre del 2000, 14 de marzo y 28 de julio de 2001; El Mundo, 23 de abril de 2007. <<

[1831] El País, 12 de junio y 27 de agosto de 2001, 26 de febrero, 20 de noviembre y 7 de diciembre de 2002, 4 de diciembre de 2007, 28 y 29 de marzo de 2008; ABC, 22 de julio de 2001; El Mundo, 30 de septiembre de 2001 y 21 de septiembre de 2002; Cinco Días, 27 de marzo de 2008. <<

[1832] El País, 9 de enero, 18 de abril y 6 de mayo de 2002; ABC, 24 de mayo de 2002; Garzón, El fango…, pp. 368-372. <<

[1833] Interviú, 9 de septiembre de 2002; El País, 21 de mayo de 2013; El Mundo, 6 de febrero y 6 de octubre de 2009, 21 de mayo de 2013; Nueva Tribuna, 13 de abril de 2010, <https://nuevatribuna.es>; Garzón, El fango…, pp. 416-417. <<

[1834] Fernando Vallespín, «La corrupción en la democracia española», estudio introductorio a Pradera, Corrupción y política…, pp. VIII-XII; La Vanguardia, 25 de marzo de 2018; Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, Barcelona, Seix Barral, 2014, pp. 49-52, 55-56. <<

[1835] El País, 16 de marzo de 2011; Muñoz Molina, Todo lo que era sólido…, pp. 99-102. <<

[1836] El País, 25 de marzo de 2011, 2 y 3 de junio de 2019; El Mundo, 30 de abril de 2018; William Chislett, Forty years of democratic Spain. Political, economic, foreign policy and social change, 1978-2018, Madrid, Real Instituto Elcano, 2018, p. 23. <<

[1837] Diego Docavo Pedraza, Cristina Gadea García y Juan García Rodríguez, Fraude y corrupción en el sector inmobiliario, Madrid, Universidad Autónoma, 2012, pp. 4-18, 25-30. <<

[1838] El País, 3 de febrero, 31 de abril, 18 de octubre, 17 de noviembre y 16 de diciembre de 2007; Información, 17 de mayo de 2014; Linda Palfreeman, Crisis in Catral. True Stories Behind One of Spain’s Worst Property Scandal Hotspots, Milton Keynes, Native Spain, 2010, pp. 124-129; Muñoz Molina, Todo lo que era sólido…, p. 157. <<

[1839] Daily Mail, 26 de septiembre de 2012. <<

[1840] ABC (Sevilla), 8 de diciembre de 2002, 18 de octubre, 4 de noviembre, 12 y 19 de diciembre de 2006 y 4 de junio de 2018. <<

[1841] El País, 9 de febrero de 2007. <<

[1842] El Mundo, 28 de diciembre de 2009; El País, 9 de septiembre y 1 de diciembre de 2011; Público, 11 de diciembre de 2017, <https://www.publico.es>; Muñoz Molina, Todo lo que era sólido…, pp. 157-159. <<

[1843] El País, 15 de octubre de 2009; El Confidencial, 25 de marzo de 2010, <https://www.elconfidencial.com>; Garzón, El fango…, pp. 202-214. <<

[1844] El Mundo, 6 de julio de 2006; El País, 29 de octubre de 2006, 8 de julio y 26 de octubre de 2010, 1 de noviembre de 2011, 10 de febrero y 8 de junio de 2012, 3 y 4 de marzo de 2014, 6 de marzo de 2019; Grimaldos, Zaplana…, pp. 101-103. <<

[1845] Levante, 19 de febrero de 2012; El Mundo, 1 y 12 de julio de 2010; El País, 29 de julio y 26 de septiembre de 2008, 11 de julio y 27 de diciembre de 2010, 26 de marzo de 2011, 26 de noviembre de 2013; Grimaldos, Zaplana…, pp. 15, 92-94. <<

[1846] La Vanguardia, 18 de noviembre de 2003. <<

[1847] La Vanguardia, 29, 30 de enero y 1 de febrero de 2004. <<

[1848] El País, 12 de abril de 2013, 17 de junio, 29 de agosto, 16 de septiembre, 1 y 26 de octubre de 2015; Garzón, El fango…, pp. 35, 182-189. <<

[1849] El Mundo, 25 de julio de 2014 y 27 de julio de 2018; El País, 25 y 26 de julio, 26 de septiembre de 2014; Garzón, El fango…, pp. 293-297. <<

[1850] El Mundo, 3 de diciembre de 2009; El País, 24 de septiembre y 27 de octubre de 2010, 7 de febrero de 2011, 18 de diciembre de 2014, 16 y 2 de enero, 18 de marzo de 2015, 13 de marzo de 2017, 18 de abril, 2 de julio y 30 de septiembre de 2018; Garzón, El fango…, pp. 254-257. <<

[1851] Rubén Amón, «El insoportable cinismo de Aznar», El País, 25 de mayo de 2018. <<

[1852] Ekaizer, Queríamos tanto a Luis…, pp. 17-27; El País, 8 de abril de 2010; Garzón, El fango…, pp. 148-150. <<

[1853] El Mundo, 21 de febrero de 2012; Ekaizer, Queríamos tanto a Luis…, pp. 40-51. <<

[1854] El País, 31 de enero, 3 de febrero y 19 de julio de 2013; El Mundo, 8 de enero, 7, 14 y 15 de julio de 2013; Garzón, El fango…, pp. 120-124; Ekaizer, Queríamos tanto a Luis…, pp. 88-98, 136-141, 363-369. <<

[1855] El País, 19 de octubre de 2009, 30 de agosto de 2010 y 3 de octubre de 2011; El Mundo, 12 de abril de 2010; Sam Edwards, «Spain’s Watergate», The Guardian, 1 de marzo de 2019; Garzón, El fango…, pp. 120-138. <<

[1856] El País, 15 de julio y 28 de diciembre de 2011. <<

[1857] El Mundo, 12 de marzo de 2009; El País, 15 de marzo de 2009 y 26 de diciembre de 2011. <<

[1858] Público, 6 de febrero de 2011, <https://www.publico.es>. <<

[1859] El Mundo, 24 de mayo de 2018; ABC, 25 de mayo de 2018. <<

[1860] El Mundo, 9 de diciembre de 2010. <<

[1861] El Mundo, 15 de febrero de 2018; El País, 8, 12 de febrero y 2 de mayo de 2009. <<

[1862] El País, 27 de enero de 2012. <<

[1863] El País, 14 de octubre de 2016; El Mundo, 18 de noviembre de 2017. <<

[1864] El País, 27 de julio de 2017. <<

[1865] El Mundo, 17 de enero, 22 de febrero, 1 y 8 de abril de 2019. <<

[1866] El Mundo, 24 de mayo y 13 de junio de 2018; ABC, 25 de mayo de 2018. <<

[1867] El País, 12 de junio de 2018. <<

[1868] El País, 14 de octubre de 2005, 17 de julio de 2006 y 31 de marzo de 2011. <<

[1869] El País, 5 de abril de 2002; El Mundo, 5 de abril de 2002; «Los múltiples crímenes de Jesús Gil», CTXT Revista Contexto, n.º 97, 28 de diciembre de 2016, <https://ctxt.es>, pp. 9-10. <<

[1870] El País, 1 de abril de 1997. <<

[1871] Docavo Pedraza, Gadea García y García Rodríguez, Fraude y corrupción…, pp. 34-35; ABC (Sevilla), 15 y 29 de enero de 2002; ABC, 18 de diciembre de 2006 y 30 de julio de 2012; El País, 12 de diciembre de 2015, 30 de marzo y 3 de mayo de 2016; CTXT Revista Contexto, n.º 97, 28 de diciembre de 2016, <https://ctxt.es>, pp. 11-12. <<

[1872] El Mundo, 30 de marzo de 2006; El País, 6 de abril de 2006. <<

[1873] El Mundo, 1, 2 y 7 de abril de 2006. <<

[1874] El Mundo, 28 de junio de 2006. <<

[1875] El País, 3 de mayo de 2007, 10 de septiembre de 2012, 4, 15 y 30 de octubre de 2013, 26 de noviembre de 2015 y 12 de enero de 2016; El Mundo, 15 de octubre de 2014; ABC, 16 de abril de 2013. <<

[1876] Blog de «Audrey», 8 de abril de 2006, <http://www.zonalibre.org/blog/te/archives/092254.html>. <<

[1877] El Mundo, 23 de julio de 2007; El País, 26 de septiembre de 2010. <<

[1878] Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, «El “error Aznar”, o las consecuencias de secundar el unilateralismo de Estados Unidos», Historia del Presente, n.º 5, 2005, pp. 151-163; El Mundo, 16 y 17 de marzo de 2003. <<

[1879] El País, 15 de marzo de 2017. <<

[1880] El País, 11 de marzo, 3 y 4 de abril de 2006; Alberto Reig Tapia, Anti Moa. La subversión neofranquista de la Historia de España, Barcelona, Ediciones B, 2006, pp. 422-427; Giles Tremlett, Ghosts of Spain. Travels through a Country’s Hidden Past, Londres, Faber & Faber, 2006, pp. 250-280. <<

[1881] Reig Tapia, Anti Moa…, pp. 404-405; Chislett, Spain…, pp. 158-160. <<

[1882] Reig Tapia, Anti Moa…, pp. 434-436, 460-466; Alberto Reig Tapia, Revisionismo y política. Pío Moa revisitado, Madrid, Foca, 2008, p. 237. <<

[1883] Emilio Silva y Santiago Macías, Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en las cunetas, Madrid, Temas de Hoy, 2003, pp. 60-119; Encarnación Barranquero Texeira y Lucía Prieto Borrego, La derrota bajo tierra. Las fosas comunes del franquismo, Granada, Comares, 2018, pp. 46-47. <<

[1884] Tremlett, Ghosts of Spain…, pp. 3-32. <<

[1885] Alberto Reig Tapia, La crítica de la crítica. Inconsecuentes, insustanciales, impotentes, prepotentes y equidistantes, Madrid, Siglo XXI, 2017, pp. 169-170, 209-210, 259-260. <<

[1886] Banco de España, Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, Madrid, Banco de España, 2017, pp. 78-87. <<

[1887] Javier Ayuso, «Estrategia de construcción del enemigo español», El País, 2 de diciembre de 2017; Alberto Reig Tapia, «España y Cataluña. Un inquietante malestar», en Álvaro Soto Carmona, coord., La democracia herida. La tormenta perfecta, Madrid, Marcial Pons, 2019, pp. 355-385. <<

[1888] J. H. Elliott, Scots and Catalans. Union and Disunion, Londres, Yale University Press, 2018, pp. 241-242; Chislett, Forty years…, pp. 27-32; Francesc de Carreras, «Opinión pública y secesionismo. El caso catalán», Cuadernos de Pensamiento Político, n.º 44, 2014, pp. 23-38. <<

[1889] Existen discrepancias entre las numerosas encuestas. Las cifras que se mencionan son las presentadas con regularidad por el Centre d’Estudis d’Opinió en el Baròmetre d’Opinió Política, junio de 2005 – noviembre de 2006. <<

[1890] El País, 4 de diciembre de 2005. <<

[1891] El Mundo, 19 de junio de 2006; Elliott, Scots and Catalans…, pp. 238-239; Reig Tapia, «España y Cataluña…», pp. 375-378. <<

[1892] El Mundo, 24 de octubre de 2005; El País, 14 de febrero de 2006. <<

[1893] El País, 31 de julio y 1 de agosto de 2006; El Mundo, 1 de agosto de 2006. <<

[1894] El País, 29 de junio y 10 de julio de 2010; El Mundo, 29 de junio y 10 de julio de 2010. <<

[1895] Centre d’Estudis d’Opinió, Baròmetre d’Opinió Política, 30 de julio de 2010 – 25 de enero de 2011. <<

[1896] La Vanguardia, 12 de noviembre de 2010; El País, 29 de septiembre y 29 de noviembre de 2010. <<

[1897] El Mundo, 3 de agosto de 2016; El Imparcial, 25 de junio de 2014; El Periódico, 13 de julio de 2017. <<

[1898] Ernesto Ekaizer, El libro negro. La crisis de Bankia y las Cajas, Barcelona, Espasa, 2018, pp. 176-178. <<

[1899] El País, 12 y 13 de mayo de 2010. <<

[1900] Banco de España, Informe…, pp. 89-98, 116-136; Ernesto Ekaizer, Indecentes. Crónica de un atraco perfecto, Barcelona, Espasa, 2012, pp. 124-131; Íñigo de Barrón Arniches, El hundimiento de la banca, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012, pp. 145-163, 195-197, 255-266. <<

[1901] Ekaizer, El libro negro…, pp. 220-227. <<

[1902] El País, 23 de mayo y 6 de junio de 2012; Ekaizer, El libro negro…, pp. 289-299, 309-318, 605-634; Barrón Arniches, El hundimiento de la banca…, pp. 190-193, 199-253. <<

[1903] Barrón Arniches, El hundimiento de la banca…, pp. 264-278. <<

[1904] El País, 15, 16, 17, 18 de mayo y 30 de junio de 2011. <<

[1905] El Mundo, 9 de mayo de 2010; El País, 17 de julio de 2012; Banco de España, Informe…, pp. 136-139; Ekaizer, Indecentes…, pp. 13-15, 183-189; Ekaizer, El libro negro…, pp. 148-161. <<

[1906] Centre d’Estudis d’Opinió, Baròmetre d’Opinió Política, 29 de junio de 2011 – 27 de junio de 2012. <<

[1907] El País, 11 y 20 de septiembre de 2012; La Vanguardia, 11 y 20 de septiembre de 2012; Ralph Minder, The Struggle for Catalonia. Rebel Politics in Spain, Londres, Hurst, 2017, pp. 2-7. <<

[1908] Centre d’Estudis d’Opinió, Baròmetre d’Opinió Política, 27 de junio – 8 de noviembre de 2011. <<

[1909] La Vanguardia, 25 de septiembre de 2012. <<

[1910] Nació Digital, 23 de noviembre de 2012, <https://www.naciodigital.cat>. <<

[1911] El País, 26 de noviembre y 18 de diciembre de 2012; El Mundo, 21 de diciembre de 2012. <<

[1912] El País, 12 de diciembre de 2013, 8 de abril, 19 de julio, 19 de septiembre y 13 de octubre de 2014. <<

[1913] El País, 10 de noviembre de 2014; Elliott, Scots and Catalans…, p. 248. <<

[1914] El País, 19 de noviembre y 22 de diciembre de 2014, 8 de enero y 25 de febrero de 2015. <<

[1915] El País, 14 de enero de 2015. <<

[1916] El País, 31 de marzo y 20 de agosto de 2015. <<

[1917] El País, 21 de febrero, 14, 15 y 18 de junio de 2015. <<

[1918] El Mundo, 16 de noviembre de 2015; Jaume Sobrequés i Callicó, La gran ignomínia, Barcelona, Base, 2018, p. 15. <<

[1919] El País, 5, 10 de noviembre y 2 de diciembre de 2015; El Mundo, 10 y 11 de noviembre de 2015; Tobias Buck, After the Fall. Crisis, Recovery and the Making of a New Spain, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 2019, pp. 49-52. <<

[1920] La Vanguardia, 28 de septiembre de 2015 y 11 de enero de 2016; Sobrequés, La gran ignomínia…, pp. 84-95. <<

[1921] La Vanguardia, 24 de julio de 2016. <<

[1922] El País, 10 de enero de 2017. <<

[1923] El Mundo, 31 de enero de 2017; La Vanguardia, 5 de febrero de 2017; El País, 6 y 10 de febrero, 13 de marzo y 5 de septiembre de 2017. <<

[1924] El País, 1 de octubre y 12 de diciembre de 2014, 23 de febrero y 19 de julio de 2017, 4 y 26 de octubre de 2018. <<

[1925] El País, 2 de febrero, 3 de septiembre y 30 de diciembre de 2007; ABC, 14 de abril y 25 de noviembre de 2007. <<

[1926] Quintans, Juan Carlos I…, pp. 591-593; Ana Romero, Final de partida. La crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I, Madrid, La Esfera de los Libros, 2015, pp. 43-46. <<

[1927] El País, 14 y 22 de abril de 2012; El Mundo, 14 de abril de 2012. <<

[1928] El País, 24 de febrero de 2012; El Mundo, 1 y 2 de diciembre de 2011, 7 de mayo de 2012; Quintans, Juan Carlos I…, pp. 595-597. <<

[1929] Público, 5 de diciembre de 2011, <https://www.publico.es>; El Mundo, 29 de noviembre de 2011. <<

[1930] El País, 24 de febrero de 2012; El Mundo, 1 de diciembre de 2011 y 8 de junio de 2012; Garzón, El fango…, pp. 264-267. <<

[1931] Público, 5 de diciembre de 2011, <https://www.publico.es>; El Mundo, 18 de noviembre de 2012. <<

[1932] Público, 5 de diciembre de 2011, <https://www.publico.es>; El Mundo, 18, 24 y 29 de noviembre, 4 y 15 de diciembre de 2011; ABC, 2 de enero y 26 de febrero de 2012; «Urdangarín planeaba desviar cinco millones más a Belice», El Mundo, 9 de diciembre de 2011. <<

[1933] El Mundo, 12 de noviembre de 2011; ABC, 18 y 21 de diciembre de 2011, 11 de marzo de 2012. <<

[1934] ABC, 23 de abril de 2009, 2 de diciembre de 2011; El País, 12 de noviembre de 2011; El Mundo, 12 de noviembre de 2011. <<

[1935] El Mundo, 8, 9 y 13 de diciembre de 2011, 25 de febrero de 2013; El País, 9 de noviembre, 10, 12, 13 y 24 de diciembre de 2011, 25 de febrero de 2013 y 8 de febrero de 2014; ABC, 12 y 13 de noviembre de 2011, 11 de marzo de 2012; Romero, Final de partida…, pp. 173-190; Garzón, El fango…, pp. 267-279; Quintans, Juan Carlos I…, pp. 602-604, 610-613. <<

[1936] El País, 25 de diciembre de 2011; El Mundo, 26 de diciembre de 2011; ABC, 27 de diciembre de 2011. <<

[1937] Público, 30 de diciembre de 2011, <https://www.publico.es>; ABC, 29 y 30 de diciembre de 2011, 23 de febrero y 3 de abril de 2012; El País, 22 de abril de 2012, 12 y 13 de junio de 2018. <<

[1938] ABC, 14 y 30 de diciembre de 2011; El Mundo, 24 de mayo de 2012. <<

[1939] ABC, 11 de marzo y 8 de abril de 2007; El País, 17 de noviembre de 2007 y 22 de abril de 2012. <<

[1940] ABC, 14, 15, 16 y 18 de abril de 2012. <<

[1941] ABC, 3 y 12 de abril de 2012; El País, 20 y 22 de abril de 2012. <<

[1942] El País, 18 y 22 de abril de 2012; ABC, 16 y 19 de abril de 2012; Romero, Final de partida…, pp. 51-59, 116. <<

[1943] El Mundo, entrevista a Peñafiel, 24 de mayo de 2012; ABC, 18 de mayo de 2012; Romero, Final de partida…, pp. 66-67, 93. <<

[1944] ABC, 14, 16 y 17 de abril de 2012; El País, 16 de abril de 2012. <<

[1945] El País, 18 de abril de 2012; El Mundo, 30 de mayo de 2012. <<

[1946] «La bella princesa que triunfa en España», El Mundo, 20 de marzo de 2010; José Antonio Zarzalejos, «Historia de cómo la Corona ha entrado en barrena», El Confidencial, 15 de abril de 2012, <https://www.elconfidencial.com>; Quintans, Juan Carlos I…, pp. 623-627; Romero, Final de partida…, pp. 68-71 y fotos, pp. 160 y ss. <<

[1947] ABC, 18 de abril de 2012; El País, 18 y 22 de abril de 2012. <<

[1948] Bob Colacello, «King and Controversy», Vanity Fair, 10 de septiembre de 2013. <<

[1949] ABC, 22 de abril de 2012; El País, 18 y 22 de abril de 2012; Romero, Final de partida…, pp. 243-254; Quintans, Juan Carlos I…, pp. 672-674. <<

[1950] Santos Juliá Díaz, «La erosión de la Monarquía», El País, 2 de febrero de 2014; Romero, Final de partida…, pp. 307-333. <<

[1951] El País, 2 de junio de 2014; José Antonio Zarzalejos, «El rey abdica para salvar a la Monarquía de la crisis institucional», El Confidencial, 2 de junio de 2014, <https://www.elconfidencial.com>. <<

[1952] El País, 9 de abril de 2015; 3 de febrero de 2017; Público, 8 de febrero de 2017, <https://www.publico.es>. <<

[1953] El Español, 11 y 15 de julio de 2018, <https://www.elespanol.com>; El País, 11, 12 y 23 de julio de 2018; The Daily Telegraph, 16 de julio de 2018. <<

[1954] El País, 22 de diciembre de 2015, 24 y 27 de enero de 2016; El Mundo, 22 de enero, 26 de abril y 3 de mayo de 2016. <<

[1955] El País, 28 de junio de 2016. <<

[1956] Centre d’Estudis d’Opinió, Baròmetre d’Opinió Política, 22 de julio de 2016; El País, 22 de julio de 2016. <<

[1957] Público, 21 de junio y 27 de agosto de 2016, <https://www.publico.es>; El Periódico, 11 de julio de 2016; Ara, 30 de agosto de 2016; La Vanguardia, 24 de agosto de 2017, 14 de diciembre de 2018. <<

[1958] El Mundo, 3 de octubre de 2017; Público, 2 de octubre de 2017, <https://www.publico.es>, El Periódico, 5 de octubre de 2017; El País, 19 de marzo de 2019. <<

[1959] La Vanguardia, 2 de noviembre de 2017; El País, 2 de noviembre de 2017. <<

[1960] El País, 6 de septiembre de 2018; La Vanguardia, 14 de octubre de 2018. <<

[1961] El País, 3 de junio de 2018. <<

[1962] El País, 29 y 30 de abril de 2019; Buck, After the Fall…, pp. 137-138, 235-246. <<